La crisis en 100 apuntes

Ignacio Escolar

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PRÓLOGO

Cuatro años de crisis

1 de noviembre de 1755. Lisboa despierta en el día de Todos los Santos con un terremoto pavoroso que durante tres minutos y medio hace temblar la ciudad, abre gigantescas grietas en las calles y derriba varios edificios. Los ciudadanos, aterrados, se refugian en los muelles, donde les sorprende un fenómeno aún más extraño. El agua del océano retrocede cientos de metros, dejando a la vista el lecho de la bahía: peces boqueando, viejos naufragios y restos de carga que ha caído al mar. Los lisboetas contemplan fascinados el espectáculo y hay quien se lanza a la pesca y caza de esas riquezas, ignorando que lo peor está por llegar. Cuarenta y cinco minutos después, un tsunami, que produce tres enormes olas de veinte metros de alto, inunda por completo la ciudad. Tras el agua llegó el fuego: un gran incendio de varios días de duración. Murieron más de sesenta mil personas. El maremoto también destruyó muchas otras ciudades de la costa portuguesa y española, incluida Huelva, a más de trescientos kilómetros de distancia.

15 de septiembre de 2008. Otro terremoto, esta vez financiero, deja enormes grietas en el centro de negocios de Nueva York. Cae el banco de inversión Lehman Brothers, una de las catedrales de Wall Street. Tras la quiebra de las subprime estadounidenses, la gran ola cruzó el Atlántico y hundió el sector financiero europeo. Pero lo peor estaba por venir: el incendio del euro, que aún no hemos logrado apagar, en el que los derechos de los trabajadores y el Estado del bienestar son lo primero en arder.

Este libro es un pequeño diario de esta enorme catástrofe: desde el asombro con el que descubrimos el agujero estadounidense de las subprime —como los lisboetas asomados al lecho del mar— hasta el tsunami que nos barrió después. En él, ordenados cronológicamente, están recogidos cien artículos, seleccionados entre los que en este periodo he publicado en Escolar.net, Público, Estrella Digital, The Guardian, El Periódico y ElDiario.es. A modo de epílogo, he añadido una docena de textos dedicados a la traca final (por el momento): el rescate europeo a España.

No he querido cambiar una sola coma de estos artículos, a pesar de que en algunos de ellos hoy no escogería los mismos adjetivos, los mismos puntos de vista. He mantenido cada palabra por coherencia con el lema de mi blog —«en aquel momento parecía una buena idea»— y porque creo que así se mantiene toda la información, también la ingenuidad con la que, durante los primeros meses, muchos observamos el derrumbe de los grandes bancos de inversión de Wall Street sin ser del todo conscientes de las consecuencias que ese acontecimiento tendría en nuestra vida y en la de nuestros hijos.

Una maldición china: ojalá vivas tiempos interesantes. En eso estamos. Repasar la hemeroteca es un ejercicio doloroso. En apenas unas horas de lectura se pasa de la sorpresa de «la caída del muro de Berlín del neoliberalismo», de la esperanza de la reforma del sistema financiero, a esa sensación de estafa que deja la impunidad: que sean parados, inmigrantes, funcionarios, jóvenes, pensionistas y trabajadores en precario quienes paguen la factura más cara por un derrumbe financiero y una burbuja inmobiliaria que nunca fue culpa de ellos. Es la parte más obscena de esta crisis: la desconexión entre sus causas y sus consecuencias.

Los años de esta crisis recogidos en este libro —y los que están por venir— probablemente van a transformar la estructura social, cultural, económica, mediática y política de España del mismo modo en que lo hizo la Transición. Al igual que el lustro entre 1975 y 1980, con la llegada de la democracia, y que marcó la evolución del país durante casi tres décadas, el periodo de la crisis (2008-¿2014?) va a sentar los cimientos sobre los que se construirá la España de los próximos años. No sabemos si el cambio, a la larga, será a mejor. No está claro tampoco qué sobrevivirá del modelo anterior. Lo que sí es evidente es que todo está en juego: los partidos, la monarquía, el Estado autonómico, la justicia, los sindicatos, la prensa e incluso la propia moneda con la que pagaremos los platos rotos que estos años nos van a dejar.

Con suerte, los años de la crisis serán lo más parecido a una guerra que haya padecido nuestra generación, tanto por su abrasiva destrucción como por la previsible reconstrucción que en algún momento llegará. Este periodo marcará un antes y un después porque se combinan en él varios factores que empujan hacia una gran transformación: una revolución más que una simple reforma. Esta no solo destroza el modelo económico —el de la burbuja inmobiliaria— sobre el cual se levantó el cuestionable milagro español. No solo es el naufragio del euro, un edificio en ruinas que no sabemos si colapsará. No es simplemente la reestructuración del papel del Estado en la economía española, ese anoréxico al que se quiere hacer adelgazar. También es una revolución tecnológica, una nueva moral, una guerra generacional y un cambio en la distribución de la riqueza con ricos más ricos, pobres más pobres y una devaluada clase media que nunca disfrutó de una verdadera redistribución de la riqueza, que vivió un espejismo de crédito barato que ya no existe, y que ahora descubre cuál es su verdadero lugar en esta sociedad.

El fin de la Transición es un proceso que lleva en marcha desde hace cuatro años, desde que la caída de Lehman Brothers en 2008 marcó el inicio de esta pesadilla. Pero es ahora, en estos últimos meses, cuando el momento clave puede llegar. La crisis económica es como una sequía que ha dejado el embalse sin agua hasta dejar visible el fondo del pantano: la basura que la lluvia de los buenos años ocultó. Ha derivado en una crisis institucional que corroe las bases del contrato social.

Algún día se saldrá del túnel, pero esa metáfora se suele interpretar mal. Muchos creen que volveremos a la luz por el mismo sitio por el que entramos, que será un regreso a la España de 2007. Pero del túnel siempre se sale a otro lugar.

1

España y los trenes perdidos

Año 1549. Bartolomé Bustamante de Herrera, arquitecto jesuita, visitador de las obras reales, recorre la cuenca del Pisuerga. Tiene un encargo del regente de España, Maximiliano de Habsburgo, sobrino del emperador Carlos V. El príncipe alemán, que nació en Viena, a las orillas del Danubio y se crió rodeado de canales, en Flandes y los Países Bajos, quiere impulsar el comercio fluvial en una Castilla encastillada, ensimismada. Su salida natural al mar está hacia el oeste, siguiendo el Duero hasta Oporto. Pero la frontera política con Portugal obliga a sacar las mercancías por el norte, en carro hasta Santander. Bartolomé Bustamante de Herrera tiene que responder a varias preguntas del regente español. ¿Es posible hacer del Pisuerga y sus afluentes una cuenca navegable? ¿Se puede conectar Valladolid con Burgos a través del Pisuerga y el Arlanzón? ¿Es viable un canal que desde allí enlace con el Cantábrico para llevar hasta el mar el trigo y la lana? El informe del jesuita es desfavorable. Los caudales de los ríos castellanos son demasiado irregulares y el terreno es demasiado accidentado. Ancha es Castilla. La obra es imposible, demasiado cara.

En Europa los retos imposibles no lo son tanto. Francia comunica el Mediterráneo con el Atlántico en 1681, con el Canal du Midi. En 1761, Inglaterra construye el canal Bridgewater para llevar el carbón de las minas hasta Manchester —con la obra, el precio del carbón en Manchester bajó tres cuartas partes— y lanza así su revolución industrial. ¿Y España? Tarde y mal. En el siglo XVIII, era más barato comprar en Santander el trigo que llegaba de Francia en barco que el que venía desde Palencia por los caminos sin pavimentar de la meseta.

EL CANAL OBSOLETO

A mediados del siglo XVIII, el marqués de la Ensenada recupera los viejos estudios de Bartolomé Bustamante —en doscientos años no se había hecho mucho más— para volver a soñar con el progreso. En 1753 comienza la construcción del Canal de Castilla. El proyecto inicial era ambicioso, el resultado tardó un siglo y quedó inconcluso. Las obras del canal terminaron en 1849, un año más tarde de la primera línea de tren española, el ferrocarril Barcelona-Mataró. El canal estuvo más tiempo en construcción que en funcionamiento. Nunca fue rentable, pues se retrasó tanto que cuando llegó ya era tarde. Castilla encontró por fin su salida al mar pero fue montada en tren, con el Ferrocarril de Isabel II, desde Alar del Rey hasta Santander. Hoy el Canal de Castilla, la infraestructura que nos costó tres siglos de estudios y uno de obras, solo sirve para algunos regadíos y para dar paseos en bici por su orilla.

Al menos el Canal de Castilla llegó a funcionar. El que fue durante décadas el túnel ferroviario más largo jamás construido en España nunca se estrenó. Se trata del túnel de la Engaña. Mide casi siete kilómetros y desde Merindades, en Burgos, cruza hasta Vega de Pas, en Cantabria. La obra tardó dieciocho años, de 1941 a 1958. Dentro de poco, el larguísimo túnel cumplirá cincuenta años y nunca ha visto pasar un solo tren.

EL TÚNEL INÚTIL

El túnel de la Engaña mide 6.976 metros de largo que fueron excavados casi a martillazos. Y también a latigazos. Lo construyeron apenas sin maquinaria ciento cincuenta civiles y unos quinientos presos republicanos, del campo de concentración de Valdenoceda, que «redimieron sus penas» con trabajos forzados. Once de ellos murieron en accidentes durante la obra. Muchos más enfermaron de silicosis, pues se llevaron lo que extrajeron de la montaña en los pulmones. Su sacrificio fue en vano.

El paso de la Engaña era el tramo más difícil de un proyecto aún más ambicioso: el ferrocarril Santander-Mediterráneo. La línea fue aprobada en 1905 y pretendía unir el Cantábrico con el Mediterráneo, Valencia con Santander. El tren iría de un mar a otro, de puerto a puerto, para ahorrar así la semana larga que se tardaba entonces en rodear la península en barco.

A lo largo de medio siglo, se completó la mayor parte del trazado: Valencia-Teruel-Calatayud-Soria-Burgos. En 1959, cuando el túnel de la Engaña ya estaba terminado y solo faltaban sesenta kilómetros para llegar hasta Santander, Franco canceló uno de los pocos proyectos ferroviarios de la España periférica, una de las pocas grandes líneas que no pasaban por Madrid. El 1 de enero de 1985, el plan de saneamiento de Renfe, que dejó fuera de servicio miles de kilómetros de vías, remató el Santander-Mediterráneo. El ministro de Transportes socialista, Enrique Barón, cerró gran parte de los tramos de una línea que no llegó a ser rentable porque nunca se terminó.

El paso de la Engaña se quedó esperando el tren. Hasta hace poco, hubo planes para recuperar el túnel con una carretera —durante años, algunos camiones lo usaron como atajo para evitar la nieve del puerto del Escudo—. Muchos se atrevían también a cruzarlo en bici. La excursión hoy es muy peligrosa: dentro del túnel los desprendimientos son constantes y un pequeño derrumbe ha cegado el trayecto, tal vez para siempre.

La estación de la Engaña es hoy un establo de animales. En sus paredes, llenas de pintadas, hay una especialmente elocuente: «Los ingenieros hicieron este ferrocarril, los políticos lo destruyeron y el sentido común sigue pidiendo su terminación». Con todo, la pequeña estación de tren de la Engaña no representa el mejor ejemplo de cómo los políticos, con alguna ayuda de los ingenieros, se pueden conjurar contra el sentido común. Ese dudoso honor recae en la estación internacional de Canfranc, en Huesca; un Titanic varado en los Pirineos.

CANFRANC Y EL ICEBERG

La estación de Canfranc mide 241 metros de largo —diez metros más que unos lados de la base de la gran pirámide de Egipto—. Después de la terminal de Leipzig, es la mayor estación de tren de Europa. Es también la única de su tamaño que está abandonada.

La inauguró Alfonso XIII en 1928 al grito de «Ya no hay Pirineos». Con ella culminaba un proyecto de décadas para cruzar las montañas en tren y comunicar España con Francia. Su historia da para una película en blanco y negro. De esta impresionante estación, de este palacio modernista de la era industrial, salió el wolframio de las minas españolas rumbo a las fábricas de tanques Panzer nazis (el wolframio se usaba para mejorar el blindaje). Por Canfranc entró el oro de los judíos con el que Hitler pagó el favor a su aliado español. Tras la derrota alemana, Francia cerró la frontera durante varios años y Canfranc, la estación más grande y lujosa de España, comenzó su decadencia.

Más allá del desinterés francés, la estación se fue a pique por culpa de una de las decisiones más estúpidas de la historia de España: adoptar un ancho de vía diferente al europeo con la excusa del accidentado terreno español. Contra lo que dice la leyenda —que culpa a los políticos o a los militares— la errónea decisión fue cosa de ingenieros, que aconsejaron un ancho de vía mayor porque pensaban entonces que caldera grande —ande o no ande— era también sinónimo de tren más potente, lo cual después se demostró falso. Canfranc era así parada obligatoria para cada mercancía, para cada pasajero. Siempre había que cambiar de vagón.

En 1970, un tren de mercancías descarriló y en su caída derribó el puente francés de L’Estanguet. La línea quedó cortada y ya lleva treinta y siete años así. El Gobierno de Aragón quiere recuperar la vieja estación de Canfranc como un hotel de lujo. Aunque sea sin más tren que el Canfranero, que aún hoy une Valencia, Teruel y Zaragoza con el gigante que chocó con la historia.

LA ESPAÑA RADIAL

Cuando vivía en Almería, algunos de mis amigos de Madrid me avisaban si pasaban por Sevilla para saber si podíamos vernos. Quedaban sorprendidos cuando les explicaba que era más fácil para mí encontrarnos en Londres, a tres horas en avión, que en Sevilla, a cinco horas en tren. La red radial —otro de los trenes perdidos— no solo existe en los mapas, también en la mente de los madrileños. Desde la capital, sorprende cuando nos explican que se tarda casi lo mismo —unas dos horas— de Londres a París o de Madrid a Sevilla que de Barcelona a Castellón.

Si se cumplen los planes de Fomento, para el 2020 España habrá terminado la construcción de su red de alta velocidad y Almería estará a solo dos horas de Sevilla. Pero cumplir plazos no es habitual en nuestras infraestructuras. Los setecientos kilómetros del AVE Madrid-Barcelona, si es que se estrena en los próximos meses, habrán tardado en construirse trece años. No es para presumir. Es un año más del tiempo invertido en construir, en el siglo XIX, los ocho mil kilómetros del transiberiano. Puede que cuando el AVE llegue a Teruel o a Soria, las líneas de alta velocidad solo sirvan para dar paseos en bici. No sería la primera vez que nos pasa.

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Por los huesos de Bedia

El mensaje oculto apareció durante una reforma de la fachada del edificio, en julio de 1984. La nota estaba escondida bajo una losa, sobre la clave del arco principal de la entrada del Ministerio de Educación, en la madrileña calle de Alcalá. Estaba escrita a mano, con mala caligrafía. Decía así: «Pedro Bedia Perojo, natural de Valdecilla, provincia de Santander, cerró este arco el día 30 de Agosto de 1928. Camaradas, salud. Cuando derribéis este arco, tomáis un vaso por mis huesos».

Bedia Perojo envió un mensaje al futuro pero no pasó a la historia. Él no fue el arquitecto, solo un anónimo albañil. La firma de la obra corresponde al burgalés Ricardo Velázquez Bosco, que también dibujó los planos de otros edificios emblemáticos de aquel Madrid de principios de siglo que soñó con ser París, como el Ministerio de Fomento (hoy de Agricultura) o el Palacio de Cristal, en el Retiro. Bedia Perojo, del que nunca más se supo, cerró el arco con las manos. Con su nota manuscrita, cumplió con una vieja tradición; un ritual que nació en la Edad Media y que aprendían los albañiles, de maestro a peón: dejar constancia para el futuro, con un mensaje escondido sobre la puerta principal, de quiénes levantaron el edificio y cuándo lo hicieron. En ocasiones no era solo una simple nota, también se escondían en una caja, un juego de monedas y los periódicos del día.

La vieja tradición ha mutado en el siglo de las grúas y los adosados. Ahora el mensaje al futuro no se esconde al terminar el edificio sino cuando aún no se ha empezado a construirlo. Ya no es sobre la puerta principal sino debajo de la primera piedra, ese pretexto que sirve a los políticos para inaugurar las obras por partida doble: cuando empiezan y cuando acaban.

Tal vez sea ésta una de las razones que explican por qué las administraciones públicas son, por regla general, tan poco dadas a gastar en educación y en ciencia. No luce para conseguir votos, aunque sea la inversión más rentable para una sociedad. A diferencia del asfalto, del ladrillo, del mármol o del hormigón, el futuro nunca se inaugura.

Aumentar el presupuesto para la investigación y para la educación —ahora en manos de las autonomías— debería ser una prioridad absoluta si queremos pasar de cuartos y competir, por fin, con las grandes potencias mundiales. Pero no basta solo con invertir más, hay muchos problemas de fondo que son estructurales, y no requieren más dinero sino valentía política.

En la educación, como en el fútbol, todo el mundo es seleccionador nacional. Se repiten tópicos y falsedades sobre la autoridad, el discurso que tan bien le funcionó a Sarkozy en Francia, como si el ejemplo a seguir fuera el de la educación franquista del florido pensil; el de los cachetes y las listas de los reyes godos.

Tampoco se está afrontando el problema de la inmigración. En los últimos años, se ha duplicado el número de alumnos extranjeros en los colegios. En este curso rondan el 9,4 por ciento del total. Según los expertos, la educación de estos estudiantes requiere más recursos, más profesores y clases de apoyo, ya que muchos hablan otro idioma, tienen un nivel académico más bajo y pertenecen a las clases sociales más pobres, las que tienen menos medios para acceder a la cultura.

La mayoría de las autonomías han escondido el problema creando una educación de primera —la concertada, a la que se permite levantar barreras económicas para que los inmigrantes queden fuera de sus aulas— y otra de segunda, la pública, donde algunos centros alcanzan hasta un 80 por ciento de alumnos inmigrantes. El modelo sirve para agradar a los padres nacionales, a los votantes, al tiempo que se emplea el dinero de todos para dinamitar la educación pública. Los hijos de los inmigrantes —como ahora ha descubierto a fuego Francia, tras la explosión de las banlieues— también son parte de nuestro futuro.

Con la educación universitaria el problema es otro, y su solución también requiere valentía política. A muchos padres tampoco les va a gustar.

En los últimos treinta años, España ha inaugurado decenas de universidades, cientos de facultades. Hemos logrado un fantástico primer objetivo: que la universidad no sea solo para las élites económicas. Pero tenemos pendiente asumir otro reto: competir en excelencia con las universidades punteras europeas y estadounidenses.

Pocas iniciativas de la UE han hecho tanto por convertir Europa en algo más que una unión económica como los programas de becas Erasmus. Estas ayudas también han demostrado otra cosa a padres y alumnos: estudiar fuera de casa es una de las mejores experiencias personales y educativas para un joven.

¿Tiene sentido que cada capital de provincia ofrezca todas las licenciaturas? ¿No sería más efectivo invertir los recursos en grandes facultades de referencia, repartidas por todo el país, y otorgar becas para que todos los estudiantes, sin importar sus recursos económicos ni su ciudad de origen, puedan estudiar en ellas? El problema, una vez más, pasa por las inauguraciones. Nadie ha ganado unas elecciones por cortar la cinta de un programa de becas.

P.D.: El mensaje de la botella de náufrago de Pedro Bedia Perojo, enmarcada entre dos planchas de metacrilato, decora hoy una de las salas del Ministerio de Educación. Ochenta años después, su arco sigue en pie. Un país necesita arquitectos, pero también albañiles. Tomad un vaso por sus huesos.

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14 maneras de no decir crisis

«Situación ciertamente difícil y complicada.»

«Condiciones adversas.»

«Una coyuntura económica claramente adversa.»

«Brusca desaceleración.»

«Deterioro del contexto económico.»

«Ajuste.»

«Empeoramiento.»

«Escenario de crecimiento debilitado.»

«Periodo de serias dificultades.»

«Debilidad del crecimiento económico.»

«Difícil momento coyuntural.»

«Empobrecimiento del conjunto de la sociedad.»

«Gravedad de la situación.»

«Las cosas van claramente menos bien.»

José Luis Rodríguez Zapatero, eufemista del Gobierno, hoy en el Congreso.

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No es una crisis más

El banco Lehman Brothers, de los Lehman de toda la vida, sobrevivió a la Guerra Civil estadounidense, a la Primera Guerra Mundial, a la crisis del 29, a la Segunda Guerra Mundial, a la crisis del petróleo, al crash del 87 y a la debacle de las punto com. Hace poco más de un año, cuando afloró la crisis de las subprime, nadie habría apostado por que ese temblor acabaría tumbando una de las catedrales más sólidas de Wall Street. El agujero es inmenso y, lo que es peor, aún no se ve el fondo. La gran duda: ¿Estamos ante una crisis más dentro de los habituales ciclos capitalistas o es la madre de todas las crisis globalizadas?

Hay un factor que no es el de siempre. No es la primera vez en los últimos años que las recetas ultraliberales acaban en corralito. Además del desastre argentino, están los precedentes del efecto tequila en México o la crisis del sudeste asiático. Pero estos terremotos, hasta ahora, tenían su epicentro en países en vías de desarrollo, aunque su influencia fuese global. Se suponía que la causa era el deficiente control de las instituciones reguladoras locales, que no habían vigilado lo suficiente como para evitar que la voracidad especulativa, en su búsqueda de la máxima rentabilidad, no asumiera riesgos extremos; el viejo defecto capitalista que ya hundió el mundo en 1929.

La terrible novedad de esta crisis es que tiene su origen en Estados Unidos: la tierra del liberalismo pluscuamperfecto, el país donde supuestamente mejor funciona el mercado. A toro pasado, resulta obvio decir que no parece buena idea que algunos árbitros —las agencias de calificación— sean empresas privadas y que la economía globalizada requiere reguladores globales. Cuando se cae un puente en el tercer mundo, se puede culpar al ingeniero. Cuando se cae un puente en la primera potencia del planeta, es imprescindible revisar la ingeniería.

5

La semana en que el capitalismo tampoco cambiará

En estos días extraños en que la patronal pide un paréntesis en el libre mercado, George Bush nacionaliza las pérdidas de la banca y el Gobierno comunista chino puja por comprar el único gran banco de inversión que aún no ha quebrado, ¿alguien sabe en qué cueva se esconde el Fondo Monetario Internacional (FMI)? En Corea del Sur se acuerdan mucho de él. Hace una década, durante la crisis de los tigres asiáticos, a finales de los noventa, el FMI puso una condición innegociable para rescatar al país del terremoto financiero: que el Gobierno no ayudará a los bancos ni a las empresas al borde de la bancarrota. Decían los apóstoles del FMI que era mejor para la economía que esas compañías quebraran porque así el «ajuste» —ese eufemismo— sería mucho más rápido. Medicina neoliberal: la mejor manera de sanar al enfermo es matarlo para que su hijo ocupe pronto su lugar en la fábrica.

Ahora que el enfermo es Estados Unidos la receta es muy distinta. No es país para corralitos. «Está muy bien decir “dejen que el sistema financiero siga, que consiga su equilibrio”» (…) pero cuando se enfrentan ataques especulativos, los precios se pulverizan y parece que las grandes corporaciones van a colapsar, es natural que el Gobierno intervenga y diga «no podemos dejar que esto suceda», argumenta ahora Raghuram Rajan, ex economista jefe del FMI. Y así, como lo más natural del mundo, el país donde supuestamente mejor funciona el mercado descubre que la mano incorrupta y milagrosa de Adam Smith, de tan invisible, ni está ni se la espera. «La intervención del Gobierno era esencial, dado el precario estado de los mercados», explica George Bush, presidente de los Estados Socialistas de América.

Entre los 700.000 millones de dólares de este último empujón y lo que ya han gastado en los otros «rescates», la factura ronda los dos billones de dólares; cerca del 15 por ciento del PIB anual estadounidense. Es probable que esta losa —un nuevo éxito para los libros de historia de la era neocon de Bush— agudice aún más otro proceso que ya está en marcha: la decadencia del imperio americano, el fin de la hegemonía unilateral de la que disfruta Estados Unidos desde la caída del muro de Berlín. ¿Será también el fin del capitalismo tal y como lo conocemos? ¿Aprenderá el mundo de sus errores? ¿Nacerá de estas cenizas un nuevo modelo económico donde el libre mercado sea un método y no un fin? Por desgracia, la respuesta es no.

Hay una viñeta de Tintín que describe muy bien qué ha sucedido en los mercados financieros durante los últimos años. Es uno de los gags de Aterrizaje en la Luna. Tintín avisa a la tripulación, que flota ingrávida, de que en pocos segundos el cohete entrará dentro del campo de gravedad de la Tierra. «Sujetaos a algo», grita Tintín. Y los inefables detectives Hernández y Fernández obedecen. Hernández se agarra a Fernández. Fernández se aferra a Hernández. Y, cuando la gravedad regresa, ambos caen al suelo.

La explosión de la burbuja inmobiliaria ha recordado al mercado la manzana de Newton: que lo que sube tiene que bajar. «Hemos llevado al capitalismo a su perfección, hemos acabado con el riesgo», presumía hace unos años un bróker de la City londinense. El invento, sobre el papel, parecía bueno. El riesgo también se puede vender, y con base en eso se desarrolló el capitalismo abstracto sobre el que se levantaba el castillo de naipes que ahora se ha desmoronado. Doy hipotecas a los que no las pueden pagar, al tiempo que emito un bono (con una rentabilidad menor que el tipo de interés que cobro al hipotecado) que me permita recuperar el dinero lo antes posible y así volverlo a prestar. Esos bonos de cobro dudoso, los de las hipotecas de los pobres, quedan en teoría compensados por otros más seguros, los de las hipotecas de la clase media. Se mezcla el chóped con el jamón y así el riesgo desaparece; la banca siempre gana y los pisos nunca bajan de precio. Con esa misma fórmula, repetida mil veces, el riesgo se coló en la máquina y ascendió más y más hasta llegar al corazón de las finanzas. Por el camino, una serie de vigilantes privados a sueldo del vigilado (que alguien pruebe ese mismo método en las cárceles, a ver qué pasa) certifican que el enfermo goza de buena salud. Todo va bien mientras gira el carrusel. Todo va bien hasta que vuelve la ley de la gravedad —los hipotecados dejan de pagar, primero los pobres, después también la clase media— y la banca se estrella contra el suelo mientras se pregunta qué pasó, si no había riesgo posible. Si AIG Hernández sujetaba a Lehman Brothers Fernández. Y viceversa.

En realidad, ni siquiera es un invento nuevo. Ya pasó hace poco más de veinte años, en el crash de 1987. En aquella ocasión, los bonos basura —que era como se llamaba a esos bonos de alto riesgo— fueron una de las causas que llevaron a Wall Street a su lunes negro, el 19 de octubre de 1987: la mayor caída de la bolsa desde 1929. En aquel momento, igual que ahora, se habló de nuevos controles más estrictos para evitar los excesos del capitalismo abstracto. Entonces, igual que ahora, se decía que el mercado había aprendido la lección, que el crash serviría de vacuna para la siguiente fiebre. Es obvio decir que de poco valió.

El capitalismo no es malo, lo han dibujado así. Es el peor sistema económico posible, a excepción de todos los demás. Sí, el mercado libre es la fuerza más poderosa de la galaxia, la búsqueda egoísta de la rentabilidad mueve el mundo, para lo bueno y para lo malo. Pero su voracidad es tan grande que siempre encuentra el camino para sortear —o desmantelar, mediante esa subespecie del poder económico llamada poder político— las regulaciones con las que sus víctimas intentan defenderse de sus excesos. Cada dos o tres décadas, más o menos, el mercado se olvida de que también es mortal, el cielo financiero se desploma sobre nuestra cabeza y hay que ceder al chantaje y pagar con los impuestos los errores de los bancos porque la alternativa es aún peor. Cada dos o tres décadas, la intervención del Estado demuestra ser la única vacuna para salvar al capitalismo de su avaricia caníbal. Cada dos o tres décadas, el libre mercado recuerda, por las malas, que hasta los deportes más agresivos necesitan un árbitro. Y entonces todo cambia para que todo siga igual.

6

No mires hacia abajo

La física de los dibujos animados tiene dos leyes sagradas: el Correcaminos siempre gana y el Coyote es capaz de flotar en el aire por tiempo indefinido, de anular la ley de la gravedad, siempre y cuando no sea consciente de ello. El magnetismo terrestre no vuelve a ejercer su natural atracción hasta que el pobre Coyote mira hacia abajo y ve el precipicio. Mientras no tenga miedo, mientras viva en la ignorancia de su comprometida situación, podrá seguir en el aire como si nada. Lo mismo le pasa a la economía.

«Lo estúpido no fue prestar dinero a gente que no lo podía pagar sino preguntar cuánto valían de verdad esas casas hipotecadas. Si no hubiera sido por esa estupidez, todo habría seguido en marcha sin problemas», dice irónicamente un dúo de humoristas británicos en un vídeo, que circula por internet, donde se explica de forma tan rigurosa como divertida la crisis de las subprime. El mercado financiero flotaba en el aire, como el Coyote, como el ladrillo de la burbuja inmobiliaria. La confianza, aunque esté cimentada en la ignorancia, es una de las fuerzas más poderosas de todas las que impulsan la economía.

Pero la confianza también es fundamental incluso cuando se tienen los pies en el suelo. Ningún banco, ni siquiera el más boyante, sobreviviría si todos los ahorradores perdieran la fe y pretendiesen sacar su dinero al mismo tiempo. Hace ya décadas que la banca no guarda sus depósitos bajo llave en el sótano y el sistema se basa en la estadística, en normativas legales más o menos laxas según el país y, sobre todo, en la confianza. No se alarmen, que si miramos hacia abajo nos caemos. El Fondo de Garantía de Depósitos del que tanto se habla en estos días suma en España la increíble cantidad de 6.500 millones de euros: el 0,016 por ciento de todo el dinero depositado en las cuentas corrientes españolas. Por suerte, la estabilidad de la banca no depende solo de este fondo. También hay más de 30.000 millones en provisiones para aguantar el chaparrón.

Confianza, pero también estadística aplicada. El Fondo de Garantía de Depósitos no puede alcanzar el ciento por ciento de todas las cuentas, pues si los bancos no pudieran tocar el dinero que guardan, la economía se congelaría. Los 6.500 millones tampoco llegan, ni de lejos, para cubrir los 20.000 euros por titular de cada cuenta a los que obliga la ley en caso de que todos los bancos se hundan al mismo tiempo, pero la estadística dicta que eso no pasa. En caso de que un banco quiebre —uno, y no todos a la vez—, el fondo sí basta para reflotarlo y así evitar que los ahorradores pierdan su dinero. Eso es, por ejemplo, lo que se hizo hace unos años con Banesto. En España, la estadística es favorable: nunca en la historia moderna un ahorrador ha perdido el dinero de su cuenta corriente por una bancarrota. Y no es que no hayamos tenido ocasiones. Una de las crisis bancarias más graves de la historia tuvo lugar aquí, en España, a finales de los setenta, y ni siquiera entonces se volatilizó una sola peseta de las cuentas corrientes. De aquel crash sí quedaron regulaciones bancarias más exigentes que en el resto de Europa y también un Banco de España con experiencia en pastorear a las cajas y bancos más débiles con una política de fusiones que ha evitado más sobresaltos.

En el Gobierno aseguran estar tranquilos: «Para lo que ha caído, los bancos españoles están bastante bien». El lunes pasado, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se reunió con José Luis Rodríguez Zapatero y le garantizó que, a día de hoy, la banca española no prevé ningún colapso y aguanta bastante bien el terremoto internacional. Tal vez, si la cosa empeora aún más, alguna entidad bancaria pueda sufrir. Pero el Gobierno tiene claro que, llegado ese caso, saldría al rescate. Zapatero, que ya defendió públicamente durante su visita a la ONU el polémico plan Bush, hace una distinción entre dinero público para salvar a una empresa, como la inmobiliaria Martinsa, y dinero público para salvar a un banco. Para el presidente del Gobierno, salvar a un banco es otra cosa, pues lo que está en juego son los ahorros de los ciudadanos.

Zapatero quiere recuperar esta semana la iniciativa económica con tres reuniones extraordinarias en La Moncloa. Una, la ya sabida con Rajoy. Otra, con los empresarios y los sindicatos para hablar de empleo, aunque el Gobierno cree que flexibilizar aún más el despido no sirve de nada en la actual coyuntura. Y la tercera reunión, tal vez la más importante de todas, con los banqueros y presidentes de las principales cajas. El orden no tiene por qué ser este, aunque las tres están previstas para esta semana, cada una en un día distinto.

La cita con los banqueros llevaba tiempo en estudio. El objetivo es que los bancos abran de nuevo el grifo del crédito a las ahogadas empresas, especialmente a las pymes. La confianza no solo es fundamental en los que ahorran, también en los que prestan. Y la gran banca española, que tiene músculo para comprar gangas en otros países, puede ayudar a que la crisis sea más llevadera si se logra un gran pacto entre todo el sector del que la banca también saldría beneficiada, aunque aumentase la morosidad. Para que este acuerdo sea posible, es muy importante el apoyo del PP, que controla la segunda mayor caja, Caja Madrid, y tiene una gran influencia en el BBVA. Aunque no pacten los presupuestos, Zapatero y Rajoy tienen temas de sobra de que hablar.

En Europa también es una cuestión de confianza. Y la cosa se complica cuando los socios de la UE comienzan a competir entre ellos por la confianza de los ahorradores. Es difícil mantener la fe en el sistema bancario cuando los Gobiernos no paran de repetir lo bien que va todo al tiempo que se lían a codazos para ver quién coge sitio en el bote salvavidas. La decisión de Irlanda, que anunció esta semana su compromiso unilateral de garantizar la totalidad de los depósitos de sus bancos, no deja de ser, en el mejor de los casos, un brindis al sol bastante arriesgado. El Gobierno irlandés no tiene tanto dinero: si sus bancos quiebran, la siguiente bancarrota sería la del propio Estado. La medida es también bastante cuestionable desde el punto de vista moral, pues libera a los bancos de parte de su responsabilidad, lo que les puede llevar a asumir mayores riesgos: si la cosa va mal, pagan los contribuyentes. Es lo que tiene el liberalismo asimétrico, el comunismo de empresa, donde las pérdidas están nacionalizadas pero los beneficios siguen siendo privados.

Mientras tanto, Sarkozy ha asaltado la escena. No solo con su ego inversamente proporcional a su estatura, sino también en un intento de contrarrestar, con malabares, sus problemas de imagen en una Francia que este viernes entró técnicamente en recesión. Entre los Gobiernos de los países de la UE ha sentado fatal que desvelase parte de los planes europeos contra la crisis cuando no habían sido pactados y aún se estaban negociando. Avisar, antes de que salga del horno, de que se está cocinando un fondo europeo de 300.000 millones de euros para ayudar a los bancos con problemas no es precisamente el mensaje más tranquilizador. Si preparan más vendas, es porque hay más heridos. Para mayor enfado, la cacareada propuesta ni siquiera era suya, sino de Holanda, un país con un Gobierno mucho más discreto.

Mañana y pasado, en la cumbre del Ecofin —la reunión mensual de los ministros de Economía europeos— se debatirá a fondo sobre este tema. Si la desunión política habitual no lo impide, habrá novedades, tal vez la aprobación con matices del plan que intentó apropiarse Sarkozy. También se hablará de la supervisión de los bancos, donde hay dos posturas. Francia quiere que el control esté en manos de los países de origen de cada banco. Es decir, que al Santander lo supervise solo España y a BNP únicamente Francia. Mientras que la propuesta que respalda España es que los controles estén en ambos lados, como sucede ahora, y se agilicen los protocolos por el método más sencillo: unificándolos. El Ecofin también intentará pactar un funcionamiento común para los fondos de garantía de depósitos. En España, el dinero de ese fondo, que aportan todos los bancos, se guarda y no se toca. Pero en Holanda, por ejemplo, el dinero lo comprometen los demás bancos: están obligados por ley, pero el fondo solo está disponible hasta que se necesita.

La semana girará otra vez alrededor de la economía, un mundo donde la percepción de lo que sucede es tan trascendente como los hechos en sí. Las reuniones en La Moncloa o en Luxemburgo serán tan importantes por lo que se diga dentro como por lo que expliquen fuera los que en ellas participen. La clave, en cualquier caso, es no mirar hacia abajo.

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La mayor apuesta de Zapatero, en teoría

El Gobierno creará un fondo de 30.000 millones de euros para respaldar a la banca. La cifra no es pequeña: equivale al 20 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado de este año. Es casi un 3 por ciento del PIB. Es la apuesta más ambiciosa de Zapatero contra la crisis. El presidente presume de que la banca española es «quizá la más sólida del mundo». Entonces ¿para qué necesitan nuestros sólidos banqueros este enorme salvavidas? ¿Por qué montar un Plan Bush si aquí se supone que no hay hipotecas subprime bajo la alfombra?

Desde el Gobierno aseguran que no se trata de evitar quiebras bancarias sino de impedir que la falta de crédito estrangule a la economía, que es una medida contra la crisis, no un parche contra una futura bancarrota. Con el respaldo de este gigantesco préstamo público, los bancos españoles competirán en el mercado internacional en mejores condiciones para obtener crédito. Y después, en teoría, podrán prestar ese dinero a las pequeñas empresas españolas. En España, donde se paga a tres meses vista, casi todas las pymes trabajan con líneas de crédito que ahora, con la crisis, se están cerrando.

Si el Plan Zapatero funciona y la banca cumple con su parte y abre la mano —algo que seguro se habló el lunes en Moncloa—, pocas medidas podrían ser más eficaces… en teoría. Solo falta que la teoría se cumpla: que el préstamo sirva para mejorar el crédito en España y no para que la banca compre gangas en el extranjero.

Y otra duda más: si se trata de prestar dinero a las empresas ¿por qué se presta a los bancos?

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Los siete pecados capitalistas

1. LA LUJURIA ESPECULADORA

Un buque petrolero tarda más de cuatro semanas en cubrir la ruta desde el Golfo Pérsico hasta Estados Unidos. En ese tiempo, puede que la carga se haya devaluado tanto que el dueño del barco se arruine durante el trayecto, que haya pagado por el crudo un precio mayor en el puerto de origen de lo que cobrará cuando llegue a la refinería. Para evitar ese riesgo —en el mercado del petróleo y en otros de materias primas—, se inventaron los contratos de futuros: una fórmula que consiste en pactar de antemano el precio de venta del pedido para una fecha determinada. Cuando se cierra el contrato, ni el comprador ha pagado ni el vendedor ha entregado la mercancía; pero el compromiso es igual de firme.

En aquel momento parecía una buena idea. El problema vino después, cuando los especuladores se aprovecharon de este mercado ideal para los trileros, pues se puede vender y comprar lo que aún no se tiene. Si apuestas cientos de millones de dólares en el mercado de futuros a que el petróleo subirá, en efecto, el petróleo sube y tú ganas; en economía, las profecías tienden a cumplirse si hay dinero suficiente. Los mismos inversores que primero crearon la burbuja punto com y después la burbuja del ladrillo, consiguieron elevar el precio del barril de crudo de cuarenta hasta ciento cuarenta dólares en solo cuatro años. Impunemente.

2. LA PEREZA DE LOS REGULADORES

Por suerte, la burbuja del petróleo explotó a mediados de este verano. La razón: un pequeño cambio en la regulación de la SEC (el organismo que controla la bolsa estadounidense) obligó el 14 de julio a los especuladores que estaban jugando a la baja contra la cotización de los bancos a que respaldaran sus apuestas con acciones, por lo que tuvieron que sacar su dinero del mercado de futuros del petróleo para no perderlo en banca. Con esa medida, que no buscaba atajar la burbuja petrolífera sino proteger a los bancos de los caníbales, el precio del crudo no ha dejado de bajar. El 14 de julio, cada barril costaba ciento cuarenta y cuatro dólares. El viernes rozó los sesenta y sigue cayendo, pese a que la OPEP ha recortado su producción un 5 por ciento. Si basta con un pequeño cambio regulativo, tan sencillo que ni siquiera se vota en ningún Congreso, para evitar comportamientos tan dañinos para la economía mundial como la burbuja del petróleo, ¿por qué tanta pereza a la hora de evitar la especulación?

Han tenido que temblar las catedrales de Wall Street para que la mayoría de los organismos reguladores, también la CNMV española, se atrevieran a prohibir determinadas prácticas especulativas. De momento, estas restricciones son temporales, aunque en el debate mundial sobre el nuevo capitalismo muchos piden que sean permanentes. Para ello hace falta un paso previo, tal vez el único que se dé en la cacareada cumbre del 15 de noviembre: la puesta en marcha de un organismo supranacional para vigilar la economía globalizada. Alguien con algo más de prestigio internacional que el FMI.

3. LA ENVIDIA DEL PARAÍSO FISCAL

Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. En un mundo donde las fronteras existen para las personas pero no para el dinero, de poco vale que el G20 se comprometa a asumir nuevas normas si no aísla a un G40 del que apenas se habla: los cuarenta países ladrones, los cuarenta paraísos fiscales. Según la OCDE, en estas cuevas piratas se esconden de los impuestos entre cinco y siete billones de dólares, una cifra que equivale al 13 por ciento del PIB mundial. La mitad de las multinacionales que cotizan en el español Ibex 35 tienen empresas en estos paraísos fiscales, con lo que eluden pagar impuestos al mismo erario público al que ahora piden ayuda. En los últimos veinte años, el dinero que guardan estos países se ha multiplicado por seis. Curiosamente, la distancia entre el sueldo de los altos directivos y el de los trabajadores ha aumentado en ese tiempo en una proporción similar.

4. LA CODICIA DE LOS DIRECTIVOS

En 1980, un alto ejecutivo estadounidense ganaba de media 42 veces más que un trabajador. Hoy gana 364 veces más: en un solo día lo que los demás en todo el año. El problema no es solo la desigualdad social, que también. Lo más preocupante es que se premie a los ladrones y a los inútiles. En palabras de la canciller alemana, Angela Merkel: «Comprendo que gane mucho quien hace mucho por su empresa y sus empleados; pero ¿por qué se debe ahogar en dinero a los incompetentes?». Es lo que a veces pasa cuando la retribución del primer ejecutivo está supeditada al corto plazo de la bolsa y no al largo plazo de la empresa. En muchas ocasiones (Enron es el ejemplo más sonado, pero no el único), los fuegos artificiales que tanto gustan a los inversores bursátiles van contra los intereses de la propia compañía. A la larga, la cotización bursátil también se hunde. Pero suele ser después de que el alto directivo haya vendido sus stock options.

5. LA GULA DE LOS INVERSORES

Lo que es bueno para el directivo no es bueno para su empresa. Lo que es bueno para el especulador del petróleo no es bueno para la economía mundial. Lo que es bueno para el vendedor de hipotecas subprime no es bueno para el banco que presta el dinero. En todos los fallos del capitalismo que ahora han aflorado hay un elemento común: una distorsión perversa en el sistema de recompensas que no premia al que genera riqueza sino al que la destruye.

El capitalismo ha funcionado con una premisa que suele ser cierta: del egoísmo individual se obtiene un progreso colectivo. La ambición de los empresarios también es buena para los trabajadores, pues todos ganan aunque sea en menor proporción. Sin embargo, el castillo de naipes se hunde cuando se premia al pirómano, cuando la recompensa del que da préstamos hipotecarios a gente sin trabajo no está supeditada a que esas hipotecas se paguen sino a vender todas las posibles —su comisión iba en ello—. Lo mismo sucedía en el siguiente nivel, donde el que respaldaba estas hipotecas subprime tenía como negocio agruparlas con otras miles y venderlas en el mercado. Que se cobrasen o no tampoco era su problema. Tampoco era problema de las agencias de calificación, que garantizaron la salud del sistema hasta dos minutos antes del hundimiento; por algo cobraban de los mismos bancos a los que avalaban. No era problema de nadie y ha acabado siendo problema de todos.

Aunque las subprime es el pastel más famoso, no es el único tóxico que ha engullido el mercado en estos últimos años de dinero fácil y hambre financiera voraz. El capital se empachó porque no sabía qué comía: el mercado de derivados consistía en vender paté de cerdo como si fuese foie gras de oca; cuestión de una bonita etiqueta. Funcionó bastante bien hasta que a alguien se le ocurrió mirar qué había dentro de la lata.

6. LA IRA DEL PLANETA

Dice José María Aznar, y no es el único inconsciente, que ahora que los bancos van mal no hay dinero para salvar el planeta. La realidad es la contraria, pues detrás de uno de los fenómenos más preocupantes de la economía están precisamente los desastres generados por el cambio climático en la agricultura mundial. La crisis alimentaria es un problema económico en su realidad más cruda, pues aquí no se pierden ahorros sino vidas humanas. La lucha contra la contaminación es, en realidad, el mejor ejemplo de los males del capitalismo: solo se soluciona con regulación estatal, hace falta coordinación internacional, sus beneficios son indudables y, en resumen, nunca lo abordarán aquellos que solo piensan a corto plazo, aunque sea la inversión más rentable, con diferencia. ¿Hay acaso alguna mejor que salvar el planeta?

7. LA SOBERBIA DEL PIB

¿Un país más rico es un país mejor? No siempre. Según los datos del PIB, México está a punto de superar a España. ¿Un país como México, donde hay familias que pierden su casa porque no pueden pagar las letras de una licuadora, es mejor que España? México también es el país desarrollado donde la brecha entre ricos y pobres es mayor, según el último informe de la OCDE que se presentó hace unos días. Por desgracia, la desigualdad, la educación o la sanidad no cuentan con indicadores tan precisos como la inflación, el paro o el PIB. Los datos económicos son difíciles de esconder. Sin embargo, los indicadores de desarrollo humano no son homogéneos ni sistemáticos, los políticos pueden apostar a que, con una buena campaña publicitaria, hasta la sanidad pública más deteriorada pasará por buena.

Una vez más, es un problema de recompensas. Lo que es bueno para el PIB no siempre es bueno para la sociedad, de poco sirve que aumente la riqueza si solo se benefician de ello los que ya son ricos, los mismos que nunca lo pasarán verdaderamente mal por mucho que se agrave la situación económica. En España, por ejemplo, la crisis va por barrios. Esta semana abrirá en la milla de oro de Madrid la exclusiva joyería neoyorquina Tiffany’s. Hay quienes siempre desayunarán con diamantes.

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La banca y el dilema del prisionero

Es un juego del matemático estadounidense Albert W. Tucker, aunque bien podría ser el argumento de una película de Quentin Tarantino. La policía arresta a dos sospechosos de un crimen. Sabe que han sido ellos, pero no puede probarlo, así que intenta dividirlos para romper su resistencia. Primero pone a cada uno en una celda y después les hace una oferta que no podrán rechazar: confesar a cambio de una reducción de la pena. Si uno canta y el otro no, el chivato saldrá libre, mientras que el otro prisionero cumplirá la máxima condena: diez años. Si ambos confiesan, los dos serán condenados, aunque con una rebaja de la pena: cinco años para cada uno. Pero si permanecen con la boca cerrada, en seis meses estarán en la calle. Sin embargo, cada prisionero tiene que decidir por sí mismo, y no sabe qué escogerá el otro. ¿Qué hacer? ¿Qué harías tú?

Para Tucker y sus ecuaciones, la respuesta es sencilla: aunque a ambos les iría mucho mejor si colaborasen, los incentivos de cada uno van por separado. Juegan solos, no en equipo. Así, lo más probable y racional, lo más lógico si se analiza la situación desde un punto de vista egoísta, es confesar. Se corren menos riesgos: en el mejor de los casos el chivato quedará en libertad; en el peor, evitará la máxima condena. Lo más probable, de hecho, es que ambos prisioneros confiesen.

Cambiemos de delincuentes. La banca también se enfrenta hoy a su propio dilema del prisionero: abrir o no abrir el grifo del crédito. Saben que existe un riesgo real de colapso económico, que si bloquean en exceso el acceso a los créditos, la economía puede paralizarse. Y que si eso sucede, ellos también saldrán condenados: les caerán sus buenos años de recesión. Si toda la banca colaborase entre sí y ayudase a las empresas con el crédito, la crisis sería más corta. Pero en el mundo financiero, como en el dilema del prisionero, cada banco se mueve según su propio interés egoísta. Si solo un banco extiende la mano, mientras el resto ejerce de chivato tacaño, el valiente puede acabar en la quiebra, por generoso.

En el dilema de la banca el personaje clave también es el carcelero. En España es el Gobierno y aún no se aclara, no sabe qué papel desempeñar: si hacer de poli bueno o de poli malo. De poco sirve poner a los banqueros en el pupitre, en vez de en el sofá, si más allá de la foto y del gesto no hay nada.

Si el Gobierno quiere que las decenas de miles de millones que ha inyectado en la banca lleguen de verdad a las empresas, el camino no es tan complicado: ya hay ejemplos que seguir. Tendrá que entrar en el accionariado para participar en las decisiones y no solo poner dinero y una vela a santa Rita para ver si así se cumple el imposible. O al menos atajar algunas malas prácticas. En muchas entidades financieras, por ejemplo, se está utilizando el dinero del ICO para sustituir líneas de crédito privadas que ya estaban concedidas, en vez de gastarlas en abrir esos préstamos a nuevos clientes. Y, a pesar de que el Euribor ya está por debajo del 2,5 por ciento, exigen intereses del 15 por ciento, y hasta el 18 por ciento, incluso con todos los avales y garantías necesarias.

Al menos ya no se confía en el milagro. «Un banco es un negocio, no es una ONG, y el negocio del banco es prestar dinero», decía en octubre Zapatero cuando se le preguntaba cómo iba a garantizar que las ayudas a la banca llegasen al crédito. El Gobierno optó entonces por el modelo menos intervencionista de entre todo el abanico de posibilidades que ofrecía el marco común pactado en Europa. Y sí, en España aún no ha sido necesario salvar ningún banco de la quiebra y Botín puede presumir de los mayores beneficios del mundo (y sin saber inglés). Pero no todos los países de la UE tienen que lidiar al mismo tiempo con el estallido de la burbuja inmobiliaria, ese milagro ibérico. Además, el tejido empresarial español es mucho más sensible que el de otros países al parón en el crédito. En el mundo civilizado, las empresas no pagan a sus proveedores a los seis meses —en el caso de la Administración, con suerte al año—, ni tampoco tanto empleo depende de pymes, hoy ahogadas por la falta de financiación.

Pero el peor drama de esta prisión llamada crisis es que, en cualquier caso, los que pagarán la condena más dura no serán precisamente los banqueros. El panorama económico de España ha empeorado a una velocidad aterradora. No son solo los más de tres millones de parados. No es solo el ladrillo. No es solo el parón mundial en la venta de coches, la primera exportación española. No es solo que la producción industrial haya caído en España cerca de un 20 por ciento (por ponerlo en contexto, en tiempos de la gran depresión la media mundial fue del 25 por ciento). Es el futuro, o la ausencia de él. Y después de la crisis, ¿qué?

Entre los asesores económicos del Gobierno circula una percepción preocupante: España puede sufrir una portugalización de su economía. «La crisis pasará, más tarde o más temprano», explica uno de ellos. «Pero mientras los países ricos de Europa rebotarán de nuevo hacia el crecimiento, España corre el riesgo de quedarse estancada o incluso retroceder en términos de convergencia, como le ha pasado a Portugal durante la última década.» Son las consecuencias de la falta de un modelo económico alternativo al ladrillo, ahora hundido.

La banca, mientras tanto, tiene que añadir un factor más a su dilema. «En menos de un año es probable que la banca mundial esté parcialmente nacionalizada», afirma un importante empresario español. En el Gobierno hay algunos que comparten el pronóstico y es muy probable que pronto Obama dé el primer paso en Estados Unidos, donde el debate casi es solo semántico. Allí la palabra nacionalización huele a azufre, como los comunistas. Pero la ortodoxia económica está hoy tan muerta como el muro de Berlín.

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Los hijos de la crisis

Durante aquellos años nefastos, Buenos Aires fue la ciudad con el mayor volumen de reciclaje del planeta. No fue mérito del Gobierno sino de la crisis argentina y de sus hijos más castigados. Los llamaron cartoneros. Cada noche, cuarenta mil personas salían de las barriadas hacia el centro para husmear en la basura de los ricos. Buscaban papel, plástico y vidrio que después vendían al peso. En un mes, con suerte y esfuerzo, un cartonero podía ganar doscientos pesos, unos cuarenta euros. Para muchas familias, era la distancia entre la miseria y un plato de comida caliente. Entre los cartoneros abundaban los niños. La escuela era un lujo que podía esperar.

Las cicatrices de las debacles económicas no se borran cuando remonta el PIB. Muchas veces el verdadero drama llega después, cuando su herencia condena de por vida a toda una generación a la ignorancia, a la pobreza, a la marginalidad. La mayoría de aquellos cartoneros jamás retomó los estudios. Hoy siguen en empleos precarios: su falta de formación no les permite aspirar a algo mejor.

España no es Argentina, pero nuestra crisis, que según las nuevas previsiones del Gobierno durará al menos dos años más, tampoco terminará cuando el PIB vuelva a florecer. Las hipotecas a treinta años seguirán estando ahí. Los hijos de la crisis en España no son cartoneros, son mileuristas. Es esa generación que algún pedante bautizó como «la mejor preparada de la historia de España» y que ahora es probable que sea la primera, desde la Guerra Civil, que viva peor que la de sus padres. A esa generación, a mi generación, la han estafado. Nos cambiaron una vivienda digna y un empleo estable por la Playstation 2.

11

La belleza de las ruinas

Era una de las obsesiones del arquitecto de Hitler, Albert Speer: dejar un hermoso cadáver. Prometió al führer que su Berlín imperial sería bello hasta después de muerto, que sus edificios se construirían de tal forma que incluso sus ruinas fuesen hermosas para servir de testamento eterno de la grandeza del Reich, al igual que el Coliseo prueba hoy la gloria de Roma. La teoría de Speer acabó siendo cierta hasta para el régimen nazi: el valor de una civilización lo da la belleza de sus ruinas. Por eso el edificio más famoso del perverso Reich ni siquiera está ya en Alemania sino en Polonia. En Auschwitz.

¿Qué quedará de nosotros cuando las plantas vuelvan a crecer entre el asfalto? En Arizona, las ruinas de la burbuja inmobiliaria aúllan en su agonía. Cantan. Muchas de las casas cuyos dueños no pudieron pagar —enormes urbanizaciones, como nuestra Seseña o el Avelandia de Guadalajara— pertenecen ahora a los bancos, que prefieren no vender para no tener que apuntarse las pérdidas. Las casas, miles de ellas, permanecen cerradas, arruinándose poco a poco. De cuando en cuando, la lluvia o el viento rompen algo y la alarma de la casa se dispara. Nadie la apaga. Los bomberos no pueden entrar sin permiso del dueño, y el banco no está para eso. Las alarmas, sin nadie que las consuele, siguen cantando así hasta agotar las baterías.

Las alarmas siempre suenan tarde. «Muchos estadounidenses compraron casas a crédito sin informarse adecuadamente y sin aceptar sus responsabilidades», dijo hace unas horas Obama, al anunciar la reconstrucción del nuevo orden financiero. Ojalá acierte. De la fealdad del modelo anterior dan fe sus ruinas.

12

España progresa adecuadamente

En España los impuestos son progresivos. Un empleado paga hasta el 43 por ciento de sus ingresos. Un empresario paga el 30 por ciento de sus beneficios (que no ingresos). Y los ricos muy ricos pagan el 1 por ciento a través de una SICAV (sociedad de inversión de capital variable). En 2005, después de que algunos inspectores de Hacienda fisgasen en las SICAV, donde guardan su dinero los que tienen grandes fortunas, el Congreso votó de emergencia y casi por unanimidad que fuese la CNMV, y no la molesta Hacienda, quien las vigilase (es un decir). En España los impuestos son progresivos: cuanto más tienes, menos pagas. Y así progresivamente.

En España los impuestos son tan progresivos que Cristiano Ronaldo tributará al 24 por ciento, igual que un mileurista. «Esto se justificó en su día por el hecho de que había profesiones con una vida muy corta», explicó Elena Salgado en El País. La vicepresidenta se equivoca: nunca fue ése el argumento. La bula galáctica viene de una reforma fiscal de Aznar (que no ha derogado Zapatero) para que los extranjeros que vengan a trabajar en España solo tributen al 24 por ciento, ganen lo que ganen, sean futbolistas o plomeros. Pasará a la historia como la Ley Beckham porque el inglés fue el primero en acogerse a sus ventajas. Decía el Gobierno que ayudaría a que nuestras empresas fueran más competitivas en la caza de talento foráneo. Como de talento en España vamos sobrados —por eso tantos científicos se van a trabajar fuera—, esta ayuda fiscal ha servido para fichar a esos profesionales tan importantes para ese nuevo orden económico basado en el conocimiento y la tecnología: los futbolistas. Y así progresa la economía española, otra vez campeones de Europa.

13

El patrón año Madoff

Bernard Madoff pagará con ciento cincuenta años de cárcel por los 50.000 millones de dólares que estafó. Sale a cuenta: son solo 333 millones de dólares por año de condena, eso sin valorar el hecho biológico. Madoff tiene 71 años, la esperanza de vida en Estados Unidos es de 78 años; así que, si la estadística acierta y vive siete años más en prisión, cumplirá un año por cada 7.142 millones estafados, diecinueve millones por cada día. ¿Una ganga? En realidad, no. Madoff es el tipo más tonto de Wall Street.

Si se aplicase la sentencia Madoff como patrón, como metro de platino iridiado para depurar la responsabilidad penal de los genios de las finanzas que nos han llevado a la peor recesión de la historia, el mejor negocio sería invertir en cárceles para ricos. Lehman Brothers dejó un agujero de 691.063 millones de dólares, trece veces más que Madoff. Alguien de ese banco debe, a la misma tarifa, más de dos mil años de prisión. Podemos esperar los veinte siglos sentados antes de que llegue esa condena.

Solo en Estados Unidos, ha hecho falta pagar 1,2 billones de dólares a la banca para que su irresponsabilidad no sepultase el mundo conocido. En años Madoff, los banqueros estadounidenses deben 36 siglos en prisión. En Europa la condena es aún mayor. Según los últimos cálculos, los Gobiernos de la UE han aprobado ayudas a la banca por algo más de cinco billones de dólares (3,7 billones de euros). Al cambio Madoff, son más de quince milenios de cárcel.

Es cierto que Bernard Madoff era un estafador y que los demás banqueros, en teoría, cumplen con la ley (que para eso la pagan). Más a mi favor: Madoff es el tipo más tonto de Wall Street.

14

La puerta del paraíso

Poco antes de morir, Dalila Mimouni tuvo tiempo de elegir un nombre para su hijo. El bebé se llamaría Rayan, que significa «la puerta del paraíso». El nombre no le trajo suerte, no esquivó la maldición familiar. El padre de Dalila, Driss Mimouni, fue el primero en soñar con un futuro digno, más allá de Marruecos. Murió en el tajo, en un accidente laboral en Tarragona, hace cinco años. Su muerte no salió en los periódicos. Nadie se acordaría de él de no ser por su hija, Dalila, que logró el triste honor de ser la primera víctima de la gripe A en España, después de que las urgencias de la Comunidad de Madrid despreciaran sus síntomas por tres veces. El tercer Mimouni, Rayan, el hijo de Dalila, completa el drama. Murió a los doce días de vida porque una enfermera de la sobrecargada y precarizada plantilla del hospital Gregorio Marañón de Madrid le inyectó en vena leche para bebés prematuros.

Tanto la dirección del hospital como la Consejería de Sanidad de Madrid hablan de un «error humano». El diagnóstico es a la vez incompleto y redundante: los errores son siempre humanos y aquí falta el plural. Hay más de un humano responsable: aquellos que han recortado la sanidad madrileña hasta permitir que, en una unidad de cuidados intensivos, la mitad del personal sea eventual y una enfermera, como la que erró, se pueda quedar sin supervisión en su primer día en la UCI.

Driss, Dalila, Rayan. Padre, hija, nieto. El paraíso español, esa quimera, ya se ha cobrado la vida de tres Mimouni sin que ninguno llegara a cruzar la puerta entre el primer y el tercer mundo; esa muralla que siempre separa el cielo del infierno aunque se hayan cruzado las fronteras.

15

El cóctel fiscal

Tras un mes de agitación, el cóctel de la subida fiscal queda así: una parte de IRPF (5.700 millones de eliminar los 400 euros), otra parte de IVA (5.150 millones), unas gotitas en las rentas del capital (800 millones) y una rebaja para pymes y autónomos (-700 millones). ¿Subir los impuestos vuelve a ser de izquierdas? Depende de la receta. La que propone el Gobierno, de momento, es tan ortodoxa que la podría haber firmado el PP si no estuviese tan ocupado con la caja B de la Gürtel.

Pero el combinado aún está por terminar. Habrá que esperar a que se enfríe en el Congreso de los Diputados. «Habrá cambios, o eso espero», me cuenta un diputado socialista, que confía en que la negociación parlamentaria matice una subida de impuestos que, por ahora, no pagarán precisamente los más ricos. Sin embargo, las modificaciones que pueden arañar los demás partidos de izquierdas en el Congreso no pasarán de aceituna con palillo; la nada con sifón. El Gobierno, que también puede pactar con el PNV, no se atreve con las SICAV, considera intocables los actuales tramos del IRPF y ni se plantea crear un nuevo tipo para las rentas superiores a los 160.000 euros, como han hecho los peligrosos comunistas del Reino Unido.

Con la actual subida fiscal, las clases medias son las más afectadas, especialmente por la supresión de los 400 euros. Resulta irónico, sin embargo, que haya hecho falta que el Gobierno eliminara esta rebaja del IRPF para que al fin todo el mundo admitiese que esta medida, tan criticada, beneficiaba especialmente a los mileuristas y a las clases medias. «Nos quedamos solos defendiéndolo», se queja una fuente oficial. El trago ahora es amargo.

16

El impuesto hipócrita

Puestos a subir impuestos, hay tres alternativas. La primera es llevar el discurso socialista hasta el límite y que los que más tienen, paguen más: bajar el IVA para incentivar el consumo y subir los tramos altos del IRPF. No es un modelo imaginario, es lo que ha hecho el Reino Unido.

Hay una segunda opción, dicen que más pragmática: dejar la redistribución de la riqueza para el gasto social e intentar recaudar lo máximo posible, aunque la factura la paguen los de siempre, la clase media a la que se puede desplumar con facilidad; que los ricos también lloran, pero sus ingresos tributan a través de sociedades patrimoniales. Es una fórmula impopular e injusta. Pero, según los técnicos, es también la más eficaz, si se trata de reducir el déficit y mandar un mensaje de austeridad a los mercados internacionales, donde cotiza nuestra deuda. Es la vía que ha propuesto el Gobierno en sus presupuestos.

Una tercera opción combina lo peor de ambos mundos. Consiste en aplicar la receta pragmática y vender el discurso idealista: subir los impuestos a la clase media mientras se repite que serán los ricos los que más paguen. Decir una cosa y hacer otra.

Dentro del PSOE y del Gobierno sorprende esa fijación de José Blanco en amagar a los ricos con unas subidas de impuestos que llenan todos los diarios menos el BOE. Ayer mismo, el ministro se escandalizó por la pensión millonaria del ex consejero delegado del BBVA. «Debería tener una fiscalidad mayor», dijo Blanco. Y tiene razón, debería. Pero nada provoca más frustración en los contribuyentes que las promesas fallidas; que el Gobierno hable de amor cuando quiere decir sexo.

17

La alarma social

Puede que la política una extraños compañeros de cama, pero solo la corrupción puede conseguir que además de sexo haya boda, aunque sea por interés y sin amor. La última prueba ha aparecido hoy en Barcelona, donde Garzón ha pescado en una misma red a varios ediles socialistas junto con algunos ex altos cargos del Gobierno convergente de Jordi Pujol. No hay nada más transversal que el dinero negro; y así, en la santa comunión de la pastuqui, los mismos políticos que en público son incapaces de pactar ni la hora, en privado comen de la mano de un mismo constructor. Lo que el ladrillazo unió no hay votante que lo separe.

¿Todos los políticos son iguales? ¿Son todos unos corruptos? Quiero pensar que no, y también que no todos los partidos tratan igual a sus manzanas podridas. Pero es obvio que el ladrillo feroz no solo dejó 3,8 millones de pisos vacíos, un horroroso paseo marítimo casi ininterrumpido desde Francia a Portugal y una crisis económica que hoy es la envidia de Europa. La nefasta herencia de la burbuja inmobiliaria española también incluye una numerosa colección de ladrones a sueldo público que se forraron a costa de nuestro dinero, de las hipotecas que pagaremos durante décadas. Cada semana asistimos, ya sin sorpresa, a otra nueva operación contra la corrupción, a la evidencia de una nueva chorizada. Y es ahora cuando echo en falta a los políticos honestos y comprometidos, esos que al segundo suceso macabro proponen cambiar la ley del menor. Ante la innegable alarma social que provocan estos casos, ¿para cuándo un endurecimiento de las leyes contra los corruptos? Sé la respuesta. Es solo una pregunta retórica.

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El año de la crisis

Fueron doce meses tan terribles, tan dramáticos, que las grandes fortunas españolas se volvieron un 27 por ciento más ricas. El patrimonio empresarial de Amancio Ortega creció un 37 por ciento; el de Emilio Botín, un 71 por ciento; el de Esther Koplowitz, un 24 por ciento… El déficit se multiplicó por cinco, el PIB perdió un 3,6 por ciento y el paro alcanzó el 18 por ciento. Pero que la miseria no avinagre el champán, que el 2009 tampoco ha sido para tanto, que la bolsa ha subido un 30 por ciento y ayer alcanzó su máximo anual. Desde lo alto de los 12.000 puntos piramidales del Ibex 35, doce meses de mierda nos contemplan. La crisis es así, asimétrica. Relativa. Los pobres son más pobres, los ricos son más ricos y el capitalismo nunca cambia, que la vida sigue igual.

Fueron doce meses tan largos, tan duros, tan difíciles, que un Gobierno socialista anunció una subida de impuestos para la clase media y los mileuristas, mientras los más ricos siguieron pagando el 1 por ciento desde sus SICAV. Fue una medida progresista porque Hacienda somos todos, y por eso en España los empresarios declaran de media menos renta que los trabajadores o los pensionistas.

Fueron doce meses tan hipócritas, tan siniestros, que el presidente de la patronal, don Gerardo Díaz Ferrán, se pasó el año pidiendo que recortaran las cotizaciones a la Seguridad Social mientras en una de sus empresas directamente las dejó de pagar. Air Comet se estrelló y los pobres entre los pobres, los inmigrantes que llevaban un año ahorrando para enseñar el bebé a los abuelos, se quedaron en tierra, enterrados. Feliz Navidad. Mientras tanto don Gerardo, en el otro extremo de la galaxia, pudo disfrutar de su flamante Ferrari, un modelo tan exclusivo que solo sesenta personas más en el mundo tienen uno igual. Las curvas de la crisis no son tan amargas cuando se toman a toda velocidad.

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Obama aprieta a la banca

Puede que a Obama le haya entrado prisa después de la derrota demócrata en Massachusetts, y también de una encuesta donde su imagen queda tocada precisamente por su tibieza frente a ese sector financiero que, tras un rescate billonario, ha vuelto a dar pingües beneficios. Al margen de sus motivos, da gusto escuchar un discurso como el que pronunció ayer para anunciar la reforma de esa banca que siempre gana, como la del Monopoly. «Si quieren pelea, la tendrán», amenaza Obama, que plantea algo tan básico como que los mismos que guardan los ahorros de la gente no puedan dedicarse a especular en inversiones de riesgo con la tranquilidad de que, si algo va mal —como pasó hace año y medio—, sea el Estado quien pague porque siempre es peor la alternativa: que el banco se derrumbe, el dinero de las cuentas corrientes desaparezca y la economía se colapse.

«No podemos aceptar un sistema donde los accionistas ganan dinero si las inversiones van bien, pero los contribuyentes pagan la factura si el banco pierde.» «Nunca más seremos rehenes de bancos que son demasiado grandes para quebrar», remacha el presidente estadounidense, que tampoco descubre América. Las regulaciones que Obama propone no son muy distintas a las que ya existían desde la gran depresión. Las últimas protecciones ante estos abusos se eliminaron hace apenas diez años, con la alegría de un capitalismo que presumía de ser lo bastante mayor como para cuidarse solo, sin la tutela del viejo papá Estado, esa antigualla. Año y medio después del terremoto de Wall Street, la cacareada reforma capitalista se ha quedado en pagar y no preguntar. Y algo va mal cuando el presidente de Estados Unidos pasa a Europa por la izquierda. Aunque de momento sea solo en sus discursos.

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Zapatero gira a la derecha

Ya es casualidad. Ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE) difundió un informe donde alerta que en el 2049 habrá el doble de españoles con más de 64 años. Y hoy, un día después, el Gobierno presenta un duro plan de recorte que también pasa por retrasar la edad de jubilación. Miro los gráficos del informe del INE, esas amenazadoras pirámides de población a punto de colapsar, y me siento como si estuviera ante un psicólogo, respondiendo al test de Rorschach. ¿Qué ve usted aquí?, me pregunta el doctor. Y yo veo sorprendido que el INE no haya reparado hasta ayer en esos datos, que son públicos y salen del padrón. También veo incoherencia, cambio de discurso, un giro a la derecha, porque no se puede prometer que las pensiones van a subir, que la crisis no la van a pagar los más débiles, para después retrasar la edad de jubilación y cambiar el sistema de cómputo para que las pensiones sean más baratas. Y todo eso, a pesar de que España es de los países de la UE con menos gasto social.

«Estamos en manos de Mafo y la vieja guardia», se lamentan algunos desde el Gobierno, que ven cómo las tesis del gobernador del Banco de España son ahora las que mandan. La nueva receta económica de Zapatero tampoco es tan distinta de la que propone el PP o el propio Díaz Ferrán: reforma laboral, recorte de pensiones y menos inversión y gasto público. El Gobierno dice que ahorrará 50.000 millones en tres años. Si es tan sencillo, si ese dinero sobraba, ¿por qué no dimite nadie por no haberlo anunciado antes? Hace apenas unos meses, cuando Rajoy insistía en un tijeretazo contundente al gasto público, el PSOE le retaba a que explicara de dónde habría que recortar. Al fin llegó el consenso. Todas las derechas están de acuerdo en cómo sacarnos de la crisis.

Tesón, coherencia y principios […] No aceptaremos ningún chantaje para abaratar el despido. Ni atenderemos a los cantos de sirena que piden recortar el gasto.

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO,

26 de abril de 2009

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Han olido sangre

A diferencia de otras timbas, casinos y bingos, los mercados financieros tienen una peculiaridad: que los jugadores de chica ganan tanto o más que los que juegan en grande; que uno se puede forrar apostando a que un valor, un bono, una moneda… un país entero se despeñará. Algo de eso está pasando con España, el nuevo epicentro de la crisis mundial, donde se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Por un lado, los datos objetivos: el aumento del déficit por encima de las previsiones del Gobierno, el paro, y la pertinaz recesión, ese PIB que sigue seco. Por el otro, muchos factores subjetivos que pesan incluso más: la falta de confianza en el Ejecutivo —al que la presidencia planetaria ha convertido en el pimpampum de la prensa financiera internacional—, el ejemplo griego y portugués… Pero también la voracidad de unos especuladores que han aprovechado esa coyuntura para morder nuestra deuda pública, de un modo similar al que lo hicieron hace años con las bandas de fluctuación del euro, cuando ganaron fortunas echando a la libra del sistema monetario.

España es hoy el ratón con el que juguetean los grandes gatos especuladores. Por medio de complejas herramientas financieras, como los credit default swaps, los señores del dinero están apostando a que la deuda pública española —y por ende toda nuestra economía— irán a peor. Como toda puja respaldada por ingentes cantidades de dinero, su profecía se está haciendo realidad. La fiebre ha llegado también a la bolsa, a pesar de que la comparación con Grecia sea injusta. La deuda española (55 por ciento del PIB) es menos de la mitad de la griega (115 por ciento). A medio plazo, es probable que el problema español desaparezca en cuanto los grandes gatos encuentren otra presa mejor a la que lanzar sus zarpazos. Eso sí, sus arañazos nos van a salir carísimos. ¿Refundar el capitalismo? Pues toma dos tazas.

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Cómo protegernos de los especuladores

Ahora que pasó el terremoto, que el bono español vuelve a ser una inversión de fiar, que las agencias de calificación ponen buena nota a nuestra deuda y que incluso el Financial Times nos perdona la vida, es un buen momento para citar a los clásicos. Os Resentidos: «Estamos en guerra, pero hay que reflexionar»; y no vendría mal aprovechar esta pequeña tregua que han dado los especuladores para prepararse antes del siguiente tiroteo.

El martes que viene, los ministros de Economía de la UE discutirán cómo evitar estos ataques contra la deuda pública y el euro. Además de hablar sobre los opacos credit default swaps, hay una propuesta sobre la mesa, que también está en la agenda del G20: prohibir las posiciones a corto «naked» (desnudas). Se trata de un truco de trilero: vender títulos de forma masiva sin ni siquiera poseerlos ni asegurar la operación. Básicamente, el especulador primero da la orden de venta y horas más tarde, cuando el valor de esa acción se ha desplomado, compra barato para respaldar su apuesta. Y se embolsa la diferencia. Son como los lobos que primero asustan a la manada para provocar una estampida y después atacan al animal que se queda atrás. Su negocio consiste en sacar tajada del pánico; cuanto peor le va a la economía, mejor les va a ellos.

Tras la quiebra de Lehman Brothers, cuando el resto de la banca de inversión parecía seguir la misma senda, la poco sospechosa de comunista SEC —la agencia que regula el mercado estadounidense— prohibió este tipo de operaciones para valores bancarios. La SEC consideraba que estaban distorsionando el mercado, y así sigue siendo ahora. Lo único que ha cambiado es la voluntad política, que la deuda de los países mediterráneos no es tan intocable como la sacrosanta banca de inversión.

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La crisis es federal

El Financial Times ha publicado otro artículo sobre la economía española donde le dicen al Gobierno de todo, menos bonito. La Biblia de la City Londinense se transforma otra vez en el dios vengativo del Antiguo Testamento y, después de los piropos que dedicó al Ejecutivo de Zapatero tras la visita de Elena Salgado, vuelve a las críticas. En apenas un mes, España primero fue «un drama potencialmente más grave» que Grecia; ocho días después, nos convertimos en un país «mejor preparado que el Reino Unido» para afrontar la crisis; y ahora, tres semanas más tarde, volvemos a ser un país poco de fiar. «Los mercados se preparan para castigar a España», tituló el Financial Times el domingo en una de esas peligrosas profecías que se cumplen solas.

Pese a todo, algo de razón tienen en Londres, desde donde señalan tres problemas en el plan de austeridad del Gobierno. El primero, que sus previsiones económicas son demasiado optimistas. El segundo, que la mayor parte del gasto público está en manos de las autonomías y los ayuntamientos, no del Gobierno. El tercero, que los socialistas carecen de la voluntad política necesaria para llevarlo a cabo.

Los puntos uno y tres son discutibles, más aún cuando los que ponen el dedo sobre esas llagas son los mismos que hace nada elogiaban tanto al doctor como a su receta. Pero el segundo problema es una obviedad que en España se olvida constantemente. Nos engañamos con el nombre. Pero, más allá del eufemismo de las «autonomías», lo cierto es que vivimos en un estado federal, donde gran parte de las armas para reactivar la economía —ahora que el Banco Central está en Fráncfort— las tienen los Gobiernos autonómicos. Por eso es tan importante el concurso del PP contra la crisis; por eso es tan irresponsable su postura.

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El botón nuclear

Rumor número uno: España va a pedir al FMI un rescate de 280.000 millones de euros, dos veces y media el de Grecia. Rumor número dos: Fitch y Moody’s van a rebajar esta misma tarde la calificación de la deuda española. Ambos bulos circularon durante toda la mañana de ayer por los mercados. Ambos se demostraron completamente falsos: no se rebajó la calificación de la deuda, que Fitch y Moody´s aún mantienen en el máximo nivel posible. Y tanto el FMI como el propio Zapatero negaron rotundamente que existiesen siquiera planes de tan millonario rescate. Ambas mentiras, no obstante, cumplieron muy bien sus objetivos: deteriorar el crédito que merece la deuda pública española —y, de paso, hacer que nos salga más cara—; hundir un poquito más la bolsa; y, como feliz consecuencia, que los promotores de ambos bulos, los mismos especuladores que están jugando a la baja con España, ganaran sus buenos euros. Y así se mantiene otro día más una espiral que, a la postre, puede lograr que las negras profecías se hagan realidad. «Los mercados pueden mantener su irracionalidad más tiempo del que tú puedes mantener tu solvencia», decía Keynes. Si el mercado es una selva, los inversores son siempre una manada.

¿Hay manera de evitar tal disparate? Claro que sí. Lo que pasa es que apenas interesa. Hay una opción de la que cada vez se habla más y que algunos llaman el botón nuclear por sus tremendas consecuencias: que el Banco Central Europeo compre bonos de deuda pública en cantidad suficiente para pillar los dedos a los especuladores. Hay un pequeño problema. El mercado, a su manera, está ejerciendo de lobo que sirve muy bien para asustar a las ovejas, para que los ciudadanos acepten unos recortes sociales inasumibles si no existiese el miedo. Íbamos a reformar el capitalismo ¿se acuerdan? Pues va a ser el capitalismo quien nos reforme a nosotros.

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Freno a la especulación

19 de febrero de 2010. «Hay que poner freno con firmeza a la especulación, al dinero fácil y a la parte de la globalización económica que quiere escapar al control de todos», dice José Luis Rodríguez Zapatero en Londres, antes de una reunión con Gordon Brown. 16 de marzo de 2010. El mismo Zapatero, presidente de turno de la UE, decide poner freno con firmeza a la directiva europea que iba a reformar los fondos de inversión especulativos. Lo hace después de una llamada de su amigo Gordon Brown, el presidente de un país en campaña electoral cuya City londinense, cual cueva pirata, resguarda a gran parte de los famosos hedge funds. 4 de mayo de 2010. El presidente español vuelve a cargar contra los especuladores, esta vez desde Bruselas, enojado ante un rumor que hunde otra vez la solvencia de la deuda española. Zapatero: «No doy crédito, es una absoluta locura, un despropósito monumental». Y tanto.

Si les dieran un euro a los griegos cada vez que un gobernante clama contra los especuladores, no haría falta rescatarlos. «Hay que poner freno a la especulación», repitió esta semana Angela Merkel. «Hay», ese verbo de sujeto impersonal, como si el freno dependiera de los extraterrestres o de algún otro extraño. Y así llevamos casi dos años, refundando el capitalismo en cada discurso mientras los especuladores nos sirven otras dos tazas. Esa reforma de los hedge funds que en marzo retrasó otro ratito Zapatero (se supone que hasta que Reino Unido vote) no es tampoco ninguna medida revolucionaria. Es un acuerdo de mínimos, y hasta eso se pospone. «El retraso en las reformas del sistema financiero puede desembocar en revueltas sociales», advirtió hace mes y medio el director gerente del FMI, el banquero francés Dominique Strauss-Kahn. En Grecia, en la cuna de Europa, las revueltas ya han comenzado.

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Y Zapatero cogió la tijera

Íbamos a reformar el capitalismo, y al final ha sido el capitalismo quien nos ha reformado a nosotros. «Las circunstancias nos han obligado a tomar estas medidas», dice Zapatero en el peor momento de su carrera política, en el día en que las circunstancias lo derrotan, en el funeral de su discurso. «La crisis no la pagarán los más débiles», repetía hasta hace poco el presidente. Y ahora la crisis la pagarán los de siempre: pensionistas, dependientes, madres, funcionarios y, por supuesto, ese 20 por ciento de parados.

Hay dos maneras de explicar lo sucedido y ninguna de ellas es bonita. La primera, que la crisis es aún peor de lo que nos contaron, más dura de lo que el propio Zapatero quiso asumir; que sin este ajuste solo nos queda la tragedia griega. La segunda, me temo que más probable, que el miedo a Grecia es solo el lobo feroz de este cuento donde el resto somos los corderos. Que el poder político ya no tiene mucho que decir, que puede que en el Parlamento resida la soberanía popular pero que hay otros soberanos, los mercados, los que ahora imponen las reglas. Que la receta económica son lentejas: que si quieres las tomas y, si no, te llama Obama para que no te las dejes. Que esta cirugía con serrucho —que tan desastrosa puede ser para el empleo o para reactivar el consumo— es una operación impuesta; una obligación que marca la solidaria familia europea como condición para el blindaje frente a los especuladores de esos vagos PIGS, que tanto duermen la siesta.

Pero lo peor es de dónde sale el dinero, un tijeretazo liberal, sin ni siquiera un mínimo gesto simbólico de izquierdas, que está siendo criticado incluso desde el Gobierno, donde muchos se enteraron de las medidas al mismo tiempo que el resto. Puestos a recortar el gasto público, ¿de verdad no había otro sitio mejor donde meter la tijera?

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Algunas preguntas sobre el tijeretazo

Algunas preguntas inquietantes, especialmente para la coherencia del discurso político del azorado Gobierno. ¿Por qué el tijeretazo social empezará en junio y la subida de impuestos para los más ricos será, según Zapatero, «en su momento»? ¿Por que los demás países europeos que se han apretado el cinturón, como Portugal, Italia, Francia o incluso Grecia, han mezclado las de cal con las de arena para que la crisis no solo la paguen los más desfavorecidos, mientras que Zapatero, de momento, solo ha concretado los recortes? ¿Por qué el Gobierno se ha pasado una semana enviando mensajes contradictorios sobre los impuestos para ricos en lugar de anunciarlo todo junto en el Parlamento?

Ayer pregunté a varios dirigentes socialistas. Les he pedido sinceridad, a cambio de anonimato. Algunas de sus respuestas: «Porque va de mensaje de contundencia y no podemos tener ningún titubeo. Porque los partidos que apoyan una cosa no apoyan la otra y hay que sacar los decretos en el Parlamento», cuentan desde la ejecutiva socialista. «Por la credibilidad de nuestro plan ante las instituciones financieras. No irá en este decreto pero, en breve, hablaremos de un nuevo impuesto para los ricos», responden desde la dirección del PSOE. «Porque la subida de impuestos en rentas altas es probable que vaya vinculada al presupuesto», dicen desde el grupo parlamentario socialista. «Porque la declaración de la renta ya se ha hecho y no se puede cambiar, y la de patrimonio no se puede hacer hasta 2011», razona un ministro. «Porque las medidas de izquierdas necesita reservarlas para intentar aprobar los presupuestos con toda la izquierda parlamentaria», opina un barón autonómico socialista, que también tiene otra respuesta: «O porque no nos han contado quién coño manda en Europa».

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Cajasur y el cura banquero

La ruina de Cajasur ha costado de momento 523 millones de euros en dinero público. Una bagatela, apenas un tercio de lo que el Gobierno ha recortado a los pensionistas. Demos gracias al Señor, su gestor. «Por encima de todo quedará patente que la Iglesia ha actuado movida por la ética que brota del Evangelio», dice el untuoso obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, que absuelve de todo pecado a los curas que han dirigido Cajasur hasta su exitoso final. «La Iglesia ha estado dispuesta a perderlo todo, con tal de salvar los puestos de trabajo», remacha el señor obispo, que no detalla a qué «todo» se refiere: si pensaban tapar el tremendo agujero con el dinero de la banca vaticana, si van a compensar al Estado pagando de una vez el IBI, como todo cristo.

Pero, antes que al obispo, me gustaría escuchar la explicación del cura Miguel Castillejo, el hombre que gestionó Cajasur durante casi treinta años, el de los polvos del ladrillo de los que ahora vienen estos lodos, el mismo que pagaba dietas millonarias a los consejeros de la caja por asistir a una exposición o a la coronación de la Virgen de la Fuensanta. El cura Castillejo está callado, pero sigue cobrando una generosa pensión vitalicia de casi 250.000 euros al año que no solo disfrutará él, sino que heredarán sus cuatro hermanas hasta que la última de ellas muera. Completa la jubilación con la presidencia de una fundación que lleva su nombre, con sede en el palacio de Las Doblas, que donó a la causa el constructor Sandokán, involucrado en la Malaya. Castillejo, el cura banquero, es «un humanista, y entre sus grandes amistades están Averroes y Tomás de Aquino», dice de él su hagiógrafo. En la web fundacionmiguelcastillejo.es ponen que la página está «en construcción». ¡Pues ya tardan en montar una nueva promotora!

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Usted tiene la culpa

«Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades», dice el Gobierno alemán y responde a coro el de Reino Unido. «Hemos», sí. Nosotros. Usted y yo; no me ponga ahora esa cara. Tal vez falle su memoria y no se acuerde de aquella vida mejor y de derroche. O tal vez sea de esos infelices a los que la memoria les funciona muy bien, y aún recuerda cómo empezó todo. No fueron las pensiones ni el coste del despido ni los sueldos de los funcionarios. Sucedió hace ya dos años, cuando el sector financiero infló un inmenso globo de mierda que estalló, y nos llenó de mierda a todos. ¡Cuánta basura ha llovido desde entonces! Primero socializamos las pérdidas, y endeudamos a los Estados. Reflotamos los bancos, les devolvimos las llaves a los mismos dueños que los habían estrellado y, con una palmadita en la espalda, les pedimos que para la próxima tuvieran más cuidado. Alguien habló de refundar el capitalismo, algún ingenuo. Pero condenamos a Madoff, que el que la hace la paga (ja, ja). Y así nos arrastramos hasta mayo de 2010, cuando el mismo sector financiero que había provocado la crisis se puso a especular contra la misma deuda pública con la que se les había rescatado.

Era una competición desigual: el mercado financiero global contra un montón de divididos Estados. Desde ayer, es obvio quién ha ganado. El primer país de la UE, Alemania, anunció que se apretaba el cinturón. Es una mala noticia. Significa que en Europa tonto el último, y que su deuda saldrá más barata; ergo, la nuestra más cara. Que el final de la crisis tardará más en llegar, porque el consumo se frenará. Que habrá más recortes sociales. Que la soberanía popular cotiza en bolsa, y que su precio cae en picado. Pero lo peor es otra cosa. Hemos asumido que la culpa fue nuestra, y que por eso merecemos la penitencia.

30

La derrota de la izquierda

Seguro que recuerdan la metáfora, durante unas semanas fue muy popular: la quiebra de Lehman Brothers iba a implicar «la caída del muro de Berlín del sistema neoliberal», el fin del capitalismo tal y como lo habíamos conocido. Qué ingenuas parecen hoy aquellas profecías incumplidas. El gatillazo de los sindicatos, incapaces de movilizar a los funcionarios ni siquiera ante el tijeretazo salarial, es el enésimo ejemplo que demuestra hasta qué punto ha sido la izquierda, y no la doctrina neoliberal, la gran derrotada en esta inmensa recesión. Ha ganado el miedo, que es siempre conservador. Aquel derrumbe no ha doblado a los mercados financieros; al contrario, jamás han sido tan fuertes. Es otro muro el que cae.

Decía Marx que el sistema capitalista colapsaría, víctima de sus propias contradicciones, y en eso también se equivocó. Las contradicciones, como los principios o la moral, nunca fueron un problema para el capitalismo más extremo, ni siquiera ante su colapso: si hay que abrir un paréntesis en el libre mercado —como pidió Díaz Ferrán—, pues se abre, y ya está. Por eso antes socializaron las pérdidas y ahora privatizan los Estados, obligados bajo la amenaza de los mercados a adelgazar con la única ayuda de un serrucho. «No quiero suprimir el Gobierno —decía Grover Norquist, un asesor de George W. Bush— me conformo con reducirlo hasta un tamaño que me permita arrastrarlo hasta el baño y ahogarlo en la bañera.» Y en esas andan los Gobiernos de la UE: aprendiendo a bucear. Las últimas previsiones para este año auguran un crecimiento de la economía mundial superior al 3 por ciento. ¿Todo el mundo se recupera? No. Europa sigue estancada, noqueada. Es el Estado del bienestar lo que hoy está en cuestión, no Wall Street. Es el modelo social europeo el que está pagando una crisis global provocada por los excesos de la banca de inversión estadounidense. Es sarcástico, y también aterrador.

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Lo que gana Alemania

Rumor número uno: el Financial Times Deutschland publicó el viernes que la banca española está a punto de quebrar. La UE lo negó. Rumor número dos: ayer el Frankfurter Allgemeine Zeitung aseguró que el rescate español es inminente. La UE lo volvió a desmentir, y también se hizo una pregunta obvia: con lo grande que es Europa, ¿por qué los rumores sobre la quiebra de España salen siempre de Alemania?

Para Bruselas, la respuesta es evidente. Ayer, el portavoz de Asuntos Económicos de la UE, Amadeu Altafaj, acusó veladamente al Ejecutivo alemán de estar detrás de estos bulos. El Gobierno español también está convencido de que nuestros amigos alemanes son esa mano invisible que agita con rumores los mercados. Ayer les salió bien. A pesar de los desmentidos, el bulo funcionó. Cuando el río suena, el mercado se asusta por si agua lleva, y el diferencial de la deuda española sobre el bono alemán subió por encima de la barrera de los dos puntos. Financiar nuestra deuda es hoy mucho más caro.

Pero ¿qué gana Alemania con todo esto? El déficit exterior español se divide más o menos en tres tercios: uno es para importar energía, otro es de China, y el tercero es, en efecto, de Alemania. Los bancos alemanes nos han prestado 167.000 millones de euros. Si España se hunde, la economía alemana quedaría muy tocada.

Sin embargo, a Alemania sí le interesa tensar la cuerda sin que se rompa: que la deuda española se encarezca sin llegar, por supuesto, a una bancarrota. Las malas noticias para los PIGS son buenas nuevas para el bono alemán: cuando los inversores ven mal el Mediterráneo, se refugian en la aburrida y previsible deuda alemana. En el último año, Alemania se ha ahorrado unos 35.000 millones de euros gracias a esta segunda parte de la crisis. La deuda le sale más barata a Angela Merkel porque al resto nos cuesta más cara. Como tantas veces, unos pierden porque hay otros que ganan.

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Los huevos y el Deutsche Bank

Un bonito ejemplo sobre el honrado mundo de los mercados financieros. El principal banco alemán, el Deutsche Bank, ha reconocido que varios de sus clientes han apostado quinientos millones de euros contra varios valores de bolsa en España. Esta operación financiera perfectamente legal supone que estos clientes del Deutsche ganarán un pellizquito si las cosas van aún peor por aquí, si la cotización de estas empresas empeora. Por supuesto no es nada personal, solo negocios; una operación cotidiana a la que los bancos españoles también juegan y que el Deutsche Bank solo ha desvelado porque, desde hace unos días, obliga a ello la CNMV.

Irónicamente, como recuerda el diario inglés Daily Telegraph, el Deutsche Bank es una de las instituciones financieras que el Gobierno alemán ha protegido con una reciente regulación contra cierto tipo de ataques especulativos. Para completar el cuadro, estas apuestas a la baja contra empresas españolas no llegan desde Alemania, sino de su sede en el Reino Unido.

Recordaba hace poco Manuel Marín, ex presidente del Congreso, que el mundo desarrollado ha sido capaz, por razones de salud pública, de poner un código en cada huevo para saber su origen. Si podemos con los huevos, «¿cómo no vamos a ser capaces de controlar la transacción financiera internacional?», se preguntaba Marín. La respuesta es sencilla: por supuesto que se puede controlar, otra cosa es que se quiera controlar. Y otra más difícil todavía: que todos los países estén de acuerdo en cómo hacerlo o que baste con una norma improvisada. A diferencia de los huevos, las operaciones financieras internacionales se suelen mover bajo las reglas del eslabón más débil de la cadena. De poco sirve que España o Alemania intenten regular el casino si en Reino Unido las normas son otras. Por separado, las pequeñas naciones poco pueden hacer contra el gran mercado financiero global. Y así nos va.

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Las profecías de Stiglitz

Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía: «Si una familia no puede pagar sus deudas, se le recomienda que gaste menos para que pueda hacerlo. Pero en una economía nacional, si se recorta el gasto, decae la actividad económica, nadie invierte, disminuye la recaudación fiscal, aumenta el gasto en desempleo y uno termina sin dinero para pagar las deudas». «Hay muchos experimentos que lo demuestran gracias a Herbert Hoover y el Fondo Monetario Internacional», explica Stiglitz en una reciente entrevista en el diario británico The Independent. Se refiere a los «éxitos» de las recetas de recorte del déficit que aplicó el FMI en Argentina, en Tailandia o en Indonesia; y a la decisión de aquel presidente estadounidense, Hoover, que con su tijeretazo al gasto público convirtió el crack del 29 en la terrible gran depresión.

Conviene escuchar a Stiglitz, ex asesor de Bill Clinton, ex vicepresidente primero del Banco Mundial. Este economista fue casi el único que predijo la tremenda crisis económica que ahora sufrimos, el primero que advirtió del riesgo de un colapso del sistema financiero internacional. También fue él quien avisó, hace ya veinte años, del peligro de revender las hipotecas como títulos de inversión, ese genial invento que estalló con las subprime. Y el Nobel se lo ganó, en el año 2001, con una investigación que demostraba que cierto grado de intervención gubernamental en la economía, ese tabú neoliberal, conseguía mejores resultados para todos que la desregulación total. Como quedó patente en septiembre de 2007, Stiglitz volvía a tener razón.

«Sabemos lo que ocurre», dice sobre los recortes que están aplicando todos los Gobiernos europeos. «Las economías van a debilitarse, se reducirán las inversiones y se producirá una terrible espiral descendente.» Ayer, los países del G-20 reafirmaron su compromiso de reducir a la mitad su déficit antes del año 2013. Ojalá Stiglitz se equivoque esta vez.

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Nosotros, los imbéciles

Dos años después del fin de Lehman Brothers aún no sabemos cuánto nos va a costar el rescate a los bancos y cajas españoles. Ya hemos gastado unos 12.000 millones de euros y, desde el Gobierno, calculan que la factura final rondará los 30.000. Es lo que cuesta salvar al sistema financiero patrio de las secuelas de la crisis internacional y, en mayor medida, de sus excesos durante la burbuja inmobiliaria. Por si acaso, el Fondo de Rescate Español, el FROB, está presupuestado con un máximo de 99.000 millones, no vaya a ser que esa banca pase hambre.

Es fácil perderse con tanto cero. Pero 30.000 millones de euros, para los de letras, es cerca del 3 por ciento del PIB español. Es el doble del tijeretazo del déficit. Es casi ocho veces el recorte del sueldo a los funcionarios. Es veinte veces el ajuste de las pensiones. O cincuenta veces lo que cuesta el plan de rescate para los parados de larga duración.

30.000 millones de euros en un país destrozado por la crisis es un inmenso montón de razones para que los responsables de esos bancos y cajas a los que ha salvado de sus errores el dinero de todos se escondan en una cueva y no salgan de ahí hasta que se olvide su vergüenza. Pues no. Aún nos dan lecciones. Ayer, con el desparpajo habitual del sector, el director general de la Fundación de las Cajas de Ahorro, Victorio Valle, calificó de «imbecilidad» la propuesta de esa mínima tasa a las transacciones financieras que respaldan algunos países de la UE y que Zapatero pidió el lunes en la ONU. Una imbecilidad, es decir, algo propio de imbéciles. Y tiene razón. Somos imbéciles, completa, absoluta y rematadamente, si toleramos que el mismo sector financiero que hundió el planeta se vaya de rositas y encima nos insulte.

35

El ejemplo irlandés

«Abaratar el despido no es el camino para crear empleo, solo provocará más desigualdades sociales y menos protección a los trabajadores, sobre todo en un país donde todavía nos queda por avanzar en protección social.» La frase no es mía, aunque la firmaría. La dijo tal cual Zapatero en enero, salvo una palabra: «provocará», en lugar de «provocaría»; he cambiado el tiempo verbal porque de aquel condicional hemos pasado al futuro imperfecto que deja la reforma laboral.

Zapatero ya no lo dice en las entrevistas. Pero en los números, donde es mejor no engañarse, el Gobierno sigue pensando igual. Abaratar el despido no va a crear empleo. Es más, las previsiones del Ejecutivo sobre paro han empeorado, según los presupuestos que presentó ayer Salgado. No será la reforma laboral, sino la recuperación económica, lo que permitirá que el número de parados empiece a disminuir.

Aunque para descubrir América tampoco hacía falta salir de Europa. España es el socio de la UE con mayor tasa de paro; también lo éramos cuando las cosas iban bien, en gran medida por el peso de la economía sumergida. Pero no somos el país europeo donde más ha crecido el desempleo porcentualmente. Esa medalla se la lleva Irlanda: un Estado al borde de la bancarrota, que hasta hace poco ponían de ejemplo los neoliberales por sus políticas de impuestos bajos, despido flexible y sector público austero. La tasa de paro irlandesa —del 14 por ciento, pero sin empleo negro— casi se ha triplicado. «¿Es Irlanda la nueva Grecia?», se preguntaba ayer un analista en la BBC. No exactamente. Hasta hace nada, a ojos de esos mismos economistas y agencias de calificación que ahora la repudian, Irlanda no es que fuese Grecia. Es que era el paraíso terrenal.

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Diarios, discos, enciclopedias y otras especies en extinción

La crisis de la prensa escrita es doble: coyuntural y estructural. Es culpa de la dura situación económica pero también de la revolución digital. Por eso conviene revisar las barbas peladas de otros sectores que también sufren esta reconversión industrial para encontrar lecciones y ejemplos, para poner algunas conclusiones a remojar. Entre quienes más han padecido la llegada de internet se encuentra, sin duda, la industria del disco. Y de las muchas analogías que se pueden sacar hay una especialmente reveladora: la muerte del long play, del viejo LP.

Un poco de historia. Al principio fue el single. La música popular y la industria discográfica actual se construyeron sobre la canción, que era la unidad creativa. La tecnología del LP —los discos a 33 revoluciones— fue un invento de la RCA en 1931, pero fracasó en su lanzamiento comercial porque eran muy caros. Después lo volvió a intentar Columbia, en 1948, y esta vez sí cuajó, aunque tardó en arrasar. En 1958, las ventas de LP solo representaban una cuarta parte del mercado fonográfico; el single, un disco con un éxito y una cara B, era el rey. En los años setenta, el porcentaje se invirtió, y durante los ochenta y los noventa —con la llegada del CD— el single prácticamente desapareció. La gente dejó de comprar canciones de una en una (de dos en dos, con la cara B) para hacerlo de diez en diez.

Hubo una razón creativa, aunque es dudoso que fuese casual. Los primeros LP eran recopilaciones de singles, nada más. En los sesenta, grupos como The Beatles o The Beach Boys empezaron a considerar al LP como una unidad creativa, al disco como un conjunto musical y no como una mera recopilación de canciones. Sin embargo, detrás de ese cambio de concepto artístico había también una evidente razón económica: era más rentable vender las canciones de diez en diez. Comprábamos música en un pack de diez de la misma manera que hoy compramos las latas de atún de tres en tres: porque así es más barata la distribución.

¿Qué ha sucedido con la popularización de internet, cuando la distribución ha dejado de ser un problema? Más allá de la piratería —otro asunto del que también debería aprender la prensa cuando intenta explicarse por qué fracasan los intentos de vender arena en el desierto, cobrar por la información en internet—, en las tiendas legales de música online la conclusión es evidente: el LP se muere y el single vuelve a ser el rey. En formato digital, por ejemplo en la tienda de iTunes, los melómanos suelen comprar canciones, no discos. Ya nadie quiere nueve temas de relleno sino solamente el hit, el viejo single, esa canción especial.

A los periódicos nos pasa algo similar. También la prensa tiene, en su configuración, en su manera de hacer las cosas, un montón de atributos que ha impuesto la distribución, no el modelo informativo. No hay lector, ni siquiera la madre del director, que se lea todo el diario de la A a la Z, que esté interesado por igual en los deportes, en la política, en las farmacias de guardia y en la información internacional. Los periódicos impresos están pensados de esta forma —como un LP— porque con los altísimos costes que tiene la producción y distribución del papel es más barato vender un pack de ochenta páginas con toda la información del día que diez impresos especializados de ocho páginas y que cada lector, en el quiosco, escoja su ración diaria de información.

Sin embargo, al igual que con la música, esta situación está cambiando con la revolución digital. No solo es un cambio de soporte, del papel a internet. Es un cambio de modelo. También vuelve el single, la canción: que no es tanto el diario sino la noticia, o la firma, o la sección. En internet, el lector ha dejado de ser fiel seguidor de un solo periódico para configurar su propio menú informativo picando de aquí y de allá, creando su diario ideal con la oferta de los infinitos medios de información que ofrece la web. Por esa razón triunfará la información propia y exclusiva, no el teletipo copiado y pegado que también tienen todos los demás.

Al igual que con el LP, hay una razón creativa o, más bien, una explicación editorial para el viejo modelo que, en gran medida, estaba impuesto por la distribución, no por el periodismo. El diario generalista te da todo lo que necesitas saber del mundo, lo más importante, las noticias que merecen ser impresas: por eso no puede renunciar a ningún aspecto de la realidad. Puede que algunos diarios en el mundo se lo puedan permitir, especialmente si añadimos dos factores importantes: la visión editorial, el sesgo político, y la credibilidad que aporta la marca, la cabecera. Sobrevivirán en cada país unos pocos diarios generalistas que mantendrán la ambición de explicar el mundo entero y una estructura de secciones similar a la actual, pero serán muchísimos menos de los que ahora hay. La distribución digital acaba con el diario enciclopédico, ése que te explica cada día el mundo en su totalidad, desde la A de Afganistán hasta la Z del Zaragoza Club de Fútbol. Y en su lugar nacerán —ya está pasando— muchísimos más medios hiperespecializados, que no pretenderán competir en la explicación del mundo entero sino que se conformarán con ser los mejores del mundo cuando hablen de un pequeño jardín.

Incluso los medios generalistas que sobrevivan a esta revolución tendrán que cambiar. Será cada vez más grande —ya pasa en la Red— la distancia editorial entre los medios masivos y los de élite, entre los que quieren tener más y más público y los que buscan una audiencia selecta mediante la cual influir en la sociedad. Muchos diarios, hasta hoy, han conseguido ambas cosas a la vez: llegar a las élites y a la gente común; en el futuro, habrá que elegir entre las dos.

Será también el fin de la gran redacción, de esos enormes trasatlánticos con cientos de periodistas tan distintos como puede ser un redactor de deportes de otro de internacional. Muchas de esas grandes redacciones enciclopédicas serán sustituidas por micromedios, mucho más pequeños y manejables. Porque otro de los cambios que trae internet es la competencia universal y casi infinita. Cada diario ya no compite con el de su ciudad o su país, sino con todos los que se editan en el mismo idioma en todo el planeta —en este nuevo quiosco universal ya no existen cotos vedados, y ni siquiera la lengua es una barrera infranqueable—. Así volvemos a la clave: a cómo la distribución digital lo cambia todo. ¿Qué sentido tiene, en este nuevo mundo, donde todos compiten con todos, que hasta el más diminuto diario regional tenga páginas y redactores dedicados a la información internacional?

Sí, dentro de unas décadas también existirán los diarios de papel. Aún hoy se siguen vendiendo vinilos de 33 revoluciones. Son más caros que antes, son un producto exclusivo para un público muy elitista y solo se encuentran en tiendas especializadas. Son una rareza, como las plumas de ganso, los pergaminos o las máquinas de escribir. Como las enciclopedias en la era de internet.

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Aquí los bancos no quiebran

… porque en España quiebran las personas. En el mundo civilizado, si una familia deja de pagar la hipoteca, el banco se queda con la casa y la familia se queda en la calle; punto y final. Es cruel, pero al menos no es sádico. En España, si una familia no puede pagar, el banco la desahucia, y es cuando realmente empiezan los problemas. La casa se va, pero la deuda permanece. El banco malvende el piso mediante una oscura subasta, donde varias mafias se reparten las tajadas, y después reclama al hipotecado lo que falte por pagar tras la venta. A esa resta entre el precio del piso en plena burbuja y el saldo de una subasta hay que sumar los intereses del crédito, los intereses de penalización, los costes judiciales y las minutas de los abogados.

El resultado suele ser atroz. Como la historia de Jaime Abelardo, que publicó hace unos días The New York Times: un ecuatoriano residente en Barcelona que se hipotecó para comprar un piso de 220.000 euros y ahora debe 260.000; por supuesto, también ha perdido el piso. Su pesadilla no es anecdótica. Según un reciente informe de la Unión de Consumidores de Catalunya y la Asociación de Usuarios de Cajas y Seguros de Catalunya, más de doscientas mil familias en España cayeron en esta trituradora entre 2007 y 2009; nadie sabe aún cuántas van este año, aunque otros informes dicen que hay 1,4 millones de ciudadanos al borde de la bancarrota personal.

¿La razón de este dislate? Que en esta democracia hipotecada que presume de dos de los bancos más grandes del planeta, la draconiana ley ordena que incluso las hipotecas estén respaldadas, como si fuesen créditos personales, por todo el patrimonio presente y futuro, por medio de un procedimiento donde todas las garantías están al lado del que siempre gana, de la banca. En el mundo civilizado, son las casas las que se hipotecan. En España, hipotecamos a las personas.

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Muchas gracias, Alemania

Cuando la crisis termine y alguien escriba la historia, no sobrará recordar el mezquino papel que en ella ha tenido la cortoplacista canciller alemana, Angela Merkel; una líder tan egoísta que permitió el hundimiento de Grecia porque tenía elecciones en Renania (que además perdió). Pero antes de hablar de Berlín, pasemos por Washington, que hay noticia. No me refiero a las elecciones, sino a una de sus consecuencias: la decisión que ha tomado la Reserva Federal (FED) de inyectar 600.000 millones de dólares en su economía comprando deuda pública. La FED hace esta jugada por tres motivos: porque quiere depreciar el dólar frente al euro y el yen, y así exportar más; porque Obama, atado en el Congreso, ya no podrá acelerar la recuperación económica con gasto público; y porque prefiere algo de inflación a la temida deflación. La FED puede atreverse a tanto porque su mandato es doble: vigilar la inflación, pero también velar por el crecimiento y el empleo.

Nuestro equivalente, el Banco Central Europeo (BCE), no es tan completo. Así lo quiso Alemania —un país que ha vivido dos hiperinflaciones en el último siglo—, que puso como condición para el euro que el BCE solo se ocupase de la inflación y no del crecimiento. Siguiendo este ortodoxo mandato, el BCE empieza ya a recortar las facilidades del crédito, exigiendo más garantías a los bancos, a pesar de que para crecer nos vendría mucho mejor una política monetaria más expansiva. El egoísmo de Merkel, que es quien impone estas recetas, hace que nos enfrentemos a la crisis más terrible con las manos atadas. Ni controlamos la política monetaria, ni podemos recurrir al déficit público, que sin duda hay que ajustar, pero no a este ritmo de caballo. De tanto apretarnos el cinturón, vamos camino de estrangularnos.

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El rescate de las autopistas

El nuevo capitalismo refundado tiene un viejo lema: si gano es para mí, si pierdo vamos a medias; privaticemos los beneficios, socialicemos las pérdidas. El último ejemplo de este neocomunismo de mercado, de este liberalismo de casino, lo vamos a pagar en España; será en cuestión días, será caro. Será también la única enmienda a los presupuestos generales del Estado que contará con el exótico consenso del PSOE, del PP y también de CiU. Los dos grandes partidos y su bisagra solo se han puesto de acuerdo en una cosa: salvar a las concesionarias de las autopistas de peaje, que amenazan con ir la quiebra. El rescate público para estas empresas y sus accionistas —las grandes constructoras— consistirá en ayudas directas y créditos blandos. Aún no se conoce la cifra total, pero el cheque ascenderá a algunos cientos de millones de euros. Las constructoras piden ochocientos millones, más de la mitad de lo ahorrado al congelar las pensiones.

El desastre que ahora vamos a pagar comenzó en esos años en que España iba bien, y los ladrillos volaban. El Gobierno de Aznar adjudicó las autopistas radiales de Madrid con unas expectativas de tráfico que nunca se han cumplido; con la crisis, no ingresan ni la mitad de lo previsto. Después, una sentencia del Supremo —apoyada en la irresponsable ley del suelo del PP— multiplicó el coste de las expropiaciones de terreno para construir estas vías.

Desde Fomento defienden que hoy solo queda elegir entre una solución mala y la peor: entre cubrir esas pérdidas o asumir la quiebra que podría suponer para el Estado una deuda de más de 4.000 millones. Puede que sea así, y de verdad no exista alternativa. Pero es difícil de digerir que estas empresas, que entraron en el negocio «bajo su riesgo y ventura», ganen siempre, incluso cuando todos perdemos.

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El robo del siglo

Dice el economista Paul Krugman que «los avances de la teoría económica en los últimos treinta años fueron, en el mejor de los casos, inútiles; y en el peor, muy dañinos». Hay una tercera opción, aún más dramática: que el daño no fue inocente; que esas grandes aportaciones de la doctrina neoliberal a la crisis actual fueron parte de una gigantesca estafa: un timo que funcionó y que quedará impune. Era un castillo en el aire, pero no todo el dinero se evaporó. Hubo muchos que ganaron: los mismos que financian y dan voz a algunos de esos economistas que incluso hoy justifican estos desmanes.

La última evidencia del robo del siglo emerge ahora en Irlanda. La niña bonita de los neoliberales, el país que las agencias de calificación ponían como modelo, está a punto de irse a pique. El Estado asumió la inmensa deuda de los bancos privados y evitó una bancarrota financiera, pero a cambio obtuvo la quiebra nacional: es todo el país, y no solo los bancos, el que está en riesgo. No está claro siquiera cuál era la peor alternativa, pero el resultado final es que cada irlandés debe hoy unos 60.000 euros de aquella fiesta, a la que no fueron invitados; cada céntimo que paguen en sus impuestos durante años servirá para cubrir las apuestas de esos inversores privados. ¿De qué ha servido la austeridad en las cuentas públicas que exigían los economistas liberales si se permitía a la banca irlandesa asumir unos riesgos que han dejado un agujero del 170 por ciento del PIB?

Aunque el escándalo mayúsculo es que después no pase nada. Y no solo nos jugamos la economía. El mayor peligro para nuestra democracia ya no es el golpismo o el terrorismo: es el sistema financiero. ¿Cómo podrían los políticos justificar un nuevo rescate si no se toman las medidas para que algo así no vuelva a suceder jamás?

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Yo quiero ser sistémico

Si una familia no puede pagar su hipoteca, pierde la casa y se va a la calle; no es nada personal, solo negocios. Si una pequeña empresa no puede asumir sus deudas, la empresa cierra y sus trabajadores se quedan en el paro. Lo mismo sucede cuando la empresa es mediana y también con la mayoría de las grandes. Es uno de los pilares del capitalismo: el que invierte puede ganar porque asume el riesgo de perder. Pero esta norma básica de la economía de mercado no funciona siempre, porque todas las empresas son iguales, pero algunas más que otras. Cuando un gran banco quiebra, como se ha visto estos años, el Estado acaba cubriendo las pérdidas porque existe «riesgo sistémico»: porque las consecuencias de su bancarrota son tan terribles para toda la economía que sale más a cuenta rescatarlo.

Con suerte, el nuevo capitalismo refundado (ja, ja) nos dejará una regulación que impedirá a los bancos con «riesgo sistémico» asumir determinadas apuestas; tendrán que andar con pies de plomo, no podrán endeudarse alegremente. Hace meses que el G20 está negociando esos límites. Parece una medida razonable hasta que se aleja el foco de la óptica contable. Si una empresa es demasiado grande para caer, también es demasiado grande para existir: debería ser dividida en varias más pequeñas, como se hace con los monopolios. Y tampoco es digerible por una cuestión moral. No es un riesgo para el sistema que haya un 20 por ciento de paro; tampoco que las pensiones se congelen, que se recorten los derechos sociales o que decenas de miles de familias se queden sin casa. Sí lo es, parece ser, que pierdan los inversores de un banco, lo cual demuestra que el sistema no es un medio sino un fin; una ecuación donde cada día importan menos los ciudadanos.

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Juegos de bolsa

Volvamos a Keynes: «Los mercados pueden mantener su irracionalidad más tiempo del que tú puedes mantener tu solvencia». La cita tiene más de medio siglo, pero la racionalidad de la bolsa no ha mejorado; al revés. ¿Qué son hoy los mercados? Piensa en el Skynet de Terminator; en el Hal 9000 de Una odisea en el espacio; en el Deep Blue que derrotó a Kasparov. Más de la mitad de todo el dinero que cada día mueve la bolsa de Nueva York lo gestionan máquinas según algoritmos automatizados. El resto lo completan brókeres puestos de cafeína persiguiendo su bonus; la versión ciborg de los viejos Mad Men. El mercado gira en torno a la cafeína y el algoritmo, al ritmo de los impulsos ultrarrápidos y caóticos que imponen estos programas de ordenador.

Los mejores informáticos y los matemáticos más brillantes antes se iban a Google, ahora los contrata Wall Street. La clave ya no es la economía, sino sacar ventaja de la estadística, la teoría de juegos y el azar. La bolsa se está convirtiendo en un enorme póker online robotizado, lejanamente basado en el mundo real. Es una guerra tecnológica entre los bancos de inversión, donde cada algoritmo secreto vale millones y todos compiten para descodificar el del rival. Se ha disparado el precio de las oficinas cerca del 60 de Hudson Street —el nodo de comunicaciones más próximo a Wall Street—, pero no es para acomodar aburridos humanos, su tiempo ya pasó. El barrio se está llenando de centros de datos. Vale mucho dinero enchufarse al cable más cercano al ordenador central: en el «high frequency trading», cada milisegundo cuenta, y el tiempo de retraso con el servidor, como en los videojuegos en red, es vital para ganar. Y los humanos, ¿qué pintan en esta Matrix? Pues los hay de dos tipos: los que se lucran con este sistema irracional y el resto, los que lo sufrimos.

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Esperando a Trichet, a Merkel o a los chinos

La clave para acabar con el acoso de los mercados contra el bono español la tiene un banquero francés que siempre habla —metafóricamente— con marcado acento alemán. Se llama Jean-Claude Trichet, es el presidente del Banco Central Europeo. Desde mayo, el BCE tiene permiso para comprar deuda pública de los países del euro. Es una medida que se pactó tras aquel domingo negro cuando se acordó también el fondo de rescate, el mismo 9 de mayo en que España aceptó a cambio ese recorte del déficit que después supuso, entre otros tijeretazos, la rebaja del sueldo de los funcionarios y la congelación de las pensiones.

Desde entonces, el BCE ha comprado deuda soberana de algunos países de la UE, pero no de todos (entre ellos aún no está España) ni tampoco lo suficiente como para pillar las manos a esos especuladores que intentan forrarse hundiendo países enteros —una operación financiera envenenada a través de productos de inversión derivados.

Si el BCE comprase deuda soberana del mismo modo en que lo hace el Banco de Inglaterra en Reino Unido, o la Reserva Federal en Estados Unidos, se acabarían la mayor parte de los problemas que ahora padecemos los «PIGS». El BCE no lo hace principalmente por una razón: porque no le conviene a Alemania, que tiene miedo de que una operación así —en la práctica, darle a la máquina de imprimir billetes— genere demasiada inflación, una palabra que aterra a los alemanes, que ya han sufrido dos hiperinflaciones en el último siglo. El BCE tiene además un mandato fundamental: mantener la inflación por debajo del 2 por ciento, y ni siquiera en esta situación de emergencia cuenta con la suficiente autonomía para saltarse esa ortodoxia.

Esta semana, el Parlamento Europeo exigió al BCE que acelerase la compra de deuda pública, pues es la única herramienta eficaz para detener el ataque contra el euro. Sin embargo, de poco sirve lo que vote la Eurocámara, cuando las decisiones sobre política monetaria parecen estar siempre en manos de Alemania.

Pero si España quiebra, también arrastrará a la banca alemana; el riesgo de las hipotecas españolas descansa fundamentalmente sobre inversores alemanes. Alemania tiene 136.000 millones en activos españoles. Toda Europa, medio billón. Y entonces ¿qué gana Angela Merkel impidiendo que el BCE acabe con esta locura? En grandes líneas, lo que estamos viviendo es una partida de las siete y media con nuestra economía como víctima, donde Merkel quiere apurar, pero sin pasarse: tirar de la cuerda que ahoga a España, pero sin romperla. Con los bonos de los PIGS cada vez más cuestionados, el bono alemán se rebaja, y así Alemania se financia mucho más barato. Además, Merkel puede imponer su política económica al resto: un durísimo ajuste en las cuentas públicas basado en una premisa algo racista: que los vagos del sur de Europa hemos vivido demasiado bien mientras Alemania hacía sus deberes; que nos lo tenemos merecido. Es una tesis injusta, entre otras cosas, porque Alemania ha triunfado, con su superávit comercial, a cuenta del consumo y de las importaciones de otros países, de mercados como el español. No se entiende un modelo sin el otro.

Si Merkel se sigue comportando así, sus nietos tendrán que aprender a hablar chino. A Alemania le interesa tensar la cuerda con España sin romperla, pero las cosas se pueden ir de las manos. Si nuestro país acaba quebrado, y se ve obligado a solicitar el fondo de rescate, el terremoto en la zona euro —en el peor escenario— podría ser tan dramático que podría acabar con la moneda única y, de rebote, con Estados Unidos. Solo sobrevivirían economías menos interconectadas; tal hundimiento dejaría al mundo en manos de China.

Con el euro hemos ganado todos, pero ahora se impone el egoísmo y el sálvese quien pueda. Incluso Helmut Kohl, quien fuera padrino de la actual canciller alemana, ha criticado el cortoplacismo y la falta de liderazgo de una Angela Merkel que puede pasar a la historia como la enterradora de la Unión Europea.

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El egoísmo de Merkel

¡Qué viene el spread! El nuevo lobo: el diferencial entre el bono español y el alemán, los intereses extras que pagamos por la deuda pública. Los países cuestionados, como España, sufrimos una espiral envenenada: cada vez es más difícil financiar la deuda, así que sube el spread —hay que pagar más intereses para atraer inversores—, por lo que la deuda se complica aún más… y vuelta a empezar. A Reino Unido y Estados Unidos les pasaría igual, pero ellos tienen un banco central que evita estos ataques comprando deuda; en Europa, el BCE no está por la labor. La semana pasada el spread bajó, ahora vuelve a subir. Se puede volver a disparar. Todo depende de un pulso entre Alemania —con la inexplicable ayuda de Sarkozy— y el resto de la UE que se resolverá en la cumbre europea que empieza mañana. Si gana Europa, España se salvará. Si gana el eje franco-alemán, podemos empezar a rezar.

Hasta las voces más moderadas, como el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, critican a la canciller Angela Merkel tachándola de «simplista» y «antieuropea» por su boicot a cualquiera de las soluciones contra el ataque al euro. Hay varias opciones: desde que el fondo de rescate compre deuda soberana hasta crear un «eurobono», una emisión conjunta de deuda pública europea para que la unión haga la fuerza. Pero Merkel siempre dice no. No es solo simplismo antieuropeo: es egoísmo cortoplacista.

Gracias al incendio de los países periféricos que el propio Gobierno alemán se encarga de alimentar, Alemania paga menos intereses para financiarse. De paso, Merkel impone sus recetas neoliberales al resto: desde el recorte draconiano del déficit hasta el fin de la negociación colectiva o el aumento de la edad de jubilación. El Gobierno de Zapatero también entregará esas prendas a «los mercados». No bastará. Nada será suficiente hasta que Merkel o el BCE decidan que ya es hora de parar.

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Las pensiones en diez claves

1. España tiene una pirámide de población inusual: el baby boom duró hasta los setenta pero después la natalidad se hundió de golpe.

2. Esta singularidad demográfica va a provocar que cuando los nacidos en esa década —mi generación— empecemos a jubilarnos, seremos muchos más pensionistas que ahora en relación con el número de trabajadores que presumiblemente habrá.

3. A larguísimo plazo no se puede mantener el modelo tal cual está —donde las cotizaciones de unos sirven para pagar la jubilación de los otros— porque el número de pensionistas aumentará bruscamente, la esperanza de vida también sube y la natalidad no tiene pinta de mejorar.

4. España no gasta mucho en pensiones de jubilación: solo el 8,4 por ciento del PIB, cuando la media europea es del 10,1 por ciento.

5. Si no hay reforma alguna y se cumplen los peores pronósticos de la Unión Europea, para el 2060 el porcentaje del gasto en pensiones en España será del 15,1 por ciento.

6. Es evidente lo difícil que resulta pronosticar cómo será la economía española dentro de cincuenta años; es tan ingenuo como hubiese sido imaginar en 1960 cómo sería España en 2010.

7. No es la primera vez que estas previsiones fallan estrepitosamente.

8. Pero incluso dando por buenas estas cifras —todas salen del último informe de la UE—, ese 15,1 por ciento del PIB de gasto en pensiones será poco superior a lo que HOY (y no en 2060) gastan países como Francia (13 por ciento) o Italia (14 por ciento).

9. Hay dos soluciones: rebajar las pensiones y el tiempo en que se disfrutan para que salgan más baratas —en eso están—; o bien otra alternativa, de la que la derecha neoliberal no quiere ni oír hablar: que la diferencia, si es que es necesario, se pague con cargo a los presupuestos generales del Estado por medio de impuestos. Ya lo hacen así otros países, como Austria o Dinamarca.

10. Todo esto se sabe desde hace años y la prisa por reformar no viene por estos datos, sino porque a los mercados les encanta la austeridad. La de los demás.

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¿Y las pensiones privadas?

Una pregunta para aquellos reformistas que plantean el impepinable recorte de las pensiones: y las ayudas públicas a los fondos de pensiones privados ¿cuándo las reformamos? Me refiero a esa desgravación para los planes de pensiones, un producto financiero tan típico como el turrón ahora que se cierra el año fiscal. En teoría, es un incentivo para que los ciudadanos ahorremos para la jubilación. En la práctica, es una ayuda completamente desigual, pues reciben más los que más ganan: los que más pensión cobrarán y pueden permitirse ahorrar. También es una subvención indirecta a los bancos, que son los grandes beneficiados de este mecanismo que creó el PSOE en los años de Felipe y que ni Aznar ni Zapatero han querido eliminar.

Los fondos de pensiones privados rara vez dan rendimientos por encima de la inflación. El verdadero beneficio es la desgravación fiscal. Es una ayuda muy poco igualitaria: la desgravación —hasta 4.300 euros menos en el IRPF por 10.000 euros invertidos— supone una cuantía mayor para las rentas más altas; en términos absolutos se ahorran más los que más tienen, que retrasan así el pago de esos impuestos hasta que cobren la jubilación (y probablemente tengan un tipo del IRPF inferior). Como siempre, la banca gana: es el Estado quien incentiva la venta de estos fondos con los impuestos que deja de recaudar. Sin desgravación fiscal, los bancos tendrían que ofrecer más rentabilidad. No es el famoso chocolate del loro (ese loro ya murió de diabetes). Según los presupuestos generales, esta desgravación costará 1.443 millones en 2010. Por comparar: el Estado tiene previsto gastar este año en las pensiones privadas casi tanto como lo que se ahorra al congelar las pensiones públicas (1.500 millones). ¿A que no parece justo? Es que no lo es.

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Feliz 2011

Señoras y señores: con todos ustedes, el fabuloso Ibex 35. Telefónica: 8.835 millones de euros de beneficios en los tres primeros trimestres del nefasto 2010, un 65,6 por ciento más. Banco Santander: 6.080 millones de euros de beneficios, un 9,8 por ciento menos tras cerrar un 2009 con récord. BBVA: 3.668 millones, un 12,2 por ciento menos. Iberdrola: 2.069 millones, un 2 por ciento más. Repsol: 1.786 millones, un 32,5 por ciento más. Inditex: 1.179 millones, un 42 por ciento más… Las hay que ganan más, las hay que ganan menos, pero el balance global es para brindar con champán. Todavía falta por contabilizar el último trimestre de 2010, pero hasta septiembre las empresas del Ibex 35 ganaron en total 38.156 millones de euros, un 16,7 por ciento más. A este ritmo, cuando se cierre 2010, los beneficios puede que alcancen los 50.000 millones de euros.

Y la crisis, ¿dónde está? Bueno, algo han notado, pero no porque hayan tenido pérdidas, sino porque se han embolsado algo menos de lo habitual. En el año 2006, las 35 del Ibex ganaron 41.892 millones de euros, un 27,4 por ciento más que en 2005. En 2007, los beneficios siguieron subiendo: 49.246 millones de euros, un 14,88 por ciento más. En 2008 llegó la primera rebaja tras cinco años consecutivos de beneficios récord, apenas un 6 por ciento. Y en 2009 ya sí se notó más con una caída en los beneficios del 26 por ciento, hasta quedarse en unos humildes 42.531 millones de euros. Los beneficios de las grandes empresas bajaron con la crisis, pero los sueldos de los altos directivos no han parado de crecer. En el año 2009 (el peor de la crisis) subieron un 15 por ciento. El año pasado, el sueldo medio de cada uno de los miembros de los consejos del Ibex fue de 699.000 euros; el de los altos ejecutivos, de 2,7 millones de euros.

Y con esto me despido de 2010, hoy no voy a opinar. Hay datos tan evidentes que no hace falta decir más.

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Carta a MAFO

Estimado gobernador del aún más apreciado Banco de España, señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO para el sector). Sigo desde hace tiempo sus recomendaciones sobre cómo salir de la crisis. Tengo ya claro que, en su opinión, la única medicina para sanar nuestra doliente economía pasa por darnos tres tragos de amargo ricino: el recorte del gasto público, el retraso de la edad de jubilación y la moderación salarial. Conozco su receta, pero me quedan tres dudas, una por cada inevitable «reforma estructural» que usted propone.

La primera, sobre el recorte del gasto público. ¿Se refiere a esos 12.000 millones de euros que el Estado ya ha prestado a las cajas a través del fondo de rescate? Sí, ya sé que es dinero a devolver con intereses… salvo que alguna caja quiebre (Dios o los mercados no lo quieran). Pero le recuerdo que la supervisión de esas cajas, hoy tan necesitadas de dinero público, es de su exclusiva competencia. Y si hemos llegado a esta situación es, en gran medida, por culpa de una burbuja inmobiliaria que el Banco de España pudo y no quiso frenar, según ha denunciado un reciente informe de la misma Comisión Europea.

La segunda, sobre el retraso de la edad de jubilación. ¿Se refiere a los más de 15.000 trabajadores de las cajas que van a ser prejubilados, merced al plan de fusiones que usted mismo pilota al frente del Banco de España? ¿O la culpa es de los obreros de la construcción, que se jubilan, de media, diez años más tarde que el sector laboral que antes cobra su pensión: el de los empleados de la banca?

La tercera, sobre la moderación salarial, imprescindible para sacar del arroyo a «un país que ha vivido por encima de sus posibilidades». ¿Se refiere a los 165.000 euros anuales que usted cobra?

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¿Quién mató a las cajas?

Cabe preguntarse si no queda otra opción, si de verdad la única solución pasa por privatizar la mayoría de las cajas para transformarlas en bancos, que ya no tendrán como objetivo prioritario la obra social. Es discutible que la única salida sea la que ayer anunció el Gobierno: que el Estado asuma las pérdidas de las cajas de ahorro más tocadas, las nacionalice y después —una vez saneadas, ya como bancos— las privatice, vendiéndolas al mejor postor (China ya quiere pujar). Tal vez sea así, tal vez no nos quede otra. Tal vez el error sea precisamente haber tardado tanto en tomar esta decisión. No sabemos, solo intuimos, cuán maquillados están los balances reales de las cajas: las entidades financieras, al igual que los Papas, siempre mueren en perfectas condiciones de salud. ¿De qué ha valido que nuestras cajas pasaran los test de estrés si hasta la banca irlandesa los aprobó?

Lo que sí es evidente es que no hemos llegado hasta aquí solo por mala suerte o casualidad. No todas las penurias de las cajas son achacables a la mala situación financiera internacional; para variar, alguien debería asumir alguna responsabilidad, porque la muerte de las cajas es un enorme robo a toda la sociedad. ¿Dónde estaba el Banco de España cuando las cajas empezaron a entramparse en la evidente burbuja inmobiliaria? ¿Por qué ha tenido que ser Bruselas la que señale, hace unos meses, la mala gestión del supervisor? ¿A qué ha dedicado el último lustro el locuaz gobernador Fernández Ordóñez, al que solo le ha faltado opinar sobre la titularidad de Benzema? ¿Piensan asumir alguna culpa los consejeros que han hundido las cajas por su mala gestión? ¿Y los partidos políticos que los nombraron? ¿Y los sindicatos y empresarios que también se sentaron en sus consejos de administración?

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La generación estafada

Tengo 35 años y podría ser peor. Podría tener veinticinco o veinte, y así entrar de cabeza en esa generación estafada a la que le han cambiado el derecho a una vivienda digna y un empleo estable por la Playstation III. Nos dieron gato por liebre, hiperespacio a cambio de espacio, y por eso no me extraña que la Ley Sinde enfade más a los jóvenes que el recorte de las pensiones o la reforma laboral. Hemos asumido nuestro destino, hemos aceptado nuestro lugar.

En toda Europa, de norte a sur, se repite que los jóvenes de hoy pasarán a la historia como la primera generación que vivirá peor que la de sus padres desde la II Guerra Mundial. En Europea es un drama; en España es una tragedia nacional. ¿Mileuristas? Más quisieran. El 16 por ciento de los jóvenes españoles entre 18 y 25 años en España ni trabaja ni estudia. Ni tiene nada ni aspira a nada. La nada de nada, la mierda al cuadrado, es el presente y el futuro para uno de cada seis.

Me van a perdonar que no celebre el exitoso consenso nacional pero, francamente, no tengo humor para brindar. Miro la mesa de aquellos que han pactado elevar poco a poco la jubilación a los 67 y ni uno solo de ellos, por edad, tendrá que trabajar tres años y medio más para retirarse a los 65 con toda su pensión. Pero no culpo a los sindicatos, podría haber sido mucho peor. Es preferible el acuerdo al decretazo; es bastante mejor también lo que han pactado que la propuesta inicial del Gobierno. En este país resignado y asustado, es dudoso que los sindicatos tuviesen margen para más. Pero perder por menos nunca es una victoria. Por mucho que se adorne, el pacto no deja de ser un importante recorte en la cuantía y la duración de las pensiones que pagarán los de siempre, los más débiles: esa misma generación que mañana no podrá jubilarse y hoy no puede trabajar.

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La receta de Rajoy contra la crisis

Una pregunta nada maliciosa de una joven entre el público: «¿Qué medidas incluirá Mariano Rajoy en su programa para crear empleo y ayudar a los jóvenes emprendedores?». El líder de la oposición titubea, duda, carraspea. Al tercer «ehhh…», el entrevistador, Pedro J. Ramírez, le interrumpe: «A ver si es capaz de contestar en menos de un minuto». Y Mariano —ehhh— Rajoy explica que le ha pasado «una cosa verdaderamente notable:“Que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra”». Si en vez de una entrevista fuese una comedia de televisión, en ese momento se oirían las risas enlatadas.

Pero lo peor viene después, cuando Pedro J. repite la pregunta y Rajoy al fin contesta a la aguerrida voluntaria: «Cuanto más sepas, cuanto mejor te formes, cuanto más te preocupes, cuanto más estudies, cuanta más vida tengas…, mucho mejor, y muchas más posibilidades». Y hasta aquí puedo leer porque esto es todo. En esos consejos, de los que me daba mi abuela, se resume lo mejor de su programa (y ponte la bufanda, que hace frío). Es urgente llamar a un buen grafólogo capaz de descodificar esa fórmula mágica para acabar con el paro que Rajoy escribió en ese papel y ahora no entiende. Después de tres entrevistas en tres días en El Mundo —que espera cobrar pronto el nada sutil publirreportaje—, aún seguimos sin saber qué haría Mariano Rajoy si él presidiese el Gobierno. Sus pocas propuestas concretas se resumen en tres. Uno: aumentar el déficit con bajadas de impuestos a las empresas y desgravaciones fiscales al ladrillo. Dos: recortar «gastos superfluos», un potaje del populismo habitual que estaría muy bien si el PP lo aplicase en las administraciones que gobierna. Y tres: «Generar confianza». ¿De verdad podemos confiar en un gran estadista como éste?

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Las siete maravillas de la economía española

Uno. España es el país de Europa con más paro: el 20,2 por ciento de la población activa, el doble de la media de la UE. Es una anormalidad absurda dentro del primer mundo. Es una tasa de desempleo similar a la de Mozambique (21 por ciento), Sudán (19 por ciento) o Iraq (19 por ciento).

Dos. Antes de que llegara la crisis, España era el país con mayor porcentaje de contratos temporales de toda la UE; al igual que el actual paro, la temporalidad también doblaba la media europea.

Tres. España es el país con más billetes de 500 euros de toda la UE: uno de cada cuatro está aquí. El 65 por ciento del dinero que circula en España lo hace en billetes de 500. Las cifras apenas han bajado tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y aún suman 52.244 millones de euros. Un altísimo porcentaje de este dinero no se declara y deja al año un fraude fiscal de unos 16.000 millones. Somos medalla de bronce en economía sumergida de toda la UE con una tasa cercana al 20 por ciento del PIB; solo nos ganan Italia y Grecia.

Cuatro. Los altos directivos españoles son los mejores pagados de Europa. En 2009, en el peor año de la crisis, sus sueldos crecieron un 15 por ciento: los altos cargos de las empresa del Ibex 35 ganaron un millón de euros de media. Un jefazo de Telefónica cobra igual que 103,5 de sus trabajadores juntos.

Cinco. El salario medio en España es de 21.500 euros brutos anuales: la mitad que en Alemania, Holanda o Reino Unido. Es una media engañosa: el 63 por ciento de los españoles es mileurista o algo peor. España es uno de los países de la UE-15 con mayor desigualdad económica, solo por detrás de Portugal. La tasa de pobreza es del 20,8 por ciento, también de las más altas de la UE.

Seis. España es el único país de entre los treinta más prósperos del mundo cuyo salario medio real no creció en los años buenos. Entre 1995 y 2005, el salario medio real de los españoles perdió un 4 por ciento de poder adquisitivo; entre 1999 y 2006, los beneficios empresariales crecieron un 73 por ciento.

Siete. España es el único lugar conocido donde los autónomos y pequeños y medianos empresarios que pagan por módulos declaran, de media, menos ingresos anuales que los trabajadores y los pensionistas.

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La revolución de Islandia

Ahora que el pueblo egipcio ha triunfado, o al menos lo parece, es buen momento para hablar de otra revolución mucho más desconocida: la de Islandia, ese país que el FMI de Rato ponía como ejemplo a seguir y que acabó completamente quebrado, sepultado por los escombros de una banca cancerígena que convirtió la isla en un inmenso hedge fund y dejó una deuda equivalente a todo el PIB de ocho años y seis meses.

La solución islandesa a esa condena pronto se apartó de la ortodoxia. La Fiscalía abrió una investigación penal contra los banqueros responsables del colapso; algunos han huido del país y están en busca y captura por la Interpol. En 2009, el Gobierno tuvo que dimitir en bloque, acorralado por las protestas ciudadanas; fue el primero y casi el único en caer por la crisis (si excluimos a Túnez y Egipto). Después los islandeses forzaron un referéndum para bloquear el pago de la deuda de la banca y lo lograron: ganó el no con más del 90 por ciento de los votos. Y hace un par de meses, Islandia arrancó una ambiciosa reforma constitucional que, por primera vez en la historia del mundo, será fruto de un proceso de democracia directa, al margen de los partidos. La Asamblea Constituyente está formada por treinta y un ciudadanos corrientes, elegidos en las urnas entre quinientas veintitrés candidaturas que solo necesitaban treinta firmas para poder presentarse.

Hoy Islandia está creciendo. El año que viene, su presupuesto público estará en superávit; su situación económica es bastante mejor que la de otros países igualmente desarbolados, como Grecia o Irlanda. ¿El secreto? Algo revolucionario, aunque se suponía que era una de las reglas ensenciales del capitalismo: Islandia se negó a socializar las pérdidas y dejó que la banca irresponsable simplemente quebrara.

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La economía española bate récords

La economía española acaba de batir cuatro récords. El primero, el de parados: a pesar de la exitosa reforma laboral, ya son 4,3 millones, el mayor número de desempleados de la historia de España.

El segundo récord, el de beneficios de las grandes empresas: los 35 gigantes del Ibex han ganado 49.881 millones de euros, un 24,5 por ciento más que el año anterior. Los beneficios del terrible 2010 superan así la plusmarca previa a la crisis: los 49.246 millones de euros que ganaron las empresas del Ibex 35 en 2007. Durante la crisis, los beneficios bajaron, pero nunca han dejado de ganar.

El tercero, el de los sueldos de los altos directivos. En 2010, los salarios de los consejeros delegados y principales ejecutivos de las grandes empresas del Ibex 35 subieron un 20 por ciento de media. Algunos argumentarán que esto se explica porque también crecen los beneficios. Lástima que la estadística histórica demuestre que no es así. En el año 2009, los beneficios bajaron el 21,5 por ciento, pero los sueldos de estos ejecutivos crecieron otro 15 por ciento. Cobran de media 3,2 millones de euros por barba, sin contar planes de pensiones y otro tipo de sobresueldos. La cifra es también plusmarca histórica.

El cuarto récord lo bate Telefónica. La antigua empresa pública ganó un 30,8 por ciento más: 10.167 millones. Con ellos se convierte en la compañía española con los mayores beneficios anuales de la historia. Y es bueno que las empresas ganen dinero; la alternativa es peor. Pero si alguien cree que este aumento en los beneficios sirve para generar empleo, se equivoca: no siempre es así. Telefónica, por ejemplo, ha reservado para 2011 un presupuesto de 658 millones de euros para reducir su plantilla. De esa partida, 202 millones se gastarán en despidos y prejubilaciones en España.

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España Rue del Percebe

La 13 Rue del Percebe tenía cinco pisos y en la última planta vivía el moroso, que no pagaba a nadie y huía como podía de los acreedores. Esa clásica caricatura de Ibáñez acaba de cumplir cincuenta años y España ha cambiado mucho en ese tiempo; aunque en algunas cosas, no tanto. Medio siglo después, aún se cumple la proporción Percebe: si nuestra economía tuviese cinco plantas, una de ellas estaría sumergida, habitada por los que no pagan a Hacienda. Las cuentas no son de Mortadelo sino de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro, que ha cifrado en un 17 por ciento el porcentaje de la economía que se mueve en negro, sin pagar impuestos. No es el único dato aterrador. Ese 17 por ciento del PIB supone un fraude fiscal de 30.000 millones de euros al año. Por ponerlo en números de los que se entienden: 30.000 millones es veinte veces lo que se ahorró el Gobierno al congelar las pensiones, o casi el doble del presupuesto de la Comunidad de Madrid.

El estudio de Funcas también dice que hay en la economía sumergida unos cuatro millones de trabajadores. No significa que haya cuatro millones menos de parados: muchos españoles trabajan tanto en la economía sumergida como en la economía real, según el estudio. En el ático de los morosos hay de todo; también algunos supuestos parados que cobran el subsidio de desempleo cuando en realidad trabajan, aunque sean algunas chapuzas de cuando en cuando. Y aquí viene el dilema moral: usted, lector, ¿qué siente por estos pequeños corruptos de la miseria, rechazo o lástima? No es fácil de responder. No piense en Rue del Percebe; es más complejo que la caricatura del moroso de Ibáñez, que daba más pena que otra cosa. No me responda a mí, contésteselo al próximo que le pregunte «¿con IVA o sin IVA?».

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Trabajar más, cobrar menos

Ayer fue un día grande para la democracia española. 21 de marzo de 2011: por primera vez en lo que llevamos de año, Mariano Rajoy dio una rueda de prensa digna de tal nombre (¡viva la transparencia informativa!). Como las buenas noticias nunca vienen solas, ayer también desveló ese secreto para salir de la crisis que había olvidado por no entender su propia letra: «Hay que trabajar unas poquitas horas más o ganar un poquito menos», dejó dicho en una entrevista de El Correo.

Sería una idea original si fuese nueva, pero hace ya mucho que aquí nos aplicamos ese cuento chino. Los horarios nacionales son de los más largos de Europa —muchos confunden trabajar más horas con trabajar mejor—, y el sueldo medio de los españoles está entre los más bajos de la UE-15. En España, un trabajador gana de media 21.500 euros al año: casi la mitad que un alemán, un inglés o un holandés.

Trabajar más por menos sería también una idea honesta si Rajoy predicase con el ejemplo, pero su sueldo supera los 200.000 euros anuales: tres veces el salario del presidente del Gobierno, diez veces el sueldo medio o veintidós veces el salario mínimo. Tampoco parece Rajoy el más indicado para dar lecciones sobre el sacrificio y el esfuerzo. La última prueba de su espíritu estajanovista es de hace unos días, cuando se confirmó su tradicional campaña en Canarias antes de Semana Santa. Rajoy pasará allí sus vacaciones. Y para poder enlazar diez días al sol, desde el fin de semana previo se ha puesto en la agenda «unas poquitas horas más» el 18 y el 19 de abril: un par de mítines en las islas el lunes y el martes santo, que son laborables, como hace cada año. ¿Quién dijo que fuera imposible conciliar el placer con el trabajo?

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La trampa del copago

Dice el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, que «es necesario plantear que los ciudadanos tengan que asumir parte de los costes» de la sanidad y la educación porque el gasto «es insostenible». Su enfoque tiene una trampa evidente: el ciento por ciento de los costes de estos servicios —el total, no «parte»— ya lo pagamos los ciudadanos con los impuestos, no sale del bolsillo de Valcárcel. De lo que realmente hablan quienes plantean el copago para estos servicios públicos es de cómo se reparte la factura entre los ciudadanos, no de quién la paga.

En el modelo actual, hoy asediado, el Estado garantiza los derechos constitucionales a la educación y la sanidad y financia su coste con el dinero de todos. A cada cual según su necesidad, de cada cual según su capacidad: no paga más quien más enferma sino quien más dinero gana porque así se garantiza que todos puedan disfrutar de estos derechos, sin importar su renta. Los defensores del copago argumentan que, cobrando una cantidad simbólica por estos servicios, se reduciría su demanda pues la gente no abusaría de ellos. Tal vez sea así en la sanidad, aunque no creo que compense: pocos van al médico por gusto, ese pago simbólico —por pequeño que sea— no supondrá lo mismo para todos y nos arriesgamos a que algunos enfermos mueran por ahorrar tres pesetas. Sin embargo, ¿quién «abusa» de la educación? ¿Qué clase de copago reduciría la demanda en los colegios sin provocar graves problemas de exclusión social? Si el gasto en sanidad y educación es verdaderamente «insostenible», convendría mejorar su gestión y tal vez replantearse los ingresos: los impuestos. Pero la solución no debe pasar por cargar más la factura a los que menos tienen.

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La Cámara de los Lores

«España es una democracia secuestrada por las grandes empresas, por una plutocracia mercantilista que ha puesto las instituciones del Estado a su servicio.» La provocadora definición no es mía, es de Roberto Mangabeira Unger, ex ministro de Asuntos Estratégicos de Brasil con Lula, que pasó por Madrid hace unas semanas. Unger no es ningún revolucionario antisistema. Es catedrático en la facultad de Leyes de Harvard —llegó a ese cargo con 29 años, el más joven de la historia de esa universidad— y entre sus exalumnos se cuenta el propio Barack Obama. En su opinión, cuesta encontrar otro país en el mundo —«tal vez Corea»— donde la comunión entre el poder político y el económico sea mayor; donde se confundan de forma tan evidente los intereses de la élite empresarial con los intereses de todos los ciudadanos.

Unger me dio un ejemplo para apuntalar su teoría: una llamada del rey Juan Carlos a Lula, de viaje en el avión presidencial, para interceder en favor de una de las multinacionales españolas en Brasil. Yo le di otros dos: la ley hipotecaria española y el discreto interés de la mayoría de los medios de comunicación ante la condena judicial al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz; una noticia que apareció en la portada del Financial Times de Londres, pero que pasó de puntillas por la prensa de Madrid.

No he vuelto a hablar con Unger, pero me imagino su opinión sobre la reciente reunión entre el presidente Zapatero y los grandísimos empresarios. Yo creo que es todo un paso: el verdadero poder español se exhibe en ceremonia pública y opina abiertamente sobre política, no solo sobre su economía. La tercera cámara del país junto al Congreso y el Senado —la Cámara de los Lores— al fin se muestra a las claras.

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La burbuja aeroportuaria

Aeropuerto de Castellón. Dos mil setecientos metros de pista, una terminal de pasajeros, otra de carga y tres mil plazas de aparcamiento. Ciento cincuenta millones de euros de gasto, que no inversión, para el tercer aeropuerto en doscientos kilómetros a la redonda (el de Valencia está a setenta y dos kilómetros). ¿El número de vuelos? Cero. En unos meses, tal vez un par por semana. Lo inauguró Carlos Fabra y hasta ayer, cuando lo prohibió la Junta Electoral, se podía visitar a pie, dando un paseo por las instalaciones. «Es un aeropuerto para las personas», declaró Fabra. Ya. Claro.

Aeropuerto de Huesca-Pirineos. Fue inaugurado en 2007, dos años antes de que llegara el AVE a la ciudad. Ha costado unos cincuenta millones. Hasta ayer, había un vuelo por semana, de Huesca a Londres; hubo días que el avión voló vacío. Desde ayer, nada de nada. En sus instalaciones, como aquellos japoneses del Pacífico que no sabían que la guerra había terminado, aún siguen trabajando veinticinco personas, esperando a que vuelva la temporada de nieve y, con suerte, otro vuelo por semana.

Aeropuerto de Lleida. Fue presupuestado en 42,5 millones; costó noventa. Se inauguró hace un año con cuatro aerolíneas y hoy solo queda una. La última en irse fue Ryanair, que exigió que le subieran la subvención a sesenta euros por pasajero (cobraba veinte). Tiene dos vuelos por semana. Hasta hace unos meses, había una ruta a Barcelona que tardaba, entre facturación y embarque, dos veces más que el AVE.

Aeropuerto de Ciudad Real. Ha costado mil cien millones y está preparado para dos millones de pasajeros anuales. El año pasado fueron treinta y tres mil viajeros, noventa al día en el aeropuerto «internacional»; hay seis vuelos semanales. En teoría, era un aeropuerto privado pero su deuda, como el resto de esta fiesta, la pagaremos entre todos.

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Es un chantaje, no un rescate

Toda manipulación empieza siempre por las palabras y esta vez en el verbo está la trampa. Rescatar: «Liberar de un peligro, daño, trabajo, molestia u opresión» (diccionario de la RAE). Si tan bueno es ese «rescate» de la UE, ¿por qué todos los países rescatados se han resistido hasta el último momento a aceptar esa liberación que ofrecían sus altruistas socios comunitarios? Rescatar es lanzar un salvavidas a un náufrago. Otra cosa es vender el salvavidas al náufrago a cambio de un ojo y un riñón. No es un rescate, es un chantaje: financiación un poco más barata a cambio de un ajuste de caballo (y sigue tragando agua). O un secuestro con rehenes: los portugueses, los irlandeses y los griegos, que tendrán que pagar durante años por el desastre de una crisis financiera que se ha agravado por el poco margen de maniobra que permite el euro. En parte, su barco se ha hundido porque no podían devaluar; porque no podían soltar lastre, como antes. Los rescatados son otros: los grandes bancos europeos, que prestaron a esos países y temían por sus inversiones. El auténtico salvavidas es para ellos.

Los portugueses votan dentro de mes y medio, pero dará igual quién gane las elecciones. Serán otros poderes, fuera de Portugal, los que tomen las grandes decisiones. La UE está en crisis, pero no solo por esos lobos que atacan a la deuda soberana y que tan útiles resultan para asustar a los pobres pastorcillos. ¿Es lógico que exista una moneda única, un mercado único y un único Banco Central Europeo, pero que no exista un poder político que garantice la solidaridad entre todos los países encadenados por el euro? ¿Es posible una UE con ciudadanos de primera y de segunda?, ¿con países soberanos y países sin soberanía?

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Promesas hipotecadas

Se apunta Esperanza Aguirre a los que piden que la entrega de la casa baste para saldar la deuda de la hipoteca. La líder coloca el titular y muy pocos se leen la letra pequeña, que tiene dos cláusulas importantes. La primera: que Aguirre no habla del presente hipotecario, sino de un hipotético futuro; que su propuesta solo sería para algunos de los nuevos préstamos. La segunda: que la Comunidad de Madrid no tiene capacidad para regular la ley hipotecaria, así que la promesa de Aguirre tiene tanto valor como si le diese por plantear el cierre de Guantánamo.

Sin embargo, la candidata Aguirre no es la única que brinda en dirección al sol a cuenta de las hipotecas y de su terrible drama. En España hay ya 250.000 familias que se han quedado en la calle por no poder pagar la letra; que lo han perdido todo menos las deudas, que siguen ahí incluso después del embargo de su casa. Ante tal abuso, muchos políticos han defendido la dación en pago: que baste con entregar la vivienda para cancelar la hipoteca. La ha pedido el PSOE de Andalucía, que aprobó una propuesta no de ley en el Parlamento Andaluz. La ha defendido la candidata del PSOE en Murcia, Begoña García Retegui. La ha apoyado el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch. Incluso votó a favor de la medida, por unanimidad, la ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias, donde están alcaldes de los dos grandes partidos.

Sin embargo, PSOE y PP bloquearon cogidos de la mano en el Congreso una propuesta similar, que planteó IU. Y mientras continúan los desahucios, el Banco Santander celebra que la justicia social es solo para los mítines con 330 millones de euros en bonus para sus altos directivos.

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Hartos de votar y callar

¿De verdad hay que explicar las causas del 15-M? ¿De verdad hay aún quien se sorprenda de que en un país que se supone europeo, que presume de sentarse en el G-20, que hasta hace nada decía ser la séptima potencia económica del planeta, estallen las protestas cuando se alcanza un 45 por ciento de paro juvenil; cuando un 63 por ciento de los ciudadanos vive con mil euros o menos al mes mientras las grandes empresas baten récords de beneficios y de sueldos para sus altísimos directivos; cuando más de un cuarto de millón de familias son desahuciadas por no pagar la hipoteca mientras la misma banca que les deja sin casa, pero no sin deudas se lleva de premio casi dos puntos del PIB en planes de rescate públicos?

Francamente, lo raro es que todo esto no haya sucedido antes. Hasta alguien tan poco sospechoso de antisistema como el presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, advirtió hace unos meses que en España se mezclaban todos los ingredientes para una revuelta juvenil, para «un nuevo mayo del 68». Ilegalizar las manifestaciones para tapar la boca de los descontentos, como ha hecho la Junta Electoral de Madrid, no va a servir para acallar estas protestas, sino que las va a encender aún más.

Piensan en el PP que este río revuelto les va a beneficiar. Tal vez sea así, y este domingo puedan celebrar que el desencanto con la política —esa permanente duda de la izquierda que rara vez asalta a los disciplinados votantes de la derecha— les dé una victoria histórica. Puede ser, aunque está por ver. Pero en el PP se equivocan si creen que esta nueva democracia más participativa, que estos días balbucea sus primeras palabras en ciento cuarenta caracteres, sigue siendo la de votar y callar.

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Diez mentiras sobre Democracia Real Ya

1. Es falso que solo traigan protestas y no propuestas. Están en su web, y son más concretas que algunos programas electorales.

2. Es falso que estén contra los políticos. Lo que piden es políticos responsables que no estén en contra de la sociedad y que no utilicen las instituciones de todos para su interés personal.

3. Es falso que rechacen la democracia. Lo que quieren es más democracia, y que la soberanía resida en el pueblo, no en los mercados ni en los banqueros.

4. Es falso que no crean en el voto. Por eso exigen una reforma electoral, para que cualquier voto de cualquier ciudadano valga igual.

5. Es falso que sean unos antisistema. Antisistema es la corrupción, la injusticia o la impunidad. ¿Es acaso esa democracia, que ellos reivindican desde la primera palabra, contraria al sistema actual?

6. Es falso que sean violentos. Apenas ha habido incidentes, a pesar de la muchísima gente que hay.

7. Es falso que sean apolíticos. Es un movimiento apartidista, que no es igual.

8. Es falso que sean solo jóvenes. Hay muchos jóvenes en esas plazas; jóvenes a los que ya no se podrá descalificar como «ninis» o «conformistas». Pero también hay ciudadanos de cualquier edad.

9. Es falso que pidan la abstención. Lo que piden es el voto responsable: un atrevimiento «contra la libertad», según el casposo criterio de la Junta Electoral de Madrid.

10. Y sobre todo es falso que esto se vaya a terminar el domingo, después de votar. Porque la democracia no consiste en votar y callar. Porque el lunes, cuando estas elecciones hayan terminado, el Mayo de 2011 continuará.

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La eficacia alemana

La deuda autonómica española es de unos 2.500 euros por persona. Algunas comunidades están algo mejor, como Asturias, donde la deuda per cápita es de 1.512 euros; otras peor, como Catalunya (4.329), Baleares (3.788) o Valencia (3.500 euros). ¿Están las autonomías quebradas? Depende de con qué las comparemos. Si miramos a Alemania, por ejemplo, la deuda autonómica es apenas una broma. Los Länder deben, de media, 6.344 euros por alemán y hay Gobiernos federales, como el de Bremen, donde tocan a 27.000 euros por cabeza; casi tanto como en Grecia (31.000 euros por barba).

Obviamente, España (renta per cápita en 2010, 23.100 euros) no es Alemania (renta per cápita, 30.600 euros, siempre según Eurostat). Pero incluso si comparamos la deuda en términos relativos, el agujero autonómico español (10,9 por ciento del PIB, según el Banco de España) se queda en la mitad del que suman los Länder (20,7 por ciento del PIB de Alemania). Una vez más, no es tanto el fuero como el huevo. O el pepino. ¿Se imaginan qué habría pasado si hubiera sido España quien culpase sin pruebas a la salchicha de Baviera de una infección bacteriana que ya ha matado a veintiún personas? ¿Se imaginan qué habría dicho la UE si después se descubriera que ese Gobierno sabía de la infección desde el 2 de mayo y no hizo nada durante casi tres semanas?

La bacteria E.coli es a la agricultura como la deuda soberana a las finanzas: un debate fecal donde España en concreto y los vagos mediterráneos en general son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Así son los estereotipos: unos son eficaces, como los alemanes, otros dormimos la siesta. O eso se supone.

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No al pacto del euro

Los países socios de la UE se reúnen en unos días para concretar un acuerdo que va a «responder a la crisis, preservar la estabilidad financiera y establecer los fundamentos de un crecimiento inteligente, sostenible, socialmente integrador y creador de empleo». Las palabras suenan bien, hasta que se entra en los detalles. El pacto del euro es, en realidad, el mayor recorte al Estado del bienestar y a los derechos de los trabajadores europeos desde que existen ambas cosas en Europa.

La receta acordada —que ya se firmó hace tres meses— consiste en rebajar los salarios, abaratar el despido, reducir el gasto público, alargar la edad de jubilación… En resumen: mejorar la competitividad de la economía a costa de los de siempre, que son quienes afrontan los puntos más concretos de un acuerdo que, por lo demás, es bastante difuso. El pacto del euro también plantea mejorar la educación o el I+D, pero no establece ni cuándo ni cómo. También habla de regular el sistema financiero, pero no propone una sola medida concreta. Incluso pide —y es el colmo— «reducir la pobreza», pero no explica cómo se combatirá la exclusión en una Europa con sueldos más bajos y menos gasto social.

El plan no solo es un error porque sea injusto. También lo es porque no cumplirá con su objetivo de acabar con la crisis. Hasta la nada sospechosa OCDE alertó hace unos meses que el principal problema de la economía europea no es ni el déficit ni el mercado laboral, sino la banca. Los ajustes de caballo en el sector público, como ya está pasando en España, tampoco ayudan a salir de la recesión, sino que paralizan aún más a la economía. Bajar los sueldos para mejorar la competitividad puede ser una buena idea para un país como Alemania —que vive de la exportación—, pero no es una receta capaz de salvar a Europa en su conjunto: un mercado que también depende en gran medida del consumo interno que sin duda va a ir a menos si los sueldos de la clase media se reducen.

La firma del pacto del euro no es voluntaria. Es el requisito que ha puesto sobre la mesa Angela Merkel a cambio de no dejar que los mercados devoren a los socios más débiles: a Irlanda y a los países del Mediterráneo, incluida España. A los Gobiernos se les daba dos opciones: la tijera o la guadaña. ¿Y a los ciudadanos? También tenemos dos opciones: callarnos y aceptar los nuevos recortes o protestar ante este chantaje. Por eso este domingo, 19-J, diré no al pacto del euro desde la calle, pacíficamente, junto con los indignados.

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Lo llaman UNIÓN Europea (y no lo es)

Dos cifras para no perdernos. La primera: para salvar al sistema financiero de los errores que provocó su propia voracidad suicida, Europa inyectó 311.400 millones de euros en sus bancos. El total de dinero movilizado por los socios de la UE en 2008 y 2009, tras la caída de Lehman Brothers, alcanzó los 3,7 billones de euros si sumamos también los préstamos y los avales y garantías no ejecutados que pusieron sobre la mesa las naciones europeas para respaldar a sus irresponsables banqueros. Para entendernos: 3,7 billones de euros es más dinero que el PIB de España (1,1 billones) y el de Alemania (2,4 billones) juntos.

La segunda cifra: el rescate a Grecia costará 110.000 millones de euros, y no es un regalo desinteresado. Salvamos a Grecia para salvar de nuevo a la banca europea. También para evitar que la deuda soberana se encarezca aún más y el terremoto se lleve por delante al euro, de sur a norte. Los griegos pagarán el préstamo a sus socios con un 4 por ciento de interés. Y con su sangre.

Comparen ahora, si es que se quieren enfadar, el incondicional rescate a la banca europea y mundial —que en estos tres años de crisis apenas ha padecido reforma alguna— con los dolorosos recortes que hoy exigimos a Grecia. El «rescate» que impone la UE francoalemana a su supuesto socio tiene un nombre médico: ensañamiento terapéutico. Consiste en recetar dolor y más dolor a un paciente que se da por perdido. ¿Podrá acaso la anoréxica economía griega pagar lo que debe con una nueva dieta?

En el mejor de los casos, los ciudadanos griegos tienen por delante un lustro de recesión. En el peor, un corralito argentino. Es cierto: gran parte de la responsabilidad es suya. Al menos tanta como la que nunca han asumido por esta crisis los banqueros.

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Siete claves sobre los impuestos

1. España es uno de los países con menor presión fiscal de la UE. Las administraciones públicas recaudaron el 31,5 por ciento del PIB en el 2010, según Hacienda. La media europea, según los últimos datos de Eurostat, de 2009, es del 40,4 por ciento.

2. España también es uno de los países con más dinero negro de la UE. Según Funcas, la economía sumergida supone más de 260.000 millones de euros: un 23,7 por ciento del PIB. Si tenemos en cuenta ese factor, la verdadera presión fiscal se queda por debajo del 30 por ciento del PIB real. No hay en la Europa occidental un ejemplo similar.

3. La presión fiscal se ha hundido con la crisis, pero incluso en los mejores años estaba muy por debajo de la media de la UE.

4. El agujero en los impuestos españoles no esta en el IRPF de los trabajadores por cuenta ajena. La presión fiscal para aquellos que tienen una nómina está, de media, en el 39,6 por ciento: seis puntos por encima de la media de la OCDE.

5. Pero España es también uno de los pocos países del mundo conocido donde los autónomos y los pequeños empresarios declaran, de media, menos ingresos que los trabajadores y los pensionistas, según denuncian desde hace años los técnicos de Hacienda.

6. Con un sistema fiscal europeo, las cuentas públicas no estarían en el aprieto en que están hoy. El déficit en 2010 fue del 9,2 por ciento del PIB. La diferencia de la presión fiscal entre España y Europa es prácticamente ese mismo porcentaje del PIB.

7. Traducido: si España tuviese una fiscalidad europea —aún sin arreglar el problema de la economía sumergida—, no habría déficit. Ni problemas con el bono español. Ni recortes, ni ajustes, ni discursos apocalípticos sobre el teóricamente insostenible Estado del bienestar.

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Las agencias de descalificación

El paso siguiente a que la deuda soberana de un país sea tachada de bono basura es que sus ciudadanos se conviertan también en basura, y pasen al vertedero. O a la incineradora. Las consecuencias de las notas que ponen en sus exámenes las agencias de calificación, su capacidad para crear profecías autocumplidas, son tan graves que no deberían quedar impunes. No son errores, son abusos. Las agencias de calificación repartieron sobresalientes a Lehman Brothers, a los bonos Madoff o a Enron hasta apenas unas horas antes de que quebraran. Para hablar de pifia, y no de estafa, hay que confiar mucho en la buena voluntad de unas entidades evaluadoras supuestamente independientes, pero que se financian cobrando a los propios evaluados. De creer en la bondad de este curioso modelo, que tantas veces ha fracasado, estaríamos ante el primer negocio conocido en el que no siempre se cumplen dos máximas capitalistas: «Quien paga, manda» y «el cliente siempre tiene la razón».

Lehman pagaba, como Enron. Y al igual que antes fue un gran negocio mirar hacia otro lado cuando todos los bancos de inversión se iban a pique, hoy está siendo un negocio aún mejor incendiar la zona euro para lucrarse después con los disparatados intereses que se ven forzados a pagar para financiarse los ciudadanos lanzados al vertedero. Por eso está muy bien que al fin Europa levante la voz contra estos abusos, que ya están en los tribunales. Aunque, para ser más prácticos, estaría aún mejor que el Banco Central Europeo y las instituciones de la UE dictaran normas que recortaran el poder que ellos mismos dan a estas arbitrarias calificaciones. Está en su mano acabar con este oligopolio para que estas agencias dejen de ser jueces, además de parte.

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La crisis de la deuda en cinco preguntas

1. ¿Qué clase de unión inane tiene Europa cuando es incapaz de solucionar una crisis provocada por el rescate de un país tan pequeño como Grecia, que solo supone el 2 por ciento del PIB europeo?

2. ¿Por qué se ponen condiciones leoninas para el rescate a los ciudadanos griegos (unos 110.000 millones en préstamos) y, sin embargo, fue incondicional el salvavidas lanzado a los banqueros europeos (311.400 millones en inyecciones directas de capital y un total de 3,7 billones de euros sobre la mesa, si contamos también avales, préstamos y otras ayudas)? ¿Por qué apenas se exigieron «reformas estructurales» al irresponsable sector financiero?

3. Después de casi tres años de sacrificios para «calmar» —sin éxito— a los mercados, ¿qué más pruebas necesitamos de que esta política de la austeridad anoréxica no funciona? Si el problema fundamental es el miedo de los inversores a un impago por la falta de crecimiento, ¿cómo puede ser la solución una política de ajustes que congela el gasto público y, como consecuencia, gripa la recuperación de la economía?

4. ¿Cuántos «lunes negros» son necesarios para que Angela Merkel afloje la mano y permita a la UE y al Banco Central Europeo hundir a los especuladores? ¿Harán falta dos nuevas guerras mundiales y otra gran depresión para recuperar la solidaridad europea?

5. Si, como dice el PP, la solución a la crisis de la deuda es tan simple como adelantar las elecciones y echar al Gobierno, ¿por qué Portugal, que convocó elecciones anticipadas y cambió un Gobierno socialista por otro de derechas hace un mes y medio, es hoy un bono basura? ¿También tiene la culpa Zapatero (o Rubalcaba) de la situación de Italia?

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Qué pasa en Valencia

Valencia no solo es la primera comunidad autónoma de la historia cuyo presidente será juzgado ante un jurado popular, acusado de aceptar sobornos. También es la autonomía más endeudada: debe el 17,2 por ciento de su PIB, 17.600 millones de euros. O la región europea con la entidad financiera que ha sacado peor nota en los test de estrés de la banca, solo por detrás de Grecia. Hablo de la Caja Mediterráneo, la CAM, que ha suspendido este último examen con un 3. Solo el ATEbank griego tiene una nota peor.

A la hora de buscar culpables de la delicada situación de la CAM, conviene recordar que esta caja, que tanto depende del poder político regional, no solo ha comprado parte de los bonos que emite la comunidad para financiar su deuda, sino también que ha pagado faraónicos proyectos de la Generalitat Valenciana, como la Ciudad de las Artes y las Ciencias o el ruinoso parque Terra Mítica. Aunque el mayor agujero de la CAM está en el ladrillo feroz. En 2009, el Parlamento Europeo aprobó una dura resolución, el informe Auken, que describía el urbanismo valenciano como una «forma endémica de corrupción» que ha creado un modelo de desarrollo movido por «la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción».

Cuando la burbuja estalló, las dos cajas valencianas, CAM y Bancaja, pagaron gran parte de los platos rotos en Seseña, en Martinsa Fadesa, en Polaris World o en Astroc. Entre los ex directivos de Astroc, hay un nombre que resalta rutilante sobre los demás: Estrella Camps, hermana de Francisco Camps.

Evitar la quiebra de la CAM nos va a costar a los españoles 2.800 millones de euros del fondo de rescate. Es el doble de lo que se ahorró al congelar las pensiones. Tres o cuatro trajes, nada más.

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Las cuentas del rescate a las cajas

A falta de que un espeleólogo del Banco de España mida la profundidad exacta del agujero, la quiebra de la Caja Mediterráneo ya supone, de entrada, 5.800 millones de euros. La mitad de ese rescate se da por perdido y es posible que la factura final sea incluso mayor. Para hacernos una idea más certera del desastre, a esta cifra hay que sumar los 7.100 millones que costó el rescate de Caja Castilla-La Mancha y otros 392 millones más que, por ahora, se dan por perdidos en la cordobesa Cajasur. Entre las tres cajas quebradas, el Estado ya ha puesto 13.292 millones. Parte de esta cantidad son préstamos que tal vez se recuperen, si la cosa no empeora. Pero el Banco de España calcula que el rescate del sector financiero español —que presumía de ser el más solvente del mundo— nos costará 17.024 millones de euros del dinero de todos. Para los que se marean con las grandes cifras, cinco comparaciones muy necesarias.

1. La increíble cifra de 17.024 millones de euros es once veces más de lo que ahorramos este año al congelar las pensiones (1.500 millones).

2. Si se repartiese el agujero a escote entre todos los españoles, tocaríamos a 369 euros por habitante, niños incluidos.

3. Es quince veces lo que la ONU ha pedido para solucionar la hambruna en Somalia (1.130 millones).

4. Es casi cuatro veces más de lo que ahorrará la Administración con el recorte al sueldo de los funcionarios durante el año 2010 y 2011 (4.000 millones).

5. Es 111.000 veces más que la mayor multa que ha pagado uno de los responsables de este desastre: Juan Pedro Hernández Moltó, presidente de Caja Castilla-La Mancha (150.000 euros).

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Abróchense los cinturones

El apático lenguaje con el que los poderes económicos nos cuentan la crisis recuerda a las instrucciones de seguridad de los aviones: esos folletos plastificados, asépticos, donde explican que las salidas de emergencia están allí, aquí y allá, con ilustraciones de una madre que coloca una mascarilla de aire a su hija con la misma expresión de aburrimiento del que se lava los dientes después de un madrugón.

Un ejemplo: la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, dijo ayer, sin apenas levantar la voz, que estamos cerca de «un nuevo revés económico a escala global», que hay que «fomentar el ahorro estatal» y que hace falta que «los bancos europeos sean recapitalizados» para «evitar una inminente espiral descendente». Con estas sedantes palabras, como el que te cuenta que el avión llegará con un poco de retraso, el FMI confirmó ayer que nos vamos a la mierda otra vez, que hay que seguir podando el gasto social, que hay que trabajar más, que hay que cobrar menos, que hay que jubilarse más tarde, que hay que resignarse y no protestar y que, por supuesto, la banca privada necesita más dinero. Dinero público. Tu dinero.

La «espiral descendente» de la que habla Lagarde no es una bonita pirueta que acaba en tirabuzón mientras el público exclama un «oh». El avión puede entrar en barrena —esta semana pinta especialmente mal— y la única solución que nos ofrecen desde la cabina del piloto, dictada desde los sillones de primera clase, es la de siempre: austeridad para las cuentas públicas, generosidad para la banca privada. Lo peor no es que la receta sea tremendamente injusta. También es una fórmula cuya eficacia, tres años después de que arrancara esta crisis, aún está por demostrar.

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La educación y las prioridades

Una pancarta vista en las manifestaciones contra los recortes educativos: «Recuerda Londres: un profesor menos hoy son cuatro policías más en el futuro». Por eso es tan importante defender la educación pública y gratuita; no solo depende de ella el progreso económico, también la igualdad de oportunidades y la cohesión social. No se construye una educación mejor con barracones de campo de concentración a modo de colegios, con clases masificadas y con insultos a esos mismos profesores a los que se quería dar una tarima para «reforzar su autoridad», como decía esa misma Esperanza Aguirre que ahora los retrata como unos holgazanes que no quieren trabajar dos horas más a la semana. Un par de dudas: ¿todos esos tertulianos que conscientemente confunden jornada laboral con horario lectivo trabajan solo el ratito que salen en la tele o se preparan antes sus intervenciones? ¿Todos esos políticos que manipulan ese dato consideran que su trabajo es solo el tiempo que están sentados en el escaño?

Al PP la estrategia le ha salido rana. Quisieron convertir a los profesores en los nuevos controladores aéreos, pero se han encontrado en la calle con una protesta que no se esperaban; hasta los maestros de derechas están indignados. Aguirre quiere ahorrarse ochenta millones de euros despidiendo a profesores interinos, pero ha aprobado subvenciones fiscales de noventa millones de euros para la escuela privada. También sobra dinero para la propaganda (seiscientos veinte millones de euros en publicidad institucional del Gobierno de Aguirre desde 2008) o para rechazar Patrimonio (quinientos millones anuales en Madrid), pero hay que empezar a cuestionarse la enseñanza gratuita. Como siempre, es una cuestión de prioridades.

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Irresponsables en las cajas

Una frase para grabar en mármol sobre la lápida de la Caja Mediterráneo (CAM): «Nadie tiene que asumir ninguna responsabilidad». La pronunció la última directora general de la CAM, María Dolores Amorós, en una entrevista en mayo, un mes antes de que la caja fuera intervenida por el Banco de España. Desde que la CAM se hundió, como pasa siempre que naufragan los petroleros, toneladas de mierda han salido a flote. Gracias a la quiebra, y a los 2.800 millones de euros que de momento nos ha costado el rescate, hemos podido saber que la Generalitat Valenciana autorizó a los consejeros de la caja para que se llevaran créditos al 0 por ciento de interés, dinero gratis. O que los consejeros, en justa reciprocidad, financiaron a pura pérdida alocados proyectos políticos (como el ruinoso parque Terra Mítica) y aprobaron varios cientos de millones de euros en créditos a la Generalitat hasta dos días antes de su quiebra. O que la directora general de la CAM, la misma Amorós que se considera irresponsable, cobraba casi 600.000 euros al año y tenía también una pensión vitalicia de 370.000 euros para cuando se jubilase.

María Dolores Amorós fue despedida el martes por los interventores del Banco de España. No cobrará indemnización, salvo que vaya a juicio y lo gane. Aunque lo más preocupante es que sabemos todo esto de la CAM porque quebró tras el fracaso de las negociaciones para fusionarse con otras cajas: porque su anterior director general, Roberto López-Abad, pretendía ser el jefe de la fusión y en el órdago, en vez de todo, fue nada. La gran duda: ¿cuántos de estos directivos irresponsables que tuvieron más suerte que la CAM en el baile de sillas de las fusiones siguen hoy cobrando sueldos indecentes al frente de nuestras cajas?

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MAFO debe dimitir

La salvación de ese sistema financiero español que era la envidia de todo el universo y más allá nos ha costado a los ciudadanos 7.500 millones de euros, y subiendo. La factura real es mucho mayor porque a esta cifra habrá que sumar el dinero en la obra social de esas cajas que, una vez transformadas en bancos, desaparecerá. ¿A qué espera el supervisor de este negociado, el gobernador del Banco de España, para pedir mil disculpas y presentar su dimisión?

A Miguel Ángel Fernández Ordóñez (también conocido como MAFO) le hemos escuchado dar lecciones sobre la reforma laboral, sobre la edad de jubilación, sobre la negociación colectiva, el Gobierno y la oposición. Solo le ha faltado opinar sobre Mourinho y el Real Madrid. ¿Y de lo suyo? A la vista está. El mismo MAFO que pedía moderación salarial ha tolerado que cajas en las que hemos tenido que inyectar dinero público pagasen sueldos obscenos a sus ejecutivos. El mismo gobernador que quería abaratar el despido no ha impedido que cinco altos cargos de la quebrada CAM se repartieran quince millones de euros de indemnización. El mismo Ordóñez que se lamentaba de los excesos del ladrillo no hizo nada para evitar la burbuja, como denunció un duro informe de la misma Comisión Europea.

MAFO se queja ahora de que la CAM es «lo peor de lo peor»; no parece la mejor manera de evitar una fuga de clientes que la hunda aún más. Más que estas descripciones, el gobernador debería desvelar los informes de sus inspectores, que llevan tres años empotrados en esta caja. Hay dos opciones: que los directivos de la CAM mintieran al Banco de España, lo cual sería un delito, o que fuese el Banco de España quien dejó hacer durante tres años, lo cual sería una gravísima neglicencia más.

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Los enfermos que no salen en la foto

Las listas de espera para operarse en los hospitales catalanes se ha disparado un 23 por ciento en seis meses y el Gobierno de Artur Mas ha actuado con contundencia. ¿Dando marcha atrás en los tijeretazos y reabriendo esos quirófanos que ahora cierran por las tardes? No. Cambiando el sistema de cómputo para sacar a muchos enfermos de la foto y así bajar la fiebre a esta estadística. El método no es original: sigue los pasos del Gobierno de Esperanza Aguirre, que hasta ahora era el único que se saltaba los criterios de medición de listas de espera que aplican las demás autonomías. Aguirre se comprometió en su primera campaña electoral, la del Tamayazo, a dimitir si a los dos años de gobernar no reducía las listas de espera a menos de un mes. Cumplió la promesa a su manera. Cambió el sistema de medición para que el mes de plazo contara desde la última cita con el especialista: desde la visita del paciente al anestesista, justo antes de operarse.

Pero volvamos a Catalunya. Unas horas antes de que la Generalitat confirmara que los recortes en la sanidad ya se notan, el líder de CiU en el Congreso, Duran i Lleida, contraatacó por el flanco derecho en busca de los culpables. «En España hay más inmigración de la que debería haber», criticó Duran que, como toda la derecha catalana (y gran parte de la izquierda), parece estar también obsesionado por el voto racista que pueda robar el partido de Anglada. Duran vuelve a ese discurso en el que se culpa al extranjero del deterioro de la sanidad y la educación públicas. Es falso por dos razones. La primera: que la inmigración está bajando desde que empezó la crisis. La segunda: que son los políticos que recortan, y no los inmigrantes, quienes de verdad degradan los servicios sociales.

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Indignarse es poco

Los europeos vamos a volver a salvar a la banca privada con dinero público para que el cielo no se desplome sobre nuestra cabeza. Es la segunda vez en tres años que las opciones que se nos presentan son dos: rescatar a la banca y a sus bien pagados directivos o, como ironiza un blog de The Wall Street Journal, «pasar la próxima década empujando un carrito de supermercado con todas nuestras posesiones dentro mientras escapamos de hordas de caníbales que se quieren comer a nuestros hijos». Y eso que esta decisión tramposa, donde toca elegir entre lo malo o lo peor, no podía suceder otra vez. «Nuestros ciudadanos no permitirán que vuelva a pasar, la reacción política a un segundo rescate sería tan fuerte que pondría en riesgo a algunas democracias», profetizó hace dos años el entonces director del FMI, Dominique Strauss-Kahn. No era el único «perroflauta» con ese discurso. «Nuestros ciudadanos no permitirían, por segunda vez, que los Gobiernos movilizaran el 27 por ciento del PIB para salvar al sistema financiero», aseguraba en mayo Jean Claude Trichet, presidente del BCE.

El segundo plan de rescate de la banca europea, provocado en gran medida (pero no solo) por esa herida griega que la UE ha sido incapaz de sanar, costará 120.000 millones de euros, aunque otros cálculos multiplican esa factura por veinte si Grecia se declara en quiebra. Después será ese mismo sector financiero rescatado el que exija «austeridad» al sector público, como es habitual. Ante esta situación, ¿a alguien le sorprende que cientos de miles de personas de todo el mundo en cerca de mil ciudades en todos los husos horarios posibles, desde Tokio hasta Santiago de Chile, salgan a la calle para pedir un cambio global? ¿De verdad son tan difíciles de entender las causas de este gran cabreo mundial?

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Antisistemas y radicales

El perroflauta que les habla es el Financial Times, el papel impreso más influyente en los mercados financieros, tal vez solo por detrás de los billetes de dólar: «La frustración de los manifestantes protestando contra el sistema financiero mundial es legítima. Lo sorprendente es que hayan tardado tanto los ciudadanos en salir a la calle en señal de protesta». «No se puede ignorar el llamamiento por una distribución más justa de la riqueza». «El grito de cambio debe ser atendido».

Las frases salen del editorial de ayer, a cuenta de las protestas del 15-O y de la acampada de Occupy Wall Street en Nueva York. El Financial Times habla del aumento de la desigualdad en Estados Unidos, del «fin del sueño americano», «hecho añicos», pero el problema es global. La consecuencia más grave de esta segunda gran depresión no es la pérdida de riqueza, sino el aumento de la desigualdad: cómo se distribuye la nueva tarta, ahora que es algo más pequeña. Muy poco más pequeña. En 2009, el peor año de la crisis, el PIB europeo cayó un 4,1 por ciento (el 3,7 por ciento en España). Sin embargo, es obvio que la calidad de vida del ciudadano medio ha sufrido un mordisco bastante mayor que el porcentaje que refleja el PIB.

En España llueve sobre mojado. Ya éramos, junto con Portugal, el país con más desigualdad de la UE-15, y la pesadilla de los cuatro millones de parados está dejando a muchos ciudadanos al borde de la miseria. Sin embargo, España también es de los pocos países civilizados donde decir que hay un problema con la distribución de la riqueza o con la regulación del sistema financiero te convierte, a ojos de José María Aznar y tantos otros más, en un antisistema radical. Alguien de extrema izquierda marginal, como el Financial Times.

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La uña de Europa

Lula da Silva da con la metáfora adecuada: «Es inaceptable que una economía del tamaño de Grecia tenga en riesgo a toda la UE. Es como si una uña de mi dedito pudiera matarme». La uña, en cifras: Grecia supone solo el 2 por ciento del PIB europeo. Toda su deuda pública suma 340.000 millones, aunque en su momento habría bastado una fracción de esta cifra para curar la gangrena; mucho menos que los 407.000 millones de euros públicos del primer rescate a la banca europea, entre inyecciones directas de capital y compra de activos tóxicos. Desde hace año y medio, los líderes de la UE permiten que la enfermedad se extienda: a Portugal, a Irlanda, a Italia, a España… Han racaneado con la medicina haciendo que, cada mes, el tratamiento sea más caro. Han torpedeado los distintos planes de rescate por miopes intereses partidistas; la primera ayuda a Grecia se retrasó porque Merkel tenía elecciones en Renania (que además perdió). Y al final, el ratón en el que se ha convertido esta incapaz Europa ha parido una montaña de dinero: otro farragoso plan de ayuda a los países y a la banca apoyado en un ingente fondo de rescate que ya va por el billón de euros. A la larga, lo barato sale caro.

Aunque lo peor es que ni siquiera un cheque de doce ceros bastará si Alemania boicotea la solución definitiva al problema. Pasa por dos cosas: por una verdadera gobernanza económica común —donde todos los países asuman sus responsabilidades— y por el Banco Central Europeo, que debe romper ese estúpido corsé berlinés y espantar a los especuladores comprando deuda soberana en grandes cantidades. No es una medida comunista: es lo que ya hacen los bancos centrales de Reino Unido o Estados Unidos. La diferencia es que allí, una verdadera unión, nadie cuestiona que los neoyorquinos paguen si hay que salvar a California de la bancarrota.

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Es el ladrillo, no Grecia

Zapatero promete que no hará falta más dinero público para la banca española. Probablemente sea así en esta ronda: Merkel y Sarkozy han hecho un traje a la medida de sus bancos para que salgan más guapos en la foto del impago griego. Pero el verdadero agujero al que temer en España no está en la deuda pública, sino en la burbuja inmobiliaria. Entre todos los bancos españoles suman 800 millones de euros en bonos griegos. El ladrillazo que pende sobre la cabeza del sector financiero español pesa 330.000 millones. Por comparar: toda la deuda pública griega es de 340.000 millones.

Cuando haya que tapar ese inmenso agujero, ¿qué nos dirá el gobernador del Banco de España? ¿Pedirá Fernández Ordóñez otra reforma laboral o un nuevo recorte de las pensiones? ¿Propondrá que Benzema sea titular en el Madrid o por fin hablará de lo suyo? La mayor contradicción de esta crisis está en esas recetas atendidas. Mientras el principal problema estaba en el ladrillo, en la banca y en el parón del crédito, las reformas más urgentes (fallidas, además) han sido para los trabajadores más precarios, para los funcionarios y para los pensionistas.

¿Cómo es posible, además, que ese mismo sector financiero enfermo, rescatado con dinero público, no haya dejado de repartir beneficios? Novacaixagalicia declaró haber ganado 146 millones en 2010. La Caja del Mediterráneo se apuntó en el último ejercicio 244 millones de beneficios. Unos meses después, ambas cajas fueron intervenidas. ¿Asumirán alguna responsabilidad los políticos que nombraron a los consejeros que firmaron esos balances amañados? ¿Lo hará el supervisor que dio su visto bueno desde el Banco de España?

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Terror democrático en los mercados

Las autoridades financieras advierten a Grecia que la democracia perjudica seriamente a la economía. Tiene su simbolismo que la simple petición de un referéndum para que los griegos puedan tomar por sí mismos la decisión más importante en varias generaciones levante este maremoto bursátil. Los críticos con la propuesta de Papandreu argumentan (con razón) que, si la respuesta es un «no», Grecia puede caer en bancarrota, salir del euro y, por el camino, complicar aún más las cosas para el resto de la maltrecha UE. Hay también algo de oportunismo en Papandreu, que busca en el referéndum su propia supervivencia política. No pongo en duda el peligro que representa la idea: solo hay que ver el tamaño de las olas desatadas. Pero ¿cómo hemos llegado hasta este Titanic? ¿En qué momento la democracia se convirtió en una amenaza para la economía?

Conozco parte de la respuesta. El Gobierno griego mintió con sus cuentas. Y gastó más de lo que tenía. Y vendió hasta su alma y, con ella, su soberanía. Pero las mentiras contables de Grecia tuvieron sus cómplices necesarios. Concretamente, Goldman Sachs: ejecutivos como Mario Draghi o Antonio Borges, que fueron vicepresidentes de este banco que montó la ingeniería financiera con la que Grecia escondió su enorme deuda. Draghi es ahora el presidente del Banco Central Europeo. Borges dirige el FMI en Europa.

Los antiguos trileros son hoy los hombres justos que van a salvar a Grecia de la ruina. Las «ayudas», por ahora, solo han servido para hundir aún más su economía. No me extraña que entre los griegos sea tan amplio el rechazo ante un rescate que allí muchos ven de otra manera: como un chantaje que, de una forma u otra, les condena a la miseria. ¿Conocen algún náufrago que quiera votar «no» a que le lancen un salvavidas?

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La culpa del paro

Ojalá fuese Zapatero, solo Zapatero y nada más que Zapatero el «responsable del paro», como el propio presidente ha asumido. De ser tan fácil, el problema se acabaría en unas pocas semanas, con el advenimiento de Rajoy a La Moncloa. En una economía de mercado, en un Estado descentralizado, en un país integrado al euro y a la UE, ¿de verdad es el presidente del Gobierno central el único culpable del desempleo? ¿Cómo explicar entonces que el paro oscile entre el 30 por ciento de Andalucía y el 12 por ciento de Euskadi con el mismo Zapatero?

Tan demagógico es decir que es el presidente quien crea empleo como pensar que solo él lo destruye. Tan ridícula era aquella frase que dijo Aznar hace unos años —«el milagro español soy yo»— como pensar que ha sido Zapatero, ya de paso, quien ha hundido también a Italia y a Grecia en su infinita torpeza. Solo hay que ver el gráfico anterior sobre el PIB en Europa para descubrir hasta qué punto el éxito y el fracaso de las economías de los países en un planeta globalizado dependen más de la coyuntura económica mundial que del desempeño de sus Gobiernos nacionales.

Sin embargo, la gestión de Zapatero sí tiene una parte de responsabilidad en la catástrofe actual por dos razones. La primera: no querer o no atreverse a pinchar la burbuja inmobiliaria cuando estábamos a tiempo; no apostar por otro modelo productivo cuando había margen de maniobra. El ladrillazo nos habría golpeado igual, pero con consecuencias menos graves. La segunda: equivocarse en sus reformas de la regulación del mercado laboral español. Ambos factores —el modelo productivo español y nuestra regulación laboral— son culpables de que tengamos, desde hace décadas, una economía bulímica: un monstruo que devora trabajadores con baja formación cuando las cosas van bien para después vomitarlos a la misma velocidad cuando llegan las primeras curvas. En los años buenos, ningún otro país europeo creó tantos puestos de trabajo como lo hizo España. Lo mismo, a la inversa, ha sucedido con la crisis: ahora somos récord de paro entre los países desarrollados.

Es obvio que la reforma laboral que se hizo hace un año llegó tarde y fue un fracaso. Es probable también que, incluso acertando con el modelo, hubiera servido de poco porque, por muchas leyes laborales que se cambien, solo una economía que crezca a buen ritmo será capaz de crear empleo (y eso depende más de Merkel y el BCE que del Gobierno de España o de las leyes que hagamos). Es un error pensar que con cambiar las leyes se arregla el problema. También es cierto que no fue la regulación laboral lo que provocó la crisis: pero sí que agravó sus consecuencias. Por eso es imprescindible asumir de una vez, tanto en la derecha como en la izquierda, que hay problemas en el mercado laboral español que no solo tienen que ver con el modelo productivo o con los ciclos económicos. No sirve de mucho dar por bueno que España es así y el paro sube, como si fuese algo tan inevitable como la lluvia o los terremotos. Hay que afrontar el problema.

La enfermedad del mercado laboral tiene un nombre: exceso de temporalidad. No solo es porque la economía española —tan dependiente del turismo o, hasta hace poco, de la construcción— tenga sus cimientos en sectores con mayor porcentaje de temporalidad. Sector por sector, la temporalidad española es siempre de las más altas de Europa. En el sector de la tecnología (por poner un ejemplo de empleo de calidad), España presenta un porcentaje de trabajadores en precario mucho más alto que el de países de la UE. Según los datos de la Encuesta de Población Activa de 2010, la temporalidad entre los trabajadores de «programación, consultoría e informática» era del 16,8 por ciento; incluso en este sector, teóricamente puntero, es mayor que la media de la UE para toda la economía (10,5 por ciento).

Esta sobredosis de temporalidad es un problema grave por varias razones. Para empezar, provoca que los empresarios inviertan poco en la formación de los empleados. No sale rentable si el trabajo es temporal, y los trabajadores van rotando a medida que llega el plazo de dos años en el que la ley obliga (u obligaba, se suspendió ese límite «temporalmente» hace un mes) a darles un contrato fijo. Al promover el empleo precario, se incentiva una economía precaria, de poco valor añadido, baja competitividad y malos sueldos.

El exceso de temporalidad crea además un mercado laboral dual, con unos trabajadores de primera —los fijos— y otros de segunda —los temporales—. Las indemnizaciones por despido improcedente —es decir, por despido libre— de los trabajadores «de primera» españoles son más altas que la media de Europa (cuarenta y cinco días por año). Al mismo tiempo, despedir a los trabajadores de «segunda» es sencillo y muy barato: basta con no prorrogar su contrato y el coste es de ocho días por año. Son dos mercados laborales casi opuestos, que conviven produciendo consecuencias terribles: mientras los de primera disfrutan de una de las regulaciones laborales con el despido más caro de Europa (pero con sueldos por debajo de la media), a los de segunda se les puede despedir muy barato. Por esta razón, cuando la economía va mal en España, el ajuste se hace siempre por el despido: mandar al paro a los temporales (que suelen ser también los más jóvenes), en vez de reducir la jornada o los sueldos. Es algo que no sucede en ninguna otra parte de Europa, y que machaca aún más a esa generación «mejor formada de la historia de España» que hoy se plantea, con razón, largarse para siempre a Alemania. No hay otro país europeo como España con más porcentaje de paro por cada décima que cae el PIB.

De una manera o de otra, la solución para el mercado laboral pasa por acabar con la disparatada temporalidad e ir hacia un modelo donde todos los trabajadores tengan una protección similar. Hay matices importantes en las recetas. No es lo mismo igualar por arriba que por abajo. La patronal —¡qué sorpresa!— prefiere precarizar a todos los trabajadores, sustituyendo el actual contrato indefinido con cuarenta y cinco días de indemnización por año trabajado por otro con solo 20 días por año (y que doce de esos días los pague el FOGASA) con un tope de un año de sueldo por despido. Es el modelo que les interesa a las empresas que ya están consolidadas, no a las que están por nacer ni, por supuesto, a los trabajadores. La patronal llama a esto «contrato único» y no lo es, porque también quieren mantener los contratos temporales.

La propuesta de contrato único que hizo el grupo de los 100 —economistas, la mayoría académicos independientes y de prestigio— es bastante diferente. Plantea sustituir todos los tipos de contratos, temporales e indefinidos, por un único contrato en el que la indemnización aumente con los años. En la propuesta que presentaban —cuyos números finales eran orientativos, abiertos al debate— proponían una indemnización máxima de treinta y seis días por año trabajado, que se obtenían a partir del quinto año (doce días el primer año, quince el segundo, veinte el tercero, veinticinco el cuarto y treinta y seis a partir del quinto). Según sus cálculos, con esa escala, el coste global del despido en España sería prácticamente el mismo que hay ahora. Pero el reparto se haría de forma más igualitaria al acabar con la dualidad laboral porque ya no habría contratos de primera (cuarenta y cinco días de despido) y de segunda (ocho días).

Lamentablemente, de entre estas dos propuestas, la que más le gusta al PP es la de la patronal. «No hay ningún país que tenga un único contrato, no vamos a inventar», aseguró Cristobal Montoro hace unos días en el programa La Noche en 24 horas. Es falso: Austria lo tuvo; Portugal también está en ello.

Cuando Zapatero abordó la última (y fallida) reforma laboral, valoró la posibilidad de apostar por el contrato único y de ahí pasar al modelo austriaco, donde la indemnización por despido es un dinero que la empresa paga cada mes en una cuenta que se puede mover de un trabajo a otro y se acumula, si el trabajador mantiene el empleo, hasta que se cobra en la jubilación. La propuesta estuvo encima de la mesa con posibilidades de salir adelante casi hasta el último minuto. Se frustró —entre otras cosas— porque el entonces ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, amenazó con dimitir si salía adelante. Zapatero finalmente descartó la idea. Es probable que hoy, cuando dice ser «el responsable del paro», se esté arrepintiendo de la reforma que hizo.

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Una sanidad impagable

Cinco argumentos contra aquellos que dicen que el gasto sanitario español es desmesurado o que son inevitables los recortes y el copago.

1. España es uno de los países desarrollados que menos invierte en salud: solo el 9,7 por ciento del PIB, entre sanidad pública (6,6 por ciento) y privada (3,1 por ciento). Francia gasta el 11,8 por ciento; Alemania, el 11,6 por ciento; Holanda, el 12 por ciento; y Estados Unidos, el 17,4 por ciento.

2. El sistema público de salud le cuesta a cada español unos 1.500 euros al año, que salen de sus impuestos. La media europea ronda los 2.100 euros. Francia (2.500), Alemania (2.600) o Reino Unido (2.100) también pagan más por habitante.

3. Por 1.500 euros al año, España consigue una cobertura pública, gratuita y universal (a partir de enero de 2012) con unas prestaciones muy superiores a la media de la UE: la prueba es que tantos europeos vengan a operarse aquí. En los países sin sanidad pública, no hay seguro privado que ofrezca unos servicios sanitarios de la misma calidad a un precio tan bajo.

4. La inversión es pequeña, pero la rentabilidad es muy alta. España está entre los mejores países en casi todos los indicadores de salud: en esperanza de vida, en tasas de vacunación infantil o en trasplantes. Gracias a los sistemas de prevención, la mortalidad por cáncer de mama, por ejemplo, es casi un 24 por ciento inferior a la media de la UE.

5. Que nuestra sanidad pública sea tan eficaz como barata significa que es uno de los mejores sistemas de salud del planeta, como así se reconoce fuera de España. Su eficiencia desmiente también dos falsedades: que el sistema sanitario español sea un lujo insostenible y que lo privado funcione siempre mejor que lo público.

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Las cuentas que oculta Rajoy

Ocho datos que explican por qué el PP se refugia en ese evanescente «hacer lo que hay que hacer» y no detalla su verdadero programa.

1. España ha pactado con la UE un plan de austeridad para reducir el déficit público al 3 por ciento en 2013. Para el año que viene, el compromiso es que se quede en el 4,4 por ciento. Rajoy ya ha dicho que considera irrenunciable ese objetivo. Rubalcaba lo quiere renegociar.

2. El Gobierno espera que el déficit de este año sea del 6 por ciento. Con la recaída de los últimos meses, es casi imposible que se vaya a cumplir: probablemente estará entre el 6,6 por ciento que espera la Comisión Europea y el 8,4 por ciento que pronostican algunos en el PP.

3. España apenas crecerá en 2012; la última previsión de Bruselas es un exiguo 0,7 por ciento. Así que la única manera de cuadrar el presupuesto público al gusto de Merkel —si no queremos un «tecnócrata» de Goldman Sachs— pasará por recortar el gasto, subir los impuestos o ambas cosas a la vez. El próximo Gobierno tendrá que ajustar entre 2 y 4 puntos del PIB: entre 20.000 y 40.000 millones de euros en un año. Por comparar, el tijeretazo que hizo Zapatero en mayo de 2010 fue de «solo» 15.000 millones en año y medio.

4. Más cifras para entender la poda que nos espera: toda la sanidad pública cuesta unos 65.000 millones anuales; el subsidio de desempleo, unos 30.000 millones. Subir el IVA dos puntos apenas sumaría unos 2.000 millones más. La rebaja en el sueldo de los funcionarios que aplicó Zapatero fueron 4.000 millones entre 2010 y 2011. Congelar la subida de las pensiones ahorró unos 1.500 millones.

5. No vale con privatizar. Aunque encontremos compradores para Aena, Paradores y Loterías, ese dinero sirve para reducir la deuda, pero apenas se notaría en el déficit (solo lo que se ahorre por los intereses, pero nada más).

6. Tampoco es muy realista el discurso de que el recorte será únicamente para «el gasto superfluo», como repite Rajoy. La propuesta de reducción de ayudas públicas para los sindicatos, los partidos y la patronal que presentó en su momento el PP solo suponía 17 millones de euros al año. Si cerramos el Senado —como proponen algunos a los que la democracia les debe de parecer cara—, el ahorro sería de apenas 55 millones anuales. ¿Subastar coches oficiales? En Castilla La Mancha el PP va a conseguir así menos de medio millón de euros (pero mucha publicidad populista).

7. El recorte puede ser incluso mayor porque, además, falta por arreglar el ladrillazo a la banca: más de 300.000 millones en créditos a promotores inmobiliarios, suelo y pisos que no valen lo que figura en los balances. El PP ya ha anunciado en su programa la intención de sanear esos «activos tóxicos» con dinero público, creando un banco malo. No saldría por menos de 50.000 millones de euros, tal vez más.

8. Por eso no me extraña que De Cospedal vaticine protestas «cuando Rajoy diga lo que hay que hacer». Habrá quien se pregunte, con razón, por qué no nos explica sus planes antes de votar.

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El Código Penal está para cumplirse

Artículo 284: «Se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años» a quienes «intentaren alterar los precios» de «títulos, valores o instrumentos financieros» o «dieren órdenes de operación susceptibles de proporcionar indicios engañosos sobre la oferta, la demanda o el precio». Artículo 285: «Se aplicará la pena de prisión de cuatro a seis años» y una «multa del triple» de lo ganado cuando «los sujetos se dediquen de forma habitual a tales prácticas abusivas», «el beneficio obtenido sea de notoria importancia» o «se cause grave daño a los intereses generales».

La ley no es nueva: lleva en vigor varios años, aunque está casi sin estrenar. Aún está por llegar la primera condena relevante por especulación financiera o uso de información privilegiada en España. Solo se ha usado para casos muy menores, como el de un parado de 26 años que se hizo pasar por un directivo de una empresa en un foro de bolsa para calentar una cotización. ¿Son todos los grandes inversores honestos e inocentes o es que nuestra policía es tonta?

Un suponer, algo utópico: ¿qué pasaría si la Fiscalía se tomase esta ley al pie de la letra y abriera una investigación sobre la escandalosa subida de la prima de riesgo española de estos días? Hay al menos tres indicios para sospechar de un delito «habitual» de «notoria importancia» contra «los intereses generales».

El primero: ya es casualidad que la prima de riesgo se dispare siempre en la víspera de cada subasta de deuda pública (cuando algunos venden a mansalva en el mercado secundario de deuda para hundir el precio y comprar mejor al día siguiente).

El segundo: cómo se comporta el mercado opaco de los CDS (seguros contra el impago), que permiten apostar a la baja contra bonos que no se poseen. ¿Es razonable este modelo, en el que se pueden comprar seguros contra deuda que no se posee? ¿No sería inquietante que alguien pudiera asegurar una casa ajena y ganara dinero si se quema?

El tercero: el papel de las agencias de calificación, que ya se burlan hasta de Francia.

¿Serían igual de agresivos algunos especuladores si el Código Penal se cumpliera a rajatabla?

Actualización 12.00: el periodista de Expansión Jaime E. Navarro me apunta algún caso más en el que se ha aplicado esta ley por manipular valores cotizados: cuando el promotor inmobiliario Trinitario Casanova lanzó una OPA falsa contra el Popular.

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Las recetas que estudia el PP

Siete de las medidas que está analizando Mariano Rajoy para recortar entre 20.000 y 40.000 millones y cumplir con la dieta milagro que exige la artista antes conocida como Europa (y que ahora se llama Merkozy).

1. Impuestos. Subida para la gasolina, para el tabaco, para el alcohol… para empezar a hablar. Es probable que haya también algunas rebajas —la famosa ayuda a «los emprendedores»—, pero la suma global en cualquier caso supondrá más impuestos y más recaudación.

2. IVA único. Es el impuesto que más puede crecer —tal vez incluso con una subida directa— y la pista está en el libro verde de la Comisión Europea, que recomienda aumentar la recaudación tendiendo hacia un tipo único, el máximo, en vez de los tres que tenemos en España: normal (18 por ciento), reducido (8 por ciento) y superreducido (4 por ciento). Según la Comisión, si se sacan productos de los tramos reducidos, la recaudación del IVA podría aumentar hasta el 45 por ciento. La lista de sectores potencialmente afectados va de la hostelería al transporte o la energía. En Portugal se ha hecho ya con el IVA de la la electricidad y el gas, que ha pasado de la tasa reducida del 6 por ciento a la máxima del 23 por ciento.

3. Recortes a los funcionarios. Por el sueldo y por las plazas. Además de la segura reducción del número de interinos, también se mira con atención una fórmula que Portugal acaba de estrenar: eliminar las pagas extras para los funcionarios (y pensionistas) que cobren más de mil euros al mes.

4. Rebaja salarial. El PP lo llama de otra forma: reforma laboral. Más allá de los cambios en los contratos y el despido, la clave estará en la eliminación de los convenios sectoriales y provinciales. En la práctica supondrá que las empresas podrán negociar por separado rebajas de sueldos con sus empleados con más facilidad.

5. Copago no solo sanitario. Al uso de las carreteras para transporte de mercancías, a las recetas o a las tasas universitarias, con la vista puesta en un modelo de educación superior a la americana donde los estudiantes pagarían a crédito su formación.

6. Recorte del desempleo. O, más bien, del número de personas que lo podrán cobrar. El PP planea endurecer los requisitos para acceder a los subsidios y entre las posibilidades que se baraja para ello está perder la prestación si rechazas un trabajo o un curso de formación. Es algo que ya intentó Aznar (y que tuvo que retirar porque le costó una huelga general).

7. Un banco malo. Que el Estado cree un banco-basurero que compre a las entidades financieras los activos tóxicos que lastran su balance (especialmente el suelo). Es una de las pocas medidas concretas que aparece en el programa del PP. Los optimistas creen que, en unos años, el banco malo podría vender la basura sin perder un euro público. Los pesimistas temen que este rescate a la banca pueda salir por 60.000 millones, el doble de lo que ahora se va a recortar.

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El coloso de Castellón

Carlos Fabra, marzo de 2011: «Hay quienes dicen que estamos locos por inaugurar un aeropuerto sin aviones, no han entendido nada. Durante mes y medio, cualquier ciudadano que lo desee podrá visitar esta terminal o caminar por las pistas de aterrizaje, algo que no podrían hacer si fueran a despegar o a aterrizar aviones». Casi un año después, el aeropuerto peatonal de Castellón todavía espera su primer vuelo; es un colosal naufragio aún por estrenar, un monumento al despilfarro a tamaño natural. La obra ha costado 150 millones de euros: casi lo mismo que espera recaudar la Generalitat Valenciana con la subida del tramo autonómico del IRPF en esta arruinada comunidad. Solo en publicidad de la criatura se han gastado otros treinta millones de euros más.

El aeropuerto de Castellón tiene una pista de 2.700 metros, una terminal de pasajeros y otra de carga, 3.000 plazas de aparcamiento, una estación de bomberos, una depuradora de aguas residuales y hasta una central eléctrica. También tiene halcones y hurones adiestrados, que protegen las pistas vacías por medio millón de euros más; un director que cobra 84.000 euros al año —más que el presidente del Gobierno— por ver pasar los días sin que pase un solo avión; y un coloso de veinte toneladas de metal, una estatua ciclópea en honor a Fabra que ha costado 300.000 euros más.

Castellón aún espera su primer avión. Tal vez nunca llegue, solo lo hará con una generosa subvención. Me imagino al aeropuerto convertido en una ruina exquisita, dentro de mil años, con una inscripción bajo la gigantesca estatua que alguien debería esculpir: «Mi nombre es Carlos Fabra, rey de reyes. Contempla mi obra, tú poderoso, y desespera».

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No hay giro a la derecha:es el colapso de la izquierda

20 de noviembre de 2011. El Partido Popular gana las elecciones generales con la mayoría absoluta que jamás ha disfrutado la derecha española en democracia. La izquierda se derrumba. El PSOE pierde un tercio de sus escaños y el 38 por ciento de sus votantes en el peor resultado desde 1933. Izquierda Unida apenas recupera 600.000 votos de los más de cuatro millones que abandonan a los socialistas.

Es, sin duda, la factura de la crisis económica; la misma ola que ha barrido a la mayoría de los Gobiernos de izquierda en Europa. ¿Ha provocado esta crisis un giro de la sociedad española hacia la derecha o es que la izquierda se ha quedado sin discurso y sin ideas? Ni una cosa ni la otra. La respuesta es algo más compleja que estos dos repetidos tópicos.

Si se miran los datos electorales, la mayoría absoluta conservadora no se levanta sobre un imparable avance de la derecha. Mariano Rajoy logró en las elecciones de noviembre 10,8 millones de votos: apenas medio millón más de los que obtuvo en las elecciones de 2008, cuando perdió frente a José Luis Rodríguez Zapatero. Si se miran las encuestas, tampoco se ve en ellas un giro ideológico hacia la derecha. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, la mayoría de los españoles se ubica en el centro izquierda, antes que en la derecha o en el centro derecha. El Eurobarómetro corrobora estos datos. España es uno de los países europeos donde el mayor porcentaje de la sociedad apoya que la lucha contra la pobreza y la exclusión social sea prioritaria, pese a la crisis: 61 por ciento, frente al 52 por ciento de la medida de la UE. Los españoles también están entre los europeos más partidarios del Estado del bienestar, de una tasa al sector financiero, de la solidaridad entre los países o de una política fiscal redistributiva que grave más a los más ricos.

Rajoy ha arrasado en las urnas por la abstención y dispersión de la izquierda, no porque su base social esté creciendo.

¿Cuál es entonces la causa del derrumbe electoral de la izquierda en España? Es un problema de oferta, no de demanda: la izquierda fue incapaz de cumplir desde el Gobierno con las ideas y el discurso de sus votantes. Durante los años de la burbuja inmobiliaria, el PSOE abrazó políticas económicas liberales, especialmente en el modelo fiscal. «Bajar impuestos es de izquierdas», defendía frívolamente Zapatero, que puso en marcha numerosas rebajas fiscales muy favorables a las clases altas. Después llegó la recesión y Zapatero reaccionó tarde, perdido en un absurdo debate semántico sobre la palabra «crisis». El punto sin retorno se alcanzó el 12 de mayo de 2010, cuando el presidente del Gobierno, acorralado por la presión de los mercados sobre el bono español, anunció el mayor recorte de gasto público de la historia de España. Zapatero asumió íntegramente las recetas liberales contra la crisis en lugar de intentar un giro socialdemócrata. En vez de subir otra vez los impuestos a los más ricos, bajó el sueldo a los funcionarios. En vez de gravar los beneficios de la banca, congeló las pensiones.

¿Tenía Zapatero alternativa? Sin duda había hueco para otras políticas, pero dentro de un orden: el de la austeridad, que viene impuesto desde Europa. ¿Cómo aplicar en plena crisis políticas de izquierdas dentro de una economía globalizada, dentro de una UE gobernada mayoritariamente por partidos conservadores? Los recortes de Zapatero fueron vistos por un enorme porcentaje de su electorado como una traición intolerable. Los votantes le dieron la espalda al PSOE. Si la única salida a la crisis es la que propugna la derecha, mejor el original que la copia.

El rígido diseño institucional de la UE, del Banco Central Europeo y del euro —una moneda única sin un tesoro único— ha convertido a los países del sur de Europa en naciones sin soberanía económica, endeudadas en una divisa que no controlan, como lo fue Argentina con el dólar. Reino Unido puede devaluar la libra o imprimir más billetes: generar inflación para así reducir el peso de su deuda. En España, a falta de la peseta, lo que se devalúan son las personas: los salarios, el Estado del bienestar y los derechos de los trabajadores.

El verdadero problema es común en toda la izquierda europea: las alegrías fiscales durante los años de la burbuja y la falta de autonomía de los Gobiernos nacionales. No falla el discurso, sino la imposibilidad de aplicarlo. No hay un giro hacia la derecha, hay un abatimiento de la izquierda. No es la teoría política, sino su práctica. No puede ser cierto que el mismo Estado del bienestar que pudo pagar la Europa arruinada y rota de la posguerra sea hoy una utopía insostenible.

El futuro de la izquierda en España dependerá de dos cosas: de su capacidad para lograr una alianza entre los intereses de la clase media y baja de la sociedad, un reto difícil en un país asustado —el más pesimista de toda la UE sobre cuándo saldremos de la crisis, según el Eurobarómetro— y con un 22 por ciento de paro. También de la evolución de la economía. Rajoy ha alcanzado la presidencia con España entrando en una segunda recesión, más dura aún que la primera. No hay optimismo posible al menos para los próximos dos años. A pesar del miedo de la mayoría de la ciudadanía, habrá también protestas en la calle —están ahí los indignados del 15-M—, que irán a más si la penitencia de los recortes no lleva al paraíso del fin de la crisis.

Si la economía se recupera, el PP tiene por delante una larga hegemonía que solo se romperá si cometen errores graves, como la posición de Aznar frente a la guerra de Irak. Aunque si la crisis continúa, no es descabellado imaginar que Rajoy pueda perder el poder tras solo una legislatura. Pero si el PSOE y el resto de los partidos de izquierda no logran recuperar la confianza de los ciudadanos, el siguiente presidente español puede ser un tecnócrata como Monti o un populista como Berlusconi.

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La piratería fiscal no se persigue

Imaginen un pequeño país en una isla del Caribe o en mitad de las montañas que decide legalizar los servidores de internet piratas y hace del secreto digital su principal negocio. Imaginen que ese país rechaza los convenios sobre copyright y permite que florezcan los megauploads para beneficio propio a costa de Hollywood o de Apple. ¿Cuánto tardaría la comunidad internacional en imponer duras sanciones, incluso embargos comerciales? ¿Permitirían Estados Unidos y la UE que esa cueva de ladrones estuviera conectada a internet? ¿Tolerarían los países ricos que los megauploads montaran honradas sucursales para captar clientes en su propio suelo?

Cambien en la hipótesis «secreto digital» por «secreto bancario», «servidores piratas» por «bancos offshore», «internet» por «sistema financiero». Cambien «Hollywood y Apple» por «los ciudadanos». Cambien al FBI que detuvo al excéntrico Kim Dotcom en Nueva Zelanda por la resignada actitud con la que los Gobiernos toleran los paraísos fiscales como si fuesen un mal imposible de combatir, como un terremoto o una tormenta, como un castigo divino.

Si los paraísos fiscales existen, no es porque Dios así lo quiso: es porque los Gobiernos de los países ricos lo permiten. Si los Gobiernos lo permiten, es porque interesa a las élites empresariales y financieras, en contra del 99 por ciento de los ciudadanos. Suiza, por ejemplo, limita al norte, al sur, al este y al oeste con la UE: la misma Europa que está escandalizada porque los griegos más ricos hayan movido 200.000 millones de euros hasta ese paraíso fiscal. El dinero evadido equivale al 60 por ciento del PIB de Grecia: un 40 por ciento de toda su deuda pública. Evitarlo está en las manos de la UE. Es más fácil exprimir al resto de los griegos.

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Las cifras del rescate griego

Los cirujanos de hierro de la UE y el FMI llevan casi dos años aplicando a Grecia sus recetas de austeridad. Los resultados de esta operación sin anestesia, de este encarnizamiento terapéutico, ahí están. Desde que Grecia fue «rescatada», el paro se ha duplicado, los sueldos han bajado entre un 20 por ciento y un 30 por ciento, un 13 por ciento de las familias ha perdido todos sus ingresos y la economía no ha parado de menguar. En 2010, el PIB cayó un 3,5 por ciento. En 2011, perdió un 5,5 por ciento más; este es el cuarto año de recesión. Los que pueden, los más ricos, están evadiendo el dinero del país: unos 200.000 millones de euros se han fugado a Suiza. Es una cifra equivalente al 60 por ciento del PIB.

¿Se ha conseguido al menos contener el déficit público? Tampoco. Desde que la UE —o, más bien, Alemania— es quien manda en Atenas, apenas ha bajado un punto y medio; en 2011 incluso subirá. Es sencillo de explicar: lo que se ahorra con la tijera, se pierde porque los ingresos caen aún más al desangrarse la economía del país.

El último plan de ajuste aprobado el domingo es otra vuelta de tuerca en la misma dirección. Mientras las calles de Atenas ardían y Wall Street suspiraba aliviado, el Parlamento griego aprobó un nuevo tijeretazo brutal: despide otros 15.000 funcionarios, reduce un 20 por ciento el salario mínimo —de 751 euros a 600 al mes— y recorta las pensiones para ahorrar 3.330 millones de euros. Dicen que no hay dinero para más. No es del todo cierto. El presupuesto militar griego sube en 2012: son 7.000 millones, un 18,2 por ciento más que el año anterior. Gran parte de esos fondos servirán para pagar 243 tanques Leopard y dos submarinos U31 a Alemania; o quince helicópteros y seis fragatas a Francia. ¿Queda claro cuál es la prioridad?

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Los éxitos de la austeridad

Los mercados no se pueden quejar de que en España haya faltado voluntad política por agradar. El Gobierno ha subido los impuestos, ha recortado el gasto y ha abaratado el despido de forma tan agresiva que hasta los sindicatos se han arrugado y no han convocado una huelga general, inquietos por lo que quede por llegar. El Gobierno también ha aprobado un nuevo plan de rescate a la banca; es ya el tercero. Suma 52.000 millones —en teoría, «solo» 6.000 millones los pone el Estado—, pero ya veremos qué parte acaba pagando el contribuyente. Por situarnos, 52.000 millones equivalen a tres cuartas partes de lo que cuesta la sanidad pública.

Este Gobierno como Dios manda también ha puesto el detalle a esa reforma de la Constitución que el PSOE promulgó, un texto donde se promete a los acreedores de la deuda que serán siempre los primeros en cobrar, incluso antes que los pensionistas. A partir de 2020, será ilegal todo déficit mayor del 0 por ciento (no el 0,4 por ciento que se pactó). Si la crisis continúa, la única manera de cumplir con ese corsé en un año tan malo como el 2009 sería recortar 120.000 millones. Por comparar, las pensiones suman 100.000 millones.

¿El resultado de todos estos sacrificios? Está a la vista. En el cuarto año triunfal de la crisis, la prima de riesgo sube, la bolsa cae, el consumo se hunde y regresa la recesión. De los diez compromisos macroeconómicos que exige Europa, España suspende en seis. Eso sí, sacamos un sobresaliente: tenemos una de las mejores notas de la UE en la evolución del coste laboral unitario (mide el crecimiento de los salarios nominales en relación con la productividad; el año pasado, según el INE, cayó otro 2,5 por ciento por el aumento del paro y la moderación salarial). Enhorabuena a los premiados: vamos a ser campeones europeos en miseria y precariedad.

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Siete claves sobre el déficit

1. La cifra no es mala: es peor. Un 8,51 por ciento de déficit en 2011 implica ajustar 41.000 millones de euros para cumplir este año con Bruselas. Es un tijeretazo del 4,1 por ciento del PIB, en plena recesión. Ningún país europeo —ni siquiera Grecia— se ha enfrentado en las últimas décadas a un recorte tan agresivo como el que nos van a recetar.

2. De esta enorme cifra, el Gobierno solo ha concretado 15.000 millones de euros: 6.200 con la subida del IRPF y otros 8.900 del recorte anunciado a finales de diciembre. Queda por explicar de dónde van a salir los 26.000 millones que faltan. Por comparar, el ajuste que aprobó Zapatero en mayo de 2010 fue de solo 10.000 millones anuales (5.000 en el segundo semestre de 2010 y 10.000 en 2011): una cuarta parte que el que tendrá que afrontar Rajoy este año.

3. El Gobierno aún confía en que la UE relaje el calendario y permita un aterrizaje del déficit más suave que el pactado en un momento en que no estaba en el horizonte una segunda recesión. La negociación sigue aún abierta y un dato tan malo como el anunciado ayer puede ayudar a Rajoy para presionar. Aun así, Merkel parece poco dispuesta a ceder más allá de un punto y medio en el mejor de los casos: como máximo hasta el 6 por ciento, en vez del pactado 4,4 por ciento. Eso supondría un alivio de hasta 16.000 millones sobre los 41.000 de partida. Sería un respiro importante, pero seguiría siendo un ajuste brutal. Además, Merkel tiene que querer, y hay quien cree que, antes de eso, preferiría una intervención del FMI.

4. ¿Quién no ha cumplido con el déficit? Como se esperaba, dos tercios de la desviación corresponde a las autonomías: 16.400 millones. Sobre el presupuesto previsto, el Gobierno ha gastado tres mil millones más y los ayuntamientos ochocientos millones. La Seguridad Social se ha desviado en cinco mil millones.

5. Las autonomías apenas han afrontado ajuste alguno sobre el compromiso previsto. El déficit del Gobierno central fue el 9,4 por ciento en 2009, el 5,72 por ciento en 2010 y el 5,10 por ciento en 2011. Las autonomías, mientras tanto, tuvieron un 2 por ciento en 2009 y un 2,94 por ciento en 2010 y 2011. Traducido: el Gobierno central redujo su gasto a mayor velocidad de la que menguaban sus ingresos. La mayoría de las autonomías no lo ha hecho. No es fácil ese ajuste: su principal gasto es en educación y en sanidad. Y uno de los principales recortes que han hecho fue una impopular medida cuyo coste político pagó Zapatero: la rebaja al sueldo de los funcionarios.

6. ¿Están hinchadas estas cifras? En Reuters se ratifican en la información que contaron hace unos días: altos funcionarios de la Comisión Europea sospechan que sí, que es una estrategia para suavizar los recortes de este año. Falta un análisis detallado, pero el Gobierno debería explicar con claridad cómo es posible que las autonomías, que en el tercer trimestre de 2011 cumplían con el objetivo del año, se hayan desviado 16.400 millones en solo tres meses. Lo mismo sucede en el Gobierno central, donde aparecen tres mil millones inesperados en apenas un mes. El 8,51 por ciento del déficit oficial coincide con los pronósticos de los que hablaban varios ministros del PP desde octubre del año pasado. Antes de las elecciones del 20-N, vaticinaban un 8,4 por ciento mientras la UE calculaba solo un 6,6 por ciento.

7. ¿Y el detalle del nuevo tijeretazo? Ya hay fecha para los presupuestos: el 30 de marzo de 2012, justo cinco días después de las elecciones andaluzas y asturianas, en el último Consejo de Ministros posible para cumplir con los plazos, en el primero después de que los ciudadanos hayan terminado de votar. Ya es casualidad.

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El déficit español no es culpa del gasto público

Ahora que la UE exige a nuestra enferma economía una sangría adicional de cinco mil millones más, conviene recordar que el déficit español no lo ha creado el exceso de gasto público, sino la falta de ingresos. Por mucho que se repita, no es cierto que nuestro Estado del bienestar sea insostenible o que las autonomías sean demasiado caras o que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades. El problema español es otro: está en nuestro desastroso modelo fiscal. Algunos datos para opinar del asunto con propiedad.

Aún no se conoce el detalle de 2011, pero las cifras de 2010 lo explican con rotundidad. En ese año, las administraciones públicas españolas recaudaron un 32,9 por ciento del PIB. Son 6,7 puntos menos que la media de la UE-27 (39,6 por ciento), 10,8 puntos menos que lo que se recauda en Francia o 9,7 puntos menos que en Italia, siempre en proporción sobre el PIB. Con un sistema fiscal europeo, las cuentas públicas españolas serían perfectamente sostenibles. De toda la UE, solo en Irlanda (con su agresiva política fiscal para empresas) y en algunos países de Europa del Este —Polonia, Rumanía, Letonia, Bulgaria y Lituania— se pagan menos impuestos que en España.

Ingresos fiscales por países en porcentaje del PIB nacional en 2010. Fuente: Eurostat.

El problema de nuestros impuestos no está en las nóminas: España recauda poco, pero al mismo tiempo está entre los países donde más pagan los asalariados (a pesar de que los sueldos sean inferiores a la media). El principal agujero de nuestras cuentas públicas no se encuentra en el IRPF: está en el fraude, en la economía sumergida y en un sistema fiscal diseñado para recaudar en los tiempos de la burbuja inmobiliaria y que ahora, tras el ladrillazo, se ha vuelto ineficaz. El impuesto de transmisiones patrimoniales, por ejemplo, ha retrocedido a cifras de hace una década. En el año 2006, la Comunidad de Madrid ingresó por este impuesto dos mil millones de euros: el año pasado fueron justo la mitad. La recaudación del IVA también se ha hundido por el parón inmobiliario mientras que los ayuntamientos ya no pueden financiarse por las recalificaciones de suelo. Todo el modelo fiscal hace aguas porque estaba diseñado para un patrón económico, el del ladrillo, que nunca más volverá.

Gasto público por países en porcentaje del PIB nacional en 2010. Fuente: Eurostat.

El gasto público español tampoco es desmesurado. Al contrario, está cinco puntos por debajo de la media europea: el 45,6 por ciento del PIB frente al 50,6 por ciento de la UE. La distancia ahora es incluso menor de lo habitual por el aumento en el número de parados provocado por la crisis económica. Antes del inicio de la crisis, entre 2001 y 2007, el gasto público español rondaba el 38 por ciento. Al igual que con los ingresos, el tamaño de nuestro sector público nos aproximaba a «potencias» como Letonia o Rumanía y es el más bajo de toda Europa occidental. Nuestro gasto social —lo que invertimos en pensiones, en educación o en sanidad— también está por debajo de la media europea.

Que el ajuste de las cuentas públicas venga de recortar el gasto público y subir los impuestos a los trabajadores a través del IRPF es un doble tijeretazo para los españoles con menos recursos. Es una injusticia al cuadrado que la clase media vamos a pagar por duplicado: con más impuestos y con menos prestaciones sociales.

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La sanidad española en tres gráficos

¿Es nuestro sistema público de salud demasiado caro? ¿Está por encima de nuestras posibilidades? ¿Son inevitables los recortes o el repago (ellos lo llaman «copago» o incluso «ticket moderador) que ya prepara el PP para después de las andaluzas? Aquí van tres gráficos bastante claros para opinar sobre el asunto con más datos y menos prejuicios.

1. Gasto en sanidad pública por habitante y año. Fuente: Eurostat 2008 (hay datos de 2009 pero no están todos los países; por alguna razón que Eurostat no explica, no hay datos de Irlanda, Reino Unido, Italia, Grecia, entre otros).

La sanidad pública española es de las más baratas de Europa occidental. Nos cuesta unos 1.500 euros por persona al año, bastante menos de lo que pagan franceses, alemanes, holandeses o belgas.

2. Gasto en sanidad pública en porcentaje del PIB. Fuente: Eurostat 2008.

Alguien dirá, con razón, que Alemania, Francia, Holanda o Bélgica son más ricas que España. Es verdad. Pero si medimos el gasto sanitario en porcentaje del PIB —es decir, en proporción a la riqueza de cada país—, el gasto sanitario español sigue estando entre los más contenidos de Europa occidental.

La sanidad pública española no solo es de las más baratas, también de las más eficaces. Por solo 1.500 euros anuales por persona, los españoles tenemos una de las carteras de servicios más amplias del mundo con cobertura universal. El grado de satisfacción de los españoles con su sistema público de salud es altísimo. El número de personas en España que declara en encuestas que no tiene acceso a la sanidad representa el 0,2 por ciento, un porcentaje menor al de Francia, Italia e incluso Alemania.

3. Porcentaje de ciudadanos que perciben falta de atención médica (porque no pueden pagarlo, por las listas de espera, por falta de un especialista…). Fuente: Eurostat 2012.

¿Es la sanidad española impagable? Sin duda, pero es una sanidad impagable por su calidad, no porque no nos la podamos permitir.

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Me gusta cuando callas porque estás presidente

No hay mejor metáfora de esta terrible semana que las imágenes de Mariano Rajoy escapando del Senado por la puerta de atrás —con la sonrisa incómoda y el semblante mudo— seguido al trote por su equipo, que espanta a los periodistas como el que se libra de una nube de mosquitos. Rajoy no solo huye de la prensa: también de su responsabilidad como presidente de una democracia, un sistema político que en las urnas nunca otorga un cheque en blanco, donde hasta la mayoría absoluta está obligada a explicar sus decisiones a los ciudadanos.

«Aquí hay un presidente del Gobierno que va a dar la cara», dijo Mariano Rajoy hace tres meses. Fue durante la única entrevista que ha concedido desde que ganó las elecciones, y ya han pasado más de cien días y decenas de promesas rotas. Qué lejos queda aquella campaña electoral en la que Rajoy se comprometió a no recortar la sanidad ni la educación. Ni subir los impuestos. Ni abaratar el despido. Ni tantas y tantas cosas. Qué lejos queda también aquel discurso de investidura, el pasado diciembre, cuando se comprometió a «decir siempre la verdad, aunque duela». «Decir la verdad sin adornos ni excusas. Llamar al pan, pan y al vino, vino».

Para decir la verdad hace falta hablar primero. Por eso es tan grave que el enésimo incumplimiento electoral —ese recorte de diez mil millones en educación y sanidad con repago incluido— se despache en el cuarto párrafo de una nota de prensa confusa e incompleta. Por comparar, esos diez mil millones anuales equivalen al tijeretazo que presentó Zapatero en mayo de 2010. ¿La diferencia? Que aquel anuncio fue en el Congreso de los Diputados, una cámara donde Rajoy no tiene previsto hablar para explicar sus recortes hasta dentro de tres o cuatro semanas. Ni siquiera se conoce la fecha.

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Salir del euro

Vuelve oficialmente la recesión, arrecian los recortes, se multiplican los despidos, se hunde la bolsa, se dispara la prima de riesgo y, lo peor de todo, no hay esperanza alguna de que todo este sacrificio lleve a otro sitio que no sea una depresión aún peor. El modelo de la austeridad alemana nos hunde en una década perdida, en un horizonte sin futuro. ¿Hay alternativas? Solo dos: o Europa (Hollande mediante) es capaz de torcer la mano de Angela Merkel para que la UE recupere la cordura, o la eurozona no alemana tendrá que plantearse muy seriamente una alternativa hasta ahora imposible. Salir del euro.

El debate es claro: si Alemania se sigue negando a dotar al euro de la pata que le falta —un tesoro común en forma de eurobonos o de un BCE al que le preocupe algo más que la puñetera inflación—, para el resto de los socios de la UE empieza a ser una posición a estudiar salir del euro con todo lo que conlleva. La política de los recortes no va a servir para cuadrar las cuentas públicas: a más recortes, menos crecimiento, menos ingresos fiscales y más déficit al final. De esta espiral endemoniada solo se huye con políticas monetarias expansivas, y con Merkel al mando tal cosa no va a pasar.

¿Es una locura salir del euro? El Nobel Paul Krugman no lo ve así: «Pueden decir que esto es inconcebible, y que sin duda alguna sería enormemente perjudicial tanto económica como políticamente. Pero lo que es realmente inconcebible es mantener el rumbo actual e imponer una austeridad cada vez más rigurosa a países que ya están sufriendo un desempleo de la época de la Depresión».

Salir del euro sería durísimo para nuestra economía. No es una buena solución, aunque tal vez la menos mala. Supondría una devaluación brutal que empobrecería a todo el país, una huída de capitales (que se está produciendo ya), una debacle política continental. Pero la situación actual es tan grave que esta opción —hasta ahora inimaginable— empieza a ser un plan de choque que al menos se debería debatir. Los países mediterráneos perderían, pero Alemania perdería mucho más. Tal vez así, aunque fuese solo con la amenaza de romper, se podría desbloquear una situación donde únicamente Alemania gana para que perdamos los demás.

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Unos no tienen papeles, otros no tienen vergüenza

De entre todos los tijeretazos con los que el PP está podando el Estado del bienestar hay uno que sobresale: dejar a los inmigrantes irregulares sin derecho a la sanidad. Este recorte es cruel, porque envía a la marginalidad a decenas de miles de personas, precisamente las que peor lo están pasando. Es injusto, porque olvida que esos mismos inmigrantes a los que hoy se castiga construyeron los cimientos, hace no tanto, del milagro económico español. Es xenófobo, porque ahonda en un discurso tan populista como injusto: que los de fuera sobran, que España para los españoles, que largo de aquí. Es peligroso, porque rompe con la universalidad de la sanidad; hoy son los inmigrantes sin papeles, mañana los que no puedan pagar. Y es cínico, porque mezcla un fenómeno de países ricos —el famoso turismo sanitario— con la simple y pura necesidad.

Desde el Gobierno de Rajoy se dice al mismo tiempo que supondrá un ahorro notable en las cuentas públicas y que los inmigrantes ni lo notarán porque siempre les quedarán las urgencias. Algo no cuadra, pues es precisamente en urgencias donde más caro resulta cada paciente: si todos los inmigrantes van allí, en vez de ahorrar se gastará más. La solución a este enigma tal vez esté en próximos recortes, en un copago por el «abuso» de las urgencias que cerrará esta ecuación.

Para mayor obscenidad, en el mismo BOE en el que se recorta a los inmigrantes sin papeles el derecho básico a la sanidad, el Gobierno aprobó una amable concesión para las grandes farmacéuticas: los médicos podrán volver a recetar en algunos casos según la marca, y no según el principio activo. Para cuidar la buena salud de esas empresas sí que se puede gastar más.

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Cuando hay pérdidas, todos somos bankeros

No lo llamen nacionalización. En realidad estamos socializando las pérdidas: pagando con carísimos intereses los excesos de unos gestores que han vivido muy por encima de nuestras posibilidades. La autopsia de Bankia detallará la factura, pero las primeras cifras que aparecen son mastodónticas, descomunales: más de 80.000 millones de euros públicos movilizados en el rescate; como toda la sanidad pública y todas las prestaciones por desempleo juntas. Si dividimos la cifra entre todos los españoles, tocamos a 1.700 euros por barba entre préstamos a fondo perdido, avales y bendiciones. Eso sin sumar imponderables: lo que Bankia encarece la prima de riesgo y la financiación de la deuda pública, lo que complica a todas las empresas el acceso al crédito, o lo que abarata ese activo del que tanto se habla ahora, la «marca España», ese país que hace no tanto presumía del mejor sistema financiero del mundo civilizado.

Lo de Bankia ha sido una estafa masiva en cuatro incómodos plazos; llevamos tres. Nos estafaron al arruinar unas cajas que, sin ser públicas, servían a todos los ciudadanos a través de la obra social. Nos volvieron a estafar al convertir esas cajas en bancos, con ayudas del Estado. Nos estafan otra vez, al rescatarlas de sus enormes pérdidas con más dinero directo del Estado. Y, de postre, nos volverán a estafar porque, una vez Bankia esté saneada, volverán a privatizarla.

¿Asumirá alguien alguna responsabilidad por este inmenso agujero? No será por falta de responsables: esos gestores como José Luis Olivas, presidente de Bancaja y del Banco de Valencia, un político del PP cuyo mayor mérito para el puesto fue ceder la presidencia de la Generalitat Valenciana a Francisco Camps tras guardar calentito el sillón unos meses, después de la salida de Zaplana. O Miguel Blesa, un inspector de Hacienda metido en política cuya principal virtud para el puesto fue ser amigo de Aznar desde jovencitos; se conocieron en 1977 cuando los dos estudiaban las oposiciones. O Rodrigo Rato Figaredo, don Rodrigo: el padre de la burbuja inmobiliaria que ha acabado devorado por el ladrillazo. No sufran con él: el año pasado ganó más de 2,34 millones de euros y ahora se lleva otro millón largo de indemnización, por los buenos trabajos prestados.

Ninguno de los tres —ni Olivas ni Blesa ni Rato— tenían una formación financiera especialmente brillante. Los tres son políticos profesionales y estudiaron Derecho, no Economía. Rato al menos tiene un máster en Administración de Empresas pero no fue hasta 2003 —a los 54 años, cuando ya llevaba siete como vicepresidente— cuando se sacó un doctorado en Economía.

Rodrigo Rato hoy se queja de la falta de apoyo de sus compañeros de partido. Dice que ha sido injustamente tratado por el PP, que todo esto es una venganza de su antiguo número dos, Luis de Guindos. Estoy parcialmente de acuerdo: si se demuestra que Bankia falseó sus cuentas —razón por la que Deloitte se negó a firmarlas— es injusto que Rato se tenga que ir a su casa. Lo justo sería que le mandasen al juzgado.

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Los agujeros negros de Madrid, Valencia y Castilla y León

¿Qué tienen en común los Gobiernos autonómicos de Madrid, Valencia y Castilla y León? Al menos cinco cosas: los tres están en manos del PP desde hace más de quince años, los tres eran hasta hace poco ejemplos de buena gestión de la derecha, los tres alimentaron la trama corrupta Gürtel, los tres mangonearon en las principales cajas de ahorro con las que se forjó Bankia —el mayor desastre financiero de la historia de España— y los tres han ocultado un importante agujero en sus cuentas públicas que no hemos conocido hasta hace apenas dos días; un viernes por la tarde, a última hora, a ver si así nos olvidábamos de la gravedad de lo que está pasando en estas tres plazas donde ya no vale la excusa de la «herencia recibida». ¿Qué herencia? ¿La de Joan Lerma? ¿La de Joaquín Leguina?

Que el déficit español del año 2011 haya pasado de repente del 8,5 por ciento al 8,9 por ciento no solo son cuatro mil millones más —que ya es dinero—, nos saldrá muchísimo más caro. Es un tremendo boquete en la imagen de España que ha aparecido en el peor momento posible, cuando el país se juega una intervención de la troika que supondría la ruina para toda una generación, los próximos diez años. Se suponía que las cuentas del año pasado estaban ya cerradas; la mayoría de las autonomías las dieron por buenas en febrero. Presentar en mayo esta nueva e inesperada desviación en el déficit es, en el mejor de los casos, una enorme chapuza que no se puede ventilar como un ejercicio de «transparencia», como repiten los portavoces populares.

El mismo viernes por la mañana el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano, presumía desde Twitter de que su Gobierno estaba este trimestre «en déficit cero». ¿Nadie le avisó del pufo que se iba a hacer público esa misma tarde? Peor aún es el papelón de su predecesor en el cargo, Antonio Beteta, hoy número dos de Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Beteta es, precisamente, el responsable de auditar las cuentas públicas de las autonomías. ¿Con qué autoridad podrá exigir al resto de las comunidades que sean rigurosas con el déficit? ¿Sigue siendo el hombre más adecuado para el puesto?

Pero si malo es el agujero, peores son las excusas. Dice Percival Manglano que esto ha pasado «por mantener los gastos sociales». No solo es injusto cargar el problema (después vendrá el tijeretazo) en la educación o la sanidad. También es falso: el agujero en las cuentas públicas tiene en España mucho más que ver con el desplome de los ingresos, no con el aumento del gasto. Y es aún más falso en Madrid, una de las comunidades con menor porcentaje de gasto social per cápita y donde Esperanza Aguirre mantiene varios regalos fiscales tan caros como insolidarios. Madrid, por ejemplo, bonifica al 99 por ciento el impuesto de Sucesiones y Donaciones y es la única autonomía donde la enseñanza privada desgrava en el IRPF: este «gasto social» suma noventa millones anuales.

También es Madrid, junto con Baleares, la única autonomía que aún se niega a recuperar el impuesto de patrimonio, que aprobó a finales de septiembre Zapatero. Este impuesto solo lo pagan las personas con más de 700.000 euros en patrimonio, descontando de esta cifra la vivienda habitual: solo afecta al 0,3 por ciento de los españoles, los que cuentan con mayores recursos. Se calcula que en Madrid, este impuesto supondría seiscientos treinta millones de euros anuales que Esperanza Aguirre prefiere no ingresar. Por comparar, la última subida de la tarifa del Metro recaudará solo ciento veinte millones de euros anuales. En Madrid no hay dinero para el transporte público, pero sí para perdonar impuestos a los más ricos. Cuestión de prioridades.

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Bankia: cuatro billones de las futuras pesetas

En un alarde más de lo que entiende Mariano Rajoy por «no esconderse y dar la cara», ha tenido que ser el nuevo presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, el que explique los detalles de la intervención. Señoras, señores: camino de Irlanda, hemos cruzado el Rubicón. Ya no es un préstamo, como hasta ahora pasaba con el FROB: el Estado entra con todo en la banca, a través de deuda pública; los mismos bonos que faltan para pagar la sanidad o la educación. El boquete de Bankia nos cuesta ya 23.500 millones de euros a fondo perdido, casi cuatro billones de las futuras pesetas. 457 euros por español: niños, pensionistas y parados incluidos.

Todos somos bankeros al fin, o eso ha explicado Goirigolzarri. Por parte del Gobierno, aún no hay una versión oficial, a pesar de que lo dicho por el presidente de Bankia contradice una vez más los planes que había contado el Ejecutivo; hasta ahora, solo se hablaba del FROB y hace apenas tres días la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que serían «préstamos a devolver». Rajoy no le avanzó nada a Rubalcaba en la reunión del viernes por la tarde sobre esta trascendente decisión y sigue el bloqueo a cualquier cosa que se parezca a una explicación a los ciudadanos. No habrá comisión de investigación en el Congreso: el PP la ha vetado. Tampoco hablará allí Rodrigo Rato: el PP se niega. Tampoco comparecerá el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez: el PP no lo permite. Para el Gobierno, parece que lo de Bankia es un desastre natural que ni tiene responsables ni merece siquiera analizarse. «A mí me gusta mirar al futuro, aunque ya sé que regodearse en el pasado tiene sus atractivos», dijo el pasado miércoles Luis de Guindos, el mismo día en que anunció que lo de Bankia «solo» costaría 9.000 millones. «Ahí está la Fiscalía, yo no tengo vocación de ángel vengador, cuando uno vuelve la vista atrás se vuelve una estauta de sal», remató el ex presidente de Lehman Brothers en España, hoy ministro de Economía, y pelillos a la mar.

Y mientras el Gobierno prefiere mirar al futuro —uno muy negro: el de la intervención—, Rato sigue dando lecciones de economía. No solo cobra como conferenciante en circos romanos: también se ha llevado su indemnización de Bankia. Según fuentes de esta entidad financiera, Rato ha cobrado ya su finiquito, que incluye una clásula de no competencia —por si algún otro banco quiere fichar a este genio— y una parte de su plan de pensiones. En total, una cifra millonaria de la que supongo también nos tendremos que olvidar.

P.D.: Dice Alberto Ruiz Gallardón que lo de Bankia se investigará «cuando sea oportuno». Supongo que ese oportuno momento llegará, a más tardar, con la prescripción de los delitos.

EPÍLOGO

¡Qué suerte! ¡Por fin hemos sido rescatados!

Verano de 2012

LA INTERVENCIÓN A ESPAÑA ES INMINENTE

El viaje urgente de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría a Estados Unidos solo puede significar una cosa: la intervención a España es inminente. Soraya —que apenas habla inglés— tiene previstas dos reuniones, según ha informado hace escasos minutos La Moncloa. Se verá con el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, y con la directora del FMI, Christine Lagarde. Con la prima en 539, es casi el último cartucho que le queda a España.

En todo caso, es probable que cualquier decisión dramática tenga que esperar al 1 de julio, cuando entra en funcionamiento el fondo de rescate permanente, cuyas limitaciones obligan a que el dinero prestado se canalice a través de los Estados y no directamente por las entidades financieras descapitalizadas. Son los Estados, por tanto, los que asumen la obligación de devolver los créditos.

Lo sucedido hoy en la Comisión Europea es también sintomático. Por la mañana, la Comisión abrió la puerta a que el fondo de rescate se use para recapitalizar los bancos. Esta solución —que evitaría el rescate de España— era la salida deseada por el Gobierno de Rajoy, que lleva semanas intentando que Alemania la permita. Sin embargo, por la tarde esta puerta quedó sellada: tras la presión de Alemania, el vicepresidente de la Comisión y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, descartó esta posibilidad.

Angela Merkel solo está dejando una opción a Rajoy: el rescate con todas las letras. Que España pida prestado al fondo de rescate y después inyecte ese dinero en la banca. Esa opción, la última que desea el Gobierno, implica que tales fondos lleguen a España con condiciones durísimas. En la práctica, vamos a convertirnos en un país sin soberanía donde las decisiones sobre nuestro presente y nuestro futuro las tomarán los acreedores alemanes.

RESCATE A ESPAÑA: DIEZ CLAVES PARA ENTENDER QUÉ ESTÁ PASANDO

1. Que la prima de riesgo lleve varios días por encima de 500 puntos es gravísimo, pero no es lo peor. El problema más urgente no es el déficit público y cómo financiarlo (que también): es el enorme agujero de la banca. Y quién lo va a pagar.

2. Las cuentas que hacen los mercados: si Bankia necesita otros 19.000 millones de euros del dinero público para evitar el colapso, ¿cuántos millones harán falta para cubrir los boquetes del ladrillo en el resto de las entidades financieras españolas? Lo dirán los dos auditores extranjeros que van a evaluar a nuestros bancos y cajas, pero algunos informes ya hablan de entre 40.000 y hasta 200.000 millones de euros; entre el 4 y el 20 por ciento de nuestro PIB. ¿De dónde va a salir esa montaña de dinero? Es ahí donde la prima de riesgo se convierte en un problema aún peor.

3. España no tiene capacidad para conseguir esa financiación en los mercados porque el tipo de interés sería disparatado, imposible de asumir. Y si España tuviera que financiar todo ese sapo sin ayuda, la prima de riesgo subiría todavía más hasta forzar el colapso del país. Que el boquete de Bankia pasara de 4.000 millones a 19.000 millones en apenas una semana no ayuda: da la impresión de que hay un agujero «a la griega», que los balances no son de fiar. Que el presidente diga el lunes en rueda de prensa que no sabe de dónde va a salir el dinero para Bankia ayuda todavía menos.

4. Alemania hace meses que ofrece un rescate al Gobierno; Zapatero dijo no a Merkel en una docena de ocasiones y a estas alturas otras tantas llevará Rajoy. El problema es que un rescate implicaría condiciones durísimas, como las que ya padecen en Grecia, en Irlanda o en Portugal. Con un rescate, las decisiones políticas las tomarían los acreedores y el primer interés del acreedor es cobrar, no el futuro de la economía del país o el bienestar de la población. El rescate es la última opción. El Gobierno de Rajoy es consciente de estas cuentas y por eso está maniobrando para buscar otra salida a la situación que ha provocado Bankia. Ya ha intentado dos cosas: que el fondo de rescate salve a los bancos —sin pasar por el Estado— y también inyectar deuda pública directamente en ellos.

5. Lo de inyectar deuda pública en los bancos parecía una buena idea. La jugada era la siguiente. El Gobierno, en lugar de poner dinero en Bankia (y en los bancos que necesiten capital), pone papelitos: inyecta bonos del Tesoro. El banco lleva esos bonos al Banco Central Europeo (BCE), que se los cambia por un préstamo al 1 por ciento de interés; la deuda pública sirve de aval. Y así, sin necesidad de sacar una montaña de deuda al mercado de una vez, España va pagando el dinero en cómodos plazos a un tipo de interés mucho más bajo. ¿El problema? Que el BCE ha dicho que no.

6. La otra opción —que el fondo de rescate europeo inyecte capital en los bancos sin pasar por los Estados— es incluso mejor. Con esa fórmula, son los bancos a título individual quienes piden el rescate y España no tiene que asumir la recapitalización de su sector financiero: es la UE en su conjunto la que corre directamente el riesgo y la que aporta la financiación necesaria. La idea la propuso el FMI hace unos meses. Ayer por la mañana, la Comisión Europea entreabrió esa posibilidad. Sin embargo, por la tarde el vicepresidente de la Comisión y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, cerró esta puerta. ¿La razón? Alemania dice no y la normativa aprobada no permite esta opción.

7. Alemania, por muchos paseos en barco que Mariano Rajoy se dé con Angela Merkel, solo parece dispuesta a aceptar una salida para España: la intervención con todas las letras, el rescate. Si Alemania va a poner el dinero, quiere decidir cómo se gasta y eso en la práctica significa que España pierda la poca soberanía que mantiene. Como Grecia. Como Irlanda. Como Portugal. Si Merkel paga, Merkel quiere mandar. Desde el punto de vista de la canciller alemana, hay pocos motivos para fiarse de España: no se han cumplido los objetivos de déficit, las autonomías afloran deudas imprevistas una vez se ha cerrado la contabilidad, los balances bancarios no reflejan lo que dijeron los supervisores… La confianza en España está bajo mínimos.

8. El Gobierno, a la desesperada, juega sus últimas cartas con Luis de Guindos en Alemania y con otro viaje imprevisto (por mucho que desde La Moncloa se intente vestir la situación de normalidad): el de Soraya Sáenz de Santamaría a Estados Unidos. La vicepresidenta se reunirá hoy con el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, y con la directora del FMI, Christine Lagarde. El viaje de emergencia, dentro de esta situación y con Alemania diciendo no a todo (salvo al rescate), solo puede significar una cosa: que la intervención es inminente. Así lo interpretan fuentes del propio Gobierno y de la oposición.

9. Solo queda una última oportunidad: que sea el FMI quien preste el dinero a España para refinanciar a los bancos. Pero ese dinero, una vez más, vendrá con un manual de instrucciones; con una serie de condiciones, recortes y «reformas», como bien saben otros países que han acabado así. Si es el FMI quien nos rescata, el Gobierno podrá vender la idea de que en realidad no es una intervención. No es gran consuelo: en caso de ruptura del euro, es mucho mejor deber el dinero a Europa que al FMI, un organismo al que ni siquiera Argentina se atrevió a hacer un default.

10. De una manera o de otra, salvo que Alemania dé su brazo a torcer, se agota el poco margen que le quedaba a España y a su soberanía nacional. El país ya está parcialmente intervenido, hablamos del siguiente escalón. En el mejor de los casos, el rescate se camuflará de «recomendaciones» de la UE, que Rajoy aplicará al dictado a cambio de que se mueva el BCE (que hoy no está por la labor). En el escenario más probable, el rescate podría llegar en un mes, en forma de ayuda para la banca: el Gobierno de Rajoy intentará aguantar como sea hasta el 1 de julio, hasta que entre en funcionamiento el mecanismo europeo de estabilidad. Puestos a ser intervenidos, las condiciones de este organismo se supone que serán mejores que las del fondo europeo de estabilidad. En el peor de los casos, el rescate y la intervención del país podrían ser efectivos en cuestión de días, como busca Alemania. Es lo que hay.

BRUSELAS ABRE EL CIELO PARA ESPAÑA

Cosas que pasan en Bruselas (y que cuesta entender fuera de allí): el mismo comisario de Asuntos Económicos que el pasado jueves cerró la puerta a la posibilidad de que la banca española reciba una ayuda directa del fondo de rescate, hoy la abre de nuevo. Falta saber qué dice Alemania de todo esto, que tiene la llave de la salvación de España. Pero que la Comisión Europea insista en esta idea es sin duda una buena noticia para el euro y para España.

Que el fondo de rescate pueda prestar dinero directamente a los bancos que lo necesiten es una salida bastante digna para esta crisis: es la fórmula que está buscando aplicar el Gobierno de Rajoy desde hace semanas. Si se aprueba esta modificación, si Alemania da su visto bueno, el panorama se aclara en gran medida. España podría refinanciar su banca sin necesidad de tener que solicitar formalmente la ayuda de sus socios europeos. En este contexto, en lugar de ser España quien se haga cargo de sus bancos para después acudir a Europa y al FMI, sería el fondo de rescate quien directamente —y sin pasar por el Estado— prestara a los bancos españoles el dinero que necesitan.

Esta solución evitaría formalmente la consecuencia más temida de un rescate al sector financiero: la condicionalidad. Con esta fórmula, España no tendría que rendir toda su soberanía en política fiscal y económica a la troika (el BCE, el FMI y la Comisión Europea), como sí han hecho los tres países ya rescatados: Portugal, Irlanda y Grecia. Sin embargo, aun en el caso de que esta propuesta prospere, falta por conocer la letra pequeña, que en todo caso será durísima. Es muy difícil que Alemania acceda a una solución así, salvo que España ofrezca garantía plena de que aplicará hasta las últimas consecuencias los recortes necesarios para acabar con el déficit público, bajo las directrices de Alemania. Salvaríamos la honra, pero no los barcos. Y aun así no nos libraríamos de la tijera.

QUE NO PAREZCA UN RESCATE

Mariano Rajoy, en el discurso de investidura como presidente del Gobierno: «Vamos a decir siempre la verdad, aunque duela, decir la verdad sin adornos ni excusas; llamar al pan, pan y al vino, vino». Hasta en eso nos mintió. Presentaron la subida de impuestos como un «recargo temporal de solidaridad». Han bautizado a la amnistía fiscal «regularización de rentas y activos». Llamaron a la prevista subida del IVA «un cambio de ponderación en los impuestos al consumo». Y el previsible rescate e intervención de España que está a punto de llegar será camuflado por cualquier otro eufemismo que permita a Rajoy vestir de gran éxito del Gobierno esta catástrofe nacional.

El baile ha comenzado: el Gobierno busca un «rescate blando», un mecanismo de intervención de la UE que permita salvar a los bancos españoles sin que suponga una intervención completa. Todos los esfuerzos diplomáticos están dirigidos en esa dirección: encontrar la forma de que Europa o el FMI presten el dinero necesario a los bancos sin pasar por el Estado; buscar una salida que no sea humillante, un rescate que no parezca igual al que ya padecen Grecia, Irlanda y Portugal; diseñar un disfraz que permita a Mariano Rajoy no pasar a la historia como el presidente que rindió la soberanía económica del país.

¿El problema mayor? Que el mecanismo europeo de estabilidad —el fondo de setecientos mil millones que desde el 1 de julio se ocupará de ayudar a los países europeos en problemas— no permite prestar directamente a los bancos. Tiene que ser el Gobierno del país quien solicite y reciba formalmente la ayuda, y ese rescate supone la intervención. Cambiar esto no es fácil porque este fondo ya está aprobado por varios parlamentos europeos —el de Francia y el de Eslovenia—, y no hay tiempo para reescribir ese tratado. El dinero para la banca española se necesita ya.

A contrarreloj, los equipos negociadores están buscando un subterfugio legal que permita superar este importante obstáculo. Se proponen varias alternativas: que la ayuda a la banca la reciba el FROB —el actual fondo de rescate—. O que el Gobierno cree un nuevo Special Purpose Vehicle: una sociedad instrumental a través de la cual España podría recibir y distribuir el dinero para la banca. Este tipo de entidades son habituales en la gestión de bancarrotas de empresas y sirven para aislar el riesgo: como un parachoques para que las posibles pérdidas que provoque el rescate a la banca salpiquen lo menos posible al Estado. La idea que plantea el Gobierno pasa incluso por que esta sociedad instrumental pueda emitir deuda para aumentar así su potencia de fuego.

En cualquier caso, este rescate «blando» también implicaría condiciones: Alemania —muy presionada por Estados Unidos— ha abierto un poco la mano, pero sigue negándose a que España reciba esta ayuda sin entregar prendas a cambio. De una manera o de otra, España afrontará nuevos recortes y perderá gran parte de su soberanía económica, por mucho que Rajoy asegurara hace una semana que «no habrá rescate a la banca»; por mucho que hoy se pretenda camuflar.

¡QUÉ SUERTE! ¡POR FIN HEMOS SIDO RESCATADOS!

«Las condiciones son extremadamente favorables», los tipos de interés serán «más bajos», «es un apoyo financiero que no tiene nada que ver con un rescate», es «un ejercicio de transparencia», «es bueno para la economía española y es bueno para el euro», «ayudará a las familias y a las empresas», «es el camino a la recuperación y al empleo»… Es, por resumir, tan cojonudo, tan estupendo y tan fantástico que, tras escuchar al ministro Luis de Guindos, no se entiende que el rescate no se haya pedido antes.

«Las noticias que traemos hoy son positivas», dice Luis de Guindos ante la estupefacción de la sala de prensa, que pensaba que estaba ante el ministro del cuarto país de Europa en tener que solicitar un rescate y se encuentra con la celebración de una victoria. Tal vez por eso el presidente de Gobierno, en su infinita modestia, ha preferido que sea su ministro de Economía el que se apunte el tanto. «No me he sentido presionado en lo más mínimo, en absoluto», dice De Guindos al referirse a sus socios europeos, esos amigos que otorgan este generoso apoyo a nuestro amado líder, Mariano Rajoy. ¿Un rescate dulce? No, es mejor aún: es un aperitivo de las victorias que esperan a la Roja en la Eurocopa. ¡Viva el rescate! ¡Viva la virgen del Rocío!

Pregunta un periodista: «Si según usted la sociedad no va a sufrir, ¿por qué no se ha pedido antes el rescate?».

Responde De Guindos: «A usted no le tocaba preguntar ahora».

LA LETRA PEQUEÑA DEL RESCATE A ESPAÑA

Ya es oficial: España es el cuarto país de la zona euro que se acoge a un rescate para salvar sus cuentas. Por mucho que el Gobierno intente disfrazar la realidad, por mucho que sea solo un rescate financiero (como el de Irlanda, ni más ni menos), la realidad es que España pierde hoy gran parte de su soberanía. Aunque no hay condiciones explícitas para la política económica y fiscal del país, las hay implícitas. La UE y el FMI no nos van a regalar 100.000 millones de euros.

El rescate no se condiciona de forma directa a unos ajustes concretos —como a Grecia, Portugal e Irlanda—, pero el propio comunicado del Eurogrupo deja claro que sí hay recortes pendientes: «El Eurogrupo está convencido de que España va a cumplir sus compromisos sobre el excesivo déficit y con las reformas estructurales, con el fin de corregir los desequilibrios macroeconómicos en el marco del semestre europeo. El progreso en estas áreas será vigilado muy de cerca y regularmente revisado en paralelo a la asistencia financiera. Traducido: si no se cumple pronto con el déficit, el grifo para la banca también se cierra.

En próximas fechas, tal vez la próxima semana —hay quien dice que será mejor que llegue antes de las elecciones griegas—, Mariano Rajoy nos develará a los españoles la cara oculta de esta «ayuda» exterior. Aunque el rescate no esté formalmente condicionado, sí lo está implícitamente: el dinero para salvar a nuestra banca no saldrá gratis para la sociedad. Desde hace años, desde Alemania recetan a España cuatro medidas para el ajuste fiscal, para cuadrar las cuentas públicas. Cuatro grandes recortes de los que Rajoy nos hará tomar dos tazas: pensiones, funcionarios, IVA y prestaciones por desempleo.

El Gobierno da por descontado dos de estos tijeretazos —subida del IVA y recorte a funcionarios— y se resiste como puede a los otros dos: a tocar las pensiones y las prestaciones para los parados. «Las dos primeras están ya casi descontadas, pero las otras dos provocarían serios problemas sociales», asegura un alto cargo del Gobierno.

Subida del IVA. No se trata solo de subir otros dos puntos el tipo máximo, del 18 por ciento al 20 por ciento o al 21 por ciento. También pasa por cambiar determinados productos y servicios del IVA reducido al IVA normal. Por ejemplo, los hoteles y restaurantes. En gran parte de Europa pagan el IVA normal. Aquí, por ahora, es IVA reducido.

Recorte a funcionarios. Casi con seguridad, se congelarán las nuevas plazas y también se recortarán los salarios, probablemente mediante reducciones en las pagas extras y en los complementos. La línea roja está en los despidos: en reducir el número total de trabajadores públicos, no solo eliminando interinos. No sería novedad en un país intervenido: ya ha pasado en Irlanda, en Grecia y en Portugal.

Pensiones. Es uno de los recortes que el Gobierno intenta evitar, consciente de su tremenda impopularidad. Hay tres ingredientes en esta receta: elevar aún más la edad de jubilación —en Irlanda, por ejemplo, ya están en los 68 años—, acelerar la entrada en vigor de la jubilación a los 67 y, como última opción, recortar las pensiones que ahora mismo se pagan.

Prestaciones por desempleo. En dos formatos: endureciendo las condiciones para acceder al seguro de desempleo y reduciendo su cuantía y duración.

Además de estos cuatro duros recortes que se baraja, prepárense también para la pedrea: tasas, copagos, peajes, privatizaciones… El Gobierno español pretende pasar a la historia como el primero en Europa que afrontó una intervención sin perder el poder y sin dar siquiera la cara —que Rajoy no comparezca es insultante—. Después de todas sus mentiras, a pesar de su reciente mayoría absoluta, ¿tendrán la legitimidad social necesaria para convencer a los ciudadanos de que acepten un ajuste así?

LAS SIETE GRANDES MENTIRAS SOBRE EL RESCATE ESPAÑOL

Luis de Guindos: «Es un apoyo financiero que no tiene nada que ver con un rescate». «No hay ni el más mínimo rescate al respecto».

Falso. El dinero sale de los fondos europeos de rescate y se presta al Estado, no directamente a los bancos, como pretendía España. Aunque las condiciones sean un poco diferentes a las de los otros países rescatados, la realidad es que España se ha convertido en el cuarto país de Europa en recurrir a estas ayudas, tras Grecia, Irlanda y Portugal. Así lo ve toda Europa y la prensa internacional.

Mariano Rajoy: «Lo que hay es una línea de crédito».

Falso. No son los bancos los que piden el dinero prestado a Europa, se comprometen a devolverlo y pagan los intereses. Es España, a través de una entidad pública: el FROB. La mayoría de los bancos no recibirán préstamos desde el FROB —no los podrían devolver—, sino inyecciones de capital.

Mariano Rajoy: «No afecta al déficit público».

Falso. Todo el dinero que pida prestado al FROB irá a la deuda pública y sus intereses, al déficit. Si se alcanzan los 100.000 millones y el tipo de interés, como se dice, es del 3 por ciento, supondrá 3.000 millones de euros más en el déficit anual: por comparar, es dos veces lo que ahorró Zapatero congelando las pensiones en 2010.

Mariano Rajoy: «El que ha presionado he sido yo. A mí nadie me ha presionado».

Falso. Europa —especialmente Alemania y los países del norte— ha presionado a España para que acepte esta opción. Dentro del desastre, el procedimiento de rescate no es especialmente malo: había opciones mucho peores. Pero tampoco es el modelo soñado por el Gobierno español, que habría preferido una intervención del BCE o un rescate directo a los bancos sin que el Estado tuviera que avalar la operación.

Luis de Guindos: «Ayudará a las familias y a las empresas». «Servirá para que vuelva a fluir el crédito, para que crezca la economía y se cree empleo».

Falso. El dinero público inyectado a los bancos irá a provisiones de pérdidas, no al crédito. De hecho, a corto plazo lo más probable es que el crédito se restrinja aún más porque todas las entidades financieras —las buenas, las regulares y las malas— tendrán que aumentar aún más sus provisiones, por lo que no podrán prestar.

Cristóbal Montoro: «No van a venir los hombres de negro».

Falso. La temida troika —el FMI, el BCE y la Comisión Europea— también va a aterrizar en España. Serán ellos quienes decidan la reestructuración del sector financiero y vigilen «de cerca y regulamente» el cumplimento de los compromisos españoles contra el déficit.

Luis de Guindos: «Las condiciones se les van a imponer a los bancos».

Falso. España va a tener que firmar un memorandum of understanding: un tratado, como el de Grecia, Irlanda y Portugal. Y en el propio comunicado del Eurogrupo queda claro que la ayuda al sector financiero está condicionada al cumplimiento de los compromisos anteriores de España en la lucha contra el déficit. No hay condiciones explícitas, pero sí las hay implícitas. En breve veremos nuevos recortes y subidas de impuestos, por mucho que el Gobierno hoy los niegue con la misma contundencia con la que antes negó el rescate.

ESPAÑA NECESITA OTRO RESCATE, UNO MORAL

En el Congreso de los Diputados no hay tiempo para una comisión de investigación sobre Bankia o para una comparecencia del presidente del Gobierno explicando el rescate a España. Están muy ocupados con otras cosas. Hoy llega al parlamento la ley contra las pitadas al himno. Se ha tramitado de urgencia.

En el resto de Europa, un rescate suele conllevar la caída del Gobierno o la convocatoria de elecciones anticipadas. No así en España. Aquí el rescate es un éxito y no merece siquiera que Rajoy lo explique ante la cámara donde reside la soberanía popular, que no es el estadio donde juega la selección en Polonia.

El máximo responsable de los jueces españoles sigue encastillado y en el Supremo debaten qué hacer. No acaban de tener claro si es delito gastar varios miles de euros del dinero de los españoles en cenar con su amigo: un escolta ascendido a asistente personal y jefe de seguridad al que le han dado más medallas que a Rambo. De la responsabilidad política mejor no hablamos. Como dice el Gran Wyoming, dimitir en España es como cenar a las 7: algo que solo se hace en el resto de Europa.

El consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano, presume ayer por la mañana del éxito del rescate: «Es una buena noticia porque la bolsa está subiendo y la prima de riesgo está bajando». Por la tarde, la Bolsa baja, la prima sube y el consejero calla.

La policía detiene en Fuenlabrada a un hombre por abuchear a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es la misma Esperanza Aguirre que no hace tanto aplaudía los abucheos a Zapatero como una muestra de libertad de expresión. Es una libertad de expresión no transitiva.

Pese al éxito de esa «línea de crédito» que nos han dado, la prensa internacional ya habla de que hará falta un segundo rescate para España. Tienen toda la razón, pero no solo es cuestión de dinero: hace falta un rescate moral de este país si no queremos que se hunda en un pantano.

DIEZ CLAVES SOBRE GRECIA, EL RESCATE A ESPAÑA Y LA CRISIS DEL EURO

1. La situación en Grecia es una bomba. Hasta los conservadores de Nueva Democracia ya plantean que hay que renegociar la deuda y esto no gusta nada a Alemania y al resto de los países de su entorno, que amenazan abiertamente con sacar a Grecia del euro si no cumple con las condiciones pactadas. Es un juego del gallina —dos coches lanzados uno contra otro donde pierde quien pega un volantazo— en el que nadie parece querer ceder en su órdago: ni Grecia, que está desesperada, ni Alemania, que quiere dejar claro quién manda y no parece dispuesta a aceptar una renegociación griega que considera un chantaje.

2. Si Grecia sale del euro y deja de pagar parte de sus deudas, ¿quién garantiza que no pasará igual con otros países europeos? De ahí, de la falta de una respuesta creíble de la UE ante esta pregunta, llegan todos los problemas que sufrimos con la prima de riesgo en el Mediterráneo. Si Grecia vuelve al dracma sería catastrófico porque, además de las tensiones en los mercados, podría provocar pánico bancario. Muchos ahorradores e inversores de los países cuestionados —Portugal, España, Irlanda e Italia— correrían a sacar su dinero del banco para llevarlo hacia refugios más seguros: hacia Alemania, Estados Unidos, Suiza o el Reino Unido. Ante tal situación —como pronosticó Krugman hace ya un mes— solo se pueden hacer dos cosas: o masivas inyecciones de dinero por parte del BCE y demás bancos centrales o imponer límites al movimiento de capitales. Hace dos días, Reuters avanzó que estos planes ya están en marcha. La misma agencia ha publicado hace unas horas que los principales bancos centrales del mundo están trabajando ya en un plan de contingencia por si Grecia sale del euro.

3. La propia directora del FMI, Christine Lagarde, ha advertido en repetidas ocasiones que el futuro del euro se decide en los próximos tres meses, pero el fin de la moneda única podría llegar incluso más rápido. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Margallo, ve al FMI demasiado optimista: «El destino de la UE se juega en estos días, quizás en estas horas. El plazo de tres meses que dio Lagarde quizás es demasiado largo».

4. La posibilidad de una ruptura del euro penaliza a la prima de riesgo de España (y a la de Italia) por motivos obvios. El fin de la moneda única y la vuelta de la peseta provocarían una devaluación cercana al 33 por ciento, según los cálculos de Fitch. Los acreedores que prestaron a España — tanto al sector público como al privado— se verían forzados a cobrar en esa moneda devaluada, por lo que podrían perder gran parte del dinero.

5. Una ruptura desordenada del euro (¿es posible acaso hacer tal cosa de forma «ordenada»?) sería terrible para los países ricos. El nuevo marco se revalorizaría tanto que griparía las exportaciones alemanas, el motor de su economía. Además, los bancos alemanes y franceses tienen invertidos en Italia y España 730.000 millones de euros; Estados Unidos se juega 450.000 millones. Si el euro explota, provocaría una enorme onda de choque. Lo que pasó con Lehman Brothers parecería una bromita en comparación.

6. Entonces, ¿por qué Alemania no da su brazo a torcer con la minúscula Grecia? ¿Por qué jugar a la ruleta rusa cuando los riesgos son tan grandes? Hay que situarse desde el punto de vista alemán. Si Alemania paga, Alemania quiere decidir. Desde su perspectiva —y algo de razón no le falta—, los países mediterráneos han despilfarrado, han engañado en sus cuentas, han gestionado la economía de forma irresponsable y no han arreglado las cosas cuando aún estaban a tiempo. Angela Merkel tiene una estrategia: aprovechar la presión de la prima de riesgo para apretar las tuercas a sus socios bajo su modelo económico. Tensar la cuerda, probablemente sin permitir que se rompa (o al menos eso esperamos todos). Para entender la posición alemana y saber cómo piensan los hombres de negro, conviene leer la entrevista publicada hoy en El País al presidente del Bundesbank.

7. Pero el plan de rescate parcial a España no solo ha fracasado por Grecia y la crisis del euro: hay otros motivos que explican ese nuevo récord de la prima de riesgo. Los detalles sobre el préstamo de hasta 100.000 millones de euros para España aún no están definidos por completo, pero todo apunta a que el rescate será una deuda preferente. Es decir: que en el caso de que España tuviese problemas para pagar —que es el «riesgo» que tanto se nota en la prima, en los intereses— primero cobrarían los fondos de rescate y después los demás. En total, entre el BCE y el nuevo plan se calcula que el 15 por ciento de la deuda española estará pronto en manos de acreedores preferentes. Al 85 por ciento restante no le hace nada de gracia ser los segundos en la cola si hay problemas.

8. Además, la UE no entiende los mensajes políticos que envía Mariano Rajoy para intentar salvar su cara ante los españoles. Presentar el rescate como un gran éxito de España y decir que fue el presidente español quien «presionó» a Europa irrita a muchos líderes europeos. Ya llueve sobre mojado. Es el mismo Rajoy que votó en contra del plan de recortes de Zapatero en 2010 (a pesar de que Merkel lo llamó para pedir que lo apoyara); el mismo que hace tres meses dijo que incumpliría el compromiso del déficit por una cuestión de «soberanía nacional»; el mismo que ha recuperado la deducción por vivienda en el IRPF, a pesar de que no hay técnico que defienda esta desgravación; el mismo presidente que retrasó durante tres meses los presupuestos generales del Estado porque tenía elecciones en Andalucía; el mismo que desafió al gobernador del BCE y no quiso nombrar al frente del Banco de España al mejor candidato de todos, a González Páramo: alguien que podía llamar a Mario Draghi para pedir ayuda y que al menos le cogiera el teléfono.

9. ¿Es posible un segundo rescate integral a España, uno al estilo de Portugal o Grecia? Sin duda. Si el tipo de interés del bono español sigue subiendo y España es incapaz de financiarse en los mercados, tendrá que recurrir al rescate con todas las letras, como ofrece desde hace tiempo Alemania. Lo que se ha hecho con España no deja de ser un experimento: intentar que la financiación del fondo de rescate no secara la financiación privada, como pasó con el resto de los países rescatados. De momento, la prueba no parece funcionar y la prima ha seguido subiendo, aunque no se sabe si es por Grecia o porque el plan no funcionará en ningún caso.

10. Irónicamente, la mejor solución para España pasa por que se deteriore la situación en Italia. Si solo cae España, el parche del fondo de rescate llega. Si a España se suma Italia, la factura ya empieza a ser demasiado grande y Alemania tendría que plantearse otras opciones que no pasen por el modelo de rescate actual —con intervención de la troika y penitencia en el pago de intereses—. De lo que no nos vamos a salvar, eso seguro, es de la letra pequeña del rescate: de esos nuevos recortes que Bruselas y Berlín exigen y que llegarán sí o sí en cuestión de días o semanas. ¿En el Consejo de Ministros de hoy? Podría ser, aunque lo más probable es que los principales tijeretazos se descubran después de la votación de Grecia, cuando ya haya terminado el partido del siglo del euro de esta semana.

LOS SIETE MAGNÍFICOS DE BANKIA

La imagen es de hace poco más de un año: es la foto de esa boda que ahora Esperanza Aguirre dice se celebró «a punta de pistola». De los siete, cuatro eran militantes del PP. Solo uno contaba con formación financiera. De izquierda a derecha, un repaso a los méritos y salarios de estos siete novios para siete cajas que han dejado el mayor agujero financiero de la historia de España.

1. Atilano Soto. Militante del PP desde 1978, desde los tiempos de Alianza Popular. Doctor en Filosofía y licenciado en Sociología. Preside la Caja de Segovia desde 1997 y hoy sigue en el cargo. Durante años compatibilizó el puesto con el de presidente de la Diputación de Segovia (1991-2003), presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, presidente del Patronato Provincial de Turismo, consejero delegado de la empresa Segovia 21 y unos cuantos cargos más hasta superar la decena. Solo como consejero de BFA, la matriz de Bankia, cobró el año pasado 128.000 euros por trece reuniones, aunque lo que cobra en total es un misterio. UPyD ha presentado una demanda ante la Fiscalía para aclarar de dónde sale el resto de los salarios y las pensiones millonarias que paga —con el dinero de todos— la Caja de Segovia.

2. Agustín González. Militante de Alianza Popular desde 1983. Presidente de Caja Ávila, alcalde de El Barco de Ávila, presidente de la Diputación de Ávila, presidente de ASIDER —la asociación que gestiona los fondos europeos en la zona—, presidente de la mancomunidad de servicios de Barco y Piedrahita, presidente de la Fundación Cultural de Santa Teresa, consejero de la corporación Madrigal y consejero de BFA, entre otras muchas cosas. En total, llegó a ejercer trece cargos simultáneos. En una entrevista, hace unos meses, aseguró que «solo cobra un sueldo como presidente de la Diputación», lo que después se demostró falso: solo entre Bankia y Caja de Ávila cobró el año pasado 224.094 euros en dietas, pensiones y remuneraciones varias. Antes de dedicarse a la política, trabajó como maestro en su pueblo. No tiene formación conocida en economía ni en finanzas.

3. José Luis Olivas. Estudió Derecho pero apenas ejerció la abogacía. Comenzó su carrera política en la UCD a los 25 años para después pasar al PP. Fue concejal en Valencia, consejero en varias carteras de la Generalitat Valenciana con Eduardo Zaplana, secretario general del PP en la región, y en 2002 se convirtió en presidente de la Generalitat tras el nombramiento de Zaplana como ministro de Trabajo. Dejó el puesto a Francisco Camps en 2003 y poco después fue nombrado presidente de Bancaja y del Banco de Valencia —ya quebrado—. En 2011 ganó 1,62 millones de euros como vicepresidente de Bankia.

4. Rodrigo Rato. Militante de AP desde 1979. Es licenciado en Derecho en el ICADE y tiene un máster en Administración de Empresas en Berkeley (California). Al menos es el único de todos los que aparecen en la foto que tiene formación económica: en 2003, con 53 años y ya como vicepresidente del Gobierno, se doctoró en económicas por la Universidad Complutense. Tras su paso por el Gobierno, fue nombrado director gerente del FMI, un puesto que abandonó, por la puerta de atrás y por motivos aún por explicar, antes de que terminara su mandato. ¿Su sueldo del año pasado? 2,32 millones de euros. Bankia está negociando con él una indemnización de 1,2 millones por la dimisión.

5. Juan Manuel Suárez del Toro. Ingeniero industrial. Presidente de Caja Insular de Canarias y, al mismo tiempo, presidente de Cruz Roja Española desde 1994. ¿Su sueldo en Bankia? 235.000 euros el año pasado.

6. Jaume Boter de Palau. Fue presidente de Caixa Laietana desde 2004 hasta 2011. Antes fue vicepresidente de la caja (desde 1998). Es floricultor y perito agrario de profesión, y miembro de varias asociaciones culturales de Mataró.

7. Fernando Beltrán. Presidente de Caja Rioja desde 1995 hasta 2011. Abogado laboralista, experto en expedientes de regulación de empleo y convenios colectivos. Es vocal en varias comisiones de la CEOE. En 2009 fusionó su bufete de abogados con Garrigues.

LOS ESTAFADORES QUE MINTIERON A LA UE GANAN EN GRECIA (Y LA UE LO CELEBRA)

Gana la derecha en Grecia, la misma derecha que engañó a Europa y manipuló las cuentas públicas con la bien pagada ayuda de Goldman Sachs; fue en esa estafa a la UE y a los griegos donde nació esta crisis del euro de nunca acabar. Gana el candidato de Angela Merkel y Alemania al fin es generosa: ya no hará falta sacar a Grecia de la moneda única y habrá concesiones en el plan de rescate, ese mismo plan de rescate que hace unos días era pecado mortal tocar. Gana Andonis Samarás, el coherente político que en 2010 votó en contra del plan de rescate y ahora lo presenta como la única alternativa al caos.

En Grecia el sudoku político es hoy mucho más sencillo que en las elecciones de hace unos meses, pero todavía faltan algunas piezas por encajar. A pesar de un sistema electoral donde el más votado se lleva un bonus de cincuenta escaños —un sexto del parlamento—, el partido Nueva Democracia (30 por ciento de los votos) no alcanza la mayoría absoluta. El socio obvio es el Pasok (12 por ciento). Pero los derrotados socialistas no quieren cavar aún más profundo en la sima electoral en la que están, ejerciendo de mamporreros de la derecha y la troika. Venderán muy caro su apoyo y aun así tendrán deserciones de sus propias filas con cada medida dura que el nuevo Gobierno tenga que aprobar.

Algunos diputados del Pasok han puesto hace unas horas una primera condición para entrar en el Gobierno, que parece imposible: que también entre en el pacto Syriza y sea así un Gobierno de unidad nacional. Pero Syriza (26 por ciento) no está por la labor: consolidado como el principal partido de la oposición, puede capitalizar un descontento que en Grecia no va a frenar.

Probablemente el nuevo Gobierno llegará pronto y los remilgos del Pasok sean más una estrategia negociadora que un verdadero veto; tal vez con ellos entre también Izquierda Democrática. Con todo, el problema político de Grecia continuará. Habrá al fin un Gobierno pero no contará con un sólido respaldo social. Con una abstención del 40 por ciento y menos del 50 por ciento de los votos dentro de esa hipotética coalición entre Nueva Democracia, Pasok e Izquierda Democrática, seguirá siendo muy difícil sacar adelante los nuevos recortes que la troika quiere imponer a esta castigada sociedad.

Hay que seguir de cerca lo que pasa en Grecia. Puede que en España, en unos años, todo ese complejo escenario político y ese fragmentado parlamento nos resulten familiares.

POR QUÉ SUBE LA PRIMA DE RIESGO: CUATRO TEORÍAS

Es la misma prima de riesgo que se calmaría cuando cambiáramos la Constitución; la misma que tenía nombre y apellidos y se llamaba Rodríguez Zapatero; la misma que bajaría en cuanto gobernara Rajoy, en cuanto se aprobara el plan de rescate a la banca, en cuanto pasaran las elecciones griegas… Es la misma prima de riesgo que continúa disparada, agotando todas las excusas y coartadas, asfixiando nuestro presupuesto público, hipotecando nuestro futuro. ¿Por qué sigue subiendo? ¿Por qué subió ayer cuando se suponía que debería de bajar? Cuatro teorías —todas basadas en las hipótesis de varios economistas informados con los que he charlado en las últimas horas— para explicar el porqué. Probablemente la respuesta correcta sea una mezcla de las cuatro en proporciones hoy difíciles de calcular.

1. La prima sube porque es un buen negocio. El mercado de la deuda soberana está hoy casi cerrado para España. Desde que las agencias de calificación nos quitaron los galones, los inversores más estables —fondos de pensiones y similares— ya no pueden entrar porque, por norma, solo pueden comprar valores etiquetados como seguros. Solo se están cubriendo las subastas de la deuda —hoy habrá otra— gracias a los propios bancos españoles y poco más. El rescate de la banca ha secado aún más la financiación privada. Apenas se mueve dinero en el mercado secundario y todos estos ingredientes conforman el caldo de cultivo ideal para que los especuladores hagan un gran negocio hundiendo al bono español mientras el BCE se niega a actuar.

2. La prima sube porque no se conocen los detalles del rescate. «No se sabe de dónde va a salir el dinero, si va a ser del fondo temporal, o del fondo permanente de rescate, o qué efecto tendrá sobre la deuda pública española», dijo ayer muy contundente el presidente del Banco Mundial. Robert Zoellick lo explica muy clarito: «Europa ha desaprovechado una bala». «La ejecución de la iniciativa fue extremadamente pobre». «Es alucinante que estemos hablando de poner 100.000 millones encima de la mesa y el mercado lo tome como algo negativo». De todos los detalles por conocer, hay uno fundamental: si Alemania permitirá (como pide Obama, Francia y el FMI) que el fondo de rescate preste directamente a los bancos sin pasar por los Estados y evitar así que España se hunda, arrastrada por una deuda privada que se convierte en deuda pública (como ya pasó con Irlanda). Hoy todo apunta a que Merkel no va a pasar por ahí.

3. La prima sube porque el Gobierno no ha entregado prendas (y lo ha hecho fatal). El FMI y Bruselas piden a Rajoy que suba el IVA, que acelere la reforma de las pensiones, que rebaje los sueldos a los funcionarios y que reduzca las prestaciones por desempleo (entre otras cositas más). En lugar de eso Rajoy subió el IRPF (y al mismo tiempo lo bajó con la deducción por vivienda), enredó con el copago y recortó las becas y la inversión. «Está haciendo lo mismo que intentábamos nosotros», explica una persona del equipo económico de Zapatero: «Recortar poco y que parezca que hace mucho, pero el mercado no se lo va a tragar». Alemania tampoco se lo traga, no ve avances sustanciales en la lucha contra el déficit, no se fía de las cuentas públicas (y menos aún de las autonomías) y por eso no va a dar ni agua a España hasta que vea medidas drásticas. Por eso el BCE tampoco actúa: porque la prima de riesgo es la medida de presión con la que Merkel quiere disciplinar a sus socios del sur (incluso a riesgo de que la cuerda se rompa).

4. La prima sube porque puede que España no vaya a pagar. Es una profecía autocumplida: cuanto más sube la prima, más probable es un default (un impago), porque los intereses aumentan y hacen más insostenible la situación. A esta tesis se sumó ayer Wolfgang Münchau, uno de los columnistas más influyentes del Financial Times, a propósito de la encrucijada de la eurozona y el permanente veto alemán a todo lo que suene a unión bancaria o eurobonos: «¿Qué pasa si no hay un acuerdo? En ese caso, creo que Italia y España tendrían que dejar la zona euro. (…) Si Italia y España abandonan el euro, es probable que también recurran a un default en su deuda. Tal acto probablemente provocaría el colapso del sistema financiero europeo, algo que en última instancia también repercutiría en Italia y España. Pero, irónicamente, una salida italiana o española del euro probablemente terminaría por dañar a Francia y Alemania más que a Italia o España». Se supone que esto debería de ser una buena señal.

Y una última razón, que es el gran motivo y está presente desde que esta crisis empezó: la prima de riesgo sube porque tenemos una unión monetaria pero no una verdadera unión económica con un tesoro común. Krugman hoy lo explica muy bien.

¿TAMPOCO PUEDEN QUEBRAR LAS AUTOPISTAS?

No hay dinero para rescatar a las familias, a los parados, a los hipotecados, a los enfermos, a los ancianos… No hay dinero para nadie, pero siempre hay excepciones. No solo son sistémicos los bancos, a los que no se puede dejar caer, cueste lo que cueste. En este capitalismo de bingueros, donde los beneficios son privados pero las pérdidas son públicas, tampoco pueden quebrar las concesionarias de autopistas. El Gobierno prepara un nuevo plan de rescate para estas ruinosas inversiones. Será el tercero en apenas unos años. En 2009 y en 2010 —con inusual consenso parlamentario— el Congreso aprobó sendos paquetes de ayudas millonarias para las autopistas. No fue suficiente y El País publica hoy que el Gobierno estudia cómo tapar con dinero de los contribuyentes ese enorme agujero: son 3.800 millones de euros.

¿Acaso no puede quebrar una autopista? Desde el Gobierno temen que, en caso de bancarrota, la Administración acabe en el juzgado y tenga que hacerse cargo en cualquier caso de la deuda. Hay argumentos legales para ello: las concesiones se hicieron sobre cálculos de tráfico que jamás se cumplieron, la ley del suelo de Aznar disparó los costes de expropiación de los terrenos y las cuentas, por tanto, jamás salieron. Puede que sea así, que no haya otra salida, pero no es un gran consuelo tener que elegir entre lo malo y lo peor. ¿Acaso las autopistas que generan más ingresos de lo esperado devuelven ese dinero a la Administración?

Con estos obscenos rescates se corrompe una de las reglas más elementales del capitalismo: que el que invierte tiene derecho a ganar porque se arriesga a perder su dinero. Nuestro capitalismo enfermo cada día se parece más a la física y a sus contradicciones. Las reglas que funcionan en las grandes estrellas no rigen igual para las partículas subatómicas. Si debes cien mil euros y no puedes pagar, tienes un gravísimo problema. Si debes mil millones, el problema es de otro.

EL AGUJERO DE BANKIA EN NÚMEROS QUE SE ENTIENDEN

Hay una foto para la historia. Siete encorbatados, tan contentos. De los siete, cuatro eran militantes del PP. Solo uno contaba con formación financiera. Son los siete magníficos, los siete fundadores de Bankia, los siete genios que nos han dejado en herencia un inmenso agujero a repartir a escote entre todos los contribuyentes. Hoy BFA —la matriz de Bankia— vale menos que nada: menos 13.635 millones de euros.

Para los que se pierden con las grandes cifras, 13.635 millones son:

• 30 veces más que lo que Sanidad ahorrará con el medicamentazo (440 millones de euros).

• 82 veces más de los recortes en becas para este año (122 millones).

• 71 veces más que los recortes a la minería (190 millones).

• Más del doble de lo que el Estado recaudó con la última subida del IVA (6.500 millones).

• Casi nueve veces más de lo que ahorró el Gobierno de Zapatero con la congelación de las pensiones (1.530 millones).

• 24 veces más de lo que el Estado ha recaudado en los primeros cinco meses del año con la última subida del IRPF (559 millones).

• 2,2 billones de las (futuras) pesetas.

• 290 euros por español, niños incluidos.

Los 13.635 millones de euros no son el único agujero. A esta cifra hay que sumar el robo que supone para toda la sociedad que haya quedado también arruinada la obra social de las cajas, algunas de ellas centenarias.

Un aplauso para los siete magníficos. Se lo han ganado.

ESPAÑA, INTERVENIDA

Viendo la velocidad a la que llega lo inevitable, solo sorprende una cosa: el empeño del Gobierno de Rajoy en negar la realidad. Estaba cantado: el rescate millonario a la banca no saldrá gratis. Como era de esperar, la ayuda viene con condiciones y no son solo para el sector financiero. Como toda Europa recordaba (y el Gobierno negaba), las recetas de la Comisión Europea son órdenes y no consejos o sugerencias. Como muchos nos temíamos, los sacrificios más duros serán para los españoles, no para los verdaderos culpables.

Esta madrugada se confirmó la catástrofe. España queda en manos de la troika —la UE, el FMI y el BCE—, que mandará cada tres meses a sus «hombres de negro» a revisar nuestras cuentas, además de supervisar a la banca. Las consecuencias directas de esta situación no solo van a ser la subida del IVA y el recorte a los funcionarios que ayer anunció el Gobierno. Sobre la mesa están recortes en las pensiones o en el subsidio de desempleo, como ha confirmado el vicepresidente de la Comisión europea, Olli Rehn. No es una intervención equivalente a la de Grecia, Irlanda y Portugal, pero es una intervención en cualquier caso: una vuelta de tuerca más en ese proceso que comenzó con Zapatero en mayo de 2010, que cambió nuestra Constitución el pasado verano y que ahora, tras el naufragio de Bankia, alcanza un grado más.

El Gobierno tendrá que presentar este mismo mes un plan para los próximos dos años. Entre mañana miércoles, con Mariano Rajoy en el Congreso, y el Consejo de Ministros del viernes 13, seguramente conoceremos el resto de los recortes. Están ya cantados: subida del IVA (probablemente del tramo máximo, además de cambios entre los tipos reducidos), despidos de empleados públicos, recortes para los funcionarios (en la jornada laboral y probablemente también en el sueldo), aumento de tasas y copagos, recorte en las pensiones (o acelerar la entrada en vigor de los 67 años, o ambas medidas al tiempo), eliminación de la deducción por vivienda (tal vez retroactiva)…

En resumen: todo lo que el PP dijo que no haría mientras ejerció la oposición y que una y mil veces negó en el Parlamento.

De Guindos está contento: «España logró dos buenos acuerdos». El Gobierno, aún más: presume de haber cumplido «en seis meses» la mitad de las promesas de Rajoy en la investidura. Los éxitos son tan apabullantes que sorprende que no lo celebremos en Cibeles: ¡Campeones, oe!

¿PALABRA DE RAJOY?

Es el mayor recorte de gasto público de la historia de España: 65.000 millones en dos años y medio. La cifra es tan apabullante que solo admite una comparación posible, una equivalencia de dolorosa simetría: es casi idéntica a la factura del rescate a la banca (60.000 millones es el último cálculo). Hace apenas un mes, antes de irse a la Eurocopa, Mariano Rajoy nos contó que «esa línea de crédito» solo tendría condiciones para los bancos y no para los ciudadanos. Fue otra mentira más. Otra de tantas.

España está intervenida y ayer en el Congreso la troika se hizo carne. Y vísceras. Y sangre. Nada se salva de la tijera, tampoco la imagen de Rajoy, que sale del Parlamento cruzado de costurones. No hay crítica más letal contra el Gobierno que sus propias palabras pronunciadas hace no tanto. Subir el IVA es «un disparate en tiempos de crisis», «afecta fundamentalmente a pensionistas y parados», es «la puntilla para nuestro comercio, nuestro turismo y nuestra industria». Bajar el sueldo a los funcionarios es «recortar los derechos de los más débiles». «Yo no soy como usted, que le subió el IVA a la gente y no lo llevaba en su programa», le dijo Rajoy a Rubalcaba en el debate electoral, en noviembre. «Yo lo que no llevo en mi programa no lo hago».

El presidente esbozó ayer dos excusas para justificar esta flagrante estafa democrática. La primera: no podemos rechazar estos sacrificios porque «no tenemos esa libertad». La segunda: «Las circunstancias han cambiado». Tiene parte de razón en ambas. España ha perdido la poca soberanía y libertad que aún mantenía porque las circunstancias han cambiado: a peor desde que Rajoy gobierna. La herencia económica que el PP recibió de Zapatero (y de las autonomías) fue la más nefasta de la democracia, pero la gestión de la derecha ha agravado el problema. El PP estaba convencido de que la mera aparición mariana en La Moncloa serviría para «recuperar la confianza» y ese dogma de fe ha resultado falso; nada peor que creerte tu propia propaganda. El mejor resumen de la gestión de Rajoy está en la prima de riesgo y en su evolución frente a Italia e Irlanda. En noviembre del 2011, España pagaba menos por su deuda que ambos países. Hoy Italia paga casi un punto porcentual menos (e Irlanda casi medio punto menos) en el bono a diez años. En esta Eurocopa, los italianos nos ganan por goleada.

Frente al discurso de Rajoy, y sus excusas, Alfredo Pérez Rubalcaba explicó bien los muchos errores cometidos por el Gobierno en estos meses, pero le faltó una respuesta más contundente ante los recortes recién anunciados. El líder del PSOE, encorsetado con esa «oposición responsable» y pactista que gran parte de sus votantes no entienden, quiso hacer el debate del estado de la nación nunca convocado. Rubalcaba perdió así otra oportunidad de canalizar el descontento de una sociedad cada día más alejada del Parlamento. Si el recorte que anunció Zapatero en mayo del 2010 fue una de las razones que provocó el 15-M, las consecuencias de este 11 de julio del 2012 también se verán en la calle.

Los artículos aquí recogidos fueron publicados entre 2008 y 2012 en el diario Público, en El Periódico de Cataluña y en los blogs escolar.net y eldiario.es.

Edición en formato digital: septiembre de 2012

© 2012, Ignacio Escolar

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