Índice

Cubierta

Portadilla

Prólogo

En política es esencial aclarar las ideas y las palabras

Aclaraciones sobre nacionalistas, nacional-socialistas y otras clases de políticos

Aclaraciones sobre la Constitución

Epílogo Conversación de Ignacio Gómez de Liaño con Ilia Galán

Notas

Créditos

Los hombres han nacido los unos para los otros.
Edúcalos o aguántalos.

Marco Aurelio

Prólogo

En este libro intento exponer, aclarar e ilustrar cuestiones principales sobre política española a fin de contribuir a su saneamiento y a la recuperación de la democracia, una forma de gobierno muy expuesta a involuciones totalitarias. Qué hacer para que la democracia conserve y refuerce los valores de la libertad, la igualdad, la solidaridad, la seguridad jurídica y todos aquellos sin los cuales no se puede decir que vivamos en la civilización, sino en la barbarie, ése es el tema del libro, una de las cuestiones más importantes de nuestro tiempo, y también una de las más complejas, por lo que presento, anticipadamente, excusas por mis posibles errores.

Esta preocupación política cobró especial fuerza a raíz de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que precedieron y condicionaron las elecciones generales españolas que tuvieron lugar tres días después, al introducir, como quien dice, en cada colegio electoral la sombra de casi doscientas víctimas. Desde entonces, la situación se ha vuelto tan extraña, tan desquiciada incluso, que algunos de los representantes de las más altas instituciones han llegado a poner en tela de juicio la condición y pervivencia de España como nación y, con ello, la salvaguarda de valores fundamentales como la igualdad y la seguridad jurídicas, la libertad de expresión y otras libertades, el principio de solidaridad y el respeto al otro.

En otoño de 2007 el profesor Ilia Galán grabó algunas conversaciones que tuve con él y que giraban en torno a cuestiones políticas. Después de leer la transcripción que él mismo realizara, me ha parecido oportuno poner al final de este volumen un extracto de la primera de esas conversaciones. He considerado que podía servir de complemento y remate a ese otro diálogo, más largo, más a fondo, y a solas conmigo mismo, en el que fueron adquiriendo forma las reflexiones que constituyen el cuerpo del libro y en las que he utilizado algunos datos aportados por el profesor Salvador Villena Rico. A ambos quiero expresarles aquí mi agradecimiento. No he organizado esas reflexiones con arreglo a ningún sistema ni he pretendido ser exhaustivo, y menos aún darles un barniz erudito. Ojalá conserven el perfume de la intensa conversación interior que las alumbró. Las terminé el 9 de marzo de 2008, mientras se celebraban en toda España elecciones generales.

10 de marzo de 2008

Recuperar la democracia

En política es esencial

aclarar las ideas y las palabras

1. La distinción política principal no es para mí la de derechas o izquierdas, sino la de liberalismo o totalitarismo. Igual de malos me parecen los totalitarios de izquierdas que los de derechas, y creo que tan cómodo me puedo sentir con los liberales de izquierdas como con los de derechas. Como escritor que quiere expresarse sin cortapisas y como ciudadano que desea exponer sus opiniones libremente, tan mal me va con un gobierno de izquierdas del tipo de Stalin o Mao que con uno de derechas del tipo de Hitler o Mussolini, pues, con todas sus diferencias, sé que correré grave peligro si mis ideas molestan a los gobernantes. Para los dictadores totalitarios no hay mejores maestros que otros dictadores totalitarios, sean del signo que sean. Hitler tomó de Stalin los campos de concentración, y éste aprendió de aquél que el odio a los judíos podía servir para mantener unida a la sociedad al proporcionarle un «enemigo» a la vez interior y exterior, antiguo y nuevo.

No ignoro que mi forma transversal de tratar las cuestiones políticas incomodará a los esencialistas de la derecha y de la izquierda, pero eso no me sorprende, ya que, pese a que luzcan plumajes diferentes, son pájaros de la misma especie –el pacto de Hitler y Stalin es casi un apólogo de la convergencia a la que pueden llegar–, pero interesará a todas esas izquierdas y derechas que, por compartir ciertos valores fundamentales, no dudan en pactar entre ellas cuando tienen enfrente a derechas e izquierdas de signo totalitario.

2. ¿Qué nos revela que un gobierno tiene vocación totalitaria? El hecho de que trate de intervenir en todo: en la justicia, en la economía, en la comunicación, en la educación, en la cultura… Un signo que lo delata es esa forma típica con que justifica y disimula su apetito de poder, que consiste en decir que todo lo hace por tu bien y que desea prevenirte de todo mal. Un ejemplo de ese paternalismo podría ser un anuncio del Ministerio del Interior que lleva ya varios años en las emisoras de radio y dice así: «No podemos conducir por ti». Con esta frase el anunciante trata al conductor como si fuera un niño torpe e ignorante, que lo mejor que puede hacer es dejar que la Dirección General de Tráfico conduzca su automóvil. Pero seamos un poco racionales. ¿Quién se puede creer que ese monstruo funcionarial vaya a conducir mejor que yo mi coche? El paternalismo, incluso uno tan rancio como el que recoge esa frase, es uno de los camuflajes preferidos por los regímenes totalitarios. Cuando un gobierno alardea de ser amante de los pobres, de los perseguidos, de la humanidad, sobre todo si lo hace con un gran despliegue de medios, ¡cuidado!, podría ser un peligroso depredador.

3. Al tratar de explicar los cambios sociales se tiende a minusvalorar la influencia de las ideas. Sin embargo, un repaso de la historia europea de los últimos dos siglos demuestra que son el motor de la historia, y que bastan unas pocas ideas malas para producir grandes catástrofes. Semejantes a los virus informáticos que dañan el sistema operativo de un ordenador, las ideas falsas o incorrectas, cuando hacen referencia a valores e ideales, afectan a las actitudes y a la conducta, y, de ese modo, pueden llevar a las sociedades al precipicio. Que las ideas mueven el mundo queda demostrado por el enorme poder operativo que han tenido, o tienen todavía, el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, el confucianismo, el liberalismo, el marxismo, el nacional-socialismo, el idealismo, el escepticismo y un largo etcétera de «ismos» políticos y religiosos. Estos «ismos» no son simples visiones del mundo. Son máquinas que movilizan a millones de individuos.

4. Una idea correcta sobre un líder político puede bastar para evitar catástrofes. ¡Cómo habría cambiado la historia del mundo si los alemanes hubieran tenido en 1933 una idea correcta de Hitler! Y no se piense que era imposible. Matila Ghyka, intelectual rumano conocido por sus estudios sobre el pitagorismo, publicó en París en 1933 una novela titulada Pluie d’étoiles [Lluvia de estrellas]. Uno de los personajes, el profesor Moessel, dice de Hitler que es un «alucinado dinámico» que «ha conseguido alucinar a una buena parte de Alemania, empezando por la juventud», y lo compara con el flautista de Hamelin, que hechizó a todos los niños del pueblo y se los llevó no se sabe dónde. «Un buen día», añade, «los alemanes seguirán la flauta mágica de Hitler, y Dios sabe qué saldrá de ahí». Pero el profesor Moessel sabe lo que saldrá, pues unas páginas después afirma que «lo que saldrá será exactamente lo mismo que en 1914», o sea la derrota alemana. No creo que Matila Ghyka fuese el único que supiese adónde llevaba a los alemanes Hitler, pero no fueron suficientes los que, en 1933, tuvieron esa idea correcta que habría ahorrado al mundo millones de muertos.

5. El recuerdo de Hitler me hace pensar en Alemania, en el papel que ha jugado en la historia europea de este último siglo y medio. A decir verdad, no ha sido muy halagüeño, ni en los hechos ni en las ideas. En los hechos, ahí están la guerra contra Dinamarca para anexionarse el Holstein, la guerra contra Austria-Hungría para erigirse en nueva potencia imperial, la guerra contra Francia para inaugurar el Reich, la Gran Guerra europea de 1914 a 1918, y la guerra de 1939 a 1945, la mundial por antonomasia. Tras un obligado repliegue de cuarenta años, su acción exterior ha vuelto a verse ensombrecida en los últimos veinte por el papel que ha jugado en la desmembración de Yugoslavia, Checoslovaquia y... lo que reste, dada la tendencia del partido de los Verdes y otras organizaciones a promocionar nacionalismos disgregadores –quizá con la idea del divide et impera, del culto nacional-socialista al Volk, o de ambas cosas–. Lo curioso es que de todas esas aventuras Alemania no ha sacado demasiadas ventajas. Los alemanes deberían fomentar esa otra faceta suya humanista, razonante, clarificadora y pacífica que ejemplifica muy bien Goethe y en cuya estela se encuentra Thomas Mann.

Si de los hechos pasamos a las ideas, las sombras también predominan sobre las luces, pues la «línea férrea» kantianofichteano-hegeliana ha llevado el pensamiento, y con él a millones de personas, a los dos grandes horrores de los siglos XIX y XX: el comunismo marxista-leninista y el nacional-socialismo hitleriano.

6. No se suele reconocer la trascendencia de los juicios de valor en la conducta, ni que las ideologías son, esencialmente, juicios de valor. Si no se reconoce esto se debe en buena medida a que la ideología marxista sostiene que la conducta y la conciencia están determinadas fundamentalmente, casi exclusivamente, por las «condiciones económicas». Esta tesis queda invalidada por dos hechos fácilmente observables. El primero es que unas mismas condiciones económicas pueden originar conductas y caracteres muy diferentes, como se observa entre los hermanos, y el segundo es que los que sostienen la tesis «economicista» no se privan de la propaganda para llevar a la gente en la dirección que desean. En la formación de la conciencia, del carácter y de la conducta, influyen, sin duda, las condiciones económicas, ambientales, biológicas, etc., pero también, y de forma determinante, los afectos y las ideas.

7. Detrás de una determinada acción puede haber una necesidad orgánica, como cuando alguien busca alimento porque tiene hambre. Pero eso no quiere decir que si el que tiene hambre ataca a alguien haya sido movido por el hambre, pues muchas personas que tienen hambre no actúan así, y, al contrario, gente que no tiene hambre puede atacar y matar. No basta con diagnosticar un estado de necesidad para hacer derivar automáticamente de ese estado un atraco o un asesinato. Todos esos discursos que afirman que la pobreza y los estados de necesidad son la causa de acciones que se saldan con decenas de muertos tienen escaso valor probatorio. Los que llevan a cabo atentados tienen en muchas ocasiones sus necesidades cubiertas. Y los que no las tienen se suelen servir de otros medios para remediarlas. El papel que juega en esos casos la pobreza o el hambre es el de la justificación y la legitimación, pero no se debe confundir la justificación que legitima una acción con su causa. A veces la justificación de una acción es también su causa, pero a menudo no.

A quienes sostienen que sólo se podrá acabar con la guerra cuando se suprima el deseo de posesión hay que decirles que es muy cierto lo que dicen, pero que no basta con hacer a todo el mundo rico para acabar con la guerra, pues a menudo una posición económicamente desahogada, en vez de contribuir a limitar los deseos de posesión tiene el efecto de excitarlos.

8. La carga emotiva que se adhiere a ciertas ideas es lo que hace que éstas se vuelvan operativas, lleguen a ser explosivas y dañen, a veces irreversiblemente, las mentes que las albergan. La influencia de las ideas y de los afectos en la conducta y en la formación del carácter se observa también en escenarios más amplios. Cuando estallan revoluciones, se suele decir que han sido causadas por ciertas injusticias y otras lacras, pero, examinados no pocos casos, se comprueba que las injusticias no fueron los desencadenantes de la revolución, sino su justificación y hasta su camuflaje.

No quiere esto decir que en esas sociedades no hubiera injusticias que mereciesen una revolución, sino que no hay una relación causal entre injusticia y revolución, sino la combinación de estos otros factores: la difusión de estados emocionales relacionados con el odio, el rencor y la envidia, que mueven a los individuos a la acción agresiva; la facilidad con la que el grueso de la población, debido a ignorancia y falta de formación, está dispuesta a acoger esas campañas de sensibilización; y la pasividad o deficiencia intelectual de las élites que con sus análisis podrían amortiguar el efecto emocional.

En resumen, podríamos destacar como factor determinante de las grandes conmociones sociales el resentimiento, que se caracteriza por la reiteración con que un estado emocional de odio vuelve una y otra vez hasta apoderarse del sujeto y convertirlo en un títere de movimientos obsesivos. El resentimiento se caracteriza esencialmente por que el que lo padece se ve a sí mismo mal porque ve al otro bien, lo cual origina la envidia, que hace que el envidioso desee destruir al envidiado con la ilusoria idea de que así se verá y se construirá bien a sí mismo.

9. ¿Por qué solemos atribuir a una determinada cosa el título de causa de nuestras acciones? Porque esa atribución nos proporciona un sentimiento de autosatisfacción, de autoestima. Pensar que nuestras acciones son una lucha épica y heroica a favor de los indigentes, de los desfavorecidos, de los humillados, es tan lisonjero que a menudo ha bastado esa idea para cometer los mayores atropellos. Pero cuando se escarba un poco en la conciencia del que emprende la «lucha épica y heroica» se advierte que la causa de su acción no es tan lisonjera, y que se suele reducir a ciertas representaciones sobre el objeto y el sujeto de la acción, a las que se ha adherido, en el primer caso, una carga de odio y, en el segundo, una carga de exaltación.

De ahí que los demagogos pongan tanto empeño en descubrir los resortes afectivos que conviene pulsar para llevar a la gente a donde desean. Saben que lo que influye en la toma de decisiones, sobre todo entre las personas ignorantes o débiles, es el pensamiento empapado de ciertas emociones. ¿Quiénes son peores, los que utilizan el resentimiento y el odio o los que manosean los buenos sentimientos? A mí, personalmente, me parecen peores estos últimos, pues me repugna más un lobo disfrazado de cordero que un lobo que se presenta tal cual es.

10. Cuando en el debate político se utilizan los bellos sentimientos, por ejemplo la solidaridad con los indigentes, el altruismo, el diálogo, etc., debemos examinar si la conducta de quien los utiliza y sus seguidores guarda coherencia con lo que dicen. Pues carece de valor predicar el diálogo si lo que busca el predicador es dialogar con cuantos puedan ayudarle a tapar la boca de sus enemigos. Si alguien predica ideas altruistas, pero no se sacrifica por ellas, es, simplemente, un farsante. ¿Qué valor tiene lamentarse de las miserias que atribulan al mundo si ese sentimiento no va acompañado del esfuerzo que se requiere para remediarlas? Sin ese requisito no debemos fiarnos de la exhibición de sentimientos de humanidad, justicia o altruismo, puesto que esa exhibición es sólo una herramienta de propaganda.

En la política, como en la vida, lo que importa es el discurso de los hechos. Las palabras han de confrontarse con los hechos si se quiere descubrir lo que verdaderamente significan.

11. Hay otra razón más para ponerse en guardia cuando un político utiliza las emociones como herramientas mediante las cuales conseguir sus fines. La emoción enturbia la inteligencia y se transforma fácilmente en mala voluntad hacia los que no la comparten. Si se utiliza para construir un Estado, ya nada estará garantizado. Viviremos bajo el imperio del capricho. Y si, además, se construye el Estado a la medida de ciertas emociones, según pretenden los ideólogos del nacionalismo, es inexorable que se persiga a quienes no las compartan. Las emociones sólo valen cuando el cincel de la razón las transforma en buenos sentimientos.

Recordemos a propósito de esto una declaración que hizo el presidente del gobierno el 17 de junio de 2006. «El reconocimiento del sentimiento nacional en Cataluña es algo evidente», dijo. «Bien, ¿y qué?», se le podría replicar. «¿No es igualmente evidente, y grotesco, el sentimiento de alegría que seguramente tendrían, pongamos por caso, los murcianos si un catalán les regalase una casa y un coche? En gracia a tan respetable y legítimo sentimiento, ¿dejaríamos que los murcianos se quedasen con las casas y coches de los catalanes? La cuestión, señor presidente, no es si un sentimiento es evidente, sino si ciertos sentimientos deben ser aceptados como fundamento de un derecho político.»

A veces se tiene la impresión de que el presidente del gobierno de España, a pesar de su filiación socialista, da por bueno que, como en Cataluña el sentimiento nacional es según él evidente, el conjunto de España debe dejarse asaltar por el gobierno nacional-socialista que rige actualmente los destinos de esa región, y hasta consentir que miembros de ese gobierno ataquen a España cuando les venga en gana.

12. En ocasiones ciertos sentimientos sirven para camuflar otros en una especie de comedia de enredo en la que los actores acaban perdiendo la cabeza. Es lo que nota Josep Pla en el catalán que se afilia al extremismo. «En este país», dice, «hay una manera cómoda de llevar una vida suave, tranquila y regalada: consiste en afiliarse al extremismo». Y añade: «El catalán, genéricamente hablando, tiende al estado agradabilísimo de ser víctima». El nacionalismo catalán ha hecho de esa forma de ser un arte. Un arte deleznable, pues atribuye al otro la causa de los males propios, lo que alimenta la irresponsabilidad y el resentimiento.

Pero la reflexión de Pla se puede aplicar a grupos más amplios, ya que en todas partes tiene predicamento un estilo de vida que pasa por muy moderno y avanzado y que consiste en combinar comodidad y vanguardia, rutina y subversión. Con un talante tan acomodaticio, el individuo se vuelve incapaz de afrontar las situaciones difíciles; preferirá mirar hacia otro lado o persuadirse de que las cosas no son lo que son. El talante acomodaticio tiende a considerar todo con una relatividad absoluta…, así de contradictoria es esa idiosincrasia. Una idiosincrasia que está, por supuesto, muy lejos de la idea del Infierno con sus eternos suplicios, y del «hombre trágico» de la Grecia clásica o del Israel de los profetas. Lo suyo es el «hombre cómico», el comparsa.

13. No es raro que sociedades que pasan por maduras y cultas puedan llegar a admirar y seguir a líderes que no tardan en revelarse como sus verdugos. Los ejemplos son numerosos. Los más conocidos son la Rusia de los bolcheviques, la Francia del Terror, la Alemania de los nazis y, para situarnos en nuestro entorno, aunque la perspectiva sea más angosta, el País Vasco de los nacionalistas aranistas y los terroristas etarras. No deja de ser chocante que esos líderes-verdugos medren gracias a la sociedad que les proporciona las víctimas. ¿Cómo consiguen esa ventaja? Gracias a la combinación de tres ingredientes: miedo, ideología y compra. Con esas tres armas el verdugo compone un chantaje tan eficaz que la sociedad chantajeada ni siquiera se rebela, y hasta le parece normal que la víctima corra con los gastos de su inmolación.

14. El terrorista utiliza el miedo para conseguir el poder político, como el totalitario para conservarlo. De ahí que, cuando llega al poder, el terrorista establezca un régimen totalitario, y que el totalitario se apoye en el terrorismo para mantenerse en el poder. Un gobernante demócrata no puede ser comprensivo ni con los totalitarios ni con los terroristas, pues si lo es se convierte en su aliado, es decir, se vuelve de algún modo terrorista y totalitario. Ante los terroristas y los totalitarios, el gobernante sólo debe mostrarse comprensivo cuando se comprometen públicamente a no volver a utilizar la violencia para conseguir sus fines, piden perdón por el daño que han causado y demuestran de forma activa que están dispuestos a hacer las reparaciones debidas.

La fascinación que ejercen los demagogos de corte tiránico sobre no poca gente de la izquierda siempre me ha resultado llamativa. Recientemente, la Casa de América premió el cuento de una chica venezolana de diecisiete años en el que figuraban dos frases bastante ingenuas sobre la falta de libertad de los periodistas en Venezuela. Al conocer la obra premiada, la embajada de ese país reaccionó de forma amenazadora, sin reparar en que con esa reacción acreditaba las dos frases del cuento. Que un gobierno movilice a una embajada a causa de dos frases ingenuas es un apólogo de hasta dónde puede llegar un gobierno tiránico, que no permite la discrepancia.

Pero más escandaloso es todavía que para bastantes «intelectuales de izquierdas» ese gobierno sea un modelo de progreso, y el hecho de que, por esas fechas, el presidente del gobierno le mostrase tanto aprecio que incluso llegó a negar su apoyo al partido socialista de Venezuela. Nada pareció importarle que en la cuenta de resultados del déspota venezolano ya hubiera en ese tiempo más de doscientos desaparecidos.

15. Además del miedo, para mantener/conseguir el poder, el totalitario/terrorista necesita controlar la información. Sólo así se hace «amo de la verdad», o, lo que es lo mismo, «padre de la mentira». El gobernante totalitario trata de impedir que el ciudadano tenga libre acceso a la información, y cuando se producen movimientos en esa dirección puede decirse que una tiranía apunta.

En sus Memorias políticas y de guerra cuenta Azaña que un ministro de su gobierno «siempre ha creído que la República tendrá que pasar por una etapa de dictadura, y que el concepto de libertad, sobre todo aplicado a la prensa, “lo tiene sometido a revisión”» (12 de julio de 1932). Este alegato contra la libertad de prensa lo hacía un hombre culto, que ocupó las carteras de Justicia y de Instrucción y pertenecía al ala liberal del socialismo, a sólo un año de haberse proclamado la República. Esta deriva no se quedaba en mera declaración de intenciones, pues en los meses anteriores el gobierno de la República había prohibido o suspendido la publicación de periódicos y revistas considerados poco afectos al régimen, y unos años después establecerá la censura. El posterior régimen de Franco, lamentablemente, tendrá a quien imitar en este punto.

16. ¿Dónde hallar el germen del comportamiento típico de los grupos y organizaciones que emplean el terror para conseguir fines políticos? Probablemente en la conducta de esos niños rebeldes y consentidos que no atienden a razones y se enfurecen si no se hace lo que quieren. Si logran que se les dé todo lo que piden, se transformarán en pequeños tiranos, la familia se convertirá en su rehén, y no por ello entrarán en razón. Todo lo contrario, se acostumbrarán a satisfacer sus caprichos con las artes del extorsionador, del chantajista, del matón. Si se prueba a corregirles mediante castigos físicos, sólo se conseguirá que su único valor sea la fuerza, y con el tiempo desarrollarán esos caracteres que se muestran duros con los inferiores y rastreros con los superiores. Sólo hay una pedagogía posible: evitar que el niño se salga con la suya, y hacerle comprender que sigue un camino equivocado y que la principal víctima de su violencia es él mismo.

Todo tirano ha llegado a serlo porque ha sido tiranizado por sus impulsos irracionales. Cuando esos impulsos adquieren rango de doctrina, surge el fanático. Pero lo que sostiene en el poder a esos sujetos no es ni su despotismo ni su fanatismo, sino que no se les haga frente con inteligencia.

17. A menudo se oye decir a personas que pasan por cultas, incluso por sutiles, que no se debe actuar contra mafias de tipo terrorista o contra los gobiernos que les dan cobijo, pues al hacerlo se volverán todavía más violentos. Incluso un rector de la Universidad de Madrid hizo suya esta teoría cuando un grupo violento intentó amedrentar a un político no nacionalista que iba a dar una conferencia en la universidad. Esa clase de consideraciones se han hecho a menudo en relación con ETA y con el terrorismo islámico. Podríamos preguntarnos si los que sostienen esas opiniones se atreverían a decir que para evitar atracos y violaciones lo mejor es no actuar contra las bandas que los realizan, pues si se actúa contra ellas se las incita a realizarlos más a menudo. Nada envalentona más a los terroristas que el hecho de no actuar contra ellos o mostrarse acobardado a su respecto. Lo más chocante es que algo tan obvio y sencillo de comprender no pueda ser entendido, según he podido observar, por un ministro francés de Exteriores, un premio Nobel de Literatura, el rector de la universidad más populosa de España y personas que aparentemente pertenecen a la élite intelectual.

18. Por supuesto, hay niños de índole muy diferente. No todos son como ese niño rebelde, consentido y tiránico en el que veíamos el embrión del matón, del terrorista. El sentido de la equidad está sumamente desarrollado entre los niños. Una experiencia muy común entre ellos, que desgraciadamente con los años se va amortiguando, es la desazón que les produce ver que se usan dos varas de medir. El doble rasero es para el niño, y debería serlo también para el adulto, la imagen viva de la injusticia y la irracionalidad.

La conducta del doble rasero se da mucho en dos conglomerados políticos: el nacionalista y el izquierdista. A ambos les une el narcisismo. Están encantados consigo mismos. La causa que enarbolan es tan excelsa (en su opinión) que les absuelve de toda falta. Para ellos hay dictaduras buenas (las que están de acuerdo con sus idearios) y dictaduras malas (las contrarias), a pesar de que éstas suelen ser más suaves y liberales que las otras. El asalto a la sede de un partido, el insulto o la agresión a un político, son valorados moral y políticamente según la simpatía que sienten por ese partido o ese político. Cuando repasamos la historia del siglo XX comprobamos que nacionalistas y socialistas han llegado a aplaudir a asesinos y hasta a elevarlos a la categoría de héroes sólo porque con sus acciones criminales demostraban su compromiso con la gloriosa causa del «pueblo».

La historia reciente de España nos enseña que durante más de veinte años los cientos de asesinatos cometidos por ETA, organización basada en una combinación de las ideologías nacionalista y socialista –o sea de Hitler y Lenin–, han encontrado justificación y hasta amparo en sus hermanos nacionalistas y nacional-socialistas (Batasuna) y, más allá de los Pirineos, en la anchurosa fraternité de Francia, que durante todo ese tiempo les ha proporcionado un santuario donde poder preparar sus fechorías y refugiarse tranquilamente tras llevarlas a cabo.

19. No basta con enseñar a razonar a la gente, ni con proporcionarle la información oportuna, para que adopte las opiniones correctas. Todavía hay que hacer otra cosa: ponerle a menudo ejemplos ante los ojos. El razonamiento es un medio indispensable, pero no suficiente, para desarmar los fuegos fatuos que asedian la fortaleza de la razón. ¿Por qué importa tanto poner a menudo ante los ojos ejemplos de lo que se quiere inculcar? Por lo mismo que para aprender a ser escritor hay que hacer muchos ejercicios de redacción, y para interpretar bien una partitura no basta con saber descifrarla, sino que es necesario practicar una y otra vez. Lo mismo sucede con el aprendizaje de los valores y las formas de conducta: hay que tener un modelo a seguir para acabar practicándolos uno mismo.

20. El fanatismo es una enfermedad del espíritu difícil de curar. Los fanáticos no atienden a razones. Cada razón que se les da sólo sirve para alimentar su forma de pensar. ¿En qué consiste el fanatismo? En dejar que una obsesión lleve el timón del pensamiento. El fanático se parece en eso al que sufre de delirio persecutorio, que a cada paso ve indicios de acoso. Si alguien pronuncia una frase dura, esa frase va dirigida contra él; si habla con dulzura, esa dulzura encubre las más aviesas intenciones. El delirante todo lo interpreta de forma que sólo una cosa queda intacta: su delirio. Lo mismo ocurre con el fanático. La obsesión que arrastra su pensamiento le hace interpretar las cosas de forma errónea, es decir, de acuerdo con los dictados de la obsesión. Con los paranoicos y los fanáticos la única terapia consiste en que quienes les rodean piensen de forma razonable, interpreten con corrección las cosas, obren mesurada y coherentemente con lo que piensan y que el paranoico y el fanático lo vean. Una terapia nada fácil.

21. El concepto de «nihilismo» resulta vacío o confuso si no se explica su origen, que está en ciertas condiciones de nuestro tiempo: la soledad y el desamparo del individuo al entrar en crisis la familia extensa y el vecindario tradicional; la constatación de que la comunicación con los otros nunca pasa de ser superficial; la inseguridad ante las cambiantes demandas que la época plantea; la insatisfacción, en fin, frente a tantas posibilidades como ofrecen los tiempos modernos, que quedan, sin embargo, desaprovechadas.

¿Cómo se llama el convidado de piedra que se presenta de forma intempestiva al final del banquete de la liquidación nihilista de los valores? Don Dinero. Liquidados los demás valores, uno solo se enseñorea de conciencias y conductas: el mercantil. Tanto tienes, tanto vales. Tanto ganas, tanto eres. El Superhombre que el nihilismo lleva al centro de la escena no es otro que Don Dinero.

22. Lo más recomendable es que los individuos se sientan movidos a obrar a partir de un conocimiento adecuado de las cosas, unido a valores dignos de encomio, como la solidaridad, la justicia, la libertad. A ese «recto uso de la razón» se oponen principalmente cuatro cosas: la ignorancia, el error (dentro del que incluyo las ideas fijas del fanático), el miedo, que incluso a los más listos vuelve tontos, y el placer de la lisonja, que a menudo tuerce el juicio incluso en los caracteres más templados. Además, el miedo y el placer son a menudo causantes de la ignorancia y el error, pues salir de la ignorancia y sortear el error exige esfuerzo, ya que tendemos a confundir la realidad con nuestros deseos. Cuando en una sociedad dominan esos factores, sobre todo el miedo y la lisonja, podemos decir que está gravemente enferma.

23. La filosofía puede y aun debe ser considerada una forma de terapia o medicina. Desde los orígenes ha cumplido esa función. Esquilo dice, por boca de Océano, en su tragedia Prometeo: «¿Es que no sabes, Prometeo, que los razonamientos son medicina para el ánimo enfermo?». En aquellos tiempos aurorales se intuyó que el mito podía ser perjudicial y que, por ello, se debía explorar otra forma de pensar, la raciocinante, que estipula el principio y la obligación de dar una razón convincente de cada afirmación que se hace. Para actuar como medicina, la filosofía debe enseñar a pensar racionalmente y aportar así un conocimiento bien fundado, empezando por el conocimiento de los males que nos aquejan y de los medios con que remediarlos. El razonamiento tiene la virtud de neutralizar el poder tóxico que poseen esas formas de locura que son la poesía y la religión. Digo «formas de locura» porque la poesía y la religión, al activar la sinapsis de representación-emoción, revisten a las ideas de un fuerte impacto emocional.

En la medida en que el ser humano es un ser-de-ideas-y-emociones, el discurso filosófico pretende actuar como un mecanismo de seguridad que desconecte sinapsis inconvenientes. Pero no se debe olvidar que, mal llevado, ha sido causa de nuevas formas de enfermedad, como pone de relieve la manía raciocinante de los paranoicos. Además, sin poesía la razón mata el espíritu, como sin razón la poesía lo lleva a la locura. De ahí la necesaria alianza entre poesía y lógica, entre fe y razón. El rasgo que pone más en evidencia el carácter sublime del cristianismo es tal vez el gran acorde histórico que en él tienen los elementos poéticos y racionales, el mito y el logos.

24. Para obrar bien no basta con tener ideas correctas acerca de las cosas. Es menester también valor para mantenerlas y para hacer frente a las incorrectas. El pensar y actuar bien dependen de la formación del carácter no menos que del buen uso de la inteligencia. Un carácter débil y miedoso está invalidado para pensar bien. Pero la firmeza que se requiere para pensar bien no debe confundirse con la ira, que es un movimiento irracional del ánimo. La firmeza procede de la ira, pero sólo si ésta se supedita a la razón. No se suele reparar en la relación que hay entre los procesos intelectivos y los emotivos. Sin embargo, es una relación muy estrecha. Los estados de dolor y placer hacen que nos fijemos en aquello que suscita el dolor y el placer, a fin de resolver el problema que nos supone el primero y de mantenernos en la solución que representa el segundo. Lo que nos incita a indagar es lo que hay de indeterminación en el dolor y de determinación en el placer.

Esta observación tiene una consecuencia con referencia al placer sexual. Cuando se facilita demasiado su consecución, no contribuye a enriquecer los procesos cognitivos. Como enseña la sabiduría popular, el que se abandona a los deleites más primarios no tarda en volverse necio y, por eso mismo, acaba atrayéndose no pocos disgustos. Aunque parezca paradójico, un cierto rigorismo ético contribuye, a causa de la estabilidad que proporciona, al disfrute de la vida, al nuestro y al de las personas que nos rodean, y a que ese disfrute se experimente de forma más intensa. Pero no hay que pasar por alto que si el rigorismo cae en excesos irracionales acaba haciendo imposible la vida, la nuestra y la de quienes nos rodean.

¿No habría que volver a una cierta continencia (no confundir «continencia» con «abstinencia», no es lo mismo «contenerse» que «abstenerse»), vivir con una cierta sobriedad si hemos de evitar la involución? La involución a formas más primarias de inteligencia ¿no es el resultado de abandonarse a los impulsos primarios, debido a que esa forma de abandono incapacita para enfrentarse a los problemas? Ese reducirse a lo inmediato es, por otro lado, el ideal del economicismo de los grandes comerciantes, que, en su afán de hacer negocio, rebajan la vida al consumo, y de la demagogia de los grandes manipuladores, para los que la vida social es una sesión continua de hipnotismo.

Para evolucionar hacia planos cada vez más altos y mejores de humanidad, ésta debe lograr una fortaleza moral que le permita afrontar problemas cada vez más difíciles, y tener la capacidad de reconocer el mérito de quienes son capaces de resolverlos. Con vistas a ese fin se ha de empezar por asumir la responsabilidad de nuestras acciones y no caer, como los nacionalistas, en esa forma de irresponsabilidad que consiste en hacer al otro responsable de los propios males. Esta técnica de «echar al otro el muerto» ha llegado tan lejos y se ha extendido tanto que un importante líder socialista ha dicho recientemente que si las negociaciones que su partido mantiene con ETA-Batasuna no consiguen el objetivo de que la organización terrorista deje de utilizar la violencia, la responsabilidad del fracaso será del Partido Popular, a pesar de que esta formación rechaza por completo esas negociaciones y a pesar de que el partido negociador ni siquiera ha contado con ella a la hora de iniciar el proceso de negociación. Según esta pintoresca doctrina, si mientras jugamos con una bomba alguien nos dice que no lo hagamos porque es peligroso y la bomba podría estallar, entonces debemos atribuir la responsabilidad de la explosión al que nos ha advertido que no deberíamos jugar con la bomba por no haber jugado con nosotros.

25. Sin ánimo de establecer prioridades entre los valores político-sociales, pues los unos implican a los otros, destacaría los siguientes:

1) La libertad, en los campos de la expresión, la conciencia, la información, el lugar de residencia, el centro educativo, la propiedad, etc.

2) La seguridad y claridad jurídicas, o sea la seguridad de que el poder público va a hacer cumplir la ley y de que ésta no presenta ambigüedades ni contradicciones.

3) La propiedad, sin la cual el individuo no puede realizarse cabalmente como persona libre e independiente.

4) La participación en la vida social y política.

5) La educación, que del hombre animal hace una persona, y de una persona hace una buena persona.

6) La solidaridad entre los individuos, siempre que no sea impuesta, y entre las diferentes partes del Estado.

7) La igualdad ante la ley, para evitar que unos ciudadanos se sientan discriminados respecto a otros y, de forma especial, respecto a los gobernantes. Obviamente, con una legislación única y común para todos los ciudadanos de un Estado se evitan el confusionismo, la ambigüedad y las contradicciones que ocasionan a menudo las leyes emanadas de diferentes parlamentos regionales.

8) La verdad, base objetiva de la fiabilidad, de forma que sea destituido el gobernante que mienta en el desempeño de sus funciones.

9) La lealtad; también debería ser destituido el gobernante que diga o haga algo que suponga falta de lealtad a los principios constitucionales, ya que de lo contrario se vendría a aceptar la doblez, la perfidia y la traición como formas normales de relación política.

La implicación que estos nueve puntos mantienen entre sí se ve con sólo examinar el primero, referente a la libertad, y el segundo, el de la seguridad jurídica. Sin ésta no existe aquélla, como sin la primera no existe la segunda. Los regímenes que no respetan la libertad son los mismos que no respetan la seguridad jurídica del individuo. Creer que se puede ser libre sin tener garantizada la seguridad es como creer que se puede preparar una tortilla sin romper un huevo. Que me sienta partidario de la libertad no quiere decir que lo sea de forma omnímoda, pues me repugna la simple idea de que haya gente que tenga libertad para matar, robar, injuriar, calumniar o utilizar las instituciones y empleos políticos para enriquecerse ilegalmente. Todas esas cosas no van en contra de la libertad, pero sí de la justicia y otros valores. Soy, pues, partidario de la libertad dentro de la ley; aunque puede haber casos en que por parecerme ésta injusta deba luchar antes por la libertad que por la ley, como por ejemplo si ésta no reconoce la libertad de conciencia, de información, de comunicación, de expresión, de crítica, etc.

También creo en la igualdad, pero no en la igualación de los individuos, ya que la diferencia es necesaria, pues sin diferencias no puede haber ni vida ni progreso. Para que la igualdad sea un valor ha de consistir en que no se otorguen privilegios en razón de la sangre, el lugar de procedencia, el cargo político y otros aspectos semejantes y accidentales del individuo.

La propiedad se relaciona también estrechamente con la libertad y los otros derechos o valores. Sin propiedad, la libertad queda seriamente menoscabada, como sin libertad no cabe decir que se tenga realmente propiedad.

En cuanto a la fraternidad y la solidaridad, son beneficiosas siempre que no se empleen en provecho de los criminales y, en particular, de los terroristas, pues en ese caso no se es fraterno y solidario con el conjunto de la sociedad, y menos todavía con las víctimas.

Está bien reconocer la libertad para creer en Dios, pero de ahí no se debe extraer la consecuencia de que se haya de creer necesariamente en lo que predican los que dicen hablar en su nombre.

En cuanto al racismo, es recomendable luchar contra esa ideología, siempre y cuando se incluya dentro de aquél la que hace a la gente de raza blanca responsable de todos los males, pues también existe esa forma de pensar.

En cuanto a la paz, es un valor social sólo si se cumplen determinadas condiciones. La paz de un campo de concentración está muy lejos de ser un valor; esa paz es, simplemente, una monstruosidad. Hay que tener mucho cuidado con los políticos que anteponen la paz a toda otra consideración. Los ejemplos son numerosos: Stalin y Franco con sus veinticinco «años de paz», que hacían resonar por doquier los altavoces del régimen a mediados de los años sesenta, son los precursores de la paz que pregonan actualmente en España los nacionalistas y socialistas de vocación totalitaria. ¿Cómo podemos desear la paz que éstos ofrecen si sólo sirve para vivir amordazados? La paz sin libertad y sin seguridad jurídica es, como tantas veces se ha dicho, la paz de los cementerios.

26. Para sobrevivir y desarrollarse, todo animal necesita la compañía de sus congéneres y un adecuado marco donde vivir. Esa verdad cobra en el hombre caracteres especiales, dada la complejidad de su naturaleza biológica, psicológica e intelectual. La necesidad de los otros y de las cosas para llegar a ser uno mismo hace del hombre un ser incompleto. La extremada socialización y tecnificación que necesita para llevar adelante su vida acentúa ese carácter, y explica hasta qué punto le es menester, para completarse, la solidaridad con los otros, el mutuo apoyo, y no menos la libertad que, entre una infinidad de mundos alternativos, le faculta para elegir el suyo.

27. Para asentar sobre bases sólidas una vida civilizada hay que evitar la envidia, transformarla en emulación saludable, e intentar contrapesarla con sentimientos de admiración hacia aquel que destaca.

Hay que evitar el tratamiento emocional de los problemas políticos y sociales, reemplazándolo por un discurso razonado, al tiempo que se hace ver cómo el tratamiento emocional ciega las mentes y las vías de resolución.

Hay que evitar el miedo, estado de ánimo que causa una disminución grave de las capacidades raciocinantes y hace que el amedrentado responda suscitando miedo en los demás, y transformarlo en precaución o cautela.

Hay que evitar el narcisismo que se complace en la «tribu», el «pueblo», la «nación», o una determinada ideología, en detrimento de la consideración debida a los que no pertenecen a esas agrupaciones, o no tienen esa ideología.

Hay que evitar las ideologías de «pueblo elegido» que sirven para justificar el desprecio y persecución de los que no pertenecen a ese «pueblo».

Hay que enseñar a distinguir entre fantasías y realidades, y entre realidades y deseos.

Hay que fomentar el respeto al otro, a su libertad, a su manera de pensar, siempre que esa libertad y manera de pensar tengan la debida consideración a los demás.

Hay que respetar la ley, que ha de castigar de forma especialmente dura a los infractores que se hallan en puestos de responsabilidad política.

Y hay que fomentar la visión global de las cosas y su puesta en práctica particularizada.

28. Cuando el legislador suaviza las penas, sólo los ignorantes pueden creer que es una manifestación de su bondad. Los más avisados saben, con mejor criterio, que esa suavidad invita a que se cometan más delitos y a que los ya cometidos queden impunes. La suavidad de las leyes penales hace que los débiles estén más indefensos ante las agresiones de los fuertes. En España los gobiernos, sobre todo los de izquierdas, han tendido a otorgar tanta impunidad a los gobernantes que nuestro régimen político se ha convertido en una especie de dictadura de la «clase política»; por supuesto, evita llamarse así. Pues «dictadura» es, esencialmente, que el que manda (en España, los partidos) no esté sujeto a la ley.

Hemos visto a presidentes de gobiernos regionales de ideología nacionalista manifestándose contra el Estado al que representan y al que han prometido lealtad; encabezando movimientos de intimidación contra los jueces; suscribiendo tesis (las de Sabino Arana y otros) que invitan a la persecución y eliminación de los españoles; entorpeciendo la labor de la justicia y de las fuerzas de seguridad cuando éstas tratan de impedir que los terroristas atenten contra españoles por el mero hecho de serlo. Se ha visto todo eso y mucho más, pero la ley no ha dicho nada. Y no ha dicho nada porque debe de estar hecha –supongo, ya que no soy jurista– para que esos crímenes, y, en general, los que cometen los gobernantes, queden impunes. Y no sólo quedan impunes, sino que esos políticos que incitan a la persecución de los españoles y amparan a quienes los matan son recibidos por las Cortes españolas con todos los honores y con burlas a una oposición que se niega a compartir esos delirios nacionalistas antiespañoles en la propia sede de la soberanía nacional española.

Esta impunidad viene de lejos. La condescendencia con que la ejecutiva de cierto partido disculpó a sus altos cargos, condenados por algunos de los crímenes más graves que un gobernante puede cometer, como el saqueo de las arcas públicas y la utilización de las fuerzas del orden para la «guerra sucia», venía a demostrar que ese partido había perdido todo sentido autocrítico, sus señas de identidad ideológicas, si es que alguna vez las había tenido, y hasta la más elemental decencia, para revelarse como un sindicato de intereses y una agencia de colocación a cuenta del contribuyente. Nunca se debieron disimular, y menos olvidar, esos crímenes, pues de ese modo se alentaba a volver a cometerlos.

También fue un grave error que el adversario político, al llegar al gobierno, pusiera su empeño en «pasar página», una muestra de magnanimidad incomprensible y ridícula, pues, sin necesidad, se hacía «cómplice» de los criminales, e incitaba a los socios de éstos a buscar la ocasión para echarlo del gobierno y volver a las andadas.

29. Para entender algo hay que analizar las relaciones de ese algo con las demás cosas. Igualmente, para interpretar bien las palabras se han de examinar las relaciones que tienen con la acción, con la vida. ¿Qué pensaríamos si viéramos a un Parlamento decretar que los aviones deben ser llamados barcos del cielo, y los barcos, aviones de agua, y avalar esa ley diciendo que eso es lo progresista, pues así se evita que se discrimine a los barcos de los aviones, y al agua del aire? ¿No pensaríamos que están locos, o algo peor?

Algo así ocurrió cuando las Cortes decretaron que se diese el nombre de «matrimonio» a las uniones civiles de personas del mismo sexo, y las avalaron con una argumentación supuestamente progresista. Más que un abuso del lenguaje, esa designación es un abuso político que enmascara una visión retrógrada de la relación estable entre personas del mismo sexo. Lo progresista habría sido darle el nombre de «unión civil» o «pacto de convivencia», con lo que se habría evitado el estigma que se produce cuando, al disfrazar una forma de relación con los signos externos de otra, se da lugar a que en una pareja haya dos «maridos» o dos «esposas», lo que a muchos les parecerá inevitablemente grotesco.

La obligación legal de llamar «matrimonio» a las relaciones estables de dos personas del mismo sexo agravia a los matrimonios «de verdad» al usurparles el nombre que les es propio, y aún más a las personas del mismo sexo, que deseando establecer un pacto de convivencia entre ellas no querrán hacerlo porque se les obliga a adoptar una designación que se presta a la burla. Pienso que al dar a las relaciones estables y legales entre personas del mismo sexo el nombre de «matrimonio» se delató el fondo homofóbico del legislador. Aunque lo encubrió con una fórmula aparentemente antidiscriminatoria, en realidad contribuía a discriminar todavía más a los homosexuales. En todo caso, el nombre de «matrimonio» es una extravagancia, con todo lo que de discriminación hay en las extravagancias, ya que, de los más de doscientos Estados que hay en el mundo, sólo en dos o tres se da el nombre de «matrimonio» a ese tipo de relaciones.

Si no me parece acertada la designación de «matrimonio» para las relaciones de las que hablamos, tampoco me lo parece la que, desde el otro lado político, se quiso aplicar llamándolas «relaciones de hecho», pues de lo que se trataba, justamente, es de que ciertas relaciones de hecho pudieran serlo también de derecho.

30. En política los abusos de lenguaje son de la mayor trascendencia. Pongamos algunos ejemplos. La palabra «ejecutar». Cuánto interés pone la gente de ETA en llamar «ejecutar» a lo que todo el mundo y la ley llaman «asesinar». Que una banda especializada en el asesinato desde hace cuarenta años pisotee de esa forma el lenguaje está dentro de lo normal; lo insólito es que el presidente del gobierno llame «accidente» a un atentado de ETA que ha causado dos muertes y enormes destrozos, dé el calificativo de «hombre de paz» al representante y encubridor de los asesinos de esa banda, y, al preguntarle por la nación contra la cual asesinan esos terroristas, asegure que no tiene demasiada importancia lo que se entienda por nación, pues es un concepto discutido y discutible, lo que hace de él un golpista o algo semejante, ya que, según la Constitución, importa tanto lo que se entienda por nación que, al margen de la soberanía que ella ostenta, su cargo de presidente del gobierno carece de toda legitimidad. A ese personaje, como a sus ministros, lo hemos visto dar el vago calificativo de «violentos» a gente que se dedica a asesinar, secuestrar, extorsionar y perseguir a cuantos no comulgan con sus ideas, y el no menos pálido de «izquierda abertzale» a las organizaciones que engloban a esos violentos.

Pero no hay que extrañarse. A finales de junio de 2005, en el curso de un debate en el Congreso de los Diputados, el jefe de la oposición dijo al presidente del gobierno de la nación que en su discurso de investidura no figuraba el cambio de la aplicación del término «nación», que, de definir a España, pasaría, según voluntad del nuevo presidente, a definir diferentes regiones y «nacionalidades». La respuesta del presidente fue: «Las palabras están para servir a la política, y no la política para servir a las palabras». ¡No lo habría dicho mejor Goebbels! El totalitarismo es eso. Utilizar las palabras para significar con ellas lo que en cada caso se desea significar. O sea, utilizar el lenguaje según las conveniencias políticas.

31. Veamos otro ejemplo de inmolación del lenguaje en aras de la política. Se ha repetido hasta la saciedad que el gobierno ha iniciado un «proceso de paz» dialogando con los terroristas etarras. Ahora bien, si no hay guerra, ¿cómo se puede hablar de proceso de paz? Y claro está que no hay guerra entre dos bandos, sino sólo la acción criminal de una banda contra gente pacífica que ha tenido la desgracia de que el Estado no la proteja como debiera.

Además, que el gobierno de España mantenga durante años un proceso de negociación con la banda terrorista, la introduzca y arrope en instituciones –desde los ayuntamientos hasta el Parlamento Europeo–, facilitándole así la financiación pública de su actividad criminal, y ataque de forma insidiosa a miles de víctimas de esa banda y a cientos de miles que apoyan a las víctimas, lo que hace es dar legitimidad y ayuda a las bandas de asesinos, ponerse a su nivel, incitar a otros a utilizar la violencia para conseguir un trato semejante del gobierno, bloquear el normal funcionamiento del Estado de derecho, y, sobre todo, sugerir, al no contar con la aprobación de la oposición democrática, que tantea a la banda en contra de ella, dado que la banda ha hecho objeto de persecución desde hace años a esa oposición.

Una perversión tan monstruosa del Estado de derecho y de la democracia se deduce no menos claramente de los acuerdos a que han llegado con ETA en Perpiñán los nacional-socialistas catalanes (Esquerra y similares), aliados del presidente del gobierno de España y de otros que han ido después en esa misma dirección. En resumen, esos acuerdos tienden a la instauración de una dictadura nacionalista, o nacional-socialista, ya que con ellos se pretende expresamente sacar de la vida pública al único partido con representación parlamentaria que se opone a que se dé a una organización terrorista el título de interlocutor político, legal y democrático.

32. La palabra «honradez» puede servir para disimular no menos vergüenzas que la palabra «paz». Qué tiempos aquellos en los que un partido se presentaba en sociedad presumiendo de «cien años de honradez», eso sí, después de haber estado fuera de juego más de cuarenta. Y el partido de los «cien años de honradez» llegó al gobierno y se aseguró de que estaban en sus manos los resortes del poder, y entonces, como en un viejo apólogo, se descubrió que la honradez podía metamorfosearse con toda facilidad en corrupción. Quizá debería haberse tenido en cuenta el viejo refrán castellano «dime de qué presumes y te diré de qué careces»... Obviamente, ese partido no volvió a presentarse con los atavíos de la honradez, convertidos ya en harapos, pero encontró un nuevo fetiche. Diálogo se llamó el engañabobos, y le pusieron como escolta a Talante, un confuso ente del mismo género. Pero tampoco se quiso escuchar esta vez el refrán castellano, a pesar de que ha vuelto a sacar los colores al eterno mentiroso.

33. «En nuestro tiempo hay un príncipe que predica continuamente pace e fede [paz y lealtad], y no hay mayor enemigo de ambas cosas.» Esta frase de El príncipe parece haber sido la guía de esos políticos nuestros que no se cansan de repetir letanías de «paz» y «diálogo», términos que tradicionalmente utilizan los nacionalistas para amparar a los terroristas que sirven a sus fines. Pero Maquiavelo se refería a uno de los grandes príncipes que ha dado la historia de España, Fernando el Católico, mientras que en su versión actual habría que acompañarla con el refrán castellano «aunque la mona se vista de seda, mona se queda».

34. He aquí otro ejemplo de perversión política del lenguaje. El 10 de junio de 2005 decía el presidente del gobierno regional vasco que el presidente del gobierno de la nación «tenía que demostrar su valentía, su valor, etc., negociando con ETA». ¿Qué es lo valiente para este dechado de nacionalistas furibundos? Rendirse, no ante cualquiera, sino ante los terroristas que persiguen, precisamente, los mismos fines que el presidente del gobierno regional vasco. O sea que el presidente del gobierno de España debería claudicar ante una banda de asesinos. El simple hecho de sentarse con una banda de esa especie para negociar otra cosa que no sea el abandono de las armas no es sino claudicar ante ella.

Dados sus objetivos políticos, idénticos a los de ETA en lo que a la separación de España se refiere, se comprende que el presidente del gobierno regional vasco pervierta la significación de la palabra «valentía» al dirigirse al presidente del gobierno de la nación, pero también hay que decir que éste y su ministro de Exteriores no han dudado tampoco en pervertir a menudo el uso del lenguaje, como cuando, hace tres años, aseguraban que sus relaciones con el presidente de Estados Unidos eran excelentes, mientras que éste, desde entonces hasta ahora (9 de marzo de 2008), ha preferido no tener relación con ninguno de los dos.

35. Otro ejemplo lo facilita el uso del término «anticatalán». Es la pequeña historia de un ministro socialista que, nacido en un pueblo andaluz, propugna una ideología híbrida de nacionalismo y socialismo «a la catalana». Se averiguó que había aceptado, de una institución financiera catalana de titularidad pública, una suma enorme de dinero (más de tres millones de euros). La oposición denunció, como no podía ser menos, el caso, pues si esa caja hacía tan inusitado favor al ministro no era porque acostumbrase hacerlo con todo el mundo, sino porque el receptor de los millones era un dirigente que, en su momento, podría compensar a la entidad financiera con un favor equivalente o superior. Huelga decir que en países donde funciona el Estado de derecho y hay una democracia limpia esa complicidad para cometer un abuso de poder tan ostentoso y tan claramente prevaricador habría puesto entre rejas al político y al financiero, pero en España funciona un Estado de derecho tan atípico que a ese político se le nombra, al poco tiempo, presidente del gobierno de Cataluña. Que nadie se haya escandalizado de ese nombramiento se explica porque cuando se gobierna durante muchos años una región según una original fórmula «siciliano-hitleriana» amparada por el Estado, el desmán se acaba convirtiendo en norma.

Pues bien, bastó que la oposición abriese la boca para criticar la conducta de ese político y de la dadivosa entidad financiera para que toda la gran familia siciliano-hitleriana de Cataluña respondiese clamando que la oposición era «anticatalana» (ya se sabe, también los judíos eran, sobre todo, «antialemanes»), con lo que venían a reconocer que para ellos ser catalán equivale a pertenecer a una especie de mafia de arrebatacapas. Una vez más quedaba justificado aquello de que «el nacionalismo es el camuflaje de los canallas».

36. Sigamos con estos usos (o abusos) políticos de las palabras. Fijémonos en el término «cobardía». Suelen hacerse muchos melindres cuando alguien llama cobarde a un sector social determinado. «Eso que llamas cobardía es en realidad dejadez...», se arguye para acallar al que emplea esa palabra tabú. Pero hay que calificar de cobardes los comportamientos en los que el miedo se impone de forma que el afectado deja que se hagan cosas malas, o no las denuncia, o intenta convencerse y convencer a los demás de que esas cosas no son «tan malas», o enarbola un escepticismo moral universal, si es que no una culpabilidad universal que le lleva a decir «todos son iguales» y cosas por el estilo. Los recursos dialécticos con los que el cobarde trata de disimular, incluso ante sí mismo, su miedo son muy variados.

Pero no quiero dejar de mirar la otra cara de la moneda. Cuando se vive en una sociedad donde impera la violencia y no hay seguridad jurídica, es muy difícil no portarse como un cobarde. Cuando para poder ejercer derechos tan elementales como la libertad de expresión y de ideología, la igualdad jurídica, el cumplimiento de la ley, y hasta la integridad física, se exige al ciudadano ser un héroe, entonces es un sarcasmo llamar democrático al Estado que tolera (cuánto más si ampara) esas condiciones que obligan al grueso de la población a ser cobardes y a sufrir por serlo. Hay que disculpar la cobardía, lo reconozco, pero no disculpo al que, portándose de forma cobarde, no tiene el rasgo de valentía de reconocerlo, al menos en algún momento.

¿Qué democracia real puede haber cuando las condiciones políticas y jurídicas obligan a la gente a portarse como cobardes, aunque se guarden ciertas apariencias y la palabra «cobardía» se vuelva tabú? En esas condiciones no hay ni puede haber democracia real. Lo que hay es una sociedad del miedo. O sea, una sociedad cautiva.

37. Otro fetiche lingüístico reciente es el de la «paridad». La imposición de la paridad o de las cuotas en razón del sexo va contra los principios más elementales de la razón y el progreso, pues supedita el mérito, la valía y la excelencia a otros criterios menos congruentes con la razón y el progreso. Escarnece, además, aquello mismo que dice defender, ya que en virtud de ese principio se sacrifica a la mujer concreta que de verdad existe en aras de una mujer genérica y abstracta que sólo existe en la mente de ciertos políticos. Y así, una vez que se impone el principio de la paridad, se acaba sugiriendo que las mujeres que ocupan puestos de responsabilidad han llegado a ellos no por sus méritos sino por su condición genérica de «mujer».

Las consecuencias de la paridad van más lejos. El presidente del gobierno debería dimitir para que ocupara la presidencia una mujer, ya que, al ser numéricamente más que los hombres, está infiriendo a la mujer un agravio indigno de alguien que ha llegado a la presidencia, en 2004, enarbolando la bandera paritaria.

Además, si hemos de ser coherentes con la fórmula, debemos ser paritarios no sólo en razón del sexo, sino también en razón de la edad, la raza, el grupo sanguíneo, el coeficiente intelectual… Incluso el más necio es consciente de que adoptar rigurosamente el principio paritario es el final de toda civilización y cultura.

La paridad es un buen ejemplo de cómo el fanatismo enturbia el juicio, impide entender incluso lo más sencillo y hasta nos hace vivir en continua contradicción, puesto que cuando caemos gravemente enfermos preferimos un médico bueno a uno malo, y cuando se nos avería un aparato eléctrico llamamos al electricista que nos parece mejor. En esos casos, como en todos los de la vida, si el bueno es mujer, elegimos a la mujer, y si es varón, al varón. ¿Es que alguien que esté en sus cabales puede pensar que lo razonable y progresista es preferir un médico o un electricista en función del sexo, la edad, la raza, el grupo sanguíneo, el lugar de nacimiento, la inicial del apellido, etcétera? Lo que apreciamos ¿no son sus conocimientos terapéuticos en un caso, y sus conocimientos eléctricos en el otro? Eso es lo racional y progresista. Tan racional y progresista que, en caso de enfermedad grave, si no elegimos bien, nuestra vida no podrá progresar racionalmente, ni siquiera ser.

¿Cómo es posible que algo tan obvio y evidente no lo entiendan todos esos progresistas de trampantojo que acumulan argumentos especiosos a favor de la paridad? El estrago que las ideas fijas del fanatismo producen en las inteligencias es infinito.

Curiosamente, quienes enarbolan la doctrina de la paridad de los sexos son los mismos que ponen una excepción a la paridad: el matrimonio. En el matrimonio, donde es norma milenaria y prácticamente universal que haya un hombre y una mujer, es decir, una relación de paridad sexual perfecta, los «paritarios» creen que no es necesario que haya paridad, sino que puede haber dos hombres o dos mujeres. Qué fuerza la del fanatismo que cierra los ojos a contradicciones tan obvias.

38. La igualdad jurídica no se ha de confundir con la imposición de la igualdad, o eliminación de las diferencias. Lo primero es una de las grandes conquistas de la civilización, lo segundo el prólogo a la barbarie. De llegar a producirse la imposición de la igualdad, se volvería inviable la supervivencia de la especie y, además, se contradiría a sí misma. Pues los que la llevasen a cabo (los igualadores o sujetos agentes de la igualación) son, por definición, no iguales a los otros (los igualados o sujetos pacientes de la igualación), con la consecuencia forzosa de que unos serían poderosos (los igualadores) y otros débiles (los igualados), lo que es el colmo de la desigualdad. Ésa es la esencia contradictoria de los regímenes comunistas de tipo marxista-leninista.

Para convencer de su insensatez a los abanderados de la ideología «igualitarista», debería bastar con que la intentasen poner en práctica eligiendo por sorteo, a fin de que no haya acepción de diferencias, la escuela para los hijos, el médico para una enfermedad, el medio de transporte, la ropa, la vivienda, etc. ¿No sería absurdo?

El concepto de igualdad lleva al de diferencia, con el que está relacionado. Sin la diferencia no tiene sentido la igualdad. Una igualdad tan igual que eliminase toda diferencia sería tan absurda como una grandeza tan grande que eliminase toda pequeñez. Son cosas imposibles de toda necesidad, pues los términos correlativos sólo tienen sentido conjuntamente. ¿Qué se quiere decir cuando se emplea la palabra «diferencia», de la que tanto se abusa? En España, a menudo se oye pedir a los nacionalistas catalanes y vascos que se reconozcan sus «diferencias», o sea las diferencias de sus respectivos «pueblos», pero pretenden conseguir ese reconocimiento de las diferencias para que todos los que residen en las Vascongadas y en Cataluña sean igualmente vascos y catalanes, o sea para que ya nadie piense o sienta algo diferente a lo que ellos entienden por vasco y catalán. El absurdo resultado de esa política de la diferencia, sistemáticamente practicada desde hace treinta años, es que los nacionalistas no toleran que se tengan sentimientos y posicionamientos diferentes respecto a los que ellos tienen de la idea de nación.

Absurdo de consecuencias muy graves, pues ha provocado la implantación de un régimen de coacción, incluso de terror, con el éxodo de cientos de miles de personas de las regiones donde se ha impuesto la política de la diferencia, cuyo resultado no es otro que la imposición de la igualación nacionalista. Y absurdo sin atenuantes, porque el nacionalismo exige que España reconozca la diferencia que, en cuanto a la idea de nación, tiene un 5-10 por ciento del censo total (el que da su voto a los partidos nacionalistas) y, al mismo tiempo, se niega a reconocer la diferencia que, sobre esa misma idea, tiene un 50-70 por ciento de los catalanes y vascos (los que afirman sentirse miembros de la nación española).

La manera nacionalista de entender la pareja diferencia-igualdad se parece a la de los campos de concentración: todos los presos sufren por igual, aunque se trata de un entorno diferente.

39. «Filantropía» es una palabra que suena bien. Llamar a alguien «filántropo» es hacerle un elogio. Sin embargo, uno de los secretos mejor guardados de la filantropía del siglo XXI es que consiste en autofilantropía. Lo saben los directivos de muchas ONG que son grandes expertos en convertir las donaciones en autodonaciones. Consiguen de los gobiernos cuantiosas ayudas para el loable fin de remediar los males de la humanidad, pero en realidad les sirven para mantenerse y prosperar en las propias organizaciones filantrópicas. Miremos las cuentas de la ONU. De cada dólar o euro que se confía a esa organización para ayudar al Tercer Mundo, a éste sólo le llega poco más de diez céntimos. ¿Adónde va a parar el resto? A los filántropos, es decir, a los autofilántropos. O sea a los diferentes niveles de funcionarios e intermediarios, de los que se puede decir que viven a cuerpo de rey gracias a las miserias del Tercer Mundo.

Pero el asunto es todavía más escandaloso, porque como la ideología «progresista» dominante en la ONU exige que se respete la soberanía de los países a los que se dirige la ayuda humanitaria, los que se encargan de administrarla son los gobiernos corruptos que han llevado a la miseria a esos países. Al final, la ayuda con la que se querían remediar las miserias del mundo sirve para que sigan medrando las organizaciones filantrópicas y para que los gobiernos corruptos sigan manteniendo en la miseria a sus pueblos. Es lo que se ha hecho con el dinero asignado a mejorar las condiciones de vida de los palestinos: se ha destinado en realidad a apoyar una amplia red de terror.

Si se quiere ayudar al Tercer Mundo hay que hacerlo con ciertas garantías, para evitar que las ayudas sólo sirvan para reforzar las oligarquías corruptas que han llevado a sus respectivos países a la ruina. En una materia tan delicada como la filantrópica sólo tienen credibilidad las organizaciones cuyos cooperantes padecen en sus carnes las miserias de la gente a la que ayudan. De no ser así, la organización se convierte fácilmente en pantalla y vivero de hipocresía.

Un paso en la buena dirección sería crear, en sustitución de la ONU o como alternativa a ésta, una nueva institución internacional en la que sólo tuvieran voz y voto aquellos gobiernos que den a su pueblo el derecho a tener voz y voto. Esto es, que el derecho de discrepar sirviese como criterio de legitimidad internacional.

40. Entre las sociedades autofilantrópicas las hay que sirven a fines poco confesables, como el «asesoramiento político» para la elaboración y promoción de nuevas nacionalidades, con la inevitable consecuencia de disgregar los Estados-nación existentes. En última instancia, esas sociedades sirven a las potencias con pretensiones hegemónicas y a las grandes empresas que, a la hora de negociar, prefieren tener delante poderes políticos débiles en vez de Estados fuertes. Curiosa industria, la de esas sociedades autofilantrópicas. Valdría la pena investigar la forma en que seleccionan la «materia prima» (o sea la materia «nacionalizable») y cuáles son los métodos de transformación que emplean (para «nacionalizarla»). Más adelante volveremos a ello.

41. Mejor se conocen esas sociedades autofilantrópicas que se llaman partidos políticos, sindicatos de obreros y organizaciones patronales. En España basta con disfrazarse de político, sindicalista o patrono para ser ipso facto un autofilántropo. De esos tres disfraces el más pintoresco es, en mi opinión, el de sindicalista. Como los sindicatos tienen en España una afiliación muy baja, tratan de remediarla fortaleciendo el aparato y sirviéndose para ello de la socorrida fórmula de conseguir sustanciosas ayudas a cuenta del contribuyente. Éste no es consultado en absoluto sobre si desea que un tanto por ciento de sus impuestos se dedique a subvencionar partidos, sindicatos y patronales, como se hace en el caso de la Iglesia. Simplemente se le sustrae una parte de sus impuestos, se les da a los dirigentes políticos, sindicales y patronales, y asunto concluido.

Las fuentes de donde beben los sindicatos el capital que les permite cubrir sus gastos son un variado abanico de subvenciones cuyo común denominador es que la parte principal de ese precioso «maná» mana de los veneros del Estado. Hay subvenciones según el número de delegados, por participación institucional, para programas y formación profesional, y no debemos olvidar los inmuebles provenientes del patrimonio sindical acumulado durante la dictadura de Franco que el Estado les permite utilizar gratis. Lo que, unido a las indemnizaciones por el patrimonio sindical «histórico», tal vez haga que un día no lejano los sindicatos obreros figuren entre los principales propietarios inmobiliarios del país, junto a la Banca y la Iglesia.

¿A qué se dedican las subvenciones públicas que reciben los sindicatos? Sobre todo a pagar al personal de la organización. Esta dependencia de los sindicatos respecto de los recursos públicos a menudo sirve para explicar la existencia o no de conflictos laborales. Es el sino de las sociedades benéficas cuando se convierten en grupos de presión autodonantes. Su horizonte revolucionario o humanitario no suele ser otro que el de reemplazar a los parásitos de la vieja nobleza terrateniente por los de la nueva casta inmobiliario-sindical.

A veces pienso que la animadversión que suelen tener a la Iglesia los partidos de izquierda y los sindicatos de clase se debe, aún más que a concurrencia de intereses, ya que se disputan la fidelidad de un mismo sector social, o a la rebeldía clásica del «hijo descastado» (el partido, el sindicato) frente a la «madre rigurosa» (la Iglesia), a que los «parásitos» eclesiásticos ponen demasiado en evidencia a sus congéneres políticosindicales. Aquéllos se sacrifican hasta la autoinmolación por la causa en la que creen, éstos sacrifican a menudo la causa en la que dicen creer para seguir disfrutando de los frutos de su parasitismo. Esta condición simbiótica que tienen en España las organizaciones políticas y sindicales hace que cultiven con especial esmero la retórica, o sea las artes del manipulador.

42. Cuando la Administración copa los resortes de la promoción cultural, se está a un paso de la cultura programada típica de los Estados totalitarios. Convertido en propagandista a sueldo del gobierno, el intelectual se dedica a ataviar al gobernante con vistosos oropeles de letras y colores. Entre el gobernante y el intelectual orgánico rige el principio del do ut des. «Tú dedicas a la promoción de mi película, de mi novela, de mi ensayo…», dice el intelectual al gobernante, «los recursos de tal o cual dirección general, museo o biblioteca de titularidad pública, y yo pongo a tu servicio esa notoriedad mía que en buena medida te debo». Así de sencillo. Y de eficaz.

Se ha llegado a extremos difíciles de superar. Cuando se produjo en Madrid el atentado del 11-M que causó cerca de doscientos muertos, un conocido director de cine saltó a los medios para decir, sin fundamento, que el partido que más había sufrido políticamente las consecuencias del atentado ¡quería dar un golpe de Estado! Unas semanas después, ante la perspectiva de ir a los tribunales, retiró la acusación, pero el servicio a su partido ya estaba hecho. A su partido, que entre el atentado del 11-M y las elecciones del 14-M asaltó filiales del partido rival, agredió a algunos de sus afiliados y rompió la jornada de reflexión haciendo manifestaciones contra la sede central de ese mismo partido. El cineasta orgánico no tenía nada que temer, pues el partido para el que hizo el trabajo sucio había ganado las elecciones. Con su calumnia compensaba a éste por la catarata de millones con que había promocionado sus folletines durante años, y, facilitándoles la victoria electoral, se hacía un nuevo favor a sí mismo.

43. Podríamos hacer una lista de los diez pintores, los diez escritores y los diez cineastas más importantes según la crítica; luego anotar las ayudas que han recibido de las administraciones públicas en forma de premios, subvenciones, catálogos, libros, exposiciones, etc., y por último, a los que han salido más beneficiados, quitarlos de la lista de los «valores de verdad» y colocarlos en otra, que podríamos llamar lista de «intelectuales orgánicos gubernamentales» o, simplemente, de «paniaguados oficiales». Si éstos replicaran que deben figurar en la de «valores de verdad», porque hay galerías, editoriales y productoras que han apostado por ellos, podríamos contestarles: «Sí, pero quién me dice que no lo han hecho para aprovechar el plus promocional que habéis recibido del gobierno, plus que equivale a muchos millones de euros. ¿Qué empresa privada puede ser insensible a un argumento tan persuasivo?». Para acertar en la evaluación artística y literaria se ha de remover lo que la dificulta, empezando por la principal fuente de confusión: el intervencionismo gubernamental, o sea la promoción que el político hace del intelectual y que éste le reembolsa con su adhesión y propaganda.

44. Una señal de que en el horizonte apuntan aires de regeneración cultural sería que los intelectuales hicieran rechifla de los premios oficiales y de las comisiones y jurados que los políticos y funcionarios nombran para decidir quiénes se van a llevar los premios. La pretensión de esas comisiones de someter a escrutinio todo libro que se publica en el año sin el permiso de los afectados, y de sentenciar cuáles son los mejores, me parece más ridícula todavía que abusiva. Las pretensiones de la dictadura franquista no eran tan totalitarias. Ésta tomó de la República los premios nacionales, que eran pocos y mal remunerados, y sólo los repartió entre los que se presentaban, con lo que no agraviaba al resto de los intelectuales. Esos premios carecían de todo prestigio, como ahora, y los que se presentaban solían ser autores «políticamente correctos», las típicas medianías bienquistas del régimen.

Cuando los socialistas llegaron al gobierno en 1982, decidieron que había que someter a un exhaustivo y secreto escrutinio todos los libros publicados cada año, sin consultar a sus autores, a fin de determinar cuál era el mejor. No pocos pensaron que así se fomentaba la cultura, pero la realidad era que el Estado se hacía más intervencionista que en tiempos del franquismo y, en ese aspecto, un aspecto tan importante como es el de la cultura, menos democrático aún. Luego llegaron al gobierno los populares, pero prefirieron conservar ese resorte de poder a ser fieles a su ideario pretendidamente liberal. En vez de suprimir unos premios tan justamente desacreditados, que sólo servían para asfixiar la cultura y poner las bases a un eventual Estado totalitario, los reforzaron creando nuevas formas de cultura subvencionada. Se llegó al esperpento de que uno de esos jurados ministeriales premiase un libro escrito en vascuence que no había leído ninguno de los miembros del jurado, y que el oscuro autor de la obra declarase su adhesión a un grupo terrorista enemigo de España.

Aunque sólo fuese por razones de higiene, se deberían suprimir los premios de esa clase, como en su momento se suprimió la censura. Premios oficiales y censura se parecen más de lo que se cree. La utilización de halagos (la zanahoria del premio) es un agente de manipulación más fuerte aún que la utilización de castigos (el palo de la censura). Para la cultura, el premio oficial es más letal que la censura, pues el halago amortigua la resistencia frente a los abusos del poder.

45. ¿Por qué no se consideran los premios una forma de censura? Porque la atención se fija en la comprensible alegría del premiado, pero no en el disgusto de los postergados. El premiado presta al premio una apariencia filantrópica y alegre que actúa como camuflaje. Camuflaje, en primer lugar, de la prepotencia del gobierno, que gracias al premio se cree autorizado a sentenciar qué es y qué no es importante, con la consecuencia de ensalzar o rebajar a los autores según el grado de adhesión que prestan a su política, o según las conveniencias. Y es un camuflaje también del abuso totalitario que supone, por parte del gobierno, arrogarse el derecho a someter a secreto y exhaustivo escrutinio a todos los autores que han publicado un libro sin haber obtenido de ellos la pertinente autorización para hacerlo.

46. Para el intelectual genuino e independiente las consecuencias de este sistema son poco gratas. La cultura se convierte en adorno de gobiernos cuyos integrantes suelen ser, por otro lado, dechados de incultura, y se forma una red clientelar de «estómagos agradecidos» que, llegado el caso, actuarán como propagandistas y saldrán a la calle como un solo hombre en defensa del pesebre dorado al que deben su notoriedad. Debería producir sonrojo la actitud almibarada, cortesana, que muestran esas «lumbreras» ante los gobernantes. Qué untuosa baba humedece sus palabras cuando se dirigen al rey, al presidente del gobierno, al ministro, al consejero, al alcalde... Aunque sólo fuera para ahorrarnos esos espectáculos de servilismo, se debería prohibir que los gobernantes se diesen el gustazo de figurar como mecenas sin gastarse un euro de su bolsillo y con la sola meta de que todo sea para su mayor gloria.

Desconfiemos de los que tratan de mantener el sistema del pesebre hablando de «rentabilidad social» y «excepción cultural». Para la supervivencia del intelectual genuino e independiente pocas cosas hay más letales que ser tratado por el gobierno como «especie protegida». Las subvenciones de la Administración han podido servir al sostenimiento de unos cuantos directores y productores de cine, pero han acabado con el cine español. La protección del gobierno es el abrazo del oso. Asfixia a quien se lo da.

La picaresca que rodea a la cultura oficial suele revestir caracteres de esperpento. Más de una vez se ha visto a un ayuntamiento crear un premio para dar al alcalde y los concejales la oportunidad de hacer un viaje por todo lo alto. Con el pretexto de dar visos cosmopolitas a un premio literario, un ayuntamiento decidió que había que hacer la entrega del mismo ¡en Nueva York! Y allá que se fueron volando varios ediles y familiares para gastarse en los fastos del viaje una cantidad muy superior a la que recibiría el villano de la comedia, o sea el escritor galardonado.

Quizá el trance más patético es el de las recepciones anuales que da el Jefe del Estado. Los salones del Palacio Real se convierten entonces en un teatro anatómico que descubre en los intelectuales su condición de rebaño pastoreado por el Estado, de tropa de funcionarios mal pagados a los que se quiere compensar con migajas. Y todo eso, ¡el día de Cervantes! Lo que habría hecho su Ingenioso Hidalgo a la vista de las nubes de polvo que levanta tan singular rebaño palatino. Y qué farsa habrían compuesto a partir de esas recepciones Valle-Inclán en el teatro, Buñuel en el cine y Quevedo en algún nuevo Buscón llamado Pablos.

Mientras corregía estas páginas recibí (10 de abril de 2008) el número 0 de una nueva revista de cultura de gran formato –cada página viene a ocupar dos folios– y a todo color. Se trata de una publicación de lujo, ostentosa, apabullante. La portada, decorada con círculos negros, muestra un título enigmático, Lc, que la página siguiente se encarga de aclarar: Luces de Cultura. La revista nace, se cuenta en ese espacio, «con la intención de dar servicio al ciudadano», o sea, para decirlo en román paladino, con la intención de hacer propaganda de «las actividades y políticas culturales que el Ministerio de Cultura pone en marcha». Cuando, al pasar las hojas, veo que todo ese derroche, todo ese lujo de alta quincallería, no es más que la plataforma de lucimiento de los altos cargos del ministerio, intelectuales de poco más o menos…, que de lo que se trata es de dedicar a la promoción de esos personajes los recursos del ministerio, pues son ellos los que tienen en Lc las grandes entrevistas, las grandes fotografías –doce hay del ministro–, no sé por qué me han venido a la memoria aquellas fotos de hace cuatro años en las que las ministras del gabinete socialista lucían modelos de alta costura en un ambiente de luxe et volupté, lo que, bien pensado, tal vez era lo mejor que sabían hacer, y me he preguntado si en esta curiosa revista ministerial sucedería lo mismo. ¿Luces de Cultura? ¿No será, más bien, Pocas Luces? Esperemos que no pase del número 0. Es lo mejor que puede ocurrirle a la publicación.

47. El gobierno sólo debe emplear los recursos públicos para respaldar obras artísticas o literarias acerca de cuyo valor haya un amplio grado de consenso, y eso siempre y cuando sus autores no presten públicamente su apoyo al político que las protege, ya que esa conducta descalifica tanto al que recibe el apoyo como al que lo da. Si se tiene en cuenta que muchas de las obras contemporáneas de arte y literatura son de dudosa utilidad social o están desprovistas de interés para una buena parte de la población, la Administración debería pedir permiso a los contribuyentes para poder utilizar una parte de sus impuestos en apoyo de esas obras. De no hacerlo así, queda demasiado en evidencia el uso partidista de los recursos públicos, lo que degrada la cultura tanto como la política.

48. Es un fenómeno típico y hasta cíclico, como las estaciones, que cuando se sienten apurados o han de afrontar elecciones, los gobiernos socialistas llamen a rebato a los «intelectuales». Los que acuden prestos a la llamada se caracterizan inexorablemente por la gran envergadura de su mediocridad y de las ayudas oficiales recibidas. Otro curioso rasgo, casi «zoológico», de esos artistas orgánicos del «socialismo obrero» es que entre ellos abundan los millonarios y de obreros no tienen nada. Saben, sí, que gracias a las ayudas oficiales juegan con ventaja respecto a los intelectuales grandes e independientes de verdad, y por nada del mundo están dispuestos a perder esa ventaja. Si algo les da miedo es la intemperie. Para ellos no hay nada como los cálidos albergues que les proporciona el poder.

La cuantía con la que los partidos han favorecido a sus fuerzas de choque sería fácil de calcular. Si se trata de un cineasta, habrá que hacer la lista de ayudas, subvenciones y facilidades de promoción. Si de un pintor, se hará la lista de exposiciones, catálogos, compras de cuadros por parte de museos y colecciones públicas, y encargos. Si de escritores, la lista abarcará, además de los premios, las invitaciones y ayudas para la promoción de su obra. Se deberían confeccionar esas listas con suficiente detalle y hacerlas públicas, pues servirían para aclarar un poco el panorama de la cultura.

Lo que nunca se debe olvidar es que para los partidos, sobre todo si son de inspiración socialista y nacionalista, la cultura es, por encima de todo, propaganda, Propaganda Fidei, se podría decir, pues, en el día de hoy, no hay «fe del carbonero» comparable a la del hombre o la mujer de izquierdas. Cómo brillan sus ojos cuando oyen «es de izquierdas», y qué gesto de conmiseración se pinta en sus fisonomías cuando oyen «es de derechas». En los círculos de la cultura subvencionada una de las actitudes más rebeldes y «contraculturales» es proclamarse de derechas. Ni siquiera la gente de derecha se atreve a hacerlo. Cuando emplean expresiones como «centro reformista» y otras semejantes para definirse, uno no puede por menos que sonreírse.

49. La izquierda ha tenido tanto éxito en su estrategia mediática que la palabra que la define se ha vuelto sagrada. En el mundo de la cultura no hay nada más santo. Tal vez el término «éxito» posea una santidad comparable para el intelectual, pero éste intuye que la escalera que mejor lleva a esa meta es, precisamente, la izquierda. Los políticos que ofician en su nombre saben que se les va a perdonar todo lo malo que hagan o puedan hacer. Ni los chapapotes más inmundos, ni los incendios forestales más devastadores pueden deteriorar el poder de ese signo. In hoc signo vinces, podrían decir con el emperador Constantino. Si esos chapapotes e incendios se producen con gobiernos de la derecha, la izquierda hace que, en un santiamén, la gente se levante y los «intelectuales» se coloquen, como un solo hombre, en vanguardia. Si se producen durante los gobiernos de la izquierda, ese mismo sortilegio hace que la gente se quede en casa tan tranquila y los «intelectuales» permanezcan callados en sus cuarteles de invierno. No importa que crezca el número de desempleados, la corrupción se generalice, las libertades se deterioren, las desigualdades aumenten, la insolidaridad ocupe el primer plano de la vida nacional. Cuando el gobierno porta el signo de la izquierda en sus estandartes, nada de eso importa. La fuerza del hechizo es tal que las más altas esferas no se recatan en mostrar más simpatía por la izquierda que por la derecha, a pesar de que con esa actitud podrían perder el afecto de ésta sin por ello ganarse el de aquélla, y los políticos más elocuentes de la derecha se muestran incapaces de explicar sus ideas, de hacerlas llegar a la gente, de poner de relieve los fallos de sus rivales, y hasta dejan que las «políticas sociales» aparezcan como si la izquierda tuviera su exclusiva –lo que está muy lejos de ser cierto–. Además, esas «políticas sociales» a menudo no son más que una excusa para utilizar el dinero del contribuyente y crear un tinglado donde colocar a la gente de la izquierda, o sea organizar una de esas sociedades autofilantrópicas de las que ya he hablado.

Pero aun cuando se trate de embelecos, hay que reconocer que el nombre de la izquierda les asegura el éxito. Un amigo mío, profesor de enseñanza media, lo pudo comprobar en clase. Era época de elecciones, y los niños, de doce y trece años, sacaron el tema. Para ellos la derecha era sinónimo de malo, y la izquierda, de bueno. «La derecha es mala, la izquierda es buena», decían al profesor, al que debían tener por un posible réprobo que, como se descuidase, iría de patitas al infierno.

Ciertamente, la demonización de que se ha hecho objeto a la derecha es, como toda demonización (piénsese en la Alemania de los años treinta), una operación intelectual demasiado burda. Por eso los que se sienten incómodos, incluso avergonzados, de la izquierda, pero la apoyan, sobre todo por la cuenta que les trae, suelen emplear, para justificarse, el socorrido latiguillo de «ah, si fuera una derecha más civilizada, más europea…», con lo que se sienten liberados de la obligación moral de dar su sufragio a esa opción. No importa que el latiguillo no tenga la menor base real. Lo utilizan, simplemente, para sentirse a gusto.

Para remachar esa concesión, a veces acuden a dar su apoyo (de palabra, no en las urnas) a algún político de la derecha que ha elegido la agit-prop de la izquierda con la única finalidad de revolver el corral de sus adversarios. El latiguillo que emplean entonces es «si todos los de la derecha fuesen tan civilizados como Fulano de Tal…», y dan a entender que, en el improbable caso de que los demás políticos de esa orientación fuesen como el tal Fulano, hasta podrían cambiar de opción política. Al utilizar el latiguillo, se sienten tan magnánimos e inteligentes que ya pueden mirarse al espejo sin temor a que se les aparezca un monstruo. La santidad de la izquierda se reduce a eso, a la bendita comodidad que da a sus fieles, a lo tranquilas que deja sus conciencias.

Por supuesto, no siempre ha sido así. Muy bien lo sabe la izquierda que arriesgó tantas cosas por combatir a Franco, lo que vale hasta 1974, año en el que se empezó a ver con claridad que al dictador le quedaba poca cuerda y su régimen no podía sobrevivirle. Pero todo parecido de la izquierda actual con aquella que, equivocada o no, arriesgó a veces su vida y siempre su comodidad es, me parece, pura coincidencia.

50. Buen ejemplo de todo este sórdido negocio político-cultural es un artículo publicado el mismo día de las elecciones del 9 de marzo de 2008 en el suplemento semanal de un periódico de gran tirada que nunca deja de dar un apoyo incondicional al partido socialista y a sus terminales nacional-socialistas si las circunstancias lo aconsejan.

El firmante, emborronador muy celebrado por su condición de príncipe de los intelectuales orgánicos, quiere animar a la gente a ir a votar, pero, ay, es tan melindroso que todo le parece mal, todo lo encuentra indigno, comprende a los que optan por abstenerse o por votar en blanco, el panorama no puede ser más desolador. Eso… en la primera mitad del artículo. Luego, a la hora de la verdad, tras marcar prudentes distancias con los partidos nacionalistas (después de todo, reside en Madrid) y de haberlos calificado de «pura esquizofrenia», se quita la careta y dice: «Claro que a locuras no gana nadie al PP». Ahí está el centro de gravedad del alegato, demasiado simplón a la postre. La jerarquía es la consabida del intelectual orgánico: primero socialistas, luego nacionalistas antiespañoles y, por último, tras el cordón sanitario, el PP. Los demás no cuentan, podrían hacerle sombra al PSOE, pero por los calificativos que emplea se ve que el articulista los coloca entre el partido de «las locuras» y los partidos «esquizofrénicos». Al único medio radiofónico influyente que ha apoyado al PP lo considera un «manicomio», y a sus locutores «los chalados más furiosos».

Tras revelar de esta forma tan original su comprensión psicopatológica, y tras haber dejado bien claro que para él todos están «locos», menos el PSOE, se vuelve a poner melindrosillo y, haciendo un mohín desdeñoso, se limita, con exquisita prudencia, a animar a la gente a que vaya a votar al que le parezca menos horrible...

Es la firma de la casa. Tirar la piedra y esconder la mano. Fingirse independiente y así servir mejor a los políticos que han puesto la arrebolada escasez de sus talentos en los cuernos de la Luna. Pero yo entiendo a este intelectual y a los de su cuerda. Tras tantear el terreno y dar algún que otro arañazo, han comprobado que el PP no sólo no «corta cabezas», sino que hasta cubre de joyas y caricias a los que más le maltratan, en tanto que el PSOE siempre tiene preparado un cielo y un infierno, pero no en el más allá, sino aquí y ahora. Un cielo para los «suyos», y un infierno para los que desoyen sus consignas y osan criticarlas.

51. ¿Podrá producirse una regeneración de la cultura en medios de comunicación como la televisión, las emisoras de radio o los periódicos de gran tirada? No lo creo. Esos medios no hacen nada que vaya a contrapelo de la influencia oficial. Prefieren nadar a favor de la corriente. Las páginas y espacios que dedican a la cultura se caracterizan por su bajo nivel. Cada vez se vuelcan más en el cine, las ferias de arte y el espectáculo, en detrimento de la literatura y la filosofía. El último folletín, por más infame que sea, les merece más atención que las obras completas de Cervantes y Calderón. ¿Qué se puede esperar de una crítica literaria formada mayoritariamente por escritores frustrados que, debiendo ajustarse como un guante a los deseos de sus jefes de sección, se toman la comprensible venganza de no leerse más que el forro del libro que les han encargado comentar? ¿A qué condiciones o criterios atienden los jefes de sección para elegir los libros que sus subordinados reseñarán, o sea, publicitarán?

Primero, al relieve obtenido hasta el momento por el autor en un campo en el que, como el mediático, las implicaciones políticas son esenciales; segundo, a la importancia de la editorial y a lo que ésta se gasta en la promoción del autor; tercero, a los amigos que éste tiene en el medio; cuarto, a su orientación política; quinto, a la mediocridad (debidamente «tornasolada») de la obra, ya que un exceso de calidad rebasaría la capacidad de asimilación del crítico y de la mesa de redacción; sexto, a uno de esos golpes de suerte que suelen venir del extranjero y que lo mismo elevan a un novelista corriente y moliente que a un narrador excelso, con la indefectible consecuencia de dar cuerda a la máquina de canto coral de la crítica doméstica.

A estas seis condiciones hay que agregar la séptima, que es la principal. Si el libro ha sido escrito por un emborronador de la casa o de las casas de la «familia» (en sentido figurado y, sobre todo, siciliano), por un colaborador habitual del medio, y si el libro es, como es norma, flojo sin atenuantes, los críticos no dudarán en calificarlo de obra genial, digna de compararse, con ventaja por supuesto para el compañero, con las obras maestras de la literatura universal, y añadirán que en los últimos ciento cincuenta años no se ha escrito nada parangonable.

La crítica de arte, salvo honrosas excepciones, es por el estilo. De ella yo destacaría el arte con que los críticos se derraman en una inagotable charlatanería que está a tono con la inanidad de las «propuestas estéticas» (vulgo, obras de arte) a las que dirigen sus lupas visionarias. Estos críticos, como los otros, no son más que una pequeña pieza del aparato de promoción y venta.

El escritor, el filósofo y el artista genuinos, sobre todo si son verdaderamente grandes, nunca lo han tenido tan difícil. Nunca se había dedicado tanto dinero, tanto esfuerzo y tanta gente a la promoción masiva de lo vulgar y lo mediocre. Ya sé que rara vez se oyen cosas como éstas, ni a escritores, ni a filósofos, ni a artistas. No es porque en sus cabezas no quepan reflexiones de esta clase, sino porque temen, juiciosamente, las represalias de los «jefes de sección», la inclusión de sus nombres en listas negras, el silenciamiento…, que es la peor de las censuras. En España este diagnóstico vale para todos los periódicos de gran tirada. No importa su filiación política. En una cosa se dan fraternalmente la mano: en el covachuelismo y el compadreo. Ésa es la norma; ése es el criterio. La putrefacción nunca había llegado tan lejos.

¿Veremos surgir algún día una generación de jóvenes valientes y con talento que limpien los establos de la cultura dominante? Nada sería más deseable. Pero no es fácil. Tendrían que empezar por limpiarse a sí mismos, y eso no lo consiente la incultura dominante. Además, les faltan modelos. Los intelectuales que son presentados como encarnación de la crítica y hasta del talante libertario, atacan ciertamente al Poder, al Dinero, a lo Oficial con grandes palabras y entonación tremenda, pero no ponen nombres y apellidos a esas abstracciones y no paran hasta que el Poder y el Dinero les colman con subvenciones y premios oficiales.

52. Y no se puede decir que falten a la Administración tareas a las que dedicar los recursos limitados de que dispone. Tareas, quiero aclarar, acerca de cuyo valor social hay un amplio consenso. ¿Qué puede y debe hacer la Administración?

En primer lugar, elevar el nivel de la enseñanza, sobre todo en historia, filosofía, literatura y ciencias.

En segundo lugar, conservar y aumentar el patrimonio artístico y bibliográfico, sin olvidar los pecios históricos. Cuando haya que elegir directores de grandes museos y bibliotecas de titularidad pública, el gobierno debería reunirse con la oposición para acordar las normas de elección que permitan elegir de la forma más objetiva al más cualificado.

En tercer lugar, sostener una buena red de bibliotecas y museos, que por condiciones ambientales y buen servicio estimulen la lectura las primeras, y sirvan para conservar y mostrar las obras de arte los segundos. En cuanto a la adquisición de libros y obras de arte, habrían de dictarse normas rigurosas para la constitución de las comisiones encargadas de esas tareas.

En cuarto lugar, crear becas para escritores y artistas menores de treinta años, poniendo cuidado en evitar la picaresca, pues si no se la puede evitar, lo mejor es suprimir las ayudas.

En quinto lugar, promover la cultura española en el extranjero atendiendo a los requerimientos de las instituciones foráneas y a la calidad de los representantes que se envían al exterior.

En sexto lugar, fomentar el conocimiento de la música y el teatro clásico español ayudando a las formaciones y compañías dedicadas a ello.

En séptimo y último lugar, la Administración debería estimular la iniciativa privada y el mecenazgo de empresas y particulares, y dar facilidades a las editoriales y otras sociedades que deseen promocionar la cultura mediante premios, ciclos de conferencias u otros procedimientos, manteniéndose siempre en un discreto segundo plano. Lo esencial en este campo es evitar el intervencionismo oficial que convierte a los intelectuales en propagandistas y pone las bases al uso totalitario del poder.

53. Lo dicho sobre la cultura vale también, con más razón si cabe, para los medios de comunicación. En ese campo de tanta influencia social se debe evitar todo intervencionismo, incluido el que se disfraza de subvención. Una de las cosas que mejor definen a los regímenes totalitarios es, además de la inseguridad jurídica, el control que ejercen sobre los medios. El régimen del general Franco los controlaba a través de dos vías, una directa y otra indirecta. La directa se materializaba en periódicos (Arriba, Pueblo, la red del Movimiento, etc.), emisoras de radio (Radio Nacional de España, la cadena SER) y los dos únicos canales de televisión de la época. La indirecta consistía, sobre todo, en subvenciones, que eran escasas, y en la censura, que tenía la mano muy larga, aunque se fue suavizando en los últimos diez años, con alternativas.

Siguiendo líneas trazadas por la dictadura, y hasta haciéndolas todavía más gruesas, los gobernantes del régimen actual controlan directamente un número impresionante de canales de televisión: dos, el gobierno de la nación; más de veinte, los gobiernos regionales; muchísimos más, los municipales. Sólo los gobiernos regionales de Andalucía, Cataluña y Vascongadas son dueños de más de media docena de canales. Los de titularidad pública representan casi la mitad del consumo televisivo, con la particularidad de que, en 2007, los españoles han batido el récord europeo de consumo, pasando delante del televisor una media de cuatro horas al día. Lo que quiere decir que durante dos horas al día, o sea durante un mes entero al año, están sometidos a las influencias audiovisuales que les administra el poder político, y que a lo largo de su vida dedicarán más tiempo a la televisión que al estudio, al deporte, a la lectura, incluso que a las diversiones.

Si a eso se une la discrecionalidad con que los sucesivos gobiernos han repartido entre sus afines los canales privados, la infiltración mediática gubernamental es, en España, más propia de un régimen totalitario que de una democracia liberal. Se trata de un abuso que los gobiernos hacen en su propio beneficio (con más intensidad y desfachatez si se sienten respaldados por las ideologías nacionalista y socialista, dada su naturaleza intervencionista), sirviéndose para ello del dinero de los contribuyentes, a los que no consultan si desean que se le dé ese fin. Y es, sobre todo, un abuso porque gracias a la televisión esos gobiernos controlan la información y opinión que reciben las capas más incultas y amplias de la sociedad, les inculcan hábitos y opiniones, las adoctrinan ideológicamente, y, de paso, engrosan la nómina de los estómagos agradecidos que trabajan en los aparatos.

No menos abusiva e incompatible con una democracia genuina es esa otra forma de controlar la información, esta vez con los ojos puestos en las capas más altas, que se produce mediante subvenciones. Gracias a ellas el gobernante se convierte de facto en amo del periódico o la revista, pues, como se sabe desde que hay dinero en el mundo, el que paga manda. Si se desea sanear la vida política, una de las tareas prioritarias es alejar lo más posible de la vida pública esas prácticas invasivas.

54. La degradación de la enseñanza, sobre todo cuando va unida al control de los medios y a la inseguridad jurídica, contribuye decisivamente a la formación de una masa fácilmente manipulable. La LOGSE, la LRU y otras leyes sobre educación promovidas por los gobiernos socialistas son una buena prueba de esa degradación. La LRU ha precipitado a la universidad a un desprestigio creciente, al minar sus bases con contenidos ajenos a las necesidades de la formación superior y con la promoción de un profesorado que, tras conseguir su estatus docente gracias a relaciones políticas más que a méritos intelectuales, se ha convertido en una simple pieza administrativa dentro de un confuso aparato burocrático.

Si las «pruebas de idoneidad» de los últimos años setenta fueron el coladero que introdujo en la universidad a cientos de profesores sin calificación docente e investigadora, las apariencias de concursos que vinieron después han consagrado las relaciones políticas y familiares como condiciones indispensables para la promoción. El resultado no puede ser más deplorable. Sobre las tarimas de los aularios lo que más se oye son solos melodiosos de rebuznos, acompañados desde el foso por coros bien ensayados en las artes del balido y el graznido.

Hace poco, el presidente de un importante tribunal, que también ha sido profesor universitario, decía que lo mejor que se podía hacer con las universidades públicas era cerrarlas. Después de cuarenta años de trabajar en ellas como estudiante y como profesor, he llegado a la misma conclusión. Los títulos que otorgan esas instituciones ya no son más que certificados de desacreditación, y se puede estar seguro de que los más zafios entre los profesores serán los que tengan más probabilidades de copar rectorados y decanatos. La Universidad de Madrid, modelo de esta clase de instituciones en España, es una buena prueba de lo que digo.

55. Por lo que a la enseñanza media se refiere, la LOGSE ha puesto en vigor un sistema que asegura la promoción escolar automática sin necesidad de que el alumno demuestre aprovechamiento, despoja a los profesores de una autoridad sin la cual se vuelve inviable la función docente, y concede al alumno el derecho de no estudiar, pues no necesita hacerlo para pasar curso. Los resultados están a la vista. Mientras que las familias con pocos recursos se ven obligadas a que sus hijos cultiven las más variadas formas de ignorancia hasta acabar convertidos en una masa fácilmente manipulable y tan mal cualificada que se le cierran las puertas a su elevación social, las más adineradas alejan a sus hijos de la escuela pública para intentar educarlos de forma más rigurosa. Así, gracias a la LOGSE, el gobierno socialista ha fomentado el más rancio de los clasismos al conceder más oportunidades de promoción a los privilegiados. El troceamiento de la historia y la geografía en la enseñanza oficial lleva años fabricando ignorantes sistemáticos y nacionalistas tribales, todo por el mismo precio.

¿Qué decir de la educación para la ciudadanía del actual gobierno socialista? Una asignatura que, para enseñar a ser buen ciudadano, se impone contra los deseos de la Oposición, que representa a la mitad de los ciudadanos, es y sólo puede ser una asignatura sectaria que prueba el escaso interés del gobierno por enseñar realmente a los jóvenes a ser buenos ciudadanos. Si el gobierno hubiera propuesto como «educación para la ciudadanía» el conocimiento y debate de la Constitución y de las leyes, nada se le habría podido objetar. Pero como para eso no se necesita una asignatura en particular, pues esa materia puede enseñarse en historia de España y en ciencias sociales, a los críticos les asiste todo el derecho para pensar que la educación para la ciudadanía es el remedo socialista de la formación política del franquismo y, de paso, el pretexto para la creación de unas cuantas empresas «textiles» de esas que llamo autofilantrópicas. Resulta también chocante que el socialismo patrio quiera darse ahora ínfulas docentes, cuando a lo largo de su historia si se ha distinguido por algo es por no haber tenido ningún teórico de talla.

56. ¿Qué condiciones ha de cumplir una enseñanza válida? Hay que empezar por contar con un buen profesorado. Para conseguirlo, las pruebas de selección han de ser rigurosas, y evitarse por todos los medios las «influencias», las «recomendaciones». Para elegir entre los candidatos que se presentan a las plazas de profesor universitario, el tribunal examinador debe cumplir ciertos requisitos, sobre todo de imparcialidad y cualificación. Pienso que la presidencia debe estar ocupada por un profesor jubilado o extranjero de méritos reconocidos; la secretaría, por un profesor de la universidad que saca la plaza; y de las tres vocalías, la primera por un profesor extranjero, la segunda por otro jubilado, y la tercera por un profesor de una universidad diferente de la que saca la plaza. De este modo podría garantizarse la imparcialidad y solvencia del tribunal examinador, que es lo esencial. Se deberán imponer graves penas a los que amañen su composición.

En cuanto al ejercicio de la enseñanza, sólo podrá mejorar si la condición de profesor se dignifica y no se hace de él –como ocurre hoy– una especie de administrativo mal cualificado, asfixiado por una burocracia que concede una importancia infinitamente mayor a la literatura del Boletín Oficial del Estado que a la de su especialidad. La libertad de cátedra, como tantos otros derechos que recoge la Constitución, no pasa de ser una entelequia. El régimen de Franco concedía al profesor una libertad de cátedra muy superior a la que le permite el actual, a despecho de sus ínfulas democráticas. La plétora, confusión y volatilidad de las normas, el gigantismo burocrático y el bajo nivel del profesorado han hecho de la universidad española un aparato que parece salido de los relatos de Kafka, y, por la experiencia que tengo, más opresivo aún que las instituciones chinas y japonesas homólogas en las que he sido profesor.

57. Una educación sólo es digna de ese nombre cuando tiene en cuenta que hay muchas clases de inteligencia, que una es la inteligencia literaria y otra la pictórica, una la financiera y otra la política, una la geográfica y otra la jurídica, una la minera y otra la cinegética, una la arquitectónica y otra la automovilística, etcétera. Los diferentes oficios, deportes, juegos y artes dan a la inteligencia los desarrollos más variados. Hay que prestar la debida atención a las diferencias de aptitud y procurar aprovecharlas. Creer que lo esencial de la inteligencia y el pensamiento consiste en aprender a articular sonidos relacionados con las cosas es reducir su alcance y posibilidades. Cuando el hombre aprendió a escribir o a utilizar el ordenador, se enriqueció en un sentido global, pero fue en detrimento de su formación como individuo en la medida en que esos adelantos cohíben el desarrollo de facultades como la memoria, la imaginación, la rapidez para combinar mentalmente datos variados, la inspiración. A esos males se han unido otros. El menosprecio de lo manual y de lo corporal debilita las formas de inteligencia que derivan de esos principios.

Una educación que aspire a ser integral debe atender a todas esas posibilidades sin olvidar un elenco de enseñanzas básicas, como son, en primer término, la lectura, la escritura, la aritmética, la geometría, la música, el dibujo y la mnemónica o arte de la memoria, y, en segundo lugar, la gramática, la literatura, la geografía, la historia, las ciencias de la naturaleza, la lógica, la ética, la sociología, la economía, la religión, etc.

58. El desarrollo de las capacidades humanas (tanto las corporales y manuales como las mnemotécnicas, inventivas y otras de orden intelectual) ha de combinarse con el aprendizaje de las artes y habilidades que requieren los progresos técnicos. La renovación continua de la técnica demanda una educación permanente. Pero no se debe olvidar que la técnica ha hecho al individuo tan dependiente de sus productos y procedimientos que es menester compensar esa dependencia con la adecuada formación y potenciación de las habilidades manuales, corporales y mnemotécnicas. De no hacerse así, la educación sólo servirá para manufacturar seres incapaces de valerse por sí mismos. En estos tiempos de exaltación de la técnica se suele pasar por alto que ésta ha dejado al hombre en el mayor de los desamparos al hacerle creer que ya no necesita afrontar con sus medios naturales el menor de los problemas que la vida le plantea. Si se quiere educar a los niños para la libertad, se les deben enseñar las artes de la supervivencia.

Aclaraciones sobre

nacionalistas, nacional-socialistas

y otras clases de políticos

1. Los líderes políticos han de poseer thymos, «ardor», siempre que esté acompañado de inteligencia política y sentido de la comunicación. Cuando no muestran thymos la gente les da la espalda, pues ¿qué confianza pueden inspirar políticos apocados cuyo aspecto es el retrato de la impotencia? Pero lo peor que puede ocurrir es que el thymos vaya unido a la ignorancia y a las palabras huecas. Que unos pocos sepan que esa palabrería no corresponde a la realidad no basta, desgraciadamente, para evitar los males, pues frente a esos pocos son muchos los que se dejan manipular por dicha palabrería, porque no tienen tiempo, o medios, o capacidad para averiguar qué hay de verdad en las palabras. Y así, arrullados con ellas, aceptan el contenido del saco por lo que dice la etiqueta. Ésa es la razón de que escasee la gente preparada en política cuando abunda tanto en otros oficios. La falta de educación hace que la gente vea preparación donde sólo hay palabras huecas, entonaciones hechiceras y una escenificación que trata de cautivar las voluntades.

A los partidos se les debería exigir que tomasen medidas para evitar la promoción de políticos cuyo único valor reconocido es la demagogia. Antes de elegir un candidato para la presidencia del gobierno lo mínimo que se debería tener en cuenta es si ya ha ejercido cargos de gobierno (en ministerios, gobiernos regionales, ayuntamientos, etcétera) y con qué resultados. Si no se verifica esa prueba la apuesta es demasiado arriesgada, y hasta mortal, como se ha visto en los últimos años.

2. Cuando se dice de alguien que es de derechas, o de izquierdas, o de centro, debería aclararse a qué lugar y fecha pertenecen esas definiciones, pues las ideas que sostiene la izquierda son muy diferentes según sean la fecha y el lugar de que se trate. En suma, esas designaciones sólo sirven para describir el posicionamiento político si, al mismo tiempo, se precisan los valores a los que se conectan de forma activa; así, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la seguridad y claridad jurídicas, el cumplimiento de la ley, la conservación de la vida humana, la propiedad privada, los derechos humanos en general.

3. Una de las características de la izquierda actual es que da cobijo a una infinidad de personas acomodaticias que quieren sentirse confortadas, ir por el mundo con la conciencia tranquila, vivir con todas las comodidades y, al mismo tiempo, sentirse (casi) héroes. La «santidad» de que goza la izquierda (no en los países de Europa oriental, pero sí entre nosotros) tiene esa virtud, más propia de una iglesia que de una agrupación política. No importa que robes o mates, la Santa Izquierda te indulta. Yendo de su mano puedes presentarte en sociedad como un ser puro, bueno, benéfico. ¿Y qué te pide a cambio? Poco. Ni confesión, ni arrepentimiento, ni propósito de enmienda, ni penitencia. Sólo que corees un eslogan y, en cuestiones como el Tercer Mundo, el multiculturalismo, el matrimonio, la sexualidad, la emigración, la delincuencia, etc., que te hagas eco de sus catecismos del día. El riesgo de convertirse en mascarada que desde siempre corre la Iglesia es la enfermedad de la Santa Izquierda. Donde ella está, todos se disfrazan de lo que no son: el hedonista, de asceta; el millonario, de indigente; el ambicioso, de modesto; el intransigente, de dialogante.

Ese arte de la careta ha hecho que los comunistas sean en las Vascongadas los aliados más sumisos de los nacionalistas de Sabino Arana –ideólogo ultrarreaccionario donde los haya–, que hagan el trabajo sucio al nacionalismo y asuman las líneas maestras de su ideario. Podríamos llamar «nuevos reaccionarios» a esa izquierda que se siente a gusto al lado de ideólogos del racismo y el genocidio, reyes teocráticos y corruptos, o fundamentalistas que mandan a la horca a mujeres que no están dispuestas a ser esclavas y a hombres que se atreven a dar a su sexualidad una orientación que no es del gusto del tirano. Los «nuevos reaccionarios» de la Santa Izquierda se muestran encantados de poder hacer pactos y alianzas con todos esos ángeles de la política, y no digamos negocios. No es por ello casual que muchos multimillonarios se hayan apuntado a la izquierda. Piensan, supongo, que es como tener un seguro que pone a buen recaudo sus haberes. El intervencionismo de la izquierda y el camuflaje que presta tan generosamente su demagogia característica persuaden de sus bondades hasta a los más quisquillosos.

Cuando vemos a las ministras de un gobierno de izquierdas posando como si fueran modelos de ropa de lujo o coristas de music hall, y a la vicepresidenta de ese gobierno luciendo cientos de modelitos de lujo a la manera de las esposas de los dictadores del Tercer Mundo, ¿qué más pruebas queremos de la transformación de la izquierda en lo contrario de lo que predica y de lo que tradicionalmente ha sido? Está tan acostumbrada a usar dos varas de medir que si un gobierno de derechas presentase así a su vicepresidenta y a sus ministras pondría el grito en el cielo y, a continuación, las mandaría al infierno.

En política no hay que hacer demasiado caso de los rótulos. Se ha visto hasta la saciedad que cuando se quiere hacer la guerra se invoca la paz; que cuando se quiere esclavizar a la gente se invocan las ideas de liberación y autodeterminación; que cuando los gobiernos pretenden controlar los medios de comunicación aducen que sólo quieren impedir que la oposición los utilice arbitrariamente. Las más formidables operaciones de «liberación de los pueblos» (la leninista-estalinista y la maoísta) han dado lugar a las campañas de sometimiento y exterminio más brutales. ¿Cómo es posible que la gente caiga en tales errores de óptica, compre el contenido del saco por lo que dice la etiqueta, y tantos intelectuales hayan colaborado en esas operaciones de engaño o, ante ellas, se hayan callado como muertos? Como ya he dicho, el control del miedo, la información y el dinero, unido a la mala educación, crean esos espejismos. No hay armas de destrucción como ésas.

4. Una buena parte de la izquierda ha apostado por el principio de autodeterminación, sin darse cuenta de que, al elegir esa opción, anteponen lo abstracto a lo concreto, las ideas a las personas, y así, en aras de tan «bella» idea, ha sembrado los Balcanes de fosas comunes, al igual que Hitler, sirviéndose del «sacrosanto derecho a la autodeterminación» de los tres millones de alemanes que habitaban en los Sudetes, desmembró la antigua Checoslovaquia y puso un prólogo «bellísimo» a la Segunda Guerra Mundial.

La imposibilidad de dar una respuesta mínimamente racional y coherente a una pregunta tan simple como la de quién es el sujeto del «derecho de autodeterminación» (¿una raza?, ¿un territorio?, ¿una comunidad?, ¿y qué es una comunidad?) ha provocado, de forma inexorable, las carnicerías que se abatieron sobre la antigua Yugoslavia hace quince años.

Si, arrastrada por Alemania, la Comunidad Europea dio por bueno que cuatro millones de croatas se separasen de Belgrado, ¿con qué argumento podía impedir a cuatrocientos mil serbios separarse de Croacia si su deseo era seguir perteneciendo a Belgrado? ¿Con qué autoridad moral o jurídica negarán ahora los EE UU y los que han reconocido la independencia de Kosovo el derecho de los serbios kosovares a «autodeterminarse» también ellos?

Excepto en los casos donde ha habido una situación claramente colonial o el Estado no reúne un mínimo de garantías democráticas, el «derecho de autodeterminación» actúa inexorablemente, cuando se quiere llevar a la práctica, como prólogo de las operaciones de limpieza étnica, o sea, de las persecuciones masivas y de la eliminación del disidente, además de constituir siempre uno de los procedimientos utilizados por las grandes potencias para extender su hegemonía y, correlativamente, por los grupos políticos regionales para imponer sus intereses oligárquicos.

5. ¿Qué ha pasado para que la izquierda haya dejado de ser referente de la solidaridad, la honradez, la austeridad, la vocación de servicio, la educación, la verdad? ¿Para que propugne la alianza de no se sabe qué remotas civilizaciones y aliente la desunión y enfrentamiento entre regiones próximas? ¿Para que defienda las oligarquías más vetustas (Cataluña, Vascongadas), se sirva de la corrupción como forma de gobernar (la «era González»), y, si ve que le conviene, legitime el terrorismo de ETA-Batasuna y hasta trate de hacerlo pasar por una forma «legal» de hacer política? ¿Qué ha pasado para que, bajo su manto, gentes que emplean métodos y tienen fines semejantes a los del nacional-socialismo se atrevan a llamar fascistas a los que no piensan como ellos? ¿Para que haya metamorfoseado el socialismo en una especie de nacional-socialismo regionalista, y, sin renunciar al intervencionismo económico, educativo, cultural y mediático, ni a la retórica que le es peculiar, haya sacrificado sus señas de identidad internacionalistas y solidarias a los pies de un colectivismo tribal e insaciable, a la dialéctica del odio y la persecución del que no es nacionalista, y a la culpabilización de la víctima típica del nazismo alemán de los años treinta?

Ha pasado, simplemente, que se ha dejado fascinar, abducir, por el nacionalismo tribal. Esa enfermedad ha invadido su organismo tanto más fácilmente cuanto que a ello han contribuido la Constitución y la ley electoral. La Constitución de 1978 ha puesto a España en un doble proceso, de construcción de «nacionalidades» con competencias propias de un Estadonación y, correlativamente, de destrucción, por vaciamiento de competencias, del Estado-nación. La ley electoral, por su parte, premia a las formaciones políticas que tienen concentrado su voto en una circunscripción o provincia. De ahí que fomente la creación y promoción de partidos nacionalistas de horizonte regional. La ventaja que otorga a estas formaciones se ha visto recientemente en las elecciones de marzo de 2008. Con el mismo número de votos, un partido puede obtener seis actas de diputado si esos votos están concentrados en tres provincias, o sólo uno si esos votos están dispersos en cincuenta. Todavía es más perverso y tramposo el hecho de que la Constitución enseñe el proceso que lleva al desmembramiento de España (como más adelante veremos), pero no el que podría contribuir a su reintegración, al tiempo que dora la píldora con la retórica que mejor hace tragar el veneno.

Cuando se pierden las señas de identidad ideológicas y morales, como les ha ocurrido a los partidos socialistas, especialmente en Francia, Italia y España, donde han protagonizado tantos escándalos de corrupción en los últimos veinte años, ¿cómo resistirse al hechizo del nacionalismo tribal si se ha hecho todo lo jurídicamente imaginable para que éste tenga en sus manos, como se comprueba en España, el control de unos gobiernos regionales que disponen de dos terceras partes del empleo público y de tres cuartas partes del presupuesto?

Si algo ha enseñado nuestro ordenamiento jurídico a los políticos es que, hecho como está a la medida de las oligarquías regionales, facilita enormemente su deseo de controlar de forma prolongada los gobiernos de ese nivel utilizando métodos nacionalistas o nacional-socialistas. En España, algunos partidos de orientación nacionalista, socialista y nacional-socialista llevan al frente de sus respectivos gobiernos treinta años seguidos, casi tantos como duró el régimen de Franco, al que se asemejan en no pocos aspectos, con el agravante de que el prestigio de la democracia española les proporciona un excelente camuflaje. Si a eso se une que los partidos en general y los socialistas y nacionalistas en particular se han transformado en sindicatos de intereses o agencias de empleo para afiliados y familiares, nada tiene de extraño que esas formaciones empleen todas las mañas imaginables para perpetuarse en el poder. Para conseguir este objetivo cuentan con fuerzas de choque compuestas preferentemente por periodistas e intelectuales a sueldo. Intelectuales que, en la mayoría de los casos, no pasan de ser cantantes, actores y cineastas de calidad artística mediocre y fuerte impacto mediático, o sea, gente que tal vez no sepa gran cosa de los requisitos del buen gobierno y de la excelencia estética, pero que, en cambio, son grandes expertos en la manipulación de las apariencias y en cómo hacer millones manoseando los resortes pasionales.

Cuando a esta clase privilegiada de bufones se agrega la tropa disciplinada de los funcionarios, los gobiernos se vuelven casi imbatibles. Hace un par de años un grupo de personas de izquierdas fue a ver en su despacho oficial a un capitoste del nacional-socialismo catalán para pedirle que se alejase del «etnicismo identitario» y sintonizase con las bases socialistas con las que, al menos nominalmente, su partido decía identificarse. Tras escucharles, les respondió con disgusto: «No tenéis nada que hacer. Conmigo están, y no con vosotros, los ciento cuarenta mil funcionarios que dependen de mi gobierno y sus familiares».

Argumento aplastante, pero con un punto débil. Basta con que un rival lo descabalgue, para que la tropa funcionarial se eche a los brazos del nuevo amo, sobre todo si éste no se muestra dispuesto a «pasar página». Ése es el gran temor de los nacionalistas que controlan el gobierno vasco desde hace un cuarto de siglo.

6. Si se quiere ir al fondo de la conversión del socialismo en nacional-socialismo hay que poner, junto a los factores señalados, el miedo y la necesidad psicológica de camuflarlo. Provocado durante cuarenta años por una larga batería de asesinatos, secuestros, extorsiones, destrucciones y persecuciones dictada por el nacionalismo, el miedo acaba haciendo mella en el ánimo de los políticos, sobre todo si están instalados en el relativismo ético y en la ocasionalidad de los principios. Cuando a eso se suma el poder económico, político y social acumulado por el nacionalismo vasco y catalán gracias a los años que lleva gobernando, el canto de la sirena identitaria y tribal se vuelve casi irresistible. La asociación de la zanahoria de un inmenso presupuesto regional (gracias al cual los sueldos de los funcionarios regionales son a menudo más altos que los correspondientes nacionales) con el palo del terrorismo (asesinatos, secuestros, extorsiones y persecuciones de toda clase) produce efectos demoledores y muchos se dejan llevar por la deriva nacional-socialista. La teoría de las organizaciones enseña que éstas no dudan en cambiar de ideario y comportamiento si a ese precio pueden sobrevivir o, al menos, obtener importantes beneficios.

Naturalmente, antes de derivar hacia posiciones nacionalistas, el socialismo y el comunismo han tenido sumo cuidado en conservar y hasta incrementar su consabida retórica, y en emplear su bien saneado capital de «corrección política» para presentar a los agentes del nacionalismo tribal como una opción política «respetable». Más de veinte años dura ya esa campaña publicitaria, con el resultado de que esos partidos de la caverna más profunda que son el partido nacionalista vasco y sus semejantes pueden ostentar el título de «centristas», «progresistas» y «avanzados». El común designio antiliberal del nacionalismo y del socialismo ha servido para tender puentes entre esas dos orientaciones políticas. Ambas coinciden en sacralizar entes abstractos colectivos, el pueblo de Cataluña o el pueblo de Vascongadas en un caso, y la clase obrera o el pueblo en general, en otro.

Si al palo del terrorismo, a la zanahoria del presupuesto, al camuflaje de la mascarada izquierdista, al fetiche colectivista y a la ocasionalidad de los principios se unen el control de la información y la mala educación, o sea la educación en el rencor, la irresponsabilidad y el narcisismo, ¿qué puede esperarse sino la metamorfosis del socialismo en lo contrario de lo que dice ser? Con una particularidad digna de ser subrayada, que el socialismo español se comporta a menudo no tanto como un partido nacional-socialista genuino, sino como una franquicia del nacional-socialismo catalán, o sea de la particular hibridación de las ideas típicas del nacionalismo catalán con las habituales del socialismo, que es la marca de fábrica del socialismo en esa región.

Pero si el PSOE se ha convertido en una especie de franquicia, sucursal o prolongación de la federación socialista catalana, que es a su vez una imitación vergonzante del nacionalismo tribal de esa región, el caso de IU es todavía más patético. Ha optado por ser un títere de Ezker Batúa, que es un títere del PNV, cuyo ideario concentra las esencias más ultrarreaccionarias, racismo incluido, del escaparate político europeo. Desde estas premisas no es difícil entender su progresiva pérdida de sufragios y, sobre todo, su reciente batacazo¹. Curiosamente, el político que ha hundido a esa formación se ha propuesto ahora para encabezar su refundación. Con eso y con que se deje ver con sus amigos nacional-comunistas de las Vascongadas el hundimiento definitivo de IU está garantizado. Tal vez sea lo mejor que pueda ocurrir. O no, porque nadie puede asegurar que el partido que la reemplace no caiga todavía más bajo.

7. Imaginemos un referéndum en el que, a cambio de un voto afirmativo, se ofreciera a los ciudadanos la supresión de los impuestos, casas gratis, aumentos de sueldo y, como se suele decir, duros a cuatro pesetas. Qué duda cabe de que la mayoría más crédula e inculta otorgaría ese voto, y que la minoría más ilustrada, ante una oferta tan disparatada, ni se tomaría el trabajo de ir a votar. Más o menos es lo que ha pasado con el referéndum para el Estatuto de Cataluña, pero con matices, pues, a pesar de que éste viene a decir «que Cataluña es sólo de los catalanes, y España sólo es de los españoles si se lo consienten los catalanes», una amplísima mayoría no ha ido a votar o ha votado «no». En ese Estatuto está la clásica apelación nacionalista y nacional-socialista a las pulsiones más egoístas y xenófobas, que vale tanto para catalanes y vascos como valdría para los de cualquier otra región. Pues si se preguntase a madrileños, aragoneses, valencianos, etc., si están de acuerdo con que los catalanes les hiciesen entrega de sus casas y propiedades, y la respuesta fuese, como cabe imaginar, afirmativa, ¿qué valor deberíamos dar a esa respuesta? Ninguna o muy escasa. Pues otro tanto habría que hacer con el Estatuto de Cataluña, ya que éste viene a decir que los catalanes tienen derecho a decidir lo que se hace en España, pero los españoles no tienen un derecho equivalente –en eso consiste el «federalismo asimétrico»– para intervenir en lo que se hace en Cataluña, aunque lo que se haga en esa región afecte de forma importante al resto de España.

8. En países europeos importantes y en Estados Unidos todavía se ven las «cosas de España» con los lentes de ciertos estereotipos esperpénticos que, paradójicamente, han contribuido a difundir los gobiernos de España mediante la promoción que han prestado a cierta gente del mundo de la cultura. Según el primer estereotipo, España sería un país extremoso, desmedido, descarado, donde todo anda mezclado y revuelto, como en cajón de sastre. Esta imagen la ha servido en bandeja y profusamente la filmografía de ciertos directores de cine que con sus folletines representan muy bien desde hace un cuarto de siglo la España de charanga y pandereta, dando, de propina, la falsa sensación de que es un país muy divertido donde todo está permitido, en la que tanto se complacen los «nuevos reaccionarios» de la Santa Izquierda.

Otro estereotipo que todavía tiene acogida en algunos medios de comunicación extranjeros es que los partidos nacionalistas y nacional-socialistas catalanes y vascos son parte de un «movimiento de liberación nacional», incluso están formados por «guerrilleros» que luchan por la libertad, cuando esos partidos, y no digamos la banda etarra, tratan de imponer sus objetivos totalitarios a través de campañas de coacción y amedrentamiento, que vienen produciéndose desde hace más de treinta años, y son, ellos mismos, la causa única de que no haya llegado todavía la libertad, ni por tanto la democracia, a toda España. ¿Qué han hecho los sucesivos gobiernos para neutralizar estos estereotipos tan ridículos como desorientadores? Poco. Más bien han contribuido a difundirlos y a acreditarlos.

9. Antes de detenernos a examinar los nacionalismos vasco y catalán que tanta parte tienen en el actual deterioro de la situación política española, fijémonos en el carlismo del que aquéllos surgen como esas especies mutantes que, al cambiar las condiciones ambientales, modifican su aspecto externo pero conservan rasgos esenciales de su estructura. Entre las condiciones ambientales que propiciaron el surgimiento de los nacionalismos vasco y catalán a partir de los antecedentes carlistas hay que destacar el triunfo de la burguesía y la difusión del maquinismo, la eclosión de las ideologías proletarias y el debilitamiento de los valores religiosos tradicionales, el desastre del 98 y la disolución de la monarquía austrohúngara. El aspecto externo que esas nuevas condiciones modificaron fue el relacionado con la dinastía real y la sociedad estamental que sostenía el viejo carlismo. Y, por último, los rasgos esenciales de la estructura carlista que conservaron los nacionalismos vasco y catalán fueron los métodos de acción política, violentos si encartaba, y una visión antiespañola de España que, al final, decide suprimir a esta última de un plumazo.

El carlismo, que provocó tres guerras civiles a lo largo del siglo XIX, surgió poco después de 1830 para poner en el trono al infante don Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, en lugar de a la reina Isabel II, hija de ese rey, justificando el cambio en que la ley sálica cerraba la línea sucesoria a las mujeres, a pesar de que esa ley había sido revocada en 1789 por Carlos IV (padre del infante don Carlos) y de que Fernando VII había revalidado la revocación mediante la Pragmática Sanción de 1830. Pero el factor determinante de la confrontación no era en realidad dinástico, sino ideológico. Para los carlistas, la figura de Isabel II estaba unida al liberalismo político, al individualismo ético y a las innovaciones industriales, tan odiadas por ellos, mientras que la de don Carlos se asociaba a la tradición, el absolutismo, el apego al terruño, un cierto estamentalismo medievalizante y la pureza de las costumbres ancestrales.

El aire tradicionalista, legitimista y conservador del carlismo no deja ver hasta qué punto era subversivo de la legalidad en nombre de la legitimidad. Una legitimidad que, en realidad, era un simple dogma ideológico, pues estaba supeditada a la aceptación por parte del pretendiente de un ideario muy preciso, según proclama el manifiesto de la princesa de Beira, tía y madrastra del «rey» pretendiente Carlos VII. Rasgo original del movimiento carlista es que equipara su reivindicación de legitimidad con la intransigencia y la violencia, revitaliza o despierta el interés social por los «fueros» y las «viejas usanzas», y, sobre todo, establece la rebelión al sistema como sistema. Su rechazo del liberalismo (libertades de conciencia, expresión, comunicación, comercio, empresa, etc.) le permitió confundirse, en su decadencia, con el «socialismo autogestionario», que propugnaba en los años setenta del pasado siglo su último titular, Carlos Hugo de Borbón-Parma. Congruentemente con estos rasgos que lo definen como un movimiento tradicionalista a la vez que subversivo, ultrarreaccionario a la vez que socialista autogestionario, el carlismo se caracterizó también por utilizar en la acción política «partidas» que, contando con apoyos en el medio rural, trataban de mantener vivo el conflicto.

10. ¿Qué pudo enseñar ese movimiento legitimista, tradicionalista y ultraespañolista al nacionalismo vasco y catalán? Que el poder ha de ganarse con la coacción y la violencia, lo que explica que un héroe carlista como el cura de Santa Cruz haya sido mitificado en las Vascongadas por nacionalistas y nacional-socialistas. Los comandos de ETA, ¿qué son sino la versión moderna, decadente, totalmente envilecida, de las partidas carlistas? Y asimismo le enseñó la idea de que España se divide en Dos Españas enfrentadas, debido a la intransigente oposición del carlismo a la dinastía reinante durante casi dos siglos y al hecho de que, a finales de 1875, ese movimiento creara una especie de Estado Español independiente y fuerista en las provincias Vascongadas y Navarra, que duró casi tres años, emitió moneda y estableció fronteras, en línea con el cantonalismo degenerativo de la Primera República de 1873. Las Dos Españas del carlismo irán adoptando con el tiempo diferentes contenidos hasta culminar en un antiespañolismo basado en la suposición de que la España actual ha traicionado un pasado mítico que los nacionalistas desean rehabilitar, resucitar.

Sabino Arana, fundador del nacionalismo vasco, se crió en un ambiente donde el carlismo foralista se combinaba con el industrialismo incipiente de Vizcaya. En 1893 da a conocer a unos pocos simpatizantes, reunidos en una merienda-cena, su ideario. No faltan en su discurso las clásicas dosis de victimismo y de complejo secular de culpa, pues, según Arana, la aberración vasca, y con ella todos los males de la «nación» con la que sueña, empezaron nada menos que en el siglo IX, cuando los vizcaínos, olvidando sus instituciones (de las que Arana sabía mucho menos de lo que hoy se conoce, que sigue siendo muy poco), se traicionaron a sí mismos. «Aun en aquella fecha en que estas provincias vascas eran Estados independientes, su lengua oficial era la española. Ni entonces los vascos amaban su independencia.» Dejando a un lado que, en el siglo IX, sólo se empezaba a balbucear la lengua castellana, la cual ciertamente se originó en tierras limítrofes a las Vascongadas, hay que reconocer que una aberración que duraba ya mil años era el colmo de la aberración. Más de un oyente debió de pensar que si los vascos no habían amado en absoluto su independencia durante mil años habría que considerar el caso como una patología incurable, a no ser que hubiera que atribuir la patología al visionario que pretendía remediarla inoculando al supuesto enfermo una enfermedad todavía más grave. Sus oyentes se tomaron el discurso por una chifladura y ni siquiera obsequiaron al orador con un aplauso de cortesía.

Pero las chifladuras pueden hacer carrera, como lo prueba aquella que se dio a conocer, de la mano de Hitler, en 1923 en medio del humo de tabaco y de los vapores etílicos de una cervecería bávara. El nacionalismo vasco, al igual que otros congéneres, lo ha demostrado de forma abundante a lo largo de su historia. Con la chifladura iba del brazo la siembra del odio, que Arana extendió a los más variados aspectos de la vida. Incluso llegó a indignarse porque los vascos quisieran socorrer a los miles de afectados por las inundaciones en Consuegra, o en otras catástrofes ocurridas en España. Como todos los políticos que se sirven del odio, Arana justificaba su uso alegando un odio recíproco y hasta previo por parte de esos supuestos enemigos, a los que había elegido como blanco de sus ataques.

La mera transcripción de las frases en las que el fundador del Partido Nacionalista Vasco declara abiertamente su odio a lo español revela hasta qué punto ese sujeto era un perturbado peligroso. Extractaré algunas, casi todas ellas escritas en los años postreros del siglo XIX: «Nosotros desearíamos que España se desprestigie y arruine y aun desaparezca del mapa de Europa», «¡Malditos sean los vizcaínos que prefirieron llamar madre a una nación extraña y envilecida, y compartir su suerte con tus eternos enemigos!», «¿Quién fue el perverso vizcaíno que trastornó la inteligencia del pueblo y corrompió su corazón con las ideas y los sentimientos españolistas?», «El roce de nuestro pueblo con el español causa inmediata y necesariamente en nuestra raza ignorancia y extravío de la inteligencia, debilidad y corrupción de corazón, apartamiento total del fin de toda humana sociedad», «El vizcaíno degenera en carácter si roza con el español», «Habéis mezclado vuestra sangre con la española o maqueta, os habéis hermanado y confundido con la raza más vil y despreciable de Europa».

Tras tachar al pueblo español de «afeminado y embrutecido», Arana proclama: «Nosotros odiamos a España con toda nuestra alma».

Este excepcional orate es un buen precursor de la violencia de ETA cuando dice: «A los maestros maquetos se les debe despachar de los pueblos a pedradas. ¡Ah, la gente amiga de la paz…! Es la más digna del odio de los patriotas».

Nada tiene de raro ver salir despropósitos de tal calibre de los labios (¿habrá que decir, más bien, «morros»?) de un «ideólogo» que en su odio a la libertad, idea que para él está íntimamente asociada a España y lo español, exclama: «La libertad del liberalismo es la libertad de Satanás»².

El partido fundado por este sujeto, al que se han dedicado monumentos, plazas y hasta premios culturales durante el actual régimen, lleva gobernando desde hace más de un cuarto de siglo esa región gracias al apoyo de socialistas y comunistas.

Si con su chifladura Arana siembra el odio, con el odio esparce un racismo tan virulento y desatinado que ni siquiera salva del oprobio de pertenecer a «razas inferiores» a los nacionalistas enemigos de España que por entonces empiezan a surgir en la Península, como se advierte en esta declaración: «Dice La Veu de Catalunya que los catalanes son hermanos nuestros de desgracia, y que también somos en el mismo concepto de los baleares, los valencianos y los gallegos. Fraternidad de desgracia; porque, en efecto, fraternidad de raza no la hay entre aquellos españoles y nosotros, como no seamos también hermanos de los coreanos».

En su delirio excluyente, el fundador del PNV prohíbe que aprendan el vascuence los maketos, no sea que esos sujetos venidos de fuera mancillen la pureza racial bizkaitarra, y hace apostolado para aniquilar la fraternidad que hasta entonces reinara entre los pueblos y gentes de España. Para conseguir ese objetivo, señala a «los buenos vascos» el deber de «desterrar de nuestra mente y nuestro pecho toda idea y todo afecto españolista» y propagar el sentimiento de que «pesaría sobre nosotros como la mayor de las desdichas el que España prosperara y se engrandeciera».

Tarea en verdad ardua, pues el bizkaíno, como lamenta Arana con frecuencia y reconoce con amargura, «tiene por suyas las glorias patrias de los españoles, por decadencia patria la de España, ríe y se regocija con lo español, y con él se entristece, piensa y obra como el español. Lo estamos viendo todos los días».

Más todavía, confiesa, «españolismo ha habido en nuestros gobernantes; españolismo en nuestros historiadores; españolismo en nuestros juristas y de españolismo ha estado inadvertidamente inficionado el pueblo vizcaíno en general».

Contra tan deplorables y seculares sentimientos de fraternidad interregional y de españolismo solidario, la receta de Arana no puede ser más caritativa: «Cuando el pueblo español se alzó en armas contra el agareno invasor y regó su suelo con sangre musulmana para expulsarlo, obró en caridad. Pues el Nacionalismo vizcaíno se funda en la misma caridad».

Tras cinco años de intensa misión nacionalista hace presa en Arana el desánimo al ver que pasan «días y meses y años enteros sin que los vizcaínos rompan la venda que les impide ver su extravío, sin que conozcan la esclavitud de la Patria», pero no ceja en su empeño, ni se recata de decir de España que «si a esta nación latina la viésemos despedazada por una conflagración intestina o una guerra internacional, nosotros lo celebraríamos con fruición y verdadero júbilo». Y eso lo dice Arana en vísperas de 1898, cuando Estados Unidos prepara la guerra para arrebatar a España sus provincias más lejanas: Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

Los herederos de Sabino Arana han llegado todo lo lejos que se podía llegar en su propósito de ver a España «despedazada por una conflagración intestina o una guerra internacional»: desde ofrecer el territorio vasco como protectorado a Gran Bretaña y solicitar al gobierno de Francia ayuda para su política separatista hasta iniciar negociaciones con Hitler, lo que, por otro lado, no les impidió llegar a acuerdos con Franco para salvar el pellejo o la hacienda.

Todo en el ideario de Sabino Arana sería un grotesco delirio si no fuera porque ha alimentado un movimiento que ha envenenado las relaciones de millones de personas, legitimado la violencia hasta el asesinato en aras de la causa, perseguido todo lo español en la propia España, empezando por la eliminación de los españoles, y encontrado en el marco de la Constitución de 1978, y no digamos en la vigente ley electoral, un cobijo desde el que realizar abiertamente y a lo grande sus fechorías.

La condición de legalidad de la que disfruta un partido tan abierta y descaradamente antiespañol como el PNV fundado por Sabino Arana, que protege en términos ideológicos y de tantas otras formas a los que atentan contra los españoles, sean hombres o mujeres, niños o ancianos, blancos o negros, sanos o enfermos, quita las bases a toda posible forma de convivencia y legalidad genuina. En suma, legitima la barbarie frente a la civilización. Esa grave anomalía, que arranca a España del corazón de Europa para situarla en el Oriente Medio (el Líbano, por ejemplo), es la causa de que se haya dado a plazas y calles de diferentes lugares de España el nombre de ese enloquecido antiespañol, y que una magistrado que ocupó la cartera de Interior en un Gobierno socialista y tiene un apellido tan bizkaitarra como Robles aceptase un premio que lleva el nombre de ese sujeto. ¿Se imagina alguien al ministro del Interior de Israel o al de Francia aceptando un premio que con el nombre de Adolf Hitler fuera otorgado por un partido neonazi, y a las autoridades israelíes o a las francesas poniendo ese nombre a escuelas, parques y otros espacios urbanos en sus respectivos países? Pero hay que comprender a la señora Robles. Socialistas y comunistas llevan más de un cuarto de siglo ayudando a que gobierne ese partido en las Vascongadas.

¡Y todavía los nacionalistas vascos y catalanes tienen la desfachatez de decir que los que denuncian sus atropellos y el carácter totalitario de su ideología son «nacionalistas españoles»! Qué raros nacionalistas son estos «nacionalistas» españoles que no aspiran a discriminar a nadie, sino, a lo sumo, a que no se les discrimine en su propia patria. Ni siquiera a Goebbels se le ocurrió justificar la persecución de los judíos alegando que éstos eran «nacionalistas judíos».

11. Arana tuvo con España, sin embargo, una consideración que no tendrá Prat de la Riva, fundador del nacionalismo catalán. Aunque enemiga, España era para él una nación. Para Prat ni siquiera es eso. Además, estimó que el nacionalismo catalán debía impulsar un imperialismo que extendiese por doquier sus señas identitarias. Visto desde nuestro tiempo, se debe reconocer que Prat ha tenido más éxito que su colega vasco. El régimen autonómico de «nacionalidades» establecido en la Constitución de 1978 está en la línea de eliminar la «nacionalidad» española al dejarla reducida a una vaga función de «nación de naciones», expresión en la que la «nación» no pasa de ser el telón de fondo contra el que las «naciones» protagonizan la función. Con la vagarosa definición que da de «comunidad autónoma», la Constitución ha prestado una ayuda inestimable al nacionalismo catalán y, en particular, a sus sueños imperiales, ya que le facilita la operación de llevar lo más lejos posible sus actuales «fronteras». Este afán por intervenir fuera de los límites regionales, sin por ello aceptar que desde fuera se pueda intervenir en su interior, viene de lejos. Lo refleja de forma arrogante una proclama publicada en La Veu el 27 de noviembre de 1898: «Queremos que sean catalanes todos los que en Cataluña desempeñen cargos públicos; queremos que sean catalanes los jueces y magistrados», etc. Claro está que los autores de la proclama no se oponen a que los catalanes desempeñen cargos públicos en otras regiones. La Constitución de 1978, en alianza con el Estatuto de 2006, ha hecho realidad buena parte de ese programa.

12. «Catalán, algún día tendrás que ser insensible, duro, vengativo. Si no sientes la venganza –la venganza depurada del odio, que establezca el equilibrio roto–, si no sientes la misión de castigar, estás perdido para siempre. No hay progreso en el derecho si no hay violencia. El derecho de las minorías podrá progresar mientras haya violencia.» Este párrafo no ha salido de la pluma de un demagogo nacionalista proclive al terrorismo. Contra lo que podría parecer, es obra de un intelectual burgués y en general poco extremista, lo que le da un cariz involuntariamente cómico. No vale la pena sacar su nombre del olvido, pero lo he querido citar como muestra del extremismo al que el nacionalismo catalán llegó desde muy pronto, frente a la calma y la sensatez que durante mucho tiempo pudo demostrar la mayoría de la población.

Así como Arana notaba la discordancia que había entre la hostilidad que, en su opinión, debía existir entre los vascos y los españoles y la fraternidad secular que, sin embargo, observaba entre esas dos «naciones», igualmente los nacionalistas catalanes de la primera hora eran conscientes de que en Cataluña había una discordancia semejante. Sirva de muestra el testimonio de Cambó, que, ante la agresión americana de 1898, comprobó que sus paisanos no compartían en absoluto los sentimientos antiespañoles de los nacionalistas en cuyas filas militaba: «Cuando salíamos de la Lliga de Catalunya, encendidos de patriotismo catalán», dice, «nos sentíamos en la calle como extranjeros, como si no nos halláramos en nuestra casa, porque no había nadie que compartiese nuestras preocupaciones» (La Veu de Catalunya, 28 de agosto de 1898).

¿Cómo iban a simpatizar los catalanes con esos paisanos suyos nacionalistas que se alegraban de la pérdida de Cuba cuando su vinculación con la perla de las Antillas era tan estrecha que las populares canciones españolas llamadas «habaneras» eran una creación catalana y, en vísperas del 98, los grupos económicos de esa región habían dado todo su apoyo a Cánovas en su política sobre Cuba ante la perspectiva de perder un importante mercado, un mercado cautivo por los altísimos aranceles que le gravaban, lo que fue causa de la protesta de Estados Unidos?

Pero veinte años después, con el final de la Gran Guerra, los nacionalismos regionales iban a tener su oportunidad. Los Aliados habían empleado la idea de la autodeterminación como cuña para fragmentar el Imperio austrohúngaro, y el presidente americano Wilson la había adoptado al entrar en liza. Cambó llega a decir que «los 14 puntos» de Wilson, bajo cuya sombra se había hecho la paz (uno de ellos era el principio de autodeterminación), «habían enloquecido al mundo entero». En ese ambiente «enloquecido» no faltaron a los nacionalistas estímulos procedentes del exterior. Sirva de ejemplo el pretencioso mensaje que el embajador inglés, Harding, transmitió a Cambó por medio de una duquesa: «Ésta es la hora de Cataluña. Ahora ha llegado el momento de que los ingleses borremos la mancha que en nuestra historia pusieron los ministros de la reina Ana al traicionar a Cataluña. Diga a sus amigos catalanes que Inglaterra no consentirá ahora que se les atropelle si reclaman la autonomía».

Pocos años después Macià se proclamará en Francia presidente del Estado catalán y emprenderá una extensa, aunque infructuosa, labor diplomática encaminada a fundar una Liga de Naciones Oprimidas, que debía incluir, aparte de las españolas, el Rif de Abd el-Krim, Filipinas, Irlanda, Egipto y la India, pero de la que curiosamente excluía a las colonias de Francia, o sea del país donde se hospedaba.

Qué diferencia –la de estos modernos nacionalistas antiespañoles– con aquellos mercaderes catalanes que, en 1674, protestaron airadamente en Cádiz porque se les pretendía imponer un cónsul flamenco –era costumbre nombrar cónsules para los ciudadanos de las naciones extranjeras– y haciendo alarde de españolidad dijeron: «El tercer cónsul es por las naciones que son propiamente naciones; pero no por aquellas que son inmediatos vasallos de la Corona, como lo son los catalanes de la Real Corona de su Majestad, los cuales como a propios vasallos son y se nombran españoles, siendo como es indubitable que Cataluña es España… España es todo lo comprendido de los montes Pirineos a los Océanos… luego bien se infiere que Cataluña es España y los catalanes son españoles»³.

Y qué diferencia con aquellos catalanes que, cuando unos años después, en 1698, Gerona fue liberada de sus ocupantes franceses, la población, reanimada, saludó a las tropas castellanas con el grito de «¡Visca Espanya!», aunque la relación con los castellanos no fuera especialmente idílica en esos tiempos⁴. La identificación de los catalanes con España es evidente incluso en los dramáticos años iniciales del siglo XVIII cuando, en medio de la Guerra de Sucesión, buena parte de la población catalana apostó por el archiduque Carlos frente a Felipe V, al que sin embargo había dado toda su adhesión al llegar a España. En ese trance de guerra civil –más europea aún que española– Cataluña no dudó en autocalificarse «de España gloria»⁵

La conexión «marroquí» de los nacionalistas catalanes fue explorada también por sus homólogos vascos, que no dudaron en defender a Abd el-Krim, a pesar de que sus rifeños habían matado en Annual a tantos españoles, vascos incluidos, y esbozaron una posible alianza con ellos. En sus tratos internacionales siguieron una línea común con Ezquerra Republicana de Cataluña con la finalidad de conseguir la desmembración de España. Aunque debido a los fuertes lazos económicos tradicionales se inclinaban por Inglaterra y Francia, los nacionalistas vascos albergaron soterradas simpatías por el racismo nazi, tan afín al sabiniano, y cuando Francia fue ocupada por el ejército alemán en 1940, se beneficiaron de un trato de favor, producto acaso de los contactos, aún mal estudiados, que establecieron con el entorno de Hitler.

También llegó a Andalucía la fiebre del nacionalismo con rasgos no menos grotescos. Su promotor sostenía que Andalucía había sido nación en los tiempos de la protohistórica Tartessos, en los de la Bética del Imperio romano, y en los de la Al Ándalus musulmana, para luego hundirse en la miseria y opresión españolas. Naturalmente, los «buenos» eran siempre los enemigos de España, empezando por los cultos y refinados musulmanes. Diseñó para su «nación» un escudo y una bandera verde y blanca en gracia a que esos colores eran los de los omeyas y los almohades, respectivamente. Arana prefirió buscar en la bandera británica una inspiración «bicrucífera» más prosaica, colorista y, por supuesto, desprovista de toda relación con la historia de las Vascongadas. La Constitución de 1978, cuando dice en su artículo 4.2 que «los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas», ha dado carácter oficial a esas dos banderas y respaldado, por esa vía, los delirios de esos dos «fundadores de naciones».

13. La línea genealógica que del carlismo lleva a los nacionalismos regionalistas se remonta a una ideología foralista y tardofeudal que se mantuvo vigente a causa de la falta de altura de los reyes de la época en momentos cruciales de sus reinados.

Refiriéndose a la conducta de Carlos IV y de su hijo Fernando VII en Bayona ante Napoleón Bonaparte en los días inmediatos al 2 de mayo de 1808, el historiador Seco Serrano dice que esos días «registran posiblemente las escenas más vergonzosas de la Historia española. Ni uno solo de los participantes en las conferencias tiene un solo gesto de dignidad que sirva para redimirlo», y el también historiador Teófanes Egido añade que «el rey viejo y el rey nuevo se hundieron en las simas más profundas de la indignidad como juguetes del emperador que los manejó como muñecos»⁶. Lo que está en línea con un historiador de la época, el conde de Toreno, que dice: «Sólo con muy negra tinta puede trazarse tan tenebroso cuadro».

Lo más suave que cabría decir de Carlos IV y Fernando VII es que fueron un par de peleles en manos del caudillo francés. El cuadro más impresionante de la indignidad de Carlos IV está en las cartas de sumisión que enviara a Napoleón. El de Fernando VII se halla en la entrega que hace a éste de la espada de Francisco I que Carlos V ganase en la batalla de Pavía en 1525, o, tal vez, en el que el propio Napoleón traza en su destierro de Santa Elena: «No cesaba Fernando de pedirme una esposa de mi elección: me escribía espontáneamente para cumplimentarme siempre que yo conseguía alguna victoria; expidió proclamas a los españoles para que se sometiesen, y reconoció a José [Bonaparte], lo que quizás se habrá considerado hijo de la fuerza, sin serlo; pero además me pidió su gran banda, me ofreció a su hermano don Carlos para mandar los regimientos españoles que iban a Rusia, cosas todas que de ningún modo tenía precisión de hacer. En fin, me instó vivamente para que le dejase ir a mi Corte de París, y si yo no me presté a un espectáculo que hubiera llamado la atención de Europa, probando de esta manera toda la estabilidad de mi poder, fue porque la gravedad de las circunstancias me llamaban fuera del Imperio, y mis frecuentes ausencias de la capital no me proporcionaban una ocasión»⁷.

Mientras Carlos IV y Fernando VII se entregaban de pies y manos a Napoleón en Bayona y la Junta de Gobierno que habían dejado en España se sometía a la política de fuerza de éste, el pueblo de Madrid salvó la dignidad nacional levantándose el 2 de mayo contra el ejército que había invadido España y ocupado la capital. Siguiendo esa misma dirección, las Cortes reunidas en Cádiz asumieron poco después la soberanía nacional y, con la Constitución de 1812, dieron al mundo un ejemplo de inspiración ilustrada, liberal y filantrópica.

La conducta de Carlos IV y de su hijo en Bayona, y la del segundo en la dorada prisión de Valençay donde Napoleón le tuvo encerrado seis años, fue tan bochornosa y llevó a la monarquía a tal desprestigio que, en términos psicológicos y morales, hacen más inteligibles las guerras carlistas que se abatirán sobre España a lo largo del siglo XIX y el precipitado proceso de emancipación de las provincias americanas que tuvo lugar en el reinado de Fernando VII. Pero también, frente a ese telón de «pintura negra» de Goya, cobran una dimensión histórica mayor el levantamiento popular del 2 de mayo y la Constitución de las Cortes de Cádiz, la primera genuinamente liberal en la historia de Europa.

14. Los ignominiosos reinados de Carlos IV y Fernando VII se destacaron, sin embargo, por sus políticas sociales y culturales, como la mejora de la educación, la atención a la ciencia y a la universidad, la legislación sobre los niños expósitos, la desamortización de mayorazgos y bienes eclesiásticos, la protección de las artes y de Goya en particular, la fundación del Museo del Prado, etc. Pero de nada sirvieron esas políticas para librarles del estigma de haber sido los peores reyes de la historia de España. Cuando se falla en lo principal, de poco sirve haber acertado en lo secundario. Ésa es la diferencia entre Carlos III y sus sucesores.

Quién diría que el gran Carlos III no fue en su tiempo tan popular como lo será su nieto Fernando VII. La plebe, a la que le traían sin cuidado Constitución y libertades, le idolatró hasta el punto de gritarle en Utrera «¡Viva el rey absolutamente absoluto!», dar vivas a «las caenas» y, cuando el monarca llegó a Sevilla el 8 de octubre de 1823, desenganchar los caballos que tiraban de la carroza real y ponerse a tirar de ella doscientos voluntarios hasta dejar a El Deseado en el Alcázar. Qué podía importarles que ese rey suprimiese, con la ayuda de un ejército francés, el primer gobierno constitucional, parlamentario y liberal de España, y a ellos mismos les hubiera quitado el rango de ciudadanos para dejarlos en súbditos, si su deseo más ardiente era ser acémilas de carga.

15. Pero dejemos a un lado la Historia, toda esa pequeña y mísera historia de Fernando VII y los nacionalismos peninsulares, para centrarnos en el fenómeno nacionalista como tal. El nacionalismo se basa en la suscitación de sentimientos de odio a lo «ajeno» (según la negativa definición que da el ideólogo de lo que es «ajeno») y de adhesión a lo «propio» (también según la definición, esta vez positiva, que el ideólogo da de lo «propio»). Pero lo que lo hace peligroso es que pretende convertir tan estrechos e imprecisos estados emocionales en doctrina política. Una doctrina, como todo lo que pertenece al entendimiento, debe ser algo frío, y está bien que lo sea, pues así se pueden corregir más fácilmente sus fallos. El ideario nacionalista es todo lo contrario. La emoción le es esencial. Pero cuando se enroca en la emoción y la emoción se vuelve pasión, la doctrina es sólo un lastre para el entendimiento, y bloquea la posibilidad de pensar que se puede estar equivocado.

Como ocurre con toda pasión en la que el odio y la adhesión juegan papeles rectores, la pasión nacionalista lleva, cuando no ha habido una situación colonial o de sometimiento que la justifique, a la destrucción de la nación a la que dice servir. Se podrían dar muchos ejemplos. El más conocido es el de Hitler llevando a la ruina a Alemania. Y ahí están también otros, como el de Stalin y sus sucesores, cuyo comunismo era en gran medida nacionalismo imperialista ruso con forma socialista de gobierno. ¿A qué se debe que el que proclama querer por encima de todo a su nación sea el mismo que la lleva a la ruina? A que está ciegamente enamorado de una fantasía paranoica, y no hay nada más destructor que convertir una fantasía de esa especie en el hilo conductor de la acción política.

16. La corrupción inherente al nacionalismo no afecta sólo al pensamiento político, sino también a las estructuras básicas del lenguaje, de la lógica, pues se basa en una contradicción que lo invalida. Como ya se ha señalado, el nacionalismo dice tener su fundamento en la «diferencia nacional» que, a su modo de ver, el Estado-nación en el que se halla enclavado no le reconoce. Ahora bien, en contradicción con ese presupuesto, el núcleo y finalidad de la política nacionalista reside en perseguir toda «diferencia nacional» que no sea la enarbolada por él, pues para el nacionalista todas las «diferencias» que se opongan a su idea de «diferencia nacional» han de ser eliminadas y, por tanto, perseguidas. Esta contradicción se hace patente cuando, al tiempo que «exige» del Estado que admita su «diferencia nacional», rechaza que se pueda tener otra idea de nación o «diferencia nacional» en «su» territorio.

Dicho para que se entienda fácilmente, los nacionalistas y nacional-socialistas catalanes (al igual que los vascos) exigen al gobierno español que admita que Cataluña es una nación, pero no aceptan que dentro de Cataluña alguien pueda sentirse de otra nación, ni siquiera de la nación española, que es la que ha servido como seña de identidad legal y sentimental para la inmensa mayoría de los catalanes durante siglos.

Lo más letal de esa forma contradictoria de pensar y utilizar el lenguaje es que los nacionalistas han logrado imbuir tan a fondo en la sociedad española su ideario que a menudo se lee en la prensa su lema: «España es un país multinacional», con el que justifican su pretensión disgregadora, sin que, a renglón seguido, figure la consecuencia lógica que se sigue de las propias premisas nacionalistas. Si vale para España la condición de «multinacional», cuando ni el 10 por ciento de la población se identifica con una nación diferente de la española, con cuánta más razón valdrá para Cataluña, donde más del 50 por ciento se identifica con la nación española.

17. Pero seamos un poco racionales, aunque eso sea pedir a los nacionalistas y los nacional-socialistas más de lo que pueden dar. ¿Dónde está el «hecho diferencial» catalán cuando la lista de los apellidos más comunes en las provincias catalanas apenas se diferencia de los de las provincias menos nacionalistas y mejor integradas en España, como Burgos y Palencia? De los apellidos más comunes de la provincia de Barcelona listados por el Instituto Nacional de Estadística, el primero del que se puede decir que es catalán, Ferrer, ni siquiera figura entre los 20 primeros, pues ocupa el más bien recatado puesto 32. Antes y después de Ferrer, los castizos apellidos castellanos terminados en -ez (Martínez, López, Sánchez…) arrasan. En Gerona, que pasa por ser la más «pura» de las provincias catalanas, el primer apellido autóctono de la lista (Vila) aparece en el sexto puesto, con 6.200 titulares, precedido, eso sí, de González y seguido de Ruiz. En Lérida hay que esperar al noveno puesto (Solé) para encontrar un apellido de raigambre catalana, mientras que en Tarragona, el primer apellido catalán (Martí) aparece en el puesto número 14.

Pero no pidamos al nacionalismo ni lógica ni sentido de la realidad. Su especialidad no es resolver los problemas reales, sino inventarlos contra toda lógica, tomando como materia y punto de partida el repertorio de fantasías políticas que expende el ideólogo. Ésa es la esencia del nacionalismo, crear un problema insoluble –insoluble si se aceptan sus postulados– a fin de mantener en el poder –en el poder político y económico– a aquellos que ofician como sacerdotes de la «diferencia» y negocios asociados. Como el hecho diferencial que esgrime implica el rechazo de todo otro hecho diferencial dentro de «su» nación, el nacionalismo es, esencialmente, identitario y excluyente, y, por ello, un error inextricabilis. Una monstruosidad. Digo «monstruosidad» porque es una contradicción lógica y política que un movimiento que se dice de «liberación de un pueblo oprimido» sólo pueda llevar a cabo su proyecto «liberador» oprimiendo a ese pueblo que dice «liberar», y no sólo a una parte, sino al conjunto, ya que pretende imponer a todos la seña de identidad emocional y legal de su ideología.

18. Contradicción lógica y, también, contradicción política, como ahora se verá. Pongamos en práctica, a modo de hipótesis, el proyecto nacionalista de autodeterminación, es decir, el derecho de secesión de una parte de la población de un Estado-nación para constituir un nuevo Estado-nación. La primera cuestión que surge es hasta dónde se debe aplicar el principio de autodeterminación, pues, como veremos, llevado a la práctica de forma estricta y coherente, se anula a sí mismo. En efecto, supongamos que, al llevar a la práctica ese proyecto en las provincias vascongadas, resulta que, aunque la mayoría de la población opte por la independencia, la mayoría de la población la rechaza en una de las tres provincias, pongamos que Álava. ¿Habrá que obligar entonces a los alaveses a formar parte del nuevo Estado-nación cuando han dicho expresamente que no? No sería justo y, además, no lo permite el propio principio de autodeterminación, que caería en contradicción consigo mismo si pretendiendo liberar a los vascos del «yugo español» sometiese a los alaveses al «yugo vasco». En el caso de las Vascongadas, la eventualidad de que Álava u otra provincia quisiera mantenerse al margen del proyecto de un Estado vasco gozaría de un respaldo histórico mucho mayor que la pretensión nacionalista de constituir un Estado vasco unitario, ya que nunca hubo un solo fuero vasco (no digamos Estado), sino que cada provincia tenía el suyo y a menudo presionaba al gobierno central para que vulnerara el fuero de la provincia vecina en beneficio de la propia.

Pero sigamos adelante. Si concedemos el derecho de autodeterminación a una provincia, adornándolo incluso con referencias histórico-forales, ¿qué razón hay para negárselo a una ciudad, pongamos que San Sebastián o Bilbao, si su población se pronuncia mayoritariamente contra la eventualidad de formar parte del Estado vasco y desea seguir formando parte de España? Admitido el principio de autodeterminación, no hay razón para aplicarlo según las conveniencias, intereses o caprichos del nacionalista, pues sería como permitir, en un juego de cartas, que todos estuviesen obligados a respetar las reglas del juego, menos uno. Por eso, si el nacionalista replica que sólo acepta el primer paso del proceso de autodeterminación, el que conduce de España al Estado vasco, pero no los que conducen de ahí al Estado alavés, o al bilbaíno, o al de San Sebastián, entonces habrá que decirle que no conoce las reglas más elementales del razonamiento y que es inútil discutir con quien se siente autorizado a caer en contradicción sólo porque confunde la realidad con sus deseos, cuando éstos no son más que el cociente de sus delirios.

Todavía hay que destacar otro aspecto, tal vez el principal, del proceso de autodeterminación que estamos describiendo. Volvamos al comienzo. Supongamos que los ciudadanos de las provincias vascongadas se independizan de España y constituyen el Estado vasco. Lo han hecho, obvia y necesariamente, porque se sienten diferentes, pues de lo contrario nada les habría llevado a querer usar ese derecho. ¿Qué suerte espera entonces a los ciudadanos que no se sienten vascos una vez constituido el Estado vasco? Es evidente que, si no se les permite seguir el proceso de autodeterminación que daría lugar al Estado alavés, o al bilbaíno, o al de San Sebastián, o a otro cualquiera, se verán obligados a emigrar o a sentirse igual de vascos que los nacionalistas, y ése es el núcleo del totalitarismo. La utilización del derecho de autodeterminación porque uno se siente diferente del vecino sólo puede llevar, cuando no ha habido una situación colonial previa, al enfrentamiento civil o al sometimiento del disidente.

Demos todavía un paso más, el último. Supongamos que ya tenemos constituido el Estado Nacionalista Vasco. Por su propia naturaleza se compone de dos clases de individuos. Los de la primera la forman aquellos que no quieren canjear su alma con las «señas de identidad» nacionalista. La servidumbre de éstos es sólo relativa, pues son conscientes de que deben resistir y oponerse a un gobierno totalitario. La esclavitud de los individuos de la segunda, que han canjeado su alma con las «señas de identidad» nacionalista, es mucho peor. Están esclavizados por una idea, por una pasión, por su propia cerrazón, y eso es, desde un punto de vista humano, lo peor que puede ocurrir.

19. ¿A qué podríamos comparar el absurdo lógico y el delirio psicológico de las reivindicaciones autodeterminacionistas con las que sueñan los nacionalistas? A un individuo que estando en una habitación sin ventanas, pero con una puerta, grita que está encarcelado porque no puede salir por la ventana, y cuando se le dice: «Basta con que abras la puerta para salir», contesta: «Para mí “salir de la habitación” es “salir por la ventana”». ¿Qué debemos hacer con un sujeto así? No seguirle la corriente y ayudarle a superar su delirio. Tal vez habría que empezar por enseñarle las reglas más elementales de uso del lenguaje, y, en particular, hacerle entender que la expresión «salir de casa» no quiere decir necesariamente «salir por la ventana».

20. Examinemos ahora otras consecuencias, de índole más material, que tendría la independencia de, pongamos por caso, las provincias vascongadas o las catalanas. Ante su secesión, el resto de las provincias españolas estarían en su derecho de presentarles unas cuantas reclamaciones, de forma que si no las satisficiesen, como la vía de los tribunales habría quedado bloqueada al desaparecer el ordenamiento jurídico común, habrían de intentar la adecuada satisfacción por otras que, inevitablemente, serían menos pacíficas. Entre esas reclamaciones estaría la devolución a España de museos y obras de arte (el Museo Dalí, el Museo de Cataluña, el Museo Provincial de Bilbao, entre otros), archivos y bibliotecas (el Archivo de Aragón y no pocos más), palacios, propiedades diversas y, en fin, todo lo que hasta el momento de la secesión formara parte del patrimonio de la nación, del Estado, de España.

He mencionado en primer lugar el Museo Dalí de Figueras porque ese gran artista, que es el más conocido y célebre de los nacidos en Cataluña, quiso demostrar su oposición al nacionalismo tribal legando al Estado –a los españoles en general– su colección y patrimonio, a pesar de las presiones de que fue objeto, estando ya muy enfermo, por un presidente nacionalista de la Generalidad, que se diría sacado de la Sicilia más profunda, para que cambiara el testamento a favor de los catalanes, con lo que acreditó una miseria moral nunca suficientemente puesta en evidencia.

Otra reclamación que debería hacer España en la coyuntura secesionista sería una indemnización equivalente a la «deuda histórica» contraída por las provincias secesionadas con las demás. Esa «deuda histórica» se calcularía en función del superávit comercial obtenido por las primeras en sus intercambios con las segundas como resultado de haberse beneficiado del proteccionismo comercial (piénsese en el arancel Cambó y en los demás, que vienen de muy lejos en el tiempo) impuesto por el Estado a todas las provincias, con la consecuencia de verse obligadas las no secesionadas a comprar productos catalanes o vascos más caros que los extranjeros para así proteger a las industrias de las Vascongadas y Cataluña por la simple razón de formar parte de España. Secesionadas éstas, es lógico que indemnicen a las otras por el grave perjuicio que les han ocasionado. No sería difícil calcular el monto global de la «deuda histórica» contraída por Vascongadas y Cataluña. Debe de ascender a varios billones de euros. Todavía hoy el excedente comercial anual de Cataluña con respecto al resto de España es de tres billones de las antiguas pesetas. En términos de estricta justicia conmutativa, la amortización de una deuda como ésa convertiría a las provincias secesionadas en punto menos que esclavas, al verse obligadas a trabajar para amortizar la deuda un considerable número de años. Además de servidumbre, esas provincias podrían padecer una continua inestabilidad, dada la facilidad con la que desde dentro y desde fuera se las podría desestabilizar.

Si en buena lógica y en estricta justicia todo eso se deriva de la fiebre autodeterminacionista que inocula el nacionalismo, ¿cómo es posible que tal disparate haya podido tener un cierto éxito? Como hemos dicho, el factor principal es, en resumidas cuentas, la ignorancia, y el factor principal de la ignorancia es la combinación de los otros ya señalados: el palo del terrorismo, la zanahoria del presupuesto, el camuflaje de la mascarada izquierdista, el fetiche colectivista, la ocasionalidad de los principios, el control de la información, la mala educación y los eventuales intereses de las grandes organizaciones económicas y de determinados países, todo ello unido a las facilidades que la Constitución y la ley electoral dan al nacionalismo disgregador.

No está de más recordar que, al hablar de la disgregación de España, me he mantenido dentro de los límites de lo meramente hipotético. Los procesos de autodeterminación de una región o provincia española son y deben seguir siendo inviables, según la doctrina constitucional española y la de las Naciones Unidas, a menos que disponga otra cosa el conjunto de la nación española, sobre el que reside la soberanía. Pero conviene que los españoles sepan que para acabar con la preocupación de la fiebre independentista que inocula el nacionalismo habrá que remover las bases que la han ocasionado. ¿A qué bases me refiero? A las que he enumerado hace un momento. Las repetiré.

El terrorismo que tan buen servicio ha hecho a los nacionalistas difundiendo el miedo en la población, la abundante utilización del presupuesto con que éstos han podido atraer voluntades, la mascarada de la izquierda que les ha servido de camuflaje, para lo cual habrá que poner a la izquierda delante del espejo a fin de que vea sus miserias, las ideas colectivistas que se arrogan la condición de instancia última de la acción política, la falta de principios, el control de la información y la mala educación, que sirven para que el gobierno manipule más fácilmente a la gente, y el eventual interés de grandes organizaciones económicas y determinados países por debilitar o disgregar a España. Además de esas bases, al nacionalismo antiespañol hay que quitarle también las facilidades que le prestan la Constitución y la ley electoral.

21. Dada la clase de ente político a la que pertenecen el nacionalismo y el nacional-socialismo, nada tiene de extraño que hayan envilecido a las sociedades donde han echado raíces. En las condiciones que esas ideologías crean puede ser normal que un individuo que fue director de la televisión pública catalana declare: «Los españoles son chorizos por el hecho de ser españoles». Huelga decir que fue un gobierno nacionalista el que nombró a semejante sujeto para dirigir semejante televisión.

Veamos otros ejemplos. Cuántas veces, durante años, tras un atentado con víctima mortal, la gente que vive en los medios dominados por esa ideología ha mostrado indiferencia hacia el asesinado mientras exculpaba al asesino diciendo «algo habrá hecho» refiriéndose a la víctima. Si no es vileza y degradación culpar a una víctima inocente del terrible delito de haber sido asesinada, ¿qué puede serlo? Diríase que, no contentos con que la víctima no proteste ni pueda protestar, los verdugos y sus cómplices son capaces de cualquier cosa para que nadie lo haga por ella. ¿Qué es eso sino nazismo en estado puro?

Otro ejemplo. Se ha pasado a considerar normal que los políticos no nacionalistas y mucha gente más que no simpatiza con esa ideología se vea obligada a llevar escolta (es lo que ocurre desde hace muchos años en las Vascongadas) para evitar que los terroristas les quiten la vida, cosa que no siempre han podido evitar. Los políticos nacionalistas no tienen, en cambio, que preocuparse. ETA no ha matado a ninguno, y eso que lleva cuarenta años haciéndolo. Pero se entiende, esas dos ramas del nacionalismo comparten los mismos objetivos independentistas y genocidas (supresión de todo lo español) y, además, los nacionalistas «moderados» –su «moderación» consiste en no matar– recogen a manos llenas las nueces de los árboles que aquélla remueve.

Otro ejemplo de toda esta degradación lo ha dado la Universidad de Barcelona invitando a los portavoces políticos de ETA, organización que ha asesinado a mil personas, y permitiendo, simultáneamente, a los comandos del nacionalismo catalán que impidan hablar a los que quieren hacerlo a favor de los asesinados por esa organización. Espectáculos igualmente bochornosos se han visto en otras universidades catalanas y en las de otras regiones donde imperan el nacionalismo, el nacional-socialismo y sus colaboradores, como las de Santiago de Compostela, el País Vasco y la Complutense de Madrid.

22. Dirijamos ahora la atención a las izquierdas. Las de ideología socialista colaboran desde hace muchos años con los nacionalistas, y actualmente (2007 y 2008) lo hacen casi con frenesí. Las de cuño comunista se les han entregado de pies y manos, tanto si son de extrema derecha (PNV) o de extrema izquierda (Batasuna y heterónimos). Si considero degradante la colaboración de los unos y la entrega de los otros es porque convierte a esas formaciones en cómplices de los terroristas desde el momento en que los nacionalistas les proporcionan un amparo y un camuflaje sin los cuales no podrían subsistir. Hay muchas maneras de ser terrorista. Una de las más viles es sacar partido de las atrocidades que éstos cometen. Es lo que hacen los nacionalistas que desde hace veintiocho años gobiernan en las Vascongadas. Cuando ETA asesina a alguien, condenan la acción, por supuesto, pero cuando el Estado está a punto de desarmar a la banda, hacen todo lo posible por ampararla, como se vio en el pacto de Estella. Siempre me ha parecido más humano un lobo que se presenta tal cual que un lobo que se exhibe con piel de cordero.

23. ¿Qué diferencia hay entre matar a x para robarle, encargar a y que mate a x para que nos dé el dinero que x lleva, y encargar a z que encargue a y que mate a x para que nos dé el dinero que x lleva? Moralmente, ninguna. El primer caso es el del «terrorista ejecutor» que comete un crimen para conseguir un objetivo político, o el del golpista que se vale de la fuerza para adueñarse del Estado. El segundo es el del «terrorista inductor», y el del que encarga a otro que dé un golpe de Estado en su propio beneficio; en este caso los que ejecutan la acción terrorista o dan el golpe de fuerza no son más que instrumentos de los verdaderos terroristas y golpistas. El tercer caso sólo se diferencia del anterior en que la inducción a la acción terrorista, o al golpe, se disimula y enmaraña de forma que, en la práctica, el inductor se vuelve opaco.

El asesinato del almirante Carrero Blanco el 20 de diciembre de 1973, que desbarató las posibilidades de continuidad del régimen de Franco… La matanza ocurrida treinta y un años después, el 11 de marzo de 2004, que tanto contribuyó a echar del gobierno al Partido Popular; el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) concluyó que casi una cuarta parte de los votantes se inclinaron por el PSOE tras los atentados y en concreto se decidieron a ello el 13-M, o sea la víspera de la jornada electoral… El asesinato de un ex concejal socialista vasco el 7 de marzo de 2008; unos días después, el 10, un veterano socialista sevillano que fue vicepresidente del gobierno dijo en la radio que ese asesinato favoreció, en su opinión, la victoria electoral de su partido, que ganó al PP por sólo tres puntos... El atentado del 19 de abril de 1995, en el que si los terroristas hubieran logrado su objetivo de matar a José María Aznar (hubo una víctima mortal y el automóvil quedó convertido en chatarra), el PP no habría podido ganar las elecciones generales once meses después, de modo que el Partido Socialista, con González al frente, habría seguido en el gobierno... ¿En cuál de los tres apartados enumerados al comienzo de este parágrafo habremos de colocar estos cuatro atentados?

Cuando en la semana anterior a unas elecciones generales se produce un atentado con víctima mortal e intencionalidad política, ¿no deberían ser aplazadas? ¿No se quitaría así a los terroristas el aliciente de poder influir en el resultado, que es lo que buscan? ¿Y no estaría ese aplazamiento en línea con la vigente prohibición de toda actuación electoralista en la jornada previa a la electoral?

24. Algunos han pensado que la matanza del 11-M era una novedosa modalidad del golpe de Estado. Cometida apenas tres días antes de las elecciones generales, los terroristas sabían a quién arrebataban la presidencia del Gobierno, a quién se la daban, y qué resultaría de todo eso, al menos globalmente. No se jugaban asuntos de poca monta. Sobre el tapete estaba la alineación de España en el tablero internacional en un momento complicado. De estar con Estados Unidos, Reino Unido e Italia, España pasó a estarlo con Francia y Alemania, enfrentadas entonces a Estados Unidos, y también con Marruecos… En juego estaba también, aunque los electores no lo sabían, la relación del gobierno con ETA, que, de estar acorralada por aquél, pasó a ser el interlocutor «político» más cortejado por el nuevo presidente. Más cortejado, ciertamente, que las víctimas de ETA, o que el partido al que el atentado del 11-M había dejado sin aliento.

Lo que más llama la atención es que todo se hiciese con una coordinación tan perfecta, y en un brevísimo lapso de tiempo, en poco más de cuarenta y ocho horas. Era como si todo se hubiera ensayado por parte del partido de la oposición, que se vio aupada al gobierno; no, claro, por parte del partido que estaba en el gobierno, que vio cómo éste se le iba de las manos. Era como si hubiera un guión en el que figurasen: (1) las manifestaciones amedrentadoras ante las sedes del PP en la jornada de reflexión (presencié la que se hizo en la calle Génova ante la sede central del PP; me impresionó por su agresividad), (2) el lema incesantemente repetido de «España no se merece un gobierno que mienta», (3) la acusación de querer dar un golpe de Estado el partido que en esos momentos estaba sufriendo lo más parecido a un golpe de Estado (ya se sabe, la conocida técnica nazi y estalinista de culpabilizar a la víctima), (4) el grito de «asesino» dirigido al presidente del gobierno, incluso mientras éste se hallaba en el colegio electoral emitiendo su sufragio, y (5) la insistencia en el tema de la «ocupación militar» de Iraq, de la que hacían a Aznar poco menos que responsable.

Y llegan los socialistas al gobierno. El nuevo presidente ordena la retirada de las tropas españolas de Iraq. Al abandonar el país, éstas ocasionan la muerte a siete iraquíes. A nadie se le ocurre calificar a Rodríguez Zapatero de asesino. Sin embargo, sólo unas semanas antes así se llamaba sistemáticamente a Aznar, a pesar de que durante su gobierno las tropas españolas no causaron ninguna baja entre los iraquíes.

A veces me pregunto si hay un hilo que va de la guerra sucia de los GAL hasta la matanza del 11-M, pasando por el atentado contra Aznar, y que incluso se prolonga hasta el asesinato del 7 de marzo de 2008. Tal vez no sea más que un cúmulo de casualidades, pero llama la atención que siempre beneficien a los mismos. Espero que los historiadores aclaren algún día esas zonas de sombra. Pero cuando llegue el día, si llega, esa aclaración no podrá borrar el efecto que se buscaba con los atentados. Se puede aprender del pasado, pero no suprimirlo⁸.

25. Cuando se ha visto que gobiernos regionales controlados por nacionalistas se ponen del lado de los terroristas en momentos decisivos; cuando se ha visto que, a pesar de ser los representantes del Estado en sus respectivas comunidades, los presidentes nacionalistas llegan a proponer medidas que apuntan a la ruptura y fragmentación del Estado, lo que les debería calificar de golpistas; cuando se ha visto que hay una fundación que se llama Sabino Arana, cuyo ideario pretende la persecución de todo lo español, y que, para colmo, es financiada por todos los españoles con sus impuestos; cuando se ha visto que el presidente de esa fundación es un delincuente condenado por el Tribunal Supremo porque, mientras presidía el parlamento vasco, amparó a los terroristas de ETA-Batasuna; cuando se han visto esas y tantas otras cosas, ¿cómo es posible que las formaciones políticas no nacionalistas, que representan al 90 por ciento de la población, no se pongan de acuerdo para suspender esos gobiernos vejatorios de todo lo español y demostrar así que, al menos una vez, se puede ser decente y están decididos a que tengamos, al fin, una democracia efectiva, un verdadero Estado de derecho?

¿Esos partidos no nacionalistas admitirían que se presentasen a las elecciones formaciones políticas que llevasen en su ideario la persecución de los negros o de las mujeres? Quiero creer que no. ¿Acaso para ellos, para esos españoles, ser español no merece la protección que concederían sin demora al negro genérico y a la mujer genérica? ¿Cuándo van a comprender que no se puede transigir con formaciones políticas que alimentan el odio y la persecución, desconocen lo que es la lealtad al Estado, y sólo aguardan el momento para demostrar el rencor que sienten por todo lo español? ¿Cuándo entenderán que así no es posible un Estado democrático y de derecho?

¿Cuándo van a descubrir, al fin, que el diálogo benevolente y comprensivo con las formaciones nacionalistas tribales no es «moderación» ni «centrismo» ni «reformismo», sino sometimiento al totalitarismo, claudicación ante ideologías de tipo nazi y colaboracionismo con los que, en su delirio, se han constituido en verdugos de lo español y los españoles, confundiendo el heroísmo con la ignominia?

Para que en España haya un régimen democrático efectivo se han de observar ciertas reglas, la primera de las cuales es que todos los partidos que aspiran a conseguir representación parlamentaria reconozcan y acaten sin vacilaciones ni ambigüedades el fundamento de la propia Constitución, que no es otro sino que España es una nación de ciudadanos libres e iguales y que es en esa nación única donde reside la soberanía. En todos los países genuinamente democráticos ésas son las reglas del juego. O se respetan esas reglas o no se puede jugar. Porque si no se respetan esas reglas elementales lo que se hace es introducir como formas de comportamiento político «normal» el chantaje, la doblez y un oportunismo que no hace ascos a la traición y cualquier forma de vileza.

En ningún país democrático bien constituido se admite que puedan estar al frente de las instituciones principales del Estado, como son los gobiernos regionales o incluso el gobierno de la nación, políticos que pertenecen a partidos cuyo objetivo declarado es la destrucción del Estado y la persecución de los ciudadanos de ese Estado. Es lógico que un Estado democrático no admita a esa clase de políticos como representantes del Estado, pues si se admite tal cosa, los ciudadanos no tendrán ni seguridad jurídica ni seguridad política, y el Estado se pondrá en contradicción consigo mismo.

Si alguna vez llega a haber en España un gobierno que sea verdaderamente respetuoso con los derechos humamos más elementales, se apresurará a quitar el nombre de ese genocida ideológico llamado Sabino Arana a todas las calles y plazas que lo llevan, como se quitaron los nombres de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera a pesar de que a éstos jamás se les pasó por la cabeza injuriar a España y a los españoles. Y ese hipotético gobierno respetuoso con los derechos humanos prohibirá premios que lleven ese nombre, que para un español debería ser tan repulsivo como pueda ser para franceses y judíos el de Hitler; borrará, a continuación, del callejero los nombres de los terroristas cuya única hazaña ha sido la de perseguir y matar a españoles por el mero hecho de serlo; y no esconderá los símbolos nacionales que la Constitución ordena mostrar en determinados lugares públicos, pues los pretextos que se han visto esgrimir en esos casos son sólo el camuflaje vergonzante con el que se intenta ocultar el sometimiento del Estado de derecho al totalitarismo y la irracionalidad.

En el juego democrático sólo pueden ser admitidos los partidos que aceptan ciertas reglas básicas de convivencia y de respeto al otro. Si se acepta a un jugador del que se sabe que sólo espera el momento de coger la baraja y tirarla por la ventana, que nadie se queje después de lo difícil que es jugar en esas condiciones.

26. ¿No debería la izquierda socialista y comunista unirse a la derecha liberal y el centro (donde se han refugiado muchos que han dejado las filas del socialismo y el comunismo al ver la deriva nacional-socialista de esas formaciones) para poner coto a tanta ignominia, masoquismo o complejo de culpa? Si la gente de izquierdas piensa que va a desviar la atención de esa colaboración o entrega, y que van a restaurar su resquebrajada conciencia enarbolando el espantajo del franquismo o de la Segunda República, se equivocan. Con esas operaciones de distracción lo único que consiguen es poner en evidencia su falta de «memoria histórica», para emplear una expresión que tanto les gusta. En seguida veremos que los principales políticos de la izquierda de la República mantenían posiciones diametralmente opuestas a las que sostiene la izquierda actual en lo que se refiere al nacionalismo y a los partidos nacionalistas catalanes y vascos.

En vez de mesarse los cabellos por un franquismo contra el que poco o nada hicieron cuando Franco vivía, la gente que se dice de izquierdas y progresista debería saber que desde el momento en que prestan su apoyo al nacionalismo y dialogan con sus asesinos se ponen al nivel de los nazis de Hitler y de los comunistas de Lenin y Stalin. Para decirlo con las palabras utilizadas por el sujeto que ha dirigido el nacionalismo vasco durante años: «ETA [o sea, Lenin-Stalin] mueve las ramas del árbol, y nosotros, el PNV [o sea, Hitler], recogemos las nueces».

27. No contentos con exculpar a los verdugos, inculpar a las víctimas y amenazar a quienes no comulgan con sus ideas, los nacionalistas vascos, catalanes y ahora también los gallegos han hecho a los que utilizan la lengua española objeto preferente de su persecución. Nada les importa que el español sea la lengua mayoritaria en las regiones donde pretenden imponer su ideología nacionalista. Los gobiernos regionales de ese signo, con la ayuda de socialistas y comunistas, y especialmente con la del socialista que preside actualmente el gobierno de España, llevan años impidiendo (Cataluña) o tratando de impedir (Vascongadas y Galicia) la utilización del español, que está proscrito en los medios oficiales a pesar de ser la lengua oficial del Estado. En Cataluña ya no hay colegios en los que se pueda escolarizar a un niño en lengua castellana, lo que ha hecho de España el único país del mundo donde los ciudadanos no puedan educar a sus hijos en la lengua oficial del país. Además, el gobierno de Cataluña impone onerosas multas –ya suman cientos de miles de euros– a los comerciantes que rotulan en castellano sin el acompañamiento de la traducción al catalán. En cambio, se les permite rotular sólo en catalán, o incluso en otras lenguas, sin la traducción al castellano.

La Constitución dice que «el castellano es la lengua española oficial del Estado» y que «todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla» (artículo 3.1). Diríase que esta norma no va con los gobernantes de Cataluña cuando se trata de aplicarla en esa región, a pesar de que el castellano es la lengua materna de más de la mitad de los catalanes. La norma lingüística de la Generalidad es dudosamente constitucional, pero tiene el pleno apoyo de los socialistas y nacional-socialistas que presiden, los unos, el gobierno de España, y los otros, el de la Generalidad.

Insensibles al hecho de que la lengua española sea la más usada en Cataluña, nacionalistas y nacional-socialistas emplean las más variadas formas de coacción para erradicar su uso, empezando por ignorar que hace más de cuatrocientos años, a finales del siglo XVI, los títulos editados en castellano en Barcelona eran casi diez veces más que los editados en catalán (concretamente, el 76,2 por ciento contra el 8,2 en catalán y el 15,5 en latín). Pero cómo podemos esperar que unos políticos tan degradados vayan a atender a esas razones si repetidas veces han manifestado su repulsa cuando en el parlamento regional un diputado ha querido utilizar la lengua española, que es tan oficial en Cataluña como en el resto de España.

Lo chocante es que el socialista que preside actualmente el gobierno de esa región, a pesar de que sólo balbucea la lengua catalana, ya que, nacido en la provincia de Córdoba, la ha aprendido tarde y mal, figure entre los que más se oponen al uso del español. Quizá pretende demostrar que se identifica con las «esencias nacionales» de la región, y por si eso no bastase para hacer patente sus simpatías, ha mandado a sus hijos a un colegio alemán, no sé si a causa del pedigrí de Alemania en lo concerniente al nacional-socialismo.

Naturalmente, los gobernantes nacionalistas y nacional-socialistas de Cataluña no se limitan a perseguir a los que utilizan la lengua española, sino que llevan sus campañas de acoso a los que se sirven de ella como vehículo de creación. Sólo pondré un ejemplo que muestra los extremos a que se ha llegado. Un dramaturgo que conoce bien los entresijos del mundo teatral (Fermín Cabal) declaraba recientemente que, en Cataluña, «toda la gente castellanohablante que había creado grupos, escuelas, talleres, etc., lo han aplastado, lo han matado. Ha sido una persecución sistemática desde los años ochenta y han acabado con todo eso. Todas las iniciativas de base castellanohablante que había en Cataluña las han liquidado. Y los disidentes, van a por ellos. El caso de Boadella es el más evidente, pero desgraciadamente hay muchos más».

Esta persecución sistemática se prolonga desde hace treinta años y, en el caso del teatro, se produce en un medio que padece una situación de auténtico avasallamiento por parte de los diferentes niveles de la Administración.

«El teatro español (a diferencia del francés, inglés o alemán) es un teatro básicamente estatalizado. Quien posee las infraestructuras, las salas que permiten realizar las giras es el Estado en sus diversos niveles: central, autonómico, local…», añade el mencionado dramaturgo. «Y esas instancias políticas controlan el 99 por ciento de las infraestructuras teatrales. Se escapan a eso nada más que algunos teatros de Madrid y Barcelona, pero el resto está controlado por el Estado, como pasa en cualquier país totalitario.»⁹

Este ejemplo sugiere una clave política de interés. El nacionalismo y el nacional-socialismo tienen su mejor aliado en el intervencionismo –sobre todo cultural– que practican también las demás formaciones políticas. O sea, el nacionalismo debe una parte de su éxito al hecho de que representa la legitimación de la oligarquía y el caciquismo que, con sus prácticas intervencionistas, alimentan los demás partidos, incluso los que se muestran, al menos de palabra, más contrarios al nacionalismo regional.

28. El llamado –¿todavía?– partido socialista es, con los partidos nacionalistas, el principal instigador de unas normas lingüísticas que, en la práctica, suponen un delito de genocidio cultural. Así lo denunciaron el Departamento de Estado de EE UU y la Asamblea de la Unión Europea, que parecen velar por los derechos de los españoles más que el gobierno de España, el Tribunal Constitucional y todo el aparato del Estado. Los mencionados organismos publicaron informes en los que se acusa al gobierno de la Generalidad de Cataluña no sólo de no proteger el derecho de los hispanohablantes, sino incluso de perseguirlos. Para colmo de males, el Estatuto de 2006, cuyo principal instigador ha sido el presidente del gobierno de España y secretario general del partido socialista, al establecer que Cataluña es una realidad nacional, o nación, viene a prohibir o complicar, por lógica consecuencia, que se sientan españoles, o sea, de la nación española, los catalanes que así se sienten. Las ambigüedades y contradicciones de la Constitución, que más adelante analizaremos, han permitido que un mero estatuto regional se cargue la nación española, consagrada en todas las constituciones de la historia de España, desde la de 1808 hasta la de la Segunda República, de 1931.

29. Se puede entender que nacionalistas y nacional-socialistas catalanes compitan en la carrera de méritos para imponer sus objetivos de limpieza étnica, pero lo que no se acierta a comprender es que la sociedad española en su conjunto lo acepte con una mezcla de embobada fascinación y masoquismo. Y el primero que parece haberlo aceptado es el propio Estado, y en particular el Tribunal Constitucional, pues, en caso de duda, siempre parece preferir la interpretación más nacionalista y antiespañola que cabe dar a los artículos de la Constitución. Es verdad que la Constitución sirve más para desestructurar un Estado que para estructurarlo, o, para decirlo con las palabras de un jurista que ha presidido ese tribunal: «Nuestra Constitución ha operado una desconstitucionalización de la estructura del Estado, por lo que las posibles soluciones son diversas y hasta pueden entrar en contradicción»¹⁰. O sea que nuestra Constitución, según el señor Cruz Villalón, tiene la propiedad, única, sospecho, en el ramo de las Constituciones, de servir, no para «constitucionalizar» un Estado, que es lo que se espera de toda Constitución, sino para «desconstitucionalizar su estructura», o sea, si entiendo bien la frase, para desestructurarlo, para desmantelarlo, para… destruirlo. Pero en vez de elegir, en casos de ambigüedad o contradicción, la alternativa más constructiva y constitucionalizadora, los magistrados parecen decantarse por la contraria.

La facilidad con que ese tribunal, que se ha ganado a pulso el desprestigio que arrastra, tiende a legitimar la estafa que hace al conjunto de la sociedad la presión nacionalista tal vez esté en la base de una de sus últimas sentencias, en virtud de la cual los multimillonarios relacionados con las altas esferas están autorizados a estafar a la gente corriente por una cuantía superior a unos cuantos millones de euros. El disparate de la sentencia ha sido de tal calibre que un hombre como el fiscal general del Estado, acostumbrado a dar la razón a esas «altas esferas», ha expresado su más rotundo rechazo a semejante sentencia.

Es una historia que viene de lejos. Hace un cuarto de siglo, cuando los socialistas llegaron por primera vez al gobierno, el Tribunal Constitucional se hizo notar por dos sentencias tristemente históricas. Una «constitucionalizó» la expropiación de Rumasa (decreto ley de 23 de febrero de 1983), lo que indujo al eminente jurista que presidía a la sazón ese tribunal a retornar al exilio, donde poco después fallecería, asqueado por la actuación del gobierno en contra del derecho a la propiedad privada que reconoce el artículo 33 de la Constitución, cuyo apartado 3 dice expresamente que «nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes». El gobierno se vio obligado a solicitar a las Cortes que convalidase su decreto con la ley, dudosamente constitucional, de 29 de junio de 1983.

La otra sentencia fue la que, ese mismo año, declaró parcialmente inconstitucional la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), que un año antes había obtenido una holgada mayoría absoluta en las Cortes, gracias al apoyo de UCD y PSOE. A pesar de que el artículo 150.3 de la Constitución atribuye al Estado el derecho a «dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general», correspondiendo «a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad», el Tribunal Constitucional se puso del lado de los nacionalistas y comunistas que la habían recusado, impidiendo la armonización del proceso autonómico patrocinada por partidos que representaban casi el 83 por ciento de los escaños del Congreso.

30. Todavía más grave es el atentado que, con el respaldo del Tribunal Constitucional y del gobierno, se comete contra la lengua española en los indicadores viarios repartidos por toda la geografía nacional. Cuando los topónimos hacen referencia a lugares donde, además del español, hay otra lengua oficial, se prefiere, contra toda razón, utilizar esta última en vez de aquélla, a pesar de ser la lengua común de todos los españoles. Poco ha importado a ese tribunal y al gobierno que, a lo largo de los siglos, todos los que han utilizado la lengua española hayan dicho Gerona, Lérida, Fuenterrabía, Figueras, Cataluña, etc., lo mismo si eran castellanos que si eran vascos, catalanes o de donde fuesen. Y la razón por la que lo decían así era obvia. ¡Así se dice en español! Por esa misma razón, cuando se escribe en catalán a nadie se le ocurre poner Gerona, Lérida, Figueras, pues en catalán se dice Girona, Lleida, Figueres. Todo esto es obvio. Tan obvio como que donde los ingleses dicen «London», los españoles decimos «Londres», o donde los alemanes dicen «München», los italianos dicen «Monaco».

Sin embargo, algo tan obvio no lo es, como se advierte todos los días, para las emisoras de radio que emiten en español, los periódicos que publican en español, y hasta el líder actual de la Oposición, que hace poco ha dicho, en una entrevista televisiva, «Yirona», a pesar de que la entrevista era en español y se dirigía a toda España. Debo añadir que en una entrevista análoga el presidente del gobierno dijo Lleida en vez de Lérida, que es como se llama en español esa población catalana.

La obligación de utilizar en toda España los topónimos no según la versión española, como sería lógico ya que es la lengua oficial de toda España, sino según la lengua cooficial de las regiones donde se encuentran los lugares correspondientes, no tiene en cambio la contrapartida de que se obligue a utilizar el castellano cuando el nombre de los lugares es originariamente castellano. En un indicador situado en Soria, se manda escribir «Girona» en vez de Gerona, pero en un indicador situado en Gerona está permitido, en cambio, escribir «Terol» en vez de Teruel. Cuando un tribunal que debería ser un espejo en el que se mirasen los demás tribunales da por buena una violencia tan palmaria contra la lengua común de todos los españoles, que es la lengua que los propios magistrados utilizan en sus sentencias, ¿no deja en el mayor desamparo a los que se oponen a las innumerables violencias que contra el uso del español promueven nacionalistas y nacional-socialistas?

Estas aberraciones han sido a veces adoptadas por instituciones que uno esperaría estuvieran libres del contagio nacionalista. Pondré dos ejemplos. Hace unos años visitaba yo una exposición de Caja Madrid en la madrileña Casa de las Alhajas. Al mirar un cuadro de Mariano Fortuny, observé que el pintor lo firmaba «Mariano Fortuny» con caracteres tan grandes y claros que llamaban la atención. Sin embargo, en la cartela que estaba a unos centímetros de la firma, el responsable de la exposición había puesto: «Marià Fortuny». No entendí por qué Caja Madrid se plegaba tan ostentosamente a las directrices de «limpieza lingüística» de los nacionalistas catalanes en pleno centro de Madrid y en contra de la voluntad expresa de Mariano Fortuny, que si hubiera querido firmar el cuadro como Marià lo habría hecho sin que le vacilase el pulso.

En el segundo ejemplo yo fui el afectado. La «agresión» se produjo en un texto mío publicado en el catálogo de una exposición de Dalí, que patrocinaban un banco de proyección nacional y una institución sevillana. Al leerlo ya impreso descubrí que el corrector-censor había puesto «Figueres» donde yo había escrito «Figueras». El día de la inauguración, que contó entre los invitados con el socialista Chaves y la duquesa de Alba, averigüé que el autor del atropello era un catalanista feroz, o sea un simpático madrileño al que ni se le pasó por la imaginación que, antes de enmendar mi «Figueras», debería haberme consultado.

31. El terrorismo consiste en utilizar la violencia para difundir el miedo y de ese modo conseguir objetivos políticos. No es lo mismo «violencia» que «terrorismo». Por eso llamar «violentos» a los terroristas es contribuir a normalizar y por ello perpetuar el terrorismo. La violencia puede ser legítima y moral; el terrorismo, no. La violencia es legítima y moral cuando es en propia defensa y se han agotado los medios pacíficos. Si se la suprimiese de forma absoluta, los tiranos se frotarían las manos, pues lo último que quieren es que a sus esclavos se les pase por la cabeza la idea de sublevarse. Cuando se emplea para defender a una sociedad tiranizada, el uso de la violencia puede llegar a ser heroico. El terrorismo no es eso. Es la utilización de la violencia para infundir miedo a la gente y así imponer objetivos políticos. Por eso he dicho que un estrecho parentesco une a terroristas y a gobernantes totalitarios.

¿Qué se propone el nacionalista con esos métodos? Eliminar a los que no aceptan sus objetivos, o, si eso no es posible, doblegar por el miedo su voluntad hasta hacerles claudicar. En unos casos la eliminación es física, como cuando los asesina o los deja incapacitados, en otros la eliminación consiste en obligarles a emigrar, al éxodo. El nacionalismo vasco sobre todo, pero también el catalán, han utilizado esas dos formas de eliminación. En el caso vasco la presión nacionalista ha obligado al éxodo a más de doscientas mil personas, o sea, a más del 10 por ciento de la población. Es como si en España se hubieran tenido que marchar por razones políticas cinco millones de personas en el tiempo que dura el actual régimen «democrático», que, como se ve por este «detalle», en algunas regiones de «democrático» sólo tiene el nombre. A esa eliminación «residencial» hay que sumar la «física», que arroja un total de cerca de mil muertos y muchos miles de heridos.

No cabe duda de que el terrorismo es un arma eficaz, cuando el Estado no protege suficientemente a la población. En la historia española de los últimos años no se puede negar que el terrorismo ha sido un factor esencial y determinante en la implantación del nacionalismo. Ese ideario sólo empezó a tener éxito en Vascongadas y Cataluña cuando, hace poco más de treinta años, en el crepúsculo del régimen de Franco, los cachorros del partido nacionalista vasco fundado por Sabino Arana crearon ETA y empezaron a matar. De la actividad de esa banda se han aprovechado todos los nacionalismos antiespañoles, tanto los vascos como los catalanes u otros. Por eso, salen como un solo hombre en su defensa cuando el Estado y la sociedad les ponen ante las cuerdas.

Se puede establecer una especie de escala en el beneficio que reciben de ETA las diferentes formaciones políticas. Los primeros en beneficiarse son, obviamente, los miembros de la plataforma política de ETA (Batasuna y heterónimos); los segundos, los nacionalistas vascos, de los que ETA-Batasuna no es más que una escisión; y los terceros, los demás nacionalismos antiespañoles. Si algo une a todas estas formaciones es su común interés en desmembrar España y dañarla en lo posible hasta conseguir sus objetivos.

Vista con una cierta perspectiva histórica, la función de ETA en relación con el nacionalismo se parece mucho a la de las SS y sus prolongaciones (la Gestapo, etc.) en relación con el nacional-socialismo de la Alemania de los años treinta. No voy a negar que hay gente «moderada» que da sus sufragios a los partidos nacionalistas vascos, catalanes, gallegos…, como tampoco se puede negar que una infinidad de gente moderada, judíos incluidos, llevaron en Alemania al poder al partido que se servía de las SS. La íntima relación de ETA-Batasuna con los demás partidos «moderados» nacionalistas se puso de manifiesto en el apoyo que éstos dieron mediante el pacto de Estella a los terroristas en un momento difícil para la supervivencia de los nacionalistas en general y de los terroristas en particular, a causa de la inmensa e inesperada movilización que se produjo en toda España en 1997 como respuesta al asesinato de Miguel Ángel Blanco y a la liberación, unos días antes, de Ortega Lara, encerrado por la banda durante 532 días en un agujero infecto. Si los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos tocaron a rebato para defender la causa por la que mataba ETA, ésta, como contrapartida, se sintió obligada a declarar una tregua indefinida el 16 de septiembre de 1998, en espera de una coyuntura mejor para llevar adelante su estrategia.

Es indudable que, con la Declaración de Barcelona, las posteriores conversaciones de Perpiñán entre la gente de ETA y los nacional-socialistas catalanes y otras iniciativas semejantes, los partidos nacionalistas y nacional-socialistas de Cataluña, Vascongadas y Galicia han dado aliento a los terroristas. Todos ellos sospechan, y temen, que desaparecido el terrorismo el futuro que les aguarda sea incierto.

32. Para conseguir una democracia bien constituida y un auténtico Estado de derecho, hay que eliminar la violencia terrorista, y para eliminar esa violencia hay que quitarle las ventajas que prestan al nacionalismo la Constitución y la ley electoral en perjuicio de formaciones políticas que, a diferencia de los nacionalistas, aspiran a fomentar dentro de «la indisoluble unidad de la Nación española», que dice el artículo 2 de la Constitución, la igualdad, la solidaridad, la libertad y la seguridad jurídica de los ciudadanos.

Para lograr el objetivo de convivencia contra el que pugnan los nacionalistas, los dos partidos mayoritarios y nacionales deberán ponerse cuanto antes de acuerdo en modificar la Constitución a fin de evitar que puedan actuar legalmente partidos que van contra las bases de la legalidad, pretenden arrebatar a los españoles derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y tienen plasmadas en los escritos de sus fundadores delirantes proyectos de genocidio y la idea no menos enloquecida de exterminar, si posible fuera, a los españoles. Cuando los dos partidos nacionales mayoritarios (desgraciadamente, cada vez menos «nacionales») y los que se les quieran sumar se pongan de acuerdo en marchar en esa dirección, la sociedad española en general, y la vasca y la catalana en particular, respirarán con alivio. Y se puede estar seguro de que no saldrá a la calle ningún nacionalista para defender su ideario.

Recuérdese la absoluta falta de reacción cuando Batasuna fue ilegalizada, a pesar de que algunos obispos vascos pronosticaron horrores si se producía esa eventualidad tan temida por los nacionalistas. Unos años antes, en diciembre de 1997, hubo un juicio contra veintitrés miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna, que el Tribunal Supremo condenó a siete años de prisión, sentencia que el Constitucional, haciendo honor a su constitucional parcialidad, anularía en 1999. Pues bien, la respuesta popular contra la sentencia del Tribunal Supremo fue tan escasa que Herri Batasuna se apresuró a desconvocar la huelga general que había anunciado para el día 15 de diciembre.

Si algo enseña la historia de España en el siglo XX es la facilidad con que los nacionalismos vasco y catalán, no digamos los demás, se disuelven como por ensalmo cuando se les ponen las cosas feas. Y, por lo mismo, se crecen y engallan cuando, con la ley y la Constitución soplándoles de popa, ven que nada menos que un presidente del gobierno, de acuerdo con su partido, se presenta como el más interesado en otorgar todo tipo de «diferencias», o sea de privilegios, a los nacionalistas, como ha quedado demostrado con el Estatuto de Cataluña de 2007.

En el tiempo en que se internaban en la selva de ese estatuto los parlamentarios nacionalistas y nacional-socialistas catalanes daban la impresión de estar bajo los efectos de una especie de «subidón» de coca, si se me permite usar esta gráfica expresión, o en un estado hipereuforizante análogo, de suerte que cualquier idea, por descabellada o totalitaria que fuese, era puesta al instante en su libreta estatutaria, con tal de que les sonase bien, y se les antojaba que su realización estaba al alcance de la mano.

La sorpresa fue que el presidente del gobierno, sin necesidad de hacerlo y contra todo pronóstico, pues los nacionalistas y nacional-socialistas tuvieron momentos de lucidez en los que se admiraron de las cosas que la fiebre les había hecho escribir, dio por bueno el fruto del «subidón» y hasta le pareció que había que llegar lo más lejos posible en las reivindicaciones nacional-socialistas. ¿No habría sido más sensato decir a los parlamentarios catalanes que su estatuto era fruto de un delirio totalitario y que los primeros en padecer las consecuencias serían los propios catalanes, aunque, desgraciadamente, les iban a seguir muy de cerca el resto de los españoles?

33. Sabemos lo bastante del nacionalismo para decir que puede presentarse como nacional-socialismo, como nacionalcomunismo, como nacional-cristianismo, como nacional-islamismo, evitar el vocablo de «nacionalista» y emplear el de «democracia popular», o inventarse otros. En España los más recientes son el de Izquierda Unida, formado en torno al Partido Comunista de España, que desde hace años está entregado al nacionalismo vasco más reaccionario, y el del Partido Socialista Obrero Español, que ha aceptado ser una especie de sucursal o franquicia de la federación socialista catalana. Ésta ha asumido y exacerbado las principales ideas del nacionalismo más intransigente de esa región, si bien ha contado con el respaldo de su secretario general, que ostenta, además, la presidencia del gobierno de España.

Este señor ha declarado públicamente que le parece muy bien que en esa parte de España que es Cataluña se prohíba la utilización del español como vehículo de enseñanza, y que es razonable que se persiga a los que se atreven a utilizarla en el comercio si no la acompañan de su traducción catalana, lo que nadie concebiría en los países más acrisoladamente democráticos.

Con lo que queda dicho que los socialistas, con el apoyo de los comunistas, aprueban y alientan desde el gobierno el genocidio cultural español que los nacionalistas catalanes y vascos practican desde hace años en lo que a la lengua y otros aspectos de la cultura se refiere, animan a otros nacionalistas (gallegos, etc.) a seguir ese camino, y ni siquiera ponen reparos a los planes de expansión de los nacionalistas catalanes y vascos sobre las regiones limítrofes.

A veces uno se pregunta si el hecho de que la Inquisición pasase de Cataluña a Castilla, y tuviese como principal objetivo los judíos acusados de falsa conversión, no será el precedente último de la actitud inquisitorial de los nacionalistas y nacional-socialistas de esa región, que encarnan instituciones tales como una llamada Omnium Cultural que parece sacada de una novela de Kafka, o del Tercer Reich.

34. La deriva nacionalista del socialismo español viene de lejos, aunque sólo recientemente se haya puesto en evidencia. Hace treinta años, cuando se redactaba la Constitución, ya daba su apoyo a los planteamientos nacionalistas. Esa condescendencia se presentaba como una táctica «maquiavélica» para atraer al nacionalismo hacia posiciones moderadas. La realidad es que proporcionó al nacionalismo el marco ideal desde el que poder engordar, al tiempo que demostraba a su brazo armado la eficacia de su labor, tan intensa en aquellos años decisivos.

No contentos con dar al nacionalismo vasco y catalán una especie de certificado de buena conducta democrática y hasta de talante progresista, socialistas y comunistas se lo han extendido a la rama de los pistoleros al tratarlos, durante más de tres años, como interlocutores políticos privilegiados, con una simpatía ciertamente mayor que la que han demostrado a la Oposición parlamentaria y hasta a las propias víctimas de esos «hombres de paz» en que han querido convertir a los pistoleros. Y eso lo han hecho a pesar de que los terroristas no hicieran pública en ningún momento su voluntad de abandonar la utilización de la violencia para conseguir sus objetivos de desmembración de España y eliminación de lo español.

Que, en vísperas de las elecciones generales, socialistas y comunistas cambiasen de registro respecto a los pistoleros, redescubriesen que eran precisamente pistoleros, y que el presidente se acordase, al fin, de que preside el gobierno de una nación llamada España, y no el castillo de popa de una imprecisa desunión confederal de naciones ibéricas, lo descalifica, en mi opinión, todavía más, pues a la debilidad o la vileza añade el cinismo de una conducta esencialmente oportunista.

La transformación nacional-socialista antiespañola del partido socialista ha sido denunciada por algunos de sus representantes más cualificados, que han tomado la resolución de marcharse y fundar un partido nuevo y contrario a las tesis pronacionalistas del PSOE actual. Entre los que permanecen en éste no faltan, al parecer, los que no ven con agrado la degeneración de sus siglas, pero no tienen suficiente peso o resolución para dar la batalla. La única esperanza de cambio es que se produzca un batacazo electoral, pero eso no es probable. Buena parte de su electorado la forma gente que no se destaca por su formación, información y cultura, que confunde a cantantes mediocres y cineastas de éxito con intelectuales de fuste. En su electorado abunda también la gente fanatizada por el resentimiento o un fideísmo exacerbado («motivos para creer» es el lema de la campaña socialista, o sea la «fe del carbonero»), junto a la que ven en él su único o principal medio de promoción. Además, los métodos estalinistas parecen estar arraigados en ese partido, de conformidad con la advertencia de que «el que se mueva no sale en la foto» acuñada por uno de sus líderes.

En cuanto al partido comunista y sus socios, han hecho suyas las aspiraciones del colectivismo étnico-identitario con fervor de conversos y, del todo entregados al nacionalismo más ultrarreaccionario, se dedican a maquillarlo a cambio de los réditos que les proporciona el presupuesto manejado por el gobierno nacionalista-comunista del que forman parte. Enorme presupuesto, gracias a ese atraco santificado por la Constitución que se llama Concierto y que sólo existe para desconcierto de una sociedad española mesmerizada por sus gobernantes, que se deja distraer la cartera cada año so pretexto de rancios fueros medievales. Si se ocupara más del «huevo» que del «fuero», otro gallo le cantara.

La deriva nacionalista en que han caído importantes sectores del socialismo y el comunismo les ha llevado al extremo de perseguir con una inquina especial a las asociaciones que más se destacan por defender a las víctimas del terrorismo. Decir que son más amigos de los verdugos que de las víctimas es, qué duda cabe, una acusación muy grave. Siento mucho tener que hacerla, pero el examen del comportamiento de los principales representantes de esos partidos impone esa conclusión, aunque uno no pueda dejar de sentir escalofríos.

35. La idea de que para persuadir a nacionalistas y terroristas de que cesen en sus continuas «reivindicaciones» es mejor concederles cuanto pidan, a lo único que conduce es a hacer de ellos unos perfectos tiranos, como vimos con el ejemplo del niño consentido. ¿De qué han servido tantos gestos y leyes a su favor, desde la Constitución hasta los estatutos y la ley electoral, sino para que exijan cada vez más? Ha pasado ya más de un cuarto de siglo y no parece que se haya conseguido nada por el camino de la cesión. Me temo que los padres de la Constitución, aquellos «siete magníficos» de la Ponencia Constitucional, no sabían gran cosa de la historia contemporánea de España. ¿Sabían que la Segunda República no satisfizo en absoluto las pretensiones de los nacionalistas, a pesar de que estrenó la vía de los estatutos de autonomía, empleando una fórmula mucho más limitada y prudente que la de la Constitución de 1978? En seguida veremos el chasco que se llevó Azaña, a pesar de haberlo hecho todo para colmar sus aspiraciones.

Ciertamente, en algún momento las izquierdas de la República creyeron ver en el partido nacionalista vasco y en el nacionalismo en general un posible aliado contra la derecha, como desde hace un cuarto de siglo lo llevan haciendo las izquierdas de ahora, pero a los pocos meses de iniciada la entente cordiale, Azaña, ya presidente de la República y en medio de la guerra civil, se vio obligado a escribir cosas tan duras y esclarecedoras sobre los nacionalistas que asombra que hayan sido olvidadas por la izquierda, a pesar de que se ha pasado dos años seguidos hablando de la «memoria histórica». Si algo nos enseñan los máximos exponentes de la izquierda de la República (Azaña, Negrín, Prieto, etcétera) es que con los nacionalistas no hay cesión que valga, que lo mejor es aislarlos, que de la enfermedad que transmiten no hay más posibilidad de cura que una rigurosa cuarentena.

36. Ahora que la izquierda se ha puesto a reivindicar la «memoria histórica» –expresión que, lo confieso, se me antoja tan extraña como «totalitarismo liberal» o «recta ondulante», pues, por definición, la memoria es algo personal y subjetivo, mientras que la historia aspira a ser algo impersonal y objetivo–, es natural que nos preguntemos qué se pretende con ese fetiche idiomático. Mucho me temo que ataviarse, o disfrazarse, con los colores de la República al precio de ignorarla. Cuando se estudia ese período resulta que la posición de la izquierda actual, «abducida» por los nacionalismos antiespañoles, y obsesionada con un general al que apenas o nunca combatió, se halla en las antípodas de la izquierda de esa República tan mitificada. Como suele ocurrir, la mitificación de una cosa es la mejor prueba de que se prefiere ignorarla. Para demostrar una afirmación tan rotunda, nada mejor que abrir las Memorias políticas y de guerra del presidente de la República, Manuel Azaña.

Vayamos, por ejemplo, al 29 de julio de 1937, cuando en medio de la guerra recibe en su residencia de La Pobleta (Valencia) al presidente del Consejo de Ministros, Juan Negrín. Éste habla a Azaña de Companys, presidente nacionalista de la Generalidad de Cataluña, y del tránsito por Barcelona de Aguirre, presidente también nacionalista del gobierno vasco. Negrín está muy irritado con este sujeto, y dice al presidente: «Aguirre no puede resistir que se hable de España. En Barcelona afectan no pronunciar siquiera su nombre. Yo no he sido nunca lo que llaman españolista ni patriotero. Pero ante estas cosas, me indigno. Y si esas gentes van a descuartizar a España, prefiero a Franco. Con Franco ya nos las entenderíamos nosotros, o nuestros hijos, o quien fuere. Pero esos hombres son inaguantables. Acabarían por dar la razón a Franco. Y mientras, venga a pedir dinero, y más dinero…».

Todo un presidente del Consejo de Ministros de la República, paradigmático hombre de la izquierda empeñado a la sazón en repeler la agresión militar de Franco, dice… ¡que prefiere a los rebeldes antes que a los nacionalistas! ¡A Franco antes que a Aguirre y Companys! ¡Que antes que ver a España descuartizada, prefiere que se la quede Franco! Y eso se lo dice nada menos que al presidente de la República, que transcribe las palabras del presidente del Consejo de Ministros sin el menor atisbo de crítica.

Unas líneas después, el presidente de la República habla de «los abusos, rapacerías, locuras y fracasos de la Generalidad y consortes», de su «defección», y se lamenta de que a menudo no hayan pasado al conocimiento público y hasta se haya «hecho un tabú» de Cataluña, «por ignorancia y falta de discernimiento, en parte; por bobería y optimismo revolucionario; por espíritu de imitación; por miedo».

O sea que hay que leer a ese hombre de izquierdas que fue presidente de la República para poner en evidencia a la izquierda actual, a estos «nuevos reaccionarios» que por ir contra Franco van contra España y que, yendo contra España, van contra valores esenciales como la libertad, la igualdad, la solidaridad, la seguridad jurídica. Azaña, por lo que a la idea de España se refiere, está mucho más cerca de la derecha actual, por la que sienten tanto odio los «nuevos reaccionarios», que de la izquierda de hoy. Por eso he dicho que si ésta ha mitificado la República y la guerra civil es porque la desconoce. El mismo engolamiento de la expresión «memoria histórica» debería habernos alertado. Es un engolamiento que traiciona su ignorancia. Como es sabido, el ignorante suele disfrazarse con grandes oquedades verbales. Los nuevos reaccionarios son eso. Oquedad.

Pero sigamos leyendo las Memorias. Vayamos al 19 de septiembre de 1937. Ese día Azaña recibe a Carlos Pi y Suñer «llegado de Barcelona y que había pedido verme con urgencia». Pi ha sido alcalde de la ciudad condal y visita al presidente en representación del gobierno de la Generalidad presidido por Companys. Azaña aprovecha la ocasión para decirle por extenso, con la calma, penetración y claridad que le caracterizan, lo que piensa de la Generalidad. De Companys dice lo peor que se puede decir del máximo representante del Estado en Cataluña: «Su deber más estricto, moral, legal, de lealtad política, e incluso personal, era haber conservado para el Estado, desde julio acá, los servicios, instalaciones y bienes que le pertenecían en Cataluña. Se ha hecho lo contrario. Desde usurparme (y al gobierno de la República, con quien lo comparto) el derecho de indulto, para abajo, no se han privado de ninguna transgresión, de ninguna invasión de funciones. Asaltaron la frontera, las aduanas, el Banco de España, Montjuïc, los cuarteles, el parque, la Telefónica, la Campsa, el puerto, las minas de potasa… ¡Para qué enumerar! Crearon la consejería de Defensa, se pusieron a dirigir su guerra, que fue un modo de impedirla, quisieron conquistar Aragón, decretaron la insensata expedición a Baleares, para construir la gran Cataluña, de Prat de la Riva… Ustedes, desde la Generalidad, no han proclamado una revolución nacionalista o separatista. Querían hacerla pasar a favor del río revuelto. ¡Que muchas de aquellas usurpaciones y excesos los cometían directamente los sindicatos, la FAI! ¡Ya sé! Pero no solamente sin oposición, sino con la tolerancia o la connivencia útil del gobierno catalán. Apoderarse la Generalidad del Banco, o de otros establecimientos y servicios, con el pretexto de que lo hacían para que no los tomase la FAI, es caso miserable, se acepte o se rechace la realidad inmediata del pretexto. En suma: la Generalidad, cuyo presidente, como recuerda ahora Companys, es representante del Estado, ha vivido no solamente en la desobediencia, sino en franca rebelión e insubordinación, y si no ha tomado las armas para hacerle la guerra, será o porque no las tiene o por falta de decisión, o por ambas cosas; pero no por falta de ganas, porque la intención está conocida. Las extralimitaciones y abusos de la Generalidad, de que hablábamos antes, y la mayor parte de los decretos publicados por sus gobiernos, son de tal índole que no caben ni en el federalismo más amplio. Delegaciones de la Generalidad en el extranjero. Eje Bilbao-Barcelona. La Generalidad emite billetes (que en opinión de Nicolau, son pura moneda falsa) sin consultar ni prevenir siquiera al gobierno. Los periódicos publican los partes de guerra bajo dos rúbricas diferentes: una dice Cataluña; la otra, España. No firmaré ningún decreto que pretenda dar apariencias de legalidad y de permanencia aceptada a las invasiones de que el Estado ha sido víctima en Cataluña».

¡Igualito que la izquierda de ahora! Igualito que ese singular izquierdista que se empeña en sacar adelante un estatuto como el de Cataluña, que, además de lesivo para el conjunto de España, dinamita una Constitución que ya estaba trufada de cabo a rabo de ideas nacionalistas, como no tardaremos en ver. Si hay que buscar un Anti-Azaña, el mejor candidato es, sin duda, Rodríguez Zapatero, mucho mejor que Suárez, Calvo-Sotelo, González, y no digamos Aznar, ese hombre típico de la derecha española que no ha ocultado su simpatía por aquel hombre típico de la izquierda que fue el presidente de la República, cuya trayectoria y obra conoce infinitamente mejor que su sucesor socialista en la presidencia del gobierno de España. Por más que este último pretenda ponerse atavíos de República y hasta de ponérselos al rey, su ideal político no es la República de Azaña, por no hablar de la del conservador Alcalá-Zamora, sino los gobiernos nacionalistas de Aguirre y Companys, los cuales, según los principales hombres de la izquierda de la República, eran peores enemigos del régimen republicano que el propio Franco. Éste combatía por España dando la cara; aquéllos, con doblez y con el objetivo de desintegrarla.

Y sigue así don Manuel Azaña su lección de «memoria histórica»: «Republicanos circunspectos, moderados, que en las Cortes se resistían a votar el Estatuto, han dicho ahora en sus discursos, o a mí, en conversaciones privadas, que España sería una federación de repúblicas, con lazos muy débiles, entrando y saliendo en la federación libremente […]. Claro está que si al pueblo español se le coloca en el trance de optar entre una federación de repúblicas y un régimen centralista, unitario, la inmensa mayoría optaría por lo segundo».

En ese párrafo, Azaña se parece al Juan Negrín que prefiere entregar España a Franco antes que verla descuartizada por los nacionalistas, y sigue una línea de pensamiento que dibujó Cánovas cuando ante las propuestas prenacionalistas de las «bases de Manresa» y las aspiraciones teocrático-nacionalistas de Arana dijo: «La centralización representa en España ni más ni menos que la libertad, ni más ni menos que la civilización».

Azaña, Negrín y las demás figuras de la izquierda de la República discurren por esas líneas. Quizá tenga que ver con la idea de que centralización equivale a libertad y civilización, y descentralización regionalista o autonomista, a servidumbre y barbarie, el que «Fernando de los Ríos», intelectual, socialista y ministro de Justicia e Instrucción Pública en la República, dijera, «en un discurso en Granada […], que renegaba de la República. Ése fue el tono de los más» (Azaña, Memorias, 1 de julio).

El 4 de julio de 1937 se refiere Azaña a «la “triple alianza” de Cataluña, Vasconia y Galicia», y añade: «La ridiculez de imitar, llevada hasta lo bufo, ha dado, en esa línea, no menos fruto, cuando, después de la caída de Bilbao, se habla en Barcelona del “eje” Barcelona-Bilbao».

En efecto, qué podía ser más ridículo que hablar del «eje» Barcelona-Bilbao cuando Bilbao se había ya entregado a las tropas de Franco, que la ocuparon sin encontrar resistencia. El 31 de mayo Azaña comenta así esta rendición: «Defenderse casa por casa, calle por calle, como en Madrid, es un caso que no se repetirá. El caso de Madrid es el inverso de Bilbao. Caído Bilbao es verosímil que los nacionalistas arrojen las armas, cuando no se pasen al enemigo. Los nacionalistas no se baten por la causa de la República ni por la causa de España, a la que aborrecen, sino por su autonomía y semiindependencia».

El tiempo confirmó su profecía. Los nacionalistas vascos lo intentaron todo, hasta acuerdos con el régimen de Hitler, con tal de sustraer a la soberanía española la porción gobernada por ellos en otro tiempo.

El 8 de septiembre de ese año, Azaña recibe a Bosch Gimpera, consejero de Justicia en el gobierno de la Generalidad. Hablan de la situación de Cataluña. «Bosch me cuenta», dice el presidente de la República, «que, en la Cárcel Modelo de Barcelona, hay setecientos curas y frailes presos; algunos de ellos absueltos ya por los tribunales, pero retenidos en prisión gubernativamente». El jefe del gobierno, Juan Negrín, no tiene buen concepto ni de los consejeros de la Generalidad ni de su presidente, Companys. «Imposibilidad de concertar nada serio. Enredo, palabras, doblez» es lo que observa en esa gente. Y Azaña añade: «Negrín cree […] que Companys es hombre sin pensamiento, sin elevación alguna» (9 de agosto de 1937). La opinión del ministro socialista Indalecio Prieto es más rotunda, a tono con su carácter: «A Pi y Suñer le ha soltado esto: “Mire usted: yo soy de una franqueza brutal. Todo lo que pasa con Cataluña proviene de que están ustedes gobernados por un enfermo, Companys, y por dos miserables canallas como Tarradellas y Comorera”. Son incapaces de una reacción noble, me dice» (20 de septiembre).

El joven Tarradellas de la República, dicho sea de paso, tiene poco que ver con el experimentado y ya anciano político que llega a Barcelona tras la muerte de Franco, simpatiza con la monarquía y aborrece el obtuso nacionalismo de su juventud.

Acerca de Companys, Azaña, en vez de definirlo, hace una descripción de gran realismo, de la que entresaco estas frases: «Encontré a Companys muy cambiado. Casi se burlaba de mi liberalismo. Le oí un concepto bastante extraño, el de “democracia expeditiva”. Companys, abundante en palabras, me decía: “El pueblo no comprende los métodos dilatorios de las leyes”. Advertí también la novedad de su nacionalismo catalanista. Antes, no se le conocía. Ni siquiera sabía hablar el catalán lo bastante bien para pronunciar discursos correctos en esa lengua. De su nacionalismo, nunca se había oído hablar. Este nuevo color de Companys me sorprendió mucho menos que su “democracia expeditiva”, la cual no tiene otra traducción en el vocabulario corriente que la de “despotismo demagógico”» (4 de julio).

Visto lo visto se comprende que el 28 de julio dijese Azaña sin rodeos: «Lo mejor de los políticos catalanes es no tratarlos».

O sea, lo mejor es no hacerles caso. Pero, en vez de seguir tan sensato consejo, los socialistas y comunistas de ahora los han convertido en sus interlocutores favoritos, qué digo, han asumido su ideario, y ni siquiera hacen ascos a los que entre los nacionalistas ejercen, con probados réditos, la profesión de «matarife».

37. ¿Cuál es el problema, el gran problema, de la izquierda? El narcisismo. Su incapacidad para mirarse en un espejo que les devuelva su vera efigie, no ese fantasma maravilloso de sí mismos del que se han enamorado. Mientras no se sustraigan a ese hechizo y vuelvan a la realidad, no hay nada que hacer, imposible pensar en su regeneración, seguirán condenados a ir por el mundo disfrazados. Nada es más letal que confundir la realidad con las fantasías que amasa el deseo. Nuestros socialistas deben empezar por admitir que la continuidad del PSOE actual con el de la República es una fantasía más propia de un folleto de mitología que de un volumen de historia.

Cuando salió a la arena política, poco antes de la muerte de Franco, lo que se presentaba como PSOE era una especie de falsificación, pues ya existía otro PSOE, el histórico, que había sobrevivido, a trancas y barrancas, desde el trágico final de la guerra civil. Por si no fuera poco haber sufrido la larga travesía del exilio, la cúpula dirigente del PSOE histórico se veía, de golpe, reemplazada por un equipo procedente del interior, que carecía de todo vínculo real con la República y la guerra civil. Ayudado desde el extranjero por países que, como Alemania, estaban deseosos de ejercer un cierto control sobre la España posfranquista, el nuevo PSOE vino así a ser fruto de la ingeniería política de la Internacional Socialista, con referentes e inspiradores como la fundación Ebert y el canciller W. Brandt, y abandonó el marxismo en 1979. Pieza esencial del delicado proceso fue un joven político de verbo fluyente y estampa castiza, que hablaba a los españoles en el tono de las tertulias políticas de los cafés sevillanos. Este hombre se adaptó tan dócilmente a los requerimientos de la mercadotecnia que, de golpe, sin haber sido ministro, ni concejal, ni siquiera profesor no numerario, ni prácticamente nada, llegó a la presidencia del gobierno aupado y rodeado por la desbordante ilusión de las masas.

Dos años después se conoció el primer escándalo, relacionado con supuestos pagos al PSOE de un consorcio alemán llamado Flick. Pero Flick era una futesa comparado con Filesa y los otros casos que llegarían en tromba desde 1991, cuando la prensa empezó a airear cómo el partido se financiaba ilegalmente y cómo, desde ministros del gobierno y el presidente del Banco de España hasta el secretario de Estado de la Seguridad y el director general de la Guardia Civil, numerosos cargos más o menos altos habían utilizado su posición política para enriquecerse ilícitamente. Muchos dijeron, o pensaron, que con los socialistas la democracia se había vuelto cleptocracia. Sin embargo, esa deriva era una fruslería comparada con la guerra sucia del GAL. Nada menos que el Ministerio del Interior estaba detrás de una organización que, con la finalidad de eliminar a presuntos terroristas (asesinaron a cerca de treinta), utilizaba de forma opaca enormes cantidades de dinero, que sirvieron para enriquecer ilícitamente a los asesinos y sus superiores jerárquicos. Sonroja recordarlo, pero… los que olvidan el pasado están condenados a repetirlo.

Mientras tanto, el presidente se multiplica en operaciones de disimulo y manipulación, derramándose en esa verborrea demagógica que le es connatural. Ha de hacer frente a dos huelgas generales, y la tasa de desempleo aumenta dramáticamente hasta llegar en 1994 a cerca del 24 por ciento de la población en edad laboral. La seguridad social está en quiebra técnica y España no cumple ninguno de los requisitos para formar parte de la élite de la Unión Europea, que se dispone a adoptar una moneda común, el euro. No obstante, el electorado da muestra una vez más de su adhesión al líder carismático, y le vota mayoritariamente el 6 de junio de 1993, a lo que contribuye la cultura del subsidio.

En regiones como Extremadura y Andalucía el Plan de Empleo Rural (PER) es la forma de que mucha gente cobre sin trabajar a cambio de la entrega de su voto, según la fórmula empleada por Ramón Tamames¹¹. Actualmente, el PER ha sido reemplazado por el TEASS (Trabajadores Eventuales Agrarios Subsidiados). Sólo está vigente en esos dos «feudos» del PSOE que son Andalucía y Extremadura, y de él gozan hoy más de 150.000 personas.

38. El socialismo debe mirarse en un espejo que le devuelva su imagen real, y no el fantasma modelado por su narcisismo. Si quiere llegar a la edad adulta, deberá cambiar de piel, como las serpientes, dejar de ser ese «niño fantástico» que con tanto mimo ha cultivado, y reconocer algo tan obvio como que los votantes y contingentes organizativos que le dieron su apoyo en la Transición y se lo han seguido dando hasta el día de hoy salieron del franquismo sociológico, como no podía ser menos, igual que salieron de ese mismo filón los de UCD y AP que están en la base del PP. El PSOE de González y sus compañeros proviene, como ellos mismos, de la sociedad franquista. Y era forzoso que fuera así, pues en España no había otra sociedad. La de la República había periclitado, trágicamente, cuarenta y dos años antes de que el PSOE obtuviera la victoria en las elecciones generales. No reconocerlo es querer vivir de fantasías sin fundamento. Es de la sociedad formada durante treinta y seis años de franquismo, y seis de Transición, de donde han surgido las izquierdas y las derechas que van a actuar en el régimen salido de la Constitución de diciembre de 1978.

Tan herederas son del franquismo la derecha liberal del PP y la nacionalista como la izquierda del PSOE, IU y la nacional-socialista. La diferencia está en que surgen de diferentes bandas del espectro social y gubernamental. Pues el franquismo albergaba en su seno una sociedad compleja, como queda reflejado en sus sucesivos gobiernos. No se pueden establecer correspondencias y filiaciones exactas –ése es un campo que todavía está necesitado de investigación sociopolítica–, pero cabe sostener que el PP es heredero de los elementos liberales, tecnocráticos y aperturistas del franquismo de los años sesenta y setenta, frente a los cuales estaba el búnker inmovilista del Movimiento Nacional. Aunque conviene puntualizar que será con la ayuda de un tránsfuga o «traidor» de ese búnker, Adolfo Suárez, y bajo la imprescindible tutela del rey, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, como esos elementos liberales hicieron posible la evolución del régimen caudillista de Franco a una democracia parlamentaria, a pesar de todas las dificultades que se pondrían en su camino desde dentro y desde fuera del sistema, y a pesar de que todavía hoy, treinta y tres años después de la muerte del dictador, no se puede en absoluto decir que se haya llegado a la meta de una democracia genuina en un Estado de derecho genuino.

Al PSOE e IU fue también a parar una parte de esos elementos liberales y aperturistas del régimen de Franco, pero conjeturo que en esas siglas desembocaron también elementos del franquismo que hincaban sus raíces en los fondos «obreristas» y «sindicalistas» del Movimiento, siempre tenían en la boca la «revolución pendiente», la recusación de la «burguesía», y pretendían mantener las «esencias» del régimen, la F.E.T. de las J.O.N.S., o sea el conglomerado de la Falange Española Tradicionalista de las Juventudes Obreras Nacional Sindicalistas, a la que ni siquiera faltaba la demagogia con acento andaluz de la llamada «sonrisa del régimen», el cordobés Solís Ruiz, ministro y secretario general del Movimiento. No fueron pocos los intelectuales de filiación falangista y carlista que, durante los estertores del franquismo y la Transición, se pasaron a las filas del socialismo y el comunismo.

Si el carlismo y el tradicionalismo, que también figuraban en una banda cada vez menos ancha del espectro franquista, prepararon el terreno, como ya he referido, a los nacionalismos vasco y catalán, Andalucía y Cataluña, regiones donde el socialismo tiene especial implantación, no se destacaron, durante el franquismo, por la falta de entusiasmo hacia el caudillo, según se observa en las visitas que éste hacía a las capitales de esas regiones, con un aparato no sé si de triunfo romano o de opereta vienesa. Incluso la novedad, más bien aparente, de las «comunidades autónomas», que caracteriza a la Constitución de 1978, exhala un tufillo «antiguo régimen» de raigambre foralista y nacional-socialista, con su culto a la «comunidad» (Gemeinschaft) y al «pueblo» (Volk). En el ideario comunitario-autonomista se detectan fácilmente elementos antiliberales típicos del tradicionalismo y la Falange. También para el franquismo, la nación española no era tanto un conglomerado de individuos como un organismo formado por grupos sociales naturales y permanentes, o sea, traducido en la jerga constitucional de 1978, las «nacionalidades» y «pueblos de España» (cuarto párrafo del Preámbulo, y artículo 2 del Título Preliminar).

39. Decíamos que los nacionalistas son como esos niños consentidos que tienen aterrorizada a la familia con sus intimidaciones y chantajes, y que los socialistas son como esos niños fantásticos que se transforman en el héroe de las películas que rueda su imaginación, con la consecuencia de abandonarse a un transformismo que, a menudo, es sólo una modalidad del oportunismo. ¿Con quién habría que comparar a los políticos de la derecha o del centro derecha o, tal vez, del centro reformista, si es que prefieren llamarse así? Demasiado a menudo con esos niños repelentes y sabihondos tan seguros de sí mismos que, si tienen que hablar en público, afirman que no necesitan micrófono pues tienen una voz muy recia, y si llegan a ministros, que desean conservar como secretarios a los que sirvieron a sus antecesores, pues con su atractivo y dotes de persuasión harán de ellos los amigos más fervientes. Y luego se sorprenden de que, por renunciar al micrófono, nadie les haya oído, y por conservar a los secretarios de sus antecesores, les carguen con el mochuelo que dejara el otro. No contentos con tratar mejor a sus enemigos que a sus posibles amigos, a poetas y filósofos de baratillo que a poetas y filósofos de calidad, la dificultad que tienen para llegar a la gente es sólo comparable a sus complejos de culpa, ocasionados tal vez por un místico anhelo de poner sus bien peinadas cabezas en manos del sayón.

Como ejemplo sirva aquel gran hombre que «pasó página» a las corrupciones y la «guerra sucia» de su antecesor. Recién ganadas las elecciones, se fotografió llenando la portada de Abc con el hemiciclo del Congreso como fondo y un libro en la mano, del que se veía el nombre del autor (poeta de subvención oficial y verso alicorto), que nunca antes ni después ha dejado de dar su apoyo a la izquierda, castrismo incluido. ¿Qué esperaba el político victorioso de la derecha con un gesto tan magnánimo como disonante? Sospecho que captarse a la izquierda representada por ese precario versificador, debido a que sus asesores «poéticos», doctores honoris causa en las artes de la pastelería, le hicieron creer en las dotes de persuasión intelectual que le adornaban.

Habiendo empezado con la foto del librillo poético en el hemiciclo vacío, ¿cómo terminó nuestro gran hombre su paso por la presidencia del gobierno, ocho años después? En lo que a cultura se refiere, dando el Premio Nacional a un tristísimo ensayista que, unos meses después, inspirará a su sucesor socialista la transformación de la nación española en una no menos triste y desmañada colección de taifas nacionales. Verdaderamente, el niño repelente se lució. Le gustaba aparecer como un hombre fuerte, bronco, hasta grosero, lo que le restaba simpatías, pero claudicaba, mostrando una debilidad sorprendente, en áreas tan decisivas como Interior, Cultura, Justicia, Educación, Comunicación. Hizo la peor combinación posible: dar impresión de autoritario sin serlo. Comparado con sus oponentes, fue de una candidez y liberalidad dignas de mejor causa, pero se las arregló para pasar ante la opinión pública por un ogro.

El político de izquierdas que le arrebató el sitial, con la ayuda de una matanza de casi doscientas personas, es un hombre extremoso y autoritario, según lo demuestran sus decisiones y alianzas, pero se ha dado buena maña para ser tenido por todo lo contrario gracias a su Santo Diálogo, Santo Talante y los demás santos de su letanía. La repetición incesante de todas esas hermosas y divinas palabras hace que mucha gente se crea la bondad del que las entona, acostumbrada como está a llevarse el saco, no por lo que hay dentro, sino por lo que dice la etiqueta.

Pero no quiero ensañarme con los políticos de la derecha. No representan un peligro tan grande para la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la seguridad jurídica y otros derechos fundamentales, a pesar de que a menudo sientan el prurito de pasar por políticos de izquierdas, hagan suyo el nacionalismo tribal canonizado por esta última orientación política, se olviden de que su principal seña de identidad es o debería ser el liberalismo y se les vea chapotear con deleite en el intervencionismo del que está pavimentado el camino que lleva al totalitarismo. No han llegado a caer en las corrupciones de sus rivales, que a punto estuvieron de hacer de la democracia una forma depurada de cleptocracia, ni en las acerbas penas que aquéllos infligen a la justicia cuando gobiernan, pero tampoco se debe olvidar que nada hicieron, en los ocho años en que pudieron hacerlo, por sacar a la cultura, la educación, la comunicación y la justicia del estado de postración en que se las encontraron. Su talante acomodaticio, que a veces raya en cobardía, sus modos de niño repelente y sabihondo que va por el mundo perdonando la vida a la gente, su falta de pasión e interés genuinos por la filosofía, la literatura, el arte, ésos son los principales reproches que haría a los dirigentes de esa banda del espectro político.

Para medir hasta qué punto son coherentes con sus ideas y valientes a la hora de defenderlas, les he puesto una prueba... Esta prueba consiste en comprobar si, cuando lleguen al gobierno, exigen la devolución de los «papeles» de Salamanca que el gobierno socialista sacó del Archivo Nacional de la Guerra Civil de esa ciudad para mandarlos a Cataluña como tributo exigido por nacionalistas e independentistas. La colaboración que en ese trance prestó a su jefe, y a los nacionalistas, la ministra de Cultura sirvió al menos para demostrar que no debe existir un Ministerio de Cultura cuando al frente del mismo puede estar un personaje tan ayuno de cultura como sumiso ante las directrices del totalitarismo. Habrá que ver si la derecha, cuando algún día vuelva a gobernar, sale airosa de la «prueba de los papeles de Salamanca» y demuestra así que el gobierno de España no se somete al chantaje, atiende a las normas de la Unesco sobre integridad de archivos, y devuelve los papeles sustraídos al lugar de donde nunca debieron salir. Si no da la talla en un asunto de apariencia menor, pero de trascendencia simbólica, habrá que concluir que en lo esencial no es mucho más fiable que sus oponentes.

La verdad es que la prueba a la que digo querer someter a la derecha no es más que un artificio retórico. Todo el mundo sabe qué hará si llega algún día al gobierno. Pasará página y los papeles clamorosamente reclamados seguirán en Barcelona. Pero la derecha no parece haberse enterado de que la gente prefiere el original a la copia y que su empeño por ser una copia desvaída y vergonzante de la izquierda, con «abducción» nacionalista incluida, explica el secreto de que en los treinta y cuatro años que cumplirá nuestra democracia cuando termine la actual legislatura la derecha sólo habrá gobernado España ocho años.

Aclaraciones sobre la Constitución

1. Pasemos ya a ocuparnos de la Constitución de 1978. En ella reside el principal factor de la incertidumbre e inconsistencia que amenaza la estructura del Estado, de España como nación, incluso de su supervivencia. Esto se sospechaba hace tiempo, pero nadie se atrevía a decirlo, por un explicable respeto a la Ley de Leyes. Hoy, cuando el tiempo se ha encargado de poner en evidencia sus defectos, no sería prudente guardar silencio por más tiempo tratándose de un asunto de tanta trascendencia. Que la Constitución de un Estado sirva para debilitar y desestructurar el Estado que pretende constituir y estructurar es, ciertamente, paradójico, pues de una Constitución se espera todo lo contrario, que contribuya a fortalecerlo, a consolidarlo. Pero lo que ha hecho con España la Constitución de 1978, como han afirmado algunos de los juristas que han presidido el Tribunal Constitucional, es justamente desestructurarlo y, por ende, debilitarlo hasta los extremos a que se ha llegado en la actualidad. La Constitución está hecha de tal forma que esa consecuencia ha sido inevitable. No pretendo pasar por el jurista que no soy, sino emplear un poco de sentido común sobre algunos de los aspectos que me parecen más relevantes en ese texto normativo.

Nuestra Constitución tiene, sin duda, una apariencia vistosa, incluso magnífica, sobre todo en el Preámbulo, que recuerda por su tono solemne al todavía más enfático de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Empieza proclamando que la nación española desea «establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien», y en el artículo 1 del Título Preliminar se reafirma en esos propósitos y les añade los de «la igualdad y el pluralismo político». Seguidamente, con una retórica semejante, el Título I declara que «la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social» (art. 10).

A partir de ahí y del reconocimiento de «la nacionalidad española» (art. 11) se especifican, de forma no muy ordenada, entre otros derechos, la igualdad ante la ley, la libertad ideológica y religiosa, la libertad y la seguridad en general, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de residencia, de circulación, de expresión, de cátedra, de información, de reunión y de asociación, la participación en los asuntos públicos, la educación y la libertad de enseñanza, la sindicación, la huelga, el matrimonio, la propiedad, el trabajo, la empresa, la sanidad, el acceso a la cultura y la calidad de vida.

2. La fachada no puede ser más impresionante. Pero, cuando dejamos a la espalda el Título I y nos adentramos en los siguientes, nos sale al paso, sobre todo al deslizarnos en el famoso Título VIII, una arquitectura menos clara, de suelos resbaladizos, con escaleras que no llevan a ninguna parte, como las de los edificios de Escher, y con techos y paredes sin terminar o desconchados. Hay momentos en los que creemos haber sido puestos en una turbia maraña de pasadizos que conducen a estancias sin luz y llenas de humedad, de las que nuestros guías dicen, sin embargo, que son cuartos de estar. Cuando al llegar a cierto punto de nuestro recorrido descubrimos que lo que deseamos es salir, pues esos lugares no nos parecen buenos para la salud, nos enteramos con asombro de que no se puede, de que una especie de ensalmo ha cerrado puertas y ventanas, a pesar de que, en principio, nada nos impediría abandonarlos.

La igualdad ante la ley, que tanto gusto nos daba, a la postre se ve menoscabada porque el sistema autonómico permite establecer leyes desiguales, es decir, tantas como sean las comunidades autónomas (actualmente, diecisiete), lo que, obviamente, hace que los ciudadanos españoles no sean tratados igualmente, desde un punto de vista jurídico, al pasar de una comunidad a otra, con la inseguridad que esas desigualdades comportan.

La libertad, que todavía nos gustaba más, se ve dificultada por lo mismo, llegándose al extremo de que el gobierno de una comunidad pueda obligar a un comerciante a rotular un escaparate en una lengua minoritaria y a un estudiante a realizar sus estudios en esa lengua, sin que ello signifique que obligue a rotular en la lengua mayoritaria y oficial en toda España, o que permita estudiar en esa lengua, lo que reduce a la nada aquel artículo 3 que dice: «El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla».

Basta con que a un individuo se le ocurra desplazarse a una región donde haya otra lengua cooficial para que, si quiere realizar determinados trabajos, se vea obligado a aprender esa otra lengua, aunque le vaya a servir de muy poco fuera de esa región y aunque sólo quiera permanecer en ella un corto lapso de tiempo. Y ay de él si ese mismo año se ve obligado a desplazarse, con fines análogos, a otras regiones donde sean cooficiales otras lenguas, pues de nada le servirán ni la lengua cooficial de la región que acaba de dejar ni su español, o sea, la lengua oficial que «todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla» y es hablada por cientos de millones de personas en el mundo.

Y no hay protesta posible, pues el Tribunal Constitucional se encargará de recordarnos que, justo después del artículo citado sobre el castellano, en los apartados 2 y 3 se dice lo siguiente: «Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus estatutos» y «La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección»¹².

Si la Constitución dice que hay que respetar y proteger de forma especial esas lenguas cooficiales (respeto y protección que, según los padres de la Constitución, se le pueden ahorrar al castellano o español), puede llegar el día en que, dado el poder decisorio que la ley electoral concede a los nacionalistas regionales, quieran obligarnos a todos los españoles a estudiar el catalán, el valenciano, el balear, el vascuence, el gallego y no se sabe cuántas otras «modalidades lingüísticas», ya que para la Constitución «la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección».

Con esto último, seguro que no faltarán quienes se sientan tentados a enriquecer ese patrimonio, no diré con una infinidad babélica de lenguas, pero sí con las suficientes para que nadie venga de fuera a quitarle el puesto que ha conseguido en el espeso organigrama funcionarial de la comunidad autónoma.

Como he dicho ya, el gobierno de la Generalidad, con los parabienes del socialista que tenemos como presidente del gobierno de España, ha llegado al extremo de obligar a rotular en catalán en todos los comercios de la región, pero no en castellano, a pesar de ser la lengua oficial de todos los españoles. O, para ser más exactos, si se rotula en castellano, obliga con amenaza de multa a adjuntar la traducción catalana, lo que no hace si se rotula sólo en chino o en italiano, pues en esos casos se ha comprobado que hace la vista gorda o, simplemente, autoriza a hacerlo. Y se da la paradoja de que el propio gobierno de la Generalidad tiene en Madrid una librería…, sí, la Generalidad se dedica también a negocios de librería, con la desgracia para los madrileños de que antes en ese lugar tan céntrico y bien comunicado estaba el despacho de billetes de ferrocarril de RENFE, que ignoro por qué razones cedió el local… Pues bien, esa librería se llama «Blanquerna. Centre cultural». Pienso que, según la lógica lingüística de la Generalidad, debería haber rotulado también en castellano y haber añadido: «Blanquerna. Centro cultural». Se trata, por supuesto, de la lógica de ese gobierno. No es mi lógica. Por mí, concedería a los comerciantes completa libertad para rotular en la lengua que les diera la gana; como si no quieren rotular. Es asunto suyo. Se empieza con los rótulos, y se termina obligando a los escritores que utilizan el castellano, que son mayoría en Cataluña, a que sólo puedan publicar sus escritos si añaden la traducción al catalán… Es la lógica totalitaria de la Generalidad, que, en el caso de los escritores, se ha aplicado discriminando negativamente a los escritores catalanes que utilizan el español, que son, curiosamente, los más conocidos y reconocidos dentro y fuera de España. A la Generalidad no le importa apostar por lo «peor» si eso peor pertenece a la grey del nacionalismo o el nacionalsocialismo. Se ha visto muchas veces.

Ahora el gobierno nacionalista del País Vasco, con el apoyo de sus socios nacional-comunistas de IU y la falta de reacción de los socialistas, ha impuesto, o va a imponer, el uso del vascuence en las emisoras de radio de la región. ¿Cabe una prueba más meridiana del totalitarismo de ese gobierno? ¿Qué democracia es esta en la que el gobierno te obliga a utilizar la lengua que sirve de seña de identidad a su proyecto totalitario? Sin embargo, aquí no pasa nada. Ni la sociedad, ni los tribunales, ni el fiscal general del Estado, ni el defensor del pueblo, ni ninguna institución de esta supuesta democracia nuestra dicen nada. Pero ¿cómo van a decir nada, si la mera posibilidad de esa norma prueba que la democracia española es sólo un espectro, un espantajo, una entelequia desprovista de realidad?

3. Las contradicciones empiezan a aflorar en el umbral mismo de la Constitución. En la primera línea se hace referencia a «la Nación española» (art. 1), lo que era obligado, ya que «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles» (art. 2), pero cuando avanzamos unas líneas vemos que, en el artículo 2, se «reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades» que integran la nación española. Acuciados por el deseo de averiguar el significado de esas misteriosas «nacionalidades», acudimos a preguntar a la Constitución qué debemos entender por tales, pero la Ley de Leyes nos da la callada por respuesta. Imposible saber nada con alguna certidumbre, pues ese término tan inquietante de «nacionalidades» no vuelve a mencionarse, ni siquiera en el Título VIII, relativo al régimen autonómico. Cuando reaparece, lo hace en singular, «nacionalidad» (art. 11.1), y es para significar la condición de pertenencia a una nación, o sea a España, que es lo que el vocablo significa normalmente.

De ahí concluyen algunos juristas que el término «nacionalidades» no supone ninguna definición de identidad ni, por tanto, arrastra ninguna consecuencia jurídica, y que «nación» y «nacionalidad» son términos equivalentes y designan una misma y única realidad, el Estado español, ordenado de tal forma que en él caben gobiernos regionales con auténtico poder político.

Eso está muy bien, pero no se debe olvidar que otros, en cambio, concluyen que España no es, según las premisas constitucionales, una nación de ciudadanos, que es lo que todos los españoles creían que era, pues eso es lo que son todas las naciones que se conocen, sino más bien una nación de… quimeras (ya veremos hasta qué punto los entes autonómicos son comparables a esos monstruos de la mitología), o sea una Nación de Naciones. Así concebida y desde las premisas que esos comentaristas atribuyen a la Constitución, podría suceder que España acabase siendo una Nación de Naciones de Naciones de Naciones…, y así indefinidamente, en un proceso imparable de fragmentación conceptual y política.

A este debate se puede replicar que si la Constitución hubiera querido decir eso, lo habría dicho, ya que nada es más fácil que decir que España es una Nación de Naciones, pero que si no lo dice es porque rechaza que España sea eso, o sea un continente de quimeras. No lo dice, es verdad, pero lo sugiere, y así, con los atavíos de su universalmente reconocida confusión, el Título VIII viene a admitir, por vez primera, aunque no de forma explícita, que la unidad del Estado-nación, de España, puede ser compatible con el reconocimiento de la pluralidad nacional de España.

Cierto que ni cuando se aprobó en las Cortes, ni cuando cobró vigencia en referéndum, pensaba nadie que podía contener en su seno una especie de diablillo que enseña la Unidad como Pluralidad y la Pluralidad como Unidad, para desconcierto de todos. No obstante, en el artículo 61 del Título II, el mencionado diablillo deja ver sus orejas de sátiro, al disponer que el rey jure respetar «los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas», con lo que afirma que no sólo tienen derechos los ciudadanos, sino también esos entes de la familia de las quimeras que, mezclados con hombres de carne y hueso, o sea con los ciudadanos, albergan en su pecho no se sabe qué recónditas intenciones.

4. La misma contradicción, o ambigüedad, afecta a un concepto no menos fundamental que el de «nación». Me refiero al de «pueblo» en singular, y al de «pueblos» en plural. En el Preámbulo se afirma que la Constitución se propone «proteger a todos los españoles y pueblos de España», lo que evidentemente no significa municipios o entes locales, sino algo que está más en la línea del Volk, tan caro a los románticos como a los marxistas y a los nacional-socialistas alemanes, pero sólo unas líneas más abajo, en el art. 1.2, se afirma que «la soberanía nacional reside en el pueblo español». Los «siete magníficos» debieron de sentirse muy listos creyendo que, con ese pasteleo de «pueblo español» y «pueblos de España», como con lo de «Nación española» y «nacionalidades y regiones de España», habían puesto de acuerdo a tirios y troyanos, pero lo que consiguieron fue, simplemente, confundir a la gente, confundir a los tribunales, confundir, en una palabra, las bases de la propia Constitución, y poner, de paso, una carga de dinamita en sus cimientos.

Estas ambigüedades tienen la nada desdeñable consecuencia de que pueda depender del albur parlamentario la exacta configuración del Estado, ya de forma directa, ya indirecta, por la vía de los doce magistrados del Tribunal Constitucional, todos los cuales son elegidos por el Parlamento y el gobierno que de aquél sale. Nuestra Constitución muestra así ser de tal naturaleza que, cuando llega la hora de la verdad, se eclipsa como por ensalmo y en su lugar se materializan los diputados que la coyuntura electoral ha llevado a las Cortes. Si a partir de ahí se cae en las arbitrariedades de los regímenes asamblearios, no nos extrañemos. Es la propia Constitución la que lo quiere, aunque nadie entienda por qué, en momentos tan cruciales, hace una dejación tan grave de sus deberes.

5. Según los expertos, la Constitución Española de 1978 es un texto poco original, que se inspira en la Constitución italiana de 1947, en la portuguesa de 1976 y, sobre todo, en la Ley Fundamental de Bonn de 1949. Es, además, un texto muy largo, sólo superado por la Constitución de 1812. Pero lo peor es que incurre en ambigüedades y contradicciones en asuntos esenciales y que, por ser «una Constitución abierta», los poderes constituidos, como por ejemplo las regiones (convertidas en comunidades autónomas), poseen un margen tan amplio de libertad jurídica que pueden alcanzar un orden político distinto del que tienen actualmente. La Constitución facilita los medios para su radical transformación sin necesidad de cumplir las onerosas condiciones estipuladas en el Título X para la «reforma constitucional», debido a que el propio desarrollo del Estado autonómico implica una indeterminación acerca de las competencias del Estado central mientras dure el proceso de desarrollo, un proceso sin términos claros a la vista. De ahí que no pueda hablarse de plena vigencia de la Constitución hasta que se vea agotado el proceso descentralizador. No deja de ser una paradoja que sólo pueda empezar a decirse que una Constitución está vigente cuando ha desconstitucionalizado y desestructurado el Estado. Pero así es la Constitución española. Y como es así, se debe concluir que un defecto tan grave y básico de «construcción» la invalida en la práctica.

Su indefinición recuerda a la que cultivaba con tanto esmero el régimen franquista, que prefería dar a las instituciones un amplio margen de indefinición a fin de que pudieran hacer uso de la arbitrariedad, pese a estar sometidas a la ley, en aquellos casos en que lo estimasen oportuno. Pero en el franquismo la última palabra la tenía el caudillo, lo que no es ahora el caso. La indefinición en que la Constitución deja a algunas de las instituciones permite a los responsables de éstas comportamientos que en cualquier Estado de derecho estarían tipificados como crímenes de gravedad extrema, de alta traición, y anula en la práctica los grandes valores de la libertad, la seguridad jurídica, la igualdad, la solidaridad, etcétera, que figuran tan solemnemente en su frontispicio. Abandona su defensa al albur de la definición que dé de esos conceptos el que haya resultado más fuerte en cada coyuntura, lo que está en las antípodas de lo jurídico.

6. Otro ejemplo notable de contradicción, o de ambigüedad manifiesta, está en el tratamiento que la Constitución da a las cuestiones de economía, empezando por el derecho de propiedad, sin el cual se hace inviable la libertad, el individuo se ve reducido a la desposesión de sí mismo, y el que controla el aparato estatal se convierte en el único propietario. El artículo 33 «reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia», pero «la función social de estos derechos delimitará su contenido», y así, aunque «nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos», en realidad sí podrá ser privado «por causas justificadas de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes». La expropiación de Rumasa en 1983 demostró que si el gobierno desea expropiar a alguien, «la función social de estos derechos» le facilita no poco la tarea. El Tribunal Constitucional ratificó la decisión del gobierno, pero a un precio jurídico muy alto, pues era dudoso que la «función social» del derecho de propiedad aconsejara tal expropiación.

En línea con las atribuciones intervencionistas que el artículo 33 reconoce al gobierno, sin por ello dejar de reconocer el derecho a la propiedad privada, está el artículo 38, que dice: «Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía en general y, en su caso, de la planificación». La planificación…, o sea el tipo soviético de economía que llevó al país a la ruina, pero que en los últimos años setenta gozaba aún de cierto prestigio. Todavía faltaban doce años para la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS.

La facultad que la Constitución reconoce al gobierno de planificar la economía se ve reafirmada en el artículo 131: «El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y su más justa distribución».

Estas ideas paleoizquierdistas no son de extrañar en una Constitución que, al tratar de economía y hacienda en el Título VII, afirma con énfasis: «Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual sea su titularidad está subordinada al interés general» (art. 128.1).

¿Y quién es el que define el interés general en aras del cual se puede pasar por encima del derecho de propiedad, condición inexcusable de la libertad individual, y faculta al gobierno para «acordar la intervención de empresas» (art. 128.2)? El Estado, sin duda. Pero ¿quién es el Estado? ¿El gobierno de la nación, los de las comunidades autónomas? ¿Quién? La Constitución no lo dice y como la Constitución no lo dice será, en definitiva, el que, en cada momento, tenga la sartén política por el mango parlamentario.

7. Pasemos ya a tratar de los entes autonómicos, que son sin duda el gran invento de la Constitución y la causa principal de la incertidumbre en que ha sumido a España como nación y como Estado. Del poder que han ido cobrando las comunidades autónomas en pocos años puede dar una idea la forma en que han llevado a la práctica el apartado 2 del artículo 128, que reconoce «la iniciativa pública en la actividad económica» y que «se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exija el interés general».

El proceso de desmantelamiento de las empresas públicas de ámbito estatal ha estado acompañado por el correlativo proceso de creación de empresas públicas de ámbito regional y local. Todo se ha reducido a un «quítate tú para que me ponga yo». ¿Ese cambio de titularidad representa alguna ventaja social? Para las oligarquías regionales, sí, sin duda; para la gente corriente, es más que dudoso. Según los expertos, la creación de este nuevo tejido de empresas públicas no se ha regido por criterios de racionalidad económica. En no pocos casos los servicios que prestan son de tipo propagandístico, así las televisiones públicas.

Según datos publicados por el Círculo de Empresarios, en 1999 había constituidas 1.212 empresas públicas en los ámbitos autonómico y local. La comunidad que tiene un número más alto, con gran diferencia, de esa clase de empresas es el País Vasco, seguido por Andalucía, Cataluña y Navarra, en este orden; lo que sugiere que hay una correlación entre, por un lado, la creación de empresas públicas regionales y, por otro, el grado de competencias autonómicas y la ideología nacionalista y socialista imperante.

8. A pesar de la importancia que reconoce a las comunidades autónomas en el ordenamiento jurídico, político y social, la Constitución incurre en la imperdonable ligereza de no declararnos ni cuántas son ni de qué territorios se componen. Se sobrentiende que se trata de territorios españoles, pero no lo dice. Tampoco dice nada del Sáhara occidental, a pesar de que, unos meses antes de iniciarse la redacción del texto constitucional, la población de ese territorio fue entregada, como si de un rebaño se tratara, a Estados tan respetuosos con los derechos humanos como Marruecos y Mauritania. Lo que la Constitución hace es algo así como dar el pistoletazo de salida para una alegre carrera en la que participará un número indefinido de oscuros y anónimos corredores que han de reunir la condición de ser «provincias limítrofes con características históricas culturales y económicas comunes», «territorios insulares» o «provincias con entidad regional histórica» (art. 143.1).

Ni el juego de cartas más desenfadado y errático habría aceptado reglas tan difusas. Junto a un criterio geográfico físico relativamente impreciso («los territorios insulares») se establecen, a la par, criterios geográficos físicos ambiguamente exactos («las provincias limítrofes») y otros radicalmente vagos («provincias… con características históricas culturales y económicas comunes»). Digo radicalmente vagos porque ¿quién puede asegurar que una ciudad como Barcelona tenga «características históricas culturales y económicas comunes» con las aldeas de economía y cultura rural situadas a pocos kilómetros? En cuanto a lo de «las provincias con entidad regional histórica», casi parece una broma, pues no sabemos qué entiende la Constitución ni por entidad ni por regional ni por histórica, con lo que queda dicho que cualquier provincia podría aspirar a la condición de comunidad autónoma.

Los padres de la Constitución debían de ser gente muy confianzuda para dejar que se acumulasen tantas vaguedades al tratar de un asunto de tanta trascendencia como es el de la ordenación territorial de un Estado-nación tan antiguo como España. No me voy a detener en los variopintos requisitos (143.2) que se han de cumplir para tomar «la iniciativa del proceso autonómico», o sea para iniciar la carrera «autonomificante», aunque sí quiero mencionar el simpático estrambote de que «la iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco años». Digo simpático porque los constituyentes no nos aclaran por qué han elegido cinco años en vez de cuatro o de siete. Tampoco nos dirán en ningún momento estos señores tan previsores qué pasa si un «corredor», o sea una provincia, tiene un momento de sensatez y quiere descolgarse de un sistema tan turbio y confuso.

No deja de ser paradójico que la Constitución no prevea el supuesto de que una provincia renuncie a su autonomía para retornar a su situación anterior por considerarla mejor. ¿Hay que entender, ya que nada dice, que esa posibilidad la tiene siempre abierta? Pero aun en ese supuesto, ¿cómo podría regresar a la situación anterior si no se trazan las vías de retorno? Así, lo que la Constitución hace es lanzar a las provincias españolas a una danza de movimientos centrífugos con el previsible final de… romperse la crisma. De cuando en cuando, la Constitución nos advierte paternalmente que el Estado velará por la solidaridad y la armonización institucional, y desde el inicio se proclama «la indisoluble unidad de la Nación española», pero todo eso son brindis al sol, pues como no se dan al Estado medios con los que afirmar esos principios unitaristas o armonizadores es como si no existiesen, según lo demuestra el triste y aleccionador caso de la LOAPA, la fallida Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, que después de la asonada del 23-F se presentó en 1981 con el apoyo en pleno de la UCD y el PSOE, sobre la base del punto 3 del artículo 150, que dice: «El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a las competencias de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad».

A pesar de las sensatas facultades armonizadoras que la Constitución reconoce al Estado, o sea al gobierno y las Cortes, y de que la UCD y el PSOE representaban al 83 por ciento de los escaños en el Congreso, el inefable Tribunal Constitucional decidió dar la razón a los que se oponían a la ley, comunistas y nacionalistas, que sólo representaban el 11 por ciento. En su fallo de agosto de 1983 declaró la inconstitucionalidad de la LOAPA, y de sus treinta y cuatro artículos invalidó siete en su totalidad y otros siete parcialmente. La sentencia reconoció que las Cortes Generales, en tanto que titulares de la potestad legislativa del Estado (art. 66), pueden legislar en principio sobre cualquier materia, «pero esta potestad tiene sus límites [...], y […] lo que las Cortes no pueden hacer es colocarse en el mismo plano que el poder constituyente».

En resumen, con el pretexto de que las Cortes no respetan los límites que establece la Constitución (una Constitución, no se debe olvidar, trufada de ambigüedades y contradicciones), el Tribunal Constitucional se ve obligado a ejercer su función de «custodiar la permanente distinción entre la objetividad del poder constituyente y la actuación de los poderes constituidos», a pesar de que está todavía por saber en qué consiste «la objetividad del poder constituyente». De nada vale a las Cortes su deseo de «integrar hipotéticas lagunas existentes en la Constitución», pues para el Tribunal Constitucional no hay nada más sagrado que respetar la integridad (?) de esas insaciables quimeras llamadas comunidades autónomas.

9. Con la fórmula, sólo innovadora en apariencia, de las comunidades autónomas, lo que consiguió la Constitución fue galvanizar un sistema político tan rancio como el foralismo (mitigado para el conjunto de las regiones, y exacerbado para las provincias vascongadas y Navarra), que por su naturaleza contraria a la igualdad, a las libertades, a la solidaridad, a la seguridad jurídica, a la eficacia y a la objetividad, tanto la Ilustración del siglo XVIII y el liberalismo del XIX como el socialismo de la primera mitad del siglo XX y los progresos en teoría de las organizaciones de las postrimerías del XX y los inicios del XXI arrojaron a las zahúrdas del medievalismo más retrógrado. Nada de eso bastó, sin embargo, para echarlo fuera de las mentes privilegiadas que concibieron la Constitución. Ni siquiera la Declaración Universal de los Derechos del Hombre persuadió a sus progenitores (en su mayoría franquistas, socialistas, comunistas y nacionalistas) de que esa vuelta al pasado estaba fuera de lugar. Incluso, al tratar del juramento real ante las Cortes Generales, decidieron que el rey dijese que haría respetar los derechos de las comunidades autónomas (art. 61). Con razón se ha dicho de ese juramento que es «el trasunto moderno de la jura de los fueros»¹³.

Donde más claramente muestra el «foralismo autonómico» su naturaleza contraria a la igualdad, a la solidaridad y a la libertad es en lo concerniente a la hacienda pública. Abolido en Navarra en 1839, y en las provincias vascongadas en 1876, el sistema foral dio paso al régimen de concierto, instrumento jurídico que establece las relaciones tributarias entre el Estado y cada una de las provincias vascongadas y Navarra, representadas por sus respectivas diputaciones. Los conciertos, como los fueros, son excepciones al régimen tributario común e, históricamente, han supuesto considerables ventajas de orden fiscal para las provincias vascas y Navarra, y, dentro de ellas, para las clases altas sobre todo, ya que los impuestos forales se han dirigido fundamentalmente al consumo en lugar de a las rentas.

Del cupo o contribución que hacen en la actualidad esas provincias a la hacienda estatal para compensar los servicios que el Estado les presta, «los estudios realizados al respecto demuestran, de forma consistente, que el cupo está infravalorado»¹⁴, con el agravante de que quienes más se benefician de las ventajas tributarias son algunas de las provincias más ricas de España. Debe de ser un caso único en Europa que la ley proteja de forma tan discriminatoria y vejatoria para el conjunto de la sociedad a una exigua porción de privilegiados, los cuales, para colmo, se valen del victimismo nacionalista para conservar sus privilegios. Del victimismo y del terrorismo, todo hay que decirlo.

Ante semejante injusticia y desigualdad de trato, que tiene el aval de la Constitución y no ha sido aliviada por los sucesivos gobiernos, las provincias perjudicadas (todas menos las cuatro citadas) estarían en su derecho si cuantificasen el monto global del perjuicio que han sufrido a lo largo de los años y reclamasen a las tan inicuamente beneficiadas la indemnización congruente por tan abultada «deuda histórica». Y esas provincias deberán mirar con atención en dirección nordeste, pues la Cataluña gobernada por nacionalistas y nacional-socialistas aspira a lograr un modelo financiero similar al del País Vasco y Navarra, o sea a gozar de una situación de privilegio.

10. Entremos más de lleno en el sistema autonómico. La Constitución distingue entre competencias del Estado (art. 149) y competencias de las comunidades autónomas (art. 148), con lo que introduce un motivo de confusión en esa materia de vital importancia para la supervivencia del Estado-nación en su conjunto. Aparentemente, las del Estado son muchas más y más relevantes, pues entre ellas figuran las que más confieren al Estado su unidad y el ejercicio de la soberanía: nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo (art. 149.1.2); relaciones internacionales (149.1.3); defensa y fuerzas armadas (149.1.4); régimen aduanero y arancelario, y comercio exterior (149.1.10); sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad (149.1.11); coordinación general de la planificación de la actividad económica (149.1.13); estadística con fines estatales (149.1.31) y autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum (149.1.32).

Pero ocurre que «las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las comunidades autónomas, en virtud de sus respectivos estatutos» (art. 149.3) y, lo que acaba de desestructurar y confundir el sistema, «el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas […] facultades correspondientes a materia de titularidad estatal» (150.2). Con esto queda dicho que el Estado puede cambiar radicalmente su forma de estar estructurado. Puede acostarse siendo 1, y levantarse a la mañana siguiente siendo 17 o… 50. Si la Constitución pudiera hablar y alquien le preguntase si España es 1 Estado o 17 o 50, me temo que contestaría haciendo gestos y visajes, como la Sibila de Heráclito, en medio de un enigmático silencio, más propio de El proceso y El castillo que del verbo castizo de Fuenteovejuna.

11. Asunto llamativo es el escaso énfasis que la Constitución pone en salvaguardar la competencia estatal de educación, cuando ya los más antiguos pensadores de la política (Platón y Aristóteles) advirtieron que un Estado está condenado a desaparecer si no tiene competencias suficientes para establecer líneas maestras de educación congruentes con su naturaleza, y descuida las necesarias labores de inspección en ese campo.

El artículo 27 afirma que «todos tienen derecho a la educación» y reconoce «la libertad de enseñanza»; que «los poderes públicos» han de garantizar «el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones»; que esos mismos poderes han de garantizar también «el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza» e «inspeccionarán y homologarán el sistema educativo».

Como se puede apreciar, la Constitución habla mucho de «poderes públicos», pero no concreta a cuáles se refiere. No obstante, es obvio que, al menos, la función de inspección y homologación es propia del Estado (gobierno y Cortes), ha de ser una competencia que no admite transferencia, y ha de ser ejercida de forma rigurosa. En esa dirección apunta el artículo 149, donde se menciona, entre las competencias exclusivas de Estado, la «regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologaciones de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución».

Pero el Estado sufre una situación tal de shock y estupor y ha llegado a tal grado de confusión que ni siquiera es capaz de llevar a cabo una mínima labor de inspección, ni de tomar las medidas oportunas para evitar que se produzcan los dislates que se observan en los libros de texto que se estudian en las comunidades autónomas gobernadas por nacionalistas y nacional-socialistas.

12. El problema de la confusión de competencias se podría resolver, de forma global, si se tiene en cuenta lo que dice el artículo 137, con el que principia el Título VIII: «El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan».

Si es «el Estado el que se organiza», entonces se debe entender que sigue teniendo «todas» las competencias. Consiguientemente, lo que debería hacer la Constitución, según un jurista especializado en el tema, es «distinguir entre competencias que el Estado ejercita a través de sus órganos centrales y competencias que el Estado ejercita a través de sus órganos no centrales; en este caso, los órganos de las Comunidades Autónomas»¹⁵. Por tanto, los estatutos de las comunidades no pueden reducir las competencias del Estado, ya que éste, en la Constitución, sigue siendo el «todo», como algo diferenciado de las «partes». «En ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de su unidad [o sea la unidad del Estado], sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido» (sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de febrero de 1981). Los estatutos, que delimitan las competencias de las comunidades, no pueden nunca contradecir las que el texto reconoce al Estado en los treinta y dos apartados del artículo 149.1, porque los estatutos carecen de fuerza para alterar la Constitución.

13. Pero la confusión está ahí, en no pocos recovecos del texto constitucional. A veces esa confusión raya en disparate, como cuando se lee en el artículo 103: «La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de la eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación».

¿La Administración Pública puede actuar simultáneamente conforme a los principios de la eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación? Los principios de la eficacia, la jerarquía y la coordinación son compatibles, sin duda, y hasta se necesitan mutuamente, pero, en muchos casos, si no en todos, difícilmente serán compatibles con los de la descentralización y la desconcentración; primero, porque estos últimos están reñidos con el principio de coordinación adecuada; segundo, porque no respetan el de jerarquía; y, tercero, porque difícilmente pueden conseguir eficacia cosas dudosamente compatibles.

14. En cualquier caso, y para resumir, el texto constitucional no marca unos perfiles definidos que delimiten los ámbitos de competencia de cada nivel territorial de la Administración, y, por ende, el diseño del Estado resulta confuso e inconcluso. Según un autor mencionado en más de una ocasión, «nuestra Constitución ha operado una desconstitucionalización de la estructura del Estado, por lo que las posibles soluciones son diversas y hasta pueden entrar en contradicción». Se agradece la franqueza viniendo como viene de un jurista que fue presidente del Tribunal Constitucional.

Pero si una Constitución «opera una desconstitucionalización de la estructura del Estado» es obvio que es una especie de monstruo, pues contradice el sentido más genuino que, tautológicamente, ha de tener toda Constitución por el hecho de ser Constitución. Si decimos que una Constitución es mala cuando observamos que no sirve para dar consistencia al Estado, ¿qué diremos si lo que hace es desconstitucionalizar las estructuras del Estado? ¿No habrá que decir que es perversa, aunque los padres de la Constitución estuvieran infinitamente lejos de querer tal cosa y hasta creyeran de buena fe haber engendrado una maravilla de la jurisprudencia? Y no vale decir que el rey, como «jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones» (art. 56), pues la Constitución no aclara cuál es ese «funcionamiento regular», ni cómo se va a mantener «su unidad y permanencia» cuando el Estado está abocado a disgregarse en no se sabe cuántas entidades semiindependientes, ni cómo, en esas condiciones, el rey podrá arbitrar o moderar algo. Teóricamente, el texto constitucional le reconoce unos derechos de arbitraje y moderación ilimitados, pero ése es el problema, que son ilimitados.

No obstante, aunque por ello sería fácil acusarle, si los usa, de hacerlo de forma arbitraria y poco moderada, convendría que el poder que le reconoce la Constitución lo usase alguna vez cuando advierta que los poderes públicos conculcan o infringen principios y valores esenciales, como la libertad, la igualdad, la seguridad jurídica y otros, pues, de no hacerlo, la Historia le acabará pidiendo cuentas, como todavía se las pide y se las pedirá mientras exista España a sus antecesores Carlos IV, Fernando VII e Isabel II, soberanos ineptos y hasta indignos a pesar de que el primero fue un hombre bondadoso y artista, el segundo propició políticas sociales y fue muy popular, y la tercera contribuyó a la implantación del liberalismo político y a la dinamización de la economía y, tanto antes de ser destronada como después, durante su exilio en París, fue sin lugar a dudas una mujer que era «todo corazón» y, al final de su vida, llegó a afirmar con un talante autocrítico que la honra: «Sé que lo he hecho muy mal; no quiero ni debo rebelarme contra las críticas acerbas de mi reinado».

15. Con la fórmula autonomista o neoforalista, los constituyentes aspiraban a satisfacer a la exigua minoría de los nacionalistas vascos y catalanes, que apenas representaba, en ese momento, el 5 por ciento de los ciudadanos en edad de votar, y a aplacar a la aún más ínfima minoría de los grupos terroristas que con su «actividad» (desde las Vascongadas ETA, y desde Cataluña Terra Lliure) daban especial «fuerza» a las reivindicaciones de sus correligionarios «moderados» o «democráticos». Entonces como ahora, el agente coactivo principal de las tesis nacionalistas era ETA. Desde 1976, recrudeció su ofensiva poniendo en el hemiciclo de las Cortes cientos de muertos, secuestros y extorsiones, y no la aliviaría hasta 1981, cuando ya habían triunfado las tesis nacionalistas. El día en que la organización terrorista deje de convenir a los partidos nacionalistas «moderados» porque hayan conseguido introducir en la mayoría de la población sus ideas, éstos intentarán seguramente desprenderse de ese aliado demasiado manchado de sangre.

Transcurridos treinta años, se debe reconocer que la Constitución no ha conseguido el objetivo mitigador que se proponía. Muy al contrario, ha enconado el nacionalismo y hasta lo ha suscitado allí donde no existía. Me remito a hechos de todos conocidos. En las elecciones generales de junio de 1977 el total de votos obtenidos en toda España por los nacionalistas fue aproximadamente de un 5 por ciento. Menos de dos años después, en las de marzo de 1979, a los tres meses de haber sido aprobada la Constitución por referéndum, se dobló esa proporción, hasta llegar a un 10 por ciento, de donde bajaría al 7,5 por ciento en las de octubre de 1982. Posteriormente, se ha mantenido en una horquilla que va del 7 al 10 aproximadamente. Por último, en las elecciones generales de marzo de 2008, entre todos los nacionalistas (catalanes, vascos, gallegos y otros) el total conseguido apenas llega al 8 por ciento de los sufragios emitidos en toda España, y en comunidades como Euskadi o Cataluña sólo el 22,02 por ciento y el 20,4 por ciento del censo han respaldado las opciones nacionalistas.

Pero aunque estas cifras sean, indudablemente, modestas, los nacionalistas tienen detrás, como grandes protectores, una Constitución hecha a su medida, una ley electoral que les favorece por tener concentrado su voto en un reducido número de provincias, el control que, como consecuencia de esas dos premisas, tienen del ingente presupuesto de sus feudos regionales y, sobre todo, la transformación del partido socialista español (ésa es su gran conquista) en una prolongación, sucursal o franquicia del partido socialista catalán, de orientación nacional-socialista radical, y la del partido comunista de España en obediente tributario de un partido tan abiertamente ultraderechista como el partido nacionalista vasco. Todo eso ha conferido a los nacionalistas, a pesar de su modesto 8 por ciento, un poder exorbitante.

El hechizo que socialistas y comunistas ejercen sobre una buena parte de la sociedad –la que se caracteriza por su poca y mala información y por la «fe del carbonero» en la Santa Izquierda– ha conseguido que, en su conjunto, la sociedad española haya puesto el destino de España en manos de partidos que proclaman la insolidaridad interregional, la persecución de lo español y de los españoles, la deslealtad al Estado y a la nación, e incluso el uso de la violencia para conseguir sus objetivos. Ésa es nuestra trágica realidad política.

A la vuelta de la aprobación del texto constitucional en 1978, el electorado premió moderadamente, como acabamos de ver, a los nacionalistas, que tan beneficiados salían con ella, pero, a cambio, destruyó sin piedad a UCD, el partido que tuvo la principal responsabilidad de haberla traído. Mientras que en las elecciones generales de 1977 esa formación política obtuvo el 34,6 por ciento de los sufragios, y en las de marzo de 1979 el 35, en las de octubre de 1982 prácticamente desaparece, y sólo obtiene un 6,5 por ciento frente al 48,4 del PSOE, del que se esperaba una línea de conducta constitucional muy diferente de la que luego seguiría. La prensa americana de la época llamaba «nacionalistas españoles» a los socialistas capitaneados por González. Esa prensa estaba muy bien informada…

16. Lo que es indudable es que la Constitución, en complicidad con la ley electoral y los estatutos, ha consolidado el mal que pretendía conjurar, convirtiendo en crónica la enfermedad nacionalista de Cataluña y las Vascongadas y transformando el Estado en una colección de taifas ocupadas por oligarquías regionales que, gracias a las ambigüedades y contradicciones de la Constitución, han transformado o están transformando sus regiones respectivas en «dictaduras de proximidad», según me gusta llamarlas.

Importado de Europa central hace poco más de un siglo, el nacionalismo es una enfermedad política que nunca se había padecido en España. Si de algo se padeció en las Vascongadas y Cataluña fue, más bien, de un españolismo hondamente tradicionalista, demasiado tradicionalista. Lo más grave no es que el nacionalismo se haya hecho más fuerte en Cataluña y las Vascongadas, haya brotado en otras regiones y, por lo general, haya declarado su vocación independentista, al menos de palabra, sino que partidos tradicionalmente internacionalistas y españolistas como el PSOE y el PCE se le hayan entregado en su búsqueda de unas señas de identidad perdidas con el desmoronamiento de la gran patria de la izquierda, la URSS, y, también, en su búsqueda, más prosaica, del filón de poder y caudales que los gobiernos autonómicos abren, como cuevas de Alí Babá, a los que han hecho oficio y granjería de la política.

Cuando el nacionalismo no se proclama abiertamente independentista, es, o porque no le conviene electoralmente, o porque se hace la ilusión de que un día, gracias al entreguismo de la izquierda y la debilidad de la derecha, tendrá a España sometida a una especie de colonialismo o vasallaje, como queda patente en el sistema de los conciertos y en el nuevo Estatuto de Cataluña, que viene a decir a España: «Todo lo mío es mío y sólo mío, y lo tuyo es tuyo y también mío, y me reservo el derecho de decidir lo que, en cada caso, debes entender como tuyo». En virtud del estatuto, el gobierno catalán podrá intervenir activamente en el Consejo General del Poder Judicial, los altos tribunales y otras importantes instituciones españolas, pero rechaza (eso es el «federalismo asimétrico») que España en su conjunto pueda hacer lo mismo en sus consejos e instituciones regionales. Mucho mejor les habría ido a los españoles y, en particular, a los padres de la Constitución si hubieran hecho caso a don Manuel Azaña cuando decía: «Lo mejor de los políticos catalanes es no tratarlos».

17. A pesar de que se puso al conjunto de la población española en la disyuntiva del «todo o nada», o sea, de «esta Constitución o el caos», la gente no se sintió muy entusiasmada. Sometido a referéndum el texto constitucional el 6 de diciembre de 1978, la participación fue reducida. Sólo acudió a votar el 67,1 por ciento del censo, y el sí ganó por un 87,9 por ciento, lo que equivale al 58,8 por ciento del conjunto. La abstención del 32,9 por ciento subió en las Vascongadas al 43, lo que se explica porque, en la Constitución, un aspecto que va tan directamente al núcleo del poder político como es la organización territorial del Estado aparecía lleno de ambigüedades y contradicciones, y esto no podía gustar ni a los no nacionalistas, que eran conscientes de lo mucho que la Constitución cedía a los nacionalistas, ni a éstos, ya que, para ellos, todo aumento en el autogobierno les parece siempre poco.

Si nos trasladamos al presente, vemos que los ciudadanos se sienten todavía más a disgusto con las propuestas autonomistas-nacionalistas que le hace una clase política manifiestamente degradada, y contesta con una abstención masiva. En el referéndum para el Estatuto de Cataluña (2006) se abstuvo de votar el 51 por ciento del censo, y sólo lo hizo afirmativamente el 36 por ciento. O sea, casi dos terceras partes de los ciudadanos se desentendieron del estatuto o lo rechazaron. En el de Andalucía (2007), que contó con el apoyo del PP, los resultados pusieron todavía más en evidencia la propensión que tienen ciertos políticos españoles a crear problemas en vez de resolver los que ya hay: se abstuvo de ir a votar el 64 por ciento del censo, y sólo dijo sí el 31 por ciento del conjunto.

Pero da lo mismo, la Constitución ha dado a los políticos, tanto si son de derechas como si son de izquierdas, tanto si son nacionalistas como si son internacionalistas, la gran oportunidad de tener sus feudos y baronías, de vivir a su costa como sanguijuelas, y por nada del mundo van a dejar que la realidad electoral les estropee una hermosa historia sabiendo como saben que, entre clientes funcionariales e ignorantes de vademécum, todavía pueden estirar el negocio.

18. Del nuevo Estatuto de Cataluña me remito a lo que dice el catedrático de derecho constitucional Jorge de Esteban: «La elasticidad del Título VIII de la Constitución, como he dicho, era muy amplia, pero también tiene unos límites imposibles de franquear, salvo que se quiera desnaturalizar el propio Estado de las Autonomías. Pues bien, este paso se ha dado con la aprobación del Estatuto de Cataluña, que rebasa esos límites y que va camino de convertir al Estado de las Autonomías en un fantasmagórico e imposible Estado de las Soberanías, porque lo que significa el Estatuto de Cataluña no es solamente que se hayan transferido a la Generalidad muchas competencias a las que no puede renunciar el Estado central, sino que su verdadero y más profundo significado consiste en que se ha transferido a Cataluña una parte de la soberanía nacional, esto es, algo que por su propia esencia corresponde a todos los españoles, a la nación en suma».

El constitucionalista se plantea la cuestión de cómo responderá el Tribunal Constitucional, al que ha sido recurrido el estatuto, al desafío a la Constitución que éste representa: «Cada vez es mayor el temor, a la vista de ciertos precedentes, de que los doce (u once, en su caso) magistrados que lo componen acaben cantinfleando como ya ha ocurrido con la sentencia del estatuto valenciano, que ha servido de señuelo para ir preparando el ambiente, y después hacer pública, con el terreno allanado, la del catalán. Desde el punto de vista de la corrección constitucional, el Tribunal no debería haber enjuiciado ningún nuevo estatuto hasta que no hubiera decidido lo que ocurría con el Estatuto de Cataluña, que es el que ha abierto la vía a la reconstrucción del Estado autonómico y el que ha servido de pauta a todos los demás»¹⁶.

¿Adónde han llevado nacionalistas y socialistas al Estado?

«Las cosas han llegado tan lejos», dice el profesor De Esteban, «que si se repitiese el próximo domingo [9 de marzo de 2008] un resultado parecido al de las últimas elecciones, es decir, una victoria pírrica del PSOE, el destino de España estaría entonces en manos de los partidos nacionalistas, que podrían ser los verdaderos vencedores de los comicios y, en tal caso, no cabría sino afirmar que delenda est autonomia. Porque se sabe ya que seguirán exigiendo mayores cuotas de autogobierno, eufemismo que se utiliza para reivindicar una soberanía propia como meta final, con una parada intermedia en un denominado Estado confederal, en el que se daría una asociación de Estados soberanos con algunas funciones que se ejercerían en común o, lo que es lo mismo, una confederación de Estados, que es una forma de organización política inexistente hoy en el mundo»¹⁷.

Mal debe de ir un país cuando un catedrático de derecho constitucional se ve moralmente obligado a escribir esas cosas.

19. Y mal debe de ir cuando un ministro de Defensa, después de alentar a los militares a leer la Constitución, al ver que un general lee en público dos artículos que hacen referencia a los militares, lo manda arrestar.

Y mal debe de ir cuando la prensa presenta las palabras del general como una amenaza al orden constitucional, dando pie a que en algún periódico extranjero se hable del «fantasma de Franco». ¿Pero qué tiene que ver con el «fantasma de Franco» una declaración hecha por un militar a favor de una Constitución que, precisamente, puso fin al régimen de Franco? ¿No habría que hablar más bien del «fantasma de Franco» cuando se ve a un presidente del gobierno saltándose la Constitución a la torera, facilitando así la creación de tantas dictaduras de proximidad como regiones haya en el Estado?

Pero, bien pensado, tal vez el ministro de Defensa y la prensa extranjera tenían razón cuando interpretaron como rebelión, o al menos atisbo de rebelión, la mención en boca de un militar de lo que la Constitución dice sobre los militares: «tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional» (art. 8.1). Ya hemos visto lo difícil que es compatibilizar «la soberanía e independencia de España» y su «integridad territorial» con «el ordenamiento constitucional», desde el momento en que éste alberga tantas ambigüedades y contradicciones. Puede que el ministro temiese que algún general, aprovechando esas peculiaridades de la Constitución, hiciese decir a ésta lo que él quisiera. Pero, invocando esa razón, ¿no debería el señor ministro acusar de rebelión y aun de «golpe de Estado» a otros que no son militares y que pertenecen al partido al que él pertenece?

Mal debe de ir, en suma, cuando el jefe del Alto Estado Mayor del Ejército dice que los militares tienen «algún interés en la unidad de España», como si la «unidad de España» fuese una paga extraordinaria o una de esas cosas de las que se dice que representan «algún interés».

20. Con el Estado de las Autonomías se vendió al ciudadano español, que a mediados de los años setenta sólo conocía, aparte de la guerra civil, un régimen autoritario que había durado cuarenta años, la fórmula que resolvería sus problemas seculares. ¿Cuáles eran esos problemas? El nacionalismo había conseguido que se identificasen con el centralismo, con ese ser espectral llamado «Madrid» que habían segregado sus cabezas delirantes, a pesar de que, como bien observaron Cánovas y tantos otros políticos conservadores y progresistas, «la centralización representa en España ni más ni menos que la libertad, ni más ni menos que la civilización». Consiguieron la identificación de todos los males políticos con el centralismo gracias, sobre todo, a que, de forma sorprendente, se adhirieron a esa tesis los socialistas y los comunistas con fervor de conversos.

«La derecha parece haber vuelto a un rancio centralismo y a un agresivo nacionalismo español.» Quien dice esto, con fórmula lapidaria, no es un feroz nacionalista antiespañol vasco o catalán, sino el secretario general del PSOE en un libro-entrevista publicado en 2001, tres años antes de llegar a la presidencia del gobierno de España, que actualmente sigue ostentando.

Aunque socialistas y comunistas apostaban tradicionalmente por el federalismo, la influencia del nacionalismo les hizo distorsionar el sentido genuino del federalismo. El modelo federal se basa en la acción conjunta del todo con las partes y de las partes con el todo, pero no en una acción bilateral de las partes con el todo, que es lo que pretenden los nacionalistas. Además, los Estados federados –pero no los nacionalismos vasco y catalán– reconocen sin excepción la existencia de una sola nación, como ocurre en Alemania y en Estados Unidos, ejemplos típicos de federalismo. En el caso español, la nueva camada de socialistas y comunistas creyó, en parte por ignorancia, en parte por contagio y en parte por la perspectiva «feudalizante» que abría la Constitución con la carga de intereses particulares inherentes a la misma, que el federalismo tenía que ver con el nacionalismo, cuando el primero es el tránsito de lo separado a lo unido, en tanto que el segundo es el tránsito de lo unido a lo separado, y se sumó con un entusiasmo digno de mejor causa al proceso de desvertebración y disgregación del Estado.

Que de forma ocasional algunos de sus líderes históricos hayan alertado, sobre todo cuando se han visto relegados a la oposición, acerca de los peligros de «desagregación» en curso, según la expresión que utilizan, no les absuelve de la parte de responsabilidad que les toca en esa «desagregación», pues en los momentos decisivos, tanto desde el gobierno como desde la oposición, han respaldado y siguen respaldando la línea disgregadora de los nacionalismos regionales.

En esas condiciones, el gobierno de UCD cometió la equivocación, inspirada por el ministro Clavero, de aceptar y generalizar la tesis autonomista (el llamado «café para todos») mediante decretos leyes, lo que era ir mucho más lejos que la Constitución de la Segunda República. Si UCD deseaba diluir así las «diferencias nacionales», consiguió lo contrario, como el tiempo demostraría. Y así, de un centro difuso, lejano, abierto y más bien maleable, se ha pasado a diecisiete centros confusos, próximos, cerrados y más bien rígidos.

¿Qué se gana haciendo de Sevilla, Barcelona, Toledo, Santiago, Zaragoza, Oviedo, Santander, Valladolid, Logroño, Valencia, Mérida, Vitoria, Murcia, Palma de Mallorca, las Palmas de Gran Canaria... versiones deformadas de Madrid? Dudo que se gane algo en autonomía personal, que es la que de verdad importa, pues el poder suele ser más arbitrario y opresivo cuanto más local, más forzoso cuanto más próximo y más absoluto cuanto más se las quiere dar de autónomo y comunitario. Eso sin contar que cuanto más autónoma es una comunidad, menos lo es el Estado y, por tanto, más desamparados quedan los derechos del individuo. Correlativamente, la fórmula autonomista aumenta de forma cancerosa la burocracia (elegida a menudo por razones que no tienen que ver con el mérito), encarece y emborrona la gestión, y peca de ineficacia, excepto en el mayor control que ejerce sobre los ciudadanos, dada su proximidad a ellos. A través de las comunidades autónomas se han infiltrado en el actual régimen monárquico parlamentario algunos de los elementos más reaccionarios y rancios del carlismo y el tradicionalismo, tan típico del régimen de Franco.

Y con esa infiltración han visto la forma ideal de perpetuarse al frente de los gobiernos regionales los mismos partidos políticos cuando se hacen con las riendas del poder, sobre todo si representan ideologías nacionalistas, socialistas o nacionalsocialistas, dada la discrecionalidad que la Constitución y las leyes en general otorgan a sus ansias intervencionistas. Los nacionalistas llevan gobernando en Vascongadas casi treinta años. Lo mismo ocurre en Cataluña, donde nacionalistas y nacional-socialistas han copado el gobierno prácticamente desde la muerte de Franco. Otro tanto ocurre en Andalucía y Extremadura, feudos del socialismo más demagógico, inepto y, en suma, reaccionario.

Así, a un régimen dictatorial clásico como el franquista le ha seguido otro del que se puede decir que no es menos despótico y dictatorial, aunque exhiba un aire más moderno, si se entiende por «despótico y dictatorial» la capacidad de intervenir unilateralmente en la vida social, y por «más moderno» la forma aparentemente filantrópica de hacerlo. Para viajar a las dictaduras de proximidad en que vienen a parar las comunidades autónomas no se necesitaban las alforjas de una democracia que, en no pocos sitios, particularmente en las zonas dominadas por la violencia y la inseguridad anejas al nacionalismo, sigue siendo sólo nominal.

En el medio político de las comunidades autónomas no es, pues, raro que puedan ir al desván de los trastos inútiles derechos políticos fundamentales, como se aprecia en la enmienda planteada por el PSOE al nuevo Reglamento del Parlamento andaluz, tan lesiva de la libertad de expresión y tan típica de los regímenes totalitarios que, de prosperar, un diputado podría ser privado de alguno o de todos sus derechos «cuando de palabra u obra infligiera ofensas graves al Parlamento o a sus miembros dentro o fuera del recinto parlamentario». ¿Qué libertad parlamentaria puede subsistir con una censura de esa clase, más propia de las Cortes de Franco que de un parlamento genuino? Se tiene, además, la impresión de que para esos señores ofender a un Parlamento regional o a uno de sus parlamentarios es un delito mucho más grave que ofender a España y a los españoles en su conjunto, como se hace continuamente desde el nacionalismo, con la complicidad de los autores de esa enmienda tan restrictiva de la libertad.

Si a finales del siglo XIX se pudo decir que «España era una tribu con pretensiones», a comienzos del XXI habría que corregirla y decir, más bien, a tono con la aportación etnológica de las comunidades autónomas, que «es una colección de tribus con pretensiones… de ser nación». Siendo el efecto más evidente del sistema la insolidaridad y enfrentamiento entre las regiones y hasta entre las provincias y comarcas de una misma región, como se ha visto recientemente en Cataluña a causa del problema de la escasez de agua potable, habría que decir, parafraseando a Ortega, pero al revés, que «las comunidades autónomas son el problema y España es la solución».

21. Cuando uno observa cómo el Tripartito de nacionalistas, socialistas nacionalistas y comunistas igualmente nacionalistas que gobiernan actualmente en Cataluña no se cansa de pedir dinero «a Madrid», surge inevitablemente la pregunta de para qué quieren ese dinero tan ansiado. ¿Será para remediar los persistentes hundimientos en el barrio del Carmelo, los no menos persistentes apagones sufridos en Barcelona y la igualmente «pertinaz» sequía? Tal vez sea para eso, pero ¿y si ese dinero, procedente del bolsillo de todos los españoles, lo quieren para darle un uso menos confesable? No se trata de una pregunta retórica porque sólo en el año 2007 el gobierno catalán ha gastado treinta y dos millones de euros, o sea, más de cinco mil millones de pesetas, en 1.565 «informes» y «estudios» encargados a personas y empresas teóricamente «ajenas a la Generalitat», pero, en la práctica, muy cercanas a los «consellers» y a los partidos del Tripartito, cuyos contenidos producen una cierta perplejidad. ¿De qué tratan esos «informes» y «estudios» y cuánto han recibido sus proponentes? He aquí una muestra: «El seguimiento de la almeja brillante» (27.956 euros), «El murciélago Nana» (2.328 euros), «El efecto de diversas formas de cocinar sobre los contaminantes presentes en los alimentos» (310.000 euros), «El cultivo de la chufa» (11.965 euros, la chufa por cierto sólo se cultiva en Valencia), «Campaña de prevención de caídas de pacientes ingresados» (82.000 euros), «Diez argumentos para el fomento de juguetes no sexistas» (12.000 euros, a 1.200 euros cada argumento), «Estudio para la creación de un observatorio del juego» (29.999,92 euros), «Exposición al riesgo en la red viaria catalana» (29.990 euros), «Estudio sobre validación de los portafolios de medicina familiar y comunitaria (MFCI)» (29.986 euros), «Dirección de estudio sobre validación de los portafolios del MFIC» (29.986 euros).

Estos informes se los han repartido los departamentos de Agricultura (PSC), Sanidad (PSC) e Interior (ICV), pero no se sabe si han sido realizados y si hay proporción entre el estudio propuesto y el dinero dedicado a su realización. También se han pagado 300.000 euros por dos portales de internet que, aunque no existen todavía en la red, hablan de la modernidad de esas subvenciones nacionalistas-socialistas. Al que piense que todo esto exhala el inconfundible tufo que delata el saqueo de las arcas públicas, se le puede decir que tal vez sólo sea un procedimiento para la financiación ilegal de determinados partidos y de sus servidores.

No obstante, se debe reconocer que esta lluvia de millones en forma de subvenciones tiene rasgos tan ingeniosos que parecen sacados de la picaresca del Siglo de Oro –de Rinconete y Cortadillo más aún que del pobre Lazarillo de Tormes– y pone al famoso Tripartito en el centro de la noble arquitectura del Patio de Monipodio. Para burlar los escasos controles establecidos por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas los departamentos de la Generalidad han ideado ardides que llaman la atención por su creatividad, en razón de que la adjudicación directa sólo se permite a los informes de hasta 11.999 euros, la presentación de tres ofertas se exige si los informes llegan a 29.999 euros, y sólo se requiere concurso público a partir de 30.000 euros.

Unas veces se hacen todos los malabarismos numéricos imaginables para no rebasar la línea fatal de los 12.000 euros y así poder recibir la subvención por los procedimientos digitales que tanto predicamento tienen en una comunidad tan histórica como la catalana, con la consecuencia de que el 11.999 y otras cifras semejantes han cobrado un carácter casi mágico. Otras veces se opta por procedimientos «analíticos» no menos creativos, como es el de trocear los informes en distintas partes a fin de mantener vigente la preciosa designación digital.

La inventiva consejeril ha sido tan diligente que el sistema de adjudicación directa o digital ha cubierto con su generoso manto más del 70 por ciento de los 1.565 informes pagados en 2007, y nos ha enseñado que si los nacionalistas catalanes de derechas dedicaron sus veinte años largos de gobierno a la fea práctica de extorsionar a los particulares, al exigirles comisiones del 3 por ciento, que algunos elevan hasta el 20, sus hermanos los nacionalistas de izquierdas han preferido servirse de medios más civilizados para conseguir lo mismo, como es el de entintar papeles con títulos tan sugerentes como «el seguimiento de la almeja brillante», «el cultivo de la chufa», «el murciélago Nana», «los juguetes no sexistas», «la creación de un observatorio del juego», o «el riesgo en la red viaria catalana», lo que sin duda representa un progreso respecto al sistema precedente.

¿A qué gobierno que esté en sus cabales se le puede ocurrir ponerse a sacar dinero de forma tan burda como la extorsión cuando lo puede hacer de forma tan elegante como la subvención y hasta pasar por mecenas? He ahí un caso más de lo que he llamado auto-filantropía o auto-mecenazgo. Probablemente no es exclusivo del gobierno regional catalán, ni es el único procedimiento utilizado para ordeñar las ubres del Estado, pero hay que reconocer que la tradicional creatividad de los ciudadanos de esa región ha situado en cotas muy altas la inventiva que suelen desplegar esas organizaciones.

22. Soy consciente de que no es tarea fácil desmontar ciertos fetiches verbales o palabras seductoras, y mostrar qué se oculta detrás de las apariencias lisonjeras. Gobierno de la Comunidad Autónoma..., cualquiera diría que esa fórmula es una especie de arcano donde se cifran los rasgos más excelsos de la sabiduría política, ya que alude a un gobierno libre y comunitario frente al Estado opresor y despersonalizado, a un gobierno afectuosamente próximo a los ciudadanos, a un gobierno que ha de tener un mejor conocimiento de los problemas dada su proximidad a los mismos...

Los más avisados no tardaron en advertir, sin embargo, que esas palabras exhalan un tufo pedantesco inconfundible, muy de facultad de filosofía alemana, ya que si lo de «comunidad» remite a la mística romántica y nacional-socialista del Gemeinschaft, lo de «autonomía» lo hace a la ilegible Crítica de la razón práctica de ese oscurísimo filósofo prusiano que todavía entenebrece los manuales de filosofía. Pero justo es reconocer que esas expresiones de Don Hermógenes (el pedantón de La comedia nueva) tienen la virtud de encandilar a todos aquellos que se sienten encantados de poder llamar al recreo «segmento de ocio», y a las viviendas, «soluciones habitacionales».

Los Don Hermógenes del día no saben que «región» es una expresión mucho más respetuosa con los derechos humanos que «comunidad autónoma», ya que quiere decir que en el lugar llamado «región» la gente vive con gobierno, no de forma salvaje, vive de forma regida, o sea, recta, sin entrar ni salir –ésa es su virtud– en si la gente ha de estar volcada a la comunidad o retraída en su vida doméstica y amical. Por eso, el término «región» es no sólo más sencillo e idóneo, sino también más considerado con los derechos individuales que el de «comunidad autónoma». Este nombre anuncia, primero, que el gobierno de esos entes políticos puede exigirte que te entregues a la comunidad en la forma en que él quiera, no como tú quieras, y, segundo, que, al darse leyes, los ciudadanos han de mirarse el ombligo, pues, de lo contrario, no podrán ser verdaderamente autó-nomos.

Pero si dejamos la maleabilidad de las palabras para ir a la cruda realidad, al día a día de los gobiernos autonómico-comunitarios, vemos que tienden a convertirse en gobiernos oligárquicos que conocen tan de cerca a la ciudadanía que la tienen en un puño, o, lo que es lo mismo, en una especie de dictadura de proximidad, frente a la cual el «opresivo» gobierno central es una liberación; en gobiernos en los que el amiguismo y el clientelismo –del que más arriba hemos puesto ejemplos recientes– garantizan, al hacerse moneda corriente, la incompetencia de sus empleados y la arbitrariedad de las actuaciones de éstos.

Si hace un cuarto de siglo alguien podía estar convencido, sobre todo por ignorancia, de que con las comunidades autónomas se superaba el centralismo y de ese modo «en vez de meros súbditos de un poder absorbente los españoles puedan considerarse ciudadanos con grados de participación en el poder político más o menos amplios», para decirlo con palabras escritas por un conocido profesor y observador político año y medio después de aprobada la Constitución, dudo que pudiera seguir suscribiéndolas al día de hoy, sobre todo si ha visto funcionar de cerca gobiernos como los del País Vasco, Cataluña o Andalucía. Y tendría que cambiar su opinión, porque entonces debería considerar más ciudadanos y menos súbditos a los nacionales de Mónaco o Andorra que a los de EE UU, ya que los de Mónaco o Andorra tienen más oportunidades de participar en los diferentes niveles de la Administración que los del país americano, lo que no deja de ser una opinión que está a contrapelo de la historia.

23. El nacionalismo vasco y el catalán tienen con el franquismo más lazos ideológicos y psicológicos de los que están dispuestos a reconocer, porque han quedado cuidadosamente camuflados gracias a los buenos servicios de maquillaje que les prestan desde hace tantos años socialistas y comunistas. La sacralización de la nación y la patria española del franquismo tiene su equivalente en la de la nación y la patria vasca o catalana del aranismo y el pujolismo. La principal diferencia reside en que de un exceso incluyente se ha pasado a un exceso excluyente, lo que hace del nacionalismo vasco y catalán formas políticas todavía más reaccionarias, estrechas y mediocres que la del nacionalismo franquista.

No es el único ejemplo de derivación del régimen franquista que se puede encontrar. Ahí están los sindicatos, que gracias a las subvenciones y privilegios que les ha otorgado el actual régimen monárquico parlamentario han acabado siendo una forma puesta al día del sindicalismo vertical del régimen anterior.

24. Se pueden llevar todavía más lejos los paralelismos y analogías. Según los expertos, como ya hemos visto, el nuevo Estatuto de Cataluña supone la suspensión factual de la aplicación de la Constitución en Cataluña. Si se tiene en cuenta que esa región está dominada por un gobierno nacional-socialista que ha logrado difundir su propio pathos al conjunto de la sociedad catalana, el paralelismo se presenta por sí mismo. Me refiero a la ley mediante la cual el canciller Hitler transfirió en 1933 a su gobierno el derecho a suspender la Constitución y el poder legislativo. Así como esta resolución pasó a ser la base legal del régimen nacional-socialista alemán, la aceptación del Estatuto de Cataluña por parte de las Cortes Generales, gracias a la alianza de nacionalistas, socialistas y comunistas, pone, igualmente, las bases legales para la implantación de un régimen de esa clase en la región afectada, que, llegado el momento, tendrá los parabienes del Tribunal Constitucional, buen ejemplo de lo que no debe ser un tribunal que aspire a presentarse como imparcial ante la sociedad.

Ciertamente, el poderío de la Alemania de los años treinta no se puede comparar con el de la Cataluña de comienzos del siglo XXI, pero, si el gobierno nacional-socialista de la primera abanderó un expansionismo de cuño imperialista que acabaría provocando la guerra mundial, el gobierno homólogo de la segunda tampoco ha ocultado nunca sus ansias de expansión en los llamados «países catalanes». Karl Marx decía, en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, que los grandes hechos de la historia se repiten dos veces, «una vez como tragedia y otra vez como farsa». Supongo que la aventura catalana, a diferencia de la alemana, se quedará en farsa, y eso es lo mejor que puede ocurrir, pero aun así, moralmente, tan deleznable y siniestra es la aventura de esa región española como la de sus precursores alemanes.

Mientras llevan a cabo sus proyectos imperiales, los nacionalistas y nacional-socialistas catalanes ya han conseguido que el gobierno y las Cortes Generales de España den el visto bueno a un estatuto que establece un cierto vasallaje de la nación española a la catalana (en eso consiste en definitiva la relación «asimétrica»), un vasallaje análogo, por cierto, al que rinde actualmente el partido socialista español a su «asimétrico» catalán, y ese sometimiento ocurre cuando Cataluña ha pasado a formar parte, con el País Vasco, del club de sociedades que hacen pagar muy caras las discrepancias o, sencillamente, las persiguen, como todos los días están viendo los que en esas dos regiones no comulgan con las directrices oficiales.

De las sociedades que no permiten las discrepancias no se espere que vayan a proteger los derechos humanos de nadie, condenadas como están a convertirse en sociedades cautivas. En esas condiciones es, además, inútil querer saber lo que la gente piensa realmente, pues esa averiguación no depende de que la prensa se sienta libre para hacer preguntas, sino de que la gente se sienta libre para responderlas. Eso –sentirse libre- es, justamente, lo que no ocurre en las sociedades cautivas. Y lo que ha permitido, también, que se dé el idílico nombre de «oasis político» a lo que es sólo un «vertedero».

25. ¿Qué decir cuando a favor de la Constitución de 1978 se alega, como se hace a menudo, que ha asegurado a España un período de paz y de prosperidad que dura ya más de treinta años? A lo primero, que difícilmente se podía producir una guerra en un país limítrofe de Francia, ubicado en plena Europa occidental, favorecido por una relativa prosperidad y cohesión social, y con el recuerdo todavía vivo de los horrores de la guerra civil. Además, en nuestro entorno europeo occidental no ha habido atisbo de guerra en este tiempo, y eso que las constituciones de esos países se parecen poco o nada a la nuestra. Añádase que si España se ha distinguido por algo ha sido por la existencia en ella de un terrorismo fomentado ideológica y financieramente por el nacionalismo, un nacionalismo que goza de no pocos privilegios gracias a la Constitución y a otras leyes fundamentales, que han tenido la virtud de debilitar al gobierno de una forma inimaginable en los países de nuestro entorno europeo y de ensombrecer el horizonte de forma que a menudo se oye hablar, no sin fundamento, de un proceso de balcanización en marcha.

26. En cuanto a la «prosperidad», conviene presentar algunos datos. Mientras que el año 1974 fue un año de crecimiento nulo en muchos países de la OCDE, en España la tasa de crecimiento del PIB fue muy alta, del 5,5 por ciento, y el empleo alcanzó la máxima cota de todo el período desarrollista: 13.065.000 personas. La convergencia económica de España con la CE de entonces (Francia, Alemania, Italia, el Benelux, Reino Unido e Irlanda) era del 80 por ciento aproximadamente.

A partir de ese momento, la situación va a sufrir un deterioro que sólo se remontará veinte años después, hacia 1994. Desde 1975, año de la muerte de Franco, hasta 1985 el crecimiento es tan bajo que llega a ser cero en 1979 y negativo en 1981, y la inflación tan alta que a menudo supera los dos dígitos, dando lugar al temido fantasma de la «estanflación». En 1984 la población activa es prácticamente la misma que diez años antes, lo que da idea del desánimo en que estaban sumidos los que buscaban empleo, en particular los jóvenes. La presión fiscal pasa de un 25 por ciento del PIB en 1975 al 30 por ciento en 1980 y al 35,5 en 1985; simultáneamente, el déficit asciende, en pesetas corrientes, a 22.000 millones en 1976 (0,3 por ciento del PIB), a 428.000 millones en 1980 (2,5 por ciento del PIB) y a 1.957 miles de millones en 1985 (6,9 por ciento del PIB).

La crisis industrial y bancaria es especialmente intensa, sobre todo entre 1978 y 1985. Concretamente, entre 1975 y 1984, la crisis afecta a más de la mitad de los bancos (58 de los 110 que había en 1977). Una segunda oleada de quiebras sobreviene en los años noventa (Ibercorp, Banco Europeo de Inversiones y uno de los grandes, Banesto).

El famoso año 1992 es especialmente indicativo al respecto. Su cara luminosa son los fastos del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, la Exposición Universal de Sevilla, los Juegos Olímpicos de Barcelona, la conclusión del período transitorio de ingreso de España en las Comunidades Europeas y la entrada en vigor (el 1 de enero de 1993) del mercado interior comunitario; su cara oscura la resume el historiador de la economía Juan Velarde cuando dice que ese año «debe quedar en nuestra historia como el ejemplo del caos que produce un profundo desgobierno económico». La cifra de parados se eleva al 24 por ciento de la población en edad laboral en el año 1995, último de los doce en los que el socialismo llevó las riendas del gobierno.

Omito decir que el deterioro económico afectó no poco a la vida de cada día a causa de los hurtos, atracos y otras formas de delincuencia que, combinadas a menudo con el mercado negro de la droga, hicieron que no se pudiese transitar de forma segura en zonas céntricas de ciudades como Madrid, tradicionalmente tranquilas.

Una última observación económica. Desde la implantación del Estado de las Autonomías, se ha observado que la reducción de las desigualdades regionales ocurre en épocas de estancamiento, mientras que el aumento de las desigualdades se produce en las épocas de crecimiento. Esos dos resultados no dejan de aportar una lectura preocupante de la configuración autonómica del Estado, pues al sugerir que sólo reduce las desigualdades a cambio del estancamiento general, y que sólo fomenta la economía general a cambio de aumentar las desigualdades, viene a decir que, en términos económicos, para el Estado de las Autonomías igualdad equivale a inmovilismo, y progreso a desigualdad.

Ignoro cómo explicarán los expertos el fenómeno, pero aventuro que tal vez tenga que ver con el sistema autonómico como tal, ya que éste ha laminado el nivel municipal de participación ciudadana en la política, creando una especie de casta nobiliaria entre los niveles supremos del Estado, asociados tradicionalmente a la realeza, y los inferiores de tipo local. En España las épocas de afianzamiento de las libertades, robustecimiento de la vida nacional y prosperidad han sido aquellas en las que el nivel «inferior» de tipo local o municipal y el «superior» de tipo central o estatal han obrado de consuno frente a las pretensiones del nivel nobiliario, foral o regional intermedio, que hoy tiene su expresión en las comunidades autónomas.

27. Las reflexiones que hemos hecho tratan de aclarar problemas políticos que van más allá de España, pues el «caso español» es sólo una parte del «caso europeo» y, tal vez, un campo de pruebas de lo que se avecina en el continente. España ha venido a ser una especie de laboratorio donde desde hace treinta años se ensaya una de las formas más efectivas de (auto)destrucción de Europa, aquejada, en la mayoría de los países que la integran, por la enfermedad del nacionalismo tribal, el izquierdismo de pancarta y subvención, y por una educación deficiente, o en estado de coma, como se observa de forma especial en España. Estas reflexiones nos han mostrado cómo el (pseudo)progresismo de izquierdas ha devenido reacción extrema y nos han aleccionado, de forma indirecta, sobre las técnicas de ingeniería política que cabe utilizar para destruir una nación y crear otras nuevas sobre sus cenizas.

Poco importa que se trate de una de las naciones más antiguas, esté adornada con una de las historias más gloriosas, posea una de las tres lenguas más utilizadas, haya creado una de las primeras literaturas, disfrute de considerable prosperidad económica, esté situada como puente privilegiado entre países de culturas y religiones diferentes, y los habitantes de sus regiones se parezcan todo lo que se pueden parecer entre sí a los habitantes de una nación. Nuestro hipotético destructor ha escogido esa nación para demostrar lo fácil que resulta su tarea, siempre y cuando se le den ciertas facilidades políticas de apariencia menor. Empezará por buscar esos «rasgos diferenciales» que nunca faltan en cualquier lugar del mundo, como cocina, arquitectura, indumentaria, acento dialectal, lengua ancestral, etc., o simples naderías, como ese Carbonero con el que el nacionalismo vasco desea reemplazar a los Reyes Magos, o una burda falsificación de la historia, como puede ser una batalla remota que nunca ocurrió, pues nuestro destructor de naciones sabe muy bien que basta que una mentira se repita incansablemente para que cobre más credibilidad que la verdad más evidente.

Una vez elegidos los rasgos diferenciales el destructor se afanará en magnificarlos y mitificarlos y, a continuación, convencerá a la gente de que esos rasgos revelan la «diferencia nacional» de la población y de que todos los males de esa «nación sin Estado», tanto los reales como los imaginarios, incluidos los provocados por el propio destructor, están causados por la nación a la que la población pertenece hasta la fecha. El destructor sabe que una vez inoculados esos gérmenes en el organismo social la enfermedad será inevitable y que, a poco que haga, seguirá su curso de forma inexorable. Al llegar a esta fase, nuestro destructor hará uso de ciertas herramientas de maquiavelismo elemental, pero muy eficaz, como la de atribuir a sus oponentes la responsabilidad del enfrentamiento y demás males que él mismo genera, según la bien conocida función del bombero pirómano, que tanto éxito tiene cada vez que se repone. Y, naturalmente, podrá incluso tachar de nacionalistas de otro signo a los que le dan ese nombre, si estima que resulta malsonante.

Punto esencial, que ya pasa al terreno de lo jurídico: el destructor camuflará su operación con un nombre lisonjero, positivo, tal vez pomposo, que oculte sus intenciones, como el de Estado de las Autonomías, para tras esa cortina de humo llevar más fácilmente adelante su labor. Para hacer que sus fórmulas político-jurídicas actúen con seguridad y eficacia, intentará controlar los medios de comunicación y, a través de ellos, infiltrar en la población sus ideas y mantenerla distraída para que le deje continuar tranquilamente su tarea. Y hará lo posible por rebajar la formación y educación, con el pretexto de democratizarla o algo similar, a fin de que la gente, empezando por la juventud, sea una masa fácilmente moldeable en sus manos. Si cuenta con el prestigio de una figura de aire regio y sacro que con su venerable continente le ayude a tener anestesiada a la gente, no pedirá más, y así, una vez concluidos sus manejos, se volverá, tan contento, a su país. Pues el país de origen de nuestro destructor no es ninguna de las naciones que quiere construir, ni la antigua que quiere destruir, sino una tercera y hasta una cuarta que, mediante esas técnicas, aspiran, torpemente, a quitarse un competidor en la carrera.

El destructor de naciones se llama también destructor de inteligencias y voluntades. De esa operación previa depende el éxito de todo.

28. La parábola del Destructor de Naciones no es sólo un juego literario. Desde hace treinta años toda Europa se ve conturbada por un fuerte movimiento disgregador –del que son muestras relevantes Escocia y Gales en Gran Bretaña, Córcega y Bretaña en Francia, Flandes en Bélgica, la región del Po en Italia, Vascongadas, Cataluña y Galicia en España–, ante el cual uno se pregunta si no habrá un centro dedicado a alentarlo e impulsarlo, y si ese centro no hará su labor a través de organizaciones del tipo de la Unión Federal de Comunidades Étnicas de Europa, el Centro para la Promoción de las Minorías Étnicas en Europa, o la Oficina para la Promoción del Uso de las Lenguas Minoritarias, todas las cuales conducen a organismos alemanes como focos de irradiación.

Ese proyecto disgregador tal vez sirva para explicar hechos tan curiosos como el mapa de Europa que inspira al grupo de Los Verdes-Alianza Libre Europea en el Parlamento de Estrasbugo. En él Gran Bretaña aparece fragmentada en cuatro Estados diferentes, Yugoslavia en algunos más, Francia en muchos más, y España en siete (de hecho, sólo se da el nombre de España a una región que comprende León, las dos Castillas, La Rioja, Extremadura y Murcia), mientras que, en el mismo mapa, el «Reich» alemán figura engrandecido con la anexión de Austria, la Suiza germanófona, el Tirol italiano, Luxemburgo, Alsacia y Lorena.

A la vista de carta geográfica tan peregrina uno se pregunta si tendrá que ver con la que, medio siglo antes, presentaron a Hitler las Waffe-SS, dado que en este último mapa las Naciones de Europa aparecían también troceadas en pequeños Estados-Naciones. La diferencia más notable entre el mapa de las SS hitlerianas y el de Los Verdes alemanes de Estrasburgo reside en que de los diez entes políticos que aparecen formando España en el primero se ha pasado a las siete naciones post-españolas que se destacan en el segundo, y en que el mapa de Los Verdes reduce la aplicación del nombre de España a una porción de su territorio actual. La inspiración hitleriana de la cartografía «verde» me hace pensar en unas declaraciones hechas en 1992 a La Vanguardia por el más iluminado de los dirigentes nacionalistas vascos de los últimos años: «Vamos hacia un IV Reich. Los movimientos económicos que ahora hace Alemania a través de la Comunidad Europea ¡son los mismos que hizo Hitler con sus tanques, son los eternos caminos de la expansión germánica! […] Al final veo una Europa de los Pueblos con inspiración germánica, con los actuales Estados superados, y entonces, digo yo, el vasco y el catalán no tendrán que ser inquilinos de nadie en esa Europa del futuro».

Para ese nacionalista el acomodo de las provincias Vascongadas en España es, por lo que dice, una relación de inquilinato –extraño inquilinato, en verdad, que dura tantos siglos como son los que tiene España–, mientras que su acomodo en una Europa dominada por un hipotético Reich alemán la elevaría a no se sabe qué mirífico cielo. Si tachar de majadería tal forma de pensar es hacerle un honor que no se merece, hay que reconocer, sin embargo, que la transformación de España en una colección de Comunidades Autónomas está en la línea marcada por el mapa de las Waffe-SS de Hitler y por el de Los Verdes-Alianza Libre Europea. Esperemos que nuestro Tribunal Constitucional, que tantas veces parece tener como principal finalidad interpretar la Constitución de la forma más anticonstitucionalizadora posible e ignorar los principios más elementales de la jurisprudencia, no se deje llevar por esas oscuras corrientes que alientan la disgregación nacional y se cuiden mucho de hacer juegos malabares, más propios de picapleitos que de tan altos magistrados, con el artículo 2 de la Constitución, que dice que «La Constitución española se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles».

Lo digo porque, en una reciente sentencia, este Tribunal acaba de dar una nueva prueba de malabarismo jurídico o, más bien, de incapacidad para pensar con un mínimo de rectitud, al justificar que por un mismo delito se apliquen penas diferentes en razón del sexo de los que lo cometen, con lo que uno se pregunta qué queda de la igualdad jurídica que, en el artículo 1 del Título Preliminar, la Constitución propugna como uno de los «valores superiores de su ordenamiento jurídico». ¿Es que los miembros del Tribunal Constitucional ignoran el artículo 14 que dice: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social»? ¿Es que los jueces de ese Tribunal Constitucional son un hatajo de ignorantes, o gente cegada por el fanatismo «del género», o unos déspotas cuyo principal afán es demostrar a los españoles que ellos están por encima de la Constitución, o, simplemente, los tristes instrumentos utilizados por los partidos de vocación totalitaria que, al colocarles en ese Tribunal, sabían a quién colocaban en ese puesto?¹⁸

29. No quisiera transmitir la idea de que «todo está perdido». Eso es lo que querrían inculcar los nacionalistas en la mente de los que no comulgan con sus ideas. Las grandes victorias suelen ser hijas de las pequeñas derrotas, pero sólo a trueque de que éstas estimulen la inteligencia y fortalezcan la voluntad. Lo que los españoles en general y sus minorías políticas e intelectuales en particular deben hacer es justamente eso: fortalecerse moralmente y disponer diligente y cuidadosamente los instrumentos jurídicos y de comunicación a fin de constituir sólidamente el Estado y quitar a los enemigos de éste las armas que, para su destrucción, él mismo les ha dado tan confiadamente. Pueden consolarse pensando que si España ha aguantado un ordenamiento constitucional que habría acabado con naciones como Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y cuantas se quiera poner en la lista debe atribuirse a su consistencia y homogeneidad, y al prestigio que la nacionalidad española tiene para la inmensa mayoría de los ciudadanos.

Pero eso no basta. Han de subrayar, a fin de subsanarlos, los fallos de la Constitución de 1978, pero no para sacar una nueva de la nada, que podría ser tan mala, si no peor. Lo mejor es tomar como borrador la vigente, conservar lo bueno que en ella hay, corregir lo malo, y tener presente que lo mejor en materia legal, como en literatura y filosofía, es la brevedad, la claridad y la sencillez, pues sólo así puede cumplirse el objetivo esencial de dar seguridad y dignidad a los ciudadanos. Cuando he dicho que es mejor reformar la Constitución que sacar una de la nada, no estoy invitando al «pasteleo». Eso sería lo peor que podría ocurrir. Hay que ambicionar lo mejor y, para ello, eliminar, en la medida de lo posible, las trampas y trampantojos que se encuentran en el actual texto constitucional.

Antes he comparado la Constitución con un palacio de fachada imponente, en el que se encuentran aquí y allá detalles de aspecto muy aparente pero que, aparte de sus proporciones algo raras, contiene escaleras y pasadizos que no llevan a ninguna parte, y cuartos de estar que están envueltos en la tiniebla y rezuman una malsana humedad, lo que aconseja trabajos muy serios de remodelación y saneamiento. Con ser tan grave todo eso, el problema principal está en que, hallándose en una región muy sísmica, el edificio carece de los cimientos adecuados.

Mis reflexiones han tratado de señalar esos defectos y de proponer remedios, empezando por precisar las competencias que el Estado central no puede delegar ni transferir a las comunidades. Entre otras reconocidas como irrenunciables por todo Estado bien constituido, como son la defensa nacional y las relaciones exteriores, yo destacaría las de educación, justicia, orden público, seguridad social, hacienda, medio ambiente, política hídrica y empleo público, todo ello siempre con la mira puesta en contribuir a la igualdad, libertad, solidaridad y seguridad de todos los ciudadanos.

De ahí que se deba arrancar de raíz todo cuanto menoscabe, en la Constitución, esos principios y valores, y pueda provocar sentimientos de tipo xenófobo, antiigualitario o racista, sobre todo si se dirigen contra los españoles y su lengua común. Y no sólo en la Constitución, sino también en la legislación sobre partidos políticos. Si la libertad de expresión se vuelve inaceptable cuando tiene como objetivo incitar a la xenofobia, el racismo, la misoginia u otras actitudes de esa clase, con más razón debe ser recusada si se utiliza para promover el odio y rechazo de lo español, incluso la eliminación de lo español, según hacen desde hace más de treinta años partidos nacionalistas regionales a los que el actual ordenamiento jurídico español otorga, de forma insensata, condiciones de auténtico privilegio político, social y económico.

30. El respeto a las minorías jamás debe ir en detrimento de la mayoría y, menos aún, dar lugar a que los intereses de ésta queden sometidos a los de aquéllas. Pues ésa es la esencia de los gobiernos oligárquicos. De las tiranías, en suma. El valor político y moral de ese principio se hace todavía más evidente cuando las minorías pretenden imponer medidas discriminatorias y degradantes para la mayoría, o contrarias a las normas más elementales de convivencia. De ahí se debe extraer, entre otras lecciones, la de reformar la ley electoral a fin de mejorar la proporcionalidad entre los votos emitidos por los ciudadanos en el conjunto de España y los escaños obtenidos en las Cortes por cada partido, aumentar la representatividad de los partidos de ámbito nacional, y evitar que los gobiernos de la nación dependan de partidos nacionalistas regionales que sólo obtienen sufragios en un reducido número de provincias.

Pero no basta con reformar esa ley. Hay que ir al fondo. Lo que un Estado no puede hacer, so pena de condenarse a la inoperancia y hasta de atentar contra sus ciudadanos, es dar cabida a formaciones políticas cuyo ideario promueva el odio, no ya al extranjero, sino al nativo. A menos que quiera inmolarse en aras de sus enemigos, el Estado no puede extender un certificado de normalidad a formaciones que se proponen la destrucción del propio Estado, escarnecen y vilipendian a los españoles (caso de Sabino Arana y demás nacionalistas), desconocen la lealtad, y hasta dan por supuesto que la traición y la doblez son formas normales de conducirse en política.

¿En qué cabeza cabe que haya representantes del Estado que, desde su puesto oficial, trabajen para destruir el Estado que representan, como es el caso de algunos presidentes de gobiernos regionales? ¿Cómo van a proteger esos representantes del Estado los derechos más elementales de los españoles que viven en las regiones donde gobiernan? ¿En qué cabeza cabe que un Estado considere legales a partidos que sólo aspiran a tener al Estado bajo su control para desmontarlo y emplear las piezas obtenidas del desguace para armar nuevos Estados con los que satisfacer la codicia de oligarquías capaces de cualquier corrupción para conservar sus privilegios?

En España hemos visto a un representante regional del Estado haciendo un «plan» para acabar con lo poco que subsiste del Estado y la nación en la región cuyo gobierno preside, y haciendo preceder ese plan con una política de inspiración nazifascista cuyo objetivo es la eliminación de la lengua española en ese territorio, a pesar de ser la lengua materna de más del 70 por ciento de la población. Pero con ser eso grave, lo es mucho más que el presidente del gobierno de la nación y las Cortes Generales de España reciban a ese confeso hispanófobo con todos los honores, en vez de tratarlo como a un traidor, a un golpista, a un peligroso delincuente o, tal vez, como a un enfermo que padece crisis de delirio paranoico.

Y hemos visto al presidente de un parlamento regional acogiendo en sede parlamentaria, y así infringiendo sentencia del Tribunal Supremo, a los representantes de un grupo que se dedica a perseguir y eliminar a los españoles, mientras que, en ese mismo Estado, cae todo el peso de la ley sobre las sufridas espaldas de gente que ha incurrido en pequeños delitos o que, simplemente, ha querido hacer uso de la libertad de expresión y apoyar a las víctimas del terrorismo. ¡Infeliz del país en el que la justicia es blanda con los poderosos y dura con los débiles!

31. Para ser plenamente democrático y proteger los derechos humanos fundamentales, el Estado no puede admitir en su seno, como si fueran normales, a formaciones políticas que discriminen y persigan a las mujeres, a los negros, a los de una determinada religión… Sin embargo, nuestra Constitución y nuestras leyes están hechas de tal forma que autorizan y hasta fomentan partidos que, no contentos con discriminar y perseguir a hombres y mujeres, a blancos y negros, si son españoles y no quieren renunciar a su nacionalidad, tienen la osadía de amparar, proteger y financiar a grupos terroristas que se dedican a su persecución y exterminio. Al final va a resultar verdad aquel lema de los tiempos del franquismo que decía «Spain is diferent». ¿Cómo no va a ser «diferente» cuando su Constitución y sus leyes ven normal que partidos declaradamente antiespañoles gobiernen varias regiones de España y condicionen la acción del gobierno de España?

¿Cuándo van a aprender nuestros políticos y juristas que en el corazón de Europa hay países plenamente democráticos que porque lo son y porque quieren seguir siéndolo no admiten en su seno partidos comunistas marxistas-leninistas, nacional-socialistas, o incluso monárquicos porque, en la historia de esos países, esos partidos han demostrado ser incompatibles con los principios de la democracia y los fines más elementales de todo Estado de derecho? ¿A qué esperan los españoles y sus dirigentes para seguir ese camino? ¿No es ya hora de que nuestra monarquía parlamentaria deje atrás sus errores, que tanto sufrimiento han ocasionado a los españoles, y aprenda al fin que sólo podrá ser democrática y estar en condiciones de defender y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos cuando ponga fuera de juego a partidos que unen a la hispanofobia o xenofobia (para ellos los españoles son extranjeros ¡en su propia patria!) la deslealtad al Estado como forma de hacer política?

Si esos partidos antiespañoles representan un problema no es en modo alguno por el escaso apoyo ciudadano que tienen en condiciones que podrían considerarse «normales» –en las elecciones del 15 de junio de 1977 todo el voto nacionalista no llegó al 5 por ciento, en las del 9 de marzo de 2008 ha conseguido el 8 por ciento–, sino por las facilidades que les dan, con profusión digna de mejor causa, la Constitución de 1978, la ley electoral y los estatutos autonómicos que de aquélla derivan, gracias a la debilidad intelectual y moral de los partidos de inspiración liberal y socialdemócrata, y a la involución nacionalista totalitaria, o ultraoportunista (a fin de cuentas es lo mismo), de las formaciones de cuño socialista y comunista.

Hay muchas razones para creer que la población de España en general y la de las provincias vascongadas y Cataluña en particular recibirían con alivio la ilegalización de esos partidos que se alimentan de odio, resentimiento y adhesiones irracionales. Es seguro que celebrarían su ilegalización como el que se quita un peso de encima o se libra de una pesadilla. Una pesadilla, insisto, que no han ocasionado tanto esos minoritarios partidos nacionalistas tribales como los «grandes próceres españoles» que, «abducidos» por el nacionalismo, elaboraron la Constitución, la ley electoral y las demás leyes que sólo han servido para alimentar movimientos y formaciones de esa clase.

Comprendo la desesperanza y el pesimismo de los que viven en las regiones sometidas a la coacción nacionalista, probablemente mucho más dura que la que sufrió el conjunto de la sociedad española durante los años más negros del régimen de Franco. Como los valientes que combatieron ese régimen, los resistentes de ahora deberán conservar su entereza para hacer frente a un enemigo más implacable y totalitario aún que la «brigada político-social» del franquismo, un enemigo al que no le faltan ni sus SS ni su Gestapo bajo las siglas de ETA. Deberán, digo, conservar su entereza a pesar de las campañas de manipulación de las conciencias y el sistemático lavado de cerebro que los nacionalistas realizan con un éxito considerable gracias al apoyo que les prestan partidos que se dicen socialistas y comunistas. Sólo al precio de la entereza en las dificultades, la resistencia al opresor y la claridad en las ideas, podrán quitarse de encima la losa del totalitarismo los españoles que todavía se ven obligados a luchar para establecer en su país una democracia genuina.

Comprendo sus dudas y temores cuando ven el rumbo nacionalista de partidos que todavía tienen, a veces, el descaro de presentarse como internacionalistas y, sobre todo, cuando ven a fiscales y jueces condenar al presidente de China por el genocidio cultural tibetano, y ni siquiera poner en el banquillo al presidente de la Generalidad o al del gobierno vasco por el genocidio cultural español que realizan en las regiones que gobiernan. A esos jueces y fiscales es mucho más fácil verlos emprender campañas justicieras cuando los «crímenes contra la humanidad» se producen a cinco mil kilómetros de distancia que cuando la humanidad contra la que se cometen se encuentra a la vuelta de la esquina.

32. ¿Qué medidas de saneamiento político habría que poner en práctica con carácter prioritario? Yo destacaría, para terminar estas reflexiones, las siguientes. En primer lugar, evitar que los partidos funcionen como ahora, o sea como una especie de «carrera» alternativa a la profesional, que puede ser mucho más remuneradora económica y socialmente que ésta, y cuyas asignaturas principales son la «sumisión al jefe», la «obediencia ciega a las consignas» y «cursos intensivos de demagogia», o sea de las artes del engaño según las conveniencias del momento. La corrupción que afloró por doquier en la «era González» puso de relieve que, sin los debidos controles, un partido político puede convertirse fácilmente, cuando toca poder, en una maquinaria cleptocrática, a pesar de haber presumido de «cien años de honradez», o tal vez por haber presumido de ello.

Para sortear ese peligro hay que poner fin a la impunidad de que gozan los representantes políticos gracias a su transformación en una especie de nueva clase feudal, con fuero propio incluido. Esa transformación se observa en todas las regiones, pero es especialmente evidente en comunidades autónomas como Andalucía, donde las autoridades socialistas parecen tener de modelo a una conocida duquesa, y Cataluña, donde el caciquismo se ha naturalizado en la forma paradigmática del nacionalismo y el nacional-socialismo.

Además de la impunidad, a los políticos hay que arrebatarles los demás privilegios de que gozan cuando llegan al poder, y que son el control (1) de la mitad del sistema financiero español a través de las cajas de ahorro; (2) de los medios de comunicación, como la televisión y la prensa, que controlan ya directamente ya mediante subvenciones; (3) del aparato judicial, que controlan a través del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, la Fiscalía del Estado, etc.; (4) de la financiación pública de partidos y sindicatos, que hace del actual régimen un discípulo muy aprovechado del de Franco y de otros de tipo fascista; (5) de la educación, que controlan a través de la forma politizada de acceso a la docencia universitaria y de la implantación, en los planes de estudios, de normas nacionalistas y nacional-socialistas; y (6) de la cultura, cuyas formas de control ya hemos analizado y que erosiona gravemente las condiciones de libertad, igualdad de oportunidades y mérito que son indispensables para el florecimiento de la cultura y el fortalecimiento de la civilización.

Como epígrafe 7 se podría añadir la cada vez más urgente necesidad de reducir el número de empleados públicos que ha llenado de lastre a la nave del Estado: su número es cinco veces mayor que el que dejó el régimen de Franco (de los seiscientos mil que había en 1976 se ha pasado a los tres millones de la actualidad, sólo en Andalucía hay doscientos mil), superando con creces el que tiene Alemania, que casi dobla en población a España¹⁹.

La preparación de esos empleados, en su mayoría regionales y locales, carece de garantías mínimas de calidad, al no haber pasado pruebas adecuadas de selección, y han dado lugar a una espesa turba que tiende a embarullar cualquier gestión y a dificultar la resolución del problema más sencillo, que gracias a sus buenos oficios puede convertirse en una pequeña historia de Kafka. Además, grava el bolsillo del contribuyente, que ha de pagar el sueldo a tantos y tan inútiles parásitos, empezando por los señores de las centrales sindicales y las organizaciones patronales, que podrían dar cursos de doctorado sobre esa materia en las universidades más acreditadas.

Un simple dato: del billón escaso de pesetas que se gastaba todo el aparato del Estado en el último año del franquismo se ha pasado a los sesenta billones actuales. No cabe duda de que hay mucha gente encantada con el estado de cosas existente. Tantas, al menos, como son las que viven del parasitismo público.

El segundo punto que quiero subrayar es la necesidad de reformar la ley electoral a fin de que las Cortes representen de forma fiel y auténtica la soberanía nacional. Lo primero que hay que hacer para lograr ese objetivo es suprimir las ventajas que concede a los partidos que tienen concentrado su voto en una o pocas provincias, pues con esas ventajas no sólo premia a las formaciones de tipo nacionalista regional, sino que incita a su eclosión por todas partes, y supone un ataque frontal al carácter de «representantes de la soberanía nacional» que deben tener los diputados.

Para que éstos cumplan tan alta función, la nueva ley deberá otorgar ventajas razonables a las formaciones que tienen repartido el voto por toda la geografía nacional, y, a la inversa, quitar los incentivos que ahora reciben las que lo tienen concentrado en una o pocas provincias. Así se compensará a las primeras, en una pequeña parte, el inmenso perjuicio que la ley les ha hecho durante los últimos treinta años, y, sobre todo, se evitará el bochornoso espectáculo de las últimas elecciones generales, donde se ha visto que, en virtud de las actuales reglas de juego, un partido nacionalista antiespañol, sólo por tener concentrado su voto en dos o tres provincias, obtiene seis veces más diputados que otro que lo tiene diseminado en cincuenta, con lo que nos ha venido a decir que un ciudadano puede valer por seis, y que el 8 por ciento del censo –el que vota nacionalista antiespañol– puede decidir el destino de todos los españoles.

¿Pero no proclama la Constitución en el Título Preliminar y en el Título I la «igualdad» de los españoles como derecho fundamental? Sí, así es. ¿Entonces la ley electoral es anticonstitucional? No necesariamente, pues seguro que la Constitución contiene recovecos que sirven para constitucionalizar esa desigualdad. De ahí que si alguien llega y dice: «1 = 1», ella no dudará en confirmárselo respondiéndole: «Es verdad, 1 = 1», pero si llega otro con voz más alta y exclama: «1 = 6», ella se mostrará complaciente y le dirá tan tranquila: «Es verdad, 1 = 6». Ésta es la Constitución que tenemos. Un prodigio de coherencia²⁰.

El tercero y último punto que destacaría en este apretado resumen final es la necesidad de reformar la Constitución. Hay que suprimir la referencia a «los pueblos de España» y a las «nacionalidades», disipando así la idea arcaica, predemocrática, franquista o carlista y, sobre todo, letal de que España no es una nación de individuos o ciudadanos, que es lo que toda nación moderna debe aspirar a ser, sino una especie de caverna que alberga no se sabe cuántos entes llamados comunidades autónomas que pertenecen a la familia de las quimeras, las esfinges y otros monstruos semejantes. Hay que reducir las competencias de esos entes y devolver al Estado muchas de las que se le han sustraído con tan grave perjuicio para los ciudadanos, según se ha subrayado más arriba.

El actual sistema ha contribuido a que el Estado, al quedar vaciado de instrumentos legales y de los apoyos sin los cuales esos instrumentos son inoperantes, no pueda hacer cumplir la ley, ni hacer que las leyes sean iguales para todos y estén libres de ambigüedades y contradicciones, lo que ha menoscabado la seguridad jurídica de los ciudadanos y potenciado la tendencia de los gobiernos regionales a establecer con ellos relaciones de vasallaje. No contentos con socavar derechos tan fundamentales como es el uso de la lengua común, esos gobiernos han mostrado una tendencia invencible a rebajar la enseñanza a la condición de instrumento del localismo más cerril.

Asimismo, hay que dotar al poder judicial de la mayor autonomía respecto al ejecutivo y al legislativo, y prohibir, por esa misma razón, que los jueces puedan asociarse, lo que inevitablemente les contamina de partidismo y convierte en un poder fáctico, que es lo último que se esperaría de ese poder jurídico por antonomasia que debe ser la Justicia. Las interferencias políticas en esa materia han viciado la Administración de Justicia, y dado alas a formas totalitarias de gobierno que nada tienen que envidiar al autoritarismo del régimen del general Franco.

Urge cambiar la forma de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, pues la actual hace de ellos algo así como «prevaricadores constitucionales», ya que la vía partidista que los lleva al Tribunal Constitucional, junto a la ambigüedad y contradicciones del texto normativo en base al cual han de forjar sus sentencias, hace de los magistrados de ese tribunal todo lo contrario de jueces imparciales.

Respecto al procedimiento de elección del Consejo del Poder Judicial me sumo a lo que expone en un artículo reciente sobre «La independencia del poder judicial» el jurista Manuel Jiménez de Parga, que fuera Presidente del Tribunal Constitucional: «A mi entender, el cambio operado por la Ley Orgánica de 1985 fue una auténtica modificación del orden constitucional. Fue un cambio sin reforma, una mutación de la Constitución sin modificar el texto de 1978»²¹.

Y sin que dijese esta boca es mía el Tribunal Constitucional y con el agravante de que a ese mazazo al orden constitucional dado por el presidente socialista González se sumó el líder de la derecha de entonces, Fraga, ese político típico del tardofranquismo al que la izquierda (PSOE) osa poner como modelo de centrismo a sus adversarios de la derecha (PP).

La variedad y multiplicidad de formas estatutarias que han adoptado las comunidades autónomas es un buen ejemplo de la irracionalidad en política y de cómo un mal entendido respeto a las diferencias va a menudo unido al aumento de las deficiencias. Lo racional sería elaborar un estatuto único para todas las regiones, en el cual se recogiesen los aspectos mejores que están diseminados en los actualmente vigentes. Lo racional, en suma, sería utilizar los estatutos existentes como borradores del texto definitivo, el cual, una vez logrado, haría imposibles los agravios comparativos, las contradicciones entre esos importantes textos normativos y el pueril juego del «yo más que tú» al que se arrojan los dirigentes de una región para no ser sobrepasados por los de las otras. Eso sería lo racional y lo que más podría satisfacer las aspiraciones de libertad, igualdad, seguridad jurídica y solidaridad de los ciudadanos, pero, claro, esa racionalidad choca con las ambiciones de la clase política de las diferentes regiones, a la que la Constitución ha abierto un campo de juego caciquil tan vasto como descontrolado.

Nunca se dirá lo suficiente que en su deseo de perpetuarse en el gobierno de las regiones donde gozan de una posición sólida, derechas e izquierdas han sacrificado sin vacilación los principios de igualdad, libertad y seguridad jurídica. Cautivados por el nacionalismo tribal y las oportunidades que éste ofrece al caciquismo, los comunistas con la entrega, los socialistas con una colaboración expresa y los populares con una colaboración velada han venido a situarse, en términos de la gran historia, en los planteles del foralismo tardofeudal de donde brotara el nacionalismo regional, demostrando así que están más a gusto con Carlos IV y Fernando VII, que con el Dos de Mayo y las Cortes de Cádiz; con la «Ominosa Década» de El Deseado y el infante don Carlos, que con la revolución liberal de la Constitución de 1812; con el bando de los «serviles», que con el de los «liberales».

Del disgusto de la población por la forma en que se han elaborado los nuevos estatutos son un buen ejemplo los resultados obtenidos en los referendos celebrados recientemente para aprobar los de Cataluña y Andalucía. La escasa participación ciudadana y el escasísimo margen de sufragios afirmativos han demostrado el profundo divorcio que hay entre la población en general y los políticos en particular.

Y no se piense que es un asunto menor. A lo largo del siglo XX se ha visto hasta la saciedad cómo el descrédito y corrupción de la clase política ha sido la ocasión aprovechada por los «caudillos» para acabar con los regímenes democráticos e instaurar otros de tipo dictatorial hechos a su medida. Estos últimos regímenes nunca han servido para curar el mal causado por sus predecesores, pero han llevado al ánimo de los ciudadanos el triste consuelo de la venganza y, con ella, la reconfortante sensación de haber aplicado un severo correctivo a los políticos que defraudaron sus esperanzas. Conviene no olvidar esta enseñanza de la historia, pues, como es sabido, los que olvidan el pasado se condenan a repetirlo.

Sólo deseo que los que emprendan una tarea de tanta trascendencia como es la reforma de la Constitución y de la ley electoral –tarea que los partidos ya deberían haber iniciado para así evitar improvisaciones– tengan claro que no se puede llegar a pactos sobre la constitución del Estado con aquellas formaciones que en el pacto sólo ven una vía para romper el Estado. Que los nuevos constituyentes no repitan el gravísimo error de 1978 concediendo al enemigo –pues por tal se reputa él mismo– toda clase de ventajas en la infundada creencia de que así se le llevará al buen camino, cuando lo que lograron en realidad fue hacer surgir por todas partes enemigos sin por ello debilitar a los ya existentes. Y esa letal floración fue inevitable porque, aunque fuera con la mejor intención, los padres constituyentes y los legisladores hicieron de la hostilidad a España un negocio sustancioso.

Ya es tiempo de que la sociedad española y, más en concreto, los políticos e intelectuales aprendan que sus peores enemigos no son los que se declaran tales, sino esos «hombres magnánimos» que con el pretexto de su «gran amor a la humanidad» conceden ventajas y privilegios a los que hacen de la hostilidad a lo español una forma de vida, incluso un ideal. El enemigo declarado suele ser menos peligroso que el encubierto.

Ya es tiempo de que nuestros políticos –los nacionalistas, los socialistas y los populares– dejen a la espalda esa condición suya, que hemos señalado, de niños consentidos y chantajistas los primeros, fantásticos y autocomplacientes los segundos, y repelentes y sabihondos los terceros, y pasen de una vez a ser personas adultas y hagan suya la madurez que sólo otorga el cultivo de ciertos valores y principios como la comprensión y el respeto al otro, el amor a la verdad por dolorosa que ésta sea, una cierta modestia unida al sentido de la realidad, y la admiración por todo lo que de verdad debe ser admirado.

Con la adopción de las medidas de saneamiento enunciadas y de las otras que han ido desgranándose a lo largo de estas páginas se puede confiar en que las instituciones lograrán algún día esa madurez y calidad que en ellas se echa tanto en falta, la Administración de Justicia y la enseñanza obtendrán al fin el aprobado del que todavía están tan lejos, la sociedad se sentirá consiguientemente más feliz, libre, segura y contenta, y los filósofos podremos dedicar nuestro tiempo y talento, tan escasos el uno como el otro, a asuntos más gratos, aunque tal vez menos importantes, en vez de vernos constreñidos, casi contra nuestra voluntad, a usurpar a bomberos y galenos sus respectivos oficios.

33. A veces pensé terminar este libro con un verso de Virgilio que utilicé para cerrar, hace ya casi cuarenta años, el primero de los míos, Los juegos del Sacromonte (1975). Eran aquellos unos tiempos en que el régimen de Franco no permitía albergar grandes esperanzas a una España que, sin embargo, estaba a punto de dar un importante paso en su historia y a mí mismo –permítaseme recordar esa pequeña historia– me había castigado con un expediente académico que me descabalgó de la docencia universitaria. El verso dice: Una salus victis nullam sperare salutem. O sea «Para los vencidos no hay otra salvación que no esperar ninguna salvación». Pero el tiempo no pasa en balde y ahora me doy cuenta de que esa línea del poeta latino exhala un tono trágico y fatal al que no me siento tan cercano como entonces.

Por eso, me ha parecido mejor terminar diciendo, de forma menos oscura y con un intelectual español del pasado siglo, que «es preciso reconstruir la conciencia nacional», revisar «todas las instituciones democráticas en nombre de su principio de origen, limpiándolas, purificándolas de todos los falsos valores que sobre ellas o a sus expensas se han creado», en suma, «quisiera yo, señores, que la invocación de nuestra cualidad de españoles obrase sobre todos como un cáustico; quisiera que esa invocación produjese sobre los perezosos, sobre los cobardes y sobre los escépticos el efecto de un trallazo que los hiciera erguirse».

Me gustaría terminar con esas palabras, pero temo que la gente de izquierdas sobre todo, y en particular la que tan mitificada tiene a la República, no entienda esas voces que yo me apropio, o hasta se burle de ellas y las tache de… Quiero, sin embargo, decir a esa buena gente que las palabras citadas las pronunció Manuel Azaña el 11 de febrero de 1911 en la Casa del Pueblo de Alcalá de Henares ante los socialistas y sindicalistas que tenían allí su lugar de reunión, y que no creo equivocarme si añado que esos socialistas y sindicalistas se parecen a los que en nuestro tiempo dicen ser sus descendientes como un huevo a una castaña.

Epílogo

Conversación de

Ignacio Gómez de Liaño

con Ilia Galán

Ilia Galán: En el panorama general de la obra de un pensador como tú surge con frecuencia el tema del mito unido a la política. Así sucede en Los juegos del Sacromonte y también en El idioma de la imaginación. Esas investigaciones serán aplicadas luego, fundiendo ambas líneas, en La mentira social, donde analizas las nuevas tiranías que hoy se padecen por medios no coercitivos a través de la nueva conciencia impostada que en nuestra sociedad ejercen los dirigidos medios de comunicación de masas. En otro libro que viene a ser una especie de resumen de tu filosofía, de los trabajos de muchos años de búsqueda, Breviario de filosofía práctica, se incluye una crítica a la política de nuestro tiempo. En su parte final, y por medio de aforismos, se apunta en esta obra la corrupción del sistema democrático. Somos mayoría los intelectuales que convenimos en que la democracia es el menos desastroso de los sistemas de organización política, según hemos ido analizando la historia de la humanidad, pero también coincidimos en que es un sistema mejorable, y en que aquello con lo que contamos hoy es demasiado distinto de lo que deberíamos disfrutar. La degeneración del sistema puede conducir a sistemas lamentables de gobierno o desgobierno. Tú no lo has silenciado, y has advertido, como muchos otros, de la necesidad de señalar las trampas para huir del horror. Incluso en tus novelas surge la cuestión social como intrínsecamente ligada a nuestra representación del mundo, tanto en Musapol como en Extravíos, donde el análisis de la sociedad y las utopías como referentes contrapuestos chocan entre sí. Estas consideraciones que han ido apareciendo en tus obras podrían ahora concretarse en una mirada general a la situación política europea y en especial a la española de cara a replantearnos nuestra sociedad en este nuevo milenio que acabamos de comenzar.

Ignacio Gómez de Liaño: Hay una sensación bastante generalizada, al menos en el medio intelectual en que me muevo, de una cierta desesperanza. Es como si el intelectual, el hombre de cultura, tuviera que limitarse a cultivar su jardín interior, a procurar que en él crecieran las flores más bellas, y a no salir de los setos que le sirven de frontera, porque el mundo de la política y el de los medios de comunicación está tan degradado, tan empobrecido, que hay que poner una especie de muralla para evitar ser contaminado. He sido consciente de ello al conversar con profesores de diferentes generaciones y sobre todo de filosofía. Respeto esa actitud y entiendo que uno deba establecer una jerarquía y dedicar a cada cosa el tiempo que se le debe. Pero aunque quienes nos dedicamos a la filosofía, o a cualquier ámbito de la cultura, pretendemos hacer lo mejor posible la tarea en los campos que hemos elegido, eso no significa enajenarnos del medio político y social en el que habitamos, pues en definitiva ese medio repercute en la posibilidad de desarrollar nuestra obra filosófica o literaria. Por eso creo que el intelectual, y especialmente si es filósofo o escritor, tiene que ser consciente del medio social y político en el que vive, porque de él depende la pervivencia de su legado cultural, de lo que pueda dejar a las generaciones futuras, de que en el mundo tengan vigencia ciertos valores sin los cuales no merece la pena vivir, como la justicia, la solidaridad, la libertad. Por eso el año pasado publiqué un largo artículo que se titula «Medidas para el saneamiento político»²². En general, el sentimiento que yo he observado entre la gente del ámbito de la cultura es desesperanzado, pesimista...

Ilia Galán: Tal vez también porque se dirían muertas o heridas de muerte las grandes utopías, pues sin unas ideas esperanzadas sobre el futuro, de renovación, es difícil actuar en el mundo que nos rodea.

Ignacio Gómez de Liaño: Sí, sobre todo después del final de las grandes utopías y cuando se percibe que la sociedad está permitiendo que se establezcan sistemas que yo me atrevo a calificar de despóticos o totalitarios. Pero yendo al punto concreto al que hacías referencia, puedo decir que, desde los años setenta, algunos de los temas que más me interesaron fueron los relacionados con la memoria y la imaginación, facultades íntimamente relacionadas entre sí, pues si la memoria es la imaginación que mira al pasado, la imaginación es la memoria que se proyecta hacia el futuro. ¿Por qué me interesaron tanto? Porque fui consciente de que gran parte de lo que somos es lo que recordamos y lo que imaginamos. Gran parte de nuestras alegrías y nuestras penas tienen que ver también con lo que imaginamos y lo que recordamos. Y lo mismo ocurre en la vida social y política, donde la imaginación y la memoria juegan un papel a menudo decisivo. Por lo tanto, prestar atención a los contenidos imaginarios y mnemónicos de la mente es una función que incluso puede ser terapéutica para el individuo y para la sociedad.

Ilia Galán: En este sentido no iban desencaminados los que quisieron transformarlo todo a partir de mayo del 68 y arrastraron a muchos a luchar por sus ideales, a dejar parte de la vida por diversas formas de utopía, algunas disparatadas y otras más atractivas e incluso con elementos de gran sensatez.

Ignacio Gómez de Liaño: Sin embargo, eso tampoco es suficiente. «La imaginación al poder», se decía entonces, pero Thomas Hobbes ya observó en el Leviatán que «la locura es una imaginación desenfrenada» y eso no conviene olvidarlo. Como filósofo, me di cuenta de que tenía que prestar atención a la imaginación por la importancia que tiene respecto a nuestra capacidad de crear, pero también de conocer. Ya desde Aristóteles se sabe que pensar es imaginar y que sin imaginación no hay pensamiento. Pero la imaginación no es menos importante para la formación de la persona y para nuestra capacidad de proyectarnos hacia el futuro. A partir de ahí realicé una serie de estudios, que inicialmente tenían que ver con la historia de las ideas, para determinar el papel que ha desempeñado la imaginación y la memoria en la historia de la filosofía. Más tarde esos estudios tuvieron una derivación en el interior de mis propias convicciones filosóficas, como se advierte en Iluminaciones filosóficas o Sobre el fundamento, y de una manera específica los apliqué al terreno sociopolítico, a lo que contribuyó el hecho de que, en esa época, desde 1976 hasta hace unos pocos años, yo fuera profesor en la Facultad de Ciencias Políticas. Los contenidos imaginarios, simbólicos, míticos, desempeñan un papel muy relevante en nuestras sociedades. Se puede decir que éstas se alimentan en buena medida de dichos contenidos.

Ya había abordado ese tema en mi primer libro, Los juegos del Sacromonte. El centro de esa obra, que está a caballo entre la historia, la filosofía y la poesía, es precisamente una fabulación, una falsificación, consistente en el hallazgo de unos evangelios apócrifos presentados como un descubrimiento milagroso. Tan milagroso fue, en verdad, que el lugar donde se hallaron, un monte próximo a Granada, recibió entonces el nombre de Sacromonte, de «monte sagrado», y tuvo una enorme repercusión en la historia, no sólo en la eclesiástica, sino también en la política y cultural del final del siglo XVI y principios del XVII. Ese hallazgo, por ejemplo, influyó decisivamente en la génesis del Quijote, como demostré en uno de los capítulos («La estancia del caballero de los libros»). Ya en esa obra, el tema de las imágenes mentales, de las ficciones, de las construcciones míticas, era un asunto principal por su incidencia en la vida social, política, religiosa y también en la literatura. Y volví al mismo en La mentira social, cuyo subtítulo es Imágenes, mitos y conducta. Creo que si queremos acceder al interior de una persona hemos de indagar en los contenidos de su memoria, lo que imagina, y si queremos conocer una sociedad tenemos que conocer igualmente las imágenes que circulan por las mentes de sus gentes, y eso se puede inferir, de alguna manera, a partir de lo que ofrecen los medios de comunicación. Si examinamos lo que ocurre en la televisión, en el cine, y también en la literatura más masiva, obtendremos una buena fotografía de la sociedad en la que vivimos, puesto que ahí están las imágenes de las que el grueso de la sociedad se nutre. Una persona, ciertamente, no sólo consiste es eso, también la constituyen su profesión, su trabajo, sus aficiones, sus relaciones familiares y sociales... Pues bien, si unimos todo eso a las imágenes, tendremos como resultado una radiografía muy completa y precisa de su vida.

Ilia Galán: En realidad, leyéndote o escuchándote, parece que el camino que abres continúa la línea que abrió C. G. Jung –que ahora podría resultar más interesante que Freud, su maestro–, aunque él aplica los estudios simbólicos como arquetipos a la psicología y a la práctica clínica y tú investigas desde un punto de vista más general: filosófico, y en especial desde una perspectiva antropológica, gnoseológica, sociológica y política. En cierto sentido, estás desarrollando una estética política, con nueva reelaboración, mucho más allá de la que hiciera F. Schiller. Tú partes de la historia de las ideas y estudias su evolución, pero al mismo tiempo comienzas desde la aplicación práctica de las imágenes a partir de las ideas o, al contrario, desde las imágenes como generadoras de ideas a través de los siglos.

Ignacio Gómez de Liaño: La estética política de la que hablas tiene antecedentes antiguos e ilustres. El más obvio es Platón, tanto en La república como en Las leyes, así como Aristóteles. También puede rastrearse en las obras políticas de Baltasar Gracián y en las Cartas para la educación estética del hombre, de Schiller, que tienen un contenido político de primer orden. Ahí se observan claramente las hibridaciones de estética y política. Hay que detenerse asimismo en algunos de los maestros de la sociología y la teoría política, como Wilfredo Pareto, que otorga gran importancia a los elementos irracionales, imaginarios, míticos, como factores de la acción social; o en un discípulo y amigo suyo, Georges Sorel, que toca esos temas en sus Reflexiones sobre la violencia. También Ortega ve la vida humana como un drama, o sea, en una perspectiva estética. En tiempos más recientes han surgido autores muy variados que se han interesado en esta temática, porque han intuido la importancia de lo mítico y lo irracional frente a aquellos otros pensadores que están más en la línea hegeliano-marxista, que piensan que lo que mueve al sujeto humano es la lógica de la racionalidad y la economía. Los factores que condicionan la conducta son variables. Hay que reconocer que muchos son irracionales; no digo antirracionales, sino no racionales. O sea, no derivan directamente del razonamiento discursivo.

Ilia Galán: Tal vez uno de los mayores problemas de Marx es haber querido reducir todo a la economía, imaginando que ésta es la explicación racional por excelencia, en realidad la única, y pasando incluso por encima de las experiencias que revelan su propia biografía, pues él mismo debería haber sido un opresor, ya que procedía de una familia burguesa y partió de una situación económica holgada, como Engels. Pero ambos contradijeron sus propios esquemas deterministas. El que tiene es y ha de ser opresor; el que no tiene es y ha de ser oprimido o revolucionario.

Ignacio Gómez de Liaño: Ese reduccionismo respecto a la visión del individuo, de la sociedad y de la historia, redundó luego en el reduccionismo de la acción política que llevaron a cabo los partidos marxistas. Quisieron reducir al individuo a las proporciones de su teoría. Lo metieron en una especie de lecho de Procusto. Había que cortar todo lo que sobresaliese, había que uniformarlo todo, de acuerdo con su teoría. Los marxistas han ido muy lejos en esa dirección reduccionista. Y menos mal que todavía sostenían posiciones internacionalistas, lo que ensancha en cierta medida las perspectivas de sus esquemas. Mucho peores han sido y son los nacionalistas, pues van más lejos en el reduccionismo. Sus catecismos son aún más depauperadores y tienden a empequeñecerlo todo de una manera radical.

Ilia Galán: En este sentido, la irrupción de Jung en el panorama del pensamiento actual es un logro frente al reduccionismo de Freud, que pretendía analizarlo todo desde el sexo. La consideración acerca del imaginario compartido y de los juegos simbólicos se ha convertido en algo determinante en nuestro mundo. Lo era ya desde siempre, pero ahora los intelectuales lo han reconocido de modo generalizado y reflexivo. Hay conciencia de que todo puede ser leído en clave simbólica y de que las imágenes son y pueden ser vertebradas como poderosos lenguajes y razonamientos, aunque no usen una lógica deductiva y no cuenten con gramáticas fijas. Es interesante constatar que, desde otra línea argumental y con otros parámetros –como es tu caso–, puede llegarse a conclusiones perfectamente compatibles con las de Jung. Se diría que el siglo XXI está especialmente preparado para comprender que el universo imaginario y simbólico, el universo estético, y su percepción por medio de las imágenes, es clave para la sociedad. Como si en otros siglos eso hubiera estado soslayado por teorías que aplastaban con pretendida racionalidad y ciencia casi todo lo demás, todo lo que no entrase en sus esquemas. Así ha sucedido sobre todo en los siglos XVIII y XIX, pero también en el XX.

Ignacio Gómez de Liaño: Una de las principales diferencias que hay entre nuestro tiempo y otros es que en otras épocas todo el mundo vivía en el seno de una sola construcción simbólica. Esa construcción era compartida por la mayoría y estaba muy bien estructurada, además de ser considerablemente compleja. Pongamos como ejemplo el imaginario simbólico de la religión católica, o el de lo que es cada país, o el de las diferencias sociales de tipo estamental... Se vivía en un medio homogéneo desde un punto de vista imaginario. Y esas construcciones se habían decantado a lo largo de los siglos, y en ellas habían intervenido los representantes máximos de la cultura, tanto literaria y científica como religiosa, mientras que ahora nos encontramos con una especie de atomización de esas grandes construcciones. Ese proceso de desmantelamiento ha ido acompañado de una invasión mucho más intensa, en todos los niveles, de los contenidos imaginarios más heteróclitos, triviales y fugaces, que están presentes por doquier gracias a los medios de comunicación que transmiten imágenes a través de los soportes más variados.

El resultado es que hay una presencia mayor, masiva, de los componentes imaginarios en la sociedad actual, sin que por ello esa presencia esté acompañada de una estructuración más racional y discursiva que le sirva de contrapunto. Al contrario, hay una especie de anomia, de aleatoriedad, al menos aparente, en la formación de las nuevas estructuras imaginarias. Al mismo tiempo, se ha producido un envilecimiento de los contenidos, como si se viviera en una temporada permanente de saldos. De saldos simbólico-comerciales. Lo que marca la pauta no son las grandes construcciones del espíritu sino construcciones degradadas por la banalidad, tanto en la vida individual como en la social y política. Con esto quiero subrayar que hoy en día debería ser una obligación existencial y moral para los individuos que quieran formarse como personas ser más conscientes que en otras épocas de ese medio que yo llamo «idolomórfico», o imaginario, para inmunizarse frente a las agresiones que de él puedan provenir, y para establecer jerarquías de valores, pues no todos los contenidos imaginarios tienen el mismo valor. Claro está que no son igual de valiosas las imaginaciones que Miguel Ángel dejó en la Capilla Sixtina que las de esa tropa infinita de artistas inanes que puede observarse en cualquier bienal o feria de arte contemporáneo. Debería ser evidente para todo el mundo que no vale lo mismo una zafia crónica periodística de sociedad o un folletín cinematográfico que un capítulo del Quijote o una buena novela, como pueden serlo las de Thomas Mann, Galdós o Baroja. Actualmente, el sujeto está más inerme, y, por tanto, debe armarse más y mejor, psíquica e intelectualmente, ya que está más expuesto a las asechanzas.

Ilia Galán: Es más, se diría que la formación de nuestro presente puede suponer cierta deformación en la medida en que ante esa fragmentación muchos no han elaborado una construcción más o menos coherente de aquello a lo que aspiran como individuos. Es decir, no se forma a los individuos para que sean capaces de digerir el caos de informaciones, contradictorias a veces, que reciben indiscriminadamente como si todo fuera válido, como si todos los valores pudieran ser objeto de elección democrática. Pero es evidente que no todos los valores son iguales.

Ignacio Gómez de Liaño: Eso es lo que está en la base de mi filosofía e igualmente en la base de los análisis de Carl Gustav Jung: la gran importancia del imaginario. Él lo planteó en términos de terapia, yo en términos de una refundación de la filosofía...

Ilia Galán: Que sirve además de terapia social...

Ignacio Gómez de Liaño: Más aún, ya que esa refundación filosófica sirve también para fundamentar la terapia psicológica. Gran parte de mis trabajos en el campo de la historia de las ideas, sobre todo los de El idioma de la imaginación y El círculo de la Sabiduría, surgen de la percepción de que la filosofía tenía ya desde la Antigüedad dos líneas bien trazadas: una teórica y otra práctica, y que ésta mira a la formación de la persona mediante la conjunción de los conceptos con los afectos, de la inteligencia con la emotividad. En la Antigüedad los filósofos fueron conscientes de que para formar al individuo no bastaba con enseñarle a razonar bien sino que también había que enseñarle a imaginar bien, y de ahí que desarrollasen técnicas basadas en las artes de la memoria que iban en esa dirección. Es el precedente de las terapias de tipo junguiano y otras psicoterapias que los modernos terapeutas sólo han empezado a conocer hace unos pocos años.

Ilia Galán: Más tarde también se siguió aplicando, por ejemplo en la Iglesia católica, con la consideración del Stabat Mater, el Via Crucis, los autos sacramentales, la liturgia barroca o los ejercicios espirituales de san Ignacio de Loyola, que los jesuitas empleaban mediante el ejercicio de la imaginación.

Ignacio Gómez de Liaño: En efecto, la espiritualidad católica es un buen ejemplo de lo que hablamos. Sirvan de muestra la organización del tiempo en el año cristiano, la liturgia y los ritos, el sistema iconográfico, los Ejercicios de san Ignacio, Las moradas de santa Teresa. Incluso la misma composición de los Evangelios es, básicamente, una sucesión de imágenes y escenas que sirven de instrumento sensible para la meditación sobre la condición humana. Pero mientras ahí se presenta un sistema relativamente cerrado, cíclico y coherente, fruto de una evolución histórica multisecular y dotado de una gran riqueza existencial, hoy nos encontramos en un medio desconstruido, atomizado, desmantelado, saqueado… En una especie de ciudad ocupada por bárbaros, con grandes edificios en proceso de ruina o dedicados a funciones que no les corresponden y revelan su decadencia. De algún modo tenemos que recrear, refundar, la Ciudad, y por eso en Musapol –la novela que citaste antes–, que literalmente quiere decir «la ciudad de las musas», propuse, a través de la literatura, la búsqueda de una nueva ciudad digna de ser vivida por un hombre que aspira a ser digno de serlo.

Ilia Galán: Se diría que tu posición es beligerante y da varios pasos por delante de la llamada «posmodernidad». Pero desde que el marxismo «ha triunfado» en la práctica –y no me refiero a los Estados del imperio soviético o a otros que se llamaron comunistas, ni al supuesto y efímero triunfo de la teoría marxista, sino al triunfo del valor económico sobre los demás– se ha producido una masiva igualación de valores de tipo espiritual o cultural y se ha confundido la democracia con la eliminación de todo tipo de jerarquías, incluidas las del saber, las científicas, de modo que se ha perdido el valor de la excelencia. En ese clima de anomalía general hallamos a muchos que se cultivaron en el pensamiento marxista y entienden o entendieron que los iconos eran enemigos. Así vemos cómo la Unión Soviética tuvo que inventar una nueva mitología. Sus ejércitos desfilaron como símbolos de la revolución con una severa disciplina estatal ante la momia de Lenin en la plaza del Kremlin. Una nueva liturgia para un nuevo mundo, como en la Revolución francesa...

Ignacio Gómez de Liaño: Lo mismo que en la plaza de Tian’anmen, o sea de la Paz Celeste…, delante del mausoleo de Mao Zedong. Con todo su carácter sacro y autocrático, los emperadores chinos no tuvieron la arrogancia de ubicar sus mausoleos en un lugar tan céntrico como ése, sino a varios kilómetros de la capital. Además, como se puede comprobar visitando las tumbas Ming y Ching, son mucho más bellas que la de Mao. Esto significa que el supuesto revolucionario filántropo era un tipo humano y político más tiránico y un tipo estético más depauperado que los emperadores que han pasado por grandes déspotas.

Ilia Galán: De hecho, hizo una destrucción simbólica para reconstruir con otra nueva simbología, la propia.

Ignacio Gómez de Liaño: No son los mismos perros con distintos collares, sino los mismos perros mucho más fortalecidos.

Ilia Galán: Pretendían una legitimación racional que luego se ha revelado como algo muy diferente, pues se hundieron no sólo sus argumentos sino la práctica de sus teorías en el experimental laboratorio de la historia. En cualquier sociedad parece clave la cuestión de la destrucción de «todo» tipo de jerarquías cuando se trata de mirar a su manera de entender el mundo, a hallarle un sentido. Por ejemplo, hay muchos individuos que piensan en la noción jerárquica como en un enemigo, como en la aristocracia de la sangre, que no conduce a nada. Pero no aceptan tampoco jerarquías espirituales ni de conocimiento, ni siquiera de verdades o de sentimientos. Así, rechazan el concepto platónico de los mejores, de los que saben y del mérito, de los que trabajan por mejorarse y mejorar lo que tienen a su alrededor. En algunos casos, hasta hace muy poco, incluso ha sido considerado contrario a los valores democráticos; tanto es así que en la enseñanza media se ha hecho una severa discriminación penalizando a los mejores a favor de los peores, lo que ha acarreado en ocasiones un descenso de los niveles de exigencia provocando el aburrimiento de los mejores y su abandono en la barbarie generalizada. El resultado es un desmoronamiento de la enseñanza básica y media, que podría extenderse a la universidad con la última reforma. Otro triste ejemplo es el que viví en Budapest, cuando me alojaba en una casa modernista cuya fachada exterior había sido destruida por el gobierno comunista para igualarla a las del entorno, menos exuberantes, más sencillas. Este modo de interpretar el ideal de igualdad es sin duda el más torpe y el que entre nosotros ha triunfado, aunque de otro modo, desmoronando la sociedad. Sin embargo, la búsqueda de la excelencia unida a la igualdad de oportunidades para los que quieran lograrla beneficia a toda la sociedad, como beneficia el hecho de que, aunque sean unos pocos, haya sabios, excelentes médicos, buenos ingenieros, etc., en los puestos clave.

Ignacio Gómez de Liaño: Incluso esas personas que predican el igualitarismo a ultranza, pensando que es la vía más progresista, cuando se ven en la coyuntura de escoger un médico porque sufren una enfermedad seria, acuden al mejor, no al primero que se encuentran por la calle. A la hora de la verdad, ¿son tan igualitaristas? En fin, es la hipocresía de siempre. Se predica una cosa, pero se hace otra.

Ilia Galán: Los hijos de la mayor parte de nuestros gobernantes de izquierdas van a los mejores colegios y universidades, a menudo privados, a pesar de haber colaborado al deterioro del sistema educativo público con una pedagogía degradada.

Ignacio Gómez de Liaño: En efecto, procuran llevar a sus hijos a las mejores escuelas, procuran tener las mejores casas, cuando se les estropea un aparato llaman al técnico más competente..., en su vida práctica buscan lo mejor, la excelencia en cierto modo, y, sin embargo, predican el igualitarismo en el sentido de la igualación y, cuando gobiernan, procuran igualar a todos los ciudadanos en función de una figura estándar y rebajada, como se advierte en la educación. Que la educación sea lo menos exigente posible es incompatible con lo que debe ser. La mala educación se basa en la falta de exigencia, en la falta de esfuerzo, en abandonarse al capricho del momento. Cuando se pretende que no haya excelencia en la enseñanza se cae en una monstruosidad, pues es contradictorio con el ideal de la docencia. En la política pasa exactamente lo mismo. Se prefieren criterios diferentes al del mérito y la excelencia, como por ejemplo el de la paridad: que haya el mismo número de hombres que de mujeres en los puestos de responsabilidad política. Pero lo importante no es eso, sino que sean los mejores los que ocupen los puestos. Lo importante no es que sean mujeres, o blancos, o negros, o viejos, o jóvenes; lo que importa o debería importar es que sean los mejores los que estén al frente de los asuntos, puesto que eso beneficiaría a todos. Si no empleamos criterios adecuados, volveremos a la barbarie. El fin que se propone un político ¿no debe ser que las cosas vayan lo mejor posible, en las obras públicas, en la educación, en la justicia? ¡Pues empléense los medios y criterios adecuados para ello! Pero no esos dogmas que pueden gozar de aceptación en un momento determinado sin ser los adecuados para conseguir lo que se busca. Lo curioso es que hay un gran número de gente que se considera socialista o de izquierdas y que proclama la paridad y otros criterios semejantes, pero que en su vida cotidiana, en lo que le afecta directamente, se olvida de esos criterios y dogmas, y cuando tiene que acudir a un cirujano o a un técnico para que le arregle el frigorífico, busca el mejor que se pueda costear.

Ilia Galán: Ni siquiera fue así en la Unión Soviética, donde había una dictadura de partido y dicho partido asumía la supuesta excelencia. Lenin hablaba de una vanguardia del proletariado encarnada por los dirigentes del partido, su aristocracia, en definitiva. Y en cuestiones científicas o técnicas no fueron tan estúpidos como para no entender que, una vez puestas las condiciones igualitarias de acceso al saber para todos, los mejores debían ser promocionados para bien del conjunto.

Ignacio Gómez de Liaño: Yo creo que ése es un tema esencial. No se puede concebir la posibilidad de que en una sociedad determinada haya un hombre culto sin que esa misma sociedad rinda culto a la excelencia, que se manifiesta de múltiples formas. No es lo mismo la excelencia de un cirujano que la de un actor, un conferenciante o un barrendero... Pero hay que procurar que todas esas profesiones, habilidades o técnicas sean desarrolladas por los más cualificados, pues repercutirá positivamente en el conjunto. Todas esas ideologías del igualitarismo son perversas, tanto para la sociedad como para el individuo. En esto, las izquierdas socialistas y comunistas hacen causa común, y hay que decir que están equivocadas. No se debe confundir ese igualitarismo dogmático con la igualdad como valor y derecho fundamental del individuo, que consiste en que la ley reconozca que todo individuo, por el hecho de ser humano, es depositario de una serie de derechos y deberes, y ha de gozar de igualdad jurídica e igualdad de oportunidades. Pero quienes predican un igualitarismo a ultranza luego resultan ser quienes, en la práctica política, establecen más diferencias entre los que mandan y los mandados, y aun entre los ciudadanos de una región y los de otras, con el objetivo de tener a la población más controlada, más sometida a su imperio. Hace unos meses un conocido político del socialismo nacionalista de Cataluña, cuando dejó la presidencia del gobierno regional, se concedió a sí mismo en el parlamento autonómico una pensión de jubilación estratosférica. Gracias a ella iba a recibir el resto de sus días una pensión diez veces superior al máximo legal al que tienen derecho los demás ciudadanos, el «pueblo llano». En estos casos comprobamos cómo ese tipo de políticos que predican el igualitarismo y consideran que todos tienen que ser tratados de igual forma se cuidan mucho de obtener el máximo beneficio cuando se trata de ellos mismos. Cuántas veces el discurso igualitarista no es más que una forma de camuflaje para los que aspiran a que les dejen disfrutar tranquilamente de los privilegios que han conseguido gracias a la cantinela igualitarista.

Ilia Galán: Se desatiende la educación, aunque todos dicen que es importantísima. Sin embargo, nadie hace nada. En Europa hay consenso sobre la necesidad de fomentar la investigación, pues de no ser así resultará muy caro para nuestro futuro: los inventos los harán otros y habrá que pagar por ello. Así pues, hay un desequilibrio entre la teoría y la práctica; sabemos que un sistema democrático sin una educación firme y una cultura ampliamente difundida tiende a hacerse inviable. El saber –con espíritu crítico– es fundamental para la elección, y antes de votar hay que mirar con perspectiva.

Ignacio Gómez de Liaño: El tema de la educación es esencial, pues de ella depende el futuro de la sociedad, el que ésta sea peor o mejor. Si con la educación lo que se pretende es una igualación hacia abajo, entonces lo que se prepara es un futuro muy negativo. Se producirá un predominio de la gente inculta, de la menos capacitada, como ya ha sucedido muchas veces, dando lugar a descensos en la cultura y la civilización que han durado siglos. Actualmente es posible que estemos en una fase en la que se está gestando una de esas grandes decadencias. La educación, para ser verdaderamente educación, se tiene que basar en el mérito y la excelencia. Siempre habrá gente más preparada y menos preparada. Es esencial en la educación establecer una jerarquía, porque si no no puede darse una buena educación. Lo que se ha estado patrocinando desde las reformas educativas que tuvieron lugar en los últimos años del franquismo, pero sobre todo tras la llegada al gobierno del Partido Socialista, es lo contrario de una buena educación. Se han rebajado los niveles en aras de la cuantificación, es decir, de tener una masa que se cree educada y no lo está, y que, por no estar educada, es más fácilmente manipulable por el demagogo de turno. Y ya sabemos dónde abundan esos demagogos de turno…

Ilia Galán: Pero tampoco se trata de negar una universalización de la educación, sino de corregir el grave defecto de rebajar los niveles y la exigencia. Se puede proporcionar una buena educación a todos, la posibilidad de formarse, pero luego, cada cual, libremente o según sus capacidades, llegará hasta donde considere. No todos llegan al mismo punto, como es evidente.

Ignacio Gómez de Liaño: Hay que intentar que la enseñanza llegue al mayor número de personas, pero no uniformarla. No creo que sea necesario ni conveniente que todo el mundo haya de seguir una enseñanza de tipo intelectual y universitario, pues puede ser profesional o manual, y bastar así. Hay que ennoblecer, desde los poderes públicos, aquellos tipos de enseñanza que conducen a los oficios, pues es injusto que estén cada vez más desasistidos o incluso infravalorados. Esas profesiones son básicas, fundamentales, pero no gozan de un reconocimiento suficiente, con lo cual muchos se ven obligados a seguir una enseñanza de tipo más intelectualista, que no les interesa, y de ese modo se les impide destacar en otras formas de enseñanza en las que podrían realizarse mejor como personas y, desde luego, como profesionales, lo que redundaría en su beneficio y en el de la sociedad. Lo que debemos tener muy claro es aquello que dijo el emperador Marco Aurelio, que a su condición de filósofo unió la de político y hombre de Estado: «Los hombres han nacido los unos para los otros. Edúcalos o aguántalos»²³. Intentemos educarnos y educar, para así no tener que aguantarnos y aguantar. Y también para que los demás no tengan que aguantarse y aguantarnos.

Ilia Galán: Ahí está implicada de modo clave la cuestión de la libertad, fundamental en la democracia, pues, como todos sabemos, no es posible elegir sin saber. Por eso me gustaría que lo esclarecieras según tu punto de vista. Lo desarrollas en La mentira social para mostrar su evolución y presentas un planteamiento algo determinista. Pero tal vez caben otras posibilidades.

Ignacio Gómez de Liaño: Hay que hacer una distinción fundamental en ese asunto. Hay una forma de libertad que es la libertad de acción, que consiste en no verse impedido a hacer algo cuando uno quiere hacer algo. El grado de libertad de acción es fácil determinarlo: hay menos libertad donde hay más impedimentos para hacer lo que uno quiere hacer. Se puede verificar fácilmente el grado de libertad de acción que hay en una sociedad en función de lo que se prohíbe y permite en esa sociedad. Pero la libertad de acción no implica que seamos libres para hacer lo que queremos hacer. Esa otra forma de libertad es la libertad de elección. ¿En qué medida somos libres de hacer lo que queremos hacer? Esta cuestión ha sido objeto de un debate secular entre los filósofos, uno de los grandes debates, ya que de su correcta resolución depende que podamos afirmar que uno es responsable de sus actos. Los filósofos más deterministas han afirmado que todas nuestras voliciones están determinadas, con lo que no es del todo evidente que seamos realmente responsables de nuestros actos. No les falta una parte de razón a quienes mantienen esa tesis, porque si no se acepta que todos nuestros deseos están de alguna manera determinados, habría que reconocer que hay efectos sin causas y que, por lo tanto, la existencia humana se produce a golpe de milagro, y eso no tiene sentido.

Ilia Galán: ¿Y por qué no? Es una petición de principio o un presupuesto, tal vez dogmático, que todo ser –considerado como efecto– tenga una causa, por muy elemental que sea. No sólo acudo a las críticas de Hume, sino al fondo metafísico. Podrían existir ámbitos de lo absurdo, de falta de lógica, más allá de lo físico, por ejemplo en el terreno de la libertad humana, donde es posible un «porque sí», un «porque me da la gana», sin tener que dar razones por ello. Porque tal vez la razón, entendida como la lógica discursiva humana, no puede explicar el universo.

Ignacio Gómez de Liaño: La cuestión es en qué medida nuestras voliciones están determinadas. Thomas Hobbes piensa que todas ellas están determinadas por imaginaciones, y no le falta razón, pues nuestras voliciones están precedidas por ciertas imágenes o escenas asociadas a ciertos sentimientos que nos impulsan a obrar en una u otra dirección.

Ilia Galán: Pero el problema es el de una sociedad sin posible ética; no hay acto moral posible sin libertad ni, en cierto modo, política, pues no habría responsabilidad. ¿Para qué entonces las prisiones? Habría que sustituirlas por clínicas o centros de adiestramiento...

Ignacio Gómez de Liaño: Con el tiempo fui alejándome de las tesis extremas de Hobbes y Schopenhauer para ir a parar a una posición en la que reconozco que hay libertad de elección porque los motivos que actúan sobre ella no están predeterminados. O sea, hay un margen de indeterminación en la forma en que actúan los motivos que determinan nuestras voliciones. Como siempre tengo abierta la posibilidad de decir «no» a una opción, la apertura que abre el «no» hace que en mis voliciones y en mi comportamiento siempre esté presente un principio de indeterminación que asegura la libertad de elección. Toda volición está determinada, cierto, pero no está dicho qué opción concreta será la que la determine. Por eso digo que nuestras voliciones están todas ellas determinadas, pero no de una manera fatal e inexorable. Según esto, la libertad de elección consiste en que si bien hay un juego de determinaciones, ninguna de ellas es forzosa, ninguna está predeterminada a ser determinante. Es verdad que cuando queremos una cosa, en el momento en que la queremos ya estamos determinados por un motivo concreto, pero ese motivo no tiene una fuerza absoluta, no se nos impone de una forma absoluta. Hay que reconocer que todas nuestras voliciones están, en cierto modo, determinadas, pero también que su determinación no es incondicionada, absoluta.

Ilia Galán: Cuando se considera que todo está determinado y condicionado, no hay salida. Así se ha pensado desde el determinismo economicista del marxismo y la consecuencia fue el establecimiento de campos de concentración estalinistas. Según el determinismo seríamos máquinas, pero lo que importa es que la maquinaria general del Estado funcione a costa de lo que sea, a costa de los individuos... En el marxismo no hay libertad.

Ignacio Gómez de Liaño: Así es, pero el punto de vista marxista no es en absoluto el mío.

Ilia Galán: Tú dejas un hueco a la libertad desde el momento en que las determinaciones no se dan de una forma incondicionada. No muy distinta es tu noción de la persona, vista como una perspectiva, como una construcción, con el yo como ángulo que modula los lados que lo forman. Lo que se entienda por persona, o la falta de creencia en la persona, influye mucho en la visión de la política, que no es sino el conjunto de las personas o individuos. Así, una cuestión clave es si el todo abstracto pesa más que los individuos particulares, etc. Tú mismo y la propia forma de ver el mundo que elaboras en tus libros estáis impregnados de una acción propia de aquel a quien denominamos «yo».

Ignacio Gómez de Liaño: A ese yo lo veo como un nexo o supernexo de cosas y estados, que se halla en el punto del tiempo y el espacio donde lo coloca el cuerpo. El yo está determinado por la estructura corporal, carnal, con el sistema de sentidos y órganos que esa estructura comprende. El hecho de que el cuerpo me ponga en un lugar y tiempo determinados, en los que le acompañan la familia, el vecindario, la lengua, la cultura, las ideas..., todo ello me condiciona y determina dentro de un campo relativamente abierto de posibilidades.

Ilia Galán: La economía, la familia, el lugar social...

Ignacio Gómez de Liaño: Evidentemente. Pero hay un margen que podríamos llamar contemplativo gracias al cual vemos que esas determinaciones no se nos imponen, sino que hay un juego de opciones, y que su contemplación y examen, su consideración, o sea la llamada de-liberación, nos permite decir que somos libres a su respecto, pues nos deja un margen en el que podemos jugar a nuestro aire. Dicho de otra manera, con un ejemplo, la lectura de un libro me determina de alguna manera, pero yo puedo optar por leerlo o no leerlo. Si opto por leerlo, la imaginación de leerlo me determina; si opto por no leerlo, entonces lo que me determina es la imaginación contraria. Ninguna de ellas se da de forma incondicional. No es absoluta ni forzosa de toda necesidad.

Ilia Galán: Aquí hallamos una constante en tu pensamiento, de tipo intelectualista, frente a voluntaristas como Ockham, Schopenhauer, Nietzsche o algunos otros entre los que, en cierto modo, me incluyo, y es que al final supones que el mundo es racional. Cabe interpretar, sin embargo, la razón como un modo de querer comprender lo que tenemos alrededor en el que la voluntad se lanza hacia fuera; lo que también es importante a la hora de elaborar una teoría sobre la sociedad o la política.

Ignacio Gómez de Liaño: Schopenhauer postula como principio supremo de la realidad el impulso, lo que él llama «la voluntad», frente a la cual la inteligencia y la racionalidad no son más que superficialidad, apariencia, convención. Pero ese filósofo no es consciente de que sin inteligencia y racionalidad, sin la capacidad de comprender, ni siquiera podríamos tener la menor idea de que existiera la voluntad. Incluso la teoría de que la voluntad está en la base, que es la de Schopenhauer, es fruto de su capacidad de comprender, de teorizar, o sea de la inteligencia. Por tanto, la inteligencia es todavía más básica, o tan básica al menos. Inteligencia y voluntad no son dos términos antitéticos. El uno no es más básico que el otro. Generalmente, en el pensamiento clásico, como se advierte en Platón, Aristóteles y Plotino, se da prioridad al entendimiento. El principio de todo es el Nous, el Logos. Sin entendimiento y razón nada es concebible.

Ilia Galán: Probablemente haya algo más básico que conocer y querer, un fondo común donde ambos estén unidos. En realidad, históricamente, la voluntad comienza a determinar el pensamiento sobre todo a partir del cristianismo, pues uno se salva por amar y escoger a Dios, por querer, no por conocer. Se puede ser sabio y malvado, y por lo tanto condenarse, como el ángel caído. Y al contrario, muy torpe en inteligencia y, sin embargo, por amor, redimirse. La noción de pecado y acto virtuoso están íntimamente ligadas a la libertad.

Ignacio Gómez de Liaño: El cristianismo estableció, ciertamente, que Dios es Amor, y también que el Dios encarnado es Logos, y que el Logos predica el ágape, el amor, lo que ya forma parte del reino del querer, de un querer unitivo según la estructura del entendimiento. En el caso de la filosofía clásica, el término correspondiente a la volición, a los impulsos, es la psique, el Alma, que surge como evolución de la Idea o entendimiento, que es la primera manifestación del Uno. Antes del entendimiento está el Uno. Sin el Uno es inconcebible el ser, el entendimiento y todo lo demás. El Uno es el entendimiento fundido en ágape, en amor.

1 He aquí la evolución del voto de IU: 2.639.774 en 1996, 1.263.043 en 2000, 1.269.532 en 2004, 963.040 en 2008.

2 Véanse las citas de Sabino Arana en De su alma y de su pluma (colección de pensamientos, seleccionados en los escritos del maestro del nacionalismo vasco), año MCMXXXII.

3 R. García Cárcel y R. M. Alabrús Iglesias, España en 1700. ¿Austrias o Borbones?, Madrid 2001, págs. 65-66.

4 Ibidem, pág. 66.

5 Ibidem, págs. 103.

6 Ver T. Egido, Carlos IV, Madrid 2001, págs. 123-s.

7 Rafael Sánchez Mantero, Fernando VII, Madrid 2001, pág. 80.

8 Otro dato a sumar al «cúmulo de las coincidencias»: la persecución de que ha sido objeto recientemente por elementos dependientes según parece de los servicios de inteligencia y la posterior muerte repentina del magistrado del Tribunal Constitucional Roberto García-Calvo, opuesto a la «constitucionalización» del Estatuto de Cataluña y otras leyes del gobierno socialista. Los casos en los que desde gobiernos de este signo se ha hecho de las fuerzas de seguridad un uso más propio de los Estados policiales –del franquista, sin ir más lejos– que de los Estados democráticos de derecho han sido, desgraciadamente, bastante frecuentes.

9 Foros 21, núm. 56, págs. 13 y 12.

10 José R. Díaz Gijón, Álvaro Soto Carmona y otros, Historia de la España actual: 1939-2000, Marcial Pons, Madrid 2001, pág. 279.

11 José R. Díaz Gijón y otros, op. cit, pág. 475.

12 Para este y otros artículos de la Constitución que citamos, véase Laura y Ramón Tamames, Introducción a la Constitución española, Alianza Editorial, Madrid 2003.

13 Tamames, op. cit., pág. 139.

14 Díaz Gijón, op. cit., pág. 294.

15 Ibidem, pág. 286.

16 La ya mencionada muerte repentina del magistrado García Calvo, que era uno de los más contrarios al nuevo Estatuto de Cataluña, facilita enormemente su aprobación por parte de ese Tribunal.

17 El Mundo, 3 de marzo de 2008.

18 El magistrado que más se oponía a esta sentencia acaba de morir de forma repentina tras haber sido objeto de un siniestro proceso de persecución.

19 Los funcionarios de todas las Administraciones en 1800 eran 30.000 para 11 millones de habitantes (1 por 366 habitantes), en 1877 eran 90.000 para 16 millones y medio de habitantes (1 por 177 habitantes), y actualmente son tres millones para 44 millones de habitantes (1 por 14,6 habitantes). Este aumento nos enseña que jamás los gobernantes han tenido en sus manos tanto poder. De ahí la urgencia de limitarlo y, sobre todo, de que los gobernantes respeten escrupulosamente la ley y no parezca, como a menudo ocurre en España, que están por encima de ella, disfrutan de un fuero diferente y pueden usarla discrecionalmente.

20 Para obtener un escaño en el Congreso, UPyD –partido que se presenta en toda España– ha necesitado 303.535 votos, el PNV, 50.541, CiU, 70.392, con lo que un partido de implantación nacional, que por no ser mayoritario no se beneficia de la ley d’Hont, necesitará más de 600.000 para obtener 2 escaños, en tanto que un partido como el nacionalista vasco, que se presenta en tres o cuatro circunscripciones, conseguirá con esos mismos sufragios ¡12 escaños!

21 Abc, 30-03-2008.

22 Hojas libres, número 2, otoño de 2006, Valladolid.

23 Hoi anthropoi gegonasin allelon heneken. Didaske oun, e phere (VIII, 59).

Edición en formato digital: julio de 2010

© Ignacio Gómez de Liaño, 2008

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