La Revolución francesa es un acontecimiento complejo en el que se unen demandas sociales de todos los estratos con ideas procedentes de la Ilustración y con los diferentes avatares que condujeron a Francia de un monarca despótico a un gobernante imperial. No puede explicarse solamente atendiendo a los hechos aunque sí debe explicarse ciñéndose a ellos, eso es exactamente lo que hace Breve Historia de la Revolución Francesa. La Noche de Locura, la Asamblea Legislativa, la Convención Nacional que guillotinará a Luis XVI e instaurará un régimen basado en el terror, el Directorio y su lucha contra los enemigos extranjeros de las ideas revolucionarias y, por último, el consulado que proporcionará la llegada al poder de Napoleón, son tratados en este libro de un modo sencillo y exacto.

Íñigo Bolinaga realiza un auténtico ejercicio de síntesis y de explicación trasversal de la historia, no se limita a presentarnos desnudos hechos como la toma de la Bastilla o el golpe de estado del 18 de Brumario, tampoco se queda en una descripción de Robespierre, Napoleón, Luis XVI, Montaigne o Rousseau, sino que explicará los procesos que llevan a Francia a un descontento total con el absolutismo. Desde la crisis económica que propició el descontento de la aristocracia, hasta el viejo sistema feudal que aceleró la sublevación de los desfavorecidos, pasando por la secularización social heredada de las ideas de la Ilustración. Factores todos que incidirán en la importante proclamación de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

La Revolución francesa no sólo definió la identidad nacional de Francia sino que marcó la línea histórica por la que todas las naciones debían pasar, es, sin duda, un acontecimiento imprescindible para entender la historia del hombre.

Íñigo Bolinaga

Breve historia de la
Revolución Francesa

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Titivillus 22.02.17

Breve historia de la Revolución Francesa

Íñigo Bolinaga, 2014

Editor digital: Titivillus

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El mayor y más conocido icono de la Revolución Francesa es La libertad guiando al pueblo (también se le conoce como La Barricada) de Eugène Delacroix. Pintado en 1831 (gran tamaño: 260 x 325 cm), se considera al cuadro, erróneamente, representativo de la Revolución Francesa de 1789, de ahí que se empleen fragmentos de esta extraordinaria pintura como portadas en tantos libros referidos a ese acontecimiento, cuando en realidad lo que refleja es el levantamiento del 27 de julio de 1830 contra el rey Carlos X (el conde de Artois, hermano menor de Luis XVI). Al no haber un cabecilla notorio de la revuelta, Delacroix representó al símbolo de la Gran Revolución, Marianne, en una vigorosa y sensual figura, acaudillando la insurrección.

I
MONARQUÍA ABSOLUTA

El orden de Dios

Una Francia desconocida

A finales del siglo XVIII, Francia continuaba siendo poco más que un nombre. Nada había dentro de sus fronteras que invitara razonablemente a pensar en la existencia de algo parecido a lo que hoy en día podemos definir como unidad cultural o, más modernamente, nacional. Cada uno de los territorios que artificialmente componían el extraño rompecabezas que la monarquía francesa se había empeñado en hacer coherente, utilizaba sus propios y exclusivos sistemas monetarios, de pesos y medidas, tradiciones, instituciones, organigramas administrativos, códigos legales —orales o escritos—, y hasta el terreno, el clima y el idioma en los que sus habitantes estaban sumergidos eran extraordinariamente diversos con respecto a los de otras zonas del Reino. El único punto en común era una monarquía embarcada desde siglos atrás en una titánica labor de uniformización que, irónicamente, habría de esperar al triunfo de la revolución para verse realizada. Y es que la subsistencia del sistema de Antiguo Régimen conllevaba el mantenimiento de una variopinta multiplicidad de sistemas jurídicos y fiscales, aduanas interiores, derechos señoriales y cobros de peajes cuyos efectos, sumados a la precariedad o inexistencia de caminos amplios y seguros capaces de unir regiones muy alejadas entre sí, impedían la formación de un mercado unificado y azuzaban las fidelidades locales, en detrimento de un sentimiento nacional francés, un concepto muy alejado de la vida cotidiana de los hombres y mujeres de aquel tiempo. A grandes rasgos, la gran ruptura se manifestaba entre un norte emparentado con el mundo germánico y un sur netamente mediterráneo. Mientras los primeros presentaban costumbres e instituciones muy claramente entroncadas con las de los Países Bajos, Alemania e incluso con las del otro lado del canal de la Mancha, los segundos mantenían el fuerte vínculo sureño con el cultivo y consumo del olivo, la ley escrita heredada de los romanos y la conciencia de pertenecer a un mundo muy alejado de quienes, como los del norte, se valían del derecho consuetudinario de raigambre germana a pesar de hablar una lengua románica que, por lo demás, era bastante ajena a la lengua de oc natural de las tierras cálidas del sur. Si hoy en día constatamos la existencia de un fuerte sentimiento de identidad común entre franceses, a pesar de las diferencias que puedan subsistir entre regiones, se debe a la intervención del Estado liberal centralizado nacido de la Revolución francesa y perfeccionado a lo largo de los siglos, hasta su triunfo definitivo a principios del siglo XX[1]. Un ejemplo que buena parte de Europa quiso imitar y que, en algunos casos, como el de España, nunca terminó de cuajar.

En vísperas de la revolución, la lengua dominante en el Reino de Francia era la de oíl, precedente del francés actual[2]. Se trataba de la utilizada en la corte y en la administración; era, por tanto, la lingua franca del Reino, la lengua que hablaban los reyes y los altos cargos, la lengua, en fin, de prestigio. La adopción de la lengua de oíl como idioma oficial del Reino denotaba, por tanto, una clara preponderancia de las tierras del norte sobre las del sur, puesta de manifiesto desde mediados de la medievalidad tras la Cruzada albigense. A finales del siglo XVIII, tanto en el norte como en el sur era obligatorio el uso de este idioma para los tratados comerciales, las relaciones con la administración o los sermones de las parroquias, a pesar de lo cual muchos sacerdotes preferían predicar en lengua vernácula, y en la vida cotidiana de los habitantes del sur no se oía otra cosa que el habla nativa. Otro tanto ocurría en territorios geográficamente más periféricos, como Bretaña, Alsacia, el Rosellón, el Flandes recientemente incorporado por Luis XIV o los territorios vascófonos de Labourd, Basse-Navarre y Soule. Dado el nivel actual de uso del francés en todo el hexágono, abrumadoramente superior a las demás lenguas, prácticamente extinguidas en algunos casos y francamente minoritarias en los demás, resulta sorprendente saber que a las puertas de la Edad Contemporánea, la mayoría de los franceses no hablaba francés.

Para dificultar aún más las cosas, la organización administrativa era muy equívoca, dada la multiplicidad y yuxtaposición de las fronteras judiciales, fiscales o religiosas, raramente coincidentes. Así, una aldea podía compartir administración estatal con la de al lado, pero no diócesis ni señor, lo que contribuía al embrollo institucional tan característico de las sociedades feudales. Por otro lado, cada pays y cada ciudad conservaban sus peculiaridades también en los ámbitos administrativos, judiciales y financieros, de manera que cada cual mantenía un estatus muy diferente en estos ámbitos con respecto a los demás. El barullo consecuente dificultaba el buen funcionamiento del absolutismo regio, a pesar de ser este uno de los más desarrollados de Europa.

La Francia de finales del XVIII era notablemente más pequeña que la actual. Con todo, ostentaba el rango de ser el segundo país más extenso y poblado de la cristiandad, después de Rusia, y sus cerca de 526.000 km² resultaban mucho más dilatados que los casi 676.000 actuales, habida cuenta de la situación de las comunicaciones. El contorno de aquella Francia dibujaba para entonces una imagen muy familiar para el hombre del siglo XXI: a grandes rasgos, podía percibirse la misma forma que la de hoy en día, con sus regiones principales integradas dentro del territorio. La frontera suroccidental se terminó de trazar en el siglo XVII (Tratado de los Pirineos, 1659)[3], y, salvo excepciones puntuales[4], nunca más se movió. El trazado oriental, sin embargo, sufrió muchos más vaivenes, y a principios del XVIII, como resultado de las ambiciones de Luis XIV, había avanzado por el norte con la inclusión de territorios del viejo Flandes español y por el centro mediante la anexión de Alsacia y el Franco Condado, completándose la expansión en tiempos de Luis XV con la adquisición de la región de Lorena y su territorio circundante, así como la compra de Córcega a la República de Génova en 1768. Quizá la parte menos reconocible de la Francia de finales del siglo XVIII sea la suroriental, dado que territorios como Saboya o Niza todavía no formaban parte del territorio, y fueron integrados mediante invasión por los ejércitos revolucionarios y vueltos a desanexionar tras la derrota de Napoleón. Igual destino sufrieron los enclaves papales de Aviñón y el Condado Venesino, aunque sin retorno tras el fin de las guerras napoleónicas. Colonialmente, Francia todavía no era una gran potencia, contentándose de momento con su presencia en las Antillas —principalmente la parte de la isla de Santo Domingo que actualmente conforma la República de Haití— y pequeñas posesiones en Asia y África.

Con sus 23, 25 o 28 millones de habitantes[5], Francia era una potencia demográfica. La cosa tiene su mérito, habida cuenta de que la mitad de los nacidos vivos no lograban superar los cinco años de edad. Debido a la limitada cantidad y variedad de su alimentación y a las largas y duras jornadas laborales a las que estaban sometidos, la esperanza de vida se circunscribía a la cincuentena, edad a la que solía llegarse tras décadas de arrastrar enfermedades carenciales y desgaste crónico de huesos y músculos. A pesar de ello, las condiciones del hombre medio en el XVIII habían mejorado sustancialmente con respecto a otras etapas de la historia, gracias a la introducción de mejoras agrícolas y médicas que, sin embargo, no pudieron evitar la falta de higiene tan característica del Antiguo Régimen. Estas innovaciones estimularon un progresivo aumento de la población, aún más marcado en las ciudades que en el campo. Por aquel entonces, los 650.000 pobladores de París la convirtieron en la segunda ciudad más habitada de Europa, después de Londres, dato que unido a la decena de ciudades francesas (Lyon, Marsella, Burdeos, Nantes…) que superaban los 50.000 moradores y las setenta que superaban los 10.000, hacían de Francia un país superpoblado y muy urbanizado para los cánones de la época. Esta afirmación, sin embargo, no nos debe hacer olvidar que nos hallamos en una sociedad de Antiguo Régimen, y que, a pesar del desarrollo urbano que presentaba Francia, sigue tratándose de un mundo eminentemente rural, siendo un 80% la cantidad estimada de franceses que vivían en el campo, y un número no estimado pero también amplio el de los urbanitas que completaban su sostén económico con actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería. No era raro encontrarse en aquel París dieciochesco grupos de gallinas paseándose confiadas frente a edificios ostentosos.

Un mundo regido por la cuna

Una de las características más definitorias, y dramáticas, de las sociedades de Antiguo Régimen, es la precariedad. Cuando se habla acerca de estas épocas suele definirse la economía como de subsistencia, y efectivamente, era exactamente así. La dependencia ganadero-agrícola de todo el sistema provocaba una sostenibilidad extremadamente frágil que podía romperse —y se rompía— cada vez que los caprichos de la naturaleza generaban una sequía, vientos huracanados o temporales de lluvia. Sabido es que las buenas o malas cosechas obedecen en última instancia a la meteorología, pero cuando toda la sociedad dependía de ellas, las consecuencias de una temporada desfavorable podían resultar catastróficas. La escasez provocaba el aumento de los precios y las hambrunas, y estas un incremento notable de la mendicidad, el bandidaje y la conflictividad social. Poco difería, en este sentido, la Francia del XVIII de la de la Edad Media. La organización social, pese a hallarse supeditada a un Estado pretendidamente moderno y centralizado de monarquía absoluta, respondía a las estructuras feudales heredadas, lo que es típico de la sociedad de Antiguo Régimen. El absolutismo seguía siendo, desde el punto de vista de la organización social, un sistema feudal. Con sus diferencias con respecto a siglos precedentes, claro; feudal del XVIII y no del XII. Esto significa que el poder real era incontestable, que los nobles habían sido más o menos domeñados y los más influyentes de ellos transformados en cortesanos, que las órdenes del Gobierno central se transmitían, acataban y cumplían, mal que bien, en todos los puntos del Reino, y que la burguesía había alcanzado una madurez suficiente como para hacer valer sus aspiraciones a ocupar el poder político. Todo ello embutido en un sistema estamental de tres órdenes —nobleza, clero y tercer estado— que estaba a punto de estallar.

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Como es bien sabido, la Francia prerrevolucionaria reproducía el esquema clásico de los tres estamentos, dos de los cuales —nobleza y clero— acaparaban las exenciones fiscales y los privilegios políticos y jurídicos, siendo una exigua minoría entre la marea demográfica que representaba el tercer estado. En realidad, la división social en tres partes podría perfectamente reducirse a dos, ya que el estamento eclesiástico se nutría de individuos procedentes tanto de la nobleza como de la plebe. Los cargos más importantes, como los obispados, canonjías, abadías y demás siempre eran ocupados por miembros de extracción aristocrática, generalmente segundones a los que a causa de la institución del mayorazgo no les correspondía heredar las posesiones y títulos familiares. Las parroquias de pueblo, en cambio, estaban destinadas a personas de origen plebeyo, sacerdotes que compartían las mismas penurias que su feligresía y, con cierta frecuencia, también sus reivindicaciones políticas y sociales. Sin embargo, como institución, la Iglesia era, definitivamente, un estamento diferenciado; quizá el más privilegiado de todos por varias razones: en primer lugar, porque únicamente estaba sometida al pago de un impuesto, el don gratuit al rey. De los demás estaba totalmente exenta, y el don gratuit era casi una broma: la suma total era fijada quinquenalmente por la propia Iglesia, que era quien también hacía las labores de recaudación, y como es de suponer, nunca resultó excesivamente gravoso. Por el contrario, el diezmo que cobraba el clero resultaba mucho menos liviano, ya que repercutía sobre la décima parte de la producción, cuantía a la que habría que sumar los derechos señoriales en caso de que las tierras en cuestión pertenecieran al estamento eclesiástico, así como los beneficios derivados de la venta y alquiler de inmuebles, de los que la Iglesia era uno de los mayores propietarios. Pero por encima de todo esto, su situación de estamento más favorecido se reflejaba en el disfrute de sus propios sistemas fiscal, administrativo y judicial, ajenos al aparato gubernamental del rey, lo que la convertía en un auténtico contrapoder; en un estado dentro de otro estado, de por sí católico, en el que sus preceptos se cumplían a rajatabla. Tal vez sería bueno recordar que en estos tiempos el pueblo llano, al contrario que buena parte de los nobles y la burguesía más ilustrada, era fervientemente creyente[6], lo que puede dar la medida de la enorme influencia que tenía la Iglesia, encargada además de la enseñanza y educación de los niños, en aquella Francia prerrevolucionaria.

La nobleza era el segundo de los estamentos privilegiados. Si bien no mantenía una identidad corporativa tan marcada como la del clero, con organigramas propios separados de la administración del Estado, sin duda tenía capacidad de ejercer presión y actuar en grupo cuando las circunstancias lo requerían. Como herederos de los invasores germánicos que acompañaron al líder, de quien descendería la familia real, se consideraban parientes de este, y se referían al monarca como primo. Creían tener derecho innato, por origen, a contar con una legislación específica, gracias a la cual obtenían siempre un trato privilegiado. Pagaban algunos impuestos menores al rey, pero en general puede decirse que gozaban de inmunidad fiscal. A nivel local, se les reservaba un lugar preferente en actos sociales y religiosos, y hasta en la muerte seguían siendo privilegiados, puesto que los mejores sitios, generalmente dentro de la iglesia y cerca del altar o en capillas específicas, también llevaban escrito su nombre. A pesar de que en la Francia del XVIII la propiedad aldeana estaba muy desarrollada, eran los dueños de buena parte de las tierras cultivadas, y los titulares de los señoríos jurisdiccionales, por los que cobraban una amplia batería de derechos: tributos por producción, derechos por el uso de tierras, objetos o instrumentos no comunales de propiedad señorial —el molino, la prensa, el horno…—, impuestos sobre contratos y transacciones comerciales —matrimonios, transmisiones de bienes, mercados…—, derechos sobre caza y pesca… que eran cobrados tanto en especies como en trabajo (corvea).

Entre la nobleza también existían diferencias notables, desde los pequeños señores de provincias, muchos de los cuales malvivían entre las cuatro paredes de su miserable residencia, hasta la magnificente aristocracia cortesana que rodeaba al rey en Versalles entre fastos y excesos que a más de alguna distinguida familia supusieron la ruina económica. Sin embargo, había que mantener el tipo, las formas y, sobre todo, las apariencias. Había que mantener el tren de vida versallesco sin ejercer trabajo alguno, considerado propio de gentes de baja categoría social. La carga consiguiente forzó la absorción por parte de la nobleza de espada (noblesse d’épée), tradicional aristocracia secular, de sangre y abolengo, de un nuevo tipo de nobleza de origen burgués, la nobleza de toga (noblesse de robe). Esta variante surgió a principios de la modernidad, hacia los siglos XV y XVI, entre los elementos que mejor habían servido a la consolidación de la preponderancia de la monarquía, a la que debían su estatus nobiliario, tan válido como el de los miembros de la nobleza de espada. Los de toga se apoderaron de los puestos más importantes del entramado institucional, incluido el gobierno, convirtiéndose en un grupo muy influyente que, como se ha dicho más arriba, acabó emparentando con la aristocracia de siempre, los de espada, como solución de urgencia para solventar las calamidades económicas de buena parte de los más linajudos[7]. De esta forma, aquellos advenedizos se convirtieron con el tiempo en una salida más o menos airosa, algo parecido a lo que estaba ocurriendo con la burguesía no ennoblecida, cuya pujanza económica empujó a los nobles más avispados a asociarse con ellos y a adoptar las ideas fundamentales que iban a dar paso al mundo contemporáneo. Sin embargo, la mayor parte de la nobleza de espada continuaba enrocada en el pasado, peleando desde las instituciones territoriales por reseñorializar[*] Francia con el objetivo de aumentar su influencia y poder.

La gran mayoría de la población pertenecía al tercer estado. Sus miembros coincidían únicamente en que ninguno de ellos se beneficiaba de los privilegios y exenciones de la nobleza y el clero; por lo demás, el último estamento contenía desde miserables rateros hasta grandes magnates del comercio y de la industria, que ya comenzaba a desarrollarse, pasando por campesinos, operarios y profesionales liberales. Para ellos no había facilidades. Pagaban todos los impuestos y trabajaban para sobrevivir. Por eso eran la base que sustentaba el sistema.

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En la parte alta de este grupo tan diverso se encontraba la burguesía. Sus representantes más cualificados coincidían en el diagnóstico de que constituían un gigante económico, pero un enano político. La monarquía dependía de ellos, sobre todo de los grandes empresarios que concedían préstamos al rey para financiar sus guerras o evitar las bancarrotas, o abastecían a los ejércitos de armas, alimentos y pertrechos, o construían sus barcos. Sabían que valían más que los nobles y que los eclesiásticos, tenían conciencia de grupo y estaban unidos por un profundo sentimiento de injusticia histórica. Las ideas de Rousseau y Montesquieu les ratificaban en sus ambiciones: querían presencia política, capacidad de decisión, que se pudiera optar a puestos de poder mediante los únicos criterios del mérito y la igualdad de oportunidades, no por derecho de nacimiento. Los opulentos empresarios, pero también los comerciantes, abogados, médicos y demás profesiones liberales, eran muy conscientes de su creciente influencia social, de su amplia cultura y de que la Ilustración era la guía que debía llevarlos a la emancipación política. También los artesanos y pequeños y medianos comerciantes compartían esta visión, en buena parte alejada del segmento más bajo del tercer estado, formado por lo que podríamos etiquetar como clases populares. Estas, divididas entre urbanitas y campesinos, no pretendían asaltar el poder, sino mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, aferrándose al sistema gremial en el caso de los oficiales, aprendices o criados que vivían en las villas y ciudades, y al mantenimiento de la propiedad comunal, cada vez en mayor peligro, en el de los ganaderos y campesinos. Mientras la burguesía preconizaba la libertad económica y el fin de las trabas legales en aras de la creación de un mercado libre, lo que habría supuesto el fin del sistema gremial y de los bienes comunales, las clases populares intuían que la libertad económica no haría sino condenarlos a la desprotección. Sus intereses únicamente coincidían en la reivindicación del fin de los privilegios por estamento, así como de la asfixiante presión fiscal no compartida que habían sufrido de manera secular. Pero lejos de apoyar los planteamientos de libre mercado, los más desfavorecidos propugnaban un control legal de la producción, el comercio y el mercado y se mostraban decididamente contrarios al cercamiento de los campos.

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El campesinado continuaba inmerso en el mundo señorial, cada vez más afectado por la progresiva desaparición de los bienes comunales. Al contrario que en otros países europeos, la mayoría eran pequeños propietarios, aunque en un 90% de los casos se veían abocados a arrendar otros terrenos o a desarrollar otro tipo de labores para asegurarse el pan, lo que en períodos de escasez y casos extremos se traducía en mendicidad o delincuencia. Por lo que concierne a los campesinos más afortunados, los llamados coqs du village, contaban con un colchón para los malos momentos en forma de remanente, y podrían catalogarse como una especie de burguesía agrícola local. Si bien no vivían en la opulencia, tampoco compartían las penalidades de la mayoría de los trabajadores del campo, que no eran más que campesinos libres en precario (propietarios, arrendatarios, jornaleros o las tres cosas a la vez). Un escalafón más abajo se situaba el grupo muy minoritario de campesinos sometidos a servidumbre, incapaces por ley a poseer un patrimonio.

La herencia del Rey Sol

El enorme conjunto de tierras inconexas que todavía era Francia estaba gobernado, o mejor sujetado, mediante un absolutismo regio de muy cuidada elaboración. La monarquía francesa podía presumir de haber sido quien mejor había sabido adaptar el ideal absolutista a la realidad, y probablemente con los mejores resultados. El desarrollo teórico, a partir de Juan Bodino (1530-96), de la doctrina de la soberanía, aunó definitivamente en la persona del rey los conceptos de autoridad pública y poder público (auctoritas y potestas). En consecuencia, nadie podía estar por encima del soberano, que gozaba de la máxima autoridad en todo tipo de cuestiones legislativas, ejecutivas y judiciales. Con su voluntad era capaz de hacer y promulgar leyes, así como alterar las ya establecidas o suprimirlas; podía tomar cualquier decisión con respecto a un reo, por encima de lo que hubieran marcado previamente los tribunales, merced a la lettre de cachet. La soberanía se concentraba únicamente en sus manos, y de ellas emanaba toda legitimidad, al tiempo que, precisamente por ser depositario exclusivo, no respondía de sus actos ante nadie, a excepción de Dios, que era quien, según la teoría del derecho divino ya enunciada desde muy antiguo pero reelaborada por el absolutismo, le había escogido para reinar. Haciéndole nacer como primogénito del rey, Dios seleccionaba al más adecuado para reinar en cada ocasión y en cada país. Por tanto, no existe mayor legitimidad posible. ¿O es que alguien va a osar presumir de saber mejor que Dios quién es el más apto para reinar? La pregunta que surge a continuación es… ¿qué pasa cuando el rey es un inepto, o un retrasado mental? Por algo será, quizá el Reino al que le ha tocado padecerlo debía de rendir cuentas a Dios por sus pecados pasados y así las estaba pagando, quizá en un momento dado del reinado se descubra como evidente que el rey tarado era el más indicado por tal o cual razón, o simplemente, es la voluntad de Dios, que responde a un plan perfectamente preestablecido desde la noche de los tiempos.

Además de ostentar todos los poderes, el rey absoluto de Francia era también la cabeza de la Iglesia galicana, lo que supone un desarrollo lógico de la sublimación del absolutismo francés. Si bien doctrinalmente el galicanismo no divergía en nada del catolicismo romano, jurídicamente sancionaba la superioridad del rey de Francia sobre la del papa en cuestiones humanas, concediendo al mismo tiempo un poder inmenso a la monarquía a la hora de aplicar las disposiciones papales, ratificar nombramientos eclesiales y demás cuestiones relacionadas, siempre dentro de las fronteras del Reino.

Las cosas se ven siempre más fáciles desde la teoría que una vez puestas en marcha. Igualmente, el absolutismo francés, perfectamente definido en aquella frase atribuida al Rey Sol, l’État c’est moi[8], no fue capaz de culminar todos sus presupuestos teóricos por más que lo intentó, y uno de los máximos obstáculos fue el complejo sistema de leyes, privilegios y fueros, tan variopintos como inconexos entre sí, prevaleciente en el Reino. Las disposiciones que emanaban desde la cúpula del sistema llegaban muy amortiguadas a los ámbitos regional y local, dada la pujanza de la diversidad de códigos legales, jurisdicciones yuxtapuestas y contrapuestas, multiplicidad de privilegios, estatutos y similares, que aún se mantenían vigentes a pesar de las intenciones de la monarquía. Francia era un conjunto de territorios cosido con hilos muy finos que desde el Gobierno central se trenzaban y se volvían a trenzar desesperadamente, en un intento de consolidar una unión siempre artificial.

La organización administrativa seguía las disposiciones tradicionales de una cúpula central, personificada en la figura del rey, sobre la que recaían en última instancia todas las decisiones del Estado. A su alrededor, a modo de planetas girando en torno suyo, toda una pléyade de cortesanos asentados en Versalles y cercanías, siempre en busca de beneficios y prebendas, muchas veces encarnadas en asientos dentro de los consejos del rey. A pesar de su carácter puramente consultivo, la presencia en ellos aseguraba prestigio y ciertas sumas de dinero nada despreciables para una nobleza que se veía obligada a soportar un tren de vida que a veces se le iba de las manos. Junto a la vieja nobleza, los consejos se completaban con otros miembros seleccionados por el rey, entre los que no podían faltar los miembros del Gobierno (el responsable de finanzas y los cuatro secretarios de Estado de Guerra, Marina, Asuntos Exteriores y Casa del Rey). El más importante de los consejos era el Conseil d’en Haut, en cuyas reuniones se discutían las cuestiones consideradas más importantes de la monarquía, como temas extranjeros, guerras y cualquier otro hecho que mereciera atención de forma permanente o circunstancial. El resto de los consejos estaba organizado por áreas temáticas, y existían, entre otros, el Conseil d’État, también conocido por Conseil privé, el Conseil des dépêches, que coordinaba la administración local con el Gobierno central, y Conseil des finances, que como su propio nombre indica, se dedicaba a la farragosa tarea de asesorar acerca de la recaudación y administración del dinero. Otro de los elementos centrales del sistema administrativo de la monarquía francesa del XVIII era la figura del intendente, que para entonces prácticamente había fagocitado al gobernador de provincia, transformado en una especie de noble de provincias de nuevo cuño. El intendente se convirtió en el nexo de unión básico entre la región y el Gobierno central, la columna vertebral de la administración. Como representante del rey en el pays, contaba con la autoridad administrativa provincial en cuestiones de justicia, finanzas y seguridad, más allanada en unos territorios que en otros y significativamente obstaculizada en los pays d’état en comparación a los pays d’élection, como se verá más adelante.

Una de las problemáticas más severas a las que se tuvo que enfrentar Luis XVI fue el creciente proceso de reseñorialización auspiciado por buena parte de la nobleza. Al margen de la inestimable labor de los intendentes a la hora de socavar las arraigadas fidelidades personales locales de raigambre señorial, sustituyéndolas por una lealtad directa a la Corona o al Estado, los Parlamentos provinciales estaban plagados de nobles que, envalentonados por la debilidad de carácter del rey en un sistema tan personalista, pretendieron arrogarse competencias que en un principio no tenían. Los Parlamentos, llamados Cortes Soberanas en algunas regiones de reciente asimilación, fueron creados en origen como organismos judiciales que aseguraran la potestad de la monarquía en provincias. Se trataba de tribunales de apelación para la jurisdicción correspondiente, y de primera instancia en caso de causas criminales o en los que nobles o clérigos estuvieran involucrados. Dado su carácter de organismo judicial territorial supremo, contaba con la prerrogativa de registrar las disposiciones del rey, o devolverlas en caso de que tuvieran algún defecto de forma. El mal uso de esta competencia generó un sentimiento colectivo de que podían ejercer cierto poder de veto, lo que derivó en una apropiación ilegítima de la salvaguarda de los intereses populares frente a las exigencias reales. Aunque en última instancia el rey podía hacer uso del lit de justice, un acto mediante el cual estaba capacitado para imponer su criterio sobre la opinión de los parlamentarios, estos podían reprobar al rey con memoriales de agravios. En ausencia de los Estados Generales[9], los Parlamentos se atribuyeron de forma interina la representación nacional, a pesar de que sólo representaban sus propios intereses. Lo que se había creado para favorecer la penetración del poder real en provincias y regiones, se estaba constituyendo en un contrapoder, en el instrumento más importante de la nobleza para favorecer la reseñorialización, y por tanto, minar la autoridad del monarca.

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Bajo los Parlamentos se situaban las bailías (bailliages) en el norte y los senescalatos (sénéchaussées) en el sur[10], como tribunales ordinarios de primera instancia, que tenían que competir con la miríada de pequeñas justicias señoriales, así como el organigrama judicial de la Iglesia, como sabemos propio e independiente del estatal. La cuestión de la venalidad de los cargos, tan común en aquel tiempo y tan favorecedor de la formación de auténticas dinastías, no contribuía a facilitar las cosas.

También la recaudación hacendística se vio obstaculizada por la fragmentación del Reino. A grandes rasgos, la división a efectos fiscales se organizaba entre los pays d’état y los pays d’élection. Los primeros gozaban de una cierta autonomía de la que los segundos carecían, y la labor de recaudación y administración de impuestos en estos últimos era más maniobrable, así como el desempeño de la labor del antes mencionado intendente. Los pays d’état contaban con una más larga tradición organizativa de su fiscalidad propia, dado que se trata de territorios de reciente incorporación —no más de tres siglos en la mayoría de los casos—, este era el caso de Béarn, Bretaña o Borgoña. Contaban con sus Estados Generales propios, que controlaban y delimitaban la acción de los representantes del rey, velando por el estricto mantenimiento de los derechos y privilegios del territorio. Languedoc o el Delfinado resultan también buenos ejemplos. Los pays d’election, en cambio, resultaban mucho más permeables a la autoridad central, y los impuestos solían resultar notoriamente gravosos en comparación a otras zonas. Al margen de estos dos grandes bloques, cabe señalar también los particularismos legales de ciertas poblaciones de importancia, las villas francas, que gozaban de derechos específicos que los separaban jurídica, fiscal y administrativamente de las tierras del entorno, así como la situación especial de los pays d’imposition, que mantienen sus instituciones tradicionales al haber sido incorporadas muy recientemente a la Corona, como eran los casos de Córcega, Alsacia o el Rosellón y la Alta Cerdaña. Los dos tributos más significativos que cobraba el rey eran la talla (taille), un impuesto directo anual sobre los bienes y beneficios de los plebeyos, y la gabela (gabelle), impuesto indirecto sobre la sal.

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El nuevo poder

El reinado de Luis XVI estuvo sumido en una doble crisis provocada, por un lado, por la soberbia de la nobleza, que había comenzado un proceso de reseñorialización pasando por encima de las disposiciones del rey, y por el otro, a cuenta de la muy delicada situación económica, que como se verá amenazaba quiebra. Tal combinación de factores resulta suficiente como para explicar una revolución, pero no en el caso de la que nos ocupa. Las bancarrotas y los enfrentamientos entre nobleza y monarquía fueron comunes durante la Edad Media y la Moderna, también las revueltas populares y urbanas, y hasta las proclamaciones de nuevos modelos, nuevos sistemas, nuevas organizaciones sociales, mayoritariamente basadas en reinterpretaciones de los textos religiosos. Sin embargo, la Revolución francesa supuso la puerta de entrada a un modelo liberal que alteró las relaciones económicas, sociales y políticas como nunca ninguna de las propuestas anteriores había sido capaz de hacer, aunque sí se hubiera podido imaginar un tanto fantasiosamente. Fue una revolución burguesa. Esa es la clave. Para finales del siglo XVIII, la burguesía había alcanzado en Francia una madurez suficiente como para liderar el descontento popular y canalizarlo hacia la satisfacción de sus propios intereses, algo que nunca antes había ocurrido. Mientras la revolución de los pobres seguía siendo en cierta forma medieval, la de los más pudientes de entre los del tercer estado —y parte de la nobleza más avisada— tenía un fin. Habían tomado conciencia de grupo, de que su fuerza podía arrebatar los privilegios y el poder a los dos estamentos favorecidos, y reclamaban su presencia en el poder político, en la toma de decisiones, en el timón del país. Todo esto no vino por casualidad, claro. El elemento burgués, que por lo demás estaba ya muy presente en derredor del rey y de los centros de decisión política, se alimentaba ideológicamente del desarrollo del pensamiento ilustrado, que había pasado de ser un poderoso apuntalador de la monarquía absoluta en forma de despotismo ilustrado, a poner en duda sus mismos cimientos en favor de un sistema cada vez más escorado hacia la propuesta del liberalismo político clásico inspirado por el precursor John Locke y los grandes pensadores continentales como Rousseau, Voltaire o Montesquieu, así como por el éxito de la revolución americana, que tomó en cuenta las propuestas de este último al incluir la separación de poderes en su redacción constitucional.

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Basándose en el mucho más modesto precedente anglosajón de la Cyclopædia de Ephraim Chambers, la difusión de la Enciclopedia en la segunda mitad del XVIII supuso un espaldarazo enorme a las ideas de la Ilustración. D’Alembert y Diderot compendiaron todo el conocimiento humano en casi una treintena de volúmenes[11], favoreciendo así el pensamiento crítico y razonado frente a la superstición. Se trató de un extraordinario vehículo de difusión de los nuevos planteamientos, más aún si tenemos en cuenta que Rousseau y Montesquieu[12] tomaron parte en su redacción. A pesar de la prohibición eclesiástica, la exitosa difusión de la Enciclopedia trasladó a la sociedad las nuevas concepciones acerca de la conveniencia de la separación de poderes para evitar las tiranías, propuesto primero por Locke y perfectamente formulado y desarrollado por Montesquieu, así como la idea rousseauniana de que la organización del Estado responde a un contrato social entre el Gobierno y el pueblo, de manera que, consecuentemente, la soberanía reside en este último y no en el primero. De todo esto se deriva la importancia del poder legislativo como redactor y conservador de un código de convivencia que asegure a cada individuo —concepto fundamental para estos pensadores el del valor del individuo—, la vida, la libertad y la propiedad —otra noción esencial en el contexto del surgimiento del liberalismo clásico—, y a cuyos designios todos se hallen sometidos, incluido el poder ejecutivo. Mediante este contrato social, cada individuo renuncia voluntariamente a parte de su soberanía, a cambio de que el Estado le proporcione seguridad y garantice el respeto a sus derechos como persona. Estas concepciones prefiguraron el sistema de liberalismo político clásico de la primera etapa, que abogó por las libertades personales y el establecimiento de un Estado en el que, bajo un único y común marco legal, todos los individuos que lo conformaban, manteniendo y afianzando su identidad particular, eran iguales en derechos, deberes y oportunidades. En resumen: soberanía nacional, división de poderes, libertad individual y derecho a la propiedad privada.

Las novedades filosóficas e ideológicas fueron muy bien recibidas por la burguesía, que veía en ellas el trampolín adecuado para hacer realidad sus aspiraciones, así como por la parte más clarividente de la aristocracia, que estaba interesada en mantener sus privilegios aliándose o incluso fundiéndose con la nueva casta emergente y que jugará un papel esencial en los primeros momentos de la revolución. Muchos nobles se acercaron a la Enciclopedia y, a pesar de las dificultades políticas y eclesiásticas, la leyeron y conservaron en sus casas, donde cohabitaron con novelas frívolas, tan en boga en aquellos tiempos, que también colaboraron en crear una conciencia de fin d’époque. La descripción del rey y la reina como seres ridículos, inconscientes y derrochadores contribuyó no poco a la pérdida de crédito de la monarquía y del propio sistema.

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El surgimiento de un campo abonado para la propagación del liberalismo político fomentó la expansión de su aplicación económica. Aunque articulado magistralmente por Adam Smith y David Ricardo, sus raíces francesas e ilustradas hay que buscarlas en la fisiocracia, una escuela de pensamiento bien representada por Turgot o Quesnay que, a pesar de su preferencia doctrinal por las actividades primarias, esbozó las líneas fundamentales de lo que habría de ser conocido como libertad de mercado. Su lema se ha solido utilizar para definir el planteamiento central del liberalismo económico, laissez-faire, laissez-passer —dejar hacer, dejar pasar—, que fue enunciado para hacer referencia a la libertad de producción y eliminación de aranceles, pero por extensión se utiliza para encarnar la idea de libertad de mercado mediante una intervención mínima del Estado en los asuntos financieros y mercantiles. Al suprimir los obstáculos a la libre competencia, léase tasas comerciales, control de la producción ejercida por los gremios artesanales o el propio Estado, subvenciones, ayudas y demás, se generaría un mercado de competencia libre que favorecería la expansión económica. Sin embargo, a pesar de las teorías de la mano invisible y de la autorregulación del mercado preconizadas por este sistema de pensamiento, la libertad económica casi absoluta que auspiciaban llevaba aparejada la desprotección de los más débiles, incapaces de competir en igualdad de condiciones contra los grandes empresarios, lo que habría de generar una evidente desigualdad económica y social.

Larga pendiente hacia el infierno

El legado de Luis XV

Supo que ya no era el delfín de Francia cuando escuchó los pasos firmes del grupo de cortesanos que avanzaba hacia sus dependencias al grito de «¡Viva el rey!». Definitivamente, a Luis XV le había derrotado la viruela. Era el 10 de mayo de 1774, y la joven pareja formada por Luis Augusto y María Antonieta se veía inesperadamente empujada a ceñir una corona para la que no estaban todavía preparados. El nuevo rey, que aún no tenía veinte años, hubiera preferido esperar todavía un tiempo como heredero, no solamente para profundizar en su preparación, sino también para hacerse mejor a la idea. Se sabía inmaduro para gobernar, lo que unido a una torpeza también conscientemente asumida para cuestiones burocráticas y cierta falta de destreza social, le iba a convertir en el paradigma de la debilidad de la institución monárquica de finales del XVIII. Por lo demás, Luis XVI no era un mal tipo. Se esforzó por gobernar de la mejor manera posible, atendiendo a las necesidades del pueblo llano hasta los límites que su educación aristocrática y sus cortas miras le permitieron. Era tímido y muy influenciable, pero en todo momento intentó conducirse con probidad y moderación. Le gustaban las manualidades, algo inaudito en un hombre de su alcurnia, y no debía de dársele mal la cosa. Por el contrario, no sentía aprecio por la caza, actividad de reyes, ni por las fiestas, el juego, los bailes ni los eventos sociales en general. En realidad, el nuevo monarca no destacaba especialmente, ni por su forma de ser ni por su vulgar apariencia. Tiraba a fofo. Sus carnes trémulas se manifestaban en una papada tempranamente colgante, diariamente sostenida por la tremenda satisfacción que sentía al comer. Tan sólo la nariz, definida por cronistas e historiadores de lo más variopinto como borbónica —¿alguien puede explicar cómo es una nariz borbónica?—, le hacía parecer un auténtico rey.

María Antonieta, su esposa, atesoraba todo el carácter que al rey le faltaba. Desgraciadamente, tenía un pecado de origen: era una Habsburgo. La dinastía reinante en Viena había sido el enemigo tradicional de Francia desde que Enrique IV, el primer rey Borbón, puso los pies en el palacio del Louvre. Así que María Antonieta tuvo que cargar con el peso de la historia familiar en una corte que desde el primer momento se le mostró un tanto esquiva. Si bien en un primer momento fue bien aceptada por el pueblo, la nobleza no escatimó críticas hacia la Austriaca, aun todavía sin conocerla demasiado. Andando el tiempo, supo hacerse una pequeña camarilla de fieles que le sirvió como caparazón protector, pero que le procuró mayor número e intensidad de murmuraciones provenientes de sus enemigos, que terminaron por acusarla de promiscua, frívola, infiel, lesbiana e intrigante. La primera acusación tenía su base, habida cuenta del alarmante desinterés por el sexo que mostró el rey hasta que, siete años después de la boda, el problema se solventó al descubrirse que sufría de fimosis. María Antonieta no es que fuera promiscua, pero tenía sus necesidades. En cuanto a la segunda acusación, también contaba con un poso de verdad: le encantaba organizar fiestas, donde se vestía, se peinaba y se perfumaba a veces rocambolescamente y muchas otras de manera francamente sensual, en las que disfrutó de ciertos escarceos amorosos al margen de los brazos de su marido, lo cual justifica la tercera acusación pero no supone un hecho especialmente inhabitual entre los cortesanos del Versalles dieciochesco. En cuanto a la acusación de lesbianismo —entiéndase la palabra acusación desde la perspectiva de la alta sociedad de la época—, parece responder más bien a un interés por desacreditarla por parte de sus enemigos, a partir de su estrecha amistad con sus favoritas, la más famosa de las cuales fue la duquesa de Polignac. Finalmente, lo de intrigante se debió a la gran influencia que tuvo sobre el rey, y al hecho de que siempre mostró una clara preferencia por la alianza austriaca, lo que fue interpretado por muchos casi como una traición. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que María Antonieta difícilmente podía evitar sentir apego por Austria, dado que el emperador no era otro que su hermano. La extraña alianza matrimonial franco-austriaca de la que la reina había sido instrumento formaba parte del giro estratégico que el duque de Choiseul, secretario de Estado de Luis XV, había impuesto a Francia con el fin de crear un statu quo pacífico en el continente que les permitiera hacer frente a la amenaza de la expansión marítimo-comercial del Reino Unido en las colonias americanas.

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Choiseul no formó parte del nuevo Gobierno. A pesar de que gozaba de la simpatía de María Antonieta, Luis XVI se limitó a levantar el destierro que desde los últimos tiempos del anterior rey colgaba sobre él. Nada más[13]. Desgraciadamente, no eran buenos tiempos para permitirse el lujo de prescindir de hombres aptos. El joven rey heredó un Reino sumido en el marasmo económico. La derrota en la guerra de los Siete Años (1756-1763) supuso el reconocimiento expreso de la superioridad británica en el Nuevo Continente, lo que generó una pérdida evidente de mercado colonial que repercutió muy negativamente en la producción y el comercio. Pero lo más grave para las arcas del Reino fue la asunción de la enorme deuda que acarreó la financiación de la guerra mediante cuantiosos empréstitos. Además, las últimas crisis de subsistencias provocadas por las malas cosechas incrementaron el déficit del Estado, que se vio imposibilitado para recaudar lo suficiente para hacer frente a los pagos. De este modo, cuando Luis XVI asumió el gobierno descubrió horrorizado que se había sentado en un trono hipotecado. La primera solución de urgencia fue el recurso a nuevos empréstitos, que a corto plazo lograron financiar el Estado pero a medio aumentaron la deuda hasta límites insoportables. ¿Qué más se podía hacer para evitar tan catastrófica situación? ¿Aumentar los impuestos? No. Luis XVI asumió que ya no se podía exprimir más al pueblo. Encargó la búsqueda de soluciones más imaginativas a Turgot, un afamado representante de la corriente fisiócrata, quien le confirmó en su intuición de que había que reformar el sistema fiscal, gravando también a las clases privilegiadas. Con la bendición del monarca, así como del poderosísimo ministro de Estado Maurepas y el jefe de los Asuntos Exteriores de Francia, Vergennes, el nuevo responsable de Finanzas se puso manos a la obra.

El poder de la harina

Anne Robert Jacques Turgot accedía al cargo de inspector general de Finanzas[14], equiparable al actual Ministerio de Economía, precedido de su excelente fama como teórico de la política económica y buen gestor en su anterior cargo como intendente de Limoges. Había renunciado a una placentera carrera eclesiástica por los estudios de Leyes y una brillante trayectoria al servicio de la administración, ganándose la amistad de personalidades muy influyentes, y ahora, ya en el cargo, debía demostrar que sus teorizaciones podían llevarse a la práctica y que sus promesas de regeneración no eran papel mojado. Turgot se lanzó inmediatamente a diseñar un proyecto reformista de calado cuyo punto fuerte iba a ser, precisamente, un mayor gravamen fiscal sobre los estamentos privilegiados.

Sin embargo, las primeras medidas de Turgot no parecían anunciar la gran reforma que tenía en mente. Comenzó de manera tímida, sopesando sus posibilidades en medio de aquella corte versallesca dispuesta a saltar sobre quien osara alterar en lo más mínimo su confortable modo de vida, pero pronto empezaron los problemas: la primera medida incidió en una política de austeridad que debía aplicarse tanto al gasto del gobierno como al de los propios cortesanos que rodeaban al rey. La aristocracia protestó, y Turgot se ganó rápidamente su inquina, empezando por la reina María Antonieta, que ya sabía lo que era discutir con él a raíz de los miles de reparos que puso a la ceremonia de coronación, argumentando que era demasiado costosa.

Fiel a sus postulados fisiocráticos, en septiembre de 1774 Turgot presentó un edicto decretando la libertad de comercio de cereales. Los productores dejaban de estar obligados a vender su género en el mercado asignado —generalmente el más cercano— y a un precio controlado por la Agencia de Trigos, que mediante esta misma disposición quedaba abolida. Sin embargo, las malas cosechas de aquel año provocaron una nueva etapa de escasez, lo que suscitó un incremento de los precios del grano y, consecuentemente, del pan, alimento básico de los franceses de aquel tiempo. La hambruna no tardó en llegar a algunas regiones del país, multiplicándose tan rápidamente como iba desapareciendo la producción de las zonas menos afectadas por las malas cosechas, ya que la liberalización decretada por Turgot ocasionó el traslado de buena parte del grano hacia territorios con mayor escasez, a fin de venderlo más caro. Para mayor desgracia, los especuladores que acaparaban grano para venderlo a altos precios en momentos de crisis, hicieron un negocio redondo. En consecuencia, la falta de pan se hizo patente en prácticamente todo el Reino, con lo que se multiplicó la conflictividad social y las protestas violentas, que no tardaron en aparecer. Entre abril y mayo de 1775, los disturbios protagonizados por el populacho hambriento menudearon en París y llegaron a alcanzar Versalles. La magnitud de la crisis llegó a tales extremos que la «guerra de las harinas», como se bautizó a este capítulo de la historia de Francia, tuvo que ser sofocada manu militari.

Los enemigos de Turgot, que ya eran muchos, no dejaron pasar la ocasión para desacreditarle públicamente. Uno de ellos era Jacques Necker, un ambicioso ginebrino que se había ganado la confianza de Maurepas, quien empezaba a dudar de la idoneidad de Turgot en el cargo, merced a las largas conversaciones tenidas en el salón de su esposa, madame Necker, una de las más reputadas tertulias de París. El extranjero era, además, protestante, pero supo ganarse el interés del ministro de Estado a base de argumentar oportuna e intencionadamente contra las políticas del unánimemente desacreditado Turgot. El taimado ginebrino se estaba labrando un futuro como responsable de Finanzas de la monarquía.

La guerra de las harinas no solamente se cebó con el poco prestigio que le quedaba a Turgot. También María Antonieta, que en los primeros momentos había sido bien acogida por el pueblo, terminó siendo una de las dianas principales de sus iras. A instancias de sus enemigos de la corte, que influyeron en las gentes humildes para hacerles creer que la gran causante de sus desgracias era ella, la reina terminó siendo en el imaginario popular una caricatura de sí misma; un ogro insensible a las demandas del pueblo a quien se atribuyó aquello de: «¿Protestan porque no tienen pan? ¡Pues que coman pasteles!». La anécdota corrió como la pólvora por París, sumiendo la imagen de María Antonieta en un lodazal del que nunca más saldría. Y sin embargo, no era cierta. La reina nunca aseveró tal cosa. Es más, resulta que tan desafortunado exabrupto ya había sido atribuido a otras figuras de la realeza de Francia en otros tiempos, empezando por la española María Teresa de Austria, esposa de Luis XIV, pero cambiando los pasteles por corteza de paté.

En 1775, la guerra de Independencia de los Estados Unidos de América supuso un nuevo motivo de fricciones entre Turgot y Maurepas. El ministro de Estado apoyaba a Vergennes en su interés por convencer al rey para que apoyara discretamente a los insurgentes de las trece colonias, y Turgot se oponía vehementemente a ello. El responsable de Finanzas argumentaba que semejante aventura no beneficiaba en nada al Reino, y sin embargo se iba a llevar ingentes cantidades de dinero. Vergennes respondía admitiendo el coste económico, pero señalando que este se recuperaría tras la derrota del Reino Unido, ya que la pérdida de las colonias americanas supondría un fuerte golpe a la supremacía comercial británica en la zona, y de rebote, un beneficio para Francia. Finalmente, Luis XVI asumió los riesgos y decidió apoyar a los rebeldes tal y como le sugería su ministro de Exteriores: dotándolos de suministros, pertrechos militares, dinero… a fin de no declarar aún una guerra abierta que lo enemistara con los británicos. Las intermediaciones se harían mediante empresas de comercio que entregarían la mercancía de forma encubierta[15].

Consciente de que la situación no permitía más dilaciones, Turgot presentó en 1776 un paquete de seis decretos, dos de los cuales iban a aumentar en grado sumo el escozor de las clases privilegiadas. El primero establecía un impuesto sobre la propiedad de la tierra, denominado subvención territorial, que afectaba a todo el que fuera dueño de tierras, sin distinción de estamento. Los privilegiados, mayoritariamente dominantes en este ámbito, serían quienes más iban a notar este nuevo gravamen. El segundo liquidaba definitivamente el sistema gremial de producción, dando fisiocrática libertad a la industria y a la manufactura en todo el Reino.

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Como era de esperar, los encolerizados enemigos del ministro no tardaron en reaccionar presionando al rey para que desautorizara las reformas y forzara su dimisión. La Iglesia también se sumó a las peticiones, herida por una serie de medidas instigadas por Turgot, la más dolorosa de las cuales había sido la de romper el dominio exclusivo que hasta entonces mantenía en los campos de la caridad y la educación. Abrumado por las protestas que le llegaban desde todos los frentes, el rey terminó por claudicar. Retiró los seis edictos y cercenó de un golpe la carrera de Turgot, que se vio obligado a abandonar el cargo.

Un extranjero advenedizo

Jean Étienne Clugny de Nuits sustituyó de urgencia a Turgot, y se limitó a revocar todas las reformas anteriores y a no hacer mucho más por miedo a la respuesta de los privilegiados. Murió en octubre del mismo año, cinco meses después de acceder al cargo. La sucesión recayó en Necker, el ginebrino ambicioso que tanto hizo por destacarse contra Turgot. Llegaba de la mano de Maurepas, cargado de teorizaciones acerca de los desastres que conlleva una política de fisiocracia como la que se había llevado a cabo hasta entonces, y con la promesa de ser capaz de enderezar el rumbo de la economía francesa. El libre mercado era sinónimo de desprotección, decía, y por tanto un error mayúsculo. En consecuencia, debía retomarse el mercantilismo. Cuando llegó a Versalles, Necker era ya un famoso adalid de esta postura. En 1773 había publicado un afamado ensayo a propósito de este asunto, que llevaba por título Elogio de Colbert, y que gozó de gran predicamento en los medios intelectuales gracias al reconocimiento público que le hizo la Academia Francesa, a su difusión en el salón de su esposa y de rebote en otros importantes centros sociales de la capital, y, en fin, a la oportunidad dorada que supuso la guerra de las harinas para todo aquel que ofreciera una alternativa a Turgot, cuanto más opuesta a su modo de operar, mejor. No parece casual que en plena crisis alimentaria de 1775 saliera publicado un nuevo texto de Necker, Ensayo acerca de la legislación y el comercio de grano, que denunciaba la política del entonces responsable de la economía francesa.

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Ahora Necker era el favorito de Jean Frédéric Phélypeaux, conde de Maurepas, y como tal, el acceso a la máxima responsabilidad financiera de la monarquía no parecía un objetivo difícil. Sin embargo, la figura de Necker reunía tres inconvenientes: en primer lugar, era plebeyo. Realmente, era uno de los pocos de su clase que había logrado alcanzar tan alto puesto, pero aparte de esto, no había mayores problemas. En segundo lugar, protestante. Esto suponía una grave contrariedad, ya que solamente los católicos podían formar parte del Consejo de Estado, y la Inspección General de Finanzas llevaba aparejado un asiento en él. En tercer lugar, era extranjero. Atendiendo a la presupuesta valía del personaje, Maurepas sugirió al rey que lo situara en el puesto inmediatamente inferior al de intendente general de Finanzas, que fue cubierto por un hombre de paja: Louis Gabriel Taboureau des Réaux. Sin embargo, Taboureau des Réaux no aguantó más de un año en tal situación, y terminó dimitiendo el 29 de junio de 1777, después de un par de intentonas anteriores que fueron rechazadas por el rey. El puesto quedó vacante y Necker fue nombrado director general de Finanzas, una denominación distinta para el mismo cargo, gracias a lo cual se logró solventar el problema de su triple condición de plebeyo, protestante y extranjero.

Necker comenzó su andadura ministerial con mucho tiento. Como no deseaba ganarse tantos enemigos como Turgot, renunció a la idea de llevar a cabo una reforma radical del sistema financiero del Estado, relegando al olvido aquella subvención territorial que tanto soliviantó a los privilegiados. Aquel que tanto pretendía diferenciarse del odiado Turgot, comenzó, como él, a moderar los gastos de la corte y, como él, a cosechar enemigos a espuertas, empezando por la reina. Ningún responsable de Finanzas podía pretender hacer bien su trabajo sin importunar a la corte, cuya costumbre y casi obligación por estatus era mantener un tren de vida absolutamente despreocupado. Por otro lado, optó por la política de la financiación mediante empréstitos, lo cual incrementó una deuda ya de por sí colosal. Necker justificó su postura aduciendo que esta se iría amortizando durante generaciones, poco a poco, ayudados por algún tipo de reforma fiscal del futuro. Tengamos en cuenta que cuando Necker llegó al puesto, Francia estaba metida hasta el cuello en la financiación de la rebelión norteamericana, y necesitaba fondos con urgencia. A partir de 1778, Luis XVI declaró la guerra abierta a los británicos, arrastrando también a España, lo que incrementó notablemente los gastos de una guerra de por sí costosa que se tragó dos veces las rentas anuales del Reino. Para colmo de desgracias, aquel año se caracterizó por una anómala serie de vendimias copiosas que redujeron el precio del vino, uno de los bienes de producción casera más importantes del que se valían los campesinos para complementar sus ingresos mediante su venta. Fue el primero de varios años de franca recesión, protagonizados por malas cosechas. Necker, sin embargo, creía más en la urgencia de la reforma administrativa que en la de la fiscal. Sabía que el principal escollo a la hora de sacar adelante cualquier disposición era la oposición furibunda de los estamentos privilegiados, cuyo centro de poder estaba en los Parlamentos provinciales. Para debilitarlos, propuso al rey la organización de asambleas territoriales que cercenaran las competencias extrajudiciales de los Parlamentos. De las cuatro proyectadas se instituyeron dos: la de Berry y la de Alta Guyena. A diferencia del caso de los Parlamentos, plagados de aristócratas, en ellas tenían cabida miembros de los tres órdenes estamentales. De esta forma pretendía Necker solventar un problema que el propio Luis XVI, a instancias de Maurepas, provocó nada más llegar al trono, dado que una de sus primeras disposiciones fue la de restablecer el Parlamento de París en todas sus atribuciones[16], a cambio de que este reconociera la superioridad absoluta de la autoridad real y el ejercicio del derecho de amonestación sólo después del registro de las disposiciones reales y no antes, y dentro del plazo de un mes. Pronto se vio que los miembros del Parlamento no parecían haberse tomado en serio las condiciones del monarca.

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Por otra parte, y en consonancia con las ideas que predicaba, Necker también tomó medidas encaminadas a reforzar la intervención del Estado en la economía. Los impuestos indirectos fueron administrados directamente por el Estado y se liquidó la sociedad que hasta entonces se encargaba de ello. Socialmente, Necker llevó a cabo un activo trabajo. Legisló la liberación de los últimos siervos de Francia, lo cual no pudo llevarse a cabo hasta el estallido de la revolución, así como la mejora de las condiciones de la asistencia a los necesitados y el estado de los presidios.

Como había pasado con Turgot, Necker se granjeó la animadversión de todos, y, al igual que en el caso anterior, de entre los conjurados contra él destacó un nombre, Charles Alexandre de Calonne, que pertenecía a quien, después de dos pequeños interregnos, correspondería suplirle en el máximo cargo de las Finanzas del Estado. Necker ya no contaba con ninguna credibilidad, y en abril de 1781, el Parlamento de París se cerró en banda al rehusar el registro de un edicto de creación de la tercera asamblea provincial, la del Borbonesado, reclamando al tiempo la destitución del responsable de economía. Habían comprendido que tales asambleas iban encaminadas a quitarles poder. Consciente de lo tenso de la situación, Necker solicitó al rey el registro del edicto mediante un lit de justice, pasando por encima de la negativa del Parlamento de París. No sólo pidió eso: cansado de su situación de excepcionalidad, exigió una participación en el Consejo de Estado. Luis XVI no aceptó ninguna de las solicitudes, lo que provocó la dimisión del ginebrino el 19 de mayo de 1781. El saldo de su paso por la máxima responsabilidad financiera del Reino se resume en un crecimiento desorbitado del déficit y tantos enemigos políticos como en su día obtuvo Turgot.

El puesto vacante fue cubierto inmediatamente por Jean-François Joly de Fleury. El nuevo responsable de Finanzas era un viejo conocido en asuntos de alto gobierno, ya que había cubierto varios puestos de importancia durante el reinado de Luis XV. Sin embargo, no era el hombre adecuado para un cargo que exigía medidas valientes y máxima dedicación. Su principal error estribó en pretender arreglar el marasmo económico sin molestar a los privilegiados, lo cual era, además, una utopía. Para agrado del Parlamento, suprimió las asambleas provinciales de Necker y devolvió a los aristócratas todo su poder y prerrogativas. A cambio, esperaba algún tipo de gesto de agradecimiento, encarnado en mayores facilidades o comprensión hacia el Gobierno a la hora de proponer reformas un poquito más exigentes, como la del incremento de los impuestos indirectos. Joly de Pleury se dio contra una pared. El Estado se encontraba totalmente bloqueado por la nobleza, incapaz de colaborar si se ponía en tela juicio el más mínimo de sus derechos tradicionales. De manera que se vio obligado a solicitar nuevos empréstitos y resucitar la política de venta de cargos anterior a Turgot. Era lo único que le dejaban hacer, y además de no ser mucho, no era eficaz. Más bien al contrario. Dimitió en marzo de 1783, escandalizado por la lluvia de críticas que le cayó encima por aconsejar austeridad en el gasto de la corte y los diferentes departamentos gubernamentales.

Henri Lefèvre d’Ormesson fue el hombre seleccionado para sustituir a Joly de Fleury. Se limitó a evitar el enfrentamiento con la nobleza, conformándose con financiar al Reino mediante nuevos empréstitos. No duró más que ocho meses. En noviembre del mismo año, Charles Alexandre de Calonne, el hombre que tensó la cuerda hasta lo indecible para conseguir la caída de Necker, se encaramó a la máxima responsabilidad financiera del Reino. Llegaba acompañado de una buena noticia: el mes anterior se había firmado el Tratado de Versalles, que reconocía la independencia de los Estados Unidos, la retirada de los británicos de buena parte del mercado americano y un amplio aumento de la masa territorial colonial francesa. Buenos augurios para un comienzo de mandato que se reveló muy complicado en cuanto Calonne accedió a las cuentas del Estado. Francia estaba en la quiebra. La intervención en la guerra de Independencia norteamericana, saldada con una victoria, sumió sin embargo al Reino en un profundo agujero financiero.

La crisis viene para quedarse

Luis XVI no pudo evitar una extraña sensación de golpe de Estado cuando se vio obligado a asumir la entrada de Calonne en el Gobierno. Era por todos conocido que este hombre formaba parte del corrillo del duque de Aiguillon, ministro de Luis XV que fue fulminantemente cesado del cargo a la llegada del nuevo rey. Ahora, a instancias de Vergennes, que lo presentaba como el único capacitado para sanar la quebrada economía francesa, Luis XVI permitía el desembarco del viejo partido de Aiguillon.

Calonne era un hombre con fama de intrigante que en su trato diario resultaba cordial, cortés y bien educado. Se vanagloriaba de poseer una valiosa colección artística que alimentó con mimo durante toda su vida. Tenía la capacidad de parecer profundo y superficial al mismo tiempo, según la cara que necesitara mostrar a una dama en un momento dado, sin llegar a caer nunca en el exceso, ni por un lado ni por el otro. Su fama de conquistador quizá fuera algo exagerada, pero encajaba bien en la realidad de su perfil. Políticamente, había desarrollado una carrera administrativa en la que destacó por su eficacia. Como intendente de Lille, su último cargo antes de ocupar la Inspección General de Finanzas, demostró una valía envidiable, lo que llamó la atención de Vergennes, que le aupó al Gobierno. La novedad de sus ideas basculaba en torno a la producción. Si esta se aumentaba, razonaba Calonne, también lo harían los ingresos. De esta forma dio comienzo un trienio dominado por las obras públicas, que supusieron un desembolso económico previo que el Estado no podía soportar sin aumentar los impuestos o pedir más empréstitos que agravarían la deuda. 1786 marcó el final de una política y el inicio de otra bien distinta. Quizá lo que aceleró el cambio fue, además de los malos resultados de la teoría de la producción, la combinación de sequía, malas cosechas y, en consecuencia, hambre y desórdenes civiles, con el escándalo del collar de María Antonieta. Ocurrió en 1785, en medio de un momento demasiado delicado como para haber sido pasado por alto entre el pueblo. Una plebeya de origen regio y pretensiones aristocráticas, Jeanne Valois de La Motte, se había ganado la confianza del cardenal de Rohan, obispo de Estrasburgo. Valois hizo creer a su protector que tenía acceso al círculo íntimo de la reina, y que ella estaría dispuesta a olvidar los roces anteriores a cambio de una serie de ayudas económicas personales, ya que la monarquía andaba muy falta de liquidez. Emocionado por la posibilidad de reconciliarse con María Antonieta, Rohan desembolsó todo el dinero que Valois le pidió y que, como era de esperar, no terminó en manos de la reina, que desconocía completamente este asunto e incluso a la persona de Jeanne Valois, sino en el de la urdidora y su marido, Nicolás de La Motte. Aquel año, Valois se enteró de la existencia de un collar desorbitantemente caro que los joyeros Charles Bohmer y Marc Bassenge realizaron por encargo de Luis XV. Pero la muerte del rey los había dejado sin comprador, a pesar de la insistencia que pusieron en ofrecerlo a Versalles, e incluso a alguna otra corte extranjera. Jeanne Valois, entreviendo el negocio que podrían hacer ella y su marido con la adquisición y venta del collar pieza a pieza, convenció a Rohan de que María Antonieta lo deseaba, y que a cambio de que se lo comprara, con cargo a la propia reina en cómodos plazos, estaría dispuesta a ofrecerle un puesto en el Gobierno. El cándido Rohan así lo hizo, y el collar quedó en manos de los Valois de La Motte, que comenzaron a venderlo perla a perla. Sin embargo, cuando llegó el momento de reclamar el primer pago, la reina recibió la carta con la reclamación y se destapó el pastel. Rohan fue encarcelado en la Bastilla, y poco después le siguió Jeanne Valois, que, sin embargo, pudo fugarse. Tras un juicio público que, a pesar de realizarse ante el Parlamento, la aristocracia juzgó como humillante para toda su clase dada la alta posición familiar de Rohan, tanto este como la reina quedaron absueltos, pero la nobleza se hizo aún más fuerte en su desapego hacia la despreciada Austriaca. El asunto del collar corrió entre el pueblo llano, indignado al saber que mientras ellos estaban pasando terribles escaseces, los cortesanos no tenían ningún empacho en andarse con devaneos sobre un collar que costaba millones de libras. El pueblo exasperado dio validez a las murmuraciones y consideró culpable también a la reina, lo que supuso su descrédito definitivo. Para la masa, madame Déficit era culpable.

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La crisis de subsistencias se agravó en 1786, cuando Calonne impulsó un tratado de libre comercio para las manufacturas británicas en Francia, a cambio de pequeñas concesiones para los vinos franceses en el Reino Unido. Las consecuencias fueron desastrosas, porque los pequeños talleres locales predominantes en el Reino fueron incapaces de competir en igualdad de oportunidades con los más elaborados y mejores productos británicos. Todo esto en plena década inflacionista, la de los ochenta; Calonne decidió dar un golpe de timón y, como anteriormente se ha señalado, a partir de este año de 1786 presentó un ambicioso paquete de reformas que suponían un reconocimiento tácito del fracaso de su anterior política y del acierto de muchas de las disposiciones de sus predecesores más destacados: Turgot y Necker. Calonne concluyó finalmente que el problema fiscal solamente se podía solucionar mediante la vía de hacer pagar impuestos a los estamentos que hasta entonces habían estado exentos. Con ayuda de un joven Talleyrand, escribió un informe señalando las medidas indispensables, muy consciente de que a partir de entonces comenzaba la auténtica guerra: la que le enfrentaría contra las fieras del Parlamento y de la aristocracia en general. Sus propuestas más importantes afirmaban la necesidad de eliminar definitivamente las aduanas interiores —a fin de crear un auténtico mercado nacional que favoreciera el tránsito de mercancías dentro del territorio del Reino—, la imposición de un fuerte gravamen que pesara sobre los propietarios de las tierras, sin atender a estamentos ni exenciones —lo que restauraba la propuesta turgotiana de la subvención territorial—, y el recorte de poder de los Parlamentos provinciales mediante la creación de las asambleas impulsadas en su día por Necker, con la diferencia de que, al contrario de lo que propuso su predecesor, Calonne fue más allá y consideró que en el organigrama de estas asambleas no debería existir separación por estamentos.

Desde que viró su política, el ministro de Economía era muy consciente de que, como ocurrió con los demás antecesores suyos, los privilegiados se le iban a echar encima como fieras. Previendo esto, tuvo la idea de someter las reformas a una Asamblea de Notables, cuyos integrantes debían ser hombres de alcurnia o reconocida importancia, pero todos ellos elegidos por el rey. Este mecanismo no había sido utilizado por la monarquía desde los tiempos de Luis XIII, cuyo ministro Richelieu pudo zafarse así de la molesta obstrucción del Parlamento de París. Calonne también creía que, dado que era el rey quien seleccionaba a los miembros de la asamblea, esta actuaría con docilidad, ratificando las reformas que después serían remitidas a un Parlamento obligado a registrarlas, dado el prestigio de la Asamblea de Notables. Y si no, un lit de justice. Al fin y al cabo, el rey actuaría siempre dentro de sus derechos y prerrogativas, y con la legitimidad de la Asamblea de Notables.

El 22 de febrero de 1787, se abrieron las sesiones de la asamblea. Calonne se dirigió a los notables para explicarles la gravedad de la situación, inculpando en buena medida a Necker de la enormidad del déficit. Acto seguido, desgranó una a una todas las medidas. Los más de cien asistentes, en su mayoría muy cercanos a los miembros del Parlamento, reconocieron la urgencia de las medidas y aceptaron sin problema soluciones menores, como la reducción de los impuestos de la talla y la gabela o la ya mencionada abolición de las aduanas internas, pero tanto la subvención territorial como la creación de las asambleas provinciales, de mal recuerdo para los parlamentarios, suscitaron una oposición frontal. Los notables se escudaron en el argumento de que una reforma impositiva de tal calado afectaba a la columna vertebral del sistema, razón por la cual era necesario convocar los Estados Generales, único órgano capacitado para ello. En fin, la asamblea rechazaba de plano las dos reformas señeras de Calonne, desviando su discusión a unos Estados que no se habían reunido en los últimos ciento setenta años, y en los que los dos órdenes privilegiados —nobleza y clero— contaban con la ventaja común de dos votos por uno del tercer estado. El 8 de abril de 1787, Calonne, fracasado, abandonaba la Inspección General de Finanzas por la puerta de atrás. Fue remplazado por Étienne Loménie de Brienne, clérigo y presidente de la Asamblea de Notables.

La revuelta de los privilegiados

Brienne tampoco era del agrado del rey. Ni siquiera físicamente. Padecía una llamativa enfermedad dermatológica que repelía a Luis XVI, algo aprensivo por lo demás. A María Antonieta, sin embargo, le encantaba. Siempre había sido un hombre cercano a su círculo que, además, desde su puesto como presidente de la Asamblea de Notables, peleó lo indecible por desacreditar a Calonne. Con los cargos de primer ministro e inspector general de Finanzas reunidos en su persona, la reina parecía asegurarse un importante aliado.

Brienne cambió su actitud en cuanto ocupó su nuevo despacho. Convenció a la reina de la necesidad de reducir el gasto superfluo e impuso en su gobierno una austeridad ejemplar. Por otro lado, reescribió las propuestas de reforma de Calonne de forma favorable a los nobles, con la pretensión de que la Asamblea de Notables, que continuaba abierta, se aviniera a los cambios. Sin embargo, la asamblea que hacía unos días él presidiera se mostró, también con él, intratable. Los notables insistieron en la necesidad de la convocatoria de Estados Generales, ya que eran estos los únicos competentes para aprobar unas medidas de tales características. Dado el completo bloqueo impuesto por la asamblea y no viendo ninguna salida, Brienne terminó por dar por finalizadas las reuniones. No quedaba otra que enfrentarse a cara de perro con el Parlamento, presentando allí las reformas con la vacía esperanza de que las registraran o imponiéndolas mediante un lit de justice y ateniéndose a su ataque feroz. Se intentó la primera opción, y como cabía esperar, las reformas se toparon con un muro de hierro, lo que obligó a Brienne a retirarlas. Visto lo visto, para financiar al Estado no quedaba otra opción más que continuar con la onerosa política de solicitud de empréstitos. Mientras tanto, el Parlamento exigió formalmente del rey la apertura de un proceso de elección de representantes de los tres estamentos de todo el Reino para debatir estas cuestiones en los Estados Generales. La firme postura de los parlamentarios fue interpretada por el tercer estado como una manifestación de defensa de la tierra contra el despotismo regio, que era el argumento que al fin y al cabo utilizaban como cortina de humo para enmascarar su anhelo de incrementar su autoridad y prerrogativas frente a las de la monarquía. En consecuencia, comenzó a fraguarse también entre las clases no privilegiadas un sentimiento de solidaridad con los Parlamentos.

El 6 de agosto, el rey registró, mediante un lit de justice, una reforma fiscal sobre el timbre. No era ni de lejos nada comparado a la reforma tributaria de la subvención territorial, tan problemática, pero aun así el Parlamento de París se había mostrado contrario a su registro, de forma que Brienne tuvo que solicitar el lit. Al día siguiente, en un salto de calidad que al rey le resultó cercano a la insubordinación, los parlamentarios invalidaron el registro, al considerar contrario a las leyes y costumbres del Reino. El lit quedaba anulado por un Parlamento que se había arrogado unas competencias que jamás tuvo y que comenzaba a reivindicar una serie de derechos de control sobre el rey provenientes del Medievo. La acción retrataba la soberbia del Parlamento, muy parecida a la que tuvo que sufrir Luis XV antes de inhabilitarlo, pero daba una imagen extraordinaria ante el pueblo, resentido con los supuestos derroches de madame Déficit. Los parlamentarios, todos ellos miembros de la nobleza, aparecieron ante el populacho como héroes dispuestos a enfrentarse al rey, a la reina y al responsable de Economía, causantes de todos los males del país. Todo por defender las leyes fundamentales del Reino y, en fin, los derechos de los franceses. Ante tal desafío, el rey optó por exiliar al Parlamento parisino a Troyes, lo que provocó la solidaridad de los demás Parlamentos provinciales, así como de otras instituciones dirigidas por la nobleza, y del tercer estado, que protagonizó una serie de manifestaciones y revueltas en defensa de los parlamentarios. Nobleza y tercer estado, de momento, iban juntos.

Las continuas protestas populares a favor del Parlamento de París, instigadas por buena parte de la nobleza e impulsadas por la burguesía y algunos nobles sinceramente liberales, como el marqués de La Fayette, lograron su objetivo en unos meses. Luis XVI cedió, resignado, al regreso del Parlamento, y Brienne abandonó sus planes reformistas, anunciando nebulosamente la voluntad del Gobierno de convocar Estados Generales para el año 1792.

Brienne volvió a la única política financiera que le dejaban tomar: la de los empréstitos. Sin embargo, el Parlamento se mostró reacio a aceptar un préstamo de ciento veinte millones de libras. ¿Qué hacer? Convenció al rey para que, nuevamente, hiciera uso de su autoridad absoluta y lo registrara sin participación parlamentaria. En ese momento, el taimado duque de Orleans protestó diciendo que eso era ilegal. La respuesta del rey es bien conocida: «Es legal porque yo lo quiero». Con esto no hacía sino afirmar su soberanía por encima de cualquier persona o institución, perfectamente acorde con la letra del absolutismo, pero los parlamentarios se lo tomaron como una afrenta personal. El registro se llevó a cabo, y Orleans fue desterrado a Picardía en medio de la indignación general.

Las protestas populares no se hicieron esperar. A la creciente pérdida de popularidad del rey se sumaban de forma inversamente proporcional los apoyos que desde todas las instancias recibían los parlamentarios. El desafío nobiliario llegó a tal punto que denunciaron el modo en que se efectuó el último registro como contrario al derecho natural, utilizando en su propio beneficio el argumentario de los pensadores ilustrados. En mayo de 1788, el Gobierno declaró la guerra abierta a la nobleza publicando una caterva de edictos encaminados a socavar el poder político de los Parlamentos. La más importante de estas medidas era la supresión de la competencia de registro de edictos reales en los Parlamentos, para confiarle esa labor a un tribunal nombrado por el rey. El Parlamento de París se mantuvo firme, aduciendo que cualquier alteración en materia de impuestos debía ser aprobada por los Estados Generales, exigiendo su reunión. Pero ahí no quedaba la cosa, puesto que también exigió al rey el reconocimiento tácito de una competencia que desde hacía mucho tiempo ya se había atribuido: el veto a las leyes, sobre la base de la tradición del Reino, lo cual suponía, explícita e implícitamente, la supresión las lettres de cachet y los lit de justice. El rey ordenó la detención de los parlamentarios más revoltosos para, acto seguido, cerrar cautelarmente las puertas de la institución y ceder la facultad del registro de leyes al ministro de Justicia. La rebelión estalló de inmediato. En Béarn, en Bretaña y en otros puntos del territorio, los parlamentarios provinciales mostraron su insumisión a las disposiciones reales mediante la organización de violentas protestas, que llegaron al derramamiento fatal de sangre en Grenoble, sede del Parlamento del Delfinado. El ejército recibió orden de entrar en la ciudad y cerrar el Parlamento, que seguía reuniéndose a pesar de la orden de cesantía que había recibido; pero en cuanto penetraron en el núcleo urbano, a la altura del Colegio de los Jesuitas, una lluvia de tejas de pizarra les llovió del cielo. Eran los vecinos, que les lanzaban desde sus tejados lo que tenían más a mano para defender al Parlamento y evitar su supresión forzosa. Los soldados abrieron fuego y se inició un enfrentamiento que dejó un saldo de varios muertos, pero se consiguió la evacuación del ejército y el mantenimiento del Parlamento. Ocurrió el 7 de junio de 1788, y el hecho se recuerda con el nombre de Día de Tejas (Journée des Tuiles).

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La particularidad de la rebelión del Delfinado estriba en que, al contrario que en otros casos, el Parlamento se reconstituyó siguiendo el orden tradicional de los tres estamentos y bajo estricto control del tercer estado, orden al que pertenecían los máximos representantes del levantamiento. Había una intención no oculta de resucitar los viejos Estados del Delfinado, pero por encima de ello, la reunión de los autorrecuperados Estados en el castillo de Vizille simbolizó el primer aviso de la burguesía sobre las intenciones particularistas de la nobleza: entre sus reivindicaciones, aireadas por la proclama que realizaron tras la reunión, se encontraban el fin de las exenciones fiscales y la doble representación de los no privilegiados en los Estados Generales, cuya convocatoria también reclamaban. La guerra de los otros dos estamentos era muy otra. Basta recordar que por las mismas fechas, la Iglesia de Francia, que apoyaba el argumento de inviolabilidad del sistema de exacción fiscal que argüían los parlamentarios para reclamar la convocatoria de los Estados Generales, declinó la ayuda de ocho millones de libras que el Estado le pedía como don gratuit.

En julio de 1788, el Gobierno anunció la convocatoria de los Estados Generales para el año próximo, pero Brienne no conservaría su posición durante mucho tiempo. El 25 de agosto de 1788, Necker sustituyó a un desgastado Brienne en la máxima responsabilidad financiera y en el puesto de ministro de Estado, logrando así cumplir sus antiguos deseos. Desde esta atalaya anunció la fecha definitiva de apertura de los Estados Generales: el 1 de mayo de 1789[17]. El ginebrino creía sinceramente que, tal y como se habían puesto las cosas, lo mejor era celebrar los Estados y quizá, beneficiando suficientemente a los no privilegiados, convertirlos en aliados inesperados de la monarquía. Necker comenzaba a trajinar en la idea de que la representación doble del tercer estado tenía que ser favorecida.

Anunció una segunda apertura de la Asamblea de Notables, a fin de discutir acerca de la forma de selección de representantes que acudirían a los Estados Generales, si el voto en ellos sería al modo tradicional —por estamento— o, como reclamaba el tercer estado, habría de hacerse por cabeza, si cada estamento debía de reunirse por separado o los tres juntos en una misma Cámara, o si debía reconocerse la doble representación para los no privilegiados que, a fin de cuentas, representaban a más del noventa por ciento de los franceses. Como supuso Necker, a los notables no les hizo ninguna gracia que el secretario de estado sacara estos temas que no hacían sino poner en danza al tercer estado y dividirlos, y se posicionaron cerradamente en contra de las innovaciones. Basándose en la última convocatoria de Estados Generales, la del año 1614, adujeron que lo más acorde a derecho era ajustarse a la organización tradicional. De este modo, se mostraron partidarios del voto por estamento y no individual, de la no duplicación del número de representantes del tercer estado, y de la reunión de cada estamento por separado. Las resoluciones de los notables iban de la mano de las del Parlamento, lo cual provocó un desengaño suficientemente grande entre buena parte de los no privilegiados como para darse cuenta de que el enemigo, más que en el rey, militaba entre el clero y la nobleza. De esta forma, la burguesía ilustrada comenzó a organizarse en clubs nacionales y a definirse entre ellos como patriotas, en contraposición a las clases privilegiadas, utilizando la terminología ilustrada y liberal de la que hicieron uso los insurgentes norteamericanos en su guerra de Independencia.

Consciente de la fractura social que había ayudado a desarrollar, Necker presentó a los nobles la demanda de la representación doble del tercer estado como una renuncia de mínimos que, sin embargo, podría suavizar las formas de la burguesía. Consiguió que se aceptara este punto, ya que al fin y al cabo esta medida no afectaba al voto por estamento y no se traducía en nada práctico, aunque no pudo resolver la problemática del voto por cabeza o estamento, asunto espinoso que terminó dejándose para el mismo día de la apertura de los Estados Generales[18]. Por fin, el 24 de enero de 1789, en lo más crudo de uno de los inviernos más rigurosos y conflictivos del siglo, se publicó la ordenanza de convocatoria, instando a los diversos territorios a enviar a sus representantes y al pueblo llano a rellenar sus cuadernos de quejas. Aquel enero comenzó a correr pródigamente por todo el país un pequeño texto elaborado por el abate Emmanuel-Joseph Sieyès, hombre bien conocido por sus anteriores publicaciones favorables a la emancipación de la burguesía, titulado ¿Qué es el tercer estado? Su contenido fue difundido, comentado y celebrado en todos los clubs patriotas, convirtiéndose en una forma de compendio de las intenciones del tercer estado:

¿Qué es el tercer estado? Todo.

¿Qué ha sido hasta ahora? Nada.

¿Qué es lo que pide? Ser algo.

[…]

¿Qué es el tercer estado? Todo, pero un todo encadenado y oprimido.

¿Qué sería sin el orden privilegiado? Todo, pero un todo libre y próspero.

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Hacia enero de 1789, la diferencia entre privilegiados y tercer estado no estribaba solamente en su estatus político, sino también en la actitud. Mientras el norte de aquellos seguía siendo el de conservar y aumentar en todo lo posible sus prebendas tradicionales, el de estos, que ya se estaban definiendo como nación, no era otro que la aniquilación de los primeros como estamento.

II
MONARQUÍA PARLAMENTARIA

El estallido

Desembarco en Versalles

Necker se encargó personalmente de favorecer la aspiración de la doble representación del tercer estado. Entendía que la burguesía era un contrapeso necesario sobre el que la monarquía debía apoyarse para minimizar al máximo los devastadores efectos del desafío nobiliario. Una vez satisfecha aquella en una de sus más repetidas reivindicaciones, debía ser más proclive a favorecer las disposiciones de una monarquía que quería presentar más o menos favorable, aunque sin llegar a resultar complaciente. Los Estados Generales, tan reclamados por el Parlamento de París, se presentaban ahora como una oportunidad para el Gobierno. En aras del equilibro entre dos partes —clero y aristocracia por un lado y tercer estado por el otro—, el rey podía lograr imponer sus deseos. Sólo había que actuar con la suficiente inteligencia, y Necker de eso andaba bastante sobrado. Sin embargo, el ministro subestimaba la fuerte conciencia de grupo desarrollada por la burguesía, tantas veces demostrada en reuniones de los clubs políticos. Por otro lado, la propia corte parecía hacer oídos sordos al hecho de que, dentro de su residencia, el Palais Royal de París, el astuto duque de Orleans, primer noble del Reino, primo del rey y gran maestre del Gran Oriente de Francia, organizaba reuniones sediciosas de tinte liberal bajo la denominación de Club de Valois.

Necker se movía con el tiento de un zorro. Su inclinación por el tercer estado, tan estratégica como sentimental, era vista con desconfianza por buena parte de la alta aristocracia, deseosa de eliminar al insolente plebeyo, extranjero y protestante, que pretendía dirigir el país. Recalcó públicamente varias veces que su única intención era liquidar, o al menos atenuar al máximo, los privilegios fiscales, algo con lo que buena parte de la nobleza comenzaba a comulgar dadas las circunstancias. Ninguna de las demás estructuras estamentales sería objeto de reforma, lo que garantizaba la continuidad del sistema de privilegios y aseguraba una solución al marasmo económico. María Antonieta, sin embargo, desconfiaba, y con ella toda su camarilla, que a pesar de los constantes ataques recibidos cada día era más numerosa.

Necker dispuso una serie de reglamentos para la organización de los Estados Generales. El más importante de ellos fue publicado en enero de 1789, fijando el sistema electivo de los diputados, y cuya novedad con respecto a otras convocatorias estribó en que todos los varones mayores de veinticinco años vieron reconocido su derecho al sufragio. Cualquier individuo sujeto a carga fiscal podía votar, y si bien en el caso del tercer estado se trataba de un sistema muy indirecto en dos o más grados, lo que desvirtuaba enormemente el sentido de la elección, lo cierto es que este planteamiento suponía per se un enorme triunfo de partida de las tesis defendidas por la burguesía francesa. La elección de los representantes de los dos estamentos privilegiados fue directa, dándose la irónica situación de que los diputados que salieron elegidos por el tercer estado pertenecían prácticamente todos a la burguesía acomodada, mientras que en el caso de los clérigos y los nobles, muchos de sus integrantes habían surgido de los estratos bajos de su orden. Esta conjunción de alta burguesía y amplio número, principalmente, de clero bajo, se revelará decisiva en el desarrollo de los acontecimientos posteriores.

El ambiente en la calle era poco tranquilo. En los últimos tiempos, las hambrunas y carestías alimentarias habían vuelto con fuerza, y el descontento de las clases más desfavorecidas se encarnó en motines y revueltas de diversa magnitud. La burguesía que, como tercer estado legalmente —aunque no sociológicamente— los representaba, sabía que sus posiciones gozarían del apoyo popular en cuanto plantaran cara al sistema tradicional. La atmósfera parecía favorable a los cambios. El campesinado y los urbanitas depauperados buscaban el fin de impuestos como el diezmo o la gabela, o la recuperación de las tierras comunales, pero estaban dispuestos a apoyar la revuelta de la burguesía, que, sin embargo, no pensaba más que en seguir sus propias consideraciones: la igualdad jurídica de todos los súbditos del rey, a todo trance y como trampolín al control de las estructuras políticas del Reino. Para el pueblo, al menos era una posibilidad de cambio. Los clubes revolucionarios, como la decisiva Sociedad de los Treinta, que publicó el opúsculo de Sieyès ¿Qué es el tercer estado? y al que pertenecieron nobles tan ardientemente liberales como el marqués de La Fayette o el taimado obispo Talleyrand, daban demasiadas pistas sobre las verdaderas intenciones de los reformistas. No haberlo sabido valorar en toda su amplitud resultó catastrófico para el absolutismo regio.

El descontento popular fue canalizado mediante los cuadernos de quejas (cahiers de doléances). Aunque debidamente suavizados por los leguleyos de cada circunscripción, donde fueron refundidos para ser más ordenadamente elevados a los Estados, los cuadernos dibujan un excelente estado de la cuestión en lo que se refiere a las demandas de los diferentes estratos de la sociedad. Cada estamento se encargó de elaborar sus propios cuadernos, y aunque resultaba evidente la diversidad de consideraciones y reivindicaciones según el orden que los reclamaba, parece probado que las diferencias no resultaban tan abismales como podría pensarse. De partida, nadie puso en duda la autoridad del rey. Entre el populacho subsistía la tradicional consideración de que el Borbón era una especie de comprensivo padre de familia a quien sus malvados consejeros no le dejaban ver la realidad de Francia. «Si el rey lo supiera…» fue una frase ampliamente repetida entre el campesinado durante siglos. Tampoco los nobles, el clero ni la burguesía, únicos estratos realmente representados en los Estados Generales, atisbaban mínimamente la posibilidad de prescindir de él. Los representantes del tercer estado se conformaban con una reforma constitucional que buena parte de los dos estamentos privilegiados consideraba ciertamente razonable. Nadie podía sospechar que la cabeza de Luis XVI terminaría rodando por las calles de París pocos años más tarde. Menos aún habida cuenta del perfil marcadamente moderado de los representantes de los estados, donde la pelea se iba a plantear en relación a la reclamación de igualdad jurídica para todos los franceses. Lejos, pues, de las reivindicaciones de la parte baja del tercer estado, los diputados de los tres órdenes que se iban a reunir en Versalles con el rey coincidían en más cosas de las que divergían. Sin embargo, la marcada separación estamental de Antiguo Régimen continuaba favoreciendo a los dos primeros órdenes en detrimento del tercero, cuyos representantes se vieron obligados a buscarse alojamiento por su cuenta en París, Versalles y alrededores.

La burguesía revoltosa

Acusaron el golpe. Aquella burguesía presuntuosa que reclamaba ser reconocida como igual por el clero y la nobleza, que farfullaba repetidamente que ella sola era la nación, y que sin ella el Reino desaparecería, se vio abofeteada en su orgullo al verse obligada a buscarse la vida en pensiones de mala muerte a precios inflados, como resultado de la masiva afluencia de diputados, mercachifles y curiosos. El 2 de mayo se dio la recepción oficial de los representantes, que fueron recibidos por Luis XVI siguiendo la tradicional separación estamental. Los miembros de la burguesía, que habían llegado dispuestos a hacer valer sus derechos, se pusieron en guardia. No parecía que el Gobierno tuviera intención de admitir ninguna innovación estructural en el organigrama tradicional de los Estados Generales. El 4 de mayo, la víspera de su apertura, se ofició una misa precedida de un pomposo desfile en el que los miembros del tercer estado marcharon al final y muy lejos de la figura del rey, quien en todo momento se rodeó de la más rancia aristocracia. Cuando llegaron a la catedral de San Luis de Versalles, donde se iba a celebrar el acto religioso, se encontraron con lo que interpretaron como una nueva bofetada: mientras que los miembros del clero y la nobleza contaban con sus asientos debidamente dispuestos y señalados, ellos tuvieron que buscar sitio como pudieron. Tampoco ayudó a crear un clima de cordialidad monseñor de La Fare, obispo de Nancy, quien en su sermón advirtió a quienes pretendían ser iguales a los tocados por el privilegio de nacimiento que nunca podrían serlo, que estaban destinados a la obediencia como plebeyos que eran. Las palabras de La Fare tampoco fueron del agrado de la reina, a quien, sin nombrar específicamente, acusó de despilfarradora y mala hembra.

Con estos mimbres se inauguraron los Estados Generales el 5 de mayo de 1789. El gran salón del palacete de los Pequeños Placeres (Hôtel des Menus Plaisirs) fue la sede escogida para la inauguración. La ceremonia dio comienzo con un ostentoso despliegue del boato de la monarquía absoluta: la familia real, con el rey a la cabeza, presidió el acto con sus mejores galas, en un intento vano de mostrar magnificencia y despreocupación, a pesar de la inseguridad innata del rey y la terrible situación económica, política y social que Francia estaba atravesando. El agravamiento de la enfermedad del delfín Luis José, de apenas ocho años de edad, coadyuvó a generar en la testa coronada un cúmulo de preocupaciones que incrementaron su natural falta de resolución. Tras la música de rigor, el rey presidió solemnemente la inauguración. Frente a él se acomodaron los representantes del tercer estado, que eran más o menos el doble que los miembros del clero, a la derecha del rey, y de la nobleza, a su izquierda. Luis XVI abrió los Estados con un discurso vago y protocolario. Luego intervino Charles de Barentin, guardián de los sellos reales, que tampoco aportó nada sustancioso. Finalmente habló Necker. Su larga perorata duró cerca de tres horas, en las que desgranó punto por punto la situación financiera del Reino y sus posibles soluciones, entre las que señaló como preeminente la reforma del sistema tributario. Solicitó también el visto bueno para la petición de un crédito de ochenta millones de libras, a fin de mantener la solvencia del Estado, pero dejó de lado las cuestiones que para el tercer estado eran las más candentes. Los diputados se sintieron engañados. ¿Habían acudido a Versalles, después del largo proceso de elección y redacción de cuadernos de quejas, después de tantas expectativas en relación a una reforma del sistema político, sólo para ser consultados acerca de la imposición de un nuevo impuesto? De ninguna manera. Estaban allí para algo más que eso. Al día siguiente, 6 de mayo, el tercer estado se negó a constituirse, tal y como habían empezado a hacer la nobleza y el clero. No estaban dispuestos a acreditarse hasta que no se reunieran todos los estamentos en una única sala común y no en salas separadas, como se pretendía. Razonaban que era imprescindible la verificación conjunta de la correcta acreditación de todos los diputados de los tres órdenes, antes de comenzar las deliberaciones. Por tanto, mientras esto no se diera, los diputados del tercer estado mostraron su desacuerdo con continuar.

Durante un largo período que duró algo más de un mes, los no privilegiados se mantuvieron firmes en el gran salón del palacete de los Pequeños Placeres, sin constituirse, interrumpiendo así el desarrollo de los Estados Generales. Se trataba de un plantón, de un auténtico desafío, de un pulso que la práctica totalidad de los comunes, como empezaron a definirse a sí mismos, estaba dispuesto a llevar hasta sus límites. Los pocos que parecían ceder a las presiones de la monarquía o del orden nobiliario pronto eran acallados con el argumento de que si se constituían estarían aceptando implícitamente la separación de órdenes y, de rebote, el voto por estamento. Los representantes de la burguesía, pues eso es lo que realmente eran, se negaban a obtener la prerrogativa de transformarse en una especie de Cámara Baja que abriera la posibilidad de la preeminencia de una Cámara Alta formada por los privilegiados. De esta forma, el grupo más mentalizado, con mayor conciencia de sí y de sus objetivos políticos, y sociológicamente más homogéneo, resistió el envite que él mismo había lanzado. La nobleza y especialmente el clero, con un componente más heterogéneo entre sus filas, lo aguantaron peor y muy pronto se abrieron grietas en su seno. El tiempo, pues, jugaba claramente del lado de los burgueses.

Comenzaron las negociaciones, primero entre los miembros del bajo clero más proclives a la reunión de los tres estados en una única Cámara, e incluso a admitir la idea de suprimir las diferencias por estamento. En el campo nobiliario había más resistencias a esta idea. Salvo casos tan destacables como el del marqués de La Fayette, noble liberal que había tomado parte como voluntario en la guerra de Independencia de los Estados Unidos de América, la aristocracia se mantuvo mucho más firme que el clero en sus posiciones primigenias. Finalmente, el 10 de junio el abate Sieyès[19], elegido diputado por los comunes y uno de los más destacados miembros del grupo gracias a su famosa apología del tercer estado, anunció con solemnidad a los dos estamentos restantes que o bien se unían sin dilación a los reunidos en el gran salón del palacete de los Pequeños Placeres, o bien se entendía que renunciaban a su carácter representativo. Sieyès razonaba que, siendo el 97% de la población de Francia parte del tercer estado, sus diputados eran los únicos que podían aducir legítimamente ser la representación de la nación. Lentamente, y con ciertas reticencias, comenzaron los movimientos. Los primeros ecos salieron de las filas del clero: el 13 de junio, tres sacerdotes elegidos por la circunscripción de Poitiers —Le Cesve, Ballard y Jallet—, se unieron al tercer estado. La pasmosa inactividad del rey, que se encontraba apesadumbrado por la reciente muerte de su hijo el 4 de junio, facilitó las cosas para que al día siguiente nuevos miembros del clero se unieran a estos y reconocieran públicamente la reunión del tercer estado como la única asamblea legítima. El ejemplo cundió, y poco a poco, el número de tránsfugas fue creciendo hasta hacerse verdaderamente notable.

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El 16 de junio, y también a propuesta de Sieyès, la reunión del tercer estado se declaró unilateralmente Asamblea Nacional. El hecho, siendo solamente una declaración, un cambio de nombre, representaba lo más revolucionario que hasta entonces había ocurrido en el palacete de los Pequeños Placeres. El tercer estado asumía por propia iniciativa la representación exclusiva del pueblo francés; una rebelión en toda regla contra la soberanía regia y las estructuras del Antiguo Régimen. Ya no hay estamentos separados, porque todos se han de reunir en la Asamblea Nacional. Quien no lo acepte, no será tenido en cuenta por esa misma autoproclamada única representación genuina del pueblo. El 19 de junio, lo que restaba del estamento eclesiástico votó favorablemente sobre la reunión con el tercer estado y su reconocimiento como representación popular. A partir de este momento, un tercer estado crecido y seguro de sí mismo se enfrentaba a un orden nobiliario que aún se mantenía firme, pero que no podía evitar una lenta pero continua erosión por efecto de varios de sus miembros, algunos sinceramente liberales como el mencionado La Fayette o más interesados, como lo serían después el duque de Aiguillon o el de Orleans, quien más tarde llegaría a ser conocido como Philippe Egalité. Ante esto, Luis XVI, hundido por el reciente deceso de su joven heredero, sólo sabe llorar. Necker le instó a decretar la convocatoria de una sesión real a la que habrían de acudir los representantes de los tres estamentos para escuchar al rey, que debía paralizar la escalada revolucionaria mediante un puñetazo de autoridad. Creyendo todavía que a la burguesía podía ganársela reconociendo algunas de sus demandas, Necker insistió al Borbón para que en aquella reunión aceptase la igualdad fiscal —tan anhelada por el ginebrino como paso necesario hacia el saneamiento de las finanzas del Estado—, así como el acceso a cualquier puesto administrativo y de gobierno al margen de la cuna. También abogó por el voto individual, pero sólo a partir de la siguiente celebración de Estados Generales, ya que se preveía que esta vieja y abandonada costumbre podía convertirse en algo más habitual. Las propuestas de Necker no gustaron al mucho más conservador Barentin, quien derrotó al ginebrino. Necker, contrariado, decidió no acudir a la sesión real.

Los juramentados

Como nadie puso al corriente a los miembros de la autoproclamada Asamblea Nacional, la lluviosa mañana del 20 de junio estos acudieron, como cada día, al palacete de los Pequeños Placeres. Lo encontraron cerrado. La excusa: reformas para acoger la sesión real. Así se enteraron de que el rey estaba organizando este acto. Otro ninguneo. Después de repetidas protestas, y al ver que los diversos intentos por persuadir a la soldadesca para que les dejara entrar no surtían efecto, los diputados buscaron un nuevo edificio donde continuar con sus reuniones. A propuesta del doctor Guillotin, que en contra de lo que se cree no fue el inventor del instrumento de ejecución homónimo[20], escogieron el frontón de Versalles, un edificio cercano que había servido a la corte para ejercitarse en los diferentes juegos de pelota y que, dadas sus dimensiones y la falta de mobiliario, resultaba ideal para albergar a los más de quinientos representantes. La única pega era que carecía de asientos. En cualquier caso, la efervescencia revolucionaria de sus señorías, incrementada por la indignación ante lo que había ocurrido a primera hora de la mañana y por los constantes jaleos del populacho que se agolpaba desde los ventanales situados en la parte superior, impulsó a los representantes populares a tomar las riendas del proceso constitucional. Jean-Joseph Mounier, diputado por la circunscripción del Delfinado, lanzó la idea de establecer un compromiso entre ellos, que habría de plasmarse por escrito y ser jurado por todos los representantes de la Asamblea Nacional. En él se comprometerían a no abandonar sus reuniones hasta dotar a Francia de una Constitución. El texto fue apresuradamente redactado y solemnemente jurado por todos, excepto por uno, Joseph Martin-Dauch, quien adujo cuestiones de conciencia, al no poder asumir la realización de acciones no sancionadas por el rey[21]. La lectura solemne de este fue realizada por Jean Sylvain Bailly, primer presidente de la Asamblea. Entre medias, la embriaguez de saber que estaban protagonizando un hecho histórico, la efervescencia revolucionaria que bullía en derredor y transpiraba por todos los poros de los hombres y mujeres modestos que vitoreaban a los diputados, y la tensión palpable al saber que cada vez se iban concentrando más contingentes militares en las cercanías de París y Versalles. El desalojo del frontón dos días más tarde no podía parar el huracán que los miembros de la Asamblea Nacional sentían dentro. Se reinstalaron en la catedral de San Luis, el mismo sitio en el que, semanas atrás, tuvieron que vérselas y deseárselas para asistir cómodamente a la misa solemne. Las tornas habían cambiado.

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El 23 de junio, los diputados de los tres estamentos acudieron a la sesión real convocada por el rey. Los miembros de la Asamblea se mostraron un tanto desconfiados. Los rumores de revueltas en París venían siempre acompañados por un alarmante incremento de tropas por los alrededores, tanto que se comenzó a hablar abiertamente de la posibilidad de que se estuviera tramando una contrarrevolución. Tras la apertura, los más avispados de entre los representantes del tercer estado se apercibieron alarmados de la ausencia de Necker, de lo que dedujeron, acertadamente, que las palabras del rey no iban a estar respaldadas por su ministro. La sombra de la conspiración palaciega se agrandaba.

Efectivamente, el discurso de Luis XVI confirmó que las suspicacias no iban mal encaminadas. Si bien asumió cuestiones como la de la igualdad fiscal o el reconocimiento a los Estados de la competencia relativa a nuevos impuestos, asuntos que por lo demás prácticamente todos aceptaban, se mostró tajante en cuestiones como el voto por cabeza, o la posibilidad de abrir todos los cargos a todas las personas, sea cual fuere su estatus social. Ni una ni otra fueron aceptadas. Finalmente, en un intento de imponer su autoridad como soberano absoluto, dispuso la anulación de la autoproclamada Asamblea Nacional y la redisposición de los diputados en sus tres órdenes originales, a fin de dar comienzo de una vez por todas a los accidentados Estados. Tras el rapapolvo, el rey abandonó la gran sala del palacete de los Pequeños Placeres con toda la majestuosidad de la que era capaz, seguido de los más importantes dignatarios y de los representantes de los órdenes eclesiástico y nobiliario. Los representantes del tercer estado, sin embargo, se quedaron en la sala, quietos, sin hacer caso de las órdenes del rey. Los clérigos habían accedido; eran más volubles. Pero ellos tenían bien claro lo que querían lograr. Después de un tiempo, cuando el maestro de ceremonias, el marqués de Dreux-Brézé, al ver que no abandonaban la sala los conminó a ello aduciendo las órdenes del Borbón, se negaron abruptamente. Bailly, presidente de la Asamblea Nacional, se vio obligado a responder en nombre de todos, asegurando que «la nación congregada no puede recibir órdenes». Con esto se ponía en solfa la soberanía del rey, a favor de la nacional. La frase es revolucionaria, a pesar de lo cual ha tenido más éxito para la posteridad la más heroica de Mirabeau: «Estamos aquí por la voluntad del pueblo, y sólo saldremos por la fuerza de las bayonetas». El conde de Mirabeau, noble escogido por el estado llano, con fama demostrada de excelente orador, buen conversador y eficaz paladín de las masas, se metió a todos en el bolsillo con esta muestra de resistencia a ultranza, de decisión, y, por qué no decirlo, de excelente uso de la dialéctica en el momento adecuado. Por lo demás, Mirabeau tenía una merecida fama de veleta que no tardaría en demostrar.

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La insubordinación del tercer estado había llegado a tales límites que al rey únicamente le quedaban dos opciones: ceder o hacer uso de la tropa, perfectamente acantonada en los alrededores. La segunda opción fue la más acariciada, sin embargo, resultaba extremadamente delicada. Habida cuenta de que los motines de París arreciaban, la disolución de la Asamblea manu militari podía tener un efecto multiplicador de las protestas, generando una situación verdaderamente insostenible. Su proverbial indecisión le obligó a esperar sin hacer nada, hasta que finalmente, cuando entre el 24 y el 25 de junio se vivieron nuevos y numerosos episodios de transfuguismo hacia las filas de la Asamblea Nacional, Luis XVI claudicó. El último y más doloroso cambio de campo lo protagonizó el sagaz duque de Orleans, primo del rey. Tras ello, y al ver que casi todos los diputados formaban parte de la Asamblea, el monarca instó a los que quedaban sin unirse a ella que lo hicieran, aceptando como mal menor la Asamblea única sin estamentos antes que una rebelión declarada.

La Asamblea, más nutrida que nunca, escogió a un nuevo presidente, Le Franc de Pompignan, el 3 de julio, y el 9 se declaró Asamblea Nacional Constituyente. Su objetivo: dotar a Francia de una Constitución donde la igualdad jurídica entre todos los franceses fuera un hecho.

La revuelta urbana

La revolución de los diputados del tercer estado no habría prosperado si no hubiera habido al mismo tiempo otra en París, de impredecibles dimensiones pero rápidamente encauzada y liderada por la burguesía. Las desastrosas cosechas de 1788 provocaron nuevamente una carestía en el precio del grano, lo que condenó a la hambruna a buena parte de los sectores populares. En 1789, el precio del pan alcanzó límites escandalosos, lo que en una sociedad repleta de campesinos y pequeños artesanos precarios supuso una caída de los más débiles del lado del hambre y la miseria. El número de mendigos se incrementó, lo que generó una mayor inestabilidad y una efervescencia social extremadamente sensible.

El 11 de julio, Necker y su equipo fueron fulminantemente destituidos por el rey. En su lugar se colocó a toda una pléyade de ultraconservadores, encabezados por el barón de Breteuil, favorito de la reina y muy relacionado con Barentin, el guardián de los sellos reales, que continuó en su puesto. La noticia corrió como la pólvora, y a primera hora del día siguiente, el pueblo de París, harto de la escasez y asustado por el inicio de lo que parecía una contrarrevolución, acudió masivamente a los jardines del Palais Royal, residencia oficial del duque de Orleans, que apoyaba las movilizaciones. La caída de Necker fue interpretada como el primer paso de la conjura contrarrevolucionaria que todos temían. Su fase palaciega había sido ejecutada rápida y eficazmente, de manera que no tardaría en culminarse el golpe de mano con la orden de movilización de las tropas y el cierre de la Asamblea. Los ánimos, notablemente enardecidos, fueron convenientemente soflamados por agitadores como Danton, Marat o Desmoulins, partidarios especialmente estos últimos, de medidas más radicales que las imaginadas por la gran mayoría de los diputados del tercer estado. París estaba a punto de explotar. Zambullida totalmente en el proceso revolucionario que estaba protagonizando la Asamblea Nacional en Versalles, gracias a los constantes informes de la prensa y de los agitadores del tercer estado, la ciudad se había transformado en un auténtico hervidero político.

La apelación al golpe de mano aristocrático surtió efecto. Galvanizó a las masas, pero las descontroló. Cerca de cien mil sans-culottes[22] desfilaron espontáneamente por el centro de París, la mayoría procedentes de los barrios orientales de Saint-Marcel y Saint-Antoine, pidiendo pan y dando su apoyo a la Asamblea Nacional. Como era de prever, no tardaron en tropezarse con un contingente militar de los tantos que ocupaban París. La Royal-Allemand Cavalerie, integrada por alsacianos, se vio atacada por los manifestantes, que les lanzaron piedras y adoquines, y estos cargaron contra la muchedumbre. Fue un breve episodio, casi un amago que se saldó, sin embargo, con un muerto. Pero lejos de lo que parecía, el pueblo no iba a tener enfrente a todo el ejército en bloque. La Guardia Francesa, que tenía acuartelamiento permanente en París y se relacionaba desde siempre con la población local, entendía los problemas del pueblo y, en buena medida, los compartía. Las autoridades lo sabían, de manera que para prevenir posibles insubordinaciones colocaron un regimiento de caballería frente a sus cuarteles. Temían que se levantaran junto a los populares. Sintiéndose humillados por la desconfianza con la que eran tratados, los miembros de la Guardia Francesa se unieron aún más en sus simpatías revolucionarias y salieron de sus reductos, liquidando la pequeña resistencia que la caballería, de apenas sesenta hombres, podía ofrecerles. La revolución tenía ahora un brazo militar de su lado.

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El 13 de julio despertó con sabotajes realizados por la noche en determinados puntos estratégicos de la ciudad. La masa amotinada bramaba por el fin de la escasez mediante el desenmascaramiento de los acaparadores, señalando a los poderosos y a buena parte del clero como los responsables últimos del dramático estado de cosas. El saqueo del convento de Saint-Lazaire pareció darles la razón: cereal a espuertas. La indignación crecía por momentos, y para las dos de la tarde, un más que nutrido grupo de alborotadores había dado buena cuenta de centros gubernamentales como la oficina del fisco, que ardió por los cuatro costados. La plaza del Ayuntamiento hervía de gente que reclamaba armas, dispuesta a tomarse la justicia por su mano.

Dado que el Gobierno municipal se encontraba extremadamente debilitado, los electores del tercer estado que escogieron a los representantes por París como diputados de los Estados Generales ocuparon el vacío de poder tomando el control de acuerdo con el comité insurreccional que se había instalado en el Palais Royal. La burguesía necesitaba dar el paso para reconducir a las masas y mantener el orden revolucionario, creando una nueva municipalidad y un comité permanente que actuara de cabeza visible del movimiento contestatario, convenientemente oculto tras el principal responsable de la ciudad, Jacques de Flesselles, que era el preboste de los mercaderes[23]. Flesselles era un hombre de la monarquía, que representaba bien la fusión entre la continuidad y el cambio, al liderar una estructura impulsada por la burguesía. Se mantenía así una apariencia de legitimidad institucional, al respetarse la cabeza del Gobierno anterior, pero en realidad el viejo organigrama absolutista, apoyado y transformado por la fuerza del tercer estado, ya no era sino fachada[24]. Flesselles entendía la necesidad de ciertas reformas y contaba con experiencia administrativa, dado su pasado como intendente en diferentes destinos. Sin embargo, nunca fue partidario de entregar las armas al pueblo. Armar a los más desfavorecidos era un acto de alto riesgo que fácilmente podía desembocar en la pérdida de las riendas del movimiento insurreccional en favor de un magma de reivindicaciones confusas que parecía abocar al país al caos. En lugar de ello, la municipalidad liderada por Flesselles optó por crear una milicia directamente dependiente de los órganos administrativos revolucionarios recién creados, en la creencia de que esto aplacaría la sed popular de dotarse de armas y sería capaz de reconducir a los amotinados. Esta Guardia Nacional fue constituida en un tiempo récord, con más de 40.000 hombres que empezaron a distinguirse por llevar consigo, bien visible, una escarapela bicolor: rojo y azul, los colores de París.

Le jour de gloire est arrivé!

Bien pertrechada con palos, picos, piedras y algunas armas[25], la turba asaltó varios edificios donde se presuponía que se guardaban armas. El primero fue el palacio de la Marina. Después, el de los Inválidos, donde una representación del comité burgués de París negoció la entrega de los arsenales, argumentando que la medida era necesaria para armar a la Guardia Nacional y asegurar así tanto el orden como la continuidad de la reforma política encarnada en la Asamblea Nacional y en la nueva estructura municipal. El gobernador de los Inválidos se negó en redondo, y al día siguiente, 14 de julio de 1789, la muchedumbre asaltó el edificio. La Legión francesa organizó a las masas en cuadros militares, dando cierto orden a la ofensiva, de manera que el gobernador Sombreuil, viendo que sus soldados no estaban por la labor de volver sus cañones contra el pueblo, se vio obligado a abrir las puertas a la delegación del tercer estado.

El botín conseguido en los Inválidos fue cuantioso, sobre todo en el número de mosquetes, no menos de 29.000. Sin embargo, allí no había pólvora. A menos que usaran los mosquetes como arma arrojadiza, aquello no valía para nada. El siguiente objetivo, pues, se tornó diáfano cuando se informó a los delegados que en la Bastilla había un auténtico polvorín. Dicho y hecho. Una gran masa de gente se dirigió hacia el arrabal de Saint-Antoine, ya suficientemente revolucionario de por sí, para tomar al asalto la legendaria fortaleza de la Bastilla, una prisión que resultaba más aterradora por lo que simbolizaba que por lo que realmente era. En la memoria intergeneracional colectiva, la Bastilla era un lúgubre castillo cuyos cañones apuntaban a los barrios populares y donde tradicionalmente se encerraba a los rebeldes de todo tipo, arbitraria y gratuitamente. La realidad era, en cambio, muy distinta. Se trataba de una vieja estructura mal defendida por un pequeño grupo de soldados retirados y otro de guardias suizos, que había sido incluida varias veces en los planes de demolición por su inoperatividad, y cuya función como prisión distaba mucho de cumplir con los estándares necesarios. Además, en el momento del asalto únicamente había siete reclusos. La empresa no parecía, ciertamente, difícil; de modo que la delegación del comité insurreccional solicitó, al igual que en el caso de los Inválidos, que el gobernador Launay los recibiera, a fin de presentarle sus reclamaciones. Hasta cuatro veces parlamentaron con él sin resultados, de forma que la masa que rodeaba a aquella lúgubre mancha oscura en medio del entramado urbano de París terminó movilizándose y se inició el ataque. A pesar de la pobre defensa de la Bastilla, la confrontación no era equilibrada, y comenzó a cobrarse numerosas víctimas. Hacia las cinco de la tarde, los miembros de la Guardia Francesa apostaron estratégicamente los cañones sustraídos de los Inválidos en dirección a la fortaleza, lo que impulsó a Launay a evitar la escabechina rindiendo la plaza. Media hora más tarde, una horda de exaltados penetró dentro del edificio, liberó a los pocos presos que había y detuvo a los defensores. Los representantes del comité se hicieron con las armas y la pólvora, que inmediatamente fueron puestas a buen recaudo, bajo el control del nuevo Ayuntamiento. Por desgracia, la guarnición no sufrió el mismo destino. A pesar de las promesas de respeto a la vida, los enfurecidos asaltantes no pudieron ser controlados por los delegados, y se produjeron palizas y varias muertes. Launay fue aherrojado y sacado a empellones de la Bastilla, a fin de comparecer ante el pleno del comité y ser juzgado, pero no pudo completar el viaje. Después de un calvario de insultos, abucheos, golpes y empujones, a la altura de la plaza de la Grève, frente al edificio consistorial, fue sobrepasado por la muchedumbre, y fue apuñalado y degollado en el acto. Su cabeza fue clavada en una pica a modo de trofeo, y paseada por toda la ciudad. No sería la única, ya que poco iba a tardar la de Flesselles en seguir el mismo destino. La muchedumbre enfurecida le acusó de simpatías absolutistas, echándole en cara su pasado al servicio de la administración real, su actitud contraria a armar al pueblo y sus constantes mentiras destinadas, según el comité revolucionario y buena parte del populacho, a ganar tiempo para favorecer a los sectores más inmovilistas[26]. Sus recelos incluso hacia la formación de la Guardia Nacional que finalmente puso en marcha, fueron causa suficiente para que fuera tomado como culpable y asesinado de inmediato cuando quiso acercarse a la turba para dar sus explicaciones, de camino al Palais Royal[27]. Su cabeza acompañó a la de Launay en la macabra tournée parisina clavada en una pica.

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La muerte de Flesselles abrió las puertas a la conquista abierta del poder municipal por parte de la burguesía, que eliminó el cargo de preboste y lo sustituyó por el de alcalde. El antiguo presidente de la Asamblea Nacional, Jean Sylvain Bailly, se convirtió en el primer hombre que ocupó este puesto, desde el cual reorganizó la nueva estructura municipal revolucionaria, pronto imitada por el resto de las ciudades del Reino. Ante esta situación el rey, asesorado por sus consejeros, optó por la estrategia de la colaboración. Para aplacar al comité, restituyó a Necker en su puesto, dio orden a sus ejércitos de evacuar la capital y reconoció tanto al nuevo Gobierno municipal como a la Guardia Nacional. Los diputados de la Asamblea, dándose cuenta de que París les había salvado, mostraron su disposición a no echar más leña al fuego, aprobando la nueva postura de Luis XVI con una cerrada ovación.

El rey, sin embargo, no estaba satisfecho. La reina intentó convencerle de la necesidad de huir a un destino más seguro, tal y como estaban haciendo importantes aristócratas de la corte como el conde de Artois —hermano pequeño de Luis XVI y futuro rey[28], convertido desde los primeros compases de la revolución en la cabeza visible de la reacción—, madame Polignac —confidente de la reina—, Breteuil o el exministro Calonne. Todos ellos abandonaron Versalles con la bendición del soberano y la promesa de organizar una coalición contrarrevolucionaria que devolviera a Luis XVI todo el esplendor que le correspondía. Para desolación de María Antonieta, los consejeros del rey, y específicamente el mariscal de Broglie, persuadieron al monarca de que para evitar peores tragos, debía quedarse en Versalles y tragar con las novedades políticas con una sonrisa en el rostro. La mascarada se representó exitosamente el 27 de julio, cuando el rey fue recibido por el alcalde Bailly y toda la corporación municipal de París, entre aclamaciones y parabienes mutuos. El momento cumbre del acto se produjo cuando Bailly le ofreció una escarapela revolucionaria convenientemente alterada, en la que, entre el rojo y el azul, se incluyó el color blanco de la monarquía. Luis XVI la colocó en su sombrero. La revolución quedaba legitimada.

La construcción de un mundo nuevo

La Noche de la Locura

Coetáneamente a las revoluciones urbana e institucional, el campo sufrió también una densa serie de turbulencias que llegaron a extenderse por buena parte del Reino. La escasez produjo un aumento de la mendicidad y, en consecuencia, de las partidas de bandidos que asolaban los campos, violentaban a los agricultores y arruinaban las cosechas. En el mundo rural, la inseguridad creciente se tradujo en la asunción colectiva de lo que historiográficamente se ha conocido como la conjura aristocrática, un hipotético complot de los emigrés, que supuestamente estarían reuniendo una ingente cantidad de tropas en las fronteras de los países vecinos para acabar de un golpe con la revolución. El primer paso de esta imaginada conjura no era otro que reclutar y pagar a los bandidos para generar el desconcierto en el país. Las murmuraciones hablaban de inexistentes ejércitos devastando regiones enteras, de mendigos y ladrones que confesaban abiertamente que actuaban a sueldo del conde de Artois, de quema de poblados y ejecuciones masivas de paisanos inocentes… Es el origen del Gran Miedo. Como respuesta, se organizaron grupos de campesinos armados con el fin de patrullar sus respectivos territorios y defenderse de la amenaza organizada por la aristocracia, generando espontáneamente una violencia de respuesta que tomó tintes de jacquerie antiseñorial. Los campesinos asaltaron castillos y monasterios, en busca de grano y de los odiados libres terriers, que guardaban el registro de todas las cargas y obligaciones a las que estaban sometidos. En muchas localidades, las propiedades comunales enajenadas fueron restablecidas y los impuestos obviados, dos medidas que asustaron y disgustaron a partes iguales a una burguesía que veía como en cualquier momento la revolución se le podía ir de las manos.

La Asamblea Nacional no podía admitir los desmanes. Ni los del campo, que amenazaban directamente las bases de la sociedad de libre mercado que estaban construyendo; ni los de la ciudad, que el 22 de julio se cobraron dos vidas más: las de Joseph-François Fulon de Doué, ministro del rey, y su yerno, Louis Bertier de Sauvigny, intendente de París durante la monarquía absoluta. Ambos habían sido acusados de favorecer a los acaparadores y de serlo ellos mismos. Decían las habladurías, tan faltas de base como llenas de crédito popular, que cuando le informaron a Fulon de Doué que el pueblo pasaba hambre, debió de responder con un desfachatado: «Pues que coman paja». O hierba, según versiones. ¿No recuerda esto demasiado a aquel «que coman pasteles» que se achacó en su día a María Antonieta? Sea como fuere, sus cabezas fueron clavadas en sendas picas y, como comenzaba a ser tradición, paseadas por toda la ciudad.

Los miembros de la Asamblea debatieron largamente acerca de estos sucesos. Existía un temor generalizado a que el pueblo se tomara la justicia por su mano, lo que indefectiblemente terminaría por afectarles a ellos mismos, ricos propietarios, de modo que su primer pensamiento no fue otro que el de favorecer la pura represión. Sin embargo, a los diputados más inteligentes les dio motivos para reflexionar. Si bien durante la sesión del 3 de agosto la Asamblea denunció sobrecogida las preocupantes noticias que llegaban del campo, al día siguiente las posturas cambiaron de manera notable. La noche del 3, cerca de cien diputados discutieron una solución en el café Amaury, sede del Club Bretón[29]. El objetivo era introducir las reformas liberales sin perder el apoyo popular, fundamentalmente la protección de la propiedad privada, el libre mercado y la igualdad jurídica. Los nobles con mayor visión consideraban que había llegado la hora de unirse al carro de la burguesía, hacerse burgueses ellos también, a fin de no perder la preeminencia política y social que les iba a aportar la nueva vara de medir categorías sociales: el dinero. Sus tierras y sus derechos señoriales eran para ellos una carga que debía ser transformada en capital. De esta forma, aquella noche se cerró en el Amaury un pacto entre burguesía y nobleza liberal que iba a transformar la faz del Reino.

Se acordó que, durante la sesión del día siguiente, el duque de Aiguillon saliera a la tribuna denunciando el sistema señorial y poniéndose del lado de los campesinos. Este iba a ser el punto de partida de un proceso de declaraciones que terminaría en la sanción de una serie de medidas destinadas a eliminar los derechos feudales, sobre la base de una suculenta indemnización económica. De esta forma, calmaban las reivindicaciones de los revoltosos campesinos y lograban imponer sus pretensiones particulares. Así pues, la noche del 4 de agosto de 1789, después de un discurso continuista a cargo del diputado Target, que luego destacaría por su activa participación en buena parte de los decretos de la Constituyente, se alzó la voz del vizconde de Noailles en defensa de las movilizaciones campesinas y de la abolición de los derechos señoriales. Acto seguido tomó la palabra Aiguillon, a quien Noailles se había adelantado, apoyando entre ovaciones el argumento de su predecesor con la afirmación taxativa de que estaba dispuesto a renunciar, en aquel mismo momento, a todas las prebendas que como noble le correspondían. El éxito pactado de su intervención generó una atmósfera de efervescencia revolucionaria que empujó a muchos a tomar la palabra sumándose a la iniciativa. Uno a uno, nobles, clérigos y representantes de regiones y ciudades, fueron renunciando públicamente a sus derechos y privilegios a favor de la unidad jurídica y la solidaridad entre todos los individuos y territorios del Reino. Se acabaron las prestaciones y servidumbres personales, el pago del diezmo a la Iglesia, las franquicias, fueros y prebendas de las provincias y países. Todo desapareció de un plumazo, sacrificado en el altar de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Los diputados se abrazaban emocionados, lloraban, gritaban, hacían aspavientos celebrando la destrucción del mundo antiguo y el surgimiento de uno nuevo, más justo e igualitario. El conservador Gerard Lally-Tollendal hizo llegar una nota al presidente de la Asamblea, Isaac Le Chapelier, instándole a que levantara la sesión. «Nadie tiene ya dominio de sí mismo», escribió alarmado. Le Chapelier, sin embargo, embargado por el entusiasmo como los demás, y miembro activo del Club Bretón, ignoró el requerimiento. La Noche de la Locura, como se ha conocido a este capítulo de la historia de la revolución, supuso la puntilla al sistema de Antiguo Régimen y la inauguración de un régimen igualitario sobre la base del patrimonio de cada cual. A partir de este momento, todos los hombres y territorios contarían de partida con los mismos derechos fundamentales, serían sometidos a unas mismas leyes comunes. Todos los hombres y regiones de Francia son iguales en derechos y obligaciones: uniformización, pero no centralización. La primera Revolución francesa se basó en unas municipalidades burguesas voluntariamente federadas y con amplia libertad de acción. Pero eso sí, todas iguales.

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La defunción del Antiguo Régimen en Francia fue sancionada los días 7 y 11 de agosto, en cuyas sesiones se aprobaron una serie de decretos que liquidaban el sistema de privilegios basados en el nacimiento. Ahora bien, habida cuenta de que la propiedad era uno de los puntales del nuevo sistema, y dado el acuerdo previo entre burguesía y nobleza liberal, los derechos feudales fueron considerados como tal, y por tanto transformados en dinero. La abolición de las servidumbres personales satisfizo a buena parte del campesinado, lo que redujo notablemente el número y la intensidad de las algaradas rurales, pero a cambio de esta medida, los derechos señoriales elevaron a muchos poderosos de antaño a la categoría superior del nuevo sistema socio-económico.

Otra vez París

La Noche de la Locura dio rienda libre a un proceso constituyente cuyo primer paso fue dotar a la futura Constitución de un preámbulo que mostrara los pilares sobre los que esta debía asentarse. Se habló de redactar una declaración de derechos del tipo de la de los Estados Unidos, siendo La Fayette uno de sus principales impulsores. Si bien algunos diputados hablaron de la posibilidad de incluir en ella también deberes, la propuesta no tuvo eco, y quedó restringida únicamente a los primeros. La Fayette propuso un primer borrador que fue revisado por su amigo Thomas Jefferson, padre de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y por entonces representante diplomático de la joven nación ante Luis XVI. Dada la entidad del proponente como la del supervisor, esta fue una de las sugerencias más celebradas, aunque también las hubo que partieron de elementos tan prestigiosos como Sieyès o un joven y prometedor abogado llamado Maximilien Robespierre. Después de arduas discusiones, finalmente se dio el visto bueno a un articulado definitivo, cuya redacción corrió a cargo de Sieyès y Mirabeau. Fue aprobado por la Asamblea el 26 de agosto de 1789, bajo el título de Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, y a pesar haber sido resultado de un consenso que suavizó notablemente su contenido, resulta claro, demoledor y con aspiraciones de universalidad. En virtud de este, todos los hombres nacen libres e iguales, y todos ellos tienen unos derechos naturales e imprescriptibles, y es incumbencia del Estado protegerlos y garantizarlos: libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Cuatro divisas muy en consonancia con la mentalidad liberal-burguesa de los miembros de la Asamblea que apartaron al sistema estamental, pero que no tuvieron en cuenta las condiciones reales de los menos afortunados.

La declaración de derechos no fue bien recibida por Luis XVI. El monarca se negó tajantemente a promulgarla, así como a la ratificación de los decretos del 1 y el 11 de agosto, salidos de la Noche de la Locura. A su lado, un pequeño grupo de defensores del orden tradicional apoyó sus pretensiones, al tiempo que entre los patriotas surgía la primera gran división en dos bloques enfrentados. Los monarchiens apoyaban las prerrogativas regias, considerando que la figura regia debía contar con la prerrogativa del veto absoluto. Por su parte, los mayoritarios, conscientes de que este hecho impediría el avance de las reformas, esgrimieron la soberanía nacional para defender el veto suspensivo. Igualmente, ambos bandos se vieron enfrentados entre los que defendían un bicameralismo de tipo inglés y los que mantenían que sólo debía de existir un Parlamento. Los monarchiens se situaron a la diestra del presidente, y los demás, que mantuvieron la denominación de patriotas, a la siniestra. Este parece ser el origen de las tan manoseadas denominaciones políticas de izquierda y derecha. Entre ambos grupos se situó La Fayette, que pretendió mediar sin éxito y que pronto iniciaría un proceso de divergencia con el ala izquierdista de los patriotas[30] que habría de terminar en ruptura dos años después.

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El prestigio de oradores como Lally-Tollendal o Mounier, y el apoyo público que recibieron por parte del ministro Necker, no fue suficiente para que los monarchiens se impusieran en la Asamblea sobre el triunvirato representado por Du Port, Barnave y Lameth. Sin embargo, mientras el rey continuara encastillado en no ratificar los decretos de los días 7 y 11 de agosto y la declaración de derechos del 26, el proceso reformador no podía seguir adelante, amenazando con un atasco generalizado de consecuencias difíciles de prever. Así que tuvo que ser el pueblo llano de París quien, por segunda vez, se vio obligado a socorrer a la Asamblea.

La ciudad hervía. El incremento constante de los precios, consecuencia directa de la escasez, generó un caldo de cultivo muy propicio a nuevos motines. La ciudadanía, azuzada por la oratoria de Desmoulins, Gorsas o Loustalot, así como por las proclamas radicales del periódico de Marat, L’Ami du peuple, interiorizaba la idea de que en cualquier momento podía darse un nuevo golpe contrarrevolucionario, protagonizado esta vez por los sectores moderados de la revolución. Menudeaban ya las protestas pidiendo pan y asociando la crisis de subsistencias a la presunta culpabilidad de gente como La Fayette, contra quien las constantes proclamas de los más extremistas empezaron a hacer mella entre el vulgo. En medio de este ambiente, el 23 de septiembre llegó a Versalles, desde Douai, el regimiento de Flandes. Un millar de hombres que, a pesar de las escarapelas tricolores que portaban sus gorros y uniformes, parecían el brazo ejecutor de esa nueva reacción absolutista contra la que las clases populares tanto estaban siendo advertidas. El 1 de octubre, los mandos de la guardia personal de Luis XVI invitaron a un banquete a los oficiales recién llegados. El acto tuvo lugar en la sala de la Ópera de Versalles, en un ambiente de camaradería y confraternización. La pareja real se asomó al final de la comida y recibió al momento una unánime aclamación por parte de los militares. Ofuscados por el alcohol, muchos de ellos arrancaron sus escarapelas y las pisotearon, lo que dio inicio a una ceremonia de la confusión en la que todos compitieron por ser más monárquicos que el propio rey. Las noticias de lo allí ocurrido no tardaron en llegar a un París a punto de estallar, y de forma espontánea un nutrido grupo de mujeres comenzó a desfilar en dirección a la plaza de la Grève. Era 4 de octubre. Indignadas por todo lo que estaba sucediendo, las mujeres se concentraron frente al ayuntamiento reclamando pan y reformas, entre gritos y cuchicheos acerca de la inutilidad de sus maridos, que al parecer y según ellas, eran incapaces de comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Asaltaron el edificio en busca de grano y armas, y desde allí se las desvió a Versalles, argumentando que no servía de nada hacer presión frente a una corporación municipal que compartía sus reclamaciones pero no tenía poder para alterar las cosas. La respuesta era Versalles. Había que presionar a la Asamblea, a la que se consideraba nuevamente rehén de los hechos, y fundamentalmente al rey. Así que, armadas de picas, palos y todo lo que pudieron agenciarse, las mujeres iniciaron su trayecto en dirección a la residencia regia. Caminaron bajo la lluvia, cantando canciones revolucionarias, hasta que se presentaron el 5 de octubre frente a la verja del complejo palaciego. Poco después se les sumaron más, escoltadas por La Fayette y su guardia nacional. De entre las siete mil mujeres, y algunos hombres, que tomaron parte en esta acción destacó una por su ánimo violento y sus ideas abiertamente antimonárquicas: Théroigne de Méricourt. Armada con una espada, espoleaba a sus compañeras para que abrieran brecha y entraran al palacio. Las aguas, sin embargo, no salieron de su cauce de momento, y finalmente se consiguió que una delegación se reuniera personalmente con el rey. Todavía aturdido por lo que estaba sucediendo, Luis XVI los recibió con amabilidad, dispuesto a aceptar el reabastecimiento de París mediante el excedente de la casa real. Creía que con este gesto sería suficiente para que se marcharan satisfechas, pero no fue así. La mayoría continuó haciendo guardia frente a la residencia regia reclamando pan, la sanción real de los decretos de la Asamblea y, como reivindicación novedosa, el traslado del rey a París, para que estuviera más cerca del pueblo y conociese de primera mano sus necesidades. Presionado por las circunstancias, el monarca terminó por ceder, comprometiéndose a dar luz verde a los decretos del 7 y el 11 de agosto, así como a la declaración de derechos. Sin embargo, las mujeres continuaron en su sitio, cantando sus canciones de guerra alrededor de las hogueras que habían levantado.

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Al amanecer del día siguiente, un grupo de manifestantes consiguió colarse en palacio, llegando hasta el mismo dormitorio de María Antonieta. La reina consiguió zafarse por los pelos de sus agresores, encerrándose en la habitación del rey gracias a la comunicación directa que existía entre ambos aposentos. Dos de los guardias de palacio no corrieron, sin embargo, la misma suerte; fueron decapitados y sus cabezas, otra vez, colocadas en lo alto de sendas picas.

La Fayette organizó a la guardia nacional a fin de evitar males mayores, y una vez resuelto el problema, instó al rey a mostrarse a la muchedumbre. Cuando salió al balcón, la turba gritó ensordecedoramente: «¡A París, a París!». La Fayette instó a Luis XVI a que lo hiciera, y este aceptó. Poco después, sin tiempo casi para hacerse a la idea, los miembros de la familia real montaron en un carruaje y, rodeados de mujeres que coreaban lemas humillantes en señal de triunfo, se dirigieron a la ciudad, donde el alcalde Bailly les asignó el palacio de las Tullerías. Para su desgracia, Luis XVI se había trasladado al epicentro de la revolución.

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Los trabajos y los días

La opereta parisina no había hecho más que empezar. El rey tenía que mostrar buena cara cuando en realidad se sentía, como así era, prisionero de los patriotas. Incluso cuando le obligaron a renunciar a su título de rey de Francia y de Navarra[31] a cambio del más revolucionario pero menos glorioso de rey de los franceses[32]. Para rematar el fastidio, la Asamblea Nacional Constituyente, arguyendo que debía actuar siempre junto al rey, se trasladó también a París el 19 de octubre. Hasta el 9 de noviembre celebró sus sesiones en el edificio arzobispal, y a partir de entonces en el Picadero. Arrepentido de no haber escapado antes, el rey comenzó a urdir una serie de tramas para abandonar aquella jaula de oro. Escribió varias misivas a reyes extranjeros solicitando su apoyo, y se puso en contacto con una serie de personalidades, de las cuales la más de fiar era Breteuil, y la menos, Mirabeau. Fiel a su mala fama, el brillante orador del tercer estado había aceptado servir al rey a cambio de una suculenta cantidad. Aconsejó prudencia en lo referente a la fuga, pero a partir su fallecimiento en abril de 1791, el rey, consciente de que se le privaba de un apoyo importante, retornó a sus planes.

La vía Breteuil resultaba mucho más convincente. Desde su refugio suizo empezó a organizar las relaciones internacionales de la monarquía, y a planear una trama para facilitar el exilio de la familia real. Mientras tanto, el pueblo continuaba en estado de ebullición, soflamado por las proclamas de los agitadores y la imparable actividad de los clubs políticos. De entre estos últimos destaca por su especial combatividad la Sociedad de Amigos de la Constitución, llamados jacobinos por tener su sede de reuniones en un antiguo monasterio dominico[33]. Sus orígenes hay que buscarlos en el Club Bretón del café Amaury, y su línea política fue evolucionando a posiciones cada vez más audaces, empujando a muchos jacobinos de primera hora a abandonarlo. A su izquierda se situó a partir de 1791, la Sociedad por los Derechos del Hombre y del Ciudadano o Club de los Cordeleros (franciscanos), que llegó a alcanzar gran predicamento habida cuenta de que oradores externos a la Asamblea tan célebres como Danton, Marat o Desmoulins formaron parte de él.

Con el rey en París, la Asamblea Nacional Constituyente continuó desarrollando su trabajo. La redacción constitucional era el punto de partida necesario, una base a partir de la cual se podría conformar toda la arquitectura legislativa que institucionalizara la revolución, pero la necesidad de impulsar medidas económicas de urgencia capaces de hacer frente al marasmo financiero heredado, obligó a la Asamblea a legislar en este sentido al tiempo que se debatía la futura Constitución.

A pesar de que la cosecha de 1789 había sido mejor que la anterior, la escasez continuaba siendo uno de los grandes problemas que atenazaban a los franceses. Además, era necesario organizar las indemnizaciones por la renuncia de los nobles a sus derechos señoriales. Por su parte, el pueblo reclamaba la reducción de los precios y las cargas impositivas. La primera respuesta de la Asamblea fue la supresión de casi todos los impuestos indirectos, tan gravosos para la mayoría de la gente, que fueron sustituidos por tres directos sobre la tierra, los ingresos y el patrimonio. Sin embargo, la medida ni era suficiente ni contaba con el apoyo de Necker quien, por lo demás, comprendía que su posición política cada vez perdía más enteros. Hacía falta otra solución. Esta llegó por boca de un obispo sagaz, calculador y sin vocación eclesiástica llamado Charles Maurice de Talleyrand, un hombre que daría muchísimo que hablar en adelante, incluidas la etapa napoleónica y la Restauración. Su propuesta tenía que ver, precisamente, con el clero, y no era otra que la nacionalización de sus bienes. Tras una serie de discusiones, el 2 de noviembre de 1789 la Asamblea publicó un decreto en este sentido, haciéndose cargo del culto y mantenimiento la propia nación. El 20 de diciembre, un nuevo decreto permitió su enajenación, al tiempo que se emitían una serie de obligaciones del tesoro llamadas asignados, que no pudieron circular aún porque los bienes sobre los que se basaba su valor —los bienes nacionalizados—, no se encontraban disponibles. Finalmente, el 23 de febrero de 1790 se anunció la subasta pública. Necker se mostró frontalmente contrario a esta política, pero la Asamblea ni escuchó sus consejos ni atendió a su solicitud de un nuevo préstamo al Estado. Eclipsado por los diputados, que se habían dotado de poder independiente en cuestiones fiscales, y privado del apoyo de los monarchiens, que se deshicieron muy tempranamente como grupo, el ginebrino terminó enfrentado a la Asamblea Nacional Constituyente, lo que le condenó a un ostracismo oficioso que desembocó en su dimisión y retiro a Suiza el 3 de septiembre de 1790.

La nacionalización y venta mediante subasta de los bienes del clero francés buscaba fundamentalmente dos objetivos: recaudar dinero y crear una red clientelar de burgueses y campesinos pudientes que debieran su posición a la revolución, formándose en consecuencia un apoyo político con firme base social. Además, el aumento de tierras cultivadas incrementaría la producción y combatiría la escasez. La propuesta de la Asamblea, sin embargo, dejaba de lado a los más necesitados al liberalizar la economía mediante la supresión de los gremios y la multiplicación de los cercados, amenazando con la desaparición de los bienes comunales.

El triunfo de la nación

Al margen de las cuestiones de urgencia económica, los debates de la Constituyente se centraron en el diseño de un articulado estrictamente liberal. La nueva Constitución transfirió la antigua soberanía del monarca a la de la nación, entendida esta como el conjunto de los ciudadanos portadores de derechos naturales imprescriptibles e inalienables. La monarquía se transformó así en parlamentaria y constitucional, obligándose a la figura del rey a jurar la supremacía nacional mediante su acatamiento a las leyes, la Constitución y la nación, representada por la Asamblea. El tercer estado, que acudió a Versalles en mayo de 1789 como el último y más desfavorecido de los estamentos, se había convertido en la entidad institucional principal, a la que se hallaba supeditada incluso Luis XVI. Y en la médula de esta preponderancia de la Asamblea se encontraban dos conceptos muy queridos por los revolucionarios: individuo y ciudadano. El primero hace alusión a la cosmovisión liberal de la burguesía revolucionaria, para la que el individuo es el centro de todas las cosas y a él se refiere, única y exclusivamente, cuando se habla de libertad, igualdad y fraternidad. El segundo denota el cambio de planteamiento: el individuo es fuente de soberanía, de modo que no puede ser súbdito, sino ciudadano. Es individuo en cuanto a su singularidad, pero ciudadano en cuanto a que convive en igualdad de derechos y deberes con los demás individuos. El individuo es portador de derechos, y el ciudadano lo es también de deberes.

Partiendo de la nueva visión del mundo y de la organización política, los representantes de la Asamblea distinguieron dos categorías ciudadanas: los pasivos y los activos. La única diferencia entre ambas era el dinero. Así como el ciudadano pasivo resulta acreedor por derecho natural de todos los derechos contenidos en la Declaración del 26 de agosto de 1789, el ciudadano activo tiene además derechos políticos. En suma, que el pasivo, al no llegar a una cantidad patrimonial suficiente, debe conformarse con el pack básico de derechos, mientras que el que supera la cantidad estipulada por la Asamblea puede disfrutar, además, de la posibilidad de ser elegible y, por supuesto, de elegir a los representantes políticos de la nación. La primera Constitución francesa, por tanto, sancionó un modelo de sufragio censitario basado en la capacidad económica, que además era indirecto. Maximilien Robespierre protestó sin éxito contra este sistema, argumentando que la ley debía ser expresión de todos los ciudadanos, al margen del dinero que tuviera cada uno de ellos. Aunque alejado de los discursos exaltados de un Marat, por ejemplo, el futuro líder de la Montaña ya comenzaba a destacar como un político sinceramente preocupado por el bienestar del conjunto de la nación. Su papel en la discusión acerca de la esclavitud[34], debate pasado muy de puntillas por la Asamblea a pesar del espíritu de la Declaración de Derechos y de las presiones de la Sociedad de Amigos de los Negros[35], fue demoledor.

Los debates constitucionales ratificaron el principio de la separación de poderes, optando por un legislativo fuerte frente a un ejecutivo dominado por el rey, pero supeditado a la sede de la soberanía nacional. Una vez aprobada y promulgada la Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente se convertiría automáticamente en legislativa, con capacidad plena para reunirse al margen de los deseos del rey e iniciativa propia para proponer, debatir y hacer leyes. Los diputados se reservaron también la facultad de control al ejecutivo, y la competencia exclusiva en cuestiones financieras, así como en la facultad de declarar guerras y firmar tratados de paz.

Por su parte, el poder ejecutivo seguía siendo dominio del rey, aunque no como soberano sino como alto funcionario de la nueva estructura institucional. En virtud de ello recibiría un salario, denominado liste civile, y se hallaría obligado a jurar fidelidad, como cualquier otro funcionario del Estado, a la nación, la ley y la Constitución. Sus atribuciones gubernamentales, supeditadas al legislativo, permitían la formación libre de un Gobierno y el nombramiento y despido de los ministros al antojo del monarca, pero limitaban su autoridad en cuanto que únicamente tendrían validez sus ordenanzas si incluían la firma de un ministro y el visto bueno de la Asamblea. Después de la disolución del grupo de los monarchiens, los debates constitucionales se dirigieron sin obstáculos hacia un Parlamento unicameral, bianual y con veto suspensivo del rey, no absoluto. El veto tenía validez para cualquier tipo de cuestión excepto las financieras. Esto significaba que, a pesar de que el rey estaba facultado para devolver al legislativo cualquier ley con la que no transigiera, se vería obligado a admitirla en caso de que fuera aprobada por la Asamblea en dos legislaturas seguidas.

La Asamblea reestructuró la organización territorial del Reino en aras a una uniformización que eliminara de un plumazo la enorme diversidad de la Francia del Antiguo Régimen. La entidad administrativa de referencia fue el departamento. Los representantes de la Asamblea dividieron el territorio en ochenta y tres departamentos de dimensiones muy parecidas, empujados por criterios exclusivamente racionales y de eficacia administrativa[36], cuyas denominaciones olvidaban las referencias tradicionales en aras de la modernidad revolucionaria. En esta labor de uniformización, la Asamblea continuó considerando al idioma francés como la lingua franca del Reino, en detrimento de las hablas autóctonas de cada región. Esta política lingüística sufrió un primer resbalón cuando la Asamblea se vio obligada a reconocer que de los ochenta y tres departamentos, solamente quince eran totalmente francófonos, siendo mayoritarios los territorios donde la gran mayoría de sus habitantes no conocían el francés. Dados los numerosos correos que se recibieron informando de que los paisanos de tal o cual región eran incapaces de comprender lo que se les leía, los decretos más importantes, así como la Declaración de Derechos, tuvieron que ser traducidos a los idiomas locales[37].

Los departamentos fueron divididos en distritos, cantones y municipalidades. Muchas de estas surgieron como imitación a París, de forma espontánea mediante la suplantación de la antigua administración por la de la burguesía local. Así, la Francia de los primeros años de la revolución era un ente político uniforme, o en camino de uniformización, pero no centralizado. Los gobiernos locales se decidían localmente, sin precisar de la participación del centro, que delegó amplias competencias, federándose de forma voluntaria a la nación. Igualmente, en el caso del sistema judicial, la organización se simplificó, racionalizó y uniformizó gracias a la creación de los juzgados de paz, que además de ofrecer un servicio más cercano, suplantaron al complicado y aristocrático sistema de bailías, senescalías y parlamentos.

En lo que se refiere a la cuestión religiosa, la Asamblea Nacional Constituyente conservó el culto católico, que siguió ostentando la categoría de religión de Estado. Las minorías fueron toleradas, siendo reconocidos como ciudadanos a todos los efectos los hugonotes y los judíos, estos últimos con cierta polémica: si bien no hubo demasiado problema en reconocer a los sefarditas[38], los diputados alsacianos se negaron a hacer lo mismo con los askenazis[39], de manera que si los primeros pudieron gozar de la ciudadanía plena en 1790, los segundos tuvieron que esperar a septiembre de 1791 para ver reconocido el mismo derecho. Por otro lado, la Iglesia católica, aunque mantuvo el monopolio de la religión oficial, fue la institución eclesial que más sufrió los embates de la fase constituyente. Además de la ya referida desamortización eclesiástica, la Constituyente suprimió todas las órdenes y congregaciones religiosas, a excepción de las dedicadas a la caridad y la enseñanza[40] (decreto del 13 de febrero de 1790), y funcionarizó al clero secular (párrocos, obispos, capellanes…) mediante la promulgación de la Constitución Civil del Clero (12 de julio de 1790). Se trataba de crear una Iglesia nacional, controlada por la Asamblea y fiel a la revolución. A tal efecto, todos los sacerdotes franceses, sea cual fuere su estatus dentro de la estructura eclesial, formaban parte del entramado estatal. Como tales, deberían jurar fidelidad a la nación, las leyes y la Constitución, cobrarían un salario del Estado y serían elegidos como cualquier otro empleado público. En consecuencia, las diócesis se redujeron de ciento treinta a ochenta y tres, para hacerlas coincidir con el número de departamentos, cada una con su obispo al frente.

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El papa condenó la Constitución Civil del Clero tarde y mal, mediante dos breves del 10 de marzo y 13 de abril de 1791. Para entonces, el santo padre ya no tenía nada que decir en cuanto a los nombramientos sacerdotales de la Iglesia francesa, ni teórica ni prácticamente, porque las leyes al respecto ya habían tenido tiempo de aplicarse y surtir sus efectos. La respuesta de la Asamblea Nacional, sin embargo, no tardó en producirse. Tras una consulta popular favorable, el 2 de mayo de 1791 Francia se anexionó los enclaves de Aviñón y el Condado Venesino, dos pequeños territorios propiedad del Vaticano totalmente rodeados de territorio francés, como diminutas islas en el mar. De esta forma se daba carpetazo a la anomalía secular que supuso la existencia de dos diminutos territorios insertos en Francia que escapaban a su soberanía[41]. La oposición entre la Francia revolucionaria y el papado será, desde este momento, enconada. Roma instó a los sacerdotes franceses a no jurar la Constitución Civil del Clero, provocando una fractura que enfrentó a los juramentados, sacerdotes que juraron la nueva ley, con los refractarios, que no la acataron. La cuestión no es baladí, habida cuenta de que la mayoría de los curas del oeste francés, así como buena parte de los del norte y el este, eran refractarios. El poder de los clérigos entre el pueblo era todavía muy grande, de forma que muchos paisanos de aquellos territorios, influidos por sus sacerdotes, se volvieron contra una revolución a la que se calificó de impía y blasfema. Casos como el de los habitantes cercanos a la frontera española, muchos de los cuales la cruzaban habitualmente para oír misa y volverse de nuevo a casa o quedarse allí, comenzaron a ser tan habituales que la Asamblea ejerció un mayor control fronterizo al tiempo que reforzó las disposiciones contra los curas refractarios, acertadamente considerados agentes de los enemigos de la revolución.

En marzo de 1791 se promulgó una ley contra los franceses emigrados durante la revolución, que incluía tanto a los campesinos que cruzaban las fronteras como a los aristócratas exiliados que tramaban conspiraciones contrarrevolucionarias. Estos últimos, organizados en torno a la figura del conde de Artois, llegaron a barajar varios planes de fuga del rey, así como de levantamientos armados dentro de Francia, aunque sin demasiado fuste. Por otro lado, había otro tipo de nobles exiliados, de origen provincial y talantes más modestos, cuya cabeza visible fue el príncipe de Condé. Luis XVI contactó con todos ellos, en busca de una forma de salir de la prisión a la que la Asamblea le tenía condenado; incluso tanteó a las testas coronadas, pero a excepción de España, Rusia y Suecia[42], ninguna potencia del Viejo Continente se mostró dispuesta a mover un dedo. Ni siquiera Austria, a cuya familia real pertenecía María Antonieta. Como se verá, las tornas cambiaron después del intento de huida de Luis XVI.

La fuga del Borbón

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Muerto Mirabeau, la familia real se echó en brazos del fiel Breteuil que, como máximo representante de la monarquía francesa en el exterior, era quien había hecho llegar la voz del rey a varias cortes europeas, sin demasiado éxito. Breteuil tramó una conspiración para facilitar la escapada del rey a la plaza realista de Montmédy, y de allí, presumiblemente, a los Países Bajos austriacos[43]. El destino era obvio, dado que se trataba de la frontera internacional más cercana, pero resultaba un tanto inquietante: hacía pocos meses que el territorio había retornado a dominio austriaco manu militari, después de un breve período de independencia originado por la Revolución brabanzona, de origen burgués e inspiración revolucionaria. El ejemplo francés cundía en regiones similares, de economía avanzada y burguesía fuerte, y aquella sombra de los Estados Unidos Belgas, nombre que tomó la efímera confederación independiente burguesa, anunciaba al mundo que no sólo en Francia se estaba amenazado el viejo orden.

La noche del 20 de junio de 1791 se puso en marcha el plan de fuga. La familia real y buena parte del servicio, uno a uno y convenientemente disfrazados para no levantar sospechas, se trasladaron a una habitación vacía de la planta baja, desde donde a través de una puerta que sospechosamente no estaba vigilada por la guardia nacional[44], alcanzaron un patio lateral del ala norte del palacio. Desde allí salieron fácilmente a la rue de l’Échele, hasta localizar el carruaje que les esperaba en el Grand Carrousel. A las riendas estaba un cochero que no era otro que el conde sueco Axel de Fersen, de quien se dijo que era amante de la reina. Tras una hora de espera, el carro avanzó por las calles de París hasta llegar a la puerta de Saint Martin, una de las salidas de la ciudad, donde cambiaron de transporte a una berlina grande y cómoda adquirida poco antes por Fersen. La berlina inició el viaje con bastante retraso con respecto a lo originalmente planeado, y el hecho de que fuera más grande de lo que en principio se pensó, dado el empeño de los reyes en llevarse consigo a varias personas con las que originalmente no se contaba, mermó su velocidad. Poco después de iniciado el trayecto, se rompió un arnés que hubo que reparar, lo que incrementó el retraso. El duque de Choiseuil, que tenía orden de esperar a los reyes en la posta de Somme-Vesle, comenzaba a desesperarse. Tras varias horas allí, y doblegado por los nervios, decidió que si la berlina no había llegado ya, era porque algo había salido mal, y que era inútil esperar. El plan había fracasado, así que ordenó la retirada a sus hombres. Cuando la berlina real llegó al punto de encuentro, los viajeros descubrieron que allí no había nadie. Decidieron continuar el viaje solos. Mientras tanto, en París se descubría la nota que Luis XVI había dejado informado de su escapada y mostrándose contrario a todos los refrendos de leyes que había firmado obligado desde el tiempo en que comenzó la revolución. La Asamblea Nacional se reunió a las nueve de la mañana, para dar una respuesta a la crisis. Muchos le daban ya por exiliado, temiendo que en breve se produjera una invasión extranjera con la bendición de Luis XVI. Inopinadamente, La Fayette obvió las evidencias y afirmó con rotundidad que el rey no estaba huido, sino que había sido secuestrado por las fuerzas de la contrarrevolución. El argumento no convenció a nadie, pero contó con un nutrido apoyo. Al fin y al cabo, esta versión continuaba legitimando la Asamblea y sus acciones. A pesar de todo, los sectores más a la izquierda comenzaron a reivindicar, por primera vez, la instauración de una república, posibilidad sobre la que entre el pueblo ya se hablaba abiertamente.

La berlina fue interceptada en Sainte-Ménehould, donde un oficial de postas, Jean Baptiste Drouet, creyó reconocer la pareja real enfundada en aquellos ropajes de criado. Se ha dicho que conocía a la reina de haber coincidido con ella una vez, cuando sirvió en el Ejército, y que comparó la efigie de una moneda con el rostro de quien se la estaba dando, pero al margen de elucubraciones, el hecho cierto es que desde París ya se había informado a las localidades cercanas a la frontera de la desaparición del rey y su familia, y que las alarmas estaban encendidas. Cualquier carruaje que contuviera el mismo número de personas que las que faltaban en el palacio de las Tullerías, y se dirigiera a la frontera, era sospechoso. Ante las dudas razonables, dejó a la berlina que continuara su camino. Drouet, cada vez más convencido de que aquella extraña expedición de una supuesta aristócrata rusa y su servicio escondía la fuga de la familia real, cogió un atajo hacia Varennes, la población siguiente en el camino del rey. Allí advirtió a la municipalidad que debían detener el carruaje en cuanto llegara, y esta apostó efectivos de la Guardia Nacional y paisanos armados en el puente del río Aire. Cuando el vehículo llegó, fue nuevamente interceptado y solicitada la documentación que portaban los viajeros para verificar que era correcta. Mientras tanto, el procurador de Varennes insistió en alojar a los afectados en su propia casa, donde les dio de cenar. Poco después, un anciano del lugar que por azares laborales había estado en Versalles fue conminado a entrar en la casa. Reconoció al rey. Ya no había dudas.

El viaje de vuelta a París se realizó entre insultos. Los campesinos intentaron acceder al carruaje varias veces para linchar a los ilustres fugitivos, que habían perdido definitivamente todo el respeto de su pueblo. El 25 de junio llegaron a su destino y fueron recibidos por una multitud de ciudadanos que los esperaba en medio de un silencio sobrecogedor, sin descubrir sus cabezas. Parecía que no sólo París, sino todo el Reino se había dado cita en la ciudad para reprobar a los reyes su actitud. Fueron realojados en las Tullerías, pero esta vez como cautivos preventivos. La Asamblea suspendió las prerrogativas del rey, hasta que una investigación habilitada al efecto aclarara las circunstancias del episodio.

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Menudearon las manifestaciones reclamando un castigo. Los sectores de la izquierda solicitaron una y otra vez en la Asamblea un juicio por alta traición, los moderados tildaban el hecho de poco menos que bochornoso, al tiempo que los francamente conservadores, unos pocos, justificaban la actitud de la familia real, clamando por la inmediata intervención de los ejércitos extranjeros. El 15 de julio, la comisión de investigación concluyó que lo del rey había sido un secuestro. Luis XVI quedaba absuelto de cualquier cargo que pudiera achacársele. Indignados, los cordeliers convocaron una manifestación en el Campo de Marte reclamando la república mediante la destitución del monarca y exigiendo responsabilidades. El Club de los Jacobinos no se sumó a esta iniciativa, aduciendo respeto a la legalidad, pero en su seno estaba a punto de surgir la ruptura que daría paso al nacimiento de los feuillants, facilitando el giro a la izquierda del jacobinismo al desprenderse de la carga moderada que hasta entonces entrañó. En cuanto a los cordeliers, para los miembros de la Asamblea eran un grupo de radicales extraparlamentarios dispuestos a generar la mayor inestabilidad posible, de manera que aquel 17 de julio, al comprobar que la respuesta a la convocatoria estaba siendo masiva, los diputados, el alcalde Bailly y La Fayette decidieron que era hora de poner orden. La guardia nacional cargó, con resultado de una cincuentena de muertos. Era la primera vez que la milicia revolucionaria volvía sus armas contra el pueblo. La matanza rompió definitivamente a los revolucionarios entre dos sectores enfrentados: los conservadores y los progresistas, y desembocó en el cierre del Club de los Cordeliers y la persecución de sus dirigentes. Marat y Desmoulins permanecieron escondidos, y Danton escapó a Gran Bretaña.

La huida y posterior captura de la familia real, seguida por el retorno entre abucheos, la recepción tan fría en París y los interrogatorios a los que el rey y la reina se vieron sometidos, generaron un efecto movilizador entre las cortes de los demás reinos europeos. Si bien hasta entonces las peticiones de auxilio del rey no habían tenido demasiado eco en Europa, después de Varennes comenzaron las reuniones diplomáticas en busca de un acuerdo común entre las distintas potencias en contra de la revolución. Poco después de la captura de Varennes, el emperador austriaco Leopoldo II emitió una declaración fechada en Padua, en la que instaba a los soberanos de Europa a hacer frente a los peligros de la revolución. En agosto del mismo año firmó un tratado con Federico Guillermo II de Prusia en el castillo sajón de Pilnitz. En virtud de él, ambos mandatarios anunciaban, aunque de forma un tanto imprecisa, su voluntad de restablecer el orden en Francia y en Europa con la colaboración de las demás potencias. El compromiso era vago y con pocos visos de traducirse en algo sustancioso, pero fue convenientemente difundido por Francia, lo que resucitó el miedo a una invasión. La Asamblea Nacional comenzaba a atisbar la idea de que debía prepararse ante una amenaza militar de gran envergadura.

El 3 de septiembre de 1791, la Constituyente finalizó sus labores con la aprobación de la Constitución. Diez días más tarde, Luis XVI ratificó el texto y lo promulgó. Francia por fin contaba con una Carta Magna liberal que legitimaba un sistema de monarquía liberal parlamentaria. La Asamblea Nacional Constituyente se deshacía para transformarse en Cámara legislativa. Para bastantes de sus miembros, la revolución había terminado. Pero el ambiente estaba demasiado caldeado como para que esta afirmación pudiera tomarse en serio.

La Asamblea Legislativa

Caminando hacia el abismo

El cierre de la Constituyente dio paso a la Asamblea Legislativa, una nueva Cámara compuesta íntegramente por diputados que no habían formado parte de la anterior. Bajo los auspicios de la Constitución, que fue aprobada y jurada por Luis XVI y, en consecuencia, repuesto este en sus atribuciones ejecutivas, los diputados iniciaron la ardua labor de completar el armazón legal del nuevo Estado a partir del 1 de octubre de 1791. Siguiendo el espíritu de la Carta Magna, los representantes fueron escogidos mediante sufragio censitario indirecto, a pesar de las protestas de un pequeño sector liderado por Robespierre, que consideraba intrínsecamente perversa la aplicación de esta modalidad de elección. Su corriente de opinión comenzaba a marcar distancias con la liderada por Brissot, mayoritaria dentro del Club de los Jacobinos. A este respecto hay que señalar que los brissotinos son los que a partir de la publicación de la Historia de los girondinos, de Alphonse de Lamartine, serán historiográficamente conocidos como girondinos, a pesar de que en tiempos de la revolución no se utilizaba esta terminología. Por tanto, la división ya tradicional entre jacobinos y girondinos resulta útil pero no es estrictamente correcta, ya que jacobinos eran tanto unos como otros. Entre 1791 y 1792 resulta más correcto hablar de brissotinos o girondinos y robespierristas o demócratas, ambos jacobinos; y a partir de la Convención Nacional de Girondinos y Montañeses, o la Montaña, siempre como grupos separados dentro de la común familia jacobina. Los jacobinos así entendidos, mayoritariamente girondinos, eran republicanos y representaban al ala izquierda de la Asamblea Legislativa, si exceptuamos a los más radicales miembros del Club de los Cordeleros o cordeliers, nuevamente tolerados y con quienes la futura Montaña ya había iniciado un proceso de acercamiento. La derecha estaba representada por los feuillants o fuldenses. Como se ha referido en páginas anteriores, los feuillants se formaron a partir de una escisión de los jacobinos, y se destacaron como revolucionarios moderados y partidarios de la monarquía constitucional. Este sector, sin embargo, carecía del ardor y la influencia de los jacobinos, fundamentalmente brissotinos, y muy pronto iba a demostrar su debilidad. Las primeras disposiciones del legislativo no dejaban lugar a dudas. En octubre de 1791, los jacobinos auparon a un nuevo alcalde de París, Pétion, viejo miembro de su club. A mediados de ese mismo mes, los jacobinos asesinaron a una sesentena de presos en la recientemente incorporada plaza de Aviñón, a fin de escarmentar a los contrarrevolucionarios y vengar la muerte del alcalde patriota, Lescuyer. El luctuoso acontecimiento ha pasado a la historia con la denominación de matanza de La Glacière, por ser este el nombre de la prisión donde ocurrieron los hechos. En medio de aquella atmósfera caldeada, en una Francia en ebullición amenazada además por el pacto exterior de los austro-prusianos, Brissot se alzó como el gran adalid de la revolución. Denunció los tratados internacionales contra Francia y comenzó a hablar de una posible guerra defensiva, planteada como una lucha de la libertad contra la tiranía. Si Francia era amenazada o atacada, habría que responder, tanto para asentar el nuevo sistema constitucional como para exportarlo a otras naciones, cuya liberación planteaba como un deber moral.

Para forzar un enfrentamiento bélico que deseaban, los brissotinos impulsaron a la Asamblea a legislar contra los elementos más sensibles al respecto: émigrés y curas refractarios. El 9 de noviembre de 1791, la Asamblea instó a todos los emigrados al retorno antes del 1 de enero de 1792, so pena de ser declarados traidores y sufrir condena in absentia y confiscación de bienes. La medida iba dirigida especialmente a la nobleza exiliada en Tréveris, donde bajo la protección de su príncipe-obispo había formado un núcleo muy compacto en el palacio de Schönhornlust. Veinte días más tarde, otro decreto golpeó a los refractarios condenándolos a la cárcel y la pérdida de propiedades si no se avenían a jurar la Constitución. Luis XVI, sin embargo, vetó ambas iniciativas. Disgustados, los jacobinos exigieron la deposición del rey, arguyendo no sin razón que la figura del monarca no hacía sino poner trabas en el avance legislativo de la revolución.

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El grupo mayoritario de los girondinos se convirtió en aliado inesperado del rey cuando este se dio cuenta de que, inopinadamente, estaban trabajando de su lado. Según señaló María Antonieta, este grupo de revolucionarios, que deseaba tan ardientemente provocar una guerra contra Austria, no se daba cuenta de que el descompuesto y desorganizado ejército francés no tenía nada que hacer contra las disciplinadas tropas del emperador. No eran sino unos pobres bobos que estaban favoreciendo el retorno del absolutismo con ese afán de embarcar en una guerra a un pueblo que no estaba preparado. Luis XVI se dejó influir por este modo de pensar y acabó aceptando que los girondinos podían ser un excelente aliado estratégico. Si había una guerra, los extranjeros salvarían a la familia real y la restituirían en su estatus y sus atribuciones. El rey y la reina no tenían duda alguna al respecto. Tan sólo hacía falta apoyar al partido de la guerra.

Por su parte, los girondinos razonaban que en cuanto Francia declarara la guerra al emperador, los revolucionarios belgas y liejenses[45], ambos recientemente sometidos después de sendas revueltas de sentido burgués, volverían a levantarse en armas en pos de su libertad, combatiendo codo con codo con los franceses. De esta forma, la revolución traspasaría fronteras y ganaría aliados internacionales que, como se verá, tendrían la oportunidad de adscribirse territorial y políticamente a Francia. Al mismo tiempo, la guerra conseguiría una consolidación de la revolución a nivel interno, uniendo al pueblo bajo las consignas de la triunfante burguesía. La Fayette, vinculado a los feuillants y cada vez más alejado de los girondinos y demás jacobinos, apoyó, como el rey, esta política, a la espera de un incremento de su influencia y popularidad mediante la obtención de la dirección de las tropas.

Los jacobinos robespierristas y los moderados feuillants se situaron en el polo opuesto. Los derechistas argumentaban que la guerra tendría un efecto radicalizador de la revolución nada deseable, por lo que lo más prudente era evitarla. Resulta paradigmático el hecho de que los girondinos y los feuillants obtuvieran el mismo diagnóstico, pero dada la divergencia de sus intereses, se postularan a favor o en contra de la conflagración bélica. Los feuillants, sin embargo, coincidían con la opinión de la familia real de que la guerra llevaría aparejada una muy factible derrota a manos de las potencias absolutistas, lo que llevaría a la restauración del Antiguo Régimen y al fin del sistema de monarquía constitucional que preconizaban. De modo que, tanto en el caso de una victoria revolucionaria como en el de la derrota a manos de los extranjeros, ninguno de ambos escenarios resultaba atractivo para esta facción política. A pesar de todo, los feuillants, eclipsados por el efervescente verbo de Brissot, predicaron en el desierto. Su derrota se reveló total cuando el rey, en un viraje estratégico claramente dirigido a favorecer la guerra, se deshizo de sus ministros feuillants para formar un nuevo Gobierno plagado de girondinos.

El sector más a la izquierda de los jacobinos estaba representado fundamentalmente por Robespierre, todavía muy legalista y a quien su ejemplaridad en la defensa de sus convicciones por encima de los intereses personales hizo que ya se le conociera con el apodo del Incorruptible. Años antes, Mirabeau había hecho una observación sobre él: «Cree todo lo que dice». Algo que en un político artero como Mirabeau no podía más que generar sorpresa, perplejidad y estupefacción. Después de un primer momento de duda, Robespierre se opuso fervientemente a la guerra, razonando que únicamente añadiría dificultades al suponer una carga económica y moral, y favorecería el poder de un solo hombre o grupo político. Supo ver, además, que al contrario de lo que aducían los girondinos, la entrada de tropas francesas en territorios extranjeros no sería bien recibida por los nativos, por muy envueltas en la bandera de la libertad que estuvieran. Con todo, su defensa a ultranza de la paz no respondía a un sentimiento pacifista, sino a que consideraba que estratégicamente no era conveniente participar en ninguna guerra en aquellos momentos tan delicados para la revolución. Para el futuro líder de la Montaña, primero tocaba asegurar los logros revolucionarios, asentar la revolución. Después profundizar en ella con reformas aún más radicales. Y finalmente, exportarla. No podía ponerse en marcha esta última fase, que era la de la guerra, sin pasar primero por las dos anteriores, como querían los girondinos. Para ello se hacía necesaria una política de depuración interna de todo elemento contrarrevolucionario, que garantizara una revolución bien asentada en Francia. Detrás de este argumentario estaba Robespierre, pero también Desmoulins o Danton, demócratas radicales provenientes del Club de los Cordeliers, al que los robespierristas se estaban acercando y viceversa. Al margen de todos sus esfuerzos, con un rey deseoso de forzar la guerra rodeado de una ejecutiva belicista y un legislativo también dominado por los girondinos, la guerra parecía inevitable.

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A principios de 1792 la Asamblea emitió un decreto, cumplidamente ratificado por Luis XVI, en el que se amenazaba con la intervención militar al príncipe-obispo de Tréveris, si no disolvía la colmena de émigrés en que se había convertido su principado. Para desesperación de los belicistas franceses, el príncipe-obispo Clemens von Sachsen recurrió al emperador y este, poco inclinado a embarcarse en una guerra contra Francia, le aconsejó que se plegara a sus demandas. El ultimátum a Tréveris no pudo concretarse en una ruptura de hostilidades, de modo que los brissotinos volvieron a la estrategia de acentuar los elementos más susceptibles de reinterpretación de los pactos austro-prusianos a fin de mantener viva la impresión de amenaza externa contra la revolución, hasta que se presentara otra oportunidad de forzar el enfrentamiento militar.

La revolución frente a Europa

El ministro de Exteriores girondino, Charles François Dumouriez, organizó una estrategia de invasión de los Países Bajos Austriacos que, una vez dispuesta, no tardó en ser puesta en práctica. Aprovechando la muerte de Leopoldo II, que se produjo en marzo de 1792, los revolucionarios franceses recopilaron apresuradamente una larga lista de ofensas con la pretensión de hacer justificable una guerra que deseaban tanto como afirmaban que estaba siendo impuesta. Las supuestas amenazas del sucesor de Leopoldo II, Francisco I de Hungría y Bohemia[46], bastaron para que la Asamblea le declarara la guerra por mayoría absoluta el 20 de marzo de 1792. Decimos bien: la guerra se declaró a él, al monarca, no a los pueblos que gobernaba, a quienes se animaba a unirse a los ejércitos revolucionarios franceses. La guerra era contra un rey, contra todo un sistema tachado de tiránico, disfrazando así la intervención militar de liberación nacional de otros pueblos europeos. De esta forma pretendía la Asamblea superar la flagrante contradicción de su actitud con respecto a su declaración del 22 de mayo de 1790, en la que se afirmaba que «la nación francesa renuncia a emprender guerra alguna con el objetivo de llevar a cabo conquistas, y nunca utilizará sus fuerzas contra la libertad de un pueblo». Los girondinos no se cansaron de repetir que aquella era una guerra necesaria, a la que se habían visto abocados por los riesgos que corría la revolución: «La nación francesa se levanta en armas sólo para mantener su libertad y su independencia; la guerra a la que se ve abocada no es de ningún modo la guerra de una nación contra otras, sino la legítima defensa de un pueblo contra la injusta agresión de un rey». Esta llegaría a ser una buena excusa para operar contra presuntos quintacolumnistas.

El 28 de abril se dio inicio a la ofensiva diseñada por Dumouriez. Los franceses rebasaron la frontera de los Países Bajos Austriacos, pero lejos de lo esperado no les recibieron los pífanos y las panderetas, ni el apoyo masivo y espontáneo de sus habitantes. En vez de ello, se toparon con el bien pertrechado ejército austriaco, lo que provocó el terror en las filas de los revolucionarios, ya de por sí indisciplinadas. Muchos oficiales, pequeños aristócratas secretamente fieles al viejo sistema político, aprovecharon para desertar, pasándose en bloque al bando enemigo. Los soldados, mayoritariamente sans-culottes, se mostraban remisos a acatar con sumisión las órdenes recibidas, tendiendo en todo momento a la suspicacia con respecto a las intenciones de los oficiales. Para muestra un botón: Théobald Dillon, oficial al mando de una de las divisiones francesas, fue muerto a manos de sus propias tropas al creer estas que, después de un breve choque con los austriacos, había ordenado la retirada como parte de una estrategia destinada a traicionar la revolución. El resultado de todo esto fue el más obvio: el fracaso de la ofensiva francesa y la negociación de una tregua con los austriacos a cargo de La Fayette. Indignado, el otrora ferviente partidario de la guerra escribió una misiva a Dumouriez afirmando: «No puedo concebir cómo se ha declarado la guerra sin estar preparado en nada». Pero lo que a La Fayette realmente le preocupaba era la radicalización de la revolución en Francia. Hasta el frente acudían más y más sans-culottes procedentes de todo el país, tocados con gorros frigios y enardecidos por las proclamas de los más extremistas. Un ejército de desharrapados podía hacer tambalear al ejecutivo hasta convertirlo, también a él, en un gobierno de desharrapados.

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Así las cosas, el 12 de mayo los plenipotenciarios austro-prusianos se dieron nueva cita, esta vez en el palacio de Sanssoucci de Potsdam. Con la ofensiva francesa parada, y sus fuerzas en franco desorden, las potencias germánicas acordaron la invasión de Francia. El objetivo declarado no era otro que la reposición de Luis XVI en sus atribuciones como soberano, nombrándose al prusiano duque de Brunswick como general en jefe del Ejército combinado, lo que provocó una resurrección del terror entre los franceses. La sombra de la invasión era cada vez más nítida, pero lejos de ablandar los espíritus, los incitó a una defensa numantina. Desde la Asamblea, los brissotinos y robespierristas acusaron a La Fayette, que amenazaba con tomar el camino de París al frente de sus tropas, de contrarrevolucionario y traidor. A finales de mayo, los diputados aprobaron nuevas medidas destinadas a proteger la revolución, como la disolución de la guardia personal del rey, la aplicación de medidas más severas contra los curas refractarios, y la llamada a miles de voluntarios de la Guardia Nacional, en su mayoría de extracción humilde y favorables a las medidas más extremas, a converger sobre París y acampar allí para defender la ciudad ante el próximo ataque de las fuerzas austro-prusianas. Luis XVI aceptó a regañadientes la disolución de su Guardia de Corps, pero vetó los otros dos decretos. La airada respuesta de los jacobinos, por boca de la mayoría girondina pero también por la de Danton o Robespierre, no se hizo esperar. El 10 de junio, Jean Marie Roland de la Platière, ministro girondino del Interior, exasperado por las continuas trabas del rey, le dirigió una carta mostrando su enfado y amenazando con pasar por encima de la institución monárquica. Luis XVI despidió fulminantemente al núcleo girondino tres días después, volviendo a llamar a los feuillants. La maniobra del rey certificó de cara a todo el mundo el hecho de que estaba con los contrarrevolucionarios. Los jacobinos clamaron por su destitución al tiempo que, en la calle y a pesar del veto real, multitudinarias columnas de voluntarios penetraban masivamente en París envueltos en un enfebrecido espíritu revolucionario.

Brindando con los sans-culottes

El 20 de junio de 1792, con motivo del cuarto aniversario del Juramento del Juego de Pelota, las secciones en las que se había dividido París durante la revolución organizaron una marcha en la que también estaba en mente otro aniversario más cercano: el intento de fuga de la familia real abortado en Varennes. La acción pretendía ser una muestra de la fuerza de las secciones, cada vez más copadas por elementos sans-culottes, a fin de desbloquear el veto del rey. Luego Robespierre encauzaría sus reivindicaciones añadiendo la exigencia de la convocatoria de una Convención Nacional mediante sufragio universal.

Hacia las 5 de la mañana del 20 de junio de 1720, una multitud en armas asaltó la sede del legislativo para, acto seguido, forzar la entrada del palacio de las Tullerías, sede real, y desparramarse dentro. La Guardia Nacional, mayoritariamente simpatizante de los manifestantes, se limitó a dejar hacer. En consecuencia, el rey no tuvo más remedio que juntar todo su coraje y acudir a la presencia de los asaltantes, acompañado de algunos cortesanos y un grupo de granaderos. Entre insultos y zarandeos, Luis XVI escuchó con aparente serenidad las reclamaciones: levantamiento del veto a las disposiciones de la Asamblea y restitución de los ministros girondinos. Aceptó ponerse el gorro frigio rojo identificativo de los sans-culottes, y hasta brindó con ellos a la salud de la nación, pero en contra de todo pronóstico se negó cerradamente a alterar un milímetro sus disposiciones. Tras dos incómodas horas en las que Luis XVI sufrió el aliento de los rebeldes ante su cara, constreñido contra el hueco de una ventana, el alcalde Pétion pudo poner fin a la violenta situación cuando aseguró a los sans-culottes que él mismo garantizaba la respuesta afirmativa del rey, quien no podía disponer nada en tales circunstancias al carecer de validez una decisión tomada por la fuerza.

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Los hechos del 20 de junio provocaron la protesta de los feuillants, así como de un indignado La Fayette, que pronunció un amenazador discurso ante la Asamblea defendiendo la inviolabilidad de la figura del rey y el cierre de los clubs políticos. Los jacobinos acusaron al orador de contrarrevolucionario, y reclamaron nuevamente la destitución de Luis XVI. Ante esto, La Fayette instó secretamente al rey a dar un vuelco de timón, una especie de golpe de Estado que Luis XVI rechazó porque prefería ser salvado por las fuerzas extranjeras, que le restituirían en sus prerrogativas prerrevolucionarias, antes que por los lafayettistas y feuillants, partidarios de una monarquía constitucional.

Mientras tanto, excitados por el peligro inminente que suponía la amenaza de la invasión extranjera, los jacobinos denunciaron públicamente la actuación del rey como traición. Tres días después, el 6 de julio de 1792, las fuerzas austro-prusianas se pusieron en marcha, divididas en dos cuerpos de ejército. Ante un avance militar que prometía no parar hasta tomar París, la Asamblea proclamó el día 11 la patria en peligro, instando al pueblo a tomar las armas para repeler la invasión. Miles de voluntarios acudieron armados a París con el ánimo revolucionario a flor de piel, dispuestos a ofrecerse por defender la capital. Habían iniciado el camino desde todos los rincones de Francia, con la excusa de acudir a celebrar la Fiesta de la Federación, una ceremonia conmemorativa del 14 de julio. Cientos de ciudadanos se enrolaron en la Guardia Nacional, con destino al frente. La movilización fue espectacular. El pueblo en armas, las instituciones revolucionarias en vilo, reunidas desde entonces de manera permanente. Los federados, que es como empezaban a ser conocidos los miles de voluntarios que estaban convergiendo sobre París y alrededores, tomaron la Asamblea para incitar a sus miembros a ser más severos con el rey. Luis XVI no había actuado honrosamente, y debía ser castigado. Sus reivindicaciones, todavía algo difusas, eran compartidas por las secciones de París, de las que se habían adueñado los sectores sans-culottistas. Robespierre intentó vehicularlas mediante la redacción de una serie de puntos que fueron inmediatamente adoptados por la multitud: destitución del rey, a fin de poder aprobar los edictos vetados y eliminar uno de los grandes obstáculos en el camino de la revolución, así como la exigencia de la convocatoria de elecciones mediante sufragio universal como paso previo a la formalización de una nueva asamblea en forma de Convención Nacional. El término, adoptado por influencia de la jurisprudencia liberal anglosajona, se refería a una institución democrática destinada a redactar o a corregir una constitución. Llevaba implícito pues, un cambio profundo. La recientemente aprobada Constitución no satisfacía a los sectores izquierdistas; había que alterarla o cambiarla por otra.

El rey seguía con esperanza los avances de los extranjeros; no se daba cuenta de que cuanto más cerca estuvieran de París mayor iba a ser la tensión política, y mayor la exasperación, y por lo tanto la radicalización, que sentía el pueblo. Las secciones de París, reunidas diariamente para debatir acerca de las circunstancias que estaban viviendo, habían tomado la decisión por un abrumador 40 contra 8 de que el rey debía ser destituido. Los jacobinos, especialmente los situados más a la izquierda del arco político, exigieron, al alimón con el sentir de buena parte de las clases populares, la inmediata suspensión —que no destitución— de Luis XVI, y la convocatoria de una Convención Nacional. Con esto se estaban uniendo al carro de las reclamaciones de seccionarios y federados, siendo Danton el gran organizador y arengador de las masas y Robespierre el intelectual. Los federados continuaban entrando en París, en un movimiento constante que situó a la capital prácticamente en estado de ocupación. A finales de julio ya había más de 5.000 federados, y el último día del mes, en un ambiente electrizando de júbilo revolucionario, 600 marselleses entraron en París cantando una canción de guerra recientemente compuesta por Rouget de Lisle. Dado el origen de los intérpretes, la melodía pronto fue conocida como La Marsellesa, alcanzando en poco tiempo la categoría de himno de la revolución.

Giro a la izquierda

El 1 de agosto de 1792, París recibió un nuevo mazazo cuando se conoció la noticia de que el duque de Brunswick había amenazado con arrasar la capital y castigar severamente al pueblo parisino, en caso de que el rey o cualquier miembro de la familia real sufrieran cualquier tipo de daño. Las amenazas, vertidas en un manifiesto fechado el 25 de julio y redactado por un émigré con no muy buenas intenciones[47], conminaban a los parisinos a mostrarse respetuosos con los nobles y los curas refractarios, y a permitir al rey actuar de acuerdo a su posición. El 9 de agosto, Robespierre apeló a la dignidad de la ciudadanía, que había sido capaz de impulsar una revolución para mejorar su modo de vida y no debía claudicar ahora ante las balandronadas de un capitoste militar aristócrata y extranjero. Tocaba enfrentarse, demostrar que un pueblo libre prefería morir a dejarse robar esa libertad que con tantos sacrificios habían obtenido. Y apuntaba a un culpable: el rey. Marat, Danton, Desmoulins y los demás viejos cordeliers se unieron a Robespierre. El Incorruptible ya era el líder de una facción casi perfilada.

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Arropadas por los robespierristas y pertrechadas con sus lemas, las secciones presionaron a la Asamblea. El 4 de agosto, los seccionarios, como representantes de las masas vivas de París, exigieron a los diputados que hicieran caso de sus reclamaciones, dándoles cinco días para que decretaran la deposición de Luis XVI. El legislativo ignoró las reclamaciones tachándolas de ilegítimas, al no haber sido decididas en el foro adecuado, que sin embargo sí eran apoyadas por Robespierre, antes tan legalista. En consecuencia, el 9 de agosto finalizó el plazo dado por las secciones. Los sans-culottes, parece ser que dirigidos por determinados elementos jacobinos, se movilizaron masivamente en las calles. Los girondinos, haciendo de la necesidad virtud, aprovecharon para reclamar un cambio de Gobierno a favor de su retorno al ejecutivo. Pero la insurrección no iba a conformarse con eso. Lo que los girondinos todavía no alcanzaban a comprender era que la revolución estaba dando un salto de calidad y que a partir de este momento ellos, la antigua izquierda, iban a representar la nueva derecha, el enemigo a batir.

Las federaciones, con el apoyo de la izquierda jacobina, organizaron en la noche del 9 al 10 de agosto un comité de coordinación central. Hacia las 3 de la mañana del 10 de agosto, la muchedumbre asaltó el edificio del ayuntamiento, declarando el final de la corporación y la proclamación de una nueva, en forma de comuna. La maniobra supuso un auténtico golpe de Estado, y no sería el único en la historia de la revolución. A las 6 de la mañana, el inefable Danton, que al contrario que Robespierre —que se quedó al margen— tomó parte en la insurrección, dio la señal convenida al tañer las campanas del convento de los cordeliers. Todos los campanarios de la ciudad se unieron progresivamente, produciendo un efecto portentoso. Era el inicio de algo importante.

Federados, seccionarios y sans-culottes forzaron la entrada al palacio de las Tullerías y se enfrentaron a un centenar de miembros de la Guardia Suiza, lo que dio como resultado una batalla campal en la que todos los defensores fallecieron, además de 400 amotinados. Los enfrentamientos dieron tiempo más que suficiente a la familia real para refugiarse en el Picadero, edificio anexo y sede de la Asamblea Legislativa. Finalmente, las masas enardecidas penetraron también en este recinto, y entre gritos e improperios contra el rey y a favor de una Convención Nacional, exigieron la dispersión de los diputados y la clausura de la institución. La intervención de los girondinos, dominantes en la Asamblea y todavía populares entre la gente, fue decisiva para aplacar a los asaltantes y hacerles ceder en sus exigencias. La Asamblea no se cerró y el rey no fue destituido, sino suspendido momentáneamente de sus atribuciones. Los brissotinos habían logrado salvar los muebles, pero no pudieron evitar que a partir de entonces el legislativo se convirtiera en una suerte de rehén.

Con respecto al monarca, se le tomó preso, y fue encerrado junto a su familia más directa en la torre del Temple, sin presencia de ningún tipo de personal de servicio, a excepción del criado del pequeño delfín[48], que pronto abandonaría su puesto. Los reyes quedaban pues en stand by, a la espera de que la próxima Convención Nacional decidiera sobre su futuro. De esta forma terminaba a efectos prácticos la monarquía en Francia y se nombraba un Consejo Ejecutivo Provisional que hizo las veces de Gobierno a la espera de las elecciones para la Convención. Los girondinos fueron mayoría en él, pero había un demócrata, Danton, nombrado ministro de Justicia.

Audacia, más audacia y siempre audacia

Así las cosas, el nuevo panorama político francés se había girado muy a la izquierda, habiéndose desvanecido los feuillants y demás elementos considerados derechistas. Tres instituciones albergaban la supremacía: la Comuna, que gobernaba París; el Comité Ejecutivo Provisional, que hacía las veces de Gobierno de la nación; y la Asamblea Nacional Legislativa. En la calle, la fiebre revolucionaria empujó a la muchedumbre a exigir reformas radicales, al tiempo que se entretenía destrozando y tirando por los suelos los símbolos de la monarquía y las estatuas de Enrique IV, Luis XIII o Luis XIV. Acorde con el ambiente de las calles, el 11 de agosto la Asamblea autorizó la persecución y arresto de los elementos considerados contrarrevolucionarios, cerrándose definitivamente todos los conventos que por desarrollar labores educativas o de caridad se habían zafado del decreto de 13 de febrero de 1790. Al mismo tiempo, la posibilidad de que un ciudadano pudiera convertirse en sospechoso de quintacolumnismo se ampliaba, al obligar con fecha 14 de agosto a todos los trabajadores del Estado, incluidos los sacerdotes, a realizar un nuevo juramento revolucionario. Como un tenebroso augurio, pocos días más tarde la guillotina realizó su primer servicio. Aquel mismo día se creó un tribunal revolucionario, y las emigraciones políticas se multiplicaron. Por su parte, La Fayette, viendo el cariz que estaban tomando los acontecimientos, resolvió escapar a los Estados Unidos. La deserción del campo de batalla no fue bien tomada por los jacobinos, que volvieron a acusarle de traidor, pero al fin y al cabo para quienes habían tomado el timón de la revolución hacía tiempo que lo era, de forma que la mejor salida era la escapada. Desgraciadamente, fue descubierto y capturado por los austro-prusianos, dando con sus huesos en varias prisiones hasta terminar en la de Ölmutz[49]. La Fayette no volvió a intervenir en la política francesa hasta la caída de Napoleón.

Ya sin el lastre del rey, la Asamblea y el Gobierno provisional se habían embarcado en una vertiginosa publicación de decretos. El 25 de agosto se abolió definitivamente el señorío en Francia, sin indemnización posible para sus poseedores. El 26, la Asamblea ordenó el arresto de todos los curas refractarios que siguieran libres, y el 27 se les dio la posibilidad de irse de Francia, dándoles ocho días para hacerlo bajo la advertencia de que si no cumplían serían sometidos a duras condenas de cárcel o deportados a Guayana. Mientras tanto, el ministro Danton firmaba continuas órdenes de registro, validadas por el tribunal revolucionario. Agosto terminaba con más de medio millar de sospechosos encarcelados.

El 2 de septiembre apareció repentinamente muerto el gobernador de Verdún. La estratégica ciudad había sido sitiada por los aliados, y no tardaría en caer al día siguiente. Al recibirse las noticias en París, los robespierristas clamaron por un escarmiento severo contra la quinta columna, a la que achacaban el extraño deceso, señalando con el dedo a los girondinos. A rebufo de su ira, los parisinos explotaron y aquel 2 de septiembre asaltaron un convoy de presos que estaban siendo conducidos a la cárcel de la Abadía. Tras la matanza, la masa exaltada se dirigió a las cárceles, tomándolas ante la pasividad de la guardia nacional, lo que dio como resultado el asesinato de cientos de internos.

Como se ha indicado más arriba, el 3 de septiembre las fuerzas prusianas tomaron Verdún. El camino a París quedaba expedito, y la Asamblea ordenó nuevas levas. Fue en esos momentos terribles, en los que parecía que París estaba entregada a merced del avance victorioso de los austro-prusianos, cuando Danton enfervorizó a las masas con su famoso discurso de la resistencia: «Para vencer a los enemigos de la patria sólo tenemos que tener audacia, más audacia, y siempre audacia». Y añadió: «Francia se salvará».

Pero mientras Danton hablaba, comenzaban los registros en casa de Brissot, Roland y otros destacados girondinos. Ellos, republicanos y revolucionarios a carta cabal, ¿eran ahora sospechosos? ¿De qué? Robespierre les había acusado de tramar una conspiración para ofrecer la corona a Brunswick a cambio de mantener el poder. Una acusación ridícula, pero efectiva. Danton evitó que continuaran las pesquisas, pero ¿hasta cuándo?

La matanza del 2 de septiembre no terminó ahí. El 3, 4 y 5, con un pequeño epílogo el 6 de septiembre, han pasado a la historia teñidos de la sangre de los presos comunes, sacerdotes refractarios y contrarrevolucionarios sacrificados aquellos días en el altar de la revolución. El día 3, la reina María Antonieta tuvo que sufrir gratuitamente que los sans-culottes clavaran en una pica la cabeza de la princesa de Lamballe, íntima amiga suya, y la pasearan por delante de la ventana de la torre del Temple. ¿Una advertencia? ¿Una gamberrada? Sin duda, una profecía. La familia real quedó horrorizada ante el dantesco espectáculo, pero ni la Comuna ni el Comité Ejecutivo provisional movieron un dedo para evitar los desmanes. Los girondinos protestaron indignados por la deriva que estaba llevando la revolución, ante lo cual un digno Robespierre alzó la voz para contestarles: «¿Acaso pretendíais una revolución sin revolución?». Marat aplaudió al líder jacobino. Para el agitador, las matanzas eran necesarias, porque depuraban la nación. Debían ser exportadas al resto del país.

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El 20 de septiembre, el avance enemigo fue abruptamente detenido en Valmy por los ahora entusiastas ejércitos revolucionarios. La victoria resonó como un coro de trompetas: París se había salvado. Con los enemigos en franca retirada, la revolución tenía una nueva oportunidad de salir de sus fronteras: los territorios perdidos del norte fueron rápidamente recuperados; Saboya y Niza fueron ocupadas y asimiladas a petición de sus burguesías nativas y la fuerza de las armas francesas; los revolucionarios avanzaron hacia los Países Bajos Austriacos, donde ante la dificultad que se encontraron en anexionar el territorio como hicieron con el sureste, prefirieron apoyar a los partidarios de la república autónoma belga; finalmente, alcanzaron Ginebra y Basilea, y se formó una república burguesa en esta última ciudad, así como la línea del Rin mediante la ocupación de Maguncia y Worms. Ese mismo 20 de septiembre, la Asamblea se disolvió con un último decreto: la legalización del divorcio. Al día siguiente Luis XVI fue destituido, y dos días después la Convención Nacional proclamó la República Francesa.

III
LA REPÚBLICA

La Convención Girondina

La revolución huele a nuevo

La Convención Nacional inició su andadura el 21 de septiembre de 1792. El perfil político de la nueva Cámara, más audaz que el de las asambleas anteriores, fue la resultante de un voto supuestamente más participativo, ya que se resolvió mediante sufragio universal, aunque indirecto en dos grados. La realidad, sin embargo, era mucho más prosaica. En realidad las elecciones estuvieron intoxicadas por el pecado original de la exclusión de quienes mostraron su desacuerdo con el golpe del 10 de agosto o mostraron clemencia por la suerte del rey. Los feuillants desaparecieron como grupo político, y quedaron como elegibles los diputados jacobinos —girondinos y montañeses—, así como una heterogénea masa de individuos que pronto serán conocidos como la Llanura o el Pantano. En el caso de algunas circunscripciones electorales, como la de París, el voto de los electores, además de indirecto fue público, lo que dada la presencia y presión de los seccionarios y sans-culottes provocó que muchos de ellos no pudieran elegir en conciencia.

La mayoría de los representantes de la Convención eran nuevos, aunque también había un buen número de veteranos, tanto de la Constituyente como de la Legislativa, como fue el caso de Robespierre. Socialmente se trataba de profesionales liberales procedentes de la clase media acomodada. Salvo el caso de gente como el duque de Orleans, conocido como Felipe Igualdad, o Remois Arnonville y Noel Pointe, dos trabajadores manuales que lograron ser elegidos, los convencionales compartían los mismos orígenes.

Paradójicamente, la mayor divergencia política se encontraba en la sima que dividía un mismo club. Los jacobinos se movían en dos campos enfrentados, girondinos y montañeses —a quienes la historiografía ha definido tradicionalmente, de forma poco rigurosa, como jacobinos dejando como partido separado a los girondinos—. La guerra entre ambas facciones fue la tónica general del período, obligando a los demás diputados a votar junto a unos o a otros según el caso. La Montaña, definida en muchos textos como los jacobinos en un afán de diferenciarlos de los girondinos[50], estaba bien representada por demócratas radicales como Danton, Marat o el incorruptible Robespierre, asesorado por un joven y enérgico Saint-Just. La Gironda, definida así por Lamartine debido a la procedencia de buena parte de sus más destacados representantes, contaba con el liderazgo de nombres como Brissot y Roland, quienes tenían además varias cuentas pendientes con los montañeses a raíz de las difamaciones que sobre ellos lanzaron y que provocaron el registro de sus viviendas. Por otro lado, los montañeses, a quienes a partir de ahora identificaremos como jacobinos, representaban los intereses de la ciudad de París, identificándose con el poder central y su influjo en el resto de la nación. Por el contrario, los girondinos eran partidarios de la cesión de cierta autonomía a los departamentos al margen del poder central, que consideraban excesivo. En realidad, no se trataba de grupos políticos homogéneos, ni de ideologías o modelos de pensamiento acabados, sino que sus posiciones en torno a cuestiones como la del centralismo o la federación partían exclusivamente de criterios de pura y fría estrategia política: los montañeses comulgaban cada vez más con las reivindicaciones de las secciones y los sans-culottes, lo que los unía indefectiblemente a París. Cuanto más poder tuviera París, más contundentemente se impondrían sus demandas en todo el país; por tanto, el centralismo se convirtió, de una forma tan accidental como duradera, en uno de los dogmas centrales de aquel jacobinismo en formación. Por su parte, los girondinos, más moderados, estaban interesados en cercenar el centralismo parisino a fin de que la postura que ellos representaban, compartida por buena parte de las provincias, tuviera más presencia en el desarrollo de la revolución. París, progresivamente más montañesa, no debía prevalecer sobre las regiones. Por eso postularon un modelo descentralizado, aunque siempre uniformizado. A este respecto hay que recordar que, a pesar de que tradicionalmente se confunden los términos, no es lo mismo uniformización que centralización. En lo primero estaban de acuerdo tanto jacobinos como girondinos: las estructuras administrativas e institucionales debían ser iguales para todos, sin distinción alguna por territorios y mucho menos fueros o leyes particulares o exclusivas según la región. Ahora bien, la cuestión de la autonomía o dependencia de esas estructuras uniformizadas era otro debate, y aquí sí que hubo polémicas serias.

A medio camino entre los jacobinos y los girondinos se encontraba el grupo con más representantes: la Llanura o el Pantano, llamados así porque se sentaban en los escaños bajos de la Cámara. Lejos también de tratarse de un grupo homogéneo, sus miembros, entre los que estaba Sieyès, votaron con unos o con otros según las circunstancias y se convirtieron en la llave del éxito de todas las iniciativas parlamentarias. Al margen de la Convención surgió por entonces una corriente extraparlamentaria cuyos miembros eran conocidos como enragés (rabiosos), uno de cuyos principales representantes era el abate Jacques Roux. Este grupo se mostró inflexible desde el primer momento en lo tocante a los derechos sociales, aduciendo que no era suficiente con la igualdad legal si las condiciones de partida eran diferentes. Los enragés lideraron las manifestaciones en favor del control de los precios del cereal y se mostraron favorables a que el pueblo tomara por su cuenta los alimentos asaltando las tiendas y los centros de producción.

La República contra el ciudadano Capeto

Como se ha referido en el capítulo anterior, la primera medida que tomó la Convención Nacional fue proclamación de la República, el 23 de septiembre de 1792, acompañada de los adjetivos de unitaria e indivisible. Las siguientes trataron de encauzar una revolución que a partir de los hechos del 10 de agosto había empezado a írseles de las manos a los girondinos. La primera parte de la Convención fue, pues, girondina, gracias al apoyo franco de la mayoría de los miembros de la Llanura. De esta forma se revocaron las medidas más determinantes de los últimos días de la Legislativa, revirtiendo el proceso de radicalización política. El Tribunal Revolucionario fue eliminado y buena parte de los presos que aún quedaban salieron libres, para disgusto de los jacobinos y los sans-culottes, que comenzaban a arrepentirse de haber tolerado a los girondinos. La libertad de comercio de grano, tan odiada por los sectores izquierdistas, fue nuevamente restablecida, y muchos sacerdotes condenados a la deportación fueron indultados. El resultado fue un furibundo ataque desde las bancadas de los jacobinos, acusando a los girondinos de haberse apropiado de la revolución para romperla en pedazos. Las discusiones para la redacción de una nueva Constitución, objetivo central de la Convención Nacional, comenzaron envueltas en duras acusaciones mutuas que no auguraban nada bueno. El debate constitucional fue, pues, ahogado por cuestiones que para los girondinos, relativamente cómodos con la anterior Carta Magna, resultaban mucho más importantes, como esta de reencauzar la revolución en la línea de sus propios intereses. Sin embargo, hubo otros debates que se pusieron por delante debido a su urgencia. El más candente de ellos era qué hacer con Luis XVI.

Los girondinos estaban de acuerdo con los jacobinos en que había que dar un escarmiento al rey, pero la severidad de las propuestas de Robespierre y sus adláteres les parecían exageradas, de forma que trataron de demorar la toma de una decisión. Los jacobinos pedían la pena de muerte sin juicio, a excepción de Marat, que reclamaba un proceso ejemplarizante. Robespierre, como líder de facto de la Montaña, señaló que la condena al ciudadano Capeto era una medida de salvación pública, y como tal debía ser tomada, mediante edicto y no a través de un juicio. Según sus argumentos, dictaminar sobre el rey era equivalente a hacerlo con quienes le habían destronado, poniendo pues en duda la legitimidad de la Asamblea y de sus actuaciones, dado que si el rey no salía condenado buena parte de la nueva culpabilidad recaería en quienes le habían desposeído del trono. Los debates derivaron peligrosamente en la necesidad o no de la realización de un juicio, siendo defendida esta última opción por los partidarios de la pena de muerte. Cuando, apoyados por los votos de la Llanura, los jacobinos sacaron adelante un decreto de revocación de la inmunidad del rey, la Gironda, que se conformaba con un arresto más o menos prolongado, no pudo evitar verse arrastrada por la inercia. Apoyó con más fuerza aún la necesidad de un juicio con todas las garantías, que con suerte impondría al ciudadano Capeto un castigo proporcionado.

El 20 de noviembre de 1792 se dio un paso de gigante para el procesamiento del antiguo rey. Aquel día se descubrió el armario de hierro, un ingenioso escondite que el Borbón hizo construir personalmente en un espacio oculto de las Tullerías. El hueco custodiaba la documentación secreta que Luis XVI había mantenido con las cortes extranjeras, los émigrés, los curas refractarios y los elementos contrarrevolucionarios, así como con algún supuesto patriota cuyo doble juego quedó totalmente desvelado; la única pega era que Mirabeau ya estaba muerto, y no podía responder acerca de aquellas flagrantes pruebas de su traición…, pero el rey sí.

El hallazgo de aquellas cartas produjo un efecto revulsivo en los diputados de la Convención Nacional. Tanto girondinos, como jacobinos y miembros de la Llanura acercaron posturas: esta vez nadie tenía dudas de que el antiguo monarca debía ser declarado reo por alta traición: actuó repetidas veces a espaldas de los patriotas, conspirando contra ellos y tramando complots junto a los enemigos de la revolución. La condena por este delito era clara: pena de muerte. Los girondinos también asumieron la lógica. Las pruebas eran concluyentes. Danton, refiriéndose al preso de la torre del Temple, advirtió proféticamente: «Si se le juzga, es hombre muerto». Tal era el ambiente que se respiraba en la asamblea los días inmediatamente posteriores al 20 de noviembre.

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Los dos grupos encarnizadamente enfrentados de jacobinos y girondinos profundizaron en sus respectivas posiciones. Los primeros estaban más decididos aún a impulsar la muerte del Borbón mediante decreto, y los segundos planteaban la necesidad de un juicio para evitar acusaciones de arbitrariedad. Louis de Saint-Just sorprendió en los debates por su vehemencia y radicalismo, mostrándose como un claro aspirante a la lugartenencia de la Montaña. «El ciudadano Capeto es un criminal por el hecho de haber sido rey y haber reinado —señaló enérgicamente en una de las sesiones—. Eso es algo contrario a nuestros principios. Por tanto, debe ser castigado sin juicio». La mayoría de los diputados, sin embargo, no compartían el radicalismo del que sería llamado, por su extremismo y su carita de niño bueno, el Arcángel del Terror. Aunque estaban de acuerdo con la culpabilidad del rey y en la necesidad de un castigo severo que incluyera la pena de muerte por alta traición, preferían un proceso judicial con garantías para evitar suspicacias tanto por parte del extranjero como de los propios franceses. Y así fue. Ganaron los partidarios del juicio y se creó una comisión parlamentaria para realizar la instrucción del caso, cuyo juez no sería otro que la propia Convención Nacional. A este respecto, el sector girondino propuso que, una vez terminado el proceso, la sentencia fuera presentada al pueblo para su ratificación mediante referéndum. Los jacobinos respondieron agresivamente, afirmando que aquello sería una redundancia, dado que si se había decidido que fuera la propia Cámara convencional quien decretara sentencia, era porque era la legítima representación popular. Bastante habían tenido que tragar aceptando la conformación de un proceso judicial. Dado que no se pudo llegar a ningún acuerdo a este respecto, se decidió que fuera pospuesto hasta el mismo día del fallo, incluyéndolo en la terna de preguntas que deberían responder cada uno de los diputados.

Una regia testa dentro de una cesta

El proceso se inició el 10 de diciembre de 1792. Aquel día Luis de Borbón fue aislado en una celda aparte, separada de la de su familia. Quince días más tarde, después de varios interrogatorios ante la comisión, redactó su testamento, persuadido por sus abogados de que podía estar cercano su fin. Mientras tanto, la Convención se fue dotando de sus propios órganos institucionales y de gobierno. El 1 de enero de 1793 se puso en marcha el Comité de Defensa General, una suerte de poder ejecutivo minimizado, ya que hasta la formación del Comité de Salvación Pública, el gobierno y nombramiento de los ministros del Consejo Ejecutivo correspondió a la Asamblea y, de iure, también los meses inmediatamente posteriores. El comité coordinó los diferentes organismos que se fueron creando, con competencias plenas en cuestiones de seguridad interna y externa de la República, cuestión nada baladí dadas las circunstancias. Y es que el asunto de qué hacer con los territorios ocupados fue también tema de discusión entre quienes buscaban la anexión pura y simple y quienes preferían respetar su independencia mediante la creación de repúblicas hermanas. Ahora bien, una vez llegados a un acuerdo, la actitud de la Convención en esta cuestión fue absolutamente unánime. El 15 de diciembre, un decreto estableció la supresión del feudalismo en los países liberados, mediante la prohibición del diezmo, los privilegios y la puesta en marcha de una desamortización eclesiástica. La clamorosa injerencia en el gobierno de los territorios presuntamente salvados se justificaba mediante una doctrina mesiánica que daba como obvia la superioridad del sistema liberal republicano con respecto al de Antiguo Régimen, tachado de tiránico. Francia debía redimir al mundo, estaba moralmente obligada a romper las cadenas que atenazaban a los países de su alrededor, tanto si estos querían como si no. La pregunta, que en sí era una afirmación y una declaración de intenciones, que resonó repetidas veces, cada vez con mayor contundencia, en la Cámara de la Convención fue: ¿es legítimo dejar morir a un enfermo curable, aunque esta fuera su voluntad? La respuesta era tan rotunda como unánime: no. Pues lo mismo habría de aplicarse a los pueblos de Europa.

En la Asamblea ya se hablaba de jacobinizar el continente, desde Lisboa hasta Moscú. Detrás de este intento de imponer la felicidad por la fuerza, se hallaba un interés político, estratégico y fundamentalmente económico que se iba a comenzar a vislumbrar con detalle desde la próxima guerra de la Convención (1793-95) hasta la derrota definitiva de Napoleón en Waterloo (1815). El diputado Pierre Joseph Cambon apuntaba al futuro cuando afirmó que «la guerra es demasiado costosa como para liberar a los pueblos gratuitamente».

Las respuestas fueron muy diferentes en según qué zonas, y así como los saboyanos solicitaron y aceptaron de buen grado la unión con Francia, los belgas no mostraron el mismo interés, en parte por existir una conciencia desarrollada de pueblo basada en la religión católica y una historia común —no precisamente por el idioma, que flamencos y valones no compartían, lo que será origen de serios desencuentros en un futuro próximo—, y en parte por la indecorosa actitud de la tropa francesa. En el caso belga, la anexión se impuso, arrollando impunemente la voluntad de los nativos. La vieja excusa: la liberación de los belgas; la nueva: como parte de la antigua Galia y al estar el territorio incluido dentro de las fronteras naturales de Francia, los belgas forman parte de la nación francesa. Quieran o no, les guste o no, son franceses. El argumento nacionalista hace su aparición como justificación de un expansionismo ya esbozado por Luis XIII y practicado con todo descaro por Luis XIV: Francia tiene unas fronteras naturales: el Rin, los Alpes y los Pirineos. Todo lo que esté dentro de esos márgenes pertenece a la nación. A partir de ahora decir que Amberes, Bruselas, Luxemburgo, Worms o Maguncia no son parte de Francia será merecedor de anatema. Cuando solicitaron la formación de una república hermana, los belgas vieron negada su petición porque las regiones insertas en sus fronteras naturales debían ser naturalmente reintegradas a Francia, dejando la conformación de repúblicas hermanas a los territorios ocupados que se hallaban fuera de estas. Este argumentario se convirtió en un dogma de la política exterior francesa hasta 1808, fecha en la que definitivamente fue repensada por Napoleón para incluir nuevos territorios en la definición de Francia Natural, como Roma, el norte de Alemania o Cataluña.

Al margen de ello, el proceso del rey continuaba centrando la atención, por encima del mismo debate constitucional. El sumario se alargó desde el 10 de noviembre de 1792 hasta el 21 de enero de 1793, fecha de la ejecución. Tras la finalización de la instrucción, a los diputados se les preguntó, de forma pública e individual, acerca de tres cuestiones: culpabilidad o inocencia de Luis Capeto, consulta de la sentencia al pueblo y pena a aplicar. A la primera cuestión no hubo nadie que respondiera a favor del que fuera rey. Tan sólo catorce abstenciones; los demás le consideraron culpable. En cuanto a la segunda, 287 votaron a favor y 424 en contra. Finalmente, en referencia a la pena impuesta, ganó la de muerte por una mayoría simple muy ajustada: 387 contra 360 que no consideraban que hubiera que ser tan drásticos. La sentencia capital, aun no habiendo salido de una mayoría absoluta porque así se acordó en las reuniones convencionales previas, habría de ejecutarse cuanto antes. Quizá el hecho de que el pronunciamiento fuera público condicionó el voto de muchos diputados, asustados por la violencia verbal de los sans-culottes, feroces partidarios de la ejecución del rey y presentes en las sesiones de la Convención.

El 20 de enero de 1793, el ministro de Justicia, Dominique Joseph Garat, se trasladó a la torre del Temple, para comunicar la sentencia al rey. La encomienda, nada agradable, resultó más sencilla cuando Garat comprendió que Luis de Borbón lo esperaba. Escuchó la condena sin ningún atisbo exterior de nerviosismo y solicitó al ministro ver a su familia por última vez, recibir a un confesor y un plazo de tres días para prepararse. Las dos primeras solicitudes fueron concedidas, la tercera no. La fecha de la ejecución ya estaba fijada y era inamovible: mañana.

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Aquella tarde, Garat volvió a la prisión del Temple acompañado, en medio de un silencio pesado, de Edgeworth de Firmont, un sacerdote católico irlandés que a causa de ser extranjero no estaba obligado a jurar la Constitución Civil del Clero. El clérigo, muy relacionado con la familia real, escuchó durante horas la confesión y reconfortó al reo. Luego Luis cenó, tomando como postre vino dulce de Málaga, y se acostó por última vez, para despertarse a las cinco de la mañana. Ya era el día. Le iban a matar. Se vistió, escuchó la misa oficiada por Edgeworth y poco después salió al patio para encaramarse a un carro que iba a hacer las veces de transporte hasta el cadalso. Su último vehículo, y probablemente el más humilde que jamás utilizó. Finalmente llegaron a la actual plaza de la Concordia, donde se había instalado la guillotina, en medio de un París expectante. Hacia las diez y veinte de la mañana subió al patíbulo, posó dócilmente su cabeza en el hueco correspondiente, y el mecanismo separó instantáneamente su cabeza del cuerpo. El verdugo mostró el trofeo ante un público enfervorecido que dio vivas a la República y a la nación, y que bailó en derredor. Así terminó su vida[51].

Seamos terribles para dispensar al pueblo de serlo

Las cortes europeas respondieron mediante la formación de lo que con posterioridad se ha llamado Primera Coalición. Acaudillados por el Reino Unido, que expulsó al embajador francés Chauvelin, Austria, Prusia, España, Cerdeña, Holanda, Portugal y la mayoría de los estados alemanes e italianos se unieron progresivamente para atacar coordinadamente a la Convención Nacional francesa. La ejecución de Luis XVI había causado un fuerte impacto en toda Europa, lo que aprovechó el Gobierno británico para proteger sus intereses ante una expansión francesa que no podía permitir. De esta forma, el Reino Unido se convirtió en el alma de las sucesivas coaliciones antifrancesas que se organizaron desde este momento hasta 1815. A los británicos no les interesaba el surgimiento de un Estado hegemónico en el continente que rompiera el equilibrio de poderes. Eso amenazaría su dominio mundial, centrado en administrar un extenso imperio colonial. Por tanto, para el Reino Unido la guerra de Francia contra toda Europa habría de servir de contrarresto a la expansión revolucionaria. Para Francia, eran demasiados frentes a la vez. Necesitaba una nueva recluta.

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Hasta entonces, los gobiernos revolucionarios habían tirado de voluntarios, sin embargo, la necesidad de un poderoso número de tropas hizo insuficientes las reclutas voluntarias, viéndose obligada la Convención a recurrir a las levas obligatorias. Necesitaba 300.000 hombres, de entre 18 y 40 años, y sobra decir que la novedad no fue recibida con agrado. La actitud recordaba demasiado al viejo sistema. Aun adornado con alegaciones a la patria y a la libertad, muchos campesinos, asfixiados por las cargas fiscales y decepcionados con una República que no había logrado acabar con la escasez y la inflación, dieron la espalda al llamamiento a filas. La recluta forzosa tuvo que imponerse manu militari, lo que provocó levantamientos en muchas regiones del país. Alsacia, Bretaña, Normandía, Borgoña, Languedoc…, pero sobre todo en la zona de la Vendée y departamentos aledaños. La protesta se convirtió en un motín generalizado que terminó por transformarse en una auténtica guerra civil en una región en la que, a pesar de la tradición reformista de los siglos XVI y XVII, el catolicismo tradicional se encontraba muy arraigado, y que se convirtió en refugio de muchos curas refractarios. En este sentido, se ha referido algunas veces que en el oeste de Francia las instituciones revolucionarias no llegaron a ser aplicadas con tanto éxito como en otros territorios ajenos al Reino, dado el hecho de que geográfica y culturalmente el este francés tenía más relación con el actual Benelux, Renania y el norte de Italia que con el oeste, más alejado y donde mayores resistencias encontró la aplicación del modelo liberal. La guerra de la Vendée es el ejemplo más claro, aunque las resistencias de los vascos o la guerrilla Chuan, al norte del Loira, resultan también ejemplos relevantes.

Mientras tanto, la guerra en el exterior chocó contra un muro de piedra. La pretensión de Dumouriez de avanzar sobre Holanda se desbarató completamente cuando fue derrotado en la batalla de Nerwinden (18 de marzo de 1793). Ahora los austriacos tenían la iniciativa, y la aprovecharon. Bélgica cayó como un castillo de naipes, y la misma Francia peligraba ante al empuje arrollador de los coaligados. Los británicos sitiaron Dunkerque, los austriacos avanzaron por Bélgica, los sardos coparon Saboya y los españoles rebasaron la frontera pirenaica, tomando territorio francés. En un abrir y cerrar de ojos, las tan cacareadas fronteras naturales se deshacían como el humo, amenazando con empequeñecer aún más la Francia que la Convención había heredado de la monarquía. Los avances de los aliados por el norte, el este y el sur, y el bloqueo anglo-holandés de la costa oeste provocaron un nuevo estallido de nerviosismo en la capital francesa, que fue nuevamente canalizado por los jacobinos. Dumouriez fue duramente acusado, a veces de connivencia con los enemigos y otras simplemente de incompetente, pidiéndose responsabilidades contra su acción militar. Por su parte, el aludido se mostró altanero con los delegados de la Convención que llegaron al frente para inspeccionar lo que estaba ocurriendo, y después de acusarles de ser los auténticos responsables del fracaso y de responsabilizar a sus propias tropas de ganarse a pulso la inquina de los belgas al comportarse como conquistadores en vez de como hermanos, los hizo prisioneros y los entregó al enemigo. La traición de Dumouriez exaltó los ánimos en París y justificó la política de fuerza reclamada por los jacobinos. De acuerdo con los aliados, y ya definitivamente contrario a la Convención Nacional, Dumouriez pretendió volver a sus tropas contra París. Los soldados, sin embargo, se negaron a seguirle, y el 5 de abril Dumouriez se pasó al lado de los austriacos. Consumada definitivamente la traición, con los españoles acercándose a Perpiñán y Bélgica y la orilla izquierda del Rin siendo estrepitosamente evacuada, la Montaña exigió nuevamente severidad en forma de leyes de excepción.

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La situación radicalizó también a buena parte de los diputados de la Llanura, que a partir de este momento comenzaron a votar junto con la Montaña. Es el momento-bisagra entre la Convención Girondina y la Jacobina; el punto de inflexión. Robespierre clama contra los traidores, y la Llanura le aplaude. Las medidas de excepción propugnadas por los jacobinos eran apoyadas por las secciones de París, partidarias de realizar el giro definitivo e irrevocable hacia la revolución social que propugnaban. La escasez continuaba siendo un problema endémico, agravado por el referido bloqueo comercial anglo-holandés. Comenzó un nuevo período de inestabilidad social con episodios recurrentes de violencia, como asaltos de tiendas o violencias sin medida contra acaparadores o presuntos contrarrevolucionarios. Los sans-culottes presionaron aún más a la Asamblea, y las tricoteuses, mujeres de origen popular partidarias de las reformas extremas, coparon los asientos de visitantes con ánimo de iniciar una dinámica de presión que se tradujo en insultos a los diputados conservadores, interrupciones e incluso peleas entre ellas mismas. Gracias a ello y al apoyo de la Llanura, los jacobinos sacaron adelante un paquete de medidas de excepción que fueron presentadas como extremadamente necesarias para proteger la República. En realidad, se trató nuevamente de una escalada de la represión en aras de imponer un régimen de terror.

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El 19 de marzo de 1793 se aprobó la condena a la pena máxima para los émigrés y los curas refractarios, así como para todo enemigo de la revolución que hubiera sido encontrado con un arma en las manos. La medida justificó lo que muchos historiadores han denominado el genocidio vendeano. Se recuperó el Tribunal Revolucionario suprimido por los girondinos, pero esta vez cargado de mayores atribuciones y de integrantes más firmes. «Seamos terribles para dispensar al pueblo de serlo», afirmó Danton al respecto. El 21 de marzo surgieron los Comités de Vigilancia, cuyo cometido era controlar a los convecinos, exigir los papeles a cualquier desconocido y demás labores similares. A esta medida se le añadió otra que supuso un nuevo paso en la escalada de la construcción del armazón de un estado policíaco: cada municipio fue conminado a crear organismos que controlaran a los vecinos, obligándoseles a enviar listas de desafectos a la revolución. De forma un tanto tétrica, el 27 de marzo Robespierre se alzó en la tribuna de la Cámara y preguntó que entonces que el rey había sido ejecutado, ¿qué tenían que hacer con la reina? «Matarla, seguro», debió de ser el primer pensamiento de muchos diputados, al ver la severidad de las medidas que se estaban decretando. El 29 de marzo se atentó contra la libertad de expresión penando con la muerte a quien hubiera apoyado a la monarquía o escrito o impreso algún tipo de opúsculo en su favor. La peligrosa deriva se agudizó el 1 de abril, con la aprobación de la suspensión de la inviolabilidad de los diputados de la Convención Nacional. El 6 de abril, el Comité de Defensa Nacional dejó de existir, dando paso al Comité de Salvación Pública que, este sí, estaba destinado a ser un auténtico poder ejecutivo. Si bien su función oficial era el control de los diputados y ministros, con capacidad de veto sobre ellos y con la potestad de tomar medidas urgentes en cuanto a seguridad interna y externa, pronto se convertirá, de hecho, en el gobierno de la Convención Jacobina. Finalmente, el 9 de abril, se destinaron comisarios políticos a los diferentes Ejércitos, con potestad para imponer sanciones y la obligación de informar sobre los sospechosos directamente al Comité de Salvación Pública. Los girondinos no se quedaron de brazos cruzados. Tenían un recuerdo muy claro del pasado reciente como para no contraatacar, así que con el argumento de que para mantener la seguridad de la República se hacía necesaria la creación de un organismo que investigara y aclarara los atropellos que se habían dado desde el 10 de agosto, consiguieron los apoyos necesarios para crear la Comisión de los Doce. Sus actividades denotaron desde el primer momento que se trataba de una entidad con un objetivo claro: combatir a la Montaña.

Golpe de Estado jacobino

Envueltos entre protestas por la carestía y escasez de los alimentos, los últimos días de mayo de 1793 fueron escenario de un pacto decisivo entre jacobinos, sans-culottes y enragés. Los jacobinos asumirían el poder en la Convención Nacional mediante un golpe de Estado, con el apoyo de los otros dos grupos, a cambio de la asunción de una política social acorde con sus reclamaciones. Los enragés, liderados fundamentalmente por Leclerq, Varley y el abate Roux, preconizaban un control de los precios dirigido por el Estado y la depuración de cualquier elemento girondino del gobierno y de la misma Asamblea. Los enragés estaban apoyando, fomentando y justificando los asaltos a los comercios, instruyendo al populacho de tal forma que en algunos locales las mujeres que se precipitaron a las tiendas de comestibles no se limitaron a desvalijar, sino que de forma cívica aunque un tanto brusca, respetaron la mayor parte del género y obligaron a los dueños a venderlo al precio dictado por ellas. Los jacobinos no podían estar de acuerdo con tales medidas, demasiado sociales para un grupo político que, a pesar de su deriva izquierdista, seguía siendo un firme defensor del liberalismo económico y, por tanto, de la sacrosanta propiedad privada. El pacto, por tanto, resultaba inédito y denotaba un escoramiento definitivo de la Montaña.

A mediados de abril, las secciones de París se unieron al pacto. La presión de los sans-culottes y las tricoteuses en la Asamblea crecía día a día, y los girondinos solicitaron, como medida de seguridad, la formación de una nueva Asamblea en Bourges, formada por los diputados suplentes, para asegurar la continuidad y el buen funcionamiento del Parlamento en caso de que a los titulares les ocurriera algo parecido a lo que se vivió el 10 de agosto de 1792. La propuesta generó murmullos de desaprobación entre la bancada de la Montaña, y nuevas acusaciones de estar tramando una contrarrevolución. Los girondinos también solicitaron, basándose en las pesquisas de la Comisión de los Doce, la suspensión de las autoridades municipales de París y de cualquier otro elemento de gobierno que tuviera relación con la Comuna formada en agosto de 1792. Jacques Hébert, editor del periódico ultraizquierdista Le Père Duchesne, fue detenido por los Doce, lo que provocó el enfado en los sectores populares, que galvanizados por los enragés, asaltaron la Asamblea días después con una representación de la Comuna al frente, exigiendo la liberación del periodista. El girondino Maximin Isnard, que en aquel momento ostentaba la presidencia de la Convención[52], despreció a los delegados de la Comuna como chusma, y los amenazó con descargar toda su ira contra ellos si se atrevían a realizar algún movimiento en la línea de lo que ocurrió el 10 de agosto: «Si llega a atentarse contra la representación nacional, se buscará en las orillas del Sena si París había existido». Lejos de amilanarse, los populares acusaron a los girondinos de haberse desenmascarado ellos mismos mediante aquella amenaza de exterminio tan explícita. Robespierre respondió al día siguiente en el Club de los Jacobinos: «Cuando el despotismo está en su cénit, el pueblo debe rebelarse. Ha llegado ese momento».

El 31 de mayo se organizó una manifestación para exigir la supresión de la Comisión de los Doce. De acuerdo con Pache, alcalde de París, y el Comité de Salvación Pública, controlado por la Montaña, se organizó un comité de coordinación del movimiento que sustituyó al jefe de la Guardia Nacional por el radical Hanriot, que unió las fuerzas militares a seccionarios y sans-culottes. Una delegación de los insurrectos penetró nuevamente en la Asamblea, interrumpiendo los debates de la Convención y exigiendo la supresión del Comité de los Doce, principal reclamación que había sacado a las calles a la multitud. También solicitaron la detención y juicio de 22 girondinos, con nombres y datos, un control de los precios de los productos de primera necesidad, e incluso que el derecho de voto fuera transitoriamente reservado a los sans-culottes. La Convención, presionada por las circunstancias, aceptó suprimir la Comisión de los Doce, pero nada más.

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La Gironda reaccionó atacando verbalmente a los jacobinos, bajo la acusación de que estaban detrás de todo aquel complot. Entre insultos, la Montaña exigió nuevamente la depuración política de la Convención, en clara referencia a los líderes girondinos, además de la implementación de medidas sociales, oportunamente en la línea de los rebeldes de la calle. Incluso se permitieron hablar de medidas tan ajenas a su línea política original como la preeminencia del bienestar social sobre la propiedad o el control de los precios. El 2 de junio, Hanriot, al frente de 80.000 hombres y 150 cañones, sitió el palacio de las Tullerías, lugar de reunión de la Convención tras haber abandonado el Picadero. Tras ello, una delegación de la Guardia Nacional irrumpió en la Asamblea, lo que provocó una serie de indignadas protestas y acusaciones girondinas de que se estaba violando la sede de la voluntad popular. Los militares reclamaron la entrega de los girondinos traidores, amenazando a los diputados con atacar el edificio y no dejar piedra sobre piedra si no se cumplían sus demandas. El presidente Hérault de Sécheles, cercano a la línea izquierdista, intentó contemporizar y salió al patio, seguido de buena parte de los diputados a excepción de los jacobinos, para llegar a un acuerdo con Hanriot. Pero el sans-culotte recientemente nombrado jefe de la Guardia Nacional exigió la entrega de los girondinos y alzó el brazo en dirección a los artilleros, que tenían las mechas de sus cañones encendidas. La firmeza de Hanriot pudo más que la de los diputados, quienes finalmente se plegaron a las reclamaciones de los golpistas. Nuevamente reunidos en la sala de debates, los convencionales votaron la entrega de los girondinos reclamados, entre los que se encuentran Brissot o Isnard, así como de los ministros Cleriére y Lebrun. Había llegado el turno del gobierno jacobino.

El paroxismo de la revolución

La Convención Jacobina

Tras la detención de los máximos líderes de la Gironda, los jacobinos alcanzaron la mayoría suficiente en la Convención para sacar adelante sus proyectos de ley. La inestimable colaboración de la Llanura, que desde la traición de Dumouriez se mantenía imperturbable, posibilitó la puesta en marcha de un programa audaz tras del cual se hallaba la presión de los sans-culottes, la Comuna y las secciones de París. La Revolución francesa no fue, ni mucho menos, la primera revolución proletaria; se fraguó como burguesa y se desarrolló como tal hasta el final. Pero sí es cierto que la presión que ejercieron los elementos populares de París logró alterar por momentos su rumbo prefijado, netamente liberal. Las medidas sociales propugnadas por los jacobinos durante la etapa de la Convención Girondina, así como las implementadas durante la etapa de dominio jacobino hasta marzo de 1794, momento en que fueron ejecutados los hebertistas, fueron resultado claro de esta coacción. La divergencia entre las medidas tomadas por la Asamblea, la insatisfacción de las clases populares que las impulsaban y la incoherencia de los burgueses que las aplicaban dio el tono general del período.

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Tan pronto como el 3 de junio, al día siguiente del golpe de fuerza, la Convención decretó la venta de las propiedades de los émigrés, el 10 la repartición de bienes comunales en pequeños paquetes, y el 17 la rescisión de los pocos derechos feudales que aún se conservaban, sin indemnización alguna por parte del Estado. Además, la nueva Convención invalidó el anteproyecto constitucional anterior para impulsar velozmente un nuevo borrador, que fue aprobado mediante referéndum el 24 de junio. La Constitución de 1793, o del Año I, se basó en buena medida en el planteamiento girondino, pero con añadidos interesantes que profundizaban en democratización y en cuestiones sociales. En primer lugar, se aceptó el principio de sufragio universal directo. Se consideró al Estado garante de la protección de los pobres, los ancianos y en general todos los sectores desvalidos, y se admitió expresamente que todos los ciudadanos tenían derecho al trabajo y a la educación. Por otro lado, se aminoró la capacidad de decisión e intervención de los poderes locales, incrementando el centralismo, tan caro a los jacobinos. La Constitución también preveía la legitimidad de la insurrección antigubernamental en caso de que el Estado hiciera dejación en la protección, impulso y garantía de los derechos sociales e individuales de los que se hacía eco. Desgraciadamente, esta Carta Magna nunca rigió, ahogada por las medidas de excepción que el Comité de Salvación Pública impuso para hacer frente a la crítica situación que la República tenía planteada, tanto a nivel interno como externo. En este ámbito, la Convención Jacobina tuvo que enfrentarse a una guerra contra Europa que afrontó con decisión, con el apoyo del sans-culottismo y, como se verá, poniendo a toda la nación al servicio de las necesidades bélicas. Interiormente, al levantamiento de la Vendée, apoyado al norte del Loira por las guerrillas chuanes, se le unió la insurrección federalista, llamada así porque quienes la protagonizaron eran girondinos descontentos con el golpe que había aupado a los jacobinos a tomar el control de la Convención. A pesar de la denominación, creada y difundida por los montañeses para afear el comportamiento de los rebeldes en un intento de hacer creer al pueblo que su objetivo era deshacer Francia, los federalistas buscaban la liberación de los girondinos encarcelados y la recuperación del poder. Lograron hacerse fuertes en algunas regiones, como la zona que abarca Normandía y Bretaña, Burdeos —que se declaró ciudad insumisa al poder central jacobino, expulsó a sus representantes y organizó milicias armadas—, parte del Franco Condado, Lyon y el sur mediterráneo. La revuelta pudo ser controlada por la Convención, aunque pasó mucho tiempo hasta que pudo hablarse de paz, sobre todo en los casos de Tolón y Lyon, plazas en las que la insurrección se asentó con más fuerza[53]. Los jacobinos ascendían al control de la Convención, por tanto, con la amenaza de la invasión exterior, varias insurrecciones conservadoras repartidas por toda Francia y una guerra civil contra los girondinos que si no se le hacía frente amenazaba con generalizarse. Y mientras tanto en París, los sectores populares, que sostenían aquel dominio jacobino mediante su capacidad de coerción con respecto a la Asamblea, instaban a la Montaña a incrementar el número y la profundidad de unas medidas sociales con las que la gran mayoría de los revolucionarios burgueses no comulgaban. La introducción de medidas tendentes a favorecer una economía dirigida es uno de los mejores ejemplos de ello.

El 10 de julio de 1793, el Comité de Salvación Pública fue totalmente renovado. Danton abandonó su puesto en beneficio de hombres como Robespierre y Saint-Just, que junto con Couthon llegarán a formar el triunvirato inspirador de las próximas medidas de excepción, auténtico poder ejecutivo dentro del Comité, a pesar de sus nueve miembros, luego doce y después once. Si bien teóricamente el Comité de Salvación Pública continuaba dependiendo de la Asamblea, hasta el punto de que todos sus miembros debían ser renovados mensualmente por ella, en realidad fue tomando más y más atribuciones de soberanía, sustrayéndoselas a la Convención con la excusa de la excepcionalidad. Los puestos de sus miembros fueron renovándose automáticamente cada mes, y si bien no existía un liderazgo formal, dentro del Comité se fue destacando la figura de Robespierre. Como líder indiscutible de la Montaña y principal impulsor de buena parte de las medidas aprobadas en la Asamblea, su opinión prevalecía dentro del Comité, apoyado además por los entregados Couthon y Saint-Just. Dado que, aunque legalmente todos sus miembros contaban con la misma potestad y valor de voto, bastaba con la firma de tres de sus integrantes para validar una resolución, el Comité de Salvación Pública se convirtió en un instrumento del Incorruptible. Así, entre julio y agosto de 1793, la institución fue reforzada por la Convención, que decretó un incremento de sus competencias, que llegaron a abarcar todos los temas a excepción de los financieros. Los ministerios, consejos y comités convencionales quedaron sometidos a la supervisión y autoridad del Comité de Salvación Pública, lo que equivalía a poner en manos de Robespierre todos los resortes del poder. Tras él, apoyándole y presionándole a partes iguales, estaban los sans-culottes, la Comuna, la Guardia Nacional y las secciones. Ellos le habían aupado al poder, y por eso debía forzar una política acorde a sus expectativas. En poco tiempo, el nuevo Comité de Salvación Pública dará forma a un segundo armazón de gobierno revolucionario mediante la depuración de la administración y los comités convencionales, incrementando aún más el proceso de centralización. Francia descubrirá con estupor que Robespierre no se contentaría con controlar solamente el ejecutivo: el Comité de Salvación Pública debía estar presente hasta en la más diminuta célula administrativa local, mediante la presencia de agentes que se encargarían de informarle directamente sobre el funcionamiento de los departamentos, los movimientos de sus habitantes y demás.

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Un Gobierno de excepción

El incremento de la presencia del dominio jacobino no pudo evitar que el 13 de julio de 1793, Charlotte Corday terminara con la vida de Marat, el gran agitador del pueblo, cuando este tomaba sus baños preceptivos a causa de una enfermedad de la piel que había contraído en los días en que se vio obligado a refugiarse en las alcantarillas de París. La mujer, simpatizante de los girondinos, adujo acertadamente que Marat era quien dictaba las sentencias de prisión y muerte mediante sus encendidos artículos en su periódico y su ascendente sobre los jacobinos, club al que él también finalmente perteneció. Sin embargo, se equivocó de lleno al creer que con la muerte del amigo del pueblo, lograría terminar con las arbitrariedades políticas. La indignación popular creó el caldo de cultivo perfecto para dar un nuevo paso en el camino de la represión política contra los girondinos. El 17 de julio, Corday fue ejecutada sumariamente, ante el júbilo de buena parte de los sans-culottes que se habían reunido para asegurarse de que la asesina de quien en muerte estaba destinado a ser todavía más mitificado que en vida, iba a acompañarle a los infiernos. Marat, el gran agitador de las clases bajas, el defensor de los desheredados, el partidario de las purgas políticas y las matanzas ejemplarizantes en pos del triunfo definitivo de los ideales revolucionarios sans-culottistas, obtuvo un entierro de Estado y la promesa del Comité de Salvación Pública de honrar su memoria y, por supuesto, vengarla. La situación de Francia en aquel momento, con la guerra vendeana en su apogeo, la invasión extranjera en proceso y la decapitación del jacobino Chalier en la federalista Lyon, coincidiendo con la muerte de Corday, parecía la antesala de la guerra civil generalizada. Los federalistas respondieron además, asesinando a más jacobinos en Marsella y Tolón; y los jacobinos, desde París, con nuevas medidas represivas y órdenes de detención contra numerosos diputados y miembros de la facción girondina. El 26 de julio, la Convención votó la pena capital para los acaparadores, una medida extrema pero muy popular, que junto con el decreto de que fueran los municipios y no los comerciantes privados quienes organizaran el suministro de los bienes de primera necesidad, fue recibida con grandes muestras de entusiasmo. A mayor abundamiento, el atentado que acabó con la vida de Marat facilitó la puesta en marcha del proceso de María Antonieta, tan querido por él y por los más radicales. Se la separó de sus hijos para ser encerrada sola en la Conciergerie. Allí fue informada de que había sido encausada por el Tribunal Revolucionario de París, acusada de connivencia con los enemigos de la patria y significativamente con Austria, nación a la que había informado acerca de los planes militares de Dumouriez. Además, se la consideró corresponsable de los delitos de Luis XVI, al haber sido influencia necesaria dada la cercanía y su ascendente sobre el rey. Todo ello suponía un juicio por alta traición e, irrevocablemente, la pena de muerte. La furia popular contra la monarquía y sus servidores se desató con el visto bueno de la Convención, que permitió, mientras iniciaba el juicio a la antigua reina, que la muchedumbre penetrara en Saint-Denis, lugar de enterramiento tradicional de los reyes de Francia, para tomar parte en la demolición y aventado de las tumbas y los restos regios. Previendo posibles complots girondinos o realistas, se ordenó la detención de todo extranjero no domiciliado en Francia antes del 14 de julio de 1798, así como la requisa de los bienes de buena parte de los detenidos por razones políticas. Para entonces, las cárceles ya estaban atestadas de supuestos, potenciales o imaginados enemigos políticos.

El avance de las potencias coaligadas en diferentes frentes fue una de las cuestiones más urgentes a las que la Convención Jacobina tuvo que enfrentarse. Si caía París, adiós a la revolución. No serían los chuanes, ni los vendeanos, ni los federalistas quienes dieran su apoyo a la Montaña; sólo la capital y sus alrededores, como auténtico corazón del proceso revolucionario, podían llevarlo adelante. Así pues, con el apoyo de los sans-culottes, que reclamaban la medida como algo perentorio, el 23 de agosto de 1793 la Convención decretó la leva en masa. Contradecía de esta manera los principios bajo los que se había construido la revolución, pero dado el precedente de la recluta que encendió la mecha en la Vendée, esta segunda disposición fue más sencilla de emitir. La movilización general supuso un incremento más que notable en el número de contingentes que Francia puso en los diversos escenarios de batalla, y llegó a convertirse en el Estado con el Ejército más numeroso de Europa: nada menos que un millón de soldados. La Convención, consciente de que en la guerra se estaba jugando su ser, se volcó en ella: nacionalizó las industrias militares o redirigió otras hacia la producción bélica, reclutó a mujeres y hombres que se hallaban fuera de la edad requerida para ser llamados a filas a fin de utilizarlos en el transporte y producción de armamento, vituallas, ropa, enseres… todos destinados al frente. La nación entera se destinó a servir los intereses de una victoria militar que había que lograr a toda costa. Se extrajo metal hasta de las estructuras de los edificios más lustrosos para destinarlos a la producción de proyectiles. El Comité de Salvación Pública se convirtió, a efectos, en una suerte de gobierno de guerra y para la guerra.

Las jornadas de septiembre

Acostumbrada a un papel tutelar de una revolución que había nacido burguesa, la extrema izquierda parisina se encontraba muy crecida. El 10 de agosto y el 2 de junio habían pasado a la historia reciente como dos puntales de la fuerza que podían poner encima de la mesa, capaz de forzar nuevas medidas políticas a la Asamblea, e incluso cambios de gobierno. En medio de tanto conflicto, y con una nueva crisis de subsistencias encima de la mesa, los enragés exigieron una política más acorde con las promesas de los jacobinos, solicitando precios-límite impuestos desde el Gobierno a fin de que no encarecieran más de lo soportable los productos más necesarios. Marat ya no existía, pero Hébert o el abate Roux sí, y clamaban ante el pueblo, amenazando a la Convención y al Comité de Salvación Pública con un nuevo asalto a la Asamblea. Otro 10 de agosto, otro 2 de junio… Al despacho de Robespierre llegaron alarmantes informes acerca de las intenciones de los más radicales de hacer un nuevo San Bartolomé asaltando otra vez las cárceles. Brissot y los demás presos girondinos comenzaban a verse envueltos en la sombra de la incertidumbre. ¿Serían capaces de matarlos? Los hebertistas así lo clamaban por las calles.

El 2 de septiembre la ciudad de Tolón fue entregada al Reino Unido por los enemigos de la Montaña. La indignación popular estalló nuevamente, pidiendo las cabezas de los girondinos encarcelados y la detención de más miembros de esta facción. La furia sans-culotte ya no distinguía entre girondinos y realistas. El día 4, un nutrido grupo de manifestantes se concentraron en la plaza del ayuntamiento solicitando el fin de la escasez y la ley de precios máximos. Hébert, envuelto entre sans-culottes y seguro de tener la sartén por el mango, amenazó a los convencionales con una nueva invasión popular de la sala de diputados, cosa que era fácil de hacer habida cuenta de que los debates de la Convención eran públicos y de libre asistencia. Convocó a los sans-culottes a una marcha masiva para tomar la Asamblea, y puso una fecha: mañana. Al día siguiente, 5 de septiembre, las secciones, los sans-culottes armados y la guardia nacional rodearon el edificio y, como ocurrió en otras ocasiones, enviaron a una delegación a fin de exponer a los diputados sus reclamaciones o, mejor dicho, exigencias: la creación de un ejército revolucionario controlado por sans-culottes, mayores purgas en los comités, penas más severas por delitos políticos, pero sobre todo el control de los precios. La Convención cedió en todo, y la Ley de Máximos se publicó el 29 de septiembre, con gran satisfacción para los hebertistas, que pronto se verían decepcionados ante la falta de rigurosidad y la cantidad de excepciones que se llegaron a aplicar a este articulado. Mediante ella, sin embargo, se consiguió que el Gobierno fijara el precio máximo de los productos imprescindibles sobre la base del precio que tenían en 1790, añadiéndole un tercio. La presión de la extrema izquierda, si bien respetó a la Convención posiblemente debido a la confianza que muchos de ellos tenían depositada en los montañeses, volvió a poner negro sobre blanco la debilidad de la Asamblea. Robespierre tomó buena nota de ello.

Las jornadas de septiembre dieron un nuevo impulso a nuevas medidas que profundizaron en la represión política. Una de las más señeras fue la Ley de Sospechosos, de 17 de septiembre de 1793. Su objetivo era la prevención e intimidación, a partes iguales, de todo aquel que pudiera poner en riesgo la existencia de la república jacobina. Según esta ley, podía ser detenida e ingresada en prisión cualquier persona por su origen social, simpatías políticas probadas o sospechas fehacientes de desafección a la Convención Nacional. La medida resultaba muy peligrosa, dándose con ella un salto de gigante hacia la dictadura del Terror que pronto iniciaría su andadura, ya que afectaba a todo ciudadano que, aun sin haber cometido ningún delito o acción contraria al Gobierno, era considerado capaz de cometerlo. El paso hacia la locura estaba dado. A partir de estos momentos, cualquier individuo que no mostrara vehementemente su adhesión a la Convención y al Comité de Salvación Pública podía ser considerado un traidor y terminar sus días en prisión o en el cadalso. A la Montaña le convenía esta medida, pero ello no podía ocultar que, en realidad, estaba prisionera de los más extremistas.

El Terror

Presionados por los sans-culottes y la situación militar interna e internacional, el 10 de octubre de 1793, los miembros del Comité de Salvación Pública propusieron el voto de un decreto decisivo. Saint-Just fue uno de sus instigadores, y el elegido para explicar sus extremos a la Cámara. Dijo que en las graves circunstancias en las que se encontraba la República, no era posible poner en vigencia la Constitución del Año I. No, al menos, hasta que terminara la guerra. La emergencia nacional requería políticas de excepción que con la Carta Magna no estarían garantizadas. Por tanto, se hacía necesario dar aún más poder al Comité de Salvación Pública, a fin de agilizar sus disposiciones y hacerlas más eficaces. «Las leyes son revolucionarias, pero los que las aplican no lo son —señaló—. Es imposible que sean ejecutadas las leyes revolucionarias si el mismo Gobierno no está constituido revolucionariamente». ¿Y qué era para Saint-Just un gobierno revolucionariamente constituido? Sencillamente, una dictadura basada en el terror. «En las circunstancias en las que se halla la República, la Constitución no puede ser implantada, ya que se convertiría en la garantía de los atentados contra la libertad, porque carecería de la violencia necesaria para reprimirlos». El decreto fue aprobado, y a partir de aquel día el Comité de Salvación Pública se convirtió en una suerte de gobierno omnipotente que arrinconó las garantías constitucionales con el argumento de que las estaba preservando. Como dijo Robespierre, «Hay que organizar el despotismo de la libertad para aplastar el despotismo de los reyes». El nuevo poder apadrinó rupturas radicales con el pasado, como la aplicación retroactiva del calendario republicano[54], que sustituyó al gregoriano hasta el 1 de enero de 1806, cuando Napoleón restauró el sistema tradicional. Mientras tanto, los franceses rechazaban a los austriacos en Wattignies y Valenciennes.

A partir de octubre la acción del Tribunal Revolucionario tomó un nuevo impulso. Favorecido por el Comité de Salvación Pública, inició una dinámica de sentencias condenatorias inaudita hasta entonces: el último trimestre de 1793, sólo el de París sentenció 177 penas de muerte, siendo estos casi la mitad de los encausados. Las persecuciones, registros domiciliarios y encarcelamientos preventivos de sospechosos obligaron a abrir nuevos recintos capaces de albergar a tanto preso. Y en medio de ello, los enragés clamaban por la muerte de los girondinos. Había precedentes: el 7 de octubre, el girondino Antoine Gorsas había sido guillotinado, después de haber tomado parte en la rebelión federalista y volver incautamente a París. El 16, el proceso de María Antonieta finalizó con su cabeza en un cesto y, por fin, a finales de mes, se dio lectura a la sentencia de los 22 girondinos detenidos el 2 de junio. Pena de muerte para todos ellos. La Montaña daba un nuevo salto de calidad, iniciando un camino sin retorno. La liquidación física de los antiguos diputados de la Convención no iba a ser entendida por gran parte de los representantes que, de momento, optaron por callar. Tampoco por los hebertistas, que, contrariamente, se enfadaron por la lentitud del proceso. El 1 de noviembre de 1793, 21 de los girondinos presos fueron guillotinados uno a uno, muriendo con la melodía de La Marsellesa en sus labios. El que quedaba se había suicidado poco antes. El mismo mes se ejecutó a Felipe Igualdad, el duque de Orleans que impulsó y protegió a los revolucionarios desde los primeros balbuceos del movimiento. Uno a uno, personajes que tuvieron mucho que ver con la revolución y tomaron parte en ella, rebasados ahora por el radicalismo del Gobierno jacobino-sans-culotte, fueron cayendo víctimas de una espiral represiva que una vez desatada no había forma de parar.

En algunos departamentos había comenzado un espontáneo movimiento de descristianización que Robespierre toleró, pero nunca vio con buenos ojos. En diversas poblaciones se prohibió la exhibición de simbología religiosa fuera de las iglesias, así como el culto. Muchos cruceros desaparecieron víctimas del furor descristianizador de delegados convencionales como Joseph Fouché, un hábil político que todavía tendría mucho que decir, principalmente a partir de su ascensión al cargo de jefe de la Policía en 1797, una vez rehabilitado por Barras[55]. Muchas poblaciones de toda Francia cambiaron sus denominaciones de origen religioso por nombres más revolucionarios y acordes con los tiempos, como fue el caso de Saint-Étienne o Saint-Tropez, que pasaron a conocerse como Commune d’Armes y Heraclea, respectivamente. Pronto, las poblaciones con denominación no necesariamente religiosa se unieron a la moda y, en un intento de demostrar adhesión incondicional a la Montaña, cambiaron sus denominaciones oficiales del mismo modo que se cambió el calendario: a nueva era de la historia, nuevos nombres. Así, Bayona se renombró como Port-de-la-Montagne, Villefrance, La Tricolore; Lyon, Ville Affranchie; San Juan de Luz, Chauvin-Dragon…

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En noviembre, el movimiento descristianizador llegó a la capital, y como si de una epidemia se tratara los sans-culottes comenzaron a clausurar iglesias y perseguir a los curas constitucionales. El matiz es importante: constitucionales, los que habían jurado la Constitución Civil del Clero y se habían adherido a la revolución. Muchos de ellos fueron obligados a abandonar el sacerdocio, como fue el caso de Gobel, obispo de París. A partir de este momento se superpuso sobre la religión un nuevo conjunto de ritos basados en ideales ilustrados mal digeridos, entremezclados con elementos de la masonería y de otras procedencias. Entre todo ello, la nueva trinidad, formada por Marat, Le Peletier —asesinado por un monárquico la noche en que la Convención voto la muerte de Luis XVI— y Chalier, el jacobino lionés que fue degollado por los girondinos. Sus figuras fueron adoradas como mártires de la revolución, sus vidas hagiográficamente relatadas y sus efigies paseadas hasta la extenuación. Se lo llamó el Culto de la Razón. El 10 de noviembre la catedral de Notre Dame fue desacralizada para albergar el templo de la razón, mediante una fiesta en la que, entre representaciones de filósofos como Rousseau y Voltaire, la ciudadana Mailliard, actriz de ópera, hizo las veces de una bella diosa de la Razón totalmente cubierta de tela blanca. La implantación del nuevo culto, sin embargo, estuvo siempre envuelta entre espectáculos burlones en los que los sans-culottes ridiculizaban a la Iglesia imitando carnavalescamente sus ritos, vestimentas y costumbres. Danton protestó ante lo que le parecía una burla, y Robespierre estaba de acuerdo. Después de que entre el 5 y el 6 de septiembre las fuerzas británicas se hubieran visto forzadas a abandonar el sitio de Dunkerque, al sufrir una decisiva derrota en Hondschoote, las noticias de los distintos frentes de guerra eran cada vez mejores. Los franceses actuaban juntos, y las disensiones en el Ejército eran mínimas. Por otro lado, tanto la Vendée como los federalistas estaban siendo controlados. Todo se conjugaba para centrarse en la guerra exterior, y expulsar a los enemigos. Sin embargo, el panorama, ligeramente optimista, podía nublarse de nuevo si la República se empeñaba en ganarse aún más enemigos: era el momento de echar el freno, si no a la descristianización, sí a la desacralización. La Convención no podía permitirse el lujo de enfangarse en una nueva guerra contra los millones de católicos franceses que empezaban a despotricar en la intimidad de los hogares contra quien permitía tales insultos y persecuciones contra los sacerdotes constitucionales. Una cosa era atacar a los refractarios, ¿pero también a los clérigos que habían aceptado la República? Robespierre no podía arriesgarse a una rebelión masiva de compatriotas, hasta entonces fieles, que podían renegar de la revolución a causa del ateísmo rampante impuesto por la extrema izquierda. Además, en el líder de la Montaña también pesaba un poderoso elemento de estrategia política que, años más tarde, será retomado por Napoleón: no importa cuál, pero para asegurar la estabilidad del Estado y la fidelidad de los ciudadanos, toda nación precisa de una religión, el gran pegamento social. En el caso de Francia, Napoleón verá con claridad que dado que la mayoría de los franceses se encontraban extraordinariamente apegados a la religión de sus mayores, la opción era el catolicismo. Robespierre fue más timorato, y se conformó con transformar el Culto de la Razón en el Culto al Ser Supremo. Pero antes, en diciembre de 1793, se ocupó de reafirmar que en la República seguía totalmente vigente la libertad de culto, lo que supuso un freno a la descristianización.

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Entre tanto arresto, acusación, encausamiento y ejecución, el 14 de diciembre la Convención Nacional reconoció oficialmente algo que en la práctica era una realidad desde hacía tiempo: la transferencia del poder ejecutivo al Comité de Salvación Pública. El 23 de diciembre, el autoproclamado Ejército Católico y Real de la Vendée fue aniquilado por las fuerzas del Gobierno, iniciándose una represión sangrienta. En el ámbito de la guerra contra los extranjeros, el día 26 los prusianos fueron derrotados en Geisberg. A la Convención, que estaba venciendo en todos los frentes, también le dio tiempo a preocuparse por la educación: el 19 de diciembre de 1793 aprobó un decreto instaurando la enseñanza primaria gratuita, laica y obligatoria para los niños de 6 a 9 años. Eso sí, los maestros debían contar con su certificado de civismo, extendido por los tribunales revolucionarios. Los desafectos eran sospechosos, y como tales, potenciales víctimas del Terror.

El amante de Louisette

Entre 1793 y 1794, la extrema izquierda popular incrementó sus críticas a la Convención. Tras una nueva etapa de escasez e incremento de precios, Hébert, que había estado muy cercano a Robespierre, comenzó una dinámica peligrosa de crítica feroz a su política. Él y Roux le acusaron directamente de no haber aplicado debidamente la Ley de Máximos, amenazando con tomar de nuevo la Asamblea. La economía dirigida y las medidas sociales implementadas por los jacobinos no les parecían de suficiente calado. Por el contrario, Danton pretendía retornar a la economía libre y liquidar el proceso descristianizador, al tiempo que se rebelaba contra la aplicación del Terror, razón por la cual sus seguidores fueron conocidos como los indulgentes. Liquidados los dirigentes girondinos, Danton representaba ahora a la derecha. ¿Danton? Algo no marchaba bien en el rumbo de la revolución.

El 4 de febrero, la Convención Nacional abolió la esclavitud en las colonias. Los aplausos tuvieron que ser contenidos, porque en el hexágono el libertador Robespierre pretendía profundizar en la política del Terror. «El Terror no es otra cosa que la justicia rápida, severa, inflexible —dijo ante la Asamblea de la Convención—. Es un resultado de la virtud; es menos un principio especial que una consecuencia del principio general de la democracia aplicada a las necesidades más apremiantes de la patria». Creyendo que el Terror no les iba a afectar a ellos, los cordeliers y hebertistas cubrieron con un velo un ejemplar de los derechos del hombre, en señal de que no se estaban cumpliendo sus expectativas. Amenazaban con un nuevo asalto a la Convención y anunciaron que estaban en estado de insurrección. Pero para su sorpresa, fue el Comité de Salvación Pública quien se les adelantó. No iba a permitir una nueva invasión de la Asamblea. Después de acabar con la amenaza de los girondinos, Robespierre debía quitarse de encima el peso que suponía llevar en la mochila a los enragés, hebertistas y demás; eran quienes habían forzado varias veces a la Asamblea a tomar medidas audaces, y quienes habían sido capaces de derrocar mayorías. Sólo tenía que seguir la misma estrategia que la que había utilizado con los de Brissot. Acusarlos de traición y cortar los pescuezos de sus líderes más decisivos. De esta forma, la presión sans-culotte quedaría desactivada. Así, entre los días 13 y 14 de marzo, ante la estupefacción de los sans-culottes, Hébert y buena parte de los agitadores de extrema izquierda fueron detenidos por sorpresa en sus domicilios, acusados de urdir un complot junto a los enemigos del Estado. ¿Alguien podía creérselo? No, ni siquiera cuando para convencer al pueblo se adujo que también se había detenido a varios realistas, que debían de estar en connivencia con ellos. Todos ellos fueron guillotinados el 24 de marzo de 1794. ¿Traidores los cordeliers? ¿Hébert un traidor? Increíble, sí; pero Robespierre había alcanzado su objetivo: descabezar la presión popular callejera sobre la Convención Nacional.

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Sólo quedaba una oposición organizada a nivel interno: los indulgentes de Danton. Por poco tiempo. Sus encendidos discursos en favor de la finalización de la política del Terror comenzaron a resultar sospechosos. ¿Otro traidor? El 30 de marzo Danton, Desmoulins y la jefatura de los indulgentes fueron detenidos, bajo una acusación tan parecida a la que utilizaron contra los hebertistas como ridícula a todas luces: complot en connivencia con los realistas. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Francia se estaba llenando de traidores? A juicio del Tribunal Revolucionario, sí. Salían como flores en primavera, y a ellos les tocaba segar. El 17 de abril, Danton y sus compañeros fueron ejecutados en la guillotina. El horror recorrió Francia. Si Marat había sido ejecutado, ¿quién estaba libre?

En el Reino Unido empezaron a aparecer caricaturas de Robespierre entre cadáveres, o de sans-culottes de facciones exageradamente monstruosas y guillotinas ensangrentadas. Pero el Terror había tomado inercia y no se podía parar. El líder de la Montaña adujo que las políticas de excepción se debían seguir manteniendo, a pesar de las victorias tanto a nivel interno como exterior; hasta la victoria total. En enero de 1794 había afirmado, refiriéndose a esto, que un gobierno revolucionario —de excepción—, se debe a dos principios. «El primero, la virtud, sin la cual el Terror es funesto; y el segundo, el Terror, sin el cual la virtud es impotente». Robespierre y Saint-Just abogaban por la necesidad de la política del Terror como medio para proteger la revolución y depurarla, siendo definidos como terroristas (partidarios de la necesidad del Terror). Gracias a él, Robespierre estaba en la cima de su poder. Sus primeras medidas tras la liquidación de las facciones fueron la eliminación del ejército revolucionario sans-culotte, la disolución de los cordeliers y una nueva Comuna con integrantes más afines. La autoridad de Robespierre era total. Tan sólo faltaba un paso para establecer lo que muchos esperaban como algo inevitable: la dictadura personal. Robespierre, sin embargo, nunca llegó a tanto. Quizá un residuo de su hiperdesarrollado legalismo le conminaba a mantener la Asamblea. El Comité de Salvación Pública llegó a tener una enorme concentración de poder, Robespierre en ocasiones legisló directamente, pero se trataba de políticas de excepción: la soberanía siempre emanaba de la Asamblea, a pesar de que se dijera malévolamente que se la había entregado a su amantísima Louisette, también llamada la Viuda o la Cuchilla nacional[56].

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Termidor

Libre de la espada de Damocles que la ultraizquierda había colgado sobre su cabeza, Robespierre se vio en disposición de aplicar una política económica más acorde con el liberalismo natural de su talante burgués. Se moderó la aplicación del máximo a los precios, se sustituyó la pena de muerte contra los acaparadores por una simple multa, liberalizó el comercio exterior y devolvió a los comerciantes la competencia de suministrar a los municipios. Alteró también la deriva antirreligiosa con el argumento de que la idea de la existencia de un Ser Supremo y de la inmortalidad del alma eran planteamientos profundamente imbuidos de la concepción que los hombres tenían de la justicia, razón por la cual no sólo no se trataba de creencias perjudiciales, sino que eran justas, sociales y republicanas. Por tanto, el 7 de mayo de 1794, Robespierre oficializó el Culto al Ser Supremo, que como se ha dicho más arriba, sustituyó al de la Razón.

Entre junio y julio de 1794 acaeció la última y más terrible fase del Terror, llamada el Gran Terror. Comenzó el 10 de junio, fecha en la que fue aprobada una reforma que agilizó los procedimientos del Tribunal Revolucionario. Las pocas garantías jurídicas que pudieran existir fueron definitivamente suprimidas, bajo la excusa de que ralentizaban el procedimiento y disminuían por tanto la eficacia de unos procedimientos que por ser de excepción debían ser expeditivos, y la categoría de sospechoso se estiró hasta abarcar a prácticamente toda la población. En este corto período de dos meses se multiplicaron las denuncias, los registros de viviendas, las detenciones, y cinco mil personas fueron ejecutadas. Se ha hablado de entre trescientos y ochocientos mil incriminados. La inercia terrorista prometía no dejar un francés vivo, de manera que la mayor parte de los diputados y políticos revolucionarios, conscientes de que podían ser los siguientes en la macabra lista de guillotinados, se unieron para destronar al Incorruptible. Nombres terribles como Barras o Fouché, que habían aplicado los métodos robespierrianos con severidad, le dieron la espalda aliándose con los moderados, la Llanura, parte de los jacobinos y hasta con miembros del Comité de Salvación Pública que abominaban del Terror. Hablaron discretamente acerca de la necesidad de suprimir la política terrorista, reconducir el Estado y eliminar a Robespierre y sus adeptos. El Incorruptible había sido nombrado presidente de la Convención en junio, lo que incrementó la creencia de que aspiraba a ejercer una dictadura. Sus palabras acerca de que era necesaria una sola voluntad para dirigir la República no invitaban a pensar otra cosa.

El 26 de junio de 1794, las fuerzas francesas vencieron a las austro-holandesas en Fleurus. La República recuperaba Bélgica y, nuevamente, se expandía fuera de sus fronteras con bríos recuperados. En julio se hundió el frente español, y las fuerzas republicanas reconquistaron el Rosellón rebasando la frontera por el País Vasco, Navarra y Cataluña, y ocupando buena parte de aquellos territorios. Los enemigos exteriores habían sido vencidos y ya no amenazaban Francia. Se había logrado dar la vuelta a la guerra y ahora eran los revolucionarios quienes ocupaban regiones extranjeras. La guerra ya no era tan urgente para la supervivencia de la revolución pero, inopinadamente, la política del Terror no disminuyó. A estas alturas, pocos dudaban de que Robespierre, a su pesar y al de sus convicciones más sinceras y profundas, no era más que un tirano. El 26 de julio de 1794, 8 de termidor del calendario republicano, Robespierre dio un discurso en la Asamblea en el que lanzó una amenaza velada a determinados diputados que, sin haber sido mencionado su nombre, se vieron ya sin cabeza. No cabía más demora. Había que actuar.

Dejaron solo a Robespierre y sus más adeptos. Fouché, Barras, Carrier y otros, que tan eficaz y cruelmente habían cumplido con la política del Terror en provincias, organizaron con los moderados un complot para derrocar al tirano. Porque tales niveles de violencia estatal eran inasumibles, porque la mayoría de los diputados de la Convención estaban horrorizados y porque si no fueran ellos quienes dieran el golpe, otros lo harían, y entonces tendrían que dar cuentas sobre su implicación en tantos crímenes y matanzas sin sentido.

El 27 de julio de 1794, 9 de termidor del Año II, cuando Saint-Just tomó la palabra ante la Convención, le interrumpió el diputado Tallien, quien azuzado por el encarcelamiento de su prometida, la española Teresa Cabarrús[57], acusó a Robespierre de aspirar a la tiranía. Robespierre se sintió aludido y quiso responder, pero una avalancha de voces ahogó la suya, apoyando a Tallien y pidiendo la detención del Incorruptible y sus adeptos como traidores a la República y la revolución. «¡La sangre de Danton te ahoga!», le gritó Garnier, recordando el infausto hecho. Así que, haciendo uso de su potestad sobre el Comité de Salvación Pública, la Convención votó un decreto de arresto de los robespierristas y otro que destituía fulminantemente a Hanriot del mando de la Guardia Nacional, dándoselo provisionalmente a Barras. La Llanura apoyó unánimemente las propuestas, y los acusados fueron arrestados. La Comuna, al enterarse de estos hechos, hizo un llamamiento a las secciones para liberar a Robespierre y los suyos, pero aunque lograron entrar en la Asamblea y conducirlos al ayuntamiento, donde fueron nuevamente reconocidos como jefes de la República y liberados, el llamamiento tan sólo había logrado movilizar a 16 de las 48 secciones de París. La política de Robespierre había logrado desactivar la fuerza del sans-culottismo parisino mediante el asesinato de sus líderes y perdió así muchos de sus apoyos, básicos para mantener el poder. Con París dividido entre quienes apoyaban la Convención y quienes preferían la Comuna, con mayoría de los primeros ya que los segundos estaban demasiado identificados con la reciente pesadilla terrorista, la Convención declaró a Robespierre y a los suyos fuera de la ley y ordenó a la guardia nacional su captura. La guardia fiel a la Convención, liderada por Barras, penetró en tromba dentro del edificio del ayuntamiento, donde localizaron a los robespierristas. La mayoría se entregaron; otros se suicidaron de un pistoletazo, como Lebas; otros intentaron escapar por la ventana sin éxito, como el hermano menor de Robespierre; y otros, como el mismo Robespierre, no se sabe si intentaron matarse o fueron víctimas de disparo ajeno. El hecho cierto es que de aquella acción, el Incorruptible salió con la mandíbula destrozada por una bala. Al día siguiente fue guillotinado junto a otros 21 partidarios. Dos días más tarde, fueron 71 más los ejecutados, y al tercero, 12 nuevos miembros de la Montaña.

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El Directorio

La Convención Termidoriana

El 9 de termidor supuso la convulsión final que asentó firmemente la revolución en los cauces liberales de los que, por origen y condiciones, nunca debía de haber salido. La burguesía de Francia aplaudió la vuelta a la libertad económica plena que desde el primer momento impulsó la nueva y depurada Convención Nacional, felicitándose por haber garantizado los avances revolucionarios al tiempo que se exorcizaba la amenaza de las reivindicaciones populares. Dado que los termidorianos consideraron que habían abierto un etapa de transición profunda hacia un nuevo sistema más equilibrado que lograra evitar los excesos de tiempos anteriores, las instituciones y órganos de gobierno, legislación y judicaturas se mantuvieron incólumes aunque desposeídas de la concentración de competencias de las que algunas de ellas adolecían, a la espera de la instauración del régimen de Directorio[58]. Los diversos comités heredados de la etapa del Terror fueron sometidos por ley a una renovación mensual en una cuarta parte de sus integrantes, logrando así una rápida depuración de estos. La comuna de París fue cautelarmente suprimida, y los sans-culottes que dominaban en las secciones y en los comités de vigilancia, y ostentaban cargos de oficialidad en la Guardia Nacional, fueron convenientemente apartados, muchos con la excusa de que habían apoyado a los jacobinos. Estos, como club político quedaron estigmatizados por su pasado terrorista, y aunque siguió presente en la asamblea un buen número de representantes jacobinos, su número iría descendiendo a marchas forzadas.

La gran labor de los termidorianos era, pues, doble. En primer lugar, depurar y desposeer de poder a determinadas estructuras que durante el Terror gozaron en exceso de él, y en segundo discutir y preparar el anteproyecto de una nueva Constitución que fuera capaz de generar un Estado estable cuyos poderes y órganos institucionales estuvieran equilibrados y no pudiera darse la posibilidad de que uno de ellos se convirtiera en hegemónico. En consecuencia, la Convención Termidoriana, al igual que el resto de fases que vivió la Convención Nacional, sobrevivió sin Carta Magna, a pesar de que la de 1793 o Constitución del Año I seguía ahí, lista y esperando.

La política represiva de los termidorianos se centró fundamentalmente contra los montañeses, aunque sin olvidar a los émigrés y curas refractarios, cuyas medidas prescriptivas no fueron levantadas. La pena de muerte continuó rigiendo para ellos, y en buena parte del sureste francés y significativamente en la ciudad de Lyon, se desató lo que ha pasado a conocerse como Terror Blanco, como forma de venganza contra los antiguos terroristas. Al margen de esto, la última etapa convencional vivió una sustancial relajación de la severidad anterior, espaciándose el número de ejecuciones, enrareciéndose su arbitrariedad, y siendo liberados muchos presos. Para regocijo de estos, el 19 de noviembre el Club de los Jacobinos fue clausurado por orden de la Asamblea, y el 16 de diciembre Jean Baptiste Carrier, uno de los revolucionarios con peor fama de los malos tiempos, perdió la testa a manos de la santa guillotina. Los termidorianos se sumergían entre aplausos cada vez que actuaban, apoyados por la gran burguesía y el Ejército, este último cada vez más imbuido de dos características que configurarían buena parte de su carácter durante el siglo XIX: el liberalismo y el amor por el orden. O dicho de otro modo, el amor por el orden liberal. La debilidad estructural del sistema que estaban creando los termidorianos, obsesionados con evitar dar a los poderes del Estado demasiada fuerza para evitar excesos, provocará sin embargo una participación excesiva del Ejército en las cuestiones políticas, lo que les hizo en muchos casos y en muchas latitudes arrogarse un estatus de garante del sistema liberal que no les correspondía.

Quizá el gran paso adelante en el derribo del aparato legal establecido por los jacobinos se dio el 24 de diciembre de 1794, con la abolición de la Ley de Máximos. A pesar de su laxa aplicación y la pérdida de rigor que sufrió a partir de la derrota de los hebertistas a manos de Robespierre, los jacobinos nunca pretendieron su eliminación total. Los termidorianos, en cambio, la hicieron desaparecer, también entre los aplausos de poderosos magnates a quienes únicamente les interesaba el orden social para poder dar rienda suelta a sus negocios con la mayor libertad económica posible. De esta forma se reinstauró nuevamente el libre mercado. Era la guinda de un pastel que se había ido cocinando desde el minuto uno del golpe de Termidor, en forma de diferentes medidas destinadas a desmantelar la economía dirigida, tales como la libertad de importación o la devolución de las atribuciones de abastos municipales y militares a compañías privadas.

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Si las cosas en materia interior parecían irse reconduciendo satisfactoriamente para la burguesía francesa, en relación a la guerra exterior no podían ir mejor. El impulso generado por la vuelta de calcetín que supieron dar los jacobinos en los momentos críticos, fue aprovechado por los termidorianos para continuar un proceso expansionista del cual el futuro Directorio estaba condenado a alimentarse constantemente. En enero de 1795 los franceses coparon el territorio completo de las Provincias Unidas, transformándolo en república hermana con la denominación de República Bátava. Las repúblicas hermanas, en fin, no eran más que un intento de crear un protoimperio exterior capaz de amortiguar las agresiones externas y generar una galaxia de Estados aliados capaces de neutralizar la soledad francesa en una Europa repleta de monarquías absolutistas. Los termidorianos pretendían crear una constelación de repúblicas hermanas, prefigurando así la política exterior del Directorio. Su gran baza, además de las victorias militares, fue la enorme descoordinación de los coaligados, que prefirieron firmar paces separadas con una Francia que progresivamente se iba viendo con menos enemigos sobre un tablero europeo que hacía nuevamente soñar con la recuperación de las fronteras naturales, antes que acordar una política común.

Germinal y Pradial

No todo fue sosiego y armonía durante la Convención Termidoriana. En realidad, como fue habitual durante el proceso revolucionario de 1789-99, la tranquilidad brilló por su ausencia. Precisamente a esto se debe la obsesión de los termidorianos por la estabilidad política. No la tenían. No la pudieron alcanzar. Y para hacer negocios, hace falta estabilidad política y un Estado que garantice la libertad económica. Como es de suponer, los más desfavorecidos no estaban para nada de acuerdo con este planteamiento, y en abril de 1795 protagonizaron una nueva protesta, hastiados por el hambre y la escasez. Se conoce como la insurrección o motín de Germinal, por el día 12 de este mes, según el calendario republicano, vigente en aquel momento. Ya desde marzo los elementos más exaltados habían animado a los vecinos de los arrabales de París a apropiarse de los productos de primera necesidad asaltando las tiendas y linchando a los acaparadores, aunque sin tanta fuerza ni predicamento como en tiempos anteriores: las secciones habían sido descabezadas por los jacobinos durante el Terror, e infiltradas por numerosos elementos termidorianos en los últimos meses. Ya no eran tan combativas como antes, ni tan capaces de organizar un motín con ciertas garantías de éxito, de manera que la rebelión del 12 de germinal se deshizo con demasiada facilidad, evidenciando una debilidad que se hizo preocupante al verse enfrentada con una Asamblea que esta vez mostraba una firmeza y un cierre de filas entre el Ejército inauditos desde 1789. Aquel día, una multitud reclutada principalmente en los arrabales populares de Saint-Antoine y Saint-Marcel rodeó la Asamblea, reclamando pan y la aplicación de la Constitución del Año I, medida esta que de ninguna manera estaban dispuestos a adoptar, dado el carácter jacobino del texto legal. La multitud llegó a penetrar dentro de la sala donde se reunían los diputados, pero esta vez la guardia nacional estuvo al quite y, con una disciplina y una convicción inusitada, desalojó a los alborotadores. Los miembros de la Guardia ya no titubeaban ante el hecho de exhibir sus armas frente al pueblo; los mandos habían sido depurados, los soldados debidamente entrenados. Los asaltantes no contaban con los líderes resueltos de antes —todos guillotinados—, y terminaron naufragando en un mar de reclamaciones confusas y un sálvese quien pueda generalizado que desorganizó el motín. La Convención decretó el estado de sitio en París y ordenó la detención de todo civil que portara armas en todo el territorio nacional. El incidente se deshizo solo, pero sus consecuencias fueron trágicas para los jacobinos que, aun sin club donde reunirse, seguían estando presentes, tanto en la calle como en la Asamblea. Recordemos que los clubs solían ser bastante heterogéneos y que no son equiparables a los partidos políticos actuales. Los termidorianos, mayoritariamente antijacobinos, votaron una resolución en la que se los culpaba de haber alimentado con su discurso el levantamiento popular. Si bien la declaración no era más que una excusa para atizar un nuevo golpe a los odiados terroristas, también es cierto que tenía su parte de verdad, e incluso que se quedaba corta en cuanto que hubo jacobinos que participaron en la revuelta. En consecuencia, una nueva caza al jacobino devino en la deposición de varios diputados, la mayoría de los cuales fueron deportados a Guayana, pena popularmente denominada Guillotina Seca. Exteriormente, la Convención Termidoriana lograba el 5 de abril de 1795 la firma de la paz con el Reino de Prusia, en lo que se ha conocido como el Primer Tratado de Basilea. Los germanos abandonaban la coalición reconociendo el dominio francés de los territorios tomados a la izquierda del Rin. Entre aplausos y palmaditas, la Convención no olvidaba a sus enemigos interiores: el 17 de mayo, una quincena de miembros del antiguo Tribunal Revolucionario fueron pasados por la guillotina.

La segunda gran rebelión a la que tuvieron que hacer frente los termidorianos fue la que acaeció en mayo de 1795, conocida como la insurrección de Pradial por el mes en que ocurrieron los hechos. El 1 de pradial estallo una nueva revuelta popular en París, a causa de la escasez. La iniciativa fue a cargo, otra vez, de las clases populares de los barrios de Saint-Antoine y Saint-Marcel, pero esta vez iban mejor armados, más furiosos y dispuestos a condicionar las decisiones de la Asamblea, como antaño. Tal es así que Féraud, un diputado que intentó detenerlos cuando penetraron furiosos en la Asamblea, fue asesinado de un tiro y su cabeza clavada en una pica. La acción recordaba peligrosamente a otros tiempos, pero desgraciadamente para los rebeldes, aquella etapa ya había pasado. La guardia nacional no tardó en aparecer, a las órdenes de una Asamblea que nuevamente se mostró firme ante la actitud de los asaltantes, y en seguida consiguió desalojar el edificio. Esta vez el conflicto no se deshizo, como en germinal, sino que se extendió a París, especialmente a los barrios populares de los que procedían la mayor parte de los manifestantes. En aquellos arrabales, los más conflictivos, se levantaron barricadas y se vivieron auténticas batallas campales contra el ejército, que no dudó en actuar con contundencia. Atrás quedaban los tiempos en los que los cañones estaban del lado de los amotinados. Tras cuatro días de combates, la derrota de los populares fue completa, produciéndose cientos de arrestos. Pradial finalizó con una treintena de penas de muerte, pocas en comparación con los detenidos que produjo, entre otros seis diputados que, cómo no, eran miembros de la vieja Montaña. De ellos, la mitad prefirió suicidarse.

Los jacobinos, otra vez tomados como chivos expiatorios, sufrieron un nuevo repunte de Terror Blanco en el sureste. Las prisiones fueron asaltadas por la muchedumbre, y numerosos jacobinos asesinados con la mayor crueldad. Las matanzas de presos, tan caras al difunto Marat, ahora se volvían en contra de los suyos; pero no sólo eso. El 23 de junio el edificio de los jacobinos fue demolido por orden de la Asamblea. Desapareció como un mal sueño. A partir de ahora, jacobino sería igual a Terror, a sangre, a todos los excesos de la revolución; y, consecuentemente, los termidorianos habrían de representar la virtud revolucionaria: el constitucionalismo integrador, la paz y el equilibro de poderes.

El Estado expansionista

Este mismo mes, el delfín murió en el Temple. El conocido por los monárquicos como Luis XVII había perdido la vida con tan sólo diez años, a causa de la subalimentación y las pobres condiciones higiénicas y de cuidados generales que sufrió durante sus años de prisión. Irónicamente contrajo la escrófula, mal del que existía todo un rito de muy antigua tradición según el cual el rey taumaturgo era capaz de curarla mediante la imposición de manos. Su tío, el conde de Provenza, recogió el legado y la corona, tomando el nombre de Luis XVIII. Sin embargo, la declaración que firmó en Verona no fue muy afortunada: en ella señaló que en cuanto recuperara el trono haría tabula rasa, devolviendo a Francia al sistema de Antiguo Régimen como si nada hubiera ocurrido. Si quería ganarse adeptos dentro del país, no hizo lo más indicado. Los revolucionarios más moderados se cerraron en banda, prometiéndose que nunca volvería un Borbón a ostentar responsabilidad alguna en los órganos dirigentes del país. El autoproclamado Luis XVIII fue reconocido por los monárquicos, y los revolucionarios tuvieron que comerse sus palabras cuando, una veintena de años después, se avinieron a reconocerlo dos veces como rey, la primera tras la derrota napoleónica de 1814 y la segunda tras la definitiva de 1815. No fueron los únicos. El Borbón también tuvo que comerse sus palabras, porque lejos de restaurar el absolutismo, reinó bajo un régimen de Carta Otorgada. Esto, sin embargo, quedaba todavía muy lejos. De momento la República se apuntaba un nuevo tanto con la firma el 22 de julio del Segundo Tratado de Basilea, esta vez con la España de Carlos IV y Godoy. A cambio de una indemnización y la parte española de la isla de Santo Domingo[59], la República evacuó los territorios peninsulares ocupados, retornando a las fronteras de antes de la guerra. En agosto se firmó con el landgraviato de Hesse-Kassel el Tercer Tratado de Basilea, certificando la hegemonía francesa en el continente. Paradójicamente, la guerra contra la Primera Coalición había tenido el efecto de inaugurar la expansión territorial francesa que daría paso al posterior imperio napoleónico. La derrota de los coaligados en todos los frentes dibujó un escenario nuevo y más favorable para los intereses y la supervivencia de la República. Las tres paces de Basilea (abril, julio y agosto de 1795), firmadas entre Francia y Prusia, España y el landgraviato de Hesse-Kassel, respectivamente, colocaron a la República, por primera vez, en una situación de fuerza en Europa, merced a las mencionadas anexiones de Bélgica y la ribera occidental del Rin, y las conversiones de Baviera y Holanda (República Bátava) en repúblicas constituidas sobre el modelo francés. Además, recuperaba la alianza española de antes de la revolución, un elemento que tanto el Directorio como Napoleón iban a aprovechar para intentar presionar al Reino Unido. La Convención había inaugurado un modelo, el de la expansión territorial, que se reveló extraordinariamente eficaz para acallar disidencias internas y para llenar unas arcas exhaustas a costa de los territorios derrotados.

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El primer Directorio

El 22 de agosto, por fin se aprobó la Constitución de 1795, o del Año III. En su afán por evitar hegemonías que pudieran dar lugar a tiranías, se afanó en equilibrar y contrapesar poderes. El legislativo se dividió en dos Cámaras, siendo el Consejo de los Quinientos el organismo que contaba con la iniciativa legislativa y el Consejo de Ancianos una especie de filtro por el que pasaban las resoluciones de aquel para ser validadas. En suma, el primero era una especie de Congreso legislativo, y el segundo un Senado. El poder ejecutivo también fue fragmentado en cinco directores —de ahí la denominación del nuevo sistema como Directorio—, que parecían garantizar la tan buscada despersonalización del poder. Los directores eran nombrados por el Consejo de Ancianos a partir de una terna de nombres elaborada por el Consejo de los Quinientos, y era anualmente renovado uno de los cinco puestos. Los directores no tenían entre sus prerrogativas la posibilidad de tomar parte en las deliberaciones de ninguna de las dos Cámaras del legislativo, al que se hallaban muy sometidos. También las secciones parisinas fueron divididas y sus facultades limitadas.

La Constitución del Año III suprimió el sufragio universal, imponiendo el censitario indirecto en dos grados. Se organizó un sistema electoral anual, en el que dos tercios de las Cámaras corresponderían a representantes de la Convención. Además de este obvio recorte de derechos en comparación con la inaplicada Constitución del Año I, el nuevo articulado legal obviaba el espíritu social de la anterior, añadiendo una declaración de deberes y dejando de lado cuestiones como la asistencia de los desfavorecidos. Tal y como era esperable en los hombres de termidor, era una Constitución plenamente liberal. Bajo su manto, la ley era rigurosamente igual para todos; una mala noticia para los pobres, los enfermos y los ancianos, a menos que estos dos últimos tuvieran dinero.

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Los primeros directores fueron Barras, Le Tourneur, Carnot, Reubell y La Révelliére-Lepeaux. Formaban un grupo heterogéneo con dos elementos conservadores y tres más avanzados que echó a andar a finales de octubre. El Directorio, pues, inició su marcha con perspectivas de estabilidad institucional. Las cosas también funcionaban exteriormente, ya que el 1 de octubre Francia se había anexionado unilateralmente Bélgica, y la temida desestabilización de los nuevos y forzados franceses no hizo acto de presencia más que de forma anecdótica. El Directorio se estrenaba, pues, con nueve departamentos más que administrar. Sin embargo, la estabilidad no era algo característico de la época: el 13 de vendimiario (5 de octubre de 1795), una conspiración realista amenazó con tomar la Asamblea y proclamar a Luis XVIII, dejando el proyecto directoral en agua de borrajas. Tras el desembarco en la costa occidental del conde de Artois, probablemente el más rabiosamente conservador de su familia y hermano de Luis XVI y de Luis XVIII, así como tío de Luis XVII[60], instó a los realistas de París a que se levantaran en armas. La temida quinta columna hizo su aparición de repente, en una demostración de fuerza sin precedentes: miles de hombres y soldados. Para proteger a la República, Barras tomó bajo sus órdenes a un joven militar con una interesante hoja de servicios: Bonaparte, el corso que se había destacado en Tolón, organizó el ejército colocando sus cañones en los puntos estratégicos de la capital. No dudó en ordenar disparar a matar. Aquello era una guerra. Estaban en el centro de París, sí, pero era una guerra. Napoleón no concebía otra forma de proceder. Después de la masacre, el General Vendimiario, como empezó a ser conocido, obtuvo el reconocimiento del Directorio[61], aunque de puertas para dentro nunca gozó de la confianza de todo el mundo. Sin embargo, ahora contaba con la protección de uno de los recién nombrados directores, Barras, y de la admiración del pueblo francés, que comenzaba a ver al militar con la aureola de héroe. Vendrán más hazañas, fundamentalmente en los campos de batalla italianos, que acrecentarán su leyenda y harán temblar al Directorio.

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La conspiración de Babeuf

Germinal y Pradial supusieron la evidencia de que la izquierda popular se encontraba muy debilitada. Vendimiario supuso una derrota sin paliativos de los realistas. Los tres capítulos, un reforzamiento de la posición del Directorio y de un Barras que aupó al general Bonaparte y que años después, tras el golpe de Brumario, sería traicionado por él y por quienes apoyaron la acción, supuestamente por su falta de ejemplaridad moral para continuar en puestos de gobierno. Pero ahora, Bonaparte, como recién nombrado jefe del Ejército del interior, trabaja hombro con hombro con Barras. A principios de 1796 cerró por orden gubernamental el Club del Panteón, de reciente creación, y que reunía a elementos más o menos radicales de la izquierda. Entre ellos, a un agitador que había cambiado su nombre de pila por el de Graco, en recuerdo al reformador agrario y tribuno popular homónimo[62], pero no su apellido: Babeuf. Este hombre se había convertido por obra y gracia de su verborrea y su capacidad como articulista, en el líder de una agrupación denominada Los Iguales. La clausura de su club empujó al grupo a organizarse para derrocar al Directorio e imponer desde arriba un sistema verdaderamente igualitario que llevaba predicando al menos desde los inicios de la revolución. Ya en 1789 afirmaba que el sistema ideal consistía en la organización comunal del mundo rural, en la que habría de desaparecer el concepto de propiedad privada. La propuesta resulta tan moderna como de toda la vida, en el sentido de que enlaza con los postulados de los futuros socialismo y anarquismo, al tiempo que también lo hace con las reivindicaciones comunalistas tan presentes en los motines medievales y modernos preindustriales, repletos de ideas, proyectos y acciones utopistas que desembocaron en cruentas guerras y forjaron, al fin y al cabo, el desarrollo de aquellos siglos. Graco Babeuf, situado en los finales del siglo XVIII, no encaja exactamente en la elaboración de tendencias políticas que no forman escuela pero que se han recogido todas en ese cajón de sastre denominado socialismo utópico. Sin embargo, sus ideas han sido repetidamente expuestas como precedente en numerosos manuales sobre socialismo, anarquismo y comunismo, y aunque vivió en una sociedad fundamentalmente preindustrial, parece obvio asignar a sus ideas la etiqueta de socialismo temprano, aunque no necesariamente premarxista dado que sus planteamientos ni se basan ni se insertan en una sociedad industrializada, como ocurre con su contemporáneo Henri de Saint-Simon.

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Resulta sorprendente descubrir en Babeuf el planteamiento, actualmente tan identificativamente leninista, de olvidarse de revoluciones populares espontáneas y formar un grupo de revolucionarios profesionales; golpistas que mediante un solo y acertado golpe de mano fueran capaces de derrocar el sistema y sustituirlo por una dictadura que impusiera el igualitarismo desde arriba. Lenin hablaría exactamente de lo mismo en 1917, cuando triunfó su método, que pasó de ser una herejía del marxismo a la doctrina oficial de los partidos comunistas del mundo. Babeuf, por último, consideraba que el principal escollo hacia un igualitarismo real era la propiedad privada, cuya existencia condenaba a los hombres a vivir forzosamente en desigualdad. Para lograr el ideal comunalista debía ser abolida y sustituida por un sistema distributivo garantizado por la comunidad, que también se habría de hacer cargo de asegurar a todos sus integrantes que nadie se quedara sin educación, vivienda o asistencia sanitaria y social.

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Babeuf era un viejo conocido de quienes velaban por la seguridad pública, ya que si bien nunca se destacó por encabezar a las masas contra la Asamblea, ya en 1790 dio con sus huesos en la cárcel por apoyar este tipo de movimientos, y tres años más tarde volvió a ser recluido por haber falsificado registros de propiedad a fin de repartir tierras entre los campesinos pobres. Su Conspiración de Los Iguales fue infiltrada por la policía desde el mismo cierre del Club del Panteón, si no antes, por consejo de un avispado Fouché. La policía supo, pues, desde el minuto uno de los movimientos de Babeuf y los suyos, de la creación del Directorio Secreto de Salvación Pública, una especie de comité insurreccional revolucionario destinado a coordinar la conquista del poder, de que su núcleo duro lo conformaban Darthé y el mismo Babeuf…, en fin, de todo. En mayo, Los Iguales fueron desarticulados gracias a las labores del infiltrado Georges Grisel, y la nonata conspiración abortada. Buonarroti, Maréchal, Babeuf, Darthé y toda la cúpula conspirativa fueron puestos a buen recaudo para ser juzgados, así como buena parte de sus cómplices, uno de los cuales no era otro que Jean Baptiste Drouet, el oficial de postas que se destacó en la captura del rey en Varennes. Tras casi 250 detenciones, la Conspiración de Los Iguales parecía totalmente liquidada, pero la cosa tuvo su epílogo en Grenelle, situada en los alrededores de París, donde con la colaboración de todo un cuerpo de ejército, los simpatizantes de Los Iguales pretendieron poner en práctica el golpe de fuerza abortado. Nuevamente el Directorio, puntualmente informado, se adelantó y desbarató la conspiración. Las cárceles tuvieron que aceptar a más de 130 nuevos reclusos, algunos de los cuales fueron fusilados, aunque la mayoría terminó saliendo libre. Babeuf y Darthé fueron ejecutados en febrero de 1797.

El Gran Hombre

La política exterior del Directorio continuó alimentándose de la guerra, ahora fundamentalmente contra Austria y el Reino Unido. La lucha contra la primera dio un vuelco cuando, aquel mismo año de 1796, la República decidió enviar a un reconocido y rehabilitado Napoleón Bonaparte al escenario italiano, considerado secundario en el enfrentamiento contra Austria, dejando para el general Moreau el flanco más importante: Renania. Sin embargo, el genio militar de Bonaparte logró alterar el valor de las posiciones, convirtiendo el norte de Italia en la región decisiva a través de la cual Austria iba a ser derrotada. En primer lugar atacó el Reino de Piamonte-Cerdeña, y tras una serie de batallas victoriosas lo dejó fuera de la coalición gracias a la firma de la Paz de Cherasco (abril de 1796), cuyas estipulaciones fueron confirmadas en el Tratado de París (mayo de 1796)[63]. El enfrentamiento con el Imperio austriaco era inminente, y Napoleón no lo demoró. El 14 de mayo asentaba sus tropas en la primera ciudad importante dentro del territorio de los Habsburgo mediante la ocupación de Milán, y posteriormente logró conquistar la práctica totalidad del ducado[64]. La brillante acción de Bonaparte debía acompañarse con una amplia ofensiva de Moreau desde Renania, a fin de liberar de tropas austriacas el escenario italiano y permitir a Napoleón atacar directamente a Austria a través del Tirol. La demora del ejército del Rin obligó al militar corso a girar sus pasos hacia el este, logró la ocupación de Venecia (1797) y el sur y se adentró en la península italiana con la mente puesta en la toma de Mantua, Ferrara y Bolonia. Los refulgentes éxitos militares de Bonaparte, capaz de ocupar buena parte de Italia y engendrar repúblicas al servicio de Francia, formaban parte de una acabada estrategia para obtener popularidad e influencia frente a los ambiciosos miembros del Directorio: Según afirma Wright:

Aquella estrategia fue en gran medida una decisión personal de Napoleón, pues el Directorio prefería que el ejército de Italia cediera el protagonismo al más numeroso del Rin, mandado por Moreau, al que se concedería prioridad en un movimiento de tenaza contra el Imperio austriaco. Desde el punto de vista de los políticos de París, Italia era, ante todo, una fuente de pillaje, aunque habría de servir también como baza para intercambiar por territorios alemanes en futuras negociaciones de paz con los austriacos. Napoleón tenía otras ideas. La importancia política de su campaña italiana residía en el hecho de que fue su plan el que triunfó, y no el de sus jefes políticos[65].

Por otro lado, el Tratado de Campo Formio, que había sido firmado con Austria en octubre de 1797, prestigió aún más a Napoleón, quien, tras amenazar Viena desde el sur, firmó personalmente un acuerdo altamente favorecedor para los intereses de Francia[66]. La figura del general victorioso contrastaba demasiado con la de un Directorio que, a medida que pasaban los meses, concitaba menos apoyos entre la población[67]. Napoleón no solamente había asegurado las posiciones francesas dentro de los límites de sus fronteras naturales, sino que había derrotado a sus enemigos y construido una constelación de estados vasallos que convirtieron a Francia en el árbitro de Italia. Los directores, sin embargo, temían a un general a quien el pueblo admiraba hasta el punto de perdonar el hecho cierto de haber actuado en Italia con total independencia con respecto a las consignas que recibía desde París. Ciertamente, aparte de las decisiones estratégicas tomadas unilateralmente por el general corso, las repúblicas fundadas por Napoleón recibieron una constitución y un sistema institucional y administrativo calcados del francés. Sin embargo, fue el propio Napoleón quien, sin contar con el Directorio, nombró a algunos de sus cargos dirigentes. Especialmente claro fue el caso de la República Cisalpina[68], la pieza más importante del tablero italiano debido a su proximidad a Francia, su capacidad económica y el franco apoyo político mostrado por sus élites dirigentes[69]. Napoleón intervino directamente, tanto en su nacimiento y configuración como en su desarrollo político posterior, de manera que cuando se convirtió en República italiana (1802-1805) y Reino de Italia (1805-14), conservó la titularidad de su gobierno como ente político separado.

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Fructidor

Como se ha señalado en una nota anterior, el Directorio temía las consecuencias del notorio giro a la derecha de los votantes. La desilusión que generó el proceder de unos directores corruptos empujó a muchos electores a los brazos de un monarquismo constitucionalista como garantía de un Estado fuerte. La otra opción era el surgimiento de un Gran Hombre, capaz de llevar con firmeza el timón del gobierno; pero siempre con la característica de la que el Directorio adolecía: fuerza. Si bien en 1799 vencería esta segunda opción, todavía en 1797 el Estado firme se identificaba con la figura de un rey. Los directores, asustados por un más que previsible triunfo arrollador de las opciones realistas, trampearon el sistema electoral a fin de evitarlo. El 25 de febrero de 1797 se decretó la privación del voto a todos los que estuvieron inscritos en la lista de exiliados. El 15 de marzo se impuso a los electores un juramento de odio a la anarquía y a la monarquía. Sin embargo, las elecciones de 21 de marzo y 9 de abril —primer y segundo grados del sufragio— dieron como resultado la esperada victoria de las opciones realistas, lo que planteó un nuevo y peligroso escenario: con dos centenares de nuevos diputados, la mayoría monárquicos, no se tardó en alterar el contenido de las instituciones centrales del Estado. El nuevo presidente del Consejo de los Quinientos fue votado mayoritariamente de entre uno de los suyos, y lo mismo ocurrió con el puesto de director que anualmente se renovaba. Los refractarios y emigrados fueron perdonados y pudieron retornar a Francia. ¿Una contrarrevolución pacífica? No tanto. En el sureste, una nueva oleada de Terror Blanco se llevó nuevas vidas de jacobinos e izquierdistas varios.

Así las cosas, entre el 3 y el 4 de septiembre (17 al 18 de fructidor del Año V), tuvo lugar un golpe de Estado que ha sido considerado por la historiografía como el cierre del primer Directorio y el inicio del segundo. Nuevamente el ejército acudió al socorro de los republicanos, salvando los muebles mediante un puñetazo encima de la mesa. Viendo que el derechismo estaba copando las instituciones y que este hecho estaba amenazando los principales avances de la revolución y hasta a la revolución misma, los tres directores políticamente avanzados, Barras, Reubell y La Révelliére, solicitaron del Ejército la ocupación de las dos Asambleas. Los militares accedieron, aunque esta iba a ser la última vez que acudieran en ayuda del débil Directorio. La excusa para proceder de este modo fue ocultar el hecho de que tres de los cinco directores estaban dando un autogolpe de Estado, mediante una proclama que afirmaba que, lejos de ser un golpe de Estado —que lo era—, se trataba de una acción urgente en defensa de la República, al haberse descubierto un complot anglo-monárquico para destruirla. Si bien es cierto que los británicos apoyaron económicamente a los realistas durante las elecciones y que su intención era transformar la República en un sentido derechista y hasta sustituirla por un rey, en realidad no había ningún complot. Era todo perfectamente legal. A pesar de todo, más de 60 monárquicos fueron inmediatamente arrestados y las recientes elecciones fueron declaradas inválidas en 49 departamentos, y por tanto retiraron el acta de diputado a 177 realistas, que fueron sustituidos a dedo por Barras, Reubell y La Révelliére, quienes pronto se hicieron acompañar por Neufchâteau y Douai en sustitución de los directores moderados. Tanto en las Asambleas legislativas como en el propio Directorio se hizo una limpieza completa de derechistas. Otro tanto ocurrirá en mayo de 1798, pero con los projacobinos, vencedores de las elecciones de ese año. Esa vez no sería necesaria la participación del Ejército, dadas las trampas preelectorales que lograron anular más de un centenar de actas de diputados de izquierda.

El Estado depredador

El segundo Directorio instauró un régimen transitorio de excepción, excusándose en la necesidad de depurar a los elementos antirrepublicanos para salvar el sistema. Recuperaron las rigurosas medidas contra emigrados y refractarios abolidas por los realistas y cerraron numerosos periódicos de signo contrario al del Gobierno. Dado que buena parte de los diputados que sustituyeron a los realistas impugnados no comulgaban demasiado con la Iglesia, ni siquiera la constitucional, se recuperó la idea de organizar en torno a las instituciones republicanas una serie de ritos basados en el Culto al Ser Supremo de Robespierre. La idea se puso en práctica bajo la denominación de Culto Decenal, porque se eliminó el descanso dominical cristiano por el del décimo día, pero fue un fracaso.

Exteriormente, la guerra continuaba. Tenía que hacerlo. Empujado por la inercia de las conquistas territoriales, el Directorio se veía obligado a seguir avanzando en la misma línea. Había generado una necesidad, una especie de forma de vida expansiva de la que ahora dependía totalmente, incluso para su propia supervivencia. La Francia revolucionaria comenzaba a ser más pragmática, a tirar de ideales para justificar cosas mucho más tangibles. La prédica de la buena nueva revolucionaria por el mundo dejó de ser fin para convertirse en instrumento de la raison d’Etat. La expansión así planteada se convirtió en un hábito, un vicio que provocó una dependencia progresiva del Directorio con respecto a las victorias militares para hacer frente a las cuestiones internas. La agresividad de la política exterior francesa provocó una creciente enemistad con sus aliados naturales, los liberales de las regiones ocupadas, que descubrían de esta forma que la liberación francesa consistía en una ocupación militar muy poco respetuosa con el territorio en cuestión. Los liberales locales tuvieron que soportar ver cómo los franceses daban rienda suelta a los pillajes, requisas, pago de gastos de guerra y demás desagradables situaciones características de una ocupación militar pura y dura. Y es que los territorios ocupados, incluidas las repúblicas hermanas, estaban obligados a soportar una alta presión fiscal para mantener a los ejércitos de ocupación y colaborar con las campañas internacionales de Francia. A tanto llegó la cantidad que el Directorio percibía por esta vía, que llegó a convertirse en una de las principales formas de financiación del Estado. La Francia revolucionaria se había convertido en un Estado depredador, obligado a despojar para sobrevivir. La argumentación de la misión civilizadora y altruista de Francia dejaba bien a las claras, por fin, su condición de trampantojo destinado a justificar su modo de vida depredador. Nacía así un nacionalismo económico que obligó a las repúblicas hermanas a firmar tratados comerciales ventajosos para Francia.

Napoleón y el fin de la inestabilidad política

Al mismo tiempo que el prestigio de Napoleón crecía, el Directorio sentía peligrar la estabilidad del Gobierno y del propio régimen, atenazado por los rumores de que la mayoría de las personas que ocupaban las altas instancias políticas eran partidarias de la llegada al poder de un grand homme capaz de eliminar el Directorio y sustituirlo por un sistema más personalista. Napoleón se encontraba en el centro de todas las quinielas. En un repentino cambio de juego, el Directorio decidió, a sugerencia de Talleyrand, enviar al famoso general a la campaña de Egipto. Con Napoleón en Egipto, los ejércitos del Directorio recibieron severas derrotas en Europa por parte de los miembros de la Segunda Coalición, y se materializó así una pérdida territorial completa en el escenario italiano. Desacreditado el Directorio por sus derrotas en el campo de batalla, su debilidad política y las corruptelas de algunos de sus integrantes, y específicamente Barras, los directores Sieyès y Roger Ducos lideraron un movimiento conspirativo de regeneración republicana destinada a acabar con el Directorio y crear un sistema nuevo con base en una nueva constitución. Fouché, Talleyrand —que estaba ligado a Bonaparte desde Campo Formio y lo convenció para unirse al golpe—, Cambacérès y otros apoyaron la iniciativa, que además era conocida por Barras, a quien le hicieron creer que estaba también en el ajo para que no estorbara. La idea era dar un golpe de Estado con ayuda de un espadón del Ejército, a poder ser muy prestigioso, para establecer un sistema de Consulado, apoyado en un Senado nombrado de por vida. Debía convencerse a los miembros de los dos Consejos para que, alarmados por una supuesta trama jacobina para tomar el poder, se reunieran en Saint-Cloud, donde quedarían a merced de los militares. Tras ello, se aboliría el Directorio. Tras consultarlo con Joubert, y al morir este en los campos de batalla, con Moreau, decidió, a instancias de Talleyrand y del mismo Moreau, entregar a Napoleón la responsabilidad militar de la acción. Bonaparte estaba desembarcando en Fréjus, de vuelta de su aventura oriental. Moreau le dijo: «Ahí tiene a su hombre. Él hará su golpe de Estado mejor que yo». Era cierto. Joven, inexperto en cuestiones políticas, héroe militar y personalidad aclamada por el pueblo… ¿Quién mejor que un tan prestigioso como manipulable Napoleón Bonaparte, el que salvó al Directorio en sus albores, para dar el golpe que pusiera fin a ese mismo Directorio? Nadie. Desde luego, Napoleón era la mejor opción. Sin embargo, al viejo zorro de Sieyès le falló una cuenta en su cálculo: el joven y prestigioso soldado Bonaparte era demasiado ambicioso como para ser manipulado. Aceptó tomar parte en la acción golpista, pero a cambio de que, junto a Roger Ducos y Sieyès, él mismo fuera reconocido como uno de los cónsules. «Si no, puede olvidarse de su golpe de Estado», le dijo.

El 18 de brumario del Año VIII, 9 de noviembre de 1799, una vez que la falsa alarma de una inminente acción jacobina contra la República logró acordar el traslado de las Cámaras a Saint-Cloud, Napoleón fue recibido en el Consejo de Ancianos a fin de serle conferido el mando de las tropas que salvaguardarían a los diputados. Al momento, envió 300 hombres armados al palacio de Luxemburgo, sede del Directorio, para proteger a los directores. Forzados, los cinco directores dimitieron. Sieyès y Ducos muy a gusto, ya que formaban parte del complot, Barras obligado por las circunstancias[70] y Gohier y Moulins entre protestas. Al día siguiente, después de enconadas e inesperadas resistencias, Napoleón, viendo que por las buenas el golpe fracasaría, ordenó a sus tropas, que rodeaban el castillo de Saint-Cloud, asaltarlo y desalojar a los diputados de ambas Cámaras. Horas después, y para darle cierta apariencia de legalidad, los conjurados maquillaron el golpe mediante una votación de los diputados fieles. El Directorio había muerto. Poco después, en virtud de la nueva Constitución del Año VIII, Napoleón eclipsó a Sieyès y Ducos al tomar el cargo de primer cónsul. Se iniciaba así otra etapa en la historia de Francia y de la humanidad.

Bibliografía

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ÍÑIGO BOLINAGA IRASUEGUI (Elorrio, Vizcaya, 1974) es licenciado en Historia, titulado en Estudios Avanzados de Historia Contemporánea. Posee un máster en Estudios Vascos, además de otro en Periodismo. Es a su vez miembro de la Sociedad de Estudios Vascos. Colaborador del programa magazine Euskadi hoy, de Onda Vasca, en un espacio semanal de veinte minutos de duración dedicado a la divulgación de la historia del País Vasco.

Autor de numerosos artículos en revistas especializadas de Historia como Juana de Albret, la reina de los hugonotes, China Ming, La invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis o La disputa antártica.

Autor de una Historia de la Universidad de Deusto publicada en diez capítulos en la revista universitaria de Deusto. Es a su vez autor de otros cinco libros, Breve historia del fascismo (Ed. Nowtilus, 2008), Breve historia de la Guerra Civil española (Ed. Nowtilus, 2009), Breve historia de la Revolución Rusa (Ed. Nowtilus, 2010), Breve historia de la Revolución Francesa (Ed. Nowtilus, 2014) y La gran utopía (Ed Melusina, 2011).

También ha escrito una novela histórica, El testamento (Ed. Txertoa, 2011).

Notas

[1] Tradicionalmente se ha considerado que el idioma francés, y junto a él el sentimiento de identidad nacional francés, se imponen definitivamente sobre las fidelidades regionales y las lenguas vernáculas tras el fin de la Primera Guerra Mundial (1914-18). << 

[2] En realidad, tanto la lengua de oc como la de oíl son familias de lenguas romances, más que lenguas como tal. Sin embargo, es muy usual identificar al francés con la de oíl, dado que no deja de ser una variedad de esta, y la de oc con el occitano, a pesar de la diversidad de lenguas de oc existentes (provenzal, gascón, languedociano, bearnés…).  << 

[3] Con alguna pequeña alteración, como el Tratado de Llivia de 1660. << 

[4] Guerra de la Convención (1793-95), anexión de Cataluña (1812)… Se trata de cambios de trazado pasajeros que no alteran la línea general de lo que contamos.  << 

[5] Según datos de diferentes autores.  << 

[6] Lo cual no significa necesariamente que admitieran de buen grado los privilegios del alto clero, pero sí que hicieran piña muchas veces con el párroco de su pueblo.  << 

[7] No siempre los nobles de toga estaban en mejores condiciones. Debido a la venalidad de los cargos, la mayoría de ellos terminaron siendo hereditarios, lo que convirtió a muchos nobles de toga en aristócratas al uso, con la única diferencia de que su linaje no resultaba tan antiguo.  << 

[*] ¿«Reseñorializar»? El DRAE no recoge el vocablo «señorializar», por lo que no se puede volver a cumplir la acción que señala ese verbo inexistente. Tal vez el autor quería decir «Señorear»:

1. tr. Dominar o mandar en algo como dueño de ello.

2. tr. Dicho de una persona: Apoderarse de algo, sujetarlo a su dominio y mando. U. t. c. prnl.

3. tr. Dicho de una persona: Mandar imperiosamente y disponer de las cosas como si fuera dueña de ellas.

4. tr. Dicho de una cosa: Estar en situación superior o en mayor altura del lugar que ocupa otra, como dominándola.

«Reseñorear», por lo tanto, sí que tendría sentido, en la dirección de lo escrito: (N. del E. D.)  << 

[8] El Estado soy yo.  << 

[9] Se denominaba Estados Generales a la reunión de los representantes de los tres estamentos y el rey, para discutir acerca de cuestiones especialmente graves. La institución, nacida en la Edad Media, no se reunió demasiadas veces, la última más de siglo y medio antes.  << 

[10] En esta época sus funciones se reducían a cuestiones judiciales, aunque durante los siglos precedentes cubrieron más responsabilidades.  << 

[11] Con suplementos posteriores.  << 

[12] Los menciono aquí por ser quizá los más destacados en cuanto a teoría política. También tomaron parte nombres tan señalados como Diderot, Holbach, Helvétius, Quesnay o Condillac.  << 

[13] Aun reconociendo las aptitudes políticas de Choiseul, Luis XVI no podía dejar de sentir cierta sensación de despecho hacia él, debido a la manera en que se condujo ante su padre, el delfín Luis —que nunca llegó a reinar porque murió antes que su progenitor, Luis XV, abuelo de Luis XVI—, a partir del asunto de la expulsión de los jesuitas en 1764. Incitado por Choiseul, Luis XV se enfrentó y desaprobó definitivamente a su hijo cuando este se opuso fervientemente a su política antijesuítica.  << 

[14] Un mes antes había sido nombrado ministro de Marina, puesto que ocupó Antoine de Sartine una vez que Turgot se hizo con la responsabilidad de las finanzas.  << 

[15] También la España de Carlos III contribuyó veladamente a la victoria de los insurgentes americanos, por medio de empresas comerciales que les suministraron todo tipo de ayudas. Dentro de este marco, hay que resaltar la labor del bilbaíno Diego María de Gardoqui y Arriquibar, que a través de la empresa familiar José Gardoqui e Hijos, y a instancias de la Corona española, entregó una enorme cantidad de dinero y material a los americanos, gracias a los cuales pudieron financiar en buena parte la guerra contra el Reino Unido.  << 

[16] En diciembre de 1770, Luis XV había suspendido el Parlamento de París, debido a las continuas obstrucciones que opuso contra las disposiciones reales.  << 

[17] La fecha se adelantará con posterioridad, aunque finalmente, los Estados se abrieron el 5 de mayo.  << 

[18] Necker pretendía dar preferencia al tercer estado como forma de control de los órdenes privilegiados. Logró la doble representación, pero se mostró más tibio en la batalla por el voto. Dado que lo que realmente le interesaba era sacar adelante la reforma fiscal, abogó por el voto por cabeza para cuestiones financieras, pero no para las demás.  << 

[19] En aquellos momentos ejercía el cargo de canónigo de Chartres.  << 

[20] Impulsó su perfeccionamiento y propuso su uso como medio de ejecución rápido e indoloro, pero la máquina ya existía al menos desde la Edad Media.  << 

[21] Martin-Dauch sufrió el escarnio de sus propios compañeros, que le incitaron a jurar junto a ellos. Ante su firme negativa, y los abucheos del público congregado, se vio obligado a abandonar el recinto.  << 

[22] La denominación, inicialmente despectiva, se refiere a los miembros de las clases populares del tercer estado (artesanos, obreros, tenderos…) que no formaban parte de la burguesía. Dada su condición social, únicamente llevaban pantalones y no culottes o calzones cortos, como era el caso de los aristócratas y de las clases burguesas acomodadas. Se destacaron por ser la punta de lanza de las reivindicaciones más a la izquierda de la revolución.  << 

[23] A grandes rasgos, el preboste venía a ser una especie de alcalde. El cargo fue suprimido al día siguiente, tras la ejecución de Flesselles.  << 

[24] Los miembros del tercer estado habían intentado anteriormente tomar parte en las estructuras de Gobierno de París, sin éxito alguno. Flesselles, sin embargo, tuvo que aceptar sus exigencias cuando lo solicitaron por segunda vez. Dadas las circunstancias, no le quedaba otro remedio.  << 

[25] La nueva municipalidad ordenó la fabricación de picas para abastecer a los insurgentes.  << 

[26] Se le acusó de estar confabulado con elementos afines al absolutismo, y de entorpecer el suministro de armas destinado al comité insurreccional mediante falsas promesas.  << 

[27] Alguien le disparó, oculto entre la masa popular, tras lo cual le degollaron.  << 

[28] Bajo la denominación de Carlos X (1824-1830). << 

[29] Que pronto llegaría a renombrarse como Sociedad de Amigos de la Constitución o Club de los Jacobinos.  << 

[30] En julio de 1791, los elementos moderados del Club Jacobino se escindieron de este, formando un club aparte, el de los feuillants. Como en el caso de los jacobinos o el de los cordeliers, el nombre les vino a raíz de que organizaron sus reuniones en un antiguo monasterio de monjes cistercienses, conocidos como feuillants en Francia. Los representantes más destacados de este club fueron Barnave, Sieyès, La Fayette y el alcalde Bailly.  << 

[31] En 1512, las tropas castellano-aragonesas ocuparon Navarra, con la colaboración de la facción beaumontesa del Reino. Por avatares de la historia, el heredero de los reyes desposeídos se convirtió a fines del siglo XVI en rey de Francia, ostentando oficialmente ambos títulos, que fueron heredados por sus sucesores hasta Luis XVI.  << 

[32] Mientras la parte peninsular del Reino de Navarra se integró en la Corona de Castilla, la continental se mantuvo al margen, ostentando soberanía propia hasta 1620, fecha en la que Luis XIII insertó el territorio dentro de la soberanía de la Corona francesa. Tras los decretos derivados de la Noche de la Locura, los bajonavarros se convirtieron en franceses a todos los efectos, de forma que ya no tenía sentido haberse denominado rey de los franceses y de los navarros.  << 

[33] Antiguamente conocidos como «jacobinos» en Francia.  << 

[34] La esclavitud era una práctica corriente en las colonias francesas, donde una poderosa burguesía de origen europeo sacaba pingües beneficios mediante este sistema de explotación. Presionada por ella, y con algunos diputados también partícipes, la Asamblea debatió apresuradamente sobre el tema, no parándose ni siquiera a discutir un proyecto de abolición progresiva de la esclavitud presentada en mayo de 1791 por Vieuville des Essarts. Como consecuencia, la esclavitud y los prejuicios raciales continuaron siendo legales en Francia hasta 1794, cuando la Convención Nacional la derogó. Napoleón restableció la esclavitud en 1802. << 

[35] Inspirada por Jacques Brissot, el futuro líder de los girondinos. A pesar de estar formada por miembros que políticamente pertenecían a prácticamente todas las inquietudes políticas de la Francia de la época, como Robespierre, Brissot, Brienne o La Fayette, no fue capaz de imponer un debate contundente en la Asamblea ni de potenciar una corriente de opinión suficiente como para evitar la ejecución del rebelde mulato haitiano Vincent Ogé.  << 

[36] Se diseñaron de tal manera que un jinete que saliera de la capital del departamento, pudiera alcanzar cualquiera de sus extremos en un solo día.  << 

[37] A partir de la Convención (1792-1795), la actitud de los revolucionarios en la cuestión idiomática se mostró más beligerante frente a las demás lenguas. Desde la consideración de que el francés era el idioma del progreso y la revolución, y de que una nación debía construirse sobre una lengua común y exclusiva, se fortaleció e impulsó la presencia dominante de este idioma en todos los rincones de Francia.  << 

[38] Judíos de origen hispano-portugués, predominantes en el sur de Francia.  << 

[39] Judíos de origen centroeuropeo, predominantes en el este de Francia.  << 

[40] Dado que uno de los puntos fuertes de los jesuitas era la educación, al lector avispado puede sorprenderle el hecho de que esta orden no tuviera presencia en la Francia revolucionaria. La explicación es simple: en 1773 el papa Clemente XIV suprimió la Compañía de Jesús, que no fue restaurada hasta 1814. << 

[41] El origen de esta singularidad se remonta a al año 1309, cuando la sede papal se trasladó a Aviñón.  << 

[42] Países que, sin embargo, sólo declararon la guerra a la Francia revolucionaria a rebufo de Austria y Prusia, potencias que, de momento, parecen más tibias que las anteriores.  << 

[43] A grandes rasgos, lo que hoy es Bélgica.  << 

[44] Lo que posteriormente se usaría como argumento para desacreditar a La Fayette.  << 

[45] A pesar de que actualmente forma parte de Bélgica, en 1791 Lieja era un principado eclesiástico dependiente del Sacro Imperio cuyos orígenes se remontan a principios de la Edad Media. Ellos también experimentaron un proceso revolucionario paralelo al estallido de la Revolución francesa, que muy pronto fue abortado.  << 

[46] Se convertirá en Francisco II una vez que acceda al trono del Sacro Imperio, en julio de 1792. En el momento de la declaración de guerra todavía no era emperador, sino sólo rey de Hungría y Bohemia. Al igual que su predecesor, era hermano de María Antonieta.  << 

[47] A pesar de que la firmó, Brunswick no tenía un ánimo tan beligerante.  << 

[48] Se trata de Luis Carlos de Borbón, hermano menor del delfín Luis José, fallecido, como sabemos, en 1789. Luis Carlos nunca salió de la torre del Temple, y murió enfermo y desnutrido en 1795. << 

[49] Hoy Olomuc, en la República Checa.  << 

[50] ¿Son los girondinos menos jacobinos que la Montaña? No necesariamente. Sin embargo, dado que en la historiografía ha triunfado la identificación entre jacobino y montañés, a partir de este punto, y con el precedente de todo lo que se ha explicado al respecto, nosotros también actuaremos de esta forma.  << 

[51] Se dice que Luis XVI, antes de morir, lanzó un discurso a los parisinos allí congregados aceptando la sentencia pero advirtiéndoles que estaban ejecutando a un inocente que, sin embargo, los perdonaba. La anécdota es apócrifa, pero perfectamente podría ser cierta.  << 

[52] Pronto sustituido por el más radical Hérault de Sécheles.  << 

[53] En puridad, Lyon ya se había levantado contra los jacobinos antes del 2 de junio, cuando los girondinos locales se levantaron contra el ayuntamiento.  << 

[54] Desde el 22 de septiembre de 1792, haciendo coincidir el inicio del calendario con el de la República, y los inicios de año con la fecha de su proclamación. Los nombres de los meses se basaron en la naturaleza y las labores agrícolas.  << 

[55] A pesar de ser uno de los organizadores del futuro golpe de Estado del 9 de termidor, Fouché no encontró acomodo en el sistema directorial hasta que logró acercarse a Barras y acabar con la Conspiración de los Iguales, de la que se hablará en el próximo capítulo.  << 

[56] Nos estamos refiriendo a la guillotina.  << 

[57] Apodada Nuestra Señora de Termidor, por haber provocado la acción desencadenante mediante una severa carta a su futuro esposo.  << 

[58] Por ejemplo, el otrora todopoderoso Comité de Salvación Pública fue reducido únicamente a asuntos de guerra y diplomacia.  << 

[59] La actual República Dominicana, que fue recuperada por España en 1809. << 

[60] Y futuro rey de Francia bajo la denominación de Carlos X.  << 

[61] Se le habían achacado simpatías jacobinas a raíz de su amistad con el hermano menor de Robespierre. Tras la victoria de Vendimiario, fue ascendido.  << 

[62] De hecho, su órgano de prensa se llamaba Tribun du Peuple. << 

[63] La Paz de Cherasco supuso una entrega completa del Reino de Piamonte-Cerdeña a las aspiraciones de Napoleón. En virtud de lo cual, el Reino italiano pasaba de ser enemigo a aliado de facto, dado que se vio obligado a permitir el libre paso de las tropas francesas por su territorio, limitado debido a la entrega a Francia de zonas tan importantes como el ducado de Saboya o el condado de Niza, así como a disolver buena parte de su fuerza militar, cerrar la frontera a los realistas y asegurar una neutralidad política que permitió a Napoleón seguir avanzando por territorio italiano.  << 

[64] El ducado de Milán, con capital en la ciudad homónima, fue arrebatado a la monarquía española durante la guerra de Sucesión Española, siendo uno de los territorios europeos que Felipe V hubo de ceder a los Habsburgo austriacos para concluir la paz en 1714. Continuó siendo territorio de los Habsburgo, aunque no territorialmente austriaco como muchas veces se ha confundido, hasta la conquista napoleónica de 1796. << 

[65] Wright, D. G. La Europa napoleónica. Madrid: Alianza Editorial, 1999. Pp. 22-23. << 

[66] El Tratado de Campo Formio ratificó por parte austriaca la anexión que en 1795 Francia había decretado con respecto a los Países Bajos austriacos, territorio hasta entonces dependiente de los Habsburgo, así como la cesión de territorios tales como Bolonia, Módena, Ferrara y la Romaña (regiones estas últimas de los Estados Pontificios). Las islas Jónicas y una parte de la actual Albania también acabaron en manos francesas, pero no Istria, Dalmacia y la propia ciudad de Venecia (ocupada por Francia), que fue cedida a Austria por Napoleón como desagravio por el reconocimiento austriaco de la soberanía francesa de los Países Bajos austriacos y la orilla izquierda del Rin, otro de los puntos del tratado. Finalmente, Austria también se vio obligada a reconocer a la República Cisalpina, formada a partir de los antiguos territorios de la República Cispadana y la República Transpadana, así como la formación del Estado profrancés de la República Ligur, en el solar de la República de Génova.  << 

[67] Los comicios mostraban un desapego progresivo de los votantes hacia el sistema directorial en favor de la restauración monárquica, lo que generó inseguridad y una honda crisis política interna dentro del propio Gobierno.  << 

[68] La República Cisalpina surgió del Tratado de Campo Formio a partir de la suma de los territorios lombardos arrebatados a los Habsburgo (agrupados en la República Transpadana entre 1796 y 1797) y los territorios de Módena y parte del de los Estados Pontificios (agrupados en la República Cispadana entre 1796 y 1797). << 

[69] Napoleón fue recibido con los brazos abiertos por buena parte de las élites ilustradas del norte de Italia, que creían ver en él a una especie de redentor local capaz de garantizar la estabilidad política en un régimen de garantías liberales no necesariamente republicano.  << 

[70] Recibió la visita de Talleyrand con una carta de dimisión a la que solamente le faltaba la firma. Enseguida comprendió que el complot también iba contra él.  << 

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