Biografía de la reina Isabel II (1830-1904), que heredó el trono a los tres años y comenzó a gobernar a los trece tras una cruenta guerra civil. A los dieciséis la casaron con un hombre al que odiaba y que no dejó nunca de intrigar contra ella. Tenía treinta y ocho años cuando fue destronada. La primera reina constitucional española ha pasado a la historia como una personalidad profundamente contradictoria. Cruel y generosa, ignorante y ladina, perversa e ingenua, sexualmente depravada y fanáticamente religiosa, incapaz de comprender ni apreciar la cultura liberal. Su irregular vida amorosa y su forma de hacer política la convirtieron en una mujer imposible como reina en las condiciones que comenzaban a prevalecer en la España de mediados del siglo XIX. La pregunta central de este libro es: en qué condiciones y con qué sentido se puede hablar de poder real en el caso de Isabel II y de qué manera las personas de su entorno contribuyeron, perversamente, a destrozarlo.

Isabel Burdiel

Isabel II

Una biografía (1830-1904)

ePub r1.1

Titivillus 20.10.17

Título original: Isabel II

Isabel Burdiel, 2011

Diseño de cubierta: Pep Carrió

Editor digital: Tititvillus

ePub base r1.1

Para Carlos y Salvador Albiñana.

Para Carlos Burdiel Hernández

AGRADECIMIENTOS

A lo largo de los diez años que, con diversas interrupciones, me ha ocupado este libro he contraído numerosas deudas. Quiero agradecer, en primer lugar, la generosidad de la editorial Espasa-Calpe que me ha permitido utilizar materiales y textos de la primera parte de la biografía de Isabel II, que publiqué en 2004, y que ahora he reelaborado en los cinco primeros capítulos de esta obra. La editorial Taurus me ha proporcionado, a través de un equipo excepcionalmente profesional, la ayuda y el tiempo necesarios para concluir el proyecto.

El impulso original para realizar esta biografía procedió de Paul Preston y, algo más adelante, de Jon Juaristi. La larga investigación, especialmente la realizada en archivos extranjeros, me ha sido facilitada por la hospitalidad de Bernard Vincent y Jordi Canal en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, por los colegas de la Universidad de East Anglia (School of History) y por la cálida acogida de Aisling y Roy Foster en Londres. Juan Ramón Romero hizo todo lo posible por abrir a consulta cuanto antes el Archivo de la Reina Gobernadora en el Archivo Histórico Nacional. Los profesores Carlos Seco y José María Jover me ayudaron a orientarme en los fondos de la Real Academia de la Historia. La ayuda del personal de esos archivos, así como de Estrella Garrido, Valentín Moreno y Manuel González, fue valiosísima. Como fue, también, la de Mateo Macía en el Archivo y Biblioteca del Congreso de los Diputados.

Esta obra no habría sido la misma sin los comentarios, las sugerencias de lectura y documentales de Juan José Carreras (a quien recuerdo con todo cariño), Carlos Dardé, Carmen García Monerris, Ángeles Lario, Juan Ignacio Marcuello, Jesús Millán, Florencia Peyrou, Manuel Pérez Ledesma, José Mª Portillo, Leandro Prados de la Escosura, Pedro Ruiz, Mª Cruz Romeo, José Ramón Urquijo y Joaquín Varela Suanzes. Julio Burdiel Hernández y Bernardo Arensburg aportaron la perspectiva de dos inteligentes lectores de Historia, no especialistas. Mi agradecimiento a todos ellos.

La investigación para este libro se ha realizado en el marco del proyecto FFI2008-02107/FISO y se ha beneficiado de los debates de la Red Europea sobre Teoría y Práctica de la Biografía Histórica (HAR 2008-03428), ambos financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España.

INTRODUCCIÓN

EL REINADO ISABELINO Y EL PECADO ORIGINAL

DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA.

EL sábado 9 de abril de 1904, en el Palacio de Castilla de la avenida Kléber de París, murió la reina Isabel II de España. Durante los días posteriores a su muerte, los periódicos de la capital francesa publicaron semblanzas, mejor o peor informadas, de la ajetreada vida y la «desgraciada existencia» de la abuela del joven monarca de los españoles. Las pálidas críticas a su reinado, apuntadas tímidamente por algunos comentaristas, retrocedían ante un tono general de nostalgia y de compasión póstuma por aquella reina extranjera y pintoresca que algunos parisinos recordaban vagamente que vivía entre ellos desde hacía treinta y cinco años.

En manos de aquellos cronistas de ocasión, que se asomaban desde las luces del recién inaugurado siglo XX al oscuro pasado español, la historia de la vieja dama de la avenida Kléber sonaba lejana y exótica, ligeramente disparatada y bárbara. Heredera de un trono violentamente disputado cuando sólo tenía tres años, reina a los trece, casada a los dieciséis, siempre había sido demasiado joven para hacerse cargo de la dirección de un país recién salido «de las garras de la Inquisición» y sin preparación «para ingresar en el club de las naciones civilizadas y liberales».

Los periodistas franceses hablaban de «una cuna mecida por las balas» de una guerra civil que asombró al mundo por su crueldad; de un trono rodeado de intrigas y de partidos enfrentados «hasta la muerte»; de la pésima educación de doña Isabel en una Corte oscurantista plagada de cortesanos aduladores y viciosos, de curas reaccionarios y monjas milagreras. Cuando la Francia de la III República (y quizás también la España del joven Alfonso XIII) parecía a salvo de los vicios que habían aquejado aquella época lejana y oscura, los errores de la reina parecían inevitables y no podían menos que ser exculpados.

Todos los tópicos y las verdades acerca de la España decimonónica encontraron camino en los periódicos: la intransigencia religiosa, la falta de educación de un pueblo embrutecido, la ambición de sus generales y de sus políticos, el cainismo español, los pronunciamientos, las cuarteladas y las revoluciones. Le Figaro escribió: «La sabíamos víctima de sus malos consejeros más que de sus propios errores y ha habido siempre una cierta injusticia en hacerla culpable de lo que no era más que una consecuencia de la organización política de aquel país». Le Constitutionnel, dando ejemplo a los demás, la describía finalmente como «una gran dama que fue 35 años huésped de París […] esposa ultrajada, madre dolorosa», etcétera[1].

Todos los periódicos recogieron también las muestras de condolencia del gobierno republicano y de la alta sociedad parisina que, aunque no le hizo mucho caso en vida, visitó con esnobismo y curiosidad mal disimulados la capilla ardiente instalada durante casi seis días en el salón principal del Palacio de Castilla. Un salón repleto de una oscura representación de Borbones destronados, exiliados en París como Isabel II y procedentes de las diversas casas europeas que habían ido pereciendo a lo largo del siglo XIX. Los muchos curiosos que se acercaron a la avenida Kléber —o al menos los reporteros que pusieron por escrito sus impresiones— parece que disfrutaron del espectáculo del duelo de una vieja y exótica monarquía cuyo recuerdo moría con aquella anciana reina española.

A salvo ya de cualquier tentación legitimista, el gobierno de la III República colaboró en que las exequias fueran imponentes. El cortejo fúnebre recorrió la avenida de los Campos Elíseos, la plaza de la Concordia, las Tullerías y el puente de Solferino, antes de desembocar en la estación del Quai d’Orsay. Allí rindieron honores representantes de cuatro regimientos de Infantería y una batería de Artillería. Sólo las personas provistas de carnés de la embajada pudieron acceder a la estación, donde miembros destacados del cuerpo diplomático y del Gobierno volvieron a desfilar ante el ataúd. El servicio de honor fue atendido por la guardia de París en grande tenue. Un tren especial, con lujosos crespones negros, partió a las siete de la tarde en dirección a la frontera española. Todo fue perfecto. Tan sólo se echó en falta que su nieto, el rey de España, hubiese ido a recoger el cadáver. Los más desinformados, entre ellos varios periodistas, lo confundieron con el infante don Carlos de Borbón, enviado a París en representación de Alfonso XIII[2].

Los más enterados sabían que, para el rey español, visitar a su abuela había sido siempre algo incómodo. El año anterior, sin ir más lejos, doña Isabel le había puesto en un aprieto al presentarse en San Sebastián acompañada de un individuo con quien se decía que mantenía relaciones demasiado familiares y que había sido «separado del ejército austriaco por motivos deplorables[3]». Esa misma incomodidad había llevado a Alfonso XIII, pocos meses antes de la muerte de su abuela, a eludir una visita al Palacio de Castilla en su camino hacia Viena. Ese último encuentro, esperanzadamente filtrado a la prensa de París por la propia Isabel II, no llegó nunca a producirse. La reina no ocultó a sus íntimos la decepción por aquel desaire pero, de nuevo, filtró a la prensa que esperaba ver a su nieto muy pronto[4]. Meses después, en abril de 1904, cuando don Alfonso buscaba asentar la popularidad de la monarquía realizando un comprometido viaje por una Cataluña crecientemente republicana y nacionalista, el cadáver de quien había dilapidado su prestigio hasta poner en peligro el futuro de todos los Borbones en España seguía siendo potencialmente peligroso. Tanto como para que el rey decidiese no suspender su viaje catalán[5].

Casi medio siglo atrás —poco antes de que la destronaran y de que, a la también temprana edad de treinta y ocho años, iniciase el largo exilio parisino— su primo hermano, cuñado y antiguo aspirante a su mano, el infante Enrique de Borbón, había resumido así el despilfarro del capital político y simbólico de la monarquía española llevado a cabo por Isabel II durante su reinado:

Os habéis despojado de vuestra inviolabilidad por falta de respeto propio como mujer y de nobles sentimientos como reina; os habéis despojado de vuestra autoridad al colocaros fuera de los principios de vuestro pueblo liberal […]. Nacisteis para representar con turbante en la cabeza, la corte de los serrallos, y no un pueblo europeo y constitucional […] ¿quién sino vuestro cetro ha reducido a esqueleto la monarquía más sólida y venerada[6]?

Con todo, treinta y cinco años eran muchos años. A pesar de los nubarrones que temían los políticos de la Restauración, la recién inaugurada monarquía de Alfonso XIII parecía tener poco que ver con aquel «obstáculo tradicional» para el desarrollo del liberalismo en España que se consideró necesario barrer en 1868. No sólo el obstáculo político quedaba atrás; atrás quedaba también la reina indecente de los años sesenta, la de la iconografía brutal de Los Borbones en Pelota de los hermanos Bécquer[7]. Los restos que salieron de París en abril de 1904 eran los de una venerable viejecita a la que, incluso en España, se le perdonaba casi todo porque ya no significaba casi nada.

Aquel «casi nada» resultó, sin embargo, tener una capacidad de resistencia mucho mayor de lo que todos imaginaban. El joven rey que, en 1904, evitó cuidadosamente ser relacionado con el cadáver diminuto y en apariencia inofensivo de su abuela, comenzó su reinado como regeneracionista pero lo terminó consagrando España al Sagrado Corazón de Jesús y entregando el poder a un dictador militar. Con él, el «rey gafe» según los monárquicos, la dinastía Borbón acabó de dilapidar todo su caudal político y simbólico y el fantasma de Isabel II pareció alzar de nuevo triunfante la cabeza.

Quince años después de que Alfonso XIII emprendiese su propio camino hacia el exilio, el general Francisco Franco seguía agitando aquel fantasma del siglo XIX para resumir en él la decadencia moral de la monarquía constitucional y restar apoyos a la causa política de don Juan de Borbón. Cuando la derrota del Eje en la II Guerra Mundial obligó al franquismo a presentar una cara más civilizada ante la Europa democrática y quizás perfilar así un futuro monárquico para España, Franco se explayó a gusto con Martín Artajo sobre las conocidas aventuras amorosas de Isabel II. No había legitimidad dinástica que valiese entre la raza decadente de los Borbones cuando se consideraba padre de un rey «al último con quien se acostaba Isabel II». En esas condiciones había sido, y era, difícil «ver si es apto lo que salga del vientre de la reina[8]».

El temor a la potencia deslegitimadora de Isabel II llega hasta la actualidad. En 2004, cuando se cumplió el centenario de su muerte en París, la distancia que deseó mantener la Casa Real respecto a una posible conmemoración fue manifiesta. Como también fue manifiesto el deseo de los monárquicos de evitar que la gran exposición que se organizó entonces se centrara demasiado en la figura de la reina, por lo que se optó por una revisión general del reinado, que dejaba a Isabel II en la penumbra. A diferencia de lo ocurrido en otras magnas exposiciones organizadas por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones —las dedicadas, por ejemplo, a Antonio Cánovas o a Práxedes Mateo Sagasta—, ningún miembro de la familia real aceptó presidir la inauguración. Esa misma tarde los Reyes inauguraban en un lugar muy próximo una muestra expositiva de mucha menor relevancia y cercanía. El recuerdo de aquella escandalosa antepasada, tan activa política como sexualmente, no constituye desde luego un recuerdo grato para una monarquía como la que encarna Juan Carlos I, que por primera vez se ha sacudido el lastre de ser considerada un «obstáculo tradicional» para la liberalización y democratización del país.

En la medida en que este libro cumpla sus objetivos, los lectores podrán quizás advertir el carácter paradójico (entendida la paradoja como una contradicción aparente) que ofrece una biografía de Isabel II para el debate político actual sobre la monarquía, en España y en Europa. Por una parte, su historia demuestra hasta qué punto las monarquías democráticas actuales están alejadas de la experiencia y los problemas de las monarquías constitucionales del siglo XIX. Por otra parte, sin embargo, esa historia puede también suscitar la reflexión sobre aquellos lejanos orígenes como un presente anterior que apuntó, en lo fundamental, los problemas y los retos que hoy se le plantean a la institución monárquica y, también, la percepción que de todo ello tienen los ciudadanos. Así, al tiempo que la monarquía actual tiene muy poco que ver con la de Isabel II, su ser de hoy no se entiende sin los cambios que aquélla experimentó —tanto en su naturaleza política como en su dimensión simbólica— a partir de la ruptura liberal con el absolutismo allá por los años treinta del siglo XIX.

Si en el difícil y conflictivo tránsito del absolutismo al liberalismo, la monarquía fue una rémora y un obstáculo, en la transición de la dictadura a la democracia en España hay un firme consenso respecto a que su actuación fue todo menos eso. En muy buena medida, la conciencia de los errores del pasado parece haber operado, por fin, como un antídoto eficaz para evitar la recaída en el desencuentro secular entre la institución monárquica y los diversos proyectos de liberalización y democratización que han recorrido nuestra historia contemporánea.

La pugna entre la legitimidad histórica y la legitimidad revolucionaria de la monarquía, que fue un problema sustancial para el liberalismo isabelino, hoy ya no tiene sentido. Sin embargo, es también evidente que el «origen franquista» de la restauración monárquica en la persona de Juan Carlos I puede resucitarse, en ciertos ambientes, como fuente de deslegitimación de la monarquía democrática, en un sentido similar al que adquiere el recuerdo de los síntomas de aquella vieja «enfermedad monárquica» decimonónica. Una serie de elementos que, combinados de las más extrañas formas, sigue operando en el debate político actual de una forma que enmascara los problemas del presente y los distorsiona.

Por una parte, un sector nada despreciable de la izquierda —víctima secular de las maniobras de la monarquía contra la libertad y la democracia— sigue considerando que hay una incompatibilidad sustancial entre monarquía y régimen democrático. Esa opinión, e incluso la convicción fundada y razonada, son legítimas. Sin embargo, tropiezan con el hecho de que algunas de las democracias europeas más avanzadas son y han sido monarquías, mientras que las dictaduras más sangrientas se han desarrollado en un marco republicano.

La ductilidad de la monarquía, pero también del liberalismo y de la democracia, debería tenerse en cuenta a la hora de argumentar al respecto, tanto históricamente como en el debate más actual. De la misma forma, la conciencia del peso que tienen en la formación de las propias convicciones las experiencias vividas (personalmente o a través de la memoria acumulada durante generaciones) debería ser un elemento de reflexión sobre lo que, siendo histórico y cambiante, se quiere convertir en esencial. A esa reflexión desea también contribuir este libro.

Se podrá así, quizás, comprender mejor la siempre quebrada manera en que los ecos del pasado iluminan el presente desde rincones insospechados. No es casualidad, por otra parte, que el peso de la historia de la monarquía española, de sus hábitos y de sus usos tradicionales sea especialmente evidente entre ciertos sectores de la derecha actual. Lo es, y mucho, cuando esos sectores cuestionan la inhibición del monarca en conflictos morales o políticos que consideran sustanciales para su propia agenda. Esa crítica está, de hecho, anclada en una concepción puramente instrumental de la institución que tiene sus orígenes precisos en el momento mismo de consolidación de la monarquía constitucional, durante el reinado de Isabel II. Para el que entonces se llamaba Partido Moderado y, a su sombra, para los nostálgicos del absolutismo, la monarquía fue siempre su monarquía. Más allá de las definiciones constitucionales o doctrinales, su práctica política estuvo ligada de forma estrechísima al monopolio del poder monárquico en defensa de sus particulares intereses sociales y partidistas.

Aquellos moderados decimonónicos, que a la postre demostraron ser bastante radicales en su deriva hacia el autoritarismo, no sólo concibieron la monarquía (al igual que la mayoría de los liberales europeos) como una institución muy útil para ayudarles a forjar nuevos mecanismos de deferencia, capaces de limar el conflicto social y político desatado por las revoluciones en las que ellos mismos habían participado, pero cuyos efectos temían no poder controlar. Hicieron bastante más que eso y consiguieron bastante menos. Utilizaron una y otra vez a la monarquía (con su entusiasta colaboración) para bloquear cualquier posibilidad de apertura, incluso la más gradual y pacífica, de un rígido sistema oligárquico que garantizaba su acceso privilegiado a todos los resortes del Estado, tanto los políticos como los económicos. Al hacerlo así, no sólo bloquearon el potencial horizonte democrático del liberalismo, sino también la misma circulación del poder entre las distintas familias liberales.

Precisamente porque la monarquía era concebida como un muro de contención frente a las demandas sociales y políticas de los otros liberales, los moderados defendieron una monarquía muy activa políticamente. Tan activa que era parte sustancial del conflicto político entre partidos, al tiempo que pretendía presentarse como instancia superior y armonizadora de ese conflicto partidista. En los breves y, más bien, erráticos momentos en los que pudo parecer que la monarquía constitucional (y la propia reina) se les escapaban de las manos, los ataques fueron furibundos y en ellos desempeñó un papel fundamental la utilización de la vida íntima de la familia real. Los ecos del pasado, también aquí, pueden ayudar a comprender mejor el presente.

El objetivo de esta biografía es iluminar algunos de los problemas que han quedado oscurecidos por análisis de carácter más impersonal, referidos a la historia política o constitucional del reinado isabelino. No se trata, desde luego, de sustituir un tipo de estudios que, cada vez con mayor profundidad y eficacia, están renovando nuestro conocimiento de una época crucial para la historia contemporánea de España. Lo que se pretende es introducir una perspectiva capaz de abordar las prácticas políticas cotidianas de la relación entre la Corona y el liberalismo, en un momento en que ambos estaban inmersos en el difícil aprendizaje (difícil en toda Europa) de los mecanismos de gobierno y representación de la monarquía constitucional. La extraordinaria capacidad de desestabilización política del recién inaugurado régimen liberal, atribuida entonces y después a la reina Isabel, merece un análisis en profundidad que explique no sólo sus resultados, sino también su origen. Es decir, la forma en que se fraguó y fue posible el poder, sumamente personalizado, que ejerció la reina durante aquellos años, así como su naturaleza y su alcance a lo largo del tiempo.

La metodología adoptada tiene tres características. En primer lugar, trata de trascender el análisis de la doctrina constitucional o política sobre el papel de la monarquía para ahondar en el estudio minucioso de sus prácticas. Desde ese punto de vista, el problema general que se aborda es la forma específica que adoptó en España la tensión entre el Parlamento y la Corona, que caracterizó todas las monarquías constitucionales europeas surgidas del ciclo revolucionario liberal.

En segundo lugar, y en estrecha relación con lo anterior, la perspectiva que he adoptado trata de eludir los efectos de idealización de la institución monárquica implícitos en uno de sus mecanismos clásicos de legitimación: aquél que la supone ajena, o trascendente, respecto a las singularidades biográficas de las personas que ocupan el trono. El reto fundamental, en este ámbito, ha consistido en imbricar el análisis de los factores individuales con el estudio de los valores y prácticas colectivas asociadas a la monarquía y al liberalismo en aquel momento histórico. Es decir, en aunar la reflexión sobre la forma en que veían el mundo Isabel II y los diversos miembros de la familia real y de la Corte, con el análisis de otras variables más amplias, implicadas en el conflicto de interpretaciones respecto a lo que debía ser el comportamiento de una reina constitucional y lo que ésta y su entorno se creían obligados (o no) a representar.

Por último, los diversos planos de investigación confluyen en una concepción de la monarquía como una institución no sólo política, sino también social y cultural, cuyos mecanismos de legitimación y deslegitimación trascienden la dicotomía clásica entre vida privada y vida pública y enfatizan el carácter histórico y cambiante de la misma. El hecho de que el primer monarca netamente constitucional de la historia de España fuese una mujer con una vida privada considerada, de forma creciente, como escandalosa, no puede ser contemplado como un hecho neutro o sin significación política relevante. No se trata de contraponer las supuestas disfunciones morales de la familia real y de la reina con los valores burgueses sobre la familia y la feminidad respetables, como si éstos fuesen estáticos y estuviesen plenamente definidos al margen del conflicto sociocultural y político de la época. Por el contrario, la discusión (o, más exactamente, las múltiples y a menudo contradictorias valoraciones) sobre la vida de la reina fueron parte importante de la conformación de dichos valores en su pugna global con las formas de vida aristocrática que la Corte y la familia real representaban. De este modo, es posible analizar la manera en que, desde los espacios formalmente tipificados como privados e íntimos, se puede conformar la retórica política y definir las áreas de consenso, de denuncia y de conflicto en la vida pública[9].

Creo que esta triple perspectiva de análisis puede contribuir a la reflexión general sobre los mecanismos de apropiación liberal de la monarquía en el proceso de construcción de los Estados-nación europeos y sobre la forma específica en que se desarrolló ese proceso en España. A la luz de esa problemática más global, los dos grandes vicios del reinado isabelino —el capricho personal en el nombramiento y cese de los gobiernos y el exclusivismo de un solo partido— adquieren una dimensión más compleja y menos personalizada en la figura de la reina, más allá de su evidente responsabilidad en la conformación y arraigo de los mismos. Espero poder demostrar, en este sentido, que la capacidad de desestabilización política que tuvo la Corona, y en concreto la reina Isabel II, no fue la causa última de la falta de consenso del liberalismo isabelino sino su mejor exponente.

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, algunos de los tópicos recibidos pueden impugnarse, o al menos matizarse. Quizás el más importante sea aquél que considera a Isabel II como la reina de los moderados y establece una identidad política esencial entre la monarquía isabelina y el proyecto moderado. En realidad, y de nuevo de forma paradójica respecto a las intenciones iniciales, esa identidad nunca llegó a forjarse de forma plena por, al menos, tres razones que este libro tratará de argumentar en detalle.

La primera, porque para ser la reina de los liberales moderados Isabel II tendría que haber sido liberal (moderada) y nunca lo fue. A lo largo de todo su reinado, aunque de forma irregular o incluso errática, su objetivo (o al menos aquél que buscó en su nombre el entorno palaciego, incluido de forma notable el rey consorte) fue precisamente revertir la ruptura liberal producida cuando la reina era una niña. La segunda, porque, a diferencia de lo que llegó a hacer en momentos claves su madre, la regente María Cristina de Borbón, Isabel II nunca fue capaz de controlar y poner a su servicio, de manera sólida y efectiva, las dispersas fuerzas del moderantismo. La tercera, porque tampoco los moderados fueron capaces de lograr lo mismo respecto a ella, es decir, no pudieron convertirla por completo en un instrumento político en sus manos. El resultado fue la fabricación de un laberinto político, cada vez más intrincado, que puso a todos y a todo en tela de juicio.

Frente a explicaciones demasiado rígidas o simplificadoras, la experiencia global de aquellos torturados años demuestra, a mi juicio, que el enfrentamiento político entre las dos grandes versiones liberales de la monarquía (la moderada y la progresista) fue una parte sustancial del conflicto que define la era isabelina. No fue, sin embargo, todo el conflicto porque, tras él, envuelto en él y distorsionándolo constantemente, existía otro, menos visible quizás, que se alentaba en las oscuras cámaras de Palacio: el conflicto entre la España liberal y la España absolutista que muchos creían ya haber dejado atrás.

Vistas así las cosas, los usos de la monarquía en este país adquieren una mayor complejidad dentro de la gran batalla que se estaba librando, en aquel siglo y en toda Europa continental, entre las diversas monarquías y las instituciones liberales y representativas. Una buena muestra de la vitalidad y de la fortaleza del liberalismo español, frente a todo lo que se ha dicho acerca de su debilidad y de sus contradicciones internas, es que consiguió (a pesar de los formidables obstáculos en su contra) doblegar a la monarquía borbónica lo suficiente como para que tuviese que acabar reconociendo, como en toda la Europa monárquica, que el rey y el Parlamento estaban obligados a llegar a compromisos[10]. Algo que, en España, requirió un destronamiento, un cambio de dinastía y una república. Antes, sin embargo, fue necesario que todos los partidos políticos liberales y dinásticos ensayasen y opusiesen, durante el reinado de Isabel II, sus respectivos usos de la monarquía, y que, por su parte, los usos de ésta apagasen en todos ellos su particular ilusión monárquica o, más exactamente, isabelina.

PRIMERA PARTE

LA FABRICACIÓN DE ISABEL II (1830-1854).

CAPÍTULO 1

LA REGENCIA DE MARÍA CRISTINA DE BORBÓN:

LA REINA NIÑA Y LA RUPTURA LIBERAL (1830-1840).

Allí, al lado de esa reforma y de aquel liberalismo me puso la Historia.

MARÍA CRISTINA DE BORBÓN

María Cristina de Borbón llegó a Madrid en diciembre de 1829 con un objetivo preciso: debía proporcionar descendencia a su tío, el rey de los españoles, el cual había enterrado ya a tres esposas sin lograr un heredero. La recién llegada tenía entonces veintitrés años y era hija del rey Francisco de Nápoles y de la infanta María Isabel, hermana de su futuro marido. Para las costumbres de la época se iba haciendo mayor y tenía a sus espaldas un matrimonio frustrado con su primo, Carlos Luis, rey de Etruria y futuro rey de Parma. Sin embargo, las malas lenguas le suponían una «probable fecundidad»; tenía un carácter vivaz, una expresión agradable y un atractivo que todos los que la conocieron consideraban cercano a la hermosura. Había recibido la educación habitual en las hijas de los reyes de entonces: algunas nociones de historia, geografía y gramática, rudimentos de francés, de pintura y de música. Le gustaba especialmente montar a caballo y era despierta, elocuente e ingeniosa[1] .La descripción física de M.ª Cristina en Marqués de Villa-Urrutia, La reina gobernadora. María Cristina de Borbón, Madrid, Francisco Beltrán, 1925, p. 20. Ver, asimismo, Augusto Martínez Olmedilla, La cuarta esposa de Fernando VII, Barcelona, Editorial Juventud, 1935. Sobre su «probable fecundidad» abundaron los rumores maliciosos entre los círculos carlistas, luego recogidos por sus detractores del ala más radical del liberalismo. Fernando Garrido, Historia del reinado del último Borbón de España, Barcelona, Salvador Manero, 1868, tomo I, p. 55. También, Biografía de María Cristina, RAH, Colección Fermín Caballero, Papeles Inéditos, 9/4714. Agradezco este último documento a M.ª Cruz Romeo.

Tenía, en todo caso, la inteligencia y la experiencia suficientes como para saber que su vida en la Corte española no iba a ser fácil. Fernando VII era un hombre prematuramente envejecido, con una salud muy quebrantada por largos años de gota y de excesos de todo tipo. La experiencia de su niñez, dominada por el todopoderoso Manuel Godoy (supuesto amante de su madre) le llevó a desconfiar de cualquier influencia demasiado cercana y poderosa. Su manera de reinar consistió siempre en dividir y enfrentar entre sí a cuantos la rodeaban, de forma que potenció en todos ellos, a través del desconcierto y del terror, el más abyecto servilismo. Ladino, desconfiado y cruel, dado al humor grueso y a las aventuras nocturnas, el rey de España no era desde luego una figura atrayente. Sin embargo, podía ser muy manipulable si se sabía atender bien a sus deseos.

Después de su última experiencia matrimonial con la muy devota princesa alemana, Josefa Amalia de Sajonia, casada con él cuando apenas tenía dieciséis años, el rey dejó muy claro a todos los que quisieron oírle que quería a su lado alguien que se acomodase más a su gusto por los placeres y por la diversión. El retrato que se le hizo llegar de su alegre sobrina napolitana parece que le colmó de expectativas halagüeñas. Unas expectativas que, para su hermano y hasta entonces heredero, el infante Carlos María Isidro, se volvían muy sombrías. Fanáticamente religioso, sobrio y virtuoso en su vida privada, la figura de don Carlos contrastaba notablemente con la del rey. Casado desde 1816 con su sobrina, la infanta portuguesa María Francisca de Braganza, tuvo con ella tres hijos (Carlos Luis, Juan y Fernando) y todas las fuentes coinciden en señalar que el carácter enérgico de su esposa ejercía una gran influencia sobre el suyo, más bien débil y apocado. Una energía y una influencia que María Francisca compartía con su hermana María Teresa de Braganza, princesa de Beira, con quien don Carlos acabó casándose años más tarde, en 1838, al morir su primera esposa[2].

Para aquel círculo cortesano, el nuevo matrimonio de Fernando VII era cualquier cosa menos una buena noticia. Las esperanzas de acceso al trono del hermano del rey peligraban y, con ellas, el proyecto político de los llamados apostólicos, para quienes el evidente carácter contrarrevolucionario de la política fernandina no saciaba sus ansias de reacción. Anclados en el Consejo de Estado y en los cuerpos de voluntarios realistas —auténtico cuerpo paramilitar formado en 1824 con el objetivo explícito de combatir la revolución—, los absolutistas extremos llevaban casi una década protagonizando conspiraciones dispersas y hostigando cualquier intento reformista, por tímido que fuese.

La limitadísima amnistía de 1824, forzada por las potencias de la Santa Alianza, así como la introducción de algunas reformas hacendísticas imprescindibles para evitar el derrumbe absoluto de la economía, se convirtieron en anatemas para aquéllos que creían fanáticamente en el realismo puro. Del mismo modo, la falta de reconocimiento de grados y empleos de muchos de los que habían combatido la experiencia constitucional inaugurada en 1820, y el no restablecimiento de la Inquisición tras la reacción de 1823 sumaron frustración y resentimiento en el ala radical del absolutismo. En 1826 apareció el denominado Manifiesto de los Realistas Puros, en el que se denunciaba la traición de los ministros de Fernando VII, e incluso del propio rey, a los principios puros de la religión y el trono por los que se había combatido durante el Trienio Liberal. Las estrechas relaciones de don Carlos con aquellos grupos ultramontanos era un secreto a voces[3].

Cuando María Cristina llegó a España en 1829, el recurso a la violencia por parte de los realistas exaltados estaba apagado pero latente. Desde el principio fue consciente de que debía forjar en torno suyo algún tipo de alianza política y cortesana. En principio, su aliada natural era su hermana, la infanta Luisa Carlota, casada en un nuevo alarde de endogamia borbónica con otro hermano del rey, el infante don Francisco. Desde su llegada a la Corte, con apenas dieciséis años, la mayor de las hermanas napolitanas había demostrado tener mucho carácter y no estar dispuesta a ocupar un lugar anodino y subordinado entre sus cuñadas portuguesas. Los enfrentamientos con ellas eran tan legendarios como los continuos devaneos amorosos de Luisa Carlota y las bromas pesadas con que atormentaba a su desgraciado marido. Francisco de Paula, por su parte, también tenía sus peculiaridades. De él se decía que había estado casado en secreto con una plebeya, que tenía al menos un hijo ilegítimo, que era masón y que durante el Trienio Liberal había demostrado ciertas simpatías por los liberales, o que, al menos, había hecho alarde de ellas en previsión de que Fernando VII fuese derrocado y se buscase un rey más proclive a aceptar el constitucionalismo[4].

Quizás fueron la influencia y la fama de su hermana y de su cuñado las que hicieron abrigar esperanzas de que la nueva reina tendría un talante más abierto que el de sus predecesoras y, por supuesto, que el de don Carlos y sus partidarios. Ella no hizo nada por desmentirlo. En todo caso, cumplió su cometido de asegurar la descendencia a Fernando VII en un plazo de brevedad difícil de superar. A los cinco meses de celebrarse el matrimonio real, se anunció que la reina estaba embarazada de cuatro meses.

Inmediatamente después, el 3 de abril de 1830, el rey hizo publicar la Pragmática Sanción que abolía la Ley Sálica por la cual, desde la llegada de los Borbones al trono de España en 1713, se excluía a las mujeres de la posibilidad de heredar directamente el trono. Con esta medida, Fernando VII recuperaba un acuerdo de las Cortes españolas de 1789, que no había sido jamás sancionado y promulgado, y además cortaba de raíz las pretensiones de su hermano de acceder al trono. La medida se demostró previsora, porque el triunfo de María Cristina no fue completo. El 10 de octubre de 1830 dio a luz a «un heredero, aunque hembra» como definieron a la recién nacida los comentaristas de la época[5].

La infanta Isabel Luisa llegó al mundo en una Corte donde la espesa red de consanguinidad que unía a la familia real no era menor que la tupida maraña de intrigas que la dividía. Llegó también al mundo en un país donde los liberales llevaban más de veinte años pugnando por vencer la resistencia del absolutismo representado por Fernando VII y, al extremo, por su hermano don Carlos. Mientras la opinión liberal se mantenía a la expectativa, los partidarios del Infante hicieron todo lo posible durante el embarazo de la reina para que las Cortes «hermanas» de Nápoles y Francia forzasen a Fernando VII a reconsiderar su decisión de permitir que reinase una mujer, por muy hija suya que fuese. Sin embargo, para cuando aquella hija nació, la revolución francesa de 1830 había despejado mucho el horizonte. La subida al trono de Luis Felipe de Orleans canceló las presiones diplomáticas y familiares, al menos por parte de Francia, y abrió el camino para que la sucesión femenina del reino de España pudiese materializarse, lo que de paso consolidó a María Cristina en Palacio como la madre de la sucesora directa a la Corona[6].

De forma un tanto paradójica, teniendo en cuenta la orientación política de la corte napolitana, fue precisamente el encargado de negocios de aquel país, Ferdinando de Luchesi, quien se convirtió en aquellos primeros meses en el confidente y valedor máximo de la reina. En una serie de informes reservados aconsejó a María Cristina que utilizase toda su influencia con el rey para impedir el avance de «los apostólicos». Era importante, además, que no se traicionase ante ellos mostrando su decepción por haber dado a luz a una niña: «el ser venida al mundo una Princesa debe ser entendido como un hecho indiferente, de aquí a un año puede venir un Príncipe; si no se tiene esta conducta, ¿quién podrá responder de la locura de don Carlos y de sus secuaces? En estos momentos V. M. hable claro y con firmeza y tenga en cuenta que una Madre tiene más derecho a hacerlo que una simple Mujer. V. M. no tema comprometerse […] Quede V. M. tranquila que nada escapará a mi vigilancia». Poco después, en respuesta al encargo de María Cristina de que tantease la opinión pública y de la Corte, Luchesi le aseguraba: «V. M. puede estar persuadida de que, aunque haya nacido una Princesa, el entusiasmo es general y todos quieren ponerse a la sombra de la Bandera de V. M. Excepto algunos ambiciosos carlistas, la Nación se declara abiertamente por la reina y su directa Prole». El mismo Luchesi le aseguró que los liberales, dados su precaria situación y el temor a don Carlos, apoyaban los derechos sucesorios de la infanta Isabel. María Cristina debía, a su juicio, utilizar el capital político que le otorgaban las esperanzas concebidas en torno a ella y al nacimiento de su hija. La reina no podía, ni debía, comprometerse con nadie, pero podía enviar señales a sus posibles partidarios, como, por ejemplo, aconsejar al rey un indulto con motivo del nacimiento de la Infanta «para aumentar la fuerza moral del partido de V. M.»[7].

La labor de Luchesi no cayó en saco roto y María Cristina comenzó a interesarse a partir de entonces en la política diaria. Buscó y obtuvo información reservada, y más o menos fidedigna, sobre las idas y venidas de los liberales, lo que discutían entre ellos, sus personalidades más destacadas y sus divisiones internas. Poco a poco, comenzó a proyectar una imagen (opaca como todo lo que procedía de la Corte, pero no por ello menos eficaz) que la identificaba con la resistencia a los ultraapostólicos y la mostraba partidaria de un programa de moderación y reformas dentro del absolutismo. Aquella imagen adquiría verosimilitud ante el odio feroz que abiertamente le mostraban los pronto denominados «carlistas», cada vez más agitados tras el nacimiento, el 30 de enero de 1832, de otra princesa, la infanta Luisa Fernanda. La actitud de Luchesi y los efectos que tenía en la reina le valieron la destitución ante la firme postura napolitana de no reconocer la Pragmática, cuya derogación se convirtió en el más firme objetivo de su sucesor, el barón de Antonini[8].

La ocasión para lograrlo pareció llegar cuando, a mediados de septiembre de 1832, estando la Corte en el palacio de La Granja, la salud de Fernando VII empeoró de forma tan alarmante que la mañana del 14 de septiembre se consideró inminente su fallecimiento. A pesar de los intentos de ciertos historiadores, cercanos a las posiciones carlistas, de minimizar la actuación de los diplomáticos procedentes de las cortes absolutistas, la documentación existente al respecto deja pocas dudas respecto a las presiones que éstos ejercieron para lograr que se anulase la Pragmática aprovechando la enfermedad del Rey[9]. Entre ellos, la voz cantante la llevó Antonini, quien congregó en torno suyo al embajador de Cerdeña, Solaro, y al de Austria, Brunetti, junto con el confesor de la reina y dos ministros de peso dentro del gabinete: el conde de Alcudia, ministro de Estado, y Tadeo Calomarde, ministro de Gracia y Justicia.

Los llamados «sucesos de La Granja» han suscitado múltiples interpretaciones que siguen de cerca las diversas opciones políticas contemporáneas implicadas en ellos. La propia reina María Cristina escribió de su puño y letra una relación de aquellos acontecimientos «según los supo y recordaba» añadiendo al pie, antes de la firma, «esto lo escribo para que mis hijas tengan noticia de ello». El carácter autoexculpatorio del documento es evidente. La reina se presenta a sí misma como alguien atrapado en una urdimbre de intrigas y de consejos contradictorios, sinceramente alarmada ante la posibilidad de que, «según me lo hacían conocer, iba a haber indudablemente guerra civil, y queriendo el bien de la Nación, que es todo mi anhelo, viéndola según me dijeron dividida en partidos, el de Carlos muy fuerte, el de los liberales que siempre se echarían al lado más débil». En esa tesitura, imbuida sólo por su deseo de evitar que se derramase sangre, «el amor que tengo a esta nación y el deseo de verla tranquila y feliz fue lo que me hizo tomar el ejemplo de la muger, cuyo hijo quería Salomón hacer partir, y que ella gritó: no partir, no matarle, más vale dárselo a la otra entero[10]».

De acuerdo con el relato de la reina, Antonini y el conde de Alcudia fueron los más activos en incrementar su angustia, y su sensación de vulnerabilidad durante aquellos días en que parecía que el rey se moría. Las noticias sobre conspiraciones entre la Guardia Real y de graves movimientos en las provincias, se sucedían sin interrupción y fue el propio Antonini el que, secundado por Alcudia, le aconsejó que lograse del rey un decreto que la autorizase a despachar con los ministros, tomando «consejo con personas sabias [es decir, con Carlos]; ellos decían que así, viendo todos que Carlos iba acorde conmigo, se calmarían los partidos. Alcudia y yo se lo dijimos a Fernando, y éste firmó como pudo el decreto […] Bien se conocía que lo que querían era que Carlos fuese el que gobernase, porque me dijo Antonini que, a todo lo que proponía Alcudia, yo preguntase a Carlos lo que le parecía y que su dictamen fuese el que se siguiese[11]».

La maniobra era casi perfecta: acobardada, la reina colaboraría en demostrar al país que el infante don Carlos era el único capaz de hacerse cargo de la situación en aquellos momentos. Más aún, sería la propia reina quien firmase su sentencia de muerte como posible Regente y quien crearía las condiciones para arrebatarle el trono a su hija. En la noche del 18 de septiembre, sintiéndose sola y abandonada, acabó cediendo a las instancias de Antonini y Alcudia, que le urgieron a que lograse del rey un decreto que anulara la Pragmática, bajo la promesa de que se mantendría en secreto hasta «que Fernando muriese, porque en otro caso se podría pensar de otra manera[12]». El ministro Calomarde fue quien preparó el decreto. Al día siguiente, Antonini le preguntó a María Cristina si pensaba abandonar España cuando el rey muriese. La reina, dando muestras de la astucia que la caracterizaría siempre, contestó: «Según las circunstancias[13]».

En todo caso, la suerte parecía echada. De haber muerto Fernando VII en aquellos días, no hay duda de que, con o sin guerra civil, el infante don Carlos hubiese subido al trono. Sin embargo, la mejoría del rey comenzó a ser evidente desde finales de septiembre y, coincidiendo con ella, llegaron a la Corte, procedentes de Andalucía, la infanta Luisa Carlota y su marido. Las versiones más tópicas sobre los sucesos de La Granja atribuyen a la enérgica Infanta una acalorada discusión con Calomarde que acabó con un par de sonoras bofetadas contestadas con el famoso: «Señora, manos blancas no ofenden». Sin embargo, su protagonismo en lo que sucedió a continuación no debió de ser tan decisivo.

Como todos en la Corte, Luisa Carlota estaba esperando acontecimientos e inicialmente tampoco se atrevió a decantarse en ningún sentido definido. El anónimo autor de un informe reservado sobre la Infanta ofrece una versión menos heroica de su actuación:

Si algún mérito tubo el tal viaje fue el de la viveza de las mulas Españolas que corren mucho y son muy sufridas, pues en cuanto a lo demás, nada tiene de particular que un pariente corra a la noticia de inmediato peligro de un miembro de su familia; más creer o querer hacerlo creer que SS. AA. influyeron en la más mínima cosa en el restablecimiento del Rey, única cosa que nos salvó en aquellas críticas circunstancias, es el supino de la necedad. El restablecimiento del Rey, y solo el restablecimiento, varió el aspecto de la crisis que nos amenazaba. SS. AA. llegaron a La Granja y no hicieron más que abrazar a la Reyna y dolerse con ella de la situación del Rey, irse a su cuarto y acostarse después de haber visitado a Don Carlos con cara de risa, cosa que nunca habían hecho […] ¿Y cuándo fue cuando abrió la voca la Infanta Doña Luisa Carlota? Cuando ya el Rey mejorado no tenía ni veía el peligro de que las Portuguesas pudieran hacerla sufrir los insultos y desaires que ella les había hecho. Entonces fue cuando, encontrándose un día a Calomarde que salía del cuarto del Rey, lo insultó de modo y forma que lo había hecho el año 24, sin más diferencia que no haberle levantado la mano esta segunda vez. Si este hecho merece el nombre de Heróico, y a sus consecuencias el que devamos la libertad los Españoles, dígalo el orbe entero[14].

En cualquier caso, la mejoría del rey y el apoyo de sectores relativamente amplios de la nobleza y de las instituciones del reino aislaron de nuevo al carlismo y volvieron a consolidar la posición de María Cristina. El ambiente de euforia contenida que se vivió a mediados de septiembre en las dependencias del Infante dejó paso a la frustración. El 1 de octubre fue nombrado un nuevo ministerio, dirigido por el diplomático Cea Bermúdez e integrado por hombres procedentes del sector más templado del absolutismo y, sobre todo, claramente partidarios de la sucesión en la persona de la infanta Isabel. Alcudia y Calomarde fueron alejados de la Corte, el primero con el encargo de una embajada en Rusia y el segundo mediante una orden de destierro que acabó en exilio.

Con distintas intenciones, los historiadores que siguen la interpretación carlista o la liberal han visto en el cambio ministerial una especie de proyecto de transición hacia un nuevo régimen que comenzaba a alejarse paulatinamente del absolutismo. Ésta es probablemente una interpretación de los hechos que tiene más en cuenta lo que sucedió después que lo que estaba ocurriendo en aquellos momentos. Lo que se buscaba no era transitar hacia el liberalismo, sino neutralizar a don Carlos. Otra cuestión es que, con el tiempo, las medidas que se tomaron entonces crearan un espacio político que los liberales poco a poco, y en el contexto de creciente debilidad de la Corona, pudieron aprovechar.

La primera disposición del nuevo gabinete fue sustituir a todos los capitanes generales que habían demostrado su adhesión a la causa del Infante por otros que asegurasen su lealtad a la infanta Isabel y a su madre. La finalidad última era minar la fuerza social y política de los voluntarios realistas, mayoritariamente partidarios de don Carlos, y atraer en lo posible aquélla que pudiese tener el liberalismo a favor de Isabel II. Al mismo objetivo tendieron las disposiciones sobre la reapertura de las universidades, clausuradas en 1830, y los sucesivos decretos de tímida amnistía política para los liberales que permanecían presos en el interior o estaban en el exilio. Asimismo, se retomaron buena parte de las medidas de reforma económica y hacendística que habían quedado en suspenso durante los años finales del gobierno de Fernando VII. En todo caso, el gobierno de Cea se apresuró a emitir un comunicado en el que aclaraba que no se debía esperar ninguna variación política «que altere o disminuya los derechos soberanos de la Corona[15]».

El 31 de diciembre, Fernando VII, ya recuperado, restableció personalmente la Pragmática Sanción afirmando, de forma explícita, que su derogación había sido producto de una conjura contra la voluntad del rey moribundo. El embajador de Nápoles, Antonini, fue sustituido y al infante don Carlos se le concedió una licencia para que, junto con su familia, se trasladase a Portugal con el pretexto de acompañar a la princesa de Beira. Unos meses después, el 20 de junio de 1833, las altas dignidades del reino juraron a la infanta Isabel como heredera legítima de su padre. La niña iba vestida de raso blanco y en ella destacaban sobre todo sus ojos azules y sus «manitas muy ásperas y en un estado muy poco natural que hacía conocer que debía padecer algún exantemo, lo que a su edad tan tierna daba mala idea de su robustez y no muchas esperanzas de su existencia entre los peligros de los primeros años de la vida: hija de un padre lleno de males que en su niñez había padecido casualmente una afección cutánea, no puede extrañar el secreto de las manos de S. M.»[16].

Tres meses después, el 29 de septiembre de 1833, a las cuatro de la tarde, murió Fernando VII. Inmediatamente, Isabel II fue proclamada reina y estalló una guerra civil que, durante seis años, mantuvo sus derechos al trono pendientes de la suerte de las armas y de la pericia política de su madre.

La cuestión dinástica encubría una serie de cuestiones políticas decisivas que, en los años siguientes, aunaron estrechamente la guerra civil y la ruptura liberal con el absolutismo. Cuando María Cristina de Borbón asumió la regencia, resultaron evidentes al menos tres cosas. La primera, que las fuerzas de la reacción absolutista no encontraban intrascendente la posibilidad de una reforma política, por mínima que fuese. La segunda, que de esa mínima posibilidad dependía la regente María Cristina para trasmitir el trono a su hija. La tercera —que comprendía las dos anteriores—, que existía ya una primera tentativa de pacto entre el absolutismo templado y el liberalismo más moderado con el objetivo de ofrecer una vía de salida a la monarquía española, tras años de caos financiero y administrativo y de creciente deslegitimación política.

Como informó el barón de Viel-Castel al ministerio de Asuntos Exteriores francés, el infante don Carlos tuvo a su favor «a la inmensa mayoría del clero, el pueblo del campo e incluso de gran parte de las ciudades del interior», mientras que los defensores de la reina Isabel se encontraban fundamentalmente entre la grandeza del reino, «indolente y degenerada, pero teniendo todavía un gran dominio» y entre las clases medias, «poco numerosas y poco ricas» pero que comprendían «a casi todos los hombres instruidos e ilustrados, casi todos los funcionarios públicos, el pueblo de las villas comerciales de la costa, y una porción del de Madrid». Para el informante francés, que escribía en los albores mismos de la guerra civil, la regente María Cristina encontró apoyos entre «todos los hombres que, en grados diferentes, desean ver introducidos en el Gobierno un sistema de reformas y de mejoras y junto a ellos se encuentran los verdaderos revolucionarios, menos peligrosos por su número que por su audacia y actividad[17]».

Desde el principio, por lo tanto, la defensa de los derechos de Isabel II se realizó en nombre de principios e intereses políticos y sociales muy diversos. Absolutistas reformistas o simplemente absolutistas partidarios de obedecer los deseos de Fernando VII; liberales moderados, avanzados y radicales; aristócratas, burgueses y artesanos se encontraron de pronto en un mismo bando. Para la Regente, la amplitud y diversidad de sus defensores era, al tiempo, un quebradero de cabeza y una esperanza de éxito. Respecto a sus convicciones políticas, éstas eran naturalmente absolutistas, aunque debía ser sensible a la necesidad de introducir algunas reformas en ámbitos administrativos pero no políticos.

Cuarenta años más tarde, cuando se encontraba al final de su vida política y el liberalismo había perdido la carga revolucionaria que tenía cuando ella se hizo cargo del poder, pudo dar por buenas las reflexiones que le atribuía su secretario particular: «La necesidad había llegado también y mi convicción de ello —¿por qué negarlo?— primero hasta mis simpatías personales en una edad en que la generosidad no ciega menos que la inexperiencia; y mi gratitud después, me pusieron con indisoluble lazo al lado de la reforma liberal de España, conveniente, y mucho, si no se la hubiera desnaturalizado al fin por unos y por otros, y más conveniente por lo mismo que se presentó aliada al Trono legítimo, y descendiendo de él. Allí al lado de esa reforma y de aquel liberalismo me puso la historia[18]».

Fuese por convicción o por necesidad, la guerra civil y la consiguiente radicalización que trajo consigo evidenciaron, a principios de 1834, que el tímido programa de reformas del gabinete de Cea Bermúdez no era suficiente para sostener la causa isabelina entre los liberales. Tras escuchar a nobles como el marqués de Miraflores y a generales de prestigio, y absolutamente imprescindibles, como Manuel Llauder, Vicente de Quesada o Luis Fernández de Córdova, la Regente se decidió a dar un golpe de timón político que, en aquellos momentos, era sin duda audaz. Cesó a Cea Bermúdez y nombró para sustituirle a un antiguo liberal, ya muy moderado, Francisco Martínez de la Rosa. Poco después se publicó el llamado Estatuto Real, cuyo objetivo formal era, según expuso el Consejo de Ministros, dotar de mayor «firmeza y esplendor al Trono» y labrar «la suerte futura de la Nación». En la práctica, se trataba de un texto muy ambiguo desde el punto de vista jurídico-constitucional, mucho más cerca de una mera convocatoria de Cortes, graciosamente concedida por la Corona, que de la Carta Otorgada por Luis XVIII a los franceses en 1814 con la que frecuentemente se ha comparado[19].

En todo caso, abría las puertas a un cambio gradual cuyo objetivo era favorecer, bajo la tutela de la Corona, la subordinación de las esperanzas liberales a un acuerdo con el absolutismo reformista que era, en realidad, el verdadero horizonte político de la Gobernadora. Sin embargo, el efecto de radicalización que tenía la guerra civil y la evidente conciencia de su importancia por parte del liberalismo llevaron las cosas más lejos. Las Cortes que se reunieron en julio de 1834 estuvieron dominadas por una nutrida y activa mayoría liberal cuya actividad parlamentaria, a pesar de sus diferencias internas respecto al modo y carácter de las reformas, abrió las puertas para que comenzase a debatirse públicamente la necesidad de avanzar hacia un régimen plenamente constitucional[20].

Al mismo tiempo, y de forma más proyectiva que descriptiva, la figura de la reina niña, «la inocente Isabel», comenzó a ser identificada simbólicamente con todas las esperanzas de cambio y de libertad frustradas desde las Cortes de Cádiz y el Trienio Liberal de 1820-1823. Aquella niña que los liberales invocaban en los campos de batalla, símbolo de regeneración de la patria, de un nuevo comienzo de inocencia y de luz, no era defendida tan sólo como heredera legítima del trono, sino como compendio de todas las aspiraciones de mejora, política y social, que la lucha contra el carlismo contenía. Se luchaba por la reina porque se luchaba por la libertad, porque se temía a la reacción. Se inició entonces un modelo de representación de Isabel II que, con todos los matices, se mantuvo casi inalterable durante la década siguiente.

Utilizando la fórmula respetable de escritos en honor de la reina, los liberales publicaron durante aquellos años infinidad de poemas y loas que, tras su composición retórica, identificaban el trono de Isabel II con la lucha por sacudirse años de reacción y oscurantismo: «España su gloria funda / y cifra su lealtad / en amar la Majestad / de Nuestra Isabel Segunda […] Con sangre se ha de escribir / con sangre se ha de sellar / Isabel ha de reinar / y Cristina ha de regir […] Muera el faccioso traidor / que a Isabel no obedeciere / como se consume y muere / la niebla al salir el sol[21]».

Mucho más directo y festivo era un pasquín que circulaba por Madrid en aquellos días bajo el título Credo político y que recogió la policía:

Creo en Isabel 2.ª, Reyna poderosa, creadora de la felicidad española, y en María Cristina, su Madre, nuestra Reyna Gobernadora, que la concibió engendrada por Fernando 7.º, y nació para nuestro consuelo y condenación de los frailes: creo que padecieron bajo el infernal gobierno de Calomarde, y que la Madre fue infamada, oprimida y ultrajada, y descendió a los subterráneos calabozos para salvar a los fieles liberales que gemían en ellos, y restituyó al seno de la Madre Patria a los buenos que se habían ausentado de ella; creo que Isabel 2.ª subió al trono de su Padre, y está sentada a la diestra de su Augusta Madre la Reyna Gobernadora, y que desde allí ha de juzgar a los buenos y a los malos: creo en el espíritu liberal, en la firme unión de Inglaterra, Francia, España y Portugal, en la convicción racional de los despreocupados, en el perdón de los extraviados, en la resurrección del Congreso Nacional, en nuestra regeneración política y en la reunión de nuestras Cortes por los siglos de los siglos. Amén[22].

Mientras tanto, aquel símbolo infantil del espíritu liberal era educado en el más riguroso ambiente absolutista. La cultura política de la Corte permanecía prácticamente intacta y la regente María Cristina había confiado el cuidado de su hija a Joaquina Téllez-Girón y Alfonso Pimentel, condesa de Osilo y marquesa de Santa Cruz por su matrimonio con José Gabriel de Silvia Bazán y Waldstein, décimo marqués de aquella casa. Nombrada aya de la reina en 1830 y camarera mayor en 1834, la marquesa de Santa Cruz provenía de una familia de la más rancia nobleza que, en los momentos difíciles de la enfermedad y la muerte del rey, había demostrado su lealtad a los derechos de la hija de Fernando VII pero que, desde ningún punto de vista, podía considerarse partidaria de reformas liberales[23]. De hecho, la marquesa de Santa Cruz y otras damas de la reina, como la marquesa de Valverde, representaban lo más granado del absolutismo en las filas isabelinas y el espíritu más acabado de la casta aristocrática anclada en la cultura de la Corte. Para ellas, la reina no representaba en absoluto las aspiraciones de cambio sino exactamente todo lo contrario: la permanencia de la Corona y del viejo mundo, con todos sus derechos y honores, frente a la marea revolucionaria.

Fueron aquel ambiente y aquellos intereses los que rodearon a Isabel II durante los años decisivos de su primera infancia, mientras los liberales luchaban en su nombre. El contacto con su madre era prácticamente inexistente. Como escribió un diplomático francés a su ministerio: «La separación de vida entre ambas es casi completa[24]». La situación personal de la reina gobernadora propició que aquel distanciamiento fuese incluso mayor de lo que era habitual entonces entre la realeza y la aristocracia. De hecho, cuando la reina tenía apenas tres años, su madre estaba ya formando otra familia, secreta y plebeya, a la que quiso siempre de una forma infinitamente superior a la que le fue impuesta por su matrimonio con Fernando VII.

La leyenda y la realidad se mezclan en la documentación que nos ha quedado sobre la pasión que arrastró a María Cristina, tres meses después de la muerte del rey, a contraer matrimonio secreto y morganático con un guardia de corps llamado Fernando Muñoz y Funes, cuya familia tenía al parecer un estanco en Tarancón y que había conquistado el corazón de la reina napolitana casi a primera vista. El enlace se produjo «el 27 o 28 de diciembre de 1833 hacia las siete de la mañana, a los diez días del trato de los novios», y lo celebró un amigo del novio, recién ordenado[25]. El afortunado sacerdote, Marcos Aniano González, ascendió inmediatamente a capellán de Palacio y durante muchos años fue el único confesor de la reina gobernadora quien, hasta mediados de los años cuarenta, se negó a confesarse con cualquier otro. María Cristina era plenamente consciente de que aquel matrimonio, primero por el testamento de Fernando VII y después por las leyes liberales, la inhabilitaba para regir el país en nombre de su hija. Su relación con Muñoz, quien instaló inmediatamente en Palacio a su numerosa familia, se convirtió en una especie de secreto oficial que duró toda su regencia y, sin duda, la debilitó políticamente al colocar su imagen pública en manos de todos aquéllos, cortesanos o ministros, que conocían su irregular vida privada.

En cierto sentido, al Gobierno no le quedaba más remedio que tolerarla y ampararla para poder continuar la guerra y su tímido programa de reformas. La prensa que se atrevió a insinuar el escándalo fue amordazada. Más difícil resultaba silenciar a la prensa extranjera. El 10 de julio de 1834 se podía leer lo siguiente en el periódico francés Journal du Commerce:

Se dice que la regente está encinta y que no sería solo el temor al cólera lo que la habría decidido a retirarse a Riofrío. La cosa estaría tan avanzada que, si hay que creer una correspondencia de Bayona del día 6, se teme que el suceso, es decir el parto, tendrá lugar antes de la apertura de las Cortes[26].

María Cristina logró mal que bien encubrir un embarazo ya avanzado con los amplios ropajes de la época y, en ese estado, abrió las primeras Cortes del Estatuto el 14 de julio de 1834. Cuatro meses después, el 17 de noviembre, dio a luz a una niña bautizada cristianamente como Amparo. Esa misma noche, la recién nacida fue sacada a escondidas del Palacio Real y entregada a la viuda del administrador de La Granja para que se hiciese cargo de ella. Cuatro de los siete hijos de María Cristina y Muñoz nacieron durante la regencia y, en aquellas condiciones de clandestinidad, esto alejó aún más los afectos y las preocupaciones de la Gobernadora de sus hijas legítimas con Fernando VII[27].

Mientras, la política del Estatuto comenzaba a dar sus frutos. Los ministros intentaban por todos los medios acrecentar al máximo su autonomía política, lo que dejaba a la Regente en un segundo plano. El ministro de Gracia y Justicia, Nicolás María Garelly, era el intermediario habitual entre María Cristina y el Gobierno: «Éste recibe los portafolios de sus colegas, la Reina los firma y ése es todo su trabajo. A veces se permite alguna observación y el señor Garelly la transmite, los Ministros insisten y la Reina cede […] Nadie más está cerca de la Gobernadora, con excepción de sus íntimos y algunos grandes de España pero todos personas muy obscuras y que no se meten en política […] todos son los muy humildes servidores del favorito Muñoz quien, sea por modestia, sea por incapacidad, sea por prudencia, no atiende más que a sus asuntos particulares[28]».

Aquella situación, sin embargo, no habría de durar mucho. El propio Garelly advirtió a sus colegas de que no debían subestimar ni la fortaleza de carácter de María Cristina ni su «privilegiado talento […] dentro de muy poco, y tan luego como la Reyna se amaestre en los negocios de Estado, el Ministro que despache con ella ha de ir bien prevenido para que no le enmiende la plana». Garelly pudo apreciar cruelmente hasta qué punto era eso cierto cuando fue destituido en febrero de 1835. Para entonces, la Regente ya estaba recuperada de su parto clandestino y decidida a ser algo más que una «reina de estuco[29]».

Su actuación se orientó de forma inmediata a impedir que el camino de las reformas derivase en la ruptura neta con el absolutismo que ansiaba el sector del liberalismo que comenzó a denominarse «avanzado» y, algo más tarde, «progresista». Cada vez más celosa de su poder, María Cristina rechazó o archivó todas y cada una de las peticiones más bien moderadas de las Cortes en relación con asuntos cruciales para el liberalismo, como el restablecimiento de la milicia urbana, la carta de derechos políticos, la reorganización de los ayuntamientos y diputaciones, la revalidación de los empleos y ventas de bienes nacionales procedentes del Trienio Liberal, la abolición de impuestos y gravámenes señoriales, etcétera.

Mientras, la violencia y los horrores se sucedían sin cesar en los campos de batalla, en las ciudades y en los pueblos. Las masacres de civiles por parte de ambos bandos fueron frecuentes y, en Madrid, se produjo el asesinato de más de setenta frailes acusados de envenenar las aguas durante la epidemia de cólera de 1834. La ferocidad de aquellas escenas respondía, al menos en parte, a la sensación de inseguridad y de terror que sentían los liberales ante la impunidad con que actuaban los carlistas mientras las autoridades reprimían cualquier manifestación abierta a favor de las reformas propuestas por las Cortes. Los rumores de que la Regente estaba a punto de firmar un pacto con don Carlos recorrían el país. Un periódico valenciano, El Turia, resumió así la situación en que se sentía atrapado el liberalismo, incluso el más moderado: «Si, que Dios no lo permita, una ceguera inexplicable, una larga serie de errores nos condujese a la terrible crisis de tener que escoger entre la revolución y el despotismo, hemos sufrido demasiado los errores del último para no atenernos a la primera[30]».

La elección que temía aquel periódico no tardó en hacerse inevitable. En el verano de 1835, un amplio levantamiento liberal cuestionó en prácticamente todas las ciudades importantes del país la autoridad del gobierno central. Las Juntas locales y regionales, viejo recuerdo de la Guerra de la Independencia, asumieron el poder exigiendo reformas inmediatas y una actitud mucho más decidida contra el carlismo. La Regente se vio obligada a ceder y entregó el Gobierno a Juan Álvarez de Mendizábal, hombre de negocios liberal exiliado en Londres, quien anunció un amplio paquete de medidas que incluía la reforma del Estatuto en un sentido plenamente constitucional, una nueva ley electoral y disposiciones económicas clave, como la desamortización de las tierras de la Iglesia y su venta en pública subasta.

Aquel programa desbordaba absolutamente lo que María Cristina estaba dispuesta a conceder en materia de cambio político. No tenía mucho margen de maniobra, pero utilizó todos los recursos a su alcance para frenar la ruptura liberal con el absolutismo. Por una parte, intentó conseguir una intervención militar de Francia que, con la excusa de combatir al carlismo, sirviese para contener la revolución[31]. Por otra parte, renovó sus intentos de lograr un pacto con el carlismo[32]. Ambas maniobras fueron infructuosas. Luis Felipe de Orleans se negó a una intervención directa en España y don Carlos rechazó cualquier negociación que no implicase la renuncia de María Cristina a los derechos de su hija. Fue entonces, y sólo entonces, cuando la Regente comenzó a identificar su suerte política con la de la reforma liberal, en su versión más moderada. En torno a ella comenzó a forjarse un embrión de partido político que aunaba a absolutistas más o menos reformistas con liberales templados, temerosos de los efectos de una radicalización revolucionaria como la ocurrida durante el Trienio Liberal de 1820-1823. Ella no era liberal, ni siquiera templada, por mucho que años después su secretario, Antonio Rubio, quisiese identificarla con aquel liberalismo. En todo caso, y a falta de cualquier otra alternativa viable, estaba dispuesta a convertirse en «la reina de los moderados». En ellos buscaría el apoyo que necesitaba para sostener los derechos de la Corona dentro del amenazador ambiente de ruptura liberal al que parecía precipitarse el tímido régimen del Estatuto.

La definitiva «traición» de María Cristina al absolutismo afectó de forma especialmente pública a una joven monja del convento del Caballero de Gracia de Madrid. Se trataba de sor María Rafaela de los Dolores Patrocinio (en el mundo, María Josefa Dolores de Quiroga), a quien se le abrían dolorosas y espectaculares llagas con cada atentado de la monarquía absoluta contra la Iglesia y el viejo mundo. Una noche, el diablo la llevó volando al palacio de Aranjuez para que viese con sus propios ojos las prácticas oscuras a las que se entregaba la reina gobernadora. Aquella sobrenatural experiencia la convenció de que Isabel II, hija de aquel monstruo de iniquidad y perversión, no podía ser la reina legítima de España. Los rumores, los milagros y las llagas (todos ellos cargados de un evidente sentido carlista) se extendieron por Madrid. El tema adquirió proporciones lo suficientemente alarmantes como para que el nuevo gobernador civil de Madrid, el joven abogado liberal Salustiano de Olózaga, se viese obligado a tomar cartas en el asunto. Bajo sus órdenes se instruyó una sonada causa judicial que certificó que las llagas y los milagros eran una patraña[33].

La imaginación popular, y no tan popular, inmediatamente vio en el encuentro entre el seductor gobernador liberal y la bellísima monja carlista algo más que el choque de dos voluntades, igualmente ambiciosas, por imponer al mundo su manera de concebirlo. Vio algo más que la lucha entre la milenaria superstición milagrera y la fuerza de la razón liberal. Vio el encuentro entre un hombre y una mujer que, al representar mundos opuestos, no podían sino quedar fascinados el uno por el otro. Se dijo que Olózaga la deseaba desde antes de que fuera novicia, que la odiaba desde que ella le rechazó y que ahora había intentado de nuevo seducirla a cambio de su liberación. Ella resistió el embate y él ejecutó inflexible su destierro. Una metáfora tan poderosa de lo que se estaba librando en aquellos momentos en España no podía caer en saco roto. En cualquier caso, y más allá de la leyenda, tanto sor Patrocinio como Olózaga siguieron escenificando, en torno a Isabel II y durante todo su reinado, aquel enfrentamiento a muerte entre el liberalismo y el absolutismo, la ilustración y la reacción, que ensayaron cuando la reina tenía apenas cinco años y no sabía que ambos habrían de ser decisivos en su vida[34].

De momento, para la Regente lo más perentorio era deshacerse del ministerio impuesto por la revolución de 1835 y crear las condiciones para «dar un golpe de firmeza que varíe la Administración y [pueda] influir en la salvación del Estado[35]». La ocasión se produjo cuando Mendizábal, empujado por la mayoría liberal del Estamento de Procuradores, intentó asentar su autoridad sobre el ejército destituyendo a los generales Quesada, San Román y otros que habían sido señalados por su tibieza o su incompetencia en la lucha contra el carlismo. María Cristina se negó a aquellas destituciones, y las convirtió en un pulso personal con el primer ministro, quien respondió ofreciendo su dimisión. Los grupos más reaccionarios del entorno de la regente se volcaron en animarla a aceptar el reto, minimizando el peligro de una nueva insurrección violenta y alabándola por su decisión.

Mendizábal no cedió y María Cristina pudo cumplir su deseo de destituirle y nombrar en su lugar a Francisco Javier Istúriz, un antiguo liberal ya muy moderado, «que ha dado tantas pruebas de amor al orden y a las sabias instituciones que nos rigen[36]». El nuevo Gobierno fue recibido en las Cortes con un voto de censura. De nuevo, el marqués de Miraflores y otros miembros destacados del absolutismo templado animaron a la Regente a imponer su voluntad: «La situación de los negocios exige imperiosamente que el carácter y decisión mostrados por V. M. en estos momentos concluya la obra comenzada de salvar el Trono de su Augusta hija de la revolución, solo después de concluir con la revolución y los revolucionarios es como se puede terminar la guerra civil […] es decir, que un golpe enérgico que la inmensa fuerza moral de V. M. puede dar sin riesgo salve la nave del Estado; mañana deben disolverse las Cortes. La dignidad de la Corona lo exige[37]».

No sólo era un problema de dignidad de la Corona, sino la confirmación de que ésta temía mucho más la revolución que el carlismo. Sin dudarlo más, María Cristina entregó a Istúriz el decreto de disolución. Inmediatamente comenzó a prepararse por todo el país una nueva insurrección que, en esta ocasión, no pretendía tan sólo un cambio de Gobierno, sino acabar de una vez con el régimen del Estatuto Real. La aceptación por parte de la Corona de la Constitución de 1812 se convirtió, en este contexto, en la bandera de los conjurados[38].

Fue una revolución anunciada. El gobierno de Istúriz, carente de un auténtico apoyo social, asistió impotente a la preparación de un nuevo alzamiento, sin disponer de medios para sofocarlo.

A finales de julio llegaron noticias de que se habían producido levantamientos en Andalucía. Esta vez no fue sólo el calor de Madrid el que hizo conveniente el traslado de la Corte al palacio de La Granja. Allí, rodeada por los embajadores francés y británico, por el Gobierno y por su alta servidumbre, la Regente comenzó a recibir informaciones cada día más alarmantes. La insurrección corría como la pólvora, extendiéndose a todas las ciudades importantes del país. Apenas quedaban autoridades leales y no se podía contar con que un ejército, cuyas tropas estaban combatiendo en nombre de la libertad, acatase órdenes de reprimirla.

A la desesperada, Istúriz se entrevistó en numerosas ocasiones con el embajador francés, conde de Rayvenal, solicitando una inmediata intervención francesa y la propia Regente escribió en el mismo sentido a su tía, la reina Amalia, esposa de Luis Felipe. Desde París se le contestó que Francia estaba «dispuesta a todo en su ayuda, menos la intervención[39]». Finalmente, en la relativa soledad de La Granja, en los días 12 a 14 de agosto de 1836, se produjo el acto final de la insurrección. La reina Isabel lo vivió entre las brumas de la niñez, acolchada por los silencios de la servidumbre. María Cristina hubo de enfrentarse personalmente, por fin, a lo que significaba de verdad una revolución.

Los sucesos de La Granja de agosto de 1836 han sido narrados multitud de veces por los historiadores de la época a partir de las informaciones más o menos fidedignas y contrapuestas de sus protagonistas. Dos son las cuestiones más debatidas. En primer lugar, se ha discutido si los amotinados actuaron en solitario y de forma espontánea o fueron inducidos, o incluso comprados, por los líderes civiles del liberalismo exaltado. En segundo lugar, hasta qué punto las escenas que forzaron a la Regente a transigir con sus peticiones de restauración de la Constitución de 1812 contuvieron un mayor o menor grado de violencia directa sobre María Cristina, con riesgo verdadero para su integridad física o incluso su vida.

El relato más conocido al respecto es el del sargento Alejandro Gómez, uno de los líderes de los sublevados, quien insistió en diversos escritos, producidos entre 1840 y 1864, en que el motín fue espontáneo y que los únicos intentos de soborno procedieron de los ministros de la Regente, que trataron de comprarle a él y a sus compañeros para que acabasen con la sublevación. De la misma forma, Gómez aseguró que, a lo largo de todo el proceso, la Regente fue tratada con sumo respeto y que jamás corrió peligro su vida ni la de las personas de su entorno.

El marqués de Villa-Urrutia, en su biografía de María Cristina, ofrece, sin embargo, la evidencia de un relato oral transmitido por un amigo suyo, Antonio María Fabié, quien lo escuchó, a su vez, en su juventud, del ya anciano sargento Gómez. De él se desprende que los sargentos de La Granja fueron aleccionados e inducidos por los líderes madrileños del liberalismo para buscar la ocasión de sublevar a la guarnición de Palacio y forzar la voluntad de la Regente con amenazas del tipo: «Si la Reina se niega a firmar, le corto la mano». La versión de Villa-Urrutia no se aleja demasiado de la que se encuentra recogida en un informe anónimo, depositado en el archivo del Palacio Real, producido por alguien que se presenta como testigo de los hechos y en el que se relata hora por hora lo sucedido[40].

A través de todos esos relatos sabemos que la guarnición de La Granja acababa de llegar de una durísima campaña en las provincias vascas en un estado de evidente excitación liberal: «La desafección a lo existente entre los miembros de la guarnición de Palacio y sus simpatías con la revolución eran tan públicas que se reunían los descontentos en sitios concurridos a leer los periódicos y a hacer gala de sus deseos de secundar los movimientos que se efectuaban en las provincias[41]». Las noticias que llegaron de Madrid respecto a la represión y desarme de ciertos batallones de la milicia que habían intentado levantarse el día 3 de agosto calentaron aún más los ánimos ya excitados, entre otras cosas, por la falta de pago a las tropas durante tres meses consecutivos. Un factor que el mismo embajador inglés consideraba de una imprevisión y una falta de sentido político alarmantes[42].

Finalmente, una orden que prohibía a la guarnición cantar canciones patrióticas actuó como detonante del pronunciamiento. La señal fue el Himno de Riego y la ocasión, la ausencia de la mayoría de los oficiales que estaban en Madrid asistiendo a una función de la ópera de Donizetti L’Esule di Roma, con la Alberti como prima donna. A las ocho y media de la noche comenzó la revuelta de la guarnición, a la que se unieron numerosos miembros de la guardia real. «Los gritos de Viva la Constitución, Viva Mina, Viva la Inglaterra, Muera Quesada, Muera San Román, se oyeron desde aquel momento casi incesantemente mezclados con groseros insultos a S. M. la Reina Gobernadora y a algunas de las personas de su servidumbre». Se intentó calmar a los amotinados con la promesa de que tendrían pronto licencia y pago de sus atrasos pero fue inútil, «insistieron en que se jurase la Constitución, y a las 11½ tubo S. M. aviso de que decían que si a las 12 no se había verificado el Juramento entrarían en Palacio y pasarían a cuchillo a cuantos hallí hubiese[43]». Finalmente la Regente accedió a tener una entrevista con una comisión de los sublevados integrada por los sargentos Lucas y Gómez, acompañados de un soldado anónimo. El sargento Gómez relató luego lo intimidados que todos ellos se sintieron al verse en presencia de la reina, de sus consejeros y de toda la alta servidumbre de Palacio, entre otros el aya y camarera mayor de la reina Isabel, la marquesa de Santa Cruz.

De las memorias de Alejandro Gómez y del relato del anónimo informante de Palacio, aun en sus divergencias, se desprende que tanto la Regente como sus acompañantes intentaron por todos los medios desconcertar a los soldados con sus preguntas acerca de qué creían que era la libertad y la Constitución que tanto pedían. Gómez, en sus memorias de veintisiete años después, afirmó que ellos respondieron que querían aquello por lo que se habían batido con los carlistas durante tres años «en las Provincias Vascongadas donde habían perecido la mayor parte de nuestros compañeros». Cuando la Regente les contestó que aquello no era otra cosa que los derechos legítimos de Isabel II, el sargento dijo: «Efectivamente, nos habíamos batido por los derechos de nuestra Reina, pero que creíamos que lo hacíamos tan bien por la libertad[44]».

El abismo que separaba a la Corona y al liberalismo respecto a las razones de la guerra civil no podía escenificarse mejor. Para aquellos soldados, como para el grueso de la opinión liberal, los derechos al trono de Isabel II, o de don Carlos, eran secundarios respecto a la defensa de la libertad política y de las mejoras concretas de su situación cotidiana que asociaban con ella. Desde su modesta situación, el sargento Gómez no hacía sino recoger las aspiraciones de todos aquellos sectores populares que habían hecho suya la defensa del liberalismo y que sabían muy bien por qué luchaban, aunque no supiesen expresarlo en un discurso político articulado y sistemático. En este sentido, no hay duda de que el liberalismo en su conjunto, y el pueblo liberal en particular, resistió siempre, con los medios a su alcance, la profunda concepción patrimonial de la monarquía y de la nación que se alentaba en la Corte de María Cristina. Aquélla que trataba de identificar, estrecha y excluyentemente, la guerra contra el carlismo y la (sola) defensa de los derechos dinásticos de Isabel II.

Una peculiaridad de la ruptura española con el absolutismo consistió, precisamente, en la forzada convivencia entre aquella concepción patrimonial de la monarquía (evidente, entre otras cosas, en la decisión personal de Fernando VII de quebrar la línea de sucesión establecida por los Borbones) y la postura liberal de enlazar la defensa del trono de Isabel con el despliegue, más o menos explícito y enfatizado según las diversas corrientes del liberalismo, de la soberanía nacional. La convivencia forzada entre ambas perspectivas recorrió desde sus mismos inicios el reinado de Isabel II, lo que lastró la identificación entre monarquía y nación que se produjo en otros países occidentales donde la línea dinástica (y su legitimidad propia) fue quebrada por la revolución. Como demostró a las claras la tensa «conversación» de La Granja, para María Cristina y su entorno las reformas debían descender siempre del Trono, y el apoyo liberal a los derechos de Isabel II no era, ni debía ser, más que una forma de adhesión a la Corona que no implicaba contrapartidas políticas necesarias.

La displicencia y la jocosa incredulidad de aquella Corte ante las demandas de los amotinados no eran sino el corolario elitista de la lógica dinástica enfrentada a la lógica liberal. Así, el anónimo informante de Palacio ridiculizaba en su relato la capacidad de comprensión de los soldados respecto a lo que significaba la petición de que la reina jurase la Constitución de 1812, «unos decían que porque se les darían sus licencias, otros porque estaría la sal más varata, otros porque entonces serían premiados por las heridas recibidas, otros porque los Generales y Jefes que los habían mandado en el Ejército les decían que peleaban por la Constitución[45]». Gómez anotó en sus memorias la forma en que los nobles que rodeaban a la Regente lograron humillar al soldado raso que acompañaba a los sargentos «apurándole sobre qué ventajas encontraba en la Constitución» a lo que el pobre hombre contestó «que en la Coruña en el año 22 estaba el tabaco y la sal libre. Esta respuesta excitó la hilaridad de todos, avergonzándose este soldado[46]».

Tras tres horas de conferencia, la Regente trató de concluirla diciendo que «tendría en cuenta su solicitud pero que no pudiendo resolber por sí sola un asunto tan importante, haría que se tratase de él en las Cortes que dentro de muy pocos días iban a reunirse». Cuando se les hizo llegar esta propuesta, los soldados amotinados a las puertas del palacio la entendieron como lo que era: una maniobra dilatoria que no comprometía prácticamente a nada. Los amotinados forzaron a su comisión a que tuviese otra entrevista con la Regente para exigirle la jura inmediata de la Constitución de 1812 «y a proporción que el vino calentaba las cabezas y fortalecía los pulmones de los sublevados los insultos a S. M., y los mueras a varias personas se pronunciaban con mayor violencia; los grupos sediciosos eran solo interrumpidos por descargas hechas casi sin interrupción vajo los valcones de Palacio[47]».

Finalmente, ya de madrugada, María Cristina se vio obligada a ceder y firmó un decreto en el que decía: «Como Reina Gobernadora de España, ordeno y mando: que se publique la Constitución política del año 1812, en el ínterin que reunida la nación en Cortes, manifieste expresamente su voluntad, o dé otra Constitución conforme a las necesidades de la misma. En San Ildefonso a 13 de agosto de 1836». El embajador británico, George Villiers, escribió poco después a su hermano relatándole lo sucedido: «El ver a la Reina gardée à vue, insultada de todas las maneras, sometida en sus más importantes funciones de gobierno a un millar de soldados, movidos primero por el dinero y el vino, asustados luego de sus actos, empujados a todo antojo con el sentimiento de lo efímero de su poder y el instinto de la propia conservación, era el espectáculo más repugnante que he presenciado […] Si la Reina no hubiese jurado la Constitución la primera noche del motín, no hay la menor duda de que ella y sus hijas hubieran sido asesinadas[48]».

No es probable que Villiers exagerase el peligro. No tenía razones para hacerlo. Sus simpatías políticas no estaban precisamente a favor del gobierno moderado de Istúriz y, durante un tiempo, se le consideró cercano a los liberales avanzados que dirigían la sublevación en provincias. Sin embargo, la fuerte sensación de inseguridad física y de violencia que desprende su relato denota la alarma que debió de sentir alguien de su clase ante un acto de insurrección, protagonizado por soldados rasos y sargentos, que amenazaba con desbordar los objetivos del liberalismo respetable.

Durante los dos días siguientes, los sublevados impidieron que la reina se trasladase a la capital; interceptaron la correspondencia diplomática y del Gobierno, que intentaba convocar fuerzas para sofocar la revolución; obligaron a que jefes militares, como San Román o el marqués de Moncayo, fuesen depuestos; forzaron un decreto que devolvía sus armas a la Milicia Nacional madrileña y otro que obligaba a todas las autoridades del Estado y del ejército a jurar la Constitución de 1812. El ministro de Guerra, Méndez Vigo, tras fracasar en su intento de comprar a Gómez y a otros cabecillas, fue escoltado hasta Madrid para asegurar el cumplimiento fiel de los decretos arrancados a la Gobernadora.

Comenzó entonces otro tenso compás de espera. Para dar una apariencia de normalidad, la reina Isabel y su hermana fueron enviadas a pasear por los jardines de Palacio. Se confiaba en que los sublevados no harían nada contra ellas (como así sucedió) y que su presencia simbolizase algún resto de autoridad y aplomo regios. Mientras, en una habitación de Palacio, el representante diplomático francés, el conde de Rayvenal, agonizaba de una pulmonía. Privada de uno de sus apoyos más firmes, María Cristina apeló a la protección del embajador británico, Villiers, al tiempo que seguía intentando conseguir que, desde la capital, alguien enviase tropas más disciplinadas y fiables.

Finalmente, el día 16, casi al tiempo que moría Rayvenal, llegó a La Granja el nuevo presidente del consejo de ministros, José María Calatrava, impuesto por las juntas revolucionarias. Su objetivo era calmar cuanto antes a los soldados sublevados y devolver a la reina a Madrid. Encontró para ello más resistencia de la que esperaba. Los amotinados querían más garantías: «Eso de que habiendo hecho nosotros la revolución quieran enmendarnos la plana los de Madrid, sin haber hecho nada, no ha de ser». Tras varios intentos frustrados, la Regente pudo por fin salir del palacio de verano con sus hijas y el día 17 de agosto de 1836, la reina Cristina y su familia entraron en Madrid rodeadas por soldados de la guarnición sublevada y por un batallón de la Milicia Nacional[49].

La sublevación de las provincias en el verano de 1836 y el motín de La Granja constituyen un punto de no retorno en la revolución española, consumada como una imposición inequívoca sobre la viuda de Fernando VII. Desde entonces, los mecanismos de legitimidad procedentes del Antiguo Régimen quedaron en suspenso y las reformas dejaron de «descender del Trono», si es que alguna vez lo habían hecho en un sentido claro e inequívoco. En menos de un año, toda la estructura jurídica y política del Antiguo Régimen fue desmantelada mediante medidas sucesivas que garantizaban la igualdad legal, la vitalidad y autonomía política de los ayuntamientos y las diputaciones, la desvinculación y abolición de los señoríos, la desamortización de las tierras de la Iglesia, la abolición del diezmo, la libertad de comercio y de expresión, etcétera[50].

Sin embargo, la imposición a la Regente de la Constitución de 1812 por parte de los sargentos de La Granja no recuperó el espíritu radical gaditano. Los nuevos tiempos, y un nuevo tipo de liberalismo, trajeron consigo la Constitución de 1837, planteada como una transacción entre ese liberalismo reformulado y la Corona, en el sentido avanzado por otras monarquías constitucionales europeas como la francesa o la belga[51]. Al igual que había ocurrido en la Europa postrevolucionaria, los liberales españoles de los años treinta buscaban un pacto de gobernabilidad respetable, distante de lo que había significado la experiencia de Cádiz y del Trienio. Un pacto de gobernabilidad que significaba una doble ruptura: con el absolutismo y con el modelo de monarquía parlamentaria de 1812.

El viejo lenguaje de los derechos naturales —con su implicación de un ejercicio potencialmente universal de los derechos políticos— dejaba así paso a la consolidación hegemónica del discurso de la capacidad y de la idea de soberanía compartida entre las Cortes y el rey, que en la nueva Constitución relegaba (pero también deslizaba) el dogma de la soberanía nacional al preámbulo. Como argumentó uno de los ponentes parlamentarios más influyentes, Salustiano de Olózaga, el texto de 1812 debía ser reformado «en un sentido monárquico» capaz de aunar «todas la ventajas de la República con la estabilidad y la fuerza de la Monarquía». Para ello era necesario reforzar el poder de la Corona (incluyendo el veto absoluto y el derecho de convocatoria y disolución parlamentarias) e introducir el bicameralismo y el sufragio directo y censitario.

Sin embargo, esa nueva monarquía, llamada en la época representativa o constitucional, habría de «reconocer a los pueblos emancipados el derecho de gobernarse a sí mismos», a cambio de que éstos conviniesen la necesidad de «conservar la forma exterior de la parte más conspicua, más preeminente de los antiguos gobiernos[52]». Más allá del reforzamiento de las atribuciones de la Corona respecto a lo consignado en 1812, la interpretación progresista de la Constitución de 1837 suponía un monarca ligado al Parlamento y respetuoso con sus decisiones, firmemente anclado en una cultura política liberal. En su práctica política, la monarquía constitucional no tendría más remedio que reconocer su deuda de origen con la revolución y con el liberalismo, es decir, con la voluntad nacional expresada en la calle, en los campos de batalla y en las Cortes[53].

La disposición personal y política de María Cristina de Borbón, y de su entorno, no podía estar más alejada de la interpretación progresista de la monarquía constitucional. Jamás olvidarían la violencia ejercida sobre la Corona para imponer la plena ruptura con el absolutismo y la Regente abominó siempre de un texto que se sintió forzada a promulgar. Mientras desde la óptica progresista, las prerrogativas reales estaban pensadas para reforzar fundamentalmente el papel simbólico de la monarquía, para los moderados y para María Cristina constituían poderes políticos efectivos que podía y debía ejercer como tales. Todos sus esfuerzos en los años sucesivos estuvieron dirigidos a revertir la situación creada por la sublevación de La Granja. La correspondencia privada de la Gobernadora, en los meses inmediatamente posteriores a agosto de 1836, está plagada de dramáticas apelaciones y ruegos a su hermano, el rey de Nápoles, y a su tío, Luis Felipe de Orleans, para lograr o bien una intervención francesa contra los revolucionarios o bien un pacto con don Carlos, o ambas cosas a la vez[54].

Su dramatismo, más o menos exagerado, denota la profunda inseguridad personal de la Regente mientras la continuación de la guerra civil y la revolución se alimentaban mutuamente. La férrea tutela política a la que el primer gobierno Calatrava sometió a María Cristina ayudó a incrementar esa sensación de inseguridad y la profunda hostilidad de la Corte y de la Regente hacia los progresistas. Especialmente en los primeros meses tras «el atentado de La Granja», María Cristina se sintió —y efectivamente estuvo— reducida a una especie de «cautividad que le impide toda participación moral en los actos del gobierno[55]». Aquella situación de impotencia, y el auténtico pavor que le producía el avance sin trabas de la revolución, la llevó a contemplar seriamente la renuncia a la regencia y con ella (al menos en parte) a los derechos de sucesión de sus hijas en beneficio de don Carlos. Pactar con la familia (aunque fuese con aquélla que le hacía la guerra) le pareció a la Regente, durante aquellos meses angustiosos, una opción mucho más segura que entregarse abiertamente al liberalismo y convertir el trono de su hija en un trono custodiado por la revolución. Una revolución que temía que, en un momento u otro, pudiese deshacerse también del trono.

Así, en septiembre de 1836, transmitió a su hermano, el rey de Nápoles, una oferta de transacción con los carlistas por la cual se sometía a «todo lo que S. M. Siciliana crea conveniente de acuerdo con las Potencias para librarla de la situación en que se encuentra, visto que es forzada, con el puñal en la garganta, a firmar todo lo que los Ministros actuales quieren, y que con un arreglo cualquiera le sería indiferente quedarse o no en España[56]». Cuando el rey de Nápoles le pidió que concretase su oferta, la Regente pareció decidida a abandonar para siempre la partida que había iniciado durante la enfermedad y muerte de Fernando VII. En una carta reservada, anunciaba su disposición a salir del país y su renuncia a «desempeñar cualquier papel, deseando solamente poder pasar el resto de sus días viajando». Pedía, sin embargo, que, «en la medida de lo posible», se les conservase a sus hijas el rango que les correspondía según el testamento de su padre, fuese por matrimonio o por otras combinaciones políticas que se juzgasen convenientes. Por último, esperaba que don Carlos y las potencias absolutistas que pudiesen influir sobre los destinos de España no confundiesen a las personas que habían abrazado su causa, «siempre claro está antes de la proclamación de la Constitución», con los revolucionarios. Se añadía a la comunicación que no se tuviese en cuenta ninguna otra posterior en tanto que no estaba en condiciones de «comunicarse libremente[57]».

Sin embargo, según pasaban los meses, el terror inicial comenzó a amainar. Por una parte, el liberalismo progresista demostró una firme voluntad de contener a sus elementos más radicales y sostener a la monarquía y a la regencia, votada públicamente por las Cortes en 1837. Por otra parte, María Cristina fue valorando y confiando más en aquella amalgama política que constituía el Partido Moderado, cuyos líderes le rogaron que no renunciase ante el carlismo y le hicieron ver las ventajas de conservar el trono mientras ellos trabajaban por aminorar la marcha de la revolución.

En ese contexto, se produjo el avance carlista más espectacular de todos cuantos habían tenido lugar durante la guerra. La llamada Expedición Real llevó a las tropas de don Carlos a las puertas de Madrid a mediados de septiembre de 1837. La reina gobernadora guardó en su archivo privado un relato personal y autógrafo de sus contactos de entonces con el pretendiente, acampado apenas a unas leguas del Palacio Real: «Vino un francés llamado…, que creo que era de la servidumbre, o muy amigo de la duquesa de Berry, anunciando que la causa de Carlos era ya ganada y que mi hermano Fernando, el Rey de Nápoles, siempre cariñoso hacia mí, le enviaba para que me entregase su carta para que presentándola en un caso urgente de entrada de facciosos no me sucediese algo. Me aconsejó que procurase por mis intereses, que pensase en salir de España con las Niñas, que ya guardarían todas las consideraciones a aquellas como Infantas[58]». Fue el barón de Milanges el encargado de negociar secretamente con María Cristina, introduciendo de nuevo en las conversaciones la posibilidad de que Isabel II se casase con el hijo mayor del pretendiente.

Sin embargo, la rápida reacción de los generales liberales, especialmente de Espartero, que se dirigió a toda prisa hacia Madrid; la indecisión de don Carlos de entrar en la capital mientras negociaba con la Regente, y la capacidad de ésta para mantenerle en esa indecisión, concluyeron con la retirada, aún insuficientemente explicada, de las tropas carlistas[59]. A partir de entonces, la posición de María Cristina mejoró sustancialmente. Por una parte, la marcha de la guerra empezó a ser más favorable a las tropas cristinas. Por otra parte, los esfuerzos de reorganización electoral y partidista de los moderados los llevaron a ganar de forma clara las elecciones a Cortes en el otoño de 1838.

Los angustiosos meses de finales de 1836 y principios de 1837 quedaban atrás, al tiempo que las redes de intereses y patronazgo en torno a la Regente aumentaban considerablemente. Poco a poco demostró que era algo más que una mujer vulnerable y acobardada e hizo ver que tenía una fuerza y un capital políticos propios. Su círculo íntimo estaba compuesto por una amalgama de viejos liberales ya muy moderados (como Istúriz, Martínez de la Rosa o el conde de Toreno) y de políticos procedentes del confuso mundo del absolutismo más o menos ilustrado, como Cea Bermúdez, el conde de Ofalia o los duques de Gor y de Veraguas. Entre ellos, y aún veladamente, comenzaba a aparecer la figura de Fernando Muñoz, quien, aunque no intervenía abiertamente en política, sí era ya reconocido como consejero privado privilegiado[60].

A partir de entonces, las breves tentaciones de renunciar a la regencia en favor de su vida privada abandonaron a María Cristina de Borbón. Comenzó a ser consciente de que su fortuna personal y la de su familia con Muñoz dependían del mantenimiento de su posición como tutora de su hija y de que, en realidad, podía lograr aunar sin demasiado riesgo sus dos vidas, la oficial y la secreta. El duque de Decazes, encargado de negocios en Madrid, escribía al ministerio francés sobre la reina María Cristina en aquellos años finales de la guerra carlista: «María Cristina todavía es joven, ha sido muy mal juzgada, sobre todo en el exterior, donde todas las calumnias que el espíritu de partido ha propagado han sido admitidas como verdad. Su vida privada ha sido objeto de ataques muy vivos que han podido estar fundados hasta un cierto punto durante el primer año de su viudedad, pero las prevenciones se han disipado poco a poco desde que se ha hecho patente que un matrimonio secreto ha legitimado a los ojos de la religión su rara relación con uno de sus súbditos[61]».

Conviene recordar en este sentido que la irregular vida privada de María Cristina no era tan extraña entre la realeza de su época. Tanto Jorge IV como Guillermo IV habían contraído matrimonios morganáticos y, en toda Inglaterra, eran conocidas las familias que habían formado a partir de ellos. La propia duquesa de Berry, máxima representante del legitimismo francés, también estaba casada en secreto[62]. En aquel mundo a caballo entre la vieja monarquía del absolutismo y la nueva monarquía constitucional, entre los valores aristocráticos y la moralidad burguesa, la irregular vida privada de los monarcas no tenía aún el impacto sobre la opinión pública que habría de tener después. De hecho, durante las décadas siguientes fue precisamente la discusión política y moral sobre esa vida privada, realizada en buena medida con fines partidistas, la que fue creando las condiciones para que la realeza tuviera que adecuarse cada vez más a los modos de comportamiento de sus súbditos, en especial los de las clases medias.

Mayor importancia tenía en los años treinta, como fuente de descrédito o de crítica a la Regente, su cada vez más conocida codicia. La experiencia de los últimos años había despertado en María Cristina un auténtico terror a ser arrojada a las plebeyas tinieblas exteriores del exilio y la pobreza. Desde entonces, y durante toda su vida, luchó por evitar que sus hijos con Muñoz —carentes del colchón de realeza que aun en los malos tiempos protegía a las hijas de Fernando VII— pudiesen verse abocados, y arrastrarla a ella, a una pérdida grave de estatus social y económico. La capacidad de intervenir directamente en la testamentaría de Fernando VII y la combinación de su situación privilegiada con el extraordinario olfato para los negocios de Fernando Muñoz y su familia dieron como resultado que, hacia finales de la década de 1830, María Cristina fuese una mujer muy rica: «La opinión pública —escribe Decazes— le atribuye grandes riquezas situadas en bancas extranjeras; yo creo que la cifra ha sido exagerada considerablemente […] pero es cierto […] que tiene una pronunciada inclinación hacia la economía. Se la acusa de haberse beneficiado de su ventaja particular para ciertos negocios financieros y hay cierta verdad en esta imputación: yo sé, sin que me quepa duda, que ha recibido dos millones de reales en virtud del primer contrato por el cual los señores Rothschild se convirtieron en adjudicatarios de las minas de mercurio de Almadén[63]».

Al mismo tiempo que amasaba una fortuna, María Cristina se empeñó en recuperar el mayor margen de acción política posible. La inminencia del final definitivo de la guerra carlista, tras la firma del tratado de Vergara el 31 de agosto de 1839, creó las condiciones idóneas para tratar de reconducir el proceso revolucionario iniciado tres años antes. Para ello era urgente neutralizar los ámbitos de poder que había ido adquiriendo el liberalismo más progresista, que, tras perder el gobierno central a favor de los moderados, se había hecho fuerte en la Milicia Nacional y en numerosos ayuntamientos y diputaciones, muy especialmente en las zonas urbanas de Cataluña, Aragón, Valencia y Andalucía.

En una sociedad y en una cultura política eminentemente locales, el grado de autonomía que esas instituciones habían alcanzado durante los años de guerra civil les había convertido en auténticos poderes alternativos que el Gobierno no lograba sujetar a su autoridad. Ahora, cuando el final de la guerra permitía desembarazarse de incómodos y peligrosos compañeros de viaje, era el momento de bloquear el horizonte democrático y de cambio social más profundo que el ideario y la práctica liberal habían permitido vislumbrar. Por todo ello, la pieza fundamental del cambio de rumbo fue la Ley de Ayuntamientos, votada por las Cortes moderadas de 1840, que pretendía despojarlos de toda iniciativa política y convertirlos en meras instituciones administrativas. Se otorgaba así a la Corona un papel decisivo en la designación de los alcaldes, los cuales dejaban de ser representantes de la voluntad popular para convertirse en meros delegados del poder central, sujetos a la autoridad de los jefes políticos provinciales. Al mismo tiempo, se reducía el cuerpo electoral a los mayores contribuyentes, eliminando el sufragio masculino casi universal, recuperado tras 1836 de la legislación de las etapas liberales de Cádiz y del Trienio. En conjunto, se trataba de cercenar, a favor de una concepción piramidal y centralista del Estado, la capacidad de influencia desde abajo que en su construcción habían ido acumulando los ayuntamientos y las diputaciones durante los años de guerra y revolución[64].

Frente a la incómoda alianza con el liberalismo radical y progresista —que había sido necesaria para ganar la guerra— se abría ahora la posibilidad, mucho más del gusto de la Corona, de atraerse al carlismo vencido para reforzar «la auténtica opinión monárquica» a través de la rápida concesión de pasaportes a los exiliados carlistas, el reconocimiento de los grados, honores y pagas de los oficiales del ejército y de los empleados afectos a don Carlos, el mantenimiento de los fueros, etcétera. El ubicuo marqués de Miraflores, desde su embajada en París, fue el encargado de dirigir aquella operación de largo alcance cuyo objetivo final era construir «un partido de la Corona» que amalgamase, bajo la tutela de ésta, a sectores del liberalismo más moderado y a antiguos carlistas capaces de apartarse de la vía de la violencia[65].

Para que aquella apuesta política pudiese triunfar era sin duda necesario contar con el ejército y, en concreto, con sus poderosos generales. Con ellos había intentado cultivar la Regente una relación especial y directa desde los mismos inicios de la guerra. Tras la muerte de Fernández de Córdova, el líder indiscutible del ejército cristino, consagrado por su victoria final sobre los carlistas, era el general Baldomero Espartero. María Cristina le conocía poco, era un plebeyo que no pertenecía los círculos aristocráticos de su predecesor, pero confiaba en poder lograr de él el apoyo y la lealtad que Córdova le había garantizado. Además, de su colaboración dependía todo el proyecto político que llevaba entre manos. Buscando «recuperar poco a poco su preponderancia en el gobierno —escribió el duque de Decazes a París—, adivinó, con una maravillosa sagacidad, todo el partido que podía sacar del sucesor de Córdova, Espartero, con el cual ha establecido una correspondencia particular […] me parece indudable que la Regente está alimentando el proyecto de apoyarse en el duque de la Victoria para descartar totalmente de los negocios al partido del progreso[66]». Otros informes del mismo período hablaban de la implicación de militares franceses y de “varios jóvenes mandos del ejército para tentar a Espartero en un golpe que invierta violentamente la obra de la revolución de La Granja y acabe con la indignante tutela[67]”.

Desde este punto de vista, el cambio de rumbo político de 1839 —que la historiografía al uso ha interpretado como una ofensiva política del Partido Moderado— fue algo más, y bastante más reaccionario. Se trató de un plan destinado a sujetar y desvirtuar el impulso liberal, colocando de nuevo a la Regente en el lugar de preeminencia que, a su juicio, nunca debió verse obligada a abandonar.

María Cristina, sin embargo, debía tratar el asunto con la mayor delicadeza y discreción. Madrid no era el lugar idóneo para hacerlo. Una visita de Espartero habría suscitado demasiados rumores y en la Corte abundaban los ojos y los oídos indeseados. El general, además, se había mostrado más huidizo de lo que la Regente esperaba. Con su habitual decisión, resolvió forzar ella misma una entrevista en la que podría poner en juego todo su poder de seducción y toda su habilidad política. Tan sólo era necesaria una excusa adecuada para aquel encuentro lejos de la capital. Fue entonces cuando, por primera vez de forma abierta, utilizó las peculiares condiciones de su hija Isabel para lograr sus propios objetivos políticos.

La reina niña había suscitado desde su nacimiento cierta preocupación entre los doctores de Palacio y se le suponía una salud quebradiza de futuro incierto. Con los años había ido mejorando pero existía una dolencia que no acababa de remitir. Se trataba de una afección cutánea que los médicos cirujanos de Cámara, Pedro Carrasco, Manuel Damián y Juan Castellón y Roca, diagnosticaron como una variedad de icthyose, enfermedad recientemente estudiada y descrita por dos prestigiosos colegas del hospital parisino de Saint Louis, el doctor A. Cazenave y el barón de Alibert. El primero de éstos la definía como «una afección de la piel que constituye más bien una monstruosidad que una enfermedad propiamente dicha». En el caso de Isabel II los médicos concluyeron que la reina padecía una variante de aquel mal que, de acuerdo con la cuidadosa clasificación del barón de Alibert, podía encontrarse entre la especie más común y rebelde de la icthyose anacarada —con «escamas duras, relucientes, de un blanco anacarado, con mucha semejanza a las escamas de la carpa»— y la llamada icthyose serpentina, que producía una piel con mayor semejanza a la de las serpientes. La reina niña tenía las plantas de los pies y las palmas de las manos afectadas, mejoraba ligeramente con el calor y podía sufrir cambios notables bajo la influencia de «impresiones morales vivas, como el miedo o la cólera».

Dado el carácter congénito e incurable de la enfermedad, tan sólo podía pensarse en cuidados paliativos. Los médicos españoles concluyeron que, en el caso que trataban, los más eficaces consistían en someter a la enferma «a una constante e ilimitada limpieza con frecuentes baños emolientes, alternados alguna vez con baños de vapor, se pondrán al uso bebidas sudoríficas, alguna vez aunque rara las unturas grasas, y cuando los movimientos se hayan hecho difíciles o dolorosos en fin y sobre todo se le hará llevar lana sobre la piel[68]». Los baños estaban especialmente recomendados y María Cristina consideró que podía existir una afortunada manera de aunar el cuidado de la salud de su hija y la necesaria entrevista con aquel militar del que dependía su propia salud política. A mediados de mayo de 1840 escribió a Espartero:

Teniendo en ti la mayor confianza es a quien primero me dirijo sobre un asunto de que voy a hablarte y que es, como conocerás, del mayor interés. Ni a los ministros les he dicho nada ni diré hasta saber tu contestación que espero a la mayor brevedad. Hace tiempo que los médicos tenían dicho que la Reina necesitaría baños de mar y minerales; por las circunstancias de estos años pasados he ido demorando un remedio que aunque le era necesario no era perentorio, por la poca edad de la niña. Pero como ya está muy adelantada y los médicos juzgan que ya no puede retardarse a ésta su edad, me han aconsejado llevarla a uno de los baños cuya lista te acompaño, habiendo procurado elegir éstos por la facilidad que hay de acercarse al mar. Ahora lo que deseo saber de ti es a dónde se podría ir con más seguridad y advirtiéndote que dicen ser los mejores los de Esparraguera y Caldas. Me alegraría por este motivo poder verte a ti y al Ejército, pues bien lo deseo, y que vean a las niñas[69].

Espartero contestó inmediatamente mostrando su agradecimiento por la confianza dispensada y su acuerdo sobre los lugares de baño elegidos. Comenzó entonces, el 11 de junio de 1840, un largo viaje de cuatro meses que no fue solamente geográfico, sino personal y político. Isabel II y su hermana comieron entonces por primera vez con su madre y estuvieron más cerca de ella de lo que habían estado en los cinco años anteriores. Además, aquel viaje —que comenzó como un cortejo y acabó siendo lo más parecido a un secuestro— cambió el curso de «la revolución española» y alteró para siempre la vida de Isabel II y de su madre, así como las relaciones posibles entre ambas.

A la comitiva regia se unieron, por decisión propia, el presidente del Consejo de ministros, Pérez de Castro, y los ministros de Marina y de Guerra, Juan de Dios Sotelo y el conde de Clonard. En Madrid quedaba su peso pesado, Arrazola. Como dama de compañía de la reina viajaba la duquesa de la Victoria, esposa de Espartero. El 17 de junio, Domingo Ronchi escribía a la Gobernadora desde Madrid: «Aquí todo está tranquilo: se charla mucho, pero cada uno está en su concha, esperando la entrevista de V. M. con el Duque, para ver un arreglo de los negocios en general, y cada uno de los partidos lo desea según sus ideas y sus principios[70]».

Hasta Cervera, donde se encontraron por fin con las divisiones que mandaba Espartero, las cosas fueron bien. La confianza en sí misma de la Gobernadora tendió a minimizar pequeños contratiempos que ponían nerviosos a los ministros como, por ejemplo, el hecho de que la esposa de Espartero recibiese en Zaragoza más vítores que las reinas, o que éstas se viesen obligadas a aceptar «alguna exposicioncita como ya la hizo algún miserabilillo ayuntamiento de cierto lugarejo o aldea de tránsito[71]».

Una vez instalada la comitiva regia en Esparraguera, comenzó la sesión de baños de la reina Isabel. La mejoría —según los médicos— fue casi inmediata. Para la Regente comenzaban los meses más comprometidos de su vida. Desde la primera entrevista con Espartero éste se presentó «como un César», situado por encima de los partidos y, en tanto que tal, valedor de una Corona a la cual parecía exigir una neutralidad política similar. En palabras del ministro de Marina, Sotelo, el general era como «un belo que no se descorre […] No pasó de las hideas generales de necesitar un Gobierno enérgico sin pertenecer a partido alguno […] sustituyéndole con otro de fuerza y energía que con la ley en la mano y el palo en la otra hiciese entrar en orden a ambos partidos […] no debiendo dudar ni un solo momento de su sinceridad y de que estaba muy lejos de ambición alguna que le querían acumular, siendo su divisa Isabel 2.ª, Gobernadora y Constitución: yo le toqué todos los registros con cuidado y oportunamente haciéndole ver el estado biolento en que se hallava el Gobierno […] pero por más que exigía no soltaba prenda[72]».

En un baile de gestos y silencios, de respuestas tan equívocas como las preguntas, María Cristina optó por ir adivinando las «hideas» de Espartero por el procedimiento de irle sugiriendo los nombres de los posibles ministros: Istúriz, Clonard, etcétera. Es decir, la plana mayor de los moderados del régimen del Estatuto Real que era, en realidad, el horizonte político al que aspiraba la Regente: «contestó el Duque que no estaba por los Santones de los partidos y que personas no faltarían si S. M. se resolvía por la mudanza». De la misma forma, se negó a contestar claramente a si el nuevo ministerio aceptaría los cambios legislativos iniciados por las Cortes moderadas en materia de libertad de imprenta y ley de ayuntamientos[73].

Finalmente, el general aceptó encabezar un nuevo ministerio, una vez hubiese logrado expulsar a Cabrera de Cataluña y concluido definitivamente la guerra civil. La comitiva regia y el general se separaron tras acordar reunirse de nuevo en Barcelona. Cuando la Corte llegó la ciudad condal, el general Valdés le entregó el programa de gobierno que proponía Espartero. La sorpresa, la inquietud y finalmente la ira tomaron posesión del ánimo de María Cristina. El duque de la Victoria, de quien tanto esperaba, le había hecho llegar una propuesta netamente progresista, encaminada a despejar cualquier amenaza posible de involución. Aceptarla significaba la inutilización de la mayoría moderada de las Cortes y, por lo tanto, la separación definitiva entre ésta y la Corona. A cambio, Espartero se ofrecía a garantizar los derechos de la reina Isabel II, la regencia de María Cristina, «sin participación de ninguna otra persona», y la Constitución de 1837 «entendida con llaneza y ejecutada con sinceridad […] Para esto es preciso salvar la constitución de los excesos de los que exageran sus principios con tendencia a la anarquía, como de la hipocresía de los que pretenden aniquilarlos con interpretaciones restrictivas[74]».

La propuesta era, de nuevo, una transacción que salvaba el prestigio de la Corona a cambio de que ésta aceptase la postura progresista, especialmente en materia municipal, tal y como le había sido expresada en diversas exposiciones en los pueblos que María Cristina había atravesado en su viaje y que la propia ciudad de Barcelona se encargó de recordarle a su llegada, colgando de las farolas de la Rambla grandes tarjetones con el artículo 70 de la Constitución, que se refería al carácter electivo de los ayuntamientos. En ese terreno, el programa de Espartero era inequívoco. El nuevo Gobierno, aun respetando la ley ya votada por las Cortes, pediría que se decretase que los jefes políticos nombrasen como alcaldes a los primeros propuestos por los vecinos y se comprometía a «modificar, con la concurrencia de las Cortes, todo lo que pueda entenderse contrario á la Constitución en el sentido común». Proponía también disolver las Cortes en el caso de no poder contar con la mayoría, y convocar nuevas elecciones[75].

La Gobernadora no aceptó aquel programa y, en la noche del 14 de julio, tras haber contemplado la apoteósica entrada de Espartero en Barcelona, decidió recibirle con un golpe de fuerza personal: sancionó la Ley de Ayuntamientos que el ministro Arrazola acababa de mandarle desde Madrid. El 17 de julio, José del Castillo y Ayensa resumía así la situación: «Buen torito tenemos en la plaza: la ley de ayuntamientos se sancionó a despecho del Duque el 14. El 15 lo supo y tomó un berrenchín que le costó estar en cama todo el día vomitando y con la orina dificultosa. Se convocó a capítulo y se fraguó una exposición de él a la Reyna haciendo su dimisión de todo […] El hombre se descubre tal cual ha sido y es […] En un artículo furibundo del Eco, grosero además y destemplado, pinta á la Reyna como ingrata, y pide retirarse á su casa para descansar. ¡Ojalá! La incomodidad de la Reyna ayer fue extremada: la idea que se le fijó fue la de renunciar a la regencia y los Ministros se aterraron con ella. En mi vida he tenido peor rato que anoche, la agitación me dura todavía[76]».

Entre la documentación reservada de María Cristina existe un bloque de apuntes autógrafos, apresurados hasta el punto de resultar casi ilegibles, donde la Regente va anotando —a veces inmediatamente y a veces con unos días de distancia— los sucesos de las semanas siguientes. El tono y el contenido demuestran hasta qué punto su autora era incapaz de percibir la crucial situación política que estaba viviendo, más allá de un juego político de salón con Espartero en el cual cada uno ponía sobre la mesas sus bazas personales. El prestigio residual de la Corona, por un lado, y la capacidad de contar con la calle y la mayor parte del ejército, por el otro. Fernando Muñoz, en una carta fechada casi un año más tarde, hace referencia al creciente aislamiento político y personal de la Regente, atrapada en una Barcelona a punto de sublevarse y con tan sólo unos pocos políticos moderados de segunda fila a su alrededor: «Lo de Barcelona —escribe— fue una farsa despreciable, pero S. M. estaba sola y por Ministro —en referencia a Pérez de Castro— tenía a una momia si no sacada del sepulcro con un pie en él[77]».

Consciente de que sólo podía valerse de sí misma, María Cristina citó a Espartero el día 18 de julio a las dos de la tarde: «Le dije a las dos, pensando que á esa hora ya hay menos gente y porque no se encontrase con Pérez de Castro en mi quarto». A pesar de sus intentos de conducirla por cauces acordes con su dignidad regia, la entrevista derivó inmediatamente en un enfrentamiento. El general cortó de forma inmediata las cortesías de rigor y advirtió a la Regente de que era absolutamente necesario que eligiese entre él o sus actuales ministros, a los que calificó de carlistas, añadiendo que «él no podía pisar el polvo donde había pisado Pérez de Castro (y se excitó mucho hasta levantarse de la silla); que él no servía a Pérez de Castro ni a los ministros, que a quien servía era a la Reyna y que no creía que yo quisiese alejarle de ella, ya que tanto había trabajado por su causa[78]».

El diálogo, según la notas de María Cristina, tiene una cualidad epocal y una intensidad difícil de encontrar en otros relatos, y también difícil de transmitir al lector. Espartero se exalta y se levanta de la silla, recuerda dónde y con quién está, pide disculpas y vuelve a sentarse; apela a su «franqueza de soldado» e insiste en que él no hace otra cosa que transmitirle «lo que quieren los pueblos». Imperturbable, la Regente contesta que «los pueblos en la grande ignorancia en que estaban no saben lo que piden y solamente piden lo que los Apóstoles predicadores les aconsejan que pidan». Espartero le recuerda entonces que tiene todo el ejército «a su devoción» y María Cristina le contesta que «el ejército no debía meterse a político[79]».

Era la penúltima de las resistencias. Al salir de aquella reunión, la propia María Cristina le pidió la dimisión a Pérez de Castro al tiempo que, aconsejada por él, comenzó a buscar una nueva combinación que no significase entregar decididamente el poder a los progresistas sino simplemente calmar al general[80]. A partir de entonces los acontecimientos se precipitaron. Mientras en el salón de la residencia real en Barcelona se discutían los relevos, llegaron las noticias de lo que la propia María Cristina calificó de «Granjada en grande», un movimiento de intención y factura similar al de 1836, con la diferencia de que entonces lo realizaron sargentos y ahora, dijo, «lo llevan generales».

Los gritos de «mueran los ministros», «viva la Constitución» se escuchaban nítidamente en las habitaciones reales y la Regente volvió a temer, si no por su vida, sí por la de los miembros del Gobierno a los que ocultó en su cuarto. Cuando reprochó al general Van Halen que no utilizase al ejército para reprimir la sublevación, éste le contestó «que la tropa no es buena para el pueblo porque cuando se piensa mandar a los soldados contra el pueblo se encuentran los Gefes solos; les contesté —escribe María Cristina— que justamente esto no sucedía en España porque la tropa era lo que eran los Gefes […] Dice el Duque que no hubo tiros ni más gritos, y hubo tiros y gritos de mueran las Reynas, un grito de viva nuestro Rey, otro grito de viva Baldomero primero. Los guía de Luchana gritaron con el pueblo, los ayudantes de Espartero, Tacón y Valdés, iban delante diciendo: ahora viene gritar más. Otros dijeron a qué van a calmar esto quando ellos la han armado. En fin se descubrió que fue Espartero y los suyos los que armaron la bulla para sus fines. A las 3 ½ estaba todo acabado[81]».

A la mañana siguiente, María Cristina nombró un nuevo ministerio presidido por el progresista Antonio González, con políticos afines a Espartero como Valentín y José Ferraz: «Me presentaron los decretos […] tomé la pluma y con indiferencia los firmé sin leerlos diciendo “con mucho gusto” pero como con doblez y impuesta[82]». A partir de este momento, la Regente y su entorno cultivaron un papel que ya conocían: el de la autoridad real secuestrada y forzada a actuar en contra de sus propios criterios e intereses.

La situación en todo el país y especialmente en Barcelona, donde se esperaba con ansiedad a los nuevos ministros, era muy tensa. Mientras los partidarios de Espartero y de María Cristina se enfrentaban violentamente en las calles, las relaciones entre la Regente y el general estaban rodeadas de equívocos. Formalmente, Espartero seguía a las órdenes de María Cristina pero para todos era evidente que la autoridad real estaba en manos del general, que era quien había impuesto el nuevo Gobierno y de cuya voluntad dependía, en última instancia, la continuación de la regencia. Las noticias que llegaban de Madrid eran alarmantes. Se temía un nuevo alzamiento, aún más radical, destinado a anular definitivamente a María Cristina. Un editorial del Eco del Comercio de Madrid acababa de pedir abiertamente el fin de la regencia:

Siguiendo la regente, seguirán sus afecciones, sus adictos privados, sus influencias ilegales, su camarilla y los males de España; seguirá la inestabilidad de las cosas, cediendo un día a la fuerza y reconquistando al otro el camino para la reacción; crecerá, en fin, el sentimiento de absolutismo y de rencor a los liberales, porque las humillaciones de su actual derrota jamás se olvidarán ni perdonarán. Sea por debilidad femenil, sea por compromisos imprescindibles, sea por su natural repugnancia al régimen constitucional, sea por estar entregada a una camarilla abyecta y enemiga, Cristina no puede hacer ya el bien del país. No sólo a éste, sino a su propia hija, nuestra reina, es perjudicialísima la continuación de su regencia. Desconocer esto, es negar la evidencia; por eso el pueblo ha caído instintivamente en lo que necesitaba[83].

Para María Cristina la estancia en Barcelona se había convertido en una pesadilla. Mientras Isabel II y la infanta seguían tomando sus baños de agua de Caldas, su madre llenaba cuartillas de apretada letra en las que relataba los pormenores de una situación cada vez más extraña y peligrosa. Sus partidarios se batían en las calles con los de Espartero y hasta los balcones de Palacio llegaron los gritos de las turbas que arrastraban el cadáver del abogado Francisco Balmes, moderado reconocido, que había participado en un llamado «motín de las levitas» a favor de la Regente. Le llegaban también mensajes de apoyo procedentes de generales como Diego de León o Leopoldo O’Donnell, a los que sin embargo no podía contestar libremente. Tenía además que seguir soportando a diario la presencia en Palacio de la esposa de Espartero, quien seguía oficiando como dama de (irritante) compañía. Las pequeñas victorias que podía conseguir sobre ella eran anotadas cuidadosamente en su diario. Por ejemplo, cuando algunos batallones de la Milicia vitorearon a las reinas con gritos de apoyo «a la regencia libre de la Reina Gobernadora», lo que provocó la irritación de doña Jacinta: «La Duquesa que no fue vitoreada más que por uno […] estaba hecha una furia y quando nos apeamos vino derecha a decir que qué vivas tan fastidiosos me tienen sorda y si pudiese con mis maldiciones los freía […] todos estos días no se ha quejado mucho la duquesa quando la vitoreaban a ella[84]».

Eran pequeños triunfos que, en todo caso, le recordaban que todavía tenía partidarios y que quizás podría recuperar la libertad, y la autoridad, si conseguía salir de Barcelona. El día 22 de julio, la Regente comunicó a los ministros interinos que seguían cerca de ella «que me quería marchar para Valencia y por mar para no presenciar estos orrores y para no ser la carga de ellos, para dejar con más libertad a las autoridades para obrar y porque por la posición del Palacio no puedo yo ocultar a las niñas todo esto como puedo hacerlo con disimulo en Madrid». Parte de los ministros objetaron que una partida por mar podría hacer creer en Madrid que la Reina se iba; una sospecha que María Cristina consideró tan vulgar como que creyesen que «yo iba a jurar la República[85]».

En todo caso, tropezó con la resistencia de Espartero, «que ha asumido ya todos los mandos hasta el de Gefe Político y obra como si no existiese gobierno alguno, ni parte ni noticia alguna da[86]». Tuvo que renunciar a marcharse de momento y seguir aparentando normalidad. Isabel II y su hermana mantuvieron su rutina de baños y los paseos públicamente con su madre por la Barceloneta, por las murallas y por el camino de Francia. El día 2 de agosto, uno de los jóvenes príncipes de Sajonia-Coburgo —de visita en Barcelona— fue cortésmente recibido en Palacio, causando una impresión espléndida. Las tribulaciones de aquellos días no impidieron que María Cristina anotase en su diario que aquel príncipe podría ser un buen candidato, cuando llegase el momento, a la mano de la reina niña.

La llegada del nuevo embajador de Francia, el conde de la Redorte, fue también una buena noticia. Al menos en apariencia, todo seguía como siempre. Era necesario tener paciencia y cautela, ganar tiempo y continuar acumulando cartas en lo que ella misma denominaba «la partida» que jugaba con Espartero[87]. En esa disposición de ánimo recibió al nuevo Gobierno, encabezado por Antonio González, cuando se presentó por fin ante ella el día 6 de agosto. Inmediatamente se dio cuenta de que aquel ministerio había sido una improvisación de Espartero; que era muy variopinto, no especialmente radical y, sobre todo, timorato. De hecho, con la excepción de su presidente, de Mauricio de Onís y de Vicente Sancho, el resto de los nuevos ministros demostraron, tanto ante la reina como ante sus colaboradores más cercanos, una gran incomodidad por las condiciones de su nombramiento. María Cristina se encargó de alimentarla diciéndoles «lo bastante para que conociesen la fuerte coacción que había sufrido». En concreto, Valentín Ferraz, tras su entrevista privada con la Regente, salió diciendo «que si hubiese conocido desde Madrid el estado en que esto se hallaba, y lo que había sucedido, no habría venido[88]».

La necesidad de ganar tiempo antes de que los ministros jurasen se convirtió en prioritaria para María Cristina, quien trató de alimentar las evidentes disensiones internas del ministerio proponiendo soluciones alternativas a sus miembros más moderados[89]. Al mismo tiempo, logró entrevistarse en secreto con el general Diego de León: «León me dijo bajo que él tenía que hablarme. Le tenía citado la noche del 7 [de agosto] pero no fue posible porque habían venido los nuevos Ministros y ha venido el 8 a las 2 ½ de la tarde. Se ha explicado en términos que le hacen honor, ha asegurado que se podía contar con la Guardia y toda la tropa en general menos con los pocos de Luchana, formados solo con el objeto de defender y ayudar a Espartero, que quando llegó allí la noticia de los sucesos de Barcelona, soldados y oficiales todos se le presentaron ofreciéndosele tanto para defenderme que le costó trabajo el contenerles pues todos querían venir[90]».

El temple de María Cristina y su obstinación en no dejarse imponer un gobierno se entienden mejor cuando se conocen los apoyos que fue recibiendo durante aquellas semanas. La experiencia acumulada tras la ruptura de 1836 la hacían sentirse optimista y capaz de sobreponerse una vez más sobre «los elementos revolucionarios». Cuando Antonio González le presentó un programa que incluía la inmediata disolución de las Cortes y la derogación completa de la Ley de Ayuntamientos, la Regente simplemente se negó a firmar, forzando su dimisión. Desde Madrid, su secretario Domingo Ronchi —como muchos otros— la complacían en su pretensión de que era capaz, ella sola, de hacerse cargo de la crisis: «La sabiduría y la prudencia de V. M. en las circunstancias críticas la han hecho siempre triunfar, y particularmente en las dos épocas de La Granja del año 32 y 36. Lo mismo sucederá en cuanto a lo ocurrido en el 17, 18 al 21 de Julio del año 40 […] triunfando la inocencia, la virtud y la sabiduría de V. M.»[91].

La Regente retomó entonces sus planes de abandonar Barcelona para regresar a Madrid por Valencia, acortando la travesía por mar y buscando lugares de tránsito en los que la situación política fuese en principio tranquila, con apoyos militares garantizados, como era el caso de la capital valenciana, donde se encontraban las tropas de Leopoldo O’Donnell. Esta vez, Espartero no pudo detenerla. María Cristina, cada vez más crecida, anotó en su diario las últimas medidas que tomó para demostrar que se seguía considerando el referente último de autoridad. Entre ellas, el alarde de generosidad regia de recomendar a Van Halen y a Espartero que tratasen con clemencia a los alborotadores de los dos bandos, tanto a los progresistas y radicales de la revuelta del día 18 de julio como a los moderados que habían protagonizado disturbios en su favor el día 21: «Encomendé los dos aunque no eran culpables los segundos (los moderados) y si los primeros a lo que creo pero lo hago para que no creyesen había en mí espíritu de partido y para aprobechar a favor de los del 21 los intereses que se pudiesen tener por los del 18. Los dos me digeron que no había peligro por ellos, que no eran enemigos grandes, etcétera; en fin, medias palabras y sin prometer lo cual visto por mí se lo repetí delante de Ferraz que no quería hubiese castigo sin que viniese a mi aprobación[92]».

El día 21 de agosto, la reina Isabel tomó su último baño y el día 22 la comitiva regia salió de Barcelona. Con las reinas viajaban el embajador francés, el muy moderado Castillo y Ayensa y la inevitable duquesa de la Victoria. La llegada a Valencia fue un jarro de agua fría. El ayuntamiento, dominado por los progresistas, orquestó un recibimiento absolutamente gélido. El periódico La Tribuna resumió sus razones con palabras que retomaban aquéllas del Eco del Comercio madrileño de mediados de julio: «Si la gratitud de los reyes falta al sufrimiento y la lealtad de los pueblos, los pueblos niegan su afecto a los tiranos[93]».

María Cristina siguió aparentando que no había «nada de particular». Ordenó a Castillo y Ayensa, que actuaba como su secretario particular, que escribiese a Istúriz solicitando consejo sobre los nombres posibles de un nuevo ministerio y ordenándole que viajase a Valencia cuanto antes para ponerse a sus órdenes, siempre «con la debida cautela». Estaba decidida a «egecutar el programa que V. sabe de cerramiento de Cortes y convocación para el 1 de Diciembre, y de publicación y egecución de la ley de ayuntamientos, exceptuando el artículo 40 que se variará antes del 1 de enero […] los elementos de fuerza con que puede contarse para cualquier lance son, en mi juicio, este egército [el acuartelado en Valencia] y la mitad cuando menos del egército del Norte; la fuerza que haya en Madrid podrá V. mejor calcularla[94]».

Mientras llegaba Istúriz, nombró un gabinete plenamente moderado dirigido por Modesto Cortázar. Una vez lo hubo hecho, se derrumbó. Manuel Gaviria —tesorero de la Casa Real y al tiempo prestamista del Estado, que no se había separado de ella en todo el viaje— escribió muy alarmado a Fernando Muñoz. La salud y el temple de María Cristina comenzaban a resentirse y echaba terriblemente de menos a su marido secreto en aquellos días de espera y de angustia. Según Gaviria la reina trabajaba ocho horas diarias para «sacar adelante la barca», no comía casi nada desde hacía mes y medio, y sus cambios de humor eran demasiado frecuentes. Finalmente, «teniendo la sangre irritada, como V. puede conocer, la dio un fuerte ataque esterico-nervioso, con parte de vilioso, mientras estaba comiendo hasta el punto de perder el sentido. Al reanimarse, se hechó a llorar prorrumpiendo y esclamando por quien tan lejos estaba de ella y hubiera dado, como yo, lo que no es decible por tenerlo a su lado[95]».

La serenidad de la Regente era absolutamente necesaria para mantener el pulso con aquella nueva, extraña y lenta revolución que le seguía los pasos desde que abandonó Madrid. La respuesta a la noticia del cambio de ministerio no se hizo esperar. El 1 de septiembre, el ayuntamiento madrileño se puso a la cabeza del levantamiento de la capital y en Valencia se instaló una junta revolucionaria que decidió trasladarse a la próxima ciudad de Alcira y unirse a lo que se convirtió pronto en un alzamiento generalizado de las provincias. Progresistas de diverso signo y representantes de un liberalismo aún más radical, que defendían posiciones democráticas e incluso republicanas, se hicieron cargo del gobierno de las ciudades y de las villas de mayor población en la práctica totalidad del territorio. Comenzaba así una nueva etapa del proceso de ruptura liberal que había comenzado en 1835. Los manifiestos de los sublevados siguieron en general las líneas del ayuntamiento de Madrid, acusando a la Regente de haberse situado fuera de la Constitución al inclinarse «hacia un sistema de reacción imposible de realizarse ya en España sin desquiciar la máquina del Estado y sumergir a la patria en un abismo de horrores[96]».

Aun así, María Cristina no se dio por vencida. El 5 de septiembre escribió a Espartero ordenándole que marchase a detener la sublevación de Madrid. El día 7, desde Barcelona, el general contestó: «Yo creo, señora, que no peligra el trono de mi reina y estoy persuadido que pueden evitarse los males de mi país apreciando los consejos que para conjurarlos me pareció deber dar a V. M. Todavía, señora, puede ser tiempo. Un franco manifiesto de V. M. a la nación ofreciendo que la Constitución no será alterada; que serán disueltas las actuales Cortes, y que las leyes que acordaron serán sometidas a la deliberación de las que nuevamente se convoquen, tranquilizará los ánimos si al mismo tiempo elige V. M. seis consejeros de la Corona de concepto liberal, puros, justos y sabios. Entonces, no lo dude V. M., todos los que hasta ahora se han pronunciado disidentes depondrán la actitud hostil reconociendo entusiasmados la bondad de la que siempre fue madre de los españoles[97]».

El mismo día en que el general enviaba su carta, comenzaba a circular por Madrid un folleto atribuido a Luis González Bravo y que, sin embargo, había escrito otro progresista más sólido, Fermín Caballero. Se titulaba Casamiento de María Cristina con D. Fernando Muñoz, impreso en la imprenta del Pueblo Soberano[98]. Su objetivo era airear públicamente lo que todos los gobiernos desde 1834 habían intentado mantener en un segundo plano de la actualidad política: la existencia de un matrimonio morganático que impedía a María Cristina ocupar legítimamente la regencia. Después de aquel folleto, los términos en los que habría de discutirse la personalidad y la vida privada de María Cristina de Borbón quedaron fijados para siempre.

Para el autor del texto, todo en la educación de María Cristina y en sus inclinaciones tempranas había sido contrario a lo deseable en una dama decente, tal y como éste parecía concebirla. Sus habitaciones infantiles —situadas encima de las caballerizas reales— la hicieron enterarse desde muy pronto de cosas que «no está bien oigan y vean las señoritas»; además, y contra todo lo esperable en una mujer recatada y sumisa, sus ocupaciones favoritas habían sido la caza y la equitación, «con cuyo motivo dicen que entretuvo relaciones amorosas con Luchesi Palli y con otros cortesanos, de lo cual se ocuparon sin la menor piedad los periódicos de París y Bayona en 1829».

Tras el obligado relato de los sucesos de La Granja en 1832, en los que no destaca precisamente la firmeza de Cristina sino la de su hermana Luisa Carlota, así como la obligada inclinación hacia algún tipo de reformas que asegurasen su trono, el folleto narra la pasión amorosa de Cristina por Muñoz, a los dos meses de su viudedad. Los adjetivos caen en cascada creando un personaje opuesto a todo decoro femenino: una mujer lasciva e incontrolada, prisionera de «una pasión ardiente, irregular y brutal» por un hombre inferior, sospechoso de carlismo, «calvo, ordinario y de educación grosera, vestía pobremente y sin el mérito de una esmerada limpieza y de un porte simpático». Aquella pasión, no sólo desenfrenada sino aberrante y grosera, convertía a María Cristina y a su entorno aristocrático y degenerado en el siniestro reverso del limpio, sobrio y patriótico mundo del liberalismo respetable.

Un hombre cobarde y una mujer degenerada ocupaban los departamentos secretos de la monarquía, arrastrando por el lodo la Corona de España y envileciendo a la patria que entregaba a sus hijos en una guerra civil de la que «Ysabel es la bandera y Cristina es la empresaria». Con la descripción de la vida de María Cristina y de Muñoz —«una vida obscura y bestial […] que no puede satisfacer las necesidades regulares del corazón y del espíritu»— el autor del folleto alcanzaba el paroxismo. Aquella mujer extraviada vivía en realidad en un infierno de humillación y de celos: «Se dice que a ella se la ha visto alguna vez ebria, por abuso de bebidas espirituosas en estas bacanales grotescas, y que de las varias camorras matrimoniales por extravíos de Muñoz y celos de su muger, ésta había recibido algún bofetón masculino».

A todas aquellas lacras era necesario unir dos rasgos más que completaban el brutal retrato de quien en 1829 había sido saludada como la esperanza del pueblo. Por una parte, la codicia, su otra gran pasión: «Acostumbrada en la juventud a economías y miserias, se ha cebado en atesorar el oro de los españoles, á fin de poder vivir en cualquier país con holgura si las circunstancias la hacen saltar». Por otra, el peor, el más perverso de los pecados de aquella extranjera arribista y desordenada: su falta de verdadero amor por las hijas que tuvo con Fernando VII: «Pensando seriamente en el encenegamiento de Cristina, y recordando el desamor o frialdad para con sus hijas legítimas; la tranquilidad con que miró la aproximación del pretendiente a Madrid[99]; y el poco talento que revela en su conducta doméstica y en sus relaciones íntimas, no es aventurado pronosticar que acabará sus días en la vida privada, y que acaso dejará la Regencia antes de que el tiempo la obligue. Se le conoce la propensión a gozar del hombre que eligió, y de las riquezas que ganó en España; y por el gusto de pasear del brazo de Muñoz en Luxemburgo o en la plaza del Popolo, acaso dejaría ahíta todos los cetros del mundo[100]».

Un mes después de que comenzase a circular este panfleto en Madrid y en otras capitales españolas, María Cristina de Borbón renunciaba a la regencia, entregaba la custodia de sus hijas legítimas al general Espartero y se trasladaba a Francia, donde se reuniría con Muñoz y los hijos que había tenido con éste. Sin embargo, no se fue ahíta y vendió todo lo cara que pudo su renuncia.

Mientras la Junta Central de Madrid —convertida en directora del movimiento— urgía a Espartero a que tomase en sus manos «la pronta, la inmediata reorganización de la regencia», María Cristina jugaba su penúltima carta nombrando al general Jefe de Gobierno, con carta blanca para crear el ministerio que desease, y le pedía que se uniese a ella en Valencia[101]. Espartero ignoró la petición y se trasladó a Madrid para conferenciar con los revolucionarios. La pérdida de información, y por lo tanto de control, por parte de María Cristina se convirtió en casi total. Cada vez estaba más sola.

En una última comunicación, calificada innecesariamente de reservadísima, el inefable Domingo Ronchi escribió: «El Duque parece que quiere favorecer la regencia de la Reina. Hoy llegó. Algunas personas amigas suyas le han hablado y parece que está firme en su resolución. No se ha faltado á dar pasos y razones, y se verá si sostiene con firmeza la reconciliación de la Corona con el pueblo. Dios haga que no lo trastornen para cambiar de marcha, no teniendo probabilidad que haga cosa contraria; más todo será á favor de la Corona.»[102].

Las esperanzas de Ronchi sobre la actitud de Espartero no resultaron fundadas. A partir de su estancia en Madrid, el compromiso del general con el progresismo en su sentido amplio se convirtió en definitivo. El 8 de octubre, tras formar un ministerio plenamente antimoderado[103], el duque llegó a Valencia, donde el recibimiento fue apoteósico, contrastando demasiado con el concedido pocas semanas antes a la Regente: los milicianos llegaron a desenganchar los caballos de su carruaje y arrastrarlo ellos mismos desde el portal de San Vicente. Valencia era una isla rodeada de pasión revolucionaria y en ella se desarrolló la escena final de la regencia de María Cristina.

En un nuevo alarde de superioridad e independencia, y sabiendo que la Regente le esperaba ansiosa en el palacio de Cervelló, Espartero decidió descansar toda la noche antes de presentarse ante ella. Cuando lo hizo, rodeado de sus nuevos ministros, esperaba haber vencido definitivamente su resistencia. No fue así. Para asombro de todos, una María Cristina imperturbable les exigió que le presentasen, antes de jurar, su programa de gobierno. De él dependería su nombramiento. No podían dar crédito a la testarudez de «la Señora». Se retiraron a conferenciar y, al día siguiente, el abogado progresista Manuel Cortina le leyó, nervioso, el documento que habían acordado: «Hay, señora, quien cree que V. M. no puede seguir gobernando la nación, cuya confianza, dicen, ha perdido, y por otras causas que deben serle conocidas mediante la publicidad que se les ha dado, piensan en destituciones y nuevos nombramientos de que V. M. debe tener idea también. Pero lo que más generalmente se desea es que V. M. se acompañe de hombres prácticos en la ciencia de gobierno, de talentos acreditados en el parlamento, para que la ayuden a llevar la pesada carga de la regencia […] la situación actual no parece posible sin acceder a ella [la opinión generalizada]». Para paliar el golpe, pero sobre todo para actuar de acuerdo con una apariencia formal de continuidad y legalidad, el nuevo ministerio consideraba que debía ser la propia María Cristina quien, una vez abiertas las nuevas Cortes, propusiese la corregencia: «Verdades amargas, señora, habremos dicho quizá pero hemos preferido pasar por el disgusto que esto no puede menos de ocasionarnos, a aumentar el número de los consejeros que han engañado a V. M. y dado lugar a que se haya entibiado el amor que los españoles la profesaban y que aún es tiempo de hacer revivir, porque afortunadamente no está extinguido[104]».

Impasible, María Cristina ordenó a los ministros que jurasen sus cargos. Cuando se disponían a marcharse, le pidió a Espartero que se quedase y le anunció su inquebrantable decisión de renunciar a la regencia, entregando a su protección a la reina Isabel y a su hermana. Era un último cartucho y como tal fue empleado conscientemente. La mayor parte de las obras informadas relatan la sorpresa, la indignación y los ruegos del general. O los progresistas o la reina gobernadora, Espartero debía decidir. Una decisión que abrumaba al general y comprometía a los revolucionarios en una senda sin retorno.

Una cosa era asociarse a la regencia y recuperar el Gobierno para el partido progresista —amparado por la Corona y actuando de acuerdo con la legitimidad que ésta podía conferir— y otra cosa quebrar, ante todo el país y ante toda Europa, una parte sustancial de aquella legitimidad dinástica. El destino de la revolución española, y dentro de ella de las relaciones posibles del progresismo con la Corona, se jugó en aquellos momentos.

Por parte de María Cristina, su situación personal desempeñó un papel determinante en aquel envite suicida. Entre los papeles de su archivo privado aparece una nota sin firma, probablemente transcrita por Castillo, en la que se barajaban las diversas opciones que le quedaban. Todas parecían conducir al desastre pero sus efectos a largo plazo se podían minimizar y había situaciones peores que otras. Escenificar ante el país, y ante las potencias aliadas, el papel de una reina ultrajada, forzada a abandonar la regencia, era preferible a regresar a Madrid y enfrentarse a un futuro incierto de secuestro político y humillación personal en el cual se airease su peculiar situación privada. Bajo el epígrafe de «Observaciones que hace la Señora» se lee: «Que haciendo la renuncia se salía pronto del paso y se evitaba que tomasen parte de él nuevas Cortes que serán mui exaltadas y que la harán las preguntas que ya intentaron otra vez de si está c…, y desde cuando: que entonces podrán hacer cargos de porque se ha retenido la regencia y la tutoría contra lo establecido en la Constitución. Que por su parte dirá toda la verdad si la exigen el juramento. Que de este modo se evita también el que tenga que ceder a todo lo que pidan las Juntas[105]».

Versiones más románticas aluden al deseo íntimo de María Cristina de abandonar por fin su equívoca doble vida. Fuese esto último cierto o no, es claro que la decisión que tomó la Regente fue una decisión personal. Desdeñó con ella los ruegos de su entorno y de sus consejeros más cercanos. Cea Bermúdez, por ejemplo, le escribió urgiéndola a no ceder, a menos que se le hiciese violencia personal. Si esto último ocurría, no debía salir de territorio español para dar tiempo a una reorganización de las fuerzas que garantizaban tener O’Donnell y de León: «Como Madre, como Reyna Regenta, como tutriz de su excelsa Hija, la Augusta Cristina tiene un deber sacrosanto que cumplir para con Dios y para con la Nación cuyo Gobierno le ha encomendado el Cielo. Este deber es el de trasmitir a Isabel 2.ª el cetro de que es guardadora. Ante ese deber inmenso ha de ceder toda otra consideración humana[106]».

El mensaje de Cea, como otros muchos, llegó demasiado tarde. El 12 de octubre se produjo la última y definitiva entrevista entre la Regente y el nuevo gobierno progresista. Los ministros le rogaron que reconsiderase su decisión, apelando a su responsabilidad política y maternal. Con indiferencia, real o impostada, María Cristina les contestó que sabía que podía confiar en ellos para que cuidasen de la reina y salvasen la monarquía; ella nada más podía hacer. Lo único que deseaba era redactar personalmente el manifiesto de su renuncia, con toda libertad para expresarse. El Gobierno rechazó esa posibilidad. Cortina se permitió insinuar que la manera más sencilla de salir del impasse sería que la gobernadora alegase impedimentos íntimos para continuar en el cargo.

La escena y las expresiones utilizadas se repiten de autor en autor: «Si fuesen ciertos los rumores que circulan habríamos hallado un fundamento decoroso para la renuncia de V. M.». «No entiendo», parece que contestó María Cristina. «Yo desearía que fuesen ciertos tales rumores, que van adquiriendo cada día mayor publicidad. En otras circunstancias me habrían causado gran pesar, pero hoy podríamos poner término al conflicto en que nos hayamos», insistió el ministro. «No te entiendo; no sé a lo que te refieres, ni lo que deseas que yo comprenda». Finalmente Cortina aludió directamente al matrimonio secreto de la Regente a lo que parece que ésta, agitada y terminantemente, contestó: «No, no: eso no es cierto[107]».

Aún acosada, la Regente no iba a inhabilitarse a sí misma para siempre e irremediablemente. La entereza de su carácter, el cálculo político que presidió siempre todos sus actos, aún los más privados y aparentemente apasionados, no le faltó tampoco entonces. Cedió a «no expresarse libremente», pero lo hizo a cambio de que en el documento de renuncia se aludiese tan sólo a su incapacidad para sostener la regencia, dada la situación del país y su delicado estado de salud. Un documento, escribió Juan Valera, que «venía a poner el sello a la contienda que, comenzada en La Granja en 13 agosto de 1836, se resolvía en Valencia el 11 de octubre de 1840[108]».

Aquella misma noche del 12 de octubre, María Cristina firmó la disolución de las Cortes, nombró como ayo de la reina y de la Infanta al anciano poeta liberal Manuel José Quintana y leyó su renuncia formal a la regencia. «Colocada en el lugar que le correspondía desdobló un papel que traía entre manos, leyéndole con voz pausada y serena»; firmó aquel papel y lo depositó en manos de Espartero «acompañando á este ademán una grande reverencia, con lo cual se retiró la Reina haciendo á todos muy dulces saludos, sin que perdiera en su marcha su graciosa majestad[109]». El 17 de octubre, a las seis y media de la mañana, se embarcó en el vapor español Mercurio en dirección a Marsella.

El día 28, Isabel II y su hermana llegaron a Madrid, acompañadas por Espartero. El general dispuso que pasasen la noche del día 27 en Aranjuez mientras él se adelantaba a la capital para preparar su recibimiento y asegurarse de que no hubiera sorpresas desagradables. El tiempo era lluvioso y desapacible; los jardines estaban inundados y la estancia, según la marquesa de Santa Cruz, fue muy incómoda. Toda la comitiva real estaba nerviosa. Al día siguiente, la Infanta e Isabel II fueron levantadas a las seis de la mañana para vestirse de gala. A las ocho, iniciaron el último tramo de su viaje. Durante toda la entrada en Madrid llovió incesantemente lo que quizás pudo explicar, a juicio de la marquesa, que a pesar de que todo fue «lo habitual», con suelta de palomas y lanzamiento de flores, la concurrencia no fuese muy grande. Por la noche se recibieron dos cartas de María Cristina a sus hijas y, según el aya, éstas «se pusieron como locas, las leyeron mil veces y ayer al momento quisieron contestar y yo me apresuro a embiar a V. M. sus preciosas cartitas; a pesar de su corta edad aseguro a V. M. que se acuerdan continuamente de su amada Mamá. A S . M. la hemos sorprendido algunas veces llorando y preguntada dice que echa mucho de menos a su Mamá, se procura distraerla […] a su edad las impresiones se pasan rápidamente, y se consigue fácilmente[110]». Comenzaba así un nuevo período de la revolución española y una etapa crucial en la vida de Isabel II.

CAPÍTULO 2

LA ILUSTRE HUÉRFANA: ISABEL II

DURANTE LA REGENCIA DE ESPARTERO (1840-1843).

ISABEL II cumplió diez años en Valencia, dos días antes de que su madre se viese obligada a renunciar a la regencia. Hasta entonces, se sabía muy poco de ella, oculta tras la poderosa figura de María Cristina. El forzado exilio de la gobernadora colocó bruscamente a aquella reina de diez años en el centro de todas las miradas y de todos los intereses. El torbellino político que se inició entonces giró, en buena medida, en torno a su apropiación política, simbólica y personal. Para los revolucionarios, la sublevación victoriosa significaba la supremacía de la soberanía nacional sobre el principio de autoridad monárquica que María Cristina había intentado hacer valer una vez concluida la guerra civil. A partir de ese momento, y ya sin ambivalencias, Isabel II sería reina constitucional porque el país así lo quería. La revolución de 1840 radicalizaba de forma decisiva el proceso de ruptura liberal, quebrando la independencia de la monarquía y colocándola al servicio de un tipo de liberalismo que, en su versión más pura, podría por fin desplegarse sin trabas ni componendas con el viejo mundo del absolutismo y sus aliados moderados.

La puesta en práctica de aquel ideal no iba a ser fácil. A las crecientes divisiones de los progresistas, que se manifestaron de forma inmediata, vinieron a sumarse la resistencia moderada y las diversas maniobras de la familia real, en especial (pero no sólo) las procedentes del entorno de María Cristina. Para todos ellos, la reina niña era la depositaria de un poder del que era necesario apropiarse para llevar adelante sus muy distintas maneras de concebir el carácter y las funciones de la nueva monarquía constitucional.

Fue el infante don Francisco, espoleado por su mujer, Luisa Carlota, quien dio el primer paso. El matrimonio vivía en París tras haber caído en desgracia por sus críticas constantes a la política y la vida privada de María Cristina. El carácter provisional del ministerio-regencia dio alas a la ambición de la hermana de la exregente, quien, al parecer, hubo de emplearse a fondo para obligar a su timorato marido a actuar rápidamente: «Ya conoces —escribió a uno de sus confidentes en Madrid— el carácter de Paco, y las angustias que me hará sufrir para inclinarle a que pida lo que le pertenece […] tan irresoluto y medroso que no hay poder humano que le saque de sus trece […] Esta situación sería mía si, en vez de un genio revolucionario, no me hubiera dado el destino por compañero a Juan de las Viñas[1]».

Las presiones de la infanta dieron resultado y el 25 de octubre de 1840 don Francisco publicó un manifiesto en el que saludaba la revolución, felicitaba a Espartero y solicitaba la tutela de la reina y de su hermana, como pariente más cercano tras la renuncia de su cuñada. Era el primer paso para poder luego, quizás, optar a la regencia o, como decía el manifiesto de forma más indirecta y edulcorada, «para contribuir más a estrechar los lazos que me unen con mi patria, y que un maligno influjo ha intentado aflojar, para eso y nada más, deseo merecer la confianza de la nación[2]».

La maniobra de Luisa Carlota y su marido precipitó de inmediato la reacción de María Cristina. Su primera carta a Espartero, el 19 de octubre, había sido un modelo de cortesía regia en la que le informaba de la tranquilidad de la travesía, le recomendaba a los oficiales del barco para varios ascensos, le pedía noticias de sus hijas e, incluso, le anunciaba un regalo para su mujer y le daba recuerdos afectuosos para sus ministros[3]. Quince días más tarde, tras conocer el manifiesto de su cuñado y haberse reunido con Fernando Muñoz y otros políticos moderados en Marsella, su actitud había cambiado. En una carta de tono y contenido muy distintos declaró que no renunciaba a la tutela de sus hijas y que nombraba una comisión para ejercerla durante su ausencia, integrada por Manuel José Quintana, Vicente Sancho, Francisco Cabello, Juan Donoso Cortés y Manuel Montes de Oca. No contenta con ello, pidió que se hiciese público un manifiesto propio en el que (ante España y ante Europa) se presentaba como una reina ultrajada y una madre cruelmente separada de sus hijas:

Sola, desamparada, aquejada del más profundo dolor, mi único consuelo en este gran infortunio es desahogarme con Dios y con vosotros, con mi padre y con mis hijos […] Cuando vuestro rey en el borde del sepulcro abandonó con una mano desfallecida las riendas del gobierno para ponerlas en las mías, mis ojos se dirigieron alternativamente hacia mi esposo, hacia la cuna de mi hija y hacia la nación española, confundiendo así en uno los objetos de mi amor […] Mi constancia en resistir lo que no me permiten aceptar ni mis deberes ni mis juramentos, ni los más caros intereses de la monarquía, ha traído sobre esta flaca mujer, que hoy os dirige su voz, un tesoro de tribulaciones tal, que no pueden expresar los vocablos de ninguna lengua humana […] Pude encender la guerra civil pero no debía encenderla […] se apartaron de pensamiento tan horrible mis ojos maternales, diciéndome a mi propia que cuando los hijos son ingratos debe una madre padecer hasta morir, pero no debe encender la guerra entre sus hijos […] Hasta que no pude más, y me desprendí de este cetro y me despojé de esa corona, para respirar el aire libre, desventurada, sí, pero con una frente serena, con una conciencia tranquila, y sin un remordimiento en el alma […] Ya nada os pide la que ha sido vuestra reina; sino que améis a sus hijas y respetéis su memoria[4].

El texto fue publicado en la Gaceta de Madrid el 15 de noviembre de 1840 acompañado de una declaración del Gobierno en la que, entre otras cosas, se decía: «Cada día más decidido a que sus actos puedan ser juzgados por la nación y la Europa entera, ninguno de ellos quedará envuelto en el misterio, y ni el pueblo ni los extranjeros carecerán de cuantos datos puedan ser necesarios para formar de ellos una idea justa y conveniente […] El pueblo español […] lamentará la suerte de una princesa ilustre a quien debe grandes beneficios sin duda y de quien se prometía aún mayores si hubiese tenido la fortuna de conservarse a una altura superior a los partidos[5]».

A partir de ese momento, comenzó a quebrarse la ficción inicial de entendimiento entre el ministerio-regencia y María Cristina. La cuestión de la tutela regia se convirtió en el centro de una batalla política, desarrollada en escenarios muy diversos, que abarcaban desde las diversas instancias de la esfera pública liberal hasta los oscuros salones de Palacio; desde Madrid a París, pasando por Roma y el Vaticano. Un espeso nudo de intrigas y verdades contrapuestas comenzó a tejerse en torno a Isabel II, quien salió de las brumas de la niñez para verse convertida en el objeto pasivo de un conflicto político en el que habría de dirimirse el futuro político de la monarquía y del país.

Mientras en Madrid los progresistas se dividían en torno a la preeminencia otorgada a Espartero por la revolución, y sobre la cuestión de si la regencia había de ser única o trina, los moderados trataban de forjar un nuevo pacto político con la exregente a través de Fernando Muñoz, cuya relevancia comenzó a crecer de inmediato. El descontento de los moderados por las consecuencias de la aventura personal de María Cristina, cuando intentó entenderse directamente con Espartero al margen del partido, no tenía límites. Menos aún podrían perdonar que ahora ésta les abandonase como bandera política.

El antiguo intendente de la Casa Real, el financiero Manuel Gaviria, escribió a Muñoz una carta muy dura advirtiéndole de que «la Señora» respondería ante «el público y la Historia por sus actos […] no faltará quien diga que el Trono de la Reina se perdió por la precipitación de la Madre en dejar el poder, y por el deseo de reducirse a la vida privada, cuando el deber le exigía no separarse de la pública[6]». Aquellos consejos, sin embargo, como le recordó el propio Muñoz, habían sido escasos y tardíos: «No: basta que te recuerde que la quieres perfecta. Que quieres examinar su conducta como si hubiera gobernado en días de paz y que no tienes ni reclamas indulgencia para ella. Siguiendo los principios políticos del Partido Moderado y mandando ellos ha caído el cetro de las manos de María Cristina y estos hombres, la ostigan, la insultan, la faltan a todos los respetos, y aún la culpan porque no va delante de ellos a recoger el cetro que ellos convirtieron en una madeja de algodón que dejaron enredada en la espada de un general victorioso… ¡¡¡Infames!!!!»[7].

No sabemos hasta qué punto fue real o intensa la tentación de la exregente de «reducirse a la vida privada». En todo caso, parecía decidida a solucionar, antes que nada, algunas cuestiones de orden personal que, como siempre en su caso, tenían hondas implicaciones políticas. Tras pasar unos meses en París, decidió trasladarse a Roma con el objetivo (al menos oficial) de solicitar la absolución del Papa por haber sancionado las leyes liberales contra la Iglesia y, también, implícitamente, por sus pecados privados. Quizás buscaba tantear hasta qué punto el Vaticano podría apoyar un alzamiento carlista que algunos consideraban inminente. Quizás sentía que su renacer político tan sólo sería posible si contaba con el beneplácito de Gregorio XVI y lograba, de alguna forma, regularizar su relación con Muñoz.

María Cristina era plenamente consciente de que la posibilidad de conservar, al menos, la tutela de sus hijas dependía de su capacidad para frenar la campaña de desprestigio a que estaba siendo sometida en España. Por una parte, como escribió Miguel Morayta, «al invocar sus derechos como viuda, siendo público que tenía hijos con Muñoz, se declaraba liviana; y si para no juzgarla se reconocía el hecho de haber contraído un segundo matrimonio, entonces se confesaba embustera declarada[8]». Por otra parte, era un secreto a voces la alarmante situación que el nuevo intendente de Palacio, Martín de los Heros, encontró en el Patrimonio Real, en la testamentaría de Fernando VII y en la situación de los joyeros.

Salustiano de Olózaga, embajador en París del ministerio-regencia, había advertido ya a Manuel Gaviria, en un baile en las Tullerías, que si la regente no renunciaba voluntariamente a la tutoría —ahorrándole al Gobierno la necesidad de retirársela por la fuerza— «el tema de los inventarios y las acusaciones de malversación irán a las Cortes[9]». Es difícil iluminar un asunto que la exregente y su entorno se encargaron de oscurecer al máximo. En todo caso, lo que sabemos es bastante elocuente respecto a la privatización de fondos pertenecientes a la monarquía como institución. En la correspondencia cruzada entre la exregente y el que había sido su intendente particular, Manuel Gaviria, se da cuenta explícita de la creación, el 13 de agosto de 1834, de un llamado «bolsillo secreto» al que se ordenó transferir una primera suma de 500 000 reales, a la que habrían de añadirse otras similares de forma regular. Las instrucciones detalladas en el decreto autógrafo de la reina impedían que ese dinero pudiese ser tocado sin su conocimiento, al tiempo que se recomendaba al tesorero que actuase con el mayor sigilo al margen de la mayordomía mayor.

El problema se planteó cuando los nuevos encargados de la tutela de la reina Isabel II pidieron tener acceso al bolsillo secreto y les fue negada la información sobre el dinero existente y sobre los gastos producidos. En carta de 21 de mayo de 1842, Gaviria informó a Fernando Muñoz del estado de las cuentas, «que ya le fue entregado a la Señora» y que a su juicio no debía presentarse nunca públicamente «como no podrá V. menos de conocer después de leído, tanto por su contenido como porque me exigirían también las anteriores y en tal concepto me ha parecido lo mejor formular el adjunto borrador de finiquito […] con lo cual no tan sólo queda a cubierto mi responsabilidad de la recaudación y distribución que tengo hecha en virtud de las órdenes autógrafas de S. M., según aparece de las cuentas presentadas, sino que sirve de contestación para cuantos pedidos me hagan de noticias, papeles y demás[10]».

La estrategia del entorno de María Cristina, aconsejada entre otros por Donoso Cortés, fue la de guardar silencio, descartando publicar en Madrid un manifiesto exculpatorio: «Solo El Hablador habló hace tiempo del bolsillo secreto, pero El Hablador no tiene veinte suscriptores; lo que escribe es como si lo escribiera en un Álbum. Sería pues mala política darle publicidad impugnándole. Esto es lo que él quisiera y lo que no quiero yo[11]».

La niebla contable que rodeaba al bolsillo secreto nunca llegó a disiparse y fue a partir de entonces cuando los partidarios de María Cristina comenzaron a hacer circular la noticia, que tanta fortuna ha hecho en la literatura al uso, de que la regente contribuyó con dinero personal a financiar al ejército liberal durante la guerra carlista. Algo muy improbable dada la manifiesta incapacidad de la última esposa de Fernando VII para distinguir entre fondos privados y públicos. A partir de entonces, la investigación sobre la testamentaría de Fernando VII y los rumores de «desfalco» de la misma por parte de María Cristina la persiguieron durante toda su vida a pesar de los esfuerzos que realizó a lo largo de los años por disiparlos[12].

En todo caso, en este contexto de incertidumbre, la entrevista entre la exregente y el Papa podía ser un mecanismo de relegitimación. Al menos así lo consideraban los sectores más ultramontanos y de fuerte impronta católica e integrista del moderantismo, representados entre otros por los hermanos Cea Bermúdez, José Castillo y Ayensa, y Juan Donoso Cortés. Fueron ellos los que consiguieron, tras una complicada negociación con el Vaticano, que le fuese concedida una absolución verbal del Papa sin que se suscitasen «preguntas embarazosas sobre el matrimonio y todo se reduzca a las reconvenciones canónicas por sus actuaciones como Regente[13]».

Tranquilizada su conciencia, aunque con menor publicidad de la que hubiesen querido, María Cristina y Muñoz intentaron completar el viaje comprando un título italiano para Muñoz, lo cual les permitiría, quizás, iniciar los trámites para este último. El título en cuestión era el principado de Poggio-Nativo, perteneciente al príncipe Borghese y con un dominio en los estados papales. La negociación estaba casi concluida cuando el Papa se negó a otorgar su firma. Los resultados del viaje fueron, pues, precarios. El sentimiento de humillación fue tan intenso que, en el entorno de la exregente, se temió seriamente que, esta vez sí, abandonase para siempre la política.

La inquietud de los moderados y del propio rey de los franceses, Luis Felipe de Orleans —que veía su influencia en España limitada por las buenas relaciones entre el régimen de Espartero e Inglaterra—, se hace evidente a través de la correspondencia cruzada durante aquellas semanas. Para todos ellos, y a pesar de su carácter y de su vida irregular, María Cristina era una baza política que no podía perderse. A finales de febrero de 1841, mientras los Muñoz viajaban lenta y dubitativamente hacia Francia, el diplomático La Tour-Maubourg escribía a Luis Felipe solicitando su colaboración para lograr que la exregente siguiese en la vida pública:

Lo que desea sobre todo Monsieur de Zea, y yo me conformo a sus deseos al mencionároslo aquí, es que S. M., así como el gobierno del Rey, usen su influencia sobre el espíritu de María Cristina para hacerle ver que su futuro no está completamente perdido en España y que le debe a su hija y a ella misma el no hacer nada que pueda comprometer ese futuro […] que no debería olvidar que es una Reina y descartar los homenajes que le son debidos a su posición para librarse sin reserva —como hace muy a menudo— a los placeres de la vida privada y a los encantos de la libertad que le han sido prohibidos durante tanto tiempo. M. Zea hubiese querido también que el Santo Padre le hubiese hablado en este sentido […] Pero es quizás pedirle a la Corte de Roma más de lo que puede hacer. Hay aquí aún demasiados prejuicios a favor de don Carlos, se profesa demasiada devoción a su partido, demasiada esperanza en su posible futuro, para que sea posible soñar en provocar en el Papa un lenguaje destinado a servir la causa opuesta a los intereses que se persiste en ver como los de la Religión y la Monarquía[14].

Finalmente, María Cristina llegó a París en la tarde del 10 de mayo de 1841. Dos días antes, las Cortes españolas habían votado la regencia única y se la habían otorgado a Espartero, aunque por un margen de votos mucho más estrecho de lo esperado. Como una oferta de conciliación a los sectores de progresismo que apoyaron en su lugar al viejo liberal doceañista, Agustín Argüelles, el nombre de este último comenzó a sonar con fuerza como tutor de la reina y de su hermana[15].

La calurosa acogida de Luis Felipe y de la reina Amalia (tía de María Cristina) fue un bálsamo y una fuente de aliento tras las humillaciones sufridas en Roma. A finales de junio, los Muñoz compraron un palacio, en el número 12 de la rue de Courcelles, y comenzaron a recibir a toda una cohorte de políticos civiles y militares, descontentos con Espartero, que urgían a «la Señora» para que se convirtiese en su bandera política. Lo primero que debía quedar claro era que Fernando Muñoz formaba parte fundamental del «círculo mágico» de la realeza encarnada en María Cristina y que aquéllos que deseasen entrar en ese círculo, acceder a los favores de la exregente y tener posibilidad de influir sobre ella, debían contar con él.

El desdén hacia aquel marido secreto, o la crítica, aunque fuese implícita, a las condiciones privadas de aquella extraña pareja, se pagaban muy caros. Quien mejor aprendió aquella lección fue Juan Donoso Cortés, convertido por ello en el amigo y corresponsal más fiel de Muñoz. Los escrúpulos morales (y políticos) de los hermanos Cea fueron mucho mayores. Como informó La Tour-Maubourg, ambos deploraban una situación que parecía irremediable y no hacían sino «cubrir con un velo de silencio unos hechos que desearían incluso poder evitar confesarse a sí mismos que los conocen[16]». El propio Donoso tuvo que interceder ante Muñoz, rogándole que la Señora reconsiderase su distante actitud hacia ellos, pues «son colosos de lealtad[17]».

Incluso Luis Felipe pidió informes sobre Fernando Muñoz y quedó conforme al saber que era «un joven de demasiado talento y discreción para dejar de conocer lo que conviene a los intereses de la sobrina de V. M. […] el conservarse en posición ventajosa para obrar en defensa de sus Hijas, caso de que las circunstancias lo exijan […] por virtud de su mucho tacto en la dirección del ánimo de la Señora hemos podido llegar al punto en que nos hallamos en el día […] y él se halla al lado de la Sobrina, circunstancia sin la cual nada me prometo y hasta me temo que sucedería lo que en Barcelona, en que por no hallarse allí, tomaron los negocios bien diferente camino del que debieran haber tomado si él se hubiera hallado presente[18]».

Fue Muñoz el encargado de negociar las condiciones en que podría fraguarse un nuevo pacto político con los moderados, a pesar de que María Cristina seguía considerando al grueso del partido poco de fiar. Tan sólo se sentía verdaderamente a gusto entre unos pocos íntimos, representantes del viejo despotismo más o menos ilustrado: los hermanos Cea Bermúdez (una vez vencidos sus escrúpulos), Manuel Viluma y su hermano, el brigadier Juan de la Pezuela, el general Diego de León. Todos los demás, como habían hecho Javier Istúriz o Juan Donoso Cortés, debían ganarse su confianza demostrando una lealtad personal sin límites.

Fernando Muñoz escribió a Luis Felipe explicándole la situación. Los clamores de los moderados «para que la reina Cristina les sirva de bandera» debían ser observados con prudencia y distancia. «Dejemos las quejas y lamentos a un lado. ¿Qué entienden esos Señores que debe hacer la Reyna para servirles de bandera? ¿Qué van a proclamar y defender en su contienda? ¿Quiénes son sus enemigos? ¿Serán los suyos también de la Reyna? Si los que abandonaron a la Reyna en tantas ocasiones, y particularmente en la última y lamentable época de Barcelona y Valencia, piensan que la van a poner otra vez en disposición de recibir más duros y fuertes desengaños, se equivocan muy mucho […] se atreven ahora a culpar a la S. M. los mismos que la abandonaron, los que no acudieron a ocupar sus puestos cuando fueron nombrados Ministros, los que no se atrevieron a reunirse en las Cámaras y protestar de cuanto se hizo en Barcelona […] S. M. está ofendida altamente y S. M. no puede ir delante de tales personajes[19]».

El catálogo de agravios contra el moderantismo tenía una componente de abierto cariz antiliberal. No se remontaba sólo a 1840 sino a mucho antes, cuando María Cristina se vio forzada a abandonar el supuestamente seguro camino de las reformas dentro del absolutismo y abrió, con el Estatuto Real, la caja de Pandora de todos los males. «Si el suavísimo, dulcísimo y sapientísimo Patriarca de la Moderación, Don Francisco Martínez de la Rosa, se hubiese ido al Parnaso en cuerpo y alma, antes de pensar en colocar la Primera piedra en el monstruoso edificio que comenzó para que hoy los Argüelles (por trampa legal) y otros lo concluyesen, no hubiesen tenido lugar los Mones, ni los Castros, y los Medizábales y compañía hubiesen estado en su Londres comiendo el pan amargo de la emigración, que ciertamente no comerían hoy los que tanto critican a la Reyna […] Los que piensan en la reacción es menester que la preparen y principien hasta ponerla en buen término y entonces es cuando deben buscar el apoyo de la Reyna[20]».

Durante toda la primavera de 1841, mientras se discutía en Madrid el asunto de la tutela de la reina y su hermana, la exregente siguió resistiendo las presiones moderadas para que se implicase abiertamente en las conjuras contra Espartero y, lo que es más importante, para que las respaldase económicamente. Así, el 1 de junio escribió Muñoz:

Si S. M. obra como lo hace por más que su corazón desee ir a Madrid y a arrojar a E… del puesto que ocupa, y poner en él hombres honrados y leales a Isabel 2.ª, es porque desconfía de los moderados, porque sabe que son imbéciles, inútiles, traidores y poco caballerosos: porque la experiencia la ha echo ver que son sus principales enemigos: porque los sucesos la han manifestado que son los primeros que la principiaron a desvirtuar el año 34. Los que prepararon y escribieron los folletos infamatorios que salieron ya de la Señora y los que dejaron los antecedentes del que últimamente se escribió […] porque no duda que una parte de estos moderados fueron los primeros que se atrevieron a dirigirse a ese mismo C… ofreciéndole la corregencia y que de esto tal vez vengan todos los males, dejando a un lado los grandísimos ya causados por los del Estatuto[21].

De momento, los Muñoz, seguros del apoyo de Luis Felipe, preferían mantener su independencia y actuar a través de sus fieles más cercanos, presionando a Espartero para que evitase un «escándalo europeo» y reconociese que la única tutela legítima era la de María Cristina. Aquellas gestiones, por su puesto, fracasaron. Donoso Cortés escribió a Muñoz relatándole su agria entrevista con el nuevo regente, el 10 de junio de 1840:

Ésta es la primera vez que se me ofrece la ocasión de decir a V. y a don Francisco Zea las cosas que no me atrevo a decir a S. M. y de las cuales harán VV. dos el uso más oportuno. El domingo fui a ver al Duque para decirle que S. M. no daría su asentimiento a la elección de Argüelles para tutor de sus excelsas Hijas. El Duque se volvió acia mí bruscamente y me dijo: «Si Argüelles no es del gusto de S. M. tampoco serían del gusto de la Nación personas como V. o su cuñado». Yo me quedé absorto al ver esa salida de caja y me contenté con replicarle que la cuestión no estaba entre mi cuñado[22] o yo y Argüelles, sino entre Argüelles y S. M. y que no sabía ni comprendía para qué sacaba a cuento nuestros nombres. Entonces abandonando este mal terreno comenzó a delirar y a ponerse como una furia: Su cuñado de V. (me dijo) habla mal de mí y dice que quiero hacerme Rey cuando solo quiero retirarme a mi casa: aquí hay pandillas que quieren desacreditarme pero yo cuento con el ejército y con el pueblo. Yo soy como el León dormido: cuenta conmigo. Lo mismo que la Reyna: no parece sino que sus enemigos son los que la aconsejan.

Tras esta explosión de ira, parece que Espartero logró calmarse y comenzó —según Donoso— a tratar de paliar el efecto de sus palabras, aunque fue imposible llegar a un acuerdo. Revestido de la importancia que se atribuía, de la capacidad como negociador que quería demostrar en la Corte de París y de una conciencia evidente de la superioridad de su inteligencia, Donoso concluía su informe declarando que el duque sólo había querido meterle miedo «y yo voy a hacer miedo al primero que me encuentre con lo primero que se me ocurra, pues ésta es la moda[23]».

Para meter miedo, sin embargo, era necesario algo más que las bravuconadas de don Juan. María Cristina y el Partido Moderado estaban condenados a entenderse, como lo habían estado desde 1834. Era una alianza plena de recelos y de reproches, pero era la única alianza posible para ambas partes. Tres acontecimientos precipitaron la decisión final de los Muñoz de encabezar las conspiraciones contra Espartero. Las alarmas saltaron, en primer lugar y como casi siempre, debido a las maniobras de la infanta Luisa Carlota, quien consiguió por fin que el Gobierno español le concediese a ella y a su marido los pasaportes necesarios para regresar a Madrid e instalarse en el Palacio Real. Su objetivo ahora, como advirtió una angustiada María Cristina, era forzar el futuro matrimonio de la reina y de su hermana con sus propios hijos[24]. Aquella nefasta noticia vino acompañada por la decisión de las Cortes de considerar la tutela regia formalmente vacante y concedérsela a Agustín Argüelles, tras una votación secreta realizada el 10 de julio de 1841. Finalmente, el control que la exregente había seguido manteniendo sobre el ánimo y la educación de sus hijas se quebró bruscamente al abandonar Palacio la marquesa de Santa Cruz y las damas que ésta había elegido para rodearlas.

A partir de ese momento, ya no había tiempo para más indecisiones. Era necesario actuar rápidamente porque «se perdía a la reina» y con ella todo su poder. La inquietud de María Cristina quedó recogida en su correspondencia privada y a través de ella podemos comenzar a entrever, por fin, la situación personal de Isabel II desde que su madre abandonó la regencia. Para ello es necesario retroceder unos meses.

En Valencia, en octubre de 1840, el problema del cuidado e instrucción de la reina y de su hermana había sido tratado con la precipitación y el carácter de provisionalidad a que obligó la inesperada renuncia de la gobernadora. Ésta insistió en que los nombramientos del personal de Palacio que debía permanecer junto a sus hijas era un asunto puramente privado, doméstico, y que por lo tanto a ella le competía designarlos. En el tira y afloja subsiguiente, Manuel Cortina consiguió convencer a María Cristina de que la importante figura del ayo instructor recayese en Manuel José Quintana, autor del proyecto de Instrucción Pública presentado a las Cortes de Cádiz como paradigma del modelo educativo liberal[25]. Se descartaba así a los tres militares procedentes del ala derecha del moderantismo (Zarco del Valle, Cortínez o Roncali) que había propuesto la regente. A cambio, el Gobierno consintió que se mantuviese en sus puestos al conde de Santa Coloma como mayordomo mayor, al duque de Híjar como sumiller de corps y al marqués de Malpica como caballerizo mayor. La figura más decisiva seguía siendo la marquesa de Santa Cruz, confirmada en sus cargos de aya y camarera mayor, auxiliada por la marquesa de Valverde y doña Inés Blake, además de por otras damas de menor jerarquía y orígenes similares[26].

El resultado fue que, con la excepción del ya anciano Quintana, Isabel II y su hermana siguieron rodeadas de conspicuos representantes de una cultura palaciega que había vivido desde el principio el liberalismo político como una imposición externa que no debía traspasar las puertas de Palacio. Su única diferencia con los defensores del carlismo era su lealtad a María Cristina y, desde el principio, no tuvieron el menor reparo en sugerir a la reina y a la infanta que la ausencia de su madre había sido forzada por «sus enemigos», rodeándolas de medias palabras y medios silencios que trataban de alentar el recelo de las niñas hacia los políticos que ocasionalmente las visitaban, en especial Espartero.

En su asidua correspondencia con Santa Cruz y con sus propias hijas, la exregente trató de interponer una barrera humana y emocional entre ellas y cualquiera que quisiese distraerlas del recuerdo y autoridad de su madre. Cuando la marquesa escribió sobre sus esfuerzos para evitar que las niñas llorasen por su ausencia, María Cristina se apresuró a contestar: «Lo que más espero de tu adhesión y tu lealtad es que procures mantener ese cariño vivo, recordándoles a cada momento el mío que crece mucho con la ausencia[27]».

Era necesario, además, que la presencia de Quintana y los nombramientos que éste pudiese hacer no interfiriesen en la educación «moral» de las niñas y, sobre todo, que no se les hablase de política; es decir, que no se inculcase en ellas ningún tipo de adhesión al ideario liberal. Por ello, nada más salir de España la exregente, don Manuel recibió una carta en la que se le encarecía, en un tono melifluo pero no por ello menos autoritario, que cuidase mucho de que «los Maestros no se entrometan en otras cosas que en la enseñanza del ramo que les está respectivamente encomendado, para lo cual de acuerdo con el Aya les señalarás las horas convenientes. Desearía para mi satisfacción que luego que llegues á ver á mis Hijas examines el estado de su instrucción y me lo escrivas, así como el plan que adoptes para continuarla, porque en mi ausencia será un alivio para mi corazón el saber sus adelantos[28]». Cuando supo que algunas de las cartas que recibía de sus hijas le habían sido dictadas por sus maestros, ordenó que tan sólo Santa Cruz tuviese acceso a la correspondencia de las niñas y que éstas le escribiesen personalmente, aunque incurriesen en faltas de ortografía[29].

María Cristina exigió una carta semanal en la que sus hijas debían relatar todas sus actividades e impresiones. Para ella era crucial mantener su autoridad, aun en la distancia; hacerse continuamente presente a través de un cuidado y una asiduidad que, en realidad, no había existido jamás antes en sus distantes relaciones. «Todos los detalles que me das de tus diversiones —le escribió a Isabel II— me interesan mucho y espero que siempre me escribas todo, todo lo que haces y lo que quieras pues sabes que con tu Mamá no debes tener ninguna reserva ni flaqueza pues ninguna persona puede ser más amiga que ella; conmigo no debes usar de etiquetas y tus cartas solamente deben ser dictadas por tu corazón, espero que siempre lo harás así sin que nadie tenga necesidad de corregírtelas. Dirás esto mismo a la hermanita. Adiós mona de mi alma, toma mil besos de tu Mamá que te bendice de todo corazón[30]».

Al mismo tiempo, y por primera vez, la reina niña debió comenzar a percibir que, desaparecida su madre, ella se había convertido en un objeto de atención particular para todos: desde aquella madre lejana y ahora tan solícita, hasta la servidumbre, pasando por los políticos que acudían a Palacio. Aquella atención producía, sin embargo, roces continuos a su alrededor e indicaciones contrapuestas que no podían menos que suscitarle perplejidad.

Así, cuando la marquesa de Santa Cruz cometió el error de referirse a la dulzura con que Quintana trataba a las niñas —«me sirve de consuelo pensar que si un día me separan de su lado las dejaré con una persona que las ama como se merecen»— e informó de que jugaba incluso con ellas, esforzándose por distraerlas y evitar que se fatigasen demasiado, María Cristina decidió cortar por lo sano tanta «franqueza». Escribió con instrucciones terminantes para que se cancelasen las decisiones de Quintana de permitir que Isabel II y su hermana alternasen los domingos el teatro con el circo y se opuso a que se sustituyesen los vidrios raspados de sus habitaciones que las obligaban a estudiar en la penumbra:

Los cristales del cuarto de las Niñas que dan a la plaza de Oriente se rasparon para impedir que se distrajesen asomándose a los balcones, y que pudiesen pervertirse oyendo palabras y viendo escenas irregulares tan frecuentes en las calles y especialmente en las plazas públicas. […] Tuve también el intento de que las Niñas no se acostumbrasen a ser ventaneras, lo cual aunque en España no se repara demasiado, es un grandísimo defecto de educación en las Señoras de todos los demás países[31].

Las visitas de los políticos, y en especial de Espartero y de su mujer, eran una fuente de preocupación para la marquesa de Santa Cruz, atrapada entre las exigencias de un ama lejana pero implacable y los intentos progresistas de fijar un plan de estudios y de entrevistas para la reina que fueran logrando atraerla hacia una órbita ajena al absolutismo recalcitrante que la rodeaba. Ninguna entrevista, escribió María Cristina, debía producirse sin estar presente la servidumbre y éstas debían anunciarse con suficiente antelación y ser lo más breves y formales posible. Era importante, además, evitar que Isabel II y la infanta fuesen vistas en público con el nuevo regente y su mujer.

Era una empresa difícil porque todos sabían en qué juego estaban empeñados. La marquesa, por ejemplo, fue incapaz de evitar que don Baldomero exigiese que la reina saludase a su lado desde un balcón de Palacio cuando fue a visitarla oficialmente tras ser confirmado como regente por las Cortes. «Aunque hice varias reflexiones sobre el calor y el sol que haría en el balcón —escribió Santa Cruz— vi que no había modo de evitarlo». No pudo evitar tampoco que, a partir de entonces, el duque de la Victoria y su mujer acudiesen todos los domingos a visitar a la reina y a su hermana, «y las acompañan a diversiones: el teatro, la revista, el circo» sin tomar en cuenta las excusas y advertencias «a si hace calor o frío para ellas, o si se hace tarde». La marquesa, al parecer, pasaba «muchas penalidades […] el pasado domingo los duques lograron entrar en el cuarto de S. M.» aprovechando una breve ausencia suya «y fueron invitados por las propias niñas a que viesen unos tiestos que estaban cuidando[32]».

Las evidentes tensiones que provocaba aquel tira y afloja acabaron convenciendo a los progresistas de que la cuestión de la servidumbre de Palacio había dejado de ser, si es que alguna vez lo había sido, un asunto exclusivamente doméstico. Era un asunto estrictamente político y como tal había de tratarse. La marquesa de Santa Cruz escribió que la prensa la acusaba de no tener «ideas populares» y que se comenzaba a rumorear la necesidad de separar el cargo de aya del de camarera mayor, y de buscar a otra persona «más acorde con la situación[33]». En efecto, tras el nombramiento de Argüelles como tutor, el Gobierno decidió que ocupase el cargo de aya doña Juana de la Vega, condesa de Espoz y Mina. La marquesa podría quedarse como camarera mayor.

Todo eso era más de lo que aquella vieja aristócrata era capaz de soportar. El 12 de julio de 1841 escribió a París solicitando ser relevada de sus obligaciones: «Piénselo V. M. nada podré estorvar y tener que suscribir a cosas que mi honor y mi conciencia repugnen no es de mi carácter […] Todavía no se ha presentado el nuevo Tutor —¡qué escena para mí!— como tantas que llevo presenciadas y que no sé cómo he resistido tragándome las lágrimas con la sonrisa en los labios y la muerte en el corazón […] las Señoras nada saben aún, por su corta edad no comprenden la importancia de estas cosas. Q. quería que yo las previniese pero le he dicho que él estava más en el caso de hacerlo, pues se necesita otra calma que la que tengo[34]».

A María Cristina, según para qué, no le faltaba la calma. En un contexto en que se comenzaba a ver como posible «el desvío» definitivo de Isabel II hacia ella, aconsejada por Muñoz y por Donoso, destacó a este último para que exigiese que el pago de su viudedad fuese a cargo de la nación (mediante una decisión pública de las Cortes) y no recayese sobre el Real Patrimonio, pues «pagándola la nación no habría temor de pleytos y pagándola el Patrimonio hay temor de que los haya […] cuando la parte contraria no está de buena fe». Su temor era que la disminución de los bienes del Real Patrimonio, producto de las leyes liberales, pudiese justificar una posible decisión futura de rebajar (o incluso eliminar) una pensión de viudedad a la que, en realidad, no tenía derecho[35].

Fue Donoso también el encargado de redactar un primer borrador de protesta formal de la exregente por la pérdida de la tutela regia y su transferencia a Argüelles. Al texto definitivo se le añadió, según don Juan, algo de «sal y pimienta», aunque su orgullo de escritor le llevó a quejarse de que el valor literario del documento se había resentido: «A los ojos de los buenos sastres se reconocen los remiendos, es una lástima en escritos que, como éste, han de pasar a la posteridad más remota[36]». El texto definitivo, en todo caso, se convirtió inmediatamente en la bandera de un enfrentamiento abierto entre María Cristina y la regencia de Espartero. Buscando intencionadamente, como había recomendado Donoso, una audiencia amplia, de clase media, en el manifiesto de protesta se mezclan hábilmente los argumentos políticos con los lamentos de una madre a la que le han arrebatado sus hijas:

Me faltan las palabras para expresar toda la extensión del dolor que he experimentado al saber que, al fin, había sido despojada arbitrariamente de la tutela, cuyo ejercicio me aseguraban tantos títulos legítimos y sagrados […] Os habéis arrogado un poder que no nos corresponde: habéis desconocido los sentimientos de la naturaleza y roto sus vínculos en cuanto estaba de vuestra parte; habéis trastornado, habéis infringido todas las reglas de la justicia, y me habéis elegido despiadadamente como víctima, a mí que por conseguir una prudente conciliación, hice, en vano, todos los sacrificios compatibles con mi dignidad y con mis deberes de madre, como lo atestigua particularmente la larga correspondencia que he seguido con vos sobre este objeto […] Declaro: que la decisión de las Cortes es una usurpación de poder fundamentado en la fuerza y en la violencia y que no renuncia a sus derechos como tutora y curadora aunque estén momentáneamente suspendidos por la fuerza […] Declaro nulos y falsos los motivos alegados para quitarme la tutela de mis augustas hijas, despedazando así mis entrañas maternales[37].

El 2 de agosto de 1841, el Gobierno presidido por Antonio González insertó en la Gaceta su contestación al manifiesto de París, en la que se aludía directamente a las noticias acerca del ambiente conspirativo que rodeaba a la exregente y se señalaba que su postura era una apelación directa a la guerra civil. Para el Gobierno, y para el progresismo en general, la Corona y sus representantes no estaban situados por encima de la nación, sino que pertenecían a ésta. María Cristina se había excluido a sí misma como tutora de sus hijas al renunciar a la regencia. Su posición como madre dejaba de tener relevancia política en ese contexto y no le confería ninguna legitimidad ni autoridad —moral o política— frente a la legitimidad y autoridad de la soberanía nacional: «No puede desconocerse que estas princesas, la una como reina y la otra como inmediata sucesora al trono, pertenecen a la nación; y que ellas y su existencia están íntimamente ligadas al sistema político de la Constitución, que las unas no pueden separarse de las otras». Dándole la vuelta a las quejas maternales de la exregente, el ministerio declaraba que, al negarse a someterse a la voluntad de la nación, María Cristina había desamparado a sus hijas y éstas «por consiguiente necesitan amparo»; a proporcionárselo en las condiciones más adecuadas se comprometía el gobierno[38].

A partir de entonces, la batalla por la reina entró en una fase decisiva que tuvo como escenarios principales el Palacio Real de Madrid y la residencia de su madre en París. En el primero de estos escenarios, el nombramiento de Argüelles constituyó el fin de la omnipotencia de la marquesa de Santa Cruz y el inicio de las grandes mudanzas que ésta había temido con la llegada a Palacio, el 1 de agosto de 1841, de la condesa de Espoz y Mina[39].

Doña Juana María de la Vega Martínez tenía entonces poco más de treinta y seis años. Procedía de una familia de comerciantes ilustrados de La Coruña y su padre, tras hacer una fortuna en Cuba, hubo de exiliarse después de participar en la conspiración liberal de Porlier en 1815. Muy activo políticamente durante el Trienio Liberal, vio con satisfacción el apasionado amor entre su hija de 16 años y un hombre mucho mayor que ella, Francisco Espoz y Mina, antiguo guerrillero de la lucha contra los franceses y entonces capitán general de Galicia. Como tantos otros liberales, Juana de la Vega y su marido tuvieron que salir de España al producirse la restauración absolutista de 1823. Fijaron su residencia en Inglaterra y no regresaron hasta la amnistía que concedió María Cristina tras morir Fernando VII. En diciembre de 1836 falleció Francisco y su esposa recibió del Gobierno progresista de Calatrava el título de condesa de Espoz y Mina y vizcondesa de Arado, en honor a los servicios prestados por el general a la causa de la libertad[40].

Juana de la Vega dedicó el resto de su vida a honrar el recuerdo de su marido muerto. Estaba dedicada a la edición de las memorias de Espoz y Mina cuando Argüelles y Salustiano de Olózaga le hablaron de la posibilidad de que «una señora de mis ideas políticas auxiliase en la educación liberal que su majestad, como reina constitucional de España, debía recibir en adelante» en el sentido que avanzó en su momento el manifiesto de la Junta de Madrid del 12 de octubre de 1840[41].

Los círculos moderados de la capital, dentro de los cuales se encontraba inscrita la mayor parte de las damas de Palacio, comenzaron a prepararle a la condesa progresista un recibimiento muy especial. La llamada «conjura de damas» ha sido tradicionalmente considerada un anuncio palaciego de la conspiración moderada de 1841. La propia condesa de Espoz y Mina escribió que se sabía «que éste era el primer paso en una conspiración por parte de la grandeza, unida a los enemigos de la libertad, para poner obstáculos al tutor[42]». Sin duda esto último era cierto, pero la correspondencia diaria entre María Cristina y la condesa de Santa Cruz demuestra que la primera no estaba al tanto de lo que iba a ocurrir y que vivió la decisión de las damas de Palacio de abandonar el servicio de la reina como poco menos que una traición a sus intereses.

Así, cuando la marquesa expresó su deseo de abandonar el servicio de la reina tras la llegada a Palacio de Espoz y Mina, María Cristina le exigió que continuase en su puesto: «Ahora más que nunca necesito de tu vigilancia y de tu zelo, porque esas gentes me declaran una guerra a muerte en vista de la protesta que he creído mi obligación hacer [entre líneas: “de la que te remito un ejemplar”] y pudieran querer vengarse de alguna manera en mis inocentes hijas. Ten por Dios con ellas el cuidado más exquisito y alimenta en su corazón continuamente el amor que deben a su Madre[43]».

El 30 de julio, Santa Cruz informó de que su nueva situación no le permitía estar al lado de la reina y de su hermana de la forma tan íntima en que lo había estado como aya:

Ya conocerá V. M. cual será mi dolor al verme separada del lado de las Señoras a quien tanto amo, a quien he criado desde que vieron la luz […] lo que yo sufrí todo el día, y en el paseo, teniendo que disimular, no es posible espresarlo con palabras, me despedí por la noche como siempre para no aflijirlas, pero aogada en lagrimas […] yo estoi decidida a renunciar al cargo que me han dejado, además de que conozco de que tampoco me lo dejarían mucho tiempo […] yo ahora de nada puedo servir a las augustas Hijas de V. M., el verlas a las horas de tomar la orden es pura forma, y aún así estaría espiada, ni una palabra podría decirles, y las Señoras mismas me preguntarían por qué no voy a su cuarto y al paseo, y podrían aflijirse, y esto aún a costa de mi vida quiero evitarlo, he soportado mucho desde hace 9 meses pero sabía al mismo tiempo que servía a V. M. y a sus Hijas […] recibir orden de otro que de V. M. me es intolerable, en mi desgracia quiero conservar la fidelidad de mi corazón, así pienso solicitar una licencia para pasar a las Provincias con mis hijas para tomar unos baños de mar que tanto necesito.

Tras anunciar que la otra «víctima» era el Patriarca, al ser nombrado confesor de la reina y de su hermana el obispo electo de Tarazona, advierte de que el nuevo tutor recogió las cartas de las niñas para su madre «y que dijo que ahora él se encargaba de la correspondencia, nada les contendrá si Dios no se apiada de nosotros[44]».

La respuesta de María Cristina desde París, el 7 de agosto de 1841 se convirtió en un ruego para que reconsiderase su decisión:

Querida Joaquina. Tu carta […] me ha causado la impresión más viva y dolorosa que de muchos dias á esta parte he recibido, sin embargo de haber sido tantas y tan graves. Arrancadas [mis Hijas] de la persona en quien tenía puesta toda mi confianza y entregadas a otra nueva, enteramente para ellas, y solo conocida en el mundo por el nombre de su marido. Esto atormenta mi corazón de una manera inexplicable; te lo confieso. Conozco que has tenido sobrados motivos para renunciar el cargo de Camarera mayor; yo tal vez en tu caso habria hecho lo mismo, pero sin embargo ponte en mi lugar; considera que soy Madre, y que solo de ti puedo recibir con confianza algunas noticias de ellas pues aunque no las vieses más que una vez al día, y aunque te embarazasen otras personas con su presencia, no dejaría por eso de conocer su verdadero estado que forzosamente habré yo de ignorar de ahora en adelante. Esto aumenta mi afliccion de un modo extraordinario. Por descontado no he recibido sus cartitas por esta estafeta, y no espero que vuelvan a escribirmelas con la sencillez ni con la frecuencia con que lo han hecho hasta aquí. Todo el empeño de esas gentes se cifrará en que me olviden […] ¡Cuánto te hubiera agradecido este ultimo sacrificio de no renunciar al cargo[45]!

Ese mismo día los acontecimientos se habían precipitado y en Palacio estaban tomándose una serie de decisiones cruciales sin consultar a la exregente:

Mi sucesora —escribe Santa Cruz— ya está ejerciendo su destino, va a todas las partes […] le han dado el cuarto del antiguo Preceptor, […] también han nombrado ayer Camarera mayor a la de Belgida, como lo creí desde luego, pues han de querer guardar las apariencias y es la unica en la clase que profesa ciertos principios, y que tiene relaciones de amistad con el que manda en la casa [y añade, significativamente] todos me hacen mucho favor pues mi casa está siempre llena de gente todo el día, esta demostracion publica me sirve de algun consuelo en medio de mi pena […] acaso creían que yo era tan baja que por conservar mi destino me havia de plegar ciegamente á sus arbitrariedades, no, jamas, aunque cupiese mendigar, cada día estoy más contenta de lo que he hecho, ademas de que sé, no se me quería conservar más que una temporada, pues el partido clamaba por mi separacion total, eso no pudiendo ver a mis Señoras, servirlas, cuidarlas, como he hecho hasta aquí, no quiero hir a Palacio, a presenciar y autorizar cosas que me son odiosas. Las Damas tambien Señora se han retirado de todo servicio, pues hir al paseo detrás de la Mina hera demasiado cruel, todas ellas dicen que si hubieran servido personalmente a SM por todo havrian pasado, pero estar en la Cámara mientras por adentro mandan y disponen otras gentes, no pueden estorbar nada, pues ellas no tienen autoridad alguna, les hera imposible, sobre todo despues de la protesta solemne de VM[46].

Las nuevas noticias de la renuncia del resto de las damas de Palacio enfurecieron a la exregente:

Querida Joaquina: cuanto te escribí mi anterior estaba muy distante de creer que tu renuncia del cargo de Camarera mayor, que me fue muy sensible según te indiqué, arrastrase á todas las Damas para seguir tu ejemplo. Ahora lo he visto con gran sorpresa mía, y no puedo menos de confesarte que me ha desagradado sobremanera. Para esta renuncia en cuerpo, de fatales consecuencias, me alegas tú como única razón el ir á paseo detrás de la de Mina era demasiado cruel… ¡Con que el encontrarse algo lastimada en su amor propio es un motivo suficiente para abandonar á su Reyna, y á una Reyna Niña que ningún desaire puede hacerles, y más hallándose en circunstancias tan delicadas y extraordinarias como las presentes! Yo espero que cuando tú y ellas meditéis sobre este paso con la serenidad que ahora os falta, reconoceréis que ha sido mal dado. Habéis dejado la razón al Tutor, para todo lo que haga, y os la habéis quitado a vosotras: ¿Si se muda toda la servidumbre de Palacio quién será ahora el culpable? Vosotras, que les ahorrais la violencia, con la cual debisteis honraros[47].

Poco después, y como había anunciado, la marquesa de Santa Cruz se trasladó a Bilbao y María Cristina perdió una fuente de control fundamental sobre sus hijas. Ahora éstas quedaban casi totalmente en manos de Argüelles y de la condesa de Espoz y Mina. Esta última anotó su sorpresa por el aparentemente nulo efecto emocional que aquellos cambios tuvieron en Isabel II y su hermana: «Si en alguna ocasión muy rara aludían a la aya que habían tenido desde el momento de nacer, no era de aquella manera afectuosa con que, sin casi ninguna excepción, nos acordamos siempre de las personas que nos han cuidado en la infancia». Con disimulada satisfacción, doña Juana revela que, en una ocasión, la reina le dijo, «levantándose de la silla y abrazándome: “Te quiero más que a la otra[48]”».

Respecto a su madre, la nostalgia inicial que mencionó la marquesa de Santa Cruz parecía haber dejado paso a una suerte de indiferencia. Todos los viernes, Isabel II y su hermana recibían carta desde París a través del conducto oficial del ministerio de Estado. Según Espoz y Mina, las niñas contestaban a esas cartas el mismo día y la reina a menudo preguntaba: «Ayita, ¿qué le digo a mamá? Mi respuesta, más o menos variada, era ésta: Señora, lo que vuestra majestad guste. Pero si no se me ocurre nada. ¡Es posible, señora! ¡Para una madre! Permítame vuestra majestad que le diga que para una madre todo es interesante: la salud, los estudios, los paseos y hasta los mismos juegos, todo, en fin; de modo que vuestra majestad tiene siempre asunto con que ocupar sus cartas[49]».

El carácter estereotipado y extremadamente formal de la correspondencia entre la reina y su madre, así como la falta de afecto filial que demostraba Isabel II hacia María Cristina, no dejaba de asombrar a una mujer como Juana de la Vega, educada en los valores y afectos de la clase media: «Por más que yo juzgase que los palacios debilitan las dulces emociones de la Naturaleza y esperara que los sentimientos de la Reina y la infanta no fuesen tan vivos hacia la que les había dado el ser, como lo son, generalmente, los de otras niñas de su edad, creía yo que a cada momento la nombrarían y se lamentarían de su ausencia, y si hubiera sido así no hubiera ciertamente procurado disminuir afectos que tanta simpatía hallaban en mi modo de pensar». Sin embargo, para sorpresa de doña Juana, las niñas apenas hablaban de su madre y «ni una sola vez las vi afligidas con la idea de que no volviese a verlas. En dos distintas ocasiones me preguntó su majestad si creía que su mamá volvería, mi contestación fue que lo ignoraba. La réplica de su majestad fue: Ayita, yo creo que no[50]».

La prudencia más elemental obliga a tomar las reflexiones de la condesa con cuidado. Como todos los testigos, y especialmente en el contexto de la pugna política por el control de la reina que se libró en aquellos años, Juana de la Vega era parte interesada de la historia que contaba. Sus memorias fueron concebidas como una vindicación personal, y de su partido, ante las acusaciones moderadas y palaciegas de haber mantenido secuestradas a la reina y a su hermana, y haberlas forzado a alejarse de su antigua servidumbre y de su madre. Sin embargo, todo lo que sabemos acerca de la integridad del carácter de Juana de la Vega y de las relaciones existentes hasta el momento entre Isabel II y su madre, abunda en la impresión de que entre la regente y la reina sólo había una relación básicamente formal que poco tenía que ver con el amor materno-filial que tanto echaba en falta una señora del origen social de Juana de la Vega.

A lo largo de sus Apuntes resulta evidente la repulsa que suscitaban en la condesa los modos de educación aristocráticos que, a su juicio, pervertían las relaciones familiares al sustituir el trato y el afecto cotidianos por el orgullo de pertenencia a un linaje privilegiado. En el caso de Isabel II y de su hermana, las particulares condiciones de vida de María Cristina, la existencia de otro marido y otros hijos, debieron de agudizar sin duda su distancia personal y afectiva con las herederas de Fernando VII. Otra cosa es que el discurso de la maternidad amante y frustrada no fuese un discurso disponible en aquellos momentos, en tanto que formaba parte de la creciente capacidad de imposición de valores de la clase media. No es casualidad que fuese Juan Donoso Cortés, otro destacado representante de aquellos sectores sociales ascendentes —que pugnaban por imponerse sobre los modos de vida aristocráticos y apropiarse, entre otras cosas, de la misma monarquía—, quien pusiese en boca de María Cristina las expresiones más afortunadas al respecto[51].

En todo caso, algunas preguntas siguen, y probablemente seguirán siempre, sin respuesta definitiva. ¿Qué grado de malestar por su situación podían expresar la reina y su hermana en una correspondencia tan pública y tan ritualizada? ¿Qué grado de disimulo o de espontaneidad presidía sus relaciones con la condesa de Espoz y Mina y con el resto de la servidumbre de Palacio? ¿Qué grado de cálculo podía existir en aquella falta de manifestaciones de afecto hacia su madre?

El ambiente de intriga y disimulo en que habían sido criadas, y en el que seguían viviendo, debió influir sin duda en lo que se permitían decir o hacer Isabel II y la infanta Luisa Fernanda. Hasta qué punto podían, a su edad, interpretar las tensiones que percibían a su alrededor, y de qué forma respondían a ellas, no lo sabremos nunca a ciencia cierta. En todo caso, lo que sí sabemos es que fue precisamente la pérdida de control sobre lo que sucedía en Palacio lo que precipitó la conspiración de octubre de 1841, y que tanto la marquesa de Santa Cruz como Inés Blake estuvieron implicadas en el intento de «rescatar» por la fuerza a Isabel II y a su hermana de sus cuidadores progresistas. Aquellos sucesos marcaron un antes y un después, tanto en la regencia de Espartero, como en la estrategia moderada, y también en el matrimonio Muñoz respecto a la forma de hacer caer el régimen progresista y recuperar el poder perdido en 1840.

Durante todo aquel verano, no sólo el Gobierno estaba sobre aviso de que algo iba a ocurrir, sino que (según la condesa de Espoz y Mina) en el ambiente de Palacio se respiraba un nerviosismo inusual. La trama de la conspiración se había conformado en París, en Madrid y en el País Vasco. Fernando Muñoz actuó claramente como representante de María Cristina, y su agente fundamental en Madrid fue Juan Donoso Cortés. Para Donoso, la debilidad política de Espartero era evidente desde el mismo momento de la apretada votación a favor de la regencia única: «La victoria conseguida por el Duque es como la última del Cid: una victoria conseguida por un muerto. Estoy asistiendo a un espectáculo curioso por demás, y del que si V. me ayuda podremos sacar grande provecho. Todos los antiguos partidos se disuelven a ojos vista. El moderado está dividido; el exaltado dividido; el ejército dividido; parte de los moderados se van a Espartero; parte del ejército con la República; parte de los republicanos, por odio al Duque, con Doña María Cristina que para ellos es como irse con el diablo. Éste es el campo de Agramonte. Los más se mueren de miedo porque no saben en que han de venir a parar estas cosas: yo que sé en que han de venir me muero de risa[52]».

Con su peculiar arrogancia, don Juan aconsejaba a Muñoz que se mantuviese a la expectativa: «La ayuda que de V. exijo es que se divierta en París, en París, entiende V. y que se cruce de brazos echándose a dormir plácidamente: esto es lo único que exijo por ahora, ¿le parece mucho? […] también le receto sueño hasta que le tire del brazo[53]». Quienes tirarían del brazo de Muñoz y su mujer no serían, sin embargo, como a veces se ha dicho de forma excesivamente general, los moderados. Al menos, no los moderados en su conjunto. En realidad, la primera gran insurrección contra Espartero se gestó en los ambientes más reaccionarios del partido, representados por el marqués de Viluma, el brigadier Juan de la Pezuela, futuro conde de Cheste, o el muy exaltado coronel Diego de León. Para ese sector, que rozaba el antiliberalismo, había llegado el momento de buscar la colaboración de los carlistas más moderados; en especial, de una serie de militares descontentos con el incumplimiento de lo prometido en Vergara sobre la integración y el mantenimiento de los grados y sueldos de los oficiales del viejo ejército de don Carlos.

Por ello, se decidió que la insurrección comenzase en las provincias vascas, y se hicieron promesas explícitas de reconciliación política, alejadas del «viejo pasteleo» moderado y destinadas a instaurar una monarquía enérgica, defensora de la autoridad, la religión y los fueros vascos. Es cierto que algunos moderados insignes, como por ejemplo Andrés Borrego, Alcalá Galiano e Istúriz, y militares como Narváez, Concha o incluso O’Donnell, estuvieron involucrados de una manera u otra en la conspiración. En todo caso, el carácter abiertamente reaccionario del movimiento a favor de una renovada regencia de María Cristina, palpable en la correspondencia privada de aquellos meses, tendía potencialmente a aislar a los sectores más templados del moderantismo o, al menos, a colocarlos en una posición secundaria e instrumental[54].

Los fondos provinieron de París, con el apoyo de financieros como Carriquiri o Gaviria, coordinados por Fernando Muñoz. María Cristina aportó algo más de ocho millones de reales[55]. El plan consistía en una serie de alzamientos militares en las provincias vascas, en Aragón, Andalucía y, finalmente, en Madrid. Para propiciar el alzamiento madrileño era fundamental hacerse de forma inmediata con el control de Palacio y, en caso de no lograr sublevar rápidamente la capital, apoderarse de la reina y de su hermana trasladarlas a Vitoria y, si era necesario, a la frontera francesa. Ya el 22 de mayo de 1841, Fernando Muñoz había advertido que María Cristina tan sólo se comprometería abiertamente en una insurrección «si la Reyna Isabel 2.ª estuviese al lado de la Augusta Madre en Francia […] puesto que sus deberes serían los de obrar personalmente para reconquistar a la Hija un trono que hubiera perdido[56]».

El descubrimiento de la trama conspirativa por parte del Gobierno precipitó el pronunciamiento de O’Donnell en Pamplona, seguido de otros en Vitoria, Vergara, Bilbao y Zaragoza en los primeros días de octubre. La descoordinación y la falta de entusiasmo por parte de la población fue la tónica general. Las grandes ciudades jamás fueron controladas completamente y Narváez, sin apoyos en Andalucía, no llegó a levantarse. El 6 de octubre, desde Bourgues, don Carlos lanzó un manifiesto en el que negaba su colaboración y corroboraba por lo tanto el comunicado de Cabrera desde Hyeres, quien el 17 de julio ya había advertido que la dirección carlista no había llegado a ningún compromiso con la exregente[57].

El 7 de octubre, en un ambiente de precipitada huida hacia delante, el general Concha se decidió a asaltar el Palacio Real al mando del regimiento de la Princesa. Incluso Juan de la Pezuela y el general León llegaron tarde y sin tropas a su mando. «Esta clase de comedias, escribió el primero, hay que representarlas sin ensayos. Nosotros creíamos que la Guardia Real era toda nuestra y no debe juzgarse del valor de nuestros cálculos por el resultado[58]».

Los cálculos, en efecto, eran errados. Las tropas de Concha tropezaron con la resistencia numantina de los alabarderos que, al mando del coronel Dulce, guardaban el acceso a las dependencias reales. Durante más de once horas, se intentó la negociación y se intentó la fuerza. Finalmente, la Milicia Nacional, al mando del diputado Manuel Cortina, acabó resolviendo la situación rodeando el palacio y obligando a sus asaltantes a huir precipitadamente y desperdigarse por Madrid y las inmediaciones.

Aquella noche del 7 de octubre de 1841, Isabel II estaba a punto de cumplir once años y, según el relato de la condesa de Espoz y Mina, vivió su intento de «rescate» envuelta en una aterrorizada confusión respecto a quiénes y con qué objeto la buscaban. Así, tras la primera descarga de los asaltantes, los cristales de la galería que comunicaba la gran escalinata del palacio con los aposentos reales saltaron en añicos. Al parecer, la reina se arrojó en brazos de la condesa preguntándole si eran carlistas los que querían entrar. «Señora, facciosos no los hay», contestó doña Juana. «¿Pues quiénes son? ¿Qué me quieren? ¡Esto es por nosotras!», gritó Isabel II, mientras su hermana lloraba convulsa en los brazos de Inés Blake: «¡Quiero saber lo que hay! ¡Estaré más tranquila si me lo dicen!»[59].

Para evitar riesgos, la reina y la infanta con sus camaristas (la teniente de aya, el profesor de canto y doña Juana de la Vega) atrancaron todas las puertas y se sentaron lejos de las ventanas. Pronto oyeron fuertes golpes en el salón situado inmediatamente debajo de sus habitaciones. Los asaltantes trataban, al parecer, de derribar un tabique para forzar la entrada de la escalera interior que subía a la cámara de la reina. La condesa aleccionó a Isabel II y a Luisa Fernanda de que, si los asaltantes conseguían sus propósitos, «dejaríamos que llegasen hasta la puerta interior, y entonces se les diría que no hiciesen violencia, que se les abriría y que llegado el caso, su majestad, tan serena como pudiese, debería preguntarles lo que pretendían, y en vista de la contestación se procedería».

Por primera vez en lo que habría de ser una escena recurrente en su vida y que tan sólo había quizás entrevisto durante la sublevación de La Granja, Isabel II vivió en primera persona la estrecha relación existente en la España de su época entre política y violencia. Una conexión que demostraba entonces, y demostraría después, las enormes dificultades para lograr un pacto de mínimos entre las diversas familias liberales, y entre éstas y la Corona. La sensación de riesgo físico como algo inherente a su situación acompañaría ya para siempre a la reina. En aquella ocasión, cuando ésta y su hermana habían logrado conciliar el sueño, una bala entró en la alcoba, estrellándose contra una contraventana situada encima de la cama de la infanta Luisa Fernanda. La condesa de Espoz y Mina decidió que se trasladasen a uno de los múltiples pasadizos de aquel laberíntico palacio, allí donde el espesor de las paredes podía darles mayor seguridad.

Poco antes de dormirse en un colchón habilitado en el suelo, la reina repitió «con el mayor candor, dos o tres veces, “Aya, voy a mandar un recado al duque de la Victoria para que venga”». Doña Juana salió en dos ocasiones a hablar con los defensores y rechazó su ofrecimiento de que trasladasen la defensa al cuarto de la reina por temor a ponerla en mayor peligro. Finalmente a las seis y cuarto de la madrugada cesó el fuego y poco después les comunicaron que los asaltantes habían huido y que podían quedar tranquilas.

Al día siguiente las niñas fueron atendidas por su médico, don Pedro Castelló; y hubo besamanos y vítores a la reina, quien salió al balcón para ver desfilar a las tropas y a la Milicia Nacional. Narváez, Concha, Pezuela y O’Donnell consiguieron exiliarse. Menos suerte tuvieron Montes de Oca, Fulgosio, De León, Gobernado, Quiroga, Boria y Borso di Carminati, que fueron fusilados. La llamada «sangre de octubre» acabó de enajenar a Espartero la confianza de buena parte del ejército, al contravenir la regla no escrita de respeto mutuo de la vida entre los altos oficiales. Dos camaristas y la propia marquesa de Santa Cruz, que se hallaba entonces en las provincias vascas y cuyo hijo había participado en el alzamiento, fueron detenidas y juzgadas por complicidad con los hechos. La condesa de Espoz y Mina se limitó a anotar: «No me puedo persuadir que haya una madre que autorice este atentado[60]».

Todo podría haber quedado ahí, desde el punto de vista de la interpretación de Isabel II de lo ocurrido, pero no fue así. En Palacio quedaba aún mucha servidumbre afecta a María Cristina, encabezada por Inés Blake y por la camarista Amparo Sorrondegui, una joven de dieciocho años, hermana de una de las encausadas y miembro de una familia especialmente cercana a la exregente. Aquellas damas, sorprendentemente confirmadas en sus puestos tras los acontecimientos de la noche del 7 de octubre, hicieron lo imposible para que la reina conociese «la verdad» de lo sucedido y por implicarla en la gran campaña que se organizó para salvar la vida al aristocrático general Diego de León, conde de Belascoaín. Cuando éste se hallaba ya en capilla, varias damas de la aristocracia, oportunamente acompañadas por dos niñas sobrinas del general, pidieron a Isabel II que intercediese ante Espartero para salvarle la vida. Espoz y Mina intervino rápidamente y logró evitar «que se comprometiese a la reina en ese sentido». La escena, tal y como la escribió doña Juana, permite entrever a una niña de once años mirando alternativamente a la marquesa de Zambrano, a sus acompañantes y a Espoz y Mina, sin saber exactamente qué debía hacer y decir, rodeada de súplicas por una parte y de silencio y desaprobación por otra. La condesa le recordó a la reina que, en tanto menor, nada podía hacer sin la aprobación de su tutor. Argüelles, finalmente, permitió que, unas horas antes del fusilamiento, Isabel II enviase a Espartero la petición de las valedoras de De León, pero sin añadir una exigencia propia de indulto[61].

Las presiones sobre la reina no acabaron allí. Su tutor propuso que se recompensase a Dulce con el nombramiento de gentilhombre de cámara y que la reina en persona le entregase a él y al teniente general Barrientos una espada como recuerdo de su valor y lealtad. Isabel II comenzó a ensayar «de buena gana» el discurso que debía pronunciar en aquel acto. Sin embargo, un día antes y para sorpresa de todos, se negó a pronunciarlo. Entre lágrimas y muy agitada dijo: «Ayita, yo no podré decir la arenga […] ella sí quería dar la espada, pero no podía decir lo que estaba convenido». Al día siguiente, sin embargo, cambió de opinión y pronunció el discurso acordado, con impaciencia y alegría.

Poco después, la condesa averiguó lo sucedido. Según la versión de la propia Isabel II, la camarista Amparo Sorrondegui le había advertido de que su madre no querría que declarase nada a favor de Dulce. «¿Qué te parece que le sucederá ahora a Amparo?», preguntó la reina a doña Juana cuando fue advertida de «la gravedad de los hechos». Cuando le dijeron que probablemente sería despedida, su respuesta fue simplemente: «A mí no me importa[62]». Sin embargo, y por razones que se nos escapan, Amparo Sorrondegui siguió sin ser despedida. El error lo pagaron caro quienes tomaron aquella sorprendente decisión. A partir de entonces, la joven camarista se convirtió en la más valiosa espía y confidente de María Cristina, actuando a través del ubicuo Donoso Cortés, quien también salió indemne de todo el asunto.

Así, en una carta reservada de Donoso a Muñoz tres años más tarde, el primero refiere una entrevista suya con Sorrondegui en la cual ésta le informó de lo difícil que era saber lo que pensaba la reina de «los acontecimientos de una noche funesta […] porque es muy reservada, pero como a nadie a oído sobre aquellos sucesos si no a los que han tenido interés en desfigurarlos, es probable que crea todo lo que han querido hacer creer». Extrañado por aquella reserva, Donoso fue informado de que «la Dueña [Espoz y Mina] es mujer de muchísimo talento que no la deja sola […] si alguna vez viene conmigo aquella personita al retrete, viene dando priesa al momento, sin dar lugar para que crucemos dos palabras». A la pregunta de Donoso de si la reina quería mucho a doña Juana, Amparo Sorrondegui avaló, al menos en parte, los recuerdos de Espoz y Mina: «[La quiere] mucho, a lo menos se desace con ella en caricias: esto consiste —añade— en que la deja hacer cuanto se le antoja, sin irla nunca a la mano». Además, según Sorrondegui, la condesa y el nuevo confesor habían conseguido imponer a Isabel II y su hermana —tras los sucesos de 1841— un grado de reserva casi total sobre sus sentimientos y opiniones.

La labor de la camarista se había complicado sustancialmente desde entonces, pero, urgida por Donoso, afirmó que ella opinaba que la reina «no creyó nunca en la traición de cierta víctima ilustre: porque algún día, hablando de él con lágrimas en los ojos, dijo que se acordaba de lo hermoso que era puesto a caballo: y de que su Madre señalándole con el dedo le había dicho en una ocasión: mira, éste te quiere mucho y será tu defensor siempre, pero como yo no he podido entrar nunca en materia, y como ella no se ha explicado ya, no sé hasta qué punto la tendrán embaucada en este negocio[63]».

Tampoco nosotros podemos saber exactamente hasta qué punto Isabel II era plenamente consciente de lo que pasaba a su alrededor. Lo que es evidente es que buena parte del esfuerzo educativo de la condesa de Espoz y Mina quedó oscurecido por su necesidad de vigilar sin cesar a unas niñas que recibían constantemente versiones encontradas respecto a su situación y a la de su madre. En ese contexto, y durante unos años cruciales, la intriga, la desconfianza y el ocultamiento se convirtieron en ingredientes habituales de su formación moral. Los efectos que todo ello tuvo en el carácter de Isabel II, y en su concepción de las relaciones posibles con su entorno, no dejarían de hacerse sentir a lo largo de su reinado. ¿En qué medida pudieron Quintana, Argüelles y la condesa de Espoz y Mina contrarrestar aquel ambiente y aquellas influencias morales? ¿Qué tipo de educación había recibido la reina hasta el momento y qué cambios significativos introdujeron los progresistas en el breve tiempo que estuvieron a su lado?

Lo que sabemos sobre la educación de Isabel II es poco y contradictorio. Todo apunta, sin embargo, a que la primera monarca constitucional de la historia de España recibió una educación breve, rudimentaria en los contenidos, carente de disciplina, muy condicionada por su sexo y prácticamente nula en lo referente a la formación política elemental necesaria para ejercer su cargo[64].

El periodo de instrucción formal de la reina abarcó de los siete a los trece años de edad, cuando fue declarada mayor de edad. Los primeros datos que poseemos al respecto proceden de 1837, cuando sus estudios consistían en lecciones de primeras letras y conocimientos elementales de aritmética y geografía impartidas por el maestro José Vicente Ventosa, clases de danza con la francesa Clare Brunot, piano con Escolástico Facundo Calvo, labores de aguja con Marie Ventosa (de soltera, Brochot), francés con Antonio Cassou, dibujo con Bernardo López (hijo del pintor de cámara Vicente López, quien, tras su traslado a Valencia, fue sustituido por la señora Brunot) y, finalmente, historia sagrada y religión impartidas por Manuel Joaquín Tarancón y por el Patriarca de Indias.

A partir de algún momento de finales de la década de 1830, la reina comenzó a recibir clases de italiano y de canto —que al parecer eran sus preferidas— del maestro mallorquín Francisco Frontera, conocido como Valldemosa. Con la excepción de las lecciones de solfeo, en las que era imposible apreciar el más mínimo progreso, las calificaciones que presentaron sus maestros (acordes o no con la realidad) resultaron ser invariablemente excelentes durante los años de la regencia de María Cristina[65].

La propia regente había entregado a la marquesa de Santa Cruz unas instrucciones manuscritas detallando los horarios que debía exigir a sus hijas. Excepto en lo más crudo del invierno, la reina y su hermana deberían levantarse a las seis y media de la mañana, y practicar equitación durante una hora, tras lo cual oirían la misa diaria y almorzarían. Después del almuerzo, atenderían a las lecciones de la mañana con las materias antes señaladas distribuidas entre los cinco días de la semana. Los jueves y los domingos tendrían instrucción religiosa especial con el Patriarca de Indias durante una hora, con enseñanza de historia sagrada por medio de estampas. Todos los días de cinco a siete se reservarían dos horas «para paseo o diversión si hace mal tiempo». Excepto los domingos, que estarían autorizadas a acostarse y levantarse más tarde, los demás días la hora de retirarse sería las nueve y media de la noche[66].

Cuando la condesa de Espoz y Mina llegó a Palacio en el verano de 1841, aquel horario, si alguna vez se había cumplido, ya hacía tiempo que se había dejado de seguir. La reina y su hermana se levantaban a las nueve de la mañana y empleaban más de una hora en arreglarse, y un tiempo similar a almorzar y oír misa. El escaso tiempo restante antes de la comida se invertía en las lecciones y era frecuente que fuesen acortadas o suspendidas con cualquier pretexto. Después de la comida, se entretenían jugando hasta las cinco de la tarde, cuando atendían a una lección de piano y solfeo que la reina odiaba especialmente. Tres veces por semana las lecciones de música se alternaban con las de religión. Luego salían a pasear (en verano) y, al regresar, recibían la lección favorita de Isabel II, la de canto. Cenaban y se acostaban en torno a las nueve y media de la noche; aunque a veces mucho más tarde.

Dentro de este régimen, los saberes fuertemente feminizados (las labores de aguja de todo tipo y las lecciones de música, canto y baile, junto con la religión) ocupaban la mayor parte del tiempo invertido por la reina y la infanta a lo largo del día y de las semanas. Las breves lecciones restantes consistían en ejercicios de escritura en español, elementos de gramática castellana, geografía y traducción del francés «en todo lo que se empleaba poquísimo tiempo». El resultado era que, aunque leían con soltura, sus lagunas gramaticales y ortográficas obligaban «casi siempre a enmendar faltas de este género en cualquier escrito suyo» y estaban completamente atrasadas en aritmética, «pues apenas conocían la primera regla». Leían francés con buen acento pero mostraban una «aversión marcada» por el idioma y tenían dificultades serias con su escritura y traducción[67].

Junto a aquellas carencias existían otras que demostraban el descuido general a que habían sido sometidas la reina y su hermana durante la regencia de María Cristina. Sus modales en la mesa eran deplorables y parecía que nunca habían sido corregidos, entre otras cosas porque jamás hasta el momento habían visto comer a un adulto (exceptuando a su madre y sólo durante el viaje a Barcelona y Valencia). Su tendencia a imponer su voluntad y sus caprichos estaba muy arraigada y tolerada por el conjunto de la servidumbre. La condesa lamentaba sinceramente la forma en que se habían pervertido unas cualidades personales que nunca dejó de alabar: «Eran ambas sencillas y muy afectuosas, y no se les conocía el menor asomo de orgullo; pero estas excelentes cualidades […] estaban, por decirlo así, eclipsadas por una gran indolencia y caprichos pueriles, excusables sólo en la infancia[68]».

En todos los terrenos, pues, desde el intelectual hasta el de la madurez emocional, la formación de Isabel II y su hermana era pésima en el momento en que la condesa de Espoz y Mina se hizo cargo de ellas. Su valedor, el muy anglófilo Salustiano de Olózaga, confiaba en que doña Juana fuese capaz de producir una nueva reina Victoria. Sin embargo, era quizás demasiado tarde y los obstáculos demasiado grandes y arraigados en la cultura de la Corte española. De hecho, si comparamos la educación planeada para Isabel II con la que recibió Victoria lo que más llama la atención no son tanto los contenidos como el ambiente emocional y moral en que se desarrolló la formación de ambas; así como la muy distinta adecuación entre diseño formal y práctica educativa.

En el palacio de Kensington, la madre de la reina, la duquesa de Kent, y su institutriz, la baronesa Lehzen, ejercieron una tutela tan cercana emocionalmente como rigurosa con los horarios y los deberes previstos. Es cierto que el nivel de lecturas requerido y la competencia en idiomas fueron mayores que en el caso de Isabel II, pero hay que tener en cuenta que la segunda abandonó completamente sus estudios antes de los trece años y que la reina Victoria los prolongó hasta los dieciocho. Sin embargo, la diferencia fundamental no residió ahí. Lo más notorio fue la falta absoluta de disciplina formal y moral en que se educó la reina Isabel: la perversión constante de los preceptos previstos en la teoría, el incumplimiento sistemático de todos los planes y horarios establecidos que, en sí mismos y de haberse llevado a cabo, podrían haber producido resultados muy distintos. Por otra parte, y como ya he apuntado, en el palacio de Madrid habían brillado siempre por su ausencia una serie de valores morales que constituyeron, según todos sus biógrafos (incluso los más críticos), el núcleo de la educación de la reina Victoria: la discreción, la regularidad, el decoro y, sobre todo, un arraigado sentido del deber. La devoción cristiana —que en ambos casos fue considerada prioritaria— tuvo también connotaciones y prácticas muy distintas, tantas como podían existir entre el sobrio luteranismo predicado y practicado por la baronesa Lehzen y el manierismo y las supersticiones de la marquesa de Santa Cruz y de la Corte española[69].

Más concomitancias, en algunos aspectos, pueden encontrarse entre la educación de Isabel II y la de María da Gloria, la reina portuguesa, quien llegó al trono en unos años y unas circunstancias políticas similares. En este último caso, la falta de método y de sistema educativo fue también evidente y estuvo agudizada por los frecuentes cambios de residencia, desde Brasil a Portugal, pasando por Inglaterra, Viena y Francia. Sin embargo, precisamente aquellos viajes, y sus contactos con las cortes correspondientes, convirtieron a María II en una mujer mucho más acostumbrada al trato con sus pares y a un cierto cosmopolitismo del que siempre careció Isabel II. La reina María demostró un interés por los estudios tan escaso como Isabel II, pero, al menos, pudo escuchar de labios de su propio padre que éstos eran fundamentales para poder ejercer su función de reina constitucional. En un siglo, escribió Pedro IV, «en que los pueblos están más ilustrados y ya no se tragan patrañas, es menester que sus reyes merezcan, por sus cualidades, virtudes y saber, el respeto de sus súbditos, y no por su nacimiento que de nada vale desde ahora en el mundo libre». Para el emperador de Brasil era importante que su hija fuese consciente de que, sin sistema constitucional, «no serías reina[70]». Otra cosa es, por supuesto, que doña María, profundamente devota y autoritaria en sus maneras personales, demostrase siempre sus preferencias por los sectores más conservadores del liberalismo.

Esta última cuestión merece cierta atención. La reina María y la reina Victoria compartieron, por ejemplo, la lectura de las Directions and Advices escritos por el tío de la segunda, el rey Leopoldo de Bélgica, para el esposo de María da Gloria, el príncipe Fernando de Sajonia-Coburgo. En aquellas notas —ampliadas con las Observations Générales enviadas expresamente a su sobrina—, el rey Leopoldo demostraba sin duda la voluntad de todos los reyes de la época por preservar —y a ser posible ampliar— sus prerrogativas constitucionales. Sin embargo, precisamente por ser éstas concebidas como constitucionales, las advertencias del rey de los belgas se movían en un ámbito muy distinto al del absolutismo de la Corte española. Su objetivo era inculcar la necesidad de que los «nuevos monarcas […] se muevan con su tiempo», reconceptualizando la monarquía en términos netamente liberales y hasta, podríamos decir, burgueses. En una carta a la reina Victoria al inicio de su reinado, escribió: «Eres demasiado inteligente como para no saber que el ser llamado Rey o Reina no tiene la menor consecuencia […] Todos los oficios deben aprenderse y el oficio de rey constitucional, para hacerlo bien, es un oficio muy difícil». Un oficio que, según sus propias palabras, requería el aprendizaje y la conciencia de encontrarse en un «mercado político de poderes» que debían negociar y respetarse mutuamente[71].

Nada de todo esto estuvo realmente al alcance de Isabel II, o al menos lo estuvo tan sólo de forma breve y entrecortada. En la cultura monárquica, fuertemente patrimonial, que rodeó a Isabel II desde su infancia —y que compartía abiertamente María Cristina— el oficio de rey no se contemplaba como un aprendizaje, ni siquiera en realidad como un oficio, sino como una situación que procedía de la cuna, del nacimiento. Se nacía reina y eso era suficiente. Cualquier otro planteamiento habría significado una aceptación de las reglas de la monarquía constitucional que siempre fueron vividas como una imposición externa por la Corte española. Por ello, Isabel II fue educada, básicamente, no como reina constitucional, sino como una dama de la alta sociedad y las ocasionales iniciativas de educación femenina mucho más elaboradas —que podían encontrarse entre algunas mujeres de clase media, como la propia Espoz y Mina— resonaron apenas como un eco en el ambiente general de Palacio durante el corto período en que la condesa tuvo alguna influencia sobre él[72].

Teniendo en cuenta sus antecedentes, buena parte de los esfuerzos de Espoz y Mina debieron volcarse en tratar de educar a la reina y a la infanta en los valores de un cierto humanismo cívico —de corte progresista, pero también profundamente cristiano—, dentro del cual el sexo de las princesas no resultase un obstáculo para una sólida formación basada en la virtud, el mérito, la inteligencia y la ilustración. La insistencia de la condesa en otro valor que consideraba fundamental, la caridad, debe entenderse en ese contexto. Doña Juana convirtió la lectura de los memoriales de petición de ayuda a la reina —para responderlos existía en aquel momento un presupuesto de dos mil reales— en una «lección práctica de moral», y los aprovechó para «hacerles explicaciones sobre la suerte general del pueblo, sus necesidades y algunas de sus causas, que tan exquisito cuidado se tiene en ocultar a los que pueden y deben remediarlas[73]».

De la misma forma, Espoz y Mina trató de inculcar en la reina y en su hermana el gusto por un contacto lo más directo posible con la población, «perdiendo el aire frío y desapacible que tan poco agrada al público» y advirtiéndolas de que «los pueblos no juzgan de las buenas cualidades de sus reyes sino por los beneficios que de ellos reciben, y de su amabilidad y agrado, por el semblante con que se presentan en público […] en el estado actual de la civilización, los reyes no pueden mandar como otras veces pues su verdadera fuerza ha de ser el cariño y el respeto de sus súbditos[74]».

A pesar de la obligada prudencia de la condesa en materia política, sus advertencias y sus consejos, incluso los relacionados con la religión —ofrecidos «procurando no cansarlas con explicaciones muy largas que, por lo común, producen en los primeros años fastidio»—, contrastaban sin duda con la fuerte concepción patrimonial de la monarquía de la Corte. Doña Juana de la Vega aprovechó ciertamente su trato íntimo y cotidiano para tratar de inculcar en la reina algunas normas generales de política dentro de una concepción global de la monarquía como institución dedicada al bien general de la nación: «Mézclanse siempre estas explicaciones con algunos ejemplos tomados de la Historia, ora sea para evitar errores cometidos, ora sea para imitar virtudes practicadas, presentando siempre, sin desviarse de la verdad, el recuerdo de los inmensos sacrificios que esta nación ha hecho por las instituciones y su reina, y el derecho que por ellos ha adquirido de que se le conserven su libertad e independencia, sin permitir que sean menoscabadas por influencias extranjeras».

Para Juana de la Vega, tanto la reina como su hermana estaban dotadas de «tanta capacidad y penetración como puede desearse a su edad» y mostraban en general «bastante docilidad y escuchan sin prevención las insinuaciones que se les hacen, tanto en materias que tienen relación con su educación moral y religiosa, como política, pues que de la manera más comprensible y adaptada a su edad se les hacen explicaciones sobre el estado de la nación y las instituciones que la rigen[75]». ¿Qué llegó a comprender Isabel II respecto al carácter de sus funciones como monarca constitucional? Cuando, ya anciana, trataba de explicarse (y vindicarse) ante Benito Pérez Galdós, le confesó (o le indujo a pensar) que las personas que tuvo a su lado «no sabían una palabra de arte de gobierno constitucional: eran cortesanos que sólo entendían de etiqueta, y como se tratara de política, no había quien les sacara del absolutismo. Los que eran ilustrados y sabían de constituciones y de todas esas cosas, no me aleccionaban sino en los casos que pudieran serles favorables, dejándome a oscuras si se trataba de algo que mi buen conocimiento pudiera favorecer al contrario […] ¿Qué podía hacer yo, jovencilla reina […] no viendo a mi lado más que personas que se doblaban como cañas, ni oyendo más que voces de adulación que me aturdían?»[76].

Sin duda olvidaba, interesadamente, los tenues rayos de luz que logró introducir la condesa de Espoz y Mina entre la niebla absolutista que rodeó su infancia y primera adolescencia. En todo caso, en 1843, en vísperas de que se declarase la mayoría de edad de Isabel II, a la imprudente edad de trece años, un preocupado Donoso Cortés escribió a Fernando Muñoz: «La educación de la Reyna está perdida sin remedio porque no hay quien la haga estudiar. Creo que a su Madre misma le sería imposible conseguirlo: todo lo que se intente en este punto es inútil […] ¿Sabe V. lo que puede resultar de aquí? Que el día de mañana vienen unas Cortes revolucionarias y viendo que lo ignora absolutamente todo pueden declararla incapaz[77]».

Entre toda la documentación que he consultado, tan sólo otro personaje del entorno de la reina en aquellos años, el maestro Ventosa, hizo explícita su preocupación por la educación constitucional de Isabel II. De hecho, llamó ruidosamente la atención sobre ella. Juan Vicente Ventosa era un personaje peculiar. Durante años fue la única influencia netamente liberal de Palacio y a él debemos una extensa Memoria en la que, con un propósito vindicativo similar a los Apuntes de Espoz y Mina, se detallan las características de los estudios reales, así como la evolución de éstos y las dificultades y fallos que su autor observaba en los mismos. Como en el caso de Espoz y Mina, aunque con razones distintas, la memoria de Ventosa consideraba que la educación de la reina presentaba todo tipo de lagunas y que las disparidades políticas y de criterio de su entorno habían tenido una nefasta influencia en ese aspecto[78].

Ventosa había sido teniente del ejército durante la guerra contra los franceses en la que fue hecho prisionero e internado en Francia. Regresó al acabar la guerra, pero, al parecer debido a sus ideas liberales, hubo de trasladarse de nuevo a ese país, donde se casó con Marie Brochot, estableció junto a ella un colegio en Normandía y más tarde se instaló en París como profesor. Por recomendación de un eclesiástico que enseñaba español a los hijos de Luis Felipe, fue llamado a Madrid, junto con su esposa, por el instructor Juan Cabo y nombrado, el 3 de agosto de 1836, maestro de primeras letras y nociones elementales de la reina y su hermana, mientras que su mujer se encargaba de las labores y de apoyar la educación en francés[79].

Nada más llegar, y según sus propias palabras, comenzó a poner en práctica un método de enseñanza «enteramente nuevo […] con el objetivo de colaborar patrióticamente en la adecuada educación científica y política» de Isabel II, «especialmente ad hoc con respecto al fin, al rango, al sexo y a la posición particular de la augusta alumna». Dicho método consistía, en primer lugar, en eludir cualquier «molestia o fastidio (manantiales ordinarios de la aversión que comúnmente tienen los niños al estudio)» y, en segundo lugar, en crear un sistema progresivo y completo de aprendizaje que formase una «cadena filosófica de los conocimientos humanos» para lo cual era necesario «que sus eslabones estuviesen en una graduación natural y bien entendida» de manera que su conjunto «presentase cierta unidad de acción o cuerpo de ciencias elementales, de modo que tanto por su esencia como por sus accidentes constituyera un sistema racional de estudios[80]».

Es probable que, durante su experiencia francesa, el maestro Ventosa entrase en contacto con las novedades pedagógicas de Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) y de su alumno Friedrich Fröebel (1782-1852), pioneros de las llamadas «Escuelas Nuevas» y de los métodos activos de aprendizaje[81]. Buena parte de sus escasas indicaciones —y, también, de las críticas a su método de enseñanza por parte de Espoz y Mina— parecen sugerir un intento de sustitución, en la línea de Pestalozzi, de los métodos deductivos clásicos por los inductivos, así como la insistencia en concebir la educación como desarrollo integral del individuo (lo cual hacía que Ventosa se extralimitase constantemente en sus funciones) a través del estímulo de la creatividad y de las facultades innatas de los niños. Esta última cuestión, por cierto, le permitía al maestro plegarse constantemente a los deseos de sus pupilas sin violentar unas voluntades regias y preadolescentes que resultaban cada vez más difíciles de controlar, especialmente por parte de un plebeyo.

En todo caso, a su juicio, y mientras éstas no recibieron ninguna otra influencia nociva —es decir, entre 1836 y 1839—, los resultados fueron excelentes. Según sus propias palabras, en numerosas ocasiones le había dicho a la reina gobernadora que estaba seguro de «sacar dos alumnas que con justicia y sin ninguna lisonja mereciesen el nombre de instruidas y filósofas […] que si me dejaban hacer yo le prometía que Isabel II sería una gran reina». No parece que, ni a María Cristina ni al aya marquesa de Santa Cruz les gustase demasiado la idea de que la reina, para serlo, necesitase ser todo lo instruida y filósofa que su maestro preveía.

Así, en cuanto las condiciones políticas lo permitieron, el maestro Ventosa se vio seriamente obstaculizado en su método de enseñanza por el nombramiento como primera teniente de aya de una dama muy poco afecta al sistema constitucional vigente, doña Inés Blake de Román, nombrada el 16 de enero de 1839 con el objetivo explícito de ayudar a Santa Cruz a contrarrestar las enseñanzas liberales del maestro[82]. Fue aquél, dice, «un día infausto, día desgraciado para Isabel y para la nación, con el luto de ese día empezó el segundo periodo de la instrucción de mis augustas discípulas» que califica sin ambages de «decadencia[83]».

Una decadencia que atribuye sobre todo a la nueva tenienta de aya, quien, en colaboración con la marquesa de Santa Cruz, se empeñó en deteriorar el cuidadoso plan ideado por Ventosa: las niñas «perdieron el gusto por el estudio (porque ya no se divertían) y también el trato amable y afectuoso comenzó a decaer ante el mal ejemplo de la severidad, dureza, sequedad y austeridad de la recién llegada, que si bien logró hacerse temer, también logró hacerse odiar de las augustas niñas». A pesar de ello, y a pesar de las humillaciones que sufrió desde entonces, el maestro no cejó y recuerda especialmente sus esfuerzos por continuar las lecciones durante el viaje a Valencia, sin dejar de «sacar provecho por poder hacer aplicaciones prácticas de varias teorías enseñadas de antemano respecto a las provincias del reino, ríos, montañas, distancias, pueblos del itinerario, mares, costas, cabos… Todo lo que se hermanaba mucho con mi sistema».

El pronunciamiento de septiembre de 1840 hizo concebir a Ventosa la esperanza de que sus esfuerzos comenzasen a ser recompensados y que la influencia moderada desapareciese enteramente de Palacio. Sin embargo, las consecuencias no fueron las esperadas y «un poder invisible ató el brazo reformador». La odiada teniente de aya fue mantenida en su puesto tras la dimisión de la marquesa de Santa Cruz y ni Argüelles ni Espoz y Mina se esforzaron, a su juicio, lo suficiente en la educación de Isabel II como reina constitucional de la que dependía «la consolidación de la libertad en nuestra cara patria, o la restauración del absolutismo en días más o menos lejanos». Desde su punto de vista, era un error político considerar a los reyes constitucionales como meros «autómatas», como «máquinas» que aplican las leyes porque ellos, precisamente, «tienen sobrados medios para falsear el régimen representativo». La situación en que se encontraba Isabel II era perfecta, pues se hallaba aislada del ejemplo de una familia que perpetuase en ella «las tendencias y los vicios de las familias reales […], y no había que desperdiciar la ocasión de inculcar en ella valores políticos fundamentales que garantizasen su adhesión plena al régimen liberal[84]».

Así pues, a pesar de su sexo, la reina debía recibir «una educación varonil y adecuada a la posición de la alumna y a las necesidades del pueblo; que al mismo tiempo había de ser una educación esmerada y sólida», porque, sin lograr inculcar en ella una fe y unas habilidades políticas suficientes, no tendrá capacidad «para resistir los terribles ataques a que probablemente estará expuesta toda su vida. Sí, no nos hagamos ilusiones; la reina Isabel, para mantener la libertad de la patria y el dogma de la soberanía nacional […] tendrá que luchar con una madre; tal vez con un marido, con parientes y con personas muy allegadas que la rodearán en todos tiempos; y la victoria de tan continuadas y repetidas luchas depende de las íntimas convicciones de su fe política[85]».

El futuro habría de darle, desgraciadamente, la razón: «Superfluo sería que me detuviera en indicar el poco provecho que la nación sacaría de los talentos de pintura, canto y baile, labores, etcétera, de su reina, y aún lo perjudicial que sería si una de estas habilidades captase toda su atención, porque vuestra excelencia sabe mejor que yo con qué cuidado y habilidad acechan los cortesanos y los hombres de las camarillas las inclinaciones de los príncipes y cómo las fomentan y se sirven de ellas para desviarlos de sus deberes principales[86]».

Ventosa, sin embargo, fue expulsado de Palacio por el tutor Agustín Argüelles y por la condesa de Espoz y Mina. La rocambolesca historia demuestra hasta qué punto, en el entorno de Isabel II, se cruzaban las buenas intenciones con las falsedades, las intrigas y los intereses personales y partidistas. Los primeros síntomas de desavenencia entre Espoz y Mina y Ventosa tuvieron que ver con las peculiares características del método educativo del maestro. A juicio de la condesa, éste carecía del suficiente rigor y estimulaba la indisciplina y la infantilización de sus pupilas: «Eran sólo a propósito para niñas de menos años que los que contaba la reina, y que si cuando lo había puesto en práctica pudo ser conveniente, no lo era ahora, porque las lecciones debían ser formales y no de juego, tanto por exigirlo así el decoro de su majestad como porque debía empezar ya a no desperdiciar el tiempo quien necesariamente tenía que aprovecharlo mucho en adelante[87]». Ventosa, además, escudándose en sus peculiares teorías, se resistía constantemente a que su trabajo y el de sus alumnas fuese supervisado, y se negaba a entregar sus hojas de calificaciones e incluía en sus lecciones las materias más variopintas.

Su definitiva caída en desgracia, sin embargo, tuvo un neto cariz político relacionado directamente con la adhesión del maestro a los intereses del infante Francisco de Paula y de su esposa Luisa Carlota. Tras su regreso a Madrid a principios de 1842, éstos habían entrado en colisión con Argüelles y Espoz y Mina al intentar hacer uso de su parentesco para lograr un acceso privilegiado y exclusivo a la reina y a su hermana. Despechados porque sus alardes de progresismo no habían conmovido en absoluto a Espartero, se convirtieron pronto en una fuente de crítica y de rumores respecto a la situación de «secuestro» en que se encontraba Isabel II.

Como había temido María Cristina, su objetivo ahora consistía en forzar el matrimonio entre la reina y su hijo mayor. Ventosa, deslumbrado por las atenciones que recibía de los infantes y convencido de su liberalismo intachable, se prestó a colaborar en aquel plan y entregó a la reina, oculto en una cajita de rapé de doble fondo, un retrato de su primo Francisco de Asís. Según la versión que Espoz y Mina logró sonsacarle a Isabel II, el maestro llegó a decirle que «aquel príncipe había de ser su esposo, y que se empeñaba en que había de besar y guardar el retrato, lo que su majestad no había querido hacer; y concluyó su majestad asegurándome que deseaba comunicármelo; pero que había temido que yo se lo dijese a Ventosa[88]». La condesa informó entonces a la más bien perpleja Isabel II de que había sufrido el mayor desacato como mujer y como reina y la emplazó a contarle todos los detalles del incidente al tutor. Argüelles destituyó fulminantemente a Ventosa el 12 de julio de 1842, y nombró para sustituirle al coronel de caballería y diputado esparterista don Francisco Luján.

El incidente del retrato convierte las intenciones de aquel maestro en mucho menos claras y desprendidas de lo que él quiso hacer creer a sus lectores en esa Memoria presentada a Argüelles y descartada por éste como «una obra alucinada», llena de «espíritu de partido». Probablemente esto último era cierto, pero en el mundo de claroscuros, profundamente enrarecido, en el que vivió Isabel II su primera adolescencia, despreciar cualquier versión de los hechos es despreciar el sustrato profundo del ambiente en el que se educó; aquél en que, como para nosotros ahora, la verdad y la coherencia resultaban casi inalcanzables[89].

El incidente del retrato tiene además interés por varias razones. La primera hace referencia a la temprana e insistente forma en que, desde que entró en la pubertad y aun antes, se atrajo la atención de Isabel II hacia su futuro matrimonio como un destino cercano y absolutamente decisivo en su biografía. Su futuro esposo se convirtió para ella en objeto constante de alusiones, comentarios, prevenciones y esperanzas. Más allá de las evidentes implicaciones políticas de un matrimonio real, es evidente que Isabel II fue también fuertemente feminizada en esta cuestión considerada en su época como la aspiración biográfica fundamental de las mujeres: aquélla que les concedería su estatus decisivo a través de la posibilidad de cumplir la función para la cual las había creado la naturaleza.

En segundo lugar, la expulsión del maestro Ventosa introdujo nuevas alteraciones y elementos de conflicto en el entorno de la reina, y trascendió las puertas de Palacio hasta convertir de nuevo su peculiar situación en objeto de discusión pública y política. Ventosa se defendió enconadamente en la prensa progresista crítica con Espartero, atribuyendo su destitución a una confusa intriga urdida «por los enemigos de la libertad» que le habrían acusado de un acto no cometido con el objeto de eliminarle de Palacio. Espoz y Mina, por su parte, insistió en la veracidad de los hechos (apoyándose, por cierto, en la versión de la propia reina) y justificó el eco público que había tenido la cuestión por la formación de una alianza contra natura entre ciertos sectores de los progresistas y los moderados: «Esta falange […] aunque estimulada por muy diversas miras, se unió estrechamente para atacarnos, no guardando término ni medida en las calumnias que se insertaban diariamente en periódicos de diferentes matices, opuestos enteramente en política[90]».

La prensa antiesparterista no dejó de destacar la paradójica situación de Argüelles y de Espoz y Mina en relación con el maestro Ventosa. Dos liberales progresistas sin tacha decidían expulsar de Palacio a otro progresista declarado, lo que proporcionaba plena satisfacción a María Cristina en París y a las damas moderadas de la Corte de Madrid. El Eco del Comercio (financiado entonces, en parte, por el infante Francisco de Paula) recalcó varias veces que el señor Ventosa «mantenía en el desempeño de sus funciones las puras doctrinas constitucionales, y aún hacía ostentación de ellas, lo cual era notorio en Madrid. El señor Ventosa, que con tales doctrinas fue mantenido en su puesto durante la dominación de los principios que cayeron en septiembre, ha sido arrojado de Palacio por la tutoría que fue una de las primeras y más notables consecuencias de aquella nacional revolución; y al mismo tiempo siguen ocupando cargos palaciegos, muy a la inmediación de las personas reales, personas esencialmente contrarias a la voluntad que la nación manifestó y llevó a cabo en 1840[91]».

Por si la situación fuera poco confusa, el oscuro maestro arrastró en su caída a la única noble grande de España que los esparteristas habían logrado atraer a su causa y colocar en el lugar de la marquesa de Santa Cruz, la famosa marquesa de Bélgida, quien presentó su dimisión como camarera mayor el 24 de julio de 1842. El texto completo de la dimisión, publicado en toda la prensa significativa de Madrid, constituyó una carga de profundidad contra la gestión de Argüelles[92].

Por una parte, la marquesa se quejaba de que sus atribuciones habían sido ignoradas sistemáticamente por el tutor. En segundo lugar, y mucho más grave, Bélgida (cuya reputación liberal era igualmente intachable) criticaba abiertamente «el espíritu inquisitorial de fiscalización, de desconfianza y de recelo, por no decir de opresión» que rodeaba a la reina, y que a su juicio «sin exigirlo la seguridad del Estado, ofenden su decoro, menguan el prestigio del trono y lastiman la lealtad proverbial de los españoles». Aquel sistema que, implícitamente, aludía al aya Espoz y Mina daba credibilidad a juicio de la marquesa a las sospechas aireadas en la prensa de que a la reina «se la tiene de algún modo incomunicada, rodeada solamente de cierta “bandería”, por no llamar “pandilla”, que espía sus acciones y palabras, y de la cual recibe únicamente inspiraciones». No creo, continuaba más adelante, que «el sistema de aislamiento, exclusivismo y asechanza, seguido no sé con qué designio, alrededor de su majestad sea a propósito para formar un alma noble y magnánima, un carácter benigno, conciliador e indulgente[93]».

El escándalo fue mayúsculo y en su discusión participó toda la prensa madrileña, desde el republicano El Peninsular, pasando por el progresista Eco del Comercio hasta el órgano moderado El Heraldo. Un aluvión de críticas e insinuaciones cayeron sobre la gestión de Argüelles, quien se mantuvo en silencio durante semanas. Mientras el Eco insistía en pedir explicaciones por la expulsión de un liberal reconocido, El Heraldo aprovechaba la situación para reforzar la tesis moderada de que la reina y su hermana eran poco menos que prisioneras en Palacio, sujetas a todo tipo de perversas influencias e incluso vejaciones por parte del esparterismo, cada vez más aislado políticamente:

En Palacio, como en el Gabinete, como en el Parlamento, la división y la confusión aquejan al partido dominante […] ¿Sabéis lo que esto significa evidentemente? […]: que al antiguo monopolio del partido sucede el nuevo y más cerrado monopolio de la pandilla; que la pandilla destituye al partido […] la cautividad, pues, en que las regias huérfanas cayeron en septiembre se acrecienta y se angustia; ya no son cautivas de la revolución; ya no son cautivas de un partido, sino cautivas de una pandilla […] ¿Con qué derecho, con qué título, con qué nombre de justicia ni de racionalidad pretenden los unos y los otros encerrar herméticamente a la REINA DE ESPAÑA y a su presuntiva HEREDERA en la peculiar atmósfera que ellos respiran? ¿Por ventura la persona del monarca ha sido investida de su alta dignidad para ser ahora y siempre un dócil instrumento suyo? […] la imparcialidad que ellos exigen al trono es la servidumbre del Monarca[94].

El republicano El Peninsular, por su parte, publicó un artículo en el que se hacía eco del asunto de Palacio y preconizaba la alianza de todos los sectores de liberalismo contra Espartero que le haría caer en 1843: «¡Qué groseras inconsecuencias! Y, sobre todo, ¡qué educación la de la joven Isabel! […] con profundo y sincero dolor deploramos que se vicie su corazón exasperado […] que contrariadas sus más inocentes acciones aprenda a ser hipócrita […] a esa niña que duerme el tranquilo sueño de la inocencia la vais a despertar llena de inquietudes y recelos, haciéndola desconfiada y suspicaz[95]».

Sin duda así habría de ser. Una vez más, los acontecimientos de Palacio y sus repercusiones se entrelazaban con los conflictos y alianzas entre los partidos. En este caso, el tratamiento periodístico dado al «caso Ventosa» no hacía sino demostrar lo avanzada que estaba la coalición entre los moderados y un sector importante del progresismo, crítico con Espartero, para acabar por la fuerza con su regencia. La educación de Isabel II, una empresa verdaderamente difícil en el encontrado ambiente político que la rodeaba, se convirtió a partir de entonces en uno de los elementos fundamentales de crítica al esparterismo y un argumento más de la alianza entre progresistas «puros», republicanos y moderados que acabó con la regencia de Espartero en el verano de 1843.

CAPÍTULO 3

1843: LA MAYORÍA DE EDAD Y EL «INCIDENTE OLÓZAGA»,

SÍMBOLOS DE UN REINADO

EL año 1843 fue un año decisivo en la vida de Isabel II y en la historia del liberalismo español del segundo tercio del siglo XIX. Unos meses de actividad febril, en los que se combinaron de nuevo la insurrección violenta con la actividad política y la intriga cortesana, resultaron en el fin de la regencia de Espartero y el adelanto de la mayoría de edad de la reina. Inmediatamente después, una turbia maniobra, el llamado «incidente Olózaga», apartó al progresismo del Gobierno e inició la larga y excluyente hegemonía de los moderados con la que acabó identificado el reinado isabelino. Aquel famoso incidente y el proceso que condujo a él constituyen, a mi juicio, un símbolo de lo que serían los procedimientos políticos del moderantismo y del papel de la Corona a lo largo del resto del reinado.

La sublevación frustrada de septiembre de 1841 demostró la imposibilidad de que el estrecho círculo que rodeaba a María Cristina lograse fraguar una alianza con el carlismo capaz de hacer retroceder el país a algún momento previo a la ruptura liberal. Demostró también que el Partido Moderado era incapaz, por sí solo, de acabar con la regencia de Espartero. El cambio de estrategia que imponía aquella doble incapacidad vino propiciado por la creciente división del progresismo en torno a la gestión del duque de la Victoria.

La falta de unanimidad progresista respecto a la concepción de la regencia, manifestada desde sus mismos orígenes, propició una debilidad crónica de liderazgo en las filas de un partido atravesado por divisiones ideológicas y personales muy intensas. La reñida votación que decidió la regencia única en manos de Espartero demostró que el héroe popular tenía los pies de barro en tanto que líder reconocido, y ampliamente consensuado, entre los notables progresistas. Una denominación nueva, esparterista, aglutinó y señaló a aquéllos que primaban la adhesión al regente sobre otras consideraciones políticas, marginando a dirigentes civiles muy reconocidos como Manuel Cortina, Joaquín María López o Salustiano de Olózaga. La imposición de una «medianía» como Antonio González en la presidencia del Consejo de Ministros demostró que «el general del pueblo» no reconocía las redes tradicionales de autoridad y liderazgo del partido progresista y que, en cierto sentido, creía poder gobernar al margen de ellas[1].

La falta de consenso interno del progresismo fue letal para el partido y facilitó la estrategia moderada. Desde principios de 1842, ésta se dirigió a agudizar las tensiones internas del partido rival buscando una alianza con sus sectores descontentos e, incluso, con ciertos grupos radicales y republicanos. En ese contexto, el levantamiento de Barcelona en otoño de 1842 y la decisión de Espartero de bombardear la ciudad desde Montjuic marcaron el principio del fin de su regencia[2].

A partir de entonces, los contactos entre los antiesparteristas de distinto signo se incrementaron en un ambiente que combinaba el reforzamiento de la trama conspirativa con las alianzas electorales, iniciadas tras la disolución de las Cortes en enero de 1843 y el abandono del retraimiento por parte de los moderados. En París, un grupo significativo de militares formó la Orden Militar Española, en la que colaboraron generales como Concha, Narváez, Serrano, O’Donnell o Prim junto a los mucho más reaccionarios Roncali, Pezuela o Fulgosio, entre otros. Mientras, en Madrid se incrementaba la presión parlamentaria y periodística contra el Gobierno y se enarbolaba la bandera de un programa mínimo de consenso en torno al respeto a la Constitución de 1837 y la amnistía para los represaliados.

Cada vez más aislado políticamente, Espartero creyó poder recuperar apoyos ofreciendo la presidencia del Consejo de Ministros a Joaquín María López. Sin embargo, pronto resultó evidente que la oposición progresista era capaz de convertirse en un formidable poder negativo pero que carecía de unidad para forjar el consenso interno necesario para ser un poder positivo. A la hora de formar gobierno, López encontró una cooperación muy escasa entre sus propios correligionarios y tropezó inmediatamente después con los obstáculos que oponía a sus decisiones el regente. Cuando intentó sustituir al brigadier Linage en la Inspección General de Infantería, Espartero se negó a firmar la orden y López simplemente dimitió. La oposición parlamentaria al nuevo gobierno del anciano Gómez Becerra forzó la disolución de las Cortes el 26 de mayo de 1843.

Al día siguiente, los generales Prim y Milans del Bosch lanzaron en Reus el grito de «¡Abajo Espartero! ¡Mayoría de la Reina!», para tratar de conferir una orientación precisa a las sublevaciones dispersas que habían comenzado a producirse en otros lugares, como Andalucía. Tras Cataluña se sublevaron Valencia, Alicante, Aragón y Murcia, entre otras regiones. A principios de junio, la mayor parte del país estaba levantada contra el regente y comenzaron a formarse las habituales juntas locales y provinciales que negaban la autoridad al Gobierno central[3].

La sublevación contra Espartero tuvo un recorrido largo y confuso. Durante casi dos meses todo pareció estar en el aire mientras bullían entre los insurrectos, bajo la apariencia de unanimidad, las divisiones y las luchas por el poder. Los movimientos de unos y otros tuvieron tanto que ver con su objetivo común como con una pugna soterrada y paralela por ocupar posiciones de preeminencia, civil y militar, para el momento en que hubiese de conformarse el nuevo régimen, tras la caída del duque de la Victoria.

En aquel horizonte, la posición de María Cristina era muy ambigua. No se fiaba en absoluto de la coalición entre moderados y progresistas ni del papel que ésta podía reservarle. El grito de Reus demostraba que su reposición como regente no gozaba del consenso necesario dentro de la coalición, ni siquiera entre los moderados. Donoso Cortés, que actuaba de mediador entre la coalición y Fernando Muñoz (quien a su vez representaba los intereses de María Cristina), escribió a éste urgiéndole a decidirse a apoyar la sublevación: «Creo que tratándose de levantarse todos juntos, moderados, exaltados y republicanos, nos anularíamos y se anularía cierta persona para siempre si no tomásemos una parte activa en la cruzada común […] el motivo grave es la decisión de V. de tomar parte en una insurrección. ¿Está V. decidido?»[4].

Antes de decidirse, los Muñoz trataron de situar entre los dirigentes moderados a fieles directos suyos, como el marqués de Viluma, «y todos los individuos que él considere de absoluta necesidad para que lleguen a buen término nuestros proyectos[5]». Finalmente, a mediados de junio y tras cierta resistencia, comenzaron a librar fondos para la sublevación con un doble objetivo: por una parte, reforzar el peso político y la capacidad de maniobra de los moderados, militares y civiles; por otra parte, hacerles lo más dependientes posible de los intereses de María Cristina. En una carta del 23 de junio desde París, Muñoz se comprometió a financiar el flete del vapor que habría de llevar a Narváez y a sus compañeros a Valencia, anunció el envío de 200 000 francos a Marsella y una cantidad igual a Madrid. Cien mil francos fueron destinados, «para ellos personalmente», a los generales O’Donnell, Narváez y Córdova[6].

Con aquellos apoyos, desembarcaron en Valencia el 27 de junio los generales moderados exilados en París, entre ellos Narváez, Concha, Pezuela y Fulgosio. Había transcurrido exactamente un mes desde la sublevación progresista. Cuando consideraron que la situación estaba ya madura, se unieron a ella emitiendo un manifiesto que, en un alarde de duplicidad, ponía sus espadas a las órdenes de las juntas revolucionarias recién formadas:

Una voz amiga se levantó por nosotros en el santuario de las leyes, y los representantes de la Nación […] respondieron: «olvido y amnistía». El Ministerio franco y generoso que representaba ese principio ha desaparecido, y ha desaparecido porque representaba ese principio. Ahora la Nación entera se levanta para sostenerle. ¿Pueden en este trance quedar ociosas nuestras espadas? No, aquí están […] Para eso os ofrecemos nuestros servicios, libres de envidia, ajenos de ambición, obedientes, sumisos, si fuese necesario entre los grupos del pueblo, entre las filas del soldado[7].

Fue un golpe de efecto calculado que convirtió a los generales moderados en elementos neurálgicos de la sublevación. Al día siguiente, en Barcelona, para intentar evitar la pérdida absoluta de protagonismo de los sectores progresistas, el general Serrano —investido por la junta catalana con el título de «Ministro Universal»— promulgó un decreto por el que destituía al regente y al gabinete de Gómez Becerra al tiempo que trataba de emitir órdenes para el resto del territorio y de los mandos militares.

Mientras todo esto sucedía, los Muñoz seguían intentando colocarse en una posición de ventaja. Sumas similares a las ya libradas a los generales se remitieron a José de Salamanca y a otros implicados civiles en Madrid, proponiéndoles, entre otras cosas, que investigasen la posibilidad de una insurrección dentro de la capital para hacerse cuanto antes con la reina y su hermana. De ella dependía el futuro de María Cristina, quien, al mismo tiempo, insistía en que no estaba dispuesta a sostener económicamente una guerra civil y que tan sólo seguiría apoyando la insurrección si ésta demostraba que era capaz de imponerse rápidamente[8].

Su mayor preocupación era conseguir que los militares sublevados, y en concreto Narváez, se pronunciasen a favor de su regreso como regente. Aquella posibilidad, sin embargo, habría quebrado de inmediato la coalición con los progresistas, lo que habría puesto en peligro el éxito de la sublevación. Donoso Cortés ya había aconsejado que, en caso de no lograrse el pronunciamiento deseado a favor de María Cristina, debería apoyarse el adelanto de la mayoría de edad de la reina, para lo que se formaría un ministerio «en que entren algunos que sean de S. M. absolutamente y este Ministerio debe llamar a S. M. dirigiéndola un mensaje de desagravio solemne para que entre honrada y aplaudida de todos[9]».

Para lograr algo así era fundamental hacerse con el control personal y político de Isabel II. Desde la intentona de 1841, las comunicaciones con Palacio se habían vuelto muy difíciles. En París se tenían dudas acerca de cuál podría ser la actitud de la reina, hasta qué punto «sus guardianes» podrían haber influido en su ánimo y condicionado sus preferencias políticas y las relaciones con su madre. Bajo el rótulo de «La difícil transición en Palacio», existe en el archivo de la reina gobernadora una abultada correspondencia (la mayor parte secreta) que abarca los meses que transcurren entre mayo de 1843, cuando apenas había comenzado la revolución contra Espartero, y octubre del mismo año, cuando las Cortes declararon la mayoría de edad. A través de ella se puede seguir, casi día a día, el proceso de recuperación del control sobre la reina por parte de María Cristina y Muñoz, en el cual desempeñaron un papel fundamental Donoso Cortés y la camarista Amparo Sorrondegui[10].

La primera y fundamental tarea era saber hasta qué punto la reina sentía la ausencia de su madre. En una de sus primeras entrevistas con Donoso, la camarista informó: «Al principio sí, señor, muchísimo, jamás recivía una carta suya sin regarla con sus lágrimas: pero después todo ha ido mudando, hasta el punto de recibir carta muchas veces antes de salir a paseo y guardarla sin abrir hasta estar de vuelta». A la pregunta de si creía que le habían hablado mal de María Cristina, contestó: «No me atreveré a decir tanto pero por lo menos estoy segura de que jamás le recuerdan su nombre; y como nosotras no podemos recordársele resulta que a fuerza de no oírle jamás, se va también olvidando». La información no era muy alentadora y Donoso aconsejó que, de momento, se actuase con prudencia: «Procure V. introducirle lo que pueda: vea V. si tiene ocasión de soltar alguna palabrita y de ver el efecto que produce, y después veremos; por ahora prudencia y constancia». En todo caso, concluía confiado, «el día que se le puedan abrir los ojos a la Reina, la persona ausente podrá hacer lo que quiera[11]».

Para abrirle los ojos a Isabel II era necesario que su madre se implicase directamente, burlando la vigilancia de Espoz y Mina y Argüelles sobre la correspondencia entre ambas. «¿Qué crédito la merece nadie? ¿Por qué ha de creer mejor a una persona cualquiera que a las que la rodean a todas horas?: piense V. esto seriamente […] el riesgo de la Estafeta es un obstáculo pero ¿cómo ha de ser? No reparen VV en eso: acá saldremos adelante si Dios quiere y si no, hágase su voluntad[12]. Donoso se empleó a fondo para lograr establecer un cauce secreto de comunicación. Amparo Sorrondegui entregaba a Isabel II las cartas secretas de su madre que recibía Donoso. Se le permitía leerlas dos veces y luego debían ser devueltas a su destinatario inicial[13]».

Para los encargados del cuidado de la reina y su hermana, la situación en Palacio era tensísima. Espartero había salido de la capital para enfrentarse a los sublevados. Argüelles y la condesa de Espoz y Mina conocían los rumores sobre la posibilidad de un nuevo intento de secuestro, al estilo del producido en 1841 pero con más garantías de éxito. Cuando una parte del regimiento de Lusitania, que se había quedado en Madrid para escoltar a la reina, se pasó a los sublevados, comenzó a temerse que el resto de las tropas que quedaban en la capital hiciese lo mismo. A partir de aquel momento, la Milicia Nacional comenzó a escoltar a Isabel II en su paseo diario y la condesa de Espoz y Mina se trasladó a dormir al mismo cuarto de la reina. Las autoridades de la capital comenzaron a hacer llegar a Palacio avisos sobre posibles infiltraciones, y aconsejaron a la condesa que no se fiase de nadie «ni aún de la tenienta de aya, que fije usted su atención en una escalera oculta, sita en el despacho de Fernando VII, que se conoce con el nombre de la “Malagueña”, que no se separe un instante de la Reina, que tenga usted mucho cuidado sobre lo que bebe de noche; que si por algún incidente no pudiera usted estar alguna noche, no se fíe ni aún de la tenienta de aya, que le constan los planes de C. con su T., y que todo el empeño es robar a la Reina[14]».

Argüelles mismo pasó a dormir vestido en un sofá y las medidas de vigilancia se estrecharon al máximo. Los rumores y las informaciones contradictorias se producían diariamente. Los agentes de María Cristina temieron que los movimientos en Palacio indicasen que se había decidido que la reina y su hermana se reuniesen con Espartero. El 7 de julio, por ejemplo, Donoso escribió a Muñoz: «Al más pintado doy yo la semana y principalmente la noche que acabo de pasar. El Domingo último hubo ya preparativos alarmantes en Palacio. El tutor y el Intendente, contra su costumbre, durmieron allí: la cama de la Reyna se mudó de sitio, y se llevó a la sala que está antes de la alcoba de la Ynfanta; el Aya debía dormir en el mismo aposento que la Reyna. El Aya, el tutor, la tenienta de Aya, el Intendente andaban en secretos conciliábulos».

Todos ignoraban qué era lo que había motivado aquellos cambios, sigue escribiendo Donoso:

Lo que se sabe es que al fin se apaciguaron los síntomas y que las camas volvieron después de ya mudadas a su lugar. Todo esto unido a los rumores siempre crecientes de que querían llevarse a la Reyna me puso en sobresalto y ya estuve el lunes a punto de decir a mi conducto que había llegado el caso de hablar; no porque yo creyese en el rapto, sino porque cuando todo el mundo cree, yo para encubrir mi responsabilidad, debo obrar como si creyera […] Pasé el lunes y el martes en averiguaciones y el resultado de ellas fue que, en efecto, había graves motivos de sospecha. El miércoles creció de punto mi alarma: ayer jueves seis mensajeros uno tras otro vinieron a decirme que por la noche sin falta se consumaba el crimen: que era cosa acordada y que no había tiempo que perder. Aquí fue Troya, y el tirarme de los pelos; que diga de la peluca, por no haber dado ya el paso sabido.

Cuando quiso dar el paso, es decir, atreverse a informar a Isabel II de que su madre estaba detrás de la sublevación y que, por lo tanto, debía oponerse a cualquier intento de sacarla de Madrid, Donoso se encontró con que Sorrondegui no estaba de guardia aquel día y que había de recurrir a otra mensajera menos segura para comunicarse con la reina. Decidió pues actuar enviando mensajes al regimiento de Lusitania y hasta a los alabarderos sobre la existencia de un complot para llevarse a la reina a Portugal: «Hice que se extendiera la noticia por todo Madrid, y por los barrios bajos».

Las respuestas que le llegaron del regimiento fueron favorables: la mayor parte de los oficiales aseguraron que si recibían órdenes para sacar a la reina no sería para llevársela al duque de la Victoria sino para entregarla a los generales moderados, en concreto a Aspiroz. Los alabarderos por su parte hicieron llegar la seguridad de que seguirían defendiendo a Isabel II sin reparar en el color político de quienes quisiesen llevársela de Palacio. «Los barrios bajos dicen que eso de llevarse a la niña nones, tal era el estado de las cosas ayer anochecido. Yo conseguí que no se hablara en Madrid de otra cosa para que vieran los pícaros ladrones que estaba todo el mundo preparado». El propio Donoso decidió pasar la noche patrullando por las calles de Madrid con otros amigos políticos y «observamos con placer que andaban por allí gentes armadas de los barrios y hoy he sabido, aunque yo no las vi, que hubo hasta lavanderas con puñales. A las cinco nos retiramos a casa convencidos de que si lo intentaron habían errado con la publicidad del golpe[15]».

La tensión llegó a su culmen cuando se supo que Narváez avanzaba rápidamente hacia la capital tras haber derrotado en Torrejón de Ardoz a las tropas del general Seoane. La tarde del 22 de julio, los sublevados comenzaron a sitiar la capital. A primeras horas de la noche, según el relato de Espoz y Mina, la reina y su hermana se despertaron despavoridas cuando oyeron el estruendo de la artillería de los primeros combates en las puertas de Madrid. Narváez envió varios mensajes a Argüelles advirtiéndole de que Madrid estaba perdido y que esperaba que no hubiera ningún tipo de resistencia a su entrada en Palacio. Finalmente, a última hora del día 22, la reina y su hermana, la condesa de Espoz y Mina y Argüelles vieron en silencio cómo las tropas de Narváez y Aspiroz desfilaban bajo las ventanas del Palacio Real[16].

Durante los días siguientes, las diversas facciones de los sublevados tomaron posiciones. Narváez se invistió a sí mismo Capitán General de Castilla la Nueva y el general Serrano emitió una orden rehabilitando a Joaquín María López como presidente de un nuevo Gobierno provisional. Al mismo tiempo el ambiente en torno a Isabel II iba enrareciéndose cada vez más, sin que ésta pudiese hacer más que observar los cambios vertiginosos que se sucedían a su alrededor.

Como muestra del desconcierto de la reina ante su situación y de las cábalas que hacía al respecto, Donoso envió a Muñoz la trascripción de una conversación entre la reina y su conducto en Palacio en la que la primera le cuenta que le habían dicho (supuestamente los progresistas) que se la querían llevar a la frontera con Francia para casarla con «un hijo de Fulano[17] que vendrá de allí con mi Madre» y que la intención de ello es que «Fulano juegue con la España como con un muñequito (aquí se puso a menear la mano como quien mueve una muñeca)». La camarista intentó convencer a Isabel II de que todo eso eran infundios de los enemigos de su madre: «Algún día sabrá V. M. todo pero ahora sólo puedo decir a V. M. que su Madre de V. es la que más la quiere en el mundo y que lo que más sentirá será que se la lleven a S. M.». «Pues ¿y cuando lo de Octubre?», preguntó Isabel II. Incapaz de responder por la premura de una conversación desarrollada a escondidas, Sorrondegui al parecer tan sólo pudo insistir en que se resistiese a cualquiera que quisiese sacarla de Palacio. «Dices bien —fue la respuesta de la reina—. Como ahora no quieren matarme como en octubre sino casarme, si chillo me dejarán. Entonces de nada me habría servido porque me hubieran matado[18]».

A medida que la declaración de la mayoría de edad se convertía en la posibilidad más viable para mantener unida a la coalición antiesparterista, el control de Isabel II se convertía en un elemento decisivo de poder para los diversos miembros de la misma. El día 23 de julio, el Eco del Comercio publicó un artículo que decía:

Todas las intrigas y los males que han aquejado al país por espacio de muchos años han tenido su origen en el palacio de nuestros reyes. Allí se han confeccionado las intrigas, allí se han fraguado las cábalas y allí ha nacido la desunión. Sin embargo de este convencimiento, no se ha considerado el regio alcázar como el punto más importante que debiera llamar la atención de nuestros gobernantes, se ha descuidado aquel punto, y las consecuencias han caído sobre la nación entera […] Estas huérfanas ilustres necesitan consuelo, necesitan a su lado personas identificadas con la causa del pueblo, con la causa española, necesitan a su lado personas ilustres también por su rango, que den prestigio al palacio de los reyes de España y decoro a la monarquía constitucional[19].

El círculo de María Cristina maniobraba febrilmente para evitar que aquellas «personas ilustres» procediesen de la órbita progresista y, menos aún, que pudiesen llegar a ser el infante don Francisco y su mujer, inspiradores probablemente del artículo del Eco. El 29 de julio Donoso Cortés logró que se entregase en secreto a Isabel II una carta de su madre advirtiéndole de que Narváez y Aspiroz eran amigos suyos y debía recibirles en Palacio porque «no han venido a llevársela a ninguna parte, sino a evitar que se la lleven otros». Sorrondegui tuvo que emplearse a fondo para convencer a la reina, quien, entre lágrimas, accedió a hacer lo que se le decía:

Mira, escribe a Mamá de mi parte y dila que todo, todo lo que quiera, lo he de hacer y que los pondré a los generales muy buena cara: dila también que todo lo que quiera decirme me lo diga por ti porque ¡si la Ayita lo supiera! ¿Estás enterada? Sí, Señora, así lo haré y me gusta ver que V. M. quiere tanto a su Mamá: sepa V. M. que los que le han hablado mal de su Mamá y de los generales y de todos los de Octubre son unos pícaros: los de Octubre no quisieron sino lo que estos quieren ahora: salvar a V. M. pero entonces no lo pudieron conseguir y por esto León fue fusilado […]. Yo no lo sabía, ¡si el Aya lo oyera! Amparo. No le de a V. M. ya cuidado el Aya[20].

En efecto, la condesa de Espoz y Mina estaba a punto de desaparecer de la vida de Isabel II. El tutor Argüelles fue sustituido por el anciano general Castaños, duque de Bailén, y la condesa presentó inmediatamente su renuncia casi al mismo tiempo que Espartero, acompañado por Van Halen, Infante y Linage, embarcaba, el 30 de julio de 1843, desde el puerto de Santa María hacia Inglaterra. Allí fue recibido como un héroe romántico. Su hotel «fue literalmente sitiado por visitantes de todos los rangos. El duque de Wellington estuvo entre los primeros en hacer una visita a Su Excelencia. El duque de Clarendon y Robert Peel fueron también a presentar sus respetos, fue recibido en audiencia por la Reina Victoria y cenó en la residencia de lord Parlmerston[21]».

Mientras, en Madrid, y según los relatos del propio Donoso, la reina se veía acosada todos los días por damas de la aristocracia que acudían a Palacio con mensajes secretos y le susurraban «con toda precipitación lo que había que decirle, hablando todas a la vez, la pobre niña no salía de su asombro». El asombro se trocó en desconsuelo cuando el aya y el tutor le anunciaron que presentaban su dimisión: «Salió llorando, confesó don Juan, y decía que lloraba porque no tenía a nadie. Amparo le dijo: no llore V. M. porque nombrarán otra Aya y su Mamá vendrá pronto. La Reyna: ¡Ay! ¡Qué me dices!, que vendrá Mamá pronto, y de repente se le acabó el llanto y se puso a brincar de contenta[22]».

La versión de Espoz y Mina de la despedida es parcialmente distinta. Cuando Argüelles acudió a la cámara de la reina para presentar su renuncia, alegando motivos de salud, ésta se disgustó mucho y contestó con sorpresa: «¡Argüelles, pero si tú no estás malo!». Más grave fue cuando el aya le anunció inmediatamente que ella también se marchaba. De creer a Espoz y Mina, la reina prorrumpió en un llanto inconsolable: «¡No, no; yo no quiero que te vayas! ¡No te dejaré marchar, ayita mía! ¡No me abandones, ayita querida, no me abandones!». Espoz y Mina relata la escena con toda profusión de detalles conmovedores entre los que incluye un intento de explicación a la reina de su renuncia que se convierte finalmente en un alegato de defensa de la tutoría de Argüelles y en una nueva y desconcertante lección de política para la reina niña: «Vuestra majestad ha estado libre y segura mientras la ha guardado el pueblo; más segura que hoy guardada por algunas bayonetas vendidas al oro de Francia […] si acepté, señora, tan grande compromiso fue porque vi amparado y sostenido un principio constitucional que ahora se destruye, y cuya destrucción no quiero yo sancionar en la parte que me toca[23]».

A partir de entonces, Isabel II quedó a merced de Donoso Cortés y de Amparo Sorrondegui. Era necesario «no perder de vista ni un momento a la reyna e infanta» y contrarrestar la influencia que sobre ellas pudieran ejercer los progresistas que pugnaban por evitar que Palacio se convirtiese de nuevo en un coto cerrado para ellos[24]. La reina, además, los desconcertaba más de lo que Donoso quería admitir. Los datos que tenemos sobre ella, en aquel decisivo verano de 1843 cuando aún no había cumplido los trece años, abundan en la sensación de alguien profundamente desorientado, que oscilaba entre la confianza y el recelo ante la multiplicidad de indicaciones que recibía constantemente, y que estaba tanteando la forma de hacer pie en el torbellino que la envolvía. Así, cuando la ubicua Sorrondegui la advirtió de que tan sólo ella debía escribir a su madre, en privado y sin pedir indicaciones a la gente que la rodeaba (como hacía a menudo), Isabel II contestó: «Pero Mamá sabe la verdad sobre todo porque tú se la dices, ¿no es verdad?». Donoso, al relatar estos hechos, escribió a Muñoz: «Aquí vendrá V. en conocimiento que el defecto de la Niña es ser tan buena que no sabe decir no a nadie ni a nada. Que S. M. tenga presente esto al leer las cartas […]». Más adelante decía: «Por una parte parece una Niña de cuatro años y por otra una mujer de veinticinco […] A mí se me figura que estoy viendo visiones[25]».

Era necesario cerrar aún más el círculo. A través de Amparo Sorrondegui se hizo llegar secretamente a la reina el encargo de que pidiese, como si fuese cosa suya, que se repusiese en su cargo a la marquesa de Santa Cruz y también, como confesor, al Patriarca de Indias y, «viendo que había salido bien esta treta», a otras damas importantes afectas a María Cristina: «La Reyna, que hace al momento todo lo que se le dice que puede agradar a V. M. pidió al tutor las personas referidas y el Ministerio no se atrevió a resistir[26]».

La oportunidad de rodear a la reina de personas afectas a su madre coincidía además con los intereses particulares de Donoso, quien, a los pocos días de entrar Narváez en Madrid, sugirió que se le nombrase, lo antes posible, secretario particular de Su Majestad, especificando incluso el sueldo y el grado de gentilhombre que debía ir anejo al mismo[27]. Mientras tanto siguió informando a París de sus exitosas gestiones para lograr «aclarar las brumas que rodean a la reyna». Entre esas brumas, la principal era la que se refería al asunto del regreso de la exregente para encargarse personalmente de la tutela de su hija. La empresa era difícil. Con la parcial excepción de Serrano, todos los ministros del gabinete López veían con máximo recelo esa posibilidad. Narváez y otros generales moderados de su entorno se negaban, por su parte, a pronunciarse en aquel delicado momento. Vista la situación, Donoso se volcó definitivamente en apoyo de la mayoría de edad adelantada. Aún con sus incertidumbres, no veía otra solución y se sentía cada vez más seguro de poder llegar a controlar definitivamente el ánimo de la reina: «Lloro de gozo al ver con cuánta facilidad ha vuelto la niña al amor de la Madre: su buen natural ha sido más poderoso que las pérfidas acechanzas de sus carceleros[28]».

Aquella alegría se trocó en alarma cuando, advertido de la situación, el gobierno López decidió nombrar ayo instructor de la reina a Salustiano de Olózaga, en un intento de contrarrestar la creciente influencia moderada en Palacio. La llegada de Olózaga al entorno de Isabel II fue un duro golpe para la ambición y los planes de Donoso. Hasta el momento se sentía ufano de su capacidad para maniobrar casi a su antojo y la poderosa presencia de don Salustiano —igual a él en inteligencia y ambición, aunque quizás no en crueldad política— era un verdadero estorbo. El político progresista estaba decidido a dejar su impronta en la reina niña, «completando» su educación como reina constitucional y Juan Donoso Cortés estaba dispuesto a hacer lo propio pero en un sentido muy distinto. Para salir al paso de lo que pudiera intentar inculcarle Olózaga, Donoso propuso encargarse él mismo de enseñarle a Isabel II la historia de España, y muy especialmente la de la regencia de su madre, al tiempo que la instruiría prácticamente en la política diaria por el procedimiento de aconsejarla «en la mejor dirección, según fueran presentándose los problemas[29]».

Salustiano de Olózaga y Juan Donoso Cortés tenían algunas cosas en común. Los dos procedían de las clases medias acomodadas y profesionales de las que, a juicio de ambos, debía surgir la nueva élite dirigente, capaz de afrontar los retos de gobernabilidad del mundo postrevolucionario. Los dos estaban convencidos de su superioridad intelectual y de sus méritos para encabezarla. Despreciaban (el desprecio era mutuo) a la rancia nobleza cortesana y compartían, además, un desdén similar por la supuesta mediocridad de sus propios «amigos políticos[30]».

Sin embargo, la relación que establecían entre el mérito y el poder, así como la concepción de ambos, eran radicalmente distintas. Tanto como la glorificación de la inteligencia por parte de Donoso y del talento por parte de Olózaga. Para el segundo, la nueva aristocracia natural representaba a la nación en una dinámica que iba de abajo a arriba, desde la sociedad (y sus intereses) a los diversos poderes establecidos en una monarquía constitucional. Para Donoso, por el contrario, el proceso de selección de sus aristocracias legítimas no procedía de abajo sino de arriba. Es el trono quien dice: «Necesito de los más inteligentes entre vosotros, no los puedo ver desde mi altura, nombradlos[31]».

Los así nombrados no constituyen ningún poder al margen del «único poder de la sociedad; es decir, el monarca[32]». Su función es ofrecerle una «orientación» no vinculante, no legitimada en la representación nacional, en el nuevo y peligroso mundo del liberalismo. El cariz netamente antiliberal de la teoría donosiana de las aristocracias legítimas y el culto netamente liberal de Olózaga al talento son evidentes. Como evidente y diametralmente opuesta fue la actuación de ambos respecto a la reina Isabel y la forma que adoptó la lucha sin cuartel que entablaron en torno a ella. Una lucha que era, al tiempo, de personalidades y de principios y de cuya resolución dependió, en buena medida, el futuro de la monarquía constitucional en España.

Donoso actuaba en la oscuridad. Tejió una tupida red de espías entre la servidumbre femenina de la reina y, cada noche, escribía a Muñoz (quien acababa de concederle un sustancioso préstamo personal para poner en explotación su dehesa de Valdegamas, en Badajoz) contándole los más mínimos detalles de sus «progresos en el ánimo de la Casa Grande». Su futuro político, su fortuna personal y el triunfo de sus ideas dependían de su habilidad para impedir que «la presa» (como denominó en una ocasión a Isabel II) la cobrasen los progresistas. Frente a ellos, los moderados (a los que se refería como «esa pandilla de pícaros tontos») eran un mal menor[33].

Muy de acuerdo con sus planteamientos teóricos acerca de la forma en que inteligencias como la suya debían relacionarse con el poder (y ocuparlo) buscó convertirse en el oráculo, el siervo y el intermediario imprescindible de los Muñoz: «Mi conducta será la de unirme con todos, aunque militen bajo las banderas del diablo en las cuestiones que interesen personalmente a la Reyna Madre y a la Reyna hija, y caminar solo sin afiliarme a ningún partido en todas las demás cuestiones». En la práctica, el arribista fascinado por el poder se desvela una y otra vez en su correspondencia con Muñoz (más abierta y menos untuosa que la que mantuvo con María Cristina) cuando sugiere incansable que se le nombre secretario privado de la reina o cuando exclama, exultante: «¡Ah, si mi voluntad y previsión igualaran mi poder!»[34].

Mientras Donoso maniobraba en las sombras, Olózaga desplegaba sus encantos personales y políticos de la forma más abierta posible. La desenvoltura con que se movía en Palacio crispaba a los cortesanos habituales y suscitó la desconfianza, cuando no la envidia y la irritación, de muchos compañeros de partido[35]. Sin embargo, en aquella naturalidad de trato, en la comodidad e incluso en el placer con que Olózaga se desenvolvía en la Corte, había algo más que la expresión de una personalidad o de una ambición advenediza. Respondía a una muy arraigada concepción de la política y del papel que en ella debía y podía representar un patricio liberal cuando trataba con un monarca constitucional. Era la confianza serena (o su apariencia como tal) de estar tratando con una persona tan humana como él y tan servidora de la nación como él mismo. Don Salustiano no se quedó preso de «la magia de Palacio» ni deslumbrado por ella. En todo caso, Pastor Díaz tenía más razón que otros cuando escribió sobre «su falta de respeto al Trono, a las clases elevadas[36]». Su formación política, y no sólo su soberbia personal, le impedían la reverencia y la sumisión que (al menos en público) cultivaba Donoso. En realidad fue ese abierto despliegue de sí mismo (y de sus principios) lo que le perdió.

Además de intentar enseñarle un comportamiento constitucional, y de paso la diferencia entre un mal vino y un buen champán, Olózaga trató de adecuar los modales de la heredera de Fernando VII a los de otros monarcas europeos más civilizados. No fue un paso menor (ni carente de significado político) convencerla de lo inapropiado, falto de elegancia y de sentido del respeto que era el arraigado tuteo borbónico. A la reina aquello (junto con el champán) le hizo mucha gracia y se divertía llamando a todo el mundo de usted y a Olózaga «mi querido fanfarrón». Las alarmas saltaron rápidamente. La correspondencia de Donoso con Muñoz destila bilis cuando alude, cada vez con más insistencia, a la creciente familiaridad entre «el tirabeque de Olózaga» e Isabel II: «Ya le llama la Niña aparte, le dice sus secretos, y le hace sus caricias». Tras insinuaciones equívocas como aquélla, se apresuraba a añadir melifluamente que no tenía «nada de extraño: una niña tan buena cree que todos son sus amigos y dignos de su confianza[37]».

Antes de que aquella amistad peligrosa les explotase en las manos a Donoso y a sus patrones, había que dejarle claro a La Niña en quién debía confiar. El 9 de septiembre María Cristina envió a Donoso un largo pliego de instrucciones para su hija. Debía ser amable con todos, pero con todos reservada y era imprescindible que supiese guardar el secreto de la correspondencia extraoficial con su madre (incluso ante su hermana, la infanta Luisa Fernanda), y le advirtió que de ello dependía su seguridad, caso de que la situación política «tomase un color que no nos gustase […] no porque salió Espartero se acabó todo». Para evitar sorpresas desagradables, debía confesarse únicamente con el Patriarca de Indias y, si quería, con el confesor de su madre. Con los maestros no debía hablar de nada más que de las lecciones[38].

La cuestión económica era importante. La exregente insistió a Donoso que era el momento de conseguir el nombramiento de un Intendente de Palacio afecto a su persona, que pusiese orden en los asuntos de sus dos hijas y en los suyos propios, y que indagara en los atrasos del Real Patrimonio, pagos de empleados, encomiendas, limosnas y, por supuesto, el tema de su pensión de viudedad. «Es preciso, dice, aconsejar a la niña la justa economía y el arreglo de su Casa, porque sería desgracia que siendo inexperta se echase a gastar, o más de lo que puede, o todo o gran parte de lo que tiene». En este sentido recomendaba que se tratase cuanto antes con el Gobierno el aumento de la asignación de la reina y de su hermana, «sin que las gentes sospechen que se va a hacer mudanza pues en este caso se alborotarían».

No podían faltar tampoco, y no faltaron, las recomendaciones políticas para el momento en que se produjese la mayoría de edad. En este sentido se indicaba que era conveniente incluir al general Narváez, junto con los presidentes de ambas Cámaras, en la ronda de consultas necesarias para formar inmediatamente un nuevo gobierno que acabase con la provisionalidad del de López y, también, con la mayoría progresista dentro del mismo: «Que no se dejen alucinar y que tomen hombres puros de sentimiento, puros y constantes de Principios […] que no sean si se quiere muy rabiosos pero tampoco dudosos, sobre todo en Gracia y Justicia». Insiste asimismo en que se evite la disolución de las Cortes a toda costa y en que los ministerios encargados del orden y de las relaciones con Roma; es decir, Guerra, Gobernación, y Gracia y Justicia, sean de «los suyos».

Por último, el tema del matrimonio de la reina comenzó a ser objeto de atención y preocupación. Otra forma de perderla era que los progresistas lograsen imponer un candidato propio como futuro marido: «Cuando vaya Olózaga o si le escribiese de boda y no boda que se muestre afable y complacida pero que diga que sobre este asunto lo quiere tratar más adelante cuando sean más calmas las pasiones y ella sea de mayor edad. “A Olózaga, si me habla de boda, le diré cosas vagas pues no quiero fijar qual prefiero y además porque no quisiera que ellos pensasen hacer la boda de pronto y hasta hacerse un mérito con lo de haber conseguido mi gusto no habiendo yo tenido ni arte ni parte”. Creo que se debe dar largas en este asunto hasta después de declarada la mayoría por lo menos. Lo que más me apura es que no veo quien podría aconsejar a la niña en quanto sea declarada mayor; sea para la elección de ministros sea para los demás asuntos. A ver Donoso que piensa al respecto. Si se le ocurre algo, escribirá, etcétera[39]». Donoso tenía perfectamente claro qué pensaba y volvió a insistir en la urgencia de que se le nombrase secretario particular; especialmente ante la inquietud que le causaba la particular relación entre la reina y Olózaga: «Amparo no deja de encargarle reserva; pero hasta ahora todo lo que ha conseguido es que calle lo que Amparo le dice, y lo que dice S. M. por conducto de Amparo: no es esto poco conseguir pero en todo lo demás tiene demasiadas confianzas con todo el mundo[40]».

En efecto, la reina comenzaba a dar signos de cansancio y de cierta rebeldía ante el acoso de tantas personas, incluida su madre: «Mamá quiere saberlo todo y yo sé pocas cosas», parece que le dijo en una ocasión a Amparo Sorrondegui. Olózaga la hacía reír y la divertía de una forma liviana, y ya estaba harta de alarmas y de preocupaciones. En una ocasión le dijo ásperamente a la camarista que «la dejase ir» y se encargase ella misma de informar directamente a María Cristina de todo lo que pensase que podía interesarle. Donoso escribió alarmado que la mayoría de edad podía resultar una incógnita demasiado peligrosa. Como escribía a María Cristina y no a Muñoz se expresó en los términos más edulcorados: «Ahora que ya está encima la situación en que va a regir el Estado una niña de trece años por su edad, y cinco por su bondad y por su inocencia. Ahora también ha llegado el caso de decir Dios salve a la reyna, Dios salve al país[41]».

Si para salvar a la reina era necesario comenzar a enturbiar esa bondad y esa inocencia, qué se le iba a hacer. María Cristina fue puntualmente informada de que las relaciones con el autor de la famosa Salve habían traspasado todos los límites del decoro. Así, al parecer, en una comida oficial, «el fanfarrón[42] estuvo al lado de nuestra prima[43] sin dejar acercarse a nadie y con la familiaridad que hay entre marido y mujer: dio por allí varias vueltas con ella del brazo y la emborrachó tanto que varios de los asistentes a la función tuvieron que suplicar a mi segundo conducto[44] que la retirara y la retiró en efecto. Hoy es todo esto asunto de las conversaciones en Madrid[45]». Ya se encargó Donoso de que lo fuese y de que ese «asunto» adquiriese inmediatamente tintes escabrosos. En el enrarecido ambiente de la Corte, el desparpajo de Olózaga con la reina y de la reina con Olózaga inmediatamente sexualizó a ambos. Su supuesta intimidad con aquella fascinada adolescente de trece años desató todo el imaginario sexista del momento, para el cual el trato entre un hombre y una mujer era siempre el trato entre un hombre y una mujer. Pío Baroja, en la última entrega sobre Aviraneta, recogió muchos años más tarde aquellos rumores: «Todo hace pensar que Olózaga tuvo algo que ver con Isabel II[46]».

Nada hace pensar que lo tuviera. En todo caso, de lo que no hay duda es de que Olózaga creía saber cómo tratar (y controlar) a un monarca constitucional y a una mujer: como símbolos de algo más que ellas mismas. Iconos a los que había que colocar en el centro de todas las atenciones, otorgándoles un poder de carácter pasivo y simbólico que les escamoteaba el verdadero poder y la verdadera independencia. En su trato con la reina, con la monarquía constitucional, Olózaga era un caballero liberal y Donoso se comportaba como un proxeneta reaccionario.

Fue en este contexto de lucha política soterrada entre los diversos miembros de la coalición —que tenía como epicentro la apropiación política y personal de Isabel II— en el que se fraguó el último acto de todo aquel encadenamiento de despropósitos que llevó a los progresistas, incapaces de lograr una solución mejor, a acomodarse sin saberlo a los designios de María Cristina adelantando la mayoría de edad de Isabel II «con un poder desmesurado, con escasas luces y sin ninguna experiencia[47]».

El 8 de agosto de 1843, Joaquín María López pronunció en el Palacio Real un decisivo discurso ante los representantes del cuerpo diplomático y buena parte de las personalidades más destacadas del momento. En él hizo explícita la necesidad de adelantar la mayoría de edad que, de acuerdo con la Constitución de 1837, no debía producirse hasta octubre de 1844: «La nación quiere y la nación necesita ser regida por V. M. misma: pero V. M. desea oír el voto de las Cortes que deben en breve reunirse y prestar ante ellas el juramento que la Constitución previene, y que nadie más que las mismas Cortes puede recibir de un Monarca constitucional[48]».

Con aquella declaración, el gobierno López intentaba evitar que la declaración de mayoría, y la necesaria modificación de la Constitución que ese adelanto implicaba, pareciese producto —como querían María Cristina y Donoso— de la mera voluntad soberana. Para los progresistas era una cuestión de forma —pero también de fondo— establecer en aquel acto la preeminencia del Parlamento sobre la Corona. Así, López insistió en su discurso en la subordinación de la monarquía a la nación afirmando que, desde su momento inaugural, Isabel II tomaba «por único norte de su reinado los principios del Gobierno parlamentario que así evitan o contienen los abusos del poder como las conmociones populares[49]». La contestación de Isabel II al discurso de López la preparó Donoso Cortés y fue un modelo de retórica hueca que no comprometía a nada: «He oído con suma complacencia los leales sentimientos que acaba de manifestarme el gobierno provisional de la nación; y desde el día en que en las Cortes preste el juramento a la Constitución del Estado, me ocuparé en procurar la felicidad de los Españoles[50]».

Inmediatamente después de constituido el congreso, el 26 de octubre de 1843, el Gobierno presentó a las Cortes la comunicación sobre el adelanto de la mayoría. Dada la importancia del hecho, la discusión fue comparativamente breve, entre el 6 y el 8 de noviembre, siendo aprobada finalmente por 193 votos a favor y 16 en contra. Los diputados del ala izquierda del progresismo, cercanos a posiciones demócratas o republicanas —entre ellos De las Navas, Garrido, Ovejero, Ayguals de Izco, junto con otros más moderados como Madoz—, presentaron nada más leerse la comunicación una proposición en contra por considerar ilegal la mayoría ya que implicaba una sustancial reforma de lo establecido por el artículo 56 de la Constitución de 1837. Desechada esta proposición, el debate giró en torno al problema del poder de unas Cortes ordinarias para modificar la Constitución y en torno a las circunstancias particulares de Isabel II para ejercer la prerrogativa regia a una edad tan temprana.

Aunque ha sido poco valorado hasta ahora, aquel debate abrió de hecho las puertas para la futura y mucho más sustancial reforma que daría lugar a la Constitución de 1845 mediante el asentamiento entre la opinión pública y política de la máxima de que el poder constituyente de la nación residía, de hecho, en su poder constituido en las Cortes. Precisamente en contra de esta última suposición se produjeron las intervenciones más ardientes de los diputados radicales, que insistieron una y otra vez en que no había habido una manifestación unánime de la nación a favor del adelanto de la mayoría más allá de gritos aislados durante la revolución de 1843. Agotado este argumento, Román Ovejero, diputado por Palencia, trajo a colación la inconveniencia pública de «poner las riendas del Estado en manos de una niña» cuyos actos serían inevitablemente producto de influencias extrañas al gobierno parlamentario[51].

Para los radicales era evidente que se preparaba un amplio movimiento de involución moderada que necesitaba la legitimidad regia, y tenían razón. Un joven diputado por Almería, el marqués de Tabuérniga, fue el que más abiertamente planteó la cuestión. El adelanto de la mayoría de edad, en la práctica, no implicaba otra cosa que un intento de sustraer el poder del trono del control de la nación para llevar adelante una política estrecha de partido: «Esos mismos hombres que quieren envolverse en el ropaje y cortinas del Trono; esos mismos hombres que quieren expresar lo que apetecen por boca de S. M., lo harán en público […] ¿Quién nombra a sus Ministros? ¿Quiénes serán éstos? ¿Los que la inspire su corazón? ¡Inocente huérfana que no conoce a los hombres! Serán los que la digan las personas que la rodeen, no los que queramos nosotros, los diputados de la Nación, ni los que desee el pueblo que aquí nos ha enviado». Tabuérniga concluyó señalando lo que todos tenían en mente al referirse a la regencia de María Cristina diciendo que «empezó a ser funesta cuando se apoderaron de su ánimo los que ahora quieren apoderarse del de su Hija[52]».

A este tipo de argumentos contestaron los moderados evitando cualquier alusión a esa persona que estaba en la mente de todos. Donoso Cortés, que con tanta dedicación y celo servía a los intereses de doña Cristina, tomó la palabra para calificar de fantásticos los temores acerca de la posible manipulación política de la reina. Su discurso es modélico respecto a la concepción moderada más extrema de las relaciones posibles entre la monarquía y la nación. Después de comenzar con una alusión de sentido común —«tan niña es S. M. doña Isabel II á los 14 años como a los 13»—, Donoso comenzó a desgranar las bases de su visión política de la monarquía como encarnación de una nación superior a la del Parlamento:

Los Estados no se gobiernan a fuerza de años, sino a fuerza de prestigio, y todos los prestigios se unen para engrandecerse en la persona del Monarca. El Rey es el representante por excelencia de la nación. La unidad nacional está representada en su persona; la eternidad de la nación en su familia […] Yo no creo en el derecho divino de los reyes; pero creo que en la majestad suprema, considerada en abstracto, hay algo de divino, y creo que la persona que la ejerce es sagrada […] Isabel de Borbón es una niña de 13 años, sí; pero además es otra cosa, es una institución que tiene edad de 14 siglos[53].

Ciegamente confiados en sus propias fuerzas, los progresistas partidarios de la mayoría de edad se esforzaron por desvanecer los temores radicales respecto al secuestro de la monarquía por la reacción. Posada Herrera, diputado por Oviedo, afirmó que el Parlamento y la opinión pública eran los garantes de la subordinación de la monarquía a la voluntad de la nación, con la Constitución de 1837 como defensa de la misma: «Algunos hombres, se dice, están ya apoderados del palacio de nuestros Reyes; esos hombres podrán influir en el ánimo de una Reina inocente; esos hombres, se clama, reprobados por la opinión, harán que el pueblo, después de tantos sudores y tantos esfuerzos, reciba al fin una triste y miserable recompensa. Señores, yo tengo otras esperanzas; yo creo que la suerte del país no pende ni puede pender de una o más personas que se pongan a intrigar en los salones de palacio: la suerte de la patria está en la imprenta. La suerte de la patria está en la discusión de las ideas […] Los partidos (con principios claros) no temen su muerte porque tendrán electores que los traigan a representar la opinión pública, tendrán imprenta […] tendrán en fin la nación que los oiga y les preste su apoyo». Con ingenuidad impostada, Posada Herrera mostró su escándalo programático ante la pregunta de Tabuérniga respecto a quién, efectivamente, iba a nombrar los ministros a partir de la mayoría: «Todos los combates de la época presente han sido para asentar el principio sagrado e inviolable de que los ministros salen de la mayoría del Parlamento». A su juicio, si los consejeros de la reina se opusiesen a esa máxima, la nación correría a «salvar a la niña» que, si bien era una institución de la patria, lo era porque había sido «creada para interés de los pueblos, para salvaguarda de la Constitución, para ventaja y provecho de la nación entera[54]».

En uno y otro sentido la discusión se agotó pronto, dejando la impresión general de que la mayoría de edad era un hecho declarado ya desde el 8 de agosto. Martínez de la Rosa resumió a su manera beatífica el sentir mayoritario de que, a partir de entonces, la Corona se constituiría, por una parte, en freno a la revolución y, por otra, si no en la solución a la «desunión de los partidos», sí en la institución que mejor «ayudará a reunirlos todos alrededor del Trono[55]».

El día 10 de noviembre, a las dos y cuarto de la tarde, Isabel II entró en el salón de las Cortes acompañada por su hermana y heredera y se pusieron en pie todos los diputados y senadores que la aguardaban. Con su mano sobre los evangelios, y no sobre la Constitución, juró «por Dios y los Santos Evangelios que guardaré y haré guardar la Constitución de la monarquía española, promulgada en Madrid a 18 de julio de 1837; que guardaré y haré guardar las leyes, no mirando en cuanto hiciese sino el bien y provecho de la nación. Si en lo que he jurado o parte de ello lo contrario hiciere, no debo ser obedecida; antes aquello que contraviniese sea nulo y de ningún valor. Así Dios me ayude y sea mi defensa, y si no me lo demande[56]».

Con la obvia excepción del liberalismo más radical y republicano, el acceso de Isabel II al reinado personal fue saludado como el principio de una nueva era de estabilidad política y de progreso material, tras los difíciles años de guerra y revolución que el país quería dejar ya atrás. Manifiestos y proclamas, artículos de prensa, canciones y poemas, representaciones de los ayuntamientos y de las diputaciones, se unieron en un coro esperanzado que clamaba por la regeneración del país, la conciliación entre los partidos y el imperio de una «nueva luz» de prosperidad y de paz encarnado en Isabel II[57]. De forma casi inmediata, sin embargo, todas aquellas esperanzas se vieron frustradas y los negros presagios que habían convocado en las Cortes los diputados contrarios a la mayoría de edad se cumplieron con creces.

Al principio, todo pareció desarrollarse con normalidad y dentro de una colaboración, al menos formal, entre progresistas y moderados. Joaquín María López presentó la dimisión ante la nueva reina y aconsejó que su sucesor fuese Salustiano de Olózaga, lo cual pareció agradar mucho a Isabel II. Lo inquietante del caso es que también le pareció muy bien al círculo de María Cristina. Hubo que convencer a muchos notables moderados de que aquélla era una buena solución pero al final se logró. La estrategia de María Cristina, de Donoso Cortés y de Muñoz venía marcada por su lúcida apreciación de que sólo un gobierno progresista estaría en condiciones de facilitar el regreso de la reina madre sin que se produjese una conmoción popular, o no tan popular. Olózaga y María Cristina se habían entrevistado en París a mediados de octubre y, al parecer, el político progresista se había mostrado dispuesto a apoyar la vuelta a España de la exregente.

Donoso Cortés, aún con ciertas reticencias iniciales, se empleó fielmente en realizar los contactos oportunos para convencer a Narváez y a otros militares de que aquella solución era la mejor, de momento. Fue una empresa difícil. Por una parte, no todos los moderados estaban de acuerdo con la subordinación a los intereses de María Cristina que pedía Donoso. El marqués de Casas Irujo, por ejemplo, dijo claramente que el regreso a España de la reina madre era una cuestión secundaria y que lo que realmente había que pactar con los progresistas eran «ciertas leyes».

Por otra parte, muchos moderados (y muy especialmente Narváez) se habían hecho ilusiones de que serían llamados al Gobierno en cuanto la reina fuese declarada mayor de edad. Narváez, al parecer, se puso verdaderamente furioso al conocer que Olózaga había tenido una entrevista privada con María Cristina y que, en Palacio, se pensaba en él como ministro. Donoso escribió a París: «Entonces empecé a calmarle, poco a poco y con dulzura, asegurándole que de que trajera Olózaga a S. M. le daríamos el puntapié y respondiéndole de que yo tenía medio para perderle cuando nos conviniera, logré no sólo calmarle sino hacerle prometer que apoyaría a Olózaga […] ¿Sabe V. que esto parece un sainete? Estar yo defendiendo a Olózaga y buscándole partidarios siendo el hombre a quien más cordialmente aborrezco en el mundo… Pero S. M. así lo quiere […] si no fuese por eso ¿quién iba a matar a Olózaga sino yo? Yo creo que su corazón le dice que ha de recibir la muerte de mis manos[58]». Así habría de ser.

El primer paso fue la votación de presidente del Congreso en la cual don Salustiano fue elegido frente a Cortina, con los votos moderados: «Cuando ocupó la mesa de la Presidencia estaba pálido y cortado: que se comprometa y se jeringue que también nosotros nos jeringamos», escribió Donoso a Muñoz añadiendo, en uno de sus raptos de soberbia: «Sí, soy un niño en la bondad y en la inocencia pero en talento, ¡Vive Dios! No hay quien me ponga la mano encima en Europa[59]». A partir de ese momento, las instrucciones que recibió Isabel II fueron las de encargar a Serrano que, junto con los presidentes de las Cortes y con Narváez, iniciasen conversaciones para la formación de un nuevo gabinete que, de acuerdo con la estrategia diseñada desde París, estaría presidido por Olózaga. Inmediatamente después se le forzaría a cumplir su compromiso de traer a María Cristina… y, de acuerdo con lo escrito por Donoso, se le daría el anunciado puntapié.

Salustiano de Olózaga era demasiado ducho en política como para dejarse engañar completamente. Era consciente de lo falso de su situación y del cúmulo de intrigas tejidas a su alrededor. Intentó zafarse (como había hecho otras muchas veces) y reservarse para una situación política más clara. No abrigaba esperanzas respecto al cansancio y recelo de la opinión hacia los progresistas tras la regencia de Espartero; conocía bien la astucia de María Cristina, así como el peso de los moderados en la Corte y, sobre todo, en el ejército. Sabía también que contaba con muchos enemigos dentro de su partido que esperaban verle tropezar. Insistió a la reina para que mantuviese a López, pero Donoso y la marquesa de Santa Cruz se emplearon a fondo para que esto no sucediese[60].

Esta última se había convertido de nuevo en una presencia constante al lado de la reina y, de creer a Donoso, Isabel II la temía de tal manera «que no se atreve a levantar la vista donde ella está[61]». Fue ella la que volvió a convocar al gabinete de López para pedirle que permaneciese en su puesto mientras se formaba un nuevo gobierno, algo que la reina (completamente azorada y confusa) no fue capaz de hacer en la primera entrevista. Fue también la marquesa la que le recordó a Isabel II las instrucciones de su madre respecto a la importancia de que Serrano fuese un elemento central en las gestiones para formar el futuro gabinete. Estuvo presente en la entrevista entre ambos y, dado que la reina «cuando vino se quedó otra vez parada», se encargó ella misma de transmitir las instrucciones reales al general. Crecientemente celoso, Donoso escribió a París: «Estando presente la Santa Cruz en estas conferencias y hablando por S. M., ella habrá de ser por algunos días a lo menos, hasta que la Reyna rompa a hablar, la verdadera Reyna de España […] A partir de ahora veré a la marquesa de Santa Cruz veinte veces al día si es necesario […] por ella se hará todo[62]».

Finalmente, el 20 de noviembre de 1843, Salustiano de Olózaga aceptó el encargo de formar gobierno, aunque se negó a que en la ronda pertinente le acompañasen Serrano y Narváez. A la reina aquello le pareció muy bien. Donoso escribió alarmadísimo a París, quejándose de que cada vez encontraba más arena en el engranaje de comunicación con aquella niña de trece años que desconcertaba a todos. A veces no parecía comprender bien las instrucciones, o aparentaba no hacerlo. A veces se quedaba callada y azorada, y otras veces «abandona la reserva que le tiene encargada su Madre». Esto último era especialmente evidente con don Salustiano a quien se dirigía llamándole «mi queridísimo fanfarrón». En cierta ocasión, la marquesa de Santa Cruz llegó a tiempo para que el cariñoso apelativo se borrase de inmediato del sobre de una carta de la reina a Olózaga que habría podido ver todo el mundo.

«Todo esto es malo, malísimo, infernal», escribía Donoso, añadiendo que de nada servían las instrucciones que le daban porque la reina no sabía contestar a situaciones nuevas no previstas y tendía a plegarse a la última de las sugerencias recibidas: «¿Quién diablos va a adivinar todo lo que le pueden proponer? […] Se le ha aconsejado que a todo diga “lo meditaré” pero no se atreve y a todo dice que sí […] la timidez de la niña nos va a perder […] todo lo que hace cuando se la apura es indicar lo que se la dice muy tímidamente. Pero considerándolo todo, ¿qué otra cosa puede hacer una niña de trece años? […] He dicho a Amparo que diga a S. M. que si Olózaga forma el Ministerio, el día mismo en que presente a los nuevos Ministros los encargue que llamen a su Mamá para que venga a encargarse de la tutela de su hermana. Entonces se consigue todo lo que deseo: que la Reyna tome la iniciativa y que no sufra un desaire[63]».

El desaire, sin embargo, llegó. A pesar de los temores (y de los deseos) de que Olózaga hubiese caído preso de Palacio y de los moderados, no lo estaba. Formó un ministerio progresista puro y lo defendió con rotundidad en las Cortes: «Yo no quería ser ministro […] pero si lo era había de mandar yo y nada más que yo[64]». Si no había sido un juguete de Espartero, no iba a serlo de María Cristina. Se negó a aceptar la inclusión de varios ministros moderados; anunció el rearme de la Milicia Nacional y le dijo a la reina que no era aún el momento de llamar a su madre. El siguiente paso era asentar su gobierno en una sólida mayoría parlamentaria. En uno de sus arrebatos, Donoso escribió a Muñoz amenazando con que si Olózaga persistía en su actitud «hago que la Reyna llame a Narváez para que forme un nuevo Ministerio. Narváez entra, echa al Congreso patas arriba, al Senado patas abajo, fusila a los Ministros, degolla a quinientas personas, y todos quedamos en paz […] yo más no sufro[65]».

No hizo falta, de momento, llamar a Narváez. Dos días después se fabricó uno de los escándalos políticos más oscuros del reinado isabelino. El llamado «incidente Olózaga» debe ser entendido en el contexto general de la lucha de los moderados y de María Cristina por hacerse con la hegemonía en el fluido escenario de 1843. Un escenario en el cual perdían pie continuamente ante la mayor potencia política del progresismo. De dicho incidente tan sólo existen dos versiones encontradas, la de Isabel II y la de Olózaga. Significativamente, entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre de 1843 no se conserva en el archivo de la reina gobernadora carta alguna de Donoso a Muñoz, lo cual sorprende especialmente dado que todos los días anteriores y posteriores hay un relato pormenorizado de las más nimias incidencias en Palacio. Resulta difícil creer que Donoso no enviara su propio relato y versión de los hechos a Muñoz. Resulta difícil creer que un asunto tan crucial para los intereses de María Cristina, y para el futuro político del país, no mereciese ni una línea.

Por lo que sabemos, las cosas sucedieron, más o menos, así. Consciente de la ofensiva moderada que se le venía encima, Olózaga solicitó y obtuvo una entrevista privada con la reina en la noche del 28 de noviembre. Junto con otros documentos de escasa relevancia, el primer ministro le presentó a Isabel II el decreto de disolución, que ésta firmó. Olózaga se retiró rápidamente llevando consigo, como testimoniaron más tarde él mismo y el coronel Dulce, que se hallaba de guardia aquella noche, un paquete de dulces para su hija, como regalo de la reina. Hasta aquí los hechos desnudos.

Al día siguiente, la marquesa de Santa Cruz se enteró de lo sucedido. La reina fue interrogada, primero, ante una serie de políticos moderados convocados precipitadamente, entre ellos el nuevo presidente del Congreso, Pedro José Pidal, y el general Narváez. Después, hubo de ratificarse ante una junta solemne compuesta por altos mandos del ejército, miembros de las mesas del Congreso y del Senado, grandes de España, magistrados y alta servidumbre de Palacio reunidos para escuchar y dar testimonio de su relato. Cabe imaginar la tensión de aquella adolescente que tan sólo unos días antes era incapaz de romper a hablar ante los ministros. El acta de aquella reunión recogió las siguientes palabras de la reina:

En la noche del 28 del mes próximo pasado, se me presentó Olózaga y me propuso que firmase el decreto de Disolución de las Cortes. Yo respondí que no quería firmarlo, teniendo para ello, entre otras razones, la de que estas Cortes me habían declarado mayor de edad. Insistió Olózaga. Yo me resistí de nuevo a firmar el citado decreto. Me levanté, dirigiéndome a la puerta que está a la izquierda de mi mesa de despacho: Olózaga se interpuso y echo el cerrojo a esta puerta.

Me dirigí a la que está enfrente, y también Olózaga se interpuso y echó el cerrojo de esta puerta. Me agarró el vestido y me obligó a sentarme. Me agarró la mano hasta obligarme a rubricar. Enseguida Olózaga se fue y yo me retiré a mi aposento. Antes de marcharme Olózaga me preguntó si le daba mi palabra de no decir a nadie lo ocurrido, y yo le respondí que no se lo prometía[66].

Es imposible saber si Isabel II proporcionó espontáneamente aquella versión o le fue sugerida (o impuesta) por quiénes la miraban tan severamente, le preguntaban una y otra vez por los detalles y, sobre todo, le advertían de la gravedad de lo que había hecho y de lo lesivo que era para los intereses de su madre. Sí sabemos, a través precisamente de Donoso, que la reina temía «a la Santa Cruz con un temor que raya en espanto[67]». En cualquier caso, tres cosas parecen evidentes. En primer lugar, que los moderados no se sentían capaces de acceder al gobierno si no controlaban a la Corona. En segundo lugar, que para lograr ese control no dudaron en convertir aquel oscuro incidente en un escándalo político mayúsculo que les permitiese exonerar a Olózaga por delito de «lesa majestad» y anular el decreto de disolución de Cortes. En tercer lugar, y subsumiendo todo eso, a partir de entonces la ficción y la esperanza de que la monarquía podía y debía situarse por encima de los partidos resultó tocada de muerte de la forma más pública y más escandalosa.

Años después, en otro momento en que la reina parecía perdida para los moderados, Donoso Cortés escribió a Muñoz con su rudeza y lucidez habituales: «Los progresistas no necesitan del Monarca para ser fuertes porque se apoyan en las turbas. ¿Qué fuerza no tendrán cuando se apoyen a un mismo tiempo en las turbas y en el Monarca? Los moderados no necesitan de las turbas para ser fuertes porque se apoyan en el trono: pero ¿dónde estará su fuerza cuando no se apoyen en el trono ni en las turbas? […] V. dirá que es triste soltar la presa[68]».

Como una presa, como un poder secuestrable, fue como los moderados concibieron desde el principio a Isabel II, favorecidos por la situación de desconcierto personal de una reina sin educación política, apenas salida de la niñez, pero ya ducha en la escuela del fingimiento y la intriga. Esa imagen, política y simbólica, de «Reina de los moderados» arraigó profundamente en la cultura isabelina desde los inicios del reinado. En los días del incidente, el partido progresista pareció quedarse sin respuesta, anonadado ante la magnitud del escándalo y la imposibilidad de neutralizarlo sin acusar a la reina de mentir. Asombra, en ese contexto, el temple que demostró Olózaga.

El mismo día 29 intentó ver a la reina para aclarar los rumores que comenzaban a circular, pero se le negó la entrada. Poco después se le hizo llegar un mensaje de Isabel II, redactado por Donoso, por el cual ésta le anunciaba su destitución «por motivos graves a mí reservados». Olózaga se negó a aceptar el decreto con esa fórmula y afirmó que, de no corregirse, no saldría del ministerio sino por la fuerza. Al día siguiente, salió en la Gaceta el decreto de exoneración eliminando aquellas frases. En una nota sin fecha dirigida a Fernando Muñoz, Donoso escribió: «Acaba de salir la Gaceta con el decreto de exoneración. ¡Qué infamia! Viene puesto de distinto modo que yo lo puse y del que se acordó en la junta solemne de anoche: no trae la frase esencial, la frase característica aquélla de por gravísimas razones a mí reservadas. Esto es cosa del Dr. Frías. ¡Qué tunos redomados!»[69].

Ésta es la primera carta de Donoso que se conserva en el archivo de María Cristina tras el famoso incidente. A partir de entonces, todo es indignación moral y cálculo político para lograr que, junto con Olózaga, cayese definitivamente el Partido Progresista.

Se llevará adelante la acusación: se dará la batalla donde se quiera: en el Congreso y en las calles: la hora de la victoria ha llegado para la revolución o para la Monarquía. El partido progresista ha cometido la torpeza de hacer suya la causa de Olózaga: tanto mejor, así podrá matarse de un solo golpe la revolución y el tribuno […] Caído Olózaga Narváez quería formar uno que él mandase a zapatazos: yo, como V. se puede figurar, he podido impedirlo o entorpecerlo; pero no he querido y he dejado hacer su gusto para tener después el otro de hacerle responsable de lo que suceda. Él ha hecho Ministro de Estado y Presidente a González Bravo, es decir, a su hombre […] mejor, mejor, mejor, ahora veremos lo que hace por Doña María Cristina […] estoy seguro de que le habrá prometido a V. el oro y el moro si él mandara […] veremos si lo cumple, o si, variando de tono, empieza a hablar de lo crítico de las circunstancias, de la necesidad de esperar la ocasión más oportuna[70].

Mientras tanto, Olózaga se entrevistaba con los líderes de su partido, reunidos en casa de Madoz con Serrano, a los cuales les contó su versión de los hechos: la reina había firmado el decreto de disolución sin la menor reserva y, por supuesto, sin violencia, como demostraba, entre otras cosas, la afabilidad con la que le despidió —de la cual fue testigo el coronel Dulce, quien, por otra parte, como testificó más tarde, no había oído la más mínima conmoción en el despacho real—. Olózaga conservaba el decreto y mostró a sus correligionarios la firmeza de la rúbrica que no mostraba signo alguno de haber sido forzada. Para todos ellos era evidente que el incidente había sido fabricado por la camarilla de la reina, si no por la reina misma. El problema a partir de entonces fue cómo defender a Olózaga sin acusar a la reina de falsedad. El Partido Moderado, por su parte, se preparaba para un linchamiento político que, en más de una ocasión, estuvo a punto de ser un linchamiento físico. Aquel linchamiento debía producirse de la forma más pública posible, en las Cortes, aún a riesgo de poner en tela de juicio la credibilidad y capacidad para reinar de la propia reina; aún a riesgo de convertirla personal, política y simbólicamente, en objeto de pugna entre partidos.

El debate duró algo más de una semana y resonó en todo el país y en toda Europa. En plenos debates, incluso un aliado abierto de los moderados, el presidente francés François Guizot, mandó un despacho urgente al nuevo embajador de Francia en Madrid, el conde de Bresson, para mostrarle su desconcierto e inquietud. Consideraba absolutamente lamentable que el tema se estuviese debatiendo en las Cortes e insistió en que su embajador aconsejase a las personas cercanas a la reina para que sucesos insólitos como aquél no pudiesen repetirse en forma alguna. Sin prejuzgar la verdad o falsedad de lo sucedido, Guizot insistió en que «el sólo hecho de que acusaciones como ésta hayan podido producirse demuestra un estado de cosas y un mal tan grave que es urgente remediarlo[71]».

En efecto, la cuestión salpicaba directamente a la reina y podía tornarse en incontrolable. El diputado Plá resumió así la situación:

El Congreso de los Diputados va a decidir si S. M. ha dicho la verdad en esta declaración o si no ha dicho la verdad […] aunque llegase a estar convencido de que no era exacto lo que en la declaración de S. M. está estampado, yo me guardaría muy bien de dar un voto que explícita ni implícitamente contradijera su veracidad; porque, señores, para mí antes que el Sr. Olózaga, antes que nadie, es el prestigio del trono. [Más adelante, añadía:] «los que aconsejaron a S. M. yo creo que han cometido una gran imprudencia, y han hecho un gravísimo daño a ese Trono de que se dicen defensores y leales servidores con haber dado el consejo para que se redactase ese acta, que puede venir a ser objeto de discusión […] yo creo que el Trono es el que peligra, que el Trono es el que está interesado en que no entremos en esta discusión[72]».

Plá tenía razón. Desde el punto de vista de la institución y de su prestigio, aquel debate era un despropósito. Sin embargo, desde el punto de vista de los moderados y de su concepción puramente instrumental de la monarquía, aquélla era una ocasión que no quisieron desperdiciar de ninguna manera, aunque el respeto hacia la institución que decían venerar quedase hecho trizas. En todo caso, contaban con el hecho de que para Olózaga era imposible acusar a la reina de mentir a riesgo de exponerse a la acusación de alta traición. Consciente de ello, éste anunció que «nada bastará a que salga de mis labios una sola palabra que pueda mancillar los profundos respetos que debemos todos a la augusta persona, cuya gloria, decoro y prestigio están tan íntimamente ligados con el porvenir de España[73]».

Su línea de defensa se concentró en ofrecer pruebas circunstanciales de que las cosas no podían haber sucedido de la forma en que relataba el acta de acusación. Sin nombrar a la marquesa de Santa Cruz ni a Donoso, Olózaga reiteró una y otra vez la acusación velada de que había en Palacio enemigos acérrimos de su persona, y del progresismo en general, que podían haber inducido a la reina a afirmar lo que había afirmado. El problema, sin embargo, no era sólo de intereses personales encontrados, era un problema que afectaba a la naturaleza misma de la nueva monarquía liberal: «No hay monarquía constitucional posible si los reyes oyen siquiera hablar de política a otras personas que a los ministros responsables; si los reyes creen que pueden ceder a los afectos privados y a los consejos de las personas que más estimen, en vez de ceder a los consejos de los hombres que manden en el país[74]». Quienes habían aconsejado a la reina que exonerase a su primer ministro y habían llevado aquel asunto a las Cortes no podían ser auténticos defensores de Isabel II, porque «comprometen a una augusta persona, y la hacen jugar un papel indigno de la condición en que ha nacido, indigno de sus sentimientos elevados y contrario a sus verdaderos intereses[75]».

De acusado, el político progresista consiguió poco a poco convertirse en acusador: «Piensen en el candor de la infancia; piensen en el temor que se abriga a los pocos años […] y piensen que la extrañeza, la oposición de cierta parte puede producir naturalmente una explicación, que se cree puede satisfacer de cierto modo a quien se presenta por un momento en posición de extrañar y de sentir[76]». Olózaga, sin duda, había aprovechado la inexperiencia de Isabel II para pedirle un decreto cuyas consecuencias políticas ésta era incapaz de prever. Sin duda, también lo había hecho escudado en una concepción de la monarquía en la que el gobierno efectivo sólo residía en los gobiernos responsables. Con el incidente Olózaga, y más allá de la veracidad o no de la versión real, dos concepciones de qué debía ser la monarquía constitucional, dónde residía su poder político y su poder simbólico, volvían a enfrentarse.

Con su pericia oratoria habitual, don Salustiano combinó los sollozos (reales o fingidos) con la más absoluta flema y arrogancia. Sollozó cuando dijo: «mi vida es mi honra, mi vida es este sentimiento de mi conciencia que me ha hecho vivir conmigo siempre tranquilo y contento: mi vida, señores, es la de un padre honrado. Mi vida es la que he pasado con una persona de mi corazón, con mi hija […] con mis amigos […] con mis compañeros… ¡Esto no puedo yo sacrificarlo ni a la Reina, ni a Dios, ni al universo entero!». Se mostró firme, y hasta didáctico, cuando dijo que la auténtica transacción entre la monarquía antigua y la sociedad moderna consistía «en mantener a los reyes libres absolutamente del contacto con los partidos, ajenos por sus personas a las opiniones que se debaten en el país, y en hacer que admitan, ésta es la única condición, como ministros responsables a los elegidos de la nación». Retó a todos a que se definiesen y lo logró especialmente con Bravo Murillo, quien afirmó que el rey constitucional defendido por Olózaga «no es el Rey constitucional mío» ni lo era «en la práctica de ningún París de Europa que se rige por gobiernos representativos». A Bravo Murillo, en cierto sentido, no le faltaba razón pero Olózaga sabía muy bien de qué horizonte práctico hablaba: «Aquí no cabe escudarse con el trono, aquí es preciso decir si se quiere trono constitucional, o se quiere de otra manera». Acabó concluyendo con arrogancia: «¿Hay acusación o no? ¿Se quiere juicio o se quiere sacrificio?»[77].

No se quería juicio porque la situación amenazaba con írseles de las manos a quienes la habían provocado. El sacrificio era una opción. Sus amigos, muy notablemente Pascual Madoz y su hermano José de Olózaga, le protegieron durante aquellos días. Por las mañanas le apoyaban en unas Cortes abarrotadas de oficiales del regimiento de Narváez que vociferaban con las espadas desenvainadas. Cada noche dormían o velaban con él en una casa distinta. A medida que el acusado desmontaba uno por uno los argumentos de la acusación (su posibilidad misma), la presión y las amenazas físicas crecían.

El 13 de diciembre partió para el exilio convencido de que no se quería juicio sino sacrificio. Dejó a su familia en Madrid y, poco después de llegar a Londres, recibió la noticia del misterioso incendio de su casa. «Ni un solo papel se salvó —recordaría años más tarde—, y entonces se creía que yo tenía algunos muy importantes, pero no literariamente[78]». El asunto quedó para siempre flotando en la atmósfera, cada vez más enrarecida, del reinado de Isabel II, que comenzaba de la peor de las maneras imaginables.

María Cristina y su entorno, en todo caso, habían conseguido lo que deseaban. Políticamente, habían logrado desembarazarse del progresismo. Personalmente, uno de los efectos inmediatos del incidente Olózaga, como el propio rey Luis Felipe de Orleans se encargó de trasmitir al nuevo gobierno español, fue el de convertir en urgente el regreso de María Cristina a España para cuidar y asesorar a la joven e inexperta reina. Así, François Guizot escribió: «Sin duda, desde que la Reina ha sido declarada mayor, es necesario que pueda comunicarse directamente con los depositarios oficiales de su autoridad, y nadie puede interponerse entre ellos y la regulación de los asuntos del Estado; es una necesidad constitucional, pero otra necesidad no menos absoluta es la de que la joven Princesa no se encuentre, en ningún momento, alejada de personas dedicadas, pues la vigilancia es imperiosamente reclamada por su edad y por su sexo: el honor del trono, los intereses esenciales de España y todas las conveniencias políticas y morales se reúnen para exigirlo[79]».

En efecto, el incidente Olózaga fue una poderosa llamada de atención sobre la peculiar situación personal de Isabel II; una situación que, desde el punto de vista del sexismo mayoritario de la época, la convertía en una persona especialmente vulnerable, no sólo por su edad sino también por su sexo y los peligros a los que éste la exponía. Indiferentes a los letales efectos a largo plazo que su actuación podía producir, María Cristina y sus agentes comenzaron a filtrar insistentes rumores respecto a la ligereza del comportamiento de Isabel II. Manuel Gaviria escribió a Muñoz que era necesario acelerar la vuelta de la madre «en tanto cuanto sea posible porque es bueno que el arbolito se críe derechito y sin torcerse, pues, si esto último sucediese, costaría mucho trabajo enderezarlo[80]». Algo más explícito fue Pedro Massa unos días después cuando escribió: «Una de las razones que generalmente se alegan para motivar la necesidad de la pronta buelta de V. M. es la de terminar la educación moral de su Augusta Hija: y en efecto, Señora, esto es muy necesario: yo pudiera decir a V. M. cosas que la convencieran de esta necesidad; pero el respeto me impone silencio[81]».

Un documento anónimo escrito en francés, fechado en diciembre de 1843 y guardado entre los papeles reservados de la reina gobernadora recogía varios datos e insinuaciones sobre la disipación de modales y costumbres que imperaba en la Corte de Madrid y en la cual participaba cada vez más Isabel II, «víctima de su triste y difícil posición: una niña buena e inocente que no tiene a su lado a ninguna persona capaz de aconsejarla […] Cada día vemos con escándalo como la marquesa de Santa Cruz no es capaz de hacer comprender a S. M. que Ella no debe asistir a ciertas piezas, a ciertas comedias españolas, que tienen un lenguaje muy libre e incluso indecente como, por ejemplo, Las travesuras de Juana[82]».

La imagen que quería trasmitir el autor del documento era la de una Corte donde reinaba la anarquía, la tolerancia y los comportamientos dudosos o irresponsables de las damas que rodeaban a Isabel II. Así, al parecer, la segunda dama, la marquesa de Valverde, recibía a su amante Calvet todas las noches en Palacio mientras la reina otorgaba un trato de evidente favor al hijo pequeño del conde de Puñonrostro, recién nombrado primer Caballerizo: «Es el único hombre joven que su Majestad ve todos los días, el que encuentra en sus paseos […] el que le lleva la sombrilla y el que le toma las manos, y el que no quita los ojos de S. M. y con sonrisas maliciosas busca la atención de S. M. y la obtiene siempre […] y habla en los paseos con este joven con calor e interés[83]».

María Cristina utilizó sin duda toda aquella información para presionar al gobierno de Luis González Bravo para que facilitase, cuanto antes, su regreso a España. Convertida en un ser sexuado y sexual, cuyo comportamiento era necesario vigilar, tanto personal como políticamente, Isabel II asistió a la decidida ofensiva política moderada que se hacía en su nombre. «Si la fuerza es la violencia, este Ministerio triunfará», con estas palabras definió el recién llegado embajador británico, Bulwer, el gobierno de González Bravo[84]. El 11 de enero Donoso Cortés le relató a María Cristina una reunión reciente entre él, Narváez y González Bravo, en la cual este último aseguró: «Yo necesito plantear las leyes orgánicas, necesito un motín para tener un pretexto para degollar gente, necesito desarmar en un día toda la Milicia del Reyno y hacer con los Nacionales lo mismo que Carlos 3.º con los jesuitas[85]».

Los motines no tardaron en llegar. Los más graves y los más cruelmente reprimidos fueron los de Alicante y Cartagena durante los meses de febrero y marzo de 1844[86]. En medio de un clima de violencia y represión que afectó a la práctica totalidad del progresismo y del radicalismo político, el nuevo ministerio inició una empresa de estabilización postrevolucionaria en la cual desempeñaron un papel fundamental la reposición de la ley moderada de ayuntamientos de 1840; la drástica limitación de la libertad de imprenta, la liquidación de la Milicia Nacional, la renovación de la administración y la creación de la Guardia Civil.

Mientras tanto, María Cristina seguía haciendo llegar instrucciones a Madrid a través de Donoso Cortés, que actuaba ya informalmente como secretario particular de la reina, posición para la que fue nombrado en propiedad en abril de 1844. Entre las cajas reservadas de la reina gobernadora, existe una serie de anotaciones de aquellos primeros meses de 1844 en las que María Cristina insiste en la importancia de que la reina no vuelva a despachar sola con ningún ministro: «Es preciso que no ceda en esto […] no debe la niña ver a nadie sola, ni al Intendente, pues no se sabe lo que puede hacer». En la única alusión que existe sobre el espinoso tema del supuesto desacato de Olózaga, María Cristina se apresuró a remitir a Madrid una nota al respecto pocos días después de lo sucedido: «Que tenga mucho cuidado la niña de no desmentirse en lo que ha declarado de Olózaga porque sería fatal si algún día descuidada la hacen poner a decir algo que no fuese cierto, y como no creo que los Ministros sean siempre favorables y podía haber alguno osado que fuese a proponer algo de esto. Si no es ahora puede ser más tarde». De la misma forma, la exregente volvía a plantear la necesidad de que fuese la propia Isabel II la que hablase con el ministerio pidiéndole el regreso de su madre para acabar con aquella situación de incertidumbre: «La niña debe hacer ver que tiene un deseo de verme y de que se arregle con decoro esto de la tutela (de Luisa Fernanda) pero ni debe empeñarse fuertemente ni acceder a nada de lo que ellos le digan y sí podía decir que se escriba a mí sobre las bases del modo de componerlo[87]».

El modo de componer ese regreso se convirtió a partir de entonces en el objeto fundamental de los esfuerzos de María Cristina, de Muñoz y de los hombres más cercanos de su entorno, como Donoso Cortés. En primer lugar, era necesario hablarle a Isabel II de las particularidades de la relación entre su madre y Muñoz; en segundo lugar, era necesario darle a este último «una posición» y, en tercer lugar, como resultado de todo ello, había que solucionar legalmente el tema de la dudosa situación matrimonial de la exregente.

El 27 de enero de 1844, González Bravo escribió personalmente a Fernando Muñoz en relación con el título de nobleza que se consideraba imprescindible otorgarle para regularizar su enlace con doña Cristina: «Penetrado de lo muy conveniente que puede ser en determinadas ocasiones, así para V. como para personas a quien yo respeto profundamente, el que la dignidad de V. aparezca al nivel de sus circunstancias, desde que entré en el ministerio tomé mis medidas y preparé de tal modo las cosas para que pudiesen ser satisfechas cualesquiera expectativa que V. se haya creído con derecho a concebir. Sólo un nombre hace falta para que así suceda y espero de su franqueza que respondiendo a la mía se sirva indicármelo del modo que mejor le parezca. Al mismo tiempo me atrevo a insinuar que una palabra, un título español, sonará mejor en España y aún fuera de este país[88]».

El 12 de febrero de 1844 le fue concedido a Fernando Muñoz el título de duque de Riánsares con grandeza de primera clase y, algo más adelante, la Cruz de Carlos III[89]. «Ya tiene V. turrón, enhorabuena», le escribió Donoso a Muñoz en su peculiar estilo de compadre. El mismo que había acusado a Olózaga de tratar de engañar a la reina, Juan Donoso Cortés, propuso que González Bravo le llevase a Isabel II el decreto de concesión de título a Muñoz entre otros muchos papeles, y que no se lo presentase «sino cuando la tenga cansada y si es posible somnolienta, y a hora alta de la noche […] que el título no diga don Fernando Muñoz sino don Agustín Fernando Muñoz y Sánchez para ver si cree que es otra persona». En el caso de que se observase en la reina alguna «repugnancia», Donoso proponía entrar él mismo en la cámara «y se lo diré a la niña todo, todito, haciendo lo que S. M. según V. se propone hacer por medio del Patriarca[90]».

Como muestra del enrarecido ambiente de la Corte que rodeaba a Isabel II, y de las intrigas y desavenencias que se producían de forma constante, incluso entre personas afines políticamente, merece la pena recordar que Donoso Cortés planeó todo lo necesario para lograr la firma del decreto aprovechando la ausencia de la marquesa de Santa Cruz. Buscando una complicidad de clase con Muñoz y tratando de avivar en él un resentimiento semejante al suyo ante el exclusivismo aristocrático de Santa Cruz, Donoso escribió: «Por supuesto es preciso que no huela nada de esto la zorra vieja porque tengo la convicción de que si lo huele estamos perdidos: primero se unirá el cielo y la tierra que consentir esa zorra que hombres como nosotros sean Marqueses o Condes. Eso a sus ojos es el mayor de todos los escándalos: o por mejor decir el único escándalo, el único delito: por todo lo demás pasará, pero esto es imposible […] para ella hacer Marqués a quien no lo es por la cuna es lo mismo que para mí cortejarla: un delito de bestialidad imperdonable y nefando[91]».

Mientras tanto la expectación de Isabel II ante la llegada de María Cristina subía de tono. El 14 de febrero de 1844, escribió: «Estoy deseando abrazarte, qué placer el día en que nos veamos reunidas, a todas horas pienso en ti, todos los días […] creo que ya no tendré necesidad de escribirte a París sino al camino, esto me llena de gozo pues espero poderte abrazar muy pronto, que esto será una de las cosas de mi vida en que puedo alegrar» y, refiriéndose a la sublevación de Alicante, «ya sabrás que Bonet ha sido batido de lo que me alegro mucho para que no se detenga en nada tu venida, lo que deseo con ansia pues te quiero infinito[92]».

El resto de las cartas que se conservan de esas semanas abundan en la ansiedad con que la reina aguardaba el regreso de su madre: «Quisiera que me dijeras el día que piensas llegar a Aranjuez para saber yo cuando debo salir. Se me figuran eternos los días con la impaciencia de abrazarte pues te quiero muchísimo, todo lo más que se puede querer te quiero yo a ti […] Aquí se dice que el Varon de Mer te ha escrito para que te detengas en Perpiñán, por Dios mamá mía no te detengas pues mi mayor deseo es poderte abrazar[93]». El 5 de marzo, la reina le cuenta a su madre cómo ha organizado el Gobierno la llegada y el encuentro, reiterando su impaciencia: «Los Ministros me encargan que te diga que tu entrada en Madrid será como sigue: yo saldré a recibirte al camino de Ocaña y nos vendremos juntas al palacio de Aranjuez, pues así se ha decidido, luego estaremos allí uno o dos días juntas y luego después nosotras dos nos vendremos y tú te quedarás allí hasta el otro día que entrarás tú en Madrid sola y yo saldré a recibirte al fin de la escalera, pero yo sentiré en estremo el separarme de ti pues te quiero infinito, yo desearía mejor entrar contigo pues así ya no nos separábamos, pues me va a ser muy doloroso el separarme de ti, esto será lo que tú quieras, yo me conformo con lo que tú me digas, pues tu voluntad es antes que la mía[94]».

Una tras otra, todas las cartas muestran la rendida voluntad de Isabel II ante una madre de la que parecía esperar el fin de sus desconciertos y desventuras: «Te doy infinitas gracias porque has dicho que entraremos juntas en Madrid, me ha alegrado infinito pues mi deseo es no separarme ni un momento de ti […] Espero que si te habla Narváez de entrar en Madrid separadas digas que no, que quieres venir con nosotras, pues ya sabes que mi deseo es no separarme de ti ni un momento pues te amo de todo mi corazón[95]».

Por fin, el 22 de marzo de 1844, María Cristina entró en Madrid. El aire de revancha que tomaron las celebraciones organizadas por el Gobierno se vio agudizado por la siniestra coincidencia de que aquel mismo día se celebraba el entierro del viejo tutor Agustín Argüelles[96]. Según el relato del nuevo embajador de Francia en Madrid, el conde de Bresson, la alegría de Isabel II emocionó a todo el mundo, como también el aire mucho más frío de su madre, quien, según todos los testigos, regresó cansada y desmejorada por el viaje y por los años transcurridos en el exilio. Washington Irving describió la escena del recibimiento en las afueras de la capital como una inmensa aglomeración de carruajes, escuadrones de caballería y multitudes de altos cargos y palaciegos que rodeaban una enorme tienda instalada en la planicie que dominaba la carretera de Ocaña. Durante dos horas, la reina y su hermana estuvieron esperando hasta que comenzaron a ver llegar el cortejo de María Cristina escoltado por lanceros con uniformes amarillos y banderas rojas en las lanzas. Sin esperar la llegada, Isabel II se lanzó fuera de la tienda en dirección a los carruajes a través de la hilera de guardias donde se perdió de vista entre los cortesanos y los guardias a caballo[97].

A partir de entonces, la vida de Isabel II y la política moderada comenzaron a girar en torno a María Cristina. Nada más llegar, y utilizando de nuevo como excusa la necesidad de baños de su hija, la exregente comenzó a organizar un largo viaje que reharía, ahora en triunfo e invirtiendo el orden de Valencia a Barcelona, el malhadado periplo de 1840. Asimismo, la exregente comenzó a preparar un cambio de ministerio que otorgase el poder directo a quien hasta el momento sólo lo había tenido en la sombra: el general Ramón Narváez. El 3 de mayo, antes de salir para Valencia, la reina encargó a don Ramón la formación de gabinete, dentro del cual fue deseo expreso de María Cristina que ocupase el ministerio de Estado el marqués de Viluma. Asimismo solicitaba que se le remitiese cuanto antes, y por escrito, su programa de gobierno[98].

El viaje a Valencia y Barcelona no tuvo sólo una función de representación del poder de la monarquía y de desagravio a María Cristina. Era oportuno, además, para alejar a la familia real de Madrid mientras se producía el arriesgado relevo ministerial, se hacía pública su intención de reformar la Constitución de 1837 en un sentido drásticamente moderado y se sancionaba de manera definitiva y pública el matrimonio entre María Cristina y el nuevo duque de Riánsares.

Consultado respecto al matrimonio de María Cristina y Muñoz, el muy dócil Patriarca de Indias había respondido que podría llevarse adelante con la autorización de la Santa Sede, siempre que el Gobierno español garantizase la suspensión inmediata de la venta de bienes del clero. El marqués de Viluma escribió a Castillo y Ayensa —destacado en Roma— para que se llegase al acuerdo necesario: «Es importante que S. M. la Reina Cristina pase a segundas nupcias, su conciencia, su honor y su posición civil y política enteramente libre lo exigen así […] Así se acabarán, con satisfacción de todos los hombres honrados, tantas hablillas y bellaquerías como se han dicho y escrito por unos y por otros». El decreto de agosto de suspensión de la venta de bienes del clero fue una de las primeras consecuencias de aquellas negociaciones[99].

Obsesionada con la necesidad de una dispensa papal, temerosa de que cualquier indiscreción por su parte pudiese ponerla en peligro, María Cristina se entregó en aquellas últimas semanas a todo tipo de expiaciones privadas, a cual más extravagante:

Estoy asustado de los progresos de la devoción de la Señora […] Esto es muy alarmante. Le contaría a V. cosas increíbles: yo creo que hay algo de locura. El otro día tomó sin querer los manteos de Lezo[100] y se asustó creyendo que había cometido desacato. Ahora, con las visitas a establecimientos públicos recoge muchas pulgas y hace voto de dejarse picar por tantas o cuantas horas para mortificarse; viene sudada del paseo y hace voto de conservar el sudor sin mudarse de ropa. Usted sabe que en el universo no hay mujer más limpia, pues la devoción la ha de transformar en puerca[101].

Por fin, a principios de agosto, llegó a Barcelona, procedente de París, el duque de Riánsares. Poco después llegó el Patriarca de Indias y se procedió a ultimar los detalles y condiciones para la sanción del matrimonio. François Guizot escribió al embajador francés, Bresson:

Creo que el matrimonio de la Reina Cristina es una cosa excelente, y el general Narváez y sus colegas se han conducido con valentía y como hombres de honor al ayudarla a salir de ese mal paso. Para encontrar en Ella la experiencia y los medios de Gobierno que puede proporcionar era evidentemente necesario que alcanzase una situación definitiva y en paz consigo misma. Sin duda habrá algunos embarazos e inconvenientes en lo que se ha hecho, pero la buena política consiste precisamente en aceptar sin indecisiones los embarazos e inconvenientes de medidas de las que se pueden conseguir superiores ventajas. El duque de Riánsares me ha parecido un hombre de carácter, de sentido y de talento, capaz de conducirse con modestia sin desaparecer más de lo que es necesario. Cultivad con él buenas relaciones[102].

El día 13 de octubre de 1844, tres días después de que la reina cumpliese los catorce años, María Cristina y Muñoz contrajeron matrimonio en una ceremonia privada con la sanción real y el consentimiento papal[103]. El matrimonio se mantuvo en secreto hasta que, en noviembre de 1844, cuando las Cortes avanzaban rápidamente en la reforma constitucional, la reina Isabel firmó un decreto que seguía punto por punto las instrucciones que se conservan en borrador en el archivo privado de María Cristina:

Atendiendo a las poderosas razones que me ha expuesto mi augusta madre, doña María Cristina de Borbón, he venido en autorizarla, después de oído mi Consejo de Ministros, para que contraiga matrimonio con D. Fernando Muñoz, duque de Riánsares. Y declaro que por el hecho de contraer este matrimonio de conciencias, o sea con persona desigual, no decae de mi gracia y cariño, y que debe quedar con todos los honores, prerrogativas y distinciones que por su clase le competan, conservando sus armas y apellido, y que los hijos de este matrimonio quedarán sujetos a lo que dispone el artículo 12 de la ley 9.ª, título II, libro 10, de la Novísima recopilación, pudiendo heredar los bienes libres de sus padres, con arreglo a lo que disponen las leyes[104].

María Cristina había perdido la regencia, pero, tras unos años muy difíciles, había conseguido regularizar su situación privada, consolidar su fortuna personal y convertirse en un centro de poder indispensable en el reinado de su hija. Ella y Muñoz fueron piezas claves en el proceso de conformación política del nuevo régimen moderado. Una vez concluidas las Cortes que modificaron la Constitución de 1837 y sancionaron el reforzamiento de las prerrogativas de la Corona —tanto por las leyes orgánicas de ayuntamientos y diputaciones, como por la propia Constitución de 1845— tan sólo quedaba cerrar el círculo que rodeaba a la reina Isabel. Era necesario encontrar un marido adecuado para «la Reina de los moderados», y en este tema, como en tantos otros, la reina niña fue de nuevo espectadora de su destino.

CAPÍTULO 4

AQUEL DESACIERTO INSIGNE: HISTORIA DE UN MATRIMONIO

Difícil, aunque no imposible, sería para hombres políticos de altura reparar los inconvenientes de aquel desacierto insigne.

ANDRÉS BORREGO

En un artículo escrito el 7 de junio de 1846 para El Español, Juan Donoso Cortés planteó el problema del matrimonio de Isabel II con su franqueza habitual:

En la manera de tratar esta cuestión hay tres sistemas falsos y uno verdadero. Hay quienes creen que el matrimonio de una Reyna reinante, pudiendo cambiar la Dinastía, y hasta cierto punto las alianzas, es una cuestión de que debe apoderarse para resolverla la Europa, porque es una cuestión de equilibrio, y por consiguiente una cuestión europea. Piensan otros que introducir en el Palacio de nuestros reyes un nuebo Príncipe, y por consiguiente una nueva potestad de hecho, aunque la Constitución no lo reconozca ni le nombre, es una cuestión Nacional, exclusivamente Nacional, y que la Nación sola debe resolverla, porque a la Nación sola toca resolver lo que interesa al Estado. Creen otros por fin que, siendo el matrimonio para los Príncipes como para los particulares, una cuestión en que ba fiada su ventura, su resolución corresponde exclusivamente a los Príncipes, como corresponde exclusivamente a los particulares.

Las tres opiniones, tomadas en sí mismas y con exclusión de las restantes, eran parciales y por lo tanto falsas para Donoso Cortés. El tema habría de abordarse combinándolas todas:

Siguen el verdadero sistema los que crean que el matrimonio de la Reyna de España es todas estas cosas juntas y que, afectando o pudiendo afectar juntamente la Felicidad doméstica de la Reyna Doña Isabel, el porvenir de la Nación española, y nuestro sistema de alianzas con los otros Estados, es a un tiempo mismo, aunque en grados diferentes, una cuestión nacional, y una cuestión europea[1].

A pesar de la mención a la felicidad doméstica de la reina y de las promesas de velar por ella que reiteradamente le hizo su madre, su bienestar ocupó desde el principio un lugar secundario respecto a los intereses nacionales, internacionales y de partido. Más allá de cualquier consideración de orden sentimental (probablemente anacrónica) que se pueda hacer al respecto, los resultados de aquel constante descuido respecto a los deseos de la reina habrían de ser fatales, tanto para ella como para el país. Como lo fue, también, la atención muy desigual otorgada a la opinión pública nacional y el protagonismo desmesurado que alcanzó el debate internacional.

Cuando llegó el momento, la decisión final se presentó como un hecho consumado a las Cortes españolas, la reina fue claramente violentada para que aceptase a quien acabó siendo su marido y las potencias europeas, notablemente Francia e Inglaterra, lograron mucho más que ser oídas: vetaron sucesivamente varias combinaciones posibles y acabaron restringiendo de tal manera la nómina de candidatos que resulta difícil hablar con propiedad de una verdadera elección entre ellos[2]. Tres aspectos, estrechamente relacionados entre sí, deben tomarse en cuenta para valorar la forma en que se fraguó un matrimonio que tuvo unas consecuencias desastrosas para la reina y para la monarquía constitucional española.

En primer lugar, y en el ámbito nacional, el acalorado debate al respecto reveló hasta qué punto la monarquía era concebida como una pieza clave, como un poder activo del sistema político surgido de la revolución liberal. La pugna por lograr situar a un candidato afín se convirtió en un elemento decisivo a la hora de definir a las diferentes familias, no ya del liberalismo en su conjunto, sino del propio Partido Moderado. Desde el principio, aquélla fue una lucha política que, de forma explícita, proyectó sobre la opinión pública la idea de que el matrimonio de la reina habría de ser fundamental para la correlación de fuerzas de cada grupo o tendencia liberal, y para la definición y la práctica política de la monarquía isabelina.

En segundo lugar, la manera en que abordó el asunto la familia real, y en concreto María Cristina, enfatizaba una vez más la sustantiva concepción patrimonial de la monarquía que seguía alentando la Corte y que sobrevivió a la consolidación del liberalismo. Esa concepción patrimonial del poder monárquico —que trató de convertir todo el asunto en una cuestión de política puramente familiar— fue la que, como veremos, acabó arrastrando a buena parte del liberalismo y, también, a las diversas potencias europeas implicadas. En este último sentido, el matrimonio de Isabel II hizo especialmente visible la posición subordinada de España a los intereses de Francia e Inglaterra.

En tercer lugar, y actuando de enlace explicativo entre los dos aspectos anteriores, el azar de que el primer monarca español que accedió al trono en un contexto plenamente constitucional fuese una mujer, acompañado de la decisión política de adelantar su mayoría de edad a los trece años, creó una peculiarísima combinación de factores que, desde lo más puramente personal hasta lo más político, ponía sobre el tapete el carácter de poder instrumental que se le otorgaba a aquella reina adolescente. La condición de mujer de Isabel II hacía suponer (un supuesto cultural profundo de la época respecto a la naturaleza y funciones de los hombres y las mujeres) que no reinaría jamás por sí misma y que la influencia de su marido sería decisiva en cuestiones no sólo domésticas, sino políticas. Como escribió un delegado francés a su ministerio: «Las dificultades de la situación en España son extremas y, si el principio monárquico debe mantenerse en este país, dado que es imposible para una mujer sostenerse con dignidad entre tendencias revolucionarias, es absolutamente necesario un hombre a la cabeza de los asuntos de la Península. El matrimonio de la reina Isabel debe ofrecer esas garantías[3]».

Este texto, fechado en 1840, cuando la reina apenas tenía diez años, demuestra lo temprano que se suscitó ese problema ante la opinión pública y ante la propia reina. Desde que tenía uso de razón, Isabel II oyó hablar de su boda a través de insinuaciones y de medias palabras que fueron convirtiéndole en natural la certidumbre de que habría de casarse muy pronto. De creer a la camarista Sorrondegui, incluso sus cuidadores progresistas le hablaron a menudo de ello durante la etapa final de la regencia de Espartero: «Al principio me hablaron de mi primo y después el Aya me dijo que había varios príncipes de Inglaterra que me convendrían […] Olózaga me ha dicho que el que me conviene es el duque de Aumale y que ha de hacerse pronto y yo le respondí que lo que mi Mamá quisiera[4]». Por las mismas fechas, la reina escribió: «Olózaga me ha dicho que piensa ir a París y me ha dicho que va a tratar contigo de quién será mi futuro esposo y me preguntó que si tenía interés en alguno y yo le dije que no, que lo que quisiera sería con el que tú quisieras para mí, en queriendo tú ya está echo todo, lo que tú me mandes lo cumplo y cumpliré siempre. Asunción me trae recuerdos de los tíos y del primo pero yo no hago caso a quien hago caso de las de la servidumbre es a Amparo porque es la mejor de todas[5]».

Una vez expulsados los progresistas y asentada su propia posición personal y política, María Cristina comenzó a ocuparse personalmente de lo que El Español denominó «la más ardua y trascendental de las crisis que nos queda por pasar[6]». En aquel asunto, la exregente y su entorno maniobraron para lograr dos objetivos. El primero consistía en sustraer la selección de candidatos al debate político y presentarla como un asunto puramente de familia. En segundo lugar, era fundamental que la libertad constitucional de Isabel II para elegir marido quedase sujeta a la autoridad de su madre: «Me han gustado mucho las contestaciones que has dado respecto a novios y espero que siempre sigas en estos buenos sentimientos de respeto hacia mí y cree, pichona mía, que yo nunca desearé más que lo que pueda hacer tu felicidad. En ella pienso a cada paso, de ella me ocupo, y espero que con el socorro de Dios y la protección de la Virgen se conseguirá; pero, mona mía, es preciso que sigas siempre con la misma franqueza conmigo para que pueda advertirte de todo y trabajar con acierto en complacerte[7]». Unos meses después María Cristina insistía de forma más severa: «No te puede ser desconocido que el deber de toda buena hija es decir todo a su Madre, y con su experiencia y afecto contar para ser dirigida en qualquiera paso de esta vida, pero cuanto más en una cosa tan trascendental qual es el de la elección de un esposo con el cual debe unirse para toda la vida y de la elección del qual depende su suerte, su felicidad. Pues si éste es un deber para qualquiera particular quanto más lo que es para ti que eres reyna[8]».

Aunque, en principio, la exregente consiguió imponer sus criterios de partida, en ningún momento llegó a tener las manos libres para elegir. Para ella, como para el grueso del Partido Moderado, la opción preferida sobre todas fue siempre el matrimonio de la reina con uno de los hijos de Luis Felipe de Orleans. Sin embargo, desde una temprana reunión convocada en París para discutir las ventajas e inconvenientes de todos los candidatos, se hizo evidente que el veto inglés a esa posibilidad iba a ser muy difícil de sortear[9]. En la práctica, en este nuevo y decisivo episodio de la vida de Isabel II y de la política española, la creciente fragmentación de todos los partidos, incluido el Partido Moderado, así como los intereses particulares de la reina madre actuaron como caja de resonancia de la tradicional rivalidad entre Francia e Inglaterra respecto a España y, a su vez, de las diversas relaciones de estos dos países con las llamadas potencias del Norte: Austria, Prusia y Rusia.

Inicialmente, durante la más temprana niñez de Isabel II, la cuestión de su futuro matrimonio se planteó en términos estrictamente españoles y familiares. El primer proyecto conocido fue el de la llamada «fusión dinástica», es decir, el matrimonio de la hija de Fernando VII con su primo Carlos Luis, hijo del pretendiente don Carlos. De ello se habló durante la enfermedad del rey al hilo de los llamados sucesos de la Granja de 1832, que pusieron seriamente en peligro la regencia de María Cristina y la sucesión de Isabel II. En torno a 1836-1837, cuando de nuevo María Cristina temió perder el poder, aquella posibilidad volvió a retomarse como parte de un posible pacto con el carlismo. Una vez vencido éste, la «fusión dinástica» perdió fuerza aunque, como veremos, siguió alentándose en el escenario político nacional e internacional[10].

Dentro del mismo espíritu endogámico, pero con un sentido político distinto, se fraguó el confuso asunto de la promesa arrancada por Luisa Carlota a su hermana de casar a sus dos hijos, los infantes don Francisco de Asís y don Enrique, con la reina Isabel y la infanta Luisa Fernanda. En el archivo de María Cristina existe todavía copia de la correspondencia cruzada al respecto entre las dos hermanas. Dos elementos destacan en aquel melifluo intercambio de cartas. Por una parte, de nuevo, la fuerte concepción patrimonial de la Corona que revelan y, por otra, la duplicidad y los recelos existentes en el seno de una familia real profundamente dividida. Así, en enero de 1836, Luisa Carlota escribió a su hermana recordándole unas supuestas «últimas voluntades de Fernando, que en paz descanse, de ver el enlace de tus Hijas con los míos» y recibió una rápida respuesta de su hermana en la que sustituía el término voluntades por el de «conversaciones muchas veces tenidas con Fernando (que en paz descanse) y nosotras respecto a que un día pudiéramos efectuar el matrimonio de tus hijos con nuestras pequeñas». Junto a las cartas se conserva una anotación de puño y letra de María Cristina en la que dice: «Mi hermana no me embió su carta y sí me dijo de palabra lo que después escribió. Las cartas las puso porque (decía) quería tener un papel mío que dijera esto mismo para poder ella servirse de él para tener una seguridad de mi modo de pensar: quiso que se lo pusiese delante de ella; pero se lo puse de manera que aunque la lisonjea no obliga ni a mí ni a las niñas[11]».

En efecto, a pesar de los esfuerzos de su hermana, María Cristina nunca se sintió obligada por aquel cruce de cartas. La enemistad cada vez más virulenta entre ambas culminó con el destierro de Luisa Carlota y su marido el 21 de abril de 1838, aprovechando la creciente confianza de la regente en sus propias fuerzas, tanto frente al carlismo como frente al progresismo. De hecho, aquella combinación familiar repugnó siempre a María Cristina más que ninguna otra.

El tema del matrimonio de la reina volvió a retomarse durante la regencia de Espartero, inmediatamente después del fracaso de la conspiración de 1841. Fue entonces cuando María Cristina, con ocasión de los funerales del príncipe de Orleans, comenzó a realizar gestiones en torno a Leopoldo de Bélgica con el fin de un posible matrimonio de su hija con su sobrino, el príncipe Leopoldo de Coburgo, nacido el 31 de enero de 1824, hijo del duque Ferdinand, hermano del titular del ducado de Sajonia Coburgo; un príncipe definido por uno de los agentes españoles de la siguiente forma:

El príncipe de Coburgo es bello, por no decir bellísimo, robusto, finísimamente educado, muy instruido y con un aire de candor y honradez que encanta. ¿A quién hemos de preferir para nuestra Reina? Es claro que al hombre bello que la agrade siempre, al robusto que asegure la sucesión y al que tiene esas otras cualidades que aseguran la paz y la unión íntima del matrimonio. Los príncipes de Coburgo han nacido todos para ser buenos casados: dígalo Inglaterra y Portugal y dígalo hasta Bélgica con su viejo rey Leopoldo[12].

A partir del momento en que comenzó a hablarse de aquella candidatura, la cuestión trascendió las combinaciones familiares y los puros intereses o controversias nacionales para convertirse en un asunto internacional. El matrimonio con Leopoldo de Coburgo contaba con muchos adeptos. Por una parte, le resultaba grato a la Corte británica y, en especial, a la reina Victoria, cuyo marido, el príncipe consorte Alberto, era primo de Leopoldo[13]. Por otra, también estaba bien visto por Espartero, quien había expresado públicamente su repugnancia a cualquier matrimonio Borbón considerando que «aquella familia ya había causado suficientes desgracias a la nación». En una conversación con el embajador británico en Madrid, el regente se mostró favorable a una alianza con el hijo de alguno de los príncipes de los pequeños estados alemanes. El príncipe Leopoldo era un candidato idóneo: «Es un Católico Romano y un hombre notablemente atractivo. Guapo, alegre, sensato y de buena condición[14]».

Aquella buena disposición se la transmitió Leopoldo de Bélgica a María Cristina, quien, en una maniobra de acercamiento poco conocida, hizo llegar a Espartero —a través de un tal Mr. Huth, agente de Muñoz en Londres— una singular propuesta de conciliación: ella apoyaría el enlace a cambio de regresar a España como tutora de su hija Luisa Fernanda y de recuperar la sustanciosa pensión de viudedad que pagaba el Estado español y que había sido cancelada por las Cortes tras la intentona frustrada de 1841[15].

Sin embargo, la negociación propuesta por los agentes de María Cristina desencadenó una rápida contraofensiva diplomática por parte de Francia. Un matrimonio Coburgo debilitaría aún más su influencia sobre España, muy dañada por la especial relación británica que cultivaba Espartero, y desequilibraría sus fronteras mediterráneas a favor de Inglaterra en un momento en que la colonia de Argelia y los avances franceses en Túnez y en Egipto convertían la región en una zona especialmente sensible[16]. En virtud de lo que François Guizot calificó eufemísticamente de «interés desinteresado», un agente francés que había sido agregado en la embajada española, Michel Pageot, comenzó a recorrer las cancillerías europeas, desde Inglaterra a Austria y Prusia, con el objetivo de lograr que España «se redujese a un matrimonio Borbón». A cambio, Francia sacrificaría toda pretensión propia[17]. En septiembre de 1843, Luis Felipe y la reina Victoria se reunieron informalmente con sus respectivas familias y gobiernos en el castillo de Eu. Aquella civilizada reunión —de la cual la reina Victoria guardaba un recuerdo gratísimo— sancionó con quién no debía casarse la joven reina de España: ni con un hijo de Luis Felipe de Orleans, ni con un pariente de la familia real inglesa, es decir, un Coburgo. El margen de elección para ella quedaba reducido a los descendientes de Felipe V, en sus ramas italiana y española.

«Es lástima [parece que dijo María Cristina], ese joven príncipe Coburgo es tan educado, tan agradable; hubiese sido un marido encantador para mi hija[18]». Si no podía tener un marido encantador, al menos podría tener un marido adecuadamente manejable. ¿Quién mejor que el propio hermano menor de Cristina, el conde de Trápani? Francisco de Paula Borbón Sicilia tenía por entonces dieciséis años, había sido educado para la Iglesia en un colegio de jesuitas y, según el embajador francés en Roma, La Tour-Maubourg, era «bastante feo, pequeño, de apariencia mezquina, sin expresión de inteligencia y, por lo que me acuerdo de las condiciones de salud en que he visto a la reina Isabel durante mi estancia en España, no puedo evitar pensar que, desde el punto de vista físico, al menos, podríamos haber elegido mejor[19]». Incluso Bresson, en un momento determinado, llegó a sentir lástima por el destino que esperaba a la reina de España: «Que Dios no nos pida jamás cuentas de haber dado semejante Esposo a la Reina y semejante amo a España[20]». Para Donoso Cortés era casi perfecto: «Me alegro de que Trápani sea el candidato —escribió a Muñoz— no siendo el hijo de Don Carlos éste el mejor. Yo tengo el mérito y el laudo de ser el primero que lo propuse, ¿se acuerda V.?»[21].

Inmediatamente, don Juan se lanzó a la tarea de convencer a Isabel II —cada vez más inquieta por los rumores que corrían por Palacio— de que dejase todo el asunto en manos de su madre, «el único amparo que Dios a dado a V. M. en el mundo […] Aunque la Reyna no me decía nada, conocía yo en su semblante que tenía un vivísimo deseo de saber aquél en cuyo favor se iba inclinando la balanza. Me dio lástima la incertidumbre infantil, y esta congoja de niña inocente, y no pude resistir la tentación de decirle: la Augusta Madre de V. M. todavía no sabe cuál de los pretendientes reunirá mayores ventajas. Yo lo sé mucho menos todavía, pero mi opinión personal es que el conde de Trápani al fin y al cabo nos ha de ofrecer más que los otros[22]».

Para María Cristina, desde luego, aquel matrimonio carecía del prestigio de los que había querido en un principio, pero tenía la enorme ventaja de conferirle una autoridad enorme sobre la futura pareja real. Era un colofón digno a sus esfuerzos por recuperar el poder perdido tras la revolución de 1840. A través de aquella pareja de adolescentes, formada por su hija y su hermano menor, sería de nuevo (aunque de manera informal) la auténtica reina gobernadora de España. Para sortear la hostilidad con la que se preveía que fuese recibido aquel matrimonio, María Cristina contó con la ayuda de Ramón Narváez y de su círculo más íntimo, que lograron que se votase en las Cortes una modificación del texto constitucional de 1837 en el sentido de conceder al monarca la plena facultad de elección matrimonial. La redacción del decisivo artículo 47 de la Constitución de 1845 fue discutida en una reunión con el embajador francés, Bresson, quien, tras su aprobación por las Cortes, escribió: «Es una victoria, en el sentido de que una intervención directa y previa de las Cortes habría sido un obstáculo casi insalvable para la combinación que deseamos[23]».

Sin embargo, los arreglos internacionales y domésticos a favor del matrimonio con Trápani tropezaron definitivamente con la impopularidad que el enlace suscitó en España, prácticamente entre todas las familias liberales. Con la excepción de Narváez, todo el Gobierno y muy especialmente Martínez de la Rosa, Alejandro Mon y Pedro Pidal mostraron su disconformidad y sus recelos. La situación de poder que alcanzaría María Cristina resultaba casi obscena. El clericalismo de Trápani, la neta filiación absolutista de su educación, su cerrada defensa de los intereses papales, eran demasiado alarmantes: «Ese joven Trápani según la voz pública es un necio y un fanático, un joven obsceno, inmoral, imbécil, y un pobre ciego amante y protector del jesuitismo. Acérrimo absolutista, asesinaría con el puñal de los déspotas y de los tiranos la libertad de la Patria[24]».

Ramón de Santillán, en sus memorias, recuerda que, entre el grueso del Partido Moderado, «fue tan mal recibida la noticia de este enlace que nadie se atrevía a apoyarla, formándose contra él entre los Senadores y Diputados una oposición que amenazaba a ser unánime en los dos Cuerpos[25]». El propio Donoso Cortés aconsejó echarse atrás: «El país se encuentra profundamente conmovido: ya nadie habla de despotismo ni de libertad, ni de exaltación ni de moderados. Todos hablan solamente de Trápani: unos para insultarle, otros para maldecirle, ninguno para defenderle. Usted sabe la violencia de una opinión que llega a ser nacional […] En el Congreso, como fuera de él, Trápani no tiene un solo partidario […] Tal es el estado de la nación: usted me dirá si en el caso de ser desatendida la opinión nacional no se va a pasar derechamente a un levantamiento[26]».

De la intensidad de las fracturas internas que provocó entre los moderados la candidatura de Trápani da idea el baile de ministerios que se produjo durante todo el año de 1846, con dos gabinetes presididos por Narváez incapaces de mantenerse en el poder, un breve gabinete Miraflores y, finalmente, una solución de compromiso con el fidelísimo Francisco Javier de Istúriz a la cabeza[27]. El apoyo de la mayoría moderada a María Cristina y a sus intereses podía haber funcionado, aún con fracturas y recelos, cuando era urgente desplazar a los progresistas del poder. Otra cosa era, sin embargo, someterse a esos intereses cuando de lo que se trataba era de propiciar un vuelco desmesurado hacia la reacción, que podía poner en peligro el propio edificio liberal en un sentido cercano a las posiciones absolutistas. Por no hablar de los intereses económicos implicados en las ventas ya realizadas de bienes del clero que el entorno clerical de Trápani consideraba diabólicas. Finalmente, el propio Donoso Cortés se vio obligado a justificarse: «El que suscribe no vaciló un momento en renunciar a una combinación que había propuesto con leal intención y limpia voluntad, cuando vio con sus propios ojos que se levantaba contra este enlace uno de aquellos vientos furiosos que suelen soplar momentos antes de caer las Dinastías […] es lo cierto que el partido moderado ha mirado este enlace con repugnancia suma[28]».

Una vez descartada aquella combinación matrimonial, los partidarios de resucitar la llamada «fusión dinástica» levantaron con fuerza la cabeza. El marqués de Viluma y el grupo de diputados que se había ido conformando en torno a él en las Cortes de 1844-1845 fueron sus más firmes valedores[29]. Defensores de una monarquía fuerte y de un régimen cercano al sistema de carta otorgada de 1834, los llamados «monárquicos isabelinos» o «monárquicos puros» rozaron a lo largo de toda su existencia los límites del absolutismo político, a la vez que mantenían abierta la posibilidad de un pacto con el carlismo. Desde el fracaso de la conspiración de 1841, su capacidad de maniobra se había encogido sustancialmente debido a las condiciones políticas que convirtieron en necesaria una alianza entre moderados y progresistas para hacer caer a Espartero.

Sin embargo, a lo largo de todo el periodo de acceso al poder del moderantismo, Viluma y su grupo habían contado con el apoyo de la reina madre para entrar en las diversas combinaciones gubernamentales propiciadas por ella. Su rearme ideológico se produjo precisamente al hilo de un proyecto de cambio de rumbo decisivo a través del matrimonio de Isabel II con el heredero de don Carlos en un sentido similar al que ya Metternich había expuesto en 1842: «En cuestiones de sucesión donde los pretendientes son de sexo diferente, había siempre un medio de poner fin a sus disputas y era el de confundir sus pretensiones rivales en un matrimonio[30]».

Obviamente, aquella solución no implicaba tan sólo un arreglo familiar, sino que presuponía un proyecto político de involución a favor del máximo grado de independencia posible de la monarquía en un sentido que rozaba abiertamente con el despotismo, más o menos ilustrado. Como escribió Jaime Balmes: «Este matrimonio tiene dos objetos, uno dinástico, otro político. El dinástico consiste en la extinción de la cuestión dinástica, cerrando para siempre la puerta a las pretensiones del trono. El político se cifra en fortalecer el poder real, atrayendo alrededor del trono el numeroso partido que apoya a la rama proscrita». Más adelante, y antes de señalar que el medio de conseguir verdaderamente aquella fusión era que todos los actos de autoridad fuesen firmados por los dos esposos, argumentaba: «A un príncipe español que cuenta con un partido numeroso, traerle a España para que represente el papel del príncipe Alberto es una aberración que no cabe en un cerebro bien organizado[31]».

Cuando, el 18 de mayo de 1845, en un movimiento de tanteo respecto a sus posibilidades, se produjo la abdicación de don Carlos en su hijo Carlos Luis, conde de Montemolín, saltaron todas las alarmas. El manifiesto emitido en aquella ocasión ofrecía una cierta conciliación con el liberalismo más moderado: «Sé muy bien que el mejor medio de evitar la repetición de las revoluciones no es empeñarse en destruir cuanto ellas han levantado ni en levantar cuanto ellas han destruido. Justicia sin violencias, reparación sin reacciones, prudente y equitativa transacción entre todos los intereses, aprovechar lo mucho bueno que nos legaron nuestros mayores, sin contrarrestar el espíritu de la época en lo que encierra de saludable. He aquí mi política[32]».

Aquella política y aquella oferta de conciliación era, sin embargo, una carga de profundidad contra todo el edificio liberal, incluido el que defendía el grueso del Partido Moderado. Como se apresuró a decir Narváez en un contundente manifiesto, la capacidad del enlace de la reina con el conde de Montemolín para unir el país reposaba sobre la artificial concesión al carlismo de una fuerza de la que carecía después de seis años de victoria completa del liberalismo. Aquella guerra, y la victoria de 1843 frente a los progresistas, no se habían hecho para que la monarquía fuerte que ellos deseaban se les escapase de las manos y fuese gestionada por un absolutista confeso. Además, como ya había advertido Robert Peel: «Hace años, cuando Don Carlos estaba a las puertas de Madrid a la cabeza de un ejército, la transacción (siempre mala en sí misma) habría podido ser propuesta. Hoy sería a la vez sin utilidad y sin excusa[33]».

Sin la amenaza violenta del carlismo pero sí con la del progresismo si se forzaba una involución, con la suspensión de la venta de los bienes del clero acordada y en trámites para un arreglo con Roma que respetase todo lo ya vendido, con las leyes liberales cumplidas en lo fundamental por lo que se refería a la implantación de la propiedad privada y la libre circulación de bienes, y con la Constitución de 1845 y las leyes orgánicas adyacentes aprobadas, el proyecto moderado —autoritario pero liberal— no sólo no necesitaba nada del carlismo para frenar la revolución sino que lo consideraba un peligro de reacción intolerable e innecesaria. Por otra parte, para María Cristina y su círculo íntimo, el desembarco de los carlistas en Palacio habría significado el fin de su poder personal, lo cual explica su neta oposición a aquel proyecto. Para la primavera de 1846, la posibilidad de un matrimonio entre Isabel II y Montemolín había perdido toda su fuerza.

Todas las miradas se volvieron entonces, para desesperación de María Cristina, hacia los hijos de su hermana Luisa Carlota. Respecto a ellos informó el embajador británico: «De los dos hijos de Don Francisco, el mayor [Francisco de Asís], a pesar de no ser completamente idiota, no tiene muchas luces y su personalidad es francamente vil […] no le resulta agradable a la Reina, y una cierta ridiculez asociada a su atiplada voz y a sus modales insignificantes no favorece su obstinación en alcanzar la elevada situación que para él aspira su familia […] Su hermano (el infante Enrique) es un carácter diferente, tiene las cualidades que permiten hacer pensar que tendrá parte en los asuntos de este país y llegar a ser de una manera u otra líder, si no de otra cosa, de los descontentos[34]».

Para María Cristina era una cuestión primordial que ninguno de los dos se casase con su hija, o con sus hijas. Precipitadamente, inició dos movimientos que esperaba pudiesen reforzarse mutuamente. Por una parte, en mayo de 1846 escribió en secreto a Leopoldo de Bélgica y al propio jefe de la Casa Coburgo ofreciéndoles personalmente la mano de su hija. Al mismo tiempo, Riánsares establecía una serie de contactos con el embajador británico, el embajador portugués y el encargado de negocios belga para elaborar una estrategia que permitiese desafiar el veto francés al enlace Coburgo a cambio de un matrimonio de la infanta Luisa Fernanda con el duque de Montpensier, hijo de Luis Felipe de Orleans[35].

La primera de las gestiones fracasó de nuevo por las dudas de los Coburgo, temerosos de indisponerse con Francia y por la falta de decisión en apoyarla por parte del nuevo gabinete británico. Éste, a través de su ministro de Exteriores, Parlmerston, mostró su interés por el menor de los primos de Isabel II, el infante Enrique, conocido por sus simpatías progresistas. Sin embargo, la segunda parte de la estrategia de María Cristina, la de un matrimonio Montpensier para la infanta, recibió el apoyo del gobierno francés.

A partir de ese momento, los acontecimientos se precipitaron de una forma que aún hoy sorprende. Todas las cancillerías europeas recibieron la noticia de que la reina había alcanzado la edad fértil. Inmediatamente, de creer al embajador francés, Bresson, María Cristina comenzó a filtrar en aquellos días del verano de 1846 su alarma por los «instintos animales» de la reina adolescente asegurando que podría ocurrir cualquier desgracia si no se casaba pronto. Por lo visto, fue Riánsares el que transmitió, tanto a Bresson como a Bulwer, la información de que «el tránsito de Isabel II a la feminidad ha ido acompañado de una fuerte rebelión contra toda forma de autoridad» y se había convertido en absolutamente incontrolable[36].

Las razones últimas de las prisas por casar a la reina (cuya reputación sirvió de nuevo de escudo a los intereses de su madre) eran de orden mucho más político que personal. Para María Cristina, deshecha la última posibilidad del matrimonio Coburgo, era fundamental no perder del todo la partida y conseguir al menos que su hija pequeña se casase con el duque de Montpensier. En un texto inédito, el marqués de Miraflores disculpa así la decisión de Cristina: «Si no le era dado dar a una hija la felicidad que ella se proponía, dura compensación a ser reina, ¿qué cosa más natural y más sencilla que procurar a su hija segunda la dicha doméstica que no podía alcanzar la primera? He aquí el matrimonio de la Infanta[37]».

La disculpa y la justificación eran necesarias porque el matrimonio francés de Luisa Fernanda tan sólo era posible si su hermana «se reducía» a un matrimonio español (de mucho menor rango) y ese matrimonio ya sólo era posible con uno de sus dos primos. Ahora sólo era cuestión de elegir cuál de los dos era más conveniente, o menos inconveniente.

Don Enrique contaba con las simpatías de los progresistas y del sector puritano del Partido Moderado. Sin embargo, dando una muestra temprana de la escasa prudencia que le acompañaría el resto de su vida, se vetó a sí mismo casi de inmediato. Tras verse involucrado en una intentona progresista en Galicia, un despacho de Guizot a la diplomacia británica dejaba clara su posición respecto al hijo menor de Luisa Carlota: «El infante Don Enrique ha tenido la desgracia de caer bajo la influencia de la facción más apasionada y más ciega del partido progresista español. ¿Qué tiene de extraño que tales hechos hayan influido para la resolución que ha tomado el gobierno español de concluir sin pérdida de tiempo el matrimonio de la reina sobre el cual todos los partidos fundan sus especulaciones y sus temores?»[38].

El marqués de Miraflores, en su balance de la situación a la altura de 1846, escribió sobre la decisión final:

Hecha imposible la candidatura de un hijo del Rey de los Franceses, traída al terreno de las pasiones políticas y hecha en consecuencia imposible la del Conde de Trápani; el deseo inmediato de la reina fue a favor del Príncipe Leopoldo de Coburgo. Imposibilitada también y creada dolorosamente la opinión de ser indispensable casar a la reina pronto, la elección hubo de hacerse entre los dos hijos de su hermana, en los que el esclarecido juicio de la Madre había visto muchos años hacía un inconveniente gravísimo que la posteridad sabrá apreciar, de traer al Palacio de nuestros Reyes pasiones de actualidad, pasiones de la época volcánica en que nuestra revueltas políticas habían principiado a la muerte del rey y continuaban a la sazón trabajando la Monarquía. En la necesidad de elegir se decidió por el de menor número y menos acaloradas pasiones[39].

A principios de agosto de 1846, María Cristina envió una nota a Alejandro Mon: «Los ingleses y la revolución nos amenazan. Pídele a Bresson que se entienda conmigo para hacer esos dos matrimonios Borbón lo antes posible[40]». El 16 de agosto se recibieron en Madrid las condiciones del apoyo francés al enlace de Isabel II con su primo Francisco de Asís. El matrimonio de la reina quedaría asociado al de la infanta con el duque de Montpensier siempre que el rey de los franceses recibiese de María Cristina y del gobierno español la seguridad de que la reina Isabel y el duque de Cádiz consentían en el matrimonio. Por otra parte, quedaría establecido que, aunque simultáneos, el matrimonio de la reina se celebraría minutos antes y que los futuros duques de Montpensier establecerían su residencia habitual en Francia, y toda su servidumbre y cargos serían franceses[41]. Un sector del progresismo —especialmente el Eco del Comercio, tan ligado al infante don Francisco— saludó la elección de la reina de un candidato español y mostró su agria disconformidad con el matrimonio de la infanta con Montpensier, entendido como un síntoma más de la subordinación de España a los intereses franceses[42].

Por exclusión, y por ser el candidato más débil y, al menos en apariencia, más manipulable políticamente, el marido elegido para Isabel II acabó siendo aquel príncipe «de menor número y menos acaloradas pasiones» respecto a cuyas condiciones físicas María Cristina había confiado a Miraflores: «En fin, usted lo ha visto, usted lo ha oído. Sus caderas, sus andares, su vocecita… ¿no es eso un poco intranquilizador, un poco extraño?»[43]. Francisco de Asís era, sin duda, intranquilizador por muchas razones: por sus condiciones físicas, por su carácter y por sus simpatías políticas.

Físicamente, las dudas sobre su capacidad para engendrar hijos con la reina Isabel (tarea fundamental para la que se le convocaba) surgieron de inmediato. De hecho, en los meses en que intentaba por todos los medios evitar aquel matrimonio, la propia María Cristina había aludido repetidamente ante el embajador británico, Bulwer, y el francés, Bresson, a la impotencia probada de su sobrino[44]. La tradición médica oral sugiere que Francisco de Asís padecía de hipospadias, malformación congénita del aparato genital masculino que puede ser producida, entre otras cosas, por la consanguinidad, y que consiste en una apertura de la uretra masculina antes de su lugar natural. En su tipo más leve permite el orgasmo y la eyaculación y, en los más graves, produce impotencia generandi con la consiguiente incapacidad para tener descendencia por medios estrictamente naturales. Una coplilla popular se hacía eco de los efectos más evidentes de aquella supuesta enfermedad: «Paquito natillas / es de pasta flora / y mea en cuclillas / como una señora».

Respecto a su carácter —ruin y taimado, tras una fachada de frialdad que rozaba el apocamiento—, éste se había formado en una familia absolutamente desquiciada. Olózaga, quien en más de una ocasión fue acusado de favorecer —como el resto del progresismo— las aspiraciones matrimoniales de los hijos del infante don Francisco, había declarado ya en 1842: «Yo no puedo ser partidario de los Infantes, cuando he tenido en mis manos y conservo aún tales documentos que envilecerían para siempre a cuantos abogasen por el enlace de uno de sus Hijos con nuestra Soberana[45]».

La documentación al respecto que ha llegado hasta nosotros procede, básicamente, de los espías de María Cristina y no puede ser más infamante. Aquí voy a limitarme a algunos de los hechos más destacados sobre el ambiente en que se crió Francisco de Asís. Su infancia y adolescencia estuvo presida por una madre dominante, dada a los ataques de ira, y por un padre débil y huidizo, absolutamente aterrorizado por su mujer y por el amante de ésta, el conde de Parcent, quien abiertamente convivía con ellos como Mayordomo Mayor de su casa. «Bien quisiera decirle algunas cosas de lo que están haciendo con el bueno del infante pero son tan tristes, tan casi increíbles, no habiendo tocado y visto, que me contento con señalarle algunas[46]».

Todo el mundo sabía, los ministros incluidos, que los rumores iniciales acerca de las relaciones morganáticas de María Cristina habían surgido de la pluma de Parcent, autor del primer folleto publicado en Francia sobre ese tema ya en el año 1833. Cuando los infantes y Parcent fueron finalmente desterrados en 1838, continuaron en París con sus intrigas. Sus manejos políticos, financiados en parte por el banquero francés de origen español Alexandre Marie Aguado, incluyeron contactos con todos los grupos políticos a la izquierda del moderantismo para hacer caer a María Cristina o, tras la revolución de 1840, por hacerse con su poder[47].

Desde el punto de vista más personal, uno de los espías de María Cristina escribió: «El escándalo y el relajamiento de esta familia ha pasado todos los límites. Todos en aquella casa temen al conde de Parcent, todos se doblegan a su despótico imperio y todos sin exceptuar uno sólo le odian, aborrecen y desprecian. Si la relajación del conde se hubiera mantenido concentrada en la Señora Infanta el escándalo se hubiese contenido en cierto círculo pero la seducción de la Señorita ha llevado la indignación de la servidumbre fuera de todo límite[48]». En efecto, si creemos a Simón, el conde de Parcent y su amigo el gentilhombre Vallabriga, habrían seducido a las dos hijas mayores del infante Francisco de Paula aprovechando las ausencias de su madre: «El lugar de las citas eran los corredores superiores a los que se hayan los cuartos de los criados, pues la disposición de la casa no permite que se vieran a solas en otro sitio[49]».

Cuando la infanta y su marido regresaron a España, durante la regencia de Espartero, sus dos hijos —«que se hallaban muy exasperados contra el conde»— fueron enviados a escuelas militares y las hijas —«que inspiraban recelos, o quanto menos embarazaban a la madre»— fueron recluidas en un convento. «Compadecieron a las señoritas su clausura que consideraban que abía de serles muy sensible después de lo que habían visto del mundo». Para la mayor de ellas, el convento debió resultar intolerable porque poco después desapareció. «Se hicieron varias conjeturas: pensaban algunos que SA se hallaría embarazada del conde y que éste habría facilitado la evasión para ponerla a cubierto. Otros opinaban que la Señorita, conociendo ya el mundo no podía avenirse a vivir secuestrada en un convento y obedeciendo la voz de la naturaleza habría huido con algún amante». Este último parece que fue el caso. Los buenos oficios y contactos del banquero Aguado permitieron averiguar que la infanta se había fugado con un príncipe polaco. Cuando la policía los detuvo, «la Señorita, que es persona de mucho valor y se hallaba provista de un par de pistolas, en el acto del arresto dijo varonilmente: “El que osare tomarme, muere”». El asunto fue, finalmente, resuelto con cierta discreción y la famosa infanta siguió en el convento hasta que le fue permitido su regreso a España, donde llegó en 1846 dispuesta a demostrar, durante el resto de su vida, que era digna hija de su madre[50].

La infanta Luisa Carlota, que no escatimó ningún esfuerzo para conseguir el poder que tenía su hermana, murió en abril de 1844. Con su muerte —paradójicamente— desaparecía uno de los mayores obstáculos para las ambiciones matrimoniales de sus hijos. Todos los observadores coinciden en señalar que María Cristina tan sólo se avino a considerar aquellas candidaturas, una vez frustradas todas las demás, porque su hermana había muerto. La posición de Francisco de Asís durante todo el complicado proceso le muestra como alguien capaz de jugar hasta el final todas sus bazas, en un momento en que las circunstancias de política interior y exterior derivaban a su favor.

Para hacerse una idea cabal de su ambición es necesario remontarse algunos años atrás. En primer lugar, como fiel instrumento de la obsesión de Luisa Carlota, Francisco de Asís negoció en 1840 (con el aval de su padre y del conde de Parcent) un crédito personal con el banquero francés, Fermín de Tastet, cuyo objetivo explícito era proveerse de fondos para «este proyecto que abrazo con todo mi corazón, siendo el de mi matrimonio con mi Augusta y bien amada Prima, la reina Isabel II». Asís se comprometía, «además de a otras recompensas y distinciones que, en el orden regular de las cosas, podrán esperar de la Corona Tastet y sus socios, a pagar al susodicho Tastet, tras la realización de mi matrimonio, tanto a título de indemnización por los servicios ya prestados, o a prestar, como para devolver los adelantos de dinero que algunos de sus servicios ya han exigido de él, la suma de ocho millones de francos. Esta suma le será puntual y debidamente pagada tras la celebración de mi boda, y el pago será realizado con preferencia a cualquier otro del Estado, y en el lugar que diga el tal Tastet[51]».

En los tres años siguientes, durante la regencia de Espartero, los intentos de hacer llegar a Isabel II los requerimientos de amor de su primo fueron constantes y provocaron, como vimos, la salida de Palacio del maestro Ventosa y de la marquesa de Bélgida. Aquella especie de acoso se incrementó durante el periodo de la difícil transición en Palacio del dominio progresista al moderado. María Cristina hubo de intervenir y escribió a su hija una larga carta en la que le advertía explícitamente contra aquellos manejos y le recordaba su autoridad maternal en el asunto del matrimonio:

Yo creo que no habrán hecho el atentado de presentarte ninguna carta de ningún Príncipe con este objeto o con qualquiera otro pretesto, y mucho menos que tú le hayas contestado. Estoi con esta esperanza pero si así fuera, aunque lo sentiría mucho, prefiero me lo digas con ingenuidad y que en lo sucesivo te abstengas de recibir y escribir cartas de escondite cosa que jamás está bien y mucho menos en una joven Reyna. Es imposible que tu corazón se decida por ningún Príncipe sin saber bien sus cualidades y éstas ¿cómo pueden llegar a tus noticias por medios tan bajos y indignos de una Reyna[52]?

Cuando el control de María Cristina sobre su hija y sobre el Gobierno ya era un hecho, Francisco de Asís cambió de táctica y escribió directamente a su tía, unos días después de producirse la comunicación del gobierno López respecto a la necesidad de adelantar la mayoría de edad de la reina. Sus primeras cartas fueron una especie de presentación política a través de la cual esperaba lograr un acercamiento a su tía y ocupar una posición clara como aspirante a la mano de Isabel II. Lo primero y principal era limar asperezas familiares y distanciarse de sus padres: «Niño hasta ahora, he visto con sentimiento sí, pero no con aquél que la razón me ha hecho tener después, los disgustos que entre dos augustas personas han ocasionado penas y llanto a la familia, y que quizás han contribuido más de lo que parece a los desgraciados sucesos que desde algunos años se suceden con rapidez en esta pobre nación […] Separados nos destruimos[53]».

Poco después, volvió a insistir, extendiéndose en un prolijo análisis de la situación política posterior a la regencia de Espartero, para concluir aduladoramente:

«Sólo habrá un remedio para tamaños males, una persona que puede destruir en un momento esos planes ambiciosos […] Esa persona es V., llamada por la Providencia a ser siempre la salvación de España». Una vez colocado «a los pies» de su tía, Francisco de Asís se apresuraba a despejar la tercera de las fuentes de inquietud a que me refería más arriba: aquélla que le suponía una ferviente cercanía con las posiciones absolutistas y con el carlismo: «Mis ideas respecto a los partidos no pueden ser dudosas: monárquico cual ninguno, mis principios son los de V. y en sus defensores reconozco saber, y prudencia». Presentándose como el único candidato verdaderamente nacional y fiable políticamente para los moderados, se ofrecía para colaborar con ellos: «¡Cómo no reunirse todos los que tenemos tanto que ganar, o que perder, y consolidar el gran partido nacional haciendo la felicidad de España! […] No crea V. jamás que yo me preste a compromisos que no sean arreglados a sus ideas, ni que yo apetezca nada que no hubiese la completa aprobación de V., y que no estuviese basado en el interés recíproco. Unión querida Tía y pronto saldremos de disgustos que desgraciadamente duran ya demasiado».

Esta última carta concluía rogándole a María Cristina el máximo de discreción posible respecto a su iniciativa de reconciliación: «Cuento con el silencio de V. en este natural desahogo, y espero se dignará aceptar con aquel agrado que acostumbra una manifestación hija del cariño y de la convicción que tengo de que la unión solamente puede labrar nuestra dicha. Suplico de nuevo a V. guarde el mayor sigilo con respecto a este paso». La carta fue enviada en un delicado sobre en cuyo lacre se leía: «Petit à petit l’oiseau fait son nid[54]».

La respuesta de María Cristina, casi veinte día más tarde, no pudo ser más fría y más condescendiente. La exregente se congratulaba de sus «nobles sentimientos de Príncipe amante de la felicidad de la Nación», pero le reprochaba «el entusiasmo tan propio de la juventud que quisiera ver desaparecer en un momento cuantos obstáculos se oponen a ella». Asegurándole su silencio le rogaba, sin embargo, «que no me escribas nada que no sepan tus Padres porque yo no podría autorizarlo. Una de las prendas más recomendables es la de ser un buen hijo […] y de ella como de todas las demás desearía siempre verte adornado quien te quiere y desea tu felicidad[55]».

Tras la muerte de la infanta Luisa Carlota, en abril de 1844, y el fracaso de todas las otras combinaciones, María Cristina tuvo que bajar la cabeza y Francisco de Asís logró por fin lo que tanto había ansiado. A finales de julio de 1846, un despacho urgente de la reina madre le hizo regresar a Madrid, desde su regimiento de Pamplona. Antes de salir hacia la capital, sin embargo, quiso guardarse las espaldas con la otra rama de su desunida familia o, quizás, tranquilizar su conciencia política. Escribió una larga carta a su primo, el conde de Montemolín, sumamente reveladora de una las múltiples facetas del tortuoso carácter del futuro marido de Isabel II:

Mi muy amado Primo: El cariño que en todas ocasiones me has acreditado y el sincero afecto con que yo correspondo a tus pruebas de amor, me dan, creo, bastante libertad para hablarte de un asunto que habría dejado pasar siempre en silencio, si las circunstancias y mi conciencia no me obligasen a ocuparme de él […] Háseme dicho que uno de los pensamientos de la Corte de las Tullerías, en las presentes circunstancias, es tu matrimonio con mi Prima. Creo que poniendo los ojos en ti, se ha dado un paso hacia la reconciliación que debes desear ardientemente, sea como Cristiano, sea como Príncipe. Conozco también que para llegar á tan feliz resultado se exigirán de tu persona costosos sacrificios, y jamás, ni como hombre, ni como Príncipe te aconsejaré que consientas en cosas que pudieran manchar tu nombre; pero no puedo por menos de hacerte observar que de ninguna manera debes dejar pasar ocasiones que una vez perdidas, no vuelven jamás.

La providencia, Dios siempre generoso, ofrece hoy a tu vista la perspectiva más lisonjera: no malogres, pues, tal oportunidad; aprovéchala por tu bien, el de toda tu familia, y el de esta nación desventurada […] Las circunstancias te favorecen hoy. Cuentas con un poder que ningún ser humano te puede quitar; y jamás se mirará como una humillación el que cedas a la fuerza. Si resistes, si te empeñas en conseguirlo todo, todo lo pierdes; y nada extraño sería que los que hoy te apoyan, al ver tu obstinación se volviesen hacia mí, considerándome como el primero después de ti. ¿Qué haría yo entonces? ¿Perder esta coyuntura y dejar el puesto libre a un extrangero? Jamás me decidiré á obrar de este modo. Mientras mi querido Primo, en quien reconozco derechos superiores a los míos, esté delante de mí me mantendré tranquilo como hasta ahora. Pero si tu matrimonio viniera a hacerse imposible por las causas que indico, creo que mi conciencia (no hablo de mi interés, pues un Trono nada tiene de seductor) me manda, me obliga, a no exponer a España a un nuevo conflicto […] En otro caso, no me acuses nunca de haberte quitado, si las circunstancias me lo ofrecen, un puesto que tú habrías abandonado, y que no quisiera ocupase otro más que tú, a quien amo de todo corazón. Siempre tuyo.

Francisco de Asís. Pamplona, 13 de julio de 1846[56]

El 1 de agosto de ese mismo año, ante los insistentes rumores sobre sus simpatías carlistas, Francisco de Asís volvió a escribir a María Cristina, pidiéndole le indicase la forma de «probar que lo poco que valgo está a disposición de S. M. y V. y que nunca se empleará mi espada, sino en defensa de los derechos y el trono de mi prima y de mi país[57]». Dos meses después pensó que ya podía dejar de preocuparse.

El matrimonio de Isabel II se celebró por fin el 10 de octubre de 1846. Ese día la reina cumplía dieciséis años. La ceremonia tuvo lugar en el salón de embajadores del Palacio Real a la hora acostumbrada en aquella época, las diez de la noche. Unos minutos más tarde se casó la infanta Luisa Fernanda con el duque de Montpensier. El ayuntamiento de Madrid intentó combatir la falta de entusiasmo público con una semana de iluminación general y demás festejos al uso. Se levantaron monumentos alusivos en los lugares más señalados de la capital y hubo por doquier colgaduras y adornos, danzas regionales, música, teatro, suelta de palomas, fuegos artificiales, limosnas y misas especiales, y tres corridas de toros consecutivas en la plaza Mayor, o de la Constitución[58].

Concluía así lo que Guizot calificó en su momento como «une étude de haute comédie après une étude de tragèdie politique[59]». Para la reina fue, desde luego, una decisión trágica y también lo fue para el país. Isabel II había expresado varias veces su repugnancia a aquel enlace y, en su momento, así se lo dijo a Salustiano de Olózaga, quien le alabó el disgusto[60]. A finales de agosto de 1843, cuando el enlace quedó decidido entre su madre y Luis Felipe, ésta y Riánsares tuvieron que emplearse a fondo para vencer la resistencia de aquella niña de quince años y aportar al gobierno francés la prueba que había exigido de que el matrimonio con Francisco de Asís era aceptado por la reina.

Nunca sabremos exactamente lo que pasó, y aquello tan famoso de «¡Paquito, no! ¡Con Paquito no!», probablemente es apócrifo. Sin embargo, no deja de ser revelador el contenido de la carta que María Cristina exigió a su hija, días después de anunciarse la boda:

Mi muy queridísima Mamá: Como me habías encargado que si quería poner por escrito mi deseo en el asunto de la boda de Paquito conmigo, aunque tú me habías dicho que si quería lo podía hacer mañana, he preferido hacerlo ahora aunque me estoy durmiendo por lo cual me perdones la mala letra. Mi deseo es que se haga con Paquito pero me da muchísima vergüenza después de haber dicho yo tantas cosas de él. En cuanto a si me ha gustado o no, digo que me ha gustado. La otra parte es que creía que como no me había dicho nada hoy que no me quería y la verdad si es así para ser desgraciada toda la vida no me acomodaba. No tengo nada más que decirte sino que estés segura que de que te ama de todo corazón así como a Fernando y a mis hermanos. Tu hija que te quiere muchísimo. Isabel[61].

Cubierta esa «formalidad», la responsabilidad de María Cristina estaba a salvo. Sin embargo, nadie creyó jamás en su buena voluntad al respecto, a pesar de que en toda su correspondencia y manifestaciones posteriores insistió en que la reina se había casado por propia voluntad[62]. El gabinete inglés presentó una protesta formal por la violación de los compromisos del segundo encuentro de Eu, en septiembre de 1845, en el cual se había acordado que, de realizarse el matrimonio Montpensier, éste sólo se haría una vez consumado el de la reina y habida descendencia[63]. El incidente fue algo más que una nueva escaramuza diplomática y amenazó la entente cordiale entre Francia e Inglaterra iniciada en los años treinta[64]. La cuestión saltó a la prensa internacional y fue discutida en los parlamentos de los tres países implicados, con duras recriminaciones por parte de los progresistas españoles, los liberales británicos y la oposición francesa. The Times de Londres aireó la sospecha de que el matrimonio de la infanta se había realizado teniendo en cuenta que la mala salud de la reina (un rumor que corría por toda Europa debido a su enfermedad cutánea) y la supuesta impotencia u homosexualidad de Francisco de Asís (a las cuales había hecho referencia la propia reina madre) dejarían al matrimonio sin descendencia y la Corona pasaría a la esposa de Montpensier[65].

Más allá de la verdad o no de todas aquellas imputaciones, lo que interesa destacar es que el matrimonio de Isabel II comenzó públicamente envuelto en la bruma de una escandalosa leyenda negra, que incluía la falta de afecto entre los esposos y las dudas sobre la virilidad del rey consorte. Las acusaciones cruzadas entre los gobiernos inglés y francés tras producirse el doble matrimonio fueron amplificadas por la prensa de ambos países, leída ávidamente en España. En ella se discutía claramente sobre las condiciones físicas y morales de Asís, sobre supuestas orgías en el Palacio Real de Madrid, que habrían pervertido a la reina y a su hermana, y sobre la violencia ejercida sobre la reina para que aceptase a un príncipe incapaz física y moralmente de hacerla feliz. Días antes de producirse el matrimonio, El Heraldo se atrevía a reproducir un artículo de The Times en el que se decía: «Ya hoy es indudable que la reina Isabel experimenta la más grande, la más justa repugnancia hacia su futuro esposo, y que sólo forzada y derramando lágrimas amargas ha renunciado a la dicha de toda su vida. En esta crisis terrible no ha tenido siquiera una noche para reflexionar[66]».

Más allá de lo que podamos alguna vez comprobar al respecto, lo importante históricamente es que, tanto la moralidad como la salud, emocional y política, del matrimonio de Isabel II estuvieron en cuestión, de manera explícita, desde el mismo momento en que tuvo lugar. Como advirtió Andrés Borrego, aquel «desacierto insigne» gravitaría de forma letal sobre la actuación y la imagen pública de la Corona durante todo el resto del reinado isabelino.

CAPÍTULO 5

LA MONARQUÍA MODERADA Y EL

LABERINTO DE PALACIO (1844-1853).

Sabemos que los gabinetes no los debe formar otra autoridad que la real, y ésta sólo puede medir el tiempo de su duración. Las mayorías no son para este objeto.

MARQUÉS DE VILUMA (1846).

Esto es Babilonia: entre tantas noticias nadie sabe cual es la verdadera, aunque yo me inclino a creer que todas son a un tiempo mismo verdaderas y falsas, verdaderas un día y falsas otro.

JUAN DONOSO CORTÉS (1847).

Tras el matrimonio de Isabel II, los moderados creyeron dar por concluido el complejo proceso de «reapropiación» de la reina —y de la monarquía— que habían iniciado en 1843. En un momento en que su objetivo fundamental era poner fin a la revolución y estabilizar sus logros en beneficio de una estrecha franja del liberalismo, la Corona se presentaba como depositaria del espíritu más acabado del principio de gobierno y de la continuidad social frente al desorden y el caos introducido por varias décadas de inestabilidad revolucionaria. Como escribió Juan Miguel de los Ríos, la monarquía «ha sido siempre el primero, superior y más constante elemento de gobierno en España», su debilitamiento tras la revolución de La Granja de 1836 había socavado todo principio de autoridad y de gobierno en el país[1]. Para los moderados españoles orden y monarquía se requerían mutuamente y no había posibilidad de reforzamiento del principio de autoridad y de gobierno sin reforzamiento del trono.

En este sentido, la nueva Constitución de 1845 se encargó de enfatizar el poder y la independencia de la Corona al eliminar del preámbulo cualquier referencia a la soberanía nacional y fortalecer las ya muy amplias prerrogativas regias recogidas en la Constitución de 1837. El monarca tenía la potestad de nombrar y apartar libremente a los ministros (art. 45.10), así como la facultad de convocar las Cortes y disolver el Congreso de los Diputados (art. 26); compartía la iniciativa legislativa con el Congreso y el Senado (art. 12) y tenía, además, veto absoluto y sanción libre sobre sus acuerdos (arts. 38 y 44). El artículo 47, introducido en pleno debate sobre los candidatos a la mano de la reina, concedía al monarca la posibilidad de contraer matrimonio sin necesidad de autorización de las Cortes. El bicameralismo estricto —con un nuevo Senado de entera designación regia— fortalecía el poder de la Corona y estaba pensado —al menos en parte— para evitar un desgaste excesivo de la función real por uso directo del veto. Todo ello suponía, en principio, un reforzamiento del ejecutivo al amparo de la Corona, que se complementaba con el control mucho mayor de las instituciones locales y provinciales, y de la prensa[2].

Lo importante, sin embargo, no eran las escasas innovaciones legislativas, sino el espíritu que alentaba tras ellas. El rechazo constitucional del principio de soberanía nacional es fundamental para entender la cultura política moderada y sus diferencias respecto al otro gran partido monárquico de la época, el Partido Progresista. Frente a lo que ocurría en 1837, el monarca de los moderados aparecía en la Constitución de 1845 como portador de su propio poder soberano. Como dijo Pedro Pidal en las Cortes, el dogma de la soberanía nacional no tenía sentido en España: «Podría servir acaso para una nación joven que haya tenido que nacer como la Grecia o la Bélgica, y tenga que dar fuerza y prestigio a una dinastía salida de la nada; pero no para una nación antigua como la nuestra, con una dinastía que ocupa la preeminencia de los Estados de Europa y que tiene ya muchos siglos enlazados el principio del trono con el principio de nacionalidad[3]».

Desde este supuesto, el abandono del principio de soberanía nacional implicaba la adhesión alternativa a un concepto fuerte de nacionalidad, que incluía al trono no sólo como representante de una de sus fuerzas o poderes latentes, sino como parte esencial de la nación histórica. El pacto entre el monarca y el pueblo español se convertía, así, en algo más que un pacto político. Era un pacto histórico, de identidad, que les confundía a ambos y cuya disolución implicaría, necesariamente, un atentado contra la naturaleza de la nación. No era sólo que el principio de soberanía nacional fuese abstracto o quimérico, como se repitió hasta la saciedad; o que resultase innecesario en una nación vieja que no necesitaba fundar su monarquía sobre la fuerza y el prestigio de la voluntad expresa del pueblo. Lo peligroso era que se trataba de un principio que, potencialmente, podía atentar contra la nacionalidad española, o al menos ponerla en cuestión al subordinar a la acción política contingente un elemento de esa identidad nacional —la monarquía— que le era tan esencial como la religión católica.

Es en este sentido en el que el diputado Esteban insistía, en el debate del proyecto de contestación al discurso de la Corona de las últimas Cortes esparteristas, que «la augusta Persona que hoy ocupa el trono de San Fernando no la han nombrado las Cortes; ocupa el Trono por la Constitución del Estado, sí, pero primero que por la Constitución del Estado, antes que por ella, ya tenía derecho al Trono. En Monarquías como la nuestra no sólo interviene en esto la voluntad de los pueblos, sino que hay algo de histórico, algo de tradición, algo derecho[4]». Por todo ello, y según el dictamen de la comisión de reforma constitucional de las Cortes de 1844-1845, el poder constituyente no podía sino residir «en la potestad constituida, ni ésta es otra en España sino las Cortes con el Rey[5]».

En la práctica, el carácter violento de la ruptura de la coalición de 1843 con los progresistas y el consistente esfuerzo de represión llevado a cabo por los moderados para imponer su proyecto político se encarnó y legitimó, precisamente, a través del poder propio de la Corona en tanto que representante de la nación. En sus Lecciones de Derecho Político Constitucional de 1843, Alcalá Galiano ya había resumido ese carácter de la monarquía como «una institución […] en la cual está, según creo, la representación principal del Estado o del pueblo, o la nación entera […] El monarca […] es representante de la nación, y representante que la representa mejor que ellos (que los cuerpos legisladores) en algunas ocasiones[6]».

Desde todos estos puntos de vista, la monarquía constitucional de los moderados se proyectaba en la escena política postrevolucionaria sin deuda alguna de origen con la revolución, ni siquiera, en sentido estricto, con el liberalismo: les precedía a ambos y los subsumía; era en sí misma la síntesis de los tiempos antiguos y nuevos. Sólo ella habría de ser capaz de inaugurar una nueva era de «reorganización en la que todo se presta admirablemente para reparar los daños que el cuerpo social ha experimentado en sus días de fiebre[7]».

La misión reparadora, el pacto entre las grandes fuerzas sociales, que se ha referido usualmente a la importación por parte de los moderados españoles del eclecticismo y el doctrinarismo francés, fue en la tradición liberal moderada española algo más. A diferencia de lo que ocurrió en Francia con la monarquía de Luis Felipe de Orleans, la monarquía constitucional de Isabel II negó siempre —contra toda evidencia histórica— cualquier tensión de origen entre la legitimidad histórica y la legitimidad revolucionaria. Frente a una concepción de la monarquía producto de la revolución, frente a la insistida memoria de los liberales progresistas y demócratas de que Isabel II, en realidad, le debía el trono a un pueblo que había defendido sus derechos frente al carlismo, los moderados opusieron una monarquía por derecho propio que, no sólo se había sostenido junto al pueblo, sino que le había otorgado sus libertades y que por eso era, precisamente, acreedora de su lealtad. De esta manera, la nueva monarquía constitucional no era más que —como dijo Pedro Egaña, miembro del círculo más cercano a María Cristina— el despliegue de la libertad en la historia de la monarquía[8].

La interiorización de esta evidente falacia histórica —que no argumental— ha permitido a un sector de la historiografía entender la revolución liberal española y la consolidación del liberalismo como un juego entre la Corona y unas supuestas élites reformistas que acabarían por imponer un cambio pactado, de arriba abajo, sin grandes modificaciones de las estructuras socioeconómicas y políticas heredadas. Sin embargo, la historia real —si se me permite el juego de palabras— fue muy distinta. Como hemos visto, la afirmación política del liberalismo en España, incluso del liberalismo moderado, necesitó de un altísimo grado de violencia y de movilización popular previa, un altísimo grado de afirmación de facto de la soberanía nacional sobre el trono[9]. Otra cosa es, por supuesto, que esa trasformación se realizase en el horizonte abierto de la soberanía nacional o a través del horizonte más cerrado de la soberanía compartida del rey y las Cortes, apuntada ya en la Constitución de 1837 y afirmada de forma exclusiva y sin paliativos en 1845[10].

Mientras en la Bélgica del rey Leopoldo, o en la Francia orleanista, la monarquía pertenecía a la nación, en la España moderada la nación quedaba incorporada en la monarquía, la cual, junto con la religión, se convertía así en el sustrato general a partir del cual pensar toda posible evolución política[11]. El proyecto de orden y reconstrucción moderada —anclado en una efectiva realidad de fatiga y desencanto ante los trastornos de los largos años de guerra y de convulsiones revolucionarias— necesitó de un alto grado de represión y de violencia política para imponerse. El discurso monárquico elaborado para justificarlo, sin embargo, debió su eficacia a ese profundo anclaje entre monarquía y nación como garante de la inutilidad de los esfuerzos por disociarlas. Esfuerzos que, desde esa óptica, no podían hacer otra cosa que lanzar a la nación contra sí misma obligándola a desnaturalizarse.

Desde estos supuestos, el Partido Moderado podía competir en pie de igualdad con el Partido Progresista por el calificativo de verdadero partido nacional al presentarse como el auténtico partido monárquico. Sólo éste era capaz de emprender un proyecto de estabilización política y garantizar la gobernabilidad postrevolucionaria, porque el único capaz de comprender la necesidad de devolver el prestigio al trono como condición sine qua non de la revitalización del principio de autoridad frente a las fuerzas disgregadoras de la revolución. Para Andrés Borrego, por ejemplo, sólo el partido que él prefería denominar, ilusionadamente, conservador «ocupa en el país una posición que le permite pesar en las determinaciones de la Corona sin humillarla, sin herirla, sin hacerla perder su prestigio […] el trono de esta reina ha sido nuestra obra y su dinastía nuestra bandera; él, cuando disiente de las aspiraciones que puedan partir de la atmósfera palaciega, disiente en un interés monárquico y nunca por interés de bandería; él es el único partido a cuyas exigencias puede ceder la Corona sin aparecer vencida, sin despojarse de su poder[12]».

En buena medida esto era cierto. Tras décadas de lucha abierta o soterrada entre el liberalismo y la monarquía, esta última se había visto obligada a buscar amparo —condiciones de existencia— en un discurso liberal particular, el moderado, que garantizaba su presencia fuerte en el nuevo régimen político surgido de la revolución. Sin embargo, las cosas nunca fueron tan diáfanas, simples y armónicas como aparecían en los supuestos teóricos moderados. Dos aspectos, estrechamente relacionados entre sí en sus consecuencias políticas prácticas, merecen ser tenidos en cuenta.

En primer lugar, el moderantismo no constituyó nunca un partido uniforme y, ya desde las mismas Cortes de 1844-1845, se observó la existencia de, al menos, tres tendencias. Por un lado, la centrista de Alejandro Mon y Pedro Pidal —cuyo jefe de filas, no siempre indiscutible, fue el general Ramón Narváez— que podría decirse que representaba a la mayoría doctrinaria del Partido Moderado. Por otro, la de los llamados «monárquicos isabelinos», liderada por el marqués de Viluma (Manuel de la Pezuela), con representantes tan destacados como Juan Donoso Cortés y Bravo Murillo, partidarios de cancelar buena parte de los logros de la revolución liberal. Por último, la de los «puritanos» de Joaquín Francisco Pacheco, Andrés Borrego y otros, partidarios de mantener la Constitución de 1837 y facilitar un turno político con el progresismo menos radical[13].

En segundo lugar, la Constitución de 1845 siempre le pareció demasiado avanzada, demasiado liberal, a la cultura política de la Corte y de la familia real. De hecho, su planteamiento político siempre estuvo más cerca de aquella corriente autoritaria y conservadora que, en ocasiones, resultaba difícil de diferenciar del absolutismo más o menos reformista. El propio Viluma, miembro del primer gabinete Narváez por imposición directa de María Cristina, propuso en su momento abandonar cualquier tentativa de reforma de la Constitución de 1837, hija de una imposición violenta sobre la Corona, y sustituirla por una Carta otorgada en la que quedase sancionada claramente la autoridad última del rey sobre las Cortes. Tras dimitir en julio de 1844 al ver rechazada su propuesta en el Consejo de Ministros, Viluma, Donoso y Bravo Murillo fueron los encargados de defender en las Cortes el punto de vista monárquico más puro, que era el que apoyaba en la sombra la reina madre[14].

Para ellos, como para María Cristina, la misma teoría de la división de poderes, central a la naturaleza de la monarquía constitucional, era «una teoría absurda» en tanto que —como escribió Donoso Cortés ya en 1837— «el poder es uno, porque reside exclusivamente en la persona del monarca; es limitado porque encuentra límites en las instituciones populares. Para nosotros, el Congreso y el Senado no son poderes, porque el poder no tiene plural […] son instituciones que limitan el poder, porque limitan la acción que ejerce sobre el súbdito el único poder de la sociedad; es decir, el monarca[15]». El marqués de Viluma, por su parte, con ocasión del debate constitucional de 1844-1845, ya había dejado claro en sus escritos privados y públicos que la forma en que podían entenderse las relaciones entre el poder real y el poder del Parlamento no podía jamás ajustarse a la ley de las mayorías so pena de ser letal para la propia monarquía tal y como él —y la Corte— la concebían: «Toda mayoría electiva que sea omnipotente, aunque apoye a los ministros y sus actos, no deja por esto de ser la ruina de la Monarquía y su completa negación. Entonces ya no hay Monarquía, ya no hay Rey, ya no hay Senado. Estos poderes serán unos autómatas pasivos tolerados por la democracia parlamentaria, sin vida ni animación política. La nación y el rey desaparecen ante la mayoría parlamentaria […] El Rey queda entretanto con los brazos cruzados como mero espectador del debate. Todo el país se democratiza y el rey pierde su altar en todos los corazones[16]».

Poco después, Viluma dijo alto y claro en el Senado: «Sabemos que los gabinetes no los debe formar otra autoridad que la real, y ésta sólo puede medir el tiempo de su duración. Las mayorías no son para este objeto[17]». Quedaba así cuestionada radicalmente la convención del régimen de dos confianzas, que los estudiosos de la época consideran asumida como práctica política desde la época del Estatuto Real, y que consistiría en la aceptación por todos los actores del juego político de que los gobiernos habían de gozar, conjuntamente, de la confianza de la Corona y de las Cortes. Para un sector muy influyente en Palacio —y también para el ala derecha del moderantismo—, la confianza de las Cortes era, esencialmente, secundaria respecto a la confianza de la Corona en el gabinete[18]. Las implicaciones que este supuesto tuvo a lo largo de toda la Década Moderada complican, a mi juicio, la interpretación habitual de la práctica política de la Corona, del Parlamento y del Gobierno —y las relaciones entre ellos— a lo largo de todo el reinado isabelino. Desde el punto de vista de la cultura política de la familia real, se trataba de algo más que aquel conflicto que ya apuntó en su momento Sánchez Agesta cuando escribió que «la soberanía histórica del rey y las Cortes supone, cuando menos, una equiparación de ambas instituciones, que cede finalmente en una primacía de la Corona como órgano estable» frente a unas Cortes en riesgo perpetuo de disolución[19].

En la cultura política del ala más autoritaria del moderantismo, que era la que, en el mejor de los casos, dominaba en la Corte, no había espacio más que para un monarca activo y casi omnipotente. Una interpretación como, por ejemplo, la de Adolphe Thiers, tan cara a los progresistas españoles, según la cual en una monarquía constitucional «le roi règne et ne gouverne pas», no se sostenía con los supuestos de partida de la familia real y de sus allegados políticos[20]. Para todos ellos habría siempre abierta una lucha, no sólo con los progresistas, sino con aquellos moderados (como Pacheco, Borrego o, incluso, Alcalá Galiano, Mon o Pidal) que consideraban necesario el respeto más o menos escrupuloso de la convención de la doble confianza, es decir, a la idea de que el Gobierno debía tener detrás una mayoría parlamentaria y, en función de ella, crear las condiciones para la confianza real. En la práctica, como ha analizado Juan Ignacio Marcuello, el régimen de las dos confianzas acabó siendo un régimen de «parlamentarismo negativo, donde los Gobiernos de la Corona, investidos discrecionalmente por ésta en uso de su exclusiva y libre prerrogativa, podían presumir tácitamente la confianza de las Cortes hasta que no hubiese una prueba expresa en contrario, bien a través de la recepción de un voto de censura, bien de una derrota en una cuestión de gabinete libremente suscitada por ellos mismos[21]».

Es evidente que los autores de la Constitución de 1845, entre ellos muy decisivamente Donoso Cortés, aunque también el propio Alcalá Galiano o Pedro Pidal, confiaban en que la función de gobernar del rey quedase asumida, sin demasiados problemas, por el partido que se consideraba a sí mismo el verdadero partido monárquico, aquél que podía interpretar el interés de la monarquía más allá «de las aspiraciones de la atmósfera palaciega». Sin embargo, escapar a aquella atmósfera y apropiarse de la función regia en condiciones de hegemonía política implícita sobre ella se reveló como algo mucho más complicado de lo que los hombres de 1845 preveían en el momento en que llevaron al poder, con todas sus extensas atribuciones, a una niña de trece años.

Seis meses después de que la reina hubiese contraído matrimonio con Francisco de Asís, Juan Donoso Cortés escribió una carta confidencial a Fernando Muñoz en la que decía: «Los progresistas no necesitan del Monarca para ser fuertes porque se apoyan en las turbas. ¿Qué fuerza no tendrán cuando se apoyen a un mismo tiempo en las turbas y en el Monarca? Los moderados no necesitan de las turbas para ser fuertes porque se apoyan en el trono: pero ¿dónde estará su fuerza cuando no se apoyen en el trono ni en las turbas? […] V. dirá que es triste soltar la presa[22]».

La presa a la que se refería con su rudeza habitual Donoso Cortés era Isabel II. Los moderados habían traspasado todos los límites para cobrarla y sujetarla a sus dictados políticos. Cuando creían haberlo conseguido, la presa se escapaba, precisamente a través de la plena puesta en funcionamiento de los mecanismos que la habían configurado como un poder fuerte en el juego político. Mecanismos que, para los moderados, tan sólo tenían sentido en tanto que el poder ejercido por la Corona fuese clara y directamente instrumental.

Las razones de aquella amenaza provenían de un ámbito que los historiadores han tendido a obviar o a minimizar en sus estudios políticos. Me refiero al ámbito, formalmente privado, de las relaciones internas de la familia y el matrimonio real. Las tempranísimas desavenencias entre Isabel II y su marido, que condujeron casi de forma inmediata a que la reina buscase consuelo en otros hombres, han sido consideradas por la historiografía académica como algo poco más que anecdótico. Sin embargo, y a mi juicio, constituyen un material de análisis histórico imprescindible, porque permite trascender la distinción entre lo público y lo privado, recalcando su carácter históricamente construido y la forma en que la continua transgresión de sus fronteras formales afectó a los mecanismos de legitimación y deslegitimación de la monarquía isabelina, entendida no sólo como una institución política sino cultural. Como ha escrito, entre otros, Anna Clark, entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, «los escándalos relacionados con la vida personal del monarca no eran ni anacrónicos ni triviales; en realidad afectaban de forma decisiva a las relaciones entre poder y virtud[23]».

En la España de mediados del siglo XIX, deben tenerse en cuenta tres aspectos estrechamente relacionados entre sí. En primer lugar, la llamada «cuestión de Palacio» afectó de forma decisiva al ejercicio de la prerrogativa regia, pues demostró su voluntad y su capacidad para escapar al carácter meramente instrumental que se preveía para ella. En segundo lugar, permitió una visualización temprana de los peligros prácticos y cotidianos de la conversión del moderantismo en «un partido de Corte» que, precisamente por serlo, se veía expuesto a una creciente fragmentación interna producida, al menos en parte, por la consciente acción disgregadora de la Corona respecto a una miríada de grupos de poder extraparlamentarios abocados a cultivar relaciones especiales con ella. En tercer lugar, afectó de forma decisiva a la representación pública de la monarquía, al colocarla en el centro de un debate no sólo político, sino también cultural, en el que competían valores morales y familiares aristocráticos, burgueses y plebeyos.

El resultado de todo ello fue la proyección de una imagen esperpéntica, invertida, de la diáfana teoría moderada sobre la capacidad de su monarquía robusta para garantizar la salvaguarda del orden, del principio de gobierno, de la estabilidad social y política. Los sucesos que ocurrieron en Palacio, y en la vida política española, entre marzo y octubre de 1847 se desarrollaron más o menos así.

Una vez asentada la polvareda producida por el doble matrimonio real y celebradas las elecciones a Cortes ordinarias, el gobierno de Istúriz perdió la votación a presidente del Congreso frente a una coalición de puritanos y progresistas, lo que, en buena lógica parlamentaria, forzó su dimisión. La reina Cristina aconsejó a su hija la formación de un nuevo ministerio moderado presidido por el duque de Sotomayor (Carlos Martínez de Irujo), con Bravo Murillo en Gracia y Justicia, Ramón de Santillán en Hacienda y el marqués de Novaliches (Manuel Pavía) en Guerra, entre otros destacados miembros del Partido Moderado. La reina discutió cada uno de los nombramientos con su madre y formó nuevo Gobierno el 27 de enero de 1847. Todo parecía estar en orden. Sin embargo, casi de inmediato, todo comenzó a saltar por los aires[24].

Isabel II empezó a demostrar una hostilidad abierta hacia su marido y hacia su madre, desarrollando «un carácter entero y absoluto que se irrita ante las representaciones y al que los consejos más sabios no conducen sino a hacer lo contrario de lo que sería su verdadero interés […] La escandalosa separación de la reina de las personas que han demostrado siempre la mayor devoción por su madre y por Ella, entristece todos los espíritus y asusta a todos[25]». Su prima, la arriscada infanta Josefa, se convirtió en su más cercana amiga y la reina de diecisiete años se entregó a una vida de diversiones desenfrenada entre una cohorte de músicos, como Gutiérrez de la Vega, gentes del teatro, damas de la aristocracia de ligera reputación (como las señoras de Gor, Zarco del Valle, Pérez Hernández y Tello) y vividores como el marqués de Salamanca, un destacado hombre de negocios cuya filiación política era tan variopinta como su actividad económica. Parece ser que fue en ese círculo donde conoció al general Francisco Serrano quien, desde los aledaños de la fracción «puritana» del moderantismo, había denunciado agriamente en el Senado la doble boda real. El general mantenía estrechas relaciones con el embajador británico, Henry Lytton Bulwer, a quien apoyaba abiertamente en las reclamaciones inglesas ante el matrimonio de la infanta con Montpensier. El cruce de cartas entre ambos, incluyendo referencias insultantes a Francisco de Asís, había sido publicado con su consentimiento por El Heraldo[26].

En algún momento de principios de 1847, la reina inició una apasionada relación amorosa con el apuesto y fogoso Francisco Serrano, «el general bonito», jaleada por su entorno y cada vez más escandalosamente pública. Con él montaba a caballo, asistía al teatro y a fiestas que duraban hasta la madrugada; el desbarajuste de horarios para despachar con sus ministros y con los enviados extranjeros era la comidilla de todas las tertulias de Madrid. Las advertencias de María Cristina no sirvieron de nada y, en marzo, ésta tomó la decisión de realizar un viaje a París con el objetivo oficial de visitar a la duquesa de Montpensier, que ya había iniciado entonces su intachable vida de perfecta casada, tan distinta de la de su hermana. Como escribió Donoso poco después, la decisión de la reina madre de alejarse de España estuvo dictada por «la esperanza de que allándose en apuros [la reina] acudiera a su Madre[27]». Pascual Madoz llegó más lejos y escribió a un amigo exiliado en Londres diciéndole que el objetivo de María Cristina era tantear a Luis Felipe sobre la posibilidad de establecer una especie de regencia de Francisco de Asís sobre Isabel II o, si no, forzar su abdicación y «preparar el camino para Montpensier[28]». En todo caso, «la salida de la reina madre» se mostró, a juicio de Donoso, «peligrosa y arriesgada», porque «el desgraciado viaje de la Señora nos ha quitado a todos, quitándole [a la reina] el único freno que la contiene: sirva esto de lección y de aviso para lo futuro […] No más viajes, no más ausencias. No más París: aquí quietos[29]».

Aquella madre, esperada tan ansiosamente en 1843 por la reina niña, como la única persona que podía guiarla y protegerla en el laberinto en que se había convertido su vida, la había traicionado, casándola con un hombre al que despreciaba y que «la tiranizaba». El odio adolescente no conocía freno, como escribió Donoso Cortés a Muñoz: «V. creía que el odio a su Mamá era pasajero: yo no lo creía así: pero tampoco creía que fuera tanto como es en realidad. Sepa V. que no cabe en su pecho el odio que profesa a todos los que intervinieron directa o indirectamente en su boda, y principalmente su Madre: es cosa de ponerse frenética hablando de nosotros […] y de Ella. Este odio se ha acrecentado por una correspondencia secreta que tiene de París, y no sé de quien venga. Su corresponsal la escribió últimamente una carta diciéndole que Luis Felipe, de acuerdo con su madre, puesta al frente del partido moderado, pensaba seriamente en destronarla y que su Madre pensaba venir aquí a realizar sus planes[30]».

Juan Donoso Cortés intentó convertirse de nuevo en la persona capaz de enderezar la situación. Aconsejó al ministerio Sotomayor que tomase cartas en el asunto, alejando a Serrano de Madrid y sugiriendo al rey que se esforzase en ofrecer una imagen pública de matrimonio bien avenido y ejerciese su (dudosa) autoridad moral sobre la reina:

Que es necesario que se acostaran a la misma hora, o temprano si ella accedía o tarde él, si no accedía ella […] lo hizo así. Ella quiso cansarle y no pudo: el jueves se acostaron a las 7 ½ de la mañana. [El Rey] había hablado con ella sobre el asunto diciéndola que las voces que corrían de boca en boca perjudicaban su honra: que él como su guardador no podía consentirlo y no lo consentiría: que creía en su inocencia: que aunque no fuera inocente individualmente estaba dispuesto a perdonarla: pero que reflexionara, que él en nada le había faltado; y que había un Dios que tomaba por su cuenta el castigo de estas faltas: que de todos modos era menester que ella tomase una medida contra el hombre: que ella podía perder hasta su empleo. Ella contestó que todo lo que se decía era falso: que no quería tomar medida ninguna y que nada le importaba su empleo. Él replicó que si creía que perder el empleo era poder ir a divertirse a París, se engañaba: que ahora la cesantía llevaba consigo la miseria, el encierro o la muerte[31].

Pronto se hizo evidente que Isabel II no estaba dispuesta esta vez a que coartasen una voluntad que le habían dicho que era soberana. Se negó a firmar un decreto que nombraba a Serrano Capitán General de Navarra y continuó con su vida desordenada:

La Reyna […] no a oído misa y sigue haciendo su vida y acostándose cada vez más tarde, ayer mismo se acostó a las ocho y media de modo que quando la Reyna se acostaba ya se había levantado el Rey […] asta aquí iban las cosas asta ayer, que la Reyna le dijo al Rey que sería mejor que se marchase a París o a otra parte del Extranjero. El Rey le contestó que no, que si le hechaban, bueno se marcharía, pero que de otra manera no: en seguida la Reyna llamó a Ortega y le mandó que sacase toda la ropa y muebles que tubiese en su alcoba y las trasladase al cuarto que tuvo el Príncipe de Montpensier, Ortega la hizo presente que aquello no era conveniente y respondió que lo hiciera que ella no quería vivir con él y que así estaba ella en más libertad de modo que ya los tiene V. separados y a la Reyna más en camino de su perdición; no hace caso S. M. a nadie […] es capaz de cualquier atropello contra el rey o contra su misma madre.

El marqués de Castelar escribía consternado que Isabel II incluso había acusado públicamente a María Cristina de apropiarse de sus joyas: «todo se lo guarda, me a dejado tres aderezos y ella tiene veintitrés[32]». De nada sirvieron las advertencias de Donoso de que se jugaba la Corona y de que «hasta en los barrios bajos» se hablaba de su relación con Serrano, «y no es eso lo peor sino que hoy en las Cortes estaban arremolinados los Diputados hablando sobre el mismo asunto. ¿Y que decían? —preguntó la reina—. Decían —contestó Donoso— que en tiempos del gobierno absoluto España no había consentido un Godoy y que sería una vergüenza que las Cortes lo consintieran en un Gobierno representativo». Todo fue inútil, la reina no parecía, o no quería, entender la trascendencia de lo que hacía: «Mira: todo el mal viene de que se dice que yo le miro en el paseo y en el teatro: no le volveré a mirar y todo queda concluido[33]».

En una nueva reunión entre Donoso y los ministros, se acordó amenazar a Serrano con juzgarle públicamente por desacato si no cumplía la orden del ministro de Guerra de salir hacia Navarra y se conminó al Rey para que, «como marido y dueño de su casa, le prohíba poner los pies en Palacio[34]». Madoz escribió a su corresponsal londinense que el resultado había sido que la reina «se cuida poco del despacho y su marido lo hace por ella; en este estado la vigilan día y noche y desde antes de anoche no ha podido recibir comunicación alguna de Serrano[35]». Aquella situación duró poco. Mientras el general se refugiaba en la embajada británica para eludir la orden del Gobierno, Isabel II llamó al ministro de Guerra, Oraá, y «encarándose a él como una víbora» le dijo que revocara la orden de salir que había dado a Serrano: que todo se había hecho sin contar con ella y que ella quería que lo hecho se deshiciera en el acto. Oraá le contestó que enviar «a un militar con una comisión a una provincia era cosa que el Gobierno podía hacer sin la Reyna […] Aquí la niña entró en un furor espantoso: manoteó, pisoteó, lloró, dijo que todos eran Reyes en España menos ella: y dirigiéndose con voces descompuestas al anciano que tenía delante de ella le dijo: Mira, me la pagarás, me la pagaréis todos. Me vengaré: revoca la orden en el acto o teme mi cólera[36]».

Los informes que se recibían en París eran cada vez más urgentes y crispados. El estado de ánimo de la reina, acosada por su marido, por el Patriarca de Indias, por Donoso y por el ministerio, rozaba a aquellas alturas una especie de estado maníaco que oscilaba entre la euforia y la depresión. En la noche del 17 de marzo, el ministro Mariano Roca de Togores intentó sondearla y se tropezó con la más profunda de las inconsciencias. Tan sólo «sacó en limpio la confesión de que se correspondía por cartas con Serrano y, como Roca se pusiera las manos en la cabeza, le dijo: No hay cuidado, Serrano no enseñará mis cartas: no aseguro lo mismo de otros tres con quienes he estado en correspondencia antes. Roca se bajó aturdido, sin saber si él estaba soñando, o si aquella Señora estaba loca[37]».

Donoso y los ministros, que aguardaban en la secretaría los resultados de la gestión de Roca de Togores, no cabían en sí de estupor. Don Juan decidió subir él mismo a la cámara real «y la escena que allí pasó no puede describirse: era menester haberla visto: y aún así no se creería. Todo lo que me habló fue en recitado: Señora, a los pies de V. M. A Dios, Donooooso. Señora, muy alegre está V., me felicito por ello: sólo quisiera saber la causa de esta alegría. Esta nooooche caaaae el Ministerioooo. Señora no es el Ministerio sólo el que cae: es la monarquía la que se hunde: No me importa, no me importaaaaaa. Señora, por Dios, tratemos gravemente estas materias graves. Hable V. M y no cante. Espera, esperaaa solo quieroooo romper aquel cristaaaaal, y diciendo y haciendo cogió un hermoso florero de cristal que estaba en la chimenea y le hizo mil añicos. No seguiré yo poniendo letras en forma de música. Baste decir a V. que no pude conseguir que me dijera una sola palabra que no fuera en recitado. Lo que saqué en limpio fue que aquella misma noche pensaba hablar con Pacheco, que si Pacheco tenía organizado el ministerio aquella misma noche exoneraría a sus actuales ministros[38]».

En efecto, la noche del 27 de marzo Isabel II hizo caer un ministerio que tenía la mayoría en las Cortes y entregó el poder a Joaquín Francisco Pacheco, con José de Salamanca en el ministerio de Hacienda[39]. Era la primera vez que utilizaba la prerrogativa regia al margen de los consejos de su madre y lo hacía en un sentido que, además de situarse fuera de las reglas del juego parlamentario, afectaba directamente a los amigos políticos de María Cristina y al grueso del moderantismo. Donoso Cortés planteó claramente el dilema al que se enfrentaba un partido que había hecho del reforzamiento de la prerrogativa regia frente al Parlamento su bandera y la condición sine qua non de su poder. Respondiendo con escepticismo a las indicaciones de Muñoz respecto a la necesidad de una nueva reunión del comité central del Partido Moderado para reorganizarse, Donoso escribe: «¿Para qué? ¿Con qué fin? Los partidos conservadores son fuertes cuando cuentan con el trono: cuando no, no pueden nada. ¿Proclamará el partido moderado el respeto de la prerrogativa real y su influencia preponderante en los negocios públicos? Si proclama esto será consecuente consigo mismo, pero acabará de perderse y acabará de perder a la Nación, porque de ahí nacen todos nuestros males. ¿Proclamará los principios contrarios? ¿Procurará sujetar a la Reyna? ¿Restringir sus prerrogativas? […] Entonces el partido moderado se convertirá en progresista; y para eso el progresista está ahí que sabrá hacer las cosas, y que las hará sin duda ninguna mucho mejor que nosotros[40]».

La situación política no podía ser más comprometida para los moderados. Inmediatamente después de llegar los puritanos al Gobierno, comenzaron a producirse cambios en la servidumbre de Palacio. El intendente de palacio, Pedro Egaña, y la marquesa de Santa Cruz, entre otros, fueron despedidos sin contemplaciones por la reina[41]. El Eco del Comercio saludaba lo que consideraba el regreso de Isabel II a la libertad: «La voluntad enérgica de la reina secundada por sus ministros responsables, quiso acabar de emanciparse de la tutela en que esas influencias extra legales la habían tenido tanto tiempo separándola de los pueblos que tantos sacrificios han hecho para mantenerla en el trono […] así es que ni nos admiramos siquiera […] del despecho que les causan las expansiones de entusiasmo con que hoy acoge a Isabel II el pueblo madrileño en todas partes, después de tan largo y sepulcral silencio como por espacio de mucho tiempo ha guardado[42]».

En efecto, durante la primavera de 1847, las salidas de la reina por Madrid se convirtieron en demostraciones de júbilo popular, más o menos inducido, que celebraba el cambio de rumbo político. En el Teatro del Príncipe fue rodeada «por una turba de gentes de dudoso aspecto, que la saludó frenéticamente»; en la plaza de toros fue recibida con un enorme abanico que, por una cara, decía «Viva la Reina» y, por la otra, «Constitucional»; aquella corrida concluyó en una especie de manifestación espontánea de alegría que salió de la plaza cantando el Himno de Riego y vitoreando a la reina y a Serrano. En otra ocasión, por las mismas fechas de primavera, el carruaje real se vio rodeado de una multitud en la Puerta del Sol, la cual, al tiempo que le lanzaba flores y requiebros y entonaba de nuevo el Himno de Riego, gritaba mueras a María Cristina y a Narváez: «Un mal trazado, con marsellés al hombro y sombrero gacho en la cabeza —traje muy usado entonces por la gente flamenca— subió al coche de la reina y durante un largo rato fue diciéndole flores y frases picantes que la hicieron reír no poco, y otros, obsequiándola con piropos y saetas, tan comunes entre los maleantes y desocupados. El principal pecado de aquellos entusiasmados consistió así en tratar a la reina como a mujer, cosa en verdad que a ella no ofendió[43]».

La reina disfrutaba con aquella recién adquirida popularidad, mientras los moderados no podían ocultar su despecho. «Lo que es a ella —escribió Donoso— no la veo porque he estado toda mi vida acostumbrado a visitar a personas decentes, y no quiero perder tan buena costumbre. A él [el rey] puede ser que le vea uno de estos días aunque por su debilidad es un hombre despreciable […] públicamente se habla de que la reyna no puede reinar ¡Dios mío! ¡Dios mío! Hace bien la Señora en no querer venir: esto es a un tiempo mismo una letrina en fermentación y un infierno[44]». Más adelante escribió: «Siguen los escándalos en el teatro y el paseo, cada vez mayores hasta el punto que las Madres no quieren llevar a sus hijas donde la niña concurre: hasta ahora no se había visto cosa semejante en la historia […] La pillería la aplaude en donde la encuentra: parece que para los toros de mañana la tienen preparada una corona y un calesín, para que vaya en el calesín y con la corona la representante de esta Monarquía de sainete[45]».

El mito de una reina secuestrada, violentada en su matrimonio, «que había guardado silencio tanto tiempo contra su voluntad», tomaba de nuevo aliento. El entusiasmo llegó a su culmen cuando se decretó una amplia amnistía que permitía regresar a buena parte de los progresistas exiliados, entre ellos Espartero y Olózaga. Al primero, Isabel II le nombró senador y con el segundo mantuvo una larga conversación privada en Palacio[46].

María Cristina decidió entonces regresar y se tropezó con algo que no había esperado. Donoso escribió que, cuando Isabel II supo de las intenciones de su madre, «se aterrorizó y llena de espanto llamó a los ministros y les dijo: mamá viene, ¿cómo he de sufrir yo a esa mujer (palabras exactas) que vendrá a tiranizarme como me ha tiranizado antes? Que no venga, que no venga. Los ministros que no deseaban otra cosa se reunieron en Consejo y acordaron embiar a Concha con orden de hacer retroceder a la Señora, con buenas razones, si éstas bastaban, y si no con malos hechos[47]».

El viaje de la exregente se suspendió mientras la reina caminaba ciega y resueltamente hacia la anulación de su matrimonio. Envió al rey unas capitulaciones de separación que éste rechazó, y advirtió al Gobierno de que «ella no podía continuar así con el Rey, que es menester que se avenga a buenas a divorciarse. Los Ministros se han asustado con esta proposición de S. M., la cual le dice a quien quiera oírla que ella no está casada: que no dijo que sí cuando se lo preguntó el sacerdote y que si no dijo que no fue porque la pellizcó su Madre: que ha sido forzada[48]». Unos días después Juan Donoso alertaba a Muñoz: «V. creía y yo también que esto más que amor era un capricho sensual: pues amigo nos equivocamos: todos los datos están contestes: en esto no cabe duda: la pasión es honda, profunda, permanente, y con todos los caracteres de indestructible: sepa V. que no quiere divorciarse por separarse de su marido: quiere divorciarse para casarse con Serrano[49]».

Isabel II se había visto obligada a sancionar el matrimonio secreto de su madre con Muñoz, y había aceptado a sus hijos como hermanos, permitiendo que utilizasen el título de infantes. ¿Por qué no podía hacer ella lo mismo? ¿Por qué no podía elegir y elevar a un plebeyo a la realeza? Sin embargo, el problema para el círculo de María Cristina no era de índole tan personal. Para ellos Serrano era, sobre todo, un rival político: la «influencia» que había barrido a un sólido gabinete moderado y entregado el poder a gentes tan poco de fiar como los puritanos.

Desde los debates constitucionales, éstos habían sido una sólida minoría en las Cortes, opuesta al círculo moderado de María Cristina, capaz de mantener una intensa oposición política pero con escasas posibilidades de acceder al poder. Ahora lo habían hecho y sus credenciales no podían sino suscitar la mayor de las alarmas entre los moderados. Ideológicamente, el puritanismo se había opuesto tanto a la reforma de la Constitución de 1837 como a las formas de violencia política ejercidas tras el acceso de los moderados al poder después de la caída del gobierno Olózaga. Habían defendido ardientemente el respeto estricto de las leyes a través de la máxima «legalidad contra arbitrariedad», asumían políticamente el legado completo de la ruptura liberal tal y como se había producido durante la década de 1830, defendían el poder civil frente a la tutela militar de la política y buscaban una suerte de reconciliación liberal mediante la fijación de un escenario político que permitiese la alternancia en el poder de moderados y progresistas[50].

Los orígenes extraparlamentarios del gabinete Pacheco determinaron su debilidad política. Sus aliados potenciales, los progresistas, no le ayudaron a forjar una mayoría suficiente en la Cámara debido, en buena medida, a su insensata urgencia por llegar al Gobierno. En lugar de optar por la colaboración, se presentaron ante la opinión pública como sus inmediatos sucesores, lo que enturbió aún más el clima político. Incapaz de abordar el debate presupuestario, Pacheco decidió suspender las sesiones el 5 de mayo. En esas condiciones, los puritanos dependían estrictamente de la voluntad de la reina y se veían forzados a intentar desligar los rumores sobre los amoríos de ésta con su permanencia en el poder. Eso era precisamente lo que los moderados no iban a consentir, aunque fuese a costa de la reputación de Isabel II y del prestigio mismo de la monarquía.

No habían pasado dos semanas desde la subida al poder del nuevo gobierno, cuando decidieron cambiar de táctica. De buscar la reconciliación entre los esposos se convirtieron en los más firmes obstáculos para la misma, animando al rey a forzar un escándalo público. «El Ministerio —escribió Donoso a Muñoz—, que conoce que así no puede gobernar, ni vivir, ha hecho todos los esfuerzos imaginables para que los cónyuges vengan a un acomodamiento: no han conseguido que el marido ceda, y yo si puedo algo no lo conseguirán[51]».

Para el Gobierno aquello era una carga de profundidad. El rey se negó a trasladarse con la reina a Aranjuez y decidió instalarse en El Pardo. Isabel II, por su parte, no daba muestras de querer mantener su relación con Serrano en secreto y vivía aquel amor como la adolescente embriagada de poder que era. En Aranjuez ordenó que instalasen en el teatro un palco para el general enfrente del suyo y «al día siguiente por la mañana fue a los jardines, pidió una navaja a un trabajador, y con ella gravó en la corteza de un árbol una I, una F y una S enlazadas. Parece que Aranjuez, viendo que la realidad excede la imaginación, está como viendo visiones[52]». Para mayor desasosiego, el 6 de mayo la reina sufrió un confuso atentado. Durante una de sus salidas de Palacio se escucharon a su paso unas detonaciones. Inicialmente se pensó que habían sido unos chicos jugando con petardos, más tarde se confirmó que eran tiros de la pistola de un redactor de El Clamor Público, un hombre hasta entonces pacífico, llamado Ángel Rivas, que fue detenido. El incidente nunca se aclaró del todo, pero vino a sumarse al viciado ambiente en que vivía Isabel II en su huida hacia delante. Donoso escribió vengativo: «Me han dicho los que la han visto en Aranjuez que está pálida, ojerosa, desmejorada y hasta fea. Éstos son los tristes efectos de esa vida incalificable que ha adoptado[53]».

La prensa gubernamental contestó a la campaña de desprestigio moderada con una cerrada defensa de las prerrogativas constitucionales de la reina, liberada de la influencia partidista de María Cristina:

La Corona, colocada en los países constitucionales como juez de la contienda de los partidos y reguladora de su acción, se encontraba en España desde la mayoría de edad de la reina, sujeta a una influencia muy natural, pero interesada en la contienda interior de los mismos partidos como parte que había sido de sus desavenencias. Hasta el matrimonio de S. M. bien ha podido decirse que la libertad personal de la reina ha estado subordinada al influjo superior de la que fue gobernadora del reino durante la minoría. […] No tardó mucho en manifestarse por parte de la Corona una voluntad propia, una voluntad encaminada a obrar con resolución, aunque dentro de la esfera de las instituciones[54].

Para el periódico madrileño, lo importante era la voluntad de la reina de seguir una política de templanza y reconciliación política. Era necesario evitar el letal oportunismo que suponía, desde el punto de vista del prestigio de la monarquía, juzgar sus acciones a la luz de confusos rumores acerca de la vida privada del monarca: «En efecto, lo que de por sí es independiente de la política [las circunstancias de su vida doméstica] se ha hecho entrar en la política; lo que no es del dominio público se ha traído a la discusión; de lo que no tiene ni forma ni manera para ser juzgado ni apreciado se ha hecho el punto culminante de la situación. ¿Quién ha iniciado, qué significa, a qué conduce la obra? […] ¿Quiénes y para qué fin la han emprendido bajo el nombre de cuestión de Palacio? […] ¿Qué objeto político, qué objeto moral, qué utilidad pública puede traer el ocuparse de los disturbios o desavenencias interiores que pueda haber en Palacio?»[55].

En la estrategia moderada, la moralidad y la utilidad pública eran temas secundarios. Como reconoció El Correo Nacional, «la cuestión de Palacio no ha sido nunca esencialmente, ni es en el día otra cosa, que una cuestión de poder[56]». En efecto, incapaces de cuestionar abiertamente la prerrogativa regia, su bandera de tantos años, los moderados encontraron que la mejor manera de forzar la voluntad real era contaminar todas las decisiones políticas de la reina con razones espurias de orden personal y, a ser posible, del carácter más escandaloso. Más allá, por lo tanto, de las características de la relación entre Isabel II y Serrano, lo que interesa es la forma en que ésta fue utilizada políticamente para evitar que la reina, con todo su poder, escapase de las manos del sector mayoritario del moderantismo y, en concreto, del círculo de poder que rodeaba a María Cristina.

El cruce entre las razones domésticas y políticas de aquella pintoresca crisis española fue aireado con entusiasmo por The Times de Londres, interesado en «vengar la traición» del matrimonio Montpensier y en que Inglaterra lograse ampliar su influencia en España. Resulta interesante observar cómo el diario británico enlazaba la búsqueda por parte de la reina de su influencia política legítima con la reversión de un matrimonio injurioso para una mujer respetable:

Últimamente hemos aludido al ánimo resuelto con que la Reina de España ha reasumido la influencia que le pertenece en el Estado […] En poco tiempo Isabel ha cambiado, y de niña harto débil para resistir las groseras y arbitrarias exigencias de la camarilla que la rodeaba […] ahora la vemos mujer enérgica, impetuosa, sufriendo apenas que su voluntad sea reprimida, y desechando los consejos y la captación de los que nunca poseyeron ni su afecto ni su confianza […] No es sorprendente que la reina Isabel sienta con toda la energía de su naturaleza un ultraje que hace ocho meses era muy débil para combatir y quizás muy inexperta para comprender […] Es la respuesta de un carácter ardiente, engañado en las circunstancias más solemnes de la vida de una mujer por aquellos mismos a los que la unen lazos de sangre y de lealtad, parientes y súbditos obligados a proteger a la reina […] Ha trascendido ya que la reina de España ha manifestado su firme resolución de obtener la anulación de su matrimonio, realizado merced a la coacción moral y condenado a una eterna esterilidad[57].

En medio de la polémica nacional e internacional, Donoso Cortés, en una carta reservada a Fernando Muñoz, planteaba las condiciones de impotencia política a las que parecía condenado el moderantismo por un «capricho de la reina» que podría tener la consecuencia de reunir en torno al trono a un «partido tan fuerte como el nuestro y que lo será más que el nuestro cuando tenga su apoyo en el trono y nosotros no le tengamos en ninguna parte[58]». Por su parte, un agente tan bien enterado como Eugenio Aviraneta, que pasaba los días tomando el pulso a la calle y al progresismo para mantener informada a María Cristina, escribía: «Cada día circulan noticias más alarmantes […] y pasan de boca en boca, de corrillo en corrillo, al café, a la taberna, a la tertulia, hasta las plazas y carbonerías. No hay verdulera, no hay carbonero, no hay mozo de cordel que no le diga a V. donde estubo la Reyna tal día, quien la acompañaba y algo más». La intensa politización de la población que se había producido durante los años de la ruptura liberal se convertía en caja de resonancia de la alta política de los notables que tanto habían hecho desde 1843 por sacudirse de encima la presencia de una esfera pública activa y comprometida. Lleno de condescendencia y de indisimulada irritación, Aviraneta escribía a Muñoz: «El que diga que estamos sin civilizar que corra a las tabernas, las plazas, las carbonerías y los barrios bajos y verán hombres y mujeres llenos de andrajos disputando sobre la Reina, el Rey, Montpensier, Mon, Pidal, Salamanca, Benavides, Espartero y el sistema tributario. Así es la época y habremos llegado a la de la política en la cual hasta los zapateros de viejo se creen consumados[59]».

Florencio Gamayo, un republicano convencido, interpretaba aquellas muestras de despecho con precisión:

Los amigos de Isabel II, los que la abrumaban con adulaciones de todo género, los que la enaltecían con el humo de la lisonja, los que se arrastraban a sus pies como miserables serpientes, los que habían creído e intentado hacer creer al país que su reina era un ángel, son los primeros en publicar las disidencias que habían surgido entre los reales consortes […] Antes no había ninguna mala pasión; después todo eran malas pasiones. […] ¿Les convenía la difamación? Sus lenguas se convertían en trompetas que la anunciaban al público, a la España como a la Francia, al interior como al exterior. Hicieron bien, sí, hicieron bien… Así os queremos, así[60].

Planteada la cuestión en esos términos, el Gobierno se vio obligado a hacer todos los esfuerzos posibles por lograr la reconciliación pública del matrimonio real como condición para poder afianzarse en el poder. La situación era especialmente comprometida cuando, de forma más o menos indirecta, la prensa moderada recordaba constantemente al público que, en caso de que la reina Isabel abdicase, o fuese forzada a hacerlo, los derechos al trono de acuerdo con la ley española recaerían en su hermana, la infanta Luisa Fernanda. No se trataba tan sólo de una amenaza. La correspondencia privada de María Cristina y de Fernando Muñoz abunda en informes, gestiones y cartas que hablaban de esa posibilidad, la cual fue tomando ímpetu a medida que se incrementaban los rumores de que la reina, descontenta con el Gobierno por no plegarse completamente a sus deseos, estaba barajando la posibilidad de llamar al poder a los progresistas[61].

Hasta el embajador británico Bulwer apoyó al Gobierno en sus gestiones para lograr que la reina fuese más discreta y que el rey aceptase, al menos, dar muestras de una reconciliación pública con su esposa. Los intentos en este sentido fueron varios y todos ellos fracasados. El ministro Benavides tuvo una entrevista con Francisco de Asís en la que éste reconocía: «Yo sé que Isabelita no me ama; yo la disculpo, porque nuestro enlace ha sido hijo de la razón de Estado, y no de la inclinación; yo soy tanto y más tolerante en este sentido, cuanto que yo tampoco he podido tenerla cariño». El rey consorte aceptaba «entrar en el camino del disimulo, siempre me he manifestado propicio a sostener las apariencias para evitar este desagradable rompimiento; pero Isabelita, o más ingenua, o más vehemente, no ha podido cumplir con este deber hipócrita, sacrificio que exigía el bien de la Nación. Yo me casé porque debía casarme; porque el oficio de rey lisonjea; yo entraba ganando en la partida, y no debí tirar por la ventana la fortuna con que la ocasión me brindaba, y entré con el propósito de ser tolerante, para que lo fueran igualmente conmigo; para mí no habría sido nunca enojosa la presencia de un privado […] Yo habría tolerado a Serrano; nada exigiría si no hubiese agraviado a mi persona; pero me ha maltratado con calificativos indignos; me ha faltado al respeto; no ha tenido para con mí las debidas consideraciones, y por lo tanto, le aborrezco. Es un pequeño Godoy, que no ha sabido conducirse; porque aquél, al menos, para obtener la privanza de mi abuela, enamoró primero a Carlos IV[62]».

La cuestión, por lo tanto, se reducía a que Isabel II rompiese con Serrano. Otros amantes serían, entonces, tolerados, siempre que la reina fuese capaz de «sostener las apariencias» y siempre que renunciase a sus nuevos amigos políticos. Por si acaso, en un momento en que la llamada «segunda guerra carlista» tomaba un nuevo impulso con enfrentamientos cada vez más intensos, Francisco de Asís buscó cubrirse las espaldas escribiendo a su primo, el conde de Montemolín. La carta, fechada el 19 de junio de 1847, se encuentra reproducida en un informe confidencial remitido al ministerio de Asuntos Exteriores francés. Merece citarse en extenso:

Relee, si tienes tiempo, las cartas que te envié a Bourgues y veras la prueba de la sumisión que yo tenía hacia el primogénito de mi familia […] Tengo necesidad de recordar esta sumisión y las proposiciones que te hice entonces […] Tú sabes que yo estaba decidido a no aceptar la mano de nuestra prima Isabel excepto en el caso de que tú no quisieses regresar a la patria común por la puerta que tenías abierta; tengo necesidad de repetírtelo, de recordarte todas estas cosas, para disminuir el peso de mis remordimientos […] Las intrigas [de la reina Madre y del embajador de Francia] vencieron mi debilidad y de repente Europa supo que yo era el príncipe afortunado elegido por la Reina de España como esposo y Rey consorte. Yo te lo juro, querido Primo, yo creí entonces que una feliz estrella se levantaba para mí y, en mi ceguera, pensaba que iba a vivir tranquilo en el Palacio de mis padres y en la intimidad de la reina Isabel […] No puedo entrar en los detalles de mi desgracia pues haría falta descender a la vergüenza que la hija culpable de la culpable María Cristina me ha traído a los ojos de todos los puros y leales Españoles. Durante mucho tiempo había pensado que el exilio era la peor de las desgracias… me equivocaba. Carlos, tú eres todavía proscrito en tierra extranjera y envidio la incertidumbre de tu destino pues yo tengo la certidumbre de mi profunda desgracia[63].

Menos de un mes después, sin olvidar ningún flanco de los que amenazaban su propia e incierta situación, el rey consorte escribía a París advirtiendo a Fernando Muñoz de que ni él ni María Cristina debían creer nada de lo que escribiese la reina Isabel:

La han enseñado a faltar a la verdad de una manera espantosa, así es que ahora cuenta unos disparates que asustan. El otro día cuando fue Molins a verla, lloró, según aquél me dijo, pero creo que no puede manifestar mejor a su Madre el cariño que la profesa que dándola gusto. Yo la perdono y la compadezco pues es muy desgraciada, pero no me meteré en medio del infierno que la rodea. Sé que me quiere muy mal y no se abrigan mejores intenciones hacia mi persona. Si vuelve en sí es mi deber abrirla los brazos, y yo no se los cerraré, te lo aseguro, pero ahora Dios me libre de verme allí. Nada extrañes las acusaciones que ahora haga de que se la ha violentado porque sigue los consejos de Bulwer y compañía […] Ya indiqué a Mamá que nunca entraré por el divorcio; y ahora te lo repito, si tal hiciese tendría un remordimiento eterno. Ignoro el término de estas cosas ni cuando menos su fin, pero me lisonjeo que los consejos de la Reina Cristina conseguirán hacer que la Reyna abra los ojos; si los ruegos y las indicaciones de una Madre no son suficientes ya podemos llorarla como perdida[64].

Las maniobras de Francisco de Asís, de quien Donoso decía que era indudablemente carlista, no acabaron allí y enlazaron con las que se venían ya urdiendo en París para forzar la abdicación de la reina. Bajo el epígrafe «Importante nota autógrafa de la reina Madre con varias ideas sobre el difícil remedio de la penosa situación en que está la Real Familia», se conservan en el archivo privado de María Cristina unas anotaciones confusas, mal redactadas y casi ilegibles pero que, más o menos, dicen así:

Habiendo llegado a mi noticia que se trata en Madrid de hacer dar al Rey un paso cerca de las Cortes quejándose de la conducta de la Reyna creo que esto debe meditarse mucho antes de ejecutarse porque se podría producir (además del escándalo que creo inevitable) una votación contra el Rey o una disolución de las Cortes antes de que hubiesen podido tomar resolución sobre esta queja. Y declararían, sea de la Reina sea de las Cortes, que el Rey es traidor, mandarle preso y divorciarles: y así darían los buenos lo que querían los malos, los cuales quedarían en buena posición pareciendo que sostenían los derechos de la Reyna. Sobre todo es de temer esto teniendo en cuenta como tiene la Reyna un Ministerio malo y ambicioso y que a todo trance quisiera sostener su poder. Creo que habría otros medios y son. 1.º) que las Cortes den un paso declarando al Rey con algún poder en el Gobierno mientras que la Reyna tenga poca edad, tome éste parte de los negocios y sobre todo lo que se refiera a su Casa, 2.º) Que promuevan las Cortes alguna cuestión qualquiera contra el Gobierno de modo que siendo disueltas, Narváez, Roncali, etcétera, podían unirse militarmente e imponer a la Reyna otro ministerio todo bueno y que alejase del lado de la Reyna y del Reino a toda persona sospechosa y que diese el poder al marido en los negocios de la Casa, 3.º) Que instigando a Narváez, tocando un poco el resorte de la ambición, viese el medio de que se declarase que mientras la Reyna no tuviese 25 años no puede tomar resolución ninguna sin el acuerdo de un Consejo Real que fuese compuesto por el Rey, Narváez, etcétera a quien estos fuese la verdadera regencia. En fin por el medio que sea lo que hay que cuidar es que el Rey no quede comprometido y se le haga un mal en vez de un bien […] Una regencia de algunos años podría salvar al País. Todo esto sin embargo lo pueden ustedes meditar pues estando ahí sobre el terreno calcularán mejor y con datos más positivos que nosotros. Asegurarse bien del Rey sobre todas las cosas pues su debilidad podría comprometerlo todo[65].

El 6 de agosto de 1847, un manifiesto firmado en El Pardo por Francisco de Asís se dirigía a los españoles. En él, de forma tan grandilocuente como confusa, se advertía del peligro de que la nación fuese «vendida traidoramente a pérfidos extranjeros». El rey se mostraba como el príncipe español por excelencia, «ajeno siempre a toda mira ambiciosa y siempre apartado de la escena política […], pero se equivocaron los malévolos, esperando que por mi anterior conducta modesta y apartada, que yo sería dócil instrumento, o pasivo espectador de sacrílegas tramas […] ya no es tiempo de súplicas ni de llantos […] yo no puedo ser cómplice con mi silencio del más horroroso parricidio […] el puñal y el veneno me amenazan […] no importa, yo arrostrare todos los peligros cumpliendo mis deberes para con Dios, para con mi Patria y para con la Reina […] Yo os doy, pues pueblos, el grito de alerta[66]».

El grito de alerta iba en muchas direcciones. Apuntaba, por un lado a la reina y sus nuevas «influencias» en el sentido de la posibilidad de que se nombrase un ministerio progresista, bajo el influjo del embajador inglés Bulwer. Apuntaba también al círculo de María Cristina para dejar claro que Francisco de Asís no aceptaría que se alterase el orden sucesorio y se forzase el acceso al trono de la infanta Luisa Fernanda, casada con un «príncipe extranjero» como Montpensier. Una posibilidad que perdió fuerza ante el temor de Luis Felipe a un enfrentamiento con Inglaterra, pero que no se abandonó nunca del todo[67].

El 1 de agosto de 1847, el exintendente de Palacio, Pedro Egaña barajaba en una carta a Riánsares todas las posibilidades y acababa inclinándose hacia la consecución de una abdicación «voluntaria» y la formación de una regencia provisional hasta que pudiese ocupar el trono la duquesa de Montpensier. El camino, dice Egaña, «sería reunir al Parlamento, darle cuenta del acta de abdicación y fundados en ella y en lo que está pasando, que debía y debe suponerse, efectos de los pocos años y experiencia de S. M., declarar temporalmente su incapacidad moral para el gobierno a lo cual se seguiría naturalmente el nombramiento de una Regencia, a cuya cabeza estaría el rey[68]». La operación propuesta por Egaña y por un sector de los moderados se completaba con el regreso de María Cristina a España y con la formación por parte de Narváez de un gabinete que nadie, ni siquiera el actual gobierno, sería capaz de evitar en tanto que su presidente sería el jefe indiscutible del ejército: «Con la Reyna madre y don Ramón tendremos bandera y general. No necesitamos más. El partido anda hoy disperso y moribundo por haber renegado de la primera y perdido al último.»[69].

Los rumores de abdicación, de regencia, de traspaso de poderes, incluso de un embarazo de la reina que desbocaría el escándalo, recorrían toda la geografía española mientras la situación del gobierno Pacheco se iba haciendo cada vez más insostenible. A finales de agosto, Narváez regresó a Madrid y comenzó a reunir a los líderes del moderantismo y a iniciar, desde una creciente posición de fuerza, una serie de contactos con Salamanca y con Serrano. Al primero le ofreció que aceptase la formación de un gabinete Narváez a cambio de su protección en los escándalos de corrupción en que se veía envuelto, la garantía de sus intereses bursátiles y el fortalecimiento de su precaria situación como deudor y acreedor a un tiempo del Estado[70].

Por lo que respectaba a Serrano, éste ya había dado muestras de su temor a que la situación se le fuese de las manos. En más de una ocasión en las últimas semanas, el favorito se había mostrado dispuesto, por fin, a salir de la capital para evitar mayores complicaciones y resolver una situación en la que ya nadie se sentía seguro: «Sabiendo que Serrano estaba dispuesto a claudicar —escribe Donoso a Riánsares— la reina le dijo que era un mal caballero y un cobarde, que se iba por miedo: que más hacía ella en jugar por él su Corona que él en pagar por ella con su vida. Serrano entonces retrocedió[71]». Narváez, por su parte, había ya informado al mismo Donoso, en su peculiar jerga militar, de cuáles eran sus intenciones: «Carajo, puñetas, yo entro a meter en un puño a Rey, a Reyna, a Serrano y a Serrana y a amolarla a todos juntos. Yo entro ahí para levantar a la Monarquía aún a pesar de la Monarquía[72]».

La crisis se alargaba y era fácil entonces, y es fácil ahora, quedarse atrapado en ella. Un gobierno «puritano», que representaba la mejor tradición del moderantismo histórico, defensor de las prerrogativas de las Cortes e incapaz de mantenerlas abiertas por su evidente falta de mayoría en las mismas; debilitado, confundido y humillado por las condiciones extraparlamentarias en que había llegado al poder. Un Partido Moderado decidido a utilizar contra la Corona las debilidades de la persona que la encarnaba, la cual había contribuido a forjar tal y cual era. Un Partido Progresista escindido entre sus ambiciones de regreso al poder y el pudor que para políticos como Madoz, por ejemplo, implicaba hacerlo en aquellas condiciones tan poco respetables. Una reina de diecisiete años, llena de furia, de odio y de pasión, que no atendía a razones y consideraba (todavía) que las distinciones entre progresistas, moderados y puritanos eran meras complicaciones, o soluciones, para el ejercicio de su voluntad soberana. Una reina a la que pronto habría de enseñársele los límites de su poder.

A finales de agosto, en una última huida hacia delante, Isabel II llamó al poder a otro puritano, Florencio García Goyena, quien intentó un gobierno de «reconciliación entre los partidos» con dos ministros progresistas (Patricio de la Escosura fue uno de ellos), dos moderados y dos puritanos. Salamanca era el hombre fuerte, aferrado al ministerio de Hacienda, desde donde intentaba paliar su bancarrota personal (y en parte la de gente como Narváez y el propio Riánsares) propiciando la fusión de los bancos de San Fernando e Isabel II. Una operación que le permitió enjugar su enorme deuda con el segundo al obligar al primero a aceptar todos sus títulos a su valor nominal en medio de una crisis bursátil que los había hecho caer en picado[73].

Negocios, política y vida privada habían creado una situación absolutamente insostenible por mucho más tiempo. En un intento desesperado por controlar la situación, el Gobierno emitió, el 3 de septiembre de 1847, una real orden que prohibía hablar sobre la vida privada de la reina reconociendo con ello, de forma implícita, que sí existía una cuestión secreta que amenazaba la estabilidad ministerial: «Han matado la imprenta —dice Donoso— y han insultado a la Reyna prohibiendo hablar de mi vida privada: porque al fin ésta es la primera declaración oficial de que la Reyna no se ocupa en hacer penitencias cuando creen necesario impedir que se hable de sus ocupaciones. Por último, parece cierto que se ha acordado en Consejo de Ministros entablar demanda de divorcio […] lo de la abdicación es una farsa […] lo del embarazo de la Reyna es falso[74]».

El diario progresista Eco del Comercio advertía cada vez más alarmado sobre la existencia de una «conjura francesa y moderada» para desprestigiar a la reina y obligarla, o bien a cambiar de política, o a abdicar[75].

En efecto, los planes para poner punto final a aquella situación estaban muy avanzados. El círculo de intereses en torno a Isabel II se iba cerrando. Las amenazas más o menos explícitas de someterla a un juicio público que acabase con su destronamiento comenzaban a hacer mella en su ánimo y, aconsejada por el embajador británico Bulwer, la reina empezó a barajar la posibilidad de entregar el poder a los progresistas, en concreto a Mendizábal, dado el escaso entusiasmo mostrado por otros líderes a los que también se tanteó, como Cortina[76].

Ante esa eventualidad sabemos que Serrano y Narváez (y es probable que también Salamanca) estrecharon sus contactos. Entre todos habrían de decidir el futuro de la orientación de la monarquía, a pesar, como dijo Narváez, de ella misma. Don Ramón mismo se entrevistó con la reina para rogarle que se reconciliase con el rey y salió de la entrevista pensando: «Se ha perdido todo sentimiento de pudor, toda idea de orden. Aquí no hay miramientos a nada, y si Dios no nos ayuda habrá una estrepistosa catástrofe. ¡Que Reina! ¡Pobre niña!»[77]. Serrano, mientras tanto, pasaba de ser, en expresión de Donoso, «un hombre pobre, y por lo tanto débil», a un hombre cada vez más rico: «Todas mis noticias están contestes en afirmar que Serrano está haciendo dinero a toda prisa: yo creo que ha comprado algo en su pueblo, y aún creo que […] piensa comprar la soberbia encomienda de Piedra Buena en la provincia de Cáceres, o una parte principalísima de ella[78]».

La resolución de la crisis se debió a varios factores encadenados. Por una parte, el tiempo. Tras el desconcierto inicial, y tras sopesar todas las posibilidades, el círculo moderado de María Cristina había encontrado en la autoridad de Narváez una vía de solución. El mismo tiempo, además, parecía haber enfriado la pasión de la reina, cercada y agotada, así como la determinación de Serrano, cuyas relaciones con Salamanca (para quien el objetivo fundamental era salvaguardar sus propios intereses) se habían ido también deteriorando. Una importante carta de Miraflores a la reina Cristina, fechada en Madrid el 5 de octubre, permite aclarar un poco más la resolución de la crisis:

Serrano buscó a Narváez, le declaró que era inminente el riesgo de que los progresistas se apoderasen aquella misma noche del poder y que no quería tomar sobre sí tamaña responsabilidad, y yendo juntos a Palacio, obtuvieron no sencillamente ni mucho menos, una firma que varió el gabinete en sentido Narváez, en vez de otra que la Reina estuvo semi resuelta a dar a favor de Mendizábal. Yo creo, Señora, como causa principal de tan lastimosa situación, las fatales consecuencias que lloraremos largamente de haber dejado mezclar inhábilmente cuestiones de flaqueza humana con la más grave de Estado y Política. Haber confundido la historia de la mujer con la de la Reina, triste y dolorosa confusión de cosas y personas que no devían haber andado nunca juntas. El omnímodo poder de Serrano recelo que decae y al acabar, que puede suceder antes de mucho, nada más fácil que una nueva intriga cambie la escena de antes de anoche y el poder político e interior cambie de manos. Reputo poco sólido todo lo que vemos, si no aprovechamos diestra y rápidamente sus consecuencias inmediatas[79].

El 4 de octubre Narváez se presentó en la reunión del consejo de Ministros presidida por Salamanca y anunció: «Señores, por real oden, quedan ustedes relevados de sus funciones». Un despacho del jefe de negociado francés en Madrid, Gluksberg, informó poco después a su ministerio de que Narváez había dado un «golpe político al anunciar de improviso la disolución del gabinete Salamanca tras secretas negociaciones. Salamanca se enteró al regresar de Aranjuez para el Consejo y recibió la noticia con calma; sus colegas Escosura y Goyena con una viva irritación; han ido a Palacio pero la Reina se ha negado a recibirlos[80]».

El 7 de octubre, a las nueve de la mañana, llegó a Bayona un despacho telegráfico cifrado que debía ser remitido urgentemente a París y que decía lo siguiente: «El general Narváez suplica a la reina Cristina que parta inmediatamente para Madrid con el Señor duque de Riánsares, bajo un nombre supuesto y muy secretamente. Sus órdenes serán dadas en la frontera. Mi correo lleva una carta del general Narváez a la reina María Cristina. Decididla a partir al instante; ésta puede ser nuestra última oportunidad: las horas pasan. Si S. M. llega a tiempo, y sin que se sospeche, estamos salvados[81]».

Pocos días después el delegado francés en Madrid informaba: «La tranquilidad vuelve a reinar en Madrid; los negocios han retomado su actividad; el día 13 sobre las 4 ½ el rey ha vuelto a Madrid. La reina Cristina llegó al día siguiente sobre las 4 de la mañana y ha ido a su palacio particular. Apenas ha descansado, se ha ido a Palacio. Su entrevista con su hija ha estado llena, por los dos lados, de efusión y ternura. La reina Cristina ha estado tres horas con ella y con el Rey, poco después ha llamado a los ministros[82]».

Todo parecía estar en orden de nuevo. Isabel II, según Riánsares, «tuvo dos días de lloros y súplicas», rogando que Serrano se quedase en Madrid. Éste, por su parte, escribió a Narváez desde Arjona diciendo que había sido la reina misma quien le había pedido que se marchase y «yo debo acatar esa voluntad; es tal mi decisión en esa parte que todo estoy pronto (incluso) a darme muerte por mi propia mano, si esto pudiese serle grato[83]». Dos caballeros militares habían sellado un pacto político y uno de ellos había bajado la cabeza, poniendo a salvo su honor tras el escudo de una lealtad sin límites a la reina.

La «cuestión de Palacio» parecía haber concluido y el Partido Moderado recuperaba su control sobre el poder de la Corona. Las consecuencias a largo plazo fueron, sin embargo, nefastas. Al forzar de forma rotunda, y sin apelación posible, la voluntad de la reina, politizando de forma efectiva su vida personal, por muy irregular que fuese en sí misma, los moderados comenzaron a despojarla, no ya de sus prerrogativas políticas sino de su capital simbólico. Al mismo tiempo, ellos quedaban fijados para siempre como un partido de Corte, cuya supervivencia dependía de su capacidad de control del laberíntico juego de intereses y pasiones que alentaba en Palacio. Desde los días finales del tormentoso verano de 1847, la subordinación de la Corona a los dictados moderados fue paralela a la subordinación de los reyes a un matrimonio, cuya pública desavenencia y escandalosa vida privada se convirtió en materia de discusión pública, en fuente de todo tipo de intrigas extraparlamentarias y en un obstáculo permanente para la estabilidad, y la dignidad misma, de la monarquía isabelina.

De momento, sin embargo, Narváez llegaba al poder investido de una autoridad especial, no ya sobre las fuerzas dispersas del moderantismo, sino sobre la propia Corona, cuya dignidad dañada se proponía reparar. Don Ramón formó un sólido gabinete moderado, con alguna concesión a los puritanos, en el que destacaron Pedro José Pidal en Estado, Alejandro Mon en Hacienda y José Sartorius en Gobernación. Inicialmente, el nuevo gobierno se presentó ante la opinión pública con un proyecto de «reconciliación liberal», simbolizada en el permiso gubernamental para que Espartero regresase a Madrid y ocupase su asiento en el Senado. Muy pronto, sin embargo, las mínimas ofertas de apertura se cerraron. La revolución de febrero de 1848 en Francia, con la caída del régimen hermano de Luis Felipe de Orleans y el inmediato contagio europeo, fue contestada con un proyecto de ley de poderes excepcionales, presentado en el Congreso el 27 de febrero de 1848 y convertido en ley el 13 de marzo.

Los conatos de insurrección progresista y radical de mediados de marzo y principios de mayo de 1848, que desde Madrid se extendieron a otras provincias y tuvieron especial intensidad en Cataluña durante la primavera y el verano, fueron duramente reprimidos (como lo fue también el carlismo levantado desde el año anterior) bajo el amparo de la suspensión de las garantías constitucionales. El acoso a los progresistas y al liberalismo más radical se convirtió en habitual durante los meses siguientes, con prisiones y deportaciones que afectaron incluso a dirigentes destacados, miembros de la administración y diputados. El embajador británico, Henry Lytton Bulwer, fue expulsado de España en mayo de 1848 después de que protestase, en nombre de su gobierno, por los atropellos al «sistema legal y constitucional». En el resto de Europa, Narváez fue saludado como uno de los pocos estadistas con temple y capacidad para contener la hidra revolucionaria[84].

El resultado fue una especie de «dictadura legal» que duró más de nueve meses y consolidó en el poder a un gobierno, excepcionalmente largo para la tónica de la época, que sentó las bases del modelo moderado de Estado liberal, rígidamente centralizado y jerarquizado, que habría de definir al país durante el resto del siglo[85]. El largo mandato de Narváez (de octubre de 1847 a enero de 1851, con una breve y señalada interrupción de poco más de veinticuatro horas) ha sido considerado como el momento de mayor y más intensa sintonía entre el proyecto moderado y la Corona. Sin duda, esto fue así durante un tiempo, ante el terror que provocó en la Corte española el destino de Luis Felipe de Orleans, tan cercano personalmente a la familia real y que tanto la había defendido y ayudado en los momentos difíciles. Sin embargo, quedarse con esa imagen de armonía sería simplificar en exceso las cosas, forzar la idea de un maridaje político sin fisuras entre la monarquía isabelina y el doctrinarismo liberal, y sobrevalorar el carácter de líder indiscutible de los moderados atribuido a Narváez.

En la práctica, y vistas de cerca, las mansas aguas de la llamada Década Moderada estuvieron siempre recorridas por fuertes corrientes subterráneas producidas, tanto por la pugna entre las diversas fracciones del moderantismo, como por la absoluta incapacidad de la familia real española para renunciar, siquiera mínimamente, al protagonismo político y al ejercicio continuo de sus juegos de poder. Una vez superado el pánico de 1848, ambas dinámicas se alimentaron mutuamente para minar o poner en cuestión la autoridad que, con abundante despliegue de gestos broncos e histriónicos, ejercía el general Narváez.

Entre los factores de inestabilidad procedentes, no ya de las diversas intentonas progresistas y radicales por revertir su situación de exclusión política, sino de los mismos centros de poder del sistema, el primero y principal era sin duda la Corte. Ni siquiera la llegada al poder de los moderados puso fin a la pugna entre dos culturas políticas antagónicas, que venían librando una batalla más o menos soterrada de los mismos momentos de la ruptura liberal. Por una parte, la cultura de Palacio, que defendía con uñas y dientes su independencia, su opacidad y su control sobre la vida y el poder del monarca. Por otra, las exigencias de trasparencia y responsabilidad de la cultura política liberal respecto a su monarquía constitucional. No se trataba, como quiso presentarla siempre la familia real, de una pugna por reservar al monarca un ámbito legítimamente privado de actuación. En realidad, tanto la Corte como los políticos y la opinión liberal coincidían en evitar que la reina pudiese tener un espacio realmente propio y privado. La cuestión fundamental residía —a través del cruce continuo de las fronteras formales entre lo público y lo privado— en el grado de independencia (personal y política) que podía y debía tener el monarca en el nuevo régimen constitucional.

Para la cultura de la Corte no había nada más natural que el hecho de que sus diversos miembros «hablasen» a la reina de política. Para la cultura liberal (incluida la fracción mayoritaria del Partido Moderado y el propio Narváez), la política era algo que debía dirimirse entre el monarca y sus ministros responsables. La reina sólo debía «oír» hablar de política a los representantes de la nación y no a su círculo privado. Uno de los temas candentes donde esa tensión se explicitaba de forma más visible era en el recurrente problema de los empleados de Palacio. Mientras la familia real insistía en que sus nombramientos eran un asunto doméstico, todos sus ministros (con mayor o menor insistencia y energía) intentaron convertirlos en asuntos públicos en los cuales el Gobierno podía y debía tener opinión.

Sin embargo, el tema de los empleados de Palacio era tan sólo la punta del iceberg de un problema mucho más hondo: el de la llamada «camarilla real», donde se cruzaron siempre la realidad y el mito político. La idea de una camarilla isabelina, como un centro de poder unificado y omnímodo, que manejaba la voluntad de la reina a su placer, es una leyenda. Sin embargo, es evidente que a lo largo de todo el reinado de Isabel II, y en concreto en el período del que ahora me ocupo, existieron poderosos grupos de presión que actuaron constantemente, si no completamente al margen de las instituciones representativas, sí cruzando de forma continua las fronteras entre éstas y la Corte. Su objetivo fundamental (aunque no el único) era determinar la voluntad de la reina para influir en la orientación de los sucesivos ministerios, al margen del juego de mayorías del Congreso y, por supuesto, de la inexistente limpieza de la contienda electoral.

Como no se cansaron de enfatizar los progresistas, demócratas y republicanos, aquellos grupos de presión cortesanos demostraban la supervivencia de una forma de hacer política de corte absolutista, basada en la intriga y la conspiración, completamente ajena a los intereses generales de la nación. La concepción absoluta del poder tenía su correlato en la percepción de la voluntad real como maleable y sujeta a influencias e intereses parciales, lo que chocaba frontalmente con las demandas de transparencia y representación del liberalismo. La fuerte connotación sexual de «la camarilla», vinculada con las relaciones amorosas extramatrimoniales atribuidas a la reina y consideradas una fuente de influencia política y de patronazgo que trascendía el ámbito íntimo, no hicieron sino reforzar aquel fantasma del pasado, incrustado en pleno siglo XIX.

Más allá de las brumas de la leyenda, la crítica a «la camarilla real» se convirtió en parte sustancial de la cultura política de oposición durante todo el reinado personal de Isabel II desde sus mismos orígenes, cuando el llamado «incidente Olózaga» desplazó definitivamente a los progresistas del poder. Interesa, por lo tanto, deslindar la realidad de la ficción, analizar los componentes concretos, los mecanismos y los límites de actuación de aquellos oscuros centros de poder, así como su influencia real en el comportamiento político de la Corona y, a través de ella, en el funcionamiento del sistema constitucional isabelino.

Por su propia naturaleza, sin embargo, aquellas prácticas de poder y de influencia dejan pocos rastros concretos de su existencia y de sus formas de actuación. La opacidad de las fuentes al respecto es consustancial al fenómeno mismo y la información que sobre él recibimos es siempre de carácter vago e indirecto. Con todo, creo que es posible avanzar algunas afirmaciones con cierta certidumbre.

En primer lugar, es necesario insistir en que, contra las afirmaciones generales de la oposición que tendían a fijar la imagen de un poder singular y compacto, los grupos de poder extraparlamentario que rodearon a Isabel II e influyeron en su actuación política no fueron nunca ni singulares, ni compactos, ni omnímodos. Es decir, nunca existió algo que podamos denominar la camarilla, sino varias camarillas[86].

Como ya había ocurrido durante los reinados de Carlos IV y Fernando VII, su materialización tenía un decidido carácter plural que daba cuenta de la existencia de fuertes disensiones internas en la familia real, las cuales producían, a su vez, diversos círculos en pugna por el control del poder del monarca. En todo caso, lo que interesa retener es que, si bien el fenómeno de las camarillas tenía una fuerte connotación ligada al pasado, su inscripción en el mundo de mediados del siglo XIX tuvo que adaptarse a las condiciones del difícil aprendizaje de la política moderna que se llevó a cabo, con tantos sobresaltos, durante el reinado de Isabel II. La heterogeneidad y el extremo fraccionamiento interno de los partidos, y en concreto, del Partido Moderado, no sólo amplificaban la actuación de las diversas «camarillas», sino que formaban parte sustancial de ellas.

Desde todos estos puntos de vista, las camarillas (en cuyo plural es necesario insistir) se situaban en los intersticios entre el ámbito privado y público, como lugar simbólico y práctico de su constante contaminación. A medida que las esferas pública y privada se fueron deslindando en la cultura moderna, influyendo decisivamente en una concepción de la política como espacio eminentemente público, aquellos centros ocultos de poder enfatizaban su carácter desestabilizador del imperio de la ley y de la razón (de Estado) por la pasión y los intereses espurios y particulares. Algo que, como es sabido, ya causó tensiones importantes en la propia cultura política de finales del siglo XVIII, en la medida en que chocaba con los mecanismos públicos de funcionamiento de las instituciones oficiales del reino y de una monarquía que se presentaba a sí misma como encarnación del bien general[87].

El principal grupo de presión de la Corte de Isabel II durante la Década Moderada fue sin duda el formado en torno a la reina madre y a su esposo, Fernando Muñoz. La edad de su hija al llegar al trono, así como su predicamento en el Partido Moderado, convirtieron a María Cristina en la gran influencia política de la época. «El gran talento —escribió Bravo Murillo en su momento— la suma perspicacia y la larga experiencia de la Reina Cristina la sugerían medios suaves e indirectos para, sin suscitar en su excelsa hija celos de autoridad y poder, antes bien, haciendo nacer en ella los pensamientos que deseaba hacer prevalecer, conseguir que efectivamente prevaleciesen[88]».

Aquellos pensamientos, no es necesario insistir en ello, estuvieron siempre ligados, como escribió abiertamente el secretario de María Cristina, al universo moderado: «V. M. ha pertenecido siempre a los conservadores, a los moderados, a los de carácter más represivo de los derechos individuales […] eso ha sido la vida de V. M. […] como lo jerárquicamente más alto que en el partido moderado había, y sólo así sería un elogio, V. M. ha sido la Reina de los moderados, el alma y la más genuina representación de los partidos conservadores en España[89]». Antonio Rubio, en 1869, recordaba tanto como olvidaba. Lo que recordaba era la temprana confluencia entre la última esposa de Fernando VII y el ala más moderada del liberalismo, allá por los años de la guerra civil. Lo que olvidaba era la parcialidad de María Cristina (y sobre todo de Muñoz) hacia los sectores más reaccionarios de un partido que consideraban obra suya y al que siempre percibieron como sujeto a sus intereses personales y de familia. Olvidaba también los frecuentes desencuentros y el rechazo implacable a todos aquellos moderados que no se mostraron suficientemente dispuestos a plegarse a sus deseos y objetivos.

El enviado de negocios francés, Decazes, futuro duque de Gluksberg, definió bien en 1840 las relaciones entre la Regente y su propia camarilla. Un «grupito de íntimos […] donde los individuos han sido sacrificados con la más grande facilidad por la Reina ante las demandas de los ministros y muy a menudo sin la menor indemnización. La reina se sirve de las personas que forman esta camarilla pero no se deja dominar por ellas, sería muy imprudente darles más consistencia de la que ella misma les da […] consulta a su gusto pero sin confiarse a ellos enteramente[90]». La imagen de un monarca dominado y maleable por su entorno no cuadra bien con la forma de actuación de María Cristina. Aquel entorno, privilegiado sin duda, estuvo compuesto principalmente por un grupo de políticos de la época del Estatuto Real (régimen que siempre añoraron) y de la nobleza de Corte que se había mostrado dispuesta a defender los derechos de Isabel II en la crisis de 1831-1833.

En el círculo original destacaron el marqués de Miraflores, Francisco Javier Istúriz, los hermanos Cea Bermúdez, José Castillo y Ayensa, los condes de Toreno y Ofalia, los duques de Gor y de Veraguas, Nicolás María Garelly y el marqués de Moscoso[91]. La Regente les utilizó siempre a su completa discreción y jamás se dejó utilizar por ellos. Ninguna de aquellas personalidades alcanzó jamás una influencia absoluta y toda la red estaba pensada, precisamente, para evitar que ninguna pudiese hacerlo. La preeminencia esencial e indiscutible estaba situada en un lugar mucho más íntimo y correspondía entera a Fernando Muñoz, quien, tras mantenerse en la oscuridad durante años, apareció con todo su poder a partir del exilio de 1840. Desde entonces, su figura no hizo sino agrandarse, y probablemente a él corresponde la denominación más ajustada de «camarillero»: alguien cuya privanza procede de las relaciones personales en el sentido más estricto, al margen de los poderes representativos, con una autoridad sobre las decisiones reales ampliamente reconocida y capaz de formar una red de influencia y de reparto de favores propia.

Un simple repaso al índice del catálogo del archivo privado de la reina gobernadora permite medir la magnitud de aquella influencia, estrictamente privada, en la actuación política de ésta. Todos los círculos moderados, y muchos progresistas, mantuvieron una amplia correspondencia con Muñoz a lo largo de toda su vida y, desde 1840, da la impresión de que María Cristina delegó en él buena parte de las decisiones de más relieve y, sobre todo, su puesta en práctica. La habilidad política de «la Señora» se manifestaba precisamente en aquel reparto de papeles. Ella aportaba el capital simbólico de la realeza, Muñoz hacía el trabajo sucio. Ambos se encargaron de que los diversos círculos que giraban en torno a ellos no formaran nunca un poder compacto y, mucho menos, independiente. Su ascendencia y su punto de unión fundamental era el servicio (y el favor) de los Riánsares, quienes medían el grado de cercanía de unos u otros en función de su variable utilidad.

Entre todos ellos, y desde un punto de vista político, destacó como hemos visto Juan Donoso Cortés. Su influencia desplazó, durante la decisiva década de 1840, a figuras como Miraflores, los hermanos Cea o Istúriz. Desde los años finales de la regencia de María Cristina, había ido acercándose a la Corte y, lo más decisivo, había trabado una excelente relación con Fernando Muñoz, a quien llegó a tratar con la mayor de las desenvolturas, combinando el halago disfrazado de chanza y buen humor con la más servil de las dependencias[92].

Las convicciones políticas de Donoso no podían ser más del agrado del futuro duque de Riánsares, con quien compartía, le dijo a Guizot, la convicción de que «el gobierno representativo era una calamidad para España [pero] que a pesar de esto, ni había trabajado, ni trabajaría para destruir las instituciones, convencido como estaba de que el gobierno representativo era un mal necesario[93]». Su dedicación a los intereses de María Cristina tenía, además, el corolario de un préstamo personal de ocho mil duros que él mismo solicitó a Muñoz en 1842: «Si V. es tan bueno que me hace este favor me pondrá al abrigo de la miseria […] Una palabra para concluir. Si yo presumiera que V. al leer esta carta había de pensar que yo sirvo por mi interés, me pegaría un pistoletazo antes de escribir[94]». Donoso servía por convicción y por interés; la unión de ambos estímulos facilitó una fidelidad sin límites al círculo de María Cristina y Muñoz, que trascendió cualquier filiación de partido o de fracción.

Aquella fidelidad tenía su lado oscuro y sus tribulaciones. La soberbia de Donoso, consciente de la superioridad de su inteligencia y muchas veces resentido por su origen en una modesta aunque prospera hidalguía de provincias, le llevó frecuentemente a enfrentarse con otras personas del entorno de los Muñoz, lo que le convirtió en un buen ejemplo de las rivalidades cruzadas entre sus miembros, de los fuertes conflictos personales y de la inquietud de todos ellos ante cualquier posible pérdida de influencia. Así, don Juan se quejó amargamente una y otra vez ante Muñoz de la excesiva pluralidad de sus contactos y de la excesiva cantidad de gente con la que era necesario entenderse, «que es menester contentar a todos, y no romper con nadie, que es necesario tragar saliva aunque a uno se le indigeste, que es preciso llamar a todas las puertas[95]».

Su rivalidad con la marquesa de Santa Cruz fue legendaria. No podía soportar su orgullo de rancia aristócrata ni su prevalencia sobre la reina. Santa Cruz fue quien más se resistió al nombramiento de Donoso como secretario particular de Isabel II en 1843, cargo que no llegó a ocupar hasta el regreso de María Cristina a España: «Esa zorra vieja —escribió Donoso exasperado— me pone la zancadilla […] S. M. le ha dado demasiadas alas: la ha hecho Reyna de España; y lo es, allí no se hace nada sin pedirla a ella la venia. Esto es una vergüenza y es preciso que cese poniéndola la jubilación en la mano. Ha habido un tiempo en que ha sido necesaria: ya no lo es; y es mala y muy mala […] En cuanto a mí sólo diré a V. que estoy dispuesto a ciscarme en ella. Si ella tiene un orgullo de cien pies yo tengo un orgullo de cien codos: los echaremos a reñir y veremos cual puede más». Tras llamar a Santa Cruz, «la víbora que V. M. ha alimentado en su seno», la acusó a su vez ante María Cristina de llegar al extremo de maltratar verbalmente a Isabel II: «Cuando se acalora con su Reyna, a quien tiene acobardada, le dice que es una mula como se lo ha oído decir Amparo[96]».

La influencia de Donoso en Palacio le permitió (como ya había hecho Muñoz respecto a su numerosa familia) favorecer a sus más allegados, entre ellos a su hermano, que fue nombrado vicecónsul de España en Nueva Orleans y a una de sus hermanas, que entró en Palacio como camarista de la reina con el objetivo de estar en condiciones de realizar un ventajoso matrimonio. El propio Donoso consideró, en 1844, que también había llegado su hora de casarse bien y cortejó a la hermana menor de Muñoz, Alejandra. La interesada y su poderoso hermano no mostraron excesivo interés en la propuesta y la ocasión se frustró rápidamente[97].

En todo caso, más allá de sus intereses personales y frustraciones íntimas, Donoso fue fundamental para los Muñoz por su inteligencia superior, por sus contactos, su prestigio y su capacidad de cruzar y enlazar los ámbitos cortesano y parlamentario, sirviendo así mejor que nadie, dentro del Partido Moderado, a los intereses de María Cristina y su marido. Tras su sonada «conversión» religiosa, producida tras la muerte de su hermano Pedro, la estrella de Donoso en el círculo de los Muñoz comenzó a decaer, debido en buena medida a sus excesos ideológicos y a su creciente obsesión por denunciar la corrupción y el lujo desmedidos al que se entregaron muchos de sus congéneres de partido y que afectaba, por supuesto, directamente a los Muñoz. A su temprana muerte en París, en 1853, el lazo que le unía al círculo de María Cristina seguía existiendo, pero ya no tenía la firmeza y la intensidad de unos años antes[98].

Para entonces, el entorno de los Muñoz se había ampliado significativamente y estaba formado por una cohorte de políticos, hombres de negocios y periodistas cuya característica fundamental era la combinación de medios extraparlamentarios y parlamentarios de ejercicio de influencia, pues la mayor parte de ellos eran diputados, senadores o incluso ministros. Junto a los hombres más significados de la época del Estatuto Real y aún de antes, como los hermanos Cea Bermúdez (Salvador y Francisco), Castillo y Ayensa, Istúriz, Nicolás María Garelly e, incluso, Martínez de la Rosa, encontramos a otros más jóvenes como Pedro Egaña o Luis Sartorius, poco después nombrado, a instancias de la reina madre, conde de San Luis. Estos últimos hicieron sus primeras armas en la prensa propiedad de Riánsares, como es el caso de La España, dirigida por Egaña, quien fue varias veces diputado y ministro hasta alcanzar finalmente la intendencia de Palacio. A todos ellos habría que sumar los nombres de una serie de militares muy conservadores, como Roncali o Lersundi, que siempre formaron parte, mucho más que Narváez, del círculo de íntimos de la reina madre, junto con los miembros más conspicuos de la «minoría absolutista» de las Cortes de 1844-1846, como los hermanos Juan y Manuel de Pezuela, el duque de Veragua o el duque de Gor. En una órbita más exterior, pero no por ello menos significativa, llegarían a ese círculo con los años Alejandro Mon (a través del patronazgo del conde de Toreno, muerto prematuramente) y Juan Bravo Murillo, de la mano de Donoso Cortés. En el extremo opuesto, es decir, en el centro mismo de ese círculo de poder, se situarían, junto a Donoso Cortés, los confesores de María Cristina, el padre Marcos González y el padre Nicolás Lezo, así como su médico, Pedro Rubio, y el hermano de éste, el influyente secretario particular de María Cristina y diputado en casi todas las legislaturas posteriores a 1848, Antonio Rubio.

Por otra parte, y en función de los intereses económicos del matrimonio, a su lado estuvieron siempre hombres como el marqués de Gaviria, Nazario Carriquiri, el banquero Juan Sevillano, Retamoso o Juan Grimaldi, este último antiguo director de teatro y autor dramático que hizo su fortuna con las grandes especulaciones de fondos y concesiones públicas típicas de la Década Moderada, hasta ser el encargado de negocios de mayor confianza de María Cristina. La estrecha relación entre política y negocios sería, con el tiempo, la característica más sobresaliente del grupo de presión formado en torno a María Cristina y Muñoz. Entre esos negocios, he podido documentar la contrata de azogues (mercurio) de Almadén, en la que Riánsares participaba junto con Gaviria y, más tarde, con las casas Rothschild y Weisweiller. Con estas casas, María Cristina negoció a través de Gaviria y de Muñoz sustanciosos préstamos sobre las asignaciones a la familia real (hasta 40 millones de reales en 1840), cubiertas por las cajas de La Habana, Filipinas y Puerto Rico. En una mezcla constante entre las finanzas reales y estatales, Rothschild fue el encargado de cubrir la sustanciosa dote de la infanta Luisa Fernanda. Muñoz actuó también como prestamista de alto nivel (por ejemplo, con José de Salamanca), invirtió en empresas periodísticas y en negocios varios en Cuba, Puerto Rico y Estados Unidos, e incluso fletó barcos de esclavos, para los cuales el nombramiento de Juan Muñoz como vicecónsul fue decisivo[99].

Mención aparte merece la participación de María Cristina y su marido, no sólo en la especulación bursátil desatada a partir de 1846, sino también en todas las grandes obras públicas de la época: las obras del Manzanares, la canalización del Ebro, el puerto de Valencia y, fundamentalmente, las primeras concesiones de ferrocarriles, como el de Aranjuez o el de Langreo, comprado por el Estado en 1850 a una empresa deficitaria propiedad de Grimaldi. Cuando en 1856, se creó una comisión para estudiar la implicación de la exregente y su marido en una serie de negocios considerados fraudulentos, la comisión concluyó lo siguiente: «En todas aquella empresas que han suministrado inagotable pábulo a suposiciones desfavorables, suena la familia Riánsares por sí o por medio de sus notorios y acreditados agentes. El camino de hierro de Aranjuez, el de Langreo, la canalización del Ebro, el puerto de Valencia, bastan para justificar la apreciación indicada[100]».

Fue precisamente esa actividad económica del círculo de María Cristina, estrechamente ligada al acceso privilegiado a los resortes de poder estatales, la que constituyó un factor fundamental de deslegitimación de la monarquía isabelina durante la Década Moderada. Los negocios de los Riánsares, a los que se suponía, con razón, una influencia decisiva sobre la reina, provocaron, como ocurrió en los últimos años de la monarquía de Luis Felipe de Orleans, un creciente recelo público respecto a la capacidad de la monarquía para representar el interés general cuando en ella se veían inscritos intereses tan particulares. Para representar verdaderamente a la nación no bastaba con que la Corona se situase «más allá de la política», era necesario que se situase también «más allá de los negocios», que la familia real en su conjunto no se comportase como una empresa familiar más en competencia con otras en relación con el poder del Estado.

La reina Cristina y su marido, al actuar en los negocios y en la política como una familia burguesa más, se convirtieron en la imagen más visible (y por ello más expuesta) de todos los vicios y de toda la corrupción administrativa, económica y política de la Década Moderada. Una corrupción que actuaba, a la vez, como cemento de unión entre los notables del Partido Moderado y como elemento de discordia entre ellos. Volveremos a verlo más adelante. De momento, tan sólo apuntar que fue precisamente la competencia «desleal» de la familia de María Cristina en los negocios relacionados con el Estado lo que acabó minando su posición como «reina de los moderados», al concitar contra ella los odios de un abanico amplísimo de intereses económicos y políticos que, finalmente, provocaron su caída y a punto estuvieron de arrastrar la Corona de su hija.

El otro gran grupo de presión que alentaba en la Corte estaba situado en las antípodas del mundo burgués y moderno que rodeaba a la reina madre. Se trataba del círculo del rey consorte, Francisco de Asís, aquél que con más propiedad y más arcaicos resabios merece el término de camarilla. Su composición era mucho más reducida, más oscura, mucho más reaccionaria y clerical. Entre sus miembros destacaba el padre Fulgencio, confesor particular del rey (que ya lo había sido de su madre, Luisa Fernanda) y la famosa «monja de las llagas», sor Patrocinio. Junto a ellos figuraban otros ilustres reaccionarios como el hermano de sor Patrocinio, el gentilhombre Juan Quiroga, Serafín María de Soto (conde Clonard) o Trinidad Balboa, este último un militar procedente directamente de las filas del carlismo, de quien se decía que había fusilado incluso a niños durante la guerra civil.

En aquel ambiente, como escribió en 1868 el secretario particular de María Cristina, el rey alentaba un fuerte resentimiento ante la preeminencia de los prohombres moderados que rodeaban a la reina madre y, muy especialmente respecto a Narváez, quien trataba al rey con indisimulado desprecio. Además, «las dudas, dudas por lo menos, sobre la legitimidad del derecho de Isabel a la Corona están promovidas y sostenidas precisamente por el esposo don Francisco de Asís[101]». El propio Riánsares aludió a los manejos de Francisco de Asís para aterrorizar a su mujer y sembrar en ella una inquietud constante, utilizando «los cargos sobre su vida privada» y las abiertas insinuaciones sobre la ilegitimidad de sus derechos que, a juicio del rey consorte, pertenecían en realidad a su primo don Carlos. Desde el «affaire Serrano», el rey, «hombre débil, sin mundo, de escaso talento político, muy joven y ambicioso, oyó a todos y vaciló por largo tiempo. Odiaba a su muger y quería vengarse». Tan sólo la presencia de María Cristina le contenía[102].

El chantaje moral fue siempre su arma fundamental para lograr fuertes compensaciones económicas y la influencia política a la que creía tener derecho y que, tanto su mujer como sobre todo María Cristina y los ministros moderados, le negaban. Durante el primer embarazo de Isabel II, a mediados de 1850, intentó sin éxito obtener la firma de decretos y el despacho personal con el Gobierno y, en diversas ocasiones, reiteró su deseo de ser nombrado intendente de Palacio para tener acceso a los bienes de su esposa y a la sustancial capacidad de patronazgo de la Corona. Cuando nació el primer hijo de Isabel II, el 12 de julio de 1850, el embajador de Francia en Madrid anotó que Asís había hecho moldear en yeso y en cera el cuerpo de aquel niño, que murió a las pocas horas de nacer, y encargó Madrazo y a Gutiérrez de la Vega un retrato del cadáver. «Un niño —escribe Pierre de Luz—, en el momento de su nacimiento, a veces se parece de una manera notable a uno de sus padres. El rey consorte no desconoce esta particularidad. Si el niño no se parece a Isabel, ¿a quién se parece? Así Francisco consuélase de su decepción con alguna venganza refinada[103]».

Durante todos los años de la Década Moderada, y a falta de otras posibilidades, Francisco de Asís intervino constantemente en los nombramientos eclesiásticos a favor de sus protegidos y se convirtió en el centro de un núcleo abiertamente absolutista dentro de la política de Palacio. Él y su familia fueron una permanente fuente de inquietud por diversos motivos. El infante Enrique —exilado en Francia por sus veleidades progresistas y por haber desafiado a la reina al casarse con la plebeya Elena Castellví— aprovechó la revolución europea de 1848 para lanzar un manifiesto claramente antidinástico en el que se combinaba una especie de alegato a favor de la república con su postulación como posible rey-ciudadano. La hermana mayor del rey, Isabel Fernandina, exilada en Burdeos por su irregular vida amorosa, escribía sin cesar a Narváez y a María Cristina pidiendo ser reintegrada en los favores de Palacio. Su padre, el infante Francisco de Paula mantenía abiertamente a una querida con la que se rumoreaba que había contraído matrimonio secreto, y la infanta Pepita, pronto casada con Güell y Renté, era conocida por su temible carácter y su vida licenciosa[104].

Envuelta en aquel laberinto de intereses familiares, Isabel II era, al mismo tiempo, señora y esclava de la Corte. El Palacio Real, tan opaco hacia fuera, tenía paredes de cristal en su interior. Un espacio rígidamente ordenado, al menos en teoría, en el que la reina era constantemente visible y sus pasos, actitudes, pasiones y cambios de humor sin cesar observados, vigilados, interpretados y utilizados políticamente. A diferencia de su marido y de su madre, en este primer periodo de su reinado nunca tuvo un grupo de fieles propio y singular. Sor Patrocinio la impresionaba, pero formaba parte del mundo de Francisco de Asís y ella no era en aquel momento especialmente religiosa. Compartió con María Cristina el trato con los Pezuela, Istúriz, Miraflores, etcétera. El autor dramático Ventura de la Vega fue siempre alguien muy cercano, con su cohorte de músicos y gentes del teatro. Sin embargo, como demuestra la propia correspondencia de Donoso (que fue su secretario particular entre 1844 y 1845, y que como hemos visto hablaba de ella con el mayor desprecio), Isabel II no tuvo a su alrededor, durante la Década Moderada, un grupo de personajes no sólo de cierta altura y capacidad de influencia políticas, sino ni siquiera capaces del tipo de fidelidad personal y exclusiva que logró María Cristina y, en parte, el rey consorte.

Lo más parecido a una camarilla propia que podemos documentar fue la que se formó en torno a ella en aquellos tormentosos meses de la primavera y el verano de 1847, cuando Serrano era su amante y José de Salamanca y el embajador británico Bulwer actuaban como sus consejeros privados. A partir de entonces, sin embargo, la figura de la reina, siempre rodeada de gente, aparece extrañamente aislada y sola. También por eso, la resolución política que se dio a la crisis de 1847 fue decisiva para el resto del reinado. Desde entonces, la reputación de Isabel II sufrió un deterioro del que no se recuperó nunca. No se trataba sólo de una cuestión moral en sentido estricto; tenía mucho más que ver con una debilidad intrínseca al carácter de la reina. Los modos de vida aristocráticos y cortesanos estaban habituados a los lances amorosos de sus miembros, incluidos los de damas de alto rango. El problema con Isabel II había sido su absoluta falta de discreción, el estado casi maníaco en que cayó y el embrollo político que provocó. Su fama de inestable e impredecible, incapaz de controlar sus pasiones, esclava de sus deseos, viene de entonces. Como viene también su reverso en cierta cultura popular que, durante muchos años aún, se mostró comprensiva con la niña malcasada, manipulada por una madre insaciable y un marido afeminado y absolutista.

Sobre los amantes de Isabel II se ha hablado abundantemente; forman parte fundamental de la imagen y la memoria histórica que se guarda sobre ella. Todavía hoy hay familias que conservan un reloj, una cuna o un documento confuso que prueba que alguno de sus antepasados fue amante de la reina[105]. En el archivo de la Prefectura de Policía de París existe un informe, fechado en 1876, en el que se recogen las relaciones amorosas más importantes de la reina, la forma en que sus cartas fueron utilizadas por los ministros y por su propio marido para chantajearla personal y políticamente; la cortesía de Práxedes Mateo Sagasta al devolverle un paquete con documentación comprometedora, etcétera[106].

Más allá de los chascarrillos de entonces y de ahora, el tema tiene interés historiográfico por sus implicaciones políticas; por el impacto que tuvo en la representación pública de Isabel II y por las diversas formas en que afectó a su imagen, primero en la Corte y entre los políticos de su entorno y, más tarde, entre las clases medias y populares. A ese tipo de interés voy a ceñirme.

Por lo que respecta al ámbito más cercano a la reina, desde 1847 fue sometida a una estrecha vigilancia, especialmente debido a su tendencia a escribir y recibir cartas comprometedoras de sus favoritos. Poco después de llegar Narváez a Palacio, decidido a poner orden, fue necesario hacerse cargo de una supuesta correspondencia amorosa con el profesor de canto, Valldemosa. La fuente directa es María Cristina: «Ayer Narváez le dijo a Fernando […] que el haber despedido la Reyna a Serrano sería para tener otro amante, que se podría descubrir quien fuese si se pudiese hacer con los papeles que la Reyna debe tener en una papelera de la cual lleva siempre la llave la Reyna misma. Comisionaron a Ros y a Mon (que se ofreció para ello) a que descubriese el secreto y ganado Eugenio [Aviraneta] sacó los papeles que eran cartas de éste… y en las cuales empezaba ya a llamar a la Reyna de amor. Luego de hacer tres copias en el consejo de Ministros [dos palabras ilegibles] se volvieron a poner donde estaban[107]».

La relación de Isabel II con el marqués de Bedmar, a quien conoció en la tertulia de uno de los socios de negocios de su padrastro, el barón de Weisweiller, fue mucho más seria y tuvo implicaciones políticas más graves. Bedmar, gentilhombre de Palacio desde 1843, tenía fama de «rico, ocioso, concurrente asiduo a los casinos y los teatros» y era un protegido de Miraflores, entonces intendente de Palacio[108]. Con él la reina asistió a todas las fiestas importantes de la capital, por ejemplo las celebradas en el palacio de la marquesa de Montijo, también dada a la vida alegre; a las monterías más selectas, al teatro y a la ópera. Sus transgresiones de la etiqueta real, con correrías nocturnas por Madrid, que incluían cenas hasta altas horas en el restaurante Lardhy, se convirtieron en secretos a voces.

Narváez intentó intervenir, pero se topó con un aristócrata convencido de su propia importancia y muy hábil en su capacidad para manipular a la reina. Ésta, como otros muchos miembros de la Corte y de la familia real, comenzaba a soportar muy mal, y a resistir, la férrea tutela del general: «Como el largo ejercicio del poder, la costumbre de ser obedecido siempre, el respeto de que vivía rodeado, y quizás también la influencia de la lisonja, constituyen elementos capaces de perturbar los caracteres más firmes, Narváez soportaba mal, muy mal, las contrariedades y contestaba a ellas con actos de violencia y de arrogancia que labraban cada día su impopularidad en los altos círculos de la política y de la opinión del país». Su actitud despótica, sus arrebatos de ira «llegaron en ocasiones a oscurecer su estrella en Palacio y a molestar al rey don Francisco quien según se dijo […] comenzó entonces a entenderse con los disidentes del partido y, según frase misma de Narváez, a conspirar contra el gobierno[109]».

Bedmar, al parecer, además de compartir con el rey la irritación por el trato que Narváez les dispensaba, tenía en común con Francisco de Asís las ideas más reaccionarias. La reina, por su parte, aunque demostraba un interés prácticamente nulo por la política, era fácil presa, como escribió en su momento uno de sus ministros, de «las sugestiones […] de hombres de alta posición social que ni comprendían ni querían comprender, no ya las ventajas que puede tener en principio el gobierno representativo sobre el absoluto, pero ni las circunstancias que entre nosotros hacían indispensable del primero y poco menos que imposible el segundo […] ¿No era natural que, lisonjeando sus pasiones, se la condujera a extremos cuyas consecuencias era de todo punto incapaz de prever?»[110].

De la misma forma, y con la misma irresponsabilidad que se había plegado a los consejos de Serrano, ahora quería hacerlo a los de Bedmar y le ofrecía su bien más preciado, lo que la hacía sentirse poderosa y amada: el futuro del ministerio. Según Carmen Llorca, citando la correspondencia en posesión de Natalio Rivas, Isabel II le ofreció a Bedmar que «si desea que firme la dimisión del gabinete lo exprese pasando las manos por la barandilla de su palco cuando se vean en el teatro[111]». El tristemente famoso ministerio relámpago de octubre de 1849 fue el producto, según Llorca, de la coincidencia entre el capricho de Bedmar (que al parecer pasó la mano por la barandilla del palco) y de la inquina del rey y de su camarilla contra Narváez. Así, el 18 de octubre de aquel año, «hacia las cinco de la tarde, envía la reina a Narváez una carta de su esposo en la que le decía que creía sería útil al país y a la Corona cambiar el Ministerio. A las siete se presenta el general en Palacio, con todos sus colegas, y ofrece la dimisión. Informada la Reina Madre, acude presurosa a Palacio y la reina Isabel responde que en modo alguno puede reprochársele seguir los consejos de su marido y estar en todo de acuerdo con él. Con esta estudiada maniobra ha satisfecho a los dos: a Francisco de Asís y a Bedmar[112]».

Sobre aquella extraña crisis existen otras versiones, con matizaciones de mayor o menor interés, pero todas ellas coinciden en señalar al círculo de Francisco de Asís como el principal instigador político de la caída de Narváez y de la formación del gabinete del conde de Clonard. Un ministerio que apenas logró reunir a media docena de ilustres mediocridades del entorno reaccionario del rey; entre ellos Salvador Cea Bermúdez, conde de Colombí, y el sanguinario Trinidad Balboa. El asombro y la indignación fueron mayúsculos. El ministerio duró exactamente veintisiete horas. Tras una intensa conversación entre la Reina y su madre, Narváez fue repuesto y son famosas las palabras que le dijo a Clonard: «Puede V. E. retirarse a descansar de sus fatigas[113]».

Aquel ministerio absurdo, en palabras del general, lo habían compuesto «un rey, un clérigo y una monja». Habría que añadir a un petimetre cortesano y a una reina manifiestamente irresponsable en el más amplio sentido de la palabra. Contra ella no se podía hacer nada y Narváez, además, seguía opinando, como muchos otros de sus contemporáneos, que era difícil culpar personalmente a Isabel II, con su patética desorientación y los modos mimosos y aniñados que cultivaba en su trato con los políticos. Para el general, su mayor pecado era la ligereza y la mayor excusa, el pesado fardo de un matrimonio indeseado con un hombre mezquino, intrigante y grotesco. Contra aquel hombre, a quien despreciaba más allá de toda medida y de todo disimulo, Narváez no dudó en actuar.

Tras expulsar al marqués de Bedmar de Palacio, destinó al conde de Clonard a Jaén y Balboa fue a parar al presidio de Ceuta; Quiroga quedó desterrado en Ronda y lo mismo ocurrió con otros gentilhombres del rey, incluido su secretario particular, Fuente de Tejada. El padre Fulgencio quedó confinado en el colegio de Escolapios de Archidona y sor Patrocino fue escoltada por la policía a un convento de Talavera de la Reina. Poco después, al iniciarse las sesiones de Cortes, comenzó a circular por Madrid una especie de proclama dirigida a los senadores y diputados, atribuida al padre Fulgencio por indicación de Francisco de Asís, que pedía auxilio para una reina «que se halla privada de ejercer la prerrogativa que la Constitución le concede de nombrar y separar los ministros por el carácter violento de un hombre enaltecido con los honores que ha sabido arrancar a S. M. misma. La libertad y espontaneidad con que S. M. separó el ministerio Narváez, hacen comprender fácilmente cuál es la voluntad de la Reina […] La nación toda ha visto después el decreto humillante para la real familia, que para nombrar y espiar la servidumbre de Palacio ha osado publicar un ministro atrevido, sin consentimiento ni firma de S. M. […] la Reina espera que sin aguardar ninguna declaración oficial (que hoy está imposibilitada de hacer), la sabiduría de los Cuerpos Colegisladores hallará medios pacíficos de terminar esta situación angustiosa para el trono y para la nación, cuyos gravámenes deplora Su Majestad con todo su corazón[114]».

Aquello era demasiado para Narváez. Acompañado de Fernández de Córdova, anunció al rey que quedaba arrestado en sus habitaciones hasta nueva orden. Su intención era enviarle al alcázar de Segovia. Al día siguiente, tras consultar con el resto del ministerio, se echó atrás[115]. La situación había alcanzado unas dimensiones que superaban ya con creces el más extravagante de los sainetes. Trascendiendo el anecdotario, el incidente entre el jefe del ejecutivo y el rey tiene mucho más interés que la mera demostración del carácter colérico y los modos dictatoriales que se permitía Narváez. Pone de relieve el carácter extremo, de proporciones inéditas en otras monarquías constitucionales, que había alcanzado en España el pulso habitual en la época entre el poder del monarca y el poder de las instituciones representativas del liberalismo.

El revuelo organizado por el ministerio relámpago demostró los límites que el liberalismo español, incluido el moderado, estaba dispuesto a no dejar que el monarca traspasase. La mera idea de que un jefe de Gobierno se atreviese a poner a un rey consorte bajo arresto ponía en evidencia, a su vez, hasta dónde parecía posible, y necesario, llegar para evitar que la Corona (o las camarillas que la rodeaban) traspasasen esos límites. Más allá de sus peculiaridades de carácter y de la autoridad personal que el general creía tener sobre el matrimonio real, Narváez no hacía sino trabajar en esas condiciones extremas, tan patéticas en sí mismas, para salvaguardar el equilibrio constitucional de una «política respetable» desde el punto de vista liberal, aunque moderado. Se trató, en suma, de un incidente que reveló, de la forma más grotesca posible, la lucha continua que hubieron de sostener los propios políticos moderados para neutralizar las intrigas procedentes del entorno real e imponer su autoridad sobre una Corte que rechazaba cualquier otro poder que no fuese el propio.

De momento, las aguas parecieron volver a su cauce. El Gobierno, ligeramente remodelado, se fabricó una amplísima mayoría en las Cortes y la reina encontró un amante mucho más sosegado, procedente también del círculo palaciego, José María Ruiz de Arana, hijo del conde de Sevilla la Nueva, introductor de Embajadores. Según Llorca, «Arana no es del todo enemigo de Narváez, y es más, la Reina desea la presencia del General en el Gabinete, a fin de tener siempre asegurada su posición en Palacio con un protector tan decidido como falto de contemplaciones en los tratos con Francisco de Asís[116]». Poco después, Isabel II quedó embarazada y el 20 de diciembre de 1851 dio a luz a la infanta Isabel.

Sin embargo, a partir de la crisis de 1849, el general no dejó de sentir que la tierra se movía bajo sus pies. El pánico a los efectos de la revolución europea de 1848 se había disipado y, junto al enfrentamiento abierto con la camarilla del rey, comenzaba a observarse una soterrada hostilidad al estilo autoritario de Narváez entre las propias filas moderadas. Como escribieron varios representantes diplomáticos, «los políticos en general se alegran de poder sacudirse a quien siempre se han visto obligados a obedecer y cederle el primer puesto en todo ministerio». Su talante les parecía «bueno para acabar con una guerra civil (o con una revolución) pero fuera de lugar después[117]». En la crisis del «gobierno largo» de Narváez se aunaron todas las enemistades que el general venía cultivando desde hacía años. La ocasión para que todas ellas se uniesen la propició la dimisión, a finales de noviembre de 1850, de su prestigioso titular de Hacienda, Juan Bravo Murillo, tras un pulso con el general, que consideró «inaceptables» los recortes en el gasto militar que el ministro proponía.

Desde sus inicios en política, Bravo Murillo había sido amigo y protegido de Donoso Cortés, con quien tenía una evidente afinidad ideológica. Donoso le introdujo en el círculo de María Cristina y Muñoz, donde su valía (y sus ideas) le habían merecido una excelente acogida[118]. En el palacio de Las Rejas —la residencia de los Muñoz desde su regreso a España— hacía tiempo que se estaba pensando en una alternativa a Narváez y el revuelo en torno a la dimisión de alguien con tanto prestigio y una labor ministerial tan sólida como Bravo ofrecía una buena ocasión para tantear las fuerzas políticas que le quedaban al general. Al menos así se interpretó el apocalíptico discurso de Donoso en las Cortes, el 30 de diciembre, en el que acusó al Gobierno de despilfarro y de alentar «esa corrupción que está en la médula de nuestros huesos […] nos entra por todos los poros, está en la atmósfera que nos envuelve […] Los agentes más poderosos de la corrupción han sido siempre los agentes primeros del gobierno[119]».

Narváez interpretó aquello como lo que era, y como lo interpretó la generalidad de la prensa: una carga de profundidad contra su Gobierno. Presentó de inmediato la dimisión a la reina pero no le fue aceptada. Era necesario organizar bien el relevo. Su agonía duró diez largos días en los que tuvo que aguantar sonoros artículos en su contra por parte de la prensa moderada y diversos desaires de la Corte. Finalmente, en uno de esos gestos espectaculares a los que era adicto, Narváez dimitió de forma irrevocable el 10 de enero de 1851 y se trasladó a Bayona, con la esperanza de que le llamaran rápidamente, como ya había ocurrido otras veces. No fue así, y poco tiempo después escribió contrito mostrando su deseo de regresar a España. No es casualidad, desde luego, que aquella carta estuviese dirigida a María Cristina y no a Isabel II. El general sabía muy bien quién había orquestado el hostigamiento político de que fue objeto. La reina, a quien su madre entregó la carta, contestó con su ligereza habitual: «Mucha gracia me ha hecho la carta de Narváez, pobrecito, cuánto cariño nos tiene ahora, he hestado tocando el papel y mirándolo, haber si veía los rastros de sus lágrimas, de las que ha vertido siempre tan tiernas y tan cariñosas, te pido la guardes pues así podremos comparar con otras y con sus dichos, lo que varían las gentes según las circunstancias, Dios lo tenga allí muchos años. Te reirás querida mamá mía de la manera como juzgo a ese Señor, pero me parece que conocerás que hago bien en juzgarlo así, pobrecito, tiene las lágrimas del Cocodrilo[120]».

En la correspondencia entre Istúriz y Riánsares se trató también jocosamente el fin de Narváez. De ella se desprende la conveniente confluencia entre los prontos temperamentales del general, los desaires de la Corte y la oposición que desde hacía unos meses le hacían diversos grupos moderados liderados por Donoso y (más o menos en la sombra) por su ministro de Gobernación, Luis Sartorius. En una carta prolija y llena de los habituales detalles sobre las múltiples intrigas, deslealtades y enemistades existentes entre los diversos grupos moderados, Muñoz intentó transmitir a Istúriz la impresión (en una maniobra exculpatoria habitual en el reparto de papeles de aquel matrimonio) de que la reina madre poco había tenido que ver en la dimisión de Narváez a no ser en lo referido a la arraigada creencia del general de que, desde su residencia, se conspiraba en contra suya y a favor de Sartorius, conde de San Luis. Ciertas acaloradas expresiones de ira de Narváez sobre María Cristina le fueron comunicadas a ésta por su hija y la primera se negó desde entonces a volver a Palacio. Narváez, al parecer, llevó las cosas al punto de prohibir a la reina que visitase a su madre y, al saber que la había visto al acudir a un concierto al que él no estaba invitado:

Presentó el general su dimisión porque hubo el concierto y porque vino a él la Reyna. No le fue admitida […] Don Ramón se metió en la cama y dijo a sus compañeros. «Si a las 12 de la noche de hoy no tengo admitida mi dimisión me pego un pistoletazo». Fueron los ministros a la Reyna, le dijeron aquellas palabras, quedó admitida la dimisión, se levantó, se fue a Palacio, se despidió de SS. MM. y se largó a Bayona. Voilà l’histoire. Aún no la comprende V., ¿No es verdad? Ahora la comprenderá en extracto. El General se embrolló con San Luis y Mon. El General se embrolló con la Madre y la Hija. El General se embrolló con la Reyna y con los músicos […] Su carácter irascible estaba siempre sobre excitado, y todo producía en él una continua fiebre nerviosa que lo tenía fuera de sí […] Ya está sintiendo lo que ha hecho, en Bayona. Ya escribe preparándose a mezclarse en las cosas que por aquí pasan[121].

Las alternativas que se estaban barajando eran varias, Pedro José Pidal y, sobre todo, Luis Sartorius estaban muy bien considerados por la reina madre. Bravo Murillo tenía a su favor aquella decidida connotación donosiana de su ideario, que le situaba en el ala derecha del moderantismo, aquélla que más halagaba el sentido de su propia importancia de la Corona. El marqués de Miraflores, presidente del Senado y un cortesano consumado, supo maniobrar para compatibilizar las simpatías políticas de la Corte con los usos de una monarquía constitucional. La dimisión de Bravo había sido, a fin de cuentas, lo que había provocado, o precipitado, la crisis. Era cierto, como le escribió a la reina, que era «anómalo y muy anómalo ver disuelto un Gabinete que no ha sufrido derrota ninguna parlamentaria, de un Gabinete al que V. M. no había significado retirarle su confianza, de un Gabinete en fin que se hallaba en medio de la quietud pública que no presentaba indicio de turbarse». Sin embargo, resultaba conveniente recordar que la salida de Bravo Murillo, «verificada con sentimiento general», había causado una conmoción parlamentaria «donde esa separación ha producido más de un episodio» y, además, estaba la opinión pública, que se había mostrado «muy claramente pronunciada, favorable al Ministro dimisionario». Por ello, Miraflores consideraba que, en cualquier combinación que pensase la reina, debía estar Bravo, a no ser que se pensase en «el mismo como el hombre político a quien V. M. encargue la composición» del nuevo gobierno. Su probidad, su moralidad por todos reconocidas serían muy útiles para dar satisfacción a los cargos hechos por Donoso en el Congreso y que tanta repercusión habían tenido en la prensa[122].

Los consejos de Miraflores fueron escuchados y Juan Bravo Murillo quedó encargado de la formación de un nuevo gabinete. La correspondencia de Isabel II con su madre durante los meses inmediatamente posteriores a aquel nombramiento decisivo revela hasta qué punto aquella reina de poco más de veinte años carecía de capacidad para comprender cabalmente lo que acababa de hacer o, al menos, hasta qué punto se sentía ajena a la política y dejaba que fuese su madre la que se encargase de todos esos asuntos. Sus cartas, breves, llenas de fórmulas de cariño exaltado y estereotipado, se ocupan exclusivamente de dar noticias sobre su embarazo, sobre el enorme calor que estaba sufriendo en aquella primavera de 1851 y sobre las pulgas que la acosaban en el Palacio Real. Basten algunas muestras de unas cartas que lo dicen todo sobre el carácter de la reina y la perpetua situación de minoría de edad en que parecía vivir: «No tengas cuidado, querida Mamá mía, que yo me cuido y me cuidaré mucho y así espero que Dios y la Virgen Santísima nos concedan un hijo para que quiera tanto a su abuela como su madre la quiere. Te suplico que me digas qué médico quieres que me asista pues la verdad yo no sé por quién decidirme y se me figura que si tú me lo dices he de salir con bien en todo, como me ha sucedido siempre con todas las cosas que tú has dicho y aconsejado[123]».

Pocos días después, y tras haber informado de los vómitos que estaba teniendo, escribía a su madre que se hallaba en Aranjuez convaleciente de la rotura de una pierna:

Me imagino lo divertida que estarás aprendiendo a tocar el acordeón, es la cosa más insípida que se conoce, pero en fin, es menester distraer los nerbios, ¿no es verdad querida mamá mía? Dice [ilegible] que los tuyos y los míos se parecen bastante. Te mando para que te diviertas una carta de Espartero, para que veas que hasta los muertos resucitan, pobrecito, qué lástima no sea él el que se haya roto la pierna. Aquí estamos con el nombramiento de Ministro de Estado, Dios quiera que sea bueno […] Te mando despachado el memorial oficial de la reina Gobernadora, para que lo beas, que en esto como en todo no deseo más que complacerte, no le he puesto más que la mitad del sueldo por lo atascada que está la Casa, pero más adelante se le pondrá todo […] Te pido que siempre me digas cuando desees algo, pues sabes que mi mayor gusto es complacerte[124].

Juguetes para los niños de Muñoz, excusas por no contestar más a menudo a las cartas, recuerdos para Fernando, noticias sobre los trastornos digestivos de una reina que, según sus propias palabras, calmaba sus nervios comiendo («He tenido las tripas bastante descompuestas de resultas del cólico de las ostras que tuve el otro día») se suceden en una correspondencia que es completamente ajena a la política que se estaba desarrollando en esos momentos y que resultaría anodina hasta el extremo si no fuese porque, a través de ella, de lo que no hay en ella, y de lo que hay, la superficialidad del carácter de Isabel II se hace transparente hasta el extremo de la comicidad: «Aquí hace bastante calor, pero por las noches refresca, lo que hay es una cantidad de pulgas espantosa, pero yo he encontrado una mano de marfil con un palo muy largo y muy delgado que rasca perfectamente y la usé el otro día en el Consejo que fue espantosamente largo. He mandado hacer una igual para ti pues conozco que te ha de servir mucho, no creas que es broma, tiene unas uñas que rascan muy bien[125]».

Mientras, Bravo Murillo había formado un gobierno completamente del gusto de María Cristina y de Muñoz, con los que consultó casi cada nombramiento, integró a Miraflores en la cartera de Estado (tras el breve paso por ella de Manuel Beltrán de Lis) y sometió a su consideración la composición de la mesa del Congreso, enviando «adjunta una lista de diputados electos. La Señora la calificará». Muñoz y el secretario de la familia, Antonio Rubio, participaron en la preparación de más de una sesión parlamentaria y el propio Bravo les aseguró que para él lo fundamental no era la confianza de las Cortes sino la de la Corona, «lo demás importa poco, y el día que falte, lo demás no sirve, ni lo queremos, echando a correr, contentos, sin parar hasta Rusia[126]». Respecto a la siempre conflictiva situación del Palacio Real, las malas relaciones entre Isabel II y su marido, y las intrigas consiguientes, escribió: «A Seoane se le hizo una indicación sobre el estado interior de Palacio que califica de bueno en la apariencia y malo en el fondo. Si entra, dígale que no hable de esto una palabra. Mi sistema es no tocarlo, ni remotamente, y esta política ha producido la situación de la Casa Grande que, a mi juicio, es la mejor posible. Cualquier indiscreción podría echarla a perder[127]».

Con la confianza de la reina, que en realidad era la confianza del palacio de Las Rejas, echó a andar un gobierno que se impuso una ardua tarea. Un primer y significado éxito fue el de desatascar las negociaciones para regularizar las relaciones con la Santa Sede, rotas tras las medidas desamortizadoras liberales de la década anterior. Como señala Juan Pro, una de las razones por las que Bravo fue elegido como sucesor de Narváez, en detrimento de otros candidatos, fue precisamente la confianza de la familia real en su capacidad y en su voluntad de solventar un problema que les afectaba directamente[128]. No sólo sus escrúpulos religiosos, sino la legitimidad frente a don Carlos y su misma dignidad, tal y como la concebían, requería el reconocimiento pontificio de la monarquía isabelina. Para los políticos moderados era necesario que su régimen contase con la sanción papal, en un país abrumadoramente católico, y que las conciencias y los intereses de los compradores de bienes desamortizados quedasen a salvo.

Las medidas contemporizadoras de los sucesivos gobiernos moderados desde 1844 (la suspensión de las ventas de bienes desamortizados o la restitución a la Iglesia de los bienes no vendidos) y el envío por parte de Narváez, en plena revolución de 1848, de una expedición militar de apoyo al nuevo Papa, Pío IX, habían mejorado sustancialmente las relaciones con Roma. Sin embargo, el mismo Narváez se había resistido a conceder a la Iglesia todas las satisfacciones que exigía y fue Bravo Murillo el que acabó haciéndolo con el Concordato de 1851, sancionado por la reina el 17 de octubre. Sus aspectos fundamentales, como es sabido, fueron la garantía absoluta de la unidad católica «con exclusión de cualquier otra», el compromiso estatal en la dotación de culto y clero, el derecho de la Iglesia a adquirir y poseer propiedades, la devolución de los bienes desamortizados no vendidos, el restablecimiento de las órdenes religiosas, y el control sobre la educación y la imprenta. El Concordato incluía, además, una serie de medidas tendentes a reformar y reorganizar la estructura eclesiástica para acoplarla a las necesidades de los nuevos tiempos. A cambio, la Santa Sede reconocía las ventas realizadas de bienes desamortizados y se comprometía a no molestar jamás a sus compradores. El resultado fue un marco estable de relaciones entre la Iglesia católica y el Estado liberal por el cual éste último imponía su modelo de organización y su diseño nacional a cambio de conceder a la primera enormes privilegios y derechos, materiales y de autoridad moral sobre ese mismo Estado y la sociedad española[129].

No es éste el lugar para profundizar en otros aspectos decisivos de la intensa labor del ministerio de Bravo Murillo en materia de reorganización de la administración y obras públicas, arreglo de la deuda, reforma bancaria, etcétera. Su valor y su importancia, a medio y largo plazo, son indiscutibles y han sido bien estudiados[130]. Dados los objetivos de este libro conviene, sin embargo, detenerse en su famoso proyecto de reforma constitucional que, en un sentido claramente autoritario y antiparlamentario, comenzó a elaborarse y a discutirse en el Consejo de Ministros coincidiendo con el golpe de Estado de Luis Napoleón en Francia, en diciembre de 1851.

Uno de sus grandes valedores, el marqués de Miraflores, expresó nítidamente su objetivo en una carta a María Cristina: «Olózaga, allá en sus tiempos, fundó un sistema cuya bandera hera: La rebolución y el Parlamento sobre la Corona, y así ha ido pasando, la cuestión de actualidad es poner a la Corona sobre la rebolución y el Parlamento. Ésta es la cuestión. Alguno me dirá, eso es verdad, ¿pero es la oportunidad? Yo pienso que si ésta no lo es, despacio estamos de encontrar otra mejor, ni en mucho tan buena». En referencia a la situación de involución que se vivía en Francia tras el golpe de Luis Napoleón Bonaparte, Miraflores continuó: «Yo creo que el figurarse que no entra para nada en España la situación de Europa es negar claridad al Sol. En febrero de 1848 la rebolución en París: en el inmediato Marzo el 26, tiros en las calles de Madrid, bien podemos acordarnos pues corrimos juntos la broma. Yo quisiera pues que recurriendo a los anales de Europa de sesenta años a esta parte, se hallase una ocasión en que, sobre todo en Francia, hayan estado más de vaja los principios y los hombres rebolucionarios y si esto es así, cuándo mayor oportunidad para precaverse de los peligros del porvenir, peligros que lo mismo pueden ser hacia don Carlos que hacia la rebolución demagógica[131]».

Donoso Cortés, por su parte, amigo, valedor y referente ideológico fundamental para Bravo Murillo, estaba viviendo en primera persona el clima político que permitió el golpe de Estado de Luis Napoleón y sus consecuencias políticas. Desde allí escribió a Riánsares sobre la reforma que preparaba el gobierno español: «Ésta no será mala: a mí me consultaron al fin: les dije todo lo que pensaba sobre la cosa y sobre la manera: me han contestado que tengo toda la razón, y pienso que seguirán mis inspiraciones. De esto no les diga V. nada porque es un secreto que yo he prometido, y que a mi vez exijo de V. que es la única persona que lo sabe[132]».

Bravo Murillo y Donoso compartían, sin duda, un profundo desprecio por el parlamentarismo liberal y una estructura de pensamiento autoritaria e impaciente ante lo que consideraban discusiones estériles y obstáculos molestos para la labor del Gobierno. Especialmente tras su sonada «conversión» a un catolicismo radical, que comenzó a alejarle de la camarilla de María Cristina y Riánsares, Donoso se acercó al rigor moral de Bravo, con su insistencia en la necesidad de acabar con la corrupción de la clase política y de negocios española —«esa letrina moderada, compuesta de pícaros tontos»— que paralizaba y pervertía todo el sistema. El acendrado monarquismo de ambos procedía de su búsqueda de un poder capaz de otorgar la legitimidad necesaria para acabar con «el pasteleo» de la política liberal, estableciendo un vínculo directo entre la monarquía y la opinión pública que reforzaría la acción de gobierno al margen del Parlamento[133].

Para ambos, el sistema constitucional vigente había demostrado ya su inoperancia, como se advertía en el falseamiento sistemático, desde sus primeros pasos, de la Constitución de 1845, por no hablar de la de 1837. Ahora se trataba de acoplar la ley a la realidad política, social y económica del país. Ésta exigía, desde el punto de vista muy claramente explicitado por Bravo Murillo a lo largo de toda su trayectoria, eliminar obstáculos parlamentarios innecesarios para la recta, ordenada y racional labor administrativa y de fomento de la riqueza, verdadero y legítimo objetivo de la acción de gobierno. Los nueve proyectos legislativos que componían la reforma en discusión respondían a esa necesidad de cirugía urgente del cuerpo enfermo de la política española. El resultado fue un proyecto global de reforzamiento del poder de la Corona (y por lo tanto del Gobierno de ella dependiente) que rompía con la tradición constitucional surgida de la revolución liberal y que tenía muchos puntos en común con el espíritu que alentaba tras las reformas napoleónicas al otro lado de la frontera. Como en Francia, no se trataba en absoluto de una vuelta al absolutismo, sino de una propuesta autoritaria, claramente enraizada en la cultura y los problemas políticos modernos de gobernabilidad postrevolucionaria. Su legitimidad última provenía de la crítica al falseamiento del liberalismo y el parlamentarismo por parte de sus mismos defensores y, al mismo tiempo, de su promesa de una mejor y más recta administración y atención a las necesidades materiales y de desarrollo económico del país[134].

Desde esos supuestos, los proyectos legislativos que se discutieron durante el año 1851 —al margen del Parlamento pero cada vez con mayor publicidad indeseada por sus promotores— proponían cambios fundamentales. Entre ellos, los más destacados eran los siguientes: la posibilidad de gobernar por decreto real con carácter de urgencia mientras las Cortes no estuviesen reunidas; éstas, además, dejarían de celebrar sus sesiones en público y lo harían a puerta cerrada; perderían la facultad de elegir a sus presidentes y hacer sus reglamentos; los derechos y libertades individuales se remitían, con un carácter muy restringido, a una ley orgánica y no al texto constitucional. El Congreso quedaría reducido a 171 diputados y la elección del mismo restringida a los 150 mayores contribuyentes de cada distrito electoral. Al Senado, nato, vitalicio y hereditario, se accedería sobre la base de propiedades vinculadas, lo que resucitaba un modelo de propiedad del Antiguo Régimen que había sido abolido en 1836[135].

Los apoyos a un proyecto como éste procedieron del ala más autoritaria del Partido Moderado, los llamados «realistas isabelinos», encabezados por el marqués de Viluma y, en el ejército, tuvo la abierta simpatía de generales muy cercanos al entorno de la reina madre, como Federico Roncali o Francisco Lersundi. Sin duda, no fue mal recibido en Palacio, especialmente por el rey. La figura de la reina fue invocada simbólicamente a lo largo de todo el proceso y la mayoría de los contemporáneos y de los historiadores tienden a conceder importancia, como factor de apoyo y aliento, a la oleada de fervor monárquico que produjo el famoso atentado del cura Merino.

El 2 de febrero de 1852, la reina acudió a la tradicional presentación de la recién nacida infanta Isabel en la basílica de Atocha. Un clérigo, llamado Martín Merino, se acercó a ella y le clavó su puñal en el pecho. Las ballenas del corsé le salvaron la vida. El impacto sobre la opinión pública tuvo, sin duda, su componente de adhesión emocional a la reina, con matices más o menos reaccionarios. Sin embargo, como todo lo que tenía que ver con aquel matrimonio real, los rumores sobre oscuras intenciones desbarataron pronto unos efectos políticos nítidos y rentables para el Gobierno, desde el punto de vista del prestigio de una monarquía cuyo poder efectivo y simbólico se pretendía convertir en la clave de bóveda del proyecto de reforma. Casi de inmediato se desataron los rumores acerca de que el clérigo, un hombre al que se suponía medio enloquecido, no había actuado por su cuenta y que el regicidio había sido inducido desde las altas esferas eclesiásticas, carlistas o, incluso, desde el entorno del propio rey. El nuncio en Madrid se movilizó rápidamente temiendo una repetición de la masacre de frailes que se había producido allí en 1834, en los turbulentos inicios de la ruptura liberal con el absolutismo. Mientras, en Madrid aparecían pasquines con un puñal, un clérigo y un trono roto. Varios informes de la nunciatura, así como del Vaticano, recogen las sospechas de la opinión pública, que culpaban al rey, a fray Fulgencio y a sor Patrocinio. El rey se vio obligado a alejar a ambos de Madrid por temor a represalias, mientras cundía el pánico entre los obispos, que recibieron órdenes de extremar las precauciones por parte de monseñor Brunelli[136].

El propio Riánsares aludió en su correspondencia a una posible implicación del rey o, al menos, al ambiente de intrigas y de resentimiento contra su mujer que éste alentaba.

Trabajó y trabajaba con sociedades secretas: dio un [dos palabras indescifrables]: se le escarmentó y como siempre cedió. En probaturas de sus fuerzas vino el lamentable lance de Merino. Se obscureció por un poco de tiempo, y varió de conducta porque así se lo aconsejaron. En la nueva vida que se da desde entonces le va mejor: adelanta más terreno y se ha hecho serio, lo que debía despreciarse […] esto es las ideas de abdicación abandonadas por la Reyna ha tenido que darles otro carácter. La Reyna defiende ahora su puesto […] pues es menester socavarle el terreno… y una vez pensado esto principiaron a desacreditarla por todos los medios, levantando la bandera de la moralidad […] El de las escenas escandalosas de queridas: el que luchó con la Campo Alange en ver quien era más desvergonzado e impúdico, se ha hecho eremita. Allá en su cuarto se las compone a su modo y propala y da pábulo, si es que no se inventa, todo cuanto se dice de S. M. […] se une más y más a la Reyna, aparenta cariño a la Princesa y va ganando terreno haciéndose agradecido a fuerza de conseguir destinos para todo el mundo. Los consejeros íntimos, que son carlistas de corazón, acaban de estar aquí y le han aconsejado que siga en su plan y que gane terreno poco a poco[137].

Más allá de lo que todo aquello tuviese de verdad, lo que interesa es su impacto en la opinión pública, su capacidad para erosionar la visibilidad simbólica de una reina que vivía en tales condiciones y en cuyo nombre, y autoridad agrandadas, se proponía un cambio político de la envergadura del planeado por Bravo Murillo. La pregunta fundamental de los contemporáneos —y en buena medida aún ahora— era hasta qué punto la reforma constitucional estaba inspirada por quien era percibida como la auténtica depositaria del poder monárquico, la reina madre. Tanto María Cristina como Muñoz lo negaron siempre, a pesar o precisamente porque la opinión pública del momento y posterior les señaló como sus valedores más insignes. Sin embargo, resulta difícil pensar que, aunque aquella arriesgada operación política no procediese directamente de ellos, pudiese llegar a presentarse y discutirse sin su confianza y su aliento. Lo que opinaba Fernando Muñoz sobre el sistema liberal, desde los tiempos del Estatuto, ya lo hemos visto. Es probable que Bravo actuase en buena medida por su cuenta, pero no hay duda de que no hizo nada sin consultarlo, con mayor o menor detalle, con Riánsares y, a través de él o directamente, con María Cristina.

De todos modos, las cartas con las que contaba Bravo se revelaron en extremo precarias, pues todo el proyecto dependía, casi absolutamente, de la voluntad de la Corona; si por ella se entendía la voluntad de la reina y del rey consorte ésta no podía ser más voluble ni más frágil políticamente. La propuesta no contaba con el apoyo del grueso del Partido Moderado y, respecto a una supuesta opinión pública, ardientemente monárquica y deseosa de librarse de la corrupción intrínseca al liberalismo, su virtualidad política no estaba en realidad contemplada. A diferencia de lo que ocurría con el proyecto napoleónico, Bravo no planteó (sino todo lo contrario) una estrategia populista de legitimación al estilo de la puesta en práctica en Francia con los plebiscitos de 1851 y 1852, por no hablar de un impensable sufragio universal masculino, por muy manipulado y neutralizado que éste fuese. No contaba, tampoco, con el apoyo mayoritario del ejército que, liderado por Narváez y por otros generales moderados o del ala puritana, como Leopoldo O’Donnell, se manifestaron inmediatamente en contra. De hecho, el traslado masivo a la opinión pública del debate sobre los proyectos de reforma se produjo, a partir de mayo de 1852, por la dimisión del general Francisco Armero, ministro de Marina.

La marea de oposición a partir de entonces no dejó de crecer, aglutinó a los elementos más diversos y fue presentada, simultánea o alternativamente, como una batalla entre el poder civil y el militar, como un dilema entre dictadura y liberalismo o, simplemente, como una pugna entre personalidades y políticos hambrientos de poder o temerosos de perderlo. El marqués de Miraflores, apostando como no podía ser menos por esta última opción, intentó convencer a María Cristina de que siguiese apoyando los proyectos de Bravo cuando ésta comenzó a asustarse por la hostilidad con que habían sido recibidos: «Los opositores de hoy no son que crean malo, ni peligroso, ni cosa alguna […] es sólo por no ser ellos quienes lo hagan, porque tan convencidos como nosotros están de que si no se hace algo el carro se atasca. ¡Qué miseria y pequeñez!»[138].

No puede descartarse, por supuesto, un alto grado de cinismo y de intereses personales amenazados en la oposición a Bravo Murillo por parte de amplios sectores del moderantismo. Sin embargo, con la prensa amordazada y con las Cortes prácticamente suspendidas durante todo su mandato, creo que existió un genuino temor a que aquellos proyectos fuesen, como dijo Pidal, la tumba del sistema representativo que tanto había costado implantar. Algo que no era incompatible, sino todo lo contrario, con el deseo de preservar los propios intereses, las redes clientelares, políticas y socioeconómicas, creadas hasta el momento por los notables liberales. No debió de ser ajena a todo ello la percepción de que el resultado de la reforma podía no conducir más que a la dictadura personal de un ministro impredecible y de una familia, la de los Riánsares, demasiado predecible y ya demasiado poderosa.

En todo caso, lo que es evidente es que la tradicional defensa de la esencias del liberalismo por parte de progresistas, demócratas y puritanos encontró eco, y engarce, con la oposición del núcleo central, doctrinario, del Partido Moderado. Al estar las Cortes cerradas, fue la prensa la encargada de orquestar una campaña que unió a periódicos progresistas, como Las Novedades, con otros moderados, como El Diario Español, e incluso alguna publicación carlista. A mediados de mayo, Alejandro Mon filtró a la Corte (o intentó negociar con ella) un proyecto de exposición a la reina firmado por destacados moderados de todas las tendencias y algún progresista, en el que le solicitaban a ella, personalmente, que pusiese «término por su poderosa voluntad a las alarmas y peligros que confunden nuestra inteligencia y entristecen nuestros corazones […] humildemente le rogamos que termine esta suspensión de nuestras instituciones políticas; haga V. M. que recobren su fuerza y vigor […] vencidas las alarmas, disipados los peligros, volvamos a deber a V. M. el pleno ejercicio de nuestros derechos, que tan bien se armonizan y tan lozanamente pueden vivir a la sombra de su Real Trono[139]».

Aquella exposición quedó abortada y la reina escribió personalmente a Bravo Murillo reiterándole su apoyo: «La situación quiere agriarse. Yo la adulzaré[140]». Sin embargo, en el círculo de María Cristina las dudas sobre el éxito de aquella operación eran ya muy poderosas, especialmente porque estaba siendo contestada por la práctica totalidad de los generales más destacados del momento; no sólo Narváez, sino Leopoldo O’Donnell, los hermanos Concha (Manuel y José), Antonio Ros de Olano, etcétera[141]. El marqués de Miraflores era consciente de que el apoyo fundamental de la reina madre peligraba y escribió:

Mucho sentiré que la Señora, sin oírme antes, e impresionada como me dijo V. ayer por el simple miedo de Rubio, se lance a dar una opinión contraria a lo llamado a terminar en España con la revolución y asegurarla un Gobierno Constitucional serio y respetable a la par que práctico. La responsabilidad moral de los que estorbasen su realización sería inmensa, tan inmensa como deverá ser pequeña y nula si mi opinión prevalece, la insistencia del Gavinete para que se realicen las muy meditadas medidas que debe proponer a la aceptación de la Reyna, pero nada ay aprobado ni resuelto definitivamente. El principal apoyo del Gavinete, además de su moralidad y proceder, ha sido y es el Trono y las simpatías de la real familia. Si estos elementos se menoscaban, por cualquier razón, y si mi opinión prevalece en el seno del Gavinete, devemos retirarnos al primer indicio de ello. Nuestro dogma ha sido siempre no existir como Gobierno sino por la voluntad cumplida y absoluta de la Reyna.

Pocos días después se alegra de que «los nerbios de la Señora estén más calmados. Creo que Don Juan verá a la Señora también y entre todos vamos a ver si hazemos lo mejor para la Reyna y para el país[142]». Los nerbios sin duda estaban muy alterados en todas partes.

Los rumores de que se estaba fraguando un golpe de Estado, bajo los auspicios del palacio de Las Rejas, eran insistentes. María Cristina hizo todo lo posible por cortarlos de raíz distanciándose de Bravo, al que advirtió que, si bien consideraba que el proyecto «no era malo», sí lo era cualquier propósito de hacerlo viable por la violencia. Bravo Murillo optó entonces por hacer aprobar su propuesta en las Cortes, convocadas para el 1 de diciembre, en un ambiente de represión que incluía la prohibición expresa a la prensa de discutir sobre el asunto de la reforma. La idea era presentar un proyecto de ley, con un único artículo, que debía ser aprobado o rechazado sin alteraciones. No hubo caso. Nada más abrirse las sesiones, el Gobierno sufrió un estrepitoso descalabro parlamentario. El candidato gubernamental para presidente del Congreso fue derrotado por un icono del liberalismo de la vieja escuela, Martínez de la Rosa. Al día siguiente las Cortes fueron disueltas. Habían permanecido abiertas menos de veinticuatro horas. El día 3, la Gaceta publicó simultáneamente los proyectos de reforma y la convocatoria de elecciones, algo que se podía interpretar como una especie de consulta general sobre éstos.

Para María Cristina y Riánsares, sin embargo, la aventura había llegado demasiado lejos. Bravo Murillo carecía de los apoyos imprescindibles. Las nutridas y relevantes firmas de políticos y militares moderados y progresistas, en sendos manifiestos de repulsa contra su intento de «abolición del sistema constitucional», fueron ya determinantes[143]. El hecho de que aquel riguroso hombre de gobierno se hubiese mostrado especialmente cicatero ante las múltiples peticiones de favores y recomendaciones que le había hecho llegar últimamente el duque de Riánsares, no le ayudaba mucho. Existía el peligro cierto de que se convirtiese en alguien demasiado dado a actuar por su cuenta, demasiado alejado del «pastel» de los negocios y la política del que vivían los habitantes del palacio de Las Rejas[144].

El 13 de diciembre, Miraflores seguía intentando que María Cristina no dejase caer a Bravo: «Toda la funesta bulla que se ha movido, y de la que pocos bienes ha de resultar a la Corona y al Estado, el que la crea movida por la cuestión de la reforma comete una inocentada […] La reforma es un pretexto más, pero pretexto de tal índole que el que gane lo havrá de poner en planta, con tal o cual variación: no es posible que gobierne nadie, absolutamente nadie, sin remover los obstáculos que lo impide de una manera común a todos los hombres, a todos los partidos[145]». Ese mismo día, el presidente de un gobierno que se tambaleaba recibió el golpe de gracia. Tras tener una larga conversación con su madre, Isabel II (bien aleccionada respecto a cómo debía expresarse) manifestó a Bravo Murillo sus dudas respecto a las posibilidades electorales del Gobierno y su temor a que el proyecto de reforma constitucional provocase un enfrentamiento violento. Inmediatamente, éste presentó su dimisión[146].

Miraflores, como el mismo Bravo, se había equivocado al minimizar la fuerza de la oposición de los notables liberales y, sobre todo, del ejército a la pérdida de su poder. Ambos habían, además, magnificado la capacidad de la Corona, y en concreto de la «reina de los moderados», María Cristina, para imponer su criterio sobre un partido cada vez más fragmentado pero aún muy poderoso, especialmente si unía sus fuerzas con las de otras familias liberales. El cálculo de interés que presidía todas las actuaciones del palacio de Las Rejas les hizo retroceder cuando sus habitantes comenzaron a sentirse aislados y en peligro. Sin embargo, los promotores de la reforma acertaron en algo sustancial. Ya no era posible, como dijo Miraflores, que «gobernase nadie» dentro del Partido Moderado sin aplicar a sus propias filas el mismo estilo autoritario que había presidido sus relaciones con el progresismo y el liberalismo más radical. El intento de apropiación exclusiva del poder de la Corona, la falta de voluntad y de capacidad para permitir una mínima circulación del poder, y la contaminación absoluta entre negocios privados y administración pública habían terminado creando un callejón sin salida política. Los años siguientes se encargarían de demostrarlo hasta unos límites que la experiencia del gobierno de Bravo Murillo no hizo sino apuntar.

CAPÍTULO 6

LA TEMPRANA RUPTURA DE UN TALISMÁN: LA CRISIS

DE LA MONARQUÍA MODERADA (1853-1854).

Mientras el trono conservó su prestigio, el partido moderado era invencible defendiendo la bandera de la monarquía constitucional. Pero […] el talismán comenzó a desvirtuarse y a perder su fuerza de atracción.

ANDRÉS BORREGO (1855).

La causa de mi insurrección es enteramente el recuerdo que tengo del juramento que se le tomó al Rey de Castilla cuando subió al trono. Juró sobre las Santas Escrituras observar y hacer observar la ley del Estado y si no lo hiciera, deseo no ser obedecido. Mi convicción es que la Reina ha violado su juramento y, en este caso, prefiero ser culpable de lèse-majestad que ser culpable de lèse-nación.

DOMINGO DULCE (1854)

Un dilema fundamental de la vida política postrevolucionaria, en toda Europa, fue si la monarquía absorbería la revolución o si la revolución absorbería la monarquía[1]. En España, durante los años finales de la llamada Década Moderada, la tensión política propiciada por ese dilema alcanzó uno de sus momentos cumbres. Desde la ruptura liberal con el absolutismo, la cultura política de la Corte había venido rechazando, de forma más o menos explícita según las coyunturas, que la legitimidad de la monarquía mantuviese cualquier deuda de origen con la revolución o, siquiera, con la victoria liberal frente al carlismo.

La doble lógica, dinástica y liberal, sobre la que los moderados quisieron asentar la nueva monarquía constitucional, jamás fue plenamente aceptada por la familia real. Desde los mismos comienzos del reinado efectivo de Isabel II, su objetivo fue el de imponer la autoridad de la Corona sobre las instituciones representativas liberales, empezando por los ayuntamientos y acabando por el Parlamento, hasta unos extremos que rozaban la anulación de todo lo conseguido durante los años de guerra y revolución. La ambigua posición del Partido Moderado respecto a aquellas maniobras de reacción tuvo consecuencias letales, no sólo para las otras familias liberales excluidas sistemáticamente del Gobierno, sino para el propio moderantismo.

En primer lugar, la incapacidad de los moderados para concebir y practicar estrategias de consenso político independientes de la autoridad de la Corona reforzó su carácter de partido de Corte. Así, como señaló Andrés Borrego, fueron dependiendo cada vez más de la voluntad real: la expresada directamente por Isabel II o por las diversas «camarillas» congregadas en torno a ella[2]. En segundo lugar, y en estrecha relación, la búsqueda del favor de la Corona, cada vez más al margen del juego parlamentario, agudizó las divisiones internas latentes del moderantismo hasta el extremo de reproducir en su seno el cainismo político que había caracterizado, hasta el momento, sus relaciones con los progresistas y con los incipientes grupos demócratas y republicanos.

En tercer lugar, la desagregación moderada afectó a la posición de la Corona en un doble sentido. Por una parte, creó para ella un margen de poder independiente sostenido por el lema de divide et impera que tan larga tradición tenía en la cultura política borbónica. Por otra parte, y no necesariamente en contradicción con lo anterior, arrastró a la monarquía —en concreto a Isabel II y a su todopoderosa madre— a implicarse en el conflicto interno entre las diversas banderías del partido. Una implicación que bloqueó cualquier posibilidad de que la monarquía isabelina llegase a convertirse en una institución reguladora o arbitral, no ya entre moderados y progresistas, sino siquiera entre los propios moderados.

De esta forma, por los efectos indeseados de la práctica política a que dio lugar, el secuestro partidista del poder real acabó siendo una especie de bumerán para la propia cohesión interna del moderantismo. Una cohesión que era la condición sine qua non de su autoridad política sobre la Corona. Como Victor Frankenstein, los moderados habían creado un monstruo impredecible cuyos deseos y reacciones eran incapaces de controlar.

Aquellos deseos y reacciones, como demuestra la experiencia de los años finales de la Década Moderada, fueron adoptando un sesgo cada vez más involucionista y potencialmente antiliberal. Tras la dimisión forzada de Bravo Murillo, la desagregación interna del moderantismo facilitó la independencia de la Corona y su implicación directa en la formación de una serie de ministerios claramente extraparlamentarios que tuvieron como objetivo común la imposición de la prerrogativa regia sobre el Parlamento. Los dos años finales de la Década Moderada, frecuentemente solventados con unas pocas páginas en la bibliografía sobre el reinado isabelino, a mi juicio fueron fundamentales para entender la descomposición del programa postrevolucionario de 1843-1844 y, más concretamente, la disolución interna del Partido Moderado, que nunca más alcanzaría el grado de hegemonía que tuvo durante la primera gran etapa del reinado efectivo de Isabel II[3].

En sus Recuerdos de la revolución de 1848, Alexis de Tocqueville analizó la forma en que el acceso exclusivo y excluyente a los resortes de poder del Estado por parte de los doctrinarios franceses acabó convirtiendo la administración en una suerte de negocio privado[4]. La práctica política española en las postrimerías de la Década Moderada guarda grandes similitudes con la francesa previa a la revolución de 1848. La falta de distinción clara entre negocios y política había encontrado un terreno abonado en un régimen político y en un modelo de desarrollo económico, extraordinariamente cerrado y focalizado en el Estado, que coadyuvaba a la creciente división interna de los grupos con acceso al poder.

En un mercado estrecho, fuertemente determinado por la acción estatal tanto en lo político como en lo económico, la constricción de la libre concurrencia tuvo como resultado la atomización creciente de los intereses y la consiguiente disolución interna de cualquier formación política amplia. Un proceso que afectó especialmente al Partido Moderado que, en sus orígenes, era ya una formación política muy heterogénea y escasamente cohesionada. El encogimiento del juego político, crecientemente agudizado, alcanzó en esos años el extremo de que ninguna de las familias moderadas podía gobernar sin imponerse autoritariamente sobre el resto.

Al mismo tiempo, nadie pensaba ya en los negocios públicos más que para canalizarlos en beneficio de sus intereses privados. La máquina del Estado acabó por adoptar los procedimientos de una empresa particular en la que todas las operaciones se realizaban con vistas al beneficio que los socios podían obtener de ellas. La política, como escribió Tocqueville en referencia al país vecino, acabó convertida en un «laberinto de pequeños incidentes, de pequeñas ideas, de pequeñas pasiones y de proyectos contradictorios en el que se agotaba la vida de los hombres públicos de entonces[5]».

Fue precisamente esa disolución interna, ese laberinto de pequeños incidentes y pequeñas pasiones, el que creó el espacio para una actuación cada vez más intensa e independiente de la Corona en un sentido claramente involucionista. No era nada nuevo. Las camarillas cortesanas habían tratado siempre de intervenir en política durante toda la Década Moderada. Sin embargo, y creo que ésta es una regla general para todo el reinado, esa actuación tan sólo alcanzó un peso decisivo cuando la fragmentación de los partidos liberales era suficientemente intensa y cuando su incapacidad para la unión dejaba un espacio de acción, un vacío de poder, que era ocupado por la Corona. De hecho, la desagregación interna no afectaba tan sólo a los moderados. Tras la ruptura de 1849, que dio lugar al Partido Demócrata, la oposición progresista carecía de liderazgo definido, de unidad de doctrina y de pautas concretas de acción política. A principios de 1854, el mismo embajador británico consideraba que «nada es tan difícil como fijar los límites de los partidos políticos, especialmente en la actualidad, cuando están rotos por todas partes y rotos en mil pedazos vagos, impalpables y, yo diría, ininteligibles[6]».

Con todo, la responsabilidad de la deriva reaccionaria recaía sin duda en los moderados, que fueron los que permitieron —e incluso propiciaron— la exageración del influjo cortesano en la política que, de otra forma, habría quedado sin efecto, pues, como escribió Andrés Borrego, «hasta la reacción necesita un partido[7]». Un partido que era ya, a la altura de 1853, poco más que un nombre disuelto en múltiples fracciones internas enfrentadas entre sí.

Por todo ello, y como espero poder demostrar en las páginas siguientes, lo que se produjo en aquellos años finales de la Década Moderada fue algo más que la lucha entre los intereses personales, más o menos mezquinos, a los que aluden todos los comentaristas de la época. Fue también algo más que una pugna entre la Corona y el Parlamento, o un conflicto dual entre moderados y progresistas. Se trató, también, de un enfrentamiento decisivo a largo plazo entre los sectores netamente liberales del moderantismo —aquellos procedentes de la evolución y división del liberalismo durante la ruptura con el absolutismo y la guerra civil— y los que procedían del absolutismo reformista o incluso del carlismo. Nunca como entonces el carácter de partido de aluvión que tuvo siempre el Partido Moderado, y las tensiones internas que ello propició, se hizo más evidente. De la misma forma que se hizo evidente la implicación de la monarquía con los últimos y la resistencia de un sector importante del moderantismo al grado extremo de subordinación del Parlamento al Ejecutivo que se alentaba en los proyectos de reforma de la Constitución de 1845 que se sucedieron en aquellos años.

En efecto, la herencia de Bravo Murillo, por lo que respectaba a una reforma constitucional en sentido restrictivo, no murió con su defenestración política. Cuando el 15 de diciembre de 1852 subió al poder el general Federico Roncali, el encargo que recibió fue el de reparar las heridas internas del moderantismo y recuperar la unidad de acción necesaria para dar un golpe de timón político, que seguía tomando como referencia, más o menos explícita, el golpe de Estado de Napoleón III en 1851. El ministerio se formó sin duda bajo los auspicios de la reina madre y del duque de Riánsares, y lo hizo con más dificultades de las esperadas. Los avances hechos, entre otros, a líderes destacados del moderantismo histórico como Martínez de la Rosa, Pedro Pidal o Alejandro Mon resultaron fallidos[8].

Ante la incapacidad de contar con políticos de primera fila, la apuesta fue, significativamente, la de volver la vista hacia el ejército, con la limitación añadida de buscar entre aquellos sectores más adictos a la reina madre, lo cual no incluía a ninguno de los grandes nombres que podrían hacerle sombra, como se la había hecho en su momento Narváez. Para Donoso Cortés, firmemente instalado como consejero de María Cristina y de Riánsares, la falta de definición política del ministerio Roncali era una ventaja indudable: «El ministerio es capaz de todo porque no pertenece a ningún partido, ni tiene ninguna opinión común; sus miembros han sido tomados de entre todas las opiniones[9]». No se trataba, sólo, de que Donoso fuese incapaz de entender la política concreta más allá de un juego de personalidades en pugna. La cuestión era más grave. La coyuntura europea le parecía a él, y a la familia real, la más apropiada para realizar el viejo proyecto de situar definitivamente la Corona «por encima de los partidos» y, más concretamente, de las diversas facciones en pugna dentro del moderantismo. La idea de imponer sobre todas ellas uno o varios gobiernos extraparlamentarios y, se decía, «extrapartidistas», era algo más que una solución a corto plazo: formaba parte del modelo de actuación política más cercano a las aspiraciones a largo plazo del Palacio Real y también del palacio de Las Rejas, donde habitaba la poderosa y experimentada familia Muñoz.

En un informe anónimo hallado entre los papeles reservados de la reina madre, se reflexionaba sobre esta cuestión y ponía como modelo las resoluciones de Napoleón III y de Leopoldo de Bélgica en caso de desacuerdo entre las fracciones parlamentarias: «Este conflicto que existe hoy día entre dos oposiciones contrarias la una a la otra, entre dos partidos subdivididos en mil fracciones desacreditadas ya, o por sus actos pasados, o por sus principios antinacionales, semejante conflicto no tiene un desenlace plausible, pacífico y hasta provechoso al país. Sólo lo tiene, para remediarlo […] formar un gobierno extraparlamentario en su origen y en su esencia, es decir, compuesto de hombres de carrera o de servicios reconocidos pero que al menos no formen parte ni de uno ni de otro partido». Se trataba, en suma, una vez descartado el progresismo por sus tendencias «antinacionales», de buscar una combinación «esencialmente imparcial» dentro del moderantismo y sujetarla a «las riendas del poder legítimo e histórico de la Corona» de manera que «se quite a la oposición y a la prensa hasta el pretexto de hacerle la guerra y desacreditarle desde su nacimiento» y «haciéndole fuerte con el apoyo de la Corona[10]».

En un sentido al menos formalmente coincidente con ese tipo de reflexiones, Roncali intentó aunar voluntades asegurando a los grandes líderes parlamentarios del moderantismo que no llevaría adelante la reforma constitucional de Bravo Murillo. Sin embargo, «nunca dijeron abiertamente retiramos del todo la reforma, sin duda porque no se creían bastante fuertes en Palacio para hacer prevalecer su opinión[11]». El embajador francés informaba al respecto a su ministerio diciendo que, a pesar de todos sus esfuerzos, el Gobierno no concitaba la confianza de la oposición liberal moderada que le acusaba de «no ser suficientemente explícito respecto a sus deseos de reforma [de la Constitución] y sobre la línea que seguirá en las posibles elecciones. El ministerio, por su parte, espera los resultados de las elecciones para ver qué puede plantear. En todo caso, cree que la reforma, en una versión limitada, es necesaria. La oposición sospecha que el Gobierno quiere hacer elecciones para llevar adelante una reforma retrógrada, mientras el Gobierno sospecha que la oposición se niega a toda reforma que no sea una mejora sin ser retrógrada y que se acerca insensiblemente al partido progresista que no sólo quiere lo que hay, sino que no se contentaría con ello si no supiese que sólo no puede nada[12]».

En efecto, Roncali buscaba las elecciones y era todo menos un ministerio neutral entre las fracciones moderadas. La reina le concedió un decreto de disolución de Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones para febrero de 1853. El resultado fue una Cámara con mayoría ministerial, pero con un nutrido grupo de oposición. Carecemos todavía de un estudio electoral amplio sobre la Década Moderada, pero lo poco que sabemos indica que las redes clientelares locales eran menos permeables a la influencia gubernamental de lo que llegarían a ser luego, en la segunda mitad del siglo. A juicio de Juan Pro, «el mecanismo que decidía la composición del Congreso tenía estructura “descendente” y no “ascendente”; y se encontraba en el seno del Estado y no fuera de él[13]».

En términos generales tiene razón. Sin embargo, es necesario introducir algunos matices. A pesar de la importancia de la actuación gubernamental a través de los gobernadores civiles y de los alcaldes, el proceso electoral no se agotaba en un mecanismo de arriba abajo completamente impermeable. La acción del Gobierno dependía, en buena manera, de su capacidad para enlazar sus deseos con los intereses de los notables locales que controlaban la economía y la política en ese ámbito. Muchos gobernadores, alcaldes y regidores dependían tanto del ministerio de Gobernación como de los grandes hombres de la provincia o de las ciudades, que intervenían decisivamente en las elecciones locales y provinciales.

Si durante el régimen de la Restauración, cuando el sistema de control electoral por el ministerio de turno llegó a su máxima expresión, se ha podido hablar de «régimen de soberanía parcelaria», mucho más era así en la España de principios de los años cincuenta, enfrascada en los primeros pasos de la construcción del Estado-nación. La comparativa debilidad de la administración central —en pleno proceso de fabricación— así como la desagregación interna del moderantismo no favorecía soluciones electorales completamente ministeriales aunque, desde luego, la acción gubernamental era capaz de marginar a la base electoral progresista[14].

En estas condiciones, los resultados de las elecciones de 1853 no ofrecieron una mayoría tan clara y cohesionada a favor del ministerio como hubiese sido necesario para llevar adelante la reforma constitucional pendiente de la administración anterior[15]. Buscando algún tipo de camino intermedio, Roncali presentó a las Cortes su propio plan de reforma destinado a modificar cuatro artículos de la Constitución de 1845. Se trataba de una versión ligeramente dulcificada de la de su antecesor en el cargo. Incluía un Senado compuesto bajo la doble base de la transmisión hereditaria y el nombramiento vitalicio, la limitación de la capacidad de las Cortes para hacer sus reglamentos (que serían objeto de una ley especial), y la reducción de la discusión parlamentaria del presupuesto a una parte determinada del mismo, siendo la otra permanente. Se anunciaba también un proyecto de ley sobre grandezas y títulos que preveía la restauración de los mayorazgos para asegurar la senaduría vitalicia. Se abandonaban así algunos puntos graves del programa de Bravo Murillo como la remisión de los derechos y libertades a leyes orgánicas, la reducción del número de diputados, el carácter secreto de las sesiones de las Cortes, la restricción del derecho electoral a los ciento cincuenta mayores contribuyentes o la posibilidad de gobernar por decreto durante el cierre de las Cortes. Sin embargo, la idea fija de recortar la prerrogativa parlamentaria y sujetarla a la Corona se mantenía a través de la composición del Senado y las limitaciones introducidas en la iniciativa y funcionamiento parlamentarios.

Frente a todo ello, la oposición moderada no sólo no se disolvió sino que cobró nuevas fuerzas e incrementó, al mismo tiempo, sus tentativas de aproximación a los progresistas[16]. La situación no podía ser más confusa. Aquél que la historiografía ha venido considerando el espadón moderado e isabelino por excelencia, Ramón María Narváez, se declaraba en oposición a un gobierno de la reina y estrechaba contactos, más o menos recelosos pero intensos, con sus antiguos enemigos del Partido Progresista. Fueron precisamente los comités progresistas los que imprimieron y repartieron, junto con los moderados y de forma clandestina, una representación del general Narváez a la reina en la cual, desde su exilio en Bayona, éste se quejaba amargamente de la forma en que había sido tratado, manifestaba su apoyo incondicional a las instituciones constitucionales y su disposición a defenderlas. Una representación que fue acompañada por una proposición de los senadores, amigos políticos de Narváez, de que éste recuperase su asiento en el Senado. «Gastándose lastimosamente para servir los resentimientos de la camarilla contra el duque de Valencia», el Gobierno se manifestó en contra y logró imponer el veto a Narváez en una apretada votación de 79 votos contra 74: «Resultado que de por sí era ya significativo y embarazoso para el gobierno; pero que éste todavía agravó dejándose llevar por la ira y separando a los consejeros reales, magistrados y altos empleados que, siendo Senadores, habían votado a favor del duque de Valencia[17]».

¿Qué papel desempeñó personalmente la reina Isabel en aquella arriesgada apuesta política? Sin duda, su posición resulta opaca en comparación con la que la práctica totalidad de los comentaristas de la época atribuyen a su madre. Ésta última rechazó en numerosas ocasiones posteriores haber influido en absoluto en las decisiones políticas de su hija sugiriendo que una influencia más cercana y «natural», la del rey consorte, habría superado a la suya desde el matrimonio de la reina[18]. Sin embargo, lo poco que sabemos de las interioridades de Palacio demuestra al menos tres cosas, y dibuja un triple círculo de ambiciones que se combinaban entre sí, más allá de su soterrada rivalidad, para propiciar siempre las soluciones políticas que más y mejor reforzasen su poder.

No hay duda, en primer lugar, de la gran autoridad moral de María Cristina sobre su hija. El propio Bravo Murillo, escribió sobre su experiencia en el trato con ambas reinas: «El gran talento, la suma perspicacia y la larga experiencia de la reina Cristina, la sugerían medios suaves e indirectos para, sin suscitar en su excelsa hija celos de autoridad y poder, antes bien, haciendo nacer en ella los pensamientos que deseaba hacer prevalecer, conseguir que efectivamente prevaleciesen[19]». Más allá de las críticas, a menudo sangrientas, de que fue objeto por su vida privada y política, la generalidad de los comentaristas de la época, incluidos sus enemigos, reconocían en María Cristina un talento superior y una experiencia y sagacidad política considerables, cegados tan sólo por una avaricia prácticamente sin límites. Aquel talento, y sus amplias conexiones políticas, la convertían en un punto de referencia inestimable (o inexcusable) para la totalidad de la familia real y muy especialmente para la reina Isabel que, por su juventud y relativa inexperiencia, carecía aún de un círculo personal tan sólido y bien informado como el de su madre.

En segundo lugar, y por lo que respecta al rey consorte, es evidente que en su círculo más cercano se alentaban desde hacia años las opciones políticas más reaccionarias. Además, si en algo estuvieron siempre de acuerdo Francisco de Asís, María Cristina y Riánsares (más allá de sus difíciles relaciones) fue en los celos de autoridad que a todos ellos suscitaba la actitud de políticos que, como Narváez, esperaban poder cuadrar el difícil círculo de sustentar su acción de gobierno en el reforzamiento de las prerrogativas de la Corona y, al mismo tiempo, no contar con ella para la toma de decisiones. Como escribió Ángel Fernández de los Ríos, don Francisco «nunca brilló por su grandes alcances: débil de carácter y dado a varios antojos y caprichos, ha necesitado siempre mucho dinero, valiéndose de la amenaza de hablar si no se le facilitaba. Estuvo dominado por el deseo de introducirse en los negocios de Estado y tener influencia en el Gobierno: cosa que no le permitía la reina[20]».

En efecto, en tercer lugar no puede subestimarse la ambición personal de la reina. Es cierto que Isabel II, que contaba por entonces con poco más de veinte años, parecía estar dedicada casi exclusivamente a sus propios placeres, mostraba un escasísimo sentido del deber y una nula preparación y afición por las obligaciones políticas. Sin embargo, desde muy pronto demostró ser adicta al poder. Un poder concebido, sobre todo, en términos de representación constante de una situación de privilegio e irresponsabilidad, de imposición de su voluntad en detalles frecuentemente nimios que podían oscilar entre una generosidad cercana al despilfarro y una absoluta falta de consideración por la situación de las personas que la rodeaban. Socarrona, extremadamente indolente, ingeniosa y prepotente a la hora de ridiculizar a sus más allegados, podía hacer esperar horas a los ministros para despachar con ellos, a la nobleza para comenzar un baile o una representación musical, a las tropas para revisar una parada.

Acostumbrada desde niña a ser objeto de adulación, y también de presiones enormes, parecía haber desarrollado su inteligencia en la forma de una astucia capaz de permitirle sobrevivir en una Corte y en un ambiente político plagados de intrigas y de intereses contrapuestos. Al final de su vida, reconoció ante Benito Pérez Galdós que su conocimiento de lo que ella llamaba «el arte de gobierno constitucional y todas esas cosas» había sido siempre muy somero y continuamente oscurecido por los intereses contrapuestos de las personas de su entorno. De su conversación con ella, el novelista concluyó que jamás penetró en su mente, y en su forma de concebir su poder, la idea de Estado: «Entró, sí, la realeza, idea fácilmente adquirida en la propia cuna; pero el Estado, el invisible ser político de la nación […] rondaba el entendimiento de su majestad sin decidirse a entrar en él[21]».

Criada en la convicción de que podía hacer cuanto deseaba, incluidos los cambios de ministerio, nunca tuvo reparos en utilizar todas las armas estereotipadamente femeninas a la hora de tratar con los políticos y militares de su entorno. Frente a la regia frialdad y contención de su madre —conocida por su capacidad para permanecer impasible ante los sucesos más graves—, Isabel II se quejaba y lloraba públicamente como una adolescente o una dama ofendida ante las menores contrariedades, y a lo largo de los años convirtió en costumbre despedir a sus ministros envuelta en lágrimas tras haberlos engañado con falsas protestas de afecto y perenne lealtad. Su narcisismo extremado, probablemente más determinante que su carácter escasamente rencoroso, le hizo pensar siempre que todo sería, por todos, finalmente olvidado y perdonado. De la misma forma, y en lo relativo a su conocida vida amorosa extramatrimonial, la conciencia de su poder (y la amplia tolerancia de su entorno) explica su desdén por el fingimiento, clásicamente definido como el homenaje que el vicio paga a la virtud.

En cualquier caso, durante aquellos años finales de la Década Moderada, no cabe duda de que Isabel II —con mayor o menor grado de conciencia respecto a lo que se estaba jugando— cooperó o consintió en la deriva autoritaria en la medida en que veía en ella una defensa «natural» de sus prerrogativas como reina. Una percepción del problema reforzada por los consejos de su madre y de su marido, quienes, como escribió el encargado de negocios británico, C. L. Otway, alimentaban en ella —a través de una adulación sin freno— una conciencia de invulnerabilidad y prepotencia que convenía del todo a sus propios intereses individuales[22]. Como tendré ocasión de ir demostrando a lo largo de las páginas que siguen, no tenía más reglas de orientación política que dos ideas: la defensa de la Iglesia católica y la dignidad de la Corona. A estas dos ideas —sustentadas por la tradicional representación de la nación española como esencialmente católica y monárquica— subordinó toda su actuación. Una actuación que, en los detalles, se encontró siempre sujeta a los consejos contrapuestos y cambiantes de su entorno más cercano. Su política cotidiana, de muy corto vuelo, consistía poco más que en el esfuerzo —heredado de su padre y de su madre— de dividir hasta el extremo las fuerzas y personalidades políticas como medio de reforzar su propio poder.

Con todo, ni estaba ni podía estar ciega y sorda a las noticias que le llegaban del creciente malestar político y que le eran corroboradas por personas de su círculo más cercano y poco sospechosas de antimonarquismo. Un documento vaticano, fechado el 20 de marzo de 1853, recoge con claridad el grado de conocimiento que la reina llegó a tener, a pesar de sus protestas posteriores de absoluta desinformación, acerca del origen último del descontento del país y su certera focalización en la propia familia real:

El marqués de Miraflores, de quien se dice que tiene el defecto de dar consejos, pero que por lo menos los da de acuerdo con su conciencia, respondió sin dudar [a una pregunta de la Reina] que estaban en la peor de las situaciones. Le habló a la Reina de la necesidad de formar otro gabinete: no le escondió en absoluto a S. M. la escasa simpatía del pueblo por la Reina Madre y el duque de Riánsares, porque los veía figurar personalmente en todos los negocios pesados para el Estado; en suma, le hizo escuchar a la Reina que se había vuelto indispensable alejar a los dos personajes. S. M. le dijo entonces a Miraflores que aquél era un asunto muy grave y le pidió que repitiera delante del Rey lo que acababa de escuchar […] S. M. manifestó, primero, que no quería oír nada, pero presionado por la Reina, escuchó la exposición de agravios del señor Miraflores contra el Ministerio, contra la Reina Madre y el duque de Riánsares. Apenas el marqués de Miraflores abandonó Palacio, la Reina dio parte al conde de Alcoy, presidente del Consejo, de todo lo que acababa de oír. El conde de Alcoy, criatura de la Reina Madre, no tardó en advertir a S. M. y al duque de Riánsares de lo que acababa de suceder en Palacio[23].

Como informó el embajador francés a su ministerio, las iras contra Riánsares y María Cristina por parte de la oposición moderada fueron una de las cuestiones que obligaron a suspender indefinidamente las sesiones de Cortes «para cortar los ataques escandalosos de la oposición. El marqués de Duero [Concha] ha acusado en el Senado al gobierno anterior y al actual de no haber tenido ni tener otra política que una ciega deferencia a un poderoso personaje [el duque de Riánsares] y a sus negocios. Se temía que en la sesión siguiente, donde ambos hermanos [Concha] tenían pedida la palabra, pudiesen formular más netamente sus acusaciones contra el esposo de la Reina Madre[24]».

Unos días después, el mismo embajador enviaba unas apresuradas notas en las que daba cuenta de una reunión tormentosa de la reina y el Gobierno en la cual el ministro de Gracia y Justicia, Federico Vahey, dijo que «debía retirarse porque no está de acuerdo con la destitución de su cargo de Arrazola —presidente del Tribunal Supremo de Justicia— que había votado con la oposición en el Senado en el caso Narváez. Cree que esa destitución sería un atentado contra la inviolabilidad de la Magistratura […] Gran agitación política. Se habla de movimientos para expulsar (incluso violentamente) a la Reina Madre si no se cambia al ministerio; incluso se ataca a la Monarquía […] El movimiento partiría de la oposición violenta de Cataluña y de Aragón. —Nada mientras el ejercito no se mueva—. La indiferencia de la población puede cambiar y es muy inflamable. Sólo hace falta la cerilla […] Contactos entre Espartero, Narváez y otros militares…». Mientras, Riánsares montaba en cólera y se quejaba ante el presidente del Consejo de Ministros de su incapacidad para cortar de raíz una situación, que «le comprometía a él y a la Reina Madre», y que había llegado al extremo de producir dimisiones en masa en el Tribunal Supremo y algunas en el Consejo Real como protesta por la destitución de Arrazola[25].

En estas condiciones, la situación de Roncali se volvió insostenible y la reina precipitó su caída el 14 de abril de 1853, tras sólo cuatro meses en el poder. Fue sustituido por otro general, Francisco Lersundi, cuyas relaciones con María Cristina y con los sectores más reaccionarios del moderantismo se habían fraguado durante la regencia de Espartero. Como militar, Lersundi participó en la intentona de Diego de León de 1842 y fue condenado a muerte. Consiguió huir a Francia y allí formó parte de la gran conspiración militar auspiciada por la exregente. De vuelta a España, ascendió rápidamente en el escalafón por servicios como la represión de la insurrección progresista gallega de 1846 y la de los conatos revolucionarios de 1848 en Madrid y Cataluña. Ministro de Guerra con Bravo Murillo, estrechó sus relaciones con Isabel II a raíz de su nombramiento como Capitán General de Madrid, un cargo que suponía un trato más constante y directo con la reina que el de los propios ministros.

Lersundi había sido llamado al poder por razones similares a Roncali. Como él, era un militar de segunda fila que no podía competir con alguien de la talla de Narváez, pero que contaba con la confianza de la familia real, de la que recibió el encargo de desactivar la oposición parlamentaria y los comités moderados por el viejo procedimiento de suscitar su división interna cooptando a algunos de sus miembros. Éste fue el caso de Manuel Bermúdez de Castro, Luis Pastor y Claudio Moyano, pertenecientes los tres a uno de los comités de oposición a Bravo Murillo y a Roncali, que aceptaron carteras ministeriales. En principio, se trataba de nuevo de «sobrevolar» las divisiones moderadas. Sin embargo, la inclusión en ministerios tan decisivos como Fomento y Gobernación de dos personajes como Agustín Esteban Collantes (colaborador en las empresas ferroviarias del duque de Riánsares) y de Pedro Egaña (asiduo del palacio de Las Rejas y director de La España, propiedad del mismo duque) hizo creer a todos que aquel ministerio no sería otra cosa que «la delegación del influjo y de los intereses de la reina Madre[26]».

Más allá de la responsabilidad de la familia Muñoz, la situación era ya la de un pulso abierto entre la familia real en su conjunto y la oposición de moderados puritanos y progresistas. En ese pulso, la visibilidad y responsabilidad política de la reina no hacía sino agrandarse. Además, y por las mismas razones que en 1847, cuando los moderados airearon públicamente los amoríos de la reina con el general Serrano, la irregular vida privada del matrimonio real —que tanto Narváez como Bravo Murillo habían sabido ocultar— volvía a convertirse en munición política y en una fuente directa de desprestigio de la monarquía. Como entonces, los emisarios de aquellos rumores fueron los diversos grupos moderados descontentos con su alejamiento del poder. Se hablaba ya de manera abierta, escriben Andrés Borrego y Fernández de los Ríos, de que las influencias políticas malsanas no provenían sólo de la reina madre sino que ahora «habían descendido mucho más abajo, y la conservación o la sustitución de los ministros, mirábase ya como cosa peculiar de círculos alegres y clandestinos, cuyos familiares y concurrentes de ningún concepto ni posición gozaban de la sociedad […] el pudor y la decencia se resisten a referir lo que de público se decía y los cuadros tan libidinosos como repugnantes trazados por la prensa extranjera y por algunos de los mismos que coadyuvaron a la obra infame[27]».

Entre la prensa extranjera, la inglesa —mucho más libre que la francesa y más declaradamente adversaria del régimen moderado— se destacó por la crudeza de sus informaciones sobre la vida privada de la reina. Frederick Hardman, corresponsal de The Times y de Blackwood’s Magazine, en un largo artículo sobre la situación española en mayo de 1853, se detuvo especialmente en informar sobre la extraordinaria pérdida de popularidad de Isabel II y las razones de la misma. Para Hardman, la adhesión de las clases medias liberales a la reina niña y adolescente había conjugado, en los tiempos de su minoría de edad y de su acceso al trono, la defensa del liberalismo frente al despotismo, primero, y la búsqueda de orden, tranquilidad y progreso tras las convulsiones revolucionarias, después. A la altura de 1853, la inocencia de Isabel II, que en un tiempo «representó la de todas las esperanzas del país», se había convertido en un sueño desencantado. Recuerdos siniestros de la época de Fernando VII, y aún de Carlos IV, volvían a aunar en un mismo discurso moral «el vicio y la corrupción privados» con el despotismo político.

Todos los fantasmas de la vieja idea de las camarillas todopoderosas, plebeyas, opuestas a las clases liberales respetables y a los verdaderos intereses del país, gangrenas de la Hacienda pública y de la libertad, habían resucitado:

El comienzo de su impopularidad fue incuestionablemente su vida licenciosa […] que en España es conocida por todo el mundo. No me hago eco de meros cotilleos o de informes dudosos cuando afirmo que la hija de Fernando VII (como buena heredera de su antepasado) no tiene escrúpulos en asociarse con hombres y mujeres de baja extracción, cuya sola compañía es una desgracia para alguien en su posición. En una capital pequeña como Madrid, con una población ociosa y amante del escándalo, todo es conocido. No es que se hayan hecho tampoco grandes esfuerzos para ocultar su conducta […] El silencio resentido que rodea a su Majestad cuando sale de paseo con su carruaje y el distanciamiento de ella por parte de los miembros más respetables de la aristocracia son señales suficientes de la falta de estima que crece en la nación.

El corresponsal británico no dudaba en señalar los nombres y las razones concretas del desprecio personal y político que concitaba Isabel II.

Durante los últimos dos años, más o menos, la reina se ha unido estrechamente con un favorito que tiene una gran ascendencia sobre ella […] Considerando la vergonzosa negligencia de su madre respecto a su educación, y el desastroso matrimonio al que fue obligada, creo que la nación española podría haber estado dispuesta, hasta cierto punto, a cerrar los ojos ante esa situación si esa liaison hubiese sido conducida con decoro, y si el objeto de las preferencias de su Majestad se hubiese mantenido alejado de la política. Ninguna de estas dos condiciones se han observado […] Es absoluta e innegablemente cierto que un joven oficial de nombre Arana es todopoderoso en la corte, donde ha introducido a un buen número de sus amigos y formado una suerte de coterie o camarilla, que rodea e influencia a la reina […] incluso los altos empleados del Estado, los ministros y el propio Presidente del Consejo no tienen escrúpulos (tal es la corrupción de este país y la vileza de los hombres públicos) en buscar su compañía, en adularle y en convertirle en su íntimo compañero mostrándose continuamente con él en público; algunos de los ministros actualmente en el poder no encuentran por debajo de su dignidad personal, o de la su cargo, el mostrar deferencia ante el favorito para mantenerse en su puesto o ver prosperar sus propuestas[28].

Lo más interesante de la carta de Hardman es la estrecha relación que establece entre lo que él y las clases medias liberales podían entender como «corrupción privada» de la reina y su paulatino alejamiento de los principios que la habían sostenido en el trono. Unos principios liberales que, resultaba evidente ya, Isabel II y su familia consideraban «una ofensa a su soberanía […]; sus tendencias absolutistas son estimuladas por el favorito, quien creció con Pezuela, actual capitán-general de Cuba, y su hermano, y que como ellos tiene una fuerte inclinación hacia el gobierno despótico[29]». Esa disposición a situarse por encima de las pautas morales y políticas del liberalismo, como un ser al margen de esas constricciones, era precisamente lo que convertía en «despótica», ilegítima, la posición de Isabel II (tanto en lo político como en lo moral) para sectores cada vez más nutridos del liberalismo.

El mismo embajador francés se vio obligado a hacerse eco de aquella conexión entre el desarreglo moral de la reina y sus tendencias en favor de una reacción política sin límites conocidos.

Despreciando, u olvidando, los servicios de las notabilidades políticas y militares que la han sentado sobre su trono constitucional, dócil al contrario a las sugerencias de su favorito, que las recibe él mismo de algunos personajes cuyas tendencias absolutistas son conocidas, la Reina parece tener ahora en mente (al menos es el pensamiento que todo el mundo le atribuye) el restablecimiento en su favor del poder absoluto o al menos el acrecentamiento de su autoridad, a través del retraso indefinido, si no de la anulación, de las Cortes.

En el mismo despacho, Turgot, alude a un oscuro viaje de María Cristina a París y sugiere que era debido a varias razones entrelazadas entre sí. Por una parte, a que «su hija se ha vuelto indócil a sus consejos desde que está bajo el imperio de su pasión por Arana […]; al desacuerdo con el gobierno por su lentitud en asuntos industriales de su marido y Salamanca (especialmente la concesión del camino de hierro del Norte) […]; al temor de que ante una catástrofe que la imprudencia de su hija hace inminente, el pueblo sublevado o los hombres llevados al poder por un golpe de Estado o una insurrección, podrían atacar su libertad o su persona[30]».

Desde una posición política muy distinta, Cristino Martos elude todo comentario sobre la vida privada de la reina y centra su explicación de las causas de su creciente impopularidad en lo que, a su juicio, verdaderamente importaba «al pueblo liberal», mucho más numeroso e informado de lo que pretendía el embajador francés:

Si Isabel tenía en el trono alguna significación era la de ser representante viva de la libertad, por cuyos fueros, encarnados en ella, se había lidiado siete años contra los ejércitos de D. Carlos: no había sido ciertamente la idea de la legitimidad la que había llevado al combate a millares de ciudadanos […] No se había combatido por Isabel, sino en cuanto era personificación de la libertad. Por esto el pueblo, que no concebía sino a Isabel liberal, se irritaba contra Isabel absoluta[31].

Sin duda, Martos no erraba e iba al fondo político sustancial de la cuestión. Sin embargo, en la creciente deslegitimación de Isabel II, no es posible obviar el papel desempeñado por una retórica moral que concebía a la reina no sólo como un monarca constitucional sexualmente neutro que debía acatar los principios por los que se había batido el pueblo liberal, sino también como una mujer, con todas las connotaciones culturales de sumisión y castidad atribuidas por el liberalismo a las mujeres en general. Con la impregnación genérica de su crítica política, el liberalismo buscaba sujetar a la reina a su destino de mujer al tiempo que la sujetaba a su destino de monarca constitucional. Separar ambas cuestiones (que los contemporáneos, como hemos visto, no acaban de separar) creo que simplifica en exceso el complejo discurso moral y político de la oposición a los gobiernos extraparlamentarios de 1853-1854 y la forma en que éstos expresaron un ataque frontal a la posibilidad de independencia, política pero también moral, de la reina-mujer respecto a los valores que el liberalismo defendía en aquel momento.

No quedan muchos rastros conocidos de «la multitud de versos y caricaturas alusivas a la escandalosa conducta que el público suponía a la reina» y a la cual aluden, con mucha más discreción que Hardman, autores como Fernández de los Ríos, Ildefonso Bermejo o el propio Pirala. Lo importante, a efectos de la creciente quiebra de legitimidad simbólica de Isabel II, es que «hasta entonces —como escribe Bermejo— todos los ataques se habían dirigido contra el Gobierno, quedando ilesa la reina de estas públicas demostraciones; pero conociéndose la insistencia de la corona en sostener a todo trance a un ministerio cada vez más impopular, comenzaron las murmuraciones privadas, que pasaron pronto a ser censuras amargas de corrillos y cafés, donde el nombre de vuestra augusta madre aparecía envuelto en actos escondidos de la vida privada, que el público acogía y aumentaba a su placer, y que pasaron a ser materia para estampar en los periódicos conceptos embozados que el público comprendía y que la ley de censura no podía evitar sin lastimar visiblemente a la ley de imprenta y sin aumentar la gravedad del escrito si le recogía, porque la malicia y la curiosidad serían excitaciones para nuevas y denigrantes conjeturas[32]».

Fernández de los Ríos, por su parte, cita un folleto impreso en Londres, Explicación desapasionada del pronunciamiento de 1854, en el que se recogen algunos de esos libelos y caricaturas, «no todas, por ser ellas de tal género que no pueden darse a la imprenta». En una de aquellas caricaturas, «más decente que las otras», aparecía Isabel II con una bandera en la mano y un lema que decía: «Despotismo para poder entregarse con más libertad a la prostitución y al robo». La reina estaba rodeada de su favorito Arana y de varios ministros de los últimos gabinetes de Bravo Murillo, Roncali y Lersundi. A un lado aparecía el rey, «adornada su cabeza con una cornamenta de ciervo, y aplaudiendo con ambas palmas[33]». Eugenio de Aviraneta, quien durante todos estos años actuó como espía político al servicio de la reina madre, no pudo evitar advertirle seriamente del perjuicio que todos esos libelos estaban causando al prestigio de la monarquía al formar contra ella «una suerte de revolución moral[34]».

Una revolución moral que, tras varios años de silencio bajo la férrea mano de Narváez, se convertía de nuevo en arma política de largo alcance. Conviene, sin embargo, examinar en qué condiciones y con qué matices se producía ese descrédito moral de la reina. Durante varios años, como ya advirtió Hardman, los reproches y el escándalo se aligeraban mucho a la luz de lo que Andrés Borrego denominó «aquel desacierto insigne»: el forzado matrimonio de Isabel II con Francisco de Asís.

Por otra parte, como escribió la esposa escocesa del diplomático Ángel Calderón de la Barca, ministro de Estado en el tramo final de la Década Moderada, no habría que olvidar que la reina pertenecía a un mundo aristocrático en el que los devaneos amorosos extramatrimoniales eran moneda corriente en ambos sexos. Para Fanny Calderón de la Barca, el escándalo ante las imprudentes ligerezas de una reina muy joven y de educación muy descuidada era francamente hipócrita. Comparado con lo que sucedía entre la alta sociedad británica, la conducta de las damas madrileñas era asombrosamente liviana. «Lo más que pueden temer es una separación legal; hay muchas murmuraciones, pero si se mantiene el decoro público, si no hay escándalo público, no hay demasiados problemas». A su juicio, lo grave en el caso de Isabel II era la forma en que se estaba contaminando el debate político con detalles íntimos de la vida de la reina. La aristocracia colaboraba, sin saber sus consecuencias, en extender los rumores «y están haciendo el juego a sus enemigos. Es la misma vieja historia de la revolución francesa: el descrédito contra la reina comenzó en las clases altas; bajó después al vulgo, y cuando se hubieron desencadenado las pasiones populares, se encontraron los nobles con que eran las primeras víctimas y que no podían contener la tempestad que ellos mismos, sin intención, habían provocado[35]».

En todo caso, era la relación entre las aficiones privadas de Isabel II y su actividad política lo que verdaderamente amenazaba con desatar aquella temible tempestad. Es decir, el hecho de que la prerrogativa regia se percibiese públicamente como acaparada por los amantes de la reina al margen del juego político entre las élites liberales, y más en concreto entre las élites moderadas, que veían cómo eran ya incapaces de controlar el poder que habían creído tan fácil secuestrar. Como escribió Fernández de los Ríos, «esto era tan visible, al paso que deplorable y funesto para los partidarios de la monarquía constitucional, que de ellos mismos, no de los demócratas, han partido acusaciones, cargos relevantes, revelaciones e inventivas tan verídicas y tan amargas[36]».

Tan verídicas como amargas, y tan alarmantes para todos los implicados, porque, como escribió Turgot a su ministerio, los políticos (y los diplomáticos) no estaban tratando ya con alguien conocido y de «larga experiencia» (como María Cristina) que hablaba su mismo lenguaje —por mucho que la odiasen sus enemigos—, sino con una joven reina que había escapado a todo control, «que se encuentra completamente librada a sí misma: el Rey no ejerce ninguna influencia sobre ella, no más que cualquier otra persona de la Corte, no más que los Ministros: sólo el favorito es escuchado y obedecido; es difícil no inquietarse viendo los destinos de España puestos en juego por los caprichos de una joven mujer, de quien el único consejero efectivo es un joven oficial de la Guardia, nulo y vano. No hay en realidad ningún Gobierno: el gabinete está compuesto por gentes divididas entre ellos, sin alcance de miras políticas, sin iniciativa, sin crédito en el país, pareciendo tener como único objetivo prolongar, por su deferencia a las inclinaciones de la Reina, su efímera existencia[37]».

Para gentes como Andrés Borrego, auténticos liberales y auténticos moderados, era de «un interés vital, imperativo, imprescindible para la monarquía y para el país, que la persona que ciñe la corona, se persuada de la necesidad de poner para siempre término, hasta a la posibilidad de que la nación sospeche siquiera que existe la menor relación entre los asuntos de Gobierno y los domésticos de Palacio. Éstos deber ser regidos por la voluntad privada y libre del Monarca, aquellos sujetarse a las reglas y los preceptos que emanan de las instituciones representativas, a las indicaciones legales de la opinión del país[38]».

Si la desafortunada vida privada de la reina se iba convirtiendo cada vez más en un problema político para el liberalismo, existía otro elemento fundamental de desprestigio de la monarquía estrechamente relacionado con el anterior a través del nexo común de la «moralidad», término de combate abundantemente utilizado por la oposición. Me refiero a la implicación pública, y en condiciones obvias de privilegio, de la reina madre, de su marido y de su círculo más íntimo en los grandes negocios de la época. Un factor de importancia indudable que afectaba directamente a la forma en que la actuación de la familia real distorsionaba las condiciones de poder del liberalismo en su conjunto.

Desde sus primeros momentos, el gabinete Lersundi se vio rodeado de escándalos financieros que demostraban la estrecha relación existente entre los intentos de involución autoritaria y la utilización excluyente de los resortes del Estado para el enriquecimiento privilegiado de un sector cada vez más estrecho del moderantismo. Como había ocurrido en los años finales de la monarquía orleanista, elementos claves de la ideología liberal, que relacionaban estrechamente las condiciones de desarrollo económico y el régimen representativo, se veían conculcados sistemáticamente. Si el discurso del mérito como motor del ascenso social, la igualdad de oportunidades y el fin del privilegio, habían sido fundamentales para enlazar los intereses de la burguesía con el liberalismo, la ocupación de los resortes del Estado por una estrecha fracción del moderantismo y del mundo de los negocios volvía a anudar estrechamente la necesidad de liberalizar a un tiempo la política y la economía. Por ello, no es posible estar de acuerdo con aquellos autores que señalan que el problema «no era en realidad de política sino de dineros», pues ambas cuestiones estaban, y habían estado siempre, unidas en la experiencia liberal. En este sentido, los proyectos de reforma constitucional —por mucho que intentasen dar carta de naturaleza legal a prácticas abusivas anteriores— resultaban extraordinariamente peligrosos para el grueso de las élites económicas (y políticas) del país en la medida en que les cerraban el paso para cualquier intervención, o reclamación, en los negocios del Estado, que eran muy amplios y muy lucrativos[39].

Con las Cortes cerradas y la prensa sujeta a una censura creciente, sin medios para fiscalizar la actuación del Gobierno, la oposición de moderados, progresistas y demócratas encontró un terreno común de crítica en el agio rampante y consentido, en las concesiones estatales realizadas sin ninguna garantía de transparencia, o en leyes tan arbitrarias como la de Cajas de Ahorros y Montes de Piedad, pensada exclusivamente para allegar fondos a las extintas arcas del Estado a costa de la seguridad de los depósitos.

La implicación de la familia real y de su entorno, así como de miembros del Gobierno en muchos de esos oscuros negocios, se convirtió en materia de discusión abierta. Entre ellos, destacaron los relativos al arreglo de la deuda pública, que, en condiciones de acceso privilegiado a la información, favorecieron a quienes especulaban desde hacía tiempo con ella, como por ejemplo Nazario Carriquiri y el marqués de Gaviria, miembros de la camarilla de María Cristina, cuyo marido y el hermano de éste, el conde Retamoso, eran importantes acreedores del Estado. En el mismo sentido, causó escándalo que el Estado comprara el ferrocarril de Langreo a una empresa deficitaria propiedad de Juan Grimaldi, muy ligado también a María Cristina y Muñoz. El duque de Parma, por su parte, recibió importantes sumas de dinero en concepto de «atrasos»; las obras del puerto de Barcelona fueron otorgadas sin subasta a conocidos amigos de la familia política de la reina madre; su cuñado Retamoso, junto con Grimaldi y Riánsares, participaron privilegiadamente en las obras de canalización del Ebro; y la propia María Cristina, junto con Carriquiri, hizo lo propio en la construcción del puerto de Valencia, entre otros casos[40].

El embajador francés —en principio reticente a criticar la situación española— se vio obligado a confirmar los rumores que llegaban a París con un lacónico: «No existe en España un solo negocio industrial en que Ella o el duque de Riánsares no tomen parte[41]». Los casos más conocidos y escandalosos fueron, entre otros, el contrato de abastecimiento de carbón para Filipinas, que finalmente hizo caer al ministro de Marina, Antonio Doral, abiertamente apadrinado por el favorito Arana; o la subasta del ferrocarril de Almansa. En esta última, José de Salamanca —cuyas relaciones económicas con los Riánsares eran de todos conocidas— remató en una cantidad tan baja que ningún otro litigante se atrevió a igualarla. Era una cantidad absolutamente improbable —la mitad exactamente de los 5 millones de reales que habían aconsejado los expertos europeos convocados al efecto— y que, sin embargo, fue aceptada por el Gobierno, que cerró el contrato a espaldas de las Cortes. Como señala Carmen Llorca, María Cristina apoyaba abiertamente las solicitudes de concesión extraparlamentarias del marqués de Salamanca porque éste representaba también los intereses del duque de Riánsares, aunque sólo fuese, como matiza Borrego, porque el marqués le debía grandes cantidades de dinero al duque[42]. Años después, en la Corte de Roma, era lugar común que «la familia Riánzares [sic], por su extrema avidez en engrandecer su fortuna, acabó por sobrexcitar la animadversión pública y provocar la catástrofe de 1854[43]».

Sin embargo, el abuso de poder, como escribe Fernández de los Ríos, había producido «en la camarilla palaciega, instrumento de la reacción teocrático-absolutista, un verdadero vértigo, nada la contenía, a riesgo de desacreditar al trono[44]». En un sentido similar se pronunciaba The Times:

Todos los hombres de importancia en política están en contra de la extraordinaria y destructora política de la Corte […] El Palacio es la escena de intrigas entre Cristina, Muñoz y sus criaturas; lo que sólo puede compararse a los escandalosos excesos de Godoy. La misma Reina ha estado más de una vez a punto de destruir la Carta Constitucional que es su mejor título para el trono, y la casa de Borbón parece tan sólo prolongar su existencia en España para mostrar al mundo la degradación de una raza de reyes[45].

Más allá de la retórica clásica de los escritores demócratas y progresistas de la época, y de los intereses británicos en la política española, no hay duda de que las soluciones pensadas desde el ministerio Lersundi para poner fin al aluvión de críticas que le acosaban a él y a la Corona demuestran un empecinamiento cercano al vértigo. Más aún cuando, como escribió Turgot, las cosas podrían haberse reconducido sin grandes problemas porque «la gente respetable [sólo] quiere un gobierno moderado […] que le asegure contra un golpe de Estado y un ciego favoritismo[46]».

Frente a esa posibilidad, y por si no fuera suficiente tener que silenciar a la prensa española, la entrada de The Times en España fue prohibida por real orden de 29 de agosto de 1853. Unos días después, la reina madre recibió un anónimo en el que se le hacía ver lo imprudente de la decisión gubernamental y la estrecha relación que existía entre el descrédito de la Corona y la política del gobierno, especialmente en materia económica:

Un gobierno sabio, previsor y amante de la monarquía, hubiera evitado el inmenso escándalo que acaba de dar, procurando por medios fáciles y reservados que el Times se abstuviese en lo sucesivo de continuar publicando noticias depresivas de la alta dignidad de la reina. ¿No era más hábil y más previsor comprar secretamente el silencio del periódico, como se ha hecho en otras ocasiones, con las sumas que hoy se aplican indebida e ilegalmente a otros objetos menos nobles? […] Si se cierran las fronteras de España al Times ¿no es porque mancilla la altísima reputación de S. M. la reina, sino porque descubre y condena las torpes y ruines intrigas de algunas personas que pertenecen a una esfera infinitamente menos elevada y que son una verdadera calamidad para la Corte y para la Nación? A estas preguntas contestarán fuera de nuestro territorio los que se lamentan de la corrupción que nos devora, que si se impide aquí la entrada del Times es porque reprueba el decreto de ferrocarriles, excitando a los capitalistas nacionales y extranjeros a que no comprometan sus intereses en la empresa ilegal de la línea del Norte[47].

La impotencia de Lersundi para lograr aquello para lo que había sido llamado resultaba evidente en todos los campos. Era un ministerio incapaz de enfrentarse a las Cortes, que continuaban por ello suspendidas, y como todos los anteriores en su situación su único objetivo parecía ser lograr un nuevo decreto de disolución. Incluso periódicos tan moderados como El Heraldo o El Diario Español publicaron abiertas acusaciones contra el ministro de Marina, Antonio Doral, a propósito de las irregularidades en el abastecimiento de carbón a Filipinas. La dimisión del ministro no fue suficiente, y el embajador francés escribió a su ministerio que tan sólo se esperaba el regreso de la reina de su estancia habitual en La Granja para resolver la crisis.

Tras cinco meses escasos en el poder y una escena con los reyes a propósito de su incapacidad para frenar la sucesión de libelos contra la monarquía, Lersundi presentó su dimisión el 19 de septiembre de 1853. Cayó como había gobernado, sin dignidad y sin poder. Fue sustituido por Luis José Sartorius, conde de San Luis, abogado y periodista primero, y hombre de negocios después, fundador precisamente del decano de los periódicos moderados, El Heraldo. Su estrecha relación, personal, política y de negocios, con María Cristina y Riánsares era de dominio público y de él se esperaba la energía y la habilidad suficientes para «abrir las Cortes y combatirlas[48]».

De la misma forma, su relación con el rey consorte era excelente. Nada más constituirse el Gobierno, Francisco de Asís escribió personalmente a Sartorius para pedirle que contuviese los alardes del favorito Arana y que reprimiese los rumores desatados sobre aquella relación que desprestigiaba abiertamente al trono. Dada la desfachatez de Arana, el rey sugería al ministro que hablase directamente con su padre, el duque de Sevilla la Nueva, introductor de embajadores,

pues la opinión se ha apoderado de ciertos hechos que ha envenenado: Conviene que busques a aquellos mismos de quien se habla y les hagas comprender que está en sus intereses cortar todo aquello que pueda dañar el nombre de su familia y colocarles en posición hostil, con la moralidad y el orgullo nacional. Yo he pensado y pienso mucho en ello. Los dichosos versos y caricaturas han puesto en la mayor ignominia nuestros nombres, señalando personas y excitando contra ellas la indignación pública; pues bien, sin dar fuerza a calumnias con pasos imprudentes, quítense todos los obstáculos y apáguese este inmenso clamoreo que nos aturde y que, de no cortarlo, concluirá por matar la causa del trono, desprestigiándonos. Esto por lo que hace a las personas constituidas en categoría, pues en cuanto a la pillería creo que no debes tener consideración de ningún género y darles el pago merecido por sus alardes y habladurías[49].

Poco después, Francisco de Asís, en una carta en la que pedía a San Luis que permitiese a sor Patrocinio regresar a Madrid desde el destierro que había seguido al atentado de Merino, aseguraba al ministro su más firme apoyo: «Querido conde: te doy las más expresivas gracias, primero, por la sinceridad y corazón con que cumples tu noble fin, y luego, particularmente, por el cariño tan grande que me manifiestas, y que tiene cautivada mi alma. Nada temas, el terreno está firme, muy firme, y triunfarás, yo estoy seguro, de cuantas maquinaciones puedan forjarse[50]».

San Luis se puso inmediatamente a la tarea, pero la inició, por consejo de María Cristina y de Riánsares, con guante blanco. Su grupo parlamentario, conocido como «los polacos», había colaborado con Narváez; la reina madre y su marido suponían en él más apoyos, más habilidad y más energía para desarmar a la oposición. En este sentido, trató de nombrar un ministerio supuestamente imparcial, ofreció la cartera de Hacienda a un hombre de negocios cercano al progresismo, Jacinto Félix Doménech, y las de Gracia y Justicia, y Marina a dos miembros aparentemente cercanos a la oposición parlamentaria, José de Castro Orozco, marqués de Gerona, y Mariano Roca de Togores, respectivamente. Además, entre sus consejos y los del palacio de Las Rejas, Isabel II consintió en firmar un decreto, al que se oponía Arana, para levantar el destierro a Narváez; se confirmó la reapertura de las Cortes y señalados militares de la oposición moderada (Fernández de Córdova, José de la Concha y Antonio Ros de Olano) fueron nombrados para altos cargos de la administración militar. Se renovaron asimismo algunos gobernadores y otros cargos civiles en busca de un cierto consenso con la oposición moderada y de «la reconciliación entre partidos[51]». Sin embargo, como recuerda Borrego, «el Gabinete obró como quien ofrece un beneficio, que debe ser recibido con agradecimiento, no como quien propone y facilita una alianza[52]». De hecho, la táctica de San Luis fue la de ofrecer un ramo de olivo a la oposición «para poder después, a su parecer con razón, descargar mejor la espada contra ella[53]».

Así, cuando Fernández de Córdova, José de la Concha y Antonio Ros de Olano rechazaron la rama de olivo y anunciaron sus dimisiones, la respuesta del Gobierno fue obligarles a presentarse en sus puestos. Mientras, periódicos como La Nación o La Época, órganos del ala «puritana» del moderantismo, que era el centro de la oposición conservadora al ministerio, comenzaron a sufrir los rigores de la censura. A pesar de sus protestas en sentido contrario, el gobierno de San Luis demostraba que era, una vez más, un gobierno de la Corte que no representaba ya más que a ésta y a sus más inmediatos aledaños.

Una situación que quedó en evidencia cuando, menos de un mes después de constituirse el ministerio, el 18 de octubre de 1853, se produjo una amplia reunión en casa del marqués de Duero, Manuel de la Concha, a la que asistió la plana mayor de la oposición conservadora al ministerio con una fuerte presencia de militares descontentos como su hermano José de la Concha, Antonio Ros de Olano, Leopoldo O’Donnell, Messina y Francisco Serrano. En aquella reunión, se decidió buscar la alianza con los progresistas más templados en una defensa conjunta de la política constitucional y parlamentaria[54].

A ésta siguieron otras muchas reuniones, destacando entre ellas las que patrocinaba el duque de Rivas, quien, en busca de esa alianza entre partidos, «hablaba un lenguaje a los progresistas y otro a los moderados y a los títulos de Castilla, esforzándose en formar con aquellos dialectos un lenguaje general, propio para levantar aquellas exposiciones[55]». En muchos de aquellos encuentros (a los que acudían generales y hombres de muy distinto color político) «se habló, con más o menos calor, de cambio de dinastía y en alguna casa se gritó: “Es menester que esa mujer testaruda desaparezca”[…]; también había gritos contra la avaricia y la corrupción de María Cristina[56]».

Moderados de oposición y progresistas, conjuntamente, apuntaban cada vez con mayor precisión hacia la reina como responsable última de la situación. La idea de forzarla a abdicar comenzaba a tomar cuerpo. C. L. Otway, sustituto del embajador Howden, informó poco después a su ministerio de varias entrevistas en este sentido. La primera de ellas, con el general Facundo Infante, «un viejo progresista, estimado por su prudencia y su buen juicio (lo más lejano a un incendiario), quien vino el otro día verme y me dijo que ya se habría iniciado una revolución a no ser por la dificultad de quién poner en lugar de Isabel II[57]». La segunda entrevista, donde se habló con mucho más detalle de las dificultades para lograr una alternativa monárquica, se produjo con los dos generales Concha, quienes hicieron ver a Otway que su Gobierno debía hacerse a la idea de la necesidad de un cambio de dinastía en España: «Ellos, y sus amigos moderados, percatándose de las objeciones inglesas a un Braganza y a una posible unión ibérica, estaban pensando en el duque de Génova, hermano del rey de Cerdeña. Sé que han hecho consultas similares al embajador francés[58]». El día 18 de octubre, cuando la reina hizo su acostumbrada entrada tardía en el Teatro Real, lo que obligaba a detener la función y a que ¡el público se pusiera en pie a los acordes de la Marcha Real, no pudo dejar de oír los silbidos y los gritos ahogados de una buena parte de la audiencia que siseaba: «Basta, basta de eso […]!, ¡que continúe la ópera!»[59].

El embajador francés informó a su ministerio de que, aproximándose el alumbramiento de un nuevo hijo de los reyes, se celebró una gran ceremonia ante la Virgen de Atocha en cuyo cortejo participó el cuerpo diplomático, el cual no pudo menos que observar la frialdad con que era recibida la familia real: «No se escucharon gritos y el sentimiento que predominaba no era de devoción a la Reina sino de curiosidad». Como curiosidad, también, el mismo embajador relató a su ministerio el primer encuentro de Narváez y la reina tras el regreso de éste a Madrid y su petición de ser recibido en Palacio. Un encuentro que, si demuestra algo, es la impotencia de Isabel II ante la patente rebeldía del general:

Narváez besó la mano a SS. MM. el rey y la Reina. Ella le dijo: Me han dicho que estabas enfermo. Si Señora. Quiero creerlo —en tono seco— porque pareces estar muy bien hoy. S. M. puede estar segura de que he sufrido mucho. Sí, quiero creerlo, repitió ella fríamente una segunda vez, acentuando bien sus palabras, porque sino te habrías ido a Viena. He sufrido mucho del estómago, se apresuró a añadir el general y si V. M. no tiene órdenes que darme iré a buscar un poco de reposo a Aranjuez. Le Reina le dio permiso. El Rey estuvo callado durante la entrevista. Al día siguiente el general abandonó Madrid y se fue a Aranjuez. El relato de esta recepción dispensa de cualquier comentario […] Al retirarse al campo, dicen que el general le dijo a sus amigos que votaría con la oposición animándoles a seguir su ejemplo[60].

Mientras tanto, la oposición se preparaba para la reapertura de las Cortes, prevista para el 19 de noviembre de 1853. Los progresistas se negaron tanto a presentar listas para cubrir las vacantes del Parlamento, como a participar en las elecciones municipales de octubre para «no autorizar con su presencia y su voto un simulacro tan falaz en sus formas[61]». La Época, por su parte, anunciaba a sus lectores que, ante un Gobierno incapaz ya de representar a nadie, «conservadores y progresistas se aproximan, reúnen y comprenden[62]».

El entierro de Mendizábal, celebrado el 6 de noviembre, fue una ocasión pública especialmente adecuada para demostrar los avances, siempre difíciles de consolidar, de la alianza moderado-progresista. En una tarde de temporal, los restos de quien había sido el símbolo de la ruptura revolucionaria de 1836 y de su imposición, por la fuerza, a María Cristina fueron acompañados por una silenciosa multitud de madrileños de todas las clases sociales y por la práctica totalidad de los líderes progresistas y moderados. No hubo representación alguna de la Corona y un ángel situado en el coche mortuorio enarbolaba, bajo la lluvia, un libro de la Constitución (de 1845) abierto; en sus hojas se leían los artículos referentes a la libertad de prensa y a los derechos de las Cortes[63].

Cuando el día 19 se abrieron las Cortes, la reina no se presentó aduciendo las incomodidades de un nuevo embarazo. En el discurso de la Corona, leído por el Gobierno, se retiró discretamente la posibilidad de llevar adelante la reforma constitucional. Era demasiado tarde. Los candidatos ministeriales fueron derrotados en la elección de los secretarios del Senado y ganaron la votación por un estrecho margen en el Congreso. Para la oposición quedó claro que el Senado vitalicio habría de ser el lugar idóneo para plantear la lucha política al ministerio. El embajador francés ya había advertido a su ministerio, antes de la apertura de las Cortes, de que los métodos de San Luis —la combinación de violencia y prebendas— podían hacerle ganar en el Congreso, pero no en el Senado «donde no tiene los mismos medios de influencia y donde, según me han asegurado, la oposición será de una violencia extrema. Es al Senado, por lo tanto, donde será transportado el verdadero campo de batalla». Poco después añadía que la Cámara alta «debería, como en la mayor parte de los países constitucionales, estar compuesto de notabilidades militares y civiles llegadas al término de sus carreras, representando el elemento calmado y moderador. Sin embargo, en España, se encuentra compuesto de una multitud de hombres todavía jóvenes, ardientes y combativos y, en contra de la teoría, será en el Senado y no en el Congreso donde surgirán los ataques más violentos contra el Gobierno[64]».

En efecto, la Cámara alta había sido creada hacía ya casi ocho años, en los albores del régimen de 1845, y no había sufrido la creciente manipulación gubernamental de las elecciones. A pesar de que tanto Bravo Murillo como Roncali habían recurrido a la prerrogativa regia de nombrar nuevos senadores vitalicios (53 y 40, respectivamente), no lograron quebrar completamente su independencia. De hecho, en esa Cámara se sentaba todavía una mayoría de moderados de oposición, entre ellos varios generales muy influyentes. Por lo tanto, sólo el Senado mantenía la suficiente independencia y continuidad como para enfrentarse con la Corona y con el ejecutivo por ella nombrado[65].

De forma inmediata, la cuestión candente en torno a la cual se congregaron las fuerzas de la coalición fue la de las concesiones de los nuevos ferrocarriles. «Con razón o sin ella, la opinión creía que la construcción de las líneas férreas eran manantiales de oro para los concesionarios, y que la Camarilla y sus agentes, sedientos de lucro y de goces, querían ser ellos quienes influyesen en las concesiones, a fin de poder mejor beneficiarlas[66]». San Luis presentó en ese sentido en el Congreso, donde contaba con una precaria mayoría, un proyecto de ley sobre ferrocarriles por el cual, tanto la construcción de líneas por cuenta del Estado, como su concesión a particulares, habría de fijarse por real decreto, siguiendo lo establecido por Luis Napoleón en Francia. Acompañaba a este proyecto otro por el que se pedía a las Cortes que confirmasen todas las contratas hechas hasta el momento por los anteriores gobiernos. De acuerdo con la legislación vigente en materia de relaciones entre ambas cámaras, la introducción de la ley en el Congreso obligaba al Senado a abandonar el proyecto de ley sobre el mismo tema que tenía en trámite en esos momentos.

A partir de entonces, tanto en la prensa como en el Senado, la cuestión de los ferrocarriles se convirtió en un pulso abierto al Gobierno. De lo que se trataba, como argumentó un moderado tan poco sospechoso de radicalismo como el marqués de Miraflores, era de legislar una base preventiva que estableciese que todas las concesiones de ferrocarriles deberían ser objeto de una ley discutida en las Cortes, y no objeto de meros decretos reales. El duque de Rivas, por su parte, explicó la obstinación senatorial a abandonar la discusión sobre el tema «porque el país ha visto que el monopolio, la desmoralización y la arbitrariedad se apoderaban de todos los proyectos útiles al Estado, levantando un trono para ahogar todo género de empresas y para imposibilitar la ejecución de las mejoras más interesantes a la nación […] Yo no sé, señores, que hay en esta cuestión de ferrocarriles tan feo, tan sucio, tan asqueroso, que no puede desentrañarse[67]». Por su parte, Ros de Olano resumió tajantemente la cuestión de competencias entre las prerrogativas del ejecutivo y las de las Cortes: «El Senado quiere una ley especial para todo y el Gobierno quiere un Real decreto para cada cosa[68]».

El 9 de diciembre de 1853, Sartorius realizó una comparecencia final en la que, tras entremezclar amenazas y halagos, acabó diciendo que podía gobernar sin Cortes dado que contaba con la confianza de la Corona lo que a su juicio, de acuerdo con la Constitución, era lo fundamental. De esta forma, y de un plumazo, la larga tensión entre la prerrogativa regia y el Parlamento, que se había mantenido precariamente a través del sistema de la llamada «doble confianza», se resolvía a favor de la Corona. Ese mismo día, 105 senadores contra 69 votaron en contra de la petición ministerial de que abandonasen la discusión de la ley de ferrocarriles. Los ancianos liberales, Manuel José Quintana y Álvaro Gómez Becerra, que apenas salían de sus residencias y rara vez acudían al Senado, fueron solemnemente a votar «no».

De acuerdo con la práctica informal del sistema de «doble confianza», el Gobierno debería haber presentado su dimisión. Aquel sistema, sin embargo, moría en ese mismo momento de forma definitiva y la respuesta de Sartorius fue emitir, al día siguiente de la votación adversa en el Senado, una real orden de cierre de las Cortes. Junto a ella, se publicaron los ceses de la totalidad de los empleados públicos que habían votado contra el Gobierno: los consejeros reales, los miembros del Tribunal de Guerra y de Marina; nombres tan destacados como el director general de Caballería, José de la Concha, o el director del cuerpo de Sanidad Militar, Ros de Olano, no escaparon a la exoneración.

El embajador francés escribió alarmado a su ministerio señalando que lo peor de aquella situación era que la obstinación de San Luis y los insistentes rumores de un cambio constitucional llevado a cabo por la fuerza se atribuían ya directamente a la reina, a la que se acusaba:

De falsear el régimen constitucional obstinándose —tras la caída de Bravo Murillo— en elegir sus Ministros, no entre el partido o los partidos ante los cuales sus predecesores debieron retirarse, sino entre personalidades no parlamentarias como es el caso del conde de Alcoy y del general Lersundi, o entre notabilidades políticas que habían dado su apoyo más o menos abiertamente al Ministerio precedente, como ocurrió cuando confió el poder al conde de San Luis. Actuando de esta manera, se dice que la Reina compromete el porvenir del partido moderado y las instituciones parlamentarias que no quiere francamente practicar. Se dice que, en las circunstancias actuales, lo único que Ella puede hacer es cambiar el ministerio, llamando para componer el nuevo a los líderes del partido moderado constitucional de ambas Cámaras […] Ésta es la opinión mayoritaria, incluso de gente muy moderada y nada hostil, en principio, a San Luís […] Lo que veo más triste de la situación es que se ataque a la Reina y que no sea sólo la autoridad del gobierno la que esté comprometida, sino el prestigio mismo de la Corona[69].

Cuando, en un sentido similar de crítica a la perversión del sistema representativo, el embajador inglés Howden leyó a San Luis una nota del gobierno británico protestando por el cierre de las Cortes, el ministro «hizo uso de un argumento estereotipado, que me ha sido presentado por cada uno de los ministros con los que he hablado en los últimos años, esto es, que la Constitución en este país ha sido una ilusión, un mito, algo de lo que la gente habla pero que nunca ha visto, con la que ningún gobierno ha gobernado, ni puede gobernar jamás, que tanto los moderados como los progresistas han violado y que por tanto parece estar hecha para ser rota[70]».

No podía haber una expresión más clara de la tendencia netamente antiliberal del Gobierno. Tampoco de la incapacidad del ministerio para gobernar con las Cortes surgidas de las elecciones de febrero de 1853. No se trataba, sólo, de la rebeldía del Senado sino de la falta de una mayoría holgada y de toda confianza en el Congreso, como había demostrado la elección de la mesa al inicio de la legislatura. En este sentido, no es irrelevante reflexionar sobre el hecho de que ninguno de los gobiernos Roncali, Lersundi y Sartorius sacó adelante sus proyectos de ley más importantes.

Como señala Juan Pro, la máquina había dejado de funcionar[71]. Sin embargo, esto no se debía sólo a que hubiese falta de voluntad política para mantenerla en funcionamiento y se prefiriese gobernar por decreto. Esa preferencia, además de obedecer a la tendencia autoritaria de todos esos gobiernos, era producto de su incapacidad para controlar las Cortes e imponerse claramente en el legislativo. De esta forma, y a mi juicio, la intensidad de la reacción antiparlamentaria denotaba, aunque fuese en negativo, la intensidad de la resistencia liberal a la anulación completa del papel del Parlamento y la debilidad del Gobierno y la Corona para imponerse. De la misma forma, el estancamiento de la mayoría de los proyectos de ley de San Luis en las secciones demostraba la acumulación de arena en el precario engranaje de la mayoría ministerial en el Congreso.

Desde el momento en que se cerraron las Cortes, se inició, latente y sorda, la conspiración para acabar por la fuerza con el ministerio de San Luis. Aunque los sucesos posteriores demostraran la importancia del progresismo y de los demócratas en la agitación y capitalización política de las sublevaciones ciudadanas que acabaron con la Década Moderada, no es posible minimizar el hecho de que, inicialmente, la voz cantante en la conspiración contra San Luis y en la coalición antigubernamental la llevaron los moderados de oposición y, notablemente, aquellos cercanos al ala «puritana» del partido, que eran los que contaban con la fuerza —indispensable a juicio de prácticamente toda la opinión— de un sector importante del ejército y del generalato.

Por otra parte, la coalición tardaba en decidirse por sus divisiones internas, producto sobre todo de la dispersión de todos los partidos en múltiples fracciones. En ese sentido, el embajador inglés escribió a su ministerio relatando varias conversaciones con líderes progresistas:

Espartero es absolutamente el único que, en una emergencia, puede unir al partido, reclamando la presencia de aquéllos que se han ido alejando del mismo y refrenando a los que están ansiosos, sin duda, de llegar mucho más lejos de lo que Espartero jamás soñó en los tiempos de su existencia política. Él tiene todavía un nombre en el ejército, aunque no lo controla en absoluto como pueden hacer Narváez, y quizás O’Donnell y Messina, que tienen la capacidad de proporcionar esos elementos de confort diario que les mantiene frescos ante las tropas […] Nadie más que Espartero, aún en la distancia, puede ser llamado líder de este partido progresista, nadie se arroga esta posición, ni se le concede a nadie.

[Sin embargo,] nada les ha hecho más daño (al menos desde que yo estoy aquí) que su más absoluta falta de disciplina y la poca homogeneidad que existe en sus opiniones y puntos de vista. Ellos atribuyen esto a la naturaleza de su credo político que descansa sobre la perfecta libertad de pensamiento, de acuerdo con el examen interior y la conciencia. Esto, como sabe su Excelencia, fue el argumento de los reformadores religiosos y si probablemente ha sido bueno para la religión, creo que en tiempos de acción, es malo para la política. Puede haber hecho respetables a los progresistas, pero desde luego les ha hecho inútiles […] Las personas que hace veinte años figuraban al frente del partido, o han muerto, o se han retirado del mundo. De los descendientes (no siempre legítimos) de este cuerpo, los más importantes son Cortina y Olózaga. El primero está muy bien considerado pero es tímido, tiene aversión a la política, y está ocupado en exclusiva por los inmensos beneficios de su profesión. El segundo es todo menos tímido; es inteligente, ardiente y activo, pero con una reputación equívoca, y sin poseer la confianza de nadie[72].

Lord Howden relataba por esos mismos días nuevas entrevistas con líderes de la oposición, progresista y moderada, quienes reiteraron, en un lenguaje casi idéntico, su voluntad de forzar un cambio de dinastía: «Nadie dispararía un tiro contra Isabel II, dice, pero en caso de revolución los progresistas estarían de acuerdo con los moderados en apoyar al rey de Portugal, aún cuando en sus filas hubiese ya quien pensase en la república[73]».

Incluso el embajador francés, mucho menos beligerante con la Corte que el británico, escribía a principios de 1854: «Un hecho incontestable es que el trono de España pierde rápidamente su prestigio. Los escándalos de Palacio, la desconfianza que la reina muestra a las notabilidades más consideradas del país, la inclinación que se le supone por las ideas absolutistas, su perseverancia en sostener al ministerio tras el voto tan significativo del Senado, han hundido el afecto y la popularidad de que disfrutaba antes. Por todas partes se escuchan expresiones del descontento y el disgusto que inspira una realeza femenina[74]».

Hacia enero de 1854, el mismo general Narváez, presentado por la historiografía generalista como el gran adalid de la reina Isabel II durante todo su reinado, había llegado a considerar imprescindible su abdicación en los términos y por las razones más duros. Según Howden:

En un momento de indiscreción más que de confianza, el duque de Valencia me hizo la siguiente pregunta: ¿Ha leído usted alguna vez la historia de la Beltraneja? La Reina debería abdicar y las Cortes deberían declarar bastardos a sus hijos. La infanta es una buena mujer y su marido —inteligente y educado en la mejor de las escuelas, la de la desgracia— la mantendría derecha en todos los casos, pero entonces tendríamos a Francia contra nosotros en esta crisis, cuando lo que necesitamos es estar a buenas con todo el mundo. La Infanta debería abdicar también y su descendencia proclamada bajo una Regencia. No es difícil descubrir quién sería el Regente adecuado.

En un despacho posterior, fechado el mismo día, Howden escribe que el duque de Valencia le había dicho, claramente, «que era absolutamente necesario acabar con la dinastía Borbón en España, que la reina era lo que no repetiré, su madre un monstruo de iniquidad, que ambas le habían perseguido en su felicidad y en su honor, y que las odiaba y despreciaba[75]».

La documentación diplomática existente, tanto en Francia como en Inglaterra, se hace eco de la intensidad de los sentimientos antidinásticos de la oposición a San Luis y las gestiones realizadas, tanto por los moderados como por los progresistas, para encontrar un monarca que sustituyese a Isabel II. Una posibilidad, o varias, que requería la anuencia, o cuanto menos la neutralidad, de las dos grandes potencias occidentales: Francia e Inglaterra. Todos los líderes del momento, de una u otra forma, tantearon a los embajadores británico y francés acerca de disponibilidad de sus gobiernos, si no a apoyar, al menos a no interferir en el caso de que se forzase a la reina a abdicar. Descartada por la totalidad de la oposición la entonces aún muy minoritaria opción republicana, el problema era la búsqueda de un rey y ahí era donde se encontraban las mayores dificultades de consenso.

Dos posibilidades tenían preferencia, en todo caso, entre la mayoría de la oposición. La primera, mucho más firme, se pensaba en términos portugueses, incluyese o no la idea de una posible «unión ibérica». La más clara y firme propuesta en este sentido procedió del marqués de Duero (Manuel de la Concha), quien le confío a Howden que él y sus correligionarios de la oposición conservadora consideraban «absolutamente necesario para la prosperidad y tranquilidad de España prescindir por completo de la dinastía borbónica». Su proposición era que Pedro V, que acababa de suceder a su madre María II, llegara a ser rey de España, dejando el trono portugués a su hermano Luis para evitar el veto de Inglaterra a la unión ibérica[76].

En segundo lugar, como demuestra la entrevista entre Narváez y Howden, se pensó en retomar un viejo proyecto de 1847 y, entre algunos sectores más conservadores, volvió a sonar el nombre de la infanta Luisa Fernanda y de su marido, el duque de Montpensier. Sin embargo, ni Napoleón III quería a un Orleans sentado en el trono de España, ni Inglaterra quería sostener a un Braganza y, mucho menos, a facilitar una posible unión ibérica que limitase su influencia en Portugal. El embajador británico, aun antes de recibir órdenes tajantes en ese sentido, se adelantó a ellas y escribió a Londres: «Pienso que mi obligación aquí es apoyar la monarquía constitucional bajo Isabel II o sus descendientes, mientras no reciba otras indicaciones». Más adelante, y por si acaso, informaba que había mantenido varias conversaciones con Montpensier: «Parece verdaderamente asustado por la situación. No diré que tenga aversión al poder y que no quiera hacer reinar a su mujer pero ve perfectamente el peligro y la locura de querer atrapar demasiado rápidamente una ilusión y caer imprudentemente en una trampa. Es consciente de que en una crisis su nombre se utilizará como bandera o como consigna, y que en tales movimientos habrá tanto de egoísmo como de devoción y yo le he aconsejado, y él ha aceptado el consejo, de salir corriendo hacía Sevilla si algún accidente le ocurría a la reina[77]».

Indicaciones similares recibió el embajador francés. En una memoria retrospectiva de mayo de 1855, se recuerda cómo el embajador Turgot fue instruido por el ministro de Asuntos Exteriores, Drouyn du Lhuys, para que resistiese cualquier tentativa de cambio de dinastía:

El deseo del Emperador sobre este tema, era que su embajador en Madrid emplease toda su influencia en mantener lo que había pues […] la unión de las dos fracciones de la Península bajo un mismo cetro crearía a las puertas de Francia un estado demasiado poderoso […] el establecimiento de una república sería funesto para los dos lados de los Pirineos y la sustitución de la Reina Isabel por la duquesa de Montpensier reanimaría las esperanzas de los orleanistas […] La coronación de la Princesa de Asturias implicaría una revolución porque obligaría al país a una regencia y a una tutela; es decir, un incidente deplorable a que quizás obligue la necesidad pero que nuestra política no debe en absoluto favorecer. Yo os invito, por lo tanto, en nombre del Emperador, a desaprobar y desanimar todos estos proyectos en todos los momentos en que encuentre ocasión de hacerlo, sin comprometeros en la lucha entre partidos[78].

En este contexto de tanteos y posibilidades abiertas y rechazadas, Fernández de los Ríos recuerda los esfuerzos por lograr un cierto grado de unidad entre progresistas y moderados de oposición a través de escritos e iniciativas conjuntas. Uno de esos momentos de unión, fue su colaboración en la impresión y puesta en circulación de un manifiesto incendiario, «Al País», redactado por González Bravo y por Cánovas y pactado en una reunión clandestina entre moderados y progresistas. Según algunas fuentes, aquella hoja volante encontró su camino hasta el mismo tocador de la reina, lo que demostró la cercanía física de la oposición con los tradicionales visitantes de Palacio:

Basta ya de sufrimientos. La abyección del poder ha llegado a su término. Las leyes están rotas. La Constitución no existe. El ministerio de la reina es el ministerio de un favorito imbécil, ridículo, absurdo, de un hombre sin reputación, sin gloria, sin talento, sin corazón, sin otros títulos al favor supremo que los que puede encontrar una veleidad libidinosa. Nuevo Godoy, pretende poner su pie sobre el cuello de esta nación heroica, madre inmortal de las víctimas del 2 de Mayo, de los héroes de Zaragoza y Gerona, de las guerras de Arbalán, de Mendigorría y de Luchana. ¿Será que aguantemos impunemente tanta ignominia? ¿No hay espadas en la tierra del Cid? ¿No hay chuzos? ¿No hay piedras? ¡Arriba, arriba, españoles! ¡A las armas todo el mundo! ¡Muera el favorito! ¡Viva la Constitución! ¡Viva la libertad[79]!

Probablemente sea en esta hoja volante, de entre las que nos han llegado de forma más o menos directa, donde se reúnan con mayor claridad todos los elementos de un discurso político «sin color» partidista que buscaba aunar al conjunto del liberalismo en torno a lo que había sido su lucha común contra el absolutismo. Desde el recuerdo de los tiempos de Carlos IV y Godoy —con su conglomerado de vicios privados y políticos— pasando por las alusiones al levantamiento del 2 de Mayo y a la guerra contra el carlismo, toda la historia del liberalismo y de su nación española, libre, retrotraída a los tiempos del Cid, se ponía al servicio de un levantamiento nacional en el que habrían de conjugarse, ya, las espadas con los chuzos y las piedras. Un llamamiento general a la insurrección, en nombre de la patria y de la nación española, frente a una monarquía que —por su negativa a reconocer la historia que la había creado y sostenido— devenía extranjera, antinacional y, por lo tanto, susceptible de ser abandonada y sustituida por el pueblo en armas.

De nuevo, como en 1808, la nación reclamaba su soberanía frente a la Corona, lo cual, más allá de la retórica combativa y coyuntural, demostraba la búsqueda (pero también la existencia latente) de un elemento, sustancial en mi opinión, de la cultura política liberal en sentido amplio. No es ninguna casualidad que el manifiesto fuese acompañado de un largo apéndice —redactado, significativamente, por Antonio Cánovas del Castillo— en el que se desglosaban uno por uno todos los cambios de dinastía ocurridos en la historia desde el momento en que, a juicio de estos liberales, podía hablarse de «España», es decir, desde el siglo XVI. La larga lista (en la que se contraponía la voluntad del pueblo y la de la Corona) llegaba hasta Isabel II y concluía con un «Pronóstico: Triunfo del principio liberal y parlamentario por medio de la revolución. —Cambio de dinastía—. Entra a reinar la casa de Braganza. —Unión de España y Portugal[80]».

En este sentido, la identificación habitual entre los progresistas y la opción iberista o portuguesa no se sostiene. Esa posibilidad fue barajada por moderados y progresistas, y tan sólo perdió peso ante el temor de Francia e Inglaterra, unidas entonces frente a Rusia en los prolegómenos de la guerra de Crimea, de abrir un posible frente de conflicto mutuo en España. En todo caso, como demuestra la implicación de un joven Cánovas en la opción de derrocar a Isabel II, aquél fue un momento clave de fractura interna definitiva dentro del moderantismo histórico en la medida en que demuestra la dislocación profunda —en la práctica política— de uno de los elementos esenciales de su discurso tradicional: su condición de representante máximo (y perenne) de la defensa de la Corona como expresión de un pacto histórico, indisoluble, entre la monarquía hereditaria y la nación.

El mismo Andrés Borrego, aunando una vez más los elementos de desprestigio político y moral de la monarquía de Isabel II, afirmó poco después que, «mientras el trono conservó su prestigio, el Partido Moderado era invencible defendiendo la bandera de la monarquía constitucional. Pero desde la época de los matrimonios regios, el talismán comenzó a desvirtuarse y a perder su fuerza de atracción. La divulgada codicia de la Reina Madre, los móviles que triunfaron para las bodas reales, las escenas que a ellas siguieron, la clase de influencia a que se atribuía la caída y subida de los últimos ministerios, habían menoscabado el venerado prestigio, si no del Trono, al menos de la dinastía, que es su representante encarnado». En esas condiciones, «al partido moderado lo mató en la opinión la Corte, por no haber sabido aquél separarse todo entero de ella, como lo hizo la oposición conservadora, cuando la Corte empezó a perder el derrotero y a desviarse de las condiciones del pacto constitucional[81]».

Perdido el derrotero, desviada abiertamente de las condiciones de un pacto constitucional que nunca llegó a comprender del todo, la reina Isabel II acabó convertida en el objeto prioritario de todas las críticas. Ni la Corte ni su madre podían actuar ya como una cortina de humo que cubriese su responsabilidad personal. Aunque luego fue eso lo que ocurrió y aunque alguna historiografía haya dado por buena la posterior operación de maquillaje político destinada a salvar la monarquía, para los contemporáneos las cosas estaban claras a principios de 1854. Howden se hacía eco de ello en un informe a su ministerio: «La influencia de la reina madre sobre su hija está decreciendo […] aunque sigue siendo una soberana más desinformada que falta de inteligencia, más inmoral que viciosa, ha trascendido la idea de que la Reina es partidaria del gobierno más absoluto posible. Habla del continuo “estado de insulto”(así lo llama ella) en que vive; su tema favorito es el de la abdicación como un medio de castigar a sus súbditos y vengarse de sus daños; educada en la más completa ignorancia de cualquier cosa más allá de los confines de palacio desconoce la amargura del exilio y piensa que va a poder seguir contando con todos los medios de que dispone ahora[82]». Más allá de la incapacidad de Isabel II para comprender toda la trascendencia de la situación, o los rigores de un posible exilio, lo que no se sostiene es que desconociese la intensidad de la oposición al gobierno San Luis y las razones de la misma. Buena parte de la labor de los conservadores estuvo destinada, en todo caso, a hacerle conocer de manera directa sus razones.

Con las Cortes cerradas, la prensa asumió la dirección de la oposición política, mientras en los cuarteles se preparaba una gran conspiración que tan sólo se dilataba por las dificultades del pacto entre progresistas y moderados, por la falta de una alternativa clara a Isabel II y por el temor de todos ellos ante una sublevación incontrolada de la población. Como advertía Howden, los jefes de la oposición conservadora trataban por todos los medios de evitar una revolución abierta y barajaban la posibilidad de un coup restringido según el modelo del golpe del general portugués Saldaña en 1851: «Una revolución española no sería una broma si los políticos pierden el control y el pueblo se obstina en coger el bocado con los dientes en vez de permitir que se lo pongan en la boca[83]».

A finales de diciembre de 1853, por invitación de Vicente Cociña, director de El Oriente, los directores de los principales periódicos de Madrid, —Las Novedades, La Época, El Diario Español, La Nación, El Tribuno y El Clamor Público— acordaron resistir conjuntamente las intimidaciones del ministerio de San Luis. El vértigo del poder y la voluntad de anular la realidad se hizo patente en los temas que fijó el Gobierno como intocables por la prensa en una circular que es exactamente un catálogo de causas de la revolución: «Cuestión de los ferrocarriles. Última discusión y votación del Senado. Estadística y clasificación de los señores Senadores que emitieron su voto contra el Gabinete. Defensa de la conducta de los mismos señores senadores y de la oposición en general contra los ataques injuriosos de ciertos diarios nacionales y extranjeros. Defensa de las leyes fundamentales contra los ataques de los mismos periódicos. Noticias sobre destituciones y dimisiones de funcionarios públicos. Contrata con la casa Clavé, Girona y compañía para la construcción del puerto de Barcelona». Poco después se unieron dos temas más: «La crítica a la administración actual y el pensamiento de la unión de España y Portugal[84]».

La respuesta de la coalición —una de las demostraciones más sobresaliente de unidad en defensa de la prensa libre en la España del siglo XIX— fue convocar, el 13 de enero de 1854, otra gran reunión de más de doscientos periodistas, propietarios y parlamentarios en casa del marqués de Duero. En aquella reunión se acordó enviar a la reina, directamente, una exposición —titulada significativamente «El partido liberal de España a la reina constitucional Doña Isabel II»— que contenía un largo y detallado memorándum de agravios a la Constitución durante los últimos tres años y que concluía advirtiendo contra la posibilidad de un golpe de Estado por parte del ministerio o de la Corona:

¿Será acaso parte a conjurar los peligros inminentes de esta crisis preñada de desventuras, el remedio que desde la cima del poder se está anunciando un año hace con jactanciosa solemnidad a la nación, primero atónita, y abismada después en una expectación angustiosa? ¿Será la reforma de la Constitución? ¿Será el golpe de Estado? Más ¿qué golpe de Estado, ni que reforma constitucional?, como no destruyese la razón y la médula misma del trono de S. M., mantenido por la libertad política, e identificado con ella […] No, Señora: el remedio a las violencias del poder, a la arbitrariedad del Gobierno […] está y se cifra […] en el acatamiento a la legalidad, en el respeto a los derechos que la nación poseyó y reivindicó siempre, y que ha reconquistado y restablecido a la par que el trono de V. M[85].

La larga lista de firmantes de aquella exposición —que recordaba una vez más a Isabel II el origen de hecho y de derecho de su poder— la encabezaba su antiguo ayo, el ya anciano poeta Manuel José Quintana. Un mero repaso a sus firmas denota el grado de consenso al que habían llegado los grandes líderes de la oposición conservadora y progresista: Olózaga, San Miguel, el duque de Rivas, González Bravo, Bermúdez de Castro, Canovas, Pacheco, Pastor Díaz, Ríos Rosas, Ros de Olano, etcétera.

Al mismo tiempo que llegaban este tipo de escritos a la reina, otros menos «respetables» —y sobre todo menos respetuosos— eran leídos y cuidadosamente archivados en el palacio de Las Rejas, domicilio de la reina madre. Eugenio de Aviraneta, que informaba casi diariamente a María Cristina de los rumores y conversaciones en plazas y cafés, así como de las reuniones en casas particulares a las que tenía acceso, le hizo llegar por las mismas fechas noticias detalladas de los libelos que circulaban por Madrid contra ella, contra la reina y contra San Luis, así como la existencia de «una gran conjuración para destronar a la Reina y llebar a cabo el pensamiento de la Unión Ibérica. El alma de este plan se me ha dicho que son los Conchas, que están de acuerdo con el mariscal portugués Saldaña[86]».

Ante todas estas manifestaciones, de índole muy diversa, la Corona dio por respuesta el silencio y el recrudecimiento de las persecuciones políticas[87]. La oposición no se arredró, utilizando para sus fines todos los medios políticos y simbólicos a su alcance. Así, a principios de año, el estruendoso silencio que llegaba desde Palacio fue contestado con un silencio no menos elocuente en un asunto destinado a herir directamente la dignidad de la Corona. El día 5 de enero de 1854, la reina dio a luz a una niña bautizada con el insolente nombre de Cristina. Murió a los pocos días de nacer por un enfriamiento atribuido a la larga y tradicional ceremonia de exposición del recién nacido desnudo ante la Corte y los grandes dignatarios del reino. La prensa acordó no felicitar a la reina por el nacimiento ni dar noticia relevante o pésame sentido por la muerte de la recién nacida. Tan sólo, en las páginas interiores, se recogieron los partes médicos, sin añadir una palabra de las redacciones. «El poder mataba a la prensa con el silencio —escribe Fernández de los Ríos, director de Las Novedades—; la prensa le hirió con la misma arma. El Heraldo se encargó de explicar que aquello era un ataque al trono, nos llamó revolucionarios […] para algunos fue la primera señal marcada del duelo a muerte entre la nación e Isabel[88]».

El embajador francés informó a su ministerio que, tras la decepción producida por el hecho de que el recién nacido «no fuese un Príncipe» llegó la noticia de la muerte de la infanta y los insidiosos rumores acerca de la capacidad de producir hijos sanos por parte de la reina, respecto a la cual, por cierto, tanto él cómo el embajador inglés habían especulado ya meses antes con la posibilidad de que muriese en el parto y pedido instrucciones al respecto.

Se pretende que ella [la recién nacida] estaba bien constituida y que la causa de la muerte debe ser únicamente atribuida a un enfriamiento que cogió inmediatamente después del nacimiento y que la ha llevado a un estado de parálisis al que pronto ha sucumbido. Sin embargo, la prisa que se han dado en explicar esto parece demostrar que la princesa no estaba bien constituida y que el estado de salud de la Reina no le permite poner en el mundo niños viables. De tres partos ha perdido dos hijos y la única que sobrevive —la Princesa de Asturias— es de una constitución muy débil y delicada. Los enemigos de la Reina —y el número aumenta desgraciadamente cada día— no ocultan la satisfacción que les inspira una extinción más o menos próxima de su linaje […] esos sentimientos acaban de manifestarse de una forma triste por el silencio que han guardado todos los periódicos de la oposición con ocasión del nacimiento de la princesa que acaba de morir. Hasta el presente, las hojas políticas de todos los colores celebraban con entusiasmo la consolidación y afirmación de la monarquía constitucional. Nada parecido ha tenido lugar al día siguiente del parto; sólo los periódicos gubernamentales han expresado su alegría y enviado felicitaciones a la Reina y a su pueblo. Las páginas de la oposición se han limitado a reproducir simplemente el artículo de la Gaceta de Madrid sin acompañarlo de ningún comentario. Es la primera vez, desde la coronación de la Reina, que se manifiesta un síntoma parecido de descontento. El Heraldo, periódico gubernamental, ha señalado a la indignación pública esta maniobra de la oposición que, quizás, hubiera sido más sabio no remarcar[89].

Si la prensa gubernamental, con un grado de estulticia notable, se había encargado de hacer a los periódicos de la oposición el gran favor de airear el sentido de su silencio, el rey consorte no pudo evitar aportar su granito de arena al escándalo arrojando dudas sobre la paternidad de la infanta. Según el protocolo regio, en el momento de los partos de la reina habían de reunirse en la antecámara los altos cargos del Estado, de la Iglesia y de la servidumbre de palacio. Una vez producido el nacimiento, el rey salía de la cámara real presentando en una bandeja al infante o infanta recién nacido, «pero S. M. el rey, estando quizás persuadido de que la niña que acababa de nacer no era hija suya, se negó a traer la bandeja, según exigía la ceremonia […] y sólo consintió en hacerse ver junto a la marquesa de Povar, que lo verificó, mientras que el presidente del Consejo de Ministros decía: señores, S. M. el rey presenta a la serenísima infanta, etcétera. El rey guardó profundísimo silencio y luego no puso mesa con lista en la antesala de sus habitaciones ni aún cuando murió la recién nacida. No pudo dar a entender con más claridad que no reconocía a la prole[90]». El mismo embajador británico había ya informado a su ministerio pocos días antes del parto de que «el rey tiene en sus manos varias cartas de la reina, que es extremadamente indiscreta […] y ha conseguido grandes sumas de dinero de Su majestad y recibido muchos favores para sus amigos, bajo la amenaza de ausentarse en el momento del parto, protestando así contra la legitimidad del niño[91]».

Todas las lacras de la familia real, políticas, económicas y privadas, encontraron su camino hacia la opinión pública a través de folletos y hojas volantes sembrados no sólo por los demócratas y progresistas, sino también por la oposición moderada. De nuevo fue el Gobierno, en este caso a través de una gaceta extraordinaria el 17 de enero de 1854, el que se encargó de informar a los que pudiesen estar desinformados de la extensión y contenido de los rumores y críticas sobre la familia real.

Entre los papeles clandestinos que circularon aquellos meses, ninguno alcanzó tanta popularidad como El Murciélago. Periódico que no sale a la luz. Distribuido en un sobre con orla negra, apareció por primera vez el 26 de abril de 1853 como número 2.º para ridiculizar aún más la incompetencia del Gobierno. Llegaron a publicarse seis números hasta el día 11 de junio de 1854 y en sus páginas se puede encontrar un detallado catálogo de los negocios fraudulentos de la época y de la implicación del Gobierno y de la familia Riánsares en ellos. Para el embajador francés, «El Murciélago, que el gobierno no consigue parar, es una publicación especialmente peligrosa porque no lleva bandera política visible y se concentra en ataques a la moralidad de los miembros del gobierno y de Salamanca, Riánsares, […] tendiendo así a destruir en las masas el poco respeto que aún conservan por la autoridad, sin embargo, tiene por táctica no hablar de la Reina más que con respeto, a diferencia de otro panfleto titulado Las Letanías del que sólo ha aparecido un número que insulta de manera indigna la Majestad Real[92]».

De El Murciélago tan sólo se conserva un ejemplar en la Real Academia de la Historia (no he podido localizar Las Letanías), pero disponemos de algunos extractos de otros números a través de obras contemporáneas. Entre los más famosos, coreados luego en las barricadas durante las jornadas revolucionarias de julio de 1854, estaban aquéllos que decían: «Salamanca, colgado del balcón principal de la Casa de Correos sería una gran lección de moralidad» o «En la galería de la duquesa de Riánsares, o en su libro de caja, se encuentran todos los cuadros y todas las alhajas que se han perdido en España desde hace veinte años»; «Hay quien teme que a estos ministros sucedan en el poder otros peores, ¡Imposible si ya murió Candelas!». Junto a ellos, otros con datos mucho más concretos: «Una de las últimas noticias es la adjudicación sin subasta del correo entre Cádiz y las Islas Canarias. Cierto comerciante de este último punto ha hecho saber a doña María Cristina que la organización de dicho correo sería una especulación lucrativa, e inmediatamente ha habido subasta a base de 250 000 reales. Pero sin que nadie presentara proposiciones, sin que hubiese ningún acto legal y sin que el público haya tenido conocimiento de lo que sucedía… las autoridades han hecho pública su aceptación de una subasta final de 500 000 reales, habiendo sido entregada la mitad de esa cantidad por la duquesa de Riánsares, y la otra mitad por el autor de la proposición, comprometiéndose cada uno de ellos a hacer el servicio con un barco».

El periódico se hacía además eco, o propiciaba, la creciente focalización del descontento (implícitamente) en la misma reina, por consentir las actividades de su madre y de su padrastro, y por sostener al ministerio: «Se ha disminuido mucho en España el respeto al Monarca, y hoy el pueblo, viendo que ha asaltado el poder una cuadrilla de hombres perdidos y que la Reina se obstina en sostenerlos, busca su salvación, no deseando que se presente otro regicida, sino admitiendo la idea de un cambio de dinastía[93]».

Tanto o más que los folletos y hojas volantes le preocupaban al ministerio los anuncios insistentes de una conspiración militar de origen conservador. El mismo día en que la gaceta extraordinaria anunciaba las medidas represivas contra la prensa clandestina, el 17 de enero de 1854, Manuel de la Concha y Leopoldo O’Donnell recibieron la orden de trasladarse inmediatamente a Canarias, y José de la Concha e Infante a Mallorca. Manuel de la Concha e Infante obedecieron la orden, mientras que el hermano del primero decidió huir a Francia y O’Donnell se escondió en Madrid hasta poder salir y pronunciarse, como estaba acordado. Los familiares de este último respondieron a la policía, que acudió a buscarle a su casa, que se había marchado de caza. Isabel II encontró aquello tan divertido que, a partir de entonces, se refería siempre a O’Donnell como Víctor el cazador, personaje de El valle de Andorra, una zarzuela entonces muy en boga. No fue el humor óbice para que firmase inmediatamente un decreto privándole de todos sus grados y honores[94].

El 5 de febrero, otros personajes menos protegidos por su situación oficial y su cercanía a las élites del poder, los demócratas Sixto Cámara, Rivero y Ordax Avecilla, entre otros, vieron interrumpida violentamente una reunión del comité central de su partido, celebrada en casa de Becerra, y fueron confinados en la cárcel del Saladero. Pocos días después, el Gobierno logró desbaratar una conspiración militar en Zaragoza, encabezada por el brigadier Rafael de Hore, cuyo pronunciamiento fracasó por no ser secundado a tiempo por otros militares comprometidos entre los que se rumoreaba que se encontraban Dulce y Serrano, los cuales fueron inmediatamente trasladados a Madrid. No cundió el fuego, pero creció la materia inflamable. Los funerales de Hore, que perdió la vida en los enfrentamientos, se convirtieron en una nueva gran manifestación contra el gabinete de San Luis. Éste respondió con una nueva redada de periodistas de oposición en la que fueron detenidos, entre otros, el propio Cociña, González Bravo, Bermúdez de Castro, Cánovas del Castillo y Fernández de los Ríos. Junto a ellos, fueron sancionados con la deportación a Canarias los directores de El Español, El Tribuno y La Época, entre otros[95].

El embajador francés escribió a París que todo el mundo estaba bajo sospecha de conspirar y que sabía que el general Concha había tenido otra entrevista con lord Howden, el embajador inglés, para tantear el apoyo británico a una insurrección que acabase con la dinastía borbónica y propiciase la unión de España y Portugal. Howden, al parecer, informó rápidamente a San Luis y a Turgot. El presidente del Gobierno se reunió entonces con el diplomático francés, a quien solicitó ser comprendido y apoyado, y se lamentó de «ver signos de frialdad en el gobierno francés». La respuesta de Turgot intentó ser tranquilizadora, pero hizo saber la inquietud del gobierno francés ante la promulgación del estado de sitio tras la sublevación de Zaragoza y «los síntomas de abandono de las instituciones sobre las cuales reposa el trono de Isabel II». San Luis, por su parte, defendió su actuación como una medida de prevención ante las noticias de que la insurrección de Zaragoza había sido preparada por los hermanos Concha en conjura con los progresistas y que se esperaba que pronto se uniesen Cataluña y el resto del país. Sus medidas represivas contra personajes como los Concha, por muy distinguidos que fuesen, se justificaban porque lo que estaba en juego en aquel momento no era él, o su gobierno, sino la propia permanencia de la reina[96].

Pero no todo era un juego entre las élites del liberalismo. El recién llegado representante diplomático belga, Straten-Ponthoz, escribía asombrado a su ministerio acerca de lo ampliamente politizada que estaba la población y la forma en que, en las calles y en los mercados, se hablaba sin tapujos de la situación política y del destino futuro, no sólo del ministerio, sino de la propia reina[97]. La agitación demócrata y progresista (muchas veces indistinguible) encontraba ecos en el malestar social de las capas medias y bajas de la burguesía, y de las clases trabajadoras, en un contexto de deterioro de la situación económica en diversos planos.

Durante el invierno y la primavera, la tradicional carestía de esos meses se había visto agravada por la subida de los precios de los cereales en los prolegómenos del conflicto bélico en Crimea. Las malas cosechas habían causado ya ese invierno un serio brote de hambruna en Galicia, agravada por una epidemia de cólera. Mientras esto sucedía, los acaparadores y exportadores de trigo se convertían en blanco directo del descontento ante la subida de los precios, incrementada por las malas comunicaciones y la presión de los derechos de consumos y puertas[98].

La falta de financiación paralizó las obras del Canal de Isabel II y numerosas obras particulares que daban trabajo y salarios a muchas familias. El aumento del paro en los centros más dinámicos del país afectó especialmente a Valencia, Zaragoza, Madrid y Barcelona. En esta última ciudad, desde donde el cónsul francés enviaba informes alarmados acerca del grado de organización de los obreros, se produjo, entre el 22 de marzo y el 3 abril, una importante huelga de tejedores contra el desempleo y la introducción de la nueva maquinaria self acting, las llamadas selfactinas, que se saldó con el incendio de varias fábricas y de una iglesia como anuncio de la conflictividad obrera catalana durante el Bienio[99].

Las clases medias se vieron también afectadas, no sólo por la subida general de los precios, sino por las medidas tomadas para paliar las dificultades del Tesoro público, especialmente por el intento de drenar fondos de las cajas de ahorro (decreto de junio de 1853), lo que supuso una retirada masiva de fondos de los impositores[100]. Howden informaba entonces del estado desastroso de la hacienda pública, que se veía obligada a aceptar dinero prestado al exorbitante interés del 17 o 18 por ciento y aún, en muchos casos, «en la presente situación ni siquiera prestan a ese monstruoso interés[101]». La situación llegó a su máximo grado de tensión con el decreto del 19 de mayo de 1854 por el cual, abandonando ya definitivamente todo vestigio de legalidad por lo que se refería a la preceptiva discusión de los presupuestos en las Cortes, el Gobierno adelantaba un semestre las contribuciones territorial e industrial. La ruptura entre el Gobierno y el mundo de la propiedad que supuso aquel decreto fue particularmente importante[102]. El diario británico The Times informó poco después a sus lectores de que, desde el punto de vista de la burguesía española, «la causa principal de la revolución española ha sido el estado de la Hacienda y particularmente el decreto de Sartorius ordenando el pago anticipado de seis meses de contribuciones, además del escandaloso desvío de dinero público a los favoritos de la Corte y la reina madre[103]».

Mientras tanto, la reina se divertía. Recién recuperada del parto y mientras en Palacio se mantenía el luto oficial, Isabel II reapareció en todos los lugares de diversión de la aristocracia y la gran burguesía madrileña. Asistió a las sonadas representaciones de la Gazzaniga que, en el nuevo Teatro Real, cantaba Norma y El trovador tan a gusto de la reina que, contra su costumbre, entraba en el teatro con toda puntualidad a la hora fijada para la representación. No se perdió ninguna de las carreras de caballos de principios de la primavera, ni tampoco el desfile de coches de carnaval, en el que el rey y la reina acompañaron a la infanta Isabel, ataviada de maja. El Jueves Santo lavó los pies a doce pobres, según la costumbre. «Para este humilde acto iba vestida de brocado de púrpura y oro, constelada de brillantes y rubíes desde la cabeza a los pies. Por su parte, Francisco de Asís despachaba a doce indigentes mujeres». Al día siguiente todo Madrid sabía que una de las piedras preciosas de la diadema de la reina cayó a los pies de uno de los pobres lavados y que ésta le había dicho: «Quédatela, es la suerte quien te la da[104]».

Con aquella muestra de munificencia regia, tan al gusto de una monarquía paternalista del Antiguo Régimen, Isabel II y su entorno podían creer que era posible cancelar todas las críticas y mantener «el cariño del pueblo». El mismo pueblo que, junto con las clases medias, veía de lejos o leía en la prensa los relatos sobre el despliegue de lujo en las recepciones ofrecidas por San Luis, Salamanca o Quinto. Madrid ardía de pobreza y de lujo, mezclados sus habitantes en las estrechas calles de la capital europea más interclasista. Fueron famosos, en aquellos días postreros de un régimen que se resistía a reconocer lo que se fraguaba a su alrededor, el baile ofrecido por la duquesa de Montijo en su palacio de Carabanchel en honor de la emperatriz Victoria Eugenia o el organizado por María Cristina para despedir el carnaval, el último gran baile antes de que ardiese el palacio de Las Rejas. La aristocracia, por su parte, asistía directamente a las excentricidades de la reina. El embajador inglés cuenta gélidamente cómo la representante de una monarquía que se tambaleaba, ataviada lujosamente y algo achispada, concluyó su participación en uno de los bailes del duque de Quinto deslizándose por el pasamanos de la gran escalinata de aquella residencia, para pasmo de los congregados allí para despedirla[105].

A finales de aquel mes de mayo de 1854, Salustiano de Olózaga escribió a lord Clarendon acerca de la inminencia de un levantamiento, «una revolución en España más grave que todas las que ha habido en los tiempos modernos[106]». Una revolución que, si no lograba imponerse sobre la Corona, estaba dispuesta a acabar con ella. El pulso, en cualquier caso, era mutuo o, al menos, eso parece indicar una serie de contactos de San Luis con los embajadores británico y francés para tantear la posibilidad de su apoyo a un coup monárquico que dejase las manos libres al ministerio en materia financiera, de ferrocarriles y de seguridad interior[107]. La respuesta de los embajadores fue extremadamente fría. Como había ocurrido cuando la oposición buscó apoyos en Francia e Inglaterra para forzar un cambio de dinastía, ahora también San Luis se encontró con la falta de disponibilidad de ambos gobiernos a alimentar cualquier cambio en España que pudiese implicar un conflicto de intereses entre ambos países en el momento en que se enfrentaban conjuntamente a Rusia[108].

A finales de abril de 1854, Aviraneta urgía a Fernando Muñoz a tomarse en serio la amenaza de un pronunciamiento que sus informantes «suponen dispuesto y dirigido por González Bravo y O’Donnell que al parecer permanecen ocultos en Madrid. Aseguran que los mismos tienen minado al ejército […] también se dice que han dicho que el gobierno se dispone a dar muy pronto los decretos de reforma, y que los contrarios quieren adelantarse para impedirlo […] Sigue cundiendo la voz de levantamiento; y ayer se decía que se verificaría hoy después de la salida de los toros, o el día 1 de mayo[109]».

Los rumores tomaron por fin carta de naturaleza el día 28 de junio. Tras una intentona abortada el día 13, el general Domingo Dulce pronunció al batallón del Príncipe en el Campo de Guardias, en las afueras de Madrid. Inmediatamente se sumó a él el general Leopoldo O’Donnell, escondido en la capital desde hacía más de cuatro meses. Las tropas pronunciadas partieron para tomar el camino de Alcalá de Henares, desde donde O’Donnell —rodeado de Dulce, Ros de Olano y Messina— envió a la reina un primer manifiesto. Ésta se hallaba en El Escorial y San Luis juzgó lo suficientemente grave la situación como para pedirle que regresase inmediatamente a Madrid, declarando al mismo tiempo la ley marcial en todo el país.

El encargado de negocios en Madrid, Montheroult, escribió un despacho cifrado a París en el que informaba de que, a su juicio, «no es un partido que se levanta contra otro partido […] es la implacable animosidad contra el gobierno. El ejército se ha hecho órgano de esos sentimientos compartidos por las notabilidades de todas las opiniones, por los moderados y los progresistas. Los partidos están deshechos y el gobierno no puede apoyarse en ninguno de ellos […] que los rebeldes se contenten con hacer caer al ministerio y no toquen a la Reina. Los nombres de los jefes: O’Donnell y Dulce y, sobre todo —si se confirma que toma parte en el movimiento— de Narváez, hacen pensar que no se trata todavía de hacer caer a la Reina Isabel pero, en todo caso, la realeza saldrá de esta crisis humillada y empequeñecida[110]».

Según Pirala, y tras haberse asegurado de que Narváez no se encontraba entre los pronunciados, Isabel II expresó su voluntad de ir ella misma a conferenciar con los sublevados: «¡Ah! ¡Son éstos! Yo iré a verlos y prometo que volverán conmigo a Madrid y los soldados a sus cuarteles vitoreándome[111]». Sin embargo, la autoridad moral que Isabel II creía tener ya no existía. El ministro hizo bien en no dejarla marchar alegremente al encuentro de los amotinados. Unos días después The Times informaba a sus lectores:

Una sola cosa es cierta en el complicado escenario de la política española: que nunca los depositarios del poder en ningún país europeo han caído tan bajo en la estima de la gente como la reina Isabel y sus ministros lo han hecho en la opinión de la nación española […] El motivo del descontento es más moral que político: Ese motivo se ha encontrado en la desagradable inmoralidad de la Corona. Una cierta licencia ha sido habitual en la cabezas coronadas en varias épocas de la historia de Europa, pero nos preguntamos si en cualquier período de la historia moderna —incluso en las cortes de Alemania central a finales del siglo XVII— ha habido una locura de vida tan grande e insidiosa como hay en la corte española a mediados del siglo XIX […] Hay otras causas para la insurrección, pero la que ha añadido fuerza y vigor a ellas ha sido la desesperante depravación de la corte española[112].

Tan sólo los esfuerzos combinados de los conservadores y los progresistas, incapaces de lograr una solución monárquica alternativa y temerosos del proyecto de cambio social y político asociado a la voz de república, permitieron a Isabel II mantenerse en el trono. La forma en que esto fue posible, con grandes dificultades y traicionando los deseos más íntimos de un importante sector de los revolucionarios de 1854, es el objeto de las páginas siguientes.

SEGUNDA PARTE

REVOLUCIÓN Y REACCIÓN: LA CRISIS DE LOS AÑOS CINCUENTA (1854-1858).

CAPÍTULO 1

ASÍ NO CAYÓ ISABEL II:

LA CORONA Y LA REVOLUCIÓN DE 1854

La revolución de 1854, en su esencia y resumen, es sólo una faz, un accidente, un trámite del litis pendiente entre la monarquía y el liberalismo: litis que los verdaderos constitucionales, que la minoría ilustrada, procuran ajustar señalándole términos de avenencia, sin haber podido todavía conseguir arrancar las armas de las manos a estos dos contendientes encarnizados.

ANDRÉS BORREGO (1855).

Es ya un tópico considerar que la limitación fundamental de la monarquía isabelina fue la de ser una monarquía de partido: la monarquía del Partido Moderado. Sin duda esto es cierto, como lo fue también, respecto a los doctrinarios, la Francia de Luis Felipe de Orleans con la que frecuentemente se ha comparado la experiencia española de aquellos años. Sin embargo, en España, las cosas fueron más complejas que en Francia. Existe al respecto una diferencia de raíz que creo que no se ha enfatizado lo suficiente ni se han extraído todas sus graves consecuencias.

En la Francia orleanista, las posiciones reaccionarias del legitimismo borbónico apenas sobrevivieron como alternativa política potente y, en todo caso, contaminaron muy poco el doctrinarismo gobernante. En España, sin embargo, las fuerzas de la reacción antiliberal no se reducían a la amenaza del carlismo. Se encontraban encarnadas en un sector del Partido Moderado que se había nutrido de las filas del absolutismo derrotado en la guerra civil y, sobre todo, se encontraban ancladas en la propia Corte, cuya cultura política seguía siendo, a mediados de los años cincuenta, una cultura de resistencia al liberalismo.

En el análisis que he realizado sobre la crisis final de la Década Moderada creo que se demuestra que ésta implicó una profunda quiebra interna del propio partido gobernante, que deslindó claramente los sectores liberales y no liberales del moderantismo. La independencia creciente de la Corona —percibida y al mismo tiempo construida en términos de «inmoralidad» política, económica y personal— se entendió como lo que era: una amenaza para el liberalismo en su conjunto. Fue esa amenaza global la que determinó el paso a la oposición de un amplio sector de los moderados; la forja de una alianza con los progresistas, que se realizó bajo la bandera de la «regeneración de la patria» y, lo que es menos conocido, la destacada implicación de esos mismos sectores moderados en la deslegitimación, no ya de uno u otro gobierno, sino de la propia monarquía.

La interpretación canónica de la revolución de 1854 insiste en que (excepto para sectores minoritarios) el objetivo no era la caída de la monarquía sino del gobierno San Luis. La investigación que he realizado me permite afirmar que esto no es cierto. En España, a diferencia de lo que ocurrió en las postrimerías del régimen orleanista, el problema no era tanto (como se ha dicho) que la monarquía estuviese identificada de forma exclusiva con un partido incapaz de socializar políticamente la institución. El auténtico problema, a mi juicio, era que la monarquía se había independizado del grueso del Partido Moderado hasta subvertir sus condiciones de dominación exclusiva y arrastrar a un sector importante del mismo al retraimiento, a la desafección y, finalmente, a la insurrección.

Una insurrección que ha sido analizada, clásicamente, como producto de un movimiento triple en sus orígenes y desarrollo: la revolución militar y conservadora, la progresista, y la popular y más radical de las barricadas[1]. Se trata de una división útil y necesaria para valorar la diversidad de aspiraciones que confluyeron en las jornadas de julio y agosto de 1854, lo que explica, en buena medida, las disensiones internas del liberalismo del llamado Bienio Progresista y la conflictividad política y social de esos dos años. Sin embargo, creo que es necesario recordar también que nunca existieron contornos nítidos, ni en la preparación de la revolución ni en su desarrollo, entre todos esos grupos políticos. La ejecución inicial del levantamiento fue netamente militar y la llevaron a cabo altos oficiales cercanos a los «puritanos» de la oposición a San Luis. No así la conjura que la propició y la acompañó. En ella participaron decisivamente elementos civiles y, entre éstos, abundaron los contactos personales y políticos entre moderados y progresistas, como luego ocurriría en la formación de muchas juntas revolucionarias.

Por otra parte, la movilización popular y las aspiraciones en ella contenidas no fueron exclusivamente demócratas o republicanas, sino que la presencia del progresismo fue determinante. Si las fronteras entre los primeros (moderados de oposición y progresistas) tendieron a desdibujarse formando el embrión de lo que ya entonces comenzó a denominarse «unión liberal», las fronteras entre los progresistas de izquierda y los demo-republicanos fueron aún más confusas, tanto en la preparación y desarrollo del alzamiento en las ciudades como a lo largo de todo el Bienio.

El objetivo de estas páginas no es realizar un recorrido completo y minucioso de la revolución de 1854 —para la que ya existen muy buenos estudios—, sino centrar el análisis en la posición de la Corona durante aquellos dos meses decisivos en que su permanencia fue puesta en cuestión. Me interesa estudiar la forma en que la revolución se impuso sobre la Corona y, al mismo tiempo, la forma en que Isabel II y su entorno maniobraron para acomodarse en ella y evitar así la pérdida absoluta de control de la situación. Un acomodo que fue posible, como espero poder demostrar, por la incapacidad de la mayoría del liberalismo, muy especialmente del progresista, para desprenderse de su propia «ilusión monárquica» —algo que, por cierto, compartían con buen parte de sus congéneres europeos.

Las dificultades para encontrar un monarca alternativo a Isabel II y el temor a la profundización democrática y social del programa de ruptura liberal implícito en las soluciones republicanas fue lo que, en realidad, salvó la continuidad de la monarquía isabelina durante los dos meses revolucionarios. Sin embargo, es también parte de la historia del Bienio, y de sus lecciones para el futuro, la precaria forma en que se gestó dicha continuidad en los momentos cumbre de la revolución y la manera en que todo eso afectó a las fuentes de legitimidad tradicionales de la monarquía borbónica. Las condiciones de esa continuidad, es decir, la definición de la monarquía constitucional resultante de la quiebra del modelo moderado ahondaría las divisiones entre la coalición revolucionaria a lo largo de los dos años posteriores y serán analizadas en los siguientes capítulos.

Desde los mismos inicios del conflicto, la actitud de la Corona fue crucial y participó activamente en el desarrollo de éste. Tras el pronunciamiento del 28 de junio, el ministerio San Luis consideró a Isabel II —y ella misma se vio así— como una pieza clave para desbaratar la insurrección militar. De la misma forma, los sublevados se dirigieron siempre directamente a la reina para exponerle sus reivindicaciones iniciales convirtiéndola, entre unos y otros, en el árbitro de la situación. En esa pugna por la apropiación de la autoridad real, la visibilidad política de Isabel II convirtió su situación en especialmente vulnerable.

El precipitado regreso de la Corte desde El Escorial coincidió con los movimientos de las tropas pronunciadas hacia Alcalá de Henares con el objetivo de incorporar, junto a la caballería de Dulce, los batallones del regimiento de la Princesa allí acuartelados[2]. Desde Alcalá, los sublevados enviaron a Isabel II un manifiesto —concebido en los términos más respetuosos— en el que se pedía el cambio de ministerio y la apertura política del régimen en nombre de la justicia, la moralidad y la libertad. Presentándose como aquéllos que siempre «defendieron el augusto Trono de S. M. a costa de su sangre», los militares pronunciados legitimaban su actuación por la corrupción gubernamental:

No han concedido [los ministros] ninguna línea de ferrocarril algo importante, sin que hayan percibido antes alguna crecida subvención; no han despachado ningún expediente, sea éste de interés general o privado, sin que hayan tomado para sí alguna suma, y hasta los destinos públicos se han vendido de manera vergonzosa […] Por eso, Señora, acudimos al excelso Trono de V. M. suplicándole se digne tomar en consideración cuanto dejamos respetuosamente expuesto, y que en su virtud se digne V. M. revelar a esos hombres del elevado cargo de consejeros de la Corona, sustituyéndolos con otros que llenen las necesidades del país, y abran las Cortes a la par que suspendan la cobranza del anticipo forzoso[3].

El tono del manifiesto dirigido a la ciudadanía y el ejército fue mucho menos morigerado y respetuoso:

Y si quedan en España españoles: si vive la nación de 1808 todavía; si la moralidad y el interés tienen algún influjo sobre vosotros; todos os levantareis a esta voz, soldados y ciudadanos, confundiendo en un instante a los opresores miserables de la patria […] es la moralidad, la razón y el derecho lo que defendemos […] no es porque seamos revolucionarios, sino porque lo es el gobierno; no es poniéndonos fuera de la ley, que el gobierno está fuera de ella; no es para atacar el orden público; es para defenderlo, impidiendo que se destruya en sus bases permanentes, esenciales, eternas; no es, en fin para atraer la anarquía; es para estorbar que desde la cima del poder desgarre las entrañas de la nación […] Todos los españoles caen debajo de esta bandera nacional social […] De nosotros será sólo el honor de haber dado la señal de haber comenzado la empresa[4].

De la misma forma que los sublevados se dirigían a la reina, el Gobierno la involucró directamente en la represión de los hechos y en la desautorización de los mismos. El encargado de negocios francés, Montheroult, informó a su ministerio acerca de la, a su juicio, desafortunada insistencia de San Luis en convencer a Isabel II de que aquel pronunciamiento no iba sólo dirigido contra él, sino directamente contra ella misma, y que su objetivo último era destronarla. Tan sólo sosteniendo a un gobierno leal, empeñado en defenderla, podría la reina conservar su trono. Sin embargo, escribió Montheroult, «la verdad es que la Reina Isabel se compromete por defender a sus Ministros», y los artículos de la prensa gubernamental, como El Heraldo, que propagaban el rumor de que O’Donnell «quiere lograr una Regencia para él cuando todo el mundo sabe que no es una cuestión de regencia sino de hacer caer al Ministerio […] hacen más mal que bien al gobierno». El resultado del «enorme poder que tiene San Luis sobre el ánimo de la Reina es que Ella pierde más y más popularidad cuanto más tarda en deshacerse de él y compromete su corona[5]».

El embajador Turgot, que regresó precipitadamente a Madrid para hacerse cargo de la embajada francesa en aquellos momentos de crisis, era de la misma opinión que su segundo. Ante la petición de noticias fidedignas que le llegaba de París, informó de que «de los miles de reproches que se le pueden hacer a San Luis, el más grave es que ha puesto a la Reina al descubierto y ha atraído sobre su persona una parte de la animadversión de la que él es objeto. Esta falta le ha alienado a todos los verdaderos amigos de la monarquía de manera que hoy en día es rechazado por todos[6]».

En efecto, desde el principio San Luis se aferró al poder sin dudar en utilizar todo el capital de autoridad que pudiese quedarle a la monarquía. Un recurso, sin embargo, que a aquellas alturas de deterioro de la imagen regia no habría de tener los efectos esperados. El corresponsal de Blackwood’s Magazine en España, quien asistió directamente a la revolución en Madrid, recuerda que, a su apresurado regreso desde El Escorial, la comitiva real fue recibida de la forma más fría y sin muestras de aprecio o apoyo por parte de la población. Por el contrario, las noticias del levantamiento eran saludadas en los corrillos de la Puerta del Sol con caras alegres y calurosos apretones de mano[7].

Algo similar ocurrió entre la tropa cuando, el día 29 de junio, la reina pasó revista a los batallones madrileños acompañada solemnemente por el rey y la princesa de Asturias. Ese mismo día fue publicada, sin firma alguna de los ministros, la proclama que leyó Isabel II:

¡Soldados! He sabido esta mañana el alto crimen de traición cometido por el general Dulce […] Con él han alzado su pendón rebelde otros generales; bien los conocéis: son aquéllos a quienes más he colmado de distinciones y favores, y mejor los conocéis hoy por lo indignos de mi real aprecio. Atentan contra mi persona, contra mi trono y el de mi augusta hija; faltando a sus juramentos y hollando las leyes más sagradas; lo sé y vengo por eso apresurada a recorrer vuestras filas de lealtad, como son todas las del ejército, que recuerdan mi niñez; así apreciaré más de cerca vuestros servicios; así presenciaré mejor vuestro triunfo[8].

Casi al mismo tiempo que la reina pasaba revista a las tropas leales, los batallones sublevados comenzaron a avanzar hacia Madrid desde Alcalá de Henares. Su encuentro con las tropas del general Blaser, enviadas por el Gobierno, se produjo en los alrededores de Vicálvaro la tarde del 30 de junio. El enfrentamiento resultó sin una victoria clara de ninguno de los dos ejércitos y las tropas de Blaser se retiraron para mantener el orden en la capital. Frederick Hardman, que pasó aquella calurosa noche de julio en el Café Suizo, relata el ambiente de excitación contenida ante la falta de noticias ciertas de lo sucedido en Vicálvaro, así como la actuación del ejército y la guardia civil dispersando a los grupos cada vez más numerosos que se iban formando[9].

Al día siguiente, el periódico ministerial El Heraldo dio por hecha la victoria gubernamental minimizando la insurrección y tildando de traidores a sus participantes, especialmente al general Dulce. Desde Vallecas, el 1 de julio, el que en su día fuera el jefe de los alabarderos que defendieron a Isabel II del intento de rapto del general León en 1841 escribió una carta abierta al Heraldo que no fue publicada pero que circuló profusamente en Madrid en los días siguientes: «La causa de mi insurrección es enteramente el recuerdo que tengo del juramento que se le tomó al Rey de Castilla cuando subió al trono. Juró ante las Sagradas Escrituras observar y hacer observar la ley del Estado y si no lo hiciera, deseo no ser obedecido. Mi convicción es que la Reina ha violado su juramento y, en este caso, prefiero ser culpable de lèse-majestad que ser culpable de lèse-nación[10]».

La carta de Dulce constituye, a mi juicio, un documento importante, y poco conocido, para comprender hasta qué punto, y con qué intensidad, los generales sublevados situaban en el centro de su discurso de legitimación el derecho de la nación sobre el derecho monárquico. Como ya había ocurrido en momentos clave de la ruptura liberal con el absolutismo, la nación se presentaba liberada de su pacto con la monarquía reclamando —más allá de la adhesión formal al principio «abstracto» de la soberanía nacional— su preeminencia sobre el principio monárquico en condiciones de conflicto. El hecho de que un planteamiento de este tipo fuese utilizado por un general como Dulce, que no era especialmente radical, confiere más valor a la persistencia dentro de la cultura liberal en sentido amplio de una concepción, no por vaga menos operante, de la supremacía de la nación soberana frente al derecho hereditario de los reyes.

Mientras tanto, sin embargo, y en el terreno práctico de una insurrección que no acababa de dar frutos, las tropas de O’Donnell se retiraron a Aranjuez. Fueron momentos de indecisión y también de negociaciones. El embajador francés trató, indirectamente, de utilizar su influencia para lograr un movimiento de Palacio que, a su juicio, todavía estaba a tiempo de evitar una revolución general:

En estos momentos, habiéndose alejado la insurrección de Madrid, la Reina conserva una apariencia de libertad moral que le permitiría llamar a un ministerio monárquico; cada día puede contener un acontecimiento que la fuerce a un ministerio insurreccional y entonces las consecuencias son imprevisibles. Tengo la convicción de que el general Narváez, si fuera encargado de formar un gabinete, podría parar la insurrección militar y presentarse ante las Cortes […] pero se dice que la Reina siente por Narváez una repugnancia invencible. Me temo que ella está perdiendo un tiempo precioso y me temo que los acontecimientos de 1848 puedan ser imitados en España aunque los insurgentes todavía gritan ¡Viva la Reina! En esta situación tan difícil, mantengo el máximo de reserva y estoy en los términos más íntimos con el encargado de negocios de Inglaterra, Mr. Otway […] Martínez de la Rosa —con quien tuve una entrevista— piensa lo mismo que yo.

El viejo político liberal, sin embargo, no estaba lo suficientemente alarmado y creía que «cualquier ministerio constitucional servirá». Una opinión que no compartía el embajador, que insistía en que era «necesario un ministerio francamente constitucional pero con mano de acero[11]». El problema era saber qué entendían los sublevados por un ministerio «francamente constitucional» y a quién querían a su cabeza. Como relata Fernández de los Ríos, O’Donnell pidió a los conspiradores civiles que se mantuviesen a la expectativa, sin realizar movimiento alguno, pues había recibido comunicaciones directas de la reina y estaba negociando una salida a la crisis. No se conserva documento alguno de esas negociaciones, pero es evidente que no dieron el resultado esperado[12]. Al mismo tiempo, un grupo numeroso de liberales madrileños —incluidos Cánovas, Fernández de los Ríos y Cristino Martos— se unieron a los sublevados[13].

El llamado Manifiesto de Manzanares, en cuya elaboración participaron tanto Cánovas como Fernández de los Ríos, fue el resultado de esa reunión entre civiles y militares, moderados y progresistas destinada a desbloquear la situación. Fechado el día 7, Frederick Hardman difiere su difusión en Madrid al 12 de julio cuando escribió:

El mayor error de O’Donnell fue su primera proclama que, en muchas palabras, no decía nada ni proponía nada ventajoso para el pueblo. Acaba de aparecer otra, corta, jugosa, explícita y calculada para satisfacer al partido liberal […] Es una proclama monárquica porque desea preservar el trono; pero en ningún sentido compromete a los que lo publican a retener a Isabel II […] Es muy posible que induzca a los progresistas, que hasta el momento se han movido poco, a tomar medidas activas. Mientras tanto oímos de levantamientos y de bandas armadas en varios lugares del país […] un borboteo aquí, otro allá, indica que el agua está a punto de hervir[14].

El texto del manifiesto es conocido. Lo más interesante es el reconocimiento de la necesidad de un programa concreto y el contenido del mismo:

Día es, pues, de decir lo que estamos resueltos a hacer el de la victoria. Nosotros queremos la conservación del trono; pero sin la camarilla que lo deshonre; queremos la práctica rigurosa de las leyes fundamentales, mejorándolas, sobre todo la electoral y la de imprenta; queremos la rebaja de los impuestos […] que se respeten en los empleos militares y civiles la antigüedad y los merecimientos; queremos arrancar los pueblos a la centralización que los devora […] y como garantía de todo esto, queremos y planteamos bajo sólidas bases la milicia nacional […] Las juntas de gobierno que deben irse constituyendo en las provincias libres; las Cortes generales que luego se reúnan; la misma nación, en fin, fijará las bases definitivas de la regeneración liberal a que aspiramos. Nosotros tenemos consagradas a la voluntad nacional nuestras espadas, y no la envainaremos hasta que ella esté cumplida.

Como demuestra Antonio Pirala, quien transcribe todos los manifiestos anteriores de O’Donnell, incluida su respuesta al comité de Valencia sublevado en Alcira el día 5, prácticamente la totalidad de las medidas propuestas —incluido el llamamiento a la formación de juntas locales— ya se habían planteado. La única, y muy significativa excepción, era la milicia nacional[15].

Todos los comentaristas contemporáneos consideran que esta última inclusión fue una novedad determinante y atribuyen a ella, prioritariamente, la respuesta de progresistas y demócratas a la llamada insurreccional. Con todo, tanto Joaquín Azagra en su trabajo sobre Valencia, como José Ramón Urquijo en su obra sobre Madrid, advierten de la necesidad de relativizar la relación de causa-efecto entre las insurrecciones provinciales y el Manifiesto de Manzanares, y enfatizan el carácter autónomo de la sublevación progresista y demócrata[16]. Urquijo fecha la distribución del manifiesto en Madrid entre el 13 y el 14 de julio. Sin embargo, las comunicaciones de Hardman y del encargado de negocios británico, Otway, son ambas del día 12 y ya incluyen el texto completo. Otway, además, aseguraba que muchos progresistas —«que hasta ahora, debido a la idea de que se trataba de un movimiento conservador, han rehusado hacer causa común con los insurgentes»— le habían comunicado que tan sólo esperaban la inclusión explícita de la instalación de la milicia nacional para unirse a la sublevación. Al mismo tiempo, advertía sobre la indefinición respecto a la suerte de Isabel II que provocaba el nuevo manifiesto: «Hay otro punto también en el que la presente declaración difiere de la precedente muy materialmente: mientras en la primera se declara que el principal objeto del movimiento es el apoyo al trono constitucional de Isabel II, en el presente manifiesto se habla solo del ¡¡apoyo al trono constitucional!!»[17].

La discusión sobre las fechas no es meramente erudita. En ella está implícita una interpretación de la revolución de 1854 como liderada por un sector del moderantismo y secundada por progresistas y demócratas o, al contrario, como una sublevación progresista y demócrata de carácter autónomo al pronunciamiento conservador, que le desbordó y que fue condición sine qua non del triunfo final. Creo que esa dicotomía se puede disolver si pensamos que, especialmente en un momento en que se valoraba el posible destronamiento de Isabel II, todas las fuerzas de oposición participaban de unas mismas aspiraciones de cambio, bien que con proyectos políticos distintos. Probablemente, es más ajustado a los hechos hablar de confluencia entre diversos sectores que de dirección o subordinación de unos respecto a otros.

En todo caso lo que sabemos es que el 5 de julio ya se habían levantado varias partidas armadas en la provincia de Valencia y había habido movimientos en Cuenca y otros lugares. La difusión del manifiesto, sin embargo, se adelantó dos días a la sublevación del comandante Manso en Barcelona (el 14 de julio) y la insurrección general valenciana no se produjo hasta el día 16 en que llegaron allí las noticias de la capital catalana. En los días siguientes se sublevaron Valladolid, Zamora, Málaga, Zaragoza, etcétera. Como escribió el corresponsal del Times: «En Francia, todas las grandes revoluciones que cambian las dinastías y las instituciones de ese país proceden desde París a las provincias y son sometidas casi sin lucha en las ciudades departamentales. En España, por el contrario, la gente de las provincias —fieles a su espíritu local y su carácter independiente— han levantado repetidamente el grito de revolución mucho antes de que éste llegue a los muros de Madrid: y en la presente situación es claro que, aunque el Gobierno lograse restaurar la autoridad de la reina en la capital, esa autoridad ya ha sido repudiada por la nación[18]».

La intensidad de ese repudio no podía ocultársele a Isabel II porque en él estaban implicados miembros de la propia familia real. En concreto aquellos dos hermanos descarriados del rey consorte que habían «cometido» matrimonio morganático contra los deseos de la reina, el infante Enrique, casado con Elena Castellví, y el cubano-catalán José Güell y Renté, casado con la infanta Josefa, cuyo nombre estuvo abiertamente asociado a la revolución vallisoletana. La propia doña Pepita escribió a su hermano en esos días de tensión anunciándole que la revolución era inevitable y tratando de convencer a los reyes de que ésta no iba encaminada contra ellos:

Tú no puedes figurarte las infamias que se han hecho, escudadas en el nombre de la reina […] las violencias y los crímenes que se han cometido: sólo así se levanta una nación entera como si fuera un solo hombre; y no creas que este levantamiento es contra el trono, no; es contra los abusos, la inmoralidad, la injusticia, la falta de respeto a todas las leyes […] Que mi prima la reina entregue su causa a los generales que tantas veces derramaron su sangre en los campos de batalla para salvar su corona cuando era huérfana; que fíe en la grandeza y generosidad de sus pueblos, y verás cómo se levanta un grito general de entusiasmo […] Después de escrita mi última, me presenté en la guarnición y les grité: ¡Viva la reina! ¡Viva la Constitución! ¡Viva el ejército y el noble pueblo de Valladolid, a quién tanto le debo! Y tú no puedes figurarte con que entusiasmo respondió el ejército y el pueblo, porque el ejército y el pueblo os ama[19]”.

Es evidente, por lo tanto, que la familia real al completo, y no sólo la reina madre y Muñoz, conocían suficientemente bien la gravedad de la situación a pesar de los reiterados intentos de San Luis de minimizar la importancia de las noticias adversas[20]. El día 16 de julio la reina misma recibió una larguísima y franca carta de descontento procedente de un grupo de personalidades conservadoras que, al menos retóricamente, trataban de legitimar su actuación a la sombra de la inocencia traicionada de Isabel II y acusaban de todos los males a María Cristina ofreciéndole, así, una vía de salida personal al conflicto que se presentaba, abiertamente, como única alternativa al destronamiento:

El trono de V. M. y la sociedad española se encuentran, Señora, en uno de esos momentos solemnes en que pueden servir de ejemplo y de modelo, o desaparecer de la lista de los demás tronos y sociedades europeas […] el pueblo, en la rectitud y sensatez con que procede siempre, no hace a V. M. responsable de culpas que son de otros, y no suyas [pero] si deja que se escuden con el nombre y el trono de V. M. las ambiciones de la abyección [podría] verse envuelta por el torbellino […] y si la pasión llegase a dominarlo, tal vez [el pueblo] atropellaría ciego en V. M. al objeto que ama.

Desoiga también V. M. los consejos artificiosos y parciales de la reina Madre. Esta señora parece que llevó a V. M. en su seno y la dio a luz para complacerse luego en inmolarla a su capricho y a la insaciable sed de oro de que está devorada. Fuera de la vida, nada debe V. M. a la Reina Cristina […] Apenas descendido a la tumba el padre de V. M., su viuda, Gobernadora del reino, daba a V. M. el pernicioso ejemplo de un amor impuro […] Poco severa ella misma en los principios de sana moral, que deben ser la base fundamental de la educación de los príncipes, ni supo inculcarlos en el ánimo de V. M. mientras fue niña, ni se cuidó más que de acumular oro y de preparar desde temprano un peculio crecido a su futura prole. V. M. sabe muy bien las sugestiones que empleó la Reina Madre para que V. M. aceptase un esposo que no tenía otro mérito, a los ojos de aquélla, sino el de creerle débil para menoscabar la omnímoda influencia que ella quería ejercer en los negocios del Estado. Jamás madre alguna obró con más capciosidad ni con menos solicitud para asegurar la felicidad doméstica de su hija. Por este medio continuó siendo, como lo era antes, el alma del Gobierno, dando siempre a V. M. consejos encaminados a su propio provecho, sin importársele que la realización de ellos fuese mal recibida por el pueblo, ni menguase el amor que él profesaba a V. M. Apenas ha habido contratas, lucrosas de buena o mala ley, especulaciones onerosas, privilegios monopolizadores, a que no se haya visto asociado el nombre de la reina Madre. El resorte para que un ministro o un hombre público hayan obtenido el apoyo o la protección de esa Señora, o provocado su animadversión, ha sido pactar o no con ella el servicio de sus intereses. V. M. está en el caso, Señora, de emanciparse de esas influencias que la han tenido como prisionera (y que) pugnan por arrastrar a V. M. y precipitarla en su caída. Si algunos creen que V. M. no está del todo exenta de culpa, no negarán al menos que es muy excusable por las circunstancias en que la han colocado[21].

A esas circunstancias se refiere el encargado de negocios británico, C. L. Otway, cuando ofrece una imagen mucho más realista de las connivencias entre los escándalos de Isabel y los intereses de Cristina:

La reina sigue favoreciendo a Arana y a un grupo de jóvenes altos empleados amigos suyos que disponen y distribuyen el entero patronazgo del Estado, y no hay ministro que se atreva a poner esto en cuestión y ofrecer ninguna oposición a este estado de cosas. El Rey, que debería hacerlo, se contenta con quejarse ocasionalmente de su nulidad a sus amigos privados. La Reina Madre afecta no tener nada que ver con los desórdenes de Palacio y, mientras tanto, apoya al ministerio que hace todo lo posible por preservar la buena voluntad de Su Majestad supliéndola con las grandes sumas de dinero que Ella demanda constantemente, con un pretexto u otro. Ésta es, Señor, el triste pero en absoluto exagerado cuadro del actual estado de cosas en este infortunado país. Me han asegurado que en ningún otro período de su Historia, incluyendo el infortunado del Príncipe de la Paz [Manuel Godoy] ha sido más desastroso, más escandaloso o más inmoral[22].

El autismo, al menos aparente, de la Corte se quebró con las noticias del levantamiento de Barcelona, con su capitán general al frente, las cuales llegaron a Madrid a las once de la mañana del día 17. Fernando Muñoz escribió un largo dietario de todo lo sucedido en Palacio entre el día 17 de julio y el 26 de agosto. Probablemente su propósito, como él mismo había recomendado en otras ocasiones a María Cristina (por ejemplo, durante la insurrección de 1840), era mantener frescos todos los datos que les permitiesen responder públicamente de su actuación. A pesar de ese propósito, implícitamente vindicativo, se trata de una fuente inestimable —por lo que transparenta— para conocer el ambiente y los movimientos en Palacio durante los días claves de la revolución.

Según Muñoz, tras recibir las noticias de Barcelona, los ministros pensaron inmediatamente en presentar su dimisión buscando un general «bastante para llenar las exigencias de los sublevados» y «preguntados por S. M., aconsejaron a Córdova», que era entonces director general de infantería. La reina admitió la dimisión y se reservó la decisión sobre el nuevo ministerio[23]. Lo que no cuenta Muñoz, que atribuye todas las decisiones a la propia reina, es que fue María Cristina quien sugirió a Córdova mientras la reina se inclinaba por Istúriz. Algo que corrobora el encargado de negocios británico que, junto con el francés, fue llamado a Palacio[24].

El propio Istúriz, en un memorial encontrado en su archivo privado, confirma que le fue ofrecido el ministerio después de la batalla de Vicálvaro y que contestó que tan sólo «aceptaría el cargo con las expresas condiciones de que a los quince días de nombrado habrían de estar las Cortes deliberando para lo cual el decreto de su convocatoria habría de ser simultáneo con el de mi nombramiento». Relata el viejo político que, pocos días después recibió una nueva visita con el mismo mensaje pero sin respuesta a sus condiciones y aún una tercera: «ningún resultado tuvieron estas gestiones, y precipitándose entretanto los acontecimientos llegó el día con la nueva del pronunciamiento de Barcelona que decidió la renuncia del ministerio San Luis. En aquella misma mañana vino el Gentil-Hombre de S. M., D. F. L. A., a preguntarme si mantendría mi compromiso delante de los nuevos acontecimientos: contesté que habiendo sonado ya la última hora dudaba mucho de que mis servicios pudieran ser útiles; pero que tales como fueran estaba a los Pies de S. M. y pronto a obedecer su mandato. Media hora más tarde de esta conversación se supo que el General Córdova estaba ya encargado de formar el ministerio, y yo me libré de todo compromiso[25]».

María Cristina era mucho más hábil, o más experimentada, que su hija. Se había dado cuenta de que la baza de buscar a un «independiente» (civil, además) que ofreciese una imagen de neutralidad a los moderados se había agotado ya. Córdova, en cambio, ofrecía la ventaja de ser un militar de prestigio que había mantenido contactos con los generales descontentos y mostrado cierta simpatía por la oposición conservadora durante el gobierno de San Luis. El propio Córdova recuerda que la reina le dio «poderes amplísimos y generosos, autorizándome, si lo creía necesario, para elegir y dar entrada en el Ministerio a los hombres que pudieran ofrecer mayores garantías a los partidos liberales y manifestome que desde luego aceptaría, aún sin conocerlos, a los individuos que presentara, fueran éstos moderados, liberales templados o progresistas[26]».

Fue probablemente también la reina madre quien sugirió los nombres que podían componer el ministerio incluyendo a algunos progresistas templados como Manuel Cantero, Miguel Roda y Pedro Gómez de la Serna; a uno de los líderes políticos más señalados de la oposición, Ríos Rosas, y a moderados opuestos (más bien levemente) a San Luis como el duque de Rivas y Luis Mayans. Fue ella también la que «la metió prisa [a la Reina] para que el Ministerio estuviese formado antes de la hora del correo con el fin de que fuera ya a provincias la noticia del cambio de ministerio, con los nombres de los nuevos. La instaba tanto más en esto, porque preveía que, si llegaba la noche, y no había Gobierno podrían ocurrir cosas desagradables. Le aconsejó que sin pérdida de tiempo escribiese a Espartero y a Narváez para que se presentaran para oírlos en las difíciles circunstancias en que se hallaba. A las cinco se retiró la Reyna Madre de Palacio rogando a su hija las mismas cosas, y que detuviera la salida de los correos hasta que llevasen el nuevo Ministerio[27]».

Fernández de los Ríos escribió que «era evidente que se confeccionaba un pastel, con el cual podía tal vez paralizarse la revolución incipiente, si, como todo lo hacía creer, el ministerio que se confeccionaba se adelantaba por el momento a poner en planta el programa de Manzanares». De ahí que fuera cada vez más necesario el movimiento en Madrid para evitar una componenda en Palacio[28]. La sublevación madrileña estalló a la salida de los toros, en torno a las ocho de la tarde. Era la primera corrida que se había permitido en la capital desde el pronunciamiento militar y la noticia de la caída del ministerio San Luis «fue como la explosión de fuegos artificiales en una tienda llena de pólvora[29]».

El Himno de Riego, los vivas a la libertad y los mueras a Sartorius comenzaron a entremezclarse con los gritos contra Córdova según llegaban las noticias del recambio propuesto en Palacio. Ante la pasividad de los soldados, los sublevados tomaron los depósitos de armas de varios puntos de la capital y, según Frederick Hardman, testigo presencial de los hechos, «bastante antes de la hora (entre las 10 y las 11) en que —como luego confirmé— los jefes progresistas de Madrid decidieron una sublevación, la gente estaba ya muy atareada trabajando». Según avanzaba la noche, «vi mucha gente respetable animando a la multitud […] en las calles los líderes podían verse consultándose entre sí y planeando los siguientes pasos[30]». Un grupo se dirigió a la cárcel del Saladero y liberó a los presos allí retenidos, entre otros los demócratas Becerra y Ordax Avecilla. Otro grupo se dirigió al ayuntamiento, lo ocupó y nombró una comisión encargada de redactar una representación a la reina que le debía ser llevada inmediatamente por un comité. Otros grupos se dirigieron a los palacios de San Luis, Doménech, Quinto (gobernador civil y alcalde-corregidor), Collantes, Salamanca y, finalmente, al palacio de la reina madre en la calle de Las Rejas. Grandes hogueras comenzaron a arder con los muebles, libros y demás enseres lujosos de estos palacios y, para sorpresa de Otway, «el populacho quema pero no roba, no se intenta salvar nada de las llamas[31]».

Muy poco después de las ocho, la reina madre y su familia se trasladaron apresuradamente al Palacio Real: «Cuando llegamos a las habitaciones de S. M. estaban el Rey y la Reyna alarmados por los grupos que se acercaban al Palacio. El Rey estaba en la terraza y allí vio y oyó cuanto se decía. La tropa no hacía fuego sobre los alborotadores y esto exasperó al Rey, que en un momento de exaltación gritó al General Ahumada desde la terraza para que se hiciera retroceder aquella gente a todo trance. A poco se retiraron las turbas y los alrededores de Palacio se despejaron[32]».

A primeras horas de la noche, la reina, contra el parecer de Córdova, se empeñó en recibir a la comisión formada en el ayuntamiento y encabezada por Fernando Corradi. En ella se le pedía el restablecimiento de la Constitución de 1837 y el armamento de la milicia nacional. Parece que la reina dijo que «le daría su favorable consideración» y que, sobre todo, no quería derramamiento de sangre. A la salida de aquella entrevista, el comité exhortó a la gente a volver a sus casas y esperar resultados. Se disponían a hacerlo, al menos algunos grupos, cuando varias compañías abrieron fuego. La represión principal se produjo en el entorno de la residencia de la reina madre, dirigida por las tropas comandadas por Gándara quien había mantenido una virulenta discusión sobre ese tema con Córdova. Eran las dos de la mañana[33].

La impopularidad manifiesta de Córdova hizo que, en el último momento y en una nueva maniobra de distracción, se decidiese otorgar la presidencia al duque de Rivas, manteniendo a Córdova en el ministerio de Guerra. La Corona tan sólo parecía capaz de pensar en su entorno más inmediato y todas sus soluciones estaban impregnadas por el deseo de resistencia y la estéril voluntad de engañar a los sublevados con cambios menores. El gobierno Rivas-Córdova juró a las cinco de la mañana «y se fueron a Consejo de Ministros, en donde resolvieron repeler la fuerza con la fuerza, rompiendo el fuego contra los sublevados en todas las direcciones[34]».

Sin embargo hacía ya horas que los dirigentes de la sublevación estaban preparados para evitar una revolución abortada desde Palacio. Entre las once y las doce de la noche todos los periódicos de oposición sacaron a la calle suplementos que demostraban a las claras que no había lugar para componendas. Entre los más decididos estuvo Las Novedades, dirigido por Fernández de los Ríos, quien mostró su apoyo «entusiasta por la causa del pueblo». Tras el relato de todo lo sucedido hasta el momento llamaba a la continuación de la revolución: «¡A las armas, pues, madrileños! ¡A las armas, milicianos nacionales! Ésta es la ocasión de asegurar la libertad […] habéis vuelto a empuñar las armas que os arrancaron hace años ¡No consintáis pasteles! ¡Acabad con los traidores!»[35].

Igualmente entusiastas respecto a lo ya sucedido pero más prudentes en lo que respectaba a la continuación de la sublevación, se pronunciaron otros periódicos. La Nación publicaba: «El execrable y aborrecido ministerio Sartorius-Collantes-Doménech ha dejado de existir. Empieza ya a disiparse la negra nuve que cubría nuestra dignidad y nuestra honra»; El Diario Español: «El ministerio Sartorius ya no existe. El cáncer que devora las entrañas de nuestro país ha principiado a extirparse […] la moralidad y la libertad han sido escarnecidas y holladas» y pedía un «tremendo escarmiento». El suplemento de La Época, órgano puritano: «¡Viva la Constitución! ¡Viva la reina! ¡Viva la libertad! […] El ministerio más aborrecido de cuantos existieron en España desde los ominosos tiempos de Calomarde, acaba de desaparecer bajo el peso de la execración pública […] ¡Viva el pueblo de Madrid!»[36].

En la madrugada del día 18 de julio, Fernández de los Ríos escribió a O’Donnell para que no aceptase la componenda que suponía el nuevo ministerio y que fuese a Madrid para imponer a la reina el suyo: «Su nombre sólo es ya una bandera, en torno de la cual se agrupan todas las fracciones del partido liberal […] el pueblo de Madrid ha puesto en olvido a su antiguo ídolo Espartero, para simbolizar en la personificación de V. todos sus deseos, todas sus ambiciones. Si algo exagerado, si algo extremo hubiera que temer, sería en Cataluña; pero la naturaleza del movimiento que allí se ha hecho no inspira temores, si V. absorbe, como debe, el poder: lo que hay que temer son las negociaciones, son los acomodos, que dan al país la idea de se trata de un nuevo engaño[37]».

La ambigua respuesta del general sublevado fue el inicio —según él mismo relata— del amargo desengaño de Fernández de los Ríos, quien, extremadamente receloso de la capacidad e incluso de la orientación política de Espartero, había alimentado la esperanza de convertir a O’Donnell en el espadón de un proyecto de cambio de régimen firme y decidido[38]. Pero O’Donnell dudaba porque, entre otras cosas, estaba recibiendo comunicaciones del Gobierno «para desviar el curso de la revolución ya irresistible, y evitar los peligros que amenazaban al trono[39]».

Junto a la carta de Fernández de los Ríos, le llegaron a don Leopoldo otras del duque de Rivas, Córdova y Ríos Rosas tendentes a una negociación. El duque de Rivas, tras participarle del cambio de gabinete y explicarle la inevitabilidad de la represión para contener los excesos del «populacho», le pidió en nombre de la reina que depusiese su actitud: «Los valientes y los caballeros que tan bizarra y honrosamente han vertido su sangre por sostener el trono y las libertades patrias, acudirán ahora presurosos, con su fidelidad y nobleza, a terminar una obra tan grandiosa como con urgencia reclamada por el bien del país […] olvidados aquellos instantes de compromiso y desgracias, sólo se debe tratar de estrechar más y más la unión sincera y la lealtad acrisolada del ejército». En un sentido similar escribió Ríos Rosas, quien comisionó a Cánovas para tratar con O’Donnell, «pues bien pronto pudo convencerse de que ya desde aquel instante nadie pensaba más, entre los caudillos de Vicálvaro, sino en poner término a aquella situación violenta y contribuir al restablecimiento de la legalidad y la paz[40]». Sin embargo, como recuerda Fernández de los Ríos, el Gobierno «no había contado con la huéspeda», es decir, con una revolución en marcha que desbordaba ampliamente los meros recambios de personas entre los diversos líderes del moderantismo puritano y del progresismo templado[41].

Durante todo el día 18 se sucedieron enfrentamientos entre las tropas gubernamentales, y muy notablemente entre la guardia civil y los sublevados. Armados con palos y piedras, con viejas armas de la época de la guerra civil y otras logradas en el primer día de revolución tras el asalto a los depósitos, hombres, mujeres y niños ayudaron a levantar barricadas por toda la capital. «El pueblo (dueños de cafés, toreros, artesanos, dependientes…) logró imponerse: la revolución había tomado posiciones inexpugnables, porque si se la arrojaba de una barricada se reproducía en veinte, y cada casa y cada encrucijada eran otros tantos puntos desde donde se combatía y asediaba y diezmaba a la tropa[42]».

Julio Nombela, a sus dieciocho años y recién llegado a Madrid, relata en sus memorias el entusiasmo de aquellos días de revolución y la ausencia casi completa en las calles (excepto por las tropas) de gentes que se mostrasen adictas a la situación. «El Murciélago y las hojas que se repartían clandestinamente referían las expoliciones, las iniquidades que cometían los políticos, particularmente la fracción de los polacos, que era la que había llevado el desenfreno, la tiranía y la depravación al último límite; se denunciaban con lujo de detalles y hasta con nombres propios las liviandades que se atribuían a la soberana, y todo esto producía temores, zozobras, indignación y, en general, exacerbación de las pasiones». Su padre, un viejo liberal lleno de nostalgia, le llevó a ver las barricadas, en concreto las de la calle de Leganitos, «cruzándola de parte a parte, formadas de grandes cajones repletos de piedras arrancadas del pavimento y cubiertos de esteras y colchones […] En cada una de las dos barricadas había un palo enclavado en uno de los cajones, sosteniendo un cartel que decía. Pena de muerte al ladrón, letrero que vi repetido en las demás barricadas que hallé al paso». Esas barricadas, formadas por colchones, muebles viejos y piedras del pavimento estaban defendidas, en general, por tenderos y mozos de tiendas, mozos de cuerda, menestrales, dirigidos por viejos militares liberales de graduación media, sargentos, tenientes y capitanes que habían rescatado sus viejas armas guardadas. «Estaban engalanadas con ramos de flores, coronas de laurel y retratos en litografía de Espartero, San Miguel y de la mayor parte de los generales victoriosos. Los retratos aparecían en dorados marcos bajo doseles de terciopelo, seda o percalina de los colores nacionales; por las noches se iluminaban con farolas de aceite o velas de sebo, y ante aquellas imágenes, bastante feas por cierto, se cantaban canciones patrióticas acompañadas por guitarras y bandurrias[43]».

Como apuntan el relato de Nombela y las reflexiones de Fernández de los Ríos, la composición social de los sublevados en Madrid, heterogénea e interclasista en términos generales, presentaba sin embargo un fuerte componente popular. Si los dirigentes eran oficiales de graduación media, profesionales liberales y pequeños propietarios, los «barricaderos» (como se les llamó entonces) eran mayoritariamente gente procedente del mundo del artesanado, los oficios especializados y los jornaleros empleados en las obras públicas. Hubo también, según todos los relatos, un número importante y muy activo de mujeres que participaban en las barricadas y asistían a los hombres en las escaramuzas con las tropas. Según El Miliciano, las vecinas de la calle Preciados levantaron una barricada ellas mismas.

Frederick Hardman —que enfatiza esa presencia femenina— relata su conversación con una «fornida dama, con la cara enrojecida por la determinación y la excitación, que llevaba en sus musculosos brazos un canasto de suministros para una barricada y que me expresó su determinación de que si las tropas entraban en la calle estaba dispuesta a arrojarles a la cabeza todas su vasijas y sus cazuelas. Cuando una ahorrativa ama de casa llega a esos extremos es que verdaderamente le hierve la sangre. Pero el empréstito forzoso impuesto por Sartorius ha llegado directamente a los bolsillos de los contribuyentes de las clases bajas y ha exasperado especialmente a las mujeres». Una exasperación compartida —según otro observador— por «las masas republicanas de hombres y mujeres de la clase más humilde […] que se comportan sin desmanes […] aunque hay muchas mujeres frenéticas[44]».

A pesar de la soterrada condescendencia de muchos comentaristas de la época hacia los protagonistas del alzamiento, especialmente hacia las mujeres (por supuesto, «frenéticas»), aquello era todo menos una «revuelta primitiva» e incontrolada. El Clamor Público detalla en sus páginas cómo se organizó aquel instrumento de guerrilla urbana que fueron las barricadas, esmeradamente diseñadas como barricadas de resistencia, de entretenimiento y de retirada[45]. Más allá de las tácticas de guerrilla, el curso de la revolución se organizó —al igual que en el resto del país y siguiendo el modelo ampliamente ensayado desde 1808— a través de la instalación de dos juntas que reproducían las divisiones internas de los sublevados.

La llamada Junta de Salvación, Armamento y Defensa de Madrid se instaló el día 19 de julio en la casa del banquero Juan Sevillano, reconvertido en revolucionario y financiador del alzamiento por la persecución personal y económica que había sufrido por parte del gobierno de San Luis. En ella se incluyeron puritanos, progresistas y hasta algún demócrata. Entre los nombres más conocidos están los del anciano general San Miguel, el líder puritano Joaquín Francisco Pacheco, antiguo presidente de un gobierno de la reina, Fernández de los Ríos, Escalante, Martín Iriarte, los marqueses de Tabuérniga y de Vega-Armijo, Joaquín Aguirre, José Ordax Avecilla y los periodistas Rascón, Rúa Figueroa y Coello. Su alocución a la ciudadanía tras conocerse el cambio de gobierno fue contundente: «Madrileños: Se trata de engañarnos de nuevo, exigiendo que reconozcamos un gobierno Rivas-Mayans. —¡No más tiranos!—. Queremos una junta provisional nombrada por el pueblo: no un gobierno designado por un favorito. —Ciudadanos: fijos en los puestos hasta que se arme la Milicia Nacional—. ¡Viva el pueblo soberano!»[46].

Cerca de esta junta se formó otra, llamada Junta Auxiliar de Salvación y Defensa del Cuartel del Sur, mayoritariamente demócrata y de tendencias republicanas que ofreció su presidencia a José María Orense, marqués de Albaida. Uno de los líderes indiscutibles de los distritos populares del sur de Madrid fue el torero Pucheta, que había destacado en la organización de las barricadas de aquellas calles y gozaba, al parecer, de un enorme ascendiente entre los sectores populares. Un ascendiente que los líderes patricios del progresismo, o incluso demócratas, consideraban con desprecio indisimulado[47].

Mientras tanto, en Palacio reinaba el desbarajuste, los rumores y las opiniones encontradas. También son encontradas las opiniones de los comentaristas contemporáneos sobre la decisión final de la reina de colocar su trono (y su seguridad personal) bajo la protección de Espartero. ¿Por qué no llamó a O’Donnell, quien al fin y al cabo era la cabeza visible de la insurrección y quién, además, tenía una trayectoria política mucho más moderada que la del duque de la Victoria?

Ildefonso Bermejo, habitualmente bien informado, afirma que fue María Cristina quien aconsejó a su hija que llamase a Espartero, pues creía que la defendería mejor[48]. Sin embargo, otras voces más autorizadas lo desmienten. Fernando Muñoz asegura que, tras una reunión de la reina con los ministros, «quedó nombrado Espartero presidente, y quedaban interinamente en el Consejo de Ministros, hasta su presentación, los que eran. Error grave en mi concepto: se lo dije a los Ministros[49]». Fernández de Córdova, presente en aquella reunión, dice que «la tribulación de la reina era inmensa […] temía por su persona y por el trono mismo […] si el gabinete se empeñaba en resistir la revolución». Pidió al Gobierno que le indicase «la persona que llamaría para formar un nuevo ministerio que satisficiera a la opinión pública de Madrid». Fue Ríos Rosas quien le dijo que lo consultase «exclusivamente con su corazón. La reina, entonces, se dignó señalarnos el nombre del duque de la Victoria […] ordenándonos al propio tiempo que se invitase en su real nombre al conde de Lucena a venir a la Corte[50]».

La cuestión de por qué Isabel II llamó a Espartero y no a O’Donnell para formar gobierno ha sido considerada un misterio por la totalidad de los comentaristas de la época. Un caso típico, a mi juicio, del razonamiento a posteriori en que incurrimos los historiadores al otorgar prioridad analítica a lo que sucedió después —en este caso la alianza entre O’Donnell y la monarquía contra los progresistas— frente al tiempo real de los protagonistas de los hechos, que obviamente desconocían el proceso posterior. Isabel II y su entorno actuaron con la información disponible a su alcance en aquel momento y con el tipo de astucia política a que estaban acostumbrados.

Por una parte, el recuerdo de Espartero que conservaba la reina era el del benevolente general que la había tratado con afecto, y la había protegido, durante la regencia de 1840-1843. Desde entonces, el duque de la Victoria se había mantenido retirado en Logroño, sin tomar parte en las luchas políticas de los últimos años hasta el punto de poder ser considerado, una vez más erróneamente, como un hombre sin partido. Nadie sabía aún que acababa de salir hacia Zaragoza para ponerse a la cabeza de la junta revolucionaria. O’Donnell, por su parte, con quien la reina había mantenido hasta entonces un trato muy distante, era el jefe de una fracción desde la cual sí se tenía constancia que habían partido voces claramente antidinásticas. Por esas mismas fechas, tanto el embajador inglés como el belga informaron a sus ministerios de que el general de Vicálvaro había manifestado que, si era necesario, llegaría hasta el destronamiento de la reina[51]. Que este general fuera a convertirse, después, en el más firme defensor del trono, era algo que ni Isabel II ni el propio O’Donnell podían saber aún. En aquellos momentos —según una conversación con el conde de Lucena que relata Muñoz— la reina «lo había creído partidario de Pedro V y que, por esto, se había defendido y hecho de modo de no entregarse en sus manos, llamando a Espartero». El propio rey le confesó a Pacheco que él había sido de la misma opinión, «porque lo creía bueno y no sabía que se hubiese ido a Zaragoza pues si hubiese sabido esto, entre O’Donnell sublevado y Espartero juntero, tal vez habría preferido al primero[52]».

Por otra parte, Isabel II era muy consciente de la sólida preferencia de las juntas por Espartero. Sólo él podía realmente frenar la revolución y mantener la Corona sobre su cabeza, si quería. Ella apostó porque él querría. Una de las exposiciones que le llegaron esos días, procedente de los jefes de los batallones de la milicia nacional, avalaba esa apuesta de forma explícita. En ella se le advertía de que existía una fracción del Partido Moderado que «pública y privadamente ha manifestado sus intenciones de arrojar a V. M. del trono, o por lo menos declararla moralmente incapacitada, y ponerla una Regencia, humillación más repugnante que la pérdida misma del Trono. Por el contrario, no ha salido del partido progresista, ni aún después de su triunfo en las calles de Madrid, ni una sola voz hostil a V. M. […] Espartero y su partido es en los momentos presentes el único fuerte y enérgico para sostener a V. M. […] recordando lo que el pueblo, airado y frenético, hizo con sus Monarcas en Francia e Inglaterra[53]».

En aquellos momentos, con el palacio rodeado, con las tropas gubernamentales replegándose y escasas de víveres y municiones, la amenaza mortal de un pueblo airado y frenético no le pareció baladí a la reina. A media tarde del día 19 de julio salió de Palacio un emisario de Isabel II con una nota autógrafa para el duque de la Victoria que sus herederos guardan celosamente:

Espartero: Yo nunca he olvidado los buenos y leales servicios que has prestado durante mi niñez, y que tanto ha contribuido a sostener mi trono, no he dudado un momento, ahora que las circunstancias son difíciles, en llamarte para que te encargues de la formación de un gabinete que con sus consejos pueda ayudarme a hacer la felicidad de este pays que tanto mi corazón desea ver dichoso. Creo que vendrás al momento a prestar este servicio a la nación y a tu Reyna. Isabel[54].

La llamada a Espartero era un último recurso desesperado. Nada más salir el mensajero Pampillón hacia Logroño, las noticias que llegaban de la ciudad sublevada eran de tal calibre que el mismo Córdova sugirió a la reina que abandonase Madrid, pues no creía poder defenderla con las tropas disponibles: «Que no había más salvación que la retirada a Aranjuez, Toledo o Alcázar de San Juan […] Después de un largo debate decidieron SS. MM. marchar. Al dar conocimiento de esto a S. M. la Reyna Madre le dijo a su Hija: “Yo te seguiré con mis hijos y mi Marido, pero acuérdate de María Antonieta”». El terror de Isabel II era, sin embargo, inmenso y «las razones de la Madre pesaron poco en el ánimo de la Hija, que de un modo solemne y decidido dijo: Me voy: mi corazón me lo dice y las cosas que hago guiada por mi corazón siempre me salen bien[55]».

Sin embargo, la huida no llegó a materializarse. Contra la opinión de Córdova, otros generales como Roncali y Ahumada, junto con la reina madre y el embajador francés, lograron convencer a Isabel II de que «no debía salir de Palacio puesto que se podía defender en él por muchos días[56]». Turgot informó a París de aquellos intentos de huida y de sus consejos en sentido contrario: «En Palacio se discute en familia la salida de la Reina, si desgraciadamente toma esa decisión es de temer la caída de la monarquía como un hecho consumado. No creo que la vida de la reina corra verdadero peligro si ella no liga su causa a la de la Reina madre cuya presencia ha contribuido poderosamente a animar a los insurgentes».

Para justificar su intervención, el embajador elaboró un largo despacho en el que relataba una entrevista, celebrada en Palacio a petición de la reina, durante la cual la felicitó «por haber resistido los consejos imprudentes de abandonar Madrid: que tristes experiencias habían sido hechas en otros países y que en tales circunstancias una fuga era frecuentemente una abdicación y que yo veía la situación actual como ciertamente difícil pero dejando espacio para la esperanza; que en la vida política era frecuentemente útil modificar el sistema propio y cambiar a los hombres más devotos […] el general Espartero, que había dirigido sus años jóvenes, tendría el honor en estas circunstancias de reafirmar su poder». Turgot fue invitado a cenar en Palacio junto con el general San Miguel e informó (demasiado opacamente por desgracia) de que se tuvieron largas conversaciones cuyos términos no podía dar por escrito pero «cuyo tema principal era la necesidad de no abandonar la partida; de hacer frente a la prueba de la nueva situación. Yo le he dicho a la Reina que en medio de la división de los partidos su papel se agrandaba cada día, practicando lealmente el sistema constitucional y no haciendo ninguna excepción de personas en la elección que las circunstancias le dictasen. S. M. lo aprueba y ha añadido por su cuenta la promesa de no abandonar Madrid y, si las circunstancias se volvían amenazantes, llamar a su lado a los representantes de sus aliados y aguantar hasta el fin[57]».

Descartada la huida y fijada la estrategia de resistencia, la primera medida fue suspender el fuego contra los insurrectos, replegar las tropas para defender el Palacio Real y dar seguridades a los representantes de las Juntas de que la llamada a Espartero —de la cual dudaban sus comisionados— era cierta y firme. Como prenda de todo ello los ministros aconsejaron a la reina que nombrase al anciano general San Miguel ministro universal, mientras llegaba Espartero. San Miguel juró su cargo en contra de los consejos de la reina madre y de Muñoz, quien escribió displicentemente: «Por la mañana [San Miguel] era “choch o”. Por la tarde era la única autoridad de Madrid. El día antes por la mañana, los de las barricadas no significaban nada; por la tarde no se podía con ellos… La dimisión del Ministerio Córdova fue un absurdo. Lo era y grande. El orador de la oposición a los Ministros moderados llegó al poder en medio de la revolución, y lo entregó al partido progresista a los ¡¡¡48 horas de ser Ministro!!! Los Ministros dijeron a la Reyna al hacer su dimisión que no había más que dos hombres que salvaran la situación: Espartero, u O’Donnell, y eligió el 1.º[58]».

A partir de ese momento, mientras se esperaban con ansiedad noticias de Espartero, el protagonismo de San Miguel fue decisivo. Ferviente monárquico, se lanzó a las calles para «tomar el carácter de intermediario entre la anarquía y la defensa de la real persona [y] prestó un señalado servicio al trono[59]». Su prestigio y su autoridad fueron decisivos para consolidar la hegemonía progresista a expensas de las aspiraciones mucho más radicales de los demócratas. La Junta de Salvación asumió el poder y convocó el ayuntamiento disuelto en 1843, restableció y armó a la milicia nacional, decretó la condecoración para los que habían combatido durante las «tres gloriosas» jornadas de julio y concedió un grado a los oficiales y rebaja de dos años en el servicio a los soldados que se habían adherido al alzamiento.

El propio San Miguel escribió a Espartero: «Mi querido duque: Después de los azares de estos días estoy molido […] escribo para rogar a V. que acceda a los deseos de la reina, que se presta a todo con la mejor voluntad, y urge cuanto antes: esto está endemoniado, y solo con el anuncio de la próxima venida de V. puedo contenerlo a duras penas algún día. Déjese V. de retóricas y venga volando, porque la cosa apura y no está para aguantar mucho, y yo menos aún. Suyo siempre asendereado amigo. San Miguel[60]». La noticia de que la reina había llamado a Espartero se propagó rápidamente.

Cuenta Julio Nombela que supuso una nueva explosión de entusiasmo popular: «Se había mandado a las iglesias que repicasen recio, se había dispuesto que recorriesen bandas de música las calles y que, por la noche, hubiera conciertos y hasta bailes en las barricadas […] ¡Qué días aquéllos y qué noches de animación y de jolgorio! Los vencidos se habían ocultado o se habían disfrazado de liberales; Pucheta era una potencia en los barrios bajos y empezó a dar empleos a sus paniaguados; se formaron numerosas juntas, que dictaron órdenes a su antojo; había un espantoso desbarajuste; pero bajo una superficie brillante de expansión, de alegría, de esperanza[61]». A partir del momento en que se supo que la reina había llamado a Espartero, algunas imágenes suyas, muy pocas, […] fueron apareciendo tímidamente en las barricadas, a partir del día 23 o 24. Un informe del consulado portugués en Madrid aseguraba que «de la Reyna Isabel 2.ª apenas se ven dos o tres retratos sin otra cosa más[62]».

El asesinato del jefe de policía Francisco Chico fue el único desmán importante en aquellos días de alegría y de jolgorio en que se esperaba la llegada del duque de la Victoria. Unos días en que las autoridades provisionales no bajaron la guardia y mantuvieron una actitud vigilante de los logros de la revolución. Como escribió Frederick Hardman, «la nación española ha sido engañada tan a menudo por los resultados de las insurrecciones, y ha contemplado cómo una revolución hecha a medias era convertida en una reacción, que estaba determinada esta vez a protegerse contra esas desilusiones». Para mantener ocupada a la gente, y para evitar cualquier sorpresa, la Junta encargó que se reforzasen las barricadas existentes y se construyesen otras nuevas. Madrid se llenó del polvo de los trabajos de construcción; más retratos de la reina comenzaron a aparecer en los altarcitos de las casi 300 barricadas levantadas en la capital y, por las noches, se cantaba y bailaba en ellas: «La revolución, muy seria al principio, se había convertido ahora en una especie de festival[63]».

En ese festival, la corona de Isabel II seguía pendiendo de un hilo. El 22 de julio, The Times escribía:

«El profundo decaimiento de esas cualidades que deberían apoyar una monarquía constitucional a través de los peligros de la revolución abren la puerta a un amplio campo de conjeturas y quizás de cambios. El menos violento de los resultados del movimiento sería la restauración de un ministerio constitucional bajo Isabel II, con un llamamiento a las Cortes y la nación […] Si fracasan los últimos esfuerzos en ese sentido, el próximo paso puede ser acabar con su reinado y reabrir la sucesión de ese trono tan disputado. A pesar de lo mala que es la situación y cualquier proyecto de administración bajo Isabel II, no es posible negar que un trono vacante daría lugar a dificultades y divisiones aún más grandes y posiblemente a una guerra civil entre pretendientes rivales. Para impedir esas calamidades en este momento tan sólo podemos esperar a la unión de los generales, porque si desgraciadamente toman posturas diferentes en este conflicto, no es fácil ponerle un límite a la duración o los efectos de esta lucha». De momento, la reputación de la reina —escribe el corresponsal británico— está por los suelos: «No hay padre, marido, hermano o hijo en el país que hable sin enrojecer y sin una maldición de la vida de la Reina[64]».

Por su parte, Otway escribió a su ministerio el 21 de julio preguntando: «Si Espartero es nombrado Regente, o se proclama una República, ¿qué debo hacer?», y el embajador francés, poco después, recibió instrucciones de «hacer lo mismo que Inglaterra, ni más ni menos». En aquellas difíciles circunstancias, y a pesar de la tradicional rivalidad entre las embajadas británica y francesa, los diplomáticos de ambos países trataron por todos los medios de actuar al unísono y limar asperezas, comiendo juntos a menudo y poniéndose de acuerdo para declinar conjuntamente las comprometidas invitaciones a banquetes más o menos revolucionarios, como las que les llegaban del Club de la Prensa[65].

La Corte, mientras tanto, esperaba ansiosamente noticias de Espartero, quien pasó más de una semana, sin pronunciarse, en Zaragoza, donde la sublevación había tomado tintes acusadamente antidinásticos[66]. En Madrid, El Diario Español publicó un alarmante artículo en el que se decía que las próximas Cortes constituyentes deberían resolver las cuatro cuestiones siguientes: «1.ª Si debemos conservar a la casa Borbón; 2.ª Si debemos llamar a D. Pedro V de Braganza, 3.ª Si debemos proclamar una república federal y 4.ª Si debemos entregarnos a Montemolín». Turgot escribió a su ministerio insertando aquel número del Diario y haciéndose cruces respecto a la anarquía de ideas que reinaba. Una anarquía que, a mi juicio y dado el cariz político de aquel periódico, un sector de la prensa conservadora buscaba alimentar asustando a la población ante las alternativas posibles a Isabel II[67].

La situación de la reina era para alarmarse. Tras días de espera angustiosa, Espartero ni siquiera se dignó a acudir él mismo a Madrid, sino que envió al general Allende Salazar. Su entrevista con la reina el día 24 de julio, relatada por Fernando Muñoz, da idea de la dureza con que los sublevados llegaron a tratar a una Isabel II impotente, aterrorizada y, como de costumbre, llorosa:

Allende habló a S. M. de un modo poco conveniente; la dijo que el General Espartero no podía tomar el mando de las «impuras» manos de S. M. Le habló de la sangre del pueblo; de las venganzas divina y humana; que el pueblo vale más que los reyes y que los Tiranos; y que no tenía S. M. más remedio que acudir al Sufragio Universal para que la nación se diera el Gobierno que más le acomodara. Que, entretanto, Espartero no podía recibir el poder sino de las juntas. Que le aconsejaba a S. M. que diera un Manifiesto a la Nación, llamase a Cortes Constituyentes y se conservasen las juntas hasta la reunión de aquéllas. Las personas que oían al General Allende estaban atemorizadas al oír tanto desacato. En su entrevista recordó a la Reyna el juramento de Aragón. “Nos que valemos tanto como vos, y juntos más que vos”[…] Más de una vez tuvo que salir a la defensa de S. M. el General San Miguel: “Yo he jurado a Isabel 2.ª y si el general Espartero piensa otra cosa se equivoca. Soy su amigo y amigo del pueblo, pero estaré enfrente de uno y de otro si tienen otras ideas que no sean Isabel 2.ª”[…] Después de un largo debate, S. M., por consejo de San Miguel, aprobó el programa de Espartero, reducido por Allende a que diese S. M. un manifiesto y ofreciese que habría Cortes Constituyentes, quedando las juntas reunidas mientras aquellas venían[68].

Desde Palacio, Allende Salazar fue a las barricadas, a la Junta de Salvación y a los lugares de reunión de la milicia nacional para dar seguridades de que Espartero recibía el poder del pueblo y no de la reina y, de paso, calmar los recelos que su nombre todavía suscitaba entre los sectores más radicales del alzamiento: «Espartero viene decidido a asegurar para siempre las libertades patrias. No confiemos en vagas promesas. Yo era entonces muy joven, pero me acuerdo de haber oído decir a Fernando VII: Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional y después ahorcó a Riego en la plaza de la Cebada. No demos lugar a que esto se repita. El Espartero de hoy no es el Espartero de 1843. Puedo aseguraros que está resuelto a consolidar definitivamente el triunfo de la libertad y a ser el Washington de España[69]».

«Washington de España». La comparación no podía resultar más inquietante. Las palabras de Salazar, oportunistas o no, impregnaban de un tufillo republicano, o por lo menos antidinástico, la figura de Espartero y las esperanzas de cambio radical que se podían asociar a su tan calculadamente retrasada respuesta a la reina. El embajador francés escribió el 24 de julio que «el hecho de que los generales no se decidan a llegar, especialmente Espartero que ya podría haberlo hecho, les asusta muchísimo[70]».

El día 25, la reina llamó a Turgot a Palacio y le enseñó la carta de Espartero que había traído Allende Salazar. Una carta concebida en términos generales y muy duros en la que decía «que los acontecimientos que habían sobrevenido habían estado previstos por él hacía mucho tiempo; que su corazón patriótico gemía y que su enviado, que tenía toda su confianza, le diría a la reina Isabel las condiciones bajo las cuales él aceptaría el poder». La reina relató a Turgot el discurso de Salazar, en el cual, según esta versión, el general habría asegurado que Espartero no confiaría en el poder que se le otorgaba si no le era remitido por unas Cortes constituyentes. Ante aquella exigencia, Isabel II pidió al embajador francés que le aconsejase respecto a cómo actuar. Turgot le contesto que «en la situación crítica en que se encuentra, privada de todo medio de resistencia y con las barricadas alrededor de Palacio, no era posible discutir; que debía llamar de nuevo a Salazar y pedirle que formulase por escrito (en presencia del Ministro San Miguel) las exigencias de Espartero. Que si accedía sería necesario aceptar sus condiciones y no provocar, con una resistencia inútil, un pretexto sin duda deseado para violentar su persona y proclamar su destronamiento».

La reina Isabel, relata Turgot, «me dijo que adoptaría esa línea de conducta, que le parecía la única posible para evitar males mayores pero que ella me declaraba que no era libre y que a partir de ese momento todo lo que firmase sería el resultado de una violencia moral; que me encargaba de instruir al Emperador; que cumpliría con su deber hasta el fin y no perdería su trono más que por la fuerza o por una decisión de las Cortes; pero que no daría pretexto para las violencias con que la amenazaban. He sabido que ha llamado después al resto del cuerpo diplomático y les ha hecho la misma declaración. Se nos ha recomendado el secreto más absoluto porque si esta iniciativa se conociese es seguro que la vida de la Reina peligraría». Turgot acabó su despacho informando que, tras una segunda entrevista entre la reina y Salazar, éste partió satisfecho con la promesa de cumplimiento de las exigencias de Espartero[71].

Al día siguiente, el 26 de julio, la reina emitió un manifiesto al país que era, poco menos, que una especie de rendición. Era también, como escribió Fernández de los Ríos, a la luz de sus resultados, una manera de tomar «posiciones asequibles dentro de la revolución, bien para detenerla, ya para embarazar su marcha y, en último caso, para poderla matar […] El pueblo de Madrid había triunfado en el combate de tres días. Pero se preparaba otro combate en el cual los bien hallados, los meticulosos, los hombres de tibia o dudosa fe, los viejos santones del progreso, debían preparar el triunfo, primero de los oligarcas ambiciosos, después, a la infatigable reacción palaciega[72]».

El llamado «manifiesto de las deplorables equivocaciones» se ha atribuido a la inspiración del progresista San Miguel. Sin embargo, su redactor fue Francisco Pareja y Alarcón, un conocido cortesano absolutista, partidario de la fusión dinástica, «más católico que borbónico y más borbónico que liberal», quien viendo que «la corona vacilaba en las sienes de doña Isabel» escribió el famoso manifiesto que leyó a Rafael María Baralt, el cual encontró la manera de llevarlo a Palacio a través del general Concha. Éste se lo leyó a San Miguel, quien (incapaz de controlar mucho más tiempo la situación por él sólo) aconsejó a la reina que lo firmase. «Como se ve, los realistas isabelinos habían logrado su objeto perfectamente, auxiliados por Baralt, por Concha y por el bendito San Miguel[73]».

El texto del manifiesto es conocido, pero merecen rescatarse algunos párrafos. Comenzaba con el famoso: «Españoles: una serie de deplorables equivocaciones ha podido separarme de vosotros, introduciendo entre el pueblo y el trono absurdas desconfianzas». Continuaba asegurando que, una vez conocida la verdad, esperaba ver renacer la confianza del pueblo en su reina la cual, explícitamente, reconocía la estrecha relación de dependencia establecida, desde la guerra carlista, entre sus derechos al trono y la causa del liberalismo. «Los sacrificios del pueblo español para sostener sus libertades y mis derechos, me imponen el deber de no olvidar nunca los principios que he representado, los únicos que puedo representar, los principios de la libertad, sin la cual no hay naciones dignas de tal nombre […] Mi dignidad de reina y de madre es la dignidad misma de la nación que hizo un día mi nombre símbolo de la libertad». En un recurso calculadamente femenino, la reina pedía ayuda y protección: «No temo, pues, confiarme a vosotros: no temo poner en vuestras manos mi persona y la de mi hija», para acabar garantizando al país la convocatoria del «órgano de sus legítimos representantes […] el nombramiento del esforzado duque de la Victoria para presidente del consejo de ministros, y mi completa adhesión a sus ideas, dirigidas a la felicidad común [que] serán la prensa más segura del cumplimiento de vuestras nobles aspiraciones[74]».

Fue un golpe de efecto bien calculado que salvó el trono de Isabel II, al menos de momento: «Con la difusión y lectura de este documento, en nuestro sentir sobradamente humilde y bastante depresivo de la majestad del trono, por más que atenúe estos defectos el ser mujer quien le firmaba, el cariño, que el pueblo de Madrid ha tenido siempre a la reina Isabel y que se había entibiado no poco, hubo de avivarse o de encenderse en bastantes corazones, haciendo patente el renacido amor en el aumento, en los altaritos de las barricadas, de los retratos de la reina, que antes estaban muy en minoría, y que ya compitieron y hasta vencieron, por su número y por el encumbrado lugar en que se colocaban, a los del mismo duque de la Victoria[75]».

En todo caso, como escribió el embajador francés a su ministerio, el resultado inmediato de la publicación del manifiesto fue la desaparición de las barricadas bajo la arcada de la Armería Real y la sustitución de la guardia que defendía Palacio por la milicia nacional. La reina saludó a la gente congregada bajo su balcón. «Recibe algunos vivas[76]». El autor de esos comentarios era demasiado optimista y demasiado superficial. El firme cimiento sobre el que los revolucionarios creían que debía consolidarse la monarquía no era el de un cariño sin condiciones por la reina. «La soberanía del país —escribió The Times— está, de hecho, y en la práctica, depositada en el pueblo […] que la ha conquistado por la fuerza de las armas[77]». De la misma forma se pronunciaba la prensa española, incluso aquélla más cercana a las posturas conservadoras del alzamiento, que enfatizaba supuestos historicistas clásicos: «La fórmula con que nuestras antiguas Asambleas hablaban al monarca, diciéndole: nosotros, que todos juntos valemos más que vos, expresaba […] la verdadera significación que tiene el rey en el Estado. […] De esta sencilla idea, inspirada por la recta razón, confirmada por la historia y santificada por la religión misma, se deduce la máxima de eterna verdad de que los reyes son para los pueblos, y no los pueblos para los reyes[78]».

Como encarnación de la voluntad nacional —subrayada por su tardanza en responder a la llamada de la reina— se presentó finalmente Espartero en Madrid. Casi al mismo tiempo, por el ferrocarril del sur y mucho más discretamente, llegó O’Donnell. Karl Marx, cuando ya la revolución social que él esperaba para España había sido sofocada, escribió: «El Espartero que realizó su entrada triunfal en Madrid el 28 de julio no era un hombre real, sino un fantasma, un nombre, una reminiscencia[79]». Tenía razón, pero lo que Espartero representaba no era otra cosa que el fantasma, el nombre y la reminiscencia de la soberanía nacional impuesta sobre la soberanía regia. El duque de la Victoria aún dejó pasar una noche antes de presentarse en Palacio. Había hecho lo mismo cuando, en 1840, la reina María Cristina le llamó a Valencia poco antes de verse forzada a abdicar. Esta vez, sin embargo, la resistencia de Isabel II a las exigencias del general fue mucho más endeble. Ella (y su madre) eran muy conscientes de lo que se estaban jugando. Espartero, por su parte, venía de Zaragoza con el programa íntegro de su Junta de Salvación, donde «era creencia de los más que no podía confiarse en la consecuencia de la reina, no muy aficionada al partido progresista[80]». Tan sólo su «voluntad» de plegarse a las exigencias que traía Espartero, incluido un nuevo gobierno elaborado sin su concurso, podía salvar el trono de Isabel II.

El relato que hace Muñoz de las escenas producidas durante la jura del nuevo ministerio muestran a una Isabel II completamente impotente, obligada a plegarse a todas las exigencias. Así, tras una breve resistencia, aceptó el nombramiento de Dulce como teniente general y de O’Donnell como capitán general del ejército y ministro de Guerra, y cedió también «después de unas breves contestaciones», al nombramiento de Allende Salazar como ministro de Marina. Este último, después de jurar su cargo, hizo algo que, a juicio de Muñoz:

No ha sucedido nunca ni puede suceder otra vez. Después de contestar el señor Allende el “si juro” con la mano puesta en los evangelios, se levantó y poniéndola en el pecho, dijo con voz estentórea: “y también juro defender, como caballero, los derechos y fueros del pueblo”. ¡Cosa inaudita! Pero no paró aquí la osadía e insultos del Señor Allende. —Luego que entraron al despacho le dijo a S. M.: «Esto está muy malo, y quien le diga otra cosa a V. M. miente. Y si yo estoy en este puesto, no es por nadie más que por el Duque de la Victoria, y por nadie más. Por el Duque de la Victoria, pues, daría la vida, me tiraría por un balcón; pero por nadie más». Espartero dijo a S. M. poco antes que jurarán los Ministros que la quería como a una hija: que estaba un poco gorda, pero que estaba bonita: que haría cuanto pudiera porque fuese feliz; y que sólo sentía una cosa que no podía hacer… y ¿qué es?, preguntó S. M. Siento… el que esté casada con el Rey. S. M. le contestó con dignidad y con energía—. No lo sientas: soy muy feliz con él y con mi hija. Cuando se marcharon los Ministros S. M. estaba sofocada y afectada[81].

La capacidad de Isabel II para hacer bueno el viejo dicho de que «injuria que no ha de ser bien vengada ha de ser bien disimulada» ayudó durante todos aquellos días a quienes trataban de frenar la revolución en los aledaños del trono[82]. Entre ellos, estaba Espartero y también O’Donnell, quien, desde su llegada, tomó posiciones como defensor de la reina. Los conservadores estaban asustados por el rumbo que tomaba, o podía tomar, la revolución y en esto enlazaban con un sector importante del progresismo —en el que evidentemente no se encontraba Allende Salazar— que apostaba por un cambio de régimen sin un cambio de dinastía. Fernando Garrido, en sus ácidos recuerdos de la «traición progresista a la revolución» que él defendía, escribió años después que si Espartero no hubiese ido a presentarse inmediatamente a Isabel II, la monarquía habría concluido aquel día: «A partir de entonces, lo que podría haber sido una majestuosa revolución iba a convertirse en un pronunciamiento raquítico[83]».

Las medidas tomadas inmediatamente por el Gobierno demostraron que el resultado de las jornadas de julio de 1854 iba a ser algo más que un pronunciamiento raquítico, pero bastante menos que la majestuosa revolución que los demócratas anhelaban. La publicación, el 1 de agosto, del nuevo ministerio dejó claro que se había realizado en el poder, en nombre de la «unión liberal», la coalición de moderados y progresistas que tantas dificultades tuvo para formarse durante la oposición a los gobiernos extraparlamentarios de 1853 y 1854[84]. Su objetivo inmediato fue rescatar el poder de las manos de las juntas —reconvertidas ese mismo día en meramente consultivas— y poner punto final a la revolución.

La reorganización de la milicia nacional fue un instrumento importante en manos del Gobierno. Por una parte era un arma de defensa de los logros revolucionarios pero, por otro lado, era un medio decisivo de dar organización, sometiéndolos a la disciplina del cuerpo, a los grupos armados incontrolados que seguían dominando Madrid. El 2 de agosto los ciudadanos de las barricadas desfilaron con sus armas ante Espartero, quien apareció, junto a la Junta de Salvación, en el balcón de Correos. Entre los que desfilaban se repartió una proclama de la junta que, bajo capa de constatar un hecho que aún no se había producido, daba por finalizada la revolución: «Ciudadanos: Habéis permanecido en vuestros puestos mientras ha sido necesario conservar una actitud imponente contra los enemigos de la libertad; hoy que ha cesado todo motivo de temor y que tenéis entre vosotros al invicto duque de la Victoria y a su lado al ilustre general que en 28 de junio inició el movimiento regenerador, que ha terminado con tanta gloria, os retiráis a vuestros hogares, tranquilos y satisfechos, con la conciencia de haber llenado vuestro deber[85]». Espartero y O’Donnell se abrazaron en el balcón de la casa de Correos y así permanecerían, mal que bien, observándose mutuamente, hasta que el segundo deshiciese, con la ayuda de Palacio y de la mayor parte del ejército, aquel abrazo —mortal para el progresismo— que duró todo el Bienio.

En los días siguientes fue Espartero el encargado de visitar las barricadas y pedir que se desmontasen, que la gente se retirase a sus casas, se reabriesen los negocios y continuase la actividad laboral en Madrid. El ayuntamiento negoció una reducción del precio del pan y de los alimentos de primera necesidad y acordó el pago de seis reales diarios a casi dos mil jornaleros para que se encargasen de desmontar las barricadas y limpiar Madrid, una tarea y un pago en el que se dio prioridad a quienes habían participado en la sublevación. Se acordó también dar trabajo a otros casi ocho mil jornaleros en diversas obras públicas para reimpulsar, por ejemplo, la construcción del Canal de Isabel II. Finalmente, se estableció un sistema de recogida y compra de armas, ya que «los beneméritos nacionales son los únicos que deben llevarlas, puesto que las llevan para defender la patria y la libertad[86]».

Desde el punto de vista político, y además de sancionar la reposición de autoridades y funcionarios de 1843, se restablecieron provisionalmente las leyes de imprenta y electoral de 1837, las leyes de gobierno local y provincial de 1823, y la legislación sobre la milicia de 1822. Aunque, en sentido formal, la Constitución de 1837 no se restableció, todas aquellas medidas venían a reinstaurar el entramado político de la misma a la espera de lo que legislasen unas Cortes constituyentes convocadas de acuerdo con la ley electoral de 1837.

Fue al hilo de dicha convocatoria cuando se produjo un acalorado debate sobre la situación de la monarquía convertida en símbolo del alcance de la revolución. Los demócratas, organizados en el Círculo de la Unión, insistían en su defensa de la «soberanía nacional absoluta» y, por lo tanto, en la importancia de no prejuzgar el tema de la forma de gobierno de que querría dotarse el país. Desde entonces, junto con el sector más radical del progresismo, protagonizaron diversas escaramuzas simbólicas que mantuvieron viva la cuestión. Así, cuando el general San Miguel —recién nombrado inspector general de la milicia— sugirió que ésta fuese a saludar a la reina inmediatamente después de su instalación, un grupo de oficiales puso condiciones: «Creyeron algunos que esto prejuzgaba la cuestión de la monarquía, determinaron ir también con San Miguel a ver al duque de la Victoria, después de haber estado en Palacio. Todos siguieron el ejemplo: todos fueron. El duque de la Victoria, según su costumbre, dijo lo de siempre: cúmplase la voluntad nacional[87]».

El embajador inglés, Howden, empeñado en tomar el pulso a la situación al regreso de sus vacaciones, escribió a su ministerio el mismo 2 de agosto acerca del estado de opinión de sectores del progresismo, a su juicio respetables, que creían necesaria la abdicación de Isabel II y estaban decepcionados porque no se hubiese producido ya: «Olózaga, a quien vi en Bayona, me dijo muy francamente que consideraba su reinado a punto de terminar» y unos días después añadía: «Nadie cree que la reina esté tres meses en su trono después de la reunión de las Cortes[88]».

La forma de reunión de esas Cortes se convirtió, por lo tanto, en materia fundamental de discusión. El debate interno de la coalición gubernamental se saldó con el acuerdo de que las Cortes serían unicamerales —es decir, prescindirían del Senado vitalicio nombrado por la Corona— a cambio de que no se tocase el tema de la monarquía o la situación de la reina[89]. Validando el acuerdo, el decreto de convocatoria de Cortes del 12 de agosto incluía en su preámbulo una referencia a la necesidad de que las Constituyentes estrechasen aún más los lazos entre el trono y el pueblo, «entre la libertad y la dinastía, objetos que no pueden ser puestos en cuestión y sobre los cuales el Gobierno no admite dudas ni debates[90]».

Frederick Hardman, íntimo amigo del lugarteniente de Espartero Gurrea, escribió a su periódico poco después que aquél había sido, hasta el momento, el decreto más impopular de todos los emitidos por el Gobierno: «Hay en este momento un fuerte sentimiento contra la Reina personalmente y contra la raza a la que pertenece, y hay muchos que desean que se la fuerce a abdicar o que sea destronada por el voto de una Convención Nacional». El problema para todos, seguía, es que no hay alternativa fácil: «Mi creencia es que si Isabel firmase mañana su acta de abdicación, sería recibida alegremente por una larga porción de la nación, pero que el desacuerdo estallaría inmediatamente sobre quién o qué poner en su lugar». Tras referir los candidatos que sonaban esos días entre los personajes que había entrevistado Montpensier, don Pedro de Portugal, el infante don Enrique, escribe: «Se ha hablado incluso de una república federal [pero] entre las clases respetables hay una inclinación decidida por el joven rey de Portugal[91]».

El grado de consistencia de todos esos rumores, o el apoyo real que suscitaban esos nombres, son dudosos. Lo que no se puede dudar es que existía un debate abierto respecto al destino final de Isabel II, hasta tal punto que el descontento de un sector del progresismo y de los demócratas ante el decreto de convocatoria de Cortes obligó a Espartero a rectificar prometiendo que el tema se volvería a tratar. A partir de ese momento, la prohibición de tocar el tema de la Corona se convirtió en letra muerta y formó parte del debate electoral. El propio Allende Salazar, en un manifiesto a sus electores de Vizcaya en octubre, dijo que la forma de gobierno no era lo importante y que las palabras y actos de Espartero a favor de la monarquía y de la dinastía debían atribuirse sólo a la cortesía[92]. Con un objetivo distinto, pero coincidente en el diagnóstico de la situación, se expresó el conservador Diario Español poco antes de las elecciones: «Se ha establecido un nuevo orden quedando casi desconocido y en suspenso el de la reina legítima de España, hasta que la lealtad de las Cortes constituyentes proclame de nuevo la monarquía y la dinastía de doña Isabel II[93]». En sentido contrario se pronunció El Justicia valenciano: «O la revolución se consuma o la revolución se pierde; no hay medio […] Dinastía y tranquilidad, dinastía y orden, dinastía y libertad. No caben en un mismo punto; son intereses contrarios, irreconciliables […] Dejar que la dinastía actual ocupe el trono es dejar en pie un enemigo que a la primera ocasión desgarrará el código que la nación forme en las Constituyentes[94]».

Mientras tanto, las cortesías de Espartero con la reina no escondían sus recelos, o su indecisión. El embajador inglés, con quien éste consultaba muy a menudo, escribió a su ministerio reconociendo que era incapaz de saber qué quería realmente el general, cuya conducta en todos los terrenos era extremadamente errática: «No se entera de nada, o aparenta no hacerlo, no le da importancia a cuál sea la ley electoral, no desarma a los elementos más peligrosos, abandona un consejo de ministros para atender a la diputación de un club republicano y asegura que si en el decreto de Cortes se dice que no se discutirá la monarquía, no tiene importancia porque es sólo la opinión del gobierno[95]». Unos días después, intentaba aclarar las posturas al respecto de los generales que dominaban la situación:

Su Excelencia me hará justicia de reconocer que estaba bien informado de lo que estaba ocurriendo en las casas y hasta en los pechos de los desafectos antes de la insurrección […] me creerá por tanto si le digo que las intenciones del general O’Donnell hace tres meses eran declarar el trono vacante […] En este momento O’Donnell es, y se proclama a sí mismo, el más firme defensor de la reina constitucional. Incluso ha tenido, según he podido saber, dos entrevistas secretas con la reina Cristina […] y ¿por qué? Porque sospecha que el general Espartero está persiguiendo el mismo resultado que él pretendía alcanzar […] No creo que con toda la ambición y la vanidad del general Espartero, tenga la suficiente energía en su corazón y decisión en su mente para reconocer honesta y claramente ante sí mismo que intenta destronar a la reina, y sin embargo, todo lo que hace y, todavía más, lo que permite que se haga, lleva directamente a este fin […] Cenando con el general Concha éste me dijo que el problema es que Espartero no había jugado el papel de O’Donnell liquidando el problema de la dinastía. Olózaga al día siguiente me dijo que haría todo lo posible ante Napoleón III para la proclamación del duque de Oporto, con una regencia […] soy absolutamente incapaz de informar ahora a su Excelencia si la revolución se ha hecho para fortalecer a la Reina y su trono o si para expulsarla de él, si se pretende establecer un despotismo militar o una utopía civil, traer una República, calladamente y a su tiempo, o entregar la Corona a un príncipe extranjero o finalmente (y, por las proclamaciones de varias juntas, no diría que esta posibilidad sea la menor) realizar la desmembración del Reino[96].

Nos hemos acostumbrado a pensar que, en 1854, la corona de Isabel II no estuvo realmente en cuestión porque, en buena medida, así quisieron hacerlo creer más tarde los protagonistas de los hechos con sus declaraciones de lealtad monárquica y dinástica. Sin embargo, un análisis detallado de las declaraciones de unos y otros en aquellos momentos decisivos demuestra que sí lo estuvo y que, con mayor o menor fuerza, todos los caminos estuvieron abiertos durante la revolución de 1854. Sólo la falta de una alternativa monárquica viable y el temor a la radicalización de la revolución en un sentido republicano —opción por otra parte muy minoritaria— hizo que el grueso del liberalismo optase por mantener a la reina[97]. Ildefonso Bermejo, entre otros, da por buena la existencia de una reunión entre diversos líderes del movimiento en que se habló de la decisión de mantener o no a Isabel II en el trono y se llegó a bromear con echarlo a suertes. Años después, la propia reina reprochó a O’Donnell que, en aquellos días del verano de 1854, se jugase «mi dinastía a cara o cruz en una casa de Madrid[98]». Más allá de la exactitud o de la seriedad de aquel incidente, el hecho de que la reina lo creyese indica, en todo caso, la intensidad de su sensación de precariedad.

Una sensación de precariedad que aumentaba con todo lo que sucedía en Palacio. El duque de Riánsares recuerda que los reyes se vieron obligados a salir al balcón junto con Espartero a ver desfilar «a los de las barricadas del Norte: Pocos vivas: poco entusiasmo» y que la Reina tuvo que firmar la sustitución de todos los capitanes generales y directores, «¡¡¡¡incluso Ahumada y Zarco!!!!», así como la de un buen número de empleados. El mayor conflicto se produjo cuando Espartero exigió la destitución de varios miembros de la servidumbre real para reemplazarlos por otros afectos a la situación. Las escenas al respecto —que ya en los momentos en que San Miguel era dueño de la situación habían comenzado con el destierro del amante de la reina, Ruiz de Arana, a Ciudad Rodrigo— se convirtieron para Isabel II en el símbolo de su impotencia.

Al parecer, las discusiones se acaloraron hasta el extremo de que Pacheco y O’Donnell hablaron de retirarse del poder si ella no cedía de buena voluntad y «Espartero exclamó entonces con la mayor frialdad: pues yo me quedo porque he venido aquí a cumplir una alta misión». Isabel II, por su parte, les dijo que «cedería a la fuerza de las circunstancias; pero que todo el mundo sabía que la violentaban y que en vez de servidumbre la ponían carceleros y que estaría como presa […] Espartero volvió a decir que S. M. hiciese lo que quisiese; pero que sentía no poder hacer nada por el Trono […] recordándole que cuando el vino a Madrid el Trono estaba casi por tierra». La reina madre aconsejo a una Isabel II alteradísima «que no llorase delante de los Ministros […] Que, o cediera a sus exigencias sin lloros, o que las resistiera con dignidad y entereza. Que en el caso en que estaba ya no había más que ceder». El rey consorte, según el relato de Muñoz, se dedicó entonces a aportar su granito de arena a los temores de su mujer y, quizás, a buscar una salida propia a la situación diciéndole que «tenía grandes escrúpulos por estar casado con ella[99]».

En medio de esa situación, tan sólo María Cristina de Borbón conservaba cierta calma. Tuvo diversas entrevistas con O’Donnell y con Pacheco, así como con los líderes clásicos del Partido Moderado Mon y Pidal, para asegurarse su situación personal y, al mismo tiempo, evitar que su hija, aterrorizada, tomase la decisión de abandonar el Palacio. «La Reyna Isabel insistió mucho en los deseos de irse: pero su mamá la dijo que no pensase en tal cosa: que lo tuviera como un mal pensamiento: que las cosas políticas pasan pronto, y tienen fácil remedio, y que no lo tendría tan fácil si diera una Campanada haciendo lo que decía». Aquella «campanada» habría puesto en peligro a María Cristina que, desde la instalación del nuevo gobierno, negociaba su salida de España. Así, cuando la reina propuso que saliesen todos juntos con la excusa de «irse a baños», Muñoz la suplicó «que no lo hiciese; pues a las cuatro horas de decirlo sería invadido el palacio para matar a Mamá, a quien acusarían de querer llevarse a su Hija, haciendo verdadera la idea ya esparcida de antemano cuando dijeron que habían reñido[100]».

En efecto, desde la instalación del nuevo gobierno, las iras de los sublevados habían ido desviándose hacia María Cristina, a quien todos consideraban el alma de la política de resistencia y el símbolo del agio y la especulación de los últimos años de la Década Moderada. Al día siguiente de la emisión del manifiesto de Isabel II plegándose a los requerimientos de la revolución, la reina madre había intentado también su golpe de efecto y lo hizo, típicamente, no con palabras sino con dinero. En su archivo privado se encuentra una carta de su mayordomo mayor, el duque de San Carlos, ofreciendo en su nombre la cantidad de 10 000 reales a la Junta de Salvación «para atender a los heridos en las últimas ocurrencias». Le contestó Ángel Fernández de los Ríos, secretario de la junta, diciéndole que se abstuviese de remitir nada hasta que las autoridades provisionales resolviesen al efecto[101]. La respuesta fue el silencio y María Cristina no pudo comprar el favor de los sublevados.

Desde las jornadas de julio, el Palacio Real estaba rodeado «por miles de hombres del pueblo que pasaban la noche vivaqueando en torno a grandes hogueras para impedir que la reina Cristina escapase[102]». Para los demócratas y republicanos, que veían cómo la revolución se les iba de las manos e Isabel II seguía en el trono, el juicio público a la reina madre era un último recurso de juicio público a la monarquía. Para ellos, «juzgando a la duquesa de Riánsares, condenándola e infamándola, como no podía ser menos de suceder, se arrojaba al propio tiempo a la hija, que no podía sancionar lo que llamaría un ultraje hecho a su madre y a la alta dignidad que representaba[103]». Garrido infravaloraba mucho la capacidad de traición mutua de Isabel II y Cristina pero, en todo caso, era evidente que la situación de esta última era una prueba de fuego respecto a la actitud del nuevo gobierno hacia la monarquía como institución.

Inmediatamente después de la constitución del ministerio, se corrió el rumor de que la reina madre intentaba marcharse, lo cual era absolutamente cierto según notas de Fernando Muñoz que se remontan al mismo 2 de agosto. Ese día, María Cristina escribió formalmente a su hija pidiéndole autorización para viajar al extranjero con su familia «tanto por mi salud quebrantada como sabes por la maternidad que me puso al borde del sepulcro, como por intereses particulares de familia en cuyo fabor siempre te has mostrado tan buena y cariñosa. Este mismo cariño te hizo desear que suspendiese mi marcha hasta que pudiese hacerlo con la seguridad y el decoro debido. He acatado y agradecido tus indicaciones. Pero hoy que tienes un Gobierno fuerte y que no dudo sabrá hacer respetar su autoridad en todas partes, te ruego le manifiestes mi deseo de salir al estrangero con mi familia a fin de que tenga a bien [ilegible] Yo, hija mía, en cualquier parte que me halle, tendré el vivísimo recuerdo de tu bondad conmigo, y haré votos por tu felicidad, la de tu querida familia, y la del pays[104]».

Con su proverbial presencia de ánimo, ese mismo día la exregente comenzó a ocuparse del destino de sus posesiones. Exigió que se reforzase la guardia en el palacio de Las Rejas, para evitar la rapiña, y escribió al embajador británico —quien, en la noche del 17 de julio, había salvado de las llamas numerosos objetos y muebles de valor trasladándolos a la embajada— para que los devolviese cuanto antes a su «legítima propietaria». Las cosas, sin embargo, no iban a ser tan fáciles y lo que peligraba no eran tanto las posesiones de María Cristina como su propia situación personal. Mientras la reina madre se ocupaba de éstas, haciendo buena su reputación de avaricia, la Junta de Salvación mantenía una entrevista con el Gobierno para que no se permitiese su salida de España «ni de día, ni de noche, encubiertamente; que si así lo hacía tendrían todo que lamentar una desgracia que era menester evitar a toda costa». La Junta añadió que esa salida sólo debería ser permitida una vez que fuese «residenciada» (es decir, juzgada) por las Cortes[105].

En Palacio, sin embargo, querían forzar las cosas y tenían todo preparado para lograr que María Cristina y su familia saliesen indemnes hacia el exilio en Francia. La colaboración de su representante diplomático se consideró una garantía de seguridad y «decoro». El 3 de agosto la reina llamó a Turgot para pedirle que alguien de la embajada francesa acompañase a la exregente porque, dijo, su madre quería salir «como una Reina y no como una proscrita». Sin embargo, las instrucciones que el embajador tenía de París no eran de ese tenor. El gobierno francés, como el británico, veían con inquietud lo que sucedía en España, pero ellos también trataban de acomodarse dentro de la nueva situación creada por la revolución de 1854 y no querían indisponerse con Espartero. Ésa fue, envuelta en cortesía, la respuesta de Turgot a la reina: «Que eso es imposible porque incomodaría al gobierno como una muestra de desconfianza, heriría la susceptibilidad nacional [y que era] indispensable el consentimiento de Espartero». A las once de la noche, Turgot fue llamado de nuevo a Palacio y la reina, «con viva emoción», le comunicó que «la salida de su madre estaba decidida para las 2 de la madrugada y que le urge que le diga qué persona de la embajada la acompañaría». Ante la pregunta de Turgot de si ya tenía, entonces, el consentimiento de Espartero, la Reina le dijo que «éste no se opone pero que no lo considera necesario».

El embajador redobló sus esfuerzos para convencerla de que no podía acceder a prestar alguien de su embajada para aquella extraña salida nocturna sin una invitación expresa del gobierno español y salió de Palacio para dirigirse personalmente a la residencia del general. Allí pudo comprobar, escribe, «que había hecho bien en mantener la prudencia, tan penosa, ante la Reina. Pues el mariscal me dijo que no podía autorizar esa medida pues implicaba una muestra de desconfianza hacia él, que había asumido la responsabilidad de aquella salida, y por lo tanto no había ningún peligro y me aseguró que iría a Palacio antes de la hora convenida para presidir la salida de la reina Cristina y asegurar a las personas extranjeras que hubiesen podido convencer a la Reina de que su concurso era completamente inútil». Turgot informa inmediatamente después, con satisfacción, que en el curso de aquella entrevista cree que ha logrado establecer con Espartero unas relaciones de confianza que esperaba «poder aprovechar con beneficio de nuestra situación […] Tengo también buenas relaciones con liberales vueltos del exilio y espero poder cumplir las ordenes de París de asegurar al nuevo gobierno que Francia desea conservar con él las buenas relaciones[106]».

María Cristina no logró salir de Madrid aquella noche. Se sabe que Espartero llegó a Palacio, como había prometido a Turgot, una hora antes de la fijada para la salida de la familia Riánsares. Sin embargo, el mismo general era consciente de que la idea de una huida se había filtrado ya por toda la ciudad. «La población de Madrid —escribió Turgot— está prevenida, grupos armados vigilan las calles alrededor de Palacio». La situación se prolongó, e incluso agravó en los días siguientes. «La Reina Madre no puede salir. Bandas armadas han abandonado Madrid e interceptan todas las rutas a una cierta distancia de la capital; la exasperación contra ella ha llegado a lo más alto. El Gobierno ha reforzado la guardia de Palacio [con soldados] porque la noche ha sido muy agitada. Hombres armados recorren las calles[107]».

Cuando se le ofreció a María Cristina un «coche fuerte y un cochero que corriese mucho», se negó indignada diciendo que antes moriría asesinada en Palacio que escaparse. Por su dignidad, pero también por su seguridad, quería que la acompañase un batallón del ejército y salir a descubierto ante todo el Gobierno. Fernando Muñoz, que relata pormenorizadamente todos los intentos fallidos, recuerda sus conversaciones con Pacheco y Collado, que «habían batallado con Espartero y que lo traían poco a poco al buen camino: que estaban trabajando mucho para la salida de S. M. y que creía que pronto estaría todo arreglado, si bien aparecería la cosa un poco dura para los de afuera, que salga bien y con decoro contestó S. M. y lo demás poco me importa». Mientras, el rey incrementaba la tensión trayendo a la hora de la comida «todos los papeluchos que hablan de la reina Madre, y que venden los ciegos por Madrid, y estuvo leyéndolos». Isabel II, por su parte, le regaló a su madre un par de pistolas y cometió la imprudencia de decir, en Consejo de Ministros, que su madre y su padrastro tenían bienes que podían responder de lo que se les acusaba. La indignación de Muñoz y de María Cristina no tuvo límites[108].

A partir de ese momento, con la publicidad que se dio a esa entrevista en la prensa, el problema de qué hacer con María Cristina se convirtió para el Gobierno en un asunto extremadamente delicado. «La exasperación contra ella es tan grande —volvió a escribir Turgot— que su presencia en Palacio es un embarazo o incluso un peligro para el gobierno; sin embargo es imposible hacerla salir». Las opciones posibles comenzaron a dividir al gabinete y en torno a ellas se ventilaba, en buena medida, la radicalización o el freno de la revolución. «La emoción popular causada por el proyecto de salida de la reina Cristina puede conducir a una colisión inmediata. O’Donnell y los otros generales quieren poner límites a la revolución. Los aledaños de Espartero quieren ceder a ella; esta situación es demasiado tensa para que pueda durar demasiado; si la gente exaltada gana, podemos esperarlo todo[109]».

Durante los días siguientes se hicieron llegar al Gobierno varias exposiciones y se publicaron numerosos artículos, sobre todo en la prensa demócrata, pero no sólo en ella, pidiendo el juicio público de la exregente.

La situación es cada vez más revolucionaria y el poder del gobierno decrece. Todas las salidas de Madrid —puentes y carreteras— están ocupadas por hombres armados que registran a los viajeros y no dejan pasar a quienes no quieren. Las diputaciones populares han pedido a la Junta y a los ministros que no se deje salir a la reina Madre y que sea llevada ante las Cortes, las cuales deberían hacerle restituir las sumas que ella, según ellos, se ha apropiado indebidamente. El gobierno ha decidido mantener el equívoco de que ella no saldrá de Madrid clandestinamente. Este asunto ha provocado graves disensiones dentro del gobierno. Una parte es partidaria de ceder a las exigencias populares y la otra amenaza con dimitir si se conserva más tiempo la apariencia de un poder que no se tiene. Las barricadas exigen y no deponen sus armas. La salida de la Reina Madre no es más que un pretexto para llegar a poner en cuestión y resolver violentamente la cuestión dinástica[110].

Sin duda era así. El análisis de las peticiones de las juntas y las barricadas, así como de la prensa del momento y las comunicaciones de los embajadores en Madrid revela, por una parte, la forma en que se fue desplazando el juicio sobre Isabel II hacia su madre y, por otra, la utilización de ese recurso para poner en un aprieto a la propia reina y forzar, ahora sí, su abdicación. Ayguals de Izco resumió poco después el dilema en que se colocaba a la reina y al Gobierno: «Era de todo punto imposible a los ministros de Isabel II convertirse en carceleros de Cristina, y hacer sentar en el banquillo de los acusados a la madre de la que se sienta en el trono de cien reyes, ni podía la hija consentir el proceso criminal de su madre, y mucho menos que sus propios consejeros, los que en su nombre ejercen el poder ejecutivo, ejecutasen la sentencia que dictaran las Cortes. La hija no podía conducir a la madre ante un tribunal. Era indispensable una abdicación, era forzoso que no fuera reina doña Isabel II, para que la conciencia pública recibiese un completo desagravio[111]».

¿De qué se acusaba a María Cristina? El catálogo de agravios encarnaba en ella todos los elementos de desprestigio de la monarquía, públicos y privados, que habían circulado a lo largo de los años: el intento de restaurar la monarquía absoluta, la utilización de los resortes del Estado para el enriquecimiento privado y la absoluta falta de adecuación de las mujeres de la Casa Real a los valores de moralidad y castidad que la burguesía liberal requería de las suyas[112]. La exposición más virulenta, y la que las resume todas, fue la del demócrata Círculo de la Unión, dirigida a Espartero, en la que se le pedía que no defraudase «las esperanzas de los buenos» y acusaba a María Cristina, no sólo de todas las iniquidades políticas y de negocios habituales, sino incluso de asesinato: «Desde 1843 han espantado al país ciertos asesinatos misteriosos […] y un rumor vago, desprendido sigilosamente de todos los labios, esparcía la sospecha espantosa de que existía una Lucrecia Borgia entre nosotros».

Para los demócratas, el juicio a María Cristina era la piedra de toque de la revolución en la medida en que demostraría que ésta no se había quedado en un simple pronunciamiento destinado a cambiar un partido por otro, sino que avanzaría, realmente, en la moralización absoluta de la vida política, de la económica e, incluso, implícitamente, de la privada. Sería, en suma, la constatación fehaciente de que todos los españoles, incluidos los miembros de la Casa Real y la propia reina, eran iguales ante la ley (incluida la ley moral) que «no se estampa tan sólo en los sótanos, en las boardillas y en los tugurios, sino también en los salones alfombrados, en los aristocráticos artesones y hasta en los alrededores del mismo trono, si allí encuentra la ley la ominosa luz del crimen». Junto a María Cristina, todo el sistema moderado —especialmente el de los últimos años— debería ser sometido a juicio: todos los ministros y todos los empleados deberían responder de sus actos, «si ha de salvarse la Revolución; si ha de salvarse el país, si ha de salvarse la moral, no debe detenerse el gobierno[113]».

La mayor parte del Gobierno, sin embargo, lo que intentaba precisamente no era salvar la revolución sino detenerla. En la cuestión de María Cristina, no sólo se jugaba su autoridad ante las exigencias demócratas y el escaso prestigio residual de la monarquía. El juicio a la reina madre podía ser la espoleta de salida de un nuevo avance revolucionario en una dirección incontrolable, capaz de salpicar a buena parte de la clase política y de la burguesía de negocios del país[114]. La expatriación era inevitable, el juicio público debía ser evitado. Como escribió el embajador inglés, no había que olvidar el ejemplo que daba el curso seguido por la revolución de 1848 en París, y «a junio puede suceder febrero; la presencia de la reina madre compromete la seguridad de la hija y del gobierno[115]». La comprometía, además, no sólo por el temor a una profundización social de la revolución, sino también por la posibilidad de una reacción organizada desde Palacio.

El mismo embajador inglés —tras entrevistarse con María Cristina a instancias de ésta— escribió a su ministerio que la estabilidad de la coalición peligraba mientras la reina madre estuviese intrigando en la Corte: «El Palacio es obstinado y hará todo lo posible para vengarse de los que le han obligado a inclinar la cabeza. La Reina Cristina está furiosa y con su extraordinaria habilidad para hacer mal, hará lo posible para que choquen los que ahora son aliados[116]». El mismo O’Donnell —en sus varias maniobras de acercamiento a Isabel II— intentó convencerla de que lo mejor era expatriar a la reina madre, pues sus intereses chocaban, en aquellos momentos, con los de su hija. A la respuesta de ésta de que su madre no interfería en política, contestó el general: «Pues tiene la desgracia, Señora, de que nadie la crea[117]». Meses después, O’Donnell reconoció en las constituyentes: «Doloroso pero necesario es decirlo; sin la revolución de julio María Cristina no hubiera salido de España, y estando en España María Cristina, era imposible un Gobierno libre[118]».

Fue O’Donnell, precisamente, tras pactar su intervención con Espartero, el que convocó a la milicia nacional el día 26 de agosto. Asegurando a los milicianos que la iniciativa la tomaba él en persona, por no ser sospechoso de simpatías hacia la reina madre, les pidió su colaboración para garantizar una salida digna para María Cristina. A cambio, se la expulsaría para siempre de España, su pensión sería cancelada, sus propiedades en España confiscadas y las Cortes abrirían una investigación sobre sus posibles responsabilidades en negocios fraudulentos, de las cuales respondería con esos bienes[119]. El día 28, a las siete de la mañana, María Cristina y su marido salieron del Palacio Real fuertemente escoltados en dirección a Portugal. El Gobierno en pleno acompañó su salida y asumió toda la responsabilidad en una circular publicada por la Gaceta ese mismo día[120].

El embajador francés explicó a su ministerio que, tras tres semanas de tensión, la salida de María Cristina era una buena noticia: «Los peligros que hubiese hecho correr al Trono [su] permanencia justifican la decisión del gobierno». Añadía algo más, un dato que a su juicio había inclinado a Espartero a hacerlo finalmente. Por lo visto, «la actitud firme de Espartero contra los revolucionarios opuestos a la salida» se vio reforzada por la experiencia de ver su casa literalmente invadida de grupos exaltados que le reclamaban el juicio a la madre de la reina y que llegaron a insultarle. «Fue al Consejo furioso, dispuesto e emprenderlas a cañonazos contra el edificio donde se reúne el Círculo de la Unión y que O’Donnell le tuvo que calmar diciéndole que la Milicia podía resolver por sí sola […] Insultos y amenazas contra San Miguel cuando intentó mediar y recorrer las calles como en julio[121]».

Los disturbios que provocó la noticia de la salida de María Cristina, percibida como una traición del Gobierno a la revolución, fueron de hecho el último acto del movimiento iniciado en julio. Los sectores más radicales fueron sus protagonistas. A las once de la mañana del mismo 28 de agosto, después de una animada discusión en el Círculo de la Unión, se decidió fijar una proclama en las calles de Madrid llamando al pueblo a las armas, pidiendo la caída del ministerio y la ruptura de la coalición. Se oyeron gritos a favor de la república y líderes destacados de los demo-republicanos —como Sixto Cámara, José María Orense, José Becerra, Fernando Garrido, Cristino Martos y otros— se lanzaron a las calles a agitar a la opinión e impulsaron la construcción de nuevas barricadas.

Desde los periódicos demócratas se recordaba lo sucedido durante la regencia de Espartero, cuando la residencia de María Cristina en París se convirtió en el centro de las conspiraciones moderadas contra el régimen progresista, y se advertía al pueblo de que «la fuga de Cristina es un peligro inmenso para la libertad de la patria[122]». San Miguel, como había informado el embajador francés, salió a las calles a intentar calmar los ánimos como había hecho durante las jornadas de julio. Sin embargo, el periodista británico Hardman pudo constatar que «sobre este punto la gente no cedía, escuchaba o razonaba[123]». El intento de sublevación —de filiación claramente demócrata— fue, sin duda, alarmante. De hecho, el día 29, y poco antes de ser disuelto y arrestados sus miembros, el Círculo de la Unión fijó una nueva proclama decretando la abdicación de Isabel II[124].

Sin embargo, los datos con que se cuenta demuestran que la sublevación no llegó a trascender la cifra de unos quinientos hombres armados, muchos de ellos militares de graduación media en situación de reemplazo y miembros del batallón de voluntarios de Madrid recientemente disuelto. Los distritos del sur, supuestamente más radicales, permanecieron pasivos y, aunque algunos milicianos participaron en la construcción de las barricadas, el grueso de la milicia permaneció fiel al Gobierno y fue decisivo en la contención y posterior represión de los hechos[125].

El ministerio, reunido en pleno, recibió a varias diputaciones de los sublevados, entre ellos a Ordax Avecilla y a Orense. O’Donnell y Espartero hicieron frente común ante sus exigencias declarando que era imposible retroceder, que la reina madre no volvería a Madrid. «Tras haber probado los peligros de la licencia popular —escribió irónico el embajador francés—, Espartero y Salazar se han moderado y se vuelven algo más monárquicos». En todo caso, se habían vuelto más prudentes y más conscientes de la apurada situación del Gobierno en medio de una crisis financiera cada vez más alarmante ante la falta de recursos debida a la supresión popular de los impuestos. Para lograr la colaboración de los «capitalistas y banqueros se han visto obligados a apelar a su patriotismo asegurándoles que sabrán mantener el orden y que sólo querían para el país instituciones altamente liberales, basadas sobre una monarquía digna; es decir, sobre una Monarquía rodeada de todo el prestigio necesario para hacer la felicidad de la nación[126]».

Fernando Garrido, que critica ácidamente la «traición» de Espartero, cierra su relato de los hechos con un solemne: «El 28 de agosto quedó aniquilada y vencida la revolución de julio […] todos vieron en aquel acto la abdicación completa de ese hombre y de su partido, la preponderancia de O’Donnell, el triunfo de los moderados[127]». No era una abdicación, era la constatación de que la revolución que preconizaban Garrido y sus correligionarios no era la revolución de la coalición de moderados y progresistas instalada en el Gobierno. El propio Espartero publicó una proclama, firmada sólo por él, en la que justificaba la actuación del gobierno y acusaba a los alborotadores de «enemigos que quieren desunirnos». A pesar de su ambigüedad calculada, las implicaciones estaban claras: la expatriación de María Cristina era el único medio de «salvar a las Cortes de un legado funestísimo para los destinos de la patria. ¿Podría quererse un juicio de responsabilidad personal?… Considerad sus peligros y sus consecuencias; considerad que no tiene ejemplo en nuestra Historia y que los españoles lo rechazarían […] La libertad, los derechos del pueblo, las conquistas que hemos hecho a costa de tanta sangre y de tanto sacrificio, estad segurísimos que no corren riesgo alguno en manos de un gobierno presidido por el vencedor de Luchana, y en el cual se halla el valiente que levantó en Vicálvaro la bandera de la libertad[128]».

Para un observador europeo, asustado por el curso de una revolución que comenzaba a parecerse demasiado a la revolución francesa de 1848, los disturbios de agosto de 1854 en España tuvieron la ventaja de obligar a Espartero «a romper, al fin, abiertamente con el socialismo y la anarquía[129]». Al día siguiente Madrid estaba despejada de barricadas y las aspiraciones demócratas, vencidas; se detuvo a más de cien personas, se dictaron medidas contra la prensa demócrata y se prohibieron las sociedades, clubs y reuniones políticas. El Círculo de la Unión fue disuelto y varios de sus miembros, encarcelados. El 2 de septiembre la Junta de Salvación, que ya era meramente consultiva, se disolvió. La situación revolucionaria había acabado.

Ese mismo día, María Cristina escribió a su hija: «Tus días más prósperos son los días en que no me ha hollado la calumnia. Tus días peores son los presentes en que así me han manchado. Mira si te importa a ti y a todos vosotros mi defensa[130]». Incansable, soberbia, buscando de nuevo la manera de concitar en torno suyo a las fuerzas de la reacción, la reina madre comenzó a escribir en Trujillo, poco antes de cruzar la frontera de Portugal, el manifiesto luego llamado de Monte-Mor, en el que se presentaba como una madre ultrajada por la calumnia y una reina a la cual el liberalismo, que ella seguía considerando acreedor suyo desde 1833, le mostraba nuevamente su ingratitud[131].

Sin embargo, el lenguaje ampuloso y afectado, el rebuscamiento y el convencionalismo del texto —de cuya redacción final se encargó su secretario Antonio Rubio— comenzaban ya a parecer cosa de otros tiempos. El moderantismo que ella había conocido y alimentado —el del marqués de Viluma, el de Castillo y Ayensa y otros similares que la escribieron inmediatamente poniéndose a sus órdenes— carecía de la fuerza de otros momentos, y la reacción, cuando se produjo, ya no la tuvo a ella como eje principal. Su propia hija había comenzado a temer los efectos de la influencia de una madre que siempre quiso mantenerla en deuda por haber salvado su trono. Con la salida de María Cristina hacia Francia no sólo acababa la revolución de 1854. Acababa también todo un ciclo del moderantismo histórico arropado, dominado y, en buena medida, creado a su servicio por la cuarta esposa de Fernando VII.

Algo más había ocurrido también. Un efecto indeseado de las críticas demócratas a María Cristina fue el oscurecimiento de la responsabilidad de la reina Isabel. Tanto en lo político, como en lo relativo a su irregular vida privada, la pésima imagen de Isabel II se fue disolviendo en la esfera pública revolucionaria y transfiriéndose a su madre. Una operación de transferencia que ayudó mucho a crear el escenario adecuado —en el terreno de las percepciones de la ciudadanía— para el reacomodo de la monarquía isabelina dentro de la revolución. La coalición gubernamental de progresistas y moderados, y la propia reina, no dejaron de aprovechar aquella vía de escape para retomar el mito de la inocente Isabel quien, con voz temblorosa y aniñada, abrió las Cortes constituyentes en noviembre de 1854.

CAPÍTULO 2

MONARQUÍA, NACIÓN Y REVOLUCIÓN:

LA ILUSIÓN MONÁRQUICA DEL LIBERALISMO PROGRESISTA

No soy republicano, sin que por esto me asuste la República. Si hubiera nacido en Estados Unidos, sería republicano, y republicano de corazón; pero habiendo nacido en España, soy monárquico, y quiero […] la Monarquía digna, muy digna.

ALLENDE SALAZAR (1854).

Cómo acaban las revoluciones, a manos de quién y en beneficio de quién no es el único (ni quizás el mejor) modo de comprenderlas en su especificidad histórica. La valoración de la revolución de 1854 como una rivoluzione mancata en lo que respectaba al problema de la forma de gobierno fue un topos clásico de la literatura política e histórica de los demócratas y republicanos de los años siguientes. Sin embargo, fue algo más. El intenso debate sobre la forma de gobierno —y más exactamente sobre la continuación de la dinastía borbónica— afectó a la comprensión de las relaciones entre liberalismo y monarquía de grupos más amplios que los declaradamente republicanos. Fue una escuela de formación política para sectores muy extendidos de la población al presentar en la esfera pública liberal, de forma abierta y masiva, el debate sobre la posibilidad de que la soberanía nacional, y la ruptura con el absolutismo, alcanzase efectivamente, y no sólo retóricamente, al trono.

En buena medida, la revolución de 1854 se había cerrado en falso, por lo que respectaba a la cuestión de la monarquía, con la salida de María Cristina de España y la represión de los disturbios que la sucedieron. Tras la rectificación informal, pero sumamente efectiva, de Espartero al preámbulo del decreto de convocatoria de Cortes Constituyentes, la cuestión de la forma de gobierno se mantuvo en suspenso durante todo el proceso electoral. Siguió estándolo después de abiertas las Cortes y fueron ellas mismas las que tuvieron finalmente que liquidarlo. Era la primera vez en la historia de la revolución liberal española que esto ocurría y, como ya he apuntado, el hecho de que el problema se resolviese en un sentido favorable a la continuación de Isabel II, y se cancelasen otras posibilidades, no resta importancia histórica a lo debatido entonces. El 10 de agosto de 1854, el embajador británico en Madrid, Howden, había escrito a su ministerio: «Nadie cree que la reina esté tres meses en su trono después de la reunión de Cortes[1]». El 1 de noviembre escribió: «las clases medias muestran una indudable indiferencia respecto al trono[2]».

En este capítulo analizaré cómo, tras lograr sobrevivir a la hostilidad y a la indiferencia, la monarquía de Isabel II acabó formando parte sustancial del diseño político postrevolucionario, dando por buena, también para el liberalismo progresista, la ilusión monárquica de moderados y conservadores. Interesa analizar el modo, precario y, a menudo contradictorio, que adoptó en este caso la de un trono sujeto efectivamente a la soberanía nacional, creado de forma directa e inapelable por ella.

El clima de agitación política y social en que se celebraron las elecciones a Cortes Constituyentes demostró que las expectativas de cambio suscitadas por la revolución no se habían agotado en las jornadas de julio y agosto. A la crisis de subsistencias y a la epidemia de cólera, que se agudizó y extendió durante los primeros meses del otoño, se sumó la agitación obrera y campesina en lugares tan diversos como Andalucía, Extremadura, Castilla, Aragón, Cataluña o Madrid. Los motines contra el pago de impuestos, especialmente los aborrecidos consumos, se sumaron a los intentos de organización de los obreros de la construcción madrileña y, sobre todo, de los trabajadores del textil catalán, que mantuvieron en jaque a las autoridades progresistas recién nombradas. Al mismo tiempo, y aún en un estado de latencia y de brotes puntuales, la agitación carlista volvió a dejarse sentir en diversos puntos de país, notablemente en Castilla, y el conde de Montemolín emitió un manifiesto en el que anunciaba su pronto regreso arropado por una promesa de reformas y contemporización con los cambios[3].

En este contexto de agitación social, las elecciones municipales y generales, que habrían de producirse sucesivamente entre el 24 de septiembre y el 4 de octubre, se convirtieron en una prueba del diverso grado de politización de la población, hasta el punto de que el ministro de Asuntos Exteriores, Joaquín Francisco Pacheco, aseguró al embajador británico, Howden, que de celebrarse estas últimas por sufragio universal, «aproximadamente la cuarta parte de la nación, o algo menos, se inclinaría por el progreso moderado e ilustrado, la otra cuarta parte o quizás algo más por el socialismo, la división de la propiedad y todo tipo de teorías salvajes e impracticables, y que el resto de la nación sería francamente carlista[4]».

Las palabras de Pacheco pueden parecer exageradas pero demuestran el temor de los liberales respetables, progresistas y conservadores, ante los efectos que podría tener una apertura del sistema de representación censitario establecido desde los mismos inicios de la ruptura liberal[5]. Las elecciones se convocaron de acuerdo con la ley electoral del 20 de julio de 1837 con algunas variaciones producto del carácter unicameral y constituyente de las Cortes que se elegían[6]. La campaña electoral reveló el alto grado de fragmentación interna de todas las opciones políticas reconocidas hasta el momento. Precisamente fue esa división interna —junto con los efectos acumulados por la práctica de la coalición revolucionaria y el temor a «los excesos a su izquierda»— la que favoreció el surgimiento embrionario de la llamada Unión Liberal, que pretendía recoger todas las aspiraciones de progreso moderado e ilustrado a que aludía Pacheco[7]. De hecho, de una forma u otra —y con la excepción de grupos muy minoritarios del viejo moderantismo (los pocos que no se retrajeron en las elecciones) y de otros igualmente minoritarios pero muy activos del clima de opinión demo-republicano—, en la base de casi todos los programas se recogía la idea de la unión de las fuerzas que se habían sumado a la revolución de julio.

Candidaturas bajo la denominación Unión Liberal —casi todas llevando como enseñas los nombres de O’Donnell y Espartero— se presentaron en todo el país. De entre ellas, la más conocida y probablemente la más influyente en el plano nacional fue la publicada el 17 de septiembre de 1854 tras un intenso debate en el Teatro Real de Madrid al que asistieron más de dos mil personas. Su objetivo fundamental era apropiarse políticamente de los réditos de la revolución y de su significado: «La revolución de julio no ha sido el triunfo de un partido contra otro partido; es la nación entera la que se ha levantado contra un sistema de gobierno corruptor y opresivo, condenado por sus vicios y sus errores […] Así, la unión que de un modo más o menos espontáneo o fortuito contrajeron desde luego esos partidos para combatir, continuada después voluntariamente para organizar (que es lo que se llama la unión liberal) no sólo es un hecho consagrado por la misma revolución que se debe a sus comunes esfuerzos, sino por la razón, que aconseja su permanencia como único medio de afianzar la conquista por todos alcanzada[8]».

En nombre del viejo mito de la unión de todos los partidos liberales, supuestamente alcanzada en las jornadas revolucionarias, los impulsores de aquel manifiesto buscaban aislar a los sectores más reaccionarios del moderantismo y atraer a los votantes tradicionales del progresismo que no comulgaban con las ideas demócratas. Frente a estas últimas posiciones se definía explícitamente una propuesta de unión liberal que, a juicio del periódico conservador El Diario Español, «sería ineficaz, incomprensible, inexplicable y absurda, comprendiendo a otra escuela, a otro partido, a la escuela que llamándose democrática» impugnaba de hecho el liberalismo clásico de moderados y progresistas templados[9]. Desde esos supuestos, se intentaba que la bandera de la unión fuese el Manifiesto de Manzanares, la promesa de un gobierno destinado a la modernización económica, hacendística y administrativa del país, así como a la defensa explícita de la soberanía nacional y del «trono de Isabel II, rodeado de instituciones que aseguren los derechos inherentes a la autoridad real y el ejercicio espontáneo de la regia prerrogativa, sin menoscabo de la potestad del Parlamento[10]».

Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, si algo demostró la intensa y reñida campaña electoral de septiembre de 1854 fue el grado de división interna de las fuerzas políticas que, momentáneamente, se habían unido contra el ministerio de San Luis. Una división que afectaba tanto al electorado como a los líderes políticos y al propio Gobierno surgido de la revolución. Una división, además, que atravesaba todas las fuerzas políticas de forma que, si era difícil distinguir en muchas ciudades a los nuevos conservadores de los viejos moderados, igualmente difícil era establecer perfiles nítidos entre el ala izquierda del progresismo y los demócratas.

Buscando esa definición, se publicó el 27 de diciembre el Manifiesto Democrático, elaborado en una reunión celebrada en el Teatro de Oriente de Madrid, en el que se distinguía explícitamente entre la libertad y la unión, y se procuraba dignificar la libre concurrencia de opiniones políticas frente al mito de la unidad liberal. Negándose a aceptar la monarquía y a Isabel II como intocables, por el procedimiento de no mencionar a ninguna de las dos y recordar la «omnipotencia de la asamblea constituyente», los demócratas abogaban por la inviolabilidad de los derechos individuales ilegislables (conciencia, enseñanza, imprenta, reunión, asociación, etcétera), los juicios con jurados, la descentralización administrativa, la unidad de fueros, la reforma radical del sistema tributario (para eliminar las contribuciones indirectas), la reforma arancelaria en un sentido liberalizador, la reforma del ejército sobre la base de las milicias provinciales, la abolición de las quintas, la desamortización civil y eclesiástica, la enseñanza gratuita y obligatoria, y la formación de causas judiciales a «los autores y cómplices de las depredaciones hechas en estos últimos tiempos[11]».

Si el manifiesto madrileño mantenía un elocuente silencio sobre la reina, no hacían lo mismo otros que se publicaron en aquellos días bajo el epígrafe de manifiestos demócratas, como los que apadrinaba El Justicia de Valencia: «Dejar que la dinastía actual ocupe el trono es dejar en pie un enemigo, que a la primera ocasión desgarrará el Código que la nación forme en las Constituyentes.»[12]. Menos explícitas, pero enormemente significativas por enfatizar que no importaba la forma de gobierno mientras ésta quedase efectivamente sujeta a la soberanía nacional, fueron las palabras de Pellón y Rodríguez en una importante reunión del Círculo de la Unión el 2 de agosto de 1854:

La democracia española no es un partido republicano y tampoco lo es monárquico. La democracia española no se ocupa en la actualidad, ni se ha ocupado nunca, de la forma de gobierno, porque esto sería ocuparse de la parte con preferencia al todo o tomar el efecto por la causa. Los demócratas estamos convencidos de que no es la forma de gobierno lo que más influye en los destinos de las naciones. La democracia española hasta ahora no es republicana, pero tampoco es monárquica. [Una voz: «Entonces no es nada».] Es mucho. Es altamente liberal, es altamente moral, es altamente nacional en sus principios[13].

¿Qué proponían, en este contexto, los progresistas que, tradicionalmente para los historiadores, fueron considerados hegemónicos durante los dos años posteriores? La división interna del partido se hizo evidente durante la campaña electoral en un sentido mucho mayor, si cabe, que lo que ocurría con los moderados, conservadores y demócratas, hasta el punto de que no existe un manifiesto netamente progresista que actuara como banderín de enganche en el sentido (parcial) en que lo hicieron los anteriores. Debieron de ser frecuentes situaciones tan confusas como la de Valencia, por ejemplo, donde entre las listas que alcanzaron más respaldo se incluían, a un tiempo, desde el propio general O’Donnell hasta «unionistas» locales declarados como Domingo Mascarós, pasando por demócratas como Calvet, Sorní y Rivero, que acabarían votando en contra de la monarquía en las Cortes[14].

Por eso, la definición de qué era ser progresista «puro» y cuáles eran sus señas políticas diferenciales quedó pendiente durante las elecciones a Cortes. Sin duda, esto favoreció la marea unionista, con todo lo que eso implicaba desde el punto de vista de pérdida de hegemonía política clara del progresismo. Una pérdida que fue, en este sentido, mucho más temprana de lo que se ha querido ver hasta ahora. Así, los que comenzaron a denominarse progresistas puros se encontraron desde el principio de la andadura del nuevo régimen, y en concreto durante las elecciones de octubre de 1854, atrapados entre la adhesión a la unión liberal de una buena parte de los líderes más reconocidos de su partido y la atracción que sobre ellos ejercían las propuestas demócratas, incluidas aquéllas que querían dejar pendiente, para su discusión en las Cortes, el tema de la forma de gobierno y el destino de la dinastía. De hecho, cuando los puros intentaron desmarcarse de la alianza unionista con los moderados templados, sus propuestas acabaron siendo —con la excepción del sufragio universal y la insistencia en la «cuestión social» (y no siempre)— muy similares a las de los demócratas. Especialmente en lo referido al carácter ilimitado de la soberanía nacional, los derechos individuales, la descentralización, la liberalización económica, la reforma tributaria, la milicia y la desamortización.

Pocos días antes de las elecciones, el embajador británico Howden escribió a su ministerio dando cuenta de lo que, a su juicio, era una evidente disolución del progresismo que atañía, entre otras cosas, a la cuestión dinástica. En términos generales, y a su juicio:

Los progresistas son ahora un cuerpo de formación heterogénea. El viejo partido progresista de 1835 a 1843 no es el partido de 1854. Aquel partido ya no existe y murió con Argüelles y Mendizábal […] Todo lo que quisiera decir para que se entendiera realmente lo que ha ocurrido aquí es que los progresistas de la escuela inglesa que existían antes no son los progresistas de la escuela francesa que existen ahora […] El cuerpo de los actuales progresistas contiene todos los matices de posición desde el más claramente liberal hasta el más rabioso republicano. Hay progresistas cuyas doctrinas tienden hacia las viejas doctrinas de la escuela y que ahora son moderados por comparación con lo que está ocurriendo y que se unirían al partido moderado si se produjera en las Cortes un gran cisma en el tema del futuro de la monarquía[15].

Las elecciones se produjeron finalmente durante los días 4 y 6 de octubre, aunque en las zonas más afectadas por la epidemia de cólera se pospusieron aún seis semanas, de forma que casi una tercera parte del país votó cuando las Cortes ya estaban abiertas y cuando los resultados de los otros dos tercios ya eran conocidos. Aun así, fueron probablemente las elecciones más limpias del reinado y las que tuvieron mayor índice de participación, un 70 por ciento[16].

Los embajadores británico y francés explicaron a sus ministerios, inmediatamente después de las elecciones, que les resultaba difícil ofrecer datos precisos sobre la composición política de la nueva Cámara pero que algunos datos iniciales eran significativos. Lord Howden informó a Londres —interpretando a su muy elitista manera la sustancial democratización sociológica de los diputados de las constituyentes— de que «la peor característica de la nueva cámara es la casi total ausencia de los hombres de rango y familia [rank and family] y de la gran propiedad. Esa gente ha huido de la política y del cólera[17]». Por su parte, Turgot escribió algo similar: «La mayor parte [de los elegidos] son hombres nuevos y desconocidos. Mis amigos me dicen que, en las presentes circunstancias podría haber sido peor[18]».

En todo caso, el resultado más evidente, dentro del relativo desconcierto partidista que hemos indicado antes, fue la práctica desaparición del moderantismo clásico que, o bien se retrajo, o bien no logró actas propias con la excepción de algunos nombres destacados como los de Cándido Nocedal, Alejandro de Castro o Claudio Moyano. Unionistas y progresistas puros se repartieron, con difíciles contornos precisos y una cierta mayoría progresista, buena parte del resto de la Cámara, que quedó completa con más de una veintena de demócratas declarados. Esta división, de trazo grueso, escondía sin embargo muchas más diferencias internas de lo que parece a simple vista. Merece la pena detenerse en ellas, porque de una valoración lo más exacta posible de las Constituyentes depende en buena medida la comprensión cabal de la correlación de fuerzas políticas del Bienio mal llamado «progresista[19]».

Así, entre los presentados bajo candidaturas unionistas existían treinta o cuarenta diputados pertenecientes, según Howden, «al antiguo partido moderado que optó por la sublevación y que están dispuestos a seguir al general O’Donnell en el caso de que haya una ruptura de lo que ahora se llama la unión liberal, así como cincuenta o sesenta esparteristas que oscilan entre la unión impuesta por la naturaleza de las cosas y los progresistas de todos los matices que van desde el “pastelero” al “exaltado” pero que no están comprometidos con ningún jefe aunque algunos añoran a Olózaga[20]».

Días después de abrirse las Cortes, el periódico progresista La Iberia intentaba iluminar a sus lectores sobre la composición de una Cámara extraordinariamente heterogénea. Encontraba hasta cinco grupos, «fracciones», de contornos imprecisos: «La moderada, la progresista estacionaria, la de los independientes, la de los progresistas puros y la de los demócratas». La fracción moderada estaría compuesta por, al menos, dos tendencias. La primera, integrada por hombres que combatieron en su momento los ministerios antiparlamentarios de 1853-1854 «cuyas ideas han avanzado mucho, y aunque se llaman conservadores, por un contrasentido, serían hoy verdaderamente progresistas si pudieran olvidar las filas en que han militado». La segunda, mucho menor, estaría compuesta a juicio de La Iberia por «moderados viejos» que buscaban su acomodo en la nueva situación aparentando «liberalismo, abnegación y justicia».

Por lo que respectaba a la fracción progresista estacionaria, la de los denominados «santones», estaría integrada por progresistas «flexibles con los moderados» y caracterizados porque «habiendo trabajado por la revolución se asustan ahora de sus más legítimas consecuencias». Mucho mayor, con cincuenta o sesenta diputados, sería la fracción de los «independientes», entre la que se incluyen «antiguos progresistas que admiten con frialdad como su jefe al duque de la Victoria y […] otros jóvenes de talento y aspiraciones que lo mismo podrían ser moderados que progresistas estacionarios, o puros, o demócratas […] En cuanto a su duración no creemos que sea larga, porque prevemos su desmembramiento».

La fracción de los progresistas puros, con la que se identificaba el periódico, reuniría «a los antiguos e inflexibles progresistas, viejos en los padecimientos y en la experiencia […] con otros modernos en el campo de la política, que reconocen la necesidad del progreso legítimo, no amenguado por la omnipotencia real. Estos sientan por base la Soberanía Nacional; aceptan por jefe a Espartero; quieren el trono constitucional y con él los derechos políticos ensanchados hasta los límites que la experiencia exija. Progresistas en la verdadera acepción de la palabra […] que aspiran a grandes reformas económicas, como cimiento de las reformas políticas».

Prudente, o interesadamente, La Iberia no hacía ninguna estimación de su número y acababa su valoración provisional de la composición de las Cortes con una alusión a los demócratas, definidos como aquellos hombres que ansían «la práctica inmediata de sus doctrinas […] noveles en la política, quieren presentar al punto el combate, sin medir sus fuerzas, sin haber contado con las del enemigo». Tampoco se hacía una estimación de número y el artículo concluía con una proyección de futuro que la experiencia posterior no hizo sino confirmar: «En resumen, el Congreso presentará dos campos principales: el de los estacionarios y el de los puros; el primero se esforzará con los moderados, el segundo con los demócratas. Los independientes se inclinarán allí donde la conveniencia les aconseje a prestar auxilio[21]».

Para todos esos grupos, la cuestión de la monarquía no era en absoluto baladí, aunque los propios demócratas, como hemos visto, considerasen accidental respecto al cumplimiento de su programa, el tema de la forma de gobierno. Como escribió el corresponsal de The Times dos días antes de abrirse las Cortes, en los cafés y en los corros de la capital se discutía si la reina debería abrir o no las Cortes —prejuzgando así su supervivencia— y se hacían apuestas sobre las verdaderas intenciones de Espartero, sobre su silencio respecto a la monarquía, sobre sus aspiraciones a una regencia y sobre el futuro que esperaba a Isabel II cuando se constituyeran las Cortes[22].

La situación era tal que, inmediatamente después de las elecciones, los diplomáticos franceses enviaron a su ministerio un largo memorando acerca de las diversas posibilidades de cambio dinástico en España dado que, «aunque la reina Isabel ha conseguido sostenerse ante el primer choque de la revolución […] todo hace pensar, desgraciadamente, que su caída puede ser un hecho a la luz de los resultados que tenemos y quizás, nos atrevemos a decir, es inevitable […] Parece que esta joven princesa, heredera de una sangre fatal, está destinada a expiar, después de haberlos exagerado, los errores que la han precedido y que no puede pretender otra misión en la historia de su país que mostrar como las dinastías suben y se pierden[23]».

Mientras tanto, la heredera de aquella sangre fatal se hallaba recluida en El Pardo. Fue una decisión del Gobierno que la familia real se trasladase a las afueras de Madrid, formalmente para ponerla a salvo del cólera e informalmente para alejarla de un ambiente político extraordinariamente caldeado. La ausencia de la reina y el silencio de Espartero respecto a la cuestión de su permanencia en el trono, una vez abiertas las Cortes, se convirtieron en fuente de rumores de todo tipo. El más insistente, especialmente aireado por la prensa conservadora, fue que el duque de la Victoria —que ya había probado las mieles del poder supremo— ambicionaba la regencia o, incluso, la presidencia de una posible república[24].

Al paso de aquellas posibles ambiciones salieron inmediatamente un puñado de generales insurrectos de la oposición liberal conservadora a San Luis, entre ellos Concha, Serrano y Messina, quienes insertaron el 17 de octubre un artículo en El Diario Español advirtiendo (sin nombrarlo) de las posibles aspiraciones del exregente: «No, mil veces no, la nación española no pertenecerá nunca a determinadas individualidades. Será presa de la revolución, de la demagogia, del socialismo, de la anarquía, de la tiranía, del despotismo, del caos; pero de un hombre, siquiera sea ilustre, magnífico y glorioso, JAMÁS[25]».

Los rumores eran tan insistentes, no sólo en España sino en Europa, como para que el Gobierno francés requiriese de su embajador en Madrid una valoración precisa de las intenciones de Espartero y de «las posibilidades» de la reina Isabel. Drouyn de Lhuys, en concreto, puso a Turgot al corriente de una entrevista entre el progresista Antonio González y el ministro de Exteriores británico en la cual éste aseguró a lord Clarendon «que había pocas posibilidades de mantener a la reina Isabel en el trono». Turgot contestó inmediatamente diciendo que no le sorprendía en absoluto aquella «confidencia» en la medida en que él también desconfiaba de las ambiciones ocultas de Espartero, su calculada ambigüedad a la hora de aceptar el poder, «nombrado al mismo tiempo por la junta de Zaragoza y por la Reina, el retraso en irse a Madrid, toda su conducta después […] Disimula su ambición pero sus amigos no y la expresan claramente por él. González es amigo íntimo de Espartero».

Con todo, Turgot creía que había razones para la esperanza. Por una parte, y refiriéndose a la posición de Isabel II, porque «a pesar de los errores de sus anteriores gobiernos y de la poca consideración que se tiene de ella, todavía, a pesar de todo, su fuerza es grande porque todos los partidos están convencidos de que la caída del Trono sería la señal de una serie de desgracias incalculables; la primera de las cuales sería la guerra civil». Por otra parte, «Espartero tiene sus partidarios pero la mayoría del país vería su ascenso como una usurpación». No eran pocos, añadía, los que recordaban los errores de la regencia esparterista y la debilidad de carácter del general.

En cuanto a la unión de España y Portugal, «ha sido acogida con calor por sectores del partido progresista pero no tiene ningún eco en las masas. Para el partido progresista era una bandera de oposición; es diferente estando en el poder. A la mayoría de Portugal no le interesa la idea y el rey es demasiado joven y poco conocido para inspirar grandes simpatías. Además es extranjero. Algo que inspira aquí tanta antipatía que impide incluso las aspiraciones —a justo título— de la duquesa de Montpensier […] Si, a pesar de los esfuerzos de las potencias aliadas, el trono de Isabel II cae, el resultado sería una nueva guerra civil que favorecería a Montemolín». Por todo eso, concluía, la política oficial francesa no debería cambiar, la única línea de conducta posible era a su juicio la de seguir apoyando a Isabel II y «sostener todos los gobiernos que se sucedan que tengan esa causa[26]».

A pesar de sus palabras finales, Turgot sabía que la situación era peligrosa, y lo era, entre otras cosas, porque las incertidumbres de la política española amenazaban con tensar las relaciones entre Francia e Inglaterra, siempre sujetas a un delicado equilibrio. Él mismo había informado a su ministerio de la creciente tensión que se había ido abriendo camino entre él y lord Howden, mucho más cercano a los progresistas que el muy conservador embajador francés. De hecho, Howden acababa de colocar a Turgot en la molesta situación de tener que desmentir ante su ministerio que hubiese tenido la menor participación en un intento de hacer caer a Espartero para sustituirlo por Concha. Turgot, en un largo informe autoexculpatorio, no dudó en criticar abiertamente a Howden por su deseo de influir en la política española en detrimento de Francia, acusándole de lo que él mismo practicaba. La malicia del francés rivaliza con la del británico: «Lord Howden, que tiene el feliz privilegio de mantenerse joven a pesar del paso de los años, ha conservado también la vivacidad de imaginación y las pasiones de la juventud. Tiene ciertas dificultades para comprender que una alianza sincera ha reemplazado al antagonismo que existía antes entre su país y el mío[27]».

Mientras todo esto ocurría, la figura de Isabel II aparece en la documentación como la de un personaje prácticamente inerte, a la espera, más actuado que actuante, en torno al cual se generaban todo tipo de especulaciones, de consejos, de rivalidades y de actuaciones frecuentemente desencaminadas o contradictorias. También de manipulaciones. Así, Pacheco se vio forzado a asegurar a Howden que, contra lo que se rumoreaba, la reina nunca había pensado en abdicar desde su retiro de El Pardo y que esos rumores eran producto de gentes como Olózaga, que la odiaban tanto que difundían la especie para disminuir sus partidarios y debilitar su situación[28].

Para acabar con los rumores, sus más acérrimos defensores dentro de la coalición revolucionaria insistieron en la necesidad de que la reina regresase cuanto antes a Madrid, y se hiciese visible en la capital, arropada con los símbolos de la nueva situación. Fue de nuevo el general Evaristo San Miguel quien se esforzó por lograrlo y, cuando la familia real regresó a Madrid el último día de octubre, organizó en su honor un solemne acto de presentación de todos los oficiales de la milicia. Cuenta Howden que los oficiales se comportaron durante el acto «mohínos como osos» y apresuraron su marcha de Palacio para ir a presentarse a Espartero demostrando así a quién consideraban verdaderamente necesario ofrecer sus respetos[29].

Por esas mismas fechas, alguien desconocido envió directamente a Isabel II una propuesta de discurso de apertura de las Cortes Constituyentes como medio de «salir al encuentro (del enemigo) y hacerlo con valentía». Más allá de que fuese o no tomado en consideración, el texto de la minuta revela hasta qué punto el entorno de Isabel II temía que se forzase su abdicación y los extremos a que estaban dispuestos a llegar para evitarlo. El anónimo autor del proyecto de discurso de apertura sugería que la reina comenzase su discurso acusando de forma explícita al gobierno de San Luis y haciendo uso del viejo recurso de la reina secuestrada y engañada: «No perdonaré nunca a los que, depositarios de mi confianza, y conocedores a fondo de las buenas disposiciones de mi alma joven y generosa, han extraviado la opinión pública, enajenándome por el momento el amor de mi pueblo […] La venda de mis ojos cayó el diecinueve de julio […] Yo también he conquistado con el auxilio del Pueblo Mi Libertad de Reina. La lección ha sido severa pero saludable para ambos».

Tras varias promesas de reconciliación entre el trono y el pueblo, desviado respecto a su soberana por un engaño que no sorprenderá más a «la Reina aleccionada», la propuesta abordaba el tema candente: «Se quiere derribar la institución monárquica, dicen unos. No, dicen otros, lo que se quiere, o lo que se pretende, es la abdicación de la Reina como una consecuencia lógica de la revolución de Julio […] se calumnia a la revolución, Señores […] tanto mi Hija como yo hemos sido objeto del respeto más profundo y de los miramientos más delicados […] La revolución además colocó mi retrato en las Barricadas vitoreándome con entusiasmo».

Recogiendo la línea de defensa del progresismo dinástico respecto a que nada en la actitud del pueblo indicó, durante los días revolucionarios, la necesidad de una abdicación, el documento anónimo ponía en boca de Isabel II un firme alegato en contra de una posibilidad que, implícitamente, se reconocía abierta a discusión: «No he abdicado, y no abdicaré, porque no quiero legar al País […] una nueva guerra civil más sangrienta que la que sostuvo durante mi infancia […] nuevos disturbios como los que atravesara durante el periodo de la Regencia […] no quiero legarle la anarquía más horrible o la más procaz dictadura. No he abdicado, y no abdicaré, porque soy Madre; amo con idolatría a mi Hija y no quiero, ni debo, abandonarla en tan tierna edad […] y porque me siento con fuerzas bastantes, y virtudes en mi alma joven y amante del bien, para hacer la prosperidad de los Pueblos como Reina Constitucional […] Y no me equivoco en decir que ésta es la verdadera voluntad nacional[30]».

Aquella minuta, que explicitaba lo que buena parte de la coalición revolucionaria quería mantener implícito, no fue adoptada. Sin embargo, su espíritu —formulado en términos mucho más vagos— fue incorporado al conocido discurso que la reina leyó finalmente el 8 de noviembre de 1854 ante las Cortes:

Señores diputados: Vengo hoy con más complacencia y más esperanza que nunca a abrir las Cortes de la nación y a colocarme entre los elegidos del pueblo. Si el 26 de Julio, reconociendo toda la verdad, me confié sin reserva a su nobleza y a su patriotismo, me apresuré a darle las gracias por su admirable comportamiento […] Yo he sido fiel, Sres. Diputados, a lo que ofrecí aquel día delante de Dios y del mundo: yo he respetado, como respetaré siempre, la libertad y los derechos de la nación […] Quizás hemos errado todos: acertemos todos hoy más. Mi confianza es plena y absoluta […] una Reina que se echó sin vacilar en brazos de su pueblo; y un pueblo que, asegurando sus libertades, responde a la decisión de su Reina como el más bravo, el más hidalgo, el más caballeroso de los pueblos[31].

No era sólo la reina, sino la mujer, la que se entregaba a los brazos del pueblo trasmutado en un poderoso caballero que debía guardarla y protegerla. Modesto Lafuente, diputado en aquellas Cortes y autor del Proyecto de Contestación al Discurso de la Corona, escribió:

La reina se puede decir que reapareció entonces en la vida pública. Sin duda hubo de ser para ella aquel momento uno de los más importantes de su vida. Silencio profundo, ansiedad, curiosidad […] La reina estaba conmovida, pero conservando su serenidad. Con voz clara y sonora, aunque algo trémula por la emoción, lo cual contribuía a hacerla más simpática, leyó el bien escrito discurso del trono, obra del señor Pacheco, discurso donde el autor procura y quizás logra el difícil propósito de conciliar la majestad regia con la exigencias de aquella situación para la Corona harto depresiva. El talento literario de Pacheco y la dichosa manera de leer que la reina tuvo derritieron el hielo, por decirlo así, que entre el pueblo y la soberana se interponía. Apenas terminada la lectura, rompieron los diputados y el pueblo en vivas espontáneos y estrepitosos. En aquel instante volvió Isabel II a ser la verdadera reina de España, con mayor popularidad y apoyo que tal vez había tenido nunca[32].

La Sesión Real, informó Turgot, «ha sido un auténtico acontecimiento porque el partido revolucionario había hecho todos los esfuerzos para que esta solemnidad se convirtiese en una ocasión de escándalo y de insultos a la Reina». Publicaciones como El Eco de las Barricadas, a pesar de estar ya prohibidas, volvieron a distribuirse el día anterior por las calles de Madrid y todo ello contribuyó a que, a la entrada de la reina en las Cortes, si no hubo insultos tampoco hubiese aclamaciones. Lo prodigioso, a su juicio, «fue la verdadera ovación después» de que la reina hablase[33].

Sin embargo, no todos estaban vitoreando lo mismo ni entendían aquel acto de la misma manera. Para muchos, los vítores no eran de mera adhesión a Isabel II y a su graciosa manera de leer: eran vítores al logro revolucionario de arrancar aquellas palabras de «la heredera del trono de San Fernando», lo que la colocaba a ella y a ese trono «entre los elegidos del pueblo». Los defensores abiertos de la monarquía recogieron en los diarios del día siguiente la impresión causada por las palabras de la reina en la Cámara. A pesar de su entusiasmo al relatar los vítores a la «Reina Constitucional» que se oyeron entre los diputados y las tribunas del público, El Diario Español no pudo menos que relatar —«cúmplase la verdad de los hechos que la digamos»— que se escucharon también muchos gritos «a favor de la soberanía y la voluntad nacional».

Otros periódicos, como La Soberanía Nacional o La Iberia, fueron mucho menos entusiastas en sus apreciaciones de las muestras de adhesión que recibió Isabel II en las Cortes y en el posterior desfile de la milicia ante los balcones del Palacio Real[34]. La Iberia dejó clara la posición progresista mayoritaria en aquellos momentos: aceptación de la monarquía constitucional de Isabel II, «pero téngase entendido que en un grado superior acatamos la soberanía nacional […] El León Español se queja en su artículo del lunes de que el gobierno tolere que se ponga en tela de juicio la existencia del trono. Esto de tolerar nos ha causado no poca extrañeza. ¿En qué tiempos se figura nuestro apreciable colega que estamos? […] Si la dilucidación de las grandes cuestiones que tan acongojados traen a nuestros conservadores pertenecen hoy como siempre a la prensa, su definitiva resolución incumbe a la Asamblea[35]».

No sólo formalmente, como se ha asumido hasta ahora, sino efectivamente, la gran mayoría del progresismo consideraba que la cuestión de la monarquía no estaba, ni podía estar, resuelta por la mera presencia de la reina abriendo las Cortes o por un estado de opinión conservador que creía que la monarquía era intocable. Todo el planteamiento doctrinal de los progresistas, su experiencia política acumulada y su actuación durante aquellos meses, estuvieron encaminados a forzar de forma explícita la subordinación de la monarquía, y de la propia reina, a la soberanía nacional. Otra cosa es que dejarán en manos de sus sectores más radicales, algunos de ellos abiertamente comprometidos con la democracia, la iniciativa política en ese sentido. La calculada ambigüedad de aquella postura fue detectada rápidamente por la prensa conservadora, que hostigó sin tregua al Gobierno y a los órganos progresistas de opinión para que declarasen abiertamente su adhesión, no sólo a la monarquía, sino a Isabel II.

Como portavoz de la opinión conservadora más templada, aquélla que mantenía en alto el estandarte de la unión liberal, La Época consideraba que la discusión franca y abierta sobre el tema de la monarquía era inevitable, y hasta conveniente, e informaba claramente a sus lectores de que el Congreso estaba dividido entre quienes se pronunciaban claramente por la monarquía constitucional de Isabel II, quienes lo hacían por la monarquía constitucional pero sin pronunciarse a favor de la dinastía y de Isabel II —«reservando su libertad futura a favor de una minoría o de un príncipe extranjero»— y los que se pronunciaban claramente a favor de «la formación de una gran república ibérica, o al menos al establecimiento de esta forma de gobierno en España[36]».

Las primeras maniobras políticas en las Cortes recién abiertas estuvieron claramente dirigidas a reforzar cada una de esas posiciones. La primera ocasión importante habría de ser la elección del presidente de la Cámara. Evaristo San Miguel, aclamado como presidente interino, era un firme defensor de la monarquía isabelina. De Martín de los Heros y de Salustiano de Olózaga se sabía que defendían la monarquía, pero no necesariamente la dinastía. José María Orense era el más destacado líder republicano.

Espartero seguía en silencio, alimentando con ello todo tipo de rumores. La Época se preguntaba en su número del 10 de noviembre por qué Espartero «se había retraído hasta ahora de hablar claramente de lo que todo el mundo habla, de juzgar concienzudamente lo que todo el mundo juzga, y aún de tomar parte más eficaz y activa que la que todo el mundo toma[37]». A su juicio, y al de otros periódicos más rabiosamente isabelinos como El Parlamento o El León Español, aquel silencio sólo podía indicar pereza, incapacidad o ambición, todas ellas igualmente disfrazadas tras el famoso lema esparterista —que ya comenzaba a tratarse con visos de comicidad— de «cúmplase la voluntad nacional».

La ambición de Espartero de conseguir una nueva regencia era el tema favorito de toda la prensa conservadora y no dejó de repetirse hasta la saciedad en aquellos días iniciales de la legislatura. A decir de La Iberia, el duque de la Victoria tan sólo saldría de su reserva cuando se pronunciasen las Cortes, exactamente lo que los conservadores querían evitar. Como escribió El Diario Español, la cuestión de la permanencia de Isabel II no debía ser ya una cuestión, pues la sesión regia la había zanjado, si aún no lo estaba por el mismo desarrollo y resultado de la revolución de julio: «Aparte de eso nosotros negamos, y lo negamos resueltamente […] esa omnipotencia de la Asamblea que tanto se decanta y vocifera. Hay cosas que la Asamblea no puede hacer, que en vano intentaría hacer, porque caería entre silbidos y maldiciones. Y si no, por ejemplo, ¿puede la Asamblea abolir el culto católico? ¿Puede restablecer el absolutismo?»[38].

Sin embargo, precisamente lo que El Diario Español negaba con tanto énfasis era lo que se estaba discutiendo y lo que la mayor parte de los historiadores no han tomado en suficiente consideración. Todos los pasos dados explícita o implícitamente a favor de la reina, durante e inmediatamente después de la revolución, se han considerado como los diarios isabelinos querían: como la imposición de una situación de hecho que enlazaba «el genio nacional» con la monarquía (y el catolicismo) encarnados en Isabel II. Sin embargo, aquella situación de hecho, prejuzgada como tal por la historiografía, era algo que se estaba luchando por imponer, no una consecuencia lineal del sentimiento mayoritariamente monárquico, o isabelino, de los revolucionarios de julio de 1854.

Las presiones sobre don Baldomero se recrudecieron en aquellos días. La Época destacaba en sus páginas centrales la entrevista entre Espartero y el político conservador valenciano Fermín Gonzalo Morón, quien decidió lograr que el duque de la Victoria se pronunciase claramente respecto al tema de la monarquía a raíz de un artículo de El Justicia de Valencia en el cual se le proponía acabar de una vez por todas con Isabel II y su dinastía. Según Gonzalo Morón, Espartero le escuchó «con la más religiosa atención» y se limitó a exponerle una vez más su programa de gobierno, «reducido a consolidar la libertad, a cumplir el programa del trono y del pueblo, a que las elecciones fuesen una verdad, a que sin alborotos ni escándalos se reuniesen las constituyentes, a no legislar jamás por real orden, costase lo que costase, y a gobernar con la mayoría de las Cortes, para que la voluntad nacional fuese cumplida[39]».

Sin embargo, la iniciativa de Gonzalo Morón era pecata minuta comparada con otras presiones mucho más contundentes ejercidas sobre los llamados esparteristas para que clarificasen su posición respecto a Isabel II. Entre esas presiones destacaban las propiciadas por generales como Concha, Messina o Serrano, cada vez más recelosos de Espartero y más cercanos a su «líder natural», O’Donnell, para quien defender a la reina era una forma, también, de bloquear la posibilidad de un Espartero todopoderoso con veleidades, quizás, de convertirse en un nuevo Luis Napoleón. Fueron sobre todo ese tipo de presiones, junto a los temores de una radicalización de consecuencias imprevisibles e incontrolables, lo que obligó al entorno del duque de la Victoria a despejar las dudas sobre sus intenciones, o al menos sobre parte de ellas.

Así, Allende Salazar, al que se atribuía una clara hostilidad a Isabel II, aprovechó una cuestión de orden para declarar: «Ya en el uso de la palabra, aprovecho la ocasión para decir algo sobre las ideas democráticas que se me suponen. Tengo, señores, la convicción más profunda de que en España no puede haber más Gobierno que el monárquico. Creo que la República en España puede bullir en algunas cabezas sólo como teoría, y no como cosa práctica. Si hubiera nacido en los Estados Unidos, sería republicano, y republicano de corazón; pero habiendo nacido en España, soy monárquico, y quiero, como el Sr. Duque de Rivas, la Monarquía digna, muy digna[40]».

La irónica alusión de Salazar a la dignidad requerida en la monarquía pudo interpretarse como lo que era: una crítica a lo existente hasta el momento y una apelación a la necesidad de que, a partir de entonces, se dignificase la institución. Salazar no se comprometía, sin embargo, respecto a la continuidad o no de la dinastía reinante. Con todo, para los conservadores ya era suficiente, porque habían conseguido atraer hacia su argumento máximo a favor de la monarquía —la estrecha relación entre la misma y el «genio nacional»— a uno de los miembros más radicales del gobierno de Espartero. El paso siguiente —conseguir que de esa monarquía nacional se pasase a la monarquía isabelina como expresión de la historia nacional, y no tanto de la voluntad popular— era ya mucho menor. Ese paso era el que los conservadores intentaban que diesen los líderes progresistas. La Época lo vio así cuando, al día siguiente, reseñó la intervención de Allende Salazar y consideró, a pesar de que éste no hubiese mencionado a la reina, «la importancia decisiva y trascendental de sus palabras y de las que esperamos oír próximamente del duque de la Victoria[41]».

La campaña de los conservadores no se agotaba en el debate político doctrinal. A partir del éxito de la sesión de apertura de las Cortes, magnificado por la prensa isabelina, el objetivo era lograr una mayor visibilidad personal de la reina, oscurecida hasta entonces por la figura de Espartero. El embajador francés escribió a su ministerio que, tras superar la Sesión Real, la Corte parecía haber recuperado su confianza y vuelto a poner en uso las ceremonias habituales de Palacio, como los besamanos por los cumpleaños o santos de la familia real, las comidas de gala, etcétera; todas ellas «con gran afluencia», donde se mezclaban extravagantemente los Grandes de España con los mandos de la milicia y los nuevos ministros o, incluso, con diputados preeminentes (y de amargo recuerdo para la reina) como Olózaga[42].

Con ocasión de la onomástica real, el 19 de noviembre, se redoblaron los esfuerzos por potenciar entre la opinión pública las muestras de afecto —más bien frías en la práctica— que Isabel II debía recibir. Así, con motivo del nombramiento de una comisión, el general San Miguel pronunció en las Cortes un breve discurso para felicitar a la reina, en el cual expresaba sus deseos de que dichas muestras de adhesión pudiesen tener lugar por fin: «Quiera el cielo que la nación española, que hace votos tan ardientes por vuestra felicidad y ventura, cuente muchos de estos días, y que cuantas expresiones oiga V. M. con tan plausible motivo, lleven todas el sello de la sinceridad y respeto profundo que animan a los que pronuncian en este instante, por el órgano de su presidente interino, las cortes españolas[43]». La Época, por su parte, publicó un artículo en el que felicitaba a la reina y recordaba —de nuevo de forma magnificada— la forma en que fue aclamada en las barricadas cuando su postura política se hizo clara tras el nombramiento de Espartero y O’Donnell. El periódico la animaba a que recorriese las calles de Madrid y se ofreciese personalmente a recibir los homenajes de su pueblo de forma que quedasen desautorizados «los que quieren derribarla de su trono en nombre de una libertad mentida o de una democracia que el sensato pueblo cree sinónima de la república[44]».

Isabel II no se quedaba atrás en su búsqueda de popularidad, pero lo hacía muy lejos del recuerdo de las barricadas y muy cerca de la que seguía considerando la fuente última de su legitimidad en el corazón de la España católica. En ese sentido, y por aquellos mismos días, protagonizó uno de aquellos actos de exaltación religiosa a los que era tan aficionada. Al regreso de su habitual visita al templo de Atocha para oír la Salve de los sábados, tropezó con el viático que iba a ser administrado a una moribunda.

La reina, la señora, cediendo inmediatamente su carruaje al sacerdote que en sus manos llevaba la hostia consagrada, quiso acompañar la comitiva a pie confundida con los humildes hijos del pueblo que llevaba las hachas y así subió al cuarto 3.º interior de la casa número 9 de la calle del Gobernador, donde esperaba los auxilios de la religión una infeliz mujer que no podía figurarse que las potestades del cielo y de la tierra penetrarán juntas en su miserable morada para llevarla el consuelo y la alegría en trance tan angustioso […] Mientras tanto había corrido por el barrio, uno de los más populares de Madrid, la noticia de la presencia de la reina y un gentío inmenso la esperaba en la calle y escaleras de la casa […] universales aclamaciones ensordecieron el aire, y apartada la reina de su servidumbre, fue conducida al carruaje casi en brazos.

Sentimiento religioso y sentimiento monárquico —ambos espontáneos, «nacidos del corazón»— se mezclan en el relato entusiasta que hizo La Época de «uno de los frecuentes actos de piedad y religioso fervor que tantas veces hemos tenido ocasión de admirar en la augusta joven que ocupa el trono de nuestros mayores[45]». Los actos de piedad y caridad cristiana no fueron, sin embargo, los únicos a los que se entregó Isabel II en aquellos días en que sentía que comenzaba a recobrar parte de la autoridad y del prestigio perdidos. El mismo día de su santo, con ocasión de la función celebrada en Palacio, la reina tuvo una larga conversación con el embajador británico a quien, con muy buen juicio, quiso convertir en aquellos momentos en su consejero privilegiado. La mayor sintonía de Howden con los políticos progresistas —de la que estaba muy alejado el embajador francés Turgot— le convertían en una vía de información y apoyo especiales para la reina cuando pugnaba por salir de su soledad personal y política.

Dando muestras de un conocimiento claro de la difícil situación en que se encontraba Espartero, y de los rumores que crecían respecto a que estaba barajando la posibilidad de presentarse él mismo a la presidencia de las Cortes, Isabel II pidió consejo al embajador británico acerca de cuál debía ser su actitud ante la crisis de Gobierno que provocaría aquella decisión. Howden le sugirió que no intentase, en ningún caso, prescindir del duque de la Victoria. Sólo si éste se negaba a continuar, debería recurrir a San Miguel asegurándose previamente de que O’Donnell estaría dispuesto a colaborar con él. La conversación no era inocente en absoluto y ponía a Espartero en un aprieto. Éste lo vio así y, según cuenta el embajador británico, se enfureció, tanto por el sentido de la charla como por la interesada filtración que de la misma hizo Palacio. La Nación y otros periódicos se hicieron eco de los consejos de Howden e inmediatamente se suscitó un debate periodístico sobre la independencia de la reina para aconsejarse por su cuenta en caso de una crisis ministerial que, de nuevo, la colocaba en posición de hacer uso de su prerrogativa regia, suspendida de hecho tras las jornadas de julio[46].

La prensa progresista y demócrata, además, consideró que la reina Isabel había puesto en entredicho la «independencia nacional» al permitir que el embajador británico expresase que su gobierno y la reina Victoria tenían «el ardiente deseo […] de ver consolidada la monarquía española, representada por Isabel II, con un sistema cuerda y sensatamente constitucional[47]». El duque de la Victoria, escribió Howden a su ministerio, «no está complacido con las seguridades que le di a la Reina de que Inglaterra deseaba la preservación de su Trono, y con el consejo que le di a Su Majestad de gobernar constitucionalmente, y de una manera que lo asegure. Siento que el duque se haya irritado[48]».

En este contexto, el mismo día 21 de noviembre, Espartero tomó una decisión bastante inesperada. Decidió presentar la dimisión, primero ante las Cortes constituyentes y, luego, ante la reina. De esa forma, hacía buena la promesa —hecha en julio— de poner su cargo a disposición del Parlamento una vez constituidas las nuevas Cortes. Al acabar su breve discurso añadió: «Aprovecho esta ocasión, señores, para declarar aquí, en el santuario de las leyes, ante Dios y los hombres, que no tengo aspiraciones de ninguna especie; que solo deseo, que es mi única aspiración, vivir como simple ciudadano, siempre obediente a las leyes[49]».

Todos los periódicos se lanzaron inmediatamente a debatir las causas y consecuencias de aquella dimisión. La Iberia la vio como una consecuencia lógica del acendrado parlamentarismo del Gobierno que, una vez concluida la obra revolucionaria, quería someterse al voto de las Cortes. La Época, por el contrario, se lamentaba de que, en su discurso, Espartero no hubiese dicho ni «una frase que consagre la legitimidad y la subsistencia de la monarquía en la persona de Isabel II» y temía que se tratase de una maniobra para acabar con la unión liberal en el Gobierno[50].

La relativa tranquilidad de la Corte tras la sesión de apertura volvió a quebrarse. En una nueva conferencia con Howden, la reina declaró sentirse insultada por la forma en que se había planteado la crisis, con un anuncio de dimisión formulado antes a las Cortes que a ella misma, y mostró su temor de que aquello fuese el principio de una nueva serie de humillaciones personales. En palabras de Howden: «De una manera absurdamente mimosa, la reina me preguntó si pensaba que había alguna manera posible de evitar al general Espartero añadiendo, sin embargo, que estaba preparada para aceptar a cualquier otro ministerio liberal, y que actuaría hacia él con la mayor sinceridad». Howden le reiteró sus consejos en contra de esa posibilidad, dada la popularidad de Espartero y la debilidad de la posición regia. La reina no debía hacer otra cosa que comportarse con el más escrupuloso respeto por las normas del gobierno representativo. Para calmarla, Howden le aseguró que «tenía fundadas esperanzas para creer que [Espartero] no era opuesto a Su Majestad, a su Dinastía o a su Trono o que, en todo caso, estaba comprometido a no oponerse a ninguno de ellos, por lo que había incluso materia de satisfacción en las consecuencias de su eterna cantinela sobre el cumplimiento de la soberanía nacional». Desde este punto de vista, el embajador británico consideraba suicida que Isabel II se enemistase con Espartero en un momento en que todo estaba en la balanza y en que, además, parecía que «hay mayor cantidad de espíritu monárquico en la Cámara de lo que se podía prever[51]».

El consejo, varias veces reiterado, del diplomático inglés era que la reina no prescindiese de Espartero sino que lo mantuviese, junto con O’Donnell, a la cabeza de un ministerio que evitase «nombres demasiado violentos o antipáticos[52]».

Isabel II no tenía muchas opciones. Pidió al gabinete que se mantuviese interinamente en tanto se decidía un nuevo ministerio. Un tenso compás de espera se abrió entonces, mientras el Gobierno efectivo del país permanecía paralizado y no se despachaba en las secretarías más que asuntos puramente administrativos y ordinarios. En esa situación, los demócratas de la Cámara tomaron la iniciativa. En la sesión del 25 de noviembre presentaron una enmienda al artículo 31 del reglamento provisional de las Cortes por el cual, junto con otros artículos, se establecían las reglas de conducta para el caso de que se presentase la reina en las Cortes o los diputados hubiesen de presentarse a ella[53].

Como dijo el diputado Ordax y Avecilla, al igual que se habían eliminado los artículos del reglamento que presuponían la existencia del Senado o, incluso, el relativo a la fórmula de juramento ante la reina, los diputados demócratas consideraban imprescindible —para sostener de forma concreta el principio de la soberanía del Parlamento sobre la Corona— eliminar aquéllos que prejuzgaban la existencia de la monarquía. El argumento era impecable y la propia comisión vaciló en sus formulaciones a lo largo del debate reconociendo que ese tipo de prejuicios reglamentarios no eran del todo convenientes. Sin embargo, incapaces de encontrar otro argumento mejor, sostuvieron el articulado tal y como estaba con el especioso argumento de que suprimir las referencias a la monarquía era, a su vez, prejuzgarla en sentido negativo.

En este punto del debate se produjo una intervención largo tiempo esperada, pero que nadie preveía que se hiciese en aquel momento y con aquel preciso sentido. Salustiano de Olózaga, recién incorporado a las Cortes con permiso del Gobierno para ausentarse de su embajada en París, hizo una declaración claramente monárquica y, más aún, estableció un nexo indisoluble entre el liberalismo histórico —y dentro de él, el progresismo— y la monarquía. Un nexo que, implícitamente, expulsaba del ámbito político del liberalismo a demócratas y republicanos.

¿Qué es lo que he dicho? Que para los liberales, para los que no eran más que liberales, eso [la cuestión de la monarquía] no era cuestión; que podría ser, cuando más, materia de discusión. Y dice el Sr. Ordax y Avecilla: y nosotros, ¿no somos liberales? Así lo reconozco. Pero yo pregunto a mi vez: y vosotros, ¿no sois más que liberales? ¿No os llamáis otro apellido? ¿No os llamáis demócratas y republicanos? Pues nosotros que no somos republicanos, somos liberales monárquicos […] Acepte el Sr. Ordax o niegue que además de ser liberal es otra cosa. Si no es más que liberal en España son conocidos por tales los liberales monárquicos […] Así ha venido a ponerse frente a frente la democracia del liberalismo: pues bien, tal como lo decís, así lo aceptamos.

La intervención de Olózaga no hacía otra cosa que demostrar la «rendición» de los progresistas ante los obstáculos insalvables que, a nivel internacional, se oponían a un cambio de dinastía en España. Sus conversaciones con Napoleón III, con el gobierno francés y con los representantes británicos, le habían convencido de que la entronización de un príncipe extranjero no sería tolerada. Se negó a defender explícitamente a Isabel II, pero acabó asumiendo implícitamente la existencia de la monarquía (isabelina) como un poder constituido.

¿Pero hay o no un Poder en el Estado? Pues que, ¿hemos reasumido todos los poderes? Pues si lo hay, ¿cómo hemos de desconocer las relaciones que tiene este cuerpo con ese Poder? Lo hemos dejado [el artículo 31 del reglamento], por consiguiente, tal como estaba, y hemos dicho todo cuanto se puede decir por no anticipar esta cuestión, cuando decíamos que nada prejuzgábamos, que tomábamos las cosas como existen, porque no puede negarse la existencia y realidad de los hechos[54].

El argumento era hábil pero también peligroso desde el punto de vista doctrinal progresista, pues se movía en una ambigüedad calculada respecto a la capacidad constituyente de las Cortes para alterar el poder constituido de la dinastía. Un argumento que había sobrevolado todos los debates sobre la monarquía desde 1812, cuando, según Olózaga, se había formado el Partido Progresista como «el partido que deseaba plantear y conservar en España toda la libertad posible, compatible con la Monarquía[55]». El problema era el adjetivo compatible. ¿Hacia dónde se vencía la prueba y la fuerza de la compatibilidad? ¿Hacia la libertad o hacia la monarquía? ¿Estaba la libertad condicionada por la existencia histórica de la monarquía? ¿O, por el contrario, la monarquía estaba condicionada por el ejercicio de la libertad y había de ser compatible con ella para sobrevivir?

Todo un sector de la opinión pública revolucionaria, de la que eran portavoces los demócratas, había querido a lo largo de aquellos meses demostrar que la misma revolución había dictaminado a favor de la segunda de las opciones. Frente a ellos, y a través de Olózaga, el grueso del progresismo se veía abocado a perpetuar su ya larga ambigüedad al respecto y a seguir moviéndose incómodamente entre las sombras fluctuantes de la soberanía nacional y la soberanía regia. Al hacerlo, fueron dando pasos decisivos hacia la definitiva captura del progresismo dentro de un discurso de permanencia monárquico al que habían intentado resistirse.

La votación parlamentaria arrojó un resultado de 153 votos en contra de la enmienda demócrata y 43 a favor. Al día siguiente, la prensa conservadora estaba exultante, pues interpretó aquello como lo que era: una declaración a favor, no sólo de la monarquía, sino de la permanencia de Isabel II en el trono. Así lo interpretó también, con mucho más conocimiento de causa, el embajador británico: «Lo que considero de la mayor importancia acaba de ocurrir. Los demócratas antidinásticos estaban esperando impacientes a Olózaga para ponerle a su cabeza dado que es conocido que odia personalmente a Espartero y a la Reina. Tuve varias conversaciones con él y, para mi gran satisfacción, hizo ayer en las Cortes una enérgica declaración a favor de la monarquía en tanto que representada por la Reina». Para Howden, aquello significaba un triunfo personal. Su desconfianza hacia Espartero, continúa Howden, no era menor y temía dejarse engañar al aceptar un puesto de segundo o tercer orden en el Gobierno pero, en todo caso, «creo que será Ministro de Asuntos Exteriores y parece determinado a sostener la monarquía tal y como es […] Me ha dicho que ahora hay grandes posibilidades de que pase inmediatamente un voto favorable al Trono como base de la nueva Constitución y tengo varias razones para creer que Olózaga acabará haciendo en su favor lo que hasta hace muy poco era reluctante a hacer[56]».

Sin embargo, Olózaga se detuvo ahí. En torno a él, como hemos visto, se habían congregado las esperanzas del ala radical de los progresistas y de los demócratas en lo que tocaba al tema de la monarquía, pero no sólo de la monarquía[57]. Olózaga defraudó las primeras esperanzas en la sesión parlamentaria del 25 de noviembre. Probablemente tenía la vista puesta en un cargo más alto que un mero ministerio, especialmente si Espartero decidía finalmente ocupar el puesto de prestigio y autoridad al margen de los partidos que era la presidencia de las Cortes. No sólo la reina quería desembarazarse de Espartero, todo un sector del progresismo puro —que recordaba muy bien la época de la Regencia— comenzaba a moverse tímidamente (dada la enorme popularidad del duque de la Victoria) para apartarle del poder (junto con O’Donnell) e imponer un ministerio netamente progresista que dejase de estar tutelado por los dos generales de julio y por la sombra del conservadurismo político ligado a la idea de la unión liberal.

Parecía que las cosas podían ir por ese camino cuando Espartero se presentó a la presidencia de las Cortes arrastrando a O’Donnell a hacer lo propio con la vicepresidencia. Se trataba de una maniobra que perseguía un doble objetivo. Por una parte, bloquear el paso a San Miguel y a sus apoyos en los sectores más conservadores, ante el temor de que la reina decidiese optar por él como nuevo presidente del Gobierno, mucho más cómodo y afín. Por otra parte, y confiando en la previsible victoria abrumadora de su candidatura (la cual efectivamente se produjo el 28 de noviembre), reforzar la posición política de Espartero mediante un voto parlamentario que legitimaría, parlamentariamente, la «decisión» de la reina de mantenerle a la cabeza del ministerio[58].

El general no contaba, sin embargo, con la reacción entusiasta que su decisión suscitó entre los progresistas puros. Al día siguiente, La Iberia publicó un artículo en el que se leía: «En cuanto al duque de la Victoria, lo hemos dicho y lo repetimos, nuestra opinión sería que no formase parte del gabinete […] la influencia de un nombre glorioso no debe gastarse con una acción inmediata y continua. Quédese, pues, por ahora, el duque de la Victoria en el honroso e importantísimo puesto que le ha confiado la Asamblea, y resérvese su cooperación oficial para esos casos extremos en que, como sucede después de una revolución o de un desmembramiento de los partidos, cesa el imperio de todas las leyes y la autoridad no tiene más significación que la del hombre que la representa[59]».

Relegado (por elevación) al papel de símbolo de la libertad, Espartero debía ceder el poder efectivo a un gabinete netamente progresista y, al retirarse él, forzaría también (se esperaba) la retirada de O’Donnell que ocuparía su propio cargo honorífico en las Cortes. Nunca se dijo explícitamente en las páginas de La Iberia, pero el nombre de Olózaga estaba en todas las bocas. Tras su declaración monárquica, don Salustiano se había creado una imagen de respetabilidad sumamente útil para lograr su objetivo de presidir un ministerio netamente progresista, capaz de desprenderse de los moderados del Gobierno y notablemente de O’Donnell[60].

Fue el temor a la radicalización política que aquello podría implicar, y el fundado temor de la reina al resentimiento acumulado por Olózaga desde 1843, lo que hizo que Isabel II acabase aceptando los consejos de Howden en el sentido de renovar su confianza en Espartero (y en O’Donnell) para neutralizar así el riesgo de encontrarse en una situación aún peor. El mismo embajador británico le aconsejó que aceptase la lista de ministros que pudiera ofrecerle el duque de la Victoria, considerando la mejor aquélla que estableciese las mínimas variaciones y mantuviese la coalición de moderados y progresistas. A ser posible, se debía intentar incluir a Olózaga como ministro para comprometerle aún más en la defensa del trono. «Si, al contrario, esta lista contiene nombres de antecedentes demasiado violentos, bien sería decir que tomará V. M. 24 horas para reflexionar[61]».

Por su parte, el embajador francés, como el inglés, temía lo que pudiese significar la falta de compromiso de gobierno de Olózaga, «quien ha sido incontestablemente el alma y el motor de toda esta intriga. ¿Se contentará con el ministerio de Estado después de haber hecho un movimiento tan grave como colocarse a la cabeza de la extrema oposición?». De todas formas lo importante era, concluía Turgot, que Espartero ya no sigue sus consejos y «le ha dicho a O’Donnell que porqué no siguen ellos dos en el ministerio[62]».

Todo ello convenido, la supuesta maniobra de los progresistas puros y de Olózaga quedó desbaratada. La frustración de don Salustiano fue intensa. Ya fuese porque desease la presidencia, ya porque no quería comprometerse políticamente con Espartero y con la reina, el caso es que se hizo llamar hasta cinco veces para una entrevista con el general y le forzó a que le pidiese personalmente (y no a través de O’Donnell, como éste intentó) su entrada en el nuevo ministerio. Cuando esa petición se produjo, contestó con displicencia: «¿Qué quieren ustedes de mí? ¿Para qué me buscan? ¿Qué papel me reservan? ¿Tienen ustedes algún plan político? ¿Saben dónde van? ¿Qué hay aquí pensado sobre la Constitución, sobre Palacio, sobre Roma, sobre todas las cuestiones importantes? El silencio de ustedes me dice que nada de esto está pensado, y yo no puedo asociarme a hombres que carecen de pensamiento de gobierno. Aquí hay una mesa de ocho pies: le falta uno y ustedes me llaman para que sea pie de banco». Hasta el más rendido admirador de Olózaga, Ángel Fernández de los Ríos, no pudo evitar preguntarse si «la conducta desdeñosa y arrogante de Olózaga fue o no patriótica, política y conveniente[63]».

En cualquier caso, el resultado fue la formación, la noche del 29 de septiembre, de un ministerio idéntico al anterior con la excepción de Pacheco, sustituido en Estado por Luzuriaga, un «santón» del progresismo, y de Alonso sustituido en Gracia y Justicia por otro «progresista estacionario», Aguirre[64]. La solución de la crisis dejaba, pues, las cosas más o menos como estaban, y su sentido político puede calibrarse por la satisfacción de periódicos unionistas (conservadores templados) como La Época y la insatisfacción de La Iberia. En el editorial de este último se decía: «Nuestros votos no se han cumplido, nuestros consejos no han sido escuchados», se lamentaba el periódico progresista, al tiempo que se quejaba de la tibieza ministerial y, explícitamente, de la falta de una remodelación mucho más radical en ministerios claves como Gobernación y Hacienda. Defendiendo de nuevo la salida por elevación simbólica de Espartero, los redactores de La Iberia se atrevieron incluso a cuestionar la permanencia de O’Donnell al frente del ministerio de Guerra, «a quien hemos visto con disgusto mantener apartada del ejército a la oficialidad más afecta a la revolución [y que no se halla completamente libre] de los antiguos lazos de amistad y compañerismo con ciertos oficiales poco afectos al actual orden de cosas[65]».

Sin embargo, sus protestas cayeron en saco roto. Espartero se sentía incapaz de deshacerse de O’Donnell y arrojarse en brazos de los progresistas puros —muchos de ellos, como Olózaga, enemigos personales suyos desde la época de la regencia—. Por otra parte, como le dijo Howden a la reina, el conde de Lucena «es fundamental para conseguir la declaración de la monarquía como base de la Constitución». Tras la declaración de monarquismo de Olózaga, y a pesar de que no hubiese entrado en el Gobierno, «muchos otros le seguirán y probablemente pronto, a pesar de la declaración de Espartero de que no quería “prejuzgar la cuestión”, éste se declarará en el mismo sentido que Olózaga en las Cortes. No va a tener otro remedio». El mismo Howden se lanzó inmediatamente a renovar «las presiones constantes que, en este muy crítico momento, vengo ejerciendo a favor de la Monarquía […] la única forma de seguridad para este país es el mantenimiento del trono representado por su presente ocupante […] En otras circunstancias europeas […] habría estado a favor de los Montpensier, pero esta cuestión, que ya no es una cuestión española sino una cuestión francesa, está completamente fuera de discusión y no debe considerarse[66]».

El resultado final de las febriles gestiones y maniobras políticas de aquellos días de noviembre fue la presentación parlamentaria, la tarde del 30 de noviembre, de una proposición de ley que decía lo siguiente: «Pedimos a las Cortes se sirvan acordar que una de las bases fundamentales del edificio político que en uso de su soberanía van a levantar, es el trono constitucional de Doña Isabel II, Reina de las Españas, y su dinastía». Estaba avalada por las firmas de varios antiguos moderados que, como Manuel de la Concha, habían barajado la posibilidad de destronar a Isabel II durante las conspiraciones de 1853-1854 y de algunos progresistas significados como San Miguel, Patricio de la Escosura y Manuel Cortina. Olózaga ni firmó aquella proposición ni participó en el debate subsiguiente[67].

Aquella iniciativa parlamentaria, tomada inmediatamente después de constituirse el nuevo gobierno de Espartero-O’Donnell, no pretendía más que poner punto final, antes de entrar en el debate de la Constitución, a una cuestión que el ministro de Fomento Luján calificó como «la más grande que se ha discutido en mi país» y que llevaba pendiente ya demasiado tiempo[68]. Una cuestión que los demócratas no dejaban pasar ocasión de airear presentando constantes enmiendas al reglamento en aquellos artículos que prejuzgaban la permanencia de Isabel II y de la monarquía[69]. Fueron ellos también los que con mayor ardor defendieron la inoportunidad de la proposición presentada el 30 de noviembre sin esperar a la discusión sobre las bases de la Constitución y criticaron como «indigno traerla de la manera como se ha traído, así a la manera de sorpresa, presentada como por emboscada[70]».

Sin embargo, esto era precisamente lo que querían los firmantes de la proposición: evitar que la cuestión se discutiese en el contexto de la elaboración de la Constitución y quedase subsumida en ella. Se trataba de fijar el principio monárquico antes del constituyente, como una certidumbre preconstitucional que acabase con el debate público sobre la monarquía y sobre la dinastía, «para que cese —dijo San Miguel— toda duda, para que ceda toda incertidumbre, para que no haya ambages ni misterios y sepa todo el mundo lo que queremos». En igual sentido se pronunció O’Donnell: «Es conveniente y necesario […] que se discuta aquí desde luego y que de una vez salgamos de este estado de incertidumbre» y el progresista Juan Bautista Alonso: «Es necesario que los pueblos crean, a lo menos en cuanto a nosotros dependiese, que hay principios fijos en la escuela liberal progresista a que pertenezco, que no pueden ponerse en problema, que son seguros y son superiores a todo examen, y que están sancionados por un profundo criterio, no estando en consecuencia sujetos hoy a pugna ni contradicción[71]».

En aquel debate fundamental, y precisamente por haber aceptado aquella proposición como paso previo a la elaboración de la Constitución, se reveló con toda intensidad la tensión ideológica y política del progresismo respecto a la monarquía o, más concretamente, respecto a la monarquía isabelina. Como espero poder demostrar, los progresistas de la Cámara fueron incapaces de resistir plenamente (o no quisieron hacerlo) la relación fuerte entre el ser de hecho y de derecho de la monarquía encarnada en Isabel II y trascender con claridad, en nombre de la soberanía nacional, la identificación entre la nacionalidad española y la monarquía, no sólo en términos globales, sino encarnados en la dinastía borbónica que Isabel II representaba. Es decir, quedaron capturados (al menos parcialmente) en un discurso monárquico de origen moderado actualizado ahora por los representantes de la Unión Liberal[72]. El desarrollo del debate puede ser más ilustrativo de esa tensión ideológica y política (y de sus contradicciones internas) que un análisis global de las propuestas que correría el riesgo de forzar una coherencia interna de posiciones que no existió.

Para defender la proposición, tomó la palabra aquel viejo progresista, Evaristo San Miguel, que había defendido ardientemente a la reina, tanto ante los miembros de las barricadas como ante Espartero durante los días de julio. El mismo que, desde entonces, había utilizado sin cesar su prestigio a favor de Isabel II en cada ocasión que tuvo. Su línea de defensa, envuelta en diversos alardes de sentimentalismo, se articuló en torno al desarrollo de la idea de Olózaga de que Isabel II era reina de hecho antes, durante y después de la revolución y que, por lo tanto, no se podía presentar «como cuestión lo que ya está decidido en el ánimo de los buenos españoles[73]».

A partir de ahí, establecía una interesante e interesada dicotomía entre la voluntad popular, unánime a su juicio a favor de la reina, y la voluntad de una Cámara elegida por «sistema restrictivo en que se excluye a cierta clase de ciudadanos». Desde esa dicotomía —que contenía una carga de profundidad porque disociaba implícitamente la soberanía nacional y la soberanía del Parlamento— afirmaba que la reina no sólo era reina de hecho sino de derecho por dos razones fundamentales. La primera, porque la revolución se había hecho en contra de los ministros prevaricadores y no en contra de Isabel II. Olvidando toda la práctica constitucional del período moderado y el modelo teórico de monarquía que éstos habían defendido, San Miguel llegó al extremo de decir que, dado que «en todo sistema constitucional el rey reina pero no gobierna», la revolución no podría en realidad haberse hecho nunca en contra de la Reina sino del Gobierno.

En segundo lugar, Isabel II era reina de hecho y por derecho porque, además de no haber dejado de reinar un solo momento, en ninguno de los manifiestos de los sublevados se había hecho declaración alguna contra ella y su retrato se había colocado junto al de los generales victoriosos en las barricadas como expresión de la voluntad popular de su permanencia. La reina, en suma, lo era de hecho y por derecho porque «hay en los españoles un sentimiento que les dice que fuera de ese Trono constitucional no hay más que ruinas, no hay más que sangre, no hay más que anarquía, no hay más que desorden». Tan interesante como su defensa a contrario de la monarquía era la defensa positiva de la misma:

Quiero un Trono constitucional porque es el Gobierno a que estamos acostumbrados, que está en nuestros hábitos y costumbres […] Quiero el sistema representativo porque quiero que en la Nación una cosa fija y estable, que no ceda al torrente de la revolución; una cosa como centro, alrededor del cual circulen y se muevan todas las ruedas o partes de esta máquina social y política. Quiero el Trono constitucional porque quiero Parlamento; y el Parlamento nunca puede tener más influencia y más grandeza que cuando hay Trono representativo […] Bajo el Trono constitucional todo cabe […] caben todas las reformas […] legislativas, económicas, reformas administrativas y políticas.

Tras hablar San Miguel, se produjo, por fin, la tan esperada intervención de Espartero, quien se limitó a levantarse y a decir: «El Gobierno, señores, está conforme con la proposición que se ha presentado[74]». Al día siguiente La Iberia relataba la escena que siguió a las palabras de San Miguel y Espartero: «Entonces pasó en la Cámara una escena imposible de describir. El general San Miguel se dirigió al banco de los ministros y abrazó estrechamente al ilustre vencedor de Luchana, mientras la Cámara y las tribunas aplaudían con el mayor entusiasmo aquella demostración con que dos ilustres veteranos desmentían de una manera solemne y a la faz de la nación esas ridículas hablillas por cuyo medio los enemigos de la situación inaugurada en julio han querido desacreditar nuestra gloriosa revolución[75]». Años después, Fernando Garrido, que asistió a la sesión desde las tribunas que no aplaudieron, escribió sobre la intervención de San Miguel: «Semejantes palabras en boca de un extranjero, de un recién llegado de China, hubieran podido pasar, pero en los labios de un exministro de Fernando VII, de un diputado permanente en la época constitucional inaugurada con el reinado de Isabel II, eran un sarcasmo, una aberración, producto de las extravagancias de la edad, y no podían tomarse en serio[76]».

Sin embargo, el problema era que la mayoría de la Cámara se lo tomó (o aparentó tomárselo) en serio. Con la aquiescencia explícita del Gobierno, el trono de Isabel II se había defendido hasta el momento con tres argumentos clásicos del moderantismo: su identificación con la historia de España, con los hábitos y costumbres de los buenos españoles; su carácter de poder de hecho (constituido) y, finalmente, su papel de centro de la vida política destinado a contener «el torrente de la revolución». La cercanía entre el discurso progresista y el moderado —en especial en cuanto a la primacía implícita otorgada a los poderes constituidos sobre los constituyentes— tan sólo se atemperaba con dos elementos, importantes sin duda, pero que tendieron a ser utilizados, argumentalmente, como equivalentes a los anteriores. Por una parte, la defensa de una monarquía parlamentaria, que no estrictamente constitucional, en la que el rey reina pero no gobierna. Por otra, la relegitimación de la Corona por la supuesta expresión unánime de la voluntad popular (no necesariamente identificada con la del Parlamento) durante el periodo revolucionario e inmediatamente posterior.

Fue José María Orense, marqués de Albaida, el líder indiscutido de la fracción demo-republicana de la Cámara, quien tomó la palabra para hablar en contra. Además de advertir que la asamblea incurría en contradicción al pronunciarse a favor de una de las bases fundamentales de la Constitución antes de que se hubiese reunido la comisión nombrada para redactarlas, Orense se esforzó por rebatir todos y cada uno de los argumentos de San Miguel. En primer lugar, y en pura lógica, negaba que algo que ya existía necesitase un voto parlamentario que declarase su existencia. «Lo que ha existido desde la revolución acá ¿qué es? Una especie de Gobierno provisional, a cuyo frente está una especie de reina. Ésta es la pura verdad. Por la tácita eso ha existido, pero legalmente no existía; y la prueba de que no existía es que nosotros vamos a declarar que exista o no exista […] Vamos a declarar que una cosa existe porque no existe».

Tras acallar los rumores de la Cámara, Orense se dedicó entonces a demostrar que la supuesta unanimidad de los revolucionarios respecto a Isabel II era falsa. Recordando mucho mejor que San Miguel las proclamas de las juntas, y el mismo Manifiesto de Manzanares, advirtió con justicia que en todas esas manifestaciones, o bien se obvió por completo el tema de la monarquía, o se habló exclusivamente de un trono y una Monarquía constitucionales, sin referencia explícita alguna a Isabel II y a su dinastía. La reina, por lo tanto, no era en absoluto reina de hecho ni estaba legitimada por la voluntad popular unánime: «No, la voluntad de la Nación nunca fue unánime, está muy en duda, y la prueba de que está en duda es lo mismo que ahora vamos a votar […] Por esta razón seguiré con dificultad al Sr. San Miguel, que ha dado a entender que todos los pueblos de España aclamaron lo que nosotros vamos a aclamar ahora. Esto no es exacto […] lo que ahora se quiere hacer aparecer como popular no lo era».

Fue entonces cuando, sintiéndose personalmente aludido, Leopoldo O’Donnell tomó la palabra mientras Espartero seguía en silencio (sin sentirse aludido) a pesar de que la Junta de Zaragoza que presidió fue una de las más claramente antidinásticas. Por su parte, O’Donnell, el conspirador de 1853-1854 que había prometido que llegaría hasta el destronamiento, el hombre de Vicálvaro y Manzanares, aseguró ante la Cámara que nunca, «ni por un momento, he tratado jamás de atentar contra el Trono de Isabel II […] tenía el convencimiento de que sólo con el Trono de doña Isabel II podía conseguirse la verdadera libertad y establecerse un régimen puramente constitucional; sin ella no puede haber libertad, sino excesos». En ese momento, también, O’Donnell aprovechó la ocasión para intentar sacudirse la acusación de retrógrado que su actitud al frente del ejército le había valido ya: «¿Cuándo lo he demostrado? […] Si no fuera liberal, como lo soy de corazón, tendría forzosamente que serlo, siquiera para conservar mi existencia; porque ¿qué cabeza cortaría el verdugo más pronto que la mía si la reacción llegara a vencer? […] Quiero a la Reina Doña Isabel II, pero la quiero constitucional, rodeada de instituciones liberales, tan firmes y tan bien entendidas que hagan imposible el retroceso».

Hasta aquí, la argumentación en defensa de la proposición había quedado a cargo de un viejo general del progresismo más que templado, San Miguel, y de otro general de origen conservador, O’Donnell. La intervención de Patricio de la Escosura tenía por lo tanto un valor decisivo para conocer la posición de los progresistas. Su defensa se articuló en torno a tres argumentos básicos. En primer lugar, el indudable sentimiento monárquico mayoritario de la nación que incluso habían tenido que reconocer los demócratas. Un argumento que, sin embargo, Escosura extendió hasta una identificación estrecha entre ese sentimiento y la historia (incluso la esencia) de la nación española que unas Cortes como aquéllas, por muy constituyentes que fuesen, no podían alterar: «Sólo somos legisladores de un pueblo con existencia propia, de un pueblo con historia; y desde el primer momento en que la Nación española deje de ser monárquica, deja de existir […] el pueblo español es monárquico por su historia, es monárquico por su geografía, es monárquico por su esencia».

Más aún, por ese imperativo histórico y nacional, los legisladores tenían que respetar, no sólo la monarquía, sino la dinastía: «Señores, es muy difícil, es imposible tocar una dinastía reinante sin hundir la Monarquía, y apelo a la historia: no iré muy lejos, os llevaré a Francia […] Recordad las jornadas de julio de 1830. ¿Qué se dijo allí? No tocamos la Monarquía […] solo queremos el cambio de dinastía. ¿Y qué sucedió? Que la Monarquía se hundió quince años después, y no podía por menos de hundirse. La monarquía de Luis Felipe era una cosa ficticia; la Monarquía no puede vivir, y téngase esto muy presente, sino apoyada en el sentimiento y en la tradición no interrumpida. La Monarquía no es una institución comparable a las demás; es una institución en que es menester creer, y el que no cree no es monárquico […] ¿[Con] qué dinastía queréis sustituir a la de Isabel II? ¿Creéis, señores, que vais a inculcar al pueblo en un solo día un sentimiento nuevo, y que ese sentimiento nuevo va a dar por resultado una institución robusta?».

La necesidad de esa institución robusta que Escosura planteaba como deseada por todos no fue argumentada en su caso, sin embargo, al menos explícitamente, como freno a la revolución y al desorden, sino (significativamente) como freno a la desagregación nacional. Y aquí se centró su segundo argumento: «Es preciso decir, Dios lo ha querido, sí: desde los montes Pirineos hasta las columnas de Hércules, formamos un pueblo unido y compacto, pero dentro de esta misma sociedad española hay una porción de pueblos con tendencias, con disposiciones, con accidentes diversos y heterogéneos. ¿Qué unidad queréis que pueda haber entre ellos, si nos negáis la unidad política monárquica? ¿Cuál sería vuestra República? ¿Queréis la República federal?». De esta forma, no sólo la monarquía era parte de la esencia nacional española sino que estaba al servicio de la unidad política de los pueblos de España —que los progresistas siempre entendieron en términos de diversidad en la unidad—. Una unidad que sólo parecía posible garantizar a través del valor simbólico de la monarquía como encarnación de la nación frente a los pueblos.

El tercer argumento, que en principio podría identificarse como el más netamente progresista, fue el referido a la soberanía nacional y a la inextricable unión, de ella derivada, entre las instituciones liberales y la monarquía de Isabel II: «Que no pudiera existir un solo momento sin esas instituciones […] Es imposible que Doña Isabel II deje de ser constitucional sin comprometer su Corona». Tras recordar que los derechos de Isabel II (su soberanía, se dice) fueron defendidos con las armas en la mano por el pueblo español (lo que, dicho sea de paso, dejaba fuera del pueblo español a los carlistas) Escosura afirmó que Isabel II reunía por lo tanto tres legitimidades: la tradicional, la histórica y la divina. Fue precisamente ante el escándalo que suscitó en los bancos demócratas y progresistas la alusión al derecho divino cuando Escosura hubo de rectificar y referirse de forma precisa a la soberanía nacional: «Si Isabel II no tuviera más derecho que ése no tendría ninguno ¿se entiende bien? ¿Le queda duda a algún Sr. Diputado? Para aquellos empero a quienes eso importa, tiene también ese derecho [Varias voces: “No, no”. Momentos de confusión.] Voy a explicarme […] Después ha venido el derecho inconcuso que le ha dado la soberanía nacional. Las Cortes, señores, la han declarado una y otra vez, la han declarado infinitas veces Reina legítima».

A partir de la intervención de Escosura, los argumentos no hicieron sino repetirse, incluidas sus propias rectificaciones en las que se vio obligado a afirmar una y otra vez que la fuente de legitimidad más sólida que le otorgaba a la reina era la de ser «un hecho consagrado por la soberanía nacional y por la historia [aunque] no hay institución alguna que pueda existir sin la sanción expresa de la soberanía nacional». El debate fue cerrado por Juan Prim, quien realizó una contundente defensa de la reina en la que mezcló hábilmente las cuestiones de sentimiento y de conveniencia junto con la defensa de una monarquía constitucional (en realidad, parlamentaria) basada en la máxima de que el rey reina, pero no gobierna. A su juicio, y siguiendo la falaz argumentación de San Miguel, precisamente por respeto a dicha máxima, no se le podía hacer a Isabel II «ningún cargo razonado por lo que ha pasado de once años a esta parte. La Reina de España, Doña Isabel II, es la mejor de cuantas reinas han nacido y pueden nacer en un país constitucional. Este aserto absoluto lo sostengo, y en el mismo cargo que se hace está el argumento de su defensa, admitiendo el principio de que la Reina debe reinar pero no gobernar». Isabel II no habría hecho otra cosa que «convenir» con lo que le habían propuesto sus ministros, los cuales tenían la mayoría en las Cortes. Con las palabras de Prim se cerraba el círculo argumental del progresismo monárquico y dinástico en la medida en que Isabel II quedaba colocada, antes, durante y después de julio de 1854, en la posición de una institución intocable e intocada por los revolucionarios en función, precisamente, de su carácter de monarca constitucional y, por lo tanto, irresponsable.

Frente a esa argumentación, y frente a una mayoría parlamentaria claramente decantada hacia el mantenimiento de la monarquía encarnada en Isabel II, encallaron todos los argumentos demócratas que trataron de disolver la estrecha relación establecida entre historia, nación y monarquía a través, precisamente, de la afirmación radical de la soberanía nacional. De forma precisa, identificaron la utilización coincidente de la argumentación histórica y nacional como un elemento de conciliación y de encuentro básico entre moderados y progresistas que convertía, de hecho, el tiempo y la historia en «el gran constituyente». La votación se produjo aquel mismo día y la proposición fue aprobada por 194 votos contra 19[77]. Esa misma noche, Isabel II escribió al embajador británico, Howden, agradeciéndole sus consejos y el esfuerzo realizado en su favor. La Reina, dice Howden, estaba de un «humor de inexpresable satisfacción[78]».

Al día siguiente toda la prensa se hizo eco de la votación. Las interpretaciones de lo que había sucedido fueron, sin embargo, muy diversas. Para los periódicos moderados y conservadores, la victoria de la causa monárquica era la victoria de una concepción dual, pactista, de la soberanía que el marqués de Miraflores consideró el gran logro de las constituyentes al respecto: sus diputados «hicieron el gran bien de que sobreviviese la Monarquía, como sobrevivió de hecho y derecho […] adhiriéndose y confirmando un principio de derecho nacional nunca interrumpido en su aplicación, nunca puesto en duda en ningún periodo de nuestra historia patria, la existencia de una monarquía hereditaria[79]».

Por su parte, el órgano del progresismo «puro», La Iberia, reprodujo las argumentaciones ya avanzadas en el debate parlamentario asegurando que el resultado de la votación del 30 de noviembre implicaba una doble victoria. Por una parte, la victoria del principio monárquico, más necesario en tanto que «la conservación del trono y la permanencia en él de doña Isabel II eran ya, no una cuestión de partido, sino un interés nacional, patriótico, sagrado». En segundo lugar, la victoria del principio de la soberanía nacional: «Pero hay todavía otro triunfo más grande, más magnífico, más espontáneo; triunfo conseguido, no por la razón de Estado, no por la conveniencia política, sino por el derecho propio, por la unanimidad de sentimientos, por la virtud de los principios; y este triunfo es el de la revolución, el de la soberanía nacional[80]».

Para la prensa demócrata, las cosas estaban más claras. Como advirtió uno de sus periódicos más influyentes, la votación del 30 de noviembre no había demostrado otra cosa que el hecho de que la monarquía debía su existencia a la soberanía nacional. A partir de ahí, los demócratas aceptaban el veredicto popular, pero extraían sus propias consecuencias: «Desde el punto en que las Cortes decretaron la existencia de la monarquía, en uso de su voluntad soberana, pusieron de manifiesto a los ojos del país que en uso de esa misma voluntad soberana […] pudieron obligarla a descender de su solio […] Éste es el verdadero triunfo […] Hoy no puede el monarca decretar las leyes fundamentales ni sancionarlas, sino someterse a ellas y jurarlas como el último de sus súbditos. No puede nombrar ministros según su grado, sino según el grado del Parlamento[81]».

¿Era esto verdaderamente así? No necesariamente. Los debates subsiguientes en torno a la inclusión del principio de soberanía nacional como primer artículo de la Constitución y sobre el tema de la sanción real (base XVI) demostraron hasta qué punto los progresistas no querían, o no podían, dotarse de garantías constitucionales suficientes que tradujesen en términos concretos las relaciones futuras entre el Parlamento y la Corona, e hiciese posible, en la práctica, el supuesto de que el rey reina pero no gobierna. Como se demostró en aquellos debates —que produjeron, sobre todo el segundo, una fuerte división interna del Partido del Progreso— los progresistas no dejaron de oscilar en ningún momento entre el respeto a la soberanía nacional y el respeto a las «prerrogativas tradicionales» de la Corona, ancladas en una supuesta historia nacional. Por eso los demócratas pudieron acusarles de subordinar, o al menos hacer equivaler, el poder de la soberanía nacional y el poder de la historia. Como dijo Ordax y Avecilla al debatirse el tema de la sanción real a la Constitución: «Posesión, tradición, historia, tiempo: He aquí vuestras grandes palabras […] ¿Sabéis lo que son las revoluciones? Son protestas contra la historia[82]».

Esa protesta global contra la historia estaba implícita en una de las posibilidades de desarrollo del ideal nacional revolucionario de 1812, del que los progresistas se consideraban herederos, al tiempo que llevaban años apartándose de él. Es decir, en la voluntad de que (sin dejar de pensar históricamente) fuese posible asociar nación y soberanía en un sentido positivo y radical, en un horizonte abierto de cambio y de ampliación sustancial de la esfera pública liberal. Sin embargo, y desde otros puntos de vista también planteados en Cádiz, las posibilidades de desarrollo de la nueva nación constituyente podían realizarse de otra manera menos abierta e inclusiva; con un horizonte de cambio liberal más limitado y más anclado en una vieja noción de España que, como monarquía ahora dotada de apoyo y consejo parlamentario, seguiría siendo esencialmente una entidad monárquica, al tiempo que la nación podría irse asimilando mucho más al principio de nacionalidad[83].

Mientras en la evolución de esa segunda línea de pensamiento (que sería sustancialmente la moderada), la monarquía ocupaba un lugar natural, en la primera ocupaba un lugar, cuanto menos, problemático. Su existencia, de hecho, estaba ligada a la nación histórica; su existencia de derecho, a la nación de ciudadanos, a la comunidad política libre y soberana, no sometida despóticamente. Por eso, precisamente advirtiendo la tensión fundacional, pudo el moderado Cándido Nocedal negar (de manera oportunista, desde luego) que los progresistas fueran los únicos herederos de Cádiz («porque de aquellos virtuosos patricios y grandes legisladores somos herederos todos los miembros de la familia liberal») y que su adhesión a la monarquía se fundase sólo en la soberanía nacional:

¿Qué pasaba entonces en Cádiz? ¿Tanto tiempo hace que lo hemos olvidado? Pasaba que el Rey legítimo de las Españas había abandonado la Monarquía; pasaba que la nación estaba huérfana y sola […] Entonces se reunieron las Cortes de Cádiz y dijeron: «no basta que el Rey haya renunciado, su renuncia no basta; entre el Rey y la nación hay un vínculo indisoluble y eterno: si él renuncia a nosotros, nosotros no renunciamos a él» […] consignaron en ella [la Constitución] que la nación no era patrimonio de ninguna familia, ni persona, al ver, como habían visto, que la Familia Real los había abandonado… ¿qué habían de hacer?… ¿qué hicieron? ¿Declararon vacante el Trono?, no. Ved esa Constitución, leed ese artículo y encontraréis que dice que es Rey de los Españoles, D. Fernando VII, que actualmente reina: en lo cual reconocieron el hecho y el derecho[84].

A pesar de que Escosura le contestó que entre su concepción y la de los progresistas mediaba un abismo, no pudo por menos que reconocer que el mismo abismo mediaba entre estos últimos y los demócratas. A lo que José María Orense apostilló, con buen criterio: «Estáis entre dos abismos». En efecto, entre esos dos abismos estaban —como admitió el propio Escosura—, lo que revelaba la intensidad con que la tensión original del primer liberalismo se veía reforzada por el paulatino debilitamiento (experimentado desde los años treinta) de la relación entre nación y soberanía. Un debilitamiento incrementado por la impregnación del discurso progresista por una noción romántica de nación, mucho más esencialista, que veía a ésta como una comunidad cultural dotada de existencia ancestral y que subrayaba la singularidad de cada nación y los peligros de una alteración voluntarista de la constitución histórica de los pueblos[85].

Incapaces de resolver esa tensión, los progresistas de 1854-1856 contribuyeron a reforzar la relación entre nacionalidad española y monarquía como sustento de la ilusión monárquica postrevolucionaria que habían formulado, mucho más contundentemente, los moderados. En muy buena medida, aquello era producto de una táctica política de conveniencia que les había llevado a sostener a Isabel II ante el temor de no ser capaces de implantar una dinastía alternativa en un contexto en el que tanto Francia como Inglaterra se habían mostrado contrarias a un cambio dinástico. Un contexto, además, en el que temían que la adhesión popular a un principio monárquico fuerte hiciese bascular, en caso de cambio de dinastía, la legitimidad histórica de Isabel II hacia la legitimidad del pretendiente carlista. Por otra parte, el horizonte de la república era para ellos un horizonte de cambio social y de ampliación inmediata de la esfera pública a través del sufragio universal que siempre identificaron con «la tiranía de las masas».

Sin embargo, quedarse en una explicación puramente de circunstancias, de oportunidad política, de la defensa progresista de Isabel II creo que limita nuestra comprensión de las contradicciones internas del progresismo y de sus dificultades para ofrecer un modelo de funcionamiento de monarquía constitucional sujeta, efectivamente, a la soberanía nacional. Una propuesta, en suma, que les permitiese sujetar efectivamente la Corona a los poderes representativos (locales y nacionales) convirtiéndola, por fin, en aquella parte dignificada de la Constitución que Walter Bagehot celebraría, más de diez años después, como el gran logro del liberalismo británico, tan admirado por otra parte por los progresistas[86].

Como señaló ya hace algunos años John G. Pocock, las tradiciones políticas son, en buena medida, tradiciones lingüísticas respecto a cuya conformación como tales es necesario hacerse, al menos, dos preguntas: la primera, sobre el tipo de vocabulario (temática y presuposiciones implícitas) que emplean los agentes sociales para discutir sobre las condiciones políticas que les afectan en un momento histórico concreto; la segunda, sobre las consecuencias de esa particular utilización del lenguaje para su propia evolución y, por lo tanto, para el cambio o la permanencia de sus supuestos de partida[87]. En este sentido, la propuesta de Pocock nos obliga a recordar que la retórica es un componente esencial del lenguaje de la política y la mayor parte de las veces los políticos son conscientes de sus limitaciones, de su escaso valor en términos prácticos. También, sin embargo, son conscientes (o deberían serlo) de los efectos de esa retórica y de la forma en que ésta permite diversos desarrollos argumentales que afectan a la consolidación de lugares comunes de profundo arraigo social, los cuales abren o ciegan caminos para el propio discurso y la propia práctica política.

En este sentido, la utilización por parte de los líderes progresistas, en un foro como el Parlamento, de aquel lenguaje nacional-monárquico no podía quedar sin efectos. Menos que nadie podían y debían esperarlo, precisamente, los progresistas para los cuales (siguiendo a Jeremy Bentham) el Parlamento «forma un tribunal y uno que vale más que todos los otros juntos» y constituye, además, la instancia suprema de educación y captación de la opinión pública, mediante la difusión y publicidad de los debates a través de la prensa[88]. Unos años más tarde, un progresista como Ramón G. Chaparro se quejaba de la falta de prudencia y de respeto de los parlamentarios por su propia posición dentro del pueblo liberal: «¿Acaso desconocen que siendo ellos el espejo donde se refractan las costumbres de los demás, tienen más obligación de ser verdaderos en sus palabras, rectos en sus intenciones, fieles a su partido […] que los hombres de Estado deben ser más previsores, más cautos en su proceder, y que nada es en ellos más vituperable que la ligereza? […] ¡Imaginan que el Congreso es un teatro, y que en él se desempeña un papel sólo para que se les aplauda, pero que, concluida la representación, no tiene más efecto, ni ulteriores consecuencias!»[89].

Por todo eso, he insistido en la importancia del contexto en que se desarrolló el debate sobre la monarquía, el conjunto de circunstancias en que se produjo, de dónde vino, qué se quiso conseguir y cómo se desarrolló argumentalmente aquel debate y aquella votación. Inmersos en aquel contexto y en ese debate, forzados por el objetivo de bloquear al mismo tiempo al moderantismo y a los demócratas, los progresistas desarrollaron su discurso de defensa de la monarquía isabelina mediante una fuerte tensión entre el principio de nacionalidad histórica y el principio de soberanía nacional.

Su objetivo era lograr la parlamentarización de la monarquía, pero para eso sólo fijaron, constitucionalmente, un concepto de soberanía nacional que, desde sus mismos puntos de vista, y a mediados del siglo XIX, resultaba fuertemente contradictorio como principio de gobierno[90]. Como demostraron aquellos debates —y les recordó en un discurso brillante un joven Antonio Cánovas—, «el sufragio universal es la forma preconstituida que más se acerca al ejercicio de la soberanía nacional y vosotros no la queréis». En realidad, les dijo: «Queréis sustituir el ejercicio práctico, real, de la soberanía de la nación por una Asamblea elegida por 400 000 entre 5 millones, ¿con qué derecho lo hacéis? […] Claro es y evidente que hay aquí alguna cosa que no es la soberanía nacional tal y como la explicáis[91]».

Enfrentados a la noción práctica de soberanía nacional de los demócratas, como reveló Cánovas, los progresistas tan sólo podían defender su propio concepto como un principio simbólico referido a la fuente del derecho y no tanto del poder. Su límite, como reconoció el viejo progresista Vicente Sancho, residía en la constitución social del país. Significativamente los ejemplos aducidos para demostrarlo fueron la propiedad privada —como clave de bóveda de la sociedad surgida de la revolución— y la religión católica como esencialmente nacional: «¡Cómo se ha despojar de la propiedad al que la tiene y declarar que la Nación española es musulmana! Los que tal digan dicen un disparate[92]».

El problema práctico con el que tropezaban una y otra vez los progresistas —al igual que la mayor parte del liberalismo europeo— era el de integrar en su noción de soberanía de la nación a la monarquía de una forma en que ésta no fuese intercambiable, como forma de gobierno, con la república democrática. Las dificultades que tuvieron los liberales franceses para distinguir claramente entre ambas formas de gobierno fueron también las de los progresistas españoles[93]. Unas dificultades que los moderados y los conservadores como Cánovas no tenían. Al ser incapaces de distinguirse totalmente de ellos —aún a riesgo de tropezar con la democracia—, los progresistas españoles se encontraron con que el único elemento con que contaban para defender su máxima de que el rey reina pero no gobierna era la soberanía nacional, un principio simbólico y de garantía que fue el único que luego consignaron como limitación a la Corona en la Constitución nonata de 1856.

En ese terreno, y desde al menos el pacto constitucional de 1836-1837, los problemas básicos de los progresistas serían tres: distinguir netamente entre la institución monárquica y la persona o personas que ocupaban el trono constitucional, distinguir entre la nueva monarquía y la forma republicana de gobierno, y establecer el tipo de relación que existía entre el poder de la Corona y la soberanía nacional. Como han apuntado Ángeles Lario y M. Cruz Romeo, la resolución discursiva de esa triple problemática se intentó a través del recurso a la «ficción legal» del rey bueno, justo y sabio capaz de encarnar la razón y el interés de la nación[94].

Sin embargo, además de tener en cuenta que dicho recurso tenía una amplia tradición en la cultura constitucional del siglo XVIII, creo que es posible advertir algo más moderno en los supuestos esenciales que sustentaban aquella ficción legal tras la ruptura liberal. Por eso he preferido hablar de ilusión monárquica para referirme a las razones últimas que explican la adhesión profunda a la forma de gobierno monárquica que las dos grandes familias del liberalismo isabelino compartían con la mayor parte de sus congéneres europeos. Como he escrito en otro lugar, aquella ilusión —en el doble sentido de esperanza y representación engañosa de la realidad— era cultural en su sentido más amplio y tenía al menos tres vertientes[95]. Por una parte, suponía el arraigo profundo del sentimiento monárquico entre las clases populares, lo que Miraflores y luego Cánovas llamarían «la magia del Trono». De ahí se derivaba su poder para dotar de legitimidad y de autoridad al nuevo gobierno representativo a través de su capacidad para frenar o apaciguar el conflicto social y las aspiraciones políticas suscitadas durante la revolución liberal.

En segundo lugar, aquella ilusión se asentaba sobre la confianza de que los notables liberales, encargados de hacer funcionar en su propio beneficio y bajo su tutela el gobierno representativo, serían capaces de apropiarse de la legitimidad residual y ancestral de la monarquía sometiéndola a la soberanía nacional por ellos interpretada y gestionada mediante, precisamente, la «ficción legal» del rey nacional, bueno, justo y virtuoso. En tercer lugar, y desde ambos supuestos, la ilusión monárquica alcanzaba su carácter más intenso (y más problemático) en el denodado esfuerzo liberal por establecer una distinción tajante entre la institución y las personas que la encarnaban o podían encarnarla en el futuro.

Fue esa ilusión monárquica de moderados y progresistas la que permitió y sustentó su apuesta conjunta por el reforzamiento del poder de la Corona que, desde luego, no entraba necesariamente en contradicción con la soberanía nacional. No lo hacía desde el punto de vista doctrinal o discursivo pero sí, sin duda, desde el punto de vista de la política práctica, como el comportamiento de la Corona (es decir, de María Cristina de Borbón y de Isabel II) demostró abundantemente.

En todo caso, las diferencias fundamentales entre progresistas y moderados procedían de dos supuestos. En primer lugar, frente a la concepción directamente instrumental de la monarquía —implicada en la supremacía (de reserva) de la Corona sobre el proceso político practicada por los moderados—, los progresistas pretendían alejarla del poder efectivo para gobernar sin ella, o con ella sólo como elemento simbólico de cohesión social y nacional. En segundo lugar, los progresistas siempre defendieron el carácter proyectivo y relativamente abierto de la nación histórica identificada con la idea de progreso y perfectibilidad. Frente al legado inerte de la historia, podían oponer la capacidad creativa de la soberanía nacional. Una capacidad que proponía la nacionalización de la monarquía a través de un proyecto político de futuro encaminado a consolidar una sociedad gobernada por el mérito, la razón y el trabajo encarnados en las clases medias. De ahí que, en diversas ocasiones, intentasen alejarse de los moderados recordando que la única fuente de derecho era la soberanía nacional y que no existía «poder ninguno, absolutamente ninguno legítimo en la teoría del partido progresista más que el decretado y sancionado por la soberanía nacional y representado en las Cortes Constituyentes[96]».

Sin embargo, el carácter dual (político y cultural) de su noción de nación, así como su defensa de la monarquía, tanto en clave de soberanía nacional como de historia nacional, contribuyeron a asentar la monarquía (isabelina), junto con la religión, no sólo prácticamente, sino simbólicamente como un elemento esencial (por nacional en el doble y contradictorio sentido) de la identidad española, estableciendo así un límite, práctico, para su superación no sólo política sino cultural. De esta forma, en la coyuntura crucial de aquel primer debate sobre la forma de gobierno, el discurso progresista se movió en las lindes de sus propios principios, e incluso las traspasó, convirtiéndose así en intensamente contradictorio.

Aquella contradicción afectaba a su propia concepción de España —que ellos sí querían renovar respecto al planteamiento moderado— porque, a diferencia de éstos, la querían como una nación políticamente activa, asociada a la soberanía y a la libertad. Una asociación que, como ha escrito M. Cruz Romeo, se fundamentaba en el hecho de que la articulación de la (nueva) nación española no descansaba sólo en aquellos pocos que tenían derecho a voto, sino que se construía también desde los espacios locales. Por eso, durante las décadas revolucionarias, los progresistas habían defendido que «la historia de España no era la de la monarquía, sino la de un sustrato de localidades[97]». Sin embargo, en el momento concreto del que estoy hablando, aquel discurso netamente progresista fue sometido a tensiones para las cuales encontró difícil proporcionar respuestas claramente diferenciadas. Por una parte, hacía ya tiempo que los progresistas habían abandonado el principio de que el requisito para entrar en la esfera pública (incluida la local) fuese el de ser vecino-ciudadano, y habían asimilado ya que lo esencial a ese respecto era la propiedad o capacidad y no la vecindad.

Por otra parte, como demuestran las diversas intervenciones parlamentarias de Patricio de la Escosura, al menos una parte del progresismo cifraba ya más (o al menos casi tanto) la unidad nacional en la unidad monárquica y no sólo en la unidad constitucional. Es decir, cifraban (al menos también) en la monarquía las posibilidades de España frente a su heterogeneidad mientras, por ejemplo, en 1839, cuando se discutía la Ley de fueros, Luzuriaga y otros habían insistido en que la unidad la procuraba la nación a través del ejercicio de la soberanía y la comunidad efectiva de la Constitución[98].

A mediados del siglo XIX o, más exactamente, en la crucial coyuntura del Bienio, los progresistas no fueron, en realidad, capaces de articular un discurso que, en esta cuestión de la forma de gobierno, diferenciara claramente su posición de moderados y demócratas. No lo hicieron quizás porque en aquel momento ellos también vieron la monarquía (y su posible instrumentalización) como una institución y un símbolo de bloqueo de la democracia.

Por todo ello, defendieron (aunque con profundas divisiones internas) la sanción libre del monarca a las leyes y defendieron su derecho a nombrar y separar libremente a sus ministros[99]. Esperaron que, rodeando la monarquía de la nación, es decir, de instituciones electivas como el Senado y, sobre todo, los ayuntamientos y las diputaciones, lograrían parlamentarizarla. Sin embargo, fracasaron porque —al igual que los moderados— no elaboraron ningún mecanismo sólido para el caso de que se produjese un conflicto abierto entre el principio monárquico y el principio parlamentario. Para ese caso, tan sólo contaban con el recurso de la manifestación de la voluntad nacional, es decir, la agitación y la movilización extraparlamentaria, la revolución. El diputado Gil Virseda, por ejemplo, argumentó la defensa del veto suspensivo frente a la sanción libre de una forma que era toda una preconización de lo que habría de ocurrir durante el Bienio, cuando los progresistas tratasen de sacar adelante su programa político: «Además hay una razón muy poderosa para admitir lo que propongo en mi enmienda. En efecto, señores, éste es el único medio que tenemos de evitar trastornos todos los días. Vendrá una ley hecha en las Cortes ordinarias que la Corona no acepte; no dará su sanción, y volverá a las Cortes, que de nuevo la presentarán, y no se sancionará. ¿Y cuándo se ha de salir de este choque, de esta pugna, de este gravísimo y peligroso conflicto entre el pueblo y el Poder Real? […] ¿Cómo, señores, se decide esta pugna, y quién la decide? Por medio de la revolución, no habrá otro[100]».

En descargo de los progresistas españoles cabe decir que ese problema lo tuvieron también los liberales europeos continentales y que, durante todo el siglo XIX, la pugna entre los reyes y los Parlamentos fue consustancial al liberalismo[101]. Asimismo, la opción parlamentaria de poder les fue obstaculizada siempre por la Corona y por las injerencias gubernamentales en las elecciones. Sin embargo, no puede minimizarse el hecho de que, frente al conflicto con ella, los progresistas no fuesen capaces de pensar nunca en nada más que en el recurso a la ocupación inmediata del espacio público como escenificación de la soberanía nacional. Una escenificación que tendieron siempre a privilegiar sobre la movilización electoral y partidista[102]. Algo especialmente operante entre los sectores populares del progresismo, y en la milicia, cuyas actividades durante el Bienio (como veremos) demostraron una y otra vez las dificultades para encuadrar en una misma estructura política a los líderes burgueses del progresismo y a unas bases sociales que eran mucho más interclasistas, y estaban mucho más politizadas, que las moderadas.

Significativamente, además, en ningún momento la concepción de la monarquía como árbitro entre las diversas familias liberales fue abordada claramente en los largos debates sobre materia constitucional. Al igual que habían hecho los moderados en su momento, ese silencio tan sólo indicaba que los progresistas se consideraban los auténticos representantes de la soberanía nacional (y del pueblo liberal), lo que expulsaba de ese campo tanto a los moderados como a los demócratas. No era una actitud especialmente recomendable para consolidar un régimen parlamentario que permitiese (y reconociese) el libre juego de las diversas opciones políticas realmente existentes.

La ilusión monárquica del progresismo consistió, en suma, en creer que, en las condiciones españolas —sin cambio de dinastía y sin una ampliación sustancial del sufragio—, bastaba con rodear la monarquía con la nación —con un Congreso y un Senado electivos, ayuntamientos y diputaciones populares, milicia, etcétera— para obligarla a dejar de ser un poder activo en la política y plegarse a los poderes representativos que, en condiciones de elecciones libres, siempre tendría (a su juicio) una mayoría de progreso. En otras condiciones, no se dotaron de más recurso que la revolución precisamente porque, de haberse dotado de otros recursos, habrían tropezado con la democracia. Para frenarla se echaron en brazos de la Corona y siguieron manteniendo una tensión irresoluble entre el mito monárquico y el de la soberanía nacional en condiciones de acceso restringido (sólo ampliable de arriba abajo y lentamente) a la esfera pública liberal. Como los liberales franceses de la época de Luis Felipe, no fueron capaces de sustanciar la máxima de que el rey reina pero no gobierna más allá de la imprecisa frase de Thiers de que reinar consiste en ser «la imagen más verdadera, la más alta y la más respetada del país[103]». Una imagen, y una monarquía que, para los demócratas, no ofrecía ninguna garantía política concreta. Por eso García López pudo decir que «lo verdaderamente especulativo es la monarquía constitucional precisamente a la luz de la historia española y europea[104]». En la misma línea se manifestó el periódico satírico valenciano El Mole: «Por una parte dicen que la soberanía reside en la Nación, y que ella tiene la facultad de hacer las leyes; y por otra dicen que la reina tiene la sanción de las leyes, o sea la facultad de aprobar y desaprobar las leyes que hagan las Cortes; es decir que las Cortes tienen la soberanía nacional y la reina tiene… la real soberanía […] Por tener tanto real / la servil Constitución / ha muerto de sopetón / tot lo qu’era nasional[105]».

El precio que pagaron los progresistas por aquella ilusión monárquica fue muy alto. Durante el período que estuvieron en el poder no tuvieron, en realidad, de su lado a la monarquía, fueron perdiendo al ejército y sólo podían contar con sus bases tradicionales, una parte de las cuales, cansadas de la concepción puramente dirigista del Partido del Progreso, se pasaron a la democracia. En esas condiciones, la idealización de una reina resignada a ser sólo la representante de la nación a nivel simbólico se reveló suicida[106].

CAPÍTULO 3

REINAR SIN GOBERNAR:

ENTRE LA RESISTENCIA Y LA INTRIGA

Estoy muy satisfecha, querida mamá mía, pues por otras cosas políticas en las cuales he hablado, dicen que me parezco a ti, mucho me alegra hesto y me llena de orgullo.

ISABEL II (1854).

El mismo día 30 de noviembre de 1854 en que las Cortes resolvieron favorablemente la cuestión monárquica, Isabel II recibió a un enviado de su madre que traía el encargo de decirle «ciertas cosas y esperar respuesta». Se trataba de José Castillo y Ayensa, un viejo moderado del periodo del Estatuto Real, quien inmediatamente escribió a María Cristina relatándole aquella entrevista.

Nada más llegar de París fue recibido por la reina y la entrevista tuvo lugar «en presencia del Rey, que ahora lo está siempre». Castillo encontró «algo impacientes a SS. MM. por lo duro de la situación; pero habiendo salido bien de la escena terrible de las Cortes, se conocía también que sus augustos ánimos comenzaban a cobrar aliento y abrirse a la esperanza». En ese augusto estado de ánimo, entre la irritación y el alivio, oyeron «muy bien los consejos que di en nombre de V. M., a saber: de tener paciencia, de lancear los sucesos conforme fueran presentándose, de esperar confiadamente en el tiempo y en la calma de las pasiones en los unos, y en el mutuo choque de esas mismas pasiones en los otros; y sobre todo de no abandonar jamás el puesto, ni dar pretextos para ser lanzados de él asociándose y aun dando oídos a medidas violentas». María Cristina aconsejaba, por lo tanto, a su hija que continuase «apoyándose en la fuerza de la inercia, y en el papel de víctima, que son muy conducentes medios para su salvación. Día podrá llegar en que el pueblo indignado proclame a la Heredera de Cien Reyes».

Mientras tanto, era necesario observar con cuidado la actitud de Espartero y de O’Donnell sin fiarse de ninguno de los dos. Del primero, por su ambición, porque «prosigue su camino agazapado como un gato sin hacer ruido, con los ojos en la presa espiando el momento de dar el salto». Del segundo, porque pertenecía a un partido débil, el de la Unión Liberal, que «entre otras cosas, será siempre una oposición vergonzante y […] porque los principios Monárquicos no están encarnados ni en su Cabeza ni en su Corazón». Para María Cristina, como para Castillo y Ayensa, la voluntad progresista de rodear a la monarquía de las instituciones representativas de la nación, asentando el trono sobre la base de la soberanía nacional, no era más que una vulneración del derecho hereditario de Isabel II a reinar. «Prueba de ello —escribe Castillo— es la proposición presentada y discutida hoy en el Congreso por los prohombres que se dicen más Monárquicos: para evitar que se discuta la Monarquía la ponen ellos mismos a discusión, con lo que según dice, y no mal, el Eco de las Barricadas, queda sentado que la Reyna Isabel no reina desde ahora por el derecho de su Padre, sino por el de la Soberanía del Pueblo[1]».

En muy buena medida, las advertencias de María Cristina y su valoración de la situación se convirtieron en la guía de Isabel II durante el llamado Bienio Progresista. A pesar de ciertas vacilaciones puntuales, la política de resistencia constituyó lo sustancial de la actuación de la reina durante aquellos dos años a la espera de una «reacción natural» frente al dominio progresista. Sin embargo, durante todo el Bienio, esa política de resistencia más o menos pasiva hubo de abrirse paso entre las maquinaciones de Francisco de Asís y los realistas isabelinos para lograr, mediante hechos violentos o mediante un acuerdo con el carlismo, la reversión de la situación creada por la revolución de julio.

En este capítulo pretendo analizar la actuación de Isabel II durante los primeros días del brevísimo periodo de su reinado en que efectivamente reinó sin gobernar. Una situación que todo su entorno, y especialmente su marido y su madre, se esforzaron por presentarle como un secuestro de la voluntad regia que era necesario soportar y, en la medida de lo posible, revertir. Probablemente no encontraron mucha resistencia en este sentido. A los veinticuatro años, Isabel II era ya una mujer hecha y derecha, socializada políticamente en una cultura cortesana que mantenía viva una concepción puramente patrimonial de la monarquía, inculcada en la reina desde niña. Precisamente esa concepción del poder era la que hacía a Isabel II especialmente vulnerable a la manipulación política en la medida en que, por una parte, reforzaba en ella el sentido de su dignidad herida ante cualquier cortapisa a su voluntad (incluidas las cortapisas constitucionales y, por supuesto, las revolucionarias) y, por otra, la hacía sentirse depositaria de un poder que podía (y debía) manejar a su antojo. Una situación que la convertía, de hecho, en la llave de un poder disponible para quienes fuesen capaces de influir sobre ella, al margen de los poderes representativos.

Como veremos a lo largo de las páginas siguientes, y dada la situación inicial de impotencia política del moderantismo caído con San Luis, el papel de las altas jerarquías de la Iglesia y del variopinto mundo del clero que rodeaba a la reina fue fundamental para ligar (de hecho, justificar) la necesidad de defender la «libertad de la Corona» con la defensa de la religión y de la Iglesia católicas. Una cuestión que —si bien envolvía la salvaguarda de la prerrogativa regia— lo hacía de forma subordinada a aquélla que, para Isabel II, acabaría siendo fundamental y predominante: la justificación implícita de su derecho a reinar por deseo divino y la (casi exclusiva) identificación de sus deberes como reina y la defensa del catolicismo.

Fue desde esa posición subjetiva de secuestro del poder real, lesivo tanto para la dignidad de la Corona como para la Iglesia católica, desde la que Isabel II y su entorno más inmediato se enfrentaron a la experiencia de gobierno progresista.

María Cristina de Borbón, aun en la distancia, colaboró activamente para evitar cualquier posible acomodo de su hija a la nueva situación. Como había ocurrido durante la regencia de Espartero, el destierro no significó en absoluto que la exregente renunciase a tutelar el reinado de su hija. Tras emitir el incendiario Manifiesto de Monte-Mor, la reina madre decidió pasar a Francia, pero no dirigirse a París, donde se la esperaba, sino quedarse en la frontera con el pretexto de tomar los baños en Bagnères de Bigorre. El embajador francés y el subprefecto de Bayona intercambiaron con su ministerio, y entre sí, diversos despachos lamentando la inconveniencia política de aquella prolongada estancia en la frontera de María Cristina y su familia, la cual, a juicio de Turgot, ponía en apuros al Gobierno francés.

La irritación del gobierno español ante el manifiesto («injusto porque en realidad les debe la vida») y la negativa de la reina madre a alejarse de la frontera obstaculizaban los esfuerzos de la administración francesa y del propio embajador en Madrid por mantener buenas relaciones con las nuevas autoridades españolas. Para obligarla a partir hacia París («pues ése es el deseo del gobierno francés»), el representante del emperador en Bayona mantuvo una entrevista con María Cristina que relató a Turgot. En esa entrevista, la exregente insistió en que todos los golpes dirigidos contra ella —acusándola de intrigar contra la situación creada por la revolución de 1854— eran en realidad contra su hija y aseguró a su interlocutor que ella no estaba, de momento, comprometida en ninguna intriga, ni lo haría a menos que los revolucionarios tocasen el trono de Isabel II, porque «entonces conspiraría con los pies y con las manos […] y ellos [el Gobierno] lo saben bien pues yo misma se lo he dicho». La duquesa de Riánsares reconocía, sin embargo, su soledad política quejándose con amargura, por ejemplo, del conde de San Luis, «del que no ha recibido aún ni un saludo, ni una señal de recuerdo, después de los sucesos de Madrid». La entrevista, al parecer, fue muy larga y muy tensa hasta que María Cristina acabó por ceder a «la invitación» del emperador de trasladarse cuanto antes a París, con la seguridad de que sería recibida de forma acorde a su dignidad[2].

Desde el mismo momento en que llegó a París, la duquesa de Riánsares escribió asiduamente a Isabel II y a Francisco de Asís interesándose por cada acontecimiento e incluyendo frecuentes e insistentes recomendaciones respecto a cómo debía comportarse la reina. «Con placer veo —escribe María Cristina a su yerno— que estás contento de su modo de conducirse; dura y bien dura ha sido la lección y la experiencia que ha tenido que pasar en este periodo de revolución, pero espero que la servirán para apreciar las gentes y las cosas, como se merecen y que Dios, que la ha querido probar con los pasados disgustos, la conceda largos años felices y tranquilos[3]».

Isabel II, por su parte, parecía seguir reconociendo la tutela y el ejemplo maternos y se mostraba ansiosa por lo que se esperaba de ella: «Estoy muy satisfecha, querida mamá mía, pues por otras cosas políticas en las cuales he hablado dicen que me parezco a ti, mucho me alegra hesto y me llena de orgullo[4]». A través de su yerno, de quien María Cristina evidentemente temía una influencia perniciosa, la exregente se esforzó durante todos aquellos primeros meses en inculcar en su hija la máxima prudencia: «Su trabajo constante debería ser el de la paciencia y la constancia, unida a muchísima prudencia y precaución […] para rodearse nada más que de los que no mudan de color[5]».

Para impedir que Isabel II se desviase lo más mínimo de sus tradicionales apoyos políticos —claramente representados por «el partido moderado puro»—, María Cristina no escatimó esfuerzos. En los primeros días de octubre llegó a Madrid —tras haber acompañado a las hijas de los Muñoz a París— el escritor Eugenio de Ochoa con una embajada similar a la de Castillo y Ayensa. Se trataba de orientar a los reyes en su nueva situación política y personal. La reina —le escribió Ochoa a María Cristina— le pidió que pusiese por escrito cuáles serían «los medios que a mi juicio podrían emplearse para salir con bien de la terrible crisis presente». Los consejos que recibió fueron, a un tiempo, de orden privado y político. Políticamente, Ochoa recomendó a Isabel II que se sometiese (como efectivamente hizo en esos meses posteriores a la revolución) a todo lo que le pidieran sus ministros, porque «creo firmemente que el menor desvío de esta conducta sería hoy peligrosísimo para S. M. y por consiguiente para el Estado».

Tanto o más importante que la prudencia política debía ser, a juicio del enviado de María Cristina, la prudencia en la conducta privada de la reina. De ella dependía que recobrase, o no, el prestigio necesario para seguir reinando: «Se reduce pura y simplemente a encarecerles [a los reyes] o más bien a demostrar la necesidad absoluta en que están de vivir como vive todo el mundo; y en particular los buenos matrimonios […] para que S. M. recobre en poco tiempo la popularidad que por desgracia ha perdido […] para no dar pretexto las calumnias de que son objeto, y que en España y en Europa circulan como moneda corriente». El propio Ochoa, demostrando con la claridad de sus consejos la situación de extrema debilidad en que se encontraba una reina obligada a escucharlos —«no creo que haya oído nunca estas palabras de boca de ninguno de sus súbditos»—, insistió en que de esas «calumnias» venían las dudas sobre la legitimidad de la princesa de Asturias y que seguir «con la vida que han llevado hasta ahora» les quitaría a ellos mismos, dentro y fuera de España, la capacidad de reinar y «sostenerse». Para contrarrestar todo eso, Ochoa proponía «circular con profusión por España y por Europa escritos destinados a defender los tres grandes principios que juzgo amenazados […] la unidad católica, la institución del trono y la dinastía reinante[6]».

Isabel II y su marido se plegaron en todo a la línea de actuación que les proponía María Cristina a través de Ochoa. En el orden de la vida íntima de los reyes, no por privado menos político, la situación en Palacio cambió sustancialmente respecto a los años de la Década Moderada. Durante todo el Bienio, y como no se cansaron de repetir una y otra vez a María Cristina en sus cartas, Isabel II y Francisco de Asís estuvieron «más unidos que nunca» dedicándose ambos, pero sobre todo la reina, a obras de piedad privada y pública. El favorito Arana, alejado durante los días de la revolución, no volvió a Madrid y la reina pareció conformarse (al menos de momento) con su poco estimulante vida matrimonial. Fue entonces, precisamente, cuando Isabel II se fue acercando cada vez más a «la monja de las llagas», sor Patrocinio (en el mundo, María de los Dolores Quiroga), a quien hasta el momento había mantenido a distancia y que había sido sobre todo consejera de su marido. Como escribió Howden a su ministerio: «Sor Patrocinio, que desempeñó un papel tan importante en materias políticas y religiosas por su relación con el Rey y la reina Madre, y que fue enviada a Roma, ha vuelto a un convento cerca de Madrid. Está en contacto ahora con la Reina, cosa que no sucedía antes[7]».

En efecto, aterrorizada por la situación que había vivido, temerosa de lo porvenir, alejada de la acostumbrada tutela de su madre, Isabel II se entregó a todo tipo de actos de contrición por su vida pasada, los cuales fueron aprovechados por la camarilla clerical de su marido, entre otros por el padre Fulgencio, la «madre Sacramento» y por la inteligentísima sor Patrocinio. Con su poder para calmar la ansiedad de una reina que veía en todo lo que pasaba un castigo divino y esperaba que la providencia la perdonase por sus pecados «sacándola con bien de aquella situación», la monja supo ocupar rápidamente el lugar de consejera tutelar de María Cristina y reproducir, a su vez, la peculiar red de apoyo, dependencia, culpa y absolución que Isabel II mantuvo toda su vida con ella, como la mantuvo con su madre[8].

Benito Pérez Galdós, tan bien informado siempre, resumió con su maestría habitual el estado de ánimo de Isabel II en aquellos momentos de tribulación que la llevaron a someterse a todo tipo de actos de piedad religiosa y, más efectivamente en lo político, a «las taimadas sugestiones de una beata embaucadora [que] sabía que fácilmente se ganaba la real voluntad […] Isabel podía desechar el terror del Infierno por sus personales culpas; pero no por el pecado de consentir que su pueblo cayese en los abismos del descreimiento y la corrupción masónica. En esto tan sólo era consistente su voluntad; en lo demás se desmenuzaba, reduciéndose a migajas que el viento esparcía[9]». Como he avanzado antes, de estos momentos iniciales del Bienio procede la famosa camarilla clerical que —con mayor o menor poder, según las circunstancias y las angustias religiosas de la reina— rodearía a Isabel II durante todo el resto del reinado. Una situación de dependencia personal respecto al integrismo religioso que esa camarilla representaba que sólo se había apuntado durante la Década Moderada.

De la reunión con Eugenio Ochoa surgió también, siguiendo sus consejos y sus propios intereses como publicista, un primer intento de tomar la iniciativa por parte de la Corona mediante una campaña de propaganda política en favor de la reina, tanto dentro como fuera de España. Así, a los periódicos moderados clásicos como El Heraldo, El León Español, El Parlamento, La España, etcétera[10], vino a sumarse uno nuevo, financiado directamente desde el Palacio Real y titulado, significativamente, El Amigo del Pueblo. Junto a él, Ochoa —además de publicar varios folletos y hojas volantes— retomó el proyecto de una biografía de la reina que le había encargado, durante los últimos meses del ministerio San Luis, el marqués de Viluma. Vio así la luz, en francés, la primera biografía conocida de Isabel II: Doña Isabelle II de Bourbon, Reine d’Espagne, publicada en París aquel mismo año de 1854.

A partir de todos estos textos, especialmente del periódico y de la biografía, podemos acercarnos, aunque sea oblicuamente, a lo que podría ser el ideario político de Isabel II o, al menos, al que ella consintió en aquel momento que se propagase en su nombre. Un ideario que, como queda claro en ambas publicaciones, se centraba en la defensa de la religión católica y del trono hereditario como consustanciales con la identidad española y la «verdadera» voluntad nacional. En ambos casos, la «españolidad» de la reina —y su especial sintonía con «el pueblo»— se convirtieron en mecanismos esenciales de legitimidad: «La Reina, por más que otra cosa parece, es personalmente querida del pueblo […] lo es hasta por algunos de sus defectos […] En los barrios bajos […] dicen que la Reina es muy española, y ya sabe V. M. lo que estas palabras significan entre la gente de chaqueta y mantilla terciada: el compendio de todas las virtudes[11]».

Esas virtudes nacionales fueron las que pretendió enfatizar El Amigo del Pueblo, concienzudamente escrito en «un estilo liso y llano, al alcance del pueblo» y vendido a un precio bajísimo que apenas cubría «la impresión y el papel». Como se pudo ver desde su primer número del 15 de noviembre de 1854, el periódico se dedicaba fundamentalmente a ridiculizar la gestión progresista y la máxima esparterista de «cúmplase la voluntad nacional» que, a su juicio, escondía la ambición personal o la estulticia política de quien la pronunciaba. Frente al derrumbe social con que el periódico amenazaba a sus lectores, su propuesta («nuestra especialidad») era impulsar un gran consenso político «en el que caben todas las diferentes sectas o escuelas políticas» en torno a la defensa del «catolicismo, el trono y doña Isabel II».

Basten estas ligeras indicaciones para que se forme una idea clara de lo que somos y de lo que nos proponemos. No se nos moteje, pues, antes de conocernos, de mojigatos u ultramontanos, porque nos proclamamos católicos; de absolutistas, porque proclamamos la necesidad del trono; de palaciegos y aduladores, porque proclamamos la necesidad de la dinastía reinante. Muy lejos de eso: cabalmente porque somos españoles sobre todo nos creeríamos obligados (aún a falta de otros motivos de orden superior) a defender la unidad católica, como base y nervio de nuestra unidad nacional; y cabalmente también porque no somos ni absolutistas ni aduladores es por lo que vamos a defender la necesidad (a más de la justicia, como ya hemos dicho, fundada en el derecho) de que España sea una monarquía, y de que ocupe el trono nuestra Reina legítima, si no se quiere que la nación sea presa de la anarquía primero, de una serie de audaces tiranuelos después y, por último e indeclinable término, del CONDE DE MONTEMOLÍN[12].

Tras las convulsiones revolucionarias, cuando a juicio del redactor de El Amigo del Pueblo el edificio social amenazaba con hundirse, la auténtica «política española» pasaba, fundamentalmente, por el catolicismo y la monarquía de Isabel II. Esta última habría de quedar claramente identificada, eso sí, «sinceramente, con las condiciones del gobierno representativo», pues, como le escribió Ochoa a la reina Cristina, «confieso que he sido y seré liberal hasta que me muera. No lo puedo remediar. Creo también que no hay otro camino para la felicidad de la Reina y del país». De esta manera, el mismo periódico se definía claramente como «afiliado a la escuela liberal. Fuera de ella, tampoco vemos hoy salvación posible para ese mismo trono de Doña Isabel II[13]».

Naturalmente, el problema era el de definir las condiciones de gobierno representativo que ofrecía Isabel II frente a la supuesta amenaza de la anarquía o del carlismo. Aquí es donde el periódico era más ambiguo y al mismo tiempo más revelador. A partir de sus críticas conjuntas a la idea de soberanía nacional, a Espartero y a los intentos de reacción de los gabinetes anteriores a la revolución, Ochoa se esforzó por promover una monarquía que fuese capaz de enlazar directamente con el pueblo a través del paternalismo, una cierta penchant plebeya en sus gustos y comportamiento, y el sentimiento común de adhesión a un pacto histórico consustancial con la nacionalidad española que «siempre ha sido libre». En este sentido, fue legítima la resistencia al absolutismo de San Luis cuando «se empezó a temer seriamente un golpe de Estado contra las instituciones liberales, y se formó entre los liberales todos, espontáneamente, sin previo acuerdo, y como si los moviera a todos el instinto de la propia conservación, lo que desde un principio se llamó unión liberal». Esa unión liberal fue, entonces, el resultado de «la necesidad de salvar el trono de doña Isabel II, salvando las instituciones representativas gravemente amenazadas […] para dar en Vicálvaro una batalla más en defensa de la Reina y de la Constitución».

A esa unión liberal y a aquella versión de la revolución de julio, que se identificaba implícitamente con O’Donnell frente a Espartero, era a la que tendía su mano la Corona a través de las páginas de El Amigo del Pueblo. Una mano tendida que era, al mismo tiempo, una queja, ante la opinión monárquica y conservadora, por la soledad y la desprotección en que se encontraba el trono frente al avance de las «tendencias disolventes de la sociedad» encarnadas en un liberalismo radical que habría dejado de ser, si es que alguna vez lo había sido, auténticamente nacional. Con la sorna y condescendencia habituales de los periódicos moderados hacia los «liberales extranjerizantes», «los que traducen del francés», El Amigo del Pueblo ridiculizaba la opinión demócrata y republicana encarnada por esos «hombres-niños para quien son grandes progresos modernos los viejísimos delirios de la demagogia […] como aquel pobre diablo que de buena fe se cree liberal porque no va a misa, porque habla de república como si supiera lo que es, y porque repite como un loro los soeces insultos contra la Familia Real que lee todos los días en periódicos extranjeros […] ¡Ven acá, inocentón!».

Aquella mano tendida a los defensores de la unión liberal, más exactamente a los conservadores distanciados del gobierno de San Luis, iba cargada, sin embargo, de resabios claros del viejo moderantismo ultramontano del marqués de Viluma y de Donoso Cortés, que ahora se veía representado en el más combativo de los diputados moderados en Cortes, Cándido de Nocedal: «¡Honor al elocuente diputado que una vez más vino a demostrar que nunca faltaron entre nosotros hombres que sepan volver por los fueros de la justicia y del respeto debido a la majestad del Trono! La reina puede contar con ellos siempre que los necesite[14]». Más exactamente, leyendo entre líneas, ellos (los moderados de Nocedal) podían contar con la reina cuando la necesitasen.

¿Qué capacidad de incidencia tuvieron iniciativas como ésta? Es cierto que El Amigo del Pueblo no sobrevivió a febrero de 1855 y desapareció cuando, como veremos, se iniciaron los contactos (favorecidos por el propio Ochoa) entre Francisco de Asís y los representantes del pretendiente carlista. La opinión monárquica y conservadora, en sus diferentes matices, estaba mejor representada, sin duda, por periódicos de sólida implantación como La España, La Época o El Diario Español. Sin embargo, no conviene minusvalorar excesivamente a El Amigo del Pueblo en la medida en que, sabiéndose que procedía de la Corte, precisaba la oferta de la Corona para convertirse en el centro y amparo de una reconciliación entre las diversas fracciones moderadas con la intención de aunar, como se haría explícitamente en la biografía de 1854, los intereses comunes de las fracciones vilumista, narvaísta y puritana.

Precisamente en esa biografía —destinada fundamentalmente a limpiar la imagen de Isabel II en Francia y encontrar allegados a su causa— es donde se identificaban más claramente los logros del reinado de Isabel II con el periodo en que gobernaron los moderados doctrinarios clásicos, como Mon, Pidal y Narváez. Hacia ellos, hacia aquel moderantismo, supuestamente respetuoso con la Constitución de 1845, se volvió la propaganda monárquica en estos momentos iniciales del Bienio para intentar lograr una recomposición política del moderantismo —«que abandone la inercia»— como paso previo para el desalojo del poder de los progresistas. Merece la pena indicar, sin embargo, como demuestran las páginas que El Amigo del Pueblo dedicó a la coalición conservadora contra San Luis y a la «necesaria unión liberal», que esa mano tendida pretendía (aún de forma muy incipiente y vacilante) atraer hacia la defensa del trono «y de la libertad bien entendida» a los hombres de Vicálvaro, y muy notablemente a O’Donnell[15]. Si no podemos medir la eficacia concreta de aquellas iniciativas de Ochoa en nombre de la reina y de María Cristina, sí podemos saber que esas iniciativas existieron como una apuesta propia de la Corona y que en ellas se confiaba, de momento, para salvar su prestigio y redefinir su ubicación en el nuevo escenario político[16].

De momento, sin embargo, la actitud más útil de Isabel II para recuperar la popularidad perdida fue, según Howden, «el comportamiento paciente y noble de la reina con motivo de la crisis ministerial y vuelta al poder de Espartero, sin recurrir a ninguna intriga[17]». Una actitud recomendada por María Cristina, que siguió escribiendo continuamente a su hija aconsejándole cautela y atención, sobre todo a los movimientos de los carlistas, que, a su juicio y al de buena parte de la prensa conservadora, hacían el juego a los republicanos:

A mí me hace mucho, mucho daño, ver la injusta saña que siguen teniendo con mi familia. […] lo que me aflige en estos momentos también es saber que los carlistas adelantan mucho en sus trabajos, y que van haciendo prosélitos en todas partes, con la máscara de republicanos, etcétera. Puede que procuren derribarte para que entonces los que nunca te harían traición estando tú en el Trono, viendo que ya no lo ocupabas, optasen por la República u otra cosa, y Montemolín o Don Juan, y para tener trono y Trono en un Príncipe se fuesen a defender éste y engruesasen las filas de los carlistas. Ésta es una de las angustias continuas que tengo; el saber amenazado tu Trono de esta manera, y verme en la imposibilidad de hacer algo. Buen cuidado han tenido los enemigos tuyos de inutilizarme sirviéndose de los liberales, haciéndose éstos sin quererlo instrumentos de aquéllos, y teniendo sin remedio que llorarlo y bien amargamente un poco más adelante[18].

En toda la correspondencia de aquellos primeros meses entre Isabel II y su madre, parece repetirse —ahora con una Isabel II ya adulta— la voluntad de María Cristina de seguir influyendo en el ánimo de su hija, alentando sus temores, guiando sus pasos en la dirección marcada desde la Malmaison, la nueva residencia de María Cristina y Riánsares cerca de París. Sin embargo, y aún tímidamente, la reina iba buscando su lugar y un cierto grado de aplomo propio. Por una parte, y siguiendo las indicaciones de sus ministros, Isabel II se opuso a los deseos de María Cristina de que se publicase en España, inmediatamente, el Manifiesto de Monte-Mor. Por otra parte, adoptó la postura —que mimetizaba la de su madre— de ironizar sobre su situación y recomendar calma y confianza en la providencia:

Comprendo querida mamá lo que sentirás la injusticia de los hombres, tú que no has hecho más que hacerles beneficios, pero confía en Dios y en la Virgen Santísima que siempre nos ha protegido y que hará que la verdad triunfe y algún día se te haga justicia lo mismo que a mí, pues a la verdad también suelen ser un poco injustos conmigo, no el pueblo que ese hestá bien, yo tengo mucha fe y mucha esperanza y que Dios y la Virgen nos sacasen a todos y de todo adelante, tú lo verás querida Mamá mía […] ¿No sabes una cosa curiosa querida mamá mía, que decían estos días que tú me habías mandado 30 millones para que hiciera la rebolución?, qué bestialidad, la ventaja es que de puro gorda ya la noticia nadie la ha creído [19].

Por su parte, el rey escribía también a María Cristina enfatizando, mucho más que su mujer, el desprecio que sentía por todos los políticos de «la situación» a los cuales, y según su costumbre, ponía apodos que consideraba ingeniosos: «Perdigón[20] ni mejora ni empeora, siempre tan negro y tan feo. Fieramosca[21] muy alarmado y muy malo a mi ver, tan malo como su compañero de glorias. Yo ni les veo ni les oigo; mi oratoria está reducida con ellos a bajar la cabeza para saludar cuando un acto oficial, o la casualidad, me los presenta. No quiero nada en común con estas gentes y me va muy bien. A V. le guardan siempre el mismo cariño entrañable, pero en todas partes la ven a V. y temen no sé qué[22]».

Lo que temían Fieramosca y Perdigón no podía estar más claro: una reedición de la gran conjura moderada y militar, fraguada en torno a María Cristina entre 1840 y 1843, y que acabó con la regencia de Espartero. El mismo Narváez había escrito a María Cristina inmediatamente después de su extrañamiento para asegurarle su lealtad y lamentar sus tribulaciones. Sin embargo, las condiciones eran ya muy distintas de las de 1840-1843. Buena parte de los políticos clásicos del moderantismo, y muy especialmente Narváez, habían experimentado en carne propia las argucias de la reina madre cuando era casi omnipotente en Madrid y temían su vuelta al poder. Narváez, que había coqueteado con los sublevados de Vicálvaro, se puso a los pies de Cristina en su primera carta, pero al mismo tiempo se justificó por no haberla visitado a su paso por París, «porque probablemente esa visita daría pábulo a que se atribuyeran intenciones que están muy lejos del ánimo de V. M. y que habrían sido pretesto para causar a V. M. mayores disgustos de los que a pasado». La carta era breve y no excesivamente afectuosa; más bien sobria en sus expresiones de lealtad. El general parecía estar tanteando el terreno. La respuesta de María Cristina fue inmediata y mucho más vehemente: «Con ansia he leído tu carta, porque hacía mucho tiempo que carecía de ellas y aunque muy segura de tus leales y constantes sentimientos, me gusta verlos repetidos porque no se cansa una persona que quiere de sentirse repetir que es querida. Quiera Dios que suceda también la segunda parte de lo que siempre he dicho, y es que tú puedes salvar el Trono de Isabel 2.ª, afirmarle y asegurar la paz y la tranquilidad de aquel infeliz País[23]».

La llamada de la reina madre no produjo sin embargo, en esta ocasión, los mismos efectos que hacía once años. Narváez recordaba muy bien que, en 1851, María Cristina había estado envuelta en los rocambolescos incidentes que provocaron su caída. Recordaba también la sucesión de ministerios que, desde entonces, le habían mantenido apartado de la política. Al igual que otros líderes moderados como San Luis, Javier Istúriz, Alejandro Mon o Pedro José Pidal, escribió a la reina madre condoliéndose de su situación, pero manteniendo las distancias. Meses después volvió a escribir a María Cristina para felicitarla por la boda de su hija Amparo y disculparse por no aceptar la invitación de asistir a la ceremonia para evitar «ponerse en evidencia[24]».

Todo parecía indicar que la reversión de la situación creada en julio no iba a producirse, como en 1843, en torno a María Cristina. La situación era muy diferente. Isabel II era plenamente adulta y la reina madre estaba seriamente desprestigiada. Sus bienes en España estaban embargados y sobre ella pendía un juicio parlamentario y, quizás, penal. Buena parte de la opinión conservadora —en especial los antiguos moderados puritanos que preconizaban la unión liberal— desconfiaban de ella y, como explicó Turgot a su ministerio, «no se puede obviar que [la reina madre] es muy odiada en todas las clases y grupos políticos». A su juicio, los movimientos hacia «una reacción en sentido moderado» se veían obstaculizados por el temor de que «la vuelta a los negocios de los hombres del partido moderado traiga a España a la reina Cristina y a su círculo [que son los que] le han desacreditado como partido y le han llevado a su caída[25]». Su capacidad de actuación política quedaba en buena medida subordinada a su capacidad de influencia sobre su hija. A lograr que ésta no perdiese, o abandonase, el trono dedicó todos sus esfuerzos.

Poco antes de reunirse las Cortes, el embajador francés Turgot había aconsejado a Isabel II que accediese en todo a los deseos de los ministros excepto en dos cuestiones claves: firmar un decreto que condenara a su madre —porque la rebajaría ante sus súbditos— y acceder a la libertad pública de culto[26]. En torno a esos dos puntos —en los que se ventilaba el prestigio de la familia real y la relación exclusiva entre monarquía y catolicismo— se concretó la tensión inicial entre las Cortes constituyentes y la Corona.

En efecto, el 1 de diciembre, un grupo de progresistas puros presentó en las Cortes una proposición para que se abriese una información parlamentaria sobre «todos los hechos por los cuales puedan ser responsables a la Nación Doña María Cristina de Borbón y su actual esposo[27]». Que esa proposición se presentase y fuese aprobada al día siguiente de producirse la votación a favor de la monarquía de Isabel II denotaba hasta qué punto un sector no despreciable de la Cámara quería dejar claro a la Corona que, más allá de su derecho histórico, estaba sometida a la nación y que a ella debía su permanencia. Se trataba, también, de contentar a la opinión pública que había señalado a María Cristina como la gran culpable de la inmoralidad económica y política de los últimos años de la década. La fuerza de aquella opinión no podía ser disimulada cuando los hechos revolucionarios demostraron que, tan sólo a costa de cargar todo el peso de la culpa y de la prueba en María Cristina, había sido posible mantener a Isabel II en el trono.

La campaña que llevaron a ese efecto los demócratas, apoyados en buena medida por todo un sector de las bases y algunos líderes del progresismo puro, no se había aminorado desde finales de agosto, cuando el gobierno consintió en el destierro (o la huida) de María Cristina de España. La Europa resumía así los cargos que se le imputaban: «El pueblo español la acusa de haber ocultado muchos bienes pertenecientes a la testamentaría de Fernando VII; de haber contraído matrimonio con una de las personas más ínfimas de la sociedad y de haber usurpado tras su enlace el nombre de tutora y regente del reino; de haber querido entregar el trono de su hija a Don Carlos; de haber pretendido en tiempos de Bravo Murillo acabar con las libertades públicas; de haber hecho contratos escandalosos; y de haber formado todos los ministerios anticonstitucionales desde Narváez[28]».

Antes de que se reuniese la comisión, un grupo de diputados conservadores y progresistas templados presentó una proposición pidiendo que se declarase acertada la decisión del gobierno del 27 de agosto de 1854 de extrañar a María Cristina y confiscar sus bienes. La proposición dio lugar a un acalorado debate entre las diversas fracciones de la Cámara, en el que la vida privada y pública de la madre de la reina salió a relucir en prácticamente todos los extremos posibles. Tan sólo acudieron a defenderla dos diputados moderados, Castro y Nocedal, mientras el grueso de la Cámara y todos los diputados que tomaron la palabra dieron por sentado que María Cristina había conspirado «para alterar el orden público y trastornar la situación creada por la revolución de julio» en el caso de haber permanecido en Madrid.

Las diferencias estaban en el deseo de los demócratas y progresistas puros de que la exregente hubiese sido detenida en España y juzgada, y la defensa de los ministeriales de que su destierro había sido la única medida compatible con el decoro de Isabel II y la salvación de la revolución. Como dijo el ministro de Gobernación, Santa Cruz, aquella medida había sido inevitable porque la situación de María Cristina se había hecho insostenible en España, «como la misma señora dice, el partido carlista la odiaba, el partido progresista la repudiaba y hasta el partido moderado en su inmensa mayoría la repudiaba también; y que todos los partidos y todas las personas convenían en decir que era la causa de todos los males de que el país se quejaba». Finalmente, la votación arrojó un resultado de 210 diputados contra 2 a favor de la proposición de apoyo al gobierno por permitir la salida de Cristina de España. Muchos diputados salieron del salón de sesiones para no votar en contra[29]. Esa misma noche, Isabel II escribió exultante a su madre considerando que la votación había sido un primer triunfo:

Nocedal ha hablado muy bien, quería que al decirse que aprobaban que te habían dejado salir, se dijese que tus bienes te quedasen devueltos otra vez y todo como si nada hubiera pasado. Cortina dijo que tenía la honra de ser tu defensor y que lo declaraba a las Cortes y que le parecía mejor que se hiciese otra votación sólo para declarar que no había ningún cargo de ninguna especie contra ti, y creo que así lo ban a hacer, y enseguida a devolverte todo lo que tan injustamente te habían confiscado, como te puedes suponer, querida mamá mía, la votación de hoy indica lo bien que saldrá la otra con la ayuda de Dios y la Virgen Santísima, como te puedes suponer lo primero que hemos hecho en cuanto lo hemos sabido ha sido dar gracias a Dios y a la Virgen Santísima que hestá en mi alcoba por este nuevo beneficio que nos conceden, enseguida me he puesto a escribirte para que sea yo la primera que tenga el gusto de darte hesta noticia, ojalá pudiera darte ahora un abrazo, quiera Dios sea pronto[30].

En un sentido similar escribió el rey consorte y ambos recibieron a cambio sendas cartas de la exgobernadora aconsejándoles de nuevo un comportamiento político prudente y sosegado; pidiéndoles que actuasen (por poderes) como padrinos de la boda de su hija Amparo con el príncipe polaco Czartorisky, y aprovechando, una vez más, para intentar asentar su autoridad y tutela sobre ellos: «Es increíble, hija mía, el mal efecto que hacen aquí los sucesos de España, y lo que es peor que todo es el desprecio que va produciendo en los ánimos, no toda la Nación Española, pero sí la parte que se mueve en el mal sentido. A ti te compadecen y comprenden cuánto debe padecer tu ánimo al verte imposibilitada de realzar la opinión de ese país que tantas locuras hace. Todos desean volverte a saber contenta y bien rodeada, y libre de los enemigos tuyos y de la España […] No extraño que me sigan teniendo tanto cariño esas gentes. Dios les perdone. En lo que van errados es en creer que estoy en todas partes. Mientras no me toquen a la Reyna, me estoy quieta: pero si la tocan, no sé, pero me parece que no me quedaré quieta[31]».

Mientras tanto, el gobierno intentaba por todos los medios deslindar, ante la opinión pública interesada en el juicio a María Cristina, los intereses de la reina de los de su madre. Así, cuando los demócratas y los moderados coincidían —con fines opuestos— en afirmar que el juicio a María Cristina atentaba contra la dignidad de su hija y de la monarquía, los progresistas adoptaron la línea de defender la independencia absoluta entre madre e hija[32]. Patricio de la Escosura, por ejemplo, negó rotundamente ante las Cortes que ambas tuviesen nada en común: «¿Qué progreso habría hecho la especie humana, si estuviéramos todavía en los tiempos bárbaros en que una infamia de un individuo alcanzaba a toda una familia entera? […] ¿No sabemos que una de las excelencias del gobierno representativo consiste en convertir la persona en institución? […] La reina tiene otra gran familia que no será deshonrada por proceso ninguno: la verdadera familia de la Reina es el pueblo español (Rumores en diversos sentidos[33])».

Finalmente, las Cortes aprobaron por unanimidad la proposición para abrir una investigación sobre la exregente y su marido[34]. Incluso los diputados moderados votaron a favor siguiendo las instrucciones de la reina madre que, desde el Manifiesto de Monte-Mor, había pedido que se hiciese la acusación y que ella se defendería. En uno de sus alardes de astucia, María Cristina eligió para defenderla al prestigioso bufete madrileño del abogado progresista Manuel Cortina. Siendo Cortina diputado, se aseguraba no sólo un abogado en caso de un proceso penal, sino un defensor en las Cortes que, además, pertenecía a la mayoría ministerial. Una mayoría que, en la práctica, deseaba evitar el escándalo de un juicio a la reina madre. Como escribió Howden a su ministerio, «el gobierno está ansioso por mandar de nuevo a Olózaga a París quien, en una intervención incidental, ya ha causado la dimisión del señor Martín de los Heros, uno de los viejos progresistas que era Intendente de Palacio, debido a su negativa a someter el original del testamento de Fernando VII a la comisión[35]».

Tras la intervención de Olózaga, Cortina recomendó a María Cristina que aconsejase a su hija —quien, temiendo lo peor, se resistía— que colaborase con la comisión entregando la documentación que le fuese requerida y, en especial, la testamentaría de Fernando VII, en torno a cuyas irregularidades versaba una parte de la acusación. Así, María Cristina escribió a su hija desde París:

Veo que lo de la comisión no adelanta mucho y sé que Cortina ha pedido al Intendente que se pase a las Cortes la testamentaría. Comprendo que esto no pueda gustarte en cuanto a que es hacer entrar las Cortes a juzgar las cosas particulares; pero las circunstancias han traído las cosas a este terreno, y no te puedo negar que me alegraré permitas que se revisen esas particiones por las Cortes y por quien se quiera pues mientras no se vean y se procure evitar la publicidad los malvados podrían creer que algo hay que ocultar y no conviene a ninguna de nosotras que se den más pretextos a la maledicencia para que sigan calumniando a tu madre. Tiempo es ya de que se me haga justicia y de que acaben las payasadas que hace más de nueve meses sirven de pretexto a planes de cobardes enemigos del Trono, y de envidiosos y descontentos[36].

Salvada esa primera dificultad, los trabajos de la comisión comenzaron a demorarse extrañamente. Pasaron los meses sin que se emitiese dictamen a pesar de las exhortaciones de los diputados demócratas para que acelerase sus trabajos[37]. Como escribió Fernando Garrido, «las Cortes, fuese por deferencia a su defensor, Manuel Cortina, fuera por no abordar los peligrosos incidentes que envolvía […] la verdad es que dejaron pasar los meses, incluso los años, sin acordarse de que había crímenes que castigar[38]». Howden escribió a su ministerio que era evidente que la reina estaba ejerciendo toda su influencia sobre los ministros para, o bien paralizar la comisión, o bien neutralizar al máximo sus resultados. «Esa conducta de parte de su Majestad es natural y graciosa, pero puede producir serias complicaciones. La extrema izquierda está tan determinada a sacar adelante la cuestión como lo están las personas que tienen acceso a la Corte en disminuir su gravedad. Sobre este punto, más que sobre cualquier otro, el pueblo (o mejor sería decir el populacho), está especialmente excitado y no hay duda de hacia que lado se inclina la opinión pública de ahí fuera[39]».

En efecto, la cuestión del juicio a la reina madre se convirtió en un pulso más entre los sectores radicales del liberalismo y el gobierno que recorrió todo el Bienio. La memoria de los «crímenes de Cristina» se mantuvo viva entre la opinión pública de múltiples maneras. Entre ellas merece destacarse, por su éxito editorial, la novela por entregas (publicada entre 1854 y 1856) del republicano Wenceslao Ayguals de Izco, cuyo llamativo título era El Palacio de los Crímenes o el pueblo y sus opresores. Tercera y última época de María, la hija de un jornalero. Aunando la crónica política, la historia y la novela de costumbres, Ayguals de Izco se esforzó en deshacer la relación indisoluble entre el pueblo y la monarquía, y en defender una noción de nación y de pueblo español que superase los estereotipos de ignorancia, barbarie y atraso que, a su juicio, procedían de la literatura extranjera. La nación y el pueblo de Ayguals, encarnados en la virtud de María, la hija del jornalero, buscaban su propia independencia y moralidad, su modernidad, a través precisamente de actos como el juicio a María Cristina de Borbón que, en su vida privada y pública, encarnaba todos los vicios del absolutismo, de la «pestilente atmósfera palaciega». Una atmósfera que representaba todo el atraso y la barbarie de la tiranía que el país deseaba sacudirse para poder ser él mismo: la nación virtuosa y moderna que Ayguals preconizaba[40]. Para Ayguals, la revolución de julio quedaría incompleta —el pueblo engañado y la nación traicionada— si el juicio de la opinión pública, de las Cortes y de los tribunales no alcanzaba a María Cristina, al igual que al más humilde de los españoles, y no se obligase a los reyes a contenerse «dentro de los límites de su autoridad[41]». Sus argumentos, la enorme cantidad de «documentación» que aportaba, así como su sabia mezcla de realidad y ficción, convirtieron la obra de Ayguals en un best seller de la época que contribuyó no poco a hacer trizas, públicamente, la ya muy dañada reputación de la madre de Isabel II.

Mientras tanto, los trabajos parlamentarios progresaban lenta y dificultosamente. Como escribió Howden: «Hasta casi el último momento, tal es el consumado arte o la abierta inocencia con que han sido llevados los asuntos de la Reina Madre, que no han encontrado nada sólido para incriminarla. Parece que, últimamente, ciertas circunstancias les han puesto sobre la pista de otras varias y algunas cuestiones más serias parecen comenzar a salir a la luz justificando los trabajos y las sospechas. La reina Cristina, sin embargo, tiene pocas propiedades en este país, y sea cual sea el castigo será más de índole moral que otra cosa[42]».

Finalmente, la comisión presentó sus resultados el 7 de junio de 1856. Cuatro fueron los temas fundamentales sobre los que los diputados emitieron dictamen. En primer lugar, sobre la acusación de que María Cristina se había beneficiado personalmente, en detrimento de sus hijas, por la forma en que se había formalizado la testamentaría de Fernando VII, la comisión dictaminó que el proceso de apertura de la testamentaría y división de la misma (aún no concluida) estuvo plagado de irregularidades y de un extraño secretismo. Tras la muerte del rey, tan sólo tuvieron acceso a ella el duque de Híjar, el marqués de Santa Cruz y Salvador Calvet. Es decir, los más altos cargos de la servidumbre de Palacio y un miembro significado del entorno personal de la regente. El juez designado por el Consejo y la Cámara de Castilla nunca tuvo acceso a los inventarios.

Además, los investigadores expresaron sus dudas respecto a la inclusión en la testamentaría, en calidad de herencia libre del testador, de una serie de bienes que podían pertenecer a la Corona como institución y que, por lo tanto, no deberían haber sido repartidos. Entre estos bienes, los más controvertidos (pues ya se suscitó el tema durante la regencia de Espartero y volvería a suscitarse durante el Sexenio) eran las joyas de la Corona que supuestamente habrían desaparecido. El inventario de las mismas jamás apareció y, al tratar de «inventariarse en 1841 las existencias del guarda-joyas no se halló sino una porción insignificante; los estuches estaban vacíos». La explicación de la exregente de que las joyas fueron robadas por los franceses durante la ocupación de 1808-1813 y que, por lo tanto, nunca hubo un inventario, la rebatieron los miembros de la comisión con la lógica pregunta: «¿Qué causa en efecto habría de mediar para que en 1830, y en el acto gravísimo del testamento, hablase [el rey Fernando VII] falsamente de las alhajas y se refiriese al inventario de ellas?», a lo que añadieron que, en todo caso, y de ser cierto el robo de las joyas, se habrían comprado otras para sustituir las sustraídas en «exigencia del propio esplendor y fasto de la Corona», lo que no justificaría tampoco la pobreza del inventario y el vacío de los estuches en 1841.

Tras aludir a las irregularidades halladas también en las disposiciones realizadas por María Cristina del bolsillo secreto (que siempre argumentó como fondos destinados a sostener la guerra contra el carlismo), la comisión concluía que, en la división de la testamentaría de Fernando VII, «la Reina y la Nación en su persona quedaron sin género de dudas perjudicadas». No pudieron, sin embargo, dictaminar que todas aquellas irregularidades comportasen una voluntad deliberada de fraude[43].

En segundo lugar, por lo que respectaba al estado civil de María Cristina entre la muerte de Fernando VII y su matrimonio público con Muñoz en 1844, la comisión volvió a encontrarse con extremas dificultades para sustanciar las acusaciones de la opinión pública. En el Almanaque del Gotha se encontraba insinuado que el matrimonio secreto entre María Cristina y Muñoz se realizó el 28 de diciembre de 1833, pero «las esperanzas de ofrecer a las Cortes con claridad deslindado este asunto, no han sido, sin embargo, completamente satisfechas. Vano fue registrar los Archivos del Gobierno, de la Real Capilla, de los Reales Sitios, de las parroquias de la corte y algunas de Barcelona, buscando las partidas de casamiento de la hoy Duquesa de Riánsares y de nacimiento de sus numerosos hijos. Nada se ha encontrado».

Cuando los investigadores intentaron averiguar esos datos por medios indirectos, a través de los expedientes de las escuelas militares donde habían estudiado los hijos de María Cristina y Muñoz, se toparon con que éstos habían desaparecido o estaban en blanco. La comisión concluía que la evidencia disponible tan sólo dejaba espacio para una de estas dos situaciones; o bien la reina Cristina había vivido amancebada con Muñoz y había tenido hijos ilegítimos con él, o bien se había casado en secreto y perdido, por lo tanto, derecho a la regencia, la tutela de sus hijas y la pensión de viudedad cobrada durante esos años y que ascendía en aquel momento a 128 972 864 reales de vellón. Por lo tanto se inclinaba, caballerosamente, por pensar que el matrimonio se había producido: «Si todos estos datos se confrontan y analizan, ¿no podrá inferirse que efectuado el matrimonio en 1833 se ha tratado de ocultar en consideración a los cargos de Regente y tutora que la Reina Madre desempeñaba? Por un movimiento de delicadeza propende la Comisión a tal creencia[44]».

En lo que respectaba a la cuestión de la influencia política y de su relación con los negocios de los Riánsares, tercer tema del dictamen, la comisión se movía en un terreno aún más resbaladizo: «¿A qué altura no rayarán los obstáculos cuando se trate de sucesos oscuros por su propia índole, en los cuales se evita casi siempre la existencia de indicios, y se borra cualquiera señal que pudiese poner en camino de averiguarlos?». En este ámbito, los redactores del dictamen apelaron, ahora con mayor énfasis, al convencimiento moral de la Cámara. «No se puede gobernar con Doña María Cristina», recuerdan que dijo O’Donnell en la sesión del 14 de marzo de 1855, y aducen en ese sentido la acusación unánime de la opinión pública de que los ministerios extraparlamentarios de 1852-1854 habían sido obra de la reina madre. Más contundente era la certeza moral, insistían, de su participación en la conspiración de 1841: «En su nombre obraron los sublevados de Madrid, Aragón, Burgos y Pamplona; así lo afirmaba el desgraciado general Don Diego León en su célebre carta al Regente, reconocida por él mismo en su causa: “Habiéndome mandado S. M. (empezaba) la Reina Gobernadora que restablezca la autoridad usurpada…”¿Qué vale en contra la negativa que a nuestro digno representante en París dio aquella señora, rechazando toda participación en los sucesos, y añadiendo la singular frase de “y si no que me prueben lo contrario”?». La comisión continuaba refiriéndose a la famosa expedición del general Flores contra la república de Ecuador en 1846 y, de nuevo, hallaba pruebas circunstanciales de que fue financiada por los Riánsares, y apoyada por el gobierno, con el objetivo de colocar en el trono de aquel país a un hijo de la pareja: «Si quien así manejaba a su arbitrio los altos funcionarios del Gobierno, era indiferente en los sucesos de nuestra política interior, si no prestó un poderoso apoyo a los hombres que iban arrancando hoja a hoja todas las de nuestro Código política, es cosa tan generalmente creída, como difícil poner en duda[45]».

Si apelaban a la creencia general, a la opinión pública y al convencimiento moral en lo relativo a los asuntos políticos, mucho más hubieron de hacerlo los investigadores en los temas económicos. Sobre este cuarto y último punto del dictamen, y tras analizar la presencia de socios y parientes de los Riánsares, —Juan Grimaldi, Nazario Carriquiri y el hermano de Muñoz, el conde de Retamoso— en todos los negocios en que se habían apreciado irregularidades en su momento, concluyen:

La Comisión ha reconocido numerosos expedientes que estaban designados como el campo en que se desarrollaron medios censurables de especulación; y si bien no haya alcanzado a despejar según su deseo, toda la confusión y oscuridad que los rodea, tiene lo que basta para deducir una consecuencia interesante, la principal acaso que era presumible hallar, la suficiente también para su propósito. En todas aquellas empresas que han suministrado inagotable pábulo a suposiciones desfavorables, suena la familia Riánsares por sí o por medio de sus notorios y acreditados agentes. El camino de hierro de Aranjuez, el de Langreo, la canalización del Ebro, el puerto de Valencia, bastan para justificar la apreciación indicada[46].

¿Hasta qué punto todo lo expuesto demostraba la culpabilidad cierta de María Cristina y de su marido en los delitos de malversación de fondos públicos, apropiación personal de bienes del Estado, utilización de los resortes del mismo en propio beneficio, robo de las alhajas de la Corona, intento de secuestro de la reina y su hermana en 1841, cobro ilegítimo de una pensión estatal y ejercicio fraudulento de la regencia, especulación y agio, etcétera? Los investigadores, tras reiterar su certidumbre moral de que todo eso era así, no pudieron por menos de reconocer que ofrecían un «trabajo menos nutrido y completo de lo que deseaban […] A las Cortes toca ahora declarar las consecuencias de la responsabilidad, graduar si sale o queda en la esfera puramente moral, resolver lo que al bien del país mejor convenga[47]».

Nada más conocerse el informe, el embajador británico, Howden, refirió a su ministerio que sus resultados eran «un fracaso en lo que se refiere a sus grandes objetivos iniciales, o la reina Cristina era inocente o era muy inteligente, desde luego más que la comisión. Se ha encontrado muy poco de naturaleza seriamente incriminatoria […] y ya no se hará nada más […] es desde luego un triunfo del partido moderado[48]».

Creo que el embajador británico exageraba un tanto, aunque probablemente no hacía más que medir políticamente los resultados respecto a las expectativas creadas entre la opinión pública. Es cierto que la comisión, a pesar de la dureza de su tono, no encontró datos suficientes para sustanciar completamente todas sus acusaciones. Sin embargo, dejó claras al menos tres cosas. En primer lugar, que María Cristina había procedido informal y arbitrariamente en la testamentaría de Fernando VII al incrementar, en perjuicio de los intereses de la Corona y de su hija, la parte que le correspondía en la misma partiendo bienes que no eran divisibles por pertenecer a la institución y no al rey como testador libre. En segundo lugar, que era moralmente culpable al haber ostentado la regencia y cobrado su pensión porque, o bien estaba casada en secreto, o bien era madre ilegítima y amancebada. En tercer lugar, que su nombre estaba relacionado abiertamente con el intento de secuestro de 1841 y que tanto ella como su marido participaron de todos los negocios especulativos de la Década Moderada cuyos beneficios procedían de contratas estatales[49]. En resumen, que había sido incapaz a lo largo de toda su vida de distinguir entre su propio beneficio y los intereses de Estado.

La correspondencia que se conserva en el Archivo Histórico Nacional entre la exregente, el duque de Riánsares y su abogado Manuel Cortina da idea de la importancia que el matrimonio Muñoz otorgaba a aquellas acusaciones[50]. En los primeros momentos de la comisión de investigación, el nerviosismo era evidente. Su secretario, Antonio Rubio, tuvo que convencer a María Cristina de que se negase a hacer declaraciones a la prensa francesa, que se interesaba por el tema, para no estorbar la labor de sus defensores en Madrid y para evitar que la prensa española —«que de momento está hurtando el cuerpo a esta cuestión»— la convirtiese en materia constante de escándalo.

Si se involucraba la prensa francesa, advirtió Rubio a la reina madre, «eso hará que la cuestión de testamento y alhajas se airee y trate en la prensa antes que en el congreso y nosotros si contestamos todo lo más que podemos decir es que no podemos hablar todavía. ¿Nos conviene acaso esta recrudescencia allí de la prensa contra nosotros; este escitar la cuestión y no poder seguirla, y esta coincidencia con el principio de información parlamentaria? De ningún modo». El consejo de Rubio —que María Cristina aceptó— era escoger más adelante el modo y la ocasión de un comunicado especial:

Y sobre todo evitar que los enemigos sepan que este punto es donde nos duele pues entonces lo escogerán como objetivo prioritario […] Lo que conviene es el ver venir, que es lo encargado a nuestros defensores en Madrid […] El silencio de la Reyna Madre hoy se explica perfectamente. En Montemor, reciente la ofensa, arrojó un guante de desafío a España, a su gobierno, a las Cortes, a los contemporáneos, a la Historia. El Gobierno y las Cortes lo recogen y van a hacer informaciones gubernativas e informaciones parlamentarias. Enhorabuena. La reina Cristina está en esa situación delicada y crítica de haber desafiado a sus enemigos y aguardar tranquila el resultado de las Informaciones en que ellos trabajan[51].

María Cristina, sin embargo, estaba todo menos tranquila durante aquellos primeros meses y el propio Rubio anotó en su diario, unos días después de haber conjurado la crisis de la prensa francesa, que el estado de nervios de la reina madre era insoportable para todos los que la rodeaban: «El Duque se lamentó del mal genio que tenía ahora la Reyna y del estado de suma irritación de sus nervios […] El Duque nos dijo que ella misma lo conocía y se quejaba de él y de lo curiosa que se había vuelto desde lo de este verano, que quería saber todo lo que pasaba y todo lo que se hablaba, y lo que quería decir la palabra más indiferente[52]».

De nuevo, como en los años de la regencia de Espartero, fue Riánsares el que tomó las riendas de la situación y mantuvo la calma. Comisionó a Rubio para que entrase en contacto con la Revue de Deux Mondes y lograse que se publicase allí la versión de María Cristina de la revolución de julio, sus antecedentes y consecuencias, de forma que consiguió que, a partir de entonces, aquella revista se convirtiese en un órgano extraoficial de la reina madre en París. Fue Riánsares también, y el propio Rubio, los que recomendaron calma a María Cristina cuando se encontrase, como efectivamente sucedió, con Salustiano de Olózaga en calidad de embajador de España: «Terrible cosa era y muy digna de nuestras vergonzosas discordias estar allí María Cristina, en el gran baile de las Tullerías, al lado del Emperador, y ver a nuestro Embajador como huía hasta de que se cruzasen sus miradas con la infeliz Señora que fue su Reyna […] Ésa es la tiranía fatal de ciertas situaciones políticas[53]».

El mismo Riánsares tomó a cargo suyo la correspondencia más comprometida con Madrid para demostrar, a lo largo de la misma, hasta qué punto la arrogancia de María Cristina la hacía creer en su propia inocencia y le permitía encontrar explicación para cada uno de sus negocios, privados y políticos. Merece la pena anotar que la habilidad de la reina madre era tal que el propio Cortina, que se negó a cobrar nada por sus trabajos para evitar las acusaciones de haber sido comprado por la reina madre, acabó convencido de la inocencia de ésta. Al menos en el sentido de que no era consciente —especialmente en la cuestión de las joyas y la testamentaría de Fernando VII— de la trascendencia de sus actos y de las exactas diferencias entre lo privado y lo público. Diferencias que, en su sentir, eran demasiado sutiles. Diferencias que, además, se buscaba soslayar mediante la constante y meditada autoinculpación de Riánsares, quien aseguraba, cada vez que tenía ocasión, que era él quien había tomado la iniciativa en la mayor parte de los temas de que se acusaba a su mujer.

Hasta tal punto llegaba la prepotencia del duque, su convicción de que María Cristina y él mismo estaban más allá de los criterios morales habituales, que estaba dispuesto a que su mujer arrostrase la acusación de haber sido madre ilegítima y mujer amancebada durante once años antes de que se la juzgase por haber ocupado ilegalmente la regencia y tuviese, sobre todo, que devolver los ingresos de su larga pensión de viudedad. Ante el deseo de Cortina de que se silenciase en su defensa todo el tema del matrimonio, pues podría dar lugar «a confesiones desagradables», Riánsares contestó con todo cinismo que el asunto estaba zanjado desde el matrimonio público de 1844: «Estas confesiones, querido amigo, están hechas en la Real Orden de S. M. en que autoriza un Matrimonio de conciencia, y más terminantemente desde el instante mismo en que S. M. presentó a las hijas de su segundo matrimonio en el Palacio y al público […] ¿Qué importan las calumnias para una conciencia tranquila? Más valor se necesita para arrostrar y sufrir las consecuencias de los actos de la vida, que para cubrirse con la ignominia del fingimiento, por carecer de la virtud necesaria para confesar sus acciones […] S. M. la Reyna Madre no está en este caso, por eso su mejor defensa es decir la verdad».

El cinismo llegaba a su punto culminante en el tema de la expedición a Ecuador y la conspiración de 1841. Por lo que se refería a esta última, Riánsares afirmó taxativamente ante Cortina:

En la sublevación contra el Regente del Reyno, en el año 41, que concluyó por ser en el 43 la voz general de toda España, no se mezcló en nada ni para nada S. M. la Reyna Madre […] Al asegurar a V. esto le declaro del mismo modo que D. Fernando Muñoz fue el General Maestre de la Sociedad que se formó en aquella época […] Bien sé que para culpar a S. M. se dirá que algún desgraciado invocó su nombre en momentos bien tristes para él, y otros en documentos públicos; esto no probará más sino que así convino a la situación en que cada uno de ellos se encontró.

En cuanto a la cuestión de Ecuador, la defensa le parecía de lo más sencilla a Muñoz:

El general Flores, aventurero, o con derechos como él creía tener a la Providencia de aquella república, llegó a España en busca de recursos a fin de reconquistar su poder, y encontró unos españoles que le proporcionaron fondos para ello, siendo mi hermano, el conde de Retamoso, uno de ellos. A esto se reduce la historia. ¿Qué hay de malo, de alarmante, de punible en esto? […] Se grita contra S. M. la reyna Madre, y se forma villanamente una calumnia, por el mero hecho de que hay unas cartas mías en que recomiendo al Ministro alguna cosa que tiene relación con el Gral. Flores, y porque a éste lo cito para hablarle. Pues qué, ¿el duque de Riánsares no puede recomendar y escribir a los Ministros como cualquiera otro ciudadano[54]?

Mucho más peliagudo era el tema de la testamentaría de Fernando VII. De hecho, como demuestra la documentación privada al respecto, María Cristina le otorgaba suficiente importancia como para insistir en liquidar la testamentaría con sus hijas inmediatamente después del fin del Bienio. Cortina se las vio y se las deseó para aclarar qué correspondía a la Corona y qué correspondía al testador libre y, por lo tanto, a su mujer y a sus hijas. El tema de las alhajas de la Corona fue el más controvertido, porque Cristina seguía insistiendo en que, cuando ella llegó a España, no había prácticamente nada en la tesorería de joyas —producto de la supuesta incautación de los franceses— aunque acabó reconociendo que luego se compraron muchas otras joyas «que podrían ser de la Corona» aunque ella las consideraba propias. Finalmente, y ante la insistencia de su hija Isabel, que quería a todo trance esas joyas, acabó dándoselas a condición de que jamás apareciesen como joyas de la Corona[55].

Si el tema de María Cristina constituyó un quebradero de cabeza para Isabel II, en la medida en que la amenaza de las revelaciones de la comisión planeó constantemente sobre madre e hija, ese tema no llegó nunca a convertirse en un problema político abierto. De hecho, mientras las iras de la población y las acusaciones políticas y privadas fuesen dirigidas contra María Cristina, la situación de Isabel II y su imagen pública se consolidaban y crecían. Por otra parte, la tardanza de la comisión de investigación en presentar resultados —tan sólo unas semanas antes de finalizar el Bienio— evitó que el Gobierno tuviese que tomar ninguna decisión al respecto poniendo a la reina en un aprieto.

Ese aprieto llegó por otro conducto y por otro de los dos casos de conflicto que había previsto el embajador Turgot: la cuestión de la unidad religiosa y de la desamortización. Ambas se solaparon prácticamente en el tiempo y produjeron el primer gran enfrentamiento entre la Corte y el Gobierno.

El nuevo ministro de Hacienda, Pascual Madoz, presentó en el Congreso un proyecto de ley de desamortización civil y eclesiástica el 5 de febrero de 1855[56]. Se trataba de un proyecto que pretendía retomar y concluir la desamortización de Mendizábal incluyendo, junto con una importante cantidad de bienes de la Iglesia, del clero secular y de los establecimientos de beneficencia que habían quedado sin vender, los bienes municipales de propios y comunes. Este último aspecto era el más novedoso, y también el de mayor envergadura económica, pues acabó significando la mitad del valor de todas las ventas realizadas con aquella ley. En su factura y en su formulación, era un proyecto básicamente progresista que aunaba toda una tradición propia en materia de política económica con las urgentes necesidades hacendísticas del momento. Sin embargo, como ya escribió hace años Josep Fontana, «la desamortización de 1855 no era una medida de partido. Es cierto que se suspendió el 14 de octubre de 1856, pero el 2 de octubre de 1858 se restableció en todo su vigor y, hasta el mismo momento en que se produjo la revolución de 1868, las ventas de toda clase de bienes (eclesiásticos y laicos) siguieron eufóricamente, sin que el progresivo deslizamiento de los gobiernos de Isabel II hacia la derecha, hacia la reacción más desenfrenada, aminorase sensiblemente las ventas[57]».

De hecho, la práctica totalidad de la burguesía del momento, buscando obtener beneficios al margen del comercio y la industria, estaba interesada en redondear sus propiedades agrarias e inmobiliarias y participaba de la necesidad de expansión de las ciudades, cuyo rápido crecimiento se encontraba sofocado por los bienes amortizados que las rodeaban. Fueron esos sectores los principales beneficiarios de la desamortización, más allá de las diferencias ideológicas y de principios que enfrentaron a moderados, progresistas y demócratas en las Cortes. Con la excepción de algunas zonas significativas del norte —donde los campesinos pudieron acceder a la propiedad mediante la redención de censos o cánones— en el resto del país los campesinos, o no se beneficiaron en absoluto, o resultaron perjudicados por la venta de bienes municipales. Su frustración en este sentido explica el incremento de la tensión social en el campo —especialmente en las zonas latifundistas del centro y sur— a partir de mediados de siglo[58].

En todo caso, sin embargo, y a efectos de la discusión política del momento, no es posible obviar los largos debates y las apretadas votaciones que en algunos aspectos suscitó la discusión de la ley desamortizadora que los conservadores, y no sólo por una cuestión de fidelidad a su propia posición de principios, tendieron a utilizar como arma política, muy especialmente en el tema de la expropiación de los bienes de la Iglesia que, a su juicio, violaba el Concordato de 1851. En este sentido, los defensores de la ley se mantuvieron —por temor a una ruptura con Roma— en una posición equívoca y difícil de sostener en la medida en que, en lugar de impugnar o renegociar el Concordato, intentaron (como ya habían hecho en el tema de la libertad de conciencia) hacer valer una interpretación laxa del mismo que permitiera integrar ambas medidas en el acuerdo vigente con el Vaticano[59].

No les sirvió de mucho. La histeria religiosa y la amenaza de una ruptura con Roma era un arma política demasiado poderosa como para que los moderados y los carlistas la dejasen pasar. Fue esta interpretación, que preveía y potenciaba un conflicto con Roma, la que se impuso de manera rapidísima en la Corte hasta convertirse, de nuevo, en vanguardia de la oposición a la labor parlamentaria y del gobierno en materia desamortizadora. Según Juan Valera y Antonio Pirala, la noche antes de presentarlo a las Cortes, Espartero pidió a la reina que autorizase con su firma el proyecto de ley de desamortización. Cuando ésta comprobó —como ya le habían avisado— que estaban comprendidos los bienes de la Iglesia, se negó a firmar alegando que «quería respetar el Concordato». Al parecer, el gobierno llegó a amenazarla con una dimisión que podría forzar su abdicación. A esto la reina contestó, entre lágrimas, «prefiero la abdicación: así probaré al menos que sé sacrificarme por mi fe, y Dios me lo tendrá en cuenta para el perdón de mis pecados[60]».

Una versión similar comunicó el encargado de negocios de la Santa Sede, monseñor Franchi, al embajador francés Turgot, en la madrugada del 6 de febrero, con el objetivo explícito de que la pusiese en conocimiento del emperador. La reina, le dijo Franchi a Turgot, no le ha mandado llamar directamente «porque se la observa de cerca», pero espera poder verle en los próximos días. De momento quiere que el embajador sepa, y transmita a París, que ha sido coaccionada para firmar el envío del decreto a las Cortes y que «cuando expresó su repugnancia, Espartero cogió una pluma y gritó: “Yo no os voy a coger la mano a la fuerza como vos habéis dicho de otros pero firmaréis de todos modos porque si no os abandonaremos”». Espartero, al parecer, trató a la reina de loca cuando ésta le dijo que temía condenarse y aclaró que, por su parte, a él le daba igual condenarse o no. Pascual Madoz, buscando la conciliación, dijo que a él sí le importaba la condena eterna pero que ésta no estaba en juego para ninguno de ellos con aquel decreto y que, además, lo único que se le pedía era que firmase para que la ley pudiese discutirse en las Cortes: «Siempre podréis —añadió— hacer luego libremente lo que queráis[61]».

Una escena parecida, aunque cargando las tintas en todos los sentidos y atribuyéndose los méritos, relató el propio rey consorte:

Refirió el Rey los medios violentos de que el Ministerio se había valido para que la Reina firmase el decreto de desamortización eclesiástica, de propios y beneficencia acordada por las Cortes. Se quejó del lenguaje duro y hasta inconveniente que usaba por lo regular Espartero con la Reina, en momentos dados, pues más de una vez se ha permitido llamarla «loca». Que O’Donnell no estaba menos desatento, diciendo a S. M. que resistía el firmar, que estaba fanatizada, expresión que también pronunciaron los demás Ministros, y que a las reflexiones de la Reina sobre el respeto que era debido a un pacto firmado con su Santidad contestaron: ¿Qué nos importa el Papa? El Rey continuó; la Reina no quería firmar, creyendo que se comprometía un lance terrible, sin poder aún contar con medios de resistencia, aconsejó a la Reina que firmase con protesta. Así lo hizo y al recibir la pluma de mano de O’Donnell, éste le dijo: «No diga luego V. M. que la hemos obligado a firmar» y esto lo decía un Ministro que no permitió con sus compañeros veinticuatro horas que deseaba la Reina para reflexionar[62].

Finalmente, según el relato de Franchi, la reina cedió pensando en ganar tiempo y en la posibilidad de negar su sanción a la ley cuando hubiese acabado el trámite parlamentario. Turgot escribió a su ministerio que lo hizo «diciendo que es violentada, que no es libre, pero que no sancionaría jamás una ley como aquélla y que abdicaría probando así que una Reina de España sabía morir por su fe, que repararía de esta manera las faltas que hubiera podido cometer. Los ministros se retiraron. Era la una y treinta de la madrugada». Monseñor Franchi intentó consolar a la reina asegurándole que, dadas las circunstancias, aprobaba todo lo que había hecho y fue entonces cuando, «reponiéndose un tanto», Isabel II le pidió que fuese a casa de Turgot a contárselo todo: «Quiero que el Emperador sepa cómo me han tratado». Pocos días después, según el propio Turgot, «la escena violenta entre la Reina y el gobierno la conoce ya todo Madrid[63]».

En efecto, la teatral resistencia de la reina fue inmediatamente filtrada a la prensa conservadora desde Palacio y La España publicó una nota en la que se dejaba entrever lo que había sucedido: «A propósito de este proyecto de ley [del de desamortización] hemos oído asegurar que a la autorización real obtenida por fin antes de anoche para llevarlo a las Cortes, precedió una escena muy interesante entre S. M. y los señores ministros. Aún sin haberlo oído lo creeríamos, como lo creerán sin duda cuantos conozcan los ilustrados y piadosos sentimientos de nuestra joven reina[64]».

Inmediatamente La Iberia insertó en su sección doctrinal una columna desmintiendo, contra toda evidencia, la penosa escena de la firma y aludiendo, veladamente, al peligro que supondría para la reina dejarse rodear de los monárquicos fanáticos del partido apostólico:

Desde los tiempos más remotos hasta nuestros días, siempre los oficiosos defensores de todos los principios han sido sus verdugos; siempre las instituciones de los pueblos han sucumbido más bien al impulso de las exageraciones de sus amigos, que a los golpes de sus adversarios. La monarquía cayó en Inglaterra empujada por los monárquicos; Luis XVI sucumbió en Francia por la interesada mala fe de sus apasionados; Polignac precipitó del trono a Carlos X; Guizot a Luis Felipe […] El periódico a que aludimos, así como otros muchos de sus mismas opiniones, siguen la errada senda que conduce a todas las catástrofes, y que se señala en la historia con un inmenso reguero de sangre […] S. M. no se opuso a la presentación en las Cortes del proyecto de ley a que se refieren; porque S. M. no puede menos que querer la felicidad de la nación que le está encomendada; porque S. M. ha llegado a comprender a donde conducen los interesados consejos de los palaciegos y la mala fe de las influencias estrañas que desde los primeros albores de la monarquía vienen agitándose en torno suyo; y finalmente, porque a los piadosos e ilustrados sentimientos de S. M. no puede ocultársele que sobre las mezquinas miras del partido apostólico está la prosperidad de la nación[65].

Su Majestad, sin embargo, no estaba precisamente oyendo ese tipo de recomendaciones, sino otras muy distintas. Cinco días después de haberse visto obligada a autorizar el envío a las Cortes del proyecto de desamortización —y el mismo día en que comenzaba la discusión parlamentaria de la base 2.ª de la Constitución sobre la tolerancia religiosa—, el rey consorte (supuestamente con el beneplácito implícito de su mujer) comenzó una ardua e intensa negociación secreta con su primo, el conde de Montemolín. Antes de entrar en ese tema, es conveniente analizar el clima de histeria religiosa que el entorno de Isabel II quiso crear sobre la cuestión de la tolerancia de cultos, aprovechando la atmósfera creada por la publicidad concedida a la resistencia de la reina respecto a la desamortización que, en el exagerado y parcial juicio de Turgot, había «producido una penosa impresión en todas las clases de la sociedad y aumentado el interés que inspira la triste y falsa posición de la Reina[66]».

La base 2.ª de la Constitución había sido redactada en los siguientes términos por la comisión constitucional: «La nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica, que profesan los españoles, pero ningún español ni extranjero podrá ser perseguido (civilmente) por sus opiniones, mientras no las manifieste por actos públicos contrarios a la religión[67]». Nada más reunirse aquella comisión, la reina había llamado a Vicente Sancho, presidente de misma, para decirle que tenía entendido que el objetivo era conceder la completa libertad pública de cultos y que ella no refrendaría en ese caso la Constitución. Según el embajador británico Howden, la reina demostraba así (como haría también con su insistencia de que entre las bases se estableciese un Senado de nombramiento real) su empeño en ejercer una influencia indirecta, pero constante, en el desarrollo de los trabajos de la comisión constitucional[68].

Una influencia, profundamente condicionada por la actitud obstruccionista del rey consorte, que, en estos primeros momentos y en contra de los deseos de María Cristina, tendió a tomar la forma de amenaza recurrente de abdicación. Como relató en su diario el secretario de la reina madre, Antonio Rubio, las noticias que llegaban a París en este sentido eran alarmantes: «El duque habla un momento con nosotros y nos dice que las noticias que él tiene de Madrid son muy graves, pues hay hasta recelos de abdicación. Habló enseguida del estado moral del Rey, que es quien va a producir allí graves complicaciones en esta línea[69]».

En efecto, los consejos del rey coincidieron con un auténtico asalto de la Corte por parte de los sectores católicos más ultramontanos. Desde la salida de María Cristina, éstos se habían ofrecido a Palacio como una especie de guardia permanente de protección de la monarquía aunando estrechamente su suerte con la defensa de la religión católica. Su objetivo era movilizar —a través de la religión— a la opinión pública antirrevolucionaria, y para eso era fundamental el control de las voluntades y los ánimos de la pareja real, y en especial de una reina atormentada por sus pecados. En palabras del corresponsal de Blackwood’s Magazine en Madrid: «Los curas asedian Palacio y trabajan cerca de la reina al tiempo que el rey intriga por su cuenta […] desde que los favoritos de cierta clase particular han sido prohibidos en la Corte, sus majestades —sin profesarse un afecto mutuo muy ferviente— viven juntos en términos mucho mejores de lo que era usual[70]».

El arzobispo de Toledo, el integrista Bonel y Orbe, escribió por su parte a María Cristina anunciándole su intención de regresar inmediatamente a Madrid para apoyar a la reina «en su lucha contra los enemigos de la religión y sé que sólo se mantiene en el trono por sentido del deber». A su llegada a la capital, fue recibido inmediatamente por una Isabel II confusa y temerosa del descontento papal, que pidió ser confesada y recibir la comunión del arzobispo. Éste, después de asegurarle que el país y el trono estaban al borde del precipicio, le entregó varias imágenes, un cáliz de oro y agua bendita de parte del Papa[71].

El cerco a la conciencia religiosa de la reina iba acompañado de la amenaza de perder el trono a manos de los carlistas, los cuales, se le decía, quedarían como los auténticos representantes de la legitimidad monárquica y religiosa si ella cedía ante los deseos de las Cortes. «Toda la campaña ha conducido directamente a una identificación del conde de Montemolín con la amenazada pureza de la fe, y ha proporcionado simpatías a cualquier tipo de intrigas en ese sentido[72]». Como escribió Castillo y Ayensa desde Roma, «por lo que hace a la Reyna, yo insisto en creer, y lo digo a V. M. en cuyo seno he depositado siempre con lealtad y franqueza todas mis opiniones, que si S. M. se conforma con la base 2.ª, si deja que se altere por estos canallas la unidad religiosa, más temprano o más tarde, perderá la Corona[73]».

El embajador francés, por su parte, informó a su ministerio en un despacho confidencial que el gobierno tomaba en serio los movimientos carlistas y que «el amigo íntimo de Espartero, el general Gurrea [capitán general de Aragón] temía un levantamiento» y había aconsejado que se suspendiese por unos días (como así se hizo) la discusión de la base 2.ª mientras el ejército reprimía a los carlistas en Pamplona y tomaba medidas de prevención en la frontera de Francia. Para Turgot, era tan evidente que la reina jamás juraría la Constitución si se aprobaba aquella base, que había acabado sospechando que Espartero mismo buscaba un enfrentamiento directo con la reina para obligarla a abdicar[74].

La base 2.ª fue aprobada en las Cortes por 200 votos contra 52 el día 28 de febrero de 1855 y, como ya había ocurrido con otras cuestiones importantes, un nutrido número de diputados abandonó la sala para no votarO’Donnell votó a favor y Espartero se abstuvo[75].. De hecho no contentó a nadie. Para los partidarios de la libertad de cultos o, incluso, de la tolerancia religiosa, era demasiado tímida. Para los defensores de la unidad religiosa a ultranza, una auténtica herejía. El embajador inglés, que a raíz de esta cuestión comenzó a distanciarse del gobierno por su timidez en la gestión y aplicación de la base, escribió a su ministerio señalando que la situación de los protestantes seguía, de hecho, siendo la misma y provocó un incidente diplomático por el muy aireado caso del reverendo Frith, que, tras haber oficiado un servicio privado, fue perseguido por el arzobispo de Sevilla e, incluso, expulsado de la casa que tenía allí alquilada. El mismo embajador advertía de que, «en los treinta años que hace que conozco el país, ninguna cuestión como ésta de la libertad de conciencia ha agitado tanto a la Corte, al gobierno, al parlamento, a la sociedad y al pueblo[76]».

En efecto, a pesar de que el artículo no hacía sino adecuar la Constitución al código penal y, en realidad, dejaba las cosas como estaban con todos los obstáculos posibles para cualquier religión que no fuese la católica, su aprobación fue tomada como pretexto para provocar una auténtica explosión religiosa, liderada por las altas jerarquías eclesiásticas. Su objetivo era movilizar a la población, a través fundamentalmente de los párrocos, e involucrar activamente a la opinión femenina en defensa de la religión. Como muestra de ésta última estrategia, tenemos noticias del proyecto de petición a la reina y a las Cortes de un nutrido grupo de señoras de la alta nobleza que se presentaban a sí mismas como «la voz de las mujeres del pueblo». Las Cortes se negaron, una vez votada la base, a aceptar ninguna de las numerosísimas peticiones que le llegaron en contra y el proyecto de las «Grandes Damas» fue desechado. Sin embargo, el texto de la petición (que recoge Howden en uno de sus despachos) merece ser retenido:

A las Cortes Constituyentes. Las que suscriben, esposas, madres, hijas de todas las clases de la sociedad sin distinción de condiciones ni gerarquías, como mujeres españolas y por consiguiente católicas, han oído desde el retiro de sus hogares una voz siniestra que amenaza romper la unidad preciosa de nuestra santa religión […] En medio de esta ansiedad angustiosa […] nos dirigimos rogándoles que, al desenvolver en la nueva Constitución la base indicada, se consigne clara y terminantemente, que España no consentirá en su seno el ejercicio público ni privado de otro culto que el de la religión católica, apostólica, romana, única verdadera, que es la que profesan los españoles, la que a nosotras nos han enseñado nuestras madres, y la que transmitimos a nuestros hijos, inculcándoles el sagrado deber de mantenerla pura y sin mancha, aún a costa de nuestra existencia[77].

Aquel debate, animado y sabiamente orquestado por el clero y la prensa más reaccionaria, implicó un temprano y profundo desgaste para el gobierno y para las Cortes que ayudó a convertir la cuestión religiosa en el caballo de batalla de la pugna entre las Constituyentes y Palacio[78]. No sólo por convicción, sino también por estrategia política, el tema religioso era fundamental para la relegitimación simbólica de la monarquía. A contrapelo o por necesidad, los propios progresistas habían contribuido —durante el debate de la forma de gobierno— a establecer un lazo histórico y simbólico estrechísimo entre la nacionalidad española, la monarquía y la religión católica. Como revelaba la exposición de las «grandes damas», el tema religioso contenía suficientes elementos de corte sentimental y nacional como para permitir enlazar directamente la resistencia de la Corona a alterar lo más mínimo la posición de la Iglesia católica y la sensibilidad religiosa, claramente interclasista, de amplios sectores de la población.

Constituyéndose en defensora de la unidad religiosa y presentándose como una víctima pasiva de los actos «contra natura» en ese sentido, la reina Isabel (profundamente desprestigiada por su vida privada y sus errores políticos) podía buscar un nuevo y sólido mecanismo de recuperación de la popularidad perdida en los últimos años. En buena medida, pues, la relegitimación de la monarquía isabelina comenzó a producirse, fundamentalmente, en estos años del Bienio, a través de la interpelación a la identidad religiosa de sus súbditos, con los cuales trató de buscar, más allá de la política, un puente de comunicación directa y privilegiada. Ya lo había advertido Eugenio de Ochoa en las páginas de El Amigo del Pueblo, y la Corte no despreció ninguna ocasión para ponerlo en práctica.

Mientras tanto, otras cosas ocurrían también más allá de la política, o al menos de la política que la Corte escenificaba ante los súbditos de Isabel II. Eso que ocurría entre bambalinas y en el más absoluto secreto era la apertura de un cauce de comunicación directa entre el rey Francisco de Asís y el pretendiente carlista. A lo largo de las negociaciones que tuvieron lugar a partir de entonces, el trono de Isabel II, sus derechos y los de don Carlos, fueron tratados como si de un asunto de familia, stricto sensu, se tratase.

Rumores sobre dichas negociaciones aparecen en buena parte de los textos de época y el propio gobierno de Espartero, como veremos, hubo de tomar cartas en el asunto. Sin embargo, la mayor parte de esos rumores están poco o mal informados. Incluso, en la monumental Historia general de España de Modesto Lafuente los datos que aparecen están equivocados o mal interpretados. Lo cual, en este último caso, resulta especialmente sorprendente, porque la documentación original sobre aquellos contactos se encuentra en el archivo privado de uno de sus colaboradores, Antonio Pirala. Dicha documentación, depositada en la Real Academia de la Historia requiere una lectura atenta para comprender su significado y el alcance de la negociación.

Se trata de un largo documento, relativamente confuso, que incluye los informes de un agente de don Carlos en Madrid, el brigadier Antonio Arjona, quien transcribe minuciosamente las entrevistas que mantuvo con el rey entre febrero y abril de 1855, así como las cartas cruzadas entre Montemolín y Francisco de Asís, y su propia correspondencia con el general Elío y con el pretendiente carlista. Todo ello permite hacerse una idea, no sólo del contenido y alcance de dichas negociaciones, sino también del estado de ánimo del rey consorte, de la reina e, incluso, de un sector de los moderados proclives a un pacto con el carlismo[79].

Los hechos sucedieron así. El día 10 de febrero de 1855, Eugenio de Ochoa, «liberal moderadísimo y que tiene relaciones íntimas con la reina Cristina», visitó en su casa al brigadier Antonio de Arjona, conocido agente carlista en Madrid. Llevaba el encargo del rey consorte de hacer llegar a su primo don Carlos que «SS. MM. están resueltos a defender a todo trance su actual posición. Desean que el Sr. Conde de Montemolín contenga el ardor de sus partidarios y evite la guerra civil, persuadidos de que ésta sería por necesidad un poderoso auxiliar de la revolución, y tal vez un elemento para la destrucción definitiva de la Dinastía Borbónica en España. S. M. el Rey, por consiguiente, desea también con todo su corazón una reconciliación honrosa por ambas partes […] sobre la base existente del Trono de Doña Isabel 2.ª […] convencidos de que sólo así serán fuertes contra la revolución que amenaza disolverlo todo».

Desde el primer momento, Antonio de Arjona contestó a Ochoa que no tenía dudas de que los deseos de reconciliación también animaban a don Carlos, pero que veía difícil que ésta tuviese lugar si la reina Isabel no estaba dispuesta a hacer ningún sacrificio respecto a sus pretendidos derechos. En todo caso, ambos acordaron —según los deseos de Francisco de Asís— un encuentro entre el representante carlista y el rey consorte en Palacio. La primera entrevista se celebró el día 12 de febrero. Francisco de Asís, que «vestía bata, sin corbatín y su peinado no concluido», comenzó por advertir de que era su deseo hacerle llegar a su primo la verdadera situación de las cosas de España y, especialmente, la situación de los reyes, que creía que le llegaba muy exagerada: «La reina, si bien está dispuesta a no transigir con la revolución en materias religiosas, está también decidida, y yo la animo para ello, a no abdicar ni abandonar su puesto, no por apego al Trono, al cual no tiene ninguno, sino por deber, por conciencia, y lo hará a todo trance». Su oferta de reconciliación —para frenar la revolución y evitar la desaparición de la dinastía borbónica— se reducía a que «uno de los medios de avenencia podría ser desde luego el matrimonio de su hermana con su primo Don Fernando», es decir, con un hermano de don Carlos.

A éste —dijo— le convenía avenirse a dicha reconciliación en la medida en que la reina y él estaban dispuestos a no transigir en materia religiosa e, incluso, a no sancionar o jurar la Constitución si en ella se seguía manteniendo la libertad de conciencia. Si llegaba el caso, harían «un llamamiento a los Monárquicos Católicos de todos los partidos. ¿Crees tú, me preguntó, que los Carlistas nos seguirían, o se reunirían a los revolucionarios? […] ¿Qué hará mi Primo si nosotros enarbolamos su bandera política? ¿Qué le quedaría?».

En efecto, la política diseñada por Eugenio de Ochoa y aceptada por los reyes consistía básicamente, como hemos visto, en erigir la monarquía de Isabel II en la gran defensora de la religión y de los derechos de la Iglesia católica. Una defensa que no se hacía sólo por convencimiento, sino porque si algo temían los reyes, y también María Cristina, era que los supuestos excesos de la revolución volviesen a dar alas al carlismo y que éste acabase, ahora sí, con el trono de Isabel II. En tanto que esa propuesta política, estrechamente centrada en el ensalzamiento del trono y del altar, invadía territorio reconocidamente carlista era necesario neutralizarlo o buscar una alianza contrarrevolucionaria. En lo que se equivoca Lafuente es en que esa propuesta pasase por una posible renuncia de Isabel II a sus derechos. En realidad se trataba de lo contrario, de consolidarlos frente al carlismo. Otra cosa es que don Carlos lo consintiese y que en el curso de la negociación los derechos de Isabel II se convirtiesen en materia de cambio. Así, Arjona contestó al largo discurso del rey con sus dudas respecto a que la oferta pudiese interesar a don Carlos si la permanencia de Isabel II en el trono no era negociable. En todo caso, Arjona aseguró que escribiría al pretendiente para hacerle llegar aquella propuesta de reconciliación.

En el largo memorando que el brigadier escribió al respecto, se incluyen lo que él denomina «impresiones y apreciaciones», las cuales son tanto o más interesantes que el relato de la entrevista con el rey:

No desconocen los peligros que los rodean. Hay un abismo entre sus deseos y los del Ministerio; más aún, antipatías antiguas e irreconciliables. —Prepáranse a la resistencia y quieren apoyarse en los elementos Religioso y Monárquico. Desean el concurso Carlista pero temen un alzamiento. Por eso quieren evitarlo o al menos aplazarlo. El Rey consorte influye en el ánimo de su Esposa, contra toda idea de abdicación al Trono […] El carácter de la Reina es extremadamente sensible, la halaga el más pequeño testimonio de afecto […] En los momentos de peligro de Julio y Agosto último más de una vez exclamó: ¿Qué puede hacer conmigo mi Primo? ¿Me hará matar?—. El Rey por el contrario oye poco a su corazón y es todo de su cabeza. Ha habido un tiempo en que reconocía la ilegitimidad de la posición que ocupan; pero hoy, aunque con temores, desea conserbarla.

De acuerdo con esas impresiones, Arjona recomendaba una respuesta «afectuosa» de don Carlos en la cual se les dejase claro a los reyes que habían sufrido un embate irreparable con la revolución de julio y que el pretendiente estaba dispuesto a la reconciliación, pero con condiciones propias. Esas condiciones fueron enviadas por Montemolín desde Nápoles el 7 de marzo de 1855 y reiteradas en conversaciones posteriores. Son esas condiciones, establecidas por don Carlos, las que en la obra de Lafuente se confunden con una propuesta de Francisco de Asís[80].

La propuesta carlista era la siguiente: Isabel II y su marido conservarían todos sus honores y una pensión acorde con su situación, Montemolín reinaría como Carlos VI y la princesa de Asturias se casaría con su hijo mayor (si tenía alguno) o con el hijo de su hermano Juan. Cuando el príncipe tuviera veinticinco años, Montemolín se retiraría y la joven pareja reinaría en pie de igualdad como unos nuevos Reyes Católicos. La respuesta de Asís fue un modelo de ambigüedad; sin comprometerse a nada, insistió en su propuesta de reconciliación (sobre la base de Isabel II y del casamiento de sus dos hermanas) para evitar el avance de la revolución y lo que creía eran instigaciones de los republicanos a una unión con los carlistas: «Nuestra Patria común podría muy bien, si te dejas engañar por ellos, alentarlos en la esperanza de una victoria que nuestra unión sincera haría imposible». Tras varias entrevistas, las conversaciones encallaron en el punto de la renuncia de la reina Isabel al trono que, en ningún momento, aparece entre las concesiones a las que Asís estaba dispuesto a llegar. En todo caso, informó Arjona, «Doña Isabel y su marido están resueltos a devolver a sus Primos la posición de Infantes y la eventualidad de sucesión a la Corona de que han sido despojados legalmente […] Es decir, que todo el pensamiento está reducido a restablecer las cosas como estaban en vida del Sr. Don Fernando 7.º, ¡hoy que Doña Isabel apenas es reina, cuando ni reina ni gobierna!».

Preguntado Ochoa con qué medios contaban para realizar el propósito del rey, contestó que contaban, precisamente, con la colaboración del carlismo y su promesa de retirar definitivamente sus demandas, «pues sin el temor a vosotros, ¿qué sería de la revolución? Una vez asegurados de los temores que hoy inspiráis todo se arreglaría y entonces se abrirían las puertas para todos, se alzaría la exclusión». El aventurerismo político de la propuesta de Ochoa, quien supuestamente hablaba en nombre de Francisco de Asís, no convenció en absoluto a sus interlocutores carlistas.

En una de sus entrevistas con Ochoa, el brigadier Arjona dejó claro que, con Isabel II, era imposible lograr los objetivos políticos del carlismo y de todos los «monárquicos de corazón». La posición política y personal de la reina, su desprestigio, su sexo y las conexiones de su reinado con el liberalismo, la incapacitaban para restablecer el principio de autoridad quebrado en España por la revolución: «Doña Isabel, prescindiendo de que por su mismo sexo no está llamada a ejercer ese principio de autoridad por sí sola, necesitaría el auxilio de alguno de los hombres aquí llamados de gobierno. Narváez, por ejemplo, el cual bien pronto se convertiría en déspota a cuya dominación ni tú ni nadie —le aseguró Arjona a Ochoa— estáis dispuestos a resignaros. Doña Isabel, nacida o, mejor dicho, sostenida por la revolución de la que ha sido bandera y será víctima, si no nos entendemos, difícilmente podría combatirla frente a frente; los liberales, los moderados lo mismo que los progresistas, la han imposibilitado para mandar, la han desprestigiado y hoy los mismos moderados si la adoptan es porque no tienen otro remedio. Inútil por lo tanto para restablecer el principio de autoridad tan deseado».

Estas mismas valoraciones le fueron expuestas a Francisco de Asís en una nueva entrevista, celebrada el 24 de marzo. La reacción del rey, a juicio de Arjona, fue suficientemente favorable: «Vi el buen efecto que le causó, o por lo menos lo bien que se disimuló el malo que pudo producir». Sin llegar a comprometerse en nada, al parecer, musitó varias veces su asentimiento con un vacilante «tiene razón» o «no me parece mal, veo que todo está previsto». Más aún, coincidió con Arjona en que Isabel II, en las condiciones en que se encontraba, no podía ser un elemento suficiente de autoridad: «Precisamente porque creen que la reina Doña Isabel no puede representarlo con fuerza ese principio de autoridad, es por lo que nos combaten hasta nuestros mismos amigos […] no ignoro que se atenta contra la reina Doña Isabel, y admírense ustedes, no son los revolucionarios lo que así lo han dispuesto». Ante la sorpresa de Arjona, el rey aclaró que se refería a los moderados, a lo cual éste contestó: «Señor, no me admiro, los liberales en general tienen un odio profundo a los Borbones, son su pesadilla. Además eso no es otra cosa que la continuación del movimiento de Junio; entonces como ahora tampoco querían a VV. MM. y por lo mismo conviene no dormirse y verificar el arreglo tan deseado».

Sin embargo, Francisco de Asís siguió sin comprometerse a nada. Expresó sus dudas respecto a que la duquesa de Montpensier se aviniese a un trato que la excluía como heredera posible y declaró que le resultaba necesario meditar con calma la propuesta y que todos debían pedir consejo «a sujetos competentes de nuestros respectivos partidos para combinar los intereses de todos».

¿Qué papel se reservaba a la reina Isabel en aquella «combinación de los intereses de todos»? Resulta difícil saber hasta qué punto ella estaba al tanto del contenido exacto y completo de unas entrevistas y de unas negociaciones que fueron conducidas personalmente por el rey consorte. En todo caso, la forma en que todos los implicados hablaban de la reina la situaba, sin ambages, en una posición de materia intercambiable, de sujeto pasivo, escasamente valorado cuando no claramente menospreciado. Así, Arjona escribió a don Carlos, tras esta última entrevista, que creía que el «partido monárquico de los primos de VV. no tendrá inconveniente en aceptar, admitir ese pensamiento, siempre que esté conforme la reina Doña Isabel y tal vez sin su asentimiento con tal que V. M. lo garantice, en cuyo caso obrando unos y otros de común acuerdo, la reina Doña Isabel se vería en la necesidad de adherirse luego que viese el movimiento. Así, por lo menos, debo creerlo en vistas de las conversaciones de muchos moderados, procuraré penetrar más profundamente en esta materia importante para ponerlo en conocimiento de V. M.».

En efecto, y según se desprende de la evidencia interna de la documentación producida por Arjona, las conversaciones para un pacto con los carlistas no incluían sólo al rey y a su consejero Ochoa. En una carta del brigadier al general Elío, fechada el 1 de abril de 1855, el primero refiere una serie de contactos paralelos con miembros del antiguo Partido Moderado interesados también en poner punto final a la situación de dominio progresista mediante un pacto con los carlistas. Desgraciadamente el documento está en clave y resulta imposible saber quién fue el interlocutor del carlismo que en la documentación aparece como «724, que es amigo íntimo del Marino».

Lo que sabemos es lo siguiente. En una conversación con otro representante del carlismo, Jorge Díaz Martínez, un sector del moderantismo expresó, a través de 724, su cercanía al proyecto de reconciliación dinástica reconociendo «la insuficiencia de los principios liberales; y que además Doña Isabel era imposible con ellos y sin ellos […] Hizo las declaraciones más importantes respecto de los principios y de las personas; pero que ellos necesitaban un puente para pasar decentemente en ambos conceptos». Finalmente la propuesta moderada se concretó en que ellos, llevándose consigo a Isabel II, provocarían un alzamiento que debería coincidir con un movimiento simultáneo de los carlistas: «Que una vez en el campo dirían a Doña Isabel que no servía para el caso y que era preciso el Conde de Montemolín».

Recelando un engaño, Arjona encontró la componenda inadmisible. A su juicio, los carlistas sublevados quedarían a merced de los moderados una vez triunfase el alzamiento. Si querían la colaboración carlista, el movimiento debería llevar desde el principio el sello de la reconciliación dinástica y, por lo tanto, la aceptación de Isabel II de su primo Montemolín como nuevo rey durante la minoría del futuro matrimonio de la princesa de Asturias y el heredero de don Carlos:

A su vez consideró 724 esto como inadmisible, tanto porque a Doña Isabel no debe decirse nada, como dado ese paso quedaban ellos a merced nuestra. Opinó que el movimiento debería hacerse siempre en nombre de Doña Isabel, pero que estaban prontos a darnos las garantías racionables que exigiésemos. En este caso, como se trata de un negocio que debe desde luego ser aceptado por dos personas, ya que no podemos tener por ahora el consentimiento de ambas, tengamos al menos el de una [por la del Conde de Montemolín] y desde luego con ese preliminar admitía que ellos hiciesen el movimiento con Doña Isabel adoptando nuestra bandera siempre que la mitad y aún menos de las plazas y fuerzas con que cuenten las pusiesen a nuestra disposición desde el primer momento.

La entrevista terminó allí. El anónimo interlocutor, 724, declaró que no podía avanzar más en las negociaciones, pues necesitaba consultar con «su gente». Una gente que Arjona concluyó que «debe ser Mon, Pidal y el mismo Armero, representado por alguno de sus hermanos». El 1 de abril, en una nueva entrevista, 724, «sin preámbulos de ninguna especie, dijo, mi gente está decidida; todos estamos en los buenos principios monárquicos puros, únicos posibles, ninguno quiere ni aún conservar las formas. Hemos conferenciado sobre personas, y francamente no ocultó a usted que cada uno ha presentado la suya desde la Casa de Cerdeña, hasta la de Portugal, recorriendo toda la Europa. Pero todos hemos convenido en que nada es posible, ni hacedero en el interior y fácil en el exterior, a no ser el Conde de Montemolín».

Una vez más, pues, un sector del moderantismo que, como hemos visto, resulta difícil de identificar demostraba su absoluta desconfianza hacia Isabel II y buscaba por Europa un posible rey. En estos momentos, además, una parte de ellos no hacía ascos al conde de Montemolín con tal de que respetase los logros de la ruptura liberal hasta donde se había producido en 1854. Para ese sector, la preparación del alzamiento debía incluir una campaña de prensa «en la cual declararemos muy alto empezando por admitir los principios de ustedes» y, mientras ésta se producía, «recibiremos por usted secretamente las bases de un pacto de familia y una vez acordes se hace el movimiento». Todo eso, se dice, fue acordado en «una numerosa reunión de los hombres que se han tenido como los más importantes del partido moderado, tanto en la Milicia[81] como en Hacienda y Administración». Un acuerdo que, en todo caso, debería tener en cuenta la opinión de Europa y en especial de Francia, «pues Napoleón tal vez no quiera que el principio de legitimidad, absolutamente representado, sea el que triunfe en España».

Así las cosas, las cartas intercambiadas entre Arjona, el general Elío y el propio don Carlos, se centraron en discutir hasta qué punto los carlistas podían confiar en los moderados o se verían traicionados, como les había sucedido a los progresistas en 1843. Así, el propio don Carlos, en una carta fechada en Nápoles el 28 de abril, recomendaba «aprovechar el movimiento de los moderados si tenemos fuerza suficiente para con ello conseguir el objeto; pero que de ningún modo nos suceda como a los progresistas la otra vez con Espartero. Por lo cual no nos debemos comprometer sin tales garantías de que no puedan volverse atrás, y no nos llevemos un chasco. Ojo avizor».

Esas garantías eran, para don Carlos, la aceptación previa de las condiciones —que vuelve a incluir en su carta— del pacto de familia tal y como le había sido propuesto a Francisco de Asís. Es decir, la renuncia al trono de Isabel II, el matrimonio de su hija con el heredero carlista (fuese éste quien fuese) y la transferencia de la Corona, mientras el matrimonio alcanzaba los veinticinco años, al conde de Montemolín. Las conversaciones, de las que sólo tenemos retazos, volvieron a encallar en ese punto. Nadie parecía capaz de comprometerse absolutamente en ese sentido y el propio Eugenio de Ochoa era el más reticente a colaborar. No sabemos hasta qué punto Ochoa, u otros moderados, influían en Francisco de Asís. Lo que sí sabemos es que el brigadier Arjona acabó considerando al primero el más firme obstáculo para que el rey se decidiese a firmar el pacto de familia bajo las condiciones carlistas: «Ochoa es un obstáculo para la realización del pacto de familia, por lo menos así lo vengo sospechando a pesar de sus protestas y de tener a su mujer de opiniones absolutistas». En efecto, cuando Arjona le preguntó a Ochoa por qué no se discutía ya claramente sobre las bases propuestas por don Carlos, éste le contestó:

Porque no puede [el rey] admitirlas, eso sería lo mismo que decir quítate tú que tienes la posesión para ponerme yo. Pues las oyó hasta conmovido, contesté, y por sus palabras debo suponer que las aprobaba. Lo que aprobó fue tu franco modo de expresarlas, dijo Ochoa, pero no pudo nunca mirar como admisibles unas bases que les quitan todo, todo lo que pueden perder aún después de la victoria, que es muy dudosa, mucho más hoy que habéis perdido al Emperador de Rusia[82], al conde de Molma y que Francia e Inglaterra están a favor nuestro y no permitirán que aquí se estableciesen ustedes. Es preciso no ser exigentes y convenir en lo único que es posible. Que reconozcan a Doña Isabel y serán aquí todo lo que quieran en todo y por todo; se asegurará el matrimonio de sus hijos, como queráis, y nada ahorraremos aunque fuese vender la isla de Cuba para que todos queden contentos.

Ante las reticencias de Ochoa, Arjona comenzó a sospechar que detrás de ellas se encontraban Riánsares y María Cristina, a quienes éste escribía a diario: «Creo que Ochoa es absolutamente de Doña Cristina; así lo sospecho porque acompañó a sus hijas a casa: temo pues que esa Señora dirija la débil voluntad de Don Francisco de Asís sin comprenderlo él […] no puedo menos que volver la vista a 724 y los suyos. Veo que tienen razón en querer hacer el negocio sin poner a Doña Isabel y Don Francisco; al contrario engañarles». En este punto, y después de que don Carlos rechazase taxativamente aceptar una reconciliación sobre la base de Isabel II, las negociaciones, o al menos la documentación que tenemos sobre ellas, se interrumpieron. Eran los últimos días de abril de 1855[83].

Para entonces, la cuestión candente —que en buena medida había suscitado aquellas negociaciones— era la sanción de la reina al proyecto de desamortización que estaba a punto de acabar su trámite parlamentario. Ya el 25 de abril, Antonio Rubio anotó en su diario: «Por la noche he hablado con el Sr. Duque y me ha dado a leer dos cartas de Ochoa. Una traída por su hermana y otra llegada por el correo. Ambas me han causado mucha impresión porque parece que en la gravísima cuestión de la desamortización la Reina Isabel está dispuesta a no dejarse dar la ley por las Cortes ni por el Ministerio: lo cual ya se ve a que conflicto político puede dar lugar[84]».

Un conflicto político que era animado por Francisco de Asís y la camarilla eclesiástica, que seguía siendo todopoderosa en Palacio y presionaba fuertemente —al tiempo que se producían las negociaciones con don Carlos— en el sentido de que la única forma de que la reina se mantuviese en el trono era que negase su sanción a la ley desamortizadora para luego, en el momento de concluirse la Constitución, negarse asimismo a sancionarla (o a jurarla) si se mantenía la base sobre la libertad de conciencia identificada por ellos con la libertad de cultos. Desde Roma, Castillo y Ayensa escribía sobre la actitud del Papa, quien le había recibido inmediatamente en audiencia tras conocerse la base 2.ª de la Constitución española y el proyecto de ley de desamortización: «Muy angustiado está su Santidad con el estado de España y con la situación de la Reyna Isabel, y con cuanto ha sufrido la reina Cristina. Estaba encantado de la conducta observada por la Reyna en estas difíciles circunstancias y la anima a continuarla[85]».

Al mismo tiempo que la camarilla de Madrid presionaba a la reina, Castillo y Ayensa decidía permanecer en Roma para contrarrestar con su influencia los intentos de negociación con Roma de Joaquín Francisco Pacheco, quien había sido enviado por el gobierno de Espartero al Vaticano para intentar explicar allí la exacta medida de la base 2.ª, reducida a sancionar legalmente la práctica ya en vigor, y el carácter limitado de la desamortización eclesiástica, cuyo objetivo fundamental no eran los bienes religiosos sino los civiles. De nada le valieron sus oficios. Castillo y Ayensa se encargó de «aclarar» ambos extremos ante el Papa y Pacheco se encontró con un muro de incomprensión que bloqueó sus intentos de suavizar las relaciones con Roma[86]. Unos días después, el propio Pío IX escribió a la reina directamente aconsejándola «que se arme de coraje y de confianza en Dios y en la santísima Virgen María», y recordándole «que vuestra majestad está colocada en el trono para sostener los derechos de la Iglesia de Jesucristo y que cualquiera que sean los obstáculos que se le opongan desde el infierno, vencerá; y en cualquier caso habrá puesto a salvo su conciencia, adquiriendo grandes méritos para la vida futura[87]».

Mientras tanto, como le escribió Howden a su ministerio, la Corte maniobraba para que no se calmase la histeria religiosa en España: «Sor Patrocinio, que afirma que, como Santa Teresa tiene comercio con el cielo, tiene en realidad un comercio muy directo con Palacio y sin ninguna duda ha sido instigada por los carlistas. Un pánico religioso se ha extendido entre las clases altas de este país, muy especialmente entre las mujeres. Bajo su influencia se ha producido una extraña confusión en las cosas políticas que han conducido, directamente, a la identificación del conde de Montemolín y la amenazada pureza de la fe, lo cual ha hecho que esos sectores simpaticen con todo tipo de intrigas, cuyos rumores se van extendiendo. Me alegro de poder decir que el Ministerio ha encontrado vigor suficiente como para plantar cara a esta invasión político-religiosa y ayer por la noche Sor Patrocinio fue enviada fuera de Madrid[88]».

El ambiente, y las relaciones entre el gobierno y la Corte, no podían estar más crispados cuando, finalmente, el 28 de abril, Espartero y O’Donnell llevaron conjuntamente a Aranjuez el proyecto de ley sobre desamortización para que la reina lo sancionase. Ese mismo día les había tomado la delantera el ubicuo encargado de la Santa Sede, monseñor Franchi, quien aconsejó taxativamente a la reina que no firmase. Siguiendo sus deseos, Isabel II se negó a sancionar la ley alegando que había recibido ese consejo de «hombres más sabios que vosotros». Espartero regresó desairado a Madrid y reunió al Gobierno en pleno, el cual acordó dimitir e ir a Aranjuez junto con la mesa de las Cortes. Entretanto, en una sala del Congreso, hubo junta de los diputados de la izquierda, donde se propuso declarar vacante el trono y las Cortes en convención. En una nueva entrevista, la reina reiteró que «muy doctos varones le habían asegurado que si sancionaba la ley se condenaría […] aseguraba que de aquel acto dependía su salvación eterna y se mostraba persuadida de que iba a condenarse si la sancionaba[89]».

Al mismo tiempo otra oscura maniobra alentaba en la Corte. Se supo que varios cortesanos y algunos moderados propusieron a la reina que huyese a las Provincias Vascas y que, desde allí, emitiese un manifiesto a la nación explicando su negativa a actuar contra la religión y asegurando que estaba secuestrada por el gobierno. No tenemos la certeza, dado lo opaco de las fuentes, pero no resulta difícil relacionar aquella oscura trama con los contactos que venían desarrollándose con los carlistas y con la conjura moderada liderada por 724. ¿Era éste el general Juan de la Pezuela, hermano del marqués de Viluma, uno de los miembros más conspicuos del ala derecha del moderantismo? Es difícil saberlo. Lo que sí sabemos es que días antes, el 21 de abril, cuando ya se preveía que el decreto pasaría rápidamente a sanción, la propia reina Isabel escribió un desesperado aviso: «Pezuela: Ochoa va de mi parte a decirte lo que hemos resuelto. Óyele y no pierdas un momento. Si algo tienes que decirme y no crees prudente el venir, dímelo por su conducto. Sabes que te quiere y aprecia. Isabel[90]». La trama, sin embargo, no prosperó por falta de apoyos a los conjurados. El eco que creía tener la posición de la Corte entre la opinión pública moderada era mucho menor de lo esperado. Entonces, como dice Juan Valera, «acabaron los escrúpulos de doña Isabel y sancionó la ley[91]».

El 29 de abril, la reina volvió a escribir a Pezuela:

Siento que el éxito no haya sido más feliz; te agradezco con toda mi alma los esfuerzos extraordinarios que has hecho con tus amigos para servirme y salvar mi dignidad real. Conozco que mi Corona ha sufrido un terrible golpe con la sanción, pero han sido tales las razones que se me han expuesto y tales las pinturas de los horrores que debían sobrevenir sobre esta nación, que con el corazón despedazado he tenido que poner mi rúbrica en esta fatal ley. Estoy llena de dolor; tú lo comprendes bien, y sólo puede consolarme la seguridad de haberme defendido todo cuanto me ha sido posible. No faltará quien me acuse de debilidad; pero tú, que conoces la poca lealtad y decisión que has encontrado, sabes cuán difícil es para la nación el obrar sin más elementos que los que contabas. Yo no abrigo esperanza para el porvenir mientras que los hombres no vuelvan a sentir latir noblemente sus corazones. Ojalá todos tuviesen sus almas tan bien templadas como la tuya. Mi desgracia es que no resistan, pero eso hará que redoble mi cariño hacia los que como tú me sirven con tanta nobleza, desinterés y lealtad. Recibe la expresión de mi hondo pesar y la seguridad del constante afecto de tu afectísima. Isabel[92].

Al día siguiente, el embajador británico escribió a su ministerio: «La reina ha acabado por firmar a pesar de las presiones del partido clerical representado por el arzobispo de Toledo, del partido absolutista representado por el marqués de Viluma, y por el viejo partido moderado del señor Mon […] El domingo en que la Reina firmó no bajó a comer y el Rey dijo en alto que no se encontraba bien por haberse visto obligada a hacer algo desagradable[93]». El embajador francés, por su parte, tenía mucho más que informar a su ministerio ya que había sido él mismo quien —frente a los deseos de enfrentamiento directo y abierto de los sectores mencionados por Howden— había aconsejado a la reina que firmase porque, «en caso de rechazo obstinado, su derrocamiento habría sido pronunciado inmediatamente. La Reina ha resistido mucho pero, afortunadamente, ha acabado por ceder a los buenos consejos que le habían sido dados[94]».

Según Turgot la situación era efectivamente muy peligrosa, porque sus informantes le habían asegurado que el gobierno tenía previsto, en el caso de que la reina se negase a sancionar la ley de desamortización, medidas urgentes de depuración del ejército para asegurarse su fidelidad, un paralelo reforzamiento de la milicia mediante la concesión de amplias atribuciones y «una llamada simultánea a los revolucionarios para salir a la calle y a sus amigos en las Cortes para deponer a la reina y proclamar la Regencia». De hecho, el propio ministro de Estado le había confesado a Franchi, con lágrimas en los ojos, que si la reina firmaba, se rompería el Concordato y todo estaría perdido pero que si no firmaba «será la revolución y todos los horrores». Hasta qué punto esto era así no podemos asegurarlo.

En todo caso, ésa fue la información transmitida por Turgot a su ministerio para justificar su decisión de aconsejar a la reina que firmase aun manteniendo el máximo de prudencia en sus movimientos. De hecho, Turgot se excusó de ir a ver a Isabel II cuando ésta, angustiada, le llamó el 30 de abril y mandó sus consejos a través de una tercera persona. Tan sólo se vio obligado a ir a Palacio cuando recibió «un despacho urgente en el que la Reina le pedía oficialmente que fuese a comunicarle personalmente las noticias sobre el último atentado cometido contra el Emperador» y le resultó imposible rehusar. En Aranjuez, el embajador francés fue recibido primero por el rey, «que estaba en un estado de viva desesperación y se quejaba con amargura de una escena que había tenido lugar entre él y el Presidente del Consejo con ocasión de la presión moral que éste había ejercido para obtener la sanción de la Reina, que en efecto había tenido lugar hacia las 5 horas». El experimentado Turgot intentó abreviar aquella conversación, «pues había testigos», y logró ser finalmente recibido por la reina, «a la que encontró en un estado verdaderamente afligido, estaba hinchada a fuerza de llorar y dijo: “Ved Señor Embajador en qué estado me hallo. Ya no soy Reina. Ya no soy libre, estoy presa aún más que antes de firmar. He llamado a los Generales con los que creía contar, a los Coroneles, todos han sido cobardes y me han abandonado. Si hubiese encontrado un jefe de batallón que me defendiese, nunca habría consentido en hacer una cosa que repugna a mi conciencia y que arruinará a mi país. Os he hecho llamar para que informéis al Emperador de todo lo que pasa. Yo tengo por encima de todo su estima y no quiero que crea que he cedido por miedo o debilidad. Los ministros —sobre todo Espartero— me han tratado de la manera más indigna, no me comunican nada de los negocios de Estado, me han dicho que estaba loca y me tratan como si eso fuera cierto. He cedido a los consejos que vos me hicisteis llegar ayer y los que he recibido de algunos amigos. He firmado pero protestando que era a pesar de mí y que sólo he cedido a la violencia[95]”».

El discurso de Isabel II, o al menos el relato que hace de él Turgot, es un alegato de impotencia en el que su protagonista femenina parece sentir y al mismo tiempo pone en juego (abierta y subjetivamente) todos los atributos de una mujer, débil y sola, incapaz de defenderse frente a una agresión masculina de violencia manifiesta que rompe su corazón de reina (que se quiere libre) y de buena cristiana que ve atropellados los derechos de la Iglesia. Es también, por supuesto, como ya había intentado otras veces, un medio de pedir ayuda a Luis Napoleón (tan sensible como ella a la pérdida de libertad del monarca ante un parlamento autónomo) frente al atropello a la dignidad real que habían cometido los progresistas españoles.

Turgot, un auténtico caballero y un diplomático muy hábil, se esforzó «en calmar el espíritu de la Reina diciéndole que había cumplido, con mucho, sus deberes de Católica; que como reina ella debía, siempre que fuese posible, retardar la explosión de una guerra civil, que se hubiese producido de ocurrir la ruptura entre ella y las Cortes; que como madre, también, ella debía conservar los derechos de su hija y no exponerla a una separación que hubiese sido la consecuencia necesaria del destronamiento. Le suplique a S. M. que actuase en el futuro con la mayor prudencia, no dando su confianza a tanta gente que la traicionaría, que no resistiese más a sus ministros por la sanción de las leyes que le presentasen, que declarase solamente que, no siendo libre en el uso de sus derechos constitucionales, declinaba toda responsabilidad y toda solidaridad». Turgot concluye su largo despacho con la expresión de su deseo de que la reina apruebe sus consejos para el futuro, porque estaba «seguro de que si no hubiese firmado la habrían derrocado» y pide instrucciones para el caso de que se repitiese una situación parecida: «Y si la Reina es destronada, ¿Debo seguirla?, ¿debo quedarme y mantener relaciones con el gobierno de hecho o romperlas en caso de destronamiento?»[96].

Unos días después, al parecer ya más repuesta y tras haber mantenido una consoladora entrevista con O’Donnell, Isabel II escribió a su madre: «Puedes suponerte querida mamá mía que disgusto tan grande habré tenido con el decreto de desamortización, ha sido una cosa atroz, yo lo he hecho contra mi voluntad y contra mis sentimientos. Ochoa te dirá de palabra todo lo que ha pasado». Francisco de Asís, por su parte, corroboraba el mal trago:

Lo ocurrido en estos últimos días ha sido famoso y Ochoa, que marcha a ésa, lleva el encargo de ponerse a los pies de V. y de referirle de viva voz lo que por escrito no creo prudente relatar. Estamos enteramente rodeados de demonios, y temblando que después de haber pasado por todas las amarguras imaginables recogeremos por fruto de nuestro sufrimiento una nueva traición. Quiera Dios que así no sea. Con motivo de estos últimos sucesos hemos tenido ocasión de hablar con O’Donnell y éste ha ofrecido consolidar el trono de la Reyna. Hasta ahora solo vemos atropellos y persecuciones. Los carlistas también nos alarman bastante, y francamente éstos son los que nos hacen sufrir ciertas cosas, por el temor de que se aprovechen en beneficio propio de lo que pudiera tener por principio la causa de la Reyna. En medio de tanto disgusto tenemos la felicidad de estar cada día más unidos y con buena salud. La niña continúa ganando por días en gracia y robustez. Ahora se está tomando el aceite de hígado de vacalado para corregir las obstrucciones que V. sabe que tenía. Está bonísima y el otro día me enseñó ella misma los regalos que sacó del huevo de Pascua que V. le ha enviado[97].

Menos triviales que aquellos desahogos familiares fueron las cartas que Isabel II escribió a Napoleón III afirmando: «¡La reina de España no es libre!», y las que escribió al Papa explicando que había firmado forzada el decreto de desamortización y que, a la primera ocasión favorable, desharía lo hecho[98]. Pío IX contestó expresando su dolor por «los últimos sucesos ocurridos en su reino en estos últimos tiempos [que] son tales que han puesto el corazón de vuestra majestad en la prueba más dura». Para su tranquilidad de espíritu le decía, sin embargo, que «he podido admirar su firmeza, y me he complacido en reconocer en ella los primeros efectos de mis plegarias. Aunque las apariencias no son tales que permitan alimentar esperanzas en un cambio próximo, siento en el fondo del corazón un sentimiento de gran confianza en Dios, que deberá producir frutos a su tiempo[99]».

Poco después, la Santa Sede cortaba las relaciones diplomáticas con el gobierno de Madrid en protesta por la alteración de los artículos 1.º y 2.º del Concordato de 1851. La alocución del Papa en el consistorio secreto de 20 de julio de 1855 alentaba a los fieles a que boicoteasen las compras de bienes eclesiásticos y retiraba las indulgencias a todos los compradores[100]. Ante una campaña semejante, el gobierno contestó con medidas que afectaban, no sólo a los eclesiásticos que se negasen a poner en práctica la desamortización (como Bonel y Orbe y el obispo de Osuna), sino también a la propia Corte. La tensión llegó al máximo cuando se decretó de nuevo el destierro de sor Patrocinio, de los clérigos que habían hecho sudar sangre a un Cristo de la iglesia de San Francisco mientras duraba el debate de la desamortización en las Constituyentes, de Juan de la Pezuela y de un nutrido grupo de servidores directos del rey que habían propagado por todo Madrid que la reina había sido violentada físicamente para que firmase el decreto de desamortización.

Cuando el rey conoció los destierros, fue lívido de furia a la cámara donde estaba reunida la reina con el ministro de Estado, Luzuriaga, y con el gobernador militar de Madrid, Echagüe. Tomando del brazo a este último, Francisco de Asís le llevó hasta sus habitaciones donde, tras abrir de golpe la puerta, le mostró a un grupo de alabarderos tras los que se encontraba Tuero, uno de sus servidores. «Ahí está, tomadle si os atrevéis, pero antes tendréis que pasar sobre nuestros cadáveres». Echagüe, entonces, telegrafió a O’Donnell y volvió junto a la reina y Luzuriaga para anunciar que, ante el insulto hecho a su uniforme, presentaba su dimisión. El despliegue de rabia del rey no se frenó allí. Retó en duelo a Echagüe y, «gritando como un chiquillo», aseguró que estaba dispuesto a no entregar a sus gentilhombres. Al día siguiente, a las siete de la mañana, llegó a Aranjuez Leopoldo O’Donnell quien, apoyado por las lágrimas de la reina, consiguió calmar al rey y llevarse a Madrid a sus servidores con la promesa de que podrían elegir su residencia siempre que fuese fuera de Castilla la Nueva. Francisco de Asís terminó pidiendo perdón a Echagüe y así acabó una escena más de la tragicomedia palaciega[101].

El embajador francés se apresuró a poner al tanto al nuevo ministro de Asuntos Exteriores, el conde Walewsky, de las intimidades de aquella tragicomedia:

El partido que empujó a la Reina a la resistencia comprende —cosa desconocida hasta el momento— tanto a los amigos del Rey como de la Reina madre […] deberían avergonzarse de la responsabilidad que han asumido poniendo en peligro el trono y soñando con medios extremos de resistencia […] Sin embargo, es necesario confesarlo con pesar, ya parecen repuestos y dispuestos a cometer nuevas imprudencias para vengar la reciente derrota. El resultado de esta situación ha sido un debilitamiento en la opinión pública de ambos partidos. El gobierno es reconocido por sus más ardientes partidarios como inhábil e incapaz de superar los obstáculos que le ponen; la Corte, debido a las imprudencias e indiscreciones que no cesa de cometer, ha perdido toda confianza y ve disminuir considerablemente sus partidarios. Este resultado es debido también, en parte, al conocimiento que se ha ido adquiriendo de que la Reina madre, o al menos sus amigos, se encuentran mezclados en los últimos acontecimientos[102].

La implicación de María Cristina en los intentos de resistencia de su hija era, sin embargo, cuanto menos (y como siempre), muy ambigua. Habría, quizás, aprobado (no directamente sino a través de supuestos amigos suyos) una política de obstaculización al Gobierno, pero no una resistencia numantina que pusiese en peligro el trono. Habría, quizás, querido ver hasta dónde llegaban los apoyos del gobierno (y su unidad interna) y los apoyos de su hija, especialmente en el ejército. Vista la situación de indecisión de sus posibles aliados no habría querido que las cosas fuesen más allá. Como escribió Turgot, «el mariscal Narváez era el objeto hacia el que se dirigían todas las esperanzas del número más o menos numeroso de los amigos de la Reina; el silencio y la inacción de este hombre de Estado no ha contribuido poco al descorazonamiento más profundo que es el sentimiento casi general[103]».

El descorazonamiento afectaba, sobre todo, a los intentos de revertir violentamente la situación creada en julio de 1854 mediante un movimiento conjunto de carlistas y moderados al hilo de un pacto de familia, consentido o no por los reyes. En ese terreno, la toma de postura de María Cristina sí había sido resuelta y no dejaba lugar a dudas respecto a su negativa a apoyar las maniobras de Francisco de Asís. Su amenaza encubierta de denunciar los planes de pacto dinástico fue decisiva en este sentido. Desde el principio, la exregente y el duque de Riánsares estaban al tanto de lo que se hablaba en Palacio a través de Eugenio de Ochoa, quien les escribía casi diariamente. De manera más o menos velada, María Cristina no dejó de advertir a Isabel II y a Francisco de Asís durante los meses de febrero y marzo de que podían caer en una trampa, tendida por los carlistas, y que debían ir «con mucho cuidado en todo y por todas partes […] más vale ser ridículamente prudente que demasiado confiado[104]».

Inicialmente, sin embargo, se mantuvo expectante, quizás porque quería valorar la fuerza y las posibilidades de los conjurados. Sin embargo, tras la gran crisis de la desamortización, su actitud cambió. Había comprobado ya que carlistas y moderados carecían de unidad de propósito y de fuerzas suficientes; en esas condiciones, temía que se descubriese un complot que pudiera arrojar a su hija del trono y comprometerla a ella. Fue entonces cuando María Cristina se decidió a declarar abiertamente su postura contraria a cualquier conjura violenta y a cualquier proyecto de fusión dinástica. Se trataba de un momento especialmente delicado. Como escribió Howden a Clarendon, el duque de Montpensier le había dicho en una larga conversación que la reina estaba rodeada de carlistas en Aranjuez los cuales «le dicen que debe abdicar por el tema de la desamortización y que pasaba por uno de sus momentos de indiferencia y de depresión y que le daba igual abdicar que no abdicar[105]».

El viaje de Ochoa a París precipitó las cosas. Las noticias que trajo respecto a que la reina, aconsejada por el rey, barajaba la idea de una huida o de una aceptación de las bases carlistas para la fusión, causaron una inquietud enorme en el matrimonio Muñoz. Ambos solicitaron de Antonio Rubio una valoración detallada de las ventajas e inconvenientes de aquellos planes. En el archivo privado de la reina gobernadora se encuentra el largo memorando de Antonio Rubio al respecto. Tres fueron los argumentos del secretario de María Cristina para aconsejar que la exregente se opusiese terminantemente al pacto con los carlistas, aún sobre la (según él, engañosa) base de mantener a Isabel II. El primero de ellos se refería a «la delicada posición moral de Isabel II». A su juicio, si se supiese que la reina pactaba con don Carlos, en los términos que fuese, el descrédito moral caería sobre la reina rápidamente. «Los liberales, que hoy por interés callan lo que saben sobre Isabel 2.ª, su marido y su descendencia, dejarían de callar, perdido el interés y lo dirían y publicarían por venganza. Hecho esto lo seguirían y confirmarían los carlistas con documentos y cartas que poseen. Sin más que esta cruzada de unos y otros, la ruina política y moral de Isabel 2.ª estaba consumada […] Eso haría que Montemolín creciese, se le pediría que purificase la nueva situación monárquica, y la reacción llevaría en esto la revolución […] Sucedería como con el Estatuto. Primero lo aplaudieron todos. Un año después no lo quería nadie». En segundo lugar, Rubio consideraba que ese pacto provenía de un temor al carlismo que magnificaba sus fuerzas y sus apoyos en el país y minimizaba la fuerza de los liberales que, «burlados por quien lucharon en la guerra civil y por una Monja […] se unirían todos contra Isabel 2.ª al carecer de garantías para ellos mismos […] la reacción pura es imposible porque hay demasiados intereses adquiridos». Por último, el secretario de María Cristina se extendía sobre la situación internacional, la debilidad de las potencias orientales, la muerte del zar, que habría complicado el apoyo de Rusia, y sobre todo la hostilidad de Francia e Inglaterra hacia el restablecimiento del absolutismo en España[106].

La carta que María Cristina escribió a su hija el 2 de junio de 1855 siguió en buena medida las indicaciones del memorando de Rubio. Su tono, extraordinariamente formal, la revela como una carta destinada a ser leída en público, si llegaba el caso, y carece de todas las alusiones personales y familiares, las estereotipadas y zalameras muestras de cariño habituales, las referencias a la «queridísima y bonísima nietecita», etcétera. Tras comenzar con un formal «Mi muy querida hija», María Cristina hacía explícita su voluntad de escribir una carta puramente política, destinada sin ambages a influir en el ánimo de su hija: «No extraño, aunque lo deplore, que los partidos me acusen, sin razón, de que influía contigo y con tu gobierno. Necesitaban separarme de tu lado, y esos clamores fueron muy buen medio para ellos, ¿quién como tú sabe sobre eso la verdad? Pues si antes no influía ¿qué afición tendré ahora a la influencia política después de tan duros escarmientos? Y, sin embargo, te lo confieso: esta carta que hoy te escribo, estas líneas que lees, son para influir poderosamente en tu ánimo y para influir en la política. No tienen otro objeto. ¡Qué grande tiene que ser la causa que me arroja a faltar a un propósito que creía eterno!».

Esa causa, que la madre de Isabel II consideraba «la más grave de todas», eran los rumores que le llegaban (en realidad el informe detallado de Ochoa) de que los carlistas «trabajan hoy como nunca contigo y con el Rey, en hacerte proposiciones para que entréis en una especie de fusión dinástica imposible que yo, como Madre que deseo tu bien, como María Cristina, que defendió tu Trono, desapruebo, rechazo, y de ningún modo aceptaría para mí». Arrogándose de nuevo, por enésima vez en la vida de ambas, el papel de la gran protectora de los derechos de Isabel II, aquélla que había salvaguardado su trono para entregárselo intacto, María Cristina advertía orgullosa, y al tiempo condescendiente, que quienes no pudieron vencerla a ella en el campo de batalla intentaban ahora vencer a su hija con intrigas y hacerla bajar del trono u obligarla a compartirlo con otros, e intentaban lograr lo más abominable y peligroso: «que abandones Madrid y el Reyno. No te dejes seducir, por Dios, hija mía, ni ahora ni nunca, por el engaño, los halagos y los ofrecimientos. En admitirlos te enajenarías a todos los partidos liberales y, cuando nada fueras por ti, o te hubiesen sacado palabras o prendas con que perderte, fácil sería a tus eternos enemigos acabar de prescindir de Isabel segunda».

Reconociendo la dureza de la situación en la que se encontraba su hija, María Cristina siguió aconsejándole, sin embargo, que se mantuviese firme en el trono alegando que «mejor que venderse a los carlistas es hasta el ser vencida, y bajar de él con dignidad». Olvidando que ella había estado a punto de entregarle la Corona a don Carlos en 1837, María Cristina reescribe su historia como argumento de autoridad: «No creas las exageraciones sobre el poder del Carlismo, como no lo creí yo viéndoles en armas y aguerridos a las mismas puertas de Madrid. Y con no creerlo, ni aún así, ni aún entonces, logré por fin salvar tu Trono». Una tranquilidad similar de ánimo, la que la exregente se inventa para sí misma, es la que le pide a su hija Isabel en aquellos momentos: «En época de revoluciones la paciencia política es necesaria y a nadie humilla, cuando está dirigida por la prudencia. No has tenido tú aún momentos tan terribles como los que yo pasé viendo en mi cámara sublevados a los soldados de mi guardia, y supe lograr después que aún eso mismo fuese al cabo borrado por los partidos, con acciones heroicas».

La insistencia de María Cristina, más allá del convencimiento de lo irrealizable del plan de un golpe violento al amparo del carlismo, tenía mucho que ver con su deseo de que, esta vez, no pudiese ser acusada de haber influido en la realización de algo que consideraba imposible y peligroso. Al recordar los intentos de golpe reaccionario de 1853 y 1854 a los que, dice, se opuso en su momento, María Cristina advertía a su hija que, si la mera idea de aquello «mira que incendio ha producido. Sobre todo para tu Madre», la repetición de una «política violenta» la obligaría esta vez a dejar clara su postura: «Mis hechos además probarían lo que sobre esto me dicta mi conciencia[107]».

En una carta posterior, de 22 de junio, ante la falta de seguridades suficientes por parte de Isabel II y de Francisco de Asís, Cristina acabó por pasar a la amenaza directa, mezclada como siempre con esos halagos que su hija necesitaba tanto:

Dios quiera que nunca llegue el caso de tener que hacer uso de una carta puramente confidencial entre Madre e hija. Así lo espero, porque todas mis noticias, no sólo por Paquito, pero por muchos, son que te conduces muy bien, y que has ganado muchísimo en la opinión en circunstancias tan penosas y difíciles, en las que tu talento y experiencia te irán dando conocimiento de cosas y personas para poder evitar las intrigas de que te he hablado […] Comprendo que tu corazón debe haber sufrido en las circunstancias pasadas pero ésos son los trabajos, y al mismo tiempo los méritos, que los Reyes pueden ofrecer a Dios[108].

El temple de María Cristina y su capacidad para bandearse en situaciones políticas muy difíciles la hacían capaz de un cinismo moral del cual carecía su hija. Atormentada por sus inquietudes religiosas y las dudas sobre su propia legitimidad —dudas alimentadas por su marido y por la misma camarilla clerical que la rodeaba—, Isabel II había querido mostrarse firme en materia religiosa creyendo que, con eso, cubría las expectativas de su entorno, incluida su madre. No era así. María Cristina podía ser muy religiosa y aconsejar a su hija que se pusiese «en manos de la Providencia y a los pies de la Virgen Santísima», pero eso no era óbice, como había demostrado a lo largo de su dilatada carrera política, para que fuese capaz de trascender la literalidad de sus deberes con la Iglesia en favor de un designio superior: mantener el trono. Eso le había permitido plegarse cuando era necesario a las exigencias liberales y planear su reversión en cuanto le fue posible, sin grandes escrúpulos de conciencia. Esa flexibilidad moral, el firme convencimiento en la bondad de la propia conducta, era exactamente lo que le faltaba a su hija. Atrapada una vez más entre consejos contrapuestos, ni siquiera la defensa de la religión católica era ya, para Isabel II, un puerto seguro y una guía que le permitiese orientarse. Mientras los realistas —isabelinos o no— la asustaban con una sublevación a favor de Montemolín, el gobierno la presionaba para que se plegase a todas sus exigencias y trataba de alejarla de quienes ella consideraba sus únicos valedores.

En los meses siguientes hubo de ver cómo el gobierno asumía la ruptura con Roma como un mal menor, hubo de plegarse al relevo de buena parte de su servidumbre, acusada de colaboración con el carlismo, y a firmar contra su voluntad una serie de medidas de reestructuración de los empleos en Palacio. Fue O’Donnell —por su mayor sintonía con la reina— el encargado de llevarle esos decretos a El Escorial. La resistencia, los lloros, los reproches violentos volvieron a sucederse. Don Leopoldo volvió a Madrid sin haber conseguido la firma y ofreció su dimisión a Espartero, que recibió con furia las noticias y aseguró «que aquí no dimite nadie en vísperas de la apertura de las Cortes[109]». La noticia corrió por todas partes, «cundió la alarma, hubo junta de los comandantes de la Milicia Nacional, se temió un grandísimo alboroto y se reunieron los ministros en Consejo[110]».

El embajador francés informó a su ministerio de que Espartero partió hacia El Escorial y «riñó a la Reina por ceder a influencias que la ponen sin cesar en disidencia con sus consejeros responsables y podrían comprometer su trono y su persona. La Reina, muy tranquila, aceptó el consejo y al día siguiente firmó sin mostrar su repugnancia[111]». El 15 de septiembre, cuatro decretos convertían los puestos principales de Palacio en nombramientos políticos gubernamentales; se redujo el número de cargos en torno a la reina y se suprimió completamente la Casa Civil del rey, sustituida por un General en Jefe del Cuarto del rey, un Jefe de Cámara y cuatro ayudas de campo con grado de brigadier y general. El 7 de noviembre las Cortes discutieron una enmienda al artículo 6.º de la Constitución, presentada por Estanislao Figueras, que anulaba la exigencia de nobleza para los empleos palaciegos[112]. Hasta Turgot consideró necesaria parte de aquellas medidas, ante las «pequeñas cóleras e intrigas del Rey (que se opone a los cambios e intenta atraerse a la Reina) y que no tendrán ninguna importancia el día en que el Ministerio quiera realizar esos cambios de personal que todo el mundo sabe que son indispensables para poner fin a las intrigas y tejemanejes que tienen su fuente bien conocida en el entorno del Rey[113]».

La decisión de la reina de firmar el nuevo reglamento y su aparente tranquilidad no eran más que temor ante las consecuencias de un último episodio de conjura palaciega, de nuevo protagonizado por el rey. Agustín Perales, uno de los empleados destituidos en la anterior renovación de Palacio (producto de la depuración que siguió al conflicto de la desamortización), fue descubierto por la policía en El Escorial con un manifiesto sin firma que ya había comenzado a circular en el que se decía que la reina estaba «reducida a una verdadera prisión», «insultada incluso en sus habitaciones y calumniada como opuesta a la prosperidad del país y opuesta a la libertad política». Frente a todo eso, la proclama aseguraba que «la buena reina daría al pueblo, con mejores consejeros, las reformas que les habían escamoteado los revolucionarios de 1854» y exponía una especie de programa de gobierno que contenía «la política que su Real ánimo conceptúa necesaria para levantar a la España de la postración en que la sumieron el egoísmo y la ambición de sus bastardos hijos[114]».

La proclama fue secuestrada por la policía y Otway —que suplía a Howden durante las vacaciones de verano de éste— escribió: «Don Francisco está terriblemente asustado, como siempre que se le coge en sus pequeños juegos, y ha implorado perdón humildemente[115]». Al día siguiente todos los periódicos de la capital se hacían eco, de forma más o menos velada, crítica o aprobatoriamente, de una nueva conjura en Palacio[116]. Al mismo tiempo que llegaban a Madrid las noticias sobre el arresto de Perales y de otros cómplices suyos, se expandió el rumor de que la reina había tenido un aborto. El embajador francés informó: «Unos dicen que aborta por el mal trato de sus ministros y otros por el temor a verse comprometida en el asunto Perales. Otros creen que todo es falso», pero el embajador creía que todo era «un síntoma de la exasperación de la Corte y la reina retrasa indefinidamente su regreso a Madrid a pesar del mal tiempo de El Escorial. Estar en Madrid se le ha hecho insoportable[117]».

En realidad, tanto Isabel II como su marido estaban paralizados por el terror a las consecuencias de sus actos, en la medida en que la proclama atribuida a la Corte era, sin duda, un llamamiento a una insurrección o a un golpe de Estado apoyado abiertamente por la Corona. Así, cuando Espartero se dirigió a El Escorial para interesarse por la salud de la reina tras su supuesto aborto, se encontró con un recibimiento y una escena desconocidos. Al parecer, Isabel II le recibió con un afecto inusitado y, «aunque el Mariscal quiso impedirle hablar de política, ella le ha asegurado la confianza absoluta que tiene en él y le ha prometido seguir en el futuro todos sus consejos y estar íntimamente unida a él y a su colegas en los que Ella tenía también la más entera confianza. Ha terminado diciendo “Yo sé qué tú me eres completamente devoto: quiero triunfar o sucumbir contigo”. El Rey ha unido sus seguridades a las de la Reina y ha agradecido al Mariscal la elección de los oficiales que tienen que ser colocados a su lado y ha dicho que le eran absolutamente agradables». Turgot, que sentía que sus consejos comenzaban a dar frutos, concluyó su despacho felicitándose «de las sabias reflexiones que han llevado a este cambio en las ideas y la conducta de Sus Majestades porque es indudable que si hubiesen persistido en la peligrosa vía en que habían entrado, hubiésemos tenido que lamentar los acontecimientos más graves. Quizás este cambio de dirección parecerá desde fuera un poco brusco; pero en España uno se asombra poco y se siente feliz de haberse librado de un peligro inminente[118]».

Tras aquella beatífica entrevista con Espartero, la familia real regresó a Madrid. Su llegada fue acogida de manera glacial en las calles de la capital, que le tributaron «el más frío de los recibimientos[119]». La reina escribió a su madre, asegurándole que seguía sus consejos y pidiéndole perdón, de la forma más liviana, por no haber escrito antes para darle el pésame por la muerte de su medio hermano, el duque de Tarancón, hijo mayor de María Cristina: «También me he retrasado en escribir, pues tu sabes querida mamá mía cómo están las cosas, porque no tengo un momento desocupado y tengo que hestar en todo y enterarme de todo, y deseo cumplir la misión que el Señor me ha impuesto al haberme hecho nacer en este puesto tan alto. Como sabes que yo te digo todo, querida Mamá mía, te diré que disgustos con las cosas como hestán no me faltan, pero la Virgen me da fuerzas y energía para todo y en ella espero siempre[120]».

Aquella última intriga palaciega acabó silenciándose y el gobierno intentó dar carpetazo al asunto mirando hacia otro lado. Fue entonces, también, cuando parecieron agotarse las iniciativas de la Corte en favor de una conspiración carlista-moderada que, mediante un movimiento más o menos violento, pusiese punto final a la situación creada en julio de 1854. En adelante, la política que habría de imperar en Palacio estuvo mucho más acorde con la colaboración pasiva que venía aconsejando el embajador francés a la espera de mejores tiempos. En buena medida, el fracaso de todas aquellas tentativas demostraba, por un lado, la profunda desagregación interna del moderantismo clásico, que habría perdido la hegemonía sobre los intereses conservadores del país, que se sentían cada vez mejor representados por el realismo y el pragmatismo político de gentes como O’Donnell y el grupo formado en torno a él y al líder parlamentario de la Unión Liberal, Ríos Rosas.

Por otra parte, el fracaso de la vía insurreccional demostraba también que esos intereses conservadores, pero liberales, no estaban dispuestos a pagar el altísimo precio de un pacto con los carlistas que podría poner en peligro muchos (o algunos) de los logros de la ruptura liberal con el absolutismo. Por último, y resumiendo las dos cuestiones anteriores, aquellas intentonas fracasadas habían demostrado la incapacidad de la Corona para llevar adelante una política propia capaz de sumar, en torno suyo, apoyos políticos o militares sustanciales. Una incapacidad derivada, en buena medida, del propio desprestigio moral y político de los reyes, identificados con unas propuestas de involución tan absolutamente reaccionarias que se enajenaban al grueso de un liberalismo que, como he dicho antes, era conservador pero liberal, y que se veía cada vez más abocado a defender la Corona de Isabel II como un mal menor.

CAPÍTULO 4

REINAR SIN GOBERNAR:

EL CAMINO DE LA REACCIÓN

La reacción pura es imposible porque hay demasiados intereses adquiridos.

ANTONIO RUBIO (1855).

En respuesta a una carta de Castillo y Ayensa, en la que se valoraban las posibilidades de acción que le quedaban a la Corona para revertir la situación creada por la revolución de 1854, María Cristina de Borbón expresó su desaliento ante la quiebra del sentimiento monárquico en España y en Europa:

No me lo diga usted, no hay ya entusiasmo para defender las cosas, ya sólo hay intereses materiales. Allí no se quiere a la Reyna, ni cualquiera Rey que fuera, por lo que antes se respetaron a los Reyes; no: no se quiere más que para que sean la pantalla de lo que hacen debajo en su nombre, y para lo que se pueda ganar con ellos, sea dinero, sea empleos. Te aseguro que si tubiera yo que dar un castigo a uno le haría Rey de España. Ser el blanco de la envidia de todos, siempre criticado, nunca poder ser libre para ninguna acción, no, no, nada envidiable es aquella majestad: mucho puede en mí la idea del deber quando a pesar de esto deseo que mi hija cumpla con su deber en el puesto donde Dios la puso y la ha conservado a pesar de tantos enemigos como tiene. Pero, la verdad, hablamos de España y yo pregunto: ¿los demás países están bien? Creo que nadie me podría señalar uno en que se pueda estar tranquilo y satisfecho. Muy triste, es esto creo sea la verdad[1].

En efecto, ¡qué difícil era, para mentalidades como las de María Cristina y su hija, ser monarca constitucional en la Europa de mediados del siglo XIX! Atenerse al empuje del constitucionalismo era, sin embargo, lo que se requería precisamente de ellas, incluso desde los sectores liberal-conservadores, que se oponían tanto al progresismo como al carlismo y al realismo isabelino de la Corte. No se engañaba María Cristina cuando se lamentaba de que, en la nueva escena política conservadora pero liberal, la monarquía era entendida en términos puramente instrumentales, al servicio, no de ella misma, sino de unos intereses socialmente muy potentes a los que repugnaba tanto la revolución como la reacción pura. En este contexto, deben valorarse los intentos de articulación de una alternativa al régimen del Bienio que trataba de alcanzar el poder por medios no necesariamente violentos. Su objetivo fundamental era acabar con la bicefalia en el gobierno y arrastrar al general O’Donnell a aliarse con ellos bajo una resucitada bandera de unión liberal que incluyese a los progresistas más templados.

El programa más acabado de aquella propuesta puede analizarse a través de la obra de un viejo puritano, Andrés Borrego, publicada en 1855 bajo el título Estudios políticos. De la organización de los partidos en España, considerada como medio de adelantar la educación constitucional de la Nación y realizar las condiciones del gobierno representativo[2]. En aquella obra, Borrego analizaba la evolución de progresistas y moderados desde la década de 1830, y proponía una nueva refundación del moderantismo que evitase, a un tiempo, las tendencias hacia la reacción y el avance de la democracia. En ese proyecto, el trono era fundamental. Pero se trataba de un trono asimismo refundado, liberado de sus tendencias integristas y moralizado en lo público y lo privado.

Este último aspecto era fundamental, porque de su perversión procedía en buena medida el desprestigio de la reina Isabel y de la monarquía como institución. Así, Borrego no tuvo empacho en escribir que, tras el desprestigio a que sometió María Cristina al trono, «se dio un terrible golpe a la venerada institución con el matrimonio de Isabel II y sus consecuencias. Difícil, aunque no imposible, sería para hombres políticos de altura reparar los inconvenientes de aquel desacierto insigne; […], es de un interés vital, imperativo, imprescindible para la monarquía y para el país, que la persona que ciñe la corona, se persuada de la necesidad de poner para siempre un término, hasta a la posibilidad de que la nación sospeche siquiera, que existe la menor relación entre los asuntos de Gobierno y los domésticos de Palacio. Estos deben ser regidos por la voluntad privada y libre del Monarca, y aquellos sujetarse a las reglas y preceptos que emanan de las instituciones representativas, a las indicaciones legales del país[3]».

En todas sus consideraciones, Borrego, que quería ser el ideólogo de la aún embrionaria Unión Liberal, proponía un acercamiento entre lo que él denominaba el «partido monárquico-constitucional» y los progresistas más templados según lo preconizado, por ejemplo, por Ríos Rosas en la sesión parlamentaria del 30 de marzo de 1855[4]. Un tipo de progresismo al que había que tender un puente para que reconociese que el tiempo de su tarea histórica fundamental ya había pasado y fuese capaz de dejar atrás un viejo estilo de hacer política que, a juicio de Borrego, estaba fundada en un «principio que es puramente revolucionario; opera sobre la sociedad como la piqueta en los edificios, y su poder es semejante al de los huracanes, que si bien a veces purifican la atmósfera, nunca bajo su azote logran sazonar los frutos de la tierra[5]».

Por otras razones, también el moderantismo clásico estaba agotado desde el punto de vista de los defensores de una unión liberal. El Partido Moderado se había fragmentado al servicio de ideas anticonstitucionales, «se había destrozado a sí mismo», como sostuvo Leopoldo O’Donnell en la importante sesión parlamentaria de 30 de marzo de 1855, se había «hundido a sí mismo, y se ha hundido para no levantarse con su bandera [porque] ese partido estaba fraccionado y fue combatido porque los hombres de moralidad no querían que se autorizasen los escándalos con el nombre del partido; por eso lo combatieron y quedó destruido». Por esa razón, concluía O’Donnell, porque, en realidad, lo que había quedado de la crisis de 1853-1854 era una serie de fracciones que no podían denominarse partidos, era «una necesidad urgente levantar un partido liberal en España que asegure la libertad sobre bases indestructibles». En esa misma línea, minimizando lo mucho que aún dividía a progresistas y conservadores, se pronunció Antonio Ríos Rosas en un discurso lleno de buenas intenciones de unidad, de metáforas y recursos literarios, con los que quería demostrar que el auténtico partido liberal era uno —«una sola categoría política», como en Inglaterra lo eran whigs y tories—, cuyos matices podían y debían sucederse en el poder de forma pacífica, entregados ambos al «sagrado depósito de una porción de intereses que todos respetan[6]».

Cuáles eran esos intereses y qué principios básicos defendía ese nuevo «partido liberal» —más allá de su apuesta por un «constitucionalismo claro y neto»— no quedó del todo claro en aquella sesión de marzo de 1855. De hecho ésa fue la rémora constante de la Unión Liberal ante sus detractores a lo largo de toda su existencia. Sin embargo, lo que resultaba evidente era que el proyecto de esa unión liberal descansaba en el mismo conflicto político que había llevado a la revolución de 1854 y que ésta había desatado: el doble temor a una reacción de consecuencias letales para el liberalismo en su conjunto, por una parte, y, por otra, a una nueva revolución en sentido democrático y republicano que desbordase el «constitucionalismo claro y neto». No es casualidad que fuese Antonio Cánovas quien explicase mejor las causas e intenciones (y la oportunidad) del nuevo proyecto político. Su discurso, y su apelación en este caso al Partido Progresista, merecen citarse en extenso.

Aquí hay un partido republicano y otro reaccionario, formemos nosotros un tercer partido constitucional. Este tercer partido, que no tiene recuerdos, que no sabe de dónde viene, pero que sabe a donde va; según la expresión feliz de uno de los ilustres caudillos de Vicálvaro; que va a la libertad y el orden; que no va a nada de lo que ha pasado; este partido reclamado por las circunstancias, más poderosas que la miseria de los hombres y las preocupaciones de los partidos, ni diré que ya está formado, pero sí que pronto, muy pronto, lo estará. No hay entre unos y otros más que una diferencia insignificante: el nombre. Y esto sin renunciar nosotros a ninguno de nuestros principios fundamentales, sin renunciar más que a los accidentes […] Que se diga si los principios que hemos sostenido, si en los principios porque hemos combatido en nombre de la unión liberal, existen diferencias que sean importantes, insuperables. No existen […] En nombre de la Patria, de las ideas liberales y del trono constitucional, marchamos adelante, llevando la bandera de la unión liberal, y si algún día cae esa bandera seremos los últimos en separarnos de ella, que dejemos de pelar bajo su sombra: con ella triunfaremos o con ella sucumbiremos también […] ¿no pertenecemos todos los que componemos la mayoría de esta Cámara a la escuela monárquico-constitucional? […] Hay una preocupación muy antigua en el antiguo partido progresista, y es el creerse partido extremo. No, no sois partido extremo, sois partido justo medio, como lo es el moderado, sois como ellos, ni más ni menos, que adeptos a la escuela constitucional, diferencias de conducta más que de principios os separan[7].

Más allá de la indudable e interesada minimización de las diferencias que defendían Cánovas, O’Donnell, Borrego o Ríos Rosas, todos ellos hacían política, trabajaban en el Parlamento y en la prensa sobre la base del temor creciente de la burguesía en su conjunto ante la explosión de lo que ya entonces se denominaba «la cuestión social». Una explosión que alcanzó su punto culminante en el verano de 1855. En efecto, aquella especie de 1848 español que había sido la revolución de julio, había abierto la espita para una serie de reivindicaciones de carácter social que afectaban a los trabajadores de prácticamente todos los ámbitos. Las promesas de cambio, contenidas en los programas de julio de 1854, y la mayor apertura política favorecieron la expresión de todas esas aspiraciones, convirtiendo el Bienio en un momento clave de inflexión en la conflictividad social y en los orígenes del movimiento obrero organizado durante el siglo XIX.

La agitación popular comenzó esos mismos días de julio de 1854 con huelgas y disturbios en Barcelona y otras ciudades catalanas contra la introducción de las selfactinas; en Madrid entre los jornaleros de la construcción y los impresores perjudicados por las máquinas de imprimir, y en Andalucía en relación con la llegada de los tornos mecánicos. La epidemia de cólera, la escasez de grano y la carestía del pan provocados por la guerra de Crimea hicieron que las protestas se extendieran por prácticamente todo el país durante 1855 y principios de 1856. Durante aquellos dos años, la conflictividad social atravesó tanto el campo como las ciudades, pero su momento álgido, y más espectacular, fue la huelga general de los obreros textiles catalanes, iniciada el 2 de julio de 1855, en respuesta a un bando del capitán general Zapatero que prohibía las asociaciones obreras. Como ha sido ya abundantemente estudiado, las consecuencias del proceso industrializador y el problema de las relaciones entre capital y trabajo tomó muy pronto la forma de una lucha por la libre asociación obrera que retomaba la vieja fórmula organizativa de las sociedades de seguros mutuos, creadas en su mayoría durante la regencia de Espartero y que habían permanecido soterradas durante la Década Moderada[8].

La huelga catalana —que se extendió a lugares como Badalona, Igualada, Mataró, Vic, Sabadell o Sants— se desarrolló entre el 2 y el 12 de julio de 1855 bajo los lemas de «¡Viva Espartero!», «¡Asociación o muerte!», y «¡Pan y trabajo!». La tensión llegó al máximo cuando fue asesinado el diputado y presidente del Instituto Industrial de Cataluña, José Pols y Padrís. El mismo O’Donnell, «cuando supo esos sucesos [tuvo] el pensamiento de ponerse a la cabeza de las tropas y combatir la insurrección». Sin embargo, el ubicuo embajador francés se lo desaconsejó. No era el momento de quemarse políticamente reprimiendo unos disturbios de largo alcance, como le había ocurrido a Espartero durante su regencia. Así, escribió Turgot a su ministerio, «después de un momento de reflexión yo me dirigí a algunos de sus amigos íntimos para encargarle que no hiciese nada o, al contrario, que se esforzase porque Espartero aceptase aquella misión[9]».

Espartero no cayó en la trampa y, aún a regañadientes y aconsejado por Madoz y Gurrea, recibió a los representantes de los obreros que habían acordado enviar una comisión a Madrid para tratar con el Gobierno mientras las autoridades catalanas decidían asimismo consultar con el gobierno central formando una llamada «comisión mixta». El presidente del Consejo de Ministros se entrevistó con ambas, prometió que, si se ponía fin a los disturbios, no habría represalias y que se llevarían a las Cortes las reivindicaciones de los trabajadores a cambio de la normalización laboral inmediata, promesas reiteradas por el enviado especial del gobierno en Cataluña, el coronel Saravia. El fin de la huelga no acabó, sin embargo, con la conflictividad obrera en Cataluña, cada vez más permeada de una ideología política en la que competían el republicanismo demócrata, el socialismo y el anarquismo incipientes.

A finales de 1855 y, sobre todo, en mayo de 1856, las protestas y movimientos se sucedieron en la Cataluña industrial, donde el gobierno contestó con medidas represivas de medio alcance, la depuración de ciertos batallones de la milicia y la presentación, en octubre, de un Proyecto de Ley sobre Ejercicio, Policía, Jurisdicción e Inspección de la Industria Manufacturera. El carácter fuertemente restrictivo del derecho de asociación del proyecto de Alonso Martínez no contentó a nadie y en septiembre llegó a las Cortes una nueva exposición de la clase obrera a las Constituyentes, producto de la pluma de Pi y Margall, que fue rechazada[10]. La conflictividad social, no sólo obrera, se multiplicó durante los meses siguientes y hasta el mismo fin del Bienio se convirtió en un elemento de tensión constante que puso a prueba al progresismo en el poder, al obligarle a un difícil equilibrio entre el orden y la tolerancia, entre el terror social y la necesidad de mantener sus bases en un mundo artesanal y obrero que cada vez basculaba más hacia la democracia radical o hacia el socialismo.

Para los conservadores, todo aquello no significaba otra cosa que la incapacidad del gobierno de Espartero, y del progresismo en general, para fijar límites nítidos a la energía revolucionaria que ellos se habían esforzado en bloquear desde la década de los treinta. Como escribió Pedro José Pidal a María Cristina: «Estas gentes no saben más que destruir: han acabado con la hacienda, con la administración, con el ejército, con la confianza, con todo y han dado con su conducta débil aliento a los carlistas y a los anarquistas […] El mismo orden de las cosas acabará con ellos[11]».

Sin embargo, no era pasividad y espera en el libre desenvolvimiento de las cosas lo que quería el ala más reaccionaria del moderantismo. Aunque cada vez con menos fuerza, en su seno seguían alentando esperanzas conspirativas que tenían a la Corona como eje. Así, Castillo y Ayensa escribió en octubre de 1855 al secretario de la reina madre, Antonio Rubio, planteándole la posibilidad de que María Cristina apoyase una estrategia a medio plazo para que la reina diese un golpe de efecto que concitase en torno suyo a todas las fuerzas de la reacción:

El motivo más fundado que la Reyna puede tener para protestar es el de la nueva Constitución, en el momento en que se concluya. Una Constitución hecha sin ningún género de intervención de su parte, que altera por esta causa todas las condiciones fundamentales de la Monarquía española, y destruye de raíz el principio monárquico; una Constitución que en su base 2.ª altera el gran principio de la unidad religiosa, primero y más poderoso principio de la nacionalidad española, bien puede, bien merece ser protestada por una Reyna que se precie de descender de Isabel la Católica y de Felipe 2.º. Digo más, y es que habrá degenerado de tan grandes e ilustres progenitores el Monarca que acepte una Constitución semejante; y que el miedo no le servirá ya más de disculpa porque los Reyes tienen la obligación de vencerlo […] Amigo mío, los Reyes son nada cuando llegan al estado en que hoy vemos a Isabel 2.ª: los reyes tienen una fuerza incomprehensible cuando consiguen herir la imaginación de los pueblos con un gran acto.

El gran acto que pedía Castillo era una protesta por escrito de la reina, precedida de un escrito a las Cortes, en el que se negaría a sancionar una Constitución en la que no se había tenido en cuenta el punto de vista de la Corona: «Lanzado este escrito a las Cortes como una bomba, la Reyna no tenía que hacer nada, sino estarse a ver venir […] diciendo resueltamente que está conforme con que le quiten la Corona, antes que faltar a su conciencia y a su honra». Castillo descartaba la posibilidad de que la integridad física de la reina corriese peligro: «No creo que se atreviesen a tanto, ni que el Cuerpo Diplomático, incluso Howden, consintiera el menor atentado sobre su persona. Retirada falsa del Ministerio, revolución en las Cortes, confusión en todas partes, declaración parlamentaria de que la Reyna había dejado de reinar por no querer someterse a la voluntad nacional, y aquí se concluía todo». Preveía que, quizás, Isabel II fuese desterrada, pero eso sería, a su juicio, la mejor de las noticias pues obligaría a todos los indecisos a un gran movimiento contra la situación que acabaría, como en 1843-1844, desalojando al progresismo del poder: «¡Mejor! Del gran conflicto nacería sin duda la mejor ocasión para que se decidiesen a obrar a favor suyo los que lo desean y lo proyectan. Éste era el caso de Don Ramón y de todos sus allegados, en cuyo número me cuento a pesar de no ser militar; éste es el momento de declararse todos los militares que aún conservan alguna honra, éste es el de resolverse los indecisos, éste es al fin el de obrar ya con sobrado fundamento la Malacasa». Para Castillo, la cuestión estaba tan clara que aseguraba que don Ramón (Narváez) ya tenía preparados los decretos que debería dar una vez hecho con el poder y llegaba hasta rozar el insulto o el desacato al escribir: «En el día, digo, del juicio final se verá (y no más) si Isabel 2.ª es o no digna del trono: quedará si lo es, y no lo ocupará en el caso contrario. Esto es hoy un artículo de fe para mí».

La gran preocupación de José Castillo procedía de la pobre opinión que le merecía la personalidad y la firmeza de ánimo de la reina Isabel. Sin preguntarse si a ésta le convenía o no, si quería o no, seguir sus consejos, daba por supuesto que todo se haría, como durante la regencia de Espartero, desde la Malmaison. Como en 1843, era María Cristina quien debía convertirse en la dirigente oculta, en la instigadora, de la conjura. Todo el plan dependía de ella e Isabel II sería, de nuevo, la bandera que se utilizaría. Esta vez, sin embargo, las gentes como Castillo ya no podían contar con María Cristina.

La exregente ni siquiera se dignó contestar personalmente y lo hizo a través de Rubio. En una carta muy medida, y un punto condescendiente, el secretario de la reina madre negó, en primer lugar, la capacidad de influencia sobre su hija que Castillo le suponía a María Cristina. En todo caso, añadía, de tenerla no aconsejaría jamás la abdicación: «Nuestras circunstancias lo que requieren es altísima prudencia y habilísima dirección[12]». María Cristina había salido muy mal parada de la revolución de 1854 y, en sus actuales condiciones, no quería hacer caer sobre ella la responsabilidad de una conspiración que debía parecerle mal pensada, atrabiliaria en sus medios y confusa en sus apoyos.

Los descontentos eran muchos, pero la opción de un golpe puramente reaccionario que, como sugería el propio Castillo, debería contar con el apoyo de los carlistas (dada la escasez de fuerzas moderadas), no la convencía en absoluto. Las seguridades sobre la decidida participación de Narváez tampoco estaban suficientemente contrastadas y, además, María Cristina dudaba, con razón, respecto al predicamento actual en el ejército de don Ramón. Desde 1853-1854, tras la gran desbandada hacia las filas del puritanismo de un número significado de la alta oficialidad del ejército, el general que de verdad lo controlaba no era ni Espartero ni Narváez, era Leopoldo O’Donnell. Como informó a París el marqués de Turgot, reconociendo que trabajaba prudentemente cerca del ministro de la Guerra y de sus amigos, «el general O’Donnell y los generales que tomaron parte en el pronunciamiento del año pasado (Serrano, Ros de Olano, Messina, Dulce, Zabala) son hoy la última esperanza del partido del orden y de la Monarquía. Tienen lo fundamental del ejército en sus manos y están dispuestos a emplear la fuerza que tienen. En el momento en que el partido revolucionario se decida a tirar la máscara, ése será el gran día[13]».

En la preparación de aquel «gran día» colaboraban cada vez más personas importantes y, entre ellas, ocupó sin duda un papel destacado el embajador francés. Sus consejos a la familia real, y en especial a la reina, comenzaban a dar frutos. Esos consejos iban en el sentido de que Isabel II cultivase una calculada pasividad limitándose a resistir, «allá donde pudiese», sin dar ocasión a ser expulsada del trono. Aquella prudentes recomendaciones, transmitidas directa e indirectamente a la reina, estaban asentadas en la convicción de Turgot (que también era la de María Cristina) de que, pronto o tarde, Espartero y O’Donnell chocarían. Cuando eso ocurriese, se podría sin duda contar con don Leopoldo para lograr un cambio de rumbo por medios pacíficos y políticos, apoyados eso sí en la fuerza que significaba contar con la mayoría del ejército.

Todo esto explica que, a partir del verano de 1855, fuese tomando cuerpo, entre las filas conservadoras, una iniciativa más política que violenta de cara a poner punto final a la cada vez más precaria hegemonía progresista. Como escribió en su momento Juan Valera, «el instante en que las Cortes suspendieron sus sesiones, en julio de 1855, divide la época revolucionaria en dos períodos distintos […] En la primera sube el empuje revolucionario […] a partir de entonces ganan fuerza los intentos de reacción conservadora[14]». A la primera parte de la legislatura corresponden, de hecho, las grandes iniciativas que —junto con las bases de la Constitución— fueron discutidas y aprobadas: la ley de desamortización de mayo y la ley general de ferrocarriles de junio de 1855. A la segunda parte, leyes como la de bancos de emisión y sociedades de crédito (enero de 1856), pero también una ley de presupuestos (abril de 1856) que restablecía subrepticiamente los impuestos de consumos bajo la denominación de «derrama general». De entonces datan asimismo los intentos más serios de contener a la milicia nacional, a la que ya se había prohibido discutir sobre asuntos públicos en abril de 1855, y que ahora experimentó serias depuraciones, impulsadas en buena medida por O’Donnell. De esta segunda etapa procede también la resuelta represión de las diversas manifestaciones de descontento popular y, singularmente, del motín contra las quintas en Valencia (abril de 1856), que supuso el desarme casi total de la milicia en aquella provincia, etcétera[15].

La cuestión del control de la milicia nacional era fundamental para el grueso del ejército y, en concreto, para los vicalvaristas que, desde los mismos inicios del nuevo régimen, habían sentido que les era arrebatado, a través de ella, una parte importante de su poder. El 17 de octubre de 1854, Concha, Messina, Serrano y otros habían hecho insertar en El Diario Español un artículo en defensa de su monopolio sobre la fuerza militar que era, por otra parte, la que había abierto todo el proceso de cambio de régimen. El resentimiento respecto a Espartero y los progresistas, así como las amenazas veladas, subyacen a un texto que comenzaba criticando la paralización de las quintas y, por lo tanto, las dificultades de reorganización del ejército, a su juicio disminuido frente a la milicia nacional:

¿Quién se haya interesado en que el ejército concluya por inanición? ¿Quién se atreve a desconfiar de esos hijos del pueblo que son los primeros que se han levantado para devolvernos la libertad, para desagraviar nuestro decoro, para lavar la negra mancha que nos envilecía ante la Europa, para restaurar el imperio de la moralidad destruido y para derrocar una situación que era la negación de todo lo bueno, de todo lo justo, de todo lo racional, de todo lo moral y de todas las garantías sociales? ¿Quiénes fueron los primeros a sufrir la explosión del encono que abrigaba el vengativo pecho de Sartorius? Los senadores que pertenecían a las filas del ejército. ¿De dónde salió la primera protesta de la fuerza material en pro de la santa causa que triunfó últimamente? […] ¿Quién dio el primer grito a favor de la Milicia ciudadana, de la soberanía nacional, y de un trono libre de la deshonrosa camarilla? […] El ejército, el ejército, el ejército (que también se levantó en Barcelona, en Zaragoza, Valladolid, San Sebastián…). Y sin embargo se recela del ejército y se cavila sobre el ejército, y se procura bajo frívolos pretextos impedir la reorganización del ejército[16].

Fueron precisamente estos generales los que, a principios del otoño de 1855, se presentaron a O’Donnell pidiendo su colaboración para un golpe contra la anarquía. Tanto O’Donnell como la reina (cada vez más cerca uno de otro) contestaron a aquellas insinuaciones con la necesidad de que, antes, se lograse una mayoría en las Cortes de la que pudiese salir un ministerio «legal» que les diese la justificación necesaria para dar un golpe de fuerza en contra de Espartero y del progresismo[17].

Fue también la cuestión del control de la milicia —junto con el grave problema financiero— lo que provocó una última crisis ministerial por la cual salieron prácticamente todos los ministros (incluido el ministro de Hacienda Pascual Madoz y el de Gobernación interior Francisco Santa Cruz) y sólo quedaron del ministerio original Espartero y O’Donnell. La composición del nuevo gobierno no hizo sino reforzar a este último, que asumió, junto con la de Guerra, la crucial cartera de Estado[18]. Un gobierno, escribió el embajador francés, «en verdad moderado», al que se esforzó por sostener «con mis consejos y apoyos», especialmente en el delicado tema de la ruptura con Roma, para el cual utilizó su larga amistad con monseñor Franchi. El mismo Turgot fue el responsable de transmitir un mensaje a París con el encargo de O’Donnell de facilitarle un contacto especial con el emperador para hablar de la situación española, «que si va a estar durante el verano en el Sur de Francia, le gustaría poder enviar una persona importante para cumplimentarle en nombre de la nación española […] Yo negocio febrilmente (respecto a Roma y otros asuntos) pero los ministros le tienen miedo a las Cortes[19]».

En efecto, en las Cortes era donde los conservadores querían dar la batalla para crear las condiciones que permitiesen, en la medida de lo posible sin recurso a la fuerza abierta, hacer caer al gobierno progresista o, más exactamente, hacer caer a los ministros progresistas del Gobierno y notablemente a Espartero. Nada más reabrirse las sesiones, las fuerzas conservadoras realizaron su intento más serio de reorganización política a través del llamado Centro Parlamentario, impulsado por políticos como Ríos Rosas, Alonso Martínez, Manuel Cantero, Vega de Armijo o el marqués de Perales; militares como los hermanos Concha, Juan Prim, Ros de Olano o Francisco Serrano; y con la colaboración de progresistas como Manuel Cortina y Claudio Luzuriaga. Su objetivo era apoyar al nuevo gobierno, mucho más moderado, dotándole de estabilidad parlamentaria y propiciando que se acabase cuanto antes con el período constituyente. La Época divulgó, en esos primeros días de marzo de 1855, el programa de aquel amplio grupo de diputados que aseguraban no querer otra cosa que «tener en la Cámara y ante país una actitud resuelta, que conjure así los peligros de la reacción como de la anarquía, partiendo de la legalidad existente, reuniéndose semanalmente, aparte de las convocatorias extraordinarias que tendrán siempre lugar por cualquier cuestión que lo exija, y no dejando pasar debate alguno en las Cortes sin que los primeros oradores de ella hagan oír su voz a la mayoría de la nación[20]».

Aunque sólo fuese implícitamente, el Centro Parlamentario esperaba que, disueltas las Constituyentes, el poder basculase hacía O’Donnell, quien, a juicio de Turgot: «Avanza lentamente y sin prisas hacia su objetivo: el poder único y la disposición general de los espíritus le ayuda así es que quizás lo logre pronto». Una situación que el embajador consideraba buena para Francia porque «no habría que temer ningún movimiento violento. Creo que no habría lucha sino arreglo debido al cambio y cansancio de la opinión pública[21]». O’Donnell, además, y gracias en parte al propio Turgot, gozaba cada vez de más predicamento en Palacio: «por interés y conveniencia, se entiende, y no porque allí fuese más amado que Espartero; pero Palacio podía poco entonces, y en cambio las Cortes podían mucho[22]».

Frente al intento de reorganización de los conservadores —que consiguió atraer a un buen número de progresistas resellados, formando el más firme embrión de lo que luego sería la Unión Liberal— los progresistas puros intentaron retomar la iniciativa fundando, el 30 de marzo de 1856, el llamado Centro Progresista, liderado por Allende Salazar, Gurrea, Calvo Asensio y Fernández de los Ríos, entre otros. Su objetivo era desmarcarse claramente de los conservadores y de los «santones» del progresismo y —según el manifiesto redactado por Olózaga— lograr, a su vez, llevar al poder a los puros para poner punto final a la coalición con los vicalvaristas. Durante toda su existencia, este Centro Progresista osciló entre la colaboración con las culturas demo-republicanas y el temor a un radicalismo que desbordase el programa de su partido[23]. Durante toda su existencia, además, llevó sobre sus espaldas el peso muerto del general Espartero.

En efecto, el supuesto líder indiscutible del progresismo había acabado por convertirse en un obstáculo, ambivalente pero operante, para una reorganización sólida del progresismo, capaz de frenar la marea conservadora. En una maniobra muy calculada, los promotores del Centro Parlamentario nombraron en su momento una comisión —integrada, entre otros, por Perales, Vega de Armijo, Bayarri y Laserna— para que se entrevistase con don Baldomero y le ofreciese su apoyo a cambio de su colaboración en el restablecimiento «del principio de autoridad, garantía de la libertad y del orden social». La Iberia respondió asegurando que Espartero era el auténtico jefe del Partido Progresista «y su principal objetivo no puede ser otro que fomentar y mantener la unión de los buenos liberales[24]». Sin embargo, desde el principio, el duque de la Victoria minó las bases organizativas del Centro Progresista y su acción parlamentaria al conceder su aprobación —implícita y oportunista, pero aprobación al fin y al cabo— a la formación de su rival, el Centro Parlamentario, en tanto que grupo de apoyo al gobierno constituido.

Por otra parte, bloqueó una y otra vez todas las iniciativas radicales de los progresistas puros y, desde luego, sus intentos de establecer una alianza con los demócratas para escorar el régimen hacia la izquierda. Desde las filas unionistas, un historiador testigo de los hechos, valoró así la actitud del general:

Es innegable que, en diversas ocasiones, si Espartero hubiera sido menos inocente y candoroso, si hubiera tenido planes y ambición, y si hubiera dado oídos y asentimiento a los que querían llevarle por la pendiente revolucionaria, no hubiera hallado dificultades en descartarse de su incómodo compañero, que al cabo le arrojó del poder. Espartero, sin embargo, justo es reconocer en él esta maravillosa buena fe, esta abnegación y este patriotismo, acudía siempre a parar los golpes que la izquierda asestaba contra O’Donnell, haciéndose solidario de su política y en cierto modo saliendo fiador de su conducta[25].

Desde «la izquierda», la valoración de aquella maravillosa buena fe y de aquel candor era bastante distinta. Todo un sector del progresismo, y por supuestos los demócratas y republicanos, acusaron más tarde a Espartero de haber propiciado la caída del régimen al bloquear una y otra vez la ruptura de la coalición revolucionaria en un sentido netamente progresista. Entre las valoraciones más suaves, se encuentra la de Fernández de los Ríos: «Espartero quería la libertad porque amaba al pueblo; pero le repugnaba el ruido de la libertad porque ante todo era soldado amante de la disciplina, y de otra parte se gloriaba de ser monárquico y leal[26]».

Un hombre más calculador, más previsor y ambicioso que Espartero pudo convertirse en el aglutinante del progresismo y condicionar la vacilante política del duque de la Victoria. Se trataba de Salustiano de Olózaga, definido por el embajador británico como «el único hombre posible para aglutinar al progresismo, si contaba con el apoyo de Espartero […] tiene considerable vanidad, una importante cantidad de personalismo en su manera de ver las cosas y las personas, cierta exageración y cierta capacidad de resbalar sobre los principios si le conviene […] una gran inteligencia, una larga experiencia en revoluciones y tendencias filosóficas que son tan raras en un español[27]».

A pesar de las pocas ganas que tenía el gobierno de que lo hiciese, Olózaga había decidido volver una vez más de París y tomar asiento en las Constituyentes para convertirse en el gran orador progresista frente al líder del Centro Parlamentario, Ríos Rosas. Su gran triunfo fue lograr introducir el Senado electivo entre el articulado definitivo de la Constitución: «Lo más importante, el gobierno asistió al debate pero se ausentó en el momento de la votación. Lo que ha demostrado es que no tiene ideas propias en asuntos importantes o que no tiene valor para manifestarlas[28]». Tras aquel triunfo decisivo, ya no hubo más. Hubo roces continuos con los sectores conservadores del gobierno y debates ganados retóricamente, que dejaban al gobierno en ridículo pero que no suponían un cambio claro de orientación. A Olózaga le faltó en todo momento decisión y, además, precisamente lo que más necesitaba, el apoyo aunque fuese implícito de Espartero.

La rivalidad entre ambos seguía subsistiendo y don Salustiano estuvo retrasando su entrada en el gobierno hasta que ya no quedó gobierno en el que entrar. Él y los otros líderes del progresismo puro se vieron combatidos, no sólo por los hombres del Centro Parlamentario (embrión de la Unión Liberal), sino por aquel «líder indiscutido» del Partido Progresista que se aferraba a una neutralidad que era ya, a todas luces, imposible. En ocasiones singulares, como en el debate sobre las medidas tomadas por O’Donnell ante los disturbios de Zaragoza en noviembre de 1855 o en Valencia en abril de 1856, Espartero salió siempre en defensa de su ministro de Guerra, lo que obligaba a un sector no despreciable del progresismo a votar contra sí mismo.

Un incidente revelador en ese sentido se produjo durante la discusión del principio constitucional de la igualdad civil y de la admisión de todos los españoles, sin distinción, para la provisión de empleos. En aquella discusión Olózaga apoyó la enmienda del diputado republicano Estanislao Figueras para que el artículo comprendiese los empleos en Palacio, pues entendía que para éstos debería dejar de requerirse la posesión de un título de nobleza. O’Donnell habló en contra de la enmienda por considerar que su espíritu era hostil a la Corona y Olózaga la defendió buscando dividir al gobierno y provocar una crisis. Espartero, sin embargo, apoyó a O’Donnell tildando la enmienda de contraria a la monarquía y declaró que no daba derecho a nadie para que dudase de sus sentimientos de fidelidad a Isabel II. A raíz de aquel incidente, Olózaga presentó su dimisión como embajador en París, pero luego acabó retirándola. La mayoría del progresismo, partidario en el fondo de la igualdad en el acceso a los empleos, incluidos los de Palacio, se vio obligado a votar con el Gobierno[29].

De todas aquellas escaramuzas, la posición de O’Donnell salía reforzada mientras que Espartero «engañado por Isabel uno y otro día, venía a defender ante la Asamblea a su mortal enemigo de las acusaciones que se le dirigían […] abusando pues de su popularidad, hacía traición al partido progresista, sirviendo de puntal a O’Donnell frente a los embates de la ola revolucionaria». En todas las batallas en la Asamblea contra los vicalvaristas, durante la segunda parte de la legislatura, los progresistas puros y los demócratas estaban básicamente de acuerdo, «pero los puros, por respeto a su jefe, por deferencia a Espartero, se replegaban siempre en el momento de decidirse las votaciones[30]». En un sentido similar, se pronunció el marqués de Miraflores: «En esta lucha el partido revolucionario llevó siempre la peor parte, y a pesar de sus incansables esfuerzos y de su actividad en la lucha, sufrió sucesivos descalabros, que produjeron una verdadera derrota moral, preparándose el momento de llegar a convertirse en material[31]».

No dejaba de tener razón Karl Marx cuando, en su valoración de la revolución de 1854 y de su indiscutido líder, decía: «Espartero es uno de esos hombres tradicionales que el pueblo acostumbra a cargarse a las espaldas en el momento de crisis sociales y que, como el perverso viejo que hundía obstinadamente sus piernas en torno a Simbad el marino, son luego muy difíciles de descabalgar[32]». Si cambiamos la palabra «pueblo» por la de progresismo, la valoración de Marx no puede ser más ajustada. Sin embargo, no es posible quedarse con esta visión general que otorga a Espartero la absoluta decisión (por indecisión) de lo que pasó. Interesa más analizar —y aquí hay todo un trabajo por hacer que las escasas monografías sobre el Bienio no han agotado— las causas y las características de la extrema descomposición ideológica y organizativa de los dos grandes partidos tradicionales de moderados y progresistas. También de los demócratas. Como reconoció La Soberanía Nacional era la desorganización absoluta de la oposición lo que convertía en imprescindible la continuidad de Espartero al frente del gobierno y se dirigía a él diciendo: «Hasta que no se presente un verdadero partido, bien organizado, con su sistema de gobierno en la mano, estáis en justicia al abrigo de todo ataque vulgar, de todo cargo serio». Su responsabilidad era, únicamente, «no poner algo de su parte para traer las cosas al centro natural[33]».

La enorme fragmentación política de todos los partidos, y notablemente de los viejos partidos moderado y progresista, tenía causas múltiples, pero en ella, a mi juicio, incidió de forma muy evidente el surgimiento de dos fuerzas que minaban las bases de los partidos tradicionales, así como sus fundamentos ideológicos. Por una parte, la embrionaria Unión Liberal, que demostró desde sus mismos orígenes una extraordinaria capacidad para restar apoyos por la derecha al progresismo y por la izquierda al moderantismo. Por otra parte, la creciente fortaleza del Partido Demócrata, que hacía lo propio por la izquierda, respecto al progresismo. Todo ello, junto con la fuerte sensación de amenaza de revolución o de reacción que planeó sobre todo el Bienio, propició la incapacidad del progresismo para desembarazarse de la tutela de Espartero, lo cual agudizó, de forma muy intensa, su desconcierto político. Fernández de los Ríos, en su espléndida y desencantada valoración del personalismo y la indisciplina de los partidos durante aquellos años, y especialmente del Partido Progresista, ya insistió en su momento en que buena parte de la responsabilidad última de la capacidad de reacción de la Corona y del ejército controlado por O’Donnell, fue debida a ese «atomístico fraccionamiento de nuestros partidarios […] la sobra de personalismos, de miras estrechas, de pretensiones personales, de cálculos egoístas […] que no revela exuberancia de vida, sino sobreexcitación nerviosa, apetitos morbosos, cansancio, extenuación, verdadera anemia[34]».

En efecto, el Bienio murió en buena medida producto de las propias contradicciones internas del progresismo, una sustancial parte del cual estaba ya profundamente intoxicada de doctrinarismo por temor al empuje demócrata. Como escribió Fernando Garrido, Espartero y los progresistas «han temido siempre más a la muchedumbre que los levanta, que los sostiene, que vierte por ellos su sangre, que a la corte que los escarnece, que los insulta, que los diezma y los arroja a los calabozos y la deportación[35]». Esto no era totalmente cierto. Los progresistas habían conseguido neutralizar a la Corona en muy buena medida, como demostraba la incapacidad de ésta para organizar la reacción. Su problema en aquellos momentos no era tanto su subordinación a la Corte como su incapacidad para convertirse en un partido parlamentario sólido, con opción de gobierno, independiente de los hombres de Vicálvaro, de Espartero y de la constante agitación popular. Como dijo en su momento el embajador Howden, «los progresistas se encuentran en la agradable posición de tener que elegir entre la bayoneta y el cuchillo[36]». Es evidente que, en su mayoría, eligieron la bayoneta y ésta, es decir el ejército, en realidad respaldaba mucho más a O’Donnell que a Espartero.

Mientras, la reina, a falta de otras formas de expiar sus inquietudes religiosas, financiaba una desastrosa expedición misional a Guinea y, desde la Corte, se hacía público simultáneamente un supuesto intento de atentado y otro aborto regio[37]. Para entonces, las relaciones entre los reyes y O’Donnell se habían estrechado lo suficiente como para que Isabel II, bastante más inteligente que su marido, comenzase a ver factible la posibilidad, y la ocasión, de desembarazarse de Espartero sin recurrir a medidas extremas. La posibilidad y la ocasión que esperaban era la disolución de las Constituyentes, una vez concluido el debate constitucional.

El embajador francés informó de las vías de «reacción suave» que abría aquella coyuntura: «Creo que pronto se votará la Constitución y se pasará a sanción real. Tiene razón la prensa para pensar que, a pesar de las presiones que recibirá en contra, la Reina esta vez no opondrá resistencia y tristes escenas como las de la desamortización […] En efecto, esta marcha prudente presenta más que nunca ventajas. Es probable que la disolución de las Cortes Constituyentes sea seguida de la retirada voluntaria del Duque de la Victoria y que, entonces, un ministerio presidido por O’Donnell recibirá la misión de preparar nuevas elecciones y constituir un nuevo gobierno en la forma que lo impone la Constitución de 1855». Esa solución encontraría, a su juicio, apoyo en «la fatiga, la postración política del pueblo y todos sus deseos que son de mejora administrativa y material. El Senado y la Cámara de diputados podrán entonces reformar la nueva Constitución pues sus abusos habrán sido revelados por la práctica. Por el momento, la única preocupación de los buenos ciudadanos es llegar pacíficamente a la disolución de las Cortes Constituyentes, una vez esto conseguido, todo lo demás debería resolverse fácil y felizmente[38]».

La lenta pero segura estrategia de O’Donnell estaba dando resultados. Por una parte, había realizado ya importantes contactos con «los progresistas ilustrados […] pues el antiguo partido moderado cada día se hace más imposible por su imprudencia y su violencia» y su prestigio seguía creciendo en el Parlamento y en la calle, no sólo entre los sectores conservadores, sino entre los llamados «santones» del progresismo, es decir, entre aquéllos que negaban cualquier posibilidad de pacto con los demócratas y estaban cada vez más asustados por la marcha de la revolución y la incapacidad del gobierno para contener la agitación popular. En esas condiciones, don Leopoldo no dejaba de dar muestras de su creciente autoridad sobre Espartero, especialmente en temas relativos a su ministerio y a los nombramientos militares claves. El caso simbólico por excelencia de esa situación fue su decisión de destituir, como Capitán General de Zaragoza, a uno de los íntimos del duque de la Victoria, el general Gurrea. De hecho, el viejo amigo de los progresistas, lord Howden, se vio obligado a reconocer a su ministerio, en febrero de 1856, que «O’Donnell es la persona que realmente gobierna y resume en sí mismo el gobierno[39]».

Junto a Ríos Rosas, el conde de Lucena fue quien con más ardor defendió la disolución de las Constituyentes, una vez acabada la redacción y votación definitiva de la Constitución en enero de 1856. Sin embargo, los progresistas puros y los demócratas no estaban dispuestos a ello. Por una parte, temían un nuevo enfrentamiento con la Corona a la hora de la jura o la sanción en un momento en que su debilidad política era evidente. Por otra parte, eran conscientes del creciente peso político de O’Donnell y de su grupo, y temían que unas nuevas elecciones a Cortes ordinarias diesen la mayoría a los conservadores. Por todo eso y por su desconfianza hacia Espartero, progresistas y demócratas se parapetaron una vez más tras la noción de soberanía nacional y se negaron a ser disueltos. Justificaron su postura por la necesidad de incluir en el texto fundamental las leyes orgánicas sobre diputados, Consejo de Estado, relaciones entre los dos cuerpos colegisladores, gobierno provincial y municipal, organización de los tribunales, imprenta y milicia ciudadana.

El embajador francés expresó su desánimo en un despacho en el que, sin embargo, renovaba sus predicciones de una crisis inminente:

Siempre he creído que, a menos que haya acontecimientos imprevistos, esta crisis llegará hacia junio o julio porque en esa época las Cortes Constituyentes estarán obligadas a disolverse o a demostrar su intención de perpetuarse revolucionariamente, puesto que la Constitución está votada y no promulgada y no habrá faltado tiempo para votar las leyes orgánicas anexas a la Constitución. En el primer caso (la disolución voluntarias de las Cortes), el mariscal Espartero, privado de ese punto de apoyo revolucionario, se encontraría situado en una posición falsa y obligado a retirarse voluntariamente para evitar ser forzado a ello, pagando su persistencia quizás con el exilio o la proscripción. En el segundo caso (la promulgación de la Constitución con prolongación de las Cortes) no hay duda de que la opinión pública sería tan hostil a esta usurpación de poder que tendría pocas oportunidades de durar y sería prontamente seguida de resistencias y muy probablemente de un nuevo pronunciamiento militar, pues el ejército sufre todavía más que la población civil la especie de preponderancia que se atribuye por todas partes y en todas circunstancias a la Milicia Nacional. En resumen, el estado actual de cosas no puede prolongarse. A medida que nos acerquemos a junio y julio (época de suspensión de las Cortes por el calor) más posible se hace que una solución imprevista tenga lugar, especialmente si el duque de la Victoria y su entorno persisten en atacar a los generales de Vicálvaro y en intentar alejarlos de los puestos de mando; medida que saben muy bien que no será aceptada sin resistencia[40].

La artificial prolongación del periodo constituyente en un país cansado y al tiempo profundamente agitado fue un último y desesperado cartucho por mantener vivo el impulso revolucionario de julio de 1854. La coyuntura era pésima. Francia se alejaba cada vez más del régimen progresista, pues temía por la integridad de sus cada vez más numerosas inversiones en el país. El entusiasmo inicial de Inglaterra se iba enfriando al no lograr ninguno de los tratados de comercio preferente que esperaba: «Estas gentes piden mucho y no dan nada», escribió Howden[41]. El mismo embajador había escrito poco antes a su ministerio describiendo las muestras de mayor confianza en sí misma que daba la reina al tiempo que era evidente el retroceso de la marea revolucionaria y el creciente peso de la opinión conservadora. Así, con indisimulada condescendencia y aparente bochorno, Howden relató en uno de sus informes un aparte con Isabel II en el que ésta se le había acercado, hasta el contacto personal, y «haciendo sonar sus dientes con la punta de sus uñas, a la manera de las mujeres más vulgares de Madrid, le había dicho: Entiéndelo, no le tengo miedo a nada ni a nadie, a nadie, a nadie[42]».

Isabel II se sentía fuerte. Sus nuevos apoyos le daban esa sensación de seguridad que llevaba casi dos años buscando. Mientras O’Donnell combinaba sus maniobras políticas con su asistencia (cirio entre las manos incluido) a diversas ceremonia religiosas para agradar a la reina, el embajador francés le aseguraba que, concluida la guerra de Crimea y liberada de las inquietudes que ésta había producido, Francia podría ocuparse de ayudar a España a mejorar. «La paz —escribió a su ministerio— redunda a favor de la influencia francesa». Una buena noticia para la reina y también para Turgot que, en estos meses, no dejó de informar a su ministerio de sus diferencias, «una pequeña guerra sorda y oculta», con lord Howden, a quien acusaba, de nuevo, de ser partidario declarado «del partido progresista más extremo» y mostrarse incapaz de llevarse bien ni con Espartero ni con O’Donnell. De hecho, al parecer, Howden habría apoyado al progresista puro Juan Corradi, director de El Clamor Público, para un puesto ministerial mientras Turgot, en sus propias palabras, «habría dedicado todos sus esfuerzos y su influencia en alejar del poder a los elementos revolucionarios y hacer predominar las opiniones conservadoras y gubernamentales a fin de tener las oportunidades más favorables en el día no muy lejano de la crisis […] Me veo forzado a confesar a V. E. que nunca he encontrado un auxiliar en Lord Howden y más bien creo que le tengo como antagonista[43]».

Era Turgot, sin embargo, quien iba ganando terreno a medida que lo hacían los conservadores. A finales del invierno anunciaba a su ministerio que «hay verdadero movimiento entre los de Vicálvaro, más Prim. Estamos cada vez más cerca de la crisis inevitable que debe desanudar esta situación tan ambigua donde dos principios tan opuestos se mantienen en equilibrio durante casi dos años […] El descenso de la popularidad de Espartero es evidente, incluso entre sus partidarios, a pesar de mantenerle el afecto, se habla en voz baja de su incapacidad política […] la necesidad de un gobierno activo y enérgico se hace sentir más vivamente[44]».

Durante la primavera, la situación se enrareció. La rivalidad entre Espartero y O’Donnell era de dominio público y materia habitual de discusión de la prensa cada vez que se tomaban medidas polémicas en uno u otro sentido, como, por ejemplo, la actitud a raíz de los movimientos revolucionarios de Valencia, los nombramientos en el ejército, la prolongación de las Cortes o la represión de las algaradas provocadas por radicales de uno u otro signo. Mientras Turgot trataba de desmentir los rumores propagados por Howden —quien aseguraba en privado y en la Corte que el emperador estaba negociando con Narváez una intervención en España—, el periódico francés Le Constitutionnel parecía dar la razón al embajador británico al describir la situación española como caótica y lesiva para los intereses franceses y concluir con una velada amenaza de intervención armada. Casi al mismo tiempo que llegaba a Madrid la noticia de ese artículo —que provocó ataques a Francia y al emperador por parte de la prensa demócrata y progresista—, un grupo de hombres armados asaltó la redacción del periódico satírico antiprogresista El Padre Cobos, amenazando con prenderle fuego si seguía atacando a Espartero. El embajador francés relató a su Gobierno la inquietud ciudadana y la impaciencia de la Corte: «Yo le digo a todo el mundo que el calor se encargará de dar la solución[45]».

La situación tenía también su lado tragicómico y en esa tragicomedia, como siempre, se veía envuelta la familia real. A principios de junio corrieron rumores de que se había querido atentar contra la vida de la reina y que se había descubierto una conspiración muy avanzada. La familia real no acudió a su cita en el Teatro del Circo y la prensa habló de la verosimilitud de los rumores a la luz de los varios atentados fracasados contra Luis Napoleón. Su embajador en Madrid se apresuró a demostrar el grado de intimidad que tenía con las autoridades al relatar la versión policial de lo sucedido.

Al parecer, un tal Arredondo (cercano a los círculos más radicales) habría organizado en Madrid una sociedad secreta con el objetivo «si no de matar a la Reina sí de darle un susto que la obligará a mudar la marcha política». Viendo que la sociedad no daba los frutos deseados y que prácticamente estaba disuelta, Arredondo se dirigió a uno de los jóvenes implicados (un oficial de carpintero) y le comunicó que le había tocado en suerte disparar contra Isabel II en uno de sus paseos y que, «si no lo hacía, sería herido de muerte por sus compañeros de sociedad». Poco después comenzaron a llegar delaciones y anónimos a Palacio y al Gobierno Civil, y el 28 de mayo fue detenido un joven (llamado Ramón Fuentes) cuando intentaba disparar sobre la princesa de Asturias a su paso por la calle Arenal. La policía descubrió que el propio Arredondo había ido a denunciar el caso a Palacio y que los anónimos los habían escrito otros miembros de la sociedad que no querían cumplir sus promesas. Más aún, el detenido con el arma se había delatado a sí mismo para evitar que le matasen sus compañeros por no atentar. «Reducése, pues, este grave suceso —informó Turgot— a un juego terrible o a un proyecto de estafa, pues unos obraron por miedo y otros con objeto de utilizar la denuncia de los crímenes que ellos mismos habían fraguado. La circunstancia real y positiva de haber existido una sociedad con el reprobable fin de asustar cuanto menos a la reina, ha obligado a la autoridad civil a hacer algunas prisiones preventivas que son las que han levantado la polvareda […] El estado que tiene esta causa nos obliga a ser muy parcos en reflexiones, limitándonos a lamentar un estado social en que sean posibles sucesos semejantes[46]».

Más allá de la anécdota, sucesos como aquél —magnificados por la prensa conservadora— no hacían sino incrementar la sensación de caos y de falta de control por parte de las autoridades en un momento en que todo parecía venirse abajo y los periódicos anunciaban un estallido de la coalición gubernamental por un enfrentamiento abierto entre Espartero y O’Donnell. Don Baldomero parecía salir, a intervalos, de su apatía y exigir al ministro de Guerra que tomase medidas contra aquéllos que casi abiertamente conspiraban contra él, como el general vicalvarista Ros de Olano, cuya retirada del decisivo puesto de director de Infantería y su reemplazo por uno de los suyos exigió Espartero, medida que O’Donnell se negó a tomar. Como siempre, aquel enfrentamiento se saldó con una nueva componenda. Ros de Olano fue trasladado a la Dirección de Artillería (no menos importante) y el general Hoyos (criatura de Espartero) ocupó el cargo de Infantería. A cambio, el muy hábil O’Donnell consiguió colocar a Francisco Serrano, otro general vicalvarista, en la absolutamente crucial Capitanía General de Madrid que, como informó Turgot a su ministerio y los hechos demostrarían, «es de la más alta importancia en caso de colisión […] El general O’Donnell espera su oportunidad en el momento en que las Cortes se separen, lo que ocurrirá el 20 o 25 de este mes[47]».

La oportunidad esperada por Turgot y O’Donnell —que demócratas como Rivero venían denunciando desde enero— vino precedida por un último intento de reorganización progresista que, de nuevo, el duque de la Victoria se encargó de desautorizar[48]. En efecto, los progresistas puros se reunieron para diseñar una estrategia que frenase las graves consecuencias del último pacto entre Espartero y O’Donnell sobre destinos militares y decidieron buscar el medio de provocar otra crisis entre ellos que hiciese por fin posible deshacerse, mediante un voto de censura parlamentario, de la inquietante presencia del caudillo de Vicálvaro.

La ocasión fue la noticia de que la autoridad militar de Barcelona —el capitán general Zapatero— había disuelto una red de comités progresistas correspondientes de los madrileños, a los que acusaba de contravenir la legislación vigente en materia de asociación. Se presentó entonces en las Cortes una moción de repulsa a Zapatero que O’Donnell combatió con dureza arguyendo que los partidos no podían, ni debían, actuar fuera del Parlamento. A su juicio, aquel tipo de organización equivaldría a tolerar un Estado dentro del Estado y a fomentar la anarquía. Recordó a la Cámara que el ministerio había votado «por unanimidad» la disolución de los comités y que hacía de la aprobación de aquella medida una cuestión de gabinete. El órdago político de los progresistas había sido contestado con un contundente veo. Ahora era O’Donnell —cada vez más seguro de sus apoyos parlamentarios y extraparlamentarios— el que aprovechaba la ocasión para forzar una crisis gubernamental y humillar una vez más a Espartero. El duque de la Victoria colaboró ampliamente en su propia humillación. No sólo votó con O’Donnell, sino que hizo algo más: expresó su irritación porque sus amigos progresistas, entre ellos su lugarteniente Allende Salazar, hubiesen apoyado la moción de repulsa. La desautorización del progresismo, su impotencia frente al general, llegó entonces, quizás, a su punto álgido[49].

En el enfrentamiento entre los dos generales era siempre Espartero el que reculaba cada vez que se rozaba la confrontación abierta. El embajador francés informó a su ministerio de que el carácter vacilante del duque de la Victoria produce «un descorazonamiento cada vez mayor entre los puros y se asegura que sus jefes principales, Allende Salazar, Madoz y José Olózaga, piensan abandonar Madrid desilusionados». No era para menos, el general se había molestado tanto con que «una parte de sus amigos y los diputados funcionarios» votasen contra el gobierno en el tema de la disolución de los comités progresistas catalanes que ordenó «a sus ayudas de campo y a las personas que forman parte de su entorno más íntimo que den su dimisión como miembros de ese círculo[50]».

Pocos días después llegaron a Madrid noticias de graves disturbios en Valladolid, Palencia y Medina de Rioseco. Se trataba en principio de disturbios similares a los que venían produciéndose hacía meses en diversos puntos del país a causa del encarecimiento del pan y las malas cosechas en un momento en que los capitalistas agrarios exportaban masivamente cereales a Crimea. Sin embargo, la virulencia de aquellos motines castellanos, la mezcla de lenguaje tradicional y socialista que animó las quemas de molinos y de algunas casas de los hacendados de la zona, tuvo un fortísimo impacto en la opinión pública. C. L. Otway —embajador en funciones aquellos días— escribió a Londres que aquellos motines eran especialmente peligrosos porque habían dejado durante unos días los pueblos y las ciudades castellanas, tradicionalmente pasivas, en «manos de un populacho ignorante e impresionable que mira a los ricos como a su enemigo natural[51]».

El carácter preciso de aquellos disturbios nunca llegó a conocerse bien. El ministro de Gobernación, Patricio de la Escosura, fue a Valladolid para investigar los hechos, convencido de que los amotinados eran socialistas y regresó a Madrid convencido de que, en realidad, los motines habían sido instigados por los carlistas y los moderados reaccionarios. En un sentido similar se pronunció José María Orense, diputado por Palencia, quien condenó abiertamente los disturbios castellanos mientras los sectores más conservadores de la Cámara y de la opinión pública hablaban claramente de una revolución socialista que podía contaminar a todo el país.

El embajador francés informó a su ministerio (con la intención de incrementar la sensación de caos y falta de control gubernamental) que lo de menos era la filiación política concreta de los amotinados, porque

la explicación más fácil es atribuirlos a los principios subversivos puestos en práctica por el gobierno, por las recompensas nacionales que ha acordado a los perturbadores y conspiradores de todas épocas, a los cuales todavía se les vota pensiones en el momento en que el levantamiento de Valladolid llegaba a las Cortes […] por todas partes (y no sólo en Castilla) se extiende la resistencia al pago del nuevo impuesto de la derrama nacional, los municipios encargados dan su dimisión en masa […] se ha incendiado una fábrica en los alrededores de Vic […] los obreros están en agitación continua y prestos a obedecer las órdenes de insurrección que les sean enviadas desde Madrid […] Esta inquietud enorme hace presagiar una solución próxima. En Madrid se espera o una revolución socialista o un golpe de Estado del general O’Donnell[52].

La represión de los disturbios castellanos fue feroz. Se produjeron numerosos fusilamientos de hombres implicados; a las mujeres sin embargo se les aplicó el mucho más cruel y villano garrote vil[53]. Miraflores, entre otros autores conservadores, justificó la crudeza de la represión por la gravedad inusitada de los hechos: «Fue de más importancia que todos los disturbios verificados anteriormente, pues afectaba a la sociedad en sus más esenciales fundamentos, poniendo en peligro las personas y las propiedades […] esparcían el llanto y el duelo en la tranquila y sensata y monárquica Castilla la Vieja[54]».

En aquel ambiente sombrío, las Constituyentes decidieron silenciosamente, el 1 de julio de 1856, suspender sus sesiones durante el resto del verano con la fórmula de «se avisará a domicilio[55]». Inmediatamente comenzó una activa campaña conservadora para lograr que las Cortes se disolviesen en septiembre, se proclamase la Constitución y la reina eligiese nuevo ministerio. Unos beligerantes artículos en ese sentido, publicados por La Época, en los que se mencionaba la unidad del ejército y su deseo de ser garante de una situación de orden y paz ordinarios y acabar con la tutela a que estaba sometida la Corona, desató la furia de periódicos demócratas y progresistas, que veían en esto una llamada abierta al golpe de Estado[56]. La alarma era tal que un grupo de progresistas, entre ellos Fernández de los Ríos y Calvo Asensio, fueron comisionados para hablar con Espartero y exponerle sus temores: «Venancio nos rogó que esperásemos. S. E. se hallaba ocupado, no en asuntos de Estado, sino en una necesidad del momento. No pude por menos de reparar la atención en aquella circunstancia de tan malos auspicios[57]».

Peores auspicios presentó la manera en que Espartero respondió a los avisos de golpe de Estado que le llevaban sus correligionarios progresistas: «Aquel hombre acusado de ateo era casi supersticioso y decía que en la guerra y en la política se había fiado siempre de Dios, cuyas inspiraciones le guiaban». Entretuvo a sus visitantes con un larguísimo relato de las guerras carlistas, de su renuncia a los honores que le ofreció Montemolín si traicionaba a la reina, lo que nunca haría, y acabó enseñándoles —como prueba de lo sólido de su situación— las cartas autógrafas de Isabel II y San Miguel de julio de 1854, en las que le pedían que fuese a Madrid a salvar el trono. Más de una hora después y preguntado abiertamente si, en caso de disolución forzada de las Cortes, «estaría con nosotros o con quienes le rodeaban […] se levantó dándose un golpe en el muslo y aseguró que nadie podía dudar de él, que defendería las Cortes, que casi no necesitaría tropa para hacerlo, que nadie sería tan insensato, que se bastaba con cinco o diez hombres[58]».

Al día siguiente, Fernández de los Ríos publicó un artículo en Las Novedades en el que aseguraba que Espartero no toleraría ninguna acción violenta o ilegal contra las Cortes[59]. En privado, sin embargo, tenía todas las dudas posibles: «Espartero aseguró que no habrá desaire de la reina que le echase, que defendería la labor de las Cortes, que nunca se retirará a Logroño [que] tomaría un cuarto tercero de cualquier casa, pero conservándose siempre en Madrid, pronto a pelear por las prerrogativas de la Asamblea, por la libertad de mi país. Esta contestación contradictoria me hizo temer que el cuarto tercero fuera el bello ideal de Espartero, pensando que cuanto más alto fuera, hasta allí le habían de arrullar los vivas y las aclamaciones a su modestia, satisfaciendo como nunca su debilidad pueril de ovaciones populares[60]».

Los temores de Fernández de los Ríos se cumplieron con creces. El incidente que él temía que se produjese en el seno del gobierno, para forzar la dimisión de Espartero, tuvo que ver directamente con los motines castellanos. A su precipitada vuelta de Valladolid, el 11 de julio de 1856, Patricio de la Escosura trajo dos noticias igualmente alarmantes: la primera era que los motines de la Tierra de Campos habían sido instigados por el carlismo, la segunda que existía una conspiración en marcha —dirigida por O’Donnell— contra Espartero. Tras un infructuoso intento de sonsacar a la reina, Escosura se entrevistó con Espartero y le propuso que destituyese inmediatamente a O’Donnell y a todos los mandos nombrados por él. Espartero, sin embargo, dudaba, asegurando que «la reina le quería mucho, que le prefería a O’Donnell como no pocas veces se lo había asegurado, y que no le engañaría ni se burlaría de él, cuando la ocasión se presentase[61]».

En ese estado de ánimo, Escosura furioso y Espartero escamado, se dirigieron ambos a un Consejo de Ministros presidido por Isabel II. Inmediatamente se produjo un incidente entre el ministro de Gobernación y O’Donnell a propósito de los medios necesarios para reprimir los desórdenes. El primero insistió en su defensa del papel de la milicia. El segundo, le achacó buena parte de la culpa de la continua agitación social y propuso la disolución de varios batallones, entre ellos del mítico de Ligeros. Don Patricio echó leña al fuego de una discusión cada vez más violenta al presentar un nuevo decreto de imprenta cuyo preámbulo era una especie de manifiesto político, en el que veladamente se acusaba a conservadores y reaccionarios de alentar los desórdenes. Finalmente, Escosura abandonó todos los miramientos y declaró que era imposible mantener un gobierno con tal grado de desavenencia y que, por lo tanto, o él u O’Donnell debían salir del ministerio. Espartero les pidió la dimisión a ambos. Escosura la presentó, O’Donnell no.

La cuestión acabó planteándose —como había temido Fernández de los Ríos— en términos de pulso político: o salía Escosura o salía O’Donnell. La reina, a la que se le pidió mediación, decidió a favor del último. Cuando Escosura se levantó para irse, Espartero se colocó a su lado. Era él ahora quien le planteaba un pulso a la reina: o él u O’Donnell. La reina, llorando según era habitual en ella en escenas similares, le rogó a Espartero que se quedase pero, al mismo tiempo, le dijo a O’Donnell: «Tú no me abandonarás. ¿Es verdad que no me abandonarás?». A la una de madrugada, Isabel II aceptó la dimisión de todo el ministerio excepto la de don Leopoldo, que se mantuvo firme y satisfecho a su lado[62].

La crisis se resolvió como deseaban sus instigadores. La salida de Espartero no era una exoneración, sino una dimisión que hacía necesaria una remodelación del gabinete. Parecía natural que la presidencia quedase en manos de quien había sido, a todos los efectos, el segundo hombre del gobierno durante los últimos dos años. O’Donnell juró su cargo de primer ministro el 14 de julio y mantuvo la idea de coalición al incluir en su gobierno algunos progresistas resellados y una nutrida mayoría de conservadores procedentes del puritanismo: Cantero, Bayarri, Pastor Díaz, Ríos Rosas, etcétera. Una Gaceta extraordinaria de aquel mismo día puso en conocimiento del público el cambio de ministerio.

Inmediatamente, los progresistas puros y los demócratas se aprestaron a la resistencia frente a la decisión de la reina. Antes de que se promulgase la Constitución, el temido (pero nunca legalmente afrontado) conflicto entre la prerrogativa regia y la mayoría de las Cortes se había producido. Para los conservadores —incluido Turgot—, la reina había actuado de forma impecablemente constitucional: se había producido una crisis dentro del gobierno y el presidente del Consejo había presentado la dimisión. De acuerdo con la prerrogativa regia, recogida incluso en la Constitución nonata de 1856, la reina podía y debía nombrar un nuevo primer ministro que, por cierto, procedía del Gobierno que había tenido la mayoría en las Cortes. Para los progresistas y demócratas se trataba de una celada urdida en Palacio, un golpe de Estado encubierto y una burla a la mayoría parlamentaria aprovechando, con malicia consciente, la suspensión de las sesiones[63].

Las primeras horas del día 14 fueron de indecisión. Los líderes progresistas temían una nueva insurrección incontrolable. Cuenta Fernando Garrido que él oyó personalmente al ministro Escosura decir a sus correligionarios alarmados y dispuestos a la insurrección: «Nadie se mueva; el ejército habrá levantado antes de muchas horas la bandera revolucionaria: nuestro triunfo es seguro[64]». Sin embargo, el ejército ya no pertenecía en su mayoría a los progresistas; la mayor parte del generalato apoyaba a O’Donnell aunque, entre las graduaciones inferiores a coronel, había más progresistas. En todo caso, los apoyos de O’Donnell eran suficientes para formar activas asociaciones mixtas de civiles y militares en defensa de la reina y de su decisión. Cuando el exministro de Gobernación telegrafió a las provincias, se encontró con que la mayor parte de sus mandos civiles y militares no le respondían, que la milicia estaba en casi todas partes desarmada y que buena parte de sus jefes apoyaba el golpe.

A cambio, el movimiento popular de resistencia comenzó a crecer casi inmediatamente. Siguiendo unas pautas similares a los conatos de insurrección del día en que María Cristina salió de Madrid en agosto de 1854, poco a poco fueron formándose grupos armados en las calles con alta participación de la milicia, a pesar de que su jefe, Francisco Ferraz, se mostró partidario de acatar la decisión regia. Especialmente en los distritos populares del Sur comenzaron a formarse barricadas. Sin embargo, los insurrectos carecían de órdenes claras y de relaciones entre sí; tampoco tenían municiones ni víveres suficientes. Todos esperaban una señal de las autoridades, del ayuntamiento y sobre todo de Espartero. Éste, sin embargo, se mantuvo en silencio y vacilante.

El embajador británico en funciones, Otway, escribió a su ministerio que el duque de la Victoria, «del que todos esperaban que se pusiese al frente de la sublevación, está indeciso y sin saber qué hacer». En algún momento se sabe que estuvo en el ayuntamiento, donde «murmuró algunas frases ininteligibles a los concejales; se le entrevió en las calles, pasando por las barricadas, y contestando evasivamente a los hombres que le pedían a voces que se uniera a ellos, que le reclamaban las Cortes, y luego volvía a desaparecer[65]. Hacía ya meses que el marqués de Turgot había pronosticado que «la salida pacífica o violenta de la situación actual —escribió el embajador francés— depende únicamente de la voluntad del duque de la Victoria[66]». No se equivocaba; el problema residía, sin embargo, en que la voluntad de Espartero no parecía conocerla bien ni él mismo. Su actuación durante la crisis de julio de 1856 —como venía siéndolo desde el verano anterior— no pudo ser más ambigua. A ella se debió, en muy buena medida, la quiebra definitiva del intento de resistencia de los progresistas puros y de los grupos demócratas y republicanos. La inactividad de Espartero fue premiada por el gobierno —a juicio de Turgot y siguiendo sus consejos— con «la inteligencia de no perseguirlo». El mismo embajador se entrevistó con el nuevo gobierno y le recomendó moderación; que emplease sólo las medidas violentas estrictamente necesarias señalando que esa actitud era necesaria por «la importancia de la impresión sobre el Emperador[67]».

Mientras O’Donnell decretaba la ley marcial, un grupo de alrededor de noventa diputados progresistas y algunos demócratas se reunió en las Cortes a primera hora de la tarde y declaró a éstas en sesión. Algunos miembros de anteriores gabinetes, como Escosura, Santa Cruz y Madoz, junto a otros diputados como Sagasta, Salmerón y Calvo Asensio, presentaron una moción de desconfianza al nuevo gobierno. Tras un breve debate acerca de si aquella iniciativa podía producir un enfrentamiento civil entre liberales, la moción se votó y se aprobó por una mayoría de 81 diputados[68]. Se acordó elegir una comisión que redactase una exposición a la reina con los resultados de la sesión. La respuesta de Palacio fue el silencio y O’Donnell declaró, en un despreciativo oficio a Madoz, presidente interino del Congreso, que rehusaba reconocer la validez de aquella moción por falta de quórum.

Durante la noche del día 14, un grupo cada vez menor de diputados se mantuvo reunido en sesión permanente en las Cortes mientras en las calles de Madrid se producían enfrentamientos entre la milicia, los ciudadanos armados y el ejército. Al día siguiente, Espartero fue a las Cortes y, después de murmurar que no quería alentar la lucha fraticida, «se mostró en las calles y fue visto y vitoreado por diputados y milicianos; pero ni los excitó a que depusiesen las armas y se sometiesen, ni se puso a la cabeza de aquéllos para proseguir la lid ya empeñada». Poco después, en 1857, ya desde Logroño e intentando recuperar su puesto en las Cortes, emitió un manifiesto a sus electores catalanes en el que intentó justificar su conducta alegando vagamente que temía una guerra civil y que el triunfo de los insurrectos de julio de 1856 habría provocado la caída del trono: «Permanecer inactivo fue para mí mil veces más cruel que lo fuera la muerte. La historia me tomará en cuenta este durísimo sacrificio, último de los que he tenido la ocasión de hacer a la inflexibilidad de mis principios y a la rectitud de mi conciencia. ¡Y a lo ojos del trono se me pinta como un demagogo! ¡Y ante el pueblo se me quiere representar como desertor de su santa causa!»[69].

Espartero hubiera sido, quizás, un buen monarca constitucional dejando hacer a la voluntad general y a las instituciones representativas. Sin embargo, era un malísimo líder para un partido que había de luchar, fuera de las Cortes y en ellas, contra la reacción conservadora amparada en el trono. Un trono al que, probablemente, salvó en aquellos días de julio de 1856, como lo había salvado en julio de 1854. Si Espartero, junto con las Cortes, se hubiese puesto a la cabeza de la insurrección, «si hubiese sido más resuelto y menos fiel a la monarquía, el trono de Isabel II hubiera rodado por el polvo sangriento en las calles de Madrid[70]». El embajador francés corroboraba aquella impresión diciendo de Espartero:

No ha tenido el coraje de ponerse a la cabeza de la insurrección, ni tampoco ha tenido la lealtad de condenarla; se ha mostrado en diversos puntos de la ciudad y después ha desaparecido para evitar comprometerse; un hombre caído de esa manera ya no puede levantarse. Tuvo al principio el deseo de abandonar Madrid, a lo que el gobierno no ha puesto ningún obstáculo; después se ha decidido a quedarse y ha tomado un pequeño alojamiento en la calle de La Greda n.º 44 donde vive solo y aislado […] sigue escondido pero nadie sabe el porqué pues no hay órdenes contra él […] No es la actitud de un jefe de partido y la opinión general está hoy claramente en contra suya […] sus partidarios (que le consideran un traidor) le tratan más duramente que sus enemigos[71].

En todo caso, la impotencia de las Cortes y la inhibición de Espartero aumentaron la confianza de O’Donnell. Tras descartar un plan inicial de salir con la reina de Madrid y sitiar la capital, optó por hacer que Isabel II revistase las tropas más cercanas a Palacio y emitió una alocución en la que instaba a «los honrados milicianos a abandonar a algunos despechados ilusos y separar sus pretensiones de los legítimos derechos, de las justas libertades a que el Gobierno puede, no quiere, no ha pensado nunca atentar; y procuradle la facilidad de salvar el principio de poder, sin apelar a medios de la guerra y a los horrores de la sangre. Ciertamente esta solución es fácil. Separad de vosotros a los que son nuestros comunes enemigos; no os pedimos que los combatáis; bastará sólo que los abandonéis[72]».

Durante todo el día 15 las tropas hostigaron a los insurrectos, y la milicia, comandada por Madoz, no pudo hacer nada para contenerlas. En la frontera del Bidasoa, mientras tanto, dos batallones franceses avanzaban hacia España dejando claro el apoyo implícito de Napoleón III a la decisión de la reina. La correspondencia diplomática de los meses anteriores deja entrever que, desde mayo, se habían ido concentrando tropas en las ciudades de Montpellier, Toulouse y Lyon hasta reunir un cuerpo de observación en los Pirineos de más de 25 000 hombres mientras llegaban remesas de armas desde Burdeos y Bayona. El embajador británico, además, corroboró a su ministerio que todo Madrid sabía que el embajador francés Turgot apoyaba abiertamente la decisión de la reina[73].

Finalmente, el flamante capitán general de la capital, Francisco Serrano, ordenó que se disparara sin interrupción metralla, bombas y granada desde el Tívoli. Una de las granadas reventó el techo del Palacio de Congresos. «Uno de los leones de piedra de la escalinata del Congreso se quedó sin cabeza, presentando el aspecto más ridículo y desolado, como los diputados allí reunidos[74]». Aquellos diputados que permanecieron en las Cortes en silencio se convirtieron en el símbolo patético, impotente y mudo de una resistencia que nunca se decidieron a animar explícitamente. Una breve tregua de seis horas fue acordada con las tropas de Serrano y, durante ésta, los milicianos insurrectos acudieron a las salas del Congreso para decir que no tenían cartuchos, que las tropas ocupaban el polvorín y que juzgaban inútil toda resistencia pues estaban desfallecidos. A las cuatro de la madrugada del día 16, reunidos en sesión secreta, los últimos diputados de las Constituyentes decidieron declarar las Cortes suspendidas. El presidente Infante pronunció las siguientes palabras: «Se levanta la sesión, para la próxima se avisará a domicilio[75]».

La lucha en las calles acabó finalmente durante el 16 de julio. Murieron más de mil hombres, la mayoría milicianos, y murió también, luchando en las barricadas del sur, aquel torero Pucheta que había defendido a la reina en 1854. No hubo prisiones ni ajusticiamientos pero sí órdenes tajantes contra la libertad de imprenta. En el resto de España, especialmente en Barcelona y Zaragoza, los enfrentamientos se prolongaron varios días más. En Barcelona, el fuerte componente obrero de la insurrección antiodonnellista acabó asustando incluso a los líderes demócratas y progresistas, y los muertos fueron muchos más que en Madrid. En Zaragoza, la sublevación más importante y duradera tan sólo pudo ser apagada mediante una transacción entre el ayuntamiento, la milicia y el general Dulce[76].

Unos días después, Otway escribía a su ministerio que el viejo progresismo se había disuelto casi en su totalidad: «No puede considerarse por más tiempo un partido. Los más respetables se han vuelto conservadores, los más audaces se están volviendo demócratas. Espartero ha estado escondido durante toda la lucha en casa de su amigo Gurrea en la calle de Santa Catalina y cuando todo acabó se fue a Logroño […] Al retirarse Espartero, el partido progresista se ha quedado sin jefe. Los dos que lo pueden ser son Madoz y Olózaga pero todo el mundo cree que necesitan un militar. Infante me dijo que se regocijaba con el triunfo del gobierno pues una milicia victoriosa hubiera llegado a lejanías terribles […] Algunos progresistas piensan que hay que apoyar a O’Donnell contra la posibilidad de una reacción de los moderados y de Palacio y que se le debería ofrecer la jefatura del partido[77]».

La opinión británica fue corroborada por el embajador francés. Ante la desafección de Espartero y los rumores que llegaban de que la reina y su entorno comenzaban ya a enfrentarse al nuevo ministerio «—reclamando a sus antiguos servidores de Palacio y manifestando ardientemente su deseo de volver atrás con la ley de desamortización— el resultado ha sido el acercamiento del partido progresista moderado a O’Donnell, ¡lo que no me parece mal resultado!, porque si este cambio de ministerio conduce solamente al triunfo del antiguo partido moderado, puedo adivinar los mismos problemas y la misma repulsión que condujeron a la revolución de 1854». Para Turgot, que actuaba en buena medida con instrucciones de París, era necesario hacer ver al nuevo gobierno (y a ser posible a la Corte) que una reacción pura era imposible. En su primera entrevista con los nuevos ministros, Turgot insistió —poniendo como ejemplo lo hecho por el emperador en Francia— que «la salud de España no puede resultar más que de la anulación de los antiguos partidos y la formación de un partido nacional sin compromisos precedentes que marche resueltamente en la vía de las mejoras materiales y empleé todos los esfuerzos en la moralización de la administración que, es necesario reconocer, es poco honesta y falta de habilidad[78]».

Para lograr todo aquello, sin embargo, O’Donnell no tenía que enfrentarse sólo a la atomización y al cainismo de los partidos. Debía contar con quien le había dado la llave de la situación y que, por eso mismo, se sentía ahora más que nunca en condiciones de volver a quitársela. Es decir, debía contar con Isabel II y con sus «habituales consejeros».

CAPÍTULO 5

ENSAYOS DE REACCIÓN:

LA MONARQUÍA IMPOSIBLE (1856-1858).

En efecto, Señora, un gobierno carece de fuerza si no se mantiene fiel a la causa que representa y Vuestra Majestad representa en España el gobierno constitucional, en la buena acepción del término.

LUIS NAPOLEÓN a Isabel II (1856).

Los dos años posteriores al violento final del Bienio Progresista han sido tratados, tanto por la mayor parte de la historiografía actual como de la literatura decimonónica, como un estéril y agitado interregno reaccionario cuyo fracaso dio paso al largo período de estabilidad de los gobiernos de la Unión Liberal. Entendidos desde esta óptica retrospectiva, esos dos años han sido escasamente analizados en sí mismos y apenas han ocupado unas pocas páginas apresuradamente escritas en las obras generales y en los manuales al uso[1]. En cierto sentido, son años sin historia, al menos sin historia propia y específica. La mayor parte de los comentaristas y de los historiadores tienden a hacer buena la perplejidad de Ángel Fernández de los Ríos cuando escribió: «La caída de O’Donnell y la subida de Narváez tiene una explicación mediana […] entre ambos ministerios hubo siquiera la diferencia del Acta Adicional, de la ley de imprenta […] pero ¿por qué salió Narváez y entro Armero? ¿Por qué fue derribado Armero y ensalzado Istúriz? ¿Por qué, en fin, cayó Istúriz y volvió O’Donnell? Por qué es fácil que alguna vez se sepa: para qué, no se sabrá jamás[2]».

En las siguientes páginas se pretende analizar el porqué y, en la medida de lo posible, el para qué de aquellos sucesivos cambios de gobierno cuyo análisis minucioso creo que permitirá comprender mejor la extensión y características de la crisis del moderantismo histórico, el significado último del Bienio Progresista y su aportación a la evolución de la cultura y práctica política liberales, así como los orígenes de la larga etapa de estabilidad de la Unión Liberal y las razones de la misma. De igual forma, el papel desempeñado por la Corona en todos esos procesos quedaría incompleto sin el estudio de estos años.

Entre 1856 y 1858 se produjo un momento clave de inflexión en el reinado isabelino, en la trayectoria de los partidos moderado y progresista surgidos de la revolución y en la forma de ejercer el poder de la reina Isabel II. La rápida sucesión de gobiernos y situaciones políticas, desde el primer ministerio de O’Donnell al de Narváez y de éste a Armero e Istúriz para acabar de nuevo en O’Donnell, demostró el agotamiento del moderantismo histórico, la imposibilidad de una vuelta atrás a la situación previa a 1854 y la relativamente amplia aceptación, por la mayoría liberal del país, de la necesidad de refundar las bases políticas de la monarquía isabelina.

Por lo que respecta a ésta última, los dos años que transcurrieron entre el fin del Bienio Progresista y la subida al poder de la Unión Liberal constituyeron los primeros pasos del gobierno personal, en sentido estricto, de Isabel II, quien comenzó entonces a sacudirse la férrea tutela de su madre y, en buena medida, también (aunque no completamente) la de su marido. Para la reina fueron años de aprendizaje, tan intensos quizás como los del Bienio, en el para ella difícil arte de gobernar constitucionalmente. Son años en los que el margen de maniobra de la Corona, reforzada por la forma en que se puso punto final a la experiencia progresista y por la descomposición del moderantismo, alcanzó un grado hasta entonces desconocido. Sin embargo, como espero poder demostrar, su errático ejercicio puso en evidencia la imposibilidad —cultural y política— de la reina Isabel II para ejercer el poder personalmente, para reinar y gobernar sujetando a los partidos mayoritarios a la autoridad monárquica.

El agotamiento de la experiencia del Bienio Progresista y la violenta forma en que se puso punto final a la misma, con la activa colaboración de la reina, otorgó a ésta un altísimo grado de visibilidad política como ganadora neta de la pugna entre la Corona y el Parlamento que había sido la tónica desde 1854. Leopoldo O’Donnell (a quien el rey odiaba tanto como a Espartero y que no suscitaba la mínima simpatía en la reina madre) llegó al poder por una decisión personal de la propia Isabel II, que supo ver muy bien, la noche del 13 de julio de 1856, que tardaría en encontrar una ocasión mejor para deshacerse de Espartero y, con él, de los progresistas. Contaba, además, como inmediatamente se le hizo saber a través de sus representantes diplomáticos, con el beneplácito explícito de Francia y con la amistosa pasividad de Inglaterra.

El propio Luis Napoleón escribió personalmente a la reina, el 20 de julio de 1856, expresándole su «gran satisfacción por la noticia de los sucesos de Madrid que comienzan una nueva era de felicidad para el gran país que Vuestra Majestad gobierna». El emperador, además, aludía a la confianza que le podían inspirar las tropas francesas que —implícitamente en apoyo a la nueva situación política— se encontraban en las fronteras de los Pirineos. Por su parte, el encargado de negocios británico, Otway, aseguró a su ministerio que el gobierno del general O’Donnell era una buena solución a la anarquía de los años anteriores, pero que éste había sido «aconsejado, apoyado, podría incluso decir que hecho por Francia». La implicación del embajador francés respaldando la solución o’donnellista era evidente para todo el mundo. Turgot era consciente de eso y escribió a su ministerio eludiendo la responsabilidad por razones de oportunidad política, pero sin negarla completamente: «porque importa aquí no aceptar la responsabilidad de ningún consejo, ni del triunfo de ninguna opinión[3]».

Sin embargo, los rumores continuaron y un artículo de un corresponsal de The Times en París atribuyó abiertamente los últimos sucesos españoles a la actividad de Turgot cerca de O’Donnell y de la reina. El corresponsal argumentaba que, si el embajador de Inglaterra hubiese estado en Madrid, debería haberse opuesto y que, en esa ocasión, quizás la intelligence cordiale podría haberse visto perturbada. Turgot, que quizás se había extralimitado en su apoyo al conde de Lucena y del que sabemos su decidida opción política por lo que éste representaba, escribió a París asegurando que aquélla era «una acusación estúpida y pérfida»; que el corresponsal del Times en París era amigo personal de Howden y de Olózaga, y que él nunca se había alejado de las instrucciones de su ministerio, aunque reconocía que, a diferencia de Howden, no sentía ninguna simpatía por el partido revolucionario. Adjuntaba a su despacho un artículo de El Diario Español en el que se acusaba al corresponsal del Times de no querer ver «lo que había pasado de horrible en los dos años anteriores en los que estuvieron comprometidos los intereses más importantes de nuestro país[4]».

En cualquier caso, los consejos de Turgot a favor de una «reacción suave» parecían haber calado en el gobierno O’Donnell. La brevedad de ese Gobierno impide una valoración precisa de sus objetivos, pero lo que sabemos sobre sus primeros movimientos políticos (muy cuidadosos en evitar una represión masiva tras poner punto final a las revueltas de julio) demuestra que el conde de Lucena parecía buscar una conciliación con los elementos más templados del progresismo, que retomase el ideario de la Unión Liberal de principios de la revolución de 1854 y el espíritu del Centro Parlamentario de las Cortes Constituyentes. Desde ese planteamiento, O’Donnell defendió siempre que él había actuado con total limpieza respecto a Espartero, porque su destitución había sido enteramente producto del ejercicio de la prerrogativa regia en momentos de crisis ministerial, y que su objetivo era consolidar el gobierno constitucional sobre principios conservadores que limasen, pero no anulasen completamente, todo lo conseguido desde la revolución de 1854[5].

Así, en un primer momento, O’Donnell pensó que era posible mantener la milicia nacional reorganizándola a partir de un alistamiento restringido a los jefes de familia que pagasen 500 reales de contribución, y visitó personalmente a Turgot para asegurarle, en una conversación que el embajador describió como «muy franca» que sus proyectos estaban en todo conformes «a lo que yo le dije en el despacho anterior» sobre la necesidad de poner fin a las divisiones partidistas y fundar su Gobierno sobre un gran partido constitucional y nacional de reconciliación entre los conservadores y los progresistas monárquicos. Para lograrlo, le pedía al emperador que no disminuyese la vigilancia en las fronteras a fin de impedir tentativas carlistas (y quizás otras de signo contrario) que pudiesen verse animadas por los acontecimientos recientes.

Al hilo de esas conversaciones, y cada vez más implicado en su apoyo personal a O’Donnell, Turgot se esforzó en refutar en sus despachos la interpretación dada en diversos periódicos franceses acerca de un golpe de Estado reaccionario en España, defendiendo la medida de la reina como estrictamente constitucional y una necesidad imperiosa para poner fin a un régimen definido por él mismo como de «preponderancia de las clases bajas sobre las altas, de leyes de excepción, de exilios, de arbitrariedad en fin que han tenido como resultado el desencadenamiento del socialismo, hasta ahora desconocido en España». Tras aconsejar a su Gobierno la oportunidad de un artículo en ese sentido en el oficialista Le Moniteur, pasaba a asegurar que las revueltas que aún continuaban, sobre todo en Barcelona y Zaragoza, serían sofocadas con prontitud porque «el gobierno cuenta con el ejército y no hay jefes progresistas. Las revueltas civiles solas no pueden nada. Espartero ha perdido todo su crédito y […] una religión cuyo Dios ha abdicado no parece susceptible de conquistar muchos prosélitos y menos de lograr un éxito». A su juicio, la voluntad de conciliación del nuevo Gobierno y su alejamiento del moderantismo clásico estaba acreditada por el hecho de que había rechazado la colaboración y los servicios que había ofrecido desde París el general Narváez, «que suscita aquí muchas repugnancias; se le cree ligado a la Reina madre, el pensamiento de cuyo regreso excita aquí la animadversión general[6]».

Para el embajador francés cada triunfo de O’Donnell era ya un triunfo personal y así informó, el 1 de agosto, de la caída de Zaragoza ante las tropas del Gobierno: «estoy feliz de enviaros esta buena noticia» y aseguró a su ministerio que «el gobierno español no quiere hacer nada sin el apoyo del Emperador». Para lograr el máximo de entendimiento, el nuevo ministerio había nombrado embajador en París al general Serrano y había transmitido, a través de la embajada, una copia del programa político del Gobierno elaborada y firmada por el nuevo ministro de Estado, Pastor Díaz. En aquel programa, el ministerio O’Donnell justificaba su represión de los disturbios de julio y el estado de sitio porque el Gobierno nombrado libremente por la reina, y actuando dentro de los límites de la más estricta legalidad, se había enfrentado en Madrid a una «insurrección que tiene el aire de ser la más temible que ha tenido España porque podría hacer caer la Monarquía». Su pronta derrota habría demostrado con quién estaba la mayoría de la capital y del país. Pastor Díaz pedía que el gobierno francés hiciese públicos en Francia «el verdadero carácter y la verdadera naturaleza de los acontecimientos que tuvieron lugar […] de la política eminentemente nacional, eminentemente monárquica, constitucional, enérgica y conciliadora al mismo tiempo, que el gobierno representa […] su mayor deseo es que los partidos extremos, que no tienen programa, ni bandera, ni jefes, no le obliguen a hacer uso prolongado de la fuerza[7]».

El 4 de agosto, el propio Napoleón envió al ministro francés Baroche un despacho en el que pedía que se transmitiese al Gobierno español, a través de Turgot, su complacencia con las noticias que venía recibiendo de España y que se declaraba encantado de que no hubiese habido necesidad de su apoyo[8]. Al día siguiente, Walewsky, encargado interinamente de la cartera de Estado, escribió a Turgot un despacho —obviamente destinado a ser transmitido al ministerio español— en el que le agradecía los informes que les habían permitido hacerse cargo de la gravedad de la situación en España, «una revuelta […] que nos hizo temer una perturbación que hubiera sido imprudente no tomar en atención seriamente». Esta comunicación de Walewsky merece ser citada en extenso porque, contra lo mantenido públicamente por el embajador, demuestra hasta qué punto el gobierno de Luis Napoleón se implicó en el apoyo «al libre ejercicio de las prerrogativas constitucionales de Isabel II», es decir, en el desalojo de los progresistas del poder una vez que, concluida la guerra de Crimea, se sintió mucho libre de sus compromisos con Inglaterra y pudo responder a las llamadas de socorro que hacía dos años le llegaban de la Corte de España[9].

Así, el ministro de Estado en funciones le pedía a Turgot que disipase cualquier recelo del Gobierno español sobre la persistencia de la concentración de tropas en las fronteras, porque ya había sido suspendida, y decía que éstas habían sido movilizadas porque los disturbios de julio «eran contra el trono y contra las instituciones constitucionales y S. M. C., en semejantes circunstancias, no podía dudar en ofrecer eventualmente su concurso a la Reina». Al demostrar que los movimientos de tropas habían sido pactados, si no con O’Donnell directamente sí con Isabel II, el despacho de París continuaba diciendo que «el Emperador se dio prisa en hacer parte de sus intenciones a S. M. C. y prescribir las medidas necesarias para una concentración de tropas en los Pirineos con el fin de estar prontamente dispuesto a secundar los esfuerzos del gobierno español si las circunstancias lo exigían y si la Reina hacia una llamada de socorro».

La firme voluntad francesa de apoyar, con una intervención armada si era necesario, la decisión de la reina de nombrar a O’Donnell y la buena acogida que ese nombramiento tuvo en el gobierno del emperador se hace patente en los siguientes párrafos de aquel largo despacho: «No tengo necesidad de deciros hasta qué punto el Emperador se felicita del éxito conseguido por el gobierno de S. M. C., el cual, por el vigor de sus resoluciones y su devoción a la Reina, ha rendido un precioso servicio a la causa del orden, salvando a España de la anarquía. El objetivo de esos esfuerzos ha sido conseguido sin que se haya visto obligado a recurrir a nuestra asistencia, y nos congratulamos de ello con una satisfacción que iguala la diligencia con que nosotros habríamos ido en su ayuda si nos lo hubiera demandado». No faltó, tampoco, dada la persistencia de focos de resistencia en diversos puntos del país, una advertencia de socorro francés al Gobierno para sofocarlos: «resultará al contrario de estos incidentes para los revolucionarios, la convicción de que atacando el poder soberano en España deberían contar con el poder de Francia y para la opinión pública la certidumbre de que estamos firmemente dispuestos a respetar la libertad de acción del gobierno español». El despacho concluía concediéndole a Turgot su permiso estival: «La situación de España no exigirá ya vuestra presencia en Madrid y el Emperador os autoriza, señor marqués, a disfrutar sin más retrasos del permiso que os había acordado[10]».

Antes de marchar a Francia, Turgot aún pudo mostrar al ministerio francés su satisfacción por la prudente marcha del gobierno O’Donnell, con el cual estaba en íntimo contacto y que aceptaba «de buena voluntad» sus consejos de moderación. Entre las prudentes medidas del Gobierno mencionaba el desarme (que no la disolución) de algunos de los batallones de la milicia «que se habían conducido mal; es decir, la práctica totalidad; hoy en día ninguna voz razonable se levanta en España para pedir su restablecimiento. Pero si un decreto hubiera decretado su licenciamiento, la prensa se hubiera echado encima».

El embajador también quedó sumamente satisfecho respecto a la forma en que se había resuelto el «problema Espartero» con su tranquila marcha a Logroño después de despedirse de la reina. Quería enfatizar que no había habido, como otras veces en la historia de España, la menor represalia contra el vencido y quería también divertir a su corresponsal con el ya legendario «sentido del humor» de la reina y la última humillación de quien había tenido durante dos años secuestrada su real voluntad.

Tras la pacificación de Zaragoza, Espartero pidió al gobierno sus pasaportes para Logroño y una audiencia a la reina que le recibió muy graciosamente y sin hacer ninguna alusión al pasado. Parece que el Duque había preparado algunas palabras al efecto pero la Reina deshizo aquel proyecto con una pregunta completamente imprevista: «¿Dónde te has metido en los últimos tiempos?». Espartero se sorprendió de tal manera que no supo más que balbucear algunas palabras, decir que su salud esta destruida, que ya no era bueno para nada, y asegurar que fuese lo que fuese, o quien fuese, que intentase hacerle volver a la vida política, jamás lo consentiría. La separación se hizo en buenos términos y, al día siguiente, el duque de la Victoria subió a una diligencia, tan sólo como el más oscuro de los ciudadanos. ¡Qué diferencia con su entrada triunfal en 1854! Pocos hombres han tenido un poder y una prosperidad tan grande como el duque de la Victoria ni ha existido ninguno que haya desplegado una incapacidad parecida y una falta de energía tan completa […] Dejo aquí todo en perfecto estado y el horizonte político es más luminoso de lo que ha sido en mucho tiempo[11].

Tras la marcha de Turgot, sin embargo, su sustituto como encargado de negocios de la embajada francesa, el conde de Comminger-Guitaud, comenzó a ver cómo el clima político se oscurecía. La voluntad de templanza del gobierno O’Donnell —que trataba de «evitar que haya vencedores y vencidos como en otras ocasiones»— comenzaba a ser combatida de forma cada vez más intensa por la prensa moderada y, lo que era más grave, todos los días se podía constatar cómo su autoridad y sus intentos de una «reacción suave» en las provincias eran ignorados o pervertidos. Así, mientras el Gobierno había ordenado a las autoridades militares que destituyesen tan sólo a los alcaldes y ayuntamientos rebeldes, en la práctica los viejos moderados lograron imponer, en muchos lugares, la destitución de todas las autoridades locales y provinciales nombradas por el régimen anterior y la reposición de los ayuntamientos y diputaciones disueltos en 1854.

De poco sirvieron las circulares insertas en la Gaceta —por ejemplo, la del 14 de agosto de 1856—, el restablecimiento de los viejos ayuntamientos continuó «como si la situación presente estuviera llamada a continuar la política que dominaba entonces [antes de la revolución de 1854]. Es fácil comprender que un hecho parecido es contrario a las miras de política aperturista que se propone seguir el Ministerio [que] rechaza toda solidaridad con situaciones que el tiempo ha hecho desaparecer». El problema era, como el propio Comminger-Guitaud se encargó de transmitir a París, que la Corte estaba deseosa de revancha, apoyaba la presión del viejo moderantismo por recuperar el poder y era cada vez más abiertamente hostil a la política de conciliación de O’Donnell. «Debe señalarse la creciente firmeza y papel político de la Reina después de los sucesos de julio. Que esta iniciativa sea debida o no a la influencia del Rey, no constata menos una situación nueva, que presagia una próxima vuelta a las ideas absolutistas». Bajo esa presión, el ministerio comenzó a dividirse, por ejemplo, en el tema de la nueva Constitución, respecto al cual O’Donnell «era más progresista que, por ejemplo, Ríos Rosas […] El gabinete quizás no recoja los frutos de los grandes servicios que ha prestado al país», concluía el encargado de negocios francés[12].

En esas condiciones y, al amparo del mantenimiento del estado de sitio, el gobierno O’Donnell disolvió definitivamente la milicia nacional (22 de agosto de 1856) y las Cortes Constituyentes (2 septiembre) para acabar restaurando la vigencia de la Constitución de 1845 (15 de septiembre) con un Acta adicional que trataba de liberalizarla y reducir la autonomía de la Corona. Como se decía en el preámbulo al decreto de restauración, se trataba así de cerrar un ciclo revolucionario que había desbordado lo que había sido el verdadero y primitivo propósito del levantamiento del Campo de Guardias en 1854, es decir, el estricto cumplimiento de la Constitución vigente. El propio O’Donnell explicó en las Cortes aquel objetivo original de legalidad puritana: «Queríamos la pureza del gobierno representativo; queríamos que fuera una verdad; queríamos que se cumpliera con la letra y el espíritu de la Constitución; que no continuase el escándalo de abrir las Cortes para cerrarlas a los cuatro días; que los presupuestos se discutiesen ampliamente y no se discutieran por medio de autorizaciones o no se discutieran de ningún modo[13]».

El derrapage radical de la revolución de 1854 no había consistido en otra cosa, como escribió Ríos Rosas en el preámbulo del decreto de disolución de las Constituyentes, que en creer que «la débil mano de una generación era bastante para crear sociedades y naciones ajustadas a tipos imaginarios y convencionales». Frente a eso, no se buscaba la reacción sino la restauración del texto de 1845 con un Acta adicional que «no es otra cosa sino el desenvolvimiento estricto, el desenvolvimiento exterior, del espíritu inmutable, indispensable, de la Constitución de 1845». En tanto se acordase una reforma constitucional consensuada entre las Cortes y la Corona, aquellas modificaciones indispensables, que recogían varios de los preceptos de la nonnata, servirían para que se cerrasen «las puertas a peligrosas y abusivas interpretaciones, [se] fortificase el principio parlamentario y [se] extinguiese, en cuanto sea posible en lo humano, el manantial de lamentables conflictos». Sólo así podría concluir de una vez, y no falsamente, el ciclo revolucionario español: «Pareciéndoles que cerrado ya para el pueblo español el triste período de los errores y de las expiaciones, raya por fin en el horizonte el día tan suspirado en que la revolución que estalló en 1808, purificada en sus propios ojos, consagrada con la doble sanción de la razón pública y de la autoridad real, llegada a su providencial madurez, aprenda en lo pasado, use con prudencia de lo presente y conquiste con ardor lo venidero[14]».

Para lograr esos propósitos, sin embargo, el gobierno O’Donnell debía contar con dos apoyos fundamentales en el interior del país que complementasen y diesen solidez al apoyo explícito de Francia y al implícito de Inglaterra. Por una parte, el apoyo de la Corona; por otra, el de un partido suficientemente amplio y cohesionado que le permitiese presentarse ante ésta última como una opción sólida (y necesaria) de gobierno. No contó con ninguna de las dos cosas y ambas carencias se retroalimentaron hasta precipitar su caída.

O’Donnell llegó al Gobierno prácticamente en nombre de sí mismo y de un grupo de generales y políticos vicalvaristas que carecían de cualquier estructura partidista, aún al nivel mínimo de los partidos de notables de la época. Aunque los dos grandes partidos tradicionales —el moderado y el progresista— se encontraban en un grado extremo de confusión interna, ambos seguían actuando como polos de referencia para establecer las fidelidades políticas de una opinión pública extremadamente desconcertada y en su mayoría cansada de la inestabilidad del Bienio.

El propio O’Donnell, aunque fuese en negativo, hubo de definirse frente a ambas opciones tradicionales insistiendo en que él no era ni moderado ni progresista, sino un emblema de orden y libertad, bien entendidos, que buscaba situarse en algún lugar más allá de la política tradicional y de su ya probado cainismo. Como escribió el marqués de Miraflores, «los acontecimientos le habían conducido a no poder decir que pertenecía a ninguno de los partidos políticos antiguos. Del partido moderado se había separado en el Campo de Guardias y roto abiertamente con él en Manzanares, buscando y aceptando el auxilio eficaz del partido progresista, con cuyas doctrinas y soluciones políticas no podían conformarse tan poco las suyas y en las Cortes y fuera de las Cortes hubo de declarar más de una vez que no era progresista, sin dejar de proclamar al mismo tiempo que no era moderado[15]».

En la práctica, sin embargo, el ideal de la unión liberal que O’Donnell quería representar era poco más, en aquel momento, que un anhelo, un deseo de cancelar, no sólo la política tradicional de moderados y progresistas sino, en cierto sentido, la política tout court, para centrarse en la consecución de las «mejoras materiales» que demandaba el país. La distancia entre ese deseo y la realidad de las fracturas partidistas de larga duración, fraguadas al hilo de la revolución liberal, era aún demasiado grande. A los ojos, quizás no de la población en su conjunto, pero sí de los políticos tradicionales, el proyecto de unión liberal era percibido como una agrupación vaga de individuos sin bandera determinada, sin ideas concretas, sin cohesión. «El espíritu de la prensa y el de la población —escribió el representante francés en Madrid— es unánime sobre este punto. Este sistema no tiene ni raíces ni simpatías en el País. Es por ello por lo que será rápidamente absorbido por uno de los dos partidos dominantes[16]». Aquella percepción, y las propias condiciones objetivas de la embrionaria coalición interpartidista que O’Donnell preconizaba, restó posibilidades (y tiempo) para fundar un partido político capaz de imponerse sobre progresistas y moderados, y hacerse respetar por la Corona.

Ante la indiferencia o la hostilidad de la mayoría del progresismo, que se sentía abiertamente traicionado, fueron los moderados los que iniciaron inmediatamente la batalla para llevar la reacción hasta sus últimos extremos y recuperar el poder perdido en 1854. Como siempre, su objetivo fue hacerse rápidamente con la voluntad de la Corona a través, un vez más, de declararse los máximos defensores de la libre prerrogativa regia. Pedro José Pidal, por ejemplo, se apresuró a escribir a Isabel II el mismo 23 de julio de 1856 para felicitarla «por la victoria tan completa que sus leales servidores han alcanzado sobre los que a mano armada quisieron oponerse a los legítimos derechos de Vuestra Majestad». Don Pedro se ponía a las ordenes de la reina y le aseguraba «mi adhesión y el interés que tengo como todos los Españoles en que las prerrogativas del Trono sean sagradas e inviolables[17]».

Narváez, por su parte, pidió y obtuvo autorización para regresar a España precedido por un artículo en El León Español en el que ofrecía sus servicios a Isabel II y que causó sensación en Madrid[18]. Casi al mismo tiempo, La España, el periódico semioficial de María Cristina y Riánsares, tomó como pretexto la crítica al Acta adicional para una férrea defensa de la prerrogativa regia, tal y como estaba establecida en toda su pureza por la Constitución de 1845: «Hemos dicho, no lo negamos, que el acta adicional fue la principal causa, aparte de otras subalternas, de que nos apartáramos de los hombres que en julio de 1856 dieron un gran triunfo a los principios conservadores e hicieron un gran servicio al país […] ¿Para qué se arrojó esa manzana de discordia en el campo conservador? Y, después de todo, las restricciones que en aquel documento se ponen a las prerrogativas reales, ¿pueden desenvolverse en leyes secundarias? ¿Pueden siquiera las leyes secundarias hacer méritos de esas restricciones?»[19].

Sin embargo, no fue el Acta adicional, al menos no directamente, lo que acabó enfrentando a O’Donnell con la Corona. Fue de nuevo el peliagudo tema, personalmente sensible a los calculadamente exacerbados escrúpulos religiosos de Isabel II, de la desamortización. En efecto, nada más lejos de la intención del conde de Lucena que tocar en lo más mínimo la obra económica del Bienio, incluida la venta de los bienes de la Iglesia. De hecho, Manuel Cantero, su ministro de Hacienda (procedente del progresismo templado) era un ferviente desamortizador. Sin embargo, Isabel II insistió desde el principio en que quería la revocación de aquella ley a pesar de que, como informó Comminger-Guitaud a su ministerio, «la venta de bienes nacionales sigue con gran actividad y es muy productiva. El dinero que procede de esas rentas entra en las cajas del Estado que, por este medio, mantiene el nivel de la Bolsa al nivel tan alto en que se encuentra y se asegura, por otro lado, los recursos necesarios hasta que las nuevas Cortes voten los impuestos regulares suficientes[20]».

Para la reina, aquellas cuestiones financieras, cruciales para el Gobierno y la estabilidad de los negocios, no tenían ninguna importancia. Su mayor interés era lograr el beneplácito del alto clero y del Papa y, para eso, tras varios comentarios más o menos informales, decidió plantear directamente la cuestión en el Consejo de Ministros del 12 de septiembre: «Vosotros no ignoráis que nada más firmar la ley de desamortización, le escribí una carta al Santo Padre en la cual le explicaba que, debiendo ceder a la fuerza para conservar el trono de mi Hija, yo me comprometía a volver sobre esa ley tan pronto como las circunstancias lo permitiesen […] Hace tres semanas ya que le he testimoniado al general O’Donnell mi vivo deseo de cumplir mi compromiso y, comprendiendo la imposibilidad de romper las ventas ya concluidas, me he limitado a pedir que la venta de bienes fuese suspendida; el general se ha negado, objetando la imposibilidad de volver sobre una ley votada y, para el Estado, de renunciar a los recursos que la venta de bienes nacionales le aporta». Dicho esto, Isabel II no tuvo empacho en intentar dividir al Gobierno, y desafiar la autoridad de O’Donnell al pedir a los ministros que se pronunciasen uno por uno respecto a la cuestión. Al parecer Ríos Rosas, Pastor Díaz y Collado apoyaron a la reina. O’Donnell entonces, según la versión del encargado de negocios francés, habría dicho: «Sólo le queda a S. M. llamar a Narváez para presidir el Consejo de Ministros[21]».

El pulso continuó en escenas más privadas que ésta. Tras pasar unos días de reflexión en el campo, O’Donnell pidió una entrevista con la reina y le suplicó que le dijese claramente si lo que había dicho en el Consejo de Ministros «tenía su origen en motivos serios o si, como decían los rumores, era un pretexto para deshacerse del gobierno». La reina le dio toda clase de seguridades de que estaba muy reconocida por sus servicios, «pero que el tema de la desamortización era para ella una cuestión de conciencia, que explicaba su compromiso solemne con el Santo Padre». El día 22 de septiembre el ministro de Hacienda, Manuel Cantero, fue sustituido por el más complaciente Pedro de Salaverría y el día 23 del mismo mes un real decreto puso punto final a las ventas sólo de los bienes del clero secular. El encargado de negocios francés informó de que la reina había enviado inmediatamente un agente particular a Roma y de que durante los ocho días que había durado la crisis, todos los ministerios suspendieron la tramitación de asuntos[22].

Para Comminger-Guitaud, «suspendiendo las ventas de los bienes del clero, el gobierno ha traspasado la última barrera que le separaba del partido moderado» y, tras haberlo hecho, esperaba poder lograr ciertas garantías de permanencia, al menos hasta la reunión de unas nuevas Cortes ordinarias. Aunque Narváez había llegado a Madrid hacía unos días, no parecía estar en el ambiente la posibilidad de un cambio inminente de Gobierno. Aún así, el Gobierno no dejaba de verse importunado por las exigencias, y las disputas, de la familia real, que constituía, a su juicio, el mayor obstáculo para conseguir un clima de tranquilidad.

En efecto, las exigencias de la familia real se reprodujeron de forma inmediata en cuanto se sintió «libre» políticamente. Por una parte, la reina Cristina importunaba desde París a su hija y al Gobierno para lograr, no sólo que se levantase el secuestro de sus bienes (lo que la reina obligó a hacer a O’Donnell), sino que se le otorgase una reparación pública a ella y a su marido, «lo que es un gran embarazo para el gobierno». Por otra parte, el rey no dejaba de intrigar y de presionar al Gobierno para que le ayudase a poner orden entre sus díscolos hermanos y hermanas, que habían contraído nupcias plebeyas y que, como el infante Enrique y la infanta Josefa, habían tenido tratos con los progresistas y los sublevados en 1854. Las escenas rocambolescas y las venganzas familiares no dejaban de sucederse.

Tras saber que a su mujer, la infanta Josefa, se le había prohibido la entrada en Palacio los días de ceremonia, Güell y Renté intentó llevar adelante un proceso al rey por abuso de autoridad, reivindicando a la vez los bienes que correspondían a la infanta por herencia. «El Rey habría temido el escándalo público de un proceso tal y se habría aprovechado de la debilidad de la Reina y, lo que es más sorprendente, del Consejo de Ministros, para conseguir una orden de exilio contra toda su familia […] se ha dado una escandalosa publicidad a los deplorables motivos que han sembrado la discordia entre la Familia real. Se habla de sumas considerables, de diamantes desaparecidos y de muchas otras particularidades que son de una naturaleza demasiado grave para ser transmitidas aquí».

Para acabar de redondear el sainete, Güell y Renté, que no siguió a su esposa a San Sebastián, se tropezó con el recién llegado Narváez en una velada celebrada en la residencia del Capitán General de las Filipinas. El general aprovechó la ocasión para echarle en cara unas palabras injuriosas contra él que Güell habría pronunciado en las Constituyentes. Tras el cruce de insultos, el cuñado del rey y Narváez se retaron en duelo. Hubo de intervenir la reina, a través de O’Donnell, para impedir que el duelo tuviese lugar, Güell y Renté fue arrestado y desterrado a San Sebastián[23]. Todo Madrid disfrutó de la historia.

Mientras Madrid disfrutaba o deploraba (o ambas cosas a la vez) escenas que parecían retrotraer el ambiente a los meses previos a 1854, O’Donnell se sentía ya muerto políticamente. Con el frío cálculo que le caracterizaba, era consciente de que había subido al poder por el deseo y la fuerza de la Corona y que, al desarmar completamente la revolución, había corrido el riesgo de desarmarse a sí mismo. Sin embargo, carecía aún de los medios, o de la voluntad, para lograr salir de aquella trampa política.

El encargado de negocios británico, Otway, relató a su ministerio una entrevista con el general Macrohon, segundo de O’Donnell, en la que éste le trasmitía la convicción de su superior de que, «desde el principio de su administración, se encontró enfrentado a las exigencias de la Reina que él vio claramente que ocasionarían su caída, tanto si se rendía a ellas como si las resistía y que, hasta el último momento, por lo que respectaba al grado de confianza depositada en él, había sido engañado por la Reina». Aquel callejón sin salida inmediata era producto, en buena medida, del hecho de que O’Donnell se encontraba atrapado entre su prácticamente única valedora y sostén, una reina de repente todopoderosa y acosada por los moderados para sustituirle, y los progresistas en los que no confiaba y que no confiaban en él. Por eso, y como relató también Otway, se vio incapaz de hacer aquello que era lo único que hubiera podido, quizás, salvarle: «haber sido más audaz y, repentinamente, haber convocado la Asamblea Constituyente (en lugar de disolverla) y con un poco de tacto, un poco de corrupción y quizás un poco de violencia (al hablar de España uno debe dejar en suspenso a veces su prudencia constitucional) lograr una mayoría suficiente para sus propósitos durante el tiempo necesario. Si en lugar de disolver la Milicia la hubiese reorganizado con bases más estrechas, habría habido un equilibrio para el poder y el capricho de la Corona […] y un buen número de progresistas habrían estado contentos de cambiar de líder y la perspectiva, o al menos la posibilidad, de contar con la inteligencia y energía del conde de Lucena en lugar de con la estupidez y apatía del duque de la Victoria[24]».

Aquella perspectiva o aquella posibilidad no podían cuajar, sin embargo, porque O’Donnell no era ni había sido nunca progresista ni, en realidad, contaba con las simpatías de la mayoría del único partido que hubiera podido secundarle en un nuevo pulso con la Corona. De hecho, la iniciativa estaba toda en el lado de esta última. Sin embargo, la reina dudaba. Su mejor biógrafa, Carmen Llorca, a pesar de seguir fiel a su costumbre de no explicitar sus fuentes, insiste en que la reina se sentía segura con O’Donnell, compartía en buena medida una idea vaga de lo benigna que sería «una unión liberal» y temía el regreso de quien todos los moderados tenían en mente, el muy dictatorial (también en lo privado) Ramón Narváez[25].

La reina, y sobre todo su madre, en su momento se habían quitado de encima al duque de Valencia y la autoridad que éste quería ejercer sobre ellas. Es cierto que luego, de nuevo, sobre todo María Cristina, le habían adulado como único salvador posible de la monarquía. Sin embargo, por dos razones, Isabel II seguía dudando si llamar ya a don Ramón y deshacerse de O’Donnell. La primera era que temía que, tras Narváez, llegase de nuevo la exregente y, con ella, un poder superior que la volviese a colocar en la posición eterna de la hija sumisa y pasiva. Especialmente en un momento en el que, con su renovada sensación de seguridad, había renovado la tendencia a sentirse libre de sus pesadas y malqueridas ataduras conyugales. La segunda razón era de carácter más explícitamente político. La reina era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de hasta qué punto su reinado había pendido de un hilo precisamente por haberlo ligado de forma exclusiva al moderantismo histórico de cuya fortaleza y unidad tenía, además, razones sobradas para dudar. Por todo eso, Isabel II seguía manteniendo contactos más o menos asiduos con antiguos servidores suyos de la época progresista con los que había trabado relaciones de confianza. Esos servidores, como por ejemplo su antiguo intendente Martín de los Heros, no dejaban de recordarle «que el Rey que se pone a la cabeza de un partido debe acabar con él[26]».

Junto a ésta y otras advertencias similares le llegó también una que no podía pasar por alto sin más. Se trata de una carta muy explícita de Luis Napoleón en la que le advertía contra la tentación de una reacción excesiva e, implícitamente, reiteraba su apoyo a la política de O’Donnell en nombre de su «sincera y viva solicitud por la prosperidad de España». La carta comenzaba con una recapitulación de lo sucedido en los últimos meses que era, al mismo tiempo, un consejo respecto a la política a seguir: «Hace apenas unos meses todo el mundo dudaba de que Vuestra Majestad pudiese superar las dificultades que la rodeaban. Europa ha recuperado su confianza en el futuro de España viendo con qué energía se ha vencido la insurrección y la moderación mostrada después en el restablecimiento del trono constitucional sobre su verdadera base que es una sabia libertad alejada al mismo tiempo del despotismo y de la licencia». Muy consciente de lo que se le debía por haber apoyado abiertamente el golpe de julio de 1856, el emperador de los franceses se permitía recordarle a Isabel II el origen y el carácter de su derecho al trono:

En efecto, Señora, un gobierno carece de fuerza si no se mantiene fiel a la causa que representa; y Vuestra Majestad representa en España el gobierno constitucional en la buena acepción del término de la misma forma que yo represento en Francia los grandes principios de nuestra primera revolución adaptados al carácter francés por las instituciones fundadas por el Emperador Napoleón, mi tío. ¡Y bien! Espero que Vuestra Majestad me permita decirle todo mi pensamiento: temo que malos consejos tiendan a lanzar a Vuestra Majestad hacia una reacción demasiado fuerte y a prescindir de los hombres que le han mostrado en las circunstancias más difíciles una devoción y una habilidad tal que inspiran una gran confianza en Europa. Nada debilita tanto un gobierno como los cambios continuos de ministerios y nada desacredita más un poder que la exageración de los principios que le han hecho triunfar.

La carta continuaba aconsejando a la reina que, una vez restablecida en sus prerrogativas, emplease su poder en crear una administración capaz de producir las mejoras materiales que necesitaba la prosperidad de un país del que, aduladoramente, esperaba que pronto se encontrase entre las grandes potencias occidentales como Francia o Inglaterra. Acababa reiterando su enorme interés y afecto por «la gran nación española» y por su reina; sentimientos que le guiaban para, «respetando siempre la independencia de los países vecinos», sentir que podía contar con que «en los límites de lo posible se conduzca por mi influencia y mis consejos Vuestra Majestad en esta obra de gran significación[27]».

Mientras tanto, el moderantismo histórico jugaba todas su bazas y, entre ellas, la de Ramón Narváez. A su llegada a Madrid, el 7 de octubre de 1856, la reina le recibió muy amistosamente, pero no le encargó el Gobierno ese mismo día, como el general estaba seguro que haría, y le propuso que hiciese las paces con O’Donnell y aceptase el ministerio de Guerra. Ni Narváez quería un puesto de segunda fila, ni O’Donnell quería tener a su rival en el mismo puesto que él mismo había ocupado con Espartero durante el Bienio.

En aquel pulso, la balanza se fue inclinando hacia Narváez al constarse cada vez más que O’Donnell «había sido completamente abandonado por la comunidad liberal del país y que, al mismo tiempo, no era suficiente para satisfacer a los absolutistas», como relató Otway a su ministerio[28]. Su caída adoptó la forma de una estudiadamente femenina representación de desdén. La tristemente famosa «crisis del rigodón» sucedió así: en el baile de cumpleaños de la reina, ésta bailó el primer rigodón, como era costumbre, con su primer ministro. Pero en vez de bailar el segundo con un miembro destacado del cuerpo diplomático, Isabel II se saltó la etiqueta y sacó a bailar a quien toda la Corte sabía que aspiraba a ocupar el lugar de O’Donnell, al general Narváez.

Escenificada la crisis, ésta se materializó a lo largo del día 11 de octubre y la madrugada del día 12, cuando el conde de Lucena fue obligado a dimitir o presentó su dimisión, después de que una nutrida representación de la plana mayor del moderantismo, incluidos Candido Nocedal, Narváez, Pidal, Lersundi, Moyano, el duque de Rivas y el antiguo militar carlista Urbiztondo, conferenciaran con la reina. Al día siguiente, la Gaceta publicó un nuevo ministerio presidido por Ramón Narváez[29].

Como el encargado de negocios francés escribió a su ministerio, aquella decisión era muy arriesgada y, de hecho, ponía a Isabel II en una delicada situación, no sólo ante la opinión pública del país, sino ante el emperador que había apoyado de manera abierta el sistema conciliador de O’Donnell y prevenido contra la «reacción exagerada» que implicaba Narváez[30]. En todo caso, aquella decisión demostraba que, al menos a corto plazo, la auténtica vencedora de las sangrientas jornadas de julio de 1856 había sido la Corona y no el general de Vicálvaro y su proyecto de unión liberal.

Pese a la habitual opacidad a la que el historiador se enfrenta en las grandes crisis del reinado, parece que esta vez fue decisiva la influencia del rey consorte (aunque en este caso carezcamos de documentación directa) y los consejos llegados desde el entorno parisino de María Cristina[31]. La correspondencia entre el progresista Manuel Cortina, abogado de la familia Muñoz, y el duque de Riánsares puede ayudar a aclararlo un poco. En una carta del 21 de octubre de 1856, Manuel Cortina escribió a Fernando Muñoz comentando alarmado el relevo ministerial:

Todos los hombres honrados deseaban y esperaban la reparación de los desaciertos de los dos últimos años pero no con tanta premura ni con tanta violencia. […] Esto ha dado lugar a una situación completamente reaccionaria, cuyas consecuencias inmediatas son: 1.ª, reunir a los que no lo estaban; 2.ª, retraer a los muchos con cuyo apoyo se debía contar; 3.ª, dividir a los que convenía que estuviesen unidos y 4.ª limitar la influencia y acción del Gobierno al pequeño círculo de sus paniaguados y protegidos. Lo peor es, Señor Duque, que se ha puesto demasiado en evidencia la Reyna […] quien quiera que pueda imaginarse habla de cambios radicales y el que no habla de sacrificar la dinastía, está dispuesto a dejarla sacrificar impasiblemente[32].

La respuesta de Riánsares fue breve, distante y casi displicente: «Me lamento tanto o más que V. de lo que pasa pues no puedo menos de interesarme por el bien de S. M. la Reyna y por su dinastía y siento los males de mi país como puede sentirlos el más ardiente patricio; pero como no he tenido ninguna parte para crear tal situación, ni tengo medio de mejorarla, ni deseo de influir en ninguna forma ni manera, mi papel es el de sentir, o alegrarme, según el bien, o el mal que traigan a España los acontecimientos[33]».

La distancia y la displicencia no habían sido sin embargo los rasgos distintivos de la entusiasta carta escrita por Riánsares a Pedro José Pidal (nuevo ministro de Estado con Narváez) nada más conocer el cambio de Gobierno y días antes de contestar a Cortina:

No quiero dejar pasar ni un día para felicitarle por su buena y nueva situación […]. Hágame el favor de ser mi intérprete, dándole [a Narváez] las más expresivas gracias por la parte principal que tiene en la medida que han tomado Ustedes y la enhorabuena por su subida al poder, al mismo tiempo que le manifieste mis votos al Ser Supremo para que permanezcan Ustedes en el poder el tiempo necesario para hacer todo el bien de que son capaces a la Reyna y al Pays.

[…] Días pasados acompañé de caza al Emperador […] y me habló bastante de España. Su gran preocupación es ¿podrá sostenerse el general Narváez? Yo traté de persuadirlo que sí, y se lo expliqué del mejor modo posible, […] A estos argumentos míos salía siempre el temor del Emperador de una expresa voluntad de la Reyna y francamente a esto no podía yo responder como lo hacía en la cuestión mirada por el lado político y de gobierno. ¡Ojalá pudiera[34]!

En todo caso, lo que queda claro es que, si María Cristina no aconsejó a su hija directamente que nombrase a Narváez y se desembarazase de O’Donnell, desde su casa en París se sentían de enhorabuena por un cambio en el que, a mi juicio, la decisión principal procedió de la propia Isabel II presionada, eso sí, por su entorno más inmediato. Lo más parecido a una explicación propia lo encontramos en la carta que la reina envío a Luis Napoleón tras el cambio de ministerio. De esa carta tan sólo se conserva una copia no autógrafa y se nota que no fue un producto único y original de Isabel II sino, posiblemente, de su nuevo Gobierno.

Yo estoy bien convencida de lo importante que es no debilitar el poder mediante cambios frecuentes de ministerios […] Hay, sin embargo, circunstancias en las cuales es necesario llamar a otras personas a los consejos de la Corona: especialmente en los gobiernos constitucionales que no pueden dejar de prestar atención a la opinión pública y a la preponderancia sucesiva de los partidos legales.

[…] juzgué indispensable acceder a los deseos de la opinión y llamar a otros hombres, muy conocidos por su constante adhesión al régimen constitucional, en su buena acepción, y por los servicios que, por la defensa de mi Trono, han hecho en circunstancias no menos críticas ni menos peligrosas. Vuestra Majestad puede estar seguro que concedo el aprecio que debo al interés que Vuestra Majestad, sin abandonar su constante reserva y su respecto por la independencia de otros países, ha tenido a bien testimoniar en su amistosa carta a favor de España y de su prosperidad[35].

No obstante, este alarde de independencia, con el que reafirma su autoridad como reina no sometida a tutela francesa ni al juego parlamentario de mayorías, tenía su historia oculta. El encargado de negocios británico, Otway, refirió a su ministerio el desarrollo de la crisis en la que, a mi juicio, es la versión probablemente más ajustada de los hechos:

La reina le había hecho ya una primera indicación sobre la desamortización al ministro de Finanzas [Salaverría] y luego, el sábado por la noche, a O’Donnell quien informó a sus colegas a las 9 de la noche de ese sábado y volvió a Palacio a las 11 para decirle que el ministerio deliberaría. Poco después, dos de los que luego serían ministros, Moyano y Nocedal, tuvieron una larga entrevista con la Reina. La conversación fue muy larga pero la Reina seguía resistiéndose […] Llaman entonces a González Bravo que viene enseguida. Tras una breve conferencia con Su Majestad, él, por fin, tiene éxito en decidirla a despedir al gobierno de O’Donnell. A las 2 de la mañana, González Bravo salió de Palacio con un mensajero encargado de ir a la casa del señor Collado, ministro de Obras Públicas, y le hizo partícipe del placer con el que la Reina recibiría la dimisión de sus compañeros. El señor Collado se negó pero los otros Ministros, viendo que el deseo de deshacerse de ellos era irrevocable, presentaron su dimisión a la Reina a las 2 de la tarde del domingo. El argumento que el Sr. González Bravo empleó para obtener lo que Nocedal y Moyano no consiguieron ¡pertenece a la esfera de los secretos de Estado! Lo que es cierto es que sus palabras operaron como un talismán y decidieron el ánimo vacilante de la Reina[36].

La rueda de las presiones ocultas, la utilización de la aterrada religiosidad y de las flaquezas personales de una reina perpetuamente en deuda con todo el mundo, muy especialmente con su marido y con sus confesores, volvía a ponerse en marcha. Una vez más, la situación privada y la función pública de Isabel II eran sabia y cínicamente mezcladas en la estrategia del moderantismo para lograr el poder, lo que afectó de forma decisiva (y en absoluto anecdótica) a la vida política del país. En esa estrategia, no faltó la hábil utilización por parte de los sectores más reaccionarios del moderantismo de los ya endémicos temores de Isabel II a una conjura para arrebatarle la Corona, en este caso orquestada por Francia. Unos temores que complican aún más la explicación de la caída de O’Donnell y de la reacción política que la siguió.

En efecto, como escribió Otway, el general O’Donnell fue, entre otras cosas, víctima de una intriga inteligentemente concebida. De hecho, en los días previos a su dimisión, fuentes bien informadas le comunicaron a Otway que «el Rey y la Reina estaban muy preocupados por la visita del príncipe Lucien Bonaparte a las provincias vascas pues temían que el Emperador tuviese algún proyecto dinástico respecto a España». Ese rumor fue, al parecer diseminado por Narváez, «la carta enviada por Napoleón a la Reina hace unos días, en la cual Su Majestad Imperial entraba en ciertas consideraciones políticas, tuvo el efecto de dar, a los ojos de la Reina, un carácter muy fuerte de verosimilitud a esa posibilidad […] Desde ese momento, la suerte de O’Donnell estaba echada y dos días después de recibir la carta de Napoleón, en la cual recomienda a O’Donnell, éste es obligado a dimitir[37]».

Por su parte, lord Howden desde París, donde se había entrevistado con el general Serrano, informó sobre dicha entrevista, en la que le fue entregada una carta de una persona cercana a O’Donnell: «la capacidad de disimulo —quizás debería escribir de perfidia— de la Reina que sobrepasa todo lo imaginable […] las atenciones a Narváez [durante el baile de cumpleaños] y la frialdad con O’Donnell fueron tales que el último se fue evidentemente irritado. Al día siguiente, el día 11, la reina llamó a O’Donnell y le preguntó si estaba enfadado por algo, añadiendo: “Si Narváez te disgusta, o cualquier otro, nómbrame a la persona y te doy autoridad para despedirle inmediatamente”. O’Donnell contestó: “No, Señora, nadie me disgusta, la única cosa que pido es que Su Majestad permita que el Gobierno gobierne”. A la mañana siguiente, la Reina [ilegible] a O’Donnell y todo su gabinete a venir a Palacio y entonces, en medio de una abundancia de lágrimas y tartamudeos, les informó que no podía evitarlo… que era necesario… que había considerado necesario por el bien del país que el Gobierno pasase a otras manos[38]».

¿Una muestra de duplicidad o los movimientos erráticos de alguien acosado por el miedo? Ambas cosas a la vez, probablemente. En todo caso, la reacción política de la Corona, que los comentaristas generales consideran como la conclusión natural de la forma en que se produjo el fin del Bienio Progresista, resulta —si se mira de cerca— bastante más compleja. Esa complejidad (que no casuística) entrelaza razones personales y políticas que son fundamentales para explicar la inestabilidad y la extrema vulnerabilidad que, como se había temido desde St. Cloud, afectó al gobierno Narváez desde sus inicios.

La misma composición del gabinete y la posición de Narváez en él demostraban hasta qué punto había sido éste una creación más de la Corte que del propio general. De hecho, como escribió el encargado de negocios francés a su ministerio, «el general es el más liberal de los ministros. El más reaccionario, y el que da el tono al gobierno, es el señor Nocedal[39]». Ese tono reaccionario se hizo evidente de forma inmediata: la ley de desamortización fue suspendida en su totalidad y se invalidó toda la obra del Bienio que pudiese atentar contra el Concordato de 1851; el secuestro de los bienes de María Cristina y Riánsares fue cancelado completamente por un decreto del 20 de octubre que incluía un preámbulo absolutamente exculpatorio y comprometía, además, al Gobierno a devolver todos los atrasos de la discutida pensión de viudedad de la exregente; se restablecieron los derechos de puertas y consumos, así como la legislación moderada sobre ayuntamientos y diputaciones; por último, se recuperó la legislación de imprenta de 1845 y se acompañó de una circular de Nocedal (que acabaría siendo la ley de imprenta de 13 de julio de 1857) que endurecía la censura hasta el punto, escribe Juan Valera, que «apenas consentía a los periódicos la discusión de los actos del gobierno[40]».

La mayor satisfacción para la Corte fue, con todo, la recuperación de su libertad de organización interna mediante una serie de decretos que anulaban toda la legislación progresista sobre arreglo de Palacio y conferían a la reina absoluta independencia para nombrar a sus empleados. En una primera entrevista con Otway, Narváez le informó de que «su intención era que todo debía volver al estado en que estaba antes de la revolución de 1854 […] La constitución de 1845, vigente durante nueve años, sería mantenida y considerada su “point de départ”; que reorganizaría el país en conformidad con ella y que, de hecho, su sistema sería la total derogación de todo lo que se había hecho desde julio de 1854, y el restablecimiento de lo que existía antes de esa época[41]».

Sin embargo, ni siquiera el mismo Narváez estaba dispuesto a que la reacción fuese tan absoluta como se pretendía desde la Corte, en especial desde la camarilla del rey y desde el ministerio presidido por Cándido Nocedal. Más allá del para la reina irrenunciable tema de la desamortización, el duque de Valencia era consciente de que tenía que edificar sobre la base de buena parte de la legislación económica del Bienio y que debía intentar buscar una forma de evitar la reproducción de un enfrentamiento como el de 1853-1854.

Fue Narváez quien decidió decretar una amnistía general para los implicados en la resistencia de julio de 1856 y quien levantó el estado de sitio decretado por O’Donnell. Fue también él —contra el parecer de Nocedal que creía posible y necesario gobernar sin Cortes— quien se empeñó en convocar nuevas elecciones para reunir al Parlamento en mayo de 1857. Al mismo tiempo, buscó por todos los medios tranquilizar al Gobierno del emperador y lograr su colaboración con señales de buena voluntad como, por ejemplo, plegarse a los deseos de Luis Napoleón en el sentido de las «sugerencias» de Walewsky a Comminger-Guitaud: «El Emperador vería con placer que el mariscal Serrano fuese mantenido en París. Actuad en consecuencia». La contestación de Narváez fue que haría «lo que sea para complacer al emperador aunque para él mantener a Serrano es un sacrificio» y pidió al encargado de negocios francés que informase a su Gobierno sobre la línea política del nuevo gabinete español, «reducida a defender el sistema constitucional bien entendido, respetar los sagrados derechos del trono y restablecer el principio de autoridad[42]».

Su objetivo era, no sólo mantener las formas de un gobierno representativo con la convocatoria de Cortes, sino lograr una mayoría parlamentaria que le consolidase ante Palacio y le permitiese algún tipo de independencia ante él. Consciente de su debilidad, la colaboración francesa era importante para Narváez porque, como confió a su representante en Madrid, «el apoyo del Emperador le resulta indispensable para tener la fuerza necesaria, al mismo tiempo, ante la Reina y ante el país para cumplir nuestra tarea. La situación es la de un enfermo llamado a la cabeza de un enfermo más grave, si yo no puedo salvarle, dudo que nadie lo pueda hacer después de mí». Días después, un nuevo despacho procedente de la embajada de Francia en Madrid demostraba hasta qué punto Narváez buscaba, para sí, las garantías de apoyo que Francia le había asegurado a O’Donnell contra cualquier intento revolucionario (o carlista) y lo difícil que le resultaba, al parecer, conseguirlas en la medida que necesitaba.

El encargado de negocios francés recomendó prudencia porque «después de haber hecho toda suerte de tentativas, después de convencerse de la inutilidad de sus esfuerzos para llevar a Francia a prestarle el socorro que reclama; en una palabra, si los acontecimientos viniesen a confirmar las disposiciones desfavorables que los corresponsales particulares y la prensa francesa atribuyen al Gobierno Imperial, no hay duda, señor Conde, que en esta hipótesis, el mariscal Narváez, lejos de buscar la protección del Gobierno inglés, que le es antipático, explotará la disposición de la Reina por la novedad y la persuadirá de la necesidad de un acercamiento íntimo entre España y las Cortes de Austria y Rusia[43]».

El diplomático francés no conocía bien la capacidad camaleónica de Narváez. En ausencia de Howden, fue Otway quien se entrevistó y escribió a su ministerio informando de que, en todo caso, «el gabinete no es homogéneo en sus sentimientos o principios de gobierno. Su Excelencia puede estar seguro de que el duque de Valencia y el marqués de Pidal están determinados a mantener las apariencias constitucionales, si no la esencia, pero el ministro del Interior, señor Nocedal, desea audazmente gobernar sin el parlamento y en ese deseo participa el Rey Francisco con toda la ceguera de nuestros propios Estuardos[44]». Ante la furia reaccionaria de Palacio, todos menos los más obtusos y radicales tenían verdadero pánico de los extremos a los que algunos querían llegar. Don Ramón llegó a decirle a los embajadores inglés y francés que «va a haber que gritar ¡Alto!», y que él se sentía «más fuerte que todos los curas de España[45]».

En efecto, todos los curas de España (y alguna monja famosa) parecían haberse congregado de nuevo en la Corte, animados en su situación de privilegio político por el rey consorte y por la hábil explotación de los terrores religiosos y los deslices personales de la reina. Quienes así la rodeaban y convertían en estandarte de la reacción, hacían oídos sordos a todas las advertencias respecto a la peligrosa posición política en que quedaba colocada Isabel II como titular de la Corona. La decisión de sustituir a O’Donnell por Narváez, con las Cortes cerradas, había otorgado a la reina un grado de responsabilidad política extraordinaria, y para todos era evidente que la propia Isabel II había traicionado las esperanzas de aquéllos que habían salvado su trono en 1854 y en 1856.

Ahora, además, carecía de la excusa de la inmadurez y de la presencia aparentemente todopoderosa de su madre que la había salvaguardado durante los años de la Década Moderada. Una salvaguarda que se había extendido al ámbito más personal (pero no por ello menos político) de su matrimonio. En efecto, en ausencia de María Cristina, y una vez superados los trastornos del Bienio, el rey Francisco de Asís estaba dispuesto a alcanzar el grado de influencia política sobre su mujer que siempre había considerado un patrimonio propio, menoscabado por su autoritaria suegra. Una influencia que había crecido, como vimos, durante los difíciles años del Bienio y que habría de ejercerse una vez más recurriendo al chantaje personal sobre su esposa.

En un despacho secreto y confidencial, enviado por Otway a Clarendon cinco días después de la llegada de Narváez al poder, el embajador británico en funciones se extendía sobre el creciente protagonismo político del rey y el origen espurio de su ascendiente sobre Isabel II:

Es el Rey, quien no oculta sus simpatías por la política reaccionaria del clero, quien influye directamente en la marcha de los negocios dominando enteramente a la Reina la cual es incapaz de negarle nada por miedo a agravar su ya muy amenazada posición. Esto es consecuencia del hecho de que el Rey, por unos medios u otros, ha interceptado dos cartas del antiguo favorito de su esposa, el comandante Arana, en las cuales éste le renueva a Su Majestad sus ardientes protestas de afecto. Esta correspondencia, que revela la secreta relación que este joven tuvo con la Reina, ha sido la causa de serias disensiones en el matrimonio real y el Rey se aprovecha de la circunstancia para hacer que su voluntad prevalezca en los Consejos de Estado y en la marcha política de los asuntos. El ministerio Narváez es incapaz de sacudirse su influencia y esto explica la aparición en la Gaceta de medidas que han causado pánico en todos los hombres sensatos, incluso en los que profesan los principios más reaccionarios[46].

La diplomacia francesa, por su parte, corroboraba aún más explícitamente el significado político de aquel continuado chantaje personal: «El Rey amenaza a la Reina porque le ha dado hijos que no le pertenecen. El Rey en consecuencia empuja a la Reina a medidas que deben un día favorecer el encuentro con los carlistas. Aconsejado él mismo por el clero, el Rey aconseja a la Reina a marchar, a pequeños pasos, hacia una política retrógrada que servirá para acabar en una restauración legítima. Narváez ha sido elegido para hacer de puente: no es más que un juguete, un instrumento en manos de la Reina, que le echará, que le herirá mañana[47]».

Sin embargo, la reacción absoluta que temían los embajadores encontró desde el principio una decidida resistencia dentro de sectores importantes del propio moderantismo. Para esos sectores, moderados pero liberales, era absolutamente necesario establecer un punto límite para la reacción. Para ellos, también, hacerse con la voluntad de la reina, esforzarse por guiarla en el laberinto político postrevolucionario, era una tarea de primer orden. El mismo marqués de Miraflores, poco sospechoso de cualquier veleidad progresista, escribió a la reina, ya el 19 de octubre de 1856, para advertirla contra «lo poco que conviene en Política volver la vista atrás, como no sea para no incurrir otra vez en lo que se hizo entonces mal. Yo havría querido que se huviera verificado de otro modo el tránsito de la anterior situación que no podía ni devía dejar de variarse, porque no satisfacía lo que V. M. y el país necesitaba; fue sensible sin embargo que se huviese dejado como se dejó tan a descubierto su augusta persona».

Tras considerar acertada (o al menos aparentarlo) la elección de Narváez, Miraflores escribía que sólo sería posible ayudarle en su empresa de gobierno si había auténtica «moralidad severa, justicia, seriedad y bravura en las personas que goviernan; ninguna clase de exageración, en nada, reparación de los buenos principios, sin reacciones estrepitosas, mucho juicio, calma, mucha regularidad en todo y el éxito es seguramente feliz». Para ello creía necesario que la reina no se dejase llevar por las pasiones políticas, sino que fuese su dique: «Sea V. M., reyna, aunque joven de 26 años, el centro de un sistema fijo y serio y el compensador de las pasiones y de los intereses de todos y así renacerá el sosiego de los ánimos, conmovidos y agitados en unos por la ambición, en otros por el miedo o por la esperanza».

Buen conocedor del ambiente de Palacio y de la propia Isabel II, Miraflores era consciente de hasta qué punto ésta podía verse arrastrada hacia la reacción absoluta por sus escrúpulos religiosos, lo que era especialmente peligroso en un tema en el que los intereses de tantos buenos burgueses y buenos moderados estaban implicados, la desamortización: «nada de ir hasta la anulación de las ventas echas, sería un paso imprudentísimo y muy peligroso […] Esta opinión, Señora, no es sólo mía, la hemos discutido y tratado con detención y seriedad varios amigos Archi-conservadores y Archi-monárquicos, leales todos, muy leales a V. M., todos unánimes hemos pensado lo mismo y yo devo hacérselo saber a V. M.»[48].

Sin embargo, la unanimidad moderada de que hablaba Miraflores no existía. En realidad, la experiencia del Bienio y la política de la Corte desde entonces habían dividido al moderantismo histórico en, al menos, tres grandes fracciones. Por una parte, aquélla que se había ido escorando cada vez más hacia las posiciones ultra reaccionarias de gentes como Cándido Nocedal o Urbiztondo que, con un apoyo ciego por parte de la camarilla del rey, apostaban por el llamado «principio monárquico puro» y eran partidarios de un acuerdo con el carlismo. Por otra parte, y en el extremo opuesto, estaban aquellos sectores que seguían siendo fieles al ideal de moralidad y conservadurismo templado que había representado el alzamiento del Campo de Guardias en 1854 y que alentaban el proyecto de unión liberal. Por último, y entre ambos polos, había un grupo heterogéneo de moderados de centro —aquéllos a quienes Miraflores quería prestar su voz— que se agrupaban, mal que bien y en función de las circunstancias, en torno al general Narváez sin reconocerle ya, sin embargo, la autoridad absoluta que tuvo en su momento sobre la totalidad del partido.

En todo caso, la fuerza conjunta de las dos últimas fracciones permitió decir al embajador británico, a principios de marzo, que la situación «comienza a mejorar, ya no se habla de golpes de Estado, de ministros absolutistas o de influencia carlista. La opinión pública parece haber conseguido algo y las medidas reaccionarias violentas parecen abandonadas, al menos por el momento[49]». Poco antes, el encargado de negocios francés escribió a su ministerio que tenía información sobre una entrevista entre la reina y Narváez en la cual ésta le habría dicho: «Yo no me hago ilusiones, sé que todos los partidos se ocupan de un cambio de dinastía, que tú eres mi último sostén y que por lo tanto tu caída implicaría la mía. Tienes, por lo tanto, toda mi confianza y mi posición es demasiado precaria como para que dudes de la sinceridad de mis palabras[50]».

Estas palabras, como casi todo lo que sabemos sobre la posición y las intenciones de la reina, son apócrifas. Con todo, sus posibles seguridades a Narváez y las razones de éstas, demuestran que el ambiente en que vivía Isabel II era un ambiente de incertidumbre extrema dentro del cual, y por lo que respectaba a su permanencia en el trono, tenían tanto valor los rumores de revolución como los de reacción. Bloquear a esta última —como medio de evitar un estallido revolucionario similar al de 1854— no era, sin embargo, una empresa fácil.

El poder de facto otorgado a la Corona como medio de acabar con la experiencia progresista había liberado una fuerza que habría de costar mucho embridar. Afortunadamente para los liberales de uno u otro signo, aquella fuerza estaba también recorrida por divisiones intestinas que afectaban a la propia pareja real, a su rivalidad interna y a sus redes de poder dentro de la Corte. La camarilla del rey, apoyada por el sector más reaccionario del moderantismo encarnado en Nocedal y González Bravo, retomó en aquellos meses las negociaciones con don Carlos que se habían iniciado durante el Bienio y logró imponer, para escándalo de la totalidad de la opinión pública liberal, una amplia amnistía para los carlistas que aún estaban represaliados[51].

Por su parte, como informó Otway a su ministerio, la reina, en intento por resistir «la casi abyecta influencia que el Rey ejerce sobre ella, protege frente al Rey a varios jefes progresistas como San Miguel o Zavala […] Se le ha metido en la cabeza la fantasía de que puede gobernar por sí misma y para poder hacerlo ha adoptado el fatal sistema que los franceses llaman jeu de bascule, o sea, enfrentar a un hombre contra otro para neutralizar a ambos […] Estas maniobras no son nuevas y, dada su falsedad, han seducido y arruinado a muchas cabeza coronadas […] Siento profundamente tener que llamar la seria atención de Su Excelencia respecto a que la necesidad de un cambio de Dinastía es una idea que va asumiendo proporciones colosales y que es probable que muy pronto de convierta en la opinión general del país[52]».

En estas condiciones, con el progresismo optando por un retraimiento que hacía presagiar un nuevo estallido revolucionario, los embajadores británico y francés decidieron hacer causa común, una vez más, para sostener la monarquía de Isabel II «y salvarla de sus locuras[53]». Su objetivo era aminorar la furia reaccionaria garantizando a Narváez su apoyo frente a ésta y buscando afianzar su posición en la Corte a pesar de la clara antipatía que por él y por su política sentía el rey.

Comminger-Guitaud escribió a su ministerio que se esforzaba por hacer comprender al Gobierno lo peligroso que sería ceder a «esas ideas absolutas; ese régimen sin merced con el que sueñan quizás en altos lugares y que excluye toda concesión a las ideas del día, toda sabia libertad e incluso la sombra de una representación nacional». A su juicio, el ultramontanismo «no puede tener más que una duración efímera, incluso en España, su horóscopo es fácil de tirar, incluso en un país donde nadie puede ser profeta; caerá pronto a su vez bajo el golpe de la reacción en sentido inverso que habrá provocado y la anarquía se convertirá así en dueña del terreno en la Península[54]».

Una disposición similar mostró la diplomacia británica, cuyo representante se entrevistó con Narváez para deshacer cualquier malentendido de animosidad de su Gobierno contra el general:

El general me recibió en la cama y le aseguré que el gobierno británico no era hostil contra él y que le deseaba éxito porque sabe que tras él no hay nada más que el despotismo o la anarquía […] me contestó agradecido y me dijo que había sido mal interpretado pues nunca ha servido a nada más que al sistema constitucional y que moriría antes de servir a otro sistema; que cuando era capitán y coronel era cierto que había sido un liberal más radical y que había pensado que su país podía ser gobernado con una mano más suelta y con una base de libertad más amplia pero que desde entonces había cambiado de opinión por el extremo personalismo de la política española […] Dijo que estaba determinado a gobernar dentro de los estrictos límites de la legalidad, proponer sus medidas a las Cortes y no hacer nada por real decreto[55].

Unos días después de esta entrevista, el encargado de negocios francés tuvo una reunión con Howden, recién regresado a Madrid, en la cual éste le confió que las instrucciones de su Gobierno eran sostener a cualquier precio al gabinete Narváez y que, nada más llegar a la capital, se había entrevistado con don Ramón para anunciarle oficialmente el apoyo de su gobierno[56].

Sin embargo, los representantes diplomáticos no las tenían todas consigo respecto a las seguridades dadas por Narváez; lo curioso es que esa inquietud no lo era tanto respecto a la sinceridad del general como respecto a su capacidad para imponer su política de la manera en que lo había hecho en otros tiempos. El también recién llegado embajador francés, Turgot, era de una opinión similar y escribió a su Gobierno diciendo que encontraba a Narváez «decaído y en cierto sentido hasta literalmente espantado». Como había hecho Howden, tras asegurarle el apoyo de su Gobierno, no le había ocultado la intranquilidad del Gobierno francés respecto a «la actitud dudosa de muchos miembros del gabinete y sus relaciones demasiado conocidas con las influencias clericales y anticonstitucionales que se agitan en torno a las Personas Reales». El general repitió casi las mismas palabras y expresiones que había utilizado con el representante británico asegurando «que disfrutaba de la confianza de la Reina, al menos hasta el presente y que se sentía más fuerte que todos los curas de España». Sin embargo, lo mismo que le había ocurrido a su colega británico, el marqués de Turgot confesaba que las seguridades del general no habían traído paz a su espíritu: «Yo no he reencontrado en su actitud, en su acento, aquella energía y aquella convicción que son el carácter distintivo de este hombre de Estado: a pesar de asegurarme la confianza que le testimonia la reina, me ha confesado que tenía que soportar enemigos y pequeñas penas que no carecían de amargura[57]».

La inquietud de ambos embajadores no era infundada. Narváez se había ablandado, no sólo por los años y las frustrantes experiencias acumuladas en sus relaciones con la Corte, sino por la sensación de encontrarse atrapado en una situación en la que su autoridad había dejado de ser incuestionable, o al menos incuestionada, tanto entre las diversas fracciones del Partido Moderado como entre la familia real. Por lo que respectaba al partido, Turgot escribió a su ministerio que, entre las cosas nuevas y lamentables que había encontrado a su regreso a Madrid, una de las más graves era «la división, por no decir la disolución del partido moderado. Cada día su fraccionamiento aumenta y el mariscal Narváez, hasta el momento, es incapaz de lograr la reunión […] El ministerio difícilmente puede durar mucho porque todas las parcialidades del partido moderado son hostiles a Narváez; cada día se habla de crisis. Si cae, es imposible saber por qué matiz de opinión será reemplazado porque ni la razón ni la prudencia presidirán la elección de la persona encargada de constituir el nuevo ministerio: ¡el capricho de Palacio decidirá todo y arriesgará todo!»[58].

En efecto, las actuaciones, y no sólo las políticas, de la familia real eran un constante quebradero de cabeza para el presidente de un Consejo de Ministros profundamente dividido internamente. Una división que la actuación del rey consorte no hacía sino alimentar al apoyar a los ministros (Nocedal y Urbiztondo, sobre todo) más reaccionarios frente a los más liberales, como Pidal, Moyano o el propio Narváez. El embajador francés escribió el día de Navidad a París informando de que el gobierno Narváez era prácticamente impotente ante la política de Palacio, «donde todos los pensamientos, todas las voluntades, están inspiradas por el partido clerical más extremo. El general Narváez cree prolongar la duración de su ministerio mediante concesiones pero las exigencias renacen a cada instante y ¡la debilidad de la víspera sirve de argumento para excusar o motivar la debilidad del día siguiente!»[59].

Los contactos entre el Vaticano y la Corte española se convirtieron en contactos personales de la familia real y el Papa, sin conocimiento del Gobierno, mientras el cardenal arzobispo de Toledo (confesor de la reina) y el Patriarca de Indias pugnaban por ocupar el lugar de consejeros privilegiados cerca de los reyes al margen del presidente del Consejo de Ministros. Ante esa situación —que poco tenía que ver con las convenciones básicas de una monarquía constitucional— hasta el muy conservador marqués de Turgot se sintió legitimado para rogar al Gobierno francés que hiciese algunas gestiones ante la Santa Sede «para moderar las exigencias que no tienden a nada menos que a comprometer la existencia de la dinastía actual e, incluso, al menos momentáneamente, la institución monárquica en España».

El peligro mayor, a juicio del embajador francés, era que —aprovechando la desunión interna de todos los partidos— el rey Francisco de Asís, se convirtiese en el centro de una negociación con los «príncipes carlistas [que] se creía abandonada [pero] no lo está en absoluto[60]».

En efecto, toda la política del rey y la camarilla reaccionaria (con el concurso más menos recelosos y reticente de la reina) estaba dirigida a aprovechar lo que ellos pensaban que era una excelente coyuntura nacional e internacional —que debilitaba al carlismo— para lograr un acuerdo con Montemolín que forzara el reconocimiento de Isabel II a cambio de la restitución de sus bienes confiscados, una importante indemnización y el regreso de los príncipes rebeldes a España como infantes plenamente integrados en la familia real. Ése era el primer paso. Una vez desvanecida la amenaza del carlismo, el rey podría imponer una regencia propia y forzar la involución política en un sentido netamente antiliberal.

Con aquel cálculo político, Francisco de Asís y su entorno reaccionario demostraban hasta qué punto seguía alentando en la Corte española la idea de que la ruptura liberal era reversible y que, en todo caso, aquélla se había producido debido a la debilidad de una familia real dividida, una parte de la cual habría necesitado apoyarse en los liberales para defender sus derechos. Con la familia unida, sin el temor de una nueva guerra civil, el liberalismo y el odioso sistema de «monarquía limitada» o constitucional podría descartarse. El grado de autismo político que implicaba aquel cálculo —tras los profundos cambios e intereses adquiridos que habían propiciado veinticinco años de liberalismo— no es óbice para que esa política se intentase llevar adelante, entorpeciese continuamente la labor del ministerio y provocase la alarma de todos los liberales, incluido el embajador francés[61].

No sólo el rey consorte y la camarilla clerical eran un quebradero de cabeza para el Gobierno. También lo era la reina madre. Así, mientras el rey conspiraba para lograr un pacto con los carlistas, María Cristina de Borbón escribía constantemente desde París para lograr una reparación aún más completa de los agravios que había sufrido durante el Bienio y esperaba, envuelta en sus habituales disimulos, que esa reparación implicase un regreso triunfal a Madrid[62].

De hecho, y contra todos los consejos, María Cristina se empeñó en que sus abogados publicasen y distribuyesen por todo el país un dictamen de respuesta a las acusaciones vertidas contra ella por la comisión de las Constituyentes de 1854-1856. En él, y más allá de una minuciosa exculpación relativa a todos los delitos económicos que se le imputaban, los abogados de la reina Cristina impugnaron una a una todas las acusaciones de índole política y, muy especialmente, las referidas a su participación en la conspiración de 1841 y en el supuesto intento de golpe de Estado de 1852 destinado a imponer por la fuerza la reforma constitucional de Bravo Murillo.

Esta última cuestión fue la que suscitó más comentarios e hirió más susceptibilidades. Por una parte, y a pesar de la ambigüedad de su tono, o precisamente por ella, el dictamen de los abogados hacía recaer, implícitamente, en Isabel II la responsabilidad de aquel intento de reacción que condujo, de forma mediata, a la revolución de 1854. Por otra parte, sacaba a la luz una serie de entrevistas entre Bravo Murillo, Antonio Rubio (secretario de la exregente) y la propia María Cristina en las que ésta, supuestamente, habría expresado su disconformidad con la política del ministerio de Bravo Murillo quien, al parecer, habría cedido en sus proyectos por instancias de la reina madre y eso le habría valido la destitución. Una explicación de este tipo, que alteraba en buena medida lo que la opinión pública (y la totalidad de la historiografía posterior) daba por bueno desde 1852, suscitó todo tipo de rumores, un conato de escándalo político y, según sabemos, la ruptura de relaciones entre la reina madre y Bravo Murillo[63].

En previsión de su posible vuelta, María Cristina insistió también durante aquellos meses en liquidar la testamentaría de Fernando VII con sus dos hijas, lo que provocó una larga negociación en la cual se adivina la irritación que producía en la exregente el hecho de que Isabel II, dando por buena la versión popular acerca de la posesión por parte de su madre de un monto sustancial de las joyas de la Corona, insistiese en que le fuesen devueltas aplicándoles una denominación que María Cristina, aún dispuesta a devolverlas, exigía a su hija que no utilizase jamás[64]. La tensión entre ambas llegó al máximo cuando el Gobierno le negó a la hermanastra de la reina, Amparo Muñoz de Borbón, recién convertida por su matrimonio en princesa Czartoryska, la posibilidad de pasar por Madrid en su viaje de bodas por España. Aquel desaire público y calculado contra su propia familia desató las iras de María Cristina, incapaz de asumir su creciente pérdida de autoridad política y personal sobre su hija[65].

No hay duda de que, fuese por lo que fuese, Isabel II había decidido independizarse lo más posible de la larga tutela de su madre y de que fue su voluntad la que, una vez rehabilitada formalmente María Cristina, impidió que ésta regresase y se instalase de nuevo en Madrid con su familia. El propio Narváez, se lo confesó así a Otway: «Le pregunté si la reina estaba ansiosa porque regresase su madre y me contestó: En absoluto, lo último en el mundo, y por lo que a mí se refiere, añadió riéndose, usted sabe si yo quiero que venga o no venga[66]».

«Con doña María Cristina de Borbón en España no es posible ningún gobierno», había dicho O’Donnell en las Constituyentes[67]. Algo similar debía de opinar Narváez y algo similar, pero pensando en su propio gobierno y en su propia libertad personal, debía de pensar Isabel II. Para la reina, sacudirse el yugo de su madre (y en la medida de lo posible el de su marido) tenía implicaciones tanto políticas como personales. En efecto, la vida privada de Isabel II había vuelto a dar pábulo al comentario con la privanza de un nuevo militar en la ya larga saga de oficiales jóvenes y apuestos con los que distraía sus penurias matrimoniales y con quienes, quizás, buscaba afecto y compensación. Ahora se trataba de Enrique Puigmoltó y Mayans, hijo del también militar Rafael Puigmoltó y Pérez, conde de Torrefiel, alcalde de Onteniente, provincia de Valencia, en los tiempos de Fernando VII. Partidario de don Carlos a la muerte del rey absoluto, Rafael Puigmoltó fue apartado de sus cargos y permaneció preso durante buena parte de la guerra civil hasta que la mayoría de Isabel II y la mano tendida por los moderados al carlismo, permitió su rehabilitación, la recuperación de sus posesiones y títulos, y el acta de senador[68].

Su hijo, que a la sazón contaba veintinueve años, era capitán de ingenieros y, desde marzo de 1856, estaba al mando de uno de los batallones de guarnición en la Corte. Durante los días finales del Bienio Progresista, se destacó en la represión de los sublevados en Madrid contra el gobierno O’Donnell y recibió, por sus servicios, la Cruz de San Fernando. En abril de 1857 le fue rehabilitado y conferido un antiguo título de la familia, el de vizconde de Miranda. Para entonces, la relación entre Enrique Puigmoltó y la reina era ya de dominio público y, al conocerse la concesión del vizcondado, la prensa de oposición intentó sortear la censura y añadió a la noticia: «Esperamos verlo pronto Duque[69]».

En estas condiciones, la división interna de la familia real no podía ser mayor ni podían ser tampoco mayores las intrigas que unos y otros elaboraban para desprestigiarse mutuamente. Así, mientras un antiguo jefe de policía de Madrid, adicto fiel a María Cristina, era acusado por sus antiguos subordinados de ser el autor, por cuenta de la familia Muñoz, de una serie de libelos infamantes contra el rey, Isabel II maniobraba en secreto para salvarse personalmente del desprestigio generalizado de los Borbones españoles[70]. El embajador británico, Howden, informó el 7 de marzo de 1857 de la salida hacia París y Londres de un enviado de la Corte con 40 000 dólares entregados por la reina con el propósito de comprar a la prensa inglesa y francesa. Las instrucciones que llevaba consistían en lograr el máximo de benevolencia periodística con Isabel II: «que pueden abusar todo lo que deseen del gobierno pero no de la Familia Real […] pero si los editores son muy rapaces pueden abusar a su vez cuanto quieran del marido de la Reina con tal de que dejen en paz a Su Majestad […] lo he sabido por personas de la prensa de Londres y París que han estado en contacto con dicha persona y sé también que han tenido éxito con dos periódicos franceses y un periódico inglés ha cambiado su tono de la manera más notable[71]».

El mismo Howden escribió días después a su ministerio recalcando el escándalo continuo que suscitaban las desavenencias de la pareja real y, sobre todo, la rentabilidad política y económica que de ella extraía Francisco de Asís, que se había convertido en el más importante escollo para cualquier posibilidad de gobierno constitucional. Para muchos de los políticos del momento, afirmaba el embajador inglés, la irregular situación privada del matrimonio real constituía un dato relevante más en su camino hacia el poder. Buena parte de ellos, insensibles ya al escándalo moral por la reiteración de una situación casi naturalizada, encontraban menos peligrosas las aventuras extramatrimoniales de Isabel II que la incapacidad de conformarse con ellas de su marido y, más exactamente, la utilización de las mismas para conseguir imponer su línea política, primero sobre su mujer y luego sobre los ministros.

En este sentido, el general Dulce le dijo a Howden que si su amigo y compañero, O’Donnell, llegaba al poder no tendría inconveniente en consentir a los favoritos de la reina (e incluso protegerla frente a su marido y a la opinión pública) siempre que se pusiese coto a los desmanes de Francisco de Asís y a sus veleidades reaccionarias:

A veces, cuando hablo con él [con Dulce], no sé que cara poner ante la enormidad de las intimidades que me cuenta. Esta vez me ha dicho que si O’Donnell llega al poder su primer acto sería ir tras el Rey y mandarle a alguna fortaleza y mantenerle incomunicado. No hay duda de que la ausencia de Su Majestad sería muy deseable pero ésta es una medida muy fuerte y puede tener sus inconvenientes y no podría ser hecha sin el consentimiento de la Reina y el consentimiento de la Reina impediría para siempre una reconciliación con su marido […] en todo caso, la petición de divorcio de la Reina, que se debería haber trasmitido a Roma en 1847, aún existe y no sería imposible que se la sacase a relucir una vez más. Sin embargo ahora no creo que pudiese resultar ningún beneficio de esto; incluso aunque el divorcio fuese concedido por el Papa tan sólo resultaría en un gran escándalo. Hace años, si la reina se hubiese divorciado habría podido conseguir otro marido que podría haber tenido poder sobre sus afectos, con suficiente inteligencia y energía para guiarla en su propio beneficio y en el del país, pero ¿quién se casaría con la Reina ahora? Y si alguien lo hiciese es muy dudoso que esa persona consiguiese el respeto de la Nación[72].

Las muestras de ese respeto eran cada vez más difíciles de conseguir, se divorciase o no la reina. Madrid era particularmente hostil y la prensa se veía obligada a silenciar los abucheos que se oían en los teatros cuando se tocaba la Marcha Real, así como las escasas muestras, no ya de afecto, sino de mera cortesía, que recibían los reyes cuando paseaban en público[73]. Mientras tanto, «muchos hombres políticos del propio partido moderado, como los señores Armero y Mon, se mantienen distantes de la nueva política y, sobre todo, deploran la conducta de la Reina que parece impelida a avanzar hacia un destino irrevocable y fatal, hostil a la Monarquía y a su Dinastía[74]».

Las cosas amenazaron con desbordarse definitivamente cuando, cuatro días antes de abrirse las Cortes que Narváez había conseguido tan trabajosamente reunir, se produjo en Palacio un oscuro incidente en el que resultaron muertos el ministro de Guerra y un ayudante de Narváez. La prensa habló de una epidemia de gripe en Palacio, pero en las bocas de todos había algo mucho más rocambolesco:

Hallándose la reina ocupada en su cámara, quiso penetrar en ésta su marido, acompañado de Urbiztondo, en ocasión que Narváez, que se hallaba allí con su ayudante, el hijo del marqués de Alcañices, hizo ver al rey lo terminante de la orden de la reina para que nadie la interrumpiese; alteróse don Francisco en extremo y habló mal a Narváez; tomaron entonces parte en la cuestión Urbiztondo y el de Alcañices, éste apoyando a Narváez y aquél al rey; y tales palabras mediaron entre ambos que, tirando de las espadas, se atravesaron recíprocamente con ellas, quedando muerto Urbiztondo en el acto y tan mal herido Alcañices que falleció a las pocas horas[75].

Carmen Llorca niega la veracidad de aquel incidente; sin embargo, como señala Morayta, aunque nunca hubo pruebas de los hechos, «la opinión pública lo creyó y todo eran hablillas […] pues no hay que decir de qué suerte se interpretaban las órdenes terminantes de la reina para que su marido no entrase en aquellos momentos en su cámara, y el objeto que al rey guiaba al no obedecer las órdenes de la reina. En materias tales, hace tanto daño lo que se dice como lo que realmente sucediese[76]». Lo que realmente sucedía, en todo caso, era que la vida privada de la reina y sus reiterados adulterios formaban parte consustancial del debate político y, en cierto sentido, eran «fabricados» por las necesidades de aquél.

El general Serrano, el primer amante conocido de Isabel II, que le había dicho a Howden al inicio del gobierno Narváez que si la reina seguía manteniendo una política que rozaba el absolutismo sería destronada, le aseguró en una entrevista posterior que la situación había llegado al punto de que «iba a tener que marcharse en cualquier caso[77]». Por su parte, el embajador francés, Turgot, escribió a su ministerio haciéndose eco de «misteriosos acontecimientos en Palacio, de los que todo el mundo habla pero respecto a los cuales, contrariamente a la costumbre, nadie conoce los detalles». Lo que es seguro, dice, es que están relacionados con «el nuevo embarazo de la Reina [que] ha suscitado disentimientos graves» entre el matrimonio real, «los cuales han llegado hasta los últimos límites». Poco después se acordó «una reconciliación aparente, se habla de sumas considerables para el Rey, unos dicen que acordadas por la Reina y otros dicen que por el gobierno. En suma, es evidente para todo el mundo que, después de estos acontecimientos de Palacio, la influencia del Rey ha ganado terreno y que la de la Reina ha perdido […] Un confidente muy seguro me dice que la distancia entre los Reyes ni siquiera se disimula. La Reina está muy triste y ha hablado de abdicación […] pero esta información me la ha dado una persona del partido del Rey y no me inspira mucha confianza porque nadie ignora que las miras y los deseos del Rey tienen por objetivo la regencia de la Princesa de Asturias, lo que equivaldría para él a la Realeza vista la edad de la Princesa».

Unos días después, Turgot añadía: «Absoluta desafección a la dinastía reinante por el nuevo embarazo de la reina y el reforzamiento de la influencia del Rey que se inmiscuye abiertamente en los negocios públicos [y] ha cambiado sus hábitos, mostrándose en público continuamente seguido de un gran séquito de ayudantes de campo y oficiales de ordenanza. Ya no deja, como antes, que la Reina reciba sola y asiste a todas las audiencias[78]».

No sólo existían divisiones entre los esposos. Las intrigas y las luchas por el poder se reproducían también dentro de la llamada «camarilla clerical», en la que bullían los intereses de sor Patrocinio, el padre Fulgencio y la Madre Sacramento. Todos ellos buscando influir en el rey o en la reina, o en ambos a la vez, empeñados en una lucha sorda por la preeminencia absoluta sobre la voluntad real. Fueron estos personajes, por ejemplo, y muy notablemente sor Patrocinio, los que intentaron evitar que el padre Claret, recién llegado de la diócesis cubana, fuese nombrado confesor de la reina tras la muerte del muy reaccionario arzobispo de Toledo, Bonel y Orbe. A pesar de su indudable ultramontanismo, Antonio María Claret no era bien recibido entre la camarilla ya instalada que temía perder, o compartir, el poder. Como escribió Turgot a su ministerio, «la muerte del confesor de la Reina, el arzobispo de Toledo, abre un vasto campo a las ambiciones y a las intrigas de los jefes del clero. El arzobispo había empujado a la Reina a todas las extravagancias absolutistas. La elección de un nuevo confesor será un acontecimiento importante[79]».

La propia sor Patrocinio intentó influir en la reina para evitar que el nuevo nombramiento pudiese alterar aquella política claramente reaccionaria, lo que demostró que no se fiaba siquiera de alguien tan extremadamente conservador como el padre Claret: «El Señor Claret, a quien también conozco, no hay que decir de su virtud, de su laboriosidad y de todo el conjunto de sus virtudes apostólicas que le adornan. Sólo encuentro que, siendo catalán, no me parece haría muchos progresos con los castellanos, porque hay entre los dos países una cierta prebención que yo misma he visto y experimentado y me he admirado de ello, y entre personas mui de Dios y virtuosas, y quizás proporcionase a V. M. disgustos ynesperados». Las preferencias de la monja, y su consejo a Isabel II, fue que se nombrase confesor al arzobispo de Burgos, Cirilo de Alameda y Brea, conocido por su afiliación al carlismo durante toda la guerra civil[80]. Isabel II, sin embargo, siguiendo también en este terreno la política del jeu de bascule y buscando quizás un punto mayor de independencia, se decidió por el padre Claret, quien fue nombrado confesor real en junio de 1857[81].

Su llegada coincidió prácticamente con las sublevaciones agrarias de Andalucía, lideradas por Sixto Cámara, que fueron reprimidas violentamente con más de cien fusilados y un número altísimo de sentencias de muerte. En Madrid, donde se observaron importantes conexiones entre el amplio conglomerado de grupos demócratas y republicanos, se hicieron entonces tristemente famosas las cuerdas de Leganés, ristras humanas de presidiarios condenados a la deportación. El viejo Narváez de 1848 parecía haber resucitado imponiendo la ley con su tradicional mano de hierro. Sin embargo, no era así. Narváez podía fusilar campesinos y enviar a la deportación a los líderes demócratas y republicanos, pero era incapaz de controlar a la familia real y a las diversas fracciones del moderantismo cuya unidad de acción y cuya lealtad necesitaba desesperadamente para poder seguir gobernando.

Cuando las Cortes se abrieron, por fin, el 1 de mayo de 1857, el embajador francés consideró que aquello era una victoria para Narváez frente a la reacción y al deseo de una parte del ministerio y de la Corte de gobernar sin el Parlamento[82]. Sin embargo, su incapacidad para lograr una mayoría ministerial clara y holgada demostró la pérdida de autoridad del general sobre sus propias filas. Las elecciones celebradas en marzo fueron duramente intervenidas por el Gobierno para evitar la presencia del progresismo y, por supuesto, de los demócratas. Turgot informó de que se llegó a exiliar o a enviar a prisión a electores influyentes contrarios al Gobierno. «Esto traerá al partido moderado el triunfo pero, sin tener oposición en las Cortes, se dividirá inmediatamente y se creará una oposición moderada al gobierno, tanto o más peligrosa porque se complicará con los odios y las rivalidades de intereses que dividen a los jefes de las distintas fracciones de ese partido[83]».

En efecto, el triunfo moderado fue arrollador, pero ¿formaban aquellos diputados una mayoría gubernamental?, ¿formaban un partido aun en el muy laxo sentido del partido de notables que había gobernado en la Década? En absoluto. El resultado fue la reproducción de las mayorías negativas que habían asolado las Cortes de 1853-1854, cuyo único punto en común era retar al Gobierno o hacerlo caer sin tener, sin embargo, la capacidad de ofrecer una alternativa estable. «No utilizo el término moderado —escribió Howden a su ministerio— porque por su vaguedad ha terminado por convertirlo en completamente ininteligible. Hay entre todos ellos tan pocas afinidades que estoy seguro de que se romperán en innumerables facciones. Lo peor es que carecerán de una oposición sólida que les obligue a reconocer la necesidad de cohesión[84]».

No contamos con ningún estudio sobre la legislatura de 1857-1858 y, por ello, es difícil valorar con precisión el carácter exacto de aquellas Cortes y de sus decisiones. Sin embargo, el tono reaccionario de las mismas se hizo evidente desde el mismo discurso de la Corona que leyó Narváez ante la ausencia de Isabel II, que alegó encontrarse enferma. Lo fundamental de aquel discurso fue la abierta identificación de la Corona con el que ya entonces se denominaba el partido clerical: «Se ha restablecido en toda su fuerza y vigor, como lo exigía mi palabra real y mi religiosidad, el Concordato celebrado con la Santa Sede y se han dictado además otras disposiciones para restituir a la Iglesia aquella libertad con que la dotó su Divino Fundador, que tan acatada ha sido en todos los tiempos por el religioso pueblo español y por mis gloriosos progenitores[85]».

A partir de aquí, y tras haberse elegido como presidente del Senado al marqués de Viluma y del Congreso a Martínez de la Rosa, el objetivo fundamental de aquellas Cortes fue retomar los proyectos de reforma de las instituciones liberales que habían alentado desde Bravo Murillo. La abierta campaña lanzada por los sectores ultramoderados contra las ideas y costumbres del régimen parlamentario se reflejó en las Cortes, que trabajaron en un ambiente de reacción que demostró que, en aquel momento, la lucha se había desplazado hacia una pugna entre opiniones conservadoras y relativamente liberales (representadas entre otros por Alejandro Mon e implícitamente por Narváez) y opiniones cuyo carácter reaccionario (muy deudor de los planteamientos de Donoso Cortés, Bonald y Maistre) era evidente.

Una buena muestra de esa pugna entre moderados liberales y neocatólicos —que se producía no sólo en las Cortes sino dentro del mismo gobierno Narváez— la constituye la oposición frontal de Cándido Nocedal al proyecto de ley de Instrucción Pública de su compañero de gabinete, Claudio Moyano. Nocedal rompió la disciplina gubernamental y se pronunció en las Cortes en contra del proyecto de ley por considerar que no garantizaba suficientemente el control de la Iglesia sobre la enseñanza. Sus numerosas enmiendas fueron rechazadas, pero la imagen de desunión del ministerio y el acoso interno al que era sometido el propio Narváez se hizo patente de forma pública[86].

La situación, escribió el embajador francés, tan sólo podía calificarse de «embrollada» con una Cámara reaccionaria pero dividida internamente, con un cruce constante de intrigas y una influencia creciente del clero en la política cotidiana. Al mismo tiempo, la miseria llevaba meses presente entre las clases populares, con un aumento exorbitante del precio del pan y una coyuntura financiera deplorable. En Barcelona, se temía una sublevación cuando los empresarios anunciasen, como parecía posible, el despido de más de la mitad de los trabajadores[87].

En ese contexto, la única luz que parecía ver el embajador francés era el hecho de que, tras la apertura de las Cortes y la consolidación y buena marcha de su embarazo, «la Reina intenta recuperar poder aunque sea a costa de favorecer nombramientos más liberales» como, por ejemplo, el del general Leymery para la capitanía general de Madrid en detrimento del favorito del rey, Lersundi. Isabel II, a su manera errática, parecía darse cuenta de que la marcha política que propiciaba su marido y el sector más reaccionario del moderantismo y de la Corte podía llegar a ser tan letal para ella misma, y su poder, como las maniobras de los revolucionarios[88]. Las veleidades liberales de la reina y su acercamiento parcial a los vicalvaristas tenían mucho que ver con la creciente conciencia de Isabel II de que una nueva revolución ya no la respetaría como en 1854, de la misma forma que los políticos del entorno de su marido, y él mismo, no respetaban ya hacía mucho tiempo sus supuestos derechos al trono.

El 25 de julio de 1857, en un despacho calificado de confidencial que merece una cita en extenso, Turgot informó a su ministerio de que los planes de reacción deberían tomarse en serio en París, porque «el pensamiento de extender indefinidamente los poderes de la reina Isabel les parecen incluso insuficientes a los agitadores ultramonárquicos; sueñan con restablecer el orden de cosas que existía con Fernando VII y, por la propia lógica deducción, ven que ese orden de cosas no podría restablecerse mejor que llamando al Trono a uno de los príncipes exiliados, representantes naturales de las opiniones y los principios absolutistas. Toco aquí, señor Conde, uno de los puntos más delicados de esta nota: es el de indicaros con prudencia los individuos que han tomado y toman parte de este gran complot, cuyos primeros actos deben ser: la abdicación de la reina Isabel, el cambio en la forma de gobierno y, finalmente, la llamada al trono de la rama de los hijos de Don Carlos». Según Turgot, esos individuos eran de dos tipos. Por un lado los que claramente traicionaban a la reina con el objetivo de destronarla. Por otro, los que buscaban un acuerdo con los carlistas que permitiese a la reina seguir en su trono pero «modificando casi hasta su supresión las formas constitucionales, reservándose el ejercicio absoluto del poder en nombre de la Reina». Lo que era más grave, y más confidencial, era la implicación del rey entre los primeros.

Yo no dudo en colocar en la primera fila de los que quieren derribar a la Reina al rey Francisco de Asís, su marido. El resentimiento por las injurias cuyo precio ha aceptado y la falta de valor para vengarse dominan en este Príncipe y, al mismo tiempo, sus opiniones políticas y religiosas —si se le puede dar ese nombre a formas hipócritas—, se ajustan mejor al poder absoluto y eso es lo que espera, que a las formas constitucionales. Quiere, pues, destruir lo que existe, en la quimérica esperanza de que obtendrá de los Príncipes carlistas restaurados una situación equivalente, sino mejor que la que ocupa, una regencia de hecho y de nombre así como la aplastante humillación de su mujer. El nuevo embarazo de la Reina viene a reanimar, si esto es posible, los instintos vengativos del Rey: tras escenas deplorables, con la amenaza de las más escandalosas revelaciones, ya ha obtenido de su mujer una especie de abdicación moral y después marcha resueltamente a su objeto, dirigido por algunos miembros del clero, adherentes fanáticos y reconocidos del partido carlista. […] La Reina, colocada en el centro de estas diferentes intrigas, extraviada por los consejos divergentes que recibe, se inquieta a menudo hasta derramar lágrimas, después acaba por aturdirse y obedecer la voluntad del Rey.

Para Turgot, la situación era verdaderamente peligrosa e intentaba convencer a su ministerio de la gravedad de la misma, recordándole incluso la posibilidad de que la reacción ultramonárquica en España animase al partido legitimista francés. El ministerio, dividido, era un juguete de su propia ambición y de las intrigas del rey: «los Ministros —deseosos de conservar sus carteras— reconocen que ahora la autoridad soberana procede sólo del Rey y se pliegan a sus deseos […] aunque los Ministros no comparten todas las ideas del rey para el futuro, le han dado armas poderosas[89]».

Entre esas armas habría de contarse, como un primer paso, la Ley de Reforma Constitucional de 1857, inspirada en la que manejó el gabinete Lersundi en 1853. Lo esencial de aquella reforma afectaba al Senado (que seguía siendo el mismo que se enfrentó con San Luis en 1854) para someterlo aún más a la Corona y, a través de él, someter la totalidad del Parlamento al Ejecutivo. Por los artículos 14 y 17, se establecían tres categoría de senadores: natos (dignidades de la Iglesia, del ejército y del Estado), hereditarios (Grandes de España que acreditasen una renta de 200 000 reales) y de designación regia en un número ilimitado. Se preveía también, mediante la proposición de elaboración de una futura ley, que se constituyesen de nuevo vinculaciones para asegurar la institución hereditaria. Más aún, por el artículo 28 se establecía que el reglamento del Congreso y del Senado sería objeto de una ley especial que impidiera su autonomía en cuanto a la regulación de sus mecanismos de funcionamiento interno[90].

Ramón de Campoamor, diputado en aquellas Cortes, justificó aquellas reformas en un sentido muy cercano al autoritarismo monárquico del último Donoso Cortés: «Desde el momento en que un poder soberano admite en todo o en parte la ley de otro poder, desde ese momento se rebaja la soberanía de tal poder y viene a ser una especie de agente subalterno[91]». Ante las escasas, pero contundentes, objeciones planteadas por los diputados de filiación puritana o unionista a una nueva y grave reforma de la Constitución de 1845, los defensores de la misma arguyeron, una vez más y ahora en sentido inverso a lo defendido para el Acta adicional de O’Donnell, que no hacían más que desarrollar el espíritu de la vieja Constitución moderada con el viejo objetivo de reforzar el prestigio y la autoridad de la Corona. De esta forma, y como se encargó de señalar el diputado Tejada, ya ni siquiera el texto de 1845 servía como bandera constitucional para los moderados. A su juicio, la funesta tendencia de cada uno de los grandes partidos liberales a presentar un texto constitucional propio y excluyente afectaba ya, no sólo a progresistas y moderados enfrentados, sino al propio moderantismo «multiplicándose en éste las fracciones diversas, cada una de las cuales tendrá su divisa y su muy diversa Constitución escrita[92]».

Lo paradójico es que buena parte de los defensores de la reforma de 1857 habían votado en contra de los proyectos de Bravo Murillo y Lersundi e, incluso, algunos de ellos habían estado moralmente implicados en la conjura del Campo de Guardias. Sin embargo, como escribió Miraflores: «Las consecuencias de la revolución de 1854, las soluciones de las Cortes Constituyentes y los incendios de Castilla habían sido de gran enseñanza para hombres verdaderamente monárquicos y conservadores como los que componían el gabinete […] No puede pues acusárseles de contradicción en 1857[93]».

Fue precisamente el recuerdo de la gran coalición antigubernamental que arropó el alzamiento del Campo de Guardias en junio de 1854 lo que acabó envenenando el ambiente de aquellas Cortes; un ambiente enrarecido hasta el extremo que demostraba la extraordinaria vulnerabilidad del general Narváez en medio de aquella marea reaccionaria que parecía no tener límite y que amenazaba con ahogarle. La iniciativa en ese sentido se tomó en el Senado a propósito de la contestación al discurso de la Corona. El general Eusebio Calonge, que representaba el ala más reaccionaria de la Cámara alta, pidió que se exigiesen responsabilidades a los autores del levantamiento de Vicálvaro como rebeldes a la reina y seductores de altos empleados públicos y miembros del ejército[94]. Ante esa tesitura, Narváez adoptó una posición ambigua y conciliadora. Se opuso a tomar represalias contra O’Donnell y sus compañeros, y llegó al punto de calificar de heroicos y dignísimos a los militares sublevados. Su objetivo era librarse del abrazo mortal del ala más derechista del moderantismo y llegar a algún tipo de acuerdo con los generales de Vicálvaro para sostener su Gobierno y frenar la reacción. Sin embargo, aquella actitud no le valió de nada; fue tomada por todos, a su derecha y a su izquierda, como lo que era: una muestra de debilidad.

Tras esa debilidad había algo más. Como anunció Turgot en un mensaje cifrado de febrero de 1857, O’Donnell no esperaba otra cosa que la apertura de las Cortes para dar su propia batalla política en el Senado. Tenía bazas importantes para lograrlo y, entre ellas, no era la menor una serie de cartas de Narváez que probaban su confianza e, incluso, su connivencia con los de Vicálvaro. Sabiendo lo que le esperaba, y según el mismo O’Donnell confió a Turgot, Narváez habría buscado reconciliarse con él antes de la reunión de las Cortes. La propia reina actuó de intermediaria ofreciendo la entrada de O’Donnell, o de alguno de sus amigos, en el ministerio de Guerra, así como puestos destacados para la gente de Vicálvaro, entre ellos la dirección de la Armada y la Capitanía General de Madrid. Las negociaciones, sin embargo, embarrancaron una y otra vez por la desconfianza mutua entre los dos generales. Al parecer, O’Donnell le contestó a la reina que ambos eran incompatibles, «porque Narváez quiere gobernar sólo con el partido moderado y él pensaba que no se podía fundar un gobierno estable en España sino era mediante la fusión de todas las opiniones liberales constitucionales […] Todo el mundo espera el duelo en el Senado entre los dos generales[95]».

El 18 de mayo de 1857 comenzó el duelo que preveía Turgot. El general O’Donnell, miembro nato del Senado, tomó la palabra y pronunció un famoso discurso en el que defendió su programa político y acusó abiertamente a Narváez (y también a Nocedal y a González Bravo) de haber conocido, e incluso de haber estado moralmente involucrados, en la conspiración del Campo de Guardias. Era su primera manifestación pública tras su defenestración y, según su biógrafo más destacado, llevaba meses preparándose para ella[96]: «¿Es verdad que el señor duque de Valencia estaba unido con los generales que después fuimos al Campo de Guardias, desde 1852? ¿Es verdad que S. S. era sabedor de todo cuanto hicieron después de cerrado el Senado y de la votación de los 105? ¿Es verdad que S. S. estaba dispuesto a unirse a nosotros? ¿Es verdad que si bien S. S. no quiso unirse, por razones que yo respeto, más tarde nos felicitó por nuestro triunfo mandándonos un ayudante?»[97].

Aunque la respuesta de Narváez fue inicialmente el silencio, finalmente no tuvo más remedio que reconocer que esas conversaciones tuvieron lugar y, tras recriminar su uso público, negó que nunca se hubiera comprometido, y reveló, sin embargo, que los contactos se produjeron en repetidas ocasiones y que el general conocía de sobra lo que se estaba preparando. Entre los papeles privados de Narváez, depositados en la Real Academia de la Historia, se encuentran las minutas que preparó para contestar a O’Donnell. Si algo revelan es que don Ramón estaba absolutamente al tanto de los progresos de la conspiración militar contra los gobiernos extraparlamentarios de 1853-1854, pero que no acabó nunca de decidirse a entrar directamente en sus planes, en buena medida porque no sabía cual había de ser su posición.

En aquellas notas, apresuradas y entrecortadas, puede leerse: «Dice O’Donnell que me ofrecía en su carta el mando, y no es cierto, pues sólo me invitaba a que me uniera a ellos para ayudarles[98]». En todo caso, ver que O’Donnell buscaba la colaboración de los progresistas en vez de la propia fue lo que le hizo retraerse inmediatamente a la espera de ser llamado por la reina para «remediar la situación».

Últimamente tuvo buen cuidado el general O’Donnell de ocultar que cuando yo vi la revolución triunfante en Madrid, cuando leí el famoso Manifiesto de cúmplase la voluntad nacional, cuando observé que los vicalbaristas, asombrados de su propia obra, publicaron su célebre manifestación de Sevilla en que ya tarde y contradiciendo el programa de Manzanares apelaban a la defensa de los principios moderados; el general O’Donnell, repito, tuvo cuidado de ocultar que entonces, cuando había verdadero peligro, cuando havía realmente que trabajar y salbar la sociedad, yo les escribí brindándome a ponerme a su frente, para recoger las tropas, pasar por Manzanares, rasgar allí el funesto programa y venir a Madrid a desagraviar a la Reina y restablecer el orden. Porque una cosa era no caer en los lazos tendidos por la malicia y otra fuera ser indiferente a las calamidades públicas y a la angustiosa situación de la reina a quien directamente hice saber desde Loja mi anhelo de servirla[99].

Ya hemos visto, al tratar de los gobiernos extraparlamentarios de 1853-1854, hasta qué punto Narváez llegó a desahogar su frustración y su irritación con la reina y su madre, y en qué medida compartió con los hombres de Vicálvaro la necesidad de destronar a Isabel II. Lo que es cierto es que se arrepintió pronto ante el temor a esa «destrucción de la sociedad» que para él significaba la revolución progresista. Desacreditado ante la Cámara y ante el país, el espadón de 1848 tuvo que escuchar a O’Donnell pronunciar el que probablemente fue el mejor y más influyente discurso de su vida, o al menos aquél en que logró hundir la reputación de coherencia política de Narváez y de muchos otros moderados: «Yo me afirmo y ratifico en lo que he dicho. S. S. estaba con nosotros, conspiró con nosotros, estaba comprometido con nosotros. S. S., por razones particulares, pudo luego no venir con nosotros; pero el hecho principal es exacto; apelo al testimonio de los generales que se sientan en estos bancos[100]».

Aquel debate parlamentario demostró dos cosas. En primer lugar, que prácticamente nadie estaba libre de culpa de haber conspirado contra los gobiernos de la reina y que prácticamente todos los generales que se sentaban en el Senado, con la excepción de ultramoderados como Pezuela o Calonge, habían participado de una forma u otra en la revolución de 1854. Por otra parte, con su discurso, Leopoldo O’Donnell consiguió lo que quería: desacreditar a Narváez ante aquéllos que defendían (en su nombre) la política de reacción sin ofrecerle, a cambio, una vía de salida y un apoyo firme entre los políticos y militares vicalvaristas. En esas condiciones el único apoyo del general era aquél de quien éste, con la convocatoria de Cortes, había querido independizarse: la reina. Una reina que, tras aquel desenmascaramiento público, no podía confiar en un primer ministro empeñado «en restaurar cosas y personas para cuya caída había juzgado indispensable la revolución de 1854». Frente a él, frente a sus contradicciones y falta de dirección, O’Donnell se postulaba como aquél que «llamado por la Corona en momentos difíciles, salvó el trono […] He querido establecer un Gobierno de tolerancia dando prestigio al trono y asegurando la libertad del país, porque a ella va unido el trono de Doña Isabel II[101]».

La posición de Narváez tras aquel debate quedó profundamente debilitada; su fortaleza, minada y su reputación de hombre de hierro, arruinada. Eugenio de Aviraneta, en un escrito al secretario de María Cristina, resumía así la situación de Narváez: «Ya todo el mundo sabe […] que hizo lo que el capitán Araña, escitar a que todo el mundo se embarcara y quedarse en tierra, dejando a O’Donnell como le dejo en las astas del toro; pero todo el mundo conoce ya sus artimañas y está absolutamente desacreditado […] La próxima reunión del parlamento será su muerte[102]».

Lo auténticamente grave de aquella situación era el hecho de que el gobierno Narváez, además de estar profundamente dividido, carecía de una mayoría sólida que le apoyase y estaba siendo bombardeado desde su derecha y su izquierda. La abierta enemistad entre el general y el embajador francés, Turgot, y la evidente preferencia de éste (y también del representante británico) por un nuevo gabinete O’Donnell se comentaba por todo Madrid como otro importante síntoma de la debilidad política de don Ramón quien, a juicio de todos los comentaristas, había perdido definitivamente su viejo carisma y se mantenía en el poder a falta de una solución mejor[103].

En esas condiciones, y como les había ocurrido a Lersundi, Roncali y San Luis en 1853-1854 y a O’Donnell en 1856, el presidente del Gobierno quedaba absolutamente a merced de la voluntad de la Corona. La actitud de ésta era tan imprevisible como de costumbre. En marzo la reina había llamado a Alejandro Mon, embajador en Roma, para que regresase a Madrid con el objetivo de tener un posible recambio a mano. Sin embargo, como escribió Howden a su ministerio, Mon tenía la dificultad de no contar con ningún militar de relevancia que apoyase su posible candidatura, «esa infortunada necesidad de todas las administraciones españolas». Para formar gobierno, el viejo líder del moderantismo de la Década se vería obligado «a apoyarse en alguna nulidad militar lo cual favorecería que los vicalvaristas, los absolutistas y los generales progresistas encontrasen fácil conspirar contra él[104]». Más molesto aún para el orgullo de Narváez era el hecho de que la reina no dejara en ningún momento de mantener una relación cordial con O’Donnell (al que seguía viendo como otro posible recambio si conseguía librarse de la influencia del rey), lo cual, a juicio del embajador británico, «resulta humillante y ofensivo para el duque de Valencia que ya no sabe a que atenerse[105]».

Era difícil saberlo cuando, por las mismas fechas, la reina escribía a Narváez cartas cariñosísimas de apoyo personal y político: «Querido Narváez, muchas gracias por todo cuanto ustedes han hecho para mandar al panteón al detestado D. Salustiano de Olózaga, no te puedes figurar que contenta estoy con esto, así verá ese Señor que cuando hay gobierno y al frente de él una persona como tú, no valen todas sus intrigas, y todos sus trabajos son inútiles […] No dudes nunca del cariño que de todo corazón te profeso». Más adelante: «Te escribo estas líneas para decirte que desearé me mandes los discursos que he de decir hoy a los Senadores y diputados, escríbelos tú mismo pues ya sabes lo que me gustan todos los escritos por ti, desearé que sean cortitos pues ya sabes tú que mi erudición en estos casos no es muy grande. Cree que te quiere de corazón tu mejor amiga». Y una última muestra, que reiteraba aquella supuesta confianza regia y demostraba la escasa capacidad de variación epistolar (y probablemente intelectual) de Isabel II: «Querido Narváez. Te doy muchas gracias por tu prontitud en mandarme el despacho telegráfico por el cual se prueba lo popular que es mi amigo Olózaga, no dudo que en Tenerife le pasará lo mismo que en Santander, así verá ese aborrecido señor que cuando hay gobierno todos sus trabajos son nulos, y que cuando hay al frente del gobierno del estado una persona como tu que tanta lealtad y cariño me ha mostrado, los enemigos del trono quedan como corresponde[106]».

A pesar de aquellas estereotipadas muestras de cariño y de apoyo, con las Cortes cerradas por el verano y una vez aprobada la reforma constitucional en julio de 1857, los amagos de dimisión de Narváez no dejaron de sucederse, muestras todos ellos de la vulnerabilidad del general y de la absoluta confusión entre razón de Estado e intriga de salón a que había quedado reducida la política española. Uno de esa crisis, por ejemplo, «la motivó el haberse presentado a S. M. el Presidente del Consejo de Ministros a manifestarla que su nombre andaba por los suelos en los cafés, círculos políticos y en los papeles ingleses; y al parecer S. M. se incomodó fuertemente y manifestó al General Presidente que ni él ni nadie tenían derecho para mezclarse en su vida privada. El general amagó la dimisión, luego todo volvió a su cauce[107]». El encargado de negocios británico relató también a su ministerio las diversas escenas entre Narváez e Isabel II, producto de la insistencia del primero en que la reina mostrase discreción en público respecto a su favorito. El propio general era consciente de que Isabel II y Puigmoltó estaban resentidos por sus exigencias y su carácter autoritario, y le contó a Howden que un día había visto a la reina, a través de un espejo, hacerle muecas[108].

La comicidad de la queja de Narváez no oculta la guerra de nervios a la que el general, otrora todopoderoso, era sometido por una Isabel II que tanteaba ya las condiciones de su sustitución. Como escribió el corresponsal del Times en París, nadie sabía ni allí, ni en Londres, ni en Madrid qué podía pasar:

Narváez y sus colegas puede que no tengan nada que temer de la prensa, que está amordazada, de las Cortes, que están disueltas, del pueblo, que está desarmado y en uno de sus períodos de disgusto, desánimo y apatía. Tienen sin embargo un enemigo, tanto más formidable porque es secreto y casi intangible, del cual nunca están a salvo, nunca libres, y ese enemigo es lo que en Madrid se llama comúnmente «el Palacio». En presencia de este poder oculto y maligno, todos los partidos políticos han declarado por turno que el gobierno es imposible. Es la continuación del viejo sistema de las camarillas. El entourage, los amigos privados y los grupitos de confidentes de la Reina y del Rey, y del favorito del día, trabajan continuamente a favor de sus propios objetivos, y la consecución de esos objetivos frecuentemente implica la caída del gobierno. Para estas intrigas ocultas y faltas de escrúpulos ningún medio es poco[109].

Por las mismas fechas, y corroborando la existencia de un amago serio de crisis a finales de agosto, el marqués de Turgot escribió a su ministerio que el gobierno Narváez estaba a punto de caer y que no lo hacía ya porque la Corte, profundamente dividida, no encontraba una alternativa satisfactoria. Se decía que la reina se inclinaba por una solución más liberal, «la de traer a Alejandro Mon o a otro ministerio con el concurso oficioso de O’Donnell», frente a las presiones en sentido puramente reaccionario del rey y sus allegados[110].

Fuese cual fuese la solución, lo que parecía claro era que el ministerio Narváez tenía los días contados. Su caída anunciada incluyó todos los ingredientes del viejo sainete de la Corte isabelina, en la que las intrigas políticas y de alcoba no acabaron nunca de distinguirse. Así Juan Valera se hace eco de los rumores del momento y escribe: «Hay quien supone que un joven llamado Puig Moltó, que entonces privaba mucho, era quien más harto se hallaba de la soberbia de Narváez y quien más influyó para que cayese el gabinete que presidía. De la privanza de este joven y de los consejos que dio o pudo dar no aseguramos nada. Nos limitamos a recordar las hablillas que por entonces corrían[111]». A las mismas o similares hablillas se refiere el que fue, en la vejez de Isabel II, su bibliotecario, Pedro de Répide, precisando que la desavenencia con la reina que provocó la última y definitiva dimisión de Narváez fue la petición de ésta de un ascenso para su amante dentro del Cuerpo de Ingenieros del ejército, al cual se negó el general alegando que la escala estaba cerrada[112]. La propia Carmen Llorca acaba dando por buena esa versión, aclara que el influjo de Puigmoltó estuvo acompañado «por el deseo siempre igual de Francisco de Asís de deshacerse del duque de Valencia» y cita en aval de su interpretación un despacho del conde Isola al general francés Debormida: «Las mismas influencias que querían conservar un precioso instrumento cerca de la reina, desgraciadamente demasiado impresionable, habían conseguido hacer retornar a Palacio a ese oficial que, fuese para servir a sus apoyos en la Corte, fuese para presumir contra el resentimiento del Mariscal, parecía que no había escatimado medios para denigrarle ante S. M. y para decir a todo el que quisiese oírle que los días del ministerio Narváez estaban contados. Sabedor de esto, el duque de Valencia se creyó obligado a hacer gestiones directas con la reina para el alejamiento de este oficial, presentando su dimisión en caso contrario[113]». Una implicación similar es recogida por Antonio Pirala, entre otros[114].

Tanta unanimidad respecto a la personal, y espuria, implicación directa de los amores de la reina en la crisis del gabinete Narváez merece que se le conceda cierto crédito. Sin embargo, creo que quedarse en ese anecdotario, por muy significativo que sea de la práctica habitual de la política de la Corte en aquel momento, resta complejidad a la cuestión. Desde mi punto de vista, lo que más importa valorar en aquella crisis es, por una parte, la demostración fehaciente de la absoluta descomposición interna del viejo moderantismo, que habría dejado de ser una alternativa fiable de gobierno para la reina o, alternativamente, una opción política capaz de imponerse sobre ella y sus inclinaciones personales. Por otra parte, y en estrecha relación, la reproducción de los dos grandes peligros que, retroalimentándose entre sí, acabarían con el reinado isabelino: la política personal del monarca y la ingobernabilidad por falta de partidos cohesionados. En cuanto a Narváez, esa crisis fue el auténtico fin de su carrera política como líder indiscutido del moderantismo o, incluso, de su carrera política tout court[115].

Si algo demuestra lo sucedido entre octubre de 1856 y octubre de 1857, es que ya habían pasado los tiempos en que los moderados tenían como eje a Narváez y aceptaban su liderazgo político como aglutinante de todas sus fracciones internas. Fue precisamente el creciente aislamiento del general de sus propias bases políticas lo que le convirtió en juguete de las camarillas. Él mismo lo reconoció así en unos apuntes dictados a su sobrino, Carlos Marfori, que se hallan entre sus papeles privados y en los cuales quiso explicar las razones de su salida del gobierno. Para el duque de Valencia ésta había sido producto de la falta de apoyos políticos del gabinete y de la desunión interna de los moderados. Según Narváez el motivo de su renuncia fue una crisis interna del propio gabinete, que demostraba su desunión y su falta de apoyos. El incidente, que refiere en extenso, fue el provocado por el deseo de Narváez de nombrar a su ministro de Marina, Lersundi, capitán general de la isla de Cuba «ante el carácter tan conflictivo que iba adoptando para España y Europa el Golfo de México». Al parecer la reina no vio con agrado la salida de Lersundi del ministerio y su alejamiento de Madrid y, viendo que «sobre este grave asunto tenía S. M. convicciones diferentes a las nuestras y creímos propio de nuestro honor y delicadeza facilitar a S. M. el ejercicio del derecho constitucional de tener por ministros de acuerdo con sus convicciones sobre la conveniencia de los asuntos grabes de la Gobernación del Estado». En un principio, cuando Narváez ofreció su ya manoseada dimisión, la reina no la aceptó y pareció plegarse a los deseos de su jefe de gabinete.

Sin embargo, fue entonces cuando Lersundi decidió pedir a la reina, por motivos de delicadeza que no explica, que no se le enviase a Cuba. La reina accedió a condición de que volviese al ministerio de Marina del que ya había dimitido. Era una ladina manera de desautorizar a Narváez y restarle autoridad, tanto ante el ejército como en el propio Gobierno. Don Ramón entendió perfectamente el juego y dictó a su sobrino estas reflexiones: «El hombre público debe aceptar el poder si cree que puede desempeñarlo bien y dejarlo cuando cree que ha perdido la capacidad para unir y para estar de acuerdo con el Trono». En consecuencia, el general presentó una nueva dimisión que, esta vez, le fue aceptada por la reina: «S. M. se tomó el tiempo que en su prudencia tuvo por conveniente para el mejor acierto y nosotros permanecimos en nuestros puestos como era nuestro deber velando, con más esmero que nunca, si esto es posible, por el orden público y para que nada viniese a turbar la libre elección de la Corona[116]».

No sabemos la fecha exacta en que se produjo la dimisión definitiva de Narváez, pero fue en algún momento entre finales de septiembre y principios de octubre. Sin embargo, hasta el día 15 de octubre no cesó el ministerio. Durante casi tres semanas, Isabel II intentó formar un nuevo Gobierno que cumpliese el propósito de unir a todos los grupos conservadores. Hasta tal punto deseaba la reina forzar la unidad moderada, y era absoluta su incapacidad para comprender el funcionamiento básico de una monarquía constitucional, que llegó a plantear seriamente la posibilidad de un Gobierno personal. A estos efectos llamó a Bravo Murillo, que esperaba ser nombrado primer ministro como líder de una (precaria) mayoría de la Cámara, y le propuso en cambio que fuese ministro de Hacienda y Fomento con ella misma como presidente del Consejo de Ministros «quitando y poniendo ministros de cada ramo, presidiéndolos a todos en los consejos y conservando la presidencia para sí […] creía esta Señora que reportaría gran ventaja, por cuanto era menos difícil hallar personas suficientemente aptas para ponerse al frente de los respectivos departamentos, que uno que dirigiese la política en general y con la cual se identificasen todos y cada uno de los ministros». Parece ser que Bravo Murillo le hizo ver la imposibilidad de aquel plan, entre descabellado e ingenuo, recordándole a la reina que los ministros tenían que ser responsables y ella era, por definición, irresponsable[117].

Aquí merece la pena, quizás, hacer un inciso. El plan de Isabel II era, desde luego, absurdo pero no hay que exagerar su indudable extravagancia. En Francia, Napoleón III hacía algo más que presidir el Consejo de Ministros y era, en realidad, el auténtico brazo ejecutivo. En Inglaterra, donde la monarquía constitucional parecía haber llegado a su mejor expresión, el mismo preceptor del príncipe consorte, Alberto, había advertido de lo peligroso que era para la realeza la teoría de la irresponsabilidad del monarca: «Si la Corona de Inglaterra consentía que los whigs llevarán a la práctica esa doctrina, sin excepción, no debéis asombraros si en poco tiempo se os hace saber que la mayoría de la gente opina que el rey, por ley, no es sino la figura de un mandarín, que sólo tiene que mover la cabeza para decir sí o no, según le plazca a sus ministros».

Para evitar esa situación —respecto a la cual, en su momento, Isabel II había utilizado el símil de una muñeca que abre y cierra los ojos— el barón insistió a su discípulo en que no debía dejar pasar «ni una sola oportunidad de reivindicar los legítimos derechos de la Corona». Entre ellos, el más evidente era «el derecho del rey de ser el presidente nato del consejo de ministros […] debe ser el presidente de Gobierno, porque su autoridad es superior a la de quien ostente la primacía temporal de este Gobierno […] puede incluso tomar parte en la propuesta y debate de las medidas gubernamentales; porque sería absurdo pensar que un rey, tan experto y patriota como el que más de sus ministros, no pudiera hacer uso de su talento en las deliberaciones de los consejos». Cierto era que Stockmar estaba pensando en el príncipe Alberto y, a su sombra, en la reina Victoria, cuando elaboraba un planteamiento (muy germánico) que hubiera concedido a la Corona una situación de preeminencia superior incluso a la que había tenido con Jorge III. Para él, el uso prudente de aquellas prerrogativas requería que el monarca tuviese «una mente superior» como «una de las mejores salvaguardias de la monarquía constitucional[118]».

Esas virtudes, la experiencia, el patriotismo y la posesión de «una mente superior» —por no hablar de su situación privada y matrimonial tan distinta a la de la reina Victoria— eran precisamente las que los políticos de su alrededor no encontraban en la reina Isabel. Sin embargo, los intentos de lograr un poder personal que sujetase a los ministros a su voluntad y criterio era una dirección compartida por todos los monarcas europeos: desde Victoria (y tras ella el príncipe consorte, que luchó toda su corta vida por llevar a la práctica las doctrinas de su preceptor alemán) hasta Napoleón III, pasando por el rey Leopoldo de Bélgica[119].

Más aún, la ansiedad de los liberales españoles respecto a las influencias ocultas tras la reina, notablemente su marido y su entorno reaccionario, era similar a las que expresaron los whigs británicos respecto al príncipe Alberto, quien durante los años de su matrimonio adquirió un poder notable, no sólo ejercido entre bambalinas sino también, crecientemente, en público: en sus despachos con los ministros y con la reina, respecto a la cual ejerció el papel efectivo de un secretario privado. La diferencia, de nuevo, estaba no sólo en las personas, sino en la cultura política general del país. En todo caso, las fuentes de la época revelan hasta qué punto la actividad del príncipe consorte constituyó una fuente de tensión política en la muy evolucionada monarquía británica. Su temprana muerte ahorró muchos disgustos. Por otra parte, también es evidente que Alberto y Francisco de Asís no podían ser más diferentes. El primero era alguien dotado de una inteligencia y un sentido del deber notables, así como de un carácter firme y un compromiso decidido con su esposa. Ninguno de esos rasgos de carácter, ni ninguno de esos compromisos los tenía el rey consorte español: débil, caprichoso, inconstante, de inteligencia y educación muy limitadas, despechado con su mujer, y netamente absolutista en sus preferencias políticas. Como siempre, y una vez más, las diferencias en todos estos aspectos entre España y los países constitucionales de su entorno no eran de carácter estrictamente cualitativo sino de proporciones. El problema surgía cuando esas diferencias alcanzaban un calibre tal que podían llevar de lo cuantitativo a lo cualitativo. A lo largo del reinado isabelino, el salto letal hacia una situación netamente anticonstitucional y antiliberal siempre fue una amenaza y esa amenaza estuvo siempre arropada por la actividad de la familia real.

En todo caso, en 1857, el desprestigio personal de la reina y la fuerza del liberalismo en su conjunto eran suficientes como para evitar que Isabel II pudiese siquiera avanzar un paso en su deseo de convertirse en primer ministro. Se tuvo que contentar con seguir manejando la prerrogativa regia de nombrarlo para mantener en vilo a todas las fracciones del Partido Moderado. En los mentideros de la Corte, se hablaba de sus dudas entre un gobierno Istúriz, escorado hacia la derecha con el marques de la Pezuela, Antonio Alcalá Galiano, Bravo Murillo y otros, o un gobierno más netamente liberal con Alejandro Mon como centro y Francisco Armero, un antiguo vicalvarista, formalmente al frente[120].

Fue esta última la combinación que eligió la reina, contra la opinión de Francisco de Asís. A tientas, luchando contra su falta de experiencia y de formación política, Isabel II parecía buscar ocupar el lugar de centro de autoridad del moderantismo que había tenido su madre durante su regencia y durante buena parte de la Década Moderada. Un centro de autoridad que le permitiese, a la vez, cerrar el paso a las intrigas reaccionarias y procarlistas del rey, que —como vimos al analizar sus manejos durante el Bienio y como confirmaron luego observadores tan cualificados como los embajadores francés y británico— incluían la posibilidad de prescindir totalmente de la reina e imponer una regencia del rey consorte o del propio don Carlos.

En su papel de «reina de los moderados», Isabel II fabricó un ministerio que quería ser una mano tendida a O’Donnell y a los vicalvaristas al colocar a su frente a Francisco Armero, uno de sus militares, aunque fuese de segunda fila, y a un antiguo ministro de O’Donnell, Pedro de Salaverría. Impuso también la inclusión de pesos pesados del ala centrista del moderantismo, como Martínez de la Rosa, Bermúdez de Castro y el propio Mon, considerado el alma política del gabinete[121]. Turgot se deshizo en elogios ante la decisión de la reina de conceder el poder a un representante del «partido monárquico constitucional» como Armero: «la sinceridad de sus principios constitucionales está fuera de toda duda[122]».

Eugenio de Aviraneta escribió al secretario de María Cristina, Antonio Rubio, que la totalidad de la opinión pública consideraba aquel ministerio como un ministerio de transición. El problema era que nadie estaba seguro de hacia donde iba a transitar, aunque el reparto de empleos entre los amigos políticos de don Leopoldo hizo que algún comentarista considerase, aunque a posteriori, que O’Donnell había entrado moralmente en el Gobierno en 1857[123].

La afirmación es exagerada porque, aunque recoge el espíritu conciliador con el conde de Lucena de aquel ministerio y su relativo talante liberalizador, da por supuesta una línea de transición directa hacia los gobiernos de la Unión Liberal que ni siquiera la reina tenía clara en aquellos momentos. Lo único claro para Isabel II era la necesidad de unir a los moderados bajo su autoridad personal y preservar ésta frente a ellos y frente a las intrigas carlistas del rey consorte. Una empresa verdaderamente difícil porque, como escribió Aviraneta, «según está en el día el partido moderado, de corrompido y fraccionado, me parece imposible que pueda obtener unas Cortes compactas, capaces de hacer frente a las necesidades del día y marchar gobernando sin alborotos[124]». Howden era de una opinión similar: la solución de llevar al poder a Alejandro Mon, apoyado en alguna nulidad militar, favorecería las conspiraciones de todas las fracciones políticas en lugar de acabar con ellas[125].

La falta de liderazgos claros en todos los partidos tradicionales, el temor a una nueva sacudida violenta y el auténtico avispero en que se había convertido el Partido Moderado crearon una suerte de entropía política que el Gobierno agudizó al decretar la prórroga de la suspensión de las Cortes hasta finales de año. Para Pascual Madoz, en una carta a Víctor Balaguer, todo, incluida la situación personal del propio Armero, incrementaba la parálisis gubernamental: «No tiene grande interés por ser ministro, le tiene menos después de la muerte de su hermano; yo creo que si no se retira es porque hay peligro y que se retirará si algún día el gabinete adquiere confianza y fuerza en Palacio y en las Cortes. Mon, poco seguro de ninguno de estos dos apoyos, no quiere, y con razón, escribir ideas, contraer responsabilidades, atraer sobre sí mayor odio de los contribuyentes. A no dudarlo, si no estuviera su amor propio comprometido volvería con gusto a la condición privada[126]». En estas condiciones, hasta la administración de los asuntos ordinarios se mantenía casi paralizada y el ingenio popular acuñó rápidamente unas coplillas alusivas a la nulidad política atribuida al nuevo Gobierno: «Si se quiere a la nación / dar un ministerio cero / se proclama a Mon-Armero / y después a Armero-Mon[127]».

Mientras tanto, el cuarto del rey era el centro de todas las intrigas de carácter reaccionario que trataban de desestabilizar cualquier gobierno como medio de desacreditar el sistema constitucional en su conjunto y, al mismo tiempo, debilitar la posición de la reina[128]. Trabajando con documentación procedente del entorno del confesor de Isabel II, el autor de una de las hagiografías del padre Claret deja claro que buena parte de los rumores dañinos para la reputación de la reina procedían del entorno cortesano: «Los amigos de Isabel II, los que la abrumaban con adulaciones de todo género, los que la enaltecían con el humo de la lisonja […] son los primeros en publicar las disidencias que habían surgido entre los reales consortes […] Antes no había ninguna mala pasión; después, todo eran malas pasiones. Los palaciegos procuraban soplar el fuego para calentarlas, para encenderlas, para que estallasen, y si era preciso para que sucumbiera todo antes que ellos ¿Les convenía la difamación? […]con dichas murmuraciones se perseguía objeto político, no acordándose sus autores de la moral más que para valerse de ella como de una poderosa arma de partido delante de las gentes buenas y sencillas[129]».

El embajador francés siguió informando a su ministerio de las intrigas procedentes de las habitaciones del rey, las cuales se aceleraron siniestramente «ante una eventualidad funesta durante el alumbramiento de la Reina […] El Rey quiere la firma Real durante el tiempo en que dure el retiro forzoso de la Reina. No es una pretensión nueva pero nunca se había admitido hasta el momento y probablemente no tendrá en esta ocasión más éxito que en otras […] causaría un peligro incalculable poner ese poder en tales manos[130]».

Frente a la insidiosa y continua labor de Francisco de Asís, Isabel II siguió resistiendo. Había apostado por llevar al poder, confiando en su prestigio personal, a un gabinete que era un término medio, y mal avenido, entre los hombres que habían preconizado la unión liberal durante el Bienio y los moderados tradicionales de la Década. La autoridad moral de la reina, sin embargo, era poco más que una quimera personal y no encontró para aquel Gobierno más que una resignación apática, producto en buena medida de la desorientación política generalizada. Como vaticinó Aviraneta nada más conocerse la composición del nuevo ministerio: «Querer amalgamar las diferentes y multiplicadas fracciones del partido moderado, tan subdividido entre sí que se hace imposible su avenencia y unión, como es la idea de la Reina, no pasa de una ilusión irrealizable […] Elementos hay en este partido que se repelen como el agua y el aceite[131]».

Juan Valera, por su parte, escribió que nadie creía que el ministerio pudiese tener larga vida, «sin duda hubiera durado menos de lo que duró a no haber retardado la crisis el estado en que se hallaba la reina[132]». Por su parte, Aviraneta recogió en su correspondencia el apodo popular, de dudoso gusto, que merecía el ministerio Armero: «De nuestro nuevo ministerio poco hay que hablar porque, habiendo él adoptado la extraña política del silencio, no tenemos todavía ningún acto suyo por donde traslucir la marcha que se propone seguir. Llámanle por eso la gente el ministerio comadrón, suponiendo que su misión esta reducida a asistir al parto de la Reina, y una vez cumplido, tendrá que retirarse con los honores[133]».

El 28 de noviembre de 1857, a las diez y media de la noche, Isabel II dio a luz a un niño al que se le pusieron los nombres de Alfonso Francisco. Sería el futuro Alfonso XII. A diferencia de lo que había ocurrido otras veces, en esta ocasión el «Príncipe es fuerte, bien constituido y da todas las esperanzas de vida y de buena salud[134]». El nacimiento de un varón fue una especie de triunfo personal para la reina, aunque, como no podía ser menos en aquella peculiar familia, ni siquiera aquel heredero largamente esperado estuvo exento de tensiones internas, algunas de las cuales tuvieron su repercusión en la opinión pública. Así, el periódico La España, conocido en todo el país como el órgano oficial de la reina madre y de su marido, publicó en su número del 24 de noviembre, cuando el alumbramiento era inminente, una abierta referencia a la anomalía de que María Cristina no regresase a Madrid para asistir al parto: «En París, con especialidad entre los extranjeros, causa mucha extrañeza la circunstancia de que S. M. la REINA MADRE sea la única persona de la real familia excluida del consuelo y satisfacción de estar al lado de su augusta hija para alentarla y asistirla en el momento solemne del parto. Y decimos excluida porque, a pesar de cuanto se ha dicho, S. M. no ha sido invitada al acto. Las señoras son las que mejor pueden comprender y apreciar el sacrificio que de este modo se impone al corazón de una madre, y una madre tierna y amorosa. Por nuestra parte diremos tan sólo que, si los extranjeros juzgan por este dato del estado de nuestra situación interior, no será ciertamente muy favorable el concepto que de ella se formen[135]».

Aquella anomalía había sido ya objeto de un nuevo incidente entre la reina y su madre. Su origen fue una carta enviada por Isabel II a María Cristina, cuando su embarazo iba por el quinto mes y todavía gobernaba Narváez. En ella daba por supuesto que la reina madre no estaría a su lado durante el parto. El secretario de María Cristina, Antonio Rubio, que detestaba a Isabel II, archivó aquella carta con su cuidado e ironía habituales en una carpetilla que llevaba en la carátula la siguiente anotación: «Esta carta se ha hecho célebre entre nosotros con el nombre de la carta de las circunstancias». En ella, Isabel II, como colofón a una larga retahíla de frases estereotipadamente amorosas, dedicadas a felicitar a su madre por su santo, escribía: «cuánto deseo yo berte querida mamá mía, ya sabes todo lo feliz que soy cuando estoy a tu lado, tú sabes cuán grande es mi cariño por ti, tú podrás juzgar cuán grande sería mi alegría si en el día de tu Santo estubiera contigo, mi alegría sería inmensa como el poderte tener a mi lado y recibir tus cuidados cuando mi parto, tú conoces que esto no depende de mí y si de las circunstancias y ya que esto ahora no puede ser espero que más adelante tendré el placer de abrazarte, qué dichoso será para mí ese día». El mismo día, Francisco de Asís escribió también una carta de felicitación a María Cristina en la que, con la misma vaguedad y las mismas protestas de afecto, decía: «Por razones que en su alta penetración y su conocimiento de las cosas alcanza, me abstengo de manifestar un deseo. Admita V. este sacrificio de mi silencio como prueba de cariño y dígnese interpretar cuanto mi corazón quisiera ver realizado[136]».

Aquellas cartas provocaron un auténtico alboroto en la Malmaison. María Cristina y su marido las interpretaron como lo que eran, la prohibición de utilizar la oportunidad que brindaba el futuro parto de su hija para regresar a España. Hasta el momento, ese regreso se había mantenido en suspenso de forma vaga y, como hemos visto, la exregente había puesto todo de su parte para facilitarlo, tanto con su interés por arreglar definitivamente la testamentaria de Fernando VII, como con la publicación del dictamen de sus abogados exculpándola de las acusaciones de las Constituyentes. La carta de las circunstancias de Isabel II —corroborada taimadamente por el «silencio» de Francisco de Asís— era un jarro de agua fría para esos proyectos.

En el archivo privado de la reina gobernadora se encuentran las consultas que Riánsares realizó a aquellos prohombres del Partido Moderado que se encontraban más cerca de su círculo político, entre ellos Francisco Javier Istúriz y Luis Sartorius, conde de San Luis, para que les aconsejasen respecto a la contestación que debía dar María Cristina a la reina y para que les informasen de cuál era el origen verdadero y el sentido de aquella prohibición. Tanto Istúriz como San Luis contestaron rápidamente diciendo que la reina madre no debería dejar pasar aquella ocasión para aclarar cual era su situación política y cuáles los obstáculos reales para su regreso a España. En ambos casos, y dejando diplomáticamente en suspenso su opinión sobre la parte que en todo ello podía jugar Isabel II, apuntaban hacia Narváez, «el Gran Visir» en expresión de uno de ellos, como responsable de aquella sutil prohibición[137].

María Cristina tardó más de un mes en contestar a su hija y, según Rubio, lo hizo el 23 de agosto pidiéndole explicaciones sobre qué circunstancias eran las que impedían que pudiese ver cumplido su (supuesto) deseo de tener a su madre a su lado durante el parto. Entre los papeles archivados por Rubio, no se encuentra la carta definitiva, pero sí existen al menos cuatro borradores de la misma, encargados por María Cristina a su secretario. Todos ellos son un alarde de la crecientemente hipócrita retórica familiar entre madre e hija. Los «te quiero con delirio», «sabes que te amo tiernamente», etcétera, preceden a las diversas versiones de las explicaciones que la exregente exigía a Isabel II. En la versión más dura, la reina madre se mostraba fría, escueta e irónica: «He visto por tu carta que juzgas que las circunstancias impiden que yo vaya a asistir a tu parto; satisfarías mi curiosidad si me dijeras cuales son esas circunstancias y porque se ha juzgado esta cuestión cuando yo no había todavía demostrado mis ideas[138]».

No tenemos noticias de que Isabel II le diese a su madre las explicaciones que ésta le pedía. Sabemos, en todo caso, que ni la reina ni el gobierno Narváez deseaban el regreso de María Cristina y lo mismo debió ocurrir con los gobiernos siguientes. Para todos ellos, y a pesar de las exculpaciones formales producidas tras la restauración moderada, María Cristina se había convertido en un personaje demasiado peligroso, demasiado denostado por la opinión pública, como para resultar un activo político para la monarquía. Su ausencia, claramente resentida por la exregente, se convirtió así, a mi juicio, en un símbolo más de la deriva política del moderantismo histórico, aquél que había gobernado a la sombra de la auténtica «reina de los moderados» entre 1845 y 1854. Éste es pues el origen del, para muchos autores de la época, misterioso eclipse político de la reina madre y el hecho de que no regresase a España hasta los últimos años del reinado isabelino.

Junto al problema de María Cristina, quedaba por resolver el de Francisco de Asís. Cuando se acercaba el parto de la reina, el nerviosismo de ésta y de su Gobierno era evidente. ¿Habría de reproducir el rey el desaire que hizo a su mujer cuando el nacimiento de la infanta Cristina en 1853? ¿Volverían a reproducirse las escenas que habían llevado a la muerte del ministro de Guerra, Urbiztondo, y del ayudante de campo de Narváez pocos meses antes? Carmen Llorca asegura que, poco antes del alumbramiento, Isabel II mandó llamar a sor Patrocinio y un coche de la Casa Real la recogió en su convento de Torrelaguna para que regresase cuanto antes a Palacio con el objetivo preciso de convencer al rey de que, en esta ocasión, «cumpliese con sus obligaciones en las ceremonias oficiales[139]».

Tras conseguir producir el grado de inquietud suficiente como para chantajear de nuevo a su mujer, Francisco de Asís acabó aviniéndose. Si no lograba imponer sus condiciones de acuerdo con los carlistas, nadie como él sabía que su posición dependía de seguir siendo el marido de la reina y el padre de sus hijos. Antonio Rubio califica con el rótulo de «importante» la primera carta que el rey consorte envió a María Cristina de Borbón, un mes después del parto, en la que se mostraba como un padre orgulloso y un marido atento y satisfecho:

El niño es muy robusto y ha sido recibido con júbilo por todos los buenos: se le ha puesto el nombre de Alfonso con preferencia a los demás por ser nombre glorioso en nuestra historia y para que el recuerdo de los grandes hechos de los que lo han llevado le sirva de [ilegible] estímulo en lo sucesivo para imitarlos y dejar también como ellos una página distinguida en la historia. La Reyna insistía mucho en que se le pusiese el de Francisco pero la opinión general recibía mejor el de Alfonso: tuvo por consiguiente los de Alfonso, Francisco, Fernando, Pío, Juan María de la Concepción y todo el almanaque con una letanía de advocaciones a la Santísima Virgen […] La Reyna se ha cuidado mucho esta vez y no saldrá a Misa hasta el mes entrante. Durante el parto y siempre nos hemos acordado de V. y hemos pensado cuánta sería la alegría de V. cuando supiera todos los detalles y lo bien que había salido todo[140].

El nacimiento del nuevo príncipe de Asturias fue acogido, si no con el júbilo que describía el rey, sí con una medida satisfacción por parte de la opinión liberal monárquica. El sentir de la misma lo resumió el órgano de los defensores de la unión liberal, La Época:

La prensa lo ha dicho antes que nosotros. El nacimiento de un príncipe de Asturias es la muerte de esas fusiones dinásticas imposibles, pero que han venido agitándose de algún tiempo a esta parte en nuestra esfera política […] Un Príncipe de Asturias es una barrera opuesta a toda esperanza de nuevas dinastías […] es un elemento de conservación en las tempestades revolucionarias, y a la vez una prenda de libertad contra todo proyecto insensato de reacciones en lo porvenir […] La España constitucional tiene ya un príncipe en la dinastía que ha consolidado con su sangre, vertida en cien campos de batalla, y no a menester de buscarlo ni en el extranjero ni en medio de los que combatieron el trono de la reina[141].

La advertencia para la camarilla del rey y sus manifiestas veleidades carlistas no podía estar más clara. Aquel domingo, y en los días siguientes, la monarquía desplegó todo su aparato de representación. Se ordenaron donativos a establecimientos benéficos, limosnas a los pobres y una amplia amnistía. Durante cuatro días, Madrid estuvo iluminado y en sus calles se levantaron entoldados y pabellones adornados con coronas y banderas borbónicas así como con los retratos de los reyes. El Ayuntamiento pagó novillos con cucañas, fuegos artificiales y funciones teatrales extraordinarias. Las fiestas concluyeron con una gran comitiva regia que paseó al recién nacido por la capital. Los húsares de la princesa, los coches de la gran nobleza y de la totalidad de la familia real (con la exclusión de María Cristina) escoltaron la carroza regia […] La reina apareció vestida de terciopelo blanco con el collar y diadema de brillantes que guardaba para las grandes ocasiones; el rey iba vestido de capitán general y el príncipe recién nacido, de rosa. Los altos grados del ejército cerraban la marcha[142]. Cuando llegó la hora del bautizo, y por expreso deseo de Isabel II, el padrino fue Pío IX representado por el nuncio apostólico, «simbolizándose de esta suerte, en la misma fuente bautismal, dos sentimientos profundamente grabados en el corazón del pueblo español: el amor a la religión de sus mayores y el que profesa a sus monarcas[143]».

A pesar de aquel derroche de propaganda regia —que buscaba restablecer el crédito de la monarquía y rentabilizar políticamente el nacimiento del príncipe de Asturias—, no sólo el prestigio político de la reina y su familia, sino también su prestigio moral, estaban seriamente dañados. La identificación entre monarquía y religión como expresión de la nacionalidad española, que tanto se habían esforzado por representar, hacía aguas por todas partes. El daño procedía, en buena medida, de los rumores de ilegitimidad que propagaba la camarilla reaccionaria que rodeaba al rey, la cual desahogaba así su frustración ante el nacimiento de un varón que entorpecía la posibilidad de una fusión dinástica con el carlismo. Unos rumores, además, que se recogían y amplificaban entre las filas dispersas y enfrentadas del moderantismo, cuyos líderes se sentían absolutamente a merced de la voluntad regia. Como escribió Madoz a Víctor Balaguer, «se usa al hablar de elevadas personas un lenguaje repugnante. Yo lamento tanto extravío, advirtiendo que los más violentos no son ciertamente progresistas[144]». El embajador inglés, por su parte, abundaba en la misma opinión al referir a su ministerio la frialdad con la que se recibió a la reina en las calles de Madrid cuando acudió a reabrir las Cortes: «Lamento decir que ayer, en su recorrido hasta el Senado, Su Majestad no recibió ni un solo aplauso, a pesar de que la multitud era grande[145]».

En estas condiciones, la posición del gobierno Armero, absolutamente dependiente de la voluntad personal de Isabel II y sin mayoría parlamentaria, no podía ser más precaria. Al reabrirse las Cortes, el 10 de enero de 1858, la reina leyó un discurso en el que la combinación de medidas liberales y conservadoras era un trasunto del termino medio entre los defensores de la unión liberal y los moderados puros que componían el ministerio: saneamiento de las ventas de bienes de la Iglesia hechas en los últimos años y seguridad de posesión perpetua a sus compradores; recuperación de las medidas de enajenación de la propiedad territorial de los establecimientos de beneficencia y de instrucción pública; reformas liberalizadoras de la ley electoral y de imprenta, combinadas con el anuncio de un proyecto de ley que restablecería algo parecido a los mayorazgos para asegurar el carácter hereditario de la dignidad senatorial; impulso a la construcción de ferrocarriles, así como a la legislación en materia de enseñanza y empleos públicos; y nueva ley de enseñanza y de empleos públicos.

Los supuestos especialistas en leer los signos de Palacio encontraron significativa la frase de la reina que decía: «mis consejos a mi hijo: el recién nacido Alfonso, inculcarán en su ánimo el respeto más inviolable a la Constitución y a las leyes[146]». A falta de algo mejor, aquellas vagas palabras se interpretaron como una prenda de constitucionalismo por parte de Isabel II frente a las veleidades reaccionarias, no sólo del entorno de Francisco de Asís, sino de la fracción más ultramontana de la Cámara, la llamada «liga blanca» en clara alusión al movimiento legitimista europeo, cuyos líderes parlamentarios eran, aún con disensiones internas, Bravo Murillo, Nocedal y el incombustible conde de San Luis.

El embajador Turgot lamentó tener que comunicar a su ministerio que, a pesar de su frustración por el nacimiento de un varón, la camarilla del rey seguía intrigando con chantajes de lo más variados (y algunos muy evidentes) para lograr que la reina hiciese caer al ministerio Armero «y facilitar cualquier otro menos pronunciado a favor del sistema liberal constitucional».

El Rey se ha aprovechado del retiro forzoso de la Reina para redoblar sus obsesiones habituales. Durante ocho días ha tenido alejadas a las personas de cuya influencia duda, ha reunido la candidatura de Bravo Murillo y ha hecho repartir por todos los periódicos opuestos al Ministerio rumores de su pronta caída […] Todo el mundo sabe que los ardientes deseos del Rey y de la camarilla son llevar a la Reina a una vía de reacción abierta, cualquiera que pudiesen ser las consecuencias, frente a los servidores fieles de la reina que se esfuerzan en mantenerla dentro de la vía constitucional, único medio de salud que le queda a la dinastía Borbón en España […] La opinión pública no quiere más revoluciones pero es liberal y se sublevará otra vez antes de someterse a las veleidades absolutistas del Rey […] y de la camarilla clerical que [la] empuja en esa vía fatal. La Reina, si entra en esa vía, será destronada o por una revolución o por los propios absolutistas[147].

Isabel II debía de ser muy consciente de aquella última posibilidad y siguió resistiendo las presiones del entorno de Francisco de Asís. Con todo, y dada la evidente mayoría negativa en las Cortes, la actitud de las mismas hacía el gobierno Armero era fundamental y habría de medirse inmediatamente al suscitarse la cuestión de la presidencia del Congreso. Pascual Madoz había escrito en este sentido al progresista catalán, Víctor Balaguer, explicándole la situación política y el significado de la votación presidencial:

Decididamente, Bravo Murillo acepta la candidatura presidencial; proclama que no quería pero que no puede resistir a las exigencias reiteradas de distintas fracciones del Congreso. Hoy por hoy todas las probabilidades están a favor del jefe natural de la reforma semiabsolutista […] Los muñidores de la oposición reaccionaria o, más bien dicho, los enemigos personales de Armero y Mon, afirman que la reina no disolverá y llamará al poder a quien alcance el voto en la Asamblea. Vicálvaro apoya todavía al gabinete y Mon tiene sus conferencias con O’Donnell. El partido progresista, con bastante juicio, observa y espera, pronunciada la opinión para asistir a las urnas si con buenas armas se pelea; para abandonar el campo, si se apela otra vez a las arbitrariedades y violencias[148].

En un sentido similar, el embajador Howden, tan desconcertado como todo el mundo, esperaba que la elección de presidente del Congreso aclarase algo más el panorama político:

Soy absolutamente incapaz de darle a Su Excelencia cualquier información valiosa sobre el estado de los asuntos aquí, porque pienso que podría decir con seguridad que el propio gobierno es tan ignorante como yo mismo de lo que puede suceder. El ministerio tiene un frágil apoyo en Palacio y se ha supuesto incluso que no alcanzará la apertura de las Cortes, dentro de pocos días. El señor Bravo Murillo tendría el apoyo del rey, la camarilla, el partido clerical y los absolutistas […] Por otra parte, todos los liberales del país, se llamen progresistas o moderados, formarían inmediatamente una coalición contra él, probablemente se produciría un combate tan peligroso en su marcha como para terminar con el desagradable ministerio, para impedir cualquier gran catástrofe[149].

No hubo que esperar demasiado. Al día siguiente de abrirse las Cortes, el candidato ministerial a la presidencia del Congreso, Luis Mayans, resultó derrotado por 118 votos contra 126, frente a Bravo Murillo. Tras aquella victoria, y según Howden, «la mayoría mostraba nada menos que una tendencia revolucionaria: quería ir a Palacio con cualquier disculpa y coaccionar la voluntad de S. M.»[150]. Coacciones al margen, lo cierto es que, de acuerdo con la lógica implícita del sistema constitucional vigente, la reina podía optar entre conceder al ministerio la disolución de las Cortes u ofrecer al líder de la mayoría parlamentaria la formación de un nuevo gobierno. Isabel II no hizo ninguna de las dos cosas. Al día siguiente de la apertura de las Cortes, el 11 de enero, el gobierno Armero pidió a la reina hacer uso del decreto de disolución que ésta le había firmado en previsión de una derrota parlamentaria. Sin embargo, Isabel II ya había cambiado de opinión al respecto y comunicó al general que no creía conveniente disolver las Cortes. Armero decidió dimitir[151].

Aquellos vaivenes fueron explicados por Turgot (complicándolos aún más) al escribir a su ministerio que, desde hacía tiempo, el rey venía apoyando a Bravo Murillo y presionando a la reina para un nuevo cambio de gabinete.

En público piden que se vote al candidato ministerial [para la presidencia de las Cortes] mientras que en secreto y mediante mensajes prometían sostener a los que votasen en contra, comprometiéndose a no consentir en la disolución de la Cámara. La reina luego se asustó de las consecuencias y quiso quedarse con Armero y conceder la disolución pero éste se negó sabiendo las intrigas del Rey. La desolación era grande en Palacio pero la lección era merecida y el Rey no respondió una palabra a los duros reproches del almirante Armero. La mayor parte de estos detalles son conocidos por el público y V. E. puede imaginar el golpe fatal que esta intriga ha dado a la consideración de las Personas Reales. La duplicidad desplegada por Ellas en estas últimas circunstancias sobrepasa, hace falta decirlo, todos los límites y yo creo que aumentará la repugnancia de los hombres honorables a aceptar funciones públicas. Todas las intrigas del Rey en los últimos días han tenido como agentes principales al conde de Salamanca, al conde de San Luis, al general Sanz […] al general Narváez, al arzobispo de Toledo y muchos otros nombres del alto clero, ya que en estos momentos hay 22 obispos y arzobispos presentes en Madrid[152].

Ocurriese como ocurriese, así se frustraron, por tercera vez consecutiva, las tentativas que venían haciéndose desde el entorno de Isabel II por resistir las maniobras del rey y por lograr la unión del Partido Moderado. Como escribió Madoz a Balaguer, «la desconfianza es general y general también, por desgracia, la desafección a ciertas personas que no nombró. Los ministerios sin acción y sin iniciativa, vacilantes hoy y seguros mañana, con mil alternativas de debilidad y de fuerza, de temor y de arrogancia a la vista de la actitud imponente de las oposiciones reaccionarias[153]».

Ante esa actitud imponente de la reacción, y de acuerdo con las tendencias que se le suponían a la reina, ésta debería haber llamado a Bravo Murillo. El elegido, sin embargo, fue Francisco Javier Istúriz, representante del más viejo moderantismo, aquél que se había conformado en torno a la regente María Cristina en los años treinta. Hacía muy pocos días que había regresado de San Petersburgo tras interceder María Cristina por él ante su hija pidiéndole que le permitiese volver a Madrid en atención a su edad[154]. Su elección revelaba, cuanto menos, la resistencia de la reina a dejarse imponer la ley por la reacción apadrinada por su marido y una cierta capacidad de comprensión por su parte de lo peligroso que sería desoír absolutamente a la opinión pública.

El embajador Howden valoró en esos términos la decisión que finalmente tomó la reina: «A pesar de todas las locuras de la Corte, hay una fuerte opinión pública que está actuando y, en cierto grado, controlando la situación, como demuestra que el marqués de Miraflores y el general Pezuela no hayan sido llamados inmediatamente a formar un ministerio, como era el gran deseo de la Camarilla[155]». Menos optimista respecto a la sensibilidad de Palacio hacia la opinión pública se mostraba Pascual Madoz: «Que hoy por hoy, expresión técnica de moda, se teme ir para atrás y se desea una reconciliación con la gente moderada, tirando para adelante, es para mí cosa fuera de duda. Pero como este deseo no es concesión hecha a la opinión pública, nada deberá usted extrañar que mañana la tendencia sea de retroceso[156]».

El propio Javier Istúriz, tras tres meses en el ministerio, parecía todavía mostrarse perplejo respecto a las razones últimas de su nombramiento. En una carta a María Cristina, escribió: «Cuando el afectuoso interés, Señora, que tomaba V. M. en mi posición en las riberas del Neva tan eficazmente impulsó mi llamamiento a Madrid nada estaba más distante de mi pensamiento, de mis gustos, y hasta de mis cálculos que volver a ser ministro después de haberlo sido en 1846 (!), y ésta es la hora en que no sé darme razón de cómo ni por qué la Augusta Hija de V. M. quiso de un modo tan decidido que lo fuera. Díjose que mi humilde personalidad serviría en aquel momento para calmar la escisión pronunciada en el partido moderado, en razón de que mi ausencia de España me tenía alejado de las pasiones políticas. Era ésta una razón, cuando menos plausible, la reina lo quiso y obedecí su Soberana voluntad[157]».

A mi juicio el nombramiento de Istúriz significaba varias cosas, no necesariamente contradictorias. Por una parte, la conciencia más o menos clara de la reina de que una apuesta por los sectores más reaccionarios del moderantismo podía poner en peligro su corona. Una amenaza implícita en los términos en que, desde los sectores neocatólicos, se pensaba en una reconciliación con el carlismo. Por otra parte, el temor a las consecuencias de una nueva coalición revolucionaria entre los conservadores templados de O’Donnell y el progresismo. Como escribió Juan Valera, la inclinación de la reina hacia soluciones bastante más liberales que las que constituían la mayoría del Congreso y del Senado indicaba que «el imperio, la ambición y las exigencias de los conservadores la tenían disgustada. Tal vez estaba arrepentida de haberse desprendido de O’Donnell y buscaba una transición suave y lenta[158]».

En efecto, simultánea o alternativamente, la elección de aquel anciano liberal indicaba una última tentativa de realizar, bajo el amparo de la Corona o más exactamente de la propia Isabel II, la reagrupación del moderantismo en torno al sector tradicional centrista que tantos éxitos había logrado desde 1843 y que había entrado en crisis a raíz del fracasado intento de reforma constitucional de Bravo Murillo. Su nombramiento parecía indicar que se abandonaban las tentativas de reacción, inauguradas en 1851 y que habían conducido a la revolución de 1854. Juan Valera entiende así las cosas: «Istúriz, por su parte, o bien porque de suyo era extremadamente cortesano y amigo de complacer en Palacio y de realizar y satisfacer los regios deseos, o bien porque conservaba en el alma dulces dejos del liberalismo de sus mocedades, se inclinaba más a la política liberal que a la de [sus ministros] Sánchez Ocaña y Díaz identificados con Bravo Murillo. De aquí que el nuevo ministerio, considerado desde luego como de transición, infundió no pocas esperanzas en la unión liberal, fue mirado benévolamente hasta por los progresistas y alarmó no poco a la mayoría conservadora del Congreso[159]».

A todo ello habría que añadir el hecho de que Isabel II pudo interpretar la petición de su madre de que llamase a su amigo personal, Istúriz, desde su embajada en Rusia como una indicación de por dónde pensaba la reina madre que debía ir la orientación política del gobierno personal de su hija. Ese mimetismo encubierto respecto al comportamiento de la madre por parte de la hija no debe desdeñarse, aunque no podamos, con la documentación disponible, afirmar que hubo una propuesta firme de María Cristina en ese sentido. Lo que sí sabemos es que, nada más conocerse el cambio de Gobierno, la reina madre escribió al nuevo primer ministro: «Estimadísimo Istúriz: Acabamos de saber el cambio de Ministerio y que la Reyna ha nombrado a mi mejor amigo Presidente del Consejo de Ministros. ¿Me he de alegrar con él? ¿Lo he de compadecer por los nuevos trabajos que se le preparan? Yo no sé que hacer de estas dos cosas pero si sé pedir a Dios que le ilumine y que le haga salir triunfante de esta nueva misión en la cual le desea toda clase de consuelos mi pensamiento y mi corazón le acompañarán siempre y seré feliz de son succès […] Quiera Dios que la Reyna sea feliz y que tú y tus compañeros podáis contribuir a ello consolidando la paz, la tranquilidad y la prosperidad de España[160]».

La posición del ministerio, sin embargo, era muy difícil y su objetivo de templar las rencillas entre las diversas fracciones del Partido Moderado dependía una vez más de la autoridad moral que pudiese ejercer Isabel II, así como del crédito que su política despertase entre los diversos líderes enfrentados del moderantismo. Nadie apostaba demasiado por ello. De la reina no se fiaba ya nadie e Istúriz era un viejo liberal de setenta y dos años que hacía de la indolencia y del respeto formal que le mostraban sus correligionarios una manera de hacer política que consistía, básicamente, en no hacer nada. Había conseguido, con grandes dificultades, componer un ministerio que estaba fuera de los grupos influyentes del Parlamento, donde no contaba con la mayoría, y tenía poca o nula autoridad sobre el disperso Partido Moderado.

En su momento, Bravo Murillo le había ofrecido su apoyo si formaba un Gobierno sólo de moderados puros, de la «liga blanca», pero la insistencia de la reina, y su propia convicción política, le habían llevado a intentar colocar a individuos de tendencias algo más liberales. El resultado fue un ministerio anodino compuesto, según Howden, de personas de absolutamente ninguna reputación política[161]. Eugenio de Aviraneta escribió a Antonio Rubio que Istúriz había «formado una administración de mudos para unas Cortes compuestas de grandes discutidores», añadiendo que le auguraba escasa vida por la «profunda división del partido moderado, sin que se entiendan ni puedan entenderse. Odio y más odio entre los gefes de las distintas fracciones». A su juicio, los esfuerzos de Istúriz para unir al partido «serán fallidos pues los ánimos están muy divididos, su prestigio es muy corto, sus enemigos muchos y él está muy viejo […] Cuando llegó al poder apareció como un iris de paz pero ha chasqueado a todo el mundo pues tan sólo sigue trampeando el tiempo con su heterogéneo ministerio sin querer ir atrás ni adelante[162]».

Aquella inquieta quietud parecía ser el resultado de la ya larga situación entrópica a que había conducido el intento de Isabel II de reinar y gobernar tras la experiencia fracasada del Bienio. Como Madoz escribió a Víctor Balaguer:

Estamos ya en otra situación indefinible […] Nadie cree que el ministerio pueda continuar y cada cual a su placer, y según su modo de ver las cosas políticas, presiente un ministerio Narváez, González Bravo, Castro y otros, o de O’Donnell con Roda, Salaverría y gente parecida. Supónese por unos que la primera combinación es apoyada por el Rey y la segunda deseada por la Reina. Bajo la impresión del atentado del 14 de enero[163] se invoca la fuerza de Narváez. Bajo la impresión de las noticias que de Francia llegan, sobre la preocupación del espíritu público por las recientes medidas represivas, se invoca la conciliación de O’Donnell. Mientras tanto se observa un fenómeno singularísimo. La Reina rechaza sin disimulos los nombramientos de los que aquí son conocidos como notabilidades polacas[164] […] Alguno o algunos periódicos moderados hablan, según costumbre, en términos poco respetuosos de cierta elevada Persona, porque no se aprueban algunas propuestas del ministerio para altos destinos. Volvemos, por lo que parece, a la época en que se hablaba mucho de liviandades y pasiones livianas[165].

En efecto, eran las propias fracciones moderadas más ultramontanas las que, incapaces de hacer prevalecer absolutamente su política sobre la reina, denigraban su nombre y hablaban abiertamente sobre su irregular vida privada. Para cortar esos rumores, o porque el romance se había acabado, el favorito real Enrique Puigmoltó fue destinado a Valencia en febrero de 1858 y, con él, como escribe Carmen Llorca, puso punto final Isabel II a sus aventuras con militares jóvenes, guapos y laureados con la Cruz de San Fernando[166]. Sin embargo, los rumores no se apagaron. Si la reina no tenía amantes era una cuestión del momento y su reputación ya estaba fijada para siempre. Sus cambios de humor personales y políticos tendían siempre a atribuirse a alguna «tierna influencia», fuese esto cierto o no. Más allá de los rumores y de su veracidad, lo importante es que la leyenda se alimentaba ya de sí misma y su diseminación por todo el país, y en aquella cultura política, era tan decisiva como una verdad precisa.

Los desaires a la reina ya no respetaban nada. Ni siquiera se podía hablar de filiaciones políticas claras en la elaboración de los muchos desplantes personales que debía soportar. Incluso aquellas personas de su entorno que mejor podían representar la reacción eran atacadas en la medida en que se les suponía una influencia que contrarrestaba otras. Así, el padre Claret comenzó a ser objeto de una política de desprestigio en la Corte que hizo que se rumorease su salida de la misma, y la propia sor Patrocinio y sus innumerables recomendaciones fueron objeto de burla y de sospecha. Cuando la reina accedió a la petición de la Monja de las Llagas de nombrar dama de honor suya a la «querida y cristianísima amiga la señora marquesa de Gaviria, condesa de Buena Esperanza», no encontró en todo Madrid a una sola persona de la grandeza que quisiera ser madrina[167]. La viuda de Manuel Gaviria, hombre de negocios originalmente vinculado a María Cristina y a Muñoz, no era considerada por las grandes damas de la aristocracia de suficiente abolengo como para lograr el almohadón de dama de honor y, por lo tanto, la grandeza[168].

La deriva de esa nobleza, o de su parte más ruidosa, hacia el carlismo era evidente. Como escribió Madoz a Balaguer, «el escándalo no puede ser mayor. Los monárquicos por excelencia hacen desaires a la Reina». Cuando ésta quiso nombrar cuarenta nuevos Grandes de España, la oposición de los ya existentes hizo que el propio Istúriz desaconsejase la medida a la reina si no quería provocar un enfrentamiento. «Con esa conducta —escribió Madoz— ha coincidido la noticia, no sé si cierta, no sé si falsa, de hallarse comprometidos una porción de grandes para apoyar la vuelta de los hijos de Don Carlos a España. Hay con este motivo una gran recrudescencia, y ni los grandes hablan bien de palacio, ni palacio habla bien de los grandes[169]».

Por las mismas fechas, un incidente en las Cortes volvió a cuestionar la autoridad moral y política de Isabel II. El día 17 de marzo, el diputado Cipriano del Mazo interpeló al Gobierno sobre la razón por la que se había concedido al caballero Quiroga, hermano de sor Patrocinio, la Cruz de Carlos III. Unos días antes, el mismo diputado había trazado un paralelo entre Isabel la Católica e Isabel II claramente lesivo para la segunda[170]. La interpelación no prosperó y, de hecho, se logró una especie de voto de censura contra el diputado. Con todo, como relata Madoz a Balaguer, tras la sesión «fueron llegando a Palacio personas expresamente enviadas para conocer el efecto de la interpelación y fueron contestes las noticias de que todos habían quedado mal, y que el que menos mal había quedado era Mazo. Desde este momento varió la escena, y yo creo que si hubiera estado votada la interpelación, mañana se hubiera leído el decreto de suspensión […] Una cosa se ha observado ayer y es que Mazo no ha estado solo y sobre este punto se dicen cosas tan grandes que no es posible fiarlas a la pluma[171]».

La implicación de que detrás de aquella impertinente pregunta estaba el rey —celoso de la estrecha relación que sor Patrocinio mantenía ahora con la reina— era evidente para muchos. El embajador francés escribió a su ministerio que el incidente Mazo «es una intriga del Rey para debilitar a su esposa, cada vez más alejada del partido retrógrado. Mazo es redactor del diario “Occidente”, conocido por haber tenido relaciones íntimas con el Rey […] Lo más desagradable es ¡ver salir tales ataques a la Reina del partido que se intitula exclusivamente monárquico y moderado!»[172]. Eugenio de Aviraneta escribió a Antonio Rubio que Isabel II estaba furiosa «con todos y contra todos. La Reina está muy enfadada también con los ministros porque no supieron responder bien a la interpelación de Mazo[173]».

No quisiera insistir más en las múltiples, pequeñas y perversas intrigas a varias bandas que existían en aquel laberinto estéril en que se había convertido la Corte y, por extensión, la vida política que giraba en torno a ella. Lo que interesa destacar es la profunda impotencia de Isabel II en sus intentos, tan autoritarios como ingenuos, de sacar adelante alguna forma de gobierno personal, apoyándose en los que habían sido los tradicionales defensores de la prerrogativa regia: los moderados. «Considero —escribía Howden— que el sentimiento público contra la Reina y la desconfianza universal de todos los que se llaman a sí mismos hombres de Estado, son completamente los mismos que existían durante los seis meses que precedieron a la revolución de 1854, pero pienso que el elemento militar proclive a la insurrección es mucho más débil que entonces y, además de esto, que hay un gran desánimo en el partido liberal y gran lasitud en todos los partidos, excepto en la perseverante pero pequeña camarilla de Palacio[174]». Poco después insistía: «No es sólo la política de Palacio, sino el estado general del país que la política de Palacio no hace sino excitar […] Creo que una terrible revolución puede estar preparándose en España. Sólo Dios puede decir si se producirá en dos meses, en dos años o en veinte años… pero creo que cualquiera que arañe la superficie y mire debajo de ella puede ver esa revolución enorme, mayor que ninguna que haya afectado al país[175]». Algo similar opinaba Turgot cuando informaba, cada vez más alarmado, de la existencia de conspiraciones revolucionarias en Madrid —donde «no existe una verdadera policía organizada y bien coordinada»— y corroboraba la existencia de fuertes lazos entre «el comité demócrata de Londres, los franceses exiliados y los revolucionarios españoles». Como el cónsul francés en Cataluña, Turgot apoyaba la petición española de ayuda policial francesa para frenar a los muy activos comités revolucionarios de Barcelona, de Valencia y Madrid[176].

Al mismo tiempo que llegaban estas noticias a París, Londres y Madrid, Pascual Madoz escribía a Víctor Balaguer sobre la alarma creciente respecto a los rumores de una gran conjura carlista que contaría con el apoyo soterrado, pero efectivo, del rey consorte:

Al regresar anteanoche a Madrid encontré muy alarmados a mis amigos, suponiendo muy adelantados los caminos para la fusión de las dos ramas. El cambio de los dos embajadores, francés e inglés[177], la movilidad del secretario de la embajada rusa y la correspondencia de algunos hombres notables del partido carlista, habría sobreexcitado la opinión pública y fue necesario que ayer se dieran algunos pasos para que la minoría progresista diera la voz de alarma. Se habla también de la implicación de un prelado y de maniobras alentadas por una persona más elevada todavía. Créese, y creo yo, que la reina nada sabe y que el ministro todo lo ignora. No debe disimularse que reina no escasa alarma y que la inseguridad va a las sociedades de crédito y hasta a los pequeños establecimientos de comercio […] Y no disimulo la gravedad de la situación, si bien esta asquerosa intriga de la reacción ha de fracasar cuando se conozca a las claras el objeto y las tendencias hostiles, a no dudarlo, al trono de Isabel II y la libertad del país[178].

En una carta posterior, aclaraba: «Hacen los reaccionarios desesperados esfuerzos […] Dicen que la fusión no es fusión sino adhesión; que los hijos de Don Carlos reconocerán, no lo creo, sin condiciones a Isabel y que se presentará un proyecto de ley para que se les devuelva títulos, honores, etc. La fusión, abdicando la reina, se aceptará; la adhesión de ningún modo. Así me lo decía ayer un carlista notable y consecuente[179]».

Aquellos temores de pacto con los carlistas, favorecidos desde el cuarto del rey, eran sin duda algo más que la tradicional tendencia de los madrileños a vivir en perpetuo estado de inquieta rumorología. A finales de febrero, una persona tan bien informada como Modesto Lafuente escribió a Antonio Rubio pidiéndole que advirtiese a la reina Cristina sobre los progresos de las conspiraciones carlistas en España y sus conexiones en la Corte y en la administración del Estado. La larga y detallada memoria que Lafuente adjuntó a su carta merece una cita en extenso, porque relata una historia oculta de intrigas palaciegas contra la propia reina, dirigidas por su marido, que jamás fue publicada en el breve capítulo que su monumental Historia de España dedica a los dos años inmediatamente posteriores al Bienio.

A través de ella podemos entrever aquello que nos fue escamoteado en los textos canónicos del siglo XIX, formalmente respetuosos con la familia real, lo que demuestra, a mi juicio, que en los orígenes de la Unión Liberal no estuvo sólo el temor a la revolución progresista o demócrata y la necesidad de refundar la monarquía isabelina sobre bases conservadoras. En su origen, y entre sus logros, estuvo también la voluntad —tanto de los unionistas como de la propia reina— de frenar un proceso de reacción incontrolado hacia el absolutismo propiciado por el rey consorte contra los derechos al trono de su mujer. La aparentemente errática actitud de Isabel II se entiende mejor en este contexto de enfrentamiento político entre la pareja regia que agranda hasta su justo nivel el alcance de las dificultades con que la reina tuvo que enfrentarse a lo largo de la segunda etapa de su reinado.

El partido carlista se agita cada día con mayor fuerza y con más fe en el triunfo, porque todas sus maquinaciones, ora sean específicas, ora determinen llevar la cuestión otra vez al terreno de la fuerza, cuentan con eficacísimos auxiliares en el elemento oficial […] Dispone ese incorregible partido de Capitanes Generales, de directores de Gobiernos civiles, de destinos en los demás ramos de la Administración; y lo que es peor, son muchos los gefes que mandan fuerzas y las preparan para que coopere a sus proyectos. El clero, sin excepción casi de individuos, se declara decidido a favor de la rama proscrita; y trabaja con los eficaces medios de que dispone. Resultado de todo esto es que los absolutistas, que hasta aquí significaron el partido de la Reina incorporados al partido moderado, lo abandonan entrando ya resueltamente en el partido de Montemolín […] Ya en los años de 55 y 56 los excesos de la revolución, a los que el mismo partido carlista contribuía diestramente, dio ocasión a que personajes importantes del partido moderado entraran en relaciones con aquél, para preparar la reacción […] La persona más elevada e inmediata a S. M. la reina, movida por espíritu fanático, por ciega ambición o por otra pasión menos noble, se puso y está a la cabeza de la reacción y contra los derechos de S. M. Entendiéndose con Montemolín directamente, y eficazmente secundado por las influencias de Roma y por personas importantes del país, emprendió negociaciones de fusión, casamiento y Regencia de que se tiene ya conocimiento por cuantas personas han seguido con algún interés las peripecias de la singular política española. Este diabólico plan se paralizó por el embarazo de la Reina y el advenimiento de un Príncipe le hizo imposible; pero sus autores, lejos de desfallecer, siguen su camino por nuevas sendas y con mayores bríos.

Desde aquel acontecimiento no se trata ya de fusión y matrimonio sino de hacer propaganda reaccionaria y que caiga la Reina, estando en ello de acuerdo muchos del antiguo partido moderado, entre ellos los llamados polacos […] por despecho todos trabajan de consuno pero difieren en el verdadero punto objetivo porque el personaje más allegado a S. M. —que debería ser su más fuerte escudo y lejos de eso le hace traición— sueña con una larga Regencia que espera como resultado de tan criminal como absurda trama. Los montemolinistas, por su parte, se encaminan directamente al triunfo absoluto de su Rey y lo consideran tan seguro que hablan de ello como cosa alcanzada y hasta se distribuyen destinos.

Al llegar aquí, Lafuente ofrecía a Rubio, con el objetivo de convencer a María Cristina sobre la certeza del peligro, la documentación que había podido ir acumulando, incluidas varias cartas autógrafas de don Carlos en las que éste aconsejaba a sus partidarios que cooperasen con cualquier movimiento revolucionario para luego provocar una reacción. «El único remedio —concluía Modesto Lafuente— está exclusivamente en manos de S. M. Decídase a respetar las prerrogativas constitucionales, llame a sus consejos hombres de altura política y monárquicos de corazón, que los hay, y si en ese camino de legalidad llegara a verse amenazado el trono, ellos la salvarán como en otras ocasiones le han salvado, y con él el país, de pasar muchas calamidades y sangrientos horrores[180]».

La sugerencia de Modesto Lafuente tenía nombres y apellidos políticos. Como él, la mayor parte del conservadurismo y del progresismo templado tenía en mente a O’Donnell y a su proyecto de Unión Liberal como el único medio de salvar al país de la reacción y la revolución. Eugenio de Aviraneta, por su parte, ya había advertido a Rubio de que ésa podía ser la única solución y que estaba ya muy adelantada: «La Unión Liberal y los vicalvaristas, que creo es una misma cosa, se han unido a los progresistas y sus santones, y a las fracciones del partido conservador monárquico constitucional. Se trata de elevar a la Presidencia del Consejo de Ministros al General O’Donnell que tendrá por colegas de ministerio a individuos de la Unión Liberal, a progresistas y conservadores moderados. Esa combinación excluye a los absolutistas isabelinos y se hará la guerra a muerte a los demócratas. La culpa de esta coalición la tienen los moderados por su imprudente división, por su impaciencia y su ambición de mando[181]».

Los trabajos para fraguar aquella coalición venían de lejos, exactamente de los meses posteriores a la caída de O’Donnell en 1856. En esos trabajos estuvieron plenamente involucrados los embajadores francés y británico. En enero de 1858, Howden escribía a su ministerio que sus esfuerzos a favor de una solución liberal le habían valido el ser atacado violentamente por todos los periódicos ultra conservadores. Con todo, decía, «de lo que me alegro sin medida es de una cordial y continuada cooperación para todos los objetivos liberales con el representante francés, una circunstancia que Su Excelencia, con su experiencia de este país, sabrá que no ha existido desde que los Borbones ocuparon el trono[182]». De la misma forma, Henry Descamps escribió a su ministerio señalando las dificultades con que había tropezado el embajador francés, Turgot, para tener relaciones cordiales con los ministerios posteriores a O’Donnell debido a lo abiertamente que había mostrado, y seguía mostrando, sus simpatías por este general[183].

Esas simpatías conjuntas de los británicos y franceses, o al menos de sus embajadores en Madrid, habían guiado todos los pasos de Howden, Otway, Comminger-Guitaud y Turgot desde el advenimiento de Narváez. Así, por una parte, ambos se coaligaron para evitar que la reina, como dijo Howden, fuese «absolutamente dirigida por la camarilla más aún que por el ostensiblemente reaccionario ministerio de Narváez». En ese sentido, Howden escribió a Clarendon diciéndole que creía que era posible aconsejar a la reina en un sentido liberal si ambos diplomáticos actuaban conjuntamente: «Le repetí a Turgot que los temores que puede suscitar en la Reina una representación exacta de su situación real, hecha por los representantes de Inglaterra y de Francia, puede salvarla cuando la veamos al borde del precipicio[184]».

Por otra parte, ambos representantes unieron también sus esfuerzos para templar la irritación de los progresistas y sus veleidades revolucionarias. Así, Otway relató a su ministerio que tuvo un encuentro —«no deseado, pues temía que me comprometiese»— con Salustiano de Olózaga en el cual le había advertido de que Inglaterra no apoyaría otra tentativa de destronamiento:

Comenzó hablando del estado general del país pero rápidamente pasó a lo que obviamente era el objeto de su viaje, la necesidad de un cambio de Dinastía y la rapidez con que se iba caminando hacia esa consumación […] Me dijo que había tenido en Biarritz una conversación con el Emperador sobre esta tema, que continuaba otras tenidas durante el Bienio cuando era embajador en París donde llegó con el propósito de lograr ese destronamiento […] Le dijo abiertamente a Su Majestad que era inútil pensar en una Persona de la Familia Imperial, en lo cual el Emperador estuvo de acuerdo, añadiendo que había sólo una persona que podría contar con la mayoría de la Nación, y que esa Persona era el duque de Oporto y, según Olózaga, el Emperador estuvo de acuerdo en eso también […]

En Madrid tuve una entrevista con José de Olózaga, hermano del anterior, el cual habló en términos aún más violentos diciendo que la existencia de la Reina Isabel, como reina, era sólo una cuestión de tiempo y que su destino estaba sellado por la determinación unánime del Partido Liberal en España […] Sé que el general O’Donnell ha enviado emisarios al marqués de la Vega de Armijo para parlamentar con José de Olózaga para preguntarle si contaría con el apoyo de los progresistas en el caso de que volviese al poder en condiciones que serían discutidas… La reina ha coqueteado con O’Donnell y hay mucha gente sensata en Madrid que cree que el sucesor de Narváez podría ser O’Donnell[185].

El sucesor de Narváez, como vimos, no fue O’Donnell. Sin embargo, los embajadores de Francia e Inglaterra no dejaron de influir en ese sentido, especialmente cuando, en 1858, el precipicio al que pensaban que podía verse abocada la reina, con la inestimable cooperación de las intrigas de su marido, parecía inminente. Sobre este último tema, O’Donnell tenía las cosas claras desde hacía tiempo. En una conversación con Otway, ya a finales de 1856, le había dicho:

En este momento el país estaba a punto de ser entregado a los carlistas, un movimiento que Narváez no tendría poder para resistir y que, cuando llegase el momento, o bien ese plan se consumaría o daría lugar a tal revolución en España que ni siquiera Francia habría visto otra igual. Que todo el mundo estaba impresionado con la dificultad de gobernar con una persona como la Reina Isabel, pero que la dificultad de poner a otra persona en su lugar era mucho mayor. Que Roma desempeñaba un gran papel en la locura y en la obstinación de Palacio y que no había nadie en el presente ministerio, o detrás de él, que pudiese contrarrestar esa peligrosa influencia. Que la única salvación para la Reina era ver lo exhausta que estaba ya la presente combinación ministerial y si se recurriese a él [a O’Donnell] volvería libre de toda camarilla y de todo compromiso; capaz de ponerle a la reina las más estrictas condiciones, eliminar la [ilegible] de la Corte, paralizar la autoridad del Rey y gobernar sin deber su lugar a ninguna intriga, con un sistema de libertad y orden asentado sobre los deseos unidos de la Corona y el país[186].

En la primavera tardía de 1858, tras tres ministerios consecutivos que habían sido incapaces de unir al moderantismo y conjurar, a un tiempo, el peligro de la reacción y de la revolución, la propuesta de O’Donnell iba ganando adeptos entre sectores muy diversos. Aviraneta escribía a Rubio: «Es necesario desengañarse Isabel 2.ª no puede ser sino Reina constitucional […] El ejército abandona al duque de Valencia, su gefe natural hoy es el conde de Lucena […] En Madrid se habla en voz baja de un próximo movimiento militar a cuyo frente se pondrán los Jefes vicalvaristas, Concha, Serrano, Ros de Olano y quizás la nueva estrella de Juan Prim […] El duque de Valencia ni tiene el suficiente prestigio, ni el talento que es necesario para gobernar a una nación tan dividida y corrompida como la nuestra […] El partido progresista está reducido a un mal estado que el mismo reconoce y está también muy dividido […] La Unión Liberal son los que aciertan con la verdadera necesidad en las presentes circunstancias[187]».

El embajador Howden, por su parte, corroboraba aquella impresión general escribiendo, en marzo de 1858, que al apoyo que recibiría O’Donnell del embajador francés y al suyo propio se unirían muchos altos cargos militares e, incluso, una parte sustancial de los progresistas «debido a la perfecta imposibilidad (y siento tener que afirmarlo) de encontrar un número suficiente de individuos, al tiempo respetables y capaces, para formar gobierno por ellos mismos […] Lo que yo podría hacer es tratar de persuadir a cualquiera que suceda a Istúriz para que incluya en su gabinete a algunos nombres respetables, de buenos antecedentes, como Pacheco y Luzuriaga[188], y así ayudar a contrarrestar la tremenda oposición que le harían Narváez y Bravo Murillo, este último con un considerable partido tras él, y lograr la formación de un gobierno comparativamente fuerte, atrayendo el apoyo de la prensa liberal y del mismo partido liberal […] Lo que este país necesita para todas sus exigencias, tanto materiales como políticas, es un gobierno que dure algo y pienso que mi obligación es tratar de conseguirlo, sin hilar muy fino en líneas de opinión o grado de constitucionalismo[189]».

A lo largo de los meses, mientras el gobierno Istúriz se agotaba en su propia inactividad, la necesidad de un gobierno comparativamente fuerte y que durase algo se fue imponiendo como una evidencia para grupos cada vez más amplios de la opinión liberal. A ello coadyuvaron, al menos, tres elementos. Por una parte, y como ya he adelantado, el temor a una reacción o a una revolución incontrolables. Por otra, la labor de los embajadores británico y francés, que ejercieron a fondo su influencia con los prohombres del liberalismo. Finalmente, la campaña política de proselitismo de los hombres que defendían la unión liberal, bajo el amparo explícito de la espada de O’Donnell.

Frente al indiscutible agotamiento del moderantismo histórico, y frente a la deriva absolutista de un sector importante del mismo liderado por Bravo Murillo y Nocedal, O’Donnell se esforzó por representar en el Parlamento, y en la opinión, una solución positiva de hermanamiento del orden, la monarquía constitucional y el liberalismo conservador despojado de veleidades reaccionarias. Ante los progresistas, los defensores del unionismo recordaron los elementos de liberalización del régimen de 1845 que suponía el Acta adicional como point de départ para un amplio paquete de reformas que podría hacer transitar suavemente la legislación moderada hacia algunas de las reivindicaciones históricas del progresismo. Desde este punto de vista, el Bienio no habría trascurrido en balde y el órgano de prensa del unionismo, La Época, se encargó de prometer transparencia electoral recogiendo viejas reivindicaciones progresistas, como los alcaldes electivos y la sustitución del denostado sistema de distritos electorales de los moderados por el de distritos uniprovinciales[190]. Ante los moderados templados, O’Donnell representaba el orden y una «barrera frente a la demagogia disolvente», tanto de la reacción absolutista como de la revolución, según había demostrado entre 1854 y 1856[191].

Por su composición, los partidarios de O’Donnell descendían directamente del Centro Parlamentario de las Cortes Constituyentes del Bienio. Ideológicamente eran los herederos de los puritanos que habían gobernado brevemente en 1847 y que, ahora, a diferencia de entonces, podían contar con ese requisito, casi indispensable en la política de la época, del liderazgo de un militar de indiscutible prestigio. Si, en 1847, los moderados lograron neutralizar la apertura puritana recurriendo a la extorsión moral de la reina y de su amante, el general Serrano, ahora (diez años después y tras la amarga experiencia del Bienio) la opción puritana se presentaba como la alternativa de mayor pujanza política frente al desgaste de los dos grandes partidos históricos.

Así, en los sonados discursos que demostraron la implicación de Narváez en la conspiración militar de 1853-1854, O’Donnell avanzó el programa de gobierno que hubiera llevado a cabo de haber seguido contando con la confianza de la reina en 1856. Un programa que retomaba «lo mejor de la política del Bienio y lo mejor de la política de la Década» y cuyos puntos esenciales eran la desamortización civil y eclesiástica, pactando esta última con Roma, y una vía media de defensa de los intereses de las provincias y los municipios que se alejase tanto de la centralización excesiva de los moderados como de la «anárquica» descentralización progresista. Todo ello con el objetivo de favorecer las mejoras materiales, evitar la sucesión de reacciones y revoluciones, lograr la representación política de todos los intereses «legítimos» y gobernar mediante la armonía de los partidos[192].

A la altura de 1858, después de dos años de gobiernos débiles y estériles, la oferta de O’Donnell comenzaba a calar, tanto entre los notables liberales como entre sus bases políticas[193]. Pascual Madoz, a pesar de mostrarse contrario a los contactos entre los generales de Vicálvaro y el progresismo, no pudo dejar de reconocer ante Víctor Balaguer la fuerza de atracción que, sobre un sector no despreciable del Partido Progresista, ejercía O’Donnell: «No hay que desconocer que es muy crecido el número de progresistas que, con buena o dañada intención, se aproximan al conde de Lucena y a sus auxiliares. […] No tengo resentimientos ni odios; pero creo que en política la amalgama de ideas es la imposibilidad del bien. Yo no combatiré a quien quiera marchar adelante; pero no me asociaré con quien no piense como yo. Por Espartero hice un gran sacrificio. No se repiten nunca dos veces en la vida de un hombre público tan fabulosa abnegación[194]».

Aunque Madoz no viese con buenos ojos la integración del progresismo en la Unión Liberal, él mismo advertía que no se opondría a un gobierno de esas características y reconocía que, para el nutrido sector del progresismo templado, O’Donnell —la espada que podía ser necesaria— era el hombre del Acta adicional, el defensor acérrimo del constitucionalismo durante los años finales de la Década Moderada y el presidente de un gobierno que, en su brevedad, había mantenido en sus puestos a la mayor parte de los empleados del Bienio[195].

Para la reina, por último —que ya había advertido la adoración sentimental con la que el poco sentimental O’Donnell la trataba—, el general que la había salvado en 1856 del «secuestro progresista» podía ser un firme baluarte frente a las intrigas carlistas de su marido y frente a la revolución que, de nuevo, asomaba amenazante la cabeza. Se sabe, pues lo recogen todos los autores decimonónicos hasta la actualidad, que Isabel II acabó prefiriendo tratar con O’Donnell (que la adoraba) que con el muy suspicaz y autoritario Narváez. Se sabe también que, en una ocasión, le dijo a este último: «Tú amas a la institución monárquica, pero O’Donnell me quiere a mí». La frase es conocida y se non è vero, è ben trovato. Qué más podía pedir quien entendía el poder y la política exclusivamente en términos de filias y fobias personales, confundiendo sistemáticamente los intereses privados y los públicos en su forma de concebir la institución monárquica[196].

A través de la correspondencia entre el secretario de María Cristina, Antonio Rubio, y una de aquellas mujeres influyentes en la sombra de la política informal de la época, Josefa de Abril de Tajuelo, hija del coronel Juan de Abril y viuda del gentilhombre Tejuelo, sabemos de la existencia de crecientes contactos informales entre la reina y diversos generales vicalvaristas, entre ellos Ros de Olano y el propio O’Donnell. Así, al parecer, en una entrevista con Ros de Olano, Isabel II se refirió a que el número de diputados adeptos al conde de Lucena «subía como la espuma en las Cortes y le dijo: estaréis contentos los vicalvaristas, porque estáis en mayoría».

Todo esto unido al desconcierto que reina en el bando neo-católico y moderado, han hecho que estemos a la expectativa […] parece que al fin la providencia ha iluminado a la Augusta reina y la ha decidido tan acertadamente para lo cual no habrá tenido que luchar y vencer pocas intrigas y dificultades. Digo tan acertadamente porque la opinión general del país está por la Unión Liberal; y si bien es verdad que hay un gran deseo de tranquilidad y buen gobierno, si S. M. no llama a O’Donnell antes del verano no se adónde iremos a parar todos y todo […] O’Donnell ha sabido adquirir tal importancia en lo que se llama Pueblo y clase media (y en particular sobre la última) que tengo completa seguridad de que sus ordenes serían obedecidas, el día en que las dictara […] La transformación de las ideas que ha tenido el país de dos años acá merece tenerse muy en cuenta […] Los progresistas de orden, que son muchos, y los moderados, en la buena acepción de la palabra, son ahora en las Provincias del partido de la Unión y domina en casi todas este elemento sobre el neocatólico y absolutista o carlista. En la capital, es decir, en la Corte, está lo peor de estos dos partidos y, apoyados en un elemento, dicen que no les puede destruir nadie, a no ser Dios, y se agitan extraordinariamente y cada uno de ellos trabaja por seis[197].

Parece ser que fue el general Serrano quien más insistió a la reina tratando de desvanecer las dudas que en ella habían creado los partidarios de la reacción respecto a la lealtad del conde de Lucena: «El mismo día 25 terminaron las negociaciones por no haber podido el general acceder a las condiciones que se le imponían. A los cuatro o cinco días fue a despedirse un general importante [S] a quien S. M. se dignó hablar de la situación y la encontró tan preocupada con O’Donnell que en la conversación le dijo “que bien sabía ella que lo que deseaba O’Donnell era ser Regente y que estaba decidida a llamar a Narváez”. Dicho general respondió a S. M. que de tales armas se servían los que menos la querían, para desconceptuar a un hombre de prestigio y lealtad que puede salvar su trono en días no lejanos. La conversación o audiencia se prolongó bastante[198]».

Lo que se prolongaba ya bastante era la situación de interinidad en la que todo el mundo se sentía, incluido el mismo Istúriz. El embajador británico escribió a su ministerio que «el señor Istúriz es ya viejo y de hábitos epicúreos […] encuentra demasiado pesada y desagradable la carga del gobierno y sé que se le ha susurrado, por aquéllos que desean su dimisión, que si se va calladamente y de buen talante, se podrá volver a Londres donde es feliz». Sin embargo, «a pesar de la evidente debilidad del Ministerio, ha sido durante mucho tiempo difícil especular sobre su duración porque, aunque hecho de la materia más perecedera, su misma nulidad es agradable a la Reina que parece mimarlo como una invención agradable e inofensiva […] Si un ministerio como éste no puede gobernar con las Cortes actuales, que son profundamente retrógradas, es imposible imaginar qué futuro le está reservado a este infortunado país, excepto algún temible extremo de absolutismo o revolución[199]».

Pascual Madoz, por su parte, escribió a Víctor Balaguer mostrando su escepticismo respecto a los rumores que corrían entre los unionistas catalanes respecto a la inminencia de una crisis en el gabinete Istúriz y la subida al poder de O’Donnell. A su juicio, la reina se hallaba por el momento relativamente cómoda con la situación: «De otra cosa se halla también muy satisfecha: de no tener que pensar en la política. Istúriz, viejo marrullero, que observa y estudia y conoce perfectamente lo que pasa en el ánimo de la reina, a pesar de los compromisos formales que tiene contraídos, procura ganar tiempo y rehúye la cuestión política. Mantienen de este modo la ilusión los conservadores que esperan y, por lo pronto, se dan por satisfechos, por muy satisfechos, los enemigos del constitucionalismo[200]».

La indolencia de la reina, sin embargo, no le impidió imponer el deseo, estrechamente ligado a su ensayo de política personal, de iniciar una serie de viajes por las distintas provincias españolas. En febrero de 1857, Isabel II ya había querido viajar por Andalucía, pero el proyecto se frustró en el último momento por su desavenencia con Narváez, quien había insistido en acompañarla cuando la reina quería viajar sola. En aquella ocasión, la idea del viaje se abandonó repentinamente y el Gobierno buscó la excusa del excesivo gasto y de una supuesta epidemia de viruela[201].

Ahora, sin el autoritarismo de Narváez planeando sobre ella y con el objetivo declarado de medir y recabar el grado de apoyo popular a la monarquía, la reina insistió en responder a la invitación de las autoridades valencianas y viajó a Alicante y Valencia los últimos días de mayo y los primeros de junio[202]. Al menos aparentemente, sus objetivos se cumplieron y fue aquél el primero de la serie de viajes que la familia real realizó por España durante la década siguiente. Un mecanismo de propaganda monárquica que será necesario analizar en su momento para medir el alcance, y también las limitaciones, de esos primeros intentos «modernos» de lograr popularizar la monarquía isabelina.

Desde el punto de vista de los reyes, todo salió perfectamente. El embajador francés —que les acompañó en su viaje y embarcó para Francia desde Valencia con el objeto de tomarse sus vacaciones anuales— escribió antes de abandonar el país que creía que el viaje había sido un éxito, porque había mostrado a la reina que, incluso en las provincias más avanzadas, el sentimiento monárquico estaba vivo lo cual, a su juicio, podía reforzar su posición política frente al rey. Su sustituto en la embajada, Fournier, fue menos complaciente en su primer despacho desde Madrid señalando que si el sentimiento monárquico era sin duda mayoritario, «dudo que el amor inquebrantable a la persona real sea tan cierto […] La opinión pública se interesa más por lograr un gobierno estable y mejoras materiales[203]».

El rey, Francisco de Asís, no vio más que muestras de lealtad y de amor y refirió a María Cristina el éxito del viaje, a lo cual ésta contestó: «Cuanto me he alegrado de que vuestro viaje haya sido feliz y agradable por la demostración de afecto que habéis recibido, y espero que siempre sea así, ganando vosotros con haceros conocer y los pueblos con vuestra presencia y bondad[204]». Pascual Madoz, por su parte, escribió a Víctor Balaguer: «Tenga usted por seguro […] que la reina ha vuelto del viaje más liberal que se fue. Que ha gustado del aura popular y tiene hambre de ella[205]».

Si esto último era así, y probablemente lo era, para Isabel II debió de ser un jarro de agua fría el ambiente casi hostil que rodeó su regreso a Madrid. El nuevo embajador británico relató así el recibimiento de la capital: «La Reina regresó ayer de Aranjuez. Había una cantidad considerable de personas para verla pasar al Palacio desde la estación, pero nada podría haber sido más frío y menos respetuoso que el comportamiento de la gente. Hasta donde pude ver, nadie se quitó el sombrero y no hubo un solo grito de saludo o manifestación de bienvenida. Ésta, me han dicho, ha sido hace tiempo la actitud de la gente de Madrid hacia su soberana, por quien dicen que han perdido todo sentimiento de respeto y adhesión. Su Majestad debe haber notado dolorosamente la frialdad de su recepción después de las demostraciones de lealtad que ha encontrado en las Provincias[206]».

Tras el regreso de la reina a Madrid, la muerte largamente anunciada del gabinete Istúriz se aceleró. Poco antes del viaje por las provincias valencianas, la labor de los partidarios del unionismo cerca de la reina había propiciado la incorporación al Gobierno de un unionista declarado, José Posada Herrera, quien fue nombrado a mediados de mes ministro de Gobernación en sustitución del muy reaccionario Ventura Díaz. A esa incorporación siguieron «ciertas conferencias celebradas en Aranjuez (entre O’Donnell e Istúriz) los días 16 a 18 de mayo de 1858[207]», de cuyo sentido estamos a oscuras. Lo que sí sabemos es que, como informó el encargado de negocios francés, Fournier, las «ideas de unión liberal avanzan y se trata ya de arrancar a la Reina del imperio de las influencias ocultas o de los caprichos[208]».

En cualquier caso, desde el mismo momento de la incorporación de Posada Herrera al ministerio, la situación del gobierno Istúriz era ya simplemente de espera. Durante su viaje a Valencia, se rumoreó que Isabel II había prometido que, a su regreso a la capital, llamaría a la Unión Liberal. El problema era que, casi al mismo tiempo, había prometido una llamada similar a los moderados de Bravo Murillo[209]. El ministerio se encontraba ya muy dividido por el famoso incidente de la negativa a autorizar, a pesar del deseo de Istúriz de hacerlo, la colocación de una estatua de Mendizábal en una de las plazas madrileñas[210].

Todos los gestos de Palacio estaban sometidos a escrutinio para intentar adivinar hacia dónde se inclinaría el favor real. Una situación de opacidad característica de un régimen de poder personal en el que las instituciones representativas han dejado, en la práctica, de funcionar. Así, como escribió a París su encargado de negocios en Madrid, la misma imagen de la reina y sus movimientos eran objeto de pugna entre el sector reaccionario de la Corte y los ministros más liberales del gabinete. Estos últimos hubieron de enfrentarse al clero, que «creen que la Reina les pertenece toda entera» para sustituir (o más exactamente para combinar) las apariciones públicas de Isabel II en actos religiosos con otras relacionadas con «las mejoras materiales del siglo». Por ejemplo, Fournier relata la pugna entre las autoridades liberales y el clero por apropiarse de la ceremonia de inauguración del ferrocarril de Castillejo a Toledo, o la inauguración del canal de Lozoya, en la que se intentó potenciar una imagen de la reina «poco conocida hasta ahora: la de protectora de los esfuerzos y los trabajos que tienen como objetivo mejorar la suerte de la población[211]».

Finalmente, una calculada iniciativa del nuevo ministro de Gobernación, Posada Herrera, acabó forzando la crisis gubernamental, una vez más largamente anunciada. Nada más incorporarse, presentó una propuesta firme de disolución de las Cortes y, lo que alarmó más a los ultramoderados, de revisión de las listas electorales fabricadas por el gobierno Narváez con el propósito de asegurar la limpieza de las elecciones. El 28 de junio se produjo una reunión del gabinete, presidido por la reina, en la que se hizo patente la entera división del mismo respecto al tema de la disolución y la revisión de las listas electorales. Según escribió el embajador británico:

Algunos aceptaban la disolución pero no la revisión de las listas mientras que Ezpeleta (Guerra) y Guendulain (Obras Públicas[212]) se oponían a las dos cosas. La Reina recomendó entonces a Istúriz que se pusiesen de acuerdo ellos solos y Ezpeleta se negó a cualquier compromiso mientras el resto propuso disolver y dejar la revisión para más adelante […] Entonces Istúriz presentó la dimisión […] y le dijo a la Reina que sentía que Su servicio y el interés de la Monarquía requerían un Ministro más joven y enérgico que él. Creo que hay pocas dudas de que Su Excelencia realmente sentía lo que decía y que abandona con otros sentimientos que el de pesar una posición que encontraba muy pesada por el trabajo y la responsabilidad que suponían[213].

El 30 de junio de 1858, cuarto aniversario de la batalla de Vicálvaro, la reina llamó a Leopoldo O’Donnell para que formase gobierno. Pascual Madoz ya había escrito meses antes a Víctor Balaguer que no creía que aquella decisión, que muchos consideraban inminente, procediese de una auténtica adhesión de la reina a la idea de la Unión Liberal: «Con gusto no creo que se llame a esta fracción; por temor es posible que se la llame algún día[214]».

En efecto, y aunque creo que una idea vaga de «unión liberal» se había abierto paso en la mente de Isabel II como una solución menos mala que otras, su decisión de llamar a O’Donnell y descartar la posibilidad de entregar el poder a los ultramoderados (como le aconsejaba el rey) estuvo en buena medida, si no guiada, sí precipitada por el temor. Según Fernando Garrido, «en la noche del 27 al 28 de junio y lo mismo que cuatro años antes, las huestes revolucionarias estuvieron dispuestas a lanzarse a la pelea». En torno a la sede del diario demócrata La Razón, «había hasta trescientos hombres armados; muchos grupos del carbonarismo […] se reunieron también, y más de cincuenta o sesenta sargentos de la guarnición se comprometieron aquella noche a sacar las compañías para hacer una revolución. O’Donnell […] sabía todos estos proyectos y Posada, entre compungido y azorado […] acudió a Palacio mostrando el volcán abierto ya y dispuesto a vomitar lava por sus cráteres si se daba salida a los gases inflamados[215]».

El embajador británico, por su parte, recibió un curioso informe respecto a las circunstancias que aceleraron el cambio de ministerio y, sin querer pronunciarse sobre la veracidad del mismo, decidió trasmitir la información a su ministerio: «Me han dicho que las representaciones de una persona que tiene gran influencia en la mente de la Reina, y que llegó secretamente a Madrid y pasó una semana en Palacio, contribuyeron mucho a que la Reina llamase a O’Donnell. Esta persona alarmó a la Reina hablándole de una conspiración para establecer una Regencia y para comunicarle unos versos terribles que circulaban en los cafés acusándola de tener relaciones continuas con personas de opiniones absolutistas y le dijo que debería atraer al Trono personas de confianza del partido liberal como su única protección contra sus Enemigos[216]».

Las amenazas subversivas y la intriga palatina no hicieron, en todo caso, otra cosa que acelerar, o inclinar definitivamente, una balanza que ya se inclinaba abiertamente hacia la solución o’donnellista de una unión liberal que recogiese los elementos más templados de los dos grandes partidos históricos de la primera mitad del reinado isabelino. Como apuntó Nelson Durán: «El bienio moderado de 1856-58 acabó por demostrar que el viejo partido moderado no representaba ya más que los intereses —a menudo incompatibles— de ciertos grupos palatinos y un puñado cada vez más exiguo de políticos y generales […] Año y medio bastó para poner de manifiesto la bancarrota política de los moderados y convencer a los intereses creados del régimen isabelino de la necesidad impostergable de hallar nuevos puntales para el edificio liberal[217]».

TERCERA PARTE

LOS PASOS PERDIDOS DE LA MONARQUÍA ISABELINA (1858-1868).

CAPÍTULO 1

LA MONARQUÍA POSIBLE DE LA

UNIÓN LIBERAL (1858-1860).

Nosotros siempre hemos defendido la libertad, pero no cualquier tipo de libertad; no la de las facciones, sino aquélla que consiste en poner los negocios al abrigo de la doble influencia de la Corte y de la calle.

ADOLPHE THIERS, De la propiedad (1848).

A diferencia de lo que ocurre con el moderantismo y comienza a ocurrir con el progresismo, la Unión Liberal ha suscitado un interés comparativamente escaso entre los historiadores del reinado isabelino. Una atención incluso menor que la recibida por corrientes políticas que, como la demócrata, republicana o carlista, jamás lograron acceder a responsabilidades de gobierno y fueron, especialmente las dos primeras, influyentes pero minoritarias.

En buena medida, ese escaso interés se ha debido a su definición como una mera variante del moderantismo histórico, encargada de perpetuarlo y de salvar a la Corona en un momento de grave crisis de ambos[1]. Los cinco años de gobierno ininterrumpido de la Unión Liberal (el período más largo de permanencia en el poder de todos los gobiernos isabelinos) no habrían hecho más que prolongar la vieja dominación de los moderados. La crisis de la década de 1850 y el breve período de frágil hegemonía progresista fueron sólo un breve interregno que no alteró la estrecha y excluyente identificación del reinado de Isabel II con el Partido Moderado.

Sin embargo, una investigación más detallada de la trayectoria política del unionismo, y de la propia evolución del Partido Moderado, matiza significativamente una explicación de trazo tan grueso. Ya en 1979, Nelson Durán, autor del primer y último estudio monográfico global sobre la Unión Liberal, sugirió que ésta fue algo más que una mera actualización interesada del moderantismo histórico. Con todas sus limitaciones, fue «un intento de modernizar la vida política española, una solución innovadora al problema crucial del constitucionalismo en jaque» que trató de ampliar las bases sociales y el consenso político del régimen isabelino esforzándose por lograr una «moratoria política que aliviase las presiones que amenazaban con dar al traste con el sistema[2]».

Si el significado último de un proceso o de un problema histórico tan sólo se logra mediante el juego interpretativo entre sus causas y sus consecuencias, la crisis española de los años cincuenta adquiere una significación nueva a la luz de la llegada al poder de la Unión Liberal en 1858. Como he apuntado en las páginas anteriores, el hecho de que la reina se viese obligada a aceptar las condiciones implícitas en la designación de Leopoldo O’Donnell permite interpretar aquella «solución innovadora» dentro del panorama más amplio, y más complejo, del fortalecimiento del constitucionalismo europeo tras la gran crisis de 1848 que, en España, se produjo (con sus propias especificidades y tiempos) en torno a la revolución de 1854.

En efecto, la subida al poder de O’Donnell, en el cuarto aniversario del pronunciamiento de Vicálvaro, demostró la incapacidad de la Corona para forjar en torno suyo un escenario político que le devolviese la plena autonomía que había buscado en los años finales de la Década Moderada y que trató de resucitar después de la experiencia del Bienio Progresista. Con su recurso forzado a la Unión Liberal quedaba sancionado el fracaso de la reacción pura, emprendida en 1856 por la reina y su entorno. La interpretación que propongo obliga a revisar algunos de los lugares comunes de la historiografía respecto al significado político del Bienio Progresista y de la Unión Liberal en el difícil proceso de consolidación del liberalismo en España.

Tradicionalmente, se ha considerado que el Bienio fue un fracaso político y que su legado para el futuro desarrollo de la sociedad isabelina y del modelo de desarrollo del capitalismo decimonónico residió fundamentalmente en las leyes económicas que elaboraron las Constituyentes y que sobrevivieron a la caída de los progresistas. Tan sólo en parte fue así. Sin la experiencia de aquellos dos años, no se entiende la impotencia de la Corona y del moderantismo histórico para borrarlos de la historia, como era su objetivo declarado, ni por lo tanto la importancia decisiva de la Unión Liberal en la refundación y también en la preservación del edificio liberal surgido de la revolución de los años treinta.

La vuelta atrás se reveló imposible por tres razones estrechamente relacionadas entre sí. En primer lugar, por la autoliquidación del Partido Moderado clásico, que no sobrevivió a los años del Bienio. Ni siquiera el gran espadón moderado, Ramón Narváez, fue capaz de establecer, como había hecho en la década anterior, vínculos de unión suficientes entre las distintas fracciones moderadas. Si él no fue capaz, menos lo fueron, como hemos visto, Armero e Istúriz, ahogados por las disensiones internas de un partido pulverizado y por la impaciencia y falta de rumbo de la Corona.

En segundo lugar, la desagregación del Partido Moderado no implicaba (sólo) una atomización en banderías sin sentido. Vista en perspectiva, esa desagregación produjo (y en ello también resultó fundamental la experiencia del Bienio) el hundimiento del sector centrista del partido, aquél que representaron durante la Década Moderada Pedro José Pidal, Alejandro Mon y el propio Narváez. La evolución hacia la derecha de Pidal, por ejemplo, demuestra que un sector nada desdeñable del moderantismo había ido basculando hacia las posiciones representadas por Bravo Murillo y los neocatólicos de Nocedal, para los cuales incluso la Constitución de 1845 era demasiado avanzada. En el extremo opuesto, dentro del arco político conservador, las posiciones que durante la Década habían sido consideradas propias de la minoría puritana fueron ganando un peso cada vez mayor y, a mi juicio, más decisivo (numérica e ideológicamente) que las de los ultramoderados. Fueron estas últimas posiciones las que, al abrigo de la espada de Leopoldo O’Donnell, desarrollaron la vieja idea puritana de establecer una alianza con el sector más templado del progresismo a favor de la legalidad constitucional y del respeto al trono por ella fundado y con ella limitado[3].

Esa conjunción de intereses y de experiencias acumuladas consolidó la frágil Unión Liberal surgida originalmente, no hay que olvidarlo, del esfuerzo liberal conjunto por evitar, en 1853-1854, la deriva reaccionaria del ala derecha del moderantismo y de la Corona. Como demostró la experiencia política de los dos años siguientes al Bienio Progresista que acabo de analizar, aquella revolución no fue del todo en vano. No sólo evitó la liquidación del régimen constitucional patrocinada por la Corte, sino que creó una convulsión política lo suficientemente grave en las filas del moderantismo histórico como para impedir que la Corona pudiese servirse de él para lograr renovar sus planes de reacción dos años después, entre 1856 y 1858. En este sentido, el breve paso de los progresistas por el poder fue fundamental para preservar el régimen liberal en España.

Puede que esto no sea mucho por lo que respecta a la extensión de las aspiraciones de renovación de la monarquía y del sistema constitucional que tenían en mente los progresistas (por no hablar de demócratas y republicanos), ni, por supuesto, respecto a las demandas sociales y obreras que estallaron durante el Bienio. Sin embargo, fue decisivo si se tienen en cuenta no sólo aquellas legítimas aspiraciones, sino la intensidad de la reacción que podría haber sido posible de no mediar el (aparentemente alicorto) «1848 español». Los progresistas no consiguieron desplazar a la Corona hacia la zona no activa de la política, en buena medida por sus propias contradicciones internas; sin embargo, el escenario que creó la revolución de 1854 sí evitó un recorte del constitucionalismo vigente de consecuencias incalculables.

En tercer lugar, y por lo que respecta a la posición de Isabel II, la experiencia posterior al Bienio demostró la incapacidad de la reina para llevar adelante una política propia —como árbitro o centro fjo en torno al cual habrían de girar todos los partidos— en el sentido (más admirado que comprendido) de la monarquía napoleónica. La desazón política de aquellos años no hizo sino agudizar el desprestigio de la reina y de su familia, lo que incapacitó a Isabel II, en un sentido profundo, para convertirse en la referencia de autoridad que para ella preveían, al menos en teoría, todas las constituciones que se habían sucedido durante su reinado.

La extrema debilidad simbólica de la reina (y de su extraordinaria familia) agudizó, y en cierto sentido determinó, la imposibilidad de que la monarquía isabelina presidiese sobre la pugna entre los partidos. Para hacerlo (para poder quitar y dar el poder a opciones políticas tan largamente enfrentadas entre sí) debería haber tenido un margen de autoridad y de poder simbólicos que nunca tuvo, ni durante la Década Moderada, ni durante el Bienio ni durante los dos años posteriores. El amplio margen de maniobra política al detalle que alcanzó Isabel II entre 1856 y 1858 no reveló más que su incapacidad sustancial para elevarse como una institución indiscutida e indiscutible por encima de los partidos, por encima incluso de las propias fracciones moderadas y de los diversos intereses enfrentados de la familia real. Partidos, fracciones y familia que no dudaron nunca en utilizar políticamente los «vicios privados» de la reina para debilitarla políticamente, desprestigiando de paso la monarquía robusta que decían defender. De hecho, lo que se produjo fue una especie de entropía política en la que la fuerza de las diversas fracciones moderadas y las desavenencias internas de la propia familia real se entorpecieron y bloquearon mutuamente hasta convertir cualquier Gobierno estable en imposible.

Éste es el escenario y la problemática básica que explica la llegada al poder de «el hombre de Vicálvaro», pero también del general que había ayudado a la Corona a poner punto final al frágil régimen progresista surgido de la revolución de 1854. Desde ese escenario, el objetivo fundamental de la Unión Liberal, y su razón de ser como partido, consistía en tratar de ofrecer un marco de actuación política para el liberalismo que evitase su autoliquidación a manos de una Corona que era tan extraordinariamente poderosa como impotente. Es decir, que se había revelado poseedora de un poder negativo de primera magnitud; incapaz de imponerse sobre los partidos liberales, pero suficientemente poderoso como para impedir el libre juego del sistema constitucional. Un tipo de poder que era especialmente peligroso en un sistema con un bajísimo grado de consenso entre los actores políticos que, paradójicamente, se pretendía solucionar a través del escudo de la legitimidad monárquica.

En esas condiciones, no es casualidad que, ante la necesidad impostergable de refundar la monarquía constitucional, un sector importante del liberalismo fuese incapaz de pensar verdaderamente en la circulación del poder entre los partidos tradicionales y optase por buscar, a través de la Unión Liberal, la disolución de las dos viejas formaciones políticas surgidas de la revolución (la moderada y la progresista) que se habían mostrado incapaces de «absorber la monarquía», de neutralizarla políticamente y de moralizarla. En este sentido, los objetivos del partido de O’Donnell, en lo que respecta a la monarquía, iban más allá de la voluntad, bien identificada por Nelson Durán, de ofrecer a Isabel II un partido nuevo que la sostuviese. Sin duda esto es cierto pero, en un nivel más profundo y menos personal, el objetivo fundamental de la Unión Liberal fue dotar al liberalismo respetable de moderados y progresistas de un instrumento político capaz de resistir «las locuras de Palacio», las de la reina y, sobre todo, las del rey. Es decir, la Unión Liberal alcanzó su sentido como partido y contó con sólidos apoyos políticos en la medida en que ofrecía un poder liberal estable frente a un trono peligroso para el régimen constitucional en su conjunto, tanto en lo político como en lo moral.

Ésa defensa frente a la reacción, que lo era al mismo tiempo frente a la revolución, implicaba rescatar de las manos de la Corona a los sectores netamente liberales del moderantismo, y de la tentación revolucionaria a los netamente monárquicos del progresismo. Su objetivo era sin duda conservador, pero también netamente liberal; es decir, implicaba una renovación sustancial del moderantismo histórico que aislase a sus sectores reaccionarios, aquéllos que rozaban cada vez más posiciones anticonstitucionales y, por lo tanto, antiliberales.

La misma existencia de la Unión Liberal demuestra un rasgo del reinado isabelino que juzgo fundamental y sobre el que ha pasado de puntillas la historiografía reciente: el hecho de que la batalla política de aquel reinado no se redujera a una pugna entre moderados y progresistas resuelta por la Corona a favor de los primeros. Sin descartar esa pugna, es necesario también reconocer y valorar otra fuente de conflicto no resuelta a mediados del siglo XIX: la lucha entre el liberalismo y las fuerzas de la reacción antiliberal, que no se encontraban sólo representadas por el carlismo, sino por un sector nada despreciable del moderantismo, por el rey Francisco, por todo su entorno cortesano y clerical y, también, aunque en una medida mucho más ambigua y vacilante, por la propia Isabel II. Desde esos sectores, revestidos de un poder tanto formal como informal que es necesario no desdeñar como no lo desdeñaron los contemporáneos, la pugna entre los diversos partidos y fracciones liberales estuvo siempre teñida y condicionada por el conflicto entre la España liberal y esa otra España que no lo era y que alentaba en las oscuras cámaras de Palacio en connivencia, incluso, con el mismo carlismo.

Por todo eso, lo que estaba en juego cuando la reina llamó al poder a O’Donnell —presa del temor a una reedición mucho más radical de la revolución de 1854— no era sólo el enfrentamiento entre dos versiones liberales de la monarquía constitucional, sino la definición misma de la monarquía isabelina como monarquía constitucional, liberal, en un sentido que la adecuase a lo que, tras la crisis de 1848, estaba ocurriendo en Europa[4]. Reducir el conflicto político sustancial de la era isabelina a un enfrentamiento entre las dos grandes versiones de la monarquía constitucional (la moderada y la progresista, identificando a la Unión Liberal estrechamente con la primera) es simplificar lo que estuvo entonces en juego y los usos de la monarquía que se fueron ensayando y descartando durante el reinado de Isabel II. Vistas las cosas más de cerca, en toda su complejidad, la España que se asomaba a la década de 1860, con toda su carga específica y singular, se encontraba plenamente inmersa en la gran batalla que se estaba librando en toda Europa continental entre el prestigio y el poder atribuido a las diversas monarquías postrevolucionarias y el poder y el prestigio de las instituciones liberales y representativas.

Una buena muestra de la vitalidad y de la fortaleza del liberalismo español, a pesar de todo lo que se ha dicho acerca de su debilidad y de sus contradicciones internas, es que logró su particular solución innovadora (como salida a medio plazo de su particular 1848) a través de un partido como la Unión Liberal, capaz de forzar a la Corona, sin un cambio de dinastía, a plegarse a lo que estaban experimentando otros monarcas europeos: que el rey y el Parlamento estaban obligados a llegar a compromisos. Por eso, en los años siguientes, el destino político de Isabel II y de la Unión Liberal dependieron uno del otro[5].

Las páginas que siguen tratarán de bucear, más que en los principios, en las estrategias de un proyecto político que trató de lograr un acuerdo estable entre la Corona y el Parlamento en línea con lo que era el problema general de las monarquías que sobrevivieron a la gran convulsión de mediados de siglo XIX en Europa, o fueron creadas por la misma. Un largo informe del encargado de negocios francés en Madrid, escrito el 4 de julio de 1858, sobre los primeros pasos del gobierno de Leopoldo O’Donnell puede ser una buena manera de comenzar a abordar la forma que adoptó aquella problemática en España durante el último tramo del reinado isabelino.

La valoración favorable que realizaba el diplomático francés de la llegada al poder de la Unión Liberal traslucía el evidente apoyo que desde París se otorgaba a la solución unionista. A juicio de Fournier, O’Donnell poseía las dotes necesarias y los apoyos políticos suficientes para hacer salir al país del ciclo de revoluciones y reacciones que había presidido los últimos años.

Reflexivo y poco expansivo, conciliador hasta el momento en que hace falta mostrar energía, el Mariscal no recula un paso sino para avanzar enseguida con mayor seguridad […] Desde su llegada al poder ha probado, tanto por los rápidos decretos que han quitado el ejército de las manos de quiénes podían ser indóciles para dárselo a los devotos de él y de sus ideas, como por la composición de su gabinete, que sus planes estaban bien preparados y que no toma el timón del Estado para dejárselo arrebatar fácilmente. Tiene una verdadera fuerza en torno a él por la unión de moderados y progresistas y esa fuerza se refleja incluso en el tono particular de autoridad de sus actos oficiales. Es fácil ver que estamos ante un partido político que quiere ser el jefe indiscutido (de la escena española) y que sabrá encontrar los medios para lograrlo[6].

Sin duda O’Donnell aprovechó las condiciones de urgencia de su llegada al poder para moverse con suma rapidez en algunas cuestiones claves. En primer lugar, pactó con Palacio un Gobierno de liberales puritanos y algún progresista muy templado, a los que añadió algunos nombres poco peligrosos y de segunda fila procedentes del moderantismo, como Santiago Negrete en Gracia y Justicia, y José María de Quesada en Marina. Con estos últimos trataba de mostrar un espíritu conciliador, especialmente con el rey, a quien algunos de los nombres inicialmente propuestos aterrorizaban. El resultado fue un Gobierno de «ilustres mediocridades» sujeto completamente a la autoridad del general y a la de su mano derecha, José Posada Herrera, que se hizo cargo de la decisiva cartera de Gobernación.

Junto a las concesiones, la energía. En pocos días, se produjeron cambios decisivos en los mandos militares y en las capitanías generales que aseguraban al influyente sector vicalvarista del ejército —crecido durante las duras luchas del Bienio— un control casi absoluto de las tropas. Respecto a la administración, la novedad fue, precisamente, la solución de compromiso respecto a la situación heredada. Muchas de las autoridades nombradas por el ministerio anterior se mantuvieron en sus puestos, pero a ellas se añadió un nutrido número de progresistas templados que comenzaban a bascular hacia la órbita unionista. El acercamiento de éstos fue paulatino pero constante y, aunque no ocuparon inicialmente destinos de auténtico relieve, lograron crear —como reiteraron en sus informes los embajadores británico y francés— una sensación nueva y favorable en la opinión pública sobre la capacidad del Gobierno para imponerse a las maniobras habituales de la Corte y de los ultramoderados.

La rectificación de las fraudulentas listas electorales vigentes, una de las más viejas reivindicaciones del partido progresista, se ofreció como prueba de la confianza y determinación de la Unión Liberal para crear un espacio común de entendimiento entre los sectores más templados del moderantismo y el progresismo. Realizada por decreto el 6 de julio, obligó a rectificar cerca de la mitad del censo electoral. La medida rozaba la ilegalidad, por cuanto se había prescindido de toda discusión parlamentaria al respecto y era un ataque directo a las tradicionales posiciones moderadas. La virulencia de la prensa de ese signo contra la medida gubernamental fue contestada utilizando contra ella precisamente la ley de imprenta de Nocedal que tanto habían jaleado los moderados en su momento, cuando se cebaba en la prensa progresista y demócrata.

La agresiva campaña moderada contra la drástica revisión de las listas electorales (con lo que tenía además de anuncio de la decisión de O’Donnell de lograr la disolución de las Cortes y convocar nuevas elecciones) trató de implicar inmediatamente a Palacio, buscando abiertamente que el nuevo primer ministro cayese cuanto antes. Sin embargo, O’Donnell se sentía lo suficientemente fuerte y convencido de que tenía «los medios necesarios para salvar a España del círculo vicioso de la reacción y la revolución como para resignarse dócilmente a salir del gobierno con la rapidez de sus antecesores». La nueva energía debía alcanzar también a sus tratos con la Corona y, en especial, con las fuerzas más reaccionarias que se congregaban en torno al rey consorte.

En una conversación con Fournier, don Leopoldo le confió los detalles de sus primeras entrevistas con Isabel II en los días en que estaba negociando su llegada al poder. Con tanta sinceridad como diplomática adulación, aseguró al diplomático francés que una de sus grandes bazas ante la reina había sido el convencimiento de ésta de que él y su partido gozaban de las simpatías de Napoleón III, el único que «puede contener el torrente revolucionario que amenaza a todos los tronos». El general no ocultó que su fuente de inspiración política se encontraba en la Francia del II Imperio y, envuelto en esa enorme autoridad moral y material, se atrevió a hablar claro a la reina. «Si voy a permanecer en el poder tres o seis meses, como mis predecesores, es mejor que no entre en absoluto». Si Isabel II tenía plena confianza en él, «yo dirigiré el Gobierno encantado», pero era imprescindible que «se me asegurase que no iba a caer por el hecho de su mera voluntad». La reina, concluyó, «me ha asegurado todo su deseo de verme dirigir los negocios según mis ideas y entonces acepté[7]».

La relación de Isabel II con O’Donnell tuvo siempre algo especial. Por necesidad, más que por convicción, la reina pareció ser capaz de aprender de don Leopoldo el valor estratégico de ajustar sus decisiones políticas a las ideas liberales y constitucionales «bien entendidas». Por otra parte, durante la gran batalla del Bienio Progresista, cuando su trono primero y su autoridad después habían sido puestas en entredicho, fue O’Donnell —y no cualquier otro de los grandes generales moderados, incluido Narváez— quien supo responder mejor, y con mayor eficacia, a sus deseos y necesidades. De aquellos años del Bienio procedía un tipo de confianza y de complicidad que Isabel II no había tenido nunca con prácticamente ninguno de los políticos liberales de la época, con la excepción quizás de los ya muy desgastados y ancianos Istúriz y Miraflores.

En cierto sentido, don Leopoldo era lo más parecido a su general. Esto no quería decir (como tampoco lo quiso decir nunca para María Cristina y sus generales) que no estuviese dispuesta a prescindir de él en el momento en que otras necesidades, deseos o temores se impusiesen lo suficiente sobre su errático ánimo. O’Donnell, por su parte, al menos según el rumor que hizo correr inicialmente alguien tan cercano y avispado como el joven Antonio Cánovas, sentía hacia la reina algo parecido a un platónico enamoramiento. En todo caso, don Leopoldo siempre demostró un fuerte sentido de protección hacia Isabel II que, si no le tornaba completamente ciego respecto a sus muchas limitaciones personales, incluida la «tradicional ingratitud de la realeza», sí le hacía sentirse ligado a ella como un caballero lo está hacia una dama que necesita ser salvada, incluso de sí misma[8].

El rey, sin embargo, era otra cosa. Su personalidad esquiva y puntillosa, celosa hasta el extremo de sus privilegios y del respeto que creía merecer, le hacía extraordinariamente sensible ante cualquier autoridad que no fuese la suya y la de su entorno clerical y reaccionario. Para él, además, no existían juegos de oportunidad con el liberalismo. Su ciega cultura absolutista le hacía inmune a ellos. Fournier escribió a su ministerio que O’Donnell era consciente de esta situación. Despreciaba profundamente al rey y sabía que sería necesario vigilarle y contenerle constantemente. Don Francisco de Asís, escribió, era extraordinariamente «hábil en arruinar completamente, mediante prácticas imperceptibles pero continuas, todo lo que su timidez hipócrita le impide atacar de frente. Sus cualidades de sorda y perseverante destrucción rara vez han dejado, desgraciadamente, de lograr su objetivo[9]». Desde el principio, la estrategia del general consistió en combinar la deferencia formal, el dinero cuando era necesario y la autoridad cuando se requería.

Avanzando en su política de energía, O’Donnell impuso a mediados de julio el relevo de los ayudas de cámara del rey, conocidos por sus ideas absolutistas. Al parecer aquella medida suscitó una fuerte discusión entre el primer ministro y el monarca consorte quien, aprovechando una velada palaciega, le reprochó en alta voz que «se ocupe de cosas que no son de su incumbencia». O’Donnell le contestó que «los ayudas de campo del Rey estaban bajo la autoridad del Ministerio de Guerra». Era de nuevo el viejo debate en torno a la difícil distinción, en lo que tocaba a la familia real, entre asuntos domésticos y asuntos de Estado. En aquel momento, la reina le dio la razón al general y tampoco protestó cuando el padre Cirilo —antiguo franciscano, en su momento carlista reconocido y ahora cardenal arzobispo de Toledo, que se mantenía irregularmente en la Corte como parte de la camarilla del rey— recibió la orden de reintegrarse a su diócesis y no volver a Madrid hasta que no fuese formalmente llamado[10].

Por las mismas fechas, Isabel II nombró un buen número de senadores, casi todos ellos miembros de la Unión Liberal y del partido progresista moderado. Entraron así en el Senado, para reforzar la posición del Gobierno, políticos como Manuel Cortina, Juan Prim, Santa Cruz, Cirilo Álvarez, Francisco Zavala o Evaristo San Miguel. Poco después, viejos santones del progresismo, como Luzuriaga, Infante y Luján ingresaron en el Consejo de Estado; Modesto Lafuente aceptó la Dirección General de Bibliotecas, e incluso demócratas conocidos como Cristino Martos, Nicolás María Rivero o Augusto de Ulloa comenzaron a ocupar cargos diversos de segundo orden pero lo suficientemente relevantes como para que toda la prensa se hiciese eco de ello. La situación era tan nueva, tan inédita en el secular cainismo de las culturas políticas españolas, que muchos creían (satisfechos, irritados o temerosos) que se estaba asistiendo a la definitiva descomposición de los partidos tradicionales.

El paso siguiente era lograr que Isabel II accediese a la disolución de las Cortes moderadas y poder convocar elecciones para rodearse de una mayoría parlamentaria sólida. Ésa era la última gran prueba que necesitaba superar O’Donnell para afianzarse en el poder. Como había ocurrido en ocasiones anteriores, la reina comenzó resistiéndose —con un plan preconcebido o sin él— a conceder el decreto de disolución. Era su gran prerrogativa, aquélla con la que podía facilitar o entorpecer la labor de un ministerio y de la que siempre se sirvió para hacer sentir su poder a los sucesivos jefes de Gobierno. Además, en aquel momento, todos sus deseos inmediatos estaban puestos en un nuevo gran viaje.

Tras el éxito del viaje del mayo anterior por Alicante y Valencia, Isabel II le había tomado gusto a aquellos largos periplos en los que tan sólo percibía, y le dejaban percibir, «el amor del pueblo por su soberana». Había disfrutado mucho con los baños de popularidad que tanto le regateaba la población de Madrid y estaba deseando que se repitiesen. O’Donnell, a diferencia de sus antecesores, animó siempre a la reina en sus deseos de viajar, porque veía en esos viajes un mecanismo esencial, ya muy practicado por otras cortes europeas, de representación pública de la monarquía, fuera del estrecho ámbito de la Corte y de los habituales reales sitios de La Granja o Aranjuez.

Hacía meses que venía preparándose el viaje y, aunque el momento elegido no era quizás para O’Donnell el más adecuado, los planes siguieron adelante tras su nombramiento. Era necesario coordinar la actuación de las autoridades locales con los requisitos y el funcionamiento previsto por la administración del Palacio Real que, como siempre, intentaba actuar con el máximo de independencia respecto al Gobierno. Para éste, aquel viaje tenía que ser un éxito, porque de él dependía la impresión que se hiciese la reina de la popularidad que podía granjearle su decisión de llevarle al poder.

Estaba previsto que Isabel II y su familia estuviesen acompañados por un séquito de doscientas treinta y cinco personas, incluyendo a O’Donnell y a buena parte del Gobierno. El objetivo era salir de Madrid el 21 de julio con destino a Asturias, donde se presentaría al príncipe de Asturias a la Virgen de Covadonga en un acto simbólico de reforzamiento de la larga tradición monárquica española. El objetivo era enlazar esa tradición con la modernidad y el progreso. La reina debía, por ejemplo, inaugurar las obras del ferrocarril en Valladolid, donde el reportaje fotográfico fue encargado por el Crédito Mobiliario Español al británico Charles Clifford[11]. Juan de Dios de la Rada recibió el encargo de escribir una monumental obra, que incluía un amplio material gráfico, destinada a glosar los incidentes del viaje, incluidas las abundantes muestras de gracejo castizo y generosidad de la reina para con su pueblo[12].

Durante aquel largo viaje, que duraría hasta mediados de septiembre, estaba previsto que la reina visitase distintas localidades de Castilla, León, Asturias y Galicia. Su presencia conmocionó, sin duda, la vida de las poblaciones que visitaba y movilizó una enorme cantidad de recursos materiales y simbólicos. Las casas y palacios fueron remozados e incluso amueblados para la instalación de la familia real y de los miembros más importantes de su séquito. Las pensiones se llenaban de sirvientes, palafreneros, copistas y demás personal de servicio. Para los comerciantes y proveedores del trayecto, las necesidades de alojamiento, caballos y carruajes (cuando no se usaba el ferrocarril), muebles, enseres y comida (de distintas categorías para los distintos miembros del cortejo) constituían un volumen de negocios relevante. Del importe de todo se guardaron detalladas facturas en el archivo del Palacio Real, incluidas las gratificaciones de «mesilla» a que tenía derecho el personal que se trasladaba con la reina. Los gastos podían ser astronómicos y, por ejemplo, para el viaje a Andalucía realizado en septiembre de 1862 fue necesario contratar un empréstito de diez millones de reales.

Desde un punto de vista simbólico, el objetivo era reforzar los lazos entre la reina y sus súbditos a través de un protocolo, diseñado al milímetro por la administración palaciega, que incluía encuentros con los notables locales y contactos directos de la reina, cuidadosamente preparados, con personas elegidas entre los sectores populares que mostraban al parecer de forma invariable, su «delirio y agradecimiento por la munificencia regia». Todo eso al servicio de una proyección inclusiva de la monarquía que buscaba incorporar, en su capacidad de representación de la nación española, las diferencias e identidades culturales diversas que la componían. Así, en cada uno de los lugares que visitó el cortejo real, el príncipe de Asturias, de apenas seis meses, vistió los «atuendos regionales». En Covadonga, por ejemplo, se unió a su ya larga lista de nombres de pila el de Pelayo. En El Ferrol, el príncipe vistió «el traje de la gente del mar, leyéndose en la cinta de su sombrero: Navío Rey D. Francisco de Asís» y, pocos días después, en La Coruña, la reina y su séquito visitaron la bahía repleta de pescadores, «tomados por sorpresa en su apacible trabajo» y al parecer locos de entusiasmo por «la muestra de deferente cariño» que tuvo Isabel II al coger al príncipe en brazos y presentárselo «al pueblo».

Sin embargo, no todo eran aplausos y parabienes. Incluso para los más sinceramente entusiastas, los viajes reales dejaban tras de sí muchas sombras. Cuando se apagaban las últimas «iluminaciones» y el cortejo real comenzaba lentamente a moverse hasta su próximo destino, quedaban pendientes abultadas facturas que no siempre se cobraban en un plazo razonable, o no llegaban a cobrarse nunca. Más de un año después de pasar la reina por Valladolid, los proveedores de la ciudad seguían enviando sus quejas y sus demandas de cobro al administrador del Patrimonio Real.

El propio Charles Clifford, el muy celebrado fotógrafo británico que cubrió tantos viajes reales por encargo de quien era su habitual cronista, Antonio Flores, tuvo que batallar hasta su muerte para que le pagasen, no sólo su trabajo, sino incluso los costosos materiales que él mismo adquirió para realizarlo. En su torturado castellano escribió: «Yo no soy un mendigo y cuando yo pidió dinero a Barcelona era en cuenta de los gastos del viaje y no una limosna que gracias a Dios no me hace falta […] es mucho menos que habría hecho este trabajo por el Duque de Osuna, mis propios reyes o el Crédito Mobiliario […] ¿ahora que debo hacer?». Poco se podía hacer cuando las facturas llegaban a los laberintos de Palacio y la «munificencia regia» se trocaba en sórdida tacañería e ingratitud. Todavía en 1863, la viuda de Clifford presentaba una factura de más de cien mil reales a la administración de Palacio tan sólo por el último viaje real a Andalucía y Murcia[13].

Para los miembros del séquito real, aquellos largos periplos eran una fuente de incomodidades y de inquietud. Al servicio del bienestar de la familia real se sacrificaba todo y a todos; el cansancio y el malhumor eran la tónica general, de la que no se salvaban siquiera los miembros del Gobierno que, además, debían ocuparse de mantener más o menos viva la administración madrileña en la distancia y, en esa misma distancia, luchar contra las intrigas que les amenazaban. Ésa fue la situación en que se encontró atrapado el general O’Donnell durante aquellos largos meses del verano de 1858 mientras observaba, con sincera alegría, que «había mucha gente a su paso [el de la reina] y que la acogida era algo mejor que de costumbre». Los informes que le llegaban desde diversos ámbitos eran, sin embargo, muy alarmantes para su propia posición política. Se conspiraba en todas partes, en los mismos carruajes que daban escolta a la familia real, en las ciudades que visitaban, en Madrid y hasta en París, donde el Partido Moderado trataba de reorganizarse acudiendo, una vez más, a secretas reuniones con María Cristina y Riánsares.

Por su parte, los sectores más ultras del partido hacían correr por Madrid la especie de una creciente disidencia entre la reina y don Leopoldo. El encargado de negocios francés consideraba que se trataba de rumores interesados, pero «lo verdadero y lo inverosímil están en España siempre muy cerca». Había elementos para pensar que la caída del ministerio era posible: la naturaleza inconstante y caprichosa de Isabel II; los temores personales que podían inspirarle las amenazas del rey, «enemigo particular del general […] acosado por “los odios silenciosos y perseverantes del clero”; el alejamiento de la sensación de peligro que había llevado a Isabel II a confiar el poder al conde de Lucena y que comenzaba a palidecer ante sus compromisos con la Santa Sede, “con la cual ha comprometido su palabra [porque] cuando se trata de la reina, se debe tener en cuenta su conciencia”, etcétera». A todo eso se unían los movimientos del Partido Moderado, «muy activo y muy decidido a renacer».

Todo conspiraba para que O’Donnell fuese incapaz de conseguir el decreto de disolución de las Cortes y se viese sumido en la inquietud y la incertidumbre como cada uno de sus antecesores. «Es la táctica ordinaria de S. M. C.: tratar de fatigar hasta la náusea, a través de medias promesas y retrasos sin motivos racionales, a los hombres a los cuales en un momento de capricho, de arrebato o de miedo ha confiado los negocios o la seguridad de la Corona. Cuando la hora de la decisión, impunemente tomada, le parece que ha llegado, Ella le anuncia de repente que su confianza está en otro sitio y que renuncia a su concurso». Según Fournier, la reina se sentía ahora más segura y fuerte ante las exigencias del general, al mantenerlo alejado de Madrid, mientras la administración languidecía entre órdenes imprecisas e irregulares producto de la distancia y de las dificultades de comunicación de la época. De esa forma, «el gabinete actual se ve reducido a la impotencia, como sus predecesores, a pesar de las promesas y de las esperanzas que se habían depositado en él».

Atrapado en aquella tela de araña, tan conocida como difícil de sortear, O’Donnell rogó en vano a la reina que le dejase salir para Madrid mientras ella seguía demorando su viaje en Galicia. En vano le insistió en la necesidad de ocuparse de los negocios. Con las coqueterías que le sometían y le aproximaban, o con los desplantes que le inquietaban, los deseos del general eran una y otra vez desechados. Por otra parte, don Leopoldo temía también dejar a Isabel II a solas con los ultramoderados de su entorno, y muy especialmente con aquel confesor que, según el diplomático francés, era «extraordinariamente influyente sobre Ella en la medida en que vela sobre su conciencia a la que no duda en aterrorizar[14]».

A principios de septiembre, la Corte comenzó a regresar hacia El Escorial desde Galicia, pasando por Villafranca, Astorga, Tordesillas y Arévalo. Estaba previsto que, en El Escorial, el príncipe de Asturias recibiese el homenaje solemne y tradicional a los infantes herederos del trono de España. La llegada a Madrid debería producirse para los días 20 o 21 de aquel mes. En algún momento de aquel recorrido, O’Donnell finalmente consiguió lo que ansiaba y la reina firmó el decreto de disolución de Cortes el 11 de septiembre en La Coruña. No sabemos cómo, ni qué pasó entonces entre ellos o por el errático ánimo de Isabel II.

Aquel gran conspirador reconvertido en adorador y confidente de la reina madre, Eugenio de Aviraneta, tenía su propia versión acerca de cuál era la fuente de autoridad última de O’Donnell sobre la reina y sobre el escenario político del momento. En una carta al secretario de María Cristina, Antonio Rubio escribió:

Está más remoto de lo que cree V. un cataclismo en España. Lo que hay, y pocos son los que lo ven, es una confederación militar, cuyos gefes son O’Donnell, Concha y Serrano. En medio de la confusión de poderes, y la subdivisión de los partidos, estos generales son los verdaderos reyezuelos de España. Ellos, al frente del ejército, imponen la ley, hasta en las posesiones de Ultramar. En Palacio dominan también. Al pollo Real lo sustituyeron por un capitán de ingenieros, miembro de la confederación. A este triumviro, compuesto de los tres mariscales […] se han asociado gran parte de los gefes de los antiguos partidos y sus adeptos, que forman la Unión Liberal. Aunque caiga O’Donnell, derribado por una intriga palaciega o por un voto de censura del Parlamento, la confederación militar siempre existe y existirá en fin y ejercerá gran influencia en los negocios del Estado[15].

Más allá de la tendencia de Aviraneta a la exageración, en aquellos momentos era evidente que el respaldo a O’Donnell de los más influyentes mandos del ejército era una baza fundamental a su favor. En cualquier caso, con el decreto de disolución en la mano, don Leopoldo había superado el gran reto del inicio de su mandato, aquél en el que se jugaba su permanencia en el poder y el espacio político necesario para diseñar su particular visión de una nueva era para España.

La sorpresa y el desánimo de los moderados estuvieron a la altura de sus esperanzas frustradas. La figura de O’Donnell iba adquiriendo, a sus ojos y a los de todo el país, un aura de autoridad propia que no había tenido ninguno de sus antecesores desde los lejanos tiempos del primer Narváez. Además, a diferencia de lo que ocurría con don Ramón, su trato con la reina era exquisito y ella lo agradecía. Aviraneta se extiende en esa particular relación que permitía a Isabel II sentirse dueña de las riendas del Gobierno y a O’Donnell llevarlas en sus manos. El recuerdo de lo poco que temblaron aquellas manos cuando el golpe de 1856 que desalojó del poder a los progresistas «no sólo lo recuerdan éstos sino, ahora, mucho más, los moderados […] y además cuenta con la firme voluntad y buena gracia de la Reina […] a pesar de los temores de unos y otros, en el ínterin nuestra augusta soberana goza y se divierte sin ninguna aprehensión[16]».

Todo eran signos del poder adquirido por O’Donnell. En primer lugar, regresó solo a Madrid y publicó, cuando a él le convino, el decreto de disolución y de convocatoria de elecciones para finales de octubre. Acto seguido, de forma muy sonada, tomó posesión del palacio de la Presidencia que su antecesor, Istúriz, no había querido ocupar consciente de la provisionalidad de su cargo. Para congraciarse aún más con algunos de sus más firmes valedores provinciales, anunció el levantamiento del estado de sitio en Barcelona y Cataluña, donde era una situación casi normal desde hacía más de dos décadas. Su Capitán General, Dulce, aseguró que lo único que allí se necesitaba era gobernar con la Constitución en la mano. Finalmente, se proclamó el deseo gubernamental de revisar la vigente legislación de prensa, la muy restrictiva Ley Nocedal. En una conversación con Fournier, O’Donnell le aseguró que entendía la necesidad de la crítica de las oposiciones y que los ataques —incluidos los furibundos de los periódicos moderados como La España— eran «ataques naturales, consecuencia del régimen constitucional; los ministros, al aceptar el poder, aceptaban los odios y las manifestaciones de los que no compartían sus ideas […] No hay nada inviolable para la prensa excepto el Trono, la religión y las instituciones[17]».

El general se había convertido en alguien muy odiado por los sectores reaccionarios y ultramoderados, pero también en alguien que suscitaba confianza y una creciente popularidad entre la opinión pública genuinamente liberal. La reina, en comparación, tuvo un recibimiento frío a su regreso a Madrid. La capital, contra lo que se ha dicho en muchas ocasiones, no era precisamente el lugar donde la familia real se sentía especialmente arropada. Los periódicos progresistas y demócratas dieron cuenta del contraste entre aquel recibimiento poco caluroso y las noticias que habían trascendido del entusiasmo popular durante su viaje[18].

Mientras, O’Donnell iba sentando las bases para lograr un marco político estable que le permitiese consolidar una administración capaz de realizar las reformas que, a su juicio, eran necesarias para el desarrollo económico de un país que él creía destinado a codearse de nuevo con las grandes potencias europeas. Su planteamiento no era muy distinto del que legitimaba, desde sus orígenes, al II Imperio y, además, enlazaba bien con la política exterior «de influencia» que venía practicando Napoleón III.

Tras sacudirse el lastre «tradicionalista isabelino» del moderantismo histórico, la Unión Liberal se esforzó por presentarse —a través de una activa prensa afecta entre la que destacaba La Época— como un conservadurismo netamente liberal que no sólo aceptaba las conquistas de la revolución sino que, como había demostrado la trayectoria de sus figuras más notables, las había «deseado toda la vida; no queremos las conquistas de la revolución porque las encontramos hechas, las queremos porque nos parecen buenas y si no las encontráramos hechas, las provocaríamos». Desde esa declaración de fe liberal que el moderantismo histórico no podía ya mantener, la Unión Liberal se presentaba como el partido necesario «de la segunda época de nuestra historia constitucional […] basada en la conciliación y la transacción» entre los dos grandes partidos históricos que, cada uno a su manera, habían demostrado su agotamiento político. La turbulenta historia de la revolución española debía acabar por fin y, con ella, la polarización de la cultura política liberal que se neutralizaba a sí misma cuando «los moderados pasan a confundirse con los reaccionarios y los progresistas con los demócratas[19]».

Éste fue el sentido general de la famosa circular del ministro de Gobernación a los gobernadores civiles del 21 de septiembre de 1858 con instrucciones para el desarrollo de su labor en las elecciones. Al hacer públicos los principios del Gobierno, éste hacía públicas las bases fundamentales de las arduas negociaciones de aquellos últimos meses con los progresistas, especialmente en Cataluña y Valencia, que fueron dos de las zonas donde el proyecto de la Unión Liberal fue mejor recibido por la burguesía liberal. Aquellas bases habían sido —junto con la rectificación de las listas electorales, la disolución del Congreso moderado y la entrada de un nutrido grupo de progresistas en el Senado— la continuación de la desamortización civil y eclesiástica, «que cuenta ya en España con los votos de todos los adictos a la Monarquía» y que debía realizarse mediante un acuerdo con Roma, respetando «los piadosos sentimientos de S. M. la Reina» y «armonizando con los del país los altos intereses de la Iglesia». Junto a ello se prometían reformas en las leyes municipales y provinciales en un sentido descentralizador y una nueva ley de imprenta con jurado, en la línea de las viejas reivindicaciones progresistas[20].

Se había acordado también que el espíritu de renovación de la atmósfera liberal no desembocase en un nuevo proyecto constituyente que mantuviera la Constitución de 1845 —observada estrictamente, cosa que no habían hecho siquiera los moderados—, con la promesa implícita de retirarle las adendas moderadas y recuperar el espíritu del Acta adicional de Ríos Rosas en 1856 que pretendía adecuar aquella Constitución a algunos de los principios de la nonata de 1856. Un programa como éste era sin duda insuficiente para los sectores más radicales del progresismo y para demócratas y republicanos, pero era también, sin duda, la oferta de gobierno amparada por la Corona más abierta y netamente liberal que se había conocido desde que Olózaga fuera exonerado en 1843.

Para un sector nada desdeñable del progresismo —aquél que se había alarmado más ante la explosión de conflictividad social y política del Bienio— la atracción de las propuestas de la Unión Liberal fue irresistible. Tras una agitada reunión electoral en el teatro Novedades, varios miembros de la Junta General de Elecciones del partido hicieron público el 1 de octubre un manifiesto de adhesión a la Unión y de separación de sus compañeros progresistas. Como dijo Luzuriaga, no se separaban de los puros por una cuestión de principios: seguían manteniendo lo esencial de su fe progresista, pero en aquel momento lo prioritario no era hacer la oposición a O’Donnell, sino apoyarle en su clara voluntad de salvar el régimen representativo frente a los intentos de reacción y la amenaza de una nueva revolución radical y democrática[21].

Don Leopoldo había cumplido hasta el momento lo prometido al rectificar las listas electorales, nombrar senadores progresistas y conseguir de la reina la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones. Sus principios de gobierno, tal y como los había expuesto la circular del ministerio de Gobernación, recogían la promesa general de un ministerio tolerante y de progreso que incluyera la cuestión de la desamortización, la descentralización y una nueva ley de imprenta. El resultado fue que un nutrido sector del partido —entre ellos notables tan destacados como Prim, San Miguel, Rivero, Moreno Nieto, el marqués de Perales, Cantero, Santa Cruz, Infante, Luján, Hoyos, etcétera— decidió presentar sus candidaturas bajo la bandera de la Unión.

Aquella escisión provocó una nueva reunión en casa de Olózaga para aunar las diezmadas fuerzas del progresismo y establecer su estrategia de cara a las elecciones. Tras aquella reunión, líderes históricos del partido, como el propio don Salustiano, Pascual Madoz, Ramón María Calatrava, Patricio de la Escosura y otros de la nueva generación como Práxedes Mateo Sagasta o Calvo Asensio, hicieron público un manifiesto en defensa de «los principios tradicionales del progreso», consignados en la Constitución de 1837 y en la nonata de 1856, que les impedían apoyar a la Unión Liberal. Aun así, la atracción de ésta fue suficientemente intensa como para provocar una animada discusión respecto al tono más o menos radical de la oposición que anunciaban al gobierno de O’Donnell. Se llegó finalmente a un acuerdo conciliador y se recomendó, sobre todo, que los candidatos progresistas velasen por «la legalidad y pureza de todas las operaciones electorales[22]».

Para el Gobierno, por lo tanto, el problema fundamental era, desde luego, no defraudar las esperanzas depositadas en él y evitar que las intrigas de los ultra conservadores en la Corte y de la Iglesia en todo el país venciesen la débil voluntad de la reina de seguir apoyando aquella inédita transacción con los progresistas. Una transacción cuyo éxito y continuidad dependían de que la Unión Liberal lograse una mayoría suficiente en las elecciones como para garantizar un ejecutivo fuerte, capaz de frenar las amenazas de involución y garantizar el cambio prometido. Esa necesidad de lograr una mayoría parlamentaria suficiente podía entrar en contradicción con la garantía de unas elecciones limpias. En este sentido, la circular de Posada Herrera a los gobernadores era sólo la parte visible de lo que se proponía hacer el Gobierno para lograr la mayoría necesaria.

Por una parte, incluía recomendaciones en el sentido de garantizar la limpieza de las elecciones y acabar con las prácticas tradicionales de imposición y exclusión de candidatos: «ni menos consentirá que la violencia o la menor trasgresión de las leyes acompañe la solemne imparcialidad del grande acto constitucional que se prepara». Al mismo tiempo, sin embargo, el Gobierno declaraba no renunciar a defender sus principios y conminaba a los gobernadores a que, como delegados suyos, ejerciesen «el influjo legal que su posición permite, impidiendo que oigan sólo los electores la voz de las oposiciones» y evitando favorecer a los que pretenden fundar «sobre una Constitución diversa cada uno la Monarquía; que aspiren a plantear cada uno un distinto sistema representativo y a servir con un personal exclusivo las oficinas del Estado», con propósitos que sólo podían llevar al despotismo o la anarquía[23].

La labor de Posada Herrera y sus empleados le valió desde entonces el título de «El Gran Elector», más por su eficacia en la fabricación de la necesaria mayoría gubernamental que porque alterase sustancialmente las prácticas electorales del momento. Desde los tiempos del Estatuto Real, las dos grandes culturas políticas del liberalismo venían aceptando la llamada «influencia moral» del Gobierno en la organización y determinación de los resultados electorales. No sólo en España, sino en buena parte de la Europa constitucional, y singularmente en la Francia del II Imperio que tanto inspiró a los unionistas españoles, era habitual utilizar los múltiples mecanismos que estaban a disposición de las autoridades para lograr resultados favorables a las candidaturas oficiales. Escudados en una visión profundamente elitista y paternalista de la política, todos los notables liberales europeos pretendían identificar el ejercicio de su poder con la defensa del interés general frente a los intereses locales, particulares y partidistas, ilustrando y orientando la opinión de un electorado a su juicio ignorante y escasamente preparado para ejercer de forma madura sus derechos[24].

Como el mismo Posada Herrera se encargó de defender en las Cortes, la actuación de un Gobierno responsable debía estar encaminada a lograr la representación «organizada» de los diversos «intereses legítimos» del país en un momento en que lo que se pretendía sobre todo, al igual que ocurría en buena parte de Europa, incluida Inglaterra, era garantizar la gobernabilidad y aislar a los elementos más radicales del proceso político. Unas semanas antes de realizarse las elecciones, el encargado de negocios francés informó de que, según se desprendía de sus conversaciones con distintos miembros del Gobierno, éste no quería inmiscuirse de forma violenta en las elecciones, pero tampoco estaría dispuesto a dejar el proceso abandonado a sí mismo y «las maniobras de los partidos». Las autoridades habrían de esforzarse en «conocer bien los candidatos de los diferentes distritos a fin de prestar su apoyo a los que tengan más raíces y donde la afección por las instituciones, el Trono y el orden público sean más decididos; cumplirá así el papel legítimo de todo gobierno. Este simple apoyo será muy buscado y asegurará la elección de buen número de candidatos[25]».

La interpretación de lo que debía ser ese «simple apoyo» fue variada en las diversas circunscripciones electorales. Los observadores franceses y británicos advirtieron que, aunque las elecciones se habían celebrado en un clima de libertad desconocido hasta entonces, la actividad del Gobierno había traspasado en ocasiones los límites de lo que, incluso para ellos, era «el papel legítimo de todo gobierno». Es cierto que el estado de sitio se levantó en Cataluña, Málaga y otras zonas en las que se había mantenido desde 1856, pero la utilización de la ley de imprenta de Nocedal o la prohibición de reuniones «subversivas» se aplicaron de forma selectiva, especialmente contra los republicanos y los moderados más reaccionarios o cercanos al carlismo. En Madrid, se emplearon a fondo todos los mecanismos posibles —incluida la utilización exclusiva y excluyente del telégrafo y del correo por ferrocarril— para impedir que fuesen elegidos nombres tan ligados a la llamada «liga moderada» como el marqués de Salamanca o Cándido Nocedal.

Los progresistas puros fueron mucho menos hostigados. De hecho, la victoria progresista fue abrumadora en la capital, donde consiguieron cinco diputados, entre ellos Olózaga y Calvo Asensio «a pesar de sus ideas democráticas». El embajador inglés, Buchanan, informó que la reina estaba particularmente interesada en que Olózaga no saliese elegido y que el hecho de que llegase a serlo demostraba, a su juicio, que «la acción del gobierno sobre los electores, al menos en la capital, no ha traspasado los límites legítimos aunque se dice que en las provincias han sido menos escrupulosos[26]».

En cualquier caso, la muy usual fabricación de la victoria gubernamental fue utilizada inmediatamente por moderados y progresistas como una fuente de deslegitimación del proclamado liberalismo del Gobierno. El grado de cinismo que suponía entre los moderados acusar a la Unión Liberal de haber utilizado fraudulentamente su «influjo legal» no necesita mayores comentarios. Sí, en cambio, las críticas progresistas. Su defensa programática de «la legalidad y pureza de todas las operaciones electorales» no debe tomarse en el sentido que hoy le daríamos. En realidad, en las escasas ocasiones anteriores en que pudieron controlar los procesos electorales, e incluso ahora en los distritos en que lograron hacerlo, los progresistas demostraron con su actuación que lo que estaba en discusión no era tanto la utilización de la influencia social y política del Gobierno como su magnitud y los excesos más violentos. Lo que sabemos sobre las maniobras de los candidatos del partido para lograr atraer en su favor la influencia de los notables locales y de los propios representantes del Gobierno abunda en esa impresión[27].

Es cierto que en aquellas elecciones se protestaron más de doscientas actas, pero el hecho mismo de que se creyese útil hacerlo demostraba que el ambiente general que rodeó el proceso de octubre de 1858 había sido mucho más transparente y había convocado más esperanzas de cambio que nunca antes con los gobiernos moderados. Precisamente por ello, quizás, la frustración se hizo más evidente entre las filas de los progresistas que acudieron a las urnas (tras un temprano amago de retraimiento) sin ampararse bajo la bandera de la Unión y que alcanzaron un número indeterminado que, según las fuentes, ronda entre los trece y los treinta diputados, liderados por nombres tan conocidos como Sagasta, Olózaga o Madoz. Los moderados superaron la treintena, y Nicolás María Rivero se sentó en el Congreso representando solitariamente a los demócratas. Aparisi y Guijarro lo hizo por el ala más dura de los neocatólicos[28].

No obstante, el éxito gubernamental escondía muchas incertidumbres. El recuerdo de lo ocurrido tras las elecciones de 1854 —cuando se ensayó por primera vez una coalición electoral entre moderados y progresistas bajo el lema de una Unión Liberal— estaba muy presente para el Gobierno. Las Cortes del Bienio no habían sido fáciles de manejar y ahora se temía que la alianza forjada al hilo de las elecciones de octubre de 1858 no hubiese producido más que una mayoría gubernamental aparente. La evidente heterogeneidad de ésa mayoría, forjada al calor del momento y de los buenos oficios de las autoridades provinciales, era materia de especulación e incluso de escepticismo porque, como observó el embajador inglés, «en España ocurre frecuentemente que caballeros que han profesado ser amigos del Gobierno antes de las elecciones olvidan esa amistad inmediatamente después[29]». Para Fournier, si se observaba de cerca la composición de las Cortes, había «más oposición real o potencial de la prevista inicialmente[30]».

De momento, sin embargo, los resultados electorales habían conseguido sus propósitos básicos. Por una parte, O’Donnell había realizado una demostración de fuerza ante la Corte y, de forma paradójica, la aplastante victoria de los progresistas en Madrid había propiciado un acercamiento mayor de la reina al Gobierno al «hacerle sentir cuánta necesidad tiene de un hombre firme e influyente sobre el ejército. Es un buen motivo —escribió el embajador francés— para mantener al conde de Lucena, quien además tiene el mérito de no herir sus sentimientos privados, como mujer[31]». Por otra parte, aquélla mayoría podía ser utilizada de forma estratégica en el corto plazo como un puente hacia una situación más estable. Los enemigos más correosos no eran, en ese escenario, los progresistas, sino los moderados. Contra ellos se empleó a fondo la energía del ministro de Gobernación, colocando a la prensa moderada en una situación verdaderamente inédita[32].

En este ambiente, se abrieron las Cortes el 1 de diciembre de 1858. Aquel día, y contra todo pronóstico, se daba comienzo al período parlamentario más largo de cuantos tuvieron lugar en el reinado isabelino. Las cuatro legislaturas que se sucedieron durante casi cinco años fueron comparadas por Cristóbal de Castro, en su Antología de las Cortes de 1859 á 1863, con el plácido círculo en que Dante situó a «los ángeles que no fueron rebeldes[33]». Sin duda, la relativa placidez burguesa del llamado Parlamento Largo tuvo poco que ver con las muy conflictivas Cortes del Bienio Progresista, por poner un ejemplo reciente. Sin embargo, si se analiza de cerca, fue un período parlamentario agitado por vivas discusiones y, especialmente a partir del ecuador de su mandato, hubo muchos y señalados ángeles rebeldes, incluso entre la mayoría gubernamental. Por otra parte, desde sus mismos inicios, las dos oposiciones más nutridas, la moderada y la progresista, criticaron sin tregua al Gobierno y mantuvieron activa la vida parlamentaria.

Sin embargo, sí merece la pena resaltar, por su relativa novedad, la habilidad con que el Gobierno manejó al heterogéneo grupo de diputados que se habían presentado a las elecciones por la Unión Liberal para consolidar una mayoría parlamentaria sólida y eficaz. Las prebendas y una atención personalizada a las necesidades políticas de cada diputado, y de cada circunscripción, tuvieron mucho que ver en ello. Además, y siguiendo los usos consolidados en la Europa del entorno, el Gobierno tuvo el acierto de buscar alianzas puntuales fuera de sus filas, entre moderados y progresistas puros, para bloquear las propuestas de oposición de uno u otro de esos grupos, minoritarios pero muy activos.

Aquella estrategia, netamente parlamentaria, comenzó durante el mismo debate del proyecto de contestación al discurso de la Corona. Un discurso y un proyecto centrados en anunciar una política de progreso material y mejora de la administración que, junto con las medidas relativas a la desamortización, descentralización administrativa y ley de imprenta, se ofrecía como medio de mejorar «lo presente sin destruirlo» y procurar un «progreso seguro, aunque lento, en todos los ramos de la gobernación del Estado». Un programa capaz de conciliar «por fin los ánimos de los españoles» y hacer «posible su concurso para afirmar la prosperidad de la Nación y la práctica sincera del régimen constitucional[34]».

Dos enmiendas sucesivas, de Claudio Moyano por los moderados y de Calvo Asensio por los progresistas, anunciaron y definieron el tipo de oposición de cada uno de los dos grandes partidos no integrados en la Unión. La primera de ellas hacía referencia al ambiguo párrafo relativo a las relaciones con la Santa Sede, el único que al parecer suscitó discusión entre la reina y O’Donnell en la medida en que tocaba el espinoso tema de la desamortización eclesiástica. Fieles a su estrategia de colocar a la Corona en el centro de sus objetivos políticos, los moderados intentaron sacar partido de la filtración de aquel conflicto potencial presentando una enmienda al proyecto de contestación en el sentido de comprometer al Gobierno a adoptar «las disposiciones convenientes para cumplir y ejecutar el Concordato de 1851 y las convenciones posteriores que salvan las dificultades creadas por las vicisitudes de los tiempos[35]».

En la discusión subsiguiente, el Gobierno consiguió el apoyo de la minoría progresista para rechazar la enmienda. Mientras, y fuera del Congreso, se negociaba de forma acelerada para lograr resolver cuanto antes una cuestión que era muy delicada políticamente porque afectaba a «los piadosos sentimientos de Su Majestad». De hecho, era de nuevo el gran elemento de presión sobre ella, y contra el Gobierno, con que contaba el entorno clerical de Palacio. O’Donnell había asistido en primera persona a la lucha enconada entre el gabinete y la Corona que implicó el tema de la desamortización durante el Bienio. Se trataba de evitar a toda costa que aquella situación pudiese repetirse.

Consciente de que la llamada «cuestión de Roma» era el arma más poderosa que tenían entre las manos sus enemigos, don Leopoldo nombró embajador ante la Santa Sede al gran ideólogo de Unión Liberal, Antonio Ríos Rosas. Portaba consigo instrucciones confidenciales para lograr un acuerdo que permitiese llevar adelante la ley de desamortización eclesiástica aprobada durante el Bienio a cambio de «asegurar a la Iglesia todos los beneficios del porvenir», así como el apoyo del Gobierno a la Santa Sede en las «difíciles circunstancias políticas por las que atravesaba»: es decir, el conflicto con los liberales italianos en los prolegómenos de la definitiva unificación de Italia.

Fueron de hecho aquellas dificultades, una vez iniciada la guerra contra Austria en la que Francia apoyó al Piamonte, las que allanaron el camino para la firma, en agosto de 1859, de un nuevo Convenio que permaneció en secreto hasta que, en octubre, las Cortes aprobaron el proyecto de ley que permitió que entrara oficialmente en vigor. Se ratificaban así las cláusulas del Concordato de 1851, a cambio de la venia papal para la desamortización. Al menos de momento, y en el corto plazo político, la cuestión romana, que pronto devino en «cuestión de Italia», había sido sorteada con un coste menor del esperado. En la práctica fue un espaldarazo más, al menos en el importante terreno de la imagen pública, a la situación de tutela que la Iglesia católica pretendió ejercer sobre el Estado liberal durante todo el siglo XIX y buena parte del XX. En un plazo muy corto, el Gobierno de la Unión Liberal conseguía resolver el problema de «desarmar al tiempo a los progresistas por la desamortización efectiva y a los moderados por los acuerdos con Roma[36]».

La otra enmienda a que hacía referencia antes apuntaba hacia un tema y unas sensibilidades políticas bien distintas. Su objetivo era incluir en el proyecto de contestación un párrafo que advirtiese formalmente a la reina de que todas las promesas de futuro del Gobierno serían ineficaces si no se garantizaban elecciones limpias, libertad de expresión y cumplimiento exacto de las leyes[37]. El tono era, sin embargo, bastante conciliador. Si en la Unión Liberal «el partido progresista era el velamen y el moderado el lastre», la tarea de los puros consistía en denunciar cada ocasión en que el lastre pesase demasiado para proporcionar, como con aquella enmienda, aire renovado al velamen. El propio O’Donnell decidió tomar parte en la discusión, emplazando a la minoría progresista a colaborar con el gobierno sobre la base de un programa de gobierno concreto que dejase atrás «los principios más o menos abstractos».

Fue entonces cuando don Leopoldo reiteró públicamente su apoyo sincero a que la oposición progresista se convirtiese en una opción sólida de gobierno: «Porque ha de saber el Sr. Calvo Asensio que las oposiciones, al combatir a un Gabinete, están en el deber de oponer programa a programa: puede llegar un día, y llegará en esta clase de gobiernos, en que la Corona crea conveniente el cambiar de Ministerio; para cuando llegue ese día es menester que la Corona sepa a quiénes puede acudir para que formen un nuevo Gabinete: deben, pues, SS. SS. presentarnos su programa[38]».

El debate sobre la contestación al mensaje de la Corona sentó las bases de lo que habrían de ser los elementos centrales de la posición progresista y moderada. Marcó también el inicio de la exitosa táctica parlamentaria del Gobierno de la Unión Liberal, que tuvo la habilidad, hasta el momento de su disolución como partido, de no valerse únicamente de su mayoría, sino de utilizar los votos progresistas contra las propuestas moderadas y los moderados contra las propuestas progresistas. Aquella estrategia, netamente parlamentaria, no hizo sino agudizar ante la opinión pública la sensación de que los partidos tradicionales estaban disueltos y que comenzaba una nueva era en la que éstos, si querían sobrevivir, deberían recomponerse en torno a esa concepción de la política como arte de lo posible que guiaba a Leopoldo O’Donnell. Para él tener un programa de gobierno era tener un buen programa de administración y, en este sentido, siempre tuvo más programa que principios y hacía alarde constante de ello.

Como señaló el embajador francés, para el pragmático espíritu y la inquieta mente del general O’Donnell, España ya había tenido demasiados principios y muy pocos logros reales desde los inicios de la revolución: «Sueña con recuperar la importancia de un país en el que una administración fuerte y continuada permitiría emplear sus inmensos recursos[39]». El reparto de empleos y prebendas entre los afectos a la Unión Liberal formaba parte consustancial de aquella estrategia y, en lo único que se diferenciaba de lo que había ocurrido anteriormente, era en que sus destinatarios eran otros. La exasperación de los moderados, mucho más intensa en estos primeros años que la progresista, es buena prueba de ello.

Sin embargo, no eran las diversas fracciones moderadas (desunidas y frágiles) las que preocupaban a O’Donnell. Su mayor preocupación la causaba la necesidad de atender a la volátil voluntad de la reina que podía, literalmente, en cualquier momento volverse hacia el jefe o los jefes de una de aquellas fracciones y dotarla de la autoridad suficiente como para recomponer el partido y acabar con la Unión Liberal, o al menos intentarlo. «Nos enfrentamos —escribió Fournier— a una realeza cuyas pasiones, temores e intrigas exigen una vigilancia constante y que hasta ahora ha conseguido engañar a todo el mundo […] que no parece sentir la fuerza de su prestigio más que para abusar de él». En torno a esa realeza maniobraban los distintos grupos del Partido Moderado. Como le confió González Bravo al encargado de negocios francés, todos trabajaban «para una reconstitución del partido, pero sin tener el aire de hacerlo […] Uno de nosotros, que tiene la costumbre de recibir durante el invierno, dará recepciones más frecuentes y las compondrá, lo más posible, de nombres pertenecientes a todas las corrientes del Partido Moderado: acabaremos por encontrarnos más próximos de lo que suponemos y estaríamos reconstituidos de verdad, de manera natural, viendo que la fuerza de las cosas nos lleva a ver que tenemos los mismos objetivos. Querríamos que los jefes de las misiones diplomáticas estuviesen frecuentemente entre nosotros para que la Reina se diese cuenta de que somos un partido que tiene vida y que es honrado y valorado. El Nuncio será constantemente de los nuestros[40]».

Aquella conversación no surtió los efectos deseados por González Bravo. En un despacho confidencial, el último antes de la llegada del nuevo embajador, Fournier informó a su ministerio de que no confiaba en absoluto en las posibilidades de reforma interna del viejo Partido Moderado, fraccionado en personalidades y divisiones irreconciliables, sin ningún programa claro más que el de llegar al poder. A su juicio, el moderantismo histórico se había autoliquidado como opción de gobierno, ya había cumplido su tiempo y los planes forjados en torno a González Bravo no eran más que «el último acto de las ambiciones desesperadas de ese partido». La parcialidad del diplomático francés por O’Donnell era evidente, pero su argumentación merece ser transcrita en extenso, porque da la medida de las razones políticas que explicaban, en aquel momento, el éxito de la Unión Liberal, tanto ante la reina y sectores importantes de la burguesía española, como ante las potencias liberales de su entorno. Unas razones que, a contrario, permiten ya identificar los factores que podrían contribuir a su caída en desgracia. Algo que, a juicio de Fournier, estaba aún lejos de ocurrir:

Parece difícil que la Reina, después de haber llamado ella misma al conde de Lucena, es decir, después de haber concedido el gobierno a un hombre que, sin estar bien circunscrito en principios fijos, se inclina incontestablemente hacia las ideas de progreso y que son las únicas con las que puede gobernar ahora, se dirigiera sin peligro a los moderados que Ella voluntariamente abandonó al considerarlos impotentes y desconsiderados. Este abandono, y su aproximación a los liberales conservadores y dinásticos, a los Vicalvaristas, han sido vistos como una tendencia definitiva hacia el progreso del espíritu general de la nación sobre el cual funda O’Donnell sus esperanzas […] frente a las avances de los moderados […] quienes se volverían a desunir en el poder y tan sólo podrían mantenerlo por el terror, con el consiguiente peligro para el Trono.

El mérito del actual gobierno español es el de haber sido capaz de reunir en torno a su bandera a la gente más respetable, honesta y distinguida entre los liberales; es decir, a las personas aún jóvenes, capaces de comprender, de buscar y de admitir los cambios que mejorarán los asuntos del país, así como a los jefes más experimentados y más amados del ejército, mientras que el partido moderado no tiene más que gente casi al final de su carrera, que no sabe salir de un mal paso más que a través de los expedientes y la violencia, y que no han conseguido reclutar más que a aquéllos cuyo nacimiento, o el prejuicio, les oponen a las ideas de la época[41].

Cuando unos días después llegó por fin a Madrid el nuevo embajador francés, M. Barrot, éste confirmó las opiniones de su jefe de negociado al relatar con pormenores el sonoro triunfo de la Unión Liberal en el debate del proyecto de contestación al discurso de la Corona en «esa cámara tan difícil que es el Senado». La intervención más brillante y decisiva había sido la del antiguo moderado puritano, Joaquín Francisco Pacheco, quien contestó con firmeza a las agresivas andanadas de los líderes moderados, especialmente del marqués de Molins y del duque de Rivas. Las antiguas ideas, dijo, «ya no significan nada y es la hora de reunirse en torno a las ideas monárquicas y liberales, las únicas que tienen la capacidad de fundar algo definitivo». Su sentida alabanza del conde de Lucena se fundaba en el hecho de que éste había comprendido esa necesidad y era capaz de representarla ante el país. Si en algún momento le faltasen la voluntad o las cualidades necesarias para llevar adelante las nuevas ideas de conciliación y progreso, «otros recogerán la bandera porque las necesidades de un país son siempre oídas cuando son tan manifiestas y evidentes[42]».

De aquellos debates parlamentarios iniciales surgió un escenario político que era muy distinto del que había existido antes del Bienio Progresista. Para los moderados, «el salvador de 1856» —el heraldo de una reacción que querían llevar, como mínimo, a los años gloriosos de su dominio indiscutido— se había convertido una vez más en el rebelde de 1854 y como tal lo trataron en la prensa, en el Parlamento, en sus tertulias febriles y en los oscuros pasillos de Palacio. El grado de aversión mutuo entre O’Donnell y los hombres de Bravo Murillo, González Bravo, Narváez o el conde de San Luis era mucho más intenso y enconado que ningún otro, porque era fruto de una vieja herida de familia, de ésas que no se curan nunca.

Respecto a los progresistas no integrados en la Unión, el planteamiento inicial de O’Donnell (de Ríos Rosas o del joven Antonio Cánovas) era domesticarlos en la oposición con el objetivo de favorecer, desde un centro conservador muy amplio, la refundación respetable de un partido escindido, cuyas generaciones más jóvenes se habían escorado demasiado hacia el radicalismo desde los días del Bienio. Se trataba, casi, de crear para los progresistas un espacio político que les permitiese turnarse pacíficamente en el poder con el gran partido liberal-conservador que quería ser la Unión Liberal. Algunos de sus líderes tradicionales, especialmente en Cataluña, parecían ser sensibles a esa mano tendida.

En una carta a Víctor Balaguer, Pascual Madoz escribió que, aunque la bandera de su partido era y debía seguir siendo la de la Constitución de 1856, «no deseamos una revolución para que prevalezca nuestro código. Llevamos a la discusión la idea, aceptando en el camino todo sistema liberal que al nuestro más se acerque […] Vayamos una vez al poder sin la presión de las conmociones públicas. Entonces serán conciliables los principios de autoridad y libertad». La crudeza de la oposición moderada a O’Donnell tendría a su juicio «dos objetos: primero, intimidar a Palacio para ver si cede a las exigencias de la reacción; segundo, dejar a Don Leopoldo solo, frente a frente con los progresistas, para que de ellos sea la mayoría de las Cortes, la reina se espante, el conflicto sobrevenga y se llame a Narváez. Un moderado me decía con fecha del diecisiete [de julio de 1858] que sus amigos votarán a un progresista mejor que a un vicalvarino. No seré yo quien acepte sus votos[43]».

Es cierto que los episodios de manipulación electoral alejaron mucho al grueso del progresismo puro de su relativa confianza en las promesas unionistas. Es cierto también que, aun así, muchos progresistas siguieron pensando que la política de O’Donnell abría por primera vez un camino hacia el turno pacífico en el poder. Su baza militar en ese escenario posible fue, desde muy pronto, la que representaba Juan Prim. Incluso Aviraneta estaba seguro de que el sucesor de O’Donnell, llegado el momento, no sería Narváez o algún otro líder moderado, sino que lo sería Prim al frente de los progresistas, purgados eso sí de sus veleidades revolucionarias. En una reunión en casa del senador Collado, el propio Prim se ofreció para ser líder parlamentario de la oposición al Gobierno «después de haber trabajado en su favor en las pasadas elecciones y aquietar los ánimos de los progresistas más radicales […] Como tengo pronosticado, el conde de Reus es la persona más temible para el ministerio; y al fin de la jornada él es el que se va a poner al frente del partido progresista y será el sucesor de Espartero[44]».

Aviraneta tenía razón, en el largo plazo. En el corto plazo, sin embargo, lo que ocurrió fue que el general catalán consideró mucho más interesante para sus intereses, e incluso quizás más cercano a sus opiniones políticas más bien conservadoras, llegar a un pacto con O’Donnell e integrarse (aunque siempre con un pie fuera) en la Unión Liberal. Precisamente por lo temible que era el conde de Reus para O’Donnell, éste le recibió con los brazos abiertos colmándole de prebendas y promesas; entre ellas la posibilidad de ser nombrado Capitán General de Cataluña o la de comandar el ejército español en el caso de que finalmente se produjese, como ya se rumoreaba, una expedición militar de castigo a Marruecos por los incidentes fronterizos repetidos en los últimos meses. De momento, fue nombrado para el muy lucrativo puesto de Administrador de Rentas Estancadas de Figueras. El paso de Prim a las filas de la Unión, en un momento en que ningún partido se concebía a sí mismo sin un jefe militar poderoso, fue un golpe muy duro para los progresistas. Perdían un general relativamente joven, con prestigio en el ejército, lo cual les obligaba a seguir amparándose en la ya muy gastada figura de Espartero, retirado en Logroño y con prácticamente nula influencia en los sectores operativos del ejército. Salustiano de Olózaga se quedaba sólo como referente civil del viejo progresismo, escoltado muy de cerca por jóvenes tan ambiciosos y tan brillantes como Práxedes Mateo Sagasta o Pedro Calvo Asensio, empeñados en mantener viva, y aún radicalizar, la llama del progresismo puro. Su gran baluarte fue la prensa y, entre los periódicos más influyentes, La Iberia.

De aquel grupo provinieron diversas iniciativas que trataban de medir el alejamiento de la Unión Liberal respecto al moderantismo histórico. Entre ellas fue muy sonada la suscitada por el juicio parlamentario contra Agustín Esteban Collantes, exministro de Fomento del gobierno del conde de San Luis allá por 1854. Una proposición, firmada en primer lugar por Sagasta, pidió que se remitiese al Congreso el expediente formado entonces «con motivo del acopio de ciento treinta y tantos mil cargos de piedra para obras del canal de Manzanares[45]». Las repercusiones de aquella proposición, que apoyó la Unión Liberal, suscitaron una gran conmoción pública. Una vez examinado el expediente, una mayoría de diputados, entre los que había unionistas y progresistas puros, consideró que había motivos suficientes para que, por primera vez en España, fuese juzgado en el Senado un ministro de la Corona bajo las acusaciones de fraude, falsificación de documentos y estafa. Antonio Cánovas actuó como fiscal y un progresista tan «peculiar» como Manuel Cortina se encargó de su defensa. Esteban Collantes fue declarado culpable de todos los cargos presentados pero, al no llegarse a la mayoría necesaria de dos tercios de la Cámara, el caso quedó finalmente en nada en lo referido al cumplimiento de la condena. Con todo, el proceso sentó un precedente desconocido y, al menos de momento, mantuvo vivas las esperanzas de que la Unión Liberal llegase a ser un verdadero partido liberal y conservador, alejado de la corrupción endémica del moderantismo histórico y plenamente respetuoso con las formas parlamentarias al uso.

El caso, además, demostraba que en aquellos momentos no había ninguna mano tendida desde el Gobierno a las diversas fracciones de la llamada «liga» moderada. Las opciones para gentes como Narváez, San Luis, Bravo Murillo o González Bravo eran lanzarse a las tinieblas de la reacción o integrarse en una Unión Liberal que no preveía para ellos ningún lugar sobresaliente. Todos estaban ocupados. La documentación privada de la época demuestra, aún más que la prensa o la discusión parlamentaria, la intensidad de la desazón moderada, mientras las diversas fracciones del viejo partido se dividían y subdividían más según pasaba el tiempo y no recibían ninguna señal alentadora de Palacio. Conscientes de que sus divisiones eran la causa de su debilidad —y de la desconfianza de la reina— hicieron esfuerzos denodados aunque estériles por recomponer el partido, pero «aquellas reconciliaciones eran artificiales y precarias» y, durante mucho más tiempo del que habían previsto, siguieron siendo para la Unión Liberal «una oposición grave pero ineficaz[46]».

Como en otras ocasiones de tribulación, cuando el Palacio Real de Madrid estaba ocupado, el último recurso era aquel otro palacio más pequeño y distante pero que había demostrado antes, y podría quizás volver a demostrar ahora, su capacidad de maniobra política. Me refiero, por supuesto, a la Malmaison, la residencia que María Cristina y Riánsares habían comprado cerca de París. Se trataba de una suntuosa pero recoleta casa de campo que perteneció en su momento a la primera mujer de Napoleón, Josefina. Allí se había instalado la familia Muñoz —alternándola con el palacio de Sainte-Adresse, cerca de Le Havre— cuando comenzaron a comprender que volver a España no iba a ser tan fácil. Sin embargo, y a pesar de que hubo reuniones en París y de que Riánsares mantenía una copiosa correspondencia con un nutrido y variopinto número de políticos moderados, aquella familia, que quería seguir siendo real y a duras penas lo conseguía, estaba ya tan escarmentada como debilitada políticamente.

En realidad, el poder de María Cristina sobre su hija estaba en sus horas más bajas. Escudándose en sus ministros y en lo que ella llamaba «las circunstancias», Isabel II venía resistiéndose mediante vagas promesas y edulcoradas demostraciones de cariño epistolar a que su madre regresase a España. Incluso aquellas muestras de afecto epistolar comenzaron a hacerse cada vez más esporádicas. La reina era consciente, a su poco reflexiva pero inteligente manera de abordar el mundo, de que para María Cristina obligarla a mantener una correspondencia fluida, llena de la mayor cantidad posible de detalles sobre su vida diaria y sobre la de la Corte y el país, era una forma de mantener su autoridad sobre ella. Así había sido en los años difíciles y vulnerables de su adolescencia, cuando Espartero había usurpado la regencia y ella era el objeto de poder más preciado para todos, incluida su madre.

Entonces la reina era casi una niña y María Cristina, con sus cartas y con la obligación de su hija de contestarlas, logró mantenerse en el primer plano de su espíritu, hacerse presente, estar informada y, sobre todo, dirigir el ánimo de una niña que no conocía aún la extensión de su poder. Ahora la situación había cambiado. Desaparecida María Cristina en los salones de un París lejano y sometida a un destierro informal, Isabel II, que rondaba ya los treinta años, había adquirido un protagonismo político y público, un grado de libertad y de conciencia de su propio poder, que no quería de ninguna manera compartir.

La exregente odiaba esa nueva situación y era incapaz de acomodarse a ella. La documentación que existe de las décadas de 1850 y 1860 abunda en los estallidos de ira de la señora Muñoz que, en durísimas cartas a su hija, exigía que se le explicase claramente su situación y el sentido exacto de aquellas famosas «circunstancias». La mayor parte de aquellas violentas cartas, sin embargo, nunca llegaron a su destino. Tras los gritos y los arrebatos de ira, María Cristina parecía calmarse y analizar con más sosiego qué podía o no podía hacer. Así, el esforzado Antonio Rubio, su secretario, volvía a redactar nuevas misivas (guardando celosamente las no enviadas) en las que las exigencias se tornaban en cariñosos reproches —salpicados de alguna ironía de tono más ácido— por la falta de noticias achacada, con maternal indulgencia, a la tradicional pereza de «mi Isabelita».

Isabel II, por su parte, se sacudía la autoridad materna a su manera, extremando aquella útil pereza y prolongando los silencios. De vez en cuando, éstos eran rotos con cartas anodinas llenas de los usuales «mama mía de mi corazón, te quiero con delirio, siento tanto que no puedas tener en tus brazos a tus queridísimos nietecitos que tanto te quieren, como yo y Paquito lo hacemos con delirio y como debe ser, tu me perdonaras porque sabes que te quiero con todo mi corazón y porque prometo enmendarme y escribirte [ilegible] como es mi deber […] estoy loca de alegría de recibir cartas tuyas […] mi deseo es estar siempre a tu lado como lo estoy en el pensamiento y el corazón».

El carácter abiertamente estereotipado y pueril de las expresiones de cariño, repetidas de forma casi idéntica de una carta a otra, producen en el lector la impresión de una mascarada perversa, de una mofa consciente. Al menos así las interpretaba una María Cristina cada vez más airada e impotente. Los lazos de autoridad sobre su hija, que habían alimentado su poder y su fortuna, se estaban aflojando sin cesar y sin aparente vuelta atrás. En su desesperación, recurría a peticiones más o menos extravagantes para ella o para su familia: cigarros para el primo Leopoldo; dos ciervos del Retiro, «macho y hembra», para la colección del hijo de su hermana la Gran Duquesa de Toscana, «aficionadísimo a los bichos»; un barco «en condiciones» para aligerar su viaje a Roma, «donde gracias a tu bondad estamos alojados en el palacio de España» y, finalmente, la temeraria proposición de que el Gobierno le comprase el arruinado palacio de Las Rejas, incendiado hasta los cimientos durante la revolución de 1854.

Las respuestas tardaban siempre mucho. Cuando llegaban eran descorazonadoras o hirientes. A veces, junto a los «mamá mía de mi corazón» había alusiones veladas al evidente uso que su madre hacía como confidentes de personas con fácil y continuado acceso a Palacio. Así, la labor de ese cariz que Nazario Carriquiri realizaba para María Cristina fue algo que la reina quiso dejar claro a su madre que sabía de sobra. En un párrafo muy comentado en la Malmaison, Isabel II escribió que el príncipe de Asturias, que aún no había cumplido un año, garabateó unas palabras de cariño a su abuela «llevándole yo la mano pero teniendo él agarrada la pluma y después quería escribir más, es que tiene en su corazón el amor para su [ilegible] y querida abuelita; con tus botones está loco, era una monada berle besar tus letras y todos los días tu retrato, pregúntale, pregúntale a Carriquiri que el te dirá cómo señala tu retrato en cuanto se le pregunta por la abuelita».

Por su parte, el rey Francisco, que compartía el deseo —acrecentado por sus propias ansias de poder— de que su suegra se quedase en París, también vertía sus dosis de veneno real, entrelazadas con muestras de amor y respeto. El tono despectivo que se empleaba respecto a «la familia de Madrid» en la correspondencia de Riánsares con sus diversos confidentes merecía por parte del rey párrafos como éste: «Suplico a V. [María Cristina] que no deje de manifestar al Duque la expresión de los sentimientos de verdadero afecto que le profeso y lo muy reconocido que estoy a las palabras que en nuestro elogio siempre pronuncia. Sé muy bien que allí como aquí tenemos un defensor decidido que más de una vez hace saltar a falsos testimonios».

Había momentos en que la tensión en las relaciones entre madre e hija parecía a punto de explotar, al menos por parte de María Cristina, quien tenía que hacer verdaderos esfuerzos para no perder el control. Uno de esos momentos fue cuando, tras medio año de silencio, Isabel II escribió a su madre para decirle que sus días eran dichosos, que vivía feliz y, de paso, anunciarle —«antes por nosotros y de que se sepa oficialmente»— que estaba embarazada de cuatro meses. En el cuidado archivo de Antonio Rubio existen varios proyectos de respuesta de María Cristina a cual más agrio:

Esta noticia ya la sé por los periódicos y por todas partes […] me ha sido grato que al fin te hayas acordado de que hay en el mundo todavía una persona que te quiere más que todos los que están muy íntimamente agasajados […] y que son más afortunados que ella en recibir pruebas de tu afecto y confianza […] Me dices, hija mía, que tendrías gusto en verme […] nadie más que tú sabe el porque esto no ha sucedido ya […] no me has dicho que las circunstancias hayan cambiado. Seguramente dictada por personas que temían mi ida, desde entonces las poquísimas veces que me has escrito nunca me has dicho que aquellas circunstancias hubiesen acabado y por eso no he preguntado […] y sigo esperando que el tiempo y las circunstancias viniesen a hacerme justicia. Tranquila mi conciencia.

No sabemos cuál de todos aquellos borradores llegó a su destino o si, finalmente, como otras veces, María Cristina adoptó la postura más diplomática de no darse por enterada y felicitar a su hija. En todo caso, no recibió respuesta hasta pasados cinco meses cuando, «loca de alegría» por recibir sus cartas y reiterando su deseo de «estar siempre a tu lado», Isabel II le anunciaba que el Gobierno declinaba la oferta de comprar el palacio de Las Rejas: «mucho me alegraría de que así fuera porque sabes mi deseo de complacerte en todo, pero he ablado de esto con los Ministros y que han dicho que hera una [ilegible] que por ahora no convenía tocar, que era un poco delicada, no por ti, sino porque ahora no teníamos necesidad de [dos palabras ilegibles] y no reconstruyéndola no sabrían decir para qué la compraban y, como tú conoces, en ciertas cuestiones me es imposible obligar a los ministros a hacerlas a la fuerza[47]».

En esas condiciones, María Cristina tenía poco que hacer políticamente y era consciente de ello. Pronto iba a cumplir sesenta años y, crecientemente, sus preocupaciones eran más domésticas que políticas, aunque para ella era obvio que de su influencia política dependía en buena medida el mantenimiento e incremento de su fortuna personal y la de los nueve hijos que había tenido con Muñoz. Para sus hijas ansiaba buenos matrimonios; para sus hijos, buenos destinos. Mientras lloraba su infortunio, en París no había perdido el tiempo. En 1855 casó a su hija mayor, Amparo, condesa de Vista-Alegre por generosidad de Isabel II, con el príncipe polaco Ladislao Czartoryski, de fortuna incierta pero sonoro linaje. En 1856, Milagros, marquesa de Castillejo, contrajo matrimonio con el príncipe italiano Draco y, poco después, en 1860, logró casar a su favorita, María Cristina, marquesa de La Isabela, con el hijo del marqués de Camposagrado, heredero del título de rancia nobleza asturiana de los Bernaldo de Quirós. Su hermano Fernando, vizconde de Alborada, se casó con otra hija de Camposagrado. Desde entonces, un viaje a Asturias se convirtió en la nueva obsesión de María Cristina y en una renovada fuente de tensión con su hija.

Mientras tanto, y en cualquier caso, tanto ella como Riánsares querían seguir manteniéndose informados y no renunciaban a un regreso a España y a un desagravio por las «injusticias contra ellos cometidas» mucho más sonado que una simple visita privada. El resultado es una abundantísima correspondencia con los personajes más variados, desde el mero informante anónimo hasta el político destacado, pasando por periodistas y hombres de negocios. Entre estos últimos, se encuentran Pedro Egaña, director de La España (propiedad de Riánsares), y Nazario Carriquiri, uno de los hombres de negocios más conocidos de la época.

A través de aquellas cartas es posible hacerse una idea del desconcierto y el malestar, cuando no la agresividad, de los moderados ante el desvío hacia ellos de la reina. Carraquiri, por ejemplo, escribía «que el partido moderado está hoy peor que nunca y recibiendo cada día más desaires de la Casa Grande, como lo prueba la omnimoda confianza que la Señora ha depositado en ese hombre de guerra y las deferencias que reservada y públicamente le hace». Como muestra de ello relataba cómo, al despedirse para su habitual estancia anual en Aranjuez, la reina tomó a O’Donnell de la mano y la apretó contra su corazón «y para que lo oyesen Salamanca y Zaragoza, le decía: “Que vengas pronto, O’Donnell, que te espero: que deseo verte” y eso acompañado de mil obsequios y sonrisas».

Más adelante, se extendía sobre la ambigua privanza que seguía disfrutando junto al rey y la reina un hombre «que se titula conde de Meneses», cuya ficha en la policía de París le definía como «aventurero español, jugador, estafador, hombre de ingenio: no debe perdérsele la pista ¡A qué punto hemos llegado! ¡Qué clase de hombres alcanzan el […] favor de esa muger!». El propio Carriquiri proporcionaba una buena semblanza de Meneses que completa los datos oficiales que existen en el Archivo de Palacio sobre el que fue secretario particular de Francisco de Asís: «Hijo de un boticario de Morón y mal estudiante en Sevilla, pasó a Cádiz a visitar las timbas, en cuyo puesto trabó relación, allá por los años de 1850, con una célebre y hermosa italiana que viajaba con doncella y a quien, por las circunstancias de identidad y apellido y por traer libranzas para los principales banqueros de España, se la consideró como hija del Papa Pío Mastai Ferrari». Su relación con la hermosa italiana fue el origen de la fortuna del hijo del boticario que comenzó a frecuentar la alta sociedad.

En los revueltos tiempos del exilio de muchos moderados en París durante el Bienio, haciéndose llamar ya conde de Meneses, trabó estrechas relaciones con el círculo del conde de San Luis quien, a partir de 1856, le facilitó de alguna forma el acceso a Palacio. La información de Carriquiri, mucha de ella basada en rumores, todavía no alcanzaba a saber que la relación especial de Meneses no era, o no habría de ser, con la reina sino con su marido, el rey Francisco. Llegó a ser nombrado duque de Baños y gentilhombre de cámara en ejercicio, «libre de gastos», por decreto real de 13 de mayo de 1866, en el que la reina hace constar, quizás con ironía, que se emitía «en celebridad del cumpleaños del Rey mi muy amado esposo». De hecho, Antonio Ramos Meneses se mantuvo al lado de Francisco de Asís, lo que provocó todo tipo de rumores acerca de una amistad íntima y escandalosa, hasta la muerte de este último en Épinay-sur-Seine en 1902[48].

El desaliento y las esperanzas en un cambio político próximo se alternaban en la correspondencia de Carriquiri. Así, el 12 de mayo de 1859 escribía: «hay algo, corre algo, sin duda como consecuencias de lo grave de las circunstancias y de los trabajos revolucionarios que se están practicando en grande escala. El domingo (cuando la reina salía para Aranjuez) hubo vivas a la república en la estación de ferrocarril. Tal estado de cosas influye algo en la Casa Grande y parece que se va reconociendo la necesidad de quitar a este hombre por sus compromisos con la revolución». El problema era encontrar el sustituto adecuado: «un moderado pur sang» capaz de unir a todos los grupúsculos moderados; ese hombre, al menos de momento, «no podía ser Don Ramón [Narváez] porque es odiado del cuore». Mientras, «Lersundi, González Bravo y Alejandro Castro están trabajando por su cuenta […] ¡Divididos y más divididos! ¡Qué falta hace ahora Doña Mª Cristina para organizar esto!»[49].

La organización añorada no se refería sólo a la vida política sino también a la relajada moral que, a juicio de los informantes de la exregente, se respiraba en Palacio. La hermana del rey, la infanta Josefa, «que en esto de devaneos tiene muchos contactos con otra gran señora», mantenía ardientes entrevistas amorosas extramatrimoniales en un reservado del Retiro; el escándalo obligó al administrador del parque a ponerlo, indirecta y discretamente, en conocimiento del rey. «Don Francisco tomó la cosa a pechos y de acuerdo con Güell (el más bien atrabiliario esposo de Doña Josefa) convinieron en que la infanta fuese acompañada constantemente por una dueña fiel, testigo eterno que había de impedir los malos pasos de su señora». La infanta, sin embargo, se enfrentó a su marido exigiéndole de forma violenta que cesase aquella vigilancia. La escena siguiente, relatada por Carriquiri, tiene la tragicómica grandilocuencia de un burdo sainete.

Al parecer doña Josefa le gritó a su marido: «¿Y tú te crees inmortal? (Palabras dichas con lúgubre acento: versión del mismo Güell). No, ¿por qué me lo preguntas?, respondió éste. Porque de seguir conmigo esa conducta puedes guardarte desde ahora de lo que te puede suceder. ¿Me amenazas? ¿Vas acaso a matarme? No lo sé. Pues mira, no tiembles, así como así, estoy cansado de la vida. No dirías lo mismo si vieses la muere cerca. Diría lo mismo, y en prueba de ello, ahí tienes un revólver: Móntalo, aplícalo a mi sien, y verás si me contradigo». Ni corta ni perezosa, la infanta montó el revólver y apuntó a la sien de su marido, «el cual no hizo movimiento alguno para librarse del furor de su muger (Aquí se me ocurre que no debe ser muy envidiable la vida de Güell al proceder de esta manera)». Doña Josefa, finalmente, no disparó pero prometió que lo haría si no se la dejaba vivir en libertad. Al día siguiente, la dueña encargada de la vigilancia de la infanta seguía en su puesto, pero recibió tal cantidad de injurias y amenazas que Güell se vio obligado a acudir en su auxilio y recordarle a su mujer «que eran inútiles todos sus gestos y rabietas […] Oír esto, precipitarse la infanta sobre un estoque, sacarlo y tirar una estocada a su marido, fue obra de un momento. El hierro entró más de una pulgada en la costilla izquierda debajo del corazón; y hubiera ocasionado la muerte sin la serenidad y ojo de tirador de armas de Güell que midió de un solo golpe de vista el alcance y pudo por lo tanto precaverse. La intención de la infanta estaba hecha. Llegó entonces Corral y no encontró a ésta loca, ni convulsa, ni nada; sino muy en su juicio. Güell pide el divorcio y daños y perjuicios».

El desdén que una familia como aquélla despertaba entre los propios servidores de Palacio se hacía extensivo a Isabel II, quien aparece frecuentemente aludida como «esa mujer» en un tratamiento netamente ofensivo. Una escena entre la reina y el general Bárcenas, encargado de la instrucción militar del príncipe de Asturias, da idea del tipo de ofensas que Isabel II podía recibir y que se veía obligada a disimular. «Mira, general —le dijo en una ocasión a Bárcenas— quiero que mi hijo milite desde ahora en todos los cuerpos: que se haga guerrero y que mañana sea un gran rey». La respuesta de Bárcenas fue la siguiente: «Señora, buena falta nos hace. La Reina (aparte) ¡Qué bruto!, ¡que galantería!»[50].

Cuánta verdad había en los chascarrillos, que coleccionaban con auténtica fruición los agentes de Riánsares en Madrid, es difícil de valorar. En todo caso, dan idea del descrédito de la familia real entre los propios moderados y, sobre todo, de su interés en airear los incidentes escandalosos o cómicos que ocurrían en Palacio. Aquellas intimidades seguían siendo un arma política más en la sórdida batalla que, desde la primera juventud de la reina, libraba el Partido Moderado por apoderarse de su voluntad y controlar de forma exclusiva y excluyente a la monarquía.

En aquel momento concreto, cuando veían consolidarse en el poder al odiado partido que había diezmado sus filas, la correspondencia con la Malmaison revelaba, además, una febril necesidad de creer que no todo estaba perdido y una confianza en que la errática personalidad de Isabel II, así como las amenazas de revolución y de desastre que continuamente vertían en sus oídos, la llevasen a prescindir más pronto que tarde de O’Donnell. Las exigencias de la reina en la cuestión de las relaciones con Roma o las rivalidades personales entre los militares de la Unión Liberal —los celos de Serrano respecto a Prim o su enemistad con Manuel de la Concha y las ambiciones de Ros de Olano; incluso las rencillas entre las esposas de todos ellos— eran inspeccionadas y relatadas con neurótico detalle al secretario de María Cristina. Antonio Rubio, avezado en aquel tipo de confidencias interesadas, muestra en repetidas ocasiones su escepticismo a lo largo de las notas o respuestas que acompañan su correspondencia.

La táctica de las diversas fracciones moderadas, en todo caso, combinaba la labor periodística y el acoso en las Cortes con las intrigas destinadas a influir en el ánimo de Isabel II, al hacerle ver «los compromisos revolucionarios de O’Donnell» en el tema de las relaciones con la Iglesia y su incapacidad para controlar a sus comilitones. «Vamos a apretar aquí», concluía Carriquiri[51]. El éxito de aquella estrategia tardaría en dar resultados —especialmente por la división moderada—, pero los rumores continuos de un cambio de ministerio demuestran que O’Donnell, en ningún momento, ni siquiera al principio, pudo ejercer el poder sintiéndose seguro de la confianza regia. Ser despedido, con cualquier excusa, fue un horizonte que gravitó sobre él y sobre la Unión Liberal como una amenaza constante que desequilibraba completamente la relación entre la Corona y el Gobierno a favor de la primera. El desplazamiento de la política desde el Parlamento hasta las oscuras cámaras de Palacio y los salones madrileños de oposición, era una de las tradiciones más asentadas en los cenáculos moderados y se agudizó hasta el paroxismo en estos años.

En este ambiente, la fría resistencia de O’Donnell, su capacidad para conjurar las intrigas extraparlamentarias, así como sus demostraciones de fuerza en el Parlamento, fueron notables. Los mismos informantes de Riánsares y María Cristina se vieron obligados a reconocer la habilidad del general y sus golpes de efecto parlamentarios. Aunque siempre con una mano atada a la espalda, fue consiguiendo sacar adelante buena parte de las leyes y decretos que le convenían, defendiéndose de las sucesivas proposiciones en su contra y reforzando así, paso a paso, su autoridad sobre la reina.

Una autoridad que tenía, en lo más íntimo, una nueva competencia muy peligrosa. Se trataba de Miguel Tenorio, el más reciente favorito de Isabel II. La reina le había nombrado su secretario particular y, desde ese puesto, había acumulado un grado de influencia política que ninguno de sus supuestos amantes anteriores había logrado. Diputado por Huelva, Caballero de la Maestranza de Ronda desde 1853 y poseedor de la Gran Cruz de Isabel la Católica, su lealtad al ministerio San Luis cuando la sublevación de Hore, le valió, en su momento, la llave de gentilhombre de cámara de la reina y el cargo de gobernador de Zaragoza, que mantuvo hasta la revolución de 1854. En 1856 fue nombrado comisario regio en los Santos Lugares y volvió a Madrid, donde en mayo de 1858 ocupó su escaño en las Cortes y recibió una medalla de plata, acuñada para celebrar el nacimiento de la infanta Isabel, de las manos de don Francisco.

Tenorio llevaba tiempo en los aledaños del círculo más íntimo de los reyes, rodeando todas sus actuaciones de las mayores demostraciones de apasionada lealtad, o de descarada adulación. El 12 de octubre de 1857 escribió al general Sanz, jefe del Cuarto del Rey, pidiendo que el monarca consorte le permitiese visitar ampliamente el monasterio y el palacio de El Escorial.

La visita del Escorial es para mí en estos momentos necesaria. ¿Quiere Vd. Saber por qué? Lo diré sin la menor reserva. Yo tengo un corazón que arde de un modo desusado en el antiguo y casi extinto fuego de la lealtad castellana. Es mi pasión única; día y noche pienso en el honor y en el porvenir de nuestros Reyes; todo lo que les engrandece me halaga y me recrea; todo lo que les ofende me hiere en lo más profundo del alma. Pues bien, colocado así, con esta disposición de espíritu, en medio de la sociedad más irreverente y murmuradora del mundo, que es la de Madrid, tengo en el pecho una fuente de lágrimas que muchas veces suben hasta los ojos, porque oigo explicar lo que está pasando del modo que más me lastima. Deseo, pues, ir a consolar mi fe monárquica al austero retiro de Felipe II. Allí pediré a Dios por SS. MM. en presencia de las cenizas de sus augustos abuelos y procuraré adivinar si están destinados a reposar por muchos siglos bajo la protección de la monarquía, o tal vez condenados a la violación y al escarnio como las del Panteón de San Dionisio después que se hubo levantado en París la guillotina de María Antonieta sobre el pedestal de la calumnia[52].

Para Carmen Llorca, la visita de Tenorio a El Escorial y la justificación de la misma demuestran una romántica indignación sobre los escandalosos rumores en torno a los reyes que se encontró a su regreso de Jerusalén. Sin duda, el lenguaje tiene todas las expresiones del romanticismo al uso. En todo caso era un lenguaje adecuado para alguien que buscaba el acercamiento directo a la casa del rey. Su petición fue atendida y, de alguna manera, tras aquella visita al Escorial su alma herida y su lealtad castellana debieron de encontrar el alivio y el éxtasis necesarios para convertirse rápidamente en el nuevo favorito de Isabel II. Menos de un año después, el 20 de abril de 1859, fue nombrado por Real Orden secretario particular de la reina en sustitución de Ángel Juan Álvarez, marqués de Valderas. A la reina le habría conmovido, de nuevo según Carmen Llorca, «su devoción sin límite, su lealtad fanática, o su apasionado y romántico corazón». Se inició así una relación que, según esta misma autora, que no revela sus fuentes, fue mucho más sosegada y madura que todas las que había tenido hasta el momento Isabel II[53].

Aquella nueva relación tuvo, desde luego, la particularidad de su duración y, sobre todo, del poder privilegiado que acumulaba Tenorio como secretario particular, un cargo que se encontraba del todo ajeno al control parlamentario y que, tanto en España como en el resto de las monarquías europeas, suscitaba una profunda ansiedad política entre los políticos y la opinión pública liberal. Su existencia como un cargo de pura designación regia, irresponsable e incontrolado, era característico de los primeros y confusos momentos de la monarquía constitucional, cuando estaba plenamente abierta la competencia entre la Corona y sus ministros por el control del proceso político. De hecho, la larga batalla que se libró en toda Europa entre los reyes y los parlamentos tuvo uno de sus puntos de fricción claves en la figura del secretario privado, símbolo de la independencia del monarca respecto a los poderes representativos.

En Inglaterra, donde la cuestión está mejor estudiada, es interesante recordar que el príncipe consorte, Alberto, actuó a todos los efectos como secretario privado de la reina desde su matrimonio hasta su muerte en 1861. A partir de entonces, la figura del secretario privado se mantuvo, pero fue perdiendo de facto su carácter independiente aunque, hasta la II Guerra Mundial, no fue en absoluto infrecuente que los secretarios privados de Gran Bretaña expresasen públicamente su filiación partidista[54].

A la luz de la experiencia europea, la presencia y la labor de Miguel Tenorio como secretario privado de la reina no debe resultar tan peculiar. Lo peculiar era el carácter irregular y públicamente escandaloso de la relación atribuida a la reina y a su secretario. El carácter de aquella influencia (que suplantaba, por cierto, la que podía legítimamente atribuirse al rey en tanto que consorte) agudizaba la ansiedad política que tradicionalmente suscitaba una posición de poder percibida como secreta, escondida e incontrolable. Tenorio, desde luego, ejerció el cargo desde el principio de forma netamente partidista. Su apoyo a las pretensiones políticas de la fracción moderada de González Bravo era bien conocido y objeto de amplia información por parte de los agentes del duque de Riánsares en Madrid.

A finales de mayo de 1859 esos agentes insistían en que la labor de Tenorio no caía en saco roto: se comenzaba a vislumbrar la posibilidad de que la reina aprovechase la suspensión estival de las sesiones parlamentarias para prescindir de O’Donnell: «Todo el mundo cree que esto se lo lleva el diablo apenas se cierren las Cortes». La reina, al parecer, llamó a consultas a varias personalidades conocidas, como Clonard, Yúmuri o Miraflores; Armero recibió órdenes de no salir de Madrid cuando ya tenía preparado su viaje a Andalucía. Los rumores iban y venían. La posibilidad de recuperar el poder, en lugar de apaciguar la actividad fraccional de los diversos grupos moderados, la incrementó. Todos clamaban por la unidad en su correspondencia con la Malmaison, pero nadie parecía dispuesto a hacer ningún sacrificio para lograrla.

Pedro Egaña intentó coordinar, desde el periódico de Riánsares, la actividad periodística de la llamada liga moderada en torno a una estrategia común de oposición al Gobierno y de recaudación de fondos que completasen los que llegaban de París. «Este verano empezaremos una serie de artículos sobre la reconstrucción del partido moderado en principios restrictivos: doctrina para el uso de Bertrán de Lis, pero esto es largo, estará sujeto a las circunstancias». Las circunstancias eran de lo más variado, desde la negativa de Bertrán de Lis a entenderse con Narváez, hasta «la antipatía horrorosa que le tienen los reyes» a don Ramón, pasando por la deriva reaccionaria de los grupos que bullían en torno a González Bravo, Nocedal y Bravo Murillo: «aquí todos somos austriacos, un punto menos que absolutistas», escribió Egaña[55].

El 3 de junio, en un ambiente turbio, cuando la arena de las intrigas y las exigencias privadas de la reina comenzaban a entorpecer demasiado el engranaje de la Unión Liberal, las Cortes fueron suspendidas para el receso de verano. Los rumores comenzaron a amainar conforme Madrid se quedaba «desierto» a los ojos de aquellos políticos febriles que buscaban lugares más frescos: «Va emigrando la gente», informó Egaña. Cuando las Cortes volvieron a reunirse el 1 de octubre de 1859 ya no se hablaba más que de la guerra contra Marruecos. Como se verá inmediatamente, aquella guerra fue, en más de un sentido, un nuevo y espectacular balón de oxígeno para la Unión Liberal y para la relación política y personal de O’Donnell con Isabel II.

CAPÍTULO 2

SEÑORA DE TETUÁN Y

REINA DE LA PROSPERIDAD

La decisión española de declarar la guerra al sultán de Marruecos en octubre de 1859 debe ser entendida desde una doble perspectiva, nacional e internacional. Desde el punto de vista internacional, se produjo en un momento de inflexión clave en la expansión del colonialismo moderno europeo. Tras varias décadas de dominio informal en Asia y África, la década de 1850 supuso un rápido giro hacia el dominio formal, es decir, hacia la ocupación efectiva de amplios territorios en ambos continentes.

En ese contexto y en ese momento, España era una potencia de segundo orden. Hacía más de treinta años que había perdido lo sustancial de su imperio americano y llevaba varias décadas enfrascada en sus propios conflictos internos, derivados de la dura lucha contra el absolutismo y la difícil consolidación del régimen liberal. La llegada al poder de la Unión Liberal, con sus promesas más o menos cumplidas de paz y prosperidad interior, permitió por primera vez pensar —al hilo de una relación privilegiada, aunque subordinada, con el II Imperio francés— en la posibilidad de participar, a pequeña escala, en la carrera imperial. Como en el resto de Europa, aquella aventura era sin duda, y al margen de otras consideraciones, una empresa económica que buscaba procurarse mercados cautivos, relaciones comerciales ventajosas y espacios controlados de inversión de capitales.

Sin embargo, no sólo en España sino en toda Europa, esa búsqueda de áreas de influencia incluía un fuerte componente de carácter imitativo en el contexto de la llamada «política de potencia», por la cual, a veces sin relación necesaria o convincente con intereses específicos bien sopesados, ningún país quería quedarse atrás en el reparto del mundo. Los objetivos internacionales de la Unión Liberal se entienden en ese doble marco, que aunaba los supuestos beneficios económicos y la intención de recuperar para España el prestigio internacional perdido. No hubo nunca, sin embargo, un proyecto calculado y coherente en el largo plazo. Las oportunidades de intervención vinieron de la mano de las estrategias imperiales británica y francesa, al hilo de conflictos localizados en zonas de reordenación estratégica y sin que se procurasen anexiones significativas de territorio[1].

Por razones históricas y geográficas, en un momento en que la construcción de la nación, del patriotismo moderno y del Estado liberal estaban estrechamente ligados al nuevo imperialismo, Marruecos era para España «un espacio privilegiado para definir sus pretensiones y su potencial político y militar[2]». Como enfatizó muy bien Benito Pérez Galdós en su Aida Tettauen, el ejemplo francés tuvo un peso indudable en la política exterior de la Unión Liberal, que pretendía conseguir «en la gloria militar un medio de integración de la nacionalidad, un dogmatismo patrio que disciplinara las almas y las hiciera más dóciles a la acción política». De Francia habrían venido las modas del pensar y del vestir y los nuevos modos de hacer política; de allí vendría también la inspiración para «un imperialismo casero y modestito, que refrescó el ambiente y limpió nuestra sangre, viciada por las facciones[3]». En todo caso, como ya había advertido el representante diplomático francés en Madrid, desde los mismos inicios de su GobiernoO’Donnell venía buscando «algún brillante hecho exterior» que adormeciese el conflicto político nacional y consolidase a la Unión Liberal en el poder[4].

La primera aventura al respecto había sido la participación española en la Conchinchina, como parte de la campaña napoleónica en Anman, cuyo objetivo era establecer las bases permanentes que fueron el origen de la gran colonia francesa de Indochina. La colaboración española —que tomó como base militar, fuente de avituallamiento y de soldados, las colonias de Filipinas— se justificó, como la francesa, en la necesidad de responder a los asesinatos de misioneros católicos. En diciembre de 1858, a poco de iniciarse la más bien modesta participación española en aquella expedición de castigoO’Donnell había expresado «cuán feliz estaba de las seguridades que Vuestra Excelencia [el ministro de Asuntos Exteriores francés] le había dado al señor Mon de compartir con España todos los beneficios de la expedición a Conchinchina en la misma medida que Francia[5]».

Aquella felicidad duró lo que duró una campaña que se dio por finalizada en junio de 1862. Mientras Francia logró la apertura de varios puertos a su comercio, una amplia indemnización y conquistas territoriales que incluían Saigón, el Gobierno español no consiguió negociar un puerto propio y obtuvo tan sólo una pequeña indemnización, cuyo pago se dilató en el tiempo y nunca llegó a ser completo. Como mucho se consiguió colocar el nombre de España en una nota a pie de página del imperialismo europeo en la zona.

Por lo que respectaba a Marruecos, la oportunidad de lograr algo más, y más cercano a los intereses españoles, venía favorecida por la larga presencia española en Ceuta y Melilla y en otras posesiones insulares menores, como Vélez de la Gomera, las Chafarinas y Alhucemas. En la práctica totalidad de las intervenciones de aliento imperialista que venían sucediéndose en aquellos años, la ocasión para acometerlas vino de la mano de los roces e incidentes propiciados por la presencia de tropas e intereses extranjeros en esas zonas, definidas como áreas de influencia. La intervención española en Marruecos no fue una excepción. Las escaramuzas entre los españoles asentados en Ceuta y Melilla y las cábilas del interior se habían venido sucediendo y agudizando desde la década de 1840. En 1854, el gobierno del conde de San Luis ya había pensado en una expedición militar, al considerar rotos de facto los sucesivos tratados diplomáticos firmados con el sultanato.

Tras la subida al poder de la Unión Liberal, Marruecos estuvo en el punto de mira de una política gubernamental que no necesitaba más que una excusa para la intervención. El propio O’Donnell había confiado en privado al representante diplomático francés que «la idea de una campaña en Marruecos había seducido desde hacía años su imaginación y que no renunciaba a ella[6]». Así, mientras se negociaba una nueva solución diplomática, la prensa gubernamental especulaba sobre la necesidad de dar un castigo ejemplar a los marroquíes, «queriendo ofrecer al sentimiento publico el cebo del honor nacional herido, reprimir a los piratas del Riff y recuperar para España, sobre las costas de África, algo de su renombre en los tiempos pasados y el esplendor de una dominación desde hace tanto tiempo casi desaparecida[7]».

Cuando el ambiente estaba suficientemente caldeado, el Gobierno lanzó un ultimátum al sultán de Marruecos. Si antes del 15 de octubre no se garantizaba la seguridad de los intereses españoles se abriría el camino para la acción armada. Mientras, la diplomacia española aceleraba sus gestiones para conseguir la benevolencia de Francia y la neutralidad británica a cambio de renunciar a ampliaciones territoriales sustantivas. Con las espaldas cubiertas, pero también con las manos atadas respecto a la creación de un espacio colonial propio, el Gobierno presentó a las Cortes el mismo día de su reapertura (el 1 de octubre de 1858) un proyecto de ley de ampliación de las fuerzas del ejército, que permitía llegar a los 160 000 hombres, y que estaba estrechamente ligado a la posibilidad de una intervención en Marruecos. Unas semanas más tarde, otro proyecto arbitraba recursos extraordinarios para sufragar dicha ampliación.

Para entonces, la guerra con el sultán había alcanzado una popularidad enorme. Es cierto, como escribió entre otros Fernández de los Ríos, que aquel ambiente bélico y patriótico fue bienvenido y caldeado desde la prensa gubernamental en la medida en que la guerra era muy útil para desviar la atención de los problemas internos y asegurar la continuidad de un gobierno que temía por su permanencia en el poder: «Mal seguro O’Donnell en ciertas regiones, amenazado por las diferentes pandillas moderadas y desacreditado en la opinión, imitó al ministro de Carlos X, Martignac; imaginó un medio de adormecer todos esos elementos preparados contra él apelando a su único recurso como hombre de Estado: a los soldados, y, eligiendo a los marroquíes para que le sirvieran de apoyo en el poder, los declaró la guerra […] Quiso en fin popularizarse por uno de esos actos exteriores y militares que deslumbran el orgullo nacional y que en días de ofuscación hacen a veces a los pueblos perdonar por un momento hasta la tiranía[8]».

El problema de la interpretación de Fernández de los Ríos —cuya animadversión por O’Donnell era a esas alturas tan intensa como había sido su amistad en los años previos al Bienio Progresista— es que no toma en cuenta el hecho de que la «ofuscación» a la que se refiere no afectaba tan sólo a un pueblo ignorante y manipulado, a los clientes de la Unión Liberal o a la prensa gubernamental. Políticos y periodistas progresistas y demócratas se volcaron en una ardiente defensa de la intervención que urgía a pasos más apresurados que los, relativamente prudentes, que iba dando el Gobierno en sus gestiones internacionales para favorecer una guerra que no fue ni improvisada ni un mero ejercicio de manipulación gubernamental. Al contrario, fue enormemente popular y tan sólo a posteriori se alzaron voces críticas que, en aquel momento, fueron minoritarias.

«En todos los cafés, en los teatros, en las tertulias, se habla, se comenta, se critica acerca de los que debemos esperar o temer, pero no hay más que una opción: ¡la guerra!». Incluso desde un periódico demorrepublicano como La Discusión, Emilio Castelar animaba a la intervención porque «la guerra de África es civilizadora, es patriótica, es providencial, es la luz de nuestra restauración en los consejos de Europa». A su juicio, el futuro de España en el concierto internacional se jugaba en aquellos momentos: «Seguiremos viendo cómo la Argelia francesa extiende sus garras en el África, seguiremos viendo cómo Inglaterra nos quita la natural influencia que debemos tener en Marruecos: seguiremos en esta postración y Europa creerá que medio siglo de revoluciones no ha bastado para regenerarnos[9]».

El 22 de octubre, unas Cortes entusiastas aprobaron por unanimidad la declaración de guerra. Calvo Asensio leyó una carta de apoyo de los representantes de la prensa «de todos los colores políticos […] de todos los españoles sin distinción de clases, ideas y condiciones». Su entusiasmo llegó hasta el punto de hablar de la alianza «entre la cruz y la civilización» y asegurar que «el dedo de Dios es el que traza el rumbo que ha de seguir la Nación española». Salustiano de Olózaga, más hondamente progresista, se concentró en advertir de que el recuerdo de los buenos tiempos de la vieja monarquía debía ir, ahora, enlazado con «los de la Monarquía constitucional». Sin aventurar ninguna crítica a la intervención, avisó sin embargo de que la grandeza y el poder de la civilización española eran debidos, sobre todo, «a las instituciones que han dado nueva vida al pueblo español». La guerra era, en todo caso, la guerra de una nación liberal y no la guerra de la monarquía[10].

La lectura de la prensa o del Diario de Sesiones de Cortes, de las obras literarias y de los panfletos de la época demuestra que, como en toda Europa, los discursos imperialistas eran diversos. Desde la cruzada cristiana contra el infiel de los sectores más reaccionarios, hasta la misión civilizadora que demostraba la potencia y la capacidad de regeneración propia y ajena de la nación liberal, pasando por la celebración de «una raza que despierta, que marcha, que se resuelve a cumplir varonilmente las necesidades de su destino[11]». Todos ellos confluían, sin embargo, en una febril retórica nacionalista, y racista, que ligaba la colonización a una misión civilizadora, justificada por la evidente superioridad europea, en todos los órdenes, respecto a las poblaciones de África y Asia. En España, como en toda Europa, y a pesar de excesos como el de Calvo Asensio, la nación ocupaba en los discursos liberales el lugar de actor principal frente a la monarquía y, en menor medida, la religión, que eran los protagonistas indiscutibles de las proclamas procedentes de los obispos y de los neocatólicos[12].

Como ha señalado Albert García Balañà, es necesario no exagerar las confluencias entre el nacionalismo conservador, que ligaba patria y catolicismo, con el liberal progresista, que aunaba patria con pueblo y con misión civilizadora. Una identificación excesiva impide entender la forma en que, especialmente desde un punto de vista popular y radical, la retórica imperialista no eliminaba completamente los conflictos sociopolíticos domésticos, sino que servía, en muchos casos, de vehículo crítico: por ejemplo, legitimando la patria liberal y civilizada frente a la barbarie del despotismo.

Si la guerra de África fue abiertamente popular antes, durante y después de concluida —incluso frente a las frustraciones que la paz suscitó— esto fue debido, en parte, a que las diversas estrategias de legitimación enlazaron con los lenguajes y experiencias populares. En el caso mejor estudiado, el de la popularidad de la guerra entre las muy radicalizadas clases trabajadoras catalanas, la complejidad del problema se hace evidente. Allí, el patriotismo y la retórica imperialista expresaban una voluntad de ligar la guerra (y sus mecanismos de legitimación) con la legitimación de las aspiraciones populares frente a los poderes despóticos. «El déspota marroquí no era sino una réplica, lejana y exótica, de un déspota autóctono más recurrente y peligroso. Su imagen especular». Para el pueblo radical catalán, que apoyó con entusiasmo a los Voluntarios Catalanes, o incluso sirvió en éstos, resultaba inconcebible luchar contra el primero de esos déspotas «sin que ello contribuyera a minar las fuerzas y los apoyos del segundo en España[13]».

Esa relación entre radicalismo político y demostraciones de apoyo popular a la guerra fue objeto de alarmada reflexión por parte de varios de los corresponsales del duque de Riánsares y de María Cristina a lo largo de esos meses. «Se animan los revolucionarios y este espíritu patriótico es sobre todo una muestra de liberalismo exaltado […] las formas de celebrar la victoria son muy curiosas». Entre ellas, la quema pública en Ciudad Real de La España y del periódico carlista La Esperanza mientras se fusilaba un maniquí de Muley-Abbas. Los gritos de «¡Viva la Libertad!», y «¡Viva la Reina Constitucional!», eran los gritos más oídos en las manifestaciones y serenatas[14].

La crítica que se vehiculaba a través del lenguaje respetable del patriotismo podía alcanzar no sólo a la Corte, a la Iglesia y a sus apoyos políticos. Podía alcanzar, y lo hacía también, al propio Gobierno y su forma de llevar adelante el conflicto bélico o de concluirlo. En cualquier caso, como en toda Europa, el racismo xenófobo o el reforzamiento de los discursos del patriotismo patricio liberal, o del más reaccionario, monárquico y católico, no fueron el único balance de la popularidad de la guerra. Al igual que ocurría en Francia o en Inglaterra, el imperialismo popular también sirvió para reforzar la búsqueda de un protagonismo del «pueblo» en la escena pública que, en España, tras la dura represión con que concluyó el Bienio Progresista, renovaba así la expresión pública de su propia agenda política. «El éxito popular de los Voluntarios Catalanes tuvo mucho que ver con su potencialidad simbólica en tal contexto, y su posibilidad de ser emblema de un determinado orgullo plebeyo que se alimentó de la oposición a la imagen del humillado marroquí y también, aunque más elípticamente, de las distancias fijadas respecto a un ejército regular que había servido a la causa de la exclusión política y pública del interclasismo popular desde 1856[15]».

Los líderes progresistas, desde Prim hasta Olózaga, tuvieron desde el principio muy claro que su apoyo a la guerra podía ser un mecanismo muy eficaz para reforzar su influencia política en ese espacio social al estimular el patriotismo popular y, en la medida de lo posible, dirigirlo y encauzarlo en su propio beneficio. Prim se convirtió en el héroe de los Voluntarios Catalanes y en su principal impulsor. Olózaga desgranó su retórica más patriótica y bélica en el Congreso y promovió personalmente una suscripción nacional para atender a las viudas, los huérfanos y los heridos de la guerra.

Tras las apelaciones de unidad de corte interclasista, tras el paternalismo y tras afirmaciones como la de Olózaga, por ejemplo, de que «no hay partidos tratándose del interés nacional», subyacían sin embargo proyectos e intereses políticos muy diversos. La guerra no era sólo, en la célebre definición de Clausewitz, la continuación de la política por otros medios en el ámbito internacional, también lo era en el ámbito nacional. Podía ser, y fue, la ocasión para que todos los grupos políticos y sociales expresasen sus particulares formas de entenderla en relación con sus propias maneras de concebir el presente y el futuro del país.

Para la reina y para la Corte, desde luego, la guerra con Marruecos siempre se entendió como una manera de engrandecer y demostrar el poder, no de la nación, sino de la monarquía que en torno suyo concitaba «la pasión y la lealtad de su pueblo». El entusiasmo de Isabel II por la campaña de África no conoció límites y se entregó a los alardes habituales de «munificencia» para con ese pueblo que llevaba «las banderas de esta vieja monarquía hasta las costas del infiel». Toda la familia real hizo donativos más o menos cuantiosos para los soldados y sus familias. Pedro Egaña, sin embargo, tuvo que advertir a Riánsares: «Se está haciendo notar mucho que la Reina Madre no haya hecho donativo alguno para los heridos de África, a imitación del Rey, Montpensier, D. Sebastián y otros miembros de la casa real. ¿Es olvido?». Una vez subsanado el error o el olvido, Egaña se hizo lenguas en La España de la generosidad de María Cristina y escribió a París: «Ha sido bien recibido el donativo de la Reina Madre, noticia que yo di el primero, pues la mandé desde el casino a la imprenta en cuanto me la dio Carriquiri[16]».

El entusiasmo popular buscó también integrar a la reina en la fiebre patriótica del pueblo liberal y, en más ocasiones de las que se recordaba desde su niñez, Isabel II fue vitoreada ante los balcones de Palacio o en sus paseos por Madrid. La explotación, en su beneficio, de la memoria de Isabel la Católica fue habitual en aquellos días. Sin embargo, el ingenio popular no dejaba pasar ninguna ocasión para disfrutar humorísticamente de las peculiaridades de la familia real. Así, Altavilla recuerda cómo, entre risas maliciosas, se comentaba en Madrid una supuesta conversación de O’Donnell con los reyes antes de marchar al frente: «Si yo fuera hombre, le dijo la reina, con gran gusto te acompañaría a África. Y yo también, contestó el rey[17]».

En todo caso, los tropiezos de Palacio a la hora de gestionar aquella nueva popularidad fueron varios y demuestran la lejanía efectiva que existía entre la Casa Real y aquel pueblo de Madrid que identificaba la lucha contra el sultán de Marruecos con la lucha por la libertad. Uno de los corresponsales de Egaña y de Riánsares cuenta con humor cómo el apego cerril a la etiqueta (junto con el temor al «leal pueblo español») desbarató uno de esos baños de multitudes que tanto gustaban a la reina y que tanto necesitaba:

Si el día 7, cuando se recibió la noticia de la ocupación de Tetuán sale la Reina a la calle, logra una completa ovación: no salió hasta el 8 a Atocha y la ensució: no hubo más que vivas de la claque de Vega Armijo, pagada desde el día anterior —a peseta por granuja— para dar vivas a O’Donnell y mueras a Cristina, la liga y Narváez y el nuncio. Y aquí contaré porque no salió la Reina el 7. Estaba toda la gente de la Unión en Palacio en donde se improvisó una recepción: el pueblo gritaba en la plaza de la Armería y la Reina salió con su familia al balcón grande y fue muy aplaudida: el pueblo: «que salga a la calle, que salga», y la reina quiso salir, y quería Calderón Collantes y Vega Armijo y Corral que saliese a pesar del tiroteo que andaba por Madrid; pero el Rey, que fue consultado con una mirada por su real consorte, dijo: ¿Estamos o no estamos de gala? Estamos, le contestaron. Pues entonces no podemos salir sino en público y no están dispuestos los trenes. Calderón Collantes: Sin embargo, en días como estos VV. MM. […] El Rey: Nada, nada. La etiqueta es la etiqueta (los tiros debió decir[18]).

La toma de Tetúan fue el momento cumbre de una guerra que O’Donnell dirigió personalmente, pero en la que brilló con luz (quizás demasiado propia para el gusto de don Leopoldo) Juan Prim. Sobre sus progresos en la opinión pública se hacían eco continuado los informantes de María Cristina y de Riánsares. En París se especulaba con la posibilidad de que un exceso de popularidad del general catalán molestase a O’Donnell y acabase por fin con una unidad de miras que, a su juicio, mantenía bloqueado cualquier cambio político.

Y a propósito de Prim, esta figura se sigue levantando como la espuma y es hoy la esperanza de todos los revolucionarios de España […] mejor jefe no puede tomar el partido exaltado: valiente, audaz, con un gran prestigio militar en África, ambicioso, con una gran necesidad de dinero para sufragar sus cuantiosos gastos (Prim es el hombre más gastador de Europa) es el hombre más a propósito para toda clase de políticas aventureras y revolucionarias. En Madrid se le prepara una ovación que oscurezca la de O’Donnell y que deje en manifestaciones populares muy atrás a la de Espartero en 1840.

Mientras, Salustiano de Olózaga, «que ve que se le escapa de las manos la jefatura de los puros para pasar a las de Prim» se hizo notar publicando en el almanaque de La Iberia un artículo sobre efemérides presentes y pasadas en el que deslizaba varios ataques a la dinastía reinante, lo que «se ha interpretado como un reto personal de D. Salustiano a Palacio» y era un claro aviso de que la tregua progresista al Gobierno duraría lo que durase la guerra o quizás menos[19].

Los errores tácticos, el creciente número de bajas españolas, que llegó a los 4000 muertos, las penurias de unas tropas mal equipadas y diezmadas por las enfermedades, fueron ocultados a la población. Posada Herrera, contra lo que había prometido en las Cortes, sometió a la prensa a una durísima censura hasta el punto de imponer, a partir del 12 de noviembre, los partes oficiales del ministerio como única fuente de información. A España sólo llegaban las grandes hazañas y los grandes logros: la victoria del valle de Castillejos, que valió a Prim el marquesado y consolidó enormemente su fortuna política; la caída de Tetuán entre el 5 y el 6 de febrero; o la batalla de Wad-Ras, el 23 de marzo, que abrió a las tropas españolas el camino hacia Tánger y forzó al sultán a pedir la paz.

Fue precisamente la alternativa de continuar la guerra hasta llegar a Tánger y las condiciones para la negociación de la paz lo que desató las fricciones y los conflictos que la aparente unanimidad patriótica había escondido. Dentro del Gobierno, Posada Herrera era netamente partidario de continuar la campaña y asegurarse, contra lo pactado con las potencias occidentales, compensaciones territoriales sustantivas. Varios de sus colegas, entre ellos el responsable de la política exterior, Calderón Collantes, escribieron alarmados a O’Donnell y confiaron a los embajadores británico y francés que temían que el muy ambicioso ministro de Gobernación, al igual que había hecho cuando formaba parte del gabinete Istúriz, utilizase de nuevo su apoyo público a una medida popular para derribar al actual gobierno[20].

La postura de Posada Herrera era apoyada por la reina, que hacía alarde de su espíritu más belicoso y enviaba emisarios a O’Donnell exigiéndole que continuase la campaña hasta, al menos, la ocupación de Tánger y prohibiéndole que, en ningún momento, negociase la evacuación de Tetuán. Su distanciamiento previo con don Leopoldo, en el cual había tenido mucho que ver el compromiso personal de Isabel II a favor del Papa en la contienda italiana, se habría trocado en entusiasmo por su general favorito:

Antes de la borrachera que ha producido la batalla del 4 y la toma de Tetuán, la reina se hallaba dispuesta a cualquier cosa, a correr cualquier eventualidad, a jugar su Corona, según dijo, por la causa del Papa: pues bien, en aquellos momentos no dudo que se le pasase por las mientes un ministerio monárquico-católico, a pesar de los O’Donnelles y los Primes […] pero hoy que se llama señora de Tetuán y que ve pasar por delante de sus balcones las tropas de los moros y que la prometen Tánger y bombardear Rabat y Mogador; hoy su Dios es O’Donnell; hoy no apura tanto la cuestión romana; hoy hablar de cambio de situación es hablar disparates: O’Donnell, siempre O’Donnell, a pesar de la terrible cólera de Prim. Sin embargo de todo, hoy ha hecho la barbaridad de irse a Aranjuez a ver a Sor Patrocinio, lo cual ha sentado muy mal a la patriotería y fue causa de pasquines ayer[21].

Para los moderados, sin duda, la continuación de la guerra era un triunfo para esa «patriotería» radical de la que ellos no extraían ningún rédito político. Don Francisco de Asís era muy consciente de eso y, desde muy pronto, se convirtió en un firme defensor de la firma rápida de la paz. Según la correspondencia de Riánsares, hizo todo lo posible por «aguarle el humor a la Reina» asegurándole que, según sus noticias, «aquello es un corral de vacas» y atemorizándola con los rumores sobre una posible dictadura de Juan Prim, «de la que se habla públicamente en todas partes […] Palacio teme, los revolucionarios esperan y crean atmósfera, y nosotros… que ruede la bola[22]».

Sor Patrocinio, sin embargo, opinaba de otra manera y el propio Pedro Egaña escribió alarmado al duque de Riánsares que las presiones para lograr una firma rápida de la paz antes de que O’Donnell lograse consolidarse aún más en Palacio estaban resultando infructuosas: «La Reina está contra el abandono de la conquista preciosa que hemos hecho, sin duda por no sé que visiones que ha tenido la Monja. Sus mayores enemigos no podrían haberla inspirado peor consejo porque la guerra sólo sirve para encender pasiones peligrosas y llenar de esperanzas a los partidos extremos, los cuales se mueven como no puede menos de saber desde ahí, y como sabe todo el mundo, menos por desgracia el gobierno». Unos días después, escribía desalentado: «Si de esta lucha no cae O’Donnell, vive ocho años», como había prometido al iniciar su mandato y como los moderados trataban por todos los medios de evitar[23].

En aquella batalla sorda, que corría paralela al esfuerzo bélico y diplomático, Pedro Egaña y el grupo moderado adicto a la reina madre y a Riánsares observaban la situación y se reservaban para un futuro mejor: «si tubiese algún moderado la mala tentación de aceptar el mando antes de que la cuestión de África esté resuelta, no le arriendo la ganancia ni al imprudente que lo hiciera ni a los demás del partido. En cuanto a los neocatólicos no hablo de ellos porque serían recibidos a carcajadas. A los moderados prudentes no les queda que hacer sino esperar tranquilamente que pase el vértigo que reina dentro y fuera de Palacio y, sobre todo, de las pasiones que para daño de todos alimentan con la guerra[24]».

Finalmente, las presiones diplomáticas de Francia y de Inglaterra, combinadas con las pésimas condiciones en que se encontraba el ejército, obligaron a poner punto final a las operaciones militares en Marruecos. Antes, sin embargo, Enrique O’Donnell tuvo que viajar a Madrid «con la dimisión condicional de su hermano si no se admite el tratado preliminar de paz». Eran los generales que estaban en África, y veían la debilidad del ejército español, los que abogaban por aquella solución[25].

El propio Prim escribió a sus amigos políticos advirtiéndoles de que quienes opinaban a favor de la continuación de la guerra «son unos ignorantes o discuten de mala fe […] La misión de honra que trajo el Ejército, ¿no está abundantemente cumplida? […] ¿necesitamos para nada estos valles y estos montes? ¿No los tenemos en España incultos por falta de brazos? ¿Cuánta gente se necesitaría para guardar estos valles y estos montes de la ferocidad africana? […] Y Tetuán ¿qué vale, qué significa en su presente y porvenir? Nada más que un villorrio sucio e indecente, ahora, después y luego[26]».

Aquellas opiniones no cayeron muy bien entre los progresistas puros y Calvo Asensio escribió a Prim «pidiéndole explicaciones sobre los propósitos pacíficos que se le atribuían. Don Juan le contestó que como militar batallaría siempre pero que, por lo demás, le invitaba a pasar 4 o 5 días en el campamento para que se formase un juicio por sí mismo[27]». El embajador francés, por su parte, invitaba a O’Donnell a regresar cuanto antes a Madrid, porque la combinación explosiva de las opiniones de la reina con las maniobras de todas las oposiciones estaba creando un clima propicio para un golpe de timón político de consecuencias imprevisibles. Don Leopoldo, mientras tanto, negociaba en secreto la mediación de Inglaterra, «que su posición política le impedía hacer oficial […] para que pueda poner término de forma honorable para él a sus diferencias con Marruecos[28]».

Tras casi un mes de armisticio y de dudas, la paz se firmó en Tetuán el 26 de abril, completada por diversos tratados posteriores. España amplió el territorio de Ceuta y Melilla, recibió la pequeña área costera de Ifni para establecer una pesquería, se aseguró un acuerdo ventajoso de comercio y se acordó una indemnización de guerra de 400 000 reales, hasta cuyo pago Tetuán quedaba en poder español. En septiembre de 1860, cuando el embajador marroquí y hermano del sultán de Marruecos fue a Madrid para satisfacer parte de lo debido, la capital vivió su primer y último gran momento imperial. La población pudo ver de cerca «la pompa bárbara» de la embajada marroquí y los invitados a la recepción real pudieron observar con qué soberbia la reina Isabel, reclinada indolentemente en su trono, recibía con desdén indisimulado las reverencias del hermano de Muley Abbas. Al menos así la representa un célebre cuadro de la época[29].

La paz, sin embargo, fue percibida como una «paz chica» para una guerra grande. La oposición se encargó de propagar el sentimiento de frustración. Sin embargo, los estudiosos actuales han revisado aquella supuesta «derrota en la paz» y señalan que la guerra de 1859 fue la primera y quizás la única tentativa colonial exitosa de la España de la época, si se entiende ese éxito en sus propios términos, que no eran, desde los acuerdos previos con Francia e Inglaterra, los de una anexión territorial efectiva y permanente. En esos términos había anunciado la intervención O’Donnell en la sesión de Cortes del 22 de octubre y el acuerdo de paz no hizo sino respetar lo dicho pública y privadamente. Otra cosa es que el resultado de la guerra de África supiese a poco tras los excesos de la retórica patriótica más intensa y amplia de todo el siglo y, menos aún, al saberse los enormes costes humanos y financieros de la guerra[30].

El descontento fue azuzado por los propios moderados, que se habían opuesto a la continuación de la guerra y que ahora se oponían también a las condiciones de la paz para debilitar al Gobierno. Riánsares recibió noticia cumplida de las diversas maniobras al respecto: «La liga va a hacer la oposición por cuenta de puros y demócratas, transcribiendo los artículos que se escriban contra el tratado; y eso para oscurecernos y no llamar la atención, no sea que viendo los revolucionarios en peligro a esta gente se revuelvan contra los moderados por temor a que suban al poder[31]».

Noticias contradictorias, respecto a la insatisfacción de la reina con el resultado de la guerra y la posibilidad de un cambio de gobierno, volvieron a circular inmediatamente por el enrarecido ambiente de una capital adicta al rumor y a la intriga política. Sin embargo, el peligro para O’Donnell parecía haber pasado. La entrada de las tropas en Madrid, en mayo de 1860, fue la ocasión para un nuevo estallido de entusiasmo popular y para alguna escaramuza más entre los diversos «patriotas» y sus generales favoritos.

Consciente de que no podía competir en ese terreno, O’Donnell huyó de la popularidad y de los discursos mientras Prim saboreaba la suya dirigiendo inflamadas arengas a la población y a las tropas durante el recorrido del desfile, en la Puerta del Sol, delante del Casino, «donde tenía a toda su claque» y en el Prado. «El gobierno ha conseguido que no hubiese ni un solo grito de Viva la Reina Constitucional» (esto último es lo que había que evitar), y cuando alguien gritó un «Viva a la libertad» delante del general O’Donnell, éste «en pago le echó el caballo encima junto al arco de la Armería […] Fue pues una fiesta eminentemente monárquica y la reina no puede tener queja de su ministro que, hoy por hoy, gobierna todo lo absolutamente necesario para dar gusto a la Regeneración[32]».

La autoridad que O’Donnell adquirió sobre la reina (y sobre el rey) con la victoria marroquí se incrementó sustancialmente a raíz del fracaso de un extraño pronunciamiento carlista que trató de utilizar en su favor el ambiente de desconcierto de las intensas semanas del final de la guerra y de las negociaciones de la paz. Como muy bien explicó uno de los implicados en la trama carlista que desembocó en el levantamiento de San Carlos de la Rápita el 1 de abril de 1860, ésta era un eslabón más de la ya larga serie de conspiraciones que habían jalonado las décadas posteriores a la guerra civil. Muy particularmente, por sus ramificaciones en la propia familia real y entre ciertos sectores ultra moderados, era una prolongación de la fallida tentativa de 1855 de la que hablamos en su momento y de las negociaciones en torno a una posible «reconciliación» de la familia real que se habían llevado a cabo secretamente tras la reacción de 1856.

La llegada al poder de la Unión Liberal supuso un cambio de escenario importante, y la estrategia carlista fue derivando hacia un golpe de fuerza para el que era necesaria una reorganización interna sustancial. A esos efectos, se formó una autotitulada Comisión Regia Suprema, presidida por el conde Clonard que, según Antonio Pirala, se convirtió en una especie de «Estado dentro de otro Estado» con ramificaciones extensas y profundas en el ejército, en la iglesia, entre la nobleza, en la administración del Estado, en diversas fracciones del Partido Moderado e, incluso, en el Palacio Real y en varios ministerios, principalmente los de Guerra y Gracia y Justicia[33].

Desde enero de 1860, en plena guerra de Marruecos, los informes policiales españoles y franceses abundan en noticias sobre la creciente actividad del carlismo y la creación de comisiones regias en cada provincia hasta formar una organización que, a juicio de la policía francesa, había llegado «a ser tan poderosa como para inspirar a los hijos de Don Carlos la esperanza de levantar a toda España con posibilidades de éxito[34]». De aquella trama y sus objetivos estuvieron enterados, e incluso implicados, políticos y generales moderados, en especial los neocatólicos, los llamados «polacos» y hombres muy cercanos, por ejemplo, a Bravo Murillo. El marqués de Salamanca, tras haber sufrido personalmente y en sus bienes los efectos de la revolución de 1854, hacía ya tiempo que había entrado en contacto con el carlismo y, ahora, se convirtió en uno de sus más firmes valedores políticos y financieros.

Entre la documentación manejada por Pirala se encuentran varias referencias a sus tratos con los agentes de la conspiración y en la Real Academia de la Historia existe una nota de agradecimiento del propio don Carlos por su contribución a la causa por valor de 250 000 reales. Junto a él, miembros destacados de la alta nobleza contribuyeron al movimiento montemolinista con cantidades infinitamente superiores a las que, más o menos forzadamente, se vieron obligados a ofrecer en el contexto de la exaltación patriótica que rodeó la guerra con Marruecos. Es de notar, en este sentido, que el manifiesto de La Rápita incluía una alusión explícita al papel social y político de la nobleza, lo que permitía enlazar el renovado discurso carlista con los viejos proyectos de Bravo Murillo, con la reforma constitucional de 1857 y su propuesta de recuperación de los vínculos para la nobleza senatorial[35].

En este sentido, la importancia de aquella conspiración y las oscuras ramificaciones que llegaban hasta el rey y el entorno clerical de Palacio no deben minimizarse. Demuestran hasta qué punto estaba viva en la política española, y al más alto nivel, la resistencia a cualquier avance en la consolidación de un régimen liberal mínimamente efectivo. La identificación entre lo que representaba la Unión Liberal y la liquidación de la «auténtica monarquía» y de la religión era un lugar común entre el clero y los neocatólicos, que encontraba eco en la frustración de amplios sectores del moderantismo. Aquellos círculos hicieron algo más que coquetear con un carlismo que, al menos en sus manifestaciones públicas, trataba de renovarse al ofrecer (como hizo Montemolín) un proyecto de «gobierno representativo» ajeno a la corrupción que se achacaba al liberalismo, acorde con las «antiguas libertades» de España, capaz de reformar la administración y descentralizarla, y capaz también de tranquilizar a las potencias amigas al asegurar, por ejemplo, el reconocimiento de la deuda y la voluntad de don Carlos de «no reinar como monarca absoluto». Sobre esa base, se buscaba establecer una alianza estratégica con el moderantismo frente a «la dictadura» que ejercía la Unión Liberal sobre el país y sobre la propia reina[36].

Sin embargo, los lazos anudados en torno a aquella gran conjura eran mucho más precarios de lo que don Carlos creía. Sobre esa debilidad le advirtió repetidamente el viejo jefe carlista, Ramón Cabrera, desde su exilio en Londres. Tanto él como don Juan, hermano de Montemolín y supuestamente el miembro más liberal de la familia, se negaron a participar en el levantamiento que se preparaba advirtiendo de que, según se acercaban las fechas previstas, las plazas que debían levantarse no estaban seguras, «nada se dice ya de los generales moderados que parecían querer secundar […] es cierto como lo es el no haber tenido yo contestación de D. José Salamanca a la carta que le dirigí por Morales hace cerca de un mes, en esta hipótesis creo que los elementos, en vez de aumentar, disminuyen cada día a medida que se van haciendo más necesarios[37]».

A pesar de todo, la conspiración siguió adelante. El marqués de Miraflores consideraba que hubo algo absolutamente extraño en el momento y en la forma en que, a finales de marzo, don Carlos y su hermano Fernando tomaron la decisión de embarcarse desde Marsella hacia las Baleares para reunirse allí con su capitán general, el antiguo progresista Jaime Ortega, que se les había ofrecido repetidamente como iniciador del alzamiento. También fue extraña la decisión de dirigirse a San Carlos de la Rápita (Tarragona) —una vez que se supo que la conspiración había sido descubierta en el destino inicial de Valencia— con una flotilla repleta de soldados de reemplazo y de oficiales que nada sabían de lo que sus jefes se proponían. En San Carlos de la Rápita se pronunció Ortega el 1 de abril de 1860 y la intentona fue abortada al día siguiente, cuando las tropas se opusieron a secundar el alzamiento obligando al capitán general, a sus ayudantes y a los infantes a huir y esconderse. Los intentos de sublevación en Palencia, Burgos y algunos lugares de las provincias vascas fueron también rápidamente sofocados. Para Miraflores, toda aquella aventura, mal preparada y mal ejecutada, «parece producto de insensatos o menguados» a menos, dice, que se aclaren «las verdades recónditas […] los motivos que produjeron esperanzas o ilusiones en Montemolín, en Ortega y sus parciales[38]».

La sensación de que había mucho que ocultar y de que las conexiones de aquella trama afectaban a demasiadas personalidades destacadas de todo el arco político (excepto, según Pirala, los progresistas) se extendió por todo el país ante el precipitado e irregular juicio, el «asesinato jurídico», que acabó con la vida de Ortega el 18 de abril. «Con su muerte respiraron algunos miserables que osaron temer fuese delator». El embajador inglés escribió a su ministerio un amplio informe en el que afirmaba que el «gobierno estaba al tanto de los nombres de numerosas personas en los más altos niveles de la sociedad y de la política» implicadas en la conspiración, las cuales tan sólo se habían inhibido ante la «oportuna conclusión de la paz con Marruecos» que les había «robado la ocasión». No faltaban, a su juicio, opiniones fundadas respecto a «que el Rey no era enteramente opuesto al movimiento» y que en él habían estado implicados, al menos inicialmente, miembros destacados del «partido polaco, o sea, los apoyos políticos del conde de San Luis». El marqués de Salamanca, personalmente, le había confiado unos días antes del desembarco de Ortega que Madrid estaba amenazado de una seria insurrección y que él, por lo tanto, «se marchaba a París, enviaba su plata al Banco y su familia al campo[39]».

Las consecuencias para todas las personas más o menos implicadas fueron, sin embargo, prácticamente nulas. Las molestias de un viaje apresurado, como mucho. Los infantes fueron detenidos y arrestados, y don Carlos y su hermano renunciaron a los derechos dinásticos el 23 de abril en Tortosa. Ambos escribieron a la reina rogándole que les permitiese «ir libres al extranjero a vivir tranquilos y retirados en el hogar doméstico». Aquel deseo les fue concedido y aún más. El día 1 de mayo, recién llegado O’Donnell de África, se acordó dar carpetazo a todo el asunto. En un Consejo de Ministros presidido por Isabel II en Aranjuez, se decidió una amnistía general y completa para todos los implicados, no sólo en aquella trama, sino en todos los delitos políticos cometidos desde octubre de 1856.

La decisión del Gobierno de apoyar el deseo de la reina de «seguir los impulsos de [su] corazón y conceder una amnistía a todos los reos y procesados por delitos políticos desde 1856» fue incluida en un párrafo del discurso de la Corona al reabrirse las Cortes el 25 de mayo. Inmediatamente, Olózaga suscitó una agria discusión al respecto en la que sostuvo que, para un acto de tal naturaleza, no era bastante la voluntad de la reina o del Gobierno y que se requería la aquiescencia del legislativo. Al reabrir el sempiterno debate sobre las prerrogativas de la Corona, Olózaga aprovechó la ocasión para tantear al Gobierno sobre la necesaria reposición del Acta adicional a la Constitución de 1845 —promulgada en el breve primer gobierno de O’Donnell— la cual, precisamente, establecía la necesidad de que el monarca fuese autorizado por una ley especial votada en Cortes para conceder indultos o amnistías generales.

Junto a ello, y utilizando hábilmente diversos ejemplos históricos, el líder progresista sugirió de forma insistente que la trama tenía fuertes ramificaciones en las altas magistraturas del Estado que iban a quedar, una vez más, impunes tras llevar años alarmando a la opinión pública liberal con secretas negociaciones para la llamada «fusión» de la familia real. Algo que no podía conducir más que a la tumba del régimen representativo y lograría por la fuerza o mediante acuerdos que escapaban al control de los ciudadanos lo que no habían logrado durante la guerra civil. A su juicio, no se podía extender un manto de silencio sobre aquellos sucesos que demostraban «el porvenir tristísimo que aguarda a España si no se remueven ciertos obstáculos que se le ponen en el camino del progreso», entre ellos ciertos «confesores regios y ciertas personas sentenciadas por las leyes por supercherías y falsos milagros», en una clara alusión a sor Patrocinio y al entorno clerical que rodeaba a los reyes. «¿Se puede dudar, señores, que los mismos medios, las mismas clases, y muchas veces las mismas personas que han favorecido aquella causa [la de la fusión de la familia real], son las que la favorecen actualmente, son las que tienden a hacer que se desconozca la legitimidad por la legitimidad misma? ¿Es un misterio para nadie que al desembarcar las tropas seducidas en San Carlos de la Rápita, se esperaba y se preguntaban todos si había llegado ya la noticia de la abdicación de la Reina? ¿No es ésta la base principal de aquel proyecto?». Su defensa de la igualdad ante la ley de todos los españoles, sus patéticas alusiones a los «asesinatos jurídicos» que habían sufrido Ortega y otros agentes menores de la trama, mientras los infantes salían indemnes de España y los «altos implicados» quedaban ocultos y a salvo para siempre, fueron estériles.

O’Donnell contestó con displicencia que las referencias al Acta adicional estaban fuera de lugar y que sus veladas acusaciones estaban únicamente fundadas en «hablillas de café». Para don Leopoldo, aquella conspiración no era más que una de las muchas que se sucedían todos los días, todos los meses, en un país en que ese «estado permanente de conspiración ha existido, existe y existirá por lo menos durante la generación presente». La intentona de San Carlos de la Rápita no tenía más importancia. Se había castigado a su principal ejecutor y se había decidido, después, cuando el fracaso del levantamiento había demostrado la debilidad de la conjura, aplicar la clemencia y la generosidad. Los peligros que veían los progresistas eran exageraciones interesadas. «¿A qué quiere el señor Olózaga presentarnos un cuadro opaco en que a poco más nos vemos quemados por la Inquisición?». Los «logros racionales de la revolución» estaban definitivamente asentados y los príncipes proscritos no habrían de volver jamás a España. El asunto estaba concluido[40].

La debacle carlista posterior a La Rápita pareció dar la razón a la tranquila condescendencia con que O’Donnell, al menos aparentemente, había manejado todo el asunto. Desde Londres, y tras las renuncias de Tortosa, el infante don Juan decidió reclamar sus derechos de sucesión rechazando el recurso a la acción armada y asegurando, en un manifiesto dirigido significativamente a las Cortes, que defendería su candidatura porque estaba seguro de que bajo el trono legítimo «el país prosperará y marchará de acuerdo con los progresos y la ilustración del siglo». Unos días después escribía a la reina urgiéndola a abdicar en él:

Veintisiete años hace que reinas y puedes haberte convencido por tu propia experiencia que la mano de Dios no te ayuda. Yo sé y el país igualmente sabe que tu corazón es bueno […] pero en vano te esfuerzas; no puedes luchar contra la Providencia, que nunca consiente que las malas causas prosperen. Durante tu reinado la nación vive en una revolución raquítica y constante, sin que el pueblo haya ganado nada, ni el país haya adelantado; las revoluciones han servido sólo para enriquecer a unos cuantos y esquilmar a la nación. Convéncete, querida prima, que Dios no te ha escogido para hacer la felicidad de España; y ya que la Divina Providencia te ha negado ser una gran Reina […] no aguardes a que el huracán de las malas pasiones te saque de él [del trono], haciendo rodar por el suelo tu cabeza[41].

El 15 de junio, Montemolín y su hermano Fernando se retractaron de las renuncias de Tortosa y las declararon nulas por haber sido hechas bajo coacción. La prensa gubernamental no dejó pasar la ocasión para ridiculizar un movimiento que era, a su juicio, un cadáver político. Cuando en enero de 1861 murieron sucesivamente el infante Fernando y los condes de Montemolín, al parecer contagiados de la misma enfermedad, tanto la Corte como el Gobierno aparentaron la mayor de las indiferencias.

Una indiferencia tanto más dulce y posible cuanto que podía ejercerse a distancia, mientras entre las filas carlistas reinaba la confusión entre los partidarios de don Juan y los de la segunda mujer de Carlos María Isidro (la princesa de Beira), quien tomó las riendas del sector más ultramontano que negaba la legitimidad a la candidatura de su sobrino e hijastro. Finalmente don Juan —«a quien la España Católica, a juicio de La Esperanza, le miraba como demente»— optó por renunciar a sus pretensiones, pero lo hizo reconociendo como reina legítima a Isabel II. El fiasco a que había conducido la intentona de la Rápita no podía ser mayor. De hecho, implicó una profunda reordenación del movimiento carlista que logró a duras penas cerrar filas en torno al hijo de don Juan, Carlos VII para sus seguidores. En un manifiesto publicado en septiembre de 1864, la princesa de Beira, quien tuteló todo el proceso, reiteró los principios doctrinales tradicionales del carlismo, la condena al liberalismo y la defensa a ultranza del sentido confesional del Estado, el origen divino del poder de los reyes y la legitimidad dinástica. Bajo esos supuestos, y una vez aislado don Juan, que regresó a Madrid en 1863 y acabó siendo bien recibido en Palacio en 1865, el movimiento carlista encaró los años finales del reinado de Isabel II esperando una nueva oportunidad.

A mediados de 1860, en cualquier caso, la guerra de África y el descalabro carlista de La Rápita afianzaron la posición política de O’Donnell de una forma que, teniendo en cuenta los insistentes amagos en su contra de la camarilla gubernamental, resultó providencial. Por primera vez en su reinado, la reina parecía ser capaz de pactos y compromisos basados en intereses compartidos con aquel sector del liberalismo que, en torno a la Unión Liberal, garantizaba la defensa del trono. De hecho, todo parecía conjugarse para acreditar el pragmatismo unionista como la política más adecuada para lograr neutralizar las tendencias reaccionarias de la Corona y, al mismo tiempo, asegurar como prioridad el progreso económico, «el bienestar de los gobernados, el bien general del país y el fomento de los intereses materiales». Según Nelson Durán, aquel «conservadurismo progresista» le parecía a muchos liberales, propietarios y hombres de negocios de diversos tipos, el medio más adecuado para defender sus intereses y garantizar la evolución gradual y pacífica de las instituciones isabelinas en un sentido acorde con lo que venía sucediendo en otros países de su entorno[42].

Sin duda, es cierto que la Unión Liberal fue —como ya se advirtió repetidamente en su época— un partido de notabilidades con pocas adhesiones populares, «una agrupación de hombres más o menos importantes […] sin séquito en las masas del pueblo[43]». Sin embargo, los escasos estudios actuales sobre el peso social de la Unión insisten en que su propuesta tuvo un éxito indudable entre los sectores más modernos de la oligarquía isabelina y de unas clases medias que miraban con recelo el aventurerismo político, no sólo del progresismo, sino de los sectores más reaccionarios del moderantismo y, por supuesto, del carlismo. Como ya señaló en su momento Vicens Vives, la alta y mediana burguesía de una de las zonas más dinámicas y avanzadas de España, Cataluña, se convirtió muy pronto en uno de los puntales sociales y políticos del unionismo, al menos hasta que los efectos de la crisis algodonera iniciada en 1862 y el debate sobre el librecambio o el proteccionismo hicieron tambalear, aunque no desaparecer completamente, ese apoyo[44].

En torno al Diario de Barcelona, intelectuales, políticos y hombres de negocios como Duran i Bas o Joan Mañé i Flaquer trataron de convertir en bandera política de la burguesía catalana, y de su propia Renaixença cultural, la Unión Liberal[45]. Ese apoyo podía advertirse también entre sectores amplios de la burguesía valenciana o andaluza y era, asimismo y decisivamente, muy amplio entre destacados mandos del ejército, —Serrano, Prim, Ros de Olano, Dulce, etcétera— ,al igual que entre la oficialidad más joven. O’Donnell cultivó especialmente estos últimos apoyos, mediante el refuerzo de las inversiones, la reorganización de la institución (especialmente la Marina) y la mejora sustancial de las condiciones de vida y carrera de los militares. Junto a ellos, un sector no despreciable de las nuevas generaciones de profesionales liberales y miembros de la administración del Estado (que también experimentó un proceso de modernización desconocido hasta el momento) se volcaron hacia el unionismo en proporciones que aún desconocemos, pero que se adivinan importantes.

En todos estos aspectos, la labor del llamado Parlamento Largo fue decisiva. De entonces datan leyes como las de abril de 1859 y noviembre de 1860, que organizaron el ministerio y la carrera fiscal; de marzo de 1859, que creó el Cuerpo de Ingenieros de Montes y reorganizó el ministerio de Fomento; el desarrollo de la ley Moyano de educación a partir de mayo de 1859, que fijaba la moderna carrera profesoral de maestros, catedráticos de instituto y catedráticos de universidad; la ley del Notariado de mayo de 1862, que estableció las bases del notariado moderno; o la ley Hipotecaria de noviembre de 1861, que regulaba aspectos fundamentales en el ámbito de la economía de mercado y de los derechos propiedad, reorganizaba el Registro y articulaba la carrera de los registradores, etcétera. Junto a esas leyes, y como ya se ha señalado, la puesta en marcha de las medidas desamortizadoras del Bienio y de su legislación en materia de ferrocarriles, bancos de emisión y sociedades de crédito, junto con otras iniciativas, como la ley de Minas de 1859, rompió el molde moderado en política administrativa, social y económica que, hasta entonces, había encorsetado el desarrollo del capitalismo en España.

En general, la acción legislativa de la Unión Liberal sentó bases fundamentales para mejorar la acción del Estado liberal, reguló profesiones clásicas del siglo XIX, como la de los abogados o ingenieros y abrió canales de influencia y prestigio sociales que trascendían localmente, ya de forma definitiva, la tradicional de los propietarios terratenientes. Todas esas medidas, además, coadyuvaron sin duda a que España pudiese participar de la oleada de expansión económica que afectó a toda Europa occidental desde principios de la década de 1850. La insólita situación de superávit en las cuentas del Estado, favorecida por el éxito en el arreglo de la Deuda Pública y los ingresos procedentes de la desamortización, proporcionó una situación de desahogo financiero de la que no gozó ningún otro Gobierno del reinado isabelino[46].

La documentación de la época —cuando, como dijo años después un escéptico Clarín, España estuvo «en un tris de volverse tonta»— abunda en que la sensación de estabilidad y de prosperidad interior, junto con la ilusión de un renacido prestigio internacional, fueron características de los años centrales del Gobierno de la Unión Liberal. El bienestar y la percepción optimista del presente y del futuro, así como el inusitado refinamiento en los gustos, afectaron sobre todo a una nueva clase burguesa vinculada a los centros de poder político, en un momento en que la acción del Estado era determinante para los negocios. La política gubernamental de inversión en obras públicas, liberalización y organización del mercado de la propiedad, abrió oportunidades económicas y proporcionó un marco legal de seguridad para la inversión y explotación de los recursos del país, y para las inversiones extranjeras, que no se había conocido hasta entonces.

La importancia cuantitativa y cualitativa de la penetración de capitales y compañías extranjeras, básicamente francesas, estuvo muy ligada al desarrollo del sector bancario y financiero, así como a la construcción de la red ferroviaria, que quedó concluida en su trazado básico hacia 1865. Fueron notables en ese ámbito los estrechos lazos establecidos entre los inversores extranjeros —los Pereire o los Rothschild, como ejemplos más conocidos— y los capitalistas españoles, dentro de los cuales ocupó un lugar singular la red financiera ligada a María Cristina y Riánsares, con Salamanca, Remisa o Carriquiri entre sus nombres más destacados[47].

No todo fueron luces. Política y negocios —como en la Francia de Napoleón III— se entrecruzaron de forma insistente, pero compleja y, aun sin establecer relaciones mecánicas entre filiaciones políticas e intereses económicos, el clima de la época favorecía un nudo compacto de relaciones propicio a las irregularidades, cuando no a la corrupción y a la especulación. En este sentido, y ya en la época, se alzaron numerosas voces críticas que cuestionaban la atmósfera de estabilidad y prosperidad tildándola de ficticia y necesariamente pasajera.

Desde el punto de vista político, «la situación de O’Donnell se sostenía sobre una fuerza negativa, y esta fuerza era tanto más grande cuanto que la positiva de los partidos había quedado en casi completa invalidez[48]». La estabilidad gubernamental dependía, en buena medida, de la cohesión de un partido que, más allá de sus declaraciones retóricas, parecía buscar la desaparición de toda oposición a su derecha y a su izquierda. Los negocios al amparo del Estado fueron, en buena medida, un factor de cohesión importante. Esa cohesión y la neutralización de las oposiciones era, a su vez, la condición de su autoridad sobre la Corona. Bases quizás demasiado precarias en el medio y largo plazo.

Desde el punto de vista social y económico, muchos de aquellos grandes negocios se hacían bajo el manto de la corrupción y de la especulación consentidas por el Gobierno, y escondían la persistencia (agudizada incluso) de las desigualdades sociales. El desarrollo de la agricultura, aunque mantuvo un ritmo significativo, capaz de alimentar a una población creciente sin recurrir de forma masiva a las importaciones, siguió siendo muy precario en relación con la Europa más desarrollada e incapaz de mejorar sustancialmente el bajísimo nivel de vida de las poblaciones agrarias[49].

La conflictividad obrera en los núcleos industriales, aunque mucho menor que la que estalló durante el Bienio, demostraba tanto el dinamismo de la producción industrial como sus costes sociales y económicos para la gran mayoría de los trabajadores, cuyas expectativas de bienestar económico se vieron, a un tiempo, alimentadas y frustradas. En este sector, además, la desaceleración de la industria algodonera catalana fue perceptible ya desde 1861, tanto por problemas de oferta como por la debilidad de la demanda, una situación que agudizó la presión de la burguesía catalana a favor del proteccionismo y que explica, en parte, su creciente alejamiento de la Unión Liberal[50].

Todavía hoy se debate sobre las características y el alcance que tuvo en España la prosperidad de aquellos años, y no son pocos los historiadores que hacen suyas las críticas de la época a la especulación y la corrupción disfrazadas de dinamismo económico; a la demasiado estrecha y exclusiva relación entre sistema financiero y ferrocarril; a la importante dependencia del capital extranjero y a la incapacidad del Gobierno para sortear los obstáculos políticos que impedían una reforma fiscal que evitase a largo plazo el déficit público crónico. Fueron precisamente las dificultades del Estado para equilibrar los presupuestos lo que obligó al Gobierno, para impulsar su política de desarrollo, a ponerse en manos de los capitales extranjeros en condiciones que subordinaron en exceso el desarrollo español (y la política española) a la coyuntura y los intereses de los países más desarrollados de su entorno, especialmente la Francia del II Imperio. Una situación que, como se vería demasiado pronto y demasiado dramáticamente, lastró la política económica e incluso la política tout court de la Unión Liberal y le impidió encauzar de forma estable y sostenida la prosperidad de aquellos años que una sociedad básicamente agraria denominó, desde su horizonte cultural mayoritario, como una época de «vacas gordas[51]».

En cualquier caso, en ese arco temporal limitado existe cierto acuerdo entre los historiadores económicos respecto a que la coyuntura global del país fue favorable al desarrollo agrario, industrial y financiero, que alcanzó sus mayores cotas de expansión precisamente entre 1859 y 1863. El resultado fue un clima de euforia económica (más o menos justificado) que se hizo más evidente en las grandes ciudades, las cuales experimentaron, como le ocurrió a Madrid, Barcelona o Valencia, transformaciones sustanciales que sentaron las bases de su fisonomía moderna. En esas ciudades, en sus redes de sociabilidad políticas y de negocios, comenzó a escenificarse la fusión entre las élites burguesas y aristocráticas que empezaba a dar lugar a una nueva clase, reducida pero ruidosa, capaz de una ostentación de lujo moderno y (casi) cosmopolita que personajes tan curiosos como el marqués de Salamanca, con sus vaivenes políticos y de fortuna, llevaban al paroxismo y, también, a una evidente singularidad.

Sin duda la euforia fue relativamente breve, pero fue también algo más que un fuego fatuo o un espejismo. A pesar de sus debilidades estructurales, no hay duda de que, durante los años del Gobierno de la Unión Liberal, España encauzó su desarrolló económico dentro de la dinámica general de Europa occidental, y de que su ritmo de desarrollo fue probablemente el más intenso de todo el siglo. La Unión Liberal de O’Donnell parecía haber alcanzado sus primeros y fundamentales objetivos. Ahora era necesario seguir avanzando para consolidarlos.

CAPÍTULO 3

«LA MAGIA DE PALACIO» Y LOS PASOS

PERDIDOS DE LEOPOLDO O’DONNELL (1860-1862).

En junio de 1860, el representante británico en Madrid informó a Londres sobre la seguridad en sí mismo y en su política que transmitía, privada y públicamente, don Leopoldo: «Sus dificultades son menores que las de muchos de sus predecesores porque la Reina, aunque muy influida por el clero ultramontano, está mucho menos bajo el dictado de la “camarilla” y muy alarmada por los sucesos de Nápoles». Las noticias que llegaban de Italia, con el trono de Francisco II amenazado por las tropas de Garibaldi, mantenían en vilo a la Corte y hacían pasar a un segundo plano los intentos de desalojar a O’Donnell del poder. Finalmente, la caída del rey de las Dos Sicilias causó «una impresión tan viva en la Reina» que bastó para convencerla de que debía dejar de lado cualquier maniobra para desestabilizar al Gobierno. Decidida defensora de los derechos del Papa y, por supuesto, de la «monarquía legítima» de los Borbones sicilianos, Isabel II tenía la inteligencia necesaria para darse cuenta de que, en aquella Europa en la que «peligraban todos los tronos», el suyo dependía, al menos de momento, del apoyo sin fisuras que le brindaba una Unión Liberal compacta y poderosa[1].

Recuperada del parto de una nueva hija, la infanta Concepción, el Gobierno atendió sus deseos de seguir viajando y, a principios de otoño, inició un nuevo periplo por Alicante, Baleares, Barcelona y Zaragoza que, al menos desde el punto de vista oficial, fue un éxito. Cuando a su regreso a Madrid, el 16 de octubre de 1860, un joven de 16 años intentó disparar contra ella, la reina pudo ridiculizar la intentona como «una desdichada gota de tinta que cae en la página de caligrafía de un escolar cuando éste la ha terminado y está bien hecha[2]». Una frase cuya factura resulta improbable en labios de Isabel II, pero que, en todo caso, transmite bien la sensación de seguridad y bienestar en que la reina parecía instalada durante aquellos meses.

Aquella sensación de seguridad tan sólo se vio breve y ligeramente alterada por el atentado que sufrió O’Donnell el 6 de diciembre de 1860 a manos del excéntrico hijo de un maestro de escuela llamado Nieto. Se trataba de un viejo conocido de la policía que había intentado ya varias veces llamar la atención, tanto del Gobierno como de la reina. En 1852, unos días antes del atentado del cura Merino, envió información sobre el peligro que corría Isabel II y un tiempo después volvió a insistir, acusando a varios ministros de haber estado involucrados en aquel atentado. Su fijación con el poder y sus oscuras maniobras en torno a la reina no acabaron ahí y fueron haciéndose cada vez más molestas e inquietantes.

Nieto siguió a la Corte durante el viaje por Baleares y Cataluña y, según informó el embajador británico Buchanan, la propia Isabel II aseguró haberle reconocido varias veces entre la multitud. En aquel Madrid en el que la realeza y los demás habitantes de la capital estaban a un tiempo tan próximos y tan alejados, la reina volvió a verle vagabundeando por los patios de Palacio el mismo día en que, horas después, le llegó la noticia del atentado contra O’Donnell; «inmediatamente nombró al asesino tan convencida había estado en la mañana de que el tal Nieto estaba planeando algún proyecto criminal». El general escapó milagrosamente de los disparos que, al pasar delante del Senado, recibió en un hombro y que tan sólo le dejaron una herida superficial. El Gobierno restó importancia al incidente atribuyéndolo a un demente sin intencionalidad política. Buchanan, sin embargo, escribió que «todo Madrid se hace cruces de las serias consecuencias que habría podido producir la muerte de O’Donnell aunque no hubiese sido un crimen político[3]».

La reina se deshizo en parabienes y halagos al general y siguió demostrando que parecía empeñada en cumplir sin sobresaltos (al menos políticos) su papel de reina constitucional en todos los ámbitos. Prueba de ello fue su decisión, el mismo día en que el príncipe de Asturias cumplía los tres años, de escribir al ministro de Fomento e Instrucción Pública, el marqués de Cervera, pidiéndole oficialmente consejo sobre la educación de su heredero. El objetivo, pomposamente descrito, era que don Alfonso llegase a ser «digno de la grandeza a que aspira España, capaz de comprender y regir las grandiosas y complicadas circunstancias de su época: piadoso, valeroso, magnánimo, instruido en las cosas de la paz y de la guerra […] teniendo en cuenta, una vez más, las nuevas circunstancias y necesidades, la promesa de una nueva grandeza para España».

Aunque ni en esta carta ni en la prolija contestación del ministro se alude directamente a la educación política (constitucional) del príncipe, el mismo hecho de que los reyes aceptasen que su instrucción debía estar sujeta al consejo y la supervisión del Gobierno era un avance notable respecto a lo que había sucedido hasta el momento y, desde luego, a lo que había sido la propia educación de Isabel II. Cervera enfatizó (además de la inevitable referencia a la formación religiosa) los saberes prácticos que, junto a las primeras nociones de letras y de francés, habrían de incluir geometría, aritmética, historia, geografía, las artes y la industria. Su pretensión era lograr «el desarrollo simultáneo y progresivo de [sus] facultades físicas e intelectuales», de forma acorde con la necesidad de un monarca moderno de lograr «los conocimientos esenciales en todos [los estudios], como pertenece a su elevación y cultura, pero sin que pretenda ser perito especial en cada uno, le basta con no ignorarlos completamente […] para un príncipe es indispensable […] atender a muchos objetos: ha de adquirir en el menor tiempo la mayor ilustración posible y, sobre todo, sus estudios no han de perjudicar a sus dotes y cualidades activas y prácticas».

El objetivo fundamental era proporcionarle «la representación más general y comprensiva de toda la sociedad» que le permitiese hacerse cargo del estado y las necesidades del país. Acorde con su sexo, su vida debía ser activa y llena de «ejercicios varoniles», especialmente los relacionados con la formación militar que, al igual que sus estudios en las ciencias morales y políticas, habrían de estar fundados «tanto en los libros como en la práctica y la observación», porque «la educación del príncipe debe ser más real y positiva, y adecuada a su tiempo». Cervera era consciente de a qué tipo de familia dirigía sus observaciones y fue muy cauteloso en materia política. Tan sólo se permitió advertir contra una veneración excesiva por la «realidad pasada», porque «es mala maestra y aún más peligrosa si no se distinguen las circunstancias y los tiempos. Conviene su estudio pero al lado de la estadística moral y material de la realidad presente. Importa, sin duda, a los príncipes conocer el espíritu de las edades que pasaron pero más el de la época a que la Providencia los destina[4]».

No sabemos hasta qué punto se cumplieron los deseos del marqués de Cervera y hasta dónde alcanzó, en aquellos años, el plan de educación previsto para el futuro rey. En todo caso, y junto con la formación militar por la que siempre mostró predilección, la educación del hijo de Isabel II fue mucho mejor y más cuidada que la de su madre pero, como la de ella, fue también objeto de pugna política entre los sucesivos gobiernos, la Corte y los reyes. La elección del marqués de Alcañices como jefe del cuarto del príncipe de Asturias fue consensuada entre el gobierno O’Donnell y los reyes, así como la de su profesor de religión, el canónigo sevillano Cayetano Fernández. Conservadores, sin duda, ninguno de los dos representaba el sector más ultramontano del arco político del momento y, de hecho, fue una gran victoria para la camarilla clerical sustituir a Fernández, cuando el príncipe cumplió siete años, y lograr que el arzobispo de Burgos se encargase de su educación religiosa. Una educación esta última que, al decir de sus biógrafos, no hizo excesiva mella en él hasta el punto de que, en una anotación personal de cuando tenía poco más de veinte años, Alfonso XII se declaró no creyente.

Desde el punto de vista de sus otras instrucciones, prefirió siempre la militar a cualquier materia que requiriese esfuerzo intelectual. Su tutor a los trece años, el brigadier Tomás O’Ryan, consideraba que tenía buena voluntad, pero escasa afición al estudio. Aun así, y a diferencia de su madre (quien nunca consiguió más que chapurrear el francés), logró con el tiempo dominar no sólo este idioma, sino también el inglés y el alemán. Pero ésa es otra historia, la historia de una adolescencia vivida en un exilio que aún estaba por llegar[5].

Las razones por las que aquel exilio tuvo lugar son las que nos interesa analizar aquí sin que se conviertan, necesariamente, en un horizonte predeterminado. Poco hacía presagiar entonces, cuando el príncipe de Asturias tenía tres años, el «cataclismo» que no se cansaban de preconizar los sectores más reaccionarios de la Corte. Quizás sí lo había y se trataba precisamente de la perenne y tediosa reproducción de las intrigas palatinas en contra de aquella sensación de estabilidad liberal que, para la Corte clerical y reaccionaria, representaba su tumba política.

Frente a los consejos del Gobierno y de los círculos liberales, los curas y las monjas, el propio rey consorte y su entorno, murmuraban en los oídos de la reina que tan sólo había un medio de resistir «el torrente de la revolución» que recorría Europa. Una especie de vorágine que les aterrorizaba y que, en septiembre de aquel mismo año de 1860, había obligado a su primo, Francisco II de las Dos Sicilias, a abandonar Nápoles rumbo a su propio y definitivo exilio. El medio de salvar España era para ellos, como lo había sido siempre, la reacción. Ésta incluía la más firme negativa a reconocer al nuevo reino de Italia y el freno a cualquier tentativa unionista de avanzar en el camino de las reformas políticas que aún quedaban pendientes.

Fernando Garrido, escribiendo en 1868, no tuvo empacho en reconocer que, de haber podido desenvolver su programa, la Unión Liberal habría salvado a la monarquía: «¿Cómo negar que si desde 1859 hubiese [la reina] dejado carta blanca a la Unión Liberal para gobernar libremente y […] no sirviese de obstáculo a las reformas que la opinión pública demandaba, todavía estaría sentada Isabel en su trono y la revolución pacífica realizada a medias por el trono hubiera impedido la más completa llevada a cabo violentamente por el pueblo?»[6]. Viniendo de un republicano convencido, con ideas cercanas al socialismo de entonces, el halago al potencial de cambio de la Unión Liberal no es una opinión que pueda ser menospreciada. Sin embargo, tampoco se puede descartar o minimizar la responsabilidad de aquella formación política en la frustración de esa «revolución pacífica a medias» que habría podido salvar el trono de Isabel II.

La imagen de Leopoldo O’Donnell atropellando con su caballo al infortunado que se atrevió a gritar a su paso «Viva la Libertad» en lugar de «Viva la Reina» el día que regresaron las tropas de África es algo más que una anécdota. Mientras el pueblo liberal había identificado la lucha contra el sultán de Marruecos con una lucha contra el despotismo —lo cual incluía una fuerte carga política de crítica a los manejos de la reacción en España—, don Leopoldo parecía cada vez más embrujado por lo que el marqués de Miraflores denominó en una ocasión «la magia de Palacio». Aquel embrujo comenzaba a hacerle perder la perspectiva respecto al hecho de que lo que más convenía al país, e incluso a él mismo, no era necesariamente lo que convenía, o lo que deseaba, la reina.

Uno de los corresponsales del duque de Riánsares escribió que O’Donnell parecía dormido cual Sansón en los brazos de Dalila y el unionista catalán, Mariano Castillo, se expresó de forma similar: «Don Leopoldo está embriagado con la atmósfera de Palacio». La inquietud de los progresistas integrados en la Unión ante el creciente desvío de O’Donnell respecto a ellos y a sus demandas se hizo particularmente evidente en los meses posteriores a la guerra de África, cuando todo parecía conjugarse (la fortaleza de la Unión y su autoridad sobre la Corona) para ahondar en el camino de las reformas prometidas en materia de ley de imprenta, revisión constitucional, descentralización administrativa, etcétera. En cualquier caso, la coyuntura parecía propicia para avanzar en el camino de fusionar la legitimidad dinástica, anclada en el pasado, con el presente de una España gloriosa que, en la guerra con Marruecos, había demostrado su capacidad para vencer, material y simbólicamente, a un «otro» representado como encarnación del despotismo. Aquélla habría de ser, más allá de otras consideraciones, la fórmula del éxito de los nuevos Estados nacionales del siglo XIX: la Francia de Napoleón III, la Italia de los Saboya, la Alemania de Bismarck y de los Hohenzollern.

En España, sin embargo, las cosas habrían de complicarse muy pronto debido, en buena medida, a la aguda tensión estructural existente entre una Corona de tendencias netamente reaccionarias y un Gobierno que necesitaba, más que ninguna otra cosa, ganarse su confianza para estabilizarse en el poder. El margen de maniobra que esa situación dejaba para ampliar el arco político de consenso gubernamental era muy escaso. Esa situación explica, al menos en parte, que Leopoldo O’Donnell pareciese cada vez más proclive a dejarse acunar por los cantos de sirena que le llegaban desde ciertos sectores del Partido Moderado (el partido de la Corona), los cuales estaban cargados de una intención política que no podía menos que perjudicar la posición de los progresistas de la Unión Liberal.

Con ese objetivo, el líder periodístico de la «liga moderada», La España —dirigido por Pedro Egaña, un hombre muy cercano al círculo de María Cristina y Riánsares— inició una maniobra de acercamiento a la Unión. Según uno de los corresponsales de aquel periódico, se esperaba que aquella maniobra fuese bien «recibida en Palacio, entre los ultras y entre los hombres de bien, a la par que excitará la bilis de los revolucionarios, de la gente del Diario Español, de los resellados y sobre todo de los antidinásticos, partido nuevo que se ensancha cada día con los desertores de todos los demás […] O’Donnell quiere a todo trance apoyarse en el partido moderado y ha prometido a la Reina deshacerse de los resellados el día en que cuente con los conservadores: por eso creo yo que en Palacio se habrá visto con buenos ojos nuestro artículo de hoy[7]».

Unos meses más tarde, el embajador inglés abundaba en el significado político de aquel acercamiento: «He observado que durante el último mes La España, que es considerado el órgano de una gran sección del Partido Moderado, se ha ido convirtiendo gradualmente en menos hostil al gobierno, y no es difícil suponer que parece estarse fraguando un arreglo entre el general O’Donnell y las personas a quien representa ese periódico. Parece que se ha llegado al acuerdo de que le apoyarían bien como consecuencia de ciertas concesiones prometidas —de las cuales una sería el reciente nombramiento de Miraflores como representante en Roma— o por la convicción de su parte de que la estabilidad de la dinastía está amenazada por la hostilidad del Señor Olózaga y el señor González Bravo y que es necesario proteger al general O’Donnell como medio de proteger el trono de la Reina Isabel[8]».

Como se esperaba desde La España, la maniobra de acercamiento de su grupo al Gobierno comenzó a crear incertidumbre y disgusto entre los progresistas de la Unión Liberal. «Usted, yo y otros —le escribía Castillo a Modesto Lafuente— hemos puesto cuanto valíamos, y bien desinteresadamente, del lado de D. Leopoldo y la situación, pero ya hace unos días estoy muy intranquilo y con temores de que vamos a quedar en una posición comprometidísima y en completa anulación». Para aquel unionista catalán, procedente de las filas del progresismo, la reforma de la ley de imprenta de Nocedal o la reforma constitucional eran, en cierto sentido, cuestiones menores porque «si hay tolerancia con la prensa, prescindo de que la ley sea ésta o aquélla» y, en materia constitucional, «nada importan los derechos escritos si en la práctica son una mentira. Prefiero que se omitan muchas cosas si después son una verdad las garantías que tiene cada uno».

Había cuestiones más alarmantes, como el nuevo convenio con la Iglesia, con lo que significaba de rendición ante las exigencias eclesiásticas en el orden civil; o las medidas tomadas tras los sucesos de La Rápita, con lo que implicaban de trato preferente a los carlistas sublevados y a sus conexiones en la administración y entre el clero. «Cuando oigo confidencialmente explicarse al célebre arzobispo Costa y Borrás; cuando estoy enterado de lo que el Nuncio espera del gobierno y la Reina a favor de las cosas de Italia; cuando veo ahora el cuarto de conversión que ha dado La España y otros periódicos reaccionarios […] cuando noto el paulatino pero visible alejamiento de todos nuestros amigos […] creo amigo D. Modesto que nos quieren llevar a dónde decorosamente no podemos ir[9]».

En efecto, la autoridad de que se sentía investido O’Donnell tras la guerra de África parecía irse orientando en un sentido contrario al que los progresistas de la Unión pensaban que era necesario y posible. Siempre había existido, como se encargaron de informar a sus ministerios los embajadores británico y francés, una tentación autoritaria en el entorno de O’Donnell, especialmente presente entre las filas de los poderosos militares que le apoyaban. Así, Ros de Olano, por ejemplo, había confiado a ambos embajadores, en los mismos inicios de la trayectoria unionista, que el objetivo era lograr un régimen inspirado en los rasgos más autoritarios del II Imperio francés, capaz de desembarazarse de la presión parlamentaria en el caso de que las Cortes no se mostrasen suficientemente dóciles al Gobierno.

A su juicio, se producía por primera vez en España una coincidencia de miras entre el jefe de gabinete y la reina que era necesario aprovechar para dar un fuerte golpe de timón. «La reina hace alarde de una creciente independencia respecto de las intrigas de los que la rodean y un deseo de mostrar que Ella puede ser una gran soberana si vive lo suficiente». Para mejorar la administración del país y favorecer su progreso material, podía ser necesario prescindir de excesivas contemplaciones con las Cortes y «gobernar mediante una especie de Dictadura, con unas Cámaras que actúen prácticamente más como consejos que como un Parlamento independiente». Ése era, en su opinión, el modelo que tan buenos resultados estaba dando en la Francia de Napoleón III y su única condición era que «la Corte y sus ministros se entiendan», como allí ocurría. En Madrid no había, como en París, un hombre de temple y de visión política sentado en el trono, pero sí lo había al lado de él y la reina había cambiado: «La veo casi todos los días y parece transformada y resuelta a no ser ya juguete de nadie. Las pasiones de su juventud han pasado y tengo la convicción de que será una gran Reina, a quien España deberá el regreso de los buenos tiempos». Isabel II estaba de acuerdo con sus ministros en que el ciclo de revoluciones y reacciones debía cerrarse para siempre y, para eso, podía ser necesaria «una dictadura teñida de liberalismo» cuyo objetivo fuese «el bien y la prosperidad de todos[10]».

Aquella tentación autoritaria no se había desarrollado en su momento de la forma preconizada por Ros de Olano. Inicialmente, la presión más dura la sufrieron los que entonces eran los enemigos más peligrosos de la Unión: los moderados, cuya prensa había recibido sanciones continuas —especialmente El León Español, La España o El Parlamento. «También la prensa progresista— escribió entonces el embajador francés —es vigilada de cerca pero, a diferencia de los anteriores, periódicos muy críticos con el gobierno como Las Novedades, La Iberia o La Discusión no han tenido que hacer frente a la medida de ser recogidos antes de salir[11]». En sus difíciles momentos iniciales, O’Donnell había necesitado al progresismo, incluido el no integrado en la Unión, para fortalecer su autoridad sobre la reina. Además, pronto pudo comprobar que la heterogeneidad de la Cámara no impedía la existencia de una mayoría unionista compacta y aplastante. Ahora las cosas habían cambiado.

Desarbolados los moderados, los progresistas comenzaban a convertirse en una oposición agresiva y eficaz que era necesario controlar. A pesar de sus ofertas de consenso y de diálogo, la Unión Liberal parecía también ser incapaz de resistir la tentación de concebir la esfera política liberal como un ámbito de exclusión, en lugar de como una esfera de encuentro, pacto o alternancia entre, al menos, los llamados «liberalismos respetables». Para 1862, las multas que acumulaba La Iberia ascendían ya a 226 700 reales, mientras la prensa moderada veía aflojarse la presión inicialmente ejercida sobre ella[12]. Don Leopoldo recibía cada vez con mayor irritación las críticas progresistas respecto a la frustrante paz firmada con Marruecos o sobre las extrañas maniobras de ocultamiento posteriores a la intentona de La Rápita. No toleraba presiones para que aclarase la ambigua posición española en la cuestión de Italia o para que las leyes de reforma provincial y municipal presentadas en las Cortes cumpliesen las esperanzas de descentralización efectiva anunciadas al inicio de su mandato.

La campaña de prensa sobre la corrupción oficial (compras de grano rancio para las tropas, buques carcomidos, etcétera) no hizo sino agravar el distanciamiento del general respecto a los progresistas. La arena, además, se acumulaba en el engranaje parlamentario, que ya no era tan fluido como antes. El embajador Barrot informó de que «al principio de las sesiones, la minoría no conseguía reunir, incluso sobre las cuestiones más importantes, más allá de veintidós votos. Hoy ha conseguido en el plazo de unos días reunir sucesivamente las cifras de 44, 63 y 66[13]». Al despacho de O’Donnell y de su ministro de Gobernación llegaban rumores fundados del acercamiento entre los progresistas y alguna fracción moderada (como la de San Luis) para evitar que O’Donnell siguiese utilizando la táctica de dividir a las oposiciones en el Parlamento, enfrentándolas entre sí. En un despacho confidencial, Buchanan relataba conversaciones sostenidas con Olózaga y con San Luis, quienes, aunque negaban actuar unidos, confesaron que compartían el deseo de hacer caer a una Unión Liberal que amenazaba con «eternizarse en el poder y anular definitivamente a todos los partidos». Había llegado el momento de «actuar juntos contra la administración O’Donnell y colocar el Poder en las manos de Hombres de principios fijos, bien progresistas, bien moderados[14]».

En aquel escenario, el Gobierno tenía al menos dos opciones. La primera era la que intentaba forzar La España —un acercamiento a los moderados menos ultramontanos—, cuya oscura intención, sin embargo, era segarle la hierba bajo los pies en cuanto fuese posible, con el beneplácito de Palacio. Para ello contaban con la hostilidad del entorno de la reina hacia don Leopoldo y el propio carácter erráticamente despótico de Isabel II que, en varias ocasiones, demostró sentirse molesta por la presencia de un ministerio que parecía «tener vida propia» y que temía que se le escapase de las manos. Para evitarlo, todos los medios valían. Isabel II se irritaba con frecuencia ante cuestiones nimias —o no tan nimias, como la cuestión de Italia—, pero luego podía igualmente deshacerse en excusas «porque a veces hago y digo las cosas sin poderlo remediar[15]». Entonces don Leopoldo se ablandaba, le perdonaba los desaires y sufría en silencio aquellos arranques de genio y de desdén, efectivamente dormido como Sansón en brazos de Dalila.

Aquel inquieto sueño del que parecía no poder despertarse le impidió optar por la segunda —y probablemente la más inteligente— de las opciones a las que me refería antes. Es decir, la búsqueda de un nuevo acuerdo con los progresistas, avalado con medidas o gestos políticos capaces de renovar la tregua parcial y el relativo ambiente de confianza que se había logrado durante los primeros meses de gobierno de la Unión Liberal. Un acuerdo que podría haber favorecido, en la práctica, la tendencia (débil pero no menospreciable) hacia la independencia creciente del Gobierno respecto a la arbitrariedad real. Sin embargo, para lograr ese pacto posible con los progresistas, ya no bastaban las promesas. Los puntos incumplidos del programa inicial de la Unión eran demasiados.

La ley de imprenta de Nocedal, por ejemplo, seguía vigente. Aunque nunca se había aplicado en todo su rigor, era una espada que pendía sobre las cabezas de todas las oposiciones. La situación a veces era seria y a veces rozaba lo cómico. En una intervención en las Cortes el 16 de noviembre de 1860, el progresista Calvo Asensio se quejó de la retirada de La Iberia por haber glosado una intervención de Olózaga sobre la dotación de la infanta recién nacida en la que éste habló de la reina Isabel la Católica como «una soberana distinguida, conocida por sus virtudes públicas y privadas y por la modestia con que vivía». La desfavorable comparación implícita con Isabel II era evidente para todos. El Gobierno tuvo la torpeza de hacerla explícita retirando el periódico y abundó en su torpeza cuando el ministro de Gobernación explicó en las Cortes que una frase que podía ser inocente publicada en un periódico podía ser criminal en otro. «Su Excelencia —escribió el embajador británico a lord Russell— probablemente pensará que la Reina tiene razones para estar insatisfecha, tanto por el acto censor en sí mismo como por el terreno sobre el que ha sido defendido[16]».

Junto a la ley de imprenta, seguía también en vigor la reforma constitucional de 1857 procedente del último gabinete Narváez. O’Donnell se había comprometido a no presentar en ningún caso proyectos de desarrollo de esta normativa en materia de reglamentos parlamentarios o de recuperación de los mayorazgos. Lo había cumplido, pero no había dado el paso que reclamaban los progresistas de derogar la ley y, menos aún, de avanzar en el sentido de una reforma parlamentarizadora de la Constitución de 1845, en la línea del Acta adicional de 1856 redactada por Ríos Rosas.

Por otra parte, las leyes electorales moderadas no fueron reformadas y a lo único que se llegó en esa materia fue a presentar en las Cortes la propuesta de un pequeño retoque, claramente insuficiente, de la ley de 1846. La frustración progresista no hizo sino aumentar con los largos y estériles debates sobre una nueva ley de imprenta, presentada en 1861 y que no llegó a votarse, o sobre los proyectos de ley en materia provincial y local que estaban muy lejos de la descentralización tan anunciada en su momento. El resultado de aquellos debates fue provocar un amago de crisis ministerial en febrero de 1861 y la división parcial de la hasta entonces firme mayoría gubernamental que tan sólo pudo ser reconducida mediante la intervención directa de O’Donnell, quien hubo de poner en juego toda su autoridad moral. Una autoridad que comenzaba a tambalearse donde era más necesaria, dentro de la Unión.

El puritano Salazar Mazarredo expuso la situación abiertamente cuando interpeló al Gobierno por su negativa a derogar la reforma constitucional de 1857: «Al querer concluir con los antiguos partidos; al querer anular lo que aquí constituye la vida del gobierno representativo, ha creado dos géneros de Unión Liberal, que hoy se encuentran uno frente al otro y produce esta especie de marejada». Posada Herrera se limitó a contestarle con la cantinela de siempre: «Lo primero es ocuparse del desenvolvimiento de la nación […] y después que se consolidasen en el país las reformas administrativas sería ocasión de pensar en el desenvolvimiento de ciertas leyes políticas[17]».

La crisis de febrero, aunque quedó finalmente en nada, demostró a las oposiciones «que el ministerio era atacable y que su mayoría, compuesta de elementos opuestos, podía en un momento separarse de él». Para el embajador Barrot, «a pesar de lo que quiere creer O’Donnell, es de notoriedad pública que la Reina apoya al gabinete actual por temor más que por simpatía por los hombres que lo componen, y que el día que pueda echar al general O’Donnell sin peligro para ella misma no dudará en olvidar los inmensos servicios que este hombre de Estado le ha hecho a ella y al país[18]».

En aquel clima de inestabilidad creciente, la figura de Juan Prim iba creciendo como alternativa. Su brillante participación en la guerra de Marruecos había favorecido enormemente un perfil político que el general catalán llevaba años buscando, pero que no acababa de despegar. Sus ideas netamente liberales no le impedían ser un firme adalid, como dijo en 1856 saludando el golpe que acabó con el Bienio Progresista, «del orden, de la autoridad, la fuerza y la justicia». Para él las instituciones liberales no podían arraigar sin la protección del trono ni a la inversa. Sus buenas relaciones con la Corte databan de los años de su participación en las conspiraciones contra Espartero. De entonces venía su amistad personal con el duque de Riánsares, que le prestó en varias ocasiones sumas de relativa importancia y a quien confió su necesidad de realizar un matrimonio ventajoso. Algo que acabó logrando, finalmente, con una rica heredera mexicana a la que conoció en París[19].

Diputado y senador progresista, la experiencia del Bienio fue para él, como para muchos otros «hombres de orden», una llamada de atención respecto a los peligros de la política populista del progresismo y, desde finales de 1855, fue basculando hacia los presupuestos de la Unión Liberal. Su resellamiento, nunca del todo definitivo, tuvo lugar a partir de 1858. Desde entonces buscaba algo más que ser uno de los generales más influyentes del partido de O’Donnell. Cuando volvió de Marruecos cubierto de gloria, la opinión pública comenzó a señalarle para un papel protagonista, bien como sucesor de don Leopoldo al frente de una Unión Liberal escorada hacia su vertiente progresista, bien como jefe militar y político de un partido progresista reconstituido que debería poder alternarse —como el propio Gobierno había anunciado durante sus primeras semanas en el poder— con un partido conservador, igualmente renovado.

Su popularidad, y su ambición política, estaban en boca de todos. Ya en junio de 1860, Edwardes había informado a Londres de que «el peligro mayor que amenaza a O’Donnell es la rivalidad del general Prim quien, aunque en el presente es amigo, es una persona muy ambiciosa y permite hacer a sus amigos que están intentando formar un partido para colocarle al frente de él». Meses más tarde Buchanan relataba una conversación con Prim en la cual éste le había asegurado «que no abandonaría al general O’Donnell, pero al mismo tiempo afirma que considera que su Excelencia se está desgastando y que está determinado a que, en el caso de que caiga Su Excelencia, nadie se interponga entre él y el poder. Mientras, sus amigos hablan abiertamente de su futuro político». En marzo de 1861, el embajador informó de movimientos de insubordinación entre las tropas llegadas de África, por las malas condiciones y la falta de recompensas por sus esfuerzos, que tomaron la forma de alarmantes gritos a favor de Prim y en contra de O’Donnell[20].

Para O’Donnell, la rivalidad de Prim era tanto más peligrosa cuanto que, además de sus coqueteos con el progresismo puro, seguía manteniendo contactos muy estrechos con la familia Riánsares, la cual venía reiterando, desde octubre de 1861 y de nuevo en noviembre de 1862, su deseo de viajar a España. La petición se ceñía a una visita familiar a Asturias, donde residía su hija Cristina desde su matrimonio con el heredero del marqués de Camposagrado. Sin embargo, era difícil pensar que la exregente, una vez conjurado el anatema político que la mantenía en un exilio, no por informal menos evidente, dejase de aprovechar la ocasión para ponerle término definitivo. El rechazo a ambos requerimientos, supuestamente producto de la negativa del gobierno O’Donnell, es otro de esos episodios oscuros de las muy envenenadas relaciones entre Isabel II y su madre.

En una carta escrita el 27 de octubre de 1861, tras detenerse en detallar su tristeza y su cristiana resignación por la prematura muerte de la infanta Concepción, la reina escribió a María Cristina:

Ahora te voy a ablar de otro asunto de distinta especie por cierto aunque tan poco muy agradable en el fondo. Es el caso querida mamá mía que los Ministros todos han venido a berme para decirme que habían oído que tú pensabas venir a España y que ellos de ninguna manera seguirían en el Ministerio si tu venías aunque fuese a Obiedo, que creían que las cosas no estaban bien y que tu venida podía excitar los ánimos; yo les dije que te lo escribiría aunque sintiéndolo mucho como hija y ellos me contestaron que lo hiciera y todos a una me repitieron que se irían si tú venías. Puedes suponerte la pena que esto me habrá dado pero te aseguro que en medio de todo tengo un consuelo en que veas que esto no es cosa de tu hija que tanto desea siempre verte. Esperemos en Dios y en la Virgen que las cosas se arreglen y cuando las circunstancias sean otras podremos tener la dicha de volberte a abrazar y de ber a tus nietos en tus brazos como tantísimo deseamos.

Una carta similar, con las mismas razones, recibió María Cristina tras su segundo intento de viajar a Oviedo en 1862, esta vez enfatizando que el general O’Donnell había declarado firmemente que se retiraría del Ministerio con sólo pisar María Cristina la frontera: «Tú, querida mamá mía, que tanto has echo por mí y por mi trono juzgaras si es conveniente en el estado que está Europa y en lo bien que ban marchando las cosas en España la salida hoy del general O’Donnell, a tu cariño y a tu lealtad dejo la decisión que tomes en este asunto[21]».

Nadie en el entorno de María Cristina creyó que el obstáculo fundamental para su regreso fuese don Leopoldo. Sin descartar la hostilidad de su viejo enemigo, María Cristina y Riánsares se sentían lo suficientemente bien informados de la situación en Palacio como para estar convencidos de que el verdadero problema eran los reyes. Como dijo Antonio Rubio, para doña Isabel y don Francisco la vida era más fácil y más libre si la reina madre seguía alejada de España. Los Riánsares no concebían que Isabel II hubiese renunciado tanto a su poder y dejase «mandar de esa forma» a los ministros en un asunto que, para ellos, era «un asunto de familia y no un asunto de gobierno». Tanto el duque como María Cristina eran incapaces de comprender que, en una cuestión como aquélla, que afectaba a un personaje de la relevancia política de la exgobernadora, Isabel II hubiese de plegarse a las razones de sus ministros. Otras influencias más oscuras pesaban en aquel «inicuo desagradecimiento por la madre que salvó su trono[22]».

La dependencia emocional de «determinada monja», que parecía haber suplantado a María Cristina como figura materna, entrelazada con el temor a un marido que guardaba celosamente todos los agravios y todos los documentos comprometedores de su esposa, fueron ampliamente discutidos en el entorno de la exgobernadora. Para Rubio, el papel del rey era evidente. En una carta a la antigua institutriz de las hijas de María Cristina, Antonia Oviedo, el secretario escribió, con la sorna y el desdén habituales, que el viaje a Asturias se había frustrado:

No nos lo permiten […] la noticia es bien segura; llegó el primer aviso el lunes 21 y el 23 la completa ratificación; nos viene nada menos que de Andrés a quien se lo ha dicho su superiora, que vive encima de su cuarto, y no dice nada menos sino que ha sido acuerdo tomado en Consejo de Ministros, etc. Como V. concibe, la que enviaba el recadito lo enviaba con las correspondientes lágrimas. ¡Es tan buena aquella señora…! ¡Pues no digo nada de Él [el rey]! Él había enviado a decir pocos días antes que teníamos abiertas de par en par las puertas de la Patria. En cuanto yo lo supe dije para mí, y para otros, que eso significaba que en la misma hora se había dado otra vuelta a la llave y que se había añadido una tranca […] En los primeros momentos no faltó quien aconsejara desde Madrid que se insistiera en la ida, y si es menester se fuera, a ver si se atrevían allá a dar la campanada haciendo la atrocidad de detenernos en Irún […] Por fin aquí tamaña injusticia se ha tomado con más calma y lo que veo, y veo con gusto, hasta el momento presente (pues aquí no todas las horas son iguales y tiene muchos altos y bajos el nerviómetro) es que ya nadie habla del viaje a la capital tocaya de V.

Cuando el nerviómetro estaba más alto —explicaba Rubio— recibió el encargo de redactar una carta preguntando directamente a la reina cuál era la verdadera situación de la exregente: «¿La del destierro?, para que pusiera a Isabelita en el caso de decirlo clarito. Yo desde luego dije que esto último, que parecería muy bueno a quien no conoce a mis Borbones, no lo era; pues veía un peligro: era el que se tomara de ahí la ocasión para aclarar nuestra situación empeorándola […] otra posibilidad es que conteste lo de siempre: Mamá mía, no te enfades, que si te quiero mucho y ya sabes que todos te amamos con delirio, sobre todo el recién nacido[23]».

El ácido humor de Rubio, que jamás ocultó su desdén por Isabel II y por Francisco de Asís, escondía la ira mucho más ardiente de María Cristina y su frustración ante una situación tan equívoca como contraria a sus intereses materiales y políticos. Para ella, como para su entorno más inmediato, era evidente que la reina deseaba mantenerla lo más alejada posible y que esto era debido, no sólo a la influencia del rey, sino a la de sor Patrocinio. Juntos, habían minado todo resto de confianza entre la hija y la madre y juntos marchaban en su objetivo de crear en torno a Isabel II un ambiente de terror que lastraba todas sus decisiones políticas.

En el caso de sor Patrocinio, la manipulación de la primitiva religiosidad de la reina era especialmente efectiva. Isabel II había investido a María Dolores Quiroga de una autoridad moral extraordinaria que no dejaba de crecer y que se alimentaba de la capacidad de la monja para, a un tiempo, alumbrar sus inquietudes y calmarlas, tanto en lo político como en lo estrictamente personal. La enorme ambición de poder de aquella religiosa la llevaba a ser inmune a los halagos y los honores que contentaban a otros personajes más mediocres de la Corte. Rechazó el Toisón de Oro que quiso otorgarle el rey y, entre otros regalos, una fabulosa diadema de diamantes que quiso regalarle la reina.

Para ella el poder era algo más, más alto y más inmaterial: consistía en ser imprescindible para la paz espiritual de la reina. De esa forma podía convertirse en dueña absoluta de su ánimo, de sus alegrías y de sus temores, del perdón de sus pecados y de la definición de los mismos. Vega Armijo cuenta en sus memorias que, en una visita a Aranjuez, pudo observar personalmente los efectos del deslumbramiento y de la dependencia emocional de la reina respecto a la monja: «grande fue mi sorpresa al ver a la reina de España inclinándose ante la superiora del convento y hacer, cuando menos, el ademán de besarle las manos[24]».

Uno de los corresponsales de Pedro Egaña y de la familia Riánsares escribía en junio de 1860 sobre algunas de las razones más terrenales y prosaicas de aquella dependencia:

La pobre R… está bajo una fascinación cruel. Dice que ni «besando el polvo de sus sandalias pagará a S. P. los beneficios que la debe». Esos beneficios ya puede suponerse V. cuales son y a que orden de relaciones pertenecen. Tiene miedo la infeliz Señora a algunas imprudencias que ha escrito y hay que fortalecerla y ampararla contra su principal enemigo, dueño absoluto hoy de su ánimo y por consiguiente de la Dirección política española, por el medio infame del terror […] de ahí nace, de ahí se sopla a todos los vientos y por todos los medios, por los de los clubs como por los de sacristía, el fuego de un odio inextinguible contra el más firme y más constante defensor que ha tenido y tiene el trono de la Reina, que es su Madre. Hay que destruir a toda costa ese nido de víboras y empezar a descorrer el velo de esa intriga infernal que no deja vivir a ningún gabinete y va minando uno por uno a todos los partidos[25].

No sólo María Cristina o los liberales, moderados y progresistas, temían y rechazaban la influencia de sor Patrocinio, también el Papa intentó, por todos los medios, alejarla de Isabel II. Aquella mujer, aparentemente sumisa en un medio tan patriarcal como la Iglesia católica, estaba logrando una influencia sobre el trono de «la nación más católica» que era peligrosa por lo incontrolada y personal que había llegado a ser. Para Roma era intolerable, por ejemplo, que pudiese tomar parte de las decisiones reales en materia de administración eclesiástica o nombramiento de obispos y arzobispos. La reina personalmente intercedió varias veces por sor Patrocinio ante Pío IX —«solamente la atrevida malignidad revolucionaria ha hecho y hace esfuerzos por denigrarla»— solicitando privilegios y exenciones, entonces reservados a las altas jerarquía eclesiásticas, como la facultad de viajar libremente de unos conventos a otros o residir en el Palacio Real cuando la reina lo solicitase. Las peticiones de Isabel II no surtieron efecto y más bien fueron contraproducentes en la medida en que, en el fondo, no se trataba más que de conceder a María Dolores Quiroga una autonomía y una libertad de acción ajenas al control de los obispos, que la Iglesia no quería en modo alguno conceder a aquella simple y extravagante monja.

Da idea de la enorme influencia de sor Patrocinio sobre la reina el hecho de que ésta —que veneraba al Papa— se arriesgase a contravenir sus deseos y mantuviese a la Monja de las Llagas a su lado, y le otorgase los permisos necesarios para fundar hasta al menos media docena de conventos en los sitios reales de El Pardo, San Lorenzo, Aranjuez y San Idelfonso. Cuando la situación se volvía insostenible, era la misma reina la que se trasladaba a Aranjuez para visitar a sor Patrocinio en momentos de tribulación. Una y otra vez, entonces y hasta el final de su vida, Isabel II negó que aquella «mujer santa y virtuosa», de conversación mundana y en apariencia nada fanática, se hubiese mezclado «en las cosas del gobierno y la política[26]».

No lo hizo, desde luego, en un sentido convencional y explícito del término. Era demasiado inteligente para eso. Sin embargo, su influencia se dejó sentir de forma indudable en el supersticioso temor de la reina a contrariarla con decisiones de cualquier índole que ella no aprobase completamente, desde el espinoso asunto del regreso de María Cristina hasta el de la posibilidad de acceso al Gobierno de los revolucionarios y ateos progresistas, pasando por cualquier medida que aligerase, aun en el ámbito más íntimo, la presión eclesiástica sobre los cultos no católicos. Por ejemplo, todos los intentos del embajador inglés de lograr cierta flexibilidad en el trato de los súbditos protestantes británicos residentes en España fueron cortados de raíz. Por último, pero no menos importante, la llamada reconciliación de la familia real (es decir, el perdón y el reconocimiento de los derechos dinásticos de los príncipes carlistas) fue quizás la empresa en la que más se empeñó sor Patrocinio y la que, por supuesto, más alarmó a los liberales de todo signo. Cuando el infante Sebastián, tras jurar lealtad a la reina, regresó a España en noviembre de 1860, y le fue otorgada una sustanciosa pensión que causó un enorme escándalo, todos vieron la mano de sor Patrocinio en aquella impolítica decisión.

Sus relaciones con el carlismo eran conocidas y su influencia en el nombramiento de obispos (de similares simpatías) fue algo más que un rumor. Antonio Rubio escribió un dictamen para María Cristina en ese sentido:

Pena me da decirlo y si lo digo es con profundo respeto. Cuando yo veo a los periódicos carlistas decir, como han dicho muchas veces, que el Episcopado español todo entero ha sido elegido con tal acierto que, en los buenos tiempos de Fernando 7.º, no habría podido hacerse mejor, derecho tengo para creer que el Episcopado español actual, si obrando bien y evangélicamente, como yo creo, respeta a la Reina y obedece a los poderes constituidos, no es simpático ni con mucho a las ideas liberales, aun en su más moderada y católica expresión […] creo que el mero hecho de las antipatías profundas del episcopado español con toda idea liberal, aún la más prudente, es cosa que por la mera e inevitable y saludable influencia de los Obispos en los fieles, da al Carlismo una alta posición en las provincias, algo más eficaz y más fuerte y menos precaria que la de los inestables Gobernadores Civiles de quita y pon[27].

Por las mismas fechas, el propio O’Donnell tuvo que salir al paso de los rumores acerca de una gran ofensiva eclesiástica que incluía tentativas de renovación de los autos de fe, repetidas declaraciones de los obispos contra la libertad de pensamiento, quemas de libros a las puertas de iglesias en Barcelona y La Coruña, causas abiertas contra súbditos extranjeros de otras religiones, casos frecuentes de negativas a dar sepultura eclesiástica y amenazas de una gran campaña contra la puesta en práctica de la desamortización.

Don Leopoldo se vio obligado a dar explicaciones al embajador británico respecto a todo eso asegurando que el Gobierno no se dejaba intimidar por la camarilla eclesiástica:

Deseo que pida a su gobierno que sea cauteloso respecto a las muchas historias que circulan respecto a la Corte. Oirán mucho acerca de cierta monja. Bien. Yo le doy mi palabra, no como Ministro de la Corona, sino como caballero, que nunca he visto nada de eso. Es verdad que la reina, cuando está en Aranjuez, va a su convento porque esto la divierte, pero aquí en Madrid S. M. no la ve nunca; si se me permitiera hacer la observación, la Reina es un soberano tan constitucional como la reina Victoria. Se ocupa de los asuntos del Estado con sus ministros y atiende sus consejos. Por ejemplo, S. M. al principio estaba muy en contra de la venta de las propiedades de la Iglesia, pero sin embargo cedió a los consejos del gobierno […] El hecho de que yo esté en el poder es una prueba de que [esas historias] son falsas […] Si veo algo de las intrigas de la llamada «camarilla» no permanecería en el gobierno ni veinticuatro horas[28].

El problema que O’Donnell quería minimizar era mucho más amplio y más grave, e iba más allá de la extraña relación entre Isabel II y un personaje tan excéntrico (y nunca bien aceptado por las jerarquías de la Iglesia) como sor Patrocinio. Desde los tiempos del Bienio, y cada vez de forma más intensa, la Corte española se había convertido en un espacio de poder, poblado de monjas y frailes, que competía de forma soterrada pero eficaz con otros espacios de poder e influencia política como el Gobierno o las Cortes. Muchos de aquellos frailes y monjas fueron canonizados: el confesor de la reina llegó a los altares como San Antonio María Claret; la vizcondesa de Jorbalán llegó a ser Santa Micaela; en la Corte hicieron también «méritos» las beatas Soledad Torres y Vicenta López Vicuña, el padre Menni o la madre Antonia de la Misericordia, fundadora de las Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor y antigua institutriz de las hijas de María Cristina. Entre todos crearon una espesa red de influencias espirituales y políticas que, si tenían algo en común —más allá de sus muchas rivalidades personales—, era la acendrada defensa de los intereses de la Iglesia y de la unidad religiosa, así como una profunda hostilidad al liberalismo en todas sus formas y manifestaciones.

Ninguno de los gobiernos isabelinos de aquella época (lo reconociesen o no) pudo obviar completamente el hecho de que aquella influencia existía y que se alimentaba de una hostilidad cultural profunda a que Isabel II se plegase a ser una reina constitucional, porque de que no lo fuese, o que se resistiese a ello en la medida de lo posible, dependía su poder. O’Donnell, a pesar de sus intenciones y de sus alardes de autoridad, no fue una excepción. En una entrevista con el embajador británico, Salustiano de Olózaga —quien conocía tanto como detestaba a Isabel II, a Francisco de Asís y a su entorno clerical— vaticinó que si don Leopoldo no abría los ojos a la necesidad urgente de «limpiar Palacio», aquellas influencias que competían con «las legales de los poderes representativos» acabarían con él. Para Olózaga, cada vez más abiertamente antidinástico, O’Donnell había perdido varias oportunidades de oro para hacerlo y quizás ya era demasiado tarde. Aludiendo a los sucesos de Italia, añadió que la «familia Borbón estaba desacreditada en toda Europa y que España no haría otra cosa que seguir la tendencia del momento si acabase deshaciéndose también de aquella pervertida dinastía[29]».

En efecto, la llamada «cuestión de Italia» estuvo estrechamente ligada a la «cuestión de Palacio». Respecto al problema de amplias resonancias internacionales que había suscitado la creación del nuevo reino de Italia, la influencia clerical de Palacio fue evidente y muy lesiva para la imagen de Isabel II como reina constitucional. Según ocurre a menudo en política, no fue la frustración de las reformas políticas que anhelaban los liberales progresistas —y que afectaban directamente a los ciudadanos y a la cultura política liberal en España— lo que provocó los debates más ardientes y el mayor encono del clima político en aquellos años. Mediante algo más que un desplazamiento simbólico de su descontento doméstico, los progresistas y el liberalismo demócrata y republicano convirtieron en central para su estrategia de desgaste del Gobierno la actitud de éste hacia los asuntos de Italia.

Era cierto que don Leopoldo, contra lo que deseaba la Corte, había impedido que la católica y monárquica España acudiese en ayuda de los Borbones sicilianos o del Papa en el conflicto italiano. Sin embargo, todo el mundo sabía o intuía que las presiones procedentes del entorno clerical de Palacio tenían un peso indudable en la ambigua posición del Gobierno español respecto al nuevo reino de Italia, el cual se había convertido en un símbolo para todo el liberalismo europeo. «La cuestión de Roma —escribió Bermejo— era la que más se discutía en España, en periódicos y folletos, y de la que más se ocupaba el gabinete, por más que pretendiese lo contrario[30]».

Las razones para que esto ocurriese las expuso brillantemente Sagasta en las Cortes, en uno de los discursos que le revelaron como uno de los líderes más prometedores e influyentes de la generación joven y radical del Partido Progresista. A su juicio, era deber del Gobierno «apoyar en el exterior por cuantos medios sea posible el sistema de gobierno que aquí nos rige» y resistirse a que su política internacional estuviese determinada por los principios antiliberales de los viejos pactos de familia entre los monarcas reinantes. «¡Los derechos de los Borbones! ¿Qué derechos? ¿Los que provienen de Dios? Si el Gobierno cree en efecto que son de derecho divino […] tenga el valor suficiente para decirlo en este sitio y vaya a ponerse al frente de las huestes neocatólicas renunciando un puesto que debe a una Reina constitucional, en una Monarquía regida por el sistema constitucional». En aquel momento, en toda Europa y a través de Italia, se estaba librando una gran batalla entre el liberalismo y el despotismo. España debía participar en aquella lucha «porque la revolución de Italia es nuestra revolución; porque los sucesos de Italia son nuestra historia». Resistirse a la unificación italiana bajo la égida de un rey prácticamente constitucional, como lo era el rey del Piamonte, era demostrar que el Gobierno español estaba de parte de los opresores, de los viejos regímenes despóticos, ignoraba su filiación liberal y la ponía en cuestión con tal de salvar «al ilustre pariente de la Reina».

La cuestión de Italia, en manos de Sagasta y de los progresistas puros, se convertía así en un medio muy eficaz y muy popular para cuestionar el liberalismo de la Unión Liberal, o incluso su carácter de «partido nacional», al establecer una oposición neta entre lo que sería una política dinástica y una política nacional. Al mismo tiempo, permitía a los progresistas presentarse, una vez más, como los únicos verdaderos defensores de la nación liberal: «La Italia al proclamar a Víctor Manuel, como la España cuando proclamó a Isabel II, la Italia ahora y la España entonces, no hicieron más que defender una idea y combatir otra: la soberanía nacional de la España hizo lo uno; la soberanía nacional de Italia hace lo otro; y al defender el Gobierno los derechos de los Borbones de Italia después de haber sido expulsados por la voluntad nacional de la Italia, ¿no sabe que barrena por su base el trono de Isabel II? […] de una reina que lo es por este principio [el de la soberanía nacional], nada más que por este principio[31]».

La utilización del asunto italiano por parte del liberalismo radical era cada vez más peligrosa. O’Donnell era consciente de que, si lograba resolver aquella espinosa cuestión de forma favorable y acorde con el estatuto de España como reino constitucional, tendría en sus manos una excelente (y muy popular) moneda de cambio para detener la fuga de progresistas resellados que comenzaba a cuartear la Unión Liberal. Por otra parte, era también consciente de que si quería sobrevivir en el poder los famosos ocho años que había prometido al inicio de su mandato, no podía forzar más los deseos de Isabel II.

De nuevo, don Leopoldo se movía en los estrechos límites del particular laberinto que su debilidad ante la reina había contribuido a trazar. Los embajadores británico y francés se emplearon a fondo para intentar lograr que el Gobierno español reconociese al reino de Italia e informaron una y otra vez de que el obstáculo principal residía en la Corte. Tuvieron que contentarse con la llamada «política de abstención», que era la única que se sentía capaz de sostener y defender O’Donnell ante la reina. Mientras, Isabel II deslizaba a esos mismos embajadores su disgusto e insinuaciones diversas respecto a la necesidad de «detener el torrente revolucionario que amenaza sucesivamente a todos los tronos, incluso a aquéllos que parecen asentados sobre las bases más inquebrantables, y que puede acabar por hundir a Europa en un abismo de irreparables consecuencias». Las naciones liberales y su soberanía no entraban por supuesto en su concepción de Europa ni de España[32].

Procedente de Italia le llegó al Gobierno una nueva tribulación. Antonio Ríos Rosas, que había sido el gran ideólogo de la Unión Liberal en sus orígenes, dimitió de la embajada en Roma, en noviembre de 1860, tras concluir su tarea de llegar a un acuerdo sobre el tema de la desamortización y abrir el camino para un nuevo convenio con la Iglesia. El anuncio de su dimisión provocó una gran expectación en Madrid. Era evidente que Ríos Rosas volvía decidido a utilizar toda su autoridad política y moral en contra del giro conservador de la Unión. Su concepción del partido era bien distinta de la de O’Donnell y sus ministros. Su carácter turbulento, su gran capacidad oratoria y su inteligencia le situaban muy lejos del tono más bien mediocre del gabinete. Respecto a Posada Herrera, el único ministro que brillaba con algo de luz propia, su distanciamiento era notorio. A diferencia de lo que pensaba y practicaba Posada, el proyecto de Unión Liberal que siempre había tenido en mente don Antonio era el de un partido unido más por las ideas que por los intereses de sus diversas personalidades y, en este sentido, intentó influir en su reorientación política. «Volví de Roma y hallé que aquí se había perdido mucho tiempo; hallé que aquí era preciso hacer una política de afirmación; hallé que sobrevendría una circunstancia en la cual habría yo tal vez de separarme del Gobierno». Esa circunstancia llegó finalmente el 11 de abril de 1861, cuando pronunció un durísimo discurso con el que se situaba abiertamente —«usando de mi derecho y de mi libertad de acción»— en la oposición al gabinete.

Era un aldabonazo político de primer orden, porque Ríos Rosas representaba el espíritu original y más prometedor de la Unión Liberal. Sus críticas fueron contundentes: el estado de sitio persistía en diversos lugares del país, la postura gubernamental respecto a la ley de reforma constitucional de Narváez había acumulado una ambigüedad tras otra, se habían incumplido las promesas de descentralización en materia provincial y municipal, el proyecto de reforma electoral era claramente insuficiente, seguía en pie el espíritu más restrictivo y autoritario en materia de imprenta, etcétera. Es decir, abordó todas las cuestiones importantes y demostró (lo cual era verdaderamente grave) que las críticas al Gobierno por perder una tras otra todas las oportunidades de reformas sustanciales en esos campos no eran patrimonio exclusivo de los progresistas, sino que eran compartidas por ciertos sectores conservadores puritanos de la Unión Liberal. Para ellos, también, la marcha del Gobierno había sido una decepción por su incapacidad, o falta de voluntad, para responder de forma positiva a las expectativas creadas en el momento de su llegada al poder como encarnación de una auténtica transacción doctrinal y política entre progresistas y moderados[33].

A partir de entonces, Ríos Rosas se convirtió en un formidable elemento de erosión interna de la mayoría gubernamental, que vino a sumarse y a dar alas al goteo creciente de progresistas resellados que regresaban a su partido, lo que debilitaba cada vez más a la Unión. La solicitud de reincorporación de Santo Domingo al reino de España, aprobada el 19 mayo de aquel año, constituyó un respiro de popularidad para el Gobierno y «marcó el cenit de la expansión española en el siglo diecinueve[34]». Sin embargo, la euforia duró poco y, por todo Madrid, se extendían los rumores de reuniones entre progresistas resellados y puritanos con el objetivo de formar un grupo de oposición conjunta.

La sublevación campesina de Loja, en junio-julio de 1861, con su amenaza de revolución social, alarmó lo suficiente a todos los liberalismos respetables como para bloquear momentáneamente el conflicto parlamentario y forzar una actitud de causa común «contra el socialismo» que arropó al Gobierno en la represión posterior. Más de trescientos presos fueron sometidos a consejos de guerra, de los cuales fueron condenados a cadena perpetua doscientos cincuenta y ocho, ejecutados cinco y enviados a presidio, con penas menores, ciento cuarenta y tres. Diez fueron condenados en rebeldía. La diferencia de tratamiento con los sublevados en La Rápita no pudo ser más evidente, como tampoco el hecho de que aquella sublevación de jornaleros, que aunó gritos a favor de la república con propuestas de reparto de tierras, reforzó el giro hacia la derecha de la Unión Liberal. Su política respecto al problema obrero se redujo, a partir de entonces, a incrementar la fiscalización y la represión de las asociaciones de trabajadores, al tiempo que era tomada como excusa para reprimir manifestaciones progresistas o demócratas consideradas sediciosas[35]. Con Loja, la más bien falsa sensación de paz social que había transmitido el Gobierno de la Unión Liberal, en comparación expresa con los desórdenes del Bienio, comenzó a tambalearse.

Al inaugurarse la tercera legislatura de las Cortes, en noviembre de 1861, la situación del Gobierno era más comprometida que nunca y los progresistas no dudaron en utilizarla para avanzar posiciones. Fue entonces cuando Salustiano de Olózaga pronunció sus famosos discursos contra «los obstáculos tradicionales» que tanto éxito y fama presente y póstuma tuvieron. Tradicionalmente, aquellos discursos del 11, 12 y 13 de diciembre de 1861 se han valorado como el anuncio del paso de los progresistas a una política claramente antidinástica. Los ataques apenas velados de Olózaga a la reina y a su entorno palaciego, como los verdaderos obstáculos para el desarrollo liberal del país, causaron un auténtico revuelo. Según escribió el embajador francés:

El discurso del señor Olózaga lleva el sello de una violencia que ha asombrado incluso al jefe de los progresistas puros: no solamente dirige sus golpes contra el Gabinete; su hostilidad busca hasta la Reina, hasta la dinastía, y la palabra revolución va oculta en cada una de sus frases y de sus insinuaciones […] Se apoya en la preponderancia que el clero tiende cada día a arrogarse y que se le ha dejado adquirir sobre los asuntos públicos; concibe las más serias alarmas y, aludiendo a la influencia política de que tanto se ha hablado, de la famosa Sor María Rafael [sic] del Patrocinio, no deja escapar la ocasión de recordar el juicio que condenó, en 1836, a esta religiosa como culpable de fraudes y de artificios culpables, contrarios a la verdadera religión[36].

La Ilustración del 25 de enero de 1862 se deshizo en elogios ante aquel «debate memorable» y ante la intervención de Olózaga, «el más grande orador de la oposición», y se atrevió a citar expresamente la influencia política de sor Patrocinio: «La reina la consulta, el Rey la consulta, y el general O’Donnell no hace nada sin contar con sus consejos». La Tertulia Progresista organizó un aparatoso homenaje al exministro, exonerado por la reina niña al inicio de su reinado, y encargó una biografía del político progresista a Fernández de los Ríos[37].

Vistas más de cerca, aquellas intervenciones tenían objetivos políticos mucho más complejos y más interesantes para entender la ruptura definitiva de los progresistas con la monarquía isabelina. Por una parte, buscaban sin duda relanzar la figura de Olózaga como líder de un partido que debía marcar con claridad las diferencias tanto con los unionistas como con la creciente marea demócrata y republicana. En segundo lugar, elevaron la ya conocida expresión de los obstáculos tradicionales a escala de paradigma explicativo de la perversión sistemática del Gobierno representativo por parte de la reina y de su entorno reaccionario y clerical. Finalmente, y aquí reside a mi juicio lo más interesante, constituían una petición expresa del poder para aquella familia desheredada que, como ningún otro partido, había contribuido a fundar «la verdadera monarquía constitucional» y afianzar la corona de Isabel II. Un partido, el progresista, que llevaba años tratando de nacionalizar el uso político de la confianza regia, parlamentarizando la monarquía a través de la conformación de un sólido bloque liberal que, como había ocurrido en otros países como Bélgica o Inglaterra y en menor medida en Italia, limitase la autonomía con que ejercía esa prerrogativa la reina[38].

En este último sentido, aquel alegato parlamentario —que trató todas y cada una de las cuestiones políticas del momento— ofrecía la posibilidad de abrir el turno pacífico con el liberalismo conservador de O’Donnell. Un pacto a tiempo, vino a decir Olózaga, aislaría definitivamente a los moderados más reaccionarios y la amenaza de reacción que tras ellos alentaba en Palacio. Si esa reacción se producía —de nuevo al abrigo de la Corona y ante los inequívocos síntomas de fatiga e inestabilidad interna del unionismo— provocaría «una revolución como no se ha conocido nunca en España». Al igual que en 1836-1837 y en 1843, pero con mucha más agresividad e impaciencia, Olózaga ofrecía la mano del progreso a los conservadores liberales. Era ahora o nunca. Los progresistas podían, de nuevo, llevar a cabo el tipo de reformas necesarias que evitan las revoluciones, como la de Loja, «que atentan contra la idea de propiedad […] base de la sociedad, elemento de orden, consagración de las familias». Ellos eran, en realidad, «los enemigos más próximos y más seguros y quizás más eficaces del socialismo, que no se ha combatido como se debe, y que estando, como estamos, los más próximos al pueblo, somos los que podemos inspirarle más confianza e influir en él[39]».

Por las mismas fechas, en la Academia de Ciencia Morales y Políticas, Olózaga había propuesto algunas medidas para combatir el socialismo e inspirar confianza al pueblo. Era urgente una ley que reconociese «a todos los hombres el derecho de reunirse con objeto de promover todo lo que pueda interesarles». La libertad de asociación, «la gran palanca de los pueblos modernos», valía también para los trabajadores. Primero, por sentido de la realidad, «prohibirlas las hará secretas y sediciosas». Segundo, por principios: «porque cada uno es libre de fijar la compensación que le parezca que merece el empleo de sus fuerzas [aunque] no puede obligar a nadie a que le dé más de lo que le parezca justo o conveniente, ni oponerse a que otros admitan condiciones que él rechaza». El límite y el remedio, como siempre, estaban en «respetar la libertad de cada uno mientras él respete la de los demás[40]».

La idealización de una esfera pública liberal que suponía igualdad de condiciones en la negociación de los conflictos es evidente, como no podría ser menos. En todo caso, el reconocimiento de realidades inapelables —y la forma, pausada y ordenada de ir encauzándolas— demostraba que don Salustiano, más allá de su encono personal y político con la Corte y con Isabel II, seguía siendo un liberal progresista (y anglófilo) hasta la médula. Retratarle como un demagogo radicalizado, incapaz de forjar pactos políticos que hubiesen podido dar estabilidad a la monarquía, fue un error de la Unión Liberal que algunos historiadores han asumido como opinión propia[41].

Es cierto, sin embargo, que la mano tendida por Olózaga venía cargada de amenazas y que empleó un tono durísimo que ofendió de forma particular a Leopoldo O’Donnell y su sentido de lo que tenían que ser la lealtad y el respeto debidos a la reina y a la dinastía. Ríos Rosas, en una intervención posterior, se refirió con admiración indisimulada al extraordinario efecto que causó la intervención de don Salustiano en el Gobierno. Su último discurso «fue oído en ese escaño azul sin murmurar una palabra, sin hacer un gesto, sin fruncir una ceja, hallándose los Ministros, que no abandonaron su puesto, no diré sentados en él, sino clavados, anonadados, petrificados». Había mucho, en aquel discurso «por la sanidad de la doctrina, por la profesión de ideas conservadoras, por el criterio constantemente monárquico-constitucional con que en su letra, no en su espíritu, fue desenvuelto, [que] podrían aceptar todos los hombres que profesan las doctrinas de la monarquía constitucional».

Para Ríos, la sonada intervención de Olózaga no era en realidad más que «el mismo discurso que hace diez años en todas las legislaturas nos está exponiendo aquí S. S.». Si había tenido un efecto extraordinario era porque demostraba el anquilosamiento de una situación política que abocaba a una frustración y un deterioro de la acción de gobierno de consecuencias imprevisibles. Tras repasar todos los temas que había tocado Olózaga, Ríos Rosas llegaba significativamente, aunque de forma mucho menos explícita, a conclusiones tanto o más radicales que las suyas, y acusaba al Gobierno de haber corrompido todos los ideales de la Unión Liberal y haber perdido «todo derecho moral, toda autoridad moral para gobernar».

Ante la deserción creciente entre sus filas, el gobierno de O’Donnell habría derivado hacia «la dictadura de un hombre» que, en realidad, se sostenía en el poder «por el apoyo de un partido político muy fuerte, por el apoyo del partido absolutista. Este partido apoya a este Gobierno, y es el único elemento político que le sostiene […] Pues qué, ¿es por vuestra propia voluntad por lo que se dan ciertos escándalos en cierto orden de hechos? Yo os hago la justicia de creer que vosotros no lo queréis, que lo impediríais si os atrevieseis; yo os hago la justicia de que vuestra razón y vuestra dignidad se rebelan contra ellos; pero con vuestra razón, contra vuestra dignidad, está el instinto que grita en vuestros pechos: si desairamos a éstos, si faltamos a éstos, si ponemos a éstos en contra nuestra, ¿qué será de nosotros? ¿En quién hemos de apoyarnos?»[42].

El discurso de Ríos Rosas exageraba sin duda la descomposición de la Unión Liberal (como medio de contribuir a ella) y el apoyo que supuestamente le prestaba el llamado «partido absolutista». Haciendo uso de un recurso desgraciadamente muy frecuente en el liberalismo español, su objetivo era, una vez más, expulsar al adversario de la familia liberal, identificándolo con una política estrictamente de Corte que traía a la memoria los gobiernos reaccionarios de 1853-1854. La comparación era muy gruesa y obviaba el hecho de que, a pesar de sus dificultades crecientes, el gabinete de O’Donnell gozaba de una sólida mayoría parlamentaria. Sin embargo, resultaba eficaz como medio de desprestigiar al Gobierno, socavar las bases de la Unión Liberal y amenazar a la Corona con el fantasma de una amplia coalición antigubernamental que, de no ser escuchada, podría conducir de nuevo a la revolución.

Meses después, Sagasta, abundaba en la misma maniobra de descrédito conjunto de la dinastía y del Gobierno que tan larga tradición tenía en la vida política española: «El gobierno vive a costa de la dinastía como vive la hiedra a costa del árbol a que se agarra, con el fin de hacer que la vida ministerial vaya unida a la dinastía[43]». Poco antes, Manuel Alonso Martínez, amigo personal y protegido de O’Donnell desde los inicios de su carrera política en la Unión Liberal, decidió anunciar públicamente su paso a la oposición tras intentar, infructuosamente, imponer sus tesis sobre la elección de los alcaldes por parte de los propios municipios. El pulso político entre Alonso Martínez y Posada Herrera quebró aún más la ya maltrecha unidad de la Unión, que perdió a uno de sus diputados más conciliadores y más capaces de lograr consensos parlamentarios. Para Nelson Durán, aquella defección selló definitivamente la desintegración de la «familia feliz», como llamó en su momento Antonio Alcalá Galiano a la Unión Liberal[44].

En condiciones políticas tan tensas, en medio de la creciente pérdida de autoridad de O’Donnell en el seno de la Unión Liberal, se produjo la intervención española en México. Fue éste el último gran episodio de la política exterior del período que, como todos los demás, estuvo estrechamente ligado a los avatares de la política interior.

La campaña mexicana comenzó a gestarse desde los mismos inicios del gobierno de la Unión, cuando desde Madrid se comenzó a tantear la posibilidad de una intervención conjunta, con Francia e Inglaterra, para garantizar el pago de la cuantiosa deuda que el nuevo país arrastraba desde su independencia. Como Calderón Collantes hizo saber al embajador francés, la opinión pública española exigía al Gobierno que se defendiesen los intereses españoles y se pusiese coto a los continuos actos de violencia y pillaje, propiciados por el clima de guerra civil en que estaba sumida la república americana. La estabilidad mexicana era, además, fundamental en la defensa de las Antillas españolas frente a las apetencias de Estados Unidos, cuyo «interés es que no haya un gobierno estable en México[45]».

En los meses siguientes, tanto Francia como Inglaterra actuaron como mediadores para lograr una salida negociada a las diferencias con México que ya habían sido objeto de un significativo párrafo de advertencia en el discurso de la Corona al abrirse la primera legislatura de la Unión Liberal: «He adoptado todos los medios compatibles con la dignidad nacional para evitar que llegue a turbarse la paz entre dos países unidos por vínculos fraternales; pero si contra mis deseos y esperanzas no se obtiene de las negociaciones pacíficas pronto resultado, emplearé los recursos ya preparados para apoyar mis reclamaciones con tanto vigor y energía como fue mi moderación y templanza en el largo período de las contestaciones suscitadas con el Gobierno de Méjico[46]».

La tensión se incrementó cuando, tras ganar la guerra civil, el gobierno liberal de Juárez expulsó al embajador español, Joaquín Francisco Pacheco, acusado de apoyar abiertamente a los conservadores derrotados. En un primer momento, el Gobierno se instaló en una posición de cautela, dudando entre minimizar la importancia de la expulsión o considerarla «una cuestión nacional» que justificaría el empleo de medidas contundentes. Se decidió esperar a que el Gobierno de México diese explicaciones y a que, a su vez, Pacheco llegase a Madrid y ofreciese las suyas. Mientras tanto, se ordenó reforzar las fuerzas navales en las Antillas y «disponer que tropas del ejército de la Península vayan a aumentar las ya considerables que tenemos en la isla de Cuba y que son una garantía de que Méjico no faltará impunemente a los tratados y obligaciones del derecho internacional[47]».

El embajador francés Barrot, informó a su ministerio de una entrevista con el ministro de Estado, Calderón Collantes: «El gobierno de la Reina está muy embarazado del partido que tendrá que tomar en este asunto; comprende que la fortuna y la vida de los numerosos súbditos españoles que había en la república demandan protección pronta y eficaz; pero no disimula las dificultades de una guerra llevada a cabo en un país lejano, con los recursos insuficientes que posee España para conducirla a buen fin[48]». En los meses siguientes, la situación se precipitó. Una serie de factores nacionales e internacionales favorecieron el paso de la cautela y la prudencia a la acción.

En Madrid, los ánimos se caldearon (aunque no se llegó en absoluto al unánime paroxismo nacionalista de la guerra de África) tras las explicaciones ofrecidas por Pacheco, quien exigió que la cuestión de México fuese considerada una «cuestión nacional» en la medida en que toda la actuación de Juárez era un continuo insulto a España. Por otra parte, el fin de la campaña de Marruecos convirtió en menos arriesgada y onerosa la posibilidad de una intervención armada.

En el ámbito internacional, las condiciones también habían cambiado. Estados Unidos estaba sumido, desde hacía unos meses, en su propia guerra civil (la llamada Guerra de Secesión de 1861-1865), lo cual mermaba la posibilidad de que ofreciese una resistencia eficaz a la intervención europea en México. Cuando, en julio de 1861, el gobierno de Juárez extendió la suspensión de pagos de la deuda a Francia e Inglaterra, estos países retiraron sus embajadores y se prepararon para intervenir. La firma del Tratado de Londres, en octubre de ese mismo año, preveía la formación de un cuerpo expedicionario francés, español y británico que, sin realizar anexiones territoriales y respetando la independencia del país, exigiría por la fuerza de las armas la reparación de las ofensas y el respeto a sus intereses económicos por parte del Gobierno mexicano[49].

Para entonces, el Gobierno español había intentado ya salir al paso de las críticas que consideraban que un tratado como el de Londres debería haber pasado por el Parlamento y que, en todo caso, era una muestra de debilidad y dependencia respecto a Inglaterra. La Época se empleó a fondo en defender la independencia española en el contexto de la coalición, demostrada con el envío de seis fragatas a Veracruz antes de que se firmase el tratado, así como su carácter protagonista al comprometerse a aportar el contingente militar más numeroso. Antes de «tocar los resultados, indudablemente gloriosos que ha de producir para nuestras armas y nuestra política, el gobierno, o por mejor decir, la nación, empieza por recabar un gran prestigio al ver que las dos potencias más formidables de Europa nos colocan a su altura (ellas que por tanto tiempo nos han desconocido y desdeñado), se hacen nuestras aliadas, y aliadas en segundo término, y confían casi toda la empresa al brío de nuestros soldados, cosa que acaso no hubieran hecho antes de esos gloriosos triunfos en África». El mismo periódico gubernamental, en la estela de lo que era habitual en todo el imperialismo europeo, insistía en que, más allá de las reclamaciones, lo verdaderamente sustantivo era que España se empeñaba en una empresa «civilizadora» que podría traer a México la estabilidad, el desarrollo y el progreso que necesitaba[50].

Fue en este último contexto en el que se desarrolló una interesante operación propagandística, que trascendía el problema mexicano para convertirse en una campaña de resonancias interiores indudables. La prensa gubernamental se extendió en una crítica global contra la forma de gobierno republicana y democrática, y a favor de la monarquía constitucional como la «ordenación política más civilizada», más acorde con el principio de la nacionalidad, la libertad y el progreso. En toda América, y más en concreto en México, la democracia y el republicanismo habrían demostrado su potencial anárquico y «disolvente»; la intervención europea podría, en función de su misma voluntad civilizadora, ayudar a aquel país y a otros en su camino hacia la monarquía. La ambigüedad del Tratado de Londres demostraba aquí su peligroso potencial en la medida en que —especialmente por parte de Francia y España— la promesa de no intervenir en los asuntos interiores de México chocaba frontalmente con aquélla defensa de un supuesto sentimiento monárquico mexicano que «empieza a surgir […] tal como surge un iris de esperanzas después de una recia tormenta[51]».

La cuestión inmediata, naturalmente, era la de concretar en un príncipe esa posible monarquía mexicana. Inglaterra, aunque no vetó a nadie, se negó a participar en aquel tipo de elucubraciones y reiteró que su objetivo era simplemente lograr las reparaciones económicas exigidas. Francia y España, sin embargo, comenzaron a barajar nombre y posibilidades.

Por parte española, las esperanzas de que la supuesta Corona mexicana recayese en alguien de la familia real fueron acariciadas especialmente por la Corte y por la propia reina, que avanzó la idea de que su hija, la infanta Isabel, llegase a ocupar el trono mexicano. Se habló también, y con insistencia, de la duquesa de Montpensier. El Gobierno, por respeto a la Corte, dejó circular aquellas esperanzas que, en todo caso, tuvieron un eco muy reducido en la opinión pública liberal y fueron abiertamente criticadas por la prensa progresista y demócrata. Tan sólo se suscitó una viva polémica al respecto cuando se hizo evidente que Francia iba a defender de forma clara y contundente la candidatura del duque Maximiliano de Austria, y que aspiraba a incluir a México en su área de influencia como cabeza de puente para una futura política americana de dimensiones aún desconocidas.

En medio de esta polémica, Juan Prim solicitó y obtuvo el mando del contingente español. La decisión del Gobierno era casi obligada: un premio y un reconocimiento largamente debidos a uno de los héroes indiscutibles de la guerra de África. Era también una decisión arriesgada y hasta cierto punto, incomprensible. Prim se había mostrado muy reticente a la intervención en México, había expresado en varias ocasiones su simpatía por Juárez y, además, tenía conexiones familiares con uno de sus ministros a través de su mujer. Sus biógrafos han destacado también los intereses económicos del general, de nuevo amenazado con la bancarrota, así como las relaciones de negocios que tanto él como la familia de su mujer mantenían con el Gobierno mexicano[52]. A la poco afortunada elección de Prim, vino a sumarse la rivalidad del general Serrano, quien consideraba que debía haber sido él quien, por su condición de Capitán General de Cuba desde noviembre de 1859, debía encargarse de organizar la campaña mexicana. Todo eso, unido a las maniobras francesas y a los efectos (interesadamente utilizados) de la distancia entre América y Madrid, convirtió la intervención española en México en un auténtico fiasco.

El 29 de noviembre, cuando Prim apenas había salido de Europa para ponerse al mando de las tropas acantonadas en Cuba, Serrano decidió de forma completamente independiente iniciar la ofensiva sin esperar, no ya a Prim, sino ni siquiera al resto de las tropas aliadas. En diciembre de ese mismo año, los españoles ocuparon Veracruz y San Juan de Ulloa y, una vez coordinados con los contingentes francés y británico, llegaron hasta Orizaba. Para entonces, las tensiones entre los aliados eran evidentes. Los recelos de Inglaterra y España respecto a las intenciones francesas se vieron confirmados cuando este último país redobló sus tropas, hasta convertirlas en el contingente más numeroso y más activo en su apoyo a los emigrados monárquicos con la firme intención de instaurar, bajo su influencia directa, una monarquía en México.

Entonces, Prim, utilizando también de forma completamente independiente sus contactos mexicanos, propició la Convención de la Soledad, el 19 de febrero de 1862, por la cual las autoridades mexicanas aceptaban entrar en negociaciones sobre el tema de las reparaciones y la deuda. El 20 de marzo, sin embargo, Francia anunció su apoyo a la candidatura de Maximiliano de Austria al trono de México. Ingleses y españoles rechazaron la propuesta y, a principios de abril, se rompió definitivamente el acuerdo entre las tropas aliadas. En unos días, los acontecimientos se precipitaron.

Actuando de nuevo de forma plenamente autónoma, sin oír las advertencias de Serrano y del embajador español en Washington, Prim ordenó la retirada de sus tropas hacia Cuba, coincidiendo prácticamente con la retirada británica. Inmediatamente, tanto él como Serrano, enviaron emisarios a Madrid para explicar a la reina, de forma harto diferente, la situación mexicana y las decisiones tomadas. Parece que los emisarios de Prim llegaron antes con sus noticias y se las explicaron tan bien a la reina —enfatizando la traición francesa y la consiguiente frustración de la posibilidad de un trono mexicano para alguien de la familia real española— que, cuando O’Donnell acudió al palacio de Aranjuez para presentar a Isabel II un decreto de censura a la actuación del general, se encontró con que la familia real ya tenía su opinión formada y que ésta era netamente favorable a Prim.

El rey en persona acudió a recibir a O’Donnell y le dijo: «Bienvenido seas. La reina te espera impaciente. Suponemos que vendrás a felicitarnos por el gran acontecimiento de Méjico. Prim se ha portado como un hombre. Ven, ven: la reina está loca de contento». Desconcertado, O’Donnell entró en la cámara real y se topó con un desenfadado y retador: «¿Has visto lo bien que Prim ha trabajado en México? Tengo ganas de verlo para decírselo[53]».

La cuestión mexicana, y la arrogante actitud de Juan Prim al respecto, incrementó la impresión generalizada de que la Unión se desmoronaba, que O’Donnell ya no controlaba a su partido y, sobre todo, que no controlaba ni al ejército ni a la Casa Real. Su biógrafo, Navarro y Rodrigo, describió la situación de la siguiente manera: «Todos los entorpecimientos, todas las dificultades, todas las complicaciones de la cuestión de Méjico, se derivaban de que el poder responsable tenía una política y otra el irresponsable. La Reina Isabel quería para el trono de Méjico a un príncipe español, confundiendo una cuestión de vanidad con otra de trascendental interés». A partir de ese momento, O’Donnell actuó cohibido bajo la presión de la Corona[54].

En efecto, el problema mexicano se enconó al verse obligado el Gobierno, a regañadientes, a dar marcha atrás en su desautorización de Prim. Al hacerlo, provocó un grave incidente diplomático con Francia y una nueva frustración de la política exterior española. De hecho, la cuestión mexicana significó el principio del fin de la Unión Liberal. Con un margen de maniobra escasísimo debido a su incapacidad para torcer la voluntad de la Corona, el Gobierno se enfrentaba a un dilema de política nacional e internacional de difícil resolución. Según se iban conociendo los sucesos de México, las críticas a lo ocurrido llovían, con razones y argumentaciones diversas, desde todo el arco político: «El partido moderado en contra del gobierno del general [Prim]; el partido progresista desaprobando el nombramiento del general y en contra del Gobierno. El Gobierno, O’Donelll y D. Saturnino [Calderón Collantes] aprobando en público, pero en privado desaprobando con sus murmuraciones[55]».

Cuando el 16 de mayo de 1862, Alejandro de Castro preguntó en las Cortes si el Gobierno aprobaba o desaprobaba la medida de la retirada de México, Posada Herrera se limitó a responder que no había recibido aún comunicaciones oficiales «y no sabiéndose las causas que han podido mover al digno general en jefe de aquellas tropas […] no puede formar juicio acerca de esos sucesos, ni contestar en el momento a S. S.». Tres días después, sin embargo, ante la insistencia de Castro y otros diputados que presentaron una proposición mucho más agresiva, el Gobierno se vio obligado a decir que, con la información disponible, confiaba en el criterio de Prim[56].

Don Juan, por si acaso, había decidido demorar su regreso a España y estuvo viajando por Estados Unidos en lo que podría calificarse como «un viaje de estudios» sobre la creciente potencia militar estadounidense que, a su juicio, un militar español debía conocer y aprender a valorar. En España, las cosas no estaban aún lo suficientemente claras como para saber qué iba a encontrar a su regreso. Así, mientras el Gobierno decía que apoyaba a Prim, el periódico unionista La Época criticaba abiertamente su decisión y llegaba a acusarle de haber aspirado él mismo a la Corona de México, de haber presentado a su hijo en Veracruz como príncipe heredero, de haber paseado a su señora con escolta, de haber ordenado el reembarque movido por un puñado de oro dado por su pariente el ministro mexicano Echevarría, siguiendo sugerencias de María Cristina, etcétera[57]. La España, el periódico de Riánsares, dio credibilidad a estas acusaciones al apoyar la decisión del general catalán, cuya amistad con la reina madre y su marido no era un secreto para nadie.

La división de opiniones, por lo tanto, afectaba a la propia Unión Liberal, dividida entre los partidarios de Prim y los de Serrano, es decir, entre los partidarios de apoyar la retirada de México y demostrar la independencia de España respecto a Francia, y los partidarios de desautorizar a Prim y recomponer las relaciones con los franceses. La reina, por su parte, insistía en que se respaldase la decisión de Prim y parecía disfrutar con el desaire hecho a Napoleón III, cuya tutela y condescendencia evidente siempre le habían producido un ahogado resentimiento. Unos meses después, en noviembre de 1862, siguió demostrando su apoyo a Prim accediendo a ser madrina de su nueva hija, bautizada en el propio Palacio Real con el nombre de Isabel en un acto al que, contra su costumbre de delegar, acudió la reina personalmente. Isabel II, escribió Barrot, «parece poseída por un cierto vértigo anti-francés[58]».

Respaldar a Prim era, desde luego, enemistarse con Francia, el más firme aliado internacional del gabinete O’Donnell. La retirada de Inglaterra se había hecho desde la posición de fuerza que le confería su carácter de primera potencia mundial. La retirada española no contaba detrás con nada más que la decisión unilateral de un militar de prestigio que, de forma cada vez más evidente, aspiraba a convertirse en una alternativa de poder y que coqueteaba con la oposición progresista al ministerio.

En efecto, la desaprobación solapada del Gobierno a su actuación en México y la mucho más abierta de los periódicos unionistas ayudaron a Juan Prim a iniciar un giro, quebrado y cauteloso, hacia el progresismo y a abandonar un barco que se hundía[59]. Un barco, además, repleto de personalidades militares (como Serrano o el propio O’Donnell) que dificultaban su ascenso en la concurrida escalera que ascendía hacia la pirámide de la política. Acercarse a los progresistas, con Espartero retirado y en horas bajas, y con la sensación de que la reina estaba contenta con él, podía ser una buena estrategia para llegar al poder y arrastrar consigo al ala más templada del progresismo integrado en la Unión. En el Partido Progresista se le esperaba con igual cautela que la que él mostraba, pero con indisimulado interés porque ese partido, como el moderado y el unionista, necesitaba un espadón.

Hasta Salustiano de Olózaga estaba dispuesto a hacer sacrificios en su recién consolidado liderazgo de la minoría progresista. En una carta a Víctor Balaguer, escrita el 30 de junio de 1862, decía:

Veremos lo que sucede y cómo se presenta Don Juan, a quien le he echado unas gotitas agridulces [se refiere a sus intervenciones en el Congreso sobre el asunto de México] que nos permitirán obrar según las circunstancias. Éste es el punto delicado en este país y sentiría mucho que ni amigos ni adversarios salieran antes de tiempo de la expectativa en que por ahora deben todos encerrarse. El que se adelante ahora en cualquier sentido puede incurrir en una gran responsabilidad. Hay una crisis verdadera y más grave de lo que yo puedo decir a ustedes. Que no se malogre la ocasión que puede ofrecer, y es seguro que se malogrará, si no hay mucha prudencia y, sobre todo, mucha abnegación. Cuando yo recomiendo algún sacrificio escuso decir a usted que estoy dispuesto a hacer todos los que sean necesarios[60].

Aquella necesidad perentoria de todos los partidos de contar con un general de relieve entre sus filas —una necesidad que afectaba incluso a líderes tan notables y tan poco proclives al militarismo como Olózaga— es quizás la peculiaridad mayor de la política española respecto a la Europa constitucional de su entorno[61]. El secretario de María Cristina, Antonio Rubio, consideraba que, para su desgracia, España llevaba el camino de parecerse cada vez más a una república americana «con sus generales y además un Rey […] No hay partido que escape a la tutela de la única institución que no cae: el ejército». Ningún partido, a su juicio, parecía poder vivir sin su general: «Espartero (y cuando se jubile o le jubilen, Prim) para el Progreso, Narváez para el partido moderado y O’Donnell para la Unión Liberal». Aquellos generales no hacían sino «llenar algún vacío que sin duda hay en el trono […] causa y efecto de lo que acabo de indicar es la organización de los partidos liberales que está más que viciada y adulterada: está deshecha[62]».

Es cierto, y se ha repetido abundantemente (yo misma lo he hecho), que el ejército no actuó durante el reinado isabelino como una institución autónoma y unida en sus designios políticos. De hecho, estuvo fuertemente dividido en su interior y los generales (como los oficiales y los soldados) podían simpatizar con estrategias políticas muy diversas, o encabezarlas. Sin embargo, creo que la evolución del reinado isabelino suscita una reflexión más amplia sobre los efectos a medio y largo plazo de esa omnipresencia militar en la política española, considerada por todos los partidos como imprescindible, o al menos ineludible. La llamada desde la sociedad civil al ejército (encarnado en sus diversos elementos) fue creando, a mi juicio, una percepción generalizada y común entre los altos mandos, más allá de sus diferencias políticas, respecto a su propia (y común) importancia como institución política, es decir, fue acostumbrando a sus miembros al plus de autoridad y poder que (en común) tenían como militares y en tanto que militares.

Es evidente que la España isabelina no fue un país militarizado, ni el ejército practicó un poder corporativo. Con todo, merece la pena detenerse a pensar sobre las condiciones históricas que fueron propiciando la formación lenta pero imparable de un militarismo que habría surgido a partir de corrientes políticas civiles, en un clima de fuerte politización originaria de los miembros del ejército y en condiciones de una crónica falta de consenso en torno a mínimos básicos de construcción y características del nuevo Estado liberal. Convendría, por lo tanto, reflexionar sobre el proceso de construcción de un cierto espíritu de cuerpo que comenzaría a gestarse en el ejército isabelino —más allá, insisto, de sus notables divisiones políticas— y que tendría efectos duraderos y crecientemente corporativos durante el último tercio del siglo XIX y, por supuesto, en el siglo XX.

Las relaciones entre O’Donnell y Prim (y las de éstos con sus propios partidos) son una buena muestra de ello. En aquellos meses de incertidumbre y maniobras cruzadas, cuando cada uno de ellos miraba de reojo los movimientos del otro, los dos generales midieron sus fuerzas, no sólo como políticos, sino como militares que se entendían más allá de sus respectivas filiaciones políticas. Una serie de entrevistas privadas sobre el asunto de México les permitió llegar a un acuerdo para salvar la situación de ambos. O’Donnell se comprometió a apoyar a Prim ante las previsibles críticas en las Cortes, y éste se comprometió a no mencionar a Serrano, huir del enfrentamiento con él y no utilizar en los debates más documentos que los publicados por el ministerio de Estado. De momento, el Gobierno decidió cerrar bruscamente las Cortes el 2 de julio de 1862 para evitar tener que dar más explicaciones sobre la cuestión mexicana. Esperaba que el verano y el otoño sosegasen las pasiones políticas y diesen tiempo para llegar a un acuerdo.

Meses después, el embajador francés recordaba la importancia de aquel acuerdo y se hacía eco de una insidia, típica del marqués de Salamanca. Según éste, «si las cartas del general O’Donnell fuesen publicadas íntegramente por el general Prim, usted se vería forzado a pedir sus pasaportes ese mismo día […] La existencia de esas cartas en manos de Prim es lo que explica que el gobierno ratifique su actuación. ¿Podría desaprobar lo que había implícitamente ordenado?». O’Donnell, sin embargo, juró a Barrot que en sus instrucciones oficiales y particulares al general Prim no había hecho la menor alusión a la retirada de las tropas españolas, «acontecimiento que no había entrado, por un solo instante, en las previsiones del gobierno de la Reina». En cualquier caso, concluía el embajador francés, «el gabinete, y O’Donnell personalmente, están en manos de Prim. Si usa las cartas en el debate, o cae O’Donnell o se rompen las relaciones con Francia[63]».

Mientras el primer ministro sabía que Prim era intocable por el apoyo de la reina y, quizás, por la existencia de aquellas misteriosas cartas, don Juan necesitaba a don Leopoldo para que le protegiese políticamente. Según el conde de Bondy, de hecho ya comenzaba a arrepentirse de lo que había hecho: «Prim le ha dicho a algunos amigos particulares míos, palabras textuales, que abandonando México había perdido la buena voluntad del Emperador [Napoleón III], que ella sola hacía la posición de un hombre (son sus propias palabras). Añadió que había sacrificado de la misma forma un papel inmenso en América y en su país […] Habló de razones imperiosas sin especificar […] consuelos para su inmenso orgullo que esconden mal su arrepentimiento». En todo caso, era evidente la necesidad de pactar con el Gobierno una salida airosa. El representante francés, francamente irritado por aquellas componendas, escribió que O’Donnell se arrepentiría de seguir tan de cerca los caprichos de la Corte y de no haber «golpeado» a Prim cuando podía haberlo hecho[64].

Mientras tanto, un nuevo viaje de la reina sirvió «como una diversión forzada capaz de calmar, aunque por un momento, las pasiones políticas». Estaba previsto que el viaje ocupase buena parte de los meses de septiembre y octubre, y que el cortejo real (que incluía prácticamente a todo el ministerio, así como a los representantes extranjeros), recorriese Andalucía y Murcia. El embajador británico Buchanan, poco sospechoso de simpatizar en exceso con la Casa Real española, escribió a su ministerio desde Málaga reconociendo que, contra lo que podría esperarse, no «era exagerado decir que, quizás con la excepción de nuestra Amada Reina, nunca he sido testigo de una mayor exhibición de afecto del Pueblo por su Soberano[65]». Con mayor displicencia, pero en un sentido positivo similar, se expresó un diplomático italiano, el conde de Montalto, cuando escribió: «Es preciso confesar que sus desarreglos perjudican menos a su causa en este país de lo que la dañarían en cualquier otro[66]». La propaganda oficial, por si acaso, se esforzaba por presentar una imagen de la reina que enfatizaba los valores más respetables asociados a su feminidad e instaba a las poblaciones que recorría a expresar sus sentimientos de respeto por la reina, de adoración por la dama, de aplauso por la madre y de admiración por la mujer noble y adorable, etcétera[67].

Las muestras de desdén o de antipatía, en todo caso, no llegaban fácilmente a la opinión pública. El Gobierno estaba satisfecho. Calderón Collantes confió al embajador francés que la mayor parte de los objetivos previstos se estaban cumpliendo: «Estamos en una época en que es más útil que nunca que los soberanos se muestren a las poblaciones, se pongan en contacto con ellas para testimoniarles su interés y preguntarles por sus necesidades». Ésta no era desgraciadamente la costumbre de la Corte de España, con hábitos poco alterados desde Carlos IV, pero ahora «la reina ha realizado un cambio afortunado en la manera de vivir de los Príncipes de su Casa[68]».

La presencia de buena parte del Gobierno en aquellos viajes, con el primer ministro a la cabeza, estaba pensada para enfatizar ante «el pueblo» la sintonía entre sus dos grandes poderes constitucionales de la misma forma que, siguiendo pautas ya establecidas en viajes anteriores, los festejos, adornos y esculturas trataban de subrayar «la unión de lo viejo y de lo nuevo» como el gran logro de la monarquía isabelina. La Giralda fue iluminada de arriba abajo con luces de gas (para simbolizar el progreso), mientras en Granada «se organizaba una entrada fastuosa, con el lujo y los modos de antaño» que trataba de aunar la imagen de los nuevos reyes («triunfantes en Marruecos») con la de los Reyes Católicos hacía varios siglos[69].

El 1 de octubre, el conde de Bondy, que acompañaba a la Corte en ausencia del embajador Barrot, coincidía con su colega británico en que el viaje estaba siendo, en general, un éxito, aunque advertía de que «no se debe conceder una importancia exagerada a las manifestaciones de entusiasmo: están inspiradas sobre todo por el principio monárquico, aún tan poderoso en España, más que por la representante actual de ese principio […] el celo oficial desempeña también un papel importante en todas estas pompas y, es necesario decirlo, la afabilidad natural de la soberana viene a completar felizmente la obra ministerial […] La Iberia ha intentado ensombrecer los recuerdos de Las Navas y de Bailén con los recuerdos revolucionarios que revivían muchas localidades recorridas durante el viaje». El gabinete aprovechó la ocasión para sugerir a Isabel II un indulto para un número importante de los revoltosos de Loja. Noventa y nueve deportados comenzaron a regresar hacia Andalucía. A su paso por Madrid, causaron conmoción: «Esas gentes estaban, según parece, reducidos a un estado tal de miseria que sus correligionarios han descrito con los términos más patéticos, para organizar una suscripción a fin de facilitarles los medios de volver a sus familias[70]».

En términos generales, y teniendo en cuenta lo que podía considerarse un éxito en aquellos momentos, el viaje parecía haberlo sido, especialmente en su capacidad para dar un respiro al Gobierno. Antes de que se acabase, además, un líder progresista de la talla de Patricio de la Escosura anunció su paso a la Unión Liberal. Lástima que su inmediato nombramiento como comisionado real en las Filipinas, con un sueldo de 20 000 duros (además de los puestos y sueldos concedidos a su hermano y a su hijo), provocase de inmediato un gran escándalo político.

Escosura, en realidad, no había hecho nada más que seguir los pasos de innumerables colegas que se habían resellado antes que él y que seguían gozando de aprecio y prestigio políticos. Sin embargo, en aquellos momentos, pasarse a la Unión Liberal ya no estaba de moda. Estaba muy mal visto y lo que se había considerado más o menos normal hacía unos años ahora se convertía en un escándalo. Sobre don Patricio cayó la indignación y el desprecio de todo el arco político. Se rumoreaba que la reina le aconsejó: «Véndete caro» y que él siguió su consejo a pies juntillas: «El elevado precio, fijado por él mismo, ha aumentado la indignación contra su conducta […] No se oculta demasiado en decir que tenía ciertas cartas comprometedoras sobre la revolución de 1854 y que ha consentido en destruirlas […] En cuanto se ha conocido el nombramiento del señor de la Escosura, el círculo progresista se ha reunido en asamblea general para decidir, por unanimidad, su expulsión. Por la tarde su retrato ha sido quemado en diversos barrios de Madrid y la policía ha tenido que actuar para dispersar a la gente reunida con ese objetivo[71]».

Isabel II, en todo caso, regresó de su viaje, según el embajador francés, très touchée por las muestras de afecto recibidas. En principio, su satisfacción era una buena señal a favor de la continuidad del ministerio. «Este viaje, preparado con tanto tiento por el Gobierno, puede en efecto tener como resultado el persuadir a la Reina de que no habría nada mejor que mantener a su lado a un ministerio que, durante cuatro años de tranquilidad y prosperidad públicas, le ha granjeado el amor de las poblaciones que ha recorrido; es un razonamiento que el general O’Donnell no dejará de presentar a Su Majestad para que medite sobre él». Sin embargo, como el mismo conde de Bondy se apresuró a señalar, en España podía ocurrir como en Francia. La capital y su ambiente político eran cruciales y allí «la llama de la hoguera política está pronta a reavivarse con una intensidad tan grande que circula ya el rumor de que el ministerio tiene intención de prolongar el cierre de las Cortes lo más posible[72]».

Las Cortes se abrieron finalmente el 1 de diciembre de 1862. El largo receso, sin embargo, no parecía haber servido de mucho en cuanto a la vigencia política del «asunto de México», que se convirtió en el centro del debate parlamentario. Aquel debate, lo quisiera o no el Gobierno, era la última oportunidad para que la Unión Liberal, desgastada y dividida, recuperase el brío y la unidad necesarios para gobernar durante el escaso tiempo que quedaba antes de concluir las Cortes formadas en 1858.

Sin embargo, O’Donnell acudía a aquel debate crucial en unas condiciones muy precarias. Por una parte, como escribió el embajador francés, a pesar de su aparente fortaleza, el ministerio estaba profundamente desprestigiado entre la opinión liberal de puritanos y progresistas. «La política estrecha y conservadora que ha seguido tras la guerra de Marruecos, no ha estado de acuerdo con el despertar que se observa en todas las cosas de España ni con la magnitud de los acontecimientos que se desarrollan en Europa. Todos sabemos que una mayoría parlamentaria obtenida mediante la concesión de empleos, así como la prosperidad material de un país, no son siempre suficientes para satisfacer completamente sus aspiraciones y evitarle las catástrofes[73]».

Por otra parte, como demuestra el tono cada vez más agrio de los despachos franceses, la dubitativa gestión del asunto de México estaba enajenándole al gobierno de la Unión la simpatía y el apoyo constante que había recibido desde Francia. En estas condiciones, su dependencia respecto a las decisiones de la Corte se acrecentaba y aquí residía el nudo de la cuestión. O’Donnell llegaba a las Cortes con las manos atadas a la espalda para deshacer el entuerto mexicano, tanto en lo nacional como en lo internacional, debido a la decisión de la reina de que no se tocase de ninguna manera a Prim. Fue la penúltima y decisiva ocasión en que bajó la cabeza y se plegó a sus deseos.

CAPÍTULO 4

1863: LA GRAN ENCRUCIJADA

La dificultad estriba en comprender la dificultad.

WALTER BAHEGOT, The Character of Sir Robert Peel.

El año 1863 fue tan decisivo para la historia del reinado isabelino como, veinte años antes, lo había sido el año 1843. Entonces, en los mismos inicios del reinado de Isabel II, una intriga cortesana, amparada por el Partido Moderado, desalojó del Gobierno a los progresistas e inició el larguísimo desencuentro entre éstos y la Corona. Ahora, tras la pulverización del moderantismo histórico y los años de gobierno de la Unión Liberal, se planteó por fin la posibilidad de que el Partido Progresista llegase al poder de forma pacífica. Aquella esperanza se abrió y se quebró en unos meses o, incluso, en unas semanas y unos días clave de 1863.

Como escribió en su momento Nelson Durán, «no hubo nunca, en todo el largo reinado de doña Isabel II, coyuntura más propicia que ésta para el libre juego de los partidos; la responsabilidad y la lealtad de los progresistas, tanto puros como resellados, labradas con no pocos sudores por O’Donnell, y el vigor y la reciedumbre de los conservadores, eran prendas de estabilidad y evolución ordenada[1]». En las páginas que siguen se intentará bucear en las condiciones en que se fraguó y se quebró aquella esperanza de estabilidad y evolución ordenada que habría convertido el ocaso de la Unión Liberal en el anuncio de una nueva era para el reinado isabelino. No resulta difícil imaginar que, de haberse producido una llamada de la Corona al Partido Progresista, la suerte del reinado habría sido sin duda distinta y, con ella, toda la historia posterior del liberalismo decimonónico y sus complejas relaciones con la dinastía borbónica.

La crisis de México y el apoyo inicial de la reina a la actuación de Prim sometieron a una tensión desconocida las relaciones entre Isabel II y O’Donnell, que habían sido siempre de carácter muy desigual, no sólo por las razones obvias de desigualdad inherentes a la situación de un monarca revestido de amplísimas prerrogativas constitucionales y un primer ministro que dependía, en última instancia, de la voluntad de la Corona. La desigualdad afectaba también a las expectativas personales y de confianza existentes entre ambos.

Don Leopoldo adoraba a la reina y se consideraba el salvador abnegado de una dinastía en peligro desde 1854. A diferencia de la brusquedad y del autoritarismo con que había ejercido aquel papel Narváez, O’Donnell lo desempeñó extremando la delicadeza y el respeto. Por lo que respecta a Isabel II, el resentimiento más o menos soterrado y temeroso que presidió desde su primera juventud las relaciones con Narváez no se parecía en nada a la estima personal, o al menos a la amable condescendencia e incluso a la confianza que le producía la evidente adoración de O’Donnell. Sin embargo, Isabel II nunca cedió ni un ápice en su voluntad de hacer sentir a su primer ministro que su poder, por mucho que éste llegase a ser y por más apoyos parlamentarios que tuviese, era simplemente un reflejo del verdadero poder, el de la reina, que podía darlo y retirarlo en cualquier momento.

El marqués de la Vega de Armijo, ministro de Fomento con la Unión Liberal, escribió en los apuntes que tomó para sus memorias que, según iban pasando los años, el ánimo de Isabel II iba acusando «el largo tiempo que el general O’Donnell llevaba en el mando, cuando los ministros viven de vida propia, por así decirlo, y no reflejada». El marqués acompañó a la Corte, al igual que don Leopoldo, en su viaje por Andalucía en otoño de 1862 y pudo observar las peculiares, irritantes y mezquinas formas que tomaba el narcisismo real para hacer patente su poder. Por ejemplo, en Granada, Isabel II realizó un verdadero alarde de especial consideración hacia los miembros del Partido Moderado que acudieron a la recepción ofrecida por la ciudad. Los políticos de la Unión Liberal fueron «por completo desatendidos […] hasta el punto de que el general O’Donnell se retiró con la duquesa antes de la hora de la cena, profundamente preocupado».

Cuando, al día siguiente, la reina le dijo a doña Manuela que su marido no tenía derecho a enfadarse, ésta le contestó quejosa: «¡Señora, como no es la primera vez!». Isabel II ejecutó entonces una de sus habituales escenas de llanto y dignidad ofendida dirigiéndose consecutivamente al general Zabala: «Ya habéis visto el insulto que me acaba de hacer la duquesa», y al propio O’Donnell: «Ya has visto como tu mujer me ha maltratado y esto no puede quedar así». Mientras, se las arregló para que pareciese que estaba llorando de emoción por las muestras de afecto recibidas por parte de la población de Granada.

A pesar del carácter sereno que todos los que le conocieron atribuyen a O’Donnell, la recurrencia de aquel tipo de escenas debió de ser una fuente de inquietud y de humillaciones difíciles de soportar. Cuando más seguro se sentía de sus apoyos parlamentarios, la reina se encargó de decirle con sorna que no se confiase demasiado creyendo que «nadie podría gobernar en España más que él»; a lo cual el general, «justamente afectado y sin agregar una sola palabra dijo: “Señora tenga V. M. por presentada mi dimisión mientras voy a buscar la de mis consejeros […] se me ha despedido como un lacayo que cumple mal”». Vega de Armijo, que conocía bien las complejas relaciones entre O’Donnell y la Corte, concluía que, a pesar de todos los esfuerzos de don Leopoldo por salvar a la monarquía, en Palacio siempre estuvo presente la idea de deshacerse del general, «pero en el momento en que podían realizarlo, o se atemorizaban ante el fallo de la opinión, o querían que al caer aquella gran figura no tuviera la importancia que propios y extraños con razón le daban[2]».

A principios de 1863 la ocasión para deshacerse de O’Donnell parecía haber llegado. Las evidentes muestras de desgaste de la Unión Liberal, agudizadas por la polémica en torno a la actuación de Prim en México, favorecían la segunda de las alternativas a que hacía referencia Vega de Armijo: prescindir del general en un momento de pérdida de popularidad y de apoyos políticos que le restaban autoridad frente a la Corona y a la opinión pública. Cuando se abrieron las Cortes para la que debería ser su última legislatura, el envenenado asunto de México (y de Prim) estuvo en el centro de la discusión del proyecto de contestación al discurso regio.

El Gobierno se encontraba en una situación muy comprometida. Los moderados de la Unión Liberal criticaban abiertamente la gestión de la retirada de México y responsabilizaban al ministro de Estado, Calderón Collantes, y al propio O’Donnell de la crisis diplomática abierta con Francia. Juan Prim, por su parte, exigía un apoyo público y parlamentario a su actuación. Palacio observaba satisfecho el potencial distanciamiento entre los dos generales y segaba la hierba bajo los pies del ministerio al filtrar su aquiescencia a la actuación de Prim. Los progresistas buscaban utilizar políticamente el disgusto de éste último ante la forzada ambigüedad gubernamental. Salustiano de Olózaga ayudó a Prim a preparar tres sonoras intervenciones en el Senado en defensa de una enmienda al proyecto de contestación, por la cual se exigía la inclusión de un párrafo en el que el Gobierno declararía que «no ha dependido del plenipotenciario de V. M. el que se haya producido ese desacuerdo», en referencia al que había existido entre los representantes de los tres gobiernos implicados en la campaña mexicana[3].

Prim defendió su orden de retirada de las tropas españolas con dos argumentos principales. Por una parte, aquella decisión había sido la única posible en un momento en que era necesario elegir, con urgencia, entre desagradar al emperador de los franceses o a Inglaterra y a Estados Unidos. Por lo que respectaba a este último país, Prim había podido apreciar en persona la extensión de su poder, minusvalorada a su juicio por los gobiernos europeos. Si España quería defender con habilidad y firmeza sus posesiones en las Antillas, debía tener presente que no se podía ya hacer política americana sin contar con Estados Unidos.

Por otra parte, la pretensión de imponer un monarca en México, y en concreto la política francesa a favor de Maximiliano de Austria, era absurda. En un siglo en que caían los tronos de más larga tradición, una monarquía como la de Maximiliano sería rechazada por la mayoría de la opinión pública mexicana y dependería siempre de los cañones franceses. No deja de ser irónico, a la luz de la trayectoria posterior de Prim y su apoyo a la monarquía de Amadeo I, que en aquella ocasión dedicase sus frases más elocuentes a demostrar que la historia reciente enseñaba que ninguna dinastía extranjera había logrado arraigar lo suficiente, ni siquiera en países de larga tradición monárquica como Francia, España o Nápoles. Algo que, por cierto, podía afectar también (y sin duda se tomó nota al respecto) a Napoleón III[4].

Los discursos de Prim no convencieron más que a los que ya estaban convencidos, pero lograron su objetivo de forzar al Gobierno a apoyarle votando la enmienda. La situación durante aquellos días de intenso debate parlamentario fue, cuanto menos, curiosa. Para O’Donnell era vital no enemistarse con un rival tan formidable y tan bien apoyado como Prim. La estabilidad de la Unión Liberal dependía de que, en aquellos momentos de tribulación, el general catalán (cortejado por los progresistas) no protagonizase una nueva disidencia de consecuencias imprevisibles. Prim, por su parte, tuvo la habilidad de convertirse en una especie de confidente para un primer ministro en apuros que era, además, militar como él, y a quien aspiraba a suceder de forma pactada, a ser posible.

Según su ayudante, Antonio María de Campos, durante el debate parlamentario del proyecto de contestación al discurso de la Corona, don Juan tomó «la costumbre de ir todos los días al ministerio de la Guerra, a las once, a ver al general O’Donnell». Éste le hablaba de las presiones que estaba recibiendo de los otros generales importantes de la Unión Liberal, encabezados por Serrano, para que desautorizase la retirada de México y provocase una crisis de gobierno con la expulsión del muy pomposo e inhábil Calderón Collantes, convertido en el chivo expiatorio de la crisis diplomática con Francia. Aquellos generales —que también aspiraban a suceder a O’Donnell— temían la influencia que Prim estaba alcanzando en la Corte y sobre el primer ministro. Sus presiones se hacían cada vez más insistentes y don Juan estaba bien informado de ellas[5].

Durante esos días, un acuerdo político de largo alcance estuvo a punto de fraguarse entre los dos generales. Delante de varios prominentes progresistas resellados, Santa Cruz, Luján e Infante, O’Donnell habló abiertamente a Prim de la posibilidad de que llegase a formar gobierno y se iniciara un turno pacífico entre ellos: «General, no puedo más: estoy fatigado y deseo descansar, pues no puedo resistir tantas exigencias de una y otra parte. Voy a aconsejar a S. M. que acepte mi dimisión y le llame a usted a formar gobierno, entrando en él más elementos progresistas que moderados y de este modo yo descansaré, y a mi lado se agruparán los hombres conservadores y liberales del país, y a su lado de usted la mayoría del partido progresista». Según Campos, Prim contestó: «“Señor duque, eso es imposible; el día que usted se retire, la Unión Liberal desaparece y cada uno de nosotros nos vamos a nuestros antiguos campos”. Infante y los demás señores presentes insistieron mucho para que el general aceptara pero éste se negó. Sin duda, el duque de Tetuán se lo dijo a la reina, pues a los pocos días Prim fue llamado a Palacio. La reina se dio por enterada de la conversación tenida por el general con Don Leopoldo y se ofreció apoyarle y ayudar con todas sus fuerzas en la idea que éste había concebido de que el partido progresista entrase a ser poder por la puerta principal de Palacio. Este lance ocurrió durante la discusión de la cuestión de Méjico en el Senado[6]».

Aquella conversación mantuvo las ambiciones de don Juan cerca de O’Donnell, al menos de momento. No evitó, sin embargo, que a principios de enero un buen número de altos cargos del gobierno unionista presentasen su dimisión en protesta por la actitud vacilante del Gobierno respecto a los asuntos de México y su apoyo —más o menos obligado— a la actuación de Prim. Antonio Cánovas, subsecretario de Gobernación; Luis Mayans, presidente de la sección del Consejo de Estado; el general Manuel de la Concha; Alonso Martínez y Pastor Díaz, entre otros, renunciaron a sus empleos. El embajador francés informó a su ministerio de que aquella defección era importante, porque los dimisionarios habían servido hasta el momento de pantalla ante la opinión pública en otras crisis políticas anteriores. «Se comienza incluso a comparar la crisis actual con la que, en Francia, precedió a la revolución de 1848 y se preguntan si el mantenimiento de un ministro [Calderón Collantes] no llevará a las mismas consecuencias […] la situación es grave y todos los síntomas alarmantes. Las noticias de Cataluña hablan de una próxima agitación […] en buena medida alentada por las medidas aduaneras del Gobierno[7]».

El día 7 de enero de 1863, Alejandro Mon (recién dimitido embajador en París) pronunció en las Cortes un discurso célebre en contra de la gestión de Calderón Collantes, del Gobierno y de Prim. Tras aquel discurso, desde una parcialidad evidente, Barrot informó: «Se tiene la sensación de que por fin se conoce la verdad sobre la cuestión mexicana, que la política del gobierno no puede ser defendida. Los mismos amigos del Ministerio se expresan en este sentido diciendo que ya se trataba de saber si, a pesar de todas las faltas del gobierno en esta cuestión, convenía a los intereses de España mantenerle en el poder […] es imposible que la Reina no comprenda el peligro al que se expondría si sostuviese a O’Donnell en su obstinación de no separar a Calderón Collantes. Se asegura que la opinión de la Corte en estos días se ha convertido en poco favorable a este Ministro[8]».

La actitud de la Corte y de la propia Isabel II parecía errática y en buena medida lo era, sometida ella misma a las presiones de gentes tan tradicionalmente cercanas, como Mon, y de la generalidad del moderantismo, tanto el incluido en la Unión Liberal como el que esperaba fuera de ella a que el poder llegase de nuevo a sus manos. En todo caso, Palacio no perdía de vista la guía perenne de toda su actuación política. Como dijo el ayudante de campo de O’Donnell, la reina, «siguiendo constante en su política de dividir y subdividir a los hombres eminentes políticos del país para que nunca puedan formar un partido fuerte que la domine», hizo todo lo posible por ahuyentar el peligro que para ella suponía un pacto estable entre Prim y O’Donnell y forzó la crisis de gabinete a que se resistía su primer ministro[9].

El 17 de enero, tras una reunión con Isabel II, O’Donnell anunció una remodelación del Gobierno con cambios importantes, significativos y arriesgados. Fue una modificación ministerial precipitada, urgida por la presión de los acontecimientos y sin que el tradicionalmente flemático general hubiese podido medir sus tiempos y calcular bien las consecuencias de los nombramientos. Posada Herrera fue sustituido por Vega de Armijo, casado con la hijastra de O’Donnell y hombre de ideas netamente liberales, cercano al grupo de Cánovas y de quien se esperaba que fuese capaz de «fabricar» desde su ministerio unas Cortes más avanzadas en cuanto cumpliesen las existentes su ya cercano plazo legal. La sustitución de Calderón Collantes en el ministerio de Estado (Exteriores) por el general Serrano fue aún más arriesgada y probablemente menos libre. Con aquel nombramiento se trataba de cerrar la crisis diplomática con Francia y contentar a los críticos con la actuación de Prim en México. Francisco Luján, un progresista resellado que ya había sido ministro durante el Bienio, se hizo cargo de la cartera de Fomento. Pastor Díaz (una concesión a la fracción disidente de Ríos Rosas) ocupó Gracia y Justicia y, tras casi tres semanas de vacilación, un antiguo demócrata, Augusto Ulloa, fue nombrado para Marina.

En términos generales, aquella remodelación pretendía ser una mano tendida al ala izquierda del unionismo (a los progresistas resellados y a los puritanos) que, al mismo tiempo, trataba de neutralizar las críticas de los conservadores en torno al asunto mexicano. Era, además, y no en último lugar, como dijo el embajador francés, «una satisfacción para el gobierno del Emperador». Para Prim fue una bofetada inesperada que marcó un punto de no retorno en sus relaciones con O’Donnell y con la Unión Liberal. Al conocerse el nombramiento de Serrano, Olózaga escribió que los progresistas esperaban que Prim dimitiese inmediatamente de su cargo como Director General de Ingenieros: «Si no la hace pronto muy mal quedará con todos». Don Juan, en un alarde de lo que él llamaba «política fina», presentó una dimisión verbal esperando que fuese un elemento de presión suficiente. O’Donnell intentó apaciguarle ofreciéndole explicaciones y recordándole que el Gobierno le había apoyado en las Cortes tan sólo un mes antes, y que no podía seguir utilizando el asunto de México para condicionar la política del ministerio.

Durante casi tres febriles semanas, de aquéllas a las que tan adicto era el Madrid de la época, ambos generales midieron sus fuerzas. Parece que O’Donnell aceptó inicialmente la oferta de Prim de no hacer firme su dimisión si el ministerio de Marina era para alguien de su entorno. Sin embargo, los poderosos generales unionistas seguían empeñados en evitar a toda costa que se llegase a ningún tipo de acuerdo. Don Leopoldo, finalmente, cedió a aquellas presiones y dio marcha atrás en su oferta: «Digan ustedes a Prim que no admito condiciones. Que si quiere retirar la dimisión que la retire, si no, que la presente y le será aceptada». La reina colaboró en crear un ambiente de recelo entre aquellas dos personalidades enfrentadas, alentando las esperanzas de Prim al llamarle a Palacio y reiterarle su deseo de que, en algún momento, el Partido Progresista fuese llamado al poder «entrando por la puerta principal[10]».

Toda la actuación posterior de Prim y del progresismo tan sólo se entiende a la luz de las esperanzas frustradas de acceso al poder que alimentaron durante aquella crisis decisiva. El embajador Barrot ya había advertido a O’Donnell de que, apoyando a Prim, abriría una crisis con Francia —cuya amistad había sido un elemento de autoridad inestimable sobre la reina— y no impediría que aquel hombre ambicioso se convirtiese en su enemigo. «Hoy Prim —escribió— está abiertamente en la oposición. Su intención, se dice, es reorganizar al partido progresista animando un acercamiento entre las dos fracciones extremas del partido, la radical y la moderada que era parte hasta ahora de la Unión Liberal con el objetivo de provocar la caída del Ministerio y reemplazarlo en el poder. La situación es cuanto menos curiosa. Hace apenas un mes el general Prim defendía en el Senado su política en México sancionada solemnemente por un gobierno del que se declaraba partidario […] ahora Prim abandona al Ministerio que se ha comprometido por él y se lanza violentamente a las filas de la oposición[11]».

Aquel violento paso a la oposición no era producto sólo de un orgullo herido incapaz de controlarse. Por el contrario, formaba parte de un cálculo muy medido que, sin embargo, venía viciado desde el principio por el error de confiar en las palabras de halago y en las ofertas de poder por parte de Isabel II. En una cultura política que había instalado a la Corona en una posición de poder que la debilidad de los partidos sólo conseguía aminorar parcialmente, todos los políticos tropezaban una y otra vez con la misma piedra. Todos anhelaban la confianza de la Corona y se dejaban cegar por aquel anhelo. A aquellas alturas de su reinado, Isabel II sabía muy bien cómo jugar con aquellos deseos y con aquellas inquietudes. Cuando apareció en la Gaceta la dimisión de Prim, su ruptura con la Unión Liberal quedó claramente de manifiesto. Los progresistas se aprestaron a recibirle con los brazos abiertos.

Mientras, con su habilidad habitual, las intrigas palaciegas se dirigieron al eslabón más débil del ministerio que se tambaleaba: el periodista Augusto Ulloa, sin experiencia en los asuntos del ministerio de Marina del que acaba de hacerse cargo y sin apoyos importantes en el mundo político. Palacio y los generales moderados alentaron una serie de dimisiones de altos cargos de la Armada, producidas supuestamente como consecuencia de la impopularidad de aquel nombramiento y avaladas por la filtrada desaprobación de la reina. Al mismo tiempo, las negociaciones con los disidentes de Ríos Rosas fracasaron y Pastor Díaz (su voz en el Gobierno) presentó la dimisión. Casi de inmediato, las Cortes fueron suspendidas indefinidamente[12].

Para el embajador inglés, que escribía a su ministerio largos informes tratando de explicar una situación que en Inglaterra era difícilmente comprensible, la decisión de suspender las Cortes debido al fracaso de unas negociaciones llevadas a cabo fuera de ellas era una aberración desde el punto de vista del funcionamiento de un sistema constitucional «sano». A su juicio, aunque la decisión estaba dentro de los límites de lo permitido constitucionalmente, se parecía demasiado a un amago de golpe de Estado.

En consonancia con «las prácticas reconocidas e inteligibles de las Monarquías constitucionales», el Gobierno debería haber presentado alguna cuestión de confianza al Parlamento y, si era derrotado, presentar su dimisión o convocar elecciones tras disolver las Cortes. «España no es Inglaterra en este tipo de cosas», aclaró al confuso sir John Crampton, un «político experimentado […] Con ustedes, cuando una cuestión ha sido constitucionalmente definida, se acabó, independientemente de lo vivos que hayan sido los debates. Con nosotros es diferente: hay que tomar en consideración otros elementos. En el presente hay una gran confusión en las filas de la mayoría, con una tendencia a incrementarse aún más con cada discusión y podría quizás acabar en algún exceso deplorable. La suspensión de las Cortes está encaminada a poner punto final a esta agitación y dar un respiro para organizar un ministerio. Es una medida imperfecta quizás, y sujeta a objeciones, pero es la única a la que puede recurrir el gobierno». Crampton concluyó, típicamente, que todas aquellas explicaciones no eran, para él, más que una nueva muestra de «la escasa fe real que la nación española siente por las instituciones bajo las que vive[13]».

En todo caso, O’Donnell, no había perdido la fe en aquellas instituciones ni tampoco en la confianza de la reina. Su objetivo era lograr la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones para el próximo mes de abril. Se redactó a estos efectos un decreto en cuyo preámbulo se afirmaba que, a punto de cumplirse el plazo legal para el fin de las Cortes existentes, se hacía necesario ya convocar otras nuevas porque, «en el régimen constitucional debe buscarse por medio de movimientos y renovaciones prudentes la inspiración legítima de la opinión pública». La gran baza política, tantas veces pospuesta, era la promesa de «proponer la abolición de la reforma constitucional consignada en la ley de 17 de julio de 1857, devolviendo a los cuerpos colegisladores la facultad de formar y modificar sus reglamentos, pero respetando al mismo tiempo, y poniéndolo en armonía con el principio desamortizador, el de la senaduría por derecho propio a favor de elementos sociales que, por su posición, por su riqueza y por sus gloriosos timbres tradicionales simbolizan y ejercen en el Estado una saludable, grande y legítima influencia[14]».

La prensa conservadora filtró que a la reina no le había gustado nada el giro liberal que marcaba el preámbulo del decreto de disolución y que ponía dos condiciones para reiterar su confianza en O’Donnell y firmarlo: que se eliminase la alusión a la reforma constitucional y que se forzase la dimisión de Vega de Armijo y de Ulloa[15]. Isabel II sabía perfectamente que O’Donnell ya no podía aceptar aquellas dos condiciones. El periódico ministerial La Correspondencia se quejó de «la imprudencia con la que se compromete, casi en cada línea de lo que se publica, el nombre de la Reina». Sin embargo, la propia prensa unionista colaboró en hacer patente la visibilidad política de Isabel II e hizo correr el rumor de que las dificultades del general eran fruto de una intriga de Palacio, «queriendo en su última hora —como escribió Fernández de los Ríos— hacer irresponsable a O’Donnell a costa del trono[16]».

Con evidentes deseos de presionar la voluntad regia, La Correspondencia publicó un editorial en que se leía: «Es seguro, segurísimo, que si el decreto de disolución no se firma, el duque de Tetuán resignará inmediatamente y sin dolor un mando que ha querido conservar sólo para servir a su Reina, a su país y a la causa constitucional […] En último resultado, lo que parece probable es que en estos momentos pende de la sabiduría de S. M., la Reina; de la Reina, en cuyas luces y altas prendas debemos tener todos la más completa confianza, la disolución de las Cortes con la conservación del ministerio O’Donnell o la variación del Gabinete, y aún de situación política, si no cree conveniente decretar aquella medida en los términos propuestos por el duque de Tetuán». La debilidad del primer ministro era tal que, dos días antes de que se publicase aquel artículo, tuvo que sufrir la humillación de que alguien a quien siempre había tratado con sumo desprecio, el secretario particular de Isabel II y al parecer su amante, Miguel Tenorio, le dijese abiertamente que la reina deseaba su renuncia[17].

La noche del 26 de febrero, don Leopoldo presentó finalmente su dimisión. Como él mismo había vaticinado, fue despedido como «un lacayo que cumple mal». En realidad sucumbió, como todos los primeros ministros anteriores, a la endémica debilidad de los gobiernos frente a las enormes prerrogativas que tenía, y ejercía a su arbitrio, la Corona. Tan sólo las amenazas de revolución, o la sensación de que un partido era (momentáneamente) demasiado fuerte como para enfrentarse a él, contenían los deseos de ejercer un poder netamente independiente por parte de la reina.

De hecho, para la cultura política de la Corte reinar significaba realmente tener en vilo a todos los otros poderes y, en primer lugar, al Gobierno. Para Isabel II, el llamado jeu de bascule consistía básicamente, no tanto en lograr un equilibrio entre las distintas fuerzas, como en fraccionar lo más posible la autoridad de los líderes políticos y los partidos para restarles poder y acrecentar el de la Corona. Como dijo el secretario de María Cristina, Antonio Rubio, «por mucho que se diga que en Palacio no se gobierna, no es poco gobernar el hacer crisis ministeriales; no es poco gobernar el resolverlas; no es poco gobernar el nombrar Ministros; no es poco gobernar el manejar la máquina constitucional de modo que salte y no queden dos tornillos juntos y perezcan entre sus astillas todos los partidos o aficionados al constitucional mecanismo».

O’Donnell había logrado salvar a la monarquía de sí misma durante cinco largos años, el período de estabilidad más dilatado de un gabinete durante todo el reinado de Isabel II. Su duración da idea de su fuerza, al menos en términos comparativos, pero el análisis de aquellos años demuestra que no hubo un momento de paz, no hubo apenas unos meses en que el primer ministro fuese realmente fuerte y capaz de llevar adelante su política. Todos y cada uno de los días de su mandato, la voluntad de Palacio pendió sobre su cabeza, cada vez más humillada y confusa. Su decepción habría sido menor si no hubiese creído tan ingenua y sumisamente que tenía el afecto y la confianza de la reina. O al menos su gratitud. Ninguno de esos sentimientos, escribió Rubio que conocía muy bien a quienes él llamaba «mis Borbones», anidaban por mucho tiempo en el corazón de Isabel II, «pues la gratitud es una virtud vulgar que no obliga a los Reyes, en quienes la ingratitud misma puede ser deber y virtud cuando lo exige la razón de las razones que es la […] Razón de Estado, o sea, lo que entre los humildes súbditos suele llamarse lisa y llanamente injusticia[18]».

A diferencia, sin embargo, de otros primeros ministros despedidos (especialmente Narváez), que se sintieron obligados a salir de la capital e incluso a irse a Francia, O’Donnell se quedó en Madrid. Desde su casa, y desde su prestigio y autoridad residuales, asistió y participó en la resolución de la crisis ministerial que había provocado su caída. Permaneció en funciones hasta el 2 de marzo mientras se proponían y descartaban hasta siete posibles primeros ministros alternativos. Muchos eran conscientes, y entre ellos don Leopoldo, de que de la resolución de aquella crisis dependía el futuro del reinado de Isabel II.

La caída de la Unión Liberal fue el producto combinado del deterioro de sus apoyos políticos, de la desunión interna del nuevo ministerio, de la pérdida de confianza de la reina y de la presión que, en esas condiciones, ejerció la sonada disidencia de Juan Prim. En ese escenario, como informó confidencialmente el embajador inglés, se desataron las intrigas y los ataques, los intereses personales de «una clase de hombres, muy numerosa en España, que habían tenido sus momentos de poder y que habían caído en la insignificancia durante los últimos cinco años […] produciendo, en ausencia de un poder parlamentario auténticamente sustantivo al que pudiese apelar el Gobierno sobre la base de los méritos de su política, un estado general de inseguridad y de confusión que desafiaba cualquier intento de manejarlo». Para Crampton, había sido un espectáculo de linchamiento político lamentable: «El velero no es que tuviese una vía de agua definida que se pudiese cortar sino que parecía haberse convertido en una cesta inundada por todas partes[19]».

Al día siguiente de su caída, don Leopoldo mantuvo una «suavemente melancólica» conversación con el embajador inglés. Suponía que éste debía sentirse confundido por el hecho de que un Gobierno que había conseguido una victoria parlamentaria decisiva sobre la única cuestión (la de México) que había suscitado la atención del país en los últimos tiempos, se desmoronase de la forma en que el suyo lo había hecho. «La única respuesta que puedo dar a la pregunta es que nosotros requeriremos más tiempo y experiencia para el funcionamiento regular del gobierno constitucional. Sin tener ninguna pretensión de genio político, puedo mirar atrás con satisfacción y observar la preservación de la tranquilidad política y el avance de la prosperidad material durante un período más largo de lo que ha sido usual en este país; y no parecía haber razones para que el mismo sistema no continuase en mis manos o en otras manos». Habría querido, continuó O’Donnell en tono desapasionado, concluir las cosas tranquilamente hasta el final natural de las Cortes y entonces tantear la disposición del país, «pero si los caballeros que forman un gabinete no consienten en poner a un lado diferencias menores y sentimientos individuales para asegurar intereses más altos, ¿qué se puede hacer? Las disensiones que no tienen motivos políticos reales son muy difíciles de solucionar[20]».

Mientras O’Donnell se entrevistaba con Crampton, en Palacio se desarrollaba una frenética ronda de consultas para encontrarle sustituto. El relevo demostró ser mucho más difícil de lo esperado debido, precisamente, a la atomización de los partidos y fracciones que había provocado el derrumbe de la Unión Liberal, en cuyo espacio político, en sentido amplio, comenzó la búsqueda de otro primer ministro. «Las conferencias entre la reina y los jefes de las diversas fracciones políticas se suceden sin interrupción», escribió el embajador francés, mientras enviaba un telegrama tras otro con diferentes nombres encargados de formar gobierno y sus subsiguientes fracasos. Con mucho más distanciamiento e ironía, Fernández de los Ríos escribió que, en «cinco días de crisis se gastaron seis presidentes y cosa de cuarenta y dos ministros; diríase que se trataba de alguna declaración de guerra continental, según iban y venían a Palacio generales y más generales; la significación de las personas que sucesivamente recibieron encargo de formar ministerio, fueron para la opinión pública la última confirmación de lo que ya era evidente muchos años hacía: de lo inmutable que son los obstáculos tradicionales […] Ninguna de las fracciones en que estaba descompuesto el partido moderado tenía fuerza para ser Gobierno[21]».

Las combinaciones fueron varias y no merece la pena detenerse en la minucia (y la miseria política) de cada una de ellas. La primera y la aparentemente más sólida fue la de uno de los insignes generales de primera hora de la Unión Liberal, Manuel Gutiérrez de la Concha, marqués de Duero, quien recibió y aceptó hasta tres veces el encargo de formar gobierno y fracasó. Con el apoyo de O’Donnell, su objetivo era formar un ministerio de coalición que se asegurase la mayoría de las dos Cámaras de manera que la disolución no fuese necesaria y se pudiese votar el presupuesto de 1863-1864 (un tema crucial en aquel momento) antes de acabar las Cortes su mandato legal. Las elecciones se harían inmediatamente. Parecía por lo tanto —escribió el más bien perplejo embajador francés— que don Manuel «no tendría grandes obstáculos y, sin embargo, después de dos días todos sus esfuerzos para componer un Gabinete han fracasado y deberá, a lo que parece, devolver sus poderes a la Reina[22]».

La frustración de aquel proyecto se debió a la negativa de todos los prohombres moderados contactados —en especial la del grupo Mon-Armero, cuyo apoyo la reina y Concha consideraban imprescindible— a colaborar con aquella especie de reedición de la Unión Liberal tutelada en la sombra por O’Donnell. Para Mon los tiempos de la Unión habían pasado: «Ya se han visto los enojosos resultados que ha producido: no ha hecho nada, no ha construido nada estable, ha fraccionado y desorganizado a los partidos hasta el punto de hacerlos a todos imposibles y que sólo gracias a circunstancias excepcionales se ha mantenido cuatro años en los negocios, pero que no ha hecho más que administrar y que no ha gobernado[23]».

La descalificación no podía ser más injusta o, exactamente, más ideológica. En labios de alguien como Alejandro Mon nos quedamos sin saber qué significaba para él administrar y qué gobernar. En todo caso, es evidente que, para aquellos viejos políticos liberales, procedentes del ambiente crispado de las «décadas gloriosas» de los treinta y los cuarenta, era difícil dejar de ver el mundo en blanco y negro, con los parámetros de entonces. Lo que verdaderamente les resultaba imperdonable en la Unión Liberal era que les había «desorganizado» sus partidos tradicionales, sus clientelas y la cultura política a la que estaban acostumbrados. Aún costa de que, en nombre de un vago concepto de qué era gobernar, convirtiesen el país en ingobernable, no estaban dispuestos a ningún tipo de reedición del unionismo, ni a ninguna puerta abierta al regreso de O’Donnell, quien había demostrado, durante casi cinco años, que podía gobernar y administrar sin ellos, o con ellos en una posición claramente subordinada. Si hubo algo que unió a progresistas y moderados en la crisis de 1863 fue precisamente aquel odio conjunto a la Unión Liberal.

Por lo que respecta a los progresistas, los acontecimientos de los últimos meses habían avivado su urgencia, y sus esperanzas, de llegar al poder. Desde el famoso discurso de Olózaga sobre los «obstáculos tradicionales» todos los medios progresistas venían reiterando la anomalía y el peligro que suponía para la dinastía su «desheredamiento histórico». En aquellos días de 1863, los progresistas se consideraban los herederos naturales de O’Donnell por la descomposición del moderantismo, por las esperanzas depositadas en Prim y porque ellos mismos se ofrecían cada vez más como un liberalismo respetable capaz de bloquear, a un tiempo, la creciente marea demócrata y republicana, y los peligrosos nubarrones de la reacción.

Aquellas esperanzas no eran infundadas. A pesar de los pesares, en los casi cinco años de mandato de la Unión Liberal, se habían producido modificaciones sustanciales que, quizás, necesitaban más tiempo para reposar, pero que eran evidentes. La tradición previa de relación entre los partidos, especialmente entre progresistas y moderados, pero no sólo entre ellos, había tenido la oportunidad de cambiar. Una práctica incipiente de colaboración entre progresistas y moderados (que incluía a notables procedentes de los márgenes de la democracia) se había demostrado capaz de aislar al sector más reaccionario del moderantismo sin que se produjese ninguna catástrofe. Al lograrlo se había hecho visible y respetable políticamente la posibilidad de un turno pacífico entre las dos grandes corrientes liberales, la progresista y la conservadora, esta última limada de su componente más retrógrado.

Hasta Narváez, cuando supo en aquellos días de crisis que podía ser llamado al poder, concedía que sería necesario establecer una especie de turno con los progresistas y aseguraba que, en caso de ser llamado a Palacio, haría una propuesta de amplia amnistía política y elecciones limpias. Más allá de que aquello podía ser una mera declaración formal de intenciones para facilitar su acceso al ministerio, lo cierto es que, por primera vez de forma muy amplia y comentada en todos los ámbitos políticos y periodísticos, la idea de dar paso a los progresistas leales con la monarquía se abría paso[24].

Leopoldo O’Donnell fue uno de los defensores de aquella posibilidad, siempre que se estuviese hablando de Prim como primer ministro y siempre que éste consiguiese embridar a las generaciones más jóvenes y radicales de progresismo, lideradas de forma cada vez más notoria por Sagasta en detrimento de Salustiano de Olózaga, quien, al tiempo que perdía pie a favor del liderazgo alternativo del general catalán y de Sagasta, incrementaba su radicalismo antidinástico. Si Prim no era aún capaz de reconstituir el partido y asegurar su lealtad a la dinastía, habría que esperar. Mientras tanto, O’Donnell aconsejaba una nueva coalición gubernamental, en la que los progresistas estuviesen ampliamente representados, como la que intentó sin éxito articular Concha. En cualquier caso insistió, de la forma más terminante que fue capaz, que sería un suicidio político aprovechar su dimisión para iniciar un giro reaccionario (con o sin Narváez), como pedían los sectores más ultramontanos de la Corte.

Desentrañar lo que pasó verdaderamente en aquellos cinco días de 1863 y cuál era la auténtica voluntad de la reina, si es que tuvo una sola, resulta difícil. Las dos versiones clásicas, y enfrentadas, presentan los hechos de la siguiente manera. La Corona se negó desde el principio a entregar el poder al Partido Progresista, lo que desairó sus esperanzas y las de Prim, con la consecuencia de empujarles definitivamente fuera de los límites de juego político pacífico. Alternativamente, la reina llamó a consultas a algunos líderes del Partido Progresista y les ofreció un poder que éstos rechazaron al negarse, fundamentalmente, a renunciar al dogma de la soberanía nacional y a la milicia. En una versión, los progresistas son forzados al camino del retraimiento y la revolución. En la otra, su propia cultura política, su revolucionarismo y radicalismo innatos, les impidieron ser una alternativa fiable de poder. En la primera versión, la reina es la gran culpable del deterioro irreversible de las condiciones que hacían posible su reinado y, por lo tanto, provocó ella misma la gran revolución que acabaría con éste. En la segunda, fueron los progresistas los que, incapaces de desprenderse de sus dogmas más radicales, crearon un callejón sin salida que llevaba a su objetivo final e irrenunciable: la revolución y la caída de la dinastía[25].

Las cosas, como casi siempre ocurre y muy particularmente en el intrincado juego de la política isabelina, fueron más complejas. La reina llamó a consultas a prácticamente todas las personas importantes de todas las fracciones políticas del arco liberal del momento, incluso a algunos progresistas destacados. Por Palacio pasaron, entre otros, Narváez, Mon, Armero, Bermúdez de Castro, Cortina, Madoz, los hermanos Concha, etcétera. Las consultas fueron, desde luego, mucho más amplias y variadas de lo que habían sido nunca en ocasiones similares, pero fueron eso: consultas. Si su objetivo era ganar tiempo y dividir a los diversos líderes de cada fracción o si, realmente, Isabel II se topó con la división cainita de todas las fracciones y partidos, es lo que está en cuestión y lo que es más difícil de dilucidar. Lo que tenemos documentado es lo siguiente.

Nada más producirse la dimisión de O’Donnell, la reina convocó con urgencia, la noche del 26 de febrero, a los progresistas Manuel Cortina, Eugenio Moreno López y Pascual Madoz. Este último, según su propio relato, estaba en el teatro cuando, a las diez y media de la noche, recibió recado de que «a las once debía estar en la Real Cámara». La entrevista fue larga. Isabel II comenzó preguntando sobre la disponibilidad del Partido Progresista de entrar en el poder. La respuesta fue negativa: en aquellos momentos, el encargo de formar gobierno supondría un grave perjuicio para el partido. Ninguno de los relatos que tenemos de aquella entrevista detalla las razones del porqué de ese «grave perjuicio». En todo caso, los tres políticos progresistas desaconsejaron firmemente el regreso de los moderados y propusieron la formación de un Gobierno neutral, de transición, que diese tiempo a la reorganización de los partidos con vistas a las próximas elecciones. Para entonces, dijeron, los progresistas estarían en condiciones de asumir sus responsabilidades[26].

Con su habitual tendencia al halago, sincero o impostado, Isabel II les aseguró que «era su deseo más ardiente que los progresistas llegarán al poder legalmente; ella era la reina de todos los españoles y no de un cierto partido exclusivamente». Al día siguiente, Madoz —según su propio relato— comunicó «a la minoría progresista todos los pormenores de la conferencia», cumpliendo a su juicio con un deber de lealtad hacia su partido. El día 28 escribió, con las mismas razones y contenido, a los miembros del comité del cuarto distrito de Barcelona por el que era diputado. A través de aquella comunicación tenemos datos más precisos. Isabel II, tras reconocer los señalados servicios que los progresistas habían prestado al trono, les aseguró que «deseaba ver alternar en el poder con los demás partidos al partido progresista». La crisis ministerial, dijo, no era producto de una discusión de fondo sobre la marcha general del Gobierno: era una cuestión de personas y se reducía a su deseo de que saliesen del gabinete el marqués de la Vega de Armijo y Augusto Ulloa. La reina consideraba que causaría mal efecto disolver unas Cortes en las cuales el Gobierno tenía mayoría, más aún cuando el gabinete contaba con la confianza de la Corona. Sin embargo, al haberse producido ya la dimisión, «deseaba oír nuestro consejo en la situación crítica y comprometida en que se veía colocada».

El primero en tomar la palabra fue Manuel Cortina, quien declaró que, aunque se hallaba alejado de la política activa, era y sería siempre progresista. Criticó abiertamente el uso de la llamada «influencia moral» en las elecciones porque con ella, a su juicio, «se ofuscaba a los reyes» y no siempre se lograba la expresión genuina del país. Recordó que el Partido Progresista tan sólo había podido acceder al poder «empujado por la revolución» y que, si en 1838, el gobierno moderado no hubiese utilizado su «influencia moral», el progresismo habría tenido mayoría en las Cortes y la revolución de 1840 no se habría producido. Aconsejó «pensar seriamente en adoptar una política eminentemente liberal y huir de toda tendencia reaccionaria, que no consentía ni la situación del país ni el estado de Europa».

Tomó entonces la palabra Pascual Madoz advirtiendo de que los últimos cuatro años de la Unión Liberal eran una «dolorosa experiencia que había podido convencer de que ofrecía un grave peligro para el trono y para la dinastía la disolución de los antiguos partidos». Su «súplica» a la reina (en realidad una advertencia) consistió en hacerle ver la necesidad crear las condiciones «para que se hiciera dinástico todo el partido constitucional», porque dado que la actual dinastía estaba siendo combatida por el carlismo y por la democracia, si la fidelidad de los progresistas flaqueaba, «su trono podía verse en grande conflicto». Madoz aseguró a Isabel II que «yo nada pedía para mi partido; pero declaraba al mismo tiempo peligrosa la conducta que con él se seguía, eliminándole del poder en todas las circunstancias. Por supuesto, que ante la reina creí deber consignar en declaración solemne que el partido progresista […] sabría dar como ningún otro seguridades de orden estable, llamado al poder en circunstancias normales, en su tiempo».

Don Pascual aludió también a los rumores sobre la candidatura de Narváez y, secundado por Cortina, advirtió a la reina de «los peligros de una situación reaccionaria». Se extendió mucho sobre esa cuestión hablando, a su juicio, con «el debido respeto», pero con claridad y firmeza. «Yo no pido hoy el poder para el partido progresista; pero quise preparar el terreno para obtenerlo mañana, en bien de la causa liberal, es cierto», pero también «en bien de la monarquía y de la dinastía». Era necesario despejar las dudas ante la opinión pública respecto a que la formación del nuevo gabinete, fuese éste el que fuese, «obedecía a indicación o influencia del otro lado del Pirineo» y aludió a «cierta influencia perniciosa siempre en el orden político, que se agitaba en aquellos momentos». No queda claro en su informe a quién se refiere: ¿a Napoleón III?, ¿a María Cristina?

La reina entonces intentó conocer su opinión sobre nombres propios (quizás una forma de tantear el estado de las relaciones entre Prim y el Partido Progresista) pero, según Madoz, él y sus compañeros se abstuvieron de entrar en ese terreno y se limitaron a invocar la necesidad de «una política liberal, una política nacional, una elección libre»; sin dejar de insistir en que el nuevo ministerio debería estar compuesto por personas de un mismo partido. Al concluir la entrevista, Isabel II «nos protestó de nuevo su reconocimiento al partido progresista, su deseo de volverle a ver de nuevo en el poder, manifestándonos cuán satisfecha quedaba de la rectitud de nuestros consejos y de la pureza de nuestras intenciones».

Eran cerca de las doce y media de la noche cuando los tres prohombres del progreso salieron de Palacio. Madoz fue inmediatamente a casa de Olózaga para referirle lo que había ocurrido. Don Salustiano estaba durmiendo y no quiso despertarle. Al día siguiente Olózaga fue a casa de Madoz «y ahora, como siempre, caminamos con el mejor acuerdo». Ese mismo día, 27 de febrero, se reunió la minoría progresista y Madoz narró de nuevo la entrevista con Isabel II y, «a propuesta del señor Olózaga, se declaró que tenía una gran significación este llamamiento, y que el diputado del cuarto distrito de Barcelona había prestado un gran servicio al partido[27]».

El relato de Cortina, y sobre todo el de Madoz, ponen de manifiesto, en primer lugar y ante todo, su inquietud ante la posibilidad de suscitar sospechas en su propio partido. No sólo por haber sido ellos los elegidos frente a otros líderes más reconocidos, sino también en relación con el contenido de la entrevista y la actitud que habrían mostrado ante la reina en una ocasión tan delicada. Especialmente Madoz, aún en la política activa a diferencia de Cortina, trató por todos los medios de despejar cualquier duda respecto a la lealtad partidista que todos ellos habrían demostrado e insistió en que los convocados no habían mantenido jamás comunicaciones previas antes de ser llamados conjuntamente por la reina. Especial énfasis otorgó en sus cartas al hecho de que él en persona, e inmediatamente, había puesto en conocimiento de sus correligionarios, y de su líder en aquel momento, Salustiano de Olózaga, el tono y el contenido de aquella entrevista.

Lo segundo que resulta evidente es que Isabel II no les ofreció el poder de forma directa, sino que se limitó a tantearles respecto a la disponibilidad del Partido Progresista para hacerse cargo del Gobierno, asegurándoles de paso que contaba con ellos como una posibilidad entre otras. Era una forma, especialmente halagadora, de sondear su actitud respecto a otras posibles combinaciones. En tercer lugar, no hay duda de que los líderes progresistas descartaron abiertamente la posibilidad de acceder al Gobierno de forma inmediata y en aquellas circunstancias. Aspiraban sin duda al poder, pero no lo querían en aquel momento. Lo que sí querían, y así lo hicieron ver, era evitar tanto una política de reacción, encarnada para ellos en el recurso a Narváez, como cualquier intento de resucitar desde Palacio a la Unión Liberal. Finalmente, es posible que el nombre de Prim planease en aquellas conversaciones y no fuese mencionado; en todo caso su ausencia es clamorosa. La conversación que en el palacio de Buenavista tuvieron O’Donnell y Prim, así como los halagos y muestras de confianza de la reina a este último, parecen haberse esfumado por completo, o al menos la documentación existente no recoge que se reprodujesen en ningún momento de aquellos cinco días de crisis. Esto es todo lo que podemos saber e inferir de aquella supuesta oferta de poder al Partido Progresista.

Si a todo eso unimos la actitud de los líderes moderados consultados, notablemente Alejandro Mon, y su negativa a acceder a las peticiones de Concha de entrar en un gobierno de coalición, parece claro que las opciones de Isabel II se fueron estrechando y complicando según pasaban los días. Todos aquellos prohombres políticos que habían clamado, y seguían clamando, contra los perjuicios que la Unión Liberal había causado a sus respectivos partidos, temían suceder a O’Donnell sin contar, al menos, con un decreto de disolución de Cortes que les permitiese formar otras nuevas a su medida. A esto último es a lo que se oponía con mayor firmeza la reina.

¿Qué querían en realidad Isabel II y el entorno de Palacio?, en el caso de que quisiesen todos lo mismo. Por una parte, es evidente que la división interna de todos los partidos favorecía una vez más la independencia de la Corona. Por otra parte, sin embargo, la prolongación de la crisis comprometía su situación, en cuanto que ponía en duda la capacidad, y la autoridad, de la reina para lograr formar ministerio. Respecto a sus preferencias políticas creo que éstas estaban claras. Isabel II y su entorno (especialmente el más cercano al rey consorte) tuvieron de inmediato el acto reflejo de llamar a Narváez. Para los sectores más reaccionarios de la Corte, la debilidad del unionismo (a la que colaboraron con entusiasmo) era un momento excelente para dar de nuevo marcha atrás.

El embajador francés, muy bien informado, relató día a día los esfuerzos que hubo que realizar para impedir que la reina llamase inmediatamente a Narváez. Aquella intención la corrobora Fernández de Córdova en sus Memorias con la trascripción de varias cartas cruzadas entre él mismo, Narváez y aquel mediocre pintor cortesano y fanático narvaísta que era Gutiérrez de la Vega. De esa correspondencia se deduce que hacía tiempo que se daba por hecho que, si caía O’Donnell, la reina llamaría a Narváez. Su candidatura, y un nuevo golpe de timón en sentido reaccionario, estaban preparados desde hacía meses, al menos desde noviembre o diciembre de 1862. El día antes de conocerse la dimisión de O’Donnell, Córdova recibió una carta muy urgente de Gutiérrez de la Vega en la que éste le decía: «Hoy escribo a usted contentísimo de parte del amigo [Narváez] diciéndole que se ponga en camino para Madrid, sin perder un instante siquiera, para ocupar su puesto (Tales son sus palabras: sin perder un instante siquiera). Ayer llegó la dimisión de Bustillos y otras de marinos que seguirán viniendo. La reina se ha resuelto a no firmar la disolución, y la caída del Gobierno y la entrada del amigo está ya asegurada de un momento a otro[28]».

Parece ser que sor Patrocinio y el rey eran los más firmes defensores de aquel paso atrás y que llevaban semanas presionando a la reina en ese sentido. Entre la correspondencia de Narváez se encuentra un mensaje cifrado de Gutiérrez de la Vega y, en hoja aparte, el código que permite leer lo siguiente: «Dicen formal y solemnemente los dos amigos que la Madre ha mandado hacer rogativas en los tres conventos establecidos en Aranjuez, El Escorial y La Granja a fin de que el objeto consabido se logre con la ayuda de la Providencia. Pero lo más notable de todo esto es que el otro día fue el Rey a visitar el convento de La Granja y felicitó a la abadesa diciéndole que ya estaba conseguido el objeto de sus rogativas. Entonces la abadesa le preguntó si con ese motivo podían entonar la Salve y le contestó que sí. Acto continuo se entonó la Salve como en solemne acción de gracias asistiendo a este acto SS. MM. Con este motivo esperan muy confiadamente que de un día a otro será V. llamado por medio de un parte telegráfico[29]».

De hecho, don Ramón fue llamado a Palacio dos veces: una al iniciarse la crisis y otra el 2 de marzo. Unas horas después de recibir el segundo encargo le dijo a la reina que ya tenía ministerio completo, cosa que Concha había sido incapaz de lograr y que el resto de los convocados habían rechazado. Isabel II «aceptó y fijó la hora para la toma de posesión». Se iniciaron entonces unas horas febriles en las que la reina recibió presiones fortísimas e «incluso se asegura que se representó toda una comedia para conseguir el objetivo» de evitar aquella toma de posesión. «Hubo idas y venidas en Palacio […] el general Enrique O’Donnell, hermano del duque de Tetúan y Capitán General de la provincia, y el duque de Sesto, gobernador político de Madrid, se presentaron ante la Reina con aires alarmados, llamaron a sus ayudas de campo, dieron órdenes con aires misteriosos para llamar la atención de S. M. […] finalmente le dijeron que no podían responder de la tranquilidad de Madrid si nombraba a Narváez pero que estaban dispuestos a derramar toda su sangre para defender a la Reina y las prerrogativas de su Corona».

Doña Isabel, al parecer, pasó llorando toda la mañana del 2 de marzo, debatiéndose entre las presiones de su entorno a favor de Narváez y el temor a una revolución. Pudo por fin el miedo y Narváez fue sacrificado. Don Ramón recibió la noticia de que no sería primer ministro cuando, tras acabar una comida que había ofrecido a su nuevo gabinete, los flamantes ministros iban a subir a los carruajes, vestidos de gala, para ir a Palacio[30].

Toda la situación amenazaba con convertirse en un sainete. Según Barrot, «la Reina ha debido retroceder ante las manifestaciones inequívocas de la opinión pública» y las serias advertencias sobre «la reacción muy peligrosa para ella y para la monarquía» que implicaría un giro tan brusco como el nombramiento de Narváez. El giro suave —«claramente pura transición»—, precipitado por las circunstancias, se materializó con el nombramiento, ese mismo día 2 de marzo, del marqués de Miraflores quien, como siempre, «estaba por ahí». «El chasco para todos —escribe Córdova— fue pues completo; nuestros amigos, los hombres que trabajaban en Madrid cerca de las personas influyentes de la Corte, quedaron burlados y Narváez, humillado, se retiró a Loja[31]».

El embajador francés escribió a su ministerio que, durante aquellos días en que Isabel II buscaba a la desesperada un ministerio, el espectáculo de egoísmo y miras estrechas que dieron todos los hombres políticos llamados a Palacio fue desolador: «¡Cuántas combinaciones acogidas, rechazadas y vueltas a tomar! ¡Qué prueba de mala voluntad de parte de todos a los que la Soberana se había dignado a suplicar que viniesen en su ayuda! ¡Cuán pocos de esos hombres de Estado que ella ha llamado se han mostrado dispuestos a hacerle el menor sacrificio de sus pasiones o de sus ambiciones! Cada uno sólo ha consultado su propio interés y, a la desesperada, la Reina ha terminado formando un Ministerio que le dará, es cierto, tiempo para respirar, pero que le preparará probablemente en un futuro próximo nuevas preocupaciones y nuevos peligros[32]».

Miraflores se apresuró a justificarse ante todos los que quisieron oírle asegurando que el suyo era un ministerio «de abnegación»: él no había solicitado el poder, lo había aceptado en un momento en que «su rechazo habría aumentado el embarazo ya muy grande de la Corona; era necesario poner término a una crisis que, por su duración, comprometía el prestigio Real[33]». Fernández de Los Ríos corrobora en parte esa versión: «Se llamó a Miraflores no como una solución política sino como recurso para salir de una situación que por lo prolongada, y por otras razones vicalvaristas, empezaba a tomar cierto tinte de gravedad». La idea era formar un gobierno de transición que diera tiempo a la reorganización del Partido Moderado y, mientras tanto, calmar las pasiones, conseguir que se aprobasen los presupuestos y cerrar las Cortes en su tiempo[34].

A los primeros que había que calmar era a los progresistas. Con un Prim irritadísimo, y no menos humillado que Narváez, cazando en su finca de Toledo, Miraflores se dirigió a Olózaga. En una entrevista privada que debió de producirse en torno al 19 de marzo, Miraflores aseguró a Olózaga que su Gobierno —a pesar de contar con algún progresista resellado y con el otro general Concha (don José)— no era el mero continuador de la política de O’Donnell. Para él también el tiempo de la Unión Liberal había pasado. «Lo que hace falta ahora en España es la distinción bien neta de los partidos a fin de que el país pudiese, con todo conocimiento de causa, elegir entre ellos». Para lograrlo era necesaria de momento una política conciliadora, conservadora y liberal a la vez; y ésa era la política que él estaba decidido a seguir[35]. El marqués encareció a Olózaga que favoreciese aquella conciliación y que los progresistas no se convirtiesen en un obstáculo[36].

El mismo Miraflores, en una versión muy interesada de aquella entrevista, escribe en sus memorias: «En mi conversación con el jefe parlamentario progresista mencionado esforcé mi opinión de cuán ventajoso podría ser para la Reina y para el Estado que el partido progresista adquiriera condiciones de tranquila regularidad; siendo, decía yo al Sr. Olózaga, el único medio de conseguirlo, el renunciar a ciertas utopías ya envejecidas, abandonándolas del todo, y muy especialmente el pensamiento de hacer reaparecer la Milicia Nacional, cuya institución, tal y como existió en 1854, y que hoy no creía posible que existiese de otro modo, había sido anatematizada y considerada incompatible con el establecimiento de un Gobierno serio y sosegado, por opiniones las más respetables y autorizadas entre los hombres de la primera importancia en el partido progresista. Tal fue sustancialmente lo ocurrido en esta conferencia de no gran resultado a juzgar por los posteriores acontecimientos[37]».

Para el marqués, escribiendo años más tarde y queriendo descargar sobre los progresistas su responsabilidad en el fracaso de aquellas negociaciones, éstos habrían rechazado la mano tendida por su innata y «constante aspiración de obtener su supremacía sobre la Corona». Lo que sabemos con certeza es que Olózaga exigió «dar a conocer a sus amigos» la oferta de Miraflores y que la filtró inmediatamente a la opinión pública. La acogida del progresismo fue fría. Era evidente, como informó Barrot, que temían que sólo se les quisiese utilizar para acabar de desgastar a la Unión Liberal, con cuya oposición y la de los progresistas, Miraflores no podía gobernar ni, desde luego, aprobar los presupuestos antes de que las Cortes cumpliesen su plazo legal[38].

En cualquier caso, la prueba de las buenas intenciones del ministerio no estaba demasiado lejana. Las elecciones a nuevas Cortes debían producirse aquel mismo año y entonces se vería si realmente había voluntad de permitir el juego político libre que, según los progresistas, les permitiría lograr una amplia representación en las Cortes, capaz de arropar parlamentariamente su acceso al poder. El propio Fernández de los Ríos habla del clima relativamente esperanzado que existió en los primeros momentos del gobierno de Miraflores. En todos los periódicos se escribía sobre la posibilidad de un turno entre conservadores y progresistas, y el propio Narváez reconoció en el Senado que estos últimos tenían derecho al respeto del país y que reunían las condiciones necesarias para alternar en el poder con el Partido Moderado[39]. Fueron unos meses en que realmente se pensó que la alternancia regulada podría pactarse. A juicio de Fernández de los Ríos, era entonces o nunca; o se daba entonces el poder a los progresistas o ya no habría otra oportunidad[40].

Si realmente Miraflores (y Palacio) estaba pensando en serio en esa posibilidad, no pudieron actuar con más torpeza. Los progresistas, por su parte, no dejaron escapar ocasión de mostrar su fuerza, tanto en el Parlamento como, sobre todo, en la calle. Cuando el Gobierno (en un alarde inoportunidad política) suspendió la tradicional procesión cívica al obelisco del 2 mayo, la respuesta fue un aluvión de críticas en defensa del honor de España sacrificado a las influencias francesas, que estarían supuestamente detrás de aquella impolítica decisión. Una gran concentración progresista desafió la prohibición gubernamental. Los convocados corearon lemas revolucionarios, injuriaron al Gobierno e implícitamente a la reina, acusaron al ministerio de afrancesado, pegaron violentas caricaturas políticas (que incluían de nuevo a la familia real y a sor Patrocinio) en la columna del obelisco y algunos líderes, como Sagasta, rozaron en sus discursos los llamamientos a la insurrección. El embajador francés informó a su ministerio de que la situación era peligrosa y que el propio Prim había prometido a José de la Concha «cabalgar a su lado, con O’Donnell y Narváez si hay problemas[41]».

Que Prim reiterase su disposición de siempre a «levantar su sable contra la hidra de la revolución» demostraba que, como ha escrito Josep María Fradera, entre otros, el general seguía jugando a varias bandas. Por una parte comunicó personalmente a la reina su rechazo a las medidas de obstrucción de la oposición al gabinete Miraflores. Por otra parte, se permitió ser violentamente crítico en una tormentosa sesión del Senado en la que, haciéndose eco de las palabras de Olózaga en otra sesión igualmente tormentosa en el Congreso, aseguró que el Partido Progresista no consentía que se dudase de su lealtad y de su capacidad para formar gobierno. Su enfrentamiento con Narváez fue sonado y, ante las acusaciones de oportunismo político y de ambición desmedida, aclaró que sus comentadas entradas y salidas de Palacio obedecían «a un gran sentimiento de amor intachable por S. M., por su dinastía y por la patria». Su única ambición era «ser el eslabón que unas ciertas parcialidades disidentes que se iban alejando de día en día y que yo he tratado de que se sumen y vuelvan otra vez cerca del Trono para que lo apoyen y defiendan, defendiendo también la dinastía». Todos los periódicos que reprodujeron aquel violento debate fueron secuestrados y el público sólo pudo conocer, al menos inicialmente, la versión dulcificada que proporcionó El Constitucional[42]. En todo caso, el reingreso de Prim en el Partido Progresista —pactado en una reunión en casa de Olózaga a mediados de marzo— quedó pública y definitivamente sancionada.

Otra reunión de la tertulia progresista, unos días después, acordó cerrar filas en torno a ambos líderes: el militar que había suplantado de hecho a Espartero y el civil que luchaba por no ser completamente desplazado. El debate entre ellos se centró en torno a la estrategia que seguirían en las próximas elecciones. Don Juan se convirtió en el defensor, apoyado por Madoz entre otros, de seguir confiando en un proceso electoral limpio y en la posibilidad de llegar legalmente al poder. Sus contactos con la reina, y también con la familia Riánsares, continuaban y las relaciones seguían siendo muy buenas. Confiaba aún en que unas elecciones libres darían la victoria a los progresistas y le llevarían a él a la presidencia del Gobierno.

Mientras, sin embargo, «muchas personas le han explicado a la reina que la impotencia relativa del gabinete podría dar un mayor acceso, en la Cámara electiva, al partido hostil a su persona y a su dinastía». El propio marqués de Miraflores intentó pactar la composición de las nuevas Cortes con los progresistas y ofreció a Olózaga, según las versiones, entre cincuenta, setenta y hasta cien escaños para su partido. Al parecer don Salustiano dijo primero que aceptaba el trato e inmediatamente se desdijo[43]. Durante todo el verano, el melifluo Miraflores se debatió, según su versión de los hechos, entre la repugnancia que sentía «por las medidas que el gobierno tiene que tomar para crearse una mayoría en las elecciones» y «su devoción y afecto casi paternal por la Reina[44]».

En sucesivas reuniones en San Ildefonso, donde se hallaba la Corte en su estancia habitual del verano, el ministerio discutió intensamente sobre la mayor o menor libertad que era posible conceder al cuerpo electoral sin haber logrado forjar un pacto previo con los progresistas. Como muestra de que lo que hoy consideraríamos fraude electoral era concebido en la época de una manera muy distinta, merece la pena conocer la opinión del sustituto del embajador Barrot, el conde de Bondy, cuando informó a su ministerio de que la presión del Gobierno era necesaria, porque «hoy corremos el riesgo de ver como el elemento radical toma en la Cámara electiva proporciones alarmantes. El Ministerio tiene por lo tanto perfecta razón en adoptar las medidas que juzgue convenientes para evitar esa desgracia y ese peligro, aunque las revista de las apariencias de una imparcialidad relativa. Ciertamente, todos los que conocen este país no pensarán en hacerle ningún reproche. Toda la habilidad consiste en saber decir y hacer lo que conviene a la situación[45]».

El resultado fue que, desde finales de junio, comenzaron a aparecer circulares del ministro de Gobernación, Rodríguez Vaamonde, con indicaciones a los gobernadores provinciales en el sentido de reforzar su control del proceso electoral, siguiendo la tradicional doctrina de la legítima «influencia moral» del Gobierno. La circular del 20 de agosto de 1863 colmó el vaso. Con ella se restringía drásticamente el derecho de reunión y se disponía que sólo podían participar en las reuniones electorales los electores residentes en sus respectivos distritos y previamente identificados. El Gobierno, además, se reservaba el derecho a presidir todas las reuniones y a disolverlas si lo creía necesario.

El resto es muy conocido. Los comités progresistas de Madrid, Valladolid, Barcelona y otras ciudades importantes publicaron protestas enérgicas contra la injerencia gubernamental y, entre ellas, se hizo famosa la llamada «de mínimos», porque se limitaba a rechazar la circular del 20 de agosto y a anunciar la renuncia de los electores progresistas a reunirse. La prensa de todo el país, y en especial la madrileña, comenzó a hablar abiertamente de la posibilidad de que el Partido Progresista se abstuviese absolutamente de participar en las elecciones. Se trataba de la ya vieja amenaza del retraimiento, que los progresistas venían utilizando como arma política desde, al menos, 1838.

Ahora la cosa parecía ir mucho más en serio que nunca. Carlos Rubio —entonces redactor de La Iberia— afirmó años más tarde que la circular de Vaamonde fue la excusa para que los sectores más radicales del partido lograsen imponer sus criterios de ruptura absoluta con el gobierno de Miraflores y forzasen la opción del retraimiento, una opción que llevaban tiempo tratando de convertir en política general del partido ante la hostilidad manifiesta y reiterada de los llamados «obstáculos tradicionales». De hecho, la exposición del 22 de agosto fue una especie de pequeño golpe de Estado de la generación más joven y más radical del progresismo madrileño contra sus mayores, que estaban fuera de Madrid cuando se redactó y envió: «Desde el momento en que aquélla se escribió y se presentó al ministro, era imposible que el partido no tomase la resolución de retraerse de las elecciones, a menos que el gobierno abandonase el poder. Habíamos quemado las naves, y cuando don Práxedes Mateo Sagasta y Don Salustiano de Olózaga y don Juan Prim vinieron a Madrid, se encontraron en la necesidad, aunque alguno de ellos no fuera de esta opinión, de seguir la marcha que los mínimos habíamos impreso al ministerio[46]».

De la gravedad de aquella decisión para los progresistas da idea el vivo debate que suscitó entre sus filas. Durante los agitados últimos días de agosto y primeros de septiembre los hilos de la negociación política estaban tensos, pero todavía no rotos. El general Prim se entrevistó hasta tres veces con la reina en La Granja e intentó hacerle ver que, de no retirar el Gobierno la circular, se ahondaría el creciente alejamiento de los progresistas de la dinastía, con consecuencias impredecibles. Por Madrid corrían rumores de que Isabel II le habría prometido a Prim «dar una satisfacción a su partido tras su regreso a Madrid» desde San Ildefonso. Todas las especulaciones parecían posibles: ¿forzaría la reina la caída del ministro de Gobernación y se daría marcha atrás a sus indicaciones electorales? ¿Llegaría el acuerdo entre ambos hasta el punto de precipitar la caída del gobierno Miraflores? ¿Se trataría de una nueva estratagema para ganar tiempo y calmar a los progresistas? Mientras, don Juan intentaba calmar los ánimos del progresismo más radical e impedía que se tomase ninguna decisión definitiva de retraimiento. A pesar de su tentación constante en ese sentido, un sector importante del progresismo temía una revolución que su partido no pudiese controlar y Prim, particularmente, se sentía revestido de autoridad suficiente como para conjurar el peligro que suponía alentar una deriva revolucionaria que, a su juicio, capitalizarían los demócratas y republicanos.

La anécdota siguiente, relatada por su ayudante de campo, es reveladora de la conciencia que Prim tenía de su propia autoridad y de la soberbia militar que la acompañaba. En una discusión en la tertulia progresista, Calvo Asensio, director de La Iberia, le preguntó en qué razones se fundaba la petición de Prim a los periódicos progresistas de que no hablasen ni a favor ni en contra de la abstención. «En que me da la gana», contestó don Juan. Calvo entonces se plegó, pero le advirtió que se equivocaba «al creer sinceramente en los ofrecimientos de alguna persona» y que confiaba en que, el día en que se desengañase, «nos ayude con su brazo y su espada por el único camino que yo creo que existe para conseguir el triunfo de nuestras ideas». Ese desengaño llegó al parecer tras la tercera y última entrevista con la reina en La Granja. Su ayudante, que esperaba en la cámara de al lado, oyó alternativamente llantos y grandes risas durante las más de tres horas que duró el encuentro. A su regreso a Madrid, Prim estaba convencido de que la reina no haría nada para desagraviar al partido del progreso antes de las elecciones[47].

El día 7 de septiembre se celebró una gran reunión, con más de ochenta personas, en casa de Salustiano de Olózaga. Senadores, exdiputados, miembros del ayuntamiento y de la diputación, electores del Comité Central progresista, etcétera, estuvieron discutiendo durante más de seis horas sobre qué camino tomar. La generación más joven y más radical, aquélla que controlaba los poderosos periódicos progresistas (La Iberia, Las Novedades o El Clamor Público, por ejemplo) iba decidida a imponer la abstención absoluta sobre los líderes de la generación anterior, que se mostraban más dubitativos.

El grupo de Calvo Asensio, Aguirre y Sagasta representaba a los primeros. Figuerola, Cirilo Álvarez y Madoz, a los segundos. Olózaga y Prim, en soterrada competencia por el liderazgo del partido, se movían en aguas muy difíciles de navegar. Ambos, y sobre todo Olózaga, temían quedarse atrás en su purismo progresista y ser sobrepasados por líderes más jóvenes y radicales que parecían tener cada vez mayor ascendiente sobre las bases del partido. Finalmente, se impuso la opción de estos últimos y, al día siguiente, se publicó un manifiesto redactado al alimón por Olózaga y Sagasta que justificaba la decisión del Partido Progresista de retraerse en las elecciones generales. El falseamiento sistemático del régimen constitucional, construido sobre la sempiterna manipulación electoral de los gobiernos, obligaba a los progresistas a retirarse de la vida pública. Seguirían manteniendo una actitud legal y pacífica, pero estaban convencidos de que «de un modo u otro» su victoria final estaba asegurada[48].

La advertencia no podía ser más nítida. A pesar de sus protestas de ubicación dentro de la legalidad y a pesar de su tradicional, y en muchos aspectos justificado, victimismo político, es evidente que quienes defendían el retraimiento estaban defendiendo la amenaza y la posibilidad de emprender una vez más el camino de la revolución. Carlos Rubio (que pertenecía a esa generación más joven y más radical) escribió años más tarde que, en aquel momento, las cosas estaban claras: «Si un partido abandona la lucha en el terreno legal, es para adoptarla en el ilegal […] Decidido el retraimiento, nos faltaba saber a todos de qué manera y con qué elementos podríamos llevar a cabo la revolución[49]».

En realidad, en aquella reunión del 7 de septiembre, de lo que se estaba hablando (implícita y explícitamente) era de la oportunidad o no de recurrir una vez más a la violencia como único medio de llegar al poder. Pascual Madoz, por ejemplo, acusó a Olózaga de «obligar al partido a dar un paso espantoso por un camino en el que no habrá retroceso posible y que no tendrá para nosotros otra salida que lanzarse en las filas de la democracia más avanzada». Don Salustiano respondió, tranquilamente, «que la vía legal había estado siempre cerrada a su partido y no veía entonces porque había de retroceder ante la revolución o incluso hacerla llegar[50]».

La bibliografía con que contamos para analizar las tensiones internas del progresismo y las razones últimas por las que se impuso la opción más radical es todavía comparativamente escasa, especialmente para este período crucial. Tiende a darse por supuesta la radicalización creciente de sus bases populares, que convivían en una cultura política con límites muy porosos respecto a demócratas y republicanos. Sin duda, esto es cierto. Sin embargo, creo que es importante no sobredimensionar el peso que esas «bases» tendrían en un partido de notables clásico, como era el Partido Progresista. Es cierto que los apoyos del progresismo eran mucho más interclasistas que los moderados y que siempre mantuvieron una política de integración (subordinada) de los sectores populares sobre los que ejercieron durante largos años una tutela y una influencia incuestionables. Es cierto, también, que el recurso a la movilización popular en la calle fue siempre un recurso profundamente arraigado en su cultura política[51]. No se puede, por otra parte, minusvalorar el grado de descontento y de politización de los sectores populares en aquellos momentos. Sin embargo, de ahí a suponer que las bases populares del partido podían imponer una estrategia global a sus líderes hay un trecho plagado de riesgos de anacronismo.

A falta de mayores estudios al respecto, la polémica en torno al retraimiento parece apuntar hacia una quiebra interna de los mecanismos de legitimación de los líderes progresistas tradicionales que acusaban la presión de las generaciones más jóvenes, así como el avance de los presupuestos y formas de movilización e integración política de los sectores populares por parte de demócratas y republicanos. La reiterada frustración de los intentos de pacto desde arriba para lograr la plena integración del progresismo en la «política legal» no hacía sino avalar la deriva radical del partido.

Para Pascual Madoz, en todo caso, la auténtica presión que él sintió en aquellos días decisivos de 1863, y también en los años posteriores en que la política de retraimiento se mantuvo a trancas y barrancas, no procedía estrictamente de la calle ni de unas supuestas bases progresistas radicalizadas e incontrolables. Procedía del monopolio sobre las redacciones periodísticas que ejercían los sectores más jóvenes y exaltados del partido que eran, en todo caso, tan elitistas y tan patricios como él. Desde aquellas redacciones (con todo el poder que les otorgaba la opinión pública) se ejerció, a su juicio, una presión intolerable sobre todos los líderes progresistas, hasta suplantar de hecho la influencia de los órganos de dirección del partido. Años después escribió: «Desde que las redacciones se han creído omnipotentes, los Partidos arrostran el germen de su disolución. Hace más de cuatro años que el Partido progresista no marcha; lo que marchaba era una Redacción. A ella se entregaron hombres de gran valer. Yo no me entregué; yo luché […] pero no tuve el valor que debí tener después del primer retraimiento para sublevarme contra la presión que venía sobre el Partido[52]».

Tanto Madoz como Prim tenían en aquella tesitura mucho más que perder que otros líderes del radicalizado entorno madrileño. Ambos representaban intereses muy definidos de la burguesía progresista catalana (y también de los trabajadores progresistas catalanes) a favor del proteccionismo. Como le dijo un exdiputado catalán al conde de Bondy, no se podía correr el riesgo de dejar sin voz en el Congreso a esos intereses. Por otra parte, los líderes progresistas catalanes eran especialmente sensibles a los peligros sociales (y no sólo políticos) de un acercamiento excesivo a las posiciones demócratas y republicanas. La moderación y la eficacia del progresismo catalán (de la que tanto se hablaba en Madrid) era producto, a juicio de Madoz, de su firme política de orden y de su conciencia de que eran ellos (y no los moderados) la más sólida barrera contra la anarquía en una sociedad mucho más evolucionada, y con conflictos sociales intensos, como era la catalana[53].

De hecho, la oposición al retraimiento no sólo fue importante entre el progresismo catalán sino también en muchas otras provincias. Textos dispersos de la época recogen la que debió ser una opinión relativamente extendida: que la política radical de no participación en las elecciones fue sobre todo una política madrileña. El mismo Madoz, por ejemplo, en una carta a miembros del comité progresista barcelonés, insistió durante todo aquel decisivo año de 1863 en que en la capital las cosas se apreciaban de forma distinta y «me duele mucho que en la corte se tomen resoluciones precipitadas, que conmueven a las provincias […] y por eso pudiera producirse un divorcio que produciría funestas consecuencias». Así, mientras en Madrid se pretendía forzar que el retraimiento se extendiese a las elecciones municipales y provinciales, la mayoría de las provincias se opuso a ello y fueron numerosas las quejas de que «la resolución del retraimiento no haya sido consejo sino mandato[54]». Una opinión compartida, por ejemplo, por Ramón Chaparro, un apasionado esparterista para quien los progresistas de Madrid habían impuesto sus tesis desoyendo la voz de las provincias y tergiversando sistemáticamente las comunicaciones que de ellas les llegaban[55].

Cuando Madoz tuvo que explicar a sus electores de Barcelona qué significaba la negativa progresista a participar en las elecciones, intentó despojarla de su carga revolucionaria y convertirla en un hecho puntual:

¿Qué significa el retraimiento? Una protesta solemne contra toda idea reaccionaria, porque en este camino los amigos de la libertad y del orden sólo vemos conflictos y desquiciamientos […] Desde el año 1834 venimos luchando, y con nuestra perseverancia hemos alcanzado importantes mejoras en el Orden moral y en el Orden material de nuestra patria. Nuestro propósito es consolidarlas con orden, paz y quietud en todas partes, extendiendo al propio tiempo los derechos políticos y procurando conciliar en nuevas leyes, con el orden inalterable, el progreso de las ideas, que no es posible detener, en la época de la asociación, de los caminos de hierro, de comunicaciones telegráficas. Ésta es la significación del retraimiento del partido progresista[56].

En privado, mantuvo sus reservas y las explicó abundantemente. Para él lo principal en aquella tesitura, más allá de las vaguedades que se veía obligado a publicar, era «una definición concreta de nuestro partido […] Yo quisiera que dijésemos lo que somos y lo que queremos, y que el país y el trono supieran a qué atenerse». Don Pascual temía una deriva antidinástica que no compartía: «no quiero participación alguna con un partido que no admita la institución del trono». A su juicio, el rigorismo ideológico no conducía a ninguna solución estable: «Los partidos deben ir al poder, aunque no puedan realizar todas sus aspiraciones, con tal que consigan una de sus más importantes reformas». En su momento, una reforma decisiva había sido la desamortización; ahora era necesario garantizar la limpieza de las elecciones. En una reunión de la tertulia progresista producida meses después insistió en que era necesario avanzar «despacio y por etapas […] Yo considero no sólo peligroso, sino hasta poco político, que un partido no acepte el poder porque la Corona no le quiera dar el primer día todo lo que él puede pedir en una larga serie de años […] suponer que se pueda ir al poder con el compromiso de realizar en un día todas las aspiraciones del partido progresista es una ilusión, una quimera y un absurdo. El partido que proclama el rigorismo hasta ese extremo tiene que ser oposición siempre[57]».

Por lo que respecta a Prim, su postura fue mucho más ambigua y vacilante. Se opuso inicialmente a la política de retraimiento, entre otras cosas porque con ella perdía toda posibilidad de ser llamado a formar gobierno tras las elecciones. El general mantuvo abiertas sus vías de contacto con Palacio (la reina, se decía en los mentideros madrileños, seguía acogiéndole «con sus más graciosas sonrisas»), pero acabó votando (se hizo a mano alzada) la abstención electoral. Al menos de momento no tenía otra solución si quería granjearse la confianza de los exaltados de su partido, que le acusaban de ser demasiado cortesano. Por otra parte, como dijo el embajador francés, la mano derecha de Prim era muy capaz de no saber lo que hacía su mano izquierda[58].

Si en Palacio se hubiese tenido el más mínimo sentido de la oportunidad política o, más exactamente, si su ciego reaccionarismo no les hubiese impedido medir sus posibilidades y el estado de ánimo del país, habrían salvado la situación apoyando los esfuerzos de gentes como Madoz, Figuerola o Prim para contener la marea radical que barría el Partido Progresista. Sin embargo, aunque la reina seguía recibiendo a don Juan y asegurándole su aprecio, los hechos de cada día desmentían las palabras de halago y las promesas. A lo máximo que podían aspirar los elementos menos radicales del partido era a que éste siguiese siendo un partido monárquico, aunque ahora ya sin monarca.

Las elecciones se celebraron en octubre en medio de una gran apatía. Votó sólo un cuarto del electorado, en algunos distritos fueron elegidos diputados con no más de 25 votos y, en otros, tres o cuatro candidatos ministeriales se disputaban un escaño. En esas condiciones los resultados fueron cuanto menos ambiguos. Las dudosas fronteras existentes entre los moderados y los partidarios de la Unión Liberal impedían realmente saber si el ministerio contaba con una mayoría suficiente para gobernar. El mismo día de las elecciones, el ministro de Hacienda presentó su dimisión por falta de sintonía con el resto del gabinete. La situación, como el propio Miraflores le dijo al embajador Crampton, era de auténtica «anarquía moral»; él mismo no había conocido una situación igual en toda su vida política. Por esos días, y para acabar de dificultar aún más la situación del Gobierno, se tuvo noticias de la insurrección de Santo Domingo, que fue el principio del fin de su breve anexión a la monarquía española[59].

Mientras, la Corte estaba muy ocupada recibiendo la visita, tan deseada, de la emperatriz Eugenia. En público, todo fueron muestras de cortesía y afecto: era necesario restañar heridas con Napoleón III y con el Gobierno francés. En privado, Isabel II ocultaba bajo comentarios mordaces la inseguridad que le producía la elegante presencia de la emperatriz, así como su resentimiento y su orgullo herido por tener que tratar con exquisita deferencia a alguien como la exduquesa de Montijo. El rey en persona acudió, con el Gobierno, a recibir a «doña Eugenia» (como la llamaba con sorna la reina) y la pompa y la solemnidad fueron las de las grandes ocasiones[60].

Finalmente, el día 4 de noviembre las nuevas Cortes iniciaron sus sesiones en una situación política caótica que el embajador francés definió como extremadamente peligrosa «por la confusión completa de los partidos, las divergencias internas del gabinete, la ausencia total, tanto en él como en la oposición, de planes y políticas claras […] las ambiciones desorbitadas en todos los grados de la jerarquía, los grandes intereses del país sacrificados a las pasiones individuales[61]». En ese clima, el Gobierno presentó un proyecto de modificación de la reforma constitucional de 1857 que suprimía las vinculaciones de los Grandes de España y establecía, a cambio, la senaduría hereditaria para aquéllos que transmitiesen por herencia más de 20 000 reales. Al mismo tiempo, recomponía la autonomía reglamentaria de las Cámaras revisando las previsiones al respecto de la ley de 1857. En el Senado, la ley no alcanzó la mayoría necesaria y Miraflores presentó la dimisión la noche del 16 de enero de 1864. Caía sin pena ni gloria, como había subido al poder. Incluso para la reina había dejado de ser útil.

El problema a partir de entonces sería encontrar a alguien que le ofreciese a la Corona la utilidad y la fortaleza de que había carecido el Gobierno recién dimitido. Fue una tarea imposible, porque la decisión que hubiese podido aclarar la enrarecida atmósfera política de la época, permitir elecciones limpias y llamar al poder a los progresistas, no se quiso tomar ni entonces ni nunca.

CAPÍTULO 5

LA REINA EN SU LABERINTO: 1864-1866

Los partidos medios se van, oídlo otra vez: todo esto se va […] Adiós mujer de York, reina de los tristes destinos.

APARISI Y GUIJARRO (1865).

Cuando, en los últimos años de su vida, Isabel II concedió la primera de una serie de entrevistas a Benito Pérez Galdós, le prometió: «Te contaré muchas cosas, muchas; unas para que las escribas […] otras para que las sepas». Entre las que don Benito escribió se encuentra una frase que resume bien la percepción que la reina tenía de los difíciles inicios de su reinado, cuando, dijo, se sentía «metida en un laberinto por el cual tenía que andar palpando las paredes pues no había luz que me guiara. Si alguno me encendía una luz, venía otro y me la apagaba[1]». Aquella percepción del ambiente que rodeó los errores de su juventud puede aplicarse también a los que la reina y su entorno cometieron durante los cuatro agitados y estériles años que precedieron a la revolución de 1868 que destronó a Isabel II. Por fin, porque si hay algo que llama la atención al analizar aquellos años es lo larga, asombrosamente larga, que fue la agonía del reinado isabelino.

Un espeso nudo de pasiones mediocres, intereses personales e intrigas de salón pareció absorber definitivamente la política de la Corte y contaminar a una gran mayoría de los políticos de la época. Una y otros fueron encendiendo y apagándose mutuamente las vacilantes luces que habrían podido iluminar el laberinto en que se había convertido lo que quedaba de monarquía constitucional en España. Durante cuatro largos años, se sucedieron hasta siete gobiernos fugaces y frágiles, extraordinariamente dependientes de la voluntad regia, sin que se avanzara un ápice en la creación de los mínimos de consenso político necesarios para desbloquear un camino que parecía abocado irremisiblemente, y muy a contrapié en el panorama europeo posterior a 1848, a la revolución.

En aquella situación de bloqueo desempeñó un papel fundamental la incapacidad, o falta de voluntad, de la Corona para sanear la vida política con la llegada pacífica al poder de los progresistas. Éstos, por su parte, cerraron el ciclo iniciado en 1843, cuando fueron expulsados del poder mediante la fraudulenta exoneración de Salustiano de Olózaga, al mantener una postura de retraimiento electoral que, cuanto más duraba, más difícil convertía cualquier tentativa de vuelta atrás.

Es éste un período relativamente bien conocido de la historia del reinado de Isabel II, especialmente por lo que hace referencia a la dinámica de pactos revolucionarios y conspiraciones que jalonaron aquellos cuatro años. Sin embargo, sigue resultando un misterio el porqué de la actitud suicida de la Corona. Aterrorizada por el aliento de una revolución que cada vez veía más cercana, su mismo terror le impidió abandonar la inercia de una resistencia que llevó al país, con la inestimable ayuda del Partido Progresista retraído, a la reproducción de aquélla entropía política, de aquel callejón sin salida que la Unión Liberal había intentado conjurar a partir de 1858 y que naufragó definitivamente en 1863.

En las siguientes páginas no se pretende más que explorar las luces y las sombras del peculiar laberinto político en el que se perdió definitivamente la reina Isabel y, con ella, los partidos (o fracciones de partidos) monárquicos y dinásticos que siguieron a su lado casi hasta el final. El Partido Moderado, por una parte, pulverizado en múltiples fracciones enfrentadas entre sí, incapaz de recobrar la autoridad política que había tenido en la primera parte del reinado, pero suficientemente poderoso como para impedir que cualquier otra combinación pudiese gobernar de forma estable. La Unión Liberal, impotente para resucitar el entusiasmo y el prestigio políticos de sus inicios y, por lo tanto, para polarizar en torno suyo un proyecto liberal conservador consensuado, capaz de neutralizar la reacción moderada y atraer hacia la legalidad política y constitucional al Partido Progresista histórico. Para este último, el crecimiento de las posiciones demócratas y republicanas fue, al tiempo, un polo de atracción indudable y un reto político que acabó afrontando mediante una deriva revolucionaria cada vez más decidida y consciente. El resultado fue que la política se desplazó de forma imparable, desde el Parlamento y el Gobierno, a la Corte y a la calle.

Fueron unos años tristes e inquietos. Todo el país, tras el período de relativa tranquilidad y prosperidad de la Unión Liberal, pareció despertarse a una realidad de depresión económica y crisis política sobre la que planeaba la sombra de un cataclismo inminente que inunda con presagios —temerosos o esperanzados— la práctica totalidad de la documentación de la época. Las expectativas creadas y frustradas durante los cinco años del gobierno de Leopoldo O’Donnell tuvieron, de hecho, mucho que ver en la creación del ambiente de radicalismo, incluso de derrotismo político, que define los últimos años del reinado de Isabel II.

En historia no hay que dar nunca nada por supuesto y es evidente que analizar esos años a la luz de lo que sucedió en 1868 puede enmascarar los horizontes perdidos y las alternativas posibles que, efectivamente, se ensayaron o se descartaron con el objetivo de evitar que aquella revolución ocurriese. Sin embargo, es necesario también no desprenderse con demasiada higiene metodológica de la atmósfera de final, de acabamiento, de catástrofe o de solución inminente que presidió aquellos años. Precisamente esa atmósfera, cultivada por todos y con designios muy diferentes, tuvo un peso indudable en la toma de decisiones, o en la parálisis, de la propia Corona y de los políticos de su entorno o enfrentados a ella. El terror a la revolución o la voluntad de considerarla la única solución posible mantuvo en vilo a todo el país y tan sólo queda explicar por qué esa revolución se hizo esperar tanto.

La primera opción ensayada por la Corona, tras la caída del gabinete Miraflores, fue llamar al poder a un jurista de prestigio, Lorenzo Arrázola, encargado de formar gobierno el 17 de enero de 1864. Ministro varias veces durante los gabinetes moderados de la década de 1840, reunió a su alrededor a políticos de impecable pedigrí histórico como Claudio Moyano, Francisco Lersundi, Alejandro de Castro o Antonio Benavides. Para el embajador francés, Barrot, se trataba del «gabinete Narváez pero sin Narváez». La Corona, escribió, «ha dudado ante la emoción que hubiera producido, a la cabeza de un gabinete, el nombre del duque de Valencia. La opinión pública no está preparada para un cambio tan completo […] No ha querido desafiar frontalmente al elemento progresista, por no hablar del elemento democrático cuya importancia no se puede ya disimular. La Corona ha querido tener la cosa sin el nombre». Con todo, al embajador francés le parecía suicida la exhibición que hizo el ministerio de su deseo de retornar al moderantismo histórico: «no tiene en cuenta las tendencias actuales de la opinión pública liberal que, es necesario reconocer, domina en toda España[2]».

El embajador británico, por su parte, informó a Londres de que lo que se esperaba en la Corte, en realidad, era la fabricación de una oportunidad favorable para llevar a Narváez al poder. A pesar de su antipatía personal, el general estaría apoyado por el rey consorte y su entorno. La reina, en los últimos meses de un nuevo embarazo, era consciente de que un decreto de disolución no serviría para nada, dada la falta de autoridad política del gabinete Arrázola para crearse una mayoría propia. Su embarazo le permitió ganar tiempo. «La impresión general, por lo tanto, es que esta administración será de corta duración y se dice que es muy posible que demuestre ser un “paréntesis ministerial” de naturaleza similar al presidido por el marqués de Miraflores[3]».

El 12 de febrero la reina dio a luz, tras un parto más laborioso de lo habitual, a la infanta Eulalia. El embajador francés escribió a su ministerio que «los aires reaccionarios» que imperaban en la Corte habían sido patentes desde el mismo momento en que se pensó en los padrinos del recién nacido: si era un niño, su padrino había de ser el exrey Francisco II de Nápoles; y si era niña, la duquesa de Parma. Era una elección absolutamente impolítica. Hería tanto la sensibilidad francesa e italiana como la de la opinión pública liberal española, al enfatizar la solidaridad y los lazos existentes entre la familia real española y la muy desprestigiada rama napolitana de los Borbones, que había apoyado, y seguía apoyando en buena medida, a los pretendientes carlistas. Es cierto, escribió Barrot, que «la reina Isabel no concede importancia política a esa elección; parece más un acto de buen corazón y de simpatía natural por unos príncipes desgraciados […] pero Su Majestad podría haber reflexionado algo más sobre el hecho de que ella es la reina de España antes que la prima de los soberanos derrocados de Nápoles y que no le está permitido sacrificar a consideraciones de familia los deberes que le impone su dignidad de Reina».

El tema podría parecer trivial pero, como muy bien sabía Barrot, no lo era. La decisión acerca de los padrinos de la nueva infanta la había tomado la familia real (y muy concretamente el rey) sin consultar en su momento con el ministerio Miraflores, ni después con el gabinete Arrázola. Algo que no se habrían atrevido a hacer «en tiempos del general O’Donnell». Tanto el fondo como la forma de aquel asunto escenificaban bien el rumbo de la independencia política que se buscaba en la Corte tras la caída de don Leopoldo. Todo eso contribuía a «imprimir un cachet reaccionario a un Gabinete que, a pesar de todas sus protestas de liberalismo moderado, está demasiado expuesto a ser acusado de querer suprimir la corriente liberal del país[4]». Una afirmación especialmente significativa viniendo del agente diplomático de un régimen autoritario como el de Napoleón III que, por entonces, comenzaba a liberalizarse siguiendo las pautas de su propia opinión pública[5].

La muerte de la duquesa de Parma y la poco favorable acogida que su elección de padrinos tuvo en las cancillerías liberales europeas hicieron que, finalmente, los padrinos de Eulalia de Borbón fuesen los duques de Montpensier, una solución cercana, cómoda, española e inocua. Para entonces, sin embargo, la reina Isabel ya había sido también suficientemente advertida de que su nuevo «ministerio de transición» podía contar con una acogida parlamentaria aún más fría de lo previsible. Era el momento de iniciar una política más resuelta.

La Unión Liberal, a pesar de sus horas bajas, seguía teniendo una fuerza política indiscutible e Isabel II estaba además acostumbrada a contar con O’Donnell. El 27 de febrero le escribió personalmente solicitándole su parecer sobre la exigencia del ministerio Arrázola de obtener un decreto de disolución dada su incapacidad para enfrentarse a las Cortes formadas por Miraflores: «Sé el cariño y lealtad que nos tienes y así no he vacilado en escribirte pues creo sea más conveniente este medio que el haberte mandado llamar. Contéstame de la misma manera. Puedes decirme todo lo que te parezca […] quédate en la completa seguridad que esto quedará en completa reserva[6]».

O’Donnell contestó inmediatamente recordando que ya había advertido de que el Congreso sería inmanejable, debido a las disensiones internas del moderantismo y a su debilidad general. Aun así desaconsejaba entregar un decreto de disolución al gabinete Arrázola al cual calificó abiertamente como «sin fuerza, sin prestigio y completamente dividido», enfrentado además a una situación hacendística pésima, «como lo demuestra las grandes sumas que diariamente se sacan de la caja de depósitos y cuando no se han votado los presupuestos. Cuando el partido revolucionario se organiza para luchar en el terreno de la fuerza y cuando la situación de la Europa es tan grave que puede aconsejar una guerra general […] Entramos en un período funesto, cuyo término no me atrevo a señalar, porque confío en que Dios tenderá una mano protectora sobre V. M. y su augusta familia».

Tras haber puesto todo de su parte para asustar a Isabel II con las consecuencias de un decreto de disolución que podría (o no) consolidar a los moderados en el poder, don Leopoldo ofrecía de nuevo sus servicios: «Sólo me queda que añadirle que el tiempo acreditará a V. M. que nada en el mundo puede hacerme variar los sentimientos de lealtad, de profunda adicción y de respetuoso cariño con que soy de V. M.». En otra carta, escrita el mismo día, O’Donnell insistía: «Tengo el triste presentimiento de que vamos a entrar en un período fecundo en graves sucesos, que puede ser funesto para los intereses más caros del trono y de la dinastía[7]».

Los esfuerzos de O’Donnell para evitar que la reina entregase el decreto de disolución a Arrázola, o acabase decidiéndose por fin por Narváez, parece que dieron resultado inmediato. Al día siguiente de este cruce de cartas, el 28 de febrero, el ministerio había caído. Isabel II hizo saber a su primer ministro que, «a pesar de su afecto personal por él, no podía decidirse a comprometer la tranquilidad del país dando este pretexto y esta ocasión a las pasiones demagógicas. Le declaró entonces que deseaba, antes de resolverse a tomar una determinación tan grave como la disolución de las Cortes, intentar formar un gabinete que pudiese gobernar con la Cámara actual[8]».

De aquel ensayo surgió un ministerio presidido por Alejandro Mon. Su composición, que apareció en la Gaceta el día 1 de marzo de 1864, demostraba la fuerza que aún conservaba la Unión Liberal y la influencia personal de O’Donnell. De hecho, como informó el embajador francés, Mon tan sólo aceptó formar ministerio tras asegurarse el apoyo de don Leopoldo. El intermediario fue Antonio Cánovas, que ocupó la cartera de Gobernación. Los otros dos pesos pesados del gabinete fueron Joaquín Francisco Pacheco en Estado y Pedro Salaverría, que volvía a Hacienda. Otros estrechos colaboradores de O’Donnell ocuparon carteras importantes: Augusto Ulloa (Fomento), López Ballesteros (Ultramar) y Marchéssi (Guerra). Un moderado respetado como Luis Mayans se hizo cargo de Gracia y Justicia.

Era un buen gabinete; sus miembros gozaban, en general, de un prestigio del que habían carecido los dos anteriores. Para muchos fue entendido como un nuevo ministerio-puente, en este caso hacia O’Donnell, al que cederían el poder una vez resueltos algunos problemas candentes: la cuestión de la reforma constitucional, la ley de imprenta y la aprobación de los presupuestos[9]. El guión pareció cumplirse a la perfección. Con el apoyo parlamentario, político y periodístico de la Unión Liberal, el nuevo Gobierno solventó el espinoso tema de la reforma constitucional restaurando la Constitución de 1845 sin adiciones. Cánovas se encargó de presentar y hacer aprobar una nueva ley de imprenta que suavizaba considerablemente la denostada ley Nocedal. El objetivo era tender la mano a los progresistas y favorecer su abandono del retraimiento, de forma que pudiesen sentarse las bases para «un nuevo comienzo»: otro «largo período de tranquilidad política y prosperidad material bajo la égida de la Unión Liberal[10]».

Los progresistas no estaban dispuestos a consentir nada parecido y la paciencia de su líder militar, Juan Prim, parecía haberse agotado. Según sus biógrafos, la evidente maniobra hacia el regreso de O’Donnell al poder que significaba a ojos de todos el ministerio Mon-Cánovas le había hecho ver que las promesas reales de otorgarle el poder, de contar con él en un futuro próximo, eran y habían sido siempre vanas. Una interpretación tan personalista de la actitud del progresismo, aún con una base indudable en las características del partido y de la política de la época, se queda coja. Carlos Rubio, que participó en las grandes discusiones en torno al retraimiento y que conocía bien la situación del día a día del Partido Progresista, explicó años después lo difícil que fue mantener aquella política, porque los líderes históricos del partido ofrecieron siempre una gran resistencia a una abstención electoral continuada y radical.

Para ellos, como para Rubio, retraimiento era sinónimo de revolución y temían sus consecuencias. En abril de 1864, Juan Prim escribió al duque de Riánsares advirtiéndole de que, si no se abría el camino para que el progresismo pudiese alcanzar pacíficamente el poder, la reina «estaba perdida». Era necesario alejar de Palacio «a monjas y frailes y secretarios, y si fuese necesario […] al mismo marido[11]». De lo contrario la revolución sería cosa «de uno o dos años» y el problema no sería ya la suerte de Isabel II, sino qué vendría después. Ese después era lo que obsesionaba al general y le llevaba a intentar agotar todas las formas posibles de negociación. Sin embargo, entre la generación más joven y entre las bases más radicalizadas del partido, cuyas relaciones con los demócratas y republicanos eran cada vez más intensas, primaba con mucho la desconfianza hacia los cantos de sirena de unionistas y moderados, por no hablar de los que podían venir de la familia Riánsares.

Su opinión era que ambos partidos, y la totalidad de la familia real, llevaban años jugando con el Partido Progresista, tendiéndole la mano cuando estaban en la oposición y pidiéndoles su apoyo con vagas promesas de turno futuro que, una vez alcanzado el poder, se desvanecían: «Ayúdame a derrotar a mi adversario, desecho él, alternaremos tú y yo: yo seré el primero que suba para hacer el tránsito menos difícil, seré el crespúsculo de tu día; pero después vendrás tú[12]». Los jóvenes progresistas estaban hartos de aquella perversa cantinela que les había «robado la dignidad como partido». La consigna era ya la de «todo o nada[13]». Sabían que no tendrían todo y querían ahondar en el nada.

Los pasos dados por el Gobierno, en especial la ley de imprenta y la anulación de la reforma constitucional restrictiva de 1857, buscaban ofrecer un espacio de «legalidad común» para el libre juego de los partidos. A juicio de la influyente ala izquierda del progresismo, arropada por periódicos de gran tirada como Las Novedades o La Iberia, era demasiado tarde y demasiado poco. Para ellos la Constitución de 1845 no llenaba las condiciones necesarias para esa «común legalidad» y, a partir de ahí, no había nada más que hablar. Otra cosa era la discusión interna del partido sobre si la Constitución que se proponía (y que los otros partidos debían aceptar) era la de 1837 o la votada durante el Bienio y nunca promulgada, o ninguna de las dos, o las dos como base para abrir un proceso constituyente. De momento, y en todo caso, el Partido Progresista se había sacudido el despectivo apodo de el partido consentido y había logrado algo realmente importante: inquietar seriamente a todo el arco político conservador y obligarle a bajar la cabeza ante ellos. Sólo por eso, opinaban, era necesario mantener a toda costa el retraimiento.

A menos que aceptasen quedarse atrás (en las sombras de la segunda fila, como Madoz o Figuerola), los líderes históricos del partido tenían pocas opciones excepto intentar encauzar un movimiento que amenazaba con escapárseles de las manos. Olózaga y Prim, cada uno a su manera y por razones tan sólo parcialmente coincidentes, no querían quedarse atrás. Para ninguno de los dos había espacio político en otro lugar que no fuera el progresismo. Por convicción o por sentido de la oportunidad —aunque tras muchas vacilaciones—, ambos se pusieron a la cabeza de la deriva radical del progresismo y forjaron una alianza política que convertía la dirección del partido en una estructura bicéfala, civil y militar. La cabeza militar habría de ser, desde luego, sobresaliente[14].

La ocasión de escenificar y reafirmar aquella política, y la alianza que la sustentaba, fue el gran banquete celebrado el 3 de mayo de 1864 en el jardín público que se extendía a las afueras de la puerta de Alcalá, llamado los Campos Elíseos. Asistieron más de «tres mil hombres de buena posición, puros y resueltos». Seguían una costumbre procedente de Francia y pensada para sortear la restrictiva legislación en materia de derechos de reunión. Aquel banquete fue sonado por la ocasión, por la magnitud y por lo que allí se dijo en el momento de los brindis.

Juan Prim brindó por el momento en que los progresistas alcanzasen el poder —«en dos años y un día»—, refiriéndose, veladamente, a la existencia de una conspiración en marcha. Salustiano de Olózaga brindó por el viejo líder militar del progresismo (aún con muchos adeptos), el general Espartero, dedicándole unas palabras de adiós y muchas gracias. A su juicio, Espartero estaba ya «sinceramente separado de todo propósito de gobernar por sí mismo la nación. No creo que tiene ese deseo, ni creo que le conviene, y yo declaro con la lealtad de mi carácter que tampoco le conviene al partido progresistas ni a la nación[15]».

Aquellas palabras cayeron como una bomba entre los sectores del progresismo afectos al duque de la Victoria. También entre aquéllos que no creían que fuera el momento de crear o ahondar divisiones. Prim se apresuró a viajar a Logroño para limar asperezas con don Baldomero. Sin embargo, durante más tiempo del necesario, el partido quedó dividido entre partidarios de Olózaga y de Espartero. Una división que atravesaba y complicaba otras de carácter menos personalista referidas al retraimiento, la opción revolucionaria y la política de acercamiento a los demócratas, esta última favorecida por la similitud de muchos de sus objetivos y las anchas franjas de cultura política compartida durante largos años de lucha política, desde el origen común en la década de 1830 hasta la experiencia del Bienio.

Era una alianza comprometida. Junto con los demócratas respetables, señalados académicos como Emilio Castelar, Nicolás Salmerón, Miguel Morayta, Giner de los Ríos o incluso conspiradores natos como Fernando Garrido, había también elementos mucho menos de fiar para los patricios progresistas, gentes del pueblo sin cultura ni intereses materiales que les ligasen al «principio de conservación social», peligrosamente cercanos al republicanismo y al socialismo. «Sin embargo —recordaba Rubio con indisimulado elitismo—, éramos pocos para derribar lo existente y pedimos apoyo a los demócratas, a quiénes considerábamos nuestros batidores […] porque para luchar contra la tradición, representada en España por la dinastía borbónica, por el clero y por el verdugo, nos fue preciso valernos de mucha gente que ninguno de nosotros hubiera aceptado en su casa para desempeñar los oficios más ruines […] Cuando se conspira, no sólo se besan manos que se quisieran ver cortadas, sino que se hacen transacciones que ligan al día siguiente e imposibilitan el porvenir[16]».

En todo caso de eso se trataba, de conspirar. Para todos, dejadas atrás las dudas y los temores, el retraimiento era el anuncio y el abono político de la revolución. Esa revolución estaba prevista para ocho días después del banquete de los Campos Elíseos y se habría hecho con el Partido Progresista solo lo cual hubiese sido, desde luego, infinitamente más seguro y respetable, como lo querían casi todos ellos y, muy señaladamente, Juan Prim. Sin embargo, las divisiones del partido lo impidieron y, aunque se siguió conspirando en los meses siguientes, se vio que era necesario pactar porque la ocasión aún no estaba madura.

De aquellas conspiraciones casi todo el mundo sabía casi todo. El Gobierno estaba bastante al corriente de las actividades de Prim y, tras el fracaso de una frágil intentona de levantamiento en el cuartel de la Montaña de Príncipe Pío en Madrid, decidió desterrarle en el verano de 1864. Se fue a Oviedo, un lugar muy conveniente, fresco y agradable comparado con el tórrido Madrid, donde don Juan pudo disfrutar de la hospitalidad del marqués de Camposagrado, yerno de María Cristina de Borbón. Desde allí, viajó a Francia y se entrevistó directamente con la familia Riánsares. La política fina podía recomenzar, incluyendo en ella la posibilidad de lograr el apoyo explícito de los Muñoz al Partido Progresista. De aquel verano data, por ejemplo, una carta de don Juan al duque de Riánsares en la que, medio en broma medio en serio, se refiere a una conversación previa sobre una (rocambolesca, sin duda) conversión del duque de Riánsares al progresismo. «Alabo tu proyecto, y yo te aseguro que serás bienvenido a la Iglesia Progresista». Tan sólo sería necesario que declarase en el Senado —al que oficialmente seguía perteneciendo Muñoz— que era «progresista como los que quieren la Monarquía en la persona de Doña Isabel II y su dinastía[17]».

En Madrid, sin embargo, la política adoptaba un tono menos ligero y humorístico. Para la reina, y muy especialmente para el rey, los clarines de la revolución anunciaban también la caída de un ministerio que no sabía o no podía protegerles lo suficiente. La división interna entre sus miembros, especialmente entre el grupo moderado y unionista, se iba haciendo mayor según se encogían los objetivos políticos, y el engranaje parlamentario de unas Cortes inmanejables seguía atascado. La crisis era inminente y no estalló antes porque, durante la estancia habitual de la Corte en La Granja, el ministerio no se había reunido al completo. Cuando lo hizo, Cánovas informó sobre los manejos revolucionarios de Prim y el ministro de Guerra, Marchéssi, anunció que no podía garantizar la disciplina en el ejército porque la lealtad de las tropas estaba muy erosionada. Se abrió entonces una agria discusión sobre el grado de compromiso que era necesario para seguir formando parte del gabinete. Augusto Ulloa decidió que, en su caso, prefería dimitir ante la falta de homogeneidad del ministerio. Alejandro Mon se vio obligado a aconsejar a la reina la formación de un nuevo Gobierno.

Isabel II convocó inmediatamente a O’Donnell. Don Leopoldo puso como condición de su regreso al poder que se apartara de la Corte a una serie significativa de religiosos reaccionarios, entre ellos el padre Claret, confesor de la reina, y sor Patrocinio; exigió también el reconocimiento inmediato del reino de Italia. Isabel II se negó a aceptar aquellas condiciones y, como sabía dónde podía herir más a su exprimer ministro, le habló de la posibilidad del próximo regreso de la reina madre. Luego llamó a Narváez. Don Ramón tan sólo exigió jurar de forma inmediata y allí mismo. No quería que se repitiese la humillante escena de 1863 cuando, al ir a presentarse a Palacio con sus ministros, se encontró con que la reina había cambiado de opinión y le entregaba el poder a otro.

O’Donnell aceptó la situación con su habitual flema. Sólo una mano fuerte podía frenar la anarquía parlamentaria de las Cortes de Miraflores y él mismo le había sugerido a la reina, cuando ésta rechazó sus condiciones, que llamase a Narváez. Según Bermejo, lo hizo porque creía que, en aquel momento, era necesario «ahogar los propósitos exagerados que enseñaba la democracia, que él con sus doctrinas no podía combatir[18]». Su cálculo político, si es que estuvo tan claro y no hay por qué dudarlo en una personalidad como la de O’Donnell y de una formación política como la Unión Liberal, era que Narváez sería incapaz de gobernar contra una opinión pública mayoritaria en su contra, con un partido dividido en más de una decena de círculos e individualidades, con una Casa Real que en el fondo le odiaba. No era mala idea que don Ramón se agotase en el poder y que, por fin, quedase claro para Isabel II y para su entorno que la única salvación de la monarquía era la Unión Liberal y lo que ésta considerase que era bueno y necesario para el país y para la reina.

El laberinto de intrigas, de componendas, de lo que en la época se llamaba «pasteleo», de la política concebida como un juego de regates cortos en torno a un poder cada vez más frágil y más efímero, había acabado por afectar a todos los partidos y personas cuyas vidas giraban en torno a la Corte de Isabel II. La contradanza que, al final del reinado de Isabel II, bailaron Narváez y a O’Donnell en torno a la reina fue el ejemplo mayor y más acabado de la miseria de aquel prolongado crepúsculo.

Los progresistas (a pesar de lo mucho que le había costado darse cuenta a Prim de que ése no era su baile) habían decidido ya abandonar aquellas aguas contaminadas y jugarse el todo por el todo. Cuando Prim volvió de París, se reinició la discusión sobre el retraimiento que combatían, entre otros, Ruiz Zorrilla, Madoz y Figuerola, «alucinados por las palabras melosas de la serpiente». Quienes no habían tenido la oportunidad de escuchar aquellas palabras, o que habían resultado muy heridos por su veneno, como Olózaga, hicieron ver a los partidarios de una tregua que no había marcha atrás: «Ni decorosamente podíamos volver al Parlamento, ni en el Parlamento se hacen las revoluciones, sino que por el contrario, se aplazan […] sacarnos del retraimiento era el desideratum de todos los gobiernos y lo que ofrecían a doña Isabel al subir al poder[19]».

El ala radical del progresismo tenía razón. Incluso Narváez llegó al poder sabiendo que tenía que intentar, por todos los medios, algún tipo de conciliación. Entre otras cosas porque, como escribió a González Bravo, la maniobra de O’Donnell le resultaba meridiana:

Dude usted mucho de la sinceridad del Duque de Tetuán. Aconseja a Su Majestad que me llame para que yo resista, porque el Duque de Tetuán, que no me conoce, o no quiere conocerme, presume que soy déspota por instinto; algo hay de verdad en su presunción, pero no tanto como él se imagina. Yo he sido político de resistencia cuando el país lo ha necesitado, pero hoy la resistencia labraría mi descrédito, y eso es lo que buscan mis émulos, anularme para siempre. [Si la reina me llama,] acudiré con apresuramiento y cogeré el mando con gusto, por el placer de dejar al Duque de Tetuán con un palmo de narices, porque voy a ser más liberal que Riego, porque como ya no llueven progresistas a chaparrones, puedo salir a la calle sin paraguas y en mangas de camisa […] puesto que el general O’Donnell quiere ser mi amigo y me ofrece su apoyo, le aceptaré y propondré la manera de que turnemos con lealtad y disipemos esa atmósfera democrática dejándola reducida a la impotencia[20].

Con estas intenciones, a las doce y media de la noche del día 16 de septiembre de 1864, Narváez se apeó del tren que le traía de Loja en la estación de ferrocarril del Mediterráneo, hoy Atocha. El que había de ser el hombre fuerte de su ministerio, Luis González Bravo, le esperaba en el andén. Según el biógrafo de este último, Narváez le dijo: «Ya sabe usted lo que le escribí y cual es mi designio. Yo no puedo ser hoy lo que antes fui, y es por lo tanto preciso organizar un Ministerio que, dentro del partido moderado, pueda satisfacer las tendencias más conciliadoras y liberales[21]». Apócrifa o no la frase, lo que resultaba evidente para todos era que ya no podía haber un ministerio moderado que representase a la generalidad del arco conservador (como en los buenos tiempos de don Ramón), ahora cualquier ministerio de ese signo habría de ser, como él decía, de «conciliación», incluso con una mano tendida a aquéllos que habían girado en la órbita de la Unión Liberal.

Respecto a los progresistas, también era necesario mostrar un espíritu conciliador: se mantuvo en sus puestos de la administración a muchos de los nombrados por O’Donnell y por el ministerio Mon-Cánovas; se decretó una amnistía para todos los delitos de prensa desde 1857 y se permitió el regreso de todos los militares desterrados, Prim incluido. Para esas fechas, ya hacía mucho menos calor en Madrid. Don Ramón consiguió además su decreto de disolución y convocó elecciones para octubre de 1864, con las consabidas promesas de limpieza y decoro gubernamental en el uso de su «influencia moral».

No llevaba Narváez ni un mes en el poder cuando la reina madre, María Cristina de Borbón, regresó a España tras diez años de exilio. Estuvo en la Corte apenas tres meses y regresó precipitadamente a París. Emilio Castelar escribió un críptico artículo en La Democracia a propósito de aquella llegada y de aquella partida que habían sido verdaderamente anticlimáticas, después de tantos años de exilio, de tantas inquietudes y sobresaltos, cuando la vuelta de María Cristina era una posibilidad que aterrorizaba a tantos, incluida su propia hija:

La Reina Cristina pretende venir a España con ansiedad, como si temiera morirse antes de decir algo que pesa sobre su alma. Un ministerio cae, porque sus individuos no están acordes sobre la oportunidad de esta venida. Otro ministerio no se forma, a causa de la venida de la Reina Cristina. Los periódicos moderados hacen de este viaje, siempre anunciado y siempre impedido, un arma de oposición. El vértigo alcanza a los mismos periódicos progresistas. Después de tanto obstáculo, la Reina Cristina llega, y se encuentra más solitaria que en el extranjero, y no ve a su antiguo partido y corre desolada y llorosa de retiro en retiro, de capilla en capilla, y en medio de los días más crudos del invierno, cuando un viaje es un peligro, cuando montes de impenetrable nieve le cierran las puertas de Francia, cuando su venida ha desorganizado un Gobierno y ha impedido otro, cuando su regreso puede suscitar sospechas en la desconfianza que a todos asalta, se va de España como quien huye, y sólo se detiene un momento en Logroño, para estrechar la mano de un antiguo enemigo, con el cual parece como que la confunda su soledad de hoy, su misteriosa desgracia[22].

Quiere la leyenda, sorprendentemente tomada como verdad indiscutible por la historiografía actual, que la caída de la Unión Liberal fue fruto de las maniobras de María Cristina. Se hace coincidir incluso (y en parte explicar) la dimisión de O’Donnell con el regreso de la exregente[23]. Sin embargo, toda la evidencia disponible, incluida la más obviamente cronológica, desanuda las relaciones de causa y efecto establecidas entre la caída de O’Donnell y el regreso de la reina madre que, de hecho, se produjo un año y medio después del fin de la Unión Liberal. En realidad, como veremos, descifrar el sentido y el momento elegido por los reyes para permitir su vuelta a España fue un auténtico quebradero de cabeza para la propia María Cristina y para Riánsares. En cualquier caso, las reflexiones y cartas que suscitó aquella posibilidad de regreso arrojan una información valiosísima para entender cómo era, cómo pensaba y cómo actuaba la familia real española; cómo concebía su poder, las relaciones entre sus diversos miembros, su comprensión (o incomprensión) de la situación política del momento o, incluso, de la política liberal tout court.

No hay duda de que la reina madre llevaba años deseando regresar a España, quizás ya no para instalarse definitivamente, pero sí para poder pasar en Madrid largas temporadas cuando le conviniese. El sentido de la dignidad de María Cristina y los intereses económicos de la familia Riánsares tenían mucho que ver en ello. La caída de O’Donnell volvió a animar aquellos deseos. Sin embargo, la prueba de que no existió conexión directa entre la caída de O’Donnell y una intriga urdida por María Cristina, en connivencia con su hija, es el tono y la ocasión del primer tanteo sobre la posibilidad del regreso que realizó el duque de Riánsares a través del abogado progresista Manuel Cortina. El 20 enero de 1864 Fernando Muñoz escribió a Cortina pidiéndole que, junto con Nazario Carriquiri, se entrevistase con Arrázola, no en tanto presidente del Consejo de Ministros, «sino como antiguo y buen amigo nuestro y de Usted […] y le preguntarán por si cree deber o poder decírnoslo, si tiene algún pensamiento sobre la cuestión de la Reina Madre, o si es propósito suyo, porque otra cosa no creo posible, o bien necesidad de su posición, el dejar este asunto in statu quo durmiendo su interminable sueño».

La carta comenzaba suave, incluso patéticamente, y acababa rozando la amenaza. De la amistad de Cortina y de Arrázola esperaba Riánsares «saber por fin la verdad» sobre una situación «de emigración o de condena» que duraba ya diez años. Él y su mujer estaban haciéndose viejos en un país en el que acababan de ver morir, en el espacio de unos meses, a sus dos hijos varones más pequeños, lo cual, al parecer, había incrementado la melancolía de la reina Cristina: «Sepamos la verdad, sea la que quiera. Si tiene de malo el ser terrible, tendrá siquiera de bueno ser verdad». La hora de aclarar las cosas había llegado: «En estos años tan largos para quien sufre ha habido ahí Ministerios que por su situación o carácter político, o por las circunstancias personales de los que los componían no eran a propósito para que hablásemos de nuestros motivos y por eso callamos». Sin embargo, la situación política parecía haber cambiado. En el nuevo ministerio, que hacía gala de representar al moderantismo histórico —«un partido que por lo menos no tuvo siempre la costumbre de sernos hostil»— había miembros «que se cuentan entre nuestros más antiguos amigos».

Para Riánsares si, en esas condiciones, se seguía obviando el tema del regreso de la reina madre no cabría duda de que su situación se convertía definitivamente en un auténtico exilio o algún otro tipo de situación extraña e inexplicable «que ahí nadie quiere definir porque lo único que se quiere es que dure, ya basta. Aclarémosla siquiera: sepamos la verdad: no es mucho pedir». La energía y la virulencia de las pretensiones de María Cristina en 1856-1857, cuando exigió una reparación pública completa por la supuesta injusticia cometida contra ella y su familia en 1854, habían amainado mucho. Ya no tenía «aspiraciones políticas» de ese tipo; estaba dispuesta a «extinguir sus amargos recuerdos» y sólo quería saber «si puede entrar en España como cualquier otro miembro de la familia real» o incluso cualquier español «por infeliz que sea».

Casi sin transición, Riánsares pasó del patetismo a la amenaza. Si no recibía algún tipo de explicación, escribe, «suscitaremos la cuestión de la Reina Madre del modo que más conveniente nos parezca, hablaremos todos, y la opinión, y después la historia, darán su fallo. ¿Qué haremos? No lo sabemos bien aún. Sabemos lo que no haremos, y lo que no haremos es callar por más tiempo. Rendida nuestra paciencia, todo lo queremos, aún lo peor, mejor que esta situación insoportable. La Reina ya no la quiere, yo aún menos que ella y estoy resuelto a no consentirla por más tiempo». No sabemos qué respondió Cortina, si la entrevista con el primer ministro tuvo lugar o qué surgió de ella. En una nota adjunta, Antonio Rubio escribe: «La carta de Cortina en respuesta a esta comisión está en poder del Sr. Duque[24]».

En todo caso, la brevedad del ministerio Arrázola no dio tiempo a nada. Tras la subida al poder de Alejandro Mon, la estrategia cambió. Ahora las negociaciones se centraron en un ámbito más familiar y directo. El encargado de comenzarlas fue el marqués de Camposagrado, yerno de María Cristina, quien mantuvo una larga entrevista con Isabel II, a la que le habló del «deseo natural» de la reina madre de «ver a su hija casada y a sus nuevos nietos» en Asturias. Según el relato que Camposagrado le hizo a los Muñoz, la reina Isabel le dijo, de la forma más desenvuelta, que no había ningún problema: que él mismo escribiese a su madre y le dijese que podía ir a Asturias cuando quisiera. El marqués, «por debida delicadeza», contestó que lo pensara bien «pues no quería que este paso espontáneo y esta resolución repentina» pudiera ponerla en una situación embarazosa. La reina le contestó que le «exigía y por si era menester le mandaba» que comunicara la buena noticia inmediatamente para que su madre viese «quiénes eran los que la querían de veras».

Naturalmente, había sido un nuevo caso de improvisación y ligereza de la reina, como temía el marqués. Los Muñoz esperaron en vano una comunicación definitiva durante todo el mes de marzo. Finalmente, llegaron dos cartas descorazonadoras. En la primera, Francisco de Asís le decía a María Cristina que «el silencio más de una vez es fruto de la meditación y del deber; en su raro talento no lo juzgue V. cual aparece y se presenta a los extraños, sino cual V. lo entiende en el conocimiento de su larga experiencia».

Isabel II por su parte, con sus habituales alardes de cariño desbordante y su capacidad para decir y no decir, exculparse y enredar todas las cuestiones, escribió el 28 de marzo asegurando a su madre que ella estaba deseando volver a abrazarla, pero que la decisión no podía ser suya sino de sus ministros:

Tu sabes bien que han sido los gobiernos los que han puesto obstáculos para tu venida, solo que muchas veces se han complacido en decir a las gentes otra cosa de lo que en si hera y para que en ningún tiempo puedan [ilegible] los Ministros decir lo mismo, deseamos que sepas lo que nunca has dudado, que nos preciamos de ser los hijos que más te quieren y que siempre nuestro mayor placer será el verte y el que te llenen de caricias tus nietos, ya les hemos dicho a los Ministros esto mismo, por consiguiente están obligados a dar su parecer y a no escudarse con nosotros diciendo que tú vienes o dejas de venir por un capricho nuestro, cuando tu sabes bien que vastantes penas hemos pasado al ver visto pasar tantos años sin haber tenido el placer de abrazarte[25].

El despecho de María Cristina no tuvo límites. Las viejas excusas volvían a comenzar. En abril recibió otra carta de su hija en la que le comunicaba que aún no había recibido el dictamen del Gobierno y, poco después, no por ella sino por la prensa, en concreto por La Correspondencia del 24 de abril, se enteró de que el gabinete había tenido una reunión al respecto y que, tras una reñida votación, se había decidido desaconsejar, por el momento, el regreso de la reina madre. «Ni al país ni a la misma Reina Madre convenía la vuelta a España en las presentes circunstancias». Mon y Pacheco se quedaron solos votando a favor de los Riánsares y aquella disputa agravó las disensiones internas del gabinete.

Para los Muñoz, en todo caso, no podía culparse directamente a los ministros. Eran los reyes quienes, a su juicio, seguían siendo manifiestamente hostiles a su regreso. Era esa solapada hostilidad (filtrada de todos los modos posibles) la que pesaba sobre los ministros, «los dominaba y sujetaba completamente» desde el mismo momento en que se había puesto punto final al Bienio Progresista. «Esto explica el no hacer del duque de Valencia y de Istúriz [entre 1856 y 1858]. Eso explica lo que hizo O’Donnell por dos veces. E explica él, como por presentimiento, no dejaron tiempo a Arrázola para hacer nada[26]».

Rubio aconsejó a María Cristina que no insistiese más en su vuelta a España, al menos de momento. Si lo hacía, podría verse implicada en la caída del ministerio y en la reacción que preparaba, lo que él mismo denominó, «la camarilla isabelista», en referencia expresa al intendente de Palacio, al padre Claret y a sor Patrocinio. En esas condiciones, la presencia de María Cristina en Madrid la haría cómplice, a los ojos de la opinión pública, de una reacción que no habría provocado y se vería con las manos atadas para influir en lo que era necesario: «deshacer la organización de cortesanos que pierden a Isabel II y que son sus grandes enemigos». Los largos informes de Rubio, fechados entre abril y septiembre de 1864 y encargados por María Cristina, constituyen largas y prolijas reflexiones que aunaban, como ya era habitual en él, lo pomposo de una prosa barroca y enfática con un agudo análisis político. Para don Antonio, sólo un milagro podía salvar España de la revolución. «No diré yo que precisamente en el año 64 estalle la tempestad política, porque estas cosas no pueden calcularse por días y minutos como los eclipses: lo que diré es que muchos creen sentir los primeros estremecimientos de una gran conmoción y el augurio de todos es que nos hallamos en una especie de tranquilidad sospechosa, la que media entre la anarquía moral y la anarquía material».

Gustase o no a los moderados históricos y a los progresistas, la única opción política capaz de neutralizar a «la democracia» y al carlismo (este último anidado firmemente en Palacio) era alguna reedición de la Unión Liberal, exactamente aquello que el rey y su entorno clerical querían evitar. La idea fija de don Francisco era aprovechar la descomposición de todos los partidos para avanzar en su viejo proyecto de la reconciliación de la familia real, es decir, tender la mano al carlismo. A juicio de Rubio, la reina Cristina debía, por todos los medios, evitar ser relacionada de cualquier forma con aquel proyecto.

Su situación era especialmente comprometida. Los progresistas «comienzan a acercarse porque se dan cuenta de que la reina Madre es el único representante en Palacio del liberalismo y conciben la ilusión de que puede ir a socorrerlos». Rubio, explícitamente, escribió que, detrás de las anómalas felicitaciones de varios periódicos progresistas a María Cristina con ocasión de su onomástica y de las opiniones favorables a su regreso que expresaron Las Novedades, El Clamor Público o incluso El Pueblo, veía «un delicado e importante obsequio del general Prim, tan influyente en ellos y que, como todos sabemos, es muy adicto a M.ª Cristina». Sin embargo, «la reina madre no podía comprometerse con aquel partido, “todos verían que ni siquiera ella podía remediar nada”. No hay que fiarse, por lo tanto». El regreso sería inútil, no evitaría nada y revelaría su impotencia política[27].

A principios del verano, la familia Muñoz se enteró, de nuevo por los periódicos, de que el rey iba a ir a París en agosto a devolver al emperador y a la emperatriz la visita que la última había realizado a Madrid el año anterior. A finales de julio, dos cartas de los reyes cayeron como una bomba en Le Havre anunciando que Francisco de Asís tenía intención de visitar a la reina madre, de paso hacia la capital. Con las típicas «insinuaciones de Paquito», en palabras de María Cristina, el rey le decía que sentía que su viaje no se realizase «en mejores condiciones». Tras describirle con sorprendente detalle una enorme granizada en Madrid y Aranjuez, aseguraba crípticamente «que el tiempo está raro y mudable como lo están los hombres y las cosas». Isabel II, por su parte, escribió: «Dentro de pocos días tendrá el placer de verte mi marido, mucho le envidio esa dicha; el te hablará de todo y tú con él podrás tratar muchas cosas que se arreglan mejor de viva voz que por escrito, mi amado Paco te hará ver cuáles son los sentimientos de mi corazón[28]».

Todas las alarmas volvieron a encenderse. ¿A qué venía el rey? ¿De qué quería hablar? Para Rubio, enfrascado en elaborar minuciosos informes con los datos que le llegaban de sus numerosos contactos en España, el peor escenario era que se tratase de hacer regresar a María Cristina en el preciso momento en que el ministerio Mon se tambaleaba y se hablaba de la posibilidad de que la reina llamase a Narváez, o algo peor. La desconfianza más intensa reinaba en Le Havre. La situación española se discutió amplia y detalladamente: «la pulverización del partido moderado», la «debilidad y desconcierto de la Unión Liberal», la «actitud revolucionaria del Progreso», «la de la Democracia que sonríe» y, sobre todo, la situación del carlismo «que, levantando por un lado bandera de enganche […] ha tomado posición en Palacio […] pretende llevar a Don Juan a España». ¿Sería una vez más María Cristina el chivo expiatorio de las decisiones de su hija y de su yerno? Ella sentía, y así lo defendió toda su vida, que ése había sido su papel cuando se tomaron «las desgraciadas decisiones políticas» que llevaron a la revolución de 1854. No quería verse envuelta en una intriga política cuyos objetivos desconocía. Nerviosos, los Muñoz pidieron información a todos sus amigos políticos en Madrid y siguieron encargándole a Rubio lo que él orgullosamente llamaba «mis dictámenes».

Todos ellos fueron netamente desfavorables a que la reina madre se entrevistase con el rey o que tomase una decisión no suficientemente meditada respecto a su regreso a España. Si los reyes querían ahora que regresase doña Cristina era, sobre todo, «por miedo» a un cataclismo y por la voluntad, perversa como siempre, de arropar sus erráticas decisiones políticas bajo el socorrido manto de la autoridad materna. El problema a esas alturas ya no era «entrar sino salir sin haber perdido más que ganado». Lo que le convenía a María Cristina, según Rubio, era quedarse en Francia y conservar «esa altura política que hoy todos le dan […] no contaminarse con las tristes cuestiones de Palacio ni con las muy temerosas de los partidos».

Según sus informes, el rey venía a entrevistarse con la reina madre tras haber conferenciado con sor Patrocinio respecto a que «viene otro 54 y peor» y que, por lo tanto, era necesaria una política de reacción decidida para la cual podría ser útil contar como pantalla, con María Cristina, como escribió Rubio: «No soy de los vulgares enemigos o calumniadores de la Monja de Aranjuez, aunque sí su franco y leal adversario; pero por mil razones de dignidad y congruencia histórica, preferiría para el viaje de V. M. el Visto Bueno de Espartero al Visto Bueno de Sor Patrocinio que me parece inaceptable […] Para mí el pensamiento y el plan podrían ser que en pocas horas pasaran en Madrid las siguientes cosas: crisis del Ministerio Mon; nuevo ministerio Roncali y Ochoa, declaración a favor de la Reina Madre, nueva crisis y formal Ministerio». No podían saberlo, no podían saber qué se tramaba en Madrid y eso ero lo peligroso, «el nuevo Ministerio que se llamaría…, se creería nuestro». El «interés de la misma Monja y los suyos en divulgar» sus conferencias y su «reciente benevolencia a la ida de la reina Cristina» eran la mejor prueba de que no deberían volver sin aclarar antes la situación, sin lograr ciertas garantías. Más aún cuando, como sospechaban, el objetivo del entorno clerical y reaccionario del rey era, tras traer a don Juan a Madrid, lograr un revirement impredecible de la situación política.

Los informantes de Rubio y de los Muñoz hablaban de que de nuevo se oía el término «regencia», del «estado convulsivo de la política palaciega y el terreno desmoronadizo en que allí se edifica todo […] De aquel Palacio de Madrid y de su política nada sé, sino que no es posible saber nada […] y un mucho de voluntad y otro mucho de azar será lo que allí resuelva nuestra cuestión, como resuelve los negocios más importantes[29]». Creo que es difícil encontrar una forma más expresiva de definir la atmósfera que rodeaba las decisiones políticas que se tomaban, o se dejaban de tomar, en el entorno de Isabel II: el desconcierto y la desconfianza que «ese estado indefinible» provocaba en todos los que dependían de aquellas decisiones, fuesen los políticos de su entorno, los cortesanos, los ministros o, a la altura de 1864, la propia María Cristina, eran extremos. La madre todopoderosa de los inicios del reinado de Isabel II, la reina de los moderados, aquélla que todos temían como una influencia que hacía y deshacía las fortunas políticas y que dominaba completa, aunque taimadamente, los resortes del poder, se había convertido en 1864 en un personaje desconcertado más en las manos, no por impredecibles menos peligrosas, de Isabel II y de su marido.

En esas condiciones, la exregente se negó en principio a tener la entrevista que anunciaba Francisco de Asís. «Con el tinte político y las dimensiones políticas que se han dado a mi cuestión; eso sería tener yo aquí en el Havre, y con el Rey, una especie de conferencia que por inocente que fuese» podría traer malas consecuencias. «Pronto se la llamaría formal conferencia: pronto se diría que había sido grave y esencialmente política, pronto pasaría por tal aunque no lo fuese […] pronto se diría que habíamos tratado, no sólo mi cuestión, sino otras muchas, que no son mías: pronto se creería ver, a la vuelta del Rey a Madrid, el reflejo de nuestra conferencia en todo lo que ahí se resuelva u ocurra. Eso y más que eso habría, y yo a eso tengo justo miedo y debo evitarlo, si es posible».

Para María Cristina, todo aquello se habría evitado «si hubiese ido a España hacía tiempo», sus reuniones con los reyes no tendrían carácter político y estaría en Madrid como cualquier otro miembro de la Familia Real. Sin embargo, mientras esa situación de «emigración excepcional» durase, todo lo que sucediese en torno a ella tendría un carácter político, como escribió a su hija con una mezcla de la vieja condescendencia y del nuevo temor: «a despecho mío, de política se empaparía hasta el mero abrazo de Madre e hijo en el Havre. Repara pues bien, Isabel, en la indudable diferencia entre estar yo aquí o estar ahí: repara como una anomalía engendra otra, pues lo es y grande, y muy cierta».

La exregente —cuya concepción del poder supremo de los reyes seguía intacta— insistió una y otra vez en que esa gran «anomalía» había sido la de convertir un asunto doméstico y familiar en un asunto político, y el gran error de su hija era colocarse ella misma, públicamente, en un lugar desairado y «muy poco regio» al permitir opinar a sus ministros sobre algo que las concernía a ellas dos, en lo que ambas eran soberanas. Cuando Isabel II se excusaba (con verdad o no) en la voluntad del ministerio, estaba aceptando que todo el país supiese que no era ella quien reinaba y quien decidía; estaba aceptando un grave desacato: «¡Y que grande es Hija mía!».

Con su acostumbrada habilidad, María Cristina intentó enfrentar a su hija con las sombras que ésta iba creando en torno suyo como medio de evadirse de la autoridad materna; con el descrédito al que, a su juicio, se exponía cuando no decía la verdad o la decía a medias. Sus excusas se convertían en la escenificación de una debilidad que arruinaba su imagen pública, que minaba su poder, el cual se hacía más odioso cuanto más artero. Para la exregente, desde un punto de vista político, era mucho más grave que Isabel II escribiese que «los ministros se escudan en nosotros» que, efectivamente, fuese ella la que no quisiese el regreso de su madre. Ladina como siempre, acabó una de sus cartas más duras al respecto diciendo: «No, hija mía, menos me ofenderías tú como Reina desterrándome, que te ofendería yo, como madre, suponiéndolo, sin saberlo cierto […] El destierro de una Madre por su hija no es de las cosas más probables, ni más creíbles: y lo increíble no es para deducido. No tengo pues más que creer tu palabra de Reina y tu palabra de hija. Eso es un deber, y eso es siempre fácil y grato para cualquier Madre». Finalmente advertía, con orgullo, que regresaría a España cuando a ella le conviniese —si es que se le daba permiso para hacerlo— y que no quería tener una entrevista con su yerno, «inútil e inconveniente, ocasión para más amargos reproches[30]».

Precisamente porque esta carta concreta no se envió, y fue sustituida por otra más suave pero de significado similar, es mayor su valor como documento que transmite de forma excepcional el desconcierto y la concepción de María Cristina respecto a su propia precaria situación en relación con las peligrosas e impredecibles intrigas de su hija, de Francisco de Asís y de su entorno cortesano. Los acontecimientos no hicieron, a partir de entonces, más que complicarse. Un parte telegráfico del ayudante del rey advirtió a Riánsares que Francisco de Asís iría a Le Havre el domingo 21 de agosto. El duque respondió que la reina madre habría tenido un gran consuelo en abrazar a su yerno pero que, si su estado de salud se lo permitía, saldría hacia París antes del domingo para cuidar a su hija Amparo, enferma desde hacía semanas. En todo caso, recibiría al rey en su residencia de París.

Cuando el rey llegó por fin a la capital francesa, plegándose a los deseos de su suegra y a las imprevistas circunstancias familiares, la llamada infanta Amparo, condesa de Vista Alegre y princesa de Czartoryski por matrimonio, entró en una súbita agonía y murió casi inmediatamente. En menos de un año, María Cristina había perdido a tres de sus hijos. Francisco de Asís estuvo tres horas en el velatorio y, según Rubio, «desde aquí se fue a la gran fiesta de Versalles que duró hasta el amanecer del domingo […] La Emperatriz había ido por la mañana a casa de Amparo, como los días anteriores, la halló muerta, la besó, lloró muchísimo y a la española y la puso una flor en las manos después de arrodillarse y rezar por ella […] Tres días ha estado expuesta la pobre Amparo en una chapelle ardente en su Hotel Lambert y por allí ha desfilado todo el mundo, muchos poderosos, y sobre todo, muchos desvalidos y pobres. El miércoles fue el magnífico funeral […] conducía el duelo el viudo, el Draco y yo[31]».

Mientras todo esto sucedía, el 20 de agosto de 1864, la exregente recibió por fin a Francisco de Asís. Al acabar la entrevista, tanto la reina madre como su marido encarecieron a Rubio que tomase nota de lo que allí había pasado y lo mantuviese en «sumo secreto». El secretario se negó a ello, «pues me hacía poca gracia que siendo yo solo el enterado, mañana se divulgase algo […] el Duque de Riánsares redactó por si mismo la Nota adjunta con la relación de esa importante conferencia[32]».

El relato de Fernando Muñoz, como todos los suyos, es literalmente un ejercicio de archivo; un documento pensado para ser cuidadosamente guardado con la vista puesta, si no en la Historia con mayúsculas, sí en el futuro; en un hipotético futuro en el que él y María Cristina tuvieran que dar cuenta pública de sus acciones. De forma consciente o inconsciente, la minuciosidad de los detalles sobre las horas y los minutos, las palabras utilizadas y los gestos, se encuentran al servicio —como en un documental bien construido— de la verosimilitud; no necesariamente de la verdad. Desde esa perspectiva hay que leerlo y valorar lo que en él se dice y lo que no se dice.

El rey llegó a la residencia de María Cristina a las 11 de la mañana. Iba acompañado de dos de sus ayudantes y de un general francés. Antonio Rubio le recibió al estribo del carruaje. Riánsares lo hizo en los escalones de la entrada. «El rey se vino a mi derecho diciéndome “Duque” y me abrazó y me besó. Creo que lloró. Yo no pude contener mis lágrimas pensando en mi hija». Francisco de Asís pasó luego a la cámara personal de María Cristina y estuvo hablando con ella a solas durante tres cuartos de hora. Luego ambos se reunieron con Riánsares. Los Muñoz se repartieron, como siempre, los papeles. Envuelta en sus ropas de luto y en su reciente duelo, María Cristina desempeñó el papel de madre amante que todo lo comprende y que nunca duda de sus hijos. Riánsares se encargó de los reproches, diplomática pero enérgicamente expresados.

El más grave de aquellos reproches, el que Muñoz dice que enfatizó (con la vista puesta sin duda en el futuro de aquellas notas), se refería una vez más a la tremenda injusticia del «desvío de la Hija respecto a la Madre» y al hecho de que jamás la hubiera defendido cuando la acusaban, en falso, de ocuparse de «cosas políticas».

«Mira, contestó el rey, no la culpes a ella, ella la quiere mucho, pero no puede hacer ni ha podido todo lo que quería. No creo puedes figurarte las cosas que nos decían y como nos amenazaban con las reboluciones si iba Mamá». «Pero Señor ¿Qué tenía que ver […] Mamá con las reboluciones? […] Precisamente ésa es la queja mayor que tengo yo de la Reyna, porque no ha hecho saber a todos que la Mamá no se mezcló con las cosas políticas desde su casamiento y a sus Ministros debía prohibirles que le faltaran como lo hicieron en las Cámaras diciendo que ella sola y sus [ilegible] eran los responsables de cuanto se había hecho y no su Madre. —Y sobre todo a O’Donnell cuando dijo que no se podía gobernar estando la Reyna Madre en España».

Aquella andanada hizo confesar a Francisco de Asís, al menos en la versión que tenemos de Muñoz, que el duque tenía razón. «Que su Mamá no se había mezclado en nada, pero que no culpara a la Reyna de falta de cariño, pues había sido debilidad más que otra cosa. Que él mismo se confesaba de haber sido débil […] Que los Ministros les decían mil cosas y les pronosticaban mil desgracias si iba la Mamá, y que esto los aterraba». El rey, al parecer estaba muy agitado, hablaba mucho y atropelladamente, les interrumpía, parecía ansioso por evitar más reproches, no les dejaba hablar. «Empezó a decir que era menester que todo acabase, y que iba a hacer que la Reyna exigiese a los Ministros la vuelta de su Mamá y que el que no quisiera esto que se fuera del Ministerio y propuso varios medios para ello».

Riánsares y María Cristina mantuvieron la calma. El desprecio por «Paquito», mezclado con el temor que sentían por su capacidad para la intriga, estaban bien asentados desde hacía años. El duque, que se dirigía invariablemente a él como «Señor», intentó varias veces interrumpirle. Finalmente lo logró y le rogó que, si debían volver, era «menester que la cosa se haga bien». La idea del matrimonio Muñoz respecto a cómo hacían las cosas bien los reyes fue la siguiente:

Yo creo que S. M. debe hacer lo que acostumbra a hacer Napoleón cuando desea recoger toda la gloria de una medida. Debía escribir una carta a los Ministros tan luego como llegue V. M., en las que les diga: que habiendo oydo a su [ilegible] Esposo, después de la visita que éste hizo a su Querida Madre, y deseando [dos palabras ilegibles] público testimonio de su amor y cariño a la que le dio el Ser, y no pudiendo continuar por más tiempo en la situación equívoca en que por causas estrañas a su voluntad permanecía, quería que inmediatamente se diesen las órdenes más terminantes para que se le facilitaran los medios para que pudiera venir con el decoro y las consideraciones debidas a su alta clase, etc., etc. Una carta así, Señor, levantaba a S. M. por encima de los partidos y de las intrigas políticas y de corte, que han [ilegible] tan mala como injustamente esta cuestión.

Francisco de Asís volvió a demostrar una gran agitación e insistió en que los ministros no tenían nada que ver con aquello; que la reina haría lo que deseaba «y si se quieren ir que se vayan, no faltarán otros Ministros que la sirvan». Luego farfulló que sabía que O’Donnell ahora sí quería que regresase la reina madre pero que no sabía si «podía ser Ministro ahora». Aquella indicación dio pie a Riánsares, al menos en su relato de los hechos, para hablar de la situación política del país y, más concretamente, de la creada tras la caída de la Unión Liberal: «Sólo me atreveré a decir una cosa en bien de la S. M. la Reyna Isabel y es que el Partido Progresista entre en juego para al menos orientar las leyes y las cosas públicas en vez de pelear en las calles. El rey convino en esto y disculpó al Ministerio Miraflores que dio la circular sin meditar las consecuencias».

Tanto Riánsares como el rey, —María Cristina asistía supuestamente muda a la conversación— ,convinieron «en el mal estado de todo» y en la necesidad de que se recompusiesen los partidos tradicionales para evitar una revolución. El propio Francisco de Asís sacó a colación el tema de «que se quería una Regencia». Fernando Muñoz no hizo nada por calmar su ansiedad al respecto, sino que la aumentó. A su juicio, la idea de una regencia venía trabajándose desde 1854 y, tanto el rey de Portugal como el emperador de los franceses le habían hablado de ello. Nadie se había lanzado aún, «porque nadie quiere ser el primero que descubra el juego», pero que, una vez dado el paso, «no faltarán golosos». De forma quizás no tan sorprendente, la conversación dio entonces un salto hacia los sucesos de la Rápita, la intentona carlista de hacía ya cuatro años, que para Muñoz había sido un golpe anunciado, del que todo el mundo tenía noticia en París y que fracasó por muy poco. El rey, entonces, con el mismo nerviosismo de antes, se apresuró a decir que suponía que sabían que «Don Juan se nos encajó allí [en Madrid] el año pasado». La ansiedad de Francisco de Asís por dejar claro que él no estaba en connivencia con los carlistas es algo que Riánsares recoge con detalle: «Es mi hermana Luisa la que anda en estas cosas y te aseguro que yo no transijo con los Carlistas, no. Y le he dicho a Isabelita que yo me defenderé hasta donde pueda y que si veo las cosas por [dos palabras ilegibles] que a mí no me gustan, diré: Hasta aquí he llegado pero no más: y me voy».

Una vez más, tanto si la conversación está reproducida de forma fidedigna como si no lo está en todo o en parte, lo que es evidente es la estrecha relación que los componentes de la familia real establecían entre la posibilidad de una nueva revolución y la revitalización de las posibilidades políticas del carlismo. La diferencia era, como lo había sido durante años, que para el rey la opción era un pacto con los carlistas (con o sin regencia), mientras que para los Riánsares aquélla no era en absoluto una opción: «Si la Reyna quiere tirar el trono por la ventana que lo tire», dijo Riánsares antes de añadir, como quien no quiere la cosa, que en la intentona de la Rápita todo el mundo sabía que habían estado implicadas personas muy cercanas a los reyes.

Hoy, cuando la historiografía ha enfatizado abundantemente la creciente debilidad del carlismo, puede parecernos insólita o exagerada la atención que los miembros de la familia real española concedían a la amenaza, o a la posibilidad, carlista. En aquel momento, sin embargo, envueltos en un mundo que apenas trascendía las fronteras de las maniobras y los intereses de esa misma familia (o de las otras familias reales reinantes de su entorno), para Francisco de Asís, Isabel II, María Cristina y Riánsares, el carlismo y todo lo que éste significaba eran un fantasma recurrente del que no podían (y en el caso de Francisco de Asís no querían) desprenderse. Sin el carlismo —alentando literalmente a su lado, con una Corte que seguía siendo absolutista y con una Iglesia católica que nunca había dejado de serlo—, el temor a la revolución y sus consecuencias hubiera sido quizás infinitamente menor. Era el temor al carlismo lo que en los años treinta les había hecho acercarse a los liberales y lo que seguía haciéndolo en buena medida todos aquellos años después. La cuestión era encontrar el modo de seguir reinando, a la manera en que ellos creían que debían reinar, y mantener a su lado (de forma «domesticada») a los diversos partidos liberales. De ahí la ansiedad de los Muñoz por evitar que las intrigas del rey dieran al traste, definitivamente, con el reinado de Isabel II.

Francisco de Asís —tan reaccionario como políticamente torpe— se había dejado convencer en más de una ocasión de que, en un pacto con los carlistas, él estaría a salvo; de hecho había entrado en negociaciones (que María Cristina y Riánsares conocían demasiado bien) para participar en una especie de regencia conjunta con los príncipes carlistas. Los Muñoz, cuyo interés por el futuro personal de Isabel II no era más cálido que el de su marido, eran gente mucho más experimentada, más inteligente y más cosmopolita. Sabían que, una vez producido ese pacto con el carlismo, caerían todos: bien por la inevitable traición de los príncipes carlistas, bien por una revolución que arrasaría a la dinastía en su conjunto. Esa revolución, advirtió Riánsares a Francisco de Asís, ya no sería como la de 1854. Sería mucho peor y, además, ya no tendrían a su lado gente que les protegiese. Con una punzada de ironía, citando expresamente al marqués de Salamanca y recordando su propia experiencia, Riánsares advirtió: «Si hay otra rebolución como la del 54, no hay quien vaya a Palacio y todos se van a las barricadas; pues ya saben que los que están en éstas, adquieren gloria, títulos, destino y cruces; y los que están en Palacio se hallan con las casas quemadas y tienen que emigrar».

La conversación derivó una vez más hacia las quejas tradicionales de los Muñoz sobre el trato que se les había dispensado, a la información que tenían de que el verdadero obstáculo para su regreso había estado en los reyes y no en sus ministros, etcétera. La agitación del rey no hizo entonces sino aumentar, sus protestas de inocencia crecieron de tono y sus promesas de hacer todo lo posible para lograr su regreso se incrementaron hasta la histeria: «Pues luego que llegue a Madrid yo lo arreglaré todo» y, dirigiéndose alternativamente a Riánsares y a María Cristina, les preguntaba, «¿tiene V. confianza en mí?, ¿me quiere dejar obrar? […] No quiero escribir a Isabelita porque pueden coger las cartas. Nos hemos convenido en que no nos escribiríamos nada y que sabremos de nuestro tema por el telégrafo. Las cartas no son seguras. Es preciso no decir nada a nadie, nada, nada, para que no pongan obstáculos. Déjeme V. obrar Mamá mía y yo lo arreglaré todo. Yo vendré si es necesario hasta la frontera a buscarla a V.»[33].

Tras las habituales cortesías, amables y estereotipadas preguntas sobre conocidos y familiares, el rey regresó a España. El 16 de septiembre, el mismo día en que Narváez subió al poder, la reina escribió a su madre diciéndole: «Te ruego que vengas, el gobierno hoy no encuentra inconveniente alguno a tu vuelta a España». Al día siguiente, el rey escribió: «He cumplido todo lo que ofrecí a V. cuando tuve el consuelo de abrazarla». Ambos urgían a María Cristina a que regresase lo antes posible.

Antonio Rubio, tras la entrevista de julio, había escrito un nuevo dictamen en el que desaconsejaba una vez más el regreso: «Hoy V. M. es virtualmente la bandera antigua del partido moderado que éste al querer renacer desempolva y rejuvenece […] no vuelve en calidad de reparación sino de remedio político que algunos interpretarán como una victoria suya y del partido moderado». Narváez y María Cristina juntas, dice Rubio, es «la unión de dos impopularidades»; una unión muy peligrosa que, como todos sabían, había sido idea de O’Donnell con el objetivo de «hacerse inmediatamente necesario para reparar las consecuencias […] el pensamiento es hacer daño a la Reina Cristina con el Ministerio Narváez y al ministerio Narváez con la Reina Cristina». De paso, se conseguía que «cesasen desde luego para ella [María Cristina] las recientes simpatías del progreso». Para el alarmado secretario, cuyos deseos de regresar al enrarecido ambiente de la Corte madrileña eran nulos, la coyuntura era tal, el embrollo era de tal calibre, que ahora todos ganaban con el regreso de María Cristina excepto ella. La exregente ya no tenía nada que ganar y sí mucho que perder. Entre otras cosas, su precario nuevo prestigio en las filas del liberalismo. Hasta para Narváez, en vez de un estorbo, «serviría de paraguas político […] aunque él se moje siempre caerá mucho en el paraguas […] Es posible que el partido moderado renazca y Narváez salve España. Pero con ser posible no es probable, ni fácil». Para Rubio, desesperado por evitar volver a Madrid, el regreso de María Cristina a España era «como ir con los ojos vendados por un precipicio[34]».

Tenía razón, en Madrid no esperaban a la reina Cristina más que trampas, intrigas y sinsabores. Entre ellos, el más doloroso: el de darse cuenta de que ya no significaba nada políticamente y que su influencia maternal era nula. A pesar de lo que había dicho Rubio, los tiempos en que María Cristina era la bandera de los moderados habían pasado. Tan sólo pudo contar con la calurosa pero ineficaz bienvenida de las dispersas y lánguidas filas de aquellos políticos que se agrupaban mal que bien, sin apenas influencia, en los salones del conde de San Luis.

En los otros salones, en los de Palacio, fue recibida con hostilidad indisimulada. Especialmente cuando su regreso alentó o coincidió con la ruptura por parte de Narváez del clima de tolerancia que se había mantenido hasta entonces respecto a la espinosa «cuestión de Palacio», es decir, a la existencia de favoritos de sale espèce tanto por parte del rey, como de la reina. La prensa (La Época, por ejemplo) pidió abiertamente el ostracismo del secretario del rey, Antonio Meneses, al saberse que optaba a un acta de diputado. Ante los rumores que le ligaban de una forma escandalosa con el rey, el periódico unionista apelaba al patriotismo de Meneses para que él mismo los desmintiese saliendo de España. Incluso el marqués de Miraflores le rogó a la reina que cesaran las relaciones tan estrechas entre el secretario de don Francisco y sor Patrocinio, a quien al parecer visitaba asiduamente en Aranjuez, dando pábulo a todo tipo de interpretaciones: «Si ha de presentarse a diputado que lo haga como algo propio y sin intervención de Palacio[35]». El ambiente de la Corte, cuando regresaron los Riánsares y se instalaron en el Palacio Real, no podía estar más envenenado. El diplomático italiano, M. Cavalchini, escribió con detalle sobre todo ello. Su carta merece ser transcrita en extenso:

En España, desde que reinan los Borbones, ha habido, como todavía hay hoy, dos gobiernos: uno oficial y otro oculto, que reside en Palacio, compuesto de ordinarios, de ambiciosos y de intrigantes. Ahora el Palacio está dividido en dos campos; están los partidarios de la Reina y los del Rey. Tenorio, el favorito, el padre Claret, el Padre Cirilo, son de la Reina. Meneses, favorito de sucia especie [de sale espèce], la monja Patrocinio, Oñate, son del rey. La Reina, aunque Borbón, tiene buena fe; quiere la Constitución y que su hijo reine en su momento; se deja guiar por la Camarilla, creyendo que los consejos de los curas salvarán su alma un poco atormentada por los pecados y por los que el favorito le ha hecho cometer.

El Rey tiene audacia, pero es malo, detesta a su mujer y a los niños. Desde hace mucho tiempo, conspira contra la Reina y para obtener su venganza es capaz de todo, pero como su fondo es reaccionario quiere llegar al poder a través de la reacción.

El general O’Donnell ha sabido conservar una apariencia de armonía en Palacio dándole dinero al rey; Narváez de carácter violento, pero leal, no puede someterse a estas miserias, así es que a cada instante amenaza a Palacio y, a su vez, es amenazado por Palacio.

Así todas las crisis ministeriales que se suceden en España tienen su origen oculto en Palacio, a veces por la oposición de una sola Camarilla y otras veces por la de las dos reunidas. Últimamente, Narváez se ha puesto en oposición contra Tenorio y contra Meneses. Intentó hacer despedir al primero y ha combatido la elección del segundo para la Cámara; pero tanto uno como el otro han acabado por vencer. Narváez sin embargo ha vuelto al poder porque la Reina lo ha juzgado necesario para neutralizar las intrigas que el rey desarrolla con gran actividad.

Estas cosas tan sólo producen un efecto mediocre en España, pero los asuntos van de mal en peor. Así que si el partido progresista tuviese un hombre valiente la revolución se haría mañana. La Reina Cristina dijo ayer a uno de mis amigos que está convencida de la pérdida próxima de la dinastía actual[36].

Ildefonso Bermejo, buen conocedor de las cosas de Palacio, ha afirmado que, en aquellas condiciones, María Cristina llegó a aconsejar a su hija, tras entrevistarse con Prim, que llamase al poder a los progresistas y asegurase previamente unas elecciones tan limpias como fuese posible para garantizarles un apoyo parlamentario suficiente. Nelson Durán afirma algo similar sin ofrecer, sin embargo, testimonio documental suficiente[37]. Yo, por mi parte, no tengo documentación completamente precisa que confirme ese consejo. Es cierto que la correspondencia entre Prim y Riánsares parece apuntar en ese sentido, aunque la ambigüedad del duque fue siempre extrema y contamos, sobre todo, con la información que puede inferirse de las cartas de Juan Prim, que son las que se conservan en el archivo. La benevolencia de cierta prensa progresista con la reina madre, las actividades del mismo Prim en Barcelona a favor de que se revisase el retraimiento, así como los supuestos consejos de Riánsares al rey en ese sentido durante su entrevista en París, pueden hacer pensar que algo de aquello hubo, al menos como posibilidad[38].

En todo caso, aquella posibilidad jamás llegó a buen puerto. Por una parte, contra Juan Prim pesaba el hecho mismo de estar demasiado cerca de María Cristina y Muñoz. Por otra parte, su situación en el partido no era lo suficientemente sólida. Una vez convocadas las elecciones, una reunión progresista en el Circo Price, celebrada el 16 de octubre de 1864, eligió un nuevo comité central cuyos miembros competían entre sí en radicalismo. Don Juan estuvo más callado que de costumbre. La opción del retraimiento fue masivamente reafirmada y hecha pública[39]. En buena medida, aquella victoria de los partidarios del retraimiento parecía apuntar (y potenciar) un cambio en la opinión pública liberal, que reclamaba hacía tiempo una adecuación entre el comportamiento político de la monarquía y los intereses nacionales acorde con la tendencia que se había hecho evidente en Europa tras la revolución de 1848. Una evolución en ese sentido requería, a su vez, un cambio en la política de élites tradicional, cuya necesaria renovación era, precisamente, lo que había sumido a éstas en la división y el desconcierto en torno a la problemática suscitada por la opción del retraimiento.

El embajador británico escribió a su ministerio que la espiral de violencia política soterrada era cada vez mayor. Narváez, irritado ante la falta de respuesta a sus tibias promesas de conciliación, «había retirado la mano tendida […] reemplaza de forma exorbitante en sus empleos a muchos empleados anteriores y una circular sobre educación pública parece amenazar con la expulsión de las universidades y escuelas a todos los profesores que expresen opiniones opuestas a los principios diseñados por la educación oficial o que puedan ser consideradas subversivas para las actuales dinastía y Constitución de España. Ha causado mucha irritación entre los liberales al tiempo que no ha satisfecho suficientemente al partido ultra-clerical». Sir J. Crampton advertía de la radicalización subsiguiente de los progresistas, «cada vez más alejados de la dinastía y cada vez más cercanos a los demócratas», e informaba de la notable influencia que estaba alcanzando el krausismo en el mundo universitario, «de los círculos, clubes y ateneos[40]».

En efecto, fueron los krausistas los que de forma más clara, entre las clases medias ilustradas, alzaron la voz en favor de una espiritualidad cristiana, compatible con la razón moderna, y presentaron batalla abierta a los cada vez más poderosos y activos círculos neocatólicos, empeñados en una auténtica cruzada por la sacralización de la sociedad. Alentados por la publicación de la encíclica Quanta Cura y el Syllabus Errorum —en los que el papado condenaba abiertamente todo el universo de pensamiento, de práctica política y ética del liberalismo— y por la esperanza de una resurrección del moderantismo histórico, los neocatólicos incrementaron notablemente su actividad con la intención de consolidar, en todas las esferas, su influencia política. Sus esfuerzos se concentraron en la batalla contra cualquier atisbo de libertad de conciencia, a favor del control absoluto por parte de la Iglesia sobre cualquier instancia educativa, incluso la universitaria, y por supuesto en contra del reconocimiento del reino de Italia[41].

El recrudecimiento de la batalla ideológica en torno a la catolicidad excluyente de España, con sus evidentes implicaciones políticas, otorgó una visibilidad cada vez mayor a la identificación exacerbada entre el mundo de la Corte y la reacción clerical más extrema, un tema que, aireado constantemente por la prensa de oposición, se convirtió en una fuente de deslegitimación creciente de la monarquía isabelina entre las diversas corrientes de la cultura liberal. Las idas y venidas de sor Patrocinio, los rumores de cambios en la servidumbre de Palacio en un sentido aún más reaccionario, las presiones de Roma, formaban parte del debate político, de las discusiones de los cafés, de los artículos y sueltos de prensa, de las obras de teatro y de los sainetes, que sorteaban con recursos de lo más variopinto la acción de la censura[42].

Es cierto que, en buena parte de Europa, los monarcas reinantes no sólo eran los representantes supremos del Estado, sino que también lo eran (con mayor o menos grado de institucionalización) de las iglesias mayoritarias de sus respectivos países. Sin embargo, el problema en España era, como siempre, de proporciones y de algo más que proporciones. Por una parte, no hace falta insistir en los efectos políticos e intelectuales de la secular falta de competencia entre formas de fe distintas. Por otra parte, la combinación de una potente imagen de arbitrariedad política con la adscripción notoria a las formas de religiosidad más abiertamente antiliberales —representadas y exacerbadas en las figuras del padre Claret y de sor Patrocinio— tenía en España una connotación reaccionaria efectiva y amenazante para el liberalismo en su conjunto. Rozaban de hecho (cuando no enlazaban) abiertamente con aquel fantasma del carlismo que, como hemos visto, se resistía a desaparecer, tanto en el imaginario popular y liberal como entre los propios miembros de la familia real[43].

Si a ello unimos la explosiva simbiosis que fue fraguándose en la opinión pública liberal española entre la inmoralidad sexual de la Corte y su deriva reaccionaria y clerical, las similitudes con el conflicto europeo global en torno a la separación entre Iglesia y Estado —un conflicto paralelo y estrechamente relacionado con el que existía entre los monarcas y los parlamentos— no deben exagerarse. La nación liberal en España iba identificando cada vez más los «obstáculos tradicionales» a su libre desarrollo con la perversión conjunta de la auténtica religiosidad y de la auténtica monarquía constitucional por parte de la reina Isabel II y su entorno, que no dejaban de dar disgustos al Gobierno, tanto por inclinarse hacia un lado como por hacerlo hacia otro.

Por su parte, la reina Isabel seguía empeñada en agrandar su particular sílabo de errores. Cuando estaban a punto de abrirse las nuevas Cortes, se negó a incluir en el discurso de la Corona una alusión al necesario abandono de Santo Domingo una vez que se hizo evidente la fortaleza de la opción insurreccional, apoyada por Estados Unidos, contra la reincorporación de la isla. A pesar de que, en el enrarecido ambiente de la política española, la cuestión dominicana se había convertido ya en un arma en la lucha de partidos, para todos era evidente que la reincorporación había sido un fiasco. El único año completo de administración española de la isla, el año 1862, había costado a las arcas del tesoro cuarenta y nueve millones de reales. Con una situación efectiva de guerra, declarada desde diciembre de 1863, mantener aquel territorio era imposible.

Sin embargo, Isabel II no estaba dispuesta a admitirlo. Convirtió aquella cuestión en una cuestión de gabinete y, como tenía ya por costumbre, la utilizó para desestabilizar al Gobierno. En efecto, el 14 de diciembre escribió a O’Donnell diciéndole que «se deseaba que yo dijera en el discurso de la Corona que había que abandonar Santo Domingo y esto yo no lo podría decir nunca». La correspondencia entre Isabel II y don Leopoldo, así como la información enviada a sus ministerios por los embajadores británico y francés, muestra la cara oculta de lo que enseguida saltó a los periódicos: la dimisión de Narváez y la habitual búsqueda frenética de un sucesor. Se pensó en el marqués de Novaliches, un cortesano puro, cuyas opiniones políticas según el prudente embajador británico eran «claramente reaccionarias […] La lista de personas que tras mucho esfuerzo fue capaz de presentarle a la reina estaba compuesta de militares de opiniones tan extremadas que incluso S. M. se dio cuenta inmediatamente de que una administración como aquélla no tenía ninguna oportunidad de tener el apoyo de las Cortes elegidas bajo los auspicios del partido moderado, representado por Narváez».

De una opción absurda a otra. La reina llamó entonces a Istúriz, uno de aquellos hombres que, como Miraflores aunque más respetado, le servían siempre de comodín. Ya muy anciano, con una salud débil y harto de la política, Istúriz hizo lo imposible para formar un gobierno de conciliación, cercano a la Unión Liberal. A pesar del apoyo entre bambalinas de O’Donnell, aquella combinación también fracasó. Nadie quería otro gobierno de transición más. O seguía don Ramón o volvía don Leopoldo. El grado de personalismo y enrarecimiento de las opciones políticas parecía haber llegado a su colmo. Desgraciadamente todavía no era así y el tedioso juego seguía teniendo sus adeptos. Finalmente, Narváez retrocedió y, tras casi una semana de crisis, Isabel II escribió, tranquila y ufana, «sólo siento que lo que hoy han hecho estos ministros no lo hubieran hecho tres días antes». El unionista Lorenzana escribió en El Diario Español: «¿Qué ha pasado aquí? No lo sabemos. Como las cosas absurdas no pueden por menos que explicarse absurdamente, resulta que a ese género pertenecen las versiones que circulan», y aprovechó para hablar de los buenos oficios del secretario particular de la reina, Miguel Tenorio[44].

Unas semanas después, otro artículo al que ya he hecho referencia, firmado por Emilio Castelar en La Democracia, daba cuenta de la precipitada salida de María Cristina del Palacio Real de Madrid, «cuando un viaje es un peligro, cuando montes de impenetrable nieve le cierran las puertas de Francia[45]». No fue aquel artículo, sin embargo, el que elevó a su autor al firmamento de la popularidad política de la época y acabó por hundir lo que quedaba de la reputación de Isabel II. El texto que logró aquel extraordinario impacto fue publicado en el mismo periódico el 25 de febrero de 1865 y se tituló «El rasgo». Su objetivo era denunciar las condiciones con que se había anunciado en el Congreso, cinco días antes, un proyecto de enajenación de una parte del Patrimonio Real. El proyecto fue presentado por Narváez como un «nuevo rasgo de [la] inagotable munificencia» de Isabel II, de quien habría surgido la iniciativa de forma espontánea, como medio de aliviar la desastrosa situación de las finanzas públicas[46].

La ralentización del crecimiento económico, evidente ya desde 1863, había desembocado a lo largo de 1864 en una serie de quiebras bancarias encabezadas por la francesa Sociedad General de Crédito. La coyuntura estaba cambiando de forma acelerada en toda Europa y España, muy dependiente de las inversiones extranjeras y de la acumulación de activos bancarios en el ferrocarril, afrontaba ese cambio de coyuntura desde una posición especialmente frágil. Al desánimo en las bolsas nacionales y al incremento galopante del déficit en el presupuesto del Estado (en parte debido a los costes de la reincorporación dominicana y a las intervenciones en el Pacífico), vino a sumarse la negativa de las bolsas europeas más importantes a negociar títulos españoles.

El resultado fue una catástrofe anunciada. El ministro de Hacienda había propuesto, entre otras medidas, un empréstito forzoso (un anticipo) de seiscientos millones de reales para los contribuyentes de más de 400 reales anuales que causó una auténtica conmoción e hizo caer al ministro. La propuesta de enajenación de una parte del patrimonio de la Corona apenas podría, en realidad, aliviar las cargas del Tesoro. De ella se esperaba alcanzar, sin embargo, cierta rentabilidad política que permitiese hacer más llevadero el empréstito forzoso. La idea era repartir el producto de la venta en un 75% para el Estado y un 25 por ciento para la reina.

Un sector de la opinión, la más oficialista, acogió aquella iniciativa con enormes alardes de gratitud y de entusiasmo monárquico. El tono lo dio el propio Narváez y los diputados que firmaron y aprobaron por unanimidad una proposición de rendido agradecimiento al gesto de Isabel II. «¡Cuán feliz es la nación que tiene una Reina tan grande, tan generosa, tan patriótica, que llegará a lo que nunca Monarca alguno en ningún tiempo, en ningún siglo y en ninguna nación ha llegado!». Si algún monarca anterior había sido capaz de sacrificarse así por el bien de la nación, ese monarca había sido Isabel la Católica, cuando vendió sus joyas para financiar la conquista del imperio americano. La comparación entre ambas reinas, recurrente en la propaganda monárquica de la época, volvía ahora a impregnar los hiperbólicos artículos de la prensa conservadora y los mensajes institucionales de agradecimiento que fue publicando La Gaceta de Madrid[47].

Sin embargo, no todo fueron parabienes. El tema de la titularidad del patrimonio real y los proyectos para desamortizarlo en tanto que patrimonio nacional eran temas muy sensibles para el liberalismo desde los lejanos tiempos de las Cortes de Cádiz. Desde entonces, y a pesar de los variados proyectos de reforma, el tema seguía sin resolverse, pero cada vez más suscitaba pleitos enconados en torno a lo que, para los sectores más radicales del liberalismo, constituía una «supervivencia feudal». Más allá de la discusión actual de los especialistas, era evidente que en aquella cuestión se ventilaba, una vez más, la confusión constante entre lo público y lo privado que rodeaba a la Corona y a su patrimonio, considerado por muchos como una apropiación irregular (en los tiempos de María Cristina) de bienes que pertenecían en realidad a la nación[48].

Éste fue el sentido que la prensa de oposición, y en concreto el artículo de Castelar, otorgó al «rasgo» de Isabel II. La reina presentaba como un donativo al país lo que en realidad a éste pertenecía. De paso, convertía en propiedad particular suya un sustancioso 25% de bienes y derechos que eran de propiedad pública. El proyecto de ley, para Castelar y para muchos otros articulistas que tuvieron menos fortuna entre la opinión, era un engaño desde el punto de vista político, una usurpación desde el punto de vista jurídico y, «desde el punto de vista popular, una amenaza a los intereses del pueblo; y desde todos los puntos de vista, uno de esos amaños de que el partido moderado se vale para sostenerse en un poder que la voluntad de la nación rechaza; que la conciencia de la nación maldice[49]».

En cierto sentido, el debate que suscitó el artículo de Castelar provoca un interesante eco comparativo con el que suscitó en 1870, en Inglaterra, el texto de G. O. Trevelyan «What Does She Do with It?». Publicado anónimamente, aquel texto abordaba también, aunque con resultados inversos a lo que sucedía con Isabel II, el problema clásico del siglo XIX de la necesaria separación entre los bienes privados de los monarcas y el patrimonio de la Corona, entendido como patrimonio de Estado. Su objetivo, en este caso, era participar en el debate sobre la acumulación de riquezas en el llamado «bolsillo privado» de la reina Victoria y sobre la necesidad de una investigación parlamentaria antes de incrementar la llamada lista civil, es decir, las cantidades votadas por el Parlamento para sufragar los gastos de la Casa Real.

Lo que se sabe al respecto, y a falta de un estudio completo sobre la evolución del patrimonio real en ambos países, es que también en Inglaterra, y contra lo que suponía Castelar en su famoso artículo, la monarquía había ido «usurpando» bienes que pertenecían a la nación y la diferencia fundamental, quizás, era el tiempo y el modo en que esto había sucedido. En todo caso, para el segundo tercio del siglo XIX, la reina Victoria era una de las mujeres más ricas del mundo, con una fortuna privada cuyo origen ya no se recordaba bien y que, también a diferencia del caso español, estaba siendo gestionada de forma admirablemente eficaz y moderna. El eco respecto a la situación de Isabel II arroja, una vez más, una imagen invertida.

Lo que se debatía a aquellas alturas en Inglaterra era el grado de control del Parlamento sobre el uso que la reina hacía de las rentas procedentes de su lista civil, con el resultado de que la investigación al respecto demostró que Victoria se había visto obligada a hacer innumerables concesiones financieras al Parlamento, al pagar de su patrimonio privado muchos gastos que anteriormente se sufragaban con cargo al erario público. El control parlamentario de la lista civil de la familia real británica, la publicidad creciente que se otorgaba a este asunto, la capacidad (probablemente más que la voluntad) de la propia reina para hacer frente por sí misma a gastos antes pagados por la nación, etcétera, fueron elementos claves que (a pesar de controversias de entonces y de ahora) reforzaron la popularidad de la reina Victoria[50].

Su imagen de austeridad y buen gobierno «doméstico» contrastaba con la de la reina Isabel, al igual que lo hacía su aparentemente irreprochable vida privada y actuación política. Aquí, como puso de manifiesto el propio Castelar, lo que había era despilfarro, mal gobierno y, sobre todo, declarada apropiación privada de las mejores tierras y bienes del patrimonio de la Corona. El «rasgo», por lo tanto, era el colmo de la desfachatez. Como escribió el embajador británico, «la reina ha hecho un negocio magnífico bajo la apariencia de un sacrificio patriótico[51]». El efecto político de aquel debate —durante el cual se publicaron artículos mucho más ofensivos que el de Castelar— fue demoledor para Isabel II. En realidad, sirvió para enturbiar aún más la imagen de la reina escandalosa, lasciva y reaccionaria con las últimas y definitivas pinceladas de un retrato siniestro que constituía el reverso (igualmente idealizado) del ángel de la libertad de los inicios del reinado.

En este retrato postrero —que a partir de ahora incluía la avaricia, la corrupción, el engaño y el latrocinio—, Isabel II alcanzaba por fin la estatura moral y la vileza política que los revolucionarios de 1854 atribuyeron a María Cristina. No deja de ser congruente con la relación que siempre se atribuyó a madre e hija que, a medida que se iba limpiando la imagen de María Cristina, se ensuciaba más la de la reina Isabel. Atrás quedaban la niña abandonada por una madre dedicada a otros placeres y a otros hijos, la joven mal casada y manipulada por una progenitora cruel, avarienta de poder y de dinero. Los diez años que habían pasado desde que las iras de los revolucionarios se ensañaron con María Cristina y salvaron a Isabel II habían cambiado mucho las cosas. La reina y su marido habían adquirido toda la responsabilidad y toda la visibilidad política y moral que antes poseía el matrimonio Riánsares. La comparación era incluso tan desfavorable para la real pareja que los Muñoz parecían ahora, si no un dechado de perfecciones, sí al menos gente previsible, sensata e inteligente; con una intachable y burguesa vida privada. La memoria, ya se sabe, juega con las reputaciones.

La tormenta política que desencadenó aquella lamentable iniciativa de enajenación del Real Patrimonio (aún más polémica después de que se supiese que el impopular anticipo contributivo se mantenía) acabó siendo la tumba de Narváez. La expulsión de Emilio Castelar de su cátedra de Historia de España de la Universidad de Madrid fue la mecha que encendió una gran agitación estudiantil y popular que desembocó en el motín callejero de la llamada Noche de San Daniel del 10 de abril de 1865. La revuelta se saldó con nueve muertos, ciento noventa y tres heridos y más de doscientas detenciones. Aquella noche murió también, supuestamente de un ataque cerebral producido durante las tensas reuniones del Consejo de Ministros, Antonio Alcalá Galiano. Toda una época del liberalismo clásico, la que había iniciado su andadura allá por las Cortes de Cádiz, acababa con él aquella noche.

Narváez aún sobrevivió, como primer ministro, un par de meses más. La brutal represión, que el Gobierno luego quiso atribuir a elementos incontrolados de la «Guardia Veterana», provocó una violenta reacción en las Cortes y en la prensa. La reina y su entorno sintieron que ni siquiera don Ramón parecía ya capaz de controlar la situación, especialmente porque la lealtad del ejército —en el que la influencia de los mandos unionistas seguía siendo muy grande— ya no podía darse por supuesta. Se rumoreó que algunos de ellos habrían estado implicados en un nuevo pronunciamiento, abortado a principios de junio en Valencia, Aranjuez y Pamplona, que llevaba de nuevo la marca de Juan Prim. El Gobierno, sin pruebas concluyentes, obligó a don Juan a regresar a Madrid e interrumpir unas supuestas vacaciones. O’Donnell, en una actuación atípica en él, informó a la reina de que pensaba ausentarse de España para no tener nada que ver con los sucesos que se avecinaban. Era una forma de coacción y también una manera de decirle que «podían ser ciertos» los rumores acerca de que la Unión Liberal había estado involucrada, o que conocía los últimos intentos de pronunciamiento. Narváez, por su parte, le confió al embajador francés que se preparaba «para resistir[52]».

Aquella resistencia era, al tiempo, contra la revolución y contra todos aquéllos que aconsejaban a la reina que prescindiese ya de él. «La firmeza de carácter de antaño —escribió sir J. Crampton— ha degenerado en violencia y precipitación y se dice que la propia Reina no ha sido dispensada de ser tratada con una cierta rudeza de modales y, quizás, un grado de interferencias con los gustos y predilecciones personales de Su Majestad […] lo cual no puede haber sido agradable para una persona de su posición[53]». Don Ramón creyó poder sostenerse en el poder al menos hasta el regreso de la Corte a Madrid tras el verano; para entonces quizás el humor real podía haber cambiado. No fue así. Un día después de su conversación con el nuevo embajador francés, Mercier de Lostende, Isabel II puso en marcha una de sus habituales (y en buena medida innecesarias) añagazas. Aprovechó la petición del provecto y enfermo marqués de Alcañices de retirarse de su cargo de tutor del príncipe de Asturias para nombrar al conde Ezpeleta que, en el Senado, había votado sistemáticamente con la Unión Liberal. Era una bofetada calculada. Narváez ofreció su dimisión y la reina se apresuró a aceptarla. Con la misma prontitud Leopoldo O’Donnell recibió el encargo de formar un nuevo gabinete unionista. Tomó posesión el 21 de junio de 1865.

El regreso de O’Donnell demostraba, hasta lo que debería haber sido la saciedad, que el moderantismo histórico estaba acabado como opción política capaz de garantizar la seguridad de la Corona. Desde el punto de vista más general de la gobernabilidad del país, su incapacidad (y su falta de voluntad) para lograr un pacto mínimo de estabilidad y conciliación eran, si cabe, más evidentes. La Unión Liberal volvía al poder como la última oportunidad para lograr ese pacto de gobernabilidad que, de forma perentoria, requería el fin del retraimiento progresista.

Tan sólo así sería posible alejar el peligro de una nueva revolución y lograr un consenso de mínimos entre los liberalismos respetables en torno a una monarquía constitucional que pudiese ofrecer el marco adecuado para su entendimiento básico. Naturalmente, esa posibilidad requería la colaboración de la Corona o, al menos, una situación política en la que ésta se viese obligada a plegarse, como había ocurrido en buena parte de la Europa liberal tras el ciclo revolucionario de 1848, a las condiciones de hegemonía indiscutida del liberalismo[54]. Sin embargo, en España, ese entendimiento político era la gran asignatura pendiente desde la ruptura liberal de los años treinta. Trascender esa división había constituido el gran reto político de la Unión Liberal en sus dos gobiernos anteriores. Ahora volvía a serlo en condiciones de verdadera urgencia.

Consciente de ello, Leopoldo O’Donnell se presentó ante las Cortes con un programa que intentaba aunar una «política liberal, muy liberal» con una opción «conservadora de las grandes instituciones y los grandes intereses del Estado». Como escribió el embajador francés, el programa era de una nitidez desacostumbrada en la política española. «Es difícil reaccionar con más decisión contra las tendencias ultra represivas y reaccionarias que la Unión Liberal reprochó tan vivamente al gabinete Narváez, ni hacer avances más declarados y liberales al partido progresista[55]».

En efecto, en su primer discurso como nuevo presidente del Consejo de Ministros, O’Donnell prometió una reforma de la ley de imprenta en un sentido liberalizador; la puesta en práctica definitiva de la desamortización eclesiástica pendiente; el reconocimiento del reino de Italia y una adecuada y pronta resolución de los conflictos existentes desde hacía unos años con las repúblicas de Perú, Chile y Ecuador. La estrella indiscutible de su programa fue la promesa de una nueva ley electoral «que permita a los partidos luchar con armas iguales en el campo de las elecciones y, por consiguiente, que aquél que tenga la mayoría del país a su lado, pueda obtener el triunfo y venir a ocupar este puesto para dirigir desde él la nave del Estado[56]».

Aquel programa, además o precisamente por ser una oferta abierta a los progresistas para lograr su reingreso en la política legal, significaba violentar de forma clara e inapelable a la Corona. Todo el entorno neocatólico de Isabel II era contrario a cada una de sus manifestaciones y muy especialmente al reconocimiento del reino de Italia, que se había convertido en el símbolo del avance del liberalismo en España y, alternativamente, de la denodada resistencia antiliberal de la Corte. La prensa neocatólica, animada por las incendiarias declaraciones del cardenal Puente y del obispo de Tarragona, inició una campaña feroz contra la decisión del Gobierno respecto a Italia. En todas las iglesias españolas se escucharon sermones en los que se amenazaba con la excomunión a quienes apoyasen aquella medida (lo cual, implícitamente, incluía a la propia reina y al Gobierno) y el clero entero «consideró que aquélla era una lucha decisiva y que no se dejarían arrancar una influencia que no descansa hoy como antes en el apoyo completo de Palacio[57]».

A neutralizar ese entorno cortesano dedicó sus primeros esfuerzos don Leopoldo. Con una decisión desconocida hasta el momento, exigió el traslado de sor Patrocinio desde su convento en Aranjuez a cualquiera de una docena de otros conventos mucho más alejados de la Corte que se sometieron a consideración de la reina. De acuerdo con la monja, Isabel II eligió el convento de Torrelaguna. Asimismo, el Gobierno acogió con satisfacción la renuncia del padre Claret a su puesto de confesor real cuando se produjo el reconocimiento formal del reino de Italia.

Con él abandonaron la Corte otros religiosos significados, como la Vizcondesa de Jorbalán, la famosa madre Sacramento, respecto a la cual la propia Isabel II escribió que «jamás me habló sobre cuestiones políticas, salvo en una ocasión, para suplicarme que no reconociese el reino de Italia[58]». El cardenal Puente fue destituido de su puesto al lado del príncipe de Asturias y el 19 de agosto Miguel Tenorio se vio obligado a renunciar a su cargo de secretario particular. Aunque continuó aún unos meses al lado de la reina en calidad de consejero informal, Tenorio acabó confinado en Segovia por orden del Gobierno, donde, al parecer, formó parte de una conspiración contra el Gobierno. Otra conjura carlista, en la que estuvieron implicados empleados de la Casa Real como Agustín de Perales, fue desbaratada por la misma época, lo que provocó una nueva separación de notorios empleados palaciegos[59].

La desazón de Isabel II ante aquel nuevo panorama era intensa. Jugó con la idea de hacer caer de nuevo a O’Donnell, pero incluso el general Narváez le confesó al embajador francés que, en aquel momento, sería una locura y que «aquel ministerio sería el último de la dinastía[60]». De forma muy especial le atormentaba el deterioro de sus relaciones con el Papa y «la perdición de su alma» que anunciaba el clero ultra reaccionario. Sin embargo, se veía atenazada por el dilema con el que, hábilmente, la presionaban sus ministros. O se plegaba a sus exigencias o su resistencia podría provocar una revolución que empeorase la situación de la Iglesia en España. En mayo había escrito al Papa en ese sentido: «Mi deseo de poner el peso de la Corona en la balanza del catolicismo contra las impiedades revolucionarias es perfecto y sin vacilación; pero no se me oculta que, si por una lucha imprudente se facilitase el triunfo de la revolución, lejos de servir yo a la causa de la Iglesia, la causaría tanto y aún mayor mal que la ha causado el rey Víctor Manuel obrando en contrario sentido. Me es, por consiguiente, indispensable el consejo de vuestra santidad».

Pío IX contestó paternal y firmemente. Reconocía la difícil situación en que se encontraba la reina de España, desgraciadamente impedida de actuar según su conciencia por las exigencias del «sistema parlamentario». Sin embargo, para el Papa era una vera imposibilità aconsejarle el reconocimiento del reino de Italia, producto de «una usurpación injusta siempre». Un día después de que el Gobierno reconociese a Víctor Manuel, Isabel II se dirigía al Papa como «hija más amante y agradecida», pidiéndole «el consuelo que sólo Vuestra Santidad puede darle en estas difíciles y angustiosas circunstancias. El reconocimiento del mal llamado reino de Italia ha venido a ser una necesidad para la política de este país y me veo obligada a aceptarle forzada por las circunstancias y porque mi conciencia me dice que así evito males mayores».

La reina, en cartas probablemente redactadas con mucha ayuda, se sentía obligada a dar un tipo de explicaciones que ahora nos resultan útiles para conocer su concepción de la política del momento y el papel que en ella representaba, a su juicio, la Unión Liberal: «Los partidos políticos en España están destrozados y por desgracia las malas doctrinas han cundido mucho aquí, así es que sólo el gobierno actual tiene hoy fuerza para sujetar la revolución». De no hacer aquel sacrificio, que pesaba como una losa sobre su alma atormentada, vendrían males mayores para el país y para la Iglesia. Una vez más, cuando no veía otro remedio para salvar sus intereses, pero también con un auténtico desasosiego espiritual, Isabel II se escudaba en su condición de reina constitucional, «que tengo muchas veces que ceder contra mi deseo a lo que los gobiernos tratan y hacen». La carta concluía suplicando «a vuestra santidad que dé algún consuelo a mi alma […] y se digne enviarnos a todos su bendición». En una escueta nota Pío IX se limitó a expresar una vez más su desaprobación hacia una decisión que, sin embargo y diplomáticamente, reconocía que era producto de «la grave posizione nella quale vostra maestà si e trovata è si trova[61]».

Aunque siempre en una situación muy inestable respecto a Palacio, O’Donnell había conseguido en un tiempo comparativamente breve neutralizar, siquiera fuese de momento, a la Corte y lograr que España demostrase internacionalmente su alineamiento con los países constitucionales. Las entrevistas entre los reyes y los emperadores franceses, que tuvieron lugar en San Sebastián y Biarritz en septiembre de 1865, fueron un éxito. Para Isabel II eran también una novedad. Su falta de relaciones personales con la realeza europea, fuera de la tambaleante familia Borbón, reforzaban su estrechez de miras y su aislamiento respecto a las líneas maestras de la política internacional de los países constitucionales. La entrevista con Napoleón abrió una ventana de aire fresco: sirvió para limar las fricciones ocasionadas por el desgraciado asunto de México y, al mismo tiempo, ayudó a la reina de España a calmar su atormentado espíritu en relación con la cuestión de Italia. Luis Napoleón y la emperatriz Eugenia, mucho más mundanos que ella, le aseguraron que se había comportado de acuerdo con las exigencias de una reina constitucional, capaz de asumir por el bien del país un tormento espiritual que debía sobrellevar como un sacrificio más de los que los monarcas debían hacer por el bien de la nación, etcétera[62].

Más dificultades habría de presentar el otro gran objetivo del general O’Donnell: atraer a los progresistas al terreno legal. De nuevo, como en períodos anteriores, intentó combinar las reformas con las prebendas. La nueva ley electoral comenzó a ser elaborada a toda prisa y fue aprobada el 5 de julio[63]. Sus aspectos más significativos eran la introducción de las circunscripciones provinciales (con diversos mecanismos de articulación interna regulados por ley, para evitar los habituales abusos en la demarcación de distritos) y la reducción a la mitad de la contribución necesaria para ser elector, lo cual triplicaba el censo electoral de la ley de 1846. Si a eso añadimos las disposiciones establecidas para impedir una excesiva intervención gubernamental, la nueva ley ofrecía una importante ampliación de la esfera participativa liberal que, sin plantearse por supuesto el horizonte del sufragio universal que demandaban demócratas y republicanos, se acercaba mucho al censo de la ley progresista de 1837. Los sectores inferiores de las clases medias e, incluso, estratos destacados del artesanado y del mundo del trabajo obtuvieron por fin el derecho a votar bajo un gobierno conservador. La oferta de integración de la Unión Liberal, por lo tanto, no puede de ninguna manera infravalorarse[64].

La sustancial ampliación del derecho electoral, que sin duda afectaba a sectores sociales políticamente cercanos a los progresistas, se vio acompañada de medidas de cooptación más elitistas. En una fracasada entrevista con Salustiano de Olózaga, O’Donnell ofreció reformas sustanciales a cambio de que los progresistas aceptasen la Constitución de 1845 y renunciasen a la milicia[65]. El Gobierno, además, ofreció a través de Ríos Rosas cargos importantes en el gabinete a los tres directores de los principales diarios progresistas. El director de El Progreso Constitucional aceptó el puesto ofrecido, pero Fernández de los Ríos —director de Las Novedades y autor de un folleto que lo decía todo en su título: Todo o Nada— se negó a la componenda y acusó a los unionistas de haberse arrodillado una vez más ante la Corona al aceptar el poder. Tanto él, como Sagasta, director de La Iberia (que ni siquiera llegó a ser contactado personalmente), acompañaron a los periódicos moderados y neocatólicos en sus insinuaciones respecto a las negociaciones secretas entre unionistas y progresistas, que habrían tenido lugar durante el gobierno de Narváez a favor de la opción conspirativa y que, ahora, eran traicionadas por una nueva sumisión a los cantos de sirena de la reina[66].

A pesar de estos fracasos, el Gobierno siguió insistiendo en su propuesta de conciliación. Decretó una amnistía para todos los delitos de imprenta, repuso a Castelar en su cátedra, así como a todos los profesores depuestos y encausados por apoyarle; disolvió las Cortes de Narváez, convocó elecciones para el 1 de diciembre y ofreció formalmente a Prim un grupo parlamentario amplio que le permitiese optar, en su momento, a la presidencia del Consejo de Ministros. Don Juan, una vez más, se mostró dispuesto a aceptar la oferta. Escribió a varios de sus correligionarios tanteando su disposición a participar en las elecciones, protagonizó una discusión con La Iberia a propósito de la equiparación que el periódico establecía entre retraimiento y lucha por la libertad y, finalmente, en una entrevista privada con O’Donnell, le aseguró que haría todo lo posible para que su partido concurriese a las elecciones y que, de no lograrlo, dejaría de conspirar y se retiraría de la escena política. Era mucho prometer pero, en todo caso, a Prim se debió la participación de los comités provinciales progresistas en la revisión de las listas electorales para adecuarlas a la nueva ley. Los Riánsares, al parecer, se emplearon a fondo en una entrevista con los reyes en Zarauz para hacerles ver que era necesario reintegrar a los progresistas en el juego político, y Juan Prim escribió a Fernando Muñoz respecto a la posibilidad de que los progresistas ganasen limpiamente en unas elecciones celebradas con garantías. La cuestión, como siempre, era si la reina estaba dispuesta a llamarles al poder: «Tu opinas que sí, pero hay tanta gente descreída ¿Qué te parece si yo mismo […] se lo preguntara a S. M? Piensa sobre eso, y en gracia a la importancia del asunto consulta con la reina madre[67]».

La «gran cuestión» de la integración o no del progresismo en la lucha política electoral volvía a estar sobre la mesa. Como escribió el embajador francés a su ministerio: «El general O’Donnell cuenta con las divisiones que ha estallado entre los jefes del partido, y que parecen ser muy vivas, para impedir la continuación de la abstención […] No sé si esta apreciación es demasiado optimista[68]». En efecto, era demasiado optimista. Los sectores más jóvenes y radicales del partido se opusieron de nuevo con firmeza a cualquier intento de participar en las elecciones. Carlos Rubio escribió a Prim una carta en la que dijo que don Carlos «desbarraba» y en la que podían leerse afirmaciones como ésta: «Salir del retraimiento es confesar que somos impotentes para la revolución, y el partido popular que confesase eso se suicidaría […] saliendo del retraimiento ahora, da usted un gran golpe a la revolución, un golpe del que tardará en curarse; pero políticamente se da usted un golpe mayor, un golpe que hasta puede ser mortal[69]».

La implacable deriva revolucionaria del progresismo mayoritario, y la amenaza de retirar su apoyo a aquellos líderes que optasen por posiciones más moderadas, pesaban mucho más de lo que O’Donnell creía razonable. El debate, en todo caso, fue muy vivo. La Nación, dependiente de Pascual Madoz, se pronunció abiertamente por el fin del retraimiento, mientras que La Soberanía Nacional, inspirada por Olózaga, optaba por su mantenimiento. La Iberia de Sagasta y Las Novedades de Fernández de los Ríos mostraron también su desconfianza respecto a las verdaderas intenciones de la Unión Liberal y de la Corona. En general, la prensa progresista más influyente fue decantándose por la abstención electoral, «decidida a mantenerse fuera de todo y a protestar hasta que el poder les sea puesto en las manos[70]».

Una nueva reunión progresista en el Circo Price de Madrid, el 29 de octubre de 1865, fue especialmente tumultuosa. Su objetivo fundamental era la renovación del comité central del partido, el perfil de los elegidos demostraría la fuerza de las distintas tendencias existentes respecto a la participación electoral. Olózaga pronunció un vibrante discurso en el que, declarándose partidario de la abstención, amenazó con abandonar el partido si éste seguía «usando vanamente sus fuerzas como había hecho en los últimos cincuenta años». Cuando Madoz se levantó para pronunciarse contra el retraimiento, apenas pudo dejarse oír entre los silbidos y abucheos que también tuvieron que soportar Zorrilla y Figuerola, partidarios como él de una «solución razonable». El propio Prim también quiso hablar, según el embajador francés, en contra de la abstención electoral. El recibimiento fue similar y, «para arrancar los aplausos de su auditorio, acabó por ponerse en contradicción consigo mismo declarando enfáticamente que su idea fija era el triunfo del partido y que él sabría acabar con todos los obstáculos que se le opusiesen[71]». La reunión acabó con un pronunciamiento mayoritario a favor de que el Partido Progresista continuase retraído.

La división, sin embargo, era evidente. Espartero, desde su voluntario exilio en Logroño, parecía apoyar la abstención electoral, pero seguía mostrándose partidario de la dinastía. Olózaga defendía un retraimiento claramente antidinástico. Prim y Madoz estaban en contra del retraimiento y a favor de la dinastía. Sin embargo, sus bases y las generaciones más jóvenes presionaban con fuerza a favor de una postura que era ya claramente insurreccional y antidinástica. En aquel camino se encontraban con los demócratas, que, aprovechando la relativa tolerancia gubernamental, mostraron su fuerza con una reunión en Madrid que convocó a más de tres mil personas y en la cual proclamaron su desvío total respecto a la legalidad vigente, amenazando a los progresistas con una «revolución social» de consecuencias incalculables si pactaban con el gobierno[72].

El abandono progresista de toda posibilidad de entendimiento político, su deriva revolucionaria y antidinástica, todavía necesita ser analizado en profundidad. Probablemente serán los estudios locales los que mayor luz podrán arrojar respecto a las características específicas del progresismo de la década de 1860. De momento, lo que sabemos apunta hacia una ruptura radical de los puentes que ligaban al partido con la monarquía isabelina, anclada en una desconfianza profunda, avalada una y otra vez por los hechos pasados, que ninguna promesa de cambio futuro conseguía ya despejar. Sus compromisos revolucionarios con los demócratas y republicanos, y su temor a perder apoyo popular en beneficio de éstos si colaboraban con O’Donnell, actuaron como aglutinante para una nueva generación cuyo horizonte de expectativas había sido repetidamente frustrado y que privilegiaba, de forma nítida, la escenificación violenta de la voluntad nacional sobre el juego político partidista[73].

Se trataba de una tendencia profundamente arraigada en la cultura progresista tras sus largos años de frustración política. Ahora, esa tendencia se imponía como la única capaz de «limpiar» definitivamente el «putrefacto ambiente de las altas regiones del Gobierno». Aun así, en las últimas reuniones del comité progresista, destinadas a sancionar definitivamente la postura del partido ante las elecciones, la discusión siguió siendo muy viva. Madoz y Prim continuaron intentando convencer a sus correligionarios de que reconsiderasen su postura. El primero llegó a declarar que lamentaba el compromiso que había adquirido en su momento de acatar la decisión de la mayoría[74].

Todo fue en vano. Los partidarios de la llamada «conciliación» se vieron obligados a retroceder, en parte debido a «su propia debilidad y a la consideración de que el partido no tenía ya el tiempo necesario para preparar la lucha electoral». En aquella postrera decisión pesó mucho el temor a que esa falta de tiempo, junto con la ruptura del partido que provocaría el abandono del retraimiento, condujese a un fracaso en las elecciones que desbaratase la imagen de fuerza que habían conseguido proyectar los progresistas desde que se retrajeron dos años atrás. Para aquellos líderes que, como Prim, temían los resultados de una revolución incontrolada, el precio que debían pagar para mantenerse en la jefatura del partido, y desde allí controlar la revolución que ya parecía inevitable, era plegarse a la continuación del retraimiento.

En un manifiesto del 20 de noviembre de 1865, el Partido Progresista dejaba clara su oposición frontal al Gobierno y su negativa a participar en las elecciones, porque «la situación es hoy lo que era ayer, lo que ha sido siempre, lo que será mañana, ínterin no varíen radicalmente los fundamentos políticos en que se apoya. La nueva ley electoral es una concesión […] que se convertirá en sarcasmo» por la permanencia de los «obstáculos tradicionales». Mientras la Unión Liberal había recibido el poder «como una industria que en su provecho explota», el Partido Progresista representaba «el espíritu expansivo y civilizador del siglo […] aspira al complemento de la libertad en todas sus manifestaciones […] la seguridad individual en el libérrimo ejercicio de todos los derechos». Su propuesta, que ya no era electoral sino revolucionaria, comprendía desde una poco detallada reforma presupuestaria hasta una «alteración radical en el sistema tributario», inclusive la abolición de la contribución de consumos, una «reforma liberal y reflexiva de los aranceles sin lastimar los intereses creados», la descentralización municipal y provincial, la unidad de legislación y de fuero, los derechos individuales inclusive los de reunión y asociación, la Constitución de 1856 como punto de partida, etcétera[75]. El acercamiento a las posturas demócratas demostraba, además de la clara opción por la ruptura política con todo lo que había sido el régimen isabelino, el temor de los progresistas a quedarse atrás y perder pie cuando ese régimen inevitablemente sucumbiese.

Como ha escrito Nelson Durán, «una vez que los progresistas despreciaron las proposiciones de O’Donnell, el gobierno unionista perdió toda razón de ser; sólo restaba ver si sucumbiría a la revolución o a la reacción[76]». El clima político de esos meses de preparación de unas elecciones que ya parecían no servir para nada estuvo dominado por una mezcla de irritación y resignación entre los unionistas y de excitación contenida entre progresistas, demócratas y republicanos. Los proyectos revolucionarios que abortaron entonces, escribió Rubio, «fueron tantos que no hay memoria que los recuerde»: Alicante, Pamplona, Valencia, etcétera, lanzaron sus particulares «puñaladas al aire», mientras en Madrid el cólera causaba estragos y enrarecía más aún el ambiente político.

La reina, embarazada de nuevo, decidió quedarse en La Granja al acabar su visita estival y la prensa de oposición no perdió la oportunidad para acumular sobre los cargos ya habituales el de desdén e indiferencia por el sufrimiento del pueblo. A cambio, los verdaderos «Amigos de los Pobres» organizaron una eficaz red de auxilio de los enfermos y sus familias que aumentó la popularidad de progresistas y demócratas, unidos en aquella empresa de asistencia y de propaganda política. De poco sirvió que Isabel II, a instancias del Gobierno, hiciese pública una carta a O’Donnell en la que decía sentir «no poder compartir las tristes circunstancias y los riesgos que padecen los habitantes de Madrid» y ofreciese un millón de reales como socorro para los damnificados, «sintiendo mucho no poder disponer de más actualmente para aplicarlo a este objeto». Se habló de la posibilidad de que, ya que la reina no debía regresar a la capital debido a su estado, lo hiciese el rey. Sin embargo, Francisco de Asís, que se aislaba del mundo cuando sufría un simple resfriado, se negó. El periódico satírico Gil Blas imaginó para sus lectores la cómica escena de los ministros, recién llegados del contaminado Madrid, bañándose en vinagre antes de entrevistarse con los reyes. Bermúdez de Castro habría exclamado entonces: «Señores, ya nos han puesto en conserva como un pimiento de La Rioja; solo falta averiguar cuando nos comen[77]».

Con mucho más patetismo, otros publicistas se hacían eco de la perversa indiferencia real. «Mientras que Madrid, azotado por la más terrible de las epidemias, el cólera-morbo, […] se convertía en un inmenso hospital; mientras que los padres veían morir a sus hijos […] Isabel de Borbón, olvidando sus deberes de reina, de mujer, de esposa y de madre, burlándose cruelmente del pueblo generoso, que no sólo consentía sus liviandades, sino que con su sudor y su sangre las sostenía, se entregaba en La Granja a los más asquerosos placeres, recibiendo de un comediante adúlteras caricias, riéndose insolentemente de las desgracias de sus vasallos, celebrando fastuosas fiestas en que se gastaban los millones que tanto trabajo y tantos dolores costaban al país empobrecido[78]».

La fijación en la imagen (y en la supuesta vida íntima) de la reina, en un sentido muy similar a lo que ocurrió con María Antonieta antes de la Revolución Francesa, comenzó a desplazar de forma notoria, en la estrategia política revolucionaria, a la tradicional crítica política a los gobiernos de turno. Como en la escena de los baños de vinagre, éstos comenzaron a ser representados como meros juguetes en las manos de Isabel II y de su camarilla. La reina glotona, avarienta y lúbrica, indiferente a los sufrimientos del pueblo, adquiría así el máximo de visibilidad y utilidad políticas. Donde antes se advertía su incapacidad o su debilidad ante los malos consejos de sus ministros, ahora se erigía el icono negativo de una mujer omnipotente y peligrosa en sus alardes de poder y de depravación. Sus temores religiosos ante el reconocimiento del reino de Italia no eran sino el trasunto de la perversa relación que mantenía con sus confesores y con el mismo Pío IX, obligados a perdonar sus numerosos pecados a cambio de concesiones políticas a la Iglesia.

De forma más o menos filtrada por su entorno, la reina era consciente de que algo muy delicado se había quebrado a su alrededor. Su desazón interior, a la que los embajadores británico y francés se refieren en sus despachos, tomó la forma de un temor creciente a que le sucediese algo durante su nuevo parto[79]. Se extremaron las medidas médicas habituales e Isabel II escribió en varias ocasiones al Papa pidiéndole consuelo espiritual, su bendición y que convenciese al padre Claret para que regresase de Roma. Necesitaba que la perdonase por haber dado su aprobación al reconocimiento del reino de Italia, «producto de la grave posición en que me he visto y me veo colocada en medio de la lucha de los partidos[80]».

Aquella lucha era ya tan enconada, tan focalizada en la Corona y tan carente de reglas, que los periódicos moderados, para desgastar al Gobierno, fueron los primeros en insinuar —como hizo La Regeneración— que la reina tenía como nuevo amante al tenor Tirso de Obregón y que su primer ministro tan sólo insistía en la necesidad de que regresase a Madrid para que enfermase y muriese; su objetivo era hacerse con la regencia de la que ya hablaba abiertamente todo el mundo. Mientras la prensa de oposición acusaba al general de lo mismo y de lo contrario: O’Donnell desaconsejaba a la reina que regresase a la capital para acabar de desprestigiarla ante el pueblo y erigirse él mismo en regente[81]. Carlos Rubio, más sosegado, escribió años después que don Leopoldo hubiera podido, en aquellos momentos, aliarse con los revolucionarios y desde luego optar a «la regencia, pero temía no poder mantenerla más tiempo de lo que pudo Espartero […] temía las consecuencias de una revolución […] temía al pueblo y se decía de él que llamaba a España un presidio suelto[82]».

La patológica adicción a los rumores más inverosímiles de la cultura política del momento se abría paso también en la correspondencia de los embajadores británico y francés que, como todos, observaban el deterioro de la situación e informaban sobre la sucesión de conspiraciones, reales o ficticias; sobre supuestos planes de asesinato de la reina de España y de los emperadores franceses durante la entrevista entre ellos en San Sebastián aquel verano, sobre depósitos de armas y fábricas de bombas en Barcelona, en Guipúzcoa y en Navarra. «Para investigar estos asuntos, decía el cónsul francés en Barcelona, no podemos contar con la policía española, la quelle en verité est encore à naitre[83]».

A falta de una policía moderna y eficaz, tanto el embajador francés como el británico, insistían en sus informes en que «la única defensa frente a una revolución inmediata era el ejército […] Progresistas y demócratas ya sólo miran a la revolución como única solución a sus agravios. Los moderados sólo miran a la reacción. […] [se ha dicho] que el general O’Donnell, para mantenerse en el poder, ha creído necesario dar pasos en dirección a una alianza con los partidos progresista y demócrata bajo la condición de ser nombrado Regente, un paso que implicaría por supuesto la abdicación de Su Majestad […] Al conocer esta intriga, el general O’Donnell ha regresado urgentemente a La Granja y parece que ha conseguido volver a ganarse la confianza de la reina […] es difícil imaginar imprudencias políticas mayores […] si el general O’Donnell hubiese sido destituido podría haberse sentido legitimado a hacer lo que se teme de él[84]».

En un ambiente como éste, paralizada la política del país por la simetría, tanto de la fuerza como de la debilidad, del Gobierno y de la oposición, se realizaron por fin las elecciones a Cortes a principios de diciembre. El clima fue de verdadera apatía. Con alguna excepción significativa, por ejemplo la de Figuerola, el progresismo se abstuvo de participar, al igual que los demo-republicanos. Los moderados se retrajeron en varias circunscripciones importantes, por ejemplo en Madrid. La abstención fue altísima, incluso para los criterios de la época, y la victoria electoral del Gobierno fue, en realidad, un estruendoso fracaso político. El discurso de la Corona al abrirse las Cortes fue igualmente átono e incluyó un párrafo, pactado entre el nuncio y el Gobierno, que decía: «motivos de diversa índole, fundados en los intereses y sentimientos permanentes de la Nación, me han impulsado a reconocer el Reino de Italia. Este reconocimiento no ha podido entibiar Mis sentimientos de profundo respeto y filial adhesión al Padre Común de los fieles, ni menoscabar Mi firme propósito de mirar por los derechos que asisten a la Santa Sede[85]».

El padre Claret regresó a Madrid mientras Leopoldo O’Donnell, con aquella inútil victoria electoral entre las manos, parecía estar «hipnotizado por el espectro de la revolución [e] incapaz de hacer nada más que aguardar a que se materializase[86]». Una semana después de abrirse las Cortes, el 2 de enero de 1866, el general Prim sublevó en Villarejo de Salvanés a los regimientos de Caballería de Calatrava y Bailén acantonados en Aranjuez. Su objetivo, una vez más, era convertir aquella temida revolución en un pronunciamiento controlado por el Partido Progresista y por el ejército que evitara, a ser posible, la participación popular y ciudadana, y de los elementos más radicales de los progresistas, demócratas y republicanos; no fuera a ser que al mezclarse civiles y soldados «se perdiera la disciplina y tiraran el trono por el balcón[87]». Sin embargo, en esas circunstancias, la sublevación no contaba con las fuerzas suficientes. Los gritos que se dieron fueron: «Viva la reina, Viva el general Espartero y Viva el General Prim», y no resultaron suficientes para animar a la multitud y a otras unidades del ejército, en Madrid o en Ávila (donde también se intentó) a secundar el movimiento. El Gobierno, por su parte, tampoco tenía la fuerza suficiente como para escarmentar seriamente al inductor de aquella intentona.

Prim consiguió huir hacia Portugal, pero lo hizo con extrema lentitud (¡y en coche!), debido, al parecer, a su mal estado de salud. Cuando a O’Donnell se le reprochó la prudencia con que sus generales estaban persiguiendo a don Juan, su respuesta fue: «Estoy batiendo a la revolución con regimientos medio sublevados[88]». María Cristina y Riánsares, que se disponían a venir a Madrid para atender al inminente parto de Isabel II, suspendieron su viaje y esperaron noticias. Todos los conatos de secundar a Prim fueron abortados. En Barcelona, ante un intento de sublevación, se disparó sobre la población; en Madrid fueron fusilados varios sargentos que intentaron sublevar a sus compañías en Alcalá; en Valencia los estudiantes «trataron de producir alarmas al salir de clase pero no lo consiguieron, bastando la declaración del estado de sitio para que la tranquilidad continuase inalterable[89]».

La insurrección se dio por concluida el 20 de enero, cuando Prim y sus acompañantes entraron a las dos de la tarde en Portugal, tras entregar antes, con toda tranquilidad y orden, «algunos caballos y las armas y equipajes» al alcalde de Encinasola, un pueblo fronterizo de Extremadura[90]. Poco después, la reina dio a luz a un robusto niño que, sin embargo, vivió poco, y al que bautizaron como Francisco de Asís Leopoldo. Fue su último parto. María Cristina, reiteró a su hija lo mucho que había sufrido por «las circunstancias» que le habían impedido estar a su lado en aquel momento: «Gracias al señor, todas las noticias que llegan de España nos hacen conocer que se van apaciguando los ánimos. Quiera Dios que nunca más se turbe la paz de aquel hermoso país y que tu reinado sea completamente próspero y feliz y muy, muy largo, como te desea tu madre que tanto te quiere[91]».

El encargado de responder a aquella carta de felicitación, que obviaba todo tema espinoso, fue Francisco de Asís, revelando que su ánimo político no estaba para felicitaciones. De hecho, insinuó que María Cristina estaba al tanto de los planes de Prim o que, al menos, eso se rumoreaba por Madrid: «Si bien el gobierno, con la energía de su autoridad y su previsión, ha podido detener, sofocar, cortar y Dios mediante destruir los planes de la revolución, no ha logrado aún sujetar a las malas lenguas prontas a inventar los absurdos más inexplicables e inconcebibles. Si V. hubiera llegado veinticuatro horas antes de la rebelión todo estaba allanado pero hoy (no se me ofenda V, querida Mamá) si digo la verdad, la llegada de V. a Madrid podría atarnos las manos para muchas cosas buenas, y crearnos dificultades de grave trascendencia[92]».

Sin explicar por qué la venida de la reina madre a Madrid podría entrañar «dificultades de grave trascendencia», el rey sugería que la familia Muñoz esperase al mes de abril, cuando la Corte se trasladaba a Aranjuez, para regresar y «reunirse en aquel punto callandito y sin ruido. Esto dará tiempo a que tanto V. como nosotros podamos ver un poco más claro y saber con certeza a qué atenernos». La carta causó la alarma y la extrañeza habituales en el palacio de los Riánsares, que se apresuraron a escribir a Carriquiri para que les informase sobre «todo aquel misterio». No se pudo aclarar completamente, pero la impresión era que los reyes sospechaban una vez más de las amistades peligrosas de los Riánsares y querían, además, tener las manos libres para hacer «muchas cosas buenas». Entre ellas, volver a llamar —como se rumoreaba insistentemente— a Narváez. Ya no sabían a quién acudir y don Ramón, en todo caso, les había salvado siempre de la revolución. La Corte parecía lanzada a una reacción suicida, agudizada por el miedo, y había quien opinaba, como el propio embajador británico, que Narváez era «lo más liberal en que están pensando». El propio marqués de Miraflores escribió alarmadísimo a la reina: «No hagan SS, por Dios y por sus hijos y por el bien de España, nada directa ni indirectamente para derribar hoy la situación política existente[93]».

De momento, pues, se mantuvo a O’Donnell en el poder y, a instancias de María Cristina, se iniciaron algunos contactos poco convincentes con los sectores más moderados del progresismo sin demasiados resultados. Más decisivas fueron sus exigencias al Gobierno de que actuase con mano dura. Se decretó el estado de sitio en varios lugares del país y el gabinete llevó a las Cortes un proyecto de ley para restringir severamente el derecho de reunión y asociación, así como otras medidas que le permitiesen gobernar con criterios de excepción en materia de orden público y económico. En este último aspecto, la situación se había agravado hasta el extremo y el Tesoro se hallaba exhausto. El embajador inglés informaba de que los nubarrones económicos preocupaban a O’Donnell tanto como los políticos y que ambos estaban estrechamente relacionados entre sí, para debilitar aún más su posición. El cobro de los impuestos prorrogando los presupuestos del año anterior, el gravamen de los ingresos de los empleados públicos y un acuerdo con los acreedores extranjeros eran absolutamente necesarios si se querían pagar los sueldos del ejército, mantener contentos a oficiales y soldados, y aumentar las fuerzas armadas[94].

A mediados de abril, el rey Francisco escribió a su suegra que el «horizonte político sigue nublado y confuso siempre», pero que las cosas se habían «aclarado lo suficiente» como para hacer factible su venida a España. María Cristina contestó que ella también, por desgracia, veía «el horizonte embrollado como tú dices pero estamos en una época en la cual hay que navegar entre continuas tempestades y dar gracias al señor que no se naufraga como otros muchos desgraciados». Se verían en Aranjuez, el día 27 de abril, «aquel día tendré, si Dios quiere, 60 años. ¡Que vieja me voy haciendo!»[95]. En esos mismos días de abril, Juan Prim escribió al duque de Riánsares desde Londres anunciándole que iba a París con su familia y que le gustaría verle, «suponiendo que no estés enfadado conmigo, porque no hay por qué, tú me dirás si quieres que nos veamos en tu casa, en la mía, o donde gustes. Te quiere tu amigo. Juan». En aquella entrevista, por enésima vez, se habló de un pacto para lograr que la reina entregase el poder a los progresistas[96].

La soledad de Isabel II, su (fundada) desconfianza respecto a todo el mundo, incluida su madre y su padrastro, había llegado a un punto de no retorno. El propio Riánsares escribió durante esos meses largas cartas quejándose de una situación que impedía a la reina madre utilizar su «salutífera y natural influencia» en un sentido o en otro. «Los comerciantes políticos han sabido alejar a la Hija de la Madre, y asustarla y hacerla creer que su Madre, que su Marido, que su familia en fin, no saben, ni pueden ni tienen por qué saber ni entender lo que se pasa en política y que Ella sola se basta para manejarse y dirigir las riendas del estado […] el mal es cada día más grave y todos quedaremos envueltos en la reyna que nos amenaza». Una ruina que era evidente que la reina era incapaz de evitar: «La rebolución marcha rápidamente en España sin obstáculo alguno y cada día que pasa nos asoma una punta de sus múltiples orejas […] y es tanto más terrible esta rebolución que nos amenaza cuanto que no es un solo partido el que la quiere hacer».

Para el duque, el problema real era la pérdida de autoridad política y moral de la reina, unida a una ilusión de omnipotencia que no escondía más que su debilidad. Su amplio margen de maniobra al nombrar y separar ministerios era tan sólo «una triste apariencia de poder»; demostraba, en lo más profundo, su incapacidad para situarse por encima de los partidos y de los gobiernos que, cuando erraban, la colocaban en la «primera fila de la lucha política […] ¿Y contra quién se clama y se chilla al suceder estas cosas? Contra la Reyna, y a esto hacen coro los Ministros salientes y nada tienen que decir los entrantes, porque mientras pasan estos lamentos y estos desahogos de los destituidos, se ocupan ellos en colocar a su gente para hacerse clientela».

Isabel II, en realidad, no gobernaba, no se ocupaba de las cosas del Gobierno, no aconsejaba o preveía, no atendía a los negocios, ni los grandes ni los pequeños: «el silencio y la indiferencia de la Reyna le traen una terrible responsabilidad, pues al fin es la Reyna y para algo está en el Trono». El buen burgués que era Riánsares se preocupaba, especialmente, por las nefastas consecuencias de la crisis económica y del hundimiento de las bolsas que afectaban, tanto a los hombres de negocios que como él estaban perdiendo dinero, como a las clases medias[97].

Como preveía Fernando Muñoz, la calma relativa que siguió a la intentona de Prim duró lo que duró el fin del invierno y la primavera de 1866. El 22 de junio se produjo un nuevo pronunciamiento en Madrid encabezado por los sargentos del cuartel de San Gil, pero con claras invocaciones al general Prim. Las intentonas comenzaban a descender en el escalafón y, además, ya no estaban protagonizadas sólo por militares. El 22 de junio, los soldados y sargentos mal pagados e insatisfechos se vieron acompañados por «más de mil paisanos armados» del entorno progresista, demócrata y republicano. Se alzaron barricadas y se distribuyeron proclamas. «Se supuso —escribió Crampton— que el movimiento había sido hecho en nombre del general Prim y de la libertad, porque éste fue el único grito pronunciado durante los disturbios. Pero Prim no apareció y el gobierno provisional que se formó por unas horas, compuesto de personas de poca importancia, no publicó ningún manifiesto[98]». La lucha en las calles entre el ejército y los sublevados fue muy intensa; el cuartel tuvo que ser conquistado piso por piso. Hubo más de doscientos muertos y seiscientos heridos. Los prisioneros se contaron también por centenares.

La represión fue especialmente sangrienta y la opinión pública, avalada por las obras de varios contemporáneos, señaló directamente a Isabel II como impulsora directa del castigo. Mientras, damas del entorno moderado, pero muy ilustradas (Carolina Coronado, por ejemplo), se apresuraban a acoger en su casa a implicados en aquella intentona como Emilio Castelar, es fama que la reina pedía fusilamientos a mansalva. El biógrafo de O’Donnell y su último bibliotecario, Pedro de Répide, entre otros, relatan cómo el terror apagó en Isabel II su tradicional inclinación a la clemencia. Cuando le dijeron que se habían hecho casi mil prisioneros, dijo: «Pues que se cumpla la ley en todos, en todos, antes del amanecer». O’Donnell, al parecer, le respondió: «Eso no puede hacerse con fusiles, señora», y ella replicó: «Pues entonces, ¿para cuando quieres la metralla?»[99].

Cuánto hay de verdad en la histérica sed de venganza de Isabel II, no lo sabemos. Lo que importa, en realidad, es que para la opinión pública, esta vez ya no había malos consejeros, gobierno, camarillas o madres manipuladoras. Toda la responsabilidad cayó sobre ella y sobre su no menos aterrorizado marido. De tan repetida, alcanzó el rango de verdad la frase de don Leopoldo, quien, cuando ya se había fusilado casi a setenta sargentos, cabos y soldados, acabó por decir: «¿Pero no ve esa señora que si se fusila a todos los soldados cogidos va a ser tanta la sangre que llegará hasta su alcoba y se ahogará en ella?»[100]. Aquella señora cada vez veía con menos claridad porque, en su terror, estaba empujando y corriendo en dirección inversa a la que hubiera podido salvarla. Una nueva oleada de emigrantes señalados, Olózaga, Prim, Ruiz Zorrilla, Sagasta, se trasladó a París y a Bruselas para organizar desde allí una eficaz campaña de desprestigio de la Casa Real española que alcanzó dimensiones de escándalo internacional.

Como había ocurrido con Narváez, la sublevación de junio de 1866 fue el detonante de la caída definitiva en desgracia de la Unión Liberal. Para la reina y para la Corte, don Leopoldo tampoco había sido capaz de contener la revolución con su liberalismo y con sus ofertas de conciliación. Su prestigio de gobernante previsor y dueño de la situación había quedado totalmente quebrantado[101]. Los políticos moderados y los ultra católicos se lanzaron sobre él en la prensa, en la Corte y en el Senado. El baile de combinaciones posibles volvió a comenzar. También las escenas rocambolescas que se comentaban en las calles de Madrid. Se decía que una noche O’Donnell se tropezó con un escurridizo Alejandro Mon que salía disfrazado después de mantener una entrevista secreta con la reina sobre la formación de un nuevo ministerio.

En esas condiciones, don Leopoldo se aprestó a una resistencia desencantada. Presentó a doña Isabel una lista de nuevos senadores para reforzar su posición política, al tiempo que acudía a las Cortes a solicitar que se le otorgasen inmediatamente las facultades extraordinarias que necesitaba para gobernar. La reina se negó a aceptar aquellos nombramientos y O’Donnell se despidió. Esta vez decidió irse de España —«no quiero ser testigo ni actor de lo que pase en mi patria»— y alquiló con su familia una modesta casa en Biarritz, dispuesto a ver pasar el mundo de la política desde la distancia; en la práctica, renunció incluso a saber qué haría a partir de entonces su partido, la Unión Liberal. El marqués de Lema escribió años después que el desahucio del poder de la Unión Liberal el 10 de julio de 1866 fue «el acto político más grave realizado por la reina Isabel durante su reinado». Para O’Donnell, fue «una tremenda perfidia, una ingratitud sin ejemplo, una retribución cruel a su ferviente celo y devoción. Pero lo peor fue […] que esta impresión transmitiose a la mayoría de la Unión Liberal […] y el quebrantamiento de la adhesión de este numeroso partido hacia la monarquía, solicitado pronto por el progresismo y la democracia antidinástica, habría de producir consecuencias trascendentales[102]».

CAPÍTULO 6

ESPAÑA SIN HONRA.

AGONÍA DE UN REINADO: 1866-1868

En su enésimo regreso al poder, el 10 de julio de 1866, Ramón Narváez intentó crear la sensación de que todavía era posible un nuevo comienzo. Como todos los primeros ministros desde 1863, su primera preocupación fue tender puentes de conciliación con los progresistas a partir de la ya manida solución de «regularizar la vida y el movimiento de los partidos históricos» a expensas de «los vicálvaros», es decir, de la Unión Liberal.

Desde el exilio, Prim escribió a Ruiz Zorrilla que él había «batido palmas al oír la caída de O’Donnell y el advenimiento del de Valencia». Si la oferta de este último se sustanciaba en algo concreto, «yo mismo no vacilaré en arrojar al fuego el libro de los agravios… y libro nuevo». A pesar de eso, la idea de imponer a la reina un cambio desde arriba, por medio de un pronunciamiento o por medio de un acuerdo, seguía siendo la opción preferida por Prim, quien mantenía una asidua correspondencia con el duque de Riánsares en ese sentido. Don Juan estaba dispuesto, de nuevo, a hablar de pactos, aunque «soy el que más repugnancia debiera tener en transigir con el general Narváez, por la antipatía que nos hemos tenido durante tantos años y por las acres y violentas palabras que nos hemos lanzado en el Pleno». Intentó convencer de nuevo a sus correligionarios (incluso a gentes como Carlos Rubio, «parapetado en su conciencia») de que lo importante era hacer «política fina […] el partido siente dos necesidades: la de rehacerse, lo cual no es posible mientras andemos dispersos y perseguidos, y exterminar a los vicálvaros. Cualquiera que sea el camino que nos lleve a esas dos necesidades será buen camino[1]».

No obstante, a aquellas alturas, la llamada «conciliación» se había vuelto una palabra hueca. Todo el mundo se llenaba la boca con ella, todos la defendían y decían estar trabajando por lograrla. Todos, sin embargo, achacaban a sus contrarios la imposibilidad de alcanzarla. Se había creado una dinámica de confrontación que era muy difícil de desactivar. Nadie, en solitario, tenía la llave para hacerlo.

Prim era incapaz de frenar las ansias de revolución de los progresistas, que mantenían contactos cada vez más estrechos y más comprometidos con los demócratas y los republicanos. La Unión Liberal, y en concreto sus poderosos generales, aunque se mantenían a la expectativa, sentían que su partido había quemado el último cartucho de poder legal y eran conscientes de que aquel «exterminar a los vicálvaros» se había convertido en un lema para todas la demás culturas políticas. Narváez, enfermo de lo que entonces se llamaba «el mal de la piedra», mantenía a sus 66 desgastados años una autoridad meramente residual sobre un Partido Moderado fraccionado hasta la pulverización. Los neocatólicos, por su parte, se habían hecho fuertes en la Corte y, aunque eran incapaces de ofrecer garantías de estabilidad gubernamental, tenían suficiente poder negativo como para impedir que nadie pudiese lograrla.

Dos semanas después de subir al poder don Ramón, el rey escribió a María Cristina para felicitarla por su santo. La familia real se sentía tan insegura que dudaba de poder ir a tomar los baños a las playas del Norte, como venían haciendo en los últimos años. «Todos los barómetros están al buen tiempo, pero uno de quien hago algún caso, aunque no siempre se le escucha, no se fía y anda inquieto. Ese barómetro, Mamá querida, es el sentimiento íntimo y el mío desconfía, y desconfía porque percibe átomos, insignificantes acaso, pero que se presentan cual grandes males ante el análisis razonado del juicio que no hace mención de impresiones ajenas». María Cristina, con su sobriedad habitual, contestó: «Veo por tu carta que no estás enteramente tranquilo apercibiendo un horizonte poco claro. Por desgracia veo lo mismo y pido a Dios que ilumine a todos. Aunque estamos en un rincón, aunque este rincón es poco visitado y por mejor decir no es visitado, con todo, los papeles públicos nos dicen bastante para tener motivos de inquietud y de temores. Dios quiera que me equivoque, pero bueno es no dormirse y estar siempre alerta». Casi al mismo tiempo, Isabel II quiso demostrar a ambos que no debían dudar de que su elección había sido la correcta: «Yo estoy contenta porque veo las cosas en buen camino y veo al gobierno decidido, así como yo estoy decidida a darle todo mi apoyo[2]».

Mientras esa correspondencia iba y venía desde La Granja a Le Havre, en la ciudad balneario de Ostende, en Bélgica, los prohombres progresistas y demo-republicanos firmaban, el 16 de agosto de 1866, un pacto decisivo. Ambos partidos se fijaban como objetivo común acabar con la monarquía de Isabel II. Ante la falta de acuerdo sobre la solución posterior, diferían a unas Cortes Constituyentes, elegidas por sufragio universal masculino, la decisión entre instaurar una república (opción defendida por demócratas y republicanos) o, como querían los progresistas, una nueva monarquía «auténticamente constitucional» con un rey aún por determinar. Los reunidos reconocieron como jefe y director militar del movimiento al general Prim.

Tan sólo faltaba sumar a los unionistas a aquel gran acuerdo para «destruir todo lo existente en las altas esferas del poder». Una larga entrevista entre O’Donnell y Olózaga en París acabó sin resultado alguno en ese sentido. Don Leopoldo se negó a hablar del destronamiento y tildó a Prim de traidor. De momento, y a pesar de la impaciencia de un número cada vez más crecido de sus miembros, la mayoría de la Unión Liberal seguía optando por presionar a la reina mediante acciones políticas para que reconsiderase su decisión y volviese a llamar al poder al «único partido que puede salvar a la dinastía».

A finales de 1866, y ante la prolongación de la suspensión de las Cortes que parecía anunciar un nuevo decreto de disolución, tuvo lugar una tumultuosa reunión en casa de Ríos Rosas, a la que asistieron varios progresistas y en la que se habló de elevar una exposición de protesta a la reina. El diputado Eusebio de Salazar y Mazarredo escribió a Prim contándole que, frente a la enérgica exposición que redactaron algunos de los disidentes más radicales del partido, Cánovas y Calderón Collantes propusieron un documento «lleno de adhesiones a “la augusta dinastía de V. M.”, de frases melifluas en las que se leían repetidas cuatro veces las palabras“súbditos leales” que “ansían merecer el afecto de sus reyes” y otras lindezas por el estilo». Cánovas dijo que el borrador había sido aprobado por O’Donnell y «nosotros contestamos que de ninguna manera firmaríamos semejante lucubración, que nos pondría en ridículo a los ojos del país[3]».

Finalmente se llegó a un acuerdo sobre la redacción de aquel documento, que fue conocido como «La exposición de los 121» por el número de sus firmantes, entre ellos los presidentes del Congreso y del Senado: Ríos Rosas y el general Serrano, respectivamente, así como varios políticos destacados: Antonio Cánovas, Calderón Collantes, Bermúdez de Castro, etcétera. La respuesta gubernamental fue tan violenta como estúpida. A la una de la madrugada del día 28 de diciembre, festividad de los Santos Inocentes, el muy reaccionario general Pezuela, conde de Cheste, se presentó en el edificio del Congreso, donde estaban reunidos los promotores de la exposición. Iba acompañado del ministro de Ultramar, Carlos Marfori. Cheste abofeteó al oficial mayor y se apoderó por la fuerza de las llaves del edificio, que fue desalojado.

A lo largo de aquella noche y de los días siguientes se produjeron detenciones y se decretaron destierros que afectaron, entre otros, a los mismos presidentes del Congreso y del Senado. Este último, el general Serrano, fue arrestado tras entregar personalmente en Palacio la famosa exposición y «ser recibido de la manera más amistosa dado el gran favor que siempre ha gozado en la Corte y las consideraciones debidas a su rango». Esas consideraciones y ese favor hicieron que la reina ordenase a Narváez: «Dulcifica en cuanto puedas tus rigores; mándale que lo conduzcan a un paraje donde sufra las menos molestias, mandando que las pasiones de partido no le impongan vejaciones que rechazaría su dignidad y su elevada categoría[4]». Serrano, en su papel de exiliado de oro, fue recibido con todos los honores en Mahón, mientras en Madrid se disolvían definitivamente las Cortes. «Por lo que toca a los progresistas y demócratas —escribió Salazar— primero, estupor; segundo, alegría, por ver que entre las víctimas se hallaban varios de los que habían contribuido a suicidarse con la suspensión de garantías». Más allá de las pasiones de partido, sin embargo, los rigores del Gobierno, por muy dulcificados que estuviesen, sirvieron para estrechar aún más las relaciones entre unionistas y progresistas. Tan sólo la figura de O’Donnell se interponía entre ellos para lograr un acuerdo definitivo contra la reina[5].

Por si las cosas no estaban suficientemente negras, a Palacio comenzaron a llegar rumores de que los Montpensier habían entrado en tratos con la Unión Liberal (respecto a la que siempre habían estado muy cercanos) para favorecer un acuerdo con los progresistas, patrocinado por María Cristina y Riánsares. El rey de Portugal e Isabel II, durante una reciente visita de ésta a aquel país, tuvieron una fuerte discusión cuando el soberano luso le aconsejó que cambiase de rumbo, y sor Patrocinio, al parecer, tuvo que intervenir varias veces a lo largo de aquellos meses para evitar que la reina prestase oídos a quienes le hablaban de abdicación[6].

Doña Isabel, en todo caso, tenía la sensación de que todo conspiraba contra ella. Precisamente en aquel viaje a Extremadura y a Portugal las cosas tampoco habían salido como solían. Más allá del desencuentro con Luis I, el viaje había sido un desastre. Al entrar en Daimiel la máquina exploradora que precedía al vagón real, la niebla hizo que la gente que esperaba en la estación la confundiese con el tren de los reyes que tenía prevista una breve parada. Se produjo un multitudinario atropello con varios muertos y heridos. De nada sirvió que, al regreso, la reina se detuviese en Daimiel, visitase a los damnificados y asistiese a un funeral por los muertos. Una proclama de unas supuestas Juntas revolucionarias de Madrid a sus conciudadanos, fechada el 1 de enero de 1867 en plena represión por la famosa «Exposición de los 121», convertía el accidente en un nuevo atentado contra el pueblo: «Todavía ayer se consumaba el execrable, el espantoso crimen de Daimiel, donde Doña Isabel de Borbón, corriendo en pos de una nueva intriga o un nuevo devaneo, hubo de pasar por encima de una docena de cadáveres, rozar su pie y sus galas con los rotos cráneos de los infelices impelidos a aquel sitio por el látigo del gobierno, sin que en su alma impía encontrase la Reina que era bien justo dedicar a aquel inmenso infortunio un minuto siquiera, un solo minuto de atención, de consuelo y amparo[7]».

Las opciones personales y políticas que tomó Isabel II, como resultado de la sensación de rechazo y de inseguridad que la acosaba, fueron todas ellas letales. Su círculo íntimo fue haciéndose cada vez más estrecho y su paz espiritual cada vez más dependiente del padre Claret y de sor Patrocinio. La monja y el confesor se tornaron más ubicuos que nunca en cualquier decisión importante de Palacio. La reina, cada vez más confusa e insegura, les consultaba todos los detalles o, lo que casi era peor, la opinión pública creía que lo hacía. La opinión pública también creyó estar enterada de los estrechos y escandalosos lazos que unían ahora a la reina con su flamante ministro de Ultramar, Carlos Marfori, el mismo que había acompañado a Cheste a reprimir a los parlamentarios reunidos para protestar por la suspensión de las Cortes.

Casado con una prima hermana de Narváez y protegido suyo, Marfori había ido escalando puestos en la administración del Estado desde sus oscuros orígenes como hijo del dueño de una fonda de Cádiz. Inició su carrera en el ejército, donde alcanzó el grado de Capitán del regimiento de Asturias en 1843. Fue su desigual matrimonio con la joven y rica viuda, María de la Concepción Fernández de Córdoba, lo que cambió su más bien limitado destino al ligarlo al del pariente de su mujer. El marqués de Lema le definió como «mozo gallardo, aunque algo ordinario, listo y de mucha labia. Dedicóse a ganar la voluntad del general hasta que lo consiguió. Narváez, hombre de voluntad y pasiones vivas, encontró quien procuraba adivinarle el pensamiento[8]».

Aquella relación, cultivada mediante una sabia combinación de brusca complicidad masculina y adulación, permitió a Marfori abandonar el ejército en 1845 y ocupar varios empleos gubernamentales de réditos sustanciosos. Su carrera política tomó vuelo a partir del regreso de Narváez al Gobierno tras la reacción de 1856: Director General de Rentas Estancadas, gobernador civil de Madrid y diputado por primera vez en 1857 (por el distrito de su patrón, Loja) hasta 1865. Para entonces ya se había convertido en una especie de álter ego de Narváez. Además de llevar sus asuntos económicos, actuaba como intermediario entre el general y las diversas fracciones del Partido Moderado. Participó en los intentos de reconstitución del partido, en la formación de la famosa liga durante los años de la Unión Liberal y, finalmente, tras la caída de O’Donnell, volvió a ser gobernador civil de Madrid, senador desde 1867 y ministro de Ultramar entre junio de ese año y abril de 1868.

Sus relaciones con Palacio databan de 1857, cuando fue nombrado gentilhombre de cámara en ejercicio y actuó varias veces, también en el ambiente cortesano, como un intermediario más atractivo y menos temperamental que Narváez. Su particular relación con Isabel II parece que se inició, o se consolidó públicamente, al acompañar a los reyes a La Granja de San Ildefonso en el verano de 1867, en su calidad de ministro de Ultramar. Para entonces, el cargo de secretario particular de Miguel Tenorio ya había sido suprimido. Como en este último caso, y como en todos los anteriores y posteriores, lo que tenemos acerca de su papel exacto junto a la reina son sólo rumores. Rumores que se agrandaban en su difusión privada y pública, desde los círculos de la Corte a los salones y tertulias madrileños y de allí a la prensa, las hojas volantes o el teatro.

Lo peculiar del caso de Carlos Marfori es que su presencia al lado de Isabel II coincidió con el momento de mayor descrédito de la monarquía, lo que convirtió aquella relación, probablemente la más aireada de todas junto a la que tuvo con Serrano en su primera juventud, en una excelente munición política. El perfil público y político de aquel nuevo favorito incrementaba su visibilidad y la influencia que se le atribuía. Su figura de galán latino, junto a la ya desgastada y entrada en carnes de la reina, traspasó las fronteras españolas como no lo había hecho antes ninguna otra, con la excepción significativa de Serrano. En aquella «popularidad» tuvo mucho que ver la activísima campaña de desprestigio (no sólo político sino moral) que desarrollaron los progresistas exiliados, con Prim y Olózaga a la cabeza, en una prensa europea ávida de sensaciones orientales y bárbaras como las que llegaban de España. «Víctor Tissot —escribe Pierre de Luz— ha visto en esta época, en un café-concierto de Alemania, a una cupletista imitar la satisfacción de Isabel del brazo de Marfori[9]».

La abundante literatura satírica y la pornografía política que acompañaron a la agitación revolucionaria hasta desembocar en la eclosión publicística de 1868 acabaron de fijar en el imaginario popular la figura de Marfori al lado de la reina, rodeados ambos por sor Patrocinio y Claret. Buena muestra de ese tipo de publicaciones puede ser La Canalla, del catalán Antonio Altadill, una obra que fue muy popular —con su grotesca galería de personajes cortesanos de última hora—, o las acuarelas brutales, y sus no menos groseras coplillas, del álbum Los Borbones en Pelota, atribuido a Valeriano y Gustavo Adolfo Bécquer, unos hermanos famosos, sobre todo el segundo, que combinaban sin problemas su delicadeza artística postromántica, con la cómoda situación de protegidos por el círculo de Narváez y la de habituales (bajo seudónimo) del mismo periódico Gil Blas[10]. Todo un compendio del cruce de culturas de la época y, también, de la degradación que había alcanzado la imagen de Isabel II.

La indulgencia, o incluso la simpatía, con que habían sido acogidos sus primeros devaneos amorosos —cuando el pueblo la compadecía por su condición de inocente niña malcasada y jaleaba su relación con Serrano— se había trocado ya de forma irreversible en un amplio y extendido disgusto moral, que la afectaba a ella tanto como a Francisco de Asís y a toda aquella Corte que combinaba de forma tan perversa la mojigatería y el vicio. La evolución de la imagen de Isabel II, que he intentado ir trazando al hilo de los cambios en el debate político del reinado, constituye una buena guía para el análisis más general del retroceso de los valores políticos y morales de la cultura aristocrática en España y del creciente peso (también político y moral) de unas clases medias que querían, a un tiempo, una reina constitucional y una mujer coronada de todas las virtudes del ideal doméstico de la feminidad burguesa[11].

Junto a la apropiación de la monarquía como monarquía constitucional, las clases medias liberales pugnaban también por la apropiación simbólica de Isabel II como el espejo de dos caras en que habrían de mirarse, tanto la reina como las madres, esposas e hijas del liberalismo. Sólo así, aunando ambos planos, la monarquía podría representar verdaderamente a la nación liberal, formar parte de ella y ser, como dijo Adolphe Thiers en su momento, «la imagen más venerada, la más alta y la más respetada del país[12]».

Más que una trasposición mecánica del plano simbólico al político (o viceversa), lo que demuestra el análisis de la evolución del reinado isabelino es que ambos planos estuvieron siempre densamente interpenetrados en la lucha en torno a las diversas versiones de monarquía constitucional, incluida la resistencia palaciega a todas ellas, una dinámica que demuestra el carácter histórico, y por lo tanto fluctuante, de las nociones de público y privado que tan importantes fueron para definir el alcance y los límites de las prerrogativas regias. Isabel II, formada en una Corte absolutista que tardó más en desaparecer que la monarquía absoluta, gestionó sus espacios posibles de identidad personal y política en un mundo muy cambiante de valores aristocráticos, burgueses y populares a cuyo cambio, interpenetración y debate público contribuyó con su propia actuación y su propia vida. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con la reina Victoria de Inglaterra, aunque con resultados exactamente opuestos. Como es bien sabido, la reina constitucional y burguesa por antonomasia, aquélla que Salustiano de Olózaga había soñado como modelo para la joven Isabel, acabó sus días envuelta en la popularidad y respetabilidad (burguesas) más extremas[13].

Isabel II, por el contrario, vivió el ocaso de su reinado como una prolongada pesadilla de rechazo que la situaba nítidamente, a ella y a su familia, en las antípodas de la cultura liberal. Despreciada por su propio entorno y muy especialmente por su propia madre, traicionada por su marido, refugiada en gentes como Marfori, Claret o sor Patrocinio, su figura se fue convirtiendo en una especie de compendio de todas las depravaciones posibles. Su imagen, cada vez más desquiciada y brutalizada, sirvió en buena medida para dar rienda suelta, bajo el formato respetable de la crítica política, a la misoginia de los virtuosos prohombres liberales (fuesen éstos del color político que fuesen) y, con ella, a todas las fantasías de transgresión y perversión sexuales que latían ocultas bajo la firme moralidad de la familia burguesa.

La Corte, donde sobrevivía intacta la cultura del secreto, de la conspiración y de la intriga como forma de entender la vida y la política, se convirtió en el espacio opaco por antonomasia, el archienemigo de la transparencia que requería el liberalismo; allí donde éste era pervertido moral y políticamente. En aquellas oscuras cámaras donde andan revueltos los hábitos con los encajes, se traicionaba toda la utopía liberal de una representación política de la nación que estuviese sujeta a los cauces reglados por la opinión pública. El secretismo perverso, que traicionaba sistemáticamente las luces de la nación, se sostenía sobre una concepción absoluta y patrimonial del poder que esa misma nación no podía reconocer sin deshonra. La combinación de ambos planos fue la que alumbró la crítica político pornográfica característica del último tramo del reinado de Isabel II, como lo fue, en la Francia y la Rusia prerrevolucionarias, respecto a las respectivas familias reales y, muy especialmente, respecto a María Antonieta y la zarina Alejandra[14].

Una crítica que, en el caso español, revelaba la profunda ansiedad de los liberales de la época respecto a un doble y peligroso despliegue de independencia por parte de Isabel II. Por una parte, la transgresora y humillante independencia de una mujer monstruosa que elegía y sometía a los hombres a sus deseos: desde el orgulloso general Serrano de su juventud hasta al pinturero y arribista recién llegado Marfori. Por otra parte, y alimentándose mutuamente en el imaginario liberal, traslucía la ansiedad respecto a la independencia política del monarca. Aquella doble aberración política y moral, cuyos alardes se habían extremado desde 1863, ponía en peligro toda la concepción liberal de la monarquía constitucional. Un tipo de aberración que, además, no delataba más que la dependencia absoluta de una mujer débil y aterrorizada respecto a influencias ocultas que corrompían la política tras puertas cerradas al escrutinio público. La puerta que simbolizaba todas las demás era la puerta del dormitorio de la reina. Desde allí reinaba, supuestamente, aquella versión más joven y más solícita del viejo tirano que había sido Narváez, Carlos Marfori. El mito y la realidad, hermanados entre sí, fijaron en términos como éstos, o parecidos, la imagen final de aquel iris de inocencia y libertad que la propia mitología liberal había creado en la década de 1830.

A partir de entonces, todos los esfuerzos por sostener la monarquía isabelina fueron vanos. Al enrarecido ambiente político y moral vino a sumarse el estallido definitivo de la crisis económica que canceló, definitivamente, el período de bienestar de los años de la Unión Liberal. Durante aquel año de 1866, el pánico se apoderó de los inversores, especialmente de los que tenían fondos en las empresas ferroviarias cuya demanda fue mucho menor de la esperada y cuyas cotizaciones cayeron en picado. La quiebra bursátil arrastró a las sociedades bancarias y agravó la crisis de la economía real, que ya era evidente desde 1864. Fue la peor crisis del sistema financiero español en el siglo XIX, agravada por la crisis europea y producida en buena medida por la excesiva concentración del riesgo crediticio en el ferrocarril y, en menor medida, en la deuda pública. El desplome de la Bolsa agudizó hasta extremos intolerables el déficit presupuestario crónico durante todo el reinado isabelino. A ello se añadieron la crisis de la industria textil catalana y el ciclo de malas cosechas de esos años, que reflejaba el agotamiento de la oleada de roturaciones producida desde los inicios de la ruptura liberal. No hubo sector de la sociedad española que no se viese afectado por aquella coyuntura nefasta que cortó de raíz las grandes expectativas económicas de los años anteriores[15].

Unas nuevas elecciones (las cuartas en cuatro años), realizadas con un censo extraordinariamente restringido, crearon un remedo de Parlamento integrado únicamente por moderados y neocatólicos. Los progresistas, por supuesto, siguieron retraídos y a ellos se unió el grueso de la Unión Liberal. Tan sólo dos o tres unionistas, entre ellos Cánovas, se sentaron en sus escaños cuando se abrieron las últimas Cortes del reinado isabelino, el 30 de marzo de 1867. El mismo González Bravo, el ministro de Gobernación que fabricó las elecciones, comentó a sus íntimos que no sabía cómo se había logrado reunir a tantas nulidades. Con la prensa amordazada, las reglas del debate parlamentario modificadas para conseguir unas Cortes aún más dóciles, la única opción era la abstención absoluta de toda política legal. Incluso O’Donnell insistió en que los senadores unionistas se abstuviesen, junto con los progresistas, de acudir al Senado.

A mediados de agosto de 1867, se produjo una nueva intentona frustrada de alzamiento contra lo existente. Una vez más, las indecisiones de Prim y su deseo de minimizar la participación civil estuvieron en la base del fracaso. De hecho, cuando se le esperaba en Cataluña, don Juan prefirió situarse en las costas valencianas a la espera de un pronunciamiento militar en aquella ciudad. Éste no se produjo y el Gobierno, que estaba sobre aviso, consiguió abortar las intentonas que tuvieron lugar en Aragón y Extremadura[16]. Días después, la reina escribía a su madre con alegría y serenidad forzadas: «El gobierno marcha admirablemente y tiene todo nuestro apoyo, ahora es el único que puede gobernar el país». Francisco de Asís, sin embargo, confió a sus suegros que la situación iba «haciéndose cada día más difícil», les advertía de que, en aquellas «circunstancias excepcionales», necesitaban de un «consejo desinteresado» y acababa rogándoles que viajasen cuanto antes a Madrid. María Cristina y su marido regresaron una vez más en septiembre de 1867 y una vez más volvieron a Francia enseguida. Según Riánsares, no había nada que hacer, la reina estaba perdida. Desde una impostada superioridad moral, escribió: «El vicio y las malas pasiones no pueden estar bien con la virtud y la caridad. Por esto no se puede, no se quiere, estar bien con la madre[17]».

Los embajadores británico y francés, como el resto del país, observaban el desprestigio de las instancias legales de acción y conflicto político. La «insignificancia» de unas Cortes desprestigiadas y mudas había desplazado «toda lucha política desde las Cámaras legislativas, en las que podría desarrollarse con relativa seguridad, hacia otros centros de reunión donde [esa lucha] sólo puede dirimirse a través de la conspiración y decidirse por la violencia[18]». En aquellos centros de reunión se negociaba febril y resueltamente la salida violenta que no acababa de fraguar. El fracaso de la intentona de agosto hizo evidente que iba a ser necesario contar más con el elemento civil, por muy peligroso que fuese, o alternativamente con los generales de la Unión Liberal, cuya influencia en el ejército era determinante. O’Donnell estaba cada vez más irritado, pero no se decidía a dar el gran paso; como mucho, insistió, era necesario tener preparada una solución dinástica y creía que la mejor opción era forzar la abdicación de la reina en su hijo, que apenas tenía diez años.

La barrera en que se había convertido don Leopoldo para que los unionistas se sumasen decididamente al esfuerzo revolucionario cayó súbita y trágicamente. El 5 de noviembre de 1867, lo que se creyó que era una indigestión y acabó siendo tifus, acabó con la vida de O’Donnell en su residencia de Biarritz. Tenía 58 años y las leyendas románticas, a las que tan proclive era la sociedad de la época, quisieron ver en aquella muerte temprana el efecto funesto de la ingratitud de una reina a la que había adorado. Con cruel ironía, Carlos Rubio recogió aquella leyenda y escribió con deleite que «más de una vez se le sorprendió por las playas de Biarritz hablando sólo, llorando los males de la patria e increpando a la Reina[19]». A sus funerales en Madrid, que fueron brillantes y muy concurridos, tan sólo faltó la familia real o algún representante destacado suyo. Se atribuye a Isabel II otro cruel chascarrillo de la época: «Se empeñó en no ser más que ministro conmigo y lo ha conseguido». Narváez fue el único orador en el sepelio, por si acaso alguien decía algo inconveniente[20].

La muerte de O’Donnell apartó el último obstáculo que quedaba para que los grandes generales unionistas, Serrano (que tomó el relevo como jefe del partido), Dulce, Ros de Olano, Zabala, etcétera, se uniesen a la conspiración revolucionaria. El pacto quedó sellado en una comida que, al parecer tuvo lugar en Bayona, en la casa del progresista Muñiz[21]. Según el embajador francés, la reina estaba ya tan alejada de todo contacto sereno con la realidad que mantenía a su último valedor sólido, el general Narváez, «tan sólo por un resto de razón. Por sentimiento se inclina hacia los neo-católicos[22]». Éstos hacían todo lo posible por hacerle sentir que iba por el buen camino y Pío IX animó aquella suicida deriva reaccionaria al conceder a Isabel II, en febrero de 1868, la preciadísima Rosa de Oro. En una de las viñetas de Los Borbones en Pelota, aparecen juntos, desnudos en una cama, Marfori y la reina; ésta sostiene un rosario y alrededor suyo se encuentran sor Patrocinio, Francisco de Asís y un arzobispo que hace oscilar ante ellos un incensario humeante. Al pie, la siguiente coplilla: «Pío nono agradecido / a los dones de Isabel / le da bula singularis / para que pueda joder[23]».

En aquel ambiente de pesadilla o de sainete grotesco todo era posible. En Europa (y en España a escondidas) se leyó con asombro y fruición un artículo más bien delirante del hermano del rey, el atrabiliario don Enrique de Borbón, publicado en L’indépendence Belge, periódico cuyo director era un buen amigo de Prim. Probablemente, el infante estaba también pensando en que una solución dinástica podía alcanzarle a él como candidato, bien al trono, bien como ese regente que algunos buscaban para el príncipe de Asturias. Sus buenas relaciones con los progresistas venían de antaño y él mismo se presentaba como un defensor acérrimo de «la ley del progreso [que] es la ley de la perfección, escrita en la naturaleza, el instinto y la necesidad de la vida».

La reina de España, en cambio, no buscaba más que «detener la marcha de la civilización […] poseída estáis de un vértigo máximo de insensatez, al pensar detener el curso de los tiempos, resucitar e imponer a la juventud el cadáver desecho de pasadas edades. Demencia infinita cual si vuestro cetro de paja pretendiera convertir el pleno medio día en plena media noche […] No parecéis sino aquel rey adusto de la antigua Persia que, en su soberbia altivez, lanzaba cadenas al mar para sujetarle». Para don Enrique, los «últimos restos del fanatismo se agitan actualmente en las convulsiones de la agonía, así se comprende la explosión falsamente conservadora y religiosa por cuya lava estamos pasando». La Corte española, situada «más allá de las fronteras de la civilización», repleta de «genios de la oscuridad y del error» no era más que un «triste aborto de la fatalidad patria».

Aquel «tribunal de una justicia superior a todas las demás justicias, que es el fallo de la opinión pública», demandaba a la reina, en «su penosa y lenta agonía política», que escuchase a su pueblo y recordase que ceñía su corona, no por derecho divino, sino por derecho constitucional. Los siguientes párrafos merecen citarse en extenso: «Os habéis despojado de vuestra inviolabilidad por falta de respeto propio como mujer y de nobles sensaciones como reina; os habéis despojado de vuestra autoridad al colocaros fuera de los principios de vuestro pueblo liberal que establecieron vuestro mando, para ser luego inmolado por vuestra negra ingratitud y deslealtad […] Vinisteis al mundo saludada con los entusiastas epítetos de excelsa y de ángel, por los hijos de una noble generación, que habíais de perseguir y fusilar después, en prueba de un corazón que para mayor crueldad llamáis cristiano». Isabel II había demostrado, al fin y a la postre, ser digna descendiente de Fernando VII, aquel rey que «llenaba los presidios y erigía los suplicios» para los que, como ocurrió con su hija, se habían jugado la vida por defenderle.

Nacisteis para imitarle […] Y formasteis el vacío de personas honradas en torno a vos; porque como vuestro padre sois un apagador para todo, no queréis talentos, odiáis la verdad, perseguís o maltratáis a quien os la dice, sois desconfiada para lo bueno, y tan pequeña en medio de un pomposo brillo asiático, que en vuestros sañudos cálculos os parece que la sombra de una pobre hormiga os quita todo resplandor y poder […] Nacisteis para representar, con turbante en la cabeza, la corte de los serrallos, y no un pueblo europeo y constitucional; nacisteis para ser, contra los brillantes destinos de la patria, la constelación de todas las calamidades imaginables. ¿Y quién sino vuestro cetro ha reducido a esqueleto la monarquía más sólida y venerada[24]?

Con su prosa arrebatada y con la expresión más descarnada de su resentimiento personal y de su errático ideario político, el infante don Enrique cerraba el círculo que contenía la reputación de Isabel II en España y en Europa. El ángel de la libertad, la hija y la madre de la nación, se había convertido en un monarca oriental y en el álter ego femenino de su padre, el rey felón. Para que la España liberal pudiese recuperar su honra, Isabel II debía morir o, al menos, irse. Tan sólo quedaba Narváez para sostener aquel trono que se tambaleaba. Murió el 23 de abril de 1868, menos de cinco meses después que Leopoldo O’Donnell. Lo último que dijo, con su precisión habitual, fue: «Esto… se acabó». Según el biógrafo de González Bravo, su sucesor, «las ceremonias oficiales que se celebraron, acostumbradas en tales casos, carecieron de sentimiento y de emoción. En los pocos elogios fúnebres que mereció su nombre, estuvo más representada la obligación que la sinceridad». El Murciélago sacó una edición fechada en el infierno cinco minutos después de haber muerto el general: «Llego el duque de Valencia / se le está poniendo el rabo / se espera con impaciencia / a Luis González Bravo» y, con fecha del día siguiente, «Ayer llegó Don Ramón / hoy le ponemos el rabo / se espera con emoción / al señor González Bravo[25]».

La elección de González Bravo como primer ministro era casi obligada. Ya no quedaba nadie más y era un hombre del agrado de los neocatólicos. Su efecto en la opinión pública liberal fue, como escribió el embajador francés, «auténticamente deplorable. Yo estaba con los Senadores en la sala de Conferencias cuando se recibió la noticia y, si me dejara llevar por la primera impresión la Reina podría difícilmente haber elegido peor; y lo que es más enojoso es que se la acusaba de haber cedido a la influencia de Marfori quien pasa por su amante, de manera que si un nuevo movimiento de opinión se produjese, el escándalo estaría servido[26]».

Quiso ¿la casualidad?, que González Bravo abriese y cerrase, como primer ministro, el reinado efectivo de Isabel II. El periodista de El Guirigay, reconvertido en fiel adlátere del general Narváez, había sustituido a Salustiano de Olózaga tras el escándalo provocado por las mentiras que se impusieron a la reina niña. Ahora, cuando ambos, la reina y González Bravo, habían pasado por todo y visto de todo, este último recogía lo que quedaba de aquella monarquía constitucional que los moderados habían ayudado a pervertir desde sus mismos inicios. Todos sus esfuerzos se dedicaron a intentar frenar la revolución con la esperanza de los condenados a muerte, o de los agonizantes, de que un nuevo día podría traer un milagro.

Aquellos esfuerzos, en todo caso, dejaron de ser políticos. Se acabaron las propuestas (falsas o no) de conciliación y de nuevo comienzo. Gobernar se había convertido en resistir y el único instrumento era ya la represión. Cuando La Iberia publicó en su número del 5 de julio de 1868 un artículo titulado «La última palabra», en el que se hablaba sobre las relaciones entre unionistas y progresistas, la respuesta gubernamental fue hacer detener a Serrano, a Dulce, a Zabala, a Echagüe, a Serrano Bedoya e, incluso, a Córdova. La razón fue, como escribió Mercier de Lostende, que «el gobierno de la Reina se ha apoderado de las pruebas más evidentes de un convenio entre los progresistas y la Unión Liberal. De acuerdo desde hacía pocos días, los jefes de estos dos partidos, abandonando el terreno de la oposición legal, se habrían decidido a intentar una revolución militar; su programa era deponer a la Reina y llamar al trono al duque de Montpensier, como lo atestigua el acta de la última reunión del comité revolucionario[27]».

La candidatura de Montpensier no era tan firme y tan consensuada como creía el embajador francés pero, en todo caso, éste estaba bien informado de la decidida oposición de don Antonio de Orleans «a la línea política que sigue a reina». De hecho, tras el nombramiento de Narváez a mediados de 1866, la infanta Luisa Carlota había viajado a Madrid para intentar convencer a su hermana de que se apartase del camino reaccionario que le aconsejaba la Corte, porque era «la senda de su perdición política y la de la dinastía». La muy discreta infanta había sido urgida, al parecer por su marido, para hacer ver a Isabel II que estaba poniendo en peligro el futuro de toda la familia. «La Infanta, expresándose con extraordinaria franqueza ha declarado a la Reina que siguiendo una marcha antiliberal, que manteniéndose en una actitud de guerra declarada con el partido liberal, no tenía ella razón de ser pues que representaba sobre el trono al partido constitucional y que no puede pensar en conservar su Corona sino permaneciendo escrupulosamente fiel a todos los principios de este sistema. S. A. R. insistió vivamente para que S. M. hiciera concesiones y se rodeara del elemento liberal, añadiendo que si no lo hacía así, no estaba lejano el día de la catástrofe que todo lo arrollaría, reina, dinastía y familia real».

La entrevista fue muy tensa e Isabel II se sintió especialmente ofendida por aquella intromisión en «sus asuntos». Secamente le contestó a su hermana que «no podía tener formada una idea exacta de la situación de España, que había adoptado una política que daba muy buenos resultados y era la única que podía salvar su Corona, la dinastía y los intereses y derechos de toda su familia, y que estaba resuelta a no modificar en nada ni por nada dicha política, y añadió: “La revolución me ha declarado una guerra a muerte, pues bien yo a mi vez declaro la guerra a la revolución; veremos al final quien vence”. Al parecer, Isabel II habría puesto como ejemplo a su primo el rey de Nápoles, “que después de haber transigido con la revolución y acceder a todas las concesiones que se le exigieron tuvo que descender del trono y salir para el destierro”. Más allá de la cautela con la que hay que tomar este relato, filtrado a la prensa extranjera por los Montpensier, la situación familiar alarmó lo suficiente a María Cristina como para que escribiese a su hija menor, que también era su favorita, urgiéndola a que ella y su marido extremasen la prudencia y evitaran “relaciones sospechosas o inconvenientes” con los revolucionarios[28]».

Sin embargo, los Montpensier buscaban su lugar al sol en caso de «catástrofe» y no cejaron en su decisión de hacer público su distanciamiento respecto a la llamada «política de resistencia». A principios de 1867, cuando Ríos Rosas se detuvo en Cádiz de camino a su destierro en Canarias, a raíz de «La exposición de los 121», el duque envío a su mayordomo mayor para hacer presente al político represaliado «el pesar con que veía perseguidos a hombres ilustres como él». Durante todo aquel año, el Gobierno tuvo constancia de que don Antonio de Orleans y la infanta Luisa Carlota recibían en sus salones de Sevilla a todos los disidentes de la Unión Liberal y que, en aquellas reuniones, se hablaba contra la política ministerial y el duque mostraba abiertamente «su disgusto por el camino desastroso que había emprendido el gobierno[29]».

Una irritadísima Isabel II escribió a su hermana aludiendo a su última entrevista, «en que me moviste a hablar sobre el estado de los negocios públicos y de las noticias que adquirí de la conducta que obserbaba tu marido». Desde entonces, «no han dejado de noticiarme por varios conductos actos diferentes de aquél, ya referentes a su extraña conducta de entonces, ya de los que se permite ahora, inspirados por el mismo espíritu que le animaba en aquellas conversaciones. Tú sabes bien cuál era este espíritu. En estos últimos días, con motivo del alejamiento de varias personas se me asegura que vuestras demostraciones han tenido un carácter de censura y de protesta verdaderamente grave, en contra de los actos de mi Gobierno, que no son otra cosa que efectos legítimos del uso que considero conveniente hacer de mis Reales prerrogativas. Ni como Gefe de Familia, ni como Reyna, estoy dispuesta a permitir, y ni permitiré, que lo entienda bien tu marido, que se repitan tales manifestaciones que atizan el fuego de las pasiones revolucionarias».

Para que no cupiese ninguna duda de que sabía muy bien cuáles eran las esperanzas de Montpensier, Isabel II recordaba a su hermana, que estaba obligada a apartarse de los «enemigos de nuestra Casa y de mi Trono que, con la Ayuda de Dios y sus legítimos derechos, han de eredar mis hijos, y por si acaso se hace ilusiones tu marido, y para prevenir a tiempo a los dos, te aviso pues que, a pesar del cariño tan grande que te profeso y de las muchas pruebas que de él te he dado, me beré en la dura necesidad de adoptar resoluciones que sean conducentes a castigar los echos a que me he referido, si por desgracia se repitiesen […] estoy resuelta a que todos me respeten y los primeros los que por su prosimo parentesco deben dar ejemplo para no servir de pretesto y de Bandera a las Catástrofes como las que ha presenciado el Mundo[30]».

El tono y la intención no podían estar más claros. Con aquella nueva disputa, además, la descomposición de la familia real llegaba a su extremo. En marzo de 1868, Narváez había confiado al barón Mercier de Lostende que el duque de Montpensier «es cobarde como una liebre, y aunque sea lo suficientemente estúpido para imaginarse que podría reemplazar a la Reina, es poco probable que se atreva a arriesgar en ese juego ni su persona ni su bolsa[31]». Se equivocaba; la cobardía del duque había comenzado a ceder a medida que crecía un peligro mayor que el de disgustar a su cuñada: el peligro de la extinción de todos los derechos de la familia real arrasados por la revolución.

Montpensier —como sabía muy bien y dejó por escrito el secretario de María Cristina, Antonio Rubio— no sólo había hablado mal del gobierno de Narváez, sino que, a partir de 1867, estrechó sus contactos políticos con los conspiradores de la Unión Liberal y financió (al parecer con más de tres millones de reales) las actividades revolucionarias, con la esperanza de ser el elegido para sustituir a Isabel II, bien en su propio nombre, como consorte de Luisa Carlota o como regente[32]. El resultado fue el destierro de los Montpensier, que se embarcaron en Cádiz en la fragata Villa de Madrid hacia Lisboa y luego a Inglaterra. Su implicación en la conspiración que habría de derrocar a su cuñada fue, a partir de entonces, un secreto a voces.

La candidatura de Antonio de Orleans, sin embargo, ya había recibido un veto decisivo, el de Napoleón III. Pierre de Luz relata una entrevista entre Prim y el marqués de La Valette, en Lyon, en la que éste le dijo a don Juan que el emperador no se opondría a «la revolución que va a estallar en España […] pero exige que el duque de Montpensier no sea proclamado rey; con esta condición permanecerá neutral». Al parecer, Prim se comprometió a ello aunque la candidatura del duque siguió viva entre algunos círculos unionistas[33].

El grado de pulverización de la familia real, que mimetizaba al del Partido Moderado, no hizo sino acrecentar su desprestigio. La reina, además, seguía empeñada en mostrar, con cada uno de sus actos, que estaba situada en las antípodas de la opinión liberal del país. En abril había anunciado el matrimonio de su hija primogénita, la infanta Isabel, con Cayetano de Borbón, conde de Girgenti. La elección de un miembro de la Casa de Nápoles no pudo ser menos oportuna. El embajador francés expresó su asombro por lo imprudente de aquella decisión, que tensaba aún más las relaciones con la Corte italiana y ofendía gravemente a los liberales. A pesar de todo, y con una precipitación inusitada, el matrimonio tuvo lugar el 13 de mayo de 1868. Los festejos habituales, según Mercier de Lostende, estuvieron rodeados de una gran frialdad. El duque de la Torre, el general Serrano, excusó su presencia demostrando su definitivo alejamiento de la familia real. «La única persona que mostró su entera satisfacción fue la Reina. Estaba verdaderamente radiante. Girgenti y la Infanta no parecían estarlo tanto como requería la ocasión». De hecho, la maledicencia habitual difundió que el matrimonio no había sido deseado por ninguno de los contrayentes[34].

Pedro de Répide recuerda de su juventud el ambiente entre estremecido y excitado con que se vivió en España la primavera y el inicio del verano de 1868. Él y sus amigos, como todo Madrid, hacían bromas sobre las prédicas del padre Claret llamando a la reforma de las costumbres, imaginando qué diría el buen padre cuando se tropezase con algunas escenas de Palacio. Las carcajadas aumentaban cuando se recordaban las felicitaciones oficiales del Capitán General de Madrid, el conde de Cheste, a Carlos Marfori como un gobernador de la capital que se había distinguido por «seguir el noble camino de corregir y mejorar las costumbres[35]».

El Gobierno sabía que vivía sobre un polvorín, pero aparentaba confianza. González Bravo, por ejemplo, recibía casi a diario anónimos que le anunciaban la inminencia de una revolución, pero se limitaba a poner al pie: «Visto, y no se haga caso de majaderías sin firma[36]». Sus esperanzas de que «todo aquel ruido no llegase a nada» se asentaban en las informaciones que recibía de supuestas rencillas y rivalidades entre Prim y Serrano. Su desprecio por el ejército era además una peculiaridad de aquel ministro civil que había prometido que conseguiría lo que no habían conseguido ni Bravo Murillo ni el conde de San Luis: «sobreponerse al elemento militar. Yo haré ver que también puede ejerce la dictadura un paisano[37]». Su manera de ejercer aquella dictadura no podía ser más cruel ni más estúpida. Las detenciones, destierros e incluso ejecuciones se sucedieron durante aquellos meses. Respecto al ejército, en su esfuerzo por domeñarlo, no consiguió más que irritar su espíritu de cuerpo al promover ascensos que ignoraban el escalafón como, por ejemplo, los de los muy reaccionarios marqueses de Novaliches y de La Habana, al tiempo que volvía a decretar prisión para mandos tan populares como el general Domingo Dulce. Mientras, la presencia de notorios carlistas en la Corte era aireada de boca en boca y se rumoreaba que se estaba a punto de llegar a un pacto definitivo con el pretendiente.

En algún momento, Isabel II se asustó y el embajador francés escribió a su ministerio que se tenían noticias de algunos intentos últimos de reconducir la situación. El propio Antonio Cánovas declaró años después que, en torno a mayo de 1868, «se me vino a indicar que en Palacio había la mejor de las disposiciones para formar un ministerio de reconciliación, y que eso probablemente se realizaría si yo me prestaba a ser ministro». Don Antonio, al parecer, rechazó «semejante cosa[38]». Ya nadie quería saber nada de aquella reina y de sus vanas promesas de reconciliación. Doña Isabel se volcó aún más en los que consideraba sus súbditos y apoyos más fieles. Carlos Marfori abandonó el ministerio de Ultramar para encargarse personalmente de la intendencia del Real Patrimonio por nombramiento real del 16 de junio de 1868. Su objetivo era velar, además de por los intereses políticos, por los intereses económicos de la reina. En todo caso, su nuevo cargo convertía su presencia en la Corte en algo aún más diario e íntimo.

Marfori acompañó a la Corte a Lequeitio, en la costa de Vizcaya, para el acostumbrado ritual de los baños de mar estivales. Desde allí, la familia real inició una febril presión diplomática para lograr entrevistarse una vez más con Napoleón III y con la emperatriz Eugenia. El embajador francés se las vio y se las deseó para declinar, «a pesar del gran deseo que Su Majestad tiene de ver a la Reina», aquella inoportuna sugerencia[39].

González Bravo, que había permanecido todo el verano en Madrid preocupado por las noticias que le llegaban sobre el incremento de la actividad revolucionaria, comenzó a presionar a Isabel II para que volviese cuanto antes a la capital. Al tiempo, y tras entrevistarse con Mercier de Lostende, intentó también hacerle ver que el emperador de los franceses no iba a entrevistarse con ella. Isabel II no cejó en su empeño. Atribuía a aquella entrevista, y no sin razón, una importancia trascendental. Todo fue en vano. El 10 de septiembre forzó a su primer ministro a que se reuniese con ella en Lequeitio y apoyase sus pretensiones.

Al día siguiente de su llegada, González Bravo contestó a uno de sus amigos andaluces que le advertía de que estaba todo preparado para un estallido inminente y le sugería que dejase el Gobierno a un almirante para neutralizar la sedición de la Marina:

Querido amigo: Las comunicaciones que he visto de los principales marinos son de tal género que destruyen todo cuanto usted me asegura. No hay Infantería de marina ni en el Arsenal ni en Cádiz. Topete es precisamente un favorito de Su Majestad, porque acaba de rechazar ofertas magníficas de los revolucionarios. El jefe encargado del Departamento es un hombre de grandísimo vigor y absoluta fidelidad. Prim no se ha movido de Londres… Todos estos datos me dan que pensar mucho, porque es tan rotundo y absoluto lo que se nos dice, que no hay remedio: o el engaño es de una de las dos partes evidente, o usted se ha dejado impresionar con facilidad excesiva […] Y créame usted que no hay nada de la Marina. Voy a añadir una cosa, creo que tampoco hay dinero. ¿Por qué, me dirá usted? Porque es muy extraño que no se haya mandado la suma, porque ésta tiene que ser grande, porque una suma grande puede averiguarse si se ha mandado y por quién, porque siendo problemático lo del viaje de Prim y lo de Canarias, no creo que se haya anticipado el dinero, y por último, porque el tono confidencial de los emigrados no descubre señales de nada próximo. Después de esto, puede que suceda. No diré que no, pero ya verá usted como no sucede. Así como mi instinto me decía en los primeros días de julio que aquello era de verdad, hoy me dice que esto es agua de cerrajas. Si algo sucede, ya verá usted como es un aborto. Ya sabe usted que seguiré aquí, por orden de Su Majestad, hasta el día 20. Aún no sabemos si habrá visita. Creí descansar. ¡Qué si quieres! Ando muy aperreado y doy más carreras que en Madrid. Sus Majestades me tratan con una familiaridad y con un cariño que rayan en lo más extremado. No sé cómo pagar tantas atenciones. No hay más remedio que hacerse matar buenamente, aunque sea riñendo a bocados, por la Reina[40].

El 13 de septiembre, el embajador francés notificó que, «a pesar de la confianza del gobierno, he sido informado de que el partido revolucionario está muy activo en este momento y que un movimiento muy serio está a punto de estallar». El 14 de septiembre, desde Biarritz, Napoleón telegrafió personalmente al ministro de Exteriores francés: «Conteste a Mercier. Nada ha sido convenido en París; se persiste en la voluntad de no aceptar la entrevista[41]». Para el Gobierno aquélla era la última señal de que el emperador abandonaba definitivamente a Isabel II a su suerte.

El día 16, González Bravo recibió un telegrama del gobernador de Cádiz, Narciso Belmonte, en el que le advertía de la alarma de la capital y de que una sublevación era inminente. Se le contestó que todo lo que decía era «efectivamente infundado», que la guarnición defendería la legalidad. «Esté seguro que nada viene de Canarias ni de Inglaterra, ni de parte alguna. El Gobierno está por momentos enterado de todo cuanto se hace o se intenta en todas partes, y la seguridad con que hasta ahora ha desbaratado los planes mejor combinados es una garantía de acierto en esta ocasión». Belmonte volvió a telegrafiar presentando su renuncia al mando y pidiendo la declaración de estado de Guerra. La Corte se trasladó a San Sebastián el día 17 y, al día siguiente, González Bravo recriminó agriamente su actitud al acobardado gobernador de Cádiz: su comportamiento, le dijo, no hacía sino aumentar la alarma: «seguro de que la agitación que ahí nota no es otra cosa sino que empiezan a conocerse planes que pueden decirse abandonados ya[42]».

A las tres de la tarde de ese mismo día 18 de septiembre, González Bravo se había dado cuenta de su enorme equivocación. Precipitadamente comunicó a la reina que acababa de pronunciarse la Escuadra al mando de «aquel traidor» de Topete. Se supo también que Montpensier había pedido estar embarcado con él pero que los generales unionistas, para no prejuzgar nada de acuerdo con el pacto revolucionario, se habían negado a que lo hiciese. Los sublevados emitieron un manifiesto, luego conocido como el manifiesto de España con honra, en el que aseguraban que no depondrían las armas «hasta que la nación recobre su soberanía, manifieste su voluntad y se cumpla». Proponían la formación de un gobierno provisional «que represente todas las fuerzas vivas del país [y] asegure el orden, en tanto que el sufragio universal echa los cimientos de nuestra regeneración social y política». La heroica marina y el pueblo de Cádiz unidos habían gritado: «Ya basta de escándalos […] Queremos que las causas que influyan en las supremas resoluciones las podamos decir en alta voz, delante de nuestras madres, de nuestras esposas y de nuestras hijas; queremos vivir la vida de la honra y la libertad […] ¡Viva España con honra!»[43].

En un hotel del paseo de La Concha, González Bravo le ofreció su dimisión a Isabel II y le sugirió, muy a su pesar, que nombrase a un militar para sustituirle. El día 19 de septiembre la reina encargó la formación de un nuevo gabinete de crisis a José de la Concha, marqués de La Habana. La discusión entonces, agria y descorazonada, dio mil vueltas en torno a si la familia real debía regresar o no a Madrid. Mientras, se intentó entrar en contacto con los sublevados. De momento se tomó la resolución de que José de la Concha marchase a la capital para organizar la resistencia. Allí encontró a muy pocos generales dispuestos a mostrar su lealtad al Gobierno. Tuvo que recurrir al conde de Cheste para que se hiciese cargo del ejército de Cataluña, Aragón y Valencia; al marqués de Novaliches para que hiciese lo propio con el de Andalucía y a su hermano, el marqués del Duero, para que tomase el mando del ejército del Centro. El embajador francés, asustado, preguntó «si no sería mejor que, en el punto en que están las cosas, fuese a reunirme con el emperador en Biarritz para ofrecerle información y recibir sus instrucciones». Insistió varias veces y en cada ocasión se le contestó que permaneciese en Madrid e informase desde allí de la evolución de los acontecimientos[44].

En el entorno de la reina, las consultas y los consejos se multiplicaban en un ambiente febril. El general Lemery, al parecer a instancias directas de Serrano, propuso que la reina abdicase en su hijo con él como regente. De hecho, Serrano declaró más tarde que hubiera aceptado al príncipe, incluso contra la opinión de Prim. Miraflores propuso que el rey negociase personalmente aquella oferta. Heredia Espínola y el infante don Sebastián propusieron sublevar las provincias vascas a favor de Isabel II, cuando éstas estaban ya a punto de tomar las armas a favor de don Carlos. La abdicación en el príncipe de Asturias parecía ser, con todo, la solución preferida por la mayoría, la única que podía salvar la monarquía. Carlos Marfori se opuso rotundamente: un rey de España tan sólo podía abdicar, como Carlos V, por cansancio del poder, jamás ante la insurrección[45].

El día 21 de septiembre, el marqués de La Habana telegrafió a la reina para que volviese a Madrid cuanto antes, en el primer tren, pero sin Marfori, «que podría ser mal acogido por la población, habiendo formado parte del gabinete dimisionario». Miraflores apoyó aquella petición y lo mismo hizo el marqués de Salamanca, que visitó a Isabel II en San Sebastián y tuvo con ella una entrevista tormentosa. El veto a Marfori fue muy mal acogido y la reina decidió ir, pero con Marfori. Nadie iba a decirle qué hacía ella con su «séquito privado[46]».

Cuando ya estaban todos instalados a bordo del tren especial que había de trasladarles a Madrid se recibió un telegrama urgente que desaconsejaba el regreso. La vía estaba cortada en varios puntos y la seguridad de la reina y de su familia peligraba. De madrugada todos aquellos personajes atribulados y confusos descendieron del coche-salón y regresaron a sus alojamientos. Parece ser que en la decisión pesó no sólo la insistencia del Gobierno, sino el terror de Francisco de Asís a los peligros que les aguardaban en Madrid. «La reina, escribió el cónsul francés en San Sebastián está indecisa y abatida y llora frecuentemente. El Rey está preso de una agitación y un terror febriles[47]».

En esas condiciones, la pareja real y su entorno esperaron noticias de Madrid y también de París. Confiaban en una señal de Luis Napoleón que no llegaba. Mercier de Lostende sí tenía noticias e instrucciones, y éstas le reiteraban la necesidad de que permaneciese en Madrid, se comunicase directamente con el emperador y dejase claro «a todos los que se le acercasen» que la neutralidad francesa iba a ser absoluta. Toda idea de intervención estaba descartada[48].

El día 29 de septiembre, Mercier escribió a su ministerio: «La más grande agitación se ha apoderado de Madrid. Se pasean banderas con la inscripción “Soberanía Nacional”. Las tropas están en sus cuarteles. La causa de la reina parece perdida». En efecto, lo estaba. El día anterior las tropas comandadas por Novaliches, entre las que combatió el conde de Girgenti, fueron derrotadas en la famosa batalla de Alcolea. Los últimos conatos de resistencia fueron fácilmente sofocados. El general Calonge, abandonado por sus soldados, fue hecho prisionero por los insurgentes. La infanta Isabel y su familia se refugiaron en la embajada francesa, mientras el conde de Girgenti huía hacia Portugal[49]. Presionada por su marido, que, según la infanta Eulalia, estaba deseoso de dejar un trono que lo había «esclavizado» toda la vida, la reina decidió irse «de todos modos» a Francia después de haber intentado, una vez más, regresar a Madrid[50]. Allí, el marqués del Duero se había rendido ya ante un Gobierno provisional que proclamó inmediatamente la destitución irrevocable de Isabel II y de toda la Casa de Borbón. El mismo día 29 de septiembre Nicolás Rivero hizo colocar alrededor del palacio real una guardia de paisanos armados y, sobre la puerta principal, un letrero que decía: «Palacio de la Nación, guardado por el pueblo». Una mano anónima escribió en la pared del ministerio de Hacienda: «Cayó para siempre la raza espuria de los Borbones». El día 30 de septiembre la familia real, incluidos los Riánsares, cruzó la frontera.

EPÍLOGO:

EXILIO Y FINAL DE ISABEL II (1868-1904).

En una auténtica tragedia no es el héroe quien muere sino el coro.

JOSEPH BRODSKY

En las tragedias clásicas es el coro el que dice lo que el protagonista no puede o no sabe decir; es el coro el que sabe lo que está en juego. Por eso, en su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura de 1987, Joseph Brodsky afirmó que, en una verdadera tragedia, no es el héroe quien muere sino el coro[1]. Algo así sucedió con Isabel II tras la revolución de 1868. Aquel coro que la había acompañado, definido, adulado y difamado murió antes que ella y fue entonces, sólo entonces, cuando acabó realmente la representación que constituyó su vida como reina, como protagonista de una historia que tuvo algo de comedia y mucho de tragedia, tanto individual como colectiva.

Aquella vida estuvo dividida en dos mitades casi idénticas. La primera, corresponde a los treinta y cinco años de su reinado, de los cuales veinticinco fueron de reinado efectivo. La segunda, superior en algunos meses, fue una vida de exilio. A pesar de que la monarquía Borbón fue restaurada en diciembre de 1874, a Isabel II no se le permitió jamás volver a fijar su residencia en España, aunque realizó breves visitas a partir de 1876. Su destino final fue prácticamente idéntico al de María Cristina de Borbón tras la revolución de 1854. Una situación ambigua, humillante, de exiliada informal, de apestada política. Al igual que ella había hecho con su madre, su hijo Alfonso XII y los gobiernos españoles jamás emitieron una orden de extrañamiento formal. Sin embargo, trataron por todos los medios de mantenerla alejada de una Corte renovada en la que ya no tenía cabida. Cuando regresó brevemente a España, lo hizo sintiéndose, como ella misma dijo, una especie de vagabunda: residió algún tiempo en Sevilla, pasó temporadas en los balnearios del Norte o en los palacios reales de los alrededores de Madrid. Con el tiempo, se fueron tolerando sus estancias en la capital, pero siempre se procuró que sus visitas fuesen lo más cortas y discretas posible.

Conjurar el fantasma de lo que había significado Isabel II fue un objetivo prioritario para los artífices del régimen de la Restauración. De su neutralización y olvido dependía, en buena medida, la posibilidad de devolver a la monarquía constitucional el prestigio y la utilidad política que los liberales habían imaginado para ella. El proceso para lograrlo fue largo y confuso. No sólo hizo falta arruinar las posibilidades de la monarquía democrática de Amadeo de Aosta y de la I República. Fue necesario, también, conseguir que la exreina perdiese todo el poder residual que le quedaba y que se resistía denodadamente a ceder.

Dicho proceso puede resumirse en tres grandes etapas, relativamente bien diferenciadas. La primera comenzó aquel 30 de septiembre de 1868 en que una revolución largamente anunciada obligó a la familia real española a cruzar la frontera francesa camino del exilio; y concluyó el 25 de junio de 1870, cuando Isabel II abdicó en su hijo Alfonso. La segunda se extiende desde ese momento hasta la restauración de la dinastía Borbón a finales de 1874. La tercera etapa, mucho más extensa y oscura, ocupa el resto de una vida dedicada al recuerdo de un poder perdido para siempre. Irritada y confusa primero, más o menos resignada después, Isabel II fue cayendo en el olvido hasta que su muerte, en 1904, la devolvió brevemente a las páginas (secundarias) de los periódicos que he citado al principio de este libro.

Cuando Fernando Garrido publicó su monumental obra Historia del último Borbón de España. De los crímenes, apostasías, opresión, corrupción, inmoralidad, despilfarros, hipocresía, crueldad y fanatismo de los gobiernos que han regido España durante el reinado de Isabel II, la esperanza de que con Isabel II se hubiese acabado para siempre con la dinastía Borbón en España ocupaba la esfera pública postrevolucionaria[2]. Manifestaciones callejeras, folletos y coplas, declaraciones políticas y brindis privados saludaron la noticia de que la familia real había abandonado el país y cruzado la frontera. Fue famosa la cancioncilla, entonada con la música del Himno de Riego, que decía: «Si la reina quiere corona / que se la hagan de viruta / que la corona de España / no es para ninguna puta». El popular matador de toros El Tato, en una de las primeras corridas celebradas tras la revolución, dedicó su faena a Prim, Serrano y Topete, y a la Soberanía Nacional[3]. Los símbolos monárquicos fueron atacados y destruidos en cualquiera de sus formas y, aunque la crítica más radical a la dinastía caída fue quedando crecientemente en manos republicanas, la imagen de la reina destronada, como símbolo del fanatismo religioso, de la traición al pueblo liberal, de la depravación sexual, de la rapiña y de la corrupción, acabó fijada para siempre. Su reelaboración en el siglo y medio siguiente, al hilo de las diversas coyunturas políticas, mantuvo intactos sus elementos esenciales[4].

Mientras, en el entorno de Isabel II se seguía considerando la revolución de 1868 como «una revolución más». Tan sólo cabía esperar de ella un período más o menos prolongado de anarquía que acabaría con el regreso de la reina al trono. Al llegar a Biarritz, en la estación de La Negresse, la familia real española fue saludada como tal por Napoleón III y su hijo. El emperador les ofreció instalarse en el castillo de Pau y los reyes expresaron su deseo de aguardar allí el desarrollo de los acontecimientos. Sin embargo, Luis Napoleón estaba demasiado al tanto de la política española como para dejarse impresionar por las bravatas del variopinto grupo de políticos declinantes y de damas de compañía llorosas que, junto con Carlos Marfori, el padre Claret y sor Patrocinio, acompañaban a la reina de España y a su marido.

Además, Napoleón III mantenía una relación relativamente cordial con las nuevas autoridades españolas, a través sobre todo del general Serrano. Éste le había asegurado que los excesos radicales de primera hora no implicaban ni la instauración de una república ni tampoco la elevación al trono de España del duque Montpensier (es decir de un Orleans), lo que despejaba sus principales fuentes de preocupación. Sabía también que formaría parte de las conversaciones a alto nivel destinadas a buscar una solución monárquica alternativa a la crisis española[5]. Lo más urgente era alejar a aquella singular familia de las inmediaciones de la frontera. Una estancia demasiado prolongada en Pau, con su secuela de conspiraciones y posibles intentonas militares, era una fuente potencial de conflicto para el Gobierno francés.

Fue el emperador, por lo tanto, quien aconsejó —en realidad, impuso— que la comitiva regia se trasladase a París. A partir de ese momento, los caminos de la familia real se separaron. María Cristina y su marido se instalaron en su residencia de Le Havre, mientras la reina se alojaba de forma provisional en un ala del palacio del Louvre, en el pabellón de Rohan. Cuando un exilio más largo del previsto comenzó a abrirse paso en su mente, compró el palacio Basilewsky en el número diecinueve de la avenida del Rey de Roma que más tarde, con la III República, fue rebautizada como avenida Kléber. Era un palacio relativamente pequeño, de estilo «francés caprichoso del segundo Imperio, con reminiscencias de la traza arquitectónica del tiempo de Luis XIV[6]». A partir de marzo de 1869 se convirtió en su residencia habitual, bajo el sonoro y patriótico nombre de Palacio de Castilla[7].

Francisco de Asís apenas llegó a instalarse allí. Casi de inmediato, los reyes decidieron separarse y poner punto final a un matrimonio que corrompió sus vidas y la de la primera monarquía constitucional española[8]. El rey consorte se trasladó, junto a su inseparable secretario Meneses, a una residencia propia en Épinay-sur-Seine, en las afueras de la capital. La separación fue todo lo amistosa y discreta que permitía su largo desencuentro personal. Se arbitró un primer acuerdo económico que, sin embargo, nunca dejó de suscitar quebraderos de cabeza a Isabel II y a sus herederos ante las exigencias constantes de mayores rentas y pensiones por parte de don Francisco[9].

Antes de salir para París, Isabel II había realizado dos movimientos que mostraban la poca mella que los últimos sucesos habían causado en su concepción de la política. Como escribió Pedro de Répide con ironía, «la reina seguía procediendo como si todavía estuviese ganándose su destronamiento[10]». Por una parte, emitió un manifiesto, redactado por Severo Catalina, en el que se reafirmaba en sus derechos, en nombre de la tradición católica y monárquica de España, sin la más mínima referencia a la larga tradición liberal que había defendido su trono.

El grito de los rebeldes lanzado en la bahía de Cádiz […] resuena en el corazón de la mayoría inmensa de los españoles como el ruido precursor de una tempestad en que peligran los intereses de la religión, los fueros de la legitimidad y del derecho, la independencia y el honor de España […] La libertad en toda su extensión y en todas sus manifestaciones, atacando la unidad católica y la monarquía […] perturba la familia, destruye la santidad de los hogares y mata la virtud y el patriotismo […] La monarquía de quince siglos […] no ha de perderse en quince días de perjurios, de sobornos y traiciones […] la gloria del pueblo español fue siempre la de sus reyes; las desdichas de los reyes siempre se reflejaron en su pueblo[11].

Todo en aquel manifiesto respiraba un neocatolicismo tan ultramontano que, de hecho, le hacía un gran servicio a los revolucionarios. Éstos supieron verlo así y la Junta revolucionaria de Madrid mandó imprimir 100 000 ejemplares para su distribución inmediata. Un ingenioso autor anónimo publicó una versión cómica en la que, remedaba su ampulosa e inane retórica: «Mi bandera flota por las abstinencias del infinito y las tribus africanas casuísticamente verán relucir algún día el nuevo crepúsculo que ha de inaugurar, bajo el solio de la clandestinidad, nuestros procelosos destinos[12]».

Ajena a aquellas humoradas, Isabel II se empeñaba en su ceguera política. Desde Pau, escribió a Juan de la Pezuela, conde de Cheste, para que se pusiese al frente de «todo lo que se haga en España para la restauración de mi trono». Cheste representaba el ala más reaccionaria del moderantismo —los llamados realistas isabelinos—, que llevaban años preconizando la conciliación con el carlismo y una involución política que retrotrajese la situación política de la monarquía al período previo a la ruptura liberal de los años treinta. Incluso su más rendido biógrafo, el marqués de Rozalejo, reconoce que Pezuela «carecía de influencia en el ejército y que no tenía autoridad suficiente sobre los dispersos elementos políticos que se conservaban fieles al trono[13]».

En estos momentos iniciales de su exilio, para la reina y su entorno tan sólo existía un horizonte político: el de la reacción pura y dura. Remedando la estrategia de 1854, se trató de iniciar una campaña de propaganda a favor de Isabel II y contra el nuevo régimen español, que incluyó diversos artículos de prensa y obras como El mejor español, la Reina, de Miguel López Martínez o La Restauration du Trone d’Isabelle II, de Oscar Lessines, ambas publicadas de 1869. En toda esta publicística, de impacto más bien escaso, se insistía en una exculpación global de la responsabilidad política de una soberana constitucional, que no habría sido más que una víctima pasiva de las pasiones e intereses de los políticos de turno. Para entonces, sin embargo, aquella visión estaba completamente agotada y su reiteración no demostraba más que el autismo político y espiritual del cada vez más estrecho círculo de cortesanos y políticos que rodeaba a Isabel II.

La vuelta a la monarquía que habían diseñado los moderados en los lejanos tiempos de la mayoría de edad de la reina no era una opción creíble, incluso para una gran mayoría de monárquicos afectos a la dinastía Borbón. Aquella monarquía había fracasado y lo había hecho, no sólo (obviamente) para los progresistas y demócratas, que habían sido excluidos del Gobierno durante veinticinco años. Había fracasado también para el grueso del moderantismo histórico y, sobre todo, para los conservadores de la Unión Liberal.

El mito de autoridad de reserva de la Corona, que habían querido instrumentalizar de forma excluyente en su provecho, se había evaporado y era necesario recrearlo. Mientras los progresistas se lanzaban a la búsqueda de un nuevo monarca y de un nuevo tipo de monarquía, amplios sectores de las fuerzas conservadoras, que se declaraban monárquicas y liberales, buscaban desesperadamente una alternativa propia. Para esos sectores, y desde relativamente pronto tras la revolución de 1868, la posibilidad de una dinastía borbónica restaurada (y moralizada) requería, precisamente, la desaparición de Isabel II. Su abdicación, por lo tanto, fue un problema que se planteó desde el mismo instante de la caída de la monarquía. El propio Cheste se vio envuelto, según Rozalejo, en «un clima de opinión creado al respecto» que convertía en incompatibles la supervivencia de la dinastía Borbón y la presencia de Isabel II a su cabeza[14].

En este sentido, es necesario recordar que la pugna entre la idea de trabajar por la restauración de Isabel II o la de su hijo Alfonso (previa abdicación de la reina) no fue sólo una pugna entre el grueso del moderantismo histórico y el ala más cercana a la Unión Liberal, los llamados liberal-conservadores, que comenzaban a ser liderados por Cánovas del Castillo. A la altura de 1869, el grado de deterioro de la imagen personal y política de Isabel II era tan grande que —excepto para un estrecho círculo de fieles— el problema no era si debía o no abdicar, sino el cuándo y el cómo.

El progresista Carlos Rubio definió así el ambiente enrarecido que rodeaba a la reina y el desprecio que suscitaba en casi todos los ámbitos de opinión liberal: «Rodeada en general de desechos sociales, de especuladores sin conciencia, de necios que la ponen en ridículo con manifiestos absurdos, de estafadores que, haciéndola creer que van a restaurar su trono, la estrujan el bolsillo y la hacen pagar a un subido precio hasta las quimeras de las tabernas de España, más que otra cosa debe inspirar compasión[15]». Bravo Murillo, en su correspondencia con otros prohombres del Partido Moderado, escribió que le resultaba imposible adherirse a cualquier movimiento a favor de la restauración isabelina si la reina no alteraba sustancialmente su conducta personal y política: «Uno de los hechos a que me refiero es (me avergüenza hablar de él) la residencia de Sor Patrocinio y sus allegados en la cercanía o la inmediación de Sus Majestades. ¡Es posible!, exclamé lleno de indignación y asombro al saberlo […] ¿Qué habrán dicho, que estarán diciendo en su interior el emperador, la emperatriz y todos los franceses? ¿Qué se dirá en toda Europa al ver que aquella mala mujer (Dios me lo perdone) ha podido seducir a nuestros reyes hasta el punto de conservarla éstos a su lado para seguir recibiendo sus inspiraciones, tan funestas e ignominiosas como profusamente pagadas?»[16].

La propia reina madre —que tanto había contribuido al desprestigio de su hija— no pensaba más que en la abdicación. De hecho, la había aconsejado menos de dos semanas después de producirse la salida de España de la familia real. La respuesta de Isabel II, dictada al parecer por Marfori, fue que no lo haría hasta que su hijo fuese mayor de edad y se hubiesen conjurado los peligros que «para el país y los Príncipes tienen las minorías[17]».

El problema para todos era que la abdicación requeriría una nueva regencia (el príncipe Alfonso contaba apenas diez años) y nadie sabía quién podría hacerse cargo de ella y con qué programa político. Cheste y la misma reina buscaban un compromiso que pudiera atraer a los conservadores y evitar, al mismo tiempo, el paso masivo a las filas del carlismo de los moderados más reaccionarios del movimiento neocatólico. Cándido Nocedal ya había advertido que se retiraba del servicio de la reina y González Bravo apenas podía contener sus deseos de ponerse a las órdenes de don Carlos. Los rumores acerca de una minoría del príncipe Alfonso bajo la regencia de Juan Prim, apoyada por la reina madre y el duque de Riánsares, parece que fueron propagados por ellos mismos. Moviéndose entre dos aguas, Cheste propuso «aceptar los trabajos a favor del Príncipe, que la Reina misma presentará como esperanza de futuro», pero, al mismo tiempo, soslayar el espinoso tema de la abdicación hasta «que el fracaso de la revolución sea más completo y llegue la mayoría del Príncipe[18]».

Como siempre, era una estrategia de regate corto pensada para ganar tiempo, producto en buena medida de la pulverización interna del moderantismo y de las indecisiones que aquel desbarajuste conllevaba. En ese contexto, no era en absoluto baladí la amenaza del ala derecha del partido de abandonar la causa de Isabel II y de su hijo si la reina no se mantenía dentro de los límites políticos marcados por la unidad religiosa y se negaba a cualquier concesión a los revolucionarios, incluidos aquéllos que procedían de la Unión Liberal. Durante años, los neocatólicos habían reconocido a la hija de Fernando VII como reina legítima tan sólo en función de esos límites y no iban a dejar de hacerlo precisamente ahora. Durante años, también, aunque no lograron jamás estabilizar un gobierno propio, habían utilizado el chantaje personal y político para minar cualquier otra opción de gobierno y estaban acostumbrados a luchar en la sombra, condicionando la actuación de la Corona hasta el desastre final. Tampoco ellos parecían haber extraído ninguna lección de futuro del cataclismo de 1868 y seguían mirando ciegamente al pasado.

Fueron esas influencias, avivadas diariamente en su entorno más inmediato, las que propiciaron, como había ocurrido durante su reinado, los movimientos aparentemente erráticos en varias direcciones que realizó Isabel II en los meses siguientes de la llegada a París. Son relativamente bien conocidos sus contactos con don Carlos una vez instaurada la I República en plena guerra carlista y aun después, durante el año 1877, en los inicios de la Restauración[19]. Esos contactos, sin embargo, fueron mucho más tempranos. Se produjeron nada más instalarse en París, en 1869, propiciados en buena medida por el rey consorte, que abogaba de nuevo, con más insistencia si cabe, por un pacto de familia antiliberal como única posibilidad, a su juicio, de lograr la restauración borbónica. En el archivo privado de la reina gobernadora se conserva un dossier al respecto, en el que se da cuenta de la alarma que suscitaron aquellos contactos entre el grueso del liberalismo moderado que permanecía en España. María Cristina, al igual que había ocurrido tras la revolución de 1854, empleó toda su autoridad para evitar que las maniobras de don Francisco y la indecisión de Isabel II favoreciesen cualquier concesión al carlismo como parte de la estrategia restauracionista[20].

Fue entonces cuando una gran tentación se abrió paso en el ánimo de la exregente. Se trataba de la posibilidad de dar su apoyo a la candidatura al trono español del duque de Montpensier, a quien apoyaban algunos sectores de la Unión Liberal. La predilección de María Cristina por la esposa de éste, la infanta Luisa Fernanda, era tan manifiesta como el desprecio que sentía por su hija mayor. Políticamente, apoyar a Montpensier significaba abrir un camino para mantener el trono «en la familia», dentro de unos parámetros liberales pero conservadores, soslayando los riesgos de la estrategia restauracionista del entorno de Isabel II. El secretario de María Cristina recibió el encargo de redactar un informe al respecto. A lo largo de más de cien folios, Rubio desgranó los pros y los contra de aquella opción. Su línea argumental partía del recuerdo de la incapacidad política de Isabel II y de los desaires que de ella había recibido su madre desde 1856, cuando «la mantuvo en un destierro hipócrita achacándoselo a sus Ministros […] Digamos que o la reina Isabel no quiere a su Madre o ha tenido 15 años la funesta torpeza de obrar en todo como si no la quisiera, ni la hubiese querido jamás». No mejoraba en absoluto las cosas el hecho de que, en aquellos mismos momentos —de nuevo por inspiración de Francisco de Asís— se estuviese financiando desde el Palacio de Castilla una publicación que acusaba abiertamente a María Cristina y a Riánsares de apoyar la candidatura de Montpensier, «para manipular mejor el trono de España[21]».

A diferencia de la reina Isabel, la actitud de Luisa Fernanda hacia su madre había sido siempre impecable: «sea por bondad de carácter, sea por la regularidad de conducta del feliz matrimonio de San Telmo, sea por no haber tenido que obrar como Reina […], sea por hacer ventajoso contraste con su hermana […] se ha portado constantemente bien con V. M. Los Infantes Montpensier han sido dos buenos hijos. Ésa es la verdad». A pesar de todo ello, a pesar del deseo personal de beneficiar a «la buena hija» frente a «la mala hija», Rubio recomendaba no perder los nervios: «paciencia: paciencia por generosidad y paciencia por cálculo». Por cálculo, sobre todo, porque una cosa «son los cariños: los derechos son otra».

El derecho que era posible hacer valer en el futuro, el único que podía llegar a los apoyos suficientes y evitar la ruina definitiva de la dinastía, era el encarnado en el príncipe Alfonso: «puede V. M., y debe a mi entender, favorecer por todos los medios la idea, como sea posible, con decoro y sin peligro, de que llegue al trono Don Alfonso, Príncipe de Asturias. Pero debe hacerlo con muestras evidentes y exageradas de desinterés personal, y sólo por el interés monárquico y dinástico de que cesen cuanto antes los ataques de triste índole que hace tiempo venía sufriendo el Trono al sufrirlos la Augusta señora que en él se sentaba». El objetivo fundamental debía ser lograr la abdicación. Ningún propósito de restauración monárquica sería viable mientras se empecinase en sostener su derecho personal aquella «Augusta Señora […] que ha sido incapaz de mantenerse ella misma, sólida y dignamente, en el Trono de sus mayores».

No fue, sin embargo, la negativa final de María Cristina a apoyar abiertamente a Montpensier lo que debilitó su candidatura. Por una parte, como había adivinado Rubio, los apoyos unionistas eran mucho más vagos y escasos de lo que algunas declaraciones interesadas que le llegaban al duque intentaban hacer creer. Por otra parte, más decisiva, la oposición francesa y la del grueso de la coalición revolucionaria convirtieron en claramente inviable aquella posibilidad, al menos de momento.

En todo caso, las intrigas familiares a favor de Montpensier hicieron reaccionar a Isabel II. En la primavera de 1869 envió emisarios a todos los grandes líderes conservadores (incluidos el duque de Sesto y Cánovas, junto a otros tan señaladamente reaccionarios como San Luis) para pedirles consejo respecto a la posibilidad de su abdicación inmediata. Unos meses antes, en febrero, ya había deslizado en su manifiesto de protesta ante la inmediata reunión de las Cortes Constituyentes («ilegalmente convocadas, y por violentos y hasta culpables medios en gran parte elegidas») la posibilidad de abdicar en un futuro no muy lejano en su hijo. Tan sólo «altas consideraciones» se lo impedían pero, llegado el momento, «yo sabría poner en su frente la corona, pues a su eterna sabiduría [de Dios] no se oculta que sólo espinas ha encontrado en ella mi cabeza[22]».

Las respuestas que llegaron desde Madrid fueron de lo más variopinto. El círculo más rancio del moderantismo, encabezado por Cheste, desaconsejó la abdicación. Muchos otros, sin embargo, la apoyaron, y en sus respuestas intentaron esbozar el tipo de monarquía que sería posible restaurar en el príncipe Alfonso, quien tenía la gran ventaja, como escribió un destacado unionista, de no ser «legal ni moralmente responsable de los errores que hayamos podido cometer todos durante el reinado de V. M. [y] se presta a los ojos de la Nación con la aureola de la inocencia». Un mínimo de quince proyectos de manifiesto de abdicación, que recogían todas las sensibilidades políticas afectas a la causa borbónica, fueron llegando al Palacio de Castilla. Desde la restauración pura y dura (pero con el príncipe) de San Luis, hasta referencias implícitas a la soberanía nacional como base de la soberanía regia, pasando por la propuesta, que luego haría buena Cánovas, de que el nuevo rey habría de comprometerse a ser, no sólo «rey de todos de los españoles», sino un rey que reconociese (como se sugería que dijese la reina en uno de esos manifiestos posibles) que «los tiempos de reacción y fanatismo pasaron ya para no volver y mi Alfonso se formará príncipe digno de un siglo tan liberal y reformador».

Alonso Martínez, por ejemplo, insistió en que era necesario marcar una distancia nítida con el pasado desde el mismo acto formal de la abdicación: «No haga V. M. entrar en escena al Príncipe de Asturias envuelto en el manto del absolutismo […] la verdad es que está perdido todo monarca que intente divorciarse del espíritu de su siglo […] La España necesita, sí, un poder fuerte, pero al mismo tiempo generoso, inteligente, liberal, que realice el verdadero progreso y se alíe sinceramente a las nuevas instituciones. Los pueblos han llegado a la mayor edad, y quieren intervenir en sus propios negocios […] El Príncipe Alfonso tiene una gran fuerza: la que le da la herencia, la tradición, el bautismo de la legitimidad; pero necesita para reinar la confirmación y el apoyo del voto nacional».

En suma, la abdicación habría de hacerse, no como un acto de familia, sino como una solemne declaración en las Cortes que asegurase el fin de una política que, a juicio de muchos, había vuelto al ejercicio del poder monárquico contra los auténticos liberales conservadores[23]. Como intentó dejar muy claro ante la reina el duque de Sesto, «V. M. ha representado, y por fortuna su dinastía no puede dejar de ser, la representación del sistema Constitucional, del término medio juicioso, pero liberal, cuyos principios son los que profesan en su inmensa mayoría las clases medias y elevadas, las más laboriosas, las más cultas, las de mayor arraigo e ilustración; para estas clases, de las que por maléfico influjo se divorció el Trono, no hay porvenir alguno sino en la dinastía de V. M.»[24].

Todo aquello quedó, sin embargo, en agua de borrajas. El «maléfico influjo» que había apartado a Isabel II del liberalismo conservador seguía muy cerca de ella y no estaba dispuesto a que la posible restauración llevase la impronta de la Unión Liberal, que era el grupo mejor organizado y el que había proporcionado respuestas más consistentes a las preguntas de la reina. González Bravo, que ya giraba en la órbita del carlismo pero que aún no había tomado la gran decisión, hizo llegar su advertencia respecto a las «nefastas consecuencias» de que la reina abdicase, y lo mismo hicieron Carlos Marfori, sor Patrocinio y otros conspicuos reaccionarios. El rey consorte, por su parte, amenazó de nuevo con «las revelaciones más escandalosas» para la sucesión de su hijo si esa abdicación se producía sin su consentimiento. Para todos ellos, la renuncia de Isabel II representaba el fin del poco poder que les quedaba. Por otra parte, como reveló más tarde la propia reina, «en mayo de 1869 había querido abdicar y se lo ofreció al Emperador y no lo hizo porque los generales se lo quitaron de la cabeza y desde entonces el Emperador estaba escamado con ella[25]».

No sólo aquellos generales sin especificar se lo quitaron de la cabeza, también lo hicieron muchos de los civiles consultados que, aun creyendo conveniente la abdicación, no consideraban que hubiese llegado el momento político más favorable para hacerla. Un emisario de Cánovas le transmitió a la reina que don Antonio recomendaba tino y paciencia: «No quiere despertar falsas ilusiones pero desde luego conviene que abdique porque entre lo imposible, como es su restauración, y lo sólo difícil, como es la del Príncipe, lo prudente es optar por lo último». Sin embargo, Cánovas añadía que la abdicación no produciría efecto alguno en aquella situación temprana, con las Cortes Constituyentes recién abiertas y con una opinión pública aún demasiado hostil a todos los Borbones, por lo que la desaconsejaba de momento[26].

El duque de Sesto y Alonso Martínez eran de una opinión similar. La situación aún no estaba madura. Para el primero, «lo peor de todo es hacerse ilusiones en los negocios humanos. La revolución, aunque del todo infecunda según los síntomas, tiene todavía mucha vitalidad. Mi convicción es que ni V. M. ni el Príncipe pueden vencerla sino sabiendo esperar a que se divorcien y choquen entre sí los elementos un tanto heterogéneos que la constituyen. Dar la batalla contra todos reunidos me parecería un delirio». Con todo, concluía: «No, la abdicación no da resultados inmediatos; pero prepara el camino a una solución que pueda ser conveniente al País y salvadora para la dinastía[27]». Para el segundo, abundando en la opinión de su colega, había que dejar que la revolución, «esencialmente suicida por su turbulencia», caminase por sus propios pasos «hacia el abismo, cuando ya esté al borde, el más ligero impulso la precipitará en la insondable tumba que sus propios desaciertos la han abierto. Así pues, lo que importa es contemplarla con el ánimo sereno para no equivocar el momento supremo en que debe obrarse[28]».

Tras interpretar todo eso a su manera, y una vez despejada la duda respecto al apoyo de su madre a Montpensier, Isabel II rechazó toda idea de abdicación. No contenta con ello, acabó desautorizando los trabajos políticos a favor de su hijo. Hasta tal punto desconcertó aquel quiebro a sus defensores en Madrid que éstos remitieron a la reina una dura carta que forzó la dimisión de Cheste, sustituido sucesivamente por otros generales (igualmente antiguos y alejados de la realidad española), como Eusebio Calonge y Francisco Lersundi[29]. La impotencia de esos nuevos «directores de la política» —como se les llamaba— se hizo evidente en su inoperancia para aunar voluntades y en su trasunto necesario y revelador: su incapacidad para recabar fondos. En 1870, Lersundi reconocía «que había llamado a todas las puertas de los particulares ricos, banqueros, hombres políticos y militares y nadie había respondido a mi llamamiento, por lo que había declarado a S. M. que él no podía hacer nada por no tener medios para obrar[30]».

¿Fue esa falta de apoyos a la causa dinástica, mientras la representase Isabel II, la que condujo finalmente a su abdicación? En parte sí y, en este sentido, habría sido una victoria de los grupos conservadores del entorno de Cánovas sobre los sectores más reaccionarios del moderantismo. Sin embargo, la ocasión y el modo de realizar la abdicación, en junio de 1870, tras un año y medio de resistencias, contiene muchos más elementos. Elementos que son tan oscuros y rocambolescos como todo lo que siempre tuvo que ver con Isabel II y su familia.

Entre los documentos privados de María Cristina de Borbón se encuentran varias cartas angustiadas de la exreina a su madre durante el mes de junio de 1870, así como dos dietarios, fechados el mismo mes, en los que se detallan minuciosamente los hechos y conversaciones que condujeron a la abdicación. Los dietarios fueron escritos, muy posiblemente, por el duque de Riánsares, quien continuaba así una antigua costumbre[31].

A pesar de la evidente parcialidad de los dietarios del duque, otras fuentes contemporáneas, así como las cartas cruzadas entre la exreina y su madre, permiten inferir varias cosas respecto al carácter precipitado, y en buena medida improvisado, del proceso que condujo a la abdicación de Isabel II en junio de 1870. En primer lugar, que la decisión de la reina de abdicar en ese preciso momento cogió a todos por sorpresa y con el paso cambiado. Una forma de actuación que ésta venía cultivando hacía años. En segundo lugar, Isabel II argumentó ante quienes le pedían explicaciones que abdicaba por imposición de Napoleón III. En tercer lugar, la decisión la tomó ella personalmente, sin avisar al rey, contra el parecer del propio jefe del Partido Moderado en aquel momento, el general Lersundi; sin haber tomado consejo del comité de Madrid, contra los deseos expresos de su madre y sin haber dispuesto la más mínima medida para organizar la regencia o la dirección de los trabajos políticos a favor de su hijo.

Los historiadores hemos interiorizado la distinción entre asuntos públicos y asuntos privados que el liberalismo quiso imponer como dogma teórico, al tiempo que la subvertía implícitamente en su práctica. Esa distinción no tuvo nunca sentido para Isabel II, entre otras cosas porque su concepción de la monarquía, incluso del Estado (si alguna vez tuvo sentido de Estado), era puramente patrimonial.

Por una parte, su decisión de abdicar en su hijo en ese preciso momento fue una decisión personal producto de un compromiso personal: la promesa por escrito enviada al emperador en 1869 de que abdicaría en el momento (y sólo en el momento) en que éste lo considerase oportuno, a cambio de haber contado, y contar, con su apoyo en lo que Lersundi calificó de «tormenta matrimonial». Es decir, el difícil proceso de separación legal de su marido, Francisco de Asís, sorteando los intentos de éste de imponerse judicialmente sobre ella, sobre su fortuna y sobre sus derechos familiares y dinásticos. Como le dijo Calonge a la reina, el rey seguía siendo el principal enemigo de su esposa, sacando a relucir ante quien quería oírle embarazosas (y peligrosas) dudas sobre la paternidad de sus hijos, incluido el príncipe de Asturias. El atribulado político moderado no deseaba relatarle «todas las cosas que decía […] para evitar a V. M. un sonrojo poniéndolas por escrito pero V. M. las ha oído y otros las hemos escuchado[32]».

Por otra parte, ya el marqués de Lema apuntó en su momento que las razones de la precipitada decisión de abdicar de Isabel II estuvieron estrechamente relacionadas con la candidatura en firme de Leopoldo de Hohenzollern a la Corona de España, tras la declaración de las Cortes Constituyentes a favor de la forma monárquica de gobierno. La resuelta actitud de Prim de buscar monarca fuera de la familia Borbón y la filtración de la noticia de que Hohenzollern había aceptado la oferta del trono de España fueron, por lo tanto, el detonante para que Napoleón III, a pesar de negarlo en público, requiriese en privado y perentoriamente a Isabel II («a raja tabla», dijo ella a su madre) que cumpliese su parte del trato y abdicase cuanto antes. Avalan esa urgencia y sus razones el nerviosismo de la reina, su resistencia a posponer ni un día la abdicación, que venía soslayando desde hacia más de un año y medio, su negativa a entrevistarse con los políticos españoles que le sugería su madre y su declaración rotunda de que «o abdico el sábado, o el domingo tengo que irme de París[33]». Pero junto a esto hay aún más.

En un segundo dietario, largo y confuso hasta el extremo, se añaden más datos privados sobre los días previos a la abdicación y se intenta hacer luz sobre la decisión de Isabel II. Las oscuras alusiones de Riánsares mezclan las noticias sobre las supuestas presiones del emperador, el chantaje del rey y la desesperación de la reina ante la decisión de Lersundi de obligar a su amante, Carlos Marfori, a dejar París. Según Riánsares, la reina insistió varias veces en que se sentía incapaz de tomar ninguna decisión, ni desear nada, excepto reunirse con Marfori cuanto antes[34].

El relato de aquellos días de junio deja una penosísima impresión del juicio que las resoluciones de Isabel II, su carácter y su trayectoria política merecían a la práctica totalidad de su entorno. Alcañices y Lersundi se turnaron para urgir a María Cristina a que se encargase ella misma, y no su hija, de organizar la cesión de derechos, según dicen explícitamente, «porque si se la deja sola [a la reina] cometerá cualquier desacierto» y «porque todas las personas conexas están moralmente obligadas a asistirla en sus momentos de acceso de extravío». La pluma de Riánsares recoge con crueldad esos supuestos accesos de extravío:

En sus palabras había embrollo y había sapos y culebras y sólo decía algunas cosas incoherentes, como se sale la espuma del vaso de champagne cuando está lleno […] Hablaba además de los 12 000 duros que había dado y de vencimientos de letras por 20 000 que tenía que pagar, de papeles que debía recoger y de cuatro o cinco cartas que faltaban entregar; todas esas cosas dichas del mismo modo que pudiera contarlas un borracho, a tragos, sin relación ni cohesión entre ellas. Tuvo un rato lúcido en el que dijo a su Madre que reconocía plenamente que ella estaba aquí y había perdido el trono por los disparates que había hecho y que sus disparates, los del rey y los que les había hecho hacer la Monja, habían contribuido más que los sucesos de Cádiz a perderlos.

Lo único claro es que quería abdicar a todo trance, sin haber organizado nada ni nombrar a nadie para hacerse cargo de la tutela del príncipe y de los trabajos para su restauración. No quería tampoco consultar a nadie en Madrid, porque «cada uno piensa a su manera y no hay dos que juzguen las cosas del mismo modo, están desunidos, se odian unos a otros y quieren ser solos y coger la abdicación y al Príncipe. Que ella no soltaba el original de la abdicación ni a su Hijo y estaba decidida a abdicar al día siguiente. Que no podía pasar por otro punto: pues de no hacerlo el sábado, el domingo tendría que irse de París y de Francia. “Mira, Mamá, hasta Marfori me escribe furioso en contra de la abdicación, pero no puedo por menos de hacerla. Estoy comprometida y la hago pasado mañana […] Hace 22 años que no he vivido más que de pasteles y entre pasteles y estoy ya cansada de esta vida”». Como se sabe, el término pastel se usaba en la época con la acepción de componenda, intriga, y el de pastelear aún se usa. «Lo tomamos a risa —escribe Riánsares— pero es una de las más grandes verdades que ha dicho en su vida». Y añade que a la salida le llamó la reina en un aparte y le dijo: «Por Dios, Fernando, que dejen venir a ese hombre [Marfori]».

No he podido hacer luz en todos los extremos de un documento tan confuso (probablemente tan interesadamente confuso) como la vida y las intenciones de Isabel II. Tan patético como ella. Ni las razones últimas de Napoleón, ni la urgencia que al parecer provocaron, quedan completamente claras. En cualquier caso, el precipitado acto de abdicación tuvo lugar el sábado 25 de junio de 1870 en el Palacio de Castilla, durante la primera semana de la guerra francoprusiana. De la escena de dignidad monárquica que describen sus biógrafos, lo único cierto es que la reina iba vestida de rosa. Hubo recriminaciones y hubo gritos en una tensísima reunión en la antecámara del salón donde esperaban las personalidades reunidas precipitadamente para aquel acto. El jefe del Partido Moderado, Lersundi, llegó a acusar abiertamente a la reina de mentir cuando ésta afirmó, ante todos los presentes, que abdicaba en ese momento aconsejada por él. Hasta el final, Isabel II intentó seguir interpretando su papel de monarca irresponsable (en casi todos los sentidos de la palabra), cargando sobre las espaldas de sus ministros (en este caso, su representante en el exilio) el origen y el precio político de sus decisiones personales.

Hasta el final, también, quiso mantener a todos en vilo, pendientes de sus pequeños y desgastados juegos de poder. Cuando el esforzado Lersundi intentó introducir algún orden en el desbarajuste de aquel acto de abdicación —que por fin la reina había conseguido que fuese un mero acto de familia—, se tropezó con el patético sentido de su propia dignidad de Isabel II. «Acabadas las firmas hubo besamanos y sobre éste voy a referir una cosa curiosa. Lersundi, que estuvo colocado de los últimos entre los concurrentes, mientras se firmaba el documento, se acercó a Ezpeleta y le dijo que creía que, acabada la firma, debíamos besar la mano al nuevo Rey y a la Reina, besándola antes al Rey. Ezpeleta, como siempre, no dijo oste ni moste y se fue a contárselo a la Reina». Nada más oír el anuncio del intercambio de papeles a que la obligaba su abdicación, doña Isabel se dirigió al grupo que rodeaba a Lersundi y, con las mejores maneras pero sin ocultar su disgusto, les dijo: «Os lo agradezco, pero la besaréis a Alfonso sólo, a mí no». Sin embargo, cuando comenzó el besamanos, la reina, ducha en etiqueta, se colocó a la izquierda de su hijo, obligando así a todos los presentes a besarle primero la mano a ella y luego al príncipe. A través de estas pequeñas escaramuzas, que para ella tenían un significado inmenso, había ido escenificando a lo largo de los años su autoridad real y siguió haciéndolo hasta el último minuto. «He aquí una reina —escribió Riánsares— que concluye como ha vivido: no sabiéndose jamás la verdad y haciendo lo contrario de lo que dice».

Tras haberse retirado los nobles y políticos que asistieron al acto de abdicación, quedaron en la sala «la familia», es decir, María Cristina y su marido, el infante don Sebastián y la ya exreina. «Estando solos los cuatro, dijo la Mamá a la reina Isabel que había estado el Rey a verla y le había dicho que no era cierto que le hubiesen avisado. La reina Isabel se alarmó y aseguró que sí, que él lo sabía, que se le había avisado». Fue incapaz, sin embargo, ante la insistencia de su madre, de aclarar quién lo había hecho. «Aquí comenzó la reina Isabel una larga tirada y todo lo que dijo fue que Ella le había dicho a alguien que se lo dijera a la Monja para que ésta se lo dijera al Rey, y que Ella sabía que alguien y el Rey habían ido juntos a ver a la Monja, ergo la Monja se lo dijo al Rey y el Rey lo sabía. La conversación fue muy lejos y se acabó sin convencernos a nadie de la verdad. ¡Cuánto más sencillo y no expuesto a estas dudas habría sido una carta o una visita personal del Conde de Ezpeleta, jefe del Palacio de S. M., al Rey para decirle de palabra lo que tan vez no le haya dicho la Monja!»[35].

Mucho más sencillo, sin duda, pero Riánsares parecía olvidar que él mismo y su mujer habían contribuido desde el principio a lograr que ninguna palabra, actuación, o incluso deseo banal de la reina pudiese expresarse nunca de forma clara y sencilla. Mientras todos los elementos de su reinado se movían a su alrededor cual sombras espectrales (monja incluida), Isabel II acababa su reinado como lo había empezado: envuelta en un nudo de mentiras y de intrigas que convergían en su voluntad soberana como el objeto por todos codiciado y por todos desdeñado. Unos meses después, a principios de 1871, Cándido Nocedal y Luis González Bravo hicieron pública su adscripción «a la causa noble y elevadamente desinteresada del carlismo[36]».

La rocambolesca escena de la abdicación puso fin a la primera etapa del exilio isabelino. No puso fin, sin embargo, a los hábitos de toda una vida política. De momento, se abría un paréntesis obligado por la evolución de los acontecimientos españoles y franceses. En diciembre de 1870, tras la votación requerida en las Cortes Constituyentes, Amadeo de Aosta aceptó oficialmente el trono de España. Mientras, huyendo de la guerra franco-prusiana, los distintos miembros de la familia real destronada se diseminaron por diversas residencias provisionales en Inglaterra, Bélgica y Suiza. Desde allí, siguieron escribiéndose interminables y amaneradas cartas en las que lo más notorio es la incapacidad de todos ellos para concebir el proyecto de restauración de la dinastía Borbón como algo más que un asunto de familia. En Madrid, sin embargo, ganaba fuerza la llamada «oposición liberal-conservadora», liderada por Antonio Cánovas, para quien el principal quebradero de cabeza era, precisamente, presentar su opción política como mucho más amplia que una cuestión puramente familiar o dinástica.

Tras unos meses de incertidumbre, fue María Cristina de Borbón quien, una vez más, tomó la iniciativa. El desprestigio de su hija era de tal calibre que ni siquiera su abdicación se consideraba suficiente. Era necesario apartarla por completo de cualquier decisión política relacionada con la estrategia restauracionista y con el futuro de don Alfonso. El traspaso de poderes de la exreina a su madre fue la consecuencia inmediata. María Cristina, a su vez, decidió entregar la dirección del alfonsinismo al duque de Montpensier. Como he señalado antes, por cálculo político más que por deseo personal, María Cristina declinó en su momento apoyar la candidatura del duque al trono. Ahora, sin embargo, parecía haber llegado el momento de colmar, al menos de forma indirecta, las viejas pretensiones de su yerno y de su hija Luisa Fernanda. Sintiéndose mayor y cansada, sólo confiaba en ellos para llevar adelante la política dinástica. La caída de Napoleón III, tras la derrota francesa en Sedán, en septiembre de 1871, eliminaba el obstáculo del veto napoleónico a Antonio de Orleans.

Las negociaciones familiares al respecto fueron, como siempre, ambiguas y tortuosas. A su muy ladina manera, María Cristina forzó a su hija mayor a que le escribiese una carta formal para que actuase como intermediaria en una reconciliación con los Montpensier. Una vez en posesión de la misma, se inició el juego de ofertas y contraofertas. Isabel II declinó pronunciarse abiertamente sobre la posibilidad de una regencia, aduciendo que ésta debía votarse por «unas Cortes legítimas», y lo mismo hizo respecto a la posibilidad de un futuro matrimonio entre don Alfonso y su sobrina, María de las Mercedes Orleans y Borbón. Acabó cediendo, sin embargo, a que se iniciasen conversaciones respecto a este último punto y a que Montpensier se encargase de la dirección política de «los trabajos para la restauración», a cambio de la renuncia a sus pretensiones al trono[37].

A una reunión preparatoria para el traspaso de poderes de Isabel II a María Cristina y de ésta a Montpensier, realizado finalmente por el llamado Convenio de Cannes, se invitó a Cánovas. Don Antonio, sin embargo, era demasiado inteligente para comprometerse en aquel arreglo familiar de perfiles y perspectivas muy inciertos. Escribió declinando la invitación, porque «no era de su conveniencia […] al contestar hoy sé ya por la voz pública que cartas semejantes han sido dirigidas a otros muchos hombres políticos, en su gran mayoría pertenecientes al antiguo partido moderado […] pero la extensión de la convocatoria y el texto mismo de la carta que he recibido yo con tal motivo dan a entender muy claramente que se trata de una reunión política de personas de distintos antecedentes y opiniones y en este supuesto V. M. no debe extrañar que renuncie al honor de tomar en ella ninguna parte[38]».

La negativa a colaborar del cada vez más influyente movimiento canovista minó desde el principio la capacidad de maniobra de Montpensier, pero no frenó sus ambiciones. Tras el convenio de Cannes, se organizó en torno al duque una especie de regencia informal, por la cual éste se encargaba de dirigir a los partidarios de su sobrino y de ejercer una tutela efectiva sobre su persona y su educación. Hasta el momento, la educación de don Alfonso había sido más bien errática. Tras pasar un tiempo en el colegio Stanislas, quedó al cuidado del brigadier Tomás O’Ryan complementado, durante la estancia en Ginebra y según la pueril expresión de Isabel, «por un profesor muy bueno de aquí y además asiste a las clases públicas de Física en la Universidad[39]». María Cristina y Montpensier coincidieron en que era necesario trasladarle cuanto antes al colegio Theresianum de Viena, con el propósito explícito de educarle para su futuro como rey y el implícito de mantenerle lo más alejado posible de su madre.

El asesinato de Prim y la precariedad subsiguiente de la monarquía de Amadeo I renovaron las esperanzas en la restauración borbónica. Para ello era necesario, como le había escrito el duque de Sesto a la reina, cuando ésta le consultó sobre su abdicación en 1869, «atraerse a algunos de los personajes influyentes en la revolución lo cual es mucho menos violento de lo que parece tratándose del Príncipe[40]».

La cuestión era si Montpensier podía encabezar esa política de atracción, y no podía. Lo que hubiera sido posible, quizás, en 1869, ya no lo era en 1872. En la práctica, el duque contaba con poquísimos apoyos sólidos: concitaba la animadversión moderada y legitimista por haber participado en la financiación de la revolución de septiembre y los liberales-conservadores de Cánovas no se fiaban de él. La reunión de Cannes se presentaba ya a aquellas alturas como un arreglo de familia y no como una bandera política que pudiese concitar una movilización de amplio alcance. El hecho de que Montpensier se propusiese a sí mismo como regente, al menos hasta los 18 años del rey (cuando la Constitución de 1845 fijaba la edad adulta en los catorce años), «menoscababa —dijo Sesto— la legitimidad dinástica encarnada en Don Alfonso de Borbón[41]». Además, Montpensier era claramente el candidato de la reina madre y nadie —y menos los conservadores como Cánovas, que habían luchado contra su influencia desde 1854— querían tener de nuevo a María Cristina dirigiendo la política española en la sombra.

No ayudó en nada a mejorar la imagen pública del duque, ni de la familia real española, el duelo que éste mantuvo con el infante don Enrique, hermano del rey Francisco, a raíz de unas airadas alusiones personales de éste, que acabó con la vida del atrabiliario infante, antiguo pretendiente a la mano de Isabel II, aspirante él mismo a sucederla y sedicente progresista. Con una evidente frialdad respecto a la suerte de su desgraciado sobrino, María Cristina escribió a la infanta Luisa Fernanda advirtiéndole de las repercusiones políticas de «la trampa» en que habría caído Montpensier, pues «en estos tiempos de pasiones desenfrenadas, los enemigos se pueden valer para irritar e inutilizar a las personas que creen les pueden hacer sombra y es menester estar siempre en guardia contra sus maniobras[42]». El uso irregular que el duque hizo de los 200 000 reales que le había entregado la reina para financiar la restauración de don Alfonso no hizo sino incrementar la desconfianza en su gestión por parte del liberalismo conservador.

Isabel II, además, no se resignó nunca a cumplir una de las condiciones de Montpensier en el convenio de Cannes: que «no había de intervenir directa ni indirectamente» en la dirección de la política restauracionista. En realidad, en ningún momento se mantuvo al margen y, según pasaba el tiempo, incrementaba sus contactos con todos los partidos, con el general Serrano e, incluso, de nuevo, con los carlistas[43]. Respecto a su hijo, la exreina actuó como lo había hecho María Cristina con ella: forzó una correspondencia asidua, exigiendo ser informada de cada una de sus decisiones, e intentó por todos los medios (cosa que al parecer consiguió sin demasiado esfuerzo) transmitir a don Alfonso la antipatía que ella misma sentía por Montpensier.

Finalmente, la incapacidad política del duque, junto con las permanentes intrigas e injerencias de Isabel II, condujeron a que éste dimitiese en 1873. María Cristina renunció a la partida y la dirección política del alfonsinismo pasó de nuevo a doña Isabel[44]. Su hijo se alegró de ello, pero expresó también sus temores: «Conozco que en lo de Montpensier has hecho lo que debías, pero por otra parte sentiría que dejase la dirección de la política, pues para amigo, puede no ser bueno, pero para enemigo es malísimo[45]».

La caída de la monarquía de Amadeo y la proclamación de la I República dieron nuevas alas al proyecto de restauración alfonsina. El auge del carlismo, además, había alcanzado proporciones alarmantes y desconocidas desde la década de 1830. El pretendiente, Carlos VII, volvió a cruzar la frontera en julio de 1873 y, para finales de año, se había establecido en las provincias vascas y Navarra una especie de «contraestado» carlista que revitalizó, tras una sucesión de sonoras victorias militares, la extensión del movimiento en Cataluña y Valencia, así como en Extremadura y Castilla la Nueva. En ese contexto, y tras un interregno confuso, la errática política de Isabel II fue basculando cada vez más —arrastrada por la mayoría de la opinión conservadora y por la fuga de moderados históricos a las filas carlistas— hacia Cánovas y lo que éste representaba. En agosto de 1873, don Antonio recibió el encargo de dirigir el movimiento alfonsino.

Aquella decisión implicaba aceptar un proyecto de regeneración monárquica y conservadora, netamente liberal y constitucional, sin concesiones a la reacción pura y dura que preconizaban los sectores más reaccionarios del moderantismo. «Empeñarse en restablecer lo que pasó sería grave falta —escribió Cánovas— y sus consecuencias las tocaríamos primero que nadie la Monarquía y nosotros […] Yo no puedo encerrar a Don Alfonso en el círculo estrecho de los amigos particulares de S. M., que ni pudieron impedir el destronamiento, ni han podido después, a pesar de la buena voluntad y de muy leales esfuerzos, devolvérselo[46]».

La política de Cánovas consistió en establecer alianzas con los grupos desengañados de la revolución de septiembre mediante la promesa de un régimen de inclusión de todos los sectores del liberalismo que aceptasen la monarquía, y de una monarquía capaz de ser un verdadero árbitro entre esos partidos. Aquella política implicaba, además, abandonar la estrategia del pronunciamiento y enfatizar el trabajo político. «No hay en España —escribió poco después de asumir la dirección de los dinásticos— ningún partido, ni hombre ninguno capaz de restablecer la monarquía legítima; que ésta únicamente puede ser restablecida por un gran movimiento de la opinión pública, que es preciso estimular y favorecer y no contrariar ni en lo más mínimo; que desde donde está V. M. sólo pueden ya hacerse dos cosas eficaces, la primera no dar pretexto alguno a las desconfianzas y los temores que desgraciadamente existen entre muchos y los apartan de la causa de D. Alfonso, y la segunda rodear a D. Alfonso de todo el prestigio posible y procurar formarle una aureola de esperanzas dentro y fuera de la nación[47]».

En su correspondencia con Isabel II, Cánovas se esforzó, con una paciencia no exenta de irritación, en hacerle comprender que «el partido alfonsino» no era una reedición del Partido Moderado ni buscaba una reedición de la monarquía caída en 1868. Para buena parte del liberalismo autodenominado «respetable», la crisis de la monarquía isabelina había demostrado tres cosas, estrechamente relacionadas entre sí. Por una parte, la necesidad de impedir el monopolio del poder por parte de un solo partido que, inevitablemente, habría de conducir al retraimiento y la insurrección de los excluidos. Por otra, la importancia de evitar que se reprodujese la desmedida intervención de la Corona en el proceso político que aquel exclusivismo había propiciado. Por último, y no menos importante, la advertencia que subsumía las dos premisas anteriores: el partido que se apoyase exclusivamente en la Corona acabaría siendo un partido dividido, juguete de la voluntad real.

Ahora sí, las lecciones del pasado comenzaban a tomar cuerpo entre unos notables liberales, conservadores y progresistas, que veían con alarma cómo la democracia, el republicanismo, el federalismo y el socialismo —además de un carlismo especialmente fuerte y decidido— amenazaban con hacer trizas su predominio social y político. Sólo un gran pacto liberal podía sofocar aquellas amenazas y lograr, al mismo tiempo, conjurar el peligro de reproducción de la entropía política del reinado de Isabel II y controlar a la Corona a través del mutuo acuerdo sobre las prácticas políticas admitidas en la circulación del poder entre los liberales[48]. Como han puesto de relieve numerosos estudios sobre la Restauración borbónica, ésta no fue más que «un pacto entre los grupos políticos dominantes y la dinastía exiliada por el que ésta recupera el ejercicio de sus derechos históricos a cambio de ceder a aquéllos el uso y disfrute del capital político y simbólico acumulado y poseído por la dinastía legítima[49]».

Para doña Isabel, las consecuencias prácticas de todo aquello eran, a veces, difíciles de digerir. Comprendía la necesidad de lo que ella denominaba «la paz, completo olvido de pasadas desgracias y amor por igual a todos los Españoles. Cuando Dios quiera que ese día llegue, todos los que se han equivocado, o han pecado, como tú dices, se convencerán de que ni mi hijo, ni yo, conservamos un solo recuerdo del pasado». Sin embargo, seguía presa de una retórica envejecida, de fuerte connotación patrimonialista y ultra católica, que le impedía comprender por qué debía prescindir de sus antiguos «servidores políticos» en la nueva empresa. Cuando escribió a Cánovas para pedirle que dirigiese el partido dinástico, su vocabulario y el contenido del mismo seguían anclados en los viejos tiempos: «La religión perseguida, la unidad nacional quebrantada, el trono, a mi hijo legítimamente transmitido, y por la nación heroicamente levantado, ahora o disputado o destruido; la conciencia, la propiedad, la familia por todas partes amenazadas […] Pido con mi hijo fervientemente a Dios que te auxilie en él [el encargo] para bien de España y de mi dinastía[50]».

Sin embargo, poco a poco, «ayudada» por la falta de contemplaciones políticas con que Cánovas la trataba, Isabel II se fue plegando a lo que éste le pedía. Por una parte, accedió a que don Alfonso cambiase el muy conservador ambiente de la monarquía austrohúngara por el mucho más constitucional y moderno de la Inglaterra victoriana, donde ingresó en el Real Colegio Militar de Sandhurst. Por otra, convino en que la restauración sólo podría hacerse contando con las diversas familias liberales: «Tu idea es mi idea y sin esa unión de todos los partidos a la sombra de la bandera de hijo, que es la única salvadora de la patria, conservando cada cual sus aspiraciones políticas, no hay porvenir posible y la ruina de España es inevitable[51]».

Acabó concluyendo, a su manera castiza, que «todo estaba muy bien» pero que lo importante era conseguir «la muela de la Tomasa: dinero, dinero y dinero». La situación financiera de la reina era desastrosa; a su habitual tendencia al despilfarro, se unían las exigencias desmesuradas de Francisco de Asís, las deudas impagadas, los gastos de tipo político que era necesario atender, etcétera. Cánovas envió a París al exministro de Hacienda, Pedro de Salaverría, quien logró poner cierto orden en el caos financiero de la Casa Real en el exilio hasta que se vio obligado a dimitir tras una serie de enfrentamientos con el rey consorte, «el más culpable de todos, no piensa más que en sí mismo[52]».

Mayor fortuna se tuvo en la construcción de una red de recaudación de fondos en España, organizada bajo la dirección personal de Cánovas, que logró lo que no había conseguido ningún otro de los líderes nombrados por Isabel II: allegar fondos sustanciales a la causa alfonsina y crear un movimiento de opinión amplio, con una prensa muy activa e influyente (La Época y El Tiempo, por ejemplo), y con círculos de apoyo sólidos diseminados por todo el país. El régimen republicano, desgastado por la guerra civil carlista, por la guerra colonial cubana, por las tendencias federalistas y por la extrema conflictividad política y social del momento, comenzaba a tambalearse mientras crecía la marea política favorable a don Alfonso[53].

Isabel II no hizo sino dejarse llevar por aquella marea. Además de las condiciones políticas generales, su situación personal era también más favorable y muy distinta a la de su reinado y primeros años de exilio. La separación de su marido era completa y Francisco de Asís, silenciado a base de un nuevo y sustancioso convenio económico, había perdido todo su poder. Cánovas ya había advertido severamente a la reina, poco después de hacerse cargo de la dirección del alfonsinismo, que el único medio «de evitar disgustos» consistía en «que S. M. el rey no suene para nada en la política […] Los revolucionarios impenitentes corren desalentados buscando una bandera que oponer la de D. Alfonso y los que sobreponemos a todos el interés de D. Alfonso no hemos de facilitar a los enemigos su obra[54]».

Montpensier estaba desacreditado. María Cristina parecía haber agotado ya, definitivamente, su vida política. La muerte del duque de Riánsares, en septiembre de 1873, eliminó un personaje decisivo del funesto coro isabelino. En una carta a la antigua preceptora de sus hijas, Antonia Oviedo, la exregente escribió con su acostumbrada contención: «Ni yo te he de explicar mi pena; es la que debe ser, figúrate hasta donde llega. Yo he perdido al inolvidable compañero de mi vida […] él no ha podido comulgar pero sí confesarse[55]». Riánsares debía a la reina Isabel, en el momento de su muerte, tres millones de reales[56]. Otras «influencias ilegítimas» habían ido también desapareciendo. La relación con Carlos Marfori estaba acabada. El padre Claret había muerto en 1870 y sor Patrocinio nunca regresó al entorno real tras abandonar precipitadamente París en 1871, en pleno tumulto de la Comuna, ayudada al parecer (en la enésima vuelta de tuerca de una relación peculiar) por Salustiano de Olózaga[57].

En aquella nueva situación, liberada por un lado y al mismo tiempo más sola de lo que nunca había estado, Isabel II no tuvo más remedio que hacer de la necesidad virtud. Su intervención fue decisiva para lograr que los moderados aceptasen el liderazgo canovista. Así, por ejemplo, escribió a Cheste pidiéndole que actuase para lograr «que se pongan de acuerdo, si no para olvidar para siempre sus rivalidades y reveses, como yo quisiera, al menos para contribuir unidos a un objeto tan importante, es la primera de las necesidades de nuestra amada España. Cánovas tiene mi representación y poderes, porque sobre merecer mi confianza, he creído que es preferible que esté al frente de cuanto se haga una persona sola, bien relacionada, de notoria inteligencia y actividad e independiente del Gobierno, por no ser ni militar ni empleado, a que sean dirigidas las operaciones por una Junta o Comité y no haya unidad en ella ni sea fácil guardar secreto de nada[58]».

Se ha valorado poco el grado de legitimidad que la confianza pública y activa de la reina otorgó al proyecto de restauración de Cánovas. Hasta qué punto Isabel II aceptaba los supuestos políticos de don Antonio es otra cuestión. Por una parte, los planes de éste se mantuvieron durante bastante tiempo, al menos hasta el manifiesto de Sandhusrt (y aun entonces), en términos muy vagos, lo cual era necesario para atraer a moderados y septembristas, y contar con la reina. Por otra parte, para Isabel II el recuerdo de la Unión Liberal (que ella había contribuido tanto en destrozar) no era en absoluto, a aquellas alturas y después de todo lo que había pasado, un mal recuerdo.

En cualquier caso, lo que no se había logrado durante el reinado isabelino se logró en 1874: el pacto de los liberalismos respetables —los antiguos progresistas y los nuevos conservadores— a favor de la restauración de una monarquía borbónica renovada capaz de acomodarlos a ambos. Ambos, sin duda, habían tenido que evolucionar y sufrir la traumática experiencia del Sexenio para conseguirlo. En aquel momento, a todos ellos les interesaba aunar voluntades y evitar que los moderados históricos —muy fuertes en sus redes y en sus trabajos políticos y en el Ejército— se hiciesen con la hegemonía del movimiento restauracionista y del régimen que había de construirse después. Cuando en diciembre de 1874 llegaron a París las noticias del pronunciamiento de Martínez Campos, don Alfonso se hallaba pasando las vacaciones de Navidad con su madre. Cánovas pidió que el nuevo rey se trasladase inmediatamente a Madrid y que lo hiciese solo. Con él, como firme apoyo de su política, comenzó el régimen de la Restauración.

Comienza así también la tercera y última etapa, también la más anómala, del exilio de Isabel II. Desde sus mismos inicios, la exreina había mostrado la intensidad de su disgusto por hallarse fuera de España. No era sólo un disgusto político, era claramente afectivo y emocional. Nunca le interesó París, ni Ginebra ni ninguno de los otros sitios que visitó forzadamente. Mientras su madre cultivó todo lo posible las relaciones con la aristocracia francesa y con la Corte de Napoleón III, la indiferencia de Isabel II había sido manifiesta, como lo fue también su absoluta falta de interés por mejorar su muy precario francés. Antonio Rubio escribió en uno de sus dictámenes que «la reina Isabel, española, españolísima, no acierta a estar, no diré fuera del Trono, sino fuera de España. V. M. sabe que así lo dice, y lo ha escrito, y que a cualquier costa quiere volver a ella, y sea como sea[59]».

En España, sin embargo, no se la quería. Con la excepción de un puñado de moderados, la gran mayoría de los políticos de todas las tendencias deseaban mantenerla lo más alejada posible de Madrid. Ya en 1869, el general Serrano había hecho una oferta a la familia real en el sentido de permitir su regreso cuando llegase el nuevo rey que votasen las Cortes Constituyentes. Todos los Borbones podrían regresar a España, «menos uno[60]». Cuando se produjo la restauración de la dinastía en su hijo Alfonso XII, una de las primeras exigencias de Cánovas fue que la exreina se quedase en París; de eso dependía que él y su grupo, y no los moderados históricos, se hiciesen con la hegemonía del nuevo régimen restaurado. Los movimientos de doña Isabel volvían a ser muy alarmantes. En las llamadas «Cajas Reservadas» del archivo de María Cristina se conservan las diversas consultas que hizo en abril de 1875 respecto a la validez de su abdicación. No tanto en el sentido de disputarle el trono a su hijo (aunque aquella posibilidad pudo estar implícita), como de querer saber su posición en el caso de que éste muriese sin descendencia. A ella le parecía, que renunciar a todo era hacer «abdicación y media[61]».

Consciente de las dificultades, tanteó a todos aquéllos que pensaba que podían influir en su regreso. Las respuestas fueron desalentadoras. El marqués de Salamanca, por ejemplo, le contestó que lo consideraba inconveniente hasta que no se votase en las Cortes la llamada «cuestión religiosa»: una de las promesas de Cánovas a los progresistas, por la cual se toleraba el culto privado de otras religiones distintas de la católica. La exreina no se dio por vencida y «ante la previsión de que sea pronto mi regreso a España y de que me convenga residir en Madrid», inició contactos para comprar el Palacio de Vista Alegre[62].

Cánovas decidió aclarar las cosas cuanto antes. En una carta famosa, conservada en la Real Academia de la Historia, le expuso las razones con una dureza que Isabel II no había escuchado probablemente de nadie. Tras recordarle que él jamás le había prometido que sería la primera en pisar suelo español (como ella argumentaba), le advirtió de que si hubiese vuelto con su hijo le habría sido imposible formar ministerio excepto con «algunos, no todos, los hombres políticos que cayeron en 1868 con V. M. en el poder […] ni se hubiera podido agrupar alrededor del trono los hombres que hoy se agrupan de todos los antiguos partidos monárquicos. El trono de Alfonso XII habría estado pues, desde el primer día, en condiciones tales que yo habría preferido la emigración voluntaria, a tomar sobre mí la responsabilidad de su consolidación […] Y todo porque V. M. no es una persona, es un reinado, es una época histórica, y lo que el país necesita es otro reinado y otra época diferente de las anteriores». El marqués de Bedmar, por su parte, escribió a Alfonso XII sobre la improcedencia del regreso de Isabel II «y lo difícil que fue convencerla de lo inadecuado de su deseo[63]». Finalmente se la convenció, al menos de momento.

¿Qué se temía de Isabel II? El temor más obvio era, por supuesto, que con la reina y su influencia en la Corte volvieran los viejos moderados y Cánovas acabase apartado, una vez cumplido su papel. Un informante francés lo expresaba así: «Caído Cánovas, la reina Isabel vendría a ayudar con sus consejos la marcha política del hijo y, tratando de asegurar todas las ambiciones antiguas, nos encontraríamos con que el país recaería en situaciones pasadas; éstas son las consecuencias fatalmente adjuntas al regreso de la reina[64]». Entre esas consecuencias había una que no podía desdeñarse: la intervención de Isabel II en el ya aludido debate sobre la tolerancia religiosa en el que Cánovas quería tener, como en todo lo demás, las manos libres.

Sin embargo, no se temía sólo la capacidad de intriga política de Isabel II para resucitar el moderantismo histórico y todo el exclusivismo de partido a él asociado. Se temía también un estilo de vida personal que había mancillado el prestigio de la monarquía. Si Alfonso XII —como su abuelo y luego su hijo— tuvo una clara tendencia a la vida alegre, esto se pudo ocultar a medias y consentir fácilmente porque ambos eran varones. La combinación explosiva de amantes, curas y monjas milagreras que seguían presentes en el entorno de Isabel II era lo que no se podía tolerar en la nueva monarquía restaurada y moralizada. Cánovas, además de cuidar al detalle la imagen del nuevo rey liberal, culto, saludable, católico y soldado, hizo todo lo posible (a pesar de la resistencia de la reina) por limpiar su entorno de las nefastas influencias procedentes del reinado anterior.

A don Antonio le interesaba dejar correr, y no dudó en alentarlas, las alusiones procaces contra Isabel II, al tiempo que filtraba su correspondencia con don Carlos, «así como los propósitos atribuidos a la reina de reivindicar de nuevo los derechos al trono, anulando su abdicación». Un proyecto tildado de absurdo por el biógrafo de Cheste, pero que la documentación reservada de María Cristina, con las múltiples consultas que Isabel II realizó en 1875 expresando dudas sobre la legalidad de su abdicación, debe cuanto menos tenerse en cuenta como una posibilidad manejada, erráticamente quizás, por la reina[65].

En julio de 1876, una vez acabada la guerra carlista, y tras largas súplicas, Isabel II pudo por fin regresar a España. Unos meses antes había escrito al marqués de Salamanca, combinando un amago de presión con la más humilde de las promesas de buena conducta:

Habiéndose puesto en duda por los [ilegible] más íntimos mi deseo de regresar a España, haciéndome con ello una ofensa y una injusticia, he fijado el día 15 del mes que viene [mayo de 1876] para salir de ésta en dirección a Madrid. Lo sabe el Rey mi amado hijo, su heredera Isabel, el gobierno y lo saben todos; pero si llegado ese día mi amigo Cánovas, leal y francamente, no creyera oportuno mi regreso por haberse [ilegibles] los debates de los cuerpos legisladores [ilegible] de mis protestas terminantes y de mi firmísima resolución de no ocuparme para nada de la política, ni de ninguna de las cuestiones que agitan a mi Patria, entonces espero que él, como sus compañeros de gabinete, y de acuerdo con mi excelente amigo el Conde de Puñonrostro [Jefe de su Casa], fijarán el día en que éste ha de venir a buscarme, pero reconociendo y haciendo saber a todos el sacrificio que me impongo gustosa, si como tú dices ha de servir para alejar de mí prebenciones políticas que detesto[66].

Cuando finalmente regresó, la decepción fue severa. No se le permitió residir en Madrid y se trasladó a Sevilla, donde, a la sombra hostil y humillante de los Montpensier, la estancia se le hizo dolorosa e incómoda. En 1877 intentó viajar a Cádiz, para tomar los baños, pero la alcaldía de la ciudad dejó insultantemente claro que tenía poco interés en recibirla, alegando que su alojamiento resultaba engorroso y que la ciudad no quería asumir los gastos ocasionados por su visita y la de las treinta personas de su séquito[67]. Un séquito en el que, de nuevo, había personajes muy inquietantes para el buen nombre de la monarquía. En esta ocasión se trataba de su recién nombrado secretario particular, Ramiro de la Puente, cuya relación con la reina era considerada inconveniente («de cierto orden») por la Corte y por el gobierno[68].

Las presiones para que se deshiciese de Puente se unieron al resto de las humillaciones sufridas en aquel año y, finalmente, agotaron su resistencia. El 9 de agosto de 1877, el gobernador de Sevilla escribió a Cánovas un telegrama cifrado en el que decía: «S. M. la Reyna tiene impaciencia por salir de esta situación y espera con ansia lo que deba venir de ahí. Ayer me indicó que tendría mucho gusto en ver a V. E. aquí. Creo que una indicación terminante de S. M. el rey para separar a Puente lo resolverá todo. Acaso fuera prudente invitarla para La Granja con sus hijas y con exclusión de Puente[69]».

A partir de entonces, se produjo uno de aquellos rocambolescos embrollos isabelinos para los cuales la reina tenía una disposición especial. Por encargo suyo, Ramiro de la Puente salió hacia París llevando, al parecer, documentos comprometedores para la monarquía (por ejemplo, la correspondencia de la reina con el Papa y con varios políticos y generales), así como una cantidad indeterminada de alhajas que Isabel II consideraba propias. Mientras estaba afanado en acondicionar la residencia de Basilewsky («El Palacio está sin alfombras, no hay batería de cocina, no hay ropas de nada»), la policía parisina, por orden del marqués de Molins, embajador de España en París, registró todas sus pertenencias, se incautó de cartas y documentos, e hizo un inventario de todo lo que encontró en aquel palacio que pudiese tener interés para el Gobierno español. La reina escribió inmediatamente al embajador expresando su disgusto «por el atropello contra Puente» y exigiendo que lo incautado le fuese devuelto. Nada pudo hacer.

En Madrid, donde el Gobierno la forzó a trasladarse a la espera de su regreso a París, las presiones para que aquel escandaloso secretario desapareciese de su lado se recrudecieron. Aun así, el día 28 de septiembre escribió a Puente: «Aunque en Madrid obligada, saldré para Hendaya con Pilar el 30. Te veré cual ansío. Sabes es y será siempre la misma para ti, tu agradecidísima, afligida, pero animada amiga que te quiere infinito y siempre piensa en ti». Dos días después aún no había salido de la capital, pero volvió a escribir reiterando «mi ansia de verte y va [voy] a ir a verte muy pronto». El 1 de octubre, un real decreto nombraba, como secretario particular de doña Isabel, «de acuerdo con mi muy amado Hijo», al mucho más respetable marqués de Monsalud[70].

Puente se enteró de su destitución a través del cónsul general en Bayona que, en una tensa entrevista, le exigió que abandonase la frontera. Apoyándose en su reciente correspondencia con doña Isabel, el infortunado secretario se negó a marcharse sin recibir órdenes explícitas de la reina madre a la que, dijo, se ofendía en su persona. El cónsul, con indisimulada ironía, le contestó que él «respetaba mucho a Isabel II pero que no daba cumplimiento a otras órdenes que las del Rey […] saqué el reloj y le di un ultimátum». Don Ramiro finalmente cedió y regresó a París. Una vez más, las desavenencias internas entre la familia Borbón las pagaba el eslabón más débil de aquella inacabable tragicomedia. Puente, sin embargo, no se mantuvo callado. Guardó celosamente sus cartas, alardeó públicamente de su relación amorosa con la reina y «hasta cuando no hablaba de ello, dejaba conocer el mudo y elocuente testimonio de un reloj de oro que le suscitaba demasiado frecuentemente deseos de conocer la hora, y en el cual se veía grabada esta inscripción: A mi Ramiro, su Isabel[71]».

El colmo de las humillaciones, de la sensación de pérdida absoluta de influencia, fue la noticia de que su hijo, enamorado como un «petit bourgeois» —según informó Le Gaulois al público francés en enero de 1878— había decidido casarse con la hija de su hermana y enemiga, María de las Mercedes[72]. No asistió a la boda. Su regreso a París se consideró definitivo. Allí vivió hasta su muerte, aunque regresó a España en varias ocasiones. Al representante francés en Madrid le dijo en una de ellas: «Me vienen ganas, ahora que estoy aquí, de no marcharme; sería una mala pasada, y no lo haré más que en el caso de que no me traten bien[73]». Aún causó algún que otro sobresalto: a un periodista alemán le dijo que don Alfonso no era hijo legítimo suyo, recibió a don Carlos y a doña Margarita, recibió a Elena Sanz (la amante de Alfonso XII) y recibió incluso a Amadeo de Aosta. Pero ya sólo produjo irritaciones momentáneas de la opinión. Su madre, María Cristina, murió en agosto de 1878 en su residencia de Sainte-Adresse. Un año después murió la joven esposa de su hijo, lo que inició una conocida leyenda romántica popular entre los monárquicos. En las inmediatas gestiones para un nuevo matrimonio del rey se la mantuvo completamente apartada; la muerte por meningitis a los dieciocho años de su hija, la infanta Pilar, no tuvo demasiada trascendencia pública.

Isabel II vivió más de veinte años prácticamente encerrada en el Palacio de Castilla, de donde apenas salía para pasear en coche por el Bois de Boulogne, comer pasteles en un establecimiento de moda o asistir a algún oficio religioso. Durante todos aquellos años, demostró ser una auténtica exiliada, sin el menor interés por París, sin hablar nunca bien francés, comiendo y viviendo siempre «a la española», rodeada de antiguos servidores, casi tan fantasmagóricos como ella. En sus últimos años, la infanta Eulalia recordaba una exigua Corte, oscura y clerical, donde los hombres eran tan piadosos como rijosos y donde administraba las cosas de la reina un pintoresco personaje de impreciso apellido austrohúngaro, Joseph Haltmann, «que lo mismo podía haber sido camarero que artista de circo o músico ambulante. Tipo llamativo. Negro pelo crespo y rizoso y grandes bigotes». El duque de Parcent, Jefe de la Casa de la reina al final de su vida, aludía al placer que demostraba Haltmann por doblegarse diciendo: «Este hombre es un megalómano al revés». Se cuenta que la segunda esposa de su hijo Alfonso XII —la muy respetable María Cristina de Habsburgo— se negaba a visitar el Palacio de Castilla, cosa que hacía lo menos frecuentemente posible, si corría el riesgo de encontrase con «el bufón de Su Majestad», su último amante, se rumoreaba. Pedro Répide, que frecuentó aquel triste palacio y recibió el encargo de ordenar su espléndida biblioteca, escribió que la reina leía muy poco pero que, entre sus libros favoritos estaba el popular Rocambole de Ponson du Terrail[74]. Se non è vero, è ben trovato. Aquella obra de enredos inverosímiles tenía mucho que ver con su vida, tal y como ella la había vivido.

En el Archivo de la Policía de París se encuentran varios expedientes sobre las personas que frecuentaban el Palacio de Castilla; el expediente de la reina está extrañamente vacío. En los que no lo están se cuenta que el palacio de Isabel II era visitado por toda la resaca borbónica de Europa. Infantes e infantas venidos a menos, como la infanta Pepita, divorciada de Güell y Renté y de vida más que alegre, cuyas desavenencias con su exmarido (maltratos incluidos por parte de la infanta) acabaron provocando la intervención policial. También la infanta Isabel de Borbón, reconvertida en señora Perkins y estafadora de altos vuelos, cuyas hijas menores bailaban en los salones de la nobleza legitimista francesa por algo de dinero. Especialmente animadas, en aquella Corte mortecina donde los domingos se servía invariablemente cocido, eran las visitas de la formidable exreina de Nápoles, Sofía, viuda de Fernando II, a quien se conocía como «la defensora de Gaeta». Sus ánimos en el exilio no decayeron y, cuando la necesidad de ingresos se hizo evidente, no dudó en reconvertir su casa de la avenida de Henry Martin en un taller de alta costura frecuentado por la mejor sociedad parisina[75].

En ese mismo archivo de la policía parisina se encuentra también una larga comunicación en la que se detallan todos y cada uno de los amantes de la exreina de España y se asegura que la documentación comprometedora sobre sus relaciones le fue entregada a Isabel II por Sagasta, después de haber permanecido en los archivos del ministerio de Gobernación durante todos los largos años de su reinado, como un elemento de chantaje continuo[76]. Ahora ya no servía, como no servía aquella reina empeñada en seguir manteniendo vivo un mundo que se derrumbaba. En abril de 1902 murió Francisco de Asís en su castillo de Epinay, guardó por él el mínimo luto compatible con el decoro de la época. Su prodigiosa memoria le flaqueó, convenientemente, cuando aceptó entrevistarse con Benito Pérez Galdós aquel mismo año. «Don Benito, que era un niño muy grande, salió encantado de la visita, a pesar de su fracaso investigador, cuando tenía que haberse marchado molesto porque un hombre como él hubiese sufrido una especie de toreo o de tomadura de pelo de pura marca borbonesca[77]».

Dos años después de aquella entrevista, tras una afección respiratoria relativamente breve e indolora, murió sentada en una butaca, rodeada de sus hijas. Era el 9 de abril de 1904; tenía setenta y tres años. Como he escrito al principio de este libro, Alfonso XIII recibió la noticia en Barcelona y Maura le aconsejó que no se mezclase mucho con aquella muerte. No fue a París a recoger el cadáver y éste fue enviado directamente a El Escorial. No convenía que Madrid recordase demasiado el fantasma de una monarquía que se creía conjurado para siempre[78].

Valencia, septiembre de 2010

ÍNDICE ONOMÁSTICO

Alcalá Galiano, Antonio.

Alfonso XII.

Alfonso XIII.

Allende Salazar (general).

Argüelles, Agustín.

Arjona, Antonio.

Arrázola, Lorenzo.

Aviraneta, Eugenio de

Ayguals de Izco, Wenceslao.

Balaguer, Víctor.

Barrot, M.

Bedmar, marqués de

Blake de Román, Inés.

Borbón, Carlos Luis de Véase Montemolín, conde de

Borbón, Carlos María Isidro de

Borbón, Francisco de Paula de

Borbón, Luisa Fernanda de

Borbón-Dos Sicilias, Luisa Carlota de

Borrego, Andrés.

Bravo Murillo, Juan.

Bresson, conde de

Buchanan.

Bulwer, Henry Lytton.

Calderón Collantes.

Calonge (general), Eusebio.

Calvo Asensio, Pedro.

Cánovas, Antonio.

Carriquiri, Nazario.

Castillo y Ayensa, José.

Cea Bermúdez, Francisco.

Cea Bermúdez, Salvador.

Cheste [Juan de la Pezuela], conde de

Clarendon, lord.

Claret (padre), Antonio María.

Clonard, conde de

Comminger-Guitaud, conde de

Cortina, Manuel.

Donoso Cortés, Juan.

Dulce (coronel), Domingo.

Egaña, Pedro.

Escosura, Patricio de la

Espartero (duque de la Victoria), Baldomero.

Espoz y Mina [Juana de la Vega], condesa de

Fernández de Córdova, Luis.

Fernández de los Ríos, Ángel.

Fernando VII.

Fournier.

Francisco de Asís (rey consorte).

Garrido, Fernando.

Gaviria, Manuel.

González Bravo, Luis.

Grimaldi, Juan.

Guizot, François.

Howden, lord

Isabel II.

Istúriz, Francisco Javier.

La Tour-Maubourg.

Lafuente, Modesto.

León, Diego de

Lersundi, Francisco.

López, Joaquín María.

Madoz, Pascual.

Marfori, Carlos.

María Cristina de Borbón-Dos Sicilias (regente).

Martínez de la Rosa, Francisco.

Mercier de Lostende.

Miraflores, marqués de

Mon, Alejandro.

Montemolín [Carlos Luis de Borbón], conde de

Montpensier [Antonio de Orleans], duque de

Muñoz y Funes, Fernando. Véase Riánsares, duque de

Napoleón III.

Narváez, Ramón.

Nocedal, Cándido.

Ochoa, Eugenio de

O’Donnell, Leopoldo.

Olózaga, Salustiano de

Ordax Avecilla, José.

Orleans, Antonio de Véase Montpensier, duque de

Orleans, Luis Felipe de

Otway, C. L.

Pacheco, Joaquín Francisco.

Parcent, conde de

Patrocinio, sor María Rafaela de los Dolores (María Josefa Dolores de Quiroga, llamada).

Pérez Galdós, Benito.

Pezuela, Juan de la. Véase Cheste, conde de

Pezuela, Manuel de la. Véase Viluma, marqués de

Pidal, Pedro.

Posada Herrera, José.

Prim (general), Juan.

Puigmoltó, Enrique.

Quesada (general), Vicente de

Quintana, José.

Quiroga, María Josefa Dolores de Véase Patrocinio, sor María Rafaela de los Dolores.

Riánsares [Fernando Muñoz y Funes], duque de

Ríos Rosas, Antonio.

Roncali, Federico.

Ros de Olano, Antonio.

Rubio, Antonio.

Ruiz de Arana, José María.

Sagasta, Práxedes Mateo.

Salamanca, José de

San Luis [Luis José Sartorius], conde de

San Miguel (general), Evaristo.

Santa Cruz [Joaquina Téllez-Girón], marquesa de

Sartorius, Luis José. Véase San Luis, conde de

Serrano (general), Francisco.

Sorrondegui, Amparo.

Téllez-Girón, Joaquina. Véase Santa Cruz, marquesa de

Tenorio, Miguel.

Turgot.

Vega de Armijo, marqués de la

Vega, Juana de la. Véase Espoz y Mina, condesa de

Ventosa, Juan Vicente.

Viluma [Manuel de la Pezuela], marqués de

ÁLBUM DE FOTOS

01. Adorno de la casa del comisario general de la Cruzada con motivo del natalicio de Isabel II el 10 de octubre de 1830 por Léon-Auguste Asselineau.

02. Trono destinado a María Isabel Luisa de Borbón, en ese momento heredera al trono de España, cuyas iniciales figuran junto con las de sus padres, Fernando VII y María Cristina de Borbón.

03. Buque mercante construido en 1831 al que se le otorgó el nombre de Isabel II.

04. Representación alegórica de la proclamación de Isabel II como reina en 1833 por el pintor José Ribelles Helip.

05. Retrato de Isabel II en 1838 por Antonio María de Esquivel. La reina niña se convirtió en el símbolo de la libertad durante la guerra civil carlista.

06. El 10 de octubre de 1843, Isabel II, reina de España, es declarada mayor de edad y presta juramento a la Constitución de 1837.

07. Antonio Gisbert Pérez pintó en 1872 este retrato del líder progresista Salustiano de Olózaga. Fue el primer jefe de gobierno nombrado por Isabel II tras su mayoría de edad en 1843. Una intriga palaciega le llevó al exilio y marcó la exclusión definitiva del progresismo del poder durante el reinado isabelino.

08. Fernando Muñoz, marido secreto y morganático de Mª Cristina de Borbón, fue nombrado Duque de Riánsares en 1844. Tuvo una gran influencia política que utilizó a favor del moderantismo y de sus sustanciosos negocios privados.

09. Retrato de Isabel II y la infanta Luisa Fernanda, su heredera en aquel momento, un año antes de sus cuestionadas bodas.

10. Retrato de Isabel II en 1846 por Federico de Madrazo y Kuntz. Se trata del tercer y último prototipo que realizó el autor de los retratos oficiales.

11. Francisco de Asís, rey consorte, en 1849 por Federico de Madrazo y Kuntz.

12. Obra titulada Ventura de la Vega leyendo una obra a los actores del Teatro del Príncipe, realizada por Antonio María Esquivel hacia 1846. El artista trató de plasmar los distintos sectores socioculturales de la época isabelina.

13. Retrato del papa Pío IX realizado por José Calofre y Coma en 1848. Por aquel entonces se estaba discutiendo un nuevo concordato que supuso un reajuste y remodelación de las relaciones Iglesia-Estado.

14. Retrato de Isabel II por Franz Xaver Winterhalter en 1854. Isabel II y su primera hija y heredera, la infanta Isabel, en uno de los más bellos e idealizados retratos oficiales de la época.

15. Retratos de los hijos de la reina Isabel II: la infanta Isabel, el príncipe Alfonso, la infanta Pilar, la infanta Paz y la infanta Eulalia.

16. Inauguración del ferrocarril de Langreo en 1852 por Jenaro Pérez Villamil. El puerto de Gijón y su ferrocarril fueron representativos del progreso y la modernidad en España.

17. Retrato del general Espartero, el autor de la famosa frase, «Cúmplase la voluntad nacional», luciendo sus condecoraciones, ya en la vejez, por el pintor José Casado del Alisal en 1872.

18. Visita de Isabel II al monasterio de Montserrat hacia 1860 por el pintor Ramón Martí-Alisa.

19. Trofeos ganados a los marroquíes en la toma de Tetuán por el ejército español, paseados triunfalmente en presencia de SS. MM. y AA. RR. el 14 de febrero de 1860.

20.Sor Patrocinio, la famosa «Monja de las Llagas» logró, poco a poco, introducirse en Palacio y alcanzar una autoridad moral indiscutible sobre Isabel II. Fue una firme enemiga del régimen liberal y de cualquier forma de tolerancia religiosa.

21. El Padre Claret, confesor de la reina Isabel II, fotografiado por Jean Laurent en 1862.

22. Su majestad la reina Isabel II en el acto de besar la mano a un indigente del hospital de la Claridad de Sevilla por José Roldán en 1864. En la imagen se encuentran los duques de Montpensier, el padre Antonio María Claret, y el entonces arzobispo de Sevilla don Luis de Lastra y Cuesta. Un buen ejemplo del modelo de representación de la monarquía.

23. Carta de visita caricaturizada, típica de la propaganada antimonárquica, en la que se puede observar que el rostro de la reina se forma a partir de la figura del padre Claret, con una corona con las iniciales de sus amantes y alusiones a levantamientos populares reprimidos como el de Loja. Es una alegoría del fanatismo religioso, la represión antiliberal y los amores ilícitos.

24. Retrato de Isabel II y Francisco de Asís por el infante Sebastian Gabriel, gran aficionado a la fotografía, en 1865.

25. Retratos de Isabel II hacia 1865 por Pedro Martínez de Hebert.

26. Colocación de la primera piedra para el edificio de la Biblioteca y el Museo Nacional en el instante en que SS. MM y SS. Ministros firman el acta en 1866.

27. Los comuneros de Castilla, de Antonio Gisbert, estandarte de las ideas liberales en 1867, cuando ya se está fraguando la revolución que acabaría con el reinado de Isabel II.

28. Las tres imágenes siguientes son pinturas realizadas por los hermanos Bécquer bajo el seudónimo SEM. El pie original de la primera decía así: «En escena el padre Claret y el rey Francisco de Asís, sobre el que montan a horcajadas Isabel II y Carlos Marfori. Al fondo, ensartados entre ellos, la muerte con el sombrero calañés, Luis González Bravo y el emperador Napoleón III. Un perrillo, testigo mudo, contempla la escena». Muestra, como las siguientes, de iconografía anti-isabelina producida en torno a la revolución de 1868.

29. El pie de imagen original daba la explicación siguiente: «Francisco de Asís con una capa roja de armiño y el padre Claret, confesor de la reina, sentado detrás del trono, la observan mientras atiende a Carlos Marforí. A su derecha, González Bravo parece esperar turno. Sor Patrocinio, siempre en actitud servicial, en el segundo plano».

30. Firmada, al igual que las dos imágenes anteriores, bajo el seudónimo SEM —atribuido a los hermanos Bécquer—, se describe así en el original: «Carlos Marfori de pie atendido por Isabel II, quien a su vez recibe las gracias de su confesor. Otra escena representa a sor Patrocinio que está siendo masturbada por Luis González Bravo, primer ministro».

31. Principio de la Revolución en España, por SEM (seudónimo utilizado por los hermanos Bécquer) en 1868. La leyenda del cuadro dice: «Principio de la revolución en España. La fragata acorazada Villa de Madrid se insurrecciona en la Bahía de Cádiz».

32. El 18 de septiembre de 1869, en el primer aniversario de su expulsión, se publicó en Vanity Fair una caricatura de Isabel II. «She has throught her life been betrayed by those who should have been most faithful to her» [A lo largo de su vida, ha sido traicionada por quienes más leales deberían haberle sido].

33. Retrato de Isabel II, en el exilio, por Lacombe & Lacroix en 1870. Desde mediados del siglo XIX se comenzó a utilizar el retrato fotográfico como tarjeta de visita.

34. Retrato de Isabel II por el pintor Marius Neyroud en 1902 con la firma: «Bendiciéndole sin cesar y queriéndole infinito éste siempre con el corazón con su nieto el Rey Alfonso XII, su amantísima abuela Isabel II».

35. La prensa parisina se hizo eco de la muerte de la exreina Isabel II en 1904 tras treinta y cinco años de exilio. La imagen procede de Le Petit Journal, de 24 de abril de 1904. En el pie, se lee «Le roi Alphonse XIII devant le cercueil de sa grand-mère» [El rey Alfonso XIII ante el féretro de su abuela].

CRÉDITOS DE LAS IMÁGENES

Colección Banco de España: 05; Madrid, Biblioteca Nacional: 20, 21; Madrid, Colección Banco de España: 10; Madrid, Colección De la Cuadra-González Meneses: 27; Madrid, Congreso de los Diputados: 07, 17; Madrid, Cuauhtli Gutiérrez: 02, 11, 13, 14, 18, 31; Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo Histórico Nacional: 23; Madrid, Ministerio de Fomento: 16; Madrid, Museo Municipal: 01, 08; Madrid, Museo Naval: 03; Madrid, Museo Romántico. 04, 12; Madrid, Patrimonio Nacional: 25; París, Bibliothèque Nationale de France: 06, 32; Patrimonio Nacional, Madrid, Palacio Real: 19; Patrimonio Nacional. Aranjuez, Palacio Real: 15 (imágenes abajo); Patrimonio Nacional. Madrid, Archivo General de Palacio: 24, 26, 33, 34; Patrimonio Nacional. Sevilla, Real Alcázar: 09, 15 (imágenes arriba); Sevilla, Hermandad de la Santa Claridad: 22; Del libro de Valeriano y Gustavo Adolfo Bécquer Los Borbones en pelota, Madrid, El Museo Universal (1991): 28, 29, 30; periódico francés Le Petit Journal, de 24 de abril de 1904: 35.

ISABEL BURDIEL es catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia y autora de numerosos trabajos sobre la historia política y cultural del liberalismo del siglo XIX. Entre sus obras figuran La política de los notables (1987) y las ediciones críticas de la Vindicación de los derechos de la mujer de Mary Wollstonecraft (1994) y Frankenstein de Mary Shelley (1996). Ha codirigido los volúmenes de biografías Liberales, agitadores y conspiradores (2000) y Liberales Eminentes (2008). En 2004 publicó la primera parte de la biografía de la reina Isabel II (Isabel II. No se puede reinar inocentemente).

Notas

ABREVIATURAS EMPLEADAS

AGP: Archivo General de Palacio.

AHN: Archivo Histórico Nacional.

AMAE: Archives du Ministère des Affaires Étrangères (Archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores francés).

APP: Archives de la Préfecture de Police de Paris (Archivos de la Prefectura de Policía de París).

ASV: Archivio Segreto Vaticano (Archivo Secreto Vaticano).

CP: Correspondance Politique (Correspondencia Política).

DSC: Diario de Sesiones del Congreso.

FO: Foreign Office (Ministerio de Asuntos Exteriores británico).

MD: Mémoires et Documents (Memorias y Documentos).

NA: National Archives (Archivos Nacionales británicos).

PRO: Public Record Office (Oficina del Registro Público).

RAH: Real Academia de la Historia

[1] Todos los entrecomillados proceden de Le Temps, 10 de abril de 1904; Le Figaro, 10 de abril de 1904; y Le Constitutionnel, 15 de abril de 1904. En un sentido similar se pronunciaron L’Évènement o Le Soir. Me baso en estos periódicos para la descripción posterior de los homenajes parisinos a Isabel II.<<

[2] Por ejemplo, en Le Petit Journal, 24 de abril de 1904.<<

[3] Se refiere a Josef Haltmann (o Altmann en alguna fuente), un judío de origen austrohúngaro que fue el último Jefe de la Casa de Isabel II.<<

[4] Noticia recogida por la policía de París y filtrada a Le Petit Parisien, 10 de enero de 1904. APP, Serie Ba 1317.<<

[5] Sobre el viaje de Alfonso XIII a Cataluña y la decisión de no interrumpirlo, Javier Tusell y Genoveva Queipo de Llano, Alfonso XIII. El rey polémico, Madrid, Taurus, 2001, pp. 139-140.<<

[6] Enrique de Borbón a Isabel II. París, 18 de enero de 1868. Archivo de la RAH, Colección Narváez II, vol. 20, docs. 10 y 11.<<

[7] Aquel portafolio, encontrado en los sótanos de la Biblioteca Nacional de Madrid, fue publicado por El Museo Universal en 1991.<<

[8] Javier Tusell, Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957, Madrid, Alianza, 1984, pp. 58-59.<<

[9] Jo Burr Margadant, «Gender, Vice and the Political Imaginary in Postrevolutionary France. Reinterpreting the Failure of the July Monarchy», American Historical Review, 1999, pp. 1461-1496.<<

[10] Martin Kirsch, Monarch und Parlament im 19. Jahrhundert. Der monarchische Konstitutionalismus als europäischer Verfassungstyp-Frankreich im Vergleich, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1999.<<

[1] La descripción física de M.ª Cristina en Marqués de Villa-Urrutia, La reina gobernadora. María Cristina de Borbón, Madrid, Francisco Beltrán, 1925, p. 20. Ver, asimismo, Augusto Martínez Olmedilla, La cuarta esposa de Fernando VII, Barcelona, Editorial Juventud, 1935. Sobre su «probable fecundidad» abundaron los rumores maliciosos entre los círculos carlistas, luego recogidos por sus detractores del ala más radical del liberalismo. Fernando Garrido, Historia del reinado del último Borbón de España, Barcelona, Salvador Manero, 1868, tomo I, p. 55. También, Biografía de María Cristina, RAH, Colección Fermín Caballero, Papeles Inéditos, 9/4714. Agradezco este último documento a M.ª Cruz Romeo.<<

[2] Mientras Fernando VII era príncipe de Asturias, se había pensado en casarle con la infanta María Teresa de Braganza. El matrimonio se frustró por la intervención de Godoy, y la infanta portuguesa contrajo matrimonio con su primo el infante don Pedro Carlos, hijo del infante Gabriel de España y de la infanta portuguesa doña María Ana Victoria, hermana de Juan VI. María Teresa fue madre del infante Sebastián y, tras su temprana viudedad, permaneció en la Corte de Madrid, donde se convirtió, junto con su hermana, en alma del partido realista en la Corte.<<

[3] Francisco Suárez Verdeguer, «El Manifiesto realista de 1826», en: Príncipe de Viana, 30 (1948), pp. 78-85. Para una valoración a largo plazo, Jordi Canal, El carlismo, Madrid, Alianza, 2000. Una brillante revisión del problema en Jesús Millán, «La retropía del carlismo. Referentes y márgenes ideológicos», en: Manuel Suárez Cortina, Utopías, quimeras y desencantos. El universo utópico en la España liberal, Santander, Universidad de Cantabria, 2008.<<

[4] Para un desarrollo más en extenso sobre Francisco de Paula y Luisa Carlota, Isabel Burdiel, Isabel II. No se puede reinar inocentemente, Madrid, Espasa-Calpe, 2004, pp. 47-49. Notas y anecdotarios sobre los infantes, procedentes del archivo reservado de María Cristina en AHN, Diversos, Títulos y Familias, Legs. 3480/384.8 y 3481/385.1.<<

[5] Carlos Cambronero, Isabel II, íntima. Apuntes históricos y anecdóticos de su vida y de su época, Barcelona, Montaner y Simón, 1908, p. 18.<<

[6] José Ramón Urquijo Goitia, Relaciones entre España y Nápoles durante la primera guerra carlista, Madrid, Actas, 1998, pp. 23-26; y Jerónimo Becker, Historia de las relaciones exteriores de España durante el siglo XIX (Apuntes para una historia diplomática), Madrid, 1924, vol. 1, pp. 597 y ss. AMAE, París, MD, Vol. 129 (1713-1839).<<

Los argumentos legales de los partidarios de la sucesión femenina se encuentran recogidos, en un informe reservado para uso particular de M.ª Cristina, en AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3477/373.1, Caja reservada. Entre los múltiples estudios publicados en la época, merece especial interés el de Francisco Zea Bermúdez, La verité sur la Question de Succession a la Couronne d’Espagne par Don Francisco Zea Bermúdez, ancien premier Secrétaire d’Etat, President du Conseil des Ministres de S. M. Catholique, París, Imprimerie de H. Fournier, 1839.

[7] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3480/384.1, Caja reservada, Correspondencia, notas e informes políticos de Fernando Luchesi.<<

[8] José Ramón Urquijo y Goitia, Las relaciones entre España y Nápoles…, op. cit., p. 27.<<

[9] Julio Gorricho Moreno, Los sucesos de La Granja y el Cuerpo Diplomático, Roma, Instituto Español de Historia Eclesiástica, 1966 y Francisco Suárez, Los sucesos de La Granja, Madrid, CSIC, 1953.<<

[10] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3480/384.5, Caja reservada, Relación de los sucesos de La Granja por María Cristina de Borbón. En la portadilla del documento, el antiguo archivero Antonio Rubio añadió: «El papel original fue dado al Rey Don Alfonso con los papeles de su Augusta Abuela después de su fallecimiento». En todo caso, merece la pena tener en cuenta que a María Cristina le interesó pronto minimizar el protagonismo de su hermana en la evolución de los acontecimientos decisivos que «salvaron» el trono de Isabel II.<<

[11] Ibídem.<<

[12] Ibídem.<<

[13] Subrayado en el original. Ibídem.<<

[14] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3480/384.8, Caja reservada. Ver también Leg. 3481/385.1 y 386.3.<<

[15] Para una valoración detallada de todos esos cambios, justamente escéptica respecto a su talante liberal, y para los textos de los diversos comunicados del gobierno Cea, ver Anna M.ª García Rovira, La revolució liberal a Espanya i les classes populars, Vic, Eumo, 1989; especialmente pp. 31-50.<<

[16] Recuerdo del marqués de las Amarillas citado por Carmen Llorca en Isabel II y su tiempo, Madrid, Istmo, 1984 (1.ª ed. 1956), p. 25.<<

[17] AMAE, MD, Vol. 313, Memoria del Barón de Viel-Castel sobre las fuerzas respectivas de los partidos en España y la actitud que debe seguir Francia, octubre de 1833.<<

[18] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3460/304, doc. 3, Estudios sobre la situación de S. M. la Reyna Madre en 1869.<<

[19] Joaquín Tomás Villarroya, El sistema político del Estatuto Real, Madrid, IEP, 1968. El estudio más actualizado es el de Juan Pro, El Estatuto Real y la Constitución de 1837, Madrid, Iustel, 2010.<<

[20] He analizado la evolución y división del liberalismo durante los años del Estatuto Real en Isabel Burdiel, La política de los notables. Moderados y avanzados durante el régimen del Estatuto Real, Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1987.<<

[21] Francisco de Galardí, «A Doña Isabel II, Reyna de España», Madrid, 20 de noviembre de 1833, en: AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3355/10.1, doc. 10.<<

[22] Superintendencia General de Policía del Reyno, 1834, en: AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3353/4, doc. 30.<<

[23] El expediente personal de la marquesa de Santa Cruz se encuentra en AGP, Personal 974. Exp. 14.<<

[24] AMAE, MD, Espagne, Vol. 312, pp. 44-55.<<

[25] RAH, Colección Fermín Caballero, Papeles Inéditos, 9/4714.<<

[26] Journal du Commerce, 10 de julio de 1834. Agradezco a José Ramón Urquijo que me haya facilitado está información.<<

[27] RAH, Colección Fermín Caballero, Papeles Inéditos, 9/4714; y Pierre de Luz, Isabel II, reina de España, Barcelona, Juventud, 1937, p. 28. Además de su primogénita, Amparo, los hijos de María Cristina y Muñoz fueron los siguientes: Milagros, futura princesa de Draco y marquesa de Castillejo; Agustín M.ª, duque de Tarancón; Fernando M.ª, marqués de San Agustín y, más tarde, tras la muerte de su padre, duque de Riánsares; M.ª Cristina, marquesa de La Isabela y de Campo Sagrado; Juan M.ª, conde del Recuerdo; y José M.ª, conde de la Gracia. Tres de estos hijos murieron muy jóvenes. Ninguno llegó a tener relevancia política, aunque sí social y económica.<<

[28] AMAE, MD, Espagne, Mémoire sur la situation politique de l’Espagne, Vol. 312, p. 55.<<

[29] AHN, Diversos, Títulos y Familias, Legs. 3479/380.1 y 3479/383.8, Cajas Reservadas, Diarios de la Reina Gobernadora (diciembre 1834-junio 1840) y Apuntes diarios de la Reina Gobernadora sobre diversos acontecimientos (1832-1849).<<

[30] El Turia, 3 de agosto de 1835.<<

[31] Ya el ministro francés, Broglie, había advertido de que las insistentes peticiones de intervención no tenían otro objetivo que acabar con la revolución. AMAE, MD, Vol. 152.<<

[32] Una nota autógrafa de María Cristina así lo atestigua: AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3362/28, doc. 15.<<

[33] Benjamín Jarnés, Sor Patrocinio, la monja de las llagas, Madrid, Espasa-Calpe, 1929.<<

[34] Isabel Burdiel, «Salustiano de Olózaga: La res más brava del progresismo» en: Manuel Pérez Ledesma e Isabel Burdiel (eds.), Liberales Eminentes, Madrid, Marcial Pons, 2008, pp. 77-124.<<

[35] El marqués de Miraflores a María Cristina, s/f. AGP, Reinados, Fernando VII, Caja 30, doc. 15.<<

[36] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3362/28, doc. 17.<<

[37] El marqués de Miraflores a María Cristina, 21 de mayo de 1836. AGP, Reinados, Fernando VII, Caja 30, Expediente 18.<<

[38] He analizado en detalle la revolución de 1836 en Isabel Burdiel, «Dret, compromís i violència en la revolució burguesa: La revolució de 1836» en: Recerques, 22, Barcelona, 1989, pp. 63-81.<<

[39] AGP, Reinados, Fernando VII, Caja 30, Expediente 16.<<

[40] Marqués de Villa-Urrutia, La Reina Gobernadora. Doña María Cristina de Borbón, Madrid, Francisco Beltrán, 1925, pp. 257 y ss. Alejandro Gómez, Los sucesos de La Granja de 1836, Madrid, Imprenta de Manuel Rojas, 1864. AGP, Reinados, Fernando VII, Caja 32, Expediente 13.<<

[41] Modesto Lafuente, Historia general de España hasta la muerte de Fernando VII por Don…, continuada desde dicha época hasta nuestros días por D. Juan Valera con la colaboración de D. Andrés Borrego y D. Juan Pirala, Barcelona, Montaner y Simón, 1887-1888, Libro V, p. 170.<<

[42] Prime Minister’s Paper Series, Palmerston, Private Correspondance with Sir George Villiers (afterwards fourth Earl of Clarendon) as Minister to Spain 1833-1837, Londres, Her Majesty Stationery Press, 1985. Villiers a Palmerston, 27 de agosto de 1836, pp. 498-499.<<

[43] Ibídem.<<

[44] Alejandro Gómez, Los sucesos de La Granja…, op. cit., p. 17.<<

[45] AGP, Reinados, Fernando VII, Caja 32, Expediente 13.<<

[46] Alejandro Gómez, Los sucesos de La Granja…, op. cit., p. 18.<<

[47] AGP, Reinados, Fernando VII, Caja 32, exp. 13.<<

[48] Sir Herbert Maxwell, The life and letters of George, William, Frederick, fourth Earl of Clarendon, Londres, 1913, 2 vols. Citado por Villa-Urrutia, op. cit., pp. 274-275.<<

[49] Alejandro Gómez, Los sucesos de La Granja…, op. cit., pp. 25-30.<<

[50] Pedro Ruiz Torres, «Un balance global. Del antiguo al nuevo régimen: carácter de una transformación», en: Antonio Miguel Bernal et al., Antiguo Régimen y Liberalismo. Homenaje a Miguel Artola, Madrid, Alianza, 1994. Volumen I, Visiones Generales, pp. 159-191.<<

[51] Joaquín Varela, «La Constitución española de 1837. Una constitución transaccional», en: Revista de Derecho Político, 20 (1983), pp. 95-106. Juan Pro, El Estatuto Real…, op. cit. Sobre el nuevo liberalismo de la década de 1830: M.ª Cruz Romeo, «Lenguaje y política del nuevo liberalismo: moderados y progresistas, 1834-1845», en: Isabel Burdiel (ed.), La política en el reinado de Isabel II. Número monográfico de la revista Ayer, 29 (1998), pp. 37-62. Ángeles Lario, «Del liberalismo revolucionario al liberalismo post-revolucionario. El triunfo del camino inglés», Espacio, Tiempo y Forma. Serie V, 17 (2005), pp. 45-65. Joaquín Varela, «El nuevo rumbo del liberalismo y el abandono de la constitución de Cádiz» en: Política y Constitución en España (1808-1978), Madrid, CEPC, 2007, pp. 66-95.<<

[52] Salustiano de Olózaga, DSC, 19 de diciembre de 1836; y Ángel Fernández de los Ríos (ed.), Estudios sobre elocuencia, política, jurisprudencia, historia y moral, Madrid, San Martín y Jubera, 1864, p. XI. Sobre la inestabilidad semántica en torno a la nueva monarquía, calificada en la época indistintamente como constitucional, representativa, parlamentaria…, Pierre Rosanvallon, La monarchie impossible. Les Chartes de 1814 et de 1830, París, Fayard, 1994; y Ángeles Lario, «Monarquía constitucional. El concepto y la historia del concepto», Comunicación al VI Congreso de Historia de los Conceptos, Vitoria-Gasteiz, 2003. Agradezco a la autora que me haya facilitado este texto.<<

[53] Especialmente, Isabel Burdiel, «Salustiano de Olózaga…», art. cit. supra, pp. 99-102; y más generalmente, en «La ilusión monárquica del liberalismo isabelino: Notas para un estudio», en: Alda Blanco y Guy Thompson, Visiones del liberalismo. Política, identidad y cultura en la España del siglo XIX, Valencia, PUV, 2008, pp. 137-158. M.ª Cruz Romeo, «La ficción monárquica y la magia de la nación en el progresismo isabelino», en: Ángeles Lario (ed.), Monarquia y República en la España contemporánea, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, pp. 107-125.<<

[54] Dicha correspondencia cruzada puede consultarse en AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3388/88; y AMAE, MD, Espagne, Vol. 313, especialmente.<<

[55] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3388/88, doc. 18.<<

[56] Archivio Storico del Ministero degli Affari Steri, Segretaria di Stato, Sardegna, vol. 12. José Ramón Urquijo ha trabajado con detalle la documentación inédita de este archivo que puede encontrarse detallada en una obra imprescindible para entender las complejas negociaciones sobre una transacción con don Carlos durante 1836 y 1837. Las relaciones entre España y Nápoles durante la primera guerra carlista…, pp. 219-235, especialmente.<<

[57] Ibídem, pp. 220-221. Entre otros autores, se hacen eco de las turbias negociaciones de aquellos meses: Antonio Pirala, Historia de la guerra civil y de los partidos liberal y carlista, Madrid, Establecimiento Tip. de Mellado, 1853-1856 (edición reciente en Madrid Turner/Historia 16, 1984, 6 vols.); y el marqués de Villa-Urrutia, La reina gobernadora. Doña María Cristina de Borbón…, pp. 311-320, especialmente.<<

[58] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3388/88, doc. 6. Todo este legajo es de suma importancia para comprobar la existencia de negociaciones secretas con don Carlos y, también, la habilidad de María Cristina para negociar a varias bandas y resistirse, finalmente, a aceptar su renuncia completa a favor del pretendiente.<<

[59] Alfonso Bullón de Mendoza, Auge y ocaso de Don Carlos. La Expedición Real, Madrid, Arca de la Alianza Cultural, 1986.<<

[60] AMAE, MD, Vol. 317, p. 97.<<

[61] AMAE, MD, Espagne, vol. 11, doc. 96.<<

[62] Sobre la corte británica, antes de que la reina Victoria introdujese en ella el modelo de respetabilidad burguesa que caracterizó su reinado, se pueden consultar tres biografías muy útiles al respecto: Flora Fraser, The Unruly Queen. The life of Queen Carolina, Berkeley, University of California Press, 1997; Claire Tomalin, Mrs. Jordan’s Profession. The story of a great actress and a future King, Londres, Penguin Books, 1994; y Saul David, Prince of Pleasure. The Prince of Wales and the making of Regency, Londres, Little, Brown and Company, 1998.<<

[63] AMAE, MD, Espagne, vol. 11, doc. 96.<<

[64] Hemos desarrollado las implicaciones de esa pugna por el poder local para la definición del Estado liberal en Isabel Burdiel y M.ª Cruz Romeo, «Old and New Liberalism: The Making of the Liberal Revolution, 1808-1844», en: Bulletin of Hispanic Studies, vol. LXXV, 5 (diciembre de 1998), pp. 65-80. Carlos Forcadell y M.ª Cruz Romeo (eds.), Provincia y nación. Los territorios del liberalismo, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2006; y Salvador Calatayud, Jesús Millán y M.ª Cruz Romeo (eds.), Estado y periferias en la España del siglo XIX, Valencia, PUV, 2009.<<

[65] Marqués de Miraflores, Reseña histórico-crítica de la participación de los partidos en los sucesos políticos de España en el siglo XIX, Madrid, Imprenta Espinosa, 1863, p. 217. Joseba Aguirreazkuenaga, José Ramón Urquijo (eds.), 150 años del Convenio de Bergara y de la ley del 25-X-1839, Vitoria, Parlamento Vasco, 1990. Para las relaciones entre el ideario moderado y la integración del carlismo, Juan Donoso Cortés, Artículos Políticos en «El Piloto», Pamplona, Eunsa, 1992.<<

[66] AMAE, MD, Espagne, Vol. 11, doc. 96.<<

[67] AMAE, MD, Vol. 311, 97.<<

[68] AHN, Diversos Títulos y Familias, Legajo 3420/167, docs. 21 a 24.<<

[69] AGP, Reinados, Fernando VII, Caja 14, Exp. 19. Cursivas en el original.<<

[70] AHN, Diversos, Títulos y Familias, Caja 3362/29, docs. 34 y 35.<<

[71] ARAH, Sección Istúriz-Bauer, 9/6279.<<

[72] Sotelo y Herrera a Istúriz, Igualada, 28 de junio y Barcelona 3 de julio de 1840, RAH, Colección Istúriz-Bauer, 9/6279.<<

[73] José Herrera a Istúriz, Barcelona, 3 de julio de 1840. RAH, Colección Istúriz-Bauer, 9/6279.<<

[74] RAH, Colección Istúriz-Bauer, 9/6279. No existe, que yo conozca, una relación más completa del programa progresista en 1840 que la recogida en esta documentación.<<

[75] Ibídem.<<

[76] Castillo a Istúriz, 17 de julio de 1840. RAH, Colección Istúriz-Bauer, 9/6279.<<

[77] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3376/59.1, doc. 7. El relato de M.ª Cristina en AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3479/379.1, Caja reservada. Diario de la Reina Gobernadora María Cristina en el que se relatan los sucesos de Barcelona y Valencia de julio a octubre de 1840.<<

[78] Ibídem. En adelante, si no se dice lo contrario, todos los entrecomillados proceden de esa documentación que recoge el relato de M.ª Cristina de los hechos.<<

[79] Ibídem.<<

[80] La solución que se estaba elaborando cuando el motín cambió las perspectivas era la dimisión de los ministros que se hallaban en Barcelona y el nombramiento de Castillo y Ayensa para Estado, Valera y Limia para Guerra y Armero para Marina. La presidencia, sin cartera, para Espartero. «No quise decir más —escribe María Cristina en sus notas— porque como la bulla la tenían en su mano le habrían dado más suelta al saber que no eran los que ellos querían». Ibídem.<<

[81] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3479/379.1. Diario de la Reina Gobernadora… Subrayados en el original.<<

[82] Ibídem. La composición del ministerio González fue la siguiente: Mauricio Carlos de Onís en Estado; Valentín Ferraz en Guerra; José Ferraz en Hacienda; Vicente Sancho en Gobernación; y Antonio González asumía Gracia y Justicia, además de la presidencia.<<

[83] Eco del Comercio, 19 de julio de 1840. Cursivas en el original.<<

[84] Se refiere a la mujer de Espartero, subrayado en el original. RAH, Colección Istúriz-Bauer, 9/6279. Castillo a Istúriz, 21 de julio de 1840.<<

[85] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3479/379.1. Diario de la Reina Gobernadora.<<

[86] Ibídem.<<

[87] Ibídem.<<

[88] Ibídem.<<

[89] Ibídem.<<

[90] Ibídem.<<

[91] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3362/29, doc. 141.<<

[92] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3479/379.1. Diario de la Reina Gobernadora.<<

[93] La Tribuna, 25 de agosto de 1840.<<

[94] Carta del 26 de agosto desde Valencia. RAH, Colección Istúriz-Bauer, 9/6279. En ella se incluyen una serie de preguntas de la gobernadora a Istúriz sobre los nombres posibles de los nuevos ministros, la oportunidad de que él mismo se haga cargo del ministerio y una orden de que viaje cuanto antes a Valencia para ponerse a sus ordenes, siempre «con la debida cautela».<<

[95] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3359/21.3, doc. 154. Manuel Gaviria a Fernando Muñoz, Valencia, 30 de agosto de 1840.<<

[96] Citado por Miguel Morayta, Historia general de España desde los tiempos antehistóricos hasta nuestros días, Madrid, Felipe González Rojas, 1893, tomo VII, p. 814.<<

[97] Espartero a María Cristina, Barcelona, 7 de septiembre de 1840. AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3347/45, doc. 18.<<

[98] RAH, Colección Fermín Caballero, Papeles Inéditos, 4/4714. A partir de aquí, y hasta que se diga lo contrario, todos los entrecomillados pertenecen al folleto de Caballero.<<

[99] Se refiere a la Expedición Real de 1837.<<

[100] RAH, Colección Fermín Caballero, Papeles Inéditos, 9/4714.<<

[101] La llamada de la Junta central a Espartero, citada por Miguel Morayta, Historia, op. cit., p. 660.<<

[102] AHN, Diversos. Títulos y Familias, 3362/29, doc 144.<<

[103] Para Estado, el presidente de la Junta de Madrid y alcalde de la ciudad, Joaquín María Ferrer; para Gobernación, Manuel Cortina, diputado de la minoría progresista; para Gracia y Justicia, el juez del Tribunal Supremo, Alvaro Gómez Becerra; para Hacienda, el cónsul de Bayona destacado por su negativa a favorecer la conciliación con los carlistas que pretendía Miraflores desde París, Agustín Fernández Gambia; para Marina, Joaquín Frías; y para Guerra el mariscal de campo y senador, Pedro Chacón.<<

[104] Utilizo la documentación que adjunta completa M. Morayta, op. cit., p. 661. Cursivas en el original.<<

[105] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3376/59.1, docs. 44 y 45.<<

[106] AHN, Diversos, Títulos y Familias, Caja 3376/58, doc. 58.<<

[107] M. Morayta, op. cit., pp. 663-664.<<

[108] Modesto Lafuente, Historia General de España desde los tiempos primitivos hasta la muerte de Fernando VII, por Don…, continuada desde dicha época hasta nuestro días por J. Valera, con la colaboración de D. Andrés Borrego y D. Antonio Pirala, Barcelona, Montaner y Simón, 1890, tomo XXII, p. 344.<<

[109] Ibídem.<<

[110] AHN, Diversos, Títulos y Familias, Libro 48. Documentación descrita por el archivero de María Cristina, Antonio Rubio, como «Cartulario de correspondencia entre la reina María Cristina y la marquesa de Santa Cruz, aya de la reina Isabel (1840-1841)». En su práctica totalidad es autógrafo de ambas y con copia.<<

[1] Ildefonso Bermejo, La Estafeta de Palacio (Historia del último reinado), Madrid, 1871-1872, tomo II, p. 723.<<

[2] Representación del infante Francisco Antonio de Paula. París, 25 de octubre de 1840.<<

[3] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3359/17, doc. 61. María Cristina a Baldomero Espartero, 19 de octubre de 1840.<<

[4] Texto completo en Miguel Morayta, Historia general de España desde los tiempos antehistóricos hasta nuestros días, Madrid, Felipe González Rojas, 1894, vol. VIII, pp. 708-709.<<

[5] Gaceta de Madrid, 14 de noviembre de 1840.<<

[6] Manuel Gaviria a Fernando Muñoz, 14 de enero de 1841. AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3359/21.3, doc. 152.<<

[7] Fernando Muñoz a Manuel Gaviria, 1 de junio de 1840. AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3359/21.3, doc. 158.<<

[8] Morayta se hace cruces de lo que denomina «varonil denuedo» de María Cristina para conservar la tutela regia contra toda esperanza. Historia general…, pp. 725-726 y 737.<<

[9] AHN. Diversos Títulos y Familia, leg. 3359/21.3, doc. 146.<<

[10] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3359/21.3, docs. 105 a 109 y leg. 3376/59.1, pássim.<<

[11] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3376/60, doc. 130. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, 28 de junio de 1841.<<

[12] Volveré sobre este tema al hablar de los preparativos del regreso de María Cristina a España en 1844 y la forma en que buscó que su hija Isabel le garantizase unos ingresos y un patrimonio que dependían en buena manera de la gracia real. Finalmente, el tema de las supuestas alhajas de la Corona apropiadas por María Cristina fue llevado formalmente a las Cortes durante el Bienio Progresista y volvió a formar parte del debate sobre la monarquía en las Cortes Constituyentes de 1869-1871.<<

[13] AMAE, MD, 365. Correspondencia de La Tour-Maubourg, 28 de febrero-17 de marzo de 1841.<<

[14] Concluye aquí el documento AMAE, MD, 365. Correspondencia de La Tour-Maubourg, 28 de febrero-17 de marzo de 1841.<<

[15] DSC, 8 de mayo de 1841. La regencia única fue aprobada por 153 votos contra 136 y Espartero resultó elegido, frente a Agustín Argüelles, por 179 votos frente a 110.<<

[16] AMAE, MD, 365.<<

[17] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3376/60, doc. 135. Donoso a Muñoz, 14 de junio de 1841.<<

[18] Manuel Gaviria a Fernando Muñoz relatando la entrevista del primero con Luis Felipe, 23 de abril de 1841. AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3359/12, docs. 132 y 133.<<

[19] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3376/59.1, doc. 26.<<

[20] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3376/59.1, doc. 26. Para el «despotismo ilustrado», que confunde la política con el patronazgo y en el cual se movía muy explícitamente la concepción de Fernando Muñoz, ver J.-P. Luis, L’utopie réactionnaire. Épuration et modernisation de l’État dans l’Espagne de la fin de l’Ancien Régime (1823-1834), Madrid, Casa de Velázquez, 2002.<<

[21] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3376/59.1, doc. 12.<<

[22] Se refiere al senador por Badajoz José Carrasco.<<

[23] AHN, Diversos, Títulos y Familias, Caja 3376/60, doc. 134. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, 10 de junio de 1841.<<

[24] Juan Donoso Cortés a Luis Paradela, 11 de junio de 1841. AHN, Diversos, Títulos y Familias, Cajas Reservadas Caja 6.<<

[25] Ver a este respecto «Informe de la Junta creada por la regencia para proponer los medios de proceder al arreglo de los diversos ramos de Instrucción Pública» (1813) en: Historia de la Educación en España. Tomo I: Del Despotismo Ilustrado a las Cortes de Cádiz, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1985, pp. 377-417.<<

[26] AGP, Personal, 16 637, Exp. 5. Para la organización de la Casa Real, ver M. V. López Cordón et al.: La Casa de Borbón: Familia, Corte y Política, Madrid, Alianza, 2000.<<

[27] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3519, libro 48. Cajas Reservadas. Cartulario de la correspondencia entre la reina María Cristina y la marquesa de Santa Cruz, aya de la reina Isabel II (1840-1841). En su práctica totalidad es autógrafo de ambas y con copia. Cursiva en el original.<<

[28] Para una visión global de la educación de Isabel II hasta el momento, AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3491 415.1. Instrucciones manuscritas de María Cristina sobre el método de vida y estudio de sus hijas. Cuadernos de primeras letras, cifras y dibujos de Isabel II y Luisa Fernanda. Papeletas de lecciones de éstas. Dibujo satírico de Isabel II. Cajas Reservadas.<<

[29] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3519, libro 48. Cartulario de correspondencia…, cartas del 6 de noviembre y del 3 de diciembre de 1840.<<

[30] AGP, Histórica, Caja 35.1.<<

[31] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3519, libro 48. Cartulario de correspondencia…, cartas de 14 de noviembre y 3 de diciembre de 1840.<<

[32] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3519, libro 48. Cartulario de correspondencia…, carta de 10 de julio de 1841.<<

[33] Ibídem, 2 de enero de 1841.<<

[34] Ibídem, 12 de julio de 1841.<<

[35] Toda la correspondencia al respecto en AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3376/60, docs. 131-133. Ver especialmente la carta de Fernando Muñoz a Donoso de 24 de junio de 1841.<<

[36] AHN, Diversos, Títulos y Familias, Caja 3376/60, doc. 130, Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, 24 de julio de 1841. Para la correspondencia sobre el manifiesto y la intervención de Donoso: AHN, Diversos, Títulos y Familias, Caja 3376/60, docs. 129 y 130.<<

[37] En cursiva, las correcciones introducidas por María Cristina, cuya táctica fue siempre la de negar toda evidencia posible y, sin el menor rebozo, su incapacitante matrimonio con Muñoz.<<

[38] Textos completos en Morayta, Historia general…, pp. 725-728.<<

[39] Su nombramiento oficial el 3 de agosto de 1841. Expediente completo en AGP, Personal, caja 1075, expediente 44.<<

[40] M. Cruz Romeo, «Juana María de la Vega, condesa de Espoz y Mina (1805-1872). Por amor al esposo, por amor a la patria» en: I. Burdiel y M. Pérez Ledesma (eds.), Liberales, agitadores y conspiradores. Biografías heterodoxas del siglo XIX, Madrid, Espasa-Calpe, 2000, pp. 209-238.<<

[41] Condesa de Espoz y Mina, Memorias, Madrid, Ediciones Giner, 1977, p. 179. La edición moderna de la condesa de Campo Alange, autora del prólogo «La condesa de Mina: una línea bien trazada», incluye los Apuntes para la Historia del tiempo que ocupé los destinos de Aya de S. M. y A. R. y camarera mayor de Palacio. Escritos inmediatamente después de mi renuncia (1841-1843). A partir de ahora cito este texto como Apuntes de la condesa de Espoz y Mina. Las referencias del manifiesto de la Junta de Madrid a la educación de Isabel II en Miguel Morayta, Historia general…, p. 660.<<

[42] Apuntes de la condesa de Espoz y Mina, op. cit., p. 190.<<

[43] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3519, libro 48. Cartulario de correspondencia…, carta de 24 de julio de 1841.<<

[44] Ibídem, 30 de julio de 1841.<<

[45] Ibídem, 7 de agosto de 1841.<<

[46] Ibídem, 7 de agosto de 1841. Subrayado en el original.<<

[47] Ibídem, 17 de agosto de 1841.<<

[48] Apuntes de la condesa de Espoz y Mina, op. cit. p. 225.<<

[49] Apuntes de la condesa de Espoz y Mina, op. cit., p. 210.<<

[50] Ibídem, pp. 224-225.<<

[51] La bibliografía al respecto es ya abundantísima. Como introducción pueden consultarse las obras clásicas de Philippe Ariès y George Duby (dirs.), Historia de la vida privada, Madrid, Taurus, 1989; Georges Duby y Michelle Perrot (dirs.), Historia de las mujeres en Occidente, Madrid, Taurus, 1991-1992; y Gisela Bock, La mujer en la historia de Europa: de la Edad Media a nuestros días, Barcelona, Crítica, 2001. Para España, Isabel Morant (dir.), Historia de las mujeres en España y América Latina, Madrid, Cátedra, 2006; especialmente los volúmenes II y III referidos al mundo moderno y al siglo XIX.<<

[52] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3376/60, doc. 139. Madrid, 8 de mayo de 1840, Donoso Cortés a Fernando Muñoz.<<

[53] Ibídem. Parte de esa correspondencia ha sido publicada por Federico Suárez, Vida y Obra de Juan Donoso Cortés, Pamplona, Eunate, 1997.<<

[54] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3376/59.1. pássim.<<

[55] El depositario inicial fue Istúriz, quien, tras fracasar la insurrección y escapar de Madrid, se los entregó al marqués de Viluma. A partir de entonces éste se vio acosado por los muchos comprometidos, huidos o escondidos, y por sus familias. El relato del destino de esos fondos y las nuevas rencillas que provocó entre los moderados implicados, así como el dinero gastado en formar una amplia movilización de la opinión pública a favor del encausado más célebre, el general Diego de León, se encuentra entre la documentación de la reina Gobernadora. AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3359/21.3, docs. 186-202.<<

[56] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3376/59.1, doc. 11.<<

[57] Antonio Pirala, Historia de la guerra civil y de los partidos carlista y liberal, Madrid, Mellado, 1881-1891, vol. 3.<<

[58] Citado por el marques de Rozalejo en su obra Cheste o todo un siglo (1809-1906). El isabelino tradicionalista, Madrid, Espasa-Calpe, 1935, p. 83; una de las obras más informadas sobre la conspiración de 1841 y las veleidades absolutistas de buena parte de sus dirigentes.<<

[59] Sigo el relato de lo sucedido en Palacio el 7 de octubre de 1841 por los Apuntes de la condesa de Espoz Mina, pp. 237-265. A partir de ahora, hasta que se diga lo contrario, todos los entrecomillados proceden de esas páginas.<<

[60] Apuntes de la condesa de Espoz y Mina, op. cit., 251.<<

[61] Ibídem, 257-263.<<

[62] Apuntes de la condesa de Espoz y Mina, op. cit., p. 299.<<

[63] Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, 24 de junio de 1843. AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3376/60, doc. 102.<<

[64] La escasa documentación procede de los Apuntes de la condesa de Espoz y Mina y de unas carpetas de ejercicios, instrucciones y calificaciones recogidas en el archivo privado de la reina gobernadora. AHN, Diversos, Títulos y Familias, legs. 3389/91 y 3491/415-16.<<

[65] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3389/91, pássim.<<

[66] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3491/415, docs. 1 a 11.<<

[67] Apuntes de la condesa de Espoz y Mina, op. cit., pp. 202-204.<<

[68] Ibídem.<<

[69] La más brillante síntesis de la educación victoriana sigue siendo la de Lytton Strachey en La reina Victoria, Madrid, Valdemar, 1997 (1.ª edición inglesa de 1921). Los datos más concretos en la muy hagiográfica, pero bien documentada, Queen Victoria, de Elizabeth Longford, Londres, Harper and Row, 1964. Estos datos son confirmados y analizados, sin sombra de adulación, por Dorothy Thompson, Queen Victoria: The Woman, The Monarchy, and the People, Nueva York, Pantheon, 1990.<<

[70] Maria Fátima Bonifácio, D. Maria II, Lisboa, Círculo de Leitores, 2005, pp. 50-51. El matrimonio de doña María con un príncipe de la casa de Sajonia-Coburgo fue tan acertado para la estabilidad familiar y constitucional, como desacertado sería el de Isabel II.<<

[71] «Elements of Power» en: Adrienne Munich, Queen Victoria’s Secrets, Nueva York, Columbia University Press, 1996, pp. 1-22. He comentado las implicaciones políticas y privadas de ambas educaciones en: Isabel Burdiel, «The Queen, the Woman and the Middle Class: The symbolic failure of Isabel II of Spain», Social History, 29.3 (2004), pp. 301-319. Para una valoración global de los monarcas constitucionales de la época, Manuel San Tirso, «El poder ejecutivo, instrucciones de uso» y «Los soberanos» en: Progreso y Libertad. España en la Europa Liberal (1830-1870), Barcelona, Ariel, 2007, pp. 39-64 y 149-153, especialmente.<<

[72] Para la educación de las mujeres en este período: Aurora Rivière Gómez, La educación de la mujer en el Madrid de Isabel II, Madrid, Dirección General de la Mujer-Horas, 1991; Consuelo Flecha, «Historiografía sobre la educación de las mujeres en España» y Victoria Robles, «La historia de la educación de las mujeres. Líneas, problemas y aportaciones a la historiografía educativa» en: María Isabel del Val (coord.), La historia de las mujeres: una revisión historiográfica, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2004, pp. 335-353 y 355-171, respectivamente; Consuelo Flecha, Las mujeres en la legislación educativa española. Enseñanza primaria y normal en los siglos XVIII y XIX, Sevilla, GIHUS, 1997; y Pilar Ballarín, «La escuela de niñas en el siglo XIX: La legitimación de la sociedad de esferas separadas», Historia de la Educación, 26 (2007), pp. 143-168. Como avance de una interesante tesis doctoral al respecto, la memoria del Máster en Historia Contemporánea de Raúl Mínguez, Alumnas y Maestras. La educación de las mujeres en España durante el proceso de formación de la feminidad liberal burguesa, Universidad de Valencia, 2009.<<

[73] Apuntes de la condesa de Espoz y Mina, pp. 209-210. Del tipo de Corte que era aquélla, al tiempo mezquina y privilegiada, dan idea los esfuerzos de Espoz y Mina por evitar que se hablase a la reina y la infanta de los platos sobrantes de su mesa, aunque no pudo desterrar la práctica, inaugurada por la reina madre, de vender los restos de la comida real.<<

[74] Ibídem, p. 357.<<

[75] Ibídem, pp. 228-232.<<

[76] Benito Pérez Galdos, «La reina Isabel» en: Obras Completas, vol. IV, Madrid, Aguilar, 1961, p. 1416.<<

[77] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3376/60, doc. 72. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, 23 de septiembre de 1843.<<

[78] Inserta en los Apuntes de la Condesa de Espoz y Mina, op. cit., pp. 320-331.<<

[79] La referencia biográfica se encuentra en las páginas 199-200 de Espoz y Mina, y su expediente personal en AGP, Personal, caja 1320, expediente 4.<<

[80] Apuntes de la condesa de Espoz y Mina, op. cit., p. 322.<<

[81] Johan Heinrich Pestalozzi, Cómo Gertrudis enseña a sus hijos. Cartas sobre la educación de los niños. Libros de educación elemental (prólogos), México, Porrúa, 1976. Julio Ruiz Berrio et al., La recepción de la pedagogía pestalozziana en las sociedades latinas, Madrid, Universidad Complutense de Madrid-Editorial Endymión, 1997. La insistencia de Pestalozzi en el papel educativo de las madres contrastaba, por supuesto, con la relación entre María Cristina e Isabel II.<<

[82] Ibídem.<<

[83] Ibídem, p. 325. El expediente de Inés Blake en AGP, Personal, caja 16 637, exp. 5.<<

[84] Ibídem, pp. 321 y 328.<<

[85] Ibídem, pp. 328-9.<<

[86] Ibídem, p. 329.<<

[87] Ibídem, pp. 202-203.<<

[88] Ibídem, pp. 334-5.<<

[89] Isabel II parece que no olvidó a su maestro de la infancia y le recompensó —ya como reina— con un sueldo de cesantía relativamente cuantioso aunque, como era habitual en Palacio, tardía y malamente pagado. AGP. Personal, caja 1320, exp. 4.<<

[90] Apuntes de la condesa de Espoz y Mina, p. 341.<<

[91] Eco del Comercio, 21 de julio de 1842.<<

[92] Eco del Comercio, 28 de julio de 1842.<<

[93] Texto completo de la renuncia, por ejemplo, en el Eco del Comercio del 28 de julio de 1842.<<

[94] El Heraldo, 23 de julio de 1842.<<

[95] El Peninsular, 2 de agosto de 1842.<<

[1] Para la disidencia de Olózaga y de López, ver: Isabel Burdiel, «Salustiano de Olózaga: la res más brava del progresismo», art. cit. supra; y M.ª Cruz Romeo, «Joaquín María López. Un tribuno republicano en el liberalismo» en: Javier Moreno Luzón (ed.), Progresistas, Madrid, Taurus, 2006, pp. 59-98. Para Espartero, además de la biografía clásica del conde de Romanones (Espartero, el general del pueblo, Madrid, Espasa-Calpe, 1932), ver: Raúl Martín Arranz, «Espartero: Figuras de legitimidad» en: José Álvarez Junco (comp.), Populismo, caudillaje y discurso demagógico, Madrid, Siglo XXI, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1987, pp. 101-128; y Adrian Shubert.

«Baldomero Espartero (1793-1879). Del ídolo al olvido» en: Isabel Burdiel y Manuel Pérez Ledesma (eds.), Liberales, agitadores y conspiradores…, op. cit., pp. 183-208.<<

[2] Alejandro Sánchez, Protecció, ordre i llibertat. El pensament i la política econòmica de la Comissió de Fàbriques de Barcelona (1840-1840), Barcelona, Altafulla, 1990; Genis Barnosell, Orígens del sindicalisme català, Vic, Eumo, 1999; y Josep Maria Pons, Moderats i progressistes a la Lleida del segle XIX, Barcelona, Pagès Editors, 2002.<<

[3] La intervención de Prim puede seguirse en Pere Anguera, El general Prim. Biografía de un conspirador, Barcelona, Edhasa, 2003.<<

[4] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3376/60, doc. 112. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, Bayona, 22 de mayo de 1843.<<

[5] Ibídem, docs. 104 y 107. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, Madrid s/f y 17 de junio de 1843.<<

[6] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3478/378.1. Caja reservada. Fernando Muñoz a Ramón Narváez, París, 23 de junio de 1843.<<

[7] El Heraldo, 2 de julio de 1843.<<

[8] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3478/378.1. Caja reservada. Fernando Muñoz a Ramón Narváez, París, 23 de junio de 1843.<<

[9] Ibídem, doc. 108. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, Madrid, 13 de junio de 1843.<<

[10] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3372/536.6 y 3376/60. La nota del viejo archivero, Antonio Rubio, que acompaña la carpetilla correspondiente del primero de estos legajos dice: «Cartas de mucho interés de Donoso Cortés a la reina Cristina de Agosto a Octubre de 1843 sobre el cómo se hizo la difícil transición política y de Palacio desde la batalla de Ardoz hasta la declaración de la mayoría de la reina. Por los expresivos e íntimos detalles que da Donoso pide esto nuevo examen para saber si esto saldrá en la segunda remesa… ¡Me parece que no!». El envío a que se refiere Antonio Rubio es a Alfonso XII, a quien tras la muerte de María Cristina se trasfirió una parte de su archivo privado, mientras que el resto quedó depositado en París.<<

[11] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3376/60, doc. 102. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, 24 de junio de 1843.<<

[12] Ibídem, docs. 100 y 101. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, Madrid, 24 de junio y 1 de julio de 1843.<<

[13] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3372/52, doc. 61. Donoso no fue presentado a la reina, con la advertencia de que venía de parte de su madre, hasta el 8 de septiembre de 1843.<<

[14] Apuntes para la Historia del tiempo que ocupé los destinos de Aya de S. M. de A. R. y camarera mayor de Palacio. Escritos inmediatamente después de mi renuncia (1841-1843) de la condesa de Espoz y Mina. Publicado por la condesa de Campo Alange en Memorias: La condesa de Mina: una línea bien trazada, Madrid, Tebas, 1977, pp. 410-413. En el texto, C. se refiere a Cristina y T. a Tío, es decir, Luis Felipe de Orleans.<<

[15] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3376/60. doc. 98. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, Madrid, 7 de julio de 1843.<<

[16] Apuntes de la condesa de Espoz y Mina, pp. 414-435. Contiene un minucioso relato de la vida en Palacio mientras las tropas de Aspiroz y Narváez rodeaban Madrid.<<

[17] Se refiere a Luis Felipe de Orleans.<<

[18] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3376/60, doc. 97, Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, Madrid, 24 de julio de 1843.<<

[19] Eco del Comercio, 23 de julio de 1843.<<

[20] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3376/60, doc. 92. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, Madrid, 29 de julio de 1843.<<

[21] The Times, 25 y 27 de agosto, y 27 de septiembre de 1843. Citado por Adrian Shubert, «Baldomero Espartero…», art. cit. supra, p. 200.<<

[22] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3376/60, doc. 92. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, Madrid, 29 de julio de 1843.<<

[23] Apuntes de la Condesa de Espoz y Mina, op. cit., p. 429.<<

[24] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3372/53-6, docs. 68 y 47. Juan Donoso Cortés a María Cristina de Borbón, 8 de agosto de 1843.<<

[25] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3376/60, doc. 54. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, Madrid, 13 de agosto de 1843.<<

[26] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3372/53.6, doc. 47. Juan Donoso Cortés a María Cristina de Borbón, 8 de agosto de 1843.<<

[27] Ibídem, doc. 89, Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, 29 de julio de 1843.<<

[28] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3376/60, doc. 86. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, Madrid, 9 de agosto de 1843.<<

[29] La Historia de la Regencia de María Cristina, Madrid, BAC, 1970, vol. 1, pp. 932-1031, fue el primer resultado de los esfuerzos de Donoso por conformar la visión de la historia y de la monarquía de Isabel II. Como es conocido, en esa obra se avanzaron algunos de los planteamientos más reaccionarios del autor acerca de la ilegitimidad de la revolución y el poder único del monarca como representante por antonomasia de la nación frente a las pretensiones del Parlamento.<<

[30] Sigo mi estudio sobre «Salustiano de Olózaga. La res más brava del progresismo…», art. cit. supra, especialmente las páginas 104-111.<<

[31] La Ley electoral (1835) en: Obras Completas, Madrid, BAC, 1970, vol. I, p. 352. No debe pasar desapercibida la obra de L. G. Díez, La soberanía de los deberes. Una interpretación histórica del pensamiento de Donoso Cortés, Jaraíz de la Vera, Institución Cultural «El Brocense», 2003.<<

[32] «Sobre el proyecto de ley fundamental (1837)» en: Obras Completas, Madrid, BAC, 1970, vol. I, p. 454.<<

[33] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3376/60, docs 69, 70 y 116, con especificaciones sobre la cuantía del crédito, el desbordante agradecimiento de Donoso y los generosos intereses y plazos de devolución. El 23 de septiembre de 1843, Juan Donoso escribió a Fernando Muñoz —quien le preguntaba por el destino de aquel dinero— que finalmente había optado por no poner en explotación Valdegamas, porque el terreno era de muy mala calidad, y utilizarlo para especular en el mundo agrario de la siguiente forma: «Mi primera idea fue devolver a V. su dinero pero antes dije a mi hermano que me dijera si había algún medio seguro de ganar con él, sin riesgo ninguno de pérdida: me contestó que le había: que comprando granos en tiempos de recolección y vendiéndolos en imbierno, comprando bacas a los necesitados en imbierno y vendiéndolas en la primavera, y haciendo lo mismo con los demás frutos del país, podía asegurarme un diez por ciento de ganancia segura sin riesgo de ninguna especie […] ni el capital ni los intereses de V. corren ningún riesgo». AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3376/60, doc. 69. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, Madrid, 23 de septiembre de 1843.<<

[34] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3376/60, doc. 86. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, Madrid, 9 de agosto de 1843.<<

[35] «Lanzado a la sociedad cual verdadero advenedizo, parece siempre encontrarse en su centro y hallarse familiarizado con todas las posiciones, dignidades y categorías». Citado por Ángel Fernández de los Ríos, que deja implícito que el comentario no provenía precisamente de los moderados, Olózaga. Estudio político y biográfico, Madrid, Manuel de Rojas, 1864, p. 569.<<

[36] Galería de españoles célebres, Madrid, Ignacio Boix, 1845, p. 29. «Virtud —escribió años más tarde Olózaga— es el respeto a sí mismo […] es el sentimiento de la dignidad humana, porque impide la humildad servil, que conduce a la degradación», La mujer de Logroño. La riojana, Madrid, 1873. Edición facsímil, Logroño, Ernesto Reiner editor, 1991.<<

[37] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3376/60, doc. 72. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, Madrid, 23 de septiembre de 1843.<<

[38] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3372/52, doc. 61. Todos los entrecomillados proceden de ese documento hasta que no se diga lo contrario.<<

[39] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3376/58, docs. 44 a 56. Notas manuscritas y sin fecha, con apuntes para enviar a Madrid.<<

[40] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3376/60, doc. 72. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, Madrid, 23 de septiembre de 1843.<<

[41] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3372/53.6, doc. 58. Juan Donoso Cortés a María Cristina, Madrid, 6 de octubre de 1843. Se refiere, citándolas mal, a las frases con las que concluyó Olózaga un famoso discurso en las Cortes de 1843 que es considerado, clásicamente, el pistoletazo de salida de la sublevación de 1843. Subrayadas en el original.<<

[42] Olózaga.<<

[43] Isabel II.<<

[44] La marquesa de Santa Cruz.<<

[45] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3376/60. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, 14 de noviembre de 1843.<<

[46] Desde el principio hasta el fin, donde también se alude a la supuesta relación entre Olózaga y sor Patrocinio. Cito de la semblanza de Olózaga por Pedro Ortiz Armengol, Aviraneta y diez más, Madrid, Prensa Española, 1970, p. 186.<<

[47] Comentarios de su confesor durante la regencia de Espartero, Rodrigo Valdés, obispo electo de Tarazona, citadas sin referencia alguna por Carmen Llorca en Isabel II y su tiempo, Madrid, Istmo, 1956, p. 68.<<

[48] Gaceta de Madrid, 9 de agosto de 1843.<<

[49] Ibídem.<<

[50] Ibídem.<<

[51] DSC, 6 de noviembre de 1843.<<

[52] DSC, 7 de noviembre de 1843.<<

[53] DSC, 6 de noviembre de 1843.<<

[54] DSC, 8 de noviembre de 1843.<<

[55] DSC, 8 de noviembre de 1843.<<

[56] DCS, 10 de noviembre de 1843.<<

[57] En ese sentido se pronunciaron, por ejemplo, el Diario Mercantil de Valencia, 2 de noviembre de 1843, los labradores de Villahermosa en Albacete: AGP, Sección Histórica, caja 35, expediente 44, etcétera. La literatura al respecto es abundantísima y ha sido bien estudiada por Carolina Tarrazona en: La utopía de un liberalismo postrevolucionario. El conservadurismo conciliador valenciano, 1843-1854, Valencia, PUV, 2002, p. 108. Tarrazona insiste acertadamente en destacar el fuerte componente conciliador que se observa en todas las proclamas periodísticas de la época respecto a una monarquía renovada sobre la base de un nuevo pacto entre la Corona y el pueblo.<<

[58] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3376/60, doc. 62, Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, 19 de octubre de 1843; y doc. 60. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, 10 de noviembre de 1843.<<

[59] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3376/60, doc. 61, Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, 4 de noviembre de 1843.<<

[60] El mismo López habla de la «repugnancia» de Olózaga a aceptar la presidencia del Consejo de Ministros en aquellas condiciones en: Exposición razonada de los principales sucesos políticos que tuvieron lugar en España durante el Ministerio de 9 de mayo de 1843, y después en el Gobierno Provisional, Madrid, José María Canalejas, 1845.<<

[61] Ibídem.<<

[62] Todo el relato anterior en una larga carta de Donoso a Cortés a Fernando Muñoz fechada el mismo día 10 de noviembre de 1843. AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3376/60, doc. 60.<<

[63] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3376/60, doc. 58. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, Madrid, 14 de noviembre de 1843.<<

[64] DSC, 2 de diciembre de 1843.<<

[65] Ibídem.<<

[66] El texto completo del acta y la relación completa de los asistentes, en el Diario de Sesiones de Cortes, 1 de diciembre de 1843.<<

[67] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3376/60, doc. 58. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, 14 de noviembre de 1843.<<

[68] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3539/3.17, doc. 6, 29 de abril de 1847.<<

[69] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3376/60, doc. 51. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, s/f. Subrayado en el original.<<

[70] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3376/60, doc. 47. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, 3 de diciembre de 1843.<<

[71] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3376/58. París, 10 de diciembre de 1843. Guizot al conde de Bresson. Hay copia en el Archivo del ministerio de Asuntos Exteriores francés.<<

[72] DSC, 3 de diciembre de 1843. El debate sobre el acta se produjo entre el 1 y el 12 de diciembre en el Congreso.<<

[73] DSC, 2 de diciembre de 1843.<<

[74] DSC, 3 de diciembre de 1843.<<

[75] DSC, 6 de diciembre de 1843.<<

[76] DSC, 3 de diciembre de 1843.<<

[77] DSC, 3, 11 y 12 de diciembre de 1843. La cita de Bravo Murillo el 8 de diciembre de 1843, p. 453.<<

[78] Estudios de elocuencia, política, jurisprudencia, historia y moral, por D. Salustiano de Olózaga. Edición de Ángel Fernández de los Ríos, Madrid, San Martín y Jubera, 1864, p. XI.<<

[79] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3376/58. París, 10 de diciembre de 1843. François Guizot al conde de Bresson.<<

[80] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3359/21, doc. 60. Manuel Gaviria a Fernando Muñoz, Madrid, 9 de noviembre de 1843.<<

[81] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3364/34, doc. 23. Pedro Massa a María Cristina de Borbón, Madrid, 17 de noviembre de 1843.<<

[82] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3521/58 y 3522/59. Cajas reservadas. Subrayado en el original.<<

[83] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3521, libro 58. Caja reservada. Anónimo fechado el 8 de diciembre de 1843. Subrayados en el original.<<

[84] AMAE, MD, vol. 365. Bulwer a Aberdeen, 9 de febrero de 1844.<<

[85] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3376/60, doc. 38. Juan Donoso Cortés a María Cristina de Borbón, 11 de enero de 1844.<<

[86] P. Díaz Marín y J. A. Fernández Cabello: Los mártires de la libertad (La revolución de 1844 en Alicante), Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1992.<<

[87] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3531/84 y 85. Instrucciones de María Cristina a Donoso Cortés sobre asuntos de Estado. Para los pormenores de esos meses. Diario autógrafo de la Reina Madre María Cristina (1843-1844), leg. 3531/84 y 85.<<

[88] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3538/117, doc. 1. Luis González Bravo a Fernando Muñoz, Madrid, 27 de enero de 1844. En la misma carpeta existen otros documentos sobre el tema con diversos alardes de modestia de Muñoz quien acaba sugiriendo que fuesen el propio González Bravo y «mi buen amigo Don Ramón» los que decidiesen el título más conveniente.<<

[89] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3388/89, doc. 12. El decreto, mantenido en reserva por el momento, lo firmó el ministro de Gracia y Justicia, Luis Mayans, y poco después le fue concedida la Cruz de Carlos III.<<

[90] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3376/60, doc. 36. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, 3 de febrero de 1844.<<

[91] Ibídem.<<

[92] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3395/103, docs. 3 y 4. Isabel II a María Cristina de Borbón, 14 de febrero de 1844.<<

[93] Ibídem, doc. 6, 23 de febrero de 1844.<<

[94] Ibídem, doc. 8, 5 de marzo de 1844.<<

[95] Ibídem, doc. 12, 14 de marzo de 1844.<<

[96] Sobre el entierro, masivo, de Argüelles, ver: Luis Garrido, «El entierro de Argüelles» en: Historia y Política, 3 (2000-2001), pp. 121-145.<<

[97] La escena completa en Francis Gribble, The Tragedy of Isabella II, Londres, Chapman Hall, 1913, pp. 113-114.<<

[98] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3376/60, doc. 14. 3 de mayo de 1844. El resto del gabinete estaba formado por Pedro José Pidal en Gobernación, Alejandro Mon en Hacienda, Luis Mayans en Gracia y Justicia, y Joaquín Armero en Marina. Narváez ocupaba, además de la presidencia, el ministerio de Guerra.<<

[99] AHN, Diversos, Títulos y Familias, Cajas Reservadas, caja 5, 16 de julio de 1844 y 3359/21, doc. 3.<<

[100] Su nuevo confesor, impuesto por el Patriarca de Indias en sustitución del demasiado aquiescente Marcos González que había sido quien la había casado en secreto allá por el año 1833.<<

[101] AHN. Diversos y Familias. 3376/60, doc. 8. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, 23 de junio de 1844.<<

[102] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3390/94, doc. 74. Agosto de 1844.<<

[103] PRO, FO, Spain, 657, n.º 358. Bulwer a Aberdeen, Madrid, 18 de octubre de 1844.<<

[104] Borrador del decreto en AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3390/94, doc. 66. El borrador sigue, a su vez, las instrucciones de Viluma a Muñoz, en carta muy reservada de 16 de julio de 1844. AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3359/21.3.<<

[1] AGP, Reinados, Fernando VII, caja 31/27. En la portadilla del documento aparece la siguiente leyenda: «Artículo comunicado de Donoso (7 de junio de 1846) (No llegó a publicarse)».<<

[2] Para un conocimiento detallado de los debates nacionales e internacionales, destacan dos obras monográficas que se complementan entre sí. María Teresa Puga, El matrimonio de Isabel II en la política de su tiempo, Pamplona, Universidad de Navarra, 1964; y E. Jones Parry, The Spanish Marriages, 1841-1846. A Study of the Influence of Dinastic Ambition upon Foreign Policy, Londres, Macmillan, 1936.<<

[3] AMAE, MD, 365. Nota confidencial firmada por Monsieur G. dirigida al ministro de Asuntos Exteriores francés. Anexo al despacho del 9 de octubre de 1840. Tiene la particularidad de ser la más temprana manifestación de interés por la candidatura de Francisco de Asís, de quien se dice que tiene las cualidades necesarias para cumplir las funciones de rey.<<

[4] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3376/60, docs. 79 y 76. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, Madrid, 19 de agosto y 2 de septiembre de 1843.<<

[5] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3372/52, doc. 62. Isabel II a María Cristina de Borbón, s/f.<<

[6] El Español, 2 de enero de 1846.<<

[7] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3372/53.6, doc. 60. María Cristina a Isabel II, París, 9 de septiembre de 1843.<<

[8] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3388/88, doc. 38. Borrador, s/f. La evidencia documental permite fecharla a finales de 1843.<<

[9] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3376/58.17, doc. 63. Recoge la reunión celebrada en París, en la residencia de María Cristina en mayo de 1843, para examinar las diversas candidaturas.<<

[10] Entre las obras que más a fondo han tratado esta cuestión, estrechamente enlazada con las resistencias de la Corte al liberalismo y la constante amenaza de un pacto entre María Cristina y el carlismo, merece destacarse la de María Teresa Puga, El matrimonio de Isabel…, pp. 46-49 y 57-71; y la de José Ramón Urquijo y Goitia, Las relaciones entre España y Nápoles durante la primera guerra carlista, Madrid, Actas, 1998, pp. 219-235, especialmente.<<

[11] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3388/88, docs 2 y 1.<<

[12] Citado sin referencia alguna de fuente por Carmen Llorca, Isabel II y su tiempo, Madrid, Istmo, 1956, p. 88.<<

[13] Como advirtió sagazmente François Guizot, el deseo de la reina Victoria no era necesariamente el del gabinete tory de sir Robert Peel, aunque sus ministros «no se atreverían a herirla en los intereses de su política conyugal, no se comprometerán sin embargo en sostener una fantasía de una joven mujer enamorada». AMAE, MD, vol. 305. Guizot a Saint Aulaire, París, 2 de marzo de 1842.<<

[14] Aston a Aberdeen, 20 y 28 de noviembre de 1841; y Aberdeen a Aston, 20 de febrero de 1842 en: E. Jones Parry, The Spanish Marriages…, pp. 30-33.<<

[15] Estas cartas, traducidas por Huth, fueron enviadas al príncipe Alberto el 6 de febrero de 1843, quien se las mostró al ministro de Asuntos Exteriores Aberdeen, quien conservó copias en su archivo privado. E. Jones Parry, The Spanish Marriages…, p. 71.<<

[16] Ver al respecto la voluminosa documentación recogida en AMAE, MD, 305 (1841-1843).<<

[17] AMAE, MD, 305. Guizot a St. Aulaire, 26 de octubre de 1841.<<

[18] M.ª Teresa Puga, El matrimonio de Isabel II…, p. 216.<<

[19] La Tour-Maubourg, 28 de febrero de 1844. Cit. E. Jones Parry, The Spanish Marriages…, p. 128.<<

[20] 5 de julio de 1845. Ibídem, p. 229.<<

[21] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3376/60. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, 29 de noviembre de 1843.<<

[22] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3372/53.6, doc. 38. Juan Donoso Cortés a María Cristina de Borbón, 11 de enero de 1844.<<

[23] AMAE, MD, 835. Bresson a Guizot, 30 de noviembre de 1844.<<

[24] Juan Sotorra y Figueres, Juicio Crítico sobre el casamiento de Isabel II, la justicia, la política constitucional, la conveniencia pública y el honor dicen su augusto enlace con el infante don Enrique de Borbón, Madrid, Imprenta de D. Antonio Yenes, 1846. Del mismo autor, y para hacerse una idea más cabal de su pensamiento, merece la pena recordar su Los varones en el trono, obra política en la que se prueba ser más preferible el gobierno político-civil de los hombres que las mujeres, y en que se vierten máximas y consejos para el régimen de la felicidad de una monarquía representativa, dedicada a los monarcas, príncipes y legisladores, Barcelona, Imprenta de José Tauló, 1842.<<

[25] Ramón de Santillán, Memorias (1808-1856), edición de Pedro Tedde, Madrid, Tecnos-Banco de España, 1996, p. 300-301.<<

[26] Donoso a Lavergne, enero de 1846. Citado por Francisco Suarez en Vida y Obra de Juan Donoso Cortés, Pamplona, Eunate, 1997, pp. 583-584.<<

[27] El Pensamiento de la Nación, 28 de enero de 1846; y José Ramón Urquijo, Gobierno y Ministros españoles (1808-2000), Madrid, CSIC, 2001, pp. 47-49.<<

[28] AGP, Reinados, Fernando VII, caja 31/27.<<

[29] Un proyecto mantenido, en general, por todos los sectores católicos como demuestra la publicación del periódico La Restauración de Aparisi y Guijarro. M.ª Cruz Romeo, «Política católica para después de la revolución o las vías del antiliberalismo: Aparisi y Guijarro, 1843-1844» en: Trienio, 41 (2003), pp. 133-162.<<

[30] AMAE, MD, 305. Flahault a Guizot, 8 de abril de 1842.<<

[31] Textos inéditos de Balmes entregados al marqués de Viluma en 1846 y trascritos íntegramente por el marqués de Rozalejo en su obra Cheste, o todo un siglo (1809-1906). El isabelino tradicionalista, Madrid, Espasa-Calpe, 1935, p. 135. María Cristina siempre fue hostil al proyecto de matrimonio con don Carlos pero, siguiendo su costumbre de pedir consejo a todos los efectos y combinaciones posibles, escribió a Viluma pidiéndole que le detallase cuáles eran, a su juicio, las ventajas de aquel matrimonio. La respuesta de Viluma, más prudente que la de Balmes, se encuentra recogida en AGP, Reinados, Fernando VII, caja 31, expediente 25, y lleva fecha de 26 de mayo de 1846.<<

[32] M. Morayta, Historia general de España desde los tiempos antehistóricos hasta nuestros días, Madrid, Felipe González Rojas, 1893, tomo VII, p. 1077-1078.<<

[33] AME, MD, St. Aulaire a Guizot, 26 de abril de 1842.<<

[34] NA, FO, 72, Spain. Ver los documentos numerados 83.1 y 83.2 del día 8 de julio de 1846 en las cajas 694 y 698.<<

[35] AGP, Histórica, 302. Contiene los borradores de las cartas tanto a Leopoldo de Bélgica como al duque de Sajonia-Coburgo. Existe constancia documental de esas gestiones en la correspondencia entre el hermano de Riánsares, Jesús Muñoz, y Federico Huth durante el mes de julio de 1846, así como de las negociaciones confidenciales entre Donoso Cortés y el embajador británico Bulwer. AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3405/129, docs. 3 a 36. Según los datos de E. J. Parry, Riánsares fue el autor de toda la maniobra y Bulwer tramitó la carta destinada al duque de Coburgo, que entonces se hallaba en Portugal. E. Jones Parry, The Spanish Marriages…, pp. 279-290.<<

[36] AMAE, MD, 316. Bresson a Guizot, 26 de abril de 1846 y 24 de mayo de 1846. Sin embargo, sabemos también que la prisa por casar a Isabel II procedía del propio Partido Moderado o, al menos, de los sectores más cercanos a la reina madre. El 28 de agosto de 1846, Donoso escribió a la reina: «En el estado que hoy tienen las cosas es imposible dilatar este negocio sin graves riesgos para V. M. y para los pueblos que dichosamente gobierna. Mañana, si V. M. tiene la dignación de permitírmelo, tendré la honra de exponer a V. M. de palabra las graves razones de conveniencia pública que aconsejan la inmediata resolución de esta cuestión dificilísima». RAH, Colección Isabel II 9/6957, leg. 18.<<

[37] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3404/129, doc. 127. S/f.<<

[38] NA, FO, 72, Spain, 697, doc. 57. Bulwer a Aberdeen, 24 de abril de 1846. En ese despacho, el embajador británico asegura que mantuvo una entrevista con Riánsares en la cual éste le dijo: «En el estado presente de España no hay más que un candidato posible, el príncipe Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Gota, ¿piensa V. que es posible?». Sobre la implicación del infante Enrique en la conspiración progresista gallega: AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3405/129, docs. 62 a 70. El mejor estudio sobre aquel episodio importante y poco estudiado, en el cual participó también, por cierto, la condesa de Espoz y Mina, es el de X. R. Barreiro Fernández, El levantamiento de 1846 y el nacimiento del galleguismo, Santiago de Compostela, Ed. Pico Sacro, 1977.<<

[39] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3405/129, doc. 127.<<

[40] AMAE, MD, 316. Bresson a Guizot, 8 de agosto de 1846.<<

[41] AME. MD. 316. Guizot a Bresson, 17 de agosto de 1846. Carta 2.<<

[42] Jorge Vilches, Isabel II. Imágenes de una reina, Madrid, Síntesis, 2007, p. 83. Sería inexacto atribuir al grueso del progresismo un entusiasmo que no sintió por Francisco de Asís, aunque sí su preferencia (no compartida por todos, por ejemplo Olózaga) porque la elección recayese en príncipes españoles y liberales. Algo difícil de encontrar.<<

[43] Pierre de Luz, Isabel II, reina de España, Barcelona, Juventud, 1937, pp. 89 y 98.<<

[44] Ver, por ejemplo, AMAE, MD, 665. Jarnac a Guizot, 26 de agosto de 1846 y PRO, FO, 72, p. 122, 694. Normanby a Parlmerston, Private, 31 de agosto de 1846. En una carta de Bulwer a Parlmerston, 25 de mayo de 1847, el primero relata que el general Serrano, en aquel momento amante de la reina, tenía buenas razones para creer que el rey era impotente.<<

[45] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3376/58, doc. 21.<<

[46] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3840/384.8 y 3481/385.1, Cajas Reservadas.<<

[47] Jean-Philippe Luis, L’ivresse de la fortune. A. M. Aguado, un génie des affaires, París, Payot, 2009.<<

[48] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3521, libro 56. Correspondencia de Don Domingo Simón desde el 18 de mayo de 1841 hasta el 17 de enero de 1842. La mayor parte desde Burdeos relativa al infante don Francisco y su familia. Ver también legs. 3480/384.8 y 3481/385.1. Cajas Reservadas.<<

[49] Ibídem.<<

[50] Ibídem.<<

[51] AMAE, MD, 365. Ver también una copia en RAH, Colección Pirala, legajo 6847. Según la Revue Retrospective, año 1846, Francisco de Paula había pedido al mismo banquero, y a los señores Maugín y Paulet, un préstamo de 1 200 000 francos para arreglar el matrimonio de uno de sus hijos con Isabel II. Las peticiones de Tastet no encontraron nunca cumplimiento completo pero se convirtieron en un problema del que, como señalan las anotaciones del secreratio Antonio Rubio, hubo de ocuparse directamente María Cristina en las sucesivas crisis que provocaron las reclamaciones cada vez más urgentes y agrias del banquero francés, quien intentó cobrar lo convenido en mayo de 1850, en octubre de 1865 y, finalmente, acabó destapando todo el asunto ante la propia Isabel II en 1867. Por último, y para mayor descrédito de la monarquía, el tema se discutió en las Cortes Constituyentes de 1868-1869, lo que provocó un detallado informe de los ocultos intereses económicos del rey consorte por parte de Laureano Figuerola. DSC, 15 de diciembre de 1869.<<

[52] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3388/88, doc. 38.<<

[53] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3364/36. Francisco de Asís de Borbón a María Cristina de Borbón, Madrid, 20 de agosto de 1843.<<

[54] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3364/36, doc. 44.<<

[55] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3364/36, doc. 43. María Cristina de Borbón a Francisco de Asís de Borbón, 15 de septiembre de 1843.<<

[56] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3405/129, doc. 1.<<

[57] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3405/129, doc. 54. Francisco de Asís de Borbón a María Cristina de Borbón, 1 de agosto de 1846. La carta de Francisco de Asís, en la que reconoce a don Carlos derechos superiores a los suyos y le aconseja el matrimonio con Isabel II, fue publicada por el periódico carlista La Esperanza el 15 de diciembre de 1846, para escándalo de la opinión liberal. Una opinión que, ya para entonces, comenzaba a saber de las peculiaridades políticas y religiosas de Francisco de Asís, quien había instalado en Palacio a su confesor, el padre Fulgencio, un conocido absolutista, y que mantenía una estrecha amistad con la famosa monja de las llagas, sor Patrocinio.<<

[58] Ver, al respecto, Exposición de los festejos Públicos que la villa de Madrid tiene dispuestos para solemnizar el augusto enlace de S. M. la reina Doña Isabel II y de la Serenísima Sra. Infanta Doña María Luisa Fernanda con sus augustos primos SS. AA. RR. el duque de Cádiz y duque de Montpensier, Madrid, Imprenta de Rivadeneyra, 1846 y Ceremonial Eclesiástico para la celebración de los Reales Desposorios de S. M. Católica la Sra. Doña Isabel II de Borbón, reina de las Españas, con el Serenísimo señor Don Francisco de Asís María de Borbón, infante de España, Madrid, Impresos de la Real Capilla, 1846.<<

[59] AMAE, MD, 305. Guizot a St. Aulaire, 2 de marzo de 1842.<<

[60] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3388/88, doc. 47.<<

[61] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3388/88, doc. 46.<<

[62] Jorge Vilches recoge esa posibilidad en Isabel II. Imágenes…, p. 80, aunque su propia documentación en otras páginas del mismo libro la contradice.<<

[63] D. H. L. Bulwer a Javier Istúriz, 21 de septiembre de 1846. AGP, Reinados, Fernando VII, caja 31, expediente 37.<<

[64] Roger Bullen, Parlmerston, Guizot and the Collapse of the Entente Cordiale, Londres, The Atholone Press, 1974, pp. 121-245.<<

[65] NA, FO, Portugal, 566, Howard de Walden a Aberdeen, 15 de julio de 1844; y The Times, 16 de septiembre de 1846.<<

[66] Cit. Jorge Vilches, Isabel II. Imágenes…, pp. 82-87, para un buen balance del agrio debate que precedió a la boda de Isabel II.<<

[1] Juan Miguel de los Ríos, Derecho Político General, Madrid, Boix, 1845, pp. 13-14.<<

[2] Para la evolución doctrinal y política del moderantismo, las obras clásicas de Luis Díez del Corral, El liberalismo doctrinario, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984; Ángel Garronena Morales, El Ateneo de Madrid y la teoría de la monarquía liberal, Madrid, IEP, 1974; Francisco Canovas, El partido moderado, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1982; y El moderantismo y la Constitución española de 1845, Madrid, Cátedra de Estudios Hispánicos, 1985. Reflexiones más recientes: M.ª Cruz Romeo, «Tras los escombros de la revolución. El moderantismo y las estrategias políticas y culturales de dominación» en: Juan Francisco Fuentes y Lluis Roura (eds.), Sociabilidad y liberalismo en la España del siglo XIX, Lleida, Milenio, 2001, pp. 239-230; y Fidel Gómez Ochoa, «Pero ¿hubo alguna vez cien mil vírgenes? El Partido moderado y la conciliación liberal» en: Manuel Suárez Cortina (ed.), Las máscaras de la libertad. El liberalismo español (1808-1950), Madrid, Marcial Pons, 2003, pp. 135-168.<<

[3] DSC, 30 de octubre de 1844.<<

[4] DSC, 17 de mayo de 1843.<<

[5] DSC, 5 de noviembre de 1844.<<

[6] A. Alcalá Galiano, Lecciones de Derecho Político Constitucional, Madrid, 1843, p. 126 y 148. Raquel Sánchez García, Alcalá Galiano y el liberalismo español, Madrid, EEC, 2005.<<

[7] El Heraldo, 8 de marzo de 1844.<<

[8] DSC, 11 de enero de 1845.<<

[9] Isabel Burdiel, «Morir de éxito. El péndulo liberal y la revolución española del siglo XIX», Historia y Política, 1 (1999), pp. 181-203. Jesús Millán y M.ª Cruz Romeo, «¿Por qué es importante la revolución liberal en España? Culturas políticas y ciudadanía en la historia española» en: Mónica Burguera y Christopher Schmidt-Novara (eds.), Historia de España contemporánea. Cambio social y giro cultural, Valencia, PUV, 2008, pp. 17-43.<<

[10] Joaquín Varela Suanzes, «La monarquía en la historia constitucional de España» en: Política y constitución en España (1808-1978), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 2007, pp. 19-30.<<

[11] Jean Stengers, L’action du Roi en Belgique. Pouvoir et Influence, Bruselas, Racine, 1996 (2.ª ed. revisada); e Histoire du sentiment national en Bélgique, des origins à 1918, Bruselas, Racine, 2000; Luiggi Lacché, «Constitución, monarquía, parlamento: Francia y Bélgica ante los problemas y “modelos” del constitucionalismo europeo (1814-1848)», Fundamentos, 2 (2000), pp. 467-591; Pierre Rosanvallon, La monarchie impossible…, op. cit. supra.<<

[12] A. Borrego, Lo que ha sido, lo que es y lo que puede ser el Partido Conservador, Madrid, M. de Rivadeneyra, 1857, pp. 67-70.<<

[13] Sus diferencias doctrinales, además de las obras ya citadas, pueden verse en Joaquín Varela, «Tres cursos de derecho político en la primera mitad del siglo XIX. Las lecciones de Donoso Cortés, Alcalá Galiano y Pacheco» en: Política y constitución…, op. cit., pp. 325-352; y Raquel Sánchez García, «La monarquía en el pensamiento del partido moderado» en: Ángeles Lario (ed.), Monarquía y república…; op. cit., pp. 127-153.<<

[14] Para las maniobras de Fernando Muñoz y M.ª Cristina en los momentos decisivos del primer gobierno Narváez, ver: AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3376/60.<<

[15] «Sobre el proyecto de ley fundamental (1837)» en: Obras Completas, Madrid, BAC, 1970, vol. I, p. 454. Interesa en este sentido profundizar en la obra ya clásica de José Ignacio Marcuello Benedicto, La práctica parlamentaria en el reinado de Isabel II, Madrid, Congreso de los Diputados, 1986, para entender hasta qué punto la concepción de los «realistas isabelinos» acabó afectando a toda la práctica política de la Corona durante la Década Moderada, especialmente a partir de 1851.<<

[16] Citado por el marqués de Rozalejo en Cheste o todo un siglo (1809-1906). El isabelino tradicionalista, Madrid, Espasa-Calpe, 1935, pp. 122-123.<<

[17] DSS, 2 de enero de 1846.<<

[18] Para los fundamentos de la convención constitucional de la doble confianza, ver J. Tomás Villarroya, El sistema político del Estatuto Real, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1968. Sobre la práctica del régimen de las dos confianzas y su desnaturalización durante la Década Moderada, Juan Ignacio Marcuello Benedicto, La práctica parlamentaria…, op. cit.<<

[19] L. Sánchez Agesta, Historia del constitucionalismo español, Madrid, IEP, 1955, p. 257; y «Los perfiles históricos de la monarquía constitucional en España», REP, 55 (1987), pp. 9-26.<<

[20] La máxima famosa fue el título de dos artículos consecutivos de Thiers en Le National a principios de 1830. Reproducidos como anexo a la obra de Duvergier d’Hauranne, De la réforme parlamentaire et de la réforme electorale. Cito de Pierre Rosanvallón, La monarchie impossible…, p. 156.<<

[21] Juan Ignacio Marcuello Benedicto, «Gobierno y “parlamentarización” en el proceso político de la monarquía constitucional de Isabel II», REP (nueva época), 130 (2005), pp. 5-32.<<

[22] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3539/3.17, doc. 6, 29 de abril de 1847.<<

[23] Anna Clark, «Queen Caroline and the sexual politics of popular culture in London, 1820», Representations, 31 (1990), pp. 47-68. Thomas W. Laqueur, «The Queen Caroline Affair: Politics as art in the reign of George IV», Journal of Modern History, 54 (1982), pp. 417-466. Jo Burr Margadant, «Gender, vice and the political imaginary in postrevolutionary France…»; art. cit. supra.<<

[24] AHN, Diversos, Titulos y Familias, leg. 3407/135.1, docs. 72 y 73. Isabel II a María Cristina, 21 y 23 de enero de 1847.<<

[25] AMAE, CP, Espagne, vol. 833.<<

[26] Así lo afirma Jorge Vilches (Isabel II. Imágenes de una reina, Madrid, Síntesis, 2007, p. 97), para quien todo el affaire Serrano fue urdido por el diplomático británico.<<

[27] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3539/3.17, doc. 5, Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, 11 de abril de 1847.<<

[28] RAH, Colección Pirala 9/6848.<<

[29] Ibídem, doc. 10. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, 19 de mayo de 1847.<<

[30] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 359/3.17, doc. 11. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, 21 de mayo de 1847.<<

[31] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3539/3.17, doc 1. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, 14 de marzo de 1847.<<

[32] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3539/3.9. Correspondencia del marqués de Castelar, 19 de abril de 1847.<<

[33] Ibídem.<<

[34] Ibídem.<<

[35] RAH. Colección Pirala, legajo 9/6848.<<

[36] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3539/3.17, doc. 2. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, 21 de marzo de 1847.<<

[37] Ibídem.<<

[38] Ibídem.<<

[39] Todas las vicisitudes e implicaciones parlamentarias en Juan Ignacio Marcuello, La práctica parlamentaria…, op. cit., pp. 341-343.<<

[40] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3539/3.17, doc. 7. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, 3 de abril de 1847.<<

[41] AGP, Expedientes Personales, 974/14.<<

[42] Eco del Comercio, 6 y 7 de abril de 1847.<<

[43] Aquellos incidentes se airearon profusamente en la prensa y se discutieron incluso en las Cortes como atentados a la dignidad del trono. DSC, 12 de abril de 1847 y ss. La descripción que utilizo proviene de Miguel Villalba Hervás, Recuerdos de cinco lustros, Madrid, Victoriano Suárez, 1896; y Miguel Morayta, Historia general de España, desde los tiempos antehistóricos hasta nuestros días, Madrid, Felipe González Rojas, 1893, tomo VII, pp. 1187 y ss.<<

[44] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3539/3.17, doc. 4, Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, 4 de abril de 1847.<<

[45] Ibídem.<<

[46] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3539/3.9. Correspondencia del marqués de Castelar, 19 de abril de 1847.<<

[47] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3539/3.17, doc. 5. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, 11 de abril de 1847.<<

[48] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3539/3.17, doc. 10. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, 19 de mayo de 1847.<<

[49] Ibídem, doc. 11, Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, 21 de mayo de 1847.<<

[50] El estudio más completo sobre los puritanos sigue siendo Francisco Cánovas, El partido moderado, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1982, pp. 225-246.<<

[51] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3539/3.17, doc. 5. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, 11 de abril de 1847.<<

[52] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3539/3.17, docs. 9 y 11. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, 9 y 21 de mayo de 1847.<<

[53] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3539/3.17, docs. 9 y 11. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, 9 y 21 de mayo de 1847.<<

[54] El Español, 25 de mayo de 1847.<<

[55] El Español, 25 de mayo de 1847.<<

[56] El Correo Nacional, 8 de agosto de 1847.<<

[57] The Times, 20 de mayo de 1847; y, para la última parte de la cita, la referencia procede de la trascripción de M. Morayta, Historia general de España desde los tiempos antehistóricos hasta nuestros días, Madrid, Felipe González Rojas, 1893, tomo VII, p. 1193.<<

[58] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3539/3.17, doc. 6, 29 de abril de 1847.<<

[59] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3539/3.3, doc. 6. Eugenio de Aviraneta Ibargoyen, a Fernando Muñoz, 8 de agosto de 1847.<<

[60] Florencio Gamayo, El proceso de los Borbones, Madrid, Imprenta de la Regeneración, s/f, p. 18.<<

[61] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3406/31, exp. 2, doc. 3 y 3406/132.2 completo.<<

[62] I. Bermejo, La Estafeta de Palacio, Madrid, 1871, tomo II, pp. 804-805. En un mensaje privado del encargado de negocios francés, Gluksberg, a François Guizot, se informa de la entrevista entre el rey y Benavides que hace concebir esperanzas respecto a una reconciliación «siempre que la conducta de la Reina fuese digna y conveniente y él mismo fuese tratado con los respetos debidos. Su Majestad rechazó con indignación todo pensamiento de influencia o de intervención en los asuntos de Estado». AME, MD, 365. Gluksberg a Guizot, 15 de agosto de 1847.<<

[63] AMAE, CP, Espagne, Origins à 1870, vol. 833, pp. 120-123.<<

[64] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3549/2.22, doc. 1. Francisco de Asís a Fernando Muñoz, 22 de julio de 1847.<<

[65] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3406/131, docs. 56, 57 y 206.<<

[66] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3406/131, doc. 58. Con la leyenda «Ejemplar impreso de un Manifiesto que se dice dirigido a los españoles por D. Francisco de Asís desde El Pardo a 6 de agosto de 1847». El rey, sin embargo, negó siempre haber escrito o autorizado aquel manifiesto.<<

[67] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3406/133.2, doc. 233. El marqués de Miraflores a María Cristina, 24 de julio de 1847.<<

[68] AHN. 3539/20, doc. 12. Pedro Egaña a Fernando Muñoz, 1 de agosto de 1847.<<

[69] Ibídem, doc. 14, 8 de agosto de 1847.<<

[70] Para estos temas, Ramón de Santillán, Memorias (1808-1856), edición de Pedro Tedde, Madrid, Tecnos-Banco de España, 1996, pp. 309-318.<<

[71] AHN, Diversos, Títulos y Familia, 3539/3.17, doc. 11, Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, 21 de mayo de 1847.<<

[72] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3539/3.17, doc. 8, 30 de abril de 1847.<<

[73] Todas estas maniobras las explicita Ramón de Santillán en sus Memorias…, op. cit., pp. 309-318.<<

[74] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3539/3.17, doc. 26. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, 9 de septiembre. Cursiva en el original.<<

[75] Eco del Comercio, 9 de septiembre de 1847.<<

[76] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3539/3.17, doc. 29, Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, 3 de octubre de 1847.<<

[77] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3539/3, doc. 12. Ramón Narváez a Fernando Muñoz, 26 de septiembre de 1847.<<

[78] Ibídem.<<

[79] AGP, Sección Fernando VII, caja 31, exp. 39. El marqués de Miraflores a María Cristina de Borbón, 5 de octubre de 1847.<<

[80] AMAE, CP, Espagne. Origins à 1870, vol. 833. Gluksberg a Guizot, 8 de octubre de 1847.<<

[81] AMAE, MD, vol. 365. Despacho telegráfico del ministro de Francia en Madrid al Sr. Presidente del Consejo de Ministros, Madrid, 5 de octubre de 1847.<<

[82] Ibídem. Comunicados del 11, 16 y 18 de octubre, Gluksberg a Guizot.<<

[83] Citado por Jorge Vilches, Isabel II. Imágenes de una reina…, op. cit., p. 130.<<

[84] La biografía clásica del general sigue siendo todavía la de Andrés Révesz, Un dictador liberal: Narváez, Madrid, Aguilar, 1953; y la incompleta, publicada póstumamente, de Jesús Pabón, Narváez y su época, Madrid, Espasa-Calpe, 1983.<<

[85] Para una discusión actual al respecto, ver Salvador Calatayud, Jesús Millán y M.ª Cruz Romeo, «El Estado en la configuración de la España contemporánea. Una revisión de los problemas historiográficos» en la obra editada por los mismos autores, Estado y periferia en la España del siglo XIX. Nuevos enfoques, Valencia, PUV, 2009, pp. 9-130.<<

[86] José Luis Comellas trato en su momento de desdibujar su realidad a través de la constatación de esa pluralidad. Sus argumentos al respecto están sintetizados en Isabel II. Una reina y un reinado, Barcelona, Ariel, 1999, pp. 129-136.<<

[87] Ver, por ejemplo, para esas tensiones a finales del siglo XVIII, Emilio La Parra, Manuel Godoy, la aventura del poder, Barcelona, Tusquets, 2002.<<

[88] Juan Bravo Murillo, Opúsculos, 5 vols., Madrid (I: Imp. de Manuel Minuesca; II: Imp. de Julián Peña; III-V: Imp. del colegio de Sordomudos y de Ciegos), 1863-1865, tomo XV, p. 131.<<

[89] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3460/304, doc. 3. Dictamen de Rubio. Subrayado en el original.<<

[90] AMAE, MD, vol. 311. Considerations sur l’Espagne. 1840. Monsieur Decazes.<<

[91] AMAE, MD, vol. 311. Considerations sur l’Espagne. 1840. Monsieur Decazes.<<

[92] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3376/60, doc. 140, Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, 1 de mayo de 1840.<<

[93] Memoria enviada a María Cristina de sus gestiones en París, diciembre de 1843. Citada en Federico Suárez, Vida y Obra de Juan Donoso Cortés, Pamplona, Eunate, 1997, p. 581. Para su pensamiento, José M.ª Beneyto, Apocalipsis de la modernidad. El decisionismo político de Donoso Cortés, Barcelona, Gedisa, 1993; y Luis Gonzalo Díez, La soberanía de los deberes. Una interpretación histórica del pensamiento de Donoso Cortés, Cáceres, Institución Cultural «El Brocense», 2003.<<

[94] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3376/60, doc. 116. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, 20 de noviembre de 1840.<<

[95] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3376/60, doc. 76, Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, 2 de septiembre de 1843.<<

[96] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3376/60, doc. 43. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, 20 de enero de 1844 y 3372/53.6, doc. 37. Juan Donoso Cortés a María Cristina de Borbón, 4 de febrero de 1844. También, Juan Donoso Cortés a María Cristina de 4 de febrero de 1844. AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3372/53.6, doc. 37.<<

[97] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3376/60, docs. 17, 20, 21 con fechas de 6, 9 y 27 de abril de 1844.<<

[98] Federico Suárez, Vida y obra de Juan Donoso Cortés…, op. cit., pp. 617-650 y 1023-1060 especialmente.<<

[99] Para un balance de cuentas del patrimonio de Riánsares y una primera entrada al análisis del mismo que escapa a los objetivos de este trabajo, ver: AHN, Diversos, Títulos y Familias, legajos 3540 y 3412/145. Ver, también, Alfonso de Otazu, Los Rothschild y sus socios españoles (1820-1850), Madrid, O. H. S., 1987; y Miguel Ángel Lopez Mirall, La casa Rothschild en España (1812-1941), Madrid, Marcial Pons, 2005.<<

[100] DSC, 7 de junio de 1856. «Dictamen de la Comisión de Información Parlamentaria sobre ciertos actos de que puede ser responsable doña María Cristina de Borbón». Apéndice 2.º.<<

[101] AHN. Diversos, Títulos y Familias, 3460/304, doc. 3. Dictamen de Rubio.<<

[102] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3421/712, doc. 167. «Minuta de una importante carta política (al parecer sin acabar) que el duque de Riánsares se proponía escribir a un amigo suyo. 1854».<<

[103] Pierre de Luz, Isabel II, reina de España, Barcelona, Juventud, 1937, p. 155-156.<<

[104] RAH, Colección Narváez II, 9/8094, vol. 20, doc. 13.<<

[105] Experiencia directa de esta autora desde la publicación de su primera obra sobre Isabel II. Sabemos que el profesor Fernández Almagro depositó en su momento en la Academia de la Historia una correspondencia privada de la reina con alguno de esos amantes, sabemos también que el depósito fue provisional y que hoy en día esa documentación ha vuelto a algún archivo privado. Por otra parte, existen indicios de que Natalio Rivas poseía en su archivo privado otra correspondencia entre el marqués de Bedmar e Isabel II en la que es patente la relación que mantuvieron a finales de la década de 1840. Las indicaciones más concretas proceden, sobre todo, de la biografía de Carmen Llorca (Isabel II y su tiempo, Madrid, Istmo, 1984 [1.ªed. 1956], p. 116), quien, implícitamente, deja entender que ha consultado esa documentación a la que hoy ya no tenemos acceso.<<

[106] APP, Ba/316, Madrid, 4 de diciembre de 1876. No tomo en cuenta obras de carácter novelesco, cuando no fraudulentas, como la de Ricardo de la Cierva, Vida y amores de Isabel II (El Triángulo), Madrid, 1999; o la de Manuel Barrios, Los amantes de Isabel II, Madrid, Temas de Hoy, 1994. Sin embargo son significativas de la persistencia del mito amoroso de Isabel II.<<

[107] AHN, Diversos, Títulos y Familias, libro 88. Diario y Apuntes de la reina María Cristina (1847). Sin catalogar a fecha de junio de 2003.<<

[108] Su expediente completo se encuentra en el Archivo de Palacio, expedientes personales n.º 16 601, exp. 12. Sigo en los datos fundamentales sobre esta relación a Carmen Llorca, Isabel II…, 114 y ss., quien, como ya he dicho, no explicita sus fuentes.<<

[109] Fernando Fernández de Córdova, Mis memorias íntimas, Madrid, Atlas 1966 (1.ª ed. 1886-1889), tomo II, p. 249.<<

[110] Ramón de Santillán, Memorias…, op. cit., p. 311.<<

[111] Esa correspondencia no se encuentra en la Colección Natalio Rivas actualmente existente en la RAH. Carmen Llorca, Isabel II…, p. 116, nota 59.<<

[112] Ibídem, p. 118.<<

[113] Pueden encontrarse versiones más detalladas en las obras clásicas de Ildefonso Bermejo, Modesto Lafuente o Miguel Morayta. De época y curioso es El Ministerio-relámpago. Folleto satírico de circunstancias, de D. E. Bravo y D. E. Cisneros, Madrid, Imprenta de J. María Alonso, 1849. RAH, Colección Natalio Rivas, 11/8884. Una valoración global interesante en Andrés Révesz, Un dictador liberal…, pp. 187-198.<<

[114] Miguel Morayta, Historia general de España…, pp. 1291-1292.<<

[115] Fernando Fernández de Córdova, Mis memorias íntimas…, op. cit., p. 249.<<

[116] Carmen Llorca, Isabel II y su tiempo…, op. cit., p. 132.<<

[117] Reflexiones a posteriori realizadas por los embajadores franceses Jacques Aupick y marqués de Turgot. AMAE, CP, vol. 842. Aupick a Drouyn de Lhuys, 11 de enero de 1843 y Turgot a Drouyn de Lhuys, 24 de agosto de 1853.<<

[118] Ver la excelente biografía de Juan Pro, Bravo Murillo. Política de orden en la España liberal, Madrid, Síntesis, 2006, pp. 138-39 y 226-228.<<

[119] DSC, 30 de diciembre de 1850. Para datos relevantes sobre el discurso y sus repercusiones, Federico Suárez, Vida y obra de Juan Donoso Cortés…, op. cit., pp. 770-808.<<

[120] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3421/172, doc. 12, Isabel II a María Cristina de Borbón, 1851, s/f.<<

[121] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3543/7, doc. 50. Riánsares a Istúriz, 18 de enero de 1851.<<

[122] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3421/172, doc. 52. El marqués de Miraflores a Isabel II, enero de 1851.<<

[123] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3421/172, doc. 1, Isabel II a María Cristina de Borbón, Madrid, 3 de mayo de 1851.<<

[124] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3421/172, doc. 5, Isabel II a María Cristina de Borbón, de mayo de 1851, s/f.<<

[125] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3421/172, docs. 10 y 11. Isabel II a María Cristina, 12 de junio y 4 de julio de 1851.<<

[126] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3544/5. Bravo Murillo a Fernando Muñoz, 21 de junio de 1852, leg. 3457/7, carpetilla 8 completa. Correspondencia dirigida al duque de Riánsares por Juan Bravo Murillo sobre asuntos políticos. Docs. 3 y 4 especialmente. La valoración de Juan Pro, Bravo Murillo…, op. cit., pp. 250-251.<<

[127] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3457/7, doc. 11. Bravo Murillo a Fernando Muñoz, a/f 1851.<<

[128] Para una valoración global de la tarea al respecto, Juan Pro, Bravo Murillo…, op. cit., pp. 251-275.<<

[129] Brigitte Journeau, Église et État en Espagne au XIXe siècle. Les enjeux du Concordat de 1851, Pas-De-Calais, Presses Universitaires du Septentrion, 2002. Para la «iglesia nacional» sigo a Juan Pro, Bravo Murillo…, pp. 268-269.<<

[130] Remito de nuevo a la excelente obra de Juan Pro ya citada, cuyas reflexiones sigo en este apartado.<<

[131] Ibídem, Marqués de Miraflores a María Cristina de Borbón, 13 de diciembre de 1852.<<

[132] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3544/8. Juan Donoso Cortés a Fernando Muñoz, 29 de agosto de 1852.<<

[133] Así se expresaba ya Donoso en carta a Fernando Muñoz de 16 de mayo de 1843. AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3376/60, doc. 114.<<

[134] Para una valoración global de lo que significó el II Imperio, Jean-Claude Yon, Le II Empire. Politique, societé, culture, París, Armand Colin, 2004. Muy útil para la forja del pensamiento napoleónico, su práctica y evolución sigue siendo Louis Girard, Napoleón III, París, Fayard, 1986. Para el complejo pensamiento moderno de Donoso, José María Beneyto, Apocalipsis de la modernidad. El decisionismo político de Donoso Cortés, Barcelona, Gedisa, 1993; y Luis González Díez, La soberanía de los deberes…, op. cit. supra.<<

[135] Para la valoración del propio Bravo Murillo, que insistió siempre en que sus proyectos no habían sido inspirados «por nadie, ni dentro ni fuera de España», ver Juan Bravo Murillo, «El proyecto de reforma de 1852» en Opúsculos, Madrid, 1863-1865, tomo IV, pp. 3-43.<<

[136] ASV, Nunciatura di Madrid, Scatole 326; y Segretaria di Stato, año 1852, 165/8, doc. 453. En 1854 se publicó un folleto, encontrado entre las pertenencias de Merino por la policía, en el que se desgranan las razones del intento de regicidio, curiosamente mucho más sensatas y cercanas a los debates de la época, que lo que la supuesta locura del clérigo permitía esperar. Merino (Cura). Filosofía político-moral. La conciencia, Madrid, 1854. RAH, Colección Natalio Rivas, 11/8884, doc. 5.<<

[137] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3421/172, doc. 167.<<

[138] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3544/8. Marqués de Miraflores a María Cristina de Borbón, 27 de abril de 1852.<<

[139] Entre los firmantes estaban Joaquín Francisco Pacheco, Luis González Bravo, los generales Gutiérrez de la Concha (Manuel y José), Antonio Ros de Olano, Francisco Fernández de Córdova, Leopoldo O’Donnell y el progresista Evaristo San Miguel. Para todo el incidente, Juan Pro, Bravo Murillo…, op. cit. supra, pp. 392-395.<<

[140] Biblioteca Nacional de Madrid, 18699-13. Isabel II a Bravo Murillo, 20 de mayo de 1852. Cit. ibídem, p. 394.<<

[141] Biblioteca Nacional de Madrid, 18699-13. Isabel II a Bravo Murillo, 20 de mayo de 1852. Cit. ibídem, p. 394.<<

[142] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3544/8. Docs. 7 y 8, El marqués de Miraflores a María Cristina de Borbón, 13 y 14 de mayo de 1852.<<

[143] Textos y firmas de estos últimos manifiestos en Marqués de Miraflores, Continuación de las memorias políticas para escribir la historia del reinado de Isabel II, Madrid, M. Rivadeneyra, 1873. Edición moderna: Memorias del reinado de Isabel II, Madrid, BAE, 1964, vol. II, pp. 486-491.<<

[144] Resulta convincente la interpretación de Juan Pro al respecto (op. cit.), como lo es el hecho de que el evidente alejamiento de Donoso Cortés del círculo de María Cristina y Riánsares coincidiese con su conversión en un crítico feroz del despilfarro, la corrupción y la ostentación del lujo que compartían los Muñoz con, por ejemplo, Ramón Narváez.<<

[145] Ibídem, Marqués de Miraflores a María Cristina de Borbón, 13 de diciembre de 1852.<<

[146] Juan Bravo Murillo, op. cit., vol. IV, pp. 115-116.<<

[1] Pierre Rosanvallon, La monarchie impossible. Les Chartes de 1814 et de 1830, París, Fayard, 1994, p. 46.<<

[2] Andrés Borrego, Estudios políticos. De la organización de los partidos políticos en España, considerada como medio de adelantar la educación constitucional de la nación y de realizar las condiciones del gobierno representativo, Madrid, Imprenta de Pedro Montero, 1855, pp. 281-282.<<

[3] Juan Pro Ruiz, «La práctica política de los gobiernos antiparlamentarios del final de la década moderada (1851-1854)» en: Revista de las Cortes Generales 12 (1987), pp. 7-55.<<

[4] Alexis de Tocqueville, Recuerdos de la revolución de 1848, Madrid, Trotta, 1994.<<

[5] A. de Tocqueville, op. cit., p. 28.<<

[6] NA, FO, 72/842, n.º 6. Howden a Clarendon, 1 de enero de 1854. Sobre la recurrencia de las mayorías negativas en el reinado de Isabel II, ver Juan Ignacio Marcuello, «Gobierno y “parlamentarización” en el proceso político de la monarquía constitucional de Isabel II» en: Revista de Estudios Políticos (nueva época), 130 (2005), pp. 5-32.<<

[7] Andrés Borrego, Estudios políticos…, pp. 281-282.<<

[8] Ramón de Santillán, Memorias (1808-1856), edición de Pedro Tedde, Madrid, Tecnos-Banco de España, 1996, p. 375.<<

[9] Juan Donoso Cortés, Obras Completas, Madrid, BAC, 1970, tomo II, p. 280. Carta al conde Raczynski, 21 de diciembre de 1852.<<

[10] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3430/196, n.º 96.<<

[11] Andrés Borrego, Estudios políticos…, p. 133.<<

[12] AMAE, CP, vol. 842, Aupick a Drouyn de Lhuys, 11 de enero de 1853.<<

[13] Juan Pro, «La práctica política de los gobiernos antiparlamentarios…», art. cit., p. 29. Hay una discusión global de este problema en el número monográfico, coordinado por María Sierra, Rafael Zurita y M.ª Antonia Peña, La representación política en la España liberal, Ayer, 81 (2006). De María Sierra, ver «La figura del elector en la cultura política del liberalismo español (1833-1874)» en: Revista de Estudios Políticos, 133 (2006), pp. 117-142. Para una comparación con el funcionamiento electoral en el admirado (por la Corona y el Gobierno) régimen bonapartista: Phillipe Tanchoux, Les procédures electorales en France de la fin de l’Ancien Régime à la Première Guerre mondiale, París, Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 2004; y Charles Voilliot, La candidature officielle. Une pratique d’État de la Restauration à la Troisième République, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2005. Agradezco a Rafael Zurita que me pusiese sobre la pista de estas dos obras que matizan mucho la excepcionalidad del comportamiento electoral gubernamental en la España de la época.<<

[14] Margarita Caballero, El sufragio censitario. Elecciones generales en Soria durante el reinado de Isabel II, Ávila, Junta de Castilla y León, 1994; Eduardo González Calleja y Javier Moreno Luzón, Elecciones y parlamentarios. Dos siglos de historia en Castilla-La Mancha, Valladolid, Servicio de Publicaciones de la Junta de Castilla-La Mancha, 1993; Antonio Robles Egea (comp.), Política en penumbra. Patronazgo y clientelismo políticos en la España contemporánea, Madrid, Siglo XXI, 1996; y Josep Maria Pons, Moderats i Progressistes a la Lleida del segle XIX, Lleida, Pagès editors, 2002. El entrecomillado sobre el sistema en la Restauración procede de José Varela Ortega, Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración (1875-1900), Madrid, Alianza, 1977, p. 355. El estudio global para la Restauración, que debería servir de modelo para el que necesitamos sobre el reinado isabelino es el coordinado por José Varela Ortega, El poder de la influencia. Geografía del caciquismo en España (1875-1923), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales-Marcial Pons, 2001.<<

[15] La gran cantidad de actas protestadas (106, el 30,3 por ciento de las presentadas) da idea, además, del grado de conflicto electoral de aquellas Cortes. Juan Pro, «La política de los gobiernos antiparlamentarios…», art. cit., pp. 34-35.<<

[16] José Ramón Urquijo asegura que la moderación del progresismo había llegado al extremo de que, en una reunión de algunos de sus líderes en 1851, Olózaga, Roda, Sancho, Madoz y Escosura se pronunciaron en el sentido de que la Milicia Nacional podía abandonarse en el caso de que las exigencias de una liberalización del Gobierno, al hilo de la evolución política de Francia, forzase a la reina a formar un gabinete de coalición. J. R. Urquijo, La revolución de 1854 en Madrid, Madrid, CSIC, 1984, p. 25.<<

[17] Andrés Borrego, Estudios políticos…, op. cit., p. 135. Votación y debate en DSC, Senado, 1 de abril de 1853.<<

[18] Ver, por ejemplo, el llamado «Manifiesto de Monte-Mor» emitido por M.ª Cristina nada más salir de España, en agosto de 1854, y que se encuentra recogido en numerosas obras decimonónicas. El texto completo y original, en: Marqués de Miraflores, Memorias del reinado de Isabel II, Madrid, Atlas, 1964, tomo III, pp. 84-89.<<

[19] Juan Bravo Murillo, Opúsculos, Madrid, 1863-1865, tomo XV, p. 131. En esas mismas memorias, Bravo Murillo escribió que «la causa determinante» de su caída había sido la pérdida de la confianza de la reina producto de «una conferencia que, en la noche anterior, había tenido con su Augusta madre», op. cit., p. 115-116.<<

[20] Ángel Fernández de los Ríos, Estudio histórico de las luchas políticas en la España del siglo XIX, Madrid, English y Gras editores, 1879-1880, vol. II, p. 297.<<

[21] Benito Pérez Galdós, Memoranda. La reina Isabel en: Obras completas, Madrid, Aguilar, 1961, tomo VI, p. 1416.<<

[22] NA, FO, 72/844, n.º 48. Otway a Clarendon, 16 de julio de 1854.<<

[23] ASV, Segretaria di Stato, Madrid, rubrica 249, busta 23. Agradezco a Mariana Lucca que me haya proporcionado este documento. El conde de Alcoy era Roncali.<<

[24] AMAE, CP, vol. 842. Aupick a Drouyn de Lhuys, 4 de abril de 1853.<<

[25] AMAE, CP, vol. 842. Aupick a Drouyn de Lhuys, 10 y 12 de abril de 1853.<<

[26] Andrés Borrego, Estudios políticos…, op. cit., p. 139. Además, Bermúdez de Castro dimitió en junio de 1853 al no ver satisfechas sus exigencias de apertura política y Moyano lo hizo en agosto por discrepancias sobre las concesiones de ferrocarriles.<<

[27] Fernández de los Ríos, Estudio histórico de las luchas políticas…, op. cit., p. 283; y Andrés Borrego, Estudios políticos…, op. cit., p. 141.<<

[28] «A Letter from Madrid», Blackwood’s Magazine, 2 de mayo de 1854, vol. LXXV, junio de 1854, pp. 671-686.<<

[29] Ibídem. El hermano de Pezuela era el marqués de Viluma, jefe de la facción de los llamados «realistas isabelinos», el ala más reaccionaria del Partido Moderado, que llegó al poder en 1843. Carmen Llorca, que en el tema de los amoríos reales jamás precisa sus fuentes, confirma el poder del amante de la reina en aquellos momentos, José María Ruiz de Arana (futuro duque de Baena y enemigo personal de Narváez), «quien ha conquistado tal ascendiente sobre la Reina que incluso —se dice— participa en la discusión de los asuntos públicos». Carmen Llorca, Isabel II y su tiempo, Madrid, Istmo, 1956, p. 139.<<

[30] AMAE, CP, vol. 842, Turgot a Drouyn de Lhuys, 9 de julio de 1853.<<

[31] C. Martos, La revolución de julio en 1854, Madrid, Imprenta del Colegio de Sordo-Mudos y de Ciegos, 1854, p. X.<<

[32] Ildefonso Bermejo, La Estafeta de Palacio (Historia del último reinado). Cartas trascendentales dedicadas a S. A. R. el Príncipe D. Alfonso de Borbón, Madrid, Imprenta de R. Labajos, 1972, tomo III, p. 407. Como es sabido, el autor organiza su obra como una correspondencia dirigida, primero al rey Amadeo, y después a Alfonso XII.<<

[33] Ángel Fernández de los Ríos, Estudio histórico de las luchas políticas…, op. y vol. cit., p. 306.<<

[34] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3430/196, n.º 216, 1853.<<

[35] Fanny Calderón de la Barca, The Attaché in Madrid; or, Sketches of the Court of Isabella II, Nueva York, D. Appleton and Co., 1856, pp. 61-62 y p. 95. Existe una versión castellana, Madrid hace cincuenta años a los ojos de un diplomático extranjero, Madrid, Bailly-Bailliere e Hijos, 1904. La vida y la obra de Frances Erskine Inglis (1804-1882), casada con Ángel Calderón de la Barca (embajador en México y ministro de Isabel II), merecen un estudio monográfico, incluida su etapa como tutora de la infanta Isabel. Además de la obra ya citada, su Life in Mexico, aparecida por vez primera en Boston, en 1843, es muy notable y no sólo por ser de autoría femenina.<<

[36] Ángel Fernández de los Ríos, Estudio histórico de las luchas políticas…, op. y vol. cit., p. 284.<<

[37] AMAE, CP, vol. 842. Turgot a Drouyn de Lhuys, 9 de julio de 1853.<<

[38] Andrés Borrego, Estudios políticos…, op. cit., p. 234.<<

[39] Ángel Fernández de los Ríos, Estudio histórico de las luchas políticas…, op. y vol. cit., p. 306; José Ramón Urquijo y Goitia, La revolución de 1854 en Madrid, Madrid, CSIC, 1984, p. 23, y Juan Pro, «La política de los gobiernos antiparlamentarios…», art. cit., p. 16.<<

[40] Se puede consultar una relación general de los negocios en los que participó la familia Muñoz en el informe de la comisión parlamentaria formada en las Constituyentes de 1854-1856 sobre responsabilidades de M.ª Cristina. DSC, 7 de junio de 1856, apéndice 2.º. Hay abundante documentación para un futuro estudio monográfico en el AHN, Fondo Reina Gobernadora. Ver también: Alfonso de Otazu y Llana, Los Rothschild y sus socios españoles (1820-1850), Madrid, O. H. S., 1987 y Miguel A. López Morell, La casa Rothschild en España, Madrid, Marcial Pons, 2005. Para los negocios americanos de los Muñoz, José Antonio Piqueras, «La reina, los esclavos y Cuba» en: Juan Sisinio Pérez Garzón (ed.), Isabel II. Los espejos de la reina, Madrid, Marcial Pons, 2004, pp. 91-110.<<

[41] AMAE, MD, vol. 849, Turgot a Drouyn de Lhuys, 8 de enero de 1854.<<

[42] Carmen Llorca, Isabel II y su tiempo…, op. cit., p. 142; y Andrés Borrego, Estudios políticos…, op. cit., p. 143.<<

[43] ASV, Segretaria di Stato, Madrid, rubrica 249, busta 27, 10 de agosto de 1857. Citado por Carmen Llorca, vid. cit. supra.<<

[44] Ángel Fernández de los Ríos, Estudio histórico de las luchas políticas…, op. y vol. cit., p. 284.<<

[45] The Times, 5 de mayo de 1853.<<

[46] AMAE, CP. Turgot a Drouyn de Lhuys, 24 de agosto de 1853. Los mínimos requeridos por los moderados de oposición creo que quedan perfectamente resumidos en la Representación hecha a S. M. C. la reina Doña Isabel II sobre la inobservancia de la constitución política del Estado y en defensa del gobierno representativo por Andrés Borrego, Madrid, Imprenta de D. Julián Peña, 1852. Para Borrego, «las bases generales e imprescindibles del gobierno representativo» serían: la soberanía compartida efectivamente con el Parlamento, la libertad e inmunidad de las discusiones parlamentarias, la libertad de prensa, la independencia e inamovilidad del poder judicial, la exacción de toda contribución y tributo sujeta al voto previo del Congreso de los Diputados, el «derecho de petición». Op. cit., p. 29.<<

[47] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3421/172, doc. 101. Poco después, la reina llamó a uno de sus consejeros predilectos, y antes de M.ª Cristina, Francisco Javier Istúriz, embajador en Londres. RAH, Colección Istúriz-Bauer, 9/6281, como protesta ante los ataques de The Times para tenerlo cerca en caso de un cambio de ministerio.<<

[48] AMAE, CP, vol. 843, Turgot a Drouyn de Lhuys, 21 de septiembre de 1853. La relación entre Sartorius y el palacio de Las Rejas era evidente, como se desprende del tono y contenido de su correspondencia con la reina madre y Riánsares tras la revolución de 1854. AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3456/10, pássim.<<

[49] Archivo Sartorius. Carta del rey consorte Francisco a Sartorius, 23 de septiembre de 1853. Citada en José Ramón Urquijo, La revolución de 1854 en Madrid…, op. cit., pp. 37-38.<<

[50] Citado en Benjamín Jarnés, Sor Patrocinio, la monja de las llagas, Madrid, Espasa-Calpe, 1929, pp. 113-114.<<

[51] AMAE, CP, vol. 843. Turgot a Drouyn de Lhuys, 3 de octubre de 1853.<<

[52] Andrés Borrego, Estudios políticos…, op. cit., p. 145.<<

[53] Andrés Borrego, Estudios políticos…, op. cit., p. 146.<<

[54] La Época, 7 de noviembre de 1853.<<

[55] Ángel Fernández de los Ríos, Estudio histórico de las luchas políticas…, op. y vol. cit., p. 306-307.<<

[56] Ángel Fernández de los Ríos, Estudio histórico de las luchas políticas…, op. y vol. cit., pp. 307-308.<<

[57] NA, FO, 72/824, n.º 75. Otway a Clarendon, 27 de agosto de 1853. Secreto y confidencial.<<

[58] NA, FO, 72/825, n.º 89. Otway a Clarendon, 20 de septiembre de 1853. Confidencial.<<

[59] The Times, 28 de octubre de 1853.<<

[60] AMAE, CP, vol. 843. Turgot a Drouyn de Lhuys, 3 de octubre y 11 de noviembre de 1853. Como es sabido, tras su representación a la reina contra la política de Bravo Murillo y Roncali, se ordenó a Narváez que se trasladase a Viena con una misión militar. El general se negó a partir a lo que era un exilio evidente y, con la excusa de su salud, se quedó en la frontera, en Bayona.<<

[61] El Clamor Público, 1 de noviembre de 1853.<<

[62] La Época, 2 de noviembre de 1853. San Luis y varios ministros asistieron a los funerales tratando así, con su presencia, de quitarle a la ceremonia la significación política exclusiva que el Partido Progresista y la oposición moderada habían querido darle. AMAE, CP, vol. 843. Turgot a Drouyn de Lhuys, 8 de noviembre de 1853.<<

[63] La Época y El Clamor Público, 7 de noviembre de 1853.<<

[64] AMAE, CP, vol. 843. Turgot a Drouyn de Lhuys, 3 de octubre y 12 de noviembre de 1853.<<

[65] Sobre el Senado, durante la época moderada es muy útil la obra de Francisco Cánovas, El moderantismo y la Constitución española de 1845, op. cit. supra. Para una visión general, ver Manuel Pérez Ledesma (coord.), El Senado en la historia, Madrid, Dirección de Estudios y Documentación, Servicio de Publicaciones del Senado, 1998 (2.ª ed).<<

[66] Andrés Borrego, Estudios políticos…, op. cit., p. 147.<<

[67] Diario de Sesiones de Cortes. Senado, 2 de diciembre de 1853.<<

[68] DSC, Senado, 5 de diciembre de 1853.<<

[69] AMAE, CP, vol. 843. Turgot a Drouyn de Lhuys, 12 de diciembre de 1853.<<

[70] AN, FO, 72/843, n.º 81, Howden a Clarendon, 15 de marzo de 1854.<<

[71] Juan Pro, «La política de los gobiernos antiparlamentarios…», art. cit., p. 39; y una buena muestra de la evolución de las diversas legislaturas en los cuadros de las páginas 41, 43 y 45.<<

[72] NA, FO, 72/842, n.º 15, Howden a Clarendon, 6 de enero de 1854. Muy confidencial.<<

[73] NA, FO, 72/842, n.º 15, Howden a Clarendon, 6 de enero de 1854. Muy confidencial. Conviene retener todas estas reflexiones sobre la coalición de 1853-1854, el peso relativo de sus tendencias y las disensiones internas del progresismo para comprender las dificultades posteriores de este último para lograr una clara unidad de acción que le permitiese capitalizar, a medio plazo y una vez paralizada la marea revolucionaria, la situación política creada tras las jornadas de julio de 1854.<<

[74] AMAE, CP, vol. 843. Turgot a Drouyn de Lhuys, 9 de enero de 1854.<<

[75] NA, FO, 72/842, n.º 6 y n.º 9. Howden a Clarendon, 1 de enero de 1854.<<

[76] NA, FO, 72/842, n.º 12. Howden a Clarendon, 4 de enero de 1854. Confidencial.<<

[77] NA, FO, 72/842, n.º 5 y n.º 8. Howden a Clarendon, 1 de enero de 1854.<<

[78] AMAE, MD, vol. 366, Espagne. Question dynastique, 18 de mayo de 1855, pp. 220-225. Sobre las indicaciones de su ministerio a Howden, en un sentido menos elaborado pero similar, ver NA, FO, 72/842, n.º 6, Howden a Clarendon, 14 de enero de 1854. Sobre las indicaciones del Gobierno francés a Turgot en el sentido de que «la tranquilidad de España es fundamental porque lo contrario afectaría a Francia» y la necesidad de actuar de acuerdo con los británicos, ver AMAE, CP, Drouyn de Lhuys a Turgot, 16 de abril y 28 de agosto de 1853.<<

[79] Ángel Fernández de los Ríos, Estudio histórico de las luchas políticas…, op. y vol. cit, p. 310. Ildefonso Bermejo asegura que aquella hoja volante fue depositada en el tocador de Isabel II. Ildefonso Bermejo, La Estafeta de Palacio…, op. cit., p. 410.<<

[80] Ángel Fernández de los Ríos, Estudio histórico de las luchas políticas…, op. y vol. cit., p. 310.<<

[81] Andrés Borrego, Estudios políticos…, op. cit., pp. 157 y 158.<<

[82] NA, FO, 72/842, n.º 31, Howden a Clarendon, 18 de enero de 1854. Confidencial.<<

[83] NA, FO, 72/842, n.º 31, Howden a Clarendon, 18 de enero de 1854. Confidencial.<<

[84] Cristino Martos, La revolución de julio en 1854, Madrid, Editorial del Colegio de Sordo-Mudos y Ciegos, 1854, p. 32. Se conserva un ejemplar en la RAH, colección Pirala, leg. 68660, 2.<<

[85] Texto completo, entre otros, en Antonio Ribot y Fontseré, La Revolución de julio en Madrid, Madrid, Imprenta de Gaspar Roig Editores, 1854, pp. 46-50. También en Antonio Pirala, Historia contemporánea. Anales desde 1843 hasta la conclusión de la actual guerra civil, Madrid, Manuel Tello, 1875-1879, pp. 588-590.<<

[86] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3420/196, doc. 215. Aviraneta a Fernando Muñoz, 11 de enero de 1854.<<

[87] El embajador Howden advirtió a San Luis de que la absoluta falta de seguridad personal en España y el despotismo ministerial parecían haber retrotraído el país a los tiempos del absolutismo fernandino. NA, FO, 72/843, n.º 81. Howden a Clarendon, Madrid, 15 de marzo de 1854.<<

[88] Ángel Fernández de los Ríos, Estudio históricos de las luchas políticas…, op. y vol. cit., pp. 302-303.<<

[89] AMAE, CP, vol. 843, Turgot a Drouyn de Lhuys, 9 de enero de 1854. Respecto a los comentarios sobre la frágil salud y dificultades para la maternidad de Isabel II, ibídem, 21 de diciembre de 1853, donde se especula sobre la posibilidad de que muriese de parto como le acababa de ocurrir a la reina portuguesa María da Gloria y como era, por otra parte, el destino de muchas mujeres de una época en la que el parto era la causa más frecuente de mortandad femenina. «Lord Howden —dice Turgot— ha pedido que sus gobiernos (el francés y el británico) se pongan de acuerdo para actuar de consuno si la Reina muere de parto».<<

[90] Anónimo, Apunte contemporáneo para la historia política de España, Londres, Imprenta de Schulze y Cía, 1854, p. 54. Era costumbre, en caso de enfermedad, cumpleaños, nacimiento o muerte de la familia real, que se habilitase una antesala a las habitaciones de los reyes con una mesa donde anotaban sus nombres los que habían venido a expresar sus felicitaciones o condolencias.<<

[91] NA, FO, 72/842, n.º 9. Howden a Clarendon, 1 de enero de 1854. Muy confidencial.<<

[92] AMAE, CP, vol. 844. Montheroult a Drouyn de Lhuys, 1 de junio de 1854. En algún momento de la primavera tardía, Turgot se ausentó de Madrid y fue sustituido por el encargado de negocios de la embajada de Francia, Chevalier de Montheroult.<<

[93] Se puede consultar un ejemplar de El Murciélago, el n.º 5, correspondiente al 4 de junio de 1854, en la RAH, colección Pirala, leg. 6859, 18. Se recogen varios extractos del periódico en Cristino Martos, La revolución de julio en 1854…, op. cit., pp. 96-97; y en las biografías de Pierre de Luz, Isabel II, reina de España, 1830-1904, Barcelona, Juventud, 1937 (1.ª edición francesa, París, 1934), p. 173; y Pedro de Répide, Isabel II, reina de España, Madrid, Espasa-Calpe, 1932, pp. 157-161. De ellos tomo la descripción de la envoltura del periódico y las referencias a su primer número.<<

[94] Pedro de Répide, Isabel II…, op. cit., p. 149. El embajador francés escribió a su ministerio que, además del ridículo que suponía para el gobierno no poder frenar la difusión de hojas volantes como El Murciélago («incluso se lo envían a los ministros»), la chirigota ciudadana se cebaba en su incapacidad para detener a O’Donnell, que todo el mundo sabía que estaba en Madrid. Su presencia allí, dice, «da pretexto a los rumores de levantamiento, de revolución, que se renuevan sin cesar». El Gobierno no hacía sino demostrar su impotencia al multiplicar los registros policiales e incluso arrestar a antiguos ministros de Narváez, como el conde de La Romera, en cuya casa se buscó a O’Donnell e incluso las prensas de El Murciélago. AMAE, CP, vol. 844, Montheroult a Drouyn de Lhuys, 1 de junio de 1854.<<

[95] Las Novedades, 25 y 26 de febrero de 1854 y 1 de marzo de 1854.<<

[96] AMAE, CP, vol. 844. Turgot a Drouyn de Lhuys, 28 de marzo de 1854.<<

[97] Cit. Victor G. Kiernan, La revolución de 1854 en España, Madrid, Aguilar, 1970, p. 46.<<

[98] Para una valoración precisa de la carestía, evolución de los precios y consecuencias sociales, ver José Ramón Urquijo, La revolución de 1854 en Madrid…, op. cit., pp. 68-55.<<

[99] AMAE, Correspondance Consular, Espagne, vol. 51, n.º 100. Badaére a Drouyn de Lhuys, Barcelona, 2 de abril de 1854. El embajador en Madrid informó a su ministerio de que las autoridades pretendían que los disturbios obreros en Barcelona habían sido organizados por los carlistas a través de una asociación religiosa llamada Escuela de Virtud y que agentes de Rusia habían repartido dinero a esos efectos. AMAE, CP, vol. 844. Turgot a Drouyn de Lhuys, 4 y 10 de abril de 1854.<<

[100] Ramón de Santillán, Memorias…, op. cit., pp. 379-381 y 385-388, especialmente.<<

[101] NA, FO, 72/842, n.º 42. Howden a Clarendon, 1 de febrero de 1854.<<

[102] Ángel Bahamonde y Jesús A. Martínez, Historia de España…, op. cit., pp. 307 308.<<

[103] The Times, 14 de julio de 1854.<<

[104] Pierre de Luz, Isabel II…, op. cit., p. 174.<<

[105] NA, FO, 72/840, n.º 62, Howden a Clarendon, 16 de mayo de 1854. Para la vida de la alta sociedad madrileña y la participación de Isabel II en la misma, ver Pedro de Répide, Isabel II…, op. cit., pp. 144 y ss.<<

[106] Bodleian Library, Clarendon Papers, vol. 20. Olózaga a Clarendon, Madrid, 31 de mayo de 1854.<<

[107] En el archivo de María Cristina se encuentra un informe anónimo que, una vez más, recomendaba «para salir de la grave crisis de los partidos en 1854, el nombramiento de un ministerio absolutamente extra-parlamentario». AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3430/196, doc. 96.<<

[108] NA, FO, 72/840, n.º 58, Madrid, 5 de mayo de 1854. AMAE, CP, Espagne, Origins-1871, vols. 834/67 y 844/13. Turgot a Drouyn de Lhuys, Madrid, 28 de marzo de 1854, confidencial; y Madrid, 10 de abril de 1854.<<

[109] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3430/196, docs. 222 y 223. Aviraneta a Muñoz, 26 y 30 de abril de 1854.<<

[110] AMAE, CP, vol. 844. Montheroult a Drouyn de Lhuys, 28 de junio de 1854. El encargado de negocios añade que la explicación más probable del extraño hecho de que O’Donnell no hubiese interceptado el paso y el telégrafo de El Escorial, para impedir a la reina y al presidente del Consejo de Ministros volver a Madrid, podría encontrarse en el deseo de los jefes del pronunciamiento de evitar atacar la capital y dar la impresión de que se amenazaba a la reina. Al menos mientras esperan que se produzcan insurrecciones en las provincias, notablemente en Aragón y Cataluña «y que eso hará que la guarnición de Madrid abandone al Ministerio […] tratan de ganar la partida sin derramar sangre».<<

[111] Antonio Pirala, Historia contemporánea. Anales desde 1843 hasta la conclusión de la actual guerra civil, Madrid, Manuel Tello, 1875-1879, tomo III, p. 482.<<

[112] The Times, 6 de julio de 1854.<<

[1] Ángel Bahamonde y Jesús A. Martínez, «Las tres “revoluciones”. De Vicálvaro a las barricadas. El pueblo demócrata» en: Historia de España. Siglo XIX, Madrid, Cátedra, 1994, pp. 305-313. La obra general clásica sobre el Bienio Progresista sigue siendo la de Victor G. Kiernan, La revolución de 1854 en España, Madrid, Aguilar, 1970 (1.ª ed. inglesa, 1966). Ver también: José Ramón Urquijo, La revolución de 1854 en Madrid, Madrid, CSIC, 1984. Marie C. Lecuyer, «Los pronunciamientos de 1854» en: Estudios de Historia Social, 18-19 (1981), pp. 167-191; y «La formación de las juntas en la revolución de 1854» en: Estudios de Historia Social, 22-23 (1982), pp. 53-67. Joaquín Azagra, El Bienio Progresista en Valencia. Análisis de una situación revolucionaria a mediados del siglo XIX (1854-1856), Valencia, Universidad de Valencia, 1978. Rafael Zurita, Revolución y burguesía: Alicante (1854-1856), Alicante, Patronato Municipal del Quinto Centenario de la Ciudad de Alicante, 1990. Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona a mitjans del segle XIX(1854-1856): El moviment obrer durant el Bienni Progresista (1854-1856), Barcelona, Curial, 1976.<<

[2] José Ramón Urquijo interpreta este pronunciamiento y la decisión de alejarse de Madrid de las tropas sublevadas como parte de una estrategia calculada para evitar la participación ciudadana y el peligro de un pacto con los progresistas que podía desbordar el objetivo limitado de un cambio de gobierno y la apertura política ordenada del régimen. El pronunciamiento del día 28 habría tenido, pues, como objetivo, adelantarse a otro tipo de conjuraciones ya en marcha. José Ramón Urquijo, La revolución de 1854 en Madrid…, op. cit., pp. 107-109, especialmente. Sin embargo, la decisión de O’Donnell de avanzar hacia Madrid inmediatamente después y sus vagabundeos posteriores a Vicálvaro por las inmediaciones de la capital pueden interpretarse, contrariamente, como la espera calculada a que la insurrección estallase allí y secundar el alzamiento.<<

[3] Firmado, entre otros treinta militares, por los generales O’Donnell, Dulce, Ros de Olano, Echagüe, Garrigó y Messina. Este último, subsecretario del ministerio de Guerra y amigo íntimo de Narváez, quien se mantenía a la expectativa tras haber tenido contactos muy estrechos con los sublevados. El texto completo de la exposición en RAH, Colección Pirala, leg. 9-6949.<<

[4] Miguel Morayta, Historia general de España, desde los tiempos antehistóricos hasta nuestros días, Madrid, Felipe González Rojas, 1893, tomo VIII, p. 34. Morayta no duda de que este manifiesto procedía también de los sublevados y explica la diferencia de tono, y la llamada implícita a la insurrección general, por el cambio sustancial de destinatario.<<

[5] AMAE, CP, vol. 844. Montheroult a Drouyn de Lhuys, 30 de junio, 2 y 5 de julio de 1854.<<

[6] AMAE, CP, vol. 844. Turgot a Drouyn de Lhuys, 10 de julio de 1854.<<

[7] «The insurrection in Spain», julio de 1854, en: Blackwood’s Magazine, vol. LXX-VI, agosto de 1854.<<

[8] Miguel Morayta, Historia general de España…, op. cit., p. 32.<<

[9] «The insurrection in Spain…», art. cit., p. 159.<<

[10] Dulce añadía que, ante la seguridad de que su carta no sería publicada, la enviaba a los periódicos extranjeros. La única copia que he podido encontrar de esta carta está inserta en el relato de Frederick Hardman, «The insurrection in Spain…», art. cit., p. 163.<<

[11] AMAE, CP, vol. 844. Turgot a Drouyn de Lhuys, 10 de julio de 1854.<<

[12] Ángel Fernández de los Ríos, Estudio histórico de las luchas políticas en la España del siglo XIX, Madrid, English y Gras, 1879 (2.ª ed.), p. 368.<<

[13] «Recibieron gorros, mosquetes y cinturones y formaron un batallón llamado Cazadores de Madrid mientras la capital aguardaba ansiosamente las noticias de las provincias donde se esperaba que ocurrieran insurrecciones […] excepto el Gobierno y su entorno todo Madrid apoyaba la insurrección y la deseaba ardientemente». «The insurrection in Spain…», art. cit., p. 164.<<

[14] Ibídem.<<

[15] Antonio Pirala, Historia contemporánea. Anales desde 1843 hasta la conclusión de la actual guerra civil, Madrid, Manuel Tello, 1875-1879, tomo II, pp. 187-188.<<

[16] José Ramón Urquijo, La revolución de 1854 en Madrid…, op. cit., pp. 129 y ss.; Joaquín Azagra, El Bienio Progresista en Valencia. Análisis de una situación revolucionaria a mediados del siglo XIX (1854-1856), Valencia, Universidad de Valencia, 1978, p. 41 y capítulo II, pássim.<<

[17] NA, FO, 72/844, n.º 46. Otway a Clarendon, 12 de julio de 1854.<<

[18] The Times, 22 de julio de 1854.<<

[19] Antonio Pirala, Historia contemporánea…, op. cit., pp. 215-216.<<

[20] Una buena muestra de los intentos de San Luis de restar importancia a la sublevación en sus comunicaciones a la reina se puede consultar en RAH, Colección Isabel II, legajo XXIV, pliego 1.<<

[21] Trascriben íntegro el documento Ángel Fernández de los Ríos, Estudio histórico de las luchas políticas…, op. y vol. cit., pp. 389-392; y Miguel Morayta, Historia general de España…, op. cit., pp. 39-42.<<

[22] NA, FO, 72/844, n.º 48, Otway a Clarendon, 16 de julio de 1854, secreto y confidencial; y NA, FO, 72/844, n.º 44, Otway a Clarendon, 10 de julio de 1854.<<

[23] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3460/304, doc. 2 sin paginar. Junto a la copia en limpio, existe una copia manuscrita de Muñoz, con numerosos tachones y de letra difícilmente ilegible, en leg. 3430/196, doc. 1. He cotejado ambas versiones que no muestran diferencias de importancia.<<

[24] NA, FO, 72/844, n.º 49. Otway a Clarendon, 17 de julio de 1854.<<

[25] RAH, Colección Istúriz-Bauer, «Apuntes para la revolución de 1854», leg. 9/6281.<<

[26] Fernando Fernández de Córdova, Mis memorias íntimas, edición y estudio preliminar de Miguel Artola, Madrid, Atlas, 1966, vol. II, p. 273.<<

[27] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3460/304, doc 2. Subrayados del original.<<

[28] Ángel Fernández de los Ríos, Estudio histórico de las luchas políticas…, op. y vol. cit., p. 396.<<

[29] «The Spanish Revolution» en: Blackwood’s Magazine vol. LXXVI, septiembre de 1854, p. 356.<<

[30] Ibídem, pp. 357-358.<<

[31] NA, FO, 72/844, n.º 50, Otway a Clarendon, 18 de julio de 1854. Todas las fuentes insisten en la ausencia de pillaje. El 20 de julio, por ejemplo, La Época alababa el comportamiento honrado del pueblo madrileño: «No ha habido ni el más pequeño robo en parte alguna y el mismo pueblo ha castigado a aquéllos a quienes podía sospecharse se unían al movimiento con esta intención».<<

[32] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3460/304, doc. 2.<<

[33] Fernández de Córdova, Mis memorias íntimas…, p. 276. También, «The Spanish revolution…», art. cit., p. 359; y AHN, Diversos y Familias, leg. 3460/304, doc. 2.<<

[34] AHN, Diversos y Familias, leg. 3460/304, doc. 2.<<

[35] Las Novedades, suplemento de las 11 horas del 17 de julio de 1854. Para dar mayor fuerza a su llamamiento informaba sobre otras sublevaciones e incluía un pasquín procedente de Galicia: «¡Abajo el empréstito que es un robo! ¡Muerte a los que compren bienes de los que sean apremiados!, ¡Unión en la resistencia y caerán los ladrones! ¡Gallegos, resistamos el saqueo y recobraremos nuestra dignidad!».<<

[36] Todas las referencias proceden de los suplementos especiales de los periódicos citados, correspondientes al 17 de julio de 1854.<<

[37] Ángel Fernández de los Ríos, Estudio histórico de las luchas políticas…, op. y vol. cit., pp. 398-399.<<

[38] Ibídem. Toda la obra de Fernández de los Ríos respecto al Bienio destila la amargura de aquel desengaño y su crítica a la incapacidad política de Espartero para defender claramente el proyecto progresista y resistirse a las maquinaciones de Palacio. Para el predicamento inicial de O’Donnell entre sectores del progresismo y la democracia ver, por ejemplo, la obra de Cristino Martos, La revolución de julio en 1854, Madrid, Imprenta Nacional del Colegio de Sordo-Mudos y Ciegos, 1854.<<

[39] Fernández de Córdova, Mis memorias íntimas…, op. cit., p. 280.<<

[40] Ibídem, pp. 281-282.<<

[41] Ángel Fernández de los Ríos, Estudio histórico de las luchas políticas…, op. y vol. cit., p. 405.<<

[42] Ángel Fernández de los Ríos, Estudio histórico de las luchas políticas…, op. y vol. cit., p. 405.<<

[43] Julio Nombela, Impresiones y Recuerdos, Madrid, Tebas, 1976 (1.ª ed. 1909), pp. 249-266.<<

[44] «The Spanish Revolution…», art. cit., p. 362; y el folleto anónimo «Las jornadas de julio por un Hijo del Pueblo», Madrid, Anselmo Coloma, 1855. Una aportación fundamental al análisis sociológico de los sublevados es la de Carmen García Monerris y Juan Sisinio Pérez Garzón, «Las barricadas de junio [sic] de 1854. Análisis sociológico» en: Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 1976, tomo XII(1976), pp. 213-237.<<

[45] El Clamor Público, 21 de julio de 1854, recogido en: Carmen García Monerris y Juan Sisinio Pérez Garzón, «Las barricadas de junio [sic] de 1854…», art. cit., p. 218.<<

[46] Madrid, 19 de julio de 1854. Cita de La Época, 20 de julio de 1854.<<

[47] Fernando Garrido es sumamente crítico con el protagonismo de Pucheta, cuya popularidad entre la gente impidió a los líderes demócratas sacar adelante una propuesta republicana clara. Le considera un agente de San Miguel y luego de Espartero en aquella junta, defendiendo la monarquía de Isabel II. Fernando Garrido, Historia del reinado del último Borbón en España, Barcelona, Salvador Manero, 1868-1869, vol. II, p. 220. La historia de la participación popular en la revolución debe de estar llena de personajes como Pucheta. Fue el viejo general San Miguel, miembro de la junta «respetable», quien le convenció en plenas jornadas revolucionarias de la buena voluntad de una reina engañada y le conmovió tanto que el torero juró defenderla con su sangre. Durante el Bienio, Pucheta frecuentó el Palacio Real e, incluso, a sor Patrocinio, por lo que se ganó fama de «cortesano». No debió de sucumbir tanto a la magia de la monarquía porque murió luchando en las barricadas en julio de 1856, defendiendo la revolución frente a la Corona. Su corta y olvidada experiencia revolucionaria, incluida su defensa de la monarquía y la traición de ésta, la irritación de los líderes demócratas por su ascendiente entre las clases populares y, finalmente, su muerte, son una humilde pero iluminadora metáfora de la revolución de 1854. La entrevista entre San Miguel y Pucheta en NA, FO, 72/845, n.º 182. Howden a Clarendon, 22 de agosto de 1854. Confidencial.<<

[48] Ildefonso Bermejo, La Estafeta de Palacio…, op. cit., p. 429. Subrayado en el original.<<

[49] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3460/304, doc. 2.<<

[50] Fernández de Córdova, Mis memorias íntimas…, pp. 288-289.<<

[51] NA, FO, 72/845. Howden a Clarendon, 22 de agosto de 1854. Confidencial. Y Archivos del Ministerio de Estado, Bruselas, Correspondance Politique Reliée, Legations, Espagne, vol. 8. Brouckère a Straten-Ponthoz, 25 de junio de 1854. Muy confidencial. La referencia belga procede de Victor G. Kiernan, La revolución de 1854 en España, Madrid, Aguilar, 1970, p. 54.<<

[52] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3460/304, doc. 2. Es necesario recordar además la intensa labor de San Luis, en los inicios de la crisis, para convencer a Isabel II que O’Donnell buscaba destronarla y asumir personalmente la regencia.<<

[53] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3460/304, doc. 2.<<

[54] La carta ha sido reproducida muchas veces con pequeñas variaciones. Cito de la conservada en el archivo de los herederos actuales de Espartero. Agradezco a Adrian Shubert la posibilidad de consultar el manuscrito de la carta: «Baldomero Espartero (1793-1879): Del ídolo al olvido» en: I. Burdiel y M. Pérez Ledesma (eds.), Liberales, agitadores y conspiradores, Madrid, Espasa Calpe, 2000, pp. 183-208.<<

[55] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3460/304, doc. 2.<<

[56] Ibídem. Es fama que el embajador francés fue de la opinión de que «El Rey que abandona su Palacio en momentos de revolución no suele volver a su morada real», Ildefonso Bermejo, La Estafeta de Palacio…, op. cit., p. 427. Una información similar en «The Spanish revolution…», art. cit, p. 363.<<

[57] AMAE, CP, 845, Turgot a Drouyn de Lhuys, 19 y 21 de julio de 1854.<<

[58] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3460/304, doc. 2.<<

[59] Ildefonso Bermejo, La Estafeta de Palacio…, op. cit., p. 428.<<

[60] Ángel Fernández de los Ríos, Estudio histórico de las luchas políticas…, op. y vol. cit., p. 427.<<

[61] Julio Nombela, Impresiones y recuerdos…, op. cit., pp. 271-272.<<

[62] AMAE, CP, vol. 845, Turgot a Drouyn de Lhuys, 24 de julio de 1854; y Arquivo Histórico Diplomático, Lisboa, vol. 598, 24 de julio de 1854. Agradezco a Florencia Peyrou esta última referencia.<<

[63] «The Spanish revolution»…, art. cit., p. 364.<<

[64] The Times, 22 de julio de 1854.<<

[65] NA, FO, 72/845, Otway a Clarendon, 21 de julio de 1854. AMAE, CP, vol. 845, Turgot a Drouyn de Lhuys, 28 de agosto de 1854.<<

[66] La obra clásica sobre la sublevación aragonesa es la de Gerónimo Borao, Historia del alzamiento de Zaragoza en 1854, Zaragoza, Imprenta del Instructor, 1855.<<

[67] AMAE, CP, vol. 845, Turgot a Drouyn de Lhuys, 22 de julio de 1854, con el número indicado de El Diario Español.<<

[68] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3460/304, doc. 2. Subrayado en el original.<<

[69] El Clamor Público, 26 de julio de 1854 y, para un relato más pormenorizado, Modesto Lafuente, Historia general de España desde los tiempos primitivos hasta la muerte de Fernando VII por Don Modesto Lafuente, continuada desde dicha época hasta nuestros días por D. Juan Valera, con la colaboración de D. Andrés Borrego y D. Antonio Pirala, Barcelona, Montaner y Simón, 1887-1890, vol. 23, p. 191.<<

[70] AMAE, CP, vol. 845, Turgot a Drouyn de Lhuys, 24 de julio de 1854.<<

[71] AMAE, CP, vol. 845, Turgot a Drouyn de Lhuys, 25 de julio de 1854.<<

[72] Ángel Fernández de los Ríos, Estudio histórico de las luchas políticas…, op. cit., 410 y 407.<<

[73] Ibídem, p. 408; e Ildefonso Bermejo, La Estafeta de Palacio…, op. cit., pp. 433-434.<<

[74] Entre otros, Bermejo, La Estafeta de Palacio…, op. cit., pp. 433-434.<<

[75] Modesto Lafuente, Historia general de España…, op. cit., p. 190 y 202.<<

[76] AMAE, CP, vol. 845, Turgot a Drouyn de Lhuys, 26 de julio de 1854.<<

[77] The Times, 29 de julio de 1854.<<

[78] El Faro Nacional, 25 de julio de 1854. Periódico de tendencia moderado-unionista.<<

[79] K. Marx y F. Engels, La revolución en España, Barcelona, Ariel, 1970, p. 70.<<

[80] Ángel Fernández de los Ríos, Estudio histórico de las luchas políticas…, op. y vol. cit., p. 415.<<

[81] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3460/304, doc. 2. Subrayados en el original.<<

[82] Modesto Lafuente, Historia general de España…, op. cit., p. 191.<<

[83] Fernando Garrido, Historia del reinado del último Borbón…, op. cit., pp. 232-233.<<

[84] La composición del ministerio era la siguiente: Allende Salazar en Marina en representación de los que poco después se llamaron «progresistas puros». Por los progresistas más templados, los luego llamados «santones», José Alonso en Gracia y Justicia, Francisco Luján en Fomento, Francisco Santa Cruz, amigo personal de Espartero, en Gobernación, y el financiero José Manuel Collado en Hacienda. Por los moderados puritanos, Joaquín Francisco Pacheco en Estado y O’Donnell en Guerra.<<

[85] El Miliciano, 3 de agosto de 1854. Texto completo en Carmen García Monerris y Juan Sisinio Pérez Garzón, «Las barricadas de junio [sic] de 1854…», op. cit., p. 221.<<

[86] La Época, 14 de agosto de 1854.<<

[87] Fernando Garrido, Historia del reinado del último Borbón…, op. cit., p. 229.<<

[88] NA, FO, 72/845, n.º 149, Howden a Clarendon, 2 de agosto de 1854, y Howden a Clarendon, particular, 10 de agosto de 1854. Clarendon Papers, vol. C. 20, citado este último por Victor G. Kiernan, La revolución de 1854…, op. cit., p. 100.<<

[89] Lo poco que sabemos acerca de esos debates internos procede de los embajadores francés e inglés, a quienes recurrió Espartero para que utilizasen su influencia en busca de cierta unidad de acción. NA, FO, 72/845, n.º 156. Howden a Clarendon, 6 de agosto de 1854.<<

[90] R. D. 12 de agosto de 1854. Colección Legislativa…, vol. XXIII, pp. 46-58.<<

[91] «The Spanish revolution…», art. cit., pp. 369-370.<<

[92] Fernando Garrido, Historia del reinado del último Borbón…, op. cit., p. 240. El embajador francés se hizo eco, también, de la alarma que suscitó el manifiesto electoral de Allende Salazar. AMAE, CP, vol. 845, Turgot a Drouyn de Lhuys, 20 y 21 de octubre de 1854. El texto del manifiesto, fechado el 19 de octubre, apareció publicado en todos los periódicos importantes de la capital.<<

[93] El Diario Español, 1 de septiembre de 1854. Cursiva mía.<<

[94] Recogido en El Tribuno, 28 de agosto de 1854. Citado por Carmen García Monerris y Juan Sisinio Pérez Garzón, «Las barricadas de junio [sic] de 1854…», art. cit., p. 227.<<

[95] NA, FO, 72/845, n.º 72, 17 de agosto de 1854.<<

[96] NA, FO, 72/845, n.º 182, 22 de agosto de 1854. Confidencial. Olózaga acababa de ser nombrado embajador en París.<<

[97] Sobre el carácter minoritario, aunque muy activo especialmente en Cataluña, Valencia y Andalucía, del sentimiento republicano, da cuenta uno de sus partidarios catalanes: «No queriendo una república por sorpresa, establecida contra viento y marea, impuesta por una minoría insignificante, la república en España era imposible: a no ser que pueda haber república sin haber republicanos». Antonio Ribot y Fontseré, La Revolución de julio en Madrid. Reseña de los hechos que constituyen este glorioso alzamiento, precedida del examen razonado de las causas que lo han propiciado, y seguida de la exposición de los principales sucesos que se han desenvuelto simultáneamente en el resto de España, Madrid, Imprenta de Gaspar y Roig, 1854. Una fuente muy útil para seguir la revolución en las diversas provincias, notablemente en Cataluña.<<

[98] Ildefonso Bermejo, La Estafeta de Palacio…, op. cit., p. 466.<<

[99] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3460/304, doc. 2.<<

[100] Ibídem.<<

[101] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3430/196, 1, docs. 4 y 5, de 27 de julio de 1854.<<

[102] Fernando Garrido, La España constitucional. Sus procesos morales y materiales en el siglo XIX, Barcelona, Salvador Manero, 1865-1876, tomo I, p. 367.<<

[103] Fernando Garrido, Historia del reinado del último Borbón…, op. cit., p. 235.<<

[104] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3430/196, 1, doc. 8.<<

[105] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3430/196, 1, docs. 9 y 10. AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3460/304, doc. 2. La Nación, 6 de agosto de 1854, suplemento; y El Miliciano, 6 de agosto de 1854.<<

[106] AMAE, CP, vol. 845, Turgot a Drouyn de Lhuys, 3 de agosto de 1854.<<

[107] AMAE, CP, vol. 845, Turgot a Drouyn de Lhuys, 4 y 5 de agosto de 1854.<<

[108] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3460/304, doc. 2. Subrayado en el original.<<

[109] AMAE, CP, vol. 845, Turgot a Drouyn de Lhuys, 5 de agosto de 1854.<<

[110] AMAE, CP, vol. 845, Turgot a Drouyn de Lhuys, 7 de agosto de 1854.<<

[111] Wenceslao Ayguals de Izco, El Palacio de los Crímenes, o el pueblo y sus opresores. Tercera y última época de María, la hija de un jornalero, Madrid, Miguel Guijarro, 1869 (3.ª ed.), p. 17. Fue publicada por entregas a lo largo de 1854 y 1855.<<

[112] En ese sentido representó la Junta Auxiliar de Sevilla, por ejemplo, y se pronunciaron periódicos como El Tribuno (4 y 10 de agosto de 1854), La Europa (2 de agosto de 1854) o La Soberanía Nacional (7 de agosto de 1854).<<

[113] Tan sólo he encontrado el texto completo precisamente entre los papeles de M.ª Cristina bajo el epígrafe de «Documento que por si solo bastaría para motivar la existencia y publicación de la “Carta de Montemor”, si no abundaran los motivos de toda especie». AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3430/196, doc. 39.<<

[114] José Ramón Urquijo, La revolución de julio de 1854 en Madrid…, op. cit., pp. 235-237: «¿Hasta que punto el juicio sobre la fortuna y la actuación de María Cristina no habría dado lugar a curiosas informaciones sobre la génesis de ciertas fortunas? La mejor solución consistía en evitar el peligro suprimiendo la prueba», especialmente cuando el gobierno estaba negociando con los banqueros madrileños un crédito que permitiese salir de apuros a la nueva administración.<<

[115] NA, FO, 72/845, n.º 163; Howden a Clarendon, 10 de agosto de 1854.<<

[116] NA, FO, 72/845, n.º 149; Howden a Clarendon, 2 de agosto de 1854.<<

[117] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3460/304, doc. 2.<<

[118] DSC, 30 de marzo de 1855.<<

[119] The Times, 2 de septiembre de 1854.<<

[120] Gaceta de Madrid, 28 de agosto de 1854. Colección Legislativa de España, 1854, II, p. 357, 27 de agosto de 1854.<<

[121] AMAE, CP, vol. 845, Turgot a Drouyn de Lhuys, 30 de agosto de 1854.<<

[122] La Soberanía Nacional, 28 de agosto de 1855.<<

[123] «Spanish Politics and Cuban Perils», Madrid, 14 de septiembre de 1854, Blackwood’s Magazine, vol. LXXVI, octubre de 1854, p. 480.<<

[124] NA, FO, 72/845, n.º 197, Howden a Clarendon, 30 de agosto de 1854. En éste y otros despachos insiste en la presencia del embajador norteamericano, Soulé, quien habría repartido dinero entre los sublevados con el objetivo de que se proclamase la república a cambio de la venta de la isla de Cuba. NA, FO, 72/845, núms. 196 y 197. En el mismo sentido, al contar el famoso duelo entre el embajador francés, Turgot, y Soulé, relata los hechos F. Hardman en su artículo «Spanish Politics and Cuban Perils»…, art. cit. supra.<<

[125] El mejor análisis de los disturbios de los días 28 y 29 de agosto de 1854 en José Ramón Urquijo, La revolución de 1854 en Madrid…, op. cit., pp. 237-248.<<

[126] AMAE, CP, vol. 845, Turgot a Drouyn de Lhuys, 31 y 27 de agosto de 1854.<<

[127] Fernando Garrido, Historia del reinado del último Borbón en España…, op. cit., p. 238 y 237.<<

[128] La Iberia, 29 de agosto de 1854.<<

[129] Citado por Victor G. Kiernan, La revolución de 1854 en España…, op. cit., p. 105.<<

[130] RAH, Archivo Particular de Isabel II, leg. XII, pliego 5. 2 de septiembre de 1854.<<

[131] El manifiesto ha sido reproducido, total o parcialmente, por muchas obras de época. El texto original manuscrito, con las anotaciones de la propia reina y los comentarios de Rubio, se encuentra en AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3430 196, docs. n.º 36 y n.º 40. En el mismo legajo hay varias cartas de la reina a sus fieles y un intento, rápidamente descartado, de Riánsares de dimitir de todos los títulos y honores concedidos por la reina como medio de presionar a ésta y, a través de ella al Gobierno, para que diese marcha atrás en las condiciones de expulsión de la circular de 28 de agosto, doc. 6.<<

[1] Howden a Clarendon, particular, 10 de agosto de 1854. Clarendon Papers vol. C20. Citado en Victor Kiernan, La revolución de 1854 en España, Madrid. Aguilar, 1970 (1.ª ed. inglesa, 1966), p. 108. <<

[2] NA, FO, 72/847, n.º 289, Howden a Clarendon, 1 de noviembre de 1854. <<

[3] El texto del manifiesto de Montemolín, que se considera inspirado por las ideas de Jaime Balmes, en Marcial Ferrer, Historia del tradicionalismo español, Sevilla, Ediciones Trajano, 1941-1960, vol. XX, pp. 201-204. Para una valoración de la desigual revitalización del carlismo durante el Bienio, ver Jordi Canal, El Carlismo: Dos siglos de contrarrevolución en España, Madrid, Alianza, 2000, pp. 138-140. Marie Claude Lecuyer, «Les élections de 1854 en Espagne», Iris, 2 (1985), pp. 95-162. Agradezco a Rafael Zurita que me permitiese en su momento consultar su trabajo inédito: «¿Intérprete o portavoz? La figura del diputado en las elecciones de 1854 en España». <<

[4] NA, FO, 72/846, n.º 211, Howden a Clarendon, 13 de septiembre de 1854. <<

[5] Rafael Zurita, M.ª Antonia Peña y María Sierra, «La representación política en el discurso liberal español, 1845-1874» en: Ayer, 61 (2006), pp. 15-45. Interesa todo el dossier sobre La representación política en la España isabelina. <<

[6] El requisito mínimo para ser elector era de 200 reales de contribución directa anual (o bien 1500 reales de renta anuales, 3000 por arrendamiento o aparcería y 2500 por propiedades en alquiler) lo que implicaba restringir el voto al 6 por ciento de la población. Con todo, la ampliación del cuerpo electoral respecto a las elecciones de la Década Moderada era sustancial, pues incrementaba entre un 5 y un 7 por ciento el número de electores. Real Decreto de 11 de agosto de 1854. Colección Legislativa, Imprenta Nacional, volumen XXIII, pp. 46-58. Ver también, Joaquín Tomás Villarroya, «El cuerpo electoral en la Ley de 1837» en: Revista del Instituto de Ciencias Sociales, 6 (1965), pp. 157-205, y Manuel Estrada Sánchez, El significado político de la legislación electoral en la España de Isabel II, Santander, Universidad de Cantabria, 1999. <<

[7] La referencia a la creciente moderación progresista ante el temor a «los excesos a su izquierda» en: AMAE, CP, vol. 845, Turgot a Drouyn de Lhuys, 18 de septiembre de 1854. <<

[8] El texto está reproducido completamente en Miguel Artola, Partidos y programas políticos, 1808-1936. II Manifiestos y programas políticos, Madrid, Alianza, 1991 (1.ª ed., 1974), pp. 49-51. <<

[9] El Diario Español, 20 de agosto de 1854. <<

[10] Ibídem. El manifiesto fue publicado en diversos periódicos con variable número de firmas. Entre los firmantes estuvieron los hermanos Concha, Sevillano, Serrano, Ríos Rosas, Gonzalo Morón, González Bravo, José de Olózaga, y Ángel Fernández de los Ríos. Según Miraflores, atrajo inicialmente a progresistas como Joaquín M.ª López, Evaristo San Miguel, Luzuriaga, Buril, Collado, Madoz, Laserna, Cantero, Infante, Roda, Álvarez, Luján y Santa Cruz. Marqués de Miraflores, Memorias del reinado de Isabel II, Madrid, BAE, 1964, tomo III, p. 65. <<

[11] Miguel Artola, Partidos y programas políticos…, op. y vol. cit., pp. 52-54. <<

[12] El Justicia, 6 de octubre de 1854. <<

[13] Miguel Morayta, Historia general de España desde los tiempos antehistóricos hasta la actualidad, Madrid, Felipe González Rojas, 1894, tomo VIII, p. 81. <<

[14] Joaquín Azagra, El Bienio Progresista en Valencia…, op. cit., pp. 86-89. Es de notar que algo similar ocurrió en Madrid, donde buena parte de los demócratas del manifiesto del 25 de septiembre se integraron en la candidatura de la Unión Liberal sin variar su programa. De hecho, es significativo que en la reunión del teatro de Oriente no se elaborase ninguna candidatura electoral propia. <<

[15] NA, FO, 72/847, n.º 289, Howden a Clarendon, 1 de octubre de 1854. <<

[16] Isabel Casanova, «Las Constituyentes de 1854. Origen y fisonomía general», Revista de Estudios Políticos, 37 (1984), pp. 135-172; y José Ramón Urquijo, La revolución de 1854…, op. cit., pp. 301-305. El embajador francés informó a su ministerio de que el Gobierno tenía intención de no interferir en absoluto en el proceso electoral. AMAE, CP, vol. 845. Turgot a Drouyn de Lhuys, 18 de septiembre de 1854. <<

[17] NA, FO, 72/846, n.º 256, Howden a Clarendon, 13 de octubre de 1854. <<

[18] AMAE, CP, vol. 845, Turgot a Drouyn de Lhuys, 10 de octubre de 1854. Es de notar que el 52 por ciento de los diputados ocupaba su escaño por primera vez. Rafael Zurita, «¿Intérprete o portavoz?…», art. cit. supra. La composición sociológica de la Cámara que proporcionó en su momento el marqués de Miraflores era: 104 propietarios, 73 abogados, 13 periodistas y escritores, 30 empleados, 7 comerciantes, 15 médicos y boticarios, 22 sin categoría marcada, Memorias del reinado de Isabel II…, op. cit., vol III, p. 92. <<

[19] Sin dejar muy explícitas sus fuentes, Isabel Casanova ofrece la siguiente composición política de la Cámara: 134 progresistas, 65 unionistas, 34 demócratas y 24 moderados. Desde el punto de vista sociológico: 41 abogados-propietarios, 43 abogados, 43 propietarios, 12 catedráticos, 19 periodistas y escritores, 37 militares, 2 diplomáticos, 10 magistrados, jueces y fiscales, 2 hacendistas y economistas, 10 comerciantes, 2 farmacéuticos, 6 banqueros, 8 funcionarios, 5 médicos, 1 ingenieros, 1 marinos, 13 nobles titulados. Isabel Casanova, El Bienio Progresista (1854-1856): Historia de un intento de modernización institucional, Tesis Doctoral, Universidad de Murcia, Facultad de Derecho, 1983, pp. 107-204 y 1242-1252. <<

[20] NA, FO, 72/846, n.º 256, Howden a Clarendon, 13 de octubre de 1854. <<

[21] La Iberia, 24 de noviembre de 1854. <<

[22] The Times, 13 de noviembre de 1854, recogiendo un informe de Hardman fechado en Madrid el día 6 de noviembre. <<

[23] AMAE, MD, vol. 366 n.º 5, 18 de octubre de 1854. <<

[24] NA, FO, 72/846, n.º 211, Howden a Clarendon, 13 de septiembre de 1854; El Diario Español, 17 de octubre de 1854; y La Nación, 18 de octubre de 1854. <<

[25] El Diario Español, 17 de octubre de 1854. <<

[26] AMAE, CP, vol. 845, Turgot a Drouyn de Lhuys, 17 de octubre de 1845. <<

[27] AMAE, CP, vol. 845, Turgot a Drouyn de Lhuys, 30 de septiembre de 1854. Vayan como curiosidad las notas siguientes. Turgot acababa su despacho esperando conservar la confianza de su ministerio frente a las insidias de Howden, de quien dice que es incapaz de mantenerse en pie de igualdad con Francia por lo que respecta a la capacidad de influencia sobre el Gobierno español y busca a todo trance la atención pública: «mientras yo me esfuerzo solamente en merecer la estima general: se ausenta de Madrid dos tercios de cada año y cuando vuelve quiere ganar en actividad lo que ha perdido al irse en asiduidad […] en fin, quiere demostrar a su gobierno que su perspicacia descubre en un día lo que se le ha escapado a este digno funcionario que le reemplaza [Mr. Otway] durante el resto del año». <<

[28] NA, FO, 72/847, n.º 291, Howden a Clarendon, 4 de octubre de 1854. <<

[29] Clarendon Papers, vol. C20, Howden a Clarendon, 1 de noviembre de 1854. Particular. Citado por Victor G. Kiernan, La revolución de 1854 en España…, op. cit., p. 125. <<

[30] «Una minuta del Discurso de Apertura de las Cortes Constituyentes que se proponía a S. M.», 1854. RAH, Archivo Particular de Isabel II, Legajo X, pliego 5. <<

[31] DSC, 8 de noviembre de 1854. <<

[32] Modesto Lafuente, Historia general de España desde los tiempos primitivos hasta la muerte de Fernando VII…, Barcelona, Montaner y Simón, 1887-1890, tomo 23, p. 197. <<

[33] AMAE, CP, vol. 846. Turgot a Drouyn de Lhuys, 8 de noviembre de 1854. <<

[34] El Diario Español, 9 de noviembre de 1854; La Soberanía Nacional, 9 y 10 de noviembre de 1854 y La Iberia, 9 de noviembre de 1854. <<

[35] La Iberia, 8 de noviembre de 1854. <<

[36] La Época, 18 de noviembre de 1854. <<

[37] La Época, 10 de noviembre de 1854. Joaquín Azagra, El Bienio Progresista en Valencia…, op. cit., p. 104. El ardiente debate en la prensa se produjo fundamentalmente entre El Parlamento, La Nación, La Soberanía Nacional, El Faro, La Iberia, El León Español, La Época y El Diario Español entre el 10 y el 22 de noviembre de 1854. <<

[38] El Diario Español, 10 de noviembre de 1854. <<

[39] La Época, 15 de noviembre de 1854. Cursivas en el original. El artículo de El Justicia a que se refiere fue publicado el 28 de octubre y motivó un manifiesto del propio Gonzalo Morón en contra. <<

[40] DSC, 16 de noviembre de 1854. La alocución de Allende Salazar A los Habitantes de Vizcaya, fechada el 19 de octubre de 1854, apareció al día siguiente en todos los periódicos de Madrid. <<

[41] La Época, 17 de noviembre de 1854. <<

[42] AMAE, CP, vol. 846. Turgot a Drouyn de Lhuys, 25 de noviembre de 1854. <<

[43] DSC, 19 de noviembre de 1854. <<

[44] La Época, 18 de noviembre de 1854. <<

[45] La Época, 13 de noviembre de 1854. Para el análisis de la función socio-cultural de la piedad y caridad isabelinas es muy importante el artículo de Pedro Carasa, «Isabel II y la cultura de la pobreza» en J. S. Pérez Garzón (ed.), Isabel II. Los espejos de la reina, Madrid, Marcial Pons, 2004, pp. 111-140. <<

[46] NA, FO, 72/847, n.º 306 y n.º 307. Howden a Clarendon, 20 de noviembre de 1854. Cifrado. La Nación, 24 de noviembre de 1854. La Época salió en defensa de Howden y de la reina, ese mismo día, recordando que «la cuestión monárquica y dinástica de España es una cuestión europea, y algún título tienen para dar amistosos consejos, o expresar simpatías acordes con las de la nación, los representantes de aquellas potencias». <<

[47] La España, 21 de noviembre de 1854 y NA, FO, 72/847, n.º 308 y n.º 313. Howden a Clarendon, 21 y 23 de noviembre de 1854. <<

[48] NA, FO, 72/847, n.º 315, 24 de noviembre de 1854. <<

[49] DSC, 21 de noviembre de 1854. <<

[50] La Iberia, 21 y 22 de noviembre de 1854 y La Época, 22 de noviembre de 1854. <<

[51] NA, FO, 72/847, n.º 325, Howden a Clarendon, 28 de noviembre de 1854. Confidencial. <<

[52] RAH, Archivo particular de Isabel II, Legajo XIX, pliego 2; y NA, FO, 72/847, n.º 326. Howden a Clarendon, 29 de noviembre de 1854. Confidencial. <<

[53] DSC, Apéndice al día 25 de noviembre de 1854. <<

[54] DSC, 25 de noviembre de 1854. Cursivas en el original. <<

[55] DSC, 25 de noviembre de 1854. Cursivas en el original. <<

[56] NA, FO, 72/847, n.º 319. Howden a Clarendon, 26 de noviembre de 1854. <<

[57] Ver Ángel Fernández de los Ríos, Olózaga. Estudio político y biográfico, Madrid, Imprenta de Manuel Rojas, 1863. <<

[58] DSC, 28 de noviembre de 1854. <<

[59] La Iberia, 29 de noviembre de 1854. <<

[60] AMAE, CP, vol. 846, Turgot a Drouyn de Lhuys, 21 de noviembre de 1854. <<

[61] NA, FO, 72/847, n.º 326, 29 de noviembre de 1854. Confidencial. <<

[62] AMAE, CP, vol. 846, Turgot a Drouyn de Lhuys, 26 de noviembre de 1854. <<

[63] Ángel Fernández de los Ríos, Estudio histórico de las luchas políticas en la España del siglo XIX, Madrid, English y Gras editores, 1879-1880, vol. II, pp. 418-419. Las mismas palabras y la misma escena ya había sido recogida en su biografía de Olózaga en la que, sin embargo, omite la valoración final sobre la conveniencia del desplante del político progresista. <<

[64] Gaceta de Madrid, 30 de noviembre de 1854. Las posteriores remodelaciones ministeriales, hasta julio de 1856, pueden seguirse en la utilísima obra de José Ramón Urquijo, Gobiernos y ministros españoles (1808-2000), Madrid, CSIC, 2001, pp. 55-56. Lo veremos en su momento, pero esas remodelaciones afectaron fundamentalmente a Hacienda y Gobernación en un sentido cada vez más netamente progresista, pero no identificable con la fracción de los «puros». <<

[65] La Iberia, 1 de diciembre de 1854. <<

[66] NA, FO, 72/847, n.º 324 y n.º 325; Howden a Clarendon, 27 y 28 de noviembre de 1854. Confidencial. <<

[67] DSC, 30 de noviembre de 1854. <<

[68] Ibídem. <<

[69] Ver, por ejemplo, la enmienda de Salmerón al título XII del reglamento sobre los mensajes a la Corona. DSC, 26 de noviembre de 1854. <<

[70] DSC, 30 de noviembre de 1854. Intervención de García López. <<

[71] DSC, 30 de noviembre de 1854. <<

[72] Una excelente síntesis de esa actualización conservadora del ideario moderado clásico sobre la monarquía se puede encontrar en la obra del catalán Manuel Durán y Bas, Estudios políticos y económicos, Barcelona, Imprenta de Antonio Brusi, 1856, pp. 55-88. Para Durán y Bas, la monarquía y la religión católica —en tanto que encarnación de la nacionalidad española— eran elementos fundamentales para detener las corrientes revolucionarias y cimentar la unidad nacional. La primera, además, era la síntesis perfecta del orden y la libertad; una institución legitimada por tradicional, nacional y popular, al servicio de la unidad política de una nación plural, cultural y lingüísticamente. <<

[73] DSC, 30 de noviembre de 1854. Cursiva mía. <<

[74] DSC, 30 de noviembre de 1854. Cursivas mías. A partir de ahora, si no se dice lo contrario, todas las citas de las intervenciones parlamentarias proceden de esa sesión y diario. <<

[75] La Iberia, 1 de diciembre de 1854. <<

[76] Fernando Garrido, Historia del reinado del último Borbón de España, Barcelona, Salvador Manero editor, 1869, tomo III, p. 248. La alusión a Fernando VII se refiere al período en que San Miguel fue ministro durante el Trienio Constitucional de 1820-1823. <<

[77] DSC, 30 de noviembre de 1854. Es necesario, sin embargo, aclarar que la abstención fue muy numerosa, en parte quizás porque la Cámara no estaba completa. En cualquier caso, tan sólo votaron a favor de la monarquía algo más de la mitad de los diputados de un Congreso con 349 escaños. <<

[78] NA, FO, 72/848, n.º 333 y n.º 334. Howden a Clarendon, 1 de diciembre de 1854. Confidencial. <<

[79] Marqués de Miraflores, Memorias del reinado de Isabel II, op. cit., vol. III, pp. 97-98. Ver también La Época del 2 de diciembre de 1854, y El Parlamento de 1 de diciembre de 1854. <<

[80] La Iberia, 3 de diciembre de 1854. <<

[81] La Soberanía Nacional, 1 de diciembre de 1854; y 7 de septiembre de 1855. Al mismo tiempo, los demócratas resaltaban que la mera existencia de aquel pequeño grupo de diputados en las Cortes que votó en contra de la monarquía era una auténtica «revelación» y una muestra de heroísmo republicano en tanto que «tal condición equivalía a llevar sobre la frente el estigma del condenado, y a renunciar a toda intervención en los destinos del Estado, a las profesiones honrosas y a las amistades queridas, porque al republicano se le cerraban hasta las puertas de las casas particulares […] renunciaba incluso a una carrera honrosa o a un modesto oficio». Miguel Morayta, Historia general de España…, op. cit., vol. 8, p. 88. <<

[82] DSC, 10 de enero de 1855. El importante debate sobre la sanción real se inició con varias enmiendas el 26 de enero y se prolongó hasta febrero de 1855. <<

[83] Ver a este respecto, la obra ya clásica de José María Portillo, Revolución de nación. Orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-1812, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000; así como su contribución («Constitución») al Diccionario político y social del siglo XIX español dirigido por Javier Fernández Sebastián y Juan Francisco Fuentes, Madrid, Alianza Editorial, 2002, pp. 188-196. <<

[84] DSC, 5 de enero de 1855. Las palabras de Nocedal tendían a pasar por alto el hecho, revolucionario en sí mismo, de que los liberales de Cádiz (todos ellos) negaron que la nación fuese patrimonio de ninguna familia, disociando así nación y monarquía. Agradezco de nuevo a Carmen García Monerris que me haya llamado la atención sobre la necesidad de no dejar pasar sin coda esa cita de Nocedal. <<

[85] Ver a este respecto, Javier Fernández Sebastián, «España, monarquía y nación. Cuatro concepciones de la comunidad política española entre el Antiguo Régimen y la revolución liberal» en: Studia Historica-Historia Contemporánea, vol. XII (1994), pp. 45-74. Para una actualización del debate, la mesa redonda «La construcción de España: Estado y nación en el liberalismo decimonónico» en: Ricardo Robledo et al. (eds.), Orígenes del liberalismo. Universidad, política, economía, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2002, pp. 255-280. <<

[86] Walter Bagehot, The English Constitution, Londres, Fontana Press, 1991 (1.ª ed. Inglesa, 1867). <<

[87] John G. Pocock, «The language of political discourse and the British rejection of the French Revolution» en: Eluggero Pii (ed.), I Linguaggi Politici delle Rivoluzioni in Europa, XVII-XIX secolo, Florencia, Leo S. Olschki, 1992, pp. 19-30. <<

[88] Algo especialmente válido para Salustiano de Olózaga, pero también para Escosura. Para el planteamiento de Bentham, ver sus Tácticas Parlamentarias, estudio preliminar de Benigno Pendás, Madrid, Congreso de los Diputados, 1991 (1.ª ed. inglesa, 1791). <<

[89] R. G. Chaparro, El partido progresista o Espartero y Olózaga, Madrid, Imprenta de don José Morales y Rodríguez, 1864. <<

[90] Esforzándose por definir qué era la soberanía nacional, Escosura hubo de admitir que «ese poder supremo, humanamente hablando, es dentro de los límites, dentro de la esfera de lo posible, y no puede ser otra cosa». Olózaga, por su parte, insistió en algo que ya venía diciendo desde 1837: «Entre ese principio y esa aplicación hay una diferencia enorme». Cánovas, por su parte, se encargó de enfatizar la cercanía entre los progresistas y los conservadores que él representaba pues, dijo, el único problema de la soberanía nacional es el de su manifestación, «porque en cuanto al principio mismo abstractamente considerado, ¿cómo hemos de negarlo?». Y añadió: «Hay una preocupación muy antigua en el antiguo partido progresista, y es el creerse partido extremo. No, no sois partido extremo; sois partido de justo medio, como lo es el moderado; sois como ellos ni más ni menos, adeptos de la escuela constitucional. Diferencias de conducta más que de principios os separan». DSC, 24, 25 y 30 de enero, respectivamente. <<

[91] DSC, 30 de enero de 1855. <<

[92] DSC, 27 de enero de 1855. <<

[93] Pierre Rosanvallon, La monarchie impossible. Les Chartes de 1814 et de 1830, París, Fayard, 1994, p. 46. <<

[94] Ángeles Lario, «La monarquía herida de muerte. El primer debate monarquía/república en España», y M.ª. C. Romeo: «La ficción monárquica y la magia de la nación en el progresismo isabelino» en: A. Lario (ed.), Monarquía y República en la España contemporánea, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, pp. 183-204 y 107-125, respectivamente. <<

[95] Isabel Burdiel, «Salustiano de Olózaga: la res más brava del progresismo» en: M. Pérez Ledesma e I. Burdiel (eds.), Liberales eminentes, Madrid, Marcial Pons, 2008, pp. 77-124. <<

[96] Patricio de la Escosura, DSC, 30 de enero de 1855. <<

[97] M.ª Cruz Romeo, «La tradición progresista: historia revolucionaria, historia nacional» en: M. Suarez Cortina (ed.), La redención del pueblo. La cultura progresista en la España liberal, Santander, Universidad de Cantabria, 2006, pp. 105-113, especialmente. Las conclusiones de Romeo sobre la articulación de lo nacional y lo local en la concepción de España de los progresistas se fundamentan, sobre todo, en los debates de 1840 sobre la ley de ayuntamientos. A aquellas alturas, tiene razón en decir que los progresistas «no incidían en el catolicismo y la monarquía como cimientos de identificación esencial de la nación española, sino en la libertad y la soberanía» (p. 109). Tampoco lo harían después, pero sí lo hicieron durante el Bienio. Toda la obra en que está incluido este artículo cubre un vacío importante sobre la historia del progresismo. <<

[98] Agradezco a José M.ª Portillo sus sugerencias en este sentido. Ver su obra reciente El sueño criollo. La formación del doble constitucionalismo en el País Vasco y Navarra, Donostia-San Sebastián, Nerea, 2006; y su primera obra al respecto, Los poderes locales en la formación del régimen foral. Guipúzcoa, 1812-1850, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1987. <<

[99] La Constitución nunca promulgada de 1856 recortaba tan sólo ligeramente el poder de la Corona respecto a la de 1837 al establecer una diputación permanente y el plazo de dos meses para convocar Cortes en caso de disolución. Además de las obras citadas, ver Isabel Casanova, Aproximación a la constitución nonnata de 1856. Presentación general y primera publicación del texto íntegro, Murcia, Secretariado de publicaciones e intercambio científico de la Universidad de Murcia, 1985. Manuel Durán y Bas argumentó que, «si le niega [a la Corona] la sanción de las leyes, si se le niega esta participación en las funciones legislativas, ¿qué hay entonces que sirva de punto de separación entre una Monarquía y una República?», Estudios Políticos…, op. cit., p. 64. Las divisiones que provocó el tema de la sanción fueron tan intensas que la base XVI se aprobó por 130 votos contra 107. <<

[100] DSC, 5 de febrero de 1855. <<

[101] Martin Kirsch, Monarch und Parlament im 19. Jahrhundert. Der monarchische Konstitutionalismus als europäischer Verfassungstyp-Frankreich im Vergleich, Göttingen, Vandenhoeck und Rupercht, 1999. <<

[102] Jesús Millán, «¿No hay más que pueblo? Élites políticas y cambios sociales en la España liberal» en: Rafael Zurita y Renato Camurri (eds.), Las élites en Italia y en España (1850-1922), Valencia, PUV, 2008, pp. 207-226. <<

[103] Citado por Pierre Rosanvallon, La monarchi e impossible…, op. cit., p. 157. <<

[104] DSC, 30 de noviembre de 1855. <<

[105] El Mole, 26 de enero de 1855. <<

[106] Para matizar estas afirmaciones y enfatizar la indudable aportación del progresismo a la liberalización de la cultura política durante el reinado isabelino, ver mi trabajo «La tradición política progresista. Historia de un desencuentro» en: Carlos Dardé (ed.), Sagasta y el liberalismo español, Madrid, Fundación BBVA, 2000, pp. 103-121; y M.ª C. Romeo, «Los mundos posibles del liberalismo progresista» en: Emilio La Parra y Germán Ramírez (eds.), El primer liberalismo: España y Europa, una perspectiva comparada, Valencia, Biblioteca Valenciana, 2003, pp. 287-314, además del artículo citado en la nota 88. Sobre los factores de agotamiento político, en el largo plazo, del progresismo isabelino, ver J. Millán y M.ª C. Romeo, «Was the liberal revolution important to modern Spain? Political cultures and citizenship in Spanish History», Social History vol. 29, 3 (agosto de 2004), pp. 284-300. Para la fuerte relación creada entre religión, monarquía y nación durante el siglo XIX, José Álvarez Junco, Mater Dolorosa. La Idea del España en el siglo XIX, Madrid, Taurus, 2001. <<

[1] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3430, docs. 174-175, 1854. Carta Política de D. José Castillo y Ayensa dirigida a la Reyna Madre dándole cuenta de una audiencia que ha tenido con S. M. la Reyna Isabel, Madrid, 30 de noviembre.<<

[2] AMAE, CP, vol. 845. Turgot a Drouyn de Lhuys, 30 de septiembre de 1854 y Bayona, firma de remitente ilegible a Turgot, 8 de octubre de 1854.<<

[3] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3430/196, doc. 31. M.ª Cristina a Francisco de Asís, 6 de diciembre de 1855.<<

[4] Ibídem, doc. 32. M.ª Cristina a Francisco de Asís, 20 de diciembre de 1855.<<

[5] Ibídem, doc. 31. Subrayado en el original.<<

[6] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3430/196, doc. 67. Eugenio de Ochoa a M.ª Cristina, 22 de octubre de 1854.<<

[7] NA, FO, 72/846, n.º 99, Howden a Clarendon, 10 de marzo de 1855.<<

[8] Tiene razón M.ª Dolores Ramos en que la figura de sor Patrocinio necesita una revisión actual desde el punto de vista de «la complicada relación con el poder de las mujeres durante el siglo XIX». M. D. Ramos, «Isabel II y las mujeres isabelinas en el juego de poderes del liberalismo» en: J. S. Pérez Garzón (ed.), Isabel II. Los espejos de la reina, Madrid, Marcial Pons, 2004, pp. 141-156. Desde un punto de vista hagiográfico, pero con importante documentación de primera mano, ver la Vida admirable y ejemplarísimas virtudes de la ínclita sierva de Dios reverenda Madre Sor María de los Dolores y Patrocinio…, escrita por la R. M. Sor María Isabel de Jesús…, Guadalajara, Establecimiento Tipográfico del sucesor de Antero Concha, 1925. Como muestra de la abundante publicística liberal contra sor Patrocinio, Biografía de Sor Patrocinio, o sea, la célebre monja de las llagas, por dos amigos filósofos, Madrid, Imprenta de los Sres. Rojas, 1868. La mejor biografía de la monja sigue siendo la de Benjamín Jarnés, Sor Patrocinio, la monja de las llagas, Madrid, Espasa-Calpe, 1929.<<

[9] Benito Pérez Galdós, «O’Donnell» en: Episodios Nacionales, tomo III, Madrid, Aguilar, 1965, p. 146.<<

[10] Este último financiado directamente por M.ª Cristina y Riánsares.<<

[11] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3430/196, doc. 67. Eugenio de Ochoa a M.ª Cristina, 22 de octubre de 1854.<<

[12] El Amigo del Pueblo, 15 de noviembre de 1854. Cursivas y mayúsculas en el original.<<

[13] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3430/196, doc. 67; y El Amigo del Pueblo, 15 de noviembre de 1854.<<

[14] El Amigo del Pueblo, extractos de los números correspondientes al período comprendido entre el 15 de noviembre de 1854 y el 7 de febrero de 1855. Cursivas en el original.<<

[15] Doña Isabelle II de Bourbon, Reine d’Espagne, París, Didier, 1854.<<

[16] Unas iniciativas que merece la pena recordar que —por su adhesión al menos formal al liberalismo— se encontraban bastante lejos de las exclusivistamente católicas estudiadas por M. C. Romeo, «Política católica para después de la revolución o las vías del antiliberalismo: Aparisi y Guijarro, 1843-1844» en: Trienio, 41 (mayo de 2003), pp. 133-162.<<

[17] NA, FO, 72/848, n.º 365. Howden a Clarendon, 27 de diciembre de 1854.<<

[18] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3432/199, doc. 1. María Cristina a Isabel II, 12 de enero de 1855.<<

[19] Ibídem, doc. 3. Isabel II a María Cristina, 3 de enero de 1855. Carta enviada por conducto de Castillo y Ayensa. Cursiva en el original.<<

[20] Espartero.<<

[21] O’Donnell.<<

[22] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3432/199, doc. 4, Francisco de Asís a M.ª Cristina, 28 de enero de 1855.<<

[23] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3430/196, docs. 176 y 177. Narváez a M.ª Cristina, 3 de diciembre de 1854; y M.ª Cristina a Narváez, 8 de diciembre de 1854.<<

[24] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 2430/199, doc. 1. Narváez a M.ª Cristina, 21 de febrero de 1855. Para la correspondencia de otros líderes moderados con M.ª Cristina, en la que se limitan a lamentar su situación sin comprometerse mucho más, ver: AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3430/196, pássim.<<

[25] AMAE, CP, vol. 846. Turgot a Drouyn de Lhuys, 25 y 10 de marzo de 1855.<<

[26] El relato de aquella conversación con el embajador francés, cuyo primer consejo aprueba aunque no el segundo, en la correspondencia diplomática de Howden. NA, FO, 72/846, n.º 227. Howden a Clarendon, 23 de septiembre de 1854. Confidencial.<<

[27] DSC, 1 de diciembre de 1854. Al presentarse esa proposición, y aprobarse, se retiró una proposición similar de un grupo de diputados demócratas. Apéndices 14 y 15.<<

[28] La Europa, 6 de octubre de 1854.<<

[29] DSC, 14 de marzo de 1855.<<

[30] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3432/199, doc. 12. Isabel II a M.ª Cristina, 14 de marzo de 1855.<<

[31] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3432/199, docs. 14 y 15. M.ª Cristina a Isabel II y a Francisco de Asís, 12 de abril de 1855.<<

[32] Para esa coincidencia ver, por ejemplo, La Época de 26 de marzo de 1855; y la intervención del diputado demócrata Bertemati en la sesión parlamentaria del 30 de noviembre de 1854.<<

[33] DSC, 30 de noviembre de 1854.<<

[34] DSC, 1 de diciembre de 1854.<<

[35] NA, FO, 72/865, n.º 146. Howden a Clarendon, 31 de marzo de 1855.<<

[36] RAH, Archivo Particular de Isabel II, leg. XII, pliego 5. M.ª Cristina a Isabel II, 10 de abril de 1855.<<

[37] Ver, por ejemplo, la pregunta en ese sentido del diputado Ovejero. DSC, 6 de marzo de 1855.<<

[38] Fernando Garrido, Historia del reinado del último Borbón de España, Barcelona, Salvador Manero, 1868-1869, vol. II, pp. 321-322.<<

[39] NA, FO, 72/865, n.º 146, Howden a Clarendon, 31 de marzo de 1855.<<

[40] Agradezco a Xavier Andreu, autor de un importante trabajo inédito sobre Ayguals de Izco, que me haya permitido la lectura de algunos capítulos del mismo.<<

[41] Wenceslao Ayguals de Izco, El Palacio de los crímenes o el pueblo y sus opresores. Tercera y última parte de María, la hija de un jornalero. Cito de la tercera edición, Madrid, Imprenta y librería de Miguel Guijarro, 1869, pássim.<<

[42] NA, FO, 72/865, n.º 146. Howden a Clarendon, 31 de marzo de 1855.<<

[43] Dictamen de la Comisión de información parlamentaria sobre ciertos actos de que pueda ser responsable Doña María Cristina de Borbón. Apéndice 2.º al número 399 de 7 de junio de 1856, pp. 13.871-13 .874.<<

[44] Ibídem, pp. 13.874-13 .875.<<

[45] Ibídem, pp. 13.875-13 .876.<<

[46] Ibídem, pp. 13.876-13 .877.<<

[47] Ibídem, pp. 13.877-13 .878.<<

[48] NA, FO, 72/894, n.º 213. Howden a Clarendon, 25 de junio de 1856.<<

[49] José Antonio Piqueras encuentra una evidencia similar para las relaciones entre la familia Riánsares y el ilegal comercio de esclavos con destino a Cuba: «La reina, los esclavos y Cuba» en: J. S. Pérez Garzón (ed.), Isabel II. Los espejos de la reina…, op. cit., pp. 91-110.<<

[50] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3474/60, pássim.<<

[51] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3423/199-2, doc. 1. Opinión de Rubio sobre que la reina no debe contestar a las acusaciones contra ella. Muy razonada. La Malmaison, 2 de enero de 1855. Subrayados en el original.<<

[52] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3482/389. Cajas Reservadas, 10 de enero de 1855.<<

[53] Ibídem, 18 de enero y 8 de febrero de 1855.<<

[54] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3474/60, docs. 5 y 10. Cortina a Riánsares, 21 de octubre de 1856; y Riánsares a Cortina, 3 de noviembre de 1856.<<

[55] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3474/60, pássim. En varios pasajes de las cartas entre Riánsares y Cortina (actuando el primero, una vez más, en nombre de su mujer), se reconoce que la reina «sacó ciertas joyas de Palacio» durante la Expedición Real de 1837 para evitar que cayesen en manos de don Carlos y no queda en ningún caso claro qué ocurrió con ellas y si salieron de España. El tema de las joyas volvió a ocupar a la opinión pública durante las Cortes Constituyentes de 1869-1871 y jamás se aclaró completamente; quedó tan sólo la convicción moral de que Cristina había «confundido» las joyas de la Corona con las suyas propias y las que «le habían regalado Fernando VII y diversas corporaciones». Ver, del legajo citado, el documento 18, Cortina a Riánsares, 2 de junio de 1856; y el documento 49, Riánsares a José Muñoz, conde de Retamoso, 12 de junio de 1856.<<

[56] DSC, 5 de febrero de 1855. Apéndice.<<

[57] Josep Fontana, Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX, Barcelona, Ariel, 1973, pp. 175-176.<<

[58] J. Jiménez-Ridruejo, «Aproximación a las relaciones económicas entre la Iglesia y el Estado en el Bienio Progresista. Un estudio presupuestario y del hecho desamortizador» en: Emilio La Parra (ed.), Iglesia, sociedad y estado en España, Francia e Italia (ss. XVIII-XX), Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1991. Sobre la desamortización de Madoz los estudios siguen siendo básicamente locales y regionales. Para una valoración global de los programas al respecto, ver F. Tomás y Valiente, El marco político de la desamortización en España, Barcelona, Ariel, 1971. Para su ubicación en la problemática agraria general durante el siglo XIX, Ramón Garrabou y Jesús Sanz (eds.), Historia agraria de la España Contemporánea. Vol. 2: Expansión y crisis (1850-1900), Barcelona, Crítica, 1985. También, F. Simón Segura, La desamortización española del siglo XIX, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1980. Entre los estudios regionales merece destacarse, por su capacidad de plantear problemas generales, el de Anaclet Pons, La propietat a subhasta. La desamortització i els seus beneficiaris: Inversió i Mercat (València, 1855-1867), Valencia, Universitat de València, 1991; y «Catalogar i desamortitzar. La superfície forestal valenciana al segle XIX. Una aproximació» en: Recerques, 41 (2000), pp. 1663-178. Sobre Pascual Madoz, F. J. Paredes Alonso, Pascual Madoz (1805-1870). Libertad y progreso en la España isabelina, Pamplona, Universidad de Navarra, 1992 (2.ª ed.).<<

[59] La ley se discutió entre el 26 de marzo y el 28 de abril de 1855 y fue votada por partes, hasta que se dio por aprobada este último día sin votación nominal.<<

[60] Modesto Lafuente, Historia general de España desde los tiempos primitivos hasta la muerte de Fernando VII, por Modesto Lafuente, continuada desde dicha época hasta nuestros días por Don Juan Valera, con la colaboración de D. Andrés Borrego y D. Antonio Pirala, Barcelona, Montaner y Simón, 1887-1890, vol. 23, pp. 202-203.<<

[61] AMAE, CP, vol. 846. Turgot a Drouyn de Lhuys, febrero de 1855.<<

[62] RAH, Colección Pirala 9/6860. Contactos entre los reyes y Don Carlos. Copia del escrito de Don Antonio Arjona a Don Carlos, 15 de febrero de 1855.<<

[63] AMAE, CP, vol. 846. Turgot a Drouyn de Lhuys, 6 y 10 de febrero de 1855.<<

[64] La España, 7 de febrero de 1855.<<

[65] La Iberia, 8 de febrero de 1855.<<

[66] AMAE, CP, vol. 846. Turgot a Drouyn de Lhuys, 10 de febrero de 1855.<<

[67] El adverbio civilmente fue introducido por una proposición de Salustiano de Olózaga, pero no pasó a la redacción final del artículo 14.º de la Constitución, que quedó finalmente de la siguiente manera: «La nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica, que profesan los españoles. Pero ningún español ni extranjero podrá ser perseguido por sus opiniones, o creencias religiosas, mientras no las manifieste por actos públicos contrarios a la religión». Citado en Enrique Tierno Galván (comp.), Leyes políticas españolas fundamentales (1808-1936), Madrid, Tecnos, 1975, pp. 104-105.<<

[68] NA, FO, 72/864, n.º 2 y n.º 12. Howden a Clarendon, 8 y 14 de enero de 1855.<<

[69] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3482/189, doc. 18, 22 de enero de 1855.<<

[70] «Spanish Intolerance and Insolvency» en: Blackwood’s Magazine, vol. LXXVII, junio de 1855, pp. 714-724.<<

[71] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3432/199, docs. 1 a 47, con la correspondencia completa sobre la cuestión religiosa.<<

[72] NA, FO, 72/864, n.º 110, 16 de marzo de 1855.<<

[73] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3432/199-26, doc. 4. José del Castillo y Ayensa a M.ª Cristina, 30 de marzo de 1855.<<

[74] AMAE, CP, vol. 846. Turgot a Drouyn de Lhuys, 25 de febrero de 1855. Confidencial.<<

[75] DSC, 28 de febrero de 1855.<<

[76] NA, FO, 72/865, n.º 120 y documentos adjuntos. Howden a Clarendon, 19 de marzo de 1855. Entre la bibliografía disponible sobre este tema, ver A. Fernández García, «La cuestión religiosa en la Constitución del Bienio Progresista» en: Perspectivas de la España contemporánea. Estudios en homenaje al profesor V. Palacio Atard, Madrid, Guthersa, 1986, pp. 109-141. Para la situación del protestantismo en España, Juan B. Vilar, Intolerancia y libertad en la España contemporánea. Los orígenes del protestantismo español actual, Madrid, Istmo, 1994.<<

[77] Copia de prensa. Sin fecha ni referencia. NA, FO, 72/865, n.º 140, 31 de marzo de 1855. La Esperanza, 31 de marzo de 1855.<<

[78] Modesto Lafuente, La cuestión religiosa, observaciones sobre la discusión de la base segunda del proyecto de la nueva Ley Fundamental en las Cortes Constituyentes de 1854, Madrid, Establecimiento Tipográfico de D. F. Mellado, 1855. Para una visión general clásica, ver J. M. Cuenca Toribio, La Iglesia Española ante la revolución liberal, Madrid, Rialp, 1971; y Relaciones Iglesia/Estado en la España contemporánea (1833-1975), Madrid, Alhambra, 1985. También, W. J. Callaghan, Iglesia, poder y sociedad en España, 1750-1874, Madrid, Nerea, 1989; y F. Martí Gilabert, El diálogo Iglesia y Estado en el reinado de Isabel II, Pamplona, Eunate, 1996. Emilio La Parra (ed.), Iglesia, sociedad y estado en España, Francia e Italia (ss. XVIII-XX), Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1991. Emilio La Parra es también el autor de un buen balance sobre las relaciones entre la Corona y la Iglesia durante el reinado isabelino: «La reina y la Iglesia» en: J. S. Pérez Garzón (ed.), Isabel II. Los espejos de la reina…, op. cit., pp. 199-202.<<

[79] RAH, Colección Pirala, 9/6860. Contactos entre los reyes y Don Carlos. Febrero-mayo de 1855. A partir de aquí todas las citas proceden de dicho documento hasta que se diga lo contrario. Tanto el embajador francés como el belga estuvieron muy pronto al tanto de aquellas conversaciones, ver Victor Kiernan, La revolución de 1854 en España, Madrid, Aguilar, 1970, p. 51, notas 47 y 48.<<

[80] La interpretación aparece en la obra de Modesto Lafuente, Historia general de España…, op. y vol. cit., pp. 279-281.<<

[81] Se refiere al ejército.<<

[82] El zar Nicolás II murió en 1855.<<

[83] RAH, Colección Pirala, 9/6860. Contactos entre los Reyes y Don Carlos. 1855.<<

[84] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3482/389, s/n, 25 de abril de 1855.<<

[85] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3432/199-26, doc. 2. Castillo y Ayensa a M.ª Cristina, 12 de marzo de 1855.<<

[86] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3432/199-26, doc. 4. Castillo y Ayensa a M.ª Cristina, 30 de marzo de 1855.<<

[87] Pío IX a Isabel II, Roma, 14 de marzo de 1855. RAH, Archivo Particular de Isabel II, leg. XI, pliegos I, n.º 5. Correspondencia publicada por Julio Gorricho, «Epistolario de Pío IX con Isabel II de España» en: Archivum Historiae Pontificae, año 10, vol. 4 (1966), pp. 281-368.<<

[88] NA, FO, 72/865, n.º 110, Howden a Clarendon, 16 de marzo de 1855.<<

[89] Modesto Lafuente, Historia general de España…, op. y vol. cit., p. 203.<<

[90] La carta transcrita por el biógrafo de Pezuela, marqués de Rozalejo, Cheste o todo un siglo (1809-1906). El isabelino tradicionalista, Madrid, Espasa-Calpe, 1935, p. 184.<<

[91] Modesto Lafuente, Historia general de España, op. y vol. cit., p. 203-204.<<

[92] Marqués de Rozalejo, Cheste o todo un siglo…, op. cit., pp. 184-185. Las noticias del complot y de la participación del rey, de Pezuela y de la camarilla clerical en el mismo, fueron pronto de dominio público. Sobre todo ello escribe el corresponsal de Blackwood’s Magazine en Madrid, «Spanish intolerance and insolvency», vol. LXX-VII, junio de 1855, pp. 714-724.<<

[93] NA, FO, 72/866, n.º 188. Howden a Clarendon, 30 de abril de 1855.<<

[94] AMAE, CP, vol. 846. Turgot a Drouyn de Lhuys, 20 de abril de 1855. Despacho telegráfico cifrado.<<

[95] AMAE, CP, vol. 847. Turgot a Drouyn de Lhuys, 1 de mayo de 1855. Subrayados en el original.<<

[96] AMAE, CP, vol. 847. Turgot a Drouyn de Lhuys, 1 de mayo de 1855.<<

[97] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 2432/199, docs. 5 y 6. Isabel II a M.ª Cristina, 3 de mayo de 1855; y Francisco de Asís a M.ª Cristina, 5 de mayo de 1855.<<

[98] RAH, Archivo Particular de Isabel II, leg. XII, pliego 2.<<

[99] RAH, Archivo Particular de Isabel II, leg. XI, pliego I, n.º 8. Pío IX a Isabel II, 21 de junio de 1855. Ver también, María F. Núñez Muñoz, El Bienio Progresista (1854-1856) y la ruptura de las relaciones de Roma con España según los documentos vaticanos, Madrid, Universidad de La Laguna, 1993.<<

[100] Miguel Morayta, Historia general de España desde los tiempos antehistóricos hasta nuestros días, Madrid, Felipe González Rojas, 1893, vol. VIII, pp. 163-166. Para la resistencia de las jerarquías de la Iglesia, Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Toledo, 31 de agosto de 1855.<<

[101] Un relato completo y detallado de la escena es el de Frederick Hardman, muy bien informado a través del lugarteniente de Espartero, Gurrea. Blackwood’s Magazine, vol. LXXVII, junio de 1855, pp. 714-724. Menos detallado, pero coincidente, el relato de Ángel Fernández de los Ríos, Estudio histórico de las luchas políticas en la España del siglo XIX, Madrid, English y Gras editores, 1879-1880, vol. II, p. 431.<<

[102] AMAE, CP, vol. 847, Turgot a Walewsky, 23 de mayo de 1855.<<

[103] AMAE, CP, vol. 847, Turgot a Walewsky, 23 de mayo de 1855.<<

[104] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3432/199, docs. 20 y 21. M.ª Cristina a Isabel II, 25 de marzo de 1855 y M.ª Cristina a Francisco de Asís, 28 de marzo de 1855.<<

[105] NA, FO, 72/865, n.º 229, Howden a Clarendon, 1 de junio de 1855. Confidencial.<<

[106] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3432/199, doc. 1. Noticias y opinión mía sobre proyectos de fusión dinástica en 1855. Carta de la Reina Madre a su hija, la reina Isabel, fecha 2 de junio de dicho año, aconsejándola que no acepte tal proyecto.<<

[107] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3432/199, doc. 2. Junto al memorando de Rubio, aparece un borrador de carta con varias correcciones. La carta finalmente enviada, manuscrita de M.ª Cristina, se encuentra recogida en RAH, Colección Particular de Isabel II, leg. XII, pliego 5. M.ª Cristina a Isabel II, 2 de junio de 1855.<<

[108] RAH, Colección Particular de Isabel II, leg. XII, pliego 5. M.ª Cristina a Isabel II, 22 de junio de 1855. Una carta menos clara, y más familiar, en un sentido similar a la anterior, escribió M.ª Cristina a Francisco de Asís el 11 de junio de 1855. AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3432/199, doc. 9.<<

[109] AMAE, CP, vol. 847. Turgot a Walewsky, 12 de septiembre de 1855.<<

[110] Modesto Lafuente, Historia general de España…, op. y vol. cit., p. 210.<<

[111] AMAE, CP, vol. 847. Turgot a Walewsky, 12 de septiembre de 1855.<<

[112] AGP, Reinados, Isabel II, caja 8656, expediente 173; y DSC, 7 de noviembre de 1855.<<

[113] AMAE, CP, vol. 847. Turgot a Walewsky, 10 y 12 de septiembre de 1855.<<

[114] AMAE, CP, vol. 847. Turgot a Walewsky, 15 de septiembre de 1855. Hay referencias en varias fuentes respecto a la proclama secuestrada por el Gobierno, pero el único lugar donde he encontrado el texto íntegro es en este despacho del embajador francés.<<

[115] Otway a Clarendon, particular, 1 de octubre de 1855. Clarendon Papers, vol. C. 28. Citado en Kiernan, La revolución de 1854 en España…, op. cit., p. 192.<<

[116] Ver, por ejemplo, las referencias propias y de otros periódicos de La Iberia, 22 de septiembre de 1855.<<

[117] AMAE, CP, vol. 847. Turgot a Walewsky, 15 de septiembre de 1855.<<

[118] AMAE, CP, vol. 847. Turgot a Walewsky, 1 de octubre de 1855.<<

[119] NA, FO, 72/870. Otway a Clarendon, 1 de octubre de 1855.<<

[120] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3432/199, doc. 22.<<

[1] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3432/199-26, doc. 10. M.ª Cristina a José del Castillo y Ayensa, 17 de septiembre de 1855.<<

[2] Madrid, Anselmo Santa Coloma, 1855.<<

[3] Andrés Borrego, Estudios políticos…, op. cit., pp. 233-234.<<

[4] DSC, 30 de marzo de 1855.<<

[5] Andrés Borrego, Estudios políticos…, op. cit., pp. 300-301.<<

[6] DSC, 30 de marzo de 1855. Nocedal y Castro se quedaron solos defendiendo la existencia de un partido moderado con principios propios que, sin embargo, nunca explicitaron. Esta sesión merece un estudio más en profundidad para aquellos interesados en las condiciones de creación de la Unión Liberal y su apuesta por ocupar el espacio, no sólo del progresismo, sino muy abiertamente del Partido Moderado histórico.<<

[7] DSC, 14 de diciembre de 1854.<<

[8] Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona a mitjans del segle XIX. El movimient obrer durant el Bienni progresista (1854-1856), Barcelona, Curial, 1976, 2 vols. Albert García Balañá, La fabricació de la fàbrica. Treball i política a la Catalunya cotonera (1784-1874), Igualada, Publicación de l’Abadia de Montserrat, 2004. Para España, M. Alarcón, El derecho de asociación obrera en España (1839-1900), Madrid, Revista del Trabajo, 1975; Antonio Elorza, «Los orígenes del asociacionismo obrero en España» en: Revista de Trabajo, 37 (1977), pp. 125-345; y Socialismo utópico español, Madrid, Alianza, 1970. Jean Maurice (ed.), Pueblo, movimiento obrero, cultura en la España contemporánea, Valencia, PUV, 1990; y Manuel Pérez Ledesma y Rafael Cruz (eds.), Cultura y movilización en la España contemporánea, Madrid, Alianza, 1997. Para cuestiones generales que importan en la comprensión del movimiento obrero de la época, Clara E. Lida, «¿Qué son las clases populares? Los modelos europeos frente al caso español en el siglo XIX» en: Historia Social, 27 (1997); y Antecedentes y desarrollo del movimiento obrero español (1835-1880), Madrid, Siglo XXI, 1973.<<

[9] AMAE, CP, vol. 847. Turgot a Walewsky, 9 de julio de 1855.<<

[10] Interesa en esta cuestión el clásico del político catalán, Francisco Pi y Margall, La reacción y la revolución, Barcelona, Anthropos, 1982.<<

[11] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3432/199-27, docs. 1 a 4. Pedro José Pidal a M.ª Cristina, 18 de julio de 1855.<<

[12] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3432/199-10, docs. 3 a 5. Castillo y Ayensa a Antonio Rubio, 24 y 25 de octubre de 1855; y Antonio Rubio a Castillo y Ayensa, 21 de noviembre de 1855.<<

[13] AMAE, CP, vol. 847. Turgot a Walewsky, 9 de julio de 1855.<<

[14] Modesto Lafuente, Historia general de España…, op. y vol. cit., pp. 206-207.<<

[15] Para este último aspecto, Joaquín Azagra, «El motín de la Milicia en Valencia el 6 de abril de 1856» en: Hispania, XXXIV (1974), pp. 443-462. Para una valoración detallada, aunque escasamente analítica, de la labor de las Cortes Constituyentes de 1854-1856, Isabel Casanova, El Bienio Progresista (1854-1856): Historia de un intento de modernización institucional, tesis doctoral, Universidad de Murcia, 1983; y Aproximación a la Constitución nonnata de 1856, Murcia, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 1985. Para la trascendencia económica del Bienio, el mejor estudio general sigue siendo el de Gabriel Tortella, El desarrollo en la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX, Madrid, Alianza, 1994. Una interesante síntesis analítica en Antón Costas, «Los progresistas como motor del cambio económico en España» en: Carlos Dardé (ed.), Sagasta y el liberalismo español, Madrid, Fundación BBVA, 2000, pp. 123-135. Para el tema de los ferrocarriles: Miguel Artola, Los ferrocarriles en España, Madrid, Banco de España, 1978, 2 vols.; y Antonio Gómez Mendoza, Ferrocarriles, industria y mercado en la modernización de España, Madrid, Espasa-Calpe, 1989. Acerca de la banca, Pedro Tedde de Lorca, El Banco de San Fernando, Madrid, Banco de España, 1999; y Gabriel Tortella, «El Banco de España entre 1829-1929. La formación de un banco central» en: VV. AA., El Banco de España, Madrid, Banco de España, 1970.<<

[16] El Diario Español, 17 de octubre de 1854. En mayo de 1855, Turgot informó a su ministerio de que «el ejército sufre impacientemente la existencia de milicias nacionales y es capaz de todo para librarse de ellas». AMAE, CP, vol 847. Turgot a Walewsky, 31 de mayo de 1855.<<

[17] A. Fernández de los Ríos, Estudio histórico de las luchas políticas en la España del siglo XIX, Madrid, English y Gras, 1879-1880, vol. II, p. 428.<<

[18] Para la evolución de los ministerios durante el Bienio, ver la útil obra de José Ramón Urquijo, Gobiernos y ministros españoles (1808-2000), Madrid, CSIC, 2000.<<

[19] AMAE, CP, vol. 847. Turgot a Walewsky, 17 de junio de 1855.<<

[20] La Época, 12 de marzo de 1856. Apoyaron también al Centro Parlamentario otros periódicos como El Clamor Público y la Nación.<<

[21] AMAE, CP, vol. 847. Turgot a Walewsky, 10 de agosto de 1855. Subrayados en el original.<<

[22] Modesto Lafuente, Historia general de España…, op. y vol. cit., p. 214.<<

[23] Para una valoración más precisa de las fluctuantes líneas divisorias entre la democracia y el progresismo —así como para un análisis detallado de la organización, discurso y práctica política de los demo-republicanos— es importante Florencia Peyrou, Tribunos del Pueblo. Demócratas y republicanos durante el reinado de Isabel II, Madrid, CEPC, 2008. Asimismo, aunque mucho más interesante para el período de la Restauración, la tesis doctoral de Román Miguel González, La formación de las culturas políticas republicanas españolas, 1833-1900, Universidad de Cantabria, 2004. Agradezco al autor que me facilitase la obra inédita.<<

[24] La Iberia, 17 de marzo de 1856.<<

[25] Modesto Lafuente, Historia general de España…, op. y vol. cit., p. 214.<<

[26] A. Fernández de los Ríos, Estudio histórico de las luchas políticas…, op. y vol. cit., p. 430.<<

[27] NA, FO, 72/865, n.º 108 y n.º 147. Howden a Clarendon, 14 y 30 de marzo de 1856. La última carta, confidencial. Sobre Olózaga: Ángel Fernández de los Ríos, Olózaga. Estudio político y biográfico, Madrid, Manuel de Rojas, 1864; e Isabel Burdiel, «Salustiano de Olózaga: La res más brava del progresismo» en: Manuel Pérez Ledesma e Isabel Burdiel (eds.), Liberales eminentes, Madrid, Marcial Pons, 2008, pp. 77-124. Para las pésimas relaciones entre Espartero y Olózaga, ver Ramón G. Chaparro, El partido progresista o Espartero y Olózaga. Folleto Político, Madrid, Imprenta de don José Morales y Rodríguez, 1864.<<

[28] NA, FO, 72/865, n.º 108. Howden a Clarendon, 14 de marzo de 1856.<<

[29] DSC, 7 de noviembre de 1855; y Modesto Lafuente, Historia general de España…, op. y vol. cit., p. 215. El embajador francés estaba convencido de que Olózaga fabricó todo el incidente para hacer caer al gobierno, que consideraba «completamente insuficiente». Al no conseguirlo, retiró su dimisión, pero abandonó también las Cortes y regresó a París. AMAE, CP, vol. 847, Turgot a Walewsky, 10 de noviembre de 1855.<<

[30] Fernando Garrido, Historia del reinado del último Borbón en España, Barcelona, Salvador Manero, 1868-1869, vol. 2, p. 257.<<

[31] Marqués de Miraflores, Memorias del reinado de Isabel II, edición y estudio preliminar por Manuel Fernández Suárez, Madrid, Atlas, 1964, tomo III, p. 143.<<

[32] K. Marx y F. Engels, La revolución en España, Barcelona, Ariel, 1970, p. 35.<<

[33] La Soberanía Nacional, 21 de diciembre de 1855. Agradezco a Florencia Peyrou esta referencia.<<

[34] A. Fernández de los Ríos, Estudio histórico de las luchas políticas…, op. cit., pp. 444-446.<<

[35] F. Garrido, Historia del reinado del último Borbón…, op. cit., p. 245.<<

[36] NA, FO, 72/847, n.º 317. Howden a Clarendon, 25 de noviembre de 1855. Cada vez considero más necesaria una nueva revisión del papel del ejército en la política partidista del reinado isabelino que supere el debate de los primeros años ochenta sobre el pretorianismo. La bibliografía más sólida al respecto procede, todavía, de aquellos años. F. Fernández Basterreche, El ejército español en el siglo XIX, Madrid, siglo XXI, 1975; C. Christiansen, Los orígenes del poder militar en España: 1800-1854, Madrid, Aguilar, 1976 (2.ª ed.); D. R. Headrick, Ejército y política en España (1866-1898), Madrid, Tecnos, 1981; G. Cardona, El poder militar en la España contemporánea hasta la guerra civil, Madrid, Siglo XXI, 1983; y C. Seco, Militarismo y civilismo en la España contemporánea, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1984.<<

[37] NA, FO, 72/847, n.º 212. Howden a Clarendon, 25 de junio de 1856. Howden dudaba de ambas noticias y considera que son maniobras de intoxicación de Palacio para mantener vivo el espíritu monárquico. Sin embargo, en AGP hay un expediente al respecto (AGP, Reinados, Isabel II, caja 8682, expediente 5). También aparecen rumores sobre diversos intentos de asesinato de Isabel II en la correspondencia de la reina Cristina entre marzo y junio de 1856. AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3482/389. Apuntes de Rubio. 1855-1856. Cajas Reservadas. Para la expedición a Guinea, ver Juan Bautista Vilar, «Isabel II y la expedición misional a Guinea de 1856» en: Scriptorium Victoriense, 25 (1978), pp. 296-320.<<

[38] AMAE, CP, vol. 847. Turgot a Walewsky, 10 de diciembre de 1855.<<

[39] AMAE, CP, vol. 847. Turgot a Walewsky, 10 y 25 de diciembre de 1855. NA, FO, 72/891, n.º 312. Howden a Clarendon, 6 de febrero de 1856.<<

[40] AMAE, CP, vol. 848. Turgot a Walewsky, 25 de febrero de 1856.<<

[41] NA, FO, 72/867, n.º 25. Howden a Clarendon, 28 de febrero de 1856.<<

[42] NA, FO, 72/870, n.º 304. Howden a Clarendon, 16 de noviembre de 1855.<<

[43] AMAE, CP, vol. 848. Turgot a Walewsky, 9 y 10 de febrero de 1856.<<

[44] AMAE, CP, vol. 848. Turgot a Walewsky, 25 de febrero y 25 de marzo de 1856.<<

[45] AMAE, CP, vol. 848. Turgot a Walewsky, 8, 14 y 28 de abril y, última referencia, en 15 de mayo de 1856.<<

[46] AMAE, CP, vol. 848. Turgot a Walewsky, 2 de junio de 1856.<<

[47] AMAE, CP, vol. 848. Turgot a Walewsky, 5 de junio de 1856.<<

[48] No puedo entrar en ello, pero la historia que necesitamos de la situación de los partidos durante el Bienio debería estar atenta a la lúcida intervención de Rivero en las Cortes Constituyentes, el 6 de enero de 1856, planteando la necesidad de su independencia del ejército y el carácter letal que suponía para su grupo y para los progresistas la continuación de la bicefalia Espartero-O’Donnell.<<

[49] DSC, 6 de junio de 1856.<<

[50] AMAE, CP, vol. 848. Turgot a Walewsky, 10 de junio de 1856.<<

[51] NA, FO, 72/894, s/n. Otway a Clarendon, 6 de julio de 1856. El oficioso Turgot informó a su ministerio de que, vista la gravedad de la situación y temiéndose la caída de los progresistas, Howden «aprovecha para irse de veraneo mientras yo decido quedarme». AMAE, CP, vol. 848. Turgot a Walewsky, 10 de julio de 1856.<<

[52] AMAE, CP, vol. 848. Turgot a Walewsky, 6 y 10 de julio de 1856.<<

[53] Para las revueltas castellanas —en las que tuvieron mucho que ver las tensiones producidas por la penetración de un capitalismo agrario vivido como intruso, las nuevas formas de comercialización y la llegada de obreros de Cataluña y Valencia—, ver J. Alonso Ojeda, Palencia en el siglo XIX, Palencia, Hora Local, 1947; y Javier M. Lázaro, «Fiscalidad y revueltas populares en Castilla y León durante el Bienio Progresista, 1854-1856» en: Revista de Historia Agraria, 31 (2003), pp. 111-139; y P. Villota, «Los motines de Castilla la Vieja en 1856 y la participación de la mujer» en: VV. AA., Nuevas perspectivas sobre la mujer, Madrid, Universidad Autónoma, 1982, pp. 166-181. Próspero Merimée escribió a la condesa de Montijo contándole que oír hablar de socialismo en Castilla la Vieja era como escuchar que el emperador de China se había hecho monje. Las masas palentinas que asaltaron las farmacias para lograr el aguarrás con que incendiaron las fábricas de harina fueron, al parecer, acaudilladas por una prostituta apodada «La Cascaja». Citado en José Varela Ortega, Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración (1875-1900), Madrid, Alianza, 1977, p. 382.<<

[54] Marqués de Miraflores, Memorias del reinado de Isabel II…, op. cit., p. 150.<<

[55] DSC, 1 de julio de 1856.<<

[56] La Época, 10 y 11 de julio de 1856.<<

[57] A. Fernández de los Ríos, Estudio histórico de las luchas políticas…, op. y vol. cit., p. 426.<<

[58] Ibídem, pp. 426-428.<<

[59] Las Novedades, 13 de julio de 1856.<<

[60] A. Fernández de los Ríos, Estudio histórico de las luchas políticas…, op. y vol. cit., p. 429. Sobre Espartero, además de la bibliografía citada en el capítulo 5, ver R. Martín Arranz, «Espartero, figuras de legitimidad» en: J. Álvarez Junco (comp.), Populismo, caudillaje y discurso demagógico, Madrid, CIS/Siglo XXI, 1987, pp. 101-128.<<

[61] Modesto Lafuente, Historia general de España…, op. cit., p. 220.<<

[62] Entre los varios relatos que, con escasas variantes, refieren la crisis de julio de 1856, el más completo se encuentra en Modesto Lafuente, Historia general de España…, op. cit., p. 219-221. Ver también, como testimonio directo, el que proporcionó el propio O’Donnell en la sesión del día 18 de mayo de 1857, DSC, Senado; y el prolijo relato del embajador francés en AMAE, CP, vol. 848. Turgot a Walewsky, 14 de julio de 1856. Con esos diversos relatos, buscando las coincidencias, he construido el que aquí presento.<<

[63] La opinión del embajador francés fue reiterada ante su ministerio con la intención de contrarrestar la opinión de parte de la prensa francesa que hablaba de un golpe de Estado: «Hasta ahora la Reina ha usado de un derecho constitucional incuestionable […] pero no podemos esperar que ese derecho se ejerza sin contestación en Madrid y sobre todo en las Provincias». Turgot usaba un plural muy acertado, porque su participación (al menos como consejero) en aquellos hechos era incuestionable. Isabel II le mandó la misma noche de la crisis un mensaje avisándole de la situación y el mismo Turgot se esforzó por tranquilizar al Gobierno francés diciendo que, «en una situación como ésta yo redoblo la prudencia y me aíslo lo más posible a fin de no poder ser acusado de haber aconsejado o aprobado nada». AMAE, CP, vol. 848. Turgot a Walewsky, 10 y 14 de julio de 1856.<<

[64] Fernando Garrido, Historia del reinado del último Borbón…, op. y vol. cit., pp. 302-303.<<

[65] NA, FO, 72/894, n.º 22. Otway a Clarendon, 18 de julio de 1856.<<

[66] AMAE, CP, vol. 848. Turgot a Walewsky, 10 de junio de 1856.<<

[67] AMAE, CP, vol. 848. Turgot a Walewsky, 14 de julio de 1856.<<

[68] DSC, 14 de julio de 1856.<<

[69] Modesto Lafuente, Historia general de España…, op. y vol. cit., p. 223, extracta partes del texto, con fecha equivocada. El Manifiesto a los Electores Liberales de Barcelona tiene fecha de 1 de abril de 1857, se reproduce completo y es sumamente interesante en la obra de uno de sus partidarios, Ramón G. Chaparro, El partido progresista o Espartero y Olózaga, Madrid, Imprenta de Don José Morales y Rodríguez, 1864, pp. 54-64. Tiene interés también la interpretación y defensa del autor en pp. 43-50.<<

[70] Modesto Lafuente, Historia general de España…, op. cit., p. 225.<<

[71] AMAE, CP, vol. 848. Turgot a Walewsky, 14 y 19 de julio de 1856.<<

[72] Marqués de Miraflores, Memorias del reinado de Isabel II…, op. cit., p. 170. El marqués cuenta, a su untosa manera, la participación de Isabel II en la represión: «Cuanto más arreciaba el combate quiso S. M. la reina, cuyo noble corazón no ha flaqueado una sola vez en tan terribles momentos, pasar revista a las tropas […] que daban guardia a Palacio, y acompañada de su augusto esposo, de los ministros, generales, etcétera, recorrió la Plaza de Armas a que da la fachada principal del regio alcázar, adelantándose hasta el arco de la Armería. La entereza y valor de la reina excitó el mayor entusiasmo de las tropas». Ver también La España, 16 de julio de 1856.<<

[73] AMAE, CPC, Origins à 1870, vol. 44, núms. 48 a 51; y NA, FO, 72/895, n.º 41. Otway a Clarendon, 1 de agosto de 1856.<<

[74] NA, FO, 72/894, n.º 21. Otway a Clarendon, 18 de julio de 1856.<<

[75] Modesto Lafuente, Historia general de España…, op. y vol. cit., p. 225.<<

[76] Para una valoración global de lo sucedido en el resto de España durante esos días, Victor G. Kiernan, La revolución de 1854, op. cit., pp. 262-267. Para estudios más concretos, ver las monografías locales que he ido citando a lo largo de este capítulo. Acerca del papel de la milicia, especialmente en Madrid, ver la obra ya citada de J. R. Urquijo, La revolución de 1854…, pp. 431-536 y, más general, J. S. Pérez Garzón, Milicia nacional y revolución burguesa. El prototipo madrileño, Madrid, CSIC, 1970.<<

[77] NA, FO, 72/895, n.º 44 y n.º 48. Otway a Clarendon, 6 y 7 de agosto de 1856.<<

[78] AMAE, CP, vol. 848. Turgot a Walewsky, 19 de julio de 1856.<<

[1] Un buen resumen del conocimiento disponible sobre estos dos años, paradigmático por su brevedad, se puede seguir en una de las obras generales mejor elaboradas de la historiografía reciente sobre el siglo XIX: Ángel Bahamonde y Jesús A. Martínez, Historia de España. Siglo XIX, Madrid, Cátedra, 1994, pp. 333-336, en la cual se dedican seis líneas a los gobiernos del general Francisco Armero y de Francisco Javier Istúriz. Seis páginas ocupa la totalidad del período en la excelente y monumental obra coordinada por José M.ª Jover, La era isabelina y el sexenio democrático (1834-1874), Madrid, Espasa-Calpe, vol. XXXIV de la Historia de España, dirigida por Ramón Menéndez Pidal, 1981. Juan Pablo Fusi y Jordi Palafox le dedican media línea, España: 1808-1996. El desafío de la modernidad, Madrid, Espasa-Calpe, 1997.<<

[2] Ángel Fernández de los Ríos, Estudio histórico de las luchas políticas en la España del siglo XIX, Madrid, English y Gras, 1879-1880, p. 446.<<

[3] AMAE, CP, vol. 848. Turgot a Walewsky, 19 de julio de 1856.<<

[4] AMAE, CP, vol. 848. Turgot a Walewsky, 26 de julio de 1856; El Diario Español del 23 de julio de 1856, donde se publicó este artículo y el artículo de The Times.<<

[5] NA, FO, 72/897, n.º 235. Otway a Clarendon, 7 de noviembre de 1856. Confidencial.<<

[6] AMAE, CP, vol. 848. Turgot a Walewsky, 19, 25 y 28 de julio de 1856.<<

[7] AMAE, CP, vol. 849. Turgot a Walewsky, 1 y 2 de agosto de 1856.<<

[8] AMAE, CP, vol. 849. Luis Napoleón a Baroche, Plombières, 4 de agosto de 1856.<<

[9] Para las estrechas relaciones de M.ª Cristina con la Corte napoleónica, ver AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3482/389 a 391. Apuntes de Rubio y agenda-diario de María Cristina. Cajas Reservadas. La comunicación a Walewsky de la que proceden los entrecomillados de este párrafo, en AMAE, CP, vol. 849. Walewsky a Turgot, 5 de agosto de 1856.<<

[10] Ibídem.<<

[11] AMAE, CP, vol. 849. Turgot a Walewsky, 11 de agosto de 1856.<<

[12] AMAE, CP, vol. 849. Comminger-Guitaud a Walewsky, 18 de agosto, 10 y 14 de septiembre de 1856.<<

[13] DSC, 30 de mayo de 1857.<<

[14] La alusión de Ríos Rosas al desenvolvimiento del espíritu de 1845 en DSC, 30 de mayo de 1857. Los textos del preámbulo al decreto de disolución de Cortes y a la restauración de la Constitución de 1845 con su acta adicional pueden consultarse, por ejemplo, en Modesto Lafuente, Historia general de España desde los tiempos primitivos hasta la muerte de Fernando VII, continuada desde dicha época por don Juan Valera, con la colaboración de D. Andrés Borrego y D. Antonio Pirala, Barcelona, Montaner y Simón, 1887-1890, vol. 23, p. 227; y Marqués de Miraflores, Memorias del reinado de Isabel II, Madrid, Atlas, 1968, tomo III, pp. 177-180 y 185-186. Las modificaciones más importantes que introducía el Acta Adicional del 15 de septiembre 1856 recogían algunos preceptos de la nonnata y consistían en una tímida cláusula de restricción del número de senadores que podía nombrar el rey, el establecimiento del jurado para los delitos de imprenta, la reducción de la libre designación de alcaldes por la Corona a las ciudades de más de 40 000 habitantes, la fijación en cuatro meses mínimos de reunión de las Cortes y una cierta restricción de los poderes de la Corona que debía ser autorizada por leyes especiales para conceder amnistías, enajenar patrimonio de la Corona y contraer matrimonio, además del establecimiento de un Consejo de Estado al cual oiría el rey en los casos que determinasen las futuras leyes al efecto. Fue derogada el 14 de octubre de 1856. Una de las pocas valoraciones de la misma es la de Joaquín Tomás Villarroya en José M.ª Jover (coord.), La era isabelina y el sexenio democrático…, op. cit., pp. 297-302.<<

[15] Marqués de Miraflores, Memorias del reinado de Isabel II…, op. cit., p. 169.<<

[16] AMAE, CP, vol. 849, Comminger-Guitaud a Walewsky, 17 de noviembre de 1856. Cifrado.<<

[17] RAH, Colección particular de Isabel II, leg. XXIII, pliego 1. Pedro José Pidal a Isabel II, 23 de julio de 1856.<<

[18] El León Español, 24 de agosto de 1856.<<

[19] Resumiendo a posteriori su campaña contra el Acta Adicional, La España, 24 de noviembre de 1857.<<

[20] AMAE, CP, vol. 849. Comminger-Guitaud a Waleswski, 10 de septiembre de 1856.<<

[21] AMAE, CP, vol. 849. Comminger-Guitaud a Walewsky, 14 de septiembre de 1856. La mayor parte de los comentaristas de la época relatan escenas parecidas; el encargado de negocios francés aseguró a su ministerio que tenía una información muy precisa y autorizada de lo que se dijo en aquel Consejo.<<

[22] AMAE, CP, vol. 849. Comminger-Guitaud a Walewsky, 22 y 23 de septiembre de 1856.<<

[23] AMAE, CP, vol. 849. Comminger-Guitaud a Walewsky, 10 de octubre de 1856.<<

[24] NA, FO, 72/897, n.º 235. Otway a Clarendon, 7 de noviembre de 1856. Confidencial.<<

[25] Carmen Llorca, Isabel II y su tiempo, Madrid, Istmo, 1984 (1.ª ed., 1956), pp. 157-159.<<

[26] RAH, Colección Particular de Isabel II, leg. XIX, pliego 2. Martín de los Heros a Isabel II, 19 de julio de 1856. En un sentido similar le escribió Fermín Gonzalo Morón desde Valencia advirtiéndole de que una reacción excesiva llevaría a la revolución. La muy pintoresca carta de Gonzalo Morón, a unos años vista de la enfermedad mental que acabaría por ingresarlo en un manicomio, en RAH, Archivo Particular de Isabel II, leg. XXI, pliego 1. Fermín Gonzalo Morón a Isabel II, 27 de septiembre de 1856.<<

[27] RAH, Colección particular de Isabel II, leg. XII, pliego 2. Luis Napoleón a Isabel II, Biarritz, 23 de septiembre de 1856.<<

[28] NA, FO, 72/897, n.º 235. Otway a Clarendon, 7 de noviembre de 1856. Confidencial.<<

[29] La composición era la siguiente: Pedro José Pidal en Estado y Ultramar; Manuel Seijas Lozano en Gracia y Justicia; Antonio Urbiztondo en Guerra; Francisco Lersundi en Marina; Manuel García-Barzanallana en Hacienda; Candido Nocedal en Gobernación; y Claudio Moyano en Fomento.<<

[30] AMAE, CP, vol. 849. Comminger-Guitaud a Walewsky, 14 de octubre de 1856.<<

[31] Ibídem.<<

[32] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3474/360, doc. 5. Manuel Cortina al duque de Riánsares, 21 de octubre de 1856.<<

[33] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3474/360, doc. 10. El duque de Riánsares a Manuel Cortina, 3 de noviembre de 1856.<<

[34] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3474/360, Doc. 11. El duque de Riánsares a Pedro José Pidal, 29 de octubre de 1856.<<

[35] RAH, Colección particular de Isabel II, leg. XII, pliego 1. Isabel II a Luis Napoleón, octubre de 1856. En la copia que se conserva, el día del mes queda en blanco.<<

[36] NA, FO, 72/897, n.º 137. Otway a Clarendon, 16 de octubre de 1856.<<

[37] NA, FO, 72/897, n.º 136. Otway a Clarendon, 16 de octubre de 1856. Secreta y confidencial.<<

[38] NA, FO, 72/987, sin numeración (situado entre los números 137 y 138), París. Howden a Clarendon, 17 de octubre de 1856. Confidencial.<<

[39] Urbiztondo, por su parte, antiguo militar carlista, había sido una imposición directa del rey. AMAE, CP, Espagne, vol. 849, n.º 98, Leiris a Walewsky, 17 de octubre de 1856.<<

[40] Modesto Lafuente, Historia general de España…, op. y vol. cit., p. 233.<<

[41] NA, FO, 72/897, n.º 133. Otway a Clarendon, 16 de octubre de 1856.<<

[42] AMAE, CP, vol. 849. Walewsky a Comminger-Guitaud, 17 de octubre de 1856. Despacho telegráfico. Y Comminger-Guitaud a Walewsky, 17 de octubre de 1856. Despacho telegráfico.<<

[43] AMAE, CP, vol. 849. Comminger-Guitaud a Walewsky, 21 y 25 de octubre de 1856.<<

[44] NA, FO, 72/897, n.º 235. Otway a Clarendon, 1 de noviembre de 1856. Confidencial.<<

[45] NA, FO, 72/897, n.º 136 y n.º 138. Otway a Clarendon, 16 y 17 de octubre de 1856. Secreto y confidencial. AMAE, CP, Espagne, vol. 849, n.º 107. Turgot a Walewsky, 10 de diciembre de 1856.<<

[46] NA, FO, 72/897, n.º 138. Otway a Clarendon, 17 de octubre de 1856.<<

[47] Citado en Henry Descamps, Rapport Politique sur l’Espagne, troisième lettre, Madrid, 10 de agosto de 1857. AMAE, MD, vol. 366.<<

[48] RAH, Colección particular de Isabel II, leg. XXI, pliego 1. El marqués de Miraflores a Isabel II, 19 de octubre de 1856.<<

[49] NA, FO, 72/914, n.º 89. Howden a Clarendon, 7 de marzo de 1857.<<

[50] AMAE, CP, vol. 849. Comminger-Guitaud, 10 de noviembre de 1856.<<

[51] NA, FO, 72/897, n.º 235 y n.º 238. Howden a Clarendon, 7 y 14 de noviembre de 1856. Para esas conversaciones, en las que tomó una parte activa González Bravo, nombrado embajador en Londres, puede consultarse RAH, Colección Pirala, 9/6860. Antonio de Quintanilla a don Carlos, 10 de marzo de 1857.<<

[52] NA, FO, 72/897, n.º 235 y n.º 138. Otway a Clarendon, 7 de noviembre y 17 de octubre de 1856, respectivamente.<<

[53] NA, FO, 72/897, sin numerar (situado entre los números 137 y 138). Howden a Clarendon, París, 17 de octubre de 1856. Confidencial. Para el retraimiento (parcial) del progresismo, ver Biblioteca Víctor Balaguer, Manuscritos, 472. Cartas de Pascual Madoz y Salustiano de Olózaga, Madoz a Balaguer, 11 de agosto de 1857.<<

[54] AMAE, CP, vol. 849. Comminger-Guitaud, 25 de octubre de 1856.<<

[55] NA, FO, 72/897, n.º 235. Otway a Clarendon, 7 de noviembre de 1856. Confidencial.<<

[56] AMAE, CP, vol. 849. Comminger-Guitaud a Walewsky, 10 de noviembre de 1856.<<

[57] NA, FO, 72/897, n.º 235. Otway a Clarendon, 7 de noviembre de 1856. Confidencial. AMAE, CP, Espagne, vol. 849. Turgot a Walewsky, 10 de diciembre de 1856. Los subrayados corresponden a la repetida expresión de Narváez que aparece en castellano en el original. Turgot, que tanto había hecho por la familia real durante el Bienio y que había sido, sin duda, el artífice del gobierno O’Donnell, relata a continuación su primera entrevista con los reyes, en la que éstos no pudieron disimular la incomodidad que sentían en su presencia. Al parecer, aparentando desenvoltura, la reina le dijo: «Habéis encontrado aquí un gran cambio, ¿no es cierto?». La larga experiencia diplomática de Turgot le ayudó a sonreír y a pergeñar la poco comprometida frase de que ella «no podía dudar de la sinceridad de los deseos de que las medidas que había tomado fuesen ventajosas para Ella y para España».<<

[58] AMAE, CP, vol. 849. Turgot a Walewsky, 10 de diciembre de 1856.<<

[59] AMAE, CP, vol. 849. Turgot a Walewsky, 25 de diciembre de 1856.<<

[60] AMAE, CP, vol. 849. Turgot a Walewsky, 25 de diciembre de 1856. Y vol. 850. Turgot a Walewsky, 24 de marzo de 1857.<<

[61] Un buen resumen de ese peligro de involución, en la primavera de 1857, en el informe de Turgot del 24 de marzo de 1857, cit. supra.<<

[62] Para las reparaciones exigidas por M.ª Cristina, ver AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3436/211, docs. 58 a 68, especialmente.<<

[63] Dictamen dado a S. M. la Reina Doña María Cristina de Borbón, sobre el de la comisión de las Cortes Constituyentes de 1854, encargada de la información parlamentaria relativa a su persona por los abogados del Colegio de Madrid Don Manuel Cortina, don Juan González Acevedo y Don Luís Díaz Pérez (17 de abril de 1857), Madrid, Imprenta de El Fénix, 1857. La correspondencia y materiales cruzados entre los abogados, la reina Cristina y el duque de Riánsares requeriría un análisis detallado que podría complicar la interpretación de algunos de los lugares comunes sobre la actuación política y económica de la familia Muñoz. AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3474/360 y 3436/211, pássim. A la ruptura con Bravo Murillo se alude en el documento 44 de este último legajo.<<

[64] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3474/360 y 3436/211, pássim.<<

[65] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3438/219, docs. 1 a 12, pássim.<<

[66] NA, FO, 72/897, n.º 235. Otway a Clarendon, 7 de noviembre de 1856. Confidencial.<<

[67] DSC, 30 de marzo de 1855.<<

[68] AGP, Personal, leg. 151.<<

[69] La Discusión, 5 de mayo de 1857. Las noticias más fidedignas sobre Puigmoltó proceden de Carmen Llorca, Isabel II y su tiempo…, op. cit., pp. 154-157.<<

[70] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3438/219, doc. 78. Informe anónimo, 3 de agosto de 1857.<<

[71] NA, FO, 72/914, n.º 88. Howden a Clarendon, 7 de marzo de 1857.<<

[72] NA, FO, 72/914, n.º 96. Howden a Clarendon, 10 de marzo de 1857. Confidencial.<<

[73] The Times, 10 de marzo de 1857.<<

[74] AMAE, CP, Espagne, vol. 849, n.º 107. Turgot a Walewsky, 10 de diciembre de 1856.<<

[75] El relato aparece en varias fuentes, con escasas variaciones. He seguido el de Miguel Morayta, Historia general de España desde los tiempos antehistóricos hasta nuestros días, Madrid, Felipe González Rojas, 1894, tomo VIII, p. 193. Ver también Pedro de Répide, Isabel II, reina de España, Madrid, Espasa-Calpe, 1932, p. 189.<<

[76] Miguel Morayta, Historia general de España…, op. y vol. cit., p. 193.<<

[77] NA, FO, 72/897, sin número. Howden a Clarendon, 26 de octubre de 1856, y FO. 72/916, n.º 187. Howden a Clarendon, 7 de mayo de 1857.<<

[78] AMAE, CP, vol. 850. Turgot a Walewsky, 25 de abril y 6 de mayo de 1857.<<

[79] AMAE, CP, vol. 850. Turgot a Walewsky, 14 de febrero de 1857.<<

[80] BVB, Manuscritos, MS 20503-3.ª. Sor María de los Dolores Patrocinio a Isabel II, 18 de febrero de 1857.<<

[81] Carecemos aún de un buen estudio sobre el padre Claret y su, sin duda, influyente obra. Dos biografías (hagiografías) clásicas del padre Claret son las de Pío Zabala, El padre Claret, Madrid, Labor, 1936; y Cristóbal Fernández, El confesor de Isabel II y sus actividades en Madrid, Madrid, Editorial Co. Cul., 1964. Existen, sin embargo, varios textos y escritos autobiográficos que facilitan una mejor comprensión del pensamiento del confesor de Isabel II: Antonio M.ª Claret, Escritos autobiográficos, Barcelona, Editorial Claret, 1975; y Antonio M.ª Claret, Escritos autobiográficos, Madrid, BAC, 1981. Su influencia actual entre los sectores católicos más conservadores en: Ángel Sanz, Apóstol de fuego. San Antonio M.ª Claret, Madrid, Ediciones Iris de Paz, 2000; y Atilano Aláiz, No puedo callar, Madrid, San Pablo, 1995.<<

[82] AMAE, CP, vol. 850. Turgot a Walewsky, 1 de mayo de 1857.<<

[83] AMAE, CP, vol. 850. Turgot a Walewsky, 25 de marzo de 1857.<<

[84] NA, FO, 72/914, n.º 116, 28 de marzo de 1857. Resulta interesante leer en ese sentido Juan Valero Soto, Vindicación del partido moderado español, deducida de la comparación, Madrid, M. Sanz y Gómez, 1856. Agradezco al profesor Carlos Dardé esta referencia. Ver también, Marqués de Miraflores, Reseña histórico-crítica de la participación de los partidos en los sucesos políticos de España en el siglo XIX, Madrid, D. A. Espinosa, 1863.<<

[85] DSC, Congreso, 1 de mayo de 1857.<<

[86] Sobre Nocedal se puede consultar la hagiografía de C. Botella y D. Serra, D. Cándido Nocedal (1821-1885), Madrid, Hijos de M. G. Hernández, 1913; y M. Ferrer, Historia del tradicionalismo español, Sevilla, Editorial Católica Española, 1959. El mejor estudio sobre el movimiento neocatólico sigue siendo el de Begoña Urigüen, Orígenes y evolución de la derecha española: el neo-catolicismo, Madrid, CSIC, 1986. Ver también José Álvarez Junco, Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, Taurus, 2001, pp. 392-417. Para el surgimiento del neocatolicismo y el incidente concreto al que me refiero es interesante la obra de Gonzalo Capellán y Fidel Gómez Ochoa, El marqués de Orovio y el conservadurismo liberal español del siglo XIX. Una biografía política, Logroño, IER, 2003, pp. 127-159. La famosa Ley Moyano en Historia de la Educación en España. Tomo II. De las Cortes de Cádiz a la revolución de 1868, Madrid, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación, 1979, pp. 244-302.<<

[87] AMAE, CP, vol. 849. Turgot a Walewsky, 10 de diciembre de 1856; y vol. 850, Turgot a Walewsky, 6 de mayo de 1857.<<

[88] Por partido opuesto, Turgot no piensa sólo en algunos progresistas como Juan Prim sino, sobre todo, en los generales vicalvaristas agrupados en torno a O’Donnell.<<

[89] AMAE, CP, vol. 850. Turgot a Walewsky, 25 de Julio de 1857.<<

[90] Colección Legislativa de España, Ley Constitucional de Reforma de 1857, R. D. 17 de julio de 1857. La ley sólo se aplicó en cuanto a los senadores natos y de designación regia. La senaduría hereditaria no llegó a entrar en vigor en la forma prevista porque no llegó a promulgarse la ley que debía desarrollar el restablecimiento de las vinculaciones, tampoco se aprobó la ley especial sobre reglamentos parlamentarios. Todos estos extremos quedaron en suspenso durante los gobiernos siguientes, hasta el final del reinado de Isabel II.<<

[91] DSC, 14 de julio de 1857.<<

[92] DSC, 15 de junio de 1857. Para el debate sobre el alcance de la reforma constitucional propuesta interesan sobre todo las intervenciones de Cándido Nocedal y Pedro José Pidal los días 15 y 16 de junio, y del marqués de Duero el 15 de junio. Tras la discusión, el proyecto se convirtió en ley constitucional de 17 de julio de 1857.<<

[93] Marqués de Miraflores, Memorias del reinado de Isabel II…, op. cit., p. 175.<<

[94] DSC, 16 de mayo de 1857.<<

[95] AMAE, CP, vol. 850. Turgot a Walewsky, 19 y 25 de febrero de 1857. Cifrado el primero.<<

[96] Carlos Navarro y Rodrigo, O’Donnell y su tiempo, Madrid, Imprenta de la Biblioteca Universal Económica, 1869. Reproduce éste y muchos otros discursos parlamentarios del general y, más allá de la voluntad hagiográfica, constituye una buena fuente para el cada vez más necesario estudio de la formación e ideología de la Unión Liberal tras el ya clásico de Nelson Durán, La Unión Liberal y la modernización de la España isabelina. Una convivencia frustrada. 1854-1868, Madrid, Akal, 1979. Ver pp. 83-86, acerca de la campaña de O’Donnell para retornar al poder.<<

[97] DSC, Senado, 18 de mayo de 1857.<<

[98] RAH, Colección Narváez II, sig. 9/8090, vol. 17, doc. 17/25.<<

[99] Ibídem.<<

[100] DSC, Senado, 18 de mayo de 1857.<<

[101] Ibídem.<<

[102] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3436/211, doc. 12. Eugenio de Aviraneta a Antonio Rubio, 28 de agosto de 1857.<<

[103] AMAE, MD, vol. 366, Rapport politique sur l’Espagne. Henry Descamps, finales de julio (s/f), 6 y 10 de agosto de 1857. La implicación de Turgot en el descrédito del ministerio Narváez y su abierta preferencia por O’Donnell suscitó notas de protesta del ministerio español y obligó a Walewsky a recomendar prudencia a su embajador en una serie de despachos enviados a finales de agosto y durante el mes de septiembre. AMAE, CP, vol. 850. Walewsky a Turgot, sin fecha ni numeración y situado inmediatamente antes de un despacho del mismo remitente del 29 de agosto de 1857. Ver también Walewsky a Turgot, Biarritz, 19 de septiembre de 1857. Subrayados en el original. «Nosotros deseamos que el mariscal Narváez se mantenga. Penetraos, pues, mi querido marqués, de esta idea que os debe servir de base para todos vuestros gestos […] No os esconderé que desde lugares muy diferentes le ha llegado al Emperador que los opositores contaban con nuestro concurso y que los amigos de O’Donnell lo decían bien alto. Haced por lo tanto de manera de quitarles esta ilusión e impedir que se sirvan de ella para minar al Ministerio actual». Consejos similares en Walewsky a Turgot, París, 22 de septiembre de 1857.<<

[104] NA, FO, 72/914, n.º 94. Howden a Clarendon, 10 de marzo de 1857.<<

[105] NA, FO, 72/914, n.º 89. Howden a Clarendon, 7 de marzo de 1857.<<

[106] RAH, Colección Narváez II, sig. 9/8094, vol. 20/1. Cinco cartas de Isabel II a Narváez sobre asuntos de Estado (manuscrito), 1857.<<

[107] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3436/211, doc. 13. Eugenio de Aviraneta a Antonio Rubio, 7 de septiembre de 1857.<<

[108] NA, FO, 72/920, n.º 85. Otway a Clarendon, 14 de octubre de 1857. Y 72/915, n.º 137. Howden a Clarendon, 5 de abril de 1857.<<

[109] The Times, 18 de septiembre de 1857.<<

[110] AMAE, CP, vol. 850. Turgot a Walewsky, 29 de agosto de 1857 y Walewsky a Turgot, 31 de agosto de 1857.<<

[111] Modesto Lafuente, Historia general de España…, op. cit., p. 238.<<

[112] Pedro de Répide, Isabel II, reina de España…, op. cit., p. 191.<<

[113] Citado en Carmen Llorca, Isabel II y su tiempo…, op. cit., p. 171.<<

[114] Antonio Pirala, Historia contemporánea, anales desde 1843 hasta la conclusión de la actual guerra civil, Madrid, Imprenta y Fundición de Manuel Tello, 1875-1879. Cito de la edición de 1895, tomo I, pp. 727-728.<<

[115] Su breve paso por el gobierno, como solución (fracasada) in extremis en 1864-1865 y 1866-1868 así lo demuestra.<<

[116] RAH, Colección Narváez II, sig. 9/8090, vol. 17/58, s/f.<<

[117] Antonio Pirala, Historia contemporánea…, op. cit., p. 327-328. Una versión similar en Modesto Lafuente, Historia general de España…, op. cit., p. 238. Igualmente se hace eco de la pintoresca idea de la reina el embajador francés quien, en todo caso, señala que su objetivo era el de unir a todas las fracciones constitucionales frente a «su único enemigo: el partido retrógrado». AMAE, CP, vol. 850. Turgot a Walewsky, 10 y 26 de octubre de 1857.<<

[118] Sir Theodore Martin, The Life of His Royal Highness the Prince Consort, Londres, 1875-1880, vol. II, pp. 545-547. Existe edición de 1987 en Elibron Classics. Para el reinado de Jorge III, Lewis Namier, The Structure of Politics at the Accession of George III, Londres, MacMillan, 1982 (1.ª ed., 1929). Para la evolución posterior a la muerte de Albert, F. Hardie, The political influence of the British Monarchy, 1868-1952, Londres, B. T. Bartsford, 1970.<<

[119] Un buen resumen en Manuel Santirso, «Los soberanos» en: Progreso y Libertad. España en la Europa liberal (1830-1870), Barcelona, Ariel, 2008, pp. 149-170.<<

[120] Modesto Lafuente, Historia general de España…, op. cit., p. 237.<<

[121] La composición del ministerio era la siguiente: Presidencia y Guerra: Francisco Armero; Estado y Ultramar: Martínez de la Rosa; Gracia y Justicia: Joaquín Casaus; Marina: José M.ª Bustillo; Hacienda: Alejandro Mon; Gobernación: Manuel Bermúdez de Castro; Fomento: Pedro Salaverría. José Ramón Urquijo y Goitia, Gobiernos y ministros españoles (1808-2000), Madrid, CSIC, 2001, p. 57. Sobre el alma de aquel ministerio, Alejandro Mon y su trayectoria política, puede consultarse VV. AA., Alejandro Mon. Hacienda y política en la España isabelina, Madrid, Museo de Bellas Artes de Asturias-Comisión Nacional, II Centenario del nacimiento de Alejandro Mon y Menéndez, 2003.<<

[122] AMAE, CP, vol. 850. Turgot a Walewsky, 16 y 26 de octubre de 1857.<<

[123] Juan del Nido y Segalerva, Antología de las Cortes desde 1854 a 1858, Madrid, Prudencio Pérez de Velasco, 1911, p. 805. No se sostiene la interpretación del gobierno Armero-Mon en un sentido aún más reaccionario que el de Narváez que plantea Joaquín Tomás Villarroya en su contribución a La era isabelina y el sexenio democrático…, op. cit., p. 318.<<

[124] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3436/211, doc. 18. Eugenio de Aviraneta a Antonio Rubio, 16 de octubre de 1857.<<

[125] NA, FO, 72/914, n.º 89. Howden a Clarendon, 7 de marzo de 1857.<<

[126] BVB. Manuscritos. MS 472. Madoz a Balaguer, 28 de diciembre de 1857.<<

[127] Citadas en R. Olivar Bertrand, Así cayó Isabel II, Madrid, Destino, 1986, p. 21.<<

[128] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3436/211, doc., 19. Eugenio de Aviraneta a Antonio Rubio, 19 de octubre de 1857.<<

[129] Cristóbal Fernández, El confesor de Isabel II…, op. cit., pp. 17-18.<<

[130] AMAE, CP, vol. 850. Turgot a Walewsky, 26 de octubre y 25 de noviembre de 1857.<<

[131] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3436/211, doc. 20. Eugenio de Aviraneta a Antonio Rubio, 28 de octubre de 1857.<<

[132] Modesto Lafuente, Historia general de España…, op. cit., p. 239.<<

[133] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3436/211, doc. 21. Eugenio de Aviraneta a Antonio Rubio, s/f. Subrayado en el original.<<

[134] AMAE, CP, vol. 850. Turgot a Walewsky, 29 de noviembre de 1857.<<

[135] La España, 24 de noviembre de 1857. Cursiva en original.<<

[136] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3438/219, doc. 27 y 29. Isabel II y Francisco de Asís a M.ª Cristina de Borbón, 22 de julio de 1857.<<

[137] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3438/219, docs. 30-32.<<

[138] En una versión más suave el párrafo decisivo se elaboró algo más: «Con mi franqueza habitual te diré que, al mismo tiempo, que me alegro leyendo tus felicitaciones, las buenas noticias de tu salud y las seguridades que me das de tu afecto, produjo en mí una rara sensación el ver que, sin haber yo no pedido nada ni demostrado cuales eran mis ideas, te anticiparas en prebenirme, que aunque te alegraría tenerme a tu lado quando tu parto, las circunstancias lo impedían por ahora […] Hoy me veo en la obligación de decirte que en vista de esto me abstendré de ir a España pues no quiero servir otra vez de pretexto de revoluciones que Dios quiera siempre alejar de ti y del Pays, ni mi conciencia ni mi decoro me permiten más cargar con culpas ajenas. Creo que a eso mismo quiere aludir tu palabra “circunstancias” y hasta agradezco que tu filial cariño me quiera evitar un disgusto, pero si fuera otro el motivo te pido, y permita que como Madre te exija, el que me lo digas francamente pues sentiría [ilegible] que todavía está cerrada para mí la puerta de España, como la puso la revolución de 1854, o que hay otras cosas que necesito saber para que nadie se atreva a ajar más mi nombre, que por tu mismo bien quiero que sea acatado». Una última versión muy edulcorada fue probablemente la que sirvió de base, según las anotaciones de Rubio, para la respuesta definitiva: «Entre madre e hija, en puntos que tanto importan, es menester que haya la más absoluta confianza; es menester que una y otra se hablen con verdadera efusión. Yo desde aquí miro eso y veo unas circunstancias. Tú desde ahí estás en mejor punto para verlo todo y verás otras. Espero, pues que me las digas, sin reparo alguno y esto no es una curiosidad porque me pueden servir a mí para mi gobierno. Tu cariño te aconseja el atenuar con una palabra vaga lo que crees que ha de ser desagradable a tu Madre. Cuanto y cuanto te agradezco, Isabelita, esa intención delicada y filial. Pero, hija mía, entre nosotras dos los mejor es decírnoslo todo sin rebozo. No temas pasarte de franca conmigo. Además que tú no sabes otra cosa. Tú no sabes, ni quiera Dios que lo sepas, lo que es la desgracia política. A veces ve uno lo que no es, se imagina lo que no existe, el mal que es como dos se le figura como 4, y luego cuando le llega la explicación se halla con que efectivamente es un mal, pero se le ha exagerado y con la explicación se alivia uno y se consuela. Ahí tienes, hija mía, cómo mi pregunta no es una curiosidad impertinente y molesta». AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3438/219, docs. 30 a 38. Entre esos documentos se incluyen también una carta de M.ª Cristina a Francisco de Asís sin mencionar en absoluto el asunto, tal y como le recomendaron Istúriz y Rubio, así como la respuesta definitiva a Isabel II, relativamente breve, pero completamente ilegible en estos momentos.<<

[139] Carmen Llorca, Isabel II y su tiempo…, op. cit., p. 172; y AGP, Reinados, Alfonso XII, cajas 14, 21-22 y 24.<<

[140] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3438/219-137, doc. 45. Francisco de Asís a M.ª Cristina de Borbón, 21 de diciembre de 1857.<<

[141] La Época, 29 de noviembre de 1857. Opiniones similares expresaron ese mismo día El Diario Español, La España, El Parlamento, El Clamor Público, La Crónica, etcétera. La España creyó conveniente reafirmar (veladamente) la paternidad de Francisco de Asís en la innecesaria reseña biográfica que acompañaba la noticia del alumbramiento. «El tiempo ha pasado; llegó para vos, señora, el momento de compartir vuestro lecho y vuestro trono con el príncipe que había tenido la suerte de conquistar vuestras simpatías, y Dios bendijo vuestra unión más de una vez». Las dudas sobre la paternidad del futuro Alfonso XII, así como las relaciones de la reina con Puigmoltó y su efecto sobre la opinión pública con ocasión del embarazo y el nacimiento del nuevo hijo, son corroboradas por la documentación vaticana que publica un autor tan poco sospechoso como el hagiógrafo del padre Claret: Cristóbal Fernández, El confesor de Isabel II…, op. cit., ver especialmente los capítulos VIII y IX, titulados respectivamente «Crisis en la vida de Isabel II y en la conciencia y actuaciones del Padre Claret» y «Culminación y superación de la crisis», pp. 135-168.<<

[142] El Museo Universal, 15 de enero de 1858.<<

[143] DSC, Senado. Discurso leído por S. M. la Reina en el acto solemne de abrir las Cortes del Reino, 10 de enero de 1858.<<

[144] Biblioteca Víctor Balaguer, Manuscritos, 472. Cartas de D. Pascual Madoz y D. Salustiano de Olózaga. Pascual Madoz a Víctor Balaguer, 22 de diciembre de 1857.<<

[145] NA, FO, 72/935, n.º 16. Howden a Clarendon, 11 de enero de 1858.<<

[146] DSC, Senado, 10 de enero de 1858.<<

[147] AMAE, CP, vol. 850. Turgot a Walewsky, 10 y 25 de diciembre de 1857.<<

[148] Biblioteca Víctor Balaguer, Manuscritos, 472. Cartas de D. Pascual Madoz y D. Salustiano de Olózaga. Pascual Madoz a Víctor Balaguer, 28 de diciembre de 1857.<<

[149] NA, FO, 72/935, n.º 9. Howden a Clarendon, 5 de enero de 1858.<<

[150] NA FO. 72/935, n.º 16. Howden a Clarendon, 11 de enero de 1858.<<

[151] NA, FO, 72, n.º 16 y n.º 18. Howden a Clarendon, 11 y 14 de enero de 1858.<<

[152] AMAE, CP, vol. 851. Turgot a Walewsky, 16 de enero de 1858. Cifrado.<<

[153] Biblioteca Víctor Balaguer, Manuscritos, 472. Cartas de D. Pascual Madoz y D. Salustiano de Olózaga. Pascual Madoz a Víctor Balaguer, 28 de diciembre de 1857.<<

[154] AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3436/311, doc. 50. Francisco Javier de Istúriz a M.ª Cristina, 15 de diciembre de 1857.<<

[155] NA, FO, 72/935, n.º 18. Howden a Clarendon, 14 de enero de 1858.<<

[156] Biblioteca Víctor Balaguer, Manuscritos, 472. Pascual Madoz a Víctor Balaguer, 27 de febrero de 1858.<<

[157] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3436/211, doc. 5. Francisco Javier Istúriz a M.ª Cristina de Borbón, 29 de abril de 1858.<<

[158] Modesto Lafuente, Historia general de España…, op. cit., p. 240.<<

[159] Ibídem.<<

[160] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3439/223.ª. M.ª Cristina de Borbón a Francisco Javier Istúriz, 16 de enero de 1858.<<

[161] La composición del ministerio era la siguiente: Istúriz ocupaba la presidencia y las carteras de Estado y Ultramar; Fernández de la Hoz, Gracia y Justicia; José M.ª Quesada, Marina; Joaquín Ignacio Mencos, Fomento; y los ultra moderados Fermín Ezpeleta, Guerra; Sánchez Ocaña, Hacienda y Ventura Díaz, Gobernación. Se puede consultar completo, con sus cambios sucesivos, en José Ramón Urquijo, Gobiernos y ministros españoles…, op. cit., p. 57.<<

[162] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3439/221. Eugenio de Aviraneta a Antonio Rubio, 4 de febrero, 28 de marzo y 30 de junio de 1858.<<

[163] Se refiere al intento de asesinato de Napoleón III por el revolucionario italiano Orsini.<<

[164] Apelación dada en 1853-1854 a los moderados más reaccionarios agrupados en torno al conde de San Luis.<<

[165] Biblioteca Víctor Balaguer, Manuscritos, 472. Pascual Madoz a Víctor Balaguer, 12 de febrero de 1857.<<

[166] Carmen Llorca, Isabel II y su tiempo…, op. cit., p. 157.<<

[167] Benjamín Jarnés, Sor Patrocinio, la monja de las llagas, Madrid, Espasa-Calpe, 1929, pp. 145 y 150-151.<<

[168] Sobre las actividades de Gaviria, que fue tesorero de M.ª Cristina y burgués ennoblecido durante el reinado isabelino, ver Isabel Burdiel, Isabel II. No se puede reinar inocentemente, Madrid, Espasa-Calpe, 2004, pássim y onomástico.<<

[169] Biblioteca Víctor Balaguer, Manuscritos, 472. Pascual Madoz a Víctor Balaguer, 21 de marzo de 1858.<<

[170] DSC, 11 a 17 y 20 de marzo de 1858.<<

[171] Biblioteca Víctor Balaguer, Manuscritos, 472. Pascual Madoz a Víctor Balaguer, 21 de marzo de 1858.<<

[172] AMAE, CP, vol. 851. Turgot a Walewsky, 25 de marzo de 1858.<<

[173] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3439/221, doc. 81. Eugenio de Aviraneta a Antonio Rubio, 24 de marzo de 1858.<<

[174] NA, FO, 72/935, n.º 31. Howden a Clarendon, 6 de febrero de 1858.<<

[175] NA, FO, 72/937, n.º 18. Howden a Clarendon, 20 de junio de 1858.<<

[176] AMAE, CP, vol. 851. Turgot a Walewsky, 10, 25 de febrero y 20 de marzo de 1858.<<

[177] En marzo de 1858 fueron relevados de sus cargos tanto Turgot como Howden. Desconozco la razón del relevo francés. El británico se debió a la llegada de lord Malmesbury al ministerio de Asuntos Exteriores de ese país. Howden, sin embargo, permaneció hasta junio en Madrid a la espera del nuevo embajador, Buchanan.<<

[178] Biblioteca Víctor Balaguer, Manuscritos, 472. Pascual Madoz a Víctor Balaguer, 31 de marzo de 1858.<<

[179] Biblioteca Víctor Balaguer, Manuscritos, 472. Pascual Madoz a Víctor Balaguer, 7 de abril de 1858.<<

[180] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3439/221, docs. 55-62. Correspondencia con Modesto Lafuente. Cito del doc. 57. La memoria de Lafuente adjunta una carta dirigida a Antonio Rubio, 25 de febrero de 1858. Subrayados en el original.<<

[181] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 1439/221, doc. 82. Eugenio de Aviraneta a Antonio Rubio, 7 de marzo de 1858.<<

[182] NA, FO, 72/935, n.º 18. Howden a Clarendon, 14 de enero de 1858.<<

[183] AMAE, MD, vol 366. Rapport politique sur l’Espagne. 1857.<<

[184] NA, FO, 72/897, s/n. Howden a Clarendon, 17 de octubre de 1856. Confidencial.<<

[185] NA, FO, 72/897, n.º 235. Otway a Clarendon, 7 de noviembre de 1856. Confidencial.<<

[186] Ibídem.<<

[187] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3439/221, docs. 11 a 17. Eugenio de Aviraneta a Antonio Rubio, 16 de marzo a 30 de junio de 1858.<<

[188] Se refiere al líder indiscutible del puritanismo histórico, Joaquín Francisco Pacheco, y a Antón Luzuriaga, uno de los «santones» del progresismo.<<

[189] NA, FO, 72/935, n.º 60. Howden a Clarendon, 10 de marzo de 1858. Confidencial. Subrayados en el original.<<

[190] La Época, 20 de mayo de 1858.<<

[191] Sigo, en el desarrollo de esta estrategia, el estudio de Nelson Durán, La Unión Liberal y la modernización de la España isabelina…, op. cit., pp. 82-84 especialmente.<<

[192] DSC, Senado, 18 de mayo de 1857.<<

[193] Para el caso valenciano, con reflexiones que lo trascienden, ver Francesc A. Martínez Gallego, Conservar progresando: La Unión Liberal (1856-1858), Valencia, Biblioteca Historia Social, 2001.<<

[194] Biblioteca Víctor Balaguer, Manuscritos, 472. Pascual Madoz a Víctor Balaguer, 27 de febrero de 1857.<<

[195] Ibídem.<<

[196] Sobre el supuesto enamoramiento platónico de O’Donnell por la reina, no hemos podido encontrar más aval que las referencias constantes al mismo en toda la publicística de la época, incluidas algunas referencias sardónicas e interesadas de la prensa progresista y demócrata durante el Bienio. Sobre ello se extiende Carmen Llorca en Isabel II y su tiempo…, op. cit., pp. 149-151, especialmente. Ver también Carlos Navarro y Rodrigo, O’Donnell y su tiempo…, op. cit.<<

[197] Ibídem, doc. 39. Josefa Abril a Antonio Rubio, 24 de marzo de 1858. Subrayado en el original.<<

[198] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3439/221, doc. 40. Josefa Abril a Antonio Rubio, 10 de abril de 1858.<<

[199] NA, FO, 72/935, n.º 60. Howden a Clarendon, 10 de marzo de 1858. Confidencial. NA, FO, 72/936, n.º 108. Buchanan a Malmesbury, 7 de mayo de 1858.<<

[200] Biblioteca Víctor Balaguer, Manuscritos, 472. Pascual Madoz a Víctor Balaguer, 20 de junio de 1858.<<

[201] NA, FO, 72/913, n.º 49. Howden a Clarendon, 7 de febrero de 1857.<<

[202] Relato del viaje en El Museo Universal, 15 de junio de 1858.<<

[203] AMAE, CP, vol. 851. Turgot a Walewsky, 1 de junio de 1858; y Fournier a Walewsky, 17 de junio de 1858.<<

[204] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3439/221, doc. 15. M.ª Cristina de Borbón a Francisco de Asís, 17 de junio de 1858.<<

[205] Biblioteca Víctor Balaguer, Manuscritos, 472. Pascual Madoz a Víctor Balaguer, 20 de junio de 1858.<<

[206] NA, FO, 72/937, n.º 21. Buchanan a Malmesbury, 24 de junio de 1858.<<

[207] Ángel Fernández de los Ríos, Estudio históricos de las luchas políticas…, op. cit., p. 447. Sobre Posada Herrera, a quien acabó llamándosele durante los gobiernos de la Unión Liberal El Gran Elector por su habilidad en fabricar mayorías ministeriales, la biografía clásica es la de Luciano de Taxonera, Posada Herrera, Madrid, Editorial Porcalla, 1941. Ver también, Alfredo Opisso, Semblanzas políticas del siglo XIX, Barcelona, Juan Gili, 1908, pp. 192-193.<<

[208] AMAE, CP, vol. 851. Fournier a Walewsky, 23 de junio de 1858.<<

[209] Las promesas de Isabel II en Valencia a los unionistas están recogidas en Miguel Villalba Hervás, Recuerdos de cinco lustros, Madrid, Imprenta La Guirnalda, 1896, p. 189. Las promesas en un sentido alternativo a los moderados de Bravo Murillo, en Luciano de Taxonera, González Bravo y su tiempo (1811-1871), Barcelona, Editorial Juventud, 1941, p. 175.<<

[210] Sobre ese tema y sobre la importancia que Istúriz le otorga en la división del Gobierno, ver su carta a M.ª Cristina de abril de 1858. AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3436/211, doc. 5.<<

[211] AMAE, CP, vol. 851. Fournier a Walewsky, 14, 18 y 23 de junio de 1858.<<

[212] Se refiere a Joaquín Ignacio Mencos, conde de Guendalín y ministro de Fomento que, junto con Ezpeleta, representaba el ala ultra moderada del gobierno.<<

[213] NA, FO, 72/937, n.º 29. Buchanan a Malmesbury, 2 de julio de 1858.<<

[214] Biblioteca Víctor Balaguer, Manuscritos, 472. Pascual Madoz a Víctor Balaguer, 27 de febrero de 1858.<<

[215] Fernando Garrido, Historia del reinado del último Borbón de España, Barcelona, Salvador Manero Editor, 1869, tomo III, p. 366.<<

[216] NA, FO, 72/937, n.º 45, Buchanan a Malmesbury, 7 de julio de 1858. Confidencial. Subrayado en el original.<<

[217] Nelson Durán, La Unión Liberal y la modernización de la España.<<

[1] Una interpretación que avanzó en su momento Manuel Tuñón de Lara, siguiendo la estela de la interpretación contemporánea y partidista de progresistas, demócratas y republicanos, La España del siglo XIX, Barcelona, Laia, 1977 (1.ª ed., París, 1968); y que han seguido con matices muchos otros autores posteriores. Miguel Artola en su influyente La burguesía revolucionaria (1808-1814), Madrid, Alianza, 1976, titulaba el capítulo al respecto como «El restablecimiento del régimen de 1845» y, casi veinte años más tarde, Ángel Bahamonde y Jesús A. Martínez consideraban la Unión Liberal como una «versión estratégica del doctrinarismo», Historia de España. Siglo XIX, Madrid, Cátedra, 1994, pp. 337-340. Un planteamiento similar sigue Francesc A. Martínez Gallego en Conservar progresando: La Unión Liberal (1856-1868), Valencia, Biblioteca Historia Social, 2001. Josep Fontana, en su reciente revisión de La época del liberalismo, vol. 6 de la Historia de España dirigida por Josep Fontana y Ramón Villares, Madrid, Marcial Pons, 2007, incluye esos años bajo el rótulo general de «Apogeo del Liberalismo Autoritario» (pp. 267-313).<<

[2] Nelson Durán, La Unión Liberal y la modernización de la España isabelina. Una convivencia frustrada (1854-1868), Madrid, Akal, 1979, p. 87.<<

[3] Al menos en teoría. Ver a este respecto la circular del nuevo ministro de Gobernación, José Posada Herrera, que convocaba las elecciones el 21 de septiembre de 1858 en Gaceta de Madrid, 22 de septiembre de 1858. Un texto fundamental para comprender el programa con que la Unión Liberal llegó (aunque no necesariamente ejerció) el poder.<<

[4] Martin Kirsch, «Los cambios constitucionales tras la revolución de 1848. El fortalecimiento de la democratización europea a largo plazo» en: Ayer, 70/2008 (2), pp. 171-198.<<

[5] He avanzado esta interpretación en «The Uses of Monarchy: A “Spanish Incident” in the Mid-Nineteenth Century» en: J. Morrow y J. Scott, Liberty, Authority, Formality. Political Ideas and Culture, 1600-1900, Exeter, Imprint Academic, 2008, pp. 195-212; y «La ilusión monárquica del liberalismo isabelino: Notas para un estudio» en: A. Blanco y G. Thompson (eds.), Visiones del liberalismo, Valencia, PUV, 2008, pp. 137-158.<<

[6] AMAE, CP, vol. 851. Fournier a Walewsky, 4 de julio de 1858.<<

[7] AMAE, CP, vol. 851. Fournier a Walewsky, 9 de Julio de 1858.<<

[8] Bibliografía completa sobre ese supuesto enamoramiento en Nelson Durán, La Unión Liberal…, p. 62, nota 32. Versión de Natalio Rivas en RAH, leg. 8884.<<

[9] AMAE, CP, Espagne, vol. 851. Fournier a Walewsky, 9 de julio de 1858 (2.º informe).<<

[10] AMAE, CP, Espagne, vol. 851. Fournier a Walewsky, 12 y 14 de julio de 1852.<<

[11] Una valoración actual de aquellas complejas operaciones de publicidad de la monarquía en Bernardo Riego, «Imágenes fotográficas y estrategias de opinión pública: los viajes de la Reina Isabel II por España (1858-1866)» en: Reales Sitios. Revista del Patrimonio Nacional, vol. XXXVI, 139 (1999). Número monográfico sobre Historia y Fotografía, pp. 2-15. La Biblioteca del Palacio Real tiene una amplia sección dedicada a la literatura que suscitaron los viajes regios, un material de lectura tan tediosa como interesante para analizar los mecanismos de representación y acceso a la opinión pública de la monarquía isabelina, a caballo entre la modernidad y el arcaísmo.<<

[12] Para una detallada descripción de los viajes de la reina Isabel, se puede consultar el discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia de Ignacio Herrero de Collantes, Viajes Oficiales por España de Isabel II, Madrid, RAH, 1950. La crónica oficial de este viaje por Juan de Dios de la Rada, Viaje de SS. MM. y AA. por Castilla, León, Asturias y Galicia, Madrid, Aguado, Impresor de Cámara de S. M. y de su Real Casa, 1860.<<

[13] Bernardo Riego, «Imágenes fotográficas y estrategias de opinión…», art. cit. supra, pp. 13-14; a quien sigo en esta descripción de los viajes regios.<<

[14] Todas las comillas desde la última nota en AMAE, CP, vol. 851. Fournier a Walewsky, 10 y 25 de agosto de 1858. La referencia a las coqueterías de la reina con O’Donnell en Carmen Llorca, Isabel II y su tiempo…, op. cit., p. 182.<<

[15] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3439/221, doc. 88. Aviraneta a Rubio, 5 de agosto de 1858.<<

[16] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3439/221, doc. 90. Aviraneta a Rubio, 29 de septiembre de 1858.<<

[17] AMAE, CP, Espagne, vol. 852. Fournier a Walewsky, 16 de septiembre de 1858.<<

[18] Ibídem.<<

[19] DSC, 28 de diciembre de 1858, José Posada Herrera.<<

[20] Texto completo en Gaceta de Madrid, 22 de septiembre de 1858.<<

[21] La Época, 2 de octubre de 1858.<<

[22] La Iberia y Las Novedades, 1 de octubre de 1858; y La Época, 2 de octubre de 1858.<<

[23] Gaceta de Madrid, 22 de septiembre de 1858.<<

[24] Para Francia, por ejemplo, ver: Christophe Voilliot, La candidature officielle. Une practique d’État de la Restauration à la Troisiéme République, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2005; y Philippe Tanchoux, Les procédures électorales en France de la fin de l’Ancien Régime à la Première Guerre Mondiale, París, CTHS, 2004. Agradezco a Rafael Zurita el conocimiento de estas obras. Para España han sido precisamente Rafael Zurita, María Sierra y M.ª Antonia Peña quienes han ofrecido los estudios recientes más innovadores. Como introducción, el número monográfico sobre «La representación política en la España liberal» de la revista Ayer, 61 (2006), editado por estos autores, así como su trabajo inédito «Las influencias legítimas (y las corruptoras)» en: M. Sierra, M. A. Peña y R. Zurita, La representación política en la España liberal (en prensa) al que he tenido acceso por cortesía de sus autores. Les sigo en mis apreciaciones de la elección de octubre-noviembre de 1858.<<

[25] La defensa de Posada Herrera en DSC, 28 de diciembre de 1858. Las observaciones de Fournier en AMAE, CP, vol. 852. Fournier a Walewsky, 10 de septiembre de 1858.<<

[26] AMAE, CP, vol. 852. Fournier a Walewsky, 8 de noviembre de 1858. NA, FO, 72/940, n.º 214. Buchanan a Malmesbury, 3 de noviembre de 1858.<<

[27] Un caso bien estudiado es el de Sagasta en su elección por absoluta unanimidad de los cuatrocientos electores de Logroño. Como ha estudiado Juan Ramón Milán (Sagasta, o el arte de hacer política, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001, pp. 86-91), Sagasta llegó a convertirse en el diputado «natural» de La Rioja durante el resto del reinado isabelino, ejerciendo el cargo de diputado a través de una espesa y eficaz red de favores y recomendaciones en el más puro estilo del caciquismo clásico. Una red que controló la política riojana hasta prácticamente la caída de Alfonso XIII.<<

[28] Sobre la minoría de progresistas puros, Sagasta la ciñó, retrospectivamente, a trece diputados. DSC, 23 de abril de 1863.<<

[29] NA, FO, 72/940, n.º 214. Buchanan a Malmesbury, 3 de noviembre de 1858.<<

[30] NA, FO, 72/940, n.º 235. Buchanan a Malmesbury, 7 de noviembre de 1858. AMAE, CO, vol. 852. Fournier a Walewsky, 17 de noviembre de 1858.<<

[31] NA, FO, 72, n.º 275. Buchanan a Malmesbury, 25 de noviembre de 1858.<<

[32] AMAE, CP, Vol. 852. Fournier a Walewsky, 24 de noviembre de 1858. Confidencial.<<

[33] Cristóbal de Castro, Antología de las Cortes de 1859 a 1863, Madrid, V. Tordesillas, 1911, pp. 17-18.<<

[34] DSC, 1 de diciembre de 1859.<<

[35] DSC, 18 de diciembre de 1858. Apéndice segundo al número 15.<<

[36] Los términos secretos de las negociaciones fueron seguidos muy de cerca por los diplomáticos franceses, en la medida en que eran o podían ser una fuente de disensión con el gobierno de España debido al apoyo de Francia al Piamonte. AMAE, CP, vol. 852. Fournier a Walewsky, 15 de noviembre de 1858. AMAE, MD, vol. 366. Barrot, Informe, 14 de enero de 1860, pp. 296-298. Es útil para una valoración reciente en el largo plazo la obra de Brigitte Journeau, Eglise et État en Espagne au XIXe siècle. Les enjeux du Concordat de 1851, Pas-De-Calais, Presses Universitaires du Septentrion, 2002, especialmente pp. 395-429. El último entrecomillado corresponde a Ildefonso Bermejo, La Estafeta de Palacio (Historia del último reinado), Madrid, Imprenta de R. Labajos, 1871-1872, vol. II, p. 495.<<

[37] DSC, 20 de diciembre de 1858. Apéndice al n.º 17.<<

[38] DSC, 23 de diciembre de 1858. Pedro Calvo Asensio y Leopoldo O’Donnell.<<

[39] AMAE, CP, vol. 852. Fournier a Walewsky, 5 de diciembre de 1858.<<

[40] AMAE, CP, vol. 852. Fournier a Walewsky, 5 y 10 de diciembre de 1858.<<

[41] AMAE, CP, vol. 852. Fournier a Walewsky, 10 de diciembre de 1858.<<

[42] AMAE, CP, vol. 852. Barrot a Walewsky, 24 de diciembre de 1858; y DSS, 20 de diciembre de 1858.<<

[43] Pascual Madoz a Víctor Balaguer, 21 de julio de 1858. Citado en Olivar Bertrand, Así cayó Isabel II, Madrid, Destino, 1986, pp. 264-266.<<

[44] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3439/221. Aviraneta a Rubio, 15 de julio y 24 de noviembre de 1858.<<

[45] DSC, 14 de febrero de 1859.<<

[46] Ildefonso Bermejo, La Estafeta de Palacio…, pp. 492-493.<<

[47] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3441/230, exp. 1. Citas procedentes de la correspondencia cruzada entre Isabel II y Francisco de Asís con M.ª Cristina de Borbón, 2 y 13 de enero de 1859, 2 de julio de 1859, 23 de diciembre de 1859 y proyectos de respuesta de Rubio en doc. 37, 29 y 30 de julio de 1859.<<

[48] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3441/230, doc. 6. Las cartas tienen borrado el destinatario y no están firmadas. Sin embargo, se encuentran en una carpetilla rotulada como «Cartas de Carriquiri». La que acabo de citar está fechada el 7 de mayo de 1859. Ver también AGP, Personal, caja 2709/67.<<

[49] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3441/230, doc. 7. Cartas de Carriquiri, 12 de mayo de 1859.<<

[50] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3441/230, doc. 8. Cartas de Carriquiri, 14 de mayo de 1859.<<

[51] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3441/230, doc. 9, 12 de mayo de 1859.<<

[52] AGP, Personal, caja 7036/11.<<

[53] Carmen Llorca, Iasbel II y su tiempo…, pp. 178-82.<<

[54] «The Sovereign’s Private Secretary» en: V. Bogdanor, The Monarchy and the Constitution, Oxford, Clarendon Press, 1995. Ver también David Armitage (ed.), Patriot King, Cambridge University Press, 1997, p. 406 especialmente. Un estudio clásico, con información privilegiada sobre la que se basan buena parte de los estudios actuales, es: P. H. Emden, Behind the Throne, Londres, Hodder & Stoughton, 1934.<<

[55] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3441/230, doc. 11. Aunque aparecen entre los papeles de Carriquiri, la información disponible parece indicar que se trata de dos cartas de Pedro Egaña al duque de Riánsares con firma y destinatario borrados. Son del 27 y 30 de mayo de 1859.<<

[1] Ángel Bahamonde y Jesús Martínez, Historia de España. Siglo XIX…, p. 345. Dos obras de referencia sobre el imperialismo del siglo XIX europeo y la política exterior española: J. M.ª Jover, España en la política internacional. Siglos XVIII-XX, Madrid, Marcial Pons, 1999. J. C. Preyra (coord.), La política exterior de España: 1800-2003: Historia, condicionantes y escenarios, Barcelona, Ariel, 2003.<<

[2] Eloy Martín Corrales (ed.), Marruecos y el colonialismo español (1859-1912), Barcelona, Edicions Bellaterra, 2002, p. 9. Prólogo de Josep M.ª Fradera.<<

[3] Benito Pérez Galdós, Aida Tettauen en: Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1965 (7.ª ed.), vol. III, p. 236.<<

[4] AMAE, CP, vol. 851. Fournier a Walewsky, 17 de noviembre de 1858.<<

[5] AMAE, CP, vol. 852. Barrot a Walewsky, 5 de diciembre de 1858.<<

[6] AMAE, CP, vol. 852. Barrot a Walewsky, 5 de diciembre de 1859.<<

[7] AMAE, CP, vol. 851. Fournier a Walewsky, 25 de agosto de 1858.<<

[8] Ángel Fernández de los Ríos, Estudio histórico de las luchas políticas…, Madrid, English y Gras editores, 1879 (1.ª ed. 1864), p. 450.<<

[9] La Discusión, 14 y 18 de octubre de 1859. Ver Joan Serrallonga, «La guerra de África (1859-1860). Una revisión» en: I. Burdiel, La política en el reinado de Isabel II, Ayer, 29 (1998), pp. 139-159.<<

[10] DSC, 1, 21 y 22 de octubre de 1858.<<

[11] González Bravo en DSC, 22 de octubre de 1859. Puede ser útil, para evitar simplificaciones excesivas en la delimitación neta de discursos imperialistas, comparar la intervención muy laicamente nacionalista de González Bravo con las alusiones religiosas del progresista Calvo Asensio.<<

[12] Un interesante estudio de los diversos discursos en Alda Blanco, «La guerra de África en sus textos: Un momento en la búsqueda española de la modernidad» en: Revista de Estudios Hispánicos, 38 (2004), pp. 403-424.<<

[13] Albert García Balañá, «Patria, plebe y política en la España isabelina: la guerra de África en Cataluña (1859-1860)» en: Eloy Martín Corrales (ed.), Marruecos y el colonialismo español…, pp. 13-77.<<

[14] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3557/21. Correspondencia con Egaña, doc. 1. ¿…?, a D. Pedro, 16 de febrero de 1860. La carpetilla contiene cartas con destinatario y firma ilegibles o suprimidas. Se citará como aparezca en la documentación. Subrayado en el original.<<

[15] Albert García Balañá, art. cit., p. 62.<<

[16] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3557/21. Correspondencia con Egaña, docs. 1 y 6. ¿…?, a D. Pedro, 16 de febrero y 20 de marzo de 1860.<<

[17] AGP, Sección Administrativa, leg. 1182/12. Libro de Altavilla, Ramiro de la Puente, marqués de Altavilla (1845-1909), sin numeración.<<

[18] Las expresiones de entusiasmo del pueblo de Madrid estaban siempre a punto de convertirse en algo más, especialmente cuando incluían el uso de armas, por muy festivo que fuese el tiroteo. AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3557/21. Correspondencia con Egaña, doc. 6. ¿…?, a D. Pedro, 20 de marzo de 1860.<<

[19] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3557/21. Correspondencia con Egaña, doc. 6. ¿…?, a D. Pedro, 20 de marzo de 1860. La Iberia, 18 de marzo de 1860.<<

[20] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3557/21. Correspondencia con Egaña, doc. 8. ¿…?, a D. Pedro, 25 de marzo de 1860. NA, FO, 72/879, n.º 175 y ss. Buchanan a Russell, 20 de marzo de 1860.<<

[21] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3557/21. Correspondencia con Egaña, doc. 1. ¿…?, a D. Pedro, 16 de febrero de 1860. Subrayado en el original.<<

[22] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3557/21. Correspondencia con Egaña, doc. 4, 9 de marzo de 1860.<<

[23] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3557/21. Correspondencia con Egaña, doc. 4, 9 de marzo de 1860; y doc. 7, Pedro Egaña al duque de Riánsares, 24 de marzo de 1860. Subrayado en el original.<<

[24] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3557/21. Correspondencia con Egaña, doc. 7. Pedro Egaña al duque de Riánsares, 24 de marzo de 1860.<<

[25] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3557/21. Correspondencia con Egaña, doc. 11. ¿…?, a D. Pedro, 30 de marzo de 1860.<<

[26] Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, [Juan] Prim a ¿…?, 8 de abril de 1860. 1860/Doc. 1.ª.<<

[27] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3557/21. Correspondencia con Egaña, doc. 11. ¿…?, a D. Pedro, 4 y 30 de marzo de 1860.<<

[28] AMAE, CP, Espagne, vol. 854-855. Barrot a Walewsky, 27 de marzo de 1860. NA, FO, 72/1007, 21 de junio de 1861. Mr. Edwardes a Lord John Russell.<<

[29] Ildefonso Bermejo, La Estafeta de Palacio…, pp. 528-531.<<

[30] Eloy Martín Corrales (ed.), Marruecos y el colonialismo español…, especialmente prólogo de Josep M.ª Fradera.<<

[31] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3557/21. Correspondencia con Egaña, doc. 11. ¿…?, a D. Pedro, 30 de marzo de 1860.<<

[32] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3557/21. Correspondencia con Egaña, doc. 28. ¿…?, a D. Pedro, 12 de mayo de 1860. Cursiva y subrayados en el original.<<

[33] Un detallado análisis de esas ramificaciones, del movimiento y sus consecuencias para la causa carlista en: A. Pirala, Historia contemporánea. Anales desde 1843 hasta la conclusión de la actual guerra civil, Madrid, Imprenta y Fundición de Manuel Tello, 1876, pp. 487-556, especialmente.<<

[34] AMAE, ADP, vol. 26. Informes del 17 de noviembre de 1859 y 7 de enero de 1860, por ejemplo.<<

[35] RAH, Colección Pirala, leg. 9/6861, pliego 2; y A. Pirala, Historia contemporánea…, p. 505.<<

[36] «Manifiesto de Montemolín» previsto para ser publicado «en tierra de España» el 16 de marzo de 1860 en: A. Pirala, Historia contemporánea…, pp. 499-502.<<

[37] Ramón Cabrera a D. Carlos, 14 de marzo de 1860, en: A. Pirala, Historia contemporánea…, pp. 514-515.<<

[38] Marqués de Miraflores, Reseña histórico-crítica de la participación de los partidos…, pp. 195-196.<<

[39] NA, FO, 72/980, n.º 258. Confidencial. Buchanan a Lord John Russell, 28 de abril de 1860.<<

[40] DSC, 11 de junio de 1860. Salustiano de Olózaga y Leopoldo O’Donnell.<<

[41] Ildefonso Bermejo, La Estafeta de Palacio…, pp. 478-480.<<

[42] N. Durán, La Unión Liberal y la modernización de la España isabelina…, p. 339.<<

[43] La Unión Liberal. Folleto anónimo, 1865, p. 22.<<

[44] Jaime Vicens Vives, Industrials i Polítics del segle XIX, Barcelona, Teide, 1958, pp. 273-274; y José M.ª Jover (coord.), «Una visión global en la Historia de España» en: La era isabelina y el sexenio democrático (1834-1874), vol. XXXIV, Historia de España dirigida por Ramón Menéndez Pidal, Madrid, Espasa-Calpe, 1981, pp. 447-487.<<

[45] Entre otros, Josep M.ª Fradera, Cultura nacional en una sociedad dividida. Cataluña: 1838-1868, Madrid, Marcial Pons, 2003. Para el planteamiento clásico del unionismo catalán, Manuel Durán y Bas, Estudios políticos y económicos, Barcelona, Antonio Brusi, 1856. También, «Los grupos dirigentes en la Cataluña urbana y su relación con el estado centralista (1844-1868)» en: Salvador Calatayud, Jesús Millán y M.ª Cruz Romeo (eds.), Estado y periferias en la España del siglo XIX. Nuevos enfoques, Valencia, PUV, 2009, pp. 183-216. Para Valencia, Francesc Martínez Gallego, Conservar Progresando…, op. cit.; y Justo Serna y Anaclet Pons, La ciudad extensa. La burguesía comercial-financiera valenciana de mediados del XIX, Valencia, Diputació de València, 1992, con prólogo de R. Romanelli. Un balance de época: Isidro Autrán, La Unión Liberal de ayer, el ministerio de hoy, el partido constitucional de mañana, Madrid, T. Fontanet, 1864.<<

[46] Francisco Comín, Hacienda y economía en la España contemporánea (1800-1936), Madrid, IEF, 1988, 2 vols. Una valoración histórica global en Salvador Calatayud, Jesús Millán y M.ª Cruz Romeo (eds.), «El Estado en la configuración de la España contemporánea. Una revisión de los problemas historiográficos» en la obra ya citada, editada por estos mismos autores, Estado y periferias…, pp. 9-130.<<

[47] El capital inglés, como se quejó O’Donnell a Barrot, parecía «estar alejado adrede de España». De hecho, lo estaba en la medida en que aquella inhibición tenía que ver con la desconfianza de los inversores ingleses, y el consiguiente rechazo, que produjo el «arreglo» de la deuda de Bravo Murillo en 1851, que ahuyentó al capital británico, el cual se abstuvo de invertir en España durante al menos tres lustros.<<

[48] Ildefonso Bermejo, La Estafeta de Palacio…, p. 520.<<

[49] Discuten las visiones más pesimistas al respecto, Josep Pujol et al., El pozo de todos los males. Sobre el atraso de la agricultura española contemporánea, Barcelona, Crítica, 2001.<<

[50] Para la cultura y la conflictividad obrera catalana del período liberal ver, entre otros, Albert García i Balañá, La fabricació de la fàbrica, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2004.<<

[51] La bibliografía al respecto es muy amplia. Basten algunos trabajos que demuestran la vitalidad del debate. Albert Carreras y Xavier Tafunell, Historia económica de la España contemporánea, Barcelona, Crítica, 2003, especialmente pp. 122-183; Leandro Prados de la Escosura, El progreso económico en España (1850-2000), Madrid, Fundación BBVA, 2003; Francisco Comín et al., Historia económica de España. Siglos XIX-XX, Barcelona, Crítica, 2005; Carlos Barciela et al. (eds.), La historia económica en España y Francia (siglos XIX y XX), Alicante y Madrid, Universidad de Alicante-Casa de Velázquez, 2006; Juan Pan-Montojo (ed.), Poderes privados y recursos públicos, Ayer, 66 (2007). Un balance comparativo, en perspectiva política, en: Manuel Santirso, Progreso y libertad. España en la Europa liberal (1830-1870), Barcelona, Ariel, 2008, especialmente la Parte III, «Liberalismo y desarrollo», pp. 239-329.<<

[1] NA, FO, 72/982, n.º 36. Edwardes a Lord Russell, 24 de junio de 1860. AMAE, CP, Espagne, vol. 858. Barrot a Thouvenel, 13 de febrero de 1861.<<

[2] Carmen Llorca, Isabel II…, pp. 185-186.<<

[3] NA, FO, 72/986. Sir. A. Buchanan a Lord John Russell, 7 de diciembre de 1860.<<

[4] RAH, Colección Isabel II, leg. X-9/16949, pliego I, 1860; y Biblioteca del Palacio Real, VIII/3951 y II/3380, 1861.<<

[5] La biografía de Carlos Dardé de Alfonso XII sigue siendo, a mi juicio, la mejor de las que disponemos hasta el momento, Alfonso XII, Madrid, Arlanza Ediciones, 2001. Para su educación antes y durante el exilio, ver pp. 13-33; declarándose no creyente, p. 70.<<

[6] Fernando Garrido, Historia del reinado del último Borbón…, tomo III, p. 1212.<<

[7] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3357/21. Correspondencia de Egaña, 2 de junio de 1860.<<

[8] NA, FO, 72/986, n.º 435. Buchanan a Russell, 24 de diciembre de 1860.<<

[9] RAH, Colección Pirala, leg. 9/6861, pliego 1. Mariano Castillo a Modesto Lafuente, Tarragona, 11 de junio de 1860.<<

[10] AMAE, CP, Espagne, vol. 852. Fournier a Walewsky, 24 de noviembre de 1858. Confidencial. NA, FO, 72/941, n.º 275. Buchanan a Malmesbury, 25 de noviembre de 1858.<<

[11] AMAE, CP, vol. 852. Fournier a Walewsky, 24 de noviembre de 1858. Confidencial.<<

[12] Demetrio Castro, Los males de la imprenta, Madrid, CIS, 1998, pp. 93-96.<<

[13] AMAE, CP, vol. 858. Barrot a Thouvenel, 19 de marzo de 1861.<<

[14] NA, FO, 72/984, números 143 y 148. Edwardes a Lord Russell, 26 de septiembre y 2 de octubre de 1860. FO, 72/985, n.º 323. Buchanan a Lord Russell, 22 de octubre de 1860. Confidenciales.<<

[15] Memorias inéditas de Antonio Aguilar y Correa, marqués de la Vega de Armijo, Archivo del Museo Provincial de Pontevedra, leg. 219. Citado en Javier Tusell y Genoveva Queipo de Llano, Alfonso XIII. El rey polémico, Madrid, Taurus, 2001, p. 28. A pesar de la amabilidad del personal de dicho archivo, me ha sido imposible localizar esas supuestas memorias aunque sí muchas anotaciones personales del marqués de la Vega de Armijo, de indudable interés y muy poco utilizadas por la historiografía.<<

[16] DSC, 16 de noviembre de 1860; y NA, FO, 72/986. Buchanan a Lord John Russell, 23 de noviembre de 1860.<<

[17] DSC, 9 de febrero de 1861.<<

[18] AMAE, CPC, vol. 858. Barrot a Thouvenel, 6 de marzo de 1861.<<

[19] Rafael Olivar Bertrand, Prim, Madrid, Ediciones Giner, 1975 (ed. revisada y refundida de El caballero Prim en dos volúmenes, Barcelona, 1952); Pere Anguera, El general Prim. Biografía de un conspirador, Barcelona, Edhasa, 2003; y Josep M.ª Fradera, «Juan Prim y Prats (1814-1870): Prim conspirador o la pedagogía del sable» en: Isabel Burdiel y Manuel Pérez Ledesma (eds.), Liberales, agitadores y conspiradores, Madrid, Espasa-Calpe, 2000, pp. 239-266.<<

[20] NA, FO, 72/986, n.º 435. Buchanan a Russell, 24 de diciembre de 1860 y FO 72/982, n.º 36. Edwardes a Lord Russell, 24 de junio de 1860.<<

[21] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3453/373, exp. 1, docs. 2 a 21. Incluyen la carta de Isabel II y las minutas de respuesta de una airada M.ª Cristina que finalmente optó por contemporizar una vez más y plegarse a lo que irónicamente llamaba «las circunstancias».<<

[22] Ibídem.<<

[23] Antonio Rubio a Antonia Oviedo, 27 de octubre de 1861 y 27 de noviembre de 1861. Archivo de la Congregación de las Oblatas del Santísimo Redentor. Citadas en R. P. Dionisio de Felipe (ed.), Una toca entre coronas. Correspondencia inédita de la Reina Gobernadora, Isabel II, el duque de Riánsares, las Infantas Amparo, Milagros, Cristina e Isabel con la Madre Antonia de la Misericordia, Fundadora de las Oblatas del Santísimo Redentor, Madrid, Editorial de El Perpetuo Socorro, 1957, pp. 12-13.<<

[24] Citado por Javier Tusell y Genoveva G. Queipo de Llano, Alfonso XIII…, pp. 26-27.<<

[25] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3557/21, doc. 38. A mis queridos amigos. Correspondencia con Egaña, 4 de junio de 1860. Subrayado en el original.<<

[26] Julio Gorricho, «Epistolario de Pío IX con Isabel de España», Archivium Historia Pontificae, año 10, vol. 4 (1966), pp. 281-368.<<

[27] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3453/273, exp. 1, doc. 53. Dictamen de Rubio, abril de 1862. Subrayado en el original.<<

[28] NA, FO, 72/986, n.º 384. Buchanan a Russell, 27 de noviembre de 1860; y FO, 72/1007, n.º 130, Edwardes a Russell, 22 de junio de 1861. La mejor biografía de Rafaela Quiroga sigue siendo la de Benjamín Jarnés, Sor Patrocinio, La monja de las llagas, Madrid, Espasa-Calpe, 1929.<<

[29] NA, FO, 72/985, n.º 356. Buchanan a Russell, 12 de noviembre de 1860. Confidencial.<<

[30] Ildefonso Bermejo, La Estafeta de Palacio…, p. 536.<<

[31] DSC, 6 de marzo de 1861.<<

[32] AMAE, CP, Espagne, vol. 858. Barrot a Thouvenel, 23 de enero de 1861.<<

[33] DSC, 11 de abril de 1861. Ver también para el desarrollo de las razones de la oposición de Ríos Rosas y su concepción de la Unión Liberal, DSC, 14 de diciembre de 1861.<<

[34] Nelson Durán, La Unión Liberal…, p. 253. Para una valoración global de la cuestión dominicana, Eduardo González Calleja y Antonio Fontecha Pedraza, Una cuestión de honor. La polémica sobre la anexión de Santo Domingo vista desde España, Santo Domingo, Fundación García Arévalo, 2005; y Charles Hauch, La República Dominicana y sus relaciones exteriores, 1844-1882, Santo Domingo, Sociedad Dominicana de Bibliófilos, 1996.<<

[35] Una buena revisión reciente de la sublevación es la de Guy Thomson, «La revolución de Loja en julio de 1861: La conspiración de los carbonarios y la democracia en la España moderna» en: Alda Blanco y Guy Thomson (eds.), Visiones del liberalismo. Política, identidad y cultura en la España del siglo XIX, Valencia, PUV, 2008, pp. 159-193. Más globalmente: Guy Thomson, The birth of modern politics in Spain. Democracy, association and revolution (1854-1875), Londres, Palgrave Macmillan, 2010. Ver también, Jose M.ª Sánchez Diana, «La revolución de Loja en 1861: su significación en la historia social. Fuentes. Metodología y datos bibliográficos», Actas de las I Jornadas de Metodología Aplicada de las Ciencias Históricas, vol. 4, 1975, pp. 217-224. Datos de la represión en Ángel Fernández de los Ríos, Estudio histórico de las luchas políticas…, p. 457.<<

[36] AMAE, CP, vol. 858. Barrot a Thouvenel, 18 de diciembre de 1861.<<

[37] Ángel Fernández de los Ríos, Salustiano de Olózaga. Estudio político y biográfico, 1808-1863, Madrid, Imprenta de Manuel Rojas, 1863.<<

[38] He tratado este tema, y la posición de los progresistas, en: I. Burdiel, «La ilusión monárquica del liberalismo isabelino: Notas para un estudio» en: Alda Blanco y Guy Thomson, Visiones del liberalismo…, pp. 137-158; y «Salustiano de Olózaga: La res más brava del progresismo» en: M. Pérez Ledesma e I. Burdiel (eds.), Liberales eminentes, Madrid, Marcial Pons, 2008, pp. 77-124.<<

[39] DSC, 12 de diciembre de 1861.<<

[40] Salustiano de Olózaga, «De la beneficiencia en Inglaterra y en España, Informe leído en la Academia de Ciencias Morales y Políticas (1864)» en: Ángel Fernández de los Ríos (ed.), Estudios sobre elocuencia, política, jurisprudencia, historia y moral, Madrid, San Martín y Jubera, 1864, pp. 195-200.<<

[41] Jorge Vilches, Progreso y Libertad. El partido progresista en la revolución liberal española, Madrid, Alianza, 2001.<<

[42] DSC, 14 de diciembre de 1861.<<

[43] DS, 14 de enero de 1862.<<

[44] Nelson Durán, La Unión Liberal…, p. 119.<<

[45] AMAE, CP, Espagne, vol. 852. Fournier a Walewsky, 17 de octubre de 1858.<<

[46] DSC, Discurso de la Corona, 1 de diciembre de 1858.<<

[47] La Época, 19 de marzo de 1861.<<

[48] AMAE, CP, Espagne, vol. 858. Barrot a Thouvenel, 13 de marzo de 1861.<<

[49] Valoraciones globales de útil lectura sobre las relaciones entre España y México en: Romana Falcón, Las rasgaduras de la descolonización. Españoles y mexicanos a mediados del siglo XIX, México, El Colegio de México, 1996; José Antonio González, La política de España en América bajo Isabel II, Navarra, Newbook Ediciones, 1999; Tomás Pérez Vejo, España en el debate público mexicano (1836-1867), México, El Colegio de México-Escuela Nacional de Antropología e Historia, 2007; Antonia Pi-Suñer y Agustín Sánchez, Una historia de encuentros y desencuentros. México y España en el siglo XIX, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 2001.<<

[50] La Época, 9 de octubre de 1861. Un buen estudio sobre la evolución de la opinión publica respecto a la intervención en México, Almudena Delgado, «La intervención española en México (1862): Un enfoque conservador del hispanoamericanismo o la persistencia del ideal monárquico» en: R. Sevilla (coord.), Consolidación republicana en América Latina. V Encuentro de Latinoamericanistas Españoles, Sevilla, Escuela de estudios Hispanoamericanos, 1999, pp. 175-200. Sigo aquí buena parte de su razonamiento. Ver, también, Isidro Sepúlveda, El sueño de la madre patria. Hispanoamericanismo y nacionalismo, Madrid, Marcial Pons, 2005.<<

[51] La Época, 26 de marzo de 1861. Citado en Almudena Delgado, «La intervención española en México…», p. 190.<<

[52] Rafael Olivar Bertrand, Prim…; Pere Anguera, El general Prim…; y Jose M.ª Fradera, «Juan Prim y Prats…», op. cit. supra.<<

[53] La versión clásica de esta audiencia entre O’Donnell y los Reyes en Juan Varela, Historia de España…, XIII, p. 277.<<

[54] Carlos Navarro y Rodrigo, O’Donnell…; p. 202.<<

[55] Antonio María de Campos, citado en Rafael Olivar Bertrand, Prim…, p. 341.<<

[56] DSC, 16 y 19 de mayo de 1862.<<

[57] Citado en Rafael Olivar Bertran, Prim…, p. 341.<<

[58] Vicente Álvarez Villamil y Rodolfo Llopis, Cartas de conspiradores. La revolución de septiembre. De la emigración al poder, Madrid, Espasa-Calpe, 1929, p. 90.<<

[59] Jose M.ª Fradera, «Juan Prim y Prats…», pássim.<<

[60] Citado en Olivar Bertrand, Prim…, pp. 344-345.<<

[61] Manuel Santirso, Progreso y libertad. España en la Europa liberal (1830-1870), Barcelona, Ariel, 2008, pp. 78-90 especialmente.<<

[62] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3453/273, exp. 1, doc. 53. Dictamen de Rubio, abril de 1864.<<

[63] AMAE, CP, Espagne. Barrot a Thouvenel, 12 de noviembre de 1862. Confidencial. El embajador y Salamanca se refieren a las cartas cruzadas, durante la campaña de México e inmediatamente después, entre O’Donnell y Prim.<<

[64] AMAE, CP, Espagne, vol. 862. El conde de Bondy a Thouvenel, 1 y 22 de septiembre de 1862.<<

[65] NA, FO, 72/1036, n.º 356. Buchanan a Russell, 6 de octubre de 1862.<<

[66] Correspondencia de Montalvo, Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Roma, busta 21. Citado en Carmen Llorca, Isabel II…, p. 187.<<

[67] Para la propaganda oficial ver, por ejemplo, Crónica del Viaje de SS. MM. y AA. RR. a Málaga, Málaga, Diputación Provicial y Ayuntamiento de Málaga, 1862.<<

[68] AMAE, CP, Espagne, vol. 862. El conde Bondy a Thouvenel, 3 de septiembre de 1862.<<

[69] Para la visita de Isabel II a Sevilla en 1862, M.ª Carmen Fernández Albéndiz, Sevilla y la Monarquía. Las visitas reales en el siglo XIX, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2007, pp. 191-247.<<

[70] AMAE, CP, Espagne, vol. 862. El conde de Bondy a Thouvenel, 1-22 de septiembre de 1862, pássim.<<

[71] AMAE, CP, Espagne, vol. 862. El conde de Bondy a Thouvenel, 22 de septiembre de 1862.<<

[72] Ibídem.<<

[73] AMAE, CP, Espagne, vol. 862. Barrot a Thouvenel, 1 de octubre de 1862.<<

[1] Nelsón Durán, La Unión Liberal…, p. 132.<<

[2] Archivo del Marqués de Vega de Armijo, Archivo del Museo de Pontevedra, leg. 219. Cito de las referencias que proporcionan Javier Tusell y Genoveva Queipo de Llano, Alfonso XIII. El rey polémico, Madrid, Taurus, 2001, pp. 26-29.<<

[3] DSS, 9 de diciembre de 1862.<<

[4] DSS, 10, 11 y 12 de diciembre de 1862.<<

[5] Vicente Álvarez Rodríguez de Villamil, y Rodolfo Llopis, Cartas de Conspiradores. La revolución de septiembre, Madrid, Espasa-Calpe, 1929, p. 91; y AMAE, CP, Espagne, vol. 862. Bondy a Thouvenel, 10 de octubre de 1862, para la desconfianza de Serrano, los hermanos Concha, Ros de Olano, etcétera, respecto a Prim.<<

[6] Vicente Álvarez Rodríguez de Villamil, Cartas de conspiradores…, pp. 91-92. Carta de Antonio M.ª Campos a Álvarez Villamil, 11 de diciembre de 1867.<<

[7] AMAE, CP, Espagne, vol. 863. Barrot a Drouyn de Lhuys, 5 de enero de 1863.<<

[8] AMAE, CP, Espagne, vol. 863. Barrot a Drouyn de Lhuys, 8 de enero de 1863.<<

[9] Vicente Álvarez Rodríguez de Villamil, Cartas de conspiradores…, pp. 90-91.<<

[10] Olózaga a Agustín Aymar, 23 de enero de 1863, citado en Rafael Olivar Bertrand, Así cayó Isabel II…, p. 366; y Vicente Álvarez Rodríguez de Villamil, Cartas de conspiradores…, citando a Antonio M.ª Campos, p. 92.<<

[11] AMAE, CP, Espagne, vol. 863. Barrot a Drouyn de Lhuys, 27 de enero de 1863.<<

[12] La última sesión se produjo el 7 de febrero de 1863.<<

[13] NA, FO, 72/1056. Crampton a Russell, 10 de febrero de 1863.<<

[14] Texto en Carlos Navarro y Rodrigo, O’Donnell…, pp. 205-206.<<

[15] La España, 25 y 26 de febrero de 1863. AMAE, CP, Espagne, vol. 863. Barrot a Drouyn de Lhuys, 26 de febrero de 1863.<<

[16] Ángel Fernández de los Ríos, Estudio histórico de las luchas políticas…, p. 461.<<

[17] La Correspondencia, 25 de febrero de 1863. AMAE, CP, Espagne, vol. 863. Barrot a Drouyn de Lhuys, 26 de febrero de 1863.<<

[18] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3453/273, exp. 1, doc. 53. Dictamen de Rubio a M.ª Cristina, abril de 1864.<<

[19] NA, FO, 72/1057. Crampton a Russell, 27 de febrero de 1863. Confidencial.<<

[20] NA, FO, 72/1057. Crampton a Russell, 17 de febrero de 1863. Confidencial.<<

[21] Ángel Fernández de los Ríos, Estudio histórico de las luchas políticas…, pp. 461-2.<<

[22] AMAE, CP, Espagne, vol. 863. Barrot a Drouyn de Lhuys, 1 de marzo de 1863.<<

[23] Ibídem. Despacho de Barrot de 1 de marzo.<<

[24] Fernando Fernández de Córdova, Mis memorias íntimas, Madrid, Atlas, 1966, vol. II, 315.<<

[25] La primera versión se recoge en todas las obras progresistas clásicas, desde Miguel Morayta hasta Fernández de los Ríos. La segunda procede fundamentalmente del Marqués de Miraflores, Memorias del reinado de Isabel II, Madrid, BAE, 1964, vol. II, pp. 405-451. Hay que contrastar esta versión con otras fuentes como, notablemente, la correspondencia entre Pascual Madoz y Víctor Balaguer recogida en la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú. Una selección en Rafael Olivar Betrand, Así cayó Isabel II…; Pere Anguera, El general Prim…, pp. 511-603; José Luis Ollero, Sagasta, de conspirador a gobernante, Madrid, Marcial Pons, 2006, pp. 261-269; y Juan Ramón Milán, Sagasta, o el arte de hacer política, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001, pp. 103-119.<<

[26] Existe una transcripción de la conversación entre los líderes progresistas e Isabel II, producto del relato que le hizo el mismo Cortina, en Modesto Lafuente, Historia de España…, XXIII, pp. 289-291.<<

[27] El relato de Madoz procede de la correspondencia existente en la Biblioteca-Museu de Víctor Balaguer, transcrita por Olivar Bertrand, Así cayó Isabel II…, pp. 284 286 y 326-327. Ver también NA, FO, 72/1057, n.º 67, Crampton a Russell, 6 de marzo de 1863, en que relata a su ministerio la entrevista entre los líderes progresistas y la reina, en la cual éstos habrían mostrado «su opinión contraria a la formación de gobierno de su partido por no ser suficientemente fuertes». Las alusiones, no contenidas en estos relatos, a que el Partido Progresista se negó a renunciar a la milicia y a la soberanía nacional proceden de la muy interesada versión del marqués de Miraflores, Memorias del reinado de Isabel II…, tomo III, pp. 450-451. Ver también Ildefonso Bermejo, La Estafeta de Palacio…, p. 585.<<

[28] Fernando Fernández de Córdova, Mis memorias…, pp. 314-316.<<

[29] RAH, Narváez II, vol. 38, 8/8105. Carpeta de Gutiérrez de la Vega, 38/12, s/f.<<

[30] AMAE, CP, Espagne, vol. 863. Barrot a Drouyn de Lhuys, 4 de marzo de 1863.<<

[31] Fernando Fernández de Córdova, Mis memorias…, p. 315; y AMAE, CP, Espagne, vol. 863. Barrot a Drouyn de Lhuys, 1 y 4 de marzo de 1863, especialmente.<<

[32] AMAE, CP, Espagne, vol. 863. Barrot a Drouyn de Lhuys, 2 de marzo de 1863.<<

[33] AMAE, CP, Espagne, vol. 863. Barrot a Drouyn de Lhuys, 8 de marzo de 1863.<<

[34] Ángel Fernández de los Ríos, Estudio histórico de las luchas políticas…, 462.<<

[35] Versión de Barrot. AMAE, CP, vols. 863 y 864, pássim. Las citas corresponden a los despachos de Barrot a Drouyn de Lhuis, del 26 y 27 de febrero y 29 de marzo de 1863. Ver también DSC, 24 y 25 de abril, para un agrio debate entre Miraflores y Olózaga a raíz de la pregunta del primero respecto a «si el partido progresista se creía en condiciones de gobernar». Olózaga contestó que el Gobierno no tenía derecho a «preguntar a un partido constitucional lo que no necesita saber más que el Trono».<<

[36] Ildefonso Bermejo, La Estafeta de Palacio…, p. 588.<<

[37] Conversación de Miraflores con Olózaga, Memorias del Reinado…, vol. III, pp. 208-209.<<

[38] Ibídem.<<

[39] DSS, 4 de mayo de 1863.<<

[40] Ángel Fernández de los Ríos, Estudio histórico de las luchas políticas…, p. 463.<<

[41] AMAE, CP, Espagne, vol. 863. Barrot a Drouyn de Lhuys, 7 de mayo de 1863.<<

[42] DSS, 4 de mayo de 1863. Ver también DSC del 24 y 25 de abril para el agrio debate entre Miraflores y Olózaga; y Josep M.ª Fradera, «Prim o la pedagogía del sable»…, p. 260; un buen balance de su actuación con documentación interesante en Rafael Olivar Bertrand, Prim…, p. 367 y ss., que es una fuente principal de buena parte de las biografías posteriores.<<

[43] Marqués de Miraflores, Memorias del reinado…, p. 450 y ss.; y Fernando Garrido, Historia del reinado del último Borbón en España, Barcelona, Salvador Manero Editor, 1868-1869, vol. III, p. 562 y ss.<<

[44] AMAE, CP, Espagne, vol. 864. Bondy a Drouyn de Lhuys, 18 de agosto de 1863.<<

[45] AMAE, CP, Espagne, vol. 864. Bondy a Drouyn de Lhuys, 30 de julio de 1863.<<

[46] Carlos Rubio, Historia filosófica de la revolución española de 1868, Madrid, M. Guijarro, 1869, vol. I, pp. 64 y 67. Texto completo de la protesta del Comité del Partido Progresista de Madrid, 22 de agosto de 1863, pp. 65-67.<<

[47] AMAE, CP, Espagne, vol. 864. Bondy a Drouyn de Lhuys, despachos del 1 al 7 de septiembre de 1863. Vicente Rodríguez Álvarez de Villamil, Cartas de conspiradores…, pp. 106-110; y Rafael Olivar Bertrand, Prim…; sobre la misma fuente, pp. 376-378.<<

[48] Carlos Rubio, Historia filosófica de la revolución española de 1868, Madrid, M. Guijarro, 18969, vol. I, pp. 100-110.<<

[49] Carlos Rubio, Historia filosófica…, vol. I, pp. 68 y 111.<<

[50] AMAE, CP, Espagne, vol. 864. El conde de Bondy transmite a su ministerio los detallados informes que le hacen de aquella reunión varios miembros del Partido Progresista. Bondy a Drouyn de Lhuys, 8 de septiembre de 1863.<<

[51] Jesús Millán, «¿No hay más que pueblo? Élites políticas y cambios sociales en la España liberal» en: Rafael Zurita y Renato Camurri (eds.), Las élites en Italia y en España (1850-1922), Valencia, PUV, 2008, pp. 207-225. M.ª Cruz Romeo, «Memoria y política del liberalismo progresista» en: Historia y Política, 17 (2007), pp. 69-88; y «De patricios y nación. Los valores de la política liberal de mediados del siglo XIX» en: Melanges de la Casa de Velázquez, 35 (2005), pp. 119-143.<<

[52] Pascual Madoz a Victor Balaguer, 18 de diciembre de 1867. Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, Ms. 1867/40. Citado en José Ramón Milán, Sagasta, o el arte de hacer política, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001, p. 118.<<

[53] Para una visión a largo plazo, Albert García Balañá, La fabricació de la fàbrica: treball i política a la Catalunya cotonera, 1784-1874, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2004.<<

[54] AMAE, CP, Espagne. Barrot a Drouyn de Lhuys, 22 de septiembre de 1863 y Pascual Madoz a Manuel Torrents y Víctor Balaguer, 16 de noviembre de 1863. Cit. en Rafael Olivar Bertrand, Así cayó Isabel II…, pp. 293-294. Cursivas en el original.<<

[55] Ramón G. Chaparro, El partido progresista o Espartero y Olózaga. Folleto político, Madrid, Imprenta de José Morales y Rodríguez, 1864.<<

[56] Pascual Madoz, «Carta a los Electores de Barcelona» en La Iberia, 13 de septiembre de 1863. Citada en J. M. Jover (dir.), La era isabelina y el sexenio democrático (1834-1874), vol. XXXIV de la Historia de España fundada por Ramón Menéndez Pidal, Madrid, Espasa-Calpe, 1981, p. 442.<<

[57] Pascual Madoz a Manuel Torrents y Víctor Balaguer, 16 de noviembre de 1863. Cit. Rafael Olivar Bertrand, Así cayó Isabel II…, p. 294. Cursivas en el original.<<

[58] AMAE, CP, Espagne. Barrot a Drouyn de Lhuys, 25 de septiembre de 1863.<<

[59] AMAE, CP, Espagne, vol. 864. Barrot a Drouyn de Lhuys, 15 de octubre de 1863. NA, FO, 72/1064, n.º 188. Crampton a Russell, 17 de diciembre de 1863.<<

[60] AMAE, CP, Espagne, vol. 864. Barrot a Drouyn de Lhuys, 19 de octubre de 1863.<<

[61] AMAE, CP, Espagne, vol. 864. Barrot a Drouyn de Lhuys, 24 de noviembre de 1863.<<

[1] Para el texto completo, Benito Pérez Galdós, «La Reina Isabel» en: Memoranda. Obras Completas, Aguilar, Madrid, 1961, tomo VI, pp. 1414-1420.<<

[2] AMAE, CP, Espagne, vol. 865. Barrot a Drouyn de Lhuys, 18 de enero de 1864. Las últimas afirmaciones son posteriores a la caída de Arrázola: «un ministerio que, en una palabra, no era de su tiempo», Barrot a Drouyn de Lhuys, 4 de marzo de 1864.<<

[3] NA, FO, 72/1078. Crampton a Russell, 8 de febrero de 1864.<<

[4] AMAE, CP, Espagne, vol. 865. Barrot a Drouyn de Lhuys, 29 de enero de 1864.<<

[5] Jean-Claude Yon, Le Second Empire. Politique, société, culture, París, Armand Colin, 2004.<<

[6] RAH, Colección Isabel II, leg. XXII, pliego «O’Donnell». Isabel II a O’Donnell, 27 de febrero de 1864.<<

[7] RAH, Colección Isabel II, leg. XXII, pliego «O’Donnell». Carta catalogada como del 27 de febrero de 1864 y adjunta a otra más breve, posterior según referencias internas, catalogada con la misma fecha.<<

[8] AMAE, CP, Espagne, vol. 865. Barrot a Drouyn de Lhuys, 3 de marzo de 1864.<<

[9] AMAE, CP, Espagne, vol. 865. Barrot a Drouyn de Lhuys, 3 de marzo de 1864.<<

[10] Ibídem.<<

[11] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3563/27, exp. 34, doc. 6. Prim a Riánsares, 23 de abril de 1864.<<

[12] C. Rubio, Historia filosófica…, pp. 113-114.<<

[13] La expresión dio título a un famoso folleto de Ángel Fernández de los Ríos, Todo o Nada, Madrid, J. Peña, 1864.<<

[14] Josep M.ª Fradera, «Prim o la pedagogía del sable…», especialmente p. 261; e Isabel Burdiel, «Salustiano de Olózaga…», pp. 122-123.<<

[15] Discusos completos, por ejemplo, en C. Rubio, Historia filosófica…, pp. 117-118.<<

[16] C. Rubio, Historia filosófica…, pp. 114-115 y 122.<<

[17] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3563/27, exp. 34, doc. 3. Prim a Riánsares, 11 de agosto de 1864.<<

[18] Relato muy minucioso del embajador británico, NA, FO, 72/1081, n.º 217. Crampton a Russell, 16 de septiembre de 1864; Ildefonso Bermejo, La Estafeta de Palacio…, pp. 601-603; y Navarro y Rodrigo, p. 216.<<

[19] C. Rubio, Historia filosófica…, p. 167. Cursiva en el original.<<

[20] Luciano de Taxonera, González Bravo y su tiempo, 1811-1871, Barcelona, Juventud, 1941, p. 197.<<

[21] Ibídem, p. 198.<<

[22] La Democracia, 8 de enero de 1865. La alusión al «antiguo enemigo» se refería a Espartero.<<

[23] Esa relación la establece incluso Carmen Llorca (Isabel II…), a pesar de las múltiples contradicciones que no puede por menos de señalar en la documentación que maneja. Uno de los pocos historiadores recientes de la Unión Liberal, Francesc A. Martínez Gallego, llega a afirmar tajantemente que fue M.ª Cristina quien puso punto final al gobierno de la Unión Liberal «cuando exija su retorno a Madrid y sepa ganarse a su hija para solicitarlo a O’Donnell. La vuelta de la madre es la salida del general». «Isabel II y los políticos en camisa» en: Juan Sisinio Pérez Garzón, Isabel II. Los espejos de la reina, Madrid, Marcial Pons, 2004, p. 58. Pierre de Luz, por su parte, dice que «si en septiembre de 1864 Narváez vuelve al poder es principalmente para asegurar la vuelta a España de la Reina M.ª Cristina» en: Isabel II…, p. 223.<<

[24] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3453/273, exp. 1, doc. 24. Riánsares a Manuel Cortina, 20 de enero de 1864.<<

[25] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3453/273, exp. 1, doc. 35. M.ª Cristina a Isabel II, 7 de agosto de 1864, con el relato minucioso de las últimas negociaciones y una airada petición de explicaciones claras. La carta tiene 16 pliegos y una nota adjunta: «Después de firmada, S. M. (M.ª Cristina) decidió no expedirla, por eso está aquí el original». Las cartas de Francisco de Asís e Isabel II corresponden a los documentos 25 (7 de marzo de 1864) y 26 (28 de marzo de 1864), respectivamente.<<

[26] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3453/273, exp. 1, doc. 54. Dictamen de Antonio Rubio. Subrayados en el original.<<

[27] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3453/273, exp. 1, docs. 53 y 54. Dictámenes de Rubio, abril y junio de 1864. Subrayados en el original. Para el cambio de actitud de la prensa progresista se puede consultar, por ejemplo, La Iberia del mes de abril de 1864. Uno de sus números fue secuestrado, precisamente, por un artículo favorable a la reina Cristina. AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3563/27, exp. 46, doc. 1.<<

[28] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3453/273, exp. 1, doc. 35, M.ª Cristina a Isabel II, 7 de agosto de 1864; y doc. 28, Francisco de Asís a M.ª Cristina, 21 de julio de 1864.<<

[29] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3453/273, exp. 2, docs. 52, 53 y 54. Dictámenes de Rubio. Subrayados y cursivas en el original.<<

[30] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3453/273, exp. 1, doc. 35. M.ª Cristina a Isabel II, 7 de agosto de 1864. Subrayado en el original.<<

[31] Antonio Rubio a Antonia Oviedo, 27 de agosto de 1864. Carta reproducida en Una toca entre Coronas…, p. 55. Cursivas en el original.<<

[32] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3453/273, exp. 4. «Importante conferencia del Rey Francisco de Asís con S. M. la Reina Madre en París a 20 de agosto de 1864».<<

[33] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3453/273, exp. 1, doc. 1. «Importante conferencia del rey Francisco de Asís con S. M. la Reina Madre en París a 20 de agosto de 1864». Subrayados en el original.<<

[34] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3453/273, exp. 1, doc. 51. «A 17 de septiembre de 1864».<<

[35] C. Llorca, Isabel II…, pp. 195-196.<<

[36] Despacho de Cavalchini a La Marmora, Roma. Archivo de Asuntos Exteriores, 31 de diciembre de 1864. Citado en Carmen Llorca, Isabel II…, pp. 151-152, nota 81. En francés en el original.<<

[37] Ildefonso Bermejo, La Estafeta de Palacio…, p. 604; y Nelson Durán, La Unión Liberal…, p. 291.<<

[38] La abundante correspondencia y la amigable relación entre Prim y los Riánsares durante este período se pueden seguir a través de la documentación recogida en AHN, Diversos, Títulos y Familias, legs. 3560/24 y 3563/27, especialmente.<<

[39] La Iberia, 30 de octubre de 1864. Ver también, Rubio, pp. 169-175; y Olivar Bertrand, Prim, pp. 130 y 292.<<

[40] NA, FO, 72/1082. J. Crampton a Earl Russell, 21 de noviembre de 1864.<<

[41] Gonzalo Capellán de Miguel, «El problema religioso en la España contemporánea. Krausismo y catolicismo liberal» en: Ayer, 39 (2000), pp. 207-241; y Gumersindo de Azcárate. Biografía intelectual, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2005. Sigue siendo útil, Begoña Urigüen, Orígenes y evolución de la derecha española: el neocatolicismo, Madrid, CSIC, 1986.<<

[42] Ver, por ejemplo, las informaciones aparecidas en El Diario Español los días 22 y 23 de diciembre de 1864 o en La Correspondencia y La Iberia del 23 de diciembre de 1864, sobre Tenorio, Meneses y sor Patrocinio. Seguimos sin contar con un buen estudio de la evolución de la imagen de la reina en la esfera pública liberal que trascienda la documentación periodística que está bien recogida y analizada por J. Vilches, Isabel II. Imágenes de una reina, Madrid, Síntesis, 2007. En estos momentos, David Pérez está elaborando, bajo mi dirección, una tesis sobre la imagen de la familia real en Cataluña durante el período 1858-1868 que incluye obras de teatro, novelas, folletos y hojas volantes, etcétera.<<

[43] Para Europa ver, por ejemplo, H.-G. Haupt y D. Langewiesche (eds.), Nación y religión en Europa. Sociedades multiconfesionales en los siglos XIX y XX, Zaragoza, Institución Fernando el Católico. Ver especialmente el artículo de Christiane Wolf sobre las relaciones entre monarquía y religión en torno a 1900 (pp. 153-172). Agradezco a Jesús Millán el conocimiento de esta obra. Muy útil es también Jean Baubérot y Séverine Mathieu, Religion, modernité et culture au Royaume-Uni et en France (1800-1914), París, Seuil, 2002.<<

[44] NA, FO, 72/1082, sir J. Crampton a Earl Russell, 15, 18 y 19 de diciembre de 1864; RAH, Colección Isabel II, leg. XXII, Isabel II a O’Donnell, 14, 18 y 19 de diciembre de 1864; leg. XXI, Isabel II a Istúriz, s/f, diciembre de 1864. El Diario Español, 22 de diciembre de 1864.<<

[45] La Democracia, 8 de enero de 1865.<<

[46] El anuncio de Narváez, el texto del proyecto y las muestras de entusiasmo de los diputados en DSC, 20 de febrero de 1865.<<

[47] DSC, 20 de febrero de 1865; y Gaceta de Madrid de los días siguientes.<<

[48] La cuestión comenzó a ser resuelta con la Ley de Redención de Censos del 12 de mayo 1865, pero siguió coleando durante el Sexenio Revolucionario y el régimen de la Restauración hasta llegar a la democracia.<<

[49] Emilio Castelar, «El rasgo» en: La Democracia, 15 de febrero de 1865. Para una extensión del argumento, ver, del mismo autor, «¿De quién es el Patrimonio Real?», La Democracia, 21 de febrero de 1865. Para referencias periodísticas sobre el debate, ver Jorge Vilches, Isabel II. Imágenes…, pp. 213-220. Sigue siendo útil como fuente documental, Luis de Sosa, «El Rasgo. Un incidente universitario en nuestro siglo XIX» en: Revista de Estudios Políticos, 17-18 (1944), pp. 178-209.<<

[50] W. M. Kuhn, «Queen Victoria’s Civil List: What did she do with it?», en: The Historical Journal, 36.3 (1993), pp. 645-665.<<

[51] NA, FO, 72/1099. Sir J. Crampton a Earl Russell, 19 de mayo de 1865.<<

[52] AMAE, CP, Espagne, vol. 867. Mercier de Lostende a Drouyn de Lhuys, 16 de junio de 1867; y Durán, p. 296.<<

[53] NA, FO, 72/1100. Sir. J. Crampton a Earl Russell, 6 de julio de 1865. Secreto y Confidencial.<<

[54] Martin Kirsch, «Los cambios constitucionales tras la revolución de 1848…», art. cit. supra.<<

[55] AMAE, CP, Espagne, vol. 866. Mercier de Lostende a Drouyn de Lhuys, 23 de junio de 1865.<<

[56] DSC, 22 de junio de 1865.<<

[57] Un buen relato de aquella campaña, en su día a día durante los meses de junio y julio de 1865, en AMAE, CP, Espagne, vol. 867. Mercier de Lostende a Drouyn de Lhuys, 23 de junio-25 de julio de 1865.<<

[58] La elección de convento para sor Patrocinio en una carta de Alonso Martínez a Isabel II, 20 de octubre de 1865. RAH, Colección Isabel II, leg. XIV, pliego A. Sobre María Micaela, Carmen Llorca, Isabel II…, p. 204. Ver la biografía más reciente de A. J. González Chaves, Vida de Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, Edibesa, 2004.<<

[59] Alonso Martínez a Isabel II, s/f. RAH, Colección Isabel II, pliego A.<<

[60] AMAE, CP, Espagne, vol. 867. Mercier de Lostende a Drouyn de Lhuys, 7 de julio de 1865.<<

[61] Isabel II a Pío IX, 23 de mayo y 26 de julio; Pío IX a Isabel II, 15 de junio y 14 de agosto de 1865. Correspondencia recogida por J. Gorricho, «Epistolario de Pío IX con Isabel II de España» en: Archivium Historiae Pontificiae, 4 (1966), pp. 307-309. RAH, Colección Isabel II, leg. XI, pliego I, Pío IX a Isabel II; pliego II, Isabel II a Pío IX.<<

[62] AMAE, CP, Espagne, vol. 867. Mercier de Lostende a Drouyn de Lhuys, 15 de septiembre de 1865.<<

[63] DSC, 5 de julio de 1865.<<

[64] Un excelente estudio de su aplicación en la circunscripción provincial de Alicante, con reflexiones de ámbito general muy útiles respecto a las dificultades de la Unión Liberal para socavar las clientelas moderadas, es el de P. Díaz y J. Millán, «Ante la “marcha al pueblo”. El último gobierno de la Unión Liberal en Alicante» en: Alcores, 5 (2008), pp. 193-228.<<

[65] Pirala, Historia de España…, III, 1876, p. 70.<<

[66] A. Fernández de los Ríos, Todo o nada, Madrid, J. Peña, 1864. Ver también, Nelson Durán, La Unión Liberal…, pp. 297-298; y Jorge Vilches, Isabel II. Imágenes…, pp. 67-68.<<

[67] Nelson Durán, La Unión Liberal…, pp. 301-302; y Vicente Álvarez de Villamil, Cartas de conspiradores…, pp. 120-121. AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3565/29, exp. 33, doc. 12. Juan Prim al duque de Riánsares, 12 de julio de 1865.<<

[68] AMAE, CP, Espagne, vol. 867. Mercier de Lostende a Drouyn de Lhuys, 25 de agosto de 1865.<<

[69] Carlos Rubio a Prim (s/f), citada en una carta de Prim a Ruiz Zorrilla, 14 de julio de 1866 en: Vicente Álvarez de Villamil, Cartas de conspiradores…, pp. 159-165.<<

[70] AMAE, CP, Espagne, vol. 867. Mercier de Lostende a Drouyn de Lhuys, 1, 2 y 29 de septiembre de 1865.<<

[71] AMAE, CP, Espagne, vol. 867. Mercier de Lostende a Drouyn de Lhuys, 3 de noviembre de 1865.<<

[72] AMAE, CP, Espagne, vol. 867. Mercier de Lostende a Drouyn de Lhuys, 10 de noviembre de 1865.<<

[73] Jesús Millán y María Cruz Romeo, «¿Por qué es importante la revolución liberal en España? Culturas políticas y ciudadanía en la historia española» en: Mónica Burguera y Christopher Schmidt-Novara (eds.), Historia de España Contemporánea. Cambio social y giro cultural, Valencia, PUV, 2008, pp. 17-43.<<

[74] AMAE, CP, Espagne, vol. 867. Mercier de Lostende a Drouyn de Lhuys, 17 de noviembre de 1865.<<

[75] Carlos Rubio, Historia filosófica…, pp. 177-180.<<

[76] Nelson Durán, La Unión Liberal…, p. 304.<<

[77] RAH, Colección Isabel II, 9/6961, pliego XII, Isabel II a O’Donnell, 23 de octubre de 1865; y Gil Blas, 30 de septiembre de 1865. Cit. Vilches, pp. 233; Llorca, p. 204.<<

[78] Memorias secretas de Isabel de Borbón por un testigo ocular, Madrid, Manuel Tello, 1868. Buena parte de los folletos y libretos de sainetes y obras de teatro con que contamos ahora fueron publicados con posterioridad a la revolución, pero forman parte, como «presente anterior», de la cultura clandestina de los años finales del reinado.<<

[79] AMAE, CP, Espagne, vol. 867. Mercier de Lostende a Drouyn de Lhuys, 25 de julio de 1865. NA, FO, 72/1100. Sir J. Crampton y Mr West a Earl Russell, 6, 15 y 26 de julio de 1865.<<

[80] Isabel II a Pío IX, 16 de octubre de 1865, en: J. Gorricho, Epistolario de Pío IX con Isabel II…, op. cit., 310.<<

[81] Nelson Durán, La Unión Liberal…, p. 319; y Pedro de Répide, Isabel II. Reina de España, Madrid, Espasa-Calpe, 1932, p. 217.<<

[82] Carlos Rubio, Historia Filosófica…, p. 207.<<

[83] AMAE, ADP, Espagne, vol. 26. El cónsul general de Francia en Cataluña, 12 de septiembre de 1865.<<

[84] NA, FO, 72/1002. Sir J. Crampton a Earl Clarendon, números 16 y 17 del 20 de noviembre de 1865. Secretos y confidenciales.<<

[85] 27 de diciembre de 1865.<<

[86] Nelson Durán, La Unión Liberal…, p. 320.<<

[87] Carta a Muñiz citada por J. Vilches, Isabel II. Imágenes…, p. 236.<<

[88] Carlos Navarro y Rodrigo, O’Donnell…, p. 323.<<

[89] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3455/284. Ocaña y Carriquiri a Rubio y Riánsares, docs. 65 y 66, 19 de enero de 1866.<<

[90] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3455/284, doc. 67. Parte del ministro de Estado al embajador de España en París, 21 de enero de 1866.<<

[91] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3455/284, doc. 6. M.ª Cristina a Isabel II, 27 de enero de 1866.<<

[92] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3455/284, doc. 7. Francisco de Asís a M.ª Cristina, 28 de enero de 1866. Para Jorge Vilches, Isabel II. Imágenes…, M.ª Cristina planeaba, en ese nuevo viaje a España, proponer una vez más que Isabel II entregase el poder a los progresistas, pp. 237-238.<<

[93] RAH, Colección Isabel II, 9/6961, leg. XXI. Miraflores a Isabel II, 27 de enero de 1865.<<

[94] NA, FO, 72/1003. Sir J. Crampton a Earl Clarendon, 28 de marzo de 1866.<<

[95] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3455/284, docs. 12, 13 y 14. Correspondencia entre Francisco de Asís y M.ª Cristina, 4 y 14 de abril de 1866.<<

[96] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3455/284, doc. 88. Juan Prim, conde de Reus, al duque de Riánsares, 13 de abril de 1866. Jorge Vilches, Isabel II. Imágenes…, p. 238, citando a Muñiz.<<

[97] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3455/284, doc. 79. Riánsares a Carriquiri, s/f, marzo de 1866.<<

[98] NA. FO 72/1178. N.º 6, J. Crampton a Stanley, 11 de enero de 1868. Confidencial.<<

[99] Pedro de Répide, Isabel II…, pp. 220-223.<<

[100] Con diversos matices, esas frases han sido reiteradas en buena parte de la publicística de la época, cito de Pedro de Répide, Isabel II…, pp. 220-223.<<

[101] Marqués de Lema (Salvador Bermúdez de Castro y O’Lawlor), De la Revolución a la Restauración, Madrid, Voluntad, 1927, vol. I, p. 36.<<

[102] Marqués de Lema, De la Revolución a la Restauración…, p. 34.<<

[1] Juan Prim a Manuel Ruiz Zorrilla, 15 y 19 de julio de 1866, en: Vicente Álvarez Villamil, Cartas de conspiradores…, pp. 171-172.<<

[2] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3455/284, exp. 1, docs., 20, 21 y 22. Francisco de Asís a M.ª Cristina, 24 de julio de 1866; M.ª Cristina a Francisco de Asís, 11 de agosto de 1866; e Isabel II a M.ª Cristina, 24 de julio de 1866.<<

[3] Eusebio de Salazar a Juan Prim, 11 de enero de 1867. Citado en Vicente Álvarez Villamil, Cartas de conspiradores…, op. cit. pp. 255-260; con el relato de todo lo sucedido antes y después de presentarse la exposición.<<

[4] El relato del arresto de Serrano en NA, FO, 72/1126. Sir J. Crampton a lord Stanley, 31 de diciembre de 1866. La carta de Isabel II a Narváez en: Luciando de Taxonera, González Bravo…, p. 213.<<

[5] Eusebio de Salazar a Juan Prim, 11 de enero de 1867. Citado en V. Álvarez de Villamil, Cartas de conspiradores…, op. cit., pp. 255-260; y AMAE, CP, Espagne, vol. 869. Mercier de Lostende a Drouyn de Lhuys, 4 de enero de 1867, por ejemplo.<<

[6] Carmen Llorca, Isabel II…, p. 216, de nuevo sin referencias explícitas.<<

[7] Proclama enviada a Roma entre la correspondencia diplomática. Archivo del Ministerio de Exteriores de Roma. Citado en Carmen Llorca, Isabel II…, pp. 215-216.<<

[8] Márqués de Lema, De la Revolución a la Restauración…, tomo I, p. 107. Existe una breve nota biográfica sobre Marfori en RAH, Colección Narváez I, 9/8106, pliego 29. El estudio más completo sobre Marfori es el de Raquel Sánchez García, «Carlos Marfori, la sombra de Narváez» en: Trienio, 44 (2004), pp. 63-81. Asimismo, AGP, Personal, caja 619, exp. 16.<<

[9] Pierre de Luz, Isabel II…, p. 26.<<

[10] Conviene leer con detenimiento, para una valoración global del álbum y de sus autores, los artículos contenidos en R. Gageard, L. Fontanella y M. D. Cabra, Los Borbones en Pelota, Madrid, El Museo Universal, 1991.<<

[11] I. Burdiel, «The Queen, the Woman and the Middle Class. The symbolic failure of Isabel II of Spain», Social History, vol. 29, 3 (2004), pp. 301-319. Para contraejemplos significativos: Fátima Bonifacio, D. María II, Lisboa, Circulo de Leitores, 2005; Margaret Homans, Royal Representations. Queen Victoria and the British Culture, 1837-1876, Chicago-Londres, University of Chicago Press, 1988; Adrienne Munich, Queen Victoria’s Secrets, Cambridge University Press, 1996; y M. Homhans y A. Munich (eds.), Remaking Queen Victoria, Cambridge University Press, 1997.<<

[12] Cit. Pierre Rosanvallon, La monarchie imposible. Les Chartes de 1814 et de 1830, París, Fayard, 1994, p. 157.<<

[13] Ver bibliografía citada en nota 11.<<

[14] Dena Goodman, Marie-Antoinette. Writtings on the Body of a Queen, Nueva York y Londres, Routledge, 2003.<<

[15] Albert Carreras et al. (eds.), Dr. Jordi Nadal. La industrialización y el desarrollo económico en España, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1999; Albert Carreras y Xavier Tafunell, Historia económica de la España… op. cit.; Francisco Comín et al. (eds.), Historia económica de España…; op. cit.; Gabriel Tortella, El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica del los siglos XIX y XX, Madrid, Alianza, 1994; y Leandro Prados de la Escosura, El progreso económico de España…, op. cit.<<

[16] Además de las biografías ya citadas, hay abundante información gubernamental sobre las actividades revolucionarias y la implicación de Prim en: RAH, Narváez II, 9/8090, vol. 17 y carpetilla 82.<<

[17] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3457/290, exp. 1, docs. 3, 6 y 14. Cartas de Isabel II y Francisco de Asís a M.ª Cristina de 22 y 20 de agosto respectivamente. Anotaciones de Riánsares, septiembre de 1867.<<

[18] NA, FO, 72/1146, n.º 80. Crampton a Stanley, 25 de marzo de 1867. Por su profusión, es imposible dar cuenta aquí de los largos informes diplomáticos sobre la agitada vida política española. Su interés, sin embargo, es enorme para tomar el pulso de las vicisitudes casi diarias de la trama conspirativa.<<

[19] Carlos Rubio, Historia filosófica…, p. 208. Ver también, una vez más, el panegírico de Carlos Navarro y Rodrigo, O’Donnell y su tiempo, Madrid, Imprenta de la Biblioteca Universal, 1869.<<

[20] Carlos Navarro y Rodrigo, O’Donnell y su tiempo…, pp. 272-292.<<

[21] La alianza se hizo pública finalmente en un artículo publicado en La Iberia, el 5 de julio de 1868, con el título «La última palabra».<<

[22] AMAE, CP, vol. 869. Mercier de Lostende al marqués de Moustier, 24 de enero de 1868.<<

[23] Los Borbones en Pelota…, op. cit. supra, p. 291. Para todo lo relacionado con la concesión de aquella dádiva pontificia: La Rosa de Oro enviada por la Santidad Pío IX a S. M. la Reina Católica Doña Isabel II, Madrid, Imprenta de Miguel Ginesta, 1868.<<

[24] RAH, 9/8094, Narváez II, vol. 20. «Casa Real», exp. 20/10 y 20/11. El artículo estaba fechado en París el 18 de enero de 1868. Está acompañado de una nota manuscrita de Narváez: «Es una impostura inicua y se debe perseguir al tunante de Don Enrique». Texto en castellano, probablemente una traducción.<<

[25] Luciano de Taxonera, González Bravo y su tiempo…, pp. 218-219.<<

[26] AMAE, CP, Espagne, vol. 870. Mercier de Lostende al marqués de Moustier, 24 de abril de 1868.<<

[27] AMAE, CP, Espagne, vol. 870. Mercier de Lostende al marqués de Moustier, 7 de julio de 1868. Ver también las entradas del ocho de mayo con noticias sobre el acercamiento entre Montpensier y la Unión Liberal.<<

[28] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3460/304, doc. 3. Dictamen de Rubio, 1869. RAH, 9/8094, Narváez II, Casa Real, vol. 20, doc. 5. Un relato de la entrevista en L’Independence Belge, 17 de noviembre de 1866.<<

[29] RAH, 9/8094, Narváez II, Casa Real, vol. 20, doc. 5.<<

[30] RAH, 9/8094, Narváez II, Casa Real, vol. 20, doc. 20/2. Isabel II a la infanta Luisa Carlota, 19 de enero de 1867.<<

[31] Pierre de Luz, Isabel II…, p. 231.<<

[32] Para las cartas cruzadas entre Isabel II, el duque de Montpensier y la infanta Luisa Carlota sobre estos temas. Junto con varias notas sobre sus actividades, ver: RAH, 9/8094, Narváez II, Casa Real, vol. 20, doc. 20.<<

[33] Pierre de Luz, Isabel II…, pp. 231-232. La entrevista tuvo lugar, al parecer, el 4 de agosto de 1868.<<

[34] AMAE, CP, Espagne, vol. 870. Mercier de Lostende al marqués de Moustier, 30 de abril, 8 y 15 de mayo de 1868.<<

[35] Pedro Répide, Isabel II…, p. 233-234.<<

[36] Luciano de Taxonera, González Bravo…, p. 226.<<

[37] Francisco Pi y Margall, Historia de España del siglo XIX, Barcelona, Seguí, 1902, p. 398.<<

[38] La Oposición Liberal Conservadora en las Cortes-Constituyentes de 1869-1871, Madrid, M. de Rivadeneyra, 1871, p. 419.<<

[39] AMAE, CP, Espagne, vol. 870. Telegrama cifrado a Mercier de Lostende, París, 3 de septiembre de 1868.<<

[40] Cruce de cartas en: Luciano de Taxonera, González Bravo…, pp. 233-237.<<

[41] AMAE, CP, Espagne, vol. 870. Mercier de Lostende al marqués de Moustier, 13 de septiembre de 1868; y Napoleón al ministro de Asuntos Exteriores. Despacho telegráfico desde Biarritz, 14 de septiembre de 1868.<<

[42] Luciano de Taxonera, González Bravo…, pp. 236-237.<<

[43] Miguel Morayta, Historia general de España, desde los tiempos antehistóricos hasta nuestros días, Madrid, Felipe González Rojas, 1894, tomo VIII, pp. 541-542.<<

[44] AMAE, CP, Espagne, vol. 870. Mercier de Lostende a Moustier, 21 de septiembre de 1868. Cifrado. Moustier a Mercier de Lostende, 22 de septiembre de 1868.<<

[45] C. Llorca, Isabel II y su tiempo…, p. 224; Pere Anguera, El general Prim…, pp. 511 603; Marqués de Miraflores, Memorias del reinado de Isabel I…, pp. 450-451.<<

[46] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3568/32.4, doc. 47. Riánsares a Carriquiri, 22 de septiembre de 1868.<<

[47] AMAE, CP, Espagne, vol. 870. El cónsul de Francia en San Sebastián, Meurville, al marqués de Moustier, 22 de septiembre de 1868 y telegrama cifrado de Moustier a Mercier de Lostende, de la misma fecha.<<

[48] AMAE, CP, Espagne, vol. 870. El marqués de Moustier a Mercier de Lostende, 22 de septiembre de 1868; y Napoleón a Moustier, Biarritz, 22 de septiembre de 1868.<<

[49] AMAE, CP, Espagne, vol. 870. Mercier de Lostende a Napoleón. Telegramas cifrados de 29 de septiembre y 1 de octubre de 1868.<<

[50] Eulalia de Borbón, Memorias de Doña Eulalia, exinfanta de España (1864 a 1931), Madrid, Castalia, 1991 (1.ª ed. 1935); Marqués de Lema, De la Revolución a la Restauración…, vol. II, p. 289; Ildefonso Bermejo, La Estafeta de Palacio…, vol. III, pp. 1035-1036 y 1001-1004.<<

[1] Discurso del 8 de diciembre de 1987. Sture Allén (ed.), Nobel Lectures. Literature 1981-1990, Singapur, World Scientific Publishing C., 1993.<<

[2] Publicada en tres volúmenes, entre 1868 y 1869, por el editor barcelonés Salvador Manero.<<

[3] Pedro de Répide, Isabel II. Reina de España, Madrid, Espasa-Calpe, 1932, p. 238.<<

[4] Jorge Vilches, Isabel II. Imágenes de una reina, Madrid, Síntesis, 2007; y Rosa Ana Gutiérrez, «Isabel II, de símbolo de la libertad a deshonra de España» en: Emilio La Parra (coord.), La imagen del poder. Reyes y regentes en la España del siglo XIX (en prensa). Agradezco a la autora la consulta de este texto.<<

[5] Pere Anguera, El general Prim…, op. cit., p. 518; y Antonio Pirala, Historia contemporánea, anales desde 1843 hasta la conclusión de la actual guerra civil, Madrid, Imprenta y Fundición de Manuel Tello, 1875-1879, vol. III (1876), pp. 185-186.<<

[6] Pedro de Répide, Isabel II…, p. 245.<<

[7] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3459/301, doc. 5. Francisco de Asís a M.ª Cristina, 15 de marzo de 1869.<<

[8] Andrés Borrego, Estudios políticos. De la organización de los partidos en España considerada como medio para alentar la educación constitucional de la nación y realizar las condiciones del gobierno representativo, Madrid, Imprenta de Pedro Montero, 1855, pp. 233-234.<<

[9] La documentación al respecto, tanto en el Archivo de Palacio como en el de la reina gobernadora es tan abundante como confusa. Con el ascenso al trono de Alfonso XII se intentó clarificar una situación que nunca fue respetada del todo. Ver, por ejemplo, Convenio respecto a la venta de alhajas de la Reina y arreglo de su pensión y de la de D. Francisco de Asís (1878) y Escritura de Transacción otorgada por Sus Majestades Don Alfonso Doce y Doña Isabel segunda de Borbón (1880), AGP, Sección Histórica, caja 121, expedientes 6 y 16.<<

[10] Ibídem.<<

[11] Miguel Morayta, Historia general…, op. cit., pp. 559-560. Para el impacto del manifiesto en España, ver Jorge Vilches, Isabel II…, pp. 269-270. El autor se equivoca al atribuir su redacción a Alejandro Mon.<<

[12] Manifiesto de doña Isabel II a los españoles, Hemeroteca Municipal de Madrid. Citado en Jorge Vilches, Isabel II…, p. 270.<<

[13] Marqués de Rozalejo, Cheste o todo un siglo (1809-1906). El isabelino tradicionalista, Madrid, Espasa-Calpe, 1935, p. 226.<<

[14] Marqués de Rozalejo, Cheste o todo un siglo…, op. cit., p. 227.<<

[15] Carlos Rubio, Historia filosófica de la revolución española de 1868, Madrid, M. Guijarro, 1869, vol. I, p. 53.<<

[16] Pedro de Répide, Isabel II…, p. 246.<<

[17] Isabel II a M.ª Cristina de Borbón, 21 y 29 de octubre de 1868. RAH, Colección Isabel II, 9/6951, leg. XII, folio 5.<<

[18] Marqués de Rozalejo, Cheste…, p. 229.<<

[19] Ver, por ejemplo, Jordi Canal, «El exilio carlista tras la guerra civil de 1872-1876: Una aproximación dual» en: Rafael Serrano García (dir.), España, 1868-1874. Nuevos enfoques sobre el Sexenio Democrático, Valladolid, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 2002, pp. 235-258. Los diplomáticos franceses estuvieron muy al tanto de dichos contactos, como se revela, por ejemplo, en AMAE, CP, Espagne, vol. 1893, 1877. Dichos contactos se mantuvieron, de una forma u otra, durante todo el exilio de Isabel II. La reina llegó a ofrecer al Papa, en noviembre de 1874: «Yo estoy dispuesta a todo, incluso a reconocer a Don Carlos, si Vuestra Santidad juzga que con los principios que él representa puedo hacer un bien a la Iglesia». Citado en Manuel Espadas Burgos, «Isabel II: los años del exilio» en: Juan Sisinio Pérez Garzón (ed.), Isabel II. Los espejos de la reina, Madrid, Marcial Pons, 2004, p. 311; y, en general, para los contactos de la reina con el Papa, pp. 309-311.<<

[20] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3460/304, doc. 1. 1869. Un dictámen mío y un proyecto de carta de la Reina María Cristina a sus Hijos los Reyes sobre las relaciones que, según sus palabras, existen hoy entre ellos y Don Carlos de Borbón. El «mío» se refiere a Antonio Rubio, secretario particular de la reina Cristina. En esos contactos parece, incluso, que estuvo involucrado Serrano. AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3460/304, doc. 19. Respuesta de la Reina Isabel a una noticia que ha enviado Egaña desde Cestona sobre existencia de tratos entre el General Serrano y la facción vascongada sobre la base: Integridad de fueros, unidad religiosa y D. Alfonso 12.<<

[21] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3460/304, doc. 3. Estudios sobre la situación de S. M. la reyna Madre en 1869, o sea, Dictámen de D. Antonio Rubio, dados espontáneamente a S. M. la reyna Madre sobre la cuestión de la candidatura del Sr. Duque de Montpensier al trono de España. Se trata de un documento fundamental para entender, no sólo la postura de M.ª Cristina en 1869, sino buena parte de su trayectoria política anterior. Hasta que no se diga lo contrario, todos los entrecomillados proceden de dicho documento.<<

[22] A la Nación Española, 5 de febrero de 1869. París, Imprenta de P. Dupont. AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3459/300, doc. 5.<<

[23] RAH, Colección Isabel II, 9/6963, leg. XIV, pliego I. Manuel Alonso Martínez a Isabel II, s/f. y AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3459/300 pássim.<<

[24] RAH, Colección Isabel II, 9/6963, leg. XV. Correspondencia de Sesto, s/f. Borrador.<<

[25] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3461/307, doc. 15.<<

[26] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3459/300, doc. 55. Copia de una Carta del Sr. Guicorrotea al Sr. Duque de Sesto que contiene una importante conversación del Sr. Cánovas del Castillo sobre Abdicación de la Reina Isabel. Octubre de 1869. La inoportunidad del momento en RAH, Archivo particular de Isabel II, 9/9655. Cánovas del Castillo a Isabel II, 10 de julio de 1869.<<

[27] RAH, Colección Isabel II, leg. XIV, pliego I. Manuel Alonso Martínez a Isabel II, s/f. Subrayado en el original.<<

[28] RAH, Colección Isabel II, 9/6963. Correspondencia entre el duque de Sesto (marqués de Alcañices) e Isabel II, junio de 1869 en borrador y desde Madrid, 22 de junio de 1869 en adjunto desde París.<<

[29] Marqués de Rozalejo, Cheste o todo un siglo…, p. 233. Es interesante añadir que la reina comenzó también entonces a dar señales (aún muy inconcretas) de que quería una persona de significación menos moderada que Cheste, que orientase los trabajos de la restauración en un sentido amplio, mirando hacia los hombres de la Unión Liberal.<<

[30] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3461/307, sin número de documento, titulado por Rubio: Conferencia de ambas reinas en París a 23 de junio de 1870.<<

[31] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3461/307, docs. 1 a 15. Papeles relativos a la abdicación de Isabel II.<<

[32] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3461/307, doc. 15. Carpetilla sobre el negocio de la abdicación de S. M. la Reyna Ysabel iniciado para Mondesir, o sea, para su Augusta Madre, en 8 de junio de 1870.<<

[33] La aceptación de Hohenzollern fue hecha pública, tras una larga negociación secreta, el 2 de julio de 1870. Marqués de Lema, De la Revolución a la Restauración, Madrid, Voluntad, 1927, 2 vols. AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3461/307, doc. 15. Carpetilla sobre el negocio de la abdicación de S. M. la Reyna Ysabel iniciado para Mondesir, o sea, para su Augusta Madre, en 8 de junio de 1870.<<

[34] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3461/307, sin numeración. Conferencia en París de ambas reinas a 23 de junio de 1870. A pesar de la fecha del título se incluyen entradas de varios días anteriores. Hasta que se anote lo contrario, las citas siguientes proceden de este documento.<<

[35] La escena de la abdicación, más estrambótica de lo que puedo trasmitir aquí, en el primer dietario al que he hecho referencia. AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3461/307, doc. 15.<<

[36] Luciano de Taxonera, González Bravo y su tiempo, Barcelona, Juventud, 1941, p. 242.<<

[37] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3462/311, docs. 1 a 4. Cartas cruzadas entre Isabel II y M.ª Cristina los días 1, 10 y 18 de diciembre de 1870.<<

[38] RAH, Archivo privado de Isabel II, 9/9655. Cánovas del Castillo a Isabel II, 17 de septiembre de 1871 y 5 de septiembre de 1871. La carta de Isabel II a Cánovas en la que le pide que vaya a París a «una reunión de políticos para oír tu parecer, para mí de tanto peso en todo», en el mismo legajo, 5 de septiembre de 1871. La reunión, a la que no acudió Cánovas, se celebró en el Palacio de Castilla el 23 de septiembre de 1871 y el convenio de Cannes se firmó el 15 de enero de 1872.<<

[39] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3462/311, doc. 3. Isabel II a M.ª Cristina, 18 de diciembre de 1870. Un buen balance de la educación del príncipe en Carlos Dardé, Alfonso XII, Madrid, Arlanza, 2001, pp. 33-58.<<

[40] RAH, Archivo privado de Isabel II, 9/6963. El duque de Sesto a Isabel II, sin fecha y en borrador sin numerar. Adjunto a doc. 1, consta de 16 hojas en folio por las dos caras. Memoria de Sesto en contestación a una carta igualmente sin fecha de Isabel II en la que le pide consejos sobre la oportunidad y características de su abdicación.<<

[41] Carlos Dardé, Alfonso XII…, p. 40.<<

[42] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3461/307, doc. 25. M.ª Cristina de Borbón a la infanta Luisa Fernanda, 17 de marzo de 1870.<<

[43] Una buena muestra de la incapacidad de Isabel II para apartarse de la política, de sus desencuentros con Montpensier, así como de la actividad de los moderados en pro de la Restauración (en ocasiones en abierta hostilidad con el grupo de Cánovas), se puede seguir a través de la correspondencia del marqués de Grijalba publicada por El Sol entre el 29 de febrero y el 25 de marzo de 1924. Agradezco a Octavio Ruiz Manjón que me facilitase esta referencia.<<

[44] La fecha de Carlos Dardé corrige la de José Varela, que sitúa la dimisión de Montpensier en abril de 1872.<<

[45] RAH, Colección Isabel II, 9/6952, Correspondencia entre Isabel II y Alfonso XII, 1873, n.º 6. Alfonso XII a Isabel II, Viena, 16 de enero de 1873.<<

[46] RAH, Archivo privado de Isabel II, leg. 9/9655. Antonio Cánovas a Isabel II, 27 de agosto de 1874.<<

[47] RAH, Archivo privado de Isabel II, leg. 9/9655. Antonio Cánovas a Isabel II, 27 de septiembre de 1873.<<

[48] Planteamiento que Andrés Borrego, por ejemplo, recogió en un breve opúsculo sobre la experiencia de todo el reinado: La Restauración. Estudio político, Madrid, Imp. Española, 1875.<<

[49] La colección más completa de correspondencia entre Cánovas e Isabel II en aquellos años se encuentra en RAH, Archivo privado de Isabel II, leg. 9/9655, con un total de 75 cartas entre 1869-1875 y dos cartas de 1882 y 1884, respectivamente. También tienen mucho interés las cartas cruzadas durante este período entre la reina y el duque de Sesto (leg. 9/1963) y el príncipe Alfonso (leg. 9/6952). La cita es de Antonio M.ª Calero, «La prerrogativa regia en la Restauración: Teoría y práctica (1875-1902)» en: Revista de Estudios Políticos (nueva época), 55 (1987), p. 278. Número monográfico: A. M. Calero (coord.), La Corona en la Historia Constitucional española.<<

[50] RAH, Archivo particular de Isabel II, leg. 9/9655. Isabel II a Cánovas, 19 de enero de 1874 y 22 de agosto de 1873.<<

[51] RAH, Archivo particular de Isabel II, leg. 9/9655. Isabel II a Cánovas, 13 de noviembre de 1873.<<

[52] Citado en Jorge Vilches, Isabel II. Imágenes de una reina…, p. 292, de la biografía de Antonio María Fabié, Cánovas del Castillo. Su juventud, su edad madura, su vejez, Barcelona, Gustavo Gili, 1928.<<

[53] José Varela Ortega ofrece un excelente resumen y análisis de aquellos «trabajos civiles» a favor de la Restauración en «The Ladies’ Revolution», Los amigos políticos…, op. cit., pp. 20-85.<<

[54] RAH, Colección Isabel II, 9/6955, leg. XVI, doc. 61. Cánovas a Isabel II, 27 de agosto de 1874.<<

[55] M.ª Cristina a Antonia de Oviedo, s/f, septiembre de 1873. Citada en R. P. Dionisio de Felipe (comp.), Una Toca entre Coronas. Correspondencia inédita de la Reina Gobernadora, Isabel II, el duque de Riánsares, las infantas Amparo, Milagros, Cristina e Isabel con la Madre Antonia de la Misericordia, Fundadora de las Oblatas del Santísimo redentor, Madrid, Editorial del Perpetuo Socorro, 1957.<<

[56] AGP, Sección Isabel II, Correspondencia, caja 121.17.<<

[57] Benjamín Jarnés, Sor Patrocinio, la monja de las llagas, Madrid, Espasa-Calpe, 1929, pp. 204-205. Para las facetas simbólicas de aquella relación, Isabel Burdiel, «Salustiano de Olózaga: La res más brava del progresismo», en: M. Pérez Ledesma e I. Burdiel (eds.), Liberales eminentes, Madrid, Marcial Pons, 2008, pp. 88-89 especialmente.<<

[58] Marqués de Rozalejo, Cheste o todo un siglo…, op. cit., p. 253.<<

[59] AHN, Diversos, Títulos y Familias, leg. 3460/304, doc. 3. Estudios sobre la situación de S. M., la Reyna Madre en 1869.<<

[60] Ibídem. Subrayado en el original.<<

[61] AHN, Diversos, Títulos y Familias. Ver, por ejemplo, leg. 3480/384.6, Consulta de Isabel II a Manuel Cortina sobre su abdicación y otras cuestiones conexas (1874-1875). Correspondencia de Rubio sobre dicho asunto.<<

[62] RAH, Colección Natalio Rivas, leg. 11/8937. Isabel II al marqués de Salamanca, 27 de abril de 1876.<<

[63] RAH, Archivo privado de Isabel II, leg. 9/9655. Cánovas a Isabel II, 30 de abril de 1875. Las cartas de Bedmar en AGP, Sección Alfonso XII, caja 21/7.ª. Las razones de Madrid para impedir el regreso de la reina Isabel, en APP, Ba, 3980.<<

[64] APP, Ba, 414. Sin autor, Madrid, 7 de septiembre de 1876.<<

[65] Marqués de Rozalejo, Cheste o todo un siglo…, op. cit., p. 273. Remito de nuevo a esa documentación de las Cajas Reservadas del Archivo de la Reina Gobernadora, no catalogadas aún en el momento de su consulta. AHN, Diversos, Títulos y Familias, Archivo de la Reina Gobernadora, Cajas Reservadas, caja 6. Años después, el marqués de Valdeiglesias remitió a Natalio Rivas un informe mecanografiado de una conversación con Cánovas en Santa Águeda en la que el artífice de la Restauración especulaba abiertamente sobre cada uno de los padres posibles de los hijos de Isabel II, con la exclusión de su padre legal. RAH, Colección Natalio Rivas, 11/8984. Los hijos de Isabel II.<<

[66] RAH, Colección Natalio Rivas, leg. 11/8937. Isabel II al marqués de Salamanca, 27 de abril de 1876.<<

[67] AGP, Sección Histórica, Reyes Padres, caja 13101, exp. 34.<<

[68] Carmen Llorca considera que fue amante de Isabel II desde finales de 1875, Isabel II…, pp. 280 y ss. Ramiro de la Puente, que comenzó a utilizar el título de marqués de Altavilla en 1880, fue nombrado secretario particular el 6 de noviembre de 1875 y sustituido, por presión del gobierno Cánovas y de Alfonso XII, el 1 de octubre de 1877 por el marqués de Monsalud.<<

[69] AGP, Sección Alfonso XIII, Secretaría particular de la Reina M.ª Cristina, Expediente sobre Ramiro de la Puente, Secretario Particular de Isabel II, caja 25019, exp. 2. La abundante documentación sobre «el incidente Puente» se encuentra repartida entre los expedientes 2 y 8 a 11 de la referida caja 25019.<<

[70] AHN, Reinados, Alfonso XII, Secretaría Particular de M.ª Cristina, caja 25019, exp. 9.<<

[71] Ibídem; y AGP, Sección Administrativa, caja 1181, exp. 12. Libro de Altavilla. Sobre la conducta posterior de Puente, Pedro de Répide, Isabel II…, pp. 275-276.<<

[72] Para las humillaciones sevillanas y españolas en general, ver Carmen Llorca, Isabel II y su tiempo…, op. cit., pp. 289-310. Sobre el enamoramiento pequeño burgués de Alfonso XII, Le Gaulois, 27 de enero de 1878.<<

[73] AMAE, CP, Espagne, vol. 893. Montebello a Decazes, 4 de octubre de 1877. Citado en Javier Rubio, «Los primeros años del reinado de Alfonso XII: Su compleja problemática nacional e internacional» en: Anales de Historia Contemporánea, 23 (2007), p. 524. Un texto útil para las últimas intrigas isabelinas en los primeros años del reinado de su hijo, de él proceden algunos de los datos que anoto a continuación.<<

[74] Eulalia de Borbón, Memorias, Barcelona, Editorial Juventud, 1935. Pedro de Répide, Isabel II…, pp. 277-296.<<

[75] APP, Ba 1675, 1679 y 1680. Los expedientes de la policía son extraordinariamente expresivos de las vidas, medio bohemias y medio aristocráticas, que llevaban todos aquellos personajes.<<

[76] APP, Ba 316, Madrid, 4 de diciembre de 1876. La fecha es significativa, porque coincide con la primera estancia de Isabel II en España tras su exilio.<<

[77] Pedro de Répide, Isabel II…, pp. 282-283.<<

[78] Según Francis Gribble, The Tragedy of Isabella II, Londres, Chapman and Hall, 1913, p. VI.<<