Ian Kershaw nos guía con mano maestra por el complejo panorama de la historia de Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, durante unos años en los que las nuevas generaciones experimentaron unos cambios —políticos, económicos, sociales y culturales— como no se habían conocido hasta entonces.

Algo que comenzó en un escenario dividido durante cuarenta años por la guerra fría y sometido a la inseguridad engendrada por la amenaza nuclear, y que nos ha llevado, por una compleja evolución de ascensos y caídas, a un presente incierto.

Ascenso y crisis completa, con Descenso a los infiernos, lo que Harold Evans ha calificado como una obra de dimensiones épicas que «nos conecta con los grandes problemas de nuestro tiempo».

Ian Kershaw

Ascenso y crisis

Europa, 1950 a 2017: un camino incierto

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Titivillus 26.01.2020

Título original: Roller - Coaster. Europe, 1950 - 2017

Ian Kershaw, 2018

Traducción: Yolanda Fontal Rueda

Editor digital: Titivillus

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* LISTADO DE ILUSTRACIONES

1. La marcha de Aldermaston, abril de 1958 (Bentley Archive/Popperfoto/Getty Images).

2. Checkpoint Charlie, Berlín, 1953 (PhotoQuest/Getty Images).

3. Konrad Adenauer y Robert Schuman, 1951 (AFP/Getty Images).

4. Multitud en el funeral de Stalin, 1953 (Keystone-France/Gamma-Keystone vía Getty Images).

5. El presidente Tito y Nikita Jruschov en Belgrado, 1963 (Keystone/Hulton Archive/Getty Images).

6. Tanque soviético destruido en la revolución húngara de 1956 (Sovfoto/UIG/Getty Images).

7. Harkis argelinos llegando a Francia, 1962 (STF/AFP/Getty Images).

8. Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre en Roma, 1963 (Keystone-France/Gamma-Keystone vía Getty Images).

9. Little Richard de gira por Alemania, 1962 (Siegfried Loch-K & K/Getty Images).

10. Carnaby Street, Londres (Jean-Philippe Charbonnier/Gamma-Rapho/Getty Images).

11. Concesionario de Citroën, París (Charles Edridge/Getty Images).

12. Estudiantes y policías en París, mayo de 1968 (Hulton-Deutsch/Corbis vía Getty Images).

13. Leónidas Breznev y Alexander Dubček en Bratislava, 1968 (Keystone-France/Gamma-Keystone vía Getty Images).

14. Invasión de Checoslovaquia, 1968 (Popperfoto/Getty Images).

15. Willy Brandt en Varsovia, 1970 (Bettmann/Getty Images).

16. Cartel suizo en contra del voto femenino, 1971 (Museo Nacional Suizo, Zúrich).

17. Manifestación de trabajadores, Lisboa, mayo de 1974 (Hervé Gloaguen/Gamma-Rapho vía Getty Images).

18. Turcos en Duisburgo, 1980 (Henning Christoph/Ullstein Bild vía Getty Images).

19. Atentado del IRA en Belfast, 1972 (Bettmann/Getty Images).

20. El papa Juan Pablo II en Varsovia, 1979 (Bettmann/Getty Images).

21. Lech Wałęsa en los astilleros de Gdańsk, 1980 (Jean-Louis Atlan/Sygma vía Getty Images).

22. François Mitterrand y Helmut Kohl, 1984 (Régis Bossu/Sygma vía Getty Images).

23. Margaret Thatcher y Mijaíl Gorbachov en Moscú, 1987 (Georges De Keerle/Hulton Archive/Getty Images).

24. Manifestación en Leipzig, 1989 (Georges Merillon/Gamma-Rapho vía Getty Images).

25. Manifestante rumano, Bucarest, 1989 (Peter Turnley/Corbis/VCG vía Getty Images).

26. Carteles en contra de Maastricht, Provenza, 1992 (Philippe Giraud/Sygma vía Getty Images).

27. Bombardeo de Sarajevo, 1992 (Georges Gobet/AFP/Getty Images).

28. Boris Yeltsin y Vladimir Putin, 1999 (AFP/Getty Images).

29. Tras los atentados de los trenes en Madrid, 2004 (Pool Almagro/Duclos/Vandeville/Gamma-Rapho vía Getty Images).

30. Huelga general en Atenas, 2010 (Milos Bicanski/Getty Images).

31. Manifestación proeuropea en Ucrania, víspera de Año Nuevo, 2013-2014 (Sergei Supinsky/AFP/Getty Images).

32. Policía turco con el cadáver de Aylan Shenu, 2015 (Nilufer Demir/Dogan News Agency/AFP/Getty Images).

* PRÓLOGO

En el prólogo de Descenso a los infiernos afirmaba que era la obra más difícil que había intentado escribir. Así fue hasta este libro. Este segundo volumen sobre la historia de Europa desde 1914 hasta nuestros días planteaba problemas aún mayores tanto de interpretación como de redacción. En buena medida, esto se debe a que en la historia de Europa entre 1950 y la actualidad no existe un único tema predominante comparable al evidente papel central de las guerras mundiales que domina el volumen anterior, que abarca el período comprendido entre 1914 y 1949. Descenso a los infiernos seguía una progresión lineal, entraba y salía de una guerra para luego entrar y salir de otra. Ningún acontecimiento lineal describe adecuadamente la complejidad de la historia de Europa desde 1950. Se trata, más bien, de una historia llena de curvas y giros, de altibajos, de cambios volátiles, de una gran y acelerada velocidad de transformación. Desde 1950, Europa ha sido como un viaje en una montaña rusa, con sus emociones y sustos, sus ascensos y sus crisis. Este libro pretende mostrar cómo y por qué durante esas décadas fue dando tumbos de un período de gran inseguridad, a otro.

La metáfora de la montaña rusa no es perfecta. Al fin y al cabo, una montaña rusa, pese a toda la emoción, recorre un trayecto fijo en un circuito y termina en un punto conocido. Tal vez la evocación de un parque de atracciones suene demasiado trivial y frívola para la seriedad, la importancia y, de hecho, a menudo la tragedia de la historia de Europa desde la guerra, pero capta la irregularidad, los momentos impresionantes y la experiencia de verse arrastrados por fuerzas incontrolables que, si bien de diferentes maneras, durante estas décadas afectaron a casi todos los europeos.

La complejidad de la historia de Europa en este período plantea problemas significativos para la «arquitectura» del libro, que se ven agravados por la división de Europa durante más de cuarenta años por el Telón de Acero. Salvo como idea de una identidad cultural común (aunque fragmentada por diferencias religiosas, nacionales, étnicas y de clase), Europa no existía en esas décadas. Sus dos mitades, la occidental y la oriental, eran meros constructos políticos. La evolución interna de cada una de las mitades del continente a lo largo de este período es tan diferente, que es imposible integrarlas de una manera coherente hasta la caída del comunismo entre 1989 y 1991. Aunque a partir de entonces Europa oriental y occidental siguieron siendo profundamente diferentes, el impacto de una globalización acelerada, un tema clave de este libro, permite tratarlas en conjunto en lugar de hacerlo por separado.

La naturaleza de una obra de tan amplio alcance hizo que, al igual que en Descenso a los infiernos o incluso más, tuviera que basarme sobre todo en las investigaciones y la bibliografía de otros, pues nunca he realizado investigaciones especializadas sobre aspectos de este período. Haberlo vivido no sirve de sustituto. Cuando empezaba a escribir este libro, alguien me sugirió que debía de ser fácil ya que el período coincidía con gran parte de mi vida. Pero vivir la historia genera recuerdos que tanto pueden ser distorsionados o inexactos como quizá servir de ayuda. En un pequeño número de casos he añadido algún recuerdo personal en una nota al pie, pero los he mantenido fuera del texto. En mi opinión, es mejor mantener separadas las anécdotas personales y la valoración histórica. Dejando a un lado la fragilidad de la memoria, la mayor parte de lo que pasa cerca a diario solo tiene una resonancia efímera. La valoración de la trascendencia de acontecimientos importantes exige casi siempre no solo un conocimiento profundo, sino también el paso del tiempo necesario para digerirlos.

Por tanto, los trabajos académicos de otros son indispensables. En muchos casos se trata de monografías o artículos aparecidos en publicaciones especializadas. En el prólogo de Descenso a los infiernos mencioné varias historias generales de Europa en el siglo XX que son excelentes, a las que podría añadir ahora Out of Ashes, de Konrad Jarausch. Sobre la segunda mitad del siglo XX en concreto, el estudio general más fascinante ha sido Postguerra, de Tony Judt. Los libros de Timothy Garton Ash, que combinan de manera brillante un periodismo de calidad y una perspicaz visión histórica contemporánea, han resultado ser sumamente valiosos, en especial sobre Europa central. Y varios libros de historiadores alemanes (Heinrich August Winkler, Andreas Wirsching, Harmut Kaelble, Andreas Rödder y Philipp Ther) me han sido de enorme ayuda. Aparecen listados, junto a otras obras que me han resultado especialmente útiles, en la bibliografía selecta. Son solo la punta de un enorme iceberg. Como en el volumen anterior, y de acuerdo con el formato de la serie Historia de Europa de Penguin, no hay notas finales con referencias. Como ya hice entonces, he marcado con un asterisco en la bibliografía las obras de las que he tomado citas literales.

Mi planteamiento ha sido similar al de Descenso a los infiernos. Como en ese volumen, he intentado describir el drama, muchas veces la incertidumbre, del desarrollo de la historia, incluyendo de vez en cuando visiones contemporáneas de los acontecimientos. De ahí que haya organizado el libro cronológicamente, en capítulos que cubren períodos bastante breves, con subdivisiones temáticas. El breve prefacio expone la naturaleza de la interpretación. Los tres primeros capítulos comienzan con el primer período de inseguridad de la posguerra en Europa, pasando de las tensiones de la guerra fría a la construcción de los dos bloques opuestos de Europa oriental y occidental hasta mediados de los años sesenta. Los capítulos 4 y 5 tratan del asombroso y duradero auge económico de la posguerra, de sus repercusiones sociales y, después, de la bifurcación de la cultura: el triste legado del pasado reciente, por una parte, y la evocación consciente de una atmósfera nueva, moderna y excitante, por otra. En el capítulo 6 se explora cómo esto desembocó a finales de los años sesenta en protestas juveniles y el cambio de los valores sociales y culturales legado por ese período de revueltas estudiantiles. El capítulo 7 se centra en una década clave: el cambio fundamental que se produjo durante los años setenta y principios de los ochenta. Aunque en los años ochenta los problemas al este del Telón de Acero aumentaron alarmantemente para los dirigentes de los estados comunistas, el capítulo 8 destaca el papel personal desempeñado por Mijaíl Gorbachov a la hora de socavar de manera involuntaria pero fatal el régimen soviético, mientras que el capítulo 9 se centra en el peso que tuvieron en la «revolución de terciopelo» de 1989-1991 las presiones a favor de un cambio desde abajo. Lo difícil y a menudo decepcionante que fue para los países de Europa oriental la transición a democracias pluralistas y economías capitalistas, y la desastrosa guerra étnica en Yugoslavia, constituyen los temas principales del capítulo 10. El capítulo 11 examina los cambios que se produjeron en Europa a raíz de los atentados terroristas de 2001 en Estados Unidos y las guerras posteriores en Afganistán e Irak. Por último, en el capítulo 12 exploro la concatenación de crisis que ha padecido Europa desde 2008 y que, acumulativamente, equivalen a una grave crisis general en el continente europeo. El epílogo se aleja del pasado para abordar el futuro de Europa, tanto las perspectivas a corto plazo como los problemas a largo plazo que afrontará el continente en una nueva época de inseguridad.

Descenso a los infiernos terminaba con un espíritu positivo. A medida que entre 1945 y 1949 Europa emergía de la doble catástrofe de dos guerras mundiales, las señales de un futuro mejor eran claramente visibles, aunque bajo el hongo de la bomba atómica en posesión de las dos superpotencias. El final de este libro es más ambivalente, sobre todo en lo que respecta al futuro a más largo plazo de Europa.

Las cosas pueden cambiar muy deprisa. Y también la historiografía. Eric Hobsbawm, en un texto escrito en los años noventa, examinaba con tintes sombríos las crisis que a largo plazo probablemente iban a afligir a Europa y destacaba la fuerza destructiva del capitalismo en su pesimista conclusión. Sin embargo, la mayoría de los analistas eran mucho más positivos con respecto a la historia reciente de Europa. Varios estudios relevantes sobre la Europa del siglo XX, escritos justo antes o después del milenio, tenían un tono a todas luces optimista. Mark Mazower pensaba que la «perspectiva internacional» parecía «más pacífica que en ninguna otra época». Richard Vinen hablaba de una «era de moneda fuerte». Harold James escribió sobre la «primacía casi completa de la democracia y el capitalismo» (aunque lo matizaba señalando un creciente desencanto con esa primacía) y consideraba la globalización en términos casi enteramente positivos como la «recreación de una sociedad, una cultura y una economía internacionales». Los acontecimientos del siglo XXI, todavía joven, podrían poner en entredicho estos dictámenes tan favorables.

La obra magistral de Tony Judt, acabada cinco años después del milenio, también terminaba con una nota de optimismo. «El nacionalismo había venido y se había ido» en Europa, sentenciaba. «El siglo XXI todavía podría pertenecer a Europa» eran las palabras con las que concluía. En vista del desorden en Europa desde 2008, del auge en muchos países de partidos nacionalistas y xenófobos, de los desafíos que afronta a largo plazo el continente y el ascenso en apariencia irresistible de la posición de poder e influencia mundiales de China, estas suposiciones parecen sumamente dudosas.

Por supuesto, el cambio a corto plazo es en gran medida impredecible. El futuro de Europa, aún en una montaña rusa, puede ascender y caer en picado en una rápida sucesión. Actualmente (otoño de 2017), los augurios son mejores de lo que fueron hace solo unos meses, aunque la bola de cristal permanece empañada. El cambio a largo plazo es otra cuestión. Y aquí los problemas a los que se enfrenta Europa (y el resto del mundo) son sobrecogedores. El cambio climático, la demografía, las fuentes de energía, las migraciones masivas, las tensiones del multiculturalismo, la automatización, la creciente disparidad de las rentas, la seguridad internacional y los riesgos de un conflicto global constituyen grandes desafíos para las próximas décadas. No es fácil decir hasta qué punto Europa está preparada para afrontar estos problemas. Cómo encarar los retos, determinar el futuro del continente, no está solamente, aunque sí en buena medida, en manos de los propios europeos. En aguas peligrosas es mejor que los barcos de una flota permanezcan juntos en lugar de tomar rumbos diferentes. Esto significa aprovechar y fortalecer los niveles de unidad, cooperación y consenso, por muy imperfectos que sean, que se han ido construyendo desde la guerra. Con una buena navegación, todo el mundo puede surcar los estrechos peligrosos y arribar a costas más seguras.

Escribir la historia de mi propia época ha sido un enorme desafío, pero ha resultado ser una tarea gratificante. He aprendido infinitamente más de lo que sabía antes sobre los acontecimientos y cambios que han marcado mi vida. Al final, tengo una mejor idea sobre cómo ha llegado al presente mi propio continente. Para mí, eso ya hace que la empresa haya merecido la pena. En cuanto al futuro, las predicciones de un historiador no son mejores que las de cualquier otra persona.

Ian Kershaw,
Mánchester, noviembre de 2017

* AGRADECIMIENTOS

Por los debates estimulantes, los consejos sobre bibliografía especializada, la provisión de artículos o libros, el interés por mi aventura y la ayuda de varias maneras distintas estoy agradecido a Patrick Argent, Joe Bergin, John Breuilly, Archie Brown, Franz Brüggemeier, Detlef Felken, Christian Göschel, Mike Hannah, Geoffrey Hosking, Thomas Karlauf, Thomas Kielinger, Frances Lynch, Frank O’Gorman, Paul Preston, Colin Steele, Alan Stein weis, Frank Trentmann, Heinrich August Winkler, Charlotte Woodford y Benjamin Ziemann. También quisiera expresar mi agradecimiento, aunque no los conozca personalmente, a destacados periodistas de importantes cabeceras británicas, alemanas y estadounidenses en cuyos excelentes reportajes y análisis de asuntos políticos, económicos e internacionales he podido basarme ampliamente, sobre todo para el último capítulo de este libro. Y estoy sumamente agradecido (aunque, una vez más, no lo conozca personalmente) al distinguido columnista del Guardian Martin Kettle, que tuvo la amabilidad de leer el texto y ahorrarme varios errores factuales gratuitos.

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Traude Spät quien, junto con su marido Ulrich, me acogió con la misma calidez de siempre cuando estuve en Múnich y también se aseguró, a menudo suministrándome recortes de prensa alemanes, de que estuviera al corriente de perspectivas sobre los asuntos europeos diferentes a las que solía ver en los medios británicos. Sobre todo, quiero dar las gracias a Traude por sugerir el título Achterbahn («Montaña rusa») mientras trataba de encontrar una imagen apropiada para los vaivenes de la historia de Europa durante las últimas siete décadas. Otros amigos también se desvivieron por ayudarme. Laurence Rees, Nicholas Stargardt y David Cannadine dedicaron generosamente su tiempo a leer y comentar el manuscrito, aportando muchas ideas, correcciones y sugerencias. Mis conversaciones periódicas con Laurence, un maravilloso amigo desde los tiempos en que trabajamos juntos en programas de televisión, fueron un estímulo constante. Mi mujer, Betty, y mi hijo mayor, David, también leyeron el manuscrito y plantearon numerosas preguntas precisas que me ayudaron a mejorar el texto.

Simon Winder ha sido, como siempre, un editor magnífico, sin importunarme jamás pero siempre presente alentándome con entusiasmo cuando era preciso y proponiéndome sugerencias inestimables. También fue de gran ayuda para seleccionar las fotografías. Como en los libros anteriores, también doy las gracias a todos los miembros del espléndido equipo de Penguin que han contribuido de diversas maneras a la producción del libro, en especial a Ellen Davies por su ayuda editorial y a Richard Duguid por su trabajo en los mapas. También estoy muy agradecido a Richard Mason, quien de nuevo demostró competencia, conocimientos y precisión en su excelente corrección del texto. Dave Cradduck ha elaborado un índice espléndido. Una vez más he podido contar con el apoyo constante, que valoro enormemente, de Andrew Wylie en Nueva York y de James Pullen en la Wylie Agency de Londres.

Mi agradecimiento más afectuoso, como siempre, es ante todo para mi familia, a Betty, David (y Hannah), Stephen y Becky, y a nuestros nietos, Sophie (y Paul), Joe, Ella, Olivia y Henry. Mi mayor deseo para nuestros nietos y su generación es que el futuro de Europa siga descansando en la paz, la libertad y la prosperidad que la generación de la posguerra se esforzó por construir aunque fuera de manera imperfecta.

Ian Kershaw,
Mánchester, enero de 2018

Prefacio DOS PERÍODOS DE INSEGURIDAD EN EUROPA

Pasa lo mismo con la historia y con la naturaleza, al igual que con todos los problemas profundos, ya sean pasados, presentes o futuros: cuanto más profunda y seriamente se adentra uno en los problemas, más difíciles son los que van surgiendo.

Johann Wolfgang von Goethe

En 1950, Europa estaba renaciendo de los oscuros años de la peor guerra de la historia. Las cicatrices físicas eran bien visibles en todo el continente, en las ruinas de los edificios bombardeados. Las cicatrices psicológicas y morales necesitarían mucho más tiempo para sanar del que era preciso para reconstruir los pueblos y ciudades. De hecho, la inhumanidad del pasado reciente ensombrecería Europa a lo largo de las décadas siguientes. Se habían dado pasos importantes para configurar una nueva Europa desde el final de la guerra en 1945. Sin embargo, el legado más sorprendente de la guerra al mundo en la posguerra inmediata fue doble: Europa pasó a ser un continente dividido por la mitad por el Telón de Acero; y la nueva época era una época nuclear, en la que las dos superpotencias poseían superarmas de destrucción masiva.

Europa ya no estaba en guerra, pero una confrontación nuclear, que no parecía una posibilidad muy remota, amenazaba toda la base de la capacidad del continente para sobrevivir como civilización. Y la amenaza de guerra atómica que se cernía sobre Europa como la espada de Damocles no dependía únicamente de los acontecimientos en la propia Europa, pues ahora estaba totalmente expuesta a la confrontación global entre las superpotencias nucleares. Acontecimientos ocurridos lejos de las costas europeas (el estallido de la guerra de Corea en 1950 y la crisis de los misiles en Cuba de 1962) señalan el comienzo y el final de la fase más peligrosa de la guerra fría para Europa (aunque hubo un segundo período más breve de grave amenaza a principios de los años ochenta).

Los niños nacidos en esta nueva era, resultado del baby boom de la posguerra, vivirían para ver transformaciones que sus padres nunca habrían imaginado. También fueron testigos de una aceleración de los cambios (políticos, económicos, sociales y culturales) que superaría a cualquier cosa conocida en tiempos de paz anteriores. Nacieron en una época de acusada austeridad, en gran medida como consecuencia directa de la guerra. Los alojamientos eran a menudo provisionales mientras implementaban programas de vivienda para intentar alojar a los millones de familias desplazadas y bombardeadas en gran parte del continente, en particular en Europa central y del Este. Incluso las casas que permanecieron en pie después de la guerra quedaron en muy mal estado. Las condiciones sanitarias de buena parte de la población eran precarias y la escasez de alimentos y ropa era general. Solo las familias acaudaladas disponían de los aparatos domésticos básicos que liberaban a las mujeres de las pesadas y rutinarias tareas del hogar, como una lavadora, un teléfono, un frigorífico o un automóvil. Aun así, pocas de ellas poseían un televisor.

La generación del baby boom de la posguerra se benefició a lo largo de sus vidas de avances médicos asombrosos. Se vieron sumamente favorecidos por el establecimiento y la ampliación del estado de bienestar, que fue posible gracias a los elevados índices de crecimiento económico. Aunque los niveles de vida en los países tras el Telón de Acero no tardaron en ir por detrás de los de Europa occidental, los sistemas de bienestar y asistencia social de amplio alcance eran una parte intrínseca de los sistemas comunistas (si bien corruptos en su práctica). Este fue el primer avance crucial, ofrecer un nivel de seguridad social que las generaciones anteriores no habían conocido en ninguna de las dos mitades de Europa. En algunos aspectos, al menos en Europa occidental, el prolongado auge económico de la posguerra, los avances sociales que posibilitó y el florecimiento inicial del consumismo, que también invitaba al optimismo sobre el futuro, distraían de la inseguridad subyacente en un continente amenazado por la posibilidad de una guerra nuclear.

El progreso material experimentado desde entonces ha sido asombroso. La enorme diversidad de alimentos disponibles hoy en los supermercados de cualquier país europeo habría sido acogida con total incredulidad en 1950 o, en realidad, en cualquier época anterior. En la actualidad, las familias mirarían con horror una vivienda sin baño y un solo retrete (a menudo compartido con otras familias) en el patio exterior. Productos que habrían sido lujos extremos al alcance de una ínfima minoría son ahora comunes. La mayoría de las familias posee un vehículo. No es inusual que haya dos vehículos en un solo hogar. Un frigorífico para mantener los alimentos fríos es algo que se da por hecho. Los viajes al extranjero, en 1950 una prerrogativa de los ricos, están ahora al alcance de millones de personas. En casi todos los hogares hay un televisor. Los satélites en el espacio permiten a las personas acceder a noticias en directo o competiciones deportivas televisadas desde el otro extremo del planeta. Ahora se puede ver la televisión en los teléfonos móviles, algo inimaginable hasta hace relativamente poco. Y mientras que para llamar a casa durante un viaje al extranjero antes era necesario acudir a una cabina telefónica o una oficina de correos, ahora los móviles no solo sirven para hacer estas llamadas sin esfuerzo o para enviar mensajes instantáneos por todo el mundo, sino como miniordenadores que ofrecen una serie de servicios, entre los que figuran el acceso constante a las noticias y la posibilidad no solo de hablar, sino también de ver en la pantalla a amigos y parientes que viven a miles de kilómetros de distancia. La disponibilidad de ordenadores cada vez más pequeños y asequibles ha transformado las vidas de una manera impensable hace muy poco tiempo, y menos aún en 1950.

No solo las posesiones materiales, también las actitudes y las mentalidades han cambiado drásticamente. En 1950 la mayoría de los ciudadanos europeos tenían opiniones que setenta años más tarde serían consideradas anatemas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (surgida de su catastrófica violación durante la segunda guerra mundial) había sido adoptada por las Naciones Unidas en diciembre de 1948, pero la mayoría de las personas no entendía bien qué significaba en la práctica. Las ideas racistas y la flagrante discriminación racial eran ampliamente aceptadas y apenas se consideraban algo extraordinario. Pocas personas cuyo color de piel no fuera blanco vivían en países europeos. La pena de muerte todavía estaba en vigor y las ejecuciones de personas condenadas por los peores crímenes eran rutinarias. La homosexualidad seguía siendo un delito. El aborto era ilegal. La influencia de las iglesias cristianas era profunda y la asistencia a las ceremonias religiosas seguía siendo bastante alta. Cuando los niños de la posguerra se acercaban a la vejez, los derechos humanos se daban ya por sentados (por muy imperfectos que fueran en la práctica), tener opiniones racistas figuraba entre los peores estigmas sociales (aunque menos en el este y el sur de Europa que en el oeste), las sociedades multiculturales eran la norma, la pena capital había desaparecido de Europa, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto legal eran ampliamente aceptados y el papel de las iglesias cristianas se había reducido mucho (si bien la presencia de mezquitas, una característica de las ciudades europeas modernas casi desconocida por completo en 1950, atestiguaba la importancia de la religión entre las minorías musulmanas).

Estos patrones de transformación, y muchos otros, pueden considerarse parte del proceso de lo que se ha dado en llamar «globalización». Este término designa no solo la integración económica surgida de la libre circulación de capitales, tecnologías e información, sino también la imbricación de patrones sociales y culturales de progreso más allá de las fronteras nacionales y en todas la regiones en desarrollo del mundo. La globalización estaba lejos de ser una simple trayectoria positiva rumbo a una situación material cada vez mejor. Obviamente, tenía su lado oscuro. Ha causado, por ejemplo, daños enormes al medio ambiente, una brecha creciente entre los ricos y los pobres, una intensificación de las migraciones masivas (en gran medida incontrolables) y la pérdida de puestos de trabajo debido a la automatización que los cambios tecnológicos han hecho posible, y el proceso sigue abierto. La transformación ocasionada por la globalización es un tema recurrente en todos los capítulos siguientes. Dista mucho de ser una historia inequívoca de éxito. La nueva era de inseguridad en Europa está inextricablemente vinculada con la profundización de la globalización.

Este libro explora las vicisitudes, los altibajos que han llevado de una era de inseguridad a otra, de la amenaza de una guerra nuclear a la sensación de inseguridad multidimensional y ubicua de nuestros días. Trata de explicar los complejos y multifacéticos patrones de cambio en Europa entre 1950 y la actualidad. Los puntos de inflexión trascendentales (1973, 1989, 2001 y 2008) señalan el camino. Los avances, los progresos y las mejoras se entremezclan con contratiempos, decepciones y, en ocasiones, desilusión.

Un rasgo constante de la transformación de Europa a lo largo de las siete décadas transcurridas desde 1950 ha sido la importancia central de Alemania. El cambio allí, en el país que durante la primera mitad del siglo XX hizo más que ningún otro para destruir el continente, ha sido especialmente profundo. Pese a su destrucción como estado nación al final de la segunda guerra mundial, Alemania ha seguido ocupando un lugar central en el desarrollo de Europa, fundamental en la recuperación económica de la posguerra, en la guerra fría, en el final de la guerra fría, en la ampliación de la integración europea, en la creación del euro, en la crisis de la zona del euro, en la crisis migratoria y en las medidas aún embrionarias para reformar la Unión Europea tras sus recientes y graves dificultades. Mientras tanto, Alemania se ha convertido en un pilar fundamental de la democracia liberal estable, posee la economía más fuerte de Europa, ha superado cuarenta años de división para alcanzar la unidad nacional y ha asumido con reticencia la responsabilidad del liderazgo europeo. La propia transformación de Alemania ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la posguerra en Europa y dista mucho de ser su parte menos exitosa.

Toda explicación simple de la transformación de Europa será insuficiente. Las dinámicas políticas, económicas y culturales estaban tan interrelacionadas entre sí que era imposible una parcelación clara de los agentes del cambio. Gran parte de la transformación refleja los profundos cambios sociales y económicos, no limitados a Europa, que expresa el término «globalización». La reconstrucción de Europa tras la segunda guerra mundial cobró forma bajo los efectos de un crecimiento económico mundial, no solo europeo, sin precedentes, que duró más de dos décadas. El desplome de ese crecimiento en los años setenta marcó un giro decisivo en el desarrollo que influyó en el resto del siglo XX.

La asombrosa recuperación de Europa en las décadas inmediatamente posteriores a la guerra estuvo condicionada por lo que se podría denominar una «matriz de renacimiento», ya esbozada en la parte final de Descenso a los infiernos, el primer volumen de la historia de Europa desde 1914 hasta la actualidad. Los elementos que confluyen en esta matriz fueron el fin de las aspiraciones de Alemania de ser una gran potencia, el reordenamiento geopolítico de Europa central y oriental, la subordinación de los intereses nacionales a los de las dos superpotencias, un crecimiento económico sin precedentes y la amenaza disuasoria de las armas nucleares. Hacia 1970, todos los puntos de esta matriz tenían mucha menos relevancia que en los primeros años después de la segunda guerra mundial, pero el cambio más crucial fue la evidencia de que el crecimiento económico se estaba desacelerando. El largo boom había tocado a su fin. El orden económico de la posguerra estaba a punto de sufrir una alteración fundamental. El cambio de paradigma significó el inicio de lo que, visto en retrospectiva, se puede considerar una nueva matriz embrionaria que solo fue tomando forma paulatinamente en las dos décadas siguientes. Lo que acabó por convertirse en una «matriz de nueva inseguridad» comprendía economías liberalizadas y desreguladas, una globalización imparable, una espectacular revolución en las tecnologías de la información y, después de 1990, el desarrollo de bases multipolares de poder internacional. La confluencia de todos estos factores transformó con el tiempo a Europa de maneras positivas, pero también generó tipos de inseguridad cuya naturaleza era bastante diferente a la inseguridad existencial que durante los años cincuenta y principios de los sesenta había causado la amenaza de la guerra nuclear.

Tras la caída del Telón de Acero, el ritmo de la globalización se intensificó notablemente como resultado, no en poca medida, de la explosión de cambios tecnológicos y de la rápida difusión de internet, sobre todo después de que la World Wide Web (inventada en 1989) se volviera ampliamente accesible a partir de 1991. Ya antes de eso había importantes cambios culturales en marcha. Para ello fueron fundamentales la lucha por las libertades sociales, el énfasis en el individualismo y el inicio de las políticas identitarias. Desde mediados de los años sesenta, los sistemas de valores y los estilos de vida se han ido alterando y han vuelto a Europa en muchos sentidos más tolerante, más progresista y más internacionalista en su enfoque de lo que había sido antes. Pero muchas de las certezas y normas anteriores se estaban disolviendo.

A estas dinámicas impersonales de gran alcance debe añadirse el papel de algunos individuos y la toma de decisiones políticas a corto plazo. Las acciones de un pequeño número de personajes clave, entre los que destacan Mijaíl Gorbachov y Helmut Kohl, no pueden reducirse a meros reflejos de los determinantes estructurales del cambio. En coyunturas cruciales, estos individuos desempeñaron personalmente un papel decisivo en la transformación de Europa.

El balance de la transformación de Europa a lo largo de las siete décadas transcurridas desde 1950 se presenta por sí solo en los capítulos siguientes. No es en modo alguno una historia de éxito sin reservas. La historia reciente de Europa dista mucho de ser puramente benigna. Ha habido algunos acontecimientos extraordinariamente positivos, pero el panorama general tiene luces y sombras.

Y se avecinan graves problemas.

Capítulo 1 UNA DIVISIÓN TENSA

… es más verosímil que ponga fin a las guerras a gran escala a costa de prolongar indefinidamente una «paz que no es paz».

George Orwell sobre la bomba atómica, 1945

En 1950, cuando las secuelas inmediatas de la segunda guerra mundial habían remitido, surgió una nueva Europa ideológica, política y socioeconómicamente dividida en dos. Se iniciaba una época completamente diferente de la historia del continente, un período de inseguridad sin precedentes, una era intrínsecamente marcada por la división que la guerra había dejado como principal legado y por la aterradora amenaza de la aniquilación nuclear.

Durante más de cuatro décadas la guerra fría dividiría Europa en dos mitades. Sin embargo, aunque en gran medida evolucionaron por separado, ambas partes tenían una característica esencial en común: la primacía del poder militar. Este poder militar, el rasgo dominante en Europa durante la posguerra a ambos lados del Telón de Acero, lo controlaban por entonces solo dos países: Estados Unidos y la Unión Soviética. A ambos les preocupaba la seguridad y ambos estaban decididos a impedir que el enemigo dominara Europa. La novedad en su tensa relación era que, en último término, se basaba en un armamento con una capacidad destructora tan temible, que ningún bando se atrevía a usarlo. En tan solo unos años, la capacidad de destrucción pasó a ser total. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, el primero ya una superpotencia y el otro a punto de convertirse en una, ya en 1949 habían fabricado bombas atómicas. Cuatro años más tarde, Estados Unidos y la Unión Soviética disponían de bombas de hidrógeno, muchísimo más potentes, y no tardarían en poseer arsenales nucleares con capacidad para destruir varias veces toda la vida civilizada en el planeta.

La guerra fría alcanzó su máxima intensidad y peligrosidad entre los años 1950 y 1962. Durante gran parte de este período Europa fue el centro de la guerra fría, aunque, en una era nuclear, una confrontación entre las superpotencias en cualquier lugar del mundo podría haber tenido repercusiones gravísimas en el continente europeo.

EL CALOR DE LA GUERRA FRÍA

El incipiente conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética en los años inmediatamente posteriores a la guerra se había convertido en una amenaza en varias ocasiones, pero en todas ellas se había evitado el desastre. Sin embargo, apenas iniciada la nueva década, una peligrosa crisis amenazó con acarrear graves consecuencias. El hecho de que la crisis estallara en relación con la lejana Corea fue el indicador más claro de que Europa no podía evitar formar parte de un conflicto global entre las superpotencias. Mientras que antes de 1945 Estados Unidos se había visto envuelto a su pesar en los asuntos europeos al combatir en dos guerras mundiales, Europa occidental se convirtió básicamente en un apéndice, aunque importante, de la política exterior estadounidense. Entretanto, el bloque oriental (salvo Yugoslavia, que después de la guerra había reafirmado con éxito su independencia de Moscú) se mostraba aún más dispuesto a respaldar a la URSS en su enfrentamiento mundial con Estados Unidos.

Japón se había anexionado Corea en 1910 y la gobernó hasta el final de la segunda guerra mundial. La península de Corea fue entonces dividida más o menos en dos partes y se estableció una línea de demarcación en el paralelo 38 en virtud de un acuerdo entre los estadounidenses y los soviéticos para repartirse la administración temporal del país. A la altura de 1948, las expectativas de una Corea reunificada se habían desvanecido. La división se tradujo en una república comunista en el norte, en realidad un satélite soviético y considerado por Moscú como parte de la esfera de influencia soviética, y una república vehementemente anticomunista en el sur, dominada por los intereses estadounidenses. Sin embargo, la victoria del comunismo en China en septiembre de 1949, tras más de dos decenios de cruenta guerra civil con los nacionalistas de Chiang Kai-shek (que entre 1937 y 1945 se había desarrollado en paralelo con la sangrienta guerra contra los invasores japoneses), había dejado a la península coreana expuesta. El sur seguía siendo un enclave no comunista en una vasta región bajo control comunista. Cuando el 25 de junio de 1950 los norcoreanos cruzaron la línea de demarcación y atacaron el sur del país dividido, el enfrentamiento entre las superpotencias escaló peligrosamente. Estados Unidos, resuelto a contener el poder soviético y sumamente alérgico a la posibilidad de una ulterior expansión del comunismo en el sureste asiático así como en Europa, no podía afrontar la pérdida de Corea del Sur y la evidente amenaza a la que se enfrentaría Japón.

Los estadounidenses supusieron acertadamente que los norcoreanos no habrían atacado de no contar con la autorización de Stalin. En realidad, el dictador soviético había dado luz verde unas semanas antes, aunque no estaba dispuesto a enviar fuerzas de combate y confiaba en que los chinos prestarían ayuda militar en caso de ser necesario. Los dirigentes estadounidenses creían que debían frenar de inmediato la expansión comunista si se quería impedir un efecto dominó. El presidente Harry Truman sostuvo que si no se detenía la caída de Corea, los soviéticos «se tragarían una parte de Asia tras otra». Y «si dejamos que Asia caiga, Oriente Próximo se derrumbará y quién sabe qué sucederá en Europa». No sería la última vez que en la Europa de la posguerra se mencionaba la fracasada política de apaciguamiento de los años treinta como motivo para la acción militar. Los apaciguadores no habían conseguido detener a Hitler. Si no se frenaba en seco el avance comunista, se desencadenaría una tercera guerra mundial.

Estados Unidos obtuvo el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas, fundada en octubre de 1945, para utilizar la fuerza con el propósito de defender a un país miembro amenazado. Era la primera vez que sucedía y se debió a un error de los soviéticos. Tanto Stalin como los dirigentes estadounidenses se mostraron satisfechos cuando, en la conferencia de Yalta de febrero de 1945, se acordó crear la Organización de las Naciones Unidas, en la que tendrían derecho a veto en cualquier votación del futuro Consejo de Seguridad, entre cuyos cinco miembros permanentes también figurarían Gran Bretaña, Francia y China. Se pensó que, con un Consejo de Seguridad controlado por las grandes potencias, la ONU sería mucho más eficaz de lo que había sido la Sociedad de Naciones. La falacia de dicha presunción se pondría de manifiesto en reiteradas ocasiones durante la guerra fría, cuando el uso del veto por una u otra superpotencia derivó casi siempre en un estancamiento en el Consejo de Seguridad. La excepción se produjo en 1950, cuando un boicot temporal soviético del Consejo de Seguridad en protesta por la negativa a conceder un puesto en el mismo a la China comunista permitió la aprobación de la ayuda necesaria para repeler la invasión de Corea del Sur, con el objetivo de restablecer la paz y la seguridad. Stalin no tardó en advertir su error y los soviéticos volvieron a ocupar su puesto en el Consejo de Seguridad. Sin embargo, ya era demasiado tarde para detener el envío de una fuerza del Mando de las Naciones Unidas, dominada por Estados Unidos, para apoyar al ejército surcoreano. Al terminar la guerra, el Mando de las Naciones Unidas, que había incorporado a los surcoreanos, contaba con unos 933 000 soldados. La inmensa mayoría de ellos eran surcoreanos (591 000) y estadounidenses (302 000). Varios países europeos (Gran Bretaña y, con contingentes mucho menores, Francia, Bélgica, Grecia y los Países Bajos, junto con una mínima aportación de Luxemburgo), también enviaron tropas de combate.

Los estadounidenses tomaron la iniciativa, expulsaron a los norcoreanos del sur y a continuación traspasaron la línea de demarcación y siguieron avanzando hacia el norte. Stalin, temeroso de un estallido de hostilidades abiertas con Estados Unidos, desoyó las peticiones de Corea del Norte para que la Unión Soviética interviniera. Aun así, el dirigente chino Mao Zedong no estaba dispuesto a ver caer a toda Corea bajo control estadounidense, lo que podría abrir la puerta para un ataque en el futuro contra la propia China (cuyas relaciones con la Unión Soviética ya eran muy poco armoniosas). En el otoño de 1950, Mao envió un contingente considerable, que llegó a contar con unos 300 000 soldados, y obligó al VIII Ejército estadounidense a emprender una retirada desesperada. Fue el primer indicio de que Occidente tendría que reconocer a China como una gran potencia militar. Al cabo de dos meses, toda Corea del Norte volvía a estar bajo control comunista y había caído la capital surcoreana, Seúl. Washington, alarmado, consideró la posibilidad de arrojar una bomba atómica.

La superioridad en bombas atómicas operativas de Estados Unidos con respecto a la Unión Soviética seguía siendo formidable, según algunos cálculos, 74 a 1. Pero ¿cuáles serían exactamente los objetivos? En una guerra que se libraba sobre todo en las zonas rurales de Corea, no estaban claros. Y había que contemplar la posibilidad de que, a modo de represalia, se iniciara una enorme escalada de una guerra que era regional, hasta derivar en una invasión soviética de Europa occidental o incluso en el lanzamiento de bombas atómicas sobre ciudades europeas. Hacia finales de 1950, la posibilidad de que el conflicto se agravara y desembocara en una tercera guerra mundial era muy real. La cúpula militar estadounidense había elaborado un listado de ciudades rusas y chinas señaladas como objetivos y consideró dar un ultimátum a China para que se retirara al otro lado del río Yalu. En caso necesario, se recurriría al «uso inmediato de la bomba atómica».

El buen juicio se acabó imponiendo y, en la primavera de 1951, momento en el que tras un enorme derramamiento de sangre se había bloqueado la ofensiva china, los estadounidenses habían recuperado la iniciativa y las tropas del Mando de la ONU habían obligado al ejército comunista a replegarse. Durante los dos años siguientes ambos bandos permanecieron inmersos en una espantosa guerra de desgaste. Con el armisticio firmado en julio de 1953, la guerra de Corea terminó de un modo similar a como había empezado, con cada bando detrás de la línea de demarcación en el paralelo 38. La cruel guerra de tres años se había saldado con cerca de tres millones de muertos y heridos, en su inmensa mayoría coreanos de ambos lados de la línea divisoria. Las bajas estadounidenses ascendieron a casi 170 000, con más de 50 000 muertos, y las de los contingentes europeos a más de 8000, principalmente británicos.

La guerra de Corea, aunque lejana y con escasa participación europea, tuvo consecuencias significativas para Europa debido al drástico aumento del gasto de defensa estadounidense. Antes de la guerra de Corea, el primer ensayo de una bomba atómica soviética en agosto de 1949, en el polígono de pruebas de Semipalátinsk, en el actual Kazajistán, ya había provocado que los estadounidenses se centraran en la necesidad de intensificar el desarrollo de su tecnología nuclear para mantenerse por delante de los soviéticos. El presidente Truman no solo había encargado acelerar la producción de bombas atómicas, sino también, el 31 de enero de 1950, la construcción de una «superbomba». Ya estaba previsto aumentar el gasto militar cuando el estallido de la guerra de Corea hizo que este se disparara. En un año, el presupuesto estadounidense de Defensa se multiplicó por más de cuatro. En 1952, el gasto militar ya equivalía prácticamente a una quinta parte del producto interior bruto estadounidense, frente a menos de la vigésima parte solo tres años antes. El 1 de noviembre de ese mismo año, los estadounidenses realizaron por primera vez un ensayo de su «superbomba», una bomba de hidrógeno que «borró todo el horizonte» y destruyó por completo la isla del Pacífico (el atolón de Eniwetok) en la que se produjo la explosión. Solo nueve meses más tarde, el 12 de agosto de 1953, los soviéticos siguieron sus pasos con un ensayo en un desierto de Asia central. Más tarde, Winston Churchill habló acertadamente del «nuevo terror» que implicaba la «igualdad en la aniquilación».

No es de sorprender que Estados Unidos se viera obligado a revisar no solo sus gastos, sino también sus compromisos en el exterior en función de una política de contención global de una amenaza soviética que se percibía como un peligro cada vez mayor. Obviamente, esto afectó a Europa. Los estadounidenses concebían cada vez más la ayuda a Europa en términos militares. El Plan Marshall, creado en 1947 para estimular la recuperación económica en Europa tras la guerra mediante la concesión de unos trece millones de dólares durante cuatro años, estaba tocando a su fin. Aun así, a finales de 1951 la ayuda militar estadounidense a Europa ya ascendía a casi 5000 millones de dólares. En 1952, cuando se incrementó la acumulación de armas a causa de la guerra de Corea, hasta el 80 % de la ayuda estadounidense a Europa occidental se destinaba a fines militares en lugar de a la reconstrucción civil.

En abril de 1949 se fundó la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como un pacto que inicialmente obligaba a doce países (Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia, Italia, Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Portugal e Islandia; en 1952 se amplió para incorporar a Grecia y Turquía) a defender Europa occidental. Nos obstante, los estadounidenses tuvieron claro desde un principio que la dotación armada de la OTAN era insuficiente y consideraban que los países europeos debían contribuir más para sufragar sus propios gastos de defensa; que Estados Unidos, que empezaba a verse a sí mismo como la policía del mundo, no podía seguir soportando la carga enormemente desproporcionada de la defensa europea. En consecuencia, todos los miembros europeos de la OTAN incrementaron sus gastos de defensa. Alemania Occidental, que tenía prohibido fabricar armas pero producía cada vez más maquinaria, herramientas y vehículos militares, se benefició enormemente de la demanda de acero, cuya producción aumentó más de un 60 % entre 1949 y 1953, impulsando su floreciente «milagro económico». El gasto debía traducirse en fortaleza militar. Así pues, en una cumbre de la OTAN celebrada en Lisboa en 1952, los miembros decidieron dotarse de al menos noventa y seis divisiones en un plazo de dos años.

Sin embargo, el tema tabú no podía ignorarse durante mucho más tiempo. El fortalecimiento de la OTAN no progresaría significativamente sin el rearme de Alemania Occidental. Cuando había transcurrido tan poco tiempo desde que fuera necesaria una poderosa alianza para destruir el poder militar de Alemania, la perspectiva de un resurgimiento del militarismo alemán resultaba, lógicamente, muy poco atractiva para sus vecinos europeos (al tiempo que, como es comprensible, aterraba a los soviéticos). Estados Unidos ya había planteado la cuestión del rearme de Alemania Occidental en 1950, poco después del estallido de la guerra de Corea. Siguió presionando y los miembros de Europa occidental de la OTAN tuvieron que reconocer que el razonamiento tenía su lógica. ¿Por qué debían seguir pagando los estadounidenses la mayor parte de la factura de la defensa de Europa cuando los propios europeos estaban dispuestos a hacer muy poco? Desde el punto de vista europeo, siempre existía el temor de que Estados Unidos pudiera incluso retirarse de Europa, como había hecho después de 1918 y como se había previsto inicialmente tras el final de la segunda guerra mundial. Y también era necesario asegurarse de que Alemania Occidental siguiera vinculada a la alianza occidental, algo que Stalin estaba dispuesto a poner a prueba con una oferta en 1952, que fue rechazada de plano por los dirigentes occidentales y que, a ojos de los alemanes, ofrecía el incentivo de una Alemania unificada y neutral. La iniciativa de Stalin fue interpretada en Occidente como un intento de presionar a los estadounidenses para que abandonaran Europa. También era evidente que pretendía evitar una mayor integración de la República Federal en la alianza occidental (que estaba deseando lograr el gobierno de Alemania Occidental con el canciller Konrad Adenauer al frente). Para entonces, todo ello estaba estrechamente relacionado con la cuestión de unas fuerza armadas de Alemania Occidental.

Quizá resulte sorprendente que fuera Francia quien, ya en 1950, formulara una propuesta que parecía ofrecer un posible avance en el dilema de cómo convertir Alemania Occidental en una potencia militar sin contrariar a los países europeos que se oponían rotundamente a esta medida. La propuesta francesa, presentada en octubre de 1950 por el primer ministro René Pleven, tenía por objeto evitar la adhesión de Alemania Occidental a la OTAN, una iniciativa que contaba con el apoyo de Estados Unidos, creando una organización de defensa europea que incorporara pero controlara la participación alemana. Contemplaba un ejército europeo con un componente de Alemania Occidental bajo mando europeo, no alemán (lo que aseguraba, en la práctica, la supervisión de Francia). Esta propuesta fue la base de lo que en mayo de 1952 se materializó en un tratado para establecer la Comunidad Europea de Defensa (CED).

El nombre inducía a error. La CED prevista ni siquiera incluía a todos los países de Europa occidental. Desde un principio topó con un problema fundamental que entorpecería todos los avances hacia la integración europea durante los decenios posteriores: cómo crear organizaciones supranacionales preservando al mismo tiempo la soberanía nacional de los miembros individuales. El Plan Schuman de 1950 (que tomaba su nombre del ministro de Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman) había servido de base para la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, creada al año siguiente, que se convirtió en el embrión del Mercado Común y posteriormente de la Comunidad Económica Europea. Sus miembros eran Francia, Alemania Occidental, Italia, los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo; Gran Bretaña prefirió mantenerse al margen. La CED se basó en un modelo similar, con los mismos miembros. Gran Bretaña, que junto con Francia poseía las mayores fuerzas armadas de Europa, acogió favorablemente la idea de la CED y se comprometió a mantener una cooperación estrecha en su calidad de miembro de la OTAN, pero no formó parte de la misma: no estaba dispuesta a destinar tropas indefinidamente a la defensa de Europa ni a participar en un proyecto cuyo objetivo, según manifestó el secretario británico de Exteriores Anthony Eden en 1952, era «allanar el camino a una federación europea». No podía considerar siquiera la disminución de la soberanía nacional que habría entrañado la pertenencia a una CED supranacional. Los miembros escandinavos de la OTAN adoptaron una postura similar. Por tanto, la CED se circunscribió, como se había previsto inicialmente, a los países que estaban empezando a converger en la política económica. No obstante, el tratado debía ser ratificado, y fracasó precisamente en el país que lo había propuesto en primer lugar, Francia. También en este caso la cuestión de la soberanía nacional fue decisiva. Cuando el 30 de agosto de 1954 se propuso ante la Asamblea Nacional francesa la ratificación de la CED fue rotundamente rechazada: la CED estaba muerta.

Aun así, el rearme alemán no lo estaba. Adenauer lamentó profundamente la defunción de la CED, a la que había considerado un paso importante hacia la integración de Europa occidental. Al principio pensó que la votación en la Asamblea Nacional francesa desbarataba sus esperanzas de recuperar la soberanía alemana, pero con su fracaso se abrió la perspectiva de lo que Adenauer (así como los británicos y los estadounidenses) había querido desde el principio: la militarización de Alemania Occidental como miembro de pleno derecho de la OTAN y el reconocimiento de su país como un estado soberano. Era el momento propicio para dar ese paso: Stalin había muerto en marzo de 1953 y la guerra de Corea había terminado. Alemania Occidental estaba firmemente comprometida con la alianza occidental, y las persistentes ideas de una Alemania Occidental neutral y reunificada (que la oposición socialdemócrata, con el apoyo de buena parte de la opinión pública alemana, había seguido contemplando) quedaron prácticamente desterradas. En las conferencia de Londres y después de París, en septiembre y octubre de 1954, los miembros de la OTAN acordaron poner fin a la ocupación de Alemania (aunque las fuerzas aliadas permanecerían en virtud de lo acordado con Alemania), aceptar a Alemania Occidental como un estado soberano e incorporar a la República Federal a la OTAN. El 5 de mayo de 1955 Alemania Occidental consiguió la soberanía estatal. Cuatro días más tarde, ingresó oficialmente en la OTAN. Se permitió que la República Federal tuviera un ejército (que no podía contar con más de medio millón de hombres), una fuerza aérea y una armada, aunque quedaba totalmente prohibida la posesión de armas nucleares.

Los soviéticos consideraban muy preocupantes los acontecimientos que tenían lugar en Occidente. Estados Unidos era el único país que había utilizado bombas atómicas en una guerra. Había sido el primero en desarrollar la bomba de hidrógeno, había intervenido militarmente en Corea y llevaba la delantera en la carrera armamentista en curso. Y había consolidado en Europa occidental una alianza antisoviética que incluía a una Alemania Occidental rearmada. La Unión Soviética había hecho todo lo posible por impedir que esto sucediera. La URSS, alarmada ante la posibilidad de un nuevo «militarismo alemán», en un vano intento de menoscabar o dividir la decisión de la alianza había incluso sugerido en 1954 a las potencias occidentales su disposición a ingresar en la OTAN, una propuesta que Occidente no tardó en rechazar.

Puesto que, como era previsible, las propuestas soviéticas cayeron en saco roto, y en vista de la percepción de que la OTAN era una alianza agresiva orientada contra la URSS y dominada por halcones de la administración estadounidense, no es de extrañar que el ingreso de Alemania Occidental en la OTAN solo tardara diez días en obtener respuesta: el 14 de mayo de 1955 se formaba el pacto de Varsovia. Este agrupaba a Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Albania y la República Democrática Alemana (RDA) y la Unión Soviética en una alianza militar. Al mismo tiempo, la URSS adoptó medidas para mejorar sus relaciones con países europeos «indecisos» y estratégicamente importantes, en particular Yugoslavia y Austria, con el propósito de evitar que se vieran arrastrados hacia la alianza occidental. El cisma con Yugoslavia, total desde la ruptura de Tito con Stalin en 1948, tocó a su fin, al menos oficialmente, en Belgrado el 2 de junio de 1955 con una declaración de respeto mutuo por la independencia y la integridad territorial y un compromiso de no interferir en los asuntos internos. Ya el 15 de mayo, al día siguiente de constituirse el pacto de Varsovia, la firma por las cuatro potencias de la guerra (Estados Unidos, la URSS, Gran Bretaña y Francia) del tratado de estado de Austria (que entraría en vigor el 27 de julio) puso fin a la ocupación de Austria y estableció el país como un estado soberano independiente. La Unión Soviética se había mostrado dispuesta a hacer posible este paso en cuanto Austria se comprometió a prohibir la presencia de bases militares en su territorio y a no ingresar en ninguna alianza. La neutralidad de Austria se anunció oficialmente el 26 de octubre de 1955, el día después de que las potencias ocupantes abandonaran el país. Y el cierre de una base naval soviética cerca de Helsinki el mes anterior confirmaba la voluntad de permitir a Finlandia establecer más firmemente su neutralidad, de ser de veras independiente de su gigantesco vecino soviético, pero sin alinearse con la OTAN.

El establecimiento en Europa de alianzas militares enfrentadas entre sí a ambos lados del Telón de Acero, presidida cada una por una superpotencia en posesión de armamento con una fuerza destructiva inimaginable, dio paso a un breve momento en el que la escarcha que se estaba formando en la guerra fría, si bien no empezó a derretirse, al menos no se congeló. Parecía que tanto las autoridades soviéticas como las estadounidenses estaban dispuestas a rebajar la tensión. El 18 de julio de 1955, los jefes de Gobierno de Estados Unidos, la URSS, Gran Bretaña y Francia se reunieron en Ginebra. Era la primera vez en diez años que lo hacían; la última vez había sido en la conferencia de Potsdam, inmediatamente después de concluir la segunda guerra mundial en Europa. La cumbre (como se empezó a llamar a estas reuniones) abordó diversos temas, sobre todo cuestiones que afectaban a la seguridad. Parecía ofrecer un atisbo de esperanza de conseguir algo parecido a la base para una coexistencia pacífica. Al menos los dirigentes de las superpotencias estaban dispuestos a sentarse y conversar. La conferencia era una última esperanza a la que aferrarse. Sin embargo, no llegó a materializarse nada que mereciera la pena. El presidente Eisenhower propuso una política de «cielos abiertos», concebida para permitir a Estados Unidos y la Unión Soviética realizar reconocimientos aéreos de sus respectivos territorios. Los soviéticos, precavidos a la hora de permitir a los estadounidenses obtener información sobre sus instalaciones nucleares y el posible reconocimiento de las limitaciones de su capacidad en los bombardeos de largo alcance, se apresuraron a rechazar la propuesta. (A Estados Unidos no le preocupó en exceso, pues no mucho tiempo después los nuevos aviones espías U-2 sobrevolaban la Unión Soviética, hasta que en mayo de 1960 uno de ellos fue derribado y su piloto, Gary Powers, capturado, lo que desencadenó un conflicto internacional). El «espíritu de Ginebra» no tardó en desvanecerse. Al cabo de un año, la guerra fría se había reafirmado. A principios de noviembre la brutal represión del levantamiento húngaro contra el régimen soviético coincidió con la culminación de la crisis de Suez (que incluía la amenaza del dirigente soviético Nikita Jruschov de usar misiles contra Gran Bretaña y Francia) y trajo una renovada y terrible tensión a las relaciones internacionales.

Para entonces, la carrera armamentista nuclear había adquirido unas proporciones realmente abrumadoras aun cuando la mayor parte de la población a ambos lados del Telón de Acero no tuvieran una mínima noción de la magnitud de ese arsenal. Gran Bretaña había decidido ya en 1947 que debía fabricar su propia bomba atómica (que consideraba que garantizaba un lugar en la «mesa principal» de la diplomacia internacional). El primer ministro laborista Clement Attlee había abogado con firmeza por esta medida ya en agosto de 1945, inmediatamente después del lanzamiento por los estadounidenses de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Su ministro de Exteriores, Ernest Bevin, un miembro destacado del gobierno laborista después de la guerra, había argumentado al año siguiente sin ambages a favor de una bomba británica cuando otros, incluido el propio Attlee, dudaban: «Debemos tenerla. Debemos poner la maldita Union Jack encima de ella» cueste lo que cueste, declaró Bevin. Gran Bretaña se convirtió en la tercera potencia nuclear en octubre de 1952, cuando realizó su primer ensayo en las islas Montebello, cerca de la costa occidental de Australia. Dos años después de esta prueba, el gobierno británico decidió fabricar una bomba de hidrogeno. En 1957, se incorporó una bomba británica al creciente arsenal termonuclear. Winston Churchill, el sucesor de Attlee como primer ministro, había sostenido que era «el precio a pagar por sentarse en la mesa principal» de los líderes mundiales. Francia, como Gran Bretaña, consideraba que la posesión de una bomba atómica (después de hidrógeno) era un signo indispensable del estatus de gran potencia. Sería el próximo miembro del «club nuclear» cuando en febrero de 1960 realizó un ensayo de su primera bomba atómica cerca de Reggane, en el desierto del Sáhara argelino, y fabricó después un arma termonuclear en 1968. Estos pasos significaban una preocupante proliferación de armas nucleares, aunque seguía estando restringida a las potencias vencedoras en la segunda guerra mundial. No obstante, el acontecimiento crucial fue la competencia entre las dos superpotencias para dotarse de una capacidad de destrucción cada vez mayor.

En marzo de 1954, los estadounidenses detonaron en el atolón Bikini de las islas Marshall una bomba de hidrogeno 750 veces más potente que la bomba atómica que había devastado Hiroshima. La lluvia radiactiva ocasionada por la explosión provocó muertes debidas a la exposición a la radiación a más de ciento veinte kilómetros de distancia. Los soviéticos, para no ser menos, detonaron una bomba aún mayor en el mes de septiembre cerca de la aldea de Tótskoye, en la óblast de Oremburgo (al sur de los Urales), y al año siguiente su primera bomba de hidrógeno aérea, cien veces más potente que la anterior. Estados Unidos trabajaba por entonces en la fabricación de armas nucleares «tácticas» más pequeñas que se pudieran instalar en la ojiva de un misil, y a partir del otoño de 1953 empezaron a crear lo que se convertiría en un importante arsenal de armas nucleares tácticas en Europa. No tardó en presentarse a los oficiales en prácticas en Estados Unidos escenarios de Europa como un campo de batalla arrasado por la guerra nuclear. John Foster Dulles, el militarista secretario de Estado norteamericano (que concebía la política en nuevos términos, ya no de «contención» del comunismo soviético, sino de «hacerlo retroceder»), dijo al año siguiente a los mandatarios de la OTAN que las armas atómicas debían considerarse una parte convencional de la capacidad defensiva de la alianza occidental. Una guerra nuclear limitada, en la que el campo de batalla fuera Europa, parecía una posibilidad real. Estados Unidos consideró la idea de un ataque rápido y demoledor contra la Unión Soviética. En una reunión informativa que mantuvieron los representantes de los servicios militares estadounidenses en marzo de 1954, el general Curtis LeMay, jefe del Mando Aéreo Estratégico (quien hacia el final de la segunda guerra mundial había dirigido la campaña de bombardeos de ciudades japonesas), expuso sus planes para un ataque aéreo a gran escala y previó que «prácticamente toda Rusia no sería más que ruinas humeantes y radiactivas al cabo de dos horas». LeMay estaba «firmemente convencido de que bastarían treinta días para que concluyera la tercera guerra mundial».

La escalada del arsenal nuclear fue impresionante. En 1950, el ejército estadounidense tenía en su poder 298 bombas atómicas; en 1962, contaba con al menos 27 100 armas nucleares y más de 2500 bombarderos capaces de perpetrar ataques de largo alcance. Los soviéticos disponían de algunos bombarderos de largo alcance que les ponían en condiciones de alcanzar objetivos estadounidenses, pero iban a la zaga de Estados Unidos en cuanto a número y capacidades. Sin embargo, en 1957 la Unión Soviética causó de nuevo inquietud al lograr un doble éxito en la carrera armamentista. En agosto lanzó un misil balístico intercontinental, el primero de la historia. Aún más espectacular fue el lanzamiento, en la madrugada del 5 de octubre (hora de Moscú), usando el misil, del primer satélite espacial, al que llamó Sputnik, que significa «compañero de viaje». Aunque la mayoría de los europeos celebraron lo que consideraban un logro extraordinario, el primer paso hacia la exploración del espacio, los científicos y los políticos estadounidenses no tardaron en comprender lo que significaba el Sputnik. La Unión Soviética podía no tardar mucho en estar en condiciones de lanzar un ataque nuclear contra Estados Unidos desde el espacio. Un informe estadounidense señalaba una alarmante inferioridad frente a la tecnología soviética y pedía un gran incremento del arsenal de misiles estadounidenses, para lo que, por supuesto, era necesario aumentar sustancialmente la financiación. En 1959, el gasto militar representaba la mitad del presupuesto federal de Estados Unidos. Los estadounidenses ya habían seguido a los soviéticos al espacio un año antes cuando lanzaron el Explorer y (tras un fracaso embarazoso) los cohetes Vanguard para poner en órbita sus propios satélites. Ese mismo año, en el mes de julio, se fundó la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) para llevar a cabo la exploración científica del espacio exterior, si bien (a tenor de la relevancia militar del programa en rápida expansión) parte de la financiación procedía del Pentágono (el cuartel general del ejército de Estados Unidos) y estaba destinada a la investigación de misiles. En realidad, aunque los dirigentes políticos y los mandos militares estadounidenses seguían estando casi paranoicos por la «brecha de los misiles» con la Unión Soviética, convencidos de que iban rezagados, cuando en noviembre de 1960 John F. Kennedy fue elegido presidente de Estados Unidos la cantidad de armas nucleares utilizables que poseían los estadounidenses era unas diecisiete veces superior a la de los soviéticos.

No obstante, para entonces ya no tenía mucho sentido discernir cuál de las superpotencias poseía el mayor arsenal nuclear. A principios de los años sesenta, la carrera armamentista nuclear ya hacía mucho tiempo que había alcanzado el punto de Destrucción Mutua Asegurada (MAD)[1], como se la denominó acertadamente. Los misiles balísticos intercontinentales eran capaces de soltar su devastadora carga en cuestión de minutos. Se armó a flotas de bombarderos y submarinos con armas nucleares, listos para lanzarlas en cuanto recibieran la orden. El mundo tenía que vivir con la posibilidad de que una crisis pudiera escalar hasta el punto en que se apretara el botón; o de que accidentalmente una bomba atómica provocara una catástrofe (como estuvo a punto de ocurrir en Anglia Oriental cuando en 1957 un bombardero estadounidense se estrelló contra un depósito en el que había tres bombas atómicas). El 30 de octubre de 1961 se pudo apreciar una muestra de la devastación casi inimaginable que causaría una guerra nuclear cuando los soviéticos detonaron la que se convertiría en la mayor y más potente bomba de la guerra fría al norte del Círculo Polar Ártico, sobre el archipiélago de Nueva Zembla, en el océano Ártico. El hongo atómico alcanzó una altura de 65 kilómetros en la estratosfera. El destello de la explosión fue visible a casi mil kilómetros de distancia. Se dijo que la insólita capacidad de destrucción de aquel monstruo de 50 kilotones fue 1400 veces más potente que toda la fuerza conjunta de las bombas atómicas arrojadas en Hiroshima y Nagasaki y mucho mayor que todos los explosivos usados por todos los contendientes durante la segunda guerra mundial.

Durante los tres años precedentes, la tensión entre las superpotencias había tenido que ver, una vez más, con la cuestión de Berlín. Ya se había producido una grave crisis por Berlín en 1948, cuando Stalin intentó obligar a los aliados occidentales a abandonar la ciudad. Berlín, aunque ocupada por cuatro potencias, estaba situada unos ciento sesenta kilómetros dentro de la zona controlada por los soviéticos. El dictador soviético acabó por claudicar en la primavera de 1949, después de que los aliados occidentales pusieran en marcha el «puente aéreo de Berlín», que duró casi un año, para superar el bloqueo que este había impuesto. En 1958, el sucesor de Stalin, Jruschov, consideró llegado el momento de volver a presionar a los aliados occidentales sobre Berlín. Fue una respuesta a los planes estadounidenses, alentados por el gobierno de Alemania Occidental, de estacionar armas nucleares de alcance intermedio en ese país, lo que a su vez fue una reacción al lanzamiento soviético de satélites espaciales y a los alardes de Jruschov acerca de la capacidad nuclear soviética.

Desde la muerte en 1953 de Stalin, Nikita Jruschov se había ido abriendo paso en una lucha de poder en el Kremlin que había durado más de dos años hasta erigirse en el líder de la URSS. En tanto que presidente del Consejo de Ministros y primer secretario del Partido Comunista, en la práctica combinaba el cargo de primer ministro con la importantísima dirección del partido y su supremacía en el sistema soviético era absoluta. Jruschov, un antiguo protegido de Stalin (y colaborador en sus purgas), procedente de una familia pobre y con escasa educación, era tosco pero perspicaz. Su afabilidad superficial podía dar paso enseguida a ataques de cólera y amenazas. A mediados de los años cincuenta, Occidente albergó durante breve tiempo la esperanza de que bajo su liderazgo se pudieran entablar mejores relaciones y menos tensas con la Unión Soviética, pero Jruschov tenía un carácter voluble y en materia de asuntos exteriores era menos previsible que Stalin. Esto aumentaba el riesgo de que el conflicto entre las superpotencias pudiera descontrolarse rápidamente.

El estatus de Berlín había seguido siendo una espina clavada tanto para las autoridades de Alemania Oriental como para sus amos de la Unión Soviética. Berlín Occidental era una pequeña isla gobernada por Occidente en un océano controlado por los soviéticos, pero los miembros de las fuerzas ocupantes occidentales tenían derecho a entrar y salir de Berlín Este (del mismo modo que de vez en cuando las patrullas militares soviéticas entraban en Berlín Oeste, ya que, en teoría, toda la ciudad permanecía bajo control de las cuatro potencias ocupantes). Los ciudadanos de Berlín Oriental podían cruzar sin problemas a Berlín Oeste, que funcionaba como un escaparate de un Occidente más próspero. No se limitaban a ir y venir; muchos de ellos se quedaban para buscar trabajo, afincarse y disfrutar del nivel de vida más alto de Alemania Occidental. Entre 1953 y finales de 1956 se marcharon más de un millón y medio de alemanes del Este. Casi medio millón más les siguieron entre 1957 y 1958. Los niveles de salidas no eran compatibles ni con los planes económicos y políticos de las autoridades de Alemania Oriental ni con el mantenimiento de este país como baluarte contra el oeste capitalista. Además de las consideraciones económicas, estaban los acontecimientos recientes: una Alemania Occidental remilitarizada, parte de la OTAN y con armamento nuclear estadounidense en su suelo. Además, Berlín Occidental era un nido de espías y propaganda occidentales (a la que cada vez más berlineses del Este estaban expuestos a diario a través de la televisión que se transmitía desde Berlín Oeste). Jruschov consideró llegado el momento de cuestionar el statu quo. Y reabrir la cuestión del estatus de Berlín significaba reabrir la cuestión de la propia Alemania.

El 27 de octubre de 1958, Walter Ulbricht, el dirigente de Alemania Oriental, anunció en un importante discurso que «todo Berlín se encuentra en el territorio de la República Democrática de Alemania» y se halla dentro de la esfera de su soberanía, lo cual contradecía por completo el estatus de Berlín, una ciudad bajo el control de las cuatro potencias ocupantes. Era evidente que Ulbricht había consultado el discurso con Jruschov, pues solo dos semanas más tarde, el 10 de noviembre, el dirigente soviético declaró en Moscú que había llegado la hora de poner fin a la ocupación de Berlín, y el 27 de noviembre añadió un ultimátum a las potencias occidentales (Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia) para que aceptaran la desmilitarización de Berlín Oriental en el plazo de seis meses y, por consiguiente, el fin del «régimen de ocupación» o se enfrentarían a una acción unilateral de la Unión Soviética y la República Democrática de Alemania para lograr este objetivo. En ese caso, el acuerdo en el que se basaba la ocupación sería considerado inválido.

Obviamente, la aceptación del ultimátum habría debilitado mucho a las potencias occidentales y no solo en Berlín. Sin embargo, se pudo evitar la confrontación gracias a la diplomacia semiconciliadora (sin ceder, en realidad, en nada) por parte de las potencias occidentales y a una invitación del presidente Eisenhower a Jruschov para que visitara Estados Unidos en 1959. El plazo del ultimátum inicial expiró sin que se produjeran incidentes. Y el 15 de septiembre de 1959 Jruschov emprendió una visita de doce días a Estados Unidos durante la que, si bien no consiguió nada sustancial, los dirigentes de las superpotencias tuvieron la oportunidad de encontrarse cara a cara y atemperar un ambiente hasta entonces gélido.

La crisis que se había estado gestando amainó temporalmente. El deterioro de la relaciones con China (que ilustraba el escaso respeto de Mao Zedong por Jruschov) fue una de las razones de que la Unión Soviética se mostrara dispuesta a rebajar la tensión en el centro de Europa. No obstante, esta tensión estaba condenada a reaparecer, ya que continuaba sin resolverse el problema subyacente, la hemorragia a través de la frontera de la población de Alemania Oriental hacia Berlín Occidental. El constante éxodo de ciudadanos hacia Occidente ya había provocado que en 1952 el régimen de Alemania Oriental cerrara la línea de demarcación con la República Federal. Pero la frontera en Berlín no estaba cerrada y continuaba siendo una vía de salida de Alemania del Este para quienes querían entrar en el oeste.

Centenares de alemanes orientales cruzaban por entonces la frontera cada día. En el momento álgido del flujo de refugiados, hasta 2305 personas cruzaron de Berlín Este a Berlín Oeste en un solo día, el 6 de abril de 1961. La mayoría de los que se marcharon eran jóvenes; muchos eran agricultores que elegían huir de la colectivización de la producción agrícola introducida en junio de 1958; trabajadores cualificados, estudiantes recién graduados y profesionales jóvenes, a los que el estado de Alemania Oriental no se podía permitir perder, también figuraban entre los muchos que partían en busca de una vida mejor en Alemania Occidental. En 1960, se marcharon unos doscientos mil alemanes orientales. Las cifras amenazaban con aumentar aún más en 1961. Solo en abril de ese año treinta mil personas cruzaron la frontera para siempre. Entre la fundación de la RDA en octubre de 1949 y agosto de 1961, al menos 2,7 millones de alemanes orientales (el 15 % de la población) habían pronunciado su veredicto sobre el sistema socialista del Este y se habían trasladado a Alemania Occidental.

Cuando Jruschov y Kennedy se encontraron por primera vez en Viena los días 3 y 4 de junio de 1961, la cuestión de Berlín ocupó un lugar central de sus difíciles deliberaciones. Jruschov se mostró un poco desdeñoso con el nuevo e inexperto dirigente de Estados Unidos. Kennedy se había visto perjudicado por el desastre de «Bahía de Cochinos» en abril, una calamitosa invasión patrocinada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) cuyo objetivo era derrocar al gobierno comunista de Cuba. Jruschov tomó la iniciativa en la reunión y presentó un nuevo ultimátum: si las potencias occidentales no accedían a convertir Berlín en un «estado libre» y renunciaban a sus derechos de acceso, transferiría todos los derechos de los soviéticos sobre el corredor aéreo entre Berlín Oeste y la República Federal de Alemania a la República Democrática Alemana, obligando así a los aviones occidentales a aterrizar en territorio de la RDA. Kennedy no se dejó intimidar por la bravata del dirigente soviético y planteó la posibilidad de una guerra si Jruschov persistía en sus exigencias.

Varias semanas más tarde, el acuerdo del Consejo de la OTAN de tomar medidas militares para evitar el bloqueo de las rutas de acceso a Berlín Occidental hicieron que Jruschov reconsiderara su opinión inicial sobre la inexistencia de una seria amenaza de guerra. Solo entonces accedió a la propuesta de Ulbricht, formulada ya en marzo en una reunión de representantes del pacto de Varsovia en Moscú, de sellar la frontera entre Berlín Oeste y el territorio de la República Democrática Alemana. (En realidad, los planes de amurallar Berlín Oeste para bloquear la entrada y la salida del Este se remontaban ya a 1952). El 24 de julio de 1961, el Politburó, el órgano rector del Partido Socialista Unificado de Alemania (PSUA, el Partido Comunista de la RDA) decidió iniciar los preparativos adecuados. A principios de agosto los estados del pacto de Varsovia respaldaron la medida y el día 12 de ese mes Ulbricht dio la orden de cerrar la frontera esa misma medianoche. Al día siguiente, el 13 de agosto la frontera entre Berlín Este y Oeste quedó sellada (primero mediante una alambrada levantada rápidamente, pero pronto con un muro de hormigón de casi cuatro metros de altura y 155 kilómetros de longitud reforzado con torres de vigilancia, campos de minas, perros policía y órdenes de disparar a cualquiera que cruzara la «franja de la muerte» desde cualquier lado del Muro). Así permanecería durante los veintiocho años siguientes.

La respuesta de Occidente fue tibia. En realidad, a todas las potencias occidentales les convenía sofocar la crisis. Gran Bretaña, una potencia imperial sobrecargada, deseaba reducir los gastos que conllevaba la ocupación en Alemania. Los franceses, igual de sobrecargados, estaban aún menos dispuestos «a morir por Berlín» (como comentó su ministro de Defensa), preocupados como estaban por una grave crisis en su colonia de Argelia. Y los estadounidenses, obviamente la potencia occidental dominante, no tenían ningún interés en una guerra por Berlín. Por tanto, las protestas de Occidente no pasaron de las previsibles reprobaciones, más allá de una muestra simbólica de solidaridad mediante la visita a Berlín Oeste pocos días después del cierre de la frontera del vicepresidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, y del antiguo héroe del puente aéreo, el general Lucius D. Clay. No menos simbólico fue el envío de mil quinientos efectivos de combate estadounidenses a la ciudad, a quienes los berlineses occidentales dieron una calurosa bienvenida mientras desfilaban por la avenida principal, la Kurfürstendamm.

Las señales procedentes de Washington indicaban que Estados Unidos no se opondría al bloqueo de Berlín Este, siempre y cuando los soviéticos no tomaran medidas para alterar el estatus de Berlín Oeste. A finales de julio, en su alocución televisiva a la ciudadanía, el presidente Kennedy ni siquiera mencionó Berlín ni a su población al hablar sobre las estipulaciones esenciales respecto a Berlín (el derecho de los aliados occidentales a mantener una presencia en la ciudad, el derecho de libre acceso y el derecho de autodeterminación de los berlineses occidentales). Reconoció en cambio las legítimas preocupaciones de seguridad de los soviéticos en Europa central y oriental (aunque, para enfado de Jruschov, también anunció que solicitaría al Congreso la aprobación de otros 3250 millones de dólares de gasto militar, principalmente para fuerzas convencionales). El presidente comunicó a uno de sus asesores más cercanos que podía mantener unida la alianza occidental para defender Berlín Oeste, «pero no puedo hacer nada para mantener abierto Berlín Este». Y el 30 de julio el presidente del comité de asuntos exteriores del Senado de Estados Unidos, William Fulbright, casi pareció invitar a los alemanes del Este a sellar su frontera al expresar en una entrevista en televisión su opinión de que tenían derecho a hacerlo. Jruschov, que deseaba una guerra tan poco como las potencias occidentales, tenía la salida de la crisis que había iniciado.

El cierre de la frontera el 13 de agosto de 1961 estuvo muy bien calculado. Fue un domingo por la mañana cuando los berlineses descubrieron al despertarse que trabajadores de Alemania Oriental, vigilados por guardias armados, habían levantado durante la noche una alambrada de púas a través de toda la ciudad. Kennedy no fue informado hasta media mañana, última hora de la tarde en Berlín. Él y sus principales asesores decidieron que, por muy detestable que fuera la barrera, era preferible a la guerra. «No es una solución muy buena, pero un muro es muchísimo mejor que una guerra», declaró Kennedy. El secretario de Estado norteamericano, Dean Rusk, admitió en privado que el cierre de la frontera «haría más fácil llegar a un acuerdo sobre Berlín».

No cabía esperar que las demás potencias occidentales adoptaran una postura más agresiva. El embajador británico en Berlín, sir Christopher Steel, manifestó su sorpresa por que los alemanes orientales hubieran tardado tanto en cerrar la frontera. El comandante francés en Berlín tuvo que esperar instrucciones de París. Era improbable que fueran a llegar de inmediato: la mayor parte del personal del Ministerio de Asuntos Exteriores estaba de vacaciones. Charles de Gaulle, el presidente del país, permaneció impasible en su residencia campestre de Colombey-les-Deux-Églises y no regresó a la capital hasta el 17 de agosto. En Inglaterra, la víspera del cierre de la frontera en Berlín fue el «glorioso doce»: el inicio anual, cada 12 de agosto, de la temporada en que la clase alta británica practica la caza del urogallo; no debía molestarse al primer ministro Harold Macmillan durante su disfrute en las fincas en Yorkshire de su sobrino, el duque de Devonshire.

Dos meses más tarde, en octubre de 1961, estalló otro foco de tensión en relación con Berlín, causado por la peligrosa e innecesaria escalada de un incidente menor. El origen fue la negativa de un diplomático estadounidense y su esposa a mostrar los pasaportes a los guardias fronterizos de Alemania Oriental y, en consecuencia, se les negó el permiso para cruzar al Este para acudir al teatro. Los estadounidenses respondieron enviando un pelotón de soldados para escoltar al diplomático hasta Berlín Este y, a lo largo de los días siguientes, jeeps con soldados empuñando rifles acompañaron a los civiles a través de la frontera, lo que constituía una provocación. El general Clay, un halcón, envió entonces diez tanques estadounidenses al cruce del Checkpoint Charlie. Los soviéticos respondieron alineando sus propios tanques a un centenar de metros de la frontera. En aquella confrontación, el más mínimo chispazo podía poner en peligro la paz mundial, pero nadie deseaba que ocurriera una catástrofe nuclear por una nimiedad, «esta tontería infantil», en palabras de Harold Macmillan. Los líderes de ambos bandos eran conscientes de la necesidad de apaciguar la situación. El presidente Kennedy decidió que ya era suficiente y envió un mensaje a Jruschov (que también tenían poco interés en una nueva escalada) asegurándole que los estadounidenses igualarían cualquier retirada. Tras dieciséis horas de enfrentamiento, ambas partes se retiraron, lentamente al principio, y la crisis se dio por concluida.

Con ello, no solo Berlín, sino también Alemania y Europa dejaron de ser el epicentro de la guerra fría. Quien tuvo que pagar el precio del inmovilismo de las superpotencias en Europa durante casi tres décadas fue la población de Europa oriental, sobre todo los alemanes, pues aunque el Muro rodeaba solo Berlín Oeste, fueron los ciudadanos de la República Democrática Alemana quienes quedaron encerrados, privados de libertad para viajar por el continente, con los medios de comunicación coartados, en muchos casos separados de parientes y amigos, condenados a un régimen muy restrictivo y de vigilancia constante e incapaces de beneficiarse de la rápida mejoría de los niveles de vida de sus compatriotas en el oeste (como podían ver en la televisión occidental).

La afluencia de personas al oeste de detuvo, pues los alemanes orientales que intentaban marcharse corrían el riesgo de perder la vida al tratar de cruzar la frontera. Una de las primeras muertes se produjo poco después de que la conmemoración del primer aniversario de la construcción del Muro hubiera provocado graves disturbios en Berlín Oeste. Peter Fechter, un joven de dieciocho años que el 18 agosto de 1962 intentó huir cerca del Checkpoint Charlie, cayó bajo una lluvia de balas a un metro de la libertad cuando intentaba trepar por la última alambrada de púas antes de llegar a Berlín Oeste. Se dio la circunstancia de que se encontraba allí un equipo de televisión de Alemania Occidental filmando un documental sobre el Muro y gravó la agonía del joven, que gritaba de dolor mientras los guardias fronterizos de Alemania Oriental permanecían en sus puestos sin hacer nada. La cifra oficial de muertes en el Muro en los veintiocho años que estuvo en pie fue de 139 personas (la primera una semana después de su construcción y la última, seis meses antes de su caída), aunque existen otros cálculos mucho más elevados.

Estos fueron los costos humanos más espantosos del Muro. En el ámbito político, el Muro tuvo un efecto tranquilizador. La crisis permanente sobre Berlín, con su potencial para degenerar en una catástrofe nuclear, era intolerable para todas las partes. Nadie deseaba una guerra. El Muro constituía una terrible acusación contra el socialismo de estilo soviético, pero sin él las pérdidas para la economía de Alemania Oriental habrían sido insoportables y habrían socavado el sistema político de la RDA. Y sin Alemania Oriental, todo el bloque oriental de satélites soviéticos estaría en peligro. Es improbable que las autoridades soviéticas hubieran permanecido pasivas. El Muro, aun siendo cínico e inhumano, trajo calma no solo a Alemania, sino a toda Europa central.

No obstante, aún hubo un momento de tensión máxima, la única ocasión en más de cuatro décadas de guerra fría en que el mundo estuvo al borde de la guerra nuclear. Aunque se produjo a miles de kilómetros de distancia, en las proximidades de Cuba, podría haber sumido a Europa en un holocausto nuclear, lo cual demuestra hasta qué punto el conflicto entre las superpotencias se había convertido para entonces en una confrontación mundial.

La crisis se desató cuando en octubre de 1962 Jruschov decidió estacionar misiles nucleares de alcance medio e intermedio en Cuba. Las autoridades estadounidenses siguieron pensando durante la crisis que el asunto de Cuba también estaba vinculado con la cuestión de Berlín, que se trataba de un modo de presionar a Estados Unidos para que cediera sobre Berlín Oeste. En realidad, parece que en efecto fue una razón indirecta de la peligrosa iniciativa de Jruschov, que seguía estando obsesionado con la cuestión alemana y era consciente de que el Muro de Berlín había sido una derrota para el Este socialista y una humillación ante el mundo para el marxismo-leninismo, pero tenía también otros motivos. El impulsivo jefe del Kremlin era plenamente consciente de que la Unión Soviética iba a la zaga de Estados Unidos en cuanto a capacidad de misiles de largo alcance, y sabía muy bien que Estados Unidos tenía en sus bases en Gran Bretaña, Italia y Turquía misiles de alcance intermedio apuntando a la Unión Soviética. Parte de su razonamiento consistía en pagar con la misma moneda a los estadounidenses y darles a probar «un poco de su propia medicina» al exponerlos al temor a misiles apuntándoles y estacionados en las proximidades de su costa. Sin embargo, también parece que a Jruschov le movía asimismo la necesidad que sentía de mantener el prestigio soviético en Cuba (donde se esperaba que Estados Unidos intentara por segunda vez derrocar al dirigente comunista Fidel Castro) e impulsar una revolución más amplia en América Latina.

Cuando a la impactante noticia de que cuarenta y dos misiles nucleares de alcance intermedio iban de camino a Cuba la administración Kennedy respondió el 21 de octubre amenazando con interceptar los buques soviéticos y poniendo a las fuerzas armadas estadounidenses en el máximo nivel de alerta nuclear solo por detrás del de guerra, el mundo estuvo al borde del Armagedón. La política de alto riesgo entre Kennedy y Jruschov duró una semana. Tras varios días en los que la tensión fue insoportable, el 28 de octubre Jruschov acabó dando marcha atrás y ordenó que los misiles regresaran a la Unión Soviética. El mundo entero suspiró aliviado. Los estadounidenses podían atribuirse una victoria (aunque algunos fanáticos del Pentágono lamentaron que no se hubiera recurrido a una intervención militar), pero los soviéticos no se marcharon con las manos del todo vacías. Kennedy se comprometió públicamente a no volver a intentar invadir Cuba y accedió a desmantelar las bases de misiles en Turquía. En ese momento, parte del acuerdo se mantuvo en secreto porque técnicamente se trataba de bases de la OTAN que Estados Unidos se estaba preparando para desmantelar unilateralmente. Los misiles fueron retirados de Turquía al año siguiente sin que se admitiera que ello guardaba relación con la crisis cubana.

Durante toda la guerra fría, la guerra nuclear nunca estuvo tan cerca como entonces. Nadie podía estar seguro de que jamás volvería a ocurrir. Esta realidad convenció tanto a los líderes estadounidenses como a los soviéticos de la necesidad de poner fin, o al menos limitar, la demencial carrera armamentista. La instalación en 1963 de un «teléfono rojo» entre la Casa Blanca y el Kremlin fue una señal de la voluntad de reducir la tensión en lugar de arriesgarse a una escalada que pudiera desembocar en un conflicto nuclear. El 5 de agosto de 1963, Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña firmaron en Moscú un tratado de prohibición parcial de los ensayos nucleares que vetaba todas las pruebas excepto las subterráneas. (Francia no lo firmó). Se trataba de un avance modesto, pero al menos era un comienzo.

Poco más de un año después, en octubre de 1964, Jruschov fue defenestrado mediante un «golpe palaciego» en el Kremlin. Su acción de provocar la crisis de los misiles en Cuba, que se consideró que empañaba la reputación internacional de la Unión Soviética, fue una de las razones de su destitución, así como su autorización para construir el Muro de Berlín. Con la marcha de Jruschov, la guerra fría perdió a un personaje errático, bravucón e impredecible. Le reemplazaron dos nuevos dirigentes soviéticos: Leónidas Breznev como secretario general del Partido Comunista y Alekséi Kosygin como primer ministro. Con el traspaso de poder en el Kremlin arrancaba una nueva etapa de la guerra fría. Habría focos de tensión en el futuro, por supuesto, pero con la construcción del Muro de Berlín, la resolución de la crisis cubana y la defenestración de Jruschov el calor más intenso de la guerra fría se evaporó. Durante algún tiempo, Europa se mantuvo en calma en los asuntos internacionales.

VIVIR CON LA BOMBA: ¿MIEDO O FATALISMO?

«Vivíamos todos en una especie de histeria nerviosa», recordaba casi cincuenta años después Eric Hobsbawm, uno de los mejores historiadores de Europa, al reflexionar sobre la «sombra negra de los hongos nucleares». Esta era la percepción de un intelectual, pero ¿hasta qué punto podía aplicarse esta generalización a la masa de ciudadanos europeos? ¿Experimentaba la mayoría de la gente un temor constante y vivía en un estado de «histeria nerviosa»? No son preguntas fáciles de responder.

Tras una generación marcada por la guerra, el derramamiento de sangre, el sufrimiento y la devastación, lo que más anhelaba la mayoría de los ciudadanos europeos, tanto en el este como en el oeste, eran la paz y la «normalidad». Aunque en las décadas anteriores hubo poca «normalidad» de la que hablar, significaba sobre todo retomar unas vidas que giraran en torno a la familia y el trabajo, en unas circunstancias materiales dignas, protegidas de los peores estragos de la pobreza y la inseguridad. A medida que poco a poco los horrores de la segunda guerra mundial se desvanecían y de las ruinas surgían los contornos de una nueva Europa, lo más importante para la gran mayoría de la población eran la seguridad, la estabilidad y la prosperidad. Empezaron a soñar con tiempos mejores. Sin embargo, la posibilidad de una guerra nuclear entre las nuevas potencias que por entonces controlaban Europa y se miraban con ira por encima del Telón de Acero que dividía el continente proyectaba una larga sombra. La capacidad de las armas nucleares para causar una destrucción total dejaba a los europeos en una situación de indefensión. Los ciudadanos de toda Europa (y de otros lugares) tuvieron que aprender a vivir con la bomba. El miedo y el fatalismo coexistían. Había sobrados motivos para ello.

Obviamente, la manera en que la población se adaptó a la nueva realidad de la amenaza a su propia existencia varió en función de las circunstancias personales, las creencias y las convicciones, la clase social, la nacionalidad, la geografía y muchos otros factores. No menos influyó la información que recibieron de los partidos políticos y sus dirigentes, de los medios de comunicación, de comentaristas sociales y de personas influyentes de diversos ámbitos. Pese a las dificultades que conlleva generalizar, parece ser que, paradójicamente, en el momento más peligroso de la confrontación de la guerra fría, entre 1950 y 1962, la oposición a las armas nucleares fue relativamente escasa.

Los movimientos antinucleares eran aún embrionarios durante el período más candente de la guerra fría y no eran capaces de obtener una amplia repercusión popular. En la mayoría de los casos, los gobiernos de Europa occidental tuvieron éxito a la hora de inculcar a los ciudadanos de sus países profundas ideas antisoviéticas y su contrapunto, la creencia en la seguridad proporcionada por Estados Unidos, al que muchos consideraban el salvador de Europa occidental y el garante de su futuro bienestar. Las otras potencias nucleares emergentes, Gran Bretaña y Francia, también se mostraban muy dispuestas a aceptar el efecto disuasorio de la posesión de armas nucleares. Por tanto, exagerando un poco se podría decir que en Europa occidental el temor a las armas nucleares fue en buena medida unilateral. Las armas soviéticas eran una fuente de temor; la OTAN, que en la práctica significaba armas estadounidenses (y británicas y francesas), era una fuente de seguridad. En los años cincuenta, antiamericanismo que a partir de los años sesenta alimentó un amplio movimiento antinuclear, muy influido por las reacciones a la guerra de Vietnam, desempeñó un papel mucho menor.

El diario personal de Nella Last, una mujer casada y sexagenaria de clase media baja, simpatizante del Partido Conservador y con una vida tranquila en el barrio residencial de Barrow-in-Furness, en el norte de Inglaterra, permite advertir una serie de reacciones a principios de los años cincuenta en Gran Bretaña ante la posibilidad de una guerra nuclear. El día de Año Nuevo de 1950, se sentía deprimida por lo que podía deparar el futuro. Había estado leyendo un artículo en una revista estadounidense que le habían prestado unos amigos en el que se presentaba la guerra como inevitable después de 1951 y sugería que las bombas atómicas eran un tema trivial «en comparación con las bombas biológicas en que se estaba concentrando Rusia». La lectura de periódicos y revistas, las emisiones radiofónicas y las conversaciones con amigos habían determinado y corroborado sus claras opiniones sobre la guerra fría en curso. En mayo, preocupada por la amenaza de las armas atómicas y al oír que en Estocolmo se estaban construyendo «refugios a prueba de bombas atómicas de 21 metros», a Nella le preocupó la posibilidad de que estallara una nueva guerra y reflexionó sobre el género humano sobreviviendo de algún modo bajo tierra. Cuando a finales de junio comenzó la guerra de Corea, tuvo «un horrible presentimiento» de que los acontecimientos que ocurrieran allí podrían «destruir la civilización tal y como la conocemos» y se preguntaba qué poseía Rusia al otro lado del Telón de Acero. Estaba a favor de que Occidente actuara para «acabar con el impulso comunista». Más adelante ese mismo mes, tras recibir instrucción en materia de protección civil y ver como se ajustaban las máscaras de gas, se deprimió al enterarse del efecto devastador que tendría la explosión de una bomba atómica en Barrow y por el pesimismo del hombre que se sentó a su lado, quien comentó: «cuanto antes se acabe, antes dormiremos». «La gente corriente puede hacer muy poco, solo rezar», concluía Nella.

Hacia finales de julio expresaba su premonición de un ensayo de «esta terrible bomba H» y se preguntaba si Estados Unidos arrojaría una bomba atómica en Corea (y añadía que con ello daría a Stalin una causa justa para afirmar que Occidente defendía «la muerte y la mutilación»). Pensaba que una Gran Bretaña débil no podía influir en esta decisión. Y proseguía: «Y si ocurriera una cosa tan espantosa, y Rusia las tiene [bombas atómicas], se desataría un infierno. Un panorama aterrador». La señora Last siguió albergando un «profundo temor al lanzamiento de otra bomba atómica» y veía que las probabilidades de que tal cosa ocurriera iban en aumento sin «ninguna otra arma contra semejante amenaza». Hacia finales de año «creía que nunca antes en la historia del mundo los hombres o los países se habían enfrentado a una situación tan difícil» ante «la certeza de los planes cuidadosamente trazados por Stalin para adueñarse de Europa y, después de Europa, de todo el mundo». Su temor y su ansiedad respecto a la Unión Soviética no conocían límites. «Al lado de Stalin, Hitler parece un boy scout. Él es el Anticristo, no Hitler», escribió.

Sin embargo, la preocupación de Nella Last por la bomba atómica, tan a menudo expresada en 1950, parece haberse disipado cuando terminó la fase más aguda de la guerra de Corea. Tal vez tuviera una mayor conciencia política que muchos de sus contemporáneos británicos, pero quizá sus ideas fueron bastante típicas de su generación y de su clase social cuando el estallido de la guerra de Corea suscitó nuevas inquietudes. No obstante, no está claro si su evidente temor era representativo de las opiniones de sectores más amplios de la población. La izquierda, sin duda, tenía las ideas muy claras sobre el rearme. En marzo de 1952, cincuenta y siete miembros de la oposición parlamentaria laborista se rebelaron contra la dirección del partido y condenaron el programa de rearme británico. En otoño de ese mismo año, Gran Bretaña realizó su primera prueba nuclear y, en la izquierda del Partido Laborista, empezaron a aumentar las vehementes denuncias de la posesión británica de armas nucleares. En 1957, cuando Gran Bretaña probó la bomba de hidrógeno, mucho más devastadora, el Partido Laborista parecía estar a punto de asistir a escisiones en su seno como consecuencia de ello. En la conferencia anual de 1957, se presentaron hasta 127 mociones pidiendo el desarme y hubo vehementes ataques, encabezados por el agitador izquierdista Aneurin Bevan, contra el líder del partido, Hugh Gaitskell, y el apoyo a una disuasión nuclear independiente. Aun así, la cúpula de partido, respaldada por la gran mayoría de sus miembros, siguió oponiéndose rotundamente al desarme nuclear unilateral de Gran Bretaña.

Algunos miembros del clero anglicano también manifestaron su oposición a la capacidad nuclear británica, pero una petición firmada por cincuenta y un religiosos que instaba a los británicos a oponerse a que Gran Bretaña adquiriera la bomba apenas tuvo repercusión. Solo una reducida minoría estaba en contra de que Gran Bretaña se convirtiera en una potencia nuclear. Un exministro laborista admitió el desinterés general de la mayoría de la población, más preocupada por los asuntos sociales y económicos. En cuanto a la bomba, había un «encogimiento de hombros colectivo».

Sin duda, la gente creía que la bomba era terrible, pero era mejor tenerla que no tenerla y, en cualquier caso, las personas corrientes poco podían hacer al respecto. No obstante, a finales de los años cincuenta el temor a la bomba y las peticiones para que Gran Bretaña dejara de poseer armas nucleares fueron en aumento. La sensación de ansiedad fue expresada de manera directa o indirecta en diversas obras literarias y películas, aunque la descripción más desoladora de las consecuencias de un ataque nuclear contra Gran Bretaña, The War Game (1965), fue considerada por la BBC demasiado espeluznante para una gran audiencia y se prohibió su emisión.

A finales de los años cincuenta el temor a las armas nucleares había generado las primeras formas organizadas de oposición popular. La Campaña para el Desarme Nuclear (CND, por sus siglas en inglés), fundada en febrero de 1958, contó con el respaldo de una serie de prominentes intelectuales y personalidades de izquierda entre los que figuraban el eminente filósofo y pacifista Bertrand Russell y un conocido sacerdote de la Iglesia de Inglaterra, canónigo de la catedral de San Pablo en Londres y fervoroso pacifista, John Collins. A la reunión inaugural celebrada en Londres al año siguiente, en la que se reclamó el desarme nuclear unilateral de Gran Bretaña, asistieron cinco mil personas, en su mayoría seguidores laboristas. En 1959 contaba con más de 270 delegaciones en toda Gran Bretaña. Un número de personas cada vez más impresionante (se calcula que ciento cincuenta mil en 1962) fue sumándose a la marcha de Pascua que se celebraba cada año desde 1958: la primera de ellas partió de Londres hasta una base de investigación nuclear situada a ochenta kilómetros de distancia, en Aldermaston, y las marchas posteriores hicieron el trayecto inverso. Los participantes eran en su mayoría de clase media y culta, la mayoría de ellos simpatizantes del Partido Laborista, y pertenecían a todos los grupos de edad. Dos terceras partes eran hombres, casi la mitad de ellos cristianos y un porcentaje similar pacifistas incondicionales.

Algunos eran unos idealistas. Dora Russell (la segunda esposa de Bertrand), una acérrima feminista y una destacada activista en temas sociales, en quien la revolución rusa había dejado una huella indeleble, sirvió té a los manifestantes desde la parte trasera de su maltrecha furgoneta de campaña. La marcha de Aldermaston de 1958 le sugirió la idea de establecer contactos con mujeres de Europa del Este y de la Unión Soviética en una iniciativa de paz conjunta. La Caravana de Mujeres por la Paz que organizó a los sesenta y cuatro años (que en realidad consistía en su vieja furgoneta y un camión Ford) incluía a diecinueve mujeres, emprendió un viaje extraordinario durante catorce semanas a través de gran parte de Europa central y oriental y terminó en Moscú, donde las participantes se reunieron con el Comité Soviético de Defensa de la Paz y disfrutaron de una visita autorizada a cooperativas agrícolas. Regresaron a Inglaterra en tren. Sin embargo, muy pocas personas en Londres estaban interesadas en la epopeya que intentaban contar.

El temor a una guerra nuclear inminente nunca fue tan agudo como durante la crisis de los misiles en Cuba en octubre de 1962[2]. Marcó el punto álgido de las protestas de la CND en casi veinte años. Con el Tratado de Prohibición de los Ensayos Nucleares del año siguiente, el apoyo a la campaña se desplomó. La CND siempre había sido un movimiento minoritario, significativo pero sin un respaldo generalizado, ni siquiera del Partido Laborista. La mayoría de la población reconocía que la idea de que la posesión de la bomba confería a Gran Bretaña una verdadera autonomía frente a Estados Unidos en caso de una guerra nuclear era una falacia. En los momentos de inquietud durante la crisis cubana de los misiles quedó claro que, en caso de una guerra nuclear, lo más probable era que Gran Bretaña fuera atacada, tuviera o no la bomba. Quienes se oponían a la capacidad nuclear del país argumentaban que, en consecuencia, era inútil poseer la bomba, pero esa, no era la reacción de la mayoría de los ciudadanos. La mayor parte de la población no estaba a favor de que Gran Bretaña renunciara a tener armas nucleares propias, pues consideraba que la bomba era una salvaguarda, un factor de disuasión frente a un ataque, que casi todos creían que lo más probable era que proviniese de la Unión Soviética. Rara vez se cuestionaba cuándo podría utilizarse y si podría tomarse una decisión sobre su despliegue independientemente de Estados Unidos. La creencia en que Gran Bretaña podía confiar en su victorioso aliado en la guerra, Estados Unidos, tal vez propició cierto grado de confianza, incluso de complacencia.

De ello no se desprende que hubiera un respaldo entusiasta a las armas nucleares británicas. En su lugar, los ciudadanos combinaban la aceptación fatalista de lo que no podían cambiar con un cauto optimismo acerca del futuro. Solo el 6 % de las personas entrevistadas en un sondeo de opinión realizado en 1959 para mirar en la bola de cristal e imaginar qué podría suceder en 1980 creía posible una guerra atómica, y el 41 % pensaba que lo más probable era que, para entonces, la Unión Soviética y Occidente «convivieran en paz». Cinco años más tarde, durante la campaña de las elecciones generales de 1964, solo un 7 % destacaba la defensa como su principal preocupación. Los asuntos cotidianos, no el temor al Armagedón nuclear, eran los que condicionaban la vida de la mayoría de las personas.

En los años cincuenta y principios de los sesenta, en muchos aspectos Gran Bretaña y Alemania Occidental estaban en los extremos opuestos del espectro de reacciones ante la amenaza que suponía la guerra fría. Gran Bretaña se consideraba en buena medida desvinculada del continente europeo, victoriosa en la segunda guerra mundial, todavía una gran potencia en posesión de un imperio mundial y, desde 1952, de su propio arsenal nuclear. Alemania Occidental mostraba todas las cicatrices psicológicas y también materiales de la derrota total en la segunda guerra mundial. Aparte de eso, Alemania Occidental, dividida y (hasta 1955) todavía ocupada y desmilitarizada, permaneció en la línea del frente absoluta de la confrontación de la guerra fría, el campo de batalla obvio en caso de que las hostilidades entre las superpotencias se convirtieran en una realidad, el lugar más probable de la devastación nuclear si la confrontación se descontrolaba. Aunque había algunas similitudes en la manera en que ambos países respondían al peligro de la guerra nuclear, también existían diferencias sustanciales.

Los ciudadanos de Alemania Occidental, tan a menudo en el ojo del huracán en los años de la posguerra, eran especialmente sensibles a la amenaza a la paz mundial que representaba una crisis internacional. Por ejemplo, una doble crisis en octubre de 1956, la insurrección popular en Hungría y la malograda aventura de Gran Bretaña y Francia en Suez, provocaron en Alemania Occidental temores a una guerra que no fueron ampliamente percibidos en Gran Bretaña. La amplia solidaridad que en Gran Bretaña despertaron los húngaros víctimas del derramamiento de sangre y la represión a manos de los soviéticos no iba acompañada, por lo general, del miedo a que la insurrección pudiera desembocar en una guerra. La invasión de Egipto por parte de tropas anglo-francesas e israelíes, aunque dividió mucho a la opinión pública, fue apoyada por una mayoría de la población cuando se produjo (aunque cuando fracasó tan estrepitosamente ya fue otra cosa). En Alemania Occidental, en cambio, en noviembre de 1956 más de la mitad de la población temía otra guerra. Un porcentaje casi similar de la opinión pública pensaba que los soviéticos habrían cumplido su amenaza de lanzar ataques con cohetes contra Gran Bretaña y Francia si no se hubiera declarado un alto el fuego en Suez. A principios de los años cincuenta la mayoría de los alemanes occidentales creía que las democracias occidentales y el Este comunista no serían capaces, a largo plazo, de convivir en paz. Casi la mitad de los encuestados entre 1951 y 1963 temía el estallido inminente de una nueva guerra y creían que deberían afrontar otra guerra mundial. Y una tercera parte de la población creía que en una guerra futura se utilizarían armas atómicas.

Estos eran los temores de Franz Göll, un anciano de clase media baja de Berlín Oeste que vivía solo y confiaba sus reflexivos análisis únicamente a su diario. En 1958 Göll pensaba que «ya estamos tan cerca de una tercera guerra mundial como para estar preparados para que estalle “en cualquier momento”». Se oponía rotundamente al despliegue de armas nucleares en suelo alemán porque eso convertiría a Alemania en un objetivo en cualquier guerra futura, aunque también su ausencia limitaría las opciones del país en cualquier confrontación entre superpotencias. No le tranquilizaba la integración de Alemania Occidental en la OTAN y temía que un incidente imprevisible pudiera desencadenar una respuesta nuclear de Estados Unidos. En su opinión, cuanto mayor fuera el arsenal de armas, más probabilidades había de que una amenaza inminente «sirviera de cebo para los que aprietan el botón», por lo que concluía que el rearme y las armas atómicas ponían en peligro la seguridad de Alemania, en lugar de garantizarla.

Pese a estas inquietudes tan evidentes, durante la etapa más peligrosa de la guerra fría las protestas antinucleares apenas arraigaron en Alemania Occidental. Cuando dieciocho físicos atómicos de renombre internacional de Alemania Occidental, entre ellos Carl Friedrich von Weizsäcker, Otto Hahn y Werner Heisenberg, firmaron una petición en 1957 en contra del uso de armas nucleares tácticas por el reconstituido ejército federal o Bundeswehr (una posición que el gobierno estaba considerando), su manifiesto suscitó reacciones en todo el mundo, pero en Alemania Occidental la respuesta fue discreta. No obstante, alentados por esta protesta y por el ejemplo de la CND en Gran Bretaña, a principios de 1958 se creó una organización para encabezar la oposición a las armas nucleares en Alemania Occidental que contó con el respaldo de sectores del Partido Socialdemócrata, algunos intelectuales conocidos, varias personalidades públicas y algunos teólogos protestantes. Se autodenominó «Kampf dem Atomtod» («Guerra a la muerte atómica») y entre sus principales representantes figuraban el teólogo protestante Martin Niemöller y el intelectual católico Eugen Kogon (ambos habían estado en campos de concentración nazis), Heinrich Böll, uno de los escritores más insignes de Alemania Occidental, y Gustav Heinemann, una voz significativa en la Iglesia Protestante y un personaje político importante (en otro tiempo ministro de la CDU en el primer gobierno de Adenauer, pero entretanto afiliado al SPD y más tarde presidente de Alemania Occidental).

Mientras que la Iglesia Protestante, pese a estar profundamente dividida sobre la cuestión, se involucró mucho en el debate sobre las armas nucleares, la Iglesia Católica de Alemania Occidental se mantuvo oficialmente a distancia. Ya en 1950 el cardenal Josef Frings, el arzobispo de Colonia, había manifestado que era un deber moral portar armas contra el totalitarismo. La aceptación de la posibilidad de una «guerra justa», incluso utilizando armas nucleares, continuó siendo la posición de la Iglesia Católica, derivada de la experiencia de nazismo pero ahora trasladada al mal que representaba el comunismo soviético. En 1959 el teólogo jesuita Gustav Grundlach defendió la opinión extrema (cuando no completamente disparatada y denunciada por otros escritores católicos) de que era preferible la destrucción del mundo en una guerra nuclear al mal de un gobierno totalitario.

Kampf dem Atomtod intentó movilizar el sentimiento público contra la posibilidad de que el recién creado Bundeswehr adquiriese armas nucleares y alentar la retirada de Alemania Occidental de las armas nucleares aliadas. Inspiradas en el ejemplo de Aldermaston, en 1960 se iniciaron marchas de Pascua de manifestantes antinucleares después de que la prensa publicara, el invierno anterior, que los soldados alemanes habían probado armas atómicas. Las marchas ganaron popularidad en los años siguientes. En 1964 ya se celebraban en casi todas las grandes ciudades y pueblos de Alemania; se calcula que en total participaron cien mil ciudadanos, entre los que destacaban intelectuales, sacerdotes, escritores y artistas, abogados y sindicalistas, y también jóvenes. Sin embargo, los principales partidos políticos (democristianos, demócratas libres y socialdemócratas) y la mayor parte de la prensa siguieron mostrándose hostiles con el movimiento antinuclear.

No es de extrañar que, como consecuencia de ello, las protestas resultaran poco atractivas para la mayoría de la población alemana. La proximidad de lo que se percibía como la amenaza comunista representaba obviamente un importante problema para las perspectivas de conseguir apoyo para las propuestas de desarme, y además el principio del movimiento de protesta había coincidido con el inicio de la crisis de Berlín instigada por Jruschov. En la mayoría de los casos, la preocupación por la escalada del conflicto no se tradujo en una oposición a las armas nucleares. No parecía ser el momento adecuado para correr el riesgo de un desarme. La toma del control en Berlín Oeste de la jefatura de Kampf dem Atomtod por los comunistas (aunque el Partido Comunista oficial de Alemania Occidental había sido ilegalizado en 1956) no ayudó mucho. Así pues, la campaña de Kampf dem Atomtod tuvo un éxito muy limitado y de corta duración. Tendrían que transcurrir más de dos décadas para que el movimiento antinuclear cobrara nueva fuerza en Alemania Occidental.

En Francia, el segundo país de Europa occidental en fabricar su propia bomba atómica, el movimiento antinuclear también se enfrentó a grandes dificultades. En 1959, la opinión pública francesa estaba dividida a partes iguales sobre la construcción de una bomba propia: la prensa conservadora estaba a favor y la prensa izquierdista, en contra. A lo largo de los años siguientes, un porcentaje creciente de las personas encuestadas en los sondeos de opinión se mostró a favor de un desarme nuclear multilateral, pero una bomba francesa era vista como un símbolo de prestigio, una señal de que Francia era una gran potencia. Voces importantes se opusieron a la bomba francesa, pero no contaron con el respaldo de la mayoría de la población, a la que preocupaba más la encarnizada guerra de Argelia que la perspectiva de que Francia se convirtiera en una potencia nuclear. En 1959, centenares de escritores y personalidades públicas (como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir), académicos, científicos y autoridades religiosas solicitaron a Charles de Gaulle, que el año anterior había sido nombrado presidente de la nueva Quinta República francesa, que desistiese de los ensayos nucleares. Sin embargo, el 13 de febrero de 1960 se realizó el primer ensayo nuclear francés y, según un sondeo de opinión realizado un mes más tarde, contó con una amplia aprobación. En torno al 67 % de los encuestados opinaba que poseer la bomba atómica otorgaba a Francia un estatus superior en los asuntos internacionales. Aun así, en 1964, un año después del tratado de prohibición parcial de los ensayos (que Francia no había firmado), eran más las personas que se oponían que las que apoyaban una fuerza nuclear de defensa francesa, lo que reflejaba la clara división política dentro de Francia sobre esta y otras cuestiones. A mediados de los años sesenta, los partidos no gaullistas estaban en contra de la bomba nuclear francesa y los conservadores, a favor.

En la mayor parte de Europa occidental surgió un patrón bastante común. El movimiento antinuclear ganó apoyos, sobre todo entre las clases medias cultas y la extrema izquierda, pero topó con la oposición de la clase política, el ejército y la mayor parte de la prensa. En muchos casos, como en los Países Bajos, ninguno de los principales partidos apoyó la campaña antinuclear. El Partido Laborista neerlandés se unió a los conservadores para apoyar la instalación de armas nucleares de la OTAN. En los países católicos, las protestas antinucleares toparon con la oposición de la Iglesia. Eso fue lo que ocurrió en Italia, donde la Iglesia Católica apoyó la política pronuclear de los democristianos dominantes (aunque esto empezó a cambiar tras la publicación en 1963 de la encíclica Pacem in terris, del papa Juan XXIII, que ejerció una poderosa influencia internacional en el pensamiento católico sobre la paz y la guerra).

En consecuencia, las campañas antinucleares no consiguieron recabar el apoyo de la mayoría de la población. Las encuestas mostraron un amplio y creciente apoyo al desarme nuclear completo en todos los países y, como un paso hacia el mismo, a la aprobación de la prohibición de los ensayos de armas nucleares. Pero el desarme unilateral era una cuestión totalmente distinta.

Fuera de Gran Bretaña y Alemania Occidental, donde el apoyo a la campaña antinuclear se reveló más fuerte fue en Grecia (cosa curiosa, ya que nunca había existido una sólida tradición pacifista), pero también allí chocaron con la firme oposición del estamento político y militar. Las marchas de la CND a Aldermaston volvieron a ser la principal inspiración y el miedo provocado por la crisis cubana de los misiles engrosó las filas de activistas, sobre todo entre los estudiantes. Otra fuente importante del respaldo provenía de los comunistas, cuyo partido estaba ilegalizado desde la guerra civil de finales de los años cuarenta. El gobierno conservador advirtió tendencias revolucionarias en el movimiento antinuclear y recurrió a una fuerte represión. No solo prohibió una marcha (a imitación de la de Aldermaston) desde Maratón hasta Atenas en 1963, sino que arrestó a dos mil manifestantes e hirió a varios centenares de ellos. La táctica fracasó y en lugar de disminuir el apoyo aumentó. Cuando un diputado griego independiente, Grigoris Lambrakis, que gracias a su inmunidad parlamentaria fue la única persona que pudo completar la marcha ilegalizada desde Maratón en 1963, fue posteriormente asesinado por paramilitares derechistas, su cortejo fúnebre reunió al menos a medio millón de personas. Al año siguiente, la marcha de Maratón fue autorizada y se calcula que participaron 250 000 personas en las etapas finales. Sin embargo, el movimiento antinuclear griego estuvo un poco desorganizado, tenía unos objetivos políticos pocos claros y dependía del apoyo de los comunistas, lo que distanció a muchos griegos, y además tenía que hacer frente a la implacable oposición de la clase política y las fuerzas armadas. Pese a los impresionantes niveles de movilización para las marchas de Maratón, convendría no exagerar el respaldo a la campaña antinuclear en Grecia. Al igual que todos los países de Europa occidental, la población griega estaba dividida acerca de las aterradoras armas nuevas, pero la mayoría defendía conservarlas si deshacerse de ellas significaba exponerse al dominio del comunismo soviético.

Ni siquiera en la neutral Suiza el temor a la bomba se tradujo fácilmente en apoyo a las protestas antinucleares. La opinión pública estaba muy condicionada, una vez más, por una prensa que reflejaba la postura pronuclear de la clase política y del ejército. Cuando un movimiento de base para bloquear que se dotara de bombas nucleares tácticas a las fuerzas armadas suizas forzó un referéndum sobre la cuestión, dos terceras partes de los votantes se opusieron a la propuesta, pero, pese a esta victoria en el referéndum, el gobierno no dio ningún paso para armar al ejército con bombas nucleares para evitar muestras de rechazo y evitar dividir al país en una cuestión tan controvertida.

Solo en Dinamarca y Noruega la oposición al armamento nuclear coincidió con la política del gobierno. Las manifestaciones en contra de las armas nucleares tenían por objeto impedir que sus gobiernos las adquirieran o permitieran que fueran estacionadas en sus países. No obstante, los manifestantes daneses estaban empujando una puerta que ya estaba abierta, pues ninguno de los principales partidos políticos estaba a favor del despliegue de armamento nuclear en Dinamarca. Lo mismo se puede decir de Noruega, donde el Parlamento rechazó el estacionamiento de armas nucleares. Esta decisión fue muy popular, pero la agitación antinuclear noruega solo recibió un apoyo limitado debido a su evidente falta de objetivos prácticos. La creciente oposición al armamento nuclear a raíz de la escalada de la carrera armamentista entre las superpotencias sí tuvo éxito en Suecia. El apoyo a la fabricación de una bomba sueca disminuyó bruscamente tras el debate nuclear iniciado en 1957. Al principio contaba con el respaldo de un 40 % de la población, pero cerca de una década después el 69 % de los ciudadanos estaba en contra. A mediados de los años sesenta, el gobierno sueco ya había asumido el compromiso de una defensa no nuclear.

En todos los países de Europa occidental, a menudo inspirados inicialmente por la CND británica, surgieron sus propios movimientos contra el armamento nuclear. A veces, como ocurrió en Gran Bretaña, se hizo hincapié en el desarme nuclear unilateral, pero en la mayoría de los casos el objetivo era el fin en todo el mundo de las armas atómicas y la prohibición inmediata de los ensayos nucleares. Estos sentimientos se mezclaban con el pacifismo, aunque iban mucho más allá de él, y alcanzaron su punto álgido entre 1957 y 1963, antes de amainar cuando la firma del Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares de 1963 hizo que las tensiones se relajaran. La amplia influencia de la CND demuestra el carácter internacional de los movimientos pacifistas, pero aun así predominaban las consideraciones nacionales. En este aspecto, las actitudes en cada país se vieron muy afectadas por los antecedentes y la tradición cultural de cada caso, ya se tratara de una «gran potencia» o de un país enraizado en general en la neutralidad y la no alineación, así como por el peso relativo de las iglesias cristianas, el alcance del respaldo popular a los partidos de izquierdas, los niveles de educación y el papel de los medios de comunicación en la promoción del miedo al comunismo y el debilitamiento de las protestas con su apoyo a las políticas de los partidos gobernantes.

Por muy difícil que sea evaluar los niveles de miedo, fatalismo y oposición a las armas nucleares en Europa occidental durante este período, lo que resulta a todas luces imposible es tener una idea clara de la verdadera opinión de los ciudadanos en Europa oriental. No se podía expresar en público la oposición a la visión soviética del armamento nuclear, la guerra fría y Occidente. La opinión pública estaba determinada por los líderes de la Unión Soviética y sus satélites, orquestada para generar la máxima uniformidad en el apoyo a la política del régimen. No podían escucharse en público voces disidentes y, en cualquier caso, eran pocas. La propaganda, incesante y brutal, iba dirigida contra los «imperialistas», los «militaristas» y los «fascistas» occidentales que amenazaban la paz, la democracia y el socialismo de la Unión Soviética y de otros países socialistas. Se utilizaba una prosa sensacionalista para denunciar a los estadounidenses que estaban «blandiendo la bomba atómica» mientras la Unión Soviética «se mantenía vigilante en defensa de la paz».

Esta postura del bloque soviético se había endurecido cuando a finales de los años cuarenta se intensificó la guerra fría. En 1950, había cobrado forma una autorrepresentación de la Unión Soviética como el líder de un amplio movimiento internacional de personas corrientes que buscaban la paz e intentaban liberarse de la tiranía de las armas nucleares en manos de «imperialistas occidentales». En marzo de ese año, motivado sobre todo por el temor a una guerra con Estados Unidos, el Comité Permanente de Partisanos de la Paz, una organización internacional de activistas prosoviéticos, se reunió en Estocolmo para elaborar su programa. Allí surgió el Llamamiento a la Paz de Estocolmo, que exigía «la prohibición incondicional de las armas atómicas». A continuación se lanzó una gran campaña meticulosamente organizada, con una intensa movilización de la población mediante asambleas multitudinarias, mítines y propaganda en fábricas, talleres y hogares para recoger firmas en todo el bloque soviético y más allá para una petición en apoyo del Llamamiento.

Se hizo público que la petición fue firmada por más de quinientos millones de ciudadanos de 79 países: cuatrocientos millones de ellos de los países comunistas y el resto sobre todo de simpatizantes soviéticos de otros lugares. A finales de 1950, la habían firmado más de 115 millones de ciudadanos soviéticos, más o menos toda la población adulta de la URSS. En Hungría, se anunció un inverosímil total de 7,5 millones de firmas de una población total (incluidos niños) de 9,2 millones. En Polonia, la firmaron dieciocho millones de personas. Los 190 000 que no la habían firmado (a veces, según afirmaban, porque habían estado enfermos o incapacitados) fueron tildados de «kulaks, especuladores urbanos… el sector reaccionario del clero y miembros de los testigos de Jehová». Solo Yugoslavia, continuamente atacada por la Unión Soviética desde el cisma de 1948, optó por una senda diferente. Su propio movimiento pacifista criticó tanto al «imperialismo soviético», por considerarlo una amenaza para la paz mundial, como la agresión de las potencias occidentales.

Aunque la peor parte de la represión de las opiniones discrepantes acabó en 1953 con la muerte de Stalin, todavía no se podía manifestar abiertamente una oposición rotunda a la política del régimen en materia de armas nucleares. Varios científicos eminentes, en ocasiones envalentonados por el contacto con sus homólogos que participaban en las protestas antinucleares en Occidente, abogaban entre bastidores por el control de las armas nucleares y el desarme. Ni siquiera en un nivel alto dejaba de entrañar riesgos. El físico nuclear Andréi Sájarov había desempeñado un papel importante en el desarrollo de la bomba de hidrógeno soviética, pero en los años setenta fue perseguido por sus opiniones francas sobre los derechos humanos y la supresión de libertades en la Unión Soviética. Cuando en una reunión de dirigentes gubernamentales y científicos celebrada en Moscú en 1961 se opuso a los planes para reanudar los ensayos nucleares, fue criticado por Jruschov ante toda la Asamblea General en una diatriba que duró media hora.

Obviamente, la oposición expresada en una reunión a puerta cerrada no se filtró al público general. Un indicio de que la postura oficial del régimen no se correspondía por completo con las opiniones populares sobre las armas nucleares se pudo advertir en la calurosa acogida que en muchas ciudades y pueblos centenares de transeúntes brindaron a treinta y un pacifistas que participaron en una extraordinaria caminata en 1961. Viajaron a pie desde San Francisco hasta Moscú y se les permitió viajar por la Unión Soviética en las últimas etapas de un viaje de ocho mil kilómetros. Aun así, solo cabe conjeturar qué pensaban en privado los ciudadanos acerca de la escalada en la carrera armamentista nuclear y la intensidad de sus miedos.

Una hipótesis razonable es que las ideas de la mayoría de la población era prácticamente una imagen especular de los temores occidentales a la Unión Soviética. Es muy probable que el alarmismo sobre los «imperialistas occidentales», la insistencia en el peligro nuclear que representaban Estados Unidos y la OTAN (lejos de estar siempre injustificado) y la propaganda de la defensa civil que llamaba la atención sobre la amenaza de un ataque nuclear contribuyeran a aumentar las inquietudes de los ciudadanos corrientes. Al mismo tiempo, no hay razones para dudar de que la mayoría de las personas creían buena parte de lo que les contaban sobre la guerra fría (desde un punto de visto exactamente contrario al de Europa occidental) y estaban convencidas de que la fortaleza soviética les ofrecía la mejor salvaguardia contra una agresión liderada por la OTAN. Por consiguiente, es probable que los ciudadanos del bloque soviético acogieran con agrado las exhibiciones de material bélico soviético y sus proezas nucleares (que Occidente consideraba una amenaza) como una garantía contra el peligro proveniente de Occidente, y en particular de Estados Unidos.

La gran división a lo largo del Telón de Acero separaba actitudes hacia la amenaza nuclear, como sucedía con tantas otras cosas. La amenaza de la devastación nuclear era común a ambas mitades del continente, un telón de fondo constante de la vida de las personas aunque la población (o sus representantes) reaccionara de maneras diferentes. Y en determinadas coyunturas decisivas, sobre todo durante la crisis de los misiles en Cuba de 1962, irrumpía bruscamente, aunque a menudo por poco tiempo. Sin embargo, las pruebas, aunque difíciles de reunir e interpretar, no suelen respaldar la mencionada impresión de Eric Hobsbawm de que la población vivía sumida en «una especie de histeria nerviosa» debido a la bomba.

Sin duda, existía un apoyo casi universal a que se limitara la carrera armamentista y, preferiblemente, se frenara por completo. La mayoría de los ciudadanos también estaban a favor del desarme nuclear de todas las potencias, aunque el desarme nuclear unilateral fuera una propuesta por completo diferente. El movimiento antinuclear, surgido en Gran Bretaña, cobró impulso en casi todos los países de Europa occidental a finales de los años cincuenta, cuando el terrorífico potencial destructivo de la bomba de hidrógeno se hizo evidente y Europa se enfrentó a una peligrosa crisis por Berlín. Pero en ningún lugar logró el apoyo de la mayoría de la población. La propaganda antisoviética y la percepción de que la URSS era una amenaza bastaban para garantizar que la mayor parte de la población de los países de Europa occidental apoyaran la postura de sus gobiernos sobre la guerra fría. En el bloque soviético, el control de la opinión por parte del régimen tuvo aún más éxito a la hora de desbaratar cualquier posibilidad de cuestionar la política nuclear, asegurando al mismo tiempo un compromiso oficial con la paz casi total, reforzado a través de la imagen, reiterada incesantemente, de las peligrosas aspiraciones bélicas de Estados Unidos y la OTAN.

También en el Este, en la medida en que es posible detectarlo, la población deseaba idealmente el desarme nuclear mundial y, en todo caso, limitaciones a las armas nucleares. Tanto en Europa oriental como en la occidental había una buena dosis de realismo detrás de los movimientos pacifistas diferentemente estructurados. Un mundo completamente libre de armas nucleares era el ideal de la mayoría de las personas, pero también se reconocía que las armas nucleares, una vez inventadas, no podían desaparecer solo con desearlo. Eran una realidad, una realidad aterradora si se permitía que dominaran el pensamiento, por lo que había poca tendencia a reflexionar demasiado en la perspectiva de un Armagedón nuclear. Las personas lo apartaban de su mente. Se limitaban a seguir con sus vidas, conscientes de la amenaza del hongo atómico pero sin dejar que dominara su existencia y menos aún que los redujera a un estado de histeria. Se aclimataban al miedo. El temor al conflicto nuclear era, salvo episodios pasajeros, una presencia latente más que una ansiedad aguda, y esto permitía a las personas vivir con miedo. En su mayor parte, se volvían fatalistas sobre su supervivencia en un mundo que podría seguir existiendo sin la guerra nuclear. Algunas, es imposible calcular cuántas, incluso acogían con agrado la presencia de armas nucleares a ambos lados de la línea divisoria de la guerra fría, pues consideraban que ello constituía la mejor esperanza de evitar una tercera guerra mundial. Y en Europa occidental, al menos, en general la gente tenía otras cosas en las que pensar, sobre todo en cómo sacar el máximo partido a la extraordinaria mejora de las perspectivas económicas que estaban acarreando un espectacular aumento de sus niveles de vida.

Capítulo 2 LA FORMACIÓN DE EUROPA OCCIDENTAL

En lugar de una unidad, tanto política como económica, entre las grandes potencias después de la guerra, existe una desunión total entre la Unión Soviética y sus satélites, por una parte, y el resto del mundo, por otra. Hay, en definitiva, dos mundos en lugar de uno.

Charles E. Bohlen, diplomático, experto en la Unión
Soviética y asesor del presidente Truman, agosto de 1947

Desde principios de los años cincuenta, las arterias políticas de Europa se endurecieron, afectadas por la confrontación internacional entre las superpotencias en torno a Corea y por la aterradora escalada de la capacidad de destrucción nuclear. La brecha entre los sistemas políticos de Europa oriental y occidental, que fue acrecentándose inexorablemente desde 1945, llegó a convertirse en un abismo insalvable.

Los viajeros de la época premoderna habían advertido en Europa una división que se extendía de norte a sur, en general coincidiendo con la línea donde comenzaba la lealtad a la Iglesia Ortodoxa. Y ya mucho antes de la segunda guerra mundial una clara línea de falla había separado a las zonas septentrional y occidental de Europa, más prósperas e industrializadas, de las regiones meridional y oriental, mucho más pobres y en su mayor parte agrícolas. Sin embargo, la división que surgió después de 1945 fue de una índole totalmente diferente. El Telón de Acero que descendió poco después del final de la guerra garantizó que el este y el oeste estuvieran separados por sistemas políticos irreconciliablemente opuestos, guiados por ideologías mutuamente hostiles, lo que a su vez hizo que las economías, las sociedades y las mentalidades de los ciudadanos evolucionaran de manera por completo diferente.

A medida que la época se desvanece en un pasado más lejano, la división parece cada vez más surrealista. Para las generaciones que solo han conocido Europa desde el final de la guerra fría es difícil «sentir» (aunque se pueda entender en abstracto) lo que significó para los europeos occidentales estar aislados de grandes capitales como Varsovia, Praga o Budapest, o para los ciudadanos de Europa central y oriental no poder viajar a París, Roma o Londres. Las dos mitades de Europa no solo estaban separadas físicamente entre sí; al cruzar el Telón de Acero en cualquier dirección se experimentaba un mundo distinto por completo, una sensación de alienación mezclada con aprensión y aislamiento en un entorno intimidatorio a la vez que extraño.

La guerra fría configuró la nueva geografía. Los países neutrales, pese a estar oficialmente «no alineados» con ninguna de las dos organizaciones de defensa dominadas por una superpotencia (la OTAN y el pacto de Varsovia), no podían evitar que en la práctica se los considerara parte de «Occidente» (caso de Austria o Finlandia) o del «bloque oriental» (Yugoslavia). Pese a su situación geográfica, se consideraba a Grecia y Turquía como parte de «Occidente», mientras que sus vecinos de los Balcanes pertenecían al «Este». A España y Portugal, pese a ser dictaduras atrapadas en el túnel del tiempo, también se les incluía en «Occidente» debido a su vehemente anticomunismo y a su importancia estratégica como puente entre el Atlántico y el Mediterráneo.

Los dos bloques separados por el Telón de Acero no eran en modo alguno monolíticos. Dentro de los bloques, Europa, tanto la oriental como la occidental, seguía siendo un continente de estados nación. El estado nación era la base aceptada de la organización política y de la identidad, y en este sentido la segunda guerra mundial, con toda su capacidad de destrucción sin precedentes, no había cambiado nada al comienzo de la nueva era. Sin embargo, sí existía una diferencia significativa. La mayor parte de los estados nación del Este se habían creado al final de la primera guerra mundial y a menudo habían mirado a Occidente en busca de inspiración política. La mayoría de los estados de Occidente tenían tras de sí una trayectoria de desarrollo más dilatada, a veces sumamente larga. Las identidades, las historias, las tradiciones, las culturas y los acontecimientos políticos nacionales que habían moldeado un continente de estados nación tenían raíces demasiado profundas como para que las adhesiones supranacionales pudieran debilitarlas fácil o rápidamente. El comunismo soviético no había sido capaz de obligar a Yugoslavia, un estado nación desde hacía solo una generación, a entrar en ese patrón. Y otros países del bloque oriental, como pronto demostrarían también Polonia y Hungría en particular, estaban dispuestos a luchar para defender los intereses nacionales y resistirse a las presiones para que cumplieran las exigencias de Moscú, aunque tuvieran que comprender que, en última instancia, el poder provenía de la torreta de un tanque soviético. Este poder militar garantizaba que no pudiera prevalecer el desafío a la dominación soviética. Entre 1953 y 1956, el control de Europa oriental por parte de la Unión Soviética parecía haberse relajado, pero volvió a reforzarse de manera implacable y se mantendría durante más de tres décadas.

El carácter diverso de los estados nación de Europa occidental, su historia reciente y los rasgos dominantes de su cultura política determinaron que la evolución política fuera mucho menos uniforme que al este del Telón de Acero, pero aun así, había algunas características que traspasaban las fronteras nacionales. Las presiones desestabilizadoras del período de entreguerras ya no existían y para entonces solo unas minorías residuales y desacreditadas propugnaban el fascismo y el nacionalsocialismo. Al iniciarse la guerra fría, el comunismo perdió popularidad y su alternativa revolucionaria a la democracia liberal resultaba poco atractiva excepto para una minoría, que era considerable en Italia, Francia y Finlandia pero insignificante en otros países.

Aun cuando las limitaciones políticas eran menos evidentes que en el bloque soviético, también existían, determinadas en gran medida por la guerra fría. La influencia estadounidense, condicionada ante todo por la necesidad de convertir Europa occidental en un firme baluarte contra el comunismo, fue un factor de cohesión decisivo. La alianza defensiva occidental en la OTAN, que en buena medida era el brazo ejecutor de la política exterior estadounidense en Europa, forjó y fortaleció vínculos internacionales. Más allá de las variaciones de los sistemas políticos de Europa occidental, el anticomunismo constituía una fuerza ideológica unificadora.

Las exigencias de las economías de mercado en rápido crecimiento también impusieron cierto grado de convergencia política entre los países de Europa occidental (véase el capítulo 4). Es cierto que los intereses específicos de los estados nación individuales suponían un obstáculo importante, mayor que en Europa oriental, para la política supranacional que amenazaba con competir con las cuestiones relacionadas con la soberanía nacional o incluso invalidarlas. Las dos «grandes potencias» antes de la guerra y vencedoras de la contienda, Gran Bretaña y Francia, eran particularmente sensibles a cualquier presunta amenaza de este tipo a sus intereses nacionales. No obstante, los gobiernos de los países de Europa occidental también se enfrentaron a presiones similares y, en lo que respecta a sus objetivos y políticas, tenían mucho en común. Algunos estaban empezando a impulsar una mayor integración, inicialmente por lo menos en cuanto a sus economías, que encontraría reconocimiento oficial con la creación de la Comunidad Económica Europea (CEE), integrada por Francia, Italia, Alemania Occidental y los países del Benelux, y establecida por el tratado de Roma en 1957.

Con independencia de cuáles fueran las diferencias nacionales, en los primeros decenios de la posguerra las presiones internacionales y económicas se combinaron para modelar Europa occidental, en una entidad política reconocible, que compartía los principios establecidos de la democracia liberal, basada en economías capitalistas cada vez más interrelacionadas y con vínculos mucho más estrechos con Estados Unidos de los que habían existido antes de la guerra. Durante esos mismos años, esta mitad del continente también experimentó otro cambio bastante drástico. Los estados nación dejaron de ser potencias coloniales (excepto, durante un poco más de tiempo, Portugal). La guerra había dejado al imperialismo europeo a la defensiva, pero intacto. Las otrora grandes potencias, Gran Bretaña y Francia, no tenían intención de renunciar a sus inmensas posesiones coloniales, pero dos decenios después del fin de la guerra ya habían desaparecido, salvo unos pocos vestigios menores. La celeridad con que fueron demolidos los imperios marcó un cambio asombroso que tuvo consecuencias de gran alcance no solo para los nuevos países independientes, sino también para la conciencia política de las antiguas potencias coloniales y su posición internacional. A la larga, también hizo que Europa occidental optara principalmente por la consolidación de su propia identidad política, económica y cultural. Cualquier idea expansionista, ya fuera en ultramar o dentro de la propia Europa, pertenecía al pasado.

LA CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA

En los años cincuenta, en la mitad occidental del continente europeo había siete monarquías constitucionales (el Reino Unido, Bélgica, los Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Suecia, Grecia), un gran ducado (Luxemburgo), ocho repúblicas (Austria, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Suiza, Turquía y Alemania Occidental), y Portugal y España, estados autoritarios que perdurarían hasta mediados de los años setenta. Además, había algunos estados independientes pequeños, vestigios de tiempos feudales: Andorra, Liechtenstein y Mónaco, la antigua y pequeña República de San Marino (donde entre 1945 y 1957 los comunistas participaron en el gobierno), y la Ciudad del Vaticano (cuya independencia estableció el tratado de Letrán de 1929). Malta no se independizaría de Gran Bretaña hasta 1964. Y Gibraltar continúa siendo una dependencia británica anómala.

Europa occidental, que incluso geográficamente solo era un vago conglomerado de estados nación, antes de la guerra fría no existía como concepto político. La formación de Europa occidental fue un proceso gradual y parcial, pero en 1949 ya se estaba perfilando como un grupo de democracias liberales basadas en el estado de derecho y la cooperación internacional que estaban vinculadas institucionalmente por intereses comunes, sobre todo en materia de defensa. Fue forjada en primera instancia por el compromiso con la alianza antisoviética liderada por Estados Unidos, que se formalizó en abril de 1949 con la fundación de la OTAN.

Ese mismo año diez países (Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido, todos ellos salvo Suecia miembros fundadores de la OTAN) se agruparon en el Consejo de Europa, creado para promover la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho (sobre la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por las Naciones Unidas en diciembre de 1948). En poco más de un año se habían adherido Grecia, Turquía, Islandia y Alemania Occidental. A mediados de los años sesenta ya se había ampliado para incluir a Austria (1956), Chipre (1961), Suiza (1963) y Malta (1965). La primera medida importante que adoptó el Consejo de Europa fue crear en 1950 el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (ratificado en 1953), que ese mismo año estableció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para ofrecer procedimientos de recurso a particulares por las presuntas vulneraciones del Convenio por los estados miembros. El Convenio intentaba establecer las bases para evitar que se repitiera el grotesco atentado contra la humanidad que se había producido durante la segunda guerra mundial y ofrecer un marco para el progreso social y político diferente al que se estaba desarrollando en Europa oriental bajo dominación soviética.

El acontecimiento crucial durante los años cincuenta y la primera mitad de los años sesenta fue el firme establecimiento de la democracia liberal, con ayuda militar y financiera directa o indirecta de Estados Unidos, en la mayor parte de Europa occidental. Sin esta base, la libertad que pronto se beneficiaría del extraordinario crecimiento económico sostenido de los años cincuenta y sesenta no habría prosperado. Se trataba de un claro ejemplo de primacía de la política.

Sin embargo, en gran parte de la orilla meridional de Europa occidental, la democracia o bien no existía o bien tenía serias dificultades para asentarse. Aun así, la prioridad absoluta de la defensa contra el comunismo requería también aquí el respaldo estadounidense (y de otros países occidentales), aunque fuera para ayudar a regímenes represivos o países en los que la democracia se defendía más de boquilla que en la práctica.

La debilidad de la democracia en el sur de Europa tenía raíces profundas. Turquía, Grecia, Portugal y, en menor medida, España, más industrializada, figuraban antes de la segunda guerra mundial entre los países más pobres de Europa. En estos países, la riqueza había estado concentrada (y continuaba estándolo) en manos de élites reducidas y poderosas, mientras que gran parte de la población, aún muy dependiente de la producción agrícola, vivía en la pobreza extrema. Donde existían políticas pluralistas, habían sido clientelistas. El papel del ejército había resultado ser muchas veces el factor dominante en sistemas políticos cuestionados por sectores irreconciliablemente hostiles en sociedades ideológicamente divididas. La violencia política había sido común. Había predominado el autoritarismo de uno u otro signo o, como mínimo, nunca había estado lejos de la superficie. En Portugal y España, también la Iglesia Católica había ejercido su gran influencia en apoyo de un autoritarismo de derechas represivo. Durante la guerra, Grecia había padecido una enorme destrucción y un inmenso sufrimiento humano bajo la ocupación alemana, seguidos de inmediato por una guerra civil destructiva y terriblemente violenta entre 1946 y 1949. Turquía, Portugal y España habían evitado la devastación debido a su neutralidad durante la segunda guerra mundial, pero desde hacía ya tiempo los tres países estaban sometidos a formas de gobierno autoritario: Turquía, con el régimen de partido único existente desde 1925, tras la creación de Turquía como un estado nación por Mustafá Kemal Pasha (Atatürk); Portugal después del golpe de estado militar de 1926; y España desde la victoria nacionalista en 1939 tras una devastadora guerra civil.

Los aditamentos de la dictadura atávica del general Francisco Franco no impidieron que Estados Unidos acogiera a España como parte del paraguas defensivo anticomunista de Occidente. La peor parte de la brutal venganza de Franco contra sus adversarios socialistas y comunistas durante la guerra civil ya se había atenuado a mediados de los años cuarenta, pero España seguía siendo muy pobre. Gerald Brenan, al regresar en 1949 al país en el que había vivido antes de la guerra civil, quedó muy impresionado por la pobreza extrema que padecía la población en todos los lugares que visitó. Encontró el país «corrupto y podrido, y las condiciones son tan malas, que todo el mundo, excepto unos pocos estraperlistas, desea un cambio. Pero no puede producirse una revolución. La policía y el ejército se ocupan y continuarán ocupándose de que así sea: son lo único sólido y fiable en este régimen precario». Se dio un barniz de unidad nacional a un país profundamente dividido, en el que los izquierdistas derrotados, sobre todo en las regiones industriales de Cataluña, Asturias y el País Vasco, fueron obligados a cumplir a regañadientes las exigencias de una dictadura reaccionaria y represiva respaldada por una reducida casta gobernante, las élites económicas, la Iglesia Católica y el cuerpo de oficiales del ejército, numéricamente inflado. La oposición de izquierdas en otros países europeos fue suficiente para impedir que se admitiera a España en la OTAN, pero en 1953 Estados Unidos firmó un acuerdo para instalar bases navales y aéreas en España, que a cambio recibió ayuda militar estadounidense. A finales de los años cincuenta, España, para entonces admitida como miembro del Banco Mundial, el FMI y los acuerdos comerciales GATT, estaba empezando a liberalizar su economía y a reconocer el potencial del turismo, que comenzaba a incitar a los ciudadanos del norte de Europa a gastar parte de su creciente riqueza en unas vacaciones bajo el sol de España.

De momento, el régimen, cada vez más anacrónico, podía coexistir con una rápida modernización económica y beneficiarse de ella, pero tenía los días contados. A finales de los años sesenta, cuando las tasas de crecimiento económico se dispararon, el tradicional apoyo al régimen de las zonas rurales disminuyó debido al éxodo de trabajadores a las ciudades y los sectores más prósperos de la economía. Y a medida que los obreros industriales reconocían su creciente capacidad de negociación, incluso bajo condiciones represivas, su nueva militancia empezó a desafiar los rígidos controles del estado autoritario.

Portugal, uno de los países más pobres y atrasados de Europa occidental, había estado gobernado desde 1932 por António de Oliveira Salazar, un antiguo profesor de economía de la Universidad de Coímbra. La base ideológica del régimen de Salazar consistía en poco más que la creencia en la nación portuguesa, un firme anticomunismo, un fervoroso compromiso con los valores católicos tradicionales y el mantenimiento de su imperio de ultramar (el más antiguo de todas las potencias imperiales). El compromiso con su imperio, que controlaba con mano de hierro, fue un obstáculo para el apoyo estadounidense, pero la estrategia de la guerra fría pesaba más que cualquier objeción. Portugal recibió ayuda del Plan Marshall y en 1949 fue un miembro fundador de la OTAN. La clave para la admisión de Portugal en la OTAN fue la relevancia estratégica de las Azores para Estados Unidos en la incipiente guerra fría. A principios de los años sesenta, la importancia de las bases de las Azores hizo que Estados Unidos, aunque en principio apoyaba a los movimientos anticoloniales en África, estuviera dispuesto a ignorar la represión portuguesa de los rebeldes angoleños.

El compromiso estadounidense de proporcionar ayuda militar y financiera a Grecia y Turquía que en 1947 anunció el presidente Harry Truman en la «doctrina» que promulgó para defender a las «naciones libres» del comunismo fue un poderoso incentivo para que la élite turca avanzara hacia la democracia y la liberalización de la economía. En 1950, Turquía se había incorporado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, se había beneficiado del Plan Marshall y era miembro del Consejo de Europa. Un contingente de tropas turco había sido uno de los primeros en incorporarse a la fuerza expedicionaria de las Naciones Unidas enviada a Corea en 1950 y eso contribuyó a preparar el terreno para su incorporación dos años más tarde en la OTAN, un motivo de gran regocijo nacional al ser una garantía de ayuda militar occidental contra cualquier agresión soviética y también como fuente de ayuda financiera estadounidense.

El sistema político pluralista introducido en Turquía en 1946 solo superficialmente era democrático, y cuando a finales de los años cincuenta el país se enfrentó a crecientes dificultades económicas, el gobierno se volvió cada vez más intolerante y represivo hasta que en 1961 fue derrocado por un golpe militar. Aunque no tardó en recuperarse una política pluralista, la influencia del ejército acechaba como una amenaza constante y una década más tarde se produciría un segundo golpe, más derechista y firmemente anticomunista. Pese a las dudosas credenciales democráticas de Turquía, su posición estratégica le garantizó un decidido respaldo estadounidense.

Al igual que Turquía, Grecia, profundamente polarizada y empobrecida, ocupaba un lugar central en la estrategia defensiva de la OTAN en la guerra fría. Grecia dependía mucho de una amplia ayuda estadounidense, al tiempo que la CIA prestaba apoyo al ejército y los servicios de seguridad, marcadamente anticomunistas. La compleja política interna del país estaba muy influida por la profunda división entre la izquierda socialista (se había ilegalizado el Partido Comunista) y la derecha conservadora, las enemistades históricas con Turquía (aunque las relaciones mejoraron un poco durante los años cincuenta) y la constante tensión en la colonia británica de Chipre, donde la mayoría de la población estaba a favor de la unión con Grecia mientras que la minoría turca quería una partición. El profundo anticomunismo de los dirigentes políticos griegos ayudó a garantizar el respaldo estadounidense a un sistema parlamentario que muy a menudo resultaba turbio y corrupto, lo que a mediados de los años sesenta desembocó en una gran inestabilidad gubernamental y en 1967 en un golpe de estado perpetrado por mandos militares temerosos de que las elecciones planeadas para ese año conllevaran el giro previsto hacia la izquierda y se abriera la puerta a la influencia comunista.

Más allá de la orilla sur de Europa occidental, atrasada en el ámbito político y socioeconómico, durante los años cincuenta las formas de gobierno democráticas y liberales consiguieron establecerse más firmemente que nunca como el marco aceptado de la sociedad. Inevitablemente, las características de la democracia variaban de un país a otro. Algunas democracias, sobre todo en las islas Británicas, Francia, Escandinavia, los Países Bajos y Suiza, pudieron crecer a partir de unas raíces que ya existían desde hacía tiempo, pese a las drásticas interrupciones que algunas habían sufrido durante la ocupación alemana. No obstante, para el futuro de Europa fue vital que durante los años cincuenta la democracia se consolidara en los antiguos países del Eje (Italia, Austria y, sobre todo, Alemania Occidental), que anteriormente habían destruido la paz de Europa.

Fue un avance importante, no solo en el turbulento período de entreguerras, sino también en los primeros años de la posguerra, en los que, inevitablemente, hubo una gran y constante agitación política. En aquel momento no se sabía cómo iba a funcionar la reforma de los partidos políticos y la restauración de una política pluralista. Al principio parecía que la izquierda podría obtener réditos de su prestigio como fuerza de resistencia durante la guerra, pero por lo general los partidos conservadores habían ganado terreno cuando cayó el Telón de Acero y, hasta mediados de los años sesenta, en la mayor parte de Europa occidental triunfó el conservadurismo.

La excepción principal al patrón general de dominio conservador fue Escandinavia, donde se profundizó en la forma distintiva de desarrollo social y político que había iniciado ya antes de la guerra, lo que puso de manifiesto que se había tratado más de una interrupción que una ruptura fundamental. La clave antes de la guerra había sido la disposición, derivada de la percepción del interés común, a alcanzar una base de cooperación tanto entre la mano de obra y el capital como entre los representantes políticos de los trabajadores y los partidos agrarios. El nivel relativamente elevado de la política de consenso continuó en los decenios posteriores a la guerra. La distancia geográfica de la mayor parte del continente europeo probablemente desempeñó un papel en el arraigo cultural del excepcionalismo escandinavo. Una población relativamente baja (no más de un total de unos veinte millones de ciudadanos en toda Escandinavia en 1950) y un número reducido de grandes centros urbanos e industriales favorecía el fomento de la cohesión social. Pero, sobre todo, el modelo funcionaba. Aunque el desarrollo interno de Suecia, Noruega y Dinamarca variaba, los compromisos que subyacían a la política de consenso contribuyeron a que los países escandinavos dejaran de ser una zona relativamente pobre de Europa y se convirtieran en una de sus regiones más prósperas. Un paso en este camino fue la creación en 1952 del Consejo Nórdico, que posibilitó la libre circulación de los ciudadanos sin pasaporte y ofreció un marco para un mercado laboral común (al que en 1955 se incorporó Finlandia). Como en otros lugares, la prosperidad de Escandinavia se benefició del extraordinario crecimiento económico en toda Europa durante la posguerra. No obstante, una característica distintiva del desarrollo escandinavo (con variaciones nacionales) fue la vasta red de servicios sociales y protección social, sufragada con una elevada tributación e impulsada por gobiernos estables dominados no por conservadores, como era más común en la Europa de posguerra, sino por socialdemócratas.

Finlandia fue una excepción parcial, obligada por su proximidad a la Unión Soviética a establecer un delicado equilibrio, cooperando con los demás países escandinavos mientras mantenía su neutralidad (como Suecia) y evitaba formar parte del bloque occidental. (Finlandia no se integró en la OTAN, y hasta 1989 no se convirtió en miembro del Consejo de Europa). Durante las primeras décadas de la posguerra continuó siendo la parte más pobre de Escandinavia, con un electorado dividido principalmente en cuatro bloques (socialdemócratas, agrarios, comunistas y liberal-conservadores), gobiernos inestables (veinticinco entre 1945 y 1966) y una fuerte presencia comunista, aproximadamente el 20 % del electorado. Esto contrastaba mucho con Suecia, donde los comunistas, con no más del 5 % de los votos, tenían una presencia insignificante y los socialdemócratas, con un 45 % aproximadamente, siguieron siendo la fuerza política dominante durante los años de la posguerra. Las presiones soviéticas contribuyeron a garantizar que los socialdemócratas finlandeses tuvieran poca influencia en el gobierno antes de mediados de los años sesenta. No obstante, Finlandia fue acercándose de manera paulatina e inexorable a la órbita occidental, con un sistema social y económico cada vez más similar al de los demás países escandinavos y los inicios de la transformación de una nación agrícola pobre en un país avanzado tecnológicamente y con un alto nivel de vida.

En el perímetro occidental de Europa, Irlanda también se mantuvo en cierto modo al margen de la evolución política más típica. Allí, a diferencia de lo habitual en Europa, la clase no era el factor determinante de la filiación política. En particular en el sur, la política reflejaba el legado de la guerra civil de 1922-1923. Ideológicamente no había grandes diferencias entre el Fianna Fáil, el partido dominante en el gobierno, y el principal partido de la oposición, el Fine Gael (cuyos breves períodos en el gobierno solo fueron posibles gracias a una coalición con partidos más pequeños). El clientelismo local y los vínculos familiares, en lugar de una visión política distintiva, solían ser la clave del poder político. El Partido Laborista tenía cierta presencia, pero, como en el caso del Sinn Féin, la voz más inquebrantable de la lucha a favor de la unificación de Irlanda, solo contaba con un apoyo minoritario. La evidencia más palmaria en la república era la preponderancia política y social de la Iglesia Católica, bien acogida por la inmensa mayoría de la población (la asistencia a la iglesia superaba a la de cualquier otro país de Europa occidental), que dejó una huella profunda en la asistencia social, la educación y la moral pública de un país que seguía siendo mayoritariamente agrícola. Incluso mediados ya los años cincuenta, cuando empezaron a adoptarse nuevas medidas para estimular el crecimiento económico, la república siguió siendo un lugar europeo atrasado.

También en Irlanda del Norte la partición fue un factor determinante crucial de la vida política y social. Los seis condados de la provincia del Úlster tenían una población estrictamente dividida de manera casi segregada entre la mayoría protestante, cuyas lealtades hacia la corona británica oscilaban de firmes a fanáticas, y la minoría católica, discriminada en materia de vivienda, educación, en el entorno laboral y en la mayoría de los ámbitos de la vida, que a menudo miraba a la República de Irlanda, al otro lado de la frontera, en busca de su identidad y de la esperanza de un futuro mejor. El Partido Unionista del Úlster (PUU) era electoralmente imbatible y obtenía con regularidad más de dos tercios de los votos, con lo que garantizaba la continuidad de la hegemonía protestante en la provincia; una dominación que solo empezó a erosionarse bajo las condiciones rápidamente cambiantes y cada vez más turbulentas de mediados de los años sesenta en adelante.

Sin embargo, en la mayor parte de Europa occidental, la consolidación de la democracia se basó en las líneas más convencionales de la división entre socialismo y conservadurismo que ya se había establecido en los años inmediatamente posteriores a la guerra. A medida que a finales de los años cuarenta los partidos comunistas iban perdiendo terreno como consecuencia de la guerra fría, en la práctica el socialismo se expresaba mediante partidos socialdemócratas con raíces principalmente en la clase obrera industrial y partidarios de la democracia pluralista. El conservadurismo solía configurarse a través de la democracia cristiana, que atribuía mucha importancia a los valores religiosos tradicionales, aunque su forma concreta variaba. En Alemania Occidental se propuso conscientemente trascender la política confesional que tan nociva había sido en el período de entreguerras. En los Países Bajos, en cambio, la continuación de las subculturas «pilarizadas» (católica, protestante y socialista) de antes de la guerra hizo que la democracia cristiana, representada por el Partido Popular Católico, no trascendiera su apoyo confesional. La democracia cristiana italiana difería, una vez más. En un país sin una división confesional importante, penetró en las redes de organizaciones católicas y construyó su sólida base de apoyo en las zonas rurales y entre la clase media urbana gracias en buena medida a que apelaba a los valores sociales y morales católicos, y a su categórica oposición al comunismo (así como al clientelismo político). A diferencia de algunos de sus antecedentes ideológicos, la democracia cristiana, en cualquiera de sus formas, estaba inequívocamente comprometida con los principios democráticos y dispuesta a adaptarse a los cambios sociales (y a liderarlos) en lugar de oponerse a los mismos. Aunque en términos electorales la diferencia entre los niveles de apoyo de la izquierda y la derecha era escasa, entre 1950 y mediados de los años sesenta tendieron a predominar los partidos conservadores de diferentes tipos, que se basaban en el programa que habían establecido durante la recuperación de los primeros años de la posguerra.

El deseo generalizado de «normalidad», de paz y tranquilidad, de unas condiciones estables tras la inmensa conmoción, el enorme trastorno y el gigantesco sufrimiento que conllevaron la guerra y la inmediata posguerra reforzaba el recurso al conservadurismo. La estabilidad era primordial para la mayoría de las personas. Cuando se formó el hielo de la guerra fría, todos los países de Europa occidental concedieron mucha importancia a la estabilidad interna. Los gobiernos la consideraban un objetivo fundamental y se mostraron dispuestos a apoyar las reformas que estimaban un requisito previo para mantenerla. Era un círculo virtuoso. La estabilidad infundía a las personas una sensación de seguridad que reforzaba la probabilidad de una mayor estabilidad (y un continuo éxito conservador). Allí donde se habían establecido nuevos sistemas políticos o se habían reconstruido por completo después de la guerra, tras la ocupación alemana y las profundas enemistades internas que había engendrado, era necesaria cierta amnesia colectiva, una disposición a evitar aferrarse al doloroso pasado a fin de favorecer la estabilidad y la prosperidad del presente.

Es muy probable que el intenso deseo de «normalidad» no bastara por sí solo de no ser por el hecho de que fueron unos años de crecimiento económico sin precedentes (lo que se examina en el capítulo 4), que generó unos niveles de prosperidad nunca antes vistos. La rápida mejoría del nivel de vida de la mayor parte de los ciudadanos alentó la tendencia a seguir adelante con lo que parecía estar funcionando tan bien. Los partidos políticos que proponían alternativas radicales se enfrentaban a una tarea difícil, pero esto empezaría a cambiar a mediados de los años sesenta, favorecido por un declive de la deferencia hacia la autoridad, sobre todo entre la nueva generación nacida después de la guerra, y por la pérdida de influencia de la Iglesia, que había respaldado firmemente a la democracia cristiana.

Un factor que apuntaló el éxito del conservadurismo en la consolidación de la democracia liberal en Europa occidental fue la guerra fría. A principios de los años cincuenta, la guerra fría contribuyó significativamente a la estabilización de la política cuando el respaldo al comunismo disminuyó en casi todas partes. La conciencia de la crueldad del estalinismo en Europa oriental y el temor a la expansión comunista fueron fáciles de explotar por la propaganda anticomunista occidental, auspiciada mucha de ella por Estados Unidos. Aunque en ningún lugar tan paranoica como en Estados Unidos (donde la histeria de los «rojos debajo de la cama» que acompañó a la caza de brujas emprendida por el senador Joe McCarthy en el Senado alcanzó su apogeo en los años cincuenta), la vehemencia del sentimiento antisoviético ayudó a consolidar la democracia liberal occidental. A principios de los años cincuenta, la guerra de Corea intensificó el anticomunismo e impulsó aún más a los partidos conservadores (de diferentes clases), que fueron sus principales beneficiarios, mientras que los partidos socialdemócratas de la izquierda más moderada se sumaron al rechazo total al comunismo soviético.

Gran Bretaña se ajustó a la pauta común europea y dio un giro hacia el conservadurismo: el país estuvo dirigido por gobiernos conservadores entre 1951 y 1964. No obstante, en muchos sentidos fue una excepción entre los estados de Europa occidental. Gran Bretaña había sido la única potencia europea beligerante que se había librado de la ocupación enemiga; había salido victoriosa de la guerra, aunque exhausta y casi en la bancarrota, con sus instituciones políticas, económicas y sociales intactas. La guerra había generado unos niveles sin precedentes de solidaridad nacional que permitieron pasar por alto, al menos temporalmente, las profundas divisiones de clase, y la victoria sobre el nazismo era un motivo de orgullo nacional. La monarquía gozaba de enorme popularidad. La democracia parlamentaria británica contaba con el respaldo casi total de la población. El sistema electoral uninominal mayoritario, a diferencia de los sistemas de representación proporcional vigentes en la mayoría de los países de Europa occidental, perjudicaba a los partidos pequeños y solía dar lugar a gobiernos estables con mayorías amplias.

De las elecciones surgían vencedores claros aun cuando el electorado se dividía casi a partes iguales entre conservadores y laboristas. En las cinco elecciones generales celebradas entre 1950 y 1964, el voto conservador osciló entre el 43,4 % y el 49,7 % de los votos emitidos, y el laborista entre el 43,9 % y 48,8 %. La mayor parte de los votos restantes iban a parar a los liberales, un partido antaño poderoso pero entonces reducido a apenas el 9 % de los votos (de hecho, en 1951 cayó hasta el 2,6 %). Los partidos de los extremos eran irrelevantes desde el punto de vista electoral: el fascismo, que ni siquiera en los años treinta había conseguido un solo escaño parlamentario en Gran Bretaña, era inexistente y estaba absolutamente desacreditado, mientras que el Partido Comunista carecía casi por completo de apoyo electoral: los cien candidatos del Partido Comunista que concurrieron a las elecciones de 1950 obtuvieron un promedio de no más del 2 % de los votos. Todos estos factores confluían para garantizar un alto nivel de estabilidad y de ajustes políticos en lugar de cambios drásticos.

Para muchos británicos, la victoria en 1951 de los conservadores en las urnas, que conllevó el regreso al poder como primer ministro del héroe de guerra Winston Churchill (que por entonces tenía casi setenta años), resultaba tranquilizadora. En realidad, no se produjo una brusca ruptura con las políticas del anterior gobierno laborista. Los conservadores priorizaron la paz social y se mostraron conciliadores con los poderosos sindicatos (que contaban con el apoyo de casi diez millones de afiliados). No intentaron revertir la nacionalización de industrias llevada a cabo por sus predecesores laboristas, salvo la desnacionalización en 1953 del hierro, el acero y el transporte por carretera. Se mantuvo el estado de bienestar. Se incrementó el gasto destinado al Servicio Nacional de Salud, se amplió el programa de construcción de viviendas sociales e incluso se creó un término nuevo, «butskellismo», acuñado por los periodistas en 1954, para señalar la convergencia de la política económica entre el exministro de Hacienda laborista, Hugh Gaitskell, y su sucesor, el conservador R. A. Butler («Rab»). La continuidad también fue significativa en política exterior y de defensa. El desmantelamiento del imperio iniciado por los laboristas fue ampliándose a medida que en África y Asia avanzaba el proceso hacia una Commonwealth de países libres y autónomos. No hubo cambios en el compromiso con la guerra de Corea, la OTAN, la creación de una «fuerza disuasiva nuclear independiente» o las relaciones con Estados Unidos. Los conservadores también siguieron directamente a los laboristas al distanciarse de los primeros y vacilantes pasos hacia la integración en la Europa continental. Gran Bretaña seguía viéndose a sí misma como una gran potencia que desempeñaba un importante papel en los asuntos mundiales. El puente sobre el Atlántico era mucho más importante que el puente sobre el canal de la Mancha.

En realidad, el gobierno conservador de Gran Bretaña fue, pese a no estar dispuesto a admitirlo, el beneficiario de la austeridad que la administración laborista de la posguerra se había visto obligado a padecer. A principios de los años cincuenta, las condiciones económicas estaban mejorando notablemente. El balance comercial era favorable a Gran Bretaña y eran necesarias menos exportaciones para pagar las importaciones. En 1955, la renta nacional era hasta un 40 % más alta que en 1950 y se había terminado por fin el racionamiento. El impuesto sobre la renta al tipo normal se redujo al 42,5 %, donde permanecería durante un cuarto de siglo. Se mantuvo la vital «sensación de bienestar», con una economía boyante y una disponibilidad cada vez mayor de bienes de consumo, durante los años restantes de la década. Fue la base de las posteriores victorias electorales de los conservadores en 1955 y 1959. El primer ministro, Harold Macmillan, había captado a la perfección el ánimo popular favorable tres meses antes de las elecciones de 1959 al afirmar que los niveles de prosperidad sobrepasaban a los de cualquier otro momento de la historia de Gran Bretaña: «Seamos francos, la mayoría de nuestro pueblo nunca había estado mejor», declaró en un discurso pronunciado en julio de ese año.

No obstante, a principios de los años sesenta empezaron a aumentar los problemas económicos: se habían aprobado controles salariales impopulares, el gobierno se vio salpicado por el escándalo de los pecadillos sexuales del ministro de la Guerra, John Profumo, y la imagen de un gobierno agotado y decadente se agravó cuando en enero de 1963 el presidente De Gaulle rechazó un intento tardío de Gran Bretaña de incorporarse a la CEE. En 1964, el Partido Laborista, liderado por el astuto Harold Wilson, un dirigente con un toque popular que parecía orientar el país hacia el futuro en lugar de al pasado, ganó por una escasa mayoría. Trece años de gobierno conservador tocaban a su fin. Gran Bretaña se adentró entonces en una fase nueva que resultó ser mucho menos estable.

El conservadurismo británico, con sus raíces profundas, difería de los ideales más abiertamente religiosos en los que se basaban los partidos conservadores de gran parte del continente, donde los más importantes de ellos estaban explícitamente comprometidos con la «democracia cristiana». De hecho, el incipiente éxito de los partidos democristianos había sido el acontecimiento más significativo en la política interior de Europa occidental en los años inmediatamente posteriores a la guerra. Las condiciones más estables de los años cincuenta proporcionarían el marco para la consolidación de este éxito inicial.

Aunque el patrón variaba, en Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos, Suiza, Austria, Italia y Alemania Occidental los partidos democristianos (en el tono, aunque no siempre en el nombre) desempeñaron un papel político importante, muchas veces predominante, durante los años cincuenta y principios de los sesenta, una prominencia que por lo general solo empezó a desvanecerse a mediados de los años sesenta. En Suiza, las sólidas lealtades cantonales y la frecuente participación directa de la población en plebiscitos (que genera cooperación y compromisos partidistas, lo que en la práctica suele favorecer el conservadurismo) hacían que el gobierno fuera más complejo. En todos estos países, las coaliciones eran la norma, impulsadas por sistemas electorales basados en la representación proporcional. Al igual que en los Países Bajos, donde los «pilares» tradicionales de las subculturas católica, socialdemócrata y liberal conservadora siguieron coexistiendo hasta su erosión a mediados de los años sesenta, había una predisposición a colaborar con partidos rivales para garantizar la estabilidad y un gobierno eficaz.

Las complejidades de las subculturas «pilarizadas» en Bélgica se veían reforzadas por la división lingüística del país en una región de lengua flamenca y otra francófona. Esto dificultaba el compromiso entre los partidos principales, los socialistas y los socialistas cristianos, y provocaba un amargo conflicto permanente. La monarquía no fue, al menos en los primeros años de la posguerra, un elemento unificador y buena parte de la población reprochaba al rey Leopoldo III su controvertida trayectoria durante la guerra (fue acusado de ser demasiado cordial con los ocupantes alemanes e incluso de traición). En 1951, después de que su regreso del exilio en Suiza provocara huelgas masivas en señal de protesta y con solo el apoyo de una ligera mayoría de la población en un referéndum, abdicó en favor de su hijo Balduino. También aquí existía una división regional. Únicamente el 42 % de los votantes de Valonia, donde dominaban los socialistas, respaldó al monarca, mientras que en Flandes, donde se encontraban los feudos de los socialistas cristianos, el apoyo fue del 70 %. Balduino, que reinó en Bélgica hasta su muerte en 1993, se erigió en el símbolo de unidad que su padre no había sido capaz de ofrecer. El país evitó desmoronarse. En última instancia, las dos mitades de Bélgica tenían más que ganar permaneciendo juntas que separándose, sobre todo cuando se extendió la prosperidad, aunque los antagonismos lingüísticos del país continuarían afectando a la política durante decenios.

La voluntad de obtener compromisos y cooperación fue particularmente importante en Austria para garantizar que no se repitieran las devastadoras divisiones que habían allanado el camino a Hitler. Durante los años cincuenta y principios de los sesenta, el apoyo electoral se dividía a partes casi iguales entre el Partido Popular Austríaco (democristiano y descendiente conservador del Partido Socialcristiano previo a la guerra) y el Partido Socialista. Otros partidos, incluidos el comunista (con un nivel de apoyo ínfimo), tenían una relevancia mínima. El partido nazi había dejado de existir, por supuesto, pero muchos antiguos nazis pudieron ocultar sus dudosos pasados tras un muro de silencio y amnistías para todos los crímenes de la época nazi salvo los peores, sobre todo porque Austria fue convenientemente considerada internacionalmente como la «primera víctima» de Hitler, pasando por alto la calurosa acogida del Anschluss en 1938 y la total absorción posterior en su régimen. En la política austriaca de posguerra fue crucial que la enconada hostilidad de los años treinta, que en 1934 había desembocado en una breve guerra civil y el establecimiento de un estado autoritario de corte casi fascista (al que puso fin la invasión alemana de 1938), fuera superada.

Entre 1947 y 1966, al frente del gobierno austríaco estuvo una «gran coalición» formada por los dos principales partidos. En este duopolio, la derecha democristiana y la izquierda socialdemócrata se repartían los ministerios y la administración pública asignando los puestos de acuerdo con su porcentaje de apoyo en el país (que era muy similar). Esto generó, inevitablemente, un sistema clientelar en el que la afiliación al partido abría la puerta al prestigio social y el ascenso, la vivienda, el empleo, las licencias comerciales y mucho más, pero funcionaba. El crecimiento económico y la creciente prosperidad trajeron consigo una voluntad de evitar conflictos laborales que pudieran causar problemas. Y la proximidad geográfica de Austria con el bloque oriental comunista (y el recuerdo de la ocupación soviética de parte del país hasta 1955) contribuyó a concentrar las mentes. De ser en los años treinta un foco de inestabilidad y agitación en Europa central, Austria se había transformado en un pilar de la solidez democrática.

La democracia cristiana había surgido a finales de los años cuarenta como la mayor fuerza política de Italia y retuvo en torno al 40 % del apoyo electoral durante los años cincuenta y principios de los sesenta. La izquierda comunista y socialista podía reunir conjuntamente en torno al 35 % de los electores, aunque los comunistas, mejor organizados y más radicales socialmente, se mostraron capaces de incrementar su apoyo, sobre todo en el cinturón industrial del norte, a costa de los divididos socialistas. A principios de los años setenta, los principales adversarios de la democracia cristiana eran los comunistas, que contaban con el respaldo de aproximadamente una cuarta parte del electorado y controlaban algunos feudos en las grandes ciudades industriales del norte. El resto de los votos iban a parar a una serie de partidos menores: liberales, republicanos, monárquicos y neofascistas. El cisma político entre los democristianos y los partidos de izquierdas reflejaba las profundas divisiones sociales e ideológicas del país. Lo que surgieron fueron subculturas independientes en las que la filiación política (la afiliación a partidos era la mayor de todos los países de Europa occidental) era un pasaporte necesario para conseguir empleos y promoción personal.

Los gobiernos italianos iban y venían, y, en el período comprendido entre 1945 y 1970, la media de duración de cada uno de ellos no alcanzó el año. Y después de que Alcide de Gasperi, la prominente figura de los años de formación de la democracia cristiana, fuera cesado en 1953 (moriría el año siguiente), su sucesor Giuseppe Pella fue el primero de los doce primeros ministros que ocuparon el cargo a finales de los años sesenta. El propio De Gasperi había presidido ocho administraciones. El gobierno de Pella duró menos de cinco meses y el Gabinete de su sucesor, Amintore Fanfani, solo veintiún días. Aun así, bajo los cambios superficiales existía mucha continuidad, tanto en el personal como en las políticas. Los ministros jugaban al juego de las sillas, como ya habían hecho antes de la primera guerra mundial. Fanfani fue primer ministro cinco veces en total, Antonio Segni dos y Giovanni Leone también dos. Y los democristianos siguieron siendo el pilar principal de todas las administraciones. En un partido con muchas facciones, la ideología era menos importante que mantener el control del poder y, crucialmente, el clientelismo, a menudo de un tipo corrupto que los italianos denominaban sottogoverno (literalmente, «subgobierno»). En el empobrecido sur, el Mezzogiorno, el éxito de los democristianos le debía mucho a que pudieron apoderarse del clientelismo profundamente enraizado mediante la distribución de recursos estatales. Y en el norte, donde los democristianos tenían algunos de sus mayores feudos, podían aprovechar la amplia red de grandes asociaciones católicas para cimentar su apoyo electoral y el importante respaldo de la Iglesia Católica.

La ineficacia de una serie de coaliciones centristas débiles y efímeras en los años cincuenta propició en 1960 un breve intento de incorporar a la derecha neofascista al gobierno, pero esto desencadenó protestas generalizadas en las que la policía mató a varios manifestantes. Los democristianos cambiaron de idea e iniciaron contactos con el centroizquierda anticomunista. Esto acabó dando lugar en 1963, con Aldo Moro, a una coalición que incluía hasta a los socialistas, aunque el Partido Socialista se había dividido cuando una parte significativa a su izquierda, incluidos muchos sindicalistas, consideraron que la colaboración con la democracia cristiana era una perspectiva intolerable.

Las tres administraciones de Moro duraron cinco años, pero la mayor parte de las reformas sociales prometidas se convirtieron en papel mojado. La sobredimensionada administración pública, cuyo tamaño se duplicó entre 1948 y 1969, siguió sin ser reformada y su ineficacia era crónica. El poder judicial, que presidía un sistema legal que funcionaba con una penosa lentitud y reclutaba desproporcionadamente a sus miembros en las Facultades de Derecho del sur de Italia, era una casta sumamente conservadora con un sesgo contrario a las izquierdas, a las que preocupaba por encima de todo defender las perspectivas profesionales y su independencia de la injerencia del gobierno. Las fuerzas armadas, grandes y bien financiadas, tenían poco que hacer, pero mantenían dos almirantes por cada barco y un general por cada doscientos metros de la frontera con Yugoslavia. Había una parálisis social e institucional, pero para los democristianos conservar el poder constituía un fin en sí mismo.

Los obstáculos para acometer cambios radicales en la política y la sociedad italianas fueron importantes y numerosos, pero también es cierto que en realidad los esfuerzos de la democracia cristiana para alcanzar esos cambios fueron modestos. Al mismo tiempo, fue capaz de bloquear a las fuerzas reformistas a la izquierda. Durante los largos años de hegemonía de la democracia cristiana, Italia continuó siendo un país profundamente dividido que se limitaba a gestionar sus divisiones y sus problemas internos, en lugar de superarlos. A los dirigentes de la democracia cristiana les bastaba con esto. Y aunque la inestabilidad gubernamental fue una señal distintiva de la política italiana, en realidad fue bastante compatible con la estabilidad del propio sistema.

El país clave en la estabilización y democratización de la política de Europa occidental fue sin lugar a dudas Alemania Occidental (es decir, la República Federal de Alemania y Berlín Occidental, esta última todavía bajo ocupación por las cuatro potencias de la antigua capital y sin formar parte oficialmente de la RFA). Cuando en 1949 se fundó la República Federal, la estabilidad distaba mucho de estar garantizada, pues el nuevo estado era producto de la derrota y la división. Hasta 1952, cuando le fue reconocida la soberanía en política exterior, siguió siendo técnicamente un país ocupado y solo obtuvo pleno reconocimiento como estado soberano en 1955. No tenía fuerzas armadas, carecía de un sistema político establecido y sus divisiones ideológicas eran profundas. Después de su tan reciente pasado nazi, había quedado moralmente muy dañada, sus vecinos europeos (y también Estados Unidos y la Unión Soviética) no confiaban en ella y se enfrentaba además al problema de integrar en una nueva democracia a millones de refugiados y expulsados (cuyos grupos de presión conseguían ejercer una influencia importante en el gobierno), así como a los numerosos ciudadanos que en su momento habían apoyado con fervor la dictadura de Hitler, incluidos quienes estado directamente implicados en sus crímenes contra la humanidad.

Alemania Occidental fue decisiva sobre todo porque sus fronteras no estaban establecidas, y a comienzos de los años cincuenta la cuestión de las fronteras dividió a la opinión pública alemana, que en gran parte (coincidiendo con la postura del principal partido de la oposición, los socialdemócratas) apoyaba una pronta reunificación y la neutralidad política, en lugar de una división indefinida del país y su integración en la órbita de la política de la guerra fría como se practicaba en Occidente.

En las primeras elecciones federales, celebradas en agosto de 1949, la diversidad de partidos, aunque la mayoría con nombres nuevos, se asemejaba en muchos aspectos a la de los tiempos de Weimar. La Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Konrad Adenauer, con el apoyo de no más del 31 % del electorado, superó por muy poco a su principal rival, el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), que obtuvo el 29,2 % de los votos. Adenauer, alcalde de Colonia durante la República de Weimar y que tenía ya setenta y tres años, consiguió por medio de presiones y de una dura negociación conformar una coalición que dependía sobre todo del Partido Democrático Libre (FDP), proempresarial, aunque también incorporó a partidos más pequeños. Se eligió como capital de la República Federal Bonn, una pequeña población en el Rin, en lugar de Fráncfort, que era la elección más obvia. Fue apodada sarcásticamente la «aldea capital»; para Adenauer tenía la notable ventaja de estar muy cerca de su Renania natal. Adenauer fue elegido canciller federal por una mayoría de único voto (el suyo), pero cuando finalmente dimitió, en 1963, la mayoría de los alemanes occidentales lo consideraba mejor estadista que Bismarck.

Los catorce años de la República de Weimar habían terminado con Hitler en el poder. En los catorce años de la República de Bonn se consolidó la democracia liberal. ¿Por qué la segunda democracia alemana fue todo un éxito mientras que la primera fracasó tan catastróficamente?

Los cambios constitucionales ayudaron a ello, pero no fueron la razón principal. Los autores de la Ley Fundamental eran conscientes de las deficiencias de la Constitución de Weimar y trataron con éxito de solventarlas. Se atribuyó al presidente federal funciones principalmente representativas, se consiguió que fuera mucho más difícil derrocar a un gobierno mediante una moción de censura y, quizá lo más significativo para evitar que los partidos pequeños ejercieran una influencia excesiva, solo se permitió tener representación en el Bundestag a los partidos que obtuvieran más del 5 % de los votos (inicialmente a escala regional, pero desde 1953 también federal).

Hubo dos factores cruciales en la consolidación de la democracia en Alemania Occidental. El primero fue un crecimiento económico extraordinariamente rápido y firme, «el milagro económico», como se le calificó, que permitió a los alemanes mejorar su nivel de vida mucho más de lo que podrían haber imaginado posible cuando se fundó la República Federal. Esto hizo que los ciudadanos corrientes tuvieran un gran interés en el nuevo sistema político, pues les mostró que la democracia redundaba en su beneficio material, algo que la República de Weimar nunca había conseguido.

Alemania Occidental tuvo la suerte, como todos los estados de Europa occidental, de beneficiarse del auge internacional que siguió a la segunda guerra mundial, y además confluyeron una serie de condiciones singularmente favorables para el crecimiento. Se benefició de la llegada al país de más de diez millones de refugiados, muchos de ellos altamente cualificados, muy motivados, deseosos de mejorar sus vidas y dispuestos a trabajar por salarios bajos. Eran muy necesarios, pues la inmensa tarea de reconstruir el país ofrecía enormes oportunidades de empleo. La formidable capacidad industrial de Alemania, aunque gravemente dañada, no había quedado destruida por completo con la guerra; en realidad, se había modernizado en parte y pudo recuperarse rápidamente. La guerra de Corea supuso una ventaja inesperada para la economía, pues debido a que la producción de armamento estaba prohibida, la industria de Alemania Occidental optó por los bienes de consumo, que encontraron mercados receptivos en el extranjero y propiciaron un extraordinario auge de las exportaciones, así como la satisfacción de una demanda interna en rápido crecimiento. El auge económico también se vio propiciado por la necesidad de construir casas nuevas para hacer frente a la grave escasez de vivienda causada por la guerra y por la afluencia de refugiados. Durante los años cincuenta se construyeron más de cinco millones de viviendas, estimulando así innumerables industrias subsidiarias que abastecían al sector de la construcción.

El resurgimiento del comercio mundial, liberalizado y regulado por los acuerdos convenidos en Bretton Woods, New Hampshire, en 1944, y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) tres años más tarde, proporcionaron el marco internacional en el que podía prosperar la pujante economía de Alemania Occidental. La regulación de la deuda comercial acordada en Londres en 1953 para pagar a tipos de interés bajos y muy asequibles una cantidad total de unos 15 000 millones de dólares durante más de treinta años, hasta 1988 (lo que se debía a acreedores externos de antes y durante la guerra, principalmente empresas estadounidenses), fue otro paso importante en la recuperación porque estableció con firmeza la solvencia del país. En realidad, gracias a la escala del crecimiento económico, a finales de los años cincuenta ya se había liquidado buena parte de la deuda. La cuestión del pago de reparaciones a las víctimas de los nazis, que en su inmensa mayoría se encontraban en los países comunistas de Europa oriental, fue, sin embargo, pospuesta hasta que se concertara un tratado de paz. (Se alcanzó un acuerdo separado para pagar un total de 3450 millones de marcos en indemnizaciones, Wiedergutmachung, a los judíos de Israel y otros lugares).

La segunda razón de que a mediados de los años sesenta la democracia se pudiera consolidar firmemente en Alemania Occidental fue la guerra fría. La guerra de Corea, que suscitó nuevos temores a una nueva guerra mundial, parecía confirmar a ojos de muchos alemanes occidentales y otros ciudadanos de Europa occidental los graves peligros del comunismo. Y la existencia de «la otra Alemania» proporcionaba un cemento ideológico. Incluso para los adversarios de Adenauer y la CDU, la existencia en la Alemania del Este comunista, tan cerca de casa (una imagen constantemente reforzada por los medios de comunicación), de lo que casi todos ellos veían como un modelo alternativo muy poco atractivo, reforzaba y ampliaba el anticomunismo en el que habían insistido sin cesar los nazis.

La guerra fría aumentó la estrecha dependencia de Estados Unidos y llevó a Adenauer a buscar formas de integración con otros países europeos, en particular, tras dejar atrás viejas y enconadas enemistades, con Francia. Para Adenauer, un renano, se trataba de una medida aceptable y al mismo tiempo necesaria, pero el viraje hacia Occidente fue muy polémico porque tenía un corolario directo: aceptar que no cabía esperar que, en un futuro previsible, Alemania Occidental y Oriental se unieran. Fue un trago amargo. El líder del SPD, Kurt Schumacher (cuyo prestigio personal se sustentaba en los diez años que había pasado en un campo de concentración nazi), no estaba dispuesto a renunciar a la prioridad de la reunificación, aunque compartía la opinión de que esto solo podía producirse en una situación de absoluta garantía de libertad. Para Schumacher y una tercera parte de la población aproximadamente que apoyaba a su partido, una Alemania reunificada y neutral era una propuesta mucho más atractiva que la de vincular la República Federal a un Occidente capitalista (y militarizado) dominado por Estados Unidos.

El 10 de marzo de 1952, Stalin, alarmado ante la perspectiva de la integración de Alemania Occidental en una alianza militar occidental dirigida contra la Unión Soviética y justo antes de firmar un tratado fundamental entre las potencias occidentales y la República Federal para restablecer gran parte de la soberanía de Alemania Occidental (que entraría plenamente en vigor en 1955), propuso a las potencias occidentales crear una Alemania unida y neutral. Pensaba en un tratado de paz y en la «libre actividad de partidos y organizaciones democráticos». Los estadounidenses, tras consultar con los británicos y los franceses, respondieron con frialdad pero no desdeñaron la propuesta. Una segunda «nota» de Stalin, del 9 de abril, ofreció entonces elecciones libres en una Alemania unida que «tendría sus propias fuerzas armadas nacionales» para la defensa del país.

Adenauer advirtió enseguida el peligro que corrían sus esperanzas de conseguir una integración occidental (una prioridad absoluta para él) y, con el apoyo de su Gabinete (tras cierta indecisión inicial), rechazó de plano la iniciativa. Sin embargo, para gran parte de la población de Alemania Occidental la oferta de Stalin tenía algunos atractivos. Anteponer la integración occidental a la reunificación era, inevitablemente, muy polémico, así que Adenauer debía proceder con cautela. No obstante, su postura era inflexible. Sostenía que la reunificación solo podía producirse por medio de la fuerza de Occidente. Las potencias occidentales aceptaron sus argumentos y no respondieron a la segunda «nota de Stalin». El 26 de mayo, el «tratado alemán» entre la República Federal y las potencias occidentales consolidó sus relaciones en un futuro inmediato. Para entonces, la «nota de Stalin» era historia.

En ese momento, y desde entonces, se ha planteado la cuestión de si fue una oportunidad perdida. No lo fue. Es probable que el establecimiento y la consolidación de una democracia liberal estable hubieran resultado mucho más difíciles, o incluso posibles, si se hubieran aceptado las condiciones de la «nota de Stalin». No merecía la pena asumir el riesgo de que todo el país (incluso presumiendo que las condiciones ofrecidas se hubieran respetado realmente, una suposición dudosa) pudiera verse arrastrado a la esfera de influencia soviética. Alemania Occidental seguía estando totalmente comprometida con la integración en Occidente, sobre todo con el escudo defensivo de Estados Unidos. Y eso arrojó dividendos. Aunque la propuesta de crear una Comunidad Europea de Defensa acabó siendo torpedeada en 1954 por Francia, el mismo país que inicialmente la había formulado, el resultado final (como se señala en el capítulo 1) fue la creación, en un principio muy controvertida, de un ejército de Alemania Occidental, el Bundeswehr, que formaría parte integrante de la OTAN, y la consecución del objetivo de Adenauer de lograr la plena soberanía para la República Federal.

No es de sorprender que para buena parte de la población la reunificación tuviera un atractivo emocional, e incluso a mediados de los años sesenta, cuando se les preguntaba en encuestas dos terceras partes de los alemanes occidentales seguían afirmando que la unificación de Alemania era su principal objetivo político. No obstante, la mayoría aceptaba que durante muchos años seguiría siendo una expectativa poco realista. El gobierno de Adenauer consideraba que la unidad nacional era el objetivo último y se negó a reconocer a la República Democrática Alemana como un estado soberano. En la práctica, sin embargo, la reunificación ya era papel mojado mucho antes de que se materializara la división de Alemania con la construcción del Muro de Berlín iniciada en agosto de 1961.

Para entonces Adenauer había obtenido dos victorias electorales convincentes, en 1953 y en 1957. Los estrechos márgenes de 1949 fueron sustituidos por un enorme crecimiento del apoyo a su partido. En las elecciones de 1957 al Bundestag, el Parlamento federal, la CDU y su partido hermano en Baviera, la CSU (la Unión Social Cristiana) obtuvieron la mayoría absoluta (el 50,2 % de los votos), la única vez que un partido obtuvo una victoria clara en la historia de la República Federal. El lema de Adenauer, «Nada de experimentos», había sintonizado a la perfección con el estado de ánimo popular, que reflejaba la satisfacción por la creciente prosperidad resultante del «milagro económico». El extraordinario récord de crecimiento permitió al canciller ofrecer una importante ampliación de los beneficios sociales que demostró ser un factor decisivo de su triunfo: la garantía de las pensiones vinculadas al coste de la vida. La riqueza iba a extenderse ahora a la vejez.

En una época de creciente prosperidad, el viejo vocabulario de la guerra de clases había perdido mucha de su resonancia. La dirección del SPD extrajo de ello sus conclusiones y en 1959, en una conferencia del partido en Bad Godesberg, a orillas del Rin junto a Bonn, abandonó la retórica marxista (en la práctica no había sido más que eso) que para entonces atraía como mucho a una minoría del núcleo duro de sus votantes en las regiones industriales. Con la intención de cortejar a las clases medias y ganar el centro político, el SPD abandonó su hostilidad hacia el capitalismo y descartó el objetivo último de la propiedad estatal de los medios de producción. El partido ya había dejado de insistir en una política exterior orientada hacia la reunificación y al año siguiente, 1960, confirmó su aceptación de la integración occidental, el rearme de Alemania (Occidental) y la adhesión a la OTAN. Estos cambios fundamentales en el programa del SPD constituían un indicador de que Alemania Occidental se había convertido en una democracia moderna que, aun con sus peculiaridades derivadas de su historia y de la división de la guerra fría, tenía un sistema de partidos políticos que en esencia era similar al de otros países europeos. La política era ahora en gran medida una cuestión de ajustes más que de defensa de un sistema alternativo.

A principios de los años sesenta, la autoridad del anciano canciller, que por entonces tenía más de ochenta años, se estaba empezando a debilitar. En las elecciones de 1961, el apoyo electoral a la CDU/CSU declinó ligeramente por primera vez. En octubre del año siguiente, la reputación de Adenauer se vio mancillada debido a las repercusiones de un registro gubernamental, con métodos que recordaban a los de los nazis, en las oficinas de la revista Der Spiegel tras la publicación de un artículo en el que se criticaba al ministro de Defensa, Franz-Josef Strauss, y se destacaba que la capacidad defensiva convencional de Alemania Occidental era insuficiente. Muchos alemanes, movilizados en protestas multitudinarias, veían a Adenauer dispuesto a hacer caso omiso de la legalidad al apoyar una actuación despótica que suscitaba dudas sobre la solidez de la democracia y temores a un regreso del poder estatal arbitrario. El «caso Spiegel» señaló el comienzo del fin de la larga cancillería de Adenauer. Pese a sus ochenta y siete años, Adenauer no abandonó el cargo por voluntad propia, pero había permanecido en el gobierno demasiado tiempo y en octubre de 1963 su propio partido le obligó a renunciar. Fue el comienzo de una época más inestable en la política y en la sociedad. La etapa de dominio conservador tocaban a su fin.

Muchos alemanes occidentales, sobre todo los intelectuales de izquierdas, encontraban mucho que criticar en lo que consideraban, bastante justificadamente, el provincialismo anticuado y aburrido de la época de Adenauer. Se lamentaban a menudo de una falta de creatividad artística, innovación y dinamismo. La República de Weimar tuvo todo eso en abundancia, pero su inestabilidad política crónica había acabado en Hitler. La República de Bonn era, sin duda, una pálida sombra en cuanto a excitación cultural, pero generó una estabilidad y una prosperidad duraderas.

Algunos literatos creían que las críticas de los intelectuales habían ido demasiado lejos. En 1959 el escritor Johannes Gaitanides reconoció «la debilidad, los errores y los fracasos de la República Federal», pero afirmaba que era un error ignorar sus notables logros. «¿Cómo sería esta crítica de la República Federal si no se hubiera producido un milagro económico, pleno empleo, una mejoría de la condición social de los trabajadores, la integración de los expulsados del Este y los refugiados de Alemania Central [se refería a las regiones que se habían convertido en la República Democrática Alemana], la ampliación de la seguridad social, la reducción de la jornada laboral, la cogestión de los trabajadores en la industria pesada y la indemnización de las víctimas del nazismo?», preguntaba. Tenía en poca consideración las críticas que desdeñaban los progresos realizados, como la reconciliación con Francia (durante tanto tiempo el «archienemigo»), la creciente integración de Alemania Occidental en Europa, el mayor intercambio intelectual y artístico con Occidente y la supresión de las barreras entre católicos y protestantes. Otro escritor, Kasimir Edschmid, hizo observaciones similares en enero de 1960: «Si en 1948 le hubieran dicho a alguno del millón de pobrecitos que ahora se desplazan en sus propios coches que se le vería como alguien pudiente, bien establecido, que viaja al extranjero con marcos alemanes fuertes en el bolsillo, en suma, una persona respetable (tan poco tiempo después de recoger en las calles las colillas de los soldados ocupantes), se habría frotado los ojos y pensado que estábamos locos».

Los éxitos de Adenauer, dentro y fuera del país, sobre todo el haber asegurado una democracia estable en Alemania Occidental, habían sido notables, pero el precio que se había pagado por ello fue alto. No se trató solo de la dolorosa división de Alemania (y la pérdida duradera, en apariencia permanente, de sus antiguas provincias orientales más allá de la línea Óder-Neisse: Prusia Occidental y Oriental, la mayor parte de Silesia, gran parte de Pomerania y parte de Brandeburgo). También hubo que pagar un precio moral: la disposición a correr un tupido velo sobre los crímenes del reciente pasado nazi e incluso a aceptar a antiguos nazis activos en el gobierno federal. Las actividades políticas de quienes aún albergaban esperanzas de regresar a un gobierno autoritario nacionalista fueron estrictamente limitadas. El Partido Socialista del Reich (Sozialistische Reichspartei), con unos 40 000 afiliados, fue ilegalizado en 1952, pero la mayor parte de la desnazificación aliada, pese a lo limitada que había sido, sería revertida. En virtud de las amnistías promulgadas entre 1949 y 1954, casi todos los funcionarios que habían sido condenados por los delitos más graves en la época nazi fueron rehabilitados y se les permitió cobrar sus pensiones. Jueces y abogados, muchos de ellos con un pasado dudoso, pudieron continuar en sus puestos. Uno de los más estrechos colaboradores de Adenauer, Hans Globke, había trabajado en el Ministerio del Interior del Reich durante el régimen de Hitler y había sido el principal autor del comentario sobre las leyes raciales promulgadas en Núremberg en 1935. Otro antiguo nazi, Theodor Oberländer, ministro para Desplazados, Refugiados y Víctimas de la Guerra en los gobiernos de Adenauer entre 1953 y 1960, había participado antes de la contienda en la planificación racial para una futura Europa oriental bajo gobierno nazi. Entre las viudas de guerra a las que se pagaban las pensiones figuraba Lina Heydrich, cuyo marido, Reinhard, asesinado en junio de 1942 por un grupo de la resistencia checa entrenado por una Unidad Ejecutiva de Operaciones Especiales británica, había sido jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich. Las continuidades con el pasado nazi eran también notables entre el personal del Ministerio de Exteriores. Muchos antiguos nazis, incluidos algunos culpables de actos execrables antes y sobre todo durante la guerra, consiguieron reconstruir sus carreras durante la posguerra y acabaron muriendo tranquilamente en sus camas.

Desde el punto de vista moral, la rápida rehabilitación de antiguos nazis, incluso de algunos que, como miembros de la policía de seguridad, habían participado en algunos de los peores crímenes contra la humanidad en Europa oriental, fue lamentable. ¿Mereció la pena desde el punto de vista político o fue siquiera necesaria? La desnazificación aliada había sido enormemente impopular. Los ciudadanos estaban más que dispuestos a culpar a Hitler y a otros nazis prominentes de la catástrofe de la que se consideraban víctimas. No es de sorprender, según los sondeos de opinión, que la mayoría de la gente no viera con agrado la participación de funcionarios nazis en la administración de Alemania Occidental, pero hurgar en exceso en los actos de personas corrientes durante la dictadura tenía consecuencias para tantos alemanes, que había una voluntad generalizada de poner punto final a lo ocurrido y centrarse en el presente y el futuro. Para la inmensa mayoría de la población, lo que contaba era aprovechar al máximo los beneficios del «milagro económico» sin que una preocupación excesiva por el pasado reciente levantara ampollas. Por tanto, las amnistías y las rehabilitaciones de Adenauer concordaban en buena medida con las mentalidades populares en una época de amnesia. Estuvo involucrado en algunas controversias fuertes, por ejemplo sobre Globke, pero, como demostraron los resultados de las elecciones, no hicieron mella en su popularidad. Es posible que la reintegración de antiguos nazis contribuyera también a neutralizar a las fuerzas antidemocráticas. Una desnazificación aplicada de forma más agresiva y el procesamiento de los criminales nazis podría haber seguido poniendo de relieve las divisiones y el sufrimiento del pasado reciente, acaso dificultando la rápida estabilización de una democracia funcional. Si se considera que los fines justifican los medios, puede argüirse que el alto precio moral pagado por el premio político de una democracia consolidada en Alemania Occidental mereció la pena. No obstante, la República Federal quedaría mancillada durante décadas.

Sorprendentemente, tal vez, el único país de Europa occidental donde el sistema gubernamental fracasó durante los años cincuenta fue Francia. Pese al amargo legado de la ocupación alemana y del régimen de Vichy durante la guerra, habría sido difícil de prever cuando en octubre de 1946 se fundó la Cuarta República. Sin embargo, doce años después, en medio de una inestabilidad gubernamental endémica y una creciente crisis del estado, la Cuarta República se desmoronó.

¿Cuál es la explicación cuando, pese a una inestabilidad gubernamental como mínimo igual de crónica, la república italiana se mantuvo en pie? Al ser un país derrotado que salía de una guerra civil en la fase final de la segunda guerra mundial, podría parecer improbable que las estructuras políticas italianas sobrevivieran a las de la Francia liberada, que figuraban entre los aliados occidentales victoriosos. Sin embargo, así fue.

Es cierto que la Constitución de la Cuarta República Francesa fue un obstáculo importante. La inestabilidad política estaba garantizaba por la facilidad con la que se podían derribar gobiernos (aunque una administración pública que funcionaba bien aseguraba un nivel considerable de estabilidad económica). Las competencias atribuidas al poder legislativo sobre el ejecutivo eran más o menos parecidas a las de la débil Tercera República, que favorecían el faccionalismo y la falta de disciplina de partido entre los miembros de la Asamblea Nacional. En realidad, estas tendencias fueron aún más acusadas, si es que ello era posible, en la Cuarta República. Léon Blum, primer ministro en el gobierno del Frente Popular en 1936, consideraba en 1949 que la Cuarta República fue una repetición de la Tercera, «como si la historia de Francia hubiera comenzado, de manera senil, a balbucear sus viejos pensamientos y se hubiera negado a aprender algo nuevo». Sin embargo, la Constitución italiana también promovía un severo faccionalismo parlamentario y una disposición similar a derribar gobiernos (dentro de un sistema estatal relativamente estable). Las principales razones de los diferentes destinos de los sistemas políticos italiano y francés no fueron en esencia constitucionales.

Residían, en primer lugar, en la cohesión relativa, o la falta de la misma, de la derecha conservadora en ambos países. En Francia, una derecha dividida fue incapaz de ejercer algo siquiera remotamente parecido a la hegemonía de la derecha conservadora que consiguió la democracia cristiana en Italia. En las elecciones de 1951, el equivalente francés más próximo a un partido democristiano, el Movimiento Republicano Popular (MRP, por sus siglas en francés), considerado el representante de los intereses católicos, solo logró el 13,4 % de los votos, un poco menos que el total conseguido por varios partidos conservadores más pequeños y bastante menos que su principal rival, los gaullistas, que obtuvieron el 21,7 %. El centro y la izquierda también estaban divididos entre los radicales (el partido de la pequeña empresa y el campo) con un 10 %, los socialistas con el 15 % y los comunistas alineados con Moscú (que no participaron en ninguna alianza) con el 26 %. (Al igual que en Italia, la fortaleza del comunismo al principio de la posguerra le debía mucho a la profundidad de las divisiones ideológicas y sociales previas a la guerra que se habían intensificado mucho durante la lucha por la liberación en los últimos años de la contienda). Ningún partido consiguió siquiera una quinta parte de los escaños en la Asamblea Nacional y todos los acuerdos de coalición eran frágiles. En consecuencia, el paisaje político estaba irremediablemente fragmentado.

La segunda razón estaba estrechamente vinculada con la escisión de la derecha en Francia: la figura única de Charles de Gaulle. La guerra había convertido a De Gaulle en un héroe nacional, en el emblema de la Resistencia francesa al nazismo. También había alimentado en el propio De Gaulle la sensación de que era indispensable para devolver a Francia su grandeza nacional. Al verse por encima de las riñas y disputas de la política parlamentaria que tanto le disgustaban, la imagen que tenía de sí mismo era la de un salvador de la patria a la espera. Había dimitido como jefe del Gobierno Provisional en 1946 y creado al año siguiente un nuevo movimiento político, la Agrupación del Pueblo Francés, pero seis años más tarde, cuando su suerte se desvaneció y sufrió una gran derrota electoral, lo abandonó y en julio de 1955 volvió a retirarse de la política, en apariencia para dedicarse a escribir sus memorias. A partir de entonces, fue una presencia distante y reflexiva, retirado en su casa de Colombey-les-Deux-Églises, desdeñoso de la Cuarta República y convencido de que llegaría el momento en que Francia volvería a necesitarle.

La crisis que trajo a De Gaulle de vuelta al poder fue una expresión del más importante de todos los factores que minaron la Cuarta República: la cuestión colonial y, más concretamente, la cuestión de Argelia (a la que volveremos en breve). Si Italia se hubiera enfrentado a un problema externo de semejante trascendencia, su sistema político podría haberse quebrado bajo la presión. En Francia, la cuestión de Argelia era una herida abierta en la política nacional, y la gravedad creciente de la cuestión bastó para dividir al país y acabar destruyendo la Cuarta República.

Durante la Cuarta República Francia era apenas gobernable. El idealismo que siguió a la Liberación parecía haber quedado a años luz y el término con el que solía describirse ese estancamiento era inmovilismo. Al igual que en Italia, los gobiernos iban y venían (veinte en total antes de De Gaulle) pero sin repercusiones apreciables. Constituir un gobierno capaz de sobrevivir, aunque fuera por poco tiempo, era un proceso difícil y a veces Francia se quedaba sin gobierno durante semanas, en un estado de casi parálisis. A principios de 1951, con el país acosado por grandes huelgas contra el fuerte aumento de los precios, no hubo gobierno durante nueve días y en julio y agosto hubo un intervalo de treinta y dos días entre gobiernos. En la primavera de 1953, Francia experimentó lo que Janet Flanera, una analista estadounidense bien informada que había vivido durante mucho tiempo en París, describió como una «crisis política sin precedentes de cinco semanas» sin gobierno. En el otoño de 1957, el país volvió a estar durante más de cinco semanas sin gobierno y se organizaron nuevas huelgas de funcionarios en protesta porque su salario no podía mantenerse a la par de los precios, que aumentaban rápidamente, pese a que la industria estaba prosperando y los ricos estaban manteniendo el auge del consumo.

El primer ministro más sorprendente de la Cuarta República fue Pierre Mendès France, un miembro izquierdista del Partido Radical que mediante decisiones audaces y una gran habilidad táctica pudo mantener su ministerio durante ocho meses en 1954-1955, antes de que sus enemigos de la derecha acabaran con él. Para entonces, Francia estaba sumida en una crisis cada vez más profunda debido a la guerra civil en Argelia que afectaría al país durante años. Sin embargo, los gobiernos franceses no estaban bien preparados para afrontar la crisis. Las elecciones a la Asamblea Nacional celebradas en enero de 1956 eligieron otro Parlamento paralizado, y la aparición de una nueva fuerza disruptiva a la derecha, los poujadistas (creada inicialmente como protesta por los impuestos por Pierre Poujade, un tendero del sur de Francia, que recibió enseguida el apoyo de los pequeños empresarios), un movimiento cercano al fascismo que obtuvo el 11,6 % de los votos y cincuenta y un escaños en el Parlamento, contribuyó a crear un bloque opositor implacable, junto a sus enemigos ideológicos, los comunistas y los gaullistas, para garantizar un estancamiento parlamentario y una constante agitación política.

En mayo de 1958, la guerra civil de Argelia, que ya duraba cuatro años, desencadenó un levantamiento de los colonos blancos liderados por generales del ejército que amenazaron con una revuelta del ejército francés a menos que el general De Gaulle volviera al poder al frente de un nuevo gobierno nacional. Hacía mucho tiempo que De Gaulle esperaba la llamada y, por fin, había llegado. Ese mes regresó triunfante a la política. En circunstancias de grave crisis, el salvador a la espera accedió a cumplir con lo que consideraba su destino sagrado. A finales de año había recibido un amplio apoyo plebiscitario para una nueva Constitución, que establecía que la Quinta República era, en la práctica, un régimen presidencial en el que en particular los asuntos exteriores y de defensa eran prerrogativa del presidente. Las reformas constitucionales introducidas en 1962 conferían a De Gaulle poderes aún más amplios, que se extendían también a muchos ámbitos de la política interna, mientras que las competencias del Parlamento fueron reducidas drásticamente. En cualquier caso, la Asamblea Nacional estaba dominada por los gaullistas, mansos adeptos del presidente, lo que garantizaba su completo control mientras el peso de la izquierda se desvanecía. Fue una revolución conservadora desde arriba.

El enorme problema de Argelia persistía, y la sorprendente solución que propuso De Gaulle fue uno de sus mayores logros. No obstante, la cuestión argelina, que envenenó la política francesa en los años cincuenta, formaba parte de un problema más amplio, la desintegración del imperio, una cuestión que también causó problemas de diversos tipos a varios países europeos, en especial a Gran Bretaña.

RETIRADA IMPERIAL

La segunda guerra mundial marcó el principio del fin del imperialismo europeo. Las brutales ambiciones imperialistas de Alemania en Europa oriental habían sido frenadas de una vez por todas a un precio enorme. Italia había renunciado oficialmente a sus reivindicaciones coloniales en el tratado de paz con los Aliados de septiembre de 1947, pero cuando cesaron las hostilidades cinco países de Europa occidental (Bélgica, Francia, Gran Bretaña, los Países Bajos y Portugal) contaban todavía con enormes posesiones en ultramar y no parecían dispuestos a permitir que se independizaran. Sin embargo, veinte años después del final de la guerra, habían desaparecido casi todas excepto las colonias portuguesas, cada vez más anacrónicas (y que solo serían liquidadas a mediados de los años setenta), y unos pocos vestigios de los otrora poderosos imperios británico y francés.

Las ideas de los derechos humanos universales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas alentaron a los movimientos nacionalistas independentistas. Las doctrinas de la supremacía racial, base ideológica de la dominación imperialista, perdieron toda legitimidad y el debilitamiento de la posición de las potencias coloniales se vio agravado por los costes cada vez más insostenibles del imperio. A medida que se volvía imposible defender el colonialismo tanto desde el punto de vista económico como desde el ideológico, la globalización se aceleraba y las fuerzas anticoloniales cobraban fuerza (alentadas también por el éxito de movimientos independentistas paralelos), poco a poco las potencias imperialistas fueron cediendo a las presiones en favor de la independencia.

El imperio holandés fue el primero en desaparecer. La conquista japonesa había revelado la enorme debilidad de las potencias coloniales occidentales en el este de Asia y fomentado el crecimiento de movimientos nacionalistas que, una vez terminada la ocupación, recurrieron a la lucha armada para conseguir la independencia en las Indias Orientales Neerlandesas, que se convertirían en Indonesia. La guerrilla nacionalista sostuvo la lucha anticolonial durante cuatro años y los holandeses intentaron restablecer su colonia, una rica proveedora de caucho y otros recursos, pero sus fuerzas eran demasiado débiles para impedir que los insurgentes nacionalistas vencieran y en 1949 consiguieran la independencia, aunque los holandeses lograron conservar dos provincias orientales, que llamaron Nueva Guinea Neerlandesa, hasta 1962.

La colonia de Bélgica en el Congo no había estado directamente implicada en el conflicto durante la segunda guerra mundial, lo que, en comparación con movimientos equivalentes en el este y el sur de Asia o en el norte de África, probablemente demoró su avance hacia la independencia. Con crecientes dificultades, los belgas, que en décadas anteriores habían tratado a su posesión con enorme brutalidad y solo tardíamente habían introducido una política más benigna y paternalista, consiguieron mantener su colonia hasta que en 1959 estalló un conflicto armado. Para entonces, la oleada anticolonial, respaldada por Naciones Unidas, no paraba de crecer, así que los belgas reconocieron su propia debilidad y comprendieron que era inútil tratar de mantener el dominio colonial. Concedieron al Congo la independencia al cabo de un año, pero dejaron tras de sí un estado frágil y asolado por divisiones internas que no tardaría en sumirse en una guerra civil.

El tamaño y la dispersión geográfica del imperio británico hicieron que la descolonización fuera un proceso más complejo que para los Países Bajos o Bélgica. Del mismo modo que habían hecho cuando construyeron su imperio, los representantes británicos intentaron incorporar a los líderes nacionalistas y a personalidades locales influyentes en el proceso de disolución del dominio imperial. Distó mucho de resultar siempre una decisión eficaz, pero a menudo ayudó a facilitar el proceso de transición y a evitar que se desencadenara una guerra colonial. En cambio, fue decisivo que desde mediados de los años cincuenta los movimientos independentistas se encontraran con una acusada pérdida de apetito imperial.

Sorprende en varios sentidos lo relativamente indoloro que fue para los británicos, aunque rara vez para quienes lucharon por la independencia y los habitantes de los estados sucesores recién formados, el desmoronamiento de un imperio de ultramar tan inmenso. Probablemente se debió en buena medida a que muy pocos ciudadanos británicos tenían algún conocimiento detallado de las antiguas colonias, y menos aún alguna experiencia personal o directa en ellas. Aunque muchas familias tenían parientes en los dominios blancos de Australia, Canadá, Sudáfrica y Nueva Zelanda, en un sentido tangible el imperio había afectado sobre todo a las vidas de una élite educada en las escuelas privadas de Gran Bretaña con vistas a un futuro nombramiento en la administración colonial, un cargo de oficial en el ejército o una carrera en la banca y el comercio que implicara negocios con los territorios de ultramar. En cualquier caso, en los años sesenta los vínculos de los dominios con Gran Bretaña se estaban debilitando y el apoyo popular al imperio se desvanecía con rapidez. Sin duda, había un orgullo residual más amplio cuando la gente recordaba los mapas escolares que mostraban la enorme parte del mundo que antaño había estado sometida al dominio de Gran Bretaña, sobre todo entre la población con edad suficiente para acordarse del imperio en su pleno apogeo, pero para muchos británicos de la generación más joven crecida en la posguerra, tal vez para la mayoría de ellos, el imperio era poco más que una reliquia histórica, a menudo no mucho más que una colección de lugares lejanos y exóticos con nombres extraños que solo conocían por el contenido colorido de un álbum de cromos.

Que la disolución del imperio resultara tan poco traumática en la metrópoli fue una consecuencia, también, de su carácter muy poco monolítico y del gradual proceso de cambio hacia una asociación de naciones más libre en una «Mancomunidad» (Commonwealth). La expresión «Mancomunidad Británica de Naciones» se remontaba ya a 1917 (y ya entonces adaptaba una expresión anterior, «Mancomunidad de Naciones», de los años ochenta del siglo XIX). La igualdad formal de los dominios se estableció en 1931 y la independencia de la India en 1947 dio lugar a otro cambio en la nomenclatura. En 1949, se eliminó «Británica» del nombre, así que quedó en «la Mancomunidad de Naciones», y ese mismo año se aceptó a la monarca británica como cabeza de la Commonwealth, a cuyos miembros se consideraba participantes en una asociación libre que podían incluir estados nación independientes, que, como en el caso de la India, también podían ser repúblicas. Aunque no todas las posesiones británicas en ultramar optaron por ser miembros, la mayoría de las que acabaron logrando la independencia lo hicieron. Que, en un variopinto mosaico de posesiones, estas fueran perdiendo una a una el estatus de dependientes y adoptaran una asociación con Gran Bretaña a través de la Commonwealth hizo que, para la mayoría de los británicos, la transición fuera relativamente fluida, una transición que, en comparación sobre todo con Francia, fue aceptada con bastante pasividad y poco alboroto político en la metrópoli.

Para el gobierno británico, la liquidación del imperio solía significar reducción de pérdidas. Esta había sido ya la política en 1947, cuando Gran Bretaña se resignó a lo inevitable y concedió la independencia a la India, Pakistán y Birmania (y a Ceilán el año siguiente). La India ya no era la «joya de la corona» del viejo cliché porque las exportaciones británicas a la India habían estado disminuyendo con rapidez ya antes de la guerra, a medida que las industrias nacionales indias, y en particular la textil, fueron expandiéndose. Además, si bien en otro tiempo había sido un importante acreedor, Gran Bretaña salió de la guerra con enormes deudas con la India. Financieramente exhausta e incapaz de cubrir los gastos que conllevaba mantener el dominio británico, sobre todo en vista de los enormes disturbios y la creciente violencia interna entre hindúes y musulmanes, Gran Bretaña cedió ante las exigencias de independencia que ya se habían expresado enérgicamente tanto antes de la guerra así como durante el gran conflicto. Sin embargo, los intentos por entregar un país unido y pacífico fueron en vano. Una violencia religiosa incontrolable y las espantosas atrocidades cometidas hicieron que a principios de 1947 Gran Bretaña anunciara que se retiraría el verano siguiente, ocurriera lo que ocurriera. La incapacidad para mitigar la violencia propició la decisión de dividir el subcontinente surasiático para crear un Pakistán independiente con una población casi por completo musulmana. La India y Pakistán se convirtieron en naciones independientes el 15 de agosto de 1947 (el este de Pakistán pasaría a ser una nación diferente, Bangladesh, en marzo de 1971).

Gran Bretaña dejó a la India sumida en un desorden tremendo. El historiador Piers Brendon comentó que, lejos de irse «con honor y dignidad, los británicos se marcharon entre clamores de homicidio y el hedor de la muerte». A partir de ese momento, en lugar de atenuarse, la violencia religiosa que ya antes de la partida de los británicos era generalizada, aumentó de un modo brutal y se extendió por buena parte del país, pero cobró especial gravedad en las provincias densamente pobladas de Bengala, en el este, y el Punjab, al norte. Los musulmanes, los hindúes y los sijs del Punjab habían convivido allí durante generaciones y ahora descubrían que se iban a trazar nuevas fronteras a través de sus provincias. El miedo y la violencia iban de la mano mientras las personas huían, o eran obligadas a hacerlo, a través de la frontera de los nuevos países. Se calcula que fueron asesinadas en torno a un millón de personas, mientras que unos trece millones de refugiados huyeron en un inmenso proceso de «limpieza religiosa» en ambas direcciones, cruzando las nuevas fronteras en busca de un refugio más seguro; decenas de miles de mujeres fueron violadas; se incendiaron aldeas. Las relaciones entre la India y Pakistán seguirían siendo tensas durante décadas. Sin embargo, la tragedia de la población de la India y Pakistán, así como la pérdida de la que durante dos siglos se había considerado la piedra angular de las posesiones británicas en ultramar, no causó un gran revuelo entre los ciudadanos británicos, afectados por la austeridad de la posguerra y más preocupados por sus propias penurias y problemas.

La reducción de pérdidas y la retirada ante la violencia incontrolable también marcaron en 1947 el fin de la implicación de Gran Bretaña en el territorio de Palestina bajo mandato. Los «mandatos», establecidos por la Sociedad de Naciones al final de la primera guerra mundial cuando se dividió el antiguo imperio otomano, eran técnicamente operaciones temporales de las potencias coloniales durante la transición hacia el autogobierno. Gran Bretaña recibió mandatos en Palestina, Transjordania (más tarde Jordania) e Irak, y Francia, en Siria y Líbano. En 1917, por medio de la Declaración de Balfour, Gran Bretaña había apoyado la causa sionista, que abogaba por la creación de «un hogar nacional para el pueblo judío» en Palestina. Más que una finalidad humanitaria, la motivación principal que subyacía a esta Declaración era obtener el respaldo de los judíos estadounidenses al apoyo que su país prestaba a los Aliados en la guerra y animar a los judíos rusos a descartar la idea de una paz por separado con Alemania. No obstante, esta decisión ingenua, y también un poco cínica, sembró un campo de minas que, generaciones más tarde, todavía no muestra ninguna señal de haber sido despejado.

La Declaración no se refería explícitamente a un estado judío y Arthur Balfour, el entonces secretario de Exteriores británico, señaló específicamente que no habría ningún perjuicio para los derechos de las comunidades no judías de Palestina, pero eso no era más que una vana ilusión. La hostilidad de los árabes fue en aumento debido al rápido crecimiento de la cifra de colonos judíos a raíz de su persecución en Europa en los años treinta. Los dirigentes británicos reprimieron con brutalidad lo que entre 1936 y 1939 derivó en una revuelta árabe a gran escala. Aun así, sus propuestas de una partición primero y más adelante un estado unitario con una inmigración judía limitada no satisficieron ni a los árabes ni a los judíos. Cuando insistieron en unas cuotas bajas de inmigración incluso después de la segunda guerra mundial, mientras los estadounidenses, con el respaldo de la opinión pública mundial, presionaban para que un gran número de supervivientes del Holocausto fuera admitido en el lugar seguro de Palestina, los británicos tuvieron que vérselas con una oleada de atentados terroristas sionistas. Sabían que se enfrentaban a un dilema: aceptar la exigencia estadounidense de niveles más altos de inmigración judía desencadenaría casi con toda seguridad una nueva revuelta árabe. Además, los costes del mantenimiento del mandato en Palestina (cuarenta millones de libras anuales para mantener allí a cien mil soldados) eran demasiado elevados para la austeridad de la posguerra en Gran Bretaña. «Casi ha llegado el momento en el que debemos retirar por completo nuestras tropas de Palestina», aconsejó el ministro de Hacienda, Hugh Dalton, al gobierno laborista a principios de 1947.

El gobierno británico, sin una salida a la vista para el impasse y con la impopularidad creciente del mandato dentro de Gran Bretaña, desistió y en 1947 dejó en manos de las Naciones Unidas la búsqueda de una solución, pero cuando la ONU aceptó la partición de Palestina en dos estados (uno judío y otro árabe), Gran Bretaña se negó a ejecutar el plan debido al considerable rechazo de los árabes al mismo y avisó de que el 14 de mayo de 1948 pondría fin a su mandato. En ese momento, el liderazgo judío encabezado por David Ben-Gurion declaró el establecimiento del estado de Israel. Muchas naciones, incluidas Estados Unidos y la Unión Soviética, reconocieron de inmediato al nuevo estado. El sufrimiento de los judíos europeos en el genocidio perpetrado por la Alemania nazi había generado, a los ojos de gran parte del mundo, la obligación moral urgente de crear una patria judía en Israel, pero aun así las naciones árabes se opusieron rotundamente a lo que consideraban una descarada anexión de territorio palestino. Se habían creado las condiciones para la primera guerra entre Israel y sus vecinos árabes, la guerra árabe-israelí de 1948-1949.

Las divisiones entre los ejércitos árabes permitieron que Israel, cuando en febrero de 1949 llegó el momento de firmar una serie de armisticios, extendiera su dominio territorial más allá de lo previsto en la propuesta inicial de partición formulada por las Naciones Unidas. Israel había consolidado su existencia por la fuerza de las armas, pero también habían engendrado un odio profundo e inextinguible entre sus vecinos, así como entre los 750 000 palestinos que se convirtieron en refugiados en Jordania (antigua Transjordania), Siria, Líbano y la Franja de Gaza. El armisticio de 1949 no resolvió nada; es más, en realidad garantizó que con el tiempo se reanudaran las hostilidades. Las ramificaciones posteriores del problema palestino para Gran Bretaña y para toda Europa, al igual que para la mayor parte del mundo, serían profundas, pero en ese momento la otrora potencia colonial se sintió aliviada por desembarazarse de una cuestión tan inextricable. Los ciudadanos británicos prosiguieron con sus vidas, satisfechos de haberse librado de un problema en Oriente Medio que la mayor parte de ellos ni comprendía ni les preocupaba.

La retirada de Gran Bretaña de la India y Palestina no supuso un rápido final de las demás posesiones de ultramar. En un primer momento, las fuerzas británicas contuvieron un movimiento nacionalista en Malasia, una región con valiosas plantaciones de caucho que generaban muchos dólares, declarando el estado de excepción en junio de 1948 y utilizando la fuerza militar contra los insurgentes comunistas. En Kenia, participaron entre 1952 y 1956 en la brutal represión (en la que murieron miles de personas) del feroz movimiento Mau-Mau, cuya lucha anticolonial incluyó terribles atrocidades. Los muros de contención del colonialismo todavía tenían que reventar, pero no tardarían en hacerlo. Y, caso curioso, lo que provocó la riada que acabó por llevarse por delante a las antiguas colonias británicas se produjo en un país que ya era independiente y nunca había formado parte oficialmente del imperio: Egipto.

En julio de 1952, un grupo de oficiales del ejército egipcio derrocó al rey Faruq, un monarca mujeriego cuyo estilo de vida lujoso y despilfarrador ponía de manifiesto su completa incompetencia como gobernante. Uno de los oficiales, el coronel Gamal Abdel Nasser, no tardó en establecerse como la figura dominante de la recién proclamada república, al cabo de dos años se había convertido en su presidente y, más allá de las costas de Egipto, se le consideraba el paladín del anticolonialismo árabe. Su postura antioccidental y sus amistosos acercamientos al bloque soviético (que le suministraba las armas que Estados Unidos le negaba) despertaron una creciente hostilidad tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña y Francia. Nasser era visto como un grave peligro para la influencia de Occidente en una región tan volátil y una amenaza para unos abundantes recursos petrolíferos que eran vitales para las economías occidentales. El primer ministro británico Anthony Eden, que en abril de 1955 había sucedido a un Winston Churchill anciano y achacoso, había sido testigo de primera mano en los años treinta del fracaso del apaciguamiento para hacer frente a la agresión de Hitler y Mussolini. Esto influyó mucho en su opinión sobre Nasser, a quien describió, de un modo tanto exacerbado, como un dictador al que en esta ocasión había que frenar en seco. El primer ministro socialista de Francia, Guy Mollet, preocupado por la influencia del panarabismo de Nasser entre los musulmanes que habitaban en las posesiones francesas en el norte de África, estaba totalmente de acuerdo; dijo que las intenciones de Nasser le recordaban a los objetivos enunciados por Hitler en Mi lucha. Janet Flanner señaló que los franceses estaban unidos por «el complejo de Múnich», consideraban a Nasser «un Hitler árabe» y estaban dispuestos a «arriesgarse a una guerra pequeña» para evitar que el «panarabismo» desatara una gran guerra.

Un acuerdo que se remontaba a 1936 autorizaba a las tropas británicas a permanecer en Egipto para proteger la zona del canal de Suez, una vía crucial en el suministro de petróleo barato, pero aun así en 1954, Gran Bretaña accedió a evacuar a los soldados británicos, a los que los egipcios ya consideraban meros ocupantes coloniales, y en junio de 1956 estos abandonaron la zona del Canal. El 19 de julio los estadounidenses, cada vez más indignados con los intentos de Nasser de enfrentarlos con los soviéticos, retiraron la financiación, que siempre había parecido muy probable, para la construcción de la presa de Asuán en el Nilo, un gran proyecto de construcción muy importante para el prestigio nacional y vital para el abastecimiento de agua de Egipto. A la semana siguiente, Nasser nacionalizó el canal de Suez.

Cuando las iniciativas diplomáticas para hacer cambiar de opinión a Nasser fracasaron, Gran Bretaña y Francia decidieron llevar el asunto ante las Naciones Unidas, donde, como cabía esperar, el veto soviético dio al traste con las esperanza de encontrar una solución. De todos modos, las autoridades británicas y francesas estaban dispuestas, entre bastidores, a pasar por alto a la ONU y planeaban una solución militar. Sorprendentemente, creían poder actuar sin informar siquiera al gobierno estadounidense de lo que tenían en mente, una última demostración de la arrogancia de las potencias coloniales en los asuntos internacionales. Tramaron una conspiración de alto secreto que involucraba a Israel, cuyas tropas ocuparían la península del Sinaí, y después Gran Bretaña y Francia, tras solicitar la retirada de ambas partes con el convencimiento de que la propuesta sería rechazada, atacarían por mar y aire, «restablecieran el orden» y recuperarían el control del canal de Suez.

La invasión israelí comenzó el 29 de octubre de 1956, y dos día más tarde Nasser cerró el canal de Suez, que no volvería a abrir hasta principios del año siguiente. El 5 de noviembre, tropas británicas y francesas transportadas por aire iniciaron un desembarco en Egipto, pero sus iniciales éxitos militares (posteriormente se calculó que habrían tardado uno o dos días en retomar el Canal), se vieron frenados enseguida por la intensa presión internacional. Los soviéticos plantearon la posibilidad de lanzar ataques con cohetes a los invasores y de que la crisis desembocara en una guerra nuclear. Fuera en serio o no, esto hizo que Estados Unidos se apresurara a poner fin a la crisis. Los dirigentes estadounidenses estaban furiosos porque se les había ocultado el plan de invasión; su amenaza de perjudicar a la libra esterlina si no se producía un alto el fuego resultó decisiva. Cuando las pérdidas de sus reservas de divisas, ya enormes durante los dos primeros días de la operación de Suez, alcanzaron niveles peligrosos, los británicos se decantaron por el pragmatismo y acordaron un alto el fuego sin consultar siquiera a los franceses. Se envió entonces una fuerza de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas a Egipto, y la retirada efectiva de los británicos y los franceses se llevó a cabo debidamente el 22 de diciembre. El fiasco diplomático fue total.

La izquierda británica estaba indignada por este retorno al aventurismo colonial de lancha cañonera, mientras que a la derecha le escandalizaba más la flagrante ineptitud del gobierno en el desastre de Suez. Eden dimitió del cargo de primer ministro, oficialmente por motivos de salud, después de haber estado esperando entre bastidores durante años como heredero natural mientras Churchill se aferraba al poder. Su experiencia como reputado ministro de Exteriores antes y después de la guerra hacía aún más irónico que hubiera cometido un error tan grave y nocivo en un asunto de política exterior. En la política interna, sin embargo, Suez perjudicó muy poco al gobierno conservador que había gestionado la crisis de manera tan desastrosa. De las elecciones de 1959 resultó vencedor Harold Macmillan, que sucedió a Eden, mientras que el Partido Laborista, que había criticado enérgicamente al gobierno por la cuestión de Suez, permaneció estancado. Cuando se trataba de lo que afectaba de veras a las vidas de los ciudadanos corrientes, Suez no era una prioridad. Aun así, Suez fue un momento crucial en la historia de Gran Bretaña durante la posguerra, un golpe duradero a la confianza nacional y el prestigio en el mundo de un país que hasta hacía muy poco tiempo era uno de los «tres grandes».

Las relaciones con Estados Unidos se repararon enseguida, la tan pregonada «relación especial» sería reiteradamente recalcada y la amistad angloestadounidense publicitada a principios de los años sesenta por sus opuestos líderes: Macmillan, la personificación del conservadurismo patricio en Gran Bretaña, y John F. Kennedy, el rostro de un liderazgo estadounidense joven y dinámico. Aun así, se trataba de una «amistad especial» muy desequilibrada, y después de Suez fue más evidente que nunca en los asuntos internacionales Gran Bretaña no podría dar pasos importantes sin el beneplácito del «Tío Sam».

El gobierno británico comprendió que el juego había terminado. Gran Bretaña ya no podía permitirse mantener una presencia militar en tantos lugares del planeta, debía aceptar que el colonialismo era cosa del pasado y que la consideración más importante para el futuro era entablar relaciones amistosas con los nuevos estados independientes que surgirían del fin de la época imperialista. Una vez hecha esta reevaluación fundamental, el fin del imperio no tardó en llegar, y con muy pocos lamentos dentro de Gran Bretaña. De hecho, la independencia de Sudán, en enero de 1956, había precedido a la crisis de Suez. Ghana (antes Costa de Oro) obtuvo la independencia en marzo de 1957. Malasia, la colonia más valiosa en términos económicos que quedaba, se independizó en julio de 1957. En Chipre, se declaró la independencia (con la retención británica de bases militares) en agosto de 1960, aunque en este caso tras una lucha interna violenta y resuelta solo superficialmente entre los griegos y los turcochipriotas. Entre 1960 y 1966, se independizaron de Gran Bretaña otras diecinueve excolonias (Nigeria, Sierra Leona, Tanganica, Zanzíbar, Uganda, Kenia, Nyasalandia, Rodesia del Norte, Bechuanalandia, Basutolandia, Samoa Occidental, Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago, Malta, Singapur, Gambia, las Maldivas y la Guayana Británica).

Harold Macmillan captó el estado de ánimo y declaró lo obvio cuando, en un discurso pronunciado en Ciudad del Cabo en 1960, se refirió a «los vientos de cambio» que soplaban por todo el continente africano. La resistencia principal, pues, no provenía de Gran Bretaña sino de los colonos blancos de la Unión Sudafricana y de la contigua Rodesia del Sur. Sudáfrica, que se negó a ceder sobre su sistema de apartheid racista, abandonó la Commonwealth en 1961. El gobierno de Rodesia, en contra de la opinión de los británicos, se declaró independiente en noviembre de 1965 para mantener así el dominio de la minoría blanca pese a la condena del resto de la Commonwealth. Eso provocó en Rodesia una brutal guerra civil que duró quince años y solo sirvió para retrasar lo inevitable. Rodesia acabaría obteniendo la independencia como el nuevo estado de Zimbabue en abril de 1980.

Para entonces, el imperio británico había desaparecido, más allá de algunos vestigios poco importantes, y sus exequias se habían celebrado con la retirada en 1968 de las fuerzas británicas de las bases «al este de Suez». Gran Bretaña ya no podía permitirse los caros e innecesarios compromisos mundiales. A principios de los años sesenta, el comercio con la Commonwealth ya se estaba contrayendo con rapidez; los dominios seguían cada vez más su propio camino y relajaban sus antes estrechos vínculos con el Reino Unido. Muchos líderes políticos y empresariales reconocían que Gran Bretaña necesitaba reorientar sus intereses, buscar la futura prosperidad no tanto en sus antiguas posesiones coloniales como en sus vecinos europeos, cuyas economías crecían con rapidez. Gran Bretaña estaba en vías de dejar de ser una potencia imperialista mundial para convertirse en poco más que una potencia europea. En 1962, el exsecretario de Estado norteamericano Dean Acheson afirmó que «Gran Bretaña ha perdido un imperio y todavía no ha encontrado un papel». Una década más tarde, el comentario seguía siendo pertinente.

Suez no tuvo la misma trascendencia para los franceses que para los británicos. El enconado debate político y el examen de conciencia sobre su papel en el mundo que carcomía a la clase política británica no se produjo en Francia. La campaña en Egipto había contado con un amplio apoyo y el grueso de la culpa por el fracaso no se atribuía al gobierno francés sino a Estados Unidos y las Naciones Unidas, que, según se afirmaba, habían detenido el ataque cuando la victoria era inminente. A diferencia de Eden, Guy Mollet no tuvo que enfrentarse a un gran clamor reclamando su dimisión y recibió en cambio un gran voto de confianza en el Parlamento francés. No fue Suez, sino Indochina y, sobre todo, Argelia lo que simboliza la retirada francesa del imperio. Mientras que los británicos se adaptaron con una facilidad sorprendente a la necesidad de retirarse de sus posesiones imperiales, el desmantelamiento del imperio francés fue traumático.

La guerra había sometido a una enorme presión al imperio colonial francés, el segundo en tamaño solo por detrás del británico. Al principio, tras la desastrosa derrota de Francia en 1940, las lealtades políticas en las colonias francesas se habían decantado por el régimen de Vichy, pero, a menudo tras un amargo conflicto, hacia la mitad de la guerra se habían inclinado en la mayoría de los casos por la Francia Libre de Charles de Gaulle. Al mismo tiempo, la humillación militar de Francia había alentado y fortalecido el sentimiento anticolonial en sus posesiones en Oriente Medio y África. Los territorios bajo mandato de Líbano y Siria se convirtieron tras la guerra en estados independientes. Los movimientos anticoloniales habían ganado terreno especialmente en el norte de África, donde en 1945 una insurrección armada en Argelia fue sofocada con violencia. Las posesiones francesas en África ecuatorial y occidental continuaron en calma, pero en 1947 una revuelta contra el dominio francés en la aislada colonia de Madagascar fue reprimida con gran crueldad. Según algunos cálculos, hasta cien mil malgaches fueron asesinados antes de que al año siguiente la rebelión fuera aplastada por completo. Se reanudó la difícil dominación colonial francesa, que duró hasta que en junio de 1960 Madagascar logró por fin la independencia.

Después de la Liberación, el Gobierno Provisional de Francia hizo algunas concesiones mínimas de derechos políticos y de ciudadanía a sus colonias en África, otorgándoles una limitada ampliación del derecho a voto y de la representación en el Parlamento francés. En la nueva Constitución de 1946 se escogió el nombre de «Unión Francesa» en lugar de «imperio», en un intento de atenuar, como habían hecho los británicos con «Commonwealth», el sentimiento de sumisión en los territorios de ultramar. Los episodios más cruentos de abuso colonial se redujeron mucho, pero de cara al exterior el imperio colonial francés se mantenía prácticamente intacto y ninguno de los cambios insustanciales afectó tampoco mucho a la opinión en la propia Francia. Aunque los franceses en general los aprobaban, pocos contemplaban la concesión de la independencia a las posesiones de ultramar. Sin duda gran parte de la opinión pública estaba a favor de la reforma colonial y la izquierda estaba en contra del colonialismo, pero, para la mayoría de los franceses, el imperio seguía siendo una cuestión de prestigio nacional.

Esto estaba a punto de ser puesto a prueba en Indochina. Hasta el final de la guerra, las autoridades francesas de Vichy habían seguido gobernando Indochina (que comprendía los actuales países de Vietnam, Camboya y Laos) como títeres de los japoneses, pero en marzo de 1945, por temor a que se transfiriera la lealtad a De Gaulle, los japoneses decidieron empezar a gobernar directamente, alentando los movimientos de independencia nacional como un arma contra las potencias imperialistas. Los problemas que en el futuro atormentarían a los franceses derivaban de sus intentos en la posguerra de restaurar su supremacía colonial. Las principales dificultades surgieron en Vietnam, donde el emperador Bao-Dai había abdicado y el líder comunista Ho Chi Minh, cuyo anticolonialismo había aflorado con fuerza durante los años que pasó en París tras la primera guerra mundial, había proclamado la república pocos días después de la derrota de los japoneses en agosto de 1945. (Paradójicamente, a Ho le habían ayudado mucho a establecer su base de poder las armas y el adiestramiento militar que le habían proporcionado los estadounidenses para sus fuerzas guerrilleras en la lucha contra Japón, facilitados por la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos, durante los últimos meses de la guerra). Las autoridades francesas, que contaban con el respaldo de la opinión pública en Francia, se negaron a aceptar el fin de su dominio y enviaron a más de treinta mil soldados para sofocar al resuelto ejército de campesinos de Ho, el Viet Minh, instalando un gobierno títere en el sur del país (por entonces conocido como Cochinchina). La obstinación francesa fue la responsable de la escalada que acabaría convirtiéndose en una guerra larga y brutal, pero imposible de ganar, contra las fuerzas guerrilleras del Viet Minh.

Se destinó un número cada vez mayor de tropas coloniales a la contienda. En 1952, el total ascendió a 560 000 efectivos, aunque solo unos 70 000 eran voluntarios franceses y el resto provenían de las colonias, en su mayoría del propio Vietnam. Para entonces, la guerra de Indochina era intolerablemente cara para Francia, pues constituía el 40 % de todo el presupuesto de defensa, y solo se podía mantener gracias a la sustancial y creciente ayuda financiera de Estados Unidos, donde después del triunfo de Mao en China en 1949 y el estallido de la guerra de Corea preocupaba mucho el «efecto dominó» de la propagación del comunismo por el sureste asiático.

Mientras tanto, la guerra en Vietnam era sumamente impopular en Francia. Las bajas no dejaban de aumentar, la cifra de muertos entre las fuerzas coloniales francesas en Vietnam acabaría ascendiendo a 92 000. Mientras que en un sondeo de opinión realizado en 1947 el 52 % de los entrevistados se habían mostrado a favor de la guerra para mantener a Indochina como colonia, en febrero de 1954 la cifra había caído hasta solo el 7 %. Y eso fue antes del mayor desastre de la historia colonial francesa: la derrota infligida por el Viet Minh el 7 de mayo de 1954, tras un asedio que duró ochenta días, a las fuerzas francesas en Dien Bien Phu, en el noroeste de Vietnam. Los franceses perdieron más de mil quinientos hombres durante el asedio y otros once mil fueron capturados. La derrota en Dien Bien Phu fue considerada una humillación nacional.

Esta fue la gota que colmó el vaso para los franceses. Como cabía esperar, el gobierno cayó. El nuevo primer ministro, Pierre Mendès France, prometió durante la toma de posesión que si en el plazo de un mes no lograba un acuerdo de paz en Vietnam, dimitiría. Para sorpresa de propios y extraños, logró su objetivo. El 21 de julio de 1954 se acordó en Ginebra un alto el fuego que fue aprobado por una enorme mayoría en la Asamblea Nacional, que dedicó al primer ministro «una tremenda ovación». Mendès France se convirtió en «prácticamente un héroe nacional» para la opinión pública francesa, cansada del costoso y ruinoso conflicto en un remoto lugar del mundo que solo unos pocos ciudadanos franceses conocían de primera mano. Fue la señal para iniciar un rápido proceso de retirada francesa de Indochina. No se atrevían a prolongar la presencia de tropas francesas en la región, y en 1956 ya la habían abandonado. El gobierno francés estaba más que contento de pasar ese cáliz envenenado a los estadounidenses y dejar que asumieran la responsabilidad del embrollo vietnamita.

En virtud de lo que pretendía ser un acuerdo provisional alcanzado en Ginebra, Vietnam fue dividido a lo largo del paralelo 17. Se previeron elecciones dos años más tarde para unificar el país, pero esos comicios nunca llegaron a celebrarse. La oposición estadounidense a un acuerdo que en su opinión conduciría a un victoria rotunda de Ho Chi Minh se encargó de que así fuera. Los estadounidenses habían concedido diez veces más ayuda a los franceses que los soviéticos y los chinos a Ho, pero Washington consideraba que ese enorme gasto habría sido en vano si el comunismo acaba triunfando en Vietnam. Por consiguiente, los estadounidenses continuaron apoyando en el sur del país a un gobierno títere corrupto que tenía tan poco interés como ellos en permitir que se celebraran unas elecciones cuyo resultado casi seguro sería que todo Vietnam se convirtiera en un estado comunista gobernado por Ho Chi Minh. La intransigencia de los franceses antes de apresurarse a abandonar lo que sabían que era una causa perdida fue sustituida por la miopía de los estadounidenses a la hora de reconocer una causa perdida cuando la tenían delante. Esto significó para la población de Vietnam que lo peor de la tormenta aún estuviera por llegar. La tragedia se agravaría mucho más y duraría otros veinte años.

Justo cuando los franceses daban por cerrada una guerra colonial, empezó otra. Y mientras que Indochina estaba muy lejos, la nueva guerra que comenzó en 1954 en Argelia estaba más cerca de casa. En cierto sentido, fue en casa, ya que Argelia (colonizada desde 1830) había sido administrada como parte integrante de Francia desde 1848 y, a diferencia de lo ocurrido en otras partes del imperio francés, allí se habían asentado centenares de miles de colons o pieds-noirs (como se les conocería, tal vez por las botas negras que llevaban los primeros colonos) europeos, no solo franceses. El nivel de discriminación política y económica por parte de los colonos contra la mayoría musulmana había dado pie ya en los años treinta a protestas contra el dominio colonial y a la represión de un incipiente movimiento nacionalista. Las demandas de reforma resurgieron en plena guerra, y al final de la contienda la ira generada por la parquedad de las concesiones francesas se tradujo en protestas violentas, que fueron brutalmente reprimidas por el ejército y la policía, que mataron a varios miles de musulmanes. Como consecuencia de ello, los franceses establecieron la Asamblea argelina, que solo otorgaba un derecho a voto muy limitado a la población musulmana, que era mayoritaria.

Las tensiones bullían bajo la superficie y era inevitable que en algún momento estallaran. Eso ocurrió el 1 de noviembre de 1954, cuando el Frente de Liberación Nacional (FLN, por sus siglas en francés) atacó varios objetivos de las autoridades coloniales e inició así lo que se convertiría en una guerra de ocho años de duración cuyo objetivo era conseguir un estado Argelino independiente basado en los principios del islam. Mendès France, que acababa de lograr un triunfo popular al poner fin a la guerra en Indochina, en esta ocasión no estaba dispuesto a hacer concesiones y desde el primer momento descartó por completo la idea de que Argelia, un département de Francia, pudiera separarse; esta postura era muy popular.

En realidad, en 1954 Mendès France había puesto en marcha las medidas que en 1956 desembocarían en la independencia de Túnez y Marruecos. Los movimientos independentistas en estos países se habían enfrentado a la violencia colonial y en la lucha anticolonial hubo derramamiento de sangre y atrocidades, pero el gobierno francés, sometido también a presiones internacionales, acabó por adoptar una salida razonable ante una situación que no hacía sino empeorar. Sin embargo, Túnez y Marruecos eran consideradas colonias; Argelia, en cambio, era vista como una parte integrante de Francia y era administrada desde el Ministerio del Interior, no desde la Oficina Colonial. A ojos de los franceses (pero no de los argelinos), el conflicto que se agravaba en Argelia no era una guerra colonial, sino civil, y esta fue la diferencia fundamental que explica la intransigencia de los franceses en el caso de Argelia y que provocó muchos años de sufrimiento para tantísimos de sus habitantes.

Se estableció un patrón de creciente violencia y de represalias extremas en respuesta a ella. En un momento crítico, en agosto de 1955, más de un centenar de colonos civiles resultaron muertos en una acción planeada por el FLN, lo que provocó unas represalias brutales que dejaron más de un millar de musulmanes muertos (según algunos cálculos, la cifra fue incluso muy superior). El régimen respondía a los atentados terroristas y las atrocidades localizadas recurriendo a espantosas represalias, lo que no era sino una receta infalible para que prosiguiera el desastre. El primer ministro Guy Mollet hizo un breve intento en 1956 de aplicar una política conciliadora, pero, en vista de la vehemente oposición de los colonos, no tardó en retomar el objetivo de aplastar la revuelta. Se duplicó el contingente de tropas; se recurrió ampliamente a la tortura contra los sospechosos del FLN; se desplegó una enorme gran fuerza militar. El FLN respondió con más atentados terroristas. La opinión pública se volvió en contra de una guerra brutal y surgieron fuertes protestas, encabezadas por destacados intelectuales de izquierdas, entre los que destacaban Pierre Vidal-Naquet y Jean-Paul Sartre, contra la inhumanidad del ejército francés en Argelia.

No obstante, la opinión pública francesa, pese a anhelar desesperadamente el fin de la guerra, no estaba a favor de la independencia de Argelia. En cualquier caso, el inmenso obstáculo que frenaba cualquier tentativa de conceder al país la independencia era la negativa rotunda y violenta de los colonos a tomar en consideración siquiera semejante posibilidad. A principios de 1958 se estaba gestando una crisis no solo del gobierno francés, sino del propio estado. Cuando el 14 de mayo de 1958 Pierre Pflimlin fue nombrado primer ministro, la crisis estalló. Pflimlin era partidario de negociar con el FLN, lo que para los pieds-noirs equivalía a una traición de París, así que tomaron el edificio del Gobierno en Argel y escogieron al jefe de los paracaidistas que había dirigido la implacable campaña antiterrorista del año anterior, el general Jacques Massu, para liderar lo que constituía una revuelta contra el gobierno francés. Enseguida fue evidente que el ejército apoyaba la revuelta. Este fue el contexto en que se solicitó a De Gaulle de que retomara el poder. Pflimlin, recién investido como primer ministro, fue obligado a abandonar el cargo a finales de mes. Fue el comienzo, ya descrito, de la creación de la Quinta República.

Los colons suponían que De Gaulle era su hombre y confiaban en que su prestigio consiguiera poner fin a la guerra de Argelia de una modo satisfactorio para ellos, pero no tardaron en sentirse profundamente decepcionados y enfurecidos cuando De Gaulle, que enseguida se dio cuenta de que el problema era irresoluble, dio muestras de estar abierto a una solución negociada. Esto dejó al presidente en un equilibrio inestable entre un FLN intransigente en su exigencia de independencia y unos pieds-noirs, dispuestos a recurrir a la resistencia armada contra estas peticiones. Varios generales desafectos, encabezados por el general Raoul Salan, que en otro tiempo había apoyado a De Gaulle, crearon la Organización del Ejército Secreto (OAS, por sus siglas en francés) y planearon más de un golpe embrionario contra el gobierno, llevaron a cabo una campaña de atentados en Francia e intentaron asesinar a De Gaulle. La OAS fue responsable, en total, de unas 2700 muertes, casi todas ellas de musulmanes argelinos.

La guerra de Argelia prosiguió, en medio de una enorme violencia, a lo largo de 1960 y 1961. Pero De Gaulle se impuso. Era suficientemente realista para saber que solo la independencia de Argelia conseguiría traer la paz, y gradualmente fue aceptando ese desenlace. Se sirvió de su inmenso prestigio y de su enorme autoridad para obtener el respaldo del 90 % de los votantes franceses para el alto el fuego firmado el 18 de marzo de 1962, que culminó el 5 de julio con la proclamación de la independencia de Argelia. La mayoría de los resentidos pieds-noirs, más de ochocientos mil, eran conscientes de que no tenían ningún futuro en Argelia y se mudaron al sur de Francia, y lo mismo hizo la comunidad judía argelina. Esos argelinos, conocidos como harkis, que habían trabajado para el régimen colonial, a menudo en puestos administrativos de baja categoría, como policías o soldados, se enfrentaron a terribles represalias del FLN cuando acabó la guerra. Una minoría de ellos consiguió huir, sobre todo al sur de Francia, donde fueron objeto de un pésimo trato por parte de las autoridades francesas, de discriminación social y del rechazo o el desprecio por parte de la mayoría de la población. La cifra total de víctimas de los ocho años de sangriento conflicto es objeto de una acalorada disputa, pero fue como mínimo de ciento setenta mil. Con toda probabilidad, la cifra fue muy superior a esta cantidad. La gran mayoría de los muertos fueron musulmanes argelinos. Ningún francés fue juzgado por asesinato en los tribunales franceses. La «misión civilizadora» de Francia, su justificación ideológica para dominar a otros pueblos, había derivado en barbarie.

Curiosamente, en el momento álgido de la guerra sucia en Argelia, De Gaulle estaba liquidando el colonialismo francés en casi todo el resto de África. La Constitución de la Quinta República de 1958 había reemplazado la «Unión Francesa» por la «Comunidad Francesa», lo que otorgaba amplios derechos de autogobierno a los territorios de ultramar, pero sin llegar a conceder la independencia plena. Al principio solo la Guinea Francesa rechazó la adhesión a la Comunidad, pero sirvió de ejemplo y no tardaron en seguirlo otras colonias. Los vientos del anticolonialismo soplaban con fuerza a finales de los años cincuenta y Argelia no era precisamente una buena publicidad para el dominio francés. De Gaulle había ofrecido a los territorios de ultramar el derecho a elegir. Y lo hicieron. Entre 1958 y el final de 1960, siguieron el ejemplo de Guinea y se independizaron hasta quince excolonias (Madagascar, el Sudán francés, Senegal, Chad, Congo Medio, Gabón, Mauritania, Ubangi-Shari, Camerún, Togo, Mali, Dahomey, Níger, Alto Volta y Costa de Marfil). En 1961, la Comunidad Francesa había menguado hasta casi la irrelevancia. El contraste era muy marcado entre el rápido desmantelamiento del imperio en otros lugares, como reconocimiento de un deseo obviamente irrefrenable de independencia, y la mortificante aceptación de lo inevitable en Argelia solo después del inmenso derramamiento de sangre en una guerra prolongada. La situación única de Argelia fue la diferencia esencial. Fueron necesarios la habilidad política y el realismo de De Gaulle para acabar con la integración básicamente nominal en Francia de lo que siempre había sido, pese a los desmentidos oficiales, una colonia basada en la discriminación contra los nueve millones de habitantes autóctonos por parte de un millón de colonos.

A mediados de los años sesenta solo quedaban fragmentos de los otrora poderosos imperios francés y británico. La época de los imperios tocaba a su fin.

El funeral de Estado de sir Winston Churchill, el último superviviente de los «tres grandes» líderes durante la segunda guerra mundial, celebrado el 30 de enero de 1965, simbolizó el fin de una generación aferrada a las certezas del estado nación, la dominación imperialista y la política de las grandes potencias europeas. El presidente de Francia, el general De Gaulle, y el expresidente de Estados Unidos, el general Dwight D. Eisenhower, que habían estado al lado de Churchill en la lucha contra la Alemania nazi, figuraron entre los representantes de los 112 países que estuvieron presentes en el funeral, un extraordinario despliegue de pompa y circunstancia. Vieron una Europa que apenas se asemejaba a la que veinte años antes había surgido de la guerra.

Lo más evidente era que Europa estaba dividida en dos mitades irreconciliables. La separación, que ya en los años inmediatamente posteriores a la guerra había ido tomando forma inexorablemente, se había ampliado hasta un punto en el que, a excepción de las formalidades diplomáticas, existía poco o ningún contacto entre las partes oriental y la occidental del continente. Entretanto, los dos bloques, el del este y el del oeste, se habían solidificado. Europa occidental, que en 1945 ni siquiera existía como idea, era ya una entidad definible. Dos acontecimientos ya examinados revistieron una importancia crucial para la formación de Europa occidental.

El más importante fue la consolidación de la democracia liberal pluralista, cuya forma variaba de un país a otro pero en todas partes se basaba en los principios del derecho, los derechos humanos y la libertad personal. También dependía de economías capitalistas reestructuradas que ofrecían un marco para el crecimiento económico, la prosperidad y los sistemas de bienestar, que aseguraban una base de seguridad social para todos los ciudadanos. Mientras que la guerra fría había dado un impulso ideológico a la estabilización de la democracia europea occidental, la presencia estadounidense había proporcionado una base de seguridad para su desarrollo. Es cierto que distaba mucho de ser perfecta en cualquiera de sus manifestaciones, pero, comparada con la inestabilidad crónica, la política divisiva y la miseria social del período de entreguerras, el progreso en la consolidación de la democracia, fundamento indispensable de todo lo que vino a continuación, fue realmente asombroso.

La segunda transformación fundamental había sido el fin de los imperios, que convirtió Europa occidental en una serie de estados nación con una categoría básicamente similar. Gran Bretaña y Francia en particular, que seguían aferrándose a la idea de grandeza nacional, no aceptaron con facilidad el hecho de que ya no eran grandes potencias. Siguieron siendo los estados más militarizados de Europa occidental, en posesión de armas nucleares y con puestos permanentes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero en realidad eran ya poco más que potencias europeas. Los sueños imperiales fueron diluyéndose en una nostalgia evanescente y a menudo distorsionada de una minoría cada vez más reducida.

Falta por explorar un tercer acontecimiento. En el plano económico, y también en el político de manera embrionaria, Europa occidental estaba avanzando en una dirección difícil, si no imposible, de prever en los primeros años de la posguerra. Estaba empezando a unirse en instituciones que coexistían con el estado nación pero que en cierto modo lo trascendían. Sería un proceso largo, accidentado e incompleto, acompañado siempre de tensiones y conflictos intrínsecos, pero al mismo tiempo facilitó unos niveles de cooperación e integración que parecían inconcebibles en los años previos a la segunda guerra mundial. Supuso un avance importante en la construcción de la base para una paz duradera.

Europa oriental se mantuvo totalmente al margen de estos patrones de transformación fundamental. También allí se produjeron cambios, pero fueron mucho menos ambiciosos. El margen de maniobra de los países de Europa oriental estaba muy restringido. Sus límites estaban estrictamente controlados por el sargento[3] de la dominación soviética.

Capítulo 3 EL SARGENTO

Preguntamos al mariscal Kónev, que era el comandante de las tropas del pacto de Varsovia: «¿Cuánto tiempo necesitaría si le ordenáramos restablecer el orden en Hungría y aplastar a las fuerzas contrarrevolucionarias?». Meditó durante un instante y respondió: «Tres días, no más». «En tal caso, comience a prepararse. Tendrá noticias nuestras cuando llegue el momento de empezar». Así se decidió.

Memorias de Nikita Jruschov, 1971

Mientras Europa occidental se perfilaba como una entidad política bajo los auspicios de Estados Unidos, la Unión Soviética afianzaba su control sobre el bloque de países de su «esfera de influencia» al otro lado del Telón de Acero. Los países bálticos antaño independientes (Estonia, Letonia y Lituania) formaban parte de la Unión Soviética desde 1940, y el resto de países bajo la égida de Moscú eran Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, la República Democrática Alemana, Hungría, Polonia y Rumanía. Yugoslavia, sin embargo, continuó avanzando por una senda distinta, la que había seguido desde la ruptura del mariscal Tito con Moscú en 1948.

En Europa oriental, que al igual que «Europa occidental» era un constructo político más que una descripción geográfica precisa, la muerte de Iósif Stalin en marzo de 1953 constituyó una importante cesura. El final del gran tirano dio comienzo a un período conocido comúnmente como «el deshielo», una metáfora derivada del título de una novela publicada por Ilyá Ehrenburg en 1954. El «deshielo» denotaba una «desestalinización», una marcada ruptura con el sistema estalinista, pero la metáfora tiene sus limitaciones. El sistema estalinista no había estado «congelado», como sugiere un «deshielo», sino que a lo largo del tiempo se había ido modificando en varias etapas. En realidad, algunos cambios que se produjeron durante el «deshielo» derivaban de las presiones acumuladas en los últimos años de Stalin o se beneficiaron de ideas anteriores. El propio Ehrenburg atribuía a «deshielo» un sentido de transitoriedad, inestabilidad y mera incertidumbre sobre lo que depararía el paso del tiempo. Un deshielo no solo podía traer la primavera, sino también nuevas heladas a medida que la tierra se volviera a congelar. No obstante, en un sentido literal, un «deshielo» puede acabar cambiando el clima, pues reduce el hielo y la nieve a un fango informe que acaba convirtiéndose en agua y se escurre. Sin embargo, el cambio con Nikita Jruschov, pese a ser real y sustancial, se produjo dentro del sistema soviético y no se disolvió en algo totalmente diferente ni mucho menos aún se diluyó hasta casi desaparecer. Al contrario: tras la destitución de Jruschov en octubre de 1964, el sistema se estabilizó y se reforzó con su sucesor, Leónidas Breznev, y perduró (aunque estancado) con la misma forma y el mismo fondo hasta la transformación de 1985-1990. Por último, un deshielo es un fenómeno natural en el que no interviene la acción humana, mientras que el cambio en la Unión Soviética después de Stalin tuvo poco de «natural».

Así pues, tal vez sea preferible utilizar una metáfora diferente, la de un «sargento» o un «torno», en lugar de un «deshielo». Aun cuando un sargento se afloje o se apriete, el objeto al que se aplica sigue siendo el mismo. Lo que sucedió con Jruschov fue que aflojó el sargento sumamente apretado que Stalin había aplicado a la Unión Soviética. No obstante, la esencia del sistema se mantuvo intacta. Además, existía un diferencia significativa entre el estalinismo en la Unión Soviética y en los estados nación de Europa oriental.

Las posibilidades de que se produjera un cambio sistémico en la Unión Soviética eran casi nulas, dado el firme arraigo del régimen comunista a lo largo de más de tres decenios desde la revolución de 1917 en un vasto país que carecía de formas alternativas y de tradiciones recientes de organización política. En cambio, en la mayor parte de Europa oriental, sometida a la tutela de Moscú solo desde la victoria del Ejército Rojo en 1944-1945, el estalinismo era una imposición externa y reciente. Allí, las posibilidades de un cambio fundamental eran reales. Solo ese sargento del poder soviético lo impedía. En todos los países de la «esfera de influencia» habían existido antes de la guerra experiencias de sistemas políticos pluralistas, aunque en muchos casos no se tratara más que de una mera fachada de democracia. En algunos casos (en particular en Alemania Oriental y en Checoslovaquia) había tradiciones democráticas antiguas, reprimidas pero aún con una presencia latente. La más notoria era que cada uno de los satélites poseía un sentimiento persistente de identidad como estado nación independiente. Este sentimiento era muy acusado en Polonia y en Hungría.

Por tanto, no es de extrañar que el aflojamiento inicial del sargento tras la muerte de Stalin provocara en algunos de los satélites soviéticos de Europa oriental un grave malestar capaz de trastocar el propio sistema comunista en esos países, no solo de cambiarlo. Tampoco sorprende que la respuesta de la Unión Soviética fuera a un tiempo nerviosa y severa, y acabara recurriendo al uso de la fuerza para volver a apretar con fuerza el sargento.

AFLOJAR EL SARGENTO: LA UNIÓN SOVIÉTICA

Los últimos años de Stalin fueron tiempos desgraciados para la mayoría de los ciudadanos soviéticos. Las glorias de la victoria del Ejército Rojo sobre el nazismo reverberaban por todo el país. El coste humano (la muerte de más de veinticinco millones de ciudadanos soviéticos) era casi inconcebible. Más allá de los adornos de la propaganda, entre los supervivientes prevalecía un verdadero orgullo patriótico por las proezas de un valor y una fortaleza extraordinarios que la Unión Soviética había demostrado para derrotar y destruir a los crueles invasores, pero el orgullo patriótico no llenaba el estómago ni proveía de una vivienda decente. Y tampoco era una garantía contra las inseguridades de vivir en un estado policial invasivo y sin protección jurídica.

Es difícil exagerar la magnitud de la destrucción física que la guerra dejó tras de sí en las zonas occidentales de la Unión Soviética. Regiones enteras quedaron desoladas. Los estragos de los combates, o la destrucción intencionada ocasionada por la Wehrmacht en retirada, habían arrasado 1710 pueblos y no menos de 70 000 aldeas. Unos veinticinco millones de personas carecían de hogar. La producción de cereales se había reducido en dos tercios y la producción industrial para usos civiles en más de un tercio. Fue necesaria una extraordinaria labor de reconstrucción para sobreponerse a semejante devastación.

La recuperación fue impresionante de veras. Aun así, fue acompañada de la rigidez, la dureza y la crueldad que habían formado parte intrínseca de la economía antes y durante la guerra. Sin duda, seguía habiendo muchos idealistas y una gran disposición de parte de los ciudadanos corrientes, al igual que en Europa occidental, a trabajar duro y soportar penurias a fin de contribuir a la recuperación y conseguir una mejora de sus condiciones materiales, pero lo que se les exigía solo se podía lograr por medio de una fuerte coacción. Las restricciones laborales de los tiempos de guerra, con sanciones draconianas para la impuntualidad o cualquier percepción de mal comportamiento, continuaban en vigor. La economía planificada mantuvo su arsenal de controles. Se movilizó a la mano de obra allí donde el estado consideró conveniente utilizarla. Los resultados, en términos puramente económicos, fueron desiguales. Sin embargo, el coste humano fue inmenso; además de la muerte y el sufrimiento de los que casi ninguna familia soviética se había librado durante la guerra.

La producción de hierro, acero, carbón, petróleo, electricidad y cemento fue mayor en 1950 que antes de la guerra y se fabricaban el triple de tractores que diez años antes (aunque todas las estadísticas sobre la producción soviética deben tomarse con cautela, por no hablar de la vieja táctica de los gestores de fijar objetivos bajos para poder mostrar que los habían superado). Sin embargo, los salarios reales no empezaron a alcanzar los niveles del 1928 hasta 1952. La producción de artículos de consumo y la oferta de vivienda iban muy por detrás de las mejoras en la industria pesada. El nivel de vida continuó siendo extremadamente bajo. Las viviendas eran miserables y en condiciones de hacinamiento, a menudo en apartamentos comunitarios. Gran parte de la población siguió viviendo en una pobreza extrema. Continuaron considerándose prioritarios los bienes de capital (muchos de ellos destinados todavía a armamento), cuya producción había aumentado un 83 % entre 1945 y 1950. En 1952, se incluyó en los presupuestos un incremento del 45 % de la producción para las fuerzas armadas, en comparación con los de 1950. Al igual que en los años treinta, el peso de la recuperación industrial recayó sobre todo en las zonas rurales, y a principios de los años cincuenta la producción agrícola fue inferior que antes de la guerra y la productividad por hectárea aún más baja que antes de la primera guerra mundial. Se registraron casos de canibalismo en Ucrania, que en 1946, a pesar de la riqueza de su suelo, había sufrido una hambruna como la que ya antes había padecido en 1932-1933 con graves consecuencias. Esto se debió en parte a causas naturales, pues la sequía perjudicó seriamente las cosechas, pero el estado infligió un daño mucho mayor al suprimir las reservas de alimentos para los campesinos, condenándolos así a morir de inanición.

La desafección y el malestar se mantuvieron bajo control mediante una represión a gran escala, que en los años de la posguerra volvió a intensificarse. El Gulag volvió a ampliarse a medida que se internaba a centenares de miles de prisioneros nuevos en los campos para iniciar años de trabajo esclavo y ayudar a reconstruir el país devastado o para mantener la producción de armamento (que pronto incluiría la fabricación de armas nucleares). La cifra, que durante la guerra se había reducido, volvió a aumentar hasta acercarse a los cinco millones de prisioneros; un número desproporcionado de ellos eran personas deportadas desde las fronteras occidentales de la Unión Soviética o de los antiguos países bálticos, poblaciones cuyas lealtades seguían suscitando un enorme recelo. Más de un millón de soldados del Ejército Rojo capturados por la Wehrmacht y que habían pasado años en condiciones espantosas en Alemania pasaron a ser considerados traidores y encarcelados de nuevo en el Gulag cuando regresaron a su país.

La más mínima relajación de las restricciones a la libertad de expresión y limitación a la injerencia del partido existentes durante la guerra acabó por desaparecer. Las artes fueron despojadas de todo lo que no concordara con las estrictas directrices ideológicas establecidas por el jefe de cultura del Partido Comunista, Andréi Zhdánov. También la ciencia fue obligada a mantenerse dentro de la norma. El más mínimo signo de desviación atraía la desaprobación extrema del régimen, si no algo peor. El relato satírico sobre un mono que se escapaba de un zoo, observaba la vida soviética durante un día y prefería volver al cautiverio hizo que su autor, Mijaíl Zóschenko, se enfrentara a la acusación de «nihilismo ideológico podrido» destinado a emponzoñar las actitudes hacia el estado.

La represión que en los últimos años de Stalin estaba tan cerca de la superficie de la vida soviética precisaba de un enorme aparato de personas dispuestas a ejercerla. Stalin se aseguró de que el partido, el ejército y la policía de seguridad disfrutaran de privilegios y de poder. Mientras gran parte de la población tenía que subsistir con lo mínimo, la élite gobernante seguía disponiendo de sus dachas, sus vacaciones en Crimea, sus tiendas especiales, una buena atención médica y ventajas en la educación de sus hijos. Y esta clase de corrupción política se extendía de algún modo a funcionarios de rango inferior, burócratas al servicio del partido o del estado, miembros del ejército y agentes de los servicios de seguridad. El sistema del palo y la zanahoria (el temor a las represalias por cualquier cosa que fuera percibida como un fallo y los beneficios materiales, ascensos, posición y poder sobre otros) funcionaba no solo en la cúpula, sino también como incentivo para millones de subordinados y «pequeños Stalin» que hacían que el sistema funcionara en la base.

La depurada táctica de «divide y vencerás» utilizada por Stalin entre sus paladines, que desconfiaban profundamente unos de otros y competían por el favor del dictador, continuó hasta su muerte. En este sistema, nadie podía estar seguro. Sin embargo, los miembros de la élite gobernante, los más expuestos a los caprichos de Stalin, sabían que, por mucho poder que acumularan, la estabilidad de sus puestos era precaria. Una palabra inoportuna o una acción bienintencionada que disgustara al dictador podían tener consecuencias incalculables. Es cierto que no se repitieron las grandes purgas de los años treinta, pero sí se llevaron a cabo purgas selectivas de cuadros del partido en Leningrado en 1949 y en parte de Georgia en 1951. La decisión de Stalin de convocar el Decimonoveno Congreso del Partido en octubre de 1952, tras un intervalo de trece años, fue acogida por sus subordinados como un mal presagio de que tenía la intención de volver a hacer una purga entre los máximos dirigentes. Jruschov pensaba que solo la muerte de Stalin evitaría otra purga a gran escala.

En realidad, la paranoia del dictador estaba de nuevo desbocada. «No confío en nadie, ni siquiera en mí mismo», afirmaba Jruschov que le había oído decir en 1951. Un año más tarde, Stalin sospechó absurdamente que Viacheslav Mólotov y Anastás Mikoyán, dos de sus lugartenientes más antiguos y leales, eran agentes de potencias extranjeras. Después, en enero de 1953, un grupo de médicos del Kremlin, la mayoría con nombres de resonancia judía, fueron inesperadamente detenidos bajo la acusación de planear la eliminación de los dirigentes soviéticos. El antisemitismo del propio Stalin era inveterado y obvio para sus acólitos. Y pese a la condena pública del antisemitismo, los prejuicios contra los judíos estaban muy extendidos en la sociedad soviética: entre 1948 y 1953, decenas de miles de judíos se enfrentaron al despido de sus empleos y a otras formas de discriminación. De haber vivido Stalin, la conspiración de los «médicos», que desencadenó numerosas detenciones de judíos, habría representado un nuevo peligro y grave para todos los judíos soviéticos. Sin embargo, la purga nunca llegó a producirse. Inmediatamente después de la muerte de Stalin, los médicos fueron puestos en libertad y se reconoció que la «conspiración» era una fantasía.

El 1 de marzo de 1953, Stalin, que desde hacía algún tiempo tenía problemas de salud (aunque era un secreto bien guardado), se desplomó tras sufrir un derrame cerebral. Nadie acudió a prestarle atención médica, lo que probablemente no habría servido de mucho. Lavrenti Beria, el jefe de la seguridad del Estado, no parecía tener particular interés en que Stalin se recuperara. El temor al dictador enfermo, incluso mientras yacía moribundo, se añadió a la desconfianza mutua y a las ambiciones de poder y el resultado de ello fue la paralización de su círculo íntimo (que se limitaba a Gueorgui Malenkov, Nikita Jruschov, Nikolái Bulganin y Beria, con Mólotov y Mikoyán básicamente apartados). Stalin se aferró a la vida durante cuatro días antes de morir, el 5 de marzo, dejando a sus acólitos disputándose los despojos del poder.

En la inevitable lucha por el poder que se desató de inmediato, Malenkov parecía ser el vencedor. Había utilizado sus diversos altos cargos, en particular la dirección del secretariado del partido, para convertirse en el primero entre iguales en el círculo íntimo de Stalin, en el heredero en la práctica, y su principal aliado, un mero aliado de conveniencia, era Beria. En cuanto Stalin murió, el núcleo duro, a propuesta de Beria, nombró a Malenkov presidente del Consejo de Ministros y secretario del Comité Central del Partido, y entonces Malenkov propuso a Beria como su adjunto. Además, se otorgó a Beria un poder ampliado sobre la seguridad del Estado. Inicialmente, el resto de miembros del grupo directivo se sintieron obligados a aceptar este acuerdo, pero persistió una profunda desconfianza. Uno de los riesgos era la acumulación en manos de Malenkov del control del estado y el partido, que se palió enseguida, ya el 14 de marzo, obligando a Malenkov a renunciar al cargo de secretario del Comité Central (en la práctica, jefe del partido). Esto abrió a Jruschov la puerta para ocupar el puesto más importante en la Unión Soviética. Era, cada vez más, un hombre con futuro.

Según reconocía el propio grupo interno, mayor amenaza incluso que Malenkov la constituía Beria, quien apenas había disimulado sus ambiciones. Todos le temían y con razón. Dirigía una inmensa red de seguridad y vigilancia, y era conocido su largo historial eliminando sin piedad a todos aquellos individuos a quienes cualquier acusación falsa permitiera calificar de enemigos internos. El jefe de seguridad se había creado enemigos poderosos, incluidas figuras importantes dentro del ejército, y en particular el antiguo héroe de guerra el mariscal Zhúkov. Cuando llegó el golpe, Beria estaba solo.

Jruschov no había tardado en convencer a otras personalidades del Presidium del partido (que en 1952 había sustituido al Politburó) para que se unieran a él en una conspiración para derrocar a Beria. El 26 de junio de 1953, solo tres meses después de la muerte de Stalin, un confiado Beria acudía a una reunión del Presidium cuando fue atacado por sus antiguos camaradas, arrestado por Zhúkov y otros generales y retenido por un breve período de tiempo bajo custodia militar. Acusado del ridículo delito de ser un espía británico (el jefe de seguridad cayó en su propia trampa), en diciembre fue condenado en un juicio secreto y fusilado de inmediato. En marzo de 1954 se dividió su imperio policial en dos organizaciones diferentes, una para hacer frente a la delincuencia común y la otra para ocuparse de los asuntos de seguridad.

A lo largo de los meses siguientes, Jruschov se sirvió de su cargo de primer secretario del partido para consolidar su poder. Llevó a cabo numerosos nombramientos nuevos a nivel regional y en los distritos, con lo que creó una importante base de apoyo entre quienes estaban en deuda con él. Su audaz política de permitir el cultivo de las «tierras vírgenes» de Kazajistán y Siberia fue aclamada como un gran éxito (aunque, en realidad, poco contribuyó a la abundancia de las generosas cosechas de 1954 y 1955). Para entonces, la estrella de Malenkov se estaba apagando, sobre todo cuando Jruschov organizó una comisión para investigar los crímenes de los años treinta y cuarenta que incluía el papel desempeñado por Malenkov en la purga de Leningrado en 1948-1949. En febrero de 1955, Malenkov perdió el puesto de jefe del Consejo de Ministros; en la práctica, el primer ministro. Su sustituto, Bulganin, era, como no tardaría en ser evidente, la parte más débil del duopolio que para entonces dirigía la Unión Soviética.

El dramático momento en el que se produjo el aflojamiento del sargento estalinista fue durante el Vigésimo Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética celebrado el 25 de febrero de 1956. Quince días antes Jruschov había sugerido que debía dedicarse un discurso al «culto del individuo y sus consecuencias». Mólotov, el archiestalinista, se opuso. Y también los viejos incondicionales de Stalin, Lázar Kaganóvich y Kliment Voroshílov. Pero Jruschov se salió con la suya. Todos los miembros del Presidium que le apoyaban habían participado, al igual que el propio Jruschov, en la aplicación de la espantosa represión de Stalin y eran conscientes de que la comisión que ya estaba en marcha sacaría a la luz al menos una parte de lo ocurrido. Previendo que muchos de los que regresarían tras haber pasado largos períodos en la cárcel y en los campos harían preguntas, tenían motivos para desear atribuir todas las culpas al propio dictador. Así pues, apoyaron una iniciativa arriesgada.

El discurso de cuatro horas que pronunció Jruschov en una sesión a puerta cerrada en el congreso fue un bombazo. La estrategia fundamental consistía en separar el legado de Lenin de los abusos de poder de Stalin. Lenin fue colocado en un pedestal para resaltar la distancia que lo separaba de su sucesor. Al comienzo del discurso Jruschov citó una advertencia que Lenin hizo en 1922 sobre Stalin, que no era adecuado para que se le confiase el poderoso puesto de secretario general del partido. Esto formaba parte de un intento sostenido de mostrar que Stalin había abandonado por completo los preceptos de Lenin y «pisoteado el principio leninista de liderazgo colectivo del partido» para erigir su poder absoluto, su culto a la personalidad y su reino de terror. En su dura crítica de los crímenes de Stalin desde los años treinta en adelante (ignorando todo lo anterior), Jruschov le acusaba a él en persona y en solitario, si bien con la ayuda de sus complacientes secuaces, los jefes de los servicios de seguridad (Nikolai Yezhov y Beria), que actuaron siguiendo sus órdenes expresas, de la represión terrorista y de las ejecuciones en masa de miembros leales del partido acusados totalmente en falso de ser «enemigos del pueblo». «Todo dependía del capricho de un hombre», declaró Jruschov.

Los líderes subordinados del partido quedaban implícitamente exonerados; añadió, en referencia a la purga de Leningrado, que ignoraban «las circunstancias de estos asuntos y, por tanto, no pudieron intervenir». Stalin no solo destruyó los cuadros del partido con sus purgas terroristas, sino que su poder personalizado amenazó incluso la propia existencia del país. Jruschov declaró que Stalin era personalmente responsable de los desastrosos errores cometidos en 1941, cuando desdeñó las advertencias de que era inminente una invasión alemana. Jruschov prosiguió con su demolición de la reputación de Stalin hasta llegar a los abusos, incluida la supuesta conspiración de los «médicos» de los años inmediatamente anteriores a su muerte. Acabó su larga perorata con una condena del «culto al individuo como algo ajeno al marxismo-leninismo» e instó a sus camaradas «a restaurar por completo los principios leninistas de la democracia socialista soviética» y «a combatir la obstinación de los individuos que abusan de su poder».

La denuncia de Stalin sirvió, por consiguiente, para resaltar tanto la pureza ideológica como los principios organizativos del sistema soviético tal como lo construyera Lenin. En otras palabras, el tirano había desaparecido y se había trazado una línea sobre sus crímenes. Pero el sistema, que había recibido una nueva fuerza, continuaría. Cuando Jruschov terminó, «el silencio en la sala era profundo», recordó un delegado que estuvo presente. «Ya fuera por lo inesperado de lo que acababa de suceder o por nerviosismo y miedo», los asistentes, con la cabeza gacha, evitaban mirarse a los ojos mientras salían.

El discurso, filtrado y publicado enseguida en el extranjero, causó sensación. En Polonia y Hungría, sus revelaciones contribuirían significativamente al creciente malestar que en el otoño desafiaría de frente al régimen soviético. En la Unión Soviética, la prensa solo publicó un breve resumen del discurso, pero el Comité Central del partido se aseguró, probablemente por orden de Jruschov, de que no tardara en imprimirse también en la Unión Soviética copias del discurso, se distribuyeran y las leyeran los miembros del partido.

Solo tres años antes, la muerte de Stalin había generado grandes manifestaciones de pesar, incluso próximas a la histeria, entre los ciudadanos soviéticos. «Todo el mundo lloraba. No sabíamos qué iba a suceder a continuación. No habíamos conocido otra cosa», recordaba una mujer. Era imposible determinar hasta qué punto la pesadumbre era genuina, porque era sensato no expresar en público la reacción que tuvo en privado una mujer en Kazajistán que se limitó a decir: «Ha muerto Stalin. Y eso también está bien». Aun así, el culto a la personalidad del gran líder, cultivado durante años, no había dejado de surtir efecto. Millones de personas se habían acercado a rendir homenaje a Stalin y ahora se les pedía que renegasen por completo de su reciente ídolo. Por tanto, no es de sorprender que muchos se asombraran al conocer el contenido del discurso; también hubo mucha confusión.

Las reacciones fueron diversas. Se destruyeron retratos y bustos de Stalin, eliminados o desfigurados por toda la Unión Soviética; hubo peticiones de que su cuerpo fuera retirado del lugar de honor que ocupaba junto a los restos embalsamados de Lenin en el mausoleo del Kremlin (lo que, en realidad, no se hizo hasta 1961). Sin embargo, muchos nunca perdonaron a Jruschov que derribara a su ídolo del pedestal: defendieron a Stalin, se resistieron a los intentos de retirar sus retratos y elogiaron las purgas de aquellos que los habían oprimido. En ningún lugar se mantenía el culto a Stalin con más fervor que en su Georgia natal, donde el tercer aniversario de su muerte estuvo marcado por cuatro días de protestas contra las acusaciones de Jruschov. El 5 de marzo, unas cincuenta mil personas se congregaron para rendirle homenaje en su ciudad natal de Gori, y dos días más tarde sesenta mil personas participaron en una manifestación para colocar flores en el monumento a Stalin en Tiflis. Durante los días siguientes, centenares de personas requisaron vehículos para pasear retratos del «gran Stalin» por toda la ciudad entre gritos de «Abajo Jruschov» y «Viva Stalin». Se enviaron tropas para sofocar los crecientes disturbios. Los acontecimientos dejaron veinte muertos, sesenta heridos y muchos presos.

En toda la Unión Soviética hubo críticas mucho más abiertas de lo que se habían osado a formular poco tiempo antes. La gente, incluidos quienes regresaban del Gulag, se sintió envalentonada a romper su silencio y manifestar sus opiniones. Los miembros del partido ponían en duda la idea de que otros miembros del Presidium ignoraran lo que hacía Stalin y se preguntaban por qué había tardado tanto en hablar abiertamente de los crímenes de Stalin. «¿Dónde estaba el propio Jruschov? ¿Por qué estuvo callado entonces, pero ha comenzado a verter toda esta porquería contra Stalin ahora que está muerto?», se preguntaba un coronel retirado del Ejército Rojo admirador de Stalin. Algunos se preguntaban por qué Jruschov no había mencionado a las numerosas víctimas que no habían sido miembros del partido y cuestionaban si no se debía culpar al propio sistema. Sin embargo, estas críticas inquisitivas eran excepcionales. Los críticos solían atacar los abusos de los ideales leninistas, no el sistema soviético en sí. Casi cuarenta años después de la revolución, era casi imposible tomar en consideración cualquier alternativa a un sistema que, independientemente de sus defectos, había conseguido alzarse victorioso en la guerra. En cualquier caso, la mayoría de las personas todavía recelaba de expresar sus opiniones en voz alta. No obstante, el Comité Central estaba lo suficientemente preocupado como para enviar una circular en junio de 1956 exigiendo una acción dura para reprimir las críticas.

Era como tratar de cerrar la caja de Pandora. El discurso de Jruschov había despertado esperanzas y entusiasmo por la reforma, sobre todo entre los estudiantes y otros grupos juveniles. En 1956 y 1957 se produjo un notable incremento de la disidencia política, en particular en las universidades y en torno a ellas en varias zonas de la Unión Soviética. Se distribuyeron miles de panfletos antisoviéticos; algunos de ellos, introducidos en los buzones de viviendas de barrios obreros de Moscú, apelaban a reformas «en el espíritu del Vigésimo Congreso», la formación de verdaderos «sóviets de los trabajadores», huelgas en las fábricas y juicios a los implicados en los crímenes de Stalin. El envío de cartas anónimas antisoviéticas, la posesión de literatura subversiva y, lo más habitual, los comentarios verbales personales atacando al régimen eran las formas más comunes de disidencia detalladas en una revisión judicial de casi dos mil condenas por actividades antisoviéticas en 1957. El Festival Mundial de la Juventud, una fiesta de dos semanas de duración celebrada en julio de ese año en Moscú y que abrió brevemente la Unión Soviética a la llegada de más de treinta mil personas procedentes de ciento treinta países, contribuyó a aumentar la disposición de algunos jóvenes ciudadanos soviéticos a cuestionar su propio sistema político, aunque, casi con toda seguridad, para mejorarlo, no para abrazar la democracia occidental.

Poner el foco en los crímenes y las grandes injusticias de la época de Stalin, como hizo el discurso de Jruschov, tuvo otro efecto perturbador cuando cuatro millones de presos regresaron de los campos de prisioneros y las colonias en virtud de una serie de decretos y amnistías entre 1953 y 1958. Pocos de ellos tuvieron una acogida calurosa y la mayoría fueron marginados y tratados con desconfianza. Muchos ciudadanos pensaban que era difícil de creer que los hubieran encarcelado sin buenas razones para ello, eran vistos como una parte peligrosa de la sociedad y a menudo se les culpaba del aumento de las tasas de criminalidad. Las personas a las que no les habían afectado directamente las detenciones masivas de Stalin se habían mostrado indiferentes hacia las víctimas, así que era poco probable que manifestaran mucho interés. En cuanto a las propias víctimas, había una nueva disposición a hablar de su calvario, a enfrentarse a su trauma. Una mujer que en 1956 regresó desde el exilio a Leningrado empezó a hablar por primera vez de su experiencia después del discurso de Jruschov, según recordaba su hija. «Y cuanto más hablábamos, más cambiaban nuestras ideas; nos volvimos más escépticas». Pero para las víctimas y sus familias la nueva libertad estaba estrictamente condicionada. Temían que la represión pudiera volver a intensificarse tan deprisa como se había atenuado. La mayoría de la gente seguía siendo prudente, y con razón, ya que era evidente que el régimen estaba dispuesto a tolerar las críticas al «culto a la personalidad» de Stalin, pero no al sistema soviético en sí.

Conviene no exagerar la magnitud de la agitación en el seno de la sociedad soviética; era minoritaria, pero bastó para preocupar a los dirigentes soviéticos de la vieja guardia intensificaran sus críticas a Jruschov. No les gustaba su estilo de liderazgo dominante e impulsivo, aun cuando con Stalin se habían acostumbrado a algo mucho peor. Estaban contrariados por su ataque directo contra el líder al que habían servido y a menudo todavía veneraban, sobre todo como gran héroe soviético de la guerra. Pensaban que, como mínimo, Jruschov había cometido un error grave al someter el pasado, del que ellos mismos formaban parte, al escrutinio público. Tampoco les gustaba que se desviara de la política exterior de Stalin restableciendo relaciones con el proscrito Tito y con una voluntad expresa de procurar la «coexistencia pacífica» con Occidente. Las huelgas en Polonia y la sublevación húngara en el otoño de 1956, que habían amenazado con socavar el régimen soviético, fueron para ellos otro serio indicador de que Jruschov estaba administrando mal el legado de Stalin.

Los veteranos Mólotov, Malenkov y Kaganóvich, todos ellos estalinistas incondicionales, conspiraron para derribarle, y en una reunión del Presidium celebrada el 18 de junio de 1957 propusieron abolir el cargo de primer secretario del Partido Comunista, la base de su poder. Sin embargo, Jruschov consiguió apelar la decisión del Comité Central, poniendo su destino en manos de sus miembros. La mayoría de ellos eran hombres de su confianza que se habían beneficiado del ascenso a puestos de autoridad en las provincias. Convocados de urgencia a una reunión especial el 21 de junio, respaldaron a Jruschov. Los conspiradores fueron derrotados y expulsados del Presidium. Al menos no se recuperaron las prácticas de la época de Stalin. Los dirigentes caídos en desgracia no fueron sometidos a un juicio espectáculo ni posteriormente ejecutados. En vez de eso, fueron enviados a zonas remotas de la Unión Soviética donde no pudieran causar más problemas. Mólotov fue enviado como embajador a Mongolia; Malenkov pasó a ser director de una central eléctrica en Kazajistán y Kaganóvich fue nombrado director de una fábrica de cemento en Sverdlovsk, en los Urales. Bulganin también había estado involucrado en la conspiración y fue destituido del cargo de presidente del Consejo de Ministros. El propio Jruschov ocupó el puesto en 1958, siguiendo el ejemplo de Stalin en 1941 de aunar este cargo con el de primer secretario del Partido Comunista. El experimento del liderazgo colectivo había tocado a su fin. A partir de entonces, durante seis años aproximadamente, Jruschov presidió tanto el partido como el estado y fue el líder indiscutible de la Unión Soviética.

El balance general de su mandato es irregular. Durante su etapa como líder soviético, la renta nacional bruta aumentó un 58 %, la producción industrial un 84 % y los artículos de consumo un 60 %. Pese al constante énfasis en los bienes de capital, la industria pesada y el ejército (incluida la fabricación de armas nucleares), el nivel de vida de la mayoría de los ciudadanos soviéticos mejoró gracias a que se mantuvieron unos índices de crecimiento económico elevados (aunque todavía bajos en comparación con los de Europa occidental). Un indicador de ello fue el aumento del 55 % del consumo de carne y el hecho de que un número creciente de personas (si bien un porcentaje todavía mínimo de la ciudadanía soviética) pudiera permitirse disponer de un frigorífico, un televisor y una lavadora. Se trató de reducir en alguna medida la pobreza más extrema en las zonas rurales y se pagaron precios más altos a los campesinos de las granjas colectivas por sus productos, a los que se permitió obtener mayores beneficios de sus parcelas privadas. Se incrementaron mucho las inversiones en la agricultura. Ya no se imponían los duros castigos por infracciones menores en el trabajo que habían sido habituales con Stalin; se ampliaron las prestaciones de la seguridad social. Un gran programa de vivienda contribuyó en cierta medida a paliar la catastrófica escasez de alojamiento decente y en las grandes ciudades se multiplicaron los bloques de pisos. Los gastos de calefacción eran mínimos. La educación y la atención sanitaria eran gratuitas. Se dieron pasos sustanciales para mejorar la educación, triplicando la cifra de estudiantes universitarios. Y las reformas jurídicas eliminaron la peor parte de la arbitrariedad que hasta entonces había predominado, aunque, en última instancia, la ley siguiera estando subordinada a los imperativos políticos. Fueron, sin duda, mejoras importantes. Sin embargo, Jruschov cosechó pocos aplausos entre los ciudadanos soviéticos. Las condiciones de vida seguían siendo precarias. Se redujeron el autoritarismo y la arbitrariedad del sistema, pero no se eliminaron.

Jruschov también incurrió en errores muy graves. Algunos de los más onerosos los cometió con su campaña para mejorar la productividad agrícola. Su publicitada política de las «tierras vírgenes» fue un éxito al principio. El movimiento juvenil del partido, el Komsomol, movilizó a centenares de miles de jóvenes para que viajaran a Kazajistán o Siberia y ayudaran en las cosechas. Miles de tractores araron enormes extensiones de terreno hasta entonces baldío que, para 1956, producían el triple que en 1953, pero la consecuencia de maximizar la producción al ritmo más rápido posible fue una erosión del suelo que causó graves daños en millones de hectáreas de tierra, mientras que las pésimas condiciones de vida en las zonas rurales hicieron que muchos de los primeros idealistas regresaran a sus hogares. Pese al bombo publicitario de la campaña de las «tierras vírgenes», esta resultó un fracaso. De hecho, la producción agrícola en toda la Unión Soviética cayó entre 1958 y 1963.

Jruschov cometió un error igualmente perjudicial cuando en 1959 regresó de una visita a Estados Unidos con un enorme entusiasmo por dedicar prados de siega a la producción de maíz en condiciones bastante inadecuadas para ese cultivo. El experimento, llevado a cabo en contra de lo aconsejado por destacados expertos en agricultura, fue un completo fracaso, al igual que la campaña asociada a esta para superar a Estados Unidos en la producción de lácteos. En 1962 hubo que subir los precios de los alimentos (lo que provocó disturbios en algunas ciudades), había colas para el pan incluso en Ucrania, considerada el granero soviético, el mercado negro prosperaba en las grandes ciudades, como Moscú y Leningrado, y hubo que recurrir a las reservas de divisas para importar cereales del extranjero. La subida de los precios, las carencias y otras dificultades económicas de 1961-1962 agriaron el ánimo de la población. Hubo tumultos en algunas ciudades. A principios de junio de 1962 en Novocherkassk, cerca de Rostov, en el sur de Rusia, el ejército intervino para reprimir los graves disturbios protagonizados por los trabajadores en huelga, indignados por el aumento de los precios y los recortes salariales. Los soldados incluso dispararon una ametralladora contra los obreros desarmados y mataron a veintiséis huelguistas e hirieron a otros ochenta y siete.

No es de extrañar que los enemigos de Jruschov en el partido estuvieran afilando de nuevos los cuchillos. Los fallos de planificación, los graves problemas económicos y las expresiones de resentimiento popular contrastaban mucho con el optimismo desbordante y las extraordinarias promesas (extraordinariamente arriesgadas) que Jruschov había hecho solo un año antes, cuando el 18 de octubre de 1961 presentó en el Vigésimo Segundo Congreso del Partido un programa del partido revisado que había elaborado personalmente. Jruschov pronunció dos discursos, mastodónticos incluso para los estándares soviéticos, que duraron diez horas en total. Aseguró a los cinco mil delegados reunidos que, en el plazo de diez años, toda la población tendría «cubiertas sus necesidades materiales», que para entonces habría desaparecido la escasez de vivienda y que no tardarían en abundar los bienes de consumo, garantizando a todo el mundo «una dieta de alta calidad». La gran distancia entre la imagen y la realidad, que no tardó ni un año en revelarse de forma muy evidente, solo podía menoscabar la autoridad de Jruschov, así como su popularidad.

El triunfalismo del congreso del partido tuvo un contrapunto: el enfrentamiento final con el culto a Stalin. Jruschov había pronunciado su discurso cinco años antes, en 1956, en una reunión a puerta cerrada de miembros del partido. Aunque su contenido no tardó en ser divulgado, ni en ese momento ni posteriormente hubo una denuncia oficial pública de Stalin. Sin embargo, en esta ocasión se había abierto la veda contra el antiguo dictador y ahora también contra sus antiguos secuaces Mólotov, Malenkov y Kaganóvich, que habían dirigido la conspiración «antipartido» de 1957 contra Jruschov, y que fueron descritos en el periódico oficial Pravda como «criaturas de los pantanos que habían crecido acostumbradas al cieno y la suciedad». Hacia el final del congreso, subió a la tribuna una anciana que en 1902 se había unido a los bolcheviques y contó el sueño que había tenido la noche anterior, en el que se le había aparecido Lenin y le había dicho: «No me gusta yacer al lado de Stalin, que acarreó tanto infortunio a nuestro partido». Esto propició una resolución, aprobada por unanimidad, para considerar «inadecuada la continuada conservación en el mausoleo del sarcófago con el ataúd de I. V. Stalin». Esta misma noche se exhumó el cadáver de Stalin y se depositó en una fosa detrás del Kremlin. Se volcaron, supuestamente, camiones de cemento en la fosa y se colocó encima una losa de granito. Era como si los jefes soviéticos no quisieran correr ningún riesgo y se aseguraran de librarse de una vez por todas del gran monstruo.

Jruschov había destruido el culto a Stalin, pero no lo había sustituido por nada que se aproximara al nivel de compromiso con su poder personal. Su propio prestigio no tardaría en desvanecerse cuando se hicieron evidentes la magnitud del fracaso de sus políticas y el descontento popular con su gobierno. Una nueva mala cosecha en 1963 agravó la situación. Las políticas agrícolas de Jruschov habían sido errores muy graves y su reorganización del aparato del partido y el estado tampoco se había traducido en una notable mejoría. Preocupaba que la «desestalinización» estuviera yendo demasiado lejos. Las reducciones del gasto militar y del número de oficiales no sentaron bien a la cúpula del ejército soviético, y en el ámbito internacional el comportamiento de Jruschov (golpeando con el zapato en la mesa para interrumpir un discurso que no le gustó en las Naciones Unidas en 1960 y su mala gestión de la crisis de Cuba en 1962) se consideraba que desacreditaba a la Unión Soviética. Había conseguido ganarse la antipatía de sectores importantes de todos los bloques de poder principales: el partido, el ejército, los ministerios económicos y la policía de seguridad.

En octubre de 1964, se pidió a Jruschov que regresara de sus vacaciones en el mar Negro para asistir a una reunión del Presidium del partido, en apariencia para tratar cuestiones agrícolas. Hasta el último instante no fue consciente de que le habían convocado para destituirle. En realidad, su sucesor ya estaba designado y listo para tomar posesión del cargo: se había acordado que Leónidas Breznev, un antiguo protegido de Jruschov, fuera el siguiente primer secretario del Partido Comunista, pero primero debía presidir la reunión que pondría fin a la carrera de Jruschov. Los asistentes criticaron sin pudor los fallos del liderazgo de Jruschov, acusándole de intentar crear un culto a su propia personalidad, una injerencia administrativa sin sentido y un tratamiento vergonzoso de los asuntos exteriores. (Un editorial del órgano del partido, Pravda, censuraba poco después los «planes disparatados, las conclusiones incompletas, las decisiones precipitadas y las actuaciones alejadas de la realidad, la jactancia y la bravuconería, la predilección por gobernar por decreto»). La base de apoyo que en 1957 le había salvado había desaparecido. Nadie habló a su favor. Jruschov aceptó resignadamente su destino: «¿Qué puedo decir? Tengo lo que me merezco», dijo a sus camaradas. No hubo represalias estalinianas, abandonó el cargo, oficialmente por motivos de salud, para retirarse cómodamente en el olvido y su nombre rara vez volvió a oírse hasta su muerte en septiembre de 1971.

Con la destitución de Jruschov se terminó la dictadura dinámica en la Unión Soviética y fue sustituida por una dictadura estática con un liderazgo colectivo. Ya en octubre de 1964 se había decidido que una misma persona no pudiera ocupar al mismo tiempo la jefatura del partido y del Estado, así que Breznev no intentó acaparar todas las riendas del poder en sus manos. De este modo, Alekséi Kosyguin, todavía menos dinámico que Breznev, si es que eso era posible, fue nombrado presidente del Consejo de Ministros (primer ministro), mientras que Nikolái Podgorni, que competía en apatía con los otros dos, fue designado presidente del Presidium del Sóviet Supremo (jefe de Estado). En este liderazgo colectivo, la posición de Breznev de primero entre iguales fue transformándose progresivamente a lo largo de más de una década en una supremacía absoluta.

Tras décadas de gobierno autocrático de Stalin seguidas por las convulsiones de Jruschov, Breznev trajo estabilidad. Su personalidad insípida contrastaba mucho con la errática exaltación de Jruschov, era un antídoto contra cualquier cosa parecida a un liderazgo «carismático». El sistema se instaló en un autoritarismo represor conservador. El tiempo de los experimentos grandiosos (pero arriesgados) se había terminado. El nuevo jefe del partido volvió a ser «secretario general», el título utilizado desde los tiempos de Stalin hasta que Jruschov lo había cambiado por «primer secretario» y también el Politburó, al que en 1952 se había bautizado como Presidium, recuperó su antiguo nombre. Dentro del partido, desaparecieron las viejas inseguridades. La nueva estabilidad se basaba en ejércitos de apparatchiks a los que por lo general se les permitía disfrutar de sus posiciones de poder y de una amplia corrupción siempre que cumplieran, así que los burócratas ya no tenían que temer por sus mandatos o por sus vidas. La draconiana disciplina laboral se relajó un poco. La disponibilidad de bienes de consumo mejoró un poco, aunque algunos productos, incluso los básicos, continuaban siendo escasos y la gente se acostumbró a hacer cola para conseguir alimentos. No obstante, la puerta a un cambio que Jruschov había entreabierto volvía a estar bien cerrada.

El nuevo régimen bajo el liderazgo colectivo no intentó imitar la represión terrorista de otras épocas, pero no tardó en quedar claro que el sistema comunista, independientemente de los cambios en la dirección, permanecía intacto e incuestionable en todos los aspectos esenciales. El aparato de seguridad del Estado, el KGB (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti), seguía activo como uno de los instrumentos de control principales del régimen. Los intelectuales que habían creído que en el sistema había margen para un tipo de «oposición leal», que cuestionara los abusos sin pretender destruir un comunismo reformado, vieron frustradas sus esperanzas reformistas. Las titubeantes medidas adoptadas por Jruschov para lograr una mayor libertad y objetividad en los tratados históricos soviéticos fueron suspendidas o incluso revertidas. Si bien el propio Jruschov había aprobado la publicación en noviembre de 1962 del libro que valió a Aleksandr Solzhenitsyn el reconocimiento internacional, Un día en la vida de Iván Denísovich, en el que revelaba de un modo sensacional el horror del Gulag, tres años más tarde no obtuvo autorización para publicar sus novelas El primer círculo y Pabellón del cáncer, sobre la vida en tiempos de Stalin. (Más tarde sería expulsado de la Unión Soviética y privado de la nacionalidad). Al físico Andréi Sájarov se le impidió expresar en público cualquier crítica y después fue privado de sus privilegios; posteriormente sería forzado a un exilio interior. Los escritores satíricos Andréi Siniavsky y Yuli Daniel fueron enviados al Gulag por difundir «propaganda antisoviética». En los años siguientes el número de prisioneros políticos o de personas que habían exigido en vano libertad de expresión religiosa aumentó a unos diez mil. La vigilancia, llevada a cabo mediante enormes redes de informantes, era omnipresente.

No fue una vuelta a los tiempos de Stalin. Las detenciones arbitrarias, los encarcelamientos y las ejecuciones habían desaparecido, así que si se guardaba silencio se conseguía una seguridad relativa; pero la crítica abierta o la desviación política provocaban represalias. La represión era inmanente al sistema. Se podía aflojar un poco el sargento, como había sucedido con Jruschov, pero no se podía retirar.

LA «HEREJÍA» DE YUGOSLAVIA

Hubo un país comunista que se desmarcó de todos los países de Europa oriental pertenecientes al bloque soviético. Yugoslavia, tras la rencorosa ruptura del mariscal Tito con Stalin en 1948, recorrió una senda diferente a la de los demás satélites soviéticos, donde el temor a la contaminación por lo que se denominaba exquisitamente la «desviación titoísta» terminaba en detenciones, juicios simulados y terribles castigos para cualquiera que fuera acusado de ella, por lo general adversarios políticos. Al principio Stalin hizo cuanto estuvo en su mano para acabar con Tito. Los ataques implacables y virulentos de la propaganda soviética fueron acompañados de tentativas de asesinato, pero Tito no era un hombre que se dejara intimidar por las amenazas. Una nota encontrada en el escritorio de Stalin después de su muerte decía: «Si no deja de enviar asesinos, voy a mandar uno a Moscú y no será preciso que envíe un segundo». En 1955 Jruschov dio algunos pasos para limar asperezas con Tito, pues para entonces ya se había visto obligado a aceptar que Yugoslavia continuaría siendo la oveja negra del rebaño comunista y que continuaría rechazando el sometimiento a la Unión Soviética.

Para Stalin, el delito principal de Tito era su negativa a doblegarse ante su supremacía. Ideológicamente, su «herejía» era practicar un tipo de «socialismo» que se situaba en las antípodas de los principios fundamentales del régimen soviético. En el comunismo yugoslavo, el poder estaba descentralizado, no gestionado por un partido-estado sumamente burocratizado; la producción industrial se regía por la «autogestión» de más de seis mil consejos obreros electos, no por unas normas administrativas draconianas impuestas por los diktats de la planificación central. Yugoslavia seguía una política de «no alineación», de neutralidad en la guerra fría, evitando el compromiso oficial con cualquiera de las superpotencias, en lugar de plegarse a las exigencias soviéticas en política exterior.

El tipo de comunismo democrático limitado de Yugoslavia, desarrollado desde la base hacia arriba y no a la inversa, suscitaba, naturalmente, cuestiones fundamentales sobre el papel del partido. En el sistema soviético, la teoría estaba clara: el partido era la vanguardia de la «dictadura del proletariado» y, como tal, controlaba y dirigía el estado. En Yugoslavia eso no estaba tan claro. Aun así, Tito se oponía resueltamente a quienes deseaban diluir el papel del partido hasta volverlo en poco menos que insignificante. En 1954 estipuló que las organizaciones del partido no interfirieran en la gestión técnica de las fábricas bajo control de los consejos obreros, pero por otra parte dijo que «deben ver qué políticas generales se siguen en las empresas» y «marcan la pauta del trabajo de los consejos obreros». La indefinición de las líneas de demarcación no ocultaba el control en última instancia del partido.

El sistema funcionó. La producción industrial creció más de un 13 % anual entre 1953 y 1960, lo que permitió un aumento de la renta cercano al 6 % y, pasados los primeros años, una tendencia al gasto en consumo aún más pronunciada que en el bloque soviético. El impresionante crecimiento económico, buena parte del cual fue el resultado de la inversión canalizada a través del sistema bancario controlado por el estado, se vio favorecido, aunque no fue causado, por la ayuda financiera del extranjero, 553,8 millones de dólares entre 1950 y 1953, ya que Estados Unidos, en particular, consideraba que Yugoslavia era una oportunidad para dividir aún más el comunismo. En los años sesenta, el incipiente turismo extranjero de masas en Europa empezó a llenar aún más las arcas de Yugoslavia, y la amplia liberalización del sistema hizo que, a ojos de los occidentales, resultara un tipo de comunismo más atractivo. Sin embargo, a principios de los años sesenta el crecimiento económico ya se estaba desacelerando y a mediados de la década empezaron a aumentar el desempleo, la inflación y el déficit comercial: un presagio de los problemas más graves que sobrevendrían en los años setenta.

En los años cincuenta, el apoyo popular al comunismo yugoslavo era probablemente superior al de cualquier otro de los satélites soviéticos. Aparte de un nivel de compromiso mayor que emanaba de formas de gobierno un poco más democráticas, dos factores singulares condicionaron el éxito relativo del comunismo yugoslavo. Uno de ellos, sin duda en los primeros años, fue el impacto unificador de la amenaza de Stalin, pues el temor a una invasión propició la cohesión y generó una «integración negativa» entre los diferentes pueblos de Yugoslavia. Más positiva fue la creación de un sentimiento de identidad en torno a la figura de Josip Broz Tito. El culto a Tito describía al dirigente como la personificación de la nueva Yugoslavia socialista y la encarnación del heroísmo partisano que había creado el país. La posición y el prestigio popular de Tito lo situaron por encima de cualquier faccionalismo interno dentro del partido y el hecho de que su padre fuera croata y su madre eslovena le ayudaron, también, a trascender las divisiones étnicas que antaño habían envenenado al país. La generosa concesión de las habituales posiciones de poder, ascensos profesionales, privilegios, beneficios materiales y las ganancias derivadas de la corrupción garantizó que los activistas del partido y la policía de seguridad se mantuvieran leales. Sobre todo, Tito se ocupó de que el ejército, bien financiado, con buenos salarios, oportunidades profesionales y viviendas estatales, siempre estuviera a su lado. El comunismo yugoslavo tuvo la suerte de que Tito, el jefe del partido, del Estado y de las fuerzas armadas, viviera mucho tiempo y no muriera hasta 1980, pues sus cualidades personales, su habilidad política y su estilo «carismático» de liderazgo fueron indispensables para el éxito y la estabilidad del sistema. Sin él, las divisiones que no tardaron en desgarrar al país tras su muerte muy bien podrían haberse manifestado mucho antes.

Por muy atractivo que pueda parecer el régimen de Tito en contraste con el bloque soviético, también tenía un lado oscuro. Después de 1948, los comunistas leales a Moscú fueron objeto de una dura persecución y unos dieciséis mil de ellos fueron internados en campos de «reeducación» brutales, donde unos tres mil murieron como consecuencia de la tortura. Aunque las purgas dentro del partido nunca alcanzaron ni remotamente dimensiones estalinistas, los opositores fueron expulsados y, en particular el acérrimo crítico de Tito Milovan Djilas, pasaron largas temporadas en prisión, al igual que los intelectuales y cualquiera que traspasara los límites denigrando al régimen. Al igual que en el bloque soviético, cuando en 1950 el campesinado se opuso rotundamente a la colectivización de la agricultura, que sustentaba la campaña de industrialización, desencadenando en una región una rebelión abierta (que incluyó a antiguos partisanos y a miembros del partido), el régimen recurrió a la fuerza. Se detuvo a centenares de campesinos y los líderes de la revuelta fueron condenados a muerte. El régimen aprendió la lección: en 1953 se suspendió la campaña de colectivización y las tierras entregadas a cooperativas improductivas fueron devueltas a los campesinos.

Debido a su mayor flexibilidad y a sus raíces nacionales, el comunismo de la Yugoslavia de Tito podía enfrentarse mucho mejor que los satélites soviéticos con los ajustes a los contratiempos y en los años sesenta estaba en condiciones de avanzar en la liberación de la economía, así como en las actividades culturales. Los cines exhibían algunas películas occidentales, incluidas producciones de Hollywood (cuya importación era subvencionada por Estados Unidos); los jóvenes podían disfrutar de la música de los Beatles, los Rolling Stones y de Jimi Hendrix. Yugoslavia fue más lejos que ningún otro país de Europa del Este en la creación de un espacio para la libertad personal; pero sin embargo los límites al comportamiento eran evidentes. No se podía desafiar al sistema, ni siquiera criticarlo por escrito o verbalmente. En última instancia, como en el sistema soviético, la coacción, abierta o implícita, estaba en la base.

SE APRIETA EL SARGENTO: EL BLOQUE SOVIÉTICO

Los países del bloque soviético estaban más estrechamente unidos que las democracias liberales de Europa occidental pero no formaban un monolito, pues las tradiciones y culturas nacionales continuaban determinando su variada evolución bajo el manto uniforme de la ideología marxista-leninista. Su adaptación a la supremacía de la Unión Soviética también estaba condicionada por la manera en que el régimen comunista se había establecido y consolidado, y por tanto no reaccionaron de un modo uniforme al cambio de clima que siguió a la muerte de Stalin.

De hecho, en los países balcánicos de Rumanía, Bulgaria y Albania apenas se aflojó el sargento, y también en Checoslovaquia permaneció apretado con fuerza. Sin embargo, en la República Democrática Alemana en 1953, después en Polonia y, sobre todo, en Hungría a partir de 1956 la historia fue totalmente diferente, pues la magnitud de las protestas en estos países sorprendió a los dirigentes soviéticos, que respondieron con la fuerza para contener la grave amenaza a su autoridad. ¿Cómo se explican estas diferencias dentro del bloque soviético?

De fundamental importancia era si la jefatura comunista en cada país conservaba el control incuestionable del aparato de poder y podía dirigir su política sin desafíos internos o estaba sometida a la «corrección» de Moscú. El poder de la jefatura del régimen se basaba mucho en el apoyo de los servicios de seguridad, cuya lealtad estaba «comprada» mediante la concesión de beneficios materiales dentro del sistema. Los niveles extremos de represión servían para disuadir las actividades de oposición. Allí donde la represión era menos extrema y donde existía la percepción de que se podía cambiar la jefatura del régimen o alterar sustancialmente la política, la probabilidad de manifestaciones significativas de inconformismo político era mucho mayor. Lo mismo sucedía allí donde existía una infraestructura social y política bien establecida (por ejemplo, a través de sindicatos) que permitía, incluso bajo un régimen represivo, organizar formas de resistencia. Donde había un sentimiento fuerte de nacionalidad (que podía aprovechar aversiones seculares a Rusia, solo superficialmente cubiertas por el barniz de la fraternidad ideológica con la Unión Soviética), como era el caso en Polonia y en Hungría, existía la posibilidad creciente de que la oposición se extendiera y obtuviera un amplio apoyo. La capacidad organizativa era menor en los países balcánicos, no tan avanzados, donde persistían infraestructuras sociales y políticas que se apoyaban en amplias poblaciones rurales y en una clase obrera industrial relativamente pequeña.

EL MANTENIMIENTO DEL ANTIGUO ORDEN

Uno de los dirigentes comunistas más fanáticos y despiadados fue el dictador rumano Gheorghe Gheorghiu-Dej, que había superado hábilmente a sus rivales, Lucreţiu Pătrăşcanu, Vasile Luca y Ana Pauker, y que cuando murió Stalin, en tanto que primer ministro y jefe del partido obtuvo el control total. Tenía a su cargo un aparato de seguridad enorme y brutal que dirigía un sistema de campos que recordaba a los peores tiempos del Gulag soviético con Stalin. Fueron encarcelados decenas de miles de rumanos de todos los sectores de la sociedad, pero en particular del campesinado durante la campaña de colectivización de la agricultura (que había comenzado en 1949-1950), y muchos de ellos fueron torturados. Decenas de miles más se convirtieron en trabajadores esclavos en un gigantesco proyecto de construcción, el canal Danubio-Mar Negro. La esclavitud fue inútil, además de terriblemente inhumana; las reducciones de la ayuda económica soviética provocaron en 1953 la suspensión de las obras en 1953 y el canal quedó inacabado. Los trabajos no se reanudaron hasta dos décadas más tarde.

Dej, cuyo poder y control de un formidable estado policial eran indiscutibles, estaba en una posición idónea para resistirse a las iniciativas reformistas introducidas en la Unión Soviética por Jruschov. Como un guiño al liderazgo colectivo, en 1954 renunció a la presidencia del partido, pero al año siguiente volvió a ocuparla y nombró primer ministro a su acólito Chivu Stoica. Encontró chivos expiatorios para sus errores anteriores en sus antiguos rivales Pătrăşcanu, Luca y Pauker, a los que acusó de «estalinistas»; un ejemplo clásico de ver la paja en el ojo ajeno. El control del partido y de las fuerzas de seguridad constituía la base del poder de Dej. Se contuvo el malestar interno. Pese a la despiadada represión, la resistencia campesina iniciada a finales de los años cuarenta para protestar por la colectivización, distaba mucho de haberse extinguido por completo, pero la actividad guerrillera en las colinas y los bosques, por lo general esporádica, no tenía capacidad para hacer peligrar la existencia del régimen. Y cuando en el otoño de 1956 estalló una protesta estudiantil en las universidades, alentada por los sucesos en Polonia y Hungría, fue violentamente reprimida por la policía secreta, la infame Securitate, una de las mayores y más brutales organizaciones represivas de Europa oriental. El firme respaldo de Dej a la represión de la revolución húngara de octubre le proporcionó una baza para negociar con Jruschov, así que las imposiciones económicas de la Unión Soviética a Rumanía disminuyeron. Y Dej mantuvo intacto su control del poder. En Rumanía, en lugar de aflojar el sargento estalinista, fue apretado.

A finales de los años cincuenta, Rumanía no solo tenía un régimen estalinista recalcitrante, sino que en cierto modo estaba desarrollando un nacional-comunismo incompatible con los imperativos económicos soviéticos de la «división socialista del trabajo» en sus estados satélites. En particular, la prioridad económica de las autoridades rumanas (forzar la industrialización del país) no se correspondía con las expectativas soviéticas. Estas, que se intentaban alcanzar a través del COMECON (una organización creada en 1949 para coordinar las economías de los países del bloque soviético), consistían en mantener a Rumanía como un país agrícola y como un mero proveedor de productos agrícolas y materias primas. Sin embargo, lo que estaba en juego era la cuestión más amplia de la injerencia soviética en los asuntos internos de otros países. Los dirigentes rumanos debían proceder con cautela, aunque tenían a su favor el afán de la Unión Soviética por evitar un enfrentamiento como el que se había producido en Hungría. Así pues, prosiguió la relación más semidistante de Rumanía con la URSS. La búsqueda de algo que se acercara a independencia dentro del bloque comunista aún era incipiente cuando en 1965 Dej murió y le reemplazó un sucesor igualmente brutal, Nicolae Ceauşescu.

También en Bulgaria se siguió aplicando con fuerza el sargento estalinista. A diferencia de Rumanía, donde los tan arraigados sentimientos antirrusos habían quedado enmascarados por la imposición del régimen comunista (y donde todavía dolían la anexión soviética de Besarabia y el norte de Bukovina en 1940), Bulgaria tenía una larga tradición de sentimiento prorruso y paneslavo, y tras la guerra se convirtió en el más servil y leal de todos los satélites de la Unión Soviética en Europa oriental. El dirigente búlgaro Vâlko Chervenkov era otro clon estalinista y en 1950 ocupaba los cargos de primer ministro y secretario general del partido pero, a diferencia de Dej en Rumanía, tras la muerte de Stalin perdió gran parte de su poder, no sin antes haber contribuido enormemente a arruinar la base agrícola del país mediante la destrucción de los minifundios de los agricultores y la imposición de granjas colectivas ineficientes cuya productividad cayó en picado. Chervenkov atendió las peticiones soviéticas en la época inmediatamente posterior a Stalin: relajó algunos de los controles más estrictos y mejoró la vivienda y la producción de bienes de consumo, pero pese a ello Bulgaria siguió siendo un país muy pobre y atrasado, con unas condiciones de vida míseras y una fuerte dependencia económica de la Unión Soviética.

Chervenkov también cedió ante la insistencia de los soviéticos en separar la jefatura del partido y del Estado, y en 1954 renunció al cargo de secretario del partido en favor de Tódor Zhívkov, nacido en 1911 en una familia campesina y por aquel entonces, tras ir escalando en el partido, el líder comunista más joven de Europa. Dos años más tarde, tras las críticas de Jruschov al culto a la personalidad de Stalin, Chervenkov se vio obligado a renunciar también al cargo de primer ministro. Sin embargo, como ocurrió en Rumanía, Bulgaria tampoco publicó el perjudicial discurso de Jruschov. Hubo un intervalo muy breve de tolerancia limitada de la expresión literaria antes de que volviera a apretarse con fuerza el sargento. Se expulsó a los periodistas controvertidos y se impusieron limitaciones para la publicación. La represión soviética de la revolución húngara fue muy bien recibida como una oportunidad para volver a imponer controles estatales estrictos. El estalinismo no se había ido y ahora volvía a reforzarse.

Las luchas internas en la cúpula del partido continuaron durante algunos años y en 1961 desembocaron en la expulsión de Chervenkov del Politburó, después del segundo gran ataque de Jruschov contra el estalinismo en el congreso del partido celebrado ese mismo año. Para entonces el líder indiscutible de Bulgaria era Zhívkov, primer ministro y secretario del partido, y sus afiliados fueron colocados en todos los puestos clave de la cúpula del partido. Bulgaria, que económicamente dependía de la Unión Soviética, siguió siendo un satélite estalinista servil, poco menos que otra república soviética. Como declaró Zhívkov tras la visita de Jruschov al país en 1962, el reloj en Bulgaria marcaba la hora de Moscú.

El país más pobre del bloque soviético era también el más pequeño, Albania, que durante la mayor parte del período de entreguerras había estado sometido a una dictadura monárquica para acabar ocupado durante la guerra primero por Italia y después por Alemania. A diferencia de lo ocurrido en Rumanía y Bulgaria, los responsables de establecer un régimen comunista en el país habían sido los partisanos yugoslavos, no el Ejército Rojo. Pero cuando en 1948 Tito rompió con Stalin, los dirigentes comunistas, cada vez más opuestos a la explotación económica yugoslava, trasladaron de pronto su lealtad a la Unión Soviética y obtuvieron a cambio una considerable ayuda económica. Enver Hoxha, desde 1946 secretario del partido y del Estado y un ferviente admirador de Stalin, aplastó a toda la oposición interna con purgas despiadadas y, respaldado por un círculo gobernante reducido y nepotista, se hizo con el control absoluto de Albania, que mantuvo hasta su muerte en 1985.

Cuanto mayores eran las amenazas procedentes de la vecina Yugoslavia, tanto las reales como las percibidas como tales, más podía hacerse pasar Hoxha por un líder nacional que defendía a su país, al que gobernaba con mano de hierro. La represión draconiana, incluida la ejecución de miles de adversarios reales o supuestos, fue una peculiaridad de su régimen. Una cuarta parte de los miembros del partido fueron expulsados o detenidos en la purga que llevó a cabo tras la ruptura con Yugoslavia, y la colectivización de la agricultura desde mediados de los años cincuenta, que como en otros lugares fue muy impopular entre los campesinos, estuvo acompañada de un recrudecimiento de la represión. El estalinismo seguía en pleno vigor. No obstante, tras la muerte del venerado Stalin los problemas con la Unión Soviética empezaron a acumularse. Hoxha no quería saber nada de las reformas posestalinistas y le horrorizó la denuncia que hizo Jruschov de Stalin en 1956. Aprobó sin reservas la represión de la revolución húngara, cuyas raíces veía en el revisionismo de Tito, pero se distanció debido al acercamiento de Jruschov a su acérrimo enemigo, Tito, así como a la insistencia soviética en percibir el futuro de Albania como proveedor de productos agrícolas, ignorando su programa de industrialización.

El distanciamiento llevó a Hoxha a una nueva transferencia de su lealtad. Cuando en 1960-1961 China rompió con la Unión Soviética, Hoxha trasladó su apoyo a la China de Mao Zedong, que le ofrecía la ayuda económica que no había obtenido de Moscú y un modelo de liderazgo que se adecuaba más a su culto a la personalidad. Albania siguió cada vez más su propio camino, muy aislada del resto de Europa, tanto oriental como occidental, y fue degenerando en una situación económica todavía más atrasada que solo podía ofrecer a su pueblo unas condiciones de vida miserables. No obstante, esto no socavó la afianzada posición de Hoxha como líder, respaldada por un incremento de la represión y el control de todos los resortes del poder. A diferencia de otros países comunistas de Europa oriental, Albania siguió siendo firmemente estalinista. Allí nunca se aflojó el sargento.

A primera vista, Checoslovaquia tenía más en común con los países donde la dominación soviética era cuestionada mediante graves disturbios (Alemania Oriental, Polonia y Hungría) que con los inactivos regímenes de los Balcanes. Las tradiciones de la independencia nacional, sobre todo en territorio checo, tenían profundas raíces y antes de que Hitler la destruyera había existido una cultura política pluralista y democrática consolidada. Una economía industrial modernizada, aunque menos desarrollada en Eslovaquia, había generado una clase trabadora fuerte y una infraestructura social que poco tenía que ver con el clientelismo predominante en los países balcánicos, muy dependientes de la agricultura. Había muchos intelectuales y una población estudiantil considerable. ¿Por qué, entonces, la Unión Soviética no tuvo problemas importantes en Checoslovaquia en los años posteriores a la muerte de Stalin?

Como en otros lugares, en Checoslovaquia la represión soviética de los rebeldes húngaros en 1956 tuvo un poderoso efecto disuasorio. Pero ¿por qué no se había enfrentado la Unión Soviética a problemas significativos antes de eso con los checos y eslovacos? En realidad, en mayo de 1953 se había producido una grave oleada de huelgas en Checoslovaquia, desencadenada por el anuncio de la aplicación de una fuerte devaluación de la moneda el mes siguiente (conocida popularmente como «el Gran Timo») y tras meses de fuertes subidas de los precios y un descenso del nivel de vida. Los huelguistas de la fábrica de Škoda en Plzeň incluso habían arrojado por la ventana del ayuntamiento bustos de Lenin, Stalin y Klement Gottwald (el líder comunista checo que había muerto unos días después que Stalin) cuando lo ocuparon. La policía reprimió brutalmente los disturbios y nunca llegaron a suponer un desafío directo al régimen semejante al que estallaría poco después en la República Democrática Alemana.

El nivel de represión contribuye en gran medida a explicar que en Checoslovaquia la agitación social pudiera contenerse con relativa facilidad, pero la represión no lo explica del todo. También desempeñó su papel el atractivo del comunismo dentro de Checoslovaquia. A diferencia de lo que ocurría en algunas partes del bloque soviético, el comunismo no era una ideología ajena impuesta por una fuerza externa, sino que en realidad gozaba de una amplia base de apoyo popular local. Ya en 1925 el Partido Comunista había obtenido más escaños que ningún otro partido, y en los meses posteriores a la segunda guerra mundial su respaldo había aumentado hasta alcanzar casi dos quintas partes de los votos en las elecciones libres de 1946. Las primeras medidas adoptadas tras el golpe de 1948, la nacionalización de las grandes empresas y la supresión de la propiedad de los grandes latifundios, fueron muy populares. El partido ofrecía a muchos una vía para progresar. Y podía manipular la opinión. No solo era capaz de eliminar a los rivales políticos, sino también de ampliar su control e influencia mediante la toma, por ejemplo, de organizaciones juveniles y deportivas, y a través del monopolio de la propaganda y la instrumentalización de los medios de comunicación. Aun así, la represión nunca estaba muy lejos: el inconfundible telón de fondo de la penetración comunista de la sociedad.

De hecho, los cinco años de gobierno comunista se habían caracterizado por una represión brutal bajo un liderazgo que mostró reiteradamente una crueldad absoluta a la hora de purgar a adversarios reales o imaginarios y de consolidar un firme control del poder, que, tras la muerte de Klement Gottwald, pasó sin contratiempos a Antonín Novotný, su sucesor como primer secretario del partido. Los juicios farsa a antiguos adversarios políticos acusados en falso de traición y actividades contra el estado habían empezado en 1949 e inevitablemente acababan en sentencias de muerte o largas penas de prisión. Las sospechas de Stalin de que los dirigentes checos y eslovacos tenían contactos con servicios secretos extranjeros y vínculos con el anatema titoísta de Yugoslavia, junto con su antisemitismo cada vez más paranoico, estaban detrás de las purgas.

Todo ello culminó en las detenciones, los juicios farsa, las falsas confesiones forzadas (que recordaban a las purgas estalinistas de los años treinta) y la ejecución en 1952, por traidores y «enemigos del pueblo», del antiguo secretario general del Partido Comunista checoslovaco, Rudolf Slánský, y de otros once dirigentes comunistas. Se les describió, siniestramente, como «de origen judío». Las purgas en Checoslovaquia estuvieron acompañadas de un intenso resurgimiento del antisemitismo, provocado por las calumnias racistas de la dirección del partido. Heda Margolius Kovály, ella misma judía, antigua prisionera de Auschwitz y casada con un judío, recordaría más tarde: «Cuando empezaron las detenciones, en general se supuso que los acusados eran culpables de algo». Eso fue antes de que su marido, Rudolf, fuera detenido, juzgado y ejecutado por participar en la imaginaria conspiración de Slánský.

Las espectaculares farsas judiciales solo eran la punta del iceberg de la represión en Checoslovaquia. Miles de ciudadanos fueron denunciados y encarcelados, o algo peor, por supuestos delitos contra el estado. Sin embargo, como en otros lugares de Europa oriental, la ejecución en diciembre de 1953 del temido Lavrenti Beria demostró que soplaban nuevos vientos en la Unión Soviética, y también Checoslovaquia debía adaptarse al nuevo clima. En los años transcurridos entre la muerte de Stalin y el ataque de Jruschov a su memoria, en febrero de 1956, en Checoslovaquia se excarceló a muchos presos, aunque, como sucedió con los presos liberados en la Unión Soviética y en otros lugares, estos se enfrentaban a un recibimiento incierto y a menudo hostil al salir de la cárcel. Hubo una cierta relajación de los controles de la censura que permitió algunas críticas suaves de aspectos del régimen soviético y desapareció el clima que había propiciado las purgas fomentado por el antagonismo anterior entre la Unión Soviética y Yugoslavia; pero la represión había surtido efecto. Obviamente, no habría sido posible sin una base de apoyo popular. Y los dirigentes del partido, unidos en su respaldo a las purgas, solo hicieron mínimas concesiones al cambio.

Dos años después de su muerte, en 1955, se descubrió en Praga una colosal estatua de Stalin, flanqueado por campesinos, obreros e intelectuales. Erigido sobre el río Moldava, el monumento, de 12 metros de anchura, 22 metros de longitud y 15 metros de altura, era visible desde cualquier punto de la ciudad, y los ciudadanos comentaban, aunque no abiertamente, que parecía la cola de la carne. Pero era una señal visible de continuidad, precisamente en un momento en el que se estaba cuestionando el legado de Stalin.

La crítica de Jruschov a Stalin en 1956 planteó problemas a los dirigentes checos, pues a fin de cuentas habían llevado a cabo sus propias purgas y sus juicios farsa de acuerdo con las exigencias soviéticas. Novotný y los demás dirigentes checos se vieron obligados a alabar de boquilla el nuevo rumbo emprendido por Jruschov mientras evitaban reformas importantes. En los escalafones inferiores del partido surgieron algunas críticas cautas al estalinismo, y los estudiantes de Praga y Bratislava, y después de otras universidades y facultades de todo el país, exigieron reformas de modo más estridente. Entre las exigencias figuraba la petición de una investigación de los juicios de Slánský y otros, así como que se castigara a quienes habían aplicado «procedimientos ilegales durante los interrogatorios».

La protesta estudiantil alcanzó su punto álgido en mayo de 1956 y después estalló; no escaló más antes de que los sucesos en Polonia, y después en Hungría, disuadieran claramente de actuar en contra del régimen. La disensión cultural fue atacada con vehemencia y algunas voces de peso de la intelectualidad checa incluso apoyaron la imposición de limitaciones a las críticas. No hubo ninguna liberalización mientras el partido mantenía su dominio, introduciendo en 1956 un nuevo plan quinquenal que se basaba en la línea habitual de maximizar la producción en la industria pesada y una amplia colectivización de la agricultura.

Los dirigentes del partido cerraron filas. El cambio de clima en el otoño también les brindó la oportunidad de silenciar lo que habrían sido informaciones perjudiciales sobre las purgas y de reimponer su estricto control. La posición de Novotný se vio reforzada en noviembre de 1957 cuando, al morir Antonín Zápotocký (responsable de haber dejado a Slánský a merced de los servicios de seguridad), se convirtió en presidente de la república (jefe de Estado) así como primer secretario del partido. En 1960, una nueva Constitución redujo sustancialmente la autonomía eslovaca y recalcó de modo explícito el control de la «cooperación fraterna» del partido con la URSS. Con ello, la amenaza al poder del partido que se había materializado en 1953, y después de nuevo en 1956, se había disipado. La represión terrorista de la cosecha de principios de los años cincuenta ya no era necesaria, aunque la intimidación subyacente continuó. A la inmensa mayoría de la población la perspectiva de un cambio sustancial le parecía remota, por lo que la mayor parte de los ciudadanos checos y eslovacos se conformaron, a menudo sin entusiasmo y a veces con resentimiento. No se necesitaba más para mantener la estabilidad política. De momento, el régimen se mantenía inamovible.

AMENAZAS AL VIEJO ORDEN

La República Democrática Alemana (RDA o Alemania Oriental, como se le solía llamar en Occidente) llegó a ser considerada el aliado más importante de Moscú, pero en 1953 fue el primer país al este del Telón de Acero en el que las fuerzas armadas soviéticas tuvieron que sofocar una insurrección. ¿Por qué en 1953 estallaron, y solo en el bloque oriental, los disturbios de manera tan impresionante? ¿Por qué, en cambio, la RDA permaneció en calma tres años más tarde cuando primero Polonia y después Hungría se rebelaron contra la dominación soviética? Y ¿cómo se transformó tan drásticamente la RDA, dejando de ser un foco problemático para convertirse en el acólito más fiable del bloque soviético?

A principios de los años cincuenta Alemania Oriental tenía un talón de Aquiles obvio: era el único satélite soviético constituido como estado totalmente nuevo, surgido de la ocupación militar y el desmembramiento de un antiguo estado nación. Solo una estrecha frontera lo separaba del sistema político ideológicamente hostil y de la pujante economía de Alemania Occidental. Y esa frontera era porosa. Incluso después de 1952, cuando fue cerrada por completo, el estatus especial de Berlín, bajo control de las cuatro grandes potencias, permitía la existencia de una abertura crucial. Allí seguía siendo posible, aunque con dificultad, pasar al Oeste y a un estilo de vida diferente (para muchos, más atractivo). Esta circunstancia hizo que los dirigentes de Alemania Oriental estuvieran sometidos a cierta presión, ya que no se podía detener el creciente éxodo: más de trescientas sesenta mil personas entre 1952 y principios de 1953. El éxodo en sí reflejaba las malas condiciones de vida, consecuencia de una economía orientada, en la línea estalinista, al crecimiento de la industria pesada a expensas de la producción para responder a las necesidades de los consumidores.

El régimen de Alemania Oriental también tuvo que lidiar con otro inconveniente. Moscú consideraba Alemania Oriental prescindible, era el precio que debía pagar para alcanzar un objetivo mayor: una Alemania reunificada pero neutral y desmilitarizada. A principios de los años cincuenta este objetivo aún no se había abandonado. En 1952 Stalin había procurado tentar a Occidente para que lo aceptara, pero se topó con un rechazo inmediato; tras su muerte resurgió la idea. De haber tenido éxito, los dirigentes de Alemania Oriental habrían visto cómo su base de poder desaparecía. Pero cuando, tras la muerte de Stalin, los dirigentes soviéticos, en realidad el efímero colectivo formado por Malenkov, Mólotov y Beria, respondieron afirmativamente a la propuesta de Winston Churchill de convocar una conferencia de las cuatro potencias para discutir un tratado de paz con Alemania que incluyera elecciones libres y la neutralización de un país reunificado, se produjo una fractura en el seno de la cúpula dirigente de Alemania Oriental. La facción principal, encabezada por el acérrimo estalinista Walter Ulbricht, secretario general del Partido Socialista Unificado (SED, formado en 1946 a partir de la fusión forzosa de los partidos comunista y socialdemócrata, pero controlado por completo por los comunistas), se oponía rotundamente. Sin embargo, otra facción de la jefatura de Alemania Oriental, liderada por Rudolf Herrnstadt (editor del principal periódico del SED, Neues Deutschland) y Wilhelm Zaisser (ministro de Seguridad del Estado), era partidaria de emprender reformas económicas para mejorar las condiciones de vida de la población (y reducir así la dependencia del modelo soviético), y al principio parecían contar con el respaldo de Moscú. Los dirigentes soviéticos consideraron la idea de destituir a Ulbricht. Su liderazgo pendía de un hilo.

Las disputas entre facciones y las divisiones en la cúpula, que en ciertos aspectos reflejaban las incertidumbres de Moscú en los momentos inmediatamente posteriores a la muerte de Stalin, aparecían incluso en la controlada prensa de la RDA y contribuyeron de manera fundamental a promover la agitación que culminó en la sublevación de junio de 1953. El 9 de junio, el Politburó, cediendo a las presiones para que siguiera el «nuevo rumbo» de la Unión Soviética (después de Ulbricht y otros altos dirigentes fueran convocados en Moscú y se les advirtiera de que era necesario), accedió a aplicar reformas económicas limitadas para mejorar los niveles de vida. La decisión, que se hizo pública dos días más tarde, desató rumores descabellados sobre las razones del cambio. Algunos especularon que se había producido un golpe contra la cúpula del partido, que habían detenido o fusilado a Ulbricht, que el SED estaba a punto de disolverse y que se iban a abrir las fronteras. Curiosamente, la brusca revocación de la política anterior (muy inquietante para aquellos trabajadores del partido que habían defendido lealmente la necesidad de adoptar medidas impopulares) estuvo acompañada por la perniciosa admisión de que se habían cometido errores. Y más sorprendente aún fue que mientras los campesinos, los obreros no manuales y los trabajadores por cuenta propia iban a beneficiarse, hasta cierto punto, los obreros industriales, la base misma de la ideología marxista-leninista, se enfrentaban a un empeoramiento de sus condiciones de vida. El 28 de mayo el régimen ya había decretado un aumento del 10 % de los niveles de producción (las «normas de trabajo»), algo que consideraba necesario para hacer frente a los graves problemas económicos del país. Los obreros tendrían que trabajar más por el mismo sueldo, lo que, en la práctica, equivalía a una reducción salarial. Lo sorprendente es que en el comunicado del 9 de junio no se había mencionado en absoluto el endurecimiento de las normas de trabajo.

Las divisiones en las altas instancias no tardaron en ser evidentes. El 14 de junio un artículo en Neues Deutschland criticó sin ambages el endurecimiento de las normas de trabajo, pero dos días más tarde el periódico sindical oficial, Tribüne, que apoyaba los incrementos publicó una opinión diametralmente opuesta. Era inaudito que los dirigentes airearan en público sus desavenencias fundamentales y solo sirvió para dar publicidad a la debilidad y la confusión. Más tarde se reconoció que el artículo del Tribüne desencadenó la conversión del descontento latente en una protesta abierta, a la que dieron voz por primera vez los obreros de la construcción de Berlín Este.

Los trabajadores, en asambleas espontáneas, exigieron la cancelación de las normas de incremento de la productividad. Las protestas se intensificaron y el 16 de junio una multitud airada de diez mil personas se congregó ante la Casa de los Ministerios, el edificio del gobierno central. Una vez más, los dirigentes enviaron señales contradictorias, sugiriendo por un lado que se revocarían las nuevas normas de trabajo, pero por otro que solo se reconsiderarían. La población empezó radicalizarse y hubo quienes pidieron la dimisión del gobierno. Las manifestaciones sacaban a la luz el significativo malestar que se había acumulado desde hacía días en medio de las especulaciones sobre el liderazgo y las expectativas de que el cambio estaba de camino. Estallaron protestas espontáneas, sin planear, sin un liderazgo coordinado, sin organización, pero cuando un trabajador cogió un megáfono y anunció una huelga general para el día siguiente, el apoyo fue inmediato y generalizado. El 17 de junio las huelgas se extendieron a 373 pueblos y ciudades de toda Alemania Oriental y medio millón de trabajadores de 186 fábricas participaron en ellas. La protesta ya no se limitó a las huelgas. Se sumaron otros sectores de la sociedad: más de un millón de personas en setecientos lugares durante los cinco días siguientes; unas doscientas cincuenta sedes del partido y otros edificios públicos sufrieron ataques; unos mil cuatrocientos presos políticos fueron excarcelados (aunque la mayoría no tardaron en volver a ser detenidos). Lo que había comenzado como una protesta contra la modificación de las normas de trabajo se convirtió en una sublevación masiva contra el régimen.

Los dirigentes del SED estaban conmocionados porque las protestas cobraron enseguida una fuerza inesperada y preocupaba que la policía pudiera simpatizar con los trabajadores en huelga. El 16 de junio el comandante del ejército soviético en Berlín había rechazado una petición de ayuda, pero un día más tarde, presumiblemente al ver que la protesta estaba empezando a descontrolarse y al no confiar en la policía de la RDA para restablecer el orden, las autoridades soviéticas cambiaron de idea. A mediodía efectuaron disparos de advertencia y a las 12.30 los tanques soviéticos empezaron a retumbar por las calles del Berlín Oriental. Poco después, la administración militar soviética impuso el estado de excepción en la ciudad y no tardó en ampliarlo a buena parte de la RDA y lo mantuvo en vigor hasta el 11 de julio. Al principio los tanques soviéticos avanzaron lentamente con el propósito intento de acallar a los manifestantes mediante la intimidación. Los tripulantes de los tanques incluso saludaron con la mano a la multitud, que evitó cualquier provocación, reservando su ira para el régimen de Alemania Oriental. Pero aquel precario impasse no podía durar. Hubo disparos. Algunos manifestantes se dispersaron y corrieron para salvar sus vidas. Otros se quedaron y lanzaron piedras contra los tanques mientras insultaban a los ocupantes soviéticos.

La tarde del 17 de junio, la demostración soviética de fuerza había logrado su propósito. Se habían producido enfrentamientos violentos entre los manifestantes, la policía y las fuerzas soviéticas en diferentes pueblos y ciudades de Alemania Oriental, sobre todo fuera de Berlín, en Leipzig, Halle, Magdeburgo y Bitterfeld, pero para la mayor parte de los manifestantes enseguida fue evidente que era inútil combatir al poder militar soviético. Un testigo de los hechos en Magdeburgo, un estudiante en esa época, recordaba que en cuanto los primeros tanques soviéticos dispararon a los manifestantes, «todo el mundo tuvo claro que la sensación de libertad había sido efímera». Aunque persistieron algunas señales de agitación durante semanas, la sublevación había concluido.

Lo que reivindicaban los diferentes grupos de manifestantes, más allá de poner remedio a los agravios económicos inmediatos, no estaba en absoluto claro. No hay ninguna certeza de que la mayoría estuviera a favor de la democracia liberal capitalista occidental o tuviera en mente algún modelo político alternativo específico. Muchos aún creían en el socialismo. Se habían limitado a esperar, y de un modo utópico seguían esperando, una manera mejor de lograr una verdadera sociedad socialista. No obstante, las exigencias (incluidos los gritos de «abajo el SED», «dimisión del gobierno», «elecciones libres», «reunificación», «retirada de las fuerzas de ocupación de Alemania») desafiaron radicalmente la propia existencia de la RDA. Sin la posibilidad de adoptar una postura de oposición clara, y menos aún un programa político alternativo, la protesta estaba condenada a permanecer en una fase embrionaria, una explosión elemental de ira y profundo descontento más que una expresión preconcebida y elocuente de la exigencia de un cambio fundamental del sistema. No obstante, la sublevación sacudió los cimientos del régimen del SED.

Decenas de manifestantes (los cálculos varían entre sesenta y ochenta) murieron en los enfrentamientos, así como entre diez y quince funcionarios del partido y miembros de las fuerzas de seguridad. Las represalias por la rebelión fueron implacables. A finales de junio se detuvo a más de seis mil personas que habían participado en la sublevación, más tarde a otras siete mil, y fueron condenadas a largas penas de prisión. A los que se consideró los cabecillas fueron ejecutados sin ningún proceso judicial formal, y aquellos miembros del partido a los que se tenía por causantes de problemas fueron depurados con firmeza. Durante los meses siguientes, decenas de miles de funcionarios y militantes de base del partido fueron acusados de «provocadores» y destituidos de sus funciones, y para garantizar que el régimen nunca pudiera volver a perder el control se reforzaron enormemente la policía y la seguridad del Estado (la Stasi), ayudadas por una compleja red de informantes creada para espiar a los ciudadanos corrientes.

La sensación de euforia que generaba desafiar al régimen se había apoderado de los manifestantes durante apenas unas horas, pero el recuerdo de los tanques soviéticos en las calles de Alemania Oriental disparando contra los manifestantes y la brutalidad con la que fue sofocada la sublevación sería duradero. La rebelión acabó en un derramamiento de sangre y represión. Las esperanzas que algunos habían depositado en una intervención de las potencias occidentales habían sido ilusorias. (Los dirigentes de la RDA culparon absurdamente de la sublevación a «organizaciones de sabotaje y fascistas de Estados Unidos y Alemania Occidental». En realidad, el riesgo de desencadenar una conflagración internacional hizo que Occidente se abstuviera de contemplar siquiera la posibilidad de una intervención). La lección principal y evidente que extrajeron los contemporáneos fue que no tenía sentido protestar contra un poder militar abrumador; no era posible derribar al régimen del SED mientras contara con el respaldo de la Unión Soviética. No había voluntad de repetir el fallido experimento de 1953. Este sentimiento básico bastó para que Alemania Oriental se mantuviera en calma cuando en 1956 estallaron Polonia y Hungría.

La represión fue solo una cara de la respuesta a la sublevación, pues fue acompañada de concesiones. Al cabo de unos días, el Comité Central del SED retiró el impopular incremento de las normas salariales que había sido la causa inmediata del problema. Le seguirían otras mejoras, modestas pero tangibles, de las condiciones de vida. Los objetivos de la producción industrial previstos en el plan quinquenal (que se debían ejecutar entre los años 1951 y 1955) se ajustaron para reducir el gasto en la industria pesada a favor de un gasto un poco superior en bienes de consumo, al tiempo que las reformas educativas, que abarcaron desde la escuela primaria hasta la universidad, también intentaron ampliar la promoción social de los niños de clase obrera. Una nueva generación, socializada en los valores del régimen desde la cuna e influida también por la incesante propaganda antioccidental, fue formando gradualmente la base de un apoyo futuro más sólido que el que había existido en 1953.

La mayoría de las personas acataba las exigencias del régimen, pero acatamiento no significa consenso. No solo se promovía el conformismo, sino que se imponía. Existía un enorme resentimiento contra las limitaciones del sistema, la uniformidad forzosa, unos niveles de vida inferiores a los de Alemania Occidental, la presencia de la policía de seguridad y la omnipresente amenaza de la denuncia. La delación, el espionaje y la denuncia estaban muy presentes en la sociedad y proporcionaban al régimen una base esencial de control social. Quienes no obedecían, se encontraban, como mínimo, con importantes desventajas, por ejemplo en la vivienda, el empleo y la educación, que afectaban a su nivel de vida y al de sus familias; hubo quienes se enfrentaron a factores aún más disuasorios de los actos inconformistas. Para la minoría que todavía manifestaba abiertamente su descontento, la mano dura nunca estaba lejos. La falta básica de libertad, excepto dentro de los estrechos parámetros del sistema, hacía que, en ultimas instancia, este se basara en mecanismos de control y represión. Salvo que se eliminara el propio sistema, no se podía alterar.

Perversamente, la sublevación de junio de 1953 salvó a Walter Ulbricht. Su liderazgo se había estado tambaleando ya antes de las multitudinarias protestas, y la detención de Beria poco después de la sublevación había puesto de manifiesto que en Moscú la suerte estaba echada para aquellos que apoyaran un cambio de rumbo en la RDA. La necesidad de Moscú de apuntalar al régimen dejó a Ulbricht en una posición mucho más fuerte cuando las purgas internas eliminaron a los adversarios y el SED reforzó su control sobre el gobierno estatal. La destitución de Ulbricht se habría visto como una debilidad, lo que habría propiciado más exigencias, y las autoridades soviéticas no tenían ningún deseo de aumentar sus problemas intentando destituir a un acérrimo lealista en Berlín. La inestabilidad en el bloque oriental tras la denuncia de Stalin por Jruschov en 1956, y en particular la sublevación en Hungría en el otoño de ese año, volvieron a salvar a Ulbricht. Demostró, una vez más, lo que podía ocurrir si se aflojaba el sargento. Ulbricht pudo silenciar a sus detractores y volver a reforzar su propia posición de poder.

También le favoreció que Alemania Occidental se remilitarizara y obtuviera la soberanía nacional, pues supuso el abandono efectivo de Moscú del proyecto de una Alemania unificada y neutralizada y la aceptación de que la RDA estaba allí para quedarse. Una señal de ello fue la renuncia de los soviéticos a más reparaciones de la RDA, que habían infligido un daño enorme a su economía; otra fue la concesión de créditos soviéticos y restricciones a los gastos para apoyar a las tropas soviéticas en la RDA. También en el ámbito internacional la RDA estaba más estrechamente ligada a la Unión Soviética y su destino, como habían demostrado los sucesos de junio de 1953, dependía por completo del respaldo soviético. En mayo de 1955 se convirtió en miembro del recién creado pacto de Varsovia y, durante las décadas siguientes, fue el defensor más incondicional y leal de la Unión Soviética en los asuntos internacionales.

La construcción del Muro de Berlín, iniciada en agosto de 1961, fue la culminación del giro en el enfoque soviético acerca de la RDA y de los cambios internos en el país que siguieron a la conmoción causada por la sublevación de 1953, que tanto para la Unión Soviética como para el régimen de Alemania Oriental conllevó una estabilización duradera. Para los ciudadanos de Alemania Oriental significó aceptar lo que no podían cambiar.

Tras los dramáticos acontecimientos en la RDA, la Unión Soviética no volvió a enfrentarse a grandes turbulencias en sus satélites de Europa oriental hasta después del sonado discurso de Jruschov en febrero de 1956. Los años intermedios, mientras los dirigentes comunistas intentaban adaptarse de diferentes maneras al «nuevo rumbo» en la Unión Soviética, habían sido agitados en todo el bloque oriental, pero Jruschov, una vez consolidada su propia preeminencia como líder, intentó unir más estrechamente a los países del bloque oriental. La creación en mayo de 1955 del pacto de Varsovia, una respuesta inmediata a la remilitarización de Alemania Occidental, fue un paso importante. También lo fue la reconciliación con Tito en 1956, con la que se restablecieron las relaciones entre los partidos comunistas soviético y yugoslavo. Sin embargo, se produjo en un momento, en los meses siguientes al discurso de Jruschov, en el que la Unión Soviética se enfrentaba a un desafío sin precedentes a su autoridad en Europa oriental, uno desafío que eclipsaba incluso a la sublevación en la RDA en el verano de 1953.

Los problemas surgidos en Polonia y Hungría eran distintos, pero, a ojos de los soviéticos, estaban interrelacionados. En el otoño de 1956, la agitación en Polonia se trasladó a Hungría, donde la creciente insurgencia representaba una amenaza mucho más grave. Había diferencias significativas entre los dos países, pero también algunos rasgos comunes en la agitación, pues en ambos casos los desafíos a la jefatura del partido volvieron a los respectivos regímenes vulnerables, ofreciendo a los desafectos la oportunidad de presionar a favor de un cambio, como había sucedido en la RDA. En ambos países, los arraigados sentimientos antirrusos (y antisoviéticos), añadidos a un sentimiento de identidad nacional especialmente fuerte, persistían bajo el manto del régimen comunista. Los intelectuales y la numerosa población estudiantil tanto polacos como húngaros se sentían asfixiados por las restricciones impuestas a la libertad de expresión. Y, en ambos países, la prioridad asignada al gasto en la industria pesada y los productos de capital a costa de los bienes de consumo había provocado un descontento considerable, sobre todo entre la clase obrera. Por último, las presiones a favor de la reforma se habían intensificado en ambos países por la conciencia del ambiente de cambio posestalinista en la Unión Soviética, en particular después del discurso pronunciado por Jruschov en febrero de 1956.

A raíz del triunfo del Ejército Rojo sobre las fuerzas de Hitler en 1944-1945, Polonia había pasado a estar bajo control comunista y en la década siguiente el país se «estalinizó» por completo, creando una enorme maquinaria burocrática de control y un sistema de seguridad del Estado masivo. En 1954, el Ministerio de Seguridad Pública tenía un fichero de los «elementos criminales y sospechosos» que incluía a casi una tercera parte de la población adulta. Gran parte de la información provenía de las denuncias de ochenta y cinco mil informantes repartidos por todos los estratos de la sociedad. La célebre escritora polaca Maria Dąbrowska lamentaba en su diario el «gran cáliz de amargura» de su país, su «oportunidad perdida de socialismo».

Sin embargo, Stalin había comentado que «implantar el comunismo en Polonia era como poner una silla de montar a una vaca». Con el títere estalinista Bolesław Bierut, presidente y secretario general del partido, y el mariscal Konstantín Rokossovski, viceprimer ministro y ministro de Defensa, que estaba allí para garantizar el control soviético, los polacos nunca estuvieron contentos de bailar al son de Moscú. Tras la muerte de Stalin, esa reticencia se acentuó. Hubo algunas tentativas de adaptarse a los nuevos tiempos. Las medidas para colectivizar la agricultura, por ejemplo, se retrasaron por orden del partido y se relajó la censura. A finales de 1954 fue puesto en libertad el principal rival de Bierut, el antiguo líder comunista Władisław Gomułka, que llevaba mucho tiempo bajo arresto domiciliario por haber defendido una vía polaca más independiente para el comunismo. En 1955, el Festival de la Juventud de Varsovia, al que se calcula que asistieron treinta mil jóvenes llegados de 114 países, permitió a los polacos vislumbrar un mundo exterior más abierto y menos reglamentado. A la muerte de Bierut (murió de repente en Moscú tras asistir al discurso de Jruschov, al parecer de un ataque al corazón o un derrame cerebral provocado presumiblemente por la conmoción que le causó la denuncia de Stalin), su sucesor, Edward Ochab, prosiguió con la limitada desestalinización, excarcelando y amnistiando a unos nueve mil presos políticos en abril. También habló ese mismo mes de las posibilidades de una «nueva democratización de nuestra vida política y económica», aunque sin que trascendieran pocos detalles concretos que pudieran satisfacer las expectativas suscitadas.

No se vieron ni muchas reformas ni mucha democracia cuando en junio las quejas de los trabajadores de las fábricas de Poznań, indignados por la perentoria exigencia de incrementar un 25 % la productividad sin una subida proporcional de los salarios (como en Alemania Oriental tres años antes), cayeron en oídos sordos. Esto desencadenó una huelga de decenas de miles de trabajadores en Poznań y sus alrededores a finales de mes y, como había sucedido en Alemania Oriental, las demandas económicas iniciales no tardaron en transformarse en políticas. De los gritos de «Paz y libertad» se pasó a los de «Rusos marchaos a casa». Los trabajadores de la cárcel local liberaron a los presos, requisaron las armas a los guardias y la sede del partido y la jefatura de policía fueron atacadas. El régimen envió diez mil soldados y cuatrocientos tanques del ejército polaco para sofocar los disturbios, mientras la revuelta amenazaba con extenderse a otras ciudades. Los soldados abrieron fuego contra los huelguistas, dejando setenta y tres muertos y centenares de heridos; sofocaron el levantamiento en apenas dos días, pero no pudieron erradicar la desafección subyacente. La culpa recayó principalmente en el ministro de Defensa Rokossowski (de origen polaco, pero ciudadano soviético) y otros miembros soviéticos de la cúpula militar que habían dado las órdenes de disparar a los huelguistas. La consecuencia fue un aumento de la presión para poner fin a la implicación soviética en el ejército (concretamente, la retirada de Rokossowski) y se reclamó también una democratización del régimen comunista polaco (por ejemplo, la autogestión obrera y la restauración del Parlamento y los consejos locales) y el retorno de Gomułka, considerado el rostro de las reformas necesarias.

Esta medida fue objeto de una intensa oposición interna por parte de una facción conservadora, con influencia en el ejército y los servicios de seguridad polacos, que estaba ansiosa por impedir cualquier debilitamiento de los vínculos con la Unión Soviética y abogaba por que Moscú empleara mano dura. Como consecuencia de la preocupación de los soviéticos por que Gomułka llevara a Polonia por una senda más independiente, agravada por la petición de que se apartara a Rokossowski de su cargo, el 19 de octubre una delegación de pesos pesados de la jefatura soviética, incluido el propio Jruschov y la plana mayor del ejército viajó a Varsovia. Hubo tensas deliberaciones encabezadas por Jruschov y Gomułka. El lado soviético presionó a favor de fortalecer los lazos entre los dos países, mientras que Gomułka reiteró la exigencia de la destitución de Rokossowski y cincuenta «asesores» militares soviéticos del ejército polaco. Mientras proseguían las negociaciones, Gomułka fue informado de que unidades de tanques y soldados soviéticos avanzaban hacia Varsovia; las unidades de combate polacas recibieron órdenes de tomar posiciones defensivas para proteger la ciudad. El conflicto armado entre Polonia y la Unión Soviética parecía próximo. Jruschov fue el primero en ceder, aceptando la petición de Gomułka de interrumpir los movimientos de tropas, y el peligro inmediato pasó. El 21 de octubre Gomułka volvió a asumir las funciones de primer secretario del partido. De regreso en Moscú, se oyó a Jruschov comentar amenazadoramente que «solo hay una salida, poner fin a lo que existe en Polonia».

Al cabo de unos días, Jruschov se retractó de la idea de una intervención militar inmediata argumentando que sería fácil encontrar razones para un conflicto armado «pero encontrar la manera de poner fin a ese conflicto más adelante sería muy difícil». Los dirigentes soviéticos creían que los polacos opondrían una fuerte resistencia armada a semejante intervención y movilizarían a las milicias obreras para la causa. Hubo acuerdo en que, de momento, la Unión Soviética debía «abstenerse de una intervención militar» y «mostrar paciencia». Jruschov buscó una solución política, accediendo de mala gana a la marcha de Rokossowski, que cesó como ministro de Defensa el 29 de octubre. Otro indicador de que Moscú estaba intentado calmar la situación en Polonia fue la liberación el 28 de octubre del cardenal Stefan Wyszyński, cabeza de la Iglesia Católica polaca, que había sido detenido en 1953.

Es probable que las masivas muestras de apoyo popular que recibió Gomułka en enormes concentraciones (más de cien mil personas en varias ciudades importantes y medio millón en Varsovia) animaran a Jruschov a renunciar a una confrontación total. Gomułka, por su parte, aseguró a Jruschov que Polonia seguiría siendo un miembro leal del pacto de Varsovia, condenó públicamente a quienes se habían manifestado en contra de ello y exhortó a los ciudadanos a volver al trabajo y poner fin a las protestas. Aun así, lo que sin duda preocupaba a los soviéticos e indujo a Jruschov a buscar un acercamiento en lugar de ordenar una intervención militar fue el deterioro de la situación en Hungría, donde el 26 de octubre de 1956 ya había estallado una crisis mucho más peligrosa que la de Polonia. Y para afrontarla, los soviéticos querían garantizar la calma en Polonia, contar el apoyo de los dirigentes polacos.

El tenso conflicto en Polonia desempeñó un papel en el contexto inmediato que desencadenó lo que no tardaría en convertirse en una revolución a gran escala. Hungría era desde hacía tiempo un componente inquieto del bloque soviético. El país era mantenido bajo control mediante una fuerte represión, donde el descontento generalizado con el liderazgo estalinista nunca estuvo lejos de la superficie. Mátyás Rákosi había regresado de su exilio en Moscú durante la guerra para imponer su autoridad al estilo estalinista en la senda hacia el dominio del Partido Comunista húngaro, destruyendo en una lucha prolongada y enconada al Partido de los Pequeños Propietarios, mucho más popular, y afianzando su control absoluto. Más tarde Rákosi demostró sus credenciales de «pequeño Stalin» húngaro cuando en 1949, en una servil aquiescencia con la línea de Moscú, accedió al juicio farsa y la ejecución de László Rajk, el antiguo ministro del Interior, por haber apoyado la «desviación titoísta» y supuestamente haber colaborado con los servicios secretos occidentales. Con la introducción del «nuevo rumbo» soviético que siguió a la muerte de Stalin, Rákosi tenía los días contados.

En junio de 1953, cuando la economía estaba en crisis, los campesinos se resistían a la colectivización, los trabajadores se declararon en huelga por culpa de la bajada de los salarios y las cárceles estaban abarrotadas, Rákosi y otros dirigentes del partido fueron llamados a Moscú y se les pidió, en términos inequívocos, que pusieran la casa en orden. Los dirigentes soviéticos dijeron que el «estilo despótico y dominante» de Rákosi había conducido a «errores y crímenes» y había llevado a Hungría «al borde de la catástrofe». Pese a esta acusación, le mantuvieron en el puesto de líder del partido, pero le obligaron a entregar la jefatura del Gobierno a Imre Nagy, el favorito del pueblo y la esperanza de los comunistas desilusionados a los que en 1949 habían expulsado del Politburó por oponerse al ritmo de la colectivización.

Esto provocó una división crucial en el liderazgo comunista que tuvo un papel no menor en el fomento del creciente malestar en el país, pues ponía de manifiesto la falta de confianza de Moscú en Rákosi e indicaba una forma de liderazgo alternativa y más atractiva. Nagy no tardó en propugnar cambios económicos para mejorar el abastecimiento de bienes de consumo y propuso algo más radical: revitalizar el comunismo mediante la democratización de las bases. Su proyecto consistía en una base de apoyo organizada en un nuevo frente popular, el Partido Popular Patriótico, que combinaría el sentimiento nacional y el socialismo democrático. El Partido Comunista desempeñaría un papel destacado en el plan de Nagy, pero no se limitaría a gobernar desde arriba. Naturalmente, esto era un anatema para Rákosi y el núcleo duro del partido. A principios de 1955, las maquinaciones de Rákosi contra Nagy dieron buenos resultados. Nagy fue condenado por «desviación» ideológica, expulsado del Politburó y, a finales de año, del propio partido.

Por consiguiente, la situación en Hungría ya era frágil incluso antes de que, en febrero de 1956, el discurso de Jruschov creara un nuevo clima sumamente agitado. Intelectuales y estudiantes, animados por la perspectiva de una vía más democrática en el comunismo que había abierto Nagy y furiosos por la represión y la censura, entablaron un intenso debate político sobre el futuro de Hungría. Los trabajadores, indignados por el trato recibido en un estado supuestamente «obrero», se sentían explotados por «un gobierno chupasangre». Incluso hubo grupos de trabajadores que se reunieron con jóvenes intelectuales y se sumaron a los debates, a los que asistían cada vez más personas. Muchos de ellos los organizó el Círculo Petőfi (llamado así por el revolucionario que en 1848 luchó por la independencia de Hungría). Fue del Circulo Petőfi, que en junio de 1956 había atraído hasta a seis mil personas a una reunión vespertina en Budapest, de donde surgió la petición de que Rákosi renunciara y lo sustituyera Nagy. Moscú respondió. Rákosi dimitió, oficialmente por motivos de salud, en el mes de julio, pero su sustituto no fue Nagy, sino el desventurado Erno Gero, que estaba cortado por un patrón ideológico muy similar al del propio Rákosi.

Los problemas graves no tardaron en llegar. El «otoño de Budapest» se inició el 6 de octubre de 1956, cuando decenas de miles de manifestantes congregados para el solemne nuevo entierro (con el permiso a regañadientes de Gero) del rehabilitado László Rajk, el otrora jefe de seguridad y entonces un símbolo improbable de la deseada liberalización, profirieron ataques contra el régimen. El 23 de octubre, manifestaciones encabezadas por estudiantes en Budapest y otras ciudades, inspiradas por los acontecimientos de Polonia, plantearon exigencias radicales, entre las que figuraban la restitución de Nagy como primer ministro (diez días antes le habían readmitido en el partido), la retirada de las tropas soviéticas, el castigo a los responsables de la represión terrorista y la celebración de elecciones libres para poner fin al monopolio del régimen comunista. Un camión arrastró por las calles de la ciudad una enorme estatua de Stalin que había sido derribada de un parque de Budapest y a la que habían atado un cartel en el que se instaba a los soviéticos a marcharse a casa; «No olvidéis llevarme con vosotros» añadía. Esa tarde los miembros de las fuerzas de seguridad inflamaron aún más la creciente rebelión al disparar contra manifestantes desarmados. El propio Gero respondió en una alocución radiofónica, en la que condenó el chovinismo y el nacionalismo de los manifestantes que habían sido espoleados por propaganda hostil. Para entonces, el gobierno estaba al borde del pánico.

Gero ya había pedido unas horas antes ayuda militar urgente a la embajada soviética, pero los funcionarios soviéticos en Budapest no estaban dispuestos a dar su autorización sin el beneplácito de Moscú. El Presidium del partido concedió el permiso y al día siguiente ya habían entrado miles de soldados soviéticos en Budapest y, por la tarde, yacían muertos al menos veinticinco manifestantes y más de doscientos de ellos habían resultado heridos.

Sin embargo, la demostración de fuerza militar no fue eficaz para sofocar los disturbios. Se declaró el estado de excepción. Las sedes del partido sufrieron ataques, se destruyeron símbolos soviéticos y una huelga masiva paralizó Budapest. Los tanques, que maniobraban con dificultad debido a las barricadas levantadas en las calles de Budapest, eran blancos fáciles para los cócteles mólotov, las granadas de mano e incluso dos cañones antitanque sacados de los arsenales del ejército. Nagy (que había apoyado la petición de una intervención militar soviética y el 24 de octubre fue restituido como primer ministro) ofreció a los rebeldes una amnistía si deponían las armas que cayó en saco roto. La sustitución de Gero al frente del partido por János Kádár, antaño él mismo víctima de Rákosi, tampoco logró calmar la situación. La violenta agitación continuó el 25 de octubre, cuando la policía y funcionarios del partido dispararon a los manifestantes y, a su vez, estos mataron a agentes de policía. Los consejos obreros y los comités revolucionarios, sin una organización central, asumieron el poder en sus localidades. El partido parecía haberse vuelto prácticamente superfluo.

La calma, por así decirlo, no retornó hasta el 28 de octubre, cuando Nagy (que el día anterior había nombrado un Gabinete de reformistas) anunció que aceptaba las principales exigencias de lo que denominaba el «movimiento nacional democrático». Habló de la retirada de las tropas soviética, de la disolución de la policía política, de una amnistía general y de la reforma de la agricultura. Al día siguiente, el 29 de octubre, las tropas soviéticas empezaron a retirarse de Budapest. La revolución había triunfado, o eso parecía.

En Moscú, los dirigentes soviéticos, dubitativos y consternados por la postura de Nagy, decidieron el 30 de octubre retirar las tropas de Budapest y evitar la confrontación que provocaría una intervención militar a gran escala. Sin embargo, los informes de sus emisarios en Budapest, Mijaíl Súslov y Anastás Mikoyán, eran cada vez más pesimistas, pues describían nuevos ataques violentos contra funcionarios del partido en Budapest y expresaban el temor de que el ejército húngaro tomara partido por los insurgentes. En su opinión, la situación no podía resolverse políticamente de ningún modo que fuera compatible con los intereses soviéticos. «Es imposible liquidar pacíficamente este avispero», concluían. Las peticiones de las autoridades húngaras el 30 de octubre de una «Hungría neutral» y la aprobación por el propio Nagy de la retirada de todas las tropas soviéticas y la salida del país del pacto de Varsovia, que comunicó ese mismo día a Mikoyán y Súslov, confirmaron la gravedad de la situación. Jruschov sopesó durante la noche si la decisión de evitar una intervención militar había sido la correcta. A favor de la intervención estaba, además del empeoramiento de la situación en Budapest, la preocupación de que cualquier signo de debilidad de la Unión Soviética fuera aprovechado por las potencias imperialistas occidentales (que el 29 de octubre, en plena crisis de Suez, había lanzado un ataque contra Egipto, el aliado de Moscú en Oriente). Un factor mucho más serio que debía tener en cuenta era que la debilidad soviética alentaría la propagación de los disturbios, que ya se estaban registrando en las vecinas Rumanía y Checoslovaquia, a otras partes de Europa oriental. El riesgo de contagio era grave y los dirigentes soviéticos eran muy conscientes de ello. Este fue el factor decisivo. En consecuencia, se retractaron de su decisión anterior y, con Jruschov a la cabeza, el 31 de octubre acordaron por unanimidad utilizar en Hungría la fuerza militar a gran escala para «repeler la contrarrevolución».

Ese mismo día entraron en Hungría más unidades militares soviéticas. El 1 de noviembre Nagy anunció que Hungría abandonaba el pacto de Varsovia y proclamó la neutralidad del país. Por la tarde, un avión militar soviético trasladó a Kádár a Moscú. Cuando al cabo de unos días regresó a Budapest, lo hizo al frente de un nuevo «Gobierno Provisional Revolucionario de trabajadores y campesinos» instalado por los soviéticos para aplastar la «reacción fascista» y defender el socialismo. El 4 de noviembre Nagy se refugió en la embajada de Yugoslavia. Entretanto, Jruschov, junto con Malenkov y Mólotov, no tardaron en constatar que otros estados comunistas, incluidos China y Yugoslavia, apoyaban la intervención. Era un buen momento para actuar. Las potencias occidentales estaban oportunamente empantanadas en la crisis de Suez, aunque, al margen de las simpatías que pudieran sentir por los rebeldes húngaros, era evidente que no tenían ninguna intención de arriesgarse a provocar una guerra mundial con una intervención suya en la esfera de influencia soviética. Suez solo era, desde el punto de vista soviético, una afortunada distracción, no tenía un papel determinante en la decisión de aplastar el levantamiento húngaro. Sin embargo, el hecho de que las potencias occidentales estuvieran, como lo expresó Jruschov, «en un buen lío en Egipto» favorecía la decisión de actuar.

El fin llegó rápido. Las tropas soviéticas iniciaron su asalto a Budapest la madrugada del 4 de noviembre de 1956. Esta vez estaban mejor preparadas para la intervención que en octubre. «La calles están plagadas de tanques soviéticos y armas. Han apostado guardias en los cruces de las calles. Hay disparos por todas partes», escribió un periodista francés que estaba en la ciudad. El ejército húngaro no participó; las tropas húngaras fueron recluidas en los cuarteles y desarmadas por las fuerzas soviéticas. Los combates en Budapest y en otras ciudades fueron intensos en los tres días siguientes, pero prácticamente ya habían acabado el 8 de noviembre. En esos tres días las bajas (muertos y heridos) ascendieron a unos veintidós mil húngaros y casi dos mil trescientos soldados soviéticos, un indicio de la escala de la revolución. Las represalias no se hicieron esperar: se detuvo a más de cien mil personas, treinta y cinco mil fueron juzgadas por «actos contrarrevolucionarios», casi veintiséis mil condenadas a penas de cárcel y seiscientas ejecutadas. Se calcula que doscientos mil húngaros huyeron a un largo exilio en el extranjero. El propio Nagy fue engañado para que saliera de la embajada de Yugoslavia con falsas promesas de inmunidad, capturado por las fuerzas de seguridad soviéticas, deportado al principio a Rumanía y posteriormente juzgado y en junio de 1958 ahorcado.

Hubo un precio diplomático que pagar. El prestigio de la Unión Soviética en los países no alineados se resintió, al menos a corto plazo. A muchos comunistas de Europa occidental que hasta entonces habían considerado a la Unión Soviética un faro se les cayeron las vendas de los ojos y abandonaron los partidos comunistas en masa. Nada de esto pesaba mucho para los dirigentes soviéticos cuando lo que estaba en juego era evitar la desintegración del bloque oriental de estados comunistas. La cohesión del bloque soviético se había mantenido, aunque mediante la fuerza de las armas. Ese fue el factor crucial. La demolición de la revolución húngara fue el momento vital que mostró a los posibles disidentes que cualquier tentativa de derribar el poder soviético era inútil. Cualquier acción de este tipo sería aplastada sin piedad.

En Moscú se reconocía que, para impedir que problemas similares a estos reaparecieran, tendrían que cambiar las políticas que durante años habían frenado los niveles de vida en el bloque oriental, así que se corrigió al menos parcialmente el craso desequilibrio entre los gastos de capital y de consumo, y en los años siguientes los niveles de vida aumentaron ligeramente en todo el bloque soviético. No obstante, la trayectoria de los dos países que en 1956 estaban en el centro de la tormenta, Polonia y Hungría, no fue idéntica.

Władisław Gomułka resultó ser una dolorosa decepción para quienes habían soñado que el «octubre polaco» marcaría el comienzo de un socialismo más liberal. Al principio las señales eran prometedoras, y las circunstancias de su acuerdo de compromiso con Jruschov le permitieron cierto margen de maniobra, que inicialmente aprovechó hasta donde pudo sin complicar la situación. Su gobierno era menos rígido y menos represivo que el de su predecesor y al principio disfrutó de mucha más popularidad. Se redujo el tamaño y el poder de la policía de seguridad, aunque en modo alguno hasta el punto de llegar a ser insignificante. Los intelectuales y los estudiantes polacos experimentaron un ambiente más liberal. Se puso freno a la colectivización de la agricultura y se concedió un poco más de libertad a los agricultores para cultivar productos en sus propias parcelas de tierra. También se toleró en otros ámbitos la iniciativa privada limitada. Los salarios subieron, así como el nivel de vida en general, y, muy atinadamente, el régimen polaco adoptó una postura más relajada hacia la Iglesia Católica.

Aun así, Gomułka no era un demócrata. Estaba ansioso por afianzar su propio poder como primer secretario del partido. Y recelaba de los peligros de la libertad de expresión. En cualquier caso, la necesidad de mantener buenas relaciones con Moscú hizo que se impusieran unos límites estrictos a la liberalización. El control de la libertad de expresión en las artes y la literatura volvió a reforzase en 1957; no tardaron en reaparecer las críticas estatales a la Iglesia Católica, aunque sin minar su prestigio en gran parte de la población o su emergencia creciente como una subcultura opositora; y a principios de los años sesenta, cuando fracasó la campaña a favor de la autosuficiencia agrícola y los niveles de vida seguían siendo bajos, mientras que los jefes del partido disfrutaban de lujos ostentosos, aumentó la desilusión con Gomułka y su régimen. No se produjo una vuelta al estalinismo de la década de la posguerra. Se habían introducido mejoras sólidas y duraderas. Pero la coacción seguía siendo la base del régimen, cualquiera que transgrediera los estrechos límites de la crítica admisible la sentía. Por ejemplo, los treinta y cuatro escritores que en 1964 firmaron una carta solicitando una política cultural más liberalizada y una relajación de la censura acabaron encontrándose con la prohibición de publicar o abandonar el país. Y, como de costumbre, las legiones de funcionarios, la policía, los servicios de seguridad y el ejército se mantenían leales gracias a una serie de sobornos. El control del sistema era férreo. La mayoría de las personas se ajustaba a sus exigencias y adaptaba sus vidas en consecuencia. Como en otros lugares, se trataba de tolerancia a aquello que no se podía alterar.

En Hungría, la escala de la insurrección, la brutal represión que la siguió y la determinación de Moscú de mantener un férreo control dejaron al gobierno títere de Kádár pocas posibilidades de llevar a cabo un cambio significativo al principio. No obstante, la necesidad de mejorar las condiciones de vida acabó redundando en beneficio de Kádár. La descentralización de los controles administrativos tanto en la industria como en la agricultura impulsó un aumento de los niveles de producción. El crecimiento económico también se benefició de la exportación de bauxita y uranio. El sistema se estabilizó. Los niveles de vida aumentaron y las mejoras atenuaron el descontento social que solo unos pocos años antes había amenazado con socavar el régimen comunista. A principios de los años sesenta, Kádár pudo poner en marcha una liberalización limitada. Se excarceló a los presos políticos y se decretó una amnistía general. Se relejaron las severas restricciones impuestas a las actividades culturales y a la libertad de expresión, se permitió escuchar la radio occidental, los intelectuales pudieron mantener contactos limitados con Occidente y se refrenó la represión policial. «El comunismo gulash», una expresión que describía el hecho de prestar mayor atención a los bienes de consumo que en el resto del bloque soviético, incluso permitió una limitada economía de mercado (aunque los problemas económicos no tardaron en acumularse). No obstante, el aparato de seguridad se mantuvo bajo el control del partido. Que la tasa anual de suicidios casi se duplicara entre 1955 y 1970 probablemente es indicativa de que la satisfacción en la Hungría de János Kádár no era total. Aun así, Hungría se estaba convirtiendo, para los occidentales, en el rostro menos desagradable del bloque soviético.

Así pues, Polonia y Hungría siguieron caminos un tanto diferentes. En el primer caso, primero se aflojó el sargento para después ir apretándolo paulatinamente; en el segundo, se apretó con fuerza para después aflojarlo un poco. Sin embargo, en ninguno de los dos casos se retiró por completo. Lo que mantuvo unidos a ambos países y al resto del bloque fue que, parafraseando lo que unas décadas antes Friedrich Engels había dicho de la economía, «en última instancia» el poder soviético lo determinaba todo. Es cierto que no hubo un regreso al estalinismo puro que había sido la norma antes de 1953, pero en todas partes persistieron algunas características neoestalinistas.

En realidad, en toda Europa oriental el comunismo había perdido su razón de ser revolucionaria. Al margen de la cínica propaganda sobre la construcción de una sociedad infinitamente superior a la del capitalismo imperialista occidental, la Unión Soviética y sus satélites se habían convertido en meros estados autoritarios conservadores cuyos verdaderos objetivos no iban más allá de mantener el sistema, pero carecían de dinamismo revolucionario o de ambiciones utópicas. Salvo los apparatchiks que se beneficiaban del sistema y, sin duda, una serie de entusiastas y verdaderos creyentes, la mayor parte de la población corriente prosiguió con sus vidas, indiferente o simplemente resignada a unas condiciones políticas en apariencia inalterables. De haber podido elegir, casi con toda seguridad la mayoría habría optado por algo diferente al «socialismo real existente», al que, en última instancia, solo mantenía en vigor la fuerza soviética. La realidad era que no podían escoger. Tal vez el régimen comunista suavizara y modificara de alguna manera los aspectos más severos en consonancia con las exigencias nacionales en los diferentes estados satélite, pero los cambios fundamentales en el sistema eran impensables.

La dominación soviética se enfrentaría a otro gran desafío, en Checoslovaquia en 1968. Aparte de eso, después de 1956 el poder soviético en Europa oriental permanecería intacto y escasamente cuestionado durante más de treinta años.

Capítulo 4 BUENOS TIEMPOS

… No esperes años para darte cuenta de que has vivido en una época extraordinaria, la era del BOOM.

Revista Queen, 15 de septiembre de 1959

La agrupación de las naciones europeas exige que la oposición secular entre Francia y Alemania quede superada, por lo que la acción emprendida debe afectar en primer lugar a Francia y Alemania.

Declaración Schuman, 9 de mayo de 1950

La prosperidad fue el sello distintivo de la nueva era en Europa occidental. Fue posible gracias a unos índices de crecimiento económico sin precedentes que se mantuvieron hasta las ondas expansivas que siguieron a la crisis del petróleo de 1973. La generación nacida hacia el final de la guerra, o durante el baby boom de la posguerra, fue sumamente afortunada. Aunque creció durante los años de la austeridad de la posguerra, en medio de las secuelas tanto físicas como psicológicas de la segunda guerra mundial, no había conocido ni la miseria de la Gran Depresión ni los horrores de la guerra en sí. Pasaron a disfrutar de unas condiciones materiales en una Europa en paz que sus padres y abuelos apenas podrían haber imaginado: la red de seguridad del estado de bienestar; mejores viviendas; puestos de trabajo estables en un período de pleno empleo; más posibilidades de beneficiarse de la educación; y, poco a poco, dinero para gastar en lujos, no solo en artículos de primera necesidad, así como cada vez más oportunidades de viajar a otros países. Podían mirar al futuro con optimismo. Vivían buenos tiempos.

Para los alemanes occidentales fueron los años apenas creíbles del «milagro económico», aunque el «milagro» no se circunscribió ni mucho menos a un único país. Los italianos también consideraban la recuperación económica de la posguerra poco menos que milagrosa; los franceses se referían el período comprendido entre 1946 y 1975 como los «treinta gloriosos» (les trentes glorieuses), aun cuando, salvo en el ámbito económico, algunos de esos años distaron mucho de ser gloriosos; los británicos, a quienes su primer ministro Harold Macmillan aseguró que «nunca había ido tan bien», hablaban de «la sociedad opulenta», aunque, pese a todas las mejoras, la «opulencia» apenas incidía en las condiciones de vida de gran parte de la población británica. Comparadas con lo que estaba por venir, las mejoras materiales en las vidas de las personas todavía eran modestas. En comparación con el pasado, fueron enormes. Es comprensible que se llegara a calificar al período comprendido entre 1950 y 1973 de «edad de oro».

La cosa era distinta en el sur de Europa. Las economías muy restrictivas y prácticamente cerradas de los regímenes autoritarios de España y Portugal, vestigios políticos de antaño, impidieron a estos países beneficiarse en plenitud de los avances materiales que se estaban alcanzando en el noroeste de Europa. En España y Portugal no se registró una mejora notable del nivel de vida, que siguió estando muy por debajo de la media en el norte de Europa, hasta los años sesenta, cuando, con retraso, ambos países tomaron medidas para liberalizar sus economías y España empezó a beneficiarse del turismo internacional. (La cantidad de turistas que visitaron España se multiplicó por ocho entre 1959 y 1973, y el dinero que gastaron por veinte). Grecia, que iba recuperándose poco a poco de la guerra civil y donde, al igual que en España y en Portugal, casi la mitad de la población seguía trabajando en el campo, también se había quedado atrás, aunque en 1973 el crecimiento económico elevado y sostenido trajo consigo cierta modernización y una ligera mejora de las condiciones de vida. Turquía, que se volcó en superar su atraso económico y dependía mucho de las inversiones extranjeras y los préstamos estadounidenses, vio obstaculizados sus progresos por una mala planificación y el rápido aumento del endeudamiento nacional.

Los condicionantes ideológicos de la Unión Soviética y sus satélites en el este y el centro de Europa entorpecieron seriamente el desarrollo que llevó prosperidad y el surgimiento de la sociedad de consumo a las regiones occidentales del continente. Los principios económicos comunistas y la mano dura en la dirección y planificación del estado exigían que la economía se orientara de manera desproporcionada hacia los proyectos de infraestructuras y el gasto militar. En consecuencia, los habitantes de Europa oriental y la URSS se vieron privados de muchas de las rápidas mejoras materiales de las que disfrutaba la población de los países de Europa occidental.

No obstante, incluso aquí (y teniendo muy presente que la pérdida de libertades personales bajo los regímenes represivos no tiene precio), las condiciones de vida, aunque peores que las de Occidente, eran mucho mejores que antes de la guerra, por no mencionar siquiera los horrores y la devastación de la contienda. Aunque no fue la «edad de oro» de la que disfrutó Europa occidental, los economistas consideran que puede calificarse esa época en Europa oriental como al menos una «edad de plata». El nivel de vida mejoró, aunque moderadamente en comparación con el de Europa occidental: la brecha entre ricos y pobres se redujo de forma notable; el bienestar social (distinto al de Occidente) trajo consigo un nivel de seguridad desconocido para la mayor parte de la población antes de la guerra; se facilitó alojamiento (aunque a menudo de una calidad entre mediocre y mala, y asignado, no elegido); existía pleno empleo (con nulas o escasas opciones de elegir el lugar y el tipo de trabajo); y había oportunidades educativas (con un contenido muy limitado y promovidas por la rectitud ideológica y el clientelismo político). Para la mayoría de las personas en Occidente, no había nada que envidiar a un estilo de vida determinado casi por completo por las demandas de la economía dirigida. Los más jóvenes de Europa oriental lo toleraban también porque no tenían más elección y en muchos casos con una insatisfacción cada vez mayor. No obstante, buena parte de los miembros de la generación más mayor reconocían que, con todos sus fallos evidentes y sus incalculables limitaciones, la vida bajo los regímenes comunistas suponía, en un sentido puramente material, una mejora con respecto a la que habían conocido antaño.

Si se consideran en comparación con la situación anterior en lugar de con lo que vendría después, fueron unos «buenos tiempos» sin precedentes para gran parte de la población europea. Detrás de los grandes cambios en la vida material que se aceleraron en los años cincuenta y sesenta se hallaban los extraordinarios índices de crecimiento económico, que, como es comprensible, quienes antes solo habían conocido la miseria y la pobreza veían como un «milagro».

EL «MILAGRO ECONÓMICO»

El asombroso aumento de la prosperidad en Europa occidental no puede atribuirse en general al talento de los dirigentes políticos para la gestión económica, y en cualquier caso la política económica variaba de un país a otro. En realidad, el extraordinario crecimiento de la economía durante la posguerra fue global, se beneficiaron de él todas las regiones del mundo (también el bloque soviético de Europa oriental), aunque unas más que otras. El crecimiento de Japón superó al de cualquier lugar de Europa; Estados Unidos y Canadá también registraron altos niveles de crecimiento, aunque ligeramente más bajos que los europeos. El excepcional crecimiento económico permitió a Europa recuperar hasta cierto punto el terreno que durante los desastrosos decenios precedentes había perdido con respecto a Estados Unidos. La participación de Europa en el comercio mundial aumentó. En 1963, Francia, Alemania Occidental, Italia y el Reino Unido representaban casi dos quintas partes de las exportaciones mundiales de productos manufacturados y Estados Unidos, menos de una quinta parte. Europa y el resto del Occidente industrializado pudieron beneficiarse además de la caída del costo de las importaciones de alimentos y materias primas de los países en vías de desarrollo, al tiempo que el precio de los productos manufacturados que exportaban continuó aumentando.

El extraordinario crecimiento económico se debió a las circunstancias únicas que siguieron a la guerra mundial y provocó un círculo virtuoso que fomentó la prosperidad y las ventajas sociales. El crecimiento fue en parte una recuperación empresarial natural del terreno perdido durante las dos guerras mundiales y la Gran Depresión, pero no fue una recuperación «normal», un ciclo económico convencional. Los factores que ayudan a explicarlo son numerosos. La liberación de la demanda acumulada, las enormes reservas de mano de obra barata y, sobre todo, los enormes avances tecnológicos conseguidos durante la guerra que podían utilizarse con fines civiles fueron las principales razones del crecimiento explosivo. La reconstrucción de los pueblos y las ciudades en ruinas impulsó el crecimiento y, en general, allí donde se realizaron grandes inversiones en tecnología y mano de obra en el decisivo sector industrial, por ejemplo en Alemania Occidental, se registraron altas tasas de crecimiento económico. Allí las inversiones en el sector manufacturero fueron escasas, como en Gran Bretaña, los índices de crecimiento se mantuvieron obstinadamente bajos. Las inversiones, muchas de ellas al principio procedentes de gasto público en grandes proyectos de infraestructuras, generaron crecimiento, que fomentó la confianza, dio lugar a nuevas inversiones y creó una espiral de crecimiento positiva. El papel del estado constituyó un elemento importante, sobre todo en las etapas iniciales de la recuperación económica, ya que las lecciones de la Gran Depresión y la aplicación de la economía keynesiana constituyeron un importante estímulo económico. En general, se consideraba que los sectores público y privado de la economía, en lugar de estar enfrentados, interactuaban entre ellos.

Un factor determinante del crecimiento sostenido fue la enorme expansión del comercio internacional. En términos de valor, entre 1953 y 1963 las exportaciones mundiales se duplicaron y en el decenio siguiente se triplicaron con creces, y el crecimiento fue especialmente pronunciado en el caso de los productos manufacturados. En Europa occidental este crecimiento se vio impulsado en la etapa inicial por la liberalización del comercio que acompañó a la adopción del Plan Marshall y por la recuperación de los mercados internacionales. La supresión del control de precios y de otras restricciones comerciales de los primeros años de la posguerra y la estabilización de las monedas, cosa que permitió funcionar a la economía de mercado (aunque con los peores efectos del libre mercado mediados por la planificación y la intervención estatal), permitió que los países de Europa occidental, con Alemania a la cabeza, empezaran a exportar y ampliaran sus mercados en el extranjero. El comercio exterior creció a una asombrosa tasa anual del 16 % entre 1948 y 1962, y durante los años cincuenta los países de Europa occidental continental exportaron entre ellos cada vez más, sobre todo tras la creación mediante el tratado de Roma en 1957 de la Comunidad Económica Europea, multiplicando de este modo por más de dos el comercio intraeuropeo a finales de la década.

Las elevadas tasas de crecimiento que duraron, con solo interrupciones menores y breves, hasta finales de los años sesenta (cuando se atenuaron a medida que las condiciones económicas empezaron a cambiar, antes del fuerte y repentino aumento del crudo impuesto a Occidente por los países árabes productores de petróleo tras la guerra árabe-israelí de 1973) no solo fueron extraordinarias, sino también únicas en la historia. Fue un período absolutamente excepcional en el desarrollo del capitalismo. El afán por maximizar los beneficios no fue a expensas del bienestar de la sociedad en los países de Europa occidental (aunque se valió del bajo precio de las materias primas en los países en vías de desarrollo). Los elevados índices de crecimiento sostenido permitieron que los beneficios aumentaran considerablemente (posibilitando mayores inversiones) mientras los salarios y los sueldos podían subir en términos reales, mejorando los niveles de vida. Al mismo tiempo, los gobiernos pudieron beneficiarse del pleno empleo generado como consecuencia de unas tasas de crecimiento tan elevadas para obtener ingresos fiscales adicionales y financiar programas de bienestar social. Y el crecimiento fue general, afectando a diversos tipos de estructuras políticas y económicas. En ese período las economías de Europa occidental crecieron un promedio del 4,7 % anual, más del doble que la tasa de crecimiento promedio (del 2,2 %) desde 1820. Los países del sur de Europa (Grecia, España, Portugal y Turquía) crecieron, si bien desde una base baja, a un ritmo aún mayor (una media del 6,3 % anual), mientras que en las economías planificadas de Europa oriental y la Unión Soviética las tasas medias de crecimiento del producto interior bruto per cápita fueron apenas un poco inferiores a las de la Europa occidental capitalista, y en realidad la mejoría de la tasa histórica de crecimiento más modesta fue mayor, aunque partían de una base baja, lo que dejaba margen para lo que los economistas denominan «ponerse al día».

Obviamente, el crecimiento no se distribuyó de forma uniforme. En Europa occidental, fue mayor en Alemania Occidental (un promedio de aproximadamente el 5 % anual), cuyo «milagro económico» fue crucial para su resurgimiento más allá de sus propias fronteras, así como en la vecina Austria y en Italia (sobre todo en el norte). Fue menor, solo un 2,5 % anual, en el Reino Unido, mientras que en Irlanda, pese a triplicar su tasa media de crecimiento a largo plazo, fue solo ligeramente superior y siguió siendo una economía atrasada. En el sur de Europa, Turquía iba por detrás de Grecia y la península Ibérica, mientras que Bulgaria, Rumanía y Yugoslavia fueron las economías de Europa oriental que obtuvieron mejores resultados (aunque los puntos de partida también eran bajos).

Como ya se ha mencionado, en el bloque soviético el crecimiento se concentró en la industria pesada, donde la producción se disparó sin que se tradujera en la considerable mejora de los niveles de vida impulsada por el crecimiento económico en Occidente. Los países del otro lado del Telón de Acero, en buena medida excluidos del floreciente comercio internacional, no experimentaron un auge del consumo. No obstante, para la gran mayoría de la población las condiciones de vida empezaron a mejorar ligeramente a partir de mediados de los años cincuenta. Entre 1953 y 1960, la construcción de viviendas nuevas se multiplicó casi por tres en la Unión Soviética en un intento de paliar la escasez crónica de alojamiento y el grave hacinamiento, sobre todo en las ciudades. La situación era algo mejor en los satélites de Europa oriental, aunque en todo el bloque soviético la vivienda estaba muy por debajo de los niveles en Europa occidental.

En todas partes, el crecimiento fue más espectacular en el sector industrial que en el agrícola, pero en este período de prosperidad duradera también la agricultura experimentó una transformación. Al principio la productividad agrícola fue por lo general mucho más baja que la productividad en la industria, pero en los años cincuenta y sesenta el gran éxodo de mano de obra del campo en todo el continente para lograr mayores ingresos en la industria impulsó la mecanización, los métodos agrícolas más intensivos y los cultivos de alto rendimiento, innovaciones que generaron un repentino aumento de la productividad. Europa estaba produciendo mayores cantidades de alimentos con menos superficie cultivada y una mano de obra agrícola más reducida.

Necesitaba hacerlo para alimentar a una población en aumento, que se concentraba cada vez más en las ciudades y en los pueblos grandes. Los temores enfermizos por el descenso de la población antes de la guerra parecían un mal sueño cuando después de la guerra Europa experimentó un «boom de la natalidad», otro aspecto de la «puesta al día», una reacción al descenso de la natalidad durante un período de guerra y depresión económica. En Francia, donde el descenso de la población parecía irreversible, en las décadas de la posguerra se produjo un aumento de casi el 30 %, y también en otros países europeos, tanto del este como del oeste, se registraron grandes aumentos. Las excepciones a ello fueron los países más pobres, como Grecia, Portugal e Irlanda, que sufrieron una pérdida de población cuando muchos trabajadores, sobre todo del medio rural, buscaron empleos y mejores salarios en la pujante industria de otros países. Hasta mediados de los años cincuenta, en la mitad occidental más próspera del continente las tasas de natalidad aumentaron, invirtiendo la tendencia a la baja de antes de la guerra, pero en gran parte del sur y del este más pobres de Europa cayeron, mientras que las tasas de mortalidad infantil disminuyeron considerablemente en casi todos los países de Europa tanto Occidental como Oriental.

El éxodo desde el campo, ya generalizado antes de la guerra, se aceleró. En vísperas de la contienda, más de una tercera parte de la población de Europa occidental todavía trabajaba en la agricultura y en actividades relacionadas con ella, y en el este y el sur de Europa era a menudo más de la mitad. Solo en Gran Bretaña y Bélgica era insignificante el porcentaje de la población que en esa época se dedicaba principalmente a la agricultura. Durante los años cincuenta y sesenta, esto cambió drásticamente. En Italia, por ejemplo, entre 1950 y 1973 se registró una caída del empleo en el sector agrícola del 41 % al 17,4 %, y en Francia del 33 % al 12,2 %. En todo el continente se observaron descensos similares o incluso más espectaculares. A medida que se vaciaban las zonas rurales, se intensificaba la urbanización y el tamaño de las ciudades aumentó en casi todas partes, pero sobre todo en las regiones de Europa antes relativamente subdesarrolladas y periféricas. Belgrado, por ejemplo, en las primeras décadas de la posguerra multiplicó por más de cuatro su población; la población de Kiev se triplicó; la de Estambul, Sofía, Bucarest y Varsovia duplicaron su población, mientras que la población de Leningrado aumentó de 2,9 a 4,3 millones de habitantes y la de Moscú de 5,3 a 7,6 millones durante ese período. En Europa en su conjunto, en 1970 el 58 % de la población vivía en ciudades con más de 750 000 habitantes, frente al 45 % que se había registrado en 1950, con los mayores incrementos porcentuales durante ese período en el sur y el este de Europa.

Al igual que el imán de las regiones industriales atraía a mano de obra de las zonas rurales, hubo un incremento enorme, en comparación con el período anterior a la guerra, de los desplazamientos transfronterizos de trabajadores. En los años inmediatamente posteriores a la guerra, la mayor parte de las migraciones fueron por motivos políticos. La guerra había creado unos cuarenta millones de refugiados y derivado en una enorme limpieza étnica en Europa oriental. Millones de alemanes, el blanco principal de las expulsiones de Polonia, Checoslovaquia, Rumanía y otros países, se dirigieron al oeste; se calcula que entre 1945 y 1950 fueron expulsados 12,3 millones de alemanes, lo que representa casi una quinta parte de la población de Alemania Occidental en ese momento. A partir de entonces, la atracción del empleo y sus recompensas materiales en las pujantes economías de Europa occidental fueron el elemento fundamental de la migración.

Hasta que la construcción en 1961 del Muro de Berlín cerró la última puerta de salida a través del Telón de Acero, Alemania Occidental pudo beneficiarse del gran éxodo de trabajadores desde su vecino oriental, una migración que fue muy perjudicial para la economía de Alemania Oriental. A partir de 1961 empezaron a ser necesarias otras fuentes de mano de obra, y a principios de los años sesenta, en el momento culminante del boom económico, más de trescientos mil migrantes se desplazaban cada año a Alemania Occidental y una cifra similar a Francia. Italia, España, Portugal, Grecia e Irlanda eran los países con mayor número de emigrantes en busca de trabajo y de mejores condiciones de vida, aunque Turquía, Yugoslavia y el norte de África, en particular Argelia y Marruecos, no tardarían en convertirse en importantes fuentes de mano de obra barata. En 1973, en torno a 7,5 millones de migrantes trabajaban en Europa occidental, 2,5 millones en Alemania Occidental y 2,3 millones en Francia, pese a que pocos de ellos se encontraron con una acogida calurosa a su llegada. Muchos, si no la mayoría, se enfrentaron a privaciones y algún tipo de discriminación. Los «trabajadores invitados», como los llamaban en Alemania Occidental, eran supuestamente meros trabajadores temporales y no se les concedían los derechos de ciudadanía. A los ancianos alemanes como Franz Göll, un pensionista de clase media baja de Berlín Oeste, los turcos y los yugoslavos que veían «que ocupan los empleos mal pagados que los trabajadores alemanes ya no aceptan» les recordaban a menudo a los mismos «trabajadores invitados» a los que durante la guerra habían mirado con cierta animosidad. Los propios «trabajadores invitados» preveían que al final regresarían a sus países de origen y enviaban a sus casas buena parte de sus ingresos para mantener a las familias de las que se habían separado para trabajar en el extranjero, aportando de este modo e indirectamente unas divisas extranjeras muy necesarias en los países más pobres que habían dejado atrás.

Gran Bretaña tomó un rumbo diferente, contratando mano de obra barata y no cualificada en sus antiguos territorios coloniales de la Commonwealth. A diferencia de los «trabajadores invitados» de Alemania Occidental, que se esperaba que acabaran abandonando el país, los ciudadanos de la Commonwealth tenían derecho a la residencia permanente y a acceder a la ciudadanía británica, un factor que empezó a convertir la inmigración en un asunto político importante. A principios de los años cincuenta la cifra de inmigrantes era mínima. Entre 1948 y 1953 solo llegaron 28 000 personas, la mitad de ellas procedentes de las Antillas, y el total anual más elevado en los años cincuenta fue de 46 850 en 1956; de hecho, en esa época eran más las personas que se marchaban de Gran Bretaña que las que entraban, sobre todo para instalarse en los antiguos dominios blancos de Australia, Nueva Zelanda y Canadá. A principios de los años cincuenta, más de cincuenta mil británicos partían cada año a Australia; ochenta mil en 1965. En 1959, el número de inmigrantes ascendió a 21 600 (unos dieciséis mil procedentes del Caribe y poco más de tres mil del subcontinente indio, una cifra que aumentaría considerablemente en los años sesenta). Después, la inmigración aumentó de forma notable a 136 400 personas en 1961 y, por término medio, durante los años sesenta unos 75 000 inmigrantes de la nueva Commonwealth entraron cada año en Gran Bretaña, una afluencia de inmigrantes mucho menor que la de, por ejemplo, Francia y Alemania Occidental.

Los inmigrantes, animados a viajar a Gran Bretaña para satisfacer las necesidades de una economía en expansión, solo constituían una pequeña parte de la población total, pues en 1961 la población nacida en el extranjero que residía en el Reino Unido ascendía a unos 2,5 millones de personas. Francia, Bélgica y Suiza tenían un porcentaje sustancialmente superior de residentes nacidos en el extranjero entre su población, la mayoría de ellos europeos, no del exterior, aunque la cifra de argelinos que vivían en Francia casi se había duplicado hasta unos setecientos mil entre 1952 y 1975. En 1962, el gobierno británico, cada vez más presionado para que actuara tras la llegada en los últimos dieciocho meses de unos doscientos treinta mil inmigrantes de las antiguas colonias británicas, promulgó la Ley de Inmigración de la Commonwealth para limitar el número de personas que podían establecerse en Gran Bretaña, a la que en los años siguientes siguieron medidas aún más restrictivas.

La realidad objetiva sobre los niveles de inmigración contradecía algunos prejuicios raciales arraigados. La creciente hostilidad hacia los inmigrantes de la Commonwealth, más común en las regiones industriales del noroeste de Inglaterra, las Midlands y Londres con sus alrededores, estuvo dirigida en particular contra los inmigrantes no blancos, una clara muestra de racismo. En agosto de 1958 se produjeron graves disturbios raciales en Nottingham y en el barrio londinense de Notting Hill, donde durante varias noches entre el 29 de agosto y el 5 de septiembre de 1958 centenares de jóvenes blancos atacaron las viviendas de inmigrantes antillanos. Seis años más tarde, Smethwick, que forma parte de la conurbación de Birmingham, en las Midlands, se hizo tristemente célebre en las elecciones generales de 1964 debido a una vergonzosa campaña racista dirigida por el candidato conservador Peter Griffiths. El escaño lo habían ocupado los laboristas, pero la clase obrera blanca del distrito estaba muy afectada por el cierre de las fábricas y la escasez de vivienda, y la minoría sij se enfrentó a un racismo cruel cuando grupos de extrema derecha explotaron el resentimiento económico y social. Griffiths ocupó el asiento por el Partido Conservador, aunque posteriormente el primer ministro laborista Harold Wilson le calificó de «un leproso parlamentario». En las elecciones de 1966 los laboristas recuperaron el escaño, pero mientras tanto el ayuntamiento aplicó abiertamente una política de vivienda basada en la discriminación racial.

El racismo volvió a convertirse en un foco de tensión en 1968, en un episodio protagonizado por el entonces portavoz de la oposición en materia de defensa, Enoch Powell, un conservador con opiniones extraordinariamente dogmáticas que había sido un brillante académico especializado en la cultura clásica y en 1934, con solo veintidós años, había obtenido una beca de investigación en el Trinity College de Cambridge. Era un nacionalista inglés e imperialista anacrónico con fama de ser un político inconformista, y abordó la cuestión de la inmigración de forma muy emotiva y provocadora: el 20 de abril de 1968, en una reunión en Birmingham de la Asociación Conservadora, pronunció un discurso sobre la Ley de Relaciones Raciales del gobierno laborista de ese año, cuyo objeto era prohibir la discriminación racial en la vivienda. Powell, famoso por sus florituras retóricas, mencionó la posibilidad de que en los años próximos estallaran conflictos raciales violentos, se refirió a los «negritos sonrientes» y, como especialista en la cultura clásica, pensaba en el futuro de Inglaterra cuando citó una alusión del poeta Virgilio al río Tíber de Roma «espumando sangre». Fue destituido enseguida de su puesto en el gobierno en la sombra conservador y su carrera política nunca se recuperó, pero un sondeo de opinión realizado poco después señalaba que tres cuartas partes de la población británica estaban de acuerdo con Powell y los estibadores de Londres incluso marcharon hasta el Parlamento para exigir su restitución en el Gabinete en la sombra. Es evidente que los prejuicios raciales, si bien condenados oficialmente, continuaron existiendo, pero, en cuanto a su expresión externa, políticamente pasaron a ser patrimonio de los movimientos extremistas racistas y neofascistas que amenazaban a quienes se cruzaban en su camino, pero contaban con pocos seguidores y se enfrentaban a la enérgica oposición tanto de grupos antifascistas organizados como de políticos de todos los partidos mayoritarios. El clima de agitación que Powell había propiciado no tardó en amainar, favorecido por el descenso de la inmigración desde la nueva Commonwealth, ya en curso cuando pronunció el discurso de los «ríos de sangre», a raíz de la legislación sobre las relaciones raciales del gobierno laborista.

Para entonces, Gran Bretaña, que había entrado en la década de los años cincuenta siendo la primera economía de Europa (pese a toda la austeridad y todo el endeudamiento nacional de la posguerra), ya había emprendido el camino hacia la reputación poco envidiable que se labraría en los años setenta de ser el «enfermo de Europa» por sus malos resultados económicos. Los niveles de crecimiento de Gran Bretaña en las décadas posteriores a la guerra habían sido mediocres en comparación con los de otros países, aunque en realidad eran más de dos veces superiores a las tasas de crecimiento del país en pleno apogeo de la supremacía industrial de Gran Bretaña en el siglo XIX. Gran Bretaña estaba cada vez más expuesta al potencial económico del grupo de seis países (Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo), que en 1957 habían constituido la Comunidad Económica Europea (CEE), que no tardaría en ampliarse.

Se daba la paradoja de que los índices de crecimiento relativamente débiles de Gran Bretaña fueron en parte consecuencia del triunfo del país en la guerra. Quizá no sorprenda que en los países donde los daños causados por la guerra habían sido enormes (Alemania, Austria, Italia y, fuera de Europa, Japón) y donde, por consiguiente, existía una necesidad acuciante de realizar reparaciones de las infraestructuras a gran escala se registraran tasas de crecimiento especialmente elevadas, pero, en comparación con la mayor parte de la Europa continental, en Gran Bretaña la guerra había causado mucha menos destrucción física y sus estructuras económicas y también políticas habían quedado casi intactas y salió de ella todavía en posesión, aunque por poco tiempo, de su imperio colonial, llamado desde 1931 la «Commonwealth». No solo retuvo su condición residual de potencia mundial (aunque en la realidad muy menoscabada) y siguió manteniendo un nivel relativamente alto de gasto militar, sino que sus élites económicas se sentían seguras de la continuidad de su preeminencia. Pero, además de las gigantescas deudas del país (que solo serían amortizadas décadas más tarde), la victoria en la guerra había dejado unos métodos de producción anticuados, una gestión complaciente poco dispuesta a arriesgar a innovar y una diversidad de sindicatos que resultaron ser cada vez más un obstáculo para la eficiencia económica. El factor decisivo era que Gran Bretaña invertía menos que sus principales competidores. Las relaciones laborales del país, con una tradición de autoritarismo empresarial y militancia sindical, no favorecían la implantación de los métodos de producción innovadores necesarios en mercados cada vez más competitivos, y el resultado fue una caída constante de las exportaciones británicas. El contraste entre el declive de Gran Bretaña y el ascenso de Alemania Occidental (perdedora en la guerra y ganadora en cuanto a niveles de crecimiento económico en la posguerra) era enorme.

En Alemania Occidental, el paradigma del «milagro económico», el esfuerzo de reconstrucción del país, estuvo acompañado de un intento de evitar el conflicto entre jefes y empleados. El nazismo, la guerra y la afluencia de mano de obra barata durante la posguerra no solo habían cambiado las estructuras, sino también las mentalidades de la lucha de clases previas a la guerra. Durante el Tercer Reich el Frente Alemán del Trabajo había sustituido a los sindicatos independientes, destruidos brutalmente por un único y enorme conglomerado nazificado que había impuesto una pseudosolidaridad en el lugar de trabajo, dorando la píldora de la coacción con la mejora de las instalaciones de recreo y de la situación de los trabajadores dentro de la «comunidad del pueblo». La destrucción y la inexistencia durante doce años de un verdadero sindicalismo sentaron las bases, aunque a un coste humano y político desmesurado, de un nuevo comienzo en las relaciones laborales después de la guerra. La necesidad urgente de reconstruir el país en ruinas había estimulado una unidad en el entorno laboral mayor de la que jamás había logrado la propaganda nazi. Además, la propia mano de obra había cambiado por completo como consecuencia de las bajas durante la guerra y de la masiva afluencia de refugiados y expulsados. Había surgido una mano de obra más individualista y dócil, en general satisfecha con el aumento de los salarios, la mejora de las condiciones de vida y el empleo estable en una economía en expansión. Los sindicatos fueron reconstituidos siguiendo criterios más racionales que la miríada de recalcitrantes sindicatos profesionales de Gran Bretaña. Siguiendo el ejemplo de la República de Weimar, los consejos obreros dieron voz a los trabajadores en las relaciones laborales y una disposición jurídica de 1951 obligó a los consejos de administración de las grandes empresas a incluir a los trabajadores en la coparticipación (Mitbestimmung) de las decisiones empresariales. Los economistas consideran que la mejora de las relaciones laborales y la inversión en formación profesional para crear una mano de obra cualificada contribuyeron sustancialmente a acrecentar la brecha en los resultados económicos entre Alemania Occidental y Gran Bretaña.

El declive relativo de Gran Bretaña fue también consecuencia de los juicios políticos moldeados en gran medida por la tradición imperialista del país, su antigua primacía económica y su preferencia por el atlantismo y la Commonwealth en lugar de por los vínculos continentales. Cuando se adoptaron las primeras medidas para fomentar la cooperación económica, mientras el continente en ruinas intentaba recuperarse de la devastación de la guerra, el apoyo de Gran Bretaña a otros países estuvo acompañado de la determinación de mantenerse al margen. Pese a la austeridad de la posguerra, las consideraciones económicas, además de las prioridades políticas, fueron las que inclinaron a los responsables políticos británicos a mantener la distancia. La producción de acero y carbón en los primeros años de la posguerra, por ejemplo, superó por mucho a la de cualquier otro país europeo, así que el distanciamiento en lugar de participar en la cooperación europea parecía sensato.

El apego de Gran Bretaña a la Commonwealth, que en 1956 atraía tres cuartas partes de las exportaciones del país, la distanciaba de la Europa continental pero la dejaba anclada a mercados a la baja. A mediados de los años sesenta, solo una cuarta parte del comercio total del Reino Unido fue con la Commonwealth, mientras sus diferentes miembros entablaban relaciones más estrechas con otras partes de Europa, con Japón y con Estados Unidos. Sin embargo, Gran Bretaña no fue capaz de beneficiarse plenamente de la expansión del comercio intraeuropeo. Para cuando Gran Bretaña, lenta en liberalizar su comercio exterior y su economía, que por entonces era cada vez menos competitiva, comprendió las desventajas de la vía que había emprendido y decidió que, después de todo, le convenía más pertenecer a la CEE, ya había perdido el tren.

Esta tendencia ininterrumpida de crecimiento económico mostró los primeros síntomas de estancamiento a mediados de los años sesenta. La tendencia no era uniforme y las economías nacionales se comportaron de maneras diversas. Italia, por ejemplo, no sufrió un estancamiento económico, pues el auge de las exportaciones y el alza del turismo contribuyeron a dar continuidad al «milagro económico» italiano, pero en muchas otras partes de Europa occidental los indicadores de que existían problemas eran claros. La escasez de mano de obra, la inflación salarial y el alza de los precios empezaron a ensombrecer el panorama. Durante los años cincuenta los salarios habían subido mucho y más deprisa que los precios, debido sobre todo al crecimiento de la productividad laboral, pero a principios de los años sesenta los precios, que se habían mantenido relativamente estables y solo habían subido ligeramente en la década anterior, aumentaron un promedio de cerca del 20 % en Europa occidental.

La demanda de mano de obra en economías con pleno empleo era elevada. Los sindicatos, que en las décadas posteriores a la guerra consiguieron un número máximo de afiliaciones, podían demostrar su fuerza, así que los conflictos laborales se volvieron más habituales: Dinamarca, Suecia, Bélgica, Francia y, crónicamente, Gran Bretaña llegaron a tener problemas con la militancia sindical. En muchos casos el deterioro de las relaciones laborales siguió o acompañó a los intentos de los gobiernos para contener las tensiones inflacionistas de las economías sobrecalentadas. En Alemania Occidental, el motor de la recuperación económica de Europa, después de 1962 el crecimiento se desaceleró pero, preocupada por la inflación, restringió el crédito y ajustó el mercado laboral, medidas que contribuyeron a provocar en 1966-1967 una grave recesión, aunque temporal. Suiza, Suecia y Dinamarca figuraron entre los países europeos que aplicaron medidas para frenar el aumento de la inflación y el sobrecalentamiento de las economías. Francia había tomado medidas restrictivas en 1964, que provocaron una recesión temporal antes de una nueva expansión en 1965-1966.

En toda Europa occidental, la recesión económica de mediados de los años sesenta fue un interludio pasajero, más que una ruptura fundamental del modelo de crecimiento que había existido desde 1948, pero fue un presagio de los años más turbulentos de finales de la década de los sesenta, hasta que el comienzo de la crisis petrolera de 1973 puso bruscamente fin al gran boom de la posguerra.

El «milagro económico» había generado incalculables beneficios para la población de Europa occidental y mejoras, también, en las regiones meridional y oriental del continente. Las encuestas mostraban que a principios de los años setenta la población en general se sentía más satisfecha, feliz y optimista que en los años cincuenta. Aun así, los elevados índices de crecimiento económico tuvieron un inconveniente duradero que en esos años mucha gente no supo ver. Se consiguieron a expensas del medio ambiente, que había sufrido daños irreparables, como había ocurrido desde la revolución industrial, debido al esfuerzo por mejorar la productividad y, sobre todo, por el enorme crecimiento de la producción industrial. En ese momento, solo una pequeña minoría prestaba atención a los daños a largo plazo que estaba causando. La «edad de oro», aunque trajo consigo grandes mejoras de los niveles de vida de los europeos, fue responsable de un grave empeoramiento de los daños medioambientales. El rápido y creciente uso de pesticidas y otros productos químicos en la agricultura más intensiva mejoró enormemente el rendimiento de los cultivos, pero causo daños al medio ambiente que solo poco a poco llegarían tener un reconocimiento generalizado. El enorme aumento del consumo de energía desde los años cincuenta en adelante reflejaba la creciente prosperidad, por ejemplo en la propiedad de automóviles y en las mayores oportunidades de viajar, pero también dio lugar a nuevos récords de las nocivas emisiones de carbono (que en Alemania, por ejemplo, se duplicaron entre 1948 y 1957), causando daños cuya magnitud solo se volvería evidente para las generaciones posteriores. No fue sino hasta los años setenta que el medio ambiente se convirtió en un asunto político importante, e incluso entonces tuvo dificultades para despertar el interés de la mayoría de la población.

EL ESTADO DE BIENESTAR

El creciente flujo de ingresos a los gobiernos que permitió a los estados gastar sumas muy superiores en protección social formó también parte del círculo virtuoso de crecimiento. Con la recuperación del pleno empleo y la gran expansión del gasto de los consumidores los ingresos fiscales aumentaron a un ritmo sin precedentes y en los años sesenta en Europa occidental los presupuestos estatales fueron hasta veinte veces más elevados de lo que habían sido en 1950. En consecuencia, los gobiernos estaban en condiciones de destinar a programas de bienestar mucho más que nunca. La protección social y el pleno empleo habían sido las necesidades más apremiantes de una sociedad nueva, una lección evidente de la Gran Depresión y reconocida por todos los gobiernos de la posguerra. En las décadas posteriores a la guerra, todos los partidos políticos convenían en que era necesario ampliar la protección social y el extraordinario crecimiento económico permitió cumplir ambos objetivos, en el Este con regímenes comunistas que crearon a la fuerza sociedades más equitativas que nunca (aunque a un coste político elevado), y una protección social muy ampliada por el estado, y en Europa occidental con el capitalismo liberal, que también redujo las desigualdades sociales (si bien mucho menos que en el Este) y combinó las fuerzas del mercado con las diferentes formas de estado de bienestar.

Los avances en la seguridad social antes de la guerra habían generado muchas diferencias. Escandinavia, Alemania y Gran Bretaña fueron los países que hicieron más progresos, mediante regímenes de seguridad social, pero seguían siendo limitados, mientras que en la mayoría de los países europeos grandes sectores de la población tenían unos seguros mínimos (o ninguno) de accidentes laborales, desempleo y enfermedad, y pocas pensiones de jubilación o ninguna. La guerra había agudizado enormemente la necesidad de que el estado satisficiera las necesidades de las viudas, los huérfanos, los refugiados y, al principio, un número todavía grande de desempleados. Por tanto, existía una necesidad de desarrollar sistemas de seguridad social mucho más completos y esto se combinaba con la creencia generalizada en la necesidad de mejorar de forma drástica la protección social y el impulso en todos los países para crear una sociedad mejor y más equitativa. No se trataba de altruismo: se reconocía ampliamente que en una economía moderna el estado de bienestar era esencial para garantizar una mano de obra eficaz.

El Plan Beveridge, que constituía la base de las profundas reformas de la seguridad social emprendidas por el gobierno laborista en Gran Bretaña, fue muy admirado más allá de las costas británicas. Suecia también atraía la atención internacional por su ampliación del sistema nacional de seguridad social llevado a cabo con éxito en los años treinta, basada en los principios de igualdad. En 1946 Suecia había introducido una pensión estatal del mismo nivel para todos, la asignación por hijo al año siguiente y empezó a avanzar hacia un sistema uniforme de educación universal en 1950. En los años siguientes, casi todos los países de Europa occidental establecieron planes nacionales que, aunque variaban en los pormenores, estaban orientados todos ellos a ofrecer un amplio marco de seguridad social a sus ciudadanos que garantizara el bienestar material básico a todos los ciudadanos sin distinción. Para 1960, la mayoría de los países gastaba entre el 10 % y 20 % del producto interior bruto en prestaciones sociales, excepto Portugal y España, dos países autoritarios, que dedicaban menos del 5 %.

Básicamente, las personas contribuían de forma directa con sus ingresos a fondos de previsión administrados por el estado o a través de los impuestos, recibiendo las prestaciones correspondientes a sus cotizaciones. Con estos regímenes quedaban legalmente protegidos frente a las peores penalidades del desempleo, la invalidez causada por accidentes laborales o la pobreza en la vejez, mientras que la protección de la infancia se financiaba con las prestaciones familiares. En 1970, la inmensa mayoría de los ciudadanos de Europa occidental estaba cubierta por planes de seguros médicos y de pensiones. El principio de que los ancianos, los jóvenes, los enfermos y los discapacitados pudieran contar con una red de seguridad social financiada mediante las aportaciones de la población activa fue fundamental no solo para satisfacer las necesidades de las personas más vulnerables, sino también para establecer el marco de una sociedad en la que los fuertes ayudaban a los débiles. Los avances en la década previa a la guerra fueron enormes. En 1957, Bélgica gastó doce veces más per cápita en seguridad social que en 1930, Italia once veces más, Francia ocho veces y Holanda cinco veces. Incluso aquellos países que ya en los años treinta habían gastado mucho en seguridad destinaban ahora más fondos todavía: Suecia seis veces más, Suiza cuatro veces más, Alemania dos veces y media más y el Reino Unido, el que más gastó en 1930, una tercera parte más. Por consiguiente, el estado de bienestar se convirtió en todas partes en una importante y creciente parte del gasto estatal. Mientras prosiguió el crecimiento económico, se mantuvieron los ingresos de los impuestos y las expectativas de seguridad social siguieron siendo relativamente modestas, en Europa occidental el estado de bienestar pudo prosperar como el culmen de la sociedad de posguerra.

Al otro lado del Telón de Acero, los sistemas de seguridad social, que antes de la guerra eran parecidos pero menos desarrollados que los de Europa occidental, estaban ahora determinados por la ideología comunista, aunque en la práctica nunca se unificaron del todo. El estado controlaba por completo la protección social y, a diferencia de lo que ocurría en Europa occidental, no había lugar para los seguros privados o las instituciones benéficas, y las prestaciones para la población activa fueron el criterio decisivo. El pleno empleo era considerado un axioma del bienestar. No había seguro de desempleo porque, oficialmente, el desempleo no existía. Las personas a las que se consideraba improductivas (pensionistas, discapacitados, amas de casa) tenían niveles de apoyo más bajos que las que trabajaban y también quienes no tenían un empleo en una empresa estatal estaban en situación de desventaja. El principio de igualdad era menoscabado en la práctica por los beneficios más altos que se pagaban a un elevadísimo número de burócratas y a una élite política corrupta. Aun así, si se comparaba con las grandes desigualdades y la pobreza extrema en Europa oriental antes de la guerra, los sistemas comunistas de la posguerra, por muy autoritarios que fueran el control estatal y las restricciones de libertades personales, consiguieron mejorar la asistencia social de la gran mayoría de la población.

LA SOCIEDAD DE CONSUMO

La prosperidad creada por la «economía mixta», un capitalismo reestructurado en el que la competencia del libre mercado se veía atemperada por la intervención estatal (lo que los alemanes occidentales denominaban «economía social de mercado»), abrió la puerta a un cambio social radical. El excepcional crecimiento económico mitigó el conflicto entre clases que antes de la guerra había afectado a Europa y el fantasma del desempleo masivo sufrido durante el período de la Depresión parecía haberse desvanecido para siempre. Daba la impresión de que el pleno empleo iba a durar indefinidamente. Los sindicatos pasaron de ser fuerzas casi revolucionarias de la lucha de clases a convertirse en partes integradas en una tríada corporativa formada por el gobierno, el capital y los representantes de los trabajadores, que llegó a dominar cada vez más la planificación económica estatal. Subieron los salarios, tanto nominales como reales, es decir, en términos de poder adquisitivo relativo. Los trabajadores de Alemania Occidental se beneficiaron del «milagro económico» del país y vieron cómo en los años cincuenta y años sesenta sus ingresos reales se multiplicaban por cuatro; era un caso extremo, pero la mayoría de los ciudadanos de toda Europa occidental notaron la mejora.

En la mayoría de los países, la fiscalidad progresiva dio lugar a una modesta redistribución de los ingresos. Se redujo ligeramente el porcentaje de ingresos del 10 % más rico (sobre todo en los países escandinavos, Finlandia y Gran Bretaña) y el de los grupos con ingresos más bajos aumentó marginalmente, aunque persistieron grandes disparidades tanto en los ingresos como en la riqueza. En el caso de la distribución de la riqueza, las desigualdades fueron aún más pronunciadas. En los años cincuenta el 1 % más rico de Gran Bretaña todavía era dueño del 45 % de la riqueza del país y en Suecia de cerca del 33 %, aunque la tendencia, mientras se mantuvo el elevado crecimiento económico y los gobiernos continuaron aplicando políticas redistributivas tibias, fue descendente: en los años sesenta, el 31 % en Gran Bretaña y el 24 % en Suecia. No es posible comparar las estadísticas con otros países, aunque es improbable que existan grandes diferencias. El 1 % más rico de Suiza poseía el 43 % de la riqueza del país en los años sesenta, mientras que a principios de esa misma década en Alemania Occidental el 35 % de la riqueza estaba en manos del 1,7 % más rico de la población. En Europa oriental, estas importantes desigualdades en la distribución de la riqueza y la renta se habían resuelto eficazmente mediante expropiaciones draconianas, si bien una nueva élite política logró acumular suficiente riqueza y privilegios como para contradecir todos los principios básicos del comunismo.

A medida que la prosperidad se extendía por toda la sociedad (aunque, sin duda, no fue experimentada de forma homogénea), los hogares necesitaban gastar una parte menor de sus ingresos en artículos de primera necesidad, así que se encontraron con que ahorraban más dinero y, en Europa occidental, podían comprar una gama de productos cada vez más amplia. Había nacido la sociedad de consumo moderna.

Europa, tanto occidental como oriental, había sido un continente pobre en 1950. La mayoría de las viviendas eran de mala calidad y a menudo carecían de agua caliente, un cuarto de baño o un retrete interior; las familias podían permitirse pocos lujos; todavía se racionaban los alimentos; y la mayoría de los hombres seguía teniendo trabajos que exigían un gran esfuerzo físico. (Las mujeres con empleos remunerados eran relativamente pocas, aunque la tendencia no era uniforme; por ejemplo, el sector textil, pese a estar en declive, seguía empleando a un gran número de mujeres). El creciente auge del consumo separó a Europa occidental de las regiones orientales del continente, donde la moderada mejora del nivel de vida estuvo acompañada de las limitaciones impuestas por las prioridades ideológicas a la variedad y disponibilidad del tipo de artículos del hogar que pronto se darían por sentados en Occidente. Se podían comprar productos estandarizados, por lo general de mala calidad y a un precio bajo. Sin embargo, un boom del consumo como el que empezaba a experimentar Europa occidental era imposible desde el punto de vista ideológico en las cerradas economías del Este.

En Europa occidental, el consumismo acercó los estilos de vida, los gustos y las actividades de ocio de las poblaciones de los diferentes países. Esto se vio facilitado por la creciente uniformidad de los productos, pues el consumismo impulsó una producción en serie de los artículos y una estandarización de los productos que reducían los costes y rebajaban el precio para los compradores. A los pequeños productores les costaba cada vez más competir con los grandes fabricantes, y los gustos y las variaciones locales y regionales se volvieron cada vez menos pronunciados. Los supermercados, un fenómeno nuevo cuya preponderancia a partir de los años setenta llegaría a ser generalizada, podían comprar al por mayor (con poder de negociación para obligar a bajar los precios a los proveedores) y ofrecían una amplia variedad de productos, suplantando al pequeño comercio. Mientras tanto, la producción de alimentos crecía con tanta rapidez, que en el plazo de unos pocos años empezaron a acumularse excedentes. El gasto familiar ya no estaba dominado por las necesidades básicas y cada vez había que destinar a la alimentación una cantidad menor (aunque un porcentaje mucho mayor de los ingresos en los países del este de Europa que del oeste). La desnutrición severa era cosa del pasado y fue sustituida por un nuevo tipo de dieta poco saludable: el exceso de azúcares y grasas. La publicidad creció hasta convertirse en una nueva industria, bien adaptada para explotar el mercado en expansión de una amplia variedad de productos de consumo. El éxito de Coca-Cola en toda Europa occidental da una idea de la repercusión de las nuevas técnicas de marketing. Las empresas tabacaleras utilizaron una publicidad internacional omnipresente de sus productos, cuyos graves riesgos para la salud apenas empezaban a ser reconocidos.

Con la prosperidad llegaron alojamientos mejores y más baratos, con la ayuda de subvenciones estatales y gracias a que se duplicó la cantidad de viviendas construidas en los años cincuenta. Al principio la calidad era bastante mala, pues dada la grave escasez de vivienda después de la guerra se consideraba la cantidad más importante que la calidad. En Alemania Occidental se construyeron en torno a medio millón de viviendas nuevas (casas y apartamentos) cada año, cuatro cientos mil al año en Italia y Francia y una cifra no muy distinta en Gran Bretaña. Casi todos los edificios del noroeste de Europa disponían de suministro eléctrico y agua corriente, mientras que en los años sesenta todavía solo la mitad aproximadamente de las viviendas de Portugal, Grecia y los países de los Balcanes tenían acceso a la electricidad. Los estados solían destinar entre el 6 % y el 7 % de su producto interior bruto a la construcción de viviendas y además los alojamientos eran cada vez mejores: más espaciosos, con menos hacinamiento, más cómodos y cada vez con más frecuencia disponían de un cuarto de baño o un retrete interior, no en el patio. Lo que esto significó para la dignidad de las personas lo expresó con elocuencia en 1969 un campesino italiano que vivía al sur de Roma. Dijo que tener un aseo dentro de casa y no tener que salir al campo le hacía «sentirse un ser humano, como las demás personas, no como un animal, que era como me sentía antes».

A principios de los años sesenta, se estaban eliminado de las grandes ciudades los barrios de chabolas. Los urbanistas veían nuevas oportunidades de rediseñar los pueblos y las ciudades, muchos de ellos muy dañados durante la guerra, para alojar al creciente número de trabajadores y absorber el rápido aumento del volumen de tráfico. Las zonas suburbanas se ampliaron, se construyeron nuevas arterias y en algunos casos poblaciones totalmente nuevas. El afán por desechar lo viejo y modernizar lo antes posible obsesionaba a algunos urbanistas y el resultado de ello fueron diseños arquitectónicos chapuceros, complejos de viviendas que no tardaron en degenerar en nuevas barriadas marginales y, en algunas ciudades, en un recurso fácil al vandalismo cívico. Las prioridades industriales dieron lugar a algunos diseños urbanos espantosos no solo en los países de Europa del Este (donde en los años cincuenta se crearon cuarenta ciudades nuevas, construidas basándose en el realismo socialista, entre ellas Nowa Huta en Polonia y Eisenhüttenstadt en la República Democrática Alemana). Afortunadamente, el centro histórico de Praga no fue destruido durante la guerra y se conservó, mientras que el centro de Varsovia y de Gdańsk (antes Danzig), completamente arrasados, fueron restaurados con elegancia.

Las pautas de empleo empezaron a cambiar. En general, se redujo la jornada laboral (lo que permitía dedicar más tiempo al ocio); las cifras de personas que trabajaban en la agricultura descendieron de forma drástica y las dedicadas a actividades industriales extenuantes con menor rapidez, aunque se registró un crecimiento significativo en el «sector terciario» del trabajo de oficina. En los años sesenta también se incorporaron muchas más mujeres al mercado laboral, y ya en 1970, casi una tercera parte de los empleados de los países de Europa occidental era mujeres, con Dinamarca a la cabeza con dos quintas partes, si bien en el caso de una tercera parte aproximadamente de las mujeres trabajadoras se trataba de un empleo a tiempo parcial. En los años sesenta, solo los países escandinavos y Finlandia se habían acercado a los niveles de empleo femenino de los países comunistas de Europa oriental, sobre todo Polonia y la República Democrática Alemana. En el bloque oriental, apenas existían los trabajos a tiempo parcial, ni para los hombres ni para las mujeres.

En 1950, pocas personas disponían de automóvil, el turismo seguía estando reservado a los ricos y los electrodomésticos que las generaciones posteriores verían como algo habitual (teléfonos, lavadoras, frigoríficos, televisores) continuaban siendo escasos. La expansión de la prosperidad empezó a poner estos artículos al alcance de las familias corrientes y, espoleada por el crecimiento económico ininterrumpido y la rápida innovación tecnológica, por ejemplo en el campo de la electrónica, esa disponibilidad aumentó durante el decenio siguiente. A finales de los años cincuenta, los niños del baby boom inmediatamente posterior a la guerra, con escasa o ninguna experiencia de las graves carencias anteriores, comenzaban a entrar en la adolescencia. La mayoría de ellos no tardó en trabajar y empezar a desarrollar sus propias exigencias de consumo, lo que contribuyó a la rápida expansión de, por ejemplo, las industrias textil y discográfica. Entretanto, incluso los sectores menos favorecidos de la sociedad (los migrantes económicos que habían llegado a pueblos y ciudades que crecían con rapidez y los trabajadores inmigrantes de las antiguas colonias de ultramar o «trabajadores invitados») ganaban lo suficiente para contribuir al auge del consumo (y beneficiarse de él).

El gasto en electrodomésticos aumentó más rápidamente que ninguna otra partida del presupuesto doméstico. El frigorífico y la lavadora eran cada vez más comunes en los hogares de clase media, pero, al cabo de dos décadas, cuando los precios cayeron, pasaron a ser también accesibles para las familias de clase trabajadora. A principios de los años setenta, la mayoría de los hogares ya disponía de un frigorífico y por primera vez podía comprar alimentos en grandes cantidades para almacenarlos y consumirlos posteriormente. Dos terceras partes de las familias ya tenían por entonces una lavadora, que liberó a las mujeres de una parte importante de las pesadas tareas domésticas. La posesión de un televisor era un gran símbolo de estatus social en los años cincuenta. Gran Bretaña había llevado la delantera, pero cuando en 1946 se lanzó allí la televisión, solo había 1760 abonados. A mediados de los años sesenta había trece millones de televisores en Gran Bretaña, casi diez millones en Alemania Occidental, cinco millones en Francia e Italia, y unos dos millones en Holanda y Suecia. A finales de la década, casi todos los hogares de Europa occidental disponían de un televisor y la televisión había suplantado a la radio como entretenimiento familiar, pero la invención de los transistores pequeños y su producción en serie a bajo precio habían hecho que en los años sesenta casi todo el mundo pudiera poseer uno y fuera el medio preferido de la mayoría de los adolescentes. Escuchar la radio se estaba convirtiendo en una forma de entretenimiento individual, no familiar.

Por encima de todo, la propiedad de un automóvil fue la marca de la nueva época. De ser un artículo de lujo al alcance de apenas unos pocos pasó a convertirse en un producto de masas accesible incluso para familias con niveles de ingresos relativamente modestos. En 1950, Gran Bretaña tenía, en proporción, el mayor número de turismos (42 por cada mil habitantes) de toda Europa. España ocupaba por entonces el final de la lista en Europa occidental (tres vehículos por cada mil habitantes), al mismo nivel que Polonia y Hungría. En 1970, Gran Bretaña ya había sido superada en cuanto a la propiedad de automóviles, utilizando la misma medida, por Francia, Bélgica, Alemania Occidental, Suecia y Dinamarca, con Italia, los Países Bajos y Noruega muy cerca. En este aspecto, España seguía estando muy atrasada en relación con los países de Europa occidental, solo un poco por delante de Polonia y Checoslovaquia.

A partir de 1950 el crecimiento del sector automovilístico fue asombroso. En los años treinta Hitler había prometido a los alemanes un «automóvil del pueblo» (Volkswagen), pero no fue hasta los años cincuenta cuando Volkswagen consiguió convertirse en un símbolo del «milagro económico» alemán. Por fin, en una democracia y no en una dictadura peligrosa, el automóvil era accesible para gran parte de la población y en los años sesenta Alemania Occidental era el mayor fabricante de vehículos de Europa, con una producción de casi tres millones de turismos al año, de los cuales casi un millón era destinado a la exportación. Por el camino, Volkswagen vio como disminuía su cuota de mercado debido a la competencia, en particular de Fiat y Renault, a medida que la fabricación de automóviles italianos y franceses se disparaba para satisfacer una demanda que aumentaba con rapidez. Mientras que los lugareños del centro de Italia todavía usaban en general el burro como medio de transporte incluso a finales de los años cincuenta, una década más tarde muchos conducían sus propios Fiat. De los grandes países industriales, solo Gran Bretaña consiguió, debido a la falta de innovación e inversión (fomentada por una creciente militancia sindical), transformar una industria automovilística que había sido pujante en un sector afectado por un declive casi terminal. Solo el Mini, brillantemente innovador, en sus primeros años y, en el segmento de los artículos de lujo del mercado, Rolls Royce, Bentley, Jaguar y Aston Martin contrarrestaron la tendencia a la baja general, al tiempo que los automóviles británicos se labraban una poco envidiable fama de escasa fiabilidad y falta de estilo. En 1965, la propiedad de automóviles se había disparado: casi diez millones de propietarios en Francia (frente a 1,5 en 1948), nueve millones en Alemania Occidental (frente a los 0,2 en 1948), nueve millones en Gran Bretaña (frente a dos millones en 1948) y 5,4 millones en Italia (frente a los 0,2 en 1948).

El gran aumento de la propiedad de automóviles contribuyó enormemente a la expansión del turismo, pero también empezaron a estar disponibles los vuelos chárter y los paquetes turísticos, lo que abrió por primera vez a un mercado de masas la posibilidad de hacer turismo en el extranjero a precios relativamente módicos, cuando antes de la guerra el turismo al extranjero había estado reservado exclusivamente a los ricos. En ese momento empezaba a ser accesible a todos, y si a mediados de los años cincuenta treinta millones de turistas cruzaban las fronteras europeas, una década más tarde la cifra se había multiplicado por más de tres. Los recurrentes atascos de tráfico veraniegos en las principales rutas turísticas, las aglomeraciones en las estaciones de tren y los aeropuertos pasaron a partir de entonces a constituir una parte invariable del calendario de Europa. El turismo comenzó a rescatar la atrasada economía española, todavía estancada tras años de dictadura del general Franco. A finales de los años sesenta, diecisiete millones de turistas extranjeros visitaban España, llenando las arcas del estado con mil quinientos millones de dólares muy necesarios (en torno al 40 % de sus ingresos en divisas). Italia era el principal atractivo turístico de Europa, con veintisiete millones de visitantes, Francia tenía doce millones, y Suiza, Alemania y Austria unos siete millones. Obviamente, no todo el mundo viajaba al extranjero, pero también el turismo interno se expandió y surgió un verdadero sector turístico cuando prosperaron los hoteles, los campings, los fabricantes de caravanas e infinidad de negocios que operaban en los complejos costeros.

Eran relativamente pocos los turistas que viajaban a países de la Europa oriental, que también de este modo se veía privada de la entrada de fondos de Occidente. Es cierto que la costa dálmata de Yugoslavia empezó a atraer a visitantes de Europa occidental y se registró una pequeña afluencia a Hungría y Checoslovaquia, pero el bloque soviético tenía que depender sobre todo de sus propios turistas, que en comparación con sus homólogos del Oeste disponían de poco que gastar y se enfrentaban a una mayor regulación de sus desplazamientos.

A medida que crecían el turismo extranjero y el consumismo en general, las diferencias entre los países de Europa occidental se acortaron. Los viajes exponían a las personas, muchas de ellas de una generación más joven, a otras culturas, costumbres, gastronomías y estilos de vida; se crearon asociaciones entre ciudades «hermanadas» en diferentes países, que realizaban visitas de cada una de las ciudades todos los años; a menudo se organizaron intercambios de estudiantes de secundaria o universitarios. Cada vez más personas aprendían lenguas extranjeras y algunas entablaron «amistades por correspondencia» en otros países. La facilidad con la que los jóvenes podían viajar al extranjero empezó a derribar barreras que a la generación de sus padres le habían parecido insuperables. No era raro encontrar gustos similares en la música, la indumentaria y las aficiones en europeos de diferentes países, así que las fronteras europeas empezaron a tener menos significado y la ignorancia, la base de los prejuicios, se redujo. Todo ello formó parte de una transformación profunda de las normas culturales de Europa que comenzó lentamente en los años cincuenta, pero se aceleró debido a la gran vitalidad de finales de los años sesenta.

PASOS HACIA LA INTEGRACIÓN

La extraordinaria recuperación de Europa occidental, de las ruinas de la guerra a una «edad de oro» de prosperidad en un período tan breve de tiempo, propició los primeros pasos titubeantes hacia la integración, pero cada paso de ese viaje largo, sinuoso e interminable hacia la unión europea resultaría tortuoso. Habría que evitar baches, superar obstáculos y dar rodeos. Sobre todo, y desde el inicio, independientemente de cuáles fueran los pasos dados, y por pequeños que fueran al principio, surgía la evidente dificultad de conciliar las organizaciones supranacionales necesarias incluso para una cooperación económica limitada con la reticencia de los estados nación a ceder terreno para preservar su propia soberanía.

La integración de Europa occidental fue desde el principio un proyecto tanto político como económico. Por todas partes se percibía la necesidad de superar el desastroso proteccionismo económico nacional del período de entreguerras y los extremos del nacionalismo que habían conducido a la catástrofe de la segunda guerra mundial. Lo que hizo que este sentimiento general se tradujera en las primeras medidas prácticas, aunque un tanto indecisas, para lograr la integración fue una triple constelación: las cuestiones estratégicas, los intereses nacionales y el idealismo con visión de futuro.

Incluso en los días más aciagos de la guerra, un pequeño grupo de idealistas, algunos de ellos involucrados en movimientos de resistencia, habían considerado la posibilidad de algún tipo de unificación europea, y en cuanto concluyó la guerra estas ideas fueron ganado terreno. Winston Churchill fue uno de lo que, en un famoso discurso pronunciado en Zúrich en 1946, abogó por la unidad del continente dividido con miras a unos futuros «Estados Unidos de Europa» (aunque sin incluir a Gran Bretaña). En mayo de 1948, 750 delegados de dieciséis países europeos (y participantes de Estados Unidos y Canadá) asistieron a un congreso de Europa en La Haya en el que se expusieron distintas ideas sobre la cooperación europea y algunos delegados reclamaron una unión política, económica y monetaria, aunque sin resultados tangibles.

A finales de los años cuarenta se dieron varios pasos importantes orientados hacia la cooperación política y económica europea sin que la causa de la integración que anhelaban los idealistas avanzara mucho. La incipiente guerra fría constituyó el telón de fondo. Si bien el primer impulso fue protegerse contra cualquier posible reaparición de una amenaza de Alemania, pronto se transmutó en un mecanismo de defensa contra lo que se percibía como un nuevo peligro, la Unión Soviética. El tratado de Bruselas de 1948, todavía orientado hacia Alemania, preveía la cooperación militar entre Gran Bretaña, Francia y los países del Benelux, aunque también mencionaba la colaboración económica, social y cultural. En 1949 se consideraba que Stalin era a todas luces el peligro y la ampliación de la defensa de Europa occidental para incluir a Estados Unidos había dado lugar a la creación de la OTAN.

En el ámbito económico, la necesidad de poner en marcha la distribución de la ayuda del Plan Marshall en el marco del Plan Europeo de Recuperación de 1947 había motivado que al año siguiente dieciséis países europeos y las regiones occidentales Alemania crearan la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE), que contribuyó a promover la idea de la interdependencia de los sistemas económicos. (En 1961 se convertiría en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos para incluir a una serie de países no europeos y crear un organismo mucho más amplio). En 1949, el establecimiento del Consejo de Europa ofreció un nuevo marco para la cooperación en varios ámbitos; el más importante fueron los asuntos jurídicos, de los que surgió la importantísima Convención Europea de Derechos Humanos de 1950. Al menos en el Consejo de Europa se había dado forma institucional a unos valores europeos, no solo nacionales, pero la integración quedaba aún muy lejos. En realidad, ninguno de estos acontecimientos, por muy bien acogidos que fueran, preveía algo más que diferentes niveles de cooperación, ninguno trascendía las prerrogativas de los estados nación mediante la creación de organismos supranacionales; de hecho, a cada paso se defendía explícitamente la soberanía de los estados nación. Estados Unidos había respaldado con firmeza una Europa integrada y unida como un baluarte contra el comunismo soviético y consideraba el Plan Marshall un paso importante en esa dirección, pero la tajante negativa de Gran Bretaña a tener algo que ver con la integración de las economías europeas, y menos aún a ceder parte de la soberanía política y jurídica, constituyó un obstáculo insuperable para alcanzar ese objetivo.

Cuando entre 1947 y 1949 la guerra fría se recrudeció inexorablemente y se pasó a considerar que el peligro para la paz europea era la Unión Soviética, no una vengativa Alemania, las prioridades estratégicas de Estados Unidos forzaron un cambio en la política exterior francesa. La revitalizada economía de Alemania Occidental se volvió esencial para la reconstrucción europea, mientras que las medidas adoptadas con celeridad en 1948-1949 para crear la República Federal de Alemania reflejaban la centralidad del nuevo estado para la seguridad de Europa occidental en tanto que baluarte fundamental contra la URSS. A fin de obtener el respaldo para el establecimiento del nuevo estado de Alemania Occidental de los dubitativos franceses, a quienes, comprensiblemente, preocupaba más que a los demás la seguridad de su país, en 1949 se delegó el control de la producción del carbón y el acero del Ruhr en la Autoridad Internacional del Ruhr.

Contaba con un consejo de representantes de Francia, los países del Benelux, el Reino Unido, Estados Unidos y Alemania Occidental (aunque el voto alemán en el consejo dependía de la aprobación de los Aliados). No es de sorprender que a los alemanes occidentales no les gustara que los Aliados controlaran la producción industrial alemana. En un momento en el que la guerra de Corea había incrementado la demanda de acero, la Autoridad Internacional no funcionaba bien y fue disuelta en mayo de 1952. La sustituiría una nueva organización, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA), que utilizaría la cuestión del control del carbón y el acero para crear el embrión de una mayor integración europea. Los orígenes de la Comunidad se remontaban a dos años antes, a un discurso pronunciado el 9 de mayo de 1950 por el ministro francés de Exteriores, Robert Schuman, y su propuesta combinaba el interés nacional pragmático y las prioridades estratégicas (expandir la industria siderúrgica francesa y lograr que fuera competitiva en Europa occidental), con un idealismo visionario. Fue un hito importante en la accidentada ruta hacia la integración europea.

Schuman propuso un plan supranacional nuevo y ambicioso que debía sentar «las primeras bases concretas de una federación europea indispensable para la preservación de la paz». Declaró que solo podría surgir una «Europa unida», el objetivo último, si desde el primer momento se ponía fin al secular antagonismo entre Francia y Alemania, y consideraba que la puesta en común de la producción de carbón y acero era un primer paso en esa dirección. No obstante, los aspectos técnicos de la producción del carbón y el acero solo eran una parte de una visión más amplia, y Schuman ya dejaba abierta la posibilidad de que otros países se incorporaran a un mercado común que podría expandirse a otros sectores de producción y fomentaría la prosperidad europea, así como una coexistencia pacífica.

Las ideas propuestas por Schuman fueron principalmente las de su compatriota Jean Monnet, presidente del Consejo de Planificación Francés, un exbanquero y empresario de cuyos conocimientos se habían servido tanto el gobierno chino (en los años treinta) como la administración estadounidense (durante la guerra), y que posteriormente había desempeñado un importante papel en las primeras etapas de la reconstrucción económica de Francia después de 1945. Monnet fue en gran medida la fuente de inspiración idealista de lo que se llegaría a conocer como «el Plan Schuman». Era desde siempre un federalista convencido y tenía en mente una federación democrática supranacional que se iría perfilando de manera paulatina, progresiva, y durante un prolongado período de tiempo mediante un proceso continuo de reforma. Ya en octubre de 1943, mientras Monnet se encontraba en Argel como parte del Comité Francés de Liberación Nacional, presidido por Charles de Gaulle (cuyas tendencias autocráticas preocupaban a Monnet) y, en la práctica, el «gobierno a la espera» de Francia, había declarado que para la prosperidad y el futuro desarrollo social de Europa era necesaria una Europa unida por el libre comercio. En 1944 habló de la necesidad de reconstruir Europa tras la guerra mediante «una verdadera delegación de soberanía» a «algún tipo de unión central» y un mercado europeo sin barreras aduaneras para impedir el resurgimiento del nacionalismo. Confiaba en que el Reino Unido y Francia tomaran la iniciativa, aunque al parecer dudaba de que los británicos estuvieran dispuestos a participar. Cuatro años más tarde, Monnet escribió a Schuman mientras estaba de visita en Washington y afirmó tener una «convicción profundamente arraigada» de lo que era necesario para consolidar la relación de Europa con Estados Unidos y afrontar el peligro que amenazaba a Occidente: «Los esfuerzos de los países de Europa occidental tienen que convertirse en un verdadero esfuerzo europeo. Y solo una Federación Occidental puede conseguirlo». Monnet no consideraba que una soberanía compartida eclipsara el estatus nacional de Francia, al contrario, veía en la integración europea un vehículo para restablecer la hegemonía política y económica francesa en la Europa continental. Tras la guerra, antepuso los intereses de su país al proponer que Francia se apropiara de las importantes cuencas mineras alemanas del Sarre y del carbón y el acero aún más vitales del Ruhr, con el objetivo de fortalecer la economía francesa y al mismo tiempo dejar a Alemania permanentemente debilitada.

Por consiguiente, tras el indudable idealismo subyacían imperativos nacionales pragmáticos. El determinante clave (resultaría ser la base duradera de la Comunidad Europea y, más tarde, de la Unión Europea) fue la relación entre Francia y Alemania. Las prioridades de Francia eran integrar a los alemanes occidentales en un marco europeo bajo control francés antes de que pudieran recuperar alguna fortaleza, reforzando al mismo tiempo la influencia de Francia en la producción y distribución de la base industrial más vital, el carbón y el acero del Ruhr (y liberando esta también del control británico). Por su parte Alemania Occidental, el socio principal, también tenía intereses nacionales explícitos en la integración. Konrad Adenauer, el canciller, estaba ansioso por unir económica, política y estratégicamente la República Federal a Occidente, tanto como baluarte contra la amenaza del comunismo soviético como para crear una plataforma para lograr la plena soberanía territorial lo antes posible. Para Alemania Occidental constituía una oportunidad para acabar con el control aliado de la producción de carbón y acero del Ruhr, evitar cualquier idea posterior de desmantelar las instalaciones industriales, establecer la igualdad de derechos entre Alemania y los demás países y, por último, recuperar por completo la importante zona industrial del Sarre (desde 1947 un «protectorado» bajo ocupación francesa), lo que finalmente se produjo tras un plebiscito en 1955. Los países del Benelux (Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo), que en realidad ya en 1948 habían eliminado los aranceles aduaneros y habían establecido un arancel externo común, necesitaban poca persuasión para advertir las ventajas de unos mercados más amplios y de la liberalización del comercio implícita en la propuesta de Schuman. El primer ministro de Italia, Alcide De Gasperi, otro idealista europeo, vio la oportunidad de superar los persistentes problemas económicos y el atraso de su país (sobre todo en el sur, el Mezzogiorno). Italia era el más pobre de los seis países que se incorporarían a la nueva organización, pero De Gasperi veía ventajas en poner fin a su proteccionismo tradicional, pese a la fuerte oposición de las empresas siderúrgicas del país. Tenía razón. En 1961, el «milagro económico» italiano había transformado el país, que pasó del atraso económico a convertirse en una de las naciones industriales avanzadas de Europa.

La implementación del Plan Schuman tuvo que enfrentarse a la oposición interna, que fue vehemente en Alemania occidental, donde los socialdemócratas consideraban la integración en Europa occidental como un obstáculo para la anhelada unificación del país, y en Francia por parte de los gaullistas (debido a la limitación que el plan suponía de la soberanía nacional) y los comunistas (que lo consideraban un «club de capitalistas»). Aun así, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, limitada a seis países, se fundó en virtud de un tratado firmado el 18 de abril de 1951 y entró en vigor el 23 de julio de 1952. Agrupó a las vitales industrias del carbón y el acero de Francia, Alemania Occidental, Italia, los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo bajo una única «Alta Autoridad» y, en palabras de Jean Monnet fue «la primera expresión de la Europa que estaba naciendo». Gran Bretaña, que seguía confiando en su liderazgo en el sector del carbón y acero y no estaba dispuesta a someterse a una autoridad supranacional, declinó la invitación a unirse.

La Alta Autoridad, compuesta por nueve representantes de todos los estados miembros, era el órgano normativo y debía llevar a cabo un programa cuya finalidad era la eliminación de los aranceles y la creación de un mercado común (inicialmente para el carbón y el acero, aunque se ampliaría a otros sectores). Sus competencias estaban limitadas por un «Consejo de Ministros especial» formado por miembros de los gobiernos nacionales que velaba por los intereses nacionales y se creó también un Tribunal de Justicia para dirimir cualquier litigio que surgiera de los actos de la Alta Autoridad. Aun así, la Alta Autoridad estaba intencionadamente concebida como una institución «jerárquica», no había ningún órgano legislativo ni ningún Parlamento propiamente dichos. La Asamblea Común, cuyos delegados se elegían en los Parlamentos nacionales, solo tenía competencias de supervisión, no legislativas. En la práctica, la Asamblea, lejos de intentar limitar a la Alta Autoridad, impulsaba sus iniciativas en una dirección supranacional de la economía. Los progresos en este sentido no eran rápidos y el proteccionismo nacional de los belgas, los italianos y, sobre todo, de los propios franceses, obstaculizó los avances, si bien poco a poco se empezaron a eliminarse las barreras comerciales. Poco se avanzaba en la obtención del objetivo más amplio de la integración política contemplada por Schuman, más allá de una creciente conciencia de que la administración de unas economías cada vez más interrelacionadas requería necesariamente unas instituciones y unas leyes que tuvieran implicaciones políticas implícitas, cuando no explícitas.

A mediados de los años cincuenta se habían realizado, aunque lentamente, algunos progresos reales para la integración económica, pero en el ámbito político el proyecto europeo previsto por Monnet y Schuman se había estancado. Esto se debió sobre todo al fracaso de la Comunidad Europea de Defensa, un proyecto que los franceses habían propuesto en 1952, con la esperanza de impedir un rearme alemán, y contra el que ellos mismos votaron en 1954. La integración de la defensa europea habría exigido una política exterior común. En realidad, la incapacidad de crear un ejército europeo, una política exterior que lo apoyara y las disposiciones institucionales que inevitablemente le seguirían hicieron que la ya conocida como Comunidad Política Europea naciera muerta. La malhadada Comunidad Europea de Defensa había sido un claro ejemplo de pretender empezar una casa por el tejado. Simplemente, era pedir demasiado que estados nación con fuertes tradiciones militares propias, como Francia (y también Gran Bretaña, de quien inicialmente se esperaba que participara), renunciaran tan pronto a una parte clave de su soberanía para cedérsela a una entidad supranacional desconocida y nueva. No había forma de ocultar el hecho de que suponía un duro revés para quienes habían depositado sus esperanzas en un avance libre de obstáculos hacia la integración europea.

Lo cierto es que se permitió que la Comunidad Europea del Carbón y del Acero subsistiera hasta que el tratado de París que la había establecido expiró en 2002. Fue una muerte lenta en la que pocos repararon. En realidad, había perdido impulso a raíz del fracaso de la Comunidad Europea de Defensa y un signo inequívoco de su progresiva irrelevancia fue que su principal artífice, Jean Monnet, decidiera no presentarse a la reelección como presidente de la Alta Autoridad. De hecho, Europa occidental parecía estar reculando, en lugar de avanzar hacia la integración. El rearme militar de Alemania Occidental, y después la debacle de Suez (en la que Gran Bretaña y Francia se comportaron como potencias imperialistas de otra época), parecían impedimentos serios para cualquier causa común entre las naciones europeas. Curiosamente, Suez, la evidente supremacía de las dos superpotencias de la guerra fría así como los crecientes movimientos anticoloniales en África y Asia fueron señales muy claras de la pérdida de relevancia internacional de los estados nación europeos, así que el único ámbito en el que podían beneficiarse claramente de una mayor integración en lugar de seguir caminos nacionales separados, la economía, cobró un nuevo impulso. Como consecuencia de Suez, donde la invasión anglo-francesa fracasó en cuanto los estadounidenses amenazaron con perjudiciales repercusiones financieras a Gran Bretaña, el primer ministro francés Guy Mollet se mostró receptivo al argumento de Adenauer de que el único contrapeso a la supremacía estadounidense sería la unidad europea. Mollet y Adenauer se impusieron luego a los titubeos de sus propios gobiernos para alcanzar un acuerdo sobre la libre entrada de productos franceses y alemanes en sus respectivos mercados. Fue el eje de un acuerdo más amplio que ya se estaba perfilando sobre la creación de un mercado común entre los seis países de la «pequeña Europa» que habían formado la Comunidad Europea del Carbón y del Acero.

Cualesquiera que fueran las penurias políticas a principios de los años cincuenta que afligían a Europa occidental, la economía iba viento en popa en todos los países. El éxito en el ámbito económico de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, aunque todavía limitado, y el rígido marco de la anterior Organización para la Cooperación Económica Europea señalaban el camino para nuevas iniciativas, sobre todo la creación de un mercado común para el comercio europeo. Monnet, pese a no presidir ya la Alta Autoridad, desempeñó un papel importante en la promoción de la idea. No obstante, la personalidad clave a la hora de impulsar el proceso fue Paul-Henri Spaak, ex primer ministro socialista belga y presidente de la Asamblea Común de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero.

Gran Bretaña no quería tener nada que ver con el mercado común propuesto, y por su parte los países escandinavos habían establecido sus propias relaciones de cooperación más estrechas en el Consejo Nórdico, formado en 1952. Por tanto, los pasos para en el futuro reforzar la integración europea estuvieron limitados desde un principio a los seis miembros originales de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. En 1955, los ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros se reunieron en Messina para promover «un nuevo avance en la construcción de Europa». Proponían, en concreto, el establecimiento de una unión aduanera que condujera a un mercado común y una política integrada sobre el uso de la energía atómica. Después de Messina, los progresos fueron asombrosamente rápidos hasta que llegó el momento decisivo, en marzo de 1957, cuando los seis primeros ministros firmaron en Roma dos tratados por los que se establecían la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM). Mientras que tres años antes, al fracasar la tentativa de crear una Comunidad Europea de Defensa, la integración europea parecía haberse frenado de golpe, en 1957 avanzaba a toda máquina. Como sugería el nombre de la nueva institución, la prioridad era la integración económica; pero debía ser el principio, no el final. El objetivo político a largo plazo estaba incluido en el propio tratado de Roma: «sentar las bases de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa».

Los objetivos a corto y medio plazo del tratado, que entró en vigor el 1 de enero de 1958, eran bastante ambiciosos. Pretendían consolidar y promover una mejora de los niveles de vida mediante el crecimiento económico. Habría libre circulación de trabajadores y capitales, el fin de las restricciones comerciales, así como políticas coordinadas de protección social y la creación de un Banco Europeo de Inversiones. El objetivo era crear un mercado común, libre de aranceles internos, y los aranceles externos se mantenían pero en general reducidos. Y se protegía también la agricultura, que se enfrentaba a problemas bastante específicos. Las disposiciones institucionales eran variaciones de las de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. El órgano ejecutivo era una Comisión formada por nueve miembros, pero sus competencias estaban limitadas por el Consejo de Ministros (cuyos miembros eran elegidos en los gobiernos nacionales) y por la Asamblea Parlamentaria (que no era aún un Parlamento propiamente dicho y podía recomendar, pero no legislar). Se estableció un Tribunal de Justicia para dirimir los litigios entre los estados miembros. Se crearon una Comisión y un Consejo separados para la EURATOM (y que acabaron fusionándose con los de la CEE en 1965). Las instituciones eran gestionadas por una burocracia que ya en 1962 contaba con unos 3000 funcionarios, y creciendo.

En 1960, la CEE, con una población de 165 millones de habitantes, había realizado progresos impresionantes. Había ampliado muchísimo su contribución al comercio mundial, mientras que la producción industrial total había aumentado un 70 % a lo largo de la década anterior. Los progresos de la EURATOM fueron menos espectaculares, pues al principio se enfrentó a dificultades obvias y en cuanto De Gaulle accedió al poder en 1958 estas crecieron, pues los franceses estaban decididos a defender los intereses de seguridad nacional en un terreno tan delicado y no estaban dispuestos a quedarse de brazos cruzados mientras Alemania Occidental adquiría capacidad atómica.

El éxito de la CEE ya en sus primeros años de existencia obligó a los estados nación que no pertenecían a ella a crear su propia organización. La Asociación Europea para el Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), fundada el 20 de noviembre de 1959 y que entró en vigor el 3 de mayo de 1960, agrupaba a los «siete de fuera» (Gran Bretaña, Dinamarca, Noruega, Austria, Portugal, Suecia y Suiza; Finlandia se incorporaría más tarde) en una segunda zona económica europea. Sin embargo, comparada con la CEE, se trataba de un acuerdo mucho más laxo, una organización puramente comercial (como sugería su nombre) que no suponía el más mínimo menoscabo de la soberanía nacional y no tenía como objetivo último la integración política. También se vio debilitada desde el principio por el deterioro del rendimiento económico de su miembro más importante, Gran Bretaña.

Para entonces, la economía británica había perdido no solo la hegemonía económica en Europa de la que había disfrutado brevemente en los primeros años de la posguerra, sino que estaba siendo aventajada por las economías continentales, que crecían con rapidez. Su fortaleza comercial estaba disminuyendo, sus lazos con la Commonwealth se desvanecían y su «relación especial» con Estados Unidos era sobre todo unilateral, así que no es de sorprender que en 1961 Gran Bretaña reconsiderara su postura y decidiera solicitar la adhesión a la CEE. Ante ello, entre los miembros existentes prevalecían dos preocupaciones: los acuerdos comerciales británicos de la Commonwealth británica, que no se podían incorporar, y el temor a que el interés casi exclusivo de Gran Bretaña por el libre comercio obstaculizara, quizá incluso viciara, los objetivos políticos a largo plazo de la CEE. En realidad, la candidatura de Gran Bretaña venía con condiciones, salvaguardas para la agricultura británica y los lazos con la Commonwealth, y un acuerdo con los demás países de la EFTA que desearan incorporarse a la CEE. Se trataba de obstáculos importantes. La candidatura de Gran Bretaña se fue directamente a pique al chocar contra los intereses nacionales franceses. En 1963, la candidatura topó con un «no» rotundo del presidente francés, Charles de Gaulle, que repetiría su veto a la adhesión británica cuando en 1967 presentó una segunda solicitud.

La principal preocupación de De Gaulle era la posibilidad de que Gran Bretaña llegara a usurpar la posición dominante de Francia en la CEE y perjudicara a la base franco-alemana de la Comunidad. También desconfiaba de la estrecha relación de Gran Bretaña con Estados Unidos, la mayor amenaza, en su opinión, para el liderazgo de Francia en Europa y su prestigio como gran potencia. Además de su postura negativa sobre la adhesión de Gran Bretaña, De Gaulle era un europeo ambivalente y sus años en la presidencia de Francia fueron difíciles para la causa de la integración europea. De Gaulle era un nacionalista francés tradicional cuyas ideas se basaban en la necesidad de restablecer la antigua gloria de Francia y defender sus pretensiones de gran potencia, sobre todo contra el dominio de Estados Unidos; el pragmatismo le llevaba a aceptar los beneficios que las limitadas formas de integración europea habían reportado a su país, pero no deseaba una potencia supranacional sino una «Europa de las patrias». Concebía una unión europea en la que Francia dominara, mientras los alemanes eran socios bien dispuestos pero subordinados, y donde mantuviera a raya la influencia estadounidense y británica. Estaba totalmente en contra de cualquier injerencia significativa en la soberanía nacional francesa, se oponía a cualquier refuerzo de la Comisión de la CEE y antepuso de modo sistemático los intereses de Francia a los de la Comunidad.

En 1965 la tensión desembocó en un conflicto abierto cuando se llegó a un punto crítico a propósito de las competencias de la Comisión. La ocasión fue el complejo asunto de la agricultura. Tras unas tediosas negociaciones, en 1962 se acordó establecer una Política Agrícola Común (PAC) con un mercado agrícola para los productos agrícolas a precios fijos y con subvenciones para los agricultores. Sin embargo, la cuestión de la financiación de la PAC se había complicado con las propuestas para ampliar las competencias de la Comisión, que intentaba lograr el control de los ingresos procedentes de los aranceles externos, y la sugerencia de que se otorgaran poderes legislativos al Parlamento Europeo. Esto habría significado una ampliación de la autoridad supranacional de la CEE, y cuando esto se convirtió en una condición del acuerdo agrícola, De Gaulle puso sus propias condiciones aun cuando la PAC beneficiara a los agricultores franceses: a menos que se ofreciera a Francia una solución que encontrara satisfactoria y un derecho de veto acerca del fortalecimiento de las competencias supranacionales en la CEE, boicotearía las instituciones europeas.

Eso es lo que Francia hizo durante siete meses, después de que De Gaulle ordenara a los representantes franceses que se retiraran de las negociaciones de la Comisión. La resultante «crisis de la silla vacía», como se la denominó, se resolvió finalmente en 1966 con el incómodo «compromiso de Luxemburgo», que preveía un veto en materias de «interés nacional muy importante» (sin definir), una mayoría cualificada en las votaciones sobre agricultura y un debilitamiento de la Comisión, cuyas prerrogativas en algunos ámbitos estaban sujetas a la aprobación del Consejo (que representaba a los estados miembros). El problema subyacente de intentar conciliar los intereses nacionales y las instituciones supranacionales, lejos de acercarse a una solución, se había agravado. Mientras en Francia De Gaulle permaneciera en el poder, era improbable que esto fuera a cambiar.

Para entonces, el «proyecto europeo» podía apuntarse algunos éxitos. Institucional y administrativamente hubo cierta racionalización cuando, en 1965, se acordó fusionar la CEE, la EURATOM y la Comunidad Económica del Carbón y del Acero. Y, si bien a veces titubeantes, era indudable que se habían logrado progresos económicos, en particular en la liberalización del comercio. En 1968 se eliminaron los últimos aranceles internos y se introdujo un arancel externo único, y la liberalización del comercio, junto con una mayor inversión y la transferencia de tecnología, aumentaron la competencia y las economías de escala aumentaron un 1 % las tasas de crecimiento europeas. En el saldo deudor, la Política Agrícola Común siguió constituyendo un quebradero de cabeza y las deliberaciones de 1969 para intentar impulsar la unión monetaria fracasaron, dada la disparidad de la fortaleza de las monedas nacionales (sobre todo entre el franco francés y el marco alemán). Políticamente, sin embargo, la unión parecía un objetivo más lejano que nunca. Desde 1950, la integración en todos los frentes había progresado en una especie de foxtrot europeo: dos pasos adelante, uno al lado y otro hacia atrás. En realidad, desde el principio los pasos hacia la integración habían estado impulsados sobre todo por motivos nacionales, inicialmente para garantizar el predominio francés y después como una plataforma para restablecer un estado nación alemán. En la práctica formular como objetivo una unión cada vez más estrecha había reforzado el sistema de estados nación europeos.

El núcleo formado por los seis miembros fundadores de la CEE no se amplió hasta 1973. Hasta entonces, Grecia (en 1962) y Turquía (en 1964) habían obtenido la condición de estado asociado. Grecia fue suspendida en abril de 1967 cuando un golpe militar puso un abrupto final (temporalmente) a la democracia en el país. Malta (1971) y Chipre (1973) también fueron admitidos como miembros asociados, y se ofrecieron condiciones preferenciales para la importación de una serie de bienes industriales a varios países de África. Sin embargo, el doble veto de De Gaulle a la adhesión británica hizo que la CEE siguiera siendo el «club» de los seis miembros originales que la había fundado en 1957, pero, los otros cinco países fundadores estaban dispuestos a que se incorporara Gran Bretaña. Una vez que en abril de 1969 De Gaulle abandonó el cargo y, en junio de 1970, el europeísta conservador Edward Heath se convirtió en el primer ministro británico tras una inesperada victoria electoral, las perspectivas de ampliar la Comunidad Europea (como se la denominaba desde 1967) para incluir al Reino Unido mejoraron significativamente.

El nuevo presidente francés, Georges Pompidou, se mostraba más favorable a la adhesión de Gran Bretaña a la Comunidad Europea que su intransigente predecesor debido en parte a que veía la necesidad de servir de contrapeso a la posición de Alemania Occidental, cuya economía pujante y una divisa fuerte la habían transformado en la indudable potencia económica de Europa y habían debilitado el dominio de Francia que los franceses habían dado por sentado al principio. Además, Willy Brandt, el canciller socialdemócrata de la República Federal desde octubre de 1969, había empezado a establecer una nueva relación con Europa oriental, su Ostpolitik, que tuvo consecuencias impredecibles para la Comunidad Europea y para Francia. En el lado británico había llegado el momento de hacer una última tentativa de unirse a la Comunidad. Heath, más bien frío en sus relaciones con Estados Unidos, era un europeísta por convicción a quien había conmovido profundamente la devastación que pudo ver cuando prestaba servicio en el ejército británico después del desembarco de Normandía. Para él, como para otros idealistas de su generación, la unidad europea era la única manera de garantizar una paz duradera y, además, desde el punto de vista del interés nacional la adhesión a la Comunidad Europea parecía una opción atractiva. Con el comercio con la Commonwealth sufriendo una fuerte caída, la pertenencia a la Comunidad Europea ofrecería a la maltrecha economía británica, con una elevada inflación y devastada por la conflictividad laboral, la oportunidad de beneficiarse del éxito del Mercado Común establecido en Europa occidental. Tras una reunión en París en mayo de 1971 entre Pompidou y Heath, unas minuciosas negociaciones en Bruselas allanaron el camino para que el 1 de enero de 1973 el Reino Unido se convirtiera en miembro de la Comunidad Europea. Irlanda y Dinamarca se incorporaron al mismo tiempo, pero la candidatura de Noruega causó amargas divisiones en este país. Un referéndum celebrado en 1971, en el que el 53 % de los votantes rechazaron la adhesión, puso fin a las expectativas noruegas de adherirse a la Comunidad.

La ampliación de la Comunidad Económica a nueve países introdujo una dificultad nueva y, como se vería, duradera: la postura semidesligada de Gran Bretaña. Heath pertenecía a una pequeña minoría de idealistas europeos en su país, en incluso en su propio partido (y fuera de él) abundaban, sobre todo entre la generación de más edad, quienes no podían aceptar el fin del imperio y el hecho de que en la práctica la posición de Gran Bretaña se hubiera reducido a la de una potencia europea media. La mayor parte de la población británica era, en el mejor de los casos, indiferente a la Comunidad Europea, mientras que la izquierda se oponía a una organización que percibía como un «club de ricos». Quienes estaban a favor lo estaban generalmente porque veían en ella ventajas económicas, pero nada más. «Europa» era un balance contable. Resulta revelador que, durante años, se aludiera a la Comunidad Europea como el «Mercado Común». ¿Estaría mejor Gran Bretaña dentro de la CE o fuera? Esa era la única cuestión que importaba a la mayoría de los ciudadanos.

No veían a Gran Bretaña como parte de Europa y, de hecho, en algunos aspectos significativos su evolución histórica la había diferenciado de la Europa continental. La centenaria soberanía parlamentaria del país, sus tradiciones, sus antiguas instituciones y su ordenamiento jurídico no se habían visto interrumpidos por ninguna invasión ni ocupación. Su historia moderna se había basado en el imperio de ultramar más que en los vínculos con Europa (aparte de haberse visto obligada dos veces en los últimos tiempos a combatir en guerras europeas). Su sistema monetario y su sistema de medidas duodecimales (que, para pesar de muchos, en 1971 pasaron a ser decimales para facilitar el comercio europeo) recordaban a diario a los británicos sus diferencias con países de la Europa continental. Esta sensación de singularidad se veía intensificada por la geografía de Gran Bretaña, una isla situada en los bordes del continente que miraba tanto hacia el otro lado del Atlántico como del canal de la Mancha. Todo ello formaba parte más que nada de la soberanía y los poderes celosamente preservados de Gran Bretaña como un estado nación cuya absoluta independencia no toleraría ninguna clase de injerencias. Los políticos, tanto conservadores como laboristas, y la mayoría de los ciudadanos corrientes necesitaban una buena dosis de persuasión para superar su insularidad y asumir la idea, en lugar de aceptarla a regañadientes, de formar parte de la Comunidad Europea. La insularidad había generado prejuicios arraigados. A Francia, situada a apenas cincuenta kilómetros de la costa sur de Inglaterra, se la veía como «extranjera»; a Australia, a veinte mil kilómetros de distancia, no.

Obviamente, con el tiempo estas actitudes cambiaron, sobre todo entre la generación más joven, pero no puede pasarse por alto que Gran Bretaña se había incorporado tardíamente a una Comunidad Europea que, como es natural, para entonces ya había evolucionado para adaptarse a sus miembros constituyentes. La Política Agrícola Común era un ámbito que sin duda iba a levantar ampollas en Gran Bretaña, donde los consumidores tendrían que pagar precios más elevados por los alimentos para subvencionar a agricultores continentales no competitivos, y en particular a los franceses. El hecho de que los agricultores británicos, que ya eran eficientes, también se beneficiaran sustancialmente no era un consuelo para los consumidores británicos, muy afectados por una inflación galopante. Por consiguiente, los inicios del «Mercado Común» en Gran Bretaña fueron poco propicios. Aun así, las empresas y el gobierno hicieron hincapié en las desventajas de no incorporarse y los argumentos parecían convincentes, a pesar de los recelos. Cuando en 1975 la adhesión fue sometida a referéndum, una mayoría de dos tercios votó a favor de que Gran Bretaña permaneciera en la Comunidad Europea. Muchos habían votado a favor de la permanencia en «Europa» con la esperanza de que esto significaba pertenecer a una zona de libre comercio más amplia y, por consiguiente, de que reportaría beneficios económicos, pasando por alto (o desconociendo) que el objetivo político subyacente consagrado en el tratado de Roma de 1957 era una «unión cada vez más estrecha». No obstante, estos resultados impresionantes ponían de manifiesto que la mayoría de los británicos reconocía que el futuro del país estaba mejor garantizado si mantenían unos lazos estrechos con sus vecinos europeos y que, en particular en los sectores de la sociedad más instruidos y ricos, estaba arraigando el sentimiento de que Gran Bretaña formaba parte de Europa. Con todo, persistiría cierta hostilidad residual hacia todo lo que emanaba de «Bruselas» (la sede de la Comisión de la Comunidad) y todo lo asociado con ella, que seguiría complicando y menoscabando el objetivo de transformar la integración económica en una unión política más estrecha.

En 1973, la Comunidad Europea tenía preocupaciones más serias que las posibles dificultades futuras para acomodar los intereses particulares británicos. Los problemas de la economía estadounidense, sobre todo el creciente déficit de la balanza de pagos, estaban afectando a la estabilidad monetaria europea. Gran Bretaña había devaluado su moneda en 1967 y Francia en 1969, mientras que la extraordinaria fortaleza del marco alemán reflejaba un evidente desequilibrio económico entre los países europeos, que cada vez tenían más dificultades para mantener tipos de cambio fijos entre sí. En 1971, se abandonó el sistema de Bretton Woods de monedas convertibles a tipos fijos, que se remontaba al acuerdo internacional de julio de 1944, para adoptar un sistema de monedas flotantes más flexible. En la práctica, esto fortaleció aún más el predominio financiero de Alemania Occidental entre los países de la Comunidad Europea.

Sin embargo, el verdadero golpe a las economías de Europa occidental se lo asestó la crisis petrolera de 1973 que siguió a la cuarta y mayor guerra árabe-israelí, tras las de 1948, 1956 (la debacle de Suez) y la guerra de los Seis Días de 1967, en la que Israel se apoderó de un vasto territorio. No es de sorprender que los países árabes se negaran a aceptar el desenlace territorial del ataque preventivo israelí de junio de 1967, pues se había arrebatado a los árabes grandes extensiones de territorio que eran de su propiedad, incrementando más de tres veces el territorio al incorporar a Israel los Altos del Golán y la península del Sinaí, al tiempo que ponía a toda Jerusalén bajo control israelí. Los estados árabes planearon en silencio su venganza, y el 6 de octubre de 1973, el día de la festividad judía del Yom Kippur (el Día de la Expiación), Egipto y Siria lanzaron un ataque militar a gran escala contra Israel que al principio tuvo éxito, pero los israelíes contraatacaron con fuerza y recuperaron gran parte de la iniciativa antes de que la intervención de las superpotencias (junto con un enorme aumento de la ayuda estadounidense para contribuir a la reconstrucción de una economía israelí muy dañada) se materializara a finales de mes en un precario alto el fuego.

Los países árabes recurrieron entonces al control sobre el petróleo como un arma nueva y potente que estaban dispuestos a utilizar contra Occidente. Si bien en 1945 Oriente Medio producía apenas el 7 % de la producción mundial de petróleo en 1945, en 1973 el porcentaje era de casi dos quintas partes, y en plena guerra los ministros árabes del petróleo, que trabajaban a través del cártel de la OPEP (la Organización de Países Exportadores de Petróleo), habían acordado subir los precios del crudo un 70 % a las empresas petroleras occidentales, reducir la producción un 25 % e imponer un embargo de petróleo a Estados Unidos y otros aliados de Israel. Esto marcó un nuevo comienzo en los conflictos internacionales y creó enormes problemas a las economías occidentales, que se habían vuelto sumamente dependientes de consumo de petróleo. El régimen petrolero que Occidente había promovido y del que se había beneficiado mucho se mostraba por entonces capaz y dispuesto a defender sus intereses con repercusiones dramáticas. La cuadruplicación del precio del petróleo tuvo un devastador impacto en casi todos los cálculos o supuestos económicos y generó una situación próxima al pánico que volvía a poner de manifiesto los limitados progresos de la integración cuando los países de la Comunidad Europea (así como los de fuera de la misma) buscaron sus propias soluciones nacionales.

La crisis petrolera provocó una recesión económica severa, la primera de gravedad desde antes de la segunda guerra mundial. En un sentido más amplio, inauguró una nueva era para Europa. Los años del boom de la posguerra tocaban a su fin. Los buenos tiempos se habían acabado.

Capítulo 5 LA CULTURA DESPUÉS DE LA CATÁSTROFE

Ya no estoy seguro de nada.

Jean-Paul Sartre, 1951

¡A-uam-ba-buluba-balam-bambu!

Little Richard, «Tutti Frutti», 1955

La cultura es una ventana al alma de una sociedad. Es una ventana con múltiples cristales, cada uno con una tonalidad diferente; algunos son opacos, tanto que es imposible ver a través de ellos. La heterogeneidad de las expresiones culturales en cualquier sociedad libre es tal, que apenas se puede realizar un resumen sucinto y es extremadamente difícil buscar claras líneas de interpretación comunes. Sin embargo, la cultura arroja luz de diferentes modos sobre el carácter de Europa en las primeras décadas de la posguerra, y a pesar del Telón de Acero y de la diversidad del desarrollo cultural en Europa oriental y occidental (que refleja principalmente los diferentes niveles de control político), y también pese a las incuestionables influencias nacionales en la cultura en una época de estados nación, una cultura común era en muchos sentidos la principal entidad definitoria del continente europeo.

Durante los «buenos tiempos» del crecimiento económico casi ininterrumpido y de la creciente prosperidad entre 1950 y 1973, la cultura europea miró sobre todo hacia el futuro, no solo como un reflejo de la celeridad sin precedentes con que mejoraba la economía, sino coincidiendo también con las primeras medidas políticas para superar las profundas cicatrices del pasado nacionalista. Reinaba un creciente optimismo, una sensación de que la humanidad podía conseguir prácticamente todo lo que quisiera, y esto se acompañaba de una fe casi religiosa en lo que podía lograr la ciencia. Sustentaban esta fe los viajes espaciales inaugurados por los soviéticos y los estadounidenses y otros avances científicos, en particular en el campo de la medicina, que albergaban la promesa de un futuro mejor. Ante todo, el culto a la juventud y la revuelta generacional que alcanzaron su plena expresión a finales de los años sesenta reflejaban una ruptura consciente con el pasado. La música pop fue su medio omnipresente. En toda Europa occidental, e incluso al otro lado del Telón de Acero, ídolos como Elvis Presley a mediados de los años cincuenta y los Beatles y los Rolling Stones casi una década más tarde representaban una nueva era, un futuro que pertenecía a los jóvenes. Una cultura popular centrada en el presente inmediato, y más allá de eso vivir confiando en un mundo mejor por venir, contribuyó a propiciar una transformación de los valores sociales, que comenzaron a cambiar a un ritmo probablemente más rápido que en cualquier otro momento de la historia.

Sin embargo, aunque Europa miraba con confianza hacia el futuro, no podía olvidar su pasado. El optimismo de los científicos solo era una cara de la moneda, la otra fue una sensación de pesimismo generalizada y comprensible entre la intelectualidad literaria en los primeros años de la posguerra. George Orwell ofrecía una explicación sombría y bien argumentada: «Desde 1930, aproximadamente, el mundo no había dado ninguna razón para el optimismo. Nada a la vista, excepto un aluvión de mentiras, crueldad, odio e ignorancia». Esta constante desesperación, que pese a Orwell fue mucho menos característica de los intelectuales británicos que de los de la Europa continental, fue disminuyendo paulatinamente a medida que iba consolidándose la recuperación económica y dio paso a nuevas formas de crítica social, muchas de ellas dirigidas no contra el deprimente pasado, sino contra la superficialidad de la sociedad de consumo materialista de la época. No obstante, el horror que había experimentado Europa regresaba una y otra vez de diferentes maneras y constituía un componente ineludible de la expresión cultural. «Escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie», había afirmado en 1949 el filósofo alemán Theodor Adorno (que durante el nazismo había vivido en el exilio, principalmente en Estados Unidos). No había que tomarlo al pie de la letra. De hecho, se vio desmentido por un conmovedor poema de Paul Celan, «Die Todesfuge» («Fuga de muerte»), escrito por un judío nacido en Rumanía cuyos padres habían muerto tras ser deportados; hacia el final de la guerra, él mismo había pasado un tiempo internado en un campo de trabajo. Cuando en 1952 se publicó en alemán se había hecho muy conocido. Celan describía de manera explícita las siniestras imágenes de la muerte en un campo de concentración y su autor condensaba la esencia de la reflexión de Adorno al considerar su poema «un epitafio y una tumba». Nunca se recuperó de la deportación y la muerte de sus padres, sufrió repetidos episodios depresivos y, muchos años más tarde, en abril de 1970, su cadáver fue encontrado en el Sena a las afueras de París. Adorno captó la idea de las dificultades a las que se enfrentaba cualquier intelectual o persona dedicada a las artes creativas que en los años de la posguerra intentara abordar el sentido del reciente y catastrófico hundimiento de Europa en un abismo de inhumanidad.

La mayoría de la gente tenía puntos de vista diferentes. Los nacidos durante o después de la guerra anhelaban, tras salir de la austeridad y las penurias de la posguerra, los placeres y las experiencias de un nuevo mundo feliz. Muchos, tal vez la mayoría de quienes habían sobrevivido y luchado en las dos guerras mundiales, incluidos los millones de personas que habían corrido una suerte amarga, preferían no pensar en el terrible pasado, y un gran número de ellos también ansiaba un futuro mejor, no verse obligados a revivir las desgracias del pasado. En realidad, el interés por las dos guerras mundiales y por el Holocausto no fue tan importante en los años cincuenta y sesenta como lo sería en el último cuarto del siglo XX. Aun así, en las primeras décadas de la posguerra no fue fácil disipar la sombra del pasado inmediato. En la cultura, las corrientes intelectuales y las mentalidades populares, el pasado reciente siempre estaba presente; no bastaba con desear que desapareciera.

LA SOMBRA DEL PASADO

El impacto de la segunda guerra mundial fue menos evidente en las artes creativas que en la filosofía o la historia, pero existió igualmente. Las actitudes durante la posguerra hacia la música de Richard Wagner fueron un claro ejemplo de ello. El antisemitismo ideológico de Wagner, la estrecha relación de su familia con Hitler y la apropiación de Bayreuth (sede del festival anual dedicado a Wagner) para convertirla en un santuario cultural nazi constituían obstáculos importantes para que las obras de este compositor fueran bien acogidas en un mundo que había sido testigo del Holocausto. Wagner polarizaba los sentimientos como ningún otro compositor. Frente a los admiradores de sus óperas musicales como obras de un talento y una grandeza sin par estaban quienes consideraban a Wagner y su música un pilar cultural del nacionalismo alemán, el antisemitismo y, a la postre, el nazismo, la guerra y el genocidio. Tras cinco años en los que el Festspielhaus, el teatro de Wagner en Bayreuth, se utilizó para ofrecer conciertos y óperas de otros compositores, en 1951 se reanudó el Festival de Bayreuth, que no tardó en volver a florecer bajo la dirección de los nietos del compositor, primero Wieland y después Wolfgang. La enérgica irrupción de los montajes de Wieland marcó una clara ruptura con los vínculos con el nazismo anteriores a la guerra, pero ni así pudo erradicarse por completo el estigma de la estrecha relación entre Wagner y el nazismo.

Las composiciones de Dmitri Shostakóvich también ilustran con claridad cómo, en el ámbito de la música clásica, se podía vincular abiertamente el pasado con la política del momento. Su épica Séptima Sinfonía, Leningrado, interpretada por primera vez en la ciudad asolada por el hambre durante el terrible sitio alemán que sufrió entre 1941 y 1943, era considerada un tótem en la Unión Soviética por ser una conmemoración del inmenso sufrimiento de la población y representaba además la esperanza ganada por el pueblo soviético gracias a la victoria contra el fascismo en la «gran guerra patriótica». Sin embargo, tanto antes como después de la guerra las formas musicales experimentales de Shostakóvich recibieron duras críticas del régimen soviético y es probable que a finales de los años treinta solo la fama salvara al compositor de ser otra víctima más de las purgas de Stalin. Siguió arriesgándose a disgustar al régimen e incluso durante el «deshielo cultural» de Jruschov Shostakóvich estuvo en peligro. Su cuarteto de cuerda n.º 8, A la memoria de las víctimas del fascismo y la guerra, compuesto en 1960 para conmemorar el bombardeo de Dresde en 1945, retomaba temas de composiciones anteriores que habían sido tildadas de «formalismo burgués», y su Sinfonía n.º 13 (1962), Babi Yar, basada en un poema de Yevgueni Yevtushenko que evocaba la matanza de 33 771 judíos (la cifra se conoce con exactitud por los registros de los asesinos nazis) cerca de Kiev en 1941, suscitó polémica al destacar la persecución de los judíos y criticar indirectamente el antisemitismo de la Unión Soviética.

En cambio, en Europa occidental las reflexiones sobre la catástrofe de la guerra en la escena musical clásica de la posguerra fueron escasas, pues el pasado tenía allí un significado diferente: la gente deseaba recuperar la normalidad después del desastre, no que se lo recordaran. Una excepción fue la popularidad que alcanzó el Réquiem de guerra de Benjamin Britten, de 1962, interpretado por primera vez en la consagración, ese mismo año, de la nueva catedral de Coventry (la catedral medieval había sido destruida durante el bombardeo alemán de Coventry en noviembre de 1940). Al público en general tampoco le entusiasmaba la música clásica de vanguardia, como las obras experimentales de Olivier Messiaen, Pierre Boulez o Karlheinz Stockhausen. Deseaban, sobre todo, lo tradicional, no lo moderno. En general, el público acudía a escuchar de nuevo el repertorio clásico de los siglos XVIII y XIX: Bach, Mozart, Beethoven y Brahms, o las óperas de Donizetti, Verdi y Puccini, e incluso Wagner (pese a estar marcado por sus vínculos con el nazismo). El público volvió a recibir con los brazos abiertos a famosos directores de orquesta como Arturo Toscanini, Otto Klemperer, Bruno Walter, Karl Böhm y Tullio Serafin, y se regocijó con la aparición de nuevas referencias como Herbert von Karajan y Georg Solti. También se emocionaron con las actuaciones de una galaxia de estrellas de la ópera que incluía a Maria Callas, Joan Sutherland, Jussi Björling, Tito Gobbi y Giuseppe Di Stefano, cantantes extraordinarios pese a que interpretaban el repertorio predilecto en una época anterior. A mediados de los años sesenta, incluso el brillante compositor y director de orquesta estadounidense Leonard Bernstein insinuó que la música clásica había perdido su atractiva capacidad de invención: «La música pop parece ser el único ámbito en el que se percibe una descarada vitalidad, el placer de la creatividad, una sensación de aire fresco», afirmó.

Otras formas de arte también reflejaban una tensión entre el pasado y el futuro, entre lo tradicional, o al menos lo familiar, y la vanguardia moderna que trataba de romper con las formas de representación anteriores. Cuando Europa quedó enterrada bajo las cenizas, el principal impulso innovador en la pintura se trasladó a Nueva York. La influencia estadounidense, con la obra de Jackson Pollock a la cabeza, fue especialmente importante en el giro hacia formas radicales de expresionismo abstracto, y aunque tuvo mejor acogida en Gran Bretaña que en Europa continental, influyó en la difusión de la asombrosa variedad de arte abstracto que durante la posguerra predominó en Europa. Las nuevas formas artísticas experimentales, surgidas a finales de los años cincuenta, a menudo tenían por objeto sacudir las sensibilidades convencionales. Entre ellas figuraba la creación de imágenes de la miseria urbana y de artículos de consumo del grupo parisino Nuevo Realismo, que presentaba similitudes con el arte pop estadounidense, cuyo desarrollo era independiente y estaba estrechamente asociado a Andy Warhol.

Las propias innovaciones se inspiraban en movimientos artísticos previos a la guerra y además Pablo Picasso, Henri Matisse, Marc Chagall y otros genios cuya obra era anterior a la guerra seguían en activo y atraían muchos más visitantes a sus exposiciones que los artistas radicales más jóvenes. Como es habitual, la innovación artística se veía a sí misma como una revuelta contra las formas de expresión tradicionales, que para entonces se consideraba que incluían gran parte de lo que antes de la guerra se consideró revolucionario. Sin embargo, las modalidades de arte abstracto más radicales tenían dificultades para atraer a un público amplio, que seguía acudiendo a ver las obras de los grandes maestros. Así pues, la guerra marcó un cambio artístico, pero no supuso una ruptura total con el pasado.

En la arquitectura, la sombra del pasado era muy visible en las ruinas y la devastación de las grandes ciudades y pueblos de Europa. La guerra marcó una ruptura evidente. La reconstrucción era una necesidad urgente, pero en el marco de unas economías arruinadas no podía ser costosa. El estilo más característico, utilizado sobre todo para las viviendas o los complejos comerciales, los edificios gubernamentales y después los campus de las nuevas universidades, fue el brutalismo, cuyo nombre derivaba de la expresión francesa béton brut (hormigón crudo), su material base. Se basaba en el racionalismo y el funcionalismo de los años treinta, aunque llevó estos estilos a nuevos extremos. Se consideraba «progresista» y se asociaba con algunos ilustres arquitectos, entre ellos el gran diseñador y urbanista suizo Le Corbusier, y fue internacional, ya que enseguida se extendió con rapidez por el mundo. Su repercusión en Europa occidental fue dispar. La arquitectura pública italiana fue mejor que en otros lugares, pues se intentaron construcciones audaces, como los extraordinarios diseños voladizos de Luigi Moretti, que siguieron siendo excepcionales en los primeros años de la posguerra.

El brutalismo apenas penetró en Italia y también hubo importantes excepciones en otros lugares. Ejemplo de ello fue Notre Dame du Haut, la capilla sorprendentemente modernista que entre 1953 y 1955 Le Corbusier construyó para la Iglesia Católica en Ronchamp, en el este de Francia, y que Nikolaus Pevsner describió como un «monumento del nuevo irracionalismo». Otra excepción fue la última obra de Mies van der Rohe, Neue Nationalgalerie, un edificio terminado en 1968 que aprovechaba al máximo el efecto estético del cristal y el acero para crear luminosidad y amplitud. En Gran Bretaña, sin embargo, el brutalismo se volvió ineludible. Era visualmente austero e intimidante, con sus fachadas de hormigón visto, cristal y acero despojadas por completo de cualquier ornamento. Su estilo irradiaba la atmósfera de la austeridad de la posguerra (aunque se continuó utilizando cuando la financiación dejó de ser un grave problema) y parecía representar una sociedad colectiva, moderna, sólida, sin lujos. Tuvo sus admiradores, sobre todo en décadas posteriores y a menudo entre aquellos que no habían vivido o trabajado en construcciones «brutalistas», pero abundaron quienes desde el principio consideraron esos edificios una afrenta estética. Y, por lo general, las generaciones posteriores consideraron que el deteriorado hormigón de edificios importantes situados en el corazón de las ciudades era una monstruosidad, no una atracción.

Al este del Telón de Acero también se acogió con agrado un tipo de brutalismo (sin este nombre), la arquitectura «socialista» antiburguesa, que en la planificación urbana se centró en la construcción de apartamentos baratos y sencillos para la población activa. Una vertiente de la arquitectura socialista fueron las viviendas deslucidas, de bajo costo y puramente funcionales que se construyeron en serie para hacer frente a la grave escasez de alojamiento. La otra fue el «clasicismo social» de los edificios monumentales representativos, cuyo propósito era mostrar la grandeza del estado obrero, como el Palacio de la Cultura y la Ciencia de Varsovia (terminado en 1955 y al que los lugareños llamaban «la tarta nupcial», entre otros nombres aún menos halagadores) o la Stalinallee (más tarde la Karl-Marx-Allee) en Berlín Este, una imponente avenida de dos kilómetros de longitud y casi noventa metros de anchura.

En el teatro, la guerra supuso más un paréntesis que una ruptura total, pero aun así el pasado fue una parte ineludible del resurgimiento del teatro después de la guerra. El antifascismo y las críticas mordaces a la sociedad burguesa están presentes en toda la obra del gran dramaturgo marxista Bertolt Brecht, quien regresó desde el exilio a Berlín Este (donde vivió hasta su muerte en agosto de 1956), atraído por la oferta de fundar una compañía teatral propia, el Berliner Ensemble. Brecht ya era famoso mucho antes de la guerra, cuando destacó como una de las estrellas más luminosas en el firmamento del Berlín de Weimar antes de que los nazis la destruyeran, y la mayor parte de sus obras más importantes las había escrito durante la época de Weimar, cuando elaboró también sus teorías sobre el «teatro épico». El «teatro épico», aunque Brecht no inventó ni el nombre ni el concepto, representaba una ruptura consciente con el pasado. En su nueva conceptualización, Brecht rechazaba el «teatro de la ilusión», que estimulaba la identificación del público con los personajes y creaba la ilusoria sensación de estar experimentando la realidad, e intentaba provocar la reflexión racional mediante el distanciamiento o la «alienación» del público de la acción que se desarrollaba en el escenario.

Tras la guerra, Brecht fue más activo como director teatral que como dramaturgo, pero sus obras eran sumamente populares en Alemania Occidental (solo por detrás de Shakespeare y por delante de Schiller en cuanto al número de representaciones durante los años sesenta) y muy conocidas en toda Europa, oriental y occidental, y en otros lugares, sobre todo Estados Unidos. En Alemania Oriental fue aclamado como un escritor de renombre internacional que había elegido fijar su residencia en la República Democrática Alemana, aun cuando el apreciado ciudadano tuvo también problemas. Los dirigentes de Alemania Oriental procedieron con cautela a la hora de concederle demasiada publicidad, conscientes de que su entusiasmo por las realidades de la sociedad comunista era limitado, pese a que hubiera dado su apoyo público (si bien un poco ambiguo) al aplastamiento del levantamiento de 1953, y que al año siguiente recibió el premio Stalin de la Paz (depositó los ingresos del mismo, unos trescientos mil francos suizos, en la cuenta bancaria suiza que conservaba).

En los años cincuenta y sesenta, la corriente más innovadora del teatro occidental fue el «teatro del absurdo», que se convirtió en sinónimo de los nombres del irlandés Samuel Beckett y el rumano Eugene Ionesco, que vivían y escribían en París. La filosofía que subyacía a su obra era que la vida carecía de sentido y propósito; era absurda. Los diálogos de obras como Esperando a Godot (En attendant Godot, 1953) y Final de partida (Endgame, 1957), de Beckett, consistían en conversaciones sin sentido aparente entre personajes que parodiaban la existencia humana en representaciones desprovistas de acción. No es de sorprender que el teatro del absurdo despertara una gran hostilidad. Aun así, las obras se representaron ampliamente y recibieron numerosos elogios, al tiempo que suscitaron un debate inevitable, aunque paradójico, sobre cuál era el sentido de la falta de sentido. El teatro del absurdo se insertaba en un linaje artístico que se remontaba al dadaísmo y el surrealismo posterior a la primera guerra mundial y en buena medida era una representación teatral de antiguos fenómenos en las artes visuales. No obstante, el pensamiento en el que se basaba el teatro del absurdo también tuvo una relevancia que emanaba del pasado más inmediato.

Este pensamiento era similar al del gran escritor francés Albert Camus, una destacada figura de la literatura de posguerra que en 1957 ganó el premio Nobel de Literatura. Durante la ocupación alemana, Camus había escrito editoriales en Combat, una publicación clandestina de la Resistencia, y siguió haciéndolo hasta el cierre de esta en 1948. Tras la guerra publicó algunas de sus novelas más importantes, La peste (La peste) en 1947 y La caída (La chute) en 1956, con alusiones indirectas al nazismo y el Holocausto. A través de los escritos de Camus, el teatro del absurdo mantenía un vínculo con el terrible pasado inmediato. La peste (en la que los ciudadanos de Orán, en la provincia francesa de Argelia, responden en parte con fatalismo y en parte mediante la explotación oportunista de la situación, pero también en parte intentando combatir el brote de una epidemia de peste) suele interpretarse como una alegoría de la experiencia francesa bajo la ocupación nazi. El arbitrario impacto de la peste y la exposición aleatoria a la muerte ponen de relieve lo absurdo de la vida. Pero Camus, que se resistía a que le calificaran de «existencialista», lucha para conservar la creencia en una existencia sin sentido cuando destaca, a través de sus personajes más simpáticos, la necesidad de no limitarse a aceptar la llegada desde fuera del sufrimiento y la muerte, sino a combatirlos, y a no hacerlo solos, sino en solidaridad con otros ciudadanos por el bien de la comunidad.

La literatura, más que la pintura o el teatro, reflejó la necesidad de encontrar un sentido a los acontecimientos catastróficos del pasado reciente, y quizá no sea sorprendente que esto sucediera de un modo particularmente pronunciado en Alemania Occidental. (En la República Democrática Alemana, la doctrina oficial imponía una apretada camisa de fuerza a la literatura, considerada un vehículo para la omnipresente doctrina del antifascismo). En un momento en el que la mayoría de los ciudadanos alemanes intentaba bloquear los recuerdos dolorosos, algunos escritores influyentes intentaron enfrentarse con ellos. Uno de los primero fue Wolfgang Koeppen, cuya novela Palomas en la hierba (Tauben im Gras, 1951), escrita como un «monólogo interior», describía un único día en una ciudad donde la preocupación por un conflicto entre el este y el oeste se entremezclaba con las esperanzas depositadas en el futuro y el intento de encontrar un significado a las ruinas. Las continuidades con el pasado nazi no se ocultan, pero coexisten con vías para lograr una sociedad más abierta y pluralista. Con Muerte en Roma (Der Tod in Rom, 1954), Koeppen, quien al menos en apariencia había sido conformista durante el Tercer Reich, se convirtió en uno de los primeros escritores que abordaron el tema de la culpabilidad alemana en relación con el Holocausto.

Varios escritores más jóvenes de Alemania Occidental no tardaron en consolidarse como destacadas figuras literarias que abordaban de manera directa o alusiva el pasado reciente de Alemania como parte de su exploración de la necesaria ruptura cultural y estética con ese pasado en la nueva e incierta democracia. En su obra, y en la de otros autores, los nuevos comienzos y el pasado reciente estaban estrechamente interrelacionados. Alfred Andersch, nacido en 1914 y que había servido en la Wehrmacht, trataba en su obra más famosa, Zanzíbar o la última razón (Sansibar oder der letzte Grund, 1957), los temas de la resistencia comunista, la deserción del ejército, la persecución de los judíos y el «arte degenerado» (como llamaban los nazis a las formas artísticas de vanguardia), y al mismo tiempo proponía un deber moral de doble filo: ayudar a huir a los perseguidos, pero también regresar por libre elección a Alemania, la tierra de los perseguidores. Heinrich Böll, tres años más joven que Andersch, había examinado su servicio militar durante la guerra desde la perspectiva de su ferviente fe católica y en diciembre de 1940 escribió que debía existir en Europa «un espíritu nuevo» y que «es sin duda nuestra tarea “propagar el cristianismo”». No obstante, se oponía rotundamente a la crueldad y el militarismo nazi. Billar a las nueve y media (Billard um halb zehn, 1959) se centra en la persecución y la capacidad de destrucción de los nazis, mientras que su novela anterior, Y no dijo ni una palabra (Und sagte kein einziges Wort, 1953), ofrece una crítica pesimista de los valores de la civilización en una sociedad recién creada y determinada solo por las prioridades económicas. Opiniones de un payaso (Ansichten eines Clowns, 1963), de gran éxito internacional (aunque muy criticada en círculos conservadores de Alemania Occidental), profundiza en estos temas, centrándose en la moralidad de la posguerra en la Alemania de Adenauer, la herencia del pasado nazi, la hipocresía de los valores conservadores y, sobre todo, la intransigencia de la Iglesia Católica.

Fuera de las fronteras de Alemania Occidental, el autor más famoso de la posguerra, en particular cuando en 1979 su novela El tambor de hojalata (Die Blechtrommel, 1959) fue llevada al cine le granjeó fama internacional, fue Günter Grass. La originalidad de esta su primera novela, la primera radicaba en su doble perspectiva. La época nazi en Danzig (donde Grass había pasado sus primeros años) era retratada a través de la mirada clarividente de un niño de tres años, Oskar Matzerath, y de la de un Oskar ya adulto y con treinta años, por entonces internado en un hospital psiquiátrico. Oskar, el niño cuyo desarrollo psicológico se había detenido, lo que le otorgaba poderes de clarividencia, usa su bien más preciado, su tambor de hojalata, para intervenir en los asuntos de los adultos, como cuando se une a un desfile nazi que acaba marchando al ritmo que él marca. A través de esta compleja construcción, Grass describe cómo su ciudad natal se sume en la inhumanidad y la destrucción. El recurso de la perspectiva doble permite la reveladora e ingenua percepción de un niño que habita un mundo cuya perniciosa realidad solo puede comprender plenamente cuando llega a la edad adulta. El tambor de hojalata es en sí mismo una manera de llamar la atención sobre el individuo que observa, que es reacio a la disciplina de los grandes actos de masas y a la ideología dogmática pero no está involucrado en nada que se pueda considerar oposición política. La obra, cuya recepción en una sociedad que en su mayoría era rígidamente conservadora y muy religiosa en sus valores dominantes, fue muy polémica y, para la generación más joven, significó un enfoque crítico del pasado reciente que formaba parte de un cuestionamiento del presente.

Durante su larga vida (murió en abril de 2015) y su celebrada carrera literaria, Grass encarnó en sus obras y en su compromiso político (fue un destacado simpatizante de los socialdemócratas) la introspección alemana sobre el pasado nazi. Hasta qué punto era complicada esa relación con el pasado, sobre todo para quienes habían vivido en la época nazi, se puso al descubierto cuando a la altura de 2006, Grass reveló en su autobiografía que a los dieciséis años, en 1944, se había alistado en las Waffen-SS y durante seis meses había prestado servicio como artillero de tanques.

Alemania Occidental fue excepcional en la amplitud y profundidad de su introspección literaria. En ningún otro lugar fue comparable. No obstante, en Italia se publicaron obras importantes que reflexionaban sobre el legado del régimen fascista y de la guerra. La conmovedora Cristo se paró en Éboli (Cristo si è fermato a Eboli, 1945), de Carlo Levi, posteriormente adaptada al cine, eran unas memorias de su exilio político durante la dictadura de Mussolini en una región atrasada, infestada de malaria y «dejada de la mano de Dios» en el sur de Italia. Curzio Malaparte, un fascista de primera hora luego perseguido por sus críticas al régimen de Mussolini, utilizó la forma literaria para describir sus experiencias como corresponsal de guerra en el frente oriental en Kaputt (1944), mientras que en La piel (La pelle, 1949) se centró en la destrucción tanto física como moral de Nápoles mientras los Aliados avanzaban hacia el norte después de 1943. Parte de la poesía de Salvatore Quasimodo (galardonado con el premio Nobel de Literatura en 1959) evocaba la injusticia en la época fascista y el sufrimiento durante la guerra; Elio Vittorini, un intelectual comunista que en otro momento había expresado cierto apoyo a las políticas de Mussolini, destacaba la resistencia en su novela Hombres y no (Uomini e no, 1945), y Giorgio Bassani, en El jardín de los Finzi-Contini (Il giardino dei Finzi-Contini, 1962, más tarde llevada al cine con éxito), escribió acerca de las experiencias de la comunidad judía de Ferrara, que durante el fascismo había sufrido discriminación y persecución. Sin embargo, después de la guerra, la mayoría de los italianos no deseaban recordar el pasado fascista. Primo Levi tuvo dificultades para encontrar un editor para el libro que más tarde lo haría mundialmente famoso, Si esto es un hombre (Se questo e un uomo), sobre su supervivencia en Auschwitz, y cuando finalmente lo consiguió, en 1947, la edición tuvo una tirada inicial de solo dos mil ejemplares y no se vendieron todos. Tuvo que transcurrir más de una década para que lo adquiriera uno de los principales editores italianos, Einaudi, y, gracias en buena medida a su traducción al inglés, el libro iniciara su andadura hasta convertirse en unos de los grandes clásicos entre las memorias del Holocausto.

El sentimiento de desesperación o nihilismo fatalista presente en la literatura de la Europa continental era casi inexistente en Gran Bretaña. Al fin y al cabo, aunque el país estuviera al borde de la miseria, se contaba entre los vencedores de la guerra. Una sensación de victoria moral sobre la maldad del nazismo, combinada con la expectativa de que los sacrificios de la guerra llevarían a la creación de una sociedad mejor, acompañaba a un acusado aislamiento en la vida cultural no menor que la política y económica. La guerra había generado poca o ninguna poesía que alcanzara el patetismo de la producida por la primera guerra mundial, a excepción tal vez de los poemas de Keith Douglas, en especial «Nomeolvides» («Vergissmeinnicht»), y tampoco había provocado mucha introspección. Pocos se dedicaban a filosofar en abstracto sobre la ruina de la civilización. La gente, incluidos los intelectuales, quería mirar hacia delante, no hacia atrás, a los años de la guerra. Quizá la única obra literaria importante que trató directamente la experiencia de la guerra fue la trilogía semihumorística de Evelyn Waugh publicada entre 1952 y 1961, Espada de honor (Sword of Honour), una descripción satírica y culturalmente pesimista de la decadencia de los valores institucionales y sociales tradicionales en un mundo de mediocridad y vacuidad. Para Waugh, la guerra fue un triunfo del deshonor, una traición al idealismo. La guerra como un ataque contra la humanidad iba más allá de su perspectiva.

El escritor más importante de Gran Bretaña, desde el punto de vista de la repercusión de sus escritos políticos y sociales en la posguerra inmediata, fue George Orwell, la voz británica del socialismo ético. Orwell criticó los valores y los defectos del estamento conservador británico, pero preservaba un fuerte patriotismo inglés que enraizaba con las viejas tradiciones de igualdad, justicia y libertad. Para él, la experiencia de la guerra allanaba el camino para un gran cambio social radical. Sin embargo, en el fondo era profundamente pesimista sobre el futuro debido a lo que había visto en el pasado reciente. El fascismo había sido derrotado, pero ¿qué iba a reemplazarlo? Orwell rechazaba categóricamente las visiones de una utopía comunista, pues sus experiencias durante la guerra civil española le habían abierto los ojos a la opresión y la crueldad intrínsecas del comunismo soviético. Las novelas distópicas por las que sería mundialmente famoso, su sátira Rebelión en la granja (Animal Farm, 1945) y sobre todo 1984 (Nineteen Eighty-Four, un título que simplemente invertía la fecha de su conclusión en 1948, fue publicada al año siguiente), describían una sociedad futura totalitaria en la que el individuo estaba sometido por completo a la dominación política y social de gobernantes omnipotentes y omniscientes. «El Gran Hermano te vigila», que representaba el poder absoluto del líder supremo, fue un lema que acabó incorporado en el lenguaje cotidiano. Se trataba de un mundo en el que el propio lenguaje convertía la mentira en verdad, donde lo negativo se volvía positivo, donde la falta de libertad se transformaba en aquello que se permitía que fuera conocido como libertad. El totalitarismo se convertiría en el teorema ideológico por excelencia en los análisis occidentales de la guerra fría. Como recurso literario, fue descrito a la perfección por la brillantez de Orwell como escritor.

En un continente dividido entre sistemas políticos e ideologías rivales, era inevitable que a menudo la actividad literaria e intelectual quedara impregnada de los dogmas de la guerra fría. Los soviéticos dedicaron fondos y muchas energías a subvencionar iniciativas para fomentar en Europa occidental el sentimiento antiamericano entre los intelectuales (y no solo entre ellos) y, dados los niveles de antiamericanismo existentes en algunos sectores de la izquierda europea, sobre todo en Francia, los esfuerzos no fueron en vano.

Estados Unidos contraatacó con sus propias iniciativas propagandísticas. Desde el punto de vista de la influencia intelectual, la más importante fue el congreso por la Libertad de la Cultura, organizado en junio de 1950, que no tardó en diseminar ideas anticomunistas por toda Europa occidental. El congreso, financiado en secreto por la CIA, contó con el apoyo de destacados intelectuales anticomunistas entre los que figuraban los filósofos Bertrand Russell, Benedetto Croce, Karl Jaspers y A. J. Ayer, Arthur Koestler, famoso por su brillante novela antisoviética El cero y el infinito (Darkness at Noon, publicada en 1940), el ilustre escritor político francés Raymond Aron y el historiador de Oxford Hugh Trevor-Roper. Koestler, que había sido comunista y ahora poseía el fervor del converso, fue el principal orador en la conferencia fundacional celebrada en Berlín. Pero la inauguración no fue del todo bien. A Trevor-Roper y Ayer, que durante la guerra habían trabajado para los servicios secretos británicos, les molestó el tono estridente del odio obsesivo de Koestler al comunismo. No obstante, las iniciales reservas británicas sobre el congreso no tardaron en disiparse y, en la guerra fría cultural, el anticomunismo se afianzó como la principal ideología entre los intelectuales (y no solo entre ellos), salvo, claro está, la minoría que aún se aferraba a la Unión Soviética.

Aun así, como ya había ocurrido antes de la segunda guerra mundial, algunos destacados intelectuales consideraban el marxismo la única vía segura para lograr una sociedad mejor, a pesar de las revelaciones surgidas durante la condena de Jruschov de los crímenes del estalinismo en febrero de 1956 y el posterior aplastamiento de la sublevación húngara ese mismo año. Con el esplendor del Berlín de Weimar ya perdido en la memoria y la riqueza cultural de Europa central destruida por el Holocausto, dispersada por la emigración o eliminada por la dominación soviética, París reafirmó su posición dominante en la vida intelectual y cultural europea. No fue una casualidad que, en este ambiente de posguerra, se devorara con avidez la filosofía existencialista de Jean-Paul Sartre, ampliamente presentada en su principal obra de los años de la guerra, El ser y la nada (L’être et le néant, 1943), y sucintamente en un breve tratado escrito después de la contienda: El existencialismo es un humanismo (L’existentialisme est un humanisme, 1946).

Sartre, en cuyo pensamiento previo a la guerra, aunque no en sus inclinaciones políticas, había influido mucho el existencialista alemán (y admirador de Hitler) Martin Heidegger, sostenía que la única característica distintiva de la humanidad era «ser consciente de la nada de su ser». La existencia era absurda, carecía por sí misma de sentido, y solo el individuo podía elegir un sentido para su propia vida. La elección era crucial, la cualidad compensatoria de la filosofía. La desesperada desolación aparente se podía combatir con la libertad y la elección a través de la cual el individuo creaba sus propios valores. No obstante, la guerra había transformado algunos aspectos del pensamiento existencialista de Sartre, y lo que surgió como una filosofía individualista (y no política) fue reestructurada en una fuerza activista en la que la libertad individual significaba la responsabilidad de luchar por la libertad de todos, lo cual implicaba nada menos que esforzarse para llevar a cabo una transformación radical de la sociedad. Su pensamiento le acercó al marxismo, la filosofía política de la transformación social y la lucha contra la sociedad burguesa. Apoyó decididamente al Partido Comunista Francés (aunque no se afilió) y a la Unión Soviética, y justificó la violencia política comunista para poder alcanzar el objetivo de la derrota revolucionaria de la sociedad burguesa, visto como el garante último de la libertad (aunque criticó las violaciones soviéticas de los derechos humanos y condenó la represión de la revolución húngara de 1956).

Sartre reconocía las tensiones en su propio pensamiento. Declarar el absurdo y la «nada» de la existencia pero aspirar a luchar por una sociedad nueva y mejor (¿existía siquiera esa sociedad?), creada (¿e impuesta?) por un partido de masas guiado por una filosofía política que afirmaba basarse en la razón y las leyes inmutables de la historia, era una evidente contradicción. Sin embargo, a muchos les parecía que Sartre captaba el estado de ánimo de la posguerra, que oscilaba entre la desesperación y el optimismo sobre la naturaleza y el destino de la humanidad. A finales de los años cincuenta el existencialismo empezó a perder su atractivo, pero Sartre, el intelectual francés por excelencia, continuó cautivando sobre todo a los jóvenes e influyendo en sus opiniones revolucionarias y contra el sistema. En abril de 1980, decenas de miles de personas se agolparon en las calles de París durante su funeral.

En los primeros años de la posguerra, y no solo en Francia, el marxismo asociaba la lucha triunfante contra el fascismo y la esperanza en el futuro. Para sus adeptos proporcionaba un sistema de creencias tan integral como el catolicismo tridentino para sus seguidores, pero la invasión de Hungría socavó su predisposición a pasar por alto o justificar los crímenes del estalinismo y el carácter opresivo del régimen soviético. Muchos destacados intelectuales marxistas abandonaron el Partido Comunista como consecuencia de ello, y cuando en los años sesenta el marxismo empezó a ejercer una renovada influencia intelectual y a entusiasmar a los estudiantes al difundirse por las universidades, por lo general la Unión Soviética ya no era el modelo principal (véase el capítulo 6).

Al otro lado del Telón de Acero, el antifascismo era el nexo ideológico que unía el pasado y el futuro. El fascismo, que para los ciudadanos de Europa central y oriental era en gran medida sinónimo de nazismo, bajo el que habían sufrido tanto y durante tanto tiempo, había sido derrotado por la fuerza militar soviética en «la gran guerra patriótica». La victoria se había sustentado en la inquebrantable creencia en que, si se pretendía crear una sociedad socialista, era necesario destruir la fuerza que alentaba la sed nazi de conquistas brutales. Esta idea se basaba, a su vez, en una definición del fascismo, concebida en 1933 y matizada dos años más tarde por Georgi Dimitrov (jefe antes de la guerra del Comintern, la organización internacional dirigida por los soviéticos, y después líder de Bulgaria entre diciembre de 1946 y su muerte en julio de 1949). Definía el fascismo como «la dictadura terrorista declarada de los… elementos más imperialistas del capital financiero». La implicación era obvia: se había ganado la batalla contra la barbarie de Hitler, pero lo que había generado el fascismo permanecía inmanente en el capitalismo imperialista de Occidente. La visión del futuro, una utopía comunista, solo podía convertirse en realidad si proseguía la lucha contra el capitalismo occidental. Por tanto, el pasado y el futuro estaban ligados por esa visión.

Algunos escritores alemanes notables, que se habían visto obligados a emigrar durante el Tercer Reich, decidieron no regresar a la Alemania Occidental capitalista, sino a la República Democrática Alemana. Bertolt Brecht y su esposa, Helene Weigel, se contaban entre ellos. Las obras de Brecht, incluidas Terror y miseria del Tercer Reich (Furcht und Elend des Dritten Reiches, 1938) y su mordaz sátira sobre el ascenso de Hitler al poder La resistible ascensión de Arturo Ui (Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui, 1941), resumían con brillantez el antifascismo y las ideas emancipadoras del marxismo, que popularizaron en Occidente al tiempo que ayudaban a legitimar el estado alternativo comunista en Alemania Oriental. Stefan Heym fue otro escritor que, después de haber prestado servicio en el ejército estadounidense y de escribir sobre la resistencia y la persecución durante la guerra, decidió vivir en lo que él llamaba «una Alemania mejor», lo que constituyó otro gran éxito propagandístico para el régimen de la RDA en sus inicios, aunque Heym fue desilusionándose progresivamente debido a los rígidos controles y la represión del estado. Un trofeo aún mayor para la incipiente RDA fue el regreso del exilio de Anna Seghers, una acérrima comunista cuya novela sobre un campo de concentración, La séptima cruz (Das siebte Kreuz), escrita en 1939 y llevada al cine en Hollywood en 1944, le había reportado fama internacional.

Independientemente de su entusiasmo inicial, pocos intelectuales dignos de ese nombre podían tolerar encadenarse durante mucho tiempo a una ideología que, en la práctica política, solo generaba censura, restricciones y un fuerte conformismo. En la Unión Soviética, una novela breve de Ilyá Ehrenburg, El deshielo (uno de cuyos personajes principales era del tipo «pequeño Stalin»), parecía anunciar una nueva libertad intelectual cuando fue publicada en 1954, pero la ruptura con el «helado» pasado estalinista y las asfixiantes limitaciones impuestas por Andréi Zhdánov, el comisario cultural de Stalin en la posguerra, no podía ir demasiado lejos. La epopeya de Vasili Grossman Vida y destino (1960), una crónica de la vida de una familia soviética durante la segunda guerra mundial sumamente crítica con el estalinismo, fue confiscada por el KGB en 1961. Grossman no vivió para ver su publicación posterior y muy aclamada en Occidente, ya que murió de cáncer de estómago tres años más tarde. La «detención» (como lo expresó Grossman) de su libro era una señal de que en la Unión Soviética la expresión literaria aún se enfrentaba a estrictas limitaciones. El tropo central de antifascismo siguió enmarcando todas las reflexiones sobre el pasado y el futuro.

No obstante, fuera de la Unión Soviética, el inconformismo intelectual empezó a hacer acto de presencia en los años cincuenta. El escritor polaco Adam Ważyk, que había apoyado a Stalin, dejó constancia en 1955 de su decepción con la Polonia estalinista en su «Poema para adultos», una crítica acerada y un lamento por una Polonia que había desaparecido, y dos años más tarde abandonó el Partido Comunista. Jan Kott, un escritor y crítico teatral polaco que en 1951 no había escatimado elogios a Stalin y había abogado por la subordinación del teatro a la ideología del partido, también cambió de postura a mediados de los años cincuenta y en 1957 se unió a Ważyk poniendo fin a su afiliación al partido. Aun así, en general todavía predominaba el conformismo y, por muy duras que fueran las críticas de las condiciones vigentes, la mayoría de los intelectuales no rechazaba la ideología marxista. Afirmaban que era la desviación del marxismo, no el marxismo en sí mismo, la que generaba las distorsiones y la opresión resultante.

USOS Y ABUSOS DEL PASADO

Más que ningún otro lugar, la guerra fría cultural se libró en los campos de batalla del mito, la memoria y la interpretación de la historia. En este dominio, la sombra del pasado era especialmente visible. Fue solo en parte un enfrentamiento entre lados opuestos del Telón de Acero, pues reflejaba sobre todo posturas enfrentadas en el seno de Europa occidental, que en sí mismas eran un reflejo de las experiencias nacionales y la mitología sobre la guerra.

La definición del fascismo de Dimitrov significaba que la manera en que los europeos del Este interpretaban el pasado reciente seguía siendo en buena medida inflexible y monolítica. Ofrecía una interpretación inmutable y simple del desastroso rumbo de la historia reciente, diametralmente alterado por el triunfo del comunismo soviético, junto con un claro mensaje político. El fascismo había favorecido los intereses capitalistas; sus líderes eran instrumentos de las grandes empresas. Y puesto que el capitalismo seguía prosperando en Occidente, el mensaje político, la manera en que el pasado servía para el presente y futuro, era evidente. El pasado era una advertencia. Facilitaba las directrices para la lucha futura.

El mensaje embellecía la imagen de la heroica resistencia comunista al régimen nazi, excluyendo casi todas las formas de resistencia. Naturalmente, las gloriosas hazañas del Ejército Rojo y del pueblo soviético al repeler y después destruir a los invasores fascistas eran celebradas en todos los textos históricos, sin prestar apenas atención al esfuerzo bélico de los Aliados occidentales. Los sucesos incómodos, como el pacto entre Hitler y Stalin de 1939 y la posterior anexión por los soviéticos de los países bálticos y el este de Polonia, simplemente se ignoraban o, a lo sumo, se justificaban alegando una necesidad estratégica debido a las deficiencias de la política de apaciguamiento de Hitler aplicada por las potencias occidentales. Y no menos importante, el racismo, y sobre todo el antisemitismo, no eran considerados el eje ideológico de la doctrina nazi, como llegarían a reconocer generaciones posteriores, sino como una consecuencia inexorable del codicioso imperialismo capitalista. Sin duda, bajo la dictadura nazi se había perseguido a los judíos de un modo terrible, pero también a muchísimos otros colectivos, en su mayoría eslavos. Las distorsiones eran múltiples (y posteriormente la investigación histórica las puso de manifiesto), pero incorporadas en una ideología que no admitía alternativas y respaldadas por un partido monopolista y por el poder del estado, en Europa del Este esta interpretación era incuestionable. Se expuso en innumerables libros de historia y, en su versión más intransigente, fue ampliamente exhibida para «ilustrar» al público en general en el Museo Histórico Alemán (Museum für Deutsche Geschichte), creado en Berlín Este en 1952.

Europa occidental también tenía sus propios mitos sobre el pasado inmediato. Sus distorsiones eran más matizadas y variadas que la versión soviética, pero no dejaban de ser distorsiones. Francia, por ejemplo, utilizó la Resistencia durante la guerra como fundamento de la legitimidad política durante la posguerra. Se sublimaban constantemente el heroísmo y el martirio de la Resistencia y se minimizaban su eficacia limitada, las rivalidades internas y los conflictos ideológicos. La Resistencia era descrita como la representación de la identidad nacional y Vichy como la traición de todo cuanto era genuinamente francés. El propio De Gaulle era visto como la encarnación del espíritu de la Resistencia. Esta versión se embelleció aún más con la publicación en los años cincuenta de las memorias de guerra de De Gaulle, una aportación importante tanto para el culto a la Resistencia como para su propia imagen de salvador de Francia. En 1970, en Francia todavía se le consideraba en mayor medida como el símbolo de la lucha continuada tras la derrota de 1940 y de la Liberación cuatro años más tarde que como el fundador de la Quinta República.

En cambio, el alcance de la colaboración con los regímenes fascistas se cubrió con un velo de silencio. Tendrían que pasar décadas antes de que «el síndrome de Vichy» se abordara sin ambages en Francia. Solo se empezó a hacer en serio a partir de la película La tristeza y la piedad (Le chagrin et la pitié), de Marcel Ophüls, en 1969. Este largo documental en dos partes, centrado en la población de Clermont-Ferrand, en el centro de Francia, permitió conocer por primera vez la colaboración cotidiana durante la ocupación alemana. El tema era tan delicado que, en aquel último año de la presidencia de De Gaulle, se prohibió a la televisión nacional emitir la película (el «embargo» a su exhibición en televisión duró hasta 1981), aunque esto no impidió que se convirtiera en una sensación en Francia. Y no fue un historiador francés, sino uno estadounidense, Robert Paxton, quien en 1972, en La Francia de Vichy: vieja guardia y nuevo orden, 1940-1944 (Vichy France: Old Guard and New Order, 1940-1944), investigó por primera vez las iniciativas del régimen de Vichy en la deportación judíos a la muerte.

En Italia, el antifascismo formaba parte de la base esencial del estado Italiano de la posguerra y su constitución republicana. Establecía un vínculo común que trascendía las divisiones políticas, que eran muy profundas. El valor de la resistencia contra el terror fascista durante los dos últimos años de la guerra, después de que los ocupantes alemanes del norte de Italia hubieran restituido en el poder a Mussolini, fue la piedra angular de las tentativas de moldear, en los primeros años de la posguerra, la identidad nacional de la nueva República italiana. El historiador Roberto Battaglia, muy leído, argumentó en su libro de 1953 Storia della resistenza italiana que la resistencia representaba al «verdadero pueblo» de Italia, el corazón de la nación y, en el «levantamiento nacional» de 1945, «redimió el honor de Italia que había sido tan vilmente mancillado por los fascistas».

Sin embargo, el crucial papel que desempeñaron los comunistas de la resistencia fue minimizado y el principal pilar ideológico de la nueva Italia fue el anticomunismo. Una vez iniciada la guerra fría, Italia recibió la ayuda del Plan Marshall, se incorporó a la OTAN y fue ampliamente financiada por Estados Unidos, con el anticomunismo más divisivo desplazando en buena medida al antifascismo unificador como la ideología dominante en un estado controlado sobre todo por los democristianos (con apoyo de la fuerte influencia de la Iglesia Católica). Para entonces, el pasado fascista había quedado prácticamente borrado. La televisión pública, que empezó a transmitir en 1954, rara vez mencionaba la historia contemporánea.

Las obras de los historiadores sobre el fascismo se centraban en las causas de su toma del poder en 1922, su carácter represivo y sus preparativos para la guerra, mientras que la historia de la sociedad italiana bajo el régimen fascista y el grado de apoyo al régimen de Mussolini siguieron siendo temas poco estudiados. En general, esta tendencia se mantuvo hasta mediados de los años setenta, cuando en el tercer volumen de su monumental biografía en cuatro volúmenes de Mussolini (publicada en 1965-1996), subtitulada «Los años del consentimiento», Renzo de Felice afirmó que la mayoría de los italianos habían apoyado los objetivos y las políticas del régimen fascista. Esto planteó, en medio de una enorme controversia, toda la cuestión del apoyo al fascismo en Italia. Fueran cuales fuesen los méritos de los argumentos, acabaron con el muy conveniente mito de una identidad nacional construida en torno al antifascismo.

En Alemania Occidental, como en Italia, la historia de la resistencia contribuyó a legitimar la nueva democracia. Mientras que en la República Democrática Alemana la resistencia al régimen de Hitler se atribuía casi por completo a los comunistas, en la República Federal, en una imagen especular casi exacta, se hacía hincapié en el patriotismo de la resistencia conservadora, en especial del ejército, al tiempo que se minimizaba el de los comunistas. Se concedía un lugar de honor a «los hombres del 20 de julio de 1944», en particular a los oficiales del ejército encabezados por el coronel Claus Schenk Graf von Stauffenberg, que había conspirado para asesinar a Hitler y había pagado un precio terrible por haber fallado. Guiados por su conciencia individual, la integridad ética y el deber moral de acabar con la tiranía, habían arriesgado sus vidas para destruir un régimen criminal y restaurar el orden legal, la libertad y la democracia en Alemania. Según esta visión, la resistencia al nazismo representaba «la otra Alemania», la «verdadera» Alemania antes de que el régimen represivo de Hitler hubiera sometido al país a una falta de libertad totalitaria. El nazismo, según este mensaje, fue una perversa interrupción del rumbo positivo de la historia de Alemania.

Algunas publicaciones se mantuvieron al margen de la corriente intelectual conservadora, pero fueron pocos, salvo los especialistas, los que leyeron la exposición de Karl Dietrich Bracher acerca de las debilidades estructurales de la democracia de Weimar, mientras los profesionales de la historia desdeñaban su trabajo tildándolo de mera politología. Se emprendieron algunas investigaciones pioneras sobre la época nazi en el Instituto de Historia Contemporánea (Institut für Zeitgeschichte), creado expresamente para este fin y que, dato asombroso, ya funcionaba en 1952, solo siete años después del suicidio de Hitler en el búnker de Berlín. Sin embargo, una vez más, poco de ello penetró en la conciencia pública o siquiera en los planes de estudio universitarios (en los que apenas figuraba el pasado más reciente). Además, incluso aquí, el hincapié en las continuidades con el pasado anterior a los nazis podía topar con dificultades. Kurt Sontheimer, investigador del Instituto a finales de los años cincuenta, reveló un conjunto de opiniones antidemocráticas en la República de Weimar que se remontaban a mucho antes de los nazis y que tenían que ver con mentalidades conservadoras. Incómodo con estas conclusiones, el Instituto rechazó publicar su libro en su propia serie de monografías, aunque más tarde fue publicado por separado y, ya en un clima más favorable, se convirtió en un texto de referencia.

El predominio conservador en la historiografía de Alemania Occidental no solo indicaba la continuidad en el personal y en el pensamiento que habían sobrevivido al Tercer Reich, sino que también concordaba con la atmósfera de la época de Adenauer, caracterizada por el escaso interés en explorar el pasado, revivir recuerdos incómodos o airear temas que se prefería olvidar. El pasado nazi era demasiado reciente, las heridas seguían abiertas, el sufrimiento en la última etapa de la guerra, que dejó a los alemanes con la sensación de haber sido las principales víctimas de un régimen criminal, era demasiado doloroso, la complicidad y la colaboración en el funcionamiento del partido y del estado demasiado amplios como para animar a la población a hacer otra cosa que no fuera entregarse a una conspiración de silencio, un deseo de borrar el pasado.

Donde no había simplemente silencio, había una apología implícita o incluso explícita. Al pueblo alemán le había seducido la propaganda, y Hitler y una camarilla de gánsteres nazis le habían llevado a la ruina; la mayoría de la población se había opuesto al régimen, pero se había visto impotente para actuar en un estado policial totalitario; nadie, salvo los dirigentes nazis, había deseado una guerra; el ejército alemán había combatido con honor y cumplido con su deber patriótico hasta el final (una visión revisada decisivamente solo décadas después); los actos de barbarie cometidos en Europa oriental fueron obra de los criminales de las SS; los alemanes corrientes ni participaron ni sabían nada del exterminio de los judíos. El Holocausto (como llegaría a conocerse) quedó excluido casi por completo del debate público y constituía una parte muy pequeña de las investigaciones históricas. Solo en los años ochenta asumiría un papel central en las interpretaciones populares y académicas de la época. Mientras que en la República Democrática Alemana el genocidio de los judíos se incluía en la barbarie exterminadora más amplia del imperialismo fascista, en Alemania Occidental, siempre que se hablara de ello, se atribuía en exclusiva a los malvados designios de Hitler y la cúpula de las SS. Más tarde los psicólogos Alexander y Margarete Mitscherlich resumieron la reacción colectiva en su libro Fundamentos del comportamiento colectivo: la incapacidad de sentir duelo (Die Unfähigkeit zu trauern: Grundlagen kollektiven Verhaltens), que cuando se publicó por primera vez en 1967 marcó el inicio de una nueva época en el análisis del pasado nazi y acabó por convertirse en un éxito de ventas.

Aunque la mayoría de los alemanes occidentales querían disfrutar de los beneficios del «milagro económico» en lugar de recrearse en el pasado, no podían silenciarlo por completo. En 1961, un libro a primera vista insólito, un análisis de varios centenares de páginas de los registros diplomáticos alemanes anteriores a la primera guerra mundial, Griff nach der Weltmacht, de Fritz Fischer, desató una polémica sumamente agria. Fischer dio la vuelta a la interpretación histórica convencional. Poco conocido hasta entonces fuera de los círculos profesionales, Fischer era un conservador que durante un tiempo incluso había sido miembro del partido nazi, pero su libro sacudió al establishment conservador porque en él argumentaba, basándose en su investigación sobre los planes, las creencias y los actos de las élites alemanas en el preludio inmediato a la primera guerra mundial, que su objetivo no había sido otro que la conquista para establecer a Alemania como una potencia mundial. En otras palabras, Fischer pretendía demostrar que Hitler era producto de continuidades en la historia de Alemania que se remontaban al siglo XIX. Su investigación proponía una interpretación difícil de aceptar para muchos alemanes. En cuanto habían reconocido que su país era responsable de la segunda guerra mundial, les decían que también era responsable de la primera, algo que los Aliados ya habían alegado en Versalles y que Alemania había negado tajantemente entonces y después. A la luz de la obra de Fischer, parecía que Alemania había recorrido mucho antes de 1914 un «camino especial» (Sonderweg) entre las naciones europeas, y ese camino había conducido a Hitler, a la guerra, al genocidio y a una catástrofe nacional.

Se trataba de una interpretación que, una vez que amainó la polémica inmediata, influyó en las opiniones de los alemanes sobre su propio pasado durante décadas. En cierto modo, puso en marcha el proceso que, desde los años sesenta en adelante, hizo que la voluntad de explorar los recovecos más oscuros del pasado de Alemania fuera cada vez mayor. La incapacidad de la generación anterior para enfrentarse al pasado alimentó el sentimiento de alineación y rechazo expresado en la protestas estudiantiles de 1968. No obstante, tendría que pasar una década después de aquellos disturbios para que se comenzara a emprender una investigación rigurosa sobre las innumerables formas de complicidad cotidiana con el régimen nazi de grandes sectores de la población y aún más tiempo para que el Holocausto ocupara un lugar central en la reevaluación del pasado del país. Aun así, a principios de los años sesenta, los alemanes ya no podían cerrar por completo los ojos a los intentos de matar a los judíos de Europa. La captura en Argentina que en mayo de 1960 llevaron a cabo agentes israelíes de Adolf Eichmann, el principal organizador de lo que los nazis habían denominado «la solución final para el problema judío», su juicio en Jerusalén al año siguiente y su posterior ejecución en la horca en junio de 1962, así como el juicio en Fráncfort entre 1963 y 1965 a personas que habían servido en Auschwitz (el mayor centro de exterminio) nazi, atrajo la atención durante algún tiempo sobre un genocidio que era parte inextricable de la guerra de Alemania. «La muerte es un maestro venido de Alemania», había escrito Paul Celan. Se estaba volviendo cada vez más difícil excluir este pensamiento de la conciencia colectiva.

El lugar del pasado reciente en la conciencia colectiva de los británicos era diferente al que ocupaba en la Europa continental. Gran Bretaña no había sido conquistada, ni ocupada, y había salido victoriosa, así que su historia durante la guerra impulsó la creación de una autoimagen nacional basada en el heroísmo. Esto exageró la sensación, ya derivada de sus tradiciones e instituciones históricas, de que Gran Bretaña era excepcional y se diferenciaba de la Europa continental. La historia, la memoria y el mito se pusieron al servicio de la narración de un episodio glorioso de «la historia de nuestra isla», un episodio de heroísmo y triunfo, de victoria del bien sobre el mal. Gran Bretaña ya había luchado, y ganado, en una guerra mundial contra Alemania. Muy a su pesar, se había visto obligada a hacerlo de nuevo. La victoria sobre el mal nazi, alcanzada luchando «hombro con hombro» con su aliado occidental, Estados Unidos, encarecía además la idea de una «relación especial» con sus primos transatlánticos. En cambio, la mayoría de la población mostraba poco interés por lo que ocurría al otro lado del canal de la Mancha. El trillado tópico «Niebla sobre el canal, el continente está aislado de Inglaterra», pretendía ser un chiste, pero contenía una pizca de verdad en su autoparodia del aislacionismo británico.

La Gran Bretaña del período de posguerra se educó en una versión de la guerra asociada con su mayor héroe, Winston Churchill. La historia del conflicto en seis volúmenes de Churchill, La segunda guerra mundial, publicada entre 1948 y 1953, establecía la línea de interpretación. La política de apaciguamiento había llevado al país al borde del desastre. En 1940, en su «hora más gloriosa», Gran Bretaña había estado sola en la lucha contra la tiranía nazi. La invasión alemana se había evitado gracias a la valentía de los jóvenes pilotos de combate que, contra todo pronóstico, en el verano de 1940 habían ganado la «batalla de Gran Bretaña». El pueblo británico había aguantado noche tras noche mientras sus casas eran bombardeadas sin descanso durante el Blitz alemán y, tras la noche más oscura, había amanecido lentamente. Gracias a las grandes victorias en la guerra del desierto, con la victoria en la «batalla del Atlántico» a un precio enorme y el valor de las tripulaciones de los bombarderos que cada noche se enfrentaban al acoso de los cazas alemanes para golpear las instalaciones del enemigo, se había conseguido salir adelante. El Día D, el 6 de junio de 1944, fue la culminación de la valentía y el triunfo, el momento en el que, junto a los incondicionales aliados estadounidenses, se selló la victoria y se allanó el camino para el aplastamiento final del nazismo.

Esta historia heroica fue reforzada y grabada en la conciencia general mediante innumerables historias de las «gestas» de soldados británicos tanto en relatos de ficción como en memorias de guerra y películas populares, como Mar cruel (The Cruel Sea, 1953), Misión de valientes (The Dam Busters, 1955) o ¡Hundid el Bismarck! (Sink the Bismarck!, 1960), mientras los cómics adoctrinaban a innumerables jóvenes con imágenes del heroísmo británico y los «villanos» alemanes.

No obstante, hasta los años sesenta hubo poco interés serio por la historia de la segunda guerra mundial. Los temarios de historia de las escuelas y las universidades todavía terminaban, por regla general, en 1914 y se estudiaba relativamente poca «historia extranjera» (como se la denominaba en el plan de estudios de Oxford). Salvo unas pocas excepciones significativas, entre las que destacaban Los últimos días de Hitler (Last Days of Hitler, 1947), de Hugh Trevor-Roper, y Hitler: estudio de una tiranía (Hitler: A Study in Tyranny, 1952), de Alan Bullock, se publicaron pocas obras importantes sobre el período nazi, y esto no empezó a cambiar hasta principios de los años sesenta. Sin embargo, incluso entonces se defendieron estereotipos germanófobos en el polémico libro del historiador más popular de Gran Bretaña, A. J. P. Taylor, The Origins of the Second World War. El libro de Taylor, redactado utilizando las frases epigramáticas y los comentarios cínicos a los que era tan aficionado, era intencionadamente revisionista, hasta el punto de llegar casi a culpar a los apaciguadores británicos, en lugar de a los agresores nazis, de la guerra. Fue publicado en 1961, el mismo año en que apareció la sorprendente revisión de las interpretaciones de los objetivos alemanes en la primera guerra mundial escrita por Fritz Fischer. Taylor utilizó las conclusiones de Fischer para sustentar su propia interpretación antialemana; en 1944 ya había escrito en una obra breve profundamente antialemana, The Course of German History, que «en los asuntos internacionales no había nada malo en Hitler excepto que era alemán». (Nacido en Austria, Hitler no obtuvo la nacionalidad alemana hasta 1932).

El pasado, por consiguiente, continuó proyectando su larga sombra sobre el continente europeo, aunque de maneras totalmente distintas. Desde los años sesenta en adelante, alentadas por la expansión de la educación superior más o menos en todas partes, empezaron a cobrar impulso las investigaciones sobre las ideologías y los movimientos políticos que habían llevado a Europa a una guerra y un genocidio calamitosos. Resulta sorprendente que la segunda guerra mundial y el Holocausto solo se convirtieran en parte central de la conciencia colectiva europea a partir de los años ochenta, cuando, cronológicamente, se alejaban cada vez más.

LA RUPTURA CON EL PASADO

El pasado determinó, conscientemente o no, el presente de la posguerra. Sin embargo, entre 1955 y 1965 se produjeron en la cultura popular cambios que representaron una ruptura importante con el pasado. Hasta entonces, la cultura popular había seguido unas pautas reconocibles del período anterior a la guerra, pero tras la década de 1955-1965 la sensación era que se había producido una revolución.

A la mayor parte de la población no le importaba el pasado, quería disfrutar de tiempos mejores. La generación más joven en particular, nacida hacia el final de la guerra o en cuanto esta terminó, vivía el presente y miraba al futuro. «Aprovecha el momento» era su lema implícito. Durante los años sesenta, aunque el proceso ya se había iniciado en la década anterior, esta generación dejó una huella imborrable en un cambio que transformó la cultura popular. La generación, así como la clase social, se convirtieron en una fractura social probablemente más importante que en cualquier otra época anterior. Los cambios fueron alterando de manera paulatina pero permanente los valores sociales y los modos de vida. Poco a poco, también, la brecha entre la «alta» cultura y la cultura «popular» se redujo; no porque los adolescentes se volvieran amantes de la ópera o los pensionistas se convirtieran en seguidores de grupos de rock duro, pero las posibilidades de que los gustos coincidieran eran mayores que nunca antes en el siglo XX. Los progenitores de clase media, contagiados por los gustos de sus hijos (o deseosos de no ser excluidos), podían disfrutar tanto de la música pop como de la clásica, y los profesores universitarios asistir a partidos de fútbol que antes eran algo reservado casi en exclusiva a la clase obrera industrial. Convendría no exagerar la magnitud o la velocidad de los cambios, y tampoco fueron uniformes en todo el continente. Se ha exagerado un poco al afirmar que el Muro de Berlín era un claro ejemplo del contraste que existía entre un Oeste en tecnicolor y un Este gris, donde en todos los países al otro lado del Telón de Acero los controles estatales intentaron, con un éxito considerable, limitar el acceso a la «decadente» cultura occidental. En Europa occidental la transformación cultural fue más lenta en aquellos lugares donde la influencia de la Iglesia Católica era mayor. El proceso de cambio, una vez iniciado, proseguiría inexorablemente, evolucionando y propagándose casi por ósmosis durante el resto del siglo y posteriormente, pero su crucial inicio se produjo en los diez años transcurridos entre mediados de los años cincuenta y mediados de los sesenta.

El lenguaje universal de los jóvenes es la música, la música pop, y en este caso no es muy difícil localizar la ruptura sísmica con el pasado. En 1954, el número uno de la lista de éxitos en Gran Bretaña fue la balada «My Son, My Son», de Vera Lynn, una cantante que durante la guerra era conocida como «la novia de las fuerzas armadas». Un año más tarde, el primer puesto lo ocupó «Rock Around the Clock», de Bill Haley and The Comets, que señaló la llegada del rock and roll, un nuevo estilo musical sensacional que había cruzado el Atlántico desde Estados Unidos y tuvo un éxito inmediato y masivo entre los adolescentes. Las salas de baile, antes reservadas a los sosegados quickstep y foxtrot, se entregaron de inmediato al frenético swing. Cuando en 1956 se estrenó la película de Haley, la reacción fue extraordinaria, sus admiradores gritaban en los cines y bailaban rock en los pasillos. Como reflejo del espíritu de rebeldía juvenil, la trivial historia sobre el director de una orquesta de baile que triunfa tras descubrir el encanto del rock and roll provocó disturbios juveniles y vandalismo en pueblos y ciudades de toda Europa occidental. Ochenta ayuntamientos del Reino Unido prohibieron la película. Haley no tardó en desaparecer de escena, sus cometas cruzaron el firmamento y se desvanecieron, pero entonces llegó Elvis Presley.

Desde mediados de los años cincuenta Elvis se convirtió en poco menos que un dios para gran parte de la generación joven en Estados Unidos, y también cada vez más en Europa (ayudado por la presencia de tropas estadounidenses y los programas musicales de la American Forces Network, la AFN). Una sucesión de enormes éxitos entre los que se cuentan «Heartbreak Hotel», «Hound Dog», «Blue Suede Shoes», «Jailhouse Rock» y «One Night» le convirtieron en la primera gran estrella del rock and roll. Guapo, con el pelo engominado hacia atrás, una expresión seductora y un estilo interpretativo que incluía un provocativo contoneo de las caderas, se convirtió en un sex symbol para millones de adolescentes y, a ojos de muchos de sus mayores, en una amenaza para la moral. Aunque buena parte de los europeos de más edad consideraban que el fenómeno era una degradación peligrosa de la verdadera cultura, los adolescentes rendían culto no solo a Elvis, sino también a otros grandes artistas estadounidenses de rock and roll. Algunos, entre ellos figuras destacadas como Jerry Lee Lewis, Little Richard, Chuck Berry, Eddie Cochran y Buddy Holly, gozaron de una popularidad enorme en Europa, además de en Estados Unidos. El impacto del rock and roll en la generación más joven fue explosivo. Para Charles White, sometido a una educación vigilada cuando no asfixiante en un colegio de frailes católicos en el oeste de Irlanda, «escuchar “Long Tall Sally” de Little Richard [lanzada en 1956] fue como salir de la Bastilla después de cuarenta años. ¡LIBERTAD, LIBERTAD, LIBERTAD!». Para White, y para muchos otros, el rock and roll supuso una verdadera revolución cultural.

En 1962, el centro de esta revolución cultural musical se trasladó a Inglaterra. Su primera grabación exitosa, «Love Me Do», anunció la llegada de los Beatles, cuatro muchachos de Liverpool con el rostro aniñado y melenudos (John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr), que en la primavera siguiente ya eran un fenómeno. La «beatlemanía» se extendió por toda Gran Bretaña. En 1964, multitudes extasiadas les siguieron durante su gira estadounidense. Su música evolucionó del énfasis inicial en el rock a sonidos más sofisticados y alcanzó tal vez su máxima creatividad durante su etapa «psicodélica» con Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, publicado en mayo de 1967. Su propia experimentación con los estupefacientes concordaba con el creciente uso de drogas recreativas entre los jóvenes. Ese mismo año interpretaron su canción «All You Need is Love» vía satélite para una audiencia de televisión mundial estimada en 350-400 millones de personas y se convirtió en unos de los temas del movimiento pacifista flower power y de las protestas internacionales contra la guerra de Vietnam. Para entonces, los Beatles encarnaban el rechazo a los valores convencionales y la contestación antisistema de los jóvenes.

Otras bandas británicas siguieron la senda abierta por los Beatles, invirtiendo el anterior dominio estadounidense en la música pop. Entre ellas figuraban los Animals, los Kinks y los Dave Clark Five, aunque la más importante con diferencia (y la más duradera) fueron los Rolling Stones, cuya popularidad a mediados de los años sesenta no era muy inferior a la de los Beatles. La imagen que cultivaban de «chicos malos», el estilo desinhibido de su mezcla de rock y blues, y su apariencia física, con el cabello largo y ropa informal (que contrastaba con el aspecto al principio uniformado de los Beatles y de la mayoría de las demás bandas de la época), les daba un atractivo antiautoritario que encajaba bien con la cultura juvenil de los años sesenta.

Esta cultura era internacional, se extendió por todo Estados Unidos y Europa e incluso penetró, pese a la desaprobación de las autoridades estatales, al otro lado del Telón de Acero; en todas partes los jóvenes empezaron a parecerse: vestían ropas similares. Durante la fiebre roquera de finales de los años cincuenta, los jóvenes rebeldes británicos, tomando a veces como modelo a Marlon Brando (el jefe de una banda de motoristas en la película de 1953 Salvaje, The Wild One), o a James Dean, un joven actor estadounidense que se convirtió en un icono entre los adolescentes al protagonizar en 1955 Rebelde sin causa (Rebel Without a Cause) y que murió en un accidente de tráfico ese mismo año con solo veinticuatro años, usaban chaquetas de cuero y pantalones «pitillo» para distinguirse. Hubo variantes en Alemania Occidental, Francia y otros lugares; los teddy boys, los Halbstarken o los blousons noirs aspiraban conscientemente a parecer diferentes al resto de la sociedad. Aun así, se trataba de una minoría rebelde (a veces violenta) y en general a principios de los años sesenta los estilos de los jóvenes todavía eran conservadores, muy similares a los de sus padres; pero a finales de la década su aspecto ya era diferente al de sus mayores. Solían llevar el pelo largo y vestir ropa informal. Gracias a un marketing acertado, los vaqueros, que originalmente eran una indumentaria de trabajo estadounidense, pasaron a ser el uniforme de los jóvenes y, en una inversión de lo que hasta entonces había sucedido, también los llevaban algunos de los progenitores más modernos. El aspecto hippie, que empezó en Estados Unidos y se puso de moda en Europa, indicaba la adhesión a una «contracultura» que muchas veces estaba relacionada con las drogas y la liberación sexual.

No todos los jóvenes querían que los tomaran por hippies. El diseño de modas, dirigido específicamente a los jóvenes (hombres y mujeres), que tenían más dinero para gastar en ropa de lo que jamás se habían podido permitir sus padres, anunciaban estilos atractivos y distintivos. La «juventud» se convirtió en un gran negocio. Carnaby Street no tardó en convertirse en el emblema de la Swinging Britain, con una amplia variedad de tiendas de moda que ofrecían el último «grito» a ambos sexos. La modista británica Mary Quant, un icono de la moda, fue calificada en Italia como «la creadora de la moda más a la última del mundo… Inventó la minifalda». Jean Shrimpton y la delgadísima Lesley Hornby, más conocida como «Twiggy» (a la que una revista italiana describió como una «muñeca con pecas»), se convirtieron en «supermodelos», en creadoras de tendencias internacionales en la ropa femenina. Una de las peculiaridades de la moda fue la desaparición de los sombreros masculinos, que la mayoría de los adultos todavía usaba mucho después de la guerra. Tal vez la mayor atención que los jóvenes empezaron a prestar en los años cincuenta a sus esmerados peinados, con tupés y engominados al estilo de Elvis Presley, sea parte de la explicación de este pequeño misterio indumentario.

La mayor de las influencias en la cambiante cultura popular de los años sesenta fue sin duda la televisión, que tuvo una gran repercusión en la cultura de los jóvenes, la primera generación televisiva. No obstante, afectó a todos los sectores de la sociedad en todos los países. En realidad, la televisión había empezado su andadura ya en los años veinte, pero el inicio de su marcha triunfal hasta lograr la supremacía absoluta como vehículo de la cultura popular empezó en Europa tres décadas más tarde. A la vanguardia de este avance se situó enseguida Gran Bretaña, donde el mayor impulso inicial a la adquisición de televisores se produjo durante los preparativos de la coronación de la reina Isabel II el día 2 de junio de 1953 en la abadía de Westminster. Millones de familias se reunieron alrededor de esta nueva y excitante incorporación a su mobiliario, una voluminosa caja de madera con una pantalla diminuta, para ver las imágenes granuladas en blanco y negro de los grandes acontecimientos de Londres[4].

La coronación fue el primer gran acontecimiento televisado no solo en Gran Bretaña, sino en Europa y otros lugares del mundo. Participaron dieciséis organismos de radiodifusión europeos y se dice que incluso en la Francia republicana un millón de personas vio la coronación. Sin embargo, en Europa la televisión aún estaba en sus inicios. En 1953, la televisión holandesa transmitía tres horas de programación a la semana para solo diez mil receptores. Aunque en 1955 dos terceras partes de los hogares estadounidenses poseían un televisor, en Italia la televisión todavía contaba con menos de cien mil abonados. Sin embargo, a partir de entonces se expandió con rapidez. En 1963 había 12,5 millones de televisores en Gran Bretaña, ocho millones en Alemania, tres millones en Francia y un millón aproximadamente en Italia (aunque en 1960 apenas un 1 % de los españoles poseía un televisor, mientras que en Grecia la televisión no empezó hasta 1969). Aun así, la difusión de la televisión no se podía detener, ni siquiera en los estados comunistas con su riguroso control. La diferencia entre el número de televisores de propiedad en Alemania Oriental y Occidental, por ejemplo, era bastante pequeña en 1964: el 42 % frente al 50 % de los hogares. En 1970, Suecia tenía el mayor índice de televisores per cápita (312 televisores por cada 1000 habitantes) de todos los países de Europa, pero Hungría (171 televisores) no iba muy por detrás de Irlanda, Italia y Austria.

El 20 de julio de 1969, el alunizaje de la nave de la misión Apolo XI y los primeros pasos de la humanidad en la superficie lunar dados por Neil Armstrong y Buzz Aldrin se vieron en todo el planeta en las extraordinarias imágenes transmitidas por satélite a la mayor audiencia televisiva registrada hasta la fecha, unos 530 millones de espectadores en todo el mundo. El deporte televisado estaba empezando a formar por entonces parte integrante de la cultura popular, y gracias a las conexiones por satélite los Juegos Olímpicos podían verse en todo el mundo. En Europa, donde el fútbol era el deporte por antonomasia, la Copa de Campeones de Europa, fundada en 1955, la Eurocopa y la Copa Mundial atraían a un número cada vez mayor de espectadores en todo el continente y, cuando los viajes aéreos se volvieron más fáciles y baratos, mostraron otros países a los aficionados que se desplazaban, lo que contribuyó a romper, o en ocasiones a reforzar, los estereotipos nacionales.

A diferencia de la televisión comercial estadounidense, en Europa en los primeros años lo habitual fueron las cadenas de televisión públicas, financiadas con una cuota de radiodifusión (a veces complementada con publicidad). En Italia, Francia y Alemania Occidental, por ejemplo, este sistema ya funcionaba a finales de los años cincuenta. En Gran Bretaña la BBC se financiaba solo con el pago de una licencia. La televisión, al igual que la radio, se consideraba en todas partes un servicio público. La televisión comercial, totalmente financiada con publicidad, había comenzado en Gran Bretaña en 1955, cuando la ITV (Independent Television) acabó con el monopolio estatal. Sin embargo, en la Europa continental rara vez supuso un obstáculo serio para el sector público antes de los años ochenta. Al este del Telón de Acero, la televisión estaba, por supuesto, estrictamente controlada por el estado, cuyas autoridades ocuparon el lugar de las iglesias como guardianas de la moral pública y al mismo tiempo intentaron bloquear cualquier influencia occidental. La televisión pública, también en Occidente, intentó equilibrar el entretenimiento con los documentales y otros programas «educativos». Las audiencias, al principio con solo un canal y hasta los años ochenta unos pocos canales más, no tenían mucho donde elegir. No obstante, fue evidente desde el principio que los programas de entretenimiento era lo que los espectadores deseaban ver.

Para entonces la televisión estaba suplantando a la radio como principal forma de entretenimiento familiar: las comedias, las aventuras y los dramas ligeros, los concursos y los deportes eran lo que millones de personas deseaban ver por encima de todo. La televisión incidía en la vida familiar y en las actividades de ocio, pues por las noches las familias se reunían alrededor del televisor. Ciertos programas eran una prioridad, imperdibles, así que los horarios de las comidas se ajustaban en consonancia a ello, y las salidas al cine, a un café, al pub, a un restaurante o simplemente a visitar a amigos o parientes debían adaptarse a los horarios de los programas. El ocio, más aún que en la época de la radio, habían entrado en los hogares. La televisión era el nuevo dios.

A medida que se fue extendiendo la televisión las salidas al cine se volvieron menos frecuentes; la cifra de espectadores ya estaba disminuyendo a finales de los años cincuenta, y a mediados de los setenta había caído en Francia, Italia y los Países Bajos hasta aproximadamente una tercera parte de su nivel en 1955, casi tan tanto como en Noruega y más drásticamente, a poco más de una doceava parte de ese nivel, en Gran Bretaña. Entre 1957 y 1967 cerraron una tercera parte de los cines británicos; muchos se reconvirtieron en boleras o salas de bingo y otros quedaron como evanescentes palacios de los sueños de antaño. Al este del Telón de Acero, la tendencia fue un poco diferente y en modo alguno uniforme: la cifra de espectadores se redujo a la mitad en Polonia, pero aumentó ligeramente en la Unión Soviética y de modo más notable en Bulgaria. La razón más probable fue la ausencia relativa de la televisión. En 1960, todavía había solo 4,8 millones de televisores en la URSS, y el cine (junto con la lectura y beber) seguía siendo una de las pocas diversiones disponibles en medio de la monotonía de la vida cotidiana.

Dada la escasez de capital, el predominio estadounidense en el cine europeo durante los primeros años de la posguerra fue inevitable. Incluso a principios de los años sesenta, las películas importadas de Estados Unidos constituían una parte importante de lo que se exhibía en los cines europeos, aunque Francia e Italia fueron relativamente resistentes a la tendencia general. Los franceses, en particular, preferían sus propias películas y la cuota de mercado del cine francés empezó a aumentar impulsada por éxitos internacionales como Y Dios creó a la mujer (Et Dieu… créa la femme) de Roger Vadim, que en 1956 lanzó la carrera del nuevo icono sexual, Brigitte Bardot. Alemania Occidental estaba más dispuesta a importar películas de Estados Unidos, lo que no sorprende dada la presencia militar estadounidense, pero aun así algunas de las películas más populares de los años cincuenta, como Die Halbstarken (1956), sobre bandas de adolescentes, o Sissi (1955), protagonizada por Romy Schneider, que narraba la trágica vida de la esposa del emperador Habsburgo Francisco José, fueron producciones alemanas.

Gran Bretaña, gracias a compartir lengua con Estados Unidos, siempre había estado especialmente expuesta al dominio de Hollywood, pero ya a comienzos del período de posguerra la producción cinematográfica británica había seguido floreciendo. Su película más destacada en esa época fue El tercer hombre (The Third Man, 1949), de Carol Reed, con sus imágenes maravillosamente evocadoras de una Viena devastada por la guerra y una memorable interpretación de la estrella estadounidense Orson Welles en el papel de Harry Lime, el antihéroe implicado en un negocio de contrabando de penicilina. Gran Bretaña fue excepcional por su afición por las películas de guerra (junto con las novelas, las memorias y los cómics bélicos). La glorificación de las heroicidades del pasado enmascaraba la sensación de declive nacional. Entre 1945 y 1960 se rodaron más de un centenar de películas bélicas y unos 8,5 millones de espectadores vieron Misión de valientes (The Dam Busters), estrenada en 1955, y más de doce millones vieron dos años más tarde El puente sobre el río Kwai (The Bridge on the River Kwai), que describía la crueldad de los japoneses con los prisioneros de guerra británicos. Ningún otro país europeo podía enaltecer la guerra en el cine, y cuando en la Europa continental se rodaba alguna película bélica tendía a centrarse en los temas de la resistencia o en el sufrimiento de víctimas inocentes. Pero en los países con historias bélicas complejas y ambivalentes no cabía esperar que este tipo de películas fueran muy populares. Los ciudadanos anhelaban sobre todo evadirse de la guerra, no que les recordaran sus horrores.

Justo después de la guerra, el cine italiano estuvo totalmente dominado por las producciones estadounidenses. En 1957, cinco de las diez películas más taquilleras en Italia fueron estadounidenses, pero a finales de los años sesenta esto cambió: solo tres producciones estadounidenses, dos westerns y una comedia de Disney, figuraron entre las diez películas más populares, aunque los gustos cinematográficos se habían trasladado en gran medida a los westerns y las comedias italianos. Sin embargo, no fue algo unidireccional. Gina Lollobrigida y Sophia Loren, al igual que la sex symbol francesa Brigitte Bardot, se convirtieron en nombres muy conocidos en toda Europa y al otro lado del Atlántico y varios directores de cine italianos rodaron películas de gran calidad que fueron muy populares tanto en Italia como en el extranjero. Entre ellas destacó La dolce vita (1960), de Federico Fellini, que retrataba una «buena vida» que era vacía, sórdida y sin sentido y que constituía una crítica a la moralidad contemporánea y a una clase alta italiana poderosa y decadente. Protagonizada por la actriz sueca Anita Ekberg (a la que se debió una parte importante de su éxito), incluía algunas escenas atrevidas que la televisión italiana, todavía muy influida por la moral de la Iglesia Católica, suprimió. La controversia en torno a la película no hizo sino incrementar el interés en Italia y todavía más en el extranjero y su enorme éxito internacional contribuyó a convertir la Roma posfascista en una atracción turística de moda. El nombre de uno de los personajes de la película, Paparazzo, legó un término, paparazzi (fotógrafos entrometidos y molestos) al inglés y otras lenguas.

Las premiadas películas de Michelangelo Antonioni La aventura (L’avventura, 1960), La noche (La notte, 1961) y El eclipse (L’eclisse, 1962), que exploraban la inseguridad emocional en la sociedad moderna, fueron aclamadas internacionalmente y su film en inglés Blow-Up (1966), que trataba sobre un día en la vida de un fotógrafo de moda en el Swinging London, se convirtió en un enorme éxito de público y también artístico, debido en parte a sus escenas de sexo, explícitas para la época. Otro director italiano que obtuvo un importante reconocimiento internacional fue Luchino Visconti, cuya película La caída de los dioses (La caduta degli dei, 1969), sobre las relaciones de una familia de industriales con el régimen de Hitler, fue aclamada internacionalmente, mientras que Franco Zeffirelli cosechó una gran popularidad con sus adaptaciones de las obras teatrales de Shakespeare La mujer indomable (The Taming of the Shrew, 1967), protagonizada por Richard Burton y Elizabeth Taylor, y Romeo y Julieta (Romeo and Juliet, 1968).

No obstante, el cine italiano fue excepcional en varios sentidos. Italia contaba con el mayor número de cines de Europa y la televisión tardó en establecerse, así que a mediados de los años sesenta, los italianos todavía pasaban más tiempo en el cine que en el teatro o en eventos deportivos, e incluso las películas intelectuales de vanguardia podían encontrar allí un gran público. No ocurría lo mismo en la mayor parte de Europa. Sin embargo, de vez en cuando, una película artística, como El séptimo sello (Det sjunde inseglet, 1956), del director sueco Ingmar Bergman, en la que un caballero de regreso de las cruzadas juega una partida de ajedrez con la Muerte vestida de negro, podía romper las barreras habituales y convertirse en un clásico y un éxito internacional.

Cuando en la posguerra la recuperación se fue consolidando y aumentó la prosperidad, el cine, el teatro y la literatura recurrieron cada vez más a la crítica social en toda Europa occidental. Para muchos artistas, la prosperidad y la estabilidad se habían convertido en sinónimos del materialismo, la hipocresía y los asfixiantes valores conservadores. El estilo de vida y los valores sociales convencionales de la clase media, o la injusticia y la falta de oportunidades basadas en la clase, fueron temas frecuentes. La crítica social miraba al pasado para rebelarse contra él. Gran Bretaña y Alemania Occidental, como en tantas otras ocasiones, respondieron de forma diferente a los cambios sociales y culturales.

En Gran Bretaña, a finales de los años cincuenta una «nueva ola» de literatura, teatro y cine se centró en la pobreza, la agresividad, el resentimiento y los valores sexuales de la clase obrera inglesa. La obra teatral Mirando hacia atrás con ira (Look Back in Anger, 1956) de John Osborne, que tuvo un éxito enorme en los escenarios londinenses, después en la televisión y tres años más tarde en el cine, inauguró prácticamente el género y fue el origen del apelativo genérico de «jóvenes iracundos» (sin que nadie supera a ciencia cierta por qué estaban enfadados y menos aún cómo pretendían mejorar las cosas). El «kitchen-sink drama», como se conocería enseguida al género, produjo una rápida sucesión de novelas y obras de teatro que lograron un una enorme audiencia cuando fueron adaptadas en películas sumamente populares, debido en parte a que su desinhibido contenido sexual era atrevido para la época, como Un lugar en la cumbre (Room at the Top, 1959), Sábado noche, domingo mañana (Saturday Night and Sunday Morning, 1960), Un sabor a miel (A Taste of Honey, 1961), Esa clase de amor (A Kind of Loving, 1962) y Billy, el embustero (Billy Liar, 1963). Transmitían una nostalgia por la vida «genuina» de la clase obrera del norte de Inglaterra que estaba desapareciendo y que había sido la idea central de The Uses of Literacy (1957), de Richard Hoggart, que, pese a ser una obra académica, había atraído a un número de lectores sorprendentemente alto. Hoggart criticaba el hedonismo y el culto a la juventud en una sociedad en la que la «libertad equivale a un permiso para ofrecer lo que más haga aumentar las ventas» y sostenía que «avanzamos hacia la creación de una cultura de masas» que, con su consumismo moderno y su entretenimiento sensacionalista y comercializado, consideraba «menos sana que la cultura mucha veces tosca a la que está reemplazando». Representaba, en su opinión, la destrucción de la «cultura urbana “popular”».

En los años sesenta, tanto el teatro como en la prensa y la televisión se servían de la sátira para parodiar a la clase política y el arraigado sistema de clases. Obviamente, la sátira política no era nada nuevo ni en el periodismo ni en las producciones teatrales, pero las audiencias mucho mayores de la televisión exponían a muchas más personas a un ingenio a menudo mordaz dirigido contra personalidades e instituciones, como en un programa semanal de televisión muy visto, «That Was the Week That Was», que se emitió en 1962-1963. Era evidente que la cortesía estaba en decadencia.

En Alemania Occidental, la creatividad cultural seguía estando a menudo vinculada a la conciencia del pasado nazi. La obra teatral El vicario (Der Stellvertreter, 1963) de Rolf Hochhuth provocó una enorme controversia por su reproche al silencio del papa Pío XII durante el Holocausto. En literatura, la crítica solía ser más sutil. Hans Magnus Enzensberger, por ejemplo, censuró las mentalidades de los alemanes en los años sesenta mientras aludía al pasado reciente en su poema, publicado en 1964, «Blues de la clase media» (para el que eligió un nombre que recordaba a la tradición musical estadounidense, no a la alemana): «No podemos quejarnos. / No estamos sin trabajo. / No pasamos hambre. / Comemos». Y entonces introduce una referencia indirecta al pasado: «Crece la hierba, / el producto social, /… Comemos el pasado».

Un «pasado no superado», una catástrofe a la que había contribuido la complicidad de tantos ciudadanos que en gran medida se había desterrado de la conciencia y suplantado por los valores materialistas de una sociedad de consumo próspera, dio lugar a un nivel de desorientación cultural excepcional y al mismo tiempo a una frenética experimentación con lo «nuevo», la vanguardia, en todas las formas artísticas. El sentimiento de alienación entre los intelectuales de Alemania Occidental de lo que a menudo describían como una sociedad arrogante y superficial que intentaba borrar su pasado era más intenso que en ningún otro lugar de Europa. El «nuevo cine» de Alexander Kluge o Edgar Reitz (y más tarde Wim Wenders) se asemejaba a la «nueva ola» (la nouvelle vague) de François Truffaut, Jean-Luc Godard y otros cineastas franceses, que dieron por completo la espalda a las formas narrativas convencionales y crearon algo más parecido a los ensayos reflexivos en el cine. En el teatro y la pintura experimentales, intencionadamente provocadores, ponían en cuestión los valores vigentes en la cultura, la política y la sociedad.

Sin embargo, sería fácil exagerar la influencia de la vanguardia cultural. Las influencias internacionales en la cultura popular, desde la «coca-colonización» (como se denominó al impacto generalizado de los productos comerciales estadounidenses) hasta la música de los Beatles y otras grandes bandas, fueron casi con toda seguridad más importantes en la transformación silenciosa de los valores sociales. No obstante, la vanguardia cultural tuvo un efecto desproporcionado en el sector muy instruido de la generación más joven. Se propagó la idea de una «cultura alternativa», una cultura que era más democrática, más comunitaria, menos reverencial hacia las formas tradicionales, más conscientemente revolucionaria.

LA RUPTURA CON LOS VALORES DEL PASADO

La cultura, en sus múltiples formas artísticas, literarias y otras expresiones creativas, refleja, cuestiona y moldea los valores y las mentalidades de una sociedad. En los años sesenta, esos valores y mentalidades, sobre todo entre la generación más joven, se encontraban en las primeras etapas de una transformación duradera y cada vez mayor. El papel de influencias hasta entonces decisivas en las actitudes y los comportamientos sociales, entre las que destacaban las fuerzas armadas, el trabajo, la educación, la religión y la familia, estaba cambiando y, en muchos casos, estaban perdiendo peso.

En los años sesenta, las sociedades europeas se habían desmilitarizado en buena medida y el ejército había perdido su influencia como elemento central de la sociedad. Los valores militaristas ya no eran tan dominantes. Los estados gastaban menos en defensa y más en protección social. Las escuelas y las iglesias cristianas tenían menos capacidad que en otros tiempos para adoctrinar a los jóvenes en los valores militaristas y nacionalistas. La creencia, inculcada a los jóvenes hasta el final de la segunda guerra mundial, de que era su deber sagrado combatir y morir por su país, estaba desapareciendo. La mayoría de los jóvenes todavía debía realizar el servicio militar obligatorio durante unos dos años, pero raras veces lo hacía con entusiasmo sino a menudo con resentimiento. El servicio militar era un vestigio persistente de los tiempos en que los ejércitos eran necesarios para luchar en grandes guerras, pero en la era de las armas nucleares eran cada vez más un anacronismo aunque muchos estados tardaran un tiempo en aceptar esta realidad. Los grandes ejércitos formados por novatos reticentes también eran en buena medida innecesarios para las guerras cada vez más impopulares contra los movimientos de liberación en las que no tardarían en dejar de ser colonias. La mayoría de los gobiernos tomaron nota de la oposición popular al servicio militar obligatorio y, a finales de los años sesenta comenzaron a ofrecer alternativas, como por ejemplo el trabajo civil en hospitales o escuelas. Ya realizaran esta clase de trabajos o soportaran dos años de adiestramiento y desfiles militares sin sentido, la mayoría de los jóvenes obligados a realizar el servicio militar no veían el momento de volver a la vida civil. Su sistema de valores se basaba ahora en el mundo civil, no en el militar.

También el mundo laboral estaba cambiando mucho. En una época en la que había casi pleno empleo, los sindicatos tenían una gran capacidad de negociación para poder mejorar las condiciones de su creciente número de afiliados. La producción en cadena en grandes fábricas seguía siendo muy común en los años cincuenta y sesenta, aunque comenzaba a dar paso a una organización más flexible de las pautas laborales que permitía que el trabajo fuera menos monótono, más humano y sin embargo aumentara la eficiencia gracias a un mayor aprovechamiento de la iniciativa de los trabajadores. Las líneas de demarcación entre trabajadores y directivos ya no eran tan firmes como lo habían sido. Las fábricas de automóviles suecas estaban a la vanguardia de los experimentos para reducir las diferencias y hacer que la producción fuera más corporativa, aunque en general estos cambios todavía no habían llegado muy lejos a finales de los años sesenta. No obstante, en los lugares de trabajo también se estaba debilitando la vieja disciplina de hierro de la producción capitalista clásica.

Las divisiones de clases se estaban volviendo menos rígidas. A finales de los años sesenta, en Alemania Occidental una tercera parte de la clase media era de origen obrero y una quinta parte provenía de la clase media alta. La solidaridad obrera se erosionaba a medida que se desmantelaban los barrios de chabolas del centro de las ciudades, se disolvían comunidades muy antiguas y se construían bloques de pisos o barrios de viviendas sociales con menor cohesión social en zonas nuevas, a veces a las afueras, a cierta distancia de los lugares de trabajo. «En estas grandes escaleras nuevas y limpias no había ningún sentimiento de camaradería… Las bellas puertas nuevas y brillantes siempre estaban cerradas», recordaba una mujer inglesa, aunque idealizando los viejos tiempos en que la mayor parte de los alojamientos de la clase obrera habían sido en realidad espantosos y debían ser sustituidos por viviendas mucho más limpias y saludables. Los obreros especializados pero bien pagados, a los que en otro tiempo había atraído el radicalismo político, se estaban aburguesando, en palabras del sociólogo alemán Ralf Dahrendorf, explotando su poder negociador «en la búsqueda individual de la felicidad». Es muy fácil exagerar la tendencia hacia «una sociedad de clase media nivelada», pero en cualquier caso era más fuerte en la próspera Alemania Occidental, donde se acuñó la expresión, que en la mayoría de los lugares de Europa y no se aplicaba al otro lado del Telón de Acero. No obstante, daba pistas sobre lo que estaba sucediendo de manera más generalizada. Cuando el sector de servicios atrajo a empleos administrativos y de oficina a personas que en otro tiempo habrían trabajado en la industria, se redujo la distancia entre las mentalidades de los niveles más altos de la clase obrera y la clase media baja no manual.

A medida que se reducía la semana laboral, quedaba más tiempo libre para el ocio, que se estaba convirtiendo en un interés preponderante. En un sondeo realizado en Alemania Occidental en 1973, más de dos terceras partes de los encuestados otorgaban más importancia al ocio y la familia que al trabajo. Más gente que nunca podía disfrutar de vacaciones, y en muchas ocasiones en el extranjero, pero también en casa aumentaron las opciones para pasar el tiempo fuera del trabajo con la familia, en el jardín (más personas tenían viviendas con jardín o parcelas) o en muchas otras diversiones que distraían de las penosas exigencias del trabajo. Muchas de las actividades de ocio eran individuales, no colectivas, parte de una tendencia general que aún estaba en sus etapas preliminares y que en las décadas siguientes se acentuaría, pero, como ya se ha señalado, sectores importantes del entretenimiento popular (la música, el cine y el televisión) ofrecían formas de ocio que atravesaban las fronteras nacionales, unían a grandes segmentos de la juventud y moldeaban los intereses y las mentalidades comunes traspasando las fronteras de Europa, penetrando incluso en los países del otro lado del Telón de Acero.

Después de la guerra, en la mayoría de los países europeos la educación secundaria se extendió con rapidez, ofreciendo oportunidades de ascenso que hasta entonces estaban reservadas a una élite social. Como promedio, en Europa occidental en 1970 asistían a la escuela dos veces y media más alumnos con edades comprendidas entre los diez y los diecinueve años de edad que en 1950. Las diferencias nacionales (y a veces regionales) persistían, pero existía un reconocimiento general de la necesidad de preparar a un porcentaje mayor de la población para su incorporación a formas de trabajo más complejas o acceder a la educación superior. En Europa oriental, la educación fue radicalmente diferente en la posguerra a lo que había sido antes de la contienda y a su evolución en Europa occidental. Se abolieron las escuelas privadas y religiosas, se prestó mayor atención a la lengua, la literatura y la historia rusas, se hizo más hincapié en la ciencia y la tecnología, y todo ello acompañado de la explicación de la historia del movimiento obrero y la interpretación marxista-leninista del desarrollo social y político.

También las oportunidades de acceder a una educación universitaria empezaron a aumentar en los años sesenta. Se fundaron nuevas universidades y politécnicos. Mientras que en 1950 solo entre el 3 % y el 5 % de los jóvenes con edades comprendidas entre los veinte y los veinticuatro años iba a la universidad, el porcentaje en 1970 ya era, en general, de entre el 12 % y el 18 %, con más del 20 % en Suecia y los Países Bajos. La tendencia fue similar al otro lado del Telón de Acero, aunque a un nivel un poco inferior, que oscilaba entre el 8 % de Albania, el 14 % de la RDA y un máximo del 16 % en Yugoslavia. Sobre todo en Europa occidental, pero también en la oriental, la enseñanza superior seguía siendo un ámbito sobre todo masculino. Por ejemplo, en 1965, solo una cuarta parte de los licenciados de la Universidad de Mánchester eran mujeres (de las que solo una parte ínfima se licenció en ciencias y medicina). No obstante, más jóvenes que nunca estaban expuestos a través de la educación universitaria a maneras de pensar nuevas o diferentes. Como consecuencia de ello, un sector muy inteligente de la sociedad estaba en condiciones de cuestionar las convenciones sociales y las decisiones políticas precisamente en un momento en el que estas eran más fluidas y estaban más expuestas a críticas serias que en ningún otro momento desde la segunda guerra mundial.

La cultura europea había sido en buena medida el resultado de cerca de dos milenios de enseñanzas cristianas y, desde el siglo XVIII, de los valores de la Ilustración, pero la difusión del conocimiento científico y médico, junto con el creciente optimismo en cuanto a las posibilidades de encontrar respuestas racionales a los problemas de la sociedad, socavó la fe en lo sobrenatural. Además, tradicionalmente, la adhesión a la iglesia había sido más intensa en las comunidades más unidas de las zonas rurales que en las aglomeraciones urbanas en expansión y entre la clase obrera industrial, y el constante éxodo del campo a una sociedad urbana más amorfa contribuyó a debilitar aún más el impacto social directo de las iglesias. Las atracciones alternativas a la religión que ofrecían las ciudades eran evidentes y comprendían una gama de actividades de ocio cada vez mayor. Incluso durante los días más solemnes del calendario cristiano, como la Pascua, muchos jóvenes preferían acudir al parque de atracciones, al cine o a algún espectáculo deportivo que ir a la iglesia. El descenso de la práctica religiosa fue el efecto, no la causa, de los cambios sociales más amplios que estaban afectando a las iglesias tanto como a las demás instituciones, pero supuso que se redujera el impacto no solo de la enseñanza religiosa, sino también de los valores morales que habían sido el dominio tradicional de las iglesias.

En los estados comunistas del otro lado del Telón de Acero, la drástica caída de la práctica y las creencias religiosas respondía, en buena medida, a motivos políticos. Ser cristiano practicante (o judío o musulmán) podía suponer una notable desventaja, y las propias iglesias tuvieron que sufrir la represión política. Entre 1959 y 1965, el número de sacerdotes ortodoxos en la Unión Soviética se redujo casi a la mitad en seis años; un gran número de iglesias, mezquitas y sinagogas cerraron, y todas las instituciones religiosas pasaron a ser estrechamente vigiladas por las autoridades del estado. La fe en privado persistió bajo la superficie, aunque es imposible saber qué porcentaje de la población seguía manteniendo creencias religiosas. En general, en Europa oriental y central la tendencia fue parecida, aunque no uniforme. Albania fue el estado más hostil con la religión. Cuando se preguntaba a los albaneses cuál era la diferencia entre las principales religiones del país, tenían preparada una respuesta: «Los cristianos no van a la iglesia los domingos, los judíos no van a la sinagoga los sábados y los musulmanes no van a la mezquita los viernes». En el extremo opuesto se situaba Polonia, donde la Iglesia católica pasó a asociarse cada vez más con la identidad nacional polaca y a representar un sistema de creencias alternativo a la ideología oficial del estado. Como consecuencia de ello, la práctica religiosa y también la piedad popular, en lugar de decaer, aumentaron. En los años sesenta la asistencia a misa los domingos era del 70 %, y en los años ochenta la cifra de personas que acudían a la iglesia regularmente se disparó, sobre todo en las parroquias de clase trabajadora, hasta el 90-95 % de la población. Para las autoridades comunistas, esto era un desastre sin paliativos.

En Europa occidental, el descenso a largo plazo de la práctica religiosa, más pronunciado en las distintas formas de protestantismo que en la Iglesia Católica, se había interrumpido durante los traumáticos años de la guerra y su posguerra inmediata, pero durante los años sesenta los vínculos con las iglesias se debilitaron notablemente, y esta tendencia continuaría y se aceleraría en lo que quedaba de siglo y posteriormente.

El debilitamiento del compromiso religioso prosiguió con más rapidez en el noroeste de Europa, donde la modernización económica estaba más avanzada, la población era relativamente instruida, los sistemas políticos liberales estaban más desarrollados y las normas culturales sujetas a mayores cambios. El declive fue más lento en el sur católico del continente, donde la influencia de la religión en la población seguía siendo más fuerte que en las regiones septentrionales de Europa, predominantemente protestantes. La República de Irlanda, un país bastante atrasado económicamente, en el que la «posición especial» de la Iglesia Católica se había consagrado en la Constitución de 1937 y el catolicismo estaba integrado en la identidad nacional, era la excepción en el noroeste de Europa, pues en 1960 más del 90 % de su población todavía acudía regularmente a misa. Pocos lugares de Europa, o ninguno, podían competir con eso, pero incluso en regiones más ricas y modernizadas, como Baviera, la fidelidad a la iglesia seguía siendo relativamente fuerte y los millones de personas que seguían peregrinando a santuarios católicos como Lourdes en Francia, Fátima en Portugal, Knock en Irlanda o Częstochowa en Polonia (donde se encuentra el icono de la «Virgen Negra», símbolo de la nación) atestiguaban la constante vitalidad de la fe católica.

En general, en toda Europa, más católicos que protestantes seguían asistiendo con regularidad a los oficios religiosos, aunque las cifras decrecían. Los sondeos mostraban que la mayoría de los ciudadanos continuaba creyendo en Dios, la mayor parte de la población seguía declarando creencias religiosas nominales y solían requerirse los oficios de las iglesias para bautismos, bodas y funerales. No obstante, los indicadores muestran que eran menos las personas que seguían haciéndolo y que la propia fe religiosa estaba disminuyendo. Por ejemplo, las encuestas mostraban que el número de europeos que creían en el más allá se estaba reduciendo. Las iglesias, la Católica en particular, seguían desempeñando un papel importante en el mantenimiento de la moral pública, pero era una lucha cuesta arriba.

Las iglesias intentaron adaptarse a los rápidos cambios sociales. El ecumenismo, la apertura a otras fes en busca de la unidad cristiana, empezó a abrirse paso. La reunión que en 1960 mantuvieron el arzobispo de Canterbury, primado de la Iglesia Anglicana, y el papa fue la primera desde mucho antes de la Reforma. Y, en una señal de lo que estaba por llegar, fueron ordenadas las primeras mujeres pastoras de Europa por las iglesias luteranas de Dinamarca (ya en 1948) y después de Suecia (1960) y Noruega (1961). Algunos teólogos protestantes intentaron definir la fe de maneras nuevas. Paul Tillich, por ejemplo, sostenía que la fe no se oponía a la razón, sino que la trascendía, y el obispo anglicano de Woolwich, John Robinson, rechazaba la idea de un Dios objetivo fuera de la imaginación humana. Los complejos escritos de estos teólogos fueron importantes para suscitar un debate dentro de la Iglesia Protestante, pero pocos de los fieles que frecuentaban las iglesias se interesaban por cuestiones de teología ontológica y a la mayoría no les atraía la idea de un Dios cuya existencia era puramente subjetiva; y era poco probable que quienes se estaban alejando de la iglesia dieran marcha atrás a causa de un debate teológico elevado.

También la Iglesia Católica estaba en el umbral de un cambio de época. La elección en 1958 del papa Juan XXIII inició una ruptura importante con la distante monarquía papal de su predecesor, Pío XII, y dio comienzo al papado posiblemente más transformador de la época moderna. Su principal decisión, que no fue bien recibida por la ultraconservadora curia vaticana (el aparato de gobierno papal), fue convocar un concilio general de la Iglesia, el primero desde 1870, y el segundo desde el siglo XVI. El papa respondía así a la poderosa sensación entre la nueva generación de obispos y, por debajo de ellos, del clero y los seglares de base de que la Iglesia necesitaba reformarse y modernizarse para evitar una grave erosión de su feligresía. Ya a finales de los años cincuenta, los obispos de Alemania Occidental eran muy conscientes de la «habitual falta de asistencia de la misa dominical» como un «problema pastoral» y de las «serias preocupaciones» de muchos sacerdotes por el descenso del número de católicos practicantes. El debate sobre la reforma pastoral y la renovación desde abajo estaba más avanzado en Francia y se extendió a Holanda, Bélgica, Alemania Occidental e Italia, aunque estas ideas había progresado poco en Irlanda, Gran Bretaña y en la península Ibérica, donde la Iglesia, muy conservadora, era la más resistente al cambio.

El Vaticano II (como se lo llamaba habitualmente) otorgó una mayor autoridad «colegial» a los obispos, junto al papa (el obispo de Roma), aunque mediante la reafirmación de la doctrina de la infalibilidad papal se contrarrestó cualquier menoscabo de su primacía. El concilio fue bastante lejos en la apertura de la Iglesia al ecumenismo, abogando por la reconciliación con otras iglesias. Se disculpó ante los judíos por su sufrimiento a manos de los cristianos (y eliminó la ofensiva atribución a estos de la culpa por la muerte de Cristo en la celebración del Viernes Santo), un llamamiento a entablar el diálogo con los judíos y una condena del antisemitismo. En 1965 se cerró el secular cisma con la Iglesia Ortodoxa. Para los católicos practicantes corrientes, el cambio surgido del concilio más evidente, inaceptable para los tradicionalistas, fue el paso de celebrar la misa en latín, la lengua de la Iglesia en Europa occidental desde tiempos antiguos, a celebrarla en las lenguas vernáculas, una decisión concebida para acercar la Iglesia a todas las personas.

Los cambios fueron importantes y duraderos. Reavivaron el debate en el seno de la Iglesia, tanto entre los laicos como entre el clero, suscitaron entusiasmo entre los fieles por las nuevas formas de participación en la obra pastoral y ensancharon los horizontes al propiciar una mayor conciencia de las privaciones sociales fuera de Europa, en particular en América Latina. Aun así, el historiador Diarmaid MacCulloch describió acertadamente el resultado del concilio como solo una «media revolución». Se había abierto la caja de Pandora, pero los obispos enseguida intentaron volver a cerrarla: bloquearon las iniciativas para asociar a la Iglesia con el radicalismo político y la «teología de la liberación» latinoamericana. La participación de los seglares fue bienvenida, siempre que el clero retuviera un control firme. El «colegio» episcopal equivalía a poco más que palabrería a medida que se fue reafirmando la primacía papal, y al teólogo suizo Hans Küng (que había participado como asesor en el concilio Vaticano) se le llegó a prohibir que enseñara teología católica (era profesor en Tubinga, en Alemania Occidental) por haber rechazado públicamente la doctrina de la infalibilidad papal.

Donde las reformas surgidas del Vaticano II fallaban más rotundamente a la hora de ajustarse a las decisivas corrientes de cambio social fue en el ámbito del comportamiento sexual. Muchos de los asistentes al concilio habían esperado al menos una relajación de las normas que prohibían que los sacerdotes se casaran, pero el celibato para el clero fue reafirmado por el papa Pablo VI, el sucesor más conservador de Juan XXIII, que murió en 1963, mucho antes de que el concilio que él había convocado concluyera su trabajo. Esto contribuyó, casi con toda seguridad, a que disminuyera el número de personas dispuestas a ingresar en el sacerdocio y aumentara el de quienes lo abandonaban para casarse. Un problema mucho mayor fue la persistencia de la prohibición de la anticoncepción promulgada por el papa Pablo VI en su encíclica Humanae vitae, en 1968. Esto no solo suscitó acaloradas protestas entre el clero católico y también entre los seglares, sino que en la práctica la prohibición papal fue ampliamente ignorada. Además del daño que esto causó a la autoridad papal, señaló los límites de la capacidad del Vaticano II para cambiar el catolicismo de maneras que pudieran contener significativamente el avance de la secularización y el declive de la práctica religiosa católica. Con la prohibición del control de natalidad, el papado entraba en abierto conflicto con los cambios en la sexualidad y en la familia que la Iglesia era incapaz de frenar.

Las actitudes hacia el matrimonio, el divorcio, la cohabitación y los nacimientos extramaritales estaban cambiando. El baby boom de la posguerra había terminado. A diferencia de las iglesias, los jóvenes ya no consideraban la reproducción como la finalidad primordial del matrimonio, y se casaban más tarde de lo que era habitual después de la guerra. Las mayores oportunidades de empleo animaban a las personas a organizar la crianza de los hijos en función de sus propias vidas, sus deseos y sus circunstancias materiales, en lugar de al revés. Había más mujeres que buscaban un empleo remunerado y deseaban controlar sus vidas, y que cada vez más cuestionaban la visión tradicional de que su función era tener hijos y encargarse del hogar familiar. En Europa occidental, su progreso fue mayor en Escandinavia y más lento en los países católicos, donde la doctrina social hacía hincapié de manera directa en el deber de la madre y esposa en el hogar. En Irlanda incluso estaba consagrado en la Constitución «que las madres no se vean obligadas por la necesidad económica a realizar trabajos que les hagan descuidar sus deberes en el hogar». La tendencia a casarse más tarde y tener menos hijos también se desarrolló en Europa oriental, aunque en parte por razones diferentes. Los sistemas de apoyo a la maternidad que permitían a las mujeres trabajar a jornada completa estaban mucho más extendidos que en Occidente, pero la falta de prosperidad y el tiempo de espera para conseguir un apartamento adecuado imponían sus propias limitaciones al deseo de casarse pronto y tener hijos.

Sobre todo, la mejora de los métodos anticonceptivos y los cambios de las leyes sobre el aborto permitieron a las mujeres ser más capaces que nunca de decidir cuándo tener hijos o si tenerlos dentro o fuera del matrimonio. La decisiva invención en 1960 en Estados Unidos de la píldora anticonceptiva, a la que pronto se conocería simplemente como «la píldora», cambió de un modo radical la vida de las mujeres, pues por primera vez podían controlar ellas mismas, de manera fiable, la reproducción. La píldora transformó el comportamiento sexual. Allanó el camino para la libertad sexual de la que a partir de finales de los años sesenta disfrutarían tanto hombres como mujeres.

La liberación sexual dio pie a una erosión del matrimonio que se aceleraría en los últimos decenios del siglo. Las tasas de divorcios empezaron a aumentar sensiblemente, aunque nunca tan deprisa como a finales del siglo. Ya en 1970 más de una cuarta parte de los matrimonios de Suecia y Dinamarca acababan en divorcio. Por entonces, casi una tercera parte de las parejas suecas y danesas de poco más de veinte años elegían vivir juntas sin contraer matrimonio y en Suecia casi una quinta parte de los nacimientos se producían fuera del matrimonio. Estos porcentajes eran superiores a los de otros países de Europa occidental, pero la tendencia apuntaba en la misma dirección, como en Europa oriental, aunque los países católicos iban muy por detrás. Por ejemplo, en Italia el divorcio no fue legal hasta diciembre de 1970, en Portugal en 1975, en la España posfranquista en 1982, en Irlanda solo en 1997 y en Malta ya en el siglo XXI, en 2011.

Tras estas tendencias subyacía una revolución sexual que estaba poniendo en tela de juicio prácticamente todas las convenciones sobre la sexualidad y, a finales de los años sesenta, era una parte central de la contracultura juvenil. El movimiento feminista (del que Simone de Beauvoir, la compañera de Jean-Paul Sartre, había sido una pionera y cuyo libro El segundo sexo [Le deuxième sexe, 1949] tuvo una influencia ideológica fundamental) desempeñó un importante papel en la promoción de la independencia sexual de las mujeres. La creciente aceptación, al menos en teoría, de la igualdad de la mujer, una conquista importante y duradera del movimiento feminista, constituyó uno de los cambios sociales más importantes de las décadas siguientes y en buena medida fue posible gracias a la invención de la píldora. Su disponibilidad permitió tanto a los hombres como a las mujeres disfrutar del sexo ocasional sin riesgo de embarazo. El «amor libre», la libertad sexual en el intercambio de múltiples parejas, que provenía de la cultura hippie de San Francisco, cruzó el Atlántico. La homosexualidad, que en los años cincuenta seguía formando parte en general de un demi-monde furtivo y criminalizado, también emprendió la senda hacía una mayor aceptación en la sociedad, aunque el camino sería largo y pedregoso, y el avance lento por culpa de prejuicios profundamente arraigados.

Los medios de comunicación de masas, en rápida expansión, desempeñaron un papel determinante en el aumento de la aceptación social de las nuevas actitudes hacia el sexo. Los libros y las películas comenzaron a cuestionar y romper tabúes tradicionales. En 1960, la publicación de la versión íntegra de la obra de D. H. Lawrence El amante de lady Chatterley (Lady Chatterley’s Lover), que contenía descripciones explícitas de las relaciones sexuales en un lenguaje gráfico y coloquial, acabó ante un tribunal de Londres en virtud de la Ley de Publicaciones Obscenas. Cuando el fiscal, Mervyn Griffith Jones, un pilar de la rectitud establecida, preguntó al jurado si era un libro que «le gustaría que leyeran sus mujeres o sus criados», parecía estar hablando de otra época. Varios expertos en literatura comparecieron como testigos para defender el libro. De un modo un tanto excéntrico, el polémico obispo de Woolwich, John Robinson, sugirió que las relaciones sexuales morbosamente descritas por Lawrence eran «un acto de santa comunión». La editorial, Penguin Books, acabó siendo absuelta de todos los cargos. Como cabía esperar, el escándalo contribuyó a que se dispararan las ventas del libro. El caso británico fue uno de los primeros ejemplos de la imposibilidad de mantener una estricta censura sobre la expresión sexual, hasta entonces en vigor, mientras los valores sociales cambiaban con rapidez. En la literatura, el cine, los periódicos y las revistas (la televisión en sus primeros años siguió protegiendo la moral pública) era obvio que el sexo era un gran negocio.

Los gobiernos tuvieron que adaptarse al clima cambiante. Suecia y Dinamarca volvieron a tomar la delantera en la accesibilidad a los métodos anticonceptivos. Gran Bretaña puso la píldora a disposición de las parejas casadas, gratuitamente y con receta médica, desde 1961 y, desde 1968, para todas las mujeres, casadas o no. Tras las presiones de las feministas, en 1965 Francia eliminó la prohibición del control de la natalidad. Los países católicos, siguiendo la postura oficial de la Iglesia, se opusieron a que se relajaran las restricciones que pesaban sobre la anticoncepción, que en Italia no se levantaron hasta 1970 y en Irlanda solo diez años después. El aborto era legal en la Unión Soviética y en sus países aliados desde los años cincuenta, pero en Europa occidental las leyes que permitían el aborto, que todavía se aplicaban cumpliendo muy estrictamente ciertas condiciones, solo se extendieron desde finales de los años sesenta y principios de los setenta. Aunque la aprobación de medidas legislativas solía ir precedida de acalorados debates y topar con la oposición de la Iglesia Católica, los países predominantemente católicos también fueron legalizando gradualmente el aborto, aunque algunos, como Malta, siguieron resistiéndose a esta tendencia y mantendría la prohibición del aborto hasta el siglo siguiente.

El cambio en las actitudes sociales también se reflejó en la legislación sobre las prácticas homosexuales. La postura de los gobiernos europeos con respecto a la homosexualidad había variado a lo largo de la historia. En la mayoría de los estados comunistas existían prohibiciones oficiales, aunque no en todos, y la mayoría de las democracias occidentales habían criminalizado la homosexualidad. Sin embargo, en Francia era legal desde la Revolución (aunque el régimen de Vichy, al igual que otros regímenes fascistas, la había prohibido) y en Dinamarca, Suecia e Islandia (aunque no en Noruega ni en Finlandia) desde hacía dos o tres décadas. Sin embargo, desde finales de los años sesenta, en respuesta a las crecientes objeciones a la ley en vigor, los gobiernos de toda Europa empezaron a liberalizar la legislación sobre la homosexualidad. El movimiento por los derechos de los homosexuales, iniciado en Estados Unidos, ejerció más presión. Poco a poco, aunque el proceso se alargó hasta los años noventa, la criminalización de los actos homosexuales entre adultos tocó a su fin en toda Europa occidental y en la Europa del Este postsoviética. No obstante, la discriminación generalizada de los homosexuales persistió, de manera más evidente en Rusia.

En Europa, los valores sociales habían cambiado mucho desde la guerra. En general, a finales de los años sesenta la sociedad de Europa occidental se había vuelto más progresista, más tolerante que en 1950, aunque por supuesto se trata de una generalización. Las actitudes racistas estaban todavía muy extendidas, si no afloraban a la superficie bien a menudo. Las actitudes sexistas eran habituales y no era infrecuente que las mujeres tuvieran que lidiar con insinuaciones sexuales no deseadas de hombres que disfrutaban aprovechando su posición de poder en numerosos ámbitos de la vida. El feminismo se enfrentaba a una ardua lucha para cambiar los prejuicios masculinos sobre las mujeres y alterar la persistente discriminación contra ellas en la educación, las oportunidades laborales y los lugares de trabajo.

En cualquier caso, para algunos miembros de la generación más joven, la liberalización era demasiado lenta y distaba mucho de ser suficientemente radical, pues aspiraban a un cambio mucho más rápido y profundo. A finales de los años sesenta, desafiarían el orden político y social tanto al este como oeste del Telón de Acero.

Capítulo 6 DESAFÍOS

Prohibido prohibir. La libertad comienza con una prohibición: la de perjudicar la libertad de los demás.

Grafiti en París, mayo de 1968

No permanezcáis indiferentes al día en el que la luz del futuro sea transportada por un cuerpo quemado.

Pintada en la estatua de Wenceslao, Praga, enero de 1969,
después de que Jan Palach se inmolara para protestar por la
ocupación soviética de Checoslovaquia

Durante la segunda mitad de los años sesenta, Europa, tanto la occidental como la oriental, atravesó un período de turbulencias políticas mayores que en ningún otro momento desde el fin de la segunda guerra mundial. Ambos lados del Telón de Acero, aunque de maneras diferentes, tuvieron que afrontar desafíos a sus sistemas de gobierno. En Europa occidental, alcanzó un punto crítico con las protestas estudiantiles de 1968; en Europa oriental, ese mismo año la «Primavera de Praga» causó conmoción en el bloque soviético. A principios de los años setenta, las turbulencias volvieron a remitir, pero su legado fue multifacético y duradero.

Las turbulencias, por muy transitorias que resultaran ser, reflejaron transformaciones profundas de los valores sociales y culturales, más claramente acusados entre la generación del baby boom de la posguerra, que por entonces ya eran adultos o estaban a punto de serlo. Los valores y las pautas de comportamiento de la generación anterior, educada en una disciplina impuesta en buena medida por una guerra mundial, a mediados de los años sesenta eran objeto de un cuestionamiento fundamental. Para los jóvenes, la autoridad, la obediencia y el deber eran valores que recordaban al pasado, y se volvieron más individualistas en su apariencia, sus hábitos y sus estilos de vida, menos dispuestos a aceptar el conformismo a menudo conservador y la autoridad de sus mayores. Y, en determinadas circunstancias, estaban dispuestos a rebelarse.

PROTESTAS Y VIOLENCIA

La revuelta generacional

En 1960, el sociólogo estadounidense Daniel Bell anunció «el fin de la ideología en Occidente». Sostenía que las grandes ideologías que se habían desarrollado en el siglo XIX y predominado en la primera mitad del siglo XX, sobre todo el marxismo, habían tocado a su fin y en la sociedad tecnocrática emergente ya no tendrían ningún papel importante. Los años cincuenta habían sido testigos del «agotamiento» (como él lo llamaba) de la ideas políticas y la inutilidad de las ideologías fundamentalistas. Aunque en los países europeos los niveles de consenso político eran relativamente altos e inusuales desde el punto de vista histórico, se trataba de una valoración típicamente estadounidense. Y en el plazo de cinco años ya parecía un extraño error de juicio.

A mediados de los años sesenta, el escenario interno, hasta entonces relativamente tranquilo, estaba dando paso a una época política más agitada en la que el enfrentamiento ideológico entre el marxismo y el capitalismo desempeñó un papel central. Este enfrentamiento no estaba relacionado solo o siquiera sobre todo con los sistemas sociales y políticos totalmente opuestos de ambos lados del Telón de Acero, sino que en realidad se trataba en su mayor parte de un conflicto ideológico en el seno de la sociedad occidental, entre formas occidentales de marxismo y la democracia liberal capitalista. Halló su expresión en la protesta política, que reflejaba el sentimiento de alienación sobre todo de un amplio sector de la generación más joven y que se volvió más generalizado después de mediados de los años sesenta. Para muchos de quienes participaron en ella se trataba de una revuelta generacional explícita. «Éramos una generación nueva que estaba tomando el poder», sentenció a posteriori un antiguo activista acerca de la embriagadora atmósfera (y las ilusiones inherentes) del momento. Algunos encontraron inspiración en las manifestaciones y protestas en favor de los derechos civiles que en los años sesenta estaban teniendo un impacto importante en el movimiento estadounidense. En Europa, al igual que en Estados Unidos, las canciones poéticamente líricas del músico estadounidense Bob Dylan, en particular «Blowin’ in the Wind», «The Times They Are a-Changin» y «Masters of War», se convirtieron en himnos de protesta para los jóvenes. Sobre todo, el horror de la guerra de Vietnam, la primera guerra que podía seguirse en las pantallas de televisión, ofrecía una causa que trascendía las fronteras nacionales y combinaba la vehemente condena del materialismo desenfrenado, el imperialismo, el colonialismo, el poder estadounidense y el capitalismo occidental con una visión idealista de la reconstrucción de una sociedad sin clases según los parámetros neomarxistas. La protesta pasó a reflejarse, también, en las nuevas expresiones de la violencia política, manifestaciones extremas de la alienación a menudo dirigidas confusamente contra lo que se consideraba la clase política.

Las protestas explotaron de un modo espectacular en 1968, pero el malestar se había estado cociendo durante algunos años antes de llegar al punto de ebullición. «1968» es el símbolo de un fenómeno que se extendió durante ese año, un rechazo y una subversión de los valores fundamentales de la época. Los estudiantes, con ventajas educativas, cada vez con más contactos en el extranjero y oportunidades de transformar las ideas radicales que asimilaban en formas de acción colectiva, encabezaron la revuelta generacional. Lo que se ha descrito como un movimiento de «contestación global» encontró expresión en Estados Unidos y Japón, en diversos países de Europa occidental (incluso en el régimen autoritario de la España de Franco) y en cierto modo también tuvo resonancia, aunque de un modo diferente a cómo se manifestó en Occidente, en algunas partes del bloque oriental, sobre todo en Polonia y Checoslovaquia. En Europa occidental, el movimiento de protesta fue más intenso y dramático en Italia, Alemania Occidental y Francia, en cada caso con unos rasgos específicos, pero también con algunas características comunes.

En su nivel más básico, la protesta fue un estallido de descontento estudiantil por las condiciones en las universidades. Debido al rápido aumento del número de estudiantes en los años sesenta, las aulas y las salas de seminarios estaban masificadas y era evidente la carencia de profesores universitarios suficientes. Los docentes solían ser personas distantes, frías y autoritarias, y no en vano en Italia se les conocía como baroni. El número de estudiantes se multiplicó casi por dos, de medio millón a uno, en los años sesenta. La Universidad de Roma, concebida para cinco mil alumnos, tenía cincuenta mil matriculados en 1968. Muchos estudiantes salían de la universidad sin titulación, e incluso los que se licenciaban se encontraban con muchos problemas para encontrar trabajo. Era un ejemplo extremo de una tendencia general en la mayoría de los países de Europa occidental. En Alemania Occidental había casi cuatro veces más estudiantes que en 1950, pero el número de profesores universitarios y las instalaciones disponibles no habían aumentado al mismo ritmo que esa expansión. A ojos de los estudiantes, la administración de las universidades era reaccionaria y restrictiva, y las desangeladas junglas de hormigón de los nuevos campus universitarios intensificaban la alienación. El descontento social se volvió endémico y en algunos casos se convirtió en un rechazo total a la sociedad existente. «No queremos encontrar un lugar en esta sociedad, queremos crear una sociedad en la que merezca la pena encontrar un lugar», comentaba un estudiante italiano en 1968.

Aunque cada manifestación de protesta reflejaba unas condiciones nacionales específicas, la facilidad cada vez mayor para comunicarse y para viajar permitía que las quejas se transmitieran con rapidez a través de las fronteras. La ira y el resentimiento fermentaron en el alumnado. El barril de pólvora estaba listo para que encendieran la mecha líderes estudiantiles rebeldes como Daniel Cohn-Bendit («Danny el Rojo») en Francia y Rudi Dutschke en Alemania Occidental, que eran hábiles para transformar las quejas estudiantiles en un desafío a toda forma de autoridad en el «estado burgués». El pasado reciente, más claramente en Italia y Alemania Occidental, era una buena base para apelar a las continuidades entre los antiguos regímenes fascistas y la sociedad capitalista del momento. Se citaba a menudo la frase de Max Horkheimer de que quien no desea hablar del capitalismo debería callarse también sobre el fascismo.

El antifascismo era un componente central del espíritu de protesta en Alemania Occidental y era también importante en Italia. Por tanto, la canalización de las protestas en movimientos fascistas de masas, como había sucedido en los años treinta, quedaba explícitamente descartada. El fascismo era un anatema. Por consiguiente, se trataba de una rebelión abiertamente de izquierdas, el marxismo era la fuente de inspiración intelectual. Sin embargo, la «Nueva Izquierda», como la denominaban sus adeptos, rara vez miraba a Moscú y al modelo soviético, cuya imagen había quedado irreparablemente mancillada tras la violenta represión a finales de 1956 de la insurrección húngara. Un poco paradójicamente, tratándose jóvenes ciudadanos de la Europa Occidental industrializada, hallaron sus referentes en los líderes de las revoluciones campesinas y las luchas guerrilleras del Lejano Oriente y América Latina. Admiraban a Mao Zedong (ignorantes de su responsabilidad en enormes crímenes contra la humanidad o dispuestos a pasarla por alto), al líder norvietnamita Ho Chi Minh, al jefe del gobierno cubano Fidel Castro (el rostro de la oposición al imperialismo estadounidense) y, sobre todo, a la figura idealizada del Che Guevara, el líder de la revolución cubana asesinado a tiros por soldados bolivianos en octubre de 1967.

Estudiaron los primeros escritos de Marx y admiraban a quienes, como Rosa Luxemburgo y sobre todo León Trotski, habían sido excluidos del canon leninista ortodoxo o excomulgados de la fe. La obra de Antonio Gramsci, el teórico marxista del fascismo que murió agonizante en una de las cárceles de Mussolini, era especialmente venerado. Se inspiraron en el contacto con gurús intelectuales marxistas de dentro y fuera de Europa, entre los que figuraban los filósofos franceses Jean-Paul Sartre, Louis Althusser (un personaje cada vez más extraño, perturbado mentalmente y contrario a los intentos de relacionar el marxismo con el humanismo) y Michel Foucault, cuya obra hacía hincapié en el poder represivo y la disciplina controladora de las instituciones y los organismos sociales. Otra de las influencias más destacadas de los estudiantes radicales fue Herbert Marcuse, el crítico estadounidense del «tardocapitalismo», nacido en Alemania, que consideraba la sociedad contemporánea deshumanizadora, y que abogaba por la revolución y un rechazo total a los falsos dioses de la cultura consumista occidental. Bajo formas diversas, las ideas marxistas estimularon la imaginación de la rebelión generacional de un grupo social relativamente instruido y elocuente, movido por el deseo de crear un mundo mejor, de producir una sociedad más justa e igualitaria. Para ellos, la revolución política no era suficiente. Había que destruir por completo los sistemas de creencias y las estructuras sociales que estas sustentaban y crear una sociedad desde cero.

La cuestión que más cautivaba a los jóvenes, y no solo a ellos, atravesando las fronteras nacionales, era la guerra de Vietnam, que se recrudecía. Esta polarizó las diferencias políticas e ideológicas, inflamó los ánimos y volvió a muchos jóvenes en contra de un país al que, desde la segunda guerra mundial, a menudo se había presentado como modelo de los valores democráticos, la libertad y la prosperidad: Estados Unidos.

Los estadounidenses se habían visto arrastrados cada vez más hacia un conflicto creciente e irresoluble en Indochina (que comprendía Vietnam, Laos y Camboya) desde que en 1954-1955 los franceses se habían empezado a retirar. El objetivo era contener el avance del comunismo en toda Indochina, y para ello Washington había pasado a depender de un gobierno títere y corrupto en Saigón, la capital de Vietnam del Sur. A principios de los años sesenta, Estados Unidos estaba empezando a enviar una cantidad creciente de armas a Vietnam sin que estuviera siquiera cerca una derrota de las fuerzas norvietnamitas de Ho Chi Minh, que luchaban por la independencia nacional y estaban intensificando su campaña de guerrillas en el sur. Cuando aumentó el riesgo de perder la guerra, el presidente Lyndon B. Johnson, sucesor de John F. Kennedy (asesinado en noviembre de 1963), tomó en 1965 la fatídica decisión de enviar tropas terrestres estadounidenses a luchar en Vietnam.

A finales de ese mismo año había ya 184 000 soldados estadounidenses en Vietnam; al cabo de dos años la cifra había aumentado a 485 000. Las protestas contra la implicación estadounidense en Vietnam habían empezado en 1964, en la Universidad de California en Berkeley, y en los años siguientes se extendieron rápidamente, encabezadas por Estudiantes por una Sociedad Democrática, una organización inspirada en las ideas de la Nueva Izquierda. En abril de 1967, doscientas mil personas se congregaron en Nueva York para protestar contra la guerra. A lo largo de los meses siguientes, la guerra se intensificó y su horror lo simbolizó el creciente uso por parte de las fuerzas estadounidenses de las terribles bombas de napalm. La opinión pública de Estados Unidos fue volviéndose cada vez más contraria a la guerra a medida que aumentaba el número de jóvenes estadounidenses a los que se reclutaba forzosamente para luchar (y morir) en lo que parecía, y era, un conflicto imposible de ganar. Muchos provenían de familias pobres blancas o negras, mientras que las familias más ricas o bien relacionadas a menudo parecían evitar que sus hijos fueran movilizados. La intensidad y las dimensiones de las protestas fue en aumento y su mensaje cruzó el Atlántico. No tardaron en celebrarse manifestaciones contra la participación estadounidense en Vietnam en Alemania Occidental, Francia, Italia y otros países de Europa occidental.

Sin las crecientes protestas contra la guerra de Vietnam, el malestar estudiantil por las condiciones en las universidades, aunque justificado, podría no haber pasado de ahí pero Vietnam convirtió la desafección en una manifestación mucho más amplia de la contestación política y social, que a veces incluyó enfrentamientos violentos con la policía. Transformó a los estudiantes descontentos, al menos a algunos de ellos, en aspirantes a revolucionarios.

No obstante, en este papel fueron meros diletantes, no verdaderos revolucionarios. Solo por poco tiempo, y solo en Francia en mayo de 1968, cuando unos diez millones de trabajadores convocaron huelgas y ocuparon fábricas para protestar contra el estado gaullista, el orden establecido pareció estar gravemente amenazado. En cuanto remitió la oleada espontánea de huelgas y se serenó la embriagadora atmósfera, las protestas estudiantiles perdieron intensidad. Se fueron extinguiendo gradualmente, dejando como único logro tangible algunas mejoras en la administración de las universidades. Pero muchos de los que participaron se habían dejado arrastrar por la emoción y la adrenalina de la acción, que les había dejado recuerdos imborrables.

Los jóvenes de 1968 se consideraban una generación «especial», pero gran parte de la población desaprobaba o se mostraba indiferente ante el movimiento de protesta. La gran mayoría de los jóvenes de los países europeos no eran estudiantes; en realidad, muchos de ellos ya estaban empleados en trabajos manuales duros y mal remunerados y consideraban a los estudiantes una élite privilegiada, lo que no distaba mucho de la verdad. Por su parte, a la mayoría de los estudiantes les interesaba sobre todo lo que les afectaba de manera directa y muchos de ellos se oponían a los objetivos más amplios de los manifestantes izquierdistas. Por ejemplo, la organización de los estudiantes conservadores de Alemania Occidental, la Liga de Estudiantes Democristianos, era solo ligeramente menor que la organización izquierdista, la Liga Alemana de Estudiantes Socialistas. En un sondeo de opinión realizado en 1967 en Alemania Occidental, la mayoría de los estudiantes estaba a favor de la legislación de excepción (para limitar las libertades personales en un estado de excepción declarado) que el gobierno quería aprobar y a la que los activistas de izquierdas se oponían con rotundidad. Y las opiniones de los estudiantes sobre el gobierno de coalición encabezado por los conservadores estaban divididas al 50 % entre quienes lo criticaban y quienes lo aprobaban. En cualquier caso, la minoría que albergaba ideales utópicos y deseaba llevar a cabo una revolución para destruir el capitalismo carecía de la capacidad para representar un serio desafío para unos sistemas democráticos consolidados y estables o para movilizar a amplios sectores de la sociedad que había vivido años de pleno empleo y de una prosperidad sin precedentes, y que se oponían vehementemente al marxismo.

El estallido de protestas

Las protestas estudiantiles se extendieron por toda Italia durante 1967 con una oleada de manifestaciones y huelgas en las universidades. El descontento latente por las condiciones en la universidad había cobrado impulso cuando en abril de 1966 un estudiante de arquitectura, Paulo Rossi, fue asesinado en una pelea con estudiantes neofascistas en Roma y declarado «una nueva víctima del fascismo». Estaba latente también una frontal oposición a los planes del gobierno de reformar la educación superior (más tarde abandonados), que los estudiantes criticaban por considerarlos una subordinación de la enseñanza a las demandas de la economía capitalista. A principios de 1968, el espíritu de la protesta se había intensificado y a finales de febrero la policía desalojó a los estudiantes que habían ocupado edificios de la Universidad de Roma. Cuando el 1 de marzo los estudiantes intentaron ocupar otra vez uno de los edificios, se desató una batalla campal con la policía, la llamada «batalla del Valle Giulia». La policía cargó contra una multitud de unos mil quinientos estudiantes y estos respondieron prendiendo fuego a varios automóviles. Al final, resultaron heridos cuarenta y seis policías y centenares de estudiantes. Hasta ese momento, en términos generales el movimiento estudiantil había sido pacífico, pero a partir de entonces los enfrentamientos con la policía fueron invariablemente violentos. Sin embargo, cuando se hicieron algunas concesiones a las demandas estudiantiles, se retiró la impopular legislación sobre la reforma y decayó el apoyo público a los estudiantes, fue disminuyendo paulatinamente la intensidad del conflicto en lo que se refería a las condiciones dentro de las universidades.

Después de «Valle Giulia», el carácter del movimiento estudiantil italiano se transformó. Las protestas espontáneas se convirtieron en agitación revolucionaria organizada. Una minoría radical de estudiantes pertenecientes a una gran diversidad de grupos revolucionarios, decidida a aprender de la rápida divergencia entre los intereses de los obreros y los de los estudiantes que se había producido en Francia, se dedicó a movilizar el descontento entre la clase obrera industrial de Italia. Muchos trabajadores de las fábricas habían llegado del empobrecido sur del país y formaban un subproletariado: estaban mal pagados, trabajaban con frecuencia a destajo en cadenas de producción, estaban expuestos a unas condiciones laborales despiadadas y a una gestión autoritaria y no estaban acostumbrados a la disciplina de los sindicatos y los partidos políticos. Cuando fueron a las fábricas a animar a los obreros a levantarse, los estudiantes radicales descubrieron que a menudo su mensaje encontraba oídos receptivos.

Desde los últimos meses de 1968 hasta el otoño de 1969, unos 7,5 millones de trabajadores participaron en unas 3800 huelgas, en su mayoría «salvajes». Esto indujo a los sindicatos a actuar y, al final de lo que se denominó el «otoño caliente», en diciembre de 1969, habían negociado con éxito mejoras importantes en los lugares de trabajo y conseguido aumentos salariales sustanciales, el doble del promedio en los países industriales de Europa occidental a lo largo de los años siguientes, aunque no fueron acompañados de niveles similares de incremento de la productividad. Los sindicatos salieron muy fortalecidos y pudieron ejercer un poder considerable a escala nacional para mejorar las condiciones de la clase obrera italiana. La militancia obrera se convirtió en una parte de la vida italiana e Italia en la capital europea de las huelgas. En 1972 participaron en conflictos laborales cuatro millones y medio de trabajadores; en 1973, más de seis millones. Pero los sindicatos querían mejoras materiales concretas, no ideas políticas utópicas, y las expectativas depositadas por los estudiantes radicales en una dinámica revolucionaria se vieron defraudadas. Y entretanto el gobierno, pese a que cambiaba con frecuencia de composición, aprobó entre 1969 y 1971 varias reformas políticas y sociales (la subida de las pensiones, cierta expansión de las viviendas sociales, legislación para establecer el derecho al divorcio y la introducción del gobierno regional) que, en el mejor de los casos, fueron remedios parciales, pero bastaron para impedir que la agitación social desarrollara su potencial revolucionario.

No obstante, al evaporarse cualquier esperanza genuina de una revolución, las protestas se pusieron feas. Los militantes radicales, tanto de la derecha como de la izquierda, empezaron a recurrir a formas extremas de violencia, alejadas de los conflictos anteriores entre los estudiantes y la policía, para intentar destruir el sistema político y económico italiano. El objetivo, para la derecha neofascista, era crear una sensación permanente de pánico que llevara a clamar por un régimen autoritario que impusiera el orden por la fuerza, destruyendo con ello la Constitución. Algunos lo llamaron «estrategia de la tensión» (strategia della tensione). No está claro quién inventó el término, pero este se impuso.

En abril de 1969, la explosión de dos bombas en Milán se saldó con decenas de personas heridas; en agosto, las bombas colocadas en trenes causaron una docena de heridos, y en diciembre, en la peor de las atrocidades, cuatro bombas (dos de ellas colocadas en bancos y una en Piazza Fontana) mataron a dieciséis personas e hirieron a ochenta y siete. Una multitud de unas trescientas mil personas se congregó en el centro de Milán para expresar su solidaridad con las víctimas de los atentados, una señal de la repulsa que la mayoría de los italianos compartían. Enseguida se responsabilizó de ello a los anarquistas y se produjeron varias detenciones. Uno de los arrestados, Giuseppe Pinelli, que más tarde fue absuelto de cualquier participación en el crimen, murió al caer misteriosamente desde el cuarto piso de la jefatura de policía de Milán en circunstancias que nunca se esclarecieron. Posteriormente aparecieron pruebas que implicaban con un alto grado de probabilidad no a los anarquistas, sino a un grupo de neofascistas que, inquietantemente, tenían relación con un coronel de los servicios secretos italianos. Las investigaciones se prolongaron durante años, entre dilaciones por parte de la clase política y de las autoridades judiciales, y el caso acabó por archivarse por falta de pruebas. Los atentados terroristas perpetrados por grupos radicales de extrema derecha, en total unos seis mil, se saldaron con 186 muertos y 572 heridos y continuaron durante los años setenta y principios de los ochenta. El peor de ellos fue el atentado de la estación de tren de Bolonia en agosto de 1980, que mató a 85 personas e hirió a más de 200.

El terrorismo no tardó en manifestarse tanto en la izquierda como en la derecha. La infinidad de organizaciones revolucionarias surgidas del movimiento de protesta de finales de los años sesenta estaban perdiendo fuerza, fracasando a todas luces en sus expectativas de destruir al estado capitalista. Reconociendo esto, surgió Las Brigadas Rojas, una organización pequeña pero letal que sustituyó la agitación por la lucha armada, tomando como modelo las guerrillas urbanas de América del Sur. Las Brigadas Rojas fue fundada en 1970 por los antiguos activistas estudiantiles Renato Curcio y Margherita Cagol, junto con Alberto Franceschini, todos ellos de familias comunistas y antifascistas comprometidas, y por Mario Maretti, que provenía de un entorno de clase media de derechas y no había participado en las protestas estudiantiles de 1968. Las Brigadas Rojas empezó enseguida a cometer atentados, asesinatos y secuestros. Se calcula que, hasta finales de 1974, se pueden atribuir a los grupos terroristas de izquierdas 336 atentados, en los que murieron dos personas. Lo peor estaba por llegar. En una campaña que marcó los años setenta, el atentado más conocido perpetrado por Las Brigadas Rojas fue el secuestro y el asesinato, cincuenta y cuatro días más tarde, del ex primer ministro democristiano Aldo Moro en la primavera de 1978. Esto hizo que el gobierno decidiera actuar con más dureza. Unas leyes antiterroristas más severas y la creación de una unidad de policía especializada llevaron a la detención de la mayoría de los terroristas hacia 1980. Las Brigadas Rojas siguió existiendo hasta entrados los años ochenta, pero el movimiento, aislado socialmente, se hallaba en un declive evidente y apenas contaba con más de una decena de miembros activos.

A diferencia de en Italia y Francia, en Alemania Occidental la protesta estudiantil no causó más agitación ni obtuvo el respaldo de los obreros industriales. En sentido estricto, no tuvo que ver con la lucha de clases, pero aun así fue más ideológica que en ningún otro lugar, enmarcada en buena medida por el peso del pasado nazi. «Toda esta generación estaba, por supuesto, preocupada y enfadada por lo que nuestros padres habían apoyado», recordaría más tarde una activista. Que el gobierno de Konrad Adenauer hubiera corrido un tupido velo sobre la época nazi, y que en Alemania Occidental muchos de los que habían estado profundamente implicados en los crímenes del régimen de Hitler hubieran prosperado en la democracia liberal de la posguerra, promovía la idea, por muy equivocada que fuera, de que este sistema político y la economía capitalista en la que se basaba eran en realidad una continuación del fascismo bajo una apariencia nueva. La continuidad de grandes empresas industriales y bancos que habían constituido los pilares del régimen nazi y que, pese a haberse reconstituido después de la guerra, se habían beneficiado de la explotación voraz y del trabajo esclavo en la época de Hitler, se utilizaba como prueba para hacer hincapié en esta interpretación. Las tendencias aparentemente autoritarias de la «democracia de canciller» de Adenauer, las tentativas de coartar la libertad de prensa en el «caso Spiegel» de 1961 y la legislación prevista para el estado de excepción, que parecía un siniestro recordatorio del descenso en la dictadura nazi de principios de los años treinta, indicaban, para la Nueva Izquierda, continuidades con el fascismo.

Los juicios de Eichmann y Auschwitz habían puesto de manifiesto la flagrante inhumanidad de los nazis. Para un activista que participó en las protestas estudiantiles, esto provocó, además de sentimientos de horror y vergüenza, «la pérdida de una confianza básica e infantil en la sociedad de la que proveníamos y en la que habíamos crecido». Aun así, todavía habría que esperar a una generación posterior para que se prestara atención al Holocausto en sí (el término todavía no se usaba ampliamente) y a la centralidad de antisemitismo racial en la ideología nazi. En aquel momento, los estudiantes radicales y otros seguidores de lo que se llegó a llamar «la Nueva Izquierda» seguían entendiendo en gran medida el nacionalsocialismo como la manifestación más extrema del capitalismo. (En realidad, la Nueva Izquierda desaprobaba la denominación «nacionalsocialismo», ya que el «socialismo» se veía solo en términos positivos y, por tanto, no se podía permitir que fuera asociado con la maldad del Tercer Reich. En su lugar, se calificaba al nazismo de «fascismo de Hitler», o simplemente de «fascismo», para señalar que no era sino una manifestación radical alemana de un fenómeno internacional inextricablemente enraizado en el capitalismo).

Las continuidades con el pasado nazi parecieron confirmarse más que nunca cuando un antiguo nazi, Kurt Georg Kiesinger, que se había afiliado al partido ya en 1933 y que durante la guerra había trabajado en el Ministerio de Propaganda de Goebbels, se convirtió en canciller en diciembre de 1966. Kiesinger encabezó una «gran coalición» que incluía a democristianos, demócratas libres y socialdemócratas (en la práctica, por tanto, un gobierno nacional) y era producto de las condiciones políticas más agitadas que siguieron al final de la época de Adenauer. Había llegado a la cancillería en un momento preocupante para Alemania, en el que imperaba un miedo exagerado como consecuencia de una leve recesión y un ligero aumento del desempleo. Estos temores y este descontento habían generado un apoyo creciente a un partido neonazi, el Partido Nacionaldemócrata de Alemania (NPD, por sus siglas en alemán). Este apoyo electoral se limitó a una minoría reducida de la población, pero aun así en noviembre de 1966 el NPD obtuvo cerca del 8 % de los votos en las elecciones regionales de Hesse y consiguió su mejor resultado en abril de 1968, casi un 10 %, en Baden-Wurtemberg, logrando escaños en siete Parlamentos regionales entre 1966 y 1968. Entre la izquierda, esto reforzó aún más la idea de que Alemania podía estar regresando a su oscuro pasado.

Para la Nueva Izquierda, no era posible una oposición parlamentaria significativa a un gobierno que representaba a todos los principales partidos del Parlamento. En cualquier caso, no advertían diferencias sustanciales entre partidos que podían formar con tanta facilidad una coalición. Esto impulsó la fundación de la llamada oposición extraparlamentaria (Ausserparlamentarische Opposition, APO), encabezada por la Federación de Estudiantes (que había sido excluida del Partido Socialdemócrata en 1960). La APO consiguió muchos miembros nuevos debido a la intención declarada del gobierno de promulgar leyes muy controvertidas que ampliaban los poderes ejecutivos del estado y limitaban los derechos de los ciudadanos en caso de emergencia nacional, para cuya aprobación existía en ese momento la mayoría necesaria de dos tercios en el Parlamento. Además, la estrecha relación entre la República Federal y Estados Unidos (que libraba una guerra terrible en Vietnam y, a ojos de la Nueva Izquierda, era el rostro mismo del imperialismo capitalista bajo cuya égida Alemania era la principal candidata a la aniquilación nuclear en caso de un enfrentamiento entre las superpotencias) contribuyó también a movilizar las protestas estudiantiles.

La visita a Berlín Occidental el 2 de junio de 1967 del sah de Irán, Reza Pahlavi, encendió la mecha. Desde que en 1953 un golpe de estado instigado por la CIA para consolidar los intereses petroleros estadounidenses en la región había reforzado su poder, el sah había ejercido una dictadura brutalmente represiva. Durante el día de la visita ya se habían producido manifestaciones de protesta y se respiraba mucha tensión antes de que el sah llegara esa noche al teatro de la ópera en Berlín Occidental para asistir a una representación de La flauta mágica de Mozart. Lo recibió una avalancha de insultos y su séquito tuvo que soportar una lluvia de tomates arrojados por una multitud de unos mil manifestantes convocados por la Federación de Estudiantes. La policía de Berlín Occidental, animada por sus superiores a aplicar mano dura, actuó sin restricciones propinando golpes a los manifestantes. Después, mientras la muchedumbre intentaba dispersarse, sonó un disparo y un estudiante, Benno Ohnesorg, un transeúnte y no un agitador radical, cayó muerto. Los manifestantes tenían ahora un mártir al que había matado una bala de la policía.

Solo muchos años más tarde se supo que el policía que disparó, KarlHeinz Kurras, era un informante de los servicios de seguridad del Estado de Alemania Oriental, la Stasi. Nunca ha salido a la luz ninguna prueba de una orden de Alemania del Este para que Kurras matara a un manifestante, acaso para intentar desestabilizar a Alemania Occidental, aunque mucha de la documentación ha desaparecido o ha sido destruida. El motivo sigue siendo un misterio, pero quien disparó no fue un policía protofascista, como supusieron los estudiantes que protestaban, sino un firme partidario del régimen de Alemania Oriental.

La Federación de Estudiantes contaba, como máximo, con unos 2500 miembros, pero unos 7000 estudiantes y sus profesores asistieron al funeral de Ohnesorg. La protesta se convirtió en un ataque contra todas las formas de autoridad en lo que se consideraba un estado cuasifascista. Un objetivo central de los ataques de los estudiantes fue la sede en Berlín Occidental del emporio periodístico de Axel Springer, que publicaba entre otras cabeceras el Bild-Zeitung, un diario muy leído que había tildado a los manifestantes de tropas de asalto izquierdistas, evocando intencionadamente la toma del poder por los nazis. La Federación de Estudiantes, cuyo portavoz principal era el carismático estudiante de sociología Rudi Dutschke, pidió la expropiación de la empresa de Springer e hizo un llamamiento a la «acción directa» en la lucha contra el «terror» y el autoritarismo en Berlín Occidental. Sin embargo, la prensa de Springer no era la única que criticaba a la izquierda marxista y la escalada de la radicalización del movimiento estudiantil, que era incuestionablemente intolerante con cualquier opinión crítica o contraria. Nada menos que el eminente filósofo y sociólogo Jürgen Habermas, que en muchos aspectos simpatizaba con los estudiantes, describió la creciente intolerancia del movimiento estudiantil como «fascismo de izquierdas».

A lo largo de los meses siguientes, en Alemania Occidental Dutschke se convirtió en una especie de estrella mediática, siempre en el centro de atención, pregonando a todas horas la necesidad de una «voluntad revolucionaria» en una vertiginosa sucesión de mítines multitudinarios. El 11 de abril de 1968, en un ataque perpetrado por un joven neonazi, recibió un disparo en la cabeza y resultó gravemente herido; sobrevivió por poco, pero su carrera como líder estudiantil y agitador había acabado. Este ataque provocó un recrudecimiento de la violencia y uno de los principales objetivos de la misma fue la sede de la empresa de Springer en Berlín Occidental, a la que se acusaba de haber provocado el ataque contra Dutschke. La cuestión del uso de la violencia para lograr objetivos revolucionarios, influida por las ideas de Marcuse, ya se había convertido en un tema central de debate. Días antes del atentado contra la vida de Dutschke habían prendido fuego intencionadamente a dos grandes almacenes en Fráncfort, el centro neurálgico de los negocios en Alemania Occidental, en protesta por el «terror de consumismo». Entre los incendiarios figuraban Andreas Baader y Gudrun Ensslin, más tarde líderes de la Fracción del Ejército Rojo (Rote Armee Fraktion), una organización que se especializó en la extrema violencia de una autodenominada «guerrilla urbana».

En medio de este ambiente tan caldeado, el gobierno federal de Alemania Occidental, confiado en obtener el apoyo mayoritario necesario que hasta entonces no había logrado, preparó el terreno para promulgar una legislación de excepción muy controvertida. A mediados de mayo de 1968, decenas de miles de personas, no solo los «sospechosos habituales» de la Federación de Estudiantes, participaron en una marcha en la capital administrativa, Bonn. Sin embargo, a diferencia de la situación en Francia, los sindicatos se distanciaron abiertamente de la protesta estudiantil y celebraron su propio acto en Dortmund. No sirvió de nada. El 30 de mayo más de tres cuartas partes de los miembros del Parlamento federal apoyaron la legislación, que incluía, en caso de que se declarara el estado de excepción, límites a la confidencialidad de las comunicaciones postales y telefónicas.

La aprobación de la legislación de excepción acabó por convertirse en un punto de inflexión. Los extremistas del movimiento estudiantil perdieron interés en una oposición extraparlamentaria que en un asunto fundamental se había revelado ineficaz. Los constantes esfuerzos del núcleo duro, en lo que a muchos les parecía cada vez más una misión sin objetivo encaminada a llevar a cabo una revolución última con fines utópicos poco claros, resultaban cada vez más inútiles. Los nuevos ataques violentos contra la policía solo sirvieron para perder posibles apoyos. Y cuando los socialdemócratas, distanciándose de los democristianos (sus socios conservadores en la impopular gran coalición), empezaron a realizar notables progresos entre los estudiantes y los académicos jóvenes, a la radical Federación de Estudiantes le fue difícil mantener a sus afiliados y se dividió en varias facciones antes de acabar disolviéndose en marzo de 1970.

Tras las elecciones generales de septiembre de 1969, la izquierda moderada, liderada por la atractiva figura de Willy Brandt (que se convirtió en el nuevo canciller), se encontró por primera vez desde 1928 en condiciones de formar gobierno, ahora en coalición solo con los demócratas libres. Aun así, una señal de que la agitación de finales de los años sesenta había dejado su impronta en la clase media conservadora de Alemania Occidental fue la disposición del gobierno de coalición de Brandt a ceder a las presiones de los democristianos y aprobar en 1972 el Radikalenerlass (el «decreto de los radicales»). Este convertía la lealtad a la Constitución en un requisito previo para acceder a un empleo en el sector público, una categoría amplia que incluía tanto a carteros y trabajadores de los ferrocarriles, como a funcionarios y profesores. En la práctica, apenas fueron rechazados el 2 % de los posibles empleados, pero enviaba una sombría señal de que el estado desconfiaba de sus ciudadanos. El gobierno federal abandonó esta legislación en 1976 (algunos gobiernos estatales, aunque no todos, solo la habían abolido en fases posteriores). Para entonces, los excitantes días del movimiento estudiantil en Alemania Occidental habían terminado definitivamente.

Sin embargo, al igual que en Italia, una ínfima minoría de fundamentalistas, que había salido de los disturbios de 1968 sin desempeñar ningún papel notable en las protestas estudiantiles de Alemania Occidental, recurrió a la violencia extrema y el terrorismo. La autodenominada Fracción del Ejército Rojo, más conocida como la «banda Baader-Meinhof» (por sus figuras más prominentes, Andreas Baader y Ulrike Meinhof, que, como otros miembros destacados, provenían de sólidas familias de clase media), se veía como parte de un movimiento de «guerrilla urbana» y estableció vínculos con otras formaciones revolucionarias de toda Europa Occidental y de otros lugares, y también con organizaciones antisionistas de Oriente Medio. A partir de 1970, sus militantes participaron en lo que afirmaban que era una «lucha antiimperialista» contra un estado de Alemania Occidental que apoyaba la guerra estadounidense en Vietnam. A lo largo de los años siguientes cometieron numerosos atracos y atentados, cuya finalidad última era acabar con el que veían como un estado capitalista y fascista opresor.

La violencia esporádica pero grave continuó incluso después de la detención y el encarcelamiento en 1972 de Baader, Meinhof y varios líderes más de la Fracción del Ejército Rojo y alcanzó su punto culminante en el «otoño alemán» de 1977. El 13 de octubre, el Frente Popular de Liberación de Palestina secuestró un avión de Lufthansa y lo desvió a Mogadiscio, en Somalia. Los secuestradores pidieron la liberación de los líderes de la Fracción del Ejército Rojo. Sin embargo, los ochenta y seis rehenes fueron liberados cuando tropas de la policía antiterrorista alemana asaltaron el avión. En la República Federal, al atentado contra diversos ciudadanos les siguió el secuestro y posterior asesinato ese mes de Hanns-Martin Schleyer, un importante industrial y antiguo miembro de las SS. Los propios líderes de la Baader-Meinhof tuvieron finales violentos. Ulrike Meinhof se ahorcó en su celda de la cárcel de Stammheim, en Stuttgart, en mayo de 1976. Y durante la noche del 18 de octubre de 1977, mientras llegaba la noticia de la liberación de los rehenes secuestrados en Mogadiscio, encontraron a Andreas Baader muerto de un disparo y a Gudrun Ensslin ahorcado en sus celdas. Jan-Carl Raspe, otro destacado miembro del grupo, murió al día siguiente a causa de las heridas causada por un arma de fuego y un cuarto miembro, Irmgard Möller, sobrevivió a graves heridas de arma blanca. Según los informes oficiales, que generaron muchos recelos, se trató de un pacto de suicidio.

Al igual que en Italia, la violencia terrorista empleada en los años setenta por estos grupúsculos militantes guardaba, como mucho, una relación solo indirecta con el movimiento de protesta estudiantil. Aun así, se convirtió en la manifestación más extrema del profundo sentimiento de alienación existente en amplios sectores de la generación más joven en Europa con respecto a los valores sociales, la cultura materialista y el poder militar del mundo occidental. Según los sondeos de opinión, se decía que en torno a una cuarta parte de los alemanes occidentales menores de cuarenta años simpatizaba con la banda Baader-Meinhof. No obstante, la mayoría de los jóvenes de Alemania Occidental, como otros miembros de la sociedad, rechazaban lo que consideraban una violencia sin sentido incapaz de alterar el estado de Alemania Occidental y que, en realidad, garantizaba la consolidación del apoyo popular a las medidas para mantener el orden. Es muy probable que la mayoría de los alemanes de más edad compartieran las ideas de Franz Göll, en ese momento un pensionista (nacido en 1899) que había trabajado en varios empleos de clase media baja. Göll valoraba la libertad personal, siempre que no perturbara o amenazara el orden social y político, y estaba a favor de que se empleara mano dura con los terroristas de la Fracción del Ejército Rojo. «Es como si un virus hubiera infectado sus cerebros, bloqueando el pensamiento normal», escribió en su diario. El escritor Heinrich Böll afirmó, en una exageración perdonable, que la campaña de la Fracción del Ejército Rojo fue una «guerra de seis [personas] contra sesenta millones».

Curiosamente, quizá, los acontecimientos de 1968 en Francia, que más que en ningún otro lugar elevaron la revuelta estudiantil de ese año casi a la categoría de leyenda en la memoria popular, no dejaron ningún legado de violencia terrorista equivalente al de Italia y Alemania Occidental. Tampoco desempeñó «Vichy» un papel parecido al del legado del fascismo en Italia ni mucho menos al del nazismo en Alemania Occidental. Sin embargo, ahí estaba en un segundo plano. La hostilidad hacia la generación de los padres, que se había conformado o incluso simpatizado con el régimen de Vichy, formó parte del fermento intelectual que en Francia despertó a la generación más joven. Se vinculaba al persistente culto a la Resistencia, a la admiración por quienes habían participado activamente en la lucha para derrotar al fascismo. Había un paralelismo más directo con la reciente guerra de Argelia. Como explicó más tarde un activista estudiantil: «Nuestros padres no se habían levantado de inmediato contra el fascismo… Vimos el fascismo llegar a Argelia… Lo combatimos enseguida y quienes nos entrenaron fueron la generación de la Resistencia». Otro ingrediente fue el profundo antagonismo hacia el régimen presidencial de Charles de Gaulle, percibido como un régimen autocrático. En 1968, el ambiente era explosivo. En mayo de ese año, la protesta estudiantil estuvo más cerca que en ningún otro lugar, aunque solo por un breve período de tiempo, de socavar el poder del estado.

Los «acontecimientos de mayo» fueron la culminación de la agitación que en Francia había estado germinando durante años. El estallido de las protestas lo desencadenó la despótica reacción de las autoridades universitarias al malestar estudiantil por las condiciones de la recién inaugurada ampliación (para las facultades de Arte y Ciencias Sociales) de la Universidad de París Nanterre, unas instalaciones nada atractivas, sin apenas equipamiento social, situadas al noroeste de la capital francesa: edificios que parecían fábricas, aulas masificadas y formas paternalistas de autoridad ajenas al cambio en las actitudes de una generación más joven contribuyeron a que aumentaran las posibilidades de radicalización de una población estudiantil que en el campus de Nanterre crecía con rapidez (casi se cuadriplicó en tres años). Entre las reivindicaciones de los estudiantes figuraba la abolición de la segregación por sexos en los alojamientos de los alumnos. La amenaza de expulsar al principal portavoz de esta exigencia, Daniel Cohn-Bendit, un estudiante de sociología de ascendencia judía alemana al que habían influido mucho las crecientes protestas del movimiento estudiantil en Alemania Occidental, desembocó en la convocatoria de huelgas de estudiantes y la consiguiente retirada de la amenaza de expulsión. Pero los problemas continuaron en Nanterre, provocando, en marzo de 1968, la ocupación por los alumnos de los edificios administrativos y, finalmente, el cierre provisional del campus a principios de mayo. Para entonces, París se estaba convirtiendo en el centro de los disturbios.

Posiblemente, los disturbios podrían haberse limitado a Nanterre de no haber sido porque las audiencias disciplinarias contra ocho estudiantes acusados de insultar a profesores de Nanterre se estaban celebrando en la Sorbona. Cuando el foco de los problemas se trasladó a París, se desencadenaron violentos enfrentamientos entre los estudiantes y la policía, que acabaron con el cierre temporal de la Sorbona, por primera vez en su larga historia, en la tarde del 3 de mayo de 1968 y la detención de casi seiscientos estudiantes. A la semana siguiente, durante la noche del 10 al 11 de mayo, los estudiantes levantaron barricadas en el Barrio Latino de París. Hans Koning, un novelista estadounidense de ascendencia holandesa que presenció los acontecimientos, describió «una desenfrenada excitación en el aire», una atmósfera de euforia, no de miedo. «Era asombroso ver a los estudiantes sin temor a la policía, con gases lacrimógenos, granadas de mano, porras, pistolas, cascos, viseras, escudos, lanzagranadas y las famosas rejillas de metal… La lucha era tan desigual, la policía tan brutal, que había que ser muy partidario de la ley y el orden para sentir simpatía por las autoridades… Cuando amaneció, los policías se hicieron con las últimas barricadas y los chicos que quedaban, y algunas chicas, fueron arrastrados, en muchos casos entre golpes de porra, hasta los furgones policiales». Otro testigo afirmó que una muchacha que «corría por la calle prácticamente desnuda» fue maltratada por la policía y «después golpeada como los demás estudiantes heridos». La opinión pública se puso del lado de los estudiantes. Las simpatías de los trabajadores, en particular de los más jóvenes, se tradujeron enseguida en acciones directas. El injusto ataque contra los manifestantes fue la señal para que en solidaridad los sindicatos convocaran una huelga general nacional de veinticuatro horas para el 13 de mayo. Esto convirtió de inmediato los disturbios en Francia en algo más que una revuelta estudiantil.

Los enfrentamientos con la autoridad pusieron de manifiesto la ira, las frustraciones y los motivos de queja crecientes que durante años habían estado latentes, no todos ellos limitados a los estudiantes o a la cuestión de la reforma universitaria. Los disturbios se convirtieron enseguida en una oleada de protestas por toda Francia y se ampliaron para incluir a millones de trabajadores que reclamaban el derecho a la autogestión.

El descontento entre los trabajadores había aumentado en 1967, cuando la economía se desaceleró temporalmente y creció el desempleo, pero las acciones de los trabajadores en 1968 distaban mucho de estar encaminadas a llevar a cabo una revolución organizada. Poseían una espontaneidad que las diferenciaba de los conflictos laborales más comunes y en algunos aspectos recordaba el ambiente de euforia de 1936, cuando se formó el gobierno del Frente Popular. El objetivo último de los manifestantes, si alguno tenían, no estaba claro. Y los intereses de los estudiantes y los obreros industriales eran, obviamente, distintos. Lo que los unía coyunturalmente era el rechazo de la autoridad tradicional, de los jefes y gestores que ordenaban en lugar de consultar, de los administradores de las universidades deseosos de mantener a los estudiantes en su sitio y de los profesores que se resistían a ceder el poder en la venerada institución. Los dirigentes del Partido Comunista Francés, todavía muy vinculados a Moscú y ansiosos por retener el control del movimiento sindical, despreciaban a los que veían como aspirantes a revolucionarios: grupos variopintos de trotskistas, maoístas y anarquistas sin una estrategia coherente para desafiar, y menos aún derribar, la afianzada autoridad del estado.

No obstante, por un breve período de tiempo, la Quinta República gaullista se tambaleó. La oleada de manifestaciones, disturbios, huelgas y ocupaciones de lugares de trabajo hizo peligrar la estabilidad del estado Francés. El orden político parecía amenazado. El propio De Gaulle permaneció arrogantemente ajeno a los disturbios hasta casi el final del mes. En apariencia imperturbable, viajó a Rumanía el 14 de mayo para realizar una visita de Estado de cuatro días. La televisión mostró imágenes del presidente asistiendo a bailes folclóricos mientras Francia trataba de evitar el caos. Sin embargo, estaba lo suficientemente preocupado como para desaparecer, sin informar siquiera al primer ministro de sus movimientos, y el día 29 de mayo cruzar al otro lado de la frontera alemana durante unas cuantas horas. Había ido a asegurarse de que contaba con el apoyo de las fuerzas armadas. En Baden-Baden, su posición se vio reforzada cuando el general Jacques Massu, el comandante en jefe de las fuerzas francesas en Alemania Occidental, le garantizó que el ejército lo respaldaba. Fortalecido, al día siguiente De Gaulle se dirigió a la nación en una transmisión radiofónica desafiante en la que anunció nuevas elecciones, amenazó con asumir poderes excepcionales si no se restablecía de inmediato el orden y advirtió de que Francia se enfrentaba al peligro de una dictadura. Poco después, una manifestación orquestada de medio millón de partidarios de De Gaulle recorrió el centro de París mientras en un discurso televisado el propio presidente alertaba de los peligros del comunismo.

Estas medidas surtieron efecto a corto plazo. La situación cambió. El primer ministro, Georges Pompidou, ofreció aumentos salariales significativos y otras concesiones, y la mayoría de los trabajadores regresaron a sus puestos de trabajo (aunque volvieron a convocarse grandes huelgas al mes siguiente y durante las dos últimas semanas de junio los servicios públicos estuvieron prácticamente paralizados). La policía puso fin a las ocupaciones estudiantiles de edificios universitarios y se aprobaron reformas urgentes para ampliar la participación en la gestión del profesorado en la universidad, lo que quitó hierro a la cuestión inmediata que había dado origen a las protestas estudiantiles. Los disturbios se aplacaron; el ambiente de euforia de la rebelión se evaporó; paulatinamente, el orden fue restableciéndose, y las explosivas protestas que habían durado la mayor parte del mes de mayo tocaron a su fin. Un mes más tarde, las elecciones dieron un masivo voto de confianza a De Gaulle.

Fue una victoria pírrica para el presidente francés. De Gaulle propuso la regionalización del gobierno como un paso hacia la descentralización del estado, pero la jugada salió mal. Muchos ciudadanos lo interpretaron como un intento de reforzar la posición del presidente a expensas del Parlamento. Cuando el 27 de abril de 1969 se sometieron a referéndum, las propuestas fueron rechazadas. De Gaulle dimitió de inmediato, pero el caos que algunos habían previsto en caso de que fuera derrotado no se materializó. El tiempo del general como «salvador» de Francia había quedado atrás. Era el rostro del pasado, no del futuro.

En ningún otro lugar de Europa occidental generó «1968» el nivel de agitación que se experimentó en Italia, Alemania Occidental y Francia, aunque la revuelta generacional y cultural que subyacía al descontento también halló expresión en otros lugares. Ya a mediados de los años sesenta había surgido entre la generación más joven de Ámsterdam una «cultura alternativa», fuertemente antiautoritaria, igualitaria y opuesta a las normas de la moral social en vigor. Pero allí era no violenta y liberal. También estaba en sintonía con campañas para conseguir mejoras sociales prácticas (por ejemplo, el uso público libre de bicicletas facilitadas por la ciudad para combatir los problemas de tráfico de Ámsterdam o la ocupación de edificios vacíos para abordar el problema de las personas sin hogar), en lugar de presionar dogmáticamente a favor de transformaciones políticas utópicas. La guerra de Vietnam no desempeñó un gran papel en la movilización de los estudiantes holandeses y tampoco fue 1968 un año muy denso en acontecimientos. No obstante, la presión para mejorar las condiciones en las universidades, en su expresión más directa mediante la ocupación de edificios de la Universidad de Ámsterdam en 1969, tuvo probablemente resultados más concretos que en Francia, Alemania Occidental e Italia, donde los disturbios habían sido mucho mayores. El gobierno respondió con celeridad a las presiones y, en 1970, aprobó una ley para democratizar las universidades holandesas y poner fin a las arcaicas jerarquías que antaño habían predominado en las mismas.

Asimismo, Gran Bretaña tuvo poca experiencia de la enorme agitación en el seno de las universidades que había constituido el telón de fondo de las enormes protestas masivas encabezadas por estudiantes en 1968. Aunque, como en otros lugares, también en Gran Bretaña el número de estudiantes había aumentado con rapidez en los años sesenta, seguía siendo relativamente pequeño y estaba mucho más regulado que en la Europa continental por las restricciones del sistema de admisión. La proporción entre estudiantes y personal docente se mantenía extraordinariamente baja. Los estudiantes de Oxford y Cambridge todavía disfrutaban de tutorías individuales en facultades que impartían una educación superior privilegiada a estudiantes que provenían en un número desproporcionado de las escuelas públicas de élite británicas. No obstante, también en otros lugares las aulas y los seminarios eran pequeños, y el contacto entre los estudiantes y sus profesores era estrecho y frecuente. Por consiguiente, había pocos motivos objetivos para un descontento masivo como en el continente. En algunas universidades hubo sentadas, la ocupación de edificios y manifestaciones de diferente tipo, sobre todo en la London School of Economics y, quizá un poco más extraño, en la nueva Universidad de Essex, pero en su mayor parte eran poco más que un reflejo menor de lo que estaba sucediendo en la Europa continental. A menudo los profesores jóvenes simpatizaban con los estudiantes y sus exigencias de democratizar el modo de gestionar las universidades y restar así poder a los docentes, y en esto los actos de protesta tuvieron cierto éxito. En general, la agitación dentro de las universidades fue poco importante y la energía de la protesta no tardó en disiparse.

Fue en el ámbito político donde la contestación fue más marcada y relevante. Desde 1965 se habían organizado en las universidades de toda Gran Bretaña protestas contra la guerra de Vietnam. La London School of Economics, claramente orientada hacia la izquierda y con fama internacional en el estudio de la economía política, la historia y la sociología, se convirtió en un imán para una oposición estudiantil más amplia a la guerra de Vietnam y de apoyo para movimientos de liberación en lo que por entonces se llamaba «tercer mundo».

Sin embargo, la oposición a la guerra de Vietnam iba mucho más allá de un grupo de estudiantes, pues aglutinaba a estudiantes, líderes religiosos, organizaciones sindicales y activistas políticos, en su mayoría de izquierdas. Desde 1966, la Campaña de Solidaridad con Vietnam, con una clara orientación, hizo causa por la victoria de Vietnam del Norte. En 1968 hubo en Londres manifestaciones multitudinarias. En marzo, decenas de miles de personas participaron en una manifestación en el centro de la capital que fue pacífica hasta que varios centenares de manifestantes se separaron de la marcha y se dirigieron a Grosvenor Square, donde estaba ubica la embajada de Estados Unidos. Allí se encontraron a una falange de la policía, algunos a caballo, que los esperaba. «Fue uno de los momentos más excitantes de mi vida. Pero en cuanto entramos en la plaza, se volvió más aterrador que emocionante», recordaba el columnista de The Times David Aaronovitch, que por entonces tenía trece años. El enfrentamiento resultante dejó centenares de manifestantes y policías heridos en el peor episodio de violencia callejera en Londres en décadas. «La conversación entre los manifestantes que se marchaban giraba en torno a la brutalidad policial. La gente había sido agredida en la cabeza con porras, atropellada por los caballos y golpeada con las botas reglamentarias de la policía, reforzadas con hierro. Pero al día siguiente en los periódicos aparecía una imagen de un policía agachado, con la cara desfigurada, mientras recibía una patada en la cara de un manifestante calzado con unas botas safari». Las manifestaciones posteriores, incluida una en octubre de 1968 en la que se calcula que participaron 250 000 personas, evitaron que se repitiera esta violencia tan grave. Las protestas contra la guerra continuaron, pero 1968 fue el momento álgido. Y la magnitud de la violencia en Gran Bretaña fue muy baja si se compara con la de Italia, Alemania Occidental y Francia.

El significado duradero de 1968

¿Qué representó finalmente «1968» en Europa occidental? El movimiento de protesta había sido tan multifacético, que no es fácil extraer unas conclusiones concretas sobre su impacto.

Es indudable que se introdujeron algunas mejoras en las estructuras de gobernanza de las universidades que trajeron cierta democratización. Se limitó en cierto modo el poder de los docentes, quizá más en Gran Bretaña —donde, curiosamente, las protestas estudiantiles habían sido módicas—, que en buena parte de la Europa continental. Las condiciones mejoraron para los estudiantes con la adopción de medidas para reducir la masificación de las aulas y las bibliotecas; los estudiantes empezaron a ser tratados como adultos, en particular en lo referente al comportamiento sexual en el campus, una cuestión que en Francia había contribuido a desencadenar los disturbios. Las universidades, como parte del cambio social general que a finales de los sesenta y principios de los ochenta conllevó la reducción de la mayoría de edad de veintiún años a dieciocho en muchos países europeos, dejaron de asumir la responsabilidad moral por los estudiantes.

Sin embargo, en general el dramatismo, la emoción y el recuerdo de «1968» no se reflejaron en los modestos cambios en las universidades. Cambiar el mundo, o al menos sus propias sociedades, era la aspiración que había impulsado a miles de personas a protestar. Se había hablado de la propiedad de los medios de producción por los trabajadores, de la democracia en las fábricas, de un trabajo que generara satisfacción, no alienación, de un aprendizaje que fuera gratificante, no canalizado hacia las necesidades de la economía capitalista y, sobre todo, de paz, no de violencia.

Los logros quedaron bastante lejos de tan elevados objetivos. En todas partes, los manifestantes acabarían comprendiendo que habían subestimado la resistencia de los sistemas estatales en vigor. Muchos de los contemporáneos pensaban que los jóvenes del 68 habían sido poco más que unos soñadores, unos románticos ingenuos cuyas esperanzas utópicas eran meros espejismos y estaban abocadas a quedarse en nada. Estas opiniones eran comprensibles y no estaban del todo injustificadas, pero eran en exceso severas. El legado de 1968 fue más indirecto que directo. Pero aun así, fue real.

La enorme oleada de oposición a la guerra de Vietnam en Europa fue una importante extensión internacional del movimiento de protesta estadounidense, más significativo, que en sí mismo contribuyó a que la administración estadounidense se mostrara cada vez más dispuesta a buscar una salida a una guerra tan impopular e imposible de ganar. En un sentido más directamente tangible, dentro de Europa, el descontento entre los trabajadores que había derivado de las protestas estudiantiles en Italia y Francia (aunque no en Alemania Occidental) tuvo como resultado mejoras sustanciales de los salarios y de las condiciones laborales de la clase obrera, y el poder de los sindicatos salió reforzado. El discurso de la construcción de una «sociedad nueva» era exagerado. Pero, independientemente de su color y con diferente grado de éxito, los gobiernos intentaron distender el enfrentamiento laboral mediante modelos corporativos de negociación en los que participaran los empresarios y los sindicatos. También intentaron, una vez más con un éxito limitado, combinar la modernización económica y los avances tecnológicos con las reformas sociales, como la subida de las pensiones y mejores viviendas, que aumentarían la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos.

La fecha «1968», que para quienes habían participado en las manifestaciones y las huelgas adquirió enseguida un carácter épico, llegó a simbolizar una época de cambios en los valores culturales, no solo los acontecimientos de un año determinado. Aunque los disturbios de 1968 pronto se desvanecieron, su legado no tenía una fecha de caducidad definitiva. Las actitudes antiautoritarias, igualitarias y libertarias de los sesentayochistas tuvieron una repercusión duradera; influyeron en la democratización parcial que algunas organizaciones, aunque no todas, experimentaron en los años siguientes. Los movimientos de protesta captaron y acentuaron los impulsos generacionales y emancipadores que ya existían antes de 1968 y que perduraron mucho después de que el drama se hubiera calmado. Fueron cruciales para avanzar hacia una educación menos autoritaria y abrieron la puerta a iniciativas para impulsar la igualdad entre hombres y mujeres. Las mujeres todavía se enfrentaban a una discriminación generalizada en la educación, los lugares de trabajo y en la mayoría de las demás esferas de intercambio social. El movimiento feminista aún estaba en sus inicios y la liberación de las mujeres solo desempeñó un papel secundario en las protestas de 1968, pero las presiones a favor de la igualdad de derechos para las mujeres y las minorías raciales, inspiradas en el movimiento por los derechos civiles estadounidense, de la libertad sexual (incluido el derecho de las mujeres al aborto) y de los derechos de los homosexuales, aunque estos solo darían fruto gradual y parcialmente, debían no poco al impulso generado por «1968».

El movimiento pacifista —el lema hippie estadounidense «haz el amor y no la guerra» había cruzado el Atlántico— encontró nuevo sustento en el ambiente posterior a 1968 y subyace a las revitalizadas protestas antinucleares de los años ochenta. El legado de 1968 también contribuyó a promover el emergente «movimiento ecologista», que a finales del siglo XX se volvería cada vez más locuaz en la defensa del medioambiente. Algunos sesentayochistas incluso llegaron a ser destacados miembros de Los Verdes. Joschka Fischer, en otro tiempo un activista estudiantil y defensor de la revolución comunista que había participado en las batallas campales con la policía de Alemania Occidental, se convirtió más tarde en miembro del Parlamento federal por el Partido de Los Verdes e incluso llegó a ser ministro de Asuntos Exteriores. Daniel Cohn-Bendit, «Danny el Rojo», llegó a ser miembro del Parlamento Europeo y líder de Los Verdes franceses.

Los sesentayochistas conservaron recuerdos vívidos, con frecuencia idealizados, de los emocionantes días en que creían estar subvirtiendo el orden establecido. Pasados los años todavía creían haber participado en una lucha heroica, pero sin embargo muchos de ellos se convirtieron en ciudadanos «modélicos» convencionales; algunos, como Joschka Fischer o Lionel Jospin, un trotskista en los años sesenta que tres décadas más tarde fue nombrado primer ministro de Francia, o incluso en miembros del establishment. Aun así, a medida que los jóvenes manifestantes y aspirantes a revolucionarios de 1968 envejecían, incorporaron estos valores a sus vidas diarias y a menudo a sus ocupaciones mundanas. Las actitudes que habían definido la revuelta de los jóvenes en ese año tuvieron un efecto duradero indeleble. Es cierto que algunos despolitizaron conscientemente sus vidas y se distanciaron de su pasado radical, pues la desilusión con un movimiento revolucionario que no generó ninguna revolución no fue infrecuente, pero otros intentaron continuar con «la lucha» de uno u otro modo, poniendo su fervor reformista al servicio de las profesiones que adoptaron, a veces como periodistas, abogados, defensores de los derechos humanos y trabajadores sociales. Quienes se convirtieron en profesores en diferentes niveles educativos en muchos casos inculcaron a sus alumnos los valores que en 1968 habían asimilado a la nueva generación, y estos fueron los «multiplicadores» que garantizaron que el cambio de valores no muriera con el propio movimiento de protesta.

LOS OTROS 1968

En Europa central, un espectacular desafío al orden existente, más dramático y con mayor trascendencia inmediata que los acontecimientos de Roma, Berlín Occidental, París y otras ciudades, amenazaba mientras tanto con socavar el poder soviético. No obstante, la «Primavera de Praga», el «1968» de Checoslovaquia, tuvo muy poco que ver con la oleada de protestas estudiantiles de ese año en Europa occidental. Sus causas, naturaleza y consecuencias fueron bastante diferentes.

Aun así, el eco de lo que estaba ocurriendo en Occidente pudo oírse al otro lado del Telón de Acero. En varios países hubo protestas estudiantiles de diversa intensidad. Se requería un valor considerable para protestar en el bloque oriental, pues las perspectivas de éxito eran nulas y los manifestantes se enfrentaban a duras represalias del estado. Más allá de las circunstancias atípicas de Checoslovaquia, también se exponían a un alto grado de aislamiento social. La mayoría de la población se oponía a las muestras de inconformismo político o, en cualquier caso, no las respaldaba, lo que no es sorprendente ya que suponía arriesgarse a sufrir la malevolencia del régimen y dependía del estado para el empleo, las perspectivas educativas, la vivienda y otras necesidades de la vida diaria. Los motivos para protestar también eran bastante diferentes a los de Occidente. Un activista polaco describió sucintamente más tarde una diferencia fundamental: «Para nosotros la democracia era un sueño, pero para ellos era una prisión». Un líder estudiantil checo en 1968 comentó posteriormente: «Solo queríamos libertad… ellos luchaban por un tipo diferente de sociedad… Yo solía decir: “Por favor, vuestra pobreza, mirad lo que parece comparada con nuestra pobreza”». Y pese al magnetismo personal de Rudi Dutschke, sus visitas a activistas de Berlín Oriental y Praga no resultaron en una convergencia de opiniones. «Nos seguía gustando, pero el problema de Dutschke era que solo decía tonterías, tonterías izquierdistas, estúpidas, de joven del sesenta y ocho», escribió más tarde un disidente de la RDA detenido en 1968 por protestar contra la invasión de Checoslovaquia en agosto de ese año. Un activista checo se encontró con dificultades similares: «Rudi Dutschke (personalmente me gustaba) no tuvo mucho éxito con su visión de una sociedad comunista libre, no restrictiva, cuando esa primavera [1968] visitó Praga. Los argumentos de los estudiantes franceses y sus banderas rojas no entusiasmaban a nuestros estudiantes».

A finales de los años sesenta, los activistas occidentales viajaban a Europa del Este con asombrosa frecuencia, y la liberalización parcial de los sistemas comunistas en Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia permitió cierta movilidad, al menos, en la dirección contraria. Cerca de setecientos mil ciudadanos, muchos de ellos estudiantes, viajaron desde Checoslovaquia a Occidente en 1968 y principios de 1969. La política húngara de «ventanas a Occidente» implementada desde mediados de los años sesenta permitió cierta exposición a la música popular y el cine occidentales, siempre que fuesen interpretados como críticas al capitalismo. La República Democrática Alemana, en cambio, era mucho más restrictiva. Después de la construcción del Muro de Berlín, el régimen experimentó al principio con una política de tolerancia relativa, pero en 1965 decidió que había sido un error y tomó medidas drásticas contra las influencias culturales occidentales. Aunque no podían ir al Oeste, por entonces la mayoría de los alemanes orientales podía recibir los canales de radio y televisión occidentales, y muchos jóvenes, unos doscientos mil en 1968, viajaban a Praga, donde el ambiente más liberal brindaba la oportunidad de escuchar música pop y ver películas occidentales.

En marzo de 1968 la Stasi informó de que algunos jóvenes de Alemania del Este recibían regularmente ropas de estilo occidental, discos y publicaciones «facilitados por contactos en Berlín Occidental» y que después circulaban entre los amigos. Más tarde algunos miembros de ese grupo sometido a vigilancia fueron detenidos ese mismo año por protestar contra la invasión soviética de Checoslovaquia. Más que cualquier eco sustancial de los «acontecimientos de mayo» en Francia o de los disturbios que habían sacudido las universidades de Alemania Occidental e Italia, fue esto lo que desencadenó la convocatoria de manifestaciones espontáneas en la RDA. Distribuyeron clandestinamente octavillas y garabatearon en las paredes consignas en defensa de la «libertad para Checoslovaquia», atacando a la Unión Soviética y criticando a los dirigentes de la RDA. Las protestas en la RDA fueron a pequeña escala en comparación con las de otras partes del bloque oriental. La mayoría de los manifestantes eran jóvenes, pero al parecer los estudiantes que figuraban entre ellos eran escasos. En total, 1189 alemanes orientales, tres cuartas partes de ellos menores de treinta años, fueron castigados por las autoridades por su apoyo a Checoslovaquia. La inmensa mayoría eran jóvenes trabajadores; solo el 8,5 % eran estudiantes de secundaria o universitarios. Previamente ese mismo año, las protestas estudiantiles en Berlín Occidental no habían dejado ninguna huella digna de mención al otro lado del Muro. La seguridad del Estado era demasiado estricta y la represión demasiado dura, pero, además, en Alemania del Este la mayoría de los estudiantes e intelectuales, ya fuera por oportunismo, con la vista puesta en su carrera profesional o por compromiso, estaban demasiado vinculados con el régimen como para involucrarse en una disidencia abierta. Y a diferencia de las dificultades mucho más severas a las que el régimen se había enfrentado en 1953, en esta ocasión no hubo ningún indicio de que la protestas, dispersas y aisladas, pudieran convertirse en una oposición organizada. Lo más significativo de todo fue que en el seno de la jefatura del partido no se produjo ninguna división. Solo hubo represión.

En Polonia fue diferente. Los estudiantes y los intelectuales polacos, conscientes del clima de protesta en Europa occidental y de las crecientes exigencias en Checoslovaquia de que se liberalizara el sistema, alentaron las expectativas de una mayor libertad de expresión, ya manifestadas previamente por destacados escritores. Sus esperanzas se vieron perentoriamente frustradas cuando, en marzo de 1968, el embajador soviético insistió en el cierre de un teatro de Varsovia en el que se representaba la obra Dziady («Los antepasados»), de Adam Mickiewicz, el gran poeta nacional, en la que se criticaban las condiciones en Rusia a principios del siglo XIX. Esta torpe actuación desencadenó protestas airadas que alcanzaron su punto culminante el 9 de marzo de 1968, cuando veinte mil estudiantes se manifestaron por Varsovia gritando «Abajo la censura» y «Viva Checoslovaquia». La respuesta fue una brutal represión policial. Impertérritos, dos días después los estudiantes se concentraron ante la sede del partido, y la reacción de la policía, con cañones de agua y gases lacrimógenos, provocó una batalla callejera que duró varias horas. Las protestas se extendieron a otras universidades polacas. En Cracovia, los trabajadores tuvieron tiempo de expresar su apoyo a los estudiantes antes de que los dispersaran con perros policías. Más decisivo fue que los estudiantes no consiguieran un amplio apoyo de los trabajadores, pues en general la opinión pública, influida por los órganos de información del régimen, les era hostil. La represión hizo el resto. La policía cerró algunas secciones de la Universidad de Varsovia, se cancelaron varios cursos y los estudiantes constituyeron una cuarta parte de los 2700 detenidos (sus profesores otro 10 %), como consecuencia de ello. Centenares de estudiantes fueron reclutados por el ejército. Entre los académicos que dimitieron de sus puestos figuraba una personalidad prominente que ya era un distinguido filósofo y analista crítico con la teoría del comunismo soviético ortodoxo y que más tarde alcanzaría renombre internacional, Leszek Kołakowski.

A principios de abril, la sublevación ya se había calmado. Uno de los efectos colaterales de la agitación había sido la retórica antisionista del régimen, que afirmaba que los «sionistas» habían incitado las protestas entre estudiantes ingenuos desde el punto de vista político. El resultado fue la emigración forzosa, debido a las presiones de la campaña antisionista, de unos trece mil judíos, la mayoría de los cuales habían permanecido en Polonia después de la guerra, y entre los que se contaban centenares de intelectuales. En la represión de los graves disturbios de 1968, el régimen se vio favorecido por los acontecimientos en la vecina Checoslovaquia, pues el aplastamiento de la Primavera de Praga mediante una intervención soviética armada centró la atención de los polacos. Władisław Gomułka consiguió, por el momento, reafirmar su autoridad, pero los problemas de Polonia no habían desaparecido.

En Checoslovaquia, ya en el otoño de 1967 las malas condiciones de las instalaciones de las residencias de estudiantes de Praga habían provocado diversas manifestaciones, que tuvieron como respuesta duras represalia policiales Sin embargo, las protestas se mezclaban allí con la presión creciente de sectores más amplios de la población a favor de más democracia y de una liberalización del sistema. La revuelta generacional que tan notable papel había desempeñado en Europa occidental fue mucho menos importante en Checoslovaquia, donde, debido en buena medida al descontento económico generalizado, las protestas contaron con el respaldo de todo el espectro social y de edad. El propio informe del Partido Comunista de abril de 1968 era una dura crítica de su pésimo historial. Condenaba el «catastrófico estado de la vivienda», el estancamiento de los niveles de vida, las deficiencias de los transportes, y la mala calidad de los bienes y servicios. La economía planificada estaba fracasando miserablemente a la hora de satisfacer incluso las necesidades más básicas, y esto en una de las economías industriales más avanzadas del bloque oriental.

Más importante todavía es que las presiones a favor de reformas radicales no provenían de fuera, sino de dentro del Partido Comunista gobernante, de sectores cercanos a su núcleo. Para Alexander Dubček, que se convirtió en el rostro de las exigencias de cambio, las reformas eran una necesidad. No se trataba solo o siquiera principalmente (al menos al principio) de convicción ideológica; consideraba cada vez más las reformas como la única manera de garantizar que el partido retuviera el control. Los contestatarios occidentales (al menos sus portavoces más radicales) querían acabar con la sociedad capitalista y sustituirla por una forma utópica de comunismo. Los contestatarios de Alemania Oriental, que vivían bajo el «socialismo real» (como se solía llamar a esta clase de comunismo), en su mayoría no deseaban reemplazarlo sino reformarlo. Pocos eran los que preferían el capitalismo occidental; su objetivo era volver el comunismo más democrático y liberal. La Primavera de Praga puso fin a estas ilusiones de una vez para siempre. La lección principal provenía del hecho de que las libertades liberales y la democracia eran incompatibles con la existencia del estado comunista. Allí donde amenazaran el poder del Partido Comunista gobernante y, como consecuencia, pusieran en riesgo la unidad del bloque soviético, las tentativas de difundirlas serían liquidadas por las fuerzas armadas.

Los antecedentes de lo que se convertiría en la Primavera de Praga se remontaban a cinco años antes, a 1963, a las presiones para lograr una mayor autonomía de Eslovaquia, que con los cambios constitucionales centralizadores de 1960 había ido menguando sistemáticamente. En la práctica el Partido Comunista eslovaco estaba subordinado al Partido Comunista checo, que estaba controlado por un veterano estalinista, Antonín Novotný, su primer secretario y, desde 1957, presidente de Checoslovaquia. A raíz de las medidas de desestalinización de Nikita Jruschov en la Unión Soviética, Novotný se sintió obligado a dar pasos similares en Checoslovaquia. Los símbolos del cambio de clima fueron la exhumación (y posterior cremación) del cuerpo embalsamado del antiguo líder, Klement Gottwald, y la destrucción de la inmensa estatua de Stalin que se alzaba sobre Praga. A principios de 1963, Novotný también consideró que debía crear una comisión de investigación sobre los falsos juicios de Rudolf Slánský y otros celebrados en los años cincuenta. El informe de la comisión rehabilitó a los condenados y los exoneró de los cargos de traición, pero no devolvió la plena afiliación al partido a las victimas eslovacas de las purgas, a las que calificaba de «nacionalistas burgueses». Sin embargo, las conclusiones de la comisión suponían una amenaza implícita para Novotný, pues uno de los miembros de la comisión, Alexander Dubček, sabía que el propio Novotný había apoyado los falsos juicios.

Como primer secretario del Partido Comunista eslovaco desde mayo de 1963, Dubček, formado en Moscú y miembro leal del partido durante catorce años, al parecer sacó partido a este conocimiento para conseguir introducir más libertad de expresión y reducir la censura de la prensa en Eslovaquia. Aprovechó los cambios para airear las quejas eslovacas contra Praga y exigir una nueva comisión con el propósito de rehabilitar por completo a las víctimas eslovacas de las purgas. Escritores y periodistas checos tomaron nota de la relajación de los controles en Eslovaquia y Novotný, presionado por el empeoramiento de la situación económica, también concedió de mala gana cierta libertad de expresión cultural limitada a los checos. Dubček, que continuó siendo el adalid de las reivindicaciones de Eslovaquia e incluso tácitamente toleró el sentimiento nacional suscitado por el descontento, mantuvo la presión sobre Novotný insistiendo en la necesidad de llevar a cabo reformas en toda Checoslovaquia, no solo en Eslovaquia. Quedaba implícito en la petición que él, Dubček, era el hombre idóneo para encabezarlas. En 1967, la brecha en el escalafón más alto de funcionarios del partido entre los reformistas y quienes se oponían a los cambios se estaba volviendo infranqueable. Fue en esa coyuntura cuando en octubre de 1967 se produjeron en Praga las manifestaciones en protesta por las malas condiciones de las residencias estudiantiles.

Las críticas a la policía por la fuerza que empleó contra los estudiantes calaron hondo en los miembros del partido, lo que debilitó aún más a Novotný y a la vieja guardia reaccionaria, al tiempo que anunciaba la necesidad de un rostro nuevo que cambiara las cosas. La división en facciones en la jefatura del partido cristalizó en la creciente lucha por el poder entre Dubček y Novotný. Cuando el líder soviético Leónidas Breznev le retiró su apoyo, el destino de Novotný quedó sellado. En enero de 1968, Dubček le sustituyó como primer secretario del partido. Dos meses más tarde, Novotný dimitió también del cargo de presidente y le sucedió, por designación de Dubček, Ludvik Svoboda, muy popular por ser un héroe de guerra y víctima él mismo de las purgas de los años cincuenta. Para entonces, la Primavera de Praga estaba en plena floración, la censura apenas existía y en la prensa proliferaban los ataques contra destacadas personalidades del partido, para creciente consternación de los dirigentes comunistas de Moscú y los satélites soviéticos.

El «Programa de Acción» con vistas a un «socialismo con rostro humano», que el Presidium del partido aprobó el 5 de abril de 1968, ofrecía una acerada condena de los fracasos de los años de Novotný. Declaraba que, a partir de entonces, el Partido Comunista garantizaría los «derechos, libertades e intereses» y estaría dispuesto a modificar directivas y resoluciones para satisfacer las demandas populares. Evidentemente, este grado de democratización era incompatible con la creencia del comunismo ortodoxo en la «dictadura del proletariado». Con la investidura al día siguiente de un nuevo gobierno encabezado por Oldřch Černík, Dubček y sus camaradas reformistas ocuparon todos los puestos clave en el partido y en el estado.

La atmósfera era emocionante. «De repente, se podía respirar con libertad, las personas podían asociarse libremente, el miedo se desvaneció», recordaba el dramaturgo Václav Havel, quien dos décadas más tarde se convertiría en presidente de Checoslovaquia. En el desfile del Primero de Mayo de ese año en la plaza de Wenceslao en Praga, arrojaron flores a la tribuna donde Dubček observaba deleitado, haciendo bocina con las manos para saludar a gritos a sus seguidores en el desfile. «Esta es la primavera de nuestra nueva existencia», informó el periódico del partido, Rudé právo, al día siguiente.

Sin embargo, Dubček, un individuo indeciso y vacilante, y que dudaba de los verdaderos niveles de apoyo popular al socialismo, ya no era capaz de controlar la presión a favor de las reformas radicales que él mismo había contribuido a desencadenar. Él mismo se dejó llevar por la oleada de entusiasmo por el cambio que se había extendido del partido a gran parte de la sociedad. Su propia popularidad planteaba un dilema: debía mantener el impulso de la reforma, pero al mismo tiempo tenía que impedir que pudiera considerarse que ponía en peligro los intereses de la Unión Soviética y de sus estrechos aliados. El debilitamiento del régimen comunista en un país podía tener fácilmente un efecto dominó.

El temor a que esto pudiera suceder era un grave riesgo para los reformistas checos. Mientras tanto, los líderes de la Unión Soviética y de la República Democrática Alemana, Bulgaria, Hungría y Polonia, los miembros del pacto de Varsovia, estaban cada vez más preocupados por los acontecimientos en Checoslovaquia. A mediados de julio publicaron lo que equivalía a una advertencia a Praga para que pusiera fin a lo que calificaban de una «contrarrevolución» contra el sistema socialista que ponía en peligro a «la comunidad socialista». A principios de agosto, los requerimientos de Breznev para que se reinstaurara la censura, destituyera a algunos líderes reformistas y se pusiera orden en la casa del partido checoslovaco dieron como resultado algunas medidas tibias para restablecer el «centralismo democrático». Pero el hecho de que Dubček acudiera en busca de apoyo a Yugoslavia y Rumanía, los dos países comunistas cuya postura independiente hacía que su relación con Moscú fuera difícil, no garantizaba que los ánimos se sosegaran en los países del pacto de Varsovia. El 17 de agosto, el Politburó soviético dio un paso crucial: decidió intervenir militarmente en los asuntos internos de otro estado socialista en nombre de la «solidaridad proletaria internacional». En la noche del 20 al 21 de agosto de 1968, en torno a medio millón de soldados de cinco países del pacto de Varsovia, apoyados por 7500 tanques soviéticos y un millar de aviones, iniciaron la invasión de Checoslovaquia.

Por orden del gobierno checo, no hubo resistencia armada, pero antes de ser llamadas al orden la televisión y la radio transmitieron vívidos reportajes sobre la oposición a los invasores y el apoyo masivo a Dubček, que pronto se puso de manifiesto cuando enormes multitudes empezaron a congregarse en Praga y Bratislava para protestar contra la invasión. Dubček, Černík y otros cuatro dirigentes del partido fueron detenidos y trasladados en avión a Moscú (donde, al parecer, Dubček sufrió un ataque de nervios). Allí, junto al presidente Svoboda y varias personalidades destacadas del partido que se habían unido a ellos en Moscú, fueron sometidos a fuertes presiones para que denunciaran el programa de liberalización. El 26 de agosto cedieron y firmaron un acuerdo por el que aceptaban el ultimátum soviético, anulando las reformas de la Primavera de Praga a cambio de la retirada de las fuerzas ocupantes (casi todas ellas salieron a finales de octubre). Se restablecieron las «relaciones fraternales» bajo coacción. El acuerdo se enmarcaba en una nueva e inquietante premisa, conocida posteriormente como la «Doctrina Breznev», que establecía la «obligación internacional común» de defender a los países socialistas de las «fuerzas contrarrevolucionarias». A partir de entonces, los estados del pacto de Varsovia tenían el deber explícito de intervenir siempre que se juzgara que algún miembro se estaba apartando de la línea.

El proceso de «normalización» duró varios meses, pero en un único sentido. La delegación checoslovaca en las «negociaciones» de Moscú regresó a Praga durante la noche del 26-27 de agosto. Un conmovedor llamamiento radiofónico apelando a la aceptación realista de las ineludibles «medidas de excepción temporales» de un lloroso Dubček, que al igual que otros reformistas de la Primavera de Praga seguía siendo inmensamente respetado, mitigó la consternación popular por lo que muchos veían como una capitulación en Moscú. Sin embargo, la presión a favor de la «normalización» se intensificó inexorablemente. Poco a poco los líderes de la Primavera de Praga fueron destituidos de sus cargos, pero ante las señales de que el descontento generalizado persistía el proceso se aceleró. Cuando un estudiante de Praga, Jan Palach, se inmoló prendiéndose fuego en protesta por la revocación de liberalización, se calcula que cien mil personas asistieron a su funeral, celebrado el 25 de enero de 1969 y organizado por estudiantes, y otras doscientas mil lo presenciaron desde las aceras. En marzo, tras la victoria del equipo checo de hockey sobre hielo frente a la URSS en los partidos del campeonato mundial se produjeron enormes manifestaciones antisoviéticas y los disturbios dieron lugar a una rápida intervención soviética para asegurar la destitución de Dubček (sustituido como primer secretario del Partido Comunista checo por otro eslovaco más dócil, Gustáv Husák). En 1970 fue expulsado del partido y relegado al olvido como funcionario forestal de baja categoría en Eslovaquia. También fueron gradualmente reemplazadas otras personas asociadas con la Primavera de Praga. Entre septiembre de 1969 y junio de 1970 se realizaron tres grandes purgas de miembros del partido. Miles de agentes sindicales, maestros, académicos, periodistas y otras personas que trabajaban en los medios de comunicación y en el ámbito cultural fueron despedidos.

Al final del proceso Checoslovaquia estaba «normalizada». «Los rusos han conseguido por fin lo que llaman normalización: un estado policial desagradable y brutal», fue el amargo veredicto que un cirujano sueco desafecto, el doctor Paul Zalud, escribió en 1969 a un comunista británico, Leslie Parker, durante una visita autorizada a Alemania Occidental. Se había restablecido el orden. Se habían revertido los avances de la Primavera de Praga. Se habían vuelto a imponer la censura, las restricciones para viajar y el incuestionable dominio del Partido Comunista. La población tuvo que conformarse con una taciturna obediencia. El inconformismo político disminuyó, aunque un pequeño grupo de escritores y otros intelectuales siguieran protestando de diversas maneras; estos «disidentes» (como se les llamó) eran, inmediatamente después de la Primavera de Praga, poco más que una molestia para el régimen.

A ojos de Occidente, el aplastamiento de la Primavera de Praga supuso otro duro golpe, después de Hungría en 1956, al prestigio de la Unión Soviética y del sistema de gobierno «socialista», que, una vez más, como era evidente, solo podía mantenerse mediante el empleo de la fuerza de las armas. Para muchos simpatizantes del comunismo en Europa occidental, con su actuación en Checoslovaquia la Unión Soviética había renunciado a cualquier autoridad moral. Nada de ello importaba mucho a los dirigentes soviéticos, era un precio perfectamente asumible para mantener intacta la alianza de países socialistas. El poder soviético había prevalecido.

ARENAS MOVEDIZAS EN EUROPA ORIENTAL

Una vez eliminada la amenaza de las tendencias liberalizadoras en Checoslovaquia, cualquier alteración fundamental de las estructuras de gobierno en los sistemas políticos de los estados del pacto de Varsovia quedaba descartada. Para la población de esos países significó una conformidad pública general y monótona, la aceptación de los límites de la ortodoxia política y unos «nichos» de vida privada restringidos fuera de las miradas inquisidoras del estado de vigilancia y su ejército de informantes.

No obstante, había movimiento en los sistemas comunistas. En ningún lugar era posible un regreso al pleno estalinismo. Dentro del bloque soviético siguieron existiendo diferencias significativas y por lo general las presiones a favor de un cambio liberalizador fueron mayores en aquellos países con alguna exposición a las influencias culturales occidentales, con un buen número de intelectuales y una economía industrializada con una clase obrera organizada (incluso en ausencia de sindicatos libres). La represión de la Primavera de Praga envió un claro mensaje: cualquier liberalización debía mantenerse bajo un estricto control, pero siempre y cuando la integridad del bloque soviético no corriera ningún peligro (como sí había sucedido en Checoslovaquia), el Kremlin estaba dispuesto a conceder cierta libertad. Los evidentes problemas de la economía planificada en varios países del bloque oriental, que en algunos casos requería considerables subsidios soviéticos, hicieron que Moscú se mostrara receptivo a las tentativas dentro del sistema de modernizar la producción. Sobre todo en las economías más industrializadas, el sistema planificado estalinista, que, por supuesto, fue introducido originalmente en una Unión Soviética en su mayor parte agrícola, estaba muy mal preparado para satisfacer las necesidades básicas de consumo y menos aún para competir con los rápidos avances económicos que se estaban produciendo en el Occidente capitalista. Por consiguiente, era necesario establecer algún tipo de equilibrio precario (de maneras un tanto diferentes y con distintos grados de éxito) entre un sistema político reglamentado bajo el control de un partido monopolista y la innovación y la competitividad necesarias para liberar recursos económicos, sociales e intelectuales.

En la propia Unión Soviética, un fuerte crecimiento económico a finales de la década de los sesenta propicio que no volvieran a repetirse la conflictividad laboral y el descontento generalizado de los últimos años de Jruschov en el poder. El control del régimen se endureció y, a raíz de la Primavera de Praga, se fortaleció la ortodoxia ideológica. Cuando en respuesta a la invasión de Checoslovaquia un grupo pequeño protestó en la plaza Roja, sus miembros fueron detenidos de inmediato y posteriormente condenados a tres años de prisión. La disidencia continuó y desprestigió aún más a la Unión Soviética en Occidente, pero no pudo ni remotamente quebrantar el firme control del régimen sobre sus propios ciudadanos.

De todos los satélites, Bulgaria era el más próximo a la Unión Soviética y, en cualquier caso, su gran dependencia económica impedía que se desviara mucho de la línea de Moscú. La fuerza coercitiva del estado policial, una población todavía predominantemente rural y el escaso número de intelectuales eran factores que obstaculizaban las presiones a favor de la liberalización que habían surgido en Checoslovaquia. Se habló mucho sobre las reformas económicas, pero, en la práctica, pocas de ellas se llevaron a cabo. Hacia finales de los años sesenta, incluso hubo cierto repliegue a la rígida ortodoxia neoestalinista de las reformas económicas limitadas y el deshielo cultural que se habían introducido en la primera parte de la década.

Hungría fue en la dirección contraria. El «comunismo gulash» de János Kádár permitió cierta exposición limitada a las fuerzas del mercado, lo que hizo que la población disfrutara del nivel de vida más alto del bloque soviético. El «Nuevo Mecanismo Económico», introducido el 1 de enero de 1968, constituyó una auténtica innovación en las economías de los satélites soviéticos. La planificación central del estado redujo en esencia los proyectos de inversión a largo plazo, la política fiscal y la regulación de los precios de los productos básicos esenciales. Además, las empresas podían obtener beneficios y operar comercialmente. Aumentó el comercio exterior con Occidente, se impulsó la producción agrícola y se acabó con la escasez de productos básicos que era endémica en otras partes del bloque soviético. Kádár también demostró ser lo suficientemente tolerante (o, al menos, dispuesto a aprender las lecciones de 1956) como para permitir cierta libertad de expresión e incluso apertura hacia la música pop occidental, sin por ello aflojar las riendas hasta el punto de que pudiera causar tensión con Moscú. En consecuencia, Hungría, que en 1956 había sido el país más rebelde, se convirtió en el país más satisfecho de los satélites soviéticos, con escasa disidencia política.

Polonia, por su parte, se había convertido bajo el liderazgo de Władisław Gomułka en un ejemplo clásico de un sistema que había pasado de parecer en 1956 dispuesto a adoptar reformas, a atrincherarse en una ortodoxia inflexible y enajenando a gran parte de la población. El régimen de Gomułka había mantenido un fuerte control sobre la disidencia, había sofocado implacablemente las protestas estudiantiles y había apoyado sin reservas la invasión de Checoslovaquia. Sin embargo, estaba a cargo de una economía que se deterioraba con rapidez. La respuesta del régimen fue anunciar en vísperas de Navidad, con entrada en vigor el 13 de diciembre de 1970, un aumento inmediato del precio de los alimentos que oscilaba entre el 12 % y el 30 %, lo que hizo que el descontento hasta entonces latente se desbordará en un aluvión de airadas protestas. La semana siguiente tuvieron lugar enormes manifestaciones, que comenzaron en los astilleros del Báltico, en Gdańsk, Szeczecin y Gdynia, pero pronto se extendieron a Varsovia y otras ciudades. Cuando un tren que trasladaba trabajadores a los astilleros de Gdańsk fue atacado por milicias estatales armadas, se desató un infierno. Los trabajadores marcharon hasta las sedes del partido, saquearon las tiendas, un centro de adiestramiento de la milicia en Słupsk, cerca de la costa báltica, fue reducido a cenizas; los milicianos fueron atacados por turbas y algunos murieron. Hubo fuertes enfrentamientos con la policía y los tanques aplastaron a algunos manifestantes. El episodio se saldó con 45 muertos, casi 1200 heridos y 300 detenidos. Cuando en Gdańsk la policía abrió fuego contra los trabajadores en huelga, Gomułka había ido demasiado lejos. Tuvo que dimitir una semana después de que estallaran los disturbios.

Su sustituto, Edward Gierek, un antiguo minero con un buen sentido de las necesidades de los trabajadores, anunció de inmediato mejoras de los salarios y las condiciones laborales, y después, en medio de constantes huelgas y con la ayuda de un préstamo de la Unión Soviética, la congelación de los precios a sus niveles anteriores durante doce meses. Visitó los astilleros, donde se dirigió a los trabajadores de forma directa y rotunda, y admitió fallos en el partido. Abolió las entregas obligatorias al estado, detestadas por los agricultores, y aumentó lo pagos para comprar alimentos. Los empleados no estatales pasaron a tener atención médica gratuita; la censura y las restricciones impuestas a los viajes al extranjero se relajaron un poco; la moral se fortaleció. El primer período del liderazgo de Gierek pasó a ser recordado como la belle époque de los años comunistas en Polonia. Los ingresos aumentaron un 11 % en 1971. Un gigantesco programa de vivienda facilitó un millón más de apartamentos: no eran suficientes, pero constituía un gran avance con respecto a los tiempos de Gomułka. Prácticamente todo el mundo disfrutó de una mejora de los niveles de vida cuando la modernización económica se orientó, a diferencia de en años anteriores, hacia las necesidades de consumo. Sin embargo, los problemas económicos no habían desaparecido. Para lograr el necesario estímulo de la economía y devolver el préstamo a la Unión Soviética, Gierek pidió prestado a Occidente en torno a seis mil millones de dólares, lo cual resolvía los problemas inmediatos pero no hacía sino postergarlos. La crisis del petróleo golpeó con dureza a Polonia después de 1973 y fue precisa más ayuda soviética para afrontarla. A finales de los años setenta, los problemas graves aumentaban otra vez.

La República Democrática Alemana fue un caso particular entre los países del bloque soviético. El Muro de Berlín, la sensación en la RDA de ser un escaparate ideológico del «socialismo real» que competía con su vecino capitalista y un antifascismo especialmente acusado dotaban a la sociedad de Alemania Oriental de un carácter distintivo. La construcción en 1961 del Muro había dado una nueva confianza al régimen y reforzado su poder. Le seguiría una oleada de detenciones cuando la lucha ideológica contra «el enemigo interno» se incrementó. La intimidación, la represión y las presiones para amoldarse a las normas formaban parte de la vida en la RDA, pero, como reconocían sus dirigentes, el sistema no podía funcionar solo con represión, sobre todo si se pretendía alcanzar el objetivo declarado de adelantar económicamente a Alemania Occidental en 1980.

El nuevo sistema económico, introducido en 1963, fue un intento de superar el deterioro de la economía, que había provocado escasez e hizo que se advirtieran indicios de descontento que recordaban a los de la década anterior. Además de ciertos niveles de gestión descentralizada e incentivos para incrementar la producción, aunque todavía dentro del marco de un plan económico impuesto de forma centralizada, se realizó una creciente labor de propaganda para movilizar el respaldo activo de la población. Se concedió importancia sobre todo a la tecnología, el conocimiento y la organización racional, que se reforzó con una campaña para conseguir una población altamente instruida. Mientras que en 1951 solo un 16 % de los estudiantes había pasado más de ocho años en la escuela, en 1970 esta cifra había aumentado a no menos del 85 %, al tiempo que se ampliaba el acceso a la enseñanza superior y se construían universidades y politécnicos nuevos. Entre 1964 y 1965, la productividad aumentó un 7 % y la renta per cápita un 5 % en 1964 y 1965. El nivel de vida empezó a mejorar sensiblemente, aunque no tan deprisa como se esperaba, y siguió estando muy por detrás del de Alemania Occidental. No obstante, ya no era solo una pequeña minoría de la población la que poseía televisores, lavadoras y frigoríficos. Las señales de mejoría fueron acompañadas de cierta relajación cultural. Las estatuas de Stalin desaparecieron; dieciséis mil presos políticos fueron amnistiados.

Sin embargo, a los líderes del partido no les entusiasmaba precisamente ceder parte de su control sobre la economía, que en cualquier caso todavía se veía obstaculizada por innumerables limitaciones y era incapaz de superar una falta intrínseca de competitividad. En cuanto el fervor reformista de Jruschov dio paso al énfasis de Breznev en la estabilidad, la tendencia hacia una ligera liberalización quedó interrumpida. En diciembre de 1965 se introdujeron controles más estrictos en el ámbito cultural y ese mismo mes se revisó el nuevo sistema económico; se renovó el énfasis en la planificación centralizada, destinando una financiación desproporcionada a la electrónica, la industria química y la ingeniería, y con la asignación de mayores recursos para ampliar el ejército y los servicios de seguridad (la Stasi), volvieron a desatenderse las industrias de consumo.

La Primavera de Praga había confirmado a los dirigentes de la RDA que acertaron al sofocar las tendencias culturales liberalizadoras que solo podían haber conducido a una desestabilización política, pero los problemas inherentes a una economía dirigida por un partido único con poder total para gestionar el estado eran evidentes. La escasez y los bloqueos en el abastecimiento de provisiones básicas, sobre todo artículos de consumo que eran habituales en Alemania Occidental y aparecían cada noche en la televisión, empezaron a causar de nuevo malestar. Los jefes del partido estaban cada vez más incómodos con el liderazgo de Walter Ulbricht y con la falta de atención que se prestaba a los productos de consumo que se necesitaban con urgencia en favor de proyectos tecnológicos que solo en un futuro lejano darían resultados. Además, las expectativas de Ulbricht de mantener una cooperación económica más estrecha con Alemania Occidental eran contrarias por completo a los deseos de Moscú. La arrogancia de Ulbricht hizo el resto. A finales de 1970, la mayoría de los dirigentes del partido votaron a favor de un cambio de rumbo económico, y poco después solicitaron a Breznev que sustituyera a Ulbricht como líder. Breznev accedió y el 3 de mayo de 1971 Ulbricht dimitió. Su sucesor, Erich Honecker, era un alto funcionario con una larga carrera y que debía sus impecables credenciales antifascistas a su participación en el movimiento de resistencia comunista durante el régimen de Hitler y a los diez años que pasó en cárceles nazis. Ahora supervisaba una reestructuración de la economía, dando mayor relevancia al consumo. Sin embargo, nunca se desvió de su servil lealtad a Moscú.

Mientras tanto, en los países de los Balcanes el régimen comunista estaba evolucionando de un modo diferente. Albania, que después del cisma sino-soviético unió su suerte a la de China, continuó por su senda ideológicamente independiente hacia el aislamiento político y una pobreza económica extrema, la peor de Europa del Este. Al privarse a sí misma de la ayuda soviética, Albania fue incapaz de suplir lo que había perdido al firmar acuerdos comerciales con China. Su propia versión de la «revolución cultural» que China estaba viviendo a mediados de los años sesenta dio pie a ataques contra los intelectuales, los maestros y las creencias religiosas. La ruptura con la Unión Soviética se consumó cuando, tras la invasión de Checoslovaquia, Albania abandonó el pacto de Varsovia, del que en realidad solo había sido un miembro nominal. Aislado de Moscú, pero demasiado lejos de China como para establecer vínculos estrechos con Pekín, el fosilizado sistema albanés siguió siendo una rareza, atrapado en un callejón sin salida de su propia creación.

Rumanía, un país miembro del pacto de Varsovia, también estaba siguiendo cada vez más su propio camino, aunque procurando no llevar al límite sus relaciones con Moscú. La elección por parte de Albania de China en lugar de la Unión Soviética benefició indirectamente a Rumanía, pues el Kremlin era consciente de que no podía debilitar aún más su influencia en los Balcanes añadiendo Rumanía a la pérdida de Albania y la independencia de Yugoslavia. Así pues, permitió que Rumanía se medio desligara. Nicolae Ceauşescu, que en 1965 había sucedido al brutal estalinista Gheorghe Gheorghiu-Dej como jefe del Partido Comunista (y en 1974 también se convirtió en presidente de Rumanía), mereció elogios de Occidente por oponerse a la invasión de Checoslovaquia y por haber creado una variante de «comunismo nacional» rumano, un tipo de nacionalismo dentro de un marco comunista, que insistía en no bailar al son de Moscú. Pudo aprovechar el creciente cisma entre China y la Unión Soviética para entablar relaciones exteriores, en contra de la línea soviética, con Alemania Occidental y con Israel. Fomentó el orgullo nacional rumano. El crecimiento económico, que permitió que el abastecimiento de alimentos y otros productos básicos fuera suficiente, fue lo que sostuvo su popularidad inicial. Al principio hubo también cierto grado de relajación en el ámbito cultural, que permitió algún acceso de los medios occidentales, pero esto cambió después de que en 1971 visitara China, Corea del Norte, Mongolia y Vietnam del Norte y, al regresar, introdujera su propia forma de revolución cultural, con nuevos controles ideológicos estrictos sobre lo que estaba permitido expresar. La desviación rumana de la ortodoxia soviética continuaría.

El tipo de comunismo de Yugoslavia, basado en la descentralización y la gestión industrial desde la base, parecía ofrecer para muchos admiradores occidentales una alternativa atractiva al atrofiado sistema soviético. La población se benefició sustancialmente de una exposición a Occidente mayor que la de ningún otro país de Europa oriental. En los años sesenta, la costa dálmata fue promocionada como destino turístico, lo que permitió ingresar millones de dólares en las arcas del estado, divisas que ayudaban a conseguir las necesarias importaciones y a asegurar un nivel de vida relativamente bueno. Entretanto, medio millón de yugoslavos encontraban empleo en Alemania Occidental como «trabajadores invitados» y subvencionaban la economía con las remesas que enviaban a sus familias. Los contactos frecuentes con Occidente abrieron al país a sus influencias culturales. Yugoslavia era el más liberal de los países comunistas de Europa del Este. Sin embargo, a finales de los años sesenta, los fracasos económicos del estado saltaban a la vista. La productividad estaba cayendo muy por debajo del aumento de la renta media, la inflación aumentaba, la deuda nacional se estaba convirtiendo en un problema grave, las desigualdades se acentuaban y el desempleo se disparaba. Fue en este contexto en el que surgieron tendencias centrifugas en el estado Yugoslavo.

Croacia era la zona más prospera de Yugoslavia, pero a los croatas les molestaba que gran parte de los ingresos procedentes del turismo extranjero se distribuyeran en las regiones menos desarrolladas del país. La agitación croata para conseguir una mayor autonomía empezó a aumentar y dio pie a los inicios de un nacionalismo revitalizado. Una manifestación inicial fue la petición, respaldada por 130 intelectuales en 1967, de que en las escuelas se utilizara el croata y no el serbocroata, al que consideraban una lengua impuesta por el estado. Los serbios, por el contrario, creían que la prosperidad económica había beneficiado de forma desproporcionada a Croacia y, para facciones poderosas, la liberalización, más avanzada en Croacia y Eslovenia, había ido demasiado lejos. Sin embargo, para los estudiantes no había sido suficiente. A comienzos de junio de 1968, inspirados por los acontecimientos de Francia, se celebraron las primeras manifestaciones masivas desde la guerra, cuando los estudiantes de Belgrado protestaron por la masificación en las universidades, los privilegios de la oligarquía del partido, el creciente consumismo y las condiciones económicas que obligaban a muchos de ellos a abandonar el país para encontrar un empleo. El mariscal Tito, ansioso por contener el descontento, prometió satisfacer las exigencias de los estudiantes. El temor a una posible intervención soviética tras la invasión de Checoslovaquia, que suscitó una enérgica protesta del gobierno yugoslavo, actuó a favor de las autoridades y los disturbios se calmaron. Volvieron a estallar en 1971, esta vez en Zagreb, y en esta ocasión representaban una amenaza mayor para la integridad del estado Yugoslavo.

Lo que se llegó a conocer como la «Primavera de Zagreb» partió de las crecientes peticiones por parte de los nacionalistas de una mayor autonomía para Croacia. Los jefes croatas del partido, personalidades de los medios de comunicación y representantes de los estudiantes se pronunciaron a favor de la independencia, pues veían amenazada la identidad nacional, diluida por la pérdida de un gran número de croatas que se había marchado a buscar trabajo en el extranjero y por la llegada de serbios y otros. En 1970 la líder del partido croata Savka Dabčević-Kučar expresó su preocupación de «que Croacia se hubiera convertido más en la casa de los serbios y otras nacionalidades que de los propios croatas», mientras Franjo Tudjman, que más tarde sería nombrado presidente de una Croacia independiente, afirmaba que «la existencia del pueblo croata» estaba amenazada por la asimilación. Era generalizado el sentimiento de que los croatas estaban insuficientemente representados en la burocracia, la policía y el cuerpo de oficiales del ejército, y que Croacia estaba siendo desangrada económicamente por otras regiones de Yugoslavia y transformada en poco más que una dependencia colonial de Serbia.

En julio de 1971, Tito, que era croata, convocó a los líderes de Croacia en Belgrado, donde los reprendió por permitir el resurgimiento del nacionalismo. Advirtió indirectamente del riesgo de desórdenes internos que podría provocar una intervención soviética, pero aun así el sentimiento nacionalista no disminuyó lo más mínimo y halló expresión en la ocupación estudiantil de los edificios de la Universidad de Zagreb en noviembre y en la convocatoria de una huelga general mientras miles de personas participaban en manifestaciones multitudinarias coreando la consigna: «Viva el estado independiente de Croacia». En esta ocasión Tito respondió con una purga de la jefatura del partido tanto en Zagreb como en Belgrado, expulsando a centenares de miembros del partido y ordenando arrestar a cerca de doscientas personas. Cualquier sospechoso de albergar tendencias nacionalistas en Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Bosnia-Herzegovina también sería expulsado. Las purgas se extendieron a aquellos que abogaban por una mayor liberalización, mientras una nueva ley de 1972 impuso mayores restricciones a la libertad de prensa.

Las medidas represivas consiguieron calmar la situación, pero Tito era consciente de que con la represión no bastaba. En 1974 una nueva Constitución intentó satisfacer las demandas de reforma estableciendo una confederación más equilibrada, un poder descentralizado y transfiriendo un mayor grado de independencia relativa a las diferentes repúblicas, pero en la práctica la nueva Constitución promovía las tendencias nacionalistas y separatistas, en lugar de debilitarlas, al resaltar las distinciones étnicas. La inmensa autoridad de Tito, la del héroe de guerra, salvador y posterior encarnación de la unidad, fue el factor único más importante para mantener en pie los cimientos cada vez más inestables del estado Yugoslavo. Sin embargo, en 1972 Tito tenía ochenta años, ¿cuál sería el futuro de Yugoslavia a su muerte?

LA MARCHA HACIA DELANTE DE LA SOCIALDEMOCRACIA EN EUROPA OCCIDENTAL

A principios de los años setenta, tanto en la Europa oriental como en la occidental los problemas de los años anteriores estaban desapareciendo. El bloque soviético se había «normalizado» de nuevo tras los disturbios de la Primavera de Praga. La disidencia existía, pero era contenida con facilidad. En los países comunistas, el «socialismo real» parecía abocado a durar indefinidamente. En Europa occidental, a excepción de la zona meridional (véase el capítulo 7), donde la democracia solo existía por voluntad del ejército (Turquía) o no existía en absoluto (Grecia después de 1967, Portugal y España), los sistemas de gobierno permanecían intactos y eran por lo general resistentes. Es cierto que la política estaba empezando a volverse más volátil. La violencia política era más abierta que en ningún otro momento desde la segunda guerra mundial. No solo la Brigadas Rojas en Italia y la banda Baader-Meinhof en Alemania Occidental, sino también los nacionalistas de Irlanda del Norte y los separatistas del País Vasco estaban utilizando el terror como una parte intrínseca de sus campañas, pero en ninguna parte había un ímpetu radical, y menos aún revolucionario. El consenso subyacente que se había logrado en los años de posguerra sobre el papel central del estado a la hora de velar por el bienestar de la población y de garantizar la mejora constante de los niveles de vida, todavía se mantenía en sus aspectos esenciales.

En realidad, los socialdemócratas, los más firmes defensores del «estado grande», en el que el elevado gasto público (y los niveles impositivos) servía para sufragar las prestaciones sociales y mejorar las condiciones de vida de los sectores más pobres de la sociedad, ganaron terreno en general en los años sesenta y principios de los setenta. A veces lo hicieron junto a otros partidos de izquierda y normalmente fue a costa de los partidos conservadores y alineados con la iglesia.

En Gran Bretaña, el Partido Laborista (que representaba la variante británica de la socialdemocracia) había ganado las elecciones de 1964 por un escaso margen y en 1966 el gobierno laborista de Harold Wilson aumentó considerablemente su mayoría, pero el agravamiento de los problemas económicos y la conflictividad laboral crearon las circunstancias para que en las elecciones generales de 1970 se produjera una sorprendente victoria conservadora bajo el liderazgo de Edward Heath y para que en el futuro surgieran mayores dificultades (véase el capítulo 7).

El conservadurismo, como ya se ha señalado, había estado perdiendo terreno en Alemania Occidental frente las crecientes expectativas de reforma desde el fin de la larga era Adenauer en 1963. Tras las elecciones generales de 1969, los democristianos se encontraron por primera vez fuera del gobierno desde la fundación de la República Federal, pues se formó una nueva coalición encabezada por los socialdemócratas de Willy Brandt, una de las figuras destacadas de la posguerra. Brandt, un político con un gran atractivo personal, tenía unas credenciales socialistas impecables. Hijo ilegítimo nacido con el nombre de Herbert Frahm, había huido a Escandinavia al comienzo de la época nazi, donde había participado (cambiándose el nombre) en la resistencia obrera al régimen de Hitler. El cambio de un gobierno encabezado por un antiguo nazi, Kurt Georg Kiesinger, parecía simbolizar el comienzo de una nueva era; tras las manifestaciones estudiantiles y la agitada escena política de 1968, la coalición de Brandt parecía un soplo de aire fresco en una habitación cerrada. El ambiente cambió. Había nuevas expectativas, sobre todo entre los jóvenes.

También la vecina Austria avanzó a finales de los años sesenta hacia una reforma de la socialdemocracia. Cuando en las elecciones de 1966 el conservador Partido Popular Austríaco obtuvo la mayoría absoluta por primera vez en la historia de la posguerra del país, nada hacía prever lo que estaba por venir. Las divisiones dentro del Partido Socialista y los temores a que pudiera estar dispuesto a colaborar con el pequeño Partido Comunista habían influido en parte en la victoria conservadora. Pero después de que en 1967 se pusiera al frente de los socialistas el formidable Bruno Kreisky, que propuso un programa de reformas sociales y económicas de gran alcance, el Partido Socialista empezó a ganar terreno. En las elecciones de 1970 fue el partido más votado, lo que permitía a Kreisky formar un gobierno en minoría y en las nuevas elecciones celebradas al año siguiente, el partido de Kreisky obtuvo la mayoría absoluta y formó un gobierno socialdemócrata estable que dominó la política austríaca durante la década siguiente.

En los Países Bajos, el principal cambio en los años sesenta fue el paulatino eclipse de la «pilarización» (subculturas verticales, sobre todo confesionales, y su representación política), que tradicionalmente había definido su variante de democracia liberal. A raíz de la creciente secularización, el apoyo al Partido Popular Católico disminuyó, mientras que las promesas de reformas sociales ayudaron al Partido Laborista a ganar terreno. En las elecciones de 1972 se erigió en el partido más votado y al año siguiente su líder, Joop den Uyl, fue nombrado primer ministro al frente de un gobierno de coalición. La socialdemocracia belga se enfrentó a mayores problemas debido a la división lingüística y cultural, cada vez más profunda, entre Flandes y Valonia, que se traducía en las correspondientes divisiones en los principales partidos. Entre la desconcertante miríada de partidos que formaban los gobiernos belgas, el Partido Socialista y el conservador Partido Cristiano-Demócrata eran los principales, aunque en ambos casos solo contaban con el apoyo de poco más de una cuarta parte de los votos. Sin embargo, también aquí estaba presente la orientación anticonservadora generalizada de la política, marcada por la aparición después de 1968 de los partidos ecologistas «verdes».

La socialdemocracia había sido la base de la estabilidad política y de la reforma del bienestar social en Escandinavia desde la segunda guerra mundial. Continuó disfrutando del apoyo de aproximadamente un 40 % de los votantes en Suecia, Dinamarca y Noruega, aunque durante los años sesenta la larga hegemonía del Partido Laborista noruego se vio erosionada no por la derecha, sino por el creciente apoyo al izquierdista Partido Popular Socialista. La política finlandesa se complicaba, como siempre, debido a la necesidad de mantener una relación razonable con la vecina Unión Soviética. Los gobiernos eran invariablemente coaliciones que incluían a numerosos partidos. Los socialdemócratas (con poco más de una cuarta parte de los votos) eran el principal partido, seguido no muy de lejos por un partido de izquierdas más radical, la Liga Democrática Popular de Finlandia (dominada por los comunistas finlandeses). Juntos obtenían más del 40 % de los votos, aunque la extinción en agosto de 1968 de la Primavera de Praga perjudicó a la Liga Democrática. Causó una división entre quienes seguían defendiendo a la Unión Soviética y quienes censuraban sus actuaciones y optaban por otro tipo de pensamiento comunista y de organización que consideraban más relevante para Europa occidental y que estaba ganando apoyos en particular en Italia, Francia y España, el denominado «eurocomunismo».

Incluso allí donde los conservadores mantenían su predominio en el gobierno, como en Italia y Francia, debían tener en cuenta las exigencia de la izquierda, aunque a menudo eso tenía más de retórica que de realidad.

En el marasmo de la política italiana, la distancia entre las profundas reformas prometidas y las que realmente se implementaron fue significativa. Algunos cambios al final de los años sesenta en la legislación laboral, las mejoras del sistema de salud y la ampliación del sistema de pensiones fueron algunas de las medidas para crear un estado de bienestar más global, pero fueron muchas más las que nunca llegaron a materializarse. Para muchos izquierdistas, para los intelectuales neomarxistas y para los estudiantes, cuyo número crecía con rapidez, lo que se había conseguido distaba mucho de ser suficiente.

En 1963, los socialistas se habían incorporado al gobierno de Aldo Moro debido a su política de «apertura a la izquierda». El gobierno estaba encabezado, como de costumbre, por el mayor partido, los democristianos, aunque por primera vez su porcentaje de votos había caído por debajo del 40 % en las elecciones de ese año. La participación en un gobierno encabezado por los conservadores había generado divisiones en el Partido Socialista, pero en 1966 se volvió a unificar. No obstante, los verdaderos beneficiarios de la «apertura a la izquierda» fueron los comunistas críticos con Moscú (sobre todo después de Checoslovaquia), quienes, aprovechando su exclusión del gobierno, se transformaron en un partido reformista, no revolucionario. Tras sufrir un declive a principios de los años sesenta, el número de afiliaciones y el apoyo electoral al Partido Comunista empezaron a aumentar de un modo significativo. Su porcentaje de votos pasó del 25 % en 1963 (frente a solo el 14 % para el Partido Socialista) al 34,4 % en 1976, no muy por detrás de los democristianos y superando a los socialistas como principal partido de la oposición.

En Francia, el abandono de la política del héroe nacional Charles de Gaulle en 1969 (murió al año siguiente) no generó ni caos ni un vacío de poder, sino la continuidad de la hegemonía conservadora con su sucesor, Georges Pompidou. El gaullismo sin De Gaulle no provocó ningún cambio sísmico. Aun así, Pompidou, que en las elecciones presidenciales de 1969 había conseguido una enorme victoria, fue, al menos inicialmente, más reformista durante su breve mandato (murió, prematuramente, en abril de 1974) de lo que muchos habían esperado. Los acontecimientos de mayo de 1968 habían conmocionado a Francia y sobre todo al conservadurismo francés, y cuando la agitación amainó dejó tras de sí un deseo de cambio social. Uno de los resultados duraderos fue la exigencia de mayores derechos para las mujeres, tanto políticamente como sobre sus propios cuerpos; pero las promesas de una «nueva sociedad» no tardaron en revelarse en esencia vacías. La oposición conservadora demostró ser demasiado fuerte. La modernización con Pompidou estuvo orientada en gran medida hacia el desarrollo industrial y tecnológico, y dependía, también, de que se mantuvieran las elevadas tasas de crecimiento económico que estaban a punto de esfumarse.

Entretanto, la naturaleza de la izquierda francesa estaba cambiando. Desde 1968 habían surgido numerosos grupos marxistas, principalmente trotskistas o maoístas. Su agitación y la presión a favor de un cambio continuaron, pero siguieron siendo marginales incluso en la izquierda. El Partido Comunista, al que desde la guerra había apoyado alrededor de una cuarta parte del electorado y había estado estrechamente alineado con Moscú, sufrió daños que resultaron ser fatales a causa de la invasión soviética de Checoslovaquia en agosto de 1968. Tras aceptar que no podía tomar el poder solo mediante una revolución, se volvió más reformista, aspirando a una transformación a largo plazo de la sociedad. Era inevitable que eso generara decepción entre sus seguidores, pero su giro hacia el reformismo coincidía con las necesidades del Partido Socialista, que lamía sus heridas tras la devastadora derrota sufrida en las elecciones presidenciales de 1969 (cuando su candidato, Gaston Defferre, solo consiguió el 5 % de los votos). Con su nuevo líder, François Mitterrand, el partido optó por la modernización reformista y elaboró un programa para descentralizar y volver las nacionalizaciones y la planificación estatal más democráticas. En 1972, los socialistas y los comunistas propusieron un programa de gobierno común, presentado como una ruta reformista para cambiar profundamente la sociedad. El viento soplaba a favor de los socialistas de Mitterrand, que estaban empezando a eclipsar al Partido Comunista como principal partido de la izquierda.

En todas partes los sistemas políticos pluralistas de Europa occidental tuvieron que soportar las presiones a favor de la reforma a finales de los años sesenta y principios de los setenta. Obviamente, no se adaptaron de una manera uniforme, ya que la política dentro de los estados nación individuales estaba muy condicionada por los programas internos pero, aun teniendo en cuenta la evidente diversidad, la mayor parte de Europa occidental se vio afectada por tendencias de cambio similares. No reinó una armonía absoluta. Sin embargo, había un amplio nivel de estabilidad en Europa occidental y, prácticamente en todas partes, grandes expectativas de que la prosperidad continuara.

Incluso en el panorama internacional hubo algunos rayos de esperanza. En 1970, Willy Brandt condujo a su país por una nueva dirección con consecuencias trascendentales al revertir la política sobre Europa oriental. Hasta entonces, Alemania Occidental se había negado a reconocer la República Democrática Alemana y había reivindicado, en caso de reunificación, las fronteras del Reich alemán de 1937 (que incluían territorio más allá de la línea Óder-Neisse, que desde 1945 había formado parte de Polonia, e incluso el extremo occidental de la Unión Soviética). En 1971, Brandt recibió el premio Nobel de la Paz por su intrépida iniciativa. Su «política oriental» (Ostpolitik), una expresión que en realidad no le gustaba, fue al principio profundamente divisiva, aplaudida por la izquierda y rechazada con vehemencia por los conservadores y por los representantes de quienes al final de la guerra habían sido expulsados de Europa oriental. Brandt pretendía en primer lugar sustituir el distanciamiento por la cooperación en las relaciones con la República Democrática Alemana. Tenía la firme convicción de que la Ostpolitik solo podía tener éxito si Alemania Occidental permanecía anclada en la OTAN y plenamente integrada en Europa occidental. En palabras del propio Brandt: «Nuestra política oriental tiene que empezar en el oeste». Tanto dentro como fuera del país preocupaba que la Ostpolitik pudiera traducirse en concesiones peligrosas al bloque soviético y acabara por soltar a la República Federal de sus amarras occidentales. Pero resultó ser un avance político cada vez más popular.

En los tres años siguientes, la nueva Ostpolitik llevó a establecer relaciones oficiales con la República Democrática Alemana, normalizó las existentes con Checoslovaquia y reconoció en el tratado de Varsovia de 1970 la realidad de la frontera occidental de Polonia a lo largo de la línea Óder-Neisse, que aceptó que no se podía cambiar por la fuerza, accediendo con ello en la práctica a la pérdida permanente de las antiguas provincias orientales de Alemania. (El reconocimiento final e incondicional de la frontera entre Polonia y Alemania en la línea Óder-Neisse solo llegaría en 1990 con el proceso de unificación de Alemania). Este trascendental cambio quedó simbolizado en diciembre de 1970 cuando, durante una visita a Varsovia, Brandt se arrodilló espontáneamente ante el monumento dedicado al Levantamiento del Gueto en abril y mayo de 1943, en una demostración personal de expiación por el asesinato de los judíos.

El cambio de dirección de Brandt en la política exterior de Alemania Occidental coincidía con un cambio aparentemente esperanzador en las relaciones entre las superpotencias. En mayo de 1972, tras tres años de conversaciones, el presidente de Estados Unidos Richard Nixon y el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética Leónidas Breznev firmaron un acuerdo a partir de lo que se conocía como SALT I (Conversaciones sobre Limitación de Armas Estratégicas), cuyo objetivo era mejorar la seguridad mutua limitando los sistemas de misiles antibalísticos. A este le seguiría al año siguiente el Acuerdo sobre la Prevención de la Guerra Nuclear, con el ambicioso objetivo de eliminar por completo «el riesgo de la guerra nuclear y el uso de armas nucleares». Estas medidas convenían a ambas partes: a la Unión Soviética, preocupada por el acercamiento entre Estados Unidos y la China comunista (cimentado por la visita de Nixon a Pekín en febrero de 1972), y a Estados Unidos por el daño diplomático causado por la guerra de Vietnam. Lo que se llegó a conocer como «distensión» desactivó las tiranteces entre las superpotencias y ofreció la oportunidad, muy bien recibida, de mejoras duraderas en las relaciones entre las mayores potencias nucleares. Parecía que Europa, y el mundo en general, podían empezar a respirar un poco más aliviados. Hasta que llegaron las repercusiones económicas y políticas derivadas de la crisis del petróleo de 1973.

Capítulo 7 EL GIRO

Las democracias industriales están determinadas a superar las elevadas tasas de desempleo, la continua inflación y los graves problemas energéticos.

Declaración del G7 sobre cooperación
económica, noviembre de 1975

¿Crisis? ¿Qué crisis?

Titular del periódico The Sun, citando
incorrectamente al primer ministro británico
James Callaghan, 11 de enero de 1979

La crisis petrolera de 1973 marcó un punto de inflexión en la historia de la Europa de posguerra, pues trajo consigo una serie de alteraciones que dejaron una huella profunda en las estructuras políticas, económicas y sociales. A mediados de los años ochenta, estas transformaciones, que suponían un cambio de paradigma con respecto al auge de las primeras décadas de la posguerra, transfiguraron el continente. En los años previos a la crisis del petróleo ya se habían advertido indicios claros de que el largo período de crecimiento estaba tocando a su fin. Los cambios ya estaban en marcha, pero la crisis del petróleo los aceleró enormemente. Como consecuencia directa de los recortes en el suministro impuestos por los productores árabes de petróleo, en solo un año el precio del barril pasó de 2,70 a 9,76 dólares. En 1980, tras de una segunda crisis petrolera en 1979, el precio se había disparado hasta alcanzar casi los 50 dólares por barril. En 1950 el petróleo había representado el 8,5 % del suministro energético de Europa occidental; veinte años más tarde, la cifra se elevaba al 60 %. Para los países dependientes del crudo, la gravedad de la crisis era obvia.

Esta crisis puso fin al optimismo que había caracterizado las dos décadas anteriores. El beneficioso impacto inicial del crecimiento sostenido fue sustituido por la negativa primacía de la economía. La suposición de que los niveles de vida seguirían mejorando, una característica de la era del «milagro económico», de pronto se pusieron en cuestión. Las altas tasas de inflación se combinaron en una nueva y peligrosa conexión con un aumento del desempleo, un fenómeno que en las décadas inmediatamente posteriores a la guerra se había considerado superado para siempre. El resultado fue una inseguridad económica mayor que la experimentada por el común de los ciudadanos desde la guerra. No tardarían mucho en surgir dudas sobre el mantenimiento de los niveles de gasto en el estado de bienestar, la base misma de la sensación de seguridad de la población a medida que Europa se recuperaba de la segunda guerra mundial, y el modelo económico basado en las teorías de John Maynard Keynes, predominantes en la formación de la economía política en Europa occidental desde la guerra, era ahora fundamentalmente cuestionado y cada vez más rechazado. La nueva coyuntura económica provocó un aumento de la volatilidad política, al tiempo que el agravamiento de los conflictos en Irlanda del Norte, España, Alemania Occidental e Italia trajo consigo tremendos atentados terroristas. ¿Cómo respondieron y se adaptaron los sistemas políticos a unas circunstancias que habían cambiado drásticamente tanto en Europa occidental como oriental? ¿Cómo sobrevivieron intactos, cuando se habían desmoronado en los momentos de crisis económica de los años treinta?

En los años que siguieron a la crisis del petróleo, no todo fueron desesperanza y pesimismo. La crisis puso de manifiesto que era necesario realizar cambios estructurales en la economía para abandonar industrias más antiguas que ya estaban en declive. Se acabaron controlando (con mucho dolor en el proceso) los perjudiciales niveles de inflación. Y la elección personal de estilos de vida y de consumo menoscabó el conformismo social. Las dictaduras desaparecieron de la mitad occidental del continente, pues los regímenes autoritarios de Portugal, Grecia y después España fueron cayendo una tras otro en cuestión de meses y pacíficamente, sin intervenciones militares extranjeras. No obstante, surgió un fenómeno nuevo y preocupante: el profundo deterioro de las relaciones internacionales, que hasta entonces parecía haber seguido una trayectoria más positiva. La distensión de la primera mitad de los años setenta, que había apuntado a una limitación de los arsenales nucleares y el respeto internacional por los derechos humanos, no duró ni siquiera hasta el final de la década. En 1980, Europa se adentró en lo que se suele denominar la «segunda guerra fría», una etapa nueva y peligrosa de confrontación entre las superpotencias.

ECONOMÍAS EN APUROS

Las tasas de crecimiento económico en Europa ilustran hasta qué punto la crisis petrolera de 1973 supuso un receso. Entre 1950 y 1973, las tasas medias de crecimiento anual habían sido del 4,7 % tanto en Europa oriental como occidental y de hasta el 6,3 % en las economías subdesarrolladas del sur de Europa, que empezaban tardíamente a converger. En los veinte años siguientes a la crisis del petróleo, las tasas de crecimiento se redujeron más de la mitad, cayendo al 3,1 % en el sur de Europa, el 2,2 % en Europa occidental e incluso llegaron a ser negativas, con hasta un -0,4 %, en Europa oriental. En Europa occidental, Noruega, Irlanda (otra economía atrasada que estaba ganando terreno), Italia, Austria y Alemania Occidental tenían las mejores tasas de crecimiento, mientras que los Países Bajos, el Reino Unido, Suecia y Suiza, los peores. Al otro lado del Telón de Acero, Hungría (donde el aumento del producto interior bruto per cápita ocultaba el problema de la creciente dependencia financiera de Occidente) fue la menos perjudicada y Rumanía la que más. De los países del sur del continente, la tasa de crecimiento de Turquía, un 2,6 % fue más elevada que en ningún otro lugar, aunque partía de una base baja. Independientemente de las variaciones nacionales, la tendencia general en todas las regiones era evidente.

Las dinámicas generadas por dos décadas de prosperidad estaban desapareciendo. Hasta 1971, las economías de los países occidentales se habían basado en los tipos fijos de cambio de divisas convertibles con el dólar, él mismo vinculado al precio del oro (a un valor fijo, sin cambios desde 1934), acordados en julio de 1944 en la conferencia de Bretton Woods. Las complejidades de poner en práctica un sistema como este hicieron que el sistema de Bretton Woods no entrara plenamente en vigor hasta diciembre de 1958, y al cabo de una década ya planteaba problemas. Bretton Woods había sido básicamente un acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y el Reino Unido que reflejaba la supremacía del dólar como moneda de reserva internacional en la posguerra, en lugar de la libra esterlina que había predominado hasta entonces. A partir de ese momento, las economías occidentales estuvieron mucho más interconectadas y su fortaleza sometida a mayores variaciones, pues cada vez era más difícil conciliar las economías fluctuantes con los tipos de cambio fijos. La especulación monetaria, y la incertidumbre financiera que causó, eran inevitables. La creciente tensión en el mantenimiento de los tipos de cambio fijos convertibles dio lugar a las primeras medidas, recogidas en el Informe Werner de 1970 —que debe su nombre al presidente del comité que lo elaboró, Pierre Werner, primer ministro de Luxemburgo—, para lograr la unión monetaria en Europa. (En realidad, los franceses habían establecido ya en 1964 los primeros contactos con Alemania Occidental para abordar la unión monetaria, una iniciativa que pretendía mejorar el prestigio internacional de Francia y reducir la dependencia alemana de Estados Unidos. Bonn había ignorado discretamente la sugerencia). Era una idea cuyo momento aún no había llegado, y estas propuestas fueron arrastradas por las tormentas monetarias que no tardaron en desencadenarse.

Ya no se podía dar por sentada la constante hegemonía del antaño poderoso dólar porque la economía estadounidense, eje de todo el sistema de Bretton Woods, estaba topando con dificultades. A finales de los años sesenta, Estados Unidos tenía un creciente déficit en la balanza de pagos y un desorbitado déficit comercial como consecuencia del aumento de las importaciones desde Europa y Japón, la expansión del gasto social durante la administración del presidente Johnson y, sobre todo, el dispendioso gasto militar en la guerra de Vietnam. Resultaba difícil contener la inflación. Cuanto más se deterioraba la balanza de pagos estadounidense y más aumentaban la inflación y el desempleo, más de manifiesto se ponía que el dólar estaba sobrevaluado. La especulación contra el dólar en favor del marco alemán y el yen japonés fue una consecuencia inevitable. En mayo de 1971, el gobierno de Alemania Occidental, seguido por Austria, Bélgica, los Países Bajos y Suiza, decidió que no seguiría manteniendo la paridad en vigor con el dólar, lo cual provocó una fuerte subida del valor del marco y una fuga de dólares. El sistema de Bretton Woods se había creado en torno a un precio fijo del oro: 35 dólares por onza. La debilidad del dólar disparó las especulaciones de que el precio del oro iba a subir. Y así fue. A finales de los años sesenta, el oro se vendía por más del doble del precio oficial. Bretton Woods ya no era sostenible. El 15 de agosto de 1971, el presidente Richard Nixon anunció de improviso un drástico giro en la política estadounidense: entre las diferentes medidas adoptadas para combatir la inflación, una de ellas era la suspensión de la convertibilidad en oro del dólar.

Con esta decisión se ponía fin al sistema de Bretton Woods, la base de la economía de la posguerra. El futuro eran los tipos de cambio flotantes, pero estos entrañaban nuevas incertidumbres para la economía internacional. El nuevo problema era cómo gestionarlas y no tardaron en surgir dificultades. No se encontró ninguna solución universal. Todas las propuestas fracasaron al abordar la cuestión, a la que se enfrentaban economías con diversas fortalezas y sobre todo la economía central estadounidense, de combatir el preocupante aumento de la inflación sin tener que recurrir a medidas deflacionarias clásicas tan severas, que debilitarían el crecimiento, dispararían el desempleo (con las consiguientes consecuencias sociales y políticas) y acaso sumirían al mundo en una nueva gran depresión.

Entre tanto, a partir de diciembre de 1971 los principales países industriales de Europa pasaron a crear una banda estrecha dentro de la cual sus monedas podían fluctuar frente al dólar, para entonces desvinculado del oro. La «serpiente», como se llegó a conocer a este sistema, no tardó en resultar un fracaso. Dados los diferentes niveles de desarrollo de las economías europeas y sus diversas estrategias nacionales para hacer frente a la inflación y controlar el gasto público, este fracaso estaba prácticamente asegurado desde el principio, pues los países se ocuparon sobre todo de velar por sus propios intereses y luchar contra las dificultades internas con políticas nacionales. En 1972 ya habían abandonado la «serpiente» el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca (aunque esta última volvió a adoptarla), y les siguieron Italia en 1973 y Francia en 1974. En la práctica, la «serpiente» se convirtió en un grupo más pequeño de economías del noroeste de Europa dominadas por el marco alemán, porque solo Alemania Occidental y los países del Benelux se mantuvieron en su posición. Por iniciativa conjunta de los gobiernos alemán y francés, en 1979 la insatisfactoria «serpiente» monetaria fue transformada en el Sistema Monetario Europeo. El marco alemán se convirtió aún más claramente en la moneda a la que vincular otras divisas europeas.

Los problemas de la «serpiente» llevaron a optar por monedas flotantes más generales. Al mismo tiempo, dieron fuerza a la idea, ya contemplada en 1970, de lograr algún día una unión monetaria europea, que de momento solo era una quimera. La primacía económica de Alemania Occidental (y un importante superávit) la situaba muy por encima de las economías más débiles, lo que hacía extremadamente difícil la coordinación de monedas divergentes. Para la mayoría de los países, cada vez eran más adecuadas las monedas flotantes en lugar de los tipos fijos, porque podían realizar ajustes internos sin tener que pensar en devaluaciones políticamente perjudiciales.

En el fondo, los problemas monetarios reflejaban un malestar más profundo que ya existía en las economías occidentales antes del impacto de la crisis petrolera. En realidad, en 1972-1973 la producción industrial aumentó en torno a un 10 %, lo cual creó cierto exceso de capacidad en la industria, al tiempo que incrementó la demanda de productos primarios importados. Las economías se estaban sobrecalentando. La expansión monetaria, el crédito barato y el crecimiento de las masas monetarias nacionales tras el debilitamiento del dólar provocaron fuertes subidas de los precios. En el año anterior a la crisis del petróleo, el precio de las materias primas ya se había disparado, aumentando un 63 % en un solo año, al tiempo que la rentabilidad del sector industrial de los países más ricos se reducía, ejerciendo una presión evidente sobre la fabricación en serie. E incluso la inflación estaba alcanzando niveles preocupantes ya antes de la crisis petrolera, un 7 % en Alemania Occidental, que, debido a que aún perduraba el recuerdo de la hiperinflación de 1923, era la sociedad más obsesionada con la inflación.

El enfoque keynesiano de promover el crecimiento estimulando la demanda había sido la base de casi todo el pensamiento económico de la posguerra y había demostrado ser la forma probada de salir de los apuros económicos, el estancamiento y el desempleo masivo. Sin embargo, este remedio no se ajustaba a las condiciones de principios de los años setenta. Tras dos décadas de elevado crecimiento, había pleno empleo; el problema era el aumento de la inflación. La inyección de fondos en la economía solo era una garantía de que aumentarían las presiones inflacionarias y el estímulo de la demanda solo provocaba la reclamación de subidas salariales. Sin un aumento de la productividad, esto solo alimentaba la inflación. Buena parte de los trabajadores (que seguía aumentando), y en particular en el sector público en expansión, pertenecía a sindicatos; en 1970, unas dos terceras partes de ellos en Suecia, la mitad en Gran Bretaña y una tercera parte en Alemania Occidental, aunque poco más de una quinta parte en Francia. Los sindicatos podían aprovechar el pleno empleo y la escasez de mano de obra para conseguir aumentos salariales a veces espectaculares (un 19 % en la industria italiana en 1969) sin los correspondientes aumentos de la productividad. A los gobiernos les resultaba cada vez más difícil hacer frente a los niveles de gasto público, sobre todo en materia de asistencia social, que a principios de los años setenta representaba entre el 40 % y el 50 % del gasto de los países occidentales, desde el final de la guerra se había multiplicado por una media de cuatro en Europa occidental y aumentaba con especial rapidez en Italia y Francia. En estas circunstancias, la teoría keynesiana no ofrecía soluciones.

En unas condiciones económicas que no dejaban de empeorar, el impacto de la crisis petrolera de 1973 en la economía occidental fue inmenso. En general, los países reaccionaron en función de sus intereses nacionales; Francia intentó llegar a acuerdos especiales con Irak, y Gran Bretaña con Irán y Kuwait. Ni Gran Bretaña ni Francia se vieron gravemente afectados por el embargo, a diferencia de Holanda, el país más perjudicado. En realidad, el embargo ya se había levantado en Europa (aunque no en Estados Unidos) en noviembre de 1973, después de que la Comunidad Europea emitiera una declaración que se interpretó como relativamente favorable a la postura árabe en el conflicto de Oriente Medio. No obstante, persistían las dificultades para coordinar políticas teniendo en cuenta los diferentes intereses nacionales. Cuando en noviembre de 1974 Estados Unidos y otros quince países crearon la Agencia Internacional de la Energía, planeada entre otras cosas como un foro para elaborar planes de contingencia para compartir petróleo en caso de una nueva emergencia, Francia no quiso tener nada que ver con ella porque juzgó que su participación podría perjudicar sus relaciones con la OPEP, mientras que Gran Bretaña y Noruega, que habían descubierto sus propios yacimientos petrolíferos en alta mar, se reservaron el derecho a actuar por su cuenta.

El fuerte impacto de la crisis del petróleo también se sintió en Europa del Este, donde tuvo efectos nocivos a largo plazo. En realidad, la Unión Soviética, un importante productor de petróleo, se benefició de la subida del precio mundial del crudo e incrementó enormemente sus ingresos exportando fuera de Europa oriental, a economías de mercado desarrolladas. El aumento de la producción de los yacimientos petrolíferos de Siberia occidental servía para pagar las importaciones de Occidente, y durante algún tiempo la inesperada bonanza ocultó las deficiencias subyacentes de la economía soviética. Las demás economías socialistas del otro lado del Telón de Acero, que salvo en el caso de Rumanía carecían de reservas de crudo propias, se hallaban en una posición mucho menos afortunada. (Las reservas de petróleo de Rumanía amortiguaron el impacto en el país de la crisis de 1973, pero fueron insuficientes para cubrir un aumento de la demanda de petróleo que durante los años setenta se triplicó. Incluso allí tuvieron que importar petróleo, lo que a finales de la década causó un gran aumento de la deuda externa de Rumanía). La Unión Soviética aumentó los precios (aunque menos del valor del mercado mundial) a los estados miembros de su bloque económico (COMECON), insistiendo en el pago en divisas o la entrega de productos industriales acabados. Los suministros de la Unión Soviética eran vitales para sus satélites y sin ellos sus problemas políticos se podrían haber vuelto difíciles de contener. Sin embargo, una consecuencia decisiva de la crisis del petróleo fue que los países socialistas se vieron obligados a pedir préstamos al Occidente capitalista. Sus deudas con los países occidentales empezaron a aumentar de un modo alarmante en una espiral de la que no parecía haber manera de escapar. Durante los años setenta y ochenta la deuda en dólares de Hungría se multiplicó por dieciocho, la de Polonia por veinte y la de la República Democrática Alemana por más de cuarenta. A finales de los años setenta, el crecimiento se había ralentizado drásticamente o había pasado a ser negativo en toda la región.

Yugoslavia, fuera del bloque soviético, tuvo problemas similares. Entre 1973 y 1981, el endeudamiento del estado pasó de 4600 a 21 000 millones de dólares. Al principio, los ciudadanos corrientes no percibieron ninguna señal clara de la existencia de problemas, pues el crecimiento siguió adelante y el estado continuó gastando grandes cantidades en nuevos hoteles, pabellones de deportes y carreteras. Los niveles de vida se mantuvieron. Pero, al igual que en otros países socialistas, la necesaria transformación económica y el aumento de la competitividad eran casi imposibles dentro del sistema, así que la caída del crecimiento, el aumento de la deuda pública, el desempleo y la inflación se aceleraron. En 1984, los niveles de vida habían caído un 30 %. Las desigualdades económicas entre las repúblicas yugoslavas se ampliaron; a finales de los años setenta, por ejemplo, Eslovenia era nueve veces más rica que Kosovo, lo que aumentaba las posibilidades de que se produjera un conflicto étnico. Tal vez no fue una sorpresa que a la muerte de Tito en mayo de 1980 le siguiera poco después un estallido de la violencia étnica en Kosovo entre albaneses y serbios, un anuncio de que lo peor estaba por llegar.

En Europa occidental no hubo manera de escapar a las consecuencias inmediatas de la crisis del petróleo. Los gobiernos adoptaron medidas de emergencia para hacer frente a la escasez de crudo, recurriendo en muchos casos al racionamiento de la gasolina y el gasóleo para calefacción, la restricción del uso no esencial de vehículos (sobre todo los domingos) y la imposición de límites de velocidad para reducir el consumo. (Los ciudadanos empezaron a comprar vehículos más pequeños y con un consumo más eficiente para gastar menos en gasolina). El gobierno británico exhortó a la población a calentar una sola habitación de la casa durante los fríos meses de invierno; los holandeses fueron amenazados con penas de cárcel si excedían el consumo eléctrico permitido. El pánico amainó en cuanto se levantó el embargo.

La multiplicación por cuatro del precio del petróleo fue mucho más nociva. En la segunda mitad de 1974, provocó una grave recesión, redujo la producción industrial y ocasionó una caída del producto interior bruto. Los problemas de la balanza de pagos se vieron enormemente exacerbados por el drástico aumento del precio de las importaciones de petróleo. En 1974 los precios de las materias primas subieron en toda Europa más de un 13 %, disparando aún más la ya elevada inflación. Comparados con los años 1950-1973, en la década de 1973 a 1983 los precios al consumo fueron como media doce veces más altos, más de cuatro veces mayores en los países mediterráneos. Como siempre, la inflación perjudicó sobre todo a quienes tenían ingresos, pues el aumento de los precios se trasladó al consumidor, lo que se tradujo inevitablemente en demandas salariales para hacer frente al aumento del coste de vida y agravaron aún más la inflación cuando fueron satisfechas, lo que fue bastante frecuente gracias a la fuerza de los sindicatos. Pero la subida de los costes laborales provocó despidos. Más de siete millones de personas en Europa occidental se quedaron enseguida sin trabajo y el desempleo pasó de una media de entre el 2 % y el 4 % entre 1950 y 1973 al 12 % en la década siguiente. Los más perjudicados fueron los antiguos sectores intensivos en mano de obra (la minería, la siderurgia, la construcción naval, la industria textil), donde se registraron enormes caídas de la producción (agravadas por la creciente competencia de la producción industrial japonesa en rápida expansión) y elevados niveles de desempleo.

El aumento del paro, añadido a la subida de la inflación, fue un fenómeno que contradecía los análisis económicos clásicos. Los primeros intentos de combatir la recesión económica con medidas reactivadoras para impulsar la demanda solo empeoraron la situación. La «estanflación», como se la conoce, variaba dependiendo de la fortaleza económica y las estructuras industriales. La economía más pujante, la de Alemania Occidental, la afrontó con relativa eficacia, pues entre 1973 y 1981 la inflación se mantuvo por debajo del 5 % y el desempleo por debajo del 3 %; la perturbación de la economía, que todavía registraba un crecimiento de casi el 2 %, fue relativamente menor. En los países más afectados, Gran Bretaña e Italia, fue mucho más severa. La economía italiana todavía crecía con solidez, pero la inflación rondaba el 17,6 %. Gran Bretaña tuvo la peor tasa de crecimiento, de solo el 0,5 %, entre 1973 y 1981, mientras que la inflación se situó en un promedio del 15 %.

A principios de los años setenta, Gran Bretaña, antaño la mayor potencia industrial del mundo, se encontraba en un estado lamentable. Largos años de inversiones insuficientes, arcaicas estructuras sindicales, mala gestión y fallos políticos en la planificación económica por parte de los sucesivos gobiernos habían debilitado considerablemente al país, tanto en el ámbito económico como en el político. La tentativa del gobierno laborista de reformar los sindicatos había sido un rotundo fracaso. A los conservadores, que en 1970 llegaron al poder con Edward Heath al frente, les fue aún peor, tanto en la gestión de la economía como en el manejo de los conflictos laborales. Los precios y los salarios habían mantenido una espiral alcista, disparando la inflación. En 1972, los precios aumentaron un 7 %, mientras que los ingresos industriales un 16 %. Ese año el gobierno capituló ante una huelga de los mineros, la primera huelga nacional de la minería del carbón desde 1926, y concedió un aumento salarial que duplicaba con creces la tasa de inflación. Entre tanto se había aplicado una política de estímulo del crecimiento mediante la reducción de impuestos. Aunque la tasa de crecimiento se disparó (temporalmente), el boom se limitó a añadir más leña al fuego de la inflación, que el gobierno intentó en vano controlar imponiendo límites a los aumentos salariales. Y todo esto sucedió antes de la crisis del petróleo.

La creciente crisis en las relaciones laborales, mientras la economía se tambaleaba debido al impacto de la vertiginosa subida de los precios de la energía, llegó a un punto crítico en 1974, después de que el Sindicato Nacional de Mineros, el sindicato más poderoso del país, hubiera exigido un gran aumento salarial, muy por encima de la restricción salarial aprobada recientemente por el gobierno conservador. Esto dio lugar a la declaración del estado de excepción, el racionamiento del consumo eléctrico y la adopción de la semana laboral de tres días en la industria. El pánico hizo que se dispararan las compras; una fábrica de Londres producía un millón de velas al día debido al temor de la población a los cortes de electricidad. Sorprendentemente, la producción industrial apenas disminuyó, una señal de la falta de productividad en la semana laboral normal de cinco días. En febrero de 1974 el conflicto acabó por convertirse en una demostración de fuerza entre el gobierno y el sindicato en la elecciones generales convocadas específicamente por Edward Heath para responder a una pregunta: «¿Quién gobierna Gran Bretaña?». El electorado respondió que no era el gobierno.

La nueva administración laborista encabezada por Harold Wilson accedió de inmediato a las demandas salariales de los mineros. Como era de prever, esto desencadenó una explosión de los sueldos. Las ganancias aumentaron un 24 % en 1975, pero la inflación alcanzó el 27 %, mientras que el desempleo aumentó a más de un millón de trabajadores, el doble del nivel de cualquier año de las dos últimas décadas. El gasto del gobierno estaba fuera de control, con el gasto público disparado al 46 % del producto interior bruto. El déficit de la balanza de pagos se había multiplicado por más de tres desde el comienzo de la crisis del petróleo y se situaba en un máximo histórico. El Banco de Inglaterra elevó el tipo de interés, pero no pudo impedir que continuara la especulación contra la libra esterlina. En 1976, el gobierno británico sufrió la humillación de tener que ir a mendigar al Fondo Monetario Internacional un préstamo de 3900 millones de dólares, el mayor en la historia de este organismo. Los inevitables recortes del gasto, ahora aplicados por un ministro de Hacienda laborista, Denis Healey, que afectaron sobre todo a la vivienda y la educación, permitieron una pequeña rebaja del déficit y una bajada de la inflación, al tiempo que reducían los ingresos del estado procedentes de los impuestos. Pero limitar la subida de los salarios al 5 %, muy por debajo del costo de la vida, conllevaba un deterioro del nivel de vida, en particular en el sector público, que los sindicatos no estaban dispuestos a aceptar. El número de días perdidos en conflictos laborales aumentó alarmantemente hasta alcanzar en 1979 el pico de la posguerra, un nivel comparable a los peores del siglo. En el célebre «invierno del descontento» de 1978-1979, había cadáveres sin enterrar porque los sepultureros estaban en huelga, la basura se amontonaba en las calles porque los trabajadores de la limpieza estaban en huelga, los niños no podían entrar a las escuelas porque los conserjes estaban en huelga y no se admitían enfermos en los hospitales porque el personal auxiliar estaba en huelga.

Fue en este contexto cuando se produjo la rotunda victoria del Partido Conservador, encabezado por Margaret Thatcher, en las elecciones generales celebradas el 3 de mayo de 1979. Fue un giro hacia el neoliberalismo, que señalaba un enfoque radicalmente diferente de los problemas que durante los años setenta habían acosado a los gobiernos británicos.

En Gran Bretaña, al menos, en 1975 estaba empezando a fluir el petróleo del mar del Norte y en 1980 ya superaba a la producción de Irán o Kuwait. Italia, sin embargo, no tenía petróleo, aunque este satisfacía el 75 % de las necesidades energéticas del país. Junto con Gran Bretaña, Italia tenía una tradición de relaciones laborales conflictivas, en contraste con los sistemas más corporativos de Escandinavia, Alemania Occidental, Austria, Suiza, los Países Bajos y Bélgica. Los conflictos laborales eran endémicos, y los graves problemas económicos de principios de los años setenta fueron el trasfondo del incremento de la violencia política en las campañas de las Brigadas Rojas y otras facciones militantes (véase el capítulo 6). Con una inflación elevada persistente y un déficit de la balanza de pagos que crecía con rapidez, Italia se vio obligada a pedir grandes préstamos a Alemania Occidental y al Fondo Monetario Internacional, que trajeron consigo severas medidas deflacionarias y restricciones en oferta monetaria. La recesión resultante provocó un estancamiento de la producción, un aumento del desempleo y un incremento del gasto público hasta el 55 % del producto interior bruto en 1982, un porcentaje mayor que en cualquiera de los principales países de Europa occidental. Solo la considerable «economía sumergida» de Italia impidió un declive aún mayor. Se calcula que entre cuatro y siete millones de italianos se beneficiaron de este lado «no oficial» de la vida económica de la nación, que en 1979 representaba hasta el 20 % de la economía.

A finales de los años setenta Gran Bretaña e Italia seguían estancadas, pero, en general, se produjo una recuperación lenta y precaria de lo peor de la crisis estimulada por las robustas economías europeas de Alemania Occidental y Suiza y, fuera de Europa, de Japón. También contribuyeron a ella los «petrodólares» que fluían de los países productores de petróleo de Oriente Medio a las economías occidentales, a menudo a cambio de encargos de infraestructuras de capital o de armamento militar.

Apenas había comenzado la incipiente recuperación de finales de los años setenta cuando en 1979 una segunda crisis petrolera la frenó en seco. Esta siguió a la revolución en Irán en enero de ese año, cuando tras meses de disturbios masivos que ni siquiera la brutalidad de la policía secreta pudo controlar, el sah de Irán fue depuesto. El poder del sah, poco más que un títere de Estados Unidos, se había consolidado en 1953, tras las exitosas maquinaciones de la CIA y el MI6 británico para deponer al gobierno elegido democráticamente, pero la mayoría de la población detestaba al régimen. A su regreso el 1 de febrero de su exilio en Francia, el líder espiritual de la oposición chií, el ayatolá Jomeini, fue recibido por una entusiasta multitud en Teherán y proclamó una república islámica. Se iniciaba así una nueva etapa de grave y duradera inestabilidad política; no solo en la región, sino en todo el mundo.

Una de las consecuencias de la agitación fue una brusca caída de la producción iraní de petróleo. Aunque Arabia Saudí aumentó la producción, el recuerdo de la crisis anterior bastó para provocar un nuevo pánico. La fuerte caída de la producción tanto en Irán como en Irak, cuando en 1980 estos dos grandes países productores de petróleo iniciaron una guerra brutal que duró ocho años, no contribuyó a calmar los nervios. Entre 1979 y 1981 el precio del crudo se volvió a triplicar, alcanzando por entonces una cifra diez veces superior a la de 1973. Se trataba, una vez más, de una crisis mundial y las peores consecuencias las padecerían los países pobres en vías de desarrollo. Europa occidental se hallaba en una posición mejor, ya que el petróleo del mar del Norte empezaba a fluir en cantidades importantes y el desarrollo de la energía nuclear estaba acelerando el paso. Sin embargo, las economías europeas eran menos fuertes que al comienzo de la crisis de 1973, y por consiguiente la recesión que siguió a la segunda crisis petrolera fue en cierto modo más grave. La moral ya estaba baja y la inquietud había aumentado. Los gobiernos no habían sido capaces de encontrar soluciones al problema de la «estanflación». Una nueva filosofía económica, que descartaba los imperativos keynesianos predominantes desde el final de la segunda guerra mundial, estaba empezando a ser vista como la única manera de combatir el malestar.

La obra teórica que estaba empezando a encontrar nuevos conversos, sobre todo en Estados Unidos y Gran Bretaña, fue Capitalismo y libertad (Capitalism and Freedom), publicada en 1962 por el eminente economista Milton Friedman, una destacada figura de las Escuela de Economía de Chicago. Representaba un rechazo frontal del keynesianismo. La intervención del estado en la economía para estimular la demanda quedaba descartada, y lo mismo era válido para la regulación estatal de los mercados mediante la política fiscal. Friedman defendía una economía autorregulada por las fuerzas del libre mercado y sostenía que la oferta monetaria determinaba el nivel de los precios. Si la oferta monetaria se mantenía en consonancia con el producto nacional bruto, la inflación dejaría de ser un problema. En realidad, la oferta monetaria había superado ampliamente a la producción. Así pues, la restricción monetaria era el remedio necesario para mantener controlada la inflación, incluso aunque fuera a costa de un mayor desempleo. Esta filosofía monetarista fue la base de lo que se conocería como «neoliberalismo» (aunque «monetarismo» era un término más apropiado para la teoría y era el que preferían sus exponentes).

El «neoliberalismo» tenía un largo linaje intelectual entre cuyos primeros defensores se encontraban los economistas austríacos Ludwig von Mises y Friedrich Hayek. La influencia de Hayek, en particular, fue considerable. Hayek nacido en Austria en 1899 pero emigrado en 1938 a Inglaterra (donde obtuvo la nacionalidad británica), alcanzó tardíamente la condición de gurú debido en buena medida a un libro que había publicado en 1944, Camino de servidumbre (The Road to Serfdom). En él vinculaba el socialismo (que consideraba inseparable de una intervención coercitiva destinada a crear igualdad) y la planificación estatal con la servidumbre. Hayek sostenía que solo la competitividad del libre mercado liberada de los controles del estado era compatible con la libertad democrática. Hayek escribía en un tono enérgico, comprensible no solo para otros economistas, y transformó una teoría económica en toda una ideología social y política. Cuestionaba a fondo todos los preceptos que sustentaban el consenso de posguerra sobre el estado de bienestar, que había supuesto unos niveles impositivos elevados y el control centralizado por el gobierno de una economía basada en la nacionalización parcial de la industria y un gran sector público.

En realidad, los gobiernos continuarían combinando aspectos del keynesianismo con el monetarismo, pero el reconocimiento oficial del monetarismo como la nueva ortodoxia en dos países, Gran Bretaña y Estados Unidos, no tardaría en llegar. En enero de 1980, Ronald Reagan tomó posesión del cargo de presidente de Estados Unidos y su política económica, que no tardaría en ser denominada «reaganomía», incorporó una adaptación del monetarismo (aunque el dogma neoliberal fuera ignorado cuando se trataba del estratosférico aumento del gasto militar y la triplicación de la deuda nacional).

De las principales economías de Europa occidental, solo Gran Bretaña fue una precoz y ávida conversa al neoliberalismo. En los años setenta casi todos los países se vieron obligados a introducir gradualmente medidas deflacionarias para estabilizar sus economías. El temor a una inflación galopante fuera de control se había convertido en un tema dominante de la política. Pero mientras que la deflación era una estrategia, el neoliberalismo era una ideología. En realidad, la deflación no era el objetivo del neoliberalismo, aunque solía formar parte del arsenal utilizado para reducir el gasto público y el endeudamiento, sino que lo que se proponía el neoliberalismo era generar crecimiento a largo plazo mediante una baja tributación, la desregulación, la privatización de la industria y de los servicios públicos, y la reducción del tamaño del sector público. El objetivo general era sustituir al estado por el mercado como fuerza motriz y controladora de la economía.

La gravedad de los problemas económicos de Gran Bretaña a principios de los años setenta, el empeoramiento de las relaciones laborales que provocó un conflicto frontal entre el gobierno y sindicatos grandes y poderosos, las afinidades culturales de Gran Bretaña con los principios del liberalismo económico y social estadounidense y, sobre todo, el papel personal de Margaret Thatcher, que llevó adelante un nuevo programa económico pese a una fuerte oposición, explican la excepcionalidad británica al adoptar el marco monetarista del neoliberalismo. Estados Unidos y Gran Bretaña encabezaron el «giro neoliberal», que, con su efecto dominó, tuvo un importante impacto en las vidas de millones de personas corrientes. El neoliberalismo tropezó con resistencia en el resto de Europa occidental, donde hubo mayores intentos de conservar la base consensual de la economía y la política que tan grandes dividendos había arrojado en la posguerra y proteger industrias nacionales importantes de los efectos más nocivos de la severa y rápida reestructuración. Sin embargo, a partir de los años ochenta, las privatizaciones, la desregulación, la reducción del tamaño del sector público y los intentos (no siempre eficaces) de restringir los derechos de los sindicatos y de los trabajadores pasaron a formar parte de los programas de la mayoría de los gobiernos.

LA POLÍTICA DE LA RECESIÓN

Las condiciones económicas drásticamente alteradas, enmarcadas por dos profundas recesiones tras las crisis petroleras de 1973 y 1979, tuvieron un impacto inevitable en los sistemas políticos de los países situados a ambos lados del Telón de Acero, pero, había una diferencia fundamental en cuanto a su capacidad para adaptarse. A mediados de los años ochenta, la gestión de la economía en toda Europa occidental había sustituido el keynesianismo por el neoliberalismo, y esto tuvo consecuencias dolorosas. A medida que iban desapareciendo sectores poco rentables de la industria, muchas personas vieron cómo se destruía o se dañaba su medio de vida y decenas de miles de personas se quedaron sin empleo. Las posibilidades de que estallaran conflictos aumentaron enormemente. Aun así, los sistemas democráticos liberales, pese a estar sometidos a una presión cada vez mayor, consiguieron aguantar.

Los países del bloque socialista de Europa oriental se enfrentaron a dificultades más graves. Sus economías planificadas, ineficientes, poco competitivas, desfasadas tecnológicamente y demasiado dependientes de la industria pesada, eran inflexibles. Era imposible alterarlas en lo fundamental sin cambiar los sistemas políticos que las controlaban y la inflexible ideología que determinaba esos sistemas políticos. Apenas tenían margen de maniobra sin socavar las bases del sistema político marxista-leninista. Los estados comunistas superaron las turbulencias de los años setenta con gran dificultad, y al comienzo de la década siguiente no existía la sensación de que serían las últimas que experimentarían esos estados. Sin embargo, salieron de los años de crisis de la década de los setenta muy debilitados, y esa debilidad fue el telón de Aquiles de la propia Unión Soviética. Si un estado del bloque se desmoronaba, el riesgo de que se produjera un efecto dominó era real. Polonia ya había dado muestras en varias ocasiones de ser el eslabón más débil de la cadena, y efectivamente fue en Polonia donde se manifestó la mayor amenaza a la estabilidad de todo el bloque soviético.

Las deudas de Polonia con los países occidentales eran ocho veces mayores en 1975 que cinco años antes; los precios de los alimentos solo se mantenían bajos gracias a fuertes subsidios estatales, pese a ser un país donde casi una tercera parte de la población todavía trabajaba en la agricultura. Cuando en 1976 el gobierno intentó combatir la espiral de la deuda mediante una fuerte subida de los precios de los alimentos (un 50 % la mantequilla, más de un 60 % la carne y el doble el azúcar), se desencadenaron una serie de huelgas en la que participaron miles de trabajadores y se acabó revocando la subida de los precios. Seguiría una dura represión contra quienes se quejaban. Esto propició la formación de grupos de protesta entre los intelectuales, entre los que destacaba Jacek Kuroń, el cofundador con Antoni Macierewicz del Comité de Defensa de los Trabajadores (KOR, por sus siglas en polaco), cuya finalidad era prestar asistencia jurídica a los detenidos y distribuir información sobre sus juicios.

La Iglesia Católica, que pidió la liberación de los trabajadores detenidos, también se estaba convirtiendo en una voz importante de oposición nacional al régimen, tendencia que en octubre de 1978 se vio muy reforzada con la elección del arzobispo de Cracovia, el cardenal Karol Wojtyła, como el papa Juan Pablo II. El líder polaco, Edward Gierek, previó enseguida problemas para el régimen. No se equivocaba. Una tercera parte de la población polaca, unos doce millones de personas, acudió a recibir al papa cuando realizó un emotivo regreso a su patria en junio de 1979. Pese a que el Kremlin le aconsejó que no la autorizara, Gierek pensó que no podía evitarla, y las exultantes multitudes fueron una clara señal de que la influencia ideológica del comunismo en el pueblo polaco era por entonces muy escasa. Kazimierz Brandys, un destacado escritor polaco que había estado afiliado al Partido Comunista hasta que se distanció del régimen, fue testigo de la euforia que se desató cuando el papa visitó Varsovia. «Creo que en estos momentos todo el mundo debe haber visto en Juan Pablo II a la encarnación espiritual de la historia nacional», escribió en su diario. La visita del papa a Polonia resultaría ser el catalizador de los acontecimientos que harían que en los meses siguientes el régimen se tambaleara.

Al año siguiente, la crisis económica de Polonia se había agravado. Casi todos los ingresos de las exportaciones se destinaban a pagar los intereses de una deuda que no dejaba de crecer y, de nuevo, la respuesta del gobierno consistió en subir el precio de los alimentos, a lo que se añadieron el racionamiento y los cortes de energía. Una vez más, la clase obrera polaca respondió airadamente, organizando grandes huelgas en todo el país. En agosto de 1980, el comité de huelga de los astilleros de Gdańsk, encabezado por Lech Wałęsa, un electricista de treinta y siete años, exigió unos sindicatos libres, el derecho a la huelga y la libertad de prensa, así como que los «auténticos» intereses de la clase obrera fueran representados por unos sindicatos independientes, lo cual constituía un cuestionamiento directo del supuesto de que el Partido Comunista era el único representante de la clase trabajadora. Cuando las huelgas se extendieron, el gobierno se vio obligado a negociar y el 31 de agosto aceptó casi todas las peticiones de los trabajadores. El 17 de septiembre se formó una federación independiente de sindicatos libres, con Wałęsa como presidente, a la que llamaron Solidaridad (Solidarność), nombre que los huelguistas ya habían adoptado el mes anterior. En apenas unos meses tenía ya 9,5 millones de afiliados, mientras que los sindicatos comunistas oficiales habían perdido para entonces 8,6 millones de afiliados. Solidaridad aspiraba a una reforma dentro del sistema existente, no derribarlo, pero lo que involuntariamente había hecho era introducir como principio el derecho a la libre asociación, algo intrínsecamente incompatible con el sistema de estado comunista.

Alarmados ante la idea de que esto fuera el principio de algo peor, algunos dirigentes comunistas, entre los que destacaba Erich Honecker, jefe de Estado de la República Democrática Alemana, instaron a la Unión Soviética a intervenir. Leónidas Breznev se contuvo. El nuevo líder del partido en Polonia, Stanisław Kania (Gierek había dimitido a principios de septiembre, alegando motivos de salud), le había advertido de que una invasión como la de Checoslovaquia doce años antes desencadenaría un levantamiento nacional. Se aconsejó a los dirigentes polacos que pusieran su casa en orden. Una señal de que se estaban preparando para hacerlo fue el ascenso al cargo de primer ministro, en febrero de 1981, del ministro de Defensa, el general Wojciech Jaruzelski, un personaje de aspecto un tanto siniestro oculto tras sus características gafas oscuras. Cuando la escasez de alimentos, el racionamiento y las tiendas vacías en el verano desencadenaron nuevas protestas masivas, Jaruzelski recibió fuertes presiones de Moscú para que actuara, y en septiembre las presiones se intensificaron cuando Solidaridad hizo un llamamiento a los trabajadores de otros países socialistas para que fundaran sus propios sindicatos libres. Tras algunos titubeos, el 13 de diciembre de 1981 Jaruzelski decretó la ley marcial. Se ilegalizó Solidaridad y se detuvo a unos diez mil de sus afiliados (Wałęsa pasó más de un año en la cárcel, aunque en un régimen de confinamiento privilegiado), se revocaron las libertades concedidas y las primeras protestas espontáneas contra estas medidas draconianas fueron violentamente reprimidas. Los países occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, reaccionaron imponiendo sanciones económicas, aunque se sintieron aliviadas de que la Unión Soviética no hubiera intervenido militarmente. Finalmente el 21 de julio de 1983 se derogó la ley marcial (una primera fase ya había tenido lugar en diciembre de 1982), a lo que siguió el fin de las sanciones, después de una segunda visita del papa Juan Pablo II a Polonia que volvió a suscitar la adulación entusiasta de millones de ciudadanos. Pero no todas las restricciones desaparecieron: Solidaridad siguió estando prohibido, aunque, gracias en parte a la ayuda secreta de la CIA, sobrevivió en la clandestinidad como un movimiento disidente todavía potencialmente enorme. Su momento aún estaba por llegar.

Los acontecimientos de Polonia no se repitieron en ningún otro lugar del bloque oriental y en apariencia de recuperó la estabilidad. Para el resto del mundo, el viejo orden parecía tan intacto como siempre y era muy probable que continuara así indefinidamente. El valor de destacados disidentes despertó una gran admiración en Occidente. Entre ellos figuraban el escritor Aleksandr Solzhenitsyn (privado de la nacionalidad soviética y expulsado de la Unión Soviética a Alemania Occidental en 1974); el físico nuclear, ganador del premio Nobel y activista de los derechos humanos Andréi Sájarov (exiliado dentro de la Unión Soviética, en Gorki, en 1980); el cantautor Wolf Biermann (privado de la nacionalidad de Alemania del Este y expulsado de la RDA en 1976 mientras realizaba una gira de conciertos en Alemania Occidental); y en Checoslovaquia el dramaturgo Václav Havel, el escritor Milan Kundera (privado de la nacionalidad checa en 1979) y los 243 signatarios de la Carta 77, un movimiento de protesta de los intelectuales. El trato que recibieron de los represivos regímenes comunistas fue criticado de forma contundente y reiterada, pero nada parecía indicar que su oposición fuera algo más que un pequeño inconveniente para estos regímenes. Los crecientes problemas económicos en curso eran un desafío mucho más serio, aunque desde fuera apenas podía apreciarse su gravedad. La sensación de solidez monolítica, respaldada por el poder del Ejército Rojo, hacía que a la mayoría de los analistas occidentales les resultara casi imposible advertir los crecientes problemas para mantener el sistema de gobierno en el bloque oriental. Los regímenes parecían capaces de sostener su poder mediante un uso juicioso de los incentivos y las amenazas. Todo indicaba que, de momento, se había contenido el peligro para el sistema, incluso en Polonia.

Un cambio fundamental solo podía provenir de arriba, de los dirigentes de la Unión Soviética. A finales de los años setenta, esta posibilidad parecía sumamente improbable. La economía soviética, con sus estructuras fosilizadas, sin capacidad para la reforma y la renovación, se estaba deteriorando y, en opinión de algunos analistas, se enfrentaba a un declive crónico, pero aun así la existencia del sistema del gobierno soviético no parecía enfrentarse a un peligro real. ¿Podía continuar indefinidamente? Y ¿de dónde podía provenir el cambio?

En Europa occidental, la norma general era que cuanto más fuerte fuera la economía antes de que golpeara una crisis y mayor fuera el nivel de consenso político, más capaces eran los gobiernos de superar las dificultades. En cambio, los gobiernos tenían una tarea mucho más ardua cuando las crisis afectaban a economías sometidas a mayor presión y con una política menos consensuada. Las tentativas iniciales de utilizar técnicas keynesianas para impulsar las economías fueron dando paso gradualmente a recortes y medidas deflacionarias, incluso en el caso de los gobiernos socialdemócratas. La aceptación de la necesidad de tomar un nuevo rumbo económico era cada vez mayor y llegó incluso a los seguidores de partidos de izquierda. Lo más significativo fue que la democracia demostró su resistencia durante su peor crisis desde la segunda guerra mundial; en ningún lugar se vio amenazada como tan desastrosamente lo había estado durante la Gran Depresión de los años treinta.

Esto se debía en parte a la cooperación internacional que a todas luces había faltado durante la Gran Depresión, cuando se había abandonado a los países a su suerte y el nacionalismo económico formó parte de la espiral de hostilidad que condujo a la guerra. Durante los años setenta, en cambio, hubo tentativas de trabajar conjuntamente y coordinar respuestas a la crisis. A partir de 1975, el Consejo Europeo instituyó reuniones periódicas de los jefes de Gobierno de los estados miembros de la Comunidad Europea, y el mismo año, por iniciativa conjunta de los franceses y los alemanes occidentales, los jefes de Estado y de Gobierno de los seis principales países industriales occidentales (Alemania Occidental, Francia, Gran Bretaña, Italia, Estados Unidos y Japón) se reunieron en el Château de Rambouillet, en el norte de Francia, como el G6, que con la incorporación de Canadá en 1976 pasaría a ser el G7, para buscar maneras comunes de trabajar en aras de la recuperación económica y la estabilidad monetaria. A partir de entonces, las cumbres fueron un componente habitual de la gestión económica internacional, y aunque impopulares debido a las duras condiciones asociadas, los grandes préstamos del Fondo Monetario Internacional —una institución que, por supuesto, no había existido durante la Gran Depresión— rescataron a las maltrechas economías de Italia, Gran Bretaña y Portugal antes de finales de los años setenta.

La cooperación internacional desempeñó un papel importante en el mantenimiento de la estabilidad, pero en buena medida cada país tuvo que adaptarse a la crisis en función de su potencial nacional y sus tradiciones. Los partidos socialdemócratas solían tener dificultades para retener su apoyo, pues sus premisas ideológicas (el compromiso con el estado de bienestar, la regulación estatal de la economía, la creencia en una fiscalidad redistributiva para crear igualdad) eran cuestionadas. Incluso en Escandinavia, donde habían dominado durante tanto tiempo, los socialdemócratas estuvieron sometidos a presiones en los años siguientes a la crisis petrolera. En Suecia, los socialdemócratas se encontraron en la oposición por primera vez en cuarenta años cuando, en 1976, tomo posesión un gobierno de coalición de centro-derecha. El Partido Laborista noruego tuvo que depender del Partido Socialista, a su izquierda, para formar un gobierno en minoría después de 1973. Los socialdemócratas también tuvieron problemas en Dinamarca (donde los conservadores consiguieron sus mejores resultados en 1984) y en Finlandia, aunque se mantuvieron cuando surgieron nuevos partidos de protesta, lo que dificultó la formación de coaliciones estables.

Por lo general, en Europa occidental la tendencia fue una deriva hacia la derecha conservadora. La fragmentación de la «pilarización» que hasta los años sesenta había sido la característica distintiva de los Países Bajos y Bélgica continuó, lo cual generó la aparición de una serie de partidos políticos nuevos, pero en los años ochenta desembocó en la elección de gobiernos de coalición de centro-derecha decididos a abordar los problemas económicos con variantes de la política deflacionaria. En Austria, los trece años en el cargo de canciller de Bruno Kreisky tocaron a su fin cuando en las elecciones generales de 1983 el Partido Socialista perdió la mayoría absoluta. Los escándalos de corrupción habían perjudicado al partido, aunque la economía se mantenía estable. Permaneció en el gobierno, en minoría, con el apoyo del Partido de la Libertad de Austria (FPŐ, por sus siglas en alemán), todavía pequeño, que pronto viraría bruscamente hacia la extrema derecha del espectro político. Sin embargo, el ganador principal de las elecciones de 1983 fue el conservador Partido Popular Austríaco. En Suiza, el gobierno continuó estando formado, durante toda la crisis de los años setenta, por coaliciones entre los cuatro principales partidos (los socialdemócratas, los demócratas libres, los democristianos y el Partido Popular Suizo); la tendencia derechista fue menos acusada que en otros países debido a la fortaleza y la estabilidad financieras constantes de Suiza, aunque en las elecciones federales de 1983, por primera vez desde 1925, los socialdemócratas no lograron erigirse en el partido más votado. A medida que se debilitaba la base social de apoyo a la izquierda política (y el sindicalismo), el centro-derecha liberal y conservador iba ganando terreno y se fortalecía la influencia de las fuerzas del mercado.

El giro más brusco hacia la derecha se produjo en Gran Bretaña. Sin la experiencia británica concreta de la crisis, es improbable que Margaret Thatcher, que en febrero de 1975 había sustituido a Edward Heath como líder del Partido Conservador, hubiera llegado a ser primera ministra. Como señaló uno de sus biógrafos, Hugo Young: «Tuvo la gran suerte de ser catapultada a la jefatura cuando el partido estaba listo para el regreso a un tipo de conservadurismo fundamentalista con el que ella se sentía muy cómoda. El partido quería algo en lo que poder creer y ella estaba encantada de ofrecérselo». La primera mujer en el cargo de primera ministra (aunque es evidente que no era una feminista) dejó su impronta personal en el gobierno como no lo había hecho ningún otro primer ministro de la posguerra. A Thatcher le favorecieron mucho la debilidad y las divisiones en el seno del Partido Laborista, que en noviembre de 1980 giró bruscamente hacia la izquierda con un nuevo líder, Michael Foot, a quien muchos consideraban ineficaz por completo. En 1981, una facción entre aquellos que creían que el partido corría el riesgo de convertirse en una organización de corte marxista, capaz de atraer solo a una minoría de la población, se escindió para formar el Partido Socialdemócrata (SDP). Con una oposición tan dividida, el gobierno de Thatcher disponía de un margen inusualmente amplio para radicalizar sus políticas económicas.

Thatcher exponía sus opiniones con una sorprendente simplicidad que era bien recibida por parte de la población, aunque a otra buena parte les repelía. Era casi tan admirada como odiada. Consideraba repugnante la tendencia libertaria de «esa década de tercera categoría, los años sesenta», y ansiaba un regreso a los rectos «valores victorianos». En economía, sus ideas recordaban más al liberalismo decimonónico que al conservadurismo de «una nación» de otros líderes conservadores de la posguerra. El libre comercio y las fuerzas reguladoras del mercado, en lugar del intervencionismo y el control del gobierno, eran en su opinión el camino hacia la prosperidad y la fortaleza nacional. Los gobiernos debían vivir dentro de sus posibilidades, al igual que un ama de casa tenía que administrar el presupuesto familiar. El estado de bienestar, según Thatcher, reducía la autonomía y la iniciativa individual; aseguraba que no existía la «sociedad», solo individuos y familias. Era una política de convicciones arquetípica, cada vez más difícil de vencer en los debates, cerrada a las ideas con las que no estuviera de acuerdo instintivamente desde un principio, pero muy receptiva a aquellas que coincidieran con sus inclinaciones preexistentes.

Los primeros años de la economía thatcherista no fueron un éxito rotundo. La inflación se redujo y también el déficit, pero en 1983 el desempleo aumentó a más de tres millones, con la mayoría de las pérdidas de empleo concentradas en el sector manufacturero. Mucho de lo que había sido el carácter distintivo de la economía británica y de su mano de obra desapareció. El gasto público aumentó. Y también los impuestos, en lugar de experimentar una reducción como habían previsto los conservadores. La austeridad fue el telón de fondo de graves disturbios en doce de las principales ciudades de Gran Bretaña en 1981. Thatcher se negó rotundamente a alterar el rumbo. El periódico The Guardian predijo que había llegado la hora de escribir el «obituario del thatcherismo».

La invasión argentina en abril de 1982 de las disputadas islas Malvinas, muy alejadas en el Atlántico Sur (reclamadas desde hacía mucho tiempo por Argentina, aunque con una población ligada mayoritariamente a Gran Bretaña) acudió en su rescate. La invasión se interpretó como una afrenta al orgullo nacional británico y Thatcher hablaba en nombre de gran parte del país cuando se negó a someterse a la flagrante agresión. A mediados de junio de 1982, en un último adiós a las expediciones de estilo colonial que desconcertó a buena parte de Europa, las fuerzas británicas ya habían recuperado las Malvinas. Para Thatcher, era la prueba de que Gran Bretaña ya no era una nación en decadencia, y ella misma obtuvo una confianza nueva del liderazgo en la guerra. En el plano político, sus índices de aprobación, y los de su gobierno, se dispararon. Mientras tanto, la recesión había terminado, el crecimiento se había recuperado y la inflación había caído, aunque el desempleo permanecía persistentemente alto. Parecía que la situación empezaba a mejorar. Las elecciones generales de junio de 1983 arrojaron una mayoría conservadora mucho más amplia, mientras que los laboristas se desplomaron y obtuvieron los peores resultados desde 1931, con solo un 28 % de los votos nacionales. El thatcherismo se mostraba triunfante y triunfalista.

Para restablecer la grandeza británica era crucial, en opinión de Thatcher, acabar con el poder de los sindicatos. Estaba dispuesta a enfrentarse al Sindicato Nacional de Mineros, el más poderoso. Una vez más, contó con la enorme ayuda de la inepta gestión de sus adversarios. El sindicato minero, liderado por dos marxistas militantes, Arthur Scargill y Mick McGahey, estaba deseando una confrontación con el gobierno. En abril de 1984, Scargill convocó una huelga de los mineros para impedir el cierre de más pozos en un sector que ya estaba en declive, pero se negó a someter a votación la huelga. El sindicato se dividió cuando los mineros de algunas partes del país votaron a favor de continuar trabajando. Un segundo error táctico fue intentar convocar una huelga minera en los meses de verano y después de que el gobierno hubiera almacenado reservas de carbón.

La huelga fue una confrontación extraordinariamente enconada. La magnitud de la violencia entre los mineros en huelga y la policía alcanzó niveles nunca antes vistos en Gran Bretaña en el siglo XX. En Orgreave, una coquería en el sur de Yorkshire, el 18 de junio de 1984 se desató una batalla campal cuando la policía, que más tarde reconoció haber empleado una violencia excesiva, cargó a caballo contra miles de huelguistas. Los telediarios de ese día mostraron escenas de los agentes de policía golpeando a los mineros con porras, si bien no se pidió a ningún policía que rindiera cuentas por la excesiva violencia empleada. Decenas de mineros detenidos, acusados de provocar disturbios, fueron más tarde absueltos porque las pruebas policiales no eran fiables. La huelga decayó a principios de 1985 y terminó en el mes de marzo, cuando los mineros, cuyas familias estaban sufriendo tras meses sin ingresos, volvieron al trabajo. En total hubo más de once mil detenciones. La huelga entorpeció la recuperación económica, pero para el gobierno había merecido la pena. El Sindicato Nacional de Mineros perdió a la mitad de sus afiliados y el poder de los sindicatos quedaba gravemente debilitado. La minería del carbón cayó en picado. En 1980 llegó a haber 237 000 mineros trabajando en Gran Bretaña; una década más tarde solo había 49 000.

Tras la guerra de la Malvinas, la huelga de los mineros fue el segundo hito importante de la era Thatcher. No había un término medio: Thatcher polarizaba a la población como no lo había hecho ningún otro primer ministro de la posguerra. Reflejaba y exponía las profundas divisiones sociales en Gran Bretaña, basadas en las tradiciones de la lucha de clases. Dio voz a las frustraciones de la clase media y al resentimiento por la poderosa sensación de decadencia nacional, pero generó también una alienación y un odio extraordinarios en gran parte de la clase obrera industrial, que se veía como el blanco de la clasista política conservadora. El sur relativamente rico de Inglaterra constituía su base de apoyo, mientras que las regiones industriales del norte, Escocia y Gales, eran un territorio en gran medida hostil. Nunca llegó a conseguir en las elecciones el apoyo de ni siquiera la mitad de los votantes y la mayoría de la población detestaba sus valores decimonónicos. La idea de que los pobres lo eran debido a su falta de esfuerzo era rechazada por una inmensa mayoría; de hecho, por más personas en los años ochenta que durante la década anterior.

Lo que nadie, amigo o enemigo, negaba era que se trataba de una política dotada de coraje personal y de una determinación extraordinaria. Demostró a las claras ambas cosas cuando el 12 de octubre de 1984 explotó una bomba del IRA en el Grand Hotel de Brighton donde se alojaban los ministros durante la conferencia del Partido Conservador, que estuvo cerca de matarla a ella y a buena parte de su gobierno, dejando a cinco de sus colegas muertos y a otros mutilados de por vida. Thatcher insistió en que la conferencia prosiguiera como estaba previsto.

La campaña terrorista del IRA fue el rostro más violento del complejo problema de Irlanda del Norte: si, como quería la mayoría de la población protestante mayoritaria, debía seguir formando parte del Reino Unido o si, como insistía la minoría sobre todo católica de los nacionalistas republicanos, debía convertirse en parte de una Irlanda unificada. «The Troubles» (Los Problemas), como se los conocía, habían reaparecido a finales de los años sesenta, y en la década siguiente degeneraron en una intransigencia ideológica brutal marcada por la espantosa violencia cometida por paramilitares de ambos bandos. Cuando explotó la bomba de Brighton, tanto los gobiernos laboristas como conservadores habían intentado en vano solucionar el problema o, al menos, contenerlo. Seguía sin estar resuelto, tampoco por el gobierno de Thatcher.

A mediados de los años ochenta, se había controlado la inflación y se había debilitado a los sindicatos, aunque a un precio considerable para el tejido social, y aumentado la desigualdad. Lo que quedaba pendiente del programa neoliberal thatcherista era la cruzada para reducir el gasto público, privatizar las industrias nacionalizadas y recortar el gasto en protección social. Su amplia mayoría parlamentaria permitió a Thatcher abordar el objetivo fundamental de su estrategia: reequilibrar la economía de Gran Bretaña y restaurar su prestigio nacional.

Fuera de Gran Bretaña, donde las consecuencias políticas de la recesión económica fueron más graves fue en Italia. El país se enfrentaba al mismo tiempo al dramático empeoramiento de la situación económica, la inestabilidad gubernamental crónica, la permanente conflictividad laboral, la desafección generalizada y preocupantes brotes de violencia terrorista de movimientos revolucionarios (sobre todo, las Brigadas Rojas). El temor a un regreso de la derecha fascista estaba detrás de la iniciativa del líder del Partido Comunista, Enrico Berlinguer, de forjar un «compromiso histórico» entre los comunistas, los socialistas y los democristianos. Confiaba en que esa gran alianza antifascista pudiera superar las dificultades endémicas del país y supondría un nuevo comienzo. Esta iniciativa dependía en parte de que los propios comunistas se adaptaran a los nuevos tiempos. Por consiguiente, Berlinguer hizo que su partido diera la espalda a Moscú y apoyara un «eurocomunismo» de nuevo cuño (aunque algo impreciso), que rechazaba tanto el modelo soviético como la aceptación socialdemócrata del sistema capitalista. Sin embargo, en la práctica el eurocomunismo reconocía tácitamente la necesidad de trabajar dentro del capitalismo para construir un camino democrático hacia una sociedad socialista. Era un mensaje atractivo para muchos, sobre todo en las ciudades del norte.

Los comunistas, que parecían ir en camino de convertirse en el mayor partido de Italia, lograron grandes avances en 1976. Y puesto que no había posibilidades de un gobierno de centro-derecha, los democristianos se vieron en la necesidad de recurrir a los partidos de izquierda. El propio Berlinguer descartó la idea de formar una coalición izquierdista de los comunistas con el Partido Socialista, más pequeño, ya que esto podía provocar el giro a la extrema derecha que estaba deseando evitar. Tampoco quiso granjearse la hostilidad de Estados Unidos, inquieto por los avances del comunismo en Italia. Por consiguiente, prefirió establecer una alianza política informal con los democristianos. Pese a las tensiones intrínsecas, esta duró hasta que en mayo de 1978 las Brigadas Rojas asesinaron al antiguo líder democristiano y primer ministro, Aldo Moro (que había defendido la alianza).

En el marco de la alianza, la economía empezó a mostrar señales de que lo peor ya había pasado (en parte debido al mayor nivel de cooperación entre empresarios y sindicatos), se lograron algunas mejoras importantes en materia de protección social y, en 1978, se instituyó el marco de un servicio nacional de salud (que sustituyera a la provisión anterior fragmentada y descoordinada), aunque en la práctica no funcionó muy bien. Un logro no menos importante, dada la oposición de la Iglesia Católica, fue la legalización del aborto.

Sin embargo, cooperar con los democristianos no benefició mucho al Partido Comunista. Cuando en las elecciones de 1979 perdieron por primera vez desde la segunda guerra mundial una gran cantidad de votos, los comunistas volvieron a la oposición. Los democristianos recurrieron a una coalición con el pequeño Partido Republicano, de orientación izquierdista, y con los socialistas, cuyo líder, Bettino Craxi, sería nombrado en agosto de 1983 primer ministro. La inestabilidad gubernamental seguiría siendo una característica distintiva de la política italiana, pero la fuerte personalidad de Craxi y su destreza táctica permitieron que su administración durara cuatro años, más que la mayoría.

A mediados de los años ochenta, ya estaba en marcha el «segundo milagro económico» italiano. No era algo previsible al principio de la década, cuando la inflación estaba todavía en el 21 % y el crecimiento económico era mínimo, pero la sólida recuperación económica en Estados Unidos, la bajada del precio del petróleo, la disminución del terrorismo y el firme gobierno de Craxi propiciaron un giro notable. También se debió en no menor medida a la creciente seguridad que los círculos empresariales percibían desde que en 1980 se obligó al poderoso sindicato de obreros metalúrgicos a poner fin a una enorme huelga y a capitular ante las agresivas tácticas de sus patrones de la FIAT. El crecimiento económico se reanudó. Las pérdidas de la industria se transformaron en ganancias cuando las exportaciones se beneficiaron del creciente boom internacional y la demanda interna se vio impulsada por los ahorros que durante los malos años los ciudadanos habían reunido mediante la «economía sumergida». Al igual que en otros países, se introdujeron preceptos neoliberales y se inició la privatización de sectores no rentables de la industria. La reestructuración industrial redujo los costes laborales mediante despidos masivos y un clima favorable a la iniciativa empresarial sustituyó a los valores colectivistas anteriores. Sin embargo, la deuda nacional de Italia se mantuvo peligrosamente alta, mientras el norte de Italia se beneficiaba de manera desproporcionada del crecimiento de la economía, dejando atrás, como siempre, al sur.

Los gobiernos de las otras dos grandes naciones de Europa occidental, Alemania Occidental y Francia, sortearon la tormenta económica con menos traumas que Gran Bretaña o Italia. Se enfrentaron a problemas económicos similares cuando los precios de la energía se dispararon, pero los gestionaron mejor y se beneficiaron de tener unas economías fuertes que pudieron amortiguar la peor parte de la crisis petrolera. Sus gobiernos también estaban dirigidos por nuevos líderes muy competentes. Helmut Schmidt sucedió a Willy Brandt en el cargo de canciller de Alemania Occidental el 16 de mayo de 1974, tras la revelación de que uno de los asesores más cercanos de Brandt, Günter Guillaume, había espiado para los servicios de inteligencia de Alemania del Este. Solo tres días más tarde, Valéry Giscard d’Estaing, presidente de los Republicanos Independientes de centroderecha, derrotó por un escaso margen a François Mitterrand en las elecciones presidenciales de Francia. Ambos hombres tenían una experiencia y unos conocimientos sólidos en asuntos económicos: Schmidt como ministro de Hacienda de Brandt entre 1972 y 1974, y Giscard como ministro de Hacienda de De Gaulle entre 1962 y 1965. Schmidt, bien parecido, relajado, un fumador empedernido, con una seguridad que bordeaba la arrogancia, irradiaba un aire de fría competencia. Giscard, de modales aristocráticos, telegénico, la misma imagen del tecnócrata moderno con un completo dominio de sus competencias, parecía el rostro del futuro después del reinado paternalista de Charles de Gaulle y de su sucesor, Georges Pompidou.

La economía de Alemania Occidental había seguido creciendo espectacularmente, casi un 4 % anual de media entre 1976 y 1979, pero los problemas estructurales, muchos de ellos compartidos con otros países europeos, eran cada vez más evidentes. Viejo sectores, como la minería del carbón y el acero, que empleaban a muchísimos trabajadores, se estaban volviendo menos competitivos en los mercados mundiales, así que se produjeron despidos masivos cuando los pozos y las siderurgias cerraron sus puertas. Hubo protestas y huelgas en regiones industriales, aunque las tradiciones de las relaciones laborales corporativas, la disposición de los sindicatos a trabajar constructivamente con el gobierno y los generosos subsidios estatales para mitigar las consecuencias sociales en las zonas más perjudicadas evitaron los nocivos conflictos que se produjeron en Gran Bretaña e Italia.

Los sectores orientados a las exportaciones sufrieron debido a la fortaleza del marco alemán. Una manera de adaptarse era pasar de la fabricación en serie a la producción especializada, pero las tecnologías modernas otorgaban mucha importancia a los conocimientos especializados basados en las competencias y la formación. Así pues, los trabajadores no cualificados se encontraban en una desproporcionada desventaja en el mercado laboral. Al igual que en otras partes de Europa occidental, la tendencia en el empleo hacia los trabajos de oficina en el sector de servicios no podía compensar la magnitud de las pérdidas en la industria ni acomodar a la mayoría de los trabajadores no cualificados que habían perdido sus empleos. Las ramas de la economía más nuevas y que crecían con rapidez en las industrias de servicios tampoco necesitaban mucha mano de obra. El resultado inevitable fue el aumento del desempleo, que preocupaba en particular a los alemanes de más edad, quienes seguían teniendo vívidos recuerdos de los años treinta. En general, los alemanes tenían aún más miedo a la inflación. La triplicación de la tasa de inflación a más del 6 % anual a mediados de los años setenta, pese a ser baja en comparación con los niveles de los países vecinos, generó mucha preocupación. En Alemania Occidental, como en otros países, no existía una receta consensuada para hacer frente a la «estanflación», pero, aunque no hubiera a la vista ningún modelo económico nuevo, era evidente que las viejas soluciones keynesianas habían quedado obsoletas.

La segunda crisis petrolera, en 1979, fue más perjudicial para la economía de Alemania Occidental que la primera, la de 1973. En 1980 el crecimiento económico cayó a solo el 1,9 %, en 1981 al -0,2 % y en 1982 al -1,1 %. El desempleo alcanzó niveles sin precedentes en la posguerra: dos millones en 1983 (casi una décima parte de la población activa). La inflación, en el 6,1 % en 1981, se mantenía obstinadamente alta. Los salarios, para quienes todavía tenían empleo, cayeron en relación con el poder adquisitivo. Como consecuencia del aumento del gasto público, debido en parte a los costes del elevado desempleo, y al descenso de los ingresos fiscales, el endeudamiento del estado aumentó; en 1982 se había multiplicado por más de cuatro con respecto a 1970. Helmut Schmidt estaba por entonces sometido a presiones de la izquierda de su partido que solo en parte se debían a la fuerte recesión económica y al aumento del desempleo. Aún más importantes eran los crecientes temores respecto a la energía nuclear, que, en los años setenta, se había promovido ampliamente para reducir la dependencia del petróleo, las protestas más firmes por los daños ambientales causados por la industrialización y, sobre todo, la reaparición de una profunda inquietud ante la probabilidad de una guerra nuclear cuando la reanudación de las tensiones entre las superpotencias marcó el fin de la distensión y el inicio de la «segunda guerra fría».

En este clima, cada vez se hacían oír más las voces entre los socios de coalición del SPD, el Partido Democrático Libre (que hablaba en nombre de muchos dirigentes empresariales), que reclamaban un cambio de rumbo económico y un cambio de gobierno. El punto de ruptura de la coalición llegó cuando los demócratas libres publicaron un análisis que proponía lo que, en la práctica, equivalía a un giro hacia el neoliberalismo. Incluía recortes en las prestaciones por desempleo y las pensiones, reducciones fiscales, mayor desregulación, más inversiones y mayor dependencia de las fuerzas del mercado que de la intervención estatal. Invitaba a una colisión con la rama sindical del SPD, que seguía defendiendo la intervención del estado y una estrecha dirección gubernamental de la economía. Era evidente que la coalición había tocado a su fin. Los líderes del FDP organizaron un cambio de socios de coalición. El 1 de octubre de 1982 Schmidt fue reemplazado como canciller federal por Helmut Kohl, el líder democristiano durante una década. El FDP, el eterno superviviente pese a su ínfimo apoyo electoral, permaneció en el gobierno.

Alemania Occidental, y Europa en su conjunto, tuvieron suerte de tener al frente a Helmut Schmidt, «el canciller de la crisis» (como le llamó el historiador Heinrich August Winkler en uno de los muchos tributos entusiastas que le dedicaron tras su muerte en noviembre de 2015), durante los turbulentos años de la década de los sesenta. Schmidt, pragmático y con un temperamento flemático, había sido lo opuesto a su visionario y carismático predecesor en la cancillería, Willy Brandt. Sin embargo, a la hora de hacer frente al impacto de las dos crisis petroleras y la creciente tensión internacional de finales de los años setenta, la pericia y el criterio de Schmidt habían sido muy valiosos, y no solo para su país.

En realidad, el sistema político se había mantenido extraordinariamente estable durante las turbulencias económicas de los años setenta. En esos años, los dos partidos principales, el Partido Socialdemócrata y la Unión Cristiana (que representaban a los partidos gemelos de la Unión Demócrata Cristiana y del ala bávara más pequeña, la Unión Social Cristiana), asistieron a un aumento de sus afiliados. Sin embargo, en 1980 muchos votantes de la Unión desencantados, que encontraban poco atractivo al candidato de la derecha a la cancillería, Franz-Josef Strauss (muy popular en los feudos bávaros del conservadurismo católico, pero mucho menos en otros lugares), se habían pasado a los demócratas libres. Estos fueron los principales beneficiarios de las elecciones de ese año, en las que incrementaron su apoyo electoral al 10,6 % frente al 7,9 % en 1976. La perdedora fue la Unión, que cayó al 44,5 % de los votos, mientras que el SPD se mantuvo estable con un 42,9 %. Con la derrota de Strauss, Kohl, más moderado, siguió siendo el líder indiscutible de la oposición. Estos resultados sirvieron de marco para su llegada al gobierno dos años más tarde.

El gobierno de Helmut Kohl siguió el curso general de los gobiernos de Europa Occidental afectados por la segunda crisis del petróleo, al adoptar medidas para reducir el gasto público (y sobre todo limitar el crecimiento del gasto social), aumentando al mismo tiempo la competitividad económica mediante la desregulación, un mercado laboral más flexible, incentivos fiscales y privatizaciones. Pese a que en la izquierda causó malestar y dio pie a protestas políticas, el gobierno, decidido a evitar una brusca alteración del rumbo, evitó llevar a cabo cualquier cambio de dirección incisivamente radical. No hubo intento alguno de dar marcha atrás en las mejoras sociales conseguidas durante el período de Brandt y Schmidt o de interferir en los derechos de los sindicatos. Los subsidios estatales para sectores antiguos y en dificultades (sobre todo la minería del carbón y la siderurgia) incluso aumentaron, pese a la intención del gobierno de eliminarlos gradualmente, para amortiguar los problemas sociales en grandes regiones industriales tradicionales como el Ruhr o el Sarre. La continuidad, al menos en la última etapa del gobierno de Schmidt, fue sin duda más acusada que cualquier ruptura drástica. Alemania Occidental evitó los intensos conflictos sociales que el gobierno de Thatcher había provocado en Gran Bretaña, y la economía empezó a recuperarse, favorecida en buena medida por la mejoría en todo el mundo cuando bajaron los precios del petróleo y la economía estadounidense experimentó un acusado crecimiento.

A principios de los años ochenta, la combinación de grandes preocupaciones medioambientales y fuertes temores nucleares, con un tipo de protesta más definida que en ninguna otra parte de Europa, condujo a la aparición del primer gran movimiento político nuevo en Alemania Occidental desde el período inmediatamente posterior a la guerra, la creación del Partido Verde. Los verdes ya habían destacado en las elecciones generales de 1983, cuando pasaron de la nada a obtener el 5,6 % de los votos y conseguir veintiocho escaños en el Bundestag (el Parlamento federal). A partir de entonces, no fueron ya solo tres sino cuatro los partidos que participaban en la lucha por el poder político. Lo más importante, sin embargo, fue que la democracia de Alemania Occidental, que muchas personas todavía consideraban insegura, había superado su primera gran crisis económica (una crisis durante la que había aumentado tanto el desempleo como la inflación), completamente indemne. Había sido una extraordinaria historia de éxito de la posguerra.

La primera crisis del petróleo pareció ser capaz de poner fin al equivalente de éxito en Francia en la posguerra, los «treinta años gloriosos». Los largos años del boom habían llegado a parecer normales y permanentes, pero después de 1974 esa tendencia resultaba familiar en todas partes. La inflación superó el 15 %, mientras el desempleo se duplicaba hasta alcanzar el millón de parados y el crecimiento se desplomaba al -0,3 %. El presidente Giscard d’Estaing combinó las reformas sociales iniciales (por ejemplo, la liberalización de las leyes sobre el aborto y el divorcio) con un giro en 1976 hacia la austeridad económica. Sustituyó a su principal rival, el primer ministro cada vez más descontento y líder gaullista Jacques Chirac (que al año siguiente fue elegido alcalde de París), por Raymond Barre, un economista con mucha experiencia con un perfil más de tecnócrata que de político hábil. La misión de Barre era equilibrar el presupuesto y modernizar la economía, así que intervino para estabilizar el franco, reducir el gasto público y los costes laborales y aumentar los impuestos.

Las medidas de austeridad exasperaron a la izquierda socialista y comunista, que en 1972 se habían unido en torno a un «programa común», pero además Giscard tuvo que hacer frente también a la oposición derechista de los gaullistas, aglutinada por Chirac en 1976 como Agrupación por la República (RPR, por sus siglas en francés). Hubo objeciones conservadoras a las reformas sociales de Giscard, pero la rivalidades personales y el resentimiento político tuvieron un peso mayor que las divisiones ideológicas a la hora de separar a los gaullistas y a la agrupación de centroderecha de Giscard, la Unión para la Democracia Francesa (UDF, por sus siglas en francés). Juntos, los gaullistas y la UDF ganaron las elecciones parlamentarias de 1978 por un margen sorprendentemente grande, favorecido sobre todo por las nuevas divisiones en la izquierda. Las elecciones municipales habían apuntado a una victoria de la izquierda, ya que las medidas de austeridad de Barre empezaban a notarse, pero los comunistas, con Georges Marchais a la cabeza, optaron por un marxismo de línea más dura, temerosos de verse superados en popularidad por el Partido Socialista de Mitterrand, que se había orientado más hacia el reformismo en lugar de rechazar frontalmente la economía de mercado capitalista. Ese año 1978 los socialistas solo obtuvieron algunos votos más (el 23 %) que los comunistas (el 20 %), pero tenían el viento a su favor, sobre todo a partir del momento en que el Partido Comunista se sumió en una feroz lucha interna.

Mientras tanto, las reformas de Barre habían tenido cierto efecto estabilizador en la economía, así que el triunfo electoral animó a Giscard y a Barre a profundizar más en el liberalismo económico. Fomentaron la competitividad, la desregulación de los precios y la exposición al libre mercado, aunque de momento no se dieron pasos para privatizar grandes industrias. La dirección estatal de economía, una arraigada tradición en Francia, se mantuvo. Los cuantiosos subsidios estatales siguieron siendo fundamentales para la planificación en materia de aviación, redes de telefonía, ferrocarriles, la industria automovilística y, sobre todo, la construcción de centrales nucleares. Al igual que en otros países de Europa occidental, el sector siderúrgico tenía problemas para mantenerse competitivo frente a las importaciones de Asia y de otros lugares de Europa oriental, donde los costes de producción eran mucho más bajos. El estado intervino para asumir parte de las deudas y financiar planes de reciclaje profesional, aunque cerró las plantas siderúrgicas menos rentables, lo que conllevó enormes pérdidas de puestos de trabajo y airadas protestas en las comunidades afectadas del norte y de Lorena.

La bajada de los impuestos sobre sociedades y unas nóminas más bajas ayudaron a la recuperación de la rentabilidad empresarial, pero Barre había sobreestimado la velocidad y la fortaleza de la recuperación. La fortaleza del franco constituía un obstáculo para las exportaciones. La segunda crisis del petróleo, en 1979, desvió por completo de su curso el programa deflacionario. La inflación volvió a subir hasta el 14 % y también el desempleo aumentó, hasta el millón y medio de personas en 1980 y siguió subiendo. Hubo mucha solidaridad con las regiones industriales más perjudicadas y Barre se volvió más impopular que nunca. Los socialistas y los comunistas, pese a todas sus divisiones, ganaron terreno con sus promesas de creación de empleo y de intervención estatal para estimular la economía. Se consideraba que el camino para la recuperación económica era más socialismo de Estado, no menos.

Después de años de gobiernos de coalición cada vez más impopulares y fracturados, estas promesas de renovación nacional dieron a François Mitterrand la victoria en las elecciones presidenciales de abril-mayo de 1981 con el 51 % de los votos. Tras veintitrés años de poder continuado, el control gaullista del gobierno francés tocaba a su fin. La alegría de la izquierda era total y aún creció más cuando solo un mes después del triunfo de Mitterrand los socialistas tomaron el mando de la Asamblea Nacional. El nuevo gobierno se apresuró a adoptar medidas para revertir la política deflacionista recuperando el keynesianismo. Se aumentaron los salarios, las pensiones y los subsidios familiares; se redujo la edad de jubilación; se acortó la semana laboral; se destinaron fondos a la construcción de viviendas nuevas y la creación de 150 000 puestos de trabajo; se implementó un plan de empleo juvenil; se aumentaron los impuestos a los más ricos; se diseñó una amplia nacionalización. Y las industrias exportadoras se beneficiaron de la devaluación del franco.

Estas políticas fracasaron estrepitosamente y el crecimiento fue mucho menor de lo previsto. El déficit de la balanza de pagos empeoró debido al aumento de las importaciones, la inflación se mantuvo elevada (en claro contraste con la vecina Alemania Occidental, donde bajó) y el desempleo continuó aumentando. En menos de dos años, Mitterrand se vio obligado a cambiar por completo la política económica que había prometido. En el mes de marzo siguiente se devaluó el franco por tercera vez en dieciocho meses, y a ello seguirían una reducción del gasto público (sobre todo en seguridad social), una subida de los impuestos para gran parte de la población y una reducción para las empresas y la adopción de las primeras medidas destinadas a privatizar industrias nacionalizadas. Los resultados del giro de 180 grados fueron modestos. Al cabo de dos años, la inflación había disminuido y también el déficit en la balanza de pagos. En cambio, el desempleo continuaba por encima del 10 % de la población activa mientras que en 1985 el crecimiento fue de solo un 1,9 %. Cuando en marzo de 1986 los gaullistas recuperaron el poder, se encontraron con que sus predecesores socialistas habían preparado el terreno para seguir avanzando en el neoliberalismo.

Un mantra del thatcherismo muy repetido en toda Europa occidental era que, en el plano económico, «no hay alternativa». ¿Era verdad? La deflación había sido en todas partes un remedio doloroso pero necesario, en vista de la doble recesión después de las dos crisis del petróleo. El giro a mediados de los ochenta hacia políticas económicas neoliberales fue general, independientemente de cuál fuera el color del gobierno. El experimento de Mitterrand en Francia fue la demostración más evidente de que las viejas recetas keynesianas ya no funcionaban frente a una recesión económica global que había generado estanflación, y en cambio su giro en redondo mostró a toda una generación de políticos que las condiciones internacionales habían limitado enormemente las opciones económicas de los gobiernos nacionales. Sin embargo, Alemania Occidental, Francia y también Italia, más inestable, habían demostrado que, incluso en una economía deflacionaria, había alternativas al neoliberalismo extremo, que respondía a razones ideológicas y estaba plagado de conflictos, que solo el gobierno de Thatcher había adoptado.

LOS TRIUNFOS DE LA DEMOCRACIA

Mientras las democracias de Europa occidental se afanaban por adaptarse a los efectos de la crisis del petróleo, del sur llegaban buenas noticias. Con pocos meses de diferencia, entre 1974 y 1975 los regímenes autoritarios de Grecia, Portugal y España se habían desmoronado. ¿Fue una simple coincidencia, o había causas más profundas que explicaran esta transformación?

Antes de la segunda guerra mundial, la democracia parlamentaria pluralista había sido, salvo en un grupo de países del noroeste de Europa, un sistema de gobierno cuestionado, rechazado tanto por las élites poderosas (sobre todo en las fuerzas armadas) como por amplios sectores de la población. A principios de los años ochenta, era bien acogida en todas partes en Europa occidental, con la excepción parcial de Turquía, el país más periférico del bloque occidental, donde el ejército seguía siendo una fuerza decisiva en la política. Esto constituyó un cambio extraordinario y duradero, un triunfo de la democracia.

A principios de los años sesenta, parecía que el cambio político en Grecia, como en gran parte del resto de Europa occidental, se orientaba hacia la izquierda. La derecha conservadora, que desde el final de la guerra civil de 1946-1949 había gobernado Grecia con el apoyo del ejército en lo que era poco más que una fachada de democracia, se había vuelto cada vez más impopular y fue derrotada en las elecciones celebradas en 1963. Sin embargo, los militares veían en las reformas liberales propuestas por el nuevo gobierno un caballo de Troya para introducir de nuevo el comunismo. Cuando en 1965 el rey Constantino II obligó al gobierno a dimitir, provocó una crisis constitucional y un incremento del descontento popular. Para evitar nuevas elecciones en mayo de 1967, varios oficiales de derechas comandados por el coronel George Papadopoulos, temerosos de que un gobierno izquierdista tomara medidas para poner al ejército bajo control civil, depurara su cúpula, redujera el gasto y pusiera fin a la presencia estadounidense en Grecia, dieron un golpe de estado el 21 de abril.

El rey fracasó en su torpe tentativa de recuperar el control de la situación mediante un contragolpe y huyó al exilio, lo que suponía el fin definitivo de la monarquía griega. La «dictadura de los coroneles», como se le conoció, no tardó en consolidarse con la instauración de una junta de doce coroneles, el «Consejo Revolucionario», pero desde el primer momento Papadopoulos fue la figura dominante y acabó combinando los cargos de primer ministro y de ministro de otros ministerios clave, en particular los de Asuntos Exteriores y Defensa, durante la regencia que se estableció después del intento de contragolpe del rey. Se disolvieron los partido políticos, se detuvo a miles de simpatizantes izquierdistas (y muchos de ellos fueron torturados en prisión), se suspendieron los derechos civiles y se impuso una estricta censura a los medios de comunicación, lo que hizo que muchos opositores huyeran al extranjero. El régimen cooperó estrechamente con los líderes empresariales, apoyó la agricultura, incentivó el turismo y puso en marcha una serie de grandes proyectos de construcción. En un primer momento el crecimiento económico fue notable, pero a principios de los años sesenta empezó a decaer. La imagen de Grecia en el extranjero se resintió cuando arreciaron las críticas contra el ataque del régimen a los derechos humanos, pero el régimen contaba con el respaldo de Estados Unidos, más preocupado por su ferviente anticomunismo que por su pésimo historial en materia de derechos humanos, y tampoco las democracias europeas se opusieron al régimen de un modo coordinado. Mientras los Países Bajos y los países escandinavos mostraban abiertamente su hostilidad, Gran Bretaña y Alemania Occidental criticaban las brutales prácticas del régimen pero tácitamente apoyaban a un país al que consideraban vital para los intereses de la OTAN.

Más significativa en la creciente crisis de la dictadura de los coroneles fue la oposición interna, a la que, pese a la represión, fue imposible silenciar. Las dificultades para instaurar un régimen neofascista en una red de países de Europa occidental comprometidos con los principios de la democracia liberal y los derechos humanos resultaron evidentes. Cuando Papadopoulos intentó de manera poco entusiasta eludir el problema introduciendo modestas medidas liberalizadoras (entre ellas el levantamiento parcial de la censura y la excarcelación de algunos presos políticos), lo único que consiguió fue envalentonar a la oposición y ganarse la enemistad de una facción de la línea dura dentro del régimen. A mediados de noviembre de 1973, el ejército fue enviado a reprimir una manifestación estudiantil contra el régimen en el Politécnico de Atenas que se saldó con varios muertos y numerosos heridos; la agitación llevó unos días más tarde al general de brigada Dimitrios Ioannidis, jefe de la temida Policía Militar, a derribar a Papadopoulos y restablecer el orden mediante la imposición de la ley marcial.

El gobierno de Ioannidis fue efímero, pues cayó en cuanto su régimen patrocinó una tentativa fallida de la guardia nacional chipriota para derrocar al presidente, el arzobispo Makarios, con el objetivo de anexionar Chipre a Grecia, un viejo deseo de la derecha griega. Makarios consiguió escapar y logró llegar a Gran Bretaña. Sin embargo, el golpe fallido provocó que en julio de 1974 los turcos invadieran y ocuparan el norte de Chipre, lo que obligó a unos doscientos mil grecochipriotas a huir al sur. La junta griega intentó movilizar entonces una respuesta armada, pero fue en vano porque había perdido el apoyo del ejército. El régimen de los coroneles había perdido su pilar crucial.

El ejército que en 1967 había acabado con la democracia en Grecia adoptó entonces medidas para restablecerla. Una facción de oficiales retiró su apoyo a Ioannidis y se pidió al antiguo primer ministro conservador, Konstantinos Karamanlis, que regresara del exilio en París y comenzara de inmediato a recuperar un gobierno democrático civil. Su gobierno de coalición restableció la Constitución de 1952 y excarceló a los presos políticos, y en noviembre de 1974 las primeras elecciones en diez años otorgaron la mayoría absoluta a Nueva Democracia, el partido conservador liderado por Karamanlis. Una de las medidas adoptadas en 1973 por la junta de los coroneles, la abolición de la monarquía, sobrevivió a su desaparición y en diciembre de 1974 se rechazó su restauración en un referéndum. A partir de entonces Grecia sería una república, con una nueva Constitución (aprobada en 1975) y un sistema de gobierno democrático. Confirmando la ruptura con el pasado, los líderes de la junta fueron juzgados y condenados a largas penas de prisión.

Sin embargo, Grecia continuó siendo un país paupérrimo, con una economía muy ineficiente y un sistema político clientelista infestado de corrupción. Pese a estas debilidades tan evidentes, los líderes democráticos de Europa occidental estaban ansiosos por evitar que, en algún momento, se produjera una nueva reversión al autoritarismo y enseguida se movilizaron para aceptar a Grecia de vuelta en el Consejo de Europa, que había abandonado durante la dictadura de los coroneles. Antes de que los coroneles tomaran el poder, Grecia había disfrutado de la condición de miembro asociado de la Comunidad Económica Europea, suspendida durante los años de la junta, y se le había prometido una cuantiosa ayuda financiera para modernizar su economía. Tras su regreso al poder, Karamanlis inició una nueva campaña a favor de la incorporación de Grecia, que consideraba esencial para la prosperidad del país, lo que, a su vez, contribuiría mucho a consolidar su democracia. Los dirigentes de la Comunidad Europea comprendieron el peso del argumento y ya en 1976 se iniciaron las negociaciones para su adhesión. Cinco años más tarde, antes en realidad de lo previsto, el 1 de enero de 1981 Grecia se convirtió en el décimo miembro, aun cuando en el plano económico era mucho más débil que los otros nueve. Tras su admisión subyacían prioridades políticas, no económicas.

Una singularidad duradera y, como se demostraría más adelante, un legado irresoluble de la junta de los coroneles fue la división de Chipre. La situación no tardó en llegar a un punto muerto. Grecia se retiró de la OTAN (volvería en 1980) en señal de protesta por la negativa de esta a condenar la invasión turca. Turquía rechazó las peticiones de las Naciones Unidas de que retirara sus tropas. Makarios regresó como presidente a la zona griega de la isla, aunque, obviamente, sin el reconocimiento turco. En cambio, la parte turca de la isla, más pequeña, solo fue reconocida por Turquía. Con una «línea verde» dividiendo por la mitad la isla, de la que es responsable una fuerza de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, la división de Chipre se mantendría durante el resto del siglo XX y más allá.

En la península Ibérica, las largas dictaduras de Portugal (desde 1926) y España (desde 1939) todavía estaban semiseparadas del resto de Europa occidental, pero sus gobernantes estaban viejos y achacosos. El sistema político de Portugal prácticamente se había conservado en formol con el primer ministro que más tiempo había permanecido en el cargo, António de Oliveira Salazar. Tampoco su economía se había modernizado. Portugal, que formaba parte de la EFTA desde 1968, había empezado a beneficiarse ligeramente de la mejora de las relaciones comerciales, pero seguía estando atrasado económicamente y, a diferencia de lo ocurrido en España, el turismo todavía no era una actividad importante. Muchos miles de portugueses debían abandonar sus hogares cada año para trabajar en el extranjero, y las importantes remesas que enviaban al país contribuían a la economía nacional. No obstante, la mayor sangría para la economía era el imperio colonial, un anacronismo cada vez más costoso que hacía que casi la mitad del gasto público se destinara a las fuerzas armadas y que obligaba a recurrir a un impopular reclutamiento forzoso de los jóvenes portugueses para repeler a las guerrillas de los movimientos anticoloniales en Angola, Mozambique y Guinea-Bissau. La oposición a las guerras coloniales aumentó e incluso la expresaron sectores de la Iglesia Católica, que tradicionalmente había sido un aliado incondicional del estado autoritario, pero ahora reflejaba la postura más liberal surgida del concilio Vaticano II (1962-1965).

Cuando en 1968 Salazar, que había gobernado desde 1932, sufrió un derrame cerebral y murió dos años más tarde, fue el principio del fin. El maltrecho sistema se mantuvo con su sucesor, Marcello Caetano, con apenas ligeras liberalizaciones, pero tenía los días contados. Un breve boom del consumo financiado sobre todo desde el extranjero no tardó en desvanecerse. El malestar por la situación económica era generalizado, no solo entre los trabajadores mal remunerados. La inflación tras la crisis del petróleo llegó en 1974 a alcanzar el 30 %, pero lo más peligroso para el régimen era el descontento de los jóvenes oficiales, que estaba furiosos no solo porque su salario era bajo, sino también por tener que combatir por una causa a todas luces perdida en guerras coloniales encarnizadas y peligrosas. El ejército había hecho posible la existencia del régimen en 1926 y desde hacía mucho tiempo había sido su apoyo principal. En cuanto una parte del cuerpo de oficiales se volvió en su contra, como ocurrió durante el golpe militar de la noche del 24 al 25 de abril de 1974, el régimen estaba condenado.

No estaba claro qué ocurriría después del exitoso golpe de estado, pues no era evidente, ni mucho menos, que fuera a triunfar la democracia. Al principio asumió el control un consejo militar, la Junta de Salvación Nacional, presidida por el general golpista António Spínola, un antiguo jefe del Estado Mayor del ejército, que se mostró incapaz de traer estabilidad. Spínola acabó siendo destituido y huyó a España. La insurrección se extendió, tanto dentro del ejército como entre la población civil y se produjo una enorme euforia por la llamada «Revolución de los Claveles» (por las flores en los uniformes y en los cañones de los fusiles de los insurgentes). «Los claveles rojos adornan las camisetas y las gafas. Por todas partes hay carteles que proclaman libertad, democracia y poder popular», señaló la política británica Judith Hart durante una visita a Portugal en el verano de 1975. Las turbulencias se prolongaron durante dos años. Se sucedieron seis gobiernos provisionales y hubo dos intentonas de golpe de estado, uno de la derecha y otro de la izquierda. El país permaneció sumido en la agitación. Las huelgas, las ocupaciones de fábricas, las confiscaciones de tierras y las fugas de capitales eran una muestra de las amargas divisiones políticas e ideológicas. Los comunistas parecían ser la fuerza política más fuerte, pero las elecciones a la Asamblea Constituyente celebradas en abril de 1975 pusieron de manifiesto que en realidad el respaldo popular al comunismo era débil. El Partido Socialista, presidido por Mário Soares, fue el que obtuvo más apoyo, con un 38 % de los votos; los liberales consiguieron el 26 % y los comunistas obtuvieron solo el 12,5 % de los votos.

Cuando menguaron sus esperanzas de llegar al poder, los militares radicales de izquierdas, divididos en numerosas facciones, intentaron en noviembre de 1975 otro golpe. Fue su canto del cisne. Las fuerzas que apoyaban al estado, con el general Ramalho Eanes al mando, sofocaron el levantamiento, y enseguida se pusieron en marcha reformas en las fuerzas armadas y se limitó el poder del ejército; la izquierda radical perdió influencia en el ejército y el comunismo pasó a ser marginal. En abril de 1976, una nueva Constitución estableció el marco para un gobierno civil y, tras la celebración de unas nuevas elecciones a finales de ese mes (en las que el Partido Socialista volvió a salir victorioso), se instaló cierta calma en el agitado panorama político. El general Eanes, muy popular tras haber frustrado el intento de golpe del mes de noviembre anterior, fue elegido presidente con el respaldo de todos los partidos excepto de los comunistas, que a partir de entonces fueron excluidos del poder. Eanes ofrecería el necesario símbolo de unidad nacional. Soares, apoyado financieramente por el Partido Socialdemócrata de Alemania Occidental, fue el actor político clave en la etapa inicial de la transición de Portugal a una democracia parlamentaria. No obstante, el camino seguía siendo pedregoso.

Durante el año siguiente a la Revolución de los Claveles se liquidó el imperio colonial de Portugal; con ello desaparecía el último de los grandes imperios coloniales europeos y se ponía fin a la era del imperialismo colonial. Fue un final sangriento. Los portugueses dejaron sus antiguas posesiones en una situación terrible y el proceso de descolonización no fue tranquilo. Timor Oriental fue ocupado por Indonesia; Angola fue devastada por una guerra civil; Mozambique también se sumió pronto en la guerra civil, mientras que las fuerzas revolucionarias transformaban Guinea-Bissau en un estado unipartidista que se vengó con violencia de los antiguos partidarios del régimen colonial. Centenares de miles de colonos portugueses de toda África huyeron, dejando tras de sí todas sus posesiones y regresando a casa para aumentar la carga de la maltrecha economía portuguesa.

La reforma agraria en marcha empezó a revertir las expropiaciones llevadas a cabo después de la revolución y a poner fin a las ineficaces explotaciones colectivas. Pero en 1977-1978, en medio de una permanente agitación, con un desempleo elevado, un fuerte endeudamiento público y una renta per cápita apenas por encima de la mitad de la media de los países de la Comunidad Europea, Portugal se vio obligado a pedir ayuda financiera al Fondo Monetario Internacional. Esta llegó con condiciones. Tuvieron que aplicarse medidas de austeridad, que fueron reduciendo paulatinamente las enormes deudas del estado mediante recortes del gasto y unos presupuestos más equilibrados, pero a costa de prolongar los elevados índices de desempleo y el constante atraso económico del país. Entre 1976 y 1983, la inestabilidad gubernamental continuó, con nueve gobiernos en esos siete años. Soares dimitió en 1978 y los poderes ejecutivos del presidente Eanes (elegido para el cargo pero todavía comandante en jefe de las fuerzas armadas) para intervenir en la política nacional, cosa que hacía a menudo, fueron restringidos en 1982 mediante una enmienda constitucional. Solo se instituyó una presidencia genuinamente civil, con poderes limitados, con la ajustada elección por sufragio directo de Mário Soares en unos comicios en dos vueltas celebrados en 1985-1986. Entonces sí pudo considerarse que el sistema democrático de Portugal tenía una base sólida.

Fue el propio Soares quien en 1977 instigó el acercamiento a la Comunidad Europea que al año siguiente desembocaría en negociaciones oficiales para la adhesión de Portugal. Los problemas económicos del país hacían que fuera imposible la adhesión de la noche a la mañana y las complejas negociaciones se prolongaron hasta 1984. En 1986, por fin se dio el paso: Portugal había abandonado la periferia para convertirse en miembro de la Comunidad Europea. Para entonces era una democracia de Europa occidental asentada y los largos años de la dictadura un recuerdo evanescente.

La Revolución de los Claveles fue seguida de cerca al otro lado de la frontera por el vecino más próximo de Portugal mientras el largo régimen del general Franco se acercaba a su fin. Los potenciales reformistas veían con temor las turbulencias de Portugal y, sobre todo, los avances de la izquierda comunista.

Las muy necesarias reformas aprobadas en 1959 habían abierto a los mercados internacionales la atrasada economía española, que durante los años sesenta registró un crecimiento anual superior al 7 %. La España rural, la columna vertebral del régimen, se empezó a vaciar cuando la mano de obra comenzó a desplazarse a las ciudades o a los centros turísticos en rápido crecimiento. Con ello llegaron también las peticiones de aumentos salariales y mejores condiciones laborales en las industrias en expansión. El descontento de la clase obrera se intensificó sobre todo en las regiones industriales de Cataluña y el País Vasco, y aunque los sindicatos seguían estando prohibidos y las huelgas eran ilegales, los trabajadores crearon organismos colectivos que organizaron protestas, huelgas y manifestaciones. Y su número fue en aumento. En 1970 se produjeron 1595 huelgas; en 1974, 2290, y en 1975, 3156 (lo que supuso ese año una pérdida de catorce millones y medio de horas de trabajo). En el País Vasco, la agitación alimentó la política separatista que, a su vez, en 1968 había generado un movimiento nacionalista armado, ETA (Euskadi ta Askatasuna, País Vasco y Libertad), que puso en marcha una campaña terrorista prolongada y dura contra el régimen y su sucesor.

Era evidente que el régimen franquista se enfrentaba a desafíos cada vez mayores e insuperables, y la mano de hierro era casi su única respuesta. En 1974, unos seis mil españoles permanecían en la cárcel a la espera de un juicio por motivos políticos. En las cárceles las torturas eran habituales. A los presos se les negaba la asistencia jurídica. También volvió a instaurarse la pena de muerte como parte de la represión militar; entre 1963 y 1974, mientras España intentaba mostrar al mundo su mejor cara, no se produjo ninguna ejecución, pero hubo cinco solo un mes antes de la muerte de Franco, en noviembre de 1975.

Mientras tanto, las playas de la Costa Brava garantizaban el sol y ya en la década de los sesenta los paquetes de vacaciones baratos habían empezado a atraer a millones de turistas cada año. Expusieron a los españoles a influencias culturales externas que, inevitablemente, chocaban con los valores tradicionales de la católica España. En cualquier caso, estos valores se estaban erosionando después del concilio Vaticano II. En realidad, incluso la Iglesia Católica, el baluarte ideológico del franquismo desde la guerra civil, se estaba distanciando del régimen. En 1970, había más sacerdotes que simpatizaban con el socialismo que con la ideología falangista oficial del estado, mientras que la jerarquía eclesiástica defendía los derechos humanos y se mostraba a favor de la neutralidad política.

Los jóvenes, en particular, encontraban sofocante la rigidez moral del régimen. Una ligera relajación de la censura en 1966 no llegó lo suficientemente lejos, y en 1968 una minoría de jóvenes bien preparados mostró valientemente que no estaban dispuestos a aceptar el régimen autoritario: los estudiantes se manifestaron en Madrid y en otras ciudades universitarias de España, inspirados por lo que estaba sucediendo en otros lugares de Europa occidental, motivados por su fuerte oposición a la guerra de Vietnam y la presencia de bases estadounidenses en España y hostiles a una dictadura basada en la represión política, enfrentándose a la ira del régimen franquista. Algunos fueron condenados a largas penas de prisión por su osadía. La distancia entre el estado represor y las exigencias de una sociedad que buscaba la liberalización y la democratización era inmensa.

De hecho, incluso en la burocracia estatal había quienes reconocían que la liberalización era necesaria y que esto abriría la puerta a unas relaciones más estrechas con la Comunidad Económica Europea, lo que, a su vez, ofrecería mayores posibilidades de prosperidad y modernización a la atrasada España. La inflexible dictadura franquista, que dependía para su funcionamiento de las fuerzas armadas, los servicios de seguridad y de las oligarquías enraizadas en la burocracia y el mundo empresarial, impedía que se adoptaran tales medidas. Pero el régimen se enfrentaba además a la pregunta obvia de quién o qué vendría después de Franco. En diciembre de 1968, su círculo más cercano había considerado un indicio de que la muerte del dictador era inminente cuando interrumpió una reunión ministerial para ir al baño, algo que, indiferente a la incomodidad de sus ministros con menos control de la vejiga durante reuniones interminables, nunca había sucedido antes. Fue el «triunfo del continente sobre el incontinente», bromeó uno de ellos más tarde. En realidad, Franco aguantó otros siete años, aunque era evidente que su larga vida (en diciembre de 1972 celebró su octogésimo cumpleaños y su salud era mala) estaba tocando a su fin.

Franco había abordado el problema de la sucesión en 1969 recurriendo a la monarquía vacante y ungiendo al príncipe Juan Carlos como su heredero, con lo que retenía el poder mientras preparaba a su sucesor para que se hiciera cargo del régimen autoritario. Era obvio que el nombramiento como presidente del Gobierno en junio de 1973 del almirante Luis Carrero Blanco, uno de los partidarios más acérrimos y antiguos de Franco, que tenía en sus manos muchos de los resortes del poder, formaba parte del plan. Se creía que Carrero Blanco garantizaría la continuidad del régimen autoritario.

Estos planes saltaron literalmente por los aires cuando el 20 de diciembre de 1973 una bomba colocada por los terroristas de ETA mató a Carrero Blanco. Incluso aunque hubiera vivido y sucedido a Franco como jefe del Estado, es dudoso que el régimen autoritario, que ya se estaba desmoronando, hubiera podido sobrevivir mucho más tiempo, pues, en realidad, tanto Franco como el régimen que presidía habían empezado a agonizar. El previsible regreso a la represión abierta después del asesinato de Carrero Blanco solo sirvió para aumentar el aislamiento internacional de España como una nación paria. Y mientras tanto, los problemas económicos del país se habían agravado debido a la subida de los precios provocada por la crisis del petróleo. Parecía que lo único que bloqueaba el camino hacia un cambio inevitable era que Franco siguiera vivo.

En 1970, el secretario de Estado de Richard Nixon, Henry Kissinger, había comentado durante una visita a Madrid que España estaba «esperando a que se acabara una vida para poder unirse de nuevo a la historia europea». Cinco años más tarde, esa espera había terminado. La salud de Franco se había deteriorado mucho en 1975 y el 20 de noviembre moría el último de los dictadores europeos de antes de la guerra, que para entonces ya estaba hecho un guiñapo. El único jefe de Estado presente en el funeral fue el dictador chileno, el general Augusto Pinochet (cuyo régimen represivo, tras derrocar al gobierno chileno electo del presidente Salvador Allende en 1973, había contado con la aprobación de Franco). Sin embargo, cuatro días más tarde los dignatarios extranjeros sí asistieron a la coronación del rey Juan Carlos. En esta ocasión, Pinochet no fue invitado.

La coronación del rey simbolizó el comienzo de una nueva época, pero nadie sabía qué iba a ocurrir. ¿Presidiría el rey algún régimen autoritario continuista? ¿Habría un derramamiento de sangre? ¿O se darían pasos hacia la democracia? Y sobre todo: ¿cómo reaccionaría a la muerte del dictador el ejército, pilar del poder del régimen y receloso del rey? La alegría por el fin del franquismo fue generalizada, pero también había temor al futuro, que era incierto para un país que se había desgarrado tan recientemente y que todavía vivía las consecuencias. Fue crucial, aunque no del todo previsible, que el rey pusiera el peso de su legitimidad popular como monarca, aunque al principio con cautela, en el lado de las fuerzas que presionaban a favor de la democratización. No era un demócrata por instinto, pero veía en qué dirección soplaba el viento. Las manifestaciones multitudinarias y las huelgas masivas que se habían producido a la muerte de Franco le habían convencido de que esta era la única vía posible. Al igual que en Portugal, los partidos, las facciones y los movimientos, aunque todavía oficialmente ilegales, empezaron a tomar forma, pero el cambio decisivo se produjo en el seno de las estructuras del antiguo régimen. En realidad, el estado franquista desmanteló gradualmente sus propias estructuras de poder.

Aparte de su apoyo a las fuerzas democrática, un paso vital fue que en enero de 1976 el rey sustituyera como presidente del Gobierno al intransigente e impopular Arias Navarro por Adolfo Suárez. No fue un cambio brusco a un paladín de la democracia, pero resultó ser una elección crucial. A Suárez, un falangista que en el régimen franquista había ocupado diversos cargos, se le había considerado en el pasado un reaccionario, pero sus contactos con los grupos reformistas dentro del régimen franquista le habían convencido de que el futuro de España residía en la democracia y que la legitimidad popular de la monarquía, y el propio compromiso de Juan Carlos, eran el mejor camino para conseguir ese objetivo. Una ruptura revolucionaria con el régimen podía acabar desencadenando una nueva guerra civil. Había que negociar una transición con la izquierda.

La rapidez era esencial. Había que actuar antes de que el establishment franquista pudiera reaccionar. Suárez propuso un referéndum sobre las reformas políticas y elecciones en junio de 1977. Cortejó hábilmente a los socialistas, que reconocían también ellos mismos que un gobierno constitucional, en lugar de una revolución violenta, era la mejor manera de acabar con los restos del régimen, y al mismo tiempo se sirvió del apoyo del rey para apaciguar a los mandos del ejército, neutralizar a los moderados de la derecha y aislar a los franquistas acérrimos. Mediante incentivos financieros y promesas de futuros ascensos, Suárez convenció a los diputados del Movimiento Nacional, el único partido representado en las Cortes, de que votar a favor de las reformas era la única manera de evitar un conflicto. En un raro ejemplo de pavos votando a favor de la Navidad, los miembros de las Cortes votaron a favor de su propia desaparición.

En el referéndum celebrado el 15 diciembre de 1976 el 94 % de los votantes apoyaron los cambios. El 15 de junio de 1977, por primera vez en más de cuarenta años, se celebraron en España unas elecciones pluralistas. Entretanto, se habían legalizado los antiguos partidos de la izquierda, incluidos los comunistas, lo que granjeó a Suárez la enemistad de los franquistas recalcitrantes. La Unión de Centro Democrático de Suárez, una coalición de centristas y de la derecha reformista, formada tras muchas maniobras secretas, fue la vencedora, con el 34 % de los votos, mientras que los socialistas obtuvieron el 29 %. Los comicios, en general, dieron el visto bueno a la democracia parlamentaria constitucional. Los partidos radicales, a derecha e izquierda, tuvieron malos resultados; los comunistas, con solo el 9 %, obtuvieron muchos menos votos de los esperados, mientras que las diferentes facciones de la derecha radical neofascista solo consiguieron entre todas menos del 2 % de los votos. Al cabo de poco más de un año, el 31 de octubre de 1978, se aprobó en el Parlamento una nueva Constitución democrática, que fue ratificada por la población en un referéndum celebrado el 6 de diciembre.

Sin embargo, los problemas para Suárez no tardaron en aumentar. En 1977 tuvo que hacer frente a una inflación galopante, un fuerte aumento del desempleo y estridentes demandas de autonomía en Cataluña y el País Vasco (que se repitieron, aunque con menos ímpetu, en otras regiones). La concesión de competencias autonómicas limitadas no acalló en modo alguno las reivindicaciones, y sobre todo los vascos presionaron a favor de la independencia de Madrid. ETA siguió cometiendo atentados durante años para sembrar el miedo y la repulsa entre la población española.

Suárez, sometido a una presión cada vez mayor y con la popularidad cayendo en picado, dimitió de la presidencia del Gobierno el 25 de enero de 1981. Un mes más tarde, la incipiente democracia española tuvo que soportar un último intento del núcleo duro franquista de hacerla descarrilar: el 23 de febrero, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero y unos doscientos de sus hombres irrumpieron en las Cortes y a punta de pistola retuvieron como rehenes a los miembros de Parlamento. La intentona golpista fracasó en cuanto el rey Juan Carlos se dirigió a la población por la televisión, manifestó su apoyo a la Constitución y ordenó a las tropas que regresaran a los cuarteles. Tres días después de fracasado el golpe, tres millones de personas se manifestaron en varias ciudades españolas a favor de la democracia, un millón y medio solo en Madrid. Tejero cumpliría luego una condena de quince años en una prisión militar por haber participado en el golpe. La democracia estaba a salvo.

Tras las elecciones de 1982, el Partido Socialista, que había renunciado a su anterior programa marxista, regresó al poder político en España por primera vez desde 1936. Permanecería el gobierno durante los catorce años siguientes. Felipe González, el nuevo presidente socialista, siguió adelante con el proceso de reforma de las estructuras internas de la administración pública y de las fuerzas armadas. También utilizó el apoyo popular y la mayoría parlamentaria para aplicar un programa de austeridad económica, con medidas monetarias y fiscales para reducir la elevada inflación y el fuerte déficit del gasto público. Se fijaron los salarios por debajo de los niveles de inflación, se fomentó una mayor flexibilidad en el mercado laboral y se redujo el gasto en seguridad social. También se pusieron en marcha algunas medidas para privatizar industrias estatales, pero no se diseñó una política de privatizaciones coherente y el sector público siguió siendo grande (aunque poseía muchas empresas que el sector privado no quería). Con ello, se incorporaron elementos del neoliberalismo a un programa de gobierno socialista. Era una señal más de la tendencia económica que se imponía en toda Europa occidental.

El gobierno rechazó la oposición anterior del Partido Socialista a la adhesión de España a la OTAN (a la que se incorporó en mayo de 1982), aunque también insistió en reducir el número de bases estadounidenses en España, una política apoyada por la mayoría en un referéndum celebrado en marzo de 1986. Unos meses antes, el 1 de enero, España había sido admitida, junto con Portugal, en la Comunidad Europea, lo que acabó con un proceso que había empezado en 1977. Con ello, España se reincorporaba por fin a la historia europea.

Las nuevas democracias emergentes en Grecia, en Portugal y en España completaron el triunfo en la posguerra de los sistemas democráticos pluralistas en toda Europa occidental. Obviamente, existían diferencias significativas entre las tres dictaduras y en el modo en que cayeron, pero también algunas coincidencias indudables. La junta de los coroneles griega fue una interrupción reciente y breve (aunque en apariencia interminable para sus víctimas) de un gobierno pluralista, por muy imperfecta que hubiera sido la democracia griega. Su caída la desencadenaron los acontecimientos externos de la invasión turca de Chipre. En cambio, los sistemas autoritarios de Portugal y España se habían ido construyendo durante décadas y habían arraigado mucho más profundamente que la dictadura griega. Los destinos de ambos sistemas estaban estrechamente entrelazados con las personalidades y las ideologías de sus viejos dictadores, Salazar en Portugal y Franco en España. Por consiguiente, no es de sorprender que el deterioro físico y la posterior muerte de estos dos dictadores trajera consigo la desintegración de sus respectivos regímenes. El régimen de Portugal fue el único de los tres cuyos problemas estuvieron estrechamente vinculados con las luchas de liberación del imperio colonial, y su caída provocó turbulencias más prolongadas. De los tres regímenes, solo España restauró la monarquía, que de manera bastante impredecible se convirtió en el factor estabilizador más importante para la consolidación de la democracia.

No obstante, más allá de la coincidencia y la contingencia, tras el fin de tres dictaduras bastante diferentes subyacían razones más profundas. Los regímenes autoritarios estaban disociados por completo de una cultura cada vez más internacionalista, libertaria y firmemente antimilitarista que había ido extendiéndose con fuerza desde mediados de los años sesenta, en particular entre los jóvenes. Las protestas juveniles fueron una faceta significativa de la creciente oposición al autoritarismo en cada uno de los tres países, y el intento rígidamente represivo de defender valores culturales nacionalistas que parecían pertenecer a tiempos pasados menos atractivos no pudo contener la marea liberadora que, con extraordinaria celeridad, estaba traspasando las fronteras nacionales pese a los deseos de sus gobernantes.

Tampoco era posible ya dirigir las economías como si fueran sistemas cerrados basados en la idea de la autarquía nacional. Grecia, Portugal y España, al igual que las democracias occidentales, no podían librarse de los caprichos del capitalismo mundial y sus economías estaban menos preparadas para hacer frente a la crisis del petróleo. En realidad, los tres países ya estaban experimentando una transición social y económica fundamental y se habían visto parcialmente transformados por la industrialización que en las dos décadas previas a la caída del régimen se había ido acelerando; España, gracias también al turismo de masas. Esto había reducido mucho el tamaño de la población rural y había debilitado las estructuras tradicionales de la familia y la iglesia. Gran parte de la base de apoyo del autoritarismo había provenido del campo, así que los cambios modernizadores en la economía debilitaron mucho ese apoyo y fortalecieron a las clases obreras industriales, cuya base ideológica era predominantemente el socialismo y el comunismo, que pese a los largos años de represión todavía eran capaces de movilizar un apoyo masivo. No menos importante fue que, en la Comunidad Europea, las democracias de Europa occidental, basadas en la cooperación internacional y la democracia liberal, ofrecían una clara y definitiva alternativa a las dictaduras atrasadas. Habían llevado a otras partes de Europa una prosperidad con la que los griegos, los portugueses y los españoles solo podían soñar mientras sus regímenes autoritarios permanecieran en el poder. Casi lo primero que hicieron los líderes de las fuerzas democráticas, una vez derrotado el autoritarismo, fue entablar contactos con la Comunidad Europea con vistas a su adhesión. Grecia se incorporó en 1981, y Portugal y España cinco años más tarde. Sería, como sus nuevos gobiernos habían previsto, el billete de acceso a una prosperidad y una liberalización hasta entonces inimaginables.

Las transformaciones culturales y económicas hicieron que la dictadura, que dependía mucho del respaldo del ejército, fuera una forma de gobierno anticuada y disfuncional, así como sumamente inhumana. Con democracias estables ya consolidadas en la mayor parte de Europa occidental y sin casi ninguna perspectiva razonable de una guerra convencional en la región, las sociedades habían pasado a estar dominadas cada vez más por valores civiles, no militaristas. Los militares, que entre las dos guerras mundiales habían sido por lo general una fuerza funesta en la política y siempre habían respaldado el autoritarismo, ya no desempeñaban ningún papel central en la política nacional. Solo en Grecia y en la península Ibérica (aparte de Turquía, en los márgenes de Europa), el ejército había continuado siendo la fuerza política dominante, pero su poder consistía sobre todo en la capacidad de ejercer la represión interna para reforzar a regímenes autoritarios. El ejército español no desempeñaba ningún papel fuera del territorio nacional y el de Portugal era cada vez más reacio a combatir en guerras coloniales de desgaste, mientras que el de Grecia se había revelado incapaz de impedir que Turquía ocupara el norte de Chipre. En los tres casos, los militares habían perdido buena parte del prestigio que pudieran haber tenido en el pasado. En líneas generales la población lo consideraba, no sin razón, una fuerza reaccionaria y represiva que obstaculizaba el camino a la libertad y el progreso. Y la mejor garantía para conseguir ambas cosas, como reconocía la mayoría de la gente, era la democracia parlamentaria pluralista. La época del estado unipartidista, que había pretendido ser el único medio de defensa nacional contra las amenazas de los enemigos tanto internos como externos, había pasado a la historia en una Europa occidental próspera, liberal y en paz.

En ninguno de los tres casos la dictadura, pese a todas sus dificultades, se limitó a implosionar o evaporarse, y tampoco fueron los problemas económicos, por graves que estos fueran, lo que las destruyó. Fuerzas poderosas habían sostenido a los regímenes autoritarios. Solo podía acabarse su dominio cuando las presiones sociales y culturales que se habían ido acumulando coincidieran con la evidente debilidad de los regímenes y encontraran fuerzas dentro de las altas esferas que estuvieran dispuestas a apoyar las reformas, los cambios y el progreso hacia una democracia. Fue precisamente esta situación la que surgió en Grecia, Portugal y España a mediados de los años setenta. Estos cambios drásticos alteraron para siempre las perspectivas de la población de esos países mientras volvían a incorporarse a Europa. Al cabo de apenas unos años, la democracia se había consolidado en estos tres países y se había granjeado el respaldo de la inmensa mayoría de la población.

EL REGRESO DE LA GUERRA FRÍA

Mientras, tanto en el este como en el oeste, Europa había estado sumida en una crisis económica, el panorama internacional, paradójicamente, había mejorado considerablemente durante los años setenta. Con Estados Unidos empantanado en una costosa guerra en Vietnam (que terminaría en abril de 1975 con la retirada de las tropas estadounidenses y la entrada del ejército norvietnamita en Saigón) y la Unión Soviética deseosa de evitar un mayor acercamiento entre Estados Unidos y China, surgió la posibilidad de reducir la tensión internacional poniendo freno a la peligrosa escalada del armamento nuclear. Los acuerdos alcanzados en 1972-1973 entre Estados Unidos y la Unión Soviética fueron el comienzo, al que se añadieron los intentos de sentar unas bases más firmes para las relaciones internacionales en la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE) celebrada en Helsinki el 30 de julio y el 1 de agosto de 1975. Treinta y cinco países estaban representados, incluidas las superpotencias, Canadá y todos los estados europeos excepto Albania, que se negó a participar. La Unión Soviética había promovido la conferencia con la esperanza de conseguir la ratificación del acuerdo territorial de la posguerra en Europa oriental. El Acta Final de Helsinki (los acuerdos de Helsinki) de 1975 no satisfizo por completo esas expectativas, pues aceptaba la inviolabilidad de las fronteras y prohibía la anexión de territorios en virtud del derecho internacional. Sin embargo, sí admitía un cambio pacífico de las fronteras, cosa que la Unión Soviética consideró una victoria diplomática.

Sin embargo, lo que para la Unión Soviética representó una especie de gol en propia meta fue el compromiso que el acuerdo consagraba de respetar «los derechos humanos y las libertades fundamentales». Los dirigentes soviéticos consideraron este compromiso con cinismo, pues podían decidir lo que esto representaba en la Unión Soviética. «En nuestra casa mandamos nosotros», recordó a sus colegas Andréi Gromyko, el ministro soviético de Asuntos Exteriores. Subestimaban la pérdida de su autoridad moral en el ámbito internacional cuando la Unión Soviética y sus satélites continuaron encerrando a miles de disidentes mientras se llenaban la boca con los derechos humanos. No obstante, la fortaleza política y militar de la Unión Soviética podía soportar las condenas morales, y el alivio de la tensión internacional, al que los acuerdos de Helsinki habían contribuido, reforzaba en vez de debilitar esa fortaleza.

No obstante, la distensión siempre fue parcial, pues en realidad era una pantalla para los militares de las dos superpotencias, detrás de la cual podían proseguir con sus programas de armamento nuclear en su competencia por la superioridad. En su campaña electoral de 1976, el presidente Jimmy Carter había prometido que intentaría reducir el arsenal nuclear, pero no es de sorprender que su insistencia en los derechos humanos, incluido el recibimiento de disidentes soviéticos en la Casa Blanca, animara a Breznev a demorar el seguimiento previsto del acuerdo original SALT I, de 1972, para limitar los arsenales nucleares. Carter y Breznev acabarían firmando el SALT II en junio de 1979 en Viena, en medio de mucha pompa y ceremonia, con el objetivo de reducir y limitar el armamento nuclear. Carter lo calificó de «una contribución histórica a la paz mundial», pero desde el primer momento fue papel mojado porque al Congreso de Estados Unidos no le gustaban algunas partes del tratado y, en diciembre, la invasión soviética de Afganistán acabó con cualquier esperanza de ratificación. «Ahí se va el SALT II», comentó Carter cuando llegaron noticias de la invasión. A finales de año, la distensión había fracasado.

En 1977, la URSS había empezado a estacionar nuevos misiles nucleares de alcance intermedio SS-20 en Alemania Oriental, así como en la Unión Soviética. Con un alcance de cinco mil kilómetros, no entraban dentro de los criterios del acuerdo SALT, pero constituían una amenaza obvia y directa para Europa occidental. El canciller de Alemania Occidental, Helmut Schmidt, ideó una respuesta enérgica, aunque el presidente Carter (por el que Schmidt sentía un desprecio apenas disimulado) se había opuesto inicialmente a la medida, antes de acabar cediendo a la presión alemana. En enero de 1979, los líderes occidentales acordaron proponer a Schmidt contrarrestar la amenaza estacionando misiles estadounidenses de alcance intermedio en Europa occidental, sobre todo en Alemania Occidental. En diciembre, la OTAN llegó a una «resolución doble»: desplegar, principalmente en Alemania Occidental y Gran Bretaña, centenares de misiles de crucero y Pershing II (capaces de alcanzar Moscú en diez minutos) y al mismo tiempo continuar trabajando con la Unión Soviética para lograr el control de las armas nucleares.

Para entonces ya se avecinaban nubarrones. Tras el derrocamiento del sah y el retorno del ayatolá Jomeini en 1979, la revolución islámica se extendió con rapidez por todo Irán. Sus consecuencias se dejarían sentir, en Europa y el mundo, durante el resto del siglo y posteriormente.

Lo mismo ocurriría en Afganistán, a donde llegaron las ondas de la revolución iraní. En abril de 1978, un líder comunista afgano, Mohammed Taraki, había tomado el poder en Kabul y había establecido un gobierno comunista. En septiembre del año siguiente Taraki fue asesinado por un rival, Hafizulla Amin, pero el apoyo al régimen comunista era escaso, limitado más o menos al pequeño sector instruido de una población mayoritariamente analfabeta, y el control de Amin se desintegró enseguida. Los acontecimientos en Irán propiciaron que en Afganistán surgiera una oposición a las reformas previstas, que incluían la educación laica y los derechos de las mujeres. En las zonas rurales atrasadas, gobernadas por tribus e impenetrables a las fuerzas modernizadoras, los líderes religiosos contribuyeron a estimular la resistencia al «infiel» y, en condiciones de casi guerra civil, y dado que habían ayudado a establecer un régimen comunista, los dirigentes de la Unión Soviética consideraron la posibilidad de una intervención para restablecer el orden. Se creía que la medida era necesaria para proteger las fronteras meridionales de la URSS y para prevenir que la influencia islámica en la numerosa población musulmana de las repúblicas de Asia central pudiera generar una desestabilización interna.

En diciembre de 1979 la URSS tomó la fatídica decisión de enviar tropas, para una intervención que sus dirigentes preveían de un mes aproximadamente. Una simple lectura superficial de la historia les habría enseñado con qué facilidad los invasores acababan siempre atrapados en el intratable territorio de Afganistán y cómo los habían repelido durante siglos. Como mucho más tarde comentó Zbigniew Brzezinski, el militarista exasesor de Seguridad Nacional del presidente Jimmy Carter, la CIA había estado fomentando en secreto la oposición desde julio de 1979 con la esperanza de inducir a los soviéticos a verse arrastrados a su propio «Vietnam». Y eso fue justamente lo que sucedió. Durante los nueve años siguientes, los soviéticos acabaron cada vez más atrapados en un embrollo, costoso en hombres y recursos, que generaba un rechazo creciente en su país e imposible de ganar. Al mismo tiempo, se sembraron las simientes de los horrores que llegarían cuando la oposición a la ocupación soviética atrajo a yihadistas desde Argelia hasta Pakistán, que lucharon junto a los afganos como muyahidines, financiados sobre todo por Arabia Saudí y con el respaldo económico y militar de la CIA.

Estados Unidos respondió recalentando la guerra fría. El presidente Carter intensificó la retórica antisoviética, designando hiperbólicamente a Afganistán como la mayor amenaza para la paz desde la segunda guerra mundial. Se impuso un embargo parcial a las exportaciones a la URSS, incluida la alta tecnología. El tratado SALT II no fue ratificado. Estados Unidos boicoteó los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980, una operación bastante inútil, salvo para impedir que atletas que se habían estado entrenando durante años vivieran lo que para muchos habría sido el momento cumbre de sus carreras. De hecho, la mayoría de los países occidentales ignoraron el boicot, y tampoco el embargo comercial fue un éxito rotundo, porque Francia y Alemania Occidental no impusieron sanciones y, en realidad, se beneficiaron del vacío comercial dejado por los estadounidenses. No obstante, una cosa era clara: ya no quedaba nada de la distensión. La «segunda guerra fría» había empezado.

Durante los cinco años siguientes las relaciones entre las superpotencias de deterioraron. El nuevo presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, un antiguo actor de películas de serie B cuya combinación de modales campechanos y firmes principios conservadores resultó ser una fórmula ganadora en las elecciones de 1980 —después de que la presidencia de Carter se viera en general como un fracaso—, marcó el tono. Contó además con el ferviente respaldo de su más firme aliada, Margaret Thatcher. La demostración de la fuerza de Estados Unidos por medio de la disposición a enfrentarse a la Unión Soviética, a la que en 1983 Reagan describió como «un imperio del mal», formaba parte del intento de restablecer el prestigio tras la debacle de Vietnam. Ese año se produjo una escalada en la carrera armamentística nuclear: en noviembre se estacionaron los primeros misiles Pershing en Europa Occidental, a lo que los soviéticos respondieron rompiendo las nuevas negociaciones sobre misiles de largo alcance. Las conversaciones sobre el tratado de Reducción de Armas Estratégicas, abreviado START, se suspendieron antes siquiera de haber comenzado. Previamente, ese mismo año Reagan había anunciado un nuevo programa nuclear, la Iniciativa de Defensa Estratégica (SDI), apodada la «Guerra de las Galaxias» porque su objetivo era la creación de un completo sistema de defensa antimisiles ubicado en el espacio. Amenazaba con inclinar la balanza nuclear decisivamente a favor de Estados Unidos, pues los soviéticos no disponían de recursos para poner en marcha un proyecto similar, pero cuando estos intentaron asegurarse de que en las conversaciones sobre armamento nuclear se incluyeran restricciones, los estadounidenses se negaron. En esencia, la Destrucción Mutua Asegurada seguía igual que siempre. Ofrecía una especie de seguridad perversa.

No es así como lo veían las personas corrientes. Volvió el miedo. La nueva guerra fría trajo nuevos temores a un holocausto nuclear; no tan intensos como durante la crisis cubana de los misiles de octubre de 1962, pero no dejaban de ser reales e importantes. Los movimientos pacifistas, sobre todo en Gran Bretaña y Alemania Occidental, cobraron aún más fuerza de la que habían tenido en los años cincuenta. En Gran Bretaña, la Campaña para el Desarme Nuclear (CND), que en 1979 contaba con solo cinco mil afiliados, en 1985 había multiplicado por veinte esa cifra. Las mujeres montaron un «campamento por la paz» en las cercanías de la base estadounidense de Greenham Common que se convirtió en un símbolo, tanto en Gran Bretaña como internacionalmente, del nuevo movimiento de protesta contra el estacionamiento de misiles de crucero y Pershing, y la amenaza creciente de una guerra nuclear en Europa. Alemania Occidental, donde se preveía que tendrían la base la mayoría de los misiles, fue el epicentro de las protestas. En noviembre de 1980, dos millones y medio de personas firmaron una petición conocida como el «Llamamiento de Krefeld», que exigía el fin de las armas nucleares en Europa. En torno a 1,3 millones de personas participaron en octubre de 1983 en las manifestaciones en contra del estacionamiento de misiles que se celebraron en las ciudades alemanas. Aun así, el plan siguió adelante con el apoyo de los gobiernos de Helmut Kohl en Alemania Occidental y Margaret Thatcher en Gran Bretaña.

La escalada de la carrera armamentística nuclear tuvo un coste financiero inimaginable que Estados Unidos, con su deuda nacional disparada, podía afrontarlo, pero para la Unión Soviética era una carga mucho más difícil de llevar. Se calcula que, de un producto interior bruto soviético en torno a una sexta parte del de Estados Unidos, se destinaba a defensa entre el 15 % y 17 %, unas tres veces más que el porcentaje estadounidense. Este nivel de gasto militar no se podía mantener indefinidamente. La Unión Soviética no estaba al borde del derrumbe interno, podría haber seguido avanzando no sin esfuerzo durante años pese a que la economía iba peor de lo esperado, sus líderes eran ya ancianos y afrontaba graves problemas en los países satélites. Aun así, necesitaba con urgencia reformas y una reestructuración interna y era preciso un liderazgo visionario que las pusiera en marcha. No era fácil ver de dónde podía venir.

La Unión Soviética tuvo tres dirigentes gravemente enfermos en otros tantos años. Leónidas Breznev se había mantenido durante años con una dieta de somníferos (a los que era adicto), alcohol y cigarrillos, y tras sufrir una serie de derrames cerebrales apenas tenía movilidad y arrastraba visiblemente las palabras. Tras su muerte en noviembre de 1982, Yuri Andrópov, el exjefe del KGB, se convirtió en presidente del partido e introdujo algunos cambios necesarios, pero era demasiado tradicionalista como para infundir esperanzas de una reforma de calado. En cualquier caso, estaba aquejado de una enfermedad renal y no tenía la vitalidad necesaria; apenas duró un año y murió en febrero de 1984. Le sustituyó como secretario general alguien de más edad, menos competente y aún más delicado de salud, que sufría un grave enfisema. Konstantin Chernenko era a todas luces una opción temporal, un hombre insignificante al que respaldaban como jefe del partido otros miembros de la gerontocracia, deseoso de aferrarse a sus cargos e impedir las investigaciones previstas sobre corrupción. Murió el 10 de marzo de 1985. En las altas esferas del partido hubo entonces un consenso general de que la muy necesaria renovación interna y la fortaleza exterior de la Unión Soviética dependían de un líder joven, enérgico, hábil y dinámico.

Ese hombre estaba esperando entre bastidores. Mijaíl Gorbachov, la elección unánime del Politburó como siguiente secretario general del Partido Comunista, tenía solo cincuenta y cuatro años, casi un joven en comparación con los tres dirigentes anteriores. Había sido el protegido de Andrópov y había gestionado sus asuntos con eficacia mientras Chernenko ocupaba nominalmente el cargo. Gorbachov estaba a punto de salir de las bambalinas y ocupar el centro del escenario; no solo en la Unión Soviética, sino en la política internacional.

Capítulo 8 VIENTOS DE CAMBIO DEL ESTE

Sabemos que nuestro camino es difícil. Sin embargo, la decisión está tomada y hemos preparado el terreno para la perestroika.

Mijaíl Gorbachov, discurso al pueblo
soviético en el Año Nuevo de 1989

Ahora tenemos la Doctrina Frank Sinatra. Tiene esa canción, «I did it my way». Así, cada país decide por sí mismo qué camino tomar.

Gennadi Gerasimov, portavoz del Ministerio de
Asuntos Exteriores soviético, octubre de 1989

Casi nadie, ni en Europa oriental ni en la occidental, previó lo que se avecinaba. Un cambio radical en un bloque soviético en apariencia anquilosado parecía algo impensable, pero que pudiera provenir de dentro de la Unión Soviética era inimaginable. Cuando el 11 de marzo de 1985 fue elegido secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, tampoco Mijaíl Gorbachov tenía la menor idea de que los seis años siguientes sus actos transformarían por completo la historia mundial. Quería reformar la Unión Soviética y acabó por destruirla. Por supuesto, no fue solo obra suya, pero sin él no se habría producido. Entre su llegada al poder en 1985 y la primavera de 1989, los fuertes vientos de cambio del este fueron cobrando la fuerza de un huracán hasta estar a punto de destruirlo todo a su paso y arrancar las raíces del viejo orden en Europa oriental.

LA PERESTROIKA

La palabra, sin traducir, dio la vuelta al mundo. Significaba «reconstrucción» y empezó a circular en cuanto Gorbachov la pronunció en mayo de 1985 durante un discurso en Leningrado, cuando el nuevo secretario general del Partido Comunista anunció: «Obviamente, todos nosotros debemos sufrir una reconstrucción… Todo el mundo debe adoptar nuevos planteamientos y comprender que no hay ningún otro camino para nosotros». No estaba claro lo que significaba exactamente «reconstrucción», cómo iba a cambiar su significado y las consecuencias que tendría con el paso del tiempo ni los niveles de oposición a los que tendría que enfrentarse. Lo que significaba al principio para Gorbachov y para aquellos miembros del partido que le prestaron su apoyo entusiasta era una renovación y revitalización que consideraban esencial para reinstaurar los ideales de la revolución de 1917.

Gorbachov era una persona del sistema, había adquirido relevancia dentro del régimen. No cabía imaginar que, independientemente de las reformas que pudiera intentar aplicar, estas fueran a perjudicar al régimen, a sus estructuras de poder dentro de la Unión Soviética o a su supremacía en la Europa del Este. El propio Gorbachov, un comunista convencido, no tenía ninguna intención de hacer semejante cosa. Aunque se enfrentaba a problemas cada vez mayores en el ámbito de la economía y en el de las relaciones con las nacionalidades no rusas, cuando Gorbachov asumió el cargo la URSS era estable. Tenía bajos niveles de deuda externa, no se enfrentaba a graves desórdenes internos y podía confiar en la lealtad de las fuerzas armadas y los servicios de seguridad. No existía ningún temor a la desestabilización política ni entre una pequeña minoría que deseaba introducir las reformas necesarias ni entre los ultraconservadores, la fuerza predominante en el Politburó, que querían impedirlas. La Unión Soviética podría haber seguido adelante, sin duda anquilosada pero sin temor a un desmoronamiento inminente, en un futuro previsible sin la dinámica desintegradora de la perestroika.

Nacido en marzo de 1931 en una familia de campesinos de Stavropol, en el norte del Cáucaso, una región con una fuerte mezcla étnica aunque habitada sobre todo por rusos, durante el estalinismo Mijaíl Gorbachov había padecido la pobreza y la persecución de miembros de su familia, antes de iniciar su rápido ascenso en el partido hasta llegar al Politburó en 1980. Su capacidad de organización, su dinamismo y su determinación le habían valido el reconocimiento y se le consideraba un notable talento emergente. Había logrado notoriedad durante el breve período de liderazgo de Andrópov. Andrópov reconocía la necesidad de aplicar reformas (dentro de unos límites estrechos) y pretendía promover a varios miembros leales al partido más jóvenes, y puesto que consideraba a Gorbachov su principal protegido, le asignó amplias responsabilidades sobre buena parte de la economía, y en particular en la agricultura. En algunas ocasiones Gorbachov había presidido el Politburó cuando el achacoso Andrópov estaba ausente (aunque esta tarea solía recaer en Konstantín Chernenko), y la muerte de Andrópov y su sucesión en febrero de 1984 por el candidato de los conservadores, el ya enfermo Chernenko, resultó ser solo un contratiempo temporal.

La enfermedad de Chernenko hizo que, durante la mayor parte del tiempo, Gorbachov dirigiera el Politburó y el secretariado del partido. Por entonces era el número dos en la jefatura de la Unión Soviética. Cuando la tarde del 10 de marzo de 1985 Chernenko murió, Gorbachov convocó una reunión del Politburó esa misma noche, que en la práctica predeterminó que al día siguiente sería elegido, sin oposición, secretario general. No fue elegido porque tuviera ideas radicales de reforma, pues Gorbachov carecía entonces de planes precisos y solo tenía el convencimiento de que era necesario un cambio. A sus colegas del Politburó, en su mayoría conservadores, no les interesaba una reforma profunda que pudiera amenazar a un sistema que les garantizaba beneficios y privilegios. No todos ellos, ni mucho menos, estaban entusiasmados con Gorbachov, pero no había ningún otro candidato alternativo que destacara. Tras la muerte en una rápida sucesión de tres dirigentes casi decrépitos, predominaba la sensación de que era imprescindible un liderazgo más joven y dinámico. Y la energía y el ímpetu de Gorbachov eran asombrosos.

Aun así, a primera vista no era evidente cómo Gorbachov podía introducir cambios cada vez más radicales cuando era el único reformista del Politburó y estaba rodeado por completo de conservadores. Una de las razones es que Gorbachov era muy persuasivo y convincente. A diferencia de sus predecesores, no recurría a la autoridad de su cargo, sino a la fuerza de los argumentos. Las reuniones del Politburó eran más largas que en el pasado, pues se debatía ampliamente y a veces Gorbachov incluso enmendaba su postura inicial. Demostraba con argumentos convincentes y la fuerza de su personalidad su habilidad para conseguir la aprobación de sus políticas y, sobre todo en las etapas iniciales, tenía sumo interés en que los conservadores del Politburó acataran las medidas que iba adoptando.

Le ayudó mucho el hecho de que los conservadores no tuvieran una estrategia clara que proponer como alternativa a la reforma. Gorbachov no tenía dificultades para resaltar el mal estado de la economía, que a finales de los años setenta y principios de los ochenta se había agravado. El crecimiento económico se había reducido; el presupuesto registraba un déficit enorme; había escasez, un mercado negro floreciente, baja productividad, una extorsión y una corrupción galopantes, y uno de los niveles de vida más bajo incluso entre los países socialistas. Como de costumbre, se había mantenido el gasto militar, pero a costa del nivel de vida. Gorbachov conocía de primera mano los crecientes problemas de la agricultura, era muy consciente de las deficiencias de la producción industrial y de la severa falta de inversiones, y reconocía que la deuda externa era un lastre cada vez más pesado. Tal vez los conservadores no desearan un cambio, pero no podían encontrar la manera de acabar con el estrangulamiento económico limitándose a dejar las cosas como estaban. Por consiguiente, Gorbachov tenía ventaja a la hora de presionar a favor del cambio; no había ninguna alternativa obvia. Los conservadores estuvieron desde el principio a la defensiva.

Ocurría algo parecido con la política exterior. Gorbachov podía señalar la creciente brecha con Estados Unidos en materia de desarrollo tecnológico, y esto se hizo aún más evidente cuando la Unión Soviética tuvo que vérselas con la Iniciativa de Defensa Estratégica (la «Guerra de las Galaxias») del presidente Reagan, anunciada en 1983. La respuesta de la Unión Soviética había sido la habitual: incrementar el gasto militar. Al principio también Gorbachov pensó que la Unión Soviética debía aumentar considerablemente su gasto militar, lo que le permitiría alcanzar a Estados Unidos y superar, sobre todo, las carencias en tecnología de la información, pero no tardó en darse cuenta de que otra forma posible de abordar el problema sería trabajar para lograr un cambio fundamental en las relaciones internacionales con Estados Unidos. Pensó en un amplio desarme nuclear. Esto persuadiría a los estadounidenses de que su carísima Iniciativa de Defensa Estratégica era por completo innecesaria. Enfrentado al problema evidente de que un presupuesto de defensa sustancialmente mayor, mientras la economía civil ya estaba en una situación delicada, limitaría mucho las posibilidades de mejorar el nivel de vida de los ciudadanos soviéticos, Gorbachov consiguió convencer al Politburó para que aprobara su enfoque alternativo. Los conservadores no tenían con qué rebatir sus argumentos más allá de continuar aplicando políticas, ya probadas sin éxito, que empeorarían la situación. Además, les preocupaba lo que Andrópov había señalado solo unos pocos años antes, cuando todavía era jefe del KGB, la impulsiva imprevisibilidad de Reagan, y temían que estuviera planeando un ataque sorpresa contra la Unión Soviética. En 1983 habían estado al borde del pánico cuando los servicios de inteligencia soviéticos confundieron unas maniobras militares de la OTAN con la señal de un ataque nuclear inminente, el foco de tensión más peligroso desde la crisis cubana de los misiles de 1962, aunque en ese momento se había silenciado. Finalmente comprendieron que el estacionamiento de los misiles SS-20 en Europa oriental había sido un fracaso y que, además de tener un coste exorbitante, solo había servido para provocar que Occidente respondiera desplegando los misiles Pershing II, superiores, contra los que la Unión Soviética no tenía una protección eficaz. Por tanto, el estamento militar conservador estaba abierto al cambio. Una vez más, la debilidad de los conservadores fue la fuerza de Gorbachov.

Más allá de su persuasiva elocuencia y de la debilidad de los conservadores, Gorbachov pudo llevar adelante su programa de reformas fortaleciendo su propia posición dentro del Politburó y de otros órganos rectores del partido. Aunque en el Politburó siempre había tenido que lidiar con una mayoría que no estaba a favor de la adopción de reformas, no tardó en introducir cambios en el personal que reforzaron su posición, sobre todo en asuntos exteriores. Ascendió a una serie de antiguos protegidos de Andrópov que estaban a favor de las reformas a expensas de los conservadores que quedaban. Entre ellos figuraban quienes habían maniobrado entre bastidores para garantizar su elección como secretario general: Nikolái Ryzhkov pasó a ocuparse de la economía y fue nombrado presidente del Consejo de Ministros, mientras que Yegor Ligachov, que había dirigido el departamento de organización del partido con Andrópov, fue ascendido a miembro del Politburó y pasó a encargarse de los asuntos ideológicos en el secretariado; un aliado importante, que abogaba por una reforma radical, fue Aleksandr Yákovlev, incorporado ahora al secretariado del partido; Eduard Shevardnadze, el jefe del partido en Georgia, que compartía con entusiasmo la visión de Gorbachov de que era necesario un cambio, fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores, mientras que el acérrimo conservador Andréi Gromyko fue apartado del cargo al ser nominalmente ascendido a presidente del Presidium del Sóviet Supremo, la jefatura del Estado. Ryzhkov y Ligachov, y también Boris Yeltsin, el líder del partido en Sverdlovsk (que más tarde recuperó su nombre zarista de Ekaterimburgo) y ahora nombrado jefe del secretariado en Moscú, serían algunos de los que con el tiempo se distanciarían de Gorbachov y se convertirían en sus detractores; pero en las etapas iniciales de la reforma fueron aliados importantes contra los tradicionalistas que pretendían dar largas a cualquier posibilidad de cambio. Gorbachov incorporó también a funcionarios del partido de categorías inferiores que estaban a favor de las reformas. Bajo la superficie del anquilosado régimen de Breznev, una nueva hornada de gestores económicos y técnicos especializados con una amplia formación habían llegado a reconocer que era necesario un cambio. Tanto ellos como los cuadros del partido de rango medio tenían que proceder con suma cautela. No obstante, muchos de ellos estaban abiertos a las ideas reformistas y, si se promovían desde arriba, estaban dispuestos a adoptarlas. A mediados de 1986, dos terceras partes de los secretarios del partido en las provincias habían sido nombrados recientemente.

Por último, Gorbachov fue capaz de orientar su senda reformista en una dirección cada vez más radical porque, a medida que se fortalecía su posición, sus propias ideas sobre la reforma cambiaron de manera fundamental. Empezó siendo comunista y acabó como un socialdemócrata al estilo europeo. Poco a poco se fue dando cuenta de que no bastaba con la reforma. En 1988 había llegado a un punto en el que reconocía que el sistema soviético tenía que ser reformado y transformado por completo. Durante el proceso de su metamorfosis personal se llevó consigo a los dirigentes soviéticos, a unos de mejor grado que a otros; y hubo también quienes intentaron en vano pisar los frenos, como si trataran de detener un camión descontrolado. A medida que las reformas iban acelerándose, cada vez les resultaba más difícil a los adversarios de Gorbachov obstruirlas, por no hablar de revocarlas. Era demasiado tarde para recurrir al método estalinista de sembrar el terror en toda la nación; habría sido mucho más difícil poner en marcha una represión drástica de lo que lo había sido en los años treinta. La sociedad soviética había cambiado desde entonces. A la mayor parte de los ciudadanos les gustaban las reformas de Gorbachov. Entre 1985 y 1990, el secretario general disfrutó de una inmensa popularidad personal y además encontró mucho apoyo entre los intelectuales para sus propuestas radicales (aunque los funcionarios locales del partido solían darle largas).

Tampoco se podía atrasar el reloj para volver a la economía planificada a gran escala de antaño, los graves problemas económicos de la Unión Soviética no se podían combatir con semejante tipo de enfoque. Y mientras tanto se estaban acumulando presiones para aflojar, no para tensar las riendas en las nacionalidades periféricas, no rusas, de la Unión Soviética. Así pues, las reformas desarrollaron su propia dinámica. Un conservador, Vitali Vorotnikov, que luego se arrepentiría de haberse dejado arrastrar por la fuerza de los argumentos de Gorbachov, lamentaba que «el tren de la pseudodemocracia había cobrado tanta velocidad, que detenerlo estaba fuera de nuestras posibilidades». Tenía razón: mientras Gorbachov fuera el líder soviético, no se podían contener las presiones a favor de un cambio. Arrastraban a Gorbachov con ellas. Cuando se le planteaba la cuestión de detener o radicalizar sus reformas, su respuesta era previsible y coherente. «Estoy condenado a seguir adelante y solo adelante. Y si doy marcha atrás, yo mismo pereceré y también lo hará la causa», se afirma que dijo. El cambio radical que implicaba «seguir adelante» avanzó inexorablemente en una dirección: la de erosionar y a la larga socavar por completo las estructuras de poder del estado Soviético.

Por muy graves que fueran los problemas de la Unión Soviética cuando Gorbachov fue nombrado jefe del partido, podría haberse mantenido durante algunos años todavía. En realidad, hubo quienes sostuvieron entonces, y posteriormente, que la Unión Soviética podía haber tomado como ejemplo la receta adoptada en 1979 por China, bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, de combinar las reformas económicas con la continuación de un control político fuerte y autoritario. Afirmaban que esta estrategia de emprender reformas económicas y solo después intentar una transformación política podría haber preservado a la Unión Soviética indefinidamente. Gorbachov no estaba de acuerdo y consideraba esas opiniones ingenuas porque, en su opinión, las reformas económicas en la Unión Soviética estarían abocadas al fracaso si no iban acompañadas de cambios políticos significativos. (Por su parte, Deng, al parecer, creía que Gorbachov era «un idiota»). En realidad, los problemas estructurales permitieron a Gorbachov generar lo que llegó a ser un ímpetu imparable de cambio radical, pero sin su contribución personal, sin su sed insaciable y cada vez más intensa de reformar las anquilosadas estructuras de poder de la Unión Soviética, ese impulso ni siquiera se habría iniciado. Esta firme voluntad de cambio fue lo que, en la transformación de la Unión Soviética, de sus satélites y, en última instancia, de toda Europa, representó «el factor Gorbachov».

Aunque al principio parecía que como secretario general Gorbachov pondría su atención en la reforma económica, durante algunos meses fueron pocas las medidas concretas que siguieron a la retórica. Su punto de partida, con vistas en buena medida a calmar a un Politburó casi en su totalidad conservador, consistía en realidad tratar de conseguir mejoras dentro del marco estratégico establecido por Breznev. En su primer discurso como secretario general anunció que su política consistiría en «acelerar el desarrollo social y económico del país y tratar de mejorar todos los aspectos de la vida de nuestra sociedad». Se trataba de una declaración de intenciones singularmente vaga, pues, aunque estaba convencido de la apremiante necesidad de reforma, Gorbachov no tenía en mente un plan claro. Fue capaz de convencer incluso a los conservadores de que la gestión económica tenía que ser descentralizada, pero los pasos precisos para lograr ese objetivo, introducir cambios y convertir las declaraciones de intenciones en realidades prácticas, eso era ya otra cosa. Estaba pisando un campo de minas político. Pese a toda su impaciencia por lograr cambios, no se podían introducir de la noche a la mañana. Fueron necesarios meses de intensa persuasión, la sustitución de los intransigentes por quienes estaban a favor de la reforma y la toma de decisiones audaces para crear un clima de cambio antes de que el proceso de reforma se pudiera consolidar y acelerar. Durante todo ese tiempo, el propio Gorbachov iba aprendiendo y cambiando. Poco a poco fue adquiriendo confianza sobre las posibilidades de llevar a cabo una reforma radical. Y también se vio arrastrado por la corriente de reformas que ya había instigado.

No tardó en darse cuenta de que solo podía producirse una reforma económica a una escala significativa si iba precedida, no si la seguía, una reestructuración política, y, en consecuencia, promovió una reforma política. Esta, que empezó siendo una plataforma para llevar a cabo posteriores reformas económicas y sociales, fue convirtiéndose paulatinamente en un fin en sí misma. «En el fragor de las batallas políticas perdimos de vista la economía», admitió más tarde Gorbachov.

Las visitas a diferentes partes de la Unión Soviética en el verano de 1985 reforzaron la devastadora valoración de Gorbachov de la situación económica. Sin embargo, lo que de verdad le conmocionó y le convenció más que nunca de que las reformas limitadas y los ajustes administrativos no bastarían ni mucho menos para erradicar el malestar, fue la terrible catástrofe nuclear de Chernóbil, en Ucrania, a aproximadamente un centenar de kilómetros al norte de Kiev, el 26 de abril de 1986. El sobrecalentamiento de un reactor en la central nuclear había provocado una catastrófica explosión. La lluvia radiactiva, mucho peor que la de Hiroshima y Nagasaki después de que las bombas atómicas hubieran devastado estas ciudades japonesas en agosto de 1945, fue arrastrada por fuertes vientos y diseminada por amplias zonas del este, el centro y el norte de Europa. Expuso a millones de personas a los efectos de la radiación y enseguida fue reconocida como una catástrofe internacional, no solo soviética. Dejó una importante huella en los movimientos ecologistas y antinucleares de los países de Europa occidental.

Para los ucranianos de la región del epicentro de la explosión, fue una calamidad absoluta, pero ni la magnitud ni la naturaleza de la catástrofe fueron reconocidos de inmediato. Al principio, las autoridades no contaron nada a la población local sobre lo que había ocurrido exactamente. Una testigo, la esposa embarazada de un bombero que combatió el fuego pero no sobrevivió, describió la caótica escena del horror:

Había aquellas llamas altas. Montones de hollín, un calor terrible… Hicieron retroceder el fuego, pero siguió avanzando, volvió a subir… No tenían puestos los trajes ignífugos, acudieron solo con las camisetas que llevaban. Nadie les advirtió. Se limitaron a avisarles como si se tratara de un incendio normal… Me pidió: «¡Sal de aquí! ¡Salva al bebé!»… Había soldados por todas partes… Nadie dijo nada de la radiación. Solo los soldados llevaban máscaras… En la radio anunciaron: «Se evacuará la ciudad durante tres o cinco días. Lleven ropa de abrigo y chándales. Permanecerán en los bosques, alojados en tiendas de campaña»…

Murieron al menos veinte personas, y se calcula que como consecuencia de la explosión posteriormente murieron decenas de miles. Los problemas de salud causados por la exposición a los elevados niveles de radiactividad se sufrirían durante muchos años. La atmósfera y el suelo estaban contaminados. Era imposible vivir en la zona. Unos 135 000 ciudadanos fueron reasentados a la fuerza.

Para Gorbachov, la catástrofe revelaba no solo que la tecnología estaba obsoleta, sino también «el fracaso del antiguo sistema». Más tarde comentó que «Chernóbil arrojó luz sobre muchos de los males de nuestro sistema en su conjunto». Hubo incompetencia, intentos de ocultar información vital, silenciamiento de malas noticias, irresponsabilidad, negligencia, embriaguez generalizada y malas decisiones. Todo ello constituía otro «argumento convincente en favor de las reformas radicales… Teníamos que hacer avanzar la perestroika».

Un segundo vocablo ruso pasó poco después a formar parte del vocabulario internacional: glasnost, «transparencia» o «apertura». Era un componente esencial del deseo de Gorbachov de suscitar un debate público sobre sus cambios, ampliando de este modo su popularidad y volviéndolos irreversibles. No tenía por objeto introducir una libertad de expresión ilimitada o el libre acceso a la información, y menos aún una democracia liberal al estilo occidental, pero en términos soviéticos la decisión era extraordinaria y las consecuencias fueron incalculables. Una señal de que Gorbachov ponía punto final a la represión de las opiniones inconformistas fue que en diciembre de 1986 hiciera volver del exilio en Gorki al disidente más famoso de la Unión Soviética, el físico atómico Andréi Sájarov.

A lo largo del año siguiente, las ideas de Gorbachov sobre la reestructuración continuaron evolucionando. El borrador de la Ley de Empresas del Estado que presentó en junio de 1987 preveía la elección de gerentes de fábricas, cierta descentralización de la producción y, en un reflejo de la Nueva Política Económica de Lenin de los años veinte, la existencia de un pequeño sector privado en los servicios y la industria. Al cabo de dos años, el sector privado, al principio pequeño, se había expandido considerablemente, aunque seguía siendo reducido. En el sector público, todavía inmensamente mayor, se permitió despedir a los trabajadores y cerrar empresas con pérdidas. En una medida para distanciarse aún más de la economía planificada controlada por el estado, la tierra e incluso las fábricas de titularidad pública se podían arrendar a particulares por períodos de hasta cincuenta años. Entretanto, en noviembre de 1987 Gorbachov había pedido la introducción del estado de derecho y de una nueva cultura política como base de la sociedad soviética. Asombrosamente también, y en una ruptura total con la ideología de clases leninista, pretendía implementar una política exterior basada en «valores humanos comunes» con otros países.

En línea con el cambio de política en los asuntos internacionales, tras haber conseguido convencer a sus colegas del Politburó para que aceptaran que poner fin a la carrera armamentística nuclear redundaba directamente en interés de la Unión Soviética, Gorbachov no tardó en reunirse con el presidente Reagan con el propósito de llegar a un acuerdo. El año anterior, antes de tomar posesión del cargo, Gorbachov ya había causado una buena impresión a la principal aliada de Reagan, Margaret Thatcher, durante una «ofensiva de seducción» en Gran Bretaña. Aunque era muy consciente de que ella era una acérrima anticomunista, lo consideraba «el camino más corto para enviar un mensaje a Washington». Cuando el 16 de diciembre de 1984 él y su esposa Raisa almorzaron en Chequers, la residencia campestre de la primera ministra británica, Gorbachov rompió el hielo asegurando a Thatcher que no traía «instrucciones del Politburó para convencerla de que se afiliara al Partido Comunista». Thatcher se relajó visiblemente con la broma y luego, según las palabras de uno de sus asesores, comentó: «Me gusta el señor Gorbachov. Podemos trabajar juntos».

Gorbachov y Reagan también entablaron una buena relación personal cuando se reunieron en Ginebra en noviembre de 1985. En una segunda cumbre celebrada los días 11 y 12 de octubre de 1986 en Reikiavik, en Islandia. Gorbachov cogió a Reagan totalmente por sorpresa cuando le propuso una reducción del 50 % de los arsenales nucleares estratégicos de ambos bandos y después, cuando los estadounidenses titubearon, sugirió la eliminación total de los misiles de alcance intermedio en Europa. La propuesta fracasó cuando Reagan se negó a considerar la idea de imponer restricciones a las pruebas de la Iniciativa de Defensa Estratégica. Una tercera cumbre, celebrada en Washington entre el 7 y el 10 diciembre de 1987, tuvo más éxito. En esta ocasión Gorbachov y Reagan firmaron el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, por el que la Unión Soviética y Estados Unidos se comprometían a destruir todos los misiles con base en tierra y de un alcance de entre 500 y 5500 kilómetros. Gorbachov y Reagan volvieron a reunirse entre el 29 de mayo y el 3 de junio de 1988, esta vez en Moscú, donde hablaron de derechos humanos y de la retirada de las tropas soviéticas de Afganistán, anunciada en abril. Con ello, Gorbachov pasaba página al desastroso «Vietnam» de la Unión Soviética. Tal vez lo más importante fue que la reunión reflejó un clima de cambio, en el que mejoraban sustancialmente las relaciones entre las superpotencias, propiciado en gran medida por la química personal entre Gorbachov y Reagan, y por las audaces iniciativas que el secretario general había adoptado para reducir la posibilidad de que estallara un conflicto nuclear.

El 7 de diciembre de 1988 Gorbachov intervino en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y anunció que iba a reducir unilateralmente las fuerzas armadas soviéticas en medio millón de hombres y que retiraría seis divisiones acorazadas de la República Democrática Alemana, Checoslovaquia y Hungría para 1991. Se refirió a un «objetivo común» para la humanidad, el de establecer un mundo en paz. No mencionó la lucha de clases. Estaba dando la espalda a los principios del marxismo-leninismo. Había llegado lejos en poco tiempo.

Sin embargo, los problemas de la Unión Soviética aumentaban de manera preocupante. La glasnost había animado a los ciudadanos a expresar sus quejas, sobre todo acerca de la corrupción de los funcionarios locales, que la propia propaganda del gobierno había censurado. En las repúblicas no rusas, esto adquiría fácilmente una dimensión étnica, que se manifestaba en el resentimiento contra los funcionarios rusos, a los que se consideraba forasteros a quienes se favorecía en los ascensos en detrimento de los locales. Hubo disturbios étnicos en Kazajistán y Azerbaiyán, pero las señales más amenazadoras fueron el auge de un sentimiento nacionalista secesionista, de un deseo de autonomía respecto de Moscú, en las repúblicas bálticas de Letonia, Lituania y Estonia. Gorbachov había abierto la caja de Pandora. No se podía volver a cerrar la tapa.

A finales de 1988 ya era evidente, también, que la economía estaba fallando. Las reformas de Gorbachov habían empeorado la situación, en lugar de mejorarla. Todos los indicadores mostraban que los resultados económicos estaban experimentando un notable deterioro. El déficit financiero de la Unión Soviética crecía de manera alarmante. La venta de vodka era vital para los ingresos fiscales que sustentaban el inestable presupuesto y los ingresos procedentes de las exportaciones, sobre todo del petróleo y del gas, estaban cayendo. Para un país tan enorme y rico en recursos naturales, era sorprendente que un porcentaje tan elevado de las divisas, obtenidas de las exportaciones a Occidente, tuviera que destinarse a importar alimentos. A finales de 1988, el racionamiento de productos alimenticios básicos, como la carne y el azúcar, estaba muy extendido. Los hospitales registraron escasez de medicamentos. En el plazo de un año, muchos productos básicos (leche, té, café, jabón, carne) habían desaparecido de las tiendas. No es de sorprender que se pusiera de manifiesto la indignación de innumerables ciudadanos corrientes. En diversas zonas del país se convocaron huelgas. Y, en medio de la creciente crisis económica y del enorme descontento popular, debían celebrarse elecciones.

En marzo de 1989 se celebraron las primeras elecciones libres en la historia de la Unión Soviética, destinadas a elegir a los miembros del Congreso de los Diputados del Pueblo (un nuevo organismo de 2250 miembros que reemplazaba al antiguo Sóviet Supremo como máximo órgano legislativo del país), y tuvieron unos resultados sensacionales. No era unos comicios multipartidistas, como en las democracias occidentales, pues los candidatos tenían que ser miembros del Partido Comunista, pero, la novedad era que podía presentarse más de un candidato a cada puesto. Este era el compromiso (cierta libertad de elección dentro de un estado unipartidista), necesario para apaciguar a los conservadores. Pese a ser un acuerdo imperfecto, era un paso importante hacia la democracia. Lo sensacional fue que los votantes rechazaron al 20 % de los candidatos respaldados por el partido. En las tres mayores ciudades de la Unión Soviética, Moscú, Leningrado y Kiev, el candidato apoyado por el partido fue derrotado; en Moscú, Boris Yeltsin (que había dimitido del Politburó en 1987), al que se oponía todo el aparato del partido, obtuvo casi el 90 % de los votos.

Fue la peor derrota electoral del Partido Comunista desde 1918 y abrió las puertas a una mayor inestabilidad política. En el propio Congreso, unos trescientos reformistas, entre los que destacaba Yeltsin, presionaron a favor de una mayor democratización y de cambios más radicales. Al mismo tiempo, las repúblicas bálticas estaban reclamando más enérgicamente la autonomía con respecto a Moscú, mientras en Georgia hubo protestas en apoyo de la independencia nacional que desembocaron en un derramamiento de sangre. La rebeldía y los conflictos interétnicos, que en el Cáucaso conllevaron disturbios y violencia, reflejaban el deterioro de los vínculos de las repúblicas no rusas. Y todo ello con una persistente y creciente crisis económica como telón de fondo. Gorbachov mantuvo su popularidad y la conservó hasta el verano de 1990. Sin embargo, ese fue el momento culminante de su popularidad y de su poder, pues no tardarían en empezar a desvanecerse.

Aun así, para Gorbachov ya no había marcha atrás. Lo que había empezado siendo una reforma gradual estaba convertiéndose a todas luces en un cambio revolucionario. Y la implosión no solo estaba afectando a la Unión Soviética. Inexorablemente, también tuvo consecuencias trascendentales para los satélites de lo que, hasta ese momento, había constituido el imperio soviético en Europa oriental.

DINÁMICA DE CAMBIO

¿Qué importancia tuvo «el factor Gorbachov» en la caída del bloque soviético? La pregunta se ha de abordar a la luz de las graves deficiencias estructurales que estaban perjudicando a los estados socialistas. Una vez más, plantea un problema central de interpretación: ¿cuán importante es el papel de una acción individual a la hora de generar un gran cambio histórico? ¿Y hasta qué punto está ese papel condicionado por determinantes estructurales?

Los problemas estructurales de cada uno de los satélites soviéticos se había agravado a raíz de las crisis del petróleo de los años setenta (véase el capítulo 7). La distancia en los niveles de crecimiento entre el bloque soviético y las economías occidentales se estaba ampliando, en lugar de reducirse. A mediados de los años ochenta, el endeudamiento de los estados en Europa oriental estaba alcanzando niveles alarmantes. Muy buena parte de los ingresos en divisas se destinaban a saldar las deudas contraídas con bancos occidentales, por lo que la salida de ese círculo vicioso era casi imposible. Los asesores de Gorbachov le dijeron que Europa del Este era una carga económica para la Unión Soviética, no una necesidad estratégica.

Rumanía demostró que no era imposible encontrar una salida al endeudamiento del estado. Sin embargo, no era una vía recomendable. En 1982 el Fondo Monetarios Internacional había impuesto a Rumanía unas condiciones estrictas a cambio de la reestructuración del pago de su enorme deuda nacional, que seguía creciendo. Como respuesta, Nicolae Ceauşescu adoptó una estrategia radical: reembolsar toda la deuda y en un plazo muy breve. La deuda fue cancelada en 1989. Sin embargo, esto solo fue posible imponiendo recortes tremendamente draconianos en los gastos de consumo. Los recortes, incluido un «programa de alimentación racional» para reducir la ingesta de calorías hasta un 15 %, condenaron a los ciudadanos a vivir en la más absoluta miseria. Se restringieron de un modo drástico las importaciones, lo que provocó una escasez crónica de los alimentos más básicos. En 1985 el consumo de electricidad cayó a solo el 20 % de su nivel en 1979 y en Bucarest el consumo de gas durante el invierno de 1987 se fijó en dos horas diarias.

Mientras los rumanos pasaban hambre y se congelaban, Ceauşescu se parecía cada vez más a un Nerón actual, deleitándose (junto con su esposa Elena) en un estilo de vida de un lujo desvergonzado y disfrutando de un culto a la personalidad que alcanzaban unas cotas de servilismo y de irracionalidad insólitas incluso para lo que es habitual en los regímenes autoritarios. Las señales de megalomanía eran inconfundibles. Fastuosos proyectos de prestigio engullían sumas de dinero fabulosas. Unos cuarenta mil habitantes de Bucarest fueron expulsados de sus casas para poder construir la «Casa de la República», que estilísticamente recordaba a los peores excesos de la arquitectura estalinista. En 1988, Ceauşescu anunció un plan que entrañaba la destrucción de ocho mil aldeas para construir «complejos agroindustriales». Los aldeanos que no destruyeran sus propias viviendas no recibirían ninguna indemnización. La minoría húngara debía ser «rumanizada». Las mujeres sufrieron de manera desproporcionada, ya que la anticoncepción y el aborto estaban prohibidos y la edad para casarse se bajó a los quince años. Decenas de miles de niños fueron separados por la fuerza de familias pobres e internados en orfanatos.

El régimen de Ceauşescu fue realmente monstruoso. Sin embargo, la magnitud del nepotismo y la corrupción de la élite gobernante, y la temible represión de la Securitate, la temida organización de seguridad del Estado (que se calcula que contaba con 24 000 agentes en activo), respaldada por una enorme red de vigilancia de posiblemente centenares de miles de informantes, desempeñaron un papel importante en garantizar que la oposición fuera silenciosa, por muy escasa que fuera la popularidad del régimen. Incluso aquellos rumanos que en privado se mostraban críticos apenas podían contemplar una vía de salida del régimen de Ceauşescu. Aun así, Rumanía, independientemente del carácter concreto de su tipo de comunismo, no podía escapar al clima de cambio que estaba empezando a afectar a toda la zona comunista.

En realidad, la despótica tiranía rumana destacaba claramente del resto del bloque socialista. Aunque formaba parte del pacto de Varsovia, desde la invasión de Checoslovaquia en agosto de 1968 Ceauşescu había seguido cada vez más su propio camino. El hecho de que al desarrollar un tipo de comunismo nacional rumano se hubiera distanciado de la Unión Soviética, y de que hubiera creado con ello una división entre los países del pacto de Varsovia, había animado a los países occidentales a cortejar a un dictador tan repulsivo. En 1978 Ceauşescu incluso fue invitado a realizar una visita de Estado a Gran Bretaña y cenó con la reina Isabel II. Aunque Ceauşescu intentó acercarse a Gorbachov, pues Rumanía necesitaba de la ayuda soviética, era imposible que llegaran a un consenso. De hecho, el encuentro que mantuvieron en mayo de 1987 propició duras críticas del líder soviético. Los caminos de Rumanía y la Unión Soviética aún se separarían más. Cuanto más iba clarificando Gorbachov su radical enfoque del cambio en los países del pacto de Varsovia, más peligraba el régimen absolutista de Ceauşescu en Rumanía.

Entre los demás países del pacto de Varsovia había profundas divisiones acerca de las reformas de Gorbachov. Los regímenes de Bulgaria (tradicionalmente inquebrantable en su lealtad a Moscú), la República Democrática Alemana y Checoslovaquia miraban los cambios en marcha en la Unión Soviética con desaprobación, aprensión y desasosiego. La resistencia al nuevo clima con Gorbachov equivalía a la defensa de las estructuras de poder en sus propios países de las que dependía su autoridad.

Era improbable que Tódor Zhívkov, el líder del Partido Comunista de Bulgaria y desde marzo de 1954 jefe de Estado, todavía aferrado al poder, se dejara impresionar por las reformas de Gorbachov en la Unión Soviética. En 1982 había fracasado un intento de impulsar la alicaída economía búlgara y, en particular, de mejorar el abastecimiento de bienes de consumo. Los problemas económicos del país se agravaron cuando la Unión Soviética, ante la caída de los ingresos procedentes del crudo, redujo el suministro de petróleo a Bulgaria (y a sus demás satélites de Europa oriental). Gorbachov señaló más tarde que la economía búlgara se mantuvo con vida gracias a la «respiración artificial» del capital extranjero. Enfrentado a una deuda externa disparada y una economía considerada «al borde de un ataque cardíaco», Zhívkov desvió la atención intensificando la discriminación contra la minoría turca, aproximadamente una décima parte de la población. A medida que en la Unión Soviética proseguía la «reestructuración», iban tensándose las relaciones con Moscú. Zhívkov prometió en falso reformas con una «perestroika búlgara» poco entusiasta introducida entre 1986 y 1988. En 1987 llegó incluso a ser censurado, al menos nominalmente, por Gorbachov por adoptar una línea que podría acabar amenazando el monopolio comunista del poder en Bulgaria y por rodearse de asesores favorables a una orientación prooccidental. Sin embargo, la postura de Zhívkov contenía una dosis no pequeña de hipocresía, ya que no tenía ninguna intención de atenuar, y menos aún de entregar, su control del poder. En 1987, el Politburó del Partido Comunista búlgaro rechazó explícitamente la perestroika por considerarla inaplicable en Bulgaria.

Lo mismo hizo en la República Democrática Alemana Erich Honecker, que gobernaba desde 1971. Gracias a los préstamos de Alemania Occidental y al cobro por el uso de la ruta de tránsito a Berlín Oeste y por cruzar el Muro desde Berlín Oeste a Berlín Este, la RDA pudo mantener unos niveles de vida razonables, altos para el bloque oriental pero inferiores a los de Europa occidental, aunque, también en este caso, bajo el optimismo oficial la economía estaba en declive y el endeudamiento del estado aumentaba a un ritmo galopante. La disidencia política estaba más extendida que unos pocos años antes y, pese a los límites del debate público y la constante amenaza de medidas punitivas de las fuerzas coercitivas del estado, se puso de manifiesto en el movimiento pacifista que cobró impulso, al igual que en Alemania Occidental, con el estacionamiento de armas nucleares en suelo alemán en la «segunda guerra fría». Se calcula que en 1986 existían doscientos grupos pacifistas en la RDA. Los pastores protestantes desempeñaron un papel importante en la articulación de la oposición a la cuestión nuclear y también concienciaron, en particular a los jóvenes, acerca de los daños ambientales. Nada de ello suponía una amenaza existencial para la estabilidad del régimen, que, como siempre había hecho, estaba dispuesto a recurrir a poderosas demostraciones de fuerza para reprimir las manifestaciones públicas de desafección. Honecker no veía ninguna necesidad de cambiar de rumbo. No es de sorprender que los nuevos planes de Gorbachov en la Unión Soviética no fueran bien recibidos. Las reformas, que al principio se consideraron erróneamente como poco más que cosméticas, se juzgaban por completo innecesarias en la RDA. En enero de 1987 Honecker declaró explícitamente que el camino de la perestroika no servía para Alemania Oriental. En palabras de Kurt Hager, el principal ideólogo del régimen: «Si mi vecino decide cambiar el papel pintado, eso no significa que yo tenga que hacer lo mismo». Era la postura de la RDA.

En Checoslovaquia, mucho más incluso que en la RDA o en Bulgaria (por no mencionar Rumanía), la llegada de Gorbachov abrió un abismo entre el régimen y amplios sectores de la población (sobre todo los intelectuales), una brecha que nunca se había cerrado, aunque no se ponía de manifiesto desde la represión de la Primavera de Praga en agosto de 1968. Desde entonces, por usar la apropiada metáfora de Timothy Garton Ash, Checoslovaquia había sido como «un lago permanentemente cubierto por una espesa capa de hielo»; bajo la superficie gélida, había movimiento. Durante mucho tiempo la relativa abundancia de productos en las tiendas había silenciado a la mayor parte de la gente, pero a mediados de los años ochenta el crecimiento económico se había estancado y el endeudamiento nacional había aumentado. Los pronósticos económicos eran deprimentes. El conformismo ritual de muchos, una represión implacable y la vigilancia de la minoría disidente habían mantenido la estabilidad política, pero la persecución no había conseguido silenciar del todo a los disidentes. El objetivo de los signatarios de la Carta 77 no había sido la oposición activa, sino mantener una voz disidente limitándose a no permanecer callados. A mediados de los años ochenta, la cifra de firmantes de la Carta 77 había aumentado de los 240 originales a 1200. Centenares de publicaciones clandestinas habían llegado a un mayor número de lectores, aunque todavía pocos, dentro y fuera del país.

Los firmantes de la Carta 77, y muchos otros ciudadanos de Checoslovaquia, veían a Gorbachov como un soplo de aire fresco y acogieron con satisfacción las primeras señales de cambio en la Unión Soviética. Cuando visitó Praga en abril de 1987, el líder soviético fue recibido con entusiasmo por una multitud de unas cincuenta mil personas. Para Gustáv Husák, el líder checo desde la «Primavera de Praga», así como para el resto de los dirigentes checos, se trataba de una señal muy preocupante, otro recordatorio de 1968. Habían expresado un tibio apoyo al programa de reformas de Gorbachov, aunque el secretario general no tenía ninguna duda de que su oposición a cualquier cambio que pudiera reducir su control del poder era inamovible. Cualquier esperanza de que la destitución de Husák como líder del partido en diciembre de 1987 (siguió siendo jefe del Estado) abriría las puertas a un cambio sustantivo se desvaneció enseguida. Su sustituto, Miloš Jakeš, pertenecía a la línea dura.

La postura de Bulgaria, la RDA y Checoslovaquia con respecto a las reformas de Gorbachov contrastaba mucho con la situación de Polonia y Hungría. Ambos países ya habían demostrado en los años cincuenta que eran los estados satélites menos sumisos. La brutal intervención soviética en Hungría en noviembre de 1956 y la amenaza de una acción similar en Polonia habían obligado a estos dos países a doblegarse en esos casos. No obstante, ambos habían seguido haciendo equilibrismos, manteniendo su adhesión a Moscú al tiempo que intentaban desviarse ligeramente en su desarrollo nacional del régimen comunista. Hungría, en particular, se había desviado en parte de las fuertes restricciones de la economía planificada con su variante del «comunismo gulash»; el creciente descontento en Polonia a finales de los años setenta había dado lugar al nacimiento del sindicato independiente Solidaridad (Solidarność) y a una incipiente liberalización antes de que en diciembre de 1981 la imposición de la ley marcial arruinara las expectativas.

Tanto Polonia como Hungría ya habían experimentado, bajo la impuesta conformidad del sistema, la aparición de formas de «sociedad civil». El discurso intelectual florecía bajo la superficie; las asociaciones independientes, los grupos de debate y las publicaciones habían ido ganado apoyo en ambos países. Habían brotado miles de ellas como setas en Hungría durante los años ochenta, y lo mismo puede decirse, aunque en mayor medida, de Polonia, donde la floreciente oposición democrática se extendía mucho más allá de los círculos intelectuales que eran su base en Hungría. El apoyo a Solidaridad entre los trabajadores se había reprimido en virtud de la ley marcial decretada en diciembre de 1981, pero distaba mucho de haber sido destruido. La oposición, en forma de huelgas, manifestaciones, la distribución de publicaciones clandestinas y otros tipos de agitación social, continuó (en parte financiada por la CIA) pese a los millares de detenciones. Y la Iglesia Católica era una institución que había llegado a representar una oposición ideológica al estado, ofreciendo una poderosa alternativa al régimen en cuanto a legitimidad y lealtad populares.

En Polonia algunos intelectuales valientes seguían desafiando la represión para hacer oír su opinión de que «el partido se ha privado a sí mismo de su mandato para gobernar y nadie puede hacer nada para cambiar esto». En 1982, desde un campo de internamiento, el escritor y disidente Adam Michnik citó al novelista y poeta Czesław Miłosz (que había roto con el régimen comunista tres décadas antes y se había refugiado en Occidente). Miłosz había comentado que el alud que arrastraría la represión «depende de las piedras sobre las que desciende». Michnik añadía: «Y tú quieres ser la piedra que invierta el curso de los acontecimientos».

En ambos países, la entrada de Gorbachov en escena confería legitimidad a la oposición reformista al tiempo que socavaba sustancialmente el liderazgo ya debilitado del régimen. La trayectoria de cambio en los dos países difería. En Hungría, el impulso reformista provino sobre todo de arriba, de dentro del propio Partido Comunista; en Polonia, los dirigentes del régimen actuaron sometidos a presiones desde abajo, de un movimiento de masas que reclamaba las reformas que formuló Solidaridad. En ambos países, las fuerzas reformistas habían surgido como respuesta a los crecientes problemas estructurales, pero los nuevos vientos que soplaban desde Moscú fueron los responsables de convertir las tendencias reformistas en una presión cada vez mayor y, al final, irresistible a favor de un cambio de régimen.

En Hungría, desde el momento en que Gorbachov consolidó su poder en la Unión Soviética, la vieja fórmula de lealtad incondicional a Moscú y el pacto de Varsovia a cambio de tolerancia ante la flexibilización interna de las restricciones económicas y la relajación ideológica dejó de ser necesaria y aplicable. Cuando a partir de mediados de los años ochenta los problemas económicos de Hungría se agravaron y en 1987 la deuda nacional alcanzó el nivel más alto de todo el bloque soviético, la popularidad del gobierno se desvaneció. Inspirados por lo que estaba sucediendo en Moscú, los reformistas de dentro del partido vieron una oportunidad de presionar a favor de cambios más radicales de los que hasta entonces habían sido posibles. János Kádár, que tres décadas después de haber llegado al poder tras la revolución de 1956 seguía siendo el líder del partido, hacía ya tiempo que había encauzado el cauteloso camino de Hungría hacia un cambio interno. Aun así, en medio de un clima alterado, temía los peligros que entrañaba el impulso de Gorbachov a unas reformas rápidas. Su deteriorada salud sirvió de útil pretexto para justificar su dimisión forzada como secretario general del partido en mayo de 1988, cuando fue «ascendido» por aquellos menos reticentes a adoptar cambios al cargo recién creado, y puramente protocolario, de presidente del partido. Su sustituto como líder del partido y, desde junio de 1987, jefe del Gobierno, Károly Grósz, un conservador pragmático partidario de aplicar reformas para liberalizar la economía, pero también de retener el monopolio comunista del poder, no duró mucho. En noviembre de 1988 le sustituyó como jefe de Gobierno Miklós Németh, respaldado por un Gabinete reformista, quien declaró que era necesario un sistema multipartidista.

Los grupos de la oposición habían estado reclamando abiertamente desde hacía meses pluralismo político y una prensa libre. Entre septiembre de 1987 y marzo de 1988 crearon varias organizaciones: el Foro Democrático de Hungría, la Red de Iniciativas Libres y FIDESZ (Alianza de Jóvenes Demócratas). En diferente medida, todos ellos rechazaban, el estado de partido único comunista y abogaban por una política pluralista, una economía de mercado y la defensa de intereses abiertamente nacionales. El ritmo de cambio se aceleró. En noviembre, la Alianza de los Demócratas Libres se transformó en un partido político, surgida de la Red de Iniciativas Libres, y también resucitaron partidos de antes de la guerra que hasta entonces se consideraban, como el Partido Independiente de los Pequeños Propietarios en noviembre de 1988 y el Partido Socialdemócrata en enero de 1989. En diciembre de 1988 se creó una organización sindical independiente, aunque atrajo un escaso apoyo de los trabajadores. En marzo de 1989 se fundó el Partido Popular Demócrata Cristiano. Para entonces el Partido Comunista gobernante había aceptado (una importante medida simbólica) que el levantamiento de 1956 había representado una verdadera lucha por la independencia, «una revuelta popular contra un régimen oligárquico que había degradado a la nación». Varias semanas antes, en enero de 1989, ya se había dado un paso vital, la legitimación de algo que para entonces ya estaba en marcha, cuando el Parlamento decretó que Hungría se convertiría en una estado multipartidista y el Partido Comunista aceptó formalmente el fin de su régimen de partido único. La revolución en Hungría distaba mucho de haber concluido, pero en los primeros meses de 1989 era imparable.

En Polonia, a mediados de la década de los ochenta el rápido deterioro de la situación económica al fracasar un intento de seguir el modelo húngaro de una economía de mercado limitada (durante principios de la década las deudas con Occidente seguían aumentando, la inflación se mantuvo elevada y los niveles de vida cayeron) llevó al régimen del general Jaruzelski a buscar algún tipo de acercamiento a Solidaridad. La necesidad de llegar a un compromiso se hizo aún más evidente a raíz de una situación crítica en octubre de 1984: el secuestro y asesinato a manos de miembros de la policía de seguridad del Estado de Jerzy Popiełuszko, un sacerdote católico de 37 años que había expresado en público su apoyo a la oposición sindical y había sido un gran incordio para el régimen. La oleada de ira que recorrió el país tras este asesinato fortaleció a la oposición e inquietó al régimen. Se calcula que doscientos cincuenta mil polacos, incluido el líder de Solidaridad Lech Wałęsa, asistieron el 3 de noviembre al funeral de Popiełuszko. Seguiría un período de calma sombría y superficial, pero el ambiente continuaba siendo tenso. Los tentáculos del estado policial seguían siendo tan largos como lo habían sido en el momento cumbre del estalinismo. Sin embargo, el régimen reconoció que tenía que hacer concesiones. A la disposición de una amnistía parcial en noviembre de 1985 a los miembros de Solidaridad le siguió en julio de 1986 una amnistía general para todos los presos políticos detenidos desde 1981 (la ley marcial se había levantado oficialmente en julio de 1983). Entre los excarcelados figuraba el vociferante activista en favor de Solidaridad e intelectual reconocido internacionalmente, Adam Michnik. No obstante, la situación política solo se había estabilizado temporal y parcialmente.

Las condiciones de vida continuaron deteriorándose. A principios de 1986, el gobierno se vio obligado a aumentar las horas de trabajo semanales y los precios de los alimentos. Los sondeos realizados por el régimen indicaban que la confianza en el gobierno había alcanzado su nivel más bajo desde los años cincuenta. Los dirigentes intentaron ganar tiempo. Habían confiado en preservar el régimen comunista introduciendo reformas económicas radicales para abrir la economía más que nunca a la iniciativa privada. Sin embargo, en el referéndum celebrado a finales de noviembre de 1987 las reformas no obtuvieron un respaldo suficiente y su única consecuencia fue un profundo malestar por la subida de los precios que ya se había aplicado. El gobierno estaba perdiendo rápidamente el control de los acontecimientos.

En la primavera y el verano de 1988, la agitación se tradujo en otra oleada de huelgas en los astilleros Lenin de Gdańsk y en las zonas mineras que indujeron al gobierno a entablar conversaciones en agosto con lo que denominó «la oposición constructiva». Los propios partidarios de Solidaridad estaban divididos: algunos sectores del movimiento eran partidarios de negociar con el régimen, mientras que otros defendían una postura más radical. Esta coyuntura, como ya había hecho la modesta participación en las huelgas del verano, puso de manifiesto la división interna, debilitó a Solidaridad y lo predispuso a alcanzar un compromiso con el gobierno. El gobierno, por su parte, no pudo evitar el bochorno público cuando invitó a Lech Wałęsa como «individuo particular» a un debate en la televisión con el líder del sindicato oficial, Alfred Miodowicz, un debate del que sin duda Wałęsa salió victorioso. Tras este desastre mediático, el gobierno volvió a mostrarse dispuesto a entablar conversaciones con el líder de Solidaridad.

El 18 de diciembre de 1988, Wałęsa estableció el Comité de Ciudadanos de Solidaridad para canalizar las presiones al gobierno para que democratizara el país. En enero de 1989, consciente de que la estabilización exigía una nueva base de entendimiento con Solidaridad (una medida apoyada por Gorbachov), Jaruzelski, que amenazó con dimitir, consiguió que se aceptara la legalización del sindicato. Esto preparó el terreno para las negociaciones formales de la mesa redonda que comenzaron en febrero. Incluso en esta etapa, el ministro del Interior, Czesław Kiszczak, anunció por televisión al pueblo polaco que el «socialismo seguiría siendo el sistema de gobierno». Como respuesta a ello, Wałęsa declaró que «el tiempo del monopolio político y social de un partido sobre el pueblo estaba tocando a su fin». Cuando en abril concluyeron las conversaciones de la mesa redonda lo hicieron con el compromiso de convocar elecciones en junio, en las que el 35 % de los escaños de la Cámara Baja del Parlamento (el Sejm) irían para candidatos independientes. También se celebrarían elecciones totalmente libres para la Cámara Alta, el Senado, recién creado y menos importante, y se restablecería el puesto de presidente como jefe del Estado, un cargo que se suponía que iba a ocupar Jaruzelski (hasta entonces presidente del Consejo de Estado polaco). Incluso en esos momentos, el gobierno se mostró satisfecho con un acuerdo que pensaba que garantizaría la continuidad del control comunista. Pronto quedó claro que se trataba de otro error de cálculo. En la primavera de 1989, la tentativa de resistir a las crecientes presiones a favor de un cambio democrático era como intentar detener la subida de la marea.

El general Jaruzelski había sido un firme defensor de las reformas de Gorbachov. De hecho, Gorbachov reconocía que las medidas polacas orientadas a la reforma económica, incluso con la ley marcial después de 1981, se habían anticipado a la posición de la Unión Soviética. Como Gorbachov, Jaruzelski había considerado necesarias las reformas, pero dentro del sistema existente a fin de preservar el régimen comunista, no de destruirlo. Al igual que Gorbachov, no había previsto la inexorable corrosión del sistema que se produjo como consecuencia de una reforma sustancial. Sin embargo, a diferencia de Gorbachov, cuyos objetivos evolucionaron con la radicalización de las reformas, Jaruzelski solo con muchas reticencias llegó a aceptar los cambios políticos que le habían sido impuestos a él y al régimen.

Cuando en marzo de 1985 Gorbachov llegó al poder, la crisis estructural era ya evidente en todos los países del bloque soviético. Lo que en su origen era una incapacidad dentro del sistema para hacer frente al deterioro de la situación económica había pasado a convertirse en una crisis de legitimidad de los respectivos regímenes de los países satélites. Estos habían gestionado los problemas de diferentes maneras: la mayoría (como Bulgaria) introduciendo el menor número posible de cambios; otros (sobre todo Polonia y Hungría), mostrándose dispuestos a llevar a cabo reformas mientras intentaban mantener en vigor la esencia del régimen comunista. Entretanto, las presiones desde dentro del sistema a favor del cambio se habían intensificado mucho en Hungría y Polonia, y habían dado lugar, en círculos intelectuales (y en Polonia en sectores del ilegalizado movimiento Solidaridad), a exigencias radicales de una mayor liberalización tanto política como económica que amenazaban el monopolio comunista del poder.

Sin embargo, es fácil señalar, a la luz de los acontecimientos posteriores, que el derrumbe de los estados comunistas era inevitable. Por muy graves que fueran los problemas internos, en marzo de 1985, cuando Gorbachov asumió el poder en Moscú, el bloque soviético no parecía estar al borde del colapso. Los dirigentes soviéticos anteriores podrían muy bien haber reaccionado de manera muy diferente a las dificultades de los estados satélites; al fin y al cabo, la respuesta en Alemania Oriental en 1953, en Hungría en 1956 y en Checoslovaquia en 1968 había sido el puño de hierro. Moscú había sido alérgico a las amenazas dentro de cualquier parte del imperio que pudieran socavar los cimientos del sistema. La «Doctrina Breznev», formulada inmediatamente después de la represión de la «Primavera de Praga», aunque nunca enunciada de modo oficial, había definido la base ideológica de la intervención. «Un estado socialista que forma parte de un sistema de otros estados que constituyen una comunidad socialista no puede estar libre de los intereses comunes de esa comunidad», afirmaba. En otras palabras, el interés socialista común justificaba la intervención militar para eliminar cualquier amenaza.

A principios de los años ochenta los dirigentes de los satélites soviéticos seguían siendo muy conscientes de la permanente amenaza velada de la intervención militar, no podían tener la certeza de que las autoridades soviéticas hubieran renunciado a esta estrategia. A algunos incluso les reconfortaba esta posibilidad. El general Jaruzelski justificó más adelante la proclamación de la ley marcial en diciembre de 1981 alegando precisamente que estaba evitando que se produjera esa eventualidad (aunque las actas del Politburó soviético indican que Yuri Andrópov, el entonces jefe del KGB, había descartado esa posibilidad, incluso en el caso de que Solidaridad tomara el poder en Polonia, y había convencido a Breznev para que no interviniera). Por tanto, la renuncia de Gorbachov a la «doctrina Breznev» fue absolutamente crucial.

Cuando en marzo de 1985, durante el primer breve encuentro con el Kremlin de los países del países del pacto de Varsovia después del funeral de Konstantín Chernenko, el secretario general informó a los mandatarios reunidos de que en las futuras relaciones se respetaría la soberanía y la independencia de cada país, la reticencia a aceptar sin más sus garantías era comprensible. El temor a una intervención solo fue disminuyendo lentamente. Gorbachov repitió su mensaje un mes más tarde en una reunión de los dirigentes de los países del pacto de Varsovia en Polonia. El comentario que hizo en privado llegó a ser muy conocido: «No obliguemos a nadie. Dejemos que cada país decida los que debe hacer». Sin embargo, para los analistas polacos, no había nada que indicara lo que estaba por venir. Los rituales de la visita de Gorbachov no eran diferentes a los de décadas anteriores. En noviembre de 1986, en Moscú, dio a conocer más formalmente a los dirigentes de Europa oriental que la «Doctrina Breznev» había quedado obsoleta. En Praga, en abril de 1987, declaró que la Unión Soviética aceptaba el derecho de cada territorio socialista a determinar su propio futuro en función de sus intereses nacionales. Al año siguiente, Gorbachov volvió a especificar sin rodeos que los estados del bloque soviético tenían «derecho a elegir». El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores soviético, Gennady Gerasimov, comentó ingeniosamente más tarde que se había sustituido la «Doctrina Breznev» por la «Doctrina Sinatra»: dejar a los países de Europa del Este que hicieran las cosas «a su manera»[5].

Por consiguiente, en el futuro no se recurriría al poder militar soviético en Europa oriental. Los dirigentes de los países satélites debían comprender que la Unión Soviética no acudiría al rescate si no conseguían satisfacer las demandas de sus pueblos. No estaban entusiasmados con la idea de transmitir este mensaje a sus ciudadanos, pues su propio poder dependía de que continuaran creyendo que cabía la posibilidad de una intervención soviética. En realidad, en público Gorbachov no renunció la a «Doctrina Breznev» cuando en junio de 1988 un intelectual polaco le desafió a hacerlo en Varsovia. El amanecer sería lento para los ciudadanos corrientes. Cuando se completó, a lo largo de 1989, el fin del régimen comunista le siguió con rapidez.

El enfoque totalmente nuevo de las relaciones entre la Unión Soviética y sus estados satélites en Europa oriental de Gorbachov, que ya no consideraba una prioridad absoluta mantener un país a cualquier precio, fue decisivo en el establecimiento de una plataforma para la evolución pacífica hacia la independencia nacional y la introducción de la democracia pluralista. En marzo de 1985, cuando Gorbachov fue elegido secretario general del Partido Comunista soviético, nadie, ni siquiera los expertos mucho más conscientes que la población en general de la crisis estructural que atravesaban los estados de Europa oriental, podían imaginar que estos se desplomarían en cinco años. Más de un año y medio después de que Gorbachov se hubiera convertido en el dirigente soviético, en octubre de 1986, uno de los principales especialistas en Europa central, Timothy Garton Ash, comentó citando el lejano «ideal de una Europa democrática como una comunidad amistosa de naciones libres e independientes» de Václav Havel: «Es difícil discrepar de eso; y todavía más difícil imaginar que se consiga». Incluso en enero de 1989, Garton Ash seguía dudando de que se superara la división de Europa: pero a partir de entonces, la crisis política, ya no solo económica, de todo el bloque soviético empezó a descontrolarse a un ritmo acelerado.

Difícilmente se podría exagerar la magnitud de la contribución personal de Gorbachov a un cambio tan espectacular, no solo en la Unión Soviética, sino también en toda Europa oriental. Fue un ejemplo clásico de la máxima de Karl Marx de que los hombres hacen su propia historia, pero «en circunstancias que se encontraron ante sí» (y, se podría añadir, con consecuencias que no previeron). Por supuesto que Gorbachov pudo actuar como lo hizo debido a la gravedad de los problemas estructurales de Europa del Este. Y naturalmente, al igual que en la Unión Soviética, en todos los países hubo reformistas, aunque en algunos más que en otros, dispuestos a apoyar sus reformas y a presionar a favor de un cambio más radical. No obstante, sin la singular disposición de Gorbachov a aceptar cambios, por mucho que fueran los obstáculos, la historia habría sido diferente. Es imposible decir hasta qué punto. Probablemente, en algún momento el sistema se habría desmoronado, pero podría haber tardado años en suceder o no haber ocurrido nunca. El hecho de que el desmoronamiento se produjera con tanta rapidez, de manera tan decisiva y sin apenas violencia ni derramamiento de sangre es en buena medida un logro personal de Gorbachov.

NORMALIDAD: LAS PREOCUPACIONES DE EUROPA OCCIDENTAL

En Europa occidental poca gente era plenamente consciente de los trascendentales cambios que estaban sacudiendo los cimientos de la mitad oriental del continente. El gran interés por la evolución interna de los países del otro lado del Telón de Acero no se extendía más allá de los círculos intelectuales. Sin embargo, el nombre «Gorbachov» pronto sería conocido por todo aquel que en Occidente prestara un mínimo de atención a los asuntos internacionales. De hecho, el dirigente soviético no tardó en ser más popular en Europa occidental que en su propio país. El hecho de que sus cambios prometieran más libertad para los pueblos de Europa oriental y la Unión Soviética explicaba parte de su popularidad, pero Gorbachov era sobre todo popular porque representaba la promesa del fin de la guerra fría, del fin de la amenaza de aniquilación nuclear que, durante cuatro décadas, había pendido como una espada de Damocles sobre el mundo entero.

Los encuentros de Gorbachov con mandatarios occidentales, dirigentes europeos y también Ronald Reagan, durante sus primeros años en el poder sentaron las bases de su creciente popularidad. Su buena relación con Margaret Thatcher, pese a encontrarse en polos ideológicos opuestos, siguió evolucionando tan favorablemente como había empezado cuando se conocieron por primera vez. El escepticismo inicial de los dirigentes de Europa occidental sobre las verdaderas intenciones del nuevo jefe del Kremlin fue disipándose gradualmente. Gracias al compromiso de Gorbachov con sus preocupaciones y a la fuerza de su personalidad, logró convencerlos de que hablaba en serio sobre el desarme nuclear y sobre su intención de hacer realidad la idea de Europa como una «casa común», este y oeste. Los primeros encuentros con el presidente Mitterrand y Thatcher no fueron del todo bien. No obstante, pese a la expresión de serias diferencias, también se creó una base de aprecio y entendimiento mutuos, una novedad en las relaciones entre el este y el oeste en la guerra fría.

Gorbachov fue fortaleciendo esa confianza mediante conversaciones sobre las complejidades del desarme con figuras destacadas de los países de la OTAN (Dinamarca, los Países Bajos, Noruega, Islandia e Italia, así como Gran Bretaña) después de los contratiempos de la cumbre de Reikiavik en octubre de 1986. Su primer encuentro con Helmut Kohl, el canciller de Alemania Occidental, en octubre de 1988 en Moscú, también fue muy positivo. Kohl impresionó a Gorbachov con su sincero deseo de mantener una estrecha cooperación en aras de una paz paneuropea. Firmaron acuerdos de cooperación económica, científica, cultural y medioambiental. Las buenas relaciones personales entre los dos líderes desempeñaron un papel crucial a la hora de establecer una plataforma para unas relaciones constructivas a largo plazo.

En la era de la televisión, los encuentros entre figuras políticas relevantes llegaban a un amplio público. Poco después de llegar al poder, Gorbachov había participado en la televisión francesa en una entrevista en directo con un grupo de periodistas occidentales. Era la primera vez que un dirigente soviético había estado dispuesto a interactuar con el público de esta manera. Gracias a los espacios informativos su rostro no tardó en resultar muy familiar a muchos millones de personas en toda Europa occidental. A la gente le gustaba su carácter abierto, que contrastaba por completo con el semblante ceñudo de anteriores dirigentes soviéticos. Y respondieron bien a su insistencia en la paz, el desarme nuclear y la unidad de Europa.

En abril de 1989 fue recibido por una multitud entusiasta cuando viajó con su esposa Raisa, y el recibimiento fue aún más caluroso, si es que era posible, cuando en junio de ese mismo año Gorbachov visitó Bonn. Como era de esperar, los alemanes occidentales, en la línea de fuego en caso de una guerra nuclear, estaban especialmente eufóricos con las medidas emprendidas por Gorbachov para conseguir el desarme. «Nunca olvidaré nuestro encuentro con los ciudadanos de Bonn en la plaza del Ayuntamiento. Nos sentimos literalmente abrumados por las muestras de buena voluntad y amistad, con multitudes enfervorizadas que expresaban su apoyo y solidaridad», escribió más tarde.

Se había tardado en llegar a este punto. Pese al tono positivo de sus encuentros y a la confianza mutua que se había ido generando, hubo serios obstáculos en el camino para llegar a unas relaciones armoniosas, sobre todo en la cuestión central del desarme nuclear. Las tres principales potencias de Europa occidental en el centro del debate nuclear, Gran Bretaña, Francia y Alemania Occidental (las dos primeras potencias nucleares y la tercera en primera línea en caso de un enfrentamiento nuclear en Europa) tuvieron en cuenta sus propios intereses nacionales al reaccionar a las iniciativas de Gorbachov. A Thatcher y Mitterrand no les gustaba el programa de la «Guerra de las Galaxias» de Reagan porque dudaban de su eficacia a largo plazo, por miedo a que menoscabara el concepto de disuasión nuclear y, sobre todo, porque cualquier desarme nuclear afectaría directamente a su posición internacional como miembros de un «club nuclear» muy exclusivo.

Las conversaciones en la cumbre de las superpotencias celebrada en Reikiavik en octubre de 1986 sobre la eliminación de todas las armas nucleares de alcance intermedio en suelo europeo no sentaron nada bien a Thatcher. Al mes siguiente, en Washington, la apertura del presidente Reagan a la idea del desarme nuclear preocupó a Thatcher, que temía que reforzara al grupo de presión que abogaba por el desarme unilateral de Gran Bretaña. «Debemos evitar llegar a una situación en la que se diga a la gente que las armas nucleares son peligrosas, inmorales y que pronto podrían ser innecesarias debido al desarrollo de sistemas defensivos», argumentaba. En su opinión, en Europa era importante conservar el apoyo popular al despliegue de misiles de crucero y Pershing, así como modernizar el propio arsenal nuclear de Gran Bretaña, y sostenía que los estadounidenses debían advertir a Moscú de que si la Unión Soviética no reducía su armamento nuclear, el programa de la «Guerra de las Galaxias» continuaría adelante. Obtuvo garantías de que la estrategia de disuasión de la OTAN seguiría en vigor.

En lo fundamental, la postura de Mitterrand no era muy distinta a la de Thatcher. La acogida de Kohl a la «Guerra de las Galaxias» también fue discreta, aunque desde una perspectiva diferente, pues no estaba convencido de que el sistema fuera a funcionar, dudaba de que fuera viable tecnológica o financieramente y, sobre todo, le preocupaba que en la práctica se desplegara un escudo nuclear para proteger a Estados Unidos, al tiempo que volvía a Europa más vulnerable a un ataque nuclear. Ni siquiera el verdadero progreso realizado por Gorbachov y Reagan sobre el control de armamento disipó por completo esa preocupación, ya que el acuerdo finalmente alcanzado en Washington en diciembre de 1987 sobre misiles de alcance intermedio, pese a ser un avance significativo, no afectaba a las armas nucleares tácticas con un alcance inferior a los quinientos kilómetros, exactamente el tipo de arma que se temía que se usara en suelo alemán en una confrontación entre superpotencias.

Al mismo tiempo, Kohl llegó a creer que el objetivo de Gorbachov de poner fin a la carrera armamentística nuclear era sincero. Esta no había sido la postura inicial de Kohl. El gobierno de Bonn se había mostrado escéptico sobre los verdaderos objetivos del nuevo jefe del Kremlin. En una entrevista concedida en octubre de 1986, Kohl incluso había comparado de manera insultante (y absurda) el dominio de los medios de Gorbachov con el del ministro de Propaganda nazi Joseph Goebbels. Naturalmente, la prensa soviética reaccionó con furia. La torpeza de Kohl tampoco sentó bien en Occidente, donde las conversaciones sobre el desarme se encontraban en una fase inicial y delicada. Sin embargo, no redundaba ni en interés de Bonn ni de Moscú darle muchas vueltas al tropiezo. Kohl pidió disculpas a Gorbachov y echó la culpa a la prensa. Influido por Hans-Dietrich Genscher, su ministro de Asuntos Exteriores, un hombre con experiencia y ágil en el terreno diplomático, quien enseguida se dio cuenta de que trabajar activamente para apoyar las iniciativas de Gorbachov redundaba en beneficio de Alemania Occidental, Kohl estaba convencido de las nuevas oportunidades de estrecha cooperación. Su decisión en octubre de 1987 de retirar los misiles Pershing de Alemania Occidental demostraba la disposición de Alemania a adaptarse lo antes posible al nuevo clima.

Para entonces, había aumentado de un modo significativo la esperanza de una mejoría duradera en las relaciones entre Occidente y la Unión Soviética. Sin embargo, prácticamente ningún dirigente de Europa occidental podía siquiera prever la velocidad con la que se sucedieron los acontecimientos durante el año siguiente o creer que a finales de 1989 el Muro de Berlín, símbolo de la guerra fría, habría caído. Cuando el 12 de junio de 1987 el presidente Reagan exclamó ante de la Puerta de Brandeburgo, en Berlín Oeste, «¡Señor Gorbachov, tire abajo este muro!», se elogió su actitud, pero la exigencia parecía ser simple retórica. El Muro parecía destinado a durar indefinidamente e incluso, según rezaban algunos argumentos, seguía siendo una apreciada fuente de estabilidad, que dejaba permanentemente en suspenso la «cuestión alemana». Un mes después, cuando se encontró con el impresionante presidente de Alemania Occidental, Richard von Weizsäcker, que planteó en sordina la cuestión de la unidad alemana, Gorbachov señaló que la «historia decidiría lo que tiene que suceder dentro de cien años».

Más allá de los prometedores progresos en las relaciones internacionales, los ciudadanos de los países de Europa occidental estaban sobre todo preocupados por sus propios asuntos, que estaban disociados por completo de los drásticos cambios que se estaban produciendo al este del Telón de Acero. Europa seguía siendo un continente con dos mitades bastante separadas.

Las transiciones sociales, económicas y culturales que habían arraigado en Europa occidental en los años setenta se intensificaron durante la década siguiente. El término que parecía captar el espíritu de la época era «posmodernidad». Nadie sabía definir qué significaba exactamente, pero en general se entendía que aludía a la transición de una sociedad dominada por la industria a un mundo informatizado determinado por las tecnologías de la información y el paso de la «alta» cultura occidentalizada a la cultura de masas global. También significaba divergencia, disonancia, una pluralidad de interpretaciones, la ausencia de cualquier pretensión de ser una voz autorizada, de una superioridad o un predominio cultural. Tal vez la propia imprecisión del concepto lo hacía más atractivo. Desde la filosofía hasta las artes visuales, pasando por la crítica literaria y la comprensión de la historia, expresaba una sensación generalizada de escepticismo, relativismo, incertidumbre y fragmentación. Las nociones de progreso, de racionalidad, de verdad, de una manera única y general de comprender de dónde venía la sociedad y adónde iba, se evaporaban bajo la lupa de la crítica posmoderna. El rechazo a cualquier «realidad objetiva» propiciaba que la interpretación cultural se escindiera en una miríada de planteamientos o «discursos» individualistas y subjetivos, ninguno de los cuales podía declararse superior a los otros. Aunque la unidad cultural siempre había sido una quimera, la medida en que la posmodernidad penetró en la compresión intelectual durante los años ochenta y siguientes reflejó de forma indirecta el creciente fracaso de lo colectivo y la hegemonía del individualismo en la sociedad.

La interpretación de la sociedad como una ocupación y una responsabilidad colectivas aceleró su declive a medida que iba concediéndose más importancia a las elecciones individuales y los estilos de vida individualistas. Las agencias de publicidad y el atractivo de las opciones de consumo que cada noche captaban la atención de gran parte de la población gracias a la difusión de la televisión comercial desempeñaron un importante papel en esta tendencia. El gasto de los consumidores no se había interrumpido de un modo significativo durante la recesión de los años setenta, y en cuanto las economías superaron sus problemas anteriores el consumismo alcanzó nuevas cotas. Los centros comerciales, una importación de Estados Unidos, empezaron a brotar en el centro de las ciudades o, como enormes catedrales del consumismo, en la periferia de los centros urbanos. La gente podía comprar allí hasta hartarse, a cubierto, con aparcamientos gratuitos y una serie de cafés que les permitían tomarse un respiro y pensar en lo que habían comprado y en lo que todavía necesitaban comprar antes de reincorporarse a la vorágine. La expansión del uso de tarjetas de crédito animó a las personas a gastar ahora y pagar más adelante. «Ir de compras» ya no consistía en ir a adquirir los productos básicos sino que se convirtió en un pasatiempo en sí mismo, en una búsqueda placentera de las últimas gangas o modas. Algunas prendas incluso incorporaron el logotipo de la marca, una manera brillante de obligar al usuario a hacerle publicidad gratuita. La elección del vestuario se convirtió en uno de los indicadores más distintivos del nuevo individualismo, en una manera de mostrar, a la vista de todos, el gusto individual y de señalar al usuario como una persona interesada en la moda.

También el ocio se estaba volviendo más individualizado. Los ordenadores personales, otra importante influencia procedente del otro lado del Atlántico, irrumpieron en la sociedad europea. Lo que podían ofrecer era aún muy limitado, pero ya para entonces se estaba ampliando enormemente. Durante los años ochenta, el desarrollo del microchip (un invento de los años cincuenta) dio un salto enorme, posibilitando una capacidad de memoria cada vez mayor en circuitos electrónicos integrados diminutos. A finales de la década, un solo microchip podía contener más de un millón de transistores interconectados que permitían una vasta ampliación de la memoria y la aplicación de tecnología informática a cada vez más productos. Los gobiernos comprendieron entonces que en el futuro los conocimientos informáticos serían vitales y empezaron a introducirlos en las aulas. No obstante, los jóvenes acogieron con entusiasmo los ordenadores sobre todo en lo que se refiere a juegos electrónicos, a los que ahora podían jugar en sus habitaciones disparando al mayor número posible de «invasores espaciales», en lo que podía convertirse en una actividad solitaria obsesiva e interminable. Durante los años ochenta, lideraron el boom de los juegos electrónicos la compañía estadounidense Atari, la empresa japonesa Nintendo, y Binatone, fundada en Gran Bretaña.

La fragmentación también tuvo su expresión en música popular (en su sentido más amplio). El potencial comercial de la música popular, todavía en enorme expansión, promovía toda clase de innovaciones. Las subculturas de la música popular como el punk rock, el heavy metal o el hip-hop, que en los años setenta se extendieron desde Estados Unidos y generaron subproductos derivados hasta bien entrada la década siguiente, tenían muy fieles seguidores, y otros subgéneros, como la new wave, el synthpop o el dance-rock, se disputaban la popularidad entre los jóvenes y se crearon una clientela de apasionados seguidores. Más éxito aún, con millones de fans en todo el mundo, tuvieron bandas británicas como Duran Duran, Spandau Ballet y Culture Club (cuyo cantante, Boy George, se hizo famoso por derecho propio), solistas como el enormemente talentoso e inventivo David Bowie o Kraftwerk, una banda de Alemania Occidental por entonces ya veterana pero que aún triunfaba. La revolución informática contribuyó de manera considerable a la experimentación musical y al éxito popular de estos y muchos otros artistas, que pudieron beneficiarse de la rápida evolución de los sintetizadores electrónicos. Una cadena de televisión dedicada a la música pop, MTV (un canal estadounidense disponible en las cadenas por cable y por satélite que se extendían con rapidez), y las nuevas posibilidades que ofrecían las grabaciones en vídeo hicieron que estos y otros muchos músicos pudieran llegar a grandes audiencias, casi exclusivamente de jóvenes; escuchar música, salvo en los conciertos en directo, se estaba convirtiendo cada vez más una experiencia personalizada, y el walkman, un invento japonés de finales de los años setenta, se convirtió en un accesorio emblemático de los adolescentes durante la década siguiente; este minúsculo reproductor de casetes permitía a la gente llevarse su música a donde fuera y escuchar las cintas con auriculares, aislados del mundo, absortos en la música, mientras estaban sentados en los autobuses, en el metro, en automóviles o en sus habitaciones en casa.

La generación más joven se situó en la vanguardia, como había ocurrido también en los años sesenta, de la liberalización de los valores sociales. Los valores feministas eran mucho más ampliamente defendidos por ambos sexos, aunque la igualdad de derechos para las mujeres seguía siendo un objetivo esquivo, sobre todo en los lugares de trabajo. La libertad sexual se volvió más aceptable socialmente de lo que había sido unos años antes, pero los años ochenta también revelaron que, en la expansión de las libertades sexuales, había un elemento terrible e inesperado: una nueva enfermedad mortal, descubierta en Estados Unidos en 1981, se transmitía por contacto sexual. El «síndrome de inmunodeficiencia adquirida», o sida, como se lo conoció universalmente enseguida, no tenía cura (aunque con el tiempo el tratamiento médico consiguió retrasar el avance de la enfermedad que, como su nombre indicaba, atacaba agresivamente y acababa destruyendo el sistema inmunológico del organismo). Aunque el sida se transmitiera a través de las relaciones sexuales, tanto heterosexuales como homosexuales, y también de transfusiones de sangre aparentemente inofensiva en hospitales, durante los años ochenta se asoció estrechamente con la homosexualidad, lo que provocó un aumento de la discriminación y la intolerancia hacia los gais, a quienes afectó muchísimo esta devastadora enfermedad. A mediados de los años noventa, las muertes vinculadas con el sida alcanzaron un pico en Europa de casi veinte mil personas al año; algunas otras regiones del mundo, en particular en el continente africano, se vieron aún peor afectadas. Se calcula que, desde los años ochenta, el VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), que si no se trata es el desencadenante del sida, se ha cobrado la vida de unos 35 millones de personas en todo el mundo.

El declive de la propiedad estatal de las industrias y la tendencia a la privatización, que se aceleró bruscamente en los años ochenta, concordaba en cierto sentido con el abandono de los valores colectivos. Las privatizaciones, irregulares durante los años sesenta y setenta, se volvieron rutinarias y con ellas los países de Europa occidental ganaron, al menos a corto plazo, unos ciento cincuenta mil millones de dólares a finales de los años noventa.

Gran Bretaña, el país europeo más próximo a los ideales estadounidenses del capitalismo desregulado que tan enfáticamente se había reforzado con Ronald Reagan, llevó la delantera. En realidad, el afán desregulador de Margaret Thatcher fue más firme incluso que el del presidente de Estados Unidos y la privatización era un aspecto central de su determinación de reducir el tamaño del estado. En 1986, el sector financiero británico estaba en gran medida desregulado y esto consolidó la primacía de la City en la economía británica, sometiendo a Gran Bretaña, más que a ningún otro país de Europa, a una fuerte dependencia del sector servicios y, sobre todo, del sector financiero. La rápida contracción de la base industrial de Gran Bretaña fue la otra cara de la moneda.

Por supuesto que el movimiento obrero opuso una fuerte resistencia a las políticas de privatización, pero el Partido Laborista sufrió estrepitosas derrotas electorales en 1983 y 1987, mientras los sindicatos estaban debilitados y perdían afiliados. En realidad, con la excepción de los fervientes seguidores del Partido Laborista, incluidos muchos miembros de la clase obrera, las privatizaciones eran populares. Con la venta de los activos del estado, millones de personas, incluidos miles de empleados de compañías nacionalizadas, se convirtieron en accionistas de empresas privatizadas. Inevitablemente, la mayor parte de las acciones fueron engullidas por los grandes inversores, muchos de ellos no británicos, que controlaban realmente las empresas. En ocasiones los conservadores patricios tradicionales se lamentaban de esta tendencia, tan bien acogida sobre todo por las clases medias jóvenes en ascenso, los yuppies, como los apodó despectivamente la izquierda. El ex primer ministro Harold Macmillan, por entonces un anciano, criticó a su sucesora, la señora Thatcher, comentando que estaba «vendiendo la plata de la familia». No sirvió de nada. En 1992 ya estaban en manos privadas dos terceras partes de las industrias británicas que antaño eran propiedad del estado, incluidas algunas de las industrias más cruciales, como el gas o las telecomunicaciones.

Con la privatización llegó la desindustrialización. Se trataba de una tendencia que ya se había instalado en toda Europa en los años setenta, pero en Gran Bretaña avanzaba con más rapidez y llegaba más lejos. Ya en los años setenta Alemania Occidental se había esforzado mucho por amortiguar el impacto en las comunidades de la desaparición de los sectores del carbón y del acero, así como de proteger industrias más nuevas, apoyando un sector fabril grande y manteniendo unos altos niveles de competencia tecnológica y técnica. En cambio, en la década siguiente Gran Bretaña acabó a un ritmo vertiginoso con gran parte de su antigua base industrial; el carbón, la siderurgia, y la construcción naval no tardaron en convertirse en poco más que una parte del pasado industrial de Gran Bretaña. Apenas se hizo nada para mitigar las perniciosas consecuencias sociales que afloraron cuando decenas de miles de trabajadores perdieron su principal fuente de sustento. No existían empleos alternativos que pudieran compensar fácil o adecuadamente el cierre definitivo de fábricas que en otro tiempo habían dado trabajo a toda una comunidad, mientras las ciudades quedaban desmoralizadas, sin una razón de ser económica, con sus instituciones locales y su cohesión social minadas. Sectores enteros del país (los antiguos centros industriales del sur de Gales, el valle de Clyde de Escocia y el norte de Inglaterra) se distanciaron, y así permanecerían por tiempo indefinido, como consecuencia de unas políticas gubernamentales que, en su opinión, solo favorecían a los intereses comerciales y bancarios, sobre todo a la City.

Por muy extendida que estuviera la animosidad hacia el thatcherismo en las regiones industriales de Gran Bretaña, muchas personas de clase trabajadora estaban dispuestas a aprovecharse de unas políticas que redistribuían la propiedad del estado a individuos particulares. En torno a 1,7 millones de inquilinos de viviendas sociales, construidas durante décadas para los más desfavorecidos a costa del estado, aceptaron la oferta del gobierno de comprar la propiedad en la que vivían a precios muy subvencionados. Se publicitaba como el camino hacia una «democracia de propietarios» y las ventas generaron 24 000 millones de libras para las arcas del Estado, lo que contribuyó a que se pudieran bajar los impuestos. Se trataba de ganancias únicas. Una vez vendidas, las viviendas sociales no podían ser revendidas por el estado; y si el estado no iba a reponer la oferta, algo que era evidente que el gobierno de Thatcher no tenía ningún interés en hacer, era muy probable que a largo plazo las consecuencias serían la escasez de vivienda y la transferencia de los beneficios del arrendamiento a los propietarios privados.

El modelo de desindustrialización y privatización de Gran Bretaña en los años ochenta fue extremo. La legislación laboral hacía que en muchos casos los trabajadores del continente estuvieran mejor protegidos que en Gran Bretaña, lo que dificultaba la obtención de cambios en las prácticas laborales. La modernización de las industrias, así como la inversión en formación y en capital era mucho más importante, en particular en Alemania Occidental y Francia. La creencia en el papel del estado y su apoyo a los servicios públicos era también más sólido que en Gran Bretaña, y por consiguiente la oposición a las privatizaciones era sustancial en aquellos casos en los que existía una percepción generalizada de que estaban amenazados servicios públicos fundamentales. No obstante, las fuerzas económicas que habían impulsado al gobierno británico a coger por los cuernos el toro de las privatizaciones afectaron en distinta medida a todos los países. En Francia, donde en 1986 el presidente socialista Mitterrand tenía que «cohabitar» con una Asamblea Nacional conservadora (y un primer ministro gaullista, Jacques Chirac), la privatización de los bancos y de algunos sectores industriales brindó a personas corrientes, como en Gran Bretaña, la oportunidad de convertirse en accionistas. El hecho de que la demanda de acciones superara a la oferta indicaba la popularidad de la medida. A mediados de los años ochenta también Alemania Occidental estaba inmersa en el proceso de desregular los servicios financieros, la energía y las cadenas comerciales de radio y televisión, y a finales de la década se privatizaron también los sectores comerciales de los servicios postales. Entre las mayores economías europeas, fue en Italia donde en los años ochenta las privatizaciones avanzaron solo parcialmente. Algunas grandes empresas como Alfa Romeo y algunos bancos estatales, como el banco comercial Mediobanca, pasaron del sector público al privado, pero el grueso de la industria pesada, la mayor parte de los bancos y las compañías de seguros importantes, la radio, la televisión y los servicios de salud permanecieron en el sector público (antes de una segunda oleada de privatizaciones en los años noventa). Sin embargo, la economía italiana, que en el pasado había prosperado, carecía por entonces de innovación, era ineficiente y con exceso de mano de obra, lo que la hacía cada vez menos competitiva.

A medida que disminuía el número de empleados en la industria (entre 1979 y 1994 en las economías avanzadas se perdieron más de una quinta parte de los puestos de trabajo industriales), el carácter de la clase trabajadora cambió y con ello la naturaleza de la clase política. Las viejas industrias monolíticas habían desaparecido o estaban a punto de hacerlo, y las cohesionadas identidades de clase que estas industrias habían generado estaban muriendo. Cada vez más jóvenes de clase trabajadora tenían intereses y objetivos individuales que no estaban disponibles para las generaciones anteriores. Tenían poca o ninguna experiencia de los intereses colectivos que surgen al compartir el mismo tipo de trabajo, mentalidades similares y estilos de vida parecidos. Habían crecido con las privatizaciones, no tenían expectativas (ni deseos) de seguir los pasos de sus padres y abuelos y trabajar en minas de carbón o acerías, se habían trasladado de comunidades mortecinas a zonas más prósperas (o a veces al extranjero) para encontrar empleo en trabajos no manuales o se habían beneficiado de las oportunidades cada vez mayores de estudiar en la universidad y ascender en la escala social.

La estructura cambiante del empleo y las alteraciones graduales en la cultura social abrieron algunas perspectivas nuevas para las mujeres. Los valores feministas eran mucho más respetados que hacía solo una década por ambos sexos, sobre todo por la generación más joven, pero si bien la igualdad de derechos para las mujeres seguía siendo un objetivo difícil de alcanzar (sobre todo en los lugares de trabajo, las oportunidades laborales, los ascensos o los salarios), las mujeres podían beneficiarse de unas circunstancias que cambiaban con rapidez. Miles de mujeres que ya no se veían en la necesidad de permanecer en casa o en un empleo en una oficina o en poblaciones cercanas, pudieron mudarse a las ciudades en expansión para buscar un empleo en la administración, en hoteles, en el sector de la salud, en el marketing o, para una creciente minoría con estudios universitarios, en puestos cualificados o de gestión. Las mujeres con hijos se estaban incorporando al mercado laboral con mucha mayor frecuencia que incluso en un pasado reciente. A medida que disminuía un poco la proporción de hombres en el empleo, aumentaba la de mujeres, aunque la mayor parte de este incremento fuera en el trabajo a tiempo parcial. La lucha de las mujeres por la igualdad continuaría, pero los cambios que estaban alterando la vida y las oportunidades de las mujeres favorecían, como en el caso de los hombres, una autoafirmación y un individualismo mayores, y un alejamiento de estilos de vida, identidades e intereses más colectivos.

Durante este proceso, la columna vertebral de los partidos socialdemócratas y laboristas europeos se debilitó, las tradiciones socialistas se estaban desvaneciendo. Entre los jóvenes, incluso los de izquierdas, no había un gran apego al régimen de fiscalidad elevada que había constituido el fundamento del estado de bienestar de la socialdemocracia, sino que cada vez más se prefería una fiscalidad baja (para maximizar el importe retenido de los salarios y los sueldos para gastos de consumo en gustos individualistas) en lugar de unos impuestos elevados que permitieran financiar los servicios públicos. Sin embargo, dado que los partidos socialdemócratas no fueron capaces de ofrecer una alternativa económica viable o sostenible a las políticas ampliamente adoptadas de racionalización, aumento de la competitividad en el mercado globalizado y privatizaciones, muchos, a menudo a quienes más habían perjudicado la globalización y la desindustrialización, empezaron a verlos como poco diferentes, en esencia, de los partidos conservadores o democristianos.

La erosión de los partidos basados en la clase era todavía solo parcial y limitada y, en realidad, en algunos países era todavía casi imperceptible. Solo era el comienzo. La tendencia hacia movimientos identitarios nacionales o regionales aún no era muy relevante, pero ya se podía detectar en algunas partes de Europa. Los partidos nacionalistas empezaron a ganar apoyos en Escocia, Cataluña y Flandes, donde la creciente prosperidad (en Escocia relacionada sobre todo con los yacimientos petrolíferos todavía en expansión en el mar del Norte) aumentó entre los ciudadanos la sensación de estar siendo perjudicados por las políticas de sus gobiernos centrales, ya fuera en Londres, Madrid o Bruselas. En Austria el descontento con el duopolio formado por el partido conservador y el socialdemócrata, que había gobernado el país desde el final de la guerra, multiplicó por tres el apoyo (a casi el 17 % de los votos en 1990) al programa nacionalista de derecha del Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), con su extravagante líder Jörg Haider, cuyo populismo incluía comentarios elogiosos del Tercer Reich. En Francia, el Frente Nacional, que obtenía el apoyo de votantes conservadores desilusionados de clase media, pero también estaba avanzando entre la clase obrera, durante las elecciones de los años ochenta solía atraer a aproximadamente el 10 % de los votantes franceses, mientras que el líder de este partido populista y racista, Jean-Marie Le Pen (un veterano de la guerra de Argelia), se alzó con el 14,4 % de los votos en las elecciones presidenciales de 1988 que ganaron Mitterrand y los socialistas.

La creciente conciencia de los daños medioambientales causados por la industria y las exigencias del consumo moderno eran otro elemento emergente en la cambiante constelación política. Era preocupaciones mundiales, reflejos del impacto que tuvo en todo el mundo una economía globalizada. La organización internacional Greenpeace, fundada en Canadá en 1971, puso de relieve la destrucción del medio ambiente en todo el mundo, a veces mediante acciones espectaculares que atrajeron la atención de los medios de comunicación, como el bloqueo de la navegación por el Rin durante tres días en 1980. El reconocimiento de que se estaba causando un daño enorme al medio ambiente, quizá irreparable, empezó a calar más profundamente en la conciencia de las personas; la gravedad de lo que estaba sucediendo era innegable. Varios informes mostraban el daño causado a la capa de ozono (que filtra la radiación ultravioleta del sol) por el carbono producido, por ejemplo, por frigoríficos, lacas y otros aerosoles domésticos; el envenenamiento de los caladeros como consecuencia de los vertidos de productos químicos industriales; la «lluvia ácida» de las emisiones químicas que estaban destruyendo la vegetación y contaminando los recursos hídricos; los peligros del plomo en la gasolina; la pérdida de selva amazónica para proveer madera a los países desarrollados; y el inmenso daño causado a la fauna y la flora por los enormes vertidos de los petroleros que encallaban (como el Exxon Valdez en Alaska en marzo de 1989, que derramó diez millones de toneladas de crudo y mató a una cantidad inmensa de aves). Los gobiernos occidentales no podían desdeñar las advertencias indefinidamente. El medio ambiente se estaba convirtiendo en un asunto político.

Los partidos verdes, que reflejaban la creciente preocupación por los daños medioambientales, empezaron a proliferar y a mediados de los años ochenta se habían consolidado ya en la mayoría de los países de Europa occidental. Fuera de Alemania Occidental (donde los verdes habían formado un partido político en 1980 y tres años más tarde obtenían los votos suficientes para entrar en Parlamento federal) todavía no se habían incorporado a la escena política tradicional. Aun así, estaban haciendo progresos. En 1984, fueron elegidos los primeros diputados de Los Verdes en el Parlamento Europeo. La conmoción causada por la catástrofe de Chernóbil en abril de 1986 dio un fuerte impulso a la política medioambiental, en particular en el norte de Europa occidental. Los Verdes suecos, fundados en 1981, se convirtieron en 1988 en el primer partido nuevo que entraba en el Parlamento sueco en setenta años. En Finlandia, Los Verdes, fundados en 1987, consiguieron diez escaños en el Parlamento cuatro años más tarde. En otros países, los movimientos ecologistas siguieron siendo marginales en la política parlamentaria, pero fueron capaces de influir en los partidos tradicionales y conseguir que se interesaran cada vez más por los temas ecológicos.

La creciente conciencia de las cuestiones medioambientales durante los años ochenta estuvo acompañada de una sensibilidad mayor hacia el racismo. Para la mayoría de la población, los partidos y las organizaciones neofascistas y racistas eran abominables. La tolerancia racial estaba empezando a ser considerada en general como la característica más distintiva de una sociedad civilizada y, por consiguiente, el odio racial era visto como la negación absoluta de todas las normas de humanidad. Obviamente, el racismo no desapareció, pero se había convertido política, cultural y socialmente en un tabú y sus manifestaciones externas se reprimían por considerarse inaceptables. Cuando la inmigración a la mayoría de los países de Europa occidental aumentó, las sociedades tuvieron que intentar adaptarse, y lo hicieron con diferente éxito, a los desafíos del multiculturalismo. La sensibilidad hacia la raza estaba condicionada no solo por las preocupaciones del momento.

Los fantasmas del pasado estaban regresando para acechar en el presente. Hasta finales de los años setenta, los terribles acontecimientos de la segunda guerra mundial que culminaron en el Holocausto (el término comenzaba a utilizarse universalmente para referirse al exterminio planeado de los judíos de Europa) no habían penetrado mucho en la conciencia de la población en general. Obviamente, los historiadores habían escrito sobre ello, pero sus análisis académicos no habían llegado al gran público. Esto estaba a punto de cambiar, aunque no principalmente como resultado de la labor de los historiadores. El Holocausto estaba a punto de convertirse en una piedra de toque de la conciencia histórica en Europa occidental.

El cambio se debió en parte a los intentos conscientes dentro de la comunidad judía de Estados Unidos de promover un sentimiento de identidad centrado en el Holocausto. No se trataba solo de preservar la memoria histórica, por muy importante que esto fuera. Se creía que el «capital moral» podía unificar la «memoria colectiva» y contribuir a aumentar el respaldo a políticas favorables a Israel. Entre los síntomas del cambio de clima se contaban la fundación en 1977 del Centro Simon Wiesenthal en Los Ángeles, bautizado con el nombre del célebre cazador de nazis Simon Wiesenthal (él mismo un superviviente del Holocausto) y, aún más importante, la decisión dos años más tarde de inaugurar el Museo Conmemorativo del Holocausto en el centro de Washington D. C. Los monumentos y los días de conmemoración del Holocausto empezaron a proliferar y en Estados Unidos empezó a difundirse la enseñanza del Holocausto en las escuelas y universidades estadounidenses. En 1978 la decisiva irrupción en la conciencia general de los ciudadanos estadounidenses se produjo con la emisión por televisión en horario de máxima audiencia de una serie de cuatro capítulos titulada simplemente Holocausto, que vieron casi cien millones de espectadores. Este drama de ficción, que seguía las vidas de los miembros de una familia judía, exponía los horrores del Holocausto y la historia de un hombre de las SS que asciende a un puesto de responsabilidad en la aplicación del programa de exterminio, cautivó la imaginación de un modo que nunca podrían conseguir los ensayos académicos. Las organizaciones judías aprovecharon las oportunidades de publicidad que ofrecía el éxito de la serie para sensibilizar aún más sobre el Holocausto, tanto en las comunidades judías como en las no judías.

La emisión de la serie un año más tarde en Alemania Occidental causó sensación. Unos veinte millones de espectadores vieron Holocausto (en torno a la mitad de la población de Alemania Occidental que veía la televisión) y siguieron petrificados la dramática descripción, personalizada y muy emocional, de la persecución y el exterminio. Los espectadores se identificaron con las víctimas y reconocieron la enormidad del crimen como nunca antes. «La nación está conmocionada», fue el veredicto de un análisis académico sobre el impacto de la serie. «Holocausto ha estremecido a la Alemania post-Hitler de un modo que los intelectuales alemanes nunca han conseguido hacer», comentó Der Spiegel, un semanario muy leído. Más de tres décadas después del final de la guerra, una serie estadounidense, a la que algunos criticaban por considerar que reducía la aniquilación de los judíos al nivel de una «telenovela», había hecho aflorar el sentimiento de culpa nacional. Al año siguiente, el Parlamento federal (el Bundestag) abolió la ley de prescripción de los crímenes de guerra, lo que permitió enjuiciar a los perpetradores del Holocausto. Se consideró que la serie había influido mucho en esta decisión.

A partir de entonces, en Alemania Occidental los ensayos históricos y la conciencia pública se centraron como nunca antes en el Holocausto[6]. En 1985, el cuadragésimo aniversario del final de la guerra (mucho más publicitado en los medios de comunicación que cualquier aniversario anterior) mantuvo muy presentes el Holocausto y otras atrocidades cometidas durante la guerra. La visita en mayo de 1985 del presidente Reagan, invitado por el canciller de Alemania Occidental, Helmut Kohl, al cementerio de guerra de Bitburgo como parte de la conmemoración del final de la contienda, resultó contraproducente cuando se supo que el cementerio albergaba tumbas de miembros de las SS. Por entonces, Kohl estaba intentando conciliar la responsabilidad de Alemania en el Holocausto con el intento, considerado importante para preservar las relaciones entre la República Federal y su aliado más importante, Estados Unidos, de resaltar la transformación positiva que había experimentado su país desde el fin de la guerra y reconocer que había roto las ataduras con el pasado.

Esto desempeñaría un papel en la amarga controversia sobre el Holocausto en la que participaron casi todos los historiadores destacados de Alemania Occidental y que ocupó las páginas de los principales periódicos del país durante semanas en 1986. En el centro de la polémica estaba la cuestión de cómo el pasado nazi, y sobre todo la responsabilidad por el Holocausto, se integraba en la conciencia presente y futura de Alemania Occidental. ¿Debería el sentimiento de culpa por los crímenes del nazismo dar paso a un sentimiento de identidad nacional más positivo, como defendía enérgicamente Michael Stürmer, un distinguido historiador y escritor de discursos para Helmut Kohl? ¿O Auschwitz era una parte esencial de la identidad de Alemania Occidental, como afirmaba el eminente filósofo social Jürgen Habermas? ¿No era, en realidad, el Holocausto peor que los crímenes del estalinismo? En 1986, estas cuestiones, y sobre todo la de la singularidad del Holocausto, preocupaban a los intelectuales de Alemania Occidental. Por supuesto que a la mayoría de las personas corrientes le interesaba poco la controversia de los historiadores y que mucha gente consideraba llegada la hora de dejar atrás la obsesión con el pasado nazi y de estar consumido por la culpa por acontecimientos en los que no había desempeñado ningún papel. Aun así, la resonancia de la controversia demostró que el Holocausto se había convertido en el norte de la conciencia de Alemania Occidental.

Fuera de Alemania Occidental, una concatenación de acontecimientos diversos despertó el interés de la población en toda Europa occidental y en otros lugares, y atrajo la atención internacional sobre el Holocausto. El estreno en 1985 de la película de Claude Lanzmann Shoah, un punzante documental basado en testimonios de primera mano de víctimas, ilustraba gráficamente el horror de los campos de exterminio. El juicio a Klaus Barbie, el antiguo jefe de la Gestapo en Lyon (extraditado a Francia en 1983 desde su exilio en Bolivia), que reveló su papel en la tortura del héroe de la Resistencia Jean Moulin y en la deportación de más de doscientos judíos, mantuvo el interés por el Holocausto en Francia. En 1986, el «caso Waldheim», cuando el presidente electo de Austria y antiguo secretario general de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim, tuvo que admitir que había encubierto la verdad sobre su servicio militar durante la guerra en Yugoslavia y Grecia, donde su unidad había cometido graves atrocidades, atrajo la atención internacional sobre la reticencia de Austria a admitir su papel en la catástrofe nazi. De una forma u otra, el Holocausto estaba muy presente en los medios de comunicación y, por consiguiente, en sectores importantes de la población. Se comenzó a ver la segunda guerra mundial desde otra perspectiva, haciendo cada vez más hincapié en la política racial, la barbarie nazi en el Frente Oriental y, sobre todo, el genocidio contra los judíos.

Al margen de la remodelación del paisaje social y cultural, a finales de los años ochenta Europa occidental se mantuvo estable política y económicamente. La crisis económica de la década anterior estaba superada y, en el plano político, predominó la continuidad. En Alemania, el gobierno de Helmut Kohl fue reelegido en 1986 y en Gran Bretaña el de Margaret Thatcher al año siguiente, y François Mitterrand (cuya política económica se había distanciado mucho de su programa socialista anterior) fue reelegido para un segundo mandato como presidente de Francia en 1988. En Italia, tras las elecciones de 1987 los democristianos volvieron a presidir el gobierno, sustituyendo al gobierno de Bettino Craxi, encabezado por los socialistas, mientras que los votos comunistas cayeron en picado. El final de los años ochenta parecían ser también una época de optimismo en Italia, aunque, entre bastidores, la corrupción y el creciente endeudamiento del estado eran tendencias preocupantes.

La Comunidad Europea también miraba con renovado optimismo al futuro. Tras algunos años de estancamiento, de «euroesclerosis», como se le denominó, el «Acta Única Europea» de 1986 (la primera vez que se modificó sustancialmente el tratado de Roma de 1957) insufló nueva vida a la Comunidad. El Acta tenía por objeto establecer para 1992 un mercado único que permitiera la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y personas dentro de las fronteras de la Comunidad Europea sin barreras o limitaciones nacionales. La fuerza impulsora de esta innovación fue Jacques Delors, el dinámico presidente recién nombrado de la Comisión Europea, pero este pretendía servirse del Acta como un paso para conseguir la unión política. En el verano de 1988, Delors dijo en el Parlamento Europeo que deseaba ver «los inicios de un gobierno europeo» en el plazo de diez años. Esto le llevó a un enfrentamiento directo con Thatcher y con gran parte de la población británica. En realidad, Thatcher había desempeñado un papel no menor presionando a favor del mercado único, pero, como gran parte de la clase política británica y, liderada por ellos, la mayoría de la población, consideraba la Unión Europea como poco más que una entidad económica, una zona de libre comercio. En contraste con Delors, descartaba por completo el objetivo de la unión política europea. «No hemos hecho retroceder las fronteras del estado en Gran Bretaña para ver cómo ahora se vuelven a imponer a escala europea, con un superestado ejerciendo un nuevo dominio desde Bruselas», bramó la primera ministra británica en un discurso pronunciado en Brujas el 20 de septiembre. El discurso marcó el inicio en Gran Bretaña de un constante «euroescepticismo», la oposición a la pertenencia británica a la Comunidad Europea, con Thatcher como su adalid (aunque en Brujas había afirmado claramente que el «destino [de Gran Bretaña] es Europa, como parte de la Comunidad»). En 1990, «Europa» estaba dividiendo su partido y su gobierno y esto contribuyó en buena medida a la dimisión de Thatcher como primera ministra el 22 de noviembre de 1990. Seguiría siendo una herida abierta en el corazón de la política británica. El enfrentamiento entre Delors y Thatcher reflejaba además una tensión subyacente en la Unión Europea, una tensión que había estado presente ya desde las primeras reflexiones de Jean Monnet sobre la futura unidad europea en 1950: la tensión entre los objetivos supranacionales y la soberanía nacional. Era una cuestión que continuaría afectando a la política europea.

En el momento de la derrota de Thatcher, Europa se había transformado. Durante los años ochenta, Europa oriental y occidental habían continuado siguiendo trayectorias diferentes. En 1989, esto cambió drásticamente. A partir de la primavera de ese año Europa occidental miró con nuevo interés, emoción y asombro lo que estaba sucediendo al este del Telón de Acero, cuando los vientos de cambio de Gorbachov, por entonces ya un huracán, barrieron las estructuras de dominación comunistas que habían estado en pie durante más de cuarenta años.

Capítulo 9 EL PODER POPULAR

Nadie ha visto aún una sociedad con la propiedad nacionalizada, una economía planificada y una estructura política democrática y pluralista.

Adam Michnik, Cartas desde la prisión
y otros ensayos, 1985

En 1991, la guerra fría había terminado y el Telón de Acero era cosa del pasado. «El fin de una era» es un cliché común, pero en este caso la expresión es acertada. Lo que sucedió entre 1989 y 1991 fue nada menos que una revolución europea y, sorprendentemente, a diferencia de revoluciones anteriores, sin que (apenas) se derramara sangre. ¿Cómo fue posible?

Tal vez sin Mijaíl Gorbachov no hubiera sucedido. A posteriori, es posible conocer las razones estructurales que subyacieron a la caída de la Unión Soviética y sus estados satélite en Europa oriental, pero no hay motivo para suponer que, sin Gorbachov, se hubiera producido la caída cuando lo hizo, hubiera tomado el rumbo que tomó ni hubiera tenido las consecuencias que tuvo. Su papel fue indispensable.

Aun así, fue necesaria otra fuerza para poder llevar a cabo una revolución en Europa oriental: el poder popular. Envalentonados por lo que habían visto en la Unión Soviética, los pueblos de Europa oriental se rebelaron contra los gobernantes comunistas que los habían mantenido esclavizados durante más de cuarenta años. Había habido un preludio en Polonia en 1980, cuando la oposición popular al régimen comunista había dado lugar a la formación del movimiento Solidaridad y sacudido a fondo al régimen vigente. Sin embargo, al año siguiente, las fuerzas gobernantes en Polonia contraatacaron: ilegalizaron Solidaridad, reprimieron a la oposición y bloquearon las presiones a favor del cambio. Cuando a finales de los años ochenta soplaron vientos nuevos en la Unión Soviética, Solidaridad se reactivó. Ni en Polonia ni en otros lugares se esperaba que el final del régimen comunista fuera a llegar tan deprisa, pero a finales de 1989, en una avalancha de cambios, los regímenes en vigor fueron derrotados. En todos los países, la población buscó y logró su libertad. La revolución desde arriba que instigada Gorbachov se convirtió en una revolución desde abajo cuando el pueblo se dio cuenta de que sus gobernantes pisaban un terreno tembloroso. Fueron tomando las riendas del poder en sus manos en un país tras otro. Por último, el cambio que allí había comenzado regresó como una fuerza imparable a la propia Unión Soviética. Lo que había resistido, en apariencia irreductible, durante casi setenta años fue demolido en dos.

LOS SATÉLITES ABANDONAN LA ÓRBITA

Polonia, como venía haciendo desde 1980, abrió el camino. Las elecciones celebradas el 4 de junio de 1989 se saldaron con una aplastante victoria de Solidaridad, que para entonces había pasado de ser un sindicato, que en realidad era mucho más débil de lo que había sido en 1980, a convertirse en un partido político. Es probable que la escasa participación, apenas un 62 %, reflejara un alto grado de desconfianza en unas elecciones que muchos creían que no iban a cambiar nada, pero el resultado no podía haber sido más claro. En la primera vuelta, Solidaridad se hizo con 92 de los 100 escaños del Senado y 160 de los 161 escaños de libre elección del Sejm (la Cámara Baja del Parlamento). La euforia se entremezclaba con el miedo. En la misma tarde de las elecciones, la televisión había mostrado imágenes de los tanques entrando en la plaza de Tiananmén en Pekín, donde centenares de estudiantes que se manifestaban a favor de la democracia fueron acribillados por tropas gubernamentales. ¿Cómo reaccionaría el gobierno polaco a la victoria de la oposición en las urnas? En realidad, el régimen aceptó el veredicto del pueblo. Cuarenta años de dominación comunista casi habían tocado a su fin, pero no del todo.

El gobierno seguía en manos de los comunistas y el general Jaruzelski fue debidamente elegido para el nuevo cargo de presidente ejecutivo. Sin embargo, en la segunda vuelta de las elecciones, celebrada el 18 de junio, se confirmó la derrota del régimen comunista. En torno al 65 % de los votos emitidos fueron para Solidaridad, aunque la participación de solo el 25 % fue lamentablemente baja. La oferta de Jaruzelski a Solidaridad para que participara en una gran coalición fue rechazada. El 7 de agosto, el líder de Solidaridad, Lech Wałęsa, propuso un gobierno encabezado por Solidaridad y apoyado por partidos más pequeños que habían sido simples marionetas del Partido Comunista (para entonces un partido minoritario en el Sejm). El 24 de agosto Polonia ya tenía primer ministro, Tadeusz Mazowiecki, un destacado miembro de Solidaridad y un intelectual con una larga trayectoria de disidente político, al que había nombrado el presidente comunista Jaruzelski y habían sancionado casi todos los diputados comunistas del Sejm. Durante los meses siguientes, los cimientos del estado comunista fueron sistemáticamente desmantelados. Polonia se convirtió en una simple república y dejó de ser una República Popular; la policía y el ejército fueron despolitizados; la Constitución eliminó el papel protagónico del Partido Comunista; y el partido se disolvió (resurgiendo en enero de 1990 como Partido Socialdemócrata). No obstante, con el fin del enemigo común, desapareció también cualquier unidad de la oposición.

Durante 1990 fue aumentando la presión para que Jaruzelski renunciara al cargo de presidente; pero, cuando lo hizo, los dirigentes de Solidaridad desmintieron el nombre de su movimiento. El presidente recién reelegido de Solidaridad, Lech Wałęsa, presentó su candidatura, desafiando directamente a Mazowiecki, que había sido uno de sus asesores más cercanos. Wałęsa, impaciente porque se acelerara el cambio, con un comportamiento autoritario pero con una gran habilidad populista que le permitía dar una voz única al creciente descontento, estaba resentido porque creía que los intelectuales del movimiento, como Mazowiecki y Adam Michnik, le habían marginado. Las elecciones de noviembre (con una segunda vuelta en diciembre) se saldaron con la derrota del intelectual y la aplastante victoria del electricista y antiguo dirigente sindical, que juró el cargo el 22 de diciembre de 1990. Para entonces Solidaridad ya se había dividido tras perder apoyo frente a los nuevos partidos que habían surgido en la reciente democracia polaca. Polonia se transformó con rapidez en una sociedad pluralista reconocible. Se había producido una extraordinaria transición política democráticamente y sin derramamiento de sangre.

En el plano económico, la experiencia inicial de la democracia pluralista no tuvo tanto éxito. Se aplicó una «terapia de choque», conocida por el nombre del nuevo ministro de Economía (Leszek Balcerowicz), como «Plan Balcerowicz», a la economía controlada por el estado, que desde principios de 1990 se abrió abruptamente a las fuerzas del mercado. La consecuencia inmediata de la amplia desregulación y la devaluación de la moneda fue un fuerte aumento de la inflación. Las exportaciones aumentaron mientras disminuían las de otras partes de Europa oriental. Sin embargo, en el momento de la elección de Wałęsa como presidente, la tasa de inflación se había disparado a casi el 250 %, no había nada que comprar en las tiendas, la producción había caído drásticamente y se registró un brusco aumento del desempleo; el promedio de ingresos reales cayó en un tercio. El alivio de gran parte de la deuda externa y las estrictas condiciones para recibir ayuda del Fondo Monetario Internacional fueron formando la base de la recuperación económica durante los años siguientes. Para entonces, la privatización de la economía polaca ya estaba muy avanzada. En la economía, así como en la política, Polonia estaba aprendiendo deprisa lo que significaba ser un país «occidental».

El 16 de junio de 1989, menos de quince días después de las elecciones polacas que marcaron el comienzo del fin del comunismo en el país, llegó el momento de Hungría. Una enorme multitud, unas doscientas mil personas, se congregó en la plaza de los Héroes de Budapest para presenciar la ceremonia televisada del nuevo entierro del héroe de la revuelta de 1956, Imre Nagy, ahorcado por el régimen comunista tras un falso juicio en 1956. El año anterior la policía había disuelto con violencia una manifestación para conmemorar el aniversario de la ejecución de Nagy. Un año más tarde, en la plaza de los Héroes ya no ondeaba la bandera de la hoz y el martillo, sino el estandarte nacional. El último orador en rendir homenaje a la memoria de Nagy fue Viktor Orbán, miembro de la Alianza de Jóvenes Demócratas, quien arrancó un acalorado aplauso cuando declaró: «Si podemos confiar en nuestra alma y nuestra fuerza, podemos poner fin a la dictadura comunista». Las medidas para lograr ese objetivo se sucedieron con rapidez, una tras otra. Y, al igual que en Polonia, todo transcurrió de manera pacífica.

János Kádár, el responsable de la ejecución de Nagy, no vivió para ver la defunción del estado que había presidido durante tanto tiempo, pues murió de cáncer el 6 de julio de 1989. Un mes antes, el Partido Comunista había accedido a mantener conversaciones con la mesa redonda de grupos de la oposición que se había formado en marzo. Sin embargo, gran parte del verano estuvo marcado por los desacuerdos en el seno de los grupos de la oposición, mientras los comunistas, también divididos, seguían dirigiendo el gobierno. No obstante, pese a lo confusa y desconcertante que era la situación, la trayectoria estaba clara. Se acordó celebrar elecciones parlamentarias libres el 18 de septiembre, si bien otros aspectos de la transición a la democracia, y en particular la cuestión de si las elecciones parlamentarias debían preceder a las elecciones presidenciales, siguieron siendo objeto de controversia entre los grupos de la oposición. A principios del mes siguiente, los comunistas disolvieron el partido y cambiaron el nombre (oficialmente había sido el Partido Socialista Obrero Húngaro) a simplemente Partido Socialista Húngaro. El 23 de octubre, el día del aniversario de la revolución de 1956, fue proclamada ante una enorme multitud congregada a las puertas del Parlamento en Budapest la nueva República de Hungría, que, al igual que en Polonia, ya no era una República Popular. Las postergadas elecciones parlamentarias, que marcaban el retorno a la política pluralista, se celebraron por fin en marzo y abril de 1990 y de ellas surgió una inmanejable coalición de partidos, en su mayoría conservadores liberales y de centroderecha.

Seguiría un verano de apatía durante el cual la situación económica se deterioró en grado sumo. Aunque durante muchos años la economía húngara había estado más abierta a algunas modalidades limitadas de iniciativa privada que cualquier otro estado del bloque soviético y en los últimos tiempos había acentuado el avance en este sentido, la exposición total a los caprichos del mercado reveló a los húngaros las duras realidades del capitalismo occidental. Aun así, el elevado endeudamiento con Occidente y una inflación que amenazaba con descontrolarse hicieron que, como en el caso de Polonia, hubiera pocas alternativas a la ayuda occidental, por muy difícil que pudiera ser la transición. El apoyo financiero del FMI ayudó a Hungría a superar la difícil transición, aunque solo después de que en julio de 1990 adoptara nuevas medidas de austeridad. Ese otoño el gobierno también puso en marcha un gran programa de privatizaciones. Al igual que en otros lugares del antiguo bloque soviético, predominaban las ideas económicas neoliberales, importadas sobre todo de Estados Unidos. Las encuestas de opinión indicaban que para entonces la confianza de los ciudadanos en el gobierno democrático recién elegido era menor de lo que había sido durante la administración comunista anterior. Entretanto, las tropas soviéticas en Hungría, que habían llegado a rondar los cien mil hombres, se estaban retirando y las últimas abandonaron el país en marzo de 1991. Era la señal más visible de que Hungría había salido del pacto de Varsovia y estaba virando hacia Occidente. En realidad, el momento decisivo ya se había producido en el verano de 1989.

Ese mes de agosto, a cambio de una sustancial ayuda financiera de Alemania Occidental, Hungría había accedido a abrir su frontera con Austria a los alemanes orientales. Con esta medida, Hungría no solo incumplía su obligación de devolver a su lugar de origen a cualquier persona que tratara de abandonar un país socialista; básicamente, rasgaba el Telón de Acero. Cuando la noche del 10 al 11 de septiembre se abrió la frontera, miles de ciudadanos de Alemania Oriental cruzaron a Austria a través de Hungría, primero a campos de retención y después de allí a la República Federal de Alemania. A finales de octubre se habían marchado ya cincuenta mil personas.

También se refugiaron en embajadas de la República Federal en Budapest, Praga y Varsovia. El 30 de septiembre de 1989, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania Occidental, Hans-Dietrich Genscher, anunció en la televisión que había negociado con éxito con Moscú y Berlín Oriental el traslado de sesenta mil ciudadanos de la RDA a la República Federal. Miles de personas que esperaban en los andenes de las estaciones, y millones más que lo veían por la televisión, recibieron alborozadas a los trenes cerrados que transportaban a los refugiados al oeste.

Ni los más veteranos analistas de la República Democrática Alemana habían previsto un cambio tan rápido y radical; ni siquiera los propios dirigentes de la RDA estaban preparados para ello. El líder de Alemania Oriental Erich Honecker había declarado recientemente que el Muro de Berlín seguiría en pie al cabo de cien años. En realidad, durante el verano había aumentado la oposición al régimen, organizada en gran medida por pastores protestantes, pero los intelectuales, a diferencia de los polacos y los húngaros, en su mayor parte habían estado al lado del régimen. Hasta entonces, el inconformismo político no había representado una gran amenaza para el régimen. Los dirigentes, por su parte, no estaban dispuestos a hacer concesiones. Las elecciones locales de mayo de 1989 habían sido a todas luces fraudulentas. El núcleo duro del partido apoyó las matanzas de los estudiantes chinos en la plaza de Tiananmén, que justificó alegando que era algo lamentable pero necesario para proteger al socialismo. La Stasi, el temido servicio de seguridad del Estado, seguía manteniendo un férreo control de la sociedad.

De cara al exterior, el régimen seguía rebosando confianza. Los preparativos para celebrar el 7 de octubre el cuadragésimo aniversario de la fundación de la RDA iban viento en popa. Sin embargo, tras la máscara, el pánico iba en aumento. Cuando Gorbachov asistió a las celebraciones en Berlín Oriental, una multitud enfervorizada brindó una efusiva acogida al mandatario soviético. Los líderes de la RDA, sobre todo el muy intransigente Erich Honecker, no podían pasar por alto el enorme abismo que los separaba de Gorbachov. Las palabras con las que Gorbachov se refirió en privado a los dirigentes de Alemania Oriental no tardaron en hacerse públicas: «La vida castiga con severidad a quienes, en política, llegan demasiado tarde».

Las manifestaciones contra el régimen, inspiradas cada lunes por las oraciones por la paz en la iglesia de San Nicolás de Leipzig, habían ido creciendo: de varios miles de personas a principios de septiembre a unas veinte mil un mes más tarde y unas setenta mil el lunes 9 de octubre de 1989. Dos días antes, durante las celebraciones del cuadragésimo aniversario, la policía había actuado contra los manifestantes con su brutalidad habitual. Había indicios (la plaza de Tiananmén aún estaba muy presente en la mente de los ciudadanos) de que el lunes por la tarde las fuerzas de seguridad usarían en Leipzig armas de fuego contra los manifestantes. Circulaban rumores de que el régimen estaba dispuesto a aplastar por la fuerza la protesta. Cabía esperar un enfrentamiento. Kurt Masur, el internacionalmente famoso director de la Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig, figuraba entre quienes (como tres funcionarios locales del partido) hicieron un llamamiento para evitar la violencia. No estaba claro si este llamamiento tendría mucho efecto. El 8 de octubre Honecker había ordenado a la Stasi que impidiera cualquier disturbio. Parecía un mal presagio. Entonces intervino Moscú: no podía haber ningún derramamiento de sangre en Leipzig. El mensaje llegó al partido y a la policía de la ciudad. Aun así, los manifestantes no podían estar seguros. Debía contemplar la posibilidad de que la policía usara munición real contra ellos. Para manifestarse esa tarde se necesitaba valor. Al final, la manifestación transcurrió pacíficamente. Fue un momento decisivo. La gente se dio cuenta de que la policía ya no intervenía, de que era seguro manifestarse. El 4 de noviembre en torno a medio millón de ciudadanos participó en una gran manifestación en Alexanderplatz, en el centro de Berlín Oriental, que fue transmitida en directo por la televisión. Exigían elecciones libres, libertad de expresión, la dimisión del gobierno, la legalización de los grupos opositores y el fin del derecho exclusivo de los comunistas a liderar el país. «Nosotros somos el pueblo», coreaban.

La rebelión de las masas estaba a punto de alcanzar su clímax. El 3 de octubre, aún molestas por las embarazosas escenas de los refugiados de Alemania Oriental huyendo al Oeste, las autoridades de la RDA habían prohibido viajar a Checoslovaquia sin visado. La ruta a Hungría quedaba cerrada. Sin embargo, a medida que crecían las protestas contra el régimen, se volvía imposible mantener esta medida tan impopular, que en la práctica cercaba a toda la población. El 1 de noviembre se levantó la restricción. Entre el 3 y el 5 de noviembre más de diez mil ciudadanos cruzaron la frontera checa en dirección a Alemania Occidental. Con lo que en la práctica era una autorización para partir hacia Occidente con solo con mostrar el pasaporte, el Muro de Berlín perdía todo su sentido. No obstante, para abandonar la RDA aún había que completar los engorrosos trámites de explicar las razones de cualquier viaje. Y el Muro aún seguía en pie, aunque no por mucho tiempo.

Las restricciones para viajar habían sido un importante motivo de queja. El 9 de noviembre, el régimen había preparado un decreto, que se haría público al día siguiente, que permitiría viajar por cualquier ruta directamente a la República Federal y a Berlín Occidental sin necesidad de trámites. Es evidente que el recién nombrado representante del partido para los medios, Günter Schabowski, no había asimilado el contenido de la nueva directiva que le acababan de entregar cuando la tarde de ese mismo día 9 procedió a leerla en una conferencia de prensa. Cuando los periodistas le preguntaron cuándo entraría en vigor, respondió sin titubear: «De inmediato, ahora mismo», y añadió que se aplicaba también a Berlín. Al oírlo, miles de ciudadanos de la RDA, que habían estado mirando atentamente la televisión con creciente asombro, se montaron en sus vehículos Trabant, Lada y Wartburg y, sin más, se dirigieron al Muro. A media tarde había enormes aglomeraciones en todos los pasos fronterizos de Berlín, presionando para entrar en Berlín Occidental. Los guardias fronterizos, durante décadas una presencia amenazadora, no habían sido informados de ningún cambio y al principio intentaron impedir que la gente cruzara, pero después trataron de sellar los pasaportes para indicar que los portadores estaban abandonando la RDA y no regresarían; completamente desbordados, no tardaron en dejar de preguntarse qué se esperaba que hicieran. Dejados a veces con marcas de lápiz de labios en las mejillas y los sombreros ladeados, se limitaban a permitir el paso a todo el mundo. «Libertad por fin», gritaban algunos.

Los berlineses occidentales también se precipitaron con un júbilo frenético a su lado del Muro. Pronto estaban cantando, bailando, abrazando a desconocidos, llenando a sus compatriotas de Alemania del Este, eufóricos pero aún perplejos, de flores, bombones y plátanos (la fruta fresca no abundaba en la RDA). Al día siguiente, el Muro estaba lleno de guardias fronterizos, pero no tardaron en sustituirlos miles de jóvenes que se encaramaron en lo alto del que durante casi treinta años había sido un símbolo de división y represión[7]. Se arrancaron pedazos del Muro como recuerdos y los días siguientes fueron una larga fiesta en Berlín Occidental. Multitudes de berlineses, del este y el oeste, pululaban por el centro de la ciudad. Un ejecutivo regional de Coca-Cola fue recompensado poco después con un rápido ascenso por su iniciativa de ordenar que se entregaran latas de la bebida a los alemanes orientales que entraban en Berlín Occidental, garantizando con ello que este producto recibiera una publicidad masiva y gratuita en la televisión. El metro estaba a veces tan lleno que los vagones pasaban por las estaciones sin detenerse. Los bancos abrieron excepcionalmente el sábado por la mañana para entregar el «dinero de bienvenida» de cien marcos alemanes. Los alemanes orientales no tenían dificultades para gastarlo. Privados durante tiempo de los bienes de consumo occidentales, a muchos de ellos se los podía ver con aparatos de música recién comprados junto con racimos de plátanos o bolsas de naranjas.

Para entonces, el régimen de Alemania Oriental estaba en las últimas. La estrambótica manera en que se había producido la apertura del Muro demostraba que el gobierno ya no tenía el control. Sin la opción del apoyo soviético para mantener el poder por la fuerza de las armas contra sus ciudadanos, el régimen estaba impotente. Y de haber usado la fuerza habría perdido cualquier oportunidad de obtener ayuda económica de Alemania Occidental, sin la cual su economía habría tenido dificultades para sobrevivir. Tal como estaban las cosas, su desintegración política era inminente. El 18 de octubre Honecker había sido destituido de todos sus cargos en el partido y en el estado, oficialmente por motivos de salud. Su sucesor, Egon Krenz, un apparatchik de aspecto un tanto siniestro, había sido un acólito cercano del líder depuesto y estaba cortado por el mismo patrón, incluso en su defensa de las matanzas de la plaza de Tiananmén. Sus intentos de hacerse pasar por un reformista de nuevo cuño estaban desde el principio condenados al fracaso. A principios de noviembre, la mayor parte de los demás dirigentes de la RDA, incluido Erich Mielke, jefe de la Stasi, habían desaparecido. (No tardaría en seguirle el desmantelamiento del marco organizativo de la Stasi). El 2 de diciembre fue derogada la crucial cláusula de la Constitución de Alemania Oriental que declaraba a la RDA un estado socialista gobernado por el Partido Socialista Unificado comunista. Krenz y el resto del Politburó y del Comité Central del partido dimitieron dos días más tarde. Para el 6 de diciembre, Krenz había abandonado también el cargo de jefe del Estado. El poder popular se había asegurado de que la RDA estuviera bien encaminada, por muy confusa que siguiera siendo la senda durante algunos meses, para abrazar plenamente la democracia pluralista. La pacífica revolución popular, gracias a su propio valor, pero también no en pequeña medida al apoyo externo de Gorbachov, había triunfado.

Los grupos de la oposición surgidos durante el verano y el otoño de 1989 (Nuevo Foro, Despertar Democrático, Democracia Ahora y muchos otros, entre 300 y 325 en total, aunque la mayoría de ellos con solo unos veinte miembros), habían sido la vanguardia de la revolución. Todos ellos querían democracia, con elecciones libres para empezar. Además de eso, sus líderes, muchos de ellos intelectuales o idealistas cuyos principios tenían su origen en la fe protestante, tenían a menudo, como es natural, diferencias en cuanto a sus objetivos concretos. No es de sorprender que hubiera mucha incertidumbre. Querían librarse del opresivo comunismo de estado que todos habían vivido y entre la masa creciente de sus partidarios había una profunda rabia por la corrupción de los dirigentes, que habían predicado la igualdad socialista mientras disfrutaban de lujos y privilegios que eran un grave abuso de poder y una traición a los sacrificios que exigían a quienes habían confiado en ellos. Se consideraba que el «socialismo real» había sido una mentira. No obstante, había aún muchos comunistas idealistas entre quienes protestaban, incluidos algunos que habían sido miembros del partido. Ninguno de los principales defensores de un cambio radical pensaba en el capitalismo occidental como modelo. Y tampoco deseaban la unificación con una Alemania Occidental capitalista.

Estas opiniones eran un reflejo de las de los alemanes orientales en general. Según sondeos de opinión realizados poco después de la caída del Muro, el 86 % de la población estaba favor de «un camino hacia un socialismo mejor, reformado». Albergaban la esperanza, que pronto se revelaría ilusoria, de una «tercera vía», algo parecido al «socialismo con rostro humano» que en 1968 las fuerzas armadas soviéticas habían aplastado en Praga. Sin embargo, no tardarían en descubrir que sus esperanzas estaban siendo superadas por las crecientes demandas de personas corrientes de justamente aquello que en un principio no habían buscado: la unificación con Alemania Occidental y la satisfacción de su deseo de los bienes de consumo que habían vislumbrado brevemente durante sus cortas estancias en Berlín Occidental. Mientras que en el otoño el grito había sido «Nosotros somos el pueblo», a finales de año había cambiado a «Somos un solo pueblo». Aún más sorprendente era el nuevo eslogan que estaba popularizándose: «Patria alemana unida». Las encuestas mostraban que casi el 80 % de la población de Alemania Oriental quería ahora la unificación. La presión popular estaba aumentando, a la par que las iniciativas diplomáticas de los líderes políticos, que culminarían en cuestión de meses en la unificación alemana.

La apertura del Muro de Berlín fue el momento simbólico en que el mundo supo que el bloque soviético había tocado a su fin. Las demás piezas del dominó también estaban cayendo. El fin de los regímenes comunistas restantes en Checoslovaquia, Bulgaria y Rumanía llegó enseguida, aunque en estos casos, a diferencia de lo ocurrido en Polonia y Hungría, quienes detentaban el poder no estaban dispuestos a entregarlo.

En Checoslovaquia, intelectuales encabezados por Václav Havel y apoyados por un gran número de estudiantes habían estado expresando su oposición al régimen de forma cada vez más enérgica durante meses. Unas diez mil personas se habían manifestado el 28 de octubre de 1989, en el aniversario de la fundación de Checoslovaquia en 1918. Una petición redactada por Havel (que había salido de la cárcel en mayo) y varios de sus asociados titulada «Unas pocas frases» y que abogaba por la introducción de derechos democráticos, en noviembre ya había conseguido unas 37 000 firmas. Las presiones a favor de un cambio aumentaron con rapidez. Los dramáticos acontecimientos ocurridos en la embajada de Alemania Occidental en Praga demostraban que el cambio era posible y estaba en marcha. La caída del Muro fue su manifestación más espectacular. Sin embargo, el régimen de Checoslovaquia no estaba dispuesto a capitular. La policía antidisturbios, blandiendo porras, atacó brutalmente a los estudiantes que se manifestaban el 17 de noviembre. Lejos de disuadir a los manifestantes, la violencia policial alentó más manifestaciones y más multitudinarias. En solo unos días, la cifra de manifestantes que exigía el fin de la dictadura comunista llegó a los doscientos mil, y el 24 de noviembre se congregaron en la plaza de Wenceslao setecientos cincuenta mil manifestantes. La mitad de la mano de obra del país apoyó la huelga general de dos días que se convocó a continuación. Mientras tanto, el 19 de noviembre los grupos de la oposición se habían organizado en un «Foro Cívico», encabezado por Havel, para exigir un cambio democrático. Los debates en su sede, en las entrañas del teatro de la Linterna Mágica de Praga, eran muchas veces rudimentarios, incoherentes y confusos; pero, impulsando y también siendo impulsado por el enorme movimiento popular de oposición, el Foro Cívico orquestó la «Revolución de Terciopelo» que acabó con los últimos restos del régimen comunista.

Antes de acabar noviembre había dimitido toda la cúpula del partido y se había eliminado de la Constitución la posición preeminente del mismo. Mediante una profunda remodelación el 3 de diciembre el gobierno intentó mantener el control en manos de los comunistas. Era demasiado tarde para eso. Ante la amenaza de una huelga general, el 10 de diciembre juró el cargo un nuevo gobierno, la mayoría de cuyos miembros pertenecían al Foro Cívico. El presidente Gustáv Husák, el gran superviviente de 1968 y personificación del antiguo régimen, acabó reconociendo la derrota y dimitió. El 29 de diciembre de 1989, justo antes de que terminara un año tan rico en acontecimientos trascendentales, Václav Havel tomó posesión como nuevo jefe de Estado. Un día antes, en una decisión profundamente simbólica, el héroe de 1968, Alexander Dubček, había sido elegido para el cargo en esencia honorifico de presidente de la Asamblea Federal. A finales de febrero de 1990 las tropas soviéticas comenzaron a retirarse de Checoslovaquia. Las elecciones celebradas en junio de 1990 (y la reelección de Havel como presidente un mes más tarde) confirmaron el éxito de la transición de Checoslovaquia a una democracia liberal.

En Bulgaria apenas existía la base de una «sociedad cívica» que desarrollara en los intersticios del dominio comunista sus propias formas de pensamiento político pluralista y de debate opositor al monopolio del poder del partido. De ahí que en este país el cambio no viniera de abajo, sino de arriba, mediante un golpe de estado en el seno de la jefatura del partido. La presión popular a favor de la democracia siguió, en vez de preceder, al cambio en la cúpula. El intento tardío de Tódor Zhívkov en noviembre de 1989 de evitar a sus críticos en la jefatura del partido pretendiendo emprender reformas fue en vano. El líder más longevo del partido en Europa oriental, llegado al poder solo un año después de la muerte de Stalin, fue derrocado desde dentro, obligado a renunciar a sus cargos en el partido y en el estado el 10 de noviembre de 1989. Sin embargo, el hombre que empuñó metafóricamente el cuchillo y sucedió a Zhívkov como jefe del partido, Petăr Mladenov, era un miembro de la vieja guardia, había sido ministro de Asuntos Exteriores desde 1971 y, como más tarde se supo, en diciembre de 1989 había considerado incluso enviar los tanques contra los manifestantes. Él mismo sería destituido como jefe del Estado en julio de 1990.

No obstante, antes de eso y como inicialmente había hecho Gorbachov en la Unión Soviética, Mladenov había emprendido las primeras reformas sustanciales en la confianza de estar dando un paso para mantener, no para quebrar, el poder comunista. A finales de diciembre de 1989, se mostró dispuesto a entablar negociaciones acerca de un programa de reformas con grupos de la oposición, varios de los cuales se habían aglutinado ese mismo mes en la Unión de Fuerzas Democráticas. La transformación del estado se produjo a lo largo de 1990. Fue menos drástica, más laboriosa y más fragmentaria que en los demás países del bloque oriental, pero ya era imparable. El partido y el estado se separaron oficialmente en enero; en marzo se legalizaron las huelgas; el Partido Comunista cambió de nombre a Partido Socialista Búlgaro en abril; y en junio se celebraron elecciones, en las que, no obstante, los antiguos comunistas obtuvieron el mayor porcentaje de votos (47,2 %). El frágil gobierno de coalición, en el que había división de opiniones sobre cómo afrontar los problemas económicos que aumentaban gravemente en medio de un descontento generalizado, se tambaleó durante la segunda mitad de 1990. Solo empezó a verse un final después de que un abogado que no pertenecía al partido, Dimitar Popov, accediera el 7 de diciembre de 1990 a formar un Gobierno Provisional mediante un acuerdo que garantizaba una transición pacífica a una sociedad democrática firmado por los tres partidos principales. Solo entonces podría comenzar en serio la reconstrucción de la maltrecha economía, al igual que en otros países con la ayuda del FMI y del Banco Mundial, y partiendo de reformas del mercado y privatizaciones, aunque la recuperación tardaría en surtir efecto.

En cinco de los seis países del bloque soviético la revolución de 1989 fue asombrosamente pacífica. Al principio los regímenes habían utilizado medios violentos, o al menos habían considerado la posibilidad de hacerlo, pero la idea de que no contarían con el respaldo de la Unión Soviética los había disuadido. El «factor Gorbachov» fue decisivo. Los líderes de los regímenes habían intentado entonces apaciguar a la población mediante tentativas de reforma tardías y graduales, cuyo verdadero propósito era conservar el poder. Pero la oposición popular, consciente de que sin el respaldo soviético los líderes de sus países estaban tan expuestos como el emperador desnudo, se había sentido cada vez más envalentonada para exigir un cambio democrático. El poder popular aumentó exponencialmente en el otoño de 1989. Los dirigentes de los regímenes comunistas estaban desacreditados, expuestos y cada vez más desamparados.

Aun así, aunque la tendencia predominante fue de revoluciones pacíficas, hubo un país en el que el régimen tuvo un final violento. Era previsible que si en algún lugar el globo tenía que estallar, sería en Rumanía. A diferencia de los ocurrido en otros países, la monstruosa tiranía de Nicolae Ceauşescu excluyó la negociación, el compromiso, la reforma gradual y la transición pacífica. La oposición, activada por el clima de cambio inaugurado por Gorbachov, se agitaba, sin duda, bajo la superficie; pero hasta finales del otoño de 1989 tuvo poco impacto debido a la severa represión y la brutalidad del régimen. El cambio revolucionario en la vecina Hungría animó a la oposición en Rumanía, aunque en el verano de 1989 el régimen respondió levantando una alambrada para impedir un éxodo a través de la frontera húngara: desde 1987 se habían marchado veinte mil personas.

Durante semanas pareció que el régimen estaba capeando el temporal que azotaba al resto de Europa central, pero el 12 de diciembre de 1989 el diluvio empezó a asolar Rumanía. Ese día, la policía secreta, la temida Securitate, intentó deportar a un sacerdote que durante algún tiempo había sido un incordio para el régimen, Lászlo Tökés, a través de la frontera húngara desde la ciudad de Timişoara, en el oeste de Rumanía, pero se encontró con que centenares de manifestantes se lo impidieron. A lo largo de los días siguientes, las protestas se intensificaron enormemente. El régimen respondió como mejor sabía, recurriendo a la violencia extrema. El 17 de diciembre el ejército disparó contra la multitud y mató a varios manifestantes. Aun así, pese a la violencia, para entonces las protestas estaban cobrando un impulso imparable. Cuando Ceauşescu, que regresó prematuramente de una visita a Irán, se dirigió a un mitin en el centro de Bucarest a la hora del almuerzo el 21 de diciembre, la transmisión televisiva tuvo que ser interrumpida. En lugar de los habituales aplausos enfervorizados de claques organizadas, sucedió lo impensable. El «Líder» fue abucheado y silbado. Esa tarde, el ejército, las milicias y la Securitate usaron porras, cañones de agua y fuego real contra una enorme multitud, pero no consiguieron sofocar lo que para entonces ya se había convertido en toda una revolución.

La mañana del 22 diciembre Ceauşescu se vio de nuevo obligado a retirarse ante una muchedumbre hostil, a la que había intentado dirigirse desde el balcón de la sede del partido. Por temor a que la multitud estuviese a punto de irrumpir en el edificio, Ceauşescu y su mujer, Elena, fueron evacuados en helicóptero desde el tejado. Sin embargo, sus esperanzas de encontrar un refugio seguro fueron efímeras. Esa misma tarde los detuvieron no lejos de Târgovişte, en el sur de Rumanía, unidades del ejército, que para entonces respondían a las órdenes del Frente de Salvación Nacional, que había tomado el poder en Bucarest. El día de Navidad, los Ceauşescu fueron perentoriamente condenados a muerte por un tribunal militar improvisado a toda prisa, llevados al exterior y ejecutados por un pelotón de fusilamiento. Solo cuando se tuvo noticia de la muerte del dictador remitió la violencia, que había continuado durante cinco días y se había cobrado la vida de más de mil personas. Se calcula que durante la revolución rumana murieron en total unas diez mil personas.

En Rumanía no hubo una rápida transición a la democracia. Un país con pocos intelectuales y una clase media reducida, en su mayoría comprados por el régimen, y un Estado policial muy represivo no estaba en condiciones de construir la base de una «sociedad civil» que funcionara, ni siquiera de forma clandestina, hasta que la dictadura llegara a su fin. A diferencia de Polonia o Checoslovaquia, no había ningún gobierno a la espera. Quienes tenían ahora el poder en el Gobierno Provisional habían sido, en su mayoría, miembros del antiguo partido gobernante. Aprovecharon la oportunidad en medio del caos de diciembre para tomar las riendas que el dictador saliente había soltado apresuradamente.

Al frente del gobierno, tras ser nombrado jefe de Estado provisional, estaba Ion Iliescu, que había sido un miembro prominente del régimen de Ceauşescu. Se hicieron concesiones al pluralismo, pero fueron poco más que una fachada. Se formaron muchos partidos nuevos y renacieron algunos antiguos, pero, como demostraron las elecciones celebradas en mayo de 1990, la nueva vieja guardia del Frente de Salvación Nacional controlaba todos los resortes del poder. La Securitate se infiltró en todas las vías importantes de control social. La oposición fue recibida con violencia callejera, sin que hubiera policía a la vista, que incitaba deliberadamente el gobierno contra cualquiera al que se considerara disidente, opositor, «desviado» o extranjero. Solo lentamente, durante 1990, empezaron a calmarse las enormes turbulencias generadas por el malestar causado por la miseria económica. A finales de ese año, Rumanía tenía por fin una Constitución democrática ampliamente aprobada. Para entonces, la propiedad estatal de la economía se estaba empezando a abrir a las privatizaciones. No obstante, la transición a un sistema político pluralista y funcional y a una economía capitalista continuó siendo un proceso lento. La democracia en Rumanía siguió siendo un proyecto en curso largo e imperfecto.

EL CAMINO INESPERADAMENTE VELOZ HACIA LA UNIFICACIÓN ALEMANA

En Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria y Rumanía, la transición a la democracia fue sobre todo una cuestión de satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, aparte, por supuesto, del factor nada desdeñable de aflojar los lazos con la Unión Soviética. El camino para lograr ese objetivo era tortuoso y a menudo sembrado de obstáculos. Sin embargo, se desarrolló dentro de unas fronteras nacionales establecidas; en todos los casos, excepto en Checoslovaquia, esas fronteras permanecieron inalteradas. E incluso tras el posterior «divorcio de terciopelo» en 1993, cuando Checoslovaquia se dividió entre los dos estados de Eslovaquia y la República Checa, las fronteras exteriores continuaron siendo las mismas que las del antiguo país unido. Tampoco allí la transformación de un régimen comunista en una democracia liberal, por muy dramática que fuera, creó problemas que exigieran la intervención de potencias internacionales que aprobaran y confirmaran una alteración importante de la geopolítica europea. El hecho de que no hubiera un resurgimiento de las reivindicaciones y los conflictos territoriales (entre alemanes y polacos o entre húngaros y rumanos, por ejemplo), que tan perniciosos habían sido en el período de entreguerras, mostraba por sí solo hasta qué punto se habían consolidado las fronteras de Europa central desde 1945.

El caso de la República Democrática Alemana era diferente. Al ser uno de los dos estados dentro de la nación alemana, debía su propia existencia a la alternativa fundamental que ofrecía frente a su vecino capitalista, mayor y más próspero. Aún más crucial era que la creación de las dos Alemanias había sido el resultado directo de las condiciones impuestas por los aliados victoriosos al final de la segunda guerra mundial. Por tanto, cualquier cambio en el estatus de la RDA tenía importantes consecuencias internacionales.

Tras la caída del Muro, era casi imposible mantenerse al corriente de los cambios que se estaban produciendo en la RDA y, sobre todo, en Berlín. Oficialmente, la ciudad seguía estando dividida y controlada por los Aliados tras la guerra, pero en la práctica experimentaba cambios diarios que estaban poniendo fin a la división de la ciudad. Se desmantelaron rápidamente los opresivos controles fronterizos, aunque no se abolieron oficialmente hasta el 1 de julio de 1990. Lo que quedaba del Muro empezó a desaparecer con rapidez. Otro momento simbólico llegó el 22 de diciembre de 1989, cuando una muchedumbre jubilosa aclamó a Helmut Kohl durante el discurso de reapertura de la Puerta de Brandeburgo. Por primera vez en más de un cuarto de siglo se podía pasar por debajo de la misma, el emblema de Berlín, que hasta entonces había estado situada justo al este del Muro y, rodeada por la «franja de la muerte», había simbolizado la división de la ciudad. Aquella noche, una multitud atravesó la Puerta bajo una lluvia intensa y avanzó con un espíritu festivo por la hermosa avenida Unter den Linden hasta el corazón de Berlín Oriental. En la parte occidental capitalista, habían aparecido de repente decenas de vendedores ambulantes para montar sus puestos y aprovechar la predisposición del gentío a gastar dinero. Sin embargo, en Berlín Oriental apenas había puestos, cafeterías o bares abiertos en Unter den Linden. La celebración del primer paseo bajo la Puerta de Brandeburgo tuvo que ser necesariamente abstemia. El trayecto desde Kurfürstendamn, la principal avenida comercial de Berlín Oriental, hasta Unter den Linden en el este aún era un desplazamiento entre dos sistemas económicos diferentes. Aunque también eso estaba cambiando con rapidez.

El desequilibrio económico entre las dos partes de lo que antaño había sido el mismo país fue un factor decisivo. Ya existía antes de que se construyera el Muro, cuando el éxodo de trabajadores a la próspera Alemania Occidental no pudo contenerse salvo aislando mediante un muro a la población de la República Democrática Alemana. El atractivo material de Occidente había estado durante cuarenta años fuera del alcance de gran parte de la población de Alemania Oriental, aunque era cada vez más visible, ya que podía acceder a los programas de televisión de Alemania Occidental que promocionaban los alicientes del consumismo occidental. La apertura del Muro significaba, al menos en teoría, que los ciudadanos de la RDA podían comenzar a aprovecharse de la prosperidad, mucho mayor, de Alemania Occidental. Y el creciente coro de manifestantes de Alemania Oriental que gritaban «Patria alemana unida» indicaba que la mayoría de ellos no consideraban a Alemania Occidental un país extranjero, que se sentían identificados con la población de la parte occidental y de mayor tamaño de lo que aún recordaban (sobre todo los ciudadanos de más edad) como un país único. Este sentimiento era todavía más fuerte entre los alemanes occidentales. Ya en las encuestas de opinión realizadas a finales de noviembre de 1989, el 60 % de los alemanes orientales y el 70 % de los alemanes occidentales eran partidarios de la reunificación.

Sin embargo, los alemanes orientales seguían siendo pobres en comparación con los niveles occidentales. Con su moneda, el marco (oriental), podían comprar poco o nada en la parte occidental y el «dinero de bienvenida» de cien marcos (occidentales) se acababa pronto. Mientras no cambiara el valor de la moneda de Alemania Oriental, sería imposible mejorar el nivel de vida de la población o reconstruir los pilares estructurales de una economía en descomposición. Cualquier alteración dependía de la relación entre la República Federal y la República Democrática Alemana, así que el cambio político debía preceder a la reestructuración económica. Era necesario tomar decisiones trascendentales y eso significaba implicar a los antiguos aliados de la guerra. La postura de las superpotencias de la posguerra, Estados Unidos y la Unión Soviética (sobre todo esta última), era un elemento crítico en una ecuación sumamente compleja.

A pesar de todo, el papel decisivo lo desempeñaban los propios alemanes. Las iniciativas clave llegaron de Alemania Occidental, en concreto del canciller de la RFA, Helmut Kohl, un político que parecía estar constantemente infravalorado pero que jugó un papel determinante en la transformación de su propio país y también en la de Europa. Ni Kohl ni nadie preveía una unificación rápida, ni siquiera después de que la apertura del Muro hiciera indispensable una nueva base para la relación entre las dos Alemanias. Nadie imaginaba tampoco que, una vez surgida la posibilidad de la unificación, esta se produjera tan deprisa. Lo que sucedió a continuación fue inesperado. También a Kohl lo pilló por sorpresa, pero este vio y aprovechó las oportunidades antes que nadie. La marea de acontecimientos empujaba a Kohl, pero no se dejó arrastrar y desvió las aguas, a veces ignorando consejos de peso, por canales que fluían en una sola dirección.

Inicialmente el gobierno de Alemania Oriental no quiso tener nada que ver con la idea de la unificación. El recién nombrado primer ministro, Hans Modrow, un reformista moderado que antes había sido líder del partido en el distrito de Dresde, rechazó con rotundidad lo que el 17 de noviembre de 1989 calificó como una «especulación poco realista y peligrosa» sobre la unificación y defendía lo que llamó una «comunidad contractual» entre las dos Alemanias. Significara lo que significase, esta expresión no duró mucho tiempo. El 28 de noviembre fue sustituida por una nueva palabra, «federación», que Helmut Kohl empleó en un discurso ante el Bundestag en el que presentó un «plan de diez puntos» para avanzar hacia la unificación alemana. Ni siquiera a su propio Gabinete le comunicó lo que se disponía a anunciar. Mencionó ámbitos de estrecha colaboración, que dependían de la democratización de la RDA; subrayó que cualquier transformación fundamental de las relaciones entre los dos países debía encajar en «la arquitectura futura de Europa en su conjunto» y finalizó afirmando que el objetivo político del gobierno federal seguía siendo la «reunificación», es decir, el retorno de Alemania a un estado único. No obstante, eso no era sino una reiteración de la que había sido la aspiración de Alemania Occidental desde que el país se había dividido. A principios de diciembre, Kohl todavía insinuaba que incluso la «federación» de la que había hablado en sus «diez puntos» tardaría años en madurar. Sin embargo, durante el mes de diciembre empezó a quedar cada vez más claro que la presión popular tanto en Alemania Occidental como en Alemania Oriental estaba impulsando un proceso hacia la unificación que se aceleraba con rapidez, un proceso que Kohl estaba contento de encauzar y que los demás mandatarios europeos poco podían hacer, aunque quisieran, para impedirlo.

«Me gusta tanto Alemania que prefiero que haya dos», el viejo dicho atribuido al escritor francés François Mauriac, era una idea que debió de pasársele por la cabeza a más de un político durante aquellos días. En cualquier caso, al principio la expectativa de la unificación suscitó mucha consternación entre los dirigentes de Europa occidental y también, aunque no es de sorprender, en Moscú. Solo el presidente George Bush, que en 1989 sucedió a Ronald Reagan, vio desde el primer momento con buenos ojos la posibilidad de una pronta reunificación alemana, siempre y cuando la nueva Alemania unificada permaneciera en la OTAN. Esta era precisamente la idea que alarmaba a Moscú y la que provocó un rechazo rotundo a cualquier posibilidad de unificación.

Los días 2 y 3 de diciembre de 1989 Bush y Gorbachov celebraron una cumbre a bordo de un barco soviético en los tempestuosos mares frente a la costa de Malta, De ella salió un acuerdo muy bien recibido para fomentar las buenas relaciones y la cooperación entre las dos superpotencias. La reunión de los dos líderes fue trascendental, ya que marcó el fin simbólico de la guerra fría, pero en sus conferencias de prensa ninguno de ellos dio a entender que esperaba que se dieran los primeros pasos para la unificación alemana. Gorbachov declaró que «cualquier aceleración artificial» del proceso de unificación obstaculizaría los cambios en Europa del Este, refiriéndose indirectamente a la cuestión todavía delicada, en particular para quienes habían sido expulsados de las antiguas provincias de Alemania Oriental que después pasaron a formar parte de Polonia, de si la línea Óder-Neisse, establecida a petición de los soviéticos en 1945, debía seguir siendo la frontera oriental de Alemania. Bush, pese a que en privado aceptaba la unificación alemana, señaló que aún existía «un concepto de fronteras permanentes», un comentario que daba pie a diversas interpretaciones, aunque parecía sugerir que había que mantener el statu quo territorial dentro de la propia Alemania.

Durante los días siguientes, Mitterrand y los primeros ministros de Italia y el Reino Unido, Giulio Andreotti y Margaret Thatcher, siguieron expresando su oposición a la unificación alemana, algo que Thatcher hizo con mayor vehemencia que nadie, y a ellos se añadió el primer ministro holandés Ruud Lubbers. A principios de septiembre de 1989, durante una reunión con Thatcher Mitterrand había alegado que, tras la unificación, solo una Unión Europea con una moneda común podría contener el poder de una Alemania más grande y poblada, sustancialmente mayor que cualquier otro país de Europa occidental. Thatcher respondió que sería «insufrible» tener al mismo tiempo la unificación alemana y una moneda única. Para ella y para algunos otros políticos británicos de su generación, la segunda guerra mundial se había librado para destruir el poder alemán y la unificación amenazaba con resucitarlo. Otros mandatarios europeos estaban más abiertos a la posibilidad de la unificación, siempre y cuando se garantizaran las fronteras (salvo la frontera dentro de Alemania) y los acuerdos de seguridad vigentes. Si se cumplían estos requisitos, opinaban que era difícil argumentar contra la unidad nacional si esta era la voluntad libremente determinada de la población de ambas partes del país dividido.

El momento decisivo llegó, como en cierto modo tenía que ocurrir, con un acuerdo entre los dos países que desde el principio habían formado el núcleo de los avances hacia la integración europea, Francia y Alemania Occidental. Cuando los días 8 y 9 de diciembre de 1989 Mitterrand y Kohl se reunieron en la conferencia de Estrasburgo de dirigentes de la Comunidad Europea, parecía poco probable que se llegara a un acuerdo. Mitterrand, como otros líderes europeos, estaba atónito ante el perentorio anuncio realizado poco más de una semana antes por Kohl, sin consultar a nadie, de un plan de diez puntos. La unificación era un tema delicado. La preocupación era evidente entre los gobernantes europeos. Kohl contribuyó en gran medida a calmar la situación cuando confirmó que la unificación alemana iría unida a los siguientes avances hacia la integración europea. El canciller manifestó su disposición de dar pasos efectivos en una conferencia de jefes de Estado antes de finales de 1990 para satisfacer el deseo del presidente Mitterrand de avanzar hacia una unión económica y monetaria europea. En abril de 1990, Mitterrand y Kohl incluso habían alcanzado un acuerdo sobre un ambicioso plan que antes del 1 de enero de 1993 convertiría la Comunidad Europea en una unión europea con identidad política, aunque el resultado distaría de la plena unión política que Kohl estaba dispuesto a establecer.

Mitterrand estaba impaciente por vincular Alemania con una Europa occidental integrada. Kohl, un verdadero discípulo de Adenauer, era consciente de la evidente ventaja para Alemania de continuar vinculada a Occidente, tanto para desactivar cualquier tensión internacional como para prevenir toda incipiente tendencia revisionista y nacionalista alemana. Como precio por propiciar la unión monetaria europea, Kohl estaba dispuesto a sacrificar el marco alemán, el símbolo de la prosperidad y la posición económica de la Alemania Occidental de posguerra.

Los acontecimientos, tanto en el este como en el oeste, arrastraron a Kohl, a Modrow y a los dirigentes de todas las grandes potencias y no tardaron en asegurar que la unificación sería un objetivo cercano y no un sueño distante. Una señal de que la presión popular estaba aumentando fue la tumultuosa recepción que brindó a Kohl la ingente muchedumbre que se congregó en el centro de Dresde el 19 de diciembre de 1990 para escuchar los discursos de él y de Modrow. No fue la vaga idea de una «comunidad contractual» lo que enardeció a la muchedumbre, sino la expectativa de la unificación. «Patria alemana unida», gritaba la multitud en medio de un mar de banderas de Alemania Occidental. Kohl respondió declarando que su objetivo era, «si el momento histórico lo permite, la unidad de nuestra nación». El canciller abandonó Dresde convencido de que ese «momento histórico» se estaba acercando.

Para entonces, las señales del colapso irreversible de la República Democrática Alemana estaban a la vista de todos. En los primeros días de diciembre se eliminó de la Constitución la cláusula que preservaba el liderazgo del Partido Socialista Unificado (el partido comunista de Alemania Oriental), Erich Honecker y otras figuras importantes del régimen fueron expulsadas del partido (y acusadas de corrupción y abuso de poder), el Politburó dimitió en bloque y los partidos subordinados, que solo sobre el papel eran independientes, se alinearon con el Partido de la Unión Cristiana y el Partido Democrático Libre de Alemania Occidental. El nuevo Partido Socialdemócrata de Alemania Oriental también entabló una estrecha colaboración con su partido hermano de Alemania Occidental. Se convocaron elecciones para un nuevo Parlamento pluralista para mayo de 1991, aunque, debido a la presión de los acontecimientos, acabaron por adelantarse a marzo. Entretanto, seguía en marcha un considerable éxodo de un estado en fase terminal. Entre la apertura del Muro y el final de 1989, emigraron a la parte occidental unos ciento veinte mil alemanes orientales.

A finales de enero de 1990, tras mantener una reunión en Moscú con Modrow, Gorbachov había cambiado de opinión sobre la unificación alemana. Aquello fue decisivo. El presidente Bush había estado fundamentalmente a favor de la unificación desde el principio, pero Gorbachov se enfrentaba a diferentes sensibilidades en su propio país, que había sufrido tanto y tan recientemente a manos de una Alemania unida. Era inevitable que una Alemania unida volviera a mirar tanto al este como a Europa occidental. Por tanto, para el dirigente soviético aceptar la idea de la unificación alemana requería un acto de valentía política. A partir de entonces, Gorbachov reconoció el derecho de los alemanes, tanto del este como del oeste, a unirse en un único estado. El propio informe de Modrow sobre la situación en Alemania Oriental había hecho que Gorbachov cambiase de opinión. El dirigente de Alemania Oriental le dijo a Gorbachov que la gran mayoría de la población simplemente ya no apoyaba la idea de dos Alemanias. La presión a favor de la unificación era tan fuerte, que era imposible preservar la República Democrática Alemana. «Si no tomamos ahora la iniciativa, el proceso se volverá incontrolable y no seremos capaces de influir de ninguna manera en el curso de los acontecimientos», recordaba Gorbachov que le había dicho Modrow. Gorbachov estaba de acuerdo. Tanto él como sus asesores más cercanos ya habían llegado a la misma conclusión: «Hemos de reconocer que la unificación alemana es inevitable».

La posibilidad por entonces realista de una pronta unificación volvió a suscitar la pregunta evidente de si una Alemania reunificada podía pertenecer a la OTAN. Ya antes la Unión Soviética había rechazado con rotundidad semejante idea y en febrero de 1990 esa seguía siendo la postura de Gorbachov. Pero la situación cambiaba con rapidez. Esa era la cuestión más importante y dominó las negociaciones diplomáticas durante aquel mes. Como base para las negociaciones se acordó la fórmula de 2+4, las dos Alemanias y las cuatro potencias antes ocupantes. Gran Bretaña y Francia se limitaban, más o menos, a hacer bulto en estas negociaciones, al igual que los alemanes orientales. Los protagonistas principales eran la República Federal, Estados Unidos y la Unión Soviética, y las figuras claves eran Kohl y Gorbachov, con un papel importante, aunque menor que el de estos, desempeñado por Bush.

Los alemanes orientales querían la neutralidad militar de ambas partes de Alemania mientras se avanzaba hacia la federación, pero para las antiguas potencias ocupantes occidentales no había ninguna duda. Al principio, las potencias occidentales en general aceptaron la propuesta que hizo en primer lugar el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Hans-Dietrich Genscher, de que la OTAN mantuviera las bases que tenía en la República Federal, pero sin que se extendieran al territorio de la antigua República Democrática Alemana. Según recordaba Gorbachov, el secretario de Estado norteamericano, James Baker, afirmó categóricamente que esa era la postura de Estados Unidos cuando el 9 de febrero visitó Moscú. Gorbachov aún no estaba dispuesto a aceptar ni siquiera esta solución. Sin embargo, a finales de febrero, los estadounidenses cambiaron de postura (aunque es casi seguro que era lo que pretendían desde el principio) y pasaron a insistir, según el canciller Kohl, en que, a fin de cuentas, la OTAN debía ampliarse al territorio de la antigua RDA para garantizar la seguridad de toda Alemania. Aunque es cierto que no había habido antes ninguna promesa oficial de no ampliar la OTAN, aquel cambio contradecía explícitamente el anterior consenso entre todas las partes, lo que provocó malestar en Rusia (y hasta cierto punto de Europa occidental), una sensación de que Alemania Occidental no había actuado de buena fe y había renegado de sus promesas.

En cualquier caso, la realidad fue que Gorbachov, que aún no esperaba que el pacto de Varsovia se desmoronara con tanta rapidez, se vio completamente sobrepasado. En mayo de 1990, presionado por Estados Unidos, accedió a que una Alemania unida eligiera por sí misma a qué alianza deseaba adherirse. Era una decisión que la Unión Soviética anterior a Gorbachov nunca habría contemplado y menos aún aceptado. Que Gorbachov lo hiciera entonces era un indicio no solo de su contribución única al proceso de transformación de Alemania y de Europa, sino también del rápido debilitamiento de la Unión Soviética. La economía soviética necesitaba con urgencia ayuda financiera de Occidente. Alemania estaba dispuesta a ofrecer los créditos financieros necesarios a cambio de la cooperación soviética en la reunificación.

Que una Alemania unida sería libre de pertenecer a la OTAN, y que esa se había convertido en la política pública soviética, quedó confirmado cuando en julio de 1990 Kohl visitó Moscú. A cambio, la Unión Soviética recibió garantías de que Alemania renunciaría para siempre a poseer armamento nuclear, químico y bacteriológico, y no mantendría más de 370 000 soldados en su ejército. También estaba la cuestión de la cobertura de los costes de la retirada de las tropas soviéticas del territorio de la RDA y su reubicación en la Unión Soviética, una costosa factura de doce mil millones de marcos, más tres mil millones de marcos en créditos que Kohl acabó accediendo a pagar tras mantener largas conversaciones telefónicas con Gorbachov en septiembre de 1990. Era un acuerdo con el que Kohl no habría podido ni siquiera soñar solo unos meses antes. A Gorbachov le servía para cimentar unas buenas relaciones a largo plazo entre la Unión Soviética y Alemania, que consideraba cruciales para el futuro de Europa. Para los enemigos de Gorbachov en su propio país, cuyo número era cada vez mayor, se trataba de una traición imperdonable a los intereses de la Unión Soviética.

La otra cuestión delicada que seguía estando pendiente en las negociaciones de los 2+4 era la de la frontera de Alemania Oriental. La República Federal nunca había abandonado oficialmente su objetivo último, por muy poco realista que se hubiera vuelto, de regresar a las fronteras de 1937 (que incluían zonas occidentales de la Polonia de posguerra). Los representantes de la población étnica alemana que se habían visto obligados a huir o habían sido expulsados de esas provincias poco antes o después del final de la guerra habían formado un grupo de presión importante, sobre todo dentro de los partidos de la Unión Cristiana, al que no se podía desdeñar. Además, a diferencia de lo ocurrido en 1919, no se había firmado un tratado internacional que pusiera fin oficialmente a la guerra y ratificara la frontera occidental de Polonia. En julio de 1989, el ministro de Economía alemán, Theo Waigel, había declarado ante una gran reunión de deportados silesios que, en su opinión, las provincias orientales perdidas al otro lado de la línea Óder-Neisse seguían formando parte de la «cuestión alemana». Sus declaraciones representaban la opinión de una pequeña minoría, pues de hecho por aquel entonces el 90 % de los alemanes occidentales aceptaba que la línea constituía una frontera permanente. Aun así, para apaciguar al grupo de presión de los expulsados, el propio Kohl se mostró evasivo sobre el asunto hasta la primavera de 1990. Finalmente, a iniciativa de Genscher, el asunto se abordó cuando a principios de marzo el Parlamento de Alemania Occidental, el Bundestag, renunció solemnemente a cualquier reivindicación de las antiguas provincias orientales y confirmó que la frontera de Alemania Oriental era la línea Óder-Neisse, lo que se debía ratificar más adelante en un tratado entre Polonia y un gobierno que representara a toda Alemania, como se hizo finalmente en octubre de 1991.

Para entonces, la unificación se estaba convirtiendo en una posibilidad inminente. No hacía mucho tiempo aún se percibía como una perspectiva a medio plazo en el mejor de los casos, pero la presión de los acontecimientos hizo que los plazos se acortaran notablemente. La fuerza de Alemania Occidental y la debilidad de Alemania Oriental estaban resultando ser tan evidentes, que ya no cabía duda alguna del resultado final. La República Federal estaba ejerciendo ya una atracción gravitacional que adoptó una forma claramente económica. A mediados de febrero de 1990 era evidente que la República Federal dejaría de proporcionar ayuda económica a la RDA, y sin esa ayuda, la ya moribunda economía de Alemania Oriental estaba condenada. Al mismo tiempo, Kohl convenció a su gobierno para que apoyara una unión monetaria con la RDA. En otras palabras, pese a las evidentes y enormes disparidades entre las fuerzas económicas de ambos estados, el marco de Alemania Occidental se convertiría en la moneda de ambas.

Una unión monetaria en estas condiciones entrañaba riesgos evidentes y comportaba importantes desventajas económicas. Los alemanes occidentales tendrían que rescatar indefinidamente y a un coste incalculable, pero sin duda enorme, una economía de Alemania Oriental en bancarrota. Desde la perspectiva contraria, habría efectos económicos y sociales drásticos. Muchos alemanes orientales perderían sus empleos a medida que se cerraran unas industrias estatales a todo punto ineficientes. (De hecho, la producción industrial cayó un asombroso 51 % entre agosto de 1989 y agosto de 1990). Los partidarios de un generoso tipo de cambio entre el marco occidental y el oriental de 1:1 se hallaban sobre todo en las filas de los socialdemócratas y en los sindicatos. El consejo experto del Bundesbank y del ministro de Economía de Kohl, Theo Waigel, era que se necesitaba una relación de 2:1 para evitar que se desbaratara cualquier posibilidad de que la economía de Alemania Oriental fuera competitiva y cayera una pesada carga sobre las finanzas de Alemania Occidental. Kohl estuve de acuerdo al principio, pero dio prioridad a la política. Con unas elecciones a la vista en otoño y su popularidad cayendo en la República Federal pero creciendo en el Este, el canciller vio las ventajas de ceder a las presiones para acordar una relación de 1:1. Era una propuesta políticamente irresistible.

Alemania Occidental estaba al timón. El 8 de marzo, el gobierno decidió oponerse a que se derogara la Ley Fundamental (la Constitución federal de 1949) antes de elaborar una Constitución totalmente nueva para la Alemania unificada. De hecho, el artículo 146 de la Ley Fundamental contemplaba esa posibilidad. En lugar de eso, se decidió que la República Federal incorporara directamente a la República Democrática Alemana como cinco nuevos Länder (al igual que en 1956 había incorporado el Sarre) en virtud del artículo 23 de la Ley Fundamental. Sin duda, ese era el camino más fácil y rápido, pero implicaba una absorción, no una fusión. Y de hecho, cuando se asentó el polvo de la unificación, comenzaron a oírse quejas de que se estaba tratando a la antigua República Democrática Alemana como una colonia de Alemania Occidental. Aunque no estuviera justificado, ese sentimiento era en cierto modo comprensible. Se agravó con el despido masivo de maestros, investigadores científicos, profesores universitarios y otros miembros de las clases medias profesionales a los que se atribuían vínculos con la Stasi o haber estado estrechamente vinculados con el régimen de Alemania Oriental; y cuando se nombró a alemanes occidentales para dirigir la reestructuración de la política y la reconstrucción de la economía. Muchos alemanes orientales acabaron sintiéndose ciudadanos de segunda clase en su propio país.

Sin embargo, las elecciones en Alemania Oriental para la Cámara Popular (el Parlamento de la RDA), que se adelantaron de la fecha prevista (6 de mayo de 1990) al 18 de marzo, dieron el beneplácito plebiscitario a las iniciativas de Alemania Occidental y a una vía rápida para la unificación mediante la aplicación del artículo 23. Los alemanes orientales votaron por la abolición de su propio estado. El atractivo del marco alemán fue el factor decisivo. Los dirigentes de Alemania Occidental (Helmut Kohl, Willy Brandt y Hans-Dietrich Genscher) desempeñaron papeles cruciales en la campaña electoral. Brandt, en concreto, disfrutaba de una popularidad enorme, pero el resultado fue un triunfo sobre todo para Kohl. En realidad fue una victoria del marco alemán. La «Alianza por Alemania» conservadora (expresión recién formada en Alemania Oriental de la Unión Cristiana), que prometió introducir el marco alemán y una rápida unificación, triunfó con un 48 % de los votos (con una participación del 93,4 %). Los socialdemócratas quedaron muy por detrás, con el 21,9 %, mientras que el Partido Socialdemócrata (PSD), sucesor del Partido Socialista Unificado (el Partido Comunista de Alemania Oriental), solo consiguió obtener un tercer puesto, con el 16,4 % de los votos, si bien obtuvo un impresionante 30,2 % en Berlín Oriental, el antiguo feudo comunista.

Este resultado puso de manifiesto que cualquier esperanza de una «tercera vía» para alcanzar un socialismo mejor, albergada por muchos de los intelectuales que el otoño anterior habían encabezado la revuelta popular contra el estado de la RDA, estaba muerta y enterrada. Las personas valerosas que en otoño de 1989 se habían puesto al frente de los diferentes movimientos de protesta se sentían desdeñadas por los partidos y las organizaciones consolidados de la democracia liberal capitalista de Alemania Occidental. «El socialismo no ha cumplido lo que prometió», fue el veredicto lapidario de un trabajador que sin duda hablaba en nombre de una multitud que echaba la vista atrás, a menudo con resentimiento, a un régimen que creía que durante cuatro decenios había traicionado sus esperanzas. Él y otros millones de ciudadanos pensaban que veían el futuro, y este no estaba en el sistema fallido de socialismo marxista-leninista que habían vivido en Alemania Oriental. El imán era la próspera Alemania Occidental, con sus libertades liberales, pero sobre todo con su boyante economía.

Desde las elecciones de marzo en Alemania Oriental hasta la unificación, el camino fue corto y bastante directo. El paso decisivo fue la implantación de la unión monetaria el 1 de julio de 1990, que significó la introducción del marco de Alemania Occidental como la única moneda de curso legal en ambas partes de Alemania. En realidad, el tipo de cambio acordado, en el que un marco oriental equivalía a un marco occidental (el antiguo tipo obligatorio en el cruce fronterizo de Berlín), fue un acuerdo extraordinariamente generoso, pues el tipo real era mucho más elevado, al menos de ocho a uno (el antiguo tipo de cambio en el mercado negro). Este tipo de cambio se aplicó a los ciudadanos de la RDA con empleo, pensiones o ahorros (hasta cuatro mil o seis mil marcos para los mayores de sesenta años). Incluso ahorros más elevados y deudas empresariales se cambiaban a un tipo de dos a uno. A corto plazo, quienes poseían ahorros podían disfrutar ahora de viajes al extranjero o comprar cosas que hasta entonces estaban fuera de su alcance. En poco tiempo, los signos materiales de la vida occidental se convirtieron en un elemento novedoso pero cada vez más frecuente y visible en las zonas orientales de Alemania. Aun así, para muchos ciudadanos el modo de vida protegido, aunque humilde, que les había proporcionado el sistema comunista se acabó abruptamente, pese a los enormes subsidios de Alemania Occidental.

Por ejemplo, el comunismo garantizaba el empleo, por muy poco productivo que este fuera. Los trabajadores y sus familias pasaron a estar expuestos a los caprichos del mercado. En un año, tres millones de alemanes orientales se quedaron en el paro. Además, la economía de Alemania Oriental no era en absoluto competitiva, solo en torno a una tercera parte de su industria era viable sin subsidios, según cálculos realizados en mayo de 1990 que resultaron ser optimistas. Durante los cuatro años siguientes fueron privatizadas miles de empresas de Alemania Oriental que hasta entonces eran estatales. Primero fueron transferidas a una agencia creada para llevar a cabo las privatizaciones, el Treuhand (un «fondo fiduciario»), que absorbió más de trece mil empresas con cuatro millones de empleados. La mayoría de las empresas estatales pasaron a ser subsidiarias de empresas de Alemania Occidental, pero, en las condiciones en que se encontraban, muchas de ellas tenían poco valor. Los precios de venta eran proporcionalmente bajos y hacer que las empresas fueran rentables era un proceso lento. El Treuhand acabó perdiendo más de 250 000 millones de marcos. La inversión privada, casi toda procedente de Alemania Occidental, era lenta e insuficiente, así que el estado de Alemania Occidental tuvo que soportar una gran parte de la carga financiera de la unificación. Fue necesario un colosal programa de inversiones. Las infraestructuras de comunicación, que incluían las carreteras, el ferrocarril, puentes, así como un desvencijado sistema telefónico, precisaban una renovación urgente. Y a ello se añadían los enormes gastos sociales de las prestaciones al desempleo y los servicios sociales. Durante los tres años que sucedieron a la unificación el gobierno de Alemania Occidental gastó en Alemania Oriental unos 350 000 millones de marcos (aproximadamente la mitad en euros al cambio actual). Por supuesto, esto un gran incremento de la deuda pública de la República Federal y un aumento de los costes de financiación, y no solo para Alemania.

De un modo similar a lo ocurrido en Polonia, en Alemania Oriental la transición conllevó un fuerte choque económico, asegurado por las condiciones de la unión monetaria y la escala y velocidad de las privatizaciones. Como consecuencia de la unificación, la economía de la antigua Alemania Oriental estuvo expuesta a una liberalización más rápida y radical que cualquier otro país del antiguo bloque soviético. Pero al menos los alemanes orientales, a diferencia de los ciudadanos de los demás países del antiguo bloque soviético, podían contar con los enormes subsidios de su vecino, mucho más próspero. De hecho, a partir de 1991 se dedujo un «subsidio de solidaridad» de los sueldos de los alemanes occidentales, en parte para ayudar a financiar la transición en Alemania Oriental. (También cubría la contribución de Alemania Occidental a los gastos de la primera guerra del Golfo y se convirtió en una aportación tan útil a las arcas del gobierno federal, llegando a ascender a unos 15 000 millones de euros anuales, que se mantuvo indefinidamente, para creciente enfado de la mayor parte de la población).

Ya antes de que se iniciara la unificación, se reconocía que las complejidades económicas y sociales de la misma serían abrumadoras. Con el tiempo, los desafíos psicológicos del ajuste resultarían aún mayores. Aun así, no había vuelta atrás. Pese a los recelos de París y Londres, ni en Alemania ni en el extranjero había voluntad de retroceder, y a finales de septiembre ya se habían superado las últimas dificultades políticas. El 31 de agosto de 1990 las dos Alemanias firmaron un tratado para resolver los problemas técnicos, jurídicos y administrativos que entrañaba la unificación, que el 20 de septiembre fue ratificado tanto por la Cámara Popular de la República Democrática Alemana como por el Parlamento federal y entró en vigor el 29 de septiembre. El 24 de ese mismo mes, la República Democrática Alemana abandonó el pacto de Varsovia, tras haberlo acordado con la Unión Soviética. Una semana más tarde, las cuatro potencias ocupantes pusieron fin a sus antiguos derechos y responsabilidades, aunque la ratificación (lo más parecido a un tratado para poner fin a la segunda guerra mundial, si bien llegó con cuarenta años de retraso) tuvo que realizarse por etapas durante los meses siguientes. A las 12.00 de la noche del 3 de octubre de 1990, en medio de una gran fiesta de celebración en las calles de Berlín, el presidente federal Richard von Weizsäcker proclamó la unidad de Alemania y el deseo del país de trabajar por la paz mundial en una Europa unida. Fue una victoria extraordinaria para Helmut Kohl, el «canciller de la unidad».

No cabía duda alguna de que era un momento de una trascendencia histórica única, no solo para Alemania, sino también para Europa en su conjunto y, por sus repercusiones, para las relaciones internacionales en general. Marcó el final simbólico de una época en la que el estado nación alemán había infligido un sufrimiento y una destrucción inimaginables a Europa y después, dividido durante cuarenta años, contribuyó, al menos su parte occidental, a la construcción de los pilares de una nueva Europa basada en la paz, la prosperidad y la estabilidad. Lo que traería el futuro era incierto, pero, de momento, en Alemania el júbilo era generalizado; aunque entre sus vecinos había cierta aprensión.

LA LARGA AGONÍA DE LA UNIÓN SOVIÉTICA

Mientras se desarrollaba el drama de sus antiguos estados satélite en Europa central y en los Balcanes, la propia Unión Soviética estaba implosionando. El proceso que esencialmente había comenzado en 1985, cuando Mijaíl Gorbachov implementó su programa de reformas estructurales (destinadas a mantener al Partido Comunista en el poder y no a quitárselo) había ido cobrando fuerza durante cuatro años como una gran tempestad formándose sobre el océano. A partir de la primavera de 1989, la tormenta arreció durante más de dos años y en el verano de 1991 llegó a tener la fuerza de un huracán, cuando acabó arrasando a la Unión Soviética.

Durante aquel período, el prestigio internacional de Gorbachov contrastaba con el descenso de su poder en la propia Unión Soviética. Hasta el verano de 1991 seguía siendo, sin duda alguna, la figura más importante de la política soviética, pero se estaba viendo cada vez más azotado por los fuertes vientos de cambio que él mismo había desatado. Ya no controlaba el curso de los acontecimientos, sino que era su prisionero. Dentro de la propia Unión Soviética, como había sucedido en sus antiguos estados satélites, el poder popular se estaba haciendo sentir, más visiblemente en los disturbios cada vez más graves y las exigencias nacionalistas de independencia, cada vez más estridentes, en las repúblicas no rusas, sobre todo en las del Báltico y en las del Cáucaso. Incluso en Rusia la popularidad de Gorbachov, que en tiempos había sido indestructible, comenzó a desmoronarse a partir de 1990. Se le responsabilizaba cada vez más de todos los problemas que asolaban a la otrora poderosa Unión Soviética: la pérdida de los antiguos estados satélites, el deterioro de las condiciones de vida en el país, las presiones separatistas de las repúblicas periféricas, el inequívoco declive de lo que recientemente había sido una superpotencia. En el plano político, le atacaban tanto los reaccionarios extremistas, que le consideraban un traidor responsable de la destrucción de todo lo que había conferido grandeza a la Unión Soviética, como los reformistas radicales, que querían ir más lejos y más deprisa que el mismo Gorbachov.

Entre estos últimos destacaba quien se erigiría en su adversario más peligroso y acabaría sustituyéndole: Boris Yeltsin, un hombre impulsivo, autoritario, excéntrico, impredeciblemente terco pero astuto y eficaz como actor político. En los años ochenta, Yeltsin había sido el primer secretario del Partido Comunista de Moscú pero, frustrado por la lentitud de las reformas, en 1987 había dimitido de su cargo en el Politburó, en una decisión sin precedentes, había criticado con dureza a Gorbachov y, algunas semanas después había sido destituido como jefe del partido en Moscú. Nunca perdonó a Gorbachov que le hubiera degradado de su cargo. En marzo de 1989, con un enorme apoyo popular, fue elegido como delegado independiente para el Congreso de los Diputados del Pueblo de la Unión Soviética, lo que le permitió acceder a una nueva plataforma desde la que atacar directamente a Gorbachov. Los excesos alcohólicos de Yeltsin brindaron a la prensa controlada por el estado oportunidades de desprestigiarle a menudo, pero los ataques no hicieron mella en su popularidad. Para los rusos era él, y no Gorbachov, quien parecía ofrecer una esperanza de futuro, y para la gente corriente eso significaba cada vez más la oportunidad de mejorar sus vidas accediendo a los bienes y productos de los que disponían los occidentales. Un indicio de lo que estaba por llegar fue la inauguración el 31 de enero de 1990 del primer establecimiento de comida rápida McDonalds en Moscú, cuando la cola de miles de moscovitas dispuestos a gastar sus valiosos rublos probando por primera vez un «Big Mac» daba la vuelta a la manzana. Mientras tanto, para la mayoría de los no rusos, el futuro residía en la independencia con respecto a Moscú y se acercaban cada vez más a los movimientos nacionalistas que tenían como objetivo la total autonomía de la Unión Soviética dominada por los rusos.

En aquel momento existían una serie de fuerzas centrífugas que amenazaban con desgarrar el sistema de estados extremadamente centralizados de la Unión Soviética. El perímetro ponía en peligro al centro. El sistema estaba siendo erosionado de fuera hacia dentro. A principios de abril de 1989 hubo problemas cuando en Tiflis, la capital de Georgia, la policía y el ejército atacaron a una manifestación de unos cien mil partidarios de la independencia, dejando diecinueve manifestantes civiles muertos. Moscú envió tropas a Estonia, Letonia y Uzbekistán para impedir que se convocaran manifestaciones similares, pero la presión a favor de una mayor autonomía era ya incontenible mediante la fuerza bruta.

El sentimiento antisoviético crecía con rapidez y era especialmente fuerte en el Báltico. Los habitantes de más edad todavía podían recordar los años de la independencia antes de que en 1940 la Unión Soviética se anexionara Estonia, Letonia y Lituania. La llegada de inmigrantes de etnia rusa había generado resentimiento, y el acceso a los canales de televisión escandinavos permitía a la población vislumbrar la prosperidad occidental que a ellos les estaba vedada. En las elecciones celebradas en marzo de 1989 en las repúblicas bálticas, los candidatos que abogaban por la independencia recibieron un fuerte apoyo y obtuvieron escaños en el Congreso de los Diputados del Pueblo. El 11 de marzo Lituania llegó incluso a declarar su independencia. Se reintrodujo la antigua bandera nacional y de la noche a la mañana desapareció la bandera soviética con la hoz y el martillo. Moscú rechazó la declaración lituana por considerarla inválida. Dos semanas después, envió tanques soviéticos, que retumbaron frente al edificio del Parlamento lituano en Vilna, aunque, tras esta amenazadora demostración de fuerza, al cabo de unas horas se retiraron sin haber abierto fuego. No hubo una repetición de lo ocurrido en Hungría en 1956. No obstante, Lituania fue sometida a un bloqueo económico y durante un tiempo se le cortaron los suministros de petróleo. No sería el último intento del gobierno soviético de impedir la secesión de Lituania.

La Unión Soviética también se enfrentaba a problemas preocupantes en otros lugares. Desde los años veinte había sido una federación, dominada por Rusia, de repúblicas en teoría autónomas, construidas en torno al principal grupo étnico de cada región. Las tensiones étnicas pasaron ahora a ser un síntoma del deterioro del tejido de la federación. En junio estallaron graves disturbios étnicos en Uzbekistán, cuando hordas de jóvenes uzbekos atacaron a la minoría mesjetia de lengua turca. Según los cálculos oficiales, murieron noventa y cinco personas, hubo centenares de heridos, se destruyeron muchas propiedades y miles de personas se vieron obligadas a huir de Uzbekistán. Durante el verano hubo más brotes de violencia en las repúblicas centroasiáticas, así como manifestaciones a favor de la independencia nacional en Georgia. El debilitamiento del gobierno soviético también se puso de manifiesto en julio en las enormes huelgas de mineros en protesta por sus condiciones de vida en Siberia occidental y Ucrania (en las que se calcula que participaron trescientos mil hombres), lo que llevó al Sóviet Supremo a conceder en octubre el derecho a huelga, algo que contradecía el principio de que solo el Partido Comunista y sus sindicatos oficiales podían determinar los intereses de los trabajadores. En agosto, una extraordinaria cadena humana de un millón de personas se extendió por Estonia, Letonia y Lituania para protestar contra el pacto nazi-soviético de 1939, que había precedido a su anexión por la Unión Soviética al año siguiente. En septiembre de 1989, las señales de desintegración se acercaron al corazón de la Unión Soviética, cuando un movimiento que reclamaba la autonomía de Ucrania, el Frente Popular Ucraniano, celebró su congreso inaugural en Kiev.

El despliegue del ejército soviético no pudo impedir que en 1990 prosiguieran las tensiones y la violencia en las repúblicas caucásicas y centroasiáticas. En enero de ese año en Bakú, la capital de Azerbaiyán, se produjeron graves enfrentamientos étnicos en los que resultaron muertas unas cincuenta personas, entre azerbaiyanos y armenios, a propósito de la disputada región de Nagorno Karabaj. Cuando las tropas soviéticas acudieron para sofocar los disturbios, se encontraron con la feroz resistencia de los militantes del Frente Popular Azerbaiyano. Una vez restablecido el orden se contabilizaron unos ciento treinta muertos y varios centenares de heridos.

Tampoco en el Báltico decayó el ímpetu hacia la autonomía y había indicios de una creciente hostilidad hacia la minoritaria población de etnia rusa. En mayo de 1990, los Parlamentos de Estonia y Letonia, dominados ambos por los nacionalistas, siguieron el ejemplo de Lituania, que un año antes había votado por la independencia. Durante el verano hubo avances hacia la autonomía en numerosos lugares de la Unión Soviética. Incluso los estados más importantes, Ucrania y la propia Rusia, proclamaron su soberanía, aunque de momento lo consideraban compatible con seguir perteneciendo a la Unión Soviética. Sin embargo, había pocas dudas de que la Unión Soviética, aunque aún viva, sobrevivía gracias a la respiración asistida.

La lucha por la independencia en las repúblicas bálticas planteaba un problema especialmente acuciante. Sin embargo, la Unión Soviética no estaba todavía dispuesta a admitir la derrota. En enero de 1991, las tropas soviéticas destacadas en Vilna y Riga, las capitales de Lituania y Letonia, respectivamente, trataron de derribar a los gobiernos electos y acabar con los avances hacia la independencia, pero en ambos países la demostración de fuerza soviética fue recibida con enormes protestas populares. Hubo derramamiento de sangre; catorce civiles lituanos y cuatro letones murieron, y centenares de ellos resultaron heridos en los disturbios. En la propia Moscú hubo grandes protestas contra la violencia y Yeltsin apoyó en público los avances hacia la autonomía. La violencia no pudo detener lo que ya era inevitable. En un referéndum celebrado a principios de febrero, más del 90 % de los lituanos apoyaron la independencia. A principios de marzo, en plebiscitos similares realizados en Letonia y Estonia tres de cada cuatro votantes abogaron por la independencia. Quizá en una época anterior el poder militar soviético podría haber aplastado incluso demostraciones del sentir popular tan abrumadoras como aquellas, pero en 1991 la Unión Soviética ya no estaba dispuesta a desafiar la voluntad de casi toda la población y tratar de someter a los países bálticos por la fuerza.

Mientras tanto, la erosión del sistema se extendía al centro de la política soviética. A medida que el estado, dirigido por el partido único, perdía el control, las facciones rivalizaban cada vez más entre sí por el poder. El cisma entre reformistas y reaccionarios era más profundo que nunca. Gorbachov distaba mucho de ser lo suficientemente radical para quienes querían ir mucho más lejos y más deprisa que él en el desmantelamiento de la Unión Soviética. Los reformistas no compartían los mismos objetivos que, en cualquier caso, eran aún incipientes. Unos querían la introducción de mercados capitalistas, mientras que otros eran nacionalistas que deseaban más poder e independencia para las repúblicas. El propio Yeltsin estaba a caballo entre ambos grupos, pero todavía no había clarificado su posición. En el extremo opuesto, los adversarios conservadores de Gorbachov cada vez le detestaban más a él y a la desastrosa trayectoria de cambios nocivos que, en su opinión, había impuesto a la Unión Soviética, pero no eran lo suficientemente fuertes como para derribarle. Aun así, Gorbachov debía actuar con cautela. Seguía siendo ágil tácticamente, pero no podía satisfacer a ninguno de los bandos de sus detractores. Su deseo de mantener la integridad de la Unión Soviética y al tiempo aceptar, incluso acoger de buen grado, cambios económicos y políticos que en la práctica la estaban socavando era su debilidad fundamental. ¿De veras seguía pretendiendo reformar el comunismo, su objetivo inicial, o su objetivo era una democracia social de corte occidental y una economía capitalista? No cabía duda de que había avanzado hacia esta última, pero, al margen de lo que en términos tácticos era aconsejable decir en público, su postura no estaba categóricamente clara. Seguía perteneciendo al Partido Comunista y era su secretario general, incluso cuando los reformistas le estaban instando a abandonarlo y cuando las decisiones políticas que estaba tomando eran a todas luces las de un socialdemócrata. Aún no se había enfrentado a las contradicciones de intentar introducir una reforma fundamental dentro de las constricciones del sistema soviético. Su posición era cada vez más precaria. Estaba amenazado desde ambos lados.

No obstante, Gorbachov en la primavera de 1990 todavía era suficientemente poderoso como para superar cualquier desafío interno y podía contar con el apoyo de las grandes facciones reformistas del Sóviet Supremo y del Congreso de los Diputados del Pueblo. En abril de 1990, el Congreso había ratificado el drástico cambio constitucional que en febrero Gorbachov había orquestado en el Sóviet Supremo, la abolición del monopolio político del Partido Comunista y el reconocimiento de un sistema político multipartidista. A primera vista, incluso parecía que su posición se había fortalecido después de haber sido elegido a mediados de marzo para el cargo recién creado de presidente de la Unión Soviética. Como presidente del Sóviet Supremo, ya había sido el jefe de Estado de facto, pero el nuevo cargo le confería nuevos derechos ejecutivos, ya que el Congreso había decidido restarle poder al Politburó. No obstante, la realidad era que su posición se había debilitado enormemente, sobre todo después de que en marzo de 1990 Boris Yeltsin fuera elegido presidente del Sóviet Supremo ruso, convirtiéndose así en el líder de la que sin duda era la república soviética más grande e importante, pues equivalía a tres cuartas partes de todo el territorio soviético. Yeltsin otorgó a los intereses rusos una clara prioridad con respecto a los de la Unión Soviética. Una drástica reducción de la aportación rusa a los ingresos fiscales soviéticos debilitó tremendamente la posición de Gorbachov. Yeltsin consiguió el apoyo popular de los nacionalistas rusos y el respaldo de la élite de los economistas atraídos por el pensamiento neoliberal sobre el libre mercado y por las esperanzas de recibir ayuda estadounidense a gran escala. Los nacionalistas rusos consideraban que las otras repúblicas, salvo Bielorrusia y Ucrania, eran entidades periféricas y no eslavas cuya independencia fortalecería a la propia Rusia. A medida que la popularidad de Gorbachov caía debido a la desastrosa situación económica, de la que se le responsabilizaba, la de Yeltsin, considerado el adalid del pueblo ruso, iba claramente en ascenso.

En los meses siguientes se produjo la desintegración de la Unión Soviética con el trasfondo de un inminente desplome económico absoluto. Incluso en comparación con 1990, que había sido un año desastroso, en 1991 la producción cayó drásticamente y el déficit presupuestario aumentó de una forma no menos alarmante. Había escasez de bienes de consumo y de combustible; los precios de los alimentos se duplicaron. No es de sorprender que el apoyo popular a un Gorbachov cada vez más desventurado y cuyos planes de recuperación económica habían resultado ser un lamentable fracaso se desvaneciera. Según un sondeo de opinión realizado en otoño de 1990, bastante más de la mitad de los ciudadanos rusos afirmaba que con Gorbachov sus vidas habían empeorado y solo el 8 % pensaba que habían mejorado.

Entretanto, los acérrimos enemigos conservadores de Gorbachov aunaron sus energías en una organización que llamaron Soyuz («Unión»), fundada en octubre de 1990. Sin embargo, la amenaza más evidente para Gorbachov seguía siendo el ominoso ascenso de Yeltsin, que ese verano había abandonado el Partido Comunista y en las elecciones presidenciales rusas celebradas en junio del año siguiente había obtenido un mandato personal. Mientras Gorbachov parecía cada vez más un hombre derrotado que presidía una Unión Soviética fracturada, Yeltsin construía en Rusia una base de apoyo popular inexpugnable. En marzo de 1991, casi doscientos cincuenta mil ciudadanos moscovitas desafiaron la fuerte presencia de la policía secreta para manifestarse en favor de Yeltsin. En un momento en que se tambaleaban los pilares de lo que antaño había sido un imponente edificio, se sentían atraídos por una retórica que rezumaba confianza en el futuro de Rusia y por la imagen de fortaleza que transmitía Yeltsin.

Yeltsin todavía no estaba en condiciones de desafiar la supremacía de Gorbachov. De hecho, en la primavera de 1991 se dio cuenta de que, pese a sus diferencias, tácticamente le convenía colaborar con Gorbachov en la defensa de un nuevo tratado de la Unión, que se firmaría el 20 de agosto y cuyo ostensible objetivo era aumentar los poderes de las repúblicas soviéticas mediante la creación de una «Unión de Estados Soberanos» en la que poco más que la política económica y las cuestiones militares seguirían siendo prerrogativas soviéticas. En realidad, lo que le interesaba a Yeltsin era promover el poder de la propia Rusia y, con ello, fortalecer su propia posición.

Mientras tanto, los enemigos conservadores de Gorbachov se estaban movilizando. El 23 de julio de 1991, doce importantes personalidades soviéticas (sobre todo funcionarios del partido, aunque no de los escalafones más altos, el dirigente de Soyuz y también dos generales del ejército) firmaron una carta con el título de «Una palabra al pueblo», que apareció publicada en la prensa, en la que denunciaban con contundencia la «desgracia enorme y sin precedentes» que había recaído en «la madre patria, nuestro país, el gran estado que nos han legado la historia, la naturaleza y nuestros gloriosos antepasados», que estaba «pereciendo, destruido y sumido en la oscuridad y el olvido». Era casi seguro que otros adversarios de Gorbachov, aunque se mantuvieran en el anonimato, tenían conocimiento de la redacción de la carta y estaban de acuerdo con lo que esta expresaba. En junio los estadounidenses habían advertido a Gorbachov de que se estaba preparando una conspiración contra él; también los principales reformistas del país le habían avisado. Impertérrito, aunque subestimando el riesgo que asumía, Gorbachov puso a Yeltsin a cargo provisionalmente de Moscú y a principios de agosto abandonó la capital para disfrutar de unas necesarias vacaciones en Crimea.

Los conspiradores asestaron su golpe el 18 de agosto. Gorbachov descubrió que habían cortado las comunicaciones telefónicas en la dacha donde pasaba las vacaciones. Tres de los conspiradores acudieron para aconsejarle que entregase provisionalmente el poder a su vicepresidente, Gennadi Yanaev, a lo que Gorbachov se negó en redondo. En Moscú, los líderes del golpe (el coronel general Vladímir Kryuchkov, jefe del KGB, el servicio de inteligencia del estado Soviético; Boris Pugo, ministro del Interior; Valentín Pávlov, primer ministro; el mariscal Dimitri Yazov, ministro de Defensa; y el vicepresidente Yanaev) formaron un Comité de Estado que gobernaría el país tras el estado de emergencia que se disponían a anunciar el 19 de agosto.

En realidad, casi todo lo hicieron mal. No bloquearon la red telefónica, no interrumpieron la transmisión de la televisión por satélite ni detuvieron a Yeltsin ni a otros que seguían siendo leales a Gorbachov. Además cometieron un error de cálculo al poner al mando de las operaciones militares en Moscú a Pável Grachov, el comandante de las Tropas Aerotransportadas Soviéticas, que resultó que no apoyaba el golpe en absoluto. Yeltsin, con el respaldo tácito de Grachov, logró reunir apoyos la mañana del 19 de agosto, lo que exigía coraje y audacia. En el momento más memorable de un drama que se estaba retransmitiendo por televisión a todo el mundo, Yeltsin se subió a un tanque frente a la sede del Sóviet Supremo ruso (conocida como la Casa Blanca) para denunciar el golpe. El día y medio siguiente fueron tensos. El Comité de Estado no se rindió y ordenó a los tanques que acudieran a la Casa Blanca. Sin embargo, una vez más, el poder popular desempeñó un importante papel. Multitud de ciudadanos, muchos de ellos moscovitas jóvenes, desafiaron la exhibición de fuerza con manifestaciones contra el golpe que el 20 de agosto había cobrado mayor intensidad. Murieron tres manifestantes, pero esa noche el golpe ya había empezado a fracasar. Los golpistas estaban divididos sobre la forma de proceder y los mandos militares se negaban a cumplir sus órdenes. A primera hora de la tarde del 21 de agosto, el golpe había acabado. Los golpistas fueron detenidos y dos de ellos se suicidaron. A la mañana siguiente, Gorbachov regresó de Crimea. Se había mantenido firme durante la crisis, pero, como es natural, el golpe lo había debilitado seriamente. Los días siguientes pusieron de manifiesto cuán deprisa se estaba agotando su poder. El héroe del momento había sido Boris Yeltsin.

El final de la Unión Soviética se acercaba con celeridad. Cualquier posibilidad de renovación conforme al nuevo tratado contemplado por Gorbachov se había desvanecido por completo. El 23 de agosto de 1991, Yeltsin suspendió el Partido Comunista Soviético en Rusia y más tarde, el 6 de noviembre, lo prohibió totalmente. También anunció un nuevo gobierno, con él como primer ministro, que pondría en marcha un programa de reformas económicas radicales basadas en los principios de la economía de mercado liberal.

Mientras tanto, las otras repúblicas también estaban siguiendo su propio camino. Casi todas se habían opuesto al golpe y, cuando hubo fracasado, aprovecharon la evidente debilidad de la tambaleante Unión Soviética para insistir en sus reivindicaciones de independencia. Los estados bálticos encabezaron la procesión. Yeltsin reconoció su independencia en nombre de Rusia el 24 de agosto. En los tres días siguientes, Ucrania, Bielorrusia (que pasó a llamarse oficialmente Belarús), Moldavia, Azerbaiyán, Uzbekistán y Kirguizistán proclamaron su independencia de la Unión Soviética. Otras repúblicas se sumaron en septiembre. La Unión Soviética quedó reducida a Rusia y Kazajistán. El tiro de gracia para la Unión Soviética llegó el 1 de diciembre cuando el 90 % de los ucranianos respaldó en referéndum la declaración de independencia. Una semana después, el 8 de diciembre, Rusia, Ucrania y Bielorrusia acordaron disolver la Unión Soviética y formar la Comunidad de Estados Independientes, una formación laxa en la que cualquier apariencia de unidad se limitaba a las cuestiones económicas y militares. El 21 de diciembre se les unieron otras ocho repúblicas. Los tres estados bálticos y Georgia, que al igual que Lituania había proclamado su independencia ya en marzo de 1990, declinaron la invitación a pertenecer a la comunidad para seguir su propio camino.

El 24 de agosto, Gorbachov ya había dimitido como secretario general del Partido Comunista soviético, el puesto clave que desde tiempos de Stalin había sido la fuente del poder en la Unión Soviética. Seguía siendo presidente de momento, aunque para entonces este fuera en la práctica un título vacío para un cargo desprovisto tanto de poder como de propósito. En un discurso televisado el 25 de diciembre, Gorbachov renunció también a este cargo. Esa noche transfirió oficialmente todos sus poderes a Yeltsin, el presidente ruso, que dos días después entró en el Kremlin a primera hora de la mañana y lo celebró con sus partidarios más cercanos con una botella de whisky.

En su último discurso televisado al país, Gorbachov defendió sus logros. Declaró que sus reformas habían sido necesarias y estaban justificadas históricamente; les atribuyó el desmantelamiento del totalitarismo que había sumido al país en la pobreza y haber permitido avanzar hacia la transformación democrática y las libertades liberales. Además, al poner fin a la guerra fría, habían eliminado la amenaza de otra guerra mundial. Había más posibilidades de que este mensaje fuera bien recibido en Occidente que entre los ciudadanos de la moribunda Unión Soviética. Las opiniones sobre Gorbachov estaban radicalmente divididas entre estos últimos. El mandatario había allanado el camino para su reciente independencia, el pluralismo democrático y libertades inimaginables mientras el Partido Comunista mantuviera el monopolio del poder. No obstante, para muchos de sus detractores, por muy buenos que fueran aquellos principios y aspiraciones democráticos, Gorbachov había empeorado sus condiciones de vida; había puesto fin a la guerra fría capitulando ante Occidente y reduciendo lo que antes era una poderosa superpotencia a una inferioridad humillante. «Cuando tomó posesión en el Kremlin teníamos un imperio, pero cuando seis años más tarde se marchó, lo habíamos perdido todo. Nos vendió a Occidente. Simplemente, cedió en todo», recordaba con amargura años después un taxista moscovita. El propio Gorbachov siguió sintiendo un enorme pesar por el derrumbe de la Unión Soviética. «Lamento que haya desaparecido un gran país con unas posibilidades y unos recursos enormes. Mi intención siempre fue reformarlo, no destruirlo», declaró en una entrevista mucho después de los acontecimientos.

El 31 de diciembre de 1991, sesenta y nueve años después de su fundación y setenta y cuatro años después de la revolución rusa que había dado pie a su creación, la Unión Soviética se disolvió. No hubo celebraciones ni un final dramático. En el último momento, simplemente, se extinguió. Aun así, fue un día histórico, el final de un episodio trascendental de la historia, el punto de falla del que probablemente había sido el experimento político más extraordinario de los tiempos modernos. La Unión Soviética había sido crucial durante la época de catastróficos conflictos que culminó con el terrible derramamiento de sangre de la segunda guerra mundial. Tras salir de ella victoriosa, aunque a un coste enorme en vidas humanas y una devastación inimaginable como consecuencia del titánico enfrentamiento con la Alemania de Hitler, había conseguido dominar la mitad oriental de Europa, se había convertido en una superpotencia y había dejado una huella indeleble no solo en la política europea, sino en la de todo el mundo. El edificio construido a partir de la violenta lucha de Lenin y sus seguidores durante la revolución rusa de 1917 y la subsiguiente y horrenda guerra civil en Rusia había prometido una utopía venidera basada en la igualdad y la justicia.

Sin embargo, resultó ser una construcción que solo podía funcionar (y aun así a un coste humano inimaginable) en un vasto país subdesarrollado, transformado a través de unos niveles de coerción extraordinarios en una poderosa fuerza que pudo resistir cuatro horribles años de guerra contra la Alemania nazi y después convertirse en una superpotencia con un enorme arsenal nuclear. Este modelo no era transferible a otras partes de Europa dotadas de unas estructuras sociales, económicas, políticas y culturales muy diferentes. En ningún lugar, ni siquiera en la propia Unión Soviética ni en ninguno de sus satélites de posguerra en Europa central y oriental, la población eligió mayoritariamente el comunismo en unas elecciones libres. Aunque el gobierno soviético contaba con el apoyo de muchos creyentes en el comunismo auténticos e idealistas (aunque con el tiempo cada vez menos) y con muchos más compañeros de viaje oportunistas, demostró que solo era capaz de sostener sus promesas, cada vez más evidentemente vacías, por medio del apretado sargento de la coerción extrema y la supresión de la libertad. Gorbachov había aflojado aquel sargento hasta el punto de que los pueblos de la Unión Soviética pudieron liberarse por completo de él. Y sin ese sargento ya no quedaba nada.

UNA NUEVA ERA

Algunos izquierdistas lamentaron el final de la Unión Soviética; les apenaba el fracaso de lo que en otro tiempo había parecido una imagen optimista del futuro, una alternativa a las perniciosas desigualdades del capitalismo. El sentimiento de pérdida no se limitaba a los antiguos apparatchiks y a los beneficiarios del sistema, ni tampoco a quienes lamentaban la pérdida del imperio y el declive de una gran potencia. El gran historiador Eric Hobsbawm, marxista convencido desde su juventud, no fue en absoluto el único intelectual de izquierdas en reconocer los defectos sistémicos del sistema soviético y en confesar que no le habría gustado vivir bajo su égida, pero aun así lamentaba su fracaso. Aunque deseaba que hubiese sido «un reformista menos ambicioso y más realista», Hobsbawm admiraba a Gorbachov, pero se mostraba pesimista sobre el futuro postsoviético. Con el fracaso de la Unión Soviética, «los perdedores, a corto y medio plazo, no fueron solo los pueblos de la antigua URSS, sino los pobres del mundo», escribió.

Sin embargo, las lamentaciones en Occidente no fueron mucho más allá de una reducida minoría, incluso entre los comunistas occidentales, que se había aferrado hasta el final a la creencia en la superioridad soviética. Liberales y socialdemócratas no derramaron ni una lágrima, y los conservadores de derechas, en Europa occidental y sobre todo en Estados Unidos, se felicitaron por haber ganado la guerra fría. Aplaudieron la postura intransigente de Reagan (respaldada por su acólita británica, la «dama de hierro» Margaret Thatcher) hacia el comunismo y se regodearon con lo que consideraban una reivindicación del programa de la «Guerra de las Galaxias» y de los niveles de gasto militar que habían demostrado la superioridad económica de Occidente y puesto al descubierto la debilidad soviética. No ocultaron su sensación de triunfo por lo que exhibieron como una victoria del capitalismo liberal sobre el socialismo estatal, de la libertad sobre la servidumbre.

No obstante, la mayoría de la gente evitó el triunfalismo sin reservas. Era más visible el alivio, el alivio por haber dejado atrás la guerra fría y, por tanto, que se hubiera eliminado el peligro de un conflicto nuclear. Esto se mezclaba con la satisfacción por el derrumbe de un sistema edificado sobre la opresión y la falta de libertad y con la sensación de que los valores occidentales habían triunfado. Aunque reflejaba sentimientos similares, este alivio tenía un cariz diferente en Europa central y oriental,. Allí la población sentía sobre todo alivio de que hubieran acabado al fin los largos años de subyugación a la mano dura del dominio comunista, apoyado por los intereses de la Unión Soviética. Podían comenzar a reivindicar sus propias identidades nacionales y podían albergar esperanzas de beneficiarse, en su momento, de la prosperidad de la que ya disfrutaba la Europa occidental.

Aun así, el regocijo no duró mucho tiempo. Los antiguos satélites soviéticos ya estaban expuestos a los difíciles problemas de ajustarse al nuevo mundo al que se habían incorporado. La euforia pasajera se vio pronto atemperada por nuevas adversidades. Y para los ciudadanos de Europa occidental, la caída de la Unión Soviética se había prolongado demasiado tiempo y el final no había sido lo bastante dramático como para que la muerte del viejo enemigo ideológico provocara un estallido de alegría. Otros problemas que ocupaban su atención, entre los que destacaba la guerra en el golfo Pérsico de 1990-1991 que siguió a la crisis desencadenada por la invasión iraquí del país árabe vecino, Kuwait. En Occidente, el verdadero momento de euforia por el desplome del comunismo había llegado antes, en noviembre de 1989, cuando cayó el Muro de Berlín, el momento simbólico en que se rompió el sargento soviético aplicado a Europa del Este. Lo que siguió fue un largo colofón.

No obstante, todo el mundo reconoció que la muerte de la Unión Soviética marcó una cesura histórica, un trascendental punto de inflexión. Martin Woollacott se hizo eco de un sentimiento generalizado cuando el 27 de diciembre de 1991 escribió en The Guardian que «el siglo XX llegó a su fin a las 7.00 de la tarde, hora de Moscú, del 25 de diciembre de 1991», cuando Gorbachov anunció por televisión su dimisión como dirigente de la Unión Soviética. «Es como si los problemas de nuestro siglo hubiera quedado relegados al pasado. Los dos enormes conflictos que lo han caracterizado, entre el capitalismo y el comunismo y entre los antiguos imperios y las nuevas potencias (luchas que se habían entrelazado durante décadas), han finalizado. El “bolchevismo”, como Winston Churchill había exigido en 1918, finalmente “se había suicidado”».

Tres años más tarde, en su aclamada Historia del siglo XX, 1914-1991, Eric Hobsbawm también describió el desmoronamiento de la Unión Soviética como el final del «corto siglo XX», una era que había tocado a su fin y que había estado definida por la rivalidad entre el capitalismo y el comunismo. Desde un punto de vista conservador, el politólogo estadounidense Francis Fukuyama fue aún más lejos al afirmar que significaba «el fin de la historia». Su libro El fin de la historia y el último hombre, aparecido en 1992, se basaba en un artículo muy leído y polémico que había publicado tres años antes, cuando en Europa oriental se estaban produciendo enormes cambios. Fukuyama no defendía el absurdo argumento, como supusieron ingenuamente algunos detractores, de que no seguirían produciéndose acontecimientos, de que la historia, en ese sentido, iba a cesar. Más bien estaba argumentando desde un punto de vista filosófico, basándose en parte en ideas esbozadas por el célebre filósofo alemán de principios del siglo XIX Georg Wilhelm Hegel, quien había considerado la victoria de los principios de libertad e igualdad difundidos tras la Revolución Francesa como la fase final de la historia. Fukuyama argüía que, con el triunfo de la democracia liberal sobre su único enemigo serio, el comunismo, el desarrollo ideológico había alcanzado la cúspide de su evolución y, con ello, la «Historia» (con H mayúscula) había llegado a su fin. Fukuyama escribió que tras el fracaso del comunismo, «la democracia liberal sigue siendo la única aspiración política coherente que comprende diferentes regiones y culturas de todo el mundo». En tanto que «doctrina de la libertad individual y la soberanía popular», la democracia liberal quedaba como el único «competidor que seguía en el cuadrilátero como ideología con validez potencialmente universal». No es de sorprender que, en el enorme debate que propició, esta audaz tesis suscitara fuertes críticas. No solo fue considerada errónea, sino también un reflejo del triunfalista neoconservadurismo estadounidense.

El curso posterior de la historia mundial no ayudó a confirmar el argumento de Fukuyama. El rechazo cultural y político de los principios de la democracia liberal en muchos lugares del mundo siembra dudas sobre la premisa teleológica del «fin de la Historia». El modelo chino de liberalismo económico y autoritarismo político, que ha conseguido generar un crecimiento extraordinario en China, constituye un serio desafío para quienes, no solo en Occidente, asumieron durante mucho tiempo que una economía de mercado conduciría inexorablemente a la democracia liberal. El futuro es tan impredecible hoy como cuando Hegel determinó por vez primera que la «Historia» había llegado a su fin. Las convulsiones en Europa entre 1989 y 1991 que culminaron en el derrumbe de la Unión Soviética y de la alternativa a la democracia liberal capitalista que durante casi tres cuartos de siglo había representado no supusieron, ni siquiera en los términos filosóficos de Fukuyama, el fin de la «Historia». No obstante, fueron un terremoto político con consecuencias sísmicas para el mundo entero y sobre todo para Europa. Después de 1991, Europa era un lugar diferente.

La nueva Europa ya no estaba dividida por el Telón de Acero, pero el fin de la escisión del continente que había durado decenios no significaba que se aproximara la unidad. Al contrario, Europa pasó a estar dividida en cuatro grupos distintos. Es cierto que ya no existía una división ideológica fundamental, pero las diferencias entre los grupos no eran en absoluto insignificantes.

El primer grupo estaba compuesto por los países de la Comunidad de Estados Independientes (Rusia, Ucrania, Bielorrusia y otras ocho antiguas repúblicas soviéticas), formada en los últimos días del colapso soviético. Estos países carecían de la base tradicional de la democracia pluralista, la autonomía legal o las instituciones (entre ellas las iglesias, los sindicatos y una prensa independiente) que, con el tiempo, en gran parte del resto de Europa habían dado lugar a amplios ámbitos de libertad civil ajenos al control del estado. No es de sorprender que, en medio de la confusión que siguió a la desintegración del régimen que durante casi setenta años había dominado esta parte de Europa, las antiguas repúblicas soviéticas recurrieran a figuras fuertes como presidentes, como Yeltsin en Rusia, Leónidas Kravchuk en Ucrania o Aleksandr Lukashenko, el dictatorial presidente de Bielorrusia a partir de 1994, supuestamente para mantener el orden. Tanto la historia como la geografía separaban esta parte de Europa de la mayor parte del resto del continente, que continuaría avanzando por un camino distinto.

En el otro extremo del espectro estaban los países de Europa occidental. Para ellos, el final de la Unión Soviética tras la unificación alemana significaba que de pronto se había abierto la posibilidad de una unidad europea más allá de las fronteras tradicionales de Europa occidental y de los confines existentes de la Comunidad Europea. Era necesario replantear la cuestión de la integración europea, no solo para garantizar que Alemania estuviera inextricablemente unida a Occidente, sino también para tener en cuenta las aspiraciones de los países liberados del control soviético (aunque nadie se planteó de veras en algún momento que la integración se extendiera a Rusia y otras partes de la antigua Unión Soviética). ¿Cómo se podía incorporar al proyecto de integración europea a las nuevas pero pobres democracias de Europa oriental y central? ¿Cuáles eran las implicaciones geopolíticas de la nueva Europa? Por ejemplo, ¿hasta dónde debía extenderse la alianza militar occidental, la OTAN, en Europa del Este? ¿No se había convertido la OTAN en una organización superflua cuando ya no había un Telón de Acero y el pacto de Varsovia (desmantelado en 1991) había dejado de existir?

El tercer grupo no cohesionado era el de los países que Occidente había englobado como «Europa Oriental», que distaba de ser un bloque unificado. Algunos de ellos (en particular Polonia, Checoslovaquia y Hungría) podían volver la vista atrás a un pasado precomunista en el que existía un fuerte sentimiento de identidad nacional y en el que hubo alguna experiencia, por accidentada que fuera, de democracia pluralista. También habían creado o cultivado importantes elementos de una cultura que quedaban fuera del alcance de los tentáculos del estado. Además, Checoslovaquia y Hungría, y en menor medida Polonia, nunca se habían considerado parte de la «Europa del Este». Siempre se habían visto como el núcleo de Europa central, una entidad geográficamente difusa pero que había mantenido fuertes lazos culturales con Austria y Alemania, vínculos que en su mayor parte se extendían hacia el oeste, en lugar de hacia Moscú. Estos países vieron la oportunidad de reconstruir sus identidades nacionales, sus tradiciones democráticas y su vitalidad cultural. También sentían, y no era menos importante, la fuerte atracción gravitacional de la prosperidad de Europa occidental. Económica y culturalmente, los países de Europa central aspiraban a reincorporarse a una Europa de la que durante mucho tiempo habían estado aislados.

Los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) formaban parte de Europa oriental geográficamente, pero también compartían con los países de Europa central antiguas tradiciones de independencia nacional, pese a la brevedad de sus frágiles democracias de entreguerras. Albergaban un enconado resentimiento por la anexión soviética de 1940, habían luchado con vehemencia para restablecer su independencia entre los rescoldos finales de la Unión Soviética y ahora miraban a Occidente (a la OTAN y a la Comunidad Europea) en busca de protección contra cualquier futura intromisión rusa y de la prosperidad que veían asociada a la democracia occidental. Como es natural, Rusia recelaba de cualquier ampliación del alcance de la OTAN.

En el sureste de Europa, el mundo postsoviético dejó otra constelación. En Bulgaria y Rumanía, el régimen comunista fue sustituido por lo que en realidad era poco más que fachadas democráticas. Había campado a sus anchas demasiada corrupción, la pobreza estaba demasiado arraigada y las estructuras intermedias de la sociedad civil se habían desarrollado muy poco como para permitir una transición suave a una democracia liberal que funcionara correctamente. Cuando comenzó a amainar tras la enorme tempestad, el poder seguía estando desproporcionadamente en manos de miembros de los antiguos regímenes. Estos países también envidiaban la prosperidad de la Comunidad Europea, pero adherirse a ella era, en el mejor de los casos, una aspiración a muy largo plazo. Este era el caso sobre todo de Albania, donde el régimen comunista se estuvo tambaleando hasta caer finalmente en marzo de 1992, pero donde la corrupción, la delincuencia y el legado de decenios de autoritarismo hacían que, en el país más pobre de los antiguos estados comunistas europeos, la transición a cualquier cosa parecida a una democracia que pudiera albergar esperanzas de integrarse en la Comunidad Europea fuera un proceso largo.

Yugoslavia nunca había pertenecido al bloque soviético. Allí, las tensiones que habían aumentado desde la muerte de Tito en mayo de 1980, en medio de graves y crecientes problemas económicos, habían exacerbado el incipiente conflicto étnico. Y cuando en 1989 Yugoslavia comenzó a desintegrarse, estas se manifestaron con consecuencias terribles.

Por último, el fin de la Unión Soviética y de la guerra fría no solo remodeló Europa, también cambió la política mundial. Mijaíl Gorbachov se había asegurado de que, en sus últimos años, la Unión Soviética colaborase con Estados Unidos para solucionar varios conflictos antiguos y encarnizados en el continente africano: en Etiopía, Mozambique, Angola y Namibia. También ayudó a convencer al Congreso Nacional Africano de Sudáfrica para que estuviera dispuesto a negociar por primera vez con el régimen del apartheid contra el que durante tanto tiempo había combatido. El último jefe de Estado de la Sudáfrica del apartheid, el presidente F. W. de Clerk, también se avino a negociar con el Congreso Nacional Africano en cuanto este perdió el respaldo soviético y, por tanto, se disipó la amenaza de una revolución comunista en África meridional. La liberación el 11 de febrero de 1990 de Nelson Mandela, encarcelado durante veintisiete años y aclamado internacionalmente como el rostro de la oposición al régimen racista del apartheid sudafricano, fue el momento simbólico de una nueva esperanza para el futuro. Sin embargo, con la caída de la Unión Soviética, varios estados africanos (y Cuba en América Latina) perdieron lo que hasta cierto punto había sido un protector y una fuente de ayuda económica. Lo que les aguardaba en el futuro no era una prosperidad que aumentara con rapidez, sino una mayor exposición a las exigencias rapaces de una economía globalizada que se expandía con celeridad.

El derrumbe de una de las dos superpotencias del mundo de posguerra abría sobre todo la posibilidad, y durante un tiempo fue una realidad, del dominio mundial estadounidense, del poder unipolar en la política mundial. Con el tiempo, China llegaría a desafiar este dominio, al igual que lo haría una Rusia resurgente. Entretanto, los neoconservadores estadounidenses se regocijaban ante la perspectiva de la hegemonía: Estados Unidos había vencido en la guerra fría y el futuro bajo una pax americana parecía prometedor. Los primeros años de la nueva era postsoviética no tardarían en poner en entredicho esta premisa; y en la propia Europa, pues la guerra estaba a punto de regresar al continente europeo.

Capítulo 10 NUEVOS COMIENZOS

No creo que Europa sea plenamente consciente de las posibilidades de que estalle en Yugoslavia la violencia y podría estar a punto de ocurrir en cualquier momento.

Srđa Popović, abogado de derechos humanos
yugoslavo, junio de 1991

Le pregunté al historiador polaco Jerzy Jedlicki en qué momento anterior de su historia la situación de Polonia había sido tan buena. Sin apenas titubear, respondió: «Probablemente en la segunda mitad del siglo XVI».

Timothy Garton Ash, noviembre de 1995

El final de la guerra fría generó grandes expectativas; era un tiempo de nuevos comienzos en Europa. Esto era más evidente en los antiguos países comunistas, donde comenzaban a tomar forma sistemas económicos liberales y gobiernos democráticos, pero también Europa occidental experimentó importantes novedades con la creación de la Unión Europea y las iniciativas para crear una moneda común. Mientras tanto, la disolución en marzo de 1991 de la estructura militar del pacto de Varsovia alentó la esperanza de una paz duradera, y en cuanto los dirigentes políticos se centraron en fortalecer la integración europea, la posibilidad de una Europa unida por un interés común en la paz, basada en gobiernos democráticos y una prosperidad compartida parecía estar al alcance de la mano. En ningún lugar eran mayores las esperanzas que entre los pueblos de Europa central y oriental de que, tras la caída del comunismo, no tardarían en disfrutar de la prosperidad ya generalizada en la mitad occidental del continente.

Sin embargo, los años de transición de la primera mitad de la década de los noventa resultaron más difíciles de lo que, en plena euforia inicial, nadie había previsto. Solo mediada la década la situación empezaría a ser alentadora. Cuando a principios de los años noventa muchos se atrevieron a soñar con la llegada inminente de un mundo mejor, una gran sombra se volvió a cernir sobre el continente. A principios de la década, la guerra regresó a Europa.

GUERRA ÉTNICA

La guerra o, más bien, la serie de guerras en Yugoslavia entre los años 1991 y 1995 fueron una conmoción enorme para la nueva Europa. Se generalizó una terrible expresión, «limpieza étnica», para describir el carácter de esa guerra; las expulsiones forzosas y las matanzas de la población para volver más homogénea étnicamente una Yugoslavia en desintegración estremecieron al resto de Europa. La Unión Europea se echó las manos a la cabeza, pero sus intentos de resolver un problema tan complejo no sirvieron para detener el terrible conflicto, mientras que las Naciones Unidas enviaron fuerzas de pacificación que no lograron mantener la paz. En última instancia, Europa volvió a demostrar su incapacidad para poner fin a una guerra en suelo europeo y establecer un acuerdo de posguerra duradero sin depender, una vez más, de la intervención estadounidense.

La guerra étnica en Yugoslavia no fue, como en Occidente muchos supusieron irreflexivamente, una mera recaída de los Balcanes en comportamientos típicos, una versión moderna de conflictos ancestrales. Sin embargo, tenía unos antecedentes históricos cruciales, aunque recientes: la canalización de la desafección causada por los crecientes fracasos del comunismo en Yugoslavia durante los ochenta hacia el nacionalismo étnico. Tito, que había muerto en mayo de 1980, había reprimido implacablemente durante su largo mandato las reivindicaciones étnicas, gobernando Yugoslavia con puño de hierro y una fuerte autoridad personal que empleó para mantener un cuidadoso equilibrio de intereses en su complejo estado. Esas reivindicaciones, añadidas a las profundas hostilidades que persistían desde la segunda guerra mundial, habían estado latentes bajo la superficie y afloraron con fuerza cuando el comunismo no dio respuestas a las crecientes y generalizadas dificultades sociales y económicas. Las divisiones étnicas de Yugoslavia fueron el crisol en el que se desarrollaría la tragedia.

El estado comunista de posguerra incluía seis repúblicas (Bosnia-Herzegovina, Croacia, Macedonia, Montenegro, Serbia y Eslovenia), cuyas poblaciones tenían diferentes dimensiones. Los serbios (casi ocho millones) superaban con creces a los croatas (el segundo grupo étnico más numeroso, con menos de cinco millones). En el otro extremo, Montenegro apenas tenía seiscientos mil habitantes. Por lo general, la distribución demográfica no se correspondía con las fronteras de las repúblicas que constituían Yugoslavia, lo que producía una mezcla étnica que reflejaba diferentes tradiciones culturales, lenguas y religiones. Mientras que Eslovenia, en el noroeste, era casi monoétnica, en otras partes del estado federal serbios, croatas, musulmanes y otros grupos étnicos no estaban separados por fronteras definidas. Muchos habitantes de Serbia eran croatas, en Croacia había enclaves serbios y en Bosnia-Herzegovina vivían tanto serbios como croatas en contacto directo con dos millones de musulmanes, como había sucedido, por lo general de forma pacífica, durante centenares de años. Montenegrinos, macedonios y albaneses constituían otras teselas del mosaico étnico yugoslavo, a las que había que añadir otras minorías. El equilibrio que Tito había impuesto de manera implacable garantizó que en las décadas de la posguerra cada una de las repúblicas se beneficiara, aunque no todas igual, del rápido crecimiento económico, lo que había contribuido a atenuar las tensiones étnicas subyacentes.

No obstante, a partir de la recesión económica de los años setenta en adelante, el creciente descontento comenzó a manifestarse en términos de diferencias culturales e identitarias, que cobraron más fuerza cuando a mediados de la década siguiente Yugoslavia se sumió en una crisis económica a gran escala, con una deuda externa enorme imposible de pagar, unos niveles de vida cada vez peores, un inflación galopante y un desempleo masivo, que amplió la brecha entre las repúblicas más prósperas y las más pobres. El aspecto étnico generaba una doble distorsión: las repúblicas más ricas consideraban a las más pobres parásitas, mientras que las repúblicas más pobres acusaban a las más ricas de beneficiarse de un sistema federal organizado para servir a sus intereses.

Eslovenia, que ya a principios de los años ochenta era la república más occidentalizada, tolerante culturalmente y avanzada económicamente, en 1989 era con diferencia la zona más próspera de una Yugoslavia con problemas económicos, y la seguía a cierta distancia Croacia. En el polo opuesto se hallaban Bosnia-Herzegovina y la más pobre de todas ellas, Kosovo. Las crecientes disparidades sociales y económicas generaron desafección que, a su vez, alimentó los prejuicios étnicos y las enemistades. Los eslovenos y los croatas estaban cada vez más resentidos porque parte de su prosperidad se destinaba a beneficiar a zonas menos productivas del país. Los serbios, por su parte, miraban con envidia los niveles de vida más elevados de los croatas y los eslovenos. Los kosovares recurrieron a los serbios en busca de protección contra la discriminación que sufrían por parte de los albaneses. Los nacionalistas expatriados que trabajaban en el extranjero o se habían visto obligados a exiliarse contribuyeron a promover los resentimientos étnicos en su país.

Los yugoslavos eran perfectamente conscientes de los traumas que sufría el bloque soviético y también deseaban cambios. Iba acercándose una crisis política a medida que el sistema comunista, incapaz de ofrecer remedio alguno a los problemas del país, perdía legitimidad. En 1986, hasta el 88 % de los eslovenos y el 70 % de los croatas afirmaban no estar dispuestos a afiliarse al Partido Comunista. Incluso en Serbia, la república dominante del estado federal, el porcentaje ascendía al 40 %. La decreciente influencia de la ideología comunista conllevó un resurgimiento de las creencias religiosas, un factor divisivo, pues los serbios ortodoxos, los croatas católicos y los bosnios musulmanes empezaron a identificar la religión como un signo de identidad étnica.

El nacionalismo étnico estaba sustituyendo muy deprisa a otras ideologías. Según una encuesta de 1985, la mayoría de los adultos jóvenes aún anteponían su identidad yugoslava a la étnica, aunque el porcentaje era menor entre croatas y eslovenos. Otros sondeos indicaban un empeoramiento de las relaciones entre etnias, lo que se reflejó en algunos elementos de la cultura popular. Los hinchas futbolísticos convirtieron los partidos en exhibiciones simbólicas de rivalidad étnica agresiva, ondeando banderas que proclamaban su identidad étnica, coreando viejas canciones de los nacionalistas serbios de la segunda guerra mundial, los chetniks, o entre los croatas, haciendo el saludo fascista de los ustachas, responsables de inenarrables crímenes de guerra. El vandalismo futbolístico, en los años ochenta un fenómeno presente en varios países europeos y en particular en Gran Bretaña, adquirió en Yugoslavia una clara dimensión étnica. Cuando el Dinamo de Zagreb jugó contra el Estrella Roja de Belgrado en 1990, mil quinientos croatas y serbios se enzarzaron en una batalla campal. El líder de los «ultras» del Estrella Roja de Belgrado se hacía llamar «Arkan», apodo del violento delincuente Željko Ražnatović, que no tardaría en encabezar la más notoria fuerza paramilitar serbia.

La historia comenzó a reinterpretarse en función de las incipientes divisiones étnicas. A partir de mediados de los ochenta, un clima más progresista permitió la discusión pública en los libros, la literatura, el cine y los medios de comunicación de asuntos que durante mucho tiempo habían sido tabú. La segunda guerra mundial se convirtió en un tema de debate, más allá de la tradicional glorificación yugoslava del ejército partisano. Ni siquiera Tito se libró de las críticas: héroe nacional intocable en el pasado, se le empezó a describir cada vez más como un autócrata decadente cuyo lujoso estilo de vida privado contrastaba con los principios socialistas que defendía en público. Su papel en la guerra fue objeto de revisión cuando los serbios rehabilitaron a los chetniks, durante mucho tiempo denostados oficialmente como monárquicos y reaccionarios (cuando no fascistas sin más). En sí mismo, esto equivalía a minimizar la importancia de los partisanos comunistas de Tito. A principios de los años noventa, se cambiaron los nombres de las calles y plazas que homenajeaban a Tito y se cerró su mausoleo.

Un elemento crucial en el uso y abuso de la historia para promover un sentimiento de identidad étnica agresivo e intolerante giraba en torno a las terribles atrocidades perpetradas por la milicia fascista Ustacha del Estado Independiente de Croacia durante la segunda guerra mundial. Los ustachas habían asesinado, a menudo de forma brutal, a centenares de miles de serbios (principalmente), judíos y gitanos. No obstante, la cifra de víctimas fue puesta en tela de juicio tanto por los serbios (que la exageraban enormemente) como por los croatas (que la minimizaban). Franjo Tudjman, que no tardaría en ser nombrado presidente de Croacia, fue uno de los que redujo mucho la magnitud de las matanzas cometidas por los ustachas; y además, de forma descabellada, atribuyó parte de la persecución de los serbios a los judíos, de quienes también afirmaba que la cifra de muertos en el Holocausto se había exagerado mucho. Los croatas destacaban sus propios y terribles sufrimientos a manos de los partisanos serbios una vez Croacia hubo capitulado al final de la guerra. Por otro lado, la memoria colectiva serbia de las atrocidades de los ustachas reforzó la idea, que se extendía con rapidez, de que solo en un estado Serbio sus habitantes estarían a salvo de la amenaza de que se repitieran.

Ninguna figura unificadora capaz de trascender las tensiones étnicas crecientes y subyacentes había sucedido a Tito, el héroe de guerra y símbolo de la unidad nacional. La farragosa Constitución de 1974, elaborada con la intención de establecer un equilibrio étnico en el gobierno de Yugoslavia mediante la descentralización, acabó acentuando las crecientes tendencias centrífugas y los problemas políticos del país. En los últimos años de vida de un Tito cada vez más enfermo, compartían el poder institucional una presidencia con ocho miembros (de las seis repúblicas y las dos provincias de Serbia, Voivodina y Kosovo). Uno de ellos rotaba cada año como jefe del Estado y comandante en jefe del ejército. Yugoslavia tenía un Parlamento federal, seis Parlamentos de las repúblicas, dos para las provincias de Serbia y diez partidos comunistas (incluido uno para Yugoslavia en su conjunto y otro para el ejército). No es de sorprender que, en este complejo ejercicio de equilibrismo, los partidos y los gobiernos regionales se volvieran más importantes que las entidades federales. Las principales excepciones, muy relevantes, fueron el ejército y las fuerzas de seguridad, que permanecieron bajo control federal.

Aun así, todavía no había ningún indicio de una explosión inminente. Eso era antes de que Slobodan Milošević, un político con habilidades tácticas que había progresado inexorablemente en su carrera hasta convertirse en el líder del Partido Comunista Serbio, se diera cuenta de que la explotación del nacionalismo étnico, en lugar de la promoción del comunismo, era la mejor forma de engrandecer su propio poder y el de Serbia.

Milošević encendió la mecha de lo que resultó ser un conflicto étnico cada vez más amplio cuando el 24 de abril de 1987 pronunció un discurso incendiario en Kosovo, ciudad que ocupaba un lugar especial en la mitología serbia. Se consideraba Kosovo la cuna de la nación serbia, ya que fue allí donde en 1389 la aristocracia serbia, derrotada en la batalla contra los turcos, había preferido heroicamente la muerte a la capitulación. A finales del siglo XX, entre los ciudadanos de Kosovo los serbios constituían una minoría profundamente resentida que se consideraba gravemente perseguida en su propia tierra por la mayoría albanesa, que constituía en torno al 85 % del total. Milošević viajó a Kosovo en calidad de alto cargo comunista y regresó como un celebrado nacionalista. Como respuesta a una multitud enfurecida de serbios que acusó a la policía albano-kosovar de agredirlos, dijo en un discurso televisado: «Esta es vuestra tierra» y «nadie debería atreverse a golpearos», desencadenando de inmediato una noche de violencia contra los albaneses. Milošević había arrojado gasolina al fuego del nacionalismo serbio, y no solo en Kosovo, pues esto también le brindó una plataforma desde la que maniobrar poco después con éxito para convertirse en el presidente de Serbia, lo que marcó el inicio de la prolongada agonía de Yugoslavia.

Durante los tres años posteriores al funesto discurso de Milošević en Kosovo, la situación fue de mal en peor. Mientras la situación económica se degradaba, el estado federal tenía cada vez más dificultades para mantener el control sobre sus partes constitutivas, y al igual que estaba sucediendo en Europa central y oriental, aumentaron las presiones a favor de la democratización y la autonomía dentro de Yugoslavia. En 1990, el régimen comunista de Yugoslavia tocó a su fin, pero en las elecciones pluralistas de aquel mismo año, las primeras en más de cuatro decenios, los partidos nacionalistas vencieron en todas partes excepto en Serbia y Montenegro (poco más que una marioneta serbia), pero incluso allí los partidos comunistas se estaban convirtiendo en vehículos del nacionalismo serbio. El estado federal de Yugoslavia estaba luchando ya por su supervivencia.

Franjo Tudjman, que en 1989 había fundado el partido nacionalista Unión Democrática Croata y tras las elecciones del año siguiente se había convertido en presidente de Croacia, apelaba por entonces a la unidad étnica de los croatas, tanto dentro como fuera de las fronteras de Croacia. Definió Bosnia con la inquietante expresión de «Estado nacional de la nación croata», en el que a los musulmanes se los consideraba meros croatas islamizados. Su partido hablaba de defender Croacia en el río Drina, la frontera entre Bosnia y Serbia. Durante su presidencia, insistió cada vez más a menudo en la independencia de Croacia, aunque al principio defendió de boquilla la idea de una federación yugoslava flexible. La autoafirmación nacional croata enseguida se tornó preocupante a ojos de la minoría serbia en la segunda república yugoslava de mayor tamaño. La bandera de cuadros rojos y blancos que casi de la noche a la mañana empezó a ondear en muchos edificios les recordaba al estado Croata de la guerra, liderado por los temidos ustachas; la lengua croata se convirtió en la única permitida en los trámites administrativos; se cambió la señalización pública para emplear únicamente los caracteres latinos croatas, en detrimento del alfabeto cirílico utilizado por los serbios. (En Belgrado ocurrió todo lo contrario: se relegó el alfabeto latino y se sustituyó en todas partes por el cirílico serbio). El cuidadoso equilibrio étnico de la administración del Estado se quebró cuando se despidió a los serbios y fueron reemplazados por croatas. Lo peor fue que se apartó a los serbios de la policía, lo que inevitablemente evocó el fantasma del retorno de los ustachas fascistas.

Los temores de la minoría serbia en Croacia desencadenaron el inicio de cuatro largos años de guerra en Yugoslavia. La guerra tuvo varias fases, que a quienes los observaban desde el exterior les desconcertaron por su complejidad. En la primera, entre 1991 y 1992, después de que se permitiera a Eslovenia independizarse de Yugoslavia tras una «guerra falsa» que duró diez días, los croatas fueron expulsados con brutalidad de las zonas de Croacia habitadas principalmente por serbios. La segunda fase fue la primera parte de lo que constituyó el núcleo de la guerra: el letal conflicto a tres bandas entre serbios, croatas y musulmanes en Bosnia que duró desde 1992 hasta 1995, cuando los serbios y los croatas libraron una guerra étnica contra los musulmanes, las principales víctimas del terrible proceso de limpieza étnica. En aquel momento, los serbios eran los que peor se habían comportado y los que más habían ganado. Sin embargo, en la tercera fase, la última parte de la guerra bosnia, los croatas habían fortalecido su ejército y consideraron conveniente aliarse con los musulmanes; se volvieron entonces contra los serbios y los expulsaron de las zonas que hasta entonces habían ocupado. En esta última fase, los serbios fueron los principales perdedores y víctimas de la amplia brutalidad de los croatas y los bosnios musulmanes.

Al principio, los temores de los serbios eran especialmente fuertes en la Krajina (una palabra antigua que significa «frontera» o «zona fronteriza», una larga franja a lo largo de la frontera occidental y septentrional de Bosnia-Herzegovina), donde constituían en torno al 12 % de la población. Milošević les infundió esperanzas de encontrar protección en una Gran Serbia y exacerbó la agresividad hacia sus vecinos croatas. Ya en 1990 se intuían graves problemas en el horizonte. Cuando Croacia declaró su independencia, el 25 de junio de 1991, el mismo día que Eslovenia, los problemas se desbordaron. Milošević, el principal protagonista en aquel momento, no consideraba que la secesión de Eslovenia (que se produjo tras un conflicto armado breve y con pocas bajas) constituyera una gran pérdida para su ambición de hacer realidad la Gran Serbia. Tenía asuntos más importantes de que ocuparse; podía centrar su atención en la cuestión de los serbios que vivían en territorio croata.

Ya en marzo de 1991 Milošević había reconocido que «Yugoslavia está acabada». No estaba claro qué iba a reemplazarla, pero cuando ese mismo mes se reunió con Tudjman para mantener conversaciones secretas hablaron de que tanto Croacia como Serbia se beneficiarían de la partición de Bosnia-Herzegovina. La expansión croata y la serbia estaban en el orden del día. Sin embargo, antes de centrar su atención en Bosnia, las ambiciones de Tudjman de crear un estado Croata étnicamente homogéneo y los planes de Milošević de crear una Gran Serbia estaban destinados a chocar en la cuestión de la considerable minoría serbia en territorio croata.

El periodista británico Misha Glenny se sintió conmocionado por los niveles de odio mutuo entre croatas y serbios que advirtió viajando por la Krajina, incluso antes de la declaración de independencia. «Croatas y serbios discutían largo y tendido conmigo sobre por qué los serbios y los croatas, respectivamente, eran monstruos congénitos. Entre las razones mencionaban la historia, la religión, la educación y la biología», escribió. Glenny creyó que el odio visceral era nuevo, producto del enorme auge del nacionalismo entre los rescoldos moribundos del estado comunista Yugoslavo, y que las llamas estaban siendo intencionadamente avivadas por los medios de comunicación estatales de Belgrado y de Zagreb. Los jóvenes que vivían en zonas étnicamente mixtas y territorios fronterizos, imbuidos de machismo, eran atraídos a las unidades paramilitares y, una vez allí, acababan inmersos en un clima de odio étnico exacerbado y de glorificación de la violencia. Miedos antiguos y recuerdos transmitidos se incorporaron a los odios recientemente inflamados: los temores croatas a que regresaran los chetniks de la segunda guerra mundial, los temores serbios a que resurgiera la Ustacha. A medida que la violencia se propagaba, generando más contraviolencia, esa mentalidad asesina se extendía a sectores de la población que hasta entonces habían sido pacíficos.

Cuando en mayo de 1991 unos serbios mataron y mutilaron los cuerpos de varios policías croatas en un pueblo cercano a Vukovar, en el noreste de Yugoslavia, se encendió la mecha de una explosión de violencia que se extendió por toda la Krajina, sobre todo a cargo de paramilitares serbios que contaron con el apoyo de las unidades del ejército yugoslavo federal (que en la práctica era predominantemente serbio) bajo el mando de un coronel muy eficiente y despiadado, Ratko Mladić, quien no tardaría en ser ascendido a general. Entre agosto y diciembre de 1991, unos ochenta mil croatas fueron expulsados o forzados a huir de las zonas de mayoría serbia, y en los meses siguientes les seguirían muchos más. Cuando se extendió la violencia, también fueron atacadas zonas más allá de la Krajina. El hermoso centro vacacional de Dubrovnik, en Dalmacia, que antes visitaban innumerables turistas, fue bombardeado, sitiado y en gran medida destruido, todo ello sin que hubiera apenas una justificación militar; el puerto de Split, en la costa del Adriático, también sufrió ataques, y todo ello a la vista de periodistas y cámaras de televisión. Lo peor de todo fue la terrible violencia en la bonita ciudad de Vukovar, a orillas del Danubio, en la que miles de civiles se vieron atrapados en un asedio y bombardeo que duró tres meses. Mientras el mundo miraba horrorizado, centenares de personas murieron asesinadas y muchas más resultaron heridas antes de que el 20 de noviembre de 1991 el asedio finalizara con la caída de la ciudad a manos de los serbios.

Esta fase de la guerra finalizó en enero de 1992, tras las negociaciones encabezadas por el enviado especial de las Naciones Unidas, el exsecretario de Estado norteamericano Cyrus Vance. Se acordó un armisticio que supervisaría una fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU compuesta por unos doce mil soldados. No obstante, no pudo garantizar que los croatas expulsados se sintieran lo bastante seguros como para regresar a las «zonas protegidas» designadas ni evitar que en los meses siguientes, durante su retirada, el ejército yugoslavo dejara buena parte de su armamento en manos de las milicias y las fuerzas de seguridad serbias. Para entonces, alrededor de una tercera parte de Croacia había caído bajo el control de los rebeldes serbios.

Las esperanzas de una solución política integral a los problemas de Yugoslavia, por tenues que fueran, estaban depositadas en los esfuerzos de lord Carrington, que había sido ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña y después secretario general de la OTAN. Tales esperanzas se vieron frustradas cuando Alemania, cuya opinión pública estaba rotundamente en contra de los serbios, ejerció una fuerte presión a otros países de la Comunidad Europea para que reconocieran la independencia de Croacia. Esto tuvo consecuencias directas para Bosnia-Herzegovina.

Esta república, situada en el centro de Yugoslavia y cuya población estaba compuesta por un 44 % de musulmanes, un 33 % de serbios y un 17 % de croatas, se enfrentaba a una disyuntiva poco halagüeña: declarar su propia independencia o permanecer en una Yugoslavia dominada por los serbios. Los serbobosnios estaban liderados por Radovan Karadžić, un expsiquiatra condenado a mediados de los años ochenta por malversación de fondos y fraude, y cuya melena alborotada pronto le haría fácilmente reconocible para los espectadores de todo el mundo. Karadžić se negó a considerar siquiera la idea de la independencia de Bosnia, pues esto era contrario por completo al objetivo de unir a todos los serbios en un estado de la Gran Serbia. Para Karadžić y sus seguidores, una declaración bosnia de independencia significaba la guerra. El 3 de marzo de 1992, tras un referéndum celebrado el 29 de febrero y el 1 de marzo en el que casi dos terceras partes de los votantes apoyaron la independencia, el presidente bosnio, el abogado e intelectual musulmán Alija Izetbegović, que en la década de los ochenta había pasado cinco años en la cárcel por su oposición al comunismo, hizo precisamente esa declaración.

El 7 de abril, un día después de que la Comunidad Europea reconociera el estado de Bosnia-Herzegovina, los serbobosnios proclamaron su propia independencia de lo que no tardarían en llamar República Serbia (Republika Srpska). Ya en las semanas anteriores paramilitares serbios habían atacado y asesinado cruelmente a civiles musulmanes en el noreste de Bosnia. A finales de abril, Sarajevo, la antigua y hermosa capital de Bosnia-Herzegovina, en la que durante siglos había convivido una población con enorme diversidad étnica y religiosa, fue sitiada por miles de soldados del ejército yugoslavo (en su mayoría serbios) y policías y paramilitares serbobosnios. Las anotaciones en el diario de una niña de doce años, Zlata Filipovic, ofrecen una muestra de los temores cotidianos de los ciudadanos de Sarajevo durante el sitio: «Es peligroso caminar por la ciudad. Sobre todo es peligroso cruzar nuestro puente porque los francotiradores te disparan. Tienes que hacerlo corriendo. Cada vez que [mi madre] sale, papá y yo nos asomamos a la ventana para verla correr… Corres y corres y corres y el puente nunca se acaba». El asedio se prolongaría durante casi cuatro años, y murieron unas catorce mil personas, miles de ellas civiles (incluidos más de mil quinientos niños), y cincuenta y seis mil resultaron heridas (casi quince mil de ellas, niños).

No todo el mundo estaba consumido por el odio étnico. Una pareja de veinticinco años asesinada en mayo de 1993 cuando trataba de escapar de Sarajevo habían sido novios desde el colegio: él era serbio y ella, musulmana. No obstante, pertenecían a una minoría cada vez más reducida, pues para entonces una terrible espiral de atrocidades en la cruenta guerra étnica se había extendido por toda la región. Milošević y Tudjman observaban desde Belgrado y Zagreb, respectivamente. Como habían reconocido en sus conversaciones secretas de 1991, aquello les podía beneficiar. Para ellos, la guerra era un asunto racional.

Todos los bandos cometieron atrocidades. Sin embargo, las peores fueron las perpetradas contra los musulmanes. Asesinatos, violaciones, palizas, robos y la destrucción de propiedades (casas, tiendas, mezquitas y otros edificios comunales) formaban parte de un uso sistemático del terror que consiguió expulsar sobre todo a la población musulmana de sus casas y «limpió étnicamente» zonas enteras. Mujeres y niños musulmanes aterrorizados fueron metidos en vagones de tren en Banja Luka, en el norte de Bosnia, y expulsados, como medio siglo antes los judíos habían sido deportados a Auschwitz. Los hombres eran reunidos y confinados en campos de concentración modernos que recordaban los horrores de la segunda guerra mundial. Columnas enteras de refugiados caminaban durante días por carreteras y pasos montañosos para escapar del terror y también sufrían una violencia espantosa mientras huían: insultos, intimidación, pillaje y a menudo asesinatos. Se calcula que al menos veinte mil mujeres fueron violadas.

Cuando en 1995 finalizó la guerra de Bosnia, según los cálculos más fiables el número de muertos superaba los cien mil. Más del 60 % de ellos eran musulmanes bosnios, que también constituían la inmensa mayoría de los civiles muertos. Su suerte contribuyó a agravar el proceso de radicalización en el mundo islámico. El 25 % de los muertos eran serbios y el 8,3 % croatas. En torno a 2,2 millones de personas se vieron obligadas a huir de sus casas. Desde la segunda guerra mundial ningún conflicto había causado tantos muertos ni desplazados.

La peor atrocidad fue la última. En 1993, la ciudad de Srebrenica, en el este de Bosnia, se había convertido en un enclave musulmán en un territorio controlado por los serbios y estaba abarrotada de refugiados que habían huido de la letal limpieza étnica en los pueblos de los alrededores. En abril de ese año, la ciudad quedó bajo protección de las Naciones Unidas como «zona segura», pero los serbios estaban decididos a tomar el enclave. El bloqueo de alimentos e incluso de suministros médicos provocó un alarmante deterioro de la situación. Menos de cuatrocientos soldados holandeses, que formaban parte de la fuerza de protección de la ONU, permanecían allí para defender la «zona segura» cuando el 6 de julio de 1995 las tropas serbias, casi cuatro veces superiores en número y bajo el mando del general Mladić, lanzaron una ofensiva para tomar la ciudad. En cinco días, Srebrenica había caído en manos serbias. A partir del 12 de julio, los serbios comenzaron a separar a los hombres y los niños de las mujeres, a las que trasladaron forzosamente a territorio bosnio. Unos ocho mil de ellos fueron llevados a un bosque y asesinados sistemáticamente. Fue el episodio más siniestro de toda aquella infausta guerra, una mancha en la civilización europea. Europa y el resto del mundo recordaron un horror que se creía erradicado para siempre. Finalmente, Occidente se vio obligado a coordinarse para tratar de poner fin al conflicto.

Antes se habían realizado varios intentos: el más prometedor, o así lo parecía en su momento, fue el de Cyrus Vance y el exministro de Asuntos Exteriores británico David Owen. Pero las propuestas para una división territorial habían sido invariablemente rechazadas por un bando beligerante u otro. Sin embargo, en 1995 la guerra se había vuelto contraproducente para Serbia, muy perjudicada por las sanciones de la ONU, aislada internacionalmente y, pese a la reticencia europea, amenazada por Estados Unidos con armar a los bosnios, cuyo sufrimiento les había granjeado una amplia simpatía internacional. Además, los musulmanes bosnios y los croatas habían dejado de combatir entre ellos en marzo de 1994. Por tanto, Serbia se encontraba sola y sin aliados. Milošević decidió que había llegado el momento de proteger lo que tenía, y a expensas de los serbios que vivían fuera de la propia Serbia, que eran precisamente a quienes había prometido proteger con la incorporación a la Gran Serbia. Para Milošević, los intransigentes serbobosnios se habían convertido en un mero estorbo.

Los dos pasos decisivos de 1995 estaban interrelacionados: el final de la ofensiva croata contra los musulmanes en Bosnia, debido a la presión estadounidense, y la nueva determinación de Estados Unidos de hallar una solución territorial a la guerra de Bosnia que ni los europeos ni las Naciones Unidas habían logrado conseguir. El enorme derramamiento de sangre y la tremenda destrucción se habían producido en una región de Europa con los europeos como espectadores. En Srebrenica, los soldados holandeses de la ONU se habían mantenido al margen, impotentes, mientras hombres y niños musulmanes eran arrastrados a su ejecución. Timothy Garton Ash visitó Bosnia en 1995 y criticó con dureza la «política exterior de esa cosa llamada Europa, que hace apenas cuatro años parecía tan luminosa y esperanzadora». La presuntuosa afirmación que Jacques Poos, el ministro de Asunto Exteriores luxemburgués, había hecho en 1991 de que «la hora de Europa ha llegado» parecía una broma de mal gusto tras cuatro años de derramamiento de sangre.

Los estadounidenses consideraron que la búsqueda de un acuerdo de paz había adquirido nueva urgencia. Ofrecieron a Tudjman cooperación militar entre Zagreb y Washington como cebo para que suspendiera las hostilidades contra los musulmanes bosnios y obtuviera conquistas territoriales a expensas de los serbios. La amenaza que acompañaba al incentivo era que si Croacia se negaba a aceptar, el país se enfrentaría al aislamiento internacional, a sanciones y, muy probablemente, a acusaciones contra sus líderes por crímenes de guerra. Tudjman comprendió lo que le convenía y se mostró dispuesto a ceder. A finales de la primavera y en el verano de 1995, los croatas habían reconstituido sus fuerzas armadas y dieron un giro a su guerra con los serbios en la Krajina, perpetrando su propia limpieza étnica en las zonas serbias. El levantamiento serbio contra el dominio croata había comenzado en 1990 en la ciudad de mayoría serbia de Knin, situada a unos sesenta kilómetros de la costa dálmata. En 1995, la ciudad había sido «limpiada étnicamente» y era croata. Una ciudad en la que habían vivido 37 000 serbios quedó reducida a una carcasa vacía con una población de solo 2000 habitantes.

Para entonces, el equilibrio de poder se había alterado por completo. Tudjman, el derrotado en 1991, se había convertido en el vencedor. Milošević, triunfante al principio de la guerra, estaba a la defensiva. Y sin el apoyo de Milošević, que les había cortado el suministro de armas, los serbobosnios se enfrentaban a la posibilidad de perder todo lo que habían obtenido. Las probabilidades de poner fin al conflicto eran mayores que en cualquier momento desde su inicio, pero todavía quedaba camino por recorrer antes de que los bandos beligerantes pudieran alcanzar un acuerdo, que exigía concesiones de todas las partes, que se pudiera mantener.

El duro y directo negociador estadounidense Richard Holbrooke, un antiguo subsecretario de Estado con amplia experiencia diplomática, fue quien emprendió el espinoso camino hacia un posible acuerdo. A finales de septiembre de 1995 Holbrooke había presionado a Tudjman y a un todavía más reacio Izetbegović para que aceptaran la base de un acuerdo según el cual Bosnia-Herzegovina se mantendría como un estado soberano, pero como una federación en la que los serbobosnios controlarían poco menos de la mitad (casi todo en la Republika Srpska) y los croatas en torno a una quinta parte. Este fue, en esencia, el trato finalmente acordado en una conferencia celebrada en Dayton, Ohio, en noviembre de 1995 y que se firmaría oficialmente en París el 14 de diciembre. Un contingente de la OTAN de sesenta mil soldados debía imponer el cumplimiento del acuerdo. Era una solución precaria y frágil que, como todos los bandos reconocieron, distaba de ser perfecta, pero era pragmática y, a pesar de las persistentes tensiones, resultó ser sorprendentemente duradera.

Quedaba por resolver la cuestión de Kosovo, que en cierto modo había desencadenado todo el conflicto. La grave y endémica violencia étnica no había cesado, y en buena medida su responsable era el Ejército de Liberación de Kosovo. Esta organización guerrillera de albaneses que habían recurrido a la lucha armada para conseguir la independencia kosovar contaba con curtidos criminales entre sus filas, aunque la mayoría de sus miembros se habían radicalizado como consecuencia de los maltratos sufridos a manos de la policía serbia. Una lección que los kosovares habían extraído del acuerdo de Dayton era que la violencia compensaba. Occidente había cedido ante la realidad del poderío armado en Bosnia, pero parecía haber olvidado las demandas de autonomía de la mayoría abrumadoramente albanesa de Kosovo. La respuesta de Milošević a la violencia fue poner en marcha una campaña serbia de limpieza étnica contra pueblos albaneses. Se calcula que, durante los dos años siguientes, diez mil albaneses fueron asesinados y más de medio millón huyó a los países vecinos. Las brutales represalias serbias contra los partidarios del ejército guerrillero se intensificaron en 1998 y provocaron lo que representó un levantamiento armado de los kosovares, apoyados por el armamento que habían robado en arsenales de la propia Albania. Para Occidente, el momento decisivo fue cuando circularon fotografías de los cadáveres de 45 albaneses, víctimas de una operación de la policía serbia el 15 de enero de 1999 en un pueblo al sur de la capital, Priština. Aquello suscitó recuerdos de Srebrenica, el temor a que se estuviera preparando otra Bosnia, y motivó a actuar antes de que fuera demasiado tarde.

La guerra de Bosnia contribuyó a que Occidente se convenciera de la necesidad de adoptar la que se conocería como la doctrina del intervencionismo liberal (o humanitario); es decir, la creencia de que las democracias occidentales tenían que actuar contra los abusos de poder de los gobiernos para proteger los derechos humanos de aquellos a los que esos regímenes amenazaran. Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y Alemania habían formado lo que llamaron el «Grupo de Contacto», que había tratado en vano de alcanzar un acuerdo en Bosnia y se reunió de nuevo el 6 de febrero en Rambouillet, cerca de París, pero, pese a las amenazas de una intervención militar, Milošević rechazó los planes de paz porque implicaban la presencia de tropas de la OTAN en territorio serbio. Un día después de que se interrumpieran las conversaciones, el 19 de marzo, el ejército yugoslavo (para entonces Yugoslavia había quedado reducida a Serbia y su títere, Montenegro) inició una ofensiva extremadamente violenta en el noroeste de Kosovo. Milošević seguía negándose a negociar. El 24 de marzo comenzaron los ataques aéreos a gran escala de la OTAN, con Estados Unidos a la cabeza, contra Yugoslavia. Más de mil aviones causaron daños enormes en las infraestructuras del país, destruyeron muchos edificios en la capital, Belgrado, y mataron a centenares de civiles. Los bombardeos se llevaron a cabo sin mandato alguno del Consejo de Seguridad de la ONU, ya que los rusos y los chinos habían anunciado que los vetarían, por lo que su legalidad estaba en tela de juicio. En Occidente eran muchos los que estaban horrorizados. Sin embargo, los partidarios de la nueva doctrina occidental de la intervención humanitaria alegaron que, ante una emergencia como aquella, en la que se estaban pisoteando los derechos humanos pero en la que no cabía duda de que los intereses políticos impondrían un veto en el Consejo de Seguridad, debía prevalecer un deber moral más elevado. Se recordaron lecciones del pasado y no solo el pasado más reciente de Yugoslavia; los alemanes compararon la inhumanidad de los crímenes perpetrados en Kosovo con los de Hitler, y los británicos hablaron del peligro de tratar de apaciguar a dictadores.

En respuesta a los bombardeos aéreos, las fuerzas serbias en Kosovo intensificaron su ofensiva. Para entonces habían huido, sobre todo a Albania y Macedonia, más de 750 000 kosovares. Milošević tardó once semanas en ceder, el 9 de junio de 1999. Al día siguiente se suspendieron los bombardeos y Kosovo se convirtió en un protectorado de las Naciones Unidas dentro de Yugoslavia, que la OTAN debía garantizar con unas fuerzas de mantenimiento de la paz. El estatuto final de Kosovo quedó sin determinar, pero los serbios ya estaban hartos de quien había sido su paladín, Slobodan Milošević. Tras unas protestas populares masivas tras unas disputadas elecciones presidenciales, Milošević cedió a las presiones y el 7 de octubre de 2000 fue reemplazado como presidente de Serbia por el abogado Vojislav Koštunica, el líder del Partido Democrático Serbio. Al año siguiente, Milošević fue entregado al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, creado en 1993 en La Haya, en Holanda, para juzgar a los autores de crímenes graves durante las guerras yugoslavas.

Kosovo se tambaleaba, pues su violencia interna distaba de haber terminado y en su mayor parte iba dirigida contra la minoría serbia. En 2008, con la oposición de Serbia y sin respaldo de las Naciones Unidas, el Parlamento kosovar declaró unilateralmente la independencia, que fue reconocida internacionalmente de inmediato. Dos años antes, Montenegro había puesto fin a su unión con Serbia y se había proclamado también independiente. Con ello dejó de existir, víctima de sus propias enemistades internas, el estado de Yugoslavia, que había surgido de las convulsiones de la primera guerra mundial, había sobrevivido a la segunda y después había logrado desafiar a Stalin con éxito.

El ajuste de cuentas judicial aún estaba por llegar. Slobodan Milošević fue una de las 161 personas acusadas ante el Tribunal Internacional de La Haya. La mayoría fueron condenados a largas penas de cárcel, pero Milošević falleció durante el juicio, en 2006. Radovan Karadžić, al que se juzgó tardíamente tras haber estado huido durante años, fue condenado a cuarenta años de prisión en marzo de 2016. Ratko Mladić también se evadió de la justicia durante muchos años, hasta que en noviembre de 2017 fue condenado a cadena perpetua por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El interés del mundo se había disipado mucho antes de que los juicios llegaran a su conclusión. Para los tres millones de personas que habían visto sus vidas destrozadas y los centenares de miles cuyos seres queridos habían sido asesinados o mutilados durante cuatro años de encarnizados combates, las condenas de la Corte Penal, aunque sin duda bien recibidas por la mayoría, suponían una compensación insuficiente para sus tormentos y sufrimientos.

La caída de Yugoslavia había mostrado que incluso en la nueva Europa la fuerza de las armas aún podía pisotear el estado de derecho. La violencia había dado resultado. Una vez más, el poder de las pistolas había sido decisivo. Bosnia y Croacia habían sido objeto de una limpieza étnica. Los nuevos estados nación surgidos de las ruinas de la Yugoslavia federal reflejaban una tendencia de la Europa del siglo XX: sus fronteras se basaban en altos niveles de homogeneidad étnica. La mayoría de europeos, profundamente asqueados por los noticiarios televisivos diarios que retransmitían los horrores de la desintegración de Yugoslavia, excluyeron de sus vidas lo que en realidad estaba sucediendo en cierta parte de su propio continente. Aun así, Yugoslavia era un recordatorio de que el pasado todavía arrojaba una larga sombra sobre Europa. Las expectativas de que tras la caída del comunismo la unidad y la paz se propagarían por el continente no habían sido más que una ilusión.

VANAS ESPERANZAS

El desastre de Yugoslavia fue una regresión profundamente negativa al tipo de conflicto étnico y territorial que en otros tiempos había afligido a gran parte de Europa central y oriental. La incapacidad del resto de Europa para impedirlo resultó muy deprimente, pero esta tragedia no debería ocultar el hecho de que, independientemente de las decepciones y en ocasiones incluso las desilusiones iniciales, los estados del antiguo bloque soviético no recurrieron a versiones anteriores de nacionalismo autoritario. El poder de atracción de la Unión Europea, que encarnaba los principios de la democracia y el estado de derecho, era el contrapeso más fuerte a cualquiera de estas tendencias.

En 1990, la euforia que buena parte de la población de Europa central y oriental sentía era tan grande, que era previsible que la siguiera el desencanto durante los primeros años de la difícil transición a unos sistemas económicos y políticos completamente nuevos. Era inevitable que durante la doble transformación de los países comunistas con economías controladas por el estado a estructuras políticas democráticas y economías liberalizadas las vidas de sus habitantes se vieran perturbadas. Durante los primeros años los niveles de vida se resintieron a menudo, pero el crecimiento económico hizo que a finales de los años noventa mejorasen de forma significativa.

El camino emprendido (con numerosas variantes) en el proceso de reestructuración a fondo de la economía seguía las teorías neoliberales que para entonces habían desplazado casi por completo al keynesianismo como ortodoxia. Se había generalizado la opinión de que un programa denominado «el consenso de Washington», diseñado originariamente en 1989 para los países latinoamericanos, era el camino que debía seguirse en la imponente tarea de transformar las moribundas economías estatales de los países de Europa central y oriental. Este programa concedía prioridad absoluta a la rápida liberalización de la economía mediante la desregularización, la privatización y la apertura al libre mercado, para lo cual era imprescindible la abolición más rápida posible de los controles y la propiedad estatales en favor de la competitividad del mercado. Para que los ciudadanos de los antiguos países comunistas alcanzaran las amplias y soleadas mesetas de la prosperidad de las que disfrutaba Occidente, primero tendrían que atravesar un valle de lágrimas. Se suponía que, cuando llegaran al otro lado, el viaje habría valido la pena.

Los dirigentes de Europa central y oriental acogieron la doctrina neoliberal como la mejor manera de alinear sus países con Europa occidental, más avanzada económicamente, en el período de tiempo más breve posible. Creían que copiar a Occidente era la clave para «reincorporarse» a Europa. El ministro de Economía de Polonia, Leszek Balcerowicz, y el de Checoslovaquia (más tarde primer ministro de la República Checa), Václav Klaus, fueron los más firmes partidarios en Europa de la llamada «terapia de choque», una expresión asociada al economista de Harvard, Jeffrey Sachs. De una forma u otra, el neoliberalismo predominó en la estrategia para convertir las economías socialistas en capitalistas lo más rápida y completamente posible.

Nuevas leyes desregularon la economía mientras se eliminaba el corsé de la planificación socialista; los precios de mercado sustituyeron a los controles de precios; las monedas se volvieron convertibles; se liberalizó el comercio exterior mediante la reducción o la eliminación de aranceles para permitir la libre circulación de mercancías y capitales. Fue necesario introducir a gran velocidad bancos, bolsas y toda clase de leyes financieras y la privatización de las empresas estatales se aceleró. Inicialmente fue más productivo en el caso de las pequeñas y medianas empresas que en las grandes, pues al principio no resultó fácil atraer las grandes inversiones extranjeras necesarias.

El Fondo Monetario Internacional ayudó a sufragar la transición, aportando un total de 27 000 millones de dólares hasta 1997, aunque en forma de préstamos, no de subsidios. Polonia tuvo la suerte de ser el único país al que se le condonaron sus deudas, en 1993, una recompensa por haberse convertido en el país «modelo» de la «terapia de choque», pero también debido a su tamaño y su importancia estratégica. También llegaron ayudas de la Comunidad Económica Europea (que pronto cambiaría su nombre por el de la Unión Europea), que al principio se limitaron a Polonia y Hungría pero no tardaron en convertirse en un programa más amplio. Aun así, las cantidades fueron mucho menores, en términos relativos, que las del Plan Marshall de 1947, que tan importante había sido para la reconstrucción de Europa occidental en la posguerra, y sus condiciones eran menos generosas.

Las repercusiones de las reformas económicas durante los primeros años de esta transformación tan rápida y draconiana fueron terribles para millones de ciudadanos de los países del antiguo bloque soviético. La antigua República Democrática Alemana fue excepcional, ya que se benefició de la generosidad de las arcas de Alemania Occidental, que ascendió a miles de millones de marcos. No obstante, al igual que en otros países, al principio los niveles de vida también decayeron, ya que el desempleo aumentó enormemente y la producción industrial cayó a poco más de una cuarta parte de los niveles de 1988, pero al menos los alemanes orientales tenían la posibilidad de trasladarse, como así hicieron muchos de ellos, a la más próspera Alemania Occidental, donde podían encontrar empleo sin salir de su propio país. Unas seiscientas mil personas, casi el 4 % de la población, emigraron entre 1989 y 1990, aunque más tarde la cifra cayó a aproximadamente la mitad antes de aumentar de nuevo a finales de los noventa. En ningún otro lugar tenían los ciudadanos esa opción. En los demás países, el empeoramiento de los niveles de vida era por lo general aún más grave: en un período en el que en Europa occidental los ingresos estaban aumentando, en Europa central y oriental cayeron entre un 20 % y un 30 %. No resulta sorprendente que, según las encuestas de opinión realizadas en 1993 y 1994, solo una reducida minoría de ciudadanos de Bulgaria, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Polonia y Rumanía creyeran estar mejor que antes de la caída del comunismo.

El producto interior bruto cayó en todos los países poscomunistas durante los primeros años de la transición. La producción industrial de Polonia se redujo cerca de una tercera parte en 1990 y en 1991 y el producto interior bruto del país casi una quinta parte. En 1992, el 13,5 % de la población activa, 2,3 millones de personas, no tenía trabajo. En los famosos astilleros de Gdańsk, que habían visto nacer a Solidaridad, el número de trabajadores se redujo de 17 000 a 3000 a mediados de los noventa y las pérdidas económicas se volvieron insostenibles. La pauta era similar en toda Europa central y oriental. En comparación con 1989, la producción industrial de Albania había descendido un vertiginoso 77 % en 1993; en Rumanía, cayó un 22 % solo en 1992; en Checoslovaquia y Hungría, la disminución entre 1989 y 1993 fue superior a una tercera parte. La situación era parecida en los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, donde el desempleo se disparó, al tiempo que la inflación rampante mermó el poder adquisitivo. Las zonas rurales también se vieron gravemente afectadas. En algunos países la agricultura se hundió hasta apenas la mitad de su producción antes de la caída del comunismo. La población rural se redujo como consecuencia del fuerte declive que sufrió el empleo agrícola (aunque siguió siendo mucho más elevado que en Europa occidental, en particular en los países bálticos, Polonia y, sobre todo, los Balcanes). Las privatizaciones de las antiguas explotaciones colectivas fueron lentas e irregulares, y se vieron afectadas por disputas sobre la propiedad y la falta de capital. Las granjas resultantes eran pequeñas, apenas estaban mecanizadas y no resultaban rentables.

No obstante, a mediados de los años noventa, y en Polonia ya en 1992, lo peor había pasado. El crecimiento, con un promedio de casi el 4 % (mucho más rápido que en Europa occidental, aunque desde una base mucho más baja) comenzó a acelerarse en toda la región. Los niveles de desempleo comenzaron a reducirse, así como la inflación, con la excepción de las economías de Bulgaria y Rumanía, que tenían todavía muchos problemas. Con el cambio de milenio, Europa central y oriental se beneficiaron del crecimiento económico mundial y, en su conjunto, casi habían recuperado los niveles de 1989. Además, sus economías estaban completamente reestructuradas. A pesar de que el precio había sido alto y los niveles de éxito obtenido eran muy diversos, habían dado grandes pasos para acabar con los monopolios estatales, ampliar la propiedad privada y construir economías de mercado liberalizadas y funcionales. Para los países del antiguo «bloque oriental», a finales de la década las perspectivas parecían mucho más alentadoras.

¿Había sido necesario el dolor de una transición tan brusca del socialismo al capitalismo? Las opiniones de eminentes expertos en economía sobre esta cuestión diferían y siguen difiriendo diametralmente. Los partidarios de la «terapia de choque» siguen estando convencidos de que la amarga medicina administrada fue la vía mejor y más rápida para lograr la salud económica, mientras que los detractores sostienen que no era necesario que fuera tan desagradable y que podían haberse obtenido resultados parecidos, o incluso mejores, con una aclimatación más gradual a las exigencias de cambio económico, y argumentan que una transformación más lenta, que hubiera dado más prioridad a modificar las fuerzas del mercado mediante un sector estatal (modernizado), habría generado crecimiento sin que los países tuvieran que pasar primero por un declive tan drástico y sus consiguientes dificultades sociales.

Suele exponerse el caso de Hungría, donde se habían adoptado medidas para liberalizar parcialmente la economía bastante antes de la caída del comunismo, como ejemplo de los méritos de un enfoque más gradual. Sin embargo, en 1995 el país tenía problemas para combatir sus elevados niveles de deuda externa y, presionada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se vio obligada a aprobar medidas de austeridad severas. El resultado de ello fue un desplome de la economía y que casi una tercera parte de la población viviera por debajo del umbral de la pobreza. El aumento del desempleo, las consecuencias de las privatizaciones y los recortes en los servicios sociales generaron mucho desencanto. Por otra parte, en Polonia, el éxito del paradigma de la «terapia de choque», los peores efectos de esta estrategia no tardaron en diluirse. Se tomaron medidas para moderar la velocidad de las reformas y, en especial, para retrasar las privatizaciones. Además, como ya se ha mencionado, Polonia fue el único país que se benefició de una condonación de la deuda. La República Checa, el otro gran ejemplo del remedio de la «terapia de choque», siguió concediendo importantes subsidios a las grandes empresas y, en cualquier caso, a mediados de los años noventa no logró evitar una crisis financiera. (Las dos mitades del antiguo estado federal de Checoslovaquia, incapaces de acordar una dirección política común, decidieron divorciarse amistosamente en 1993, creando los estados separados de la República Checa y Eslovaquia). El debate sobre cómo interpretar aquel período aún no se ha resuelto. Sin embargo, más allá de estas controversias entre economistas, a menudo oscuras, lo cierto es que todos los caminos que llevaban del socialismo al capitalismo estuvieron sembrados de espinas. No había una senda fácil entre toda aquella maleza.

Los países que salieron mejor parados fueron los que tenían buenas condiciones previas para emprender la dolorosa transición. Dentro del antiguo bloque soviético (salvo el caso atípico de la República Democrática Alemana), Polonia, Hungría y la República Checa tenían bases industriales fuertes, sectores comerciales en rápida expansión, infraestructuras de transporte relativamente buenas y unas incipientes culturas cívicas, lo que los hacía más atractivos para las inversiones occidentales. Eslovenia, sin duda la república yugoslava más avanzada, estaba incluida en general en esta categoría y también, en muchos aspectos, los países bálticos. Por otro lado, Rumanía, Bulgaria y Albania estaban sumamente atrasadas en todos los ámbitos, mientras que la guerra había devastado la mayor parte de Yugoslavia.

Fuera o no una fuerte dosis de neoliberalismo la medicina correcta, con el cambio de milenio llegaron crecientes niveles de convergencia con las economías occidentales. Las sociedades, separadas durante tanto tiempo por el Telón de Acero y obligadas a seguir trayectorias diferentes, también comenzaron a confluir. La facilidad para las comunicaciones y los viajes, la televisión, la cultura popular y los deportes contribuyeron a unificar lo que hasta hacía poco tiempo había estado dividido. Las ciudades fueron las que más se beneficiaron de las ventajas de la libertad de movimiento y las buenas comunicaciones. Praga y Varsovia fueron ejemplos de ciudades que prosperaron con rapidez. Sin embargo, había una gran diferencia entre las capitales escaparate y las ciudades de provincias y las zonas rurales, donde se produjo un éxodo de la población (sobre todo de jóvenes) a las aglomeraciones urbanas en expansión. Las regiones convertidas en eriales por la desindustrialización también se quedaron atrás, pero incluso en ellas, una vez superado lo peor del drástico ajuste económico, la pertenencia a la Unión Europea suscitó esperanzas de futura prosperidad.

Este camino no estaba abierto a los estados europeos que antes habían formado parte de la Unión Soviética: la propia Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Moldavia. Para ellos no había, ni podía haber, un giro a Occidente. Esta era la nueva línea divisoria en Europa oriental. Los requisitos previos para una transición de éxito, aunque ardua, que por lo general existían en Europa central, brillaban por su ausencia en una zona económica dominada por Rusia. La base para la regulación estatal de una economía comercializada era casi inexistente: había pocos incentivos para la inversión extranjera, las infraestructuras eran deficientes y no había tradiciones de estado de derecho, de democracia pluralista ni una cultura cívica independiente del Estado. Lo que surgió en Rusia fue un capitalismo depredador. La corrupción endémica y a una escala colosal transfirió muchos de los recursos del estado, incluidos los enormes beneficios del petróleo y del gas, a unos oligarcas sin escrúpulos que invirtieron gran parte de sus inmensas fortunas en Occidente y alardearon ostentosamente de su inmensa riqueza a bordo de lujosos yates en el Mediterráneo o en casas palaciegas en Londres y otras ciudades europeas. Entretanto, en Rusia la producción industrial cayó en picado, la deuda pública se disparó y, a finales de los años noventa, la Federación Rusa se encontró al borde del colapso económico mientras gran parte de sus ciudadanos vivía en la miseria. La mayoría de la población creía que les había ido mejor con el comunismo y lamentaba la decisión de disolver la Unión Soviética.

Ucrania, que poseía algunas de las tierras más fértiles de Europa oriental, atravesó por una prolongada crisis económica durante los años noventa y sufrió una inflación galopante y una profunda depresión. El producto interior bruto descendió a menos de la mitad de antes de la caída del comunismo; centenares de miles de ucranianos se vieron obligados a buscar empleo en el extranjero para enviar pequeñas remesas a sus familias en su país. Por ejemplo, la población de la ciudad de Leópolis se redujo casi una quinta parte a lo largo de los años noventa, cuando sus habitantes emigraron para trabajar en otros lugares. En las atrasadas zonas rurales los niveles de pobreza eran enormes y los ingresos medios eran mucho más bajos que, por ejemplo, en Turquía.

Bielorrusia y Moldavia, al igual que Ucrania, eran muy dependientes de Rusia y en los años noventa también sufrieron una prolongada y profunda depresión económica. La respuesta de Bielorrusia implementada después de 1994 de restablecer el control de los precios y del cambio de divisas y limitar la iniciativa privada no pudo frenar el declive económico. El abrupto giro de Moldavia en 1992, de una economía planificada a una liberalizada, con unas infraestructuras que no estaban preparadas para un cambio tan drástico, generó unos enormes niveles de inflación y desempleo, que dejaron a gran parte de la población sumida en la pobreza y al país entre los más pobres de Europa. Ambos países, junto con Ucrania y la propia Rusia, tardaron un decenio en recuperarse del trauma económico que supuso la caída del comunismo. Tras el cambio de milenio hubo unos niveles de crecimiento elevados, aunque a partir de una base baja. Sin embargo, la corrupción estaba profundamente arraigada, la pobreza (en comparación con Europa central y occidental) era generalizada y la inestabilidad económica estaba enquistada.

La política en Rusia y en los demás estados de la antigua Unión Soviética fue convulsa y solo superficialmente democrática. La tendencia era la de investir de un gran poder ejecutivo a un presidente. La norma era una reactivación o continuación del autoritarismo, aunque bajo una nueva apariencia, incorporando importantes elementos del pasado soviético. En Ucrania la figura dominante resultó ser Leonid Kuchma, cuyo gobierno se caracterizó por la corrupción y por las estrechas relaciones con poderosos oligarcas vinculados a la delincuencia. En Bielorrusia, Alexander Lukashenko, presidente a partir de 1994, no tardó en restringir los poderes del Parlamento y gobernó de manera autocrática. En la propia Rusia, las tendencias impulsivas y autocráticas del presidente Yeltsin, que no atenuaba su copioso consumo de alcohol, eran una provocación frontal a sus numerosos enemigos, tanto dentro como fuera del Parlamento. El desenlace de una tentativa para deponerlo en 1993, cuando se excedió en sus poderes constitucionales, fue un derramamiento de sangre en el centro de Moscú.

Después de eso, Yeltsin tomó medidas para reforzar sus poderes ejecutivos mediante una nueva constitución que el electorado respaldó en un referéndum y unas elecciones parlamentarias, aunque la baja participación y las sospechas de manipulación delataban la escasa legitimidad de su posición. Durante los años siguientes la popularidad de Yeltsin se vio menoscabada por una corrupción omnipresente y escandalosa, de la que no se libraba su propia familia, y por la situación continuadamente desastrosa de las finanzas y la economía del país. La rapidez de las medidas aplicadas en 1992 para liberalizar la economía y desregular los precios había provocado una inflación galopante que había acabado con los ahorros de muchos ciudadanos. Y los efectos de las privatizaciones, que habían comenzado el mismo año, se habían limitado a colocar enormes activos del estado, por una parte mínima de su valor real, en manos de un pequeño número de oligarcas súper ricos, los jefes de las grandes empresas recién constituidas. Las bandas criminales organizadas emplearon la extorsión, el chantaje e incluso el asesinato para imponer el proceso de privatización y consolidación de la enorme riqueza. En apenas unos años, Rusia se convirtió en una sociedad criminalizada.

No es de sorprender que los intentos de Yeltsin de introducir reformas liberales fueran ampliamente criticados no solo por ser un rotundo fracaso, sino por su escandalosa destrucción de la economía nacional. A finales de los años noventa se había registrado cierta recuperación económica, pero las condiciones de vida de la mayoría de los rusos seguían siendo miserables y la flagrante corrupción y los descarados abusos de poder eran evidentes. No era de extrañar que muchos volviesen la vista atrás, a las antiguas glorias del país. Lo que se consideraban inclinaciones prooccidentales de Yeltsin suscitaron deseos de restaurar los «verdaderos» valores rusos.

El heredero de Yeltsin —ya preseleccionado cuando el 31 de diciembre de 1999 Yeltsin anunció de repente su dimisión— era Vladimir Putin, que había comenzado su carrera en la policía secreta soviética, el KGB, y desde agosto era primer ministro. Yeltsin, cuya salud se había deteriorado, había elegido a Putin como sucesor porque le consideraba leal y, sin duda, a cambio de garantías de que él y su familia estarían protegidos de cualquier acusación de corrupción, algo que Putin cumplió ya en el primer decreto presidencial promulgado el mismo día que asumió el cargo. Los rumores, respaldados por abundantes pruebas circunstanciales, de que la sucesión de Putin se organizó de una manera siniestra, nunca se han disipado por completo. Según estas alegaciones, varias bombas colocadas en septiembre de 1999 en Moscú, que mataron e hirieron a centenares de personas y fueron atribuidas a terroristas chechenos, eran en realidad obra de los servicios secretos rusos, el FSB, sucesor del KGB. El supuesto objetivo era obtener apoyo para una guerra de represalias en Chechenia que dirigiría Putin y aumentaría la popularidad del nuevo presidente, como así acabó sucediendo. Tanto si esta teoría de la conspiración es cierta como si no, lo cierto es que Rusia estaba dispuesta a que un nuevo «hombre fuerte», sin los obvios defectos de Yeltsin, tomara las riendas.

Fuera de las antiguas repúblicas soviéticas, al margen de las diferencias en cuanto a tradiciones culturales y políticas nacionales, en Europa central y oriental hubo algunas características generales comunes en su transición hacia la democracia liberal. Pese a las inmensas dificultades de adaptación, no se produjo un regreso al régimen unipartidista. En los años noventa arraigaron en todas partes formas políticas pluralistas. A la mayoría de los ciudadanos les gustaba la libertad (de expresión, de movimiento, de vivir sin temor a ser detenidos, de practicar su religión) que el comunismo les había negado. En general se recibió muy favorablemente en todo el mundo el fin de la intrusiva sociedad de informantes (a menudo para obtener ventajas materiales o evitar desventajas), que facilitaban datos sobre otros ciudadanos o los denunciaban, y que había sido una característica común de todos los estados comunistas aunque halló su representación paradigmática en la intangible omnipresencia de la Stasi en la República Democrática Alemana, con sus al menos 170 000 «colaboradores extraoficiales». El gobierno democrático fue aceptado, en la teoría y en la práctica (aunque muchas veces con altibajos).

Según los sondeos de opinión realizados en ocho países de Europa central y oriental en 1993 y 1994, la mayoría de los ciudadanos estaba a favor, en teoría, de que varios partidos compitieran por el poder de gobernar. Los porcentajes más reducidos, entre el 40 % y el 49 %, se registraron en Ucrania, Rusia y, sorprendentemente, en Polonia, con un porcentaje medio que oscilaba entre el 51 % y el 57 % en Estonia, Hungría, Bulgaria y Lituania. Curiosamente, aunque no sorprende dada su experiencia especialmente terrible del comunismo, Rumanía registró el porcentaje favorable más elevado con diferencia, muy por encima de la media, con un 81 %. Quienes en principio se oponían constituían aproximadamente una quinta parte de los encuestados, probablemente la mayoría de ellos antiguos y acérrimos comunistas. No obstante, en cuanto a la práctica democrática (aunque no estaba definido lo que eso significaba), la cuestión era muy otra. El porcentaje más elevado de los encuestados con una actitud positiva se registraba de nuevo, y sorprendentemente, en Rumanía, donde el 30 % expresaron su aprobación. (Tal vez esto reflejara la aprobación de las primeras medidas adoptadas por el gobierno poscomunista de Iliescu para eliminar las políticas más represivas del régimen de Ceauşescu). En los otros siete países donde se realizaron los sondeos, los resultados oscilaban entre el 29 % de Estonia y el 12 % de Ucrania. Aunque estos niveles de insatisfacción con la democracia en la práctica eran más elevados que en los países de Europa occidental, también allí una tercera parte de los ciudadanos tenía actitudes en esencia negativas hacia la práctica de la democracia. Los partidos políticos eran ampliamente considerados como poco más que un mal necesario.

Las reservas sobre la práctica de la democracia en Europa central y oriental eran comprensibles. La corrupción había sido endémica en todos los regímenes comunistas y en sus primeros años las nuevas democracias no aportaron ninguna mejoría en este aspecto. Ningún país era inmune, pero en algunos el estado de derecho, la base de una verdadera democracia, apenas funcionaba. Rumanía, Bulgaria y Albania estaban en la vanguardia de la corrupción y del clientelismo enquistados, no muy por detrás de Rusia y Ucrania, sobre todo durante los procesos de privatización. También en Eslovaquia la corrupción estaba profundamente arraigada, e incluso en la República Checa, más avanzada económicamente, la corrupción generalizada en el proceso de privatización contribuyó a precipitar la caída del gobierno en 1997.

También influía en la ambivalencia sobre la nueva política democrática la continuidad del personal con los regímenes anteriores; para quienes habían detestado el comunismo, y a menudo lo habían sufrido, con frecuencia era mortificante comprobar que muchos de los que habían trabajado para los regímenes comunistas conseguían «regresar» a la política como demócratas de distintos colores.

En la primera fase de la transición, solo en Alemania las acciones de los antiguos funcionarios comunistas, sobre todo de los miembros de los servicios secretos, fueron sistemáticamente evaluadas, pero para entonces la antigua Alemania Oriental se había incorporado a una democracia liberal bien consolidada. El rápido desmantelamiento del marco institucional del antiguo régimen comunista y la adquisición de la mayor parte de los archivos de la seguridad del Estado, que revelaron el alcance del «estado de la Stasi», hicieron posible una evaluación completa. En otros países, el panorama fue menos alentador. Las investigaciones en Hungría y Checoslovaquia se limitaron a las responsabilidades por las invasiones soviéticas de 1956 y 1968 y, en Polonia, a la imposición de la ley marcial en 1981. Por lo demás, solo en Checoslovaquia, donde los recuerdos de 1968 y sus secuelas todavía eran vívidos, se aplicó en 1991 lo que se llamó una «depuración» (o «limpieza») para excluir a todos los antiguos funcionarios comunistas de los altos cargos públicos. Polonia no aprobaría su propia ley de depuración hasta seis años más tarde, en 1997.

La desilusión política y las penurias económicas conllevaron una creciente disposición a recurrir a antiguos políticos comunistas, que en muchos casos podían proseguir su carrera política, a menudo afiliándose a los partidos poscomunistas que reemplazaban a los anteriores. Como miembros de los nuevos partidos socialdemócratas, que ahora actuaban dentro del marco del pluralismo democrático, en 1993 regresaron al gobierno en Polonia, Hungría, Lituania y Bulgaria. Adam Michnik llamó al proceso en Polonia «la restauración de terciopelo». En Rumanía, la figura dominante durante los años noventa fue Ion Iliescu, que había sido un destacado comunista, aunque se había distanciado de las peores atrocidades del régimen de Ceauşescu. Muchos otros excomunistas hallaron un hogar político en el partido que lideraba, el Partido Socialdemócrata de Rumanía, así como en el Partido Socialista del Trabajo. En Polonia, el gran héroe de la oposición de Solidaridad al comunismo, Lech Wałęsa (para entonces una figura más autoritaria y con tendencias nacionalistas), fue derrotado sorprendentemente, a los ojos del resto del mundo, en las elecciones presidenciales de 1995 por el exministro comunista Aleksander Kwaśniewski.

Aunque los sistemas de gobierno pluralistas eran por lo general estables, los gobiernos no lo eran. El ataque a los niveles de vida en toda Europa central y oriental durante los años noventa generó mucha volatilidad. Las tensiones sociales aumentaron cuando millones de personas perdieron sus empleos y la elevada inflación y las devaluaciones de las monedas destruyeron los ahorros. Todos los gobiernos que intentaron combatir estos tremendos problemas económicos y sociales provocaron decepción con sus políticas. Tras haber exigido unas elecciones pluralistas, muchos ciudadanos pensaron que era inútil votar en ellas. Esto era en parte un legado de la época comunista, en la que las elecciones habían sido poco más que la ridícula aclamación de un sistema dictatorial de partido único, pero reflejaba también la desilusión con lo que había reemplazado al comunismo. Como consecuencia de ello, la participación en las elecciones cayó y a menudo fue sumamente baja. Los gobiernos, a los que se responsabilizaba de políticas impopulares o de ser incapaces de cambiarlas e introducir mejoras tangibles, en muchos casos tuvieron que enfrentarse a la ira del electorado y fueron derrotados en las siguientes elecciones. Los jefes de Gobierno rara vez duraban mucho tiempo; la duración media de los mandatos de los primeros ministros del antiguo bloque soviético fue de menos de dos años y medio.

A menudo los dirigentes políticos recurrían al nacionalismo y al sentimiento contra los extranjeros para mejorar su frágil popularidad. En medio de dificultades sociales generalizadas, era fácil encontrar chivos expiatorios en los extranjeros o en las minorías étnicas. El primer ministro de Eslovaquia, Vladimir Mečiar, que presidía un régimen corrupto y semiautoritario que ejercía un rígido control sobre los medios de comunicación e intimidaba a los adversarios políticos, había evocado un sentimiento de identidad y cultura nacionales eslovacas segregados al exigir la autonomía. Fomentar los sentimientos antihúngaros —la minoría húngara constituía poco más que una décima parte de la población— era una herramienta propicia de su arsenal político. En la propia Hungría aumentaron en los años noventa los sentimientos nacionalistas y la hostilidad hacia las minorías étnicas. Los sinti y los romaníes se convirtieron en chivos expiatorios, al tiempo que se aprovechaba la discriminación contra los húngaros en Eslovaquia y Rumanía para reforzar los sentimientos nacionalistas. El FIDESZ, que había sido un movimiento progresista, con su enérgico líder Viktor Orbán a la cabeza, se convirtió en un partido fuertemente nacional-conservador y cada vez más autoritario. En Bulgaria, las minorías turca y romaní eran señaladas; en Letonia y Estonia existía discriminación legal contra las grandes minorías rusas, menor que en Lituania, donde los rusos apenas constituían un pequeño porcentaje de la población.

Más allá de sus numerosas y graves deficiencias, las nuevas democracias de Europa central, a diferencia de la fragilidad de entreguerras que había empujado a casi todas ellas hacia el autoritarismo, a finales de los años noventa estaban bastante bien consolidadas gracias al importante crecimiento económico que se produjo tras los primeros años de calamitoso declive. Había otro factor de crucial importancia para asegurar la continuidad de aquel progreso hacia la estabilidad democrática y la prosperidad económica: la perspectiva de la adhesión a la Unión Europea. Pese a la desilusión generada en los primeros años de democracia, esta posibilidad ofrecía esperanzas para el futuro. Al final de la década, esa esperanza estaba comenzando a hacerse realidad para los países bálticos y centroeuropeos. No obstante, los Balcanes seguían siendo extremadamente pobres. El escritor holandés Geert Mak, que en 1999 visitó Bucarest, describió a los miles de niños sin hogar (y las enormes jaurías de perros callejeros) que vagaban por las calles. El atraso económico, los elevados niveles de corrupción, una insuficiente base de estado de derecho y el escaso progreso hacia una democracia consolidada hacían que Rumanía y Bulgaria se enfrentaran también a una larga espera antes de poder considerar siquiera la entrada en la Unión Europea.

En 1991, Hungría, Checoslovaquia y Polonia firmaron un acuerdo en la ciudad húngara de Visegrado con objeto de promover la cooperación mutua y mejorar sus posibilidades de integración europea. Con la creación de la República Checa y de Eslovaquia dos años después, los tres estados originales se habían convertido en cuatro. En 1996, todos ellos habían formalizado sus solicitudes para unirse a la Unión Europea. Los atractivos de conseguirlo, y las presiones para cumplir los criterios de entrada, alentaban a adoptar medidas para profundizar en el arraigo de la democracia y el estado de derecho. Por ejemplo, la posibilidad de «reincorporarse a Europa» era un poderoso incentivo para que en 1998 el electorado y las élites de Eslovaquia rechazaran la falsa democracia de Mečiar y los peores aspectos de su gobierno, pusieran coto a la lacra del amiguismo y acometieran importantes reformas jurídicas, democráticas y económicas.

A comienzos del milenio, los ciudadanos de los países de Europa central y oriental habían sufrido una década convulsa. Los sueños de una gran mejora inicial de la calidad de vida, basada en un modelo mejor de democracia liberal occidental, se habían esfumado, pero los habían sustituido gradualmente nuevas esperanzas, esperanzas depositadas en los beneficios que podían prever como miembros, en un futuro no muy lejano, de la próspera Unión Europea.

ESPERANZAS DE UNIDAD

En diciembre de 1991, mientras Yugoslavia se sumía en un baño de sangre y quedaba reducida a ruinas, y los ciudadanos de Europa central y oriental veían cómo sus vidas daban un vuelco como consecuencia de la dura transición al capitalismo, los dirigentes de los países de Europa occidental, todavía con un estado de ánimo un tanto autocomplaciente tras la caída del comunismo, se reunían en la ciudad holandesa de Maastricht para planear más medidas encaminadas a una «unión cada vez más estrecha». Los progresos realizados para introducir el Mercado Único (que iba a comenzar el 1 de enero de 1993) hicieron que el momento pareciera propicio para avanzar en el proceso de integración. Además, según encuestas de opinión realizadas en 1991, una creciente mayoría de europeos veía con bueno ojos la Comunidad Europea y apoyaba los esfuerzos para unificar Europa occidental.

Las deliberaciones no fueron sencillas, pero el 7 de febrero de 1992 doce mandatarios de la Comunidad Europea firmaron el innovador tratado de Maastricht, que entraría en vigor en noviembre del año siguiente. Esta fue la parte fácil. La búsqueda de la unidad resultaría estar plagada de problemas, aunque se conseguirían muchas cosas en lo que restaba de década y en las siguientes. Los logros de lo que a partir de entonces se llamaría la «Unión Europea» fueron considerables y de gran importancia, pero fue imposible hacer realidad las esperanzas de superar unos intereses nacionales profundamente arraigados para crear una verdadera unión política basada en el compromiso con una identidad europea.

En realidad, las aspiraciones de la conferencia de Maastricht estaban muy lejos de cualquier tentativa de crear una unión política en Europa. En el mejor de los casos, seguía siendo una visión lejana y nebulosa. Helmut Kohl había sido durante mucho tiempo uno de los más firmes partidarios de la unión política, así como su ministro de Asuntos Exteriores, Hans-Dietrich Genscher. Para ellos, la unión política era el objetivo último, pero no estaba claro qué significaba. E incluso en Alemania había voces importantes, la más destacada la del presidente del Bundesbank, Hans Tietmeyer, que sostenían que la unión monetaria debía ser posterior y no previa a la unión política.

El concepto de unión política no se definió con claridad ni en ese momento ni más adelante. En realidad, era poco más que un recurso retórico, una dirección implícita del camino que debía seguirse que en principio podía ser aceptable para la mayoría de los miembros de la Unión Europea, aunque no todos, siempre y cuando no se intentara llevarlo a cabo. En la práctica, la unión política bien podía haberse parecido a Alemania a escala europea (es decir, unos «Estados Unidos de Europa» federales), con algunas competencias en manos de los estados nación, pero con las más importantes transferidas a un gobierno europeo central. Basada en unos valores comunes, una gran parte de la soberanía de los estados nación (incluidas cuestiones económicas, sociales y de seguridad) estaría localizada a nivel europeo y sustentada por un Parlamento que aseguraría la representación de todos los derechos democráticos. No obstante, la Alemania federal, si ese era realmente el modelo implícito, estaba compuesta por partes que compartían la misma historia, las mismas tradiciones y la misma cultura; sus vínculos más fuertes eran nacionales. Lo mismo podía decirse de Estados Unidos de América, el otro modelo que a veces se mencionaba. Sin embargo, forjar una sola unión política a partir de las dispares historias, tradiciones, culturas y lenguas de los muchos estados nación de Europa era una cuestión totalmente diferente. Pocos de ellos, o ninguno, habrían estado dispuestos a aceptar la amplia cesión de soberanía necesaria para crear una verdadera unión política que reemplazara una confederación de estados nación mucho más laxa. La posibilidad de que Alemania, que después de 1990 era de lejos el país más poblado y con la economía más fuerte, llegara a dominar cualquier futura unión política no animaba a dar pasos para lograr ese objetivo. Ni siquiera los alemanes, aunque figuraran entre los proeuropeos más entusiastas, habrían estado dispuestos a ceder demasiada soberanía a un gobierno europeo con sede en Bruselas, como Kohl bien sabía.

Por muy noble que fuera el proyecto, en gran medida una reacción contra el oscuro pasado de Alemania y un reflejo del firme compromiso personal de Kohl de eliminar para siempre los demonios nacionalistas que la habían conducido al abismo, nunca tuvo la más mínima posibilidad de hacerse realidad. El propio Kohl no tardó en reconocer que la oportunidad, si es que alguna había habido, ya pasó. Su disposición a adoptar la idea de la unión política europea había formado parte del precio que debía pagarse por la unificación, la disposición a unir inextricablemente Alemania, como la antigua Alemania Occidental, a los valores liberales y las estructuras democráticas de Occidente. Ningún otro país de Europa occidental tenía una historia parecida o podía tomar en consideración la unión política imaginada por Kohl, ni Francia, principal socio de Alemania en la construcción de la Comunidad Europea, ni Gran Bretaña, aún más susceptible a cualquier cesión tácita de la soberanía nacional. De hecho, para François Mitterrand la unión política distaba mucho de ser una prioridad. Tras la implantación del Mercado Único, el presidente francés consideraba la unión económica y monetaria el instrumento más prometedor para mantener el impulso hacia la integración europea. No obstante, tenía reservas sobre avanzar demasiado deprisa por la senda de la unión política, pues preveía grandes dificultades si se presionaba demasiado en esta dirección a los británicos, en particular, y le preocupaba no poder ofrecer una moneda de cambio a los nacionalistas franceses. Por consiguiente, en las negociaciones entre Kohl y Mitterrand, a medida que la unificación alemana se convertía en una certeza inminente (pese a todos los temores que esa posibilidad despertaba entre los franceses), el objetivo de la unión política europea se desvaneció. La unión monetaria, una idea con una larga prehistoria que se remontaba al plan propuesto en 1970 por el primer ministro luxemburgués Pierre Werner, sustituyó a la unión política como objetivo (y visión) más alcanzable para unir a Europa y, a los ojos de los franceses, para limitar cualquier futura ambición de poder de Alemania.

Ese fue el compromiso acordado en la conferencia de Maastricht. Se implantaría una moneda única, aún sin nombre, en una fecha posterior que más tarde se concretó en el 1 de enero de 1999. Gran parte de la estrategia para introducir la nueva moneda se basaba en ideas alemanas. El ministro de Economía alemán, Theo Waigel, declaró satisfecho en diciembre de 1991 que el tratado sobre la Unión Económica y Monetaria «lleva el sello alemán. Nuestra política de estabilidad se ha convertido en el leitmotiv del futuro orden monetario europeo». Un Banco Central Europeo, finalmente creado en junio de 1998, supervisaría la política monetaria y controlaría la estabilidad de los precios. Los países en condiciones de incorporarse a la moneda única debían cumplir los «criterios de convergencia» y adherirse a un mecanismo de tipo de cambio para mantener las monedas estables y conectadas. La deuda pública no excedería el 60 % y los déficits anuales no superarían el 3 % del producto interior bruto. También se fijaron los objetivos de una inflación baja y unos tipos de interés reducidos.

La unión monetaria sin unificación política entrañaba un riesgo: nunca se había intentado antes. Estados Unidos no era un modelo, pues en esencia era un estado nación federado con un gobierno central. Sin precedente históricos, Europa tendría que construir desde cero sus propias organizaciones institucionales y el marco político para la moneda única que había previsto; los dirigentes políticos eran conscientes de que el éxito no estaba garantizado. Apenas un mes antes de que los mandatarios europeos se reunieran en Maastricht, el propio Helmut Kohl pronunció un discurso en el Bundestag, el Parlamento federal alemán, en el que expuso sin tapujos los riesgos. «La idea de mantener a largo plazo una unión económica y monetaria sin una unidad política es un error», declaró. Aun así, siguió adelante pese a sus propias reservas y las advertencias de numerosos especialistas en economía alemanes.

Además del crucial acuerdo sobre la unión monetaria, en Maastricht se adoptaron medidas para reforzar la integración europea en ámbitos importantes. Se creó una nueva entidad legal, la «Unión Europea», que integraba a la Comunidad Económica Europea y las comunidades de la Energía Atómica y del Carbón y del Acero y ampliaba enormemente la cooperación intergubernamental en materia de política exterior, seguridad y judicial, si bien en estas materias la cooperación distaba mucho de parecerse a un gobierno central. El tratado de Maastricht también introdujo el estatuto de ciudadanía de la Unión Europea, que se añadía a las ciudadanías de los estados miembros.

Maastricht supuso un gran paso hacia la integración europea, pero las divisiones eran evidentes incluso durante las deliberaciones de los mandatarios europeos. El Reino Unido, a pesar de ser un firme partidario del Mercado Único y de la ampliación de la UE para incorporar a nuevos miembros, ejerció como siempre el papel de «aguafiestas» en los asuntos relacionados con una integración europea más estrecha y negoció su exclusión, o «salida», de la unión monetaria propuesta. También consiguió ser excluido de un protocolo (el «capítulo social»), que se había añadido al tratado y cuyo objetivo era mejorar las condiciones de vida y laborales mediante una amplia gama de políticas sociales. Dinamarca era el otro país más reacio a aceptar las cláusulas de Maastricht. La élite política europea sufrió un duro golpe cuando, durante el proceso de ratificación, en un referéndum celebrado el 2 de junio de 1992 los votantes daneses rechazaron el tratado de Maastricht. Como consecuencia de ello, el tratado no pudo entrar en vigor y hubo que aceptar importantes exenciones (en defensa y seguridad, en ciertos aspectos de la política interior y, sobre todo, en cuanto a la moneda única) para que en un segundo referéndum celebrado en mayo de 1993 los daneses aceptaran el tratado.

Antes de eso, Francia, uno de los protagonistas principales del «proyecto europeo» desde el principio, había apoyado la ratificación por un margen mínimo en un referéndum celebrado en septiembre de 1992. No hubo referéndum en Gran Bretaña, pero los «rebeldes de Maastricht» conservadores se unieron a los laboristas contrarios a la exención del «capítulo social» de mayo de 1992, lo que planteaba muchas dificultades al gobierno conservador antes de que la ley de aceptación del tratado de Maastricht fuera finalmente aprobada en el Parlamento. Incluso en Alemania, el país europeísta por excelencia, hubo una fuerte oposición a la sustitución del popular marco, el emblema de la prosperidad de la posguerra, por una nueva moneda europea. Además, fue necesario un fallo del Tribunal Constitucional federal en octubre de 1993 que dictaminara que las disposiciones del tratado de Maastricht no contravenían los derechos democráticos de los alemanes consagrados en la Ley Fundamental (o Constitución) de 1949.

Las culturas e historias nacionales específicas de Gran Bretaña, Francia y Dinamarca habían hecho que se mostraran particularmente reacias a aceptar una cesión mayor de su soberanía; en realidad, ningún país acogió totalmente de buen grado las disposiciones de Maastricht. Sin embargo, los otros estados miembros tenían menos recelos en torno a la cuestión de la soberanía. Hacía ya tiempo que Alemania, Italia y los países del Benelux habían aceptado que aunar los elementos de la soberanía nacional era crucial para la paz, la prosperidad y la estabilidad de Europa. España, Portugal y Grecia consideraban la pertenencia a la Comunidad Europea no solo como un camino hacia la prosperidad, sino también como un obstáculo para cualquier posible regresión a la dictadura, y aceptaban que una convergencia limitada de la soberanía era un paso necesario y positivo para conseguir esos objetivos. A la República de Irlanda la adhesión a la Comunidad Europea ya había reportado enormes beneficios económicos, una reducción de su dependencia de la economía británica y una perspectiva menos nacionalista sobre el asunto espinoso y aún sin resolver de las relaciones con Irlanda del Norte. Por tanto, Maastricht fue bien recibido por la mayoría de los estados miembros de la Comunidad Europea como una progresión lógica de la evolución anterior hacia una integración mayor, aunque la naturaleza compleja y abstracta del tratado hacía que el entusiasmo popular fuera limitado.

Tras un parto difícil, el tratado de Maastricht finalmente entró en vigor el 1 de noviembre de 1993. Posteriormente, fue sometido a enmiendas, revisiones y ampliaciones en los tratados de Ámsterdam (octubre de 1997) y Niza (febrero de 2001), pero Maastricht había sido el momento decisivo. Había convertido una entidad fundamentalmente económica, la Comunidad Europea, en una Unión Europea, algo muy alejado en realidad de unos «Estados Unidos de Europa» federales, pero aun así una construcción con indudables dimensiones y ambiciones políticas. Como demostraba la difícil aprobación de Maastricht en Dinamarca, Francia y Gran Bretaña, esas ambiciones despertaban mucha animosidad en esos países. La oposición se intensificaría con el cambio de milenio, cuando hubo problemas para que se aceptaran nuevos cambios constitucionales.

Sin embargo, a finales de los años noventa, la inestabilidad inicial que había acompañado a la ratificación del tratado de Maastricht se había disipado. Desde mediados de la década, el crecimiento económico había contribuido a generar en la mayor parte de Europa occidental una sensación de bienestar material y progreso. Los ciudadanos de los países de la Europa occidental continental creían que la Unión Europea les reportaba beneficios tangibles, lo que se vio estimulado con la entrada en vigor en 1995 de un acuerdo inicialmente firmado un decenio antes en Schengen (Luxemburgo), en virtud del cual los ciudadanos podían viajar por gran parte de Europa sin someterse a controles fronterizos. De entre los estados miembros, solo Gran Bretaña e Irlanda permanecían fuera de la zona de Schengen.

Entretanto, las actitudes contrarias a la inminente introducción del euro (el nombre acordado en 1995 para la moneda única) se habían vuelto menos estridentes. Cuando finalmente el 1 de enero de 1999 se lanzó con éxito únicamente como moneda de cambio (los billetes y monedas solo entrarían en circulación a partir de 2002), la unión monetaria incluía once estados: Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, Italia, Alemania, Irlanda, España, Portugal, Austria y Finlandia. No obstante, había voces autorizadas que profetizaban que en el futuro habría problemas. «El euro está llegando demasiado pronto», advirtió en 1998 una declaración de 155 economistas. Las preocupaciones acerca de la sostenibilidad de una moneda común entre economías dispares sin una unión fiscal o política eran razonables. La implantación se había producido en un clima óptimo y eran aún buenos tiempos, pero ¿cómo aguantaría el euro una crisis grave? Esta pregunta todavía no tenía una respuesta. Al fin y al cabo, el euro había sido en primera instancia, desde el principio, un proyecto político. Lo más importante era el impulso hacia la integración europea.

A principios de los noventa la integración suscitó una pregunta evidente: ¿qué había que hacer sobre la ampliación de la Unión Europea? La gran cuestión era la integración de los países que hasta hacía poco pertenecían al bloque soviético, con economías estructuradas de una forma diferente y que por entonces atravesaban enormes dificultades en su transformación al capitalismo y la democracia liberal.

La cuestión de la ampliación de la Unión Europea no era sencilla en absoluto. Había quienes argumentaban que lo primero era profundizar en las estructuras existentes y que solo después debía ampliarse. Francia, con el presidente Mitterrand a la cabeza, era especialmente partidaria de estrechar los lazos entre los países de Europa occidental y ofrecer a los estados de Europa central y oriental una confederación en lugar de la plena adhesión. La preocupación de que la ampliación de la Unión Europea acabara fortaleciendo la posición de Alemania constituía una parte nada desdeñable del pensamiento de Mitterrand. Los contraargumentos de peso que sostenían Alemania, Gran Bretaña y Dinamarca, entre otros, daban prioridad a la ampliación en detrimento de la profundización. Una vez más, prevalecieron los factores políticos. La funesta historia de Europa central y oriental tras el tratado de Versalles de 1919 contenía una lección evidente: había que evitar a toda costa que se repitiera el catastrófico descenso al fascismo y el autoritarismo. La geopolítica no fue tampoco un factor desdeñable, pues los países de Europa central y oriental estaban encajonados entre Europa occidental y la esfera de influencia rusa, y la cuestión de la seguridad futura de esos países también era de la máxima importancia. El hundimiento de Yugoslavia en la guerra precisamente en aquel momento también estaba en la mente de todos.

Así pues, en junio de 1993 se tomó en Copenhague la decisión de acoger a nuevos estados miembros de Europa central y oriental, con la condición de que cumplieran los estrictos criterios sobre democracia, estado de derecho, respeto a los derechos humanos, protección de las minorías y una economía de libre mercado que funcionase correctamente. En 1994, Hungría se convirtió en el primero de lo que sería una larga lista de estados que solicitaron su adhesión a la Unión Europea. Ya antes del acuerdo de Copenhague estaban en curso los preparativos para la admisión de Finlandia, Suecia, Noruega y Austria. Estos países no tuvieron dificultades para cumplir los requisitos y el 1 de enero de 1995 todos ellos se convirtieron en miembros de la Unión Europa, salvo Noruega, donde, en un referéndum celebrado en 1994 (como había sucedido en 1972) una mayoría rechazó la propuesta. Sin embargo, las evidentes diferencias económicas y políticas entre los estados miembros hacían que los países de Europa central y oriental tuvieran que esperar mucho más tiempo.

Las razones para ampliar la Unión Europea eran convincentes y las expectativas de incorporarse a ella ayudaron a estabilizar y democratizar los países de Europa central y oriental. No obstante, no resultaría fácil integrar sin contratiempos a más de setenta millones de personas de países con economías y culturas políticas mucho menos desarrolladas que las de Europa occidental. Naturalmente, a su debido tiempo habría que pagar un precio por tener una Unión Europea más difícil de manejar, menos cohesionada y menos equilibrada económicamente.

UN GOBIERNO DE EUROPA OCCIDENTAL DESALENTADOR

Aunque, según diversas encuestas de opinión, la mayoría de los europeos occidentales veía la Unión Europea con buenos ojos, en los años noventa Europa rara vez ocupaba los pensamientos de la mayor parte de los ciudadanos. Tenían otras preocupaciones, más cercanas. Sin embargo, algunos de los problemas a los que se enfrentaban tenían una dimensión europea, no simplemente nacional. Estos se debían en parte a la recesión que sufrió Europa a principios de la década, que coincidió con la recesión estadounidense de 1990 y 1991. El impacto de los costes de la unificación alemana tuvo un efecto dominó. Los dirigentes europeos, tanto si pertenecían a la izquierda moderada (como el presidente francés François Mitterrand) o a la derecha conservadora (como el canciller alemán Helmut Kohl o el sucesor de Thatcher como primer ministro británico, John Major), tuvieron que afrontar problemas similares. Entre ellos figuraban las cuestiones que no eran nuevas pero estaban todavía por resolver, como la competitividad de las economías nacionales, las crecientes demandas de gasto social y control de la inflación, los niveles de desempleo y la deuda pública. Afrontar estos problemas en las nuevas circunstancias de la posguerra fría a menudo conllevaba la pérdida de popularidad política, lo que, a su vez, solía dar lugar a nuevos gobiernos que tenían que abordar los viejos problemas. Naturalmente, el impacto concreto de estos problemas en los países europeos tenía un pronunciado carácter nacional, pero el sentimiento de malestar afectaba a todos ellos.

En Alemania, los costes de la unificación desempeñaron el papel más importante. En 1990 Helmut Kohl había tenido la audacia de generar expectativas de «paisajes florecientes» en Alemania Oriental en un plazo de tres o cuatro años. El canciller no había sido el único en calcular muy mal la magnitud de lo que se necesitaba hacer para reemplazar unas infraestructuras anticuadas y reconstruir por completo la economía[8]. En lugar de un rápido ascenso a la prosperidad prometida, toda Alemania sufrió en 1992 una crisis económica que duraría casi un decenio, aunque quienes pagaron el precio más elevado fueron, con mucho, los alemanes orientales. En 1993, con la economía en recesión, el producto interior bruto cayó un 2 %, un descenso más acentuado que en ningún otro momento de la historia de la República Federal. En 1995, la deuda pública alemana era el doble que la de 1989, aunque en parte se debía a la inversión estatal en infraestructuras.

Un preocupante efecto secundario de la desaceleración económica, y un indicio de lo que se convertiría en una tendencia creciente en gran parte de Europa, fue la hostilidad hacia los «solicitantes de asilo». Más de tres cuartas partes de todos los «solicitantes de asilo» en la Unión Europea intentaban llegar a Alemania debido a sus generosas leyes de asilo, aprobadas como reacción a la inhumanidad de la época nazi. En 1992, el número de solicitantes de asilo, incrementado por las guerras en Yugoslavia, ascendió a 438 000, aunque menos del 5 % fueron clasificados como víctimas de persecución política. Algunos espantosos incidentes de ataques neonazis contra inmigrantes, sobre todo en las zonas orientales de Alemania pero no solo en ellas, conmocionaron a la opinión pública alemana y a la del resto del mundo.

Pese a la inestable situación económica, en octubre de 1984 Helmut Kohl fue reelegido canciller. La implantación de un popular plan de seguro médico le ayudó en el año de las elecciones, así como las divisiones en la oposición socialdemócrata. Además, aún disfrutaba de cierto lustre por haber sido el canciller de la unificación alemana. Sin embargo, la crisis económica se prolongó durante los años siguientes. En 1996 el desempleo superó los cuatro millones de personas, una cifra que en otra época habría hecho tambalearse la democracia alemana, mientras la economía, que debía afrontar unos costes laborales y sociales elevados, pugnaba por mantener la competitividad. Kohl, otrora una esperanza para el futuro, fue abucheado por votantes desilusionados en mítines electorales celebrados en Alemania Oriental. El gobierno parecía haber perdido fuelle. Mucha gente creía que «era el momento de cambiar», como sucede a veces en las democracias cuando un gobierno ha estado en el poder demasiado tiempo. Las cuestiones que dominaron las elecciones de 1998 fueron casi exclusivamente nacionales, sobre todo la elevada tasa de desempleo. Apenas se prestó atención a la integración europea, que ocho años antes había ocupado un lugar tan central en la visión de futuro de Kohl. Cuando se hizo el recuento de votos, Kohl se vio desalojado del cargo tras dieciséis años como canciller alemán, derrotado por Gerhard Schröder, del Partido Socialdemócrata.

Los problemas económicos de Alemania durante los años noventa afectaron a otros países de Europa occidental. En 1993, más del 10 % de la población activa de Francia, una cifra récord de tres millones de personas, estaba desempleada, mientras que los costes crecientes de la seguridad social, una gran porcentaje del gasto público, estaban haciendo aumentar aún más el ya preocupante déficit presupuestario. Como era de prever, los intentos de frenar el gasto público y privatizar algunos sectores de la economía fueron impopulares. Los gobiernos que adoptaban políticas impopulares solían perder las elecciones, y Francia no fue una excepción. El Partido Socialista, pilar del gobierno, se hundió estrepitosamente en las elecciones generales de marzo de 1993. Los partidos de la derecha conservadora, con Jacques Chirac a la cabeza, fueron los vencedores. Dos años después, al final del segundo mandato de Mitterrand, Chirac sucedió al presidente socialista, enfermo de cáncer y sin la posibilidad de presentarse de nuevo según la Constitución, tras derrotar al candidato socialista Lionel Jospin. Dos aspectos de la política francesa estaban muy extendidos en Europa: las acusaciones de malas prácticas financieras (que llevaron al suicidio del ex primer ministro Pierre Bérégovoy) y una considerable aversión social a la inmigración (que reflejaba en parte la influencia del Frente Nacional, cuyo dirigente, Jean-Marie Le Pen, obtuvo un 15 % de los votos en las elecciones presidenciales de 1995).

La inmigración aún no era un tema importante en Italia, pero sí la corrupción. Por detrás de Alemania, Francia y Gran Bretaña, Italia era la cuarta mayor economía de Europa y a principios de los noventa ya se enfrentaba a graves dificultades económicas, algunas de las cuales derivaban indirectamente de las consecuencias de la unificación alemana. Cuando en 1992 el banco federal alemán, el Bundesbank, subió considerablemente el tipo de interés, presionó a las economías más débiles con elevadas tasas de inflación. El resultado fue que, en septiembre, Italia se vio forzada a abandonar el mecanismo de los tipos de cambio agrupados en un rango de fluctuación restringido, lo que hizo que de inmediato la lira perdiera el 24 % de su valor con respecto al marco alemán. El principal problema de Italia era el nivel de su deuda, que equivalía al 120 % de su producto interior bruto, el doble de lo permitido por los criterios de Maastricht. Casi el 40 % de la recaudación fiscal se destinaba cada año a pagar los intereses de la deuda. La subida de impuestos, los recortes del gasto público y las privatizaciones eran remedios con los que el gobierno encabezado por Giulio Andreotti, el líder democristiano, no iba a obtener mucha popularidad.

Aun así, la política convencional quedó relegada a un segundo plano en 1992, justo antes de las elecciones generales, cuando salió a la luz un enorme escándalo de corrupción que recibió el nombre de «Tangentopoli» (que se podría traducir como «ciudad del soborno» o «Sobornópolis»). En él estaban involucrados políticos de todos los partidos importantes, al más alto nivel, y algunas de las grandes empresas italianas. La corrupción se extendía por todo el sistema político. En las elecciones parlamentarias generales celebradas dos años después perdieron votos todos los grandes partidos, pero las repercusiones de lo que se reveló como una enorme red de corrupción y criminalidad de políticos y funcionarios fueron mucho más allá de las derrotas electorales.

Mil políticos y casi mil quinientos funcionarios y empresarios fueron acusados de aceptar sobornos. Había además sospechas fundadas de que algunos, entre ellos Andreotti, habían colaborado con la mafia. El antiguo primer ministro socialista Bettino Craxi fue condenado in absentia, pues en 1994 había huido a Túnez para evitar el castigo de veintiocho años de cárcel. El propio Andreotti, tras un decenio de juicios (incluido uno por complicidad en un asesinato perpetrado por la mafia), en 2002 fue finalmente condenado a veinticuatro años de cárcel, aunque acabó siendo absuelto de todos los cargos tras apelar. El pueblo italiano había tenido suficiente. El escándalo derribó a la élite política que había regido el destino del país desde la segunda guerra mundial. El Partido Democristiano, la principal fuerza de la política italiana durante casi medio siglo, se disolvió en marzo de 1994, el Partido Liberal en febrero y el Partido Socialista en noviembre. El Partido Socialdemócrata y el Partido Republicano quedaron reducidos a la insignificancia. El Partido Comunista ya se había disuelto en 1991 y ninguno de los dos partidos en los que se había escindido disfrutaba de mucha popularidad. La política de partidos tenía que comenzar casi de cero. Los antiguos bloques de izquierda y derecha de la época de la guerra fría habían llegado a su fin. Italia se convirtió en el primer país de Europa occidental en dar un giro hacia las nuevas políticas «populistas».

El resultado no fue del todo tranquilizador. En medio de aquel vacío político irrumpió el extravagante magnate de los medios de comunicación Silvio Berlusconi, estrechamente vinculado a Craxi y de quien se decía que había entrado en política para obtener inmunidad contra un posible arresto por presunta corrupción. El partido que en noviembre de 1993 había fundado de la nada, Forza Italia, respaldado por su imperio mediático y muy dependiente de la enérgica personalidad del propio Berlusconi, prometía un nuevo comienzo para Italia, «un nuevo milagro italiano», en palabras del propio líder. El estilo era populista y antisistema. Berlusconi se presentaba a sí mismo como alguien «de fuera del sistema», libre de la mancha de la vieja y corrupta política partidista, que usaría el talento que le había convertido en un hombre de negocios de éxito para revitalizar Italia. Forza Italia estaba estructurado como una empresa y sus objetivos económicos eran neoliberales, pero Berlusconi estaba convencido de que su popularidad le granjearía el apoyo de las grandes reservas de votantes de derechas y anticomunistas que políticamente se habían quedado huérfanos. ¿Acabaría siendo algo más que un vino añejo en un odre nuevo?

En realidad, la derecha política había comenzado a dividirse incluso antes de los escándalos del Tangentopoli. La caída del comunismo había despojado a la democracia cristiana de su cemento ideológico. Además, surgieron nuevas formas políticas identitarias. En el norte de Italia, la Lega Nord (Liga Norte), liderada por Umberto Bossi, exigía la autonomía regional y el fin de los subsidios al sur, más pobre. En el Mezzogiorno, la Alleanza Nazionale (la Alianza Nacional), presidida por Gianfranco Fini, había aglutinado a los neofascistas y lo que quedaba de la Democracia Cristiana en un movimiento conservador de derechas que todavía recibía oxígeno por su oposición al socialismo organizado. Berlusconi, Bossi y Fini aunaron fuerzas y en las elecciones de marzo de 1994 lograron el 43 % de los votos, muy por encima del 34 % que obtuvieron los «Progresistas» de izquierdas, formados a partir de los dos partidos sucesores de los comunistas. No obstante, el frágil gobierno de coalición se desmoronó nueve meses más tarde y Berlusconi tuvo que renunciar al cargo. Sin embargo, no fue el fin de su carrera política y volvería a presidir el gobierno italiano en dos ocasiones posteriores. Tampoco fue el final de la inestabilidad crónica de los gobiernos italianos que, desde 1948, habían durado un promedio de menos de un año. Las divisiones entre izquierda y derecha y entre norte y sur continuaban siendo, con nuevos ropajes y en ocasiones con desconcertantes variaciones, las principales líneas divisorias de la política italiana.

En Gran Bretaña, el sucesor de Thatcher en el cargo de primer ministro, John Major, había desafiado a la mayoría de las predicciones al ganar las elecciones generales celebradas a principios de abril de 1992, la cuarta victoria electoral sucesiva de los conservadores, aunque esta vez con una mayoría muy ajustada. Major presidía un gobierno débil y dividido, cuyo gran problema era «Europa» (un sinónimo de la irregular relación de Gran Bretaña con la Unión Europea). Su administración nunca se recuperó de la humillación que supuso para el país la retirada ignominiosa del mecanismo de tipos de cambio europeo el 16 de septiembre de 1992 (conocido enseguida como el «miércoles negro»), después de que el gobierno hubiera subido drásticamente los tipos de interés y gastado más de tres mil millones de libras esterlinas intentando en vano apuntalar la moneda, A partir de entonces, la economía británica tuvo que luchar contra la recesión. Major fue un primer ministro muy debilitado, acosado por el sector euroescéptico de su partido, parodiado en los medios de comunicación y perjudicado por los escándalos financieros (no tan importantes como los italianos) en los que estaban involucrados eminentes conservadores. Como jefe de Gobierno, Major estaba herido de muerte.

A mediados de los años noventa se inició una sólida recuperación de la economía británica, pero fue de poca ayuda para Major. Tony Blair, elegido líder del Partido Laborista en mayo de 1994, contrastaba radicalmente con la imagen gris de Major. Blair era muy elocuente y, con su sempiterna sonrisa y su carisma, parecía personificar lo que pronto se llamaría «cool Britannia». Ofrecía la posibilidad de una nueva y dinámica Gran Bretaña, abierta al mundo, proeuropea, moderna, progresista, tolerante e inclusiva. Blair propuso el concepto de la «tercera vía», que trascendería las barreras de clase y las divisiones sociales tradicionales. Su partido, rebautizado como «Nuevo Laborismo», rechazó el compromiso de nacionalizar la economía (incluido en sus estatutos desde 1918) y decidió aceptar las fuerzas del mercado, aunque atenuadas por la justicia social. En las elecciones generales del 1 de mayo de 1997, los conservadores fueron derrotados cuando Blair llegó al poder con la mayoría laborista más amplia de la historia, 179 escaños, y a sus cuarenta y tres años se convirtió en el primer ministro más joven desde William Pitt «el Joven» en 1783,. Tras dieciocho años de gobiernos conservadores, parecía un nuevo comienzo, el «renacimiento de una nación», en palabras del destacado periodista político Andrew Rawnsley.

Blair se había inspirado en el presidente estadounidense Bill Clinton, quien en 1993 había sucedido a George H. W. Bush. Blair se convirtió, a su vez, en un modelo que otros mandatarios europeos trataron de emular. Una «tercera vía» tácita parecía funcionar en Francia con el socialista Lionel Jospin, nombrado primer ministro en 1997. Jospin aunó políticas socialistas tradicionales (la mejora de la seguridad social, la asistencia sanitaria, el incremento de las ayudas económicas a los sectores más pobres de la sociedad, mayor representación de las mujeres en la política y la semana laboral de treinta y cinco horas) con bajadas de impuestos y la privatización de empresas públicas, políticas asociadas al neoliberalismo. Alemania no tardó en adoptar una variante de la «tercera vía». Gerhard Schröder, el telegénico y enérgico socialdemócrata que en las elecciones de 1998 había derrotado a Helmut Kohl y había puesto fin a un período de gobiernos conservadores que se remontaba a 1982, era uno de los admiradores más destacados de Blair en la Europa continental. Schröder, como Blair, ofrecía una imagen moderna de gobierno socialdemócrata. A mediados de los años noventa, el conservadurismo parecía batirse en retirada aunque no en todas partes.

La socialdemocracia en su nueva versión moderna, que combinaba los avances sociales con los beneficios que reportaba una economía de mercado globalizada en el marco de una Unión Europea integrada, parecía representar para muchos europeos la esperanza en un futuro mejor. Sin embargo, en solo unos años suscitaría una decepción y un desencanto generalizados, pese a algunos logros importantes en el camino. La noche de su triunfo electoral en 1997, en medio de un ambiente de celebración Blair declaró que había «llegado un nuevo amanecer». En lugar de un nuevo amanecer, resultaría ser el principio de un largo ocaso para la socialdemocracia europea.

Las antiguas certezas, tanto en la derecha conservadora como en la izquierda socialdemócrata, se estaban desmoronando. En este panorama político fracturado, en el que los movimientos de protesta que a menudo encontraban su voz en partidos nacionalistas, verdes y regionales eran una presencia cada vez más relevante, un aspecto incómodo fue el auge de los sentimientos contra la inmigración como causa política. A finales de los años noventa, el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen ya consiguió el apoyo de casi cinco millones de ciudadanos franceses (más del 15 % del electorado), frente a 2,67 millones en 1986; el Dansk Folkeparti se había convertido en el tercer partido con mayor representación parlamentaria de Dinamarca, respaldado por el 12 % de la población; en Suiza, el Partido del Pueblo Suizo, encabezado por el industrial Christoph Blocher, vio como sus votos pasaban del 12,6 % (un récord en la historia electoral suiza) al 22,6 % en las elecciones federales de 1999 y se convertía en el principal partido del país, y el Partido de la Libertad de Austria, liderado por Jörg Haider, cuya afición por los coches veloces iba acompañada de declaraciones que sugerían simpatías pronazis, pasó de menos del 10 % de los votos en 1986 al 27 % en 1999. El factor común del éxito de todos estos movimientos, con homólogos en otros países europeos, era una estridente oposición a la inmigración. Puesto que los partidos tradicionales apoyaban la inmigración, como la Unión Europea, las protestas nacionalistas contra la inmigración podían venderse como una política contraria al sistema y eurófoba. El significativo elemento de protesta, más allá del núcleo duro de respaldo a los partidos antiinmigración, hacía que el nivel de apoyo fuera inestable. No obstante, además de influir en los programas de los partidos tradicionales de izquierdas y de derechas, consiguieron que la inmigración entrara en la agenda política y en los años siguientes ocupara progresivamente un lugar más destacado en ella.

En Europa occidental los años ochenta habían sido una década accidentada. Muchas de las nuevas y brillantes promesas habían resultado ilusorias. A mediados de la década, gran parte de la población tenía una palpable sensación de decepción e insatisfacción. Los pasos dados para lograr la integración europea, aunque importantes en sí mismos, seguían estando desligados de la vida cotidiana de la mayoría de la población, pero en cuando en la segunda mitad de la década se recuperó el crecimiento económico, el futuro se volvió más esperanzador. Sorprendentemente, a finales de la década, con la cool Britannia marcando la tendencia, Europa, tanto oriental como occidental, parecía estar a punto de adentrarse en una época más emocionante. En las celebraciones del Año Nuevo de 2000, cuando los europeos se unieron a miles de millones de personas de todo el mundo para festejar el inicio del nuevo milenio, Tony Blair expresó el estado de ánimo general al desear que «la confianza y el optimismo» pudieran embotellarse y conservarse para siempre.

En septiembre de 1990, todavía en plena euforia por el fin de la guerra fría, el presidente George H. W. Bush proclamó el comienzo de un «nuevo orden mundial» que auguraba «más libre de la amenaza del terror, más fuerte en la búsqueda de la justicia y más seguro en la búsqueda de la paz». Sería «una era en la que las naciones del mundo… pudieran prosperar y vivir en armonía». Eran palabras bonitas, pero esta visión no tardó en resultar ser una ilusión.

Es cierto que hubo algunos acontecimientos alentadores. La rápida y decisiva derrota de las fuerzas iraquíes, que a principios de 1991 habían invadido Kuwait, por una gran coalición multinacional encabezada por Estados Unidos bajo mandato de las Naciones Unidas, pareció poner fin a la amenaza del dirigente iraquí Saddam Hussein en Oriente Medio. El acuerdo firmado en enero de 1993 entre Estados Unidos y Rusia para desmantelar dos terceras partes de sus cabezas nucleares en virtud del segundo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START II) atenuó aún más la amenaza de una conflagración nuclear. Después de muchos años, parecían abrirse posibilidades reales de resolver el enconado conflicto árabe-israelí gracias a cierta mejora de las relaciones en el marco de lo que de forma eufemística se llamó proceso de paz de Oslo, aunque la persistencia de altos índices de violencia no auguraba nada bueno. Además, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, había un reconocimiento cada vez mayor, aunque más sobre el papel que en la realidad, de la necesidad urgente de limitar la emisión de gases de efecto invernadero que estaban contribuyendo al calentamiento global y provocando daños medioambientales que amenazaban el futuro de todo el planeta.

Frente a estos aspectos positivos había otra cara deprimente. Pese a las piadosas declaraciones de los mandatarios mundiales sobre la erradicación de la pobreza mundial y la defensa de los derechos humanos, la mejoría discernible era escasa o nula. La pobreza en el África subsahariana, ya de por sí lacerante, aumentaba en vez de disminuir. Somalia figuraba entre los países devastados por la hambruna y la guerra civil, y estaba casi sumida en el caos. En muchos lugares del mundo, las diferencias culturales y religiosas y los intereses económicos se combinaron para impedir cualquier progreso verdadero en materia de derechos humanos. Lo peor de todo fue que, en un momento en que en los países europeos la sensibilización sobre el Holocausto era mayor que nunca, en Ruanda se estaba perpetrando otro genocidio, que en solo tres meses se cobró más de un millón de vidas. La impotente «comunidad internacional», incapaz de actuar para evitar la matanza, demostró una vez más que era poco más que una frase vacía.

Los europeos podían ver todas las noches en los noticiarios televisivos los horrores que acaecían en lugares lejanos del planeta. Se sentían horrorizados por lo que veían y muchos hacían generosamente donaciones a organizaciones benéficas como Unicef, la Cruz Roja, Oxfam o Médicos Sin Fronteras. Sin embargo, junto al sentimiento generalizado de impotencia había la sensación, cuando el constante recordatorio de sufrimientos espantosos no entumecía a los espectadores y los volvía indiferentes, de que esos terribles sucesos ocurrían lejos y tenían escasa relevancia para sus propias vidas. El alivio de que Europa hubiera superado su catastrófico pasado y estuviera libre de esos horrores (olvidando convenientemente a Yugoslavia) era un sentimiento frecuente, aunque no solía verbalizarse.

La complacencia no tardó en quedar hecha añicos. El descubrimiento de que Europa formaba parte inextricablemente de un mundo cada vez más interconectado, de que no podía aislarse del terror habitual en zonas del mundo más convulsas y de que ese terror tenía vínculos con su propio pasado imperialista, llegó de manera implacable en un instante. Y no fue debido a un suceso ocurrido en la propia Europa, sino a casi cinco mil kilómetros, en Nueva York; llegó literalmente de un claro cielo azul. A primera hora de la tarde (hora europea) del 11 de septiembre de 2001 (una fecha que pronto sería conocida universalmente como el «11S»), en un atentado terrorista meticulosamente planificado y organizado, dos aviones secuestrados se estrellaron, con algunos minutos de diferencia, contra las torres del World Trade Center de Nueva York. Un tercer avión de pasajeros secuestrado fue dirigido contra el Pentágono (la sede del Departamento de Defensa estadounidense), mientras un cuarto avión, que se dirigía a Washington D. C., cayó en un campo de Pensilvania después de que los pasajeros se enfrentaran valientemente a los secuestradores. Las escenas del desastre mientras las Torres Gemelas se convertían en escombros quedaron grabadas en las mentes de millones de personas que vieron en directo por televisión aquel horror difícilmente imaginable. En aquella atrocidad perdieron la vida cerca de tres mil personas, incluidos los pasajeros de los aviones, y muchas de las víctimas se arrojaron al vacío desde los rascacielos en llamas. La cifra de heridos duplicó a la de muertos. Algunas víctimas enviaron a sus seres queridos mensajes de despedida insoportablemente conmovedores desde sus teléfonos móviles. Pronto se supo que los autores pertenecían a la organización terrorista Al Qaeda. Había conexiones europeas. El cerebro del atentado, Osama bin Laden, era uno de los quince terroristas implicados que eran originarios de Arabia Saudí, el aliado más importante de Estados Unidos y de gran parte de Europa en el golfo Pérsico. Además, la conspiración se había planeado en suelo alemán, en Hamburgo, donde cinco de los terroristas habían formado parte de una célula de Al Qaeda, incluido el piloto del primer avión que se estrelló contra el World Trade Center, Mohamed Atta, natural de Egipto.

El devastador ataque contra Nueva York, el primer acto de agresión en suelo estadounidense desde diciembre de 1941, en Pearl Harbor, no solo fue una conmoción y una tragedia inmensas. Constituía también un ataque frontal contra los valores «occidentales», que era justamente lo que pretendían los autores. Los dirigentes europeos expresaron de inmediato su solidaridad con Estados Unidos en defensa de esos valores. A los pocos días, el presidente George W. Bush anunció una «guerra contra el terrorismo» (incluso la llamó una «cruzada», sin reparar en las connotaciones negativas de la palabra en Oriente Medio), que no se detendría en Al Qaeda. Sería una lucha para proteger a la civilización occidental de la ideología islamista empeñada en destruirla. Tony Blair se apresuró a ir más lejos que ningún otro mandatario occidental al ofrecer el apoyo incondicional de Gran Bretaña a Estados Unidos.

La fecha del «11S», más que el 1 de enero de 2000 un año antes, marcó el verdadero inicio de un nuevo siglo. Antes de ese día, el mundo occidental solo había tenido una vaga noción del creciente problema del fundamentalismo islámico. No obstante, en los años siguientes Gran Bretaña y otros estados europeos se verían inmersos en un conflicto cada vez más amplio contra esa fuerza emergente. Muchos soldados europeos combatirían en países musulmanes en guerras imposibles de ganar. El terrorismo islamista pronto dejaría cicatrices en ciudades europeas, afectaría a las relaciones multiculturales y plantearía a la democracia liberal nuevos dilemas sobre cómo tratar de reconciliar la libertad y la seguridad. Europa podía menos que nunca eludir los problemas del resto del mundo.

Capítulo 11 EXPOSICIÓN GLOBAL

Estados como estos y sus aliados terroristas constituyen un eje del mal, que se arma para amenazar la paz mundial.

Presidente George W. Bush, discurso sobre el estado de la
Unión, 2002, en referencia a Corea del Norte, Irán e Irak

Es evidente que la exposición de Europa a las influencias globales no era algo nuevo. Desde la Edad Media habían relaciones comerciales con el Lejano Oriente; tras la conquista de las Américas en el siglo XVI, el oro y otras mercancías habían cruzado el Atlántico; después de que el dominio otomano se hubiera establecido en los Balcanes y en zonas del sur de Hungría, las invasiones turcas, vistas como una amenaza extranjera para la Europa cristiana, fueron repelidas en Malta en 1565 y cerca de Viena en 1683; en el siglo XVII, los holandeses establecieron una base comercial en lo que con el tiempo sería Indonesia; el siglo siguiente la Compañía de las Indias Orientales inició la colonización británica de la India; en el siglo XVIII hubo guerras en el Caribe. La expansión imperialista europea en África, Asia y otras zonas del mundo llegaría un siglo después. Lo que a menudo se conoce como «la primera globalización» comenzó a partir de mediados del siglo XIX, cuando el telégrafo y el teléfono, los barcos de vapor y el ferrocarril contribuyeron a impulsar una enorme expansión del comercio a los más diversos lugares del mundo. Después llegaría la exposición más brutal, con dos guerras mundiales separadas por una depresión económica global durante la primera mitad del siglo XX. En los años posteriores a 1945, durante la larga recuperación de la posguerra, Europa se abrió a los intereses de la política exterior estadounidense y a las dominantes influencias económicas y culturales del otro lado del Atlántico.

Aun así, había, y así se percibía, algo nuevo en la exposición global de Europa en los primeros años del siglo XX. Posiblemente, un número mayor de europeos corrientes era más consciente que nunca de la intrusión del resto del planeta en sus vidas en tiempos de paz. La difusión de internet en los años noventa, sobre todo, hizo que el mundo pareciera más pequeño. El nuevo milenio introdujo nuevos tipos de exposición global muy acentuada de Europa, y había una diferencia con un significado notable. En siglos anteriores, sobre todo en la época del imperialismo, Europa había exportado la violencia a otros continentes. En la primera década del nuevo milenio, Europa pudo experimentar cómo esa violencia podía contraatacar.

El atentado del World Trade Center en Nueva York el 11 de septiembre de 2001 no solo fue una devastadora presentación a Estados Unidos del terrorismo islamista, sino que también supuso un punto de inflexión para Europa. El impacto en el continente en los años siguientes fue profundo, y esto, a su vez, tuvo importantes consecuencias en las actitudes acerca de la inmigración y el multiculturalismo (el intento de integrar a las personas de otras culturas que habían emigrado a Europa), que se convirtieron en asuntos políticos y sociales controvertidos. Parecía perfilarse la posibilidad de que se produjera un peligroso choque cultural entre los valores occidentales y los del islam, como en los años noventa había previsto el politólogo estadounidense Samuel Huntington.

Una segunda forma de exposición nueva, o al menos muy alterada, provino de la economía globalizada y sus efectos generalizados en la vida cotidiana. Aunque en parte se trataba de una intensificación de una tendencia ya en curso, la «segunda globalización» fue más que una continuación de acontecimientos consolidados. La revolución de las comunicaciones derivada de la difusión sumamente rápida de las tecnologías informáticas y la vasta expansión de un sector financiero desregulado hicieron que, en cuanto a la magnitud y la profundidad de su impacto, el cambio cuantitativo constituyera un cambio cualitativo. Las conexiones a través de todo el mundo no solo se volvieron más fáciles, sino también casi instantáneas. No solo las empresas se transformaron. Europa, como el resto del mundo, estaba más interconectada y era más interdependiente que nunca. Internet, los teléfonos móviles y el correo electrónico estaban presentes en casi todos los aspectos de la sociedad. Lo que habría sido impensable medio siglo antes, se había hecho realidad.

LA «GUERRA CONTRA EL TERRORISMO»

El 20 de septiembre de 2001, cuando apenas había transcurrido una semana desde los atentados de Nueva York, el presidente George W. Bush declaró una «guerra contra el terrorismo» que solo terminaría cuando hubieran sido derrotados «todos los grupos terroristas de alcance mundial». Tradicionalmente, los estados habían declarado la guerra a otros estados y en esos casos solía quedar claro lo que significaba la guerra. En cambio, la guerra contra una abstracción carecía de una definición precisa. No obstante, el valor retórico de una «guerra contra el terrorismo» era incuestionable, reflejaba el estado de ánimo en Estados Unidos, y en gran parte del mundo occidental, inmediatamente después de la atrocidad. Había sed de venganza.

El ataque a Estados Unidos se había planeado en Afganistán, un país fracturado, sin ley, muy violento y devastado por una guerra civil desde el final de la ocupación soviética en 1989. En el decenio anterior, Estados Unidos había suministrado armas y financiado a los señores de la guerra locales y a los jefes tribales de Afganistán, los muyahidines, para que lucharan contra los soviéticos. Tras la retirada de los soviéticos, Estados Unidos perdió buena parte de su interés por la región, pero Pakistán no, y los muyahidín siguieron prosperando, desde entonces con patrocino paquistaní. Los señores de la guerra controlaban sus propios dominios; las órdenes del gobierno en Kabul no se cumplían sin el beneplácito de los señores de la guerra. Y los muyahidines no eran solo antisoviéticos; también eran antioccidentales. Este fue el terreno en el que pudieron germinar las semillas del terrorismo dirigido contra Occidente y más en concreto contra Estados Unidos.

Osama bin Laden, vástago de una familia saudí sumamente rica que en 1988 había fundado la organización Al Qaeda para librar una «guerra santa», había establecido su base en Afganistán cuando en 1996 se trasladó allí procedente de Sudán. Uno de los cabecillas de un plan frustrado para volar el Word Trade Center en Nueva York en 1993 había recibido parte de su adiestramiento en un campamento de Al Qaeda en Afganistán. En 1996, los talibanes, al principio un reducido grupo de militantes surgido originalmente en Pakistán que profesaba una forma extrema y fundamentalista del islam y fueron responsables de innumerable atrocidades mientras luchaban contra el gobierno corrupto y muy impopular de Afganistán, tomaron la capital, Kabul. Había contado con el apoyo militar de los servicios secretos paquistaníes y recibido ayuda financiera de personas acaudaladas en Arabia Saudí. Pronto pudieron extender su despiadado dominio por más de dos terceras partes del país. Tras trasladarse a Afganistán, Bin Laden aunó fuerzas con el líder de los talibanes, el mulá Mohammed Omar, y declaró la guerra a Estados Unidos y a Occidente. Estuvo detrás de los atentados contra dos embajadas estadounidenses en África en 1998 y, según la información que la CIA trasladó al presidente Clinton, estaba planeando futuros atentados en Estados Unidos.

Tanto Bin Laden como Afganistán, en tanto que base de Al Qaeda, ya parpadeaban en la pantalla del radar de Washington mucho antes del atentado del 11 de septiembre de 2001. En cuanto se produjo el terrible golpe, era evidente que Estados Unidos no tardaría en responder con represalias armadas. Tres días más tarde, el Congreso ya había autorizado al presidente a usar toda la fuerza que considerara necesaria para destruir tanto a la organización responsable de los atentados como al estado que había patrocinado el terrorismo. No había duda de que eso significaba que, si los dirigentes talibanes se negaban a entregar a Bin Laden a los estadounidenses, habría una invasión de Afganistán con los objetivos principales de destruir a Al Qaeda (y capturar o matar a Bin Laden) y acabar con los talibanes. La Operación Libertad Duradera, el ataque contra Afganistán, comenzó el 7 de octubre de 2001 con una campaña de bombardeos de las fuerzas estadounidenses y británicas.

La participación de fuerzas británicas había estado asegurada desde el primer momento. Según escribió más tarde, en cuanto oyó la noticia del ataque del 11 de septiembre el primer ministro británico Tony Blair había considerado el atentado contra las Torres Gemelas de Manhattan como, «en un sentido muy real, una declaración de guerra» de Al Qaeda no solo contra Estados Unidos, sino contra todo el mundo civilizado. Esa misma tarde anunció en la televisión que Gran Bretaña estarían «codo con codo con nuestros amigos estadounidenses en estos trágicos momentos y nosotros, como ellos, no descasaremos hasta que este mal sea erradicado de nuestro mundo».

Otros dirigentes europeos fueron más cautos. Alemania, por ejemplo, decidió a mediados de noviembre por solo un voto en el Bundestag enviar cerca de cuatro mil soldados del Bundeswehr a Afganistán. No obstante, hubo una amplia solidaridad internacional con los objetivos estadounidenses y el derecho del país a defenderse tras el atentado de Nueva York. Francia, Italia y Rusia fueron algunos de los muchos países que ofrecieron apoyo activo a Estados Unidos. El presidente Chirac declaró que «Francia no se quedará al margen» en el que ha sido un ataque contra todas las democracias. Y añadió, proféticamente: «Hoy es Nueva York la que ha sido trágicamente atacada, pero mañana pueden ser París, Berlín o Londres».

Al principio la guerra fue bien para las fuerzas de la coalición occidental. Las fuerzas afganas contra los talibanes (el autodenominado Frente Unido o Alianza del Norte), que controlaban más o menos una tercera parte del país, se encargaron de los combates terrestres y, con el apoyo de fuertes bombardeos, en noviembre de 2001 recuperaron Kabul. A principios de diciembre ya habían expulsado a los talibanes de Kandahar, en el sur, su último bastión. Bajo los auspicios de la ONU, a finales de diciembre se organizó una pequeña Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, que no tardó en recibir el apoyo de más de veinte países, para defender Kabul y ayudar a instalar un gobierno de transición presidido por Hamid Karzai y bajo tutela de los estadounidenses y los británicos.

En diciembre de 2001 parecía que lo peor ya había pasado. En realidad, no era más que el principio. Los talibanes se habían replegado y, lejos de estar erradicados, no tardarían en reconstruir su fuerza. Y Osama bin Laden, junto con muchos de sus partidarios más fieles y gran parte de la red terrorista de Al Qaeda, habían conseguido escapar a las remotas estribaciones montañosas del oeste de Pakistán. Las potencias occidentales fueron incapaces de cumplir de manera concluyente ninguno de sus objetivos principales. Sin un plan bien definido para garantizar la paz después de haber vencido a los talibanes, pasaron a apoyar a un régimen corrupto e inestable y a intentar pacificar un país enorme, muy violento y rebelde. Tendrían que transcurrir otros trece largos años, con el coste de muchas decenas de miles de vidas (unas cuatro mil de las fuerzas de coalición, pero muchas más de la población afgana), hasta que en 2014 los británicos pusieran fin a su función de combate, los estadounidenses anunciaran la salida de todas sus fuerzas excepto una residual y la OTAN (que se había involucrado en Afganistán en 2003) se retirara, transfiriendo las responsabilidades al gobierno afgano. Pocos analistas objetivos podían afirmar por entonces que la prolongada permanencia de las potencias occidentales en Afganistán hubiera sido un éxito rotundo. Los acontecimientos corroborarían esta conclusión pesimista: el gobierno afgano sería incapaz de detener los nuevos avances de los talibanes, lo que llevó a Washington a revocar la decisión anterior de retirarse y a anunciar en 2017 el envío de miles de soldados estadounidenses más a Afganistán.

Lo que había empezado sobre todo como un acto de represalia estadounidense había arrastrado a la guerra a una coalición internacional de fuerzas de hasta cuarenta y tres países, en su mayoría miembros de la OTAN. Los países europeos se implicaron mucho. De los más de 130 000 efectivos extranjeros desplegados en Afganistán en el momento álgido del conflicto, en 2011, unos 90 000 eran estadounidenses. La mayor parte de los restantes eran europeos; la fuerza europea más numerosa, unos 9500 soldados, era la británica, pero había también contingentes importantes de Alemania (unos 5000), Francia (4000) e Italia (4000). Polonia, Rumanía, Turquía y España también hicieron contribuciones importantes a las fuerzas de la OTAN, mientras que muchos otros países europeos aportaron contingentes más pequeños.

Como los británicos habían aprendido en el siglo XIX y los soviéticos en los años ochenta del siglo XX, Afganistán era un territorio inhóspito para las fuerzas de ocupación. Volvió a demostrarlo, una vez más, en los primeros años del siglo XXI. En parte se debió a que los objetivos generales de la guerra en Afganistán no se habían especificado con claridad. ¿Se trataba solo de destruir a Al Qaeda y eliminar a los talibanes, en cuyo caso, pese a los engañosos indicios iniciales de éxito, fracasaron sin paliativos? ¿O el objetivo era mucho más general, como insistía Blair, nada menos que reconstruir Afganistán como una democracia viable? «Participábamos en una misión de construcción nacional», escribió posteriormente. Es evidente que ambos objetivos estaban interrelacionados. Se consideraba que, para acabar con la pesadilla del terrorismo, en Afganistán había que reemplazar al estado fallido por la base firme de un gobierno moderno. Aun así, en el comprensible deseo de tomar cuanto antes represalias contra los autores del 11S, se habían subestimado gravemente las dificultades que ese objetivo más amplio entrañaba. La implantación de una democracia liberal al estilo occidental en un terreno tan infértil era una tarea ingrata y casi imposible. Había fracasado en gran parte de Europa después de la primera guerra mundial; en Afganistán, las perspectivas eran aún más desalentadoras. Sería, en el mejor de los casos, una tarea de generaciones, no de unos pocos años. Sin embargo, una vez allí, a las fuerzas enviadas a destruir a los talibanes y a Al Qaeda no les sería nada fácil salir de una situación que empeoraba por momentos. Enseguida quedó claro que el terror iba a persistir, y no solo en Afganistán.

Ese fue el segundo gran error de cálculo en la guerra de Afganistán. Los estadounidenses y sus aliados europeos habían subestimado la novedad, el carácter, la magnitud y el peligro de la amenaza a la que se enfrentaban con el terrorismo internacional. El fenómeno no era en absoluto nuevo; ya había existido en Oriente Medio y los servicios de inteligencia occidentales lo conocían desde hacía unas tres décadas. Además, para varios países europeos el terrorismo interno no era algo ajeno: la violencia del IRA había afectado gravemente a Irlanda del Norte (y en menor medida también a Inglaterra) desde finales de los años sesenta; España tenía un problema equivalente con la organización separatista vasca ETA; tanto Alemania Occidental como Italia habían tenido que enfrentarse al terrorismo interno durante los años setenta. Sin embargo, aun cuando todas estas manifestaciones del terror habían matado y mutilado profusamente, el terrorismo islámico del siglo XXI tenía un carácter en esencia diferente y representaba una amenaza infinitamente mayor. Hasta entonces las organizaciones terroristas anteriores habían tenido unos objetivos limitados: habían elegido como blanco a los estados nación con el propósito de conseguir la independencia nacional (como el IRA y ETA) o atacar al capitalismo en estados concretos (como la Baader-Meinhof en Alemania Occidental y las Brigadas Rojas en Italia). Su terror había estado dirigido principalmente contra los representantes de los estados y sistemas que estaban atacando: políticos, soldados, policías, directivos empresariales. Muchos transeúntes inocentes murieron en sus atentados, pero la cifra de víctimas habría sido mucho mayor si no hubieran avisado con antelación, como solían hacer, de los atentados con bomba. Además, por lo general, los terroristas intentaban escapar con vida del horror que causaban a otros.

Todo esto cambió con el terrorismo islamista. Operaba a escala mundial, no nacional. Era descentralizado e internacional en cuanto a personal, objetivos, adquisición de armas y uso de los medios de comunicación modernos para diseminar su propaganda. Un cambio importante era que sus partidarios estaban dispuestos a suicidarse o incluso deseaban hacerlo cuando cometían sus atentados, ya que se consideraban mártires de una causa apocalíptica. Y esta causa era totalmente ilimitada: la destrucción por medio de una revolución islámica mundial de todos los valores liberales occidentales y su sustitución por los «verdaderos» valores del islam fundamentalista. Estados Unidos y sus aliados ejemplificaban la cultura que debía ser destruida. También planeaban destruir a Israel y a los judíos más en general, a los que, en una variante de las viejas teorías conspirativas, atribuían estar detrás del poder de Occidente. Para alcanzar estos objetivos milenaristas, el terrorismo islamista no solo aceptaba que hubiera víctimas civiles, sino que buscaba activamente aumentar al máximo el número de civiles inocentes muertos. Según este razonamiento, cuanto mayor fuera la conmoción, mayor efecto tendría el impacto del terror, mayor sería la corrosión del poder de Occidente y más cerca de alcanzarse estarían los objetivos del terrorismo.

En Europa, sobre todo en las etapas iniciales, hubo un amplio apoyo a la guerra de Afganistán liderada por Estados Unidos. El objetivo de destruir a los talibanes y a Al Qaeda era sumamente popular. Es posible que, antes de 2001, muchos europeos tuvieran dificultades para nombrar la capital de Afganistán, pero, debido a las noticias televisivas, nombres como Kandahar, la provincia de Helmand, el Hindu Kush o Lashkar Gah pronto fueron muy conocidos. Estos boletines frecuentes, que a menudo ofrecían informaciones luctuosas sobre soldados occidentales muertos o la cifra de víctimas inocentes de atentados suicidas, dejaban claro que la guerra se estaba eternizando. Eran la señal más clara de que el enemigo distaba mucho de estar derrotado. Y poco a poco, pero de manera inexorable, la popularidad inicial de la guerra se fue desvaneciendo.

En cualquier caso, el interés por Afganistán no tardó en ser superado por una segunda vertiente de la «guerra contra el terrorismo». La invasión de Irak en marzo de 2003 por una fuerza encabezada por Estados Unidos, y de nuevo apoyada sobre todo por los británicos, fue un asunto mucho más divisivo que Afganistán, que topó desde un principio con una airada oposición y enseguida tuvo consecuencias desastrosas.

Para los europeos, la guerra contra el Irak de Saddam Hussein era una cuestión a todo punto diferente a la guerra para erradicar y destruir a Al Qaeda y a los talibanes en Afganistán. No había nada que relacionara a Saddam con los planes de Bin Laden para atacar Estados Unidos. De modo que, a diferencia de en el caso de Afganistán, no había ningún motivo para las represalias. Para justificarlas, habría que recurrir a argumentos totalmente diferentes, y estos resultarían ser muy controvertidos. Además de otras consideraciones, la justificación legal de atacar a Irak planteaba serias dudas y sus ramificaciones más amplias eran incalculables. Supondría una peligrosa extensión de la «guerra contra el terrorismo». Las cuestiones suscitadas por la guerra dividieron tanto a los gobiernos como a las familias de toda Europa.

Pocos dudaban de que Saddam era un dictador brutal que, con el respaldo de su leal partido, el Ba’ath, y de un temible aparato de seguridad, gobernaba Irak con mano de hierro. Aterrorizaba a su propia población y, como en agosto de 1990 demostró claramente su invasión de Kuwait, era una amenaza para toda la región; la tortura, las ejecuciones sumarias y otras graves violaciones de los derechos humanos eran habituales bajo su régimen; había utilizado armas químicas en la guerra contra Irán y contra los kurdos del norte de Irak. Los asesinatos políticos, étnicos y sectarios, estos últimos perpetrados en su mayoría contra la población chií mayoritaria de Irak, por el gobierno dominado por los suníes se cobraron probablemente más de 250 000 víctimas, sin contar los muertos de las guerras contra Irán en los años ochenta y de la guerra del Golfo de 1991. Como consecuencia en parte de las duras sanciones económicas impuestas por la ONU a Irak en 1990 por la invasión de Kuwait, y mantenidas en vigor durante toda la década, pero también mediante una represión brutal, Saddam había sumido en la pobreza a gran parte de la población de un país antaño rico. El historial de un régimen detestable y de un dictador odioso era escalofriante, pero ¿tenían derecho los países occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, a emprender acciones militares para deponer a Saddam?

Ya en los años ochenta los asesores políticos de Estados Unidos habían clasificado a Irak como un «estado canalla», definición que incluía el objetivo de fabricar «armas de destrucción masiva». Varios destacados «neoconservadores» (como se les conocería), comprometidos ideológicamente a utilizar la hegemonía militar estadounidense para imponer una pax americana internacional, y que más tarde ocuparían cargos importantes en la administración Bush, llevaban desde 1998 instando al presidente Clinton a emprender acciones militares para derrocar a Saddam. En julio de 2001, tres meses antes del atentado contra las Torres Gemelas, el Departamento de Defensa, encabezado por el enérgico neoconservador Donald Rumsfeld, ya había elaborado planes concretos para llevar a cabo una intervención militar en Irak. Al día siguiente de los fatídicos acontecimientos de Nueva York, el gabinete de Bush deliberó sobre el asunto. En aquel momento, la prioridad era Afganistán; pero eso no tardaría en cambiar.

El 29 de enero de 2002, apenas un mes después de la deposición de los talibanes y cuando la victoria sobre Afganistán parecía segura, el presidente Bush subrayó durante una intervención en el Congreso el papel de Irak en un «eje del mal» que, al haber adquirido armas de destrucción masiva, amenazaba la paz mundial. En los meses siguientes resultaría evidente que Estados Unidos estaba centrando su atención en Irak como la próxima fase de la «guerra global contra el terrorismo». El discurso de Bush sobre el «eje del mal» fue muy popular en Estados Unidos. El 11S había afectado drásticamente a la opinión pública y la inmensa mayoría de los estadounidenses estaban a favor del ataque total del presidente contra lo que se consideraban las fuentes del terrorismo mundial. La intervención también contaba con el apoyo del partido de la oposición. Ya en diciembre de 2001, senadores republicanos y demócratas habían recordado conjuntamente al presidente que su política era el «cambio de régimen» y habían pedido el derrocamiento de Saddam. Por entonces, Irak era ya a todas luces una prioridad para Estados Unidos.

Los gobiernos europeos, y los ciudadanos de sus países, estaban mucho más indecisos. Les preocupaba la creciente probabilidad de una guerra en Irak y sus posibles consecuencias y no veían ningún vínculo real entre la amenaza de Al Qaeda e Irak. Tony Blair fue una notoria excepción por la rapidez con la que ofreció el apoyo británico al presidente Bush. A Blair, como a Bush, le movía desde el principio la ferviente convicción emocional de que era una necesidad urgente eliminar por la fuerza el grave peligro existencial para el mundo que, en su opinión, representaba un Irak que poseía armas de destrucción masiva. Cuando en abril de 2002 visitó al presidente Bush en su rancho de Texas, ya había llegado a la conclusión de «que derrocar a Saddam era prestar un servicio a la humanidad y, sobre todo, al pueblo iraquí». Había visto la eficacia de la intervención occidental para proteger a la población de Kosovo en 1999 y, al año siguiente, había ordenado a las tropas británicas que intervinieran, lo que de nuevo hicieron con éxito, en la guerra civil de Sierra Leona, una antigua colonia británica. Más recientemente, había visto a los talibanes expulsados (por entonces se pensaba que para siempre) de Afganistán. Así pues, Blair compartía el objetivo del «cambio de régimen» en Irak con un fervor casi misionero. Sin embargo, según reconocía, el apoyo británico a Estados Unidos no podía basarse en la destrucción de Saddam por ser un tirano, por muy bienvenida que esta fuera, porque eso no bastaba conforme al derecho internacional. Y no bastaría para conseguir que los británicos apoyaran la guerra. Insistió en que el asunto crucial era la posesión de armas de destrucción masiva.

Tanto los servicios de inteligencia estadounidenses como los británicos creían que Saddam estaba reponiendo los arsenales iraquíes de armas químicas y biológicas que en 1991, tras la primera guerra del Golfo, las Naciones Unidas le habían obligado a destruir. Saddam permitió, con mucha reticencia y tras ser amenazado con un ataque si incumplía la resolución 1441 del Consejo de Seguridad de la ONU, que un equipo de inspectores de armamento de la ONU, encabezados por el diplomático sueco Hans Blix, entrara en el país en noviembre de 2002. En el informe que el equipo de Blix presentó el 7 de marzo de 2003 se declaraba que no habían encontrado nada, pero a esas alturas las conclusiones serán secundarias. La administración estadounidense ya había tomado una decisión. El presidente ya había anunciado dos meses antes a Rumsfeld y al secretario de Estado Colin Powell que estaba dispuesto a declarar la guerra a Saddam. También hacía mucho tiempo que Blair había tomado una decisión. En el mes de julio anterior había escrito una nota privada y confidencial a Bush: «Ocurra lo que ocurra, estaré con usted», le aseguraba al presidente.

Lo que siguió a las decisiones ya tomadas, en principio, de intervenir en la guerra fue un proceso para convencer a la opinión pública estadounidense y británica de que Saddam amenazaba a Occidente con armas de destrucción masiva, pese a las conclusiones negativas de los inspectores de armamento. Tanto la administración Bush como el gobierno de Blair siguieron insistiendo, frente al creciente escepticismo de la opinión pública, en que las armas acabarían apareciendo, aferrándose a informes imperfectos, infundados y especulativos de sus servicios de inteligencia para defender en público una causa que, en realidad, tenía fallos profundos. El 5 de febrero de 2003 el secretario de Estado Powell declaró en una sesión plenaria del Consejo de Seguridad de la ONU: «No puede haber dudas de que Saddam Hussein posee armas biológicas y la capacidad para producir rápidamente más, muchas más». En 2002 Blair había seguido insistiendo a la opinión pública británica que el objetivo en Irak era el desarme, no el cambio de régimen, pero en septiembre de 2002 y en febrero de 2003 su gobierno había publicado dosieres destinados a preparar a la opinión pública para una intervención armada en Irak en los que se afirmaba que Saddam poseía armas de destrucción masiva, estaba desarrollando una capacidad nuclear y no tardaría en estar en condiciones de atacar Londres en cuarenta y cinco minutos. El escenario era alarmante y, como se demostraría, falso.

Aun así, estas declaraciones de los dirigentes políticos surtieron efecto. En noviembre de 2002, el Congreso dio carta blanca al presidente Bush para que actuara contra Irak como considerara para defender la seguridad de Estados Unidos. Apenas una tercera parte de los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado (en su inmensa mayoría demócratas) no le dio su apoyo. El porcentaje de la población que se oponía a una intervención militar era todavía más bajo, apenas poco más de una cuarta parte de los estadounidenses, según los sondeos de opinión realizados en febrero de 2003. La mayoría consideraba justificada una acción contra Irak, aunque prefería que contara con un mandato de las Naciones Unidas. Era evidente que las declaraciones del presidente y del secretario de Estado habían convencido a la opinión pública. Los sondeos de opinión demostraban que, en realidad, la mayoría de la población se había convencido de que Irak estaba detrás del 11S.

El 18 de marzo de 2003 la Cámara de los Comunes británica respaldó la invasión de Irak por una mayoría aún más amplia que el Congreso estadounidense (412 a 149 votos). Solo se opusieron una cuarta parte de los diputados laboristas y dos conservadores. La opinión pública era menos favorable a una intervención que la de Estados Unidos: el 54 % estaba a favor y no más del 38 % en contra, y todo indicaba que el apoyo público era frágil y podía desvanecerse con rapidez. Como en Estados Unidos, al pueblo británico (y al Parlamento) le habían vendido la guerra con falsos pretextos. Casi con toda seguridad, no es exacto, como se afirmó a menudo posteriormente, que Bush y Blair hubieran mentido abiertamente al justificar la guerra, pero ambos, desde diferentes extremos del espectro político (un presidente republicano y un primer ministro laborista), habían engañado a sus pueblos. Habían utilizado a sabiendas información sin verificar y errónea para fabricar argumentos que, en el fondo, se basaban en poco más que su propia convicción inquebrantable, al margen de las conclusiones del equipo de inspectores de Blix, de que Saddam poseía armas de destrucción masiva. Ambos estaban decididos a provocar un «cambio de régimen» en Irak, aunque ambos, Blair más que Bush, habían ocultado este motivo tras la necesidad de eliminar la amenaza inminente que Saddam representaba para el mundo. Y ambos, en este caso Bush mucho más que Blair, estaban dispuestos a actuar, si era necesario, sin la autorización de las Naciones Unidas.

El mes anterior hubo protestas masivas contra la guerra de Irak en Gran Bretaña y en toda Europa. El 15 de febrero de 2003, en torno a un millón de personas, una de las mayores concentraciones de protesta de la historia de Gran Bretaña, se manifestaron en Londres. También se organizaron enormes manifestaciones contra la guerra en Alemania, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, el Benelux, Portugal y otros países europeos; las mayores fueron las de Italia (unos 3 millones) y España (1,5 millones) y se calcula que más de diez millones de personas participaron en ellas en todo el mundo.

La perspectiva de una guerra contra Irak dividió a Europa más profundamente que en cualquier otro momento desde la caída del Telón de Acero. Mientras que la percepción británica de su «relación especial» con Estados Unidos animó a Blair, como en el caso de Afganistán, a permanecer de manera instintiva y acrítica «hombro con hombro» con el presidente Bush, Francia, con el presidente Chirac, adoptó una postura diametralmente opuesta. Desde los tiempos de Charles de Gaulle, en la política exterior francesa había un fuerte sesgo antiestadounidense. No obstante, la postura de Chirac sobre la guerra de Irak tenía poco o nada que ver con el tradicional antiamericanismo francés. Sus bien fundadas objeciones eran que la guerra en Irak despertaría sentimientos antioccidentales entre los musulmanes. En enero de 2003 dejó claro que Francia no participaría en ninguna intervención militar. Gerhard Schröder, jefe del Gobierno de coalición entre los socialdemócratas y los verdes en Alemania, también se opuso con rotundidad a la guerra. En realidad, Alemania fue aún más lejos que Francia al declarar que no habría ninguna participación alemana ni siquiera en el caso de un mandato de las Naciones Unidas. Bélgica y Luxemburgo apoyaron la línea de Francia y Alemania, pero la Unión Europea estaba dividida. Los Países Bajos, Italia, España, Portugal, Dinamarca, así como todos los países que habían estado al otro lado del Telón de Acero, se habían incorporado posteriormente a la OTAN y se estaban preparando para su adhesión a la Unión Europea apoyaron la guerra. La división no solo afectó a la Unión Europea, también fue la crisis más grave en la OTAN desde su fundación en 1949. Algunos países de la OTAN se unieron a la coalición; otros, no. La OTAN como tal no participó en la invasión planeada, aunque sus fuerzas prestaron apoyo defensivo a Turquía (que se sentía amenazada por el vecino Irak).

La «coalición de voluntarios», como los estadounidenses denominaron a aquellos países dispuestos a respaldar la intervención militar, no tuvo en modo alguno el mismo respaldo internacional (sobre todo en Oriente Medio) que en 1991 había tenido la primera guerra del Golfo, vista en general como una intervención legítima para bloquear la evidente agresión de Irak contra otro país. Cuando se produjo la invasión, solo el Reino Unido y, en un número reducido, Polonia y Australia aportaron tropas para que combatieran junto a las estadounidenses.

La derecha neoconservadora de Estados Unidos respondió a las profundas divisiones en Europa agitando sentimientos antieuropeos en Estados Unidos. El secretario de Defensa Donald Rumsfeld acusó a Francia y Alemania de representar a la «vieja Europa» y elogió a los países del centro y el este de Europa que, al ponerse del lado de Estados Unidos y Gran Bretaña, constituían la «nueva Europa». Los franceses merecían especial oprobio. Un artículo periodístico publicado en 2002 ya los había tildado vergonzosamente (con la capitulación de 1940 en mente) de «monos comedores de queso que se rinden». En las cafeterías del Congreso de Estados Unidos, las French fries (patatas fritas) fueron rebautizadas freedom fries, «patatas de la libertad», aunque lo cierto es que a la mayoría de los estadounidenses les pareció un gesto ridículo y la embajada de Francia señaló que, en realidad, las patatas fritas eran de origen belga. Tras estos disparates subyacían algunas reflexiones serias sobre la divergencia entre los enfoques de la guerra estadounidense y europeo. «Hoy en día, en las principales cuestiones estratégicas e internacionales, los estadounidenses son de Marte y los europeos de Venus: se ponen de acuerdo en pocas cosas y se entienden cada vez menos», fue la opinión de Robert Kagan, autor del influyente libro Poder y debilidad, publicado en 2003. «Los dirigentes estadounidenses deberían darse cuenta de que… Europa no es capaz de contener a Estados Unidos», concluía de manera inquietante Kagan.

La resolución 1441 del Consejo de Seguridad, de noviembre de 2002, había dado a Saddam Hussein «una última oportunidad» de cumplir con las exigencias de una inspección de armamento, pero la amenaza implícita no especificaba si el incumplimiento conllevaría una intervención militar. Tampoco estaba claro que Saddam estuviera evitando cumplir plenamente. El propio Blix era ambivalente, aunque en febrero señaló que había mayor cooperación. Saddam no ayudó mucho a su propia causa. Como farol para disuadir una intervención militar, nunca llegó a negar categóricamente la acusación de poseer este tipo de armas. Fue un error perverso y fatal. Blix había informado de que no se habían encontrado armas de destrucción masiva, pero ¿seguirían ocultas en otro lugar?

En marzo de 2003 ya era evidente que los franceses y los rusos vetarían cualquier resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para aprobar una intervención militar en Irak. Sin embargo, ¿era estrictamente necesaria una nueva resolución? Los estadounidenses, para entonces impacientes con la ONU, ya estaban decididos a actuar, con o sin resolución. En Londres, el muy dudoso dictamen jurídico presentado al gobierno por el fiscal general, lord Goldsmith, fue que la intervención estaba cubierta por la resolución 1441 (aunque al principio había adoptado una postura diametralmente opuesta). Con ello, el gobierno británico, excepto el ministro de Asuntos Exteriores, Robin Cook, que dimitió, estaba a bordo. La guerra seguiría adelante sin un mandato de la ONU, por lo que carecía de legalidad internacional. Estados Unidos había decidido por su cuenta, sin respetar el derecho internacional, cómo y cuándo emprender la guerra.

La invasión de Irak empezó el 20 de marzo de 2003. Era evidente que las fuerzas de Saddam no eran un adversario a la altura de los invasores principalmente estadounidenses, y en tres semanas la campaña militar estaba ganada. Bagdad fue tomada el 12 de abril y los combates cesaron. Las bajas de la coalición fueron mínimas. Las imágenes televisadas de la multitud derribando una estatua de Saddam en el centro de la ciudad dieron la vuelta al mundo. Saddam huyó, aunque se suponía que su captura era solo cuestión de tiempo. (Lo encontrarían en noviembre de 2003 cerca de su ciudad natal, Tikrit, y más tarde fue juzgado por un tribunal iraquí por crímenes contra la humanidad, condenado a muerte y ahorcado el 30 de diciembre de 2006). Con el final de la guerra y la demolición del régimen dictatorial, la sensación era de alivio y también de autocomplacencia. En una escena de una arrogancia extraordinaria, el presidente Bush, a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln y ataviado con un uniforme de aviador, se dirigió el 1 de mayo a los marineros (y al mundo, que lo veía por televisión) bajo un cartel que rezaba: «Misión cumplida». En realidad, el hundimiento de Irak en largos años de caos y un espantoso derramamiento de sangre, con consecuencias duraderas para Estados Unidos y sus aliados, no había hecho más que empezar.

Antes de la invasión el presidente Bush había hablado de construir un Irak democrático, pero Irak no era Alemania en 1945. Los ocupantes demostraron tener un escaso conocimiento de los problemas a los que se enfrentaban y de las peculiaridades de la cultura y la política iraquíes. La administración del Irak ocupado bajo el mando del diplomático estadounidense Paul Bremer demostró ser totalmente inepta, y la disolución del Partido Baaz y del ejército iraquí fue muy contraproducente para sus propios objetivos. El gobierno de mayoría chií establecido por los estadounidenses incluso intensificó el creciente conflicto sectario debido a su flagrante discriminación de la minoría suní, que convirtió a la antigua élite gobernante en ciudadanos de segunda clase. Aún peor fue la tortura y el trato degradante infligido a los prisioneros iraquíes en la cárcel de Abu Ghraib por sus captores estadounidenses, mostrados al mundo entero por televisión en 2004. La reputación de Estados Unidos ya estaba por los suelos por su maltrato a varios centenares de presos, sobre todo de Afganistán, sospechosos de terrorismo e internados sin un juicio en el campo de detención de Guantánamo, en Cuba, creado en enero de 2002. En ese momento tocó fondo. Abu Ghraib constituía una burla de los valores de humanidad y justicia que Estados Unidos, y el resto del mundo occidental, afirmaban representar. Cualquier buena voluntad que pudiera haber existido inicialmente hacia Estados Unidos y Gran Bretaña por haber puesto fin a la tiranía de Saddam Hussein, fue sustituida por un odio creciente y generalizado hacia los ocupantes de Irak cuando el caos político y la violencia incontrolable se convirtieron en las marcas distintivas del día a día. Saddam había sido terrible, pero lo que le remplazó, gracias a una ocupación mal concebida y mal ejecutada, sin ningún concepto coherente de orden post-Saddam, fue para muchos todavía peor. Las desastrosas consecuencias se extendieron mucho más allá del propio Irak.

La invasión, el trato infligido a Irak por los conquistadores y el vacío de poder que sustituyó a la dictadura de Saddam Hussein fueron un regalo para el terrorismo yihadista internacional. Después de la guerra de Irak, los atentados terroristas en el mundo, que ya habían aumentado en la segunda mitad de los años noventa, se dispararon. De unos 500 en 1996 se había pasado en 2003 a 1800 y en 2006, se produjeron unos 5000. La región más afectada con mucha diferencia fue Oriente Medio. Solo en Irak se cometieron en 2004 unos 26 500 atentados terroristas. La cifra de iraquíes muertos luchando contra la ocupación y en los conflictos intestinos dentro del país tras la invasión se calcula en medio millón. Los países occidentales sufrieron relativamente poco. Se estima que, entre 1998 y 2006, los objetivos yihadistas en Gran Bretaña representaron el 4 % del total, en España el 2 %, en Turquía el 4 %, en Rusia el 11 % (relacionados principalmente con los conflictos en el Cáucaso, sobre todo en Chechenia) y en Estados Unidos el 2 %. No obstante, tras las guerras de Afganistán e Irak, Europa ya no podía evitar estar cada vez más expuesta al terrorismo internacional.

Gran Bretaña, por ser el principal aliado de Estados Unidos (y una antigua potencia imperialista), estaba especialmente amenazada. Su estrecha relación con Pakistán brindaba buenas oportunidades para el intercambio fecundo de ideas yihadistas y el reclutamiento de terroristas entre la población de origen paquistaní. Pero los servicios de inteligencia también descubrieron redes yihadistas, muchas de ellas vinculadas a Al Qaeda o inspiradas en ella, en varios países europeos, como Alemania, Francia, Italia, España, los Países Bajos, Bélgica, Polonia, Bulgaria y la República Checa. La difusión de internet facilitó mucho el adoctrinamiento yihadista, dentro y fuera de Europa. El número de páginas web de apoyo al terrorismo aumentó de unas doce en 1998 a más de 4700 en 2005.

La información recopilada por los servicios de seguridad sobre posibles atentados era la principal defensa contra los atentados terroristas, pero no siempre funcionaba. La mañana del 11 de marzo de 2004, bombas colocadas en los concurridos trenes de cercanías en Madrid mataron a 192 personas e hirieron a unas dos mil. Bin Laden había amenazado con represalias contra los aliados europeos de Estados Unidos. El gobierno español, del conservador Partido Popular de José María Aznar, había apoyado la guerra pese a que esta era muy impopular entre la mayoría de los españoles. La indignación en Madrid tuvo un motivo político directo. En las elecciones generales que se celebraron tres días después de los atentados, Aznar pagó el precio. Según las encuestas, muchos votantes cambiaron su voto tras los atentados y optaron por el Partido Socialista, que se había opuesto a la guerra. Tras ganar las elecciones, el nuevo presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, retiró enseguida las tropas españolas de Irak.

Un año más tarde, el terrorismo golpeó Gran Bretaña. El 7 de julio de 2005, los terroristas detonaron tres bombas en vagones del metro de Londres y una cuarta en un autobús en el centro de la ciudad, que mataron a 52 personas e hirieron a otras setecientas. Todos los suicidas eran ciudadanos británicos y desconocidos para los servicios de seguridad. Afirmaban estar actuando como soldados del islam y como represalia por la opresión británica de los musulmanes en Afganistán, Irak y otros lugares. Gran Bretaña ya había sufrido antes un importante atentado terrorista relacionado con Oriente Medio, cuando en diciembre de 1988 una bomba libia colocada en un avión de pasajeros estadounidense explotó sobre Lockerbie, en Escocia, durante un vuelo de Londres a Nueva York, y mató a 259 pasajeros y tripulantes (otras once víctimas fueron alcanzadas por partes del avión al impactar contra el suelo). Las represalias contra Estados Unidos por los bombardeos estadounidenses en Libia durante los años ochenta habían sido el motivo aparente, pero, a diferencia de lo ocurrido en Lockerbie, los atentados de julio de 2005 fueron cometidos en el centro de la capital y no estaban dirigidos contra Estados Unidos, sino directamente contra Gran Bretaña. Las guerras en los países musulmanes se habían vuelto contra Europa.

Los años siguientes demostrarían que ningún país europeo estaba a salvo del terrorismo islámico. Francia y Alemania, pese a su oposición a la guerra de Irak, tampoco se libraron. El fundamentalismo islamista atacaría donde pudiera hacerlo con más eficacia, contra blancos fáciles con la máxima pérdida de vidas y la mayor publicidad posible. No era restrictivo en cuanto a sus enemigos; era un ataque contra la civilización occidental en su conjunto.

Aunque el resurgimiento del islam como fuente cada vez más amplia de la identidad musulmana se remontaba a los años setenta, las guerras en Afganistán y, sobre todo, en Irak le dieron un enorme impulso. La fatídica intervención en Irak y la pésima gestión durante la primera fase de la ocupación abonaron el terreno para la aparición de múltiples organizaciones terroristas que en los años siguientes atormentarían a Occidente. Algunas de las más mortíferas se formaron de acuerdo con las líneas de fractura sectarias que se ampliarían enormemente tras la guerra de Irak. El agravamiento de la división entre suníes y chiíes hizo su propia aportación al creciente problema del terrorismo islamista. Afectó a la compleja geopolítica de Oriente Medio, aún más desestabilizada por el apoyo de Irán a los chiíes y de Arabia Saudí a los suníes. Como Irán estaba estrechamente vinculado a Rusia, mientras que Arabia Saudí, donde predominaba la variante salafista del islam fundamentalista, era un importante aliado de Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países europeos, no cabía duda de que Europa permanecería muy expuesta a los persistentes traumas de Oriente Medio.

EL DOBLE ROSTRO DE LA GLOBALIZACIÓN

El fin del comunismo dio un gran impulso a la economía globalizada. A principios de los años noventa (como se señalaba en el capítulo anterior), los países del antiguo bloque oriental tuvieron dificultades para hacer frente a su impacto. Sin embargo, en la segunda mitad de la década comenzaron a beneficiarse del crecimiento económico mundial, como ocurrió en Europa Occidental. Entre mediados de los años noventa y el abrupto final del crecimiento en 2008, los europeos, tanto del este como del oeste, disfrutaron de los beneficios de una economía pujante; al menos, la mayor parte de ellos. La globalización trajo consigo ventajas materiales que las generaciones anteriores difícilmente podrían haber imaginado. Existía un nuevo dinamismo económico y el comercio mundial florecía mientras los productos cruzaban las fronteras como nunca antes. A finales de la primera década del siglo XXI, el volumen del comercio era seis veces superior al existente cuando cayó el Muro de Berlín. En realidad, el porcentaje de Europa en la economía mundial había experimentado un declive a largo plazo desde los años veinte. Es decir, el tamaño de la economía europea había aumentado, pero en otras partes del mundo había crecido más deprisa. En 1980, Europa todavía representaba en torno a una tercera parte del comercio mundial, pero tres décadas más tarde el porcentaje era de solo un 20 %. No obstante, la creación de un gran bloque comercial en Europa tuvo mucha importancia. Sin los pasos dados hacia la integración europea, el declive relativo habría sido, casi con toda seguridad, mayor. Al inicio del nuevo milenio la Unión Europea ampliada se había convertido en el mayor bloque comercial del mundo, por delante de Estados Unidos y China en volumen de exportaciones e importaciones.

En los últimos años, la producción y distribución de mercancías se había internacionalizado a una escala sin precedentes. Los grandes beneficiarios fueron las enormes empresas multinacionales (y, cada vez más, los gigantes tecnológicos). Las piezas para la fabricación de automóviles se producían cada vez más en varios países y se ensamblaban en otros. Japón, uno de los mayores fabricantes mundiales de automóviles, tenía grandes fábricas de componentes en varios países europeos; Toyota, Honda y Nissan eran algunas de las marcas de automóviles más populares en Europa. Los consumidores daban por segura la globalización. Podían comprar una gran variedad de productos en todo el mundo a precios muchas veces asombrosamente bajos, y el gasto de los consumidores se disparó. Productos electrónicos, juguetes infantiles, ropa y una enorme diversidad de otros productos llegaban desde países del este de Asia que estaban experimentando unas tasas de crecimiento económico sin precedentes, las «economías de los tigres» (Corea del Sur, Singapur y Taiwán), pero sobre todo China, cuya economía se estaba perfilando como la mayor del mundo después de la estadounidense. Europa también proporcionaba mercados en expansión para los productos y conocimientos especializados en programas informáticos de India, otra economía en rápido crecimiento. Las estanterías de los supermercados europeos estaban abarrotadas de una impresionante variedad de productos procedentes de todos los lugares del planeta. Se importaban de lejanos países cálidos frutas y verduras que antes solo estaban disponibles en temporada; había infinidad de opciones de platos del Mediterráneo y Oriente Medio, innumerables tipos de pasta, especias orientales y otros productos alimentarios para prácticamente todos los gustos personales; los vinos procedían no solo de toda Europa, sino también de Australia, Nueva Zelanda, California, Argentina y Chile, y a unos precios reducidos que habrían sido inimaginables una generación antes.

Mientras en los países europeos la industria manufacturera proseguía con su declive a largo plazo, los servicios la fueron sustituyendo en casi todos los lugares como sector económico preponderante. A finales del siglo XX, entre dos terceras partes y tres cuartas partes de los empleados de la mayoría de los países europeos trabajaban en el sector de servicios. Solo una minoría trabajaba aún en granjas o en grandes fábricas. La mayoría de los trabajadores se dedicaban a la administración, la organización o los acuerdos comerciales de la producción, no a la fabricación de productos. La logística (la organización de la circulación de mercancías por todo el mundo) se convirtió en un sector pujante de la industria y del comercio. Entre 1990 y 2008 el número de empresas transnacionales se duplicó, e incluso se registró un crecimiento aún más rápido de las empresas subsidiarias. La «externalización» (la contratación externa de partes de un negocio, ya sea la administración, la fabricación o la distribución de productos, a una filial, muchas veces con sede en el extranjero) se había convertido en un elemento clave de la economía globalizada. Los gobiernos subcontrataban servicios públicos a empresas privadas para reducir el gasto público, pero la mayor parte de la externalización la realizaban las empresas privadas. La deslocalización en países con un régimen de baja tributación permitía minimizar la presión fiscal. El traslado de la producción a países con mano de obra barata, mientras se conservaban las sede europeas, permitía aumentar los beneficios, un proceso que desde hacía décadas iba cobrando fuerza. Tres cuartas partes de los trabajadores de multinacionales holandesas, por ejemplo, ya habían estado empleados en el extranjero en los años setenta. A menudo la externalización también implicaba el traspaso de elementos de la cadena de producción y distribución a trabajadores por cuenta propia, lo que permitía a las empresas evitar obligaciones engorrosas y costosas de la legislación laboral, aunque en muchos casos esto significara transferir prácticas laborales onerosas a trabajadores por cuenta propia en pequeñas empresas.

En la primera década del siglo XXI las comunicaciones y las relaciones transnacionales se habían transformado por completo. La rápida difusión de internet, sobre todo después de la creación de la World Wide Web (inventada en 1989 por Tim Berners-Lee y accesible para el público en general dos años más tarde), encabezó una revolución que cambió las posibilidades de comunicarse y la disponibilidad de conocimientos y de información a una velocidad de vértigo y de maneras hasta entonces inimaginables. Se podían comprar artículos en el extranjero que se entregaban en la puerta de casa con una asombrosa rapidez con solo pulsar una tecla del ordenador; las personas podían contactar por correo electrónico en todo el mundo en cuestión de segundos (lo que redujo drásticamente los servicios postales); podían realizarse transacciones financieras y transferencias de capitales a una velocidad similar. Por primera vez desde la segunda guerra mundial, la inversión directa total de Europa en el extranjero superó a la de Estados Unidos. La inversión extranjera en Europa era, a finales del siglo, casi el doble que la inversión en Estados Unidos. Tras la introducción del euro en 2002, las transacciones monetarias en Europa se simplificaron enormemente. Las empresas se beneficiaron y también los viajeros extranjeros.

Los viajeros, ya lo fueran por negocios o por placer, podían disfrutar de vuelos extraordinariamente baratos que permitían acceder con facilidad a destinos lejanos. Incluso después de que tras el 11S se introdujeran cambios en los protocolos de seguridad de los aeropuertos que los convertían prácticamente en una fortaleza, el deseo de viajar al extranjero, y la facilidad para hacerlo, apenas se vio afectado. El turismo internacional era un negocio importante. La gente se desplazaba de un continente a otro como nunca antes y los viajes a conferencias internacionales y reuniones de negocios aumentaron. Gracias al programa Erasmus de la Unión Europea, los jóvenes podían estudiar sin problemas fuera de sus países, trasladando sus expedientes de una universidad a otra más allá de sus fronteras nacionales. También resultaba mucho más fácil, con la ciudadanía europea, trasladarse de un país a otro para vivir o trabajar. Millones de europeos vivían por voluntad propia, no por necesidades económicas, fuera de su país de nacimiento. En el plano cultural, se habían perdido muchas de las diferencias, aunque no todas, que en otro tiempo habían separado a los europeos de todo el continente. Los gustos en cuanto a la música (popular y clásica), el cine, el teatro y el arte eran sorprendentemente similares y trascendían las fronteras nacionales. No se podía distinguir a los europeos del este y del oeste por la ropa que vestían. Una parte importante de las noticias que contaban los canales de información internacionales eran muy similares (aunque, obviamente, con enfoques nacionales o regionales).

De estas y muchas otras maneras, la globalización estaba transformando y mejorando con celeridad la vida de las personas. En muchos aspectos fue una bendición que proporcionó a ciudadanos corrientes un bienestar material que menos de medio siglo antes solo había estado al alcance de sectores reducidos y relativamente ricos de la sociedad. Las tendencias en globalización, aunque en sí mismas no eran nuevas, se aceleraron enormemente gracias sobre todo a la revolución de las comunicaciones. No obstante, el precio que se pagó por los enormes beneficios fue considerable. La globalización era a todas luces ambivalente, un fenómeno con dos caras, una positiva y otra negativa. Era imposible tener una sin la otra.

La globalización tuvo tanto perdedores como ganadores. Un aspecto sorprendente de su impacto fue la rapidez con la que aumentaron las desigualdades de ingresos y riqueza. En las dos primeras décadas de la posguerra estas se habían reducido, pero después habían vuelto a aumentar en una tendencia que se fue acelerando a medida que el siglo XX se aproximaba a su fin. Los ingresos del 10 % más rico de la población, y aún más extraordinariamente los del 1 %, aumentaron mucho más deprisa en la mayoría de los países que los del 10 % más pobre. Una clase directiva con un elevado nivel educativo y altamente cualificada tecnológicamente logró beneficiarse de manera desproporcionada: cuanto más arriba en la escala, mayor la desproporción. La brecha entre los salarios, las primas y las participaciones de capital, a menudo grotescos, de los altos ejecutivos de las grandes compañías e instituciones financieras y las ganancias de la inmensa mayoría de los empleados de esas empresas era cada vez mayor. Los más hábiles a la hora de sacar provecho de los mercados financieros eran quienes estaban en mejores condiciones de obtener ganancias astronómicas.

En el otro extremo del espectro estaba un nuevo proletariado que ganaba salarios bajos en empleos precarios, en muchos casos residía en viviendas de mala calidad, con poco o ningún excedente de sus ingresos y desproporcionadamente proclives, lo que no sorprende, a endeudarse. Las mujeres, que a menudo se veían obligadas a combinar los compromisos familiares con los escasos ingresos potenciales obtenidos en empleos a tiempo parcial o inseguros, se encontraban en una situación particularmente desfavorable. También lo estaban las personas no cualificadas, las que tenían escasa formación y las que carecían de las capacidades necesarias en materia de alfabetización y aritmética elemental. La desventaja era aún mayor en el caso de los inmigrantes o los temporeros, obligados a aceptar empleos mal pagados, inseguros y poco atractivos, y viviendas en malas condiciones, al tiempo que con frecuencia tenían que enfrentarse a formas de discriminación abiertas o más sutiles. A medida que la globalización proporcionaba una gran cantidad de mano de obra inmigrante y temporal para satisfacer la creciente demanda, los empresarios menos escrupulosos comenzaron a reducir los costes laborales. Esto, a su vez, provocó malestar entre los sindicatos y los trabajadores a los que representaban, que creían que la mano de obra migrante estaba haciendo caer los salarios.

La globalización favorecía mucho a las grandes empresas, mientras que las pequeñas tenían a menudo problemas para salir adelante. Los grandes supermercados, por ejemplo, podían controlar los mercados de alimentos mediante enormes compras al por mayor; muchas tiendas pequeñas de alimentos, incapaces de competir, quebraron. La venta de libros era otro sector que se prestaba a las operaciones a gran escala. Las pequeñas librerías no podían competir con las existencias, la capacidad de comercialización y marketing ni las posibilidades de descuento de las grandes cadenas, y muchas de ellas tuvieron que cerrar. Incluso algunas grandes empresas tuvieron serios problemas para competir con Amazon, que en 1994 había empezado siendo una librería online en Estados Unidos, antes de expandirse por toda Europa, usando la tecnología informática para revolucionar la disponibilidad de libros y la rapidez de entrega (al cabo de unos años se diversificó para ofrecer una inmensa gama de productos).

La desregulación de las finanzas impulsó las transferencias de capital a zonas que ofrecían el máximo rendimiento a las inversiones de capital. El «dinero caliente» podía cruzar las fronteras en un instante con pocas limitaciones o ninguna. Los mercados financieros eran globales, ya no estaban sujetos a las restricciones impuestas por los gobiernos nacionales. La especulación en los mercados financieros podía generar rápidamente extraordinarias ganancias o enormes pérdidas, como ocurrió tras el estallido en 2001 de la «burbuja de las puntocom» como consecuencia de las inversiones enormes, pero arriesgadas, en nuevas empresas creadas para aprovechar el rápido crecimiento del sector de internet. Quienes habían acumulado esa nueva riqueza, o la habían heredado, podían aumentarla depositándola de manera segura y discreta en bancos situados fuera de su país de residencia, donde podían aprovecharse de unos tipos impositivos muy bajos. Luxemburgo, Suiza, Andorra, las islas del Canal y la isla de Man ofrecían esa posibilidad dentro de Europa.

Por tanto, no es de sorprender que en los años de apogeo de la globalización, entre mediados de los años noventa y 2008, se incrementaran enormemente las desigualdades no solo de ingresos, sino también de riqueza. Los propietarios de inmuebles veían cómo su riqueza aumentaba sin esfuerzo a medida que se disparaba el precio de las propiedades; muchos de ellos pertenecían a una clase media con ingresos relativamente modestos, pero poseían casas cuyo valor había aumentado exponencialmente. En algunas de las grandes ciudades de Europa, de las que Londres era un claro ejemplo, muchas de las propiedades más codiciadas las compraron inversores extranjeros, mientras que la mayoría de los ciudadanos corrientes se veían expulsados del mercado por los precios. Los jóvenes, sobre todo, a menos que heredaran una fortuna, no solían tener ninguna esperanza de ganar alguna vez lo suficiente para comprar siquiera la vivienda familiar más modesta. No es de extrañar que hubiera un resentimiento latente.

La manifiesta desigualdad de ingresos y riqueza era menos aguda en los países escandinavos. Estos habían sido partidarios tradicionalmente de una fiscalidad más alta y una distribución social más equitativa que Gran Bretaña, que pretendía seguir más estrictamente el modelo neoliberal estadounidense de una economía con baja tributación y muy desregulada. La mayoría de los países de la Europa continental, entre los que destacaban Francia, Alemania, Italia y el Benelux, no habían seguido la vía escandinava, pero aun así, desde la segunda guerra mundial habían desarrollado una fuerte tradición política de atenuar el mercado con políticas de bienestar social y tendían también a mitigar en diferente medida la creciente desigualdad de ingresos, que era mucho más acusada en los países del antiguo bloque oriental y también en gran parte del sur de Europa. En los «años buenos» de finales de la década de los noventa y principios de 2000, las crecientes desigualdades eran, si es que se llegaban a reconocer, o básicamente ignoradas o consideradas como el precio que debía pagarse por los beneficios más amplios de la globalización. Sin embargo, al tocar a su fin los «años buenos», el riesgo de inestabilidad social y de desafíos políticos al sistema vigente era incuestionable.

El crecimiento económico y el aumento de los ingresos, aunque a todas luces importantes, no se correspondían por completo con el modo en que las personas evaluaban su «calidad de vida». Diferentes indicadores estadísticos intentaban llegar a indicios comparativos de lo que era un concepto complejo y sumamente subjetivo. Entre los criterios figuraban el bienestar económico, las libertades políticas, los niveles de empleo y la estabilidad de la familia y de la comunidad. Al margen de las consideraciones que se puedan hacer a los intentos de cuantificar la «calidad de vida», los resultados obtenidos en una de las evaluaciones más sofisticadas, realizada en 2005 por la revista londinense The Economist, ofrecían algunos indicios del lugar que ocupaba Europa en las clasificaciones mundiales. En los primeros puestos de las listas estaba la República de Irlanda, donde, sin duda, la reciente transformación de las condiciones de vida y el rápido crecimiento de la economía del país habían sido decisivos. Los países de Europa occidental obtenían por lo general buenos resultados. Nueve de los diez primeros países examinados en todo el mundo se encontraban en Europa occidental, aunque Francia, Alemania y Gran Bretaña estaban un poco rezagados, un indicador tal vez de que la «calidad de vida» era más difícil de crear y mantener en economías grandes, complejas y variadas. La mayoría de los países de Europa oriental y central se situaban muy por debajo de los de Europa occidental, algunos (entre ellos Bulgaria, Rumanía, Serbia y Bosnia) quedaban aún más atrás, mientras que Ucrania, Bielorrusia, Moldavia y Rusia figuraban por debajo de Siria y no muy por encima de los últimos países de la lista, Nigeria, Tanzania, Haití y Zimbabue.

En Europa siempre habían existido grandes disparidades de la riqueza tanto regionales como nacionales, por no mencionar entre Europa y otras partes del planeta, como África o Sudamérica. La manera en que se vieron afectadas por la globalización variaba. La estabilidad política, las infraestructuras existentes, la calidad de los sistemas educativos y los valores sociales flexibles eran condiciones previas que favorecían que la globalización tuviera un impacto positivo. Europa occidental, en su mayor parte, cumplía estos requisitos. Algunos países mediterráneos que anteriormente habían ido a la zaga hicieron grandes progresos para ponerse al día. España y Portugal registraron tasas de crecimiento superiores a las del núcleo de Europa occidental, mientras que Irlanda, en otro tiempo muy atrasada, se convirtió en un «tigre» económico occidental. Finlandia, tras sufrir una severa recesión a principios de los años cuarenta, también se recuperó con fuerza sobre todo tras incorporarse en 1995 a la Unión Europea, experimentó un fuerte crecimiento económico y se convirtió en uno de los principales exportadores de equipos electrónicos, aprovechando especialmente la creciente demanda de teléfonos móviles.

También hubo perdedores de la globalización, incluso en países relativamente prósperos de Europa occidental. La considerable ayuda financiera del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea contribuyó a mitigar algunas de las mayores disparidades regionales, pero los antiguos problemas estructurales de algunas zonas eran imposibles de superar. La antigua brecha entre las regiones pobres del Mezzogiorno y el norte mucho más rico de Italia se amplió cuando el norte se volvió mucho más atractivo para los inversores extranjeros. Incluso en la próspera Alemania había una gran diferencia entre Baviera y Baden-Wurtemberg en el sur, regiones prósperas que podían atraer a las nuevas tecnologías en expansión y eran centros de fabricación de automóviles, y la vieja región industrial del Ruhr en el noroeste o la región relativamente pobre y en su mayor parte agrícola de Mecklenburgo en el noreste. En Gran Bretaña, las antiguas regiones industriales del noreste y el noroeste, Clydeside en Escocia y los valles de Gales, no conseguían paliar el prolongado declive de sus industrias pesadas, mientras que Londres y el sureste, impulsados por el creciente predominio del sector financiero en la City, prosperaban. Irlanda del Norte puso de manifiesto la importancia de la estabilidad política para la entrada de inversiones globales y la prosperidad. Tras languidecer durante las tres décadas de «The Troubles», el fin en 1998 de decenios de violencia trajo consigo un crecimiento muy necesario.

Donde había inestabilidad política o malas infraestructuras (en Rumanía, por ejemplo, solo había cinco ordenadores personales por cada mil habitantes en 1995, frente a 250 en Europa occidental) o donde la corrupción era generalizada y la población poco instruida (Rumanía era, de nuevo, un caso paradigmático), los países tenían problemas para beneficiarse de la globalización. En el año 2000, el producto interior bruto per cápita en Europa central y oriental seguía siendo apenas la mitad que el de Europa occidental. Los países de Europa central se estaban distanciando de los de los Balcanes y de los que estaban estrechamente vinculados a Rusia. La estabilización política y las reformas de las infraestructuras hicieron que la globalización, gracias en parte a la entrada de inversiones que podían beneficiarse de los bajos costes salariales, permitiera a los países de Europa central mejorar su posición económica y hacer algunos progresos para alcanzar a Europa occidental en los primeros años del nuevo siglo. También Rusia se empezó a recuperar. Los elevados precios de la energía y las abundantes reservas de petróleo y gas natural ayudaron al país a salir del estancamiento de los años noventa, mientras que entre 2000 y 2008 la economía crecía a un 7 % anual. La reactivación se vio favorecida por las medidas adoptadas por el presidente Putin para restablecer el control estatal y la regulación de sectores importantes de la economía, así como el establecimiento de un gobierno fuerte (como demostraron las decisiones muy populares de deponer e incluso en ocasiones encarcelar a algunos de los oligarcas más corruptos), la eliminación de algunos de los peores aspectos de la cleptocracia rusa y el fomento de la entrada de inversiones extranjeras. La desigualdad siguió siendo muy alta, pero al menos había dejado de crecer.

El masivo estímulo económico que derivó de la globalización fue también perjudicial para el medio ambiente, pues acentuó los peligros de la contaminación y el calentamiento global. Sin embargo, la necesidad de satisfacer las crecientes expectativas de disfrutar de unos niveles de vida más elevados hizo que la protección del medio ambiente fuera menos prioritaria que el crecimiento económico sostenido. El temor a ser adelantado en la carrera en pos del crecimiento también desempeñó un papel. La rápida expansión de la globalización fue imparable. Los países que no pasaron a aceptarla y adaptarse a ella lo más rápidamente posible se quedaron atrás.

Durante más de una década de crecimiento económico dinámico, desde mediados de los años noventa, las dificultades parecían manejables. Pero ¿qué problemas plantearía de globalización si de pronto las instituciones financieras que la sostenían se vieran sumidas en una crisis? Nadie pensó mucho en esta posibilidad, parecía que el crecimiento iniciado a mediados de los años cuarenta continuaría indefinidamente. En los años posteriores a la ascensión al poder de los laboristas en mayo de 1997, el ministro de Economía británico, Gordon Brown, afirmó en repetidas ocasiones que se había creado una estabilidad duradera en la economía británica y que no habría un retorno a un ciclo de «expansión y contracción». Estas palabras no tardarían en perseguirlo. Brown no fue ni mucho menos el único que no previó que serían los propios motores del crecimiento mundial los que provocarían la inestabilidad que lo pondría en peligro, que la economía globalizada iba directa hacia el borde del precipicio.

LOS DESAFÍOS POLÍTICOS DE LA GLOBALIZACIÓN

La manera en que los gobiernos europeos respondieron a los desafíos de la globalización dependió mucho de las circunstancias nacionales, pero había tres problemas que fueron claramente visibles incluso en los años de bonanza.

El primero se debía a la enorme intensificación de la competitividad económica, que ocasionó grandes presiones para bajar los salarios, mantener altas tasas de empleo, contener la inflación (con ayuda de los bajos precios de los productos importados de la pujante economía china) y reducir la presión fiscal. Se denomina muchas veces «carrera a la baja». La facilidad de las transferencias internacionales de capital hizo que los regímenes de alta tributación y los tipos de proteccionismo que habían funcionado en el pasado fueran insostenibles. Los gobiernos debían aprovechar la globalización y al mismo tiempo encontrar maneras de combatir en el plano nacional sus nocivos efectos secundarios. Cómo equilibrar estos problemas con el mantenimiento de la cohesión social, la defensa de los valores que las democracias europeas consideraban su esencia y la preservación de los altos niveles de bienestar social ante las crecientes expectativas y una población envejecida fue un desafío fundamental para todos los gobiernos. Ninguno encontró soluciones fáciles o del todo agradables.

El segundo problema era el impacto en la población nacional de la creciente migración de personas de economías más pobres que aprovechaban las oportunidades de trasladarse a economías con salarios más elevados donde el vibrante crecimiento generaba una gran demanda de mano de obra. Cuando en 1986 se creó el mercado único, la magnitud de esta movilidad había sido imposible de prever. Las diferentes tentativas de integrar a los migrantes y crear sociedades multiculturales a menudo dio lugar a tensiones sociales y propició la fragmentación política al fomentar el recurso a «políticas identitarias» representadas por partidos minoritarios. El problema, que distaba de ser nuevo, se agravó en la segunda década del siglo XXI. La migración de personas y el multiculturalismo eran vistos, muchas veces bajo la superficie, con una preocupación cada vez mayor incluso en años de crecimiento global y relativa pujanza económica.

El tercer problema serio, cada vez más importante tras la guerra de Irak y los atentados de Madrid y Londres, era la amenaza del terrorismo. España y Reino Unido tenían una larga experiencia en enfrentamientos con el terrorismo local. El terrorismo de ETA y el IRA había sido letal y había durado mucho tiempo, pero, tras reconocer con la boca pequeña que con la lucha armada no podrían alcanzar sus objetivos, ambas organizaciones se decantaron por la actividad política en lugar de la militar. La firma del «acuerdo de Viernes Santo» en abril de 1998 fue un momento crucial en el proceso para acabar con una etapa trágica de la historia de Irlanda del Norte que duró treinta años y causó la muerte a unas 3500 personas. Desde los años sesenta, en España la lucha separatista vasca se había cobrado la vida de unas mil personas, pero también allí la violencia terrorista estaba disminuyendo. Tras una serie de treguas y un alto el fuego «permanente» en marzo de 2006 que resultó ser temporal y solo duró hasta diciembre, en enero de 2011 ETA anunció el «cese definitivo de su actividad armada». El terrorismo del IRA y de ETA, aunque fuera muy letal (y la cifra de víctimas fue muy elevada comparada con la de víctimas del terrorismo islamista en Europa occidental durante la primera década del siglo XXI), había sido específico en sus objetivos y localizado en su ejecución. El terrorismo islamista era totalmente diferente y se convertiría en un problema más grave en la segunda década del siglo XXI. No obstante, ya mantenía muy ocupados a los servicios de seguridad de diferentes países y exigía el desarrollo de una cooperación más estrecha mediante el intercambio de información entre todos los países occidentales para combatir una amenaza creciente.

Los drásticos cambios experimentados por Europa a principios de los años noventa habían contribuido a que los países de Europa occidental mostraran una intangible disposición a adoptar reformas sustanciales. El objetivo de llevar a cabo grandes reformas estructurales en las instituciones europeas había estado detrás del tratado de Maastricht en 1992. Los estados también tuvieron que adaptarse a las circunstancias cambiantes. La necesidad de «modernizarse» en una «nueva Europa» pasó a ser un mantra político. En gran parte de Europa occidental esto favoreció un giro electoral hacia la socialdemocracia. En 1997, Gran Bretaña eligió al gobierno de Blair por una mayoría aplastante; al año siguiente en Alemania Gerhard Schröder fue nombrado canciller en un gobierno de coalición con Los Verdes; los franceses también habían virado a la izquierda en las elecciones parlamentarias de 1997 y las socialdemócratas eran la fuerza predominante en los gobiernos de coalición de los Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Austria, Italia, Portugal y Grecia a finales de los años noventa. La tendencia era general, aunque hubo excepciones: España, por ejemplo, optó por el conservadurismo en 1996 después de un largo período de gobierno socialista. Sin embargo, lejos de establecer un giro a largo plazo de las lealtades políticas hacia el centroizquierda, la socialdemocracia había registrado una mejora solo pasajera. En los primeros años del siglo XX, se encontraba, por lo general, en retirada.

No tardó en ser característica de los electorados de Europa occidental una tendencia inversa hacia el conservadurismo de centroderecha. Entre 2001 y 2006, los socialdemócratas perdieron poder en Francia, Alemania, los Países Bajos, Portugal, Finlandia, Dinamarca y Suecia. Una vez más, hubo excepciones a esta tendencia. Italia, donde en 2001 el inefable Berlusconi volvió al poder al frente de una coalición de derechas, regresó al centroizquierda en las elecciones parlamentarias de 2006, mientras que dos años antes, tras el atentado terrorista de Madrid, España había elegido a un gobierno socialista.

Cuando Europa entró en el siglo XXI los dos países paradigmáticos del nuevo estilo de socialdemocracia fueron Gran Bretaña y Alemania. Tanto el gobierno de Tony Blair en Gran Bretaña como el de Gerhard Schröder en Alemania ofrecieron lo que en sus primeros años pareció un bien recibido avance con respecto a las manidas políticas de sus predecesores. No obstante, el camino reformista que ambos emprendieron, intentado combinar políticas promercado con nociones remodeladas de justicia social, resultó ser sumamente controvertido, sobre todo entre los seguidores de sus propios partidos. En 2005, el Partido Laborista en Gran Bretaña y los socialdemócratas en Alemania vieron cómo su apoyo se evaporaba.

En 1997, la promesa de Blair de modernizar el país con el «Nuevo Laborismo» (como llamaba ahora a su partido) había resultado atractiva a millones de votantes, pero su gran victoria electoral de ese año se la debió en no poca medida a un factor negativo: los votantes dieron la espalda al gobierno conservador dividido e ineficaz de John Major. Blair y sus asesores habían comprendido que ya no era posible conseguir suficiente apoyo electoral adoptando las políticas laboristas tradicionales. La desindustrialización había llevado cambios fundamentales a la clase trabajadora; los sindicatos, la columna vertebral del laborismo, estaban mucho más debilitados que antes de la época de Thatcher, y la retórica de la lucha de clases de antaño parecía cada vez más anticuada a medida que los hábitos de consumo y los estilos de vida individuales traspasaban las barreras sociales. Así pues, Blair se propuso conquistar el Middle England, los votantes de clase media muy alejados del feudo laborista.

El programa de gobierno de Blair intentaba fusionar la socialdemocracia y la economía neoliberal. Los críticos de Blair lo tildaron de thatcherismo con rostro humano y muchos fieles del partido nunca le perdonaran que rompiera con algunas tradiciones y objetivos laboristas. La igualdad de oportunidades sustituyó a la eliminación de la desigualdad material como objetivo del Partido Laborista y el compromiso de nacionalizar la economía, presente en el programa del partido desde 1918, fue descartado. En lugar de la «ineficaz» propiedad pública, el Nuevo Laborismo aspiraba a controlar y utilizar la creación de riqueza de una economía de libre mercado competitiva para proporcionar un marco para la justicia social.

Con el Nuevo Laborismo se registró un fuerte crecimiento económico, que ya había empezado a mediados de los años noventa con los conservadores (quienes se beneficiaron de la tendencia al alza en la economía mundial). Con la ayuda de una mayor desregulación, la City consolidó su posición como capital financiera de Europa (y, según algunos indicadores, del mundo). Gordon Brown, un astuto ministro de Hacienda, puso a disposición del gobierno de Blair fondos que le permitieron financiar las muy necesarias mejoras en las escuelas, universidades y hospitales. Muchas personas de los sectores más pobres de la sociedad se beneficiaron de ello. Los cambios en la fiscalidad y las prestaciones sociales hicieron que los ingresos de los más pobres aumentaran un 10 %. Se redujo la pobreza infantil. Y mientras la economía siguió prosperando, en gran parte de la clase media la sensación de bienestar material fue generalizada.

Mucho de todo esto dependía del auge del consumo, financiado principalmente por el acceso al crédito barato que, a su vez, impulsaba unos elevados niveles de endeudamiento personal. La inflación de los precios de los bienes muebles también complacía a los propietarios de viviendas, al tiempo que ampliaba inexorablemente la brecha entre quienes poseían propiedades y los muchos que nunca podrían permitirse adquirir una. Con el Nuevo Laborismo los ricos se volvieron más ricos. Uno de los artífices del cambio de imagen del partido, Peter Mandelson, había dicho en 1998 que se sentía «cómodo en grado sumo con el hecho de que las personas se volvieran escandalosamente ricas siempre y cuando pagaran sus impuestos» (lo que muchos consiguieron evitar hacer); la vana esperanza de que la riqueza «se filtrara» de arriba abajo en la escala social resultó ser infundada.

El legado de Blair incluyó en 1998 la transferencia de importantes competencias de Londres a un Parlamento escocés y una Asamblea galesa. Su logro más relevante (aprovechando los sustanciales progresos realizados por su predecesor, John Major) fue mediar en el acuerdo de Viernes Santo de abril de 1998, que puso fin al violento conflicto entre los republicanos y los unionistas en Irlanda del Norte. Pese a estos éxitos duraderos y al margen de los beneficios materiales derivados del crecimiento económico con el Nuevo Laborismo, la guerra de Irak afectó negativamente a Blair después de 2003.

Puso al Nuevo Laborismo claramente a la defensiva. Muchas personas de centroizquierda le retiraron su apoyo como consecuencia de la guerra de Irak y optaron por el Partido Liberal Democrático, mientras que otros que se habían distanciado del conservadurismo regresaron a su hábitat tradicional. No obstante, en 2005 Blair ganó sus terceras elecciones seguidas, un récord único del Partido Laborista. Su magnetismo personal no se había erosionado por completo y, más importante aún, persistía la fortaleza de la economía británica, pero aun así los resultados positivos del laborismo no podían ocultar el hecho de que la popularidad del partido se estaba desvaneciendo. Solo había conseguido el 35 % de los votos, el porcentaje más bajo jamás obtenido por una mayoría gubernamental en Gran Bretaña, y la mayoría laborista en el Parlamento perdió casi un centenar de escaños.

Los atentados en Londres en julio de 2005 fueron un amargo recordatorio de los peligros que tenía para Gran Bretaña que la guerra de Irak se hubiera intensificado. La respuesta de Blair fue proponer nuevas medidas de seguridad, pero en esto encontró mucha oposición popular; para muchos, las medidas propuestas amenazaban con socavar las libertades británicas. Cuando su gobierno presionó a favor de nuevas leyes antiterroristas que ampliaban el período de detención sin juicio de catorce días a noventa, cuarenta y nueve miembros laboristas del Parlamento figuraron entre la mayoría de la Cámara de los Comunes que infligió a Blair su primera derrota parlamentaria desde que accedió al cargo en 1997. (Finalmente se acordó ampliar el período de detención sin cargos a 28 días). La presión aumentó en las altas instancias del Partido Laborista, sobre todo entre los partidarios de Gordon Brown, para que Blair dimitiera. Y, efectivamente, en junio de 2007 el dirigente de más éxito de la historia electoral del laborismo renunció al cargo de primer ministro y poco después abandonó el Parlamento. La guerra de Irak mancilló duraderamente su reputación. Sus notables logros como primer ministro fueron, en consecuencia, desdeñados o minimizados.

Gerhard Schröder no pudo darse el lujo de tener una mayoría tan grande como la que el sistema electoral británico de mayoría simple permitió a Blair en 1997. Al año siguiente los socialdemócratas ganaron las elecciones alemanas, aunque con pocos votos más que los partidos de la Unión Cristiana. No obstante, el gobierno que Schröder pudo formar en coalición con Los Verdes (a los que apoyó solo el 6,7 % de los electores) acometió un ambicioso programa de reformas sociales que incluían cambios fiscales para dar prioridad a la energía limpia, una ley para poner fin a la discriminación contra la homosexualidad y una significativa modificación de la ley de ciudadanía, que en 2000 convirtió la residencia y no la etnicidad en el criterio principal. Sin embargo, los graves problemas económicos heredados por el gobierno de Schröder representaban un gran desafío.

Por sorprendente que pudiera parecer solo unos años más tarde, en junio de 1999 The Economist describía Alemania como «el enfermo de Europa». El crecimiento económico, señalaba la revista, era más bajo que en el resto de la recién creada zona del euro, el desempleo seguía siendo persistentemente alto, las exportaciones alemanas habían disminuido cuando sus grandes mercados en Asia y Rusia se habían desplomado y los constantes costos de unificación seguían siendo un lastre. La moral de los directivos empresariales estaba baja y temían lo peor del nuevo gobierno con inclinaciones izquierdistas. El análisis esbozaba los problemas fundamentales que necesitaban una cirugía estructural para propiciar una reactivación económica. Proponía remedios neoliberales. Los niveles de tributación de las empresas eran demasiado elevados y estaban obstaculizando las inversiones, había que reducirlos para evitar que las empresas alemanas trasladaran sus operaciones a Europa central y oriental (lo que, en realidad, algunas ya estaban haciendo). Alemania seguía estando «asfixiada por las regulaciones», había que desregular el comercio para estimular el consumo. Sobre todo, los costes laborales de Alemania eran demasiado elevados en relación a lo que se producía y los gastos de la seguridad social habían aumentado, lo que animaba a las empresas a reducir sus plantillas e incrementaba las cifras del paro. El artículo sostenía que Alemania debía «reestructurarse para responder a la globalización» promulgando «reformas estructurales radicales». Era necesario reducir los tipos impositivos máximos aplicados a los ingresos de las empresas y los particulares, y «desactivar la bomba de relojería de la asistencia social alemana» recortando prestaciones, fomentando los planes de pensiones privados, desregulando los servicios y acelerando las privatizaciones. El artículo concluía que, a menos que se emprendieran estas reformas estructurales, «hay pocas probabilidades de que Alemania se libre pronto de su título de enfermo de Europa».

En otras palabras, la socialdemocracia tenía que hacer que la economía fuera globalmente competitiva sin socavar las prestaciones sociales que se habían conseguido a lo largo de los años para proteger a los ciudadanos y mejorar sus vidas aunque estaban resultando costosas y restrictivas para la iniciativa económica. El gobierno de Blair, al que Schröder admiraba, estaba buscando su propia manera de abordar esta cuestión en Gran Bretaña, pero al menos Blair tenía la ventaja sobre Schröder de que podía partir de los cambios decisivos en la economía (y de los recortes del estado de bienestar) que ya había realizado el gobierno de Thatcher. En Alemania no se había hecho nada comparable, así que Schröder tenía que intentar mantener a la izquierda unida mientras aplicaba reformas destinadas a ser impopulares en amplios sectores de su propio partido.

Sus objetivos modernizadores toparon casi de inmediato con su ministro de Finanzas y presidente de los socialdemócratas, Oskar Lafontaine, quien era partidario de un programa tradicional que aplicara remedios keynesianos a los males económicos de Alemania. Sin embargo, al proponer el estímulo de la demanda mediante salarios más altos, el aumento del gasto social y los tipos de interés bajos, lo que habría significado un incremento de la deuda pública, parecía ofrecer soluciones de una época anterior que no se ajustaban a las necesidades del momento. En marzo de 1999, Lafontaine renunció a sus cargos en el gobierno y el partido. Schröder era el claro vencedor en la prueba interna de su autoridad y su orientación política.

Sus verdaderos problemas surgieron con el anuncio en 2003 de lo que se denominó «Agenda 2010», el programa para reformar las relaciones laborales y los servicios sociales a fin de reducir el desempleo y promover el crecimiento económico, que en 2002 no había superado el 0,1 %. Mientras tanto, las aportaciones a la seguridad social de los empresarios y los empleados constituían por término medio más del 40 % de los sueldos brutos. «O nos modernizamos o seremos modernizados por las fuerzas sin restricciones del mercado», declaró Schröder. La Agenda 2010 fue un intento de alinear los cambios en las prestaciones sociales con las necesidades de una economía globalmente competitiva y, como cabía prever, fue muy impopular. Guardaba cierta semejanza con lo que estaba sucediendo en Gran Bretaña con Blair (quien, a su vez, se había inspirado en el ejemplo del presidente Clinton de Estados Unidos). En interés de una mayor flexibilidad y competitividad económica, se realizaron ajustes —en realidad, recortes— de las prestaciones por desempleo, los subsidios de enfermedad y las pensiones estatales. Se facilitó que las empresas pudieran despedir a los empleados. Los cambios supusieron los mayores recortes de la seguridad social alemana desde la instauración de la «economía social de mercado» más de medio siglo antes.

Fueron bien acogidos por la derecha empresarial y liberal conservadora, pero detestados por la izquierda. Poco a poco, las reformas ayudaron a revitalizar la economía alemana, reduciendo en parte el porcentaje de los sueldos y salarios en el producto interior bruto, pero no fueron mejoras totales. El desempleo no tardó en caer, pero, como en Gran Bretaña y en otros lugares, esto enmascaraba un aumento de los trabajos a tiempo parcial, temporales y otros tipos de empleo precario que los ciudadanos se veían obligados a aceptar. El número de personas que vivían en la pobreza se incrementó. La desigualdad de los ingresos aumentó. Mientras se contenían los sueldos y las pensiones, los salarios de los directivos de las empresas se disparaban.

La popularidad de Schröder nunca se recuperó. En septiembre de 2005 pagó el precio de su programa de reformas con una derrota electoral. Aun así, los partidos de la Unión (los democristianos y sus socios bávaros, los socialcristianos) solo ganaron por un pequeño estrecho margen. Formar una coalición de grupos de derecha o izquierda resultó imposible. Solo quedaba una «gran coalición» de la Unión y los socialdemócratas. Con la nueva canciller democristiana, Angela Merkel, el gobierno siguió en líneas generales la orientación económica trazada por Schröder. La descripción de Alemania como «el enfermo de Europa» pronto resultó extraña, pero para un número cada vez mayor de votantes, la socialdemocracia alemana se había vuelto casi indistinguible de sus socios de coalición conservadores. Los partidos principales, y no solo en Alemania, estaban empezando a parecerse unos a otros. A largo plazo, eso no sería bueno para la democracia.

LOS DESAFÍOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Blair y Schröder estaban lidiando con problemas que, independientemente de cuáles fueran sus matices nacionales, eran consecuencia de la aceleración de la globalización y afectaban a toda Europa. Para la Unión Europea esto significaba adaptar sus estructuras para encarar los desafíos surgidos de las decisiones tomadas a principios de los años noventa de introducir el euro y ampliar la UE para incorporar a países de Europa central y oriental. Ambas decisiones plantearían nuevos problemas.

Con la adhesión de diez nuevos países el 1 de mayo de 2004, el número de miembros de la Unión Europea aumentó de quince a veinticinco países. Ocho de los nuevos socios (la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia) habían estado al otro lado del Telón de Acero. El noveno país, Chipre, pese a estar dividido en dos partes desde la invasión turca de julio de 1974, consiguió ser admitido después de que Grecia amenazara con vetar la adhesión de los antiguos estados comunistas. Sus problemas políticos siguieron sin resolverse. Malta fue el décimo miembro nuevo, un país minúsculo, políticamente dividido, con los laboristas contrarios a la adhesión, con un producto interior bruto modesto, pero con un gobierno liberal conservador y nacionalista ansioso por beneficiarse de las ventajas económicas que reportaría la pertenencia a la Unión Europea.

Desde el punto de vista geopolítico, la ampliación era bienvenida, pero a partir de ese momento el desequilibrio económico de la Unión Europea era un problema, pues los nuevos países eran mucho más pobres que los miembros ya existentes. En 2004 el producto interior bruto per cápita de los nuevos miembros era menos de la mitad del de los miembros existentes. Estonia y Eslovenia eran los mejor situados de todos los antiguos países comunistas; Polonia, el país más grande de Europa central, tenía un producto interior bruto más bajo que la media, incluso entre los nuevos miembros; el de Eslovaquia era aún más bajo; el salario medio en Letonia era solo una octava parte de salario medio en los países miembros antes de 2004.

Las disparidades económicas dentro de la Unión Europea se convirtieron en un problema aún más grave cuando en enero de 2007 se incorporaron Rumanía y Bulgaria. El producto interior bruto per cápita era apenas una tercera parte de la media de los países miembros existentes (una media ya rebajada por la última ronda de incorporaciones) y ninguno de los dos países estaba siquiera cerca de cumplir los criterios de adhesión acordados en Copenhague en 1993. Distaban mucho de ser un modelo de democracia liberal o de estado de derecho; la corrupción y la delincuencia organizada seguían proliferando; la escena política estaba dominada por antiguos funcionarios comunistas que dirigían los servicios de seguridad, y, en cuanto a prosperidad económica, ambos países languidecían en los últimos puestos de todos los miembros de la Unión Europea. Pese a sus evidentes deficiencias, se convirtieron en los miembros vigésimo sexto y vigésimo séptimo de la Unión Europea. Tras las guerras en Yugoslavia se había considerado imprescindible estabilizar la «periferia» europea. Se esperaba que, una vez admitidos, se aceleraran las reformas políticas y económicas.

Comprensiblemente, muchos ciudadanos de Europa oriental intentaron mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias buscando trabajo en los países de Europa occidental, más ricos. Tampoco sorprende que en los países de Europa occidental, sobre todo en Alemania y Austria, que limitaban con los nuevos miembros, hubiera preocupación por el impacto que en el mercado laboral podía tener la afluencia de mano de obra barata procedente de Europa central. El principio de libre circulación de los ciudadanos a través de las fronteras nacionales no había sido una cuestión importante cuando la Unión Europea constaba de países que habían logrado un nivel de desarrollo económico muy similar, pero entonces empezó a ponerse en cuestión. En 2001, la Unión Europea había permitido a los estados miembros limitar el acceso al mercado laboral por un período provisional de hasta siete años a los migrantes que se esperaba que llegaran de Europa central y oriental con el propósito de darles tiempo para la adaptación. El Reino Unido, Irlanda y Suecia fueron los únicos países que no introdujeron estas restricciones en 2004, y Suecia el único que tampoco lo hizo cuando tres años más tarde Rumanía y Bulgaria fueron admitidos.

En 2004, incluso en los países que impusieron restricciones las cifras de migrantes de Europa central y oriental que buscaban trabajo estuvieron por encima de las previsiones, pero las restricciones tuvieron algún efecto disuasivo. Los que no las impusieron fueron especialmente atractivos para los migrantes. La próspera economía de Gran Bretaña la convirtió en un imán, y el gobierno previó la llegada de unas quince mil personas al año procedentes de los nuevos países miembros. Sin embargo, entre mayo de 2004 y junio de 2006, fueron aprobadas 427 000 solicitudes de empleo, más de la mitad de migrantes polacos. En 2001, había 58 000 polacos en Gran Bretaña. Una década más tarde la cifra era de 676 000. En un período de tiempo muy breve, los polacos se habían convertido en el mayor grupo de ciudadanos extranjeros de Gran Bretaña.

Entre 2004 y 2007 se registró un constante aumento de la llegada de migrantes a Gran Bretaña desde los ocho países miembros antes comunistas. Esta tendencia se revirtió un poco durante la recesión económica posterior, cuando muchos migrantes, sobre todo jóvenes, regresaron a sus países de origen. Debido a las restricciones impuestas (que debían durar hasta 2014), la cifra de rumanos y búlgaros a los que se concedieron permisos de trabajo en el Reino Unido fue como media de unos 25 000 al año después de 2007, aunque esto formó parte de un pronunciado aumento general de la inmigración total de dentro y de fuera de Europa.

La mayoría de los análisis coincidían en que la afluencia de mano de obra migrante era ampliamente beneficiosa para la economía británica. Los cálculos varían mucho, dependiendo de la base de los mismos, pero algunos sugieren que, de una forma u otra, los migrantes aportaron a la economía británica unos veinte mil millones de libras en la primera década del siglo XXI. En algunos ámbitos cruciales resultaron indispensables. El Servicio Nacional de Salud difícilmente podía funcionar sin la mano de obra migrante; casi una quinta parte de sus empleados procedían de fuera de Gran Bretaña. Los migrantes, predominantemente jóvenes y a menudo bien preparados, atraídos por el trabajo muy lejos de sus hogares, cubrían la escasez de mano de obra, en muchos casos en empleos poco cualificados, y eran relativamente poco exigentes en materia de ayudas sociales. Sin embargo, pronto surgieron quejas, que no remitieron, por las presiones a la baja de los salarios y los problemas de vivienda, y en los servicios sociales en zonas con grandes concentraciones de migrantes. Las percepciones no se correspondían frecuentemente con la realidad, sino que se convertían ellas mismas en una forma de realidad. La velocidad y las dimensiones de la migración de la Unión Europea ponto se convirtió en una cuestión política cada vez más importante. La estridente oposición, que en parte era racismo apenas velado, a unos altos niveles de inmigración en apariencia imparables, promovida sobre todo por los medios derechistas, se volvió más vocinglera y no solo en la extrema derecha política.

El término «inmigración» englobaba en Gran Bretaña (a diferencia de la terminología en la mayor parte de Europa) a personas llegadas a Gran Bretaña de la Unión Europea y a inmigrantes de fuera de Europa (a menudo de países con una larga tradición migratoria a Gran Bretaña, sobre todo Pakistán e India). La «inmigración» también incluía a un creciente número de jóvenes de dentro y, tres cuartas partes de ellos, de fuera de la Unión Europea que acudían al Reino Unido para estudiar. Una minoría de ellos, sobre todo de países no miembros de la UE, una vez concluidos sus estudios se quedaban y ofrecían, por lo general, competencias y conocimientos muy necesarios.

Había una diferencia fundamental entre las categorías de migrantes de dentro y de fuera de la Unión Europea: la libre circulación hacía que no fuera posible limitar el número de migrantes procedentes de la UE. Los migrantes de estos países representaban como media menos de la mitad de la inmigración neta (que en los años siguientes llegaría a un promedio de más de trescientas mil personas al año). Esto convirtió la migración de la Unión Europea, dentro del marco más amplio de la creciente oposición a la inmigración, una cuestión política especialmente delicada.

Se trataba de una característica de la inmigración británica que por lo general no se daba en otros países de la Unión Europea, pues el uso generalizado del inglés en todo el mundo contribuía a que Gran Bretaña fuera singularmente atractiva. Aun así, la migración era en todos los países un hecho innegable de la vida moderna, una consecuencia inexorable de la globalización. Los países europeos como Italia o Irlanda, que antes de la segunda guerra mundial habían exportado personas, sobre todo a Estados Unidos, se habían convertido en países de inmigración. Era más fácil desplazarse para trabajar (o para buscar refugio de la guerra y la tiranía) de lo que había sido antes. La cifra de personas en movimiento en busca de una vida mejor era un fenómeno general en toda Europa.

En 2010, la Unión Europea incluía 47 millones de personas (el 9,4 % de la población) que habían nacido fuera de su país de residencia. Alemania, Francia, el Reino Unido, España, Italia y los Países Bajos contaban, por ese orden, con el mayor número, medido en términos absolutos (que oscilaba entre los 6,4 millones de Alemania y los 1,4 millones de los Países Bajos). En proporción al total de la población, encabezaba la lista Austria (15,2 %), seguida de Suecia (14,3 %). Estos porcentajes eran aún más elevados que los de Estados Unidos, el destino tradicional de la inmigración. Aparte (marginalmente) de Bélgica, el porcentaje de los nacidos en un estado no miembro de la UE era mayor que el de los nacidos en un país de la Unión Europea.

Al igual que en Gran Bretaña, en muchos casos los migrantes fueron recibidos con hostilidad, como puso de manifiesto la actitud sumamente negativa hacia el creciente número de rumanos en Italia (que era diez veces mayor en 2008 de lo que había sido siete años antes). Las seculares actitudes racistas hacia los romaníes desempeñaron un papel no menor en la aversión a los migrantes rumanos. En Austria, donde la inmigración había seguido aumentando pese a una legislación muy restrictiva, la antipatía se dirigía sobre todo contra quienes llegaban de la antigua Yugoslavia y de Turquía, tradicionalmente las mayores fuentes de mano de obra migrante.

La mayor parte de la hostilidad iba dirigida contra los migrantes de fuera de la Unión Europea, en particular los de culturas diferentes y a menudo específicamente contra los musulmanes, cuyas familias llevaban décadas establecidas en Europa y para entonces pertenecían a la tercera o cuarta generación. La tolerancia hacia los musulmanes, en particular, estaba experimentando un notable retroceso, propiciado en parte por el crecimiento del fundamentalismo islámico. Esto iba acompañado de un aumento entre los musulmanes de Europa de sentimientos antioccidentales, muy exacerbados por las guerras en Afganistán e Irak. Entre los musulmanes jóvenes, y en particular entre los de las grandes ciudades, crecía un fuerte resentimiento; una sensación de discriminación y privación económica, de alienación y de profunda ira por la intervención occidental que había causado tanto sufrimiento a los musulmanes de Oriente Medio, animaba a estos jóvenes a definir su propia identidad en contraposición a la de la mayoría de la población entre la que vivían. Una pequeña minoría, sobre todo entre los jóvenes descontentos, se sintió atraída por las causas islámicas. En medio de una antipatía cada vez más intensa, los denodados esfuerzos realizados por los políticos y los dirigentes comunitarios para promover el multiculturalismo y la integración fueron una tarea ardua. Las comunidades, lejos de integrarse, parecían distanciarse cada vez más. El multiculturalismo describía a comunidades que, en la práctica, tenían diferencias culturales casi irreconciliables, que no se integraban sino que apenas se limitaban a coexistir con dificultad.

A veces la tensión desembocaba en violencia, como en los disturbios antimusulmanes producidos en 2001 en varias ciudades industriales pobres del norte de Gran Bretaña. Más generalmente, el antagonismo latía bajo la superficie. En Francia había mucha antipatía hacia los musulmanes de origen norteafricano, muchos de los cuales vivían allí desde la guerra de Argelia, hacía casi medio siglo, y cuyas familias ya eran ciudadanos franceses incluso antes de eso. Los graves disturbios de 2005 en zonas socialmente desfavorecidas de ciudades y pueblos de Francia con una gran población inmigrante azuzaron el sentimiento musulmán. La hostilidad también fue en aumento en otros países de la UE, como los Países Bajos, y en un estado no miembro, Suiza. Los partidos políticos de derechas con estentóreos programas contra los inmigrantes (y contra los musulmanes) estaban ganando cada vez más apoyo en muchos países. Aunque todavía no conseguían imponerse a la tendencia política dominante, a veces su mensaje acababa incorporado en los llamamientos de los partidos convencionales a limitar la inmigración.

En este clima, en la práctica cualquier ambiciosa ampliación futura de la Unión Europea quedaba suspendida, aunque en teoría no fuera descartada por completo. En 2013, en virtud de un acuerdo previo, se incorporó Croacia. Su producto interior bruto era por entonces superior al de algunos estados miembros ya existentes y la constatación de una vasta corrupción y delincuencia organizada no impidió su incorporación. Una vez más, las motivaciones políticas fueron decisivas. Se consideró importante enviar señales alentadoras a los países de los Balcanes, pero hacía ya mucho tiempo que a la «católica» Croacia se la consideraba más occidental que a otros países de los Balcanes. Albania, Macedonia, Montenegro y Serbia tendrían que esperar más o menos indefinidamente, mientras que había pocas probabilidades de que Kosovo o Bosnia-Herzegovina (donde las tensiones de los años noventa se habían calmado, pero distaban mucho de haber desaparecido) se incorporaran en un futuro próximo.

El país más grande en la lista de espera era Turquía, miembro del Consejo de Europa desde 1949, de la OTAN desde 1952 y candidato reconocido para la adhesión a la UE desde 1999. Tras limitadas mejoras en materia de derechos civiles y libertad política, en 2004 se afirmó que Turquía cumplía los criterios de adhesión. El proceso de negociación de la entrada de Turquía comenzó en 2005, pero un año más tarde se suspendió debido al fracaso a la hora de resolver la espinosa cuestión de la división de Chipre. Alemania, Francia y, sobre todo, Gran Bretaña respaldaron firmemente la incorporación de Turquía, debido sobre todo a la relevancia estratégica del país como puente entre Europa y Oriente Medio. Austria, los Países Bajos y Dinamarca encabezaban la oposición. Una de las objeciones era que los turcos no pertenecían «culturalmente» a Europa. Un país musulmán tan grande, con setenta millones de habitantes, que aún estaba muy por detrás de los niveles de democracia liberal y estado de derecho aceptables, alteraría inexorablemente, en opinión de los críticos de la adhesión de Turquía, el carácter y el equilibrio de poder de la Unión Europa, que aún era mayoritariamente cristiana (aunque en buena medida solo nominalmente). También existía un considerable temor al número de migrantes turcos que buscaban trabajo en los países de Europa occidental, mucho más prósperos, lo que acrecentaba los problemas ya existentes de absorber migrantes y mantener la cohesión social y política.

Después de 2006, Turquía continuó esperando su adhesión. En la práctica, esa posibilidad se esfumaba con rapidez y lo haría aún más en los años siguientes. Y a medida que las posibilidades disminuían, la propia Turquía iba alejándose poco a poco del secularismo que Atatürk había establecido como la base de la identidad del país en su fundación en 1923 y optaba por un rumbo islamista en el que la identidad nacional estaba estrechamente ligada a la religión. No está claro hasta qué punto contribuyó a ello el rechazo de la UE a Turquía o si su evolución interna hizo que fuera una consecuencia inexorable. En cualquier caso, el resultado fue que Turquía empezó a ser menos considerada un candidato para la adhesión a la UE.

Entretanto, la Unión Europea se enfrentaba a importantes problemas estructurales que, en buena medida, eran consecuencia de su ampliación. En 2002 se había reunido en Bruselas una convención, presidida por el expresidente francés Valéry Giscard d’Estaing, para elaborar nuevas disposiciones constitucionales para una Unión Europea que estaba a punto de acometer una gran expansión. Tras un largo debate sobre los términos precisos, finalmente el 29 de octubre de 2004 los veinticinco estados miembros de la Unión Europea ahora ampliada firmaron el texto de un tratado que establecía una Constitución para Europa. El proyecto de Constitución modificaba las disposiciones para la votación por mayoría cualificada, preveía que la Comisión fuera designada por el Parlamento Europeo y que fuera elegido un presidente del Consejo Europeo para reemplazar la presidencia rotatoria de seis meses que estaba en vigor. El Parlamento debía aprobar el presupuesto y tendría competencias legislativas junto con el Consejo. A partir de entonces habría un ministro europeo de Asuntos Exteriores.

Los cambios distaban mucho de ser las medidas radicales que el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Joschka Fischer, deseaba para lograr una Europa federal. No obstante, para algunos iban demasiado lejos: en la primavera de 2005 los votantes de Francia y después los de los Países Bajos rechazaron las propuestas. Con ello, la Constitución estaba muerta. Aun así, en el tratado de Lisboa de 2007 fueron incorporados algunos de los cambios más significativos, en versiones enmendadas o atenuadas. Este solo acabaría siendo ratificado después de que inicialmente los votantes irlandeses lo rechazaran en referéndum, se hubieran introducido posteriormente una serie cláusulas de exclusión para Irlanda (que el tratado no vulneraría la soberanía irlandesa en materia de fiscalidad, política familiar y neutralidad) y finalmente fuera aceptado en una segunda consulta.

Pese a estos sobresaltos para los proeuropeos, en realidad había en todo el continente una opinión muy positiva sobre la Unión Europea. Según un sondeo de opinión del Eurobarómetro realizado en 2000, solo el 14 % de los ciudadanos desaprobaba la pertenencia de su país a la Unión Europea, mientras que el 49 % la aprobaba (aunque esta cifra había caído preocupantemente desde el 72 % de 1991). Los índices de satisfacción más elevados se registraron en Irlanda, Luxemburgo y los Países Bajos, y el más bajo en el Reino Unido. El 47 % de los europeos pensaba que su país se había beneficiado de la adhesión a la UE, aunque una vez más se produjo una importante caída con respecto a principios de los años noventa. Las valoraciones más favorables fueron las de Irlanda y Grecia, la peor la de Suecia y, al final de la clasificación, de nuevo el Reino Unido.

A muchos europeos la Unión Europea les parecía laberíntica, impenetrablemente compleja y elitista, una organización burocrática muy alejada de sus vidas cotidianas, y los gobiernos nacionales reforzaban directa o indirectamente esta imagen. Por ejemplo, no hicieron mucho por divulgar la sustancial financiación de las regiones más pobres o de proyectos de infraestructuras a cargo de la Unión Europea. Estos fondos no bastaron para devolver la antigua prosperidad a zonas muy afectadas por la ruina posindustrial, pero, bien utilizados, podían marcar la diferencia. Sin embargo, a los gobiernos nacionales les encantaba atribuirse los éxitos económicos y políticos, mientras culpaban a las interferencias burocráticas de «Bruselas» y la UE para desviar la atención de sus fracasos internos.

Independientemente de las razones, a medida que incrementaba el número de miembros e intensificaba sus esfuerzos para lograr una integración más estrecha y amplia, la Unión Europea perdía el contacto con un buen número de europeos. Todas las elecciones al Parlamento Europeo celebradas desde 1979 mostraron un descenso progresivo del número de ciudadanos que se tomaban la molestia de votar. En 1979, la participación había sido del 62 %; en 2004 había caído hasta el 45,5 %. Ese mismo año, un año de crecimiento económico, en el que la Unión Europea preparaba su nueva Constitución y estaba a punto de experimentar su mayor expansión, el 43 % de los europeos respondió que les resultaba indiferente cuando se les preguntó cómo se sentirían en caso de que la Unión Europea se desmoronara al día siguiente. El 13 % incluso dijo que se sentirían «muy aliviados» y solo el 39 % señaló que lo lamentarían mucho. Lo que demostraron claramente los sondeos de opinión fue que la nación de cada uno era con diferencia el referente identitario más fuerte. En cambio, la asociación emocional con una identidad europea era sumamente débil.

No obstante, la Unión Europea podía atribuirse algunos logros importantes. Un marco de cooperación internacional, la ampliación del estado de derecho, la defensa de los derechos humanos, el establecimiento de una red de seguridad y la creación de una moneda única para la mayoría de los estados miembros habían contribuido a extender la prosperidad y atenuar el nacionalismo que antaño había envenenado a Europa, a reforzar la sociedad civil y a construir unas bases democráticas sólidas.

Más allá de las fronteras de la Unión Europea y de los países de Europa central y oriental que aspiraban a pertenecer a la misma (y formaban mientras tanto parte de una OTAN ampliada), la historia era diferente.

EL «FACTOR PUTIN»

En los años noventa, durante la presidencia de Yeltsin, parecía que Rusia se estaba aproximando más a las democracias occidentales. En 1996, el país se convirtió en miembro del Consejo de Europa, firmó la Convención Europea de Derechos Humanos y, al año siguiente, llegó a un acuerdo de asociación y cooperación con la Unión Europea. Por entonces en Moscú se confiaba en que, a su debido tiempo, Rusia llegaría a ser un miembro de pleno derecho de la Unión Europea.

Sin embargo, en el camino hacia una mayor integración se interponían muchos obstáculos. La cuestión de los derechos humanos era uno de ellos. Tras la tentativa de Chechenia de declarar su independencia en 1991, las tropas rusas habían perpetrado graves violaciones de los derechos humanos entre 1994 y 1996 y, de nuevo, en 1999-2000. Otro obstáculo era el profundo descontento de Moscú por la expansión de la OTAN a zonas de Europa oriental, una clara señal de la debilidad de Rusia. El clima empezó a cambiar cuando el último día de 1999 Putin sustituyó a Yeltsin como presidente de la Federación Rusa. A partir de entonces se insistió a todas horas en los valores nacionales rusos y se invocó la condición de gran potencia del país. Putin comenzó a erradicar el sentimiento generalizado de humillación por la drástica pérdida de prestigio del país tras el desmoronamiento de la Unión Soviética, a devolver a los ciudadanos el orgullo por la identidad rusa y a hacerles creer en el futuro del país y en un regreso a las glorias del pasado.

Su enérgica defensa de los intereses rusos en las relaciones internacionales, en particular con Estados Unidos, y su disposición a defenderlos por la fuerza militar si era necesario, reforzaron el prestigio interno de Putin. Su popularidad aumentó cuando, en agosto de 2008, las fuerzas armadas rusas entraron en Georgia (independiente desde 1991) para apoyar a los rebeldes prorrusos que buscaban independencia de la provincias de Abjasia y Osetia del Sur.

El giro hacia el autoritarismo irritaba a los intelectuales de Moscú, pero no a las masas de provincias lejanas. Tras la caída con Gorbachov y la debilidad nacional bajo el inestable gobierno de Yeltsin, la gran mayoría de los rusos apoyaba el restablecimiento de una autoridad estatal fuerte que propugnaba Putin y para algunos era poco menos que un salvador nacional. El hecho de que la economía rusa pudiera recuperarse con fuerza aprovechando los elevados precios de mercado del petróleo y del gas contribuyó a la sensación de que se trataba de un nuevo comienzo, aunque los graves problemas económicos subyacentes y la pobreza relativa de grandes sectores de la población distaban mucho de estar superados. La corrupción seguía siendo endémica, pero la mayoría de los rusos la aceptaba siempre y cuando sus condiciones de vida mejoraran. Se mantenía la fachada de sistema democrático, pero se reafirmó el poder presidencial, se otorgó mayor influencia política a antiguos miembros del KGB, se subordinó el sistema judicial a los imperativos políticos, se puso bajo control a los medios de comunicación, se orquestó a la opinión pública, se limitaron las posibilidades de ejercer oposición y se paró los pies a poderosos oligarcas a los que se consideraba una amenaza política (mientras se atraía a los próximos a Putin con inmensos incentivos materiales). El propio dominio de Putin se basaba mucho en una versión actualizada del feudalismo medieval, en mantener contentos a los altos escalafones de los servicios de seguridad del Estado, los jefes de la burocracia estatal y los principales empresarios permitiéndoles disfrutar del poder, los ascensos y la riqueza. Ninguna doctrina ideológica sistemática sustentaba el «putinismo». Bastaban un estado fuerte y una enérgica política exterior destinada a restablecer la posición de Rusia como gran potencia.

La creciente asertividad de la Rusia de Putin y la postura crítica de la Unión Europea y del Consejo de Europa respecto a sus violaciones de los derechos humanos, sus ataques a la independencia judicial y el endurecimiento de las tendencias antidemocráticas se tradujeron en un creciente distanciamiento mutuo, en lugar de una mayor cooperación. El acuerdo de asociación y cooperación entre Rusia y la Unión Europea, firmado en 1997, no fue renovado una década más tarde. Putin hizo hincapié en «la singularidad histórica de las civilizaciones europeas» y advirtió contra cualquier tentativa de imponer «“normas” artificiales». Hizo que el descontento se convirtiera en resentimiento contra Occidente, representado cada vez más como una amenaza en vez de un aliado.

La intrusión de Occidente en lo que Rusia todavía consideraba su «esfera de influencia» fue vista con gran preocupación. Tras la expansión de la OTAN en los años noventa, en 2004 llegó la ampliación de la Unión Europea. El riesgo de que la Unión Europea penetrara incluso en lo que en otro tiempo habían sido territorios de la Unión Soviética no se podía descartar. La postura prooccidental del gobierno georgiano, sobre todo su intención de incorporarse a la OTAN, con su nuevo presidente Mijeíl Saakashvili, tras la destitución en 2003 del presidente Eduard Shevardnadze (un estrecho aliado de Gorbachov y el último ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética), formó parte de los antecedentes de la posterior intervención militar rusa en Georgia en 2008. Para Rusia, la mera posibilidad de una ampliación de la influencia occidental en Ucrania constituía un motivo de gran preocupación. En 2004, con la Revolución Naranja (así llamada por los pañuelos anaranjados que llevaban los manifestantes) esa eventualidad cobraba más fuerza.

La oposición en Ucrania al régimen muy corrupto, incompetente y enormemente brutal de presidente Leonid Kuchma, sobre todo entre los ucranianos jóvenes, tuvo por fin una oportunidad de manifestarse en las elecciones de finales de octubre de 2004. Kuchma (elegido por primera vez en 1994) había cumplido dos mandatos. De acuerdo con la Constitución, no podía volver a presentarse, por lo que respaldó a su primer ministro, Víktor Yanukóvich, que fue declarado vencedor el 21 de noviembre (y calurosamente felicitado por Putin). Los resultados fueron falsificados de un modo tan burdo (el verdadero ganador fue el popular Víktor Yúshchenko, que había sobrevivido a un intento de envenenamiento, casi con toda seguridad perpetrado por los servicios de seguridad de Kuchma poco antes de las elecciones), que centenares de miles de personas viajaron hasta Kiev y desafiaron un frío extremo para manifestarse pacíficamente a favor de unas elecciones justas. Su vigilia permanente, ante los ojos de los medios de todo el mundo, acabó por forzar la repetición de las elecciones el 26 de diciembre. En esta ocasión, la victoria indiscutible fue para Yúshchenko, que al mes siguiente tomó posesión como presidente al mes siguiente.

Putin seguía los acontecimientos con preocupación. «Rusia no puede permitirse una derrota en la batalla por Ucrania», fue la opinión que expresó en un periódico con buenas conexiones con el Kremlin mientras se producía la Revolución Naranja. El temor era que la democracia de estilo occidental se extendiera a la propia Rusia. El Kremlin gastó centenares de millones de dólares en intentar garantizar la elección de Yanukóvich; Estados Unidos destinó fondos a apoyar a Yúshchenko, que había manifestado abiertamente su intención de solicitar la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Putin no tuvo más remedio que apretar los dientes y aceptar el resultado de la Revolución Naranja, pero las líneas de un potencial conflicto en el futuro ya estaban trazadas. ¿Buscaría Ucrania su futuro en Europa occidental o en Rusia?

La elección de Kuchma en 1994 había apuntado claramente a la unidad de Ucrania con Rusia, pero la mayor parte de su apoyo provenía de las zonas orientales del país, las que mantenían vínculos con Rusia. En ningún lugar tenía más apoyo que en Crimea, cuya población era mayoritariamente rusa. Nikita Jrushchov había transferido Crimea a Ucrania en 1954; aunque cuarenta años después el Parlamento ruso había votado cancelar la cesión, la votación no tuvo consecuencias prácticas. En 1992 Ucrania había obligado a Crimea a anular una votación parlamentaria para declarar su independencia de Ucrania. Crimea era el punto de división más nítido en Ucrania, entre una mitad occidental que en términos culturales antaño había estado alineada con Polonia, Lituania y Austria y ahora veía su futuro en Europa occidental, y una mitad oriental que culturalmente había pertenecido a la órbita rusa. La fisura no se cerró con los resultados de la Revolución Naranja de 2004, y continuaría infectándose.

En 2008, los traumas generados por las guerras de Afganistán e Irak, desencadenadas por el devastador atentado terrorista de Nueva York siete años antes, habían disminuido en Europa. Y durante las casi dos décadas desde que la caída del Muro de Berlín había simbolizado el fin de la división del continente, Europa, oriental y occidental, se había unido más estrechamente. La globalización había traído nuevos niveles de convergencia, tanto económica como política. Los enormes problemas económicos de los países de Europa central y oriental durante su transición a unas economías capitalistas habían disminuido significativamente. El hecho de que hubiera aún dificultades considerables y de que el nivel de vida fuera muy inferior al de la próspera Europa occidental no menoscababa las grandes mejoras de las condiciones de vida conseguidas desde el fin del comunismo. Pocos, de haber podido elegir, habrían votado a favor de volver a esos tiempos. Y, entretanto, el euro, desde su introducción en doce países de Europa occidental en 1999 y en circulación como moneda desde 2002, había sustituido a las monedas nacionales. Los primeros años de la nueva moneda había sido prometedores; era una importante señal de que Europa estaba cada vez más interconectada.

También en el ámbito político había razones para el optimismo. Millones de ciudadanos del antiguo bloque soviético estaban disfrutando de libertades personales que durante cuatro décadas se les habían negado. Al margen de los obvios problemas de adaptación, la Unión Europea y los valores que la sustentaban se habían extendido mucho gracias a la incorporación de los nuevos Estados miembros en 2004 y 2007. El relativo éxito de la difusión de los valores de la democracia liberal y el estado de derecho de Europa occidental contrastaba mucho con las condiciones en la zona dominada por Rusia. El futuro parecía prometedor.

Sin embargo, cualquier barniz de autocomplacencia estaba a punto de resquebrajarse. Pocos europeos se alarmaron cuando en 2007 atravesaron el Atlántico las noticias que varios grandes bancos de inversiones estadounidenses tenían problemas debido a que se habían excedido en la concesión de créditos de alto riesgo para la adquisición de inmuebles, los llamados subprime, cuyos compradores, que habían tomado grandes préstamos, podían tener dificultades para reembolsarlos. Una de las primeras señales de alarma en Europa fue el pánico que se desencadenó en Gran Bretaña en septiembre de 2007, cuando los depositantes hicieron cola ante las sucursales de la sociedad de crédito hipotecario Northern Rock para retirar sus ahorros, lo que en febrero de 2008 obligó al gobierno británico a nacionalizar el banco en problemas. El pánico remitió enseguida, pero las redes de inversión y crédito se habían vuelto tan interdependientes, que una crisis en Estados Unidos acabaría teniendo consecuencias para la banca y las finanzas de otros países y para la economía mundial.

Puede determinarse con precisión el momento en el que la crisis golpeó globalmente: fue cuando el 16 de septiembre de 2008 el gigantesco banco de inversiones estadounidense Lehman Brothers se declaró en quiebra. En menos de un mes, el sistema bancario europeo se enfrentó a una bancarrota inminente. El optimismo se había esfumado. Estaba a punto de despuntar una era de austeridad marcada por la crisis. Tras la quiebra financiera, Europa era otro continente.

Capítulo 12 LOS AÑOS DE LA CRISIS

Cuando el desarrollo del capital de un país se convierte en un subproducto de las actividades de un casino, es probable que el trabajo se haya hecho mal.

John Maynard Keynes, 1936

Al temor a los migrantes se han sumado los temores posiblemente exagerados a que los yihadistas islámicos radicales se mezclen con el flujo migratorio y traigan el terrorismo a una Europa sin fronteras. Junto con la larga e inconclusa crisis del euro, estas preocupaciones están alimentando a los partidos derechistas y populistas en Europa y socavando la credibilidad de la Unión Europea.

The New York Times, 29 de agosto de 2015

A partir de 2008, una combinación de diferentes crisis sacudió los cimientos de Europa. La peor crisis económica y financiera desde los años treinta impuso crecientes deudas a los estados europeos, amenazando con minar la zona del euro. La gran afluencia de refugiados que huían de la guerra en Oriente Medio acentuó las divisiones y las tensiones políticas. Un aumento de los atentados terroristas en Europa intensificó los riesgos para la seguridad. La crisis en Ucrania abrió la posibilidad de una nueva guerra fría entre Rusia y Occidente. Y la Unión Europea se enfrentó a su propia crisis existencial cuando uno de sus estados miembros, el Reino Unido, votó a favor de marcharse. Algo que durante mucho tiempo se había considerado intacto y sólido parecía de repente estar desmoronándose. ¿Cómo se había producido esta crisis general y multifacética en Europa?

CRISIS EVITADA

La «gran recesión», como se la conoció, se generó en Estados Unidos pero tuvo cómplices voluntarios europeos. En buena medida, su causa radica en la codicia dentro del sector financiero que superó todo sentido de responsabilidad durante el auge que precedió a su caída. La crisis bancaria se sumó a una crisis de las finanzas públicas muy amplia en casi todos los países de Europa, y esto, a su vez, sumió a la economía en una prolongada recesión. El impacto de una desaceleración económica tan brusca, cuya duración y gravedad variaron en los diferentes países de Europa, se sentiría durante años.

La negativa en septiembre de 2008 de la Reserva Federal estadounidense a conceder ninguna ayuda estatal para rescatar a Lehman Brothers hizo que las ondas expansivas de la quiebra desencadenaran una crisis financiera mundial. Los bancos habían dejado de confiar unos en otros; el sistema de crédito estaba al borde de la parálisis. Los estadounidenses habían permitido que Lehman Brothers se hundiera de conformidad con la despiadada lógica de la economía de mercado, pero, paradójicamente para los ideólogos neoliberales, los colosales perjuicios ocasionados lograron que en Europa se reconociera en general la necesidad de que el estado interviniera para salvar a los bancos en problemas y evitar un Armagedón financiero. La, verdad difícil de digerir, era que los principales bancos europeos eran demasiado grandes para dejarlos caer. Los cuatro bancos británicos más importantes tenían en 2008 activos por valor de casi cuatro veces el producto interior bruto del Reino Unido, y, con variaciones, la situación no era muy distinta en muchos otros países europeos.

Los más afectados fueron aquellos que más se habían aferrado a los vientos del neoliberalismo y más dependientes se habían vuelto de un gran sector bancario desregulado. Gran Bretaña corría especial peligro. El 6 de octubre de 2008, el Royal Bank of Scotland, que en pocos años se había convertido en uno de los mayores bancos del mundo, estaba a solo unas horas de la quiebra total. Las autoridades británicas trabajaron toda la noche para crear un enorme paquete de rescate financiero a fin de evitar una crisis económica en Gran Bretaña y, dadas las operaciones internacionales del banco, en todo el mundo. El paquete, cuyo objetivo era proteger a los depositantes y ayudar a estabilizar el sistema bancario, incluía préstamos gubernamentales por un valor total de unos quinientos mil millones de libras. Unos días más tarde, el Royal Bank of Scotland fue en la práctica nacionalizado cuando el gobierno del Reino Unido adquirió más de cuatro quintas partes de sus acciones y más del 40 % de las acciones de otros dos bancos, el gran HBOS y Lloyds TSB, más pequeño.

Francia, Alemania, Italia, España y Suiza figuraron entre los países europeos que, en términos generales, siguieron el modelo británico de conceder fondos a los bancos vulnerables. Diez bancos de Europa central y oriental recibieron ayuda financiera. Al igual que Gran Bretaña, muchos gobiernos también ofrecieron garantías a los ahorradores. Los gobiernos de Suiza, Portugal, Letonia e Irlanda adquirieron participaciones de control en varios bancos; en el caso de Suiza, en el enorme banco UBS, que se había convertido en un banco de inversiones global sobredimensionado. En Dinamarca, en 2008, el Roskilde Bank estuvo a punto de quebrar y tuvo que ser absorbido por el Banco Nacional de Dinamarca.

Islandia se enfrentó a dificultades específicas. En relación con su tamaño, su crisis bancaria de 2008 fue mayor que en ningún otro lugar de Europa. Islandia había ido muy lejos al orientar su economía hacia la actividad bancaria y en 2001 la había desregulado. Sus tres bancos principales, Kaupthing, Landsbanki y Glitnir, habían incrementado enormemente su deuda externa y, en 2008, cuando la confianza de los inversores se evaporó, fueron incapaces de financiarla. El gobierno islandés no disponía de los recursos necesarios para salvar a los bancos, que fueron eficazmente liquidados y se crearon otros nuevos, con ayuda financiera del gobierno, para sustituirlos. Se garantizaron los depósitos nacionales, pero los inversores extranjeros y los ahorradores (también en las filiales extranjeras de los bancos islandeses) sufrieron pérdidas. El impacto en la economía islandesa fue profundo y sumió al país en una grave recesión que solo vio los primeros brotes de recuperación en 2011. La erupción volcánica en Islandia de abril de 2010, que arrojó una nube de cenizas tan vasta que paralizó el tráfico aéreo internacional durante varios días, parecía simbolizar los daños causados por el irresponsable y desregulado sistema bancario islandés.

La intervención gubernamental a gran escala para salvar al sistema bancario supuso una masiva transferencia de la riqueza de los contribuyentes a los bancos. Los ciudadanos habían depositado sus ahorros y su confianza en los bancos en el convencimiento de que su dinero estaría seguro. En vez de eso, habían comprobado que en la práctica los bancos operaban como casinos. No es de sorprender que la confianza en los bancos cayera a mínimos. La rabia y el disgusto eran palpables y totalmente comprensibles, pues personas con ingresos y estilos de vida muy modestos vieron cómo los responsables de la debacle se marcharon sin que se actuara penalmente contra ellos y con enormes retribuciones. En uno de los casos más flagrantes, el director ejecutivo del Royal Bank of Escocia, Fred Goodwin, que había guiado al banco, a través de una gigantesca expansión, directo hacia el naufragio, pudo marcharse con una pensión reducida finalmente a solo trescientas mil libras anuales, una indemnización aceptable, tal vez, por tener que prescindir del título de caballero que en 2004 había recibido por sus «servicios al sector bancario».

Según las estadísticas oficiales, en 2007 las finanzas públicas en la Unión Europea habían sido las más sólidas en décadas. La deuda pública media de los veintiocho países de la Unión Europea ascendía al 57,5 % del producto interior bruto, por debajo del 60 % estipulado por las directrices de Maastricht. Solo Grecia (103,1 %), Italia (99,8 %) y Bélgica (87 %) tenían unos niveles de deuda excesivamente elevados. En dos años, la deuda media de los gobiernos (también llamada deuda «soberana», «nacional», «estatal» o «pública») de los veintiocho estados miembros de la Unión Europea había aumentado al 72,8 % del producto interior bruto y seguía creciendo. La deuda de Grecia, Portugal, Irlanda e Italia, sobre todo, había llegado a niveles alarmantes. En 2009, cuando el crecimiento económico se redujo una media del 4,2 % en los países de la Unión Europea, Europa se sumió en una profunda recesión.

La zona del euro se encontraba en una situación especialmente difícil. Los primeros años de la nueva moneda, en un contexto de crecimiento económico mundial, habían sido un éxito, pero cuando el barómetro indicó tormenta, sus problemas estructurales subyacentes quedaron al descubierto. La advertencia del canciller Kohl en 1991 de que la unión monetaria sin unión política sería insostenible a largo plazo empezó a sonar cada vez más profética. Cuando sobrevino la crisis financiera, los países de la zona del euro, con economías cuya fortaleza variaba ampliamente agrupadas en torno a la moneda única, se vieron en aprietos. La devaluación de la moneda para mejorar la competitividad de las exportaciones no era posible para los estados miembros, y tampoco había un gobierno central, como en Estados Unidos, que pudiera dirigir la política económica, regular la fiscalidad en toda la zona del euro y, salvo las subvenciones otorgadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la UE, transferir fondos a las zonas deprimidas con problemas.

La lógica de la zona del euro apuntaba a una mayor unión bancaria económica y política, que implicaba un gobierno federal central con competencias fiscales dentro de una federación de estados nación, análoga al marco estadounidense. Sin embargo, esta opción quedaba descartada debido a la creciente oposición popular a toda medida encaminada a lograr un estado federal europeo. Cualquier intento por parte de un gobierno nacional de alcanzar este objetivo habría suscitado el rechazo inmediato en las urnas. A medida que la recesión económica se afianzaba, la herencia histórica europea de identidades nacionales se fortalecía en lugar de debilitarse. De este modo, los países de la zona del euro se quedaron con un margen de maniobra tanto económico como político muy limitado. Eran minoría quienes deseaban el retorno a las monedas nacionales, que probablemente, al menos a corto plazo, resultaría desastroso para los niveles de vida. El temor a algo peor era en sí mismo un motivo para aferrarse al euro, pero evitar el desplome en los países en peor situación dependía de los rescates que acordaran el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea (ninguno de ellos órganos electos), con las condiciones más estrictas y tajantes asociadas a ellos.

En la primavera de 2010, la crisis de la deuda ya había arrastrado a algunos países a aguas peligrosas. Los bancos de Irlanda habían financiado enormes gastos en inmuebles, pero cuando estalló la burbuja inmobiliaria y aumentó el impago de los préstamos, las garantías del estado a los bancos con problemas incrementaron enormemente la deuda pública. También España tuvo que rescatar a los bancos que habían sufrido grandes pérdidas debido a la burbuja de la vivienda. La mala gestión en Portugal de los fondos públicos durante muchos años y un sector público sobredimensionado dejaron al país con unas deudas públicas desorbitadas cuando en 2009 se desplomó la economía. El crecimiento de las dudas sobre la capacidad de pagarlas y las consecuentes subidas de los tipos de interés hicieron que los gobiernos recurrieran a drásticas reducciones del gasto público, con evidentes consecuencias perjudiciales para el nivel de vida de los ciudadanos y una espiral deflacionaria de caída de los ingresos procedentes de los impuestos y de aumento de la deuda.

Esta difícil situación no era una cuestión que afectara solo a estos países. En conjunto representaban solo el 6 % del producto interior bruto total de la zona del euro, pero la unión monetaria hizo que el riesgo de insolvencia amenazara la estabilidad de toda la zona del euro. Estos países más afectados no tenían manera de escapar de sus abrumadoras dificultades financieras sin la importante ayuda de otros países (sobre todo Alemania), canalizada a través del Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Al menos, a diferencia de lo ocurrido en los años treinta, cuando cada país tuvo que hacer frente por sus propios medios a la Gran Depresión, había una base de apoyo internacional (aunque con duras condiciones asociadas) en toda la zona del euro para aliviar la situación de sus estados miembros.

Grecia preocupaba especialmente. En abril de 2010 la agencia de calificación Standard and Poor’s calificó la deuda griega como «basura». Grecia estaba al borde del impago de la deuda y no podía obtener préstamos en los mercados monetarios internacionales. Por consiguiente, se convirtió en el primer país que pidió y recibió importante ayuda financiera tanto de la Unión Europea como del Fondo Monetario Internacional.

A lo largo de los años siguientes se puso una serie de grandes paquetes consecutivos de ayuda (o rescates) a disposición de Grecia, así como otros menores a Irlanda, Portugal, España, Chipre, Letonia y Rumanía. Los mecanismos del fondo de rescate comenzaron siendo medidas de emergencia denominadas inapropiadamente Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y después Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEEF), pero no tardaron en transformarse en un fondo de rescate más permanente con otro nombre similar, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Estos aliviaron la crisis sin resolver los problemas estructurales subyacentes.

Mientras tanto, Europa se había sumido en una profunda recesión (definida oficialmente como dos trimestres financieros consecutivos de crecimiento negativo). En mayo de 2009, 21,5 millones de ciudadanos de la Unión Europea no tenían trabajo, casi una cuarta parte de ellos con edades comprendidas entre los quince y los veinticuatro años. En Alemania, Austria, los Países Bajos, Dinamarca, Gran Bretaña y varios países más el desempleo se mantuvo relativamente bajo, pero en otros la situación fue a menudo desesperada. España, Grecia, los países bálticos e Irlanda fueron los más afectados, con niveles de desempleo extremadamente altos, sobre todo entre los trabajadores jóvenes. Casi uno de cada cinco españoles estaba en paro, con el doble de ese porcentaje entre los trabajadores jóvenes; en torno a dos quintas partes de los jóvenes griegos estaban desempleados; en Estonia, la cifra de parados se multiplicó por cinco en 2008-2009, y en Letonia y Lituania se triplicó. En estos países, a lo largo de los años siguientes los elevados niveles de desempleo siguieron siendo la norma. En la zona del euro se produjo un segundo repunte del desempleo en 2011, justo cuando el pronunciado aumento inicial había comenzado a disminuir.

A principios de 2012, uno de cada tres griegos vivía por debajo del umbral de la pobreza. Se recortaron los salarios, incluso el salario mínimo se redujo un 22 %, así como las pensiones, y miles de trabajadores fueron despedidos del sector público. Había más de veinte mil personas sin hogar. Tras las estadísticas había innumerables tragedias personales. Un albañil de cincuenta y cinco años que había perdido su empleo narraba su propia trayectoria, de tener un empleo a vivir en la calle. «De un día para otro me afectó la crisis económica. Me despidieron de repente sin ninguna indemnización… Al cabo de dos meses ni siquiera me podía costear el alquiler. Todos mis ahorros se habían esfumado pagando las facturas médicas de mi difunta mujer», recordaba en febrero de 2012. Fue desahuciado de su apartamento y durante cuatro meses durmió en su destartalado Toyota. Después ya no podía permitirse la gasolina para el coche. Tuvo que buscar refugio en un albergue para personas sin hogar. «Fue un gran paso ir a pedirles una cama. Me sentí muy avergonzado», explicaba.

El panorama, aunque no tan desolador como en Grecia, era sombrío en muchas partes de Europa. En Italia, donde la producción descendió casi un 25 %, la recesión perjudicó a la economía durante más de cinco años, la recesión más larga desde la segunda guerra mundial. También los estados bálticos se vieron especialmente afectados, pues de la noche a la mañana sus elevados índices de crecimiento anteriores se desplomaron. Letonia tuvo un crecimiento negativo de -17,7 % en 2009. Otras economías de Europa oriental, con Lituania, Ucrania y Estonia a la cabeza, no se quedaron atrás. La recuperación a los niveles de 2008 estaba a años de distancia.

No en todas partes sufrieron la recesión con tanta intensidad. Los países que durante los años previos de auge habían gestionado con prudencia sus economías y disponían de infraestructuras fuertes aguantaron el azote de la tormenta con daños mínimos y se recuperaron más rápidamente. La economía alemana no tardó en recuperarse, y en 2010 el crecimiento había retornado a un más que saludable 4 %. Las controvertidas y dolorosas reformas introducidas unos cuantos años antes por el gobierno de Schröder estaban dando resultados. No había habido una gran burbuja de crédito y las finanzas públicas estaban saneadas. Alemania había conservado un gran sector manufacturero y, estimulada por la reorientación de sus principales industrias exportadoras hacia nuevos mercados, sobre todo a China, y por grandes reducciones de los impuestos a las empresas para hacerlas más competitivas, a principios de 2011 Alemania había vuelto a los niveles de producto interior bruto previos a la recesión.

Los países nórdicos, afectados en diferente medida por la desaceleración económica, también se recuperaron con relativa rapidez, salvo Islandia. Dinamarca, pese a estar muy afectada por la crisis financiera, había disfrutado con anterioridad de grandes superávits presupuestarios. La situación financiera del país, con una deuda pública por debajo del nivel del 60 % de PIB recomendado por la UE, era en términos generales sólida, y el gobierno danés adoptó enseguida medidas para estabilizar el sistema financiero. En 2009, la economía ya se estaba recuperando y en 2011 volvía a crecer con fuerza. A Noruega le ayudaron sus importantes exportaciones de petróleo, que incluso le procuraban un considerable superávit presupuestario. No obstante, su gestión financiera antes de la recesión también había sido buena. A diferencia de Gran Bretaña, que había despilfarrado la mayor parte de sus inesperados ingresos procedentes del petróleo del mar del Norte (equivalentes en valores actuales a más de 160 000 millones de libras) en reducir el endeudamiento nacional, reestructurar la industria y bajar los impuestos, Noruega los había depositado prudentemente en un fondo de inversión separado durante los años del boom y había reducido el gasto público mientras aseguraba a sus ciudadanos un nivel de vida muy alto. Suecia también se recuperó con rapidez y con fuerza de la recesión mundial y, al cabo de dos años, ya registraba altas tasas de crecimiento (el doble que en Estados Unidos, por ejemplo, que por entonces también se estaba recuperando). Como Noruega, su sector público relativamente grande se mantuvo gracias al apoyo al mercado de trabajo y, en lugar de reducirse, se incrementó el gasto en infraestructuras, educación y seguridad social, sanidad y subsidios de desempleo. Además, Suecia había aprendido las lecciones de su propia crisis financiera de principios de los años noventa y había creado una economía estable y fuerte que en los años de bonanza generó un sólido superávit presupuestario, lo que durante la recesión permitió cierta libertad de maniobra. Actuó con rapidez para abordar los problemas financieros, impulsando la demanda mediante tipos de interés muy bajos y sanciones a los bancos que no concedieran créditos. Los cambios introducidos paulatinamente estaban en consonancia con los aplicados en la mayor parte de Europa: privatización de antiguos monopolios estatales, restricciones presupuestarias, una flexibilidad un poco mayor en el mercado laboral y una protección social menos generosa (sobre todo las pensiones). Seguían siendo moderados, no radicales, y no rompían con el marco, establecido desde hacía mucho tiempo, de un estado basado en la firme garantía de un alto nivel de seguridad social para sus ciudadanos. Como Noruega, Suecia podía contar con un gran consenso en todo el espectro político sobre su estrategia económica y la aplicación de la misma. Sin embargo, el «modelo escandinavo» (con variaciones), que se remontaba a los años treinta, era imposible de reproducir en naciones mucho más grandes y mucho menos homogéneas en las que las divisiones políticas y sociales fueran profundas.

Entre los estados de Europa central, Polonia fue la excepción que evitó la desaceleración económica. El crédito bancario había sido bajo, el mercado inmobiliario era muy pequeño y el gobierno no había acumulado deudas. Además, cuando otros países entraron en recesión y las condiciones laborales se deterioraron, dos millones de trabajadores migrantes regresaron al país llevando con ellos sus ahorros. Polonia pudo aumentar el gasto público y devaluar su moneda, remedios que no estaban disponibles en la zona del euro. De este modo, Polonia se libró de una recesión. Eslovaquia, que había reformado drásticamente su economía tras haber estado sumida en la corrupción en la época de Mečiar y había atraído con éxito muchas inversiones extranjeras, también capeó bien el temporal.

A mediados de 2012, en términos generales, lo peor ya había pasado. La fragilidad de la zona del euro había disminuido mucho. Psicológicamente, un momento importante fue cuando en julio de 2012, con la crisis aún en pleno apogeo, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, anunció que «el BCE está dispuesto a hacer lo que sea preciso para preservar el euro». En virtud de un régimen de ayuda denominado operaciones monetarias de compraventa, el BCE anunció que estaba dispuesto a comprar bonos del Estado emitidos por los países miembros de la zona del euro a los que se hubiera rescatado, pero hubieran recuperado el acceso a los mercados de crédito privados. El régimen de ayuda tuvo aún más valor psicológico al afianzar la decisión del BCE de impedir el desplome de la zona del euro. En realidad, no se presentaron más solicitudes de ayuda, ya que en 2013, salvo Grecia y Chipre, la zona del euro ya estaba en camino de una tímida recuperación. Por entonces ya se habían desembolsado más de quinientos mil millones de euros (una cifra superior al producto interior bruto anual de todos los países europeos, salvo los más grandes y ricos) para las economías en apuros, de los que casi una quinta parte procedía del Fondo Monetario Internacional y la mayor parte restante del Banco Central Europeo. La parte del león había ido a parar a Grecia, pero en 2015 varios países todavía tenían unos niveles de deuda pública preocupantemente altos y déficits considerables. Grecia seguía siendo el punto más crítico, con un porcentaje de deuda en relación con el producto interior bruto del 177,4 % (teóricamente el máximo permitido en la zona del euro era 60 %), y la ayuda tendría que continuar durante años.

También otros países eran objeto de preocupación: Italia (con una deuda pública del 132,3 % del producto interior bruto y ningún indicio de que fuera a disminuir), Portugal (129 %), Chipre (107,5 %), Bélgica (105,8 %), España (99,8 %) e incluso Francia (96,2 % y sin descender). La crisis de la deuda soberana era para entonces menos aguda de lo que había sido, pero mejoraba lentamente.

La zona del euro había sobrevivido intacta a una crisis existencial. Pero ¿estaba en esencia sana? ¿Podía sobrevivir a otra importante sacudida económica que pudiera desencadenar una potencial crisis financiera en una de sus economías más grandes, como la de Italia? ¿Era en realidad la zona del euro un proyecto defectuoso desde el principio por carecer de una autoridad fiscal central? ¿Y no era probable que el remedio del rescate hiciera empeorar al paciente en lugar de mejorar? Los economistas tenían opiniones diversas sobre estas cuestiones. El premio Nobel Joseph Stiglitz destacó entre los economistas que dudaban que la zona del euro tuviera futuro a largo plazo a menos que se acometieran reformas estructurales fundamentales. Entre ellas incluía la sustitución de las políticas económicas de austeridad por políticas expansionistas orientadas al crecimiento, la mutualización de la deuda, la convergencia de las economías mediante la eliminación de los superávits en beneficio de los países deficitarios y el uso de las líneas de crédito ampliadas por el Banco Central Europeo para invertir en empresas productivas y estimular la economía. Hasta el momento ha faltado voluntad política de llevar a cabo esta transformación.

En realidad, la crisis de la zona del euro había llevado en la dirección contraria a la defendida por Stiglitz. Se inyectaron inmensas cantidades de dinero a la economía, pero la mayor parte se destinó a rescatar a los bancos, no a estimular directamente la recuperación. También gastaron inmensas sumas el Banco de Inglaterra (375 000 millones de libras entre 2009 y 2012) y más tarde el Banco Central Europeo (1,1 billones de euros en 2015-2016) en crear nuevo dinero electrónico para comprar bonos del Estado y aumentar la oferta de dinero, un método conocido como «flexibilización cuantitativa». Fue un elemento central de la política monetaria en cuanto los tipos de interés se rebajaron casi a cero y su propósito era impedir que la deflación convirtiera la recesión en una desastrosa depresión, como había ocurrido en los años treinta. En cuanto a este objetivo, el método podía cantar victoria; la recesión habría sido mucho peor sin ella. Sin embargo, tuvo menos éxito a la hora de revitalizar la economía, sobre todo porque los bancos seguían estando poco dispuestos a prestar y la inquietud respecto a la economía hacía que las personas fueran reacias a solicitar préstamos. Así pues, la mayor parte de los estímulos permanecieron dentro del sector bancario y no se transfirieron a la gran mayoría de los ciudadanos. La flexibilización cuantitativa era una especie de neokeynesianismo, aunque principalmente solo para ayudar a los bancos. Sin embargo, pocas otras cosas siguieron métodos neokeynesianos. Una vez que se instaló la recesión, los remedios siguieron principalmente las recetas neoliberales: reducción del gasto en lugar de expansionismo. La reducción de la deuda por medio de la austeridad era el principal mensaje.

Los economistas han discutido mucho si esto agravó y prolongó o no la recesión y sigue siendo una cuestión no resuelta. Pese a la austeridad, la mayoría de los países vieron cómo durante la recesión su deuda aumentaba, en proporción a su producto interior bruto, y después solo disminuía gradualmente. ¿Había habido, entonces, una alternativa? Un planteamiento genuinamente neokeynesiano, sin duda, habría aumentado a corto plazo el gasto público y el endeudamiento. Sin embargo, la inversión en empresas productivas, competencias, educación y formación podría haber acabado generando un crecimiento más rápido y beneficios duraderos. Allí donde se aplicaron estos métodos al menos parcialmente, en Suecia, Noruega y Dinamarca, fueron eficaces, pero estas economías escandinavas tenían unas características particulares, pues que disfrutaban de grandes superávits antes de la desaceleración económica y de un amplio consenso político que era difícil, si no imposible, de reproducir en otros lugares. El margen de maniobra financiera de estos países nórdicos era casi inexistente en otros lugares.

No obstante, algunos destacados economistas sostenían convincentemente que los recortes del gasto, en lugar de constituir un estímulo económico, solo podían empeorar y prolongar la recesión al estrangular la demanda y reducir los ingresos procedentes de los impuestos, con lo que se necesitaban nuevos recortes y se perpetuaba el círculo vicioso. No obstante, incluso si hubiera habido voluntad de hacerlo, la inyección de dinero a una economía renqueante habría topado con una serie de obstáculos. Las propias normas acordadas por la Unión Europea sobre los niveles máximos permisibles de deuda pública y déficit, aunque fueron ampliamente infringidas durante lo peor de la recesión, constituían una barrera para la adopción de una política expansionista en la mayor parte de Europa. Y el país central de la UE, Alemania, ansioso como siempre por evitar cualquier riesgo de inflación, era el más firme defensor de unas finanzas sólidas. El argumento central era que Alemania ya había realizado hacía varios años las reformas estructurales necesarias para poner en orden su casa y esperaba que los demás países acometieran unas reformas estructurales similares. El pacto fiscal europeo, firmado en marzo de 2012 por los mandatarios de todos los países de la Unión Europea excepto el Reino Unido y la República Checa, fue forjado por Alemania y tenía por objeto poner unos límites estrictos y jurídicamente vinculantes al volumen de la deuda nacional y los déficits de acuerdo con el modelo financiero alemán de rígida disciplina presupuestaria.

Además de estos límites para la aplicación de políticas neokeynesianas, había otro obstáculo formidable: la confianza de las agencias de calificación crediticia en la situación financiera de cada país. Las agencias de calificación crediticia con sede en Estados Unidos (las más importantes son Standard and Poor’s, Moody’s y Fitch) podían causar de inmediato un enorme daño a la posición financiera de un país mediante el ajuste de sus valoraciones de solvencia. Al acrecentar una deuda pública ya elevada con el aumento del gasto público se corría el gran riesgo de provocar la ira de estas agencias, haciendo que fuera más difícil obtener préstamos en los mercados monetarios internacionales y, con ello, reduciendo la posibilidad de recuperación. Por consiguiente, en casi todos los Tesoros del Estado prevaleció la contención de la deuda mediante la austeridad.

LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD

Mientras los políticos se esforzaban por superar los enormes desafíos económicos y sociales de la recesión, la política se volvía más volátil. El panorama político empezó a transformarse. Como de costumbre, la suerte de los políticos dependía en cada país de infinidad de cuestiones nacionales, pero en casi todas partes una de ellas fue el modo de gestionar la recesión. Surgieron tres tendencias generales, si bien con excepciones. La primera consistía en la posibilidad de que en las siguientes elecciones, como consecuencia de la recesión, el partido político en el poder, ya fuera de izquierdas o de derechas, sufriera una derrota. La segunda era la probabilidad de que los movimientos de protesta ajenos al «sistema» ganaran apoyos a medida que la confianza en el sistema político se erosionara; fueron millones las personas que sintieron una ira intensa por la mala gestión de la economía llevada a cabo por sus gobiernos, pero también por el poder sin rostro del capitalismo financiero globalizado que les había causado tanto sufrimiento. Como tantas veces, esto se manifestó en la búsqueda de chivos expiatorios, por lo general los inmigrantes, y en un nacionalismo que ofrecía un sentimiento de identidad y la creencia en la capacidad de recuperar el control que se había entregado a organismos internacionales. Una tercera tendencia común fue que, salvo con unas pocas excepciones, los gobiernos, fueran del color que fueran, adoptaran medidas de austeridad. La autonomía de los gobiernos respecto a la economía de un país estaba severamente limitada y parecía que el auténtico poder residía no tanto en los estados individuales como en los anónimos manipuladores de las finanzas internacionales, en los tenedores de bonos del Estado, en las agencias de calificación crediticia y en instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, que determinaban los niveles y las condiciones de la ayuda a las economías en dificultades.

Pese a que la crisis económica afectó a todos los países de Europa, por lo general aquellos que ya poseían estructuras económicas sólidas y sistemas políticos estables salieron de la recesión con mayor rapidez y sin convulsiones políticas (aunque la enorme dependencia de Gran Bretaña de su defectuoso sistema bancario fue su talón de Aquiles). Este fue el caso de Alemania, Austria, Suiza, los Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Suecia y, entre los países recientemente incorporados a la Unión Europea, Polonia y Eslovaquia. Aunque, como es natural, también en estos países las turbulencias económicas contribuyeran a influir en las preferencias electorales, figuraban entre otros diversos factores y no fueron decisivas. En realidad, allí donde los gobiernos ya habían obtenido antes de la recesión cierta aprobación por su gestión de la economía, grandes sectores de la población consideraban a los dirigentes como la mejor garantía contra graves perturbaciones. Un ejemplo de ello era el constante apoyo popular que en Alemania, la economía más importante de Europa, tenía la canciller Angela Merkel, que transmitía una fuerte impresión de control sereno y firme seguridad, y su competente aunque rígido ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, que simbolizaba la solidez económica. No solo los partidos conservadores, como la Unión Cristiana de Alemania, continuaron en el poder; en Noruega, por ejemplo, el Partido Laborista se mantuvo como la fuerza política dominante.

Sin embargo, incluso allí donde prevaleció la estabilidad política, los nuevos partidos políticos o los viejos partidos radicales que hasta entonces habían sido marginales lograron una mayor popularidad. Hubo quienes se sintieron traicionados por la adopción por parte de los socialdemócratas de políticas económicas que asociaban con las ideas neoliberales del conservadurismo y optaron por la izquierda más radical; pero los principales favorecidos fueron los movimientos populistas de derechas. En Alemania, la impopularidad de las reformas de Schröder siguió afectando a los socialdemócratas, cuya pérdida de votos benefició al partido izquierdista más radical Die Linke, mientras que Alternative für Deutschland, un nuevo partido derechista contrario al euro y a los rescates de Grecia, empezó a ganar un apoyo visible. En Finlandia, la peculiaridad de las elecciones de 2011 fue el avance de los Verdaderos Finlandeses, un partido nacionalista que ganó votos gracias a su oposición al rescate de Portugal y a su intento de combatir la perniciosa globalización, que atribuía en buena medida a las políticas de la Unión Europea. La crisis financiera en Islandia desencadenó amplias protestas populares, que hicieron que en las elecciones de 2009 el Partido de la Independencia, liberal conservador, perdiera una tercera parte de los votos y el poder tras dieciocho años en el gobierno. En Bélgica, la recesión económica exacerbó las antiguas diferencias lingüísticas y culturales, cada vez más profundas, entre la región flamenca, más rica, y la antigua región industrial francófona de Valonia, más pobre, lo que se tradujo en una mayor fragmentación política y en la incapacidad durante casi un año, en 2010-2011, de formar siquiera un gobierno nacional.

En algunos de los más recientes estados miembros de la Unión Europea en Europa central, la recesión propició una vuelta a formas de autoritarismo, ya fuera de derechas o de izquierdas. En Hungría, el Partido Socialista sufrió grandes pérdidas en las elecciones de abril de 2010. El partido conservador de Viktor Orbán, Fidesz, regresó al poder con una mayoría parlamentaria lo bastante amplia como para imponer un programa nacionalista y cambios constitucionales que afianzaran la permanencia en el poder de Orbán, restringiendo varias libertades y cercenando la independencia de la judicatura. Un hecho alarmante fue el aumento hasta casi el 17 % de los votos a Jobbik, un partido de extrema derecha con fuertes resonancias del pasado fascista por su antisemitismo y su hostilidad hacia los romaníes.

También Polonia se encaminaba hacia el autoritarismo de la derecha nacional-conservadora. La crisis en Europa dio un nuevo impulso a viejas rivalidades políticas que se remontaban a la transición poscomunista. Dos partidos nuevos fundados en 2001, Plataforma Cívica y Ley y Justicia, habían surgido del legado de Solidaridad, aunque con programas muy diferentes. Plataforma Cívica, liberal, orientado al mercado y muy europeísta, había conseguido la mayoría de los votos en las elecciones de 2001 y de 2007, pero en 2011 su duro rival, el Partido Ley y Justicia, firmemente nacional-conservador, antiliberal y dominado por los gemelos Lech y Jarosław Kaczyńsky, amplió la base de apoyo inicial (extensa sobre todo en el este de Polonia) a su programa social reaccionario y en las elecciones generales de 2015 acabó por alzarse con la victoria. Beata Szydło se convirtió en la nueva primera ministra.

Las teorías conspirativas contribuyeron al éxito del partido. En abril de 2010, Lech Kaczyńsky, el entonces presidente de Polonia, había muerto en un accidente aéreo mientras volaba a Smolensk, en el oeste de Rusia, para la conmemoración de la matanza de más de veinte mil oficiales polacos a manos de la policía secreta soviética setenta años antes. Las malas condiciones meteorológicas y un error del piloto fueron la causa del desastre, pero Ley y Justicia continuó afirmando que el presidente había sido asesinado por las nebulosas fuerzas del liberalismo, del comunismo o de una extraña amalgama de ambos. Este argumento se incorporó al creciente ataque del partido contra los liberales de Polonia, la hostilidad hacia el capitalismo de libre mercado y una actitud más crítica respecto a la Unión Europea, todo ello como parte de una fuerte insistencia en los «verdaderos» valores polacos. La crisis migratoria encajaba bien en este nuevo clima. El gemelo que sobrevivió, Jarosław Kaczyńsky, el hombre fuerte de Ley y Justicia, antes de las elecciones de 2015 habló del peligro de que los migrantes trajeran el cólera a Europa y propagaran «varios parásitos». Las tendencias autoritarias eran inconfundibles. Desde que se convirtió en el partido gobernante, Ley y Justicia adoptó medidas para cercenar la libertad de los medios de comunicación, limitar los derechos de los homosexuales y aumentar el control político de la judicatura.

En Rumanía, tras las grandes protestas contra las políticas de austeridad y la caída del gobierno conservador considerado responsable de las mismas, la tendencia dominante fue también hacia un gobierno más autoritario, aunque en este caso de izquierdas, con un primer ministro nominalmente socialdemócrata, Victor Ponta. Bajo su égida, disminuyeron las atribuciones del Tribunal Constitucional, el sistema legal estuvo sujeto a una mayor influencia política, antiguos miembros de los servicios de seguridad conservaron cargos importantes y la corrupción siguió campando sin freno. En cambio, el problema principal en Bulgaria no era el autoritarismo, sino la debilidad del gobierno, con manifestaciones masivas generalizadas contra las políticas de austeridad y contra una constante corrupción y delincuencia organizada descontroladas.

Los partidos a cargo de las políticas de austeridad en los países más grandes de la Unión Europea también podían prever el rechazo en las urnas. En Italia, el gobierno de Silvio Berlusconi aplicó en el otoño de 2011 recortes del gasto público, pero demostró ser incapaz de ofrecer algo parecido a un programa de recuperación coherente. Berlusconi dimitió en noviembre y fue sustituido por un gobierno «tecnocrático» encabezado por Mario Monti, un experto en finanzas y antiguo comisario de la Unión Europea, que introdujo más recortes drásticos del gasto y subidas de impuestos. El estado de la economía empeoró, aumentaron las protestas masivas (inspiradas en el movimiento Occupy Wall Street surgido en Estados Unidos como protesta contra la crisis financiera) y Berlusconi anunció su regreso a la política. Monti solo duró un año antes de dimitir en diciembre de 2012. Había contado con el respaldo de los líderes de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional, y también el gobierno alemán, el actor clave de la Unión Europea, había apoyado firmemente a Monti. La población italiana era otra historia. Se había convencido a Monti para que se presentara al frente de un nuevo partido, Elección Cívica, pero en las elecciones de febrero de 2013 solo consiguió el 10 % de los votos. Esto puso fin a su breve etapa en primera línea.

Las elecciones provocaron un estancamiento político, lo que llevó a algunos analistas italianos a señalar que el país era ingobernable. Su característica más llamativa fue el repentino ascenso, hasta obtener una cuarta parte de los votos, de un partido de protesta completamente nuevo encabezado por el cómico Beppe Grillo. El hecho de que un cómico alcanzara semejante prominencia política parecía un comentario adecuado para la política italiana. Tras unas largas negociaciones, finalmente se formó una inestable coalición presidida por Enrico Letta, del Partido Demócrata, que prometió poner fin a la austeridad y optar por políticas de crecimiento. Los disparos contra la sede del Ejecutivo el día en que el gobierno tomaba posesión no auguraban nada bueno. El partido de Silvio Berlusconi, el Pueblo de la Libertad, perdió muchos votos en comparación con las elecciones de 2008, pero aun así se hizo con casi una tercera parte de los escaños de ambas cámaras del Parlamento. Sin embargo, en esta ocasión no se produjo un regreso del gran superviviente, pues si bien la avanzada edad de Berlusconi (setenta y cinco años por entonces) le libró de ir a la cárcel por su condena por fraude fiscal en agosto de 2013, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos y expulsado del Senado.

Francia no fue una excepción a la norma de políticos considerados responsables de la crisis desalojados del poder. Entre 2008 y 2012 el desempleo aumentó hasta alcanzar niveles preocupantes, creció la pobreza y tanto la deuda como el déficit comercial se dispararon sin freno, mientras que el crecimiento apenas pasó de cero, cayó el consumo y disminuyeron los ingresos fiscales. El fracaso a la hora de poner fin al malestar económico fue la principal razón de la ajustada derrota en las elecciones presidenciales de 2012 del presidente Nicholas Sarkozy, un personaje cada vez más controvertido, descartado después de un único mandato tras haber sido elegido en 2007.

La victoria en las elecciones presidenciales de 2012 de François Hollande, líder del Partido Socialista, estuvo acompañada de optimismo y el 52 % de los electores que le había apoyado en la segunda vuelta de las votaciones, celebradas el 6 de mayo de 2012, confiaba en que revitalizaría la economía. Cuando en las elecciones parlamentarias celebradas un mes más tarde el Partido Socialista consiguió 94 escaños en la Asamblea Nacional, parecía seguro un nuevo enfoque de la crisis. Sin embargo, la modesta intervención estatal para intentar estimular la economía no consiguió disipar el creciente malestar. Un superimpuesto del 75 % para los ingresos superiores al millón de euros anuales fue suprimido al cabo de dos años, pues había recaudado demasiado poco como para afectar a la economía, pero en cambio fue criticado por alejar a los innovadores y emprendedores de primera fila que Francia necesitaba. Emmanuel Macron, que más adelante sería ministro de Economía de Hollande (y en 2017 se convertiría en presidente), advirtió de que transformaría a Francia en «Cuba sin el sol».

Para entonces, de un modo muy similar a lo que había hecho su predecesor socialista François Mitterrand a principios de los años ochenta, Hollande había invertido eficazmente su estrategia económica, optando en enero de 2014 por un programa parcialmente neoliberal y más favorable para las empresas consistente en reducir los costes laborales y recortar el gasto público. Aun así, Hollande no fue capaz ni de mejorar su menguante popularidad ni de cambiar la suerte de una economía que continuaba empeorando. A medida que se prolongaba su desafortunada presidencia y aumentaba la indignación por la falta de mejoría de la situación del país, Hollande se convirtió en el presidente más impopular de la historia de la Quinta República. En noviembre de 2016, sus índices de aprobación batieron un mínimo histórico del 4 %. El 1 de diciembre se convirtió en el primer presidente francés en anunciar que no se presentaría a la reelección.

Mientras tanto, en las antiguas regiones industriales del norte y del este de Francia, ahora degradadas, y en las zonas pobres del sur, muchos votantes se sentían cada vez más atraídos por el mensaje nacionalista y anti-Bruselas de Marine Le Pen, que intentaba con cierto éxito limpiar la imagen racista y neofascista de su padre, Jean-Marie. Su partido, el Frente Nacional, obtuvo el mayor porcentaje de los votos, casi el 25 %, de todos los partidos que concurrieron a las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2014. Era una señal de que la política francesa continuaría siendo profundamente inestable.

En Gran Bretaña, el Partido Laborista, en el poder desde 1997, pagó el precio de gobernar durante la debacle bancaria. Cuando se volvieron evidentes las duraderas consecuencias de la crisis y Gran Bretaña se enfrentó a largos años de recuperación de una recesión económica tan severa, los conservadores sacaron rédito político culpando a los laboristas de la crisis, aunque obviamente fuera global y no nacional en sus causas. Aun cuando tanto la deuda pública como el déficit debido al gasto habían estado en niveles aceptables antes de la crisis, la acusación caló. Otra crítica eficaz fue que los laboristas no habían logrado imponer suficientes regulaciones a los bancos, estimulando con ello la burbuja especulativa que desencadenó la crisis. Esta acusación tenía más fundamento. Sin embargo, los conservadores eran aún más partidarios de la desregulación que el gobierno laborista y ellos mismos habían desregulado abruptamente los mercados financieros en el llamado «Big Bang» de 1986, que había convertido la City en un centro tan vital de las finanzas mundiales. Y, como los laboristas, los conservadores se habían visto obligados a rescatar a los bancos para proteger a los ahorradores.

No obstante, la innegable realidad era que la crisis se había producido mientras gobernaban los laboristas y que desde la quiebra financiera inicial, el déficit presupuestario se había duplicado mientras el nivel de deuda pública también había aumentado drásticamente. El gobierno laborista de Gordon Brown, cada vez más acosado, fue derrotado en las elecciones generales celebradas el 6 de mayo de 2010 y, tras una ausencia de trece años, el Partido Conservador, con David Cameron como primer ministro, volvió al poder, aunque solo como la fuerza principal en una coalición con Partido Liberal Democrático y su líder, Nick Clegg. Bajo la dirección del ministro de Economía George Osborne, el nuevo gobierno emprendió enseguida el camino de la austeridad para controlar el déficit y la deuda pública. El déficit cayó gradual y continuamente durante los cuatro años siguientes, del 10,8 % al 5,1 % del producto interior bruto, aunque aún estuviera muy por encima de lo estipulado por las directivas de Maastricht. Por otra parte, entre 2010 y 2015 la deuda pública aumentó todos los años hasta situarse en el 87,5 % del producto interior bruto.

La recuperación económica fue dolorosamente lenta. Gran Bretaña, sumida en la recesión, estaba pagando el precio de haber optado desde los años ochenta por las finanzas en detrimento de la industria. A diferencia de los países de la zona del euro, Gran Bretaña tenía control sobre su propia moneda, así que recurrió enseguida a la flexibilización monetaria. Sin embargo, y pese a la caída del valor de la libra esterlina (en torno a una cuarta parte del mismo entre 2009 y 2013), el crecimiento de las exportaciones continuó siendo lento y los niveles de inversión, bajos. El desempleo se redujo, pero muchos de los puestos de trabajo disponibles estaban mal pagados y eran precarios. Gran Bretaña había aplicado después de 2010 una consolidación fiscal más severa que ninguna de las grandes economías avanzadas, pero tardó más en recuperarse que cualquiera de ellas, a excepción de Italia. Cuando finalmente en 2013 comenzó a registrarse un ligero crecimiento, dependió en buena medida del boyante mercado inmobiliario, del gasto de los consumidores (mucho de ello incrementó la deuda privada) y del gasto público que, pese a la austeridad, había resultado imposible de recortar tanto como el gobierno pretendía inicialmente.

El coste social de las políticas de austeridad fue muy elevado. La mayor parte del mismo recayó en los sectores más pobres de la sociedad. Los recortes en los servicios públicos, traspasados sobre todo a las administraciones locales, provocaron el cierre de servicios para la juventud, centros infantiles, bibliotecas y otras importantes instalaciones que mantenían la cohesión social. La recesión agravó las divisiones sociales. El hecho de que varios miembros del Consejo de Ministros, incluidos David Cameron y George Osborne, se hubieran educado en algunos de los colegios privados más caros de Inglaterra bruñó la imagen de una élite política que estaba completamente desconectada de las personas corrientes, muchas de las cuales tuvieron graves dificultades para llegar a fin de mes cuando la austeridad empezó a hacerse sentir. La brecha en los ingresos y la riqueza aumentó; en torno al 13 % de los ingresos totales iban a parar al 1 % de la población, el doble que en los Países Bajos, por ejemplo. En 1998, los altos ejecutivos habían ganado cuarenta y siete veces el salario medio de su personal; en 2014 esta cifra había aumentado a 143 veces. Además, sus remuneraciones crecían a una velocidad de más de cuatro veces mayor que la del asalariado medio. La remuneración media de los altos ejecutivos era por entonces de 4,4 millones de libras al año, mientras que los ingresos medios de la población eran de 26 000 libras anuales. En 2013 los ingresos familiares medidos con arreglo a lo que se podía comprar eran casi un 6 % más bajos que en 2010. Los ingresos medios del 20 % de los hogares más desfavorecidos eran muy inferiores a los niveles de los Países Bajos, Francia y Alemania. Sin embargo, en las zonas más codiciadas de Londres, el valor de los inmuebles estaba aumentando más de un 20 % al año y la renta semanal de una casa de lujo en el opulento Mayfair podía costar más de lo que muchas personas ganaban en un año.

Cada vez menos personas podían comprarse una casa propia y a menudo se veían obligadas a vivir en inmuebles de alquiler, en muchos casos de mala calidad y sin apenas protección frente a caseros sin escrúpulos. El abandono de la construcción de viviendas por los sucesivos gobiernos durante muchos años, así como la inexistencia de un programa de vivienda social para reponer las existencias vendidas desde la época de Thatcher, se dejaron sentir intensamente durante la recesión. Gran Bretaña era uno de los países más ricos del mundo, pero cada vez eran más los ciudadanos que ni siquiera tenían un techo sobre sus cabezas. Entre 2010 y 2017 el número de personas obligadas a dormir en la calle se multiplicó por más de dos en Londres y aumentó considerablemente en otras grandes ciudades. En ese mismo período, el uso de los bancos de alimentos para proporcionar comida a los indigentes se incrementó un 1642 %.

En el año 2011 los disturbios en algunas ciudades pusieron de manifiesto la indignación y la frustración, así como el oportunismo delictivo, existentes en algunos de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, incluidos muchos jóvenes de familias inmigrantes, que vivían en bloques de viviendas desoladores y no veían perspectivas de futuro para ellos. Se encontraban en los extremos sociales. Cuando las condiciones económicas empeoraron, las actitudes se volvieron más duras. Buscaron chivos expiatorios; los inmigrantes y la Unión Europea solo eran algunos de ellos. Se combinaban perfectamente para ofrecer un mensaje básico al creciente número de personas que estaban optando por el UKIP, el Partido de la Independencia del Reino, en esencia la variante británica (en realidad en su mayor parte inglesa) de un partido nacionalista antiglobalización del que se podían encontrar versiones en muchas partes de Europa. «Se han mudado polacos y nigerianos a esta calle. Buena gente, trabaja mucho, compra sus casas. Pero ¿por qué tienen que estar aquí cuando necesitamos las casas y los puestos de trabajo? Si estuviéramos fuera de Europa, podríamos poner fin a esto», afirmaba una mujer, supervisora en un supermercado de Londres con unos ingresos muy modestos, pero con una vivienda cuyo precio casi se había cuadriplicado desde que en 1997 ella y su marido la habían comprado. Este era el germen de la creciente hostilidad hacia la Unión Europea: el «euroescepticismo», todavía una visión minoritaria en 2005, se estaba transformando en abierta «eurofobia» y se extendía.

En los países más afectados por la gran recesión (Portugal, España, Irlanda y, sobre todo, Grecia), los partidos tradicionales tuvieron dificultades mientras afrontaban la grave y creciente crisis económica. En Portugal, los socialistas, que habían propuesto recortes del gasto y buscaban un rescate, fueron desalojados en 2011 del gobierno en medio de una indignación generalizada y de manifestaciones masivas. El gobierno que lo sustituyó, encabezado por los socialdemócratas de centroderecha, impuso sus propias y severas medidas de austeridad mientras la situación de Portugal iba de mal en peor. También pagó el precio en las elecciones de octubre de 2015, cuando los socialistas regresaron para presidir un gobierno en minoría inestable. En España, el Partido Socialista, obligado por la crisis cada vez más grave a aplicar políticas de austeridad pese a su intención inicial de optar por los estímulos financieros, en las elecciones celebradas en noviembre de 2011 perdió casi cuatro quintas partes de los votos. El gobierno conservador que lo sucedió, tras imponer una austeridad aún más severa y acosado, también, por los escándalos de corrupción, pagó el precio en las elecciones de 2015, en las que perdió una tercera parte de sus escaños parlamentarios. Sin embargo, también los socialistas fueron rechazados por el electorado. Dos nuevos actores, el movimiento izquierdista Podemos y el partido centrista Ciudadanos, consiguieron en total una tercera parte de los votos, una señal de la indignación suscitada por las políticas de austeridad, que habían minado a los dos principales partidos de España. Irlanda se enfrentó a su propio terremoto político cuando, en las elecciones generales de febrero de 2011, el partido dominante de centroderecha, Fianna Fáil, al que se consideraba responsable de la difícil situación financiera del país, sufrió su peor derrota desde los años veinte. Su principal rival, el liberal conservador Fine Gael, por primera vez en sus ochenta años de historia se convirtió en el partido con mayor representación en el Parlamento. Un indicador de que la larga supremacía de estos dos partidos estaba gravemente debilitada fue el significativo avance del Partido Laborista irlandés y del nacionalista Sinn Féin.

El nivel de inestabilidad gubernamental en Grecia fue excepcional. Las elecciones de 2009, con la economía experimentando ya una fuerte contracción, se saldaron con la derrota del partido conservador gobernante, Nueva Democracia. Al cabo de unas semanas, el nuevo gobierno socialista del PASOK, con George Papandreou al frente, anunció que la deuda pública de Grecia era mucho más elevada de lo que hasta entonces se había admitido. El país no disponía de los recursos necesarios para reembolsar los préstamos que estaban venciendo. Las agencias de calificación crediticia rebajaron mucho la solvencia de Grecia, encareciendo los préstamos, si acaso podían encontrarse prestamistas. El gobierno respondió adoptando medidas de austeridad draconianas. Bajó los salarios de los funcionarios, congeló las pensiones públicas y subió los impuestos. No fue suficiente. En abril de 2010, Papandreou solicitó un rescate internacional que resultaría ser el primero de una serie de ellos. La troika (como se llegó a conocer a los representantes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea) acordó en un mes conceder un préstamo de 110 000 millones de euros, aunque con la condición de que se adoptaran más medidas de austeridad y se reestructuraran las finanzas del país. El Parlamento accedió con reticencia a estas exigencias.

La indignación popular que esto generó se puso de manifiesto en manifestaciones multitudinarias en las calles de Atenas. En menos de un año las protestas se incrementaron, organizadas tanto en la capital como en otras ciudades griegas por el movimiento antiausteridad de los Indignados. Aumentaron los enfrentamientos violentos con la policía, que respondió a las manifestaciones con brutales demostraciones de fuerza. Parte de la ira estaba dirigida contra Alemania, a la que se consideraba el poder detrás de la troika. Los carteles de la canciller alemana, Angela Merkel, con un bigote hitleriano era una señal visible de ese antagonismo, por absurdos que fueran.

El apoyo a los principales partidos políticos se redujo. En noviembre de 2011 Papandreou tuvo que dimitir y le sucedió una coalición inestable e ineficaz. Las elecciones de mayo de 2012 no fueron concluyentes y hubo que celebrar nuevas elecciones solo un mes más tarde, en las que el PASOK, el partido dominante en Grecia desde los años setenta, solo consiguió el tercer lugar; el segundo, detrás de Nueva Democracia (que encabezaba el nuevo gobierno de coalición) lo ocupaba ahora SYRIZA, un partido de izquierda radical presidido por el carismático Alexis Tsipras. Resultaba inquietante que, en la extrema derecha, el partido neofascista Amanecer Dorado obtuviera veintiún escaños en el Parlamento. Mientras algunos sectores de la población buscaban chivos expiatorios para su desgracia, Amanecer Dorado consiguió avivar el resentimiento contra el creciente número de inmigrantes, muchos de ellos irregulares, que desde mediados de la década habían estado llegando principalmente de África y de Oriente Medio.

Los despiadados recortes de los niveles de vida, que afectaron sobre todo a los más pobres, continuaron después de que en febrero de 2012 se acordara un segundo rescate de 130 000 millones de euros. El presupuesto de sanidad se redujo un 21,7 % (lo que contribuyó a que se registrara un pronunciado aumento de la mortalidad infantil); el de educación fue recortado más de una tercera parte con respecto a su nivel antes de la crisis. Aun con la ayuda exterior, en marzo de 2012 Grecia incumplió los pagos de la deuda. Se reestructuró la deuda nacional y se condonaron 107 000 millones de euros, pero apenas fue un alivio. En realidad, casi la totalidad de los fondos del rescate debían destinarse a pagar los intereses de la deuda, por lo que se contraían nuevas deudas. Años de implacable y creciente austeridad acabaron generando una montaña de deuda que era mayor que cuando comenzó la crisis.

Los ciudadanos estaban pagando un alto precio por décadas de mala gestión gubernamental. Grecia siempre había tenido un sector público sobredimensionado, su burocracia era muy ineficaz y la evasión de impuestos era casi un deporte nacional. El fraude relacionado con las prestaciones era endémico y miles de griegos conseguían cobrar las pensiones de sus parientes muertos. Los restaurantes solo aceptaban el pago en efectivo; los médicos no declaraban buena parte de sus ingresos; era habitual ocultar bienes. Se calculaba que casi una tercera parte del producto interior bruto provenía de la economía sumergida, mientras que el gasto de Grecia en pensiones, que aumentaba a un ritmo más de dos veces superior al de Alemania o Italia y permitía a la mayoría de los griegos optar por la jubilación anticipada, estaba fuera de control. Sin duda, Grecia tenía que poner en orden su casa, pero la rapidez y la severidad de la austeridad eran política y socialmente muy difíciles de soportar.

Aun así, en 2013 se aplicaron nuevas medidas de austeridad. Ese año se eliminaron miles de empleos del sector público y se realizaron nuevos recortes salariales. A principios de 2014, el gobierno pudo anunciar que, por primera vez en muchos años, el presupuesto tenía superávit, pero la noticia no fue un gran consuelo para los ciudadanos griegos. En las elecciones celebradas en enero de 2015, volvieron a desalojar al gobierno. El otrora poderoso PASOK solo obtuvo el 4,7 % de los votos y un gran giro hacia una izquierda más radical dio la victoria a SYRIZA. Tsipras presidió el nuevo gobierno (aunque necesitó el apoyo del pequeño partido nacionalista de los Griegos Independientes). Su programa ganador se había basado en rechazar categóricamente un tercer rescate, que entrañaba nuevos recortes y que la troika consideraba imprescindibles aunque se habían registrado ligeras señales de una incipiente recuperación. Abogaba por una reestructuración a fondo de la deuda griega y por poner fin a las políticas de austeridad. Su recomendación de rechazar un nuevo rescate fue respaldada por los votantes en un referéndum celebrado en julio de 2015.

Su ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, cuya personalidad extrovertida hizo que pronto fuera conocido por los espectadores de televisión de toda Europa, defendía con vehemencia una nueva política de reestructuración de la deuda, lo que en la práctica significaba el alivio de la deuda para Grecia y un alejamiento de lo que, con cierta razón, consideraba un ciclo de austeridad contraproducente. Sin embargo, poco después del referéndum Tsipras cambió de postura y aceptó con reticencia las condiciones de un tercer rescate, un préstamo de entre 82 000 y 86 000 millones de euros que se pagaría a plazos hasta 2018. Consideró que era el mejor acuerdo que Grecia podía conseguir. Sostenía que cualquier alternativa habría sido un «suicidio». Varoufakis, incapaz de poner en práctica los cambios que consideraba indispensables, ya había dimitido en julio. Le seguiría en agosto la dimisión de Tsipras, con su popularidad en caída libre y expuesto a rebeliones dentro de su propio partido.

Un mes más tarde, después de que resultara imposible formar un gobierno alternativo, se celebraron de nuevo elecciones, pero no supusieron ningún cambio sustancial en la composición del Parlamento y se encomendó a Tsipras volver a presidir el gobierno. En mayo de 2016, el primer ministro, inicialmente contrario a la austeridad, se vio obligado a adoptar nuevas medidas de austeridad. Grecia puso fin oficialmente a los años de recesión en 2014, pero en realidad las desgracias del país iban a continuar.

Si hubiera existido un camino fácil para salir de la situación nada envidiable de Grecia, se habría tomado. Tal como estaban las cosas, todas las vías de salida estaban bloqueadas. Como descubrió Varoufakis, el alivio de la deuda, sin duda necesario para una eventual recuperación de Grecia, topó con la oposición de los acreedores que, como en Estados Unidos y el resto de Europa, se exoneraban a sí mismos de cualquier responsabilidad en la concesión de los créditos. La mutualización de la deuda mediante la creación de «eurobonos» fue rotundamente rechazada por Alemania y varios otros países. Los ahorradores alemanes no habrían tolerado semejante idea y, en cualquier caso, podría considerarse incompatible con la Constitución alemana. Mientras la deuda siguiera siendo tan elevada y el crédito tan caro era imposible un gasto público de estilo keynesiano, destinado a estimular el crecimiento. Por otra parte, el impago de la deuda ordenado para abandonar la zona del euro y recuperar la antigua moneda nacional, el dracma, pese a que algunos economistas lo defendían, podía tener consecuencias políticas y económicas devastadoras, al menos a corto plazo. Los sondeos de opinión mostraron que los griegos querían conservar el euro. Casi con toda seguridad, el motivo no era tanto su apego a la nueva moneda que, tras unos primeros años de abundancia, se había convertido en sinónimo de la enorme desgracia nacional, sino el temor a lo que pudiera significar la alternativa.

Ocho años después del inicio de los infortunios de Grecia, en junio de 2017, tras más de seis meses de discusiones sobre las condiciones, el gobierno griego aceptó un nuevo rescate de 8500 millones de euros para evitar el impago de la deuda. Entre las condiciones figuraba la adopción de algunas reformas de mercado liberales, pero a quienes más perjudicaba el acuerdo era a los pensionistas más pobres. Estaba previsto un recorte de las pensiones, que desde el comienzo de la crisis ya se habían reducido doce veces, desde 2011 un 40 % y en 2019 otro 18 %. La expectativa era que se produjeran huelgas, manifestaciones y turbulencias políticas. La única luz al final de un túnel largo y oscuro era que, por fin, los acreedores habían expresado su disposición a adoptar las medidas necesarias para reducir la montaña de deuda de Grecia y garantizar que fuera sostenible en el futuro. Solo entonces podría el país empezar a mirar al futuro con cierta serenidad.

La peor recesión en ochenta años había destruido economías, derribado gobiernos y causado turbulencias en el continente europeo, pero Europa, aunque pagando un gran precio, con mucha dificultad y con cierta fragilidad duradera, había sobrevivido. No se había producido un colapso de la democracia, ni un acercamiento al fascismo y el autoritarismo (si bien algunas de las tendencias en Europa central eran motivo de gran preocupación, y el apoyo en muchos países a partidos populistas antisistema, en su mayoría de la derecha nacionalista y xenófoba, se pondría de manifiesto en los años siguientes). La sociedad civil, pese a los traumas, había demostrado ser resistente; e independientemente de las debilidades y los fracasos de las políticas, había existido una voluntad de cooperar para abordar los problemas de las economías en apuros de un modo que no había existido en los años treinta. Obviamente, no había motivos para el triunfalismo, pero, en términos económicos, comenzaba a haber tímidas razones para el optimismo. En el plano político, la volatilidad iba a permanecer, y antes de que se hubiera superado la crisis económica, o siquiera contenido, Europa se enfrentó a otra serie de crisis, en esta ocasión derivadas del desastroso rumbo de los acontecimientos en Oriente Medio. Aquí se alcanzaron enseguida los límites de la cooperación transnacional en Europa: los países actuaron casi en su totalidad pensando en su propio interés nacional.

LA CRISIS MIGRATORIA

Según las Naciones Unidas, un «migrante internacional» es «una persona que vive en un país distinto a su país de nacimiento». Se calcula que en 2015 había en el mundo 244 millones de migrantes, 76 millones de ellos en Europa. Se habían desplazado y reasentado (en su mayoría legalmente) por múltiples razones: evitar un conflicto, discriminación y violación de derechos humanos; también para escapar del desempleo, la pobreza o el hambre en busca de una vida mejor; o simplemente para buscar nuevas oportunidades laborales. La mayoría de los migrantes no son clasificados como «refugiados». La cifra total de refugiados era mucho menor, unos 19,5 millones en todo el mundo en 2014 (en torno al 8 % de los migrantes). Un número indeterminado de los migrantes que en 2015-2016 llegaron a Europa lo hicieron única o principalmente por motivos económicos, pero la crisis migratoria en Europa fue ante todo una crisis de refugiados, de personas que huían de la guerra, la persecución y del desarraigo forzoso de sus hogares, y buscaban asilo en países europeos. En realidad, muchos de ellos ya habían obtenido el estatus de «refugiado» antes de viajar a Europa. Por tanto, las informaciones sobre la crisis de los refugiados tendían a utilizar indistintamente los términos «solicitante de asilo» y «migrante».

En 2006, el número de solicitantes de asilo en la Unión Europea había descendido a menos de doscientos mil, pero a partir de 2007 fue aumentando gradualmente hasta alcanzar en 2015 un punto crítico con una cifra anual de aproximadamente 1,3 millones. Más de la mitad de los solicitantes de asilo provenían de tres países, Siria, Afganistán e Irak, que sufrían todos ellos guerras terribles, en las que Occidente tenía una parte importante de la responsabilidad.

Las esperanzas enormemente exageradas depositadas en 2011 por Occidente en que las revueltas populares contra los regímenes autoritarios de Oriente Medio, en lo que enseguida se conoció como «Primavera Árabe», llevaran libertad, democracia y paz a esta parte tan turbulenta del mundo, no tardaron en desvanecerse. Algunos gobernantes poderosos, como el presidente Zine al-Abidine Ben-Alí en Túnez, el coronel Muammar al-Gaddafi en Libia y el presidente Hosni Mubarak en Egipto, habían sido derrocados. Sin embargo, Libia se sumió en un caos político prolongado y, en Egipto, el ejército, bajo el mando del antiguo jefe de las fuerzas armadas, Abdel Fattah el-Sisi, no tardó en recuperar el control. Durante algún tiempo pareció que las enormes manifestaciones de Damasco y otras ciudades sirias acabarían por provocar la caída del régimen de presidente Bashar al-Assad (que en el año 2000 había sucedido a su padre Hafiz en la jefatura del Estado). Durante un tiempo Occidente dio por seguro que Assad sería depuesto, pero el régimen que este presidía distaba mucho de estar a punto de derrumbarse. Además, de la caótica espiral de violencia generalizada tras la invasión occidental de Irak en 2003, provocada por la mala gestión estadounidense del país tras la caída de Saddam Hussein, había surgido una organización terrorista singularmente brutal, Dáesh, conocido en Occidente como el Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS, a menudo abreviado IS), un movimiento yihadista global de una brutalidad sin precedentes que en 2015 había extendido su terrible dominio sobre grandes regiones de Irak y Siria. Millones de personas habían huido del terror, la mayoría de las cuales encontraron refugio en los países vecinos: Turquía, Líbano y Jordania, pero un gran número de refugiados emprendió un largo y peligroso viaje a Europa. A finales de 2015, la cifra de los que de una u otra manera llegaron a Europa era más del doble que el año anterior.

La mayoría de los refugiados lo hicieron a través del Mediterráneo oriental y los Balcanes, o desde el norte de África. Muchos entregaban el último dinero que poseían a traficantes sin escrúpulos que los transportaban a través del Mediterráneo hasta Grecia e Italia en embarcaciones precarias y peligrosamente abarrotadas. Uno de ellos, Alí, que huyó de Irak con sus cuatro hijos, pagó a los traficantes en Turquía ocho mil euros por cinco plazas en un gran yate para que los trasladara sanos y salvos a Grecia, pero cuando se presentaron en una playa aislada no hallaron ninguna señal del imponente yate. En su lugar, fueron obligados a punta de pistola a embarcar en un pequeño bote con otras once personas. A mitad de travesía en dirección a la isla griega de Cos, el motor falló, el barco empezó a llenarse de agua y acabó hundiéndose. Los guardacostas griegos pudieron rescatar a algunos de los que iban a bordo, pero dos de los hijos de Alí no figuraron entre los supervivientes; solo pudo mirar mientras los perdía en las oscuras aguas del Egeo. Esta fue una de las innumerables tragedias humanas de las crisis de los refugiados. Solo en 2015, se ahogaron al menos 3600 personas mientras intentaban llegar a Europa. Y a lo largo de la vasta área del Mediterráneo y del Egeo, los traficantes de personas iba siempre un paso por delante de las operaciones policiales.

Los sirios que intentaban llegar a Europa en barco se sumaron al gran número de migrantes de regiones africanas devastadas por la guerra y a los miles de migrantes económicos que intentaban escapar de la pobreza en Bangladés, pasando a través de Libia (donde las redes de traficantes podían aprovechar la caótica falta de control de los puertos libios) para cruzar desde el norte de África hasta Italia y Grecia. En 2015, cerca de un millón de migrantes desembarcaron en las costas de estos dos países, mientras Grecia todavía sufría enormemente como consecuencia de la crisis económica. En vista de las cifras, no hay manera de verificar de modo sistemático la legalidad de las solicitudes que apelan al estatuto de refugiado. La mayoría de los migrantes querían dirigirse al norte; Alemania y Suecia eran los destinos preferidos, pero no tardarían en escubrir grandes obstáculos en su camino.

Los controles fronterizos, desmantelados en gran parte de Europa desde la creación del espacio Schengen en los años ochenta, volvieron a implementarse, al menos temporalmente. En el otoño de 2015, en Europa central, en las principales vías de paso de los migrantes desde los Balcanes, Austria instaló controles en sus fronteras con Hungría y Eslovenia, mientras que Hungría iniciaba la construcción de una valla alta en su frontera con Serbia y bloqueaba también su frontera con Croacia; Eslovenia, tras varios intentos infructuosos de impedir que los migrantes entraran en el país desde Croacia, también levantó una valla; Eslovaquia estableció controles fronterizos temporales con Hungría y Austria; Alemania con Austria, y los Países Bajos con Alemania. También en el norte de Europa se reintrodujeron los controles fronterizos: Dinamarca en su frontera con Alemania, y Suecia en su frontera con Dinamarca. En virtud de un acuerdo alcanzado en 2003 entre Francia y Gran Bretaña por el que los controles fronterizos debían hacerse en el lado francés del canal de la Mancha, en Calais unos siete mil solicitantes de asilo que intentaban llegar a Gran Bretaña se encontraron encerrados en condiciones miserables, insalubres e inhumanas en un centro de detención llamado la «Jungla». Desgarradoras historias sobre la espantosa vida en la «Jungla» y las desesperadas tentativas de los migrantes de subirse a los camiones que cruzaban a Inglaterra, que a veces desembocaban en muertes, eran transmitidas casi a diario en la televisión. En octubre de 2016 las autoridades francesas desmantelaron el campo y dispersaron a los migrantes que quedaban en él por otros lugares dentro de Francia, pero en el verano de 2017 más de un millar de migrantes habían vuelto a Calais, donde vivían sin acceso a retretes, agua corriente o techo, de nuevo dispuestos a asumir grandes riesgos para llegar a Gran Bretaña.

La «Jungla» contribuyó a que Gran Bretaña, no vinculada a la política de asilo de la Unión Europea (consagrada en el tratado de Lisboa), quedara a salvo del problema de los refugiados. El gobierno británico, consciente de la gran sensibilidad acerca de las cuestiones de la inmigración, y en los medios y en la conciencia popular inmigración y asilo se confundían con facilidad, prefirió gastar importantes sumas de dinero (se afirma que 1100 millones de libras de 2012) en ayuda humanitaria en zonas seguras próximas a Siria en lugar de conceder asilo a refugiados dentro de Gran Bretaña. Entre 2011 y 2016 Gran Bretaña solo concedió asilo a unos cinco mil refugiados sirios y accedió a acoger a otros veinte mil hasta 2020. Era una respuesta muy poco generosa, en vista de la magnitud de la crisis.

La postura de Hungría fue particularmente intransigente. El país creyó estar en el ojo del huracán cuando durante el mes de agosto de 2015 llegaron unos cincuenta mil migrantes, aunque la inmensa mayoría de ellos intentaba llegar a Alemania. El primer ministro, Viktor Orbán, alertó de una «amenaza musulmana» a la cultura cristiana, una visión compartida por gran parte de la población. A principios de septiembre, las caóticas escenas vividas en la frontera con Austria y en la estación de ferrocarril de Budapest persuadieron a los jefes de Gobierno de Alemania y Austria, Angela Merkel y Werner Faymann, a anunciar sin previo aviso que autorizaban el libre tránsito de los refugiados a sus países. Angela Merkel ya había señalado que Alemania esperaba recibir unos ochocientos mil refugiados hasta finales de año (la cifra real fue de 1,1 millones) y, para gran asombro de otros lugares de Europa, señaló que no había un límite máximo en un tono optimista. «Lo gestionaremos», fue su mensaje de confianza.

En realidad, la respuesta inicial fue muy alentadora. Austríacos solidarios llevaron comida, ropa y agua a las estaciones de tren de Viena y Salzburgo; una multitud recibió a los refugiados cuando bajaron de los trenes que llegaban a la estación principal de Múnich; Alemania se apresuró a facilitar un alojamiento provisional, dar a cada refugiado una pequeña suma de dinero y hacer los preparativos para que aprendieran alemán. Esa cálida bienvenida fue en parte instigada por las muchas historias desgarradoras sobre el sufrimiento de los refugiados en sus países de origen y durante su huida de los horrores de la guerra. Los instintos humanitarios afloraron cuando en la frontera austríaca se descubrió un camión con los cadáveres de setenta y un refugiados o cuando la prensa mundial publicó las fotografías del cuerpo de un niño sirio ahogado y arrastrado hasta la costa turca. Aun así, no hay duda de que la larga sombra del pasado de Alemania también contribuyó a condicionar la respuesta del país, que representaba un vuelco total con respecto a los valores que habían generado la catastrófica inhumanidad de la época nazi.

Abrir las puertas a un número tan grande de refugiados prácticamente de la noche a la mañana crearían enormes problemas a las desbordadas autoridades mientras trataban de movilizar recursos de emergencia y más aún a la hora de organizar una integración más permanente. Era seguro que iba a enfurecer a muchos ciudadanos alemanes, pero también molestaría a dirigentes de otros países europeos que creían que la decisión unilateral de Merkel, tomada sin consultar, también los sometía a la intensa presión de la crisis de los refugiados. Algunas de las recriminaciones más duras dentro de Alemania provinieron del partido hermano de la Unión Demócrata Cristiana de Merkel, la más conservadora y muy católica Unión Social Cristiana de Baviera, a donde el fin de semana anterior habían llegado unos veinticinco mil refugiados. El líder del partido, Horst Seehofer, criticó duramente la perentoria decisión de admitir a tantos refugiados aduciendo que ninguna sociedad podía sostener a largo plazo la cantidad de ellos que estaba acogiendo Alemania. La calidez inicial con la que se había acogido a la primera oleada de refugiados dio paso en parte de la población, en particular entre la generación de más edad, a la frialdad y muchas veces la hostilidad abierta. Se produjo un brusco aumento de los ataques violentos contra los migrantes, incluidos 222 incendios provocados en albergues en lo que se los había alojado.

El sentimiento contra los migrantes, y la extrema derecha estaba lista para aprovecharlo, se vio alentado por los acontecimientos ocurridos en Colonia en la Nochevieja de 2015 cuando un gran grupo de jóvenes, algunos de ellos refugiados recién llegados de Siria, Irak y Afganistán, abusaron sexualmente de mujeres que disfrutaban de la fiesta. Esto provocó un aumento inmediato de la hostilidad hacia los migrantes, como demostró una avalancha de insultos en internet. Entre la derecha surgieron las características voces apocalípticas. Una destacada figura del emergente partido antiinmigrantes Alternative für Deutschland habló en un tono alarmista de los acontecimientos como una «muestra del inminente desmoronamiento cultural y civilizatorio de nuestro país». Las autoridades, que la noche en cuestión habían gestionado mal la vigilancia en Colonia, tomaron medidas enseguida para impedir que esos disturbios delictivos se repitieran. Aunque el dramatismo remitió y en general, fuera de los círculos derechistas, se mantuvo la tolerancia, el episodio mostró la superficialidad de unos valores liberales que parecían estar bien arraigados en las sociedades europeas y la rapidez con la que podían aflorar los prejuicios y la animosidad contra los migrantes, y no solo en Alemania.

La reticencia a aceptar las propuestas de la Unión Europea para efectuar un reparto equitativo de los refugiados demostraron los límites de la solidaridad europea a la hora de abordar la crisis de los refugiados. En el momento culminante de la crisis, en septiembre de 2015, Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, presentó un plan para establecer un sistema de cuotas en función del tamaño relativo de la población, pero los países de Visegrado (Hungría, Polonia, Eslovaquia y la República Checa) se negaron a tener ninguna implicación en ello y, al cabo de un año, el sistema de cuotas propuesto fue abandonado. Tampoco se mostró mucha solidaridad cuando se intentó recaudar fondos para ayudar a la población atrapada en el conflicto sirio. La Comisión Europea anunció que estaba dispuesta a aportar 9200 millones de euros para ayudar a gestionar la crisis de los refugiados y los estados miembros se comprometieron a igualar esa financiación en sus presupuestos nacionales. Pocos lo hicieron. Un llamamiento de las Naciones Unidas para recaudar 9000 millones de dólares en ayudas para los millones de desplazados por la guerra siria, que se estima que son más de doce millones de personas desde 2011, también se quedó muy lejos del objetivo.

En septiembre de 2015 la autoridad moral de Angela Merkel quedó menoscabada cuando, presionada por las fuertes críticas a su política de «puertas abiertas» y por la necesidad de contener la afluencia de refugiados, viajó al mes siguiente a Ankara para reunirse con el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, y negociar un acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que recibía a muchos más refugiados de Siria que cualquier país de la Unión Europea. La esencia del acuerdo era que Turquía aceptaría a migrantes devueltos por la Unión Europea a cambio de un incentivo económico de tres mil millones de euros, la garantía de la exención de visados para los ciudadanos turcos y medidas activas para avanzar en la futura adhesión de Turquía a la UE. El «plan de acción conjunta» que siguió desembocó en un acuerdo en marzo de 2016. Los migrantes «irregulares» que cruzaran desde Turquía a las islas griegas serían devueltos en adelante a Turquía, que haría todo lo posible para bloquear las rutas marítimas o terrestres a los migrantes que esperaban entrar en la Unión Europea. Por cada sirio devuelto a Turquía desde las islas griegas, se asentaría a otro sirio en la UE. Además de los tres mil millones de euros iníciales, antes de finales de 2018 se desembolsaría una cifra similar.

Era evidente la hipocresía de un acuerdo que aliviaba la presión en Europa sobornando a un país que no respetaba los niveles de derechos humanos ni de protección jurídica que se esperaban dentro de la Unión Europea. Un año más tarde, decenas de miles de migrantes seguían languideciendo en condiciones extremas e inhumanas en centros de detención en las islas griegas o en el continente. Las organizaciones humanitarias documentaron un número cada vez mayor de refugiados que no solo estaban traumatizados por sus experiencias en Siria o durante la huida, sino que también padecían depresión, una profunda ansiedad e incluso tendencias suicidas. Para entonces, menos de 3500 de los tres millones de refugiados en Turquía habían sido trasladados a la Unión Europea. Desde la perspectiva de la Unión Europea, eso convertía el acuerdo con Turquía en un éxito.

La cifra de migrantes que intentaron llegar a países europeos bajó apenas ligeramente en 2016 con respecto al máximo del año anterior; el atractivo de Alemania como destino preferido no disminuyó y el 60 % de los solicitantes de asilo en la Unión Europea se dirigieron allí, un poco más que en 2015. En cambio, otros países como Suecia, Finlandia, Dinamarca, Hungría, Austria y los Países Bajos, registraron grandes descensos, entre el 53 % y el 86 %. La crisis migratoria también empezó a remitir en Alemania. No obstante, la cifra de personas que cruzaban de Libia a Italia siguió siendo elevada, aunque había caído mucho en el verano de 2017 como consecuencia de la adopción de una postura más dura por parte de Italia y Libia hacia los traficantes pero también de un enfoque menos progresista hacia las organizaciones de rescate. Posiblemente, lo peor de la crisis de los refugiados ya había pasado, pero los países europeos tuvieron que asumir que la migración a gran escala, aunque no de las dimensiones críticas e incontroladas de 2015-2016, sería una constante. Esto no se debía solo a que Europa fuera un remanso de paz para aquellas personas cuyas vidas habían arruinado la guerra y la devastadora violencia política; también las flagrantes desigualdades económicas, que en el proceso de globalización se habían vuelto cada vez más obvias, aseguraban una transferencia de población de los países pobres a los ricos, que necesitaban mano de obra y cuyas tasas de natalidad eran bajan o incluso en declive.

Uno de los precios que la Unión Europea tuvo que pagar por su acuerdo con Turquía fue volverse enfermizamente dependiente de un país que había desempeñado un papel en Siria ayudando a los yihadistas, tenía un dudoso historial en materia de derechos humanos y legalidad (como atestiguaban las detenciones en 2016 de decenas de miles de ciudadanos tras una tentativa de golpe militar contra el presidente Erdoğan), y se estaba volviendo al mismo tiempo más autoritario y gradualmente más islámico. Cuando durante 2016 las relaciones entre la Unión Europea y Turquía empeoraron, se habló de imponer sanciones a Turquía por las detenciones y las limitaciones a la libertad de prensa tras el intento de golpe de estado y de congelar las negociaciones de adhesión. Erdoğan amenazó entonces con abrir las fronteras y permitir que los refugiados viajaran a Europa. No sucedió y, aunque en teoría Turquía siguió siendo un candidato a incorporarse en el futuro a la Unión Europea, en realidad las lentas negociaciones con ese propósito se habían estancado. No obstante, la crisis de los refugiados había fortalecido la posición de Turquía y debilitado la de la Unión Europea.

LA AMENAZA DEL TERRORISMO

El horror diario en Siria, que cada noche llenaba los noticiarios televisivos, intensificó la sed de venganza de una pequeña minoría alienada y profundamente descontenta dentro de las comunidades musulmanas de los países de Europa occidental contra unas sociedades cuyos valores rechazaban de plano y que, a sus ojos, eran responsables de tan enorme daño al mundo musulmán. El constante respaldo occidental a Israel (pese a que la mayor parte de la comunidad internacional consideraba ilegal su política de asentamientos) y la falta de apoyo a los palestinos en el interminable conflicto hacía mucho tiempo que alimentaba la creciente alienación. Las recientes invasiones de Afganistán e Irak habían contribuido significativamente a ello. Después vino la intervención en Libia y se acabó sumando la guerra de Siria. Internet constituía un potente vehículo para la difusión de mensajes de odio. Algunos yihadistas potenciales viajaron a Siria y regresaron transformados en curtidos veteranos dispuestos a cometer atentados terroristas o preparados para adoctrinar a individuos maleables para que hicieran el trabajo por ellos. Algunos, cuyo número no tardaron en exagerar las voces alarmistas, se mezclaron con los refugiados que intentaban llegar a Europa.

No obstante, la mayoría de quienes estaban dispuestos a perpetrar atentados terroristas eran autóctonos, a menudo radicalizados por sus experiencias personales en los suburbios pobres de las grandes ciudades, a veces de familias inmigrantes que durante décadas habían sufrido discriminación en los países que se habían convertido en su residencia permanente. Solía ser imposible determinar con precisión la motivación primera de los atentados terroristas, más allá del objetivo evidente de infundir miedo e intentar enfrentar entre sí a las comunidades con un odio mutuo a fin de promover un «choque de civilizaciones» que socavaría los cimientos de la sociedad liberal occidental. Los autores consideraban sus horrendos actos como parte de lo que entendían como una lucha cósmica entre «creyentes» y «ateos». Siguiendo una lógica perversa, podían juzgar el asesinato de inocentes, incluso de niños, como una represalia por las muertes de musulmanes inocentes causadas por el armamento occidental en las guerras de Oriente Medio.

Francia sufrió más gravemente que ningún otro país de Europa occidental. La guerra de Argelia había dejado cicatrices duraderas de división y discriminación, y la intransigente insistencia de Francia en la observancia de los valores secularizados de la República constituía para algunos musulmanes una provocación especial. La prohibición en 2011 de cubrirse el rostro en los lugares públicos no estaba limitada a los musulmanes, pero afectaba de manera desproporcionada a las mujeres musulmanas. Por consiguiente, en Francia había motivos concretos para el resentimiento que no existían en otros países. Asimismo, las banlieus socialmente desfavorecidas de París y otras grandes ciudades eran un terreno fértil para que germinara el odio, generado por el racismo apenas disimulado de un importante sector de la población. Además de estos agravios sociales, el desastroso curso de los acontecimientos en Oriente Medio era un agente catalizador.

El 7 de enero de 2015 dos hombres armados de la rama yemení de Al Qaeda entraron en París en la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo y abrieron fuego con rifles automáticos, matando a doce personas (incluido el redactor jefe, Stéphane Charbonnier) e hiriendo a otras once. Los pistoleros, nacidos en París e hijos de inmigrantes argelinos, fueron abatidos por la policía, aunque no antes de que mataran a otras cuatro personas e hirieran a varias más tras el atentado inicial. La noche del 13 de noviembre de 2015 fueron perpetrados en París varios atentados terroristas coordinados en cafés y restaurantes y en las inmediaciones del estadio de fútbol Stade de France. Los atentados suicidas y los tiroteos indiscriminados dejaron ciento treinta muertos y centenares de heridos, incluidas 89 personas que asistían un concierto de rock en el teatro Bataclan de París. El 14 de julio de 2016 Francia experimentó un nuevo tipo de horror cuando en Niza un camión pesado arrolló intencionadamente a la multitud que celebraba el día de la Bastilla, matando a 86 personas e hiriendo a 434. Un espantoso ataque de otro tipo tuvo lugar la mañana del martes 26 de julio, cuando dos terroristas irrumpieron en una iglesia católica situada en un tranquilo suburbio de Ruan, en el norte de Francia, y, tras alabar a Alá, degollaron a un sacerdote de ochenta y cinco años que celebraba misa. Las ondas expansivas de estos atentados se extendieron por todo el continente y por el resto del mundo occidental.

Al margen de cuáles fueran los componentes específicos de la exposición de Francia al terrorismo, la amenaza era general. Bruselas también sufrió terribles atentados en el aeropuerto y en una estación de metro la mañana del 22 de marzo de 2016, en los que murieron treinta y dos personas inocentes (y tres suicidas) y trescientas cuarenta resultaron heridas. En diciembre de 2016, los visitantes que disfrutaban de un mercado de Navidad en Berlín fueron víctimas de un atentado indiscriminado, que recordaba al del verano en Niza, cuando un camión se abalanzó a toda velocidad contra la multitud y mató a doce personas e hirió a otras cincuenta y seis. Utilizando este mismo método, el 7 de abril de 2017 un camión conducido por un solicitante de asilo rechazado y simpatizante del ISIS de Uzbekistán se lanzó en Estocolmo contra una multitud de compradores, matando a cinco personas e hiriendo a otras quince.

El Reino Unido, con unas fronteras estrechamente controladas, estaba menos expuesto a la llegada de terroristas desde el extranjero que los países de Europa continental; pero los letales atentados de julio de 2005 habían venido de dentro. Lo mismo ocurrió en el caso del ataque mortal perpetrado el 22 de marzo de 2017 cerca de las Cámaras del Parlamento en Londres cuando un vehículo arrolló a los peatones, matando a cinco personas e hiriendo a otras cincuenta. El autor, que también apuñaló mortalmente a un policía desarmado que vigilaba el Parlamento, era de nuevo británico, un hombre de cincuenta y dos años que había vivido con diferentes identidades, había estado en la cárcel por delitos violentos, durante algún tiempo había trabajado en Arabia Saudí y en cierto momento se había convertido al islam. Aunque lo reivindicó el ISIS, la policía consideró que había actuado solo. El 22 de mayo de 2017, en el peor atentado cometido en Gran Bretaña desde 2005, una bomba casera, repleta de tornillos y pernos para causar el mayor número de bajas, explotó al final de un concierto de pop en Mánchester y mató a veintidós personas (así como al suicida) e hirió a otras cincuenta y nueve, muchas de ellas adolescentes y niños. Fue perpetrado por un joven de Mánchester de origen libio cuya reciente conversión al yihadismo se había producido, al parecer, durante sus visitas a Libia mediante el contacto con organizaciones terroristas que había surgido en el caos posterior a la caída de Gaddafi. En un tercer atentado terrorista en Gran Bretaña en menos de tres meses, la noche del 3 de junio tres jóvenes del este de Londres arrollaron con una furgoneta a los peatones en el puente de Londres y después apuñalaron a varias personas cerca, matando a siete e hiriendo a decenas de ellas mientras supuestamente gritaban «Esto es por Alá».

El método simple pero mortal de arrollar con un vehículo a los peatones fue empleado de nuevo el 17 de agosto de 2017, cuando una furgoneta se abalanzó por una de las calles turísticas más populares de Barcelona, matando a trece personas (otra víctima murió en un atentado posterior en la ciudad costera de Cambrils) e hiriendo a más de ciento treinta en la capital catalana. Según los informes policiales, inicialmente los terroristas habían estado preparando un atentado de más envergadura, al que solo habían renunciado después de que su depósito de explosivos estallara accidentalmente.

Después de 2010 los incidentes terroristas en Europa se hicieron más frecuentes. Ningún país era inmune a la posibilidad de un atentado terrorista. No todos los actos de terrorismo estaban relacionado con la desastrosa situación de Oriente Medio ni todos los atentados terroristas fueron cometidos por musulmanes. La abominación ocurrida en 2011 en la progresista y pacífica Noruega, en la que habían muerto setenta y siete jóvenes noruegos que en su mayoría disfrutaban de un campamento juvenil de verano, fue perpetrada por un desequilibrado fascista y racista, Anders Behring Breivik. Muchos atentados terroristas en Rusia tuvieron su origen en la guerra de Chechenia. El peor de ellos fue la matanza de 330 rehenes (más de la mitad de ellos niños) cometida en 2004 por separatistas chechenos en una escuela de Beslán, en el norte del Cáucaso. No obstante, el autor del atentado suicida más reciente en el metro de San Petersburgo el 3 de abril de 2017, que dejó quince muertos y cuarenta y cinco heridos, fue un ciudadano ruso de Kirguizistán, en Asia central, que tenía vínculos con organizaciones yihadistas y se decía que había pasado algún tiempo en Siria.

La oportuna intervención de la policía o la vigilancia de los servicios de seguridad frustraron muchos otros atentados terroristas planeados. Las comunicaciones por internet constituían una parte vital del nuevo terrorismo, al inspirar la emulación de los ataques y permitir a individuos o grupos que vivían en diferentes partes de Europa coordinar sus acciones. El hecho de que en gran parte de Europa las fronteras estuvieran abiertas permitía llegar con facilidad a los lugares elegidos para los atentados (y a veces huir a otros países después). Y, mantuvieran o no contacto con el ISIS o Al Qaeda, estas organizaciones actuaban como acicate para que los terroristas perpetraran atentados y después los círculos yihadistas los utilizaban para publicitar su fortaleza, a menudo reivindicando incluso atentados en los que los autores actuaban solos y no seguían instrucciones. Los grandes atentados terroristas, por muy espantosos e impactantes que fueran, no tenían capacidad para destruir la civilización occidental, pero aun así dejaron una profunda huella en Europa, añadiendo el sentimiento de ansiedad física a la sensación de inseguridad cultural que se había propagado durante la crisis migratoria. Era una idea alarmante que un número significativo de personas en Europa deseara la destrucción de las comunidades pacíficas en las que vivía. Solo en Gran Bretaña, según cálculos del MI5, los servicios de seguridad internos, había unos 23 000 simpatizantes del yihadismo. En ningún sitio se estaba salvo de un potencial atentado.

En realidad, los atentados a gran escala, un suceso que ocurre casi a diario en zonas de Irak o Siria, eran raros en Europa. Estadísticamente, los actos de terrorismo han sido responsables de más muertes entre 1970 y 1990 que entre 1990 y 2015 (aunque el número, sobre todo lo que respecta a la violencia islamista extremista, ha estado aumentando desde 2011). Por tanto, en términos cuantitativos, Europa se había vuelto más segura, y no menos, en cuanto a atentados terroristas. Sin embargo, no era esa la impresión general. El carácter aleatorio de los devastadores atentados, a menudo en lugares donde se había congregado mucha gente para disfrutar de un placer inocente, tenía por objeto intensificar la sensación de inseguridad y lo consiguió. El impacto de los atentados terroristas, de los que se hablaba a todas horas en los medios de comunicación y las redes sociales durante días después de cada incidente grave, fue enorme. Los servicios de seguridad y los políticos tenían gran interés en hacer hincapié en la amenaza. Políticamente era más astuto exagerar la amenaza que minimizarla y sufrir después un atentado devastador. Por tanto, el temor a estar en alguna ocasión futura entre quienes simplemente se encontraban en el lugar equivocado en el momento equivocado era mayor que la probabilidad real de llegar a ser víctima de un atentado terrorista. Aun así, ya fuera por «cansancio de la amenaza», escepticismo sobre los funestos escenarios de los servicios de seguridad o simplemente el fatalismo «carpe diem», los civiles se recuperaban enseguida de la conmoción momentánea causada por un atentado terrorista y la vida diaria volvía a la normalidad con sorprendente rapidez. Había que afrontar una verdad incómoda: en una sociedad libre y abierta era imposible proporcionar una seguridad total contra atentados terroristas. En un futuro próximo, en las sociedades globalizadas el terrorismo formaría parte del precio de la libertad.

Dos consecuencias de la crisis migratoria y de la intensificación de la amenaza terrorista tuvieron una relevancia duradera. La primera fue que el aumento de la seguridad trajo consigo una reducción de las libertades civiles. La libertad de ir a lugares, ver cosas o moverse libremente se vio menoscabada de diferentes maneras. Las precauciones de seguridad, las alertas, las omnipresentes cámaras de vigilancia o manifestaciones físicas como los antiestéticos bloques de hormigón ante los edificios públicos expuestos a la posible embestida de vehículos se convirtieron en cotidianas. Se aceptó que las largas colas en los controles de seguridad o de pasaportes de los aeropuertos eran un precio desagradable pero necesario para garantizar la seguridad de los viajes. La asistencia a un gran acontecimiento público o incluso la visita a un museo también exigía paciencia para pasar por los controles de seguridad. Todas las precauciones se podían tolerar; la libertad fue limitada, no destruida. No obstante, la vida se había vuelto mucho menos placentera.

Una segunda consecuencia importante fue que los partidos de extrema derecha cobraron un nuevo impulso. En Europa central, sobre todo en Austria y Hungría, donde el paso de migrantes era más visible, la percepción de que la inmigración musulmana constituía una amenaza para la cultura nacional benefició a la derecha. También en gran parte del norte y el oeste de Europa la oposición a la inmigración fue un potente factor que contribuyó a incrementar el apoyo a partidos nacionalistas. En Gran Bretaña, el UKIP obtuvo el 26,6 % de los votos, el mayor porcentaje de todos los partidos, en las elecciones de 2014 al Parlamento Europeo. (El UKIP tuvo mucho menos éxito en las elecciones generales celebradas al año siguiente y solo consiguió un escaño en el Parlamento con el sistema electoral de mayoría simple, pese a haber conseguido el 12,6 % de los votos). El Frente Nacional obtuvo el respaldo de una tercera parte aproximadamente del electorado francés. Alternative für Deutschland (fundado en 2012, que pasó del euroescepticismo inicial a convertirse en un partido antiinmigración) en una serie de elecciones estatales durante 2016 vio cómo su apoyo aumentaba a más del 20 % del electorado. En los Países Bajos, el Partido por la Libertad de Geert Wilders, que intentó que se prohibiera el Corán en el país e hizo campaña en contra de lo que él denominó la «islamización de los Países Bajos», se convirtió durante algún tiempo en el partido más popular del país durante la crisis migratoria. Dinamarca, Suecia, Austria y Suiza figuraban entre los varios países de Europa occidental en los que se registró un notable aumento del apoyo a partidos centrados en lo que consideraban la amenaza del islam a la cultura nacional. En ningún país los partidos nacionalistas consiguieron el apoyo mayoritario de los votantes, pero su retórica xenófoba tuvo repercusión en los partidos convencionales. Europa, bajo los efectos de la crisis de los refugiados y los recientes atentados terroristas, se estaba escorando incuestionablemente hacia la derecha.

El continente estaba cambiando. Los antiguos valores liberales eran cada vez más cuestionados; el progreso hacia una mayor tolerancia, en apariencia inexorable durante el medio siglo anterior o más, estaba en peligro de ser revertido. Había cierta ambivalencia o incluso una clara contradicción en las actitudes. Por una parte, la gente consideraba necesario emprender una acción colectiva y transnacional para hacer frente a las crisis de Europa: por ejemplo, según los sondeos de opinión, un porcentaje abrumador de personas aprobaba el papel de la Unión Europea en la prestación de ayuda humanitaria y creía que los países individuales carecían de recursos para responder adecuadamente a las emergencias. Por otra, los ciudadanos solían recurrir a sus gobiernos nacionales en busca de protección, mientras que la crisis migratoria y la amenaza del terrorismo contribuían a reforzar las actitudes negativas hacia la Unión Europea. Mucha gente consideraba las fronteras abiertas, que simbolizaban la libertad que estaba en la base del proyecto europeo pero permitían a los migrantes moverse sin impedimento alguno por gran parte del continente, una maldición, en lugar de una bendición. La Unión Europea representaba la integración, la solidaridad internacional, la tolerancia y la cooperación, pero al ser percibida como carente de solidaridad, cohesión o estrategias eficaces para abordar la crisis migratoria, a muchos les parecía que estaba perdiendo su razón de ser.

LA AGRESIÓN DE PUTIN

Mientras Europa tenía dificultades para afrontar la afluencia de migrantes y se enfrentaba al mismo tiempo a un riesgo creciente de atentados terroristas, en el este del continente se gestaba una crisis diferente. El 18 de marzo de 2014 el presidente Putin anunció la anexión de Crimea a Rusia, que tres días más tarde fue ratificada por la Duma, el Parlamento ruso. A excepción de la invasión y ocupación de la parte norte de Chipre por fuerzas turcas en 1974, fue el único caso de anexión territorial en Europa desde la segunda guerra mundial. Esto no solo provocó una grave escalada en las turbulentas relaciones entre Rusia y Ucrania, sino que también llevó a Rusia a una confrontación directa con las potencias occidentales de la OTAN. La preocupación se extendió entre los vecinos de Rusia, sobre todo en los países bálticos, temerosos de que Rusia estuviera decidida a proseguir con la expansión. Apareció el espectro de una nueva guerra fría o de algo aún peor. El miedo volvía a ser palpable en Europa oriental y central.

La anexión de Crimea llegaba tras una situación de inestabilidad aún mayor en Ucrania. Las divisiones y los conflictos en un país que antes de 1991 no había conocido la independencia y no poseía un sentimiento de identidad nacional incontestado distaban mucho de haber quedado resueltos en 2004 con el resultado de la Revolución Naranja. En 2010, el vencedor en las reñidas elecciones presidenciales seis años antes, Víktor Yúshchenko, había perdido casi todo su apoyo como consecuencia de los conflictos entre facciones, las disputas políticas y las acusaciones de grave corrupción. Con el nuevo presidente, Víktor Yanukóvich, la corrupción y el amiguismo endémicos en Ucrania incluso empeoraron. Al igual que en Rusia, varios oligarcas amasaron fortunas colosales expropiando propiedades, conseguidas en muchos casos mediante sobornos, amenazas o violencia. El hijo de Yanukóvich, Oleksandr, fue uno de los que consiguieron beneficios rápidos e inmensos. En las relaciones exteriores, Yanukóvich intentó seguir una vía estrecha entre la Unión Europea y Rusia, pero Moscú, no veía con buenos ojos el deseo declarado de Yanukóvich de incorporar Ucrania a la Unión Europea, el objetivo a largo plazo del país. Las objeciones de Rusia no podían tomarse a la ligera, pues Ucrania dependía de su poderoso vecino para el abastecimiento de gas. En noviembre de 2013, de repente Yanukóvich canceló el acuerdo de asociación previsto con la Unión Europea y en su lugar abogó por la adhesión a la Unión Aduanera Euroasiática con Rusia, Bielorrusia y Kazajistán. Cuesta imaginar que hubiera dado ese paso sin la presión de Rusia. Resultó ser una decisión fatídica. Provocó multitudinarias manifestaciones de centenares de miles de personas, en particular en el Maidan (la plaza de la Independencia) de Kiev. Como consecuencia de ello se produjo una escalada de la violencia y el gobierno intensificó la represión. El 21 de febrero, ante las presiones de Occidente, Yanukóvich fue desalojado del poder, se instaló un nuevo Gobierno Provisional y se adelantaron las elecciones presidenciales. Yanukóvich huyó en helicóptero al este de Ucrania y desde allí a Rusia.

Era improbable que Putin soportara semejante humillación sin rechistar. Crimea era un blanco oportuno para una demostración de fuerza rusa, pues solo desde 1954 formaba parte de Ucrania, los rusos constituían la mayoría de la población étnicamente mixta y era la base de la flota rusa en el mar Negro; el puerto de Sebastopol estaba arrendado a Ucrania. Una intervención en Crimea castigaría a los dirigentes ucranianos por su postura antirrusa, al tiempo que en Rusia granjearía elogios nacionalistas a Putin. Era inconcebible que Occidente se arriesgara a una guerra mundial debido a Crimea y las inevitables sanciones económicas eran un precio que se podía pagar. Estos fueron los cálculos de Putin.

Pocos días después de la destitución de Yanukóvich (que para entonces mantenía una mala relación con Putin, aunque en Moscú todavía se le consideraba el presidente legítimo de Ucrania), unos hombres armados, sin distintivos nacionales, ocuparon el edificio del Parlamento regional en Simferópol. Le seguiría, como cabía esperar, la solicitud a Rusia de protección para los ciudadanos rusos de Crimea, que Moscú concedió. A lo largo de los días siguientes las fuerzas rusas entraron en Crimea. El Parlamento regional proclamó la independencia de Crimea y después, el 6 de marzo, manifestó su deseo de incorporarse a la Federación Rusa, lo que, en un referéndum celebrado el 16 de marzo de 2014, presuntamente apoyó casi el 97 % del electorado. Al día siguiente se remitía una petición parlamentaria oficial a Moscú, a la que Putin respondió el 18 de marzo con el anuncio de la incorporación de Crimea a la Federación Rusa.

Los esfuerzos diplomáticos de los mandatarios occidentales para encontrar una solución política a la crisis de Crimea no sirvieron de nada, como era previsible. Tampoco la condena de las Naciones Unidas disuadió a Rusia. A excepción de una escalada impensable que pudiera degenerar en una guerra nuclear, la única represalia posible por una flagrante violación del derecho internacional era recurrir a sanciones. Se congelaron las cuentas de ciudadanos rusos en el extranjero y se impusieron prohibiciones de viajar, pero la dependencia de la Unión Europea del gas y el carbón de Rusia limitaba sus acciones. Era probable que las sanciones no molestaran mucho a Putin, y no le quitaba el sueño la suspensión de Rusia del G8, el grupo de líderes mundiales. Rusia estaba aislada, pero no había muchas probabilidades de que Crimea volviera a separarse de Rusia. Internamente, la popularidad de Putin se disparó. Los medios rusos proclamaron el «retorno» de Crimea como un gran triunfo nacional e incluso Mijaíl Gorbachov declaró que, de haberse encontrado en la misma situación, habría actuado de la misma manera que Putin. La política de la fuerza de Putin, un vestigio de otros tiempos, había surtido efecto.

Mientras tanto, la violencia se había extendido al este y el sur de Ucrania (centrada en la región industrial del Donbás), donde los rusos étnicos, que desde finales del siglo XIX habían emigrado en gran número desde la región de Moscú para trabajar en los yacimientos de carbón, constituían gran parte de la población. Las encuestas realizadas por reputadas organizaciones internacionales de estudios de opinión mostraban que, aunque el sentimiento prorruso era sin duda más intenso en estas regiones que en el oeste de Ucrania, solo un pequeño porcentaje de la población apoyaba la secesión y la gran mayoría estaba a favor de un estado Ucraniano unitario. Incluso en el este y el sur una gran mayoría de la opinión pública estaba en contra de la intervención rusa en el Donbás, y también una mayoría de los rusohablantes. No obstante, la opinión pública contaba poco cuando Moscú estaba dispuesto a proporcionar asistencia armada a los separatistas del este de Ucrania. E, incuestionablemente, había activistas en las comunidades locales del Donbás que estaban dispuestos a combatir para separar su región de Kiev e incorporarla a Rusia. Los insurgentes no eran simples marionetas cuyos hilos moviera Putin.

A partir de marzo de 2014 las manifestaciones prorrusas escalaron con rapidez hasta convertirse en un conflicto armado entre los insurgentes separatistas, cada vez más apoyados por armamento y paramilitares rusos, y el gobierno ucraniano. La violencia sería imparable mientras contara con el apoyo de Moscú. Los separatistas asaltaron y ocuparon edificios del gobierno, el aeropuerto de Donetsk fue bombardeado, se utilizaron artillería pesada, lanzacohetes, helicópteros y vehículos blindados en combates que en otoño ya se habían cobrado centenares de vidas. En una espantosa tragedia relacionada, un avión de Malaysian Airlines fue derribado el 17 de julio por un misil fabricado en Rusia, probablemente lanzado por insurgentes que lo confundieron con un avión militar ucraniano, causando la muerte de sus 298 ocupantes.

No se obtuvieron resultados significativos de las numerosas tentativas internacionales de poner fin al conflicto, en las que participaron Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y también los dirigentes de Alemania y Francia y el presidente recién elegido de Ucrania, Petro Poroshenko, uno de los oligarcas más ricos del país. En total habría once acuerdos de alto el fuego diferentes entre 2014 y 2017, y ninguno de ellos duró mucho. El intento más relevante, el protocolo de Minsk del 5 de septiembre de 2014, redujo los combates temporalmente, pero casi de inmediato se produjeron violaciones del alto el fuego y, al cabo de unas semanas, era papel mojado. Un segundo alto el fuego de Minsk, tras conversaciones entre los dirigentes de Ucrania, Rusia, Francia y Alemania el 11 de febrero de 2015, fue un poco mejor. Pese al ocasional atisbo de esperanza, Putin, seguro del apoyo interno a su postura sobre Ucrania, se mantuvo inflexible, al parecer decidido a desestabilizar toda Ucrania e impedir que se viera atraída por la órbita de Occidente.

El objetivo de Poroshenko iba precisamente en la dirección opuesta. Era improbable que sus esperanzas de que Ucrania se incorporara a la Unión Europea se hicieran realidad en un futuro próximo. Los niveles de corrupción, la mala gestión económica y política en Ucrania, y la necesidad de acometer reformas importantes antes de que se pudiera contemplar siquiera la posibilidad de adhesión, eran simplemente demasiado grandes para que la Unión Europea considerase la idea. No obstante, el revitalizado acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea alcanzado el 16 de septiembre de 2014 (aunque su entrada en vigor no estaba prevista hasta dos años más tarde) era una señal de que la estrategia de Putin de atraer a Ucrania había fracasado.

Dentro de la propia Ucrania, las fuerzas en conflicto se habían atrincherado rápidamente y ambos bandos eran inflexibles. En septiembre de 2014, el Parlamento ucraniano, pese a la oposición nacionalista, se plegó a la realidad y otorgó derechos al Donbás que equivalían prácticamente a la autonomía. Las elecciones celebradas en la mayor parte de Ucrania el 26 de octubre de 2014 dieron la victoria a partidos con una postura prooccidental, pero en unas elecciones separadas (solo reconocidas por Rusia) en el Donbás el 2 de noviembre el separatismo prorruso obtuvo, como cabía esperar, un apoyo abrumador. No había ninguna manera obvia de superar la división territorial de Ucrania en un plazo breve.

Sin embargo, Putin no estaba dispuesto a dar marcha atrás y probablemente tampoco hubiera podido hacerlo. No podía poner en peligro su reputación dentro del país, donde, por supuesto, los medios rusos presentaban el apoyo a los separatistas del este de Ucrania como una cuestión de prestigio nacional. En cualquier caso, una vez abierta la caja de Pandora de la violencia separatista respaldada por Rusia en el este de Ucrania, resultaba imposible cerrarla, incluso suponiendo que Putin quisiera hacerlo. Las sanciones impuestas por la Unión Europea, que iban aumentando con cada nueva muestra de la intransigencia de Rusia en Ucrania, al principio no habían tenido un impacto significativo, pero después de septiembre de 2014, cuando se extendieron a las finanzas, la energía y el armamento, así como al bloqueo de cuentas y las prohibiciones de viajar, empezaron a tener repercusiones y a perjudicar a la economía rusa. La otra opción que le quedaba a Occidente era reforzar la presencia de la OTAN en Europa central y oriental. Se aumentó el número de tropas en Polonia y los países bálticos y en 2016 se realizaron maniobras militares en Polonia. Cuando también Rusia organizó maniobras militares, si bien dentro de sus fronteras, las relaciones entre Rusia y Occidente se volvieron más tensas que en ningún otro momento desde el final de la guerra fría.

En marzo de 2017 habían muerto casi diez mil personas (una cuarta parte de ellas civiles), muchos miles más habían resultado heridas y los combates habían desplazado a más de un millón. En la intensa guerra de propaganda, la verdad era una víctima obvia. No obstante, parecía haber pocas dudas de que Rusia hubiera sido el principal instigador del conflicto y sin su respaldo, aunque se hubieran realizado descarados intentos de ocultar su alcance, los separatistas no habrían podido mantener la lucha armada. Sin embargo, para Putin el conflicto estaba lejos de ser un éxito total. Lo cierto es que el Donbás se había convertido en una región en buena medida autónoma. Putin había empujado a la mayor parte de Ucrania hacia Europa occidental, en lugar de alejarla, y en el proceso había fortalecido el sentimiento nacional del país. Sin Ucrania, sus planes de una Unión Económica Euroasiática (en la que se había convertido la Unión Aduanera Euroasiática, que pretendía ser el equivalente de la Unión Europea) tenían muy poco valor. Mientras tanto, la economía rusa estaba sufriendo mucho debido a las sanciones (y a la caída de los precios del petróleo). Putin había perjudicado quizá de modo irrevocable las relaciones de Rusia con Occidente. Así pues, ¿por qué había promovido la guerra en Ucrania, además de la anexión de Crimea? ¿Cuál era su objetivo estratégico?

La explicación más simple es la más plausible. Básicamente, Putin intentaban restablecer el prestigio perdido y la condición de gran potencia de Rusia. Él mismo, un antiguo oficial del KGB, había mencionado que el derrumbe de la Unión Soviética era la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. A sus ojos (y a los de muchos de sus compatriotas) había reducido de un modo drástico la posición de Rusia en el mundo y su orgullo como gran nación. Los dirigentes rusos seguían considerando a las antiguas repúblicas soviéticas parte de la esfera de influencia de Rusia, pero para muchos ciudadanos la caída del comunismo supuso la humillación de una potencia otrora poderosa. Mientras Estados Unidos resistía erigiéndose en la única superpotencia que quedaba, Rusia había degenerado en un estado mafioso gobernado por oligarcas poderosos que disfrutaban de una inmensa riqueza mientras la mayoría de los rusos sufría en una economía al borde del desplome. Había sido demasiado débil para evitar la extensión de la OTAN a lo que antes había sido la esfera de influencia soviética, incluso a los países bálticos, situados en las propias puertas de Rusia. Mientras que para los occidentales la OTAN era una organización benigna, los rusos la consideraban un peligro. La intervención de la OTAN en Kosovo en 1999, vista en Occidente como un acto humanitario, había causado indignación en Moscú, donde se consideraba un abuso del papel de la OTAN, definida como una organización defensiva cuya finalidad era proteger a sus estados miembros. Sin embargo, Rusia no había sido capaz de impedirlo. Era, en suma, una antigua gran potencia que durante los años noventa había sufrido una profunda sensación de humillación nacional.

Sin duda, Putin había restablecido gran parte del prestigio nacional y la fortaleza interna. La invocación consciente del nacionalismo a cada paso le proporcionaba una sólida base de apoyo popular, un contrapeso al descontento económico generalizado. Ucrania y Crimea, parte del imperio ruso desde el siglo XVIII, habían sido vitales para la condición de Rusia como gran potencia y más tarde componentes cruciales de la esfera de influencia soviética. En 2012 Putin se había referido a la tarea de reintegrar el espacio postsoviético, pero la destitución de Yanukóvich en 2014 comprometió el objetivo de consolidar la dependencia ucraniana de Rusia. La respuesta fue la decisión de «devolver» Crimea a Rusia como parte del objetivo más amplio de desestabilizar el este y el sur de Ucrania y, en última instancia, todo el país. En este objetivo más amplio, Putin cometió un error de cálculo. Se había ligado sin una vía de salida clara a las fuerzas que había desencadenado en el este de Ucrania. Sin posibilidades de dar marcha atrás ni de avanzar, Putin había empantanado a Rusia por tiempo indefinido en el cenagal del este de Ucrania. Es probable que Putin no perdiera mucho el sueño por esta cuestión. Al menos, tenía la satisfacción de que, mientras el este de Ucrania estuviera controlado por Moscú, no podría haber un estado nación unificado de Ucrania que intentara ingresar en la Unión Europea y la OTAN.

Internamente, Putin se había granjeado elogios por su confrontación con Occidente. La guerra de Siria le brindó una nueva oportunidad de restablecer el papel dominante de Rusia en la escena mundial. La intervención militar rusa en 2015, la primera de la antigua Unión Soviética fuera de las fronteras del país desde el fin del comunismo, supuso no solo un paso crucial en el terrible conflicto sirio, sino también una nueva oportunidad para Putin de intentar restablecer la condición de Rusia como potencia mundial.

La confrontación entre Rusia y Occidente por Crimea y Ucrania propagó el temor a un regreso al pasado por Europa central y oriental. ¿Conduciría a una guerra mundial? ¿Se anexionaría Rusia otras partes del este de Europa y quizá incluso más allá? Los temores, sobre todo en los países bálticos, que aún tenían un recuerdo reciente de su anexión por la Unión Soviética, eran comprensibles, aunque tal vez exagerados. Putin ya estaba demasiado ocupado con Crimea y Ucrania. ¿Por qué iba a querer multiplicar sus problemas intentando anexionarse y mantener por la fuerza los países bálticos, cuyo fuerte sentimiento de identidad nacional estaba motivado en buena medida (a diferencia del de Ucrania) por la oposición a Rusia? Tampoco había ninguna evidencia de que Putin tuviera planes expansionistas más amplios en Europa, aparte de los que ya había emprendido. Mientras tanto, la intervención en Siria fue un caso de explotación por parte de Putin de la debilidad de la política estadounidense para demostrar la fuerza y la influencia de Rusia en la escena mundial apoyando a Siria e Irán, dos aliados tradicionales de Rusia. No obstante, no había ningún indicio de que Rusia ambicionara un papel internacional comparable al de la Unión Soviética. Sus recursos propios no bastarían para ello. Y el restablecimiento del poder del estado Ruso apenas constituía un objetivo ideológico susceptible de atraer a los no rusos.

Entretanto, la crisis en Ucrania había remitido y había dado paso a un inquietante punto muerto, pero no representaba una amenaza importante ni para la paz mundial ni para la estabilidad general de Europa. Aun así, no estaba claro si la Unión Europea, durante tanto tiempo un pilar esencial de esa estabilidad, podría mantenerse como consecuencia de un nuevo capítulo de la crisis general del continente: el «brexit», la decisión de Gran Bretaña de abandonar la Unión Europea.

EL BREXIT

El fatídico referéndum celebrado el 23 de junio de 2016 afectó, como es natural, sobre todo a Gran Bretaña; pero la inminente marcha de un estado miembro, algo que sucedía por primera vez, fue un momento crítico en la evolución de la Unión Europea, ya presionada por las crisis económica y migratoria, el terrorismo y las tensas relaciones con Rusia.

«Europa» había sido una herida abierta en la política británica durante más de dos décadas y Gran Bretaña siempre había sido el estado miembro de la Unión Europea más incómodo. Sin embargo, el camino hacia el brexit fue corto. Puede trazarse una línea recta desde la crisis financiera, pasando por las políticas de austeridad y el impacto de las crisis de los refugiados y el terrorismo, hasta el brexit.

Las actitudes evaluadas mensualmente entre 2004 y 2016 mostraban, en medio de muchas fluctuaciones, que una media del 44,7 % de los encuestados aprobaba la pertenencia a la Unión Europea y el 42,9 % estaba en contra. La desaprobación creció notablemente a partir de 2010, a raíz de la crisis de la zona del euro, aunque Gran Bretaña, para alivio generalizado, no pertenecía a la misma. Cuando un gran número de británicos vieron cómo su nivel de vida se estancaba o incluso se deterioraba tras la crisis financiera, el Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP) se mostró cada vez más capaz de ganar apoyos, incluso en los feudos laboristas estableciendo una vinculación entre las dificultades económicas de los votantes blancos de clase obrera, que se sentían «abandonados» por la globalización, y la «incontrolable» inmigración desde la Unión Europea. Un análisis del Banco de Inglaterra de finales de 2015 dio cierta credibilidad a las afirmaciones del UKIP de que la inmigración podía provocar la bajada de los salarios de los trabajadores británicos poco cualificados.

A todo ello se sumaba la crisis de los refugiados. La mayoría de los votantes británicos creía que el gobierno debía ser capaz de controlar la inmigración y que hasta entonces los sucesivos gobiernos no lo habían hecho. Esta actitud se agravó cuando Angela Merkel abrió las puertas de Alemania y, por tanto, de la Unión Europea a más de un millón de refugiados. Era fácil utilizar la inmigración para generar preocupación por la seguridad nacional. Los terroristas que habían perpetrado los horribles atentados de noviembre de 2015 en París, supuestamente habían atravesado Europa junto con los refugiados. Nigel Farage, el líder de la UKIP, advirtió de que la pertenencia de Gran Bretaña a la UE ponía en peligro la seguridad del país, ya que el «ISIS promete inundar el continente de yihadistas». Durante la campaña del referéndum un cartel del UKIP mostraba la imagen de una larga fila de refugiados sirios en la frontera de Eslovenia, de camino a Gran Bretaña, acompañada de la frase: «La UE nos ha fallado a todos». Sin duda, este era un caso extremo de propaganda a favor de «marcharse», pero no dejaba de tener impacto. Casi la mitad de la población estaba de acuerdo en que el riesgo de terrorismo sería mayor si Gran Bretaña permanecía en la Unión Europea. Mientras tanto, un conjunto de votantes que iba mucho más allá de los simpatizantes del UKIP consideraba la necesidad de controlar la inmigración como una prioridad.

Así pues, cuando comenzó la campaña del referéndum la cuestión central era la reducción de la inmigración procedente de la Unión Europea, hasta el 69 % de los británicos pensaba que la inmigración de la Unión Europea era «demasiado elevada». La cuestión de la inmigración se combinaba con el deseo de limitar las prestaciones sociales a los inmigrantes; para quienes se oponían a la UE no fue difícil asociar la inmigración con la creciente presión sobre el Servicio Nacional de Salud, la institución británica más preciada, que, según alegaban, estaba siendo «desangrado» por los «turistas sanitarios» y «se desmoronaba debido a la presión» de unos niveles de inmigración insostenibles.

Este era el desfavorable contexto en el que se produjo la apresurada promesa de David Cameron, el primer ministro británico, de celebrar un referéndum sobre la pertenencia de Gran Bretaña a la Unión Europea en caso de que después de las elecciones de 2015 los conservadores pudieran formar un gobierno de mayoría. Cameron quería sobre todo debilitar al grupo de presión antieuropeo dentro de su propio partido y frenar la fuga de apoyos al UKIP, de marcado carácter eurófobo. Probablemente calculaba que, si después de las elecciones continuaba el gobierno de coalición, los liberales demócratas, firmemente proeuropeos, bloquearían la celebración de un referéndum. La inesperada mayoría absoluta lograda por los conservadores en las elecciones de 2015 le llevó a pensar que no tenía más opción que seguir adelante con el compromiso de celebrar un referéndum. Una táctica partidista se había convertido en una arriesgada apuesta sobre el futuro de la nación.

Era una apuesta que Cameron, quien confiaba sobremanera en su propia capacidad de persuasión, estaba convencido de que ganaría. Estaba seguro de que, como en el referéndum celebrado en septiembre de 2014 sobre la independencia de Escocia (cuando los votantes escoceses rechazaron la independencia de Escocia por un 55 % frente a un 45 % de los votos), el electorado acabaría optando por el statu quo. La mayoría de los expertos estaban de acuerdo. Cameron se jugaba mucho con el resultado de una renegociación de las condiciones de pertenencia de Gran Bretaña, pero a ojos de la mayoría de votantes británicos, el resultado de sus discusiones con los dirigentes de los otros veintisiete estados miembros en febrero de 2016 fue a todas luces decepcionante. Los ciudadanos no tardaron en darse cuente de que no eran ciertas las afirmaciones de Cameron de que las negociaciones habían producido un «cambio sustancial» de las condiciones de pertenencia de Gran Bretaña, en particular sobre el tema decisivo de la emigración. La Unión Europea se había mantenido firme en su principio fundamental de la libertad de circulación de las personas, y Cameron solo obtuvo la concesión de poder limitar el acceso a las prestaciones vinculadas al empleo durante cuatro años y solo por un período de siete años. Era un mínimo. The Sun, un tabloide muy leído, dio su veredicto sobre el acuerdo: «Apesta».

Tres cuartas partes de los miembros de la Cámara de los Comunes estaban a favor de permanecer en la Unión Europea. Cameron dio su pleno apoyo a la campaña del «Remain», pero los miembros importantes de su Gabinete tenían total libertad para apoyar la campaña del «Leave». Entre ellos destacaban el secretario de Justicia Michael Gove y el exalcalde de Londres Boris Johnson, un ricachón con don de gentes cuya desgreñada cabellera rubia era reconocible de inmediato. Una perfeccionada combinación de bufonadas y destreza verbal convertían a este producto de uno de los colegios privados más exclusivos de Inglaterra (Eton) en uno de los políticos más populares del país (pese a ser un personaje sumamente divisivo). Johnson desempeñaría un papel no menor a la hora de inclinar la balanza hacia la victoria del leave en una contienda tan disputada. Los partidarios del brexit conservadores hacían hincapié en el restablecimiento de la soberanía y la reversión de los derechos democráticos de Bruselas a Gran Bretaña. El único razonamiento del UKIP era la cantinela populista sobre la inmigración, pero la soberanía y la inmigración eran solo dos caras de la misma campaña a favor del brexit. Los argumentos iban en la misma dirección.

Solo un puñado de políticos laboristas defendió activamente el abandono de la Unión Europea, pero los remainers del partido solían andar con pies de plomo, muy conscientes de que muchos de sus electores eran partidarios de marcharse. Una deficiencia importante de la campaña laborista fue que el líder del partido, Jeremy Corbyn (durante muchos años cuando menos tibio sobre la Unión Europea), se mostró muy poco entusiasta en el apoyo a la permanencia o se mantuvo en silencio.

El estado de ánimo del país estaba bastante dividido. El bando del remain lo basaba casi todo en los posibles efectos económicos negativos de abandonar la Unión Europea y en las consecuencias que esto tendría para los niveles de vida de los ciudadanos corrientes. Una enorme cantidad de especialistas en economía, empresarios, banqueros y políticos de todos los partidos excepto del UKIP pintaban un sombrío panorama del impacto que el brexit tendría en la economía británica. El ministro de Economía, George Osborne, transmitía la impresión de que sería necesario adoptar medidas drásticas para combatir el desplome económico que sin duda se produciría en caso de que ganara la opción de marcharse. Sin embargo, este «Proyecto Miedo», como se llamó al bando del leave, tuvo poco efecto. Muchos ciudadanos simplemente no lo creían o lo consideraban burda propaganda. Su escepticismo aumentó cuando durante una entrevista televisiva Michael Gove comentó que los ciudadanos «estaban hartos de expertos» que afirmaban saber lo que era mejor, pero estaban «sistemáticamente equivocados». Un indicador de que en el bando del remain mucha gente tenía una pobre opinión de la Unión Europea era que nunca intentaban mostrar los beneficios de pertenecer a la UE. Lo más crucial de todo fue que la campaña del remain no tuvo armas retóricas para combatir el elemento central del argumentario del leave: el control de la inmigración procedente de la UE.

El lema «Recuperemos el control», repetido hasta la saciedad por la campaña del «Leave», era un mensaje simple y potente. Y no era solo negativo. Además de un rechazo categórico de la Unión Europea, insinuaba un futuro más prometedor. Combinaba en tres palabras la visión del restablecimiento de la soberanía nacional y de la renovación de la democracia con la capacidad de detener la inmigración no deseada.

La campaña del «Leave» recurrió a sus propias tácticas del miedo: sobre el número de refugiados que probablemente llegaría a Gran Bretaña, la amenaza del terrorismo, la pérdida de identidad nacional y la nociva presión sobre los servicios públicos. Algunas de sus afirmaciones eran mentiras descaradas: que Gran Bretaña enviaba cada semana 350 millones de libras a Bruselas que, una vez fuera de la UE, podrían invertirse en el Sistema Nacional de Salud; o que en 2020 Turquía podría incorporarse a la Unión Europea, lo que conllevaría que más de cinco millones de personas entraran en Gran Bretaña. Ni la BBC, ansiosa por mostrarse imparcial, ni la prensa, en su mayoría contraria a la UE, hicieron mucho por desmontar esas mentiras.

Cuando el 24 de junio de 2016 se hizo el recuento de los votos y se anunciaron los resultados, Gran Bretaña ya se dirigía hacia la puerta de salida de la Unión Europea. Del 72,2 % de personas que acudieron a las urnas, el 51,9 % votó a favor de acabar con la permanencia de Gran Bretaña y el 48,1 % a favor de quedarse. Escocia e Irlanda del Norte votaron a favor de quedarse; Gales y, por el mayor margen, Inglaterra, a favor de irse. Los votantes de más edad y con menos formación optaron predominantemente por abandonar la UE, mientras los más jóvenes con más formación deseaban quedarse. La mayoría de los que se describían a sí mismos como «británicos blancos», pero solo una cuarta parte del electorado de minorías étnicas, votó a favor de abandonar la UE. En Londres, el apoyo a la permanencia fue mayoritario, al igual que en las grandes ciudades universitarias (excepto Birmingham y Sheffield), pero casi tres cuartas partes de los distritos electorales conservadores y el 63 % de los laboristas votaron a favor del brexit. Fuera de las grandes ciudades, Inglaterra era brexit.

David Cameron dimitió del cargo de primer ministro inmediatamente después del referéndum. Tras una breve pugna por el poder en las altas esferas del Partido Conservador, Theresa May se convirtió en la nueva primera ministra. Había sido ministra del Interior durante seis años y, como tal, responsable de inmigración, un tema que seguía teniendo una importancia central para ella. Había apoyado la permanencia de un modo pasivo en lugar de hacerlo con entusiasmo. Una vez en el cargo, no tardó en mostrar el fervor del converso. Señaló que su tarea era hacer valer «la voluntad del pueblo». «Brexit significa brexit», era su mantra vacío. Se encargó a tres acérrimos partidarios del brexit preparar el terreno para las negociaciones de la salida. Para sorpresa general, Boris Johnson fue ascendido al puesto de ministro de Asuntos Exteriores (en otro tiempo un alto cargo del Estado asociado con dotes diplomáticas ejemplares que pocos atribuían al nuevo titular). Se encomendó a Liam Fox, un acérrimo detractor de la Unión Europea y firme partidario neoliberal del libre comercio, la tarea de conseguir nuevos acuerdos comerciales en todo el mundo para compensar los posibles efectos de una caída del comercio con la Unión Europea, el mayor socio comercial con diferencia de Gran Bretaña. David Davis, un antiguo aspirante a liderar el Partido Conservador y firme defensor de la campaña del «Leave», fue nombrado Secretario de Estado para la Salida de la Unión Europea, lo que le convertían el principal responsable de negociar el acuerdo de salida.

En enero de 2017, Theresa May anunció el marco de la salida de Gran Bretaña. Implicaría abandonar el mercado único (que el gobierno de Thatcher tanto había hecho por establecer) y, probablemente, también la Unión Aduanera. El 29 de marzo de ese mismo año, la primera ministra notificó oficialmente a Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, la intención de Gran Bretaña de abandonar la Unión Europea. Eso implicaba largas negociaciones con los otros veintisiete estados miembros sobre las condiciones de la salida. La mayoría de los analistas neutrales pensaba que probablemente el resultado sería perjudicial para Gran Bretaña. Incluso el futuro de la Unión de Gran Bretaña e Irlanda del Norte estaba en juego. La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, consternada por la imposición forzosa del brexit a un país que había votado en contra, planteó la posibilidad de celebrar un segundo referéndum sobre la independencia que podía romper la unión con Inglaterra que se había mantenido desde 1707. La cuestión de la frontera entre la República de Irlanda (un estado miembro de la Unión Europea) e Irlanda del Norte (a punto de abandonar la UE) era otro asunto espinoso que podría reabrir la controvertida cuestión de la nacionalidad en toda la isla de Irlanda.

La decisión británica de marcharse provocó muestras de conmoción y tristeza en toda la Unión Europea; pero algo más que el simple pesar estaba en juego. La marcha de uno de sus estados miembros más importantes hacía que en la UE fuera necesario un riguroso examen de conciencia. ¿Qué había salido mal? ¿Reflejaba el voto a favor de la salida fallos profundos en el seno de la Unión? ¿Se había visto Gran Bretaña empujada, al menos en parte, hacia la puerta de salida por las políticas centralizadoras y los rígidos principios que también estaban alejando a ciudadanos de otras partes de Europa? ¿Cómo se podían diseñar y sobre todo aplicar, si ello era posible, las reformas estructurales fundamentales que tantos observadores consideraban esenciales para la supervivencia y la buena salud a largo plazo de la Unión Europea, en vista de los intereses diversos y muchas veces enfrentados de los estados miembros? El brexit tenía consecuencias evidentes, aunque poco claras, para el resto de la Unión Europea, así como para la propia Gran Bretaña. Esta, por más irritación que hubiera suscitado a veces entre sus socios europeos, había sido durante más de cuatro décadas uno de los principales socios comerciales y un importante contribuyente a las arcas de la UE. Además, la Unión Europea no gozaba de muy buena salud, convulsionada por graves crisis que, desde 2008, habían minado su autoconfianza y su estabilidad.

La necesidad crucial, tras aceptar de mala gana la decisión británica, era reforzar la solidaridad y la unidad de la Unión Europea. No habría un «castigo» a Gran Bretaña (como algunos sectores de la prensa eurófoba británica afirmaban), pero era evidente que se defenderían a cualquier precio los intereses de la UE en su conjunto. La marcha de gran Bretaña debía fortalecer a la Unión, no debilitarla. Había que consolidar su futuro para afrontar la crisis, incluida la de su propia existencia, que iban más allá del brexit. Mientras Gran Bretaña, con su equipo negociador presidido por David Davis, y la Unión Europea, cuyo negociador principal, Michel Barnier, tenía mucha experiencia como comisario de la UE y ministro en Francia, se preparaban para emprender su compleja tarea en el verano de 2017, se abría un largo período de incertidumbre para ambas partes.

La crisis económica, las migraciones y el terrorismo eran problemas globales, no específicamente europeos. La crisis de Ucrania tuvo repercusiones internacionales. Incluso el brexit, en la medida en que Gran Bretaña intentaba reconfigurar sus relaciones comerciales internacionales, distaba mucho de ser un asunto solo europeo y menos aún británico. Las crisis colectivas a lo largo de casi una década habían sacudido los cimientos de la civilización europea, aunque no los habían destruido. En el verano de 2017, Europa había sobrevivido a las crisis. Las había controlado, pero no las había superado. Puesto que las crisis eran inmanentes a la exposición de Europa a la globalización en todas sus manifestaciones, un proceso que en las tres décadas anteriores se había acelerado mucho, no podía haber un fin claro o definitivo para la amenaza que representaban para Europa. La recuperación económica distaba mucho de ser robusta, los altos niveles de migración eran inevitables, no había una solución clara para el grave problema del terrorismo y la posibilidad de un conflicto entre las grandes potencias había aumentado desde la elección, en noviembre de 2016, del impulsivo impredecible Donald J. Trump como presidente de Estados Unidos. Era evidente que la exposición de Europa a las turbulencias mundiales iba continuar durante muchos años, tal vez durante generaciones.

Desde 2008, se había puesto en cuestión muchas de las cosas que en la Europa moderna se habían dado por sentado. La estabilidad, la prosperidad e incluso la paz que habían marcado los logros de décadas ya no estaban garantizadas. Los vinculados con Estados Unidos, tan vitales para Europa occidental desde la segunda guerra mundial (y desde 1990 también para la mayor parte de Europa oriental), ya se habían atenuado durante la presidencia de Obama y eran directamente cuestionados en la de su sucesor. Se estaban poniendo en tela de juicio los valores liberales y democráticos por los que tanto se había luchado. En 2017 Europa se encontraba en una situación frágil, afrontando una incertidumbre y una inseguridad duraderas, mayores que en ningún otro momento desde el final de la guerra. ¿Encontraría caminos para llegar a tiempos mejores? ¿O cabía la posibilidad de que regresaran los fantasmas del pasado para atormentar al continente?

Epílogo UNA NUEVA ERA DE INSEGURIDAD

De la madera torcida de la humanidad nunca pudo obtenerse nada recto.

Immanuel Kant, 1784

La historia de Europa desde el final de la segunda guerra mundial ha sido una vertiginosa mezcla de grandes logros, profundas decepciones e incluso desastres, como han demostrado claramente las crisis de los últimos años. En realidad, ha sido en muchos sentidos un viaje en una montaña rusa, con sus subidas y bajadas, una velocidad en aumento a partir de los años setenta, una brusca aceleración después de 1990 y una carrera casi fuera de control en el nuevo siglo. Ha habido muchas cosas negativas y también positivas a lo largo del tortuoso recorrido entre la seguridad de los primeros tiempos de la guerra fría y la inseguridad de la polifacética crisis que ha afectado a Europa en la última década. ¿Cuál sería, entonces, el balance de la historia de Europa en los últimos setenta años?

Con todas las reservas, cualquier valoración razonable sin duda destacaría los inmensos avances logrados. Un simple vistazo a Europa en la primera mitad del siglo XX, un continente devastado física y moralmente por la guerra y por el genocidio cuando las potencias imperialistas y las que deseaban serlo pugnaron por alzarse con la supremacía, demuestra lo lejos que ha llegado desde entonces. La mayoría de los europeos viven ahora en paz, en libertad, en un estado de derecho y con una prosperidad relativa. El racismo manifiesto es ilegal, aunque las actitudes racistas no están ni mucho menos erradicadas. El derecho de las mujeres a la igualdad con los hombres se acepta en principio, aunque en la práctica a menudo se incumple. Los homosexuales y las lesbianas ya no se enfrentan a la discriminación oficial, aunque los viejos prejuicios tardan en desaparecer. Independientemente de las reservas, estos y otros cambios culturales suponen un avance importante.

«Solo aquellos que han vivido en un estado policial pueden saber lo que es no vivir en uno», fueron las palabras del ilustre historiador británico Peter Pulzer, que era un niño en Viena cuando en 1938 se produjo la anexión nazi de Austria, antes de huir con su familia a Inglaterra al año siguiente. En ese momento, incluso antes de la guerra, al menos dos terceras partes de los europeos vivían bajo regímenes autoritarios, sometidos al poder arbitrario de la policía. Durante las cuatro décadas siguientes a la guerra, los europeos del otro lado del Telón de Acero vivieron en estados policiales bajo un régimen comunista. En algunas partes de lo que fue la Unión Soviética aún existen gobiernos autoritarios. Turquía está virando hacia el autoritarismo. Hungría y Polonia se sirven de formas democráticas para socavar la esencia democrática. No obstante, la mayor parte de los europeos vive hoy en libertad, en democracia y en un estado de derecho. Supone un avance enorme que millones de europeos ya no tengan que temer la tiranía de un estado policial.

Al comentario de Peter Pulzer se podría añadir que solo aquellos que han experimentado la miseria absoluta aprecian realmente lo que es no ser pobre y que solo aquellos que han sido testigos de primera mano de los horrores de la guerra comprenden en su plenitud lo que significa vivir en paz.

El continente europeo es ahora más próspero que nunca. Su bienestar material (junto con la libertad y la relativa seguridad) es lo que lo convierte en un imán tan poderoso para muchas personas que huyen de la guerra y la pobreza extrema en otras partes del mundo. No obstante, la prosperidad en Europa dista mucho de estar repartida equitativamente. La brecha entre ricos y pobres se ha ensanchado en lugar de reducirse. Algunos países o regiones de países siguen siendo relativamente pobres. Incluso dentro de los países ricos existe pobreza. La existencia de bancos de alimentos para personas indigentes en los países ricos de Europa occidental es un escándalo. Aun así, la pobreza lacerante y generalizada de la Europa de antes de la guerra ya no existe.

Para la generación de la guerra, el acontecimiento más notable en la Europa posterior a la contienda ha sido su paz duradera. Hoy es algo que suele darse por sentado. Sobre todo en las primeras décadas de la posguerra, la preservación de la paz parecía más incierta. Ni que decir tiene que no en todas partes se ha mantenido la paz: en los años noventa Yugoslavia fue devastada por una guerra; ha habido una violencia extrema en el Cáucaso; y, en años más recientes, el este de Ucrania ha estado sumido en un conflicto armado. Además, la violencia terrorista interna ha sido en ocasiones una grave lacra en Irlanda del Norte, España, Alemania Occidental e Italia. Asimismo, aunque en general Europa ha permanecido en paz, la retirada de los países europeos de los imperios dejó inevitablemente un reguero de violencia, por ejemplo en Argelia, Kenia y Angola. Y la exportación de armas europeas ha contribuido en no pequeño grado a convertir otras zonas del mundo en un infierno. Sin embargo, no ha habido ninguna guerra europea general como la que durante una sola generación destruyó el continente en dos ocasiones en la primera mitad del siglo XX. Esa ha sido la mayor bendición para los europeos de la posguerra.

Así pues, la generalización es válida: el cambio rápido y profundo que se ha producido a lo largo de las siete últimas décadas significa que la Europa actual es más pacífica, más próspera y más libre que en ninguna otra época de su larga historia. La globalización y los cambios tecnológicos han contribuido en gran medida a generar los beneficios materiales de los que disfrutan hoy los europeos. Aun así, como han mostrado los capítulos anteriores, también ha habido consecuencias negativas relevantes. La globalización ha preparado el terreno para el turbocapitalismo. Los bancos de inversión mundiales, las grandes corporaciones empresariales y los gigantes de las tecnologías de la información han consolidado un poder que escapa al control de los estados nación y, en 2007-2008, un sector financiero sobredimensionado e irresponsable puso al sistema financiero internacional al borde de la quiebra. Ha surgido un nuevo «precarizado» de trabajadores no cualificados, a menudo migrantes, que acepta empleos mal remunerados, que solo puede permitirse alojamientos de mala calidad y que vive en una incertidumbre material constante. La sensación de inseguridad física también se ha acrecentado debido a un aumento de la incidencia del terrorismo, en particular del islamista, en buena medida un legado de la implicación de Europa en las guerras en Oriente Medio y de su pasado imperialista. Cada vez resulta más evidente que ya no se puede disociar lo que sucede en el extranjero de la vida cotidiana en el propio país.

No obstante, pese a algunos aspectos negativos relevantes, el cambio en Europa a lo largo de los últimos setenta años ha sido sustancialmente positivo y esto cabe atribuirlo sobre todo a dos novedades de la posguerra: la OTAN y la Comunidad Europea. Un tercer elemento, la «Destrucción Mutua Asegurada» de las armas nucleares, fue quizá el más importante de todos a la hora de evitar cualquier estallido de otra gran conflagración en Europa.

El escudo de la OTAN y la activa participación de Estados Unidos fueron garantías esenciales del orden de posguerra en Europa occidental. Sobre todo desde la guerra de Vietnam, en Europa ha existido una hostilidad generalizada y a menudo justificada hacia la política exterior estadounidense. La imagen de Estados Unidos en el extranjero ha chocado en muchas ocasiones con la benigna autoimagen de «la tierra de los libres» como salvaguarda internacional de la libertad, pero el aumento del antiamericanismo no desvirtúa el papel indispensable que, sobre todo en las primeras décadas de la posguerra, desempeñó Estados Unidos manteniendo una fuerte presencia militar en Europa. Sin ella, la mitad occidental del continente habría sido menos estable, la consolidación de la democracia liberal menos probable y el mantenimiento de la paz más precario.

El segundo componente fundamental fue el establecimiento de lo que, con el tiempo, se convertiría en la Unión Europea. La complicada prehistoria de la UE se debió menos a un diseño estratégico que a adiciones y ajustes improvisados impulsados por acontecimientos en gran medida imprevisibles. El laberinto organizativo que creció exponencialmente, los complejos acuerdos económicos que a menudo resultaron controvertidos, sobre todo los relacionados con las subvenciones agrícolas, y el temor a las ambiciones cada vez mayores de construir un estado supranacional suscitaron muchas críticas y una creciente animosidad. Pero, independientemente de los fallos, los errores y las deficiencias, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, y después la Comunidad Económica Europea, no solo sirvieron de marco para la rápida expansión de la prosperidad, que a su vez reforzó la estabilidad política; también prepararon decisivamente el terreno para una paz duradera al cimentar los lazos de amistad franco-alemanes y acabar, de este modo, con la perversa enemistad que había contribuido mucho a desencadenar dos guerras mundiales. A medida que fue aumentando la integración europea para incluir a las antiguas dictaduras de Grecia, Portugal y España, y más tarde a países que hasta 1990 habían permanecido al otro lado del Telón de Acero, la Unión Europea fue extendiendo los principios democráticos, el estado de derecho y el marco de cooperación internacional a gran parte del sur, el centro y el este de Europa. Para los países de esas regiones, que durante mucho tiempo habían figurado entre los más pobres de Europa, pero ahora podían experimentar un progreso material sustancial, y durante décadas habían vivido bajo regímenes dictatoriales pero ahora podían desarrollar democracias pluralistas, esto constituía un enorme avance.

Lo que la Unión Europea no ha sido capaz de conseguir es la creación de un verdadero sentimiento de identidad europea. Al tratarse de un continente con unos cuarenta países, cada uno de ellos con su sentimiento de identidad, su cultura y su historia, y con más de sesenta lenguas diferentes, esto apenas resulta sorprendente. Tal vez para algunos idealistas de la UE haya sido decepcionante, pero en realidad el obituario del estado nación fue prematuramente redactado. La Comunidad Europea, basada en el pragmatismo económico más que en el idealismo político (aunque durante un tiempo ambos fueron de la mano), no dio lugar, como argumentó convincentemente Alan Milward, a la defunción sino «al rescate del estado nación». La identidad nacional siguió prevaleciendo sobre cualquier sentimiento de identidad europea y, en las últimas décadas, es posible que incluso se haya intensificado en lugar de disminuir. Aun así, el nacionalismo chovinista y peligrosamente agresivo que generó dos guerras mundiales apenas existía ya. Se había diluido y lo había contrarrestado el aumento gradual de la cooperación y la interdependencia transnacional.

Aunque el sentimiento de identidad europea se ha mantenido sobre todo como una idea y una aspiración en lugar de una realidad, ha adquirido un cierto contenido político. Para la mayoría de sus ciudadanos, «Europa» se ha convertido en buena medida en sinónimo (positiva o negativamente) de Unión Europea. «Europa» distingue a los países de la UE como comunidad de naciones interrelacionadas de aquellos otros del continente europeo (principalmente Rusia y antiguos miembros de la Unión Soviética) que están fuera del mismo. Esta «Europa» no es la «Europa de las patrias» defendida por Charles de Gaulle (y otros), ni la entidad supranacional asociada con Jacques Delors; más bien, representa una entidad única a medio camino entre ambas. Hay quienes continúan aspirando al futuro utópico de una «Europa» cada vez más amplia incorporada en un estado federal europeo. Hay otros, cada vez más numerosos, que miran a «Europa» con distancia e incluso hostilidad al considerarla un órgano extraño que se entromete en su soberanía e integridad en tanto que estados nación. Aunque en las primeras décadas de la posguerra la necesidad de evitar la posibilidad de una nueva contienda era la aspiración central de la incipiente Comunidad Europea, con el paso del tiempo ese mensaje se ha ido desvaneciendo inevitablemente. Esto ha hecho que, para muchos de sus ciudadanos, la «Europa» de la Unión Europea sea poco más que una organización opaca y distante que establece normas y regulaciones que afectan a la vida de la mayoría de la personas, pero que no permite la participación política activa. Esto abre la puerta a las políticas de los movimientos nacionalistas y separatistas, capaces de despertar un vínculo emocional imposible de construir para la Unión Europea. Por tanto, para muchos de sus ciudadanos «Europa» significa una Unión Europea de la que pueden ser partidarios o no, pero en realidad su principal apego emocional no es con «Europa» sino con su estado nación o región (o, en algunos casos, con estados nación independientes en potencia).

Cualquier intento de crear una identidad europea significativa parece condenado a topar con constantes obstáculos insuperables. El declive de la fe religiosa y el aumento de las minorías inmigrantes hacen que ya no pueda identificarse a Europa con el cristianismo (que, en cualquier caso, durante siglos ha sido más factor de división que de genuina unidad). También la historia dividirá más que unirá. Las sociedades multiculturales hacen que en Europa no exista una comprensión de la historia común a todos sus pueblos. En cualquier caso, nunca ha habido una comprensión de la historia europea (o mitología). Siempre ha sido nacional e, incluso en ese caso, a menudo cuestionada por diferentes partes de la población (como ilustra claramente el profundo y persistente legado de la guerra civil española más de ochenta años después de que empezara y más de cuarenta años después de la muerte de Franco). La segunda guerra mundial (mucho más que la primera) y el Holocausto han llegado a dominar, con el paso del tiempo, la conciencia popular de la historia reciente. No obstante, la conmemoración de una u otra no sirve para crear un sentimiento de identidad europea común. En cualquier caso, tal vez la ilusoria búsqueda de una identidad europea sea innecesaria siempre y cuando los ciudadanos de los estados nación europeos se comprometan a defender en sus países los principios fundamentales europeos comunes de paz, libertad, democracia pluralista y estado de derecho; a mantener el nivel de bienestar material que sustenta ese compromiso; y a esforzarse por fortalecer siempre que sea posible los lazos de cooperación y de amistad transnacionales.

Sin embargo, en este punto la valoración del pasado reciente de Europa toca a su fin. Lo que quedan son preguntas sobre el futuro de Europa. ¿Cómo afrontara Europa los importantes desafíos que tiene por delante? ¿Se llegarán a ver los logros del pasado como un episodio en buena medida positivo que precedió al declive posterior? ¿Hasta dónde podrá llegar el proyecto de una «unión cada vez más estrecha» cuando, en los últimos años, la popularidad de la Unión Europea ha disminuido en vez de aumentar? Y ¿están destinadas a alejarse aún más del «núcleo europeo» aquellos territorios de Europa (Rusia y los países bajo su égida, Turquía y los países de los Balcanes) que se encuentran más allá de las fronteras de la UE y que durante siglos nunca se han identificado por completo (o han sido identificados por analistas externos) con «Europa»? Y sobre todo: ¿puede la Unión Europea «reinventarse» para superar las dificultades actuales y estimular de nuevo el entusiasmo por el «proyecto europeo» que en otro tiempo estuvo presente pero que en buena medida se ha evaporado? Los retos son importantes.

«Estudia el pasado». Este consejo de Confucio adorna uno de los pórticos del edificio de los Archivos Nacionales en Washington. «El pasado es prólogo», reza la cita de La tempestad de Shakespeare inscrita en el otro pórtico. El estudio del pasado permite al historiador seguir la trayectoria de Europa, a menudo turbulenta, hasta llegar al presente. Pero ¿de qué es prólogo el pasado? En un sentido estricto, no existe el presente, solo el pasado y el futuro. El pasado es un camino razonablemente bien iluminado (aunque con numerosos recodos sombríos y desviaciones a oscuros matorrales) que luego bloquea una gran puerta intimidatoria en la que se lee «Futuro». A través de algunas pequeñas aberturas en la puerta es posible vislumbrar varios senderos poco iluminados que parten de allí y desaparecen en el crepúsculo. Tal vez uno de esos caminos parece un poco más ancho, una senda hacia delante más probable que las otras, pero no es seguro. Es imposible saberlo. En cualquier caso, ese camino, transcurrida una corta distancia, también conduce a una impenetrable oscuridad.

El destino a partir de ahí no es claro. Los patrones estructurales de la evolución del pasado (las tendencias demográficas o socioeconómicas, por ejemplo) solo pueden ofrecer indicadores imprecisos de cómo podrían ser en términos generales las próxima décadas; aun así, el futuro siempre está abierto. La historia solo ofrece la guía más imprecisa de aquello que no se puede prever. No solo los procesos estructurales a largo plazo, sino también acontecimientos impredecibles pueden provocar cambios trascendentales. Es fácil subestimar el papel de la contingencia en los cambios históricos. Sin embargo, la historia está repleta de cuestiones que tienen un impacto dramático pero dependen de la contingencia: por ejemplo, el resultado de una batalla, una revuelta política inesperada o la personalidad de un gobernante. La respuesta atribuida (tal vez apócrifamente) al ex primer ministro británico Harold Macmillan a la pregunta de un periodista sobre las mayores dificultades a las que se enfrentaba un gobierno, «los acontecimientos, querido muchacho, los acontecimientos», resumía con precisión la imprevisibilidad del futuro y la dificultad para los historiadores (como para todos los demás) de pasar de interpretar el pasado a adivinar el futuro.

En la fecha en la que termina este libro, en 2017, Europa se estaba adentrando en estos territorios inexplorados. El continente se enfrentaba a una mayor incertidumbre e inseguridad que en ningún otro momento desde después de la segunda guerra mundial. Seguía preocupando la estabilidad del sistema bancario y la posibilidad de que estallara una nueva crisis. La economía griega permanecía en una situación precaria; el superávit comercial de Alemania seguía causando desequilibrios en la zona del euro; Francia se enfrentaba a medidas difíciles, probablemente impopulares, para hacer que su economía fuera más competitiva; Polonia y Hungría habían dado giros preocupantes hacia el autoritarismo; Gran Bretaña estaba inmersa en unas negociaciones sumamente complejas para abandonar la Unión Europea. La crisis migratoria había remitido desde su momento culminante en 2015-2016, pero no había terminado y suponía una gran presión para Italia y Grecia. Constituían una parte importante de los problemas políticos globales, entre los que destacaban el legado de la espantosa guerra en Siria, cuya resolución no estaba al alcance de Europa. Los atentados terroristas en Europa aumentaban y en sociedades abiertas que daban mucha importancia a las libertades democráticas nunca se podían prevenir por completo. Las relaciones internacionales eran preocupantes. Oriente Medio seguía siendo un polvorín, listo para explotar en cualquier momento; las relaciones con una Rusia asertiva eran aún más tensas que en ningún otro momento desde 1991; Turquía, muy involucrada en la guerra de Siria, era crucial para la gestión europea de la crisis migratoria, pero se estaba convirtiendo en un estado autoritario, alejándose de los principios de la democracia liberal europea y de sus propias raíces seculares. Y la emergencia del poder de China era todavía un factor incalculable en la ecuación de las futuras relaciones de Europa con el resto del mundo.

Desde 2008 se han oído voces que profetizan el principio del fin de la zona del euro y de la Unión Europea, la vuelta a un continente de estados nación rivales, el retorno al fascismo de los años treinta y el despertar de los espíritus del oscuro pasado de Europa, el peligro del resucitado poder de Rusia, el declive de la influencia de Europa en el mundo, el fin de la paz y la prosperidad, e incluso tal vez una guerra nuclear. La inesperada elección en noviembre de 2016 de Donald Trump como presidente de Estados Unidos colocó en la Casa Blanca a un personaje impulsivo e impredecible que, además, no ocultaba su distanciamiento de Europa y de sus valores dominantes. Sus primeros meses en el cargo fueron profundamente inquietantes, y no solo para los europeos. El potencial retorno al proteccionismo e incluso a las guerras comerciales como consecuencia de la política fuertemente afirmativa de «Estados Unidos, primero» suponía una posibilidad de un traspié económico preocupante. Pero la aprensión europea iba más lejos. Desde la segunda guerra mundial, Estados Unidos, sobre todo mediante su compromiso con la OTAN, había sido el garante de las libertades de que disfrutaba Europa occidental y, tras la caída del comunismo, la mayor parte del continente. Aunque Trump se hubiera retractado de la descripción que durante la campaña electoral había hecho de la OTAN como «obsoleta», que había alarmado a los europeos, siguió siendo mucho más ambivalente hacia el crucial marco de la política de defensa europea que cualquier presidente estadounidense anterior desde la guerra. El lugar de Europa en el orden de posguerra que había mantenido desde finales de los años cuarenta era, como consecuencia de ello, incierto.

La elección de Trump también alentó a los nacionalistas y los populistas de derecha de toda Europa. Su poder de atracción preocupaba mucho a los europeos liberales, pues constituía una amenaza para unos valores que parecían bien arraigados como la esencia de la civilización europea moderna. Aun así, la presidencia de Trump causó una inquietud que iba más allá de estas preocupaciones. Lo más dañino de todo, y no solo para Europa, era su asombroso rechazo de las abrumadoras pruebas científicas que demuestran el calentamiento global. Cómo proteger al planeta para que no se destruya a sí mismo debido al daño irreparable que causan al medio ambiente las emisiones de carbono era (y sigue siendo) el asunto más importante al que se enfrentan las futuras generaciones. Este gravísimo problema lo comparte Europa con el resto del mundo, pero en su quijotesca determinación de proteger y reconstruir las industrias estadounidenses generadoras de carbono, el 1 de junio de 2017 Trump anunció la retirada de Estados Unidos (el segundo después de China en emisiones de dióxido de carbono) de los acuerdos de París sobre el control del clima, firmados solo dos años antes por casi doscientos países tras unas negociaciones largas y difíciles. El acuerdo internacional había sido un avance potencialmente importante para la protección del medio ambiente. Trump lo había puesto a los pies de los caballos.

Aun así, si en el verano de 2017 se miraba a través de las ranuras de la puerta con el rótulo de «Futuro», los caminos por recorrer no parecían estar totalmente envueltos en la oscuridad. Había algunos destellos de luz. En los meses posteriores a las elecciones estadounidenses, Europa también fue el escenario de varios comicios cruciales. Estos suscitaron la esperanza, aunque resultó ser efímera, de que la amenaza de la derecha populista a los valores democráticos liberales hubiera superado su momento culminante. Contra todas las expectativas, en diciembre de 2016 Austria eligió como presidente (en una repetición de las elecciones del mes de mayo anterior, impugnadas por irregularidades en la votación) a un antiguo líder de Los Verdes firmemente proeuropeo, Alexander van der Bellen, y rechazó la candidatura de extrema derecha de Norbert Hofer, del Partido de la Libertad de Austria. En la elecciones generales celebradas en Holanda el 15 de marzo de 2017, el candidato de la extrema derecha antiislam y antiinmigración Geert Wilders obtuvo peores resultados de los esperados, aunque su partido consiguió el 13 % de los votos, y las fuertes opiniones negativas sobre la cuestión migratoria empujaron al primer ministro, Mark Rutte, a recurrir a la retórica contra los inmigrantes para obtener el apoyo de Wilders. En las cruciales elecciones presidenciales francesas (en dos rondas, el 23 de abril y el 7 de mayo de 2017), la líder del Frente Nacional de extrema derecha, Marine Le Pen, que había estado consiguiendo un fuerte apoyo para su programa de restauración de la soberanía nacional, control de la inmigración y salida de la zona del euro, fue derrotada sin paliativos. La victoria fue a parar a un centrista fervientemente proeuropeo, Emmanuel Macron, que se presentaba como un nuevo comienzo para la política francesa y europea. El partido que había creado desde cero, La République en Marche, todavía embrionario cuando fue elegido presidente, consiguió la mayoría absoluta en las elecciones de junio a la Asamblea Nacional francesa.

Francia parecía haber logrado algo que era casi imposible: una revolución de centro. Los primeros pasos de Macron para estrechar los vínculos con la canciller alemana, Angela Merkel, con el propósito de acometer de una vez por todas una reforma sustancial de la Unión Europea, infundían nuevas esperanzas: la salida de los años de crisis anteriores y un prometedor futuro para Europa. Solo el tiempo dirá si la promesa inicial se mantiene. Las señales no son del todo alentadoras.

Las elecciones británicas del 8 de junio de 2017 tuvieron imprevistas consecuencias para Europa. La inesperada pérdida de escaños del Partido Conservador y el fuerte avance de los laboristas menoscabaron las posibilidades del gobierno de Theresa May de seguir adelante con la forma de ruptura más radical con la Unión Europea (aunque ha seguido siendo una posibilidad, que algunos conservadores desean ardientemente). Al mismo tiempo, estaba poco claro lo que el gobierno (o la oposición laborista) deseaba exactamente que surgiera de las complejas negociaciones que empezaron el 19 de junio. Casi como una cuestión secundaria, estalló la burbuja del populismo derechista del UKIP. Tras haber sido el partido británico más votado en las elecciones europeas celebradas tres años antes, el UKIP no consiguió ni un solo escaño en el nuevo Parlamento del Reino Unido. El voto para abandonar la UE había acabado con buena parte de la razón de ser del UKIP, aunque la población británica seguía estando totalmente dividida por el tema de la pertenencia a la Unión Europea. Parecía que, cada vez más, se ponía en tela de juicio la racionalidad, nunca evidente en realidad, de afrontar el posible empobrecimiento del país y debilitar su posición internacional para conseguir una reducción probablemente mínima de la inmigración (mucha de la cual, en cualquier caso, es ventajosa económicamente). El resto de la UE observaba con creciente asombro lo que en general se consideraba un caso sin precedentes de autolesión nacional. Aun así, el apoyo a la salida de la UE continuaba siendo fuerte. Es imposible predecir cómo evolucionarán las negociaciones sobre la nueva relación entre Gran Bretaña y la Unión Europea, dadas las profundas divisiones tanto entre la población británica como en las élites gobernantes.

Durante el verano de 2017, hubo algunas tímidas señales de que Europa estaba saliendo de una década marcada por la crisis. Parecía probable que el eje franco-alemán, la base histórica de lo que se convertiría en la Unión Europea, cobrara impulso como consecuencia de la victoria de Emmanuel Macron en Francia y la probable reelección de Angela Merkel, ampliamente considerada como un pilar de certidumbre en tiempos inciertos. Las perspectivas de reformar la Unión Europea parecían mejores de lo que habían sido en años. Mientras tanto, la zona del euro volvió por fin a registrar unos niveles de crecimiento económico bastante impresionantes. Parecía que, con suerte, Europa todavía podía encaminarse hacia un futuro brillante.

Sin embargo, las importantes elecciones alemanas celebradas el 24 de septiembre de 2017 empañaron las expectativas y fueron otro claro recordatorio de la rapidez con la que el panorama político puede cambiar. Frau Merkel fue reelegida, pero la característica más sorprendente de las elecciones, que reflejaba una tendencia presente en toda Europa, fue que los partidos perdieron electores mientras un partido ajeno al sistema, Alternative für Deutschland conseguía un apoyo significativo. Los partidos de la coalición de gobierno anterior (la CDU, su partido hermano bávaro, la CSU, y el SPD) perdieron en total 105 escaños en el Bundestag. Los votos de la CDU/CSU cayeron a solo el 33 %, un 8 % menos que en 2013 y el porcentaje más bajo desde 1949; el SPD, cuyos votos cayeron un 5 %, a solo el 20,5 %, también obtuvo sus peores resultados desde la guerra. Un partido del sistema, el Partido Democrático Libre (FDP), regresó al Bundestag con el 5,9 % de los votos, mientras que Los Verdes y el partido socialista Die Linke (La Izquierda) consiguieron mejorar ligeramente sus resultados. La sorpresa fue el avance conseguido por el partido de extrema derecha antiinmigración, el AfD, que si bien el verano anterior parecía que estaba perdiendo apoyos, en las elecciones generales obtuvo el 13 % de los votos, con lo que consiguió 94 escaños en el Bundestag. Era la primera vez en más de sesenta años que un partido abiertamente nacionalista conseguía escaños en el Parlamento federal. El éxito del AfD fue una señal de la respuesta negativa de un sector del electorado a la política del gobierno durante la crisis de los refugiados de 2015-2016. Estaba por ver cómo estos resultados afectarían a las posibilidades de reformar la zona del euro (y más en general la UE), que la elección de Macron había abierto meses antes. Era improbable que las incrementase.

Los últimos comicios europeos importantes de 2017, las elecciones generales austríacas celebradas el 15 de octubre de ese año, mostraron la continuidad de la tendencia hacia la derecha y reflejaron también el impacto duradero de la cuestión migratoria, que fue uno de los temas principales de la campaña, más incluso de lo que lo había sido en Alemania. En este sentido, Austria se parecía menos a Alemania que a su vecino del este, Hungría, y a otros países de Europa central. Los más beneficiados en las elecciones fueron los partidos de la derecha, el Partido Popular Austríaco (ÖVP), conservador, que obtuvo el 31,5 % de los votos, y el Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), de extrema derecha, con el 26 %. Los dos juntos incrementaron su porcentaje de votos un 13 %. Durante la campaña, ambos partidos habían criticado con dureza la llegada de migrantes desde los Balcanes. El Partido Popular, encabezado por el líder de un partido más joven de Europa, el telegénico y carismático Sebastian Kurz, de treinta y un años, había virado hacia la derecha al abordar la cuestión migratoria, atacando al «islam político» y prometiendo poner fin a la inmigración irregular. La retórica del Partido de la Libertad era totalmente intransigente. Su líder, Heinz-Christian Strache, declaró que no quería «una islamización de su patria». El 18 de diciembre, Kurz y Strache llegaron a un acuerdo para formar un gobierno de coalición de derechas. Las protestas fueron silenciosas. Austria estaba siguiendo la tendencia hacia la derecha antiinmigración común a gran parte de Europa.

Obviamente, todas las elecciones nacionales tienen características específicas, pero a medida que 2017 tocaba a su fin las elecciones alemanas y austríacas se sumaron, a su manera, a una tendencia que se podía apreciar en toda Europa y en la elección de Donald Trump en Estados Unidos. Esta tendencia, preocupante para la futura estabilidad social y política, era el ascenso de los movimientos populistas «de fuera del sistema» (principalmente de derechas). Fueron capaces de aprovechar la indignación que sentían amplios sectores de votantes contra los partidos tradicionales, a los que consideraban ineptos, inadecuados o a veces corruptos. No está claro si este serio desafío al «sistema» alterará de manera duradera el paisaje político o remitirá paulatinamente si mejoran las condiciones económicas.

Las elecciones que acaparan momentáneamente los titulares suelen tener una importancia pasajera. Lo que quedará, para preocupar a los políticos en el poder, e inevitablemente tendrá un impacto vital en las futuras generaciones europeas son las consecuencias de las interconectadas tendencias a largo plazo que son el legado del pasado reciente de Europa y de acontecimientos globales más amplios. Estas tendencias sugieren que la nueva época de inseguridad podría durar mucho tiempo.

Sin duda, el mayor desafío, aunque a una escala mundial, no solo europea, es frenar la autodestrucción provocada por el cambio climático. Algo parecido a un consenso internacional para ralentizar y, en última instancia, detener nuevos daños a largo plazo con consecuencias potencialmente devastadoras, una tarea de generaciones, se consiguió finalmente en los acuerdos de París de 2015, que solo dos años más tarde serían saboteados por el presidente Trump. La razón prevalecerá, posiblemente, aunque solo sea al final del mandato de Trump, y quizá Estados Unidos, un socio tan vital, regrese a la convención sobre el control del clima para desempeñar un importante papel en la protección del medioambiente. Se lograrán progresos incluso sin la participación estadounidense, aunque a un ritmo más lento, y lo más probable es que China aproveche el vacío dejado por Estados Unidos. Los países más ricos de Europa ya están a la vanguardia de las iniciativas para contrarrestar el cambio climático. Sin duda, harán más para desarrollar las energías renovables (y beneficiarse económicamente con ello). La transición a una economía con bajas emisiones de carbono no es opcional, es imprescindible para el bienestar futuro de la sociedad. No obstante, evitar nuevos daños al continente (y al planeta) en interés de las generaciones venideras es una carrera contra el tiempo.

Si no se desarrollan con celeridad fuentes de energía renovable, el problema de la energía podría convertirse en un problema aún mayor para los gobiernos europeos y dar lugar a conflictos. El carbón, la materia prima de la revolución industrial, desempeña ahora un papel menor en el suministro de energía de la mayoría de los países europeos, pero el petróleo depende mucho de la producción de Oriente Medio, una de las regiones más devastadas por la guerra y de las más inestables del mundo. El persistente apoyo de Occidente a Arabia Saudí, pese a su terrible historial en materia de derechos humanos y de financiación del terrorismo, se debe en buena medida a que este país, uno de los pocos de Oriente Medio que de momento (esto podría cambiar) no padece ningún tumulto interno devastador, es crucial para la distribución internacional del petróleo. Para algunas partes de Europa (incluida Alemania), el suministro de petróleo y de gas depende de un modo alarmante de la dudosa buena voluntad de Rusia. La energía atómica, tras las catástrofes de Chernóbil en los años ochenta y, más recientemente, en marzo de 2011, de Fukushima, en Japón, ha perdido su anterior encanto y es rotundamente rechazada por los ciudadanos de algunos de los principales países europeos. Entretanto, tras su desarrollo en Estados Unidos, la introducción más reciente del fracking para extraer gas y petróleo de las rocas de esquisto situadas a mucha profundidad bajo la superficie de la tierra es sumamente controvertido por sus perjuicios ambientales y el posible aumento de la probabilidad de que se produzcan terremotos. Los países europeos están aplicando diferentes políticas energéticas en función de las prioridades nacionales, pero individual y colectivamente se enfrentan al problema de garantizar en el futuro el suministro energético si las viejas fuentes fallan o son descartadas políticamente y no se encuentran y desarrollan con rapidez nuevas fuentes de energía renovable. Es una de las tareas futuras más urgentes de Europa.

El cambio demográfico afecta a todos los países, pero no está sometido al control gubernamental. No se puede detener, pero hay que gestionarlo. No obstante, plantea importantes problemas para el futuro. Tras décadas con tasas de natalidad bajas o decrecientes, en la mayor parte de Europa los niveles de población necesarios para que las economías crezcan solo pueden mantenerse gracias a la inmigración. Hace falta una mano de obra más joven para obtener los ingresos fiscales necesarios para pagar las pensiones públicas durante mucho más tiempo del previsto cuando se creó el estado de bienestar, ya que la gente vive más tiempo y disfruta de períodos de jubilación más largos. La esperanza de vida se ha beneficiado de los extraordinarios avances de la medicina en las décadas recientes, mientras que la finalización del mapeo genético en 2003 es muy probable que con el tiempo permita eliminar más causas de muerte temprana. Sin embargo, el envejecimiento demográfico sobrecarga los servicios de salud y sociales, que se vuelven cada vez más caros y sometan a mayor presión a las finanzas nacionales. Mientras los estados buscan maneras de contener el gasto público, los servicios públicos se deterioran y con ello las razones para una mayor insatisfacción social o malestar.

En las últimas décadas, la migración, sobre todo por razones económicas desde el sur y el este más pobres al norte y el oeste más ricos, ha aumentado exponencialmente, en particular tras la caída del comunismo y la intensificación de la globalización a partir de 1990. En los últimos años se ha disparado el número de refugiados que huyen de la guerra en Oriente Medio y en zonas de África, sobre todo debido a la chapucera intervención de la OTAN en Libia. Con unos desequilibrios de la riqueza y los niveles de vida tan grandes, y dado que es mucho más fácil desplazarse entre continentes, no es probable que la importancia del desafío de la migración vaya a disminuir para las generaciones futuras. En realidad, a medida que aumenta la población de las zonas más pobres del mundo mientras, en términos relativos, las poblaciones autóctonas de Europa disminuyen, es probable que en las próximas décadas la presión migratoria se intensifique mucho. De hecho, podría ser el mayor desafío a la cohesión de las sociedades europeas.

El multiculturalismo no tiene por qué dar lugar al peligroso «choque de civilizaciones» de la controvertida predicción que hizo Samuel Huntington en los años noventa, pero no puede descartarse la posibilidad de que en las próximas décadas se produzca un inquietante choque de culturas. En fecha más reciente, Ivan Krastev ha sugerido que la crisis migratoria tan fuerte de 2015-2016 amenaza con provocar la desintegración de la Unión Europea. Afirma que, tras la crisis migratoria, «Europa está sufriendo una crisis de identidad en la que sus legados cristiano y de la Ilustración ya no son tan firmes». Sea cual sea la verdad de esta afirmación, es probable que el desafío de la migración a un sentimiento de identidad europea arraigado (y, dentro de Europa, a la identidad de cada estado nación) crezca inconmensurablemente. También es probable que aumente la intolerancia, sobre todo con las personas de otros colores y culturas. Las perspectivas de armonía y cohesión social serán, como consecuencia de ello, menos halagüeñas.

Las posibilidades de que crezca el malestar social también se ampliarán si las sociedades europeas no afrontan un importante desafío: la vasta y creciente disparidad de la riqueza y los ingresos. Todos los indicadores demuestran que en las últimas décadas la brecha de los ingresos se ha ampliado. Los beneficios de la globalización fueron enormes, pero su distribución no fue ni equitativa ni justa. Mientras algunos, más obviamente en el sector financiero, pudieron aumentar muchísimo sus ingresos, los no cualificados en particular pasaban a engrosar las filas, cada vez mayores, de quienes carecían de las capacidades, las competencias o el talento para beneficiarse de ella. Y a medida que el éxito económico se volvía cada vez más implacable, las sociedades perdían el sentido de la responsabilidad colectiva para con los más desfavorecidos. El aumento de la competitividad económica, los intentos de reducir el papel del estado y los recortes del gasto público, principalmente para pagar las consecuencias de la crisis financiera, han contribuido a minar el sentido comunitario de la experiencia, la responsabilidad y la propiedad que era más común en las primeras décadas de la posguerra.

La globalización ha incrementado mucho el individualismo, una tendencia que comenzó en los años setenta si no antes. La elección individual de los productos que se adquieren, los patrones de gasto y los estilos de vida se ha ampliado enormemente. Esto es algo positivo en muchos sentidos (dejando aparte las posibilidades de manipulación de los gustos y adquisiciones de los consumidores por una publicidad sofisticada), pero en el proceso ha disminuido el sentido del deber para con una comunidad más allá del individuo. Nada hace pensar que esta tendencia vaya a invertirse. Las formas tradicionales de la sociedad de clases, relacionadas con el trabajo y la producción industrial, apenas existen ya; tampoco los niveles generales de vida bajos o mediocres que hacían que, mientras Europa se recuperaba de la segunda guerra mundial, las personas se unieran en lugar de apartarse. El individualismo posindustrial todavía exige mucho al estado (sobre todo cuando las cosas van mal). Al mismo tiempo, pretende reducir el papel del estado y está a favor, en general, de bajar los impuestos en vez de subsidiar a los más desfavorecidos mediante un aumento de la presión fiscal. Solo Escandinavia (que tiene algunas de las sociedades más estables y satisfechas) sigue ampliamente un modelo de elevada presión fiscal y amplia redistribución de la renta. Es un modelo que, pese a su éxito en los países escandinavos, es evidente que no es fácil de transferir a otros lugares.

Es probable que el problema de la futura cohesión social se vea agravado por otro importante desafío que repercute en muchos de los otros asuntos serios a los que se enfrentará Europa en las próximas décadas: la difusión de la automatización. La tecnología informática ha tenido un impacto revolucionario en Europa (como en el resto del mundo), sobre todo en el último cuarto de siglo aproximadamente. En general, ha reportado beneficios inimaginables a la sociedad, pero en la mayor parte de los empleos está yendo muy lejos y haciendo que, como mínimo, parte de la mano de obra sea innecesaria. En todos los sectores de la economía, la intensificación de la competencia promovida por la globalización ha llevado a reducir los costes mediante el uso de la automatización. Esto se aplica al sector de los servicios, que tanto se ha expandido desde los años setenta, al igual que a las finanzas, la construcción y las industrias manufactureras. Por ejemplo, los bancos pueden recortar drásticamente el número de empleados porque los cajeros automáticos y la banca online han reducido la necesidad de las sucursales que antes eran tan visibles en todas las calles principales. En los aeropuertos se espera que los pasajeros usen la tecnología informática para conseguir las tarjetas de embarque y facturar el equipaje, lo que reduce la necesidad de personal aeroportuario. En otros tiempos en la industria automovilística eran habituales las plantas que empleaban a decenas de miles de trabajadores, pero los automóviles modernos pueden fabricarse con una ínfima parte de la mano de obra necesaria antes de la revolución tecnológica y de la robótica. Estos ejemplos se multiplicarán e intensificarán en los próximos años. En muchos ámbitos de la economía será más barato emplear a robots que a humanos. Es probable que en las próximas décadas sea un importante problema político, social y económico cómo emplear a grandes sectores de la población. El aumento de la productividad tendrá que ser impresionante para mantener a poblaciones que trabajan menos horas, piden más tiempo y exigen más de unos servicios sociales reducidos. Los políticos apenas han empezado aún a pensar en cómo cuadrar este círculo.

Un último desafío inmenso, que ha estado cada vez más presente en los últimos años, es el de la seguridad. La seguridad era antes una preocupación casi por completo nacional. La primera tarea de un estado nación era proteger a sus ciudadanos, pero la globalización, las facilidades para viajar, la rapidez de los transportes y, sobre todo, la tecnología informática han convertido la seguridad nacional en una cuestión de importancia transnacional primordial. Las fronteras no constituyen una barrera para el terrorismo internacional. Así pues, las medidas de seguridad también deben traspasar las fronteras de los estados nación. En realidad, la lucha contra el crimen a escala internacional no es nada nuevo. Comenzó en serio en los años veinte con la creación de la Interpol (que se restableció al final de la guerra y ahora tiene casi doscientos miembros), pero a medida que la delincuencia internacional y las redes terroristas se han extendido y sus métodos se han vuelto muchísimo más sofisticados, es indispensable no solo la mejora de la labor de la Interpol, sino también la transferencia habitual de datos relacionados con la seguridad entre los servicios de inteligencia. La organización de atentados terroristas a través de las redes sociales en internet se ha convertido en una cuestión central para los servicios de inteligencia de todos los países europeos. Otra es la creciente prevalencia de ataques cibernéticos que ponen en riesgo la base de la civilización al bloquear, suspender o destruir instalaciones vitales, como redes de energía o sistemas de salud, o al acceder a bases de datos de seguridad militar sumamente sensibles. Los delitos cibernéticos, sean del tipo que sean, solo se pueden evitar o frustrar mediante la cooperación internacional compartiendo información a una escala sin precedentes.

Inevitablemente, los problemas de seguridad han generado una inmensa expansión de la vigilancia a ciudadanos corrientes por las redes de inteligencia. En las sociedades libres existe una evidente tensión entre los niveles de seguridad necesarios para proteger a los ciudadanos y la invasión de la privacidad y la confidencialidad de esos ciudadanos con métodos de vigilancia intrusivos. Cómo proteger los datos para que nos sean recopilados innecesariamente, mal utilizados o hackeados por delincuentes, y cómo pueden protegerse las personas de los algoritmos informáticos que detectan dónde están, quiénes son sus amigos y qué estilos de vida eligen, son cuestiones importantes en las que la libertad tropieza con las técnicas de vigilancia del estado moderno y de las grandes empresas informáticas. Todo el mundo quiere seguridad. Sin embargo, ¿qué precio está la sociedad dispuesta a pagar por la pérdida de privacidad? De una forma u otra, la sociedad vigilada tipo Gran Hermano de 1984, de George Orwell, está mucho más cerca.

¿Hasta qué punto está preparada Europa para enfrentarse a este aluvión de problemas graves? «Europa», en este sentido, significa la Unión Europea. Rusia y Turquía tienen sus propias prioridades y seguirán políticas independientes. Gran Bretaña, para bien o, más probablemente, para mal, está a punto de seguir su propio camino. Otros estados fuera de la Unión Europea, por ejemplo los de los Balcanes, afrontarán estos problemas sin redes de apoyo internacional importantes. Cada uno de estos inmensos desafíos exige una respuesta que en muy buena parte depende de la cooperación internacional. El estado nación, la forma política que surgió triunfante en el siglo XIX y a punto estuvo de destruirse a sí misma en la primera mitad del XX, no dispone de las herramientas para gestionar los problemas de manera individual. Sin embargo, la Unión Europea, que surgió gradualmente de la necesidad reconocida de mayor cooperación, integración y unidad, sigue siendo un proyecto en curso, un importante logro, sin duda, pero una institución con muchos fallos y deficiencias. Tal como están las cosas a finales de 2017, sus condiciones distan de ser las óptimas para afrontar los importantes desafíos que tiene por delante. Al menos queda la esperanza de que Francia y Alemania aporten el dinamismo necesario para acometer importantes reformas estructurales. Y la inminente marcha de Gran Bretaña, por muy lamentable que otros estados miembros consideren su decisión de irse, en la práctica podría tener el efecto de consolidar la UE y acelerar su reforma.

¿Cómo será la reforma? Los engranajes y cigüeñales de la gran «fábrica de compromisos» se mueven con lentitud. El sistema no está diseñado para la velocidad o el dinamismo, sino para impedir que domine una única potencia. Alemania ha evolucionado, por defecto, hasta alcanzar la posición de liderazgo, pero se muestra reacia a liderar. Los países más pequeños desconfían de ceder poder a Alemania y ven con cierta inquietud la posible renovación del motor franco-alemán. Desde la creación en 1974 del Consejo Europeo de jefes de Estado o de Gobierno de los países miembros, los representantes de los Estados nación se han convertido en el órgano más potente de la Unión Europea, aunque sus tendencias centrífugas quedan limitadas por las inclinaciones centralizadoras de la Comisión y el Parlamento. Las dificultades para lograr una solución y pertrechar a la Unión Europea para los desafíos que tiene por delante al tiempo que satisface las demandas, a menudo contradictorias, de los veintisiete estados miembros, son desalentadoras.

En teoría, una posible solución sería algo de lo que se ha hablado mucho pero siempre ha parecido poco realista: unos Estados Unidos de Europa federales, con un gobierno central y un Parlamento, su propia política de defensa y exterior, plenos poderes presupuestarios y fiscales, similares en su configuración a Estados Unidos de América. Parece muy improbable que eso vaya a ocurrir, al menos en un futuro próximo y probablemente nunca. Los estados de Europa no son en modo alguno como los estados que forman la unión federal estadounidense. Al final, todos ellos, aunque rara vez haya una contradicción total, valoran más su propio interés y su identidad nacional que su europeísmo. Esto es cierto también en el caso del país más poderoso e influyente de la Unión Europea, Alemania. A Alemania le resulta muy conveniente la forma actual de la UE con la zona del euro en su centro. Alemania se ha beneficiado de la zona del euro más que ningún otro país y es el actor dominante en la compleja política de la Unión Europea. Pese a lo mucho que se ha hablado de la muy necesaria reforma, algo que desde el comienzo de la crisis financiera de 2008 ha ido in crescendo, es cuestionable que Alemania busque de verdad una reforma fundamental y que, en cualquier caso, sea posible, en vista de los intereses diversos y muchas veces en conflicto de los estados miembros.

El legado del pasado, aún formado abrumadoramente por los recuerdos de la guerra, la ocupación y el Holocausto, tiene una importancia de primer orden a la hora de conformar las identidades nacionales de un modo que no tiene equivalencia en Estados Unidos. Así pues, la Unión Europea, probablemente por tiempo indefinido, tendrá que seguir siendo una entidad política menos cohesionada mientras desarrolla mayores competencias colectivas y acelera la toma de decisiones para afrontar crisis tanto inmediatas como a largo plazo. Es muy posible que, como se ha sugerido a menudo, podría acabar concretándose una Europa a dos o múltiples velocidades, o una Unión Europea con círculos concéntricos de diferentes niveles de integración, aunque una propuesta como esta se enfrente a sus propios problemas acuciantes de aplicación. Una especulación razonable es que, a lo largo de la próxima década, quizá un poco más, la UE tendrá, en esencia, una apariencia muy similar a la actual.

Las presiones externas en torno a Europa confieren especial importancia a una mayor integración y rapidez para actuar en los asuntos internacionales y de defensa. A finales de mayo de 2017 la canciller alemana Angela Merkel lo insinuó cuando, tras una reunión de las principales naciones industriales del G7 a la que asistió el presidente Trump, comentó que «Nosotros los europeos debemos tomar nuestro destino en nuestras manos» y añadió que «en cierto modo la época en que podíamos confiar plenamente en otros ha llegado a su fin». Pese a formularlo con prudencia, apunta a una mayor integración en las políticas exterior y de defensa. Ha surgido un modesto intento de resucitar una capacidad militar conjunta europea (más de medio siglo después de que se hubiera propuesto el plan anterior de crear una Comunidad Europea de Defensa que después fue vetado por los franceses), concebida para complementar el papel de la OTAN en la defensa europea. Es probable que con el tiempo a ella le siga un ministro europeo de Exteriores, con mayores competencias de las que posee actualmente el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (cuyo mandato en la práctica es limitado, ya que la política exterior está celosamente protegida por cada uno de los estados miembros).

El legado de la segunda guerra mundial, junto con la experiencia de décadas de paz y prosperidad, garantizadas a Europa occidental en las cruciales décadas de la posguerra por el poder militar estadounidense, han convertido a Europa en un continente en esencia pacífico. Gran Bretaña y Francia, las antiguas potencias imperialistas, son los países más dispuestos a involucrarse en conflictos externos (aunque en los últimos años ambas han reducido sustancialmente sus fuerzas armadas y solo están equipadas para participar en operaciones multinacionales). La mayoría del resto es muy lenta y reacia a considerar el uso de la fuerza militar. Ha sido un avance muy bien recibido. Nadie imagina que pueda estallar una gran guerra entre las democracias europeas. Los valores civiles han sustituido a los militares. Un regreso a la beligerancia y la agresión dentro de Europa que desembocaron en dos catastróficas guerras mundiales es hoy inimaginable. La conmoción causada por el estallido de la violencia en el este de Ucrania fue, por tanto, mucho mayor. Fue un recordatorio de que, aunque es muy improbable que en Europa estalle una guerra cuyo origen sea uno de los países que conforman la Unión Europea, podría venir de fuera. Es imposible saber cómo evolucionarán las rivalidades entre las superpotencias en una posguerra fría, pero las futuras relaciones entre Estados Unidos, China y Rusia podrían degenerar en un conflicto, tal vez incluso en una guerra nuclear, que en algún momento podría afectar a Europa. La península de Corea, donde se produjo la primera confrontación de la guerra fría, podría ser el foco de tensión que derivara en un futuro conflicto global. La Unión Europea necesita, como mínimo, desarrollar la capacidad para responder con rapidez y unidad a los peligros externos que pudieran surgir.

Está por ver si los arraigados intereses creados de los estados miembros permitirían un cambio estructural profundo en el seno de la Unión Europea. «Más Europa», es decir, adoptar medidas para lograr una mayor unión política, podría ser, lógicamente, lo necesario. Otra cuestión es que políticamente sea factible. La toma de decisiones europea tiende a ser vista cada vez más como el asunto de unas élites desconectadas de las preocupaciones de la masa de la población. Los escándalos de corrupción han contribuido a socavar la confianza en los políticos; los escándalos de pederastia han erosionado la confianza en las iglesias cristianas y en otras instituciones; los escándalos de encubrimiento relacionados con la policía han dañado la confianza en las fuerzas del orden. No es de sorprender que haya disminuido el respeto por quienes ocupan cargos de poder. La confianza en los principales pilares de la vida democrática se encuentra posiblemente en sus niveles más bajos de todos los tiempos. La difusión de las redes sociales ha proporcionado un potente vehículo para la expresión de la ira popular contra «el sistema». La democracia, y la separación de poderes en la que se basa, corren peligro. Las medidas para conceder a los gobiernos mayores poderes ejecutivos, como se ha visto en Hungría, Polonia y Turquía, por ejemplo, se sirven de la democracia pluralista para socavar los cimientos democráticos. El uso de referendos para determinar las políticas es en sí mismo un reflejo de una tendencia a alejarse de la democracia representativa y optar por la plebiscitaria. Con ello, las posibilidades de manipulación, de apelar a las emociones frente a la racionalidad, han aumentado considerablemente.

El ascenso de los partidos nacionalistas xenófobos o de los partidos regionales separatistas refleja en buena medida el paso de una política institucional «elitista» a la movilización política de base. Marca también el auge de las políticas identitarias, un rasgo cada vez más reconocible en Europa desde los años ochenta. No es probable que este fenómeno, que desde la quiebra financiera de 2008 ha cobrado fuerza, pierda importancia. Su expresión no está confinada a los partidos de derecha, como han demostrado el apoyo democrático, en buena medida izquierdista, a la independencia de Escocia y, en el otoño de 2017, el referéndum (considerado ilegal por el gobierno español y otros) a favor de la independencia de Cataluña. En estos casos, la existencia histórica de estados nación independientes, aunque fuera hace mucho tiempo, ofrece una base identitaria que los políticos nacionalistas pueden aprovechar para presionar a favor de la segregación y con la esperanza de obtener ventajas económicas. Las secuelas políticas y económicas de la crisis financiera han incrementado esa oportunidad. No obstante, en su mayor parte las políticas identitarias son un dominio de la derecha. Las bases de apoyo nacionalista extremista siguen siendo grandes. La creciente incidencia de los delitos desencadenados por el odio racial y el detestable contenido xenófobo que se vierte a diario en internet atestiguan la prevalencia de mentalidades que, aunque sean las de una minoría de la población, constituyen una amenaza para los valores liberales en los que en las últimas décadas se ha basado la democracia moderna.

Europa ha cambiado radicalmente a lo largo de las décadas transcurridas desde la segunda guerra mundial. Se ha convertido en un continente de democracias, aun aceptando que algunas de ellas son poco más que una fachada de formas de autoritarismo. Se ha convertido en un continente de sociedades civiles en las que, contrastando diametralmente con la primera mitad del siglo XX, el ejército desempeña un papel pequeño en la política interna, lo que incrementa mucho las posibilidades de estabilidad democrática. Ha aprendido, pese a las dificultades, las tensiones y las frustraciones, a cooperar y negociar, a no recurrir a la fuerza militar para resolver los problemas. Y tiene en su centro, como el país más poderoso e influyente, a una Alemania pacífica e internacionalista: el mayor contraste imaginable con la Alemania que en los años treinta y cuarenta pisoteó los derechos humanos y a punto estuvo de destruir la civilización europea. Europa combatió por su libertad y ganó. Ha logrado una prosperidad que es envidiada en la mayor parte del mundo. Su búsqueda de la unidad y de un claro sentimiento de identidad prosigue.

Es imposible saber qué sucederá en las próximas décadas. La única certeza es la incertidumbre. La seguridad seguirá siendo el sello distintivo de la vida moderna. Las vueltas y giros, los altibajos que han caracterizado la historia de Europa, seguramente continuarán.

* BIBLIOGRAFÍA

He seguido aquí el mismo planteamiento que utilicé para la bibliografía de Descenso a los infiernos. He limitado esta lista a las obras que me han ayudado a escribir este libro. Salvo en algunos casos excepcionales, he omitido las monografías de investigación especializadas, los ensayos en publicaciones académicas y las obras de ficción. El asterisco indica aquellas obras de las que he extraído algunas citas breves.

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Ilustraciones

1. Manifestantes de la Campaña para el Desarme Nuclear, que querían «prohibir la bomba», atraviesan Londres de camino a la base de investigación nuclear de Aldermaston, situada a unos ochenta kilómetros de distancia, el 7 de abril de 1958. La marcha se convirtió en un acontecimiento anual y la CND se popularizó con rapidez y contribuyó a inspirar manifestaciones contra las armas nucleares en otras partes de Europa occidental.

2. Una multitud de curiosos observa en Berlín Occidental los tanques del ejército soviético en el Checkpoint Charlie el 17 de junio de 1953. Ese día, el ejército soviético podría haberse desplegado para sofocar la revuelta popular contra el régimen de Alemania Oriental, que amenazaba con socavar el dominio comunista.

3. El ministro de Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman (derecha), y el canciller de Alemania occidental, Konrad Adenauer, dos de los principales artífices de la Europa occidental de posguerra, se reunieron en París el 21 de noviembre de 1951. La amistad franco-alemana fue la base de lo que acabaría concretándose en la Comunidad Económica Europea (y finalmente en la Unión Europea).

4. Lágrimas de las mujeres de Moscú en el funeral de Stalin el 9 de marzo de 1953. Un gran número de ciudadanos acudió, con un frío espantoso, a llorar la muerte de su antiguo líder. Para muchos ciudadanos soviéticos, Stalin era un gran héroe de guerra, no un cruel dictador.

5. Josip Broz Tito, el presidente de Yugoslavia, saluda al líder soviético Nikita Jruschov a su llegada a Belgrado en 1963. La ruptura de relaciones entre Yugoslavia y la Unión Soviética, vigente desde 1948, se había reparado oficialmente en 1955.

6. Un tanque soviético y un edificio de Budapest destruidos por los combates durante la revolución húngara de 1956. La brutal represión soviética de la insurrección conmocionó a Occidente y dañó gravemente la imagen de la Unión Soviética entre antiguos admiradores, muchos de los cuales se dieron de baja de los partidos comunistas occidentales.

7. Harkis argelinos, que por haber trabajado para el régimen colonial francés tuvieron que huir de la Argelia independiente, llegan a un campo de refugiados en Rivesaltes, en el sur de Francia, el 16 de septiembre de 1962.

8. El intelectual más prominente de Francia en esa época, el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, y su compañera Simone de Beauvoir, que influyó mucho en el incipiente movimiento feminista, el 22 de octubre de 1963 durante una visita a Roma.

9. Little Richard, una estrella de la fiebre por el rock and roll que se extendió por Europa en la segunda mitad de los años cincuenta, durante su gira europea en 1962. En ella actuó algunas veces con los Beatles, por entonces un grupo poco conocido que algunos meses después se convertiría en un fenómeno mundial.

10. Un símbolo del Swinging London de mediados de los años sesenta: una minifalda en Carnaby Street. La tienda de ropa femenina junto a la moderna boutique todavía no se había adaptado a las últimas modas.

11. Riqueza a mediados de los años sesenta en Francia: una hilera de automóviles Citroën DS en un concesionario en los Campos Elíseos de París.

12. Mayo de 1968 en París. La policía se enfrenta con material antidisturbios a los estudiantes durante las manifestaciones multitudinarias. Durante un breve período de tiempo, la propagación del malestar pareció amenazar la estabilidad del gobierno. En 1968 hubo manifestaciones estudiantiles importantes en muchos países, no solo de Europa. Al igual que en Francia, en Italia y Alemania Occidental se organizaron grandes manifestaciones.

13. El líder soviético Leónidas Breznev es recibido con sonrisas y flores en Bratislava el 3 de agosto de 1968. El presidente de la República Checa, Ludvik Svoboda, da la mano a Breznev. Un sonriente Alexander Dubček, primer secretario del Partido Comunista de Checoslovaquia (derecha), espera para entregar otro ramo. En la segunda fila puede verse a Alekséi Kosygin, el primer ministro soviético (izquierda), Nikolái Podgorni, presidente del Presidium del Sóviet Supremo (detrás de Breznev) y Oldřch Černík, el primer ministro de Checoslovaquia (detrás de Dubček).

14. Menos de tres semanas después de la falsa demostración de amistad en Bratislava, durante la noche del 20 al 21 de agosto de 1968 tropas del pacto de Varsovia invadieron Checoslovaquia. En la imagen, dos jóvenes ondean una bandera encima de un tanque soviético abandonado en Praga mientras un vehículo arde cerca. No obstante, la rebelión fue rápidamente aplastada por el ejército.

15. El canciller de Alemania Occidental Willy Brandt se arrodilla ante el monumento en Varsovia (Polonia) el 7 de diciembre de 1970 para homenajear a las víctimas judías asesinadas por los nazis durante el levantamiento del gueto en 1943. Brandt procuró, mediante una nueva política con los países de Europa oriental (Ostpolitik), mejorar las relaciones de Alemania occidental con el antiguo bloque soviético.

16. Un cartel suizo contra el derecho a voto de las mujeres. Un referéndum celebrado el 7 de febrero de 1971 otorgó por fin a las mujeres el derecho a voto en las elecciones federales, aunque tendrían que pasar otros veinte años antes de que el último cantón permitiera a las mujeres votar en las elecciones locales.

17. Una multitudinaria manifestación de trabajadores en Lisboa el 1 de mayo de 1974. Unos días antes, el 25 de abril, la Revolución de los Claveles había acabado pacíficamente con el régimen autoritario que había durado casi medio siglo en Portugal.

18. Turcos en 1980 en la gran ciudad siderúrgica de Duisburgo, en el distrito del Ruhr, en el noroeste de Alemania. En los años sesenta, un gran número de Gastarbeiter («trabajadores invitados») turcos había empezado a llegar a Alemania Occidental para paliar la escasez de mano de obra en la pujante economía. Las expectativas iniciales de que más tarde regresarían a sus países de origen no eran realistas. Los Gastarbeiter, como los inmigrantes en otras partes de Europa, tuvieron que enfrentarse a los prejuicios y la discriminación, sobre todo en los primeros años.

19. Una mujer camina nerviosa sobre los escombros en el centro de Belfast, Irlanda del Norte, el 21 de julio de 1972 después de un atentado del IRA. Ese día el IRA detonó al menos veintidós bombas en la ciudad, que mataron a nueve personas e hirieron a ciento treinta.

20. Una multitud asiste en Varsovia el 6 de febrero de 1979 a la misa celebrada por el papa Juan Pablo II a su regreso a Polonia. La visita del papa fortaleció mucho los vínculos entre la identidad nacional polaca y el catolicismo, debilitando considerablemente con ello la lealtad al régimen comunista.

21. Lech Wałęsa (centro) entre los trabajadores en huelga de los astilleros de Gdańsk en agosto de 1980. Exigían sindicatos libres, el derecho a la huelga y libertad de prensa.

22. El presidente francés François Mitterrand y el canciller de Alemania Occidental Helmut Kohl muestran simbólicamente la reconciliación y la amistad el 25 de septiembre de 1984 en un homenaje ante el monumento en Douaumont erigido a los caídos en la batalla de Verdún en 1916.

23. El mandatario soviético Mijaíl Gorbachov conversa con Margaret Thatcher, la primera ministra británica, durante su visita a Moscú a finales de marzo de 1987. Pese a sus diferencias ideológicas, se llevaban bien y mantuvieron una buena relación de trabajo desde su primer encuentro en Londres en 1984.

24. Centenares de miles de personas se manifiestan en Leipzig bajo la lluvia contra el régimen de Alemania Oriental el 6 de noviembre de 1989, tres días antes de la caída del Muro de Berlín. Las manifestaciones de los lunes en Leipzig habían crecido enormemente desde que comenzaran a principios de septiembre y ejercieron una presión cada vez mayor a favor de un cambio radical del régimen.

25. Un hombre sostiene una bandera rumana, de la que ha eliminado el símbolo comunista del centro, en un balcón de la plaza del Palacio, en Bucarest, en diciembre de 1989. Los tanques en la plaza son una señal de que en Rumanía la revolución de 1989 distó mucho de ser pacífica.

26. Oposición al tratado de Maastricht en Provenza en 1992. En un referéndum celebrado en septiembre, los franceses aprobaron por un margen mínimo ratificar este tratado.

27. La artillería de las fuerzas serbias alcanza unas casas en los suburbios de Sarajevo el 6 de junio de 1992. Millares de civiles murieron o resultaron heridos durante el cerco de la ciudad que había comenzado en abril y duraría casi cuatro años.

28. El primer ministro ruso, Vladimir Putin (izquierda), entrega al presidente Boris Yeltsin un ramo de flores en una ceremonia de despedida en el Kremlin el 31 de diciembre de 1999. Yeltsin había anunciado de repente su dimisión inmediata y designó a Putin para que ejerciera como presidente en funciones hasta las elecciones de marzo de 2000. Putin se apresuró a decretar que Yeltsin y su familia no tuvieran que enfrentarse a acusaciones de corrupción.

29. Una multitud en Madrid protesta el 13 de marzo de 2004 por la negativa del gobierno español a responsabilizar a Al Qaeda, en lugar de a los separatistas vascos, de los atentados perpetrados en los trenes de cercanías dos días antes en los que murieron cerca de doscientas personas y resultaron heridas unas dos mil. Los carteles exigiendo paz iban dirigidos al gobierno conservador, que había metido España en la guerra de Irak. Las elecciones generales celebradas al día siguiente se saldaron con la derrota del gobierno. Antes de finales de abril, el nuevo gobierno socialista retiró las tropas españolas de Irak.

30. Un enfrentamiento violento entre la policía y manifestantes furiosos en Atenas durante la huelga general del 24 de febrero de 2010. La huelga fue convocada para protestar por las draconianas medidas de austeridad aprobadas por el gobierno para intentar contener la gravísima crisis financiera y evitar la quiebra económica del país.

31. Unos doscientos mil ucranianos, que protestan contra la decisión del gobierno de cancelar el acuerdo de asociación previsto con la Unión Europea, encienden antorchas eléctricas y teléfonos durante una manifestación masiva en la plaza de la Independencia de Kiev el 31 de diciembre de 2013.

32. Un policía turco retira con delicadeza del mar el cadáver de un niño sirio de tres años de edad, Aylan Shenu, en Bodrum, en el sur de Turquía, el 2 de setiembre de 2015, después de que un barco con migrantes se hundiera cuando intentaba llegar a la isla griega de Cos. La imagen llegaría a simbolizar en todo el mundo la terrible tragedia humana de la crisis de los refugiados.

IAN KERSHAW (Oldham, Inglaterra, 1943). Es un historiador británico. Sus investigaciones y biografías sobre Adolf Hitler y el Tercer Reich le valieron un importante reconocimiento como historiador: miembro de la Academia Británica y ordenado caballero en 2002.

Estudió en el St. Bede’s College, Manchester y en las universidades de Liverpool y Oxford. Comenzó como medievalista, pero más tarde se volcó sobre el estudio de la historia alemana. Es profesor en la Universidad de Sheffield, y fue el discípulo más importante del historiador de la RFA Martin Broszat. Como profesor de Historia Medieval de Manchester, Kershaw aprendió alemán para estudiar el campesinado alemán en la Edad Media.

Kershaw trabajó como historiador de consulta en numerosos documentales de la BBC, destacando Los nazis: una advertencia de la Historia y La guerra del siglo.

En 1972, luego de un viaje a Baviera decide abocarse a la historia moderna de Alemania. Como resultado de esa visita, Kershaw se interesó en aprender cómo y por qué la gente corriente de Alemania podría apoyar el nacionalsocialismo.

Como resultado de este trabajo, escribió su primer libro sobre la Alemania nazi, El mito de Hitler: imagen y realidad en el Tercer Reich, que sería publicado en alemán por primera vez en 1980.

Entre otras publicaciones en castellano encontramos: Hitler 1889-1936 (1999); La dictadura nazi. Problemas y perspectivas de interpretación (2004), Hitler, los alemanes y la solución final (2009) y Descenso a los infiernos (2015).

* NOTAS

[1] Las siglas de Mutually Assured Destruction, MAD, coinciden en inglés con mad, voz que significa «loco», «demente» o «enfurecido». (N. de la e). <<

[2] Esta fue la única vez durante toda la guerra fría que sentí personalmente este miedo. Acababa de ir a la universidad, pero estaba tan preocupado por la posibilidad de que Gran Bretaña fuera objeto de un ataque nuclear, que pensé en regresar a casa para estar con mi familia. Al cabo de unos días, el peligro había desaparecido y mi temor con él. <<

[3] En el capítulo siguiente se explica por qué el autor ha elegido la metáfora del sargento, una herramienta regulable, para describir la presión ejercida por los dirigentes soviéticos. (N. de la t). <<

[4] Nuestra familia fue atípica, pues compró un televisor no para ver la coronación, sino la Final de la Copa en Wembley un mes antes, el 2 de mayo de 1953, cuando el Blackpool venció al Bolton Wanderers por 4-3 en un partido apasionante que por fin permitió al jugador inglés más famoso del momento, Stanley Matthews, conseguir la medalla de campeón de la copa a la edad de treinta y ocho años. Al parecer, la mayoría de los vecinos de la calle se apiñó en el pequeño salón de nuestra casa adosada en Oldham para ver el partido. <<

[5] En referencia a la letra de la conocida canción «My Way», de Frank Sinatra. (N. de la e). <<

[6] En 1979 asistí a una gran congreso de historiadores alemanes y británicos sobre el estado nazi. Curiosamente, ninguno de los trabajos presentados estaba dedicado al Holocausto. Solo unos años más tarde esto habría sido impensable. El primer congreso celebrado en Alemania Occidental específicamente dedicado al Holocausto no se celebró hasta 1984, casi cuatro décadas después del final de la guerra. <<

[7] Mis dos hijos (por entonces adolescentes), David y Stephen, que estaban conmigo cuando viví en Berlín Oeste en 1989-1990, figuraban entre ellos. Yo me perdí por completo los históricos acontecimientos la tarde anterior. Un estudiante estadounidense me había telefoneado para preguntarme si podía reunirme con él para hablar de su tesis doctoral, por lo que pasé la tarde del 9 de noviembre en un pub de Berlín Occidental, ajeno a lo que estaba sucediendo a un kilómetro de distancia. Cuando regresé a nuestro piso, Stephen me contó que el Muro había caído. Me dijo que su madre había telefoneado y que lo había visto todo en las noticias de las nueve de la BBC. La mañana del 10 de noviembre me llamó un amigo de Alemania Occidental para preguntarme si me apetecía ir a Berlín Este para ver qué estaba pasando allí. Fuimos, pasando los estrictos controles fronterizos de Friedrichstrasse, que todavía funcionaban como de costumbre, y nos encontramos con que apenas pasaba nada, por lo que decidimos volver a Berlín Occidental. Mientras salía de la S-Bahn, el ferrocarril subterráneo, en Bahnhof Zoo, de regreso en Berlín Occidental, un hombre corrió hacia mí y me dio un fuerte abrazo. «Herzlich willkommen im Westen. Wo kommen Sie den her?», me saludó, con entusiasmo. («Bienvenido al Oeste. ¿De dónde es?»). Cuando respondí «Mánchester, Inglaterra», me soltó como si tuviera la peste bubónica y fue corriendo a dar un enorme abrazo al siguiente que llegaba. <<

[8] Recuerdo mi sorpresa cuando, en una reunión a la que asistí en Berlín Occidental en mayo de 1990, importantes banqueros y empresarios alemanes expresaron su confianza en que los problemas económicos de Alemania Oriental se superarían en cinco años. <<