«Poder es impunidad», se sinceró Alfredo Yabrán a fines de los años 90. Tenía razón. El sistema argentino está montado para la corrupción y la impunidad. Los fiscales no investigan, los jueces no juzgan, los organismos de control no controlan, los sindicalistas no representan a sus trabajadores y los periodistas no informan. Porque así se ha ido forjando el sistema, que demuestra que los beneficios de delinquir son mayores que los costos y que se premia a los que se adaptan y se castiga a los que intentan rebelarse.

Hugo Alconada Mon, destacado periodista por la calidad y profundidad de sus investigaciones, cuenta cómo funciona ese sistema putrefacto, con nombres, fechas y datos precisos: desde cómo se financia una campaña hasta cómo se coimea en la Argentina. Y muestra el modo en que se carteliza la obra pública, se compra el silencio de los medios de comunicación y cómo se lava dinero en el país… hasta con milanesas a la napolitana. ¿Por qué habrían de querer cambiar el sistema aquellos que acumulan poder espurio y fortunas ilícitas, y quedan impunes, sean políticos, empresarios, jueces, periodistas, banqueros o sindicalistas?, se pregunta Alconada Mon. A principios de agosto, con el testimonio del chofer del exMinisterio de Planificación Federal, ese mecanismo quedó al desnudo, con funcionarios y empresarios que pactaron coimas, aportes de campaña y negocios con el Estado por miles de millones de dólares.

Como sucedió con el Mani Pulite italiano y el Lava Jato brasileño, la Argentina afronta ahora una oportunidad histórica para terminar con el sistema de corrupción e impunidad que nos azota, la raíz de todos los males.

Hugo Alconada Mon

La raíz (de todos los males)

Cómo el poder montó un sistema para la corrupción y la impunidad en la Argentina

ePub r1.0

diegoan 21.08.2021

Título original: La raíz (de todos los males)

Hugo Alconada Mon, 2018

Editor digital: diegoan

ePub base r2.1

A G. F., buen amigo.

Por empujarme al abismo.

Estudia cómo realmente se toman las decisiones, quiénes las toman y por qué deciden hacer lo que hacen. Eso es el estudio de la política y de los procesos políticos.

DARON ACEMOGLU y JAMES A. ROBINSON,

«Por qué fracasan las naciones»

Los corruptos dan de comer pan sucio.

PAPA FRANCISCO

Introducción

Veintiún años después, Alfredo Yabrán aún tiene razón.

—¿Qué es el poder? —le preguntaron.

—El poder es tener impunidad. Ser poderoso es ser un impune, un hombre al que no le llega nada —⁠respondió[1].

Porque la impunidad requiere poder.

Y el sistema argentino de poder real está montado para fomentar la corrupción y garantizar la impunidad del «círculo rojo», de la «casta», que controla las riendas del país.

Un sistema que es, en la práctica, la raíz de todos los males que afronta la Argentina, en especial durante las últimas décadas. Porque la corrupción altera las prioridades de quienes deben tomar decisiones con todo tipo de efectos nocivos. Políticos, económicos y sociales. Y la impunidad rompe con la premisa de que un castigo debe seguir al delito, alentando su repetición y subvirtiendo valores sociales. Así, quien debiera estar preso por corrupto aparece, en la práctica, como el más astuto de todos. La cigarra vence a la hormiga en la Argentina.

Los fiscales no investigan, los jueces no juzgan, los organismos de control no controlan, los sindicalistas no representan a sus trabajadores, los empresarios no compiten, la policía no reprime el delito y los periodistas no informan. Con excepciones en todos los campos, por supuesto, y muy dignas, por cierto. Pero así fue diseñado y así funciona un sistema de corrupción e impunidad donde reina la hipocresía, que premia a los que se adaptan, expulsa o encapsula a los elementos sanos (que son muchos), y castiga a los que intentan rebelarse (que no son tantos). Es decir, pierden sus trabajos, padecen campañas de desprestigio, arrastran durante años causas penales inventadas, acumulan disparos contra sus casas en la madrugada, o sufren que un sicario martille su pistola en la cabeza de un hijo de 11 años.

Porque todo eso —y más— ocurrió y ocurre en los sótanos de la Argentina. Porque «incluso la mejor de las constituciones enseña la fachada del enorme y complejo edificio del Estado», dice Norberto Bobbio en Las ideologías y el poder en crisis, «pero revela poco o nada de lo que se encuentra detrás o dentro de él, por no hablar de los sótanos»[2].

Porque es tal la impunidad imperante en la Argentina que mientras en Brasil el «Lava Jato» ya llevó a la cárcel a un ex Presidente y a varios de los más grandes empresarios de América Latina, en Perú forzó la renuncia de un Presidente y otros dos exmandatarios están contra las cuerdas; en Ecuador provocó la caída de un vicepresidente y en Panamá el arresto de un ex Presidente, la Justicia argentina recién acordó en agosto de 2018 que accederá en un futuro impreciso a la información que Brasil le quiere entregar desde junio de 2017.

Es tal la impunidad imperante en la Argentina que, mientras en Brasil la Justicia inició y completó esa investigación penal contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en menos de dos años y medio, el Poder Judicial argentino se mueve con ritmos mucho más cansinos. Así es como en 1996 abrió un expediente contra Carlos Menem por la venta del predio de Palermo a la Sociedad Rural y el juicio oral recién comenzó en junio de 2018, y el exmandatario ya fue condenado en otros dos casos —⁠Armas y sobresueldos⁠—, pero sigue libre, protegido por sus fueros como senador.

Es tal la impunidad argentina que la Justicia salvó a todos los acusados en la causa por las «coimas en el Senado» —⁠aquellas de la «Banelco»⁠— por la aplicación del beneficio de la duda, aun cuando la pesquisa incluyó un protagonista confeso, Mario Pontaquarto.

Porque aun cuando se arrepienten los delincuentes, la Justicia argentina no arriba a una condena. Y acaso el ejemplo paradigmático no sea el de Pontaquarto, sino el de Alfredo Aldaco, uno de los coimeros del caso IBM-Banco Nación.

Aldaco no solo reconoció su rol, sino que pidió disculpas en noviembre de 2009. «No encuentro justificación alguna para mi pasada conducta puesto que tenía la cultura, la educación y la ideología necesaria para haber rechazado cualquier tipo de oferta», escribió en un texto que presentó en Tribunales. «Pude haber dicho simplemente no y renunciar al cargo que por entonces ocupaba. Hace más de quince años que esos momentos me son recurrentes y verdaderamente nunca encontré una razón lógica ante tamaña confusión de valores. Durante todo este tiempo me acompañaron sensaciones de vergüenza, dolor y fundamentalmente arrepentimiento. La única forma que encontré para enmendar lo actuado fue someterme a la justicia de la forma más transparente posible, devolver todo el dinero depositado en el exterior, trabajar dignamente, reiniciar mi vida y tratar de ser cada día mejor persona».

El lector puede creer en su arrepentimiento o no. Pero las evidencias están allí: «Cuando se dictó la prisión preventiva me presenté inmediatamente. Se me ofreció desde ir detenido a Gendarmería hasta una prisión domiciliaria. Simplemente solicité ir donde iban todos los procesados en mi condición. Estuve detenido en Villa Devoto en un pabellón común de trabajadores durante 57 días. Le prohibí a mi entonces abogado defensor presentar cualquier recurso para obtener la libertad. Igualmente la Cámara me la concedió cuando liberó a otro de los imputados ya que entendió que lo actuado por el Tribunal de primera instancia no se ajustaba a derecho. A fines de julio de 1997 en el momento en que estaba siendo liberado solicité se me dejara detenido. Se me dijo que el tema estaba terminado, que me olvidara… En ese momento la única respuesta que pensé que podía darle a la sociedad fue no salir de mi domicilio durante seis años salvo para ir a trabajar. En ese lapso no pisé ni un restaurante, cine o espectáculo artístico o deportivo. Nunca fui de vacaciones, ni participé de acontecimiento social alguno. Absolutamente nada durante seis años». Es decir, durante el tiempo equivalente al monto máximo de la pena prevista en el Código Penal para el delito de cohecho[3].

¿Y qué hizo la Justicia argentina con Aldaco?

Lo dejó arrumbado. Tras dieciséis años de instrucción a cargo de tres jueces federales, y amagues varios con la prescripción, cerró el expediente con un juicio abreviado por el cual siete acusados acordaron devolver parte del dinero. Es decir, 18 millones de pesos sobre coimas probadas por 21 millones de dólares, sin contar las sospechas sobre otros 16 millones de dólares. Eso, a cambio de que ningún acusado recibiera una condena de prisión efectiva. Es decir, se quedaron con dinero ajeno y evitaron la cárcel[4].

¿Qué ocurrirá ahora con el exchofer del Ministerio de Planificación Federal, Oscar Centeno? ¿Servirá su testimonio como arrepentido para avanzar sobre los sistemas clandestinos de recaudación? ¿Servirá de algo que haya confirmado, por ejemplo, que en 2010 llevaba a la Quinta de Olivos a la mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, para reunirse «como siempre con Néstor Kirchner para recibir órdenes» sobre a qué empresas cobrarle coimas? ¿O que la existencia, ya en 2013, de «una reunión que tuvo el ministro De Vido, Baratta y la Señora Presidenta, Cristina F. Kirchner, en la cual los instruyó para que sigan recaudando de las empresas para las próximas campañas electorales»?[5]

Porque así funciona el sistema real (que excede a la política o al «sistema político» en sentido estricto), que opera como una supuesta «gran familia» por debajo de las declaraciones públicas a favor de la transparencia o de la lucha contra la corrupción, y más allá de las promesas de reforma que suelen esconder el deseo de tomar el control del sistema de corrupción e impunidad para beneficio propio y persecución ajena.

Basta con revisar, también, qué ocurrió con las al menos 12 empresas extranjeras que pagaron coimas en la Argentina y así lo admitieron ante la Comisión de Valores (SEC) o la Justicia de Estados Unidos. Solo los ejecutivos de una de ellas —⁠IBM⁠— registró algo cercano a una condena en los tribunales argentinos. El resto (Siemens, Odebrecht, LAN, Ferrostaal, Ralph Lauren, Avon, Ball, Helmerich & Payne, Biomet, Striker Corporation y Dallas Airmotive) quedó impune la Argentina[6].

¿Ejemplo?

Dallas Airmotive, una empresa estadounidense especializada en el mantenimiento y servicios mecánicos en aviones, admitió en 2014 que pagó sobornos «a la oficina del gobernador de la provincia de San Juan, Argentina» entre 2008 y 2012 —⁠es decir, durante la gestión de José Luis Gioja⁠—, echó a tres ejecutivos y pagó una multa de 14 millones de dólares en Estados Unidos. Pero en la Argentina nada pasó durante los siguientes cuatro años. Recién en marzo de 2018 —⁠es decir, una década después de cuando habrían ocurrido los primeros pagos ilegales⁠—, la Oficina Anticorrupción radicó una denuncia penal[7].

¿Cómo es posible?

Porque mientras los candidatos prometen reformas profundas y los funcionarios anuncian reformas específicas, el sistema se mueve desde los sótanos del poder con «operadores» todoterreno, con jueces de «servilleta», con espías expertos en escuchas ilegales, prostitutas VIP y otras prestaciones, más la ayuda de periodistas mercenarios (que hablan de libertad de prensa) y de empresarios prebendarios y evasores (que despotrican, eso sí, contra el populismo), además de políticos corruptos, sindicalistas millonarios y «poli-ladrones».

Porque esto excede al gobierno de Mauricio Macri o a los doce años y medio previos de kirchnerismo. Porque así funciona ese sistema, que actúa con un solo objetivo: acumular poder y garantizar impunidad. No hay más premisa, ni ideología que esa: ser parte del poder permanente (e impune) de la Argentina. Por eso, aunque pasan los gobiernos, se repiten los empresarios, los periodistas, los espías, los sindicalistas, los negocios y las prácticas en las sombras.

Funciona como un sistema que dejó atrás los ideales del «bien común» y del «interés general», y privilegió los intereses corporativos o, incluso, el más impuro y egoísta «sálvese cada uno como pueda», con funcionarios y empresarios que adoptan las coimas como instrumento natural para enriquecerse. Porque la Argentina llegó a ese «equilibrio corrupto» sobre el cual alertó hace más de veinte años Robert Klitgaard, uno de los máximos estudiosos del fenómeno de la corrupción. Un equilibrio, indicó, «que como resultado genera que altos funcionarios y algunas empresas ganan, pero la sociedad pierde»[8].

El panorama argentino, no obstante, resulta aún peor si se adopta el enfoque de otro de los grandes diseccionadores de los delitos de cuello blanco, Gary Becker, ganador del Premio Nobel de Economía en 1992. ¿Por qué? Porque el maestro argumentó que los criminales son tan racionales como cualquiera y si delinquen es porque los beneficios de delinquir son superiores a los costos —⁠en este caso, los riesgos de terminar preso⁠— y, por supuesto, también superan a los beneficios de seguir la senda legal. O en sus propias palabras: «Una persona comete un delito si la utilidad esperada para él excede la utilidad que podría obtener usando su tiempo y otros recursos en otras actividades»[9].

O dicho de otro modo:

Beneficios de delinquir – (probabilidades de que te detecten + probabilidades de que te sancionen) = decisión racional basada en los incentivos reales del sistema imperante.

Pero empecemos por el principio.

¿Qué es este sistema de los sótanos?

Una estructura de poder y de negocios (y que por tanto excede al sistema político en sí) que impera en la Argentina desde hace décadas y que ha ido in crescendo para beneficio del «círculo rojo», como lo definiría el presidente Mauricio Macri, aunque otros prefieran hablar de «las élites» o, de manera más vaga, de «las corporaciones». O, en Italia, de «la casta». Un entramado, en suma, que olvidó que con sus actos atenta contra la democracia, como estableció de manera taxativa la Constitución Nacional en su artículo 36[10].

¿Cómo funciona este sistema?

Como un circuito cerrado que permite acumular poder, enriquecerse, ascender de clase social y perdurar impune a aquellos que acaten las reglas espurias que lo regulan. Pero que también puede montarle una operación a quien saque los pies del plato, enviarlo a la cárcel como chivo expiatorio para salvar al resto del rebaño… o mandarlo matar.

Nada nuevo bajo el sol, como alertó el profesor de la Universidad de Yale, Michael Reisman, hace cuatro décadas. En palabras del primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo: «Reisman advierte que podemos encontrarnos ante otra situación: una red enquistada en el poder que comete crímenes, con un código secreto que los autoriza. En estos casos, la pena al infractor puede servir para que los demás sigan haciendo lo mismo. La mafia entrega al asesino descubierto: su crimen no es el homicidio sino haber sido descubierto. Su castigo tranquiliza al mismo tiempo a la sociedad, que cree que se aplica la ley, y a la mafia, que se preserva de la atención pública y sigue utilizando sus códigos secretos»[11].

Los códigos de los sótanos del poder.

Porque el entramado delictivo debe sobrevivir, como sea, del mismo modo que la clase política avanzó sobre Fernando de la Rúa para evitar que la ola «que se vayan todos» terminara con el sistema. Para eso, los artífices criollos incluso simulan cambios e impulsan supuestas reformas para que nada profundo cambie. Homenaje a Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Un adelantado a su época.

Eso explica por qué la mayoría de las investigaciones sobre corrupción en la Justicia federal argentina no llega siquiera a registrar un procesamiento, según una auditoría integral que ordenó el Consejo de la Magistratura, que analizó 9476 expedientes iniciados entre 1996 y 2016 en todo el país —⁠no solo en la ciudad de Buenos Aires⁠— y verificó en los hechos la expresión «mucho papel, poca verdad», tanto en los expedientes que continúan «en trámite» como sobre aquellos ya cerrados[12].

¿Qué ocurrió con los imputados en los expedientes aún en trámite?

El 25 % fue sobreseído, el 9 % se encuentra con una falta de mérito para procesar o sobreseer; el 5 % se benefició con una prescripción y otro 54 % sigue en un limbo, a la espera de definiciones. Y un dato más: solo se dictaron prisiones preventivas en el 1 % de las causas.

¿Y los tiempos procesales?

La vida promedio de los expedientes en trámite ronda los cuatro años, aunque los auditores detectaron 50 investigaciones con más de diez años de antigüedad; de ellas, 12 las mantenía el juez federal Norberto Oyarbide en su Juzgado. Y una decena supera los quince años.

Por allí pasa uno de los trucos tribunalicios, donde no cuenta lo cuantitativo sino lo cualitativo. Porque las investigaciones sensibles son las investigaciones long-play. Es decir, las pesquisas en las que aparecen los expresidentes Carlos Menem (causa Armas) y Cristina Fernández de Kirchner (presunta asociación ilícita), y grandes empresarios y banqueros, entre otros personas de alta sensibilidad.

Ahora bien, si los primeros datos de la auditoría del Consejo de la Magistratura mostraron que la mayoría de las investigaciones sobre corrupción en la Justicia federal no llega siquiera a registrar un procesamiento, el segundo análisis de la auditoría del Consejo, centrado en los expedientes ya cerrados, detectó que el 92 % no llegó a la instancia oral. O dicho al revés: solo el 8 % de los expedientes penales más sensibles para la vida institucional del país llegó a la instancia oral durante los últimos veinte años. Y eso no implica que esos expedientes se cerraran con condenas. Un número considerable sí, pero otros terminaron con absoluciones, nulidades y probations[13].

¿Y quiénes fueron los jueces más expuestos por esa auditoría? Rodolfo Canicoba Corral, Norberto Oyarbide, Luis Rodríguez y Ariel Lijo.

Un tercer y más específico capítulo de la auditoría del Consejo de la Magistratura, difundido en julio de 2018, fue aún más lapidario. Analizadas 579 causas de corrupción que llegaron a la instancia de juicio oral en los tribunales orales federales de Comodoro Py, apenas el 2 % de los acusados fue condenado, mientras que de los absueltos, el 32 % se benefició de la prescripción[14].

Un estudio conjunto de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), del Centro para la Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y de la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (OCDAP) —⁠del Ministerio Público Fiscal⁠—, aporta más luz al cuadro. Determinaron que las investigaciones sobre corrupción tardan, en promedio, más de una década en llegar a juicio oral. Y esto, en los casos en que sí llegan a esa instancia, ya que este tipo de expedientes sensibles suele concluir antes con «prescripciones masivas».

La prescripción, una válvula de escape en la Argentina que puede beneficiar tanto al exvicepresidente Amado Boudou en una investigación menor por los papeles truchos de su auto Honda, así como también a los protagonistas del «caso Antonini» y los 790 550 dólares que llegaron desde Venezuela en un avión identificado como de «Presidencia Argentina» al encubrimiento de la muerte del soldado Carrasco, la venta al Estado de leche en polvo adulterada («la leche de Spadone»), o la presunta administración fraudulenta de 60 millones de dólares de la Municipalidad de Corrientes, entre 1999 y 2001, por el entonces interventor federal y actual ministro de Defensa, Oscar Aguad. Todas prescriptas[15].

Porque la prescripción, a menudo, solo es la exteriorización de algo mucho más profundo. «Luchamos contra todo el poder político que protegió a Uberti porque temían que abriera la boca. Fue luchar contra molinos de viento», rememoró luego la fiscal del «caso Antonini», María Luz Rivas Diez. «¡Si los defensores estaban entroncados incluso dentro de la Procuración!», detalló[16].

Por eso, al cierre de este libro, el juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola, buscaba una variante que le permitiera evitar la declaración formal de prescripción en el «caso Antonini». ¿Apuntando quizá a quienes pudieron dar las órdenes de encubrirlo todo? ¿Acaso al entonces titular de la Aduana, Ricardo Echegaray, o al jefe de Uberti, Julio De Vido? Si es así, que no busque por Venezuela. Porque a quien llevó el dinero hasta el avión, el entonces jefe de seguridad de la petrolera estatal venezolana PDVSA, Rafael Reiter Muñoz, ya lo detuvieron en España y lo extraditaron a Estados Unidos por presuntos sobornos y lavado.

A esto se suman los datos recabados por el CIPCE en un análisis previo de 750 grandes casos de corrupción registrados entre 1980 y 2007. Es decir, desde los últimos años de la dictadura y las presidencias de Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, las transiciones de Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Duhalde, hasta el primer mandato de Néstor Kirchner, incluido. ¿Qué surgió de ese relevamiento? Que solo se condenó al 3 % de los involucrados en esos expedientes del poder, con un desfalco estimado de 13 000 millones de dólares para las arcas públicas.

13 000 millones dólares robados del Tesoro público en poco más de un cuarto de siglo de historia argentina reciente, algo que muchos que aún hoy muchos prefieren no ver[17].

¡Si ya en el amanecer de los años noventa, una encuesta de Latin Finance-Euromoney expuso que la Argentina era el peor país de América Latina en cuanto a la integridad moral de su burocracia según los empresarios y ejecutivos de Estados Unidos, Japón y Europa!

Desde entonces, ¿la Argentina mejoró o empeoró?

Tal es el nivel de impunidad en la Argentina, que la multinacional germana Siemens admitió en 2008, tanto en Alemania como en Estados Unidos, que delinquió en la Argentina para quedarse con el Proyecto DNI, pagó multas en aquellos dos países y varios de sus ejecutivos fueron declarados culpables en Munich y en Nueva York, pero en Buenos Aires la investigación penal sigue sin registrar una sola condena, ¡más de dos décadas después de iniciada la investigación y a una década de la admisión de culpabilidad de Siemens, urbi et orbi!

Peor aún, el entonces máximo responsable financiero (CFO) de Siemens en la Argentina, Andrés Truppel, viajó a Estados Unidos en septiembre de 2015, se declaró culpable de «conspirar para cometer delitos» en la Argentina y hasta aceptó que pudieran llamarlo como testigo para testificar contra otros acusados por el negociado de los DNI, como Eberhard Reichert, quien luego también se declaró culpable. Pero en la Argentina, Truppel sigue impune[18].

El mismo panorama se repitió con el ex CEO de Torneos, Alejandro Burzaco, quien se declaró culpable en Estados Unidos, testificó contra otros criminales del llamado FIFAgate —⁠entre ellos, el extitular de la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, Julio Grondona⁠— y confesó que pagó sobornos por 160 millones de dólares; entre ellos, 4 millones de dólares a dos funcionarios kirchneristas, Pablo Paladino y Jorge Delhon, por el programa Fútbol para Todos. Pero nada ocurrió con ellos en la Argentina. Por el contrario, la Justicia local se negó a extraditar a dos implicados, Hugo y Mariano Jinkis, cuya empresa, Full Play, continuó además sus negocios millonarios con la AFA, mientras que la Asociación Uruguaya de Fútbol, por el contrario, decidió rescindir su propio contrato con esa empresa[19].

Y esto es a nivel nacional. Porque la impunidad a nivel provincial…

¿Un ejemplo? Tucumán. Solo el 0,5 % de las denuncias por corrupción radicadas en los fueros provincial y federal en esa provincia registraron una condena firme entre 2005, cuando suprimieron la Fiscalía Anticorrupción, y 2018. En términos concretos: una de 219 investigaciones. «Y en el único caso que logró el estatus de cosa juzgada, los condenados encajan en la definición de “perejiles”: son “peces chicos” sin mayor espalda o cobertura política», reconstruyó la periodista del diario La Gaceta, Irene Benito, en una investigación conjunta con Chequeado[20].

¿Otro ejemplo? La provincia de Buenos Aires, donde un relevamiento del Centro para la Implementación de Derechos Constitucionales (Cidco) detectó que entre 2012 y 2017, inclusive, «no existieron condenas por enriquecimiento ilícito, uso de información reservada, admisión u ofrecimiento de dádivas, prevaricato, ni denegación y retardo de justicia». También verificó que durante esos seis años «se dictaron 56 sentencias condenatorias por todo tipo de cohecho [sobornos]; 2 por tráfico de influencias; y ninguna por admisión u ofrecimiento de dádivas». Y detectó que hubo «departamentos judiciales donde, en el mismo período, no existió una sola sentencia condenatoria por delitos contra la Administración Pública».

¿Acaso la provincia de Buenos Aires disfrutó de un «sexenio de oro» en su administración pública y no nos dimos cuenta?[21]

Este contexto de impunidad generalizada no hace más que reforzar las lecciones del maestro Klitgaard, quien explicó una y otra vez que «la corrupción es un crimen calculado, no pasional». Es decir, que «hay santos que resisten todas las tentaciones y funcionarios honestos que resisten la mayoría de ellas. Pero cuando las coimas son grandes, bajas las probabilidades de ser atrapado y son míseras las penas si te atrapan, muchos funcionarios sucumbirán»[22].

O dicho de otro modo, la sensación (o la certeza) de impunidad lleva a la tentación y el saqueo de las arcas públicas, lo cual Klitgaard redujo a una ecuación sencilla:

C = M + D − R

Es decir, corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad menos rendición de cuentas (en el sentido anglosajón de «accountability»)[23].

Del mismo modo, repasar el «lado B» de las últimas décadas permite corroborar que el sistema registra numerosos vasos comunicantes o «conectores» en casos que parecen aislados, pero no lo están.

Así, ciertos nombres aparecen y reaparecen, una y otra vez. Como el de Jaime Stiuso, el temido exdirector general de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (la ex SIDE), cuyo poder se extendió durante décadas, sin importar quién ocupara la Casa Rosada. O el de Javier Fernández, el operador judicial que sirvió a los deseos de Carlos Menem, de los Kirchner y, ahora, de Mauricio Macri. O el de Jorge Brito, cuyas ambiciones lo llevaron a convertir su financiera en uno de los bancos más grandes de la Argentina, «el siempre oficialista Banco Macro», como lo caracterizó Graciela Ocaña. O el abogado administrativista, Roberto Dromi, ministro responsable de las privatizaciones durante el menemismo, abogado de los Macri para reclamar contra el Estado por el Correo Argentino, ideólogo del adelanto estatal del 25 % en las obras públicas kirchneristas y cerebro detrás del desembarco K en YPF. O «los gordos» de los sindicatos, entre tantos otros[24].

El desafío, sin embargo, es concentrarse en el bosque para no perderse en nombres, fechas o cifras, que de todos modos consigno con precisión y en notas al pie. Pero esos datos son, hasta cierto punto, anecdóticos. La clave, vale la pena remarcarlo una y otra vez, es vislumbrar el sistema putrefacto subyacente. Eso es lo que planteó, años atrás, el astro del fútbol alemán, Franz Beckenbauer, cuando les recordó a muchos cuál era el verdadero panorama que dejaba en evidencia el escándalo conocido como FIFAgate, con Joseph Blatter —⁠al que de todos modos defendió⁠— y Julio Humberto Grondona como protagonistas estelares. «Es el sistema, no el individuo», les recordó el «Káiser». «Van a seguir habiendo distorsiones mientras haya gente con esta actitud y este carácter».

¿Es este sistema exclusivo de la Argentina?

No, aunque en la Argentina se percibe un sistema que va in crescendo. Y escándalos como los de Lockheed, Elf, Siemens u Odebrecht, entre otros, permiten comprender cómo funciona una maquinaria empresarial corrupta que interactúa y se potencia con la política. Un entramado que una serie de Netflix definió para Brasil como «el mecanismo», fenómeno que se repite en otros países de América Latina —⁠en Bolivia se la conoció como «la rosca»; en Venezuela, como «el guiso» o «la macolla»⁠— y que en la Argentina tiene sus rasgos particulares, algunos de ellos grotescos.

El primero que pateó el tablero fue, sin buscarlo, Archibald Carl Kotchian, en 1976. Por entonces presidente de Lockheed Aicraft Corporation, confesó ante el Congreso de Estados Unidos cómo había sobornado a las máximas autoridades de Italia, Holanda y Japón, entre otros países. «La promesa de dinero era como la admisión a un juego de pelota, si no pagabas la admisión, no tenías permitido participar en el juego», relató[25].

En América Latina, y hasta la irrupción del Lava Jato brasileño, acaso el mejor ejemplo sobre la importancia de comprender el sistema (como entramado) a la hora de investigar un acto de corrupción, lo encarnó el juez peruano César San Martín Castro, quien condenó al expresidente Alberto Fujimori, y luego presidió la Corte Suprema de su país entre 2011 y 2012. «Solamente podíamos llegar al número uno del Estado», explicó, «si entendíamos cómo funcionaba la lógica del poder».

Ese sistema, esa «lógica del poder», que se mueve por los sótanos, a veces sale a la luz. Porque alguien comete un error. O porque alguien pateó el tablero. Casi siempre por tramos, en cuentagotas, por poco tiempo. Pero permite atisbar cómo funciona el inframundo.

Permite reconstruir, por ejemplo, cómo se financia una campaña electoral, o cómo se negocia y se paga una coima. O cómo los amos de la «patria contratista» cartelizan la obra pública en perjuicio de las arcas estatales. O cómo se compra el silencio de muchos periodistas y de ciertos medios de comunicación. O cómo se esconde y se lava dinero en el país… hasta con milanesas a la napolitana.

Permite reconstruir, además, cómo los sótanos argentinos alcanzaron un «equilibrio». Es decir, el punto en el cual la corrupción sistémica es económicamente funcional y todos (los involucrados) ganan.

Porque si una línea de subterráneo no se construye porque el dinero se lo comieron entre un funcionario y un empresario, todos (salvo ellos) pierden. Ergo, la mayoría clamará sanciones.

Pero ¿qué pasa si el funcionario se lleva su tajada y el empresario factura muchísimo más, pero construye esa línea del subte y le ahorra dos horas diarias de transporte a cientos de miles de usuarios con esa nueva prestación? ¿Esos usuarios beneficiados exigirán sanciones para los corruptos? ¿O plantearán que «roban pero hacen», en un cínico ejercicio de tolerancia social, con el consiguiente efecto nocivo sobre la idiosincrasia cultural de un país que ve a la corrupción como un «costo» inevitable o, incluso, un «aceite» aceptable?

El desafío es, pues, cómo reformar el sistema de corrupción estructural e impunidad para que la sociedad funcione de manera virtuosa, aunque la pregunta resultante es obvia. ¿Por qué habrían de querer cambiarlo aquellos que se benefician con sus prestaciones, acumulan poder espurio, gozan de fortunas ilícitas y encima quedan impunes? ¿Por qué habrían de cambiar un sistema que, reformado, los llevaría a la cárcel?

La respuesta pasa por la presión social, coinciden los protagonistas de dos de las grandes investigaciones sistémicas contra los sótanos del último medio siglo: los italianos del Mani Pulite y los brasileños del Lava Jato. Solo así, remarcan, mejorará la Argentina, un país con pobreza estructural, donde 6 de cada 10 chicos menores de 17 años son pobres y que en ciertos bolsones toman como meta aspiracional trabajar para grupos narcos… o única salida «laboral» redituable[26].

Solo cuando la sociedad italiana demostró su hartazgo, elementos virtuosos dentro del sistema corrupto adquirieron la fuerza suficiente para impulsar las investigaciones penales contra la «tangentópolis» —⁠la ciudad, el imperio, de los sobornos⁠—, que provocó la caída de toda una clase política y empresaria corrupta.

Solo cuando la sociedad brasileña dijo basta, un fenómeno similar se repitió en Brasil. Porque hasta ese momento, nada diferenciaba a los fiscales brasileños de sus colegas argentinos. «Mi vida fue una vida de fracasos en la lucha contra la corrupción, todos los casos previos al Lava Jato fracasaron», remarcó el líder de los sabuesos brasileños, Deltan Dallagnol, cuando viajó a Buenos Aires en junio de 2018.

¿Qué pasó? Bajo presión ciudadana, la clase política brasileña debió impulsar las reformas que evitaba y que empoderaron a los jueces, a los fiscales y a los policías que terminaron por llevarlos a prisión, junto a muchos de los empresarios más poderosos de América Latina. ¡Si hasta entonces en Brasil utilizaban el dicho popular «Todo acaba en pizza»! Es decir, que no importara qué intentaran los jueces y fiscales, al final todo quedaría impune y los piratas celebrarían comiendo pizza.

Los argentinos saben y mucho de esto. Cada vez que salieron de su zona de confort, de la indiferencia, la apatía o el cinismo, de la anomia y la ilegalidad sobre la que advirtió el filósofo y jurista Carlos Nino, y ejercieron verdadera presión, tembló el sistema de corrupción e impunidad.

Ocurrió en los años noventa, por ejemplo, con las «marchas del silencio» en Catamarca, una de las provincias más feudales del país. Ocurrió también con la movilización que siguió al asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas. O cuando cientos de miles salieron a expresar su apoyo al fiscal José María Campagnoli, durante el kirchnerismo. Y ocurrió otra vez en junio de 2018, cuando los ciudadanos se movilizaron a favor y en contra de la legalización del aborto y obligó a diputados y senadores a meditar mejor sus votos… y los forzó a fundamentar sus decisiones.

Porque la presión social obliga a los presionados a dar respuestas que de otro modo jamás darían y aporta oxígeno, fuerza y espacio a los elementos sanos que resisten. O dicho al revés: una matriz de corrupción solo es posible porque la sociedad no solo la tolera, sino que la acepta y, en ocasiones, la abraza y hasta celebra a sus máximos exponentes.

En Brasil, Lava Jato expuso una red con más de 250 compañías, 170 empresarios, 13 partidos políticos y 176 funcionarios involucrados en un complejo esquema de corrupción y lavado junto a 19 «doleiros» —⁠«cueveros» en la jerga de ese país⁠—, 9 operadores financieros que coordinaron los métodos para pagar los sobornos, 7 «valijeros», 47 testaferros al frente de 121 sociedades fantasma y 15 cuentas offshore. También, 163 acuerdos de culpabilidad, 10 acuerdos de indulgencia, 880 búsquedas y órdenes de allanamiento, 340 pedidos de asistencia internacional, multas por cerca de 3000 millones de dólares y la recuperación de más de 1000 millones de dólares robados al erario público. Números, todos, que solo corresponden a los negociados dentro de Brasil, a los que deben añadirse los atinentes a la Argentina y otra decena de países en los que Odebrecht reconoció que pagó sobornos, a los que deben sumarse los de otras empresas involucradas…[27]

Italia y Brasil muestran, por tanto, que es posible enfrentar sistemas corruptos. No se necesitan salvadores mesiánicos, ni soluciones mágicas, ni inventar la rueda. Basta con aplicar las mismas recetas que funcionaron en esos y otros países, sin retoques «a la criolla» que las licuen, como ocurrió con el Consejo de la Magistratura, la figura del «arrepentido» o la ley de responsabilidad penal empresaria.

Si los acuerdos entre los fiscales y los acusados —⁠«plea bargain»⁠— funciona en Estados Unidos, si el «régimen de delación premiada» posibilitó el Lava Jato en Brasil, si los arrepentidos resultaron determinantes para la investigación y las condenas en el «caso Gürtel», el más importante de la historia política de España desde el retorno de su democracia, al punto que terminó por costarle el cargo de presidente del Gobierno a Mariano Rajoy, ¿por qué no habría de funcionar esa herramienta, bien instrumentada, en la Argentina? Por ahora, es una herramienta parcial, que debe mejorarse[28].

Italia y Brasil también sirven de argumento disuasivo para aquellos que se resisten a un Mani Pulite o a un Lava Jato local. Porque hay quienes plantean que ambos países saltaron de la sartén para caer en las brasas. Porque el fin de la partidocracia en Italia le abrió las puertas del poder a Silvio Berlusconi, mientras que Brasil puede encumbrar en las próximas elecciones presidenciales a Jair Bolsonaro, un defensor de la dictadura y de la mano dura, denunciado por racismo. Y en la Argentina, afirman, podríamos poner en riesgo la gobernabilidad, cuando es al revés: se requiere más estado de Derecho, más Justicia y más democracia para salir de este entuerto dominado por los sótanos del poder.

Los críticos también argumentan que la siempre inestable economía argentina carece de la fortaleza suficiente para soportar el resfrío que causó el Lava Jato. No solo en Brasil (merma de entre 1 y 2,5 puntos porcentuales de Producto Bruto Interno por año en 2015 y 2016 atribuibles a esa investigación judicial), sino también en Perú (donde recortó de 3,5 a 2,5 puntos porcentuales el crecimiento de 2017) o Panamá (que creció 5,4 % ese mismo año, pero los analistas estiman que pudo crecer medio punto porcentual más sin los coletazos locales de ese escándalo).

Pero ¿fue Lava Jato la causa de esas turbulencias económicas o fue el sistema corrupto previo que desvirtuó la competitividad más básica? ¿Fueron las investigaciones Mani Pulite y Lava Jato las que empoderaron a Berlusconi y Bolsonaro? ¿O fueron los beneficiarios de la corrupción y la impunidad que provocaron el hartazgo y el reclamo furibundo y asqueado para que «que se vayan todos»?

¿Qué significa eso?

Que en el sistema imperante de poder real en la Argentina, la oveja negra no es la excepción, ni la oveja descarriada, sino la referencia. Porque la corrupción en ciertos países es, en palabras del académico Héctor Schamis, «el componente central» del régimen político.

Profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos y en el programa Democracy & Governance de la Universidad de Georgetown, Schamis plantea que «en países donde los partidos políticos se han debilitado y fragmentado, además de haber perdido la confianza de la sociedad, la corrupción los está reemplazando. La corrupción cumple las funciones básicas de la política: seleccionar dirigentes, organizar la competencia electoral y ejercer la representación —⁠¡y el esencial control!⁠— territorial. Esta es la nueva forma de la política en la postdemocracia».

¿Es tan así?

Depende de cada país pero es, cuanto menos, un riesgo latente.

¿Significa eso que «son todos corruptos»?

No. Eso sería una generalización tan injusta como inexacta. Este libro intenta una radiografía de un sistema que incluye a políticos, pero no una defenestración de la política, cuando referentes como Alfredo Palacios y Arturo Illia en el pasado y muchísimas figuras contemporáneas marcaron y marcan un camino que también recorren muchos jueces y fiscales probos, funcionarios y policías dignos, numerosos periodistas que sobrellevan amenazas y aprietes, y empresarios que jamás pagan sobornos.

El problema es que la corrupción conlleva una reinterpretación de la llamada «ley de Gresham», esa que indica que la «moneda mala» —⁠con tendencia a devaluarse⁠— suele desplazar y sacar de circulación a la «moneda buena» —⁠la estable⁠—. Así, los elementos «sanos» y «probos» de un sistema terminan marginados por aquellos devaluados.

Eso conlleva, a su vez, la entronización de una casta o corporación, que recurre a los operadores de los sótanos cada vez que resulta necesario y a la cual le alcanza con desplegar «contactos» para someter a una mayoría silenciosa y pasiva, y controlar a aquellos que molesten. Como el buen acupunturista, que se sirve de pocas agujas en los puntos exactos para controlar bloquear molestias. ¿Para qué avanzar contra todo el Poder Judicial, por ejemplo, si alcanza con operar, comprar o apretar sobre ciertos Juzgados de primera instancia (como los de Comodoro Py), determinados camaristas y cortesanos, y muy contados organismos de control?

¿Nada bueno ocurrió durante los últimos años?

Sí. Se dieron varios pasos en la dirección correcta, como la salida del juez Norberto Oyarbide y de los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero —⁠quien soñó con llegar a la Corte Suprema de la mano de Daniel Scioli⁠—, así como también el desplazamiento de Ricardo Echegaray cuando comenzaba a acomodarse en la Auditoría General de la Nación (AGN). Pero también se registraron retrocesos, como el desplazamiento de Carlos Balbín de la Procuración del Tesoro cuando incomodaba en el concurso del Correo Argentino (de la familia Macri), el mismo expediente por el cual unieron fuerzas dos operadores, el radical PRO, Daniel «el Tano» Angelici, y el peronista Javier Fernández, para apaciguar las aguas turbulentas.

¿O acaso quienes votaron a Cambiemos prefieren no saber que Javier Fernández es el mismo que ayudó al Gobierno en dos embarazosos episodios? El apaciguamiento de ese expediente del Correo Argentino, sí, y también la salida —⁠fallo judicial mediante antes de las elecciones legislativas de 2017⁠— de la procuradora Alejandra Gils Carbó. ¿Y por qué lo reactivaron a «Javier», como todos lo llaman, sin necesidad de aclarar más? «Fácil», respondió un camarista federal a este autor en junio de 2018, «porque soluciona problemas», aunque el propio Fernández procura bajarse el precio en sus contadas declaraciones públicas. «No soy ningún monje negro, solo hago mi trabajo en la Auditoría»[29].

¿Qué consecuencias tiene, pues, un sistema donde la corrupción (en sentido amplio) no es la excepción, sino la regla dominante?

Que quienes quieran competir por un cargo electivo cosecharán los millones que necesitan para financiar sus campañas, pero a cambio deberán comprometerse a atender los llamados telefónicos de esos empresarios, escuchar sus pedidos y reclamos y, llegado el caso y sobornos mediante, otorgarles negocios millonarios.

Que los aspirantes a jueces deberán jurar lealtad a los operadores que manipularán los concursos, cocinarán las ternas y les permitirán ponerse la toga, pero a cambio les dirán, sin que puedan chistar, qué sentencia deberán dictar para beneficiar a culpables, satisfacer a algún empresario «ponedor» o perjudicar a inocentes.

Que quienes deberían competir en licitaciones públicas en realidad se reúnan a puertas cerradas, pacten qué precios ofertarán y qué contrato ganará cada uno, con sobreprecios para sobornar a los funcionarios, más una reserva para abogados, periodistas y jueces si el negociado sale a la luz.

Que quienes deberían informar a la sociedad se convirtieron en uno de los gastos más costosos de las campañas electorales, venden sus espacios en prensa, radio, televisión o internet a los candidatos, del mismo modo que cobran por elogiar a los funcionarios, enchastrar opositores o, incluso, callar y hablar de otros temas cuando estalla un escándalo de corrupción.

Que quienes deberían ejercer un rol opositor en realidad sellaron un pacto de silencio, funcional y acomodaticio, con críticas acotadas y mucha conveniencia mutua.

Que quienes intentan romper el statu quo son desplazados, ninguneados, considerados «locos» o «poco fiables». O reciben amenazas y aprietes y recurren a escribanos públicos o a periodistas para contar sus verdades, que solo se ventilarán si «algo» les pasa. O afrontan denuncias penales para amedrentarlos al punto que los testigos que cuentan la verdad son acusados de «falso testimonio», mientras que quienes callan reciben cargos y negocios como premio por su silencio.

Que quienes votaron en el Congreso la incorporación al ordenamiento jurídico argentino de la Convención Interamericana contra la Corrupción se lo tomaron tan en serio que en el borrador de la sesión taquigráfica quedó asentado: «Risas en la sala»[30].

En suma, que quienes son amorales —pero se destacan por su hipocresía⁠— y quienes se mueven como si no hubiera un mañana —⁠ni un día del Juicio Final para los creyentes⁠— tienen una ventaja competitiva que les permite llegar más lejos, más alto y más ricos que aquellos que se mueven por la vida con límites morales, éticos, religiosos o legales[31].

Porque un sistema putrefacto vive y necesita de la oscuridad y del silencio, de los sótanos, de que nadie exponga sus engranajes, ni a sus beneficiarios.

Por todo esto, Yabrán comenzó a dejar de ser Yabrán cuando su nombre empezó a aparecer en los medios de comunicación y el reportero gráfico José Luis Cabezas difundió su rostro. Del mismo modo que el eclipse del agente más temido de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) de las últimas décadas, Jaime Stiuso, no comenzó con su pelea con Cristina Fernández de Kirchner, sino muchos años antes, cuando el ministro saliente de Justicia de su esposo Néstor Kirchner, Gustavo Béliz, mostró su imagen por televisión, denunciando que la SIDE que lideraba Stiuso funcionaba como «un Estado paralelo, una policía secreta sin ningún tipo de control», una suerte de «Gestapo».

Eso, y más, es el sistema. Es el sótano de la Argentina. Es la raíz de todos sus males, que no cambiará mientras los argentinos no quieran que cambie, mientras que no ejerzan la presión social, mientras que los argentinos acepten comer «pan sucio».

«Se comienza con un pequeño soborno, pero es como la droga», trazó el Papa Francisco durante su misa matinal del 8 de noviembre de 2013, en Santa Marta. Y los corruptos terminan como «devotos del dios soborno». Incluso si el primer soborno es «pequeño, después viene el otro y el otro: y se termina con la enfermedad de la adicción a los sobornos». Porque los corruptos dan de comer «pan sucio», alertó, incluso a sus propios hijos.

El desafío es, claro está, cómo exponer el sistema sin quedarse en el intento. Sea porque apenas se arañe la superficie o, por el contrario, un error innecesario desemboque en una querella en contra por calumnias e injurias en los tribunales que ese sistema controla. Más aun cuando muchas investigaciones judiciales que menciono en este libro continúan abiertas, pueden aún dar sorpresas o dan sus primeros pasos, como el escándalo por los llamados “cuadernos de la corrupción”, que incluye ya los primeros empresarios arrepentidos y que puede expandirse de manera explosiva… o terminar como tantas otras pesquisas…

Por eso, conté lo que pude, intentando un equilibrio precario e inestable, con nombres, fechas y montos siempre que pudiera apoyarme en documentos públicos o privados, expedientes judiciales o administrativos, y/o testimonios recopilados a lo largo de dos décadas de investigaciones en una veintena de países. Y sobre el resto, debí limitarme a lo que sí podía contar, en ocasiones apoyado en el off the record.

Expuesta esa limitante, debo remarcar otra vez un punto fundamental: los detalles específicos en este libro son hasta cierto punto irrelevantes. Porque lo central es el sistema en sí, no solo en su dimensión política, más allá de quiénes sean los protagonistas de situaciones puntuales que exponen cómo funcionan los sótanos.

Dicho eso, también remarco que cualquier error en la redacción de este libro, más allá de sus revisores, abogados y editores, es mi exclusiva responsabilidad.

Buenos Aires, 6 de agosto de 2018.

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Cómo el financiamiento electoral es el pecado original

Cualquier candidato que quiera competir hoy por la Presidencia de la Nación Argentina (con pretensiones reales de ganar) necesita al menos 100 millones de dólares. Eso cuesta llegar a la Casa Rosada. Los aportes estatales son, por tanto, insuficientes y el postulante dependerá de las donaciones privadas que recaude —⁠¿a cambio de qué favores?⁠— y de los fondos públicos que pueda desviar de manera ilegal. Fortunas que deberá mantener en la oscuridad y, por tanto, mentirle a la Justicia electoral. Así, la campaña electoral, acaso el momento más sano y reconfortante de toda democracia, puede también implicar el «pecado original».

—Quiero el 1 % de tu patrimonio.

El que pide no es cualquiera. Es Mauricio Macri, jefe de Gobierno porteño y candidato a presidente de la República Argentina. Corre 2014 y el ingeniero pasa la gorra.

—¿Cómo? ¿Perdón?

El que escucha tampoco es cualquiera. Es uno de los diez empresarios más ricos de la República Argentina. Y no fue el único que recibió ese pedido. Muchos miembros de ese «top ten» podrían confirmarlo… algo que nunca harán.

—Quiero el 1 % de tu patrimonio para financiar mi campaña. Vos sabés que si yo gano, normalizaremos el país y el 99 % restante de tu patrimonio va a valer muchísimo más.

Macri pasó la gorra y, al final del camino, mal no le fue. La campaña que lo depositó en la Casa Rosada costó más de 1760 millones de pesos, aunque el número oficial que su equipo reportó a la Cámara Nacional Electoral fue once veces más bajo. Declaró 160 millones de pesos, de los que cerca de la mitad correspondió a aportes estatales[32].

Porque el financiamiento electoral es el «pecado original» de la política.

Porque por solo pretender competir con aspiraciones, es necesario pecar.

Porque solo se puede competir con chances si se peca.

Porque competir así ya es pecar.

Porque la campaña electoral es al mismo tiempo lo más sano y democrático de la vida política, pero solo quien peca puede montar una maquinaria competitiva a nivel nacional que en 2015 peleara con chances por 32 077 576 votantes en 14 131 centros de votación desplegados por todo el país con 95 402 mesas de votación, contra otros 15 precandidatos a Presidente de la Nación Argentina[33].

Claro que esa cifra de 1760 millones de pesos tiene sus salvedades:

Esa cifra abarca todo lo que gastó Macri en la contienda electoral, pero también parte de la campaña de María Eugenia Vidal por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, aunque ella también se encargó de levantar el teléfono y llamó a ciertos empresarios para pedirles 500 000 pesos, cash, a cada uno, según confiaron dos de ellos.

Esa cifra se alineó con la máxima no escrita que se mantiene firme desde al menos la elección presidencial de 1999: una buena campaña cuesta alrededor de 100 millones de dólares, aunque la operatoria cambió por completo durante las últimas dos décadas. En aquel entonces, el estratega estadounidense Dick Morris solía decir que «el 90 % de la campaña es publicidad, y el 90 % de la publicidad es televisión». Hoy el escenario en la Argentina es muy distinto. Primero, porque desde 2011 el Estado distribuye de manera equitativa la publicidad electoral por televisión; segundo, por el advenimiento de las redes sociales[34].

La cifra mágica del entonces gobernador Daniel Scioli es mucho más elevada, según admiten por lo bajo sus más estrechos colaboradores, y podría llegar a los 2000 millones de pesos, aunque ninguno aceptó precisar el número final. Acaso porque resulta imposible calcularlo con certeza. Incluiría aportes de empresarios (con el dueño del grupo Newsan, Rubén Cherñajovsky, como puente, mientras Gustavo Cinosi tendía los puentes del candidato a vice, Carlos Zannini), fondos del Estado nacional y fondos del Estado bonaerense (con su entonces jefe de Gabinete, Alberto Pérez, como timonel, además del entonces titular de ABSA, Guillermo Scarcella), según relataron empresarios, funcionarios y miembros del equipo sciolista a este autor, además de dinero cuyo origen es mejor no preguntar.

Solo para carretear y verificar si sus aspiraciones presidenciales podían volar, el entonces gobernador Sergio Urribarri convocó a los empresarios entrerrianos a principios de 2014 y les comunicó que necesitaba 50 millones de dólares. La cifra les pareció una locura a los empresarios, que acordaron ir «aportando paulatinamente», aunque uno de ellos puso 10 millones de pesos, sin chistar. ¿Sus recaudadores? El actual presidente de la delegación entrerriana de la Cámara Argentina de la Construcción, Miguel Marizza, y su socio, Néstor Szczech, así como también el empresario Daniel Herenú, dueño de Organización Industrial Construcciones (OIC S. A.), receptor de millonarios contratos públicos[35].

El número mágico de Macri también incluye, aunque todos morirán antes de admitirlo, parte de los gastos de campaña del tercer candidato en discordia: Sergio Massa. Porque la campaña de Macri financió al exjefe de Gabinete kirchnerista cuando las encuestas reflejaron que su postulación le comía votos a Scioli. Del mismo modo que la exreferente en temas de seguridad del Frente Renovador, la abogada penalista Florencia Arietto, señaló al gremialista Hugo Moyano como otro eventual financista de Massa. Y que por eso le ordenaron que cerrara la boca en contra del camionero. Y del mismo modo que Scioli ayudó a la campaña de Margarita Stolbizer con la impresión de boletas… y un diputado bonaerense del GEN debió luego pedirle una mano al equipo de María Eugenia Vidal con las facturas de una imprenta…[36]

¿Acaso sorprende que un gremio financie a un candidato electoral, más aún si Facundo Moyano es diputado nacional por ese espacio? ¿O que el equipo de campaña de un candidato financie a otro porque lo ayuda a debilitar a su mayor contendiente?

No debería.

Ejemplo reciente I: ¿funcionarios de la gobernadora María Eugenia Vidal financiaron en 2017 las campañas de seis intendentes bonaerenses opositores —⁠pero que en los hechos jugaron para el oficialismo⁠—, con dinero que envió el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta?

Ejemplo reciente II: ¿Cambiemos financió parte de la campaña de Florencio Randazzo en 2017, como sospechan los kirchneristas, para que el exministro del Interior le mordiera votos a Cristina Fernández de Kirchner en su puja con Esteban Bullrich por una banca en el Senado nacional? Si eso planearon, les salió bien. Porque Randazzo se quedó con poco más de 5 puntos porcentuales que hubieran ubicado a la ex Presidenta como la gran ganadora de la noche electoral de 2017.

Ejemplo reciente III: ¿la campaña de Daniel Scioli le ofreció apoyo financiero a Margarita Stolbizer durante la campaña presidencial de 2015 a cambio de que dejara de acusar por presunto lavado al kirchnerismo con los casos «Hotesur» y «Los Sauces»? ¿Acaso le pisó el pago de las facturas a la imprenta que imprimió sus boletas en la provincia de Buenos Aires como represalia porque ella se negó a cerrar su boca?

Ejemplo de los años noventa: Los menemistas ofrecieron a los radicales aviones, dinero y teléfonos celulares —⁠en una época en que eran una rareza costosa⁠—, a cambio de su apoyo en 1995 para restarle votos en la primera vuelta —⁠y un eventual balotaje⁠— al frepasista José Octavio Bordón. La reunión clave con Alberto Kohan ocurrió el 5 de abril —⁠una fecha cara a los sentimientos de los radicales⁠— y terminó en la tapa de la revista Noticias con el sugerente título «Olivos II».

Y todo esto, para no ahondar las varias veces que los peronistas le ofrecieron a Lilita Carrió ayudarla en su campaña, imprimiendo sus boletas electorales, porque su candidatura le comía votos a otros rivales.

Carrió siempre les dijo que no.

Pero ¿y su equipo?

En todos los casos, y más allá del inframundo de la campaña presidencial de 2015, ¿por qué ninguno de los candidatos con aspiraciones reales admite la verdad ante la Cámara Nacional Electoral? Según ellos mismos y sus adláteres, porque la sociedad no lo toleraría.

«¿Usted cree que la sociedad se bancaría que blanqueáramos que la campaña presidencial costó más de 6000 millones de pesos, sumando a todos los candidatos?», desafió un recaudador. «¿A cuántos hospitales de alta complejidad equivale esa guita? ¿Seis? ¿Ocho?».

Acaso por eso, Macri no solo planteó que quería «el 1 % del patrimonio» de cada empresario grande que visitó. En reuniones con hasta 25 interlocutores llegó a decir otra frase explosiva: «En blanco, nada». O les planteaba, sin rodeos: «¿No se dan cuenta de que el boleto de entrada [a su campaña] después va a valer mucho más?».

Tan explícitos fueron los pedidos de Macri, que su propio equipo debió rogarle que se cuidara. Porque si uno solo de los presentes lo hubiera filmado con su teléfono celular y subido el video a las redes sociales, habría liquidado sus aspiraciones presidenciales.

Todo tan brutal resultó que algunos recaudadores ofrecían un tarifario. Como a un ejecutivo local de una empresa extranjera dedicada a los seguros. Desde Cambiemos le plantearon que podían sentarlo frente a Macri a cambio de 300 000 dólares y junto a Scioli, cuando marchaba primero y cómodo en las encuestas, le pidieron 500 000 dólares pero la contraprestación era una cena con el candidato.

Pero vamos por los ingresos.

Las tres principales fuentes, cuentan los recaudadores, son los empresarios, los proveedores del Estado y el propio Estado, si es que el candidato ya ocupa un cargo de relevancia en el sector público; en particular, en el Poder Ejecutivo. Es decir, si tienen acceso a las «cajas»[37].

¿Ocurrió eso, por dar un ejemplo, con dinero que IOMA debió destinar a prestaciones y tratamientos de sus afiliados? ¿Se giró, a través de proveedores y contratistas, a la campaña del Frente para la Victoria (FPV) que promovió a Scioli como Presidente y a Aníbal Fernández como gobernador, como denunció un grupo de médicos ante la Justicia penal bonaerense?[38]

¿Ocurrió también con el Grupo Banco Provincia, donde el timonel era Nicolás Scioli, hermano del gobernador? ¿Habrá liderado un revival de lo vivido antes de la revolución de 1890? Porque en su ya clásico libro El noventa, que publicó en 1935, Juan Balestra contó que el gobernador Dardo Rocha era «hombre probo y con grandes servicios y calidades, pero más influido por su ambición que contenido por sus virtudes, (y) dejó usar de los bancos oficiales para su candidatura presidencial»[39].

Si así fue, IOMA y el Grupo Banco Provincia no resultaron las únicas cajas estatales de financiamiento para el otrora motonauta, que contó con otras cuatro cajas bonaerenses —⁠Lotería + puertos + ABSA + obra pública⁠—, según recordaron desde su equipo de campaña.

Hay, por supuesto, fuentes más oscuras de financiamiento accesibles para todo aquel que tenga coraje de sobra o ningún prurito. Millones que pueden llover, por ejemplo, del narcotráfico, algo que parecía acotado a México o Colombia, pero comenzó a ser una realidad en la Argentina en los albores del siglo XXI. Así lo expuso un informe del Senado de Estados Unidos, que alertó sobre la inyección de fondos del Cartel de Juárez a través de Mercado Abierto, del financista Aldo Ducler.

El narco, sin embargo, no es la única canilla disponible para los candidatos sedientos. También puede abrevar en los billetes de otras mafias —⁠como la policial⁠—, o de otros grupos criminales deseosos de contar con protección política —⁠como ciertos popes de la feria La Salada, por apenas dar un ejemplo⁠—, o proveniente de otros países.

Si no, que lo diga el venezolano-estadounidense Guido Alejandro Antonini Wilson, que aún hoy, transcurrido más de una década desde el incidente en el Aeroparque Jorge Newbery jura y perjura que no era suya la valija decomisada con 790 550 dólares, y que kirchneristas y chavistas por igual le dijeron que era un aporte de Hugo Chávez a la campaña electoral de 2007 de Cristina Fernández de Kirchner.

Si no, que lo digan los dueños de las droguerías que aportaron a la campaña kirchnerista de 2009. Porque el 35,4 % de los aportes declarados de esa campaña provino de empresas de medicina y salud, y de droguerías —⁠incluso quebradas, como la de Sebastián Forza, ejecutado luego en el Triple Crimen⁠— bajo la batuta del entonces superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli[40].

Droguerías y laboratorios, otros dos manantiales para la política…

Si no, que lo diga el entonces gobernador riojano Carlos Menem, al que aún persiguen las sospechas sobre quiénes financiaron parte de su campaña por la presidencia en 1989. ¿Fueron los árabes? ¿Fue el dictador libio Muammar Khadafi?

Nada que llame la atención si recordamos que Menem también recibió entre 2 y 3 millones de dólares de Montoneros, a cambio de que indultara a los dirigentes guerrilleros Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía. ¿El origen de ese dinero? El rescate que pagó la familia Born para rescatar a Jorge y Juan[41].

Acaso sea la Justicia francesa la que pueda aportar algo de luz a esa hipótesis. En marzo de 2018 detuvo al expresidente Nicolás Sarkozy, acusado de recibir millones de dólares de Khadafi para su campaña presidencial de 2007. ¿O quizá sea mejor no ahondar demasiado, más aun cuando Khadafi ya no puede abrir la boca?

En el caso de Macri, su interacción con los empresarios en 2015 fue directa y personal, porque los conoce desde hace décadas. Para bien y para mal. Porque quiere y protege a algunos, como a Aldo Roggio —⁠que aún así terminó acogiéndose al régimen del arrepentido en la causa por los «cuadernos de la corrupción»⁠—, y detesta a otros, como al banquero Jorge Brito o al patagónico Cristóbal López[42].

El rechazo a Brito viene de añares, de cuando Macri intentaba sus primeros palotes en la vida pública, primero en la presidencia de Boca Juniors y luego en la ciudad de Buenos Aires, como podría atestiguar un amigo en común de los dos, Alejandro Macfarlane.

Cuentan sus lugartenientes que Macri fue a verlo a Brito y le pidió que aportara a su campaña. Pero cosechó un cachetazo. Cuentan algunos que Macri le recriminó que el banquero financiara las campañas kirchneristas. Otros prefieren contar que Brito lo ninguneó, le dijo que si necesitaba plata, que gastara la propia o le pidiera a su padre, Franco, ícono de la «patria contratista», y hasta lo trató de «forro».

Alta política.

Y Macri, al que sus laderos apodan «el calabrés» a sus espaldas, no olvidó, ni perdonó. Acaso por eso, cuando pasó la gorra para su campaña de 2015, obvió al dueño del Macro e instruyó a sus muchachos que excluyeran un solo apellido de la lista de grandes aportantes: Brito.

Pero, tachado el banquero, ¿qué pasó con el resto de los empresarios? Aportaron lo suyo.

«El aporte promedio fue de unos 2,2 millones de dólares por cabeza», rememoró para este libro alguien que sabe y mucho de aquella campaña de 2015. «La mayoría pagó en cuatro o seis tramos».

¿Por qué en tramos?

«Para no generarles a ellos el dolor de cabeza de tener que juntar tanta guita “cash” y para no armarnos un quilombo a nosotros. ¿Qué hubiéramos hecho con toda esa guita junta? ¿Dónde la hubiéramos guardado? Mejor que nos la fueran dando a medida que la necesitábamos, entonces así como llegaba se iba a pagar distintas cosas», rememoró.

No solo aportaron en tramos. Muchos empresarios no desembolsaron efectivo, sino en especies. Proveyeron aviones —⁠como Cherñajovsky a Scioli⁠—, camionetas, comida, computadoras y teléfonos, refrigerios y hasta encuestas, de modo que en los registros de las empresas no apareciera ninguna salida injustificable de dinero.

¿Cómo es eso? Supongamos que un bodeguero quiere apoyar a un candidato. Pues no le entrega dinero. Le dona vinos para sus cenas de recaudación. Y si un fabricante de pizzas o empanadas cuenta con sucursales en distintas ciudades de una provincia o del país, envía comida a los actos organizados en esas ciudades. Así, los muchachos de Cambiemos trabajan con la panza llena (y el corazón contento). Y si se trata de una automotriz, colabora con autos y camionetas para sus traslados. O contrata a una encuestadora para que haga los sondeos de opinión en los distritos de interés para el candidato. Así, en los papeles de la compañía se asentará que contrató a una encuestadora, pero en la práctica se volcarán todas las preguntas que quiera el candidato.

¿Ejemplo? Los empresarios dueños de Flecha Bus, Guillermo y Raúl Derudder, a quienes el periodista entrerriano Daniel Enz caracterizó como expertos recurrentes en «el envío sin cargo de varios colectivos para actos políticos de campaña»[43].

¿Otro ejemplo? El dueño del hotel Mayorazgo de Paraná, Jorge Aníbal Pérez, quien no solo aportó a los sueños presidenciales de Urribarri, sino que le facilitó las instalaciones del hotel para sus cenas o almuerzos más reservados, aquellos en los que debió pasar la gorra entre otros empresarios[44].

¿Otro ejemplo más? Cuando la pesquera Conarpesa puso el eslogan «Kirchner 2003» —⁠es decir, publicidad electoral⁠— en las camisetas de su club de básquet de Puerto Madryn.

—¿Gratis? —preguntó este autor, al vicepresidente de la empresa, Carlos Peña, en mayo de 2004.

—Si quiere llamarlo así, sí, gratis. Lo hicimos para demostrar que coincidimos con lo que Kirchner propugna. Más allá de lo que luego se dijo[45].

Y se dijo mucho sobre Kirchner y Conarpesa desde que ocurrió el asesinato de un exempleado devenido rival, Raúl «Cacho» Espinosa, en enero de 2003, una semana después de que se reuniera con Lilita Carrió, denunciara a Conarpesa y algunos actos de corrupción. Un crimen que quedó impune, tras doce años, la absolución de tres acusados y una investigación que pasó por las manos de 24 jueces, algo habitual cuando de expedientes incómodos se trata. Si la pesquisa por el crimen de María Soledad Morales devoró a 14 jueces y dos juicios orales[46].

Puede resultar inquietante, pero el financiamiento opaco de las campañas es una realidad desde hace décadas. Basta con escuchar a Luis Barrionuevo, uno de los recaudadores de la campaña de Carlos Menem en 1989. Cifró en 8 millones de dólares los aportes del empresariado para aquel candidato patilludo y emponchado que prometió en público lo opuesto a lo que hizo cuando ganó. Según el sindicalista, los Macri aportaron 620 000 dólares, cash, más otros 600 000 dólares a través de su empresa Supercemento y una docena de autos Fiat[47].

Y si de sorpresas se trata, la campaña de 2007 aportó otra. Como que la mayor fuente (oficial) de financiamiento del kirchnerismo fueron las empresas. Aportaron 10 079 767 pesos y las más voluntariosas (en blanco) resultaron Sitrack.com, de Enrique Pescarmona, y Creaurban, la desarrolladora que Franco Macri les vendió en febrero de ese mismo año a Angelo y Fabio Calcaterra, primos de Mauricio, que el mismo día en que se anunció esa venta lanzó su candidatura a jefe de Gobierno porteño. Tanto Sitrack.com como Creaurban aportaron el máximo permitido, 398 948 pesos, para que los Kirchner pegaran más afiches, lanzaran más spots proselitistas y contaran con mejores condiciones de movilidad[48].

Y eso, para no mencionar que en la campaña 2015, Calcaterra aportó a la campaña de Scioli, según los flamígeros cuadernos de Oscar Centeno, el chofer del Ministerio de Planificación Federal que se convirtió en «imputado colaborador» de la Justicia y provocó un terremoto institucional en agosto de 2018.

Centeno declaró, por ejemplo, que el 20 de junio de 2015 la mano derecha de Angelo Calcaterra en su constructora IECSA, Javier Sánchez Caballero, se encontró con el secretario de Roberto Baratta, Nelson Lazarte, en el estacionamiento común a la empresa y el hotel Hilton en Puerto Madero. Lo esperaba allí con dos paquetes en el baúl del auto. «Me contaba Nelson que en uno había 1 000 000 de dólares y en el otro, que lo puso en una bolsa de cartón, 500 000 dólares», registró Centeno.

Los tres —Baratta, Sánchez Caballero y Lazarte⁠— fueron detenidos por el juez federal Claudio Bonadío en agosto de 2018, junto a otros catorce exfuncionarios y empresarios acusados. Y Sánchez Caballero y su exjefe, Calcaterra, se dieron vuelta y se convirtieron en colaboradores de la Justicia. Para eso, se presentaron como víctimas, no como cómplices de la operatoria recaudatoria[49].

La Justicia de Brasil aportó sus propios detalles para vislumbrar cómo es el submundo electoral. Porque Odebrecht llegó a cubrir los millones de honorarios que exigió el consultor Duda Mendonça para asesorar a varios candidatos en distintos países de América Latina, como Colombia. Y no solo eso: Odebrecht también le pidió en 2014 a un pastor experimentado en las lides televisivas, Everaldo, que entrenara al candidato presidencial Aécio Neves para un debate televisado.

Condenado y reconvertido en «delator premiado» para que el juez del Lava Jato, Sergio Moro, acortara su tiempo en prisión, Marcelo Odebrecht fue muy claro sobre cuál era el abordaje de su compañía —⁠un gigante que llegó a contar con 190 000 empleados y una facturación anual de 44 000 millones de dólares al momento del estallido del Lava Jato⁠— cuando se trató de financiar campañas, ya fuera en Brasil, en Perú o en cualquier otro país: «Nosotros apoyamos a todos los candidatos presidenciales de Perú, a todos los partidos y probablemente a varias elecciones para congresistas. Era normal que en los países en los que operamos hiciéramos eso. No solo apoyamos al partido de gobierno, sino también a la oposición, para hacer una red»[50].

Todos, aclaró Odebrecht, es todos: «A muchos candidatos de la oposición, incluso sabiendo que no iban a ser elegidos, los apoyábamos de alguna manera. Porque la oposición también puede crear problemas. Una manera de crear una red es apoyar».

Y si de apoyar se trataba, la constructora Odebrecht pagó coimas en una docena de países, financió campañas por toda América Latina con una multimillonaria partida que identificó como «Caixa 2», y que solo en Brasil incriminó a 415 políticos de 26 partidos distintos, muchos de los cuales votaron por la eyección de la presidenta Dilma Rousseff, solo para descubrir luego que ni así terminarían con la pesadilla del Lava Jato[51].

Otras veces, los aportes en «especie» son más incómodos. O inconfesables. Mejor que nadie sepa, por ejemplo, que a veces la policía decomisa 15 kilos de cocaína, pero reporta 9 kilos. ¿Y los 6 restantes? Mitad para revender por su cuenta, mitad para el intendente, que lo repartirá entre sus punteros para que se paguen su trabajo con droga o la repartan entre los muchachos que salen a pintar y pegar carteles. ¿Suena demasiado truculento? Pues escuche a los muchachos que pintan y pegan por el conurbano… O escuche a las máximas autoridades de la provincia de Buenos Aires, sin micrófonos alrededor.

Escuchará que los intendentes pueden dividirse en cuatro grupos:

Los que combaten el narcotráfico (pocos).

los que miran para otro lado porque no quieren problemas (muchos).

Los que cobran su tajada del narco, pero no integran la banda (pocos).

Los que son parte de la banda, a menudo en connivencia con los fiscales con competencia en sus distritos (unos cuantos, aunque desde la gobernación de La Plata creen que en retroceso).

La cuarta opción, según la Justicia, se desarrolló durante años en Itatí, Corrientes, por ejemplo, donde el intendente del Frente para la Victoria (FPV), Natividad «Roger» Terán, y su segundo, Fabio Aquino, terminaron detenidos y procesados como miembros de una presunta asociación ilícita abocada al narcotráfico, que también incluiría al jefe de la comisaría local, a policías federales, a un gendarme y a un prefecto, y que utilizaba a chicos para descargar la droga que llegaba en botes de Paraguay. Con dos datos adicionales: al proveedor de la droga, Carlos Bareiro, le decían «Cachito» o «San Cayetano», porque le daba trabajo a todo el mundo; y cuando ganó Terán la intendencia, en Itatí ironizaban que «ganaron los narcos»[52].

Algo similar pudo ocurrir en la ciudad salteña de Joaquín V. González, según sospechan los investigadores judiciales. En octubre de 2011, el entonces presidente del Concejo Deliberante, Luis Arturo Cifre, fue detenido, acusado de integrar una supuesta red narco internacional, mientras la Gendarmería decomisaba 356 kilos de cocaína oculta en bloques de carbón vegetal. Lo excarcelaron recién en julio de 2013 y lo detuvieron otra vez en enero de 2016[53].

También en Salta, el concejal Mauricio Gerónimo (Frente Grande, aliado al Frente para la Victoria) fue imputado junto con dos hermanos de liderar una banda que buscaría campos para bombardear con bolsas de cocaína boliviana que luego se transportaba por tierra a Buenos Aires. «Con un viajecito me pago la campaña a intendente», dijo el edil, tras ser elegido en 2015. Hoy prófugo, expuso el periodista Germán de los Santos, «Gerónimo era dueño de un local de venta de teléfonos celulares y vendía chips, algo vital para las comunicaciones de los narcos en esa zona. Lo que sorprendió es que el concejal tenía a su nombre 112 líneas de celulares»[54].

Algo parecido sospechó la Justicia que ocurrió en Chubut. Por eso, al condenar a 15 miembros de una banda dedicada al tráfico de cocaína y marihuana en Comodoro Rivadavia y Esquel en la denominada causa «Apadrinados», el presidente del Tribunal Oral Federal de Comodoro, Pedro de Diego, calificó como «sumamente llamativo y a la vez preocupante» la «fluidez de comunicación» entre uno de los condenados, Claudio Miguel «Cabezón» Morales y el intendente de la ciudad, Néstor «el Tano» Di Pierro, hoy miembro del directorio de YPF. «Y digo preocupante», precisó el magistrado, «porque el propio Morales actuaba en función del amiguismo político, con tanta impunidad que hasta el momento de su detención, su propia familia y él pensaron en que ese amiguismo podría facilitar las cosas con la juez a cargo de la investigación, por su vinculación con Néstor Di Pierro»[55].

¿Ejemplo? Según detalló el juez De Diego, «la llamada 16 del CD 17, entre el hijo de Morales y su madre: “Mi papá es reamigo del Tano [Di Pierro] y el Tano tiene una línea con la jueza [federal de Comodoro, Eva Parcio de Seleme]. Y bueno, ahí no sé. Vamos a ver si zafa”».

No zafó.

¿Y en Paraná, la capital entrerriana? El juez federal Sergio Ríos estimó en junio de 2018 que había acumulado pruebas suficientes para procesar al intendente de Cambiemos, Sergio Varisco, porque «cumplió con un pacto político de campaña al hacer ingresar al municipio a numerosas personas vinculadas con el narcotráfico», según reveló la revista Análisis, y «habría utilizado recursos municipales para comprar una partida de cocaína, junto a su funcionaria de Seguridad, Griselda Bordeira y con gestiones del concejal de Cambiemos, Pablo Hernández»[56].

¿Qué dijo el juez federal de Paraná al avanzar sobre el intendente Varisco, quien se aprestaba a candidatearse para gobernador? «La narcocriminalidad requiere de su inserción institucional para progresar y aspira a copar los primeros niveles de gobierno, como el municipal»[57].

Pero ¿y si ya subió hasta el siguiente nivel, el de los gobernadores?

Aún no hay datos certeros de funcionarios de ese nivel financiados o cooptados por el narcotráfico. Pero sí indicios de, cuanto menos, su desaprensión —⁠o incluso tolerancia⁠— ante los muchachos, que a su vez se abocaron a enriquecer a sus círculos más íntimos.

«El poder político entrerriano nunca se destacó por tener una actitud firme para combatir el negocio de la droga en Entre Ríos. Menos en la década de 1990. Las vinculaciones de algunos de los hombres del oficialismo en sociedad con determinados empresarios llevaron a frustrar más de una investigación», reveló el periodista Daniel Enz en su libro Los hijos del narco. «Estos personajes pudieron enriquecerse a un ritmo sorprendente y algunos funcionarios comenzaron a cambiar sus vidas y tener porciones de poder, ya que, en determinadas circunstancias, hasta podían darse el lujo de hacer aportes de campaña»[58].

También en Entre Ríos, complementó el periodista Germán de los Santos, «uno de los casos más profundos que rozó al exgobernador Sergio Urribarri fue la detención de su chofer Marcelo Acosta, condenado el 10 de mayo (de 2018) a seis años de prisión, tras ser detenido cuando transportaba 20 kilos de cocaína desde Misiones. Formaba parte, según la investigación, de una banda llamada Los Lagartos, que proveía estupefacientes a bandas de Rosario, como Los Monos»[59].

En el Poder Legislativo también hubo señales de alerta. Entre ellas, cuando a mediados de 2014 se reveló que el narcotraficante Gustavo Collado Correa figuraba como asesor del entonces senador provincial bonaerense Mario Ishii. ¿Primera respuesta del legislador? «No puedo saber qué hacen en su vida privada». ¿Su respuesta meditada? «Es una operación de la SIDE». ¿Por qué? Porque el arresto de Collado Correa y su vinculación con Ishii lo publicó el diario Tiempo Argentino.

«Los dueños de Tiempo no son Sergio Szpolski y Matías Garfunkel. Son (Jaime) Stiuso y Javier Fernández», afirmó el legislador, que tiró más leña. «Los jueces federales no responden al Gobierno, sino a la SIDE», abundó, para rematar con que le había planteado sus recelos sobre los magistrados a los entonces jefes formales del espionaje argentino, Héctor Icazuriaga y Francisco «Paco» Larcher, pero que ellos «están pintados y dicen que no pueden hacer nada»[60].

Los sótanos.

Mejor, también, que nadie sepa sobre las relaciones que se tejen entre los candidatos y eso que algunos llaman «la pesada». Es decir, la fuerza de choque que puede aparecer tanto en una protesta callejera de un sindicato, en un acto con los bombos o en una tribuna como barrabravas, como en los pasillos del Indec o de la Feria del Libro o de la Plaza de Mayo, como en los tiempos de Guillermo Moreno y Luis D’Elía, como se abordará en otro capítulo de este libro.

Claro que a la hora de financiar campañas hay peces grandes, hay presas específicas y hay cardúmenes. En blanco y en negro. ¿Los peces grandes? En negro (y solo parte y a veces en blanco), los Rocca (Techint), los Bulgheroni y los Roggio, así como también Eduardo Eurnekian y Daniel Vila y Jorge Born (h) son algunos, como antes lo fue Amalia Lacroze de Fortabat, y Enrique Pescarmona conoció tiempos mejores. ¿Institucionales? La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa), por ejemplo. ¿Presas específicas? Empresas como Trafigura, a la que desde el PRO pidieron una contribución para las elecciones de 2017 y recibieron un aporte en blanco de 3,1 millones de pesos de uno de sus máximos ejecutivos. Resultó el aporte «a título personal» más alto a una campaña ese año, vinculado a la multinacional holandesa que un año después intentó quedarse con Oil Combustibles, la petrolera de Cristóbal López. ¿Y cardúmenes? En el caso del PRO, los contratistas de la ciudad de Buenos Aires incluidos Irsa, Raghsa, Isolux, Vialmani, Impsa y Caputo Hermanos, entre otros, nombres recurrentes cuando llega la hora de financiar campañas amarillas[61].

Pero en un acuario acotado como la Argentina, vale aclarar, los peces grandes no reciben la visita de un solo candidato. Reciben a todos los relevantes. Ni tampoco aportan a una sola campaña, salvo contadas excepciones o claros impedimentos. Como Brito (que en los años ochenta se hizo íntimo del operador radical Enrique «Coti» Nosiglia, en los noventa y 2003 jugó a pleno para Carlos Menem, que fue caracterizado como «el banquero de los Kirchner» en los cables de la diplomacia estadounidense que expuso Wikileaks y que desde 2013 jugó a fondo con Massa), como Cristóbal López (que apostó, con devoción, por Scioli), o como Paolo Rocca (que repartió entre todos, pero siempre mostró predilección por Ernesto Sanz).

Porque los empresarios apuestan al caballo que aparece ganador, pero también quieren cubrirse ante una eventual sorpresa o un eventual retorno. Porque quienes pierden la elección de hoy pueden ganar la de mañana… y los políticos siempre recuerdan a los ingratos. Como Macri con Brito…

Pero hay más. Porque Macri aportó 2 millones de pesos a su propia campaña y se apoyó mucho en Nicolás Caputo, al que define como su «hermano de la vida». Confía a ciegas en «Nicky». Y es mutuo. Por eso el entonces candidato a Presidente le delegó la recaudación. Y por eso, cuando Macri iba tercero en las encuestas y parecía quedarse atrás, «Nicky» cubrió el faltante para sostener la campaña. Después recuperó esos adelantos.

Ahora bien, con todos estos —y otros— ingresos ya en camino, el siguiente desafío es qué hacer con el dinero. Parte, obvio, se guarda «cash». Pero otro tanto se deposita. O hay que canalizarlo de algún modo. Y para eso se recurre a múltiples variantes. Una de ellas, las fundaciones creadas por políticos —⁠como las de Scioli o Gabriela Michetti⁠— o vinculados a ellos.

Nada nuevo bajo el sol, como expuso Ernesto Semán al detallar las necesidades recaudatorias de la Alianza en 1999. «En un té que (Graciela Fernández Meijide) tomó con el jefe del Exxel Group, Juan Navarro, obtuvo cerca de 300 000 dólares para la campaña. Techint, Siemens, algunas compañías petroleras, la cadena de supermercados Coto y buena parte de las empresas públicas privatizadas harían también su aporte, depositando en la mayoría de los casos fondos en la Fundación Carlos Auyero, y en otros financiando directamente una actividad específica»[62].

El problema es cuando te roban los aportes empresarios para una fundación que sí existe… pero se omite la denuncia, como ocurrió con la Fundación Suma, de la actual vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti.

El robo ocurrió el 22 de noviembre de 2015, el domingo en que, balotaje mediante, Macri venció a Scioli. Pero Michetti calló la sustracción de 50 000 dólares y 200 000 pesos durante ocho meses. Según se supo después, guardaba dinero en bolsos, sin bancarizar, como impone la ley, aportados a cuenta de una cena de recaudación por individuos, aunque su lista de donantes también incluyó a la constructora Riva S. A. —⁠la misma que construyó los palcos VIP de la Bombonera⁠— Microsoft y Techint (de los Rocca), a los bancos Santander Río, Comafi, Macro (de los Brito y Carvallo) y Galicia (de los Escasany), Pan American Energy (de los Bulgheroni), el Grupo Petersen (de los Eskenazi), Swiss Medical (de Claudio Belocopitt) y Louis Dreyfus Corporation, entre otras.

Esos no fueron, claro, los únicos donantes de la Fundación Suma. También aportó lo suyo el Grupo Farallón, de Eduardo Gutiérrez, señalado por el fiscal federal Federico Delgado como posible testaferro del exsecretario de Obras Públicas kirchnerista, José López, aunque su aparición descolocó a Michetti, que al parecer no sabía quién donaba a su fundación: «Ayer pregunté qué cuernos es Farallón», llegó a decir en plena tormenta.

Michetti debería saberlo, desde que el Grupo Farallón ya integraba, por ejemplo, una unión transitoria de empresas (UTE) para la refacción del Hospital Posadas junto a Caputo S. A. y SES S. A., dos empresas que integra «Nicky» Caputo, el «hermano de la vida» de Macri.

La actual vicepresidenta resulta, de todos modos, una amateur comparada con otros episodios detectados en Tucumán y Chaco.

En Tucumán, por ejemplo, se autorizaron pagos desde el Estado a una fundación… pero la fundación no existía. Así ocurrió con el ministro de Salud de Tucumán durante la gestión de José Alperovich, Pablo Yedlin, al que sancionó el Tribunal de Cuentas por hacerle perder 800 000 pesos al erario provincial con la inhallable Fundación Salud (Funsal) y sus fantasmales cursos de capacitación odontológica[63].

En Chaco, en tanto, habrían llegado más lejos, según la jueza federal Zunilda Niremperger, quien procesó a varios exfuncionarios en junio de 2018. Entre ellos, al exsecretario general de la Gobernación, Horacio Rey; al exsubsecretario de Comercio provincial, Roberto Lugo; a las esposas de ambos; al exresponsable del Fideicomiso de Administración de la Pauta Publicitaria Oficial, Gustavo Katavich; y al presunto armador de fundaciones truchas y gestor de retornos ilícitos, César Zibecchi[64].

¿Por qué?

Según el fiscal Patricio Sabadini, porque «habrían implementado un esquema para el retorno ilícito de dineros públicos, lo que se concretó a través de la contratación y pago a fundaciones creadas a este fin, y a Fundaciones y Sociedades apócrifas —⁠o sin actividad real⁠— que facturaron servicios inexistentes, entre las que se encuentran las Fundaciones Volver a Empezar, Fundación Miqueas, Fundación Servir y Crecer, Chaco Digital, Praxton S. A., Picarla S. A., Selectiva S. A. y Framuna S. A.».

Otro ejemplo tanto o más incómodo de esa zona delictiva existente entre fundaciones, financiamiento electoral y delitos de todo tipo, sin embargo, la aportó «Sueños Compartidos», la entidad que manejaron los hermanos Schoklender bajo la órbita de Hebe de Bonafini, la titular de Madres de Plaza de Mayo.

—¿La Fundación se usó para fines proselitistas? —⁠le preguntó este autor a Sergio Schoklender.

—Financió afiches, campañas, micros, caprichos de Hebe y gastos de otras madres. Alejandra (por la hija de Hebe de Bonafini) nos salió una fortuna. Tuvimos que comprarle un departamento de 90 000 dólares, una casa de 340 000 dólares, una computadora, un auto 0 kilómetro, después una netbook… —⁠enumeró[65].

Varios años antes, la «Fundación Argentina Solidaria» (FAS) había servido de canal principal para gestionar la campaña de Menem en su intento por retornar a la Casa Rosada en 2003. ¿Qué encontró la Justicia al revisar su operatoria diaria? Que recurrió a tres cuentas abiertas en el Banco Macro, de Brito, para emitir pagos por servicios de «publicidad» y recibir generosas «donaciones», de las que el 50,23 % correspondieron a depósitos en efectivo por personas no identificadas, sin que saltaran las alarmas antilavado del Macro, a pesar de las pautas trazadas por la legislación electoral, el Banco Central (BCRA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Claro que favor con favor se paga. Si el Macro creció durante el menemismo, un gran paso adelante fue la relación de Brito con el entonces cuñado de Menem, Emir Yoma. Curtiembres Yoma recibió préstamos de los bancos Nación, Provincia de Buenos Aires, Ciudad y Macro, pero al único al que le pagó fue al Macro.

¿Sería por todo eso (y más) que Néstor Kirchner le tenía bronca a Brito cuando derrotó a Menem y llegó a la Presidencia en 2003? ¿Sería por esa bronca que luego Brito se desvivió por acercarse a los patagónicos hasta que pasó a ser conocido como «el banquero de Néstor» por la embajada de Estados Unidos, según expusieron los Wikileaks en 2010?

Ahora bien, si los empresarios son el primer rubro a la hora de los ingresos, el segundo son los proveedores del Estado. Fueron maná del cielo para Scioli en la provincia de Buenos Aires. Una relación sinérgica o, como dicen los angloparlantes, un «win-win situation».

La operatoria suele funcionar en dos niveles: por un lado, aquellos que ya son proveedores del Estado aportan a una «caja» común a todos los del sector. Por ejemplo, los empresarios a los que Luis «Chiche» Peluso podía juntarles las cabezas en Lotería bonaerense junto a Jorge «Piedrita» Rodríguez. O los inscriptos en el Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas, más conocido en territorio bonaerense como «REBA». O, en la ciudad de Buenos Aires con el PRO, las empresas de seguridad privada, que aportaron un total de 875 000 millones de pesos; entre ellos, Raúl Griffa (Comahue Seguridad Privada) por un total de 649 000 pesos o Yusion, con 185 000 pesos[66].

En un segundo nivel aparecen, en tanto, aquellos empresarios que aspiran a sumarse al mundo de los proveedores del Estado o sueñan con algún negocio o licitación o contrato.

—Vos no sabés lo que es —rememoró un exrecaudador del PRO, ya en 2016, whisky en mano, en el hotel Sofitel de la calle Arroyo de Buenos Aires⁠—. Vienen y de una te dicen: «Yo la pongo, pero a cambio quiero tal contrato». ¡Es una vergüenza!

—¿Y vos qué le respondiste? —le preguntó este autor.

—¡Que no, obvio! —replicó mientras se llevaba el vaso a la boca para detenerlo un instante antes⁠—. Porque ya le había prometido el negocio a otro —⁠completó, mientras se reía de su propia ironía.

Quid pro quo.

Si el empresario Jorge Born (h) aportó en 2015 convencido de que se trataba de una inversión que recuperaría con creces en 2017 como representante informal de la firma venezolana Smartmatic, algo que él niega pero confirmaron múltiples fuentes a este autor. El negocio deseado pasaba por el voto electrónico y no pudo ser… por ahora.

Quid pro quo.

Si el expresidente Néstor Kirchner ordenó tomar el control de la imprenta proveedora del Estado, Ciccone Calcográfica, para impedir que, tras su quiebra, se la quedara Boldt, la empresa de Antonio Tabanelli, al que consideraba el gran financista de Eduardo Duhalde, uno de sus grandes enemigos políticos. Primero lo intentó Julio Ernesto Gutiérrez Conte; luego, Amado Boudou.

Quid pro quo.

Lo mismo, pero sin ironía, relató el exintendente de la ciudad de Córdoba, Luis Juez, cuando revivió su encuentro con Cristóbal López, quien quería entrar con Casino Club en la provincia.

«En un rapto de impunidad absoluta, me dijo: “A ver, Juez, dame un número de cuenta, abrimos en el extranjero, decime qué banco y yo te deposito las próximas diez campañas electorales”. Él me dijo que había financiado la campaña para intendente de Néstor (Kirchner) en Río Gallegos y que de ahí en adelante lo seguía bancando, y que bancaba a un montón de gobernadores. Me dijo: “¿Cómo te financiás? ¿Cómo hacés política? Yo te financio, Juez, como lo hacemos con gobernadores e intendentes del conurbano. Esto es así. Ponemos plata en la campaña, bancamos dirigentes. Esto no tiene nada de raro”»[67].

Pero atención, un rubro lateral y muy peculiar del financiamiento de campañas pasa por aquellos que por ley no pueden aportar, ni deberían siquiera estar en libertad. Pero que intentan acercarse al fogón del poder con la ilusión de reducir sus problemas, buscar escudos protectores y continuar con sus negocios delictivos sin sobresaltos.

¿Ejemplo?

El proxeneta y exagente de la SIDE, Raúl Martins, al que su propia hija Lorena acusó de múltiples delitos y actividades non-sanctas. Entre ellas, aportar a la campaña del PRO a través del entonces director ejecutivo de la Agencia de Control de la Ciudad (AGC), Raúl Oscar Ríos, un buen amigo de la noche de Gustavo Arribas, quien a partir de fines de 2015 asumió al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), después de que Daniel «el Tano» Angelici declinó dos veces el ofrecimiento de Macri para ocupar el sillón máximo de los espías[68].

Otra vez, alguien que podría confirmar esta operatoria de los sótanos sería Forza… si por otras causas no lo hubieran ejecutado de ocho tiros en agosto de 2008 en lo que desde entonces se conoce como el «Triple Crimen». Porque como tantos otros, Forza puso el rostro, los cheques y su firma para blanquear millones que terminaron en la campaña presidencial de 2007 de Cristina Fernández de Kirchner. Pero en su caso con un detalle adicional: el dinero que aportó no era suyo, porque estaba quebrado y sin fondos, sino de otros. ¿De quiénes? Algunos miran a los narcos; otros, a grandes empresarios de las droguerías.

En cualquier caso, un problema recurrente con los aportes de empresarios y proveedores es la «mordida».

¿Qué es eso?

Si el aporte a una campaña es en negro, el empresario nunca puede recibir una constancia formal de entrega, ni mucho menos una factura. Ni tampoco sabrá jamás en qué se gastó su aporte o, incluso, si llegó a la campaña o se lo quedó un valijero o el recaudador… Y muchos recaudadores pasaron de clase media a clase alta en apenas una elección…

Algunos veteranos de las campañas arrojan porcentajes, basados en sus experiencias personales, las de colegas y las de sus amigos. Dicen, por ejemplo, que sobre el 100 % de lo recaudado, solo el 60 % termina en los gastos de una campaña, otro 20 % se destina a sostener a la «maquinaria» que rodea al candidato —⁠salarios y otros gastos⁠— y el 20 % restante suele guardarse como «reserva» para abogados, contadores y demás expertos para el caso que sea necesario convocarlos.

Porcentajes, claro, por demás flexibles…

Si lo sabrán, por ejemplo, los empresarios que aportaron a la campaña presidencial del entrerriano Urribarri y vieron cómo su cuñado, Juan Pablo Aguilera, comenzó a combinar inversiones llamativas con gastos insólitos. Desde una heladera industrial de dos cuerpos —⁠como las de las viejas carnicerías⁠— a equipos de música y televisores Smart que adquirió a un joven comerciante de San Isidro. «Uno de los televisores más grandes», reveló el periodista Daniel Enz, «de 95 pulgadas, fue a parar al quincho de la residencia de Urribarri en Concordia»[69].

Para ahuyentar esos fantasmas, los recaudadores de Macri recurrieron a las nuevas tecnologías. ¿Cómo? Cuando recibían el aporte de un empresario, enviaban un mensaje de WhatsApp a la cúspide del equipo recaudador, con el monto recibido, y se lo mostraban al empresario, para que al menos se quedara tranquilo que el valijero no se comería un «tajo».

Pero eso no es todo. Otro problema recurrente del financiamiento negro de las campañas es que a menudo los aportantes donan en dólares. Ya sea por una cuestión de volumen físico —⁠no es lo mismo trasladar un bolso con un millón de dólares que su equivalente en pesos⁠— o porque los aportantes atesoran la suya en moneda «dura», que no se deprecia.

Ergo, ¿qué pasó durante la campaña de 2015 con esos dólares y, en muy contados casos, euros?

«Teníamos que preguntarles a los tipos a los que teníamos que pagarles si nos aceptaban dólares. Y si querían pesos, teníamos que ir a una “cueva” de confianza», rememora un pasa-la-gorra de Scioli.

¿Qué diría la sociedad argentina si supiera que parte de las turbulencias del dólar «blue» a lo largo de todo 2015 provino de los candidatos a la Presidencia?

¿Qué diría la sociedad argentina si supiera que, luego, con los bolsos repletos de pesos clandestinos, los equipos de campaña salían en autos y camionetas por las rutas del país a cubrir los gastos proselitistas?

¿Qué diría la sociedad argentina si supiera, por ejemplo, que la campaña bonaerense de Cambiemos destinó 26 millones de pesos al pago de los fiscales en ese distrito y que para distribuir esa fortuna utilizaron dos docenas de bolsos, todos idénticos, todos negros y todos comprados sobre la avenida Cabildo de la ciudad de Buenos Aires?

¿Qué dirían los bonaerenses si supieran —para dar dos ejemplos bien concretos⁠— que postularse a intendente de ciudades tan distintas como La Plata o Escobar costará en 2019 unos 10 millones de pesos, según reconocieron tres precandidatos un año antes, aunque un cuarto elevó la cifra más allá, hasta el millón de dólares?

Si acaso sirve como parámetro comparativo, en España, uno de los cerebros del financiamiento ilegal del entonces gobernante Partido Popular (PP), Pablo Crespo, estimó que el 65 % de todo lo que gastaba ese partido era en negro, con dinero que recaudaban él y su jefe, Francisco Correa, entre los empresarios. Ambos terminaron condenados a pasar décadas en prisión, como protagonistas del «caso Gürtel»[70].

La tercera gran fuente de ingresos es, por último, el Estado en sí, que para la contienda de 2015 repartió más de 386,9 millones de pesos entre todos los partidos. Esa cifra incluyó unos 180 millones de pesos para solventar sus campañas en base a dos pautas: un tramo a repartir en partes iguales entre todas las listas y otro tramo a dividir según los votos que obtuvieron en la anterior puja presidencial de 2011. Así, el kirchnerismo embolsó 64 millones de pesos; Cambiemos, 39,6 millones de pesos; Sergio Massa y sus aliados provinciales (como José Manuel de la Sota), 30,2 millones de pesos; el Frente de Izquierda (Nicolás del Caño), casi 19 millones de pesos; los progresistas (Margarita Stolbizer), 15 millones de pesos, y Compromiso Federal (Rodríguez Saá), unos 10 millones de pesos[71].

Eso no fue todo. Por medio de la Dirección Nacional Electoral (DNE), el Estado nacional también distribuyó otros 142 millones de pesos, solo entre los partidos que compitieron en las generales, para que imprimieran boletas[72].

Pero esos, claro, son los aportes estatales «en blanco». Porque luego están los otros, los que nunca se declaran. Ya sean tajadas de partidas presupuestarias que pueden desviarse o la utilización del aparato mismo del sector público, volcado a una campaña.

Ejemplos sobran:

Utilizar la flota oficial, como el avión Tango 01, para volar a las provincias para participar en actos electorales.

Utilizar la cadena nacional para difundir actos que en teoría son oficiales pero que en la práctica son proselitistas. Cristina Fernández de Kirchner, solo durante su último año de gobierno, utilizó 44 veces ese instrumento de naturaleza excepcional, por un total de 33,41 horas, a menudo en diálogo con los referentes de su fuerza que se postulaban a cargos electivos en distintos distritos electorales.

Utilizar las transmisiones de fútbol como medio para ensalzar al Gobierno y sus figuras, denostar a dirigentes opositores, empresarios y periodistas, o incluso tapar programas incómodos de otros canales de televisión —como Periodismo para Todos (PPT) de Jorge Lanata—, con un costo total de 7990 millones de pesos entre 2009 y fines de 2015, lo que implicó un dispendio público de más de 3,7 millones de pesos por día[73].

Utilizar el sistema estatal de medios en provecho propio, como denunciaron los trabajadores del noticiero de la TV Pública, que en junio de 2015 alertaron que «durante toda la campaña por las PASO porteñas, el tiempo total de pantalla dedicado al Frente para la Victoria fue de 1 hora 9 minutos, en tanto que el PRO obtuvo en el mismo período 8 minutos 50 segundos; ECO, 5 minutos y medio; el Frente de Izquierda 4 minutos 45 segundos y el Frente Renovador, 4 minutos 10 segundos». ¿Un ejemplo anterior? En septiembre de 2007, cuando Fernández de Kirchner, por entonces candidata a la Presidencia, se reunió con científicos argentinos en Nueva York y Canal 7, transmitió ese encuentro durante 71 minutos, a un costo estimado de 426 000 pesos —cerca de 132 000 dólares al tipo de cambio entonces vigente—, según cálculos de la fundación Poder Ciudadano, sin que su equipo de campaña consignara el evento en sus informes de gastos porque lo solventó el Estado nacional.

Utilizar dependencias oficiales para instalar equipos de campaña o desplegar ejércitos de trolls, como los 1367 utilizados por varios candidatos contra sus rivales durante las elecciones legislativas de 2017, que detectó una auditoría elaborada para la Cámara Nacional Electoral[74].

Utilizar la pauta publicitaria oficial para financiar medios afines de comunicación que difundan datos favorables, critiquen a los opositores y propalen la propaganda oficial; así, por ejemplo, solo durante 2015, la maquinaria comunicacional kirchnerista insumió 12 395 millones de pesos, según un informe sobre libertad de expresión de la Fundación LED. Es decir, más de 1000 millones de dólares, según el tipo de cambio vigente a fines de ese año.[75] ¿Y el macrismo? Terminó con una denuncia en 2015 por la distribución de 700 millones de pesos de la pauta oficial del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque el Canal 4 de Posadas y 14 radios comunitarias alertaron que figuraban como receptoras de fondos que nunca recibieron o por montos varias veces superiores a los que cobraron.

Utilizar «call centers» para llamar a miles de ciudadanos, comunicar logros del funcionario/candidato, sondear intereses y preocupaciones o, ya sin más vueltas, completar encuestas electorales.

Utilizar empleados públicos —sean militantes o no— para actos proselitistas, repartir folletos, recorrer barrios y mucho más, como en 2008 lo dejó registrado para la historia el entonces secretario de Gobierno de la municipalidad de José C. Paz, Rubén Caporaletti, cuando en plena disputa del kirchnerismo con el sector agropecuario por las retenciones, comunicó a todos los empleados públicos: «De acuerdo con la convocatoria realizada por el intendente Mario Ishii, presidente del PJ de José C. Paz y miembro del consejo nacional, a todos los compañeros justicialistas para el día de mañana, miércoles 18 de junio, en la Plaza de Mayo, solicito a usted que notifique a todo el personal de la planta temporaria y superior del área a su cargo que deberá concurrir a la misma en forma obligatoria, sin excepción». La orden precisó, además, que «se invite al personal de la planta permanente»[76].

Utilizar el dinero proveniente de la retención del 50 % o más del sueldo neto de empleados públicos, a los que se impone esa condición para obtener y retener esos empleos. ¿Un ejemplo? La denuncia del concejal del PRO, Daniel García, contra la diputada nacional Gladys González por pedir 10 % de los salarios para la fundación Pensar a quienes pretendieran ser empleados públicos; lo que ella no negó, aunque replicó que eran «aportes voluntarios». ¿Otro ejemplo? Los 130 empleados de la Afsca que donaban el 8 % de su salario cada mes al partido del presidente de ese organismo, Martín Sabbatella. ¿Otro más? Todos los empleados públicos del municipio de José C. Paz que debieron efectuar un aporte «voluntario» en pesos por el equivalente a entre 12 y 30 dólares por mes para el partido que lideraba el intendente Mario Ishii.

Utilizar la recaudación proveniente de decenas, cientos o miles de empleados públicos «fantasma» o «ñoquis». ¿Un ejemplo? Los más de 70 «ñoquis» de Astilleros Río Santiago que llevaron al arresto de su extitular, Héctor Scavuzzo, y que el Tribunal Fiscal bonaerense le reclamara que le reintegre al fisco 90,7 millones de pesos. ¿Otro? «En la campaña, todos se manejaban con plata de ñoquis de la Capital Federal», según afirmó el excandidato a intendente del PRO en Ituzaingó, Osvaldo Marasco. «El dinero de los aportes truchos vino de empresas interesadas en que Cambiemos llegara al poder», afirmó. ¿Un ejemplo anterior? La megacausa con más de 600 «noquis» del ex Concejo Deliberante porteño, que incluyó al supuesto jardinero del expresidente Fernando de la Rúa[77].

Utilizar la labor parlamentaria de un Concejo Deliberante, una Legislatura provincial o el Congreso de la Nación para recaudar para los bolsillos propios o del partido, impulsando proyectos de ordenanzas, de resoluciones o de leyes que en realidad se redactan «para no salir», es decir, para apretar a quienes saldrían perjudicados de aprobarse esa normativa.

Utilizar el canje de pasajes aéreos habilitados para diputados nacionales, libres de impuestos, por hasta cientos de miles de pesos por mes, lo que implicó un sobresueldo encubierto hasta su modificación, no por decisión autónoma sino a raíz de un escándalo público, durante el primer semestre de 2018.

Utilizar ciertas ubicaciones en las listas sábana como un sistema de loteo o remate para recaudar más fondos. Es decir, que el aspirante a concejal, legislador provincial o nacional que aporta más dinero, se queda con el puesto vacante en la lista, una práctica que comenzó en los ochenta, cuanto menos, según la prensa de la época. Como cuando el dirigente correntino Humberto Romero acusó a José Manuel de la Sota de venderle un puesto en su lista de candidatos a diputados nacionales de 1987 a Domingo Felipe Cavallo por un millón de dólares[78].

Ahora, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, un sitio en la lista a diputado bonaerense cotizó hasta 4 millones de pesos en 2013; mientras que dos años después se denunció que por acceder al quinto puesto de candidato a concejal en el partido de Escobar se pedían 300 000 pesos —⁠unos 32 000 dólares al tipo de cambio entonces vigente⁠—. Una cifra en sintonía con los 850 000 pesos —⁠cerca de 95 000 dólares⁠— que algunos referentes políticos pedían en La Plata, también en 2015, para vender el tercer puesto a concejal de ciertas listas, aunque con garantías de recuperar lo «invertido en menos de un año».

Ahora, eso es por el lado de los ingresos. ¿Y por el de los gastos?

Para empezar, la campaña de Macri destinó la cifra real de 130 millones de pesos a la impresión de boletas electorales. En otras palabras, destinó más dinero a imprimir las boletas que la suma oficial de todos los gastos, por todo concepto, que declaró ante la Cámara Nacional Electoral.

¿Por qué gastó tanto en ese rubro? Primero, porque parte del fondeo de Macri a Massa pasó por la impresión de sus boletas; segundo, porque solo en La Matanza, por dar apenas un ejemplo, Cambiemos debió imprimir 5 boletas por cada ciudadano convocado a votar porque los rivales eran demasiado rápidos para manoteárselas, cuando el promedio en otros países suele ser de 1,3 boleta electoral por votante.

Acaso por esas vivencias concretas, Macri se mostró por momentos tan interesado en imponer la boleta única o el voto electrónico. Pero resta ver si la «corporación política tradicional» tolera esa y otras reformas. Porque el radicalismo y el peronismo cuentan con un activo ajeno al resto de los partidos: su despliegue territorial, con fiscales disponibles en todo el país, listos a colaborar con la logística electoral.

Para ser justos, la boleta única o el voto electrónico tampoco reducirían de manera drástica los gastos electorales encubiertos. ¿Por qué? Porque otro de los rubros más caros son los periodistas.

Hay periodistas que cobran las entrevistas a los candidatos.

Hay periodistas que cobran por mostrar —o hablar sobre⁠— tal o cual acto de campaña o de Gobierno.

Hay periodistas que cobran por no mostrar —⁠o no hablar sobre⁠— tal o cual tropiezo de campaña o de Gobierno.

Hay periodistas que a la pauta oficial u oficiosa le suman, durante la campaña, un «plus salarial proselitista». O como lo definió uno de esos periodistas a un recaudador, luego funcionario: «Un bono electoral».

Hay periodistas que no solo quieren «una pauta» o un «bono electoral». Incluso reclaman quedarse con algún negocio o licitación si el candidato gana la contienda y accede al cargo público. Como le ocurrió a Macri con un profesional del micrófono que buscó quedarse con una tajada del «negocio de la basura».

Hay periodistas que amenazan —extorsionan⁠— con supuestos videos y grabaciones si el candidato rechaza darles la «pauta» o el «bono electoral» o una «tajada» en algún negocio.

Y hay periodistas que cobran mucho por cualquiera de esas prácticas… Pero eso será parte de otro capítulo.

Ahora bien, si los ingresos y los gastos de campaña son un gran dibujo. ¿Qué y cómo se rinde cuentas a la Cámara Nacional Electoral?

Fácil. Con otro gran dibujo.

EJEMPLO 1. El equipo de Cambiemos armó una nómina de 2000 personas que pusieron sus nombres, números de documento de identidad y firmas para admitir como dinero propio las fortunas que aportaron empresarios que prefirieron seguir en el anonimato[79].

EJEMPLO 2. El equipo de Cambiemos organizó una cena en marzo de 2015 para recaudar fondos. Fue un éxito. Pero mucho de quienes asistieron jamás abrieron sus billeteras. Como ocurrió con los empleados de Braskem, una filial de Odebrecht, que pagó sus cubiertos. «Inventaban una “cena de recaudación” y decían que juntaban plata. Mentira, nadie hacía donaciones», contó tres años después el excandidato del PRO a intendente de Ituizangó, Osvaldo Marasco. «La forma de blanquear la plata fue copiar las listas que mandamos a la Junta electoral y ponerles montos de hasta 50 000 pesos»[80].

EJEMPLO 3. El equipo de Scioli, que convocó a un ejército de 4248 personas para que admitieran como propios aportes de 10 000 pesos por cabeza, promedio, aunque algunos llegaron a los 40 000 pesos y uno figuró con una supuesta donación de 60 000 pesos. ¿Quién? Un generoso empleado de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) de Villa Lugano. Más aún, de esa lista de Scioli, más del 70 % de los supuestos aportantes era empleado público, más de 700 eran monotributistas de las categorías más bajas y varios se presentaron ante la Justicia cuando vieron sus nombres en el listado para despegarse de la operatoria.

EJEMPLO 4. En todos los informes, escritos, presentaciones y documentos que acompañó Cambiemos ante la Justicia electoral no apareció un solo pago al estratega ecuatoriano Jaime Durán Barba. Al parecer, trabajó gratis para Macri, aunque desde el interior de Cambiemos aluden a un sueldo fijo de 50 000 dólares por mes, aportados por «Nicky» Caputo y que tras el arribo a la Casa Rosada pasó a la órbita de la ex SIDE.

EJEMPLO 5. El equipo de Massa entregó a la Justicia un listado de supuestos donantes que incluyó funcionarios cercanos al candidato, pero también un porcentaje elevado de empleados públicos. ¿De qué jurisdicción? Tigre. De hecho, la mitad de los aportantes —⁠todos con bajos montos⁠— figuraban en la nómina de empleados de esa municipalidad.

«Smurf laundry» o «lavado pitufo» lo llaman los especialistas, aunque para que funcione tiene que dibujarse bien. Porque, si no, ocurre lo que ocurrió: la Cámara Nacional Electoral encontró inconsistencias en 212 aportantes de Scioli y le preguntó a su equipo, que pidió disculpas y entregó otro listado con otros 212 nombres para esos aportes.

Cosas que pasan. Según el Scioli’s team, «un error administrativo».

Por lo visto, las campañas son proclives a esos «errores administrativos». Porque Cambiemos, al parecer, también tropezó con esa piedra en 2017, según reveló el periodista Juan Amorín. Habría utilizado los nombres de cientos de beneficiarios de planes sociales «Ellas Hacen» y «Argentina Trabaja» para blanquear dinero de esa campaña. Todos por montos bajos —⁠de 300 a 1500 pesos⁠— y todos de Quilmes y otros partidos del sur y del oeste del Gran Buenos Aires, a los que luego se sumaron otros cientos de damnificados que denunciaron jamás haber aportado a la campaña de Cambiemos pero aparecieron igual. Como el intendente de Mar del Plata por Cambiemos, Carlos Arroyo (50 000 pesos). «Yo no aporté un centavo a nadie», aclaró. O como el presidente del Concejo Deliberante de esa misma ciudad, Guillermo Sáenz Saralegui, también de Cambiemos, que negó haber donado 38 000 pesos. «Ni siquiera nos avisaron que nos iban a meter aportando». O como Julio Coñen, excandidato a intendente de Monte Hermoso por Cambiemos (38 000 pesos), o Jorge Más, excandidato a intendente de Cambiemos en Pehuajó (50 000 pesos), o Martín Micucci, concejal de Cambiemos en General Villegas (50 000 pesos), además de otros casos similares detectados en Olavarría, Carmen de Patagones o Bahía Blanca, entre otras localidades[81].

Porque como dice el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, «a los partidos no les cuesta conseguir dinero para las campañas, sino blanquearlo». O dicho de otro modo: «Siempre el dinero lo ponen las empresas y eso está prohibido. Ese dinero lo blanquean con gente que presta su nombre en el mejor de los casos o directamente se roban identidades como sucede en este caso»[82].

Por mucho menos que eso, el juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, dispuso la inhabilitación para ejercer cargos públicos por seis meses del referente del PRO en Santa Fe, el actor Miguel del Sel, en septiembre de 2017. Lo consideró responsable, junto al tesorero del partido y a un exintendente, por la falta de información sobre el origen y el destino de los fondos que recaudó y gastó durante su campaña en 2012[83].

Y porque eso puede ocurrir (y dejar al candidato y a su equipo de campaña en offside ante la Justicia), es que Carrió se despegó de lo ocurrido en Buenos Aires, en 2017. «Yo quiero que haya transparencia en el financiamiento de campaña, cosa que en Capital se logró, en otros lugares no», lanzó. Y por eso, también, los estrategas recurren a un último truco. Delegan la responsabilidad legal y judicial en personas que, a menudo, ni siquiera saben que asumieron esa carga[84].

Ese ocurrió, por ejemplo, con Stella Maris Sandoval y María Armanda Inza, que a los 68 y 82 años figuraron como las encargadas legales de supervisar los 36 millones de pesos en gastos que Cambiemos declaró durante las primarias de 2015.

Ninguna de las dos lo sabía. Pero Inza es la tía abuela de María Fernanda Inza, secretaria Legal y Técnica de la Gobernación bonaerense tras la asunción de Vidal, señalada como una de las supuestas responsables de las afiliaciones y aportes falsos en la campaña de 2017 y, durante seis días de julio de 2018, la titular de la Contaduría General de la provincia, cargo al que debió renunciar, aunque no quedó sola: para defenderla le colocaron a Alejandro Pérez Chada, el abogado personal del ahora presidente Macri y del titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas. Toda una señal al sistema…[85]

Un sistema en el que, además, nadie puede tirar la primera piedra. «Acá hay un sistema político que es cómplice del sistema de financiamiento», remarcó Secchi. «Todos saben las trampas que se hacen».

Así, la situación de Stella Maris Sandoval y María Armanda Inza desnudó una vez más el problema de fondo: el financiamiento de las campañas electorales es el pecado original de la política.

2

Cómo se pagan las coimas

Los sobornos son la norma general, no la excepción. El empresario es protagonista y beneficiario, no siempre la víctima. Y el corrupto no es una oveja descarriada; es un elemento decisivo de un aparato que requiere del dinero de las coimas para financiarse, pagar sobresueldos y campañas. Porque un sistema montado para la corrupción funciona con su propia y desvirtuada lógica. Lógica perversa, pero lógica al fin.

El empresario, referente clave de la obra pública en la Argentina de las últimas décadas, toma su pluma Montblanc de mil dólares y da una lección sobre cómo-funciona-el-mundo.

«A ver, pibe, esto es así», dice, mientras toma una hoja en blanco, de alto gramaje, pesada, de calidad palpable. «Lo único que te pido es que no cites mi nombre o te voy a buscar, ¿ok?».

Habla del costo directo (materiales, obreros, uso de equipos, combustibles, fletes y otros rubros) y del indirecto (capataces, topógrafos, jefes de obra, seguros, personal administrativo, alquileres, entre otros).

Habla del costo imprevisto o adicional (riesgos y eventualidades).

Habla del costo industrial o, en la jerga, el «costo costo» (el costo total de la obra, sin beneficios, ni impuestos, ni gastos financieros).

Habla de costos financieros (por la mora en los pagos del Estado, que pueden retrasarse 300 días).

Habla de adicionarle el IVA, que no son de la empresa sino una compensación entre IVA Compras e IVA Ventas, Ganancias, Ingresos Brutos, el Impuesto al Cheque y mucho más.

Hasta que llega al punto clave.

«Y a eso tenés que sumarle los sobreprecios para repartir entre los funcionarios y las empresas que van a simular la competencia», dice.

—¿Qué significa eso?

—Digamos que el funcionario pide el 10 %, ¿ok? Bueno, a eso sumale otro 5 % para el ganador (porque no voy a correr el riesgo de pagar una coima sin un «premio» para mí, ¿no?). Y a eso, añadile otros 2 puntos para las empresas que perdieron. ¿Se entiende?

La cuenta, sin embargo, no es tan sencilla como sumar los números. Porque para entregar una coima del 10 % en mano, hay varios costos que el pagador debe afrontar para conseguir ese dinero, cash. A eso hay que adicionar la carga tributaria, que no baja del 60 %, por lo que en este caso implica otros 6 puntos porcentuales. Y a eso incluirle el beneficio para el empresario (4 o 5 puntos porcentuales) y para sus competidores (2 porcentuales). Así, por cada 10 % que se va en coima, el sobrecosto para el Estado es de 23 puntos porcentuales (10 + 6 + 5 + 2 = 23).

A su vez, el 5 % que el empresario ganador retiene como «premio» —⁠sin considerar como premio suficiente el haberse quedado con la obra⁠— encarna también una suerte de «seguro» por el «riesgo» que implica toda coima. ¿Qué significa eso? Que es el dinero de reserva para el caso que el soborno salga a la luz y… haya que pagarle a abogados, fiscales y jueces. Es decir, el mismo «seguro de riesgo» que impera entre algunos recaudadores y valijeros de campaña.

Es decir, ni más ni menos que un ejemplo práctico de la elaboración académica que le valió el Nobel de Economía al gran Gary Becker en 1992, con su demostración científica sobre cómo los criminales también se mueven en base a cálculos racionales sobre los beneficios y riesgos de delinquir versus los beneficios y perjuicios de respetar la ley[86].

Con un dato extra entre los piratas argentinos que ni Becker acaso pensó: el cálculo abarca no solo a los abogados propios. También a los de otros, como los empleados de la empresa, que sean citados a Tribunales. ¿Para qué? Para reducir los riesgos de que algún empleado díscolo intente sacar sus pies del plato. Pasó en el «caso Ciccone» y pasó en la investigación por el presunto pago de sobornos por Odebrecht y empresas nacionales para quedarse con la construcción de la planta de Paraná de las Palmas. Todos los empleados de Aysa convocados (salvo uno) aparecieron con abogados «sugeridos».

Si los valijeros, los choferes y otros empleados hablaran…

Contador, con tres maestrías, estudioso del fenómeno de la corrupción y exauditor de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) durante un cuarto de siglo, Vicente Monteverde ofrece un cálculo matemático más prolijo —⁠y más elevado aún⁠— sobre el «costo de la corrupción en el caso de las obras públicas», suponiendo, para ejemplificarlo, valores tentativos para el sobreprecio y el soborno.

Sobreprecio de obra pública: 25 %.

Tasa de soborno: 10 %.

Tasa de evasión fiscal: suma de la tasa del IVA (21 %) y del impuesto a las Ganancias (35 %): 56 %.

Costo de oportunidad: tasa Badlar 20,5 %.

Costo social: no calculado.

Costo del soborno = 0,25 % + 0,10 × 0,56 + (0,2050 × 0,56) + (0,2050 × 0,25) + 0 = 0,3687 = 36,87 %.

«Como conclusión», calcula Monteverde, «en el caso de corrupción de la obra pública, con un soborno del 10 % y un sobrecosto de obra del 25 %, el costo de corrupción para el Estado argentino es de 36,87 %»[87].

Por su parte, los números del gran empresario de la Montblanc corresponden, no obstante, a la etapa previa a la adjudicación de un contrato. Porque después se aplica un truco delicioso: la renegociación contractual y la inclusión de «adendas». Un artilugio que permite al funcionario y al empresario modificar plazos, condiciones y montos.

¿Un ejemplo? La construcción de un puerto en Río Grande, Tierra del Fuego, una obra conocida allá como la «Yacyretá Fueguina». Comenzó como un proyecto de 43,1 millones de pesos otorgada al consorcio Ormas y la brasileña Andrade Gutiérrez —⁠años después protagonista también del Lava Jato⁠—, pero que saltó y saltó de precio y ambición: 48,8 millones de pesos, luego 62,5 millones de pesos, después 65,7 millones de pesos, incluso 128 millones de pesos (pero aún sin construirse) y terminó superando los 300 millones de pesos[88].

¿Otro ejemplo? El nuevo edificio de la Legislatura tucumana. Valor de origen: 21 millones de pesos de 2007 —⁠unos 7 millones de dólares al tipo de cambio entonces vigente⁠— para un proyecto de 7000 metros cuadrados. Valor final: 113 millones de pesos para 14 500 metros cuadrados de una obra que uno de los más insignes arquitectos argentinos de todos los tiempos, César Pelli, definió, sin vueltas, como «horrible». «Es un crimen; acá hay muchos arquitectos que podrían haber hecho algo más lindo, barato y apropiado»[89].

A veces, sin embargo, los muchachos se ceban tanto que se exponen, como ocurrió con el equipo del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien se convirtió en el primer funcionario argentino procesado por los negocios de Odebrecht en el país, en 2018.

El juez federal Daniel Rafecas reconstruyó que en el proyecto para extender las redes troncales de gasoductos, el costo original ascendió a 1427 millones de dólares, pero dos años y 72 actuaciones administrativas después, ya con Odebrecht y sus socios y subcontratistas locales adentro, trepó a 2347 millones de dólares. Es decir, casi un 65 % más.

En otra investigación sobre los negocios de Odebrecht en la Argentina, el fiscal Federico Delgado expuso una peculiar correlación entre las adendas, infinidad de llamados telefónicos cruzados, algunos millones que fueron y vinieron por la Argentina y desde paraísos fiscales a una cuenta en Uruguay, y ciertos vuelos relámpago de Jorge «Corcho» Rodríguez a ese país desde el aeropuerto de San Fernando.

¿Ejemplo de esa correlación? El 15 de noviembre de 2013, mientras AySA autorizaba beneficios para Odebrecht y sus empresas asociadas con una adenda por 700 millones de pesos en la construcción de la planta Paraná de las Palmas, la sociedad uruguaya del «Corcho» Rodríguez, Sabrimol Trading, recibió 2,7 millones de dólares de una offshore vinculada a Odebrecht para, según los delatores brasileños, repartirlos entre funcionarios argentinos[90].

El exjefe de un equipo de expertos del Banco Mundial y profesor de la Universidad de California en San Diego, José Luis Guasch, explicó cuál es el truco de las adendas: como gana quien presenta la menor tarifa o cotización, «lo que ocurre es que la estrategia de algunos inversionistas es presentar ofertas temerarias, que desde el día 1 no ganan plata, no tienen una tasa de retorno apropiada. La idea es “consigo el proyecto y de allí me voy a la adenda que lo arregla todo y me genera la renta”», resumió[91].

¿Cuán común es este truco?

«En los países de la región el promedio es que se renegocien el 50 % de los contratos», estimó Guasch. «En el Perú es el 80 % y el promedio es de 3 adendas por contrato. El sector transporte ha sido el más efectivo con 104 adendas en 30 proyectos», ejemplificó.

Al igual que en Perú, la Auditoría General de la Nación (AGN) detectó esa práctica recurrente en la Argentina. «Los contratos originales —⁠con nula planificación⁠— necesariamente van sufriendo reiteradas modificaciones o ampliaciones, que se instrumentan a través de sucesivas adendas. En los hechos, esta situación constituye la celebración de contratos nuevos sin licitación», indicó uno de los auditores, Alejandro Nieva, en un informe sobre su labor y la del organismo entre 2008 y 2016[92].

¿Ejemplo? El proyecto de Grandes Centrales que gestionó Energía Argentina S. A. (Enarsa), una empresa pública dependiente del Ministerio de Planificación. «La ausencia de una adecuada planificación», resumió Nieva, «generó demoras en el desarrollo de las obras, readecuando las obras con seis adendas, incrementando el valor final». Así, por ejemplo, el proyecto Central Ensenada de Barragán, cuyo costo inicial fue de 1508 millones de pesos, terminó en 2430 millones de pesos. Un 61 % más.

¿Otro ejemplo? En la obra denominada Sistema de Potabilización Área Norte, la AGN detectó que «se generaron numerosos atrasos en la ejecución de la obra con relación al plazo previsto contractualmente, incidiendo en su valor final. Los plazos fueron modificados por dos adendas, lo que significó en efecto que las redeterminaciones de precios efectuadas elevaran el valor del contrato a aproximadamente un 78 % respecto del monto contractual de origen».

¿Otro más? En 2010, la firma estatal ARSAT (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S. A.) contrató a la sociedad estatal rionegrina INVAP para la provisión de 46 estaciones repetidoras (EDT) y 500 000 unidades de recepción de hogares (URH) para su plataforma de transmisión de Televisión Digital Terrestre. Costo estimado: 698 millones de pesos más IVA. Pero la AGN determinó que «este contrato fue modificado posteriormente a través de 6 adendas hasta llegar a 79 EDT y 1 416 000 URH, lo que sumado a otras contrataciones totalizan más de 2500 millones de pesos más IVA, desvirtuando el contrato original y alterando los precios pactados y las cantidades autorizadas ya que se vio incrementado en un 28 %».

Pero ¿para qué se pide una coima?

A menudo, para el bolsillo propio de quien pide la comisión, aunque también se suelen invocar razones superiores como el pago de sobresueldos o el financiamiento de una futura campaña electoral del funcionario interviniente o de su superior, o del jefe del jefe, o las actividades del partido gobernante, una necesidad que resulta recurrente en la Argentina y en otros países; entre ellos, Brasil e Italia.

Brasil: el exdirector de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, detalló en su «delación premiada» de la investigación «Lava Jato» que cobró sobornos por entre el 1 y 2 % de cada contrato, de lo que el 60 % iba a financiar el Partido de Trabajadores, que lideraba el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva[93].

Italia: «El metro de Milán fue una oportunidad para que todos los partidos recolectaran fondos», admitió en los años noventa Bettino Craxi, el primer ministro y referente del Partido Socialista Italiano (PSI) hasta que huyó de la Justicia de su país y del proceso «Mani Pulite» y se refugió en Túnez, donde murió años después[94].

Porque como comentó uno de sus colaboradores, Valerio Bitteto, se daba por supuesto que las oficinas públicas italianas debían utilizarse para generar fondos que fructificaran luego en votos que permitieran continuar en la función pública, lo que permitiría a su vez generar más fondos para ganar las siguientes elecciones, en un circulo perverso. Por eso, cuando él ingresó al directorio de la empresa estatal de electricidad, ENEL, Bitteto relató que Craxi le dijo: «No te quedes ahí solo calentando la silla. Consigue votos para el PSI; consigue dinero para el partido».

La tangentópoli.

Pero vamos por partes. Empecemos por las coimas, una costumbre tan argentina como el mate o el asado… o más.

Basta con recordar que a fines del siglo XIX uno de los hermanos del dos veces presidente Julio Argentino «el Zorro» Roca, Ataliva, estaba tan sospechado de corrupción que Domingo Faustino Sarmiento utilizaba su nombre de pila como verbo y como sustantivo para aludir al pillaje.

Como verbo: «Hoy he sido vilmente atalivado».

Como sustantivo: «A las moscas las atrae la miel como a las atalivas el presupuesto».

De hecho, fue tal la fiesta de la corrupción durante aquellos años, que el diario Times de Londres llegó a estimar en 1891 que el dinero que se robó la clase dirigente argentina superaba las 100 millones de libras esterlinas de la época —⁠unos 16 300 millones de dólares actuales⁠— mientras que en las proclamas de Leandro Alem para convocar a la Revolución de 1890, la corrupción era uno de los ejes centrales, y varias novelas devenidas clásicos de la literatura argentina así lo reflejaron. Entre ellas, La Bolsa, de Julián Martel, Quilito, de Carlos María Ocantos, y la ya mencionada El noventa, de Juan Balestra.

Medio siglo después, Ataliva Roca ya había pasado al olvido, pero los argentinos acuñaron otro sinónimo de coimero: «Chadista».

Ocurrió tras la sesión del Concejo Deliberante porteño del 22 de diciembre de 1936 que extendió por 40 años la concesión para la Compañía Hispano Argentina de Electricidad (Chade, luego CADE). ¿Por qué? Porque pronto se sospechó que se compraron todos los votos a favor con pagos por concejal de entre 60 000 y 120 000 pesos de la época.

Pero los «Ataliva» y los «chadistas» no fueron los primeros, ni mucho menos. Si hasta el padre del prócer Manuel Belgrano, Don Domenico Francesco María Gaetano Belgrano Peri, fue un infame personaje que pasó años bajo arresto porque solía «aceitar» a funcionarios, en una relación tan sinérgica como cuestionable. ¿Acaso ese lastre familiar explica en Belgrano su rechazo a la plata, al punto de remarcarle por carta a la Asamblea Constituyente de 1813 que «nada hay más despreciable para el verdadero patriota que el dinero o las riquezas»? Acaso nunca sepamos la respuesta exacta, pero la vida y obra del hijo permite al menos desechar el determinismo. Porque un padre puede ser delincuente… y un hijo, prócer de la Nación[95].

Si los «chadistas» y los «Ataliva» no fueron los primeros, tampoco fueron los últimos, como evidenció a principios del siglo XXI todo lo que ocurrió tras la «Tragedia de Cromañón» y los esfuerzos de demasiadas personas por encubrir lo ocurrido. Esfuerzos para los cuales potenciaron la llamada «cadena de la felicidad» entre políticos y periodistas.

¿Cómo?

Con 500 000 pesos que aportó cada mes una empresa del juego, dinero que se dividió en partes iguales entre funcionarios del entonces Gobierno nacional y del Gobierno porteño de Aníbal Ibarra, pero de los que 50 000 pesos se enviaron, también cada mes, a una mujer que los repartió entre periodistas a cambio de su silencio o su cobertura favorable. Para más datos, desde una oficina montada en la porteña calle Alsina.

Sin interés en la historia, ni siquiera la contemporánea, otro empresario de la obra pública contó su realidad, tal y como la vivió…

«Durante el gobierno de Menem los contratos chicos pagaban hasta el 0,5 % y los grandes 2 %; ya con Duhalde subió al 3 %; y con Kirchner, llegó al 10 %», detalló. «La primera obra que recuerdo era para Bariloche, y bajó el mensaje que a partir de entonces había que “poner el Diego”. Néstor era un desaforado».

Un sistema in crescendo.

Los porcentajes, claro, hay que tomarlos con pinzas. Porque dependen de la obra, del funcionario, del momento, de la oportunidad… Porque no es lo mismo un proyecto pequeño con fondos acotados que un monumento a la corrupción. «El promedio de coimas oscila entre el 10 y el 15 %», le planteó Zulema Yoma al diario La Nación, recordando lo que su ex, Menem, le contó sobre el meganegociado de Yacyretá. Allí, dijo, el soborno se repartió «mitad para cada país», y que ya registra varios condenados a prisión por defraudación al Estado[96].

Un porcentaje apetecible, claro, si se toma en cuenta que Yacyretá debió costar 1500 millones de dólares pero superó los 11 500 millones de dólares, cifra que aún puede trepar. Porque el consorcio Eriday (Empresas Reunidas Impregilo-Dümez y Asociadas para Yacyretá), reclama una indemnización por 792,8 millones de dólares al Ente Binacional Yacyretá (EBY), cifra que actualizada y completa podría llegar a los 1500 millones de dólares.

Eriday… cuánto podría contar aquel ingeniero italiano que fue su gerente general y que no solía hablar, pero que cuando abría la boca, temblaba todo… «Yo soy Gianfranco Rizzo, gerente de Eriday, actualmente el malo de la película». Así se presentaba, por ejemplo, en agosto de 1999. Acaso porque dos años antes, había sido más explosivo. «En el 90 % de las obras públicas en nuestro país hubo corrupción»[97].

—¿También en su caso? —le preguntó el diario La Nación.

—Sí, eso era típico. Pero la coima que se hacía era para lograr algo debido, no algo indebido. Era para conseguir la certificación que estaba cajoneada hacía meses o apurar una habilitación. La empresa privada debía sobrevivir[98].

Un sincericidio en pleno auge menemista… tiempos en los que funcionarios argentinos llegaron a pedirle el 10 % al gobierno de España por la restauración de la casa de Bernardino Rivadavia en Cádiz, que impulsó el propio gobierno español con dinero también español. Por las dudas que resulte demasiado insólito: los argentinos pidieron una tajada a los españoles por una obra que los españoles hicieron con dinero propio como gesto hacia los argentinos.

El desmadre suele ocurrir, sin embargo, cuando la codicia deriva en angurria, como antes expuso el «Swiftgate», en los albores de aquella década: «En el primer contacto explícito no se mencionaron cifras. Algunos directivos se inclinaron por aceptar el pedido y terminar pronto con tan fastidiosa historia. Cuando quedó claro que por destrabar una desgravación de 400 000 dólares había que pagar esos mismos 400 000 dólares, prevalecieron los que se oponían»[99].

Ya en tiempos de Néstor Kirchner, recuerdan los empresarios, un financista porteño se convirtió en un interlocutor clave: Ernesto Clarens. Comenzó por recibirlos en las oficinas de la constructora Austral Construcciones, del por entonces ignoto Lázaro Báez, en el Pasaje Carabelas de la ciudad de Buenos Aires. Luego, en otra de la calle Maipú. Por último, en Puerto Madero.

«Clarens te recibía y adelante tuyo lo llamaba a Kirchner para reportarle las novedades», contó un ejecutivo que lidió varias veces con el financista. «Lo llamaba y le decía: “Lupín, anotá”, y le pasaba las novedades».

El entonces número dos de Vialidad nacional, Sandro Férgola, también se convirtió en otro interlocutor habitual de los empresarios de la obra pública, en desmedro del jefe formal de Vialidad, Nelson Periotti, quien nunca pudo quitarse de encima la leyenda «Liquid Paper» que trajo de Santa Cruz, donde lideró Vialidad provincial.

«Una vez, en Gobernador Gregores hubo que esperar tres días que Kirchner pudiera bajar con el avión de la provincia para abrir las ofertas de una obra. Había muy mal clima», rememoró un empresario que los conoció cuando el kirchnerismo se acotaba a Santa Cruz. «Esos días de espera hizo que todos convivieran en el mismo hotel sin mucho más que hacer. Los días se pasaban entre reuniones, almuerzos y cenas compartidas. Allí la realidad del futuro jefe de Vialidad Nacional era bien diferente, todavía era un peón de Kirchner en el feudo y cuidaba bien sus gastos personales. Y si había algo que lo sublevaba a Periotti era pagar por lo que no tomaba», remarcó. «Durante esos días todos compartieron los almuerzos y las cenas, Nelson se pedía su botella de Vasco Viejo, que pasaba del almuerzo a la cena. Y desconfiado de que le tomaran el vino, apenas terminaba de comer le hacía una marquita a la botella con liquid paper para “documentar” lo que quedaba».

Aun así, Periotti terminó procesado por la Justicia como parte de una supuesta asociación ilícita destinada a direccionar la obra pública a favor de Lázaro Báez, mientras muchos empresarios prefirieron negociar con su segundo, Férgola. Primero en su oficina de Vialidad y luego en las de Rovella Carranza —⁠amos y señores en la provincia de San Luis⁠— donde recibió a más de un ejecutivo con un latiguillo que descolocaba. «¿Esto? Esto es de José», en alusión a José López, su superior de Obras Públicas y depositario de bolsos millonarios en el convento que no es tal. Pero eso también quedará para otro capítulo[100].

Porque si José López se acogiera al régimen del «arrepentido» podría contar que, en realidad, los dueños de Rovella Carranza parecían más sus jefes que sus empleados, si él los pasaba a buscar en un auto para asistir juntos a reuniones de trabajo…

¿Confirmaría López, acaso, los dichos del expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, José Chediak, cuando dijo aquello de que «por supuesto que sabía que había coimas en Vialidad», pero lo dijo cuando el kirchnerismo ya estaba fuera del poder? ¿Confirmaría las declaraciones de Sergio Schoklender sobre el destino de los «anticipos financieros»?

«La obra pública tiene rigurosamente un 15 % de retorno, que el Estado paga al principio como “anticipo de obra”», relató el otrora referente de Sueños Compartidos, que no dudó en definirlo a José López como «un petiso corrupto».

—¿Cómo se pagan las coimas?

—¡Cómo va a ser! ¿Por cheque? Es en efectivo, ahí en las oficinas de los funcionarios.

—Podría ser con una transferencia en el exterior…

—No, en efectivo.

A Clarens, Férgola y López se sumaron otros alfiles de los sótanos durante el kirchnerismo. Entre ellos, el entonces interventor del Occovi, Claudio Uberti, quien atendía en el café Volta, sobre la porteña Avenida del Libertador al 3000, y operó para López hasta su propia caída por el «caso Antonini». Entonces lo reemplazó —⁠en el Occovi y para casi todo lo demás⁠— un histórico de Vialidad, Gustavo Gentili, que llegó de la mano de su mujer, Laura Andino, interventora de Autopistas del Sol.

Gentili, un potentado: 11 hijos —7 de ellos con Andino⁠— yendo al St. George’s College North y a universidades privadas, casa en el country San Jorge Village, maestras particulares de inglés y golf, vacaciones en Punta del Este, dos camionetas BMW y un Audi, una lapicera Mont Blanc de 250 000 pesos para su esposa y diamantes para su hija de 3 años.

Con 6 empleadas de limpieza, 3 niñeras y «personal trainer», Gentili y Andino no llamaron la atención de sus vecinos por su gastos, sino por otro hábito: utilizar choferes del Occovi para, entre otras cuestiones personales, llevar 12 ramos de flores todos los martes a las maestras del colegio de sus chicos, ofrendas que combinaban con regalos adquiridos en Prune, Rapsodia, Wanama o Paula, entre otras marcas[101].

Nada mal para un empleado de Vialidad desde 1992 que terminó vinculado a la sociedad Rocma Equities Corp., de las Islas Vírgenes Británicas, según surge de los Panamá Papers, y domicilio adicional en el Royal Trust Bank de Ginebra, Suiza, pero se movía en Buenos Aires en autos con chofer. Entre ellos, Walter Celi, el exconductor de Uberti que en agosto de 2007 trasladó al venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson la madrugada del decomiso de 800 000 dólares.

A ellos se sumaron más alfiles, como el contador Andrés Galera y Guillermo «el Ñoqui» Fernández, que solían actuar como emisarios de López —⁠algo que negaron ante la Justicia⁠—. También, Osvaldo de Sousa, hermano de Fabián, el socio de Cristóbal López, más conocido como «el burrito» —⁠porque decía que la tenía «más larga que todos» los empresarios⁠— y solía atender en el Hilton de Puerto Madero, o en la avenida Córdoba.

Pero eso fue solo durante el kirchnerismo y solo en uno de los sectores, la obra vial, cuando es una práctica generalizada. Una costumbre tan argentina, conviene recordar, como el mate o el asado… o las facturas truchas, que tanto sirven para inflar los gastos y pagar menos impuestos como para dibujar una «salida documentada» de los balances para coimear.

Facturas apócrifas = documento que no representa una operación real porque falsea quién es el proveedor de un bien o de un servicio y/o el tipo de bien o servicio prestado o la cantidad y/o calidad del bien o servicio y/o la fecha u hora en que se entregó o prestó ese bien o servicio.

En español:

Funcionario «A» pide una coima a empresa «B».

Empresa «B» convoca a Facturero «C», que emite facturas truchas por 100 pesos por servicios inexistentes.

Empresa «B» recibe esas facturas truchas, emite un cheque por 100 pesos, el Facturero «C» va al banco (o mejor aún, a una cooperativa de crédito o mutual para que le «descuenten» el cheque, con menos controles o seguimientos), retiene su comisión del 5 % y entrega los 95 pesos restantes, en mano, a la empresa «B».

La empresa «B» utiliza esos 95 pesos que ahora están fuera de su balance (es decir, en negro) para pagarle la coima, cash, al funcionario «A» y, de paso, utiliza la factura trucha del Facturador «C» para descontar lo que debe pagar en concepto de Impuesto a las Ganancias (35 %) e IVA (21 %).

Sencillito. Pero así puede resumirse el despertar del «caso Skanska».

¿Y qué bien o servicio puede trucharse? Casi todos, aunque algunos rubros son más opacos que otros.

¿Ejemplo?

«Un clásico pueden ser los gastos en publicidad», remarca uno de los máximos investigadores de la AFIP, Jaime Mecikovsky, en su libro Lavado de dinero y evasión fiscal. ¿Por qué? Porque es un mercado con «un alto grado de opacidad y permite exhibir algún indicio del sentido de su realización, por ejemplo, el nombre de la empresa puesto sobre un vehículo en una carrera o en la camioneta o un estadio deportivo local»[102].

Estos delitos suelen detectarse cuando se reiteran a la «n» potencia. Es decir, cuando sus protagonistas se ceban. Como ocurrió en las megausinas «Viazzo» y «Di Biase», que proveyeron de facturas truchas a cientos de grandes y medianas empresas del país. La lista completa es interminable, pero incluye a compañías de servicios públicos, como Telecom Argentina y Aguas Argentinas; Metrovías, de Benito Roggio, o TEBA (empresa investigada por el pago de dádivas al entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime). También, a Ledesma, Gotti Hermanos y Palma —⁠vinculadas a Lázaro Báez⁠— OCA, Casino de Buenos Aires (bajo control español antes del ingreso de Cristóbal López), Boldt, Southern Winds (aerolínea que colapsó tras el hallazgo de cocaína en valijas enviadas a España), Atanor, Ciccone Calcográfica (antes de Alejandro Vandenbroele), los bancos de San Juan y Columbia y varias cerealeras poco conocidas. También, Siemens, Disco, Coto y Conarpesa (la pesquera que publicitó «Kirchner 2003» en las remeras de su equipo de básquet, «gratis»).

Lo notable es que no solo el sector privado le compró facturas a Roberto Gustavo Viazzo a cambio de comisiones cuyo porcentaje dependía del monto a evadir. También varias oficinas públicas. Desde municipalidades hasta el mismísimo Congreso de la Nación. ¿Acaso para inflar costos con servicios fantasma y quedarse con el vuelto, como sospechaban los investigadores?

Para satisfacer todos los pedidos, Viazzo montó junto con su mujer, Silvia Noemí Hernández, una vasta red que abarcó testaferros, empleados, socios y proveedores de sociedades y facturas falsas —⁠conocidas como «usinas» o «panaderías»⁠—. Más de 30 personas en total. Y a ellos se sumaron ciertos intermediarios con acceso a círculos de alto nivel que les aportaban nuevos y poderosos clientes.

Entre esos intermediarios descolló el contador Diego Evaristo Díaz Bonilla, alguien que exudaba tanto poder que cuando llamaba a las oficinas de Viazzo las secretarias anotaban que llamaba «Dios», según confirmó en Tribunales una de ellas, Mirta Mabel Rossi.

Antes y después, «Dios» apareció en varios expedientes en los que se investigaban facturas truchas, como las causas Di Biase y Skanska, en la que terminó procesado, recién en 2017, el exministro Julio De Vido. En esa investigación penal, Díaz Bonilla figuró como proveedor de Inargind S. A., una de las 23 firmas que le entregaron facturas apócrifas a la multinacional sueca para esconder sobornos pagados en la obra pública. En su caso, al menos cuatro remitos por 572 000 pesos.

Lo interesante es que «Dios», un veterano de las facturas truchas que antes proveyó a una empresa de Alfredo Yabrán, también repartía dinero entre sus «contactos». Así lo verificó la Justicia, cuando durante un allanamiento se llevó las detalladas agendas de sus secretarias «Mechi» y «Loli». Los investigadores detectaron referencias a sus pagos por hasta 10 000 pesos por vez a José María Caula, asesor y amigo de Julio De Vido, así como también carpetas y «recibos» que iban y venían entre ese funcionario y algunas empresas vinculadas al «caso Skanska»[103].

Díaz Bonilla argumentó que les cobraba honorarios a diversas empresas por su labor como «intermediario» o «lobbista» ante los funcionarios abocados a la «obra pública», y que, en efecto, le pagó a Caula. «Reconocimiento por haberme abierto las puertas», dijo.

Entre los cientos de anotaciones de sus dos secretarias surge también que recibían llamadas de Caula para que, por ejemplo, «Dios» le enviara por fax —⁠al mismo número telefónico del Ministerio que figuraba en su tarjeta oficial⁠— los «datos de Inargind».

Esa empresa y su titular, Danimiro Alejandro Kovacic, quedaron bajo la lupa de la Justicia en el «caso Skanska», al punto que el juez López Biscayart acusó a Kovacic a mediados de 2007 de subfacturar y abultar sus gastos para generar fondos negros, para luego procesarlo y detenerlo. Y Skanska identificó a Inargind como una de las 23 empresas a las que les pagó por servicios inexistentes. Es decir, por sus facturas truchas[104].

Solo 24 horas después de que «Dios» reconociera a este autor que le pagaba 10 000 pesos por vez a Caula, sin embargo, comenzó el operativo despegue. Voceros oficiales intentaron despegar a De Vido de su amigo, al que calificaron como asesor «del Ministerio», pero no del ministro.

El propio Caula le envió una carta a este autor, en la que reconoció su relación «de índole personal» con Díaz Bonilla, pero negó mantener una «relación comercial» con él, a quien vale aclarar nunca calificó de «Dios», y del que negó haber «recibido ningún pago».

La pesquisa detectó otro dato curioso alrededor de «Dios». Díaz Bonilla y otros eslabones de la trama compartían un rasgo singular: el club Hindú. Entre ellos, Osvaldo Díaz de Vivar, conocido como «El Barba», jefe de otra usina de facturas truchas, el «grupo MKT», que pronto dejó en evidencia vínculos notables con los servicios de Inteligencia.

A los tres —«Dios», Viazzo y «Barba»— pronto se sumó un cuarto protagonista, Eduardo Corrado, quien también lideró una «usina» de facturas truchas. Antecedentes tenía: siempre se sospechó que era uno de los encubridores de las coimas en el caso «IBM-Banco Nación».

Pero la Justicia nunca mostró interés por avanzar sobre esas y otras pistas. Acaso porque desde los sótanos comenzaron a operar.

Porque algo que parece tan sencillito como una factura trucha por un servicio inexistente, puede despertar molestar al poder. Y siempre conviene recordar, como dicen los gringos, «the big picture».

Estudios recientes calculan que la cifra que se mueve por sobornos cada año es de entre 1,5 y 2 billones de dólares (cerca del 2 % del Producto Bruto Interno mundial), lo que provoca una reducción del 5 % en las inversiones, aumenta 10 % el costo promedio para hacer negocios, mientras que se estima que una pequeña mejora en los indicadores anticorrupción podría elevar unos 3000 dólares el ingreso de cada latinoamericano, en el mediano plazo[105].

Dato adicional: a fines de 2014, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) difundió el informe «Foreign Bribery Report», en el que analizó 427 casos de corrupción trasnacional, con 263 individuos y 165 entidades involucradas desde 1999, fecha en que entró en vigencia su Convención contra la Corrupción.

¿Qué expuso?

El 50 % de los casos analizados correspondió a sobornos pagados a funcionarios en países desarrollados.

El 57 % de los sobornos se abonó para obtener un contrato público; otro 12 % para aceitar algún procedimiento aduanero; y 6 % para obtener un trato fiscal preferencial.

El 41 % de los casos analizados incluyó algún intermediario que trianguló la coima entre el pagador y el sobornado.

Otro 35 % de los casos incluyó algún tipo de compañía subsidiaria, sociedad offshore u otro vehículo similar para triangular los pagos.

El soborno promedio rondó el 11 % del valor total de la transacción y el 34 % de la ganancia prevista en el negocio o contrato en disputa.

Cuando se trata de corrupción trasnacional, la mayoría de los sobornos los pagaron grandes corporaciones.

En el 41 % de los casos analizados, ejecutivos de nivel gerencial pagó o autorizó la coima.

Solo en el 12 % de los casos analizados, el CEO de la compañía participó de algún modo en los sobornos.

En esos 427 analizados, solo 80 personas terminaron en prisión por sobornar a un funcionario.

Se aplicaron 261 multas u otro tipo de sanciones a personas y empresas.

Entre 1999 y 2014, el tiempo promedio necesario para completar una investigación sobre sobornos pasó de dos años a poco más de siete años.

Dato actualizado: a nivel empresario, en América Latina y el Caribe el 51 % de los delitos de guante blanco son por corrupción (sobornos, conflictos de interés), y las empresas pagan sobornos promedio de 100 000 dólares para lograr algo a cambio (por lo general, del Estado), según el último informe anual «Report to the Nations», publicado en mayo de 2018 por la Asociación de Examinadores de Fraude (ACFE, en inglés). Y esto, en una región que, según la Comisión Económica para América Latina (Cepal) registraba más de 187 millones de personas que vivían en la pobreza durante 2017 y 62 millones en la pobreza extrema[106].

Ahora, volvamos a nuestro pago chico. ¿Cómo se paga coimas, hoy, en la Argentina?

Fácil: de todas las formas y con todas las variantes posibles.

Se paga cash. Sobran los expedientes judiciales que detallan entregas en sobres, cajas de teléfono celular y de zapatos, cajas industriales de cartón, maletines, valijas, bolsos, mochilas y mucho más. Pero eso será parte de otro capítulo.

Se paga también con bolsas, como contó Alfredo «Freddy» Tejerina cuando denunció al exjefe de asesores de Ricardo Echegaray en la AFIP, Rafael Resnick Brenner, cuando pasó a ser jefe de la Dirección Regional Salta tras quedar chamuscado por el estallido del «caso Ciccone»[107].

Aclaremos: «Freddy» no lo denunció a Resnick Brenner tras rechazar ese supuesto pedido. Al contrario: acordó pagar 1,5 millones de pesos en tres cuotas de 500 000, pagó las dos primeras, Resnick Brenner se marchó de Salta y lo dejó colgado con sus problemas fiscales irresueltos y, según el entonces denunciante, un millón de pesos menos.

Porque «Freddy» nada dijo cuando entregó sus primeras dos bolsas, con 500 000 pesos cada una, y «dejó de recibir requerimientos de las inspecciones (de la AFIP Salta) que recaían sobre sus empresas, (y) le levantaron el bloqueo de CUIT que tenía en una de las empresas».

Porque todo se pudrió recién cuando el intermediario de Resnick Brenner lo convocó a un bar de nombre paradigmático para decirle que hasta allí llegaron y si te he visto no me acuerdo. «El día 16 de febrero de 2016, se reúne en la confitería Bonny & Clyde, donde el (intermediario) le manifiesta que ya no podía brindar protección atento a que el doctor Rafael Resnick Brenner ya no se encontraba al frente de la Dirección Regional».

Para entonces, Resnick Brenner enfilaba hacia el juicio oral por el «caso Ciccone» y acumulaba denuncias similares a la de «Freddy». Entre ellas, una que lo vinculó al juez federal de Orán, Raúl Reynoso —⁠luego detenido, acusado de cobrar coimas, asociación ilícita y proteger narcos⁠— y a un comerciante sirio de apellido Barakat Barakat —⁠luego detenido por contrabando de precursores químicos y supuestos vínculos con dos homicidios.

Las coimas también se pagan con cheques a nombre de terceros.

Eso, por ejemplo, se sospecha que instrumentó el lobista Jorge «Corcho» Rodríguez como parte del capítulo argentino del Lava Jato. A través de cuatro sociedades offshore que ya reconoció que utilizó para delinquir, Odebrecht giró al menos 9 millones de dólares a dos cuentas bancarias en Uruguay de la sociedad Sabrimol Trading, que operaron el contador uruguayo y el contador argentino del «Corcho». Con los fondos ya en Montevideo, ambos libraron cheque tras cheque tras cheque que el «Corcho» se llevó con destino incierto[108].

Se paga con transferencias a cuentas bancarias abiertas a nombre de terceros sin relación con el negociado. Algo que en las «cuevas» llaman «acercar puntas». Es decir, desde una cuenta en el exterior de A o de la sociedad fantasma B se envía dinero a otra cuenta en el exterior abierta a nombre de C o de la sociedad fantasma D. Así, los investigadores nunca podrán encontrar al pagador Y ni al receptor Z de la comisión.

Eso es algo habitual, por ejemplo, entre aquellos que tienen que «colocar deuda» —⁠es decir, emitir títulos o bonos de un Estado o de una empresa privada⁠— y sus agentes financieros —⁠es decir, las entidades que gestionarán la operatoria y atraerán inversores que compren esos títulos o bonos⁠—. Porque un «tajo» de la comisión (o «fee») de esos agentes a veces termina en una cuenta secreta a disposición del funcionario público o ejecutivo privado que trajo el negocio.

¿O vamos a simular que nos sorprendemos cómo Amado Boudou, su socio José María Núñez Carmona y el «gestor de negocios», Alejandro Vandenbroele cobraron una comisión de 7,8 millones de pesos por reestructurar la deuda pública que la provincia de Formosa arrastraba con el Estado nacional, según sospechan los investigadores? ¿Y que parte de ese dinero volvió al entonces presidente del Banco de Formosa, ladero de íntima confianza del gobernador Gildo Insfrán, algo que los sabuesos judiciales definen por lo bajo como «el retorno del retorno»?

¿Por qué, por ejemplo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) dejó miles de millones de pesos en cuentas a la vista, durante los últimos años del kirchnerismo, en vez de colocarlos en instrumentos de inversión que podían reportarle ganancias? ¿Cuánto vale para los bancos que recibieron esos fondos contar con esa liquidez extra? Solo entre 2014 y 2015, esa inacción implicó que el FGS dejara de ganar entre 1000 y 1500 millones. Y, por el contrario, le reportó beneficios directos a dos bancos privados: el Macro, de Jorge Brito, y el Hipotecario, presidido por Eduardo Elsztain. A ellos se sumó un banco público, el Nación. Los tres pudieron fondearse con el dinero del sistema previsional argentino y, según el caso, generar réditos para sí. Algo cuestionable, vale aclarar, pero no ilegal[109].

Las coimas se pagan, también, en «especie», con caballos de carrera, jugadores de fútbol, lapiceras, habanos, autos, barcos, lotes, departamentos, casas, campos, estancias, joyas, sentencias y nombramientos, acciones, bonos, y mucho más.

¿Autos? Sí, como los dos «vehículos blindados» (a un valor de 107 000 dólares cada uno) que cobró el exjefe de seguridad de la petrolera estatal venezolana, Rafael Reiter Muñoz, señalado como el hombre que metió el dinero al avión de «Presidencia Argentina» que derivó en el «caso Antonini» en agosto de 2007. En su caso, los blindados no fueron lo único. También acumula denuncias en España, Venezuela y Estados Unidos por «mover hilos dentro de la petrolera para favorecer a las empresas elegidas», además de cobrar «868 000 dólares para comprar un departamento» en Miami; transferencias por más de medio millón de dólares a «cuentas controladas por su esposa» y 1,5 millones de dólares para una productora bajo su control, según reveló el diario español El País[110].

¿Joyas también, como el anillo del entonces juez federal Norberto Oyarbide? Por lo pronto, el cabecilla del «caso Gürtel» en España, Francisco Correa, contó a la Justicia cómo utilizaba los viajes, las fiestas con prostitutas y las joyas como «mimos» para los políticos del gobernante Partido Popular (PP). Y que detectó que los relojes de lujo de la joyería Suárez de Madrid eran toda una debilidad entre los hombres. Se los dejaba encima de la mesa, en una bolsa roja, al final del almuerzo. «Ábrela en casa», les decía. Y la mayoría aceptaba[111].

¿Sentencias y nombramientos? Eso es lo que denunció la senadora liberal paraguaya Emilia Alfaro, en junio de 2018, cuando contó que le ofrecieron que la Corte Suprema de su país fallara a favor de su hijo, Lorenzo, en una disputa por acceder a una diputación. Eso, claro, si ella votaba a favor de aceptarle la renuncia al presidente Horacio Cartes y su designación inmediata como senador, con fueros. Eso, en un contexto en que otro senador, el colorado Jorge Dos Santos, denunció que le ofrecieron una fortuna por su voto —⁠«Puede que los 500 000 dólares solucionen mis cuentas, pero quiero dejarle a mi familia la honra», retrucó⁠—, mientras que un tercer senador, Juan Carlos Galaverna, registró un curioso cambio de actitud en coincidencia con la designación de un hijo suyo en la Dirección Jurídica de Itaipú, con un salario de 3500 dólares por mes, aunque el legislador aclaró que se ajustó a los procedimientos de rigor[112].

¿Reservas petrolíferas? Eso es lo que sospecharon los investigadores estadounidenses que comenzaron a hurgar en la concesión de Cerro Dragón, en la Patagonia argentina, tras una denuncia de la British Petroleum (BP). Expertos de la Comisión de Valores (SEC) y de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) indagaron si BP y Pan American Energy, de los Bulgheroni, pagaron sobornos para extender hasta 2047 esa concesión a través de una supuesta triangulación de fondos urdida por el expolítico y empresario José Luis Manzano.

«Who’s Manzano?» —«¿Quién es Manzano?»— fue una de las primeras preguntas de la SEC y el FBI que debieron responder los más estrechos colaboradores de los Bulgheroni. Y el propio Manzano debió presentarse a una «entrevista» en febrero de 2015 por su firma Andes Energía PLC. ¿Le habrán preguntado por sus operaciones en el mercado secundario de Londres? ¿Y sobre el empresario Jorge Aidar Bestene y el fallecido gobernador de Chubut, Mario das Neves? Una investigación, en suma, que luego se archivó en Estados Unidos, pero que promete sorpresas que en la Argentina son casi imposibles.

¿Por qué?

Porque la pesquisa local quedó en manos del juez federal Rodolfo Canicoba Corral y del fiscal Guillermo Marijuán, quien propuso el sobreseimiento de Manzano y Aidar Bestene, que quedó firme en julio de 2017. Y aunque un año después continúan las indagatorias de los legisladores chubutenses que aprobaron la extensión del contrato, también se convocó en el expediente, como experto en Derecho Administrativo, al exministro Roberto Dromi.

Digamos, al menos, que Manzano no está solo cuando de sospechas de triangulaciones se trata. También aparece Julio Ernesto Gutiérrez Conte, uno de los empresarios dilectos de Néstor Kirchner en la Casa Rosada. «Con Kirchner hizo negocios y millones, como el pase de manos de las cerveceras Bieckert y Palermo», rememoró el periodista Ricardo Roa en junio de 2018. «Eran del grupo Bemberg, dueño de Quilmes, que fue adquirido por Brahma. Defensa de la Competencia le ordenó a Brahma desinvertir y la empresa brasileña eligió desprenderse de Bieckert y Palermo. Estaba interesada la chilena Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) pero el Gobierno obligó a Brahma venderlas a un tercero. Hubo amparos judiciales hasta que apareció ese tercero: el polista y surfista Gutiérrez. Las compró en 20 millones de dólares y al rato las revendió por 80 millones de dólares ¡a CCU! Clink, caja»[113].

¿Y acciones? ¿Esa fue la discusión de fondo entre la viuda de Kirchner y los Eskenazi que antecedió al reingreso del Estado en la YPF? Porque los Eskenazi llevan años explicando que pusieron todo su dinero —⁠y se endeudaron hasta el cuello⁠— para comprar el 14,9 % de las acciones de la petrolera en 2008, luego otro 0,1 % y en 2011 un 10 % adicional, pero aún así no logran sacarse de encima la sombra de Néstor Kirchner y el mote del «capitalismo de amigos». O, como los definieron con toda malicia los españoles de Repsol, ser «expertos en mercados regulados».

¿Y qué ocurrió entre Sebastián Eskenazi, Gerardo Werthein, Julio De Vido y Jorge «Corcho» Rodríguez por Telecom? ¿Sería cierto lo que contó Leonardo Fariña, cuando declaró ante la Justicia que la entonces presidenta Cristina Fernández le reclamó 80 millones de dólares a Werthein por ese negocio? ¿O divagó, quizá furioso con Gutiérrez por una cuita amorosa que incluyó un anillo a la vedette Karina Jelinek?[114]

Fariña, what a player!

Platense, usuario habitual del ómnibus para viajar a Buenos Aires y con problemas para cubrir los alimentos de su hijito, pero que de improviso saltó a las ligas mayores a puro dispendio. Se mostró al volante de una Ferrari, se casó con Jelinek y hasta solventó una megafiesta en Punta del Este con champagne Cristal. Pero todo lo que sube como cañita voladora… Y cayó, aunque en su debacle vomitó verdades y mentiras, se acogió a la figura del arrepentido, dejó que circulara la versión de que era hijo natural de Néstor Kirchner y acaso nunca sabremos cuánto hay de cierto en la acusación que lanzan junto a Báez: ¿Fariña se quedó con un vuelto ajeno y subió su perfil para que no lo matasen? ¿25 millones de euros, acaso?

Lejos de Fariña y sus dislates, en tanto, en «coimalandia» también se recurre a un mix de opciones, como intentaron los muchachos que visitaron a Héctor y Mariano Recalde, en noviembre de 2007, e inmortalizaron el episodio para la posteridad como el llamado «Affaire Luncheon Tickets».

Como diputado nacional y abogado de la CGT, Héctor impulsaba la eliminación de los vales alimentarios como instrumento de pago en los salarios. Y en ese contexto, Mariano recibió visitas vidriosas.

«Yo te pago cash. Cash en billete, donde vos me digas», buscó tentarlo uno de los dos emisarios de la Cámara de Empresas de Servicios de Vales Alimentarios y Similares (Cevas), Santiago Lynch, sin saber que Mariano lo filmaba con una cámara oculta. «Si es poco (dinero) lo hacemos en Buenos Aires y si es mucho nos vamos a Uruguay. No hay recibo. No hay nada», le planteó junto a Miguel Gutiérrez Guido Spano.

Tres fueron los encuentros, en total, en los que Lynch y Gutiérrez Guido Spano ofrecieron un menú de opciones: «bicicleta», «pickup» y «Mercedes-Benz».

«Bicicleta» = demorar el proyecto a cambio de 10 000 dólares por mes.

«Pickup» = modificar el proyecto original y mantener el carácter no remunerativo de los vales pero declararlos inembargables a cambio de una suma mayor a la anterior.

«Mercedes-Benz» = sustituir el proyecto por otro que consignara la obligatoriedad de otorgar tickets a empleados que cobraran menos de 2000 pesos por mes —⁠unos 650 dólares al tipo de cambio entonces vigente⁠—, a cambio de 20 millones de dólares a pagar en cinco tramos: 10 % al presentar el proyecto, 10 % si se aprobaba en la comisión, 20 % si el proyecto obtenía media sanción en Diputados, 20 % más si se aprobaba en el Senado y el 40 % restante tras publicarse en el Boletín Oficial.

Lynch y Gutiérrez Guido Spano terminaron con una denuncia penal, procesados y frente a un Tribunal Oral. En 2010 obtuvieron una «probation» —⁠es decir, una suspensión del juicio a prueba, con trabajos comunitarios⁠— que les permitió eludir la cárcel, aunque Casación revocó esa decisión en 2014 y quedaron a las puertas de un juicio oral, que se complicó porque Lynch se profugó. ¿Qué esperaban? ¿Que se presentara? Por eso, condenaron solo a Gutiérrez Guido Spano a tres años de prisión… en suspenso[115].

Escape divino…

Peor aún es el caso del empresario Ferrari, exconcesionario de los casinos de la provincia de Río Negro, condenado a cuatro años de prisión por pagar coimas y prófugo desde agosto de 2016. Interpol lo ubicó en Cancún y alertó a la Justicia, pero le perdieron el rastro cuando voló a Lima, Perú. ¿Y a quién sobornó Ferrari? Al entonces presidente de Lotería provincial, Miguel Irigoyen, también condenado a 5 años de prisión… y también prófugo[116].

A los intendentes, en cambio, se les suele pagar con terrenos —⁠a nombre, claro, de un familiar, testaferro o sociedad⁠— en los countries que esos mismos intendentes habilitan al «rezonificar» un predio que era rural y que, por tanto, era más barato y acumulaba restricciones de todo tipo para desarrollos inmobiliarios.

Al entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, en cambio, le pagaron con un avión, en diciembre de 2008. Costó 4,2 millones de dólares y se inscribió a nombre de su «testaferro» Manuel Vázquez —⁠como él mismo se definió en un correo electrónico de diciembre de 2004 que recuperó la Justicia⁠— a través de un entramado offshore.

Vázquez venía de graduarse en un gran coche escuela. Porque antes de intermediar para Jaime trabajó como gerente general de Facema, una empresa de Carlos Sergi, alias «El Padrino», señalado por los investigadores de la Argentina, Alemania y Estados Unidos como el factótum de las coimas que Siemens pagó a funcionarios menemistas y de la Alianza por el contrato para confeccionar los DNI[117].

Jaime, de todos modos, era omnívoro. Recibió «cash», aceptó todo tipo de regalos y los empresarios a los que debía controlar hasta le pagaron el alquiler del departamento donde se alojó en la ciudad de Buenos Aires mientras él solía mostrarse por Puerto Madero en una moto de alta cilindrada, enfundado en un catsuit de cuero.

¿Por qué hizo eso? ¿Cuál era el sentido de llamar la atención? ¿No hubiera sido más astuto que extremara el bajo perfil, como ordenó Néstor Kirchner a varios de sus laderos, incluido Rudy Ulloa, tan silencioso que pocos recuerdan que la Justicia santacruceña abrió una causa en 2000 por presunto tráfico de estupefacientes que pronto se silenció hasta archivarla?

Si mantenerse debajo de los radares es una opción, otra, esbozada en el libro El ocaso de la virtud, del sociólogo argentino José María Simonetti, es que ciertos corruptos actúan como faros en las tinieblas. Llaman la atención con sus modos, gustos y excentricidades para así guiar hacia ellos a los potenciales corruptos, que a su vez siempre quieren saciar una duda: ¿el dinero negro que entregaron llegó a la ventanilla «correcta»?

En palabras del sociólogo y politólogo italiano Alessandro Pizzorno, esa es «la ventaja de la mala reputación», que les muestra por dónde avanzar a quienes buscan un atajo ilícito y reducir sus riesgos[118].

En otras palabras: coimeros del mundo, vengan a mí.

Porque como plantea Simonetti, la ostentación de un corrupto «tiene una finalidad identificatoria, edificada sobre la impunidad. Simboliza la disposición de llevar adelante ciertos asuntos sin pagar los costos sociales. Este es el sentido de algunas modas y costumbres, la concurrencia a ciertos lugares, fiestas o acontecimientos sociales»[119].

Porque si un empresario quiere ofrecer un negocio vidrioso, ¿se sentiría más cómodo tanteando si la Madre Teresa de Calcuta disfruta de las aguas cenagosas? ¿O preferiría sentarse con Jaime, quien como máximo le diría que se equivocó de interlocutor para su negociado y le recomendaría que llame de su parte a tal o cual otro funcionario?

Porque un sistema de corrupción tiene su propia lógica. Y hay veces en las que el propio sistema jurídico, el Derecho, resulta un factor que alienta la corrupción en vez de luchar contra ella, como plantea Héctor Mairal. Ya sea porque le otorga al funcionario «facultades discrecionales excesivas e innecesarias» para, por ejemplo, demorar una resolución o seleccionar a quién se controla o disponer permisos «precarios». O porque da amplios márgenes de interpretación o resulta demasiado oscura o ambigua, al igual que las «normas irreales o excesivamente ambiciosas». Opciones todas para los funcionarios rapaces[120].

Claro que también puede ocurrir lo contrario. Es decir, que los vericuetos no sean para los políticos corruptos, sino para los empresarios corruptores, que en ocasiones obtienen beneficios con forma de, por ejemplo, un acápite de un inciso de un artículo de un decreto reglamentario de una ley, algo minúsculo en apariencia pero que vale millones, y que en la práctica funcionan como «trincheras» de sus prebendas.

¿Ejemplo?

En 2016, el Banco Central (BCRA) autorizó a los bancos a enviar los resúmenes de cuenta por correo electrónico. Pero debió dar marcha atrás ante el reclamo de Camioneros —⁠que llegó a bloquear el ingreso a la entidad⁠—, el gremio de Hugo Moyano, que afirmó que peligraban 4000 empleos por esa medida. Casi dos años después, y a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 27/2018 para la «desburocratización» que firmó el presidente Mauricio Macri, se hizo el segundo intento, que también fracasó. Porque el Congreso bloqueó esa reforma[121].

Porque los sótanos tienen su propia lógica. Tanto para los negocios como para las interacciones personales.

«Si bien la corrupción requiere discreción, los políticos de negocios, no obstante, tienen el mismo interés que otros actores de los mercados ilegales en adquirir una fama semipública de arrogancia», también explicó la socióloga italiana Donatella della Porta, tras convertirse en una de las más reconocidas estudiosas de la corrupción italiana[122].

¿Cuál sería el sentido de un político de ganarse fama, ya no de corrupto, sino de arrogante, agresivo, loquito o arbitrario?

«Aunque a primera vista parezca que aumenta el riesgo de denuncias, en algunos aspectos de la organización de la corrupción resulta muy útil tener fama de arrogante», detectó Della Porta. «Tener fama de “duro” o “autoritario” y de tomar decisiones arbitrarias aumenta entre los empresarios la sensación de los riesgos que comportaría el resistirse a las demandas de los funcionarios corruptos. La prepotencia da la impresión de un poder tan absoluto como arbitrario es su ejercicio, aumentando el temor del empresario».

De hecho, así se completa lo que Alessandro Pizzorno denomina el «círculo vicioso de la arrogancia» y Della Porta resumió con precisión: «El alarde de la capacidad de ser arbitrario crea una fama de poderoso y esto acumula la demanda de favores y crea un apoyo que se puede emplear en el terreno político para incrementar el poder real»[123].

Esa prepotencia, vale aclarar, no implica la ruptura de los «códigos» sociales. «Si bien tienen que construirse una “reputación” favorable en el mercado de la corrupción (los políticos corruptos) también tienen que atenerse a un concepto particular de honradez: respetar las obligaciones asumidas en las transacciones ilegales», explicó Della Porta. Es decir, que si acordó una prestación a cambio de dinero, se cumplirá esa prestación.

Esos mismos «códigos» de la corrupción se consideran, además, ya por conocidos y aceptados por todos los actores. Así, si un empresario construirá una ruta que pasará por uno o varios distritos, los intendentes dan por sentado que pasará a visitarlos. Si no lo hace, afrontará una inspección. O padecerá el despliegue de movimientos sociales o incluso ONG creadas al solo efecto de recaudar, como pueden atestiguar muchas constructoras argentinas y brasileñas, como Odebrecht.

Ya volcada a colaborar con los investigadores del Lava Jato, la constructora brasileña relató, por ejemplo, que comenzó a construir una ruta en su país cuando de improviso apareció una ignota ONG que nucleaba a aborígenes que en teoría defendían derechos ancestrales, pero que en la práctica respondía a los políticos de la zona que solo querían recaudar. ¿Conclusión? Odebrecht pagó «propinas» en Brasil a «indios» y «barbudos», en alusión a sindicalistas, según relató un delator[124].

Pasó en Brasil; pasa en la Argentina.

Pasa en los negociados domésticos y en los trasnacionales.

Como cuando dos emisarios del gobierno venezolano de Hugo Chávez buscaron comprar el silencio de Guido Alejandro Antonini Wilson en Estados Unidos sobre lo que había ocurrido aquella madrugada del 4 de agosto de 2007 en el aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires.

Los emisarios, Franklin Durán y Carlos Kauffman, le juraron a Antonini que todo saldría bien, según quedó asentado en las grabaciones que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) registró entre agosto y diciembre de 2007. Solo tenía que decir, le explicaron, que el maletín decomisado con los 790 550 dólares era suyo y lo recompensarían… con otros 2 millones de dólares, cash. «Una vez que reciba el dinero, yo te mando un mensaje: “Gordo, recibí los maletines”», le prometieron los intermediarios, para tranquilizarlo y al mismo tiempo tentarlo con dinero fácil… y cash.

A veces, en cambio, los sótanos recurren a operatorias complejísimas, como en el «caso Siemens». La multinacional germana colocó eslabones para que sirvieran de «cortafuegos» ante la eventual apertura de una investigación penal sobre los sobornos que pagó a funcionarios argentinos que podrían resumirse así:

Siemens empezó por generar fondos con un megaproyecto fantasma en China.

Desde China giró los fondos a tres sociedades pantalla en Dubai.

Desde Dubai giró los fondos a una empresa en Hamburgo, Alemania, controlada desde las sombras.

Desde Hamburgo giró parte de los fondos a Suiza y el resto retornó a Dubai.

Desde Dubai se giraron fondos a Bahamas y sociedades creadas en Panamá y Costa Rica.

Desde el Caribe, parte de los fondos se transfirió a Estados Unidos, otra parte retornó a varios paraísos fiscales europeos y otra parte más se envió a Uruguay.

Desde Uruguay, parte de los fondos se transportó, cash, a Buenos Aires y otra parte se remitió a Estados Unidos, Europa y Hong Kong, último eslabón conocido de las coimas que Siemens pagó a funcionarios argentinos.

Odebrecht tampoco se quedó atrás. Según reconstruyó la Justicia brasileña, utilizó cuentas bancarias en distintos paraísos fiscales a nombre de sociedades fantasmas controladas por «doleiros» para transferir el dinero negro por Hong Kong, Shangai, Andorra, las Islas Caimán, Suiza, Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y Uruguay, entre otras escalas[125].

A veces, por el contrario, se opta por algo tan sencillo como comprar un reloj y entregárselo en mano al funcionario a cargo de controlar a quién ofrece ese regalo. Ocurrió, por ejemplo, con el director de Planeamiento del Organismo Nacional de Administración del Estado (Onabe), Cristian Daniel López, que cuando devolvió al Estado el auto oficial que había utilizado hasta entonces olvidó en la guantera la factura por 125 000 pesos por un reloj PH Tag Heuer que la joyería Testorelli emitió a nombre de un empresario al que en teoría debía controlar, Gonzalo Raúl Arana[126].

A veces, los pagos son directos, como declaró Estela Kank, una de las exdueñas de la constructora Kank y Costilla, empresa que terminó en manos de Lázaro Báez. Detalló que De Vido, en tiempos de gestión santacruceña, se reunía con empresarios en su despacho de Río Gallegos y que en un momento de la reunión, uno de los visitantes debía ir al baño y dejar en el botiquín un sobre blanco y sin membrete, con dinero en efectivo por el 5 % del monto del contrato.

La Justicia desestimó las declaraciones de Kank y Néstor Kirchner ya murió. Si no podría responder si un altísimo funcionario de la AFIP le alertó que empresarios que iban a verlo le relataron las mismas vivencias, pero en el baño de De Vido en el Ministerio de Planificación Federal, frente a la Plaza de Mayo y la Casa Rosada.

¿Y Felisa Miceli? ¿Ocurrió algo similar, acaso, en su baño? Según la Justicia penal, no. La condenó, sí, pero no por la bolsa inexplicable con 100 000 pesos y 31 670 dólares, sino por los delitos de encubrimiento agravado y sustracción de documento público porque destruyó el acta que informaba el hallazgo de ese dinero en su baño del Ministerio de Economía.

Más interesante fue su primera reacción tras la condena. «Fui condenada por no contar con una estructura de poder propia que me defendiera», dijo en la vereda de Tribunales, en una mezcla de bronca y de franqueza, al corroborar que estaba fuera del sistema que sí les garantizó la impunidad a otros funcionarios más complicados.

Otras veces, en cambio, los pagos no son directos, sino a través de una «cueva». Es decir, financieras clandestinas aptas para-lo-que-sea-necesario. Entre otros servicios, cobrar las coimas de los funcionarios.

¿Cómo? Es muy habitual que los contratistas del Estado, en particular los de obra pública, afronten demoras exasperantes para cobrar del Estado sus certificados de obra. Cuando lo logran, reciben cheques posdatados con la indicación expresa de acudir a cierta financiera en particular para cambiarlos por efectivo, con una tasa de descuento. Pero esa tasa no responde a un eventual riesgo de incobrabilidad del cheque. Tanto el empresario como el «cuevero» saben que el cheque es bueno. Lo que cobra la cueva es la coima del funcionario involucrado.

En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el porcentaje histórico de la tajada por cada certificado de obra era del 5 %, aunque después pasó al 8 %, en línea con la provincia de Buenos Aires.

Otras veces, el truco pasa por nombrar a un «asesor» o «consultor» en el proyecto, aunque esa jugada ya era vieja y conocida durante el menemismo, cuando para el gasoducto argentino-chileno, el entonces jefe de Gabinete del ministro Domingo Cavallo les habría pedido a los empresarios incorporarlo al proyecto como asesor, con honorarios por el 2 % del valor presupuestado de la obra. Es decir, unos 8 millones de dólares[127].

Muchas veces más, los pagos son a través de un intermediario, como ocurrió con Manuel Vázquez, quien admitió que cobró una coima de 1,1 millones de dólares de la aerolínea chilena LAN para el entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, mediante el dibujo de una supuesta asesoría. O como ocurrió también con el contador marplatense Andrés Galera, enviado a Tucumán por el Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido, según recuerdan los empresarios que allí lidiaron con él[128].

¿Cómo podrían esos empresarios olvidar a un gigante de casi 2 metros que les pidió entre el 2 y el 5 % mientras los recibía, en pijama, tirado en la cama, en una habitación del hotel Catalinas Park, frente al parque 9 de Julio, tomando jugo de naranja?[129]

Galera lo negó todo, aunque Juan Falivene, Rodolfo Alonso, Fernando Battig y Antonio Viola son algunos de los empresarios tucumanos que se reunieron con él, así como también Adrián «Pichi» López, quien pasó años detenido por su rol en el «caso Skanska», testificó y hasta denunció aprietes desde los sótanos de la ex SIDE para que cerrara su boca. «Yo sabía que era… un valijero», rememoró Pichi ante la revista Noticias. «Y él», precisó en alusión a Galera, «decía venir en nombre de Planificación».

Apoderado de la firma fantasma Infiniti, Pichi López sabía mover «cash». Él depositaba cheques en una cuenta del Banco Supervielle, luego él mismo extraía el efectivo —⁠hasta 50 000 pesos por vez⁠— se quedaba con su 5 % de comisión y entregaba el resto, en mano, al contador Alfredo Greco para que junto a Skanska completaran los pagos delictivos.

Según López, mantuvo una reunión con Galera y con un estrecho colaborador de De Vido, el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio, Roberto Baratta. Fue en 2005 y fue en el porteño hotel Regal Pacific[130].

Hoteles, hoteles. Como el NH City Hotel, donde el entonces concejal socialista Norberto La Porta denunció que se habrían pagado sobornos para renegociar el contrato de la basura con otro intendente, el porteño Carlos Grosso. «Se hablaba de un total de aproximadamente 3 millones de dólares. No es mucho si usted piensa que al aprobarse el proyecto la Municipalidad debía indemnizar a Manliba con 50 millones de dólares», contextualizó La Porta, al cual se sumó el entonces diputado nacional Carlos «Chacho» Álvarez, quien alertó que la Municipalidad había pagado 56 millones de dólares, sin chillar, ni apelar, por el reajuste de un contrato vencido[131].

Aunque, claro, si vamos a hablar de intendentes, allí está la investigación del juez federal Claudio Bonadío, que en junio de 2018 citó a indagatoria a un centenar de jefes comunales de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones, acusados de desviar cientos de millones de pesos del Estado nacional para obras públicas que nunca se hicieron, investigación en la que ya se encontraban procesados los exjefes de Gabinete, Jorge Milton Capitanich y Aníbal Fernández[132].

¿Qué define a un «intermediario» del lado oscuro?

Acaso la mejor caracterización de esos muchachos la haya ofrecido la filial argentina de Siemens, que de coimas supo mucho, y distribuyó una «Guía de Cumplimiento Normativo. Lucha contra la corrupción» con los «signos de peligro» a la hora de lidiar con intermediarios. Todos se contradicen con sus acciones en el Proyecto DNI:

Parece no disponer de la suficiente cualificación o de personal suficiente.

Está designado o es recomendado por un representante gubernamental.

Exige que su identidad se mantenga oculta.

Exige que se le abone en efectivo o por adelantado o mediante pagos offshore.

Exige que Siemens elabore documentos falsos.

Exige una compensación desorbitada en relación con el valor de los servicios proporcionados.

Trata de obtener el reembolso de gastos inusualmente elevados o no documentados[133].

Ejemplo de los años noventa: IBM-Banco Nación: «La operación que se realizó con el Proyecto Centenario puede sintetizarse así: personal directivo de IBM y del Banco Nación utilizaron dos empresas fantasmas como pantalla, para cubrir una maniobra de defraudación y soborno. Mediante una de ellas, Availability, digitaron el pliego de licitación para que coincidiera, exactamente, con la oferta de IBM, impidiendo que otra firma pudiera ganar. Luego, a través de la otra empresa, CCR, cubrieron la salida de 21 millones de dólares para el pago de sobornos a quienes participaron de la estrategia»[134].

¿Ejemplo kirchnerista + poskirchnerista? El operador Jorge Rottemberg, quien utilizó a la sociedad uruguaya Millfox Trading para el presunto pago de sobornos por 10 millones de dólares a políticos y directivos de la petrolera estatal brasileña Petrobras para que Cristóbal López comprara de la refinería San Lorenzo y otros activos en la Argentina. Y que también intermedió entre López y el financista Ignacio Rosner para que el enigmático fondo «OP Investments» tomara el control del Grupo Indalo, con la ilusión de que eso le permitiera evitar la cárcel al empresario patagónico. No fue así. El otrora «zar del juego» terminó tras las rejas y los inversores detrás del fondo OP —⁠en honor a «Osvaldo Pugliese», célebre antimufa argentino⁠— jamás aparecieron[135].

¿Ocurrió algo similar con «Contrater Consulting», una firma española sin antecedentes en la industria energética pero que en agosto de 2008 firmó un acuerdo con la petrolera estatal Enarsa por la entrega de gas licuado (GNL) en un barco ruso que nunca llegó a Buenos Aires, aunque se desembolsaron 57 millones de dólares? Desde entonces se lo conoce como el «barco fantasma» o, más picante, el «Perla Negra» del Río de la Plata[136].

Para ser justos, cuatro siglos antes ocurrió un caso aún mejor de piratas y contrabandistas en el Río de la Plata. El primer gobernador español de la zona, el pamplonica Diego de Góngora, llegó al estuario con cuatro barcos por valor de 300 000 cruzados que había cargado en Lisboa, pero solo declaró uno. Así que el enviado por el Rey para combatir el contrabando ingresó a Buenos Aires, descargó y vendió todo lo que tenía en ese barco, que por las noches salía a navegar para encontrarse con los otros tres barcos, cargaba mercadería y reingresaba al puerto para continuar con las ventas, que solo entre las costas de Brasil y Buenos Aires daban ganancias del 300 %[137].

Piratas, contrabandistas e intermediarios, por lo visto, son parte del ADN rioplatense…

A la hora de los intermediarios contemporáneos, en tanto, los exejecutivos de Odebrecht pueden confirmar su rol delictivo. Tras acogerse al régimen de la «delación premiada» en su país relataron cómo el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, y el lobista Jorge «Corcho» Rodríguez se convirtieron en interlocutores con De Vido.

«Rodney Rodrigues, mi subordinado, fue abordado por un empresario local llamado Jorge Rodríguez, quien se decía interlocutor del señor Roberto Baratta», relató el exvicepresidente de Odebrecht para América latina de Odebrecht, Luiz Antonio Mameri, que calificó al ladero de De Vido como «el responsable de definir las prioridades de pago de las obras realizadas por el Gobierno».

Tras la muerte de Néstor Kirchner en octubre de 2010, según Mameri, el «Corcho» Rodríguez le explicó a su equipo en Buenos Aires que debían pagar «una contrapartida» por cada factura pendiente de cobro. Era, los conminó, la única forma de que el Ministerio de De Vido destrabara los pagos. Así que Mameri autorizó las coimas, otra vez, y el consorcio comenzó a cobrar los millones pendientes.

Otro exejecutivo de Odebrecht convertido en delator, Marcio Faria, contó en Brasil detalles de cómo fue la cocina del proyecto para extender las redes troncales de gasoductos en la Argentina, con Wagner y el «Corcho» de un lado —⁠en distintas etapas⁠— y un ejecutivo brasileño asignado a Buenos Aires, Flavio Bento e Faria, del otro.

—¿Todas esas tratativas con Jorge Rodríguez y Carlos Enrique Wagner las hizo Flavio Faria? —⁠le preguntó un fiscal brasileño.

—No —aclaró Marcio Faria—, Flavio simplemente les indicó con quién tenían que hablar (dentro de Odebrecht) para que se hicieran los pagos (de las coimas). Flavio Faria funcionó como puente. Decidimos ir para adelante y así fue.

—¿De cuánto fue el pago a Carlos Enrique Wagner y Rodríguez?

—En el período 2007-2014, nosotros pagamos 25 millones de dólares.

—¿Puede precisar de cuánto fue el pago para cada uno?

—No, no lo sé, pero tal vez esa información esté en la empresa.

—¿Y los pagos fueron hechos…?

—En el exterior, transferencias en el exterior.

—¿Sabe decirnos cómo se hizo ese pago, si se hizo de forma integral? —⁠inquirió el investigador del Lava Jato.

—No, siempre en partes, y siempre a ellos, que se decían representantes de los funcionarios públicos —⁠explicó Faria⁠— y siempre proporcionales a la participación de cada empresa en el contrato.

Ante la Justicia y en diálogo con este autor, el «Corcho» Rodríguez siempre rechazó haber participado en ilícito alguno, ser el dueño de la sociedad uruguaya Sabrimol Trading o haber intermediado entre los brasileños y los funcionarios argentinos para el pago de sobornos. «Juro por mi hija que nunca le pedí a ningún ejecutivo de Odebrecht dinero para coimear a funcionarios, como también juro que ni De Vido, ni Baratta, ni ningún otro funcionario me pidió jamás una coima», afirmó durante una entrevista.

Sin embargo, el chofer del Ministerio de Planificación Federal, Oscar Centeno, volcó algo muy distinto en uno de sus cuadernos. En línea con las confesiones de los exejecutivos de Odebrecht en Brasil, mencionó a Rodríguez en sus cuadernos tras la muerte de Kirchner. Lo hizo el 17 de septiembre de 2013, cuando contó que Baratta recolectó 750 000 dólares, que llevó a su departamento, y que «en el camino decía que mañana se retiraría [dinero] de Electroingeniería, Corcho Rodríguez, Isolux, Calcaterra» [sic].

Al día siguiente, Centeno detalló que Baratta y su secretario, Nelson Lazarte, pasaron por una sucursal del Banco Macro, por el estacionamiento común al hotel Hilton y a otros locales y empresas de Puerto Madero —⁠entre ellas IECSA⁠—, por la zona de la avenida Leandro N. Alem y la calle Lavalle, y por la sede de Electroingeniería. «Mientras di la vuelta con el auto, ya estaban esperándome con el bolso lleno con dinero —⁠escribió⁠—. Hablaban de 800 000 dólares y regresamos al Minplan», es decir, el Ministerio de Planificación[138].

En términos más amplios, la investigación «Lava Jato» permite reconstruir cómo era —⁠¿es?⁠— el entramado de corrupción en Brasil y, como en un espejo, también cómo sería en la Argentina.

¿Qué muestra Brasil? En esencia, que la petrolera estatal brasileña, Petrobras, licitaba sus grandes obras a constructoras y empresas de ingeniería brasileñas para estimular la creación de empleo y a cambio de quedarse con los contratos, esas compañías debían desviar 3 % en promedio para sobornos a políticos y ejecutivos de Petrobras.

¿Y luego? Para blanquear esas coimas, los receptores reintrodujeron el dinero negro en el sistema formal a través de hoteles, estaciones de servicio y lavanderías, honrando así a Meyer Lansky, el socio de Al Capone que dio nombre a la actividad ilícita. Porque fue él, «el Contador de la Mafia», quien tomó las ganancias de la venta de bebidas alcohólicas en plena «Ley Seca» de Estados Unidos y las reinsertó en el circuito legal inflando las ventas de las lavanderías que había comprado para eso. Ergo, Lansky y sus secuaces fueron los primeros que «lavaron» dinero.

Muchos años después y en Brasil, los seguidores de Lansky transfirieron los sobornos de los ejecutivos de Petrobras al exterior a través de cientos de empresas fantasmas y cuentas bancarias controladas por «doleiros» —⁠«cueveros» en la jerga brasileña⁠— que llegaron incluso hasta Hong Kong y China. Con un truco final: emitieron tarjetas de crédito vinculadas a algunas de esas cuentas, que entregaron en mano a los verdaderos dueños del dinero. Así pudieron darse una vida de lujo sin quedar pegados a los fondos, ni a las cuentas, hasta que explotó el Lava Jato y se dio el sálvese quien pueda[139].

El problema, claro, es cuando la desconfianza supera al miedo.

Eso ocurrió en Catamarca, en noviembre de 2004, cuando empresarios denunciaron que debieron entregarle el supuesto «retorno» al intermediario y luego ministro de Obras Públicas provincial, Rubén Dusso, para que él lo entregara a un enviado del secretario de Obras Públicas, José López, y del secretario de Vivienda, Luis Bontempo.

«Al parecer, los empresarios desconfiaban de Dusso, de modo que fueron todos en caravana hasta el Aeropuerto cuando llegó el avión particular que se llevaría las “coimas”, para garantizar que la entrega se hiciera efectiva», detalló el diario El Ancasti, en noviembre de 2016, basado en el testimonio judicial del expresidente de la Cámara de la Construcción en esa provincia, Fernando Rivera[140].

«Para poder trabajar, cada empresa era obligada a abrir una cuenta corriente especial, en la que el Gobierno nacional les depositaba los adelantos de obra y pagos directamente, sin intervención de los organismos provinciales. Depositado el dinero, los empresarios retiraban el monto del “retorno”» y se congregaban en las oficinas de Dusso, reveló el diario.

Dos años después de las revelaciones de El Ancasti, el actual presidente de la Cámara de la Construcción en Catamarca, Julio Córdoba, actuó como si nada hubiera ocurrido. Reclamó por la falta de envío de fondos nacionales para construir viviendas, lamentó las «demoras para aprobar las adjudicaciones a nivel nacional» y las «demoras para la rendición de fondos», para después alertar sobre el riesgo de que se paralicen esas obras.

Lo que nunca imaginó Córdoba fue la respuesta que cosechó. «Debe haber una coherencia de reclamar siempre. Reclamar cuando hay demoras en las transferencias y reclamar cuando hay actos de corrupción que vacían los fondos para las viviendas destinadas a los sectores vulnerables como ocurrió en muchas oportunidades», le retrucó la diputada provincial Marita Colombo. «En el caso de los sobreprecios hubo una connivencia no solo de quienes decidieron pagar sobreprecios o desviar fondos, sino de quienes también aceptaron las reglas de juego»[141].

A veces, sin embargo, el delito no pasa por una coima, pero puede implicar igual un perjuicio multimillonario para el erario público… y una fortuna para los beneficiarios. Ocurre, por ejemplo, con las dádivas, el insider trading, el tráfico de influencias o los conflictos de interés.

Dádivas = «cosa que se da como regalo a cambio de favores».

Ejemplo colonial: «Desde que llega el Virrey todo el mundo lo asedia con obsequios y atenciones de todo género para propiciarse sus buenas gracias; el día de su nombre recibe más de 80 000 pesos», detalló en 1900 el historiador y sociólogo Juan Agustín García, al reconstruir los vicios y costumbres de la Colonia. «Las tentaciones son tan grandes, el medio moral tan corrompido, que pocos escapan al contagio», radiografió. Porque así como existe la «espiral de violencia», también está la «espiral de la corrupción», que es adictiva[142].

Ejemplo menemista: la Ferrari que los italianos de Ducati Meccanica Spa quisieron regalarle al entonces presidente Carlos Menem mientras que, con la ayuda del secretario privado del riojano, Miguel Ángel Vicco, querían quedarse con la remodelación de siete aeropuertos argentinos, un negocio de 345 millones de dólares[143].

Ejemplo delarruista: el viaje de compras a Miami de la entonces primera dama porteña, Inés Pertiné, y dos amigas, pagado por un concesionario del Gobierno de la Ciudad que buscaba renovar su licencia, combinado con escuchas ilegales (¿de la SIDE?) en las que Fernando de la Rúa dialogó con su esposa sobre el viaje, optó por bajarse él del viaje y las despidió con un «aprovechen ustedes»[144].

Ejemplo kirchnerista: el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, recibió una quincena de viajes en vuelos privados a Córdoba, Uruguay y Brasil, más las garantías de dos departamentos de lujo en Buenos Aires, pagos por las empresas TBA y TEBA. ¿Resultado? Condena a 1 año y medio de prisión en suspenso más el decomiso de 2 millones de pesos.

Ejemplo sciolista: la Justicia platense investiga al exgobernador Daniel Scioli por 78 vuelos en dos helicópteros de un empresario, Ricardo Miller, que recibió de su gobierno nueve obras por más de 117 millones de pesos.

Ejemplo internacional: el escándalo «La casa blanca» en México, que puede resumirse así: el presidente Enrique Peña Nieto es dueño de una mansión en Lomas de Chapultepec (una de las zonas más coquetas del Distrito Federal) que fue construida a su gusto por el Grupo Higa, una de las empresas que ganó la multimillonaria licitación del tren México-Querétaro, y que antes levantó obras en el estado de México mientras Peña Nieto fue su gobernador[145].

Insider trading = utilización de información privilegiada para beneficio propio o de terceros cercanos.

Un delito casi tan antiguo como el mercado de valores, al punto que el primer caso que se recuerda ocurrió en 1723, cuando John Barnard denunció que personas vinculadas a la Compañía de las Islas Holandesas se enriquecieron a costa de los demás accionistas porque supieron con antelación que bajarían los dividendos, vendieron sus acciones y evitaron un perjuicio patrimonial del 50 %[146].

Ocurre, por ejemplo, cuando un funcionario anunciará incentivos para un sector de la economía y anticipa los anuncios a determinados agentes bursátiles para que compren acciones de ese sector. O cuando alguien que conoce las jugadas que implementará la «mesa» del Banco Central (BCRA) alerta a sus contactos en la «City» para que compren o vendan dólares u otras monedas y ganen fortunas.

¿Otro ejemplo histórico, vertido en un clásico de la literatura argentina? En su obra Quilito, de 1891, Carlos María Ocantos relató las tropelías de uno de sus personajes, don Bernardino Esteven, al que todos en la Bolsa porteña escuchaban con atención «porque era compadre y socio en primer grado del ministro Eneene», por lo que «tenía que saber algo, conocer el pensamiento luminoso y la fórmula salvadora de los pastores del asustado rebaño: el lobo estaba ahí y la hora del banquete iba a sonar»[147].

¿Ejemplo más reciente? El 9, 15 y 23 de octubre de 2008, el ex Presidente, primer caballero y uno de los dos timoneles del entonces llamado «doble comando», Néstor Kirchner, compró 2 millones de dólares poco antes de una devaluación del peso que pasó de 3,12 a 3,40 por dólar —⁠una diferencia del 8,9 % en cuatro semanas⁠—, mientras el BCRA intentaba detener la fuga de capitales más importante desde 2002[148].

Se trata, claro, de un delito muy difícil de probar, como alertó la profesora Ruth Sautu, al recordar que «tampoco el pueblo argentino sabe con absoluta certeza si durante la debacle del Plan Primavera durante el gobierno de Alfonsín, los bancos vinculados a funcionarios del Ministerio de Economía adquirieron grandes sumas de dólares estadounidenses en el Banco Central porque habían recibido información acerca de la inminente devaluación del Austral»[149].

Muy cada tanto, de todos modos, se registra alguna sanción por operaciones de insider trading. Como cuando ciertos directivos y accionistas argentinos de Terrabusi empezaron a juguetear con las acciones de la compañía en el mercado, engordando sus bolsillos, a sabiendas del precio de venta de las acciones acordado con Nabisco que todavía no había sido informado al público. La Comisión Nacional de Valores inició un sumario en 1993, los multó en 1996 y, tras varias idas y vueltas, la Corte Suprema confirmó la decisión en 2007[150].

Tráfico de influencias = uso de posiciones o situaciones de poder para conseguir beneficios para sí o para terceros.

Ejemplo provincial: en 1988, durante el gobierno de Hernán Cornejo en Salta, el entonces diputado Emilio Cantarero apareció conversando con el entonces presidente del Superior Tribunal de Justicia provincial, Luis Adolfo Saravia, en una escucha telefónica. Durante ese diálogo, Cantarero reclamó «tener un juez de confianza» para así salir de un entuerto en un expediente en el que aparecía acusado de presunto desfalco. ¿Conclusión? Debieron renunciar Saravia y otro ministro del tribunal, Restom Abraham, pero Cantarero sobrevivió… solo para protagonizar pocos años después el escándalo por las «coimas en el Senado»[151].

Ejemplo nacional: la llamada «servilleta de Corach», en alusión a los jueces federales de los tribunales federales de Comodoro Py que, según el exministro de Economía, Domingo Cavallo, manejaba a su antojo su excompañero de Gabinete menemista, el entonces ministro del Interior, Carlos Corach. Según «Mingo», Corach escribió los nombres de esos magistrados en una servilleta, mientras almorzaban, y le ofreció influir sobre ellos para solucionarle problemas, algo de lo que «Mingo» terminó por retractarse ocho años después[152].

Ejemplo trasnacional: Manuel Vázquez, el operador todoterreno de Jaime, aprovechó su relación con el entonces secretario de Transporte y su rol de asesor en esa misma Secretaría para que su consultora CAESA interviniera en la compra de material rodante a España y Portugal, y embolsara ganancias indebidas, según el juez federal Julián Ercolini[153].

Ejemplo peruano: Vladimiro Montesinos, el temido monje negro del entonces presidente peruano Alberto Fujimori, fue condenado a 5 años y 4 meses de prisión y una reparación de 142 000 dólares porque desde el poder buscó ayudar a un pariente de su amante Jacqueline Beltrán en un juicio que mantenía con un banco privado por una deuda de 2 millones de dólares[154].

Ejemplo mexicano fallido: en 1921, el legendario Francisco «Pancho» Villa le escribió al presidente Álvaro Obregón una carta para pedirle que ayudara a su hermano Hipólito en sus negocios, a lo cual accedió el mandatario. Pero todo terminó mal. «En un caso», reconstruyó el escrito Friedrich Katz, «Hipólito sugirió venderle a los Ferrocarriles Nacionales una locomotora que, según un perito, estaba en tan desastrosas condiciones que comprarla habría sido “una operación ruinosa para esta compañía”». ¿Conclusión? Villa le escribió otra carta a Obregón para suplicarle «como amigo no hacer ningún préstamo a mi hermano Hipólito»[155].

Conflicto de interés = cuando un funcionario, por ejemplo, tiene una relación de negocios en la que prioriza su beneficio personal en desmedro del interés público. En ocasiones, porque está de ambos lados del mostrador: como agente público que toma una decisión y como ciudadano que se beneficia de esa misma decisión[156].

Eso ocurrió, por ejemplo, entre 1823 y 1826, cuando Bernardino Rivadavia creó una sociedad minera en Inglaterra —⁠la River Plate Mining Association⁠— e impulsó que el Congreso declarara que todas las minas pertenecían al Estado nacional y las colocara bajo la administración exclusiva del Presidente. Es decir, él mismo. Así, Rivadavia actuó en simultáneo en nombre del Estado y de una empresa, cuyos socios además le pagaron una coima de 3000 libras disfrazada de «préstamo», según detallaron sus propios hijos ante la Justicia tras su muerte[157].

Cuán asqueado estaría José de San Martín con sus contemporáneos que en una carta a Tomás Guido le escribió en 1834 que la causa de los problemas que asolaban al naciente país era «los hombres inquietos y viciosos, porque el lujo excesivo multiplicando las necesidades se procura satisfacer sin reparar en medios; ahí es donde un gran número no quiere vivir sino a costa del Estado y no trabajar»[158].

¿Un ejemplo internacional y más reciente? El magnate de la televisión Silvio Berlusconi removió al directorio de la RAI, la televisión estatal, en cuanto asumió como primer ministro de Italia en 1994, y reemplazó con gente propia a los directores de noticias de los tres canales públicos de televisión; en algunos casos, exempleados suyos. Así, los canales estatales comenzaron a reducir o soslayar las noticias negativas de su gestión mientras que sus propios canales le cobraron tarifas mucho más bajas a su partido que a sus competidores durante la campaña electoral[159].

¿Ejemplo nacional y contemporáneo a Berlusconi? Durante el menemismo, el entonces ministro Roberto Dromi conformó una «comisión vial» que integró el constructor Rodolfo Perales y ejecutivos de las grandes empresas de la «patria contratista», como el Grupo Macri, Techint y Sade (de los Pérez Companc), para definir cómo se repartirían las obras, que ellos mismos ganaron. Porque, como expuso Horacio Verbitsky en Robo para la Corona, «era esencial que no hubiera descontentos que protestaran»[160].

Perales, vale consignar, el mismo empresario denunciado en septiembre de 1999 por el técnico Guillermo Laura por el supuesto pago de 4 950 000 dólares a Dromi por parte «de los concesionarios viales por haberles entregado la concesión de las principales rutas», negocio que según Laura armó el propio Perales, quien también habría sido «el encargado de recolectar el dinero», del que faltaron 50 000 dólares «que decían que él se los había quedado»[161].

La denuncia, también vale aclarar, no prosperó. La archivó el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

¡Ah, las privatizaciones! ¡Qué tiempos aquellos en los que, según el economista e historiador Eduardo Basualdo, el Estado recibió 25 563 millones de dólares entre 1990 y 1994, de los que estimó que el 20 % quedó en el camino de las coimas —⁠porcentaje aplicado, por ejemplo, en el caso IBM-Banco Nación⁠— por lo que el dinero que recaudó el sistema rondaría los 5000 millones de dólares!

Una cifra escalofriante, sí, pero que la profesora Ruth Sautu corrigió hacia arriba. ¿Por qué? Porque «en realidad el cálculo debe ser otro», argumentó. «El Estado recibió el 80 % de la operación que debieron pagar los adjudicatarios, que sería de 31 295 millones de dólares; el 20 % de esta suma es de 6259 millones»[162].

Cifras que abruman, pero que a menudo se traducen en bromas injuriantes entre políticos y empresarios. Como cuando el nombre de un exministro de Carlos Menem que les esquilmó fortunas a los empresarios españoles comenzó a sonar como posible embajador en España y se decía que, en realidad, no se trataba más que de una «repatriación de capitales». O como cuando a un ministro kirchnerista se lo apodó «teléfono celular» porque para siquiera hablar con él «siempre antes hay que poner el 15».

Cifras que abruman, también durante la presidencia de Mauricio Macri. Como entre 2016 y 2017, según la fiscal general del fuero Comercial, Gabriela Boquín, cuando el Gobierno intentó firmar con el Correo Argentino una empresa del Grupo Macri, de manera «abusiva» y con una supuesta «condonación» de la deuda con el Estado nacional, según su estimación, cercana al 99 %. Eso implicaría convalidar, en la práctica, una quita de 4277,6 millones de pesos a valor presente, o de 70 163,9 millones de pesos a marzo de 2033, cuando se terminaría de pagar la última cuota de ese acuerdo, según determinó un dictamen de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero de las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal[163].

O como podría ocurrir, según sus críticos, con Farmacity, la empresa que fundó el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, quien transcurridos dos años largos de gestión anunció que al fin vendería las acciones que aún retiene en esa compañía, que a su vez bregaba ante el PAMI, la Corte Suprema de Justicia, Defensa de la Competencia, la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Salud nacional.

Fue allí, en el Ministerio de Salud y por su proceder con Farmacity, donde el gobierno de Macri cosechó su primer secretario de Estado en ser procesado y embargado por la Justicia, en abril de 2018, que consideró que existían pruebas suficientes para sospechar que protegió a la empresa creada por Quintana.

Farmacity negó entonces «haber recibido un trato diferencial o protección por parte de funcionarios de gobierno, en beneficio de su negocio». Pero para el juez Sebastián Ramos, el Ministerio de Salud protegió a Farmacity, al que no sancionó como debía, al mismo tiempo que sí avanzó contra sus firmas rivales como La Nueva Artigas, Del Codex, Social Hunko y Farmacia Wal Mart Argentina, entre otras. Por eso procesó al exsecretario de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio, Raúl Alejandro Ramos, en abril de 2018, aunque la Cámara Federal revocó su decisión dos meses después[164].

Las estadísticas reflejan una eventual correlación entre los funcionarios de Macri y los conflictos de interés. Porque las cifras de la Oficina Anticorrupción muestran que entre 2012 y 2015 se iniciaron un promedio de 11 casos por año, número que saltó a 80 en 2016 y llegó a 138 para fines de 2017, a los que se sumaron otros 20 casos por posibles «incompatibilidades»[165].

Eso representa todo un desafío cuando un gobierno convoca a expertos del sector privado ante las carencias de la administración pública. «¿Cómo hace un país subdesarrollado para asegurarse que al contratar sus servicios para defender los intereses colectivos contará con un empleado fiel?», escribió la profesora Ruth Sautu en 2004, más de una década antes de la llegada de Cambiemos al poder. «¿Cómo se asegura que subconscientemente no defienda la legitimidad de los intereses de sus anteriores (y futuros) empleadores aun en contra de sus deseos de representar los intereses del país?»[166].

A veces, por último, la coima se paga a largo plazo. Se denomina revolving doors en Estados Unidos. Es decir, «puertas giratorias», pariente cercano del «conflicto de interés».

Juan trabaja para la empresa A.

Juan asume como funcionario.

Juan beneficia a la empresa A desde la función pública.

Juan renuncia a la función pública.

Juan vuelve a la empresa A —con mejor salario y cargo⁠— o se convierte en su consultor externo, con ingresos acordes a los beneficios que le dio a la empresa durante sus años en el sector público.

Más claro, Sautu explica que «la práctica recurrente en la Argentina es que los funcionarios alternen sus servicios entre el sector privado y el público, en orden indistinto. Por ejemplo, no es infrecuente que los encargados de negociar la deuda externa sean antiguos o futuros miembros de las consultoras internacionales que actuaron como intermediarios en estas negociaciones y por las cuales se pagan sumas astronómicas en comisiones»[167].

Y los casos de revolving doors sobran en la Argentina…

Exponen las especialistas en sociología de las élites, Paula Canelo y Ana Castellani, sobre el gobierno de Macri: «Observamos en este Gabinete una incidencia notable de casos de “puerta giratoria”. En efecto, el 24 % de los funcionarios ocupaba un cargo en el sector privado al momento de ser convocado para integrarse al gobierno. Y de esos 86 individuos, 60 eran CEO que ocupaban los puestos más altos en la dirección de las respectivas firmas, y que ingresaron en su mayoría al “área económica” (Ministerios de Energía, Producción, Agroindustria y Hacienda, y al BCRA), pero también a carteras más político-sociales como la JGM (Jefatura de Gabinete de Ministros), Interior y Trabajo. Es importante destacar que estos funcionarios venían de desempeñarse en tres sectores particularmente sensibles a la regulación estatal: el bancario y financiero, el energético y el de servicios profesionales (seguros, consultorías, grandes estudios jurídicos)», indicaron, aunque aún resta por determinar qué ocurrirá con esos exejecutivos/funcionarios cuando vuelvan al mundo privado[168].

Autor del libro La larga marcha de Cambiemos, el sociólogo Gabriel Vommaro, ahonda en esa senda: «La literatura especializada sobre “puerta giratoria” […] ha mostrado que, tanto en virtud de la influencia cognitiva —⁠en la elección de determinadas líneas de acción⁠— como de intercambios de favores más o menos explícitos, la toma de decisiones favorables a los actores económicos de esos mercados es una tendencia presente en la acción pública».

La primera réplica posible a los planteos de Canelo, Castellani y Vommaro es la que suelen exponer los funcionarios de Cambiemos, que se sienten incomprendidos y ofendidos en su buena fe: ¿Hay alguien mejor para controlar y regular a las petroleras o a las constructoras o las empresas de servicios públicos, por ejemplo, que alguien que las conoce a fondo y que trabajó para ellas durante décadas? ¿Preferimos nombrar, entonces, a alguien que nada sabe sobre esos mundos tan específicos?

La respuesta es obvia. No es necesario caer en los extremos: ni recurrir a un ignorante enciclopédico del sector al cual debe regular ni a alguien salido del riñón de ese sector. Porque el mejor técnico de un área específica tampoco garantiza la mejor política para esa área. Puede conocer al dedillo el mundo del petróleo o del campo o de la docencia, por dar tres ejemplos cualesquiera, pero carecer de visión estratégica para trazar las políticas de Estado en materias energética, agrícola o educativa.

Canelo y Castellani plantearon mejor las dificultades inherentes a esa interacción entre el Estado y el mundo empresario: «Estas formas de ingreso al y egreso del sector público, desde y hacia el sector privado, acarrean varios riesgos, ya que pueden perjudicar el interés público y beneficiar a sectores privados específicos. Estos riesgos pueden incluir conflictos de interés y captura de la decisión estatal por parte de poderosos sectores económicos o grandes firmas, cuando los funcionarios privados pasan a ocupar posiciones públicas; o traspaso de información privilegiada, contactos y know-how cuando se abandonan los cargos públicos para acceder a un puesto en firmas u organizaciones privadas, lo que la literatura académica denomina soborno diferido o retardado».

Conscientes de esos riesgos, la Oficina Anticorrupción envió una «recomendación preventiva» a ocho exfuncionarios en julio de 2018 para que eviten el riesgo de la «puerta giratoria» durante un «período de carencia» de un año. Entre ellos, al exministro de Energía Juan José Aranguren, al extitular de la AFIP, Alberto Abad, al expresidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, y al expresidente del Enacom, Miguel de Godoy[169].

Más de un siglo antes, José María Miró, mejor conocido por su seudónimo como periodista, Julián Martel, escribió un clásico de la literatura argentina, La Bolsa, que primero salió como folletín en el diario La Nación, desde 1891, y luego como libro. Allí narró el antes, durante y después del crack de 1890, en medio de una podredumbre institucional, que Martel expuso de manera magistral. Por ejemplo, a través de un encuentro entre un ministro y un banquero amigo, el «Doctor Granulillo», en un despacho de la Casa Rosada.

«Así, a media voz, en discreto bisbiseo, las cabezas muy juntas, confundidos los alientos, el secretario de Estado y el director de banco entablan una plática sabrosísima. Con su ancha cara bondadosa difuminada en una expresión de insana codicia, oyérais hablar a aquel ministro de emisiones clandestinas, de grandes negocios solapados que, al aumentar la fortuna de S. E., serán más tarde la ruina y el deshonor de la patria. ¡Viérais con qué aplomo proyecta grandes obras públicas que prometen una coima respetable!»[170].

3

Cómo se cartelizan los empresarios

En un sistema transparente, prosperan los empresarios más audaces, los más innovadores, los más competitivos. Pero en un sistema enfermo, triunfan aquellos que compran voluntades políticas —⁠incluso antes de que lleguen a la función pública durante las campañas electorales⁠—, acuerdan reglas comunes con otros empresarios para cartelizarse, incorporan los sobornos a los costos del proyecto, distorsionan las reglas de mercado… y provocan tragedias como las de Cromañón y de Once.

Todos los viernes, el grupo de empresarios se reúne a comer. Asado, por lo general. Cena «de camadería», le dicen. Comparten buenos vinos, chistes malos, se alertan sobre riesgos, cruzan información y, de ser necesario, coordinan cómo encarar los proyectos más jugosos. O cómo lidiar con algún funcionario.

«Para ciertas licitaciones, el “armado” es a través de la Cámara [Argentina] de la Construcción, pero para los de Vialidad, es la “Camarita” la que juega», cuenta un veterano con más de treinta años en el sector. Alude a la Cámara Argentina de Empresas Viales, con sede en Piedras al 300, frente a Vialidad Nacional.

«Veinticuatro horas antes de una licitación podía armarse una reunión en la oficina de la “Camarita” para coordinar las presentaciones de cada empresa», cuenta otro empresario del «club», que recuerda sus pruritos con un detalle inesperado: «En la sala de reuniones había una imagen de la Virgen de Luján, patrona de la seguridad vial, y antes de empezar la reunión la dábamos vuelta para que no presenciara lo que hacíamos».

¿Quién se encargaba de dar vuelta a María?

El histórico referente —y por momentos presidente⁠— de la “Camarita”, Rodolfo Perales, al decir de varios testigos que dialogaron con este autor. «La Virgen miraba la mesa (que comandaba Perales), lo que lo hacía sentir algo incómodo. Se sentía observado. Por eso apenas llegaba, Perales saludaba a todos y antes de sentarse en la cabecera daba vuelta la imagen para que al menos no viera lo que iba a empezar a acordarse allí», resumió uno de ellos.

Perales, el coordinador histórico de las obras de Vialidad Nacional hasta bien entrado el kirchnerismo, cuanto menos, y que allá por 1997, cuando el menemismo licitó unos 30 contratos «CREMA» —⁠«C» de contrato, «RE» de rehabilitación y «MA» de mantenimiento⁠—, se acordó distribuir las obras para que todas las empresas trabajaran y con un nivel similar de precios elevados. «Es decir», resumió alguien que lo vivió desde adentro a este autor, «que todas tuvieran los pies adentro del plato».

Las reuniones, claro, resultaron demasiado numerosas, incluso multitudinarias, en un tercer piso de la calle Piedras al 300, a dos cuadras de la empresa de Perales y a 50 metros de Vialidad. «Tal era la cantidad de participantes que hasta pusieron una secretaria para que organizara las convocatorias y mantuviera el lugar con las condiciones mínimas necesarias», contó el memorioso. «Llegaron a tener hasta superávit en la “vaquita” que juntaban para el café y las masas de tanto que había crecido el grupo».

La secretaria llamaba entonces, en clave, a reuniones que siempre lideraba Perales y que incluía a una suerte de «consejo de notables» del sector vial. «Una vez allí, se sentaban todos alrededor de una gran mesa», completó el informante, «pero la cabecera siempre quedaba libre a la espera de Perales, que llegaba a último momento».

¿Cómo funcionaba el «club»?

«Las empresas se anotaban en una lista informando su preferencia por tal o cual obra, luego esa información se consolidaba y una vez que estaban todos los participantes sentados alrededor en la mesa se decidía a viva voz quién se quedaba con cada obra», precisó. «Las decisiones que se tomaban en la mesa, debían ser acatadas por todos, ya que como decía Perales: “¡La mesa es soberana!”».

Pero el recuento no termina allí. «No se “adjudicaba” ninguna obra a nadie que no estuviera sentado alrededor de esa mesa de la calle Piedras. Cuando aparecía una empresa anotada como interesada en una obra pero que no estaba presente, se la rechazaba al grito de “¡La mesa es soberana!”».

Perales siempre negó esa anécdota, así como también cualquier irregularidad, indignado. «No existe la cartelización. Absolutamente no. Pensar en algo así cuando hay cien empresas que compiten es imposible», dijo a este autor, para luego añadir: «Espero que quienes hablaron con usted no sean socios de nuestra Cámara»[171].

—Lo son.

—Lo lamento. No deberían…

Perales, vale recordar, el mismo que casi tres décadas antes había superado tormenta mediática y judicial, acusado de reunir 5 millones de dólares entre varias constructoras para coimear al entonces ministro Roberto Dromi —⁠con el cual trabajaba como secretario ejecutivo de una comisión vial, ad honorem⁠—. ¿Los pagos fueron, como se dice, en un country cercano a la Panamericana, el 18 de diciembre de 1990?[172]

¿Quién liquidó aquella investigación judicial, que incluyó grabaciones de dos ejecutivos de dos empresas distintas que admitieron el pedido de coimas de Dromi? El ya juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

Pero lo que nunca imaginaron los empresarios es que uno de ellos los expondría a todos. Y que, encima, fuera el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción entre 2004 y 2012, Carlos Enrique Wagner, tras convertirse en «arrepentido» en la investigación sobre los «cuadernos de la corrupción».

«Llamada una licitación los interesados compraban los pliegos y se reunían en distintos lugares para determinar al ganador», confesó. Entre esos lugares, añadió, el tercer piso de Venezuela 736, sede de la Cámara de Empresas Viales. Y allí donde se repartían obras y millones, incluyó a Perales Aguiar, Vial Agro, Biancalani, Losi, Fontana Micastro, Marcalba, Iecsa, Chediack, Equimac, Coarco, Cartellone y Vialco. «Las empresas se reunían en los lugares establecidos y determinaban el ganador de la licitación en función de su interés por la obra y del volumen de trabajo que tenían. Una vez adjudicada la obra, el compromiso era abonar para gastos políticos, para necesidades políticas, el anticipo que estaba establecido en los pliegos», aclaró.

Perales, de todos modos, es apenas un exponente de una cuestión sistémica. Y así podrían confirmarlo los participantes del proyecto conocido como «Norte Grande». Entre otros, el entonces coordinador de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Ministerio de Planificación Federal, Pablo Abal Medina, y las principales espadas de empresas como Panedile, JCR, Supercemento, Esuco, Decavial, Rovella Carranza, Benito Roggio, Chediak y Burgwardt, entre tantas otras[173].

¿Por qué?

«Una de las reglas inquebrantables de la operatoria era que todos los contratos que se firmaban debían ser ejecutados por consorcios (uniones transitorias de empresas) formales (en el caso que las condiciones de calificación del pliego lo permitan) o informales (la empresa más grande le hacía el fronting a las más pequeñas y se asociaban bajo un documento privado), donde el 50 % correspondía a empresas constructoras a nivel nacional y 50 % a empresas a nivel provincial o regional», rememoró un conocedor de la cocina del «club», lo que luego refrendaron otros dos protagonistas, en entrevistas por separado con el autor.

«Allí aparecían los empresarios locales con excelente trato con los gobiernos provinciales de Santiago del Estero, Formosa, Entre Ríos o Chaco. Esos empresarios ejecutaban los proyectos ejecutivos para que fueran aprobados por el BID [por el Banco Interamericano de Desarrollo] o el Banco Mundial y “bendecidos” por Abal Medina y Hugo Dragonetti, de Panedile, para que se licitaran», abundó el primer informante.

Tal era la buena relación entre Dragonetti y el Ministerio de Planificación que, en 2013, la empresa debió salir a desmentir que De Vido fuera el dueño o tuviera alguna participación accionaria. «Panedile no tiene vínculo con De Vido», remarcaron a Perfil. «Las acciones y el directorio se integran de la siguiente manera: presidente, Hugo Dragonetti y los accionistas son los cinco hijos del presidente de la empresa, cada uno con el 20 %», precisaron[174].

Sin embargo, al decir de los empresarios, ese supuesto tándem Abal Medina-Dragonetti tomaba decisiones de interés público y privado, incluso con alcances en el exterior. «Llegado el momento de la licitación internacional (exigencia ineludible de los organismos multilaterales de crédito) se impedía de cualquier modo la venta de pliegos a empresas que no participaran del “club” mediante las Direcciones Provinciales de Vialidad o los entes provinciales que licitaban las obras», completó uno de los informantes a este autor.

¿Qué ocurría si alguna empresa ajena al club intentaba colarse?

«Cuando una empresa “no amiga” intentaba comprar el pliego podía pasar días y días intentándolo, recibiendo en primer momento excusas inverosímiles (“se nos acabaron las copias”, por ejemplo) y si no entendían estos mensajes sutiles, recibiendo intimidaciones las personas que intentaban comprar los documentos licitatorios», detalló. «Una muestra que estas licitaciones no tenían nada de “internacional” es que en procesos en provincias limítrofes con Bolivia, Paraguay y Brasil nunca participaron empresas de esos países».

¿El siguiente paso?

«Una vez controladas las empresas compradoras de los pliegos, tres o cuatro días antes de la apertura de las ofertas, se realizaban reuniones presenciales de los principales directivos de las empresas nacionales y un representante (empresario de la construcción de la provincia favorecida) de los “intereses empresariales provinciales” para que se respetara la proporción 50-50».

¿Dónde se celebraban esas reuniones, que fueron más de cincuenta entre 2007 y 2013?

«En las oficinas de Panedile en Suipacha al 1100, las cuales eran comandadas por alguien de esa empresa, con el apoyo de un empresario provincial de turno, según en qué provincia fuera la obra por discutir», precisó. «El 95 % de los contratos fueron acordados en esas reuniones, las ofertas siempre eran entre 18 y 19 % arriba del presupuesto oficial (porque el límite de adjudicación no escrito por los bancos era del 20 %) y el ganador habitualmente era un consorcio formado por una empresa grande nacional y una o varias provinciales».

¿Qué ocurría con las restantes empresas?

«Los demás oferentes que hacían de partenaire se presentaban solos, o sea, sin formar consorcios. Los consorcios ganadores eran constituidos ante escribano uno o dos días antes de la presentación de ofertas, dado que el “casamiento” siempre era “de apuro”, luego de la reunión presencial. Por eso, llamativamente, todas las empresas integrantes del consorcio habían comprado los pliegos de forma individual en vez de comprar un solo pliego a nombre del consorcio. Así funcionó durante años»[175].

¿Eso era todo?

No. «Los pagos de 3 % (nacional) y 3 % (provincial) se cumplían a rajatabla, las obras se ejecutaban en plazo, se cobraban antes del vencimiento de los certificados y todas las empresas (que estaban en el club) trabajaban “democráticamente”, aunque hubo algunos descontentos con Dragonetti por la ventaja que tuvo de ser “juez y parte”, incluso llegando a comprar una segunda empresa para tener “dos sillas en la mesa”».

¿Por qué nunca salió todo esto a la luz?

«Seguramente porque las obras se ejecutaron y por la cantidad de involucrados en la operación que prácticamente no dejó a nadie afuera», replicó, rotundo, con la convicción de quien dice algo obvio, aunque el «club» afrontó algunas turbulencias —⁠y denuncia penal⁠— tras la salida del poder del kirchnerismo[176].

El problema, además, es que aquello mismo que negó Perales en agosto de 2016 y niegan en público tantos otros empresarios es lo que confirmó, dos años después, el entonces titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, en dos tiempos. Por un lado, cuando los primeros datos sobre las ofertas para participar en el sistema de participación público-privada (PPP) arrojaron cifras un tercio más bajas del esperado. «Rompimos con el club de la “Camarita”», celebró. Por el otro, cuando cargó en particular contra Dragonetti, de Panedile: «Estamos cansados en la Argentina de los empresarios mafiosos», afirmó[177].

Aun así, los empresarios consultados descargaron toda o parte de la responsabilidad por la cartelización o «pool» —⁠y los sobreprecios⁠— en los funcionarios de turno, a los que algunos constructores aludían y aún aluden con el eufemismo de «el socio» al que no citan por su nombre.

«La corrupción viene de arriba y los empresarios nos adaptamos al sistema porque así los negocios son más fáciles», argumentó uno. «El Estado es el que carteliza. Y las empresas la aceptan para protegerse. Hay muchas familias que dependen de eso», añadió otro, por separado, que recordó además el caso de un constructor que se negó a pagar la comisión y le secuestraron a un hijo.

Lidiar con el Estado implica, además, que los pagos a menudo se concretan tarde y mal, en un contexto que suele complicarse por otros factores: inflación, recesión, devaluación, cepo cambiario y bonos, entre otras opciones. Eso, afirmaron varios empresarios, los obliga a elevar sus cotizaciones para cubrirse, como reaseguro.

Otro empresario de la «patria contratista», sin embargo, ofreció una visión más crítica. «En teoría, si no te metés en los arreglos no ganás un contrato, sí. Pero los empresarios callaron y ahora varios encima hacen lobby para que no salga la ley del arrepentido, no jodamos», se sinceró mientras el Congreso debatía esa figura penal… que salió más que lavada. «Fueron… fuimos —⁠se corrigió a sí mismo⁠— cómplices».

Lobby que puede tomar mil formas y provenir de empresas particulares, de cámaras aglutinadoras de firmas de un determinado país —⁠como la Cámara de Comercio Argentino-Brasileña (Cambras) o la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham), entre otras⁠—, de entidades sectoriales —⁠como la Cámara Argentina de la Construcción, la Unión Industrial Argentina (UIA) o la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa)⁠—, o aún más abarcativas, como la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

Y empresarios que, a menudo, más que cómplices son protagonistas…

Así quedó en evidencia, por ejemplo, en Chubut, donde la Justicia detuvo en mayo de 2018 al exjefe de Gabinete, al exsecretario privado y al exministro de Economía del fallecido gobernador Mario Das Neves, pero también a siete empresarios y un periodista, completó 26 allanamientos —⁠incluidas dos casas de la familia Das Neves donde según testigos se completaron «entregas de dinero»⁠— y forzó las renuncias de 13 funcionarios del actual gobernador, Mariano Arcioni. Y eso… debería ser apenas el inicio, con ramificaciones nacionales e internacionales…[178]

¿Por qué?

Porque la llamada «causa Revelación» es eso. Un manantial de revelaciones en la investigación penal más importante (y sensible) en la historia de Chubut. Entre otros motivos, porque uno de los dueños de la constructora Sudelco, Patricio Musante, recordó ante la Justicia la afición de Das Neves por el uso de los diminutivos. A partir de su asunción como gobernador, afirmó el empresario, Das Neves cargó contra Sudelco hasta que lo convocó a su despacho para darle el beso de la muerte. «No tienen coronita y tienen que aportar como todos», dijo que le dijo, «así que a partir de ahora, la platita me la traés».

¿Cuánto dinero?

«Para las obras que se inicien en nuestra gestión, tienen que poner el 5 %; para las obras de la gestión anterior, es el 3 %. Y si traen efectivo es medio punto menos», dice Musante que le precisó el entonces secretario privado de Das Neves, Diego Correa. Con un dato adicional: Musante accedió a los pagos. Y otro dato más: Musante fue antes titular de Vialidad Provincial y después presidente de la Cámara de la Construcción en Chubut. Por lo visto, un polifacético[179].

¿Otra perla de la «causa Revelación»?

Los fiscales a cargo de investigar los presuntos pagos de coimas denunciaron que… intentaron coimearlos. «Lo llamativo del caso es que la propuesta hablaba de un fondo común a conformar por involucrados en la causa y otros empresarios», contó uno de los involucrados[180].

Lo que se llama una coima para el silencio sistémico, que genera tantas reacciones que entre fiscales chubutenses comenzaron a acusarse por lo bajo de segundas y terceras intenciones.

Los sótanos.

Por eso, por todo lo que saben y callan los empresarios del sector desde hace décadas, es que Lázaro Báez insiste desde la cárcel que lo «usaron de forro» y pide que auditen a todos sus competidores.

«Todos los que están la Cámara de la Construcción participaron en la fijación de los presupuestos de cada una de las obras que se ejecutaron», dijo en una de las escasas entrevistas que concedió ya en prisión. «Una vez que el presupuesto es oficial y el presupuesto está dentro del pliego nadie cuestiona ni condiciona el monto de la obra que ya está presupuestada a través de un preproyecto. ¿Quién miró eso? Nadie miró eso. Nadie quiso mirarlo»[181].

Por eso, planteó Báez, «toda la obra pública que se licitó del Plan Federal de Obra Pública durante el gobierno de Cristina se manejó con la Cámara de la Construcción. Ellos saben perfectamente. Aún más: se regionalizó la distribución de la obra pública, porque no querían que empresas como las nuestras vinieran a competir a Buenos Aires si no era en UTE que ellos mismos fijaban. Eso pasó».

Resguardado por la confidencialidad, uno de los máximos empresarios de la obra pública argentina coincidió con el presunto testaferro de los Kirchner. «El reparto de obras es un círculo cerrado en el que se simula una competencia entre las constructoras», simplificó. «Al punto de que a veces la empresa que se acuerda que va a ganar —⁠añadió⁠— se encarga hasta de preparar los sobres que las otras empresas van a presentar para perder la licitación».

La cartelización —que alcanza también a referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), incluido su expresidente Juan Carlos Lascurain, detenido en la causa por los «cuadernos de la corrupción» y sospechado de lavado por cientos de millones de pesos, a otras varias cámaras sectoriales, y suele darse por regiones o provincias⁠— incluye prácticas propias. Entre otras, el «arreglo» con los sindicatos. También, la protección recíproca. Y el llamado «remate», como lo calificó un veterano de la obra pública.

¿Qué implica la protección recíproca?

Que si una contratación se desmadra y llega a la Justicia, todos callarán. Por el contrario, cerrarán filas y convalidarán los argumentos defensivos que esgrima el empresario acusado. Y si es necesario, los empresarios se cubrirán las espaldas, al punto de comprarse los activos entre sí. ¿Pasó eso, acaso, con la familia Macri-Calcaterra y la constructora IECSA, que compró Marcelo Mindlin y rebautizó SACDE?[182]

¿Qué es el «remate»?

«El “remate” es que cada empresario pone en un papelito cuánto repartirían entre sus competidores de lo que van a ganar si se quedan con la obra. Entonces, el contrato se lo queda el que promete repartir más y así todos ganan», explicó. «Claro que depende de un “pacto de caballeros”. Y acá —⁠añadió sin ironía⁠— todos lo son».

Otra vez, Brasil es un espejo para comprender cómo funciona el sistema por debajo de la superficie que brilla.

¿Por qué?

Porque los empresarios brasileños se cartelizaron con 16 reglas propias de un campeonato de fútbol, por escrito, para evitar peleas, recelos o ninguneados.

El «reglamento» del campeonato autodenominado «club», sin embargo, es inhallable. Lo destruyeron los empresarios cuando vislumbraron que se les venía la noche con el «Lava Jato»[183].

Pero algunos de los jugadores, condenados por la Justicia y devenidos «delatores premiados», como Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, confirmaron su existencia y aportaron detalles.

Las reglas imponían la más absoluta discreción, por lo que las reuniones entre los empresarios debían convocarse por mensajes o llamados entre las secretarias, pero nunca entre ellos de manera directa.

Las reuniones se celebraban sin dejar registro de quiénes participaron e incluso se dejaba a un colaborador en la portería del edificio para que habilitara el ingreso sin registrarse, ni pasar por recepción.

A solas, los empresarios analizaban las obras previstas de Petrobras y otros organismos públicos, y modificaban los requerimientos para excluir a toda empresa que no integrara el «club».

Ya con los requerimientos ajustados a sus deseos, los empresarios indicaban —con números del 1 al 3— cuáles eran sus preferidas y se dividían por equipos y consorcios.

En caso de conflicto o disputa por algún proyecto, los empresarios buscaban una salida negociada; si no, el resto del club proponía una solución, que podía incluir la redistribución de los contratos.

Si aún tras la intervención del club resultaba imposible un acuerdo entre los empresarios o consorcios contendientes, ambos quedaban liberados para competir de verdad, sin cartelizar sus precios.

Una vez definido qué proyectos deseaba cada consorcio, se calculaba la cotización que presentaría el equipo ganador —más la coima respectiva para los funcionarios partícipes—, y los precios de los equipos perdedores, para dificultar que resultara demasiado evidente.

Para evitar que algunos empresarios o consorcios se quedaran con más contratos —o dinero— que otros jugadores, a cada proyecto se le adjudicaba un puntaje, por lo que a medida que pasaban las fechas —de reparto de obras— todos podían observar cómo iban en la tabla de posiciones y verificar si habían picado demasiado en punta… o peleaban por evitar el descenso y era hora de ir a más.

Al efectivizar los sobornos, las empresas miembros del club evitaban los pagos directos a funcionarios; hacían «donaciones» a los partidos políticos con la condición de que mantuvieran en sus cargos a los funcionarios con los que ya tenían acordado el reparto de obras y la protección del club si la Justicia llegaba a preguntar algo.

Por supuesto, lo expuesto en Brasil no es la excepción. Apenas es la exteriorización de un principio general, aunque oculto.

En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio investigaba 6 casos distintos de cartelización en 2016: incluidos cinco fabricantes de pañales y doce ingenios azucareros, pero también cementeras, empresas de seguridad privada, y fabricantes de cuadernos y papel higiénico[184].

En Alemania, en tanto, multaron a un cartel del azúcar —⁠derivada de la remolacha⁠— con 280 millones de euros y a otro, de la salchicha, con 338 millones de euros.

En España, las autoridades sancionaron a carteles de la basura, de la leche y de los contenedores.

En Francia, castigaron a fabricantes de productos de higiene personal, con una multa de 500 millones de euros. Y al cartel del yogurt, con otros 192 millones de euros.

La Unión Europea (UE), como tal, les aplicó una multa por 1700 millones de euros a 11 bancos internacionales en 2013 por manipular las tasas de interés; seis de esas entidades bancarias se dieron vuelta y delataron cómo fue la operatoria.

Por su parte, Estados Unidos también avanzó contra los bancos. Los acusó de cartelizarse para manipular la tasa de cambio del dólar. ¿La sanción? Una multa de 5000 millones de dólares.

Las denuncias de cartelización o «pool» en la Argentina también son recurrentes. Pero no suelen avanzar demasiado.

En noviembre de 2005, por ejemplo, Roberto Lavagna dio el portazo como ministro de Economía tras denunciar «cierto grado de cartelización» en las licitaciones de obras públicas y precisar que había una investigación abierta por obras de Vialidad, tanto en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia como en el Banco Mundial.

No solo eso. Lavagna también avanzó contra las empresas cementeras: Loma Negra, Juan Minetti, Cementos Avellaneda, Petroquímica Comodoro Rivadavia y Cemento San Martín, al igual que contra la Asociación Fabricantes de Cemento Portland.

A todas ellas las acusó de haber «pactado acuerdos para mantener precios elevados a través de la concertación de cuotas», entre 1981 y 1999, tras lo cual Defensa de la Competencia las multó por 310 millones de pesos —⁠unos 100 millones de dólares⁠— sanción que se apeló y fue ratificada por la Justicia en varias instancias, incluida la Corte Suprema[185].

¿Tenía Lavagna copia de la notificación que Transportadora de Gas del Norte (TGN) le había enviado al Enargas en enero y febrero de aquel año para informarle que había expulsado a una empresa de Lázaro Báez, Austral Construcciones, del concurso privado para construir el Gasoducto del Norte porque había intentado «cartelizar» los precios en lo que sirvió de «precuela», en términos cinematográficos, del «caso Skanka»?

Seis días después de su denuncia, en cualquier caso, Néstor Kirchner le pidió la renuncia a Lavagna.

Varios años antes, las empresas que metieron la cuchara en otro jugosísimo negocio, el de las telecomunicaciones, habían ofrecido ya una clase práctica de cartelización, como expuso Horacio Verbitsky en su libro Robo para la Corona: «Las irregularidades están certificadas notarialmente: arreglos entre diez de los oferentes para repartir una licitación adjudicada al que cotizó el menor precio, obras entregadas con demorar que duplicaban el lapso del contrato, subcontrataciones ad infinitum, obras abandonadas sin terminar que fueron concluidas por Entel, daños causados a los planteles por incapacidad técnica durante la ejecución de los trabajos, no devolución de los materiales»[186].

Por lo visto, nada nuevo bajo el sol, en un país donde todos saben de qué hablamos cuando hablamos de «capitalismo prebendario», o cuando alguna empresa o cámara sectorial sale a pedir subsidios —⁠que a veces se desvían y terminan en muerte, como ocurrió con el condenado empresario Claudio Cirigliano y la «Tragedia de Once»⁠— una devaluación, un tipo de cambio «diferencial» y otras medidas similares.

O cuando hablamos de «capitalismo de amigos».

Porque Néstor Kirchner tuvo a Báez, Carlos Menem a los Yoma y Eduardo Duhalde a su Victorio Américo Gualtieri, con contratos por más de 1000 millones de pesos/dólares en obra pública bonaerense durante la convertibilidad y deudas por 106 millones de dólares con el Banco Provincia que se pesificaron y fueron a pérdida, que también incluyó entre sus pasivos incobrables a la luego primera dama bonaerense Karina Rabolini, quien terminó como presidenta de la Fundación del propio banco. Pero lo mismo ocurre en otras tantas provincias y en la ciudad de Buenos Aires. Todas con finales idénticos, como remarcó Margarita Stolbizer: «Como suele suceder, las empresas que viven al amparo de las prebendas del poder gubernamental y el dinero que obtienen por sus vínculos con él bajan las persianas cuando los amigos se van […] y dejan el tendal de deudas que luego forman parte del quebranto no solamente financiero, sino también social, que paga el conjunto del pueblo argentino»[187].

Así pueden atestiguarlo en Catamarca, donde en 2012 se denunció la cartelización de los empresarios que debían competir en 39 licitaciones simultáneas por la construcción de un total de 1300 viviendas sociales del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Al punto que una lista, rubricada por escribano público, circuló antes de que se presentaran las ofertas con detalles sobre cómo sería la distribución de las obras por casi 212 millones de pesos… y coincidió con las propuestas presentadas[188].

También pueden contar lo suyo los funcionarios del Ministerio de Educación que tras el cambio de gestión en diciembre de 2015 detectaron que las empresas nacionales que proveyeron las netbooks para el plan Conectar Igualdad se cartelizaron y acumularon ganancias extraordinarias a costa del Estado nacional que podrían rondar entre los 500 y 700 millones de dólares. O dicho de otro modo: un sobreprecio de entre 120 y 140 dólares por cada unidad que entregaron Newsan —⁠de Rubén Cherñajovsky⁠— Coradir (con base en la provincia de San Luis), Novatech y Grupo Núcleo —⁠vinculadas a la familia Rubio y al empresario Juan José Levy⁠—, Informática Fueguina (BGH) y PC Arts Argentina (Banghó)[189].

Desde el sector negaron los sobreprecios, indignados, pero no la cartelización. El primer indicio de ese presunto acuerdo de cotizaciones apareció en la licitación pública 09/13, en la que también participaron las firmas NEC, Exo S. A. y Air Computers SRL. Todas las firmas cotizaron entre 2617 y 2690 pesos por unidad, con una oscilación de 73 pesos (o 2,8 %) entre la cotización más elevada y la más baja.

Lejos de tratarse de una casualidad única y singular, la misma sintonía de precios se repitió en la licitación 03/2014, según reveló entonces el portal Eliminando Variables. Y se repitió desde entonces, incluido a mediados de 2016, cuando las empresas cotizaron sus netbooks entre 8100 y 8600 pesos cada una (entre 500 y 535 dólares), luego redujeron todos sus precios, al unísono, entre 20 y 23 %. Para luego volver a bajar sus cotizaciones, todas en sintonía otra vez, tras una advertencia oficial[190].

Sin embargo, una de las cartelizaciones más brutales y grotescas de los últimos tiempos se registró en el llamado «plan Qunita», creado para distribuir 140 000 kits entre los bebés con necesidades extremas, con un costo estimado de 1100 millones de pesos. Una buena idea que terminó con varios procesados —⁠incluido el exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el exministro de Salud y actual gobernador tucumano Juan «el Mocho» Manzur⁠— tras una denuncia de Graciela Ocaña.

Dice el auto de procesamiento que firmó el juez federal Claudio Bonadío: «Además de que cuatro de las empresas eran de la ciudad de La Plata, que sus ofertas eran casi idénticas y que las cantidades de kits que proveerían daban sugestivamente el exacto número final de 140 000, quedó comprobado que estas seis empresas compraron gran cantidad de los productos que conforman el kit Qunita y/o los materiales necesarios para su confección, en los mismos proveedores. No solo lo hicieron en los mismos lugares sino que lo hicieron el mismo día, lo que se observa en las facturas de compra que resultan en muchos casos correlativas. Y no solo compraron los mismos artículos, en los mismos proveedores, muchas veces el mismo día, sino que también contrataron a la misma empresa para el armado y entrega de los kits al Ministerio de Salud». Pero no solo eso. «Además compraron la mercadería más de un mes antes de ser adjudicados».

Cartelizados y peligrosos. Porque encima entregaron productos de pésima calidad, como la cuna en sí, que era de cartón corrugado, y elementos varios que representaban «riesgos para el bebé».

Algunos trucos empresarios ya son bien conocidos. Pero aún resultan efectivos ante la ceguera (voluntaria) del Poder Judicial y de los organismos de (supuesto) control.

¿Uno de los trucos más comunes?

El funcionario acuerda con el empresario amigo los requisitos que incluirán en el pliego de la licitación para que resulten de imposible cumplimiento para sus competidores. Así, por ejemplo, llamará a licitación para la entrega de 1 millón de calzoncillos verdes con lunares amarillos, talles M y L, con 80 % de algodón, y a entregar en una semana. Ergo, solo un empresario, el amigo, puede satisfacer el pedido.

¿Suena demasiado obvio o insólito?

«En la licitación de ambulancias, el pliego limitaba innecesariamente la oferta a una medida de caja, que solo poseía una marca automotriz», recuerda Ocaña uno de los negociados que detectó en sus tiempos como interventora del PAMI. «Se suprimió tal requisito con lo cual pudieron cotizar varias empresas, con mejor precio»[191].

¿Ejemplo del mundo del juego?

La Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió una licitación de Lotería Nacional para apuestas online en agosto de 2009 ante las sospechas de que estaba armada «a medida» de Tecno Acción, una empresa vinculada al Hipódromo de Palermo y a Casino Club, de Cristóbal López. ¿Por qué? Porque los funcionarios fijaron como requisito que se adjudicaría el contrato a la empresa que prestara servicios al menos en 10 distritos del país (solo Tecno Acción lo hacía en 11) y contar con experiencia internacional en el rubro del juego online y prestar servicios al menos en una jurisdicción local (otra vez solo Tecno Acción). Y ambos ejes, por encima de la cotización en sí. Tras dos suspensiones, cabe aclarar, le dieron el negocio a Tecno Acción[192].

¿Ejemplo histórico? «La relación con el cliente había llegado a un punto que, además de colaborar intensamente en la redacción del pliego de condiciones técnicas, el vendedor de IBM había logrado tener una oficina en la repartición desde la que, haciéndose pasar por empleado de la DGI, respondía a las consultas telefónicas que hacían los otros oferentes»[193].

¿Otro truco?

El funcionario llama a una licitación, cumple todos los pasos que manda la ley pero le busca el pelo al huevo para anular el proceso o declararlo desierto y, dado que los plazos le urgen, verse «obligado» a disponer una adjudicación directa.

¿Suena exagerado?

Solo el 13 % de las compras del Estado nacional durante 2017 fueron por licitación pública, según un relevamiento de La Nación Data en base a la información pública disponible en los portales oficiales Compr.ar y Argentina Compra que abarcó un total de 17 497 operaciones por 24 625 millones de pesos. El 44 % fue por licitación privada, el 35,9 % por contratación directa, el 7,64 % por concurso privado, el 1,57 % por concurso público, otro 0,31 % por subasta pública y el 0,02 % por compulsa abreviada de precios[194].

¿Otro ejemplo?

El fiscal Federico Delgado pidió en 2017 que la Justicia investigara si esa jugarreta ocurrió en las contrataciones directas que decidió el Ministerio de Ambiente nacional para el llamado «plan del fuego»: licitación desierta + urgencia = contratación directa de servicios de helicópteros, decisión que defendieron desde el Gobierno[195].

Una manipulación aún más palmaria ocurre, sin embargo, cuando el organismo público que llama a una licitación fija las condiciones para competir pero, luego, modifica esas exigencias —⁠incluso de manera retroactiva⁠— para que gane quien quiere que gane, en perjuicio de los otros competidores, del fisco y, en última instancia, de los contribuyentes.

¿Ejemplo?

Caso IBM-Banco Nación. «Existían dos oferentes debidamente calificados y correspondía decidir entre ellos, en función del aspecto económico. Sin embargo, el 9 de mayo, el Directorio del Banco (Nación) se reunió con propósitos distintos. Sencillamente resolvió reconsiderar el texto del pliego en el capítulo “Multas y penalidades”. Al día siguiente ordenó una adecuación, en consonancia con lo requerido por IBM, y dispuso recomenzar el proceso, invitándose a los oferentes, incluidos los eliminados, a realizar una nueva presentación de precios, el 14 de mayo»[196].

¿Otro truco más?

El funcionario dispone, sin más, la adjudicación directa fundada en que no hay nadie más idóneo ni preparado en el mundo para prestar el servicio que el empresario que resultará beneficiario. Así, es posible encontrar contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires con argumentaciones tales como que una determinada empresa es «la única agencia global de relaciones públicas especializada en América Latina que ofrece servicios integrales de comunicación».

Parece demasiado evidente, pero hay casos más obvios aún. Así pueden atestiguarlo en la Dirección Nacional de Vialidad, donde recuerdan licitaciones donde florecieron documentos antedatados, prodigiosas coincidencias en las ofertas presentadas por empresas competidoras y otras maravillas dignas de un prestidigitador.

¿Ejemplos? Los expedientes de obra pública de Vialidad «en los cuales pueden apreciarse notas que se agregaron a expedientes en fechas antedatadas», así como también «ofertas realizadas por Austral Construcciones sin ninguna otra empresa que lo haga, para luego ofertar al momento de la apertura de las ofertas», remarcó el fiscal federal Carlos Stornelli, al pedir los procesamientos de los entonces funcionarios que delinquieron para ayudar a esa y a otra constructora de Lázaro Báez[197].

¿Otro ejemplo, por fuera de Vialidad? La factura 0001-00 001 543 por 826 633,83 pesos que emitió la Fundación Madres de Plaza de Mayo, con fecha antedatada, para cobrar un certificado de avance de obra, según detectó la Auditoría General de la Nación (AGN) al analizar el programa «Sueños Compartidos», que terminó en un escándalo, una causa penal y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender detenidos[198].

Pero lo más interesante de la cartelización en el rubro de construcción y, en particular, de la obra pública en la Argentina es que la información que callan los locales a veces se filtra por los extranjeros, como Skanska y Odebrecht, o los periodistas, como Horacio Verbitsky y Pablo Abiad.

¿Skanska? Multinacional sueca que protagonizó el primer gran escándalo de corrupción de la era kirchnerista junto al entonces ministro Julio De Vido —⁠hoy procesado en esa causa⁠— y grabaciones en las que el entonces gerente comercial, Javier Azcárate, hablaba sobre acuerdos de cartelización y facturas truchas, sumado a un informe de auditoría interna que redactó el auditor Claudio Cayetano Corrizzo en el que reportó «operaciones simuladas con la finalidad de generar fondos para el pago de comisiones indebidas». También alertó sobre prácticas de «consolidación de valijas» con la supuesta ayuda de Techint, según consta en la investigación penal. En eso, el presunto rol estelar habría quedado para un ejecutivo de los Rocca, Héctor Alberto Zabaleta, señalado como el responsable de pagar los sobornos a funcionarios de La Pampa. Reapareció más de una década después, como parte también del supuesto entramado de sobornos de Techint con ramificaciones en Italia, Suiza y Brasil[199].

¿Quién era Zabaleta? Un ejecutivo todoterreno de Techint que durante décadas se encargó de los fondos paralelos del holding, responsable de pagar los bonos anuales a sus ejecutivos, en negro y, de ser necesario, en cuentas bancarias en Suiza, así como también de prestarle dinero al empleado de la compañía que lo necesitara.

¿Es Zabaleta, acaso, el hombre detrás del lacónico «Héctor» que el chofer del Ministerio de Planificación Federal, Oscar Centeno, identificó en uno de sus cuadernos como el hombre que le abrió nueve veces las puertas de la casa matriz del grupo Techint a Roberto Baratta, la mano derecha de Julio De Vido, para fines non sanctos?

«Lo llevé al Lic. al edificio de Techint, donde subió Héctor al auto y bajaron con su tarjeta al segundo subsuelo, donde le entregó a Baratta un paquete con dinero y luego salimos a la calle, donde se bajó Héctor y nosotros seguimos. Lo llevé al búnker de Scalabrini Ortiz 3358, dejó el paquete y lo llevé al Lic. al Ministerio», escribió Centeno, por ejemplo, el jueves 30 de octubre de 2008, motivo por el que terminó detenido, acogiéndose al régimen del arrepentido y colaborando en la investigación sobre «los cuadernos de la corrupción»[200].

¿Cómo figuró Zabaleta en el «caso Skanska»? Dentro del diálogo que grabó Corrizzo con Azcárate y que recuperó el juez Javier López Biscayart durante un allanamiento. Su resumen dice así: «Corrizo y Azcárate conversan sobre las operaciones en La Pampa, donde participó el Grupo Techint juntando el dinero para el pago de sobornos, según los propios dichos de Azcárate: los encargados eran Carlos Bacher (CEO de Techint Ingeniería) y Héctor Zabaleta (director financiero del holding). Explica que era indistinto que el dinero para el pago de sobornos a funcionarios del gobierno de La Pampa (“la valija”) lo lleve Techint o lo lleve Skanska».

—A ver, ¿de dónde carajo sacábamos… —preguntó Corizzo sobre el fondeo de dinero para las coimas.

—Conseguían a uno (que emitiera facturas truchas), con sobrefacturación o no, depende —⁠respondió Azcárate.

—Depende…

—Y acá, la línea, la valijita.

—…

—La valijita la consolidábamos en Techint o la consolidábamos nosotros o la venían a buscar de La Pampa o se la llevábamos a La Pampa. En el último tiempo pasaba lo mismo […] Es lo mismo dársela a un tipo en un café o dársela a Techint para que se la dé a un tipo en un café […]. Nos turnábamos para que no te pegaran un tiro.

Corizzo ya sospechaba quiénes podían ser los protagonistas.

—¿Quién era el tipo de Techint? —le preguntó a Azcárate.

—Carlos Bache (por Bacher). Habla con Zabaleta, director financiero del holding.

Para más datos, basta con leer el libro del entonces periodista del diario Clarín, Pablo Abiad. Su nombre es significativo: El Club K de la Obra Pública. Skanska. Un caso[201].

Pero eso de «consolidar valijas» ni siquiera era nuevo. Porque no era ni más, ni menos que hacer una «vaquita» entre todas las empresas que participan en un negociado. Como ocurrió, allá por 1987, con las empresas que participaron en la construcción del gasoducto Loma de la Lata, al decir de Verbitsky en su libro Robo para la Corona[202].

Techint (los Rocca) + Sade (los Pérez Companc) + Socma (los Macri) = Consorcio Neuba.

Financiera Santa María.

Consolidación de 11,5 millones de dólares.

Balances con anotaciones de «prestaciones en sede».

Radicales y peronistas contentos, con un detalle adicional, casi 3 millones de dólares de esa operatoria «se pagaron en agosto de 1987, es decir en el mes previo a las elecciones del 6 de septiembre», remarcó entonces Verbitsky. Aunque desde el radicalismo juran que aquel dinero no fue para la campaña… sino para el bolsillo de pícaros que invocaron al partido.

¿Y Odebrecht? Convicto en Brasil, Marcelo Odebrecht se convirtió en «delator premiado» y aportó detalles sobre cómo operaba su empresa cada vez que desembarcaba en algún país de América Latina. Confesó, por ejemplo, que el proyecto para soterrar el tren Sarmiento en la Argentina incluyó sobornos millonarios, que escondieron bajo las siglas «DGI» que aparecen en múltiples documentos internos.

Anotar «DGI» en un memo, explicó Odebrecht a los investigadores brasileños del Lava Jato, implicaba haber asumido «compromisos políticos», afrontar «favores», «contribuciones», «pagos a agentes públicos», «donaciones» u otros rubros «ilícitos» que se incorporaban a los costos finales de cada contrato.

Conocido como «El Príncipe de la Obra Pública», Marcelo Odebrecht no aportó los montos, ni los nombres de los destinatarios finales de esos supuestos sobornos en la Argentina. Aclaró que él «delegaba mucho» cuando se trataba de operaciones en el exterior. Pero sí aludió a la exigencia del gobierno kirchnerista de imponerles «socios locales» como condición ineludible para ganar contratos millonarios. Eran ellos, junto con los lobistas, quienes tenían los «accesos políticos» y los contactos para satisfacer cualquier pedido indebido.

«Era muy común que en los proyectos tuviéramos socios», explicó Odebrecht a los sabuesos brasileños. «Y entiendo que la mayor parte de las veces, las tratativas políticas, como los pagos (ilegales), salían a través de nuestros socios. Es muy probable, por ejemplo, que los pagos fueran hechos por los socios, a los que luego les reembolsábamos», precisó.

Lo que no sabía (o se guardó) Marcelo Odebrecht, de todos modos, lo contaron sus excolaboradores que también se convirtieron en «delatores», como Marcio Faria da Silva y Luiz Antonio Mameri.

Según esos delatores, el entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Enrique Wagner, se reunió con los ejecutivos de Odebrecht y les cantó las reglas de juego para operar en la Argentina: debían asociarse con empresas locales y aportar el dinero negro que él les dijera, cuando él les dijera, como él les dijera y para quien él les dijera. Algo que Wagner niega, así como también calla si el financista Ernesto Clarens —⁠alfil de Néstor Kirchner e íntimo del banquero Jorge Brito⁠— jugó algún rol en la «ruta del dinero».

Del relato de los delatores brasileños surge un dato adicional: cómo opera el «club» argentino. Porque a los «outsiders» que amenazan el statu quo primero se los intenta cooptar. Y si no es posible, se los expulsa. ¿Cómo? Operando. Ya sea con negociaciones directas con los funcionarios que definen qué empresas ganarán las licitaciones —⁠y para eso un argumento clásico es afirmar que la empresa rival «oferta más bajo pero porque no terminará la obra»⁠—, o a través de la prensa. Para eso, periodistas sobran.

Así, para disputar el multimillonario proyecto del soterramiento del Sarmiento, por ejemplo, Odebrecht debió integrar un consorcio con otras tres empresas —⁠la argentina Iecsa de Angelo Calcaterra, la italiana Ghella y la española Comsa⁠—, y para acceder al contrato para construir la planta potabilizadora de agua de Aysa en Paraná de las Palmas debió asociarse con las locales Benito Roggio e Hijos S. A., José Cartellone Construcciones y Supercemento S. A. También pactó millones con el sindicalista Juan Pablo «Pata» Medina, de la Uocra platense, durante la construcción de una planta de refinería para YPF en Ensenada, y subcontrató para la extensión de las redes de gasoductos a la constructora Esuco, del propio Wagner, a la firma BTU, de Carlos Mundin, y a Techint, que se despegó de los anteriores. «Nosotros fuimos convocados para la construcción de ductos (loops); la construcción de las plantas compresoras, que son otra parte de ese contrato, las construyeron todas BTU y Esuco», indicaron en Techint, lo que aumentó aún más —⁠si eso es posible⁠— la tirria de Mundin contra el holding.

Para ser justos, la tirria es mutua. Porque junto a Paolo Rocca, la presión sanguínea sube hasta las nubes cuando se los pegotea con BTU o Wagner. Recuerdan, por ejemplo, que Techint se peleó feo con Néstor Kirchner y con Julio De Vido; que durante una década no ganaron ninguna licitación del Ministerio de Planificación Federal; que incluso les pararon proyectos que beneficiaban al país; que les propusieron a otros empresarios asumir la presidencia de la Cámara Argentina de la Construcción y que cosecharon rechazo como respuesta. Peor aún. Los colegas escogieron a Wagner para liderar la Cámara en vez de a ellos…

Peleas domésticas que no impidieron, sin embargo, que en agosto de 2013 terminaran las tres empresas —⁠Techint, Esuco y BTU⁠— allanadas, Wagner y Mundin detenidos, y varios laderos de Rocca en la mira, como mínimo, por los millones de dólares que, en bolsos y durante años, le entregaron a Roberto Baratta, el número dos de Julio De Vido.

Como el 6 de septiembre de 2013, cuando Baratta pasó a retirar el dinero que Wagner le dejó en una de las sedes de su empresa, sobre la calle San José 151. Allí, describió el chofer del funcionario, Oscar Centeno, «completaban los bolsos». Y contó una perla más: De Vido y su hijo Santiago, Wagner, Mundin y Baratta solían disfrutar del buen comer en el restaurante Croque Madame, sobre la Avenida del Libertador al 1900.

Y más también. Porque Centeno consignó múltiples entregas de sobres, paquetes, bolsos y valijas efectuadas por Wagner, Sánchez Caballero y Mundin, al que caracterizó en julio de 2010 como «otro aportador de dinero por los proyectos en vigencia por el Gobierno»[203].

Eso, y más, confirmó Wagner ante la Justicia, el 10 de agosto de 2018, cuando se acogió al régimen del arrepentido. «Las empresas se reunían en los lugares establecidos y determinaban el ganador de la licitación en función de su interés por la obra y del volumen de trabajo que tenían. Una vez adjudicada la obra, el compromiso era abonar para gastos políticos, para necesidades políticas, el anticipo que estaba establecido en los pliegos», detalló. El «porcentaje del anticipo financiero era entre el 10 y 20 por ciento del total de la obra», precisó. «Deducidos los impuestos, el compromiso era entregar la totalidad restante del anticipo financiero a modo de retorno».

¿Y cómo se pagaban esos retornos? Según Wagner, en lugares como el Café La Puerto Rico, de la calle Alsina al 400, a una cuadra de la Casa Rosada, o en el Hotel NH, a dos cuadras de Balcarce 50, o en un estacionamiento. “En lugares públicos. A veces venían a San José 151 [donde es la sede de la empresa], pero el grueso lo recaudaban en otros lugares”.

Esas, no obstante, eran escaramuzas criollas, mientras los brasileños prendían el ventilador. «Para que una empresa extranjera de ingeniería lograse participar de los proyectos de obra pública en Argentina, era imprescindible que se asociara con empresas locales. Esas empresas eran previamente informadas de quién ganaría la licitación y que pagos indebidos deberían realizarse a los funcionarios públicos» confesó el exvicepresidente para América Latina de Odebrecht, Luiz Antonio Mameri, ante los fiscales del Lava Jato, ya convertido en delator. «Dentro de ese contexto, el señor Carlos Enrique Wagner le presentó a la empresa el plan de obras que sería implementado por la empresa pública llamada AYSA, subordinada al Ministerio de Planificación, por entonces a cargo del ministro Julio De Vido. Y Wagner también nos informó que si la compañía Odebrecht tenía interés en participar del proyecto, tenía que asociarse con empresas locales. En este caso, teníamos que asociarnos con tres empresas locales, que fueron Benito Roggio e Hijos S. A., José Cartellone Construcciones y Supercemento», detalló.

Y aquí viene bien un detalle aclaratorio: Odebrecht, Roggio, Cartellone y Supercemento se quedaron con la construcción de la planta de Paraná de las Palmas por 2293 millones de pesos, monto de 2008, más una ampliación de 696,5 millones de pesos por la construcción de un acueducto, aunque la cifra global subió y subió hasta llegar en 2017 a 7197,3 millones de pesos. Pero Wagner no se quedó afuera del negocio. Su constructora Esuco ganó el contrato para construir una planta depuradora, en Berazategui, junto a la también brasileña Camargo Correa por 550 millones de pesos, venciendo a otra empresa, Coarco, que a su vez se quedó con el contrato para una planta de desagüe en Lanús por 481,7 millones de pesos[204].

Allí, sin embargo, no terminó el reglamento local para la brasileña Odebrecht. También debió contratar los «servicios de consultoría» de Jorge «Corcho» Rodríguez, de excelentísima relación con Facundo De Vido, uno de los hijos del ministro, mientras que otro vástago, Santiago De Vido, se relacionaba con Carlos Mundin, de BTU, y otros empresarios. Acaso por eso, Marcelo Odebrecht identificó a la Argentina, junto a Colombia y a República Dominicana, entre los países de América Latina donde más peso tenían y tienen los operadores.

Una diferencia sustancial, no obstante, entre Brasil y la Argentina es que la cartelización y los delitos de cuello blanco no suelen castigarse en territorio argentino. Ya sea por falta de pruebas, por deficiencias en las leyes… o porque el sistema de impunidad funciona a la perfección.

¿Por qué?

Porque las empresas contratan a los mejores abogados. Y cuando no arreglan entre ellas para cartelizarse —⁠como afirman que ahora ocurre en ciertas áreas⁠—, pueden atacarse con impugnaciones cruzadas. Incluso desangrarse, aunque procuran que la sangre no llegue al río.

Porque las empresas contratan a los lobistas y operadores adecuados.

Porque las empresas se dedican a obstaculizar, demorar y enredar las investigaciones.

Y porque del otro lado, demasiados jueces, fiscales y funcionarios optan por no hundir el cuchillo.

¿Por qué?

Porque «los ladrones de guante blanco responden a una tipología internacional conocida y deben respetar códigos que hasta han sido escritos», explicó el legendario Rogelio García Lupo, en 1998. «No son personas que se oponen al sistema, están a su favor pero con la condición de usarlo en beneficio propio. Cuentan con estudios superiores o por lo menos medianos, y han ejercido o ejercen como profesionales. Acostumbrados a vivir bien, tienen una familia estable, mujer e hijos, son inteligentes, creativos y no dejan de estudiar. En realidad, para cometer delitos dentro del sistema económico deben comenzar por conocerlo perfectamente, especializarse en las ventajas y desventajas de las leyes que van a violar y sobre todo, orientarse correctamente hacia la salida legal. Estas necesidades los convierten en estudiosos permanentes, lo que aumenta la confianza de la sociedad o de sus víctimas directas y hasta los termina confundiendo a ellos mismos, que por último no pueden distinguir entre un crimen económico y un mal negocio»[205].

¿Por qué?

Porque los negociados de este tipo, explica la célebre compiladora del «Catálogo de Prácticas Corruptas», la profesora Ruth Sautu, «necesariamente involucran a las altas esferas político-administrativas donde se elaboran los proyectos; la estructura permanente, la línea, no participa, excepto en aspectos formales. Asesores legales y contables del más alto nivel profesional —⁠generalmente fuera de la burocracia⁠— diseñan los contratos con todos los recaudos legales necesarios. Así tiene una alta probabilidad de permanecer impunes. La justicia carece de pruebas, o es renuente a buscarlas y, finalmente, aunque desprestigiados, la mayoría de ellos son sobreseídos». ¿Algo más? Sí, remarca Sautu. «Como en la Argentina se aplica el principio de la mala memoria de la gente, los personajes aparecen y reaparecen muchas veces dictando cátedra de ética ciudadana»[206].

Solo la combinación de jueces y fiscales decididos, herramientas legales acordes a los desafíos, recursos económicos, más una prensa que se involucre y una opinión pública que los apoye de manera sensible, puede romper ese círculo vicioso, como expusieron el Lava Jato brasileño, el Mani Pulite italiano o el «caso Elf» en Francia.

La jueza a cargo de esa investigación, Eva Joly, sufrió amenazas de muerte y otros aprietes mafiosos, incluidos ataques a tiros y el robo de su despacho, hasta que tras seis años de trabajo completó la pesquisa contra el líder de la petrolera Elf, Pierre Guillomat —⁠exjefe del servicio secreto francés en Londres durante la Segunda Guerra Mundial⁠—, y decenas más de acusados por el manejo de más de 200 millones de libras para comprar favores políticos alrededor del mundo y financiar campañas en Francia a través de una estructura paralela —⁠como Siemens y Odebrecht⁠— que incluyó dinero, propiedades, joyas, arte y prostitutas[207].

Pero sin ese mix de jueces, herramientas, recursos, prensa y presión social, las investigaciones se empantanan, incluso el Lava Jato.

En 2016, la Advocacía Geral de União (AGU) acusó a Techint y a otras doce empresas de cometer actos delictivos en perjuicio de la petrolera estatal Petrobras en 19 contratos con sobreprecios promedio del 17 % y les reclamó una indemnización de 3600 millones de dólares, para lo cual entabló una demanda ante la Justicia federal el 24 de abril de ese año.

Para Techint implicó su segundo traspié en tierras brasileñas en apenas seis semanas porque, el 22 de marzo, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU, equivalente a la Sindicatura General de la Nación Argentina) le había prohibido junto a otras seis empresas competir por nuevos contratos de cualquier organismo federal de ese país durante los siguientes cinco años por sospechas de cartelización.

Por su parte, el juez Sergio Moro redactó un párrafo, que repitió luego en varias resoluciones. Escrito en portugués, se entiende perfecto: «Grandes empreiteiras do Brasil, entre elas a OAS, UTC, Camargo Correa, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, Queiroz Galvão, Engevix, SETAL, Galvão Engenharia, Techint, Promon, MPE, Skanska, IESA e GDK teriam formado um cartel, através do qual teriam sistematicamente frustrado as licitações da Petrobras para a contratação de grandes obras. Além disso, as empresas componentes do cartel, pagariam sistematicamente propinas a dirigentes da empresa estatal calculadas em percentual, de um a três por cento em média, sobre os grandes contratos obtidos e seus aditivos. A prática, de tão comum e sistematizada, foi descrita por alguns dos envolvidos como constituindo a “regra do jogo”»[208].

Al menos por ahora, Moro no se metió en la ruta del dinero que siguió Techint para, según sospechan los investigadores brasileños que se apoyan en información aportada por la Confederación Helvética, sobornar al entonces director de la división de servicios de Petrobras entre 2003 y 2012, Renato de Souza Duque. Lo habrían hecho por medio de un amigo, João Antonio Bernardi Filho, la sociedad uruguaya Hayley S. A. y una cuenta suiza en la Millennium BCP Banque Priveé, para de allí retornar a una cuenta bancaria de Bernardi en Brasil.

¿Qué fondos recibió la uruguaya Hayley S. A. de Bernardi? Según la información que aportó Suiza, combinada con el trabajo de tres fiscales en Milán y los testimonios de tres involucrados, serían unos 8,5 millones de dólares que fluyeron entre 2009 y 2014 de sociedades offshore ligadas a Techint: Gabião Investments Inc (Panamá), Moonstone Inc. (Panamá) y Sociedad de Emprendimientos Siderúrgicos (Uruguay). Las tres, con cuentas en la Banca della Svizzera Italiana (BSI). Y las tres, con dinero aportado por una sociedad uruguaya, Fundiciones del Pacífico S. A., controlada a su vez por San Faustin S. A., la sociedad madre del Grupo Techint en Luxemburgo[209].

Desde Techint, vale aclarar, defendieron su actuación. Afirmaron que encararon una investigación interna con la ayuda de un estudio jurídico independiente de Estados Unidos que no encontró indicios de ilícito alguno tras peinar millones de e-mails, documentos internos y asientos contables. También precisaron que le notificaron «voluntariamente» a la Comisión de Valores (SEC) y al Departamento de Justicia de Estados Unidos que afrontaban investigaciones en Brasil, Suiza e Italia.

Por esas vueltas inesperadas del destino, no obstante, en la investigación ítalo-helvético-brasileña también apareció mencionado el nombre de Héctor Alberto Zabaleta, aquel que con 48 años en Techint y participación al menos en 30 sociedades del grupo en la Argentina, ya había quedado pegoteado en el «caso Skanska» al presunto pago de coimas a funcionarios de La Pampa[210].

Sin aludir a esta incómoda coincidencia, desde el holding negaron que su constructora en Brasil —⁠Techint Engenharia e Construção⁠— haya cometido algún delito o irregularidad e indicaron que eran ajenos a cualquier pago de coimas, que su socia en un contrato bajo sospecha, Odebrecht, sí admitió.

Al sellar su acuerdo de colaboración con la Justicia brasileña, Odebrecht reconoció que pagó «propinas» para obtener «ventajas indebidas» del entonces titular de Electronuclear, el almirante Othon Pinheiro, quien terminó detenido, para obtener el multimillonario contrato que desarrolló en consorcio con Techint[211].

Pero un año después, ninguna de las empresas señaladas por el TCU había aceptado —⁠mucho menos abonado⁠— la multa, así como tampoco la sanción de «inidoneidad». Techint apeló y la sanción quedó en suspenso[212].

4

Cómo se «arregla» con los sindicatos

La historia muestra que los gremios se crearon por los trabajadores para proteger y defender sus intereses, así como también para actuar como «poder compensatorio» frente a los empresarios. Pero en la Argentina sobran los gremialistas millonarios que desarrollan negocios particulares, que jamás trabajaron en el rubro que representan, que movilizan a sus «bases» para acordar por debajo de la mesa con los empresarios en perjuicio de sus representados, que llevan décadas atornillados en las cúpulas gremiales y que, en ocasiones, se los conoce como «los gordos».

Juan Pablo «el Pata» Medina es la regla. No la excepción.

Acusado de extorsión, todo tipo de negocios espurios, asociación ilícita y lavado de activos por más de 92 millones de pesos, el líder de la regional La Plata de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) se movía según sus propias reglas desde hacía dos décadas.

Apretaba a los empresarios que pretendían construir edificios de más de seis pisos, les exigía el 10 % de los departamentos, les imponía obreros —⁠carentes de capacitación y que no trabajaban⁠—, ubicaba a mujeres en cada obrador por «cuota de género» —⁠que tampoco trabajaban⁠—, les cobraba «bonos» y «colaboraciones» para los días del Niño y del Trabajador, las Fiestas y por «final de obra», y definía a qué empresas de catering —⁠¿suyas?⁠— debían comprarle las viandas para alimentar a los obreros, sin que la política se involucrara. Por el contrario, lo invitaban a eventos oficiales.

También cortaba la avenida 44 de La Plata, frente a su local de la Uocra, todos los jueves o viernes a la noche, durante años, para padecimiento de los vecinos, los locales comerciales y los automovilistas, sin que la policía le dijera nada. Por el contrario, desviaba el tránsito.

Acumulaba filmaciones de amenazas, y la Justicia hasta lo procesó por coacción agravada en 2001, pero recuperó el mando de su gremio.

Organizó piquetes para trabar el ingreso al Ceamse de Ensenada, en 2004, y amenazó a los empleados, mientras exigía que contrataran a los muchachos de su «bolsa de trabajo», sin que nada le pasara.

Y sus muchachos dirimieron sus peleas con La Cámpora a las piñas en plena calle durante la inundación de 2013, o a los tiros con Camioneros durante el traslado del cuerpo de Juan Domingo Perón a la Quinta de San Vicente, en 2006, sin que tampoco nada pasara.

¿Por qué?

Porque los políticos —entre ellos, el entonces gobernador Daniel Scioli⁠— lo utilizaron durante años para beneficio propio, con la complicidad —⁠o el silencio temeroso⁠— de muchos de los empresarios que lo padecían. Solo unos pocos —⁠nucleados en la Asociación de Pymes de la Construcción (Apymeco)⁠— intentaron la resistencia.

¿Por qué?

Porque algunos cálculos reflejan que la operatoria del «clan» Medina le costó 11 000 millones de pesos y 9520 puestos de trabajo al sector de la construcción en La Plata y sus alrededores, con un sobrecosto de entre el 60 y 87 %. Pero el «Pata» también les sirvió de «cuco» a los empresarios locales para ahuyentar a peces grandes del sector, ajenos a las aguas platenses, que evaluaban invertir en la región.

Porque en la práctica, el «Pata» Medina solo cayó cuando se evaporó el entramado que lo sustentaba: Scioli no llegó a la Presidencia —⁠y el Ministerio de Trabajo bonaerense dejó de protegerlo⁠—, un par de jueces platenses se marcharon a sus casas y el jefe máximo de la Uocra, Gerardo Martínez, se lo entregó en bandeja a la nueva gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal[213].

¿Algún día se sabrá todo lo que se habló en la reunión decisiva que funcionarios bonaerenses y de la Municipalidad de La Plata, empresarios, representantes de colegios profesionales y dos agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFIP) debatieron en una oficina del Banco Provincia antes de que se desatara la ofensiva contra el «Pata»?

Medina, además, dejó de serle funcional a algunas grandes empresas. Entre ellas, las que operaban en la refinería de YPF —⁠Techint, Contreras Hermanos, BTU, Esuco, Skanska y Panedile⁠—, que contrataron los servicios de catering que engordaban los bolsillos del «clan». Y ninguna de ellas denunció el apriete, ni a los Medina, algo que el propio «Pata» invoca para defenderse.

—Los empresarios dicen que lo que usted llama negociaciones y pedidos con empresarios y ejecutivos, en realidad eran aprietes —⁠le remarcó la periodista de Perfil, Rosario Ayerdi, que logró entrevistarlo en la cárcel de Ezeiza.

—Lo niego rotundamente. Cuando hablo de grandes empresas hablo de que acordé con Techint, con Benito Roggio, con comitentes del Gobierno como YPF y Enarsa. Siempre acordamos fuentes de trabajo, y si me tienen que condenar por eso, que lo hagan —⁠retrucó[214].

Medina llegó incluso a firmar un convenio con YPF en 2011, cuando la familia Eskenazi controlaba la petrolera, acuerdo que continuó vigente tras la estatización. Así, el «Pata» logro imponer como regla que todas las empresas que trabajasen para YPF en La Plata debían aceptar sus exigencias, fueran o no constructoras.

No solo eso. YPF también acordó otorgarle un «premio» de 4 millones de dólares a la regional La Plata de la Uocra, la del «Pata», como «final de obra» de la construcción de una planta en Ensenada junto a Odebrecht. Pero esa partida, que se pagó, carece de documentos respaldatorios que permitan determinar su destino final.

Medina + Odebrecht = explosivo.

El hijastro del «Pata», Agustín Facundo Medina, por ejemplo, cobró 1,3 millones de dólares mientras Odebrecht erigió la planta de reformado catalítico continuo y otras obras menores en la región. Según los brasileños, porque el muchacho era «obrero especializado —⁠maquinista⁠— y era uno de los diez delegados sindicados indicados por el gremio para el proyecto»[215].

Nada, en rigor, que sorprenda de Odebrecht. En Brasil, llegó a desembolsar dinero negro entre aborígenes, policías y varias centrales sindicales para que no molestaran en proyectos como el de Rio Madeira o de Porto Velho[216].

Y nada mal para el «Pata» Medina, quien se define a sí mismo como un muchacho nacido «en un rancho de adobe» en San Miguel de Tucumán, pero que ya en La Plata se acogió al blanqueo de 2016 y declaró 5 millones de pesos, mientras que su mujer reconoció otros 3 millones de pesos. Según él, porque en los años noventa lo «asesoraron para que comprara dólares» con sus ahorros de su «trayectoria laboral», no la sindical. «Fui una persona a la que siempre le gustó ahorrar de a poquito por el bienestar de mis hijos»[217].

Pero esto excede al «Pata» o a Odebrecht. Porque no hay nada mejor para las constructoras, cartelizadas o no, que un sindicato «amigo de la casa». Del mismo modo que los jefes sindicales tienen claro un principio básico del gremialismo: No hay mejor paro que el que no se realiza (pero permite negociar, con la patronal y con el Gobierno). Y adiós a la idea del «poder compensatorio», al decir del fallecido economista canadiense John Kenneth Galbraith. En este caso, de los sindicatos frente a los empresarios.

Pero no solo ese «poder compensatorio» ante los empresarios. También ante los políticos. Porque un sindicalista «amigo de la casa», sea por amor o porque lo aprietan con algo, es por demás funcional a otros intereses, a menudo inconfesables.

¿Pasó algo así, por ejemplo, con el líder del Sindicato Argentino de Televisión (Satsaid), Horacio Arreceygor? ¿Acaso por eso se reunió de urgencia con Daniel Hadad durante el apogeo del kirchnerismo? ¿Quizá para avisarle que tenía que ordenar medidas de fuerza dentro de C5N, presionado por el Gobierno kirchnerista, hasta que Hadad aceptara venderle su canal de cable a Cristóbal López y Fabián de Sousa?

Por eso el «Pata» Medina amplió sus horizontes.

«Su radio de influencia no se termina en La Plata», reveló la periodista Emilia Delfino, en su investigación para el portal Chequado.com sobre el «clan Medina» y sus negocios, empresas de catering incluidas. «Techint la contrató para las obras en la línea H del subte, en Capital Federal, e incluso se hicieron cargo del catering en la apertura de ShowMatch, el programa de Marcelo Tinelli. También facturaron a organismos oficiales como el Ministerio de Educación (en 2017), la Universidad Nacional de La Plata y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)».

Pero como «el Pata» es la regla, no la excepción, su detención y la de otros miembros del «clan» provocaron una erupción de denuncias sobre prácticas similares de otros sindicalistas, como Humberto Monteros, en Bahía Blanca, detenido con más de 5 millones de pesos y 100 000 dólares guardados en bolsos y bolsas en su casa. Tanto de referentes de la Uocra como de otros gremios, como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

¿Por qué?

Porque hay empresas que prefieren una «paz» cara antes que una «obra más barata, pero turbulenta». Por eso, muchos empresarios refieren pactar con la «corporación sindical».

Hay grandes empresas, ejemplificó un veterano gremialista que lidia con ejecutivos desde hace décadas que, por ejemplo, «les tercerizan un montón de negocios a empresas fantasma de la UOM, no solo trabajos en planta sino también la compra y preparación de la chatarra y la venta de subproductos o derivados de todo tipo, así como también el manejo de la nómina». Es decir, explicó, «la puesta a dedo del personal de fábrica».

«Por supuesto, los sindicalistas no protestan por la tercerización porque justamente son ellos mismos», explicó. «Cada tanto se hace alguna parodia cortando el acceso a una fábrica para justificar su existencia, pero dejan abiertas puertas laterales para que no se vea afectado el funcionamiento. A cambio de estos negocios que les dejan suculentas ganancias, los sindicalistas tienen que hacer el papel de “policía interna” en las fábricas, evitar cualquier tipo de reclamo de los trabajadores y que no se interrumpa la producción, porque si un horno se detiene se pierden millones».

De todos modos, la relación entre empresarios y sindicalistas es por demás compleja y cargada de recelos mutuos. Eso explica la frase que lanzó el vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Guillermo Dietrich, padre del ministro de Transporte, durante una reunión de empresarios en 2017.

«Los sindicatos se anclaron, son corruptos. El día que se solucione eso no hay más desempleo en la Argentina», lanzó Dietrich, padre, en uno de esos raros momentos en que un empresario se sincera en público. Tanto sorprendió su franqueza que el ministro de Producción, Francisco Cabrera, lanzó una broma cargada de verdad: «Habría que agregarlo a Guillermo Dietrich al grupo de diplomacia; fue tan sutil».

En rigor, la relación entre sindicalistas y empresarios tiene mucho de simulación, de teatralidad pour la galerie. A menudo simulan enfrentarse cuando en realidad unen fuerzas para oponerse a posibles reformas que puedan afectar el statu quo. Como, por ejemplo, a una ley de «democratización sindical». ¿Por qué? Porque prefieren lidiar con un solo sindicalista, aunque mañoso, que con múltiples negociadores que para diferenciarse de sus rivales internos podrían rechazar prebendas y mostrarse inflexibles para beneficio de sus representados. Y ni hablar de piqueteros u organizaciones de izquierda: su sola mención genera pesadillas entre funcionarios y empresarios.

Eso explica, por caso, la valía del secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba) y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) en territorio bonaerense, Roberto Baradel. Porque quien pudo sustituirlo en mayo de 2017 como referente de los maestros era la militante trotkista Romina del Plá, para espanto del Gobierno.

Según la visión del «clan» Medina, sin embargo, su error no pasó por recaudar, sino por quedarse a mitad de camino. Es decir, que el «Pata» no fuera ni tan chico como para pasar inadvertido en los radares, ni tan grande como para resultar intocable. Es decir, que quedó más cerca de Omar «el Caballo» Suárez (SOMU) o de Marcelo Balcedo (SOEME) que del referente histórico de Camioneros, Hugo Moyano.

Lindos muchachos, íconos del «sindicalismo empresarial», ese que desplegó sus alas con el manejo de las obras sociales y otras «cajas» portentosas…

Suárez, conductor del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) desde 1989, hijo de un carpintero y de una costurera, creció de la mano de los carapintada y del gastronómico Luis Barrionuevo. Floreció con el kirchnerismo, a pesar de las denuncias penales que acumuló en su contra por presunta administración fraudulenta del sindicato, entorpecer servicios públicos, coacción y compulsión al paro. Hasta que cayó detenido en septiembre de 2016 —⁠ya con los kirchneristas fuera del poder⁠— cuando el juez federal Rodolfo Canicoba Corral lo procesó como presunto jefe de una asociación ilícita y permaneció detenido un año hasta que otro juez federal, Luis Rodríguez, lo benefició con el arresto domiciliario, el 30 de diciembre de 2017, mientras suplantaba a Canicoba Corral —⁠de licencia por vacaciones⁠—. Pero la alegría le duró una quincena a Suárez. El 15 de enero, la Cámara Federal ordenó que volviera a prisión. Antes y después de eso, el SOMU se convirtió en un refugio ideal para que el juez Canicoba Corral y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, colocaran a amigos, familiares y allegados. Desde el abogado de Jaime Stiuso —⁠Santiago Blanco Bermúdez, también letrado del propio Canicoba Corral⁠— y un cuñado del juez a un abogado, también un cuñado y la empleada doméstica del ministro, a la que durante años mantuvo en negro.

Balcedo, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME). Ingeniero, hijo de un histórico sindicalista bonaerense, dueño de un diario que da pérdidas en La Plata, también amasó varias denuncias penales por presunta extorsión. Vinculado al peronismo clásico y al Frente para la Victoria (FPV), amasó una fortuna, en efectivo, joyas, armas, autos de colección —⁠de una Ferrari a un Porsche y un Corvette⁠— y hasta una chacra en las afueras de Punta del Este. Hasta que cayó, en enero de 2018, sospechado incluso de lavar fondos de la banda narco Los Monos y de un cartel paraguayo[218].

Pero ¿por qué cayeron ellos tres, pero no Héctor Daer, Alberto Robreti u Omar Viviani, entre tantos otros?[219]

Daer, uno de los jefes de la CGT, presentó su declaración jurada como diputado nacional. Reconoció propiedades rurales en Mercedes. Un contraste evidente con el jefe de la CTA, Hugo Yasky, que al presentar su declaración jurada como candidato a diputado nacional informó un departamento de 82 metros cuadrados en Parque Patricios y una caja de ahorro con 77 990 pesos.

Por el contrario, el petrolero Roberti, que también está en la mira de la Justicia, declaró como diputado una quinta en el country Abril, un piso en Puerto Madero y siete terrenos en Gualeguaychú, entre otros bienes. Y reveló otro hobby de los sindicalistas: los caballos. No es el único: al estatal Andrés Rodríguez no lo apodan «Centauro» en vano, según detalló el periodista del diario La Nación, Nicolás Balinotti.

Además de los caballos, el sindicalismo también muestra atracción por las inversiones en el extranjero. Al taxista Viviani, por ejemplo, le atribuyen ser dueño de pizzerías en Roma. Él lo desmiente.

¿Por qué no Moyano, tampoco? ¿Por qué sigue el camionero de pie, si lo detestan otros jerarcas sindicales —⁠los «gordos»⁠—, afrontó varias investigaciones judiciales y se enfrentó con los gobiernos de Carlos Menem, de la Alianza, de los Kirchner y de Mauricio Macri?

«A Moyano no lo meten preso», sintetizó el «Pata» Medina en su primera entrevista desde la cárcel, cuando ya llevaba diez meses en Ezeiza. «No sé si Hugo Moyano puede ir preso, porque él tiene poder para paralizar el país. Yo no sé si están en condiciones la Justicia o el Gobierno de meterlo pres a Moyano»[220].

Sigue porque Moyano preserva su «poder de fuego», que le permite presionar, negociar y por momentos trazar alianzas —⁠o al menos, treguas⁠— con los Kirchner y como lo intentó y lo logró por momentos con Macri.

Si con los Kirchner acumuló más subsidios para el gremio por peajes y asignaciones familiares, por decenas de millones de pesos.

Si con los Kirchner logró torcerle el brazo a Graciela Ocaña, quien renunció como ministra de Salud en 2009, en su puja por el control —⁠y los millones⁠— de las obras sociales, ante el silencio cómplice de la entonces presidenta Cristina Fernández. Porque ese es el Santo Grial de los sindicatos: la «caja» de las obras sociales que manejan desde 1970, durante la dictadura del general Juan Carlos Onganía.

Si con los Kirchner unió fuerzas durante el conflicto con el campo y desplegó a 500 de sus camioneros por las rutas argentinas en un intento infructuoso por romper la protesta agropecuaria.

Si con los Kirchner, Moyano tomó la conducción del PJ bonaerense en agosto de 2010 y reclamó que era «preciso profundizar el modelo nacional y popular que hoy encarna Cristina».

Si con los Kirchner, los Moyano fueron el centro de una investigación por presunto lavado en la Unidad de Información Financiera (UIF) cuando el camionero comenzó a criticar a la Casa Rosada por, entre otros motivos, la «inflación del supermercado». Pero esa pesquisa se frenó en mayo de 2011, cuando Moyano lideró un acto en apoyo a la reelección de Cristina Fernández de Kirchner.

Ahora, Moyano reedita altibajos similares con Macri.

Si con Macri se regalaron elogios mutuos durante la recta final de la campaña presidencial de 2015, cuando incluso compartieron un evento en la Usina del Arte y se abrazaron para las fotos con la excusa de un «reconocimiento» a los recolectores de basura.

Con Macri ya en la Casa Rosada, sin embargo, comenzó a moverse una investigación por presunto lavado por la compra de dos propiedades en Parque Leloir contra Moyano y su familia: su hijo Pablo, secretario adjunto de Camioneros, su esposa, Liliana Zulet, y dos hijos de ella: Juan Noriega Zulet y Valeria Salerno.

También comenzaron a salir a la luz las complejas relaciones de Moyano con OCA SRL, la empresa de servicio postal cuyo dueño visible es Patricio Farcuh, aunque todos miren al clan del camionero. Entre otros motivos, por un informe de la UIF sobre pagos multimillonarios a Dixey, una sociedad de la esposa e hijastra del sindicalista que derivó en una denuncia penal y la apertura de una investigación[221].

Macri utilizó los micrófonos en 2017 para cargar contra las mafias sindicales, empresarias, políticas y judiciales. Prometió desterrarlas. Sin embargo, el mensaje presidencial, en la víspera del primer paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra su gestión, tenía un único destinatario: el gremialismo. Y, en particular, Moyano, que en abril de 2018 devolvió la pelota. Participó en el VI Congreso Nacional de la Red Antimafia, un encuentro ideado por la Fundación La Alameda, de Gustavo Vera, avalado por el papa Francisco y que se celebró… en una de las sedes del gremio de los camioneros.

Hoy, la lluvia arrecia sobre los Moyano desde varios flancos. Desde Córdoba, por otra causa por presunto lavado; desde Bahía Blanca, por las sospechas que rodean a otro empresario singular, Gustavo Elías; e incluso desde el mundo del fútbol, cuando Hugo y Pablo Moyano quedaron imputados en una causa por presunta asociación ilícita y fraude contra el club Independiente de Avellaneda, donde se mezclan y confunden los agremiados a Camioneros, los hinchas, los socios del club, los barrabrava e incluso muchachos más pesados aún.

Porque los barrabrava desnudan una sociedad de socorros mutuos que, como despuntó el caudillo conservador de Avellaneda, Alberto Barceló, con Juan Ruggiero —⁠más conocido como «Ruggierito»⁠—, le permite a la corporación política contar con «mano de obra» tercerizada para acciones que jamás podrían admitir en público, mientras que los muchachos disfrutan de beneficios contantes y sonantes, además de una protección especial si algún policía o juez osa molestarlos[222].

Si el gobernador bonaerense Antonio Cafiero le pagó a «la Doce» para que estuviera de su lado durante la interna contra Menem de 1988.

Si en los años noventa, el jefe de la barra de Boca Juniors, José «el Abuelo» Barrita, siguió los consejos del presidente Carlos Menem y gestionó la personería jurídica para la «Fundación Número 12», por la que canalizaron millones hasta que la Justicia la liquidó por irregularidades varias y sospechas de lavado y asociación ilícita.

Si el carapintada Aldo Rico, tras dejar la prisión de Campo de Mayo y antes de su siguiente asonada en Monte Caseros, Corrientes, recibió a Barrita en una quinta y le pidió que reclutara gente.

Si el exministro del Interior alfonsinista, miembro de «la Coordinadora» y operador todoterreno de una facción del radicalismo y de sus negocios personales, Enrique «Coti» Nosiglia, fue padrino político del barra y puntero Santiago Lancry, alias «el Gitano», y responsable de la agrupación «Por un Boca mejor», que en la práctica manejaba Lancry, empleado en la Legislatura porteña, donde fue detenido.

Si el exmotonauta Daniel Scioli se benefició de los servicios del nuevo jefe de «La Doce», Rafael di Zeo, tras una reunión en la unidad básica de la calle Anchorena, durante la interna del Partido Justicialista porteño en la que compitió con Miguel Ángel Toma para acceder a su primera diputación nacional.

Si el jefe de la barra brava de Patronato de Paraná —⁠y capo del narcotráfico local⁠— Gustavo «Petaco» Barrientos mostraba una notable sintonía con funcionarios del gobernador entrerriano —⁠y precandidato presidencial⁠— Sergio Uribarri, con quien tejió una relación de beneficios mutuos, también a través de su hijo Mauro, antes, durante y después de las campañas electorales[223].

Si el propio Moyano contó durante años con la ayuda de «gente pesada en la popular» del club Independiente —⁠con bandera incluida de la “Juventud Sindical Camioneros”⁠—, según confirmó el barra Daniel «el Gitano» Ocampo, quien a su vez llegó a aparecer en los spots de Duhalde para su campaña presidencial, y mucho más.

Si al renunciar como subsecretaria para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia en diciembre de 2009, Marta Oyhanarte recordó que cuando relevaron a todo su equipo, en su lugar «aparecieron barrabravas que iban a buscar instrucciones y dinero para viajar al Mundial de Sudáfrica de 2010»[224].

Si la barra de Racing, «La Guardia Imperial», desplegó en su cancha, «el Cilindro de Avellaneda», una bandera que decía «Kirchner 2007-2011», como retribución por la gestión clave de uno de sus ministros, Ginés González García, para destrabar el ingreso al estadio de barras de segunda línea a las que la policía había bloqueado en las inmediaciones.

Si Cristian Ritondo, entonces legislador porteño y actual ministro de Seguridad bonaerense, mantenía relaciones de vieja data con la barra de Nueva Chicago y con la fracción de Villa Lugano de Boca Juniors, mientras que su jefe de campaña, el también legislador porteño Roberto Quattromano, explicitó esos vínculos cuando amenazó a un legislador por el Partido Obrero de manera contundente: «Vas a ver cómo los barrabravas te van a romper la cabeza afuera de acá».

Si el exsecretario de Hacienda porteño y actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti, niega y reniega de sus vínculos con la barrabrava del Granate, pero el líder de esa barra, Diego «Panfi» Goncebate, reconoció que hizo campaña por el intendente. «Salía a hacer pintadas», contó al programa radial «Código de barras» en abril de 2016.

Si el «Tano» Angelici sabía bien que su custodio Carlos «El Enano» Martínez mantenía diálogos comprometedores con la barra, con la Policía bonaerense y con el Ministerio de Seguridad provincial, dentro de una investigación conocida como «carnets truchos».

Si Macri, como presidente de Boca Juniors, le respondió al juez Víctor Perrota que ignoraba la existencia de «La Doce» o cualquier otra barra en Boca Juniors. «Que se desconoce la existencia de simpatizantes de nuestra institución, de los llamados vulgarmente “barrabravas”, razón por la que nos vemos impedidos de evacuar el informe respecto al detalle de los datos personales de quienes, de existir, serían sus integrantes», contestó.

Si Macri como jefe de Gobierno porteño nombró por sugerencia de Ritondo como nuevo jefe de Seguridad de la Legislatura porteña y luego como su jefe de Gabinete en el Ministerio de Seguridad bonaerense al abogado Marcelo Rocchetti, defensor de Di Zeo (Boca Juniors) y de Alan Schlenker, jefe de Los Borrachos del Tablón (River Plate)[225].

¿Y quién fue el anterior letrado de Di Zeo? Mariano Cúneo Libarona, también defensor de Carlos Menem, Amira y Emir Yoma y José Luis Manzano, dicente de la legendaria frase Robo para la Corona. Porque como el barra Di Zeo dijo alguna vez desde la cárcel, «tener poder es tener los teléfonos de quienes lo detentan en serio».

Si el actual presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia llegó a la cúspide de la mano del «Tano» Angelici —⁠que asumió como vicepresidente primero⁠— y de su suegro, Moyano —⁠que asumió como vicesegundo⁠—, y una bio singular: puntano, criado en Barracas, barrendero, exempleado de Manliba (del Grupo Macri), hincha de Boca, presidente de Barracas Central y, hoy, vicepresidente del Ceamse.

Todo esto —y mucho más— indigna al «clan» Medina, que observa cómo el clan Moyano sigue los pasos de Barrionuevo, de Armando Cavalieri, de Víctor Santa María o, hasta su muerte, de Lorenzo Miguel. Verdaderos íconos de la corporación sindical, mientras el «Pata» sigue detenido.

¿Por qué ellos no caen, pero sí cayó también Juan José Zanola, el extitular de La Bancaria, aun cuando Cristina Fernández de Kirchner lo prefirió antes que a su propia ministra de Salud, Graciela Ocaña? «Fijate bien porque Zanola es un compañero peronista que me ayudó mucho a mí y a Néstor», le dijo, cuando Ocaña le avisó que iba a denunciarlo[226].

Zanola cayó porque hay un punto de inflexión en el cual las grietas en la represa son ya irreparables. Y en ese momento el resto abandona al fusible, que debe saltar para que no se queme toda la instalación eléctrica. Porque como ironizaba un político veterano de mil batallas, «te vamos a defender… hasta la hoguera excluida».

Pero ¿y los otros? ¿Por qué Barrionuevo, Cavalieri o Santa María parecen intocables, como antes lo fue Lorenzo Miguel?

Barrionuevo, referente exclusivo de los Gastronómicos desde la década de 1970, cuando a punta de pistola ocupó la sede del gremio. Presidente del club Chacarita Juniors —⁠otra institución donde florecieron los barrabravas⁠— diputado nacional, senador nacional, célebre por su frase «tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años; si no, no sacamos al país adelante» y la quema de urnas en las elecciones por la gobernación de Catamarca, que perdió. Denunciado por negociados en el PAMI, presunto pago de sobornos, supuesto enriquecimiento ilícito, incitación a cometer delitos, nunca fue condenado. Furioso antikirchnerista, es señalado desde hace años como miembro de un tándem singular con Enrique «Coti» Nosiglia. Casado con una espada de Sergio Massa, la diputada nacional Graciela Camaño, ahora se lleva mal con Macri.

¿Cómo olvidar cuando el entonces juez de instrucción Mariano Bergés empezó a investigar a los barras del «Chaca» en 2002 y un año después procesó a Barrionuevo, tras ordenar la intervención de su teléfono? ¿Qué pasó? Con el senador y dirigente de Chacarita, nada; pero tras una denuncia de Barrionuevo, el juez Canicoba Corral procesó a Bergés en 2005 por presunto abuso de autoridad, y tiempo después el magistrado abandonó el Poder Judicial. En 2017, Bergés publicó un libro cuyo título dice bastante: Acá no pasa nada. La corrupción del sistema judicial argentino contada desde adentro[227].

Cavalieri, más conocido como «el Gitano», lleva a los 81 años más de tres décadas al frente del Sindicato de Empleados de Comercio y como factótum de la obra social Osecac. Sobrevivió a todo, incluidas denuncias penales —⁠por su fastuoso enriquecimiento, con estancias y campos incluidos, y las cámaras ocultas de la revista Noticias que inmortalizaron en noviembre de 1994 cómo quiso sobornar a sus directivos para detener la revelación del viaje a todo lujo que había hecho al Caribe⁠—, con gastos por más de 100 000 dólares. Sus últimos traspiés relevantes ocurrieron en marzo y julio de 2018. En marzo, cuando lo denunciaron por una presunta defraudación por más de 53 millones de pesos en Osecac, investigación en la que al cierre de este libro lo citaron a prestar declaración indagatoria. Y en julio, cuando la Justicia federal avanzó sobre las tres sedes del sindicato tras detectar que unos 6000 muertos figuraban como afiliados activos y las sospechas firmes de que contrató a parte de la barra de Boca Juniors como su fuerza de choque en la elección del gremio[228].

Santa María, jefe del gremio de los porteros y número dos de la obra social de ese mismo gremio, miembro de la cúpula de la CGT, presidente del PJ porteño, extitular del club Sportivo Barracas, diputado del Parlasur, dueño del diario Página/12 y de la radio AM 750 y varias revistas, más una ART y una universidad… y cotitular de fideicomisos en Suiza sin declarar ante el fisco argentino, por 6,5 millones de dólares —⁠cifra que englobando al resto de su familia llegaría a los 12 millones de dólares⁠—, según un informe de la unidad antilavado (UIF). Pero él lo negó todo. «No tengo idea», dijo. «Me enteré de la acusación por el diario La Nacion», abundó, para luego pasar a la ofensiva. «Mienten para armar una puesta en escena», retrucó, mientras el juez federal Claudio Bonadío continuaba con la investigación por presunto lavado[229].

Miguel, ícono de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) durante tres décadas, «el Loro», fue un referente para las camadas de sindicalistas que siguieron sobre cómo lidiar con los poderes transitorios y permanentes de la Argentina. Supo pasar del amor con José López Rega a colaborar en su caída. De enemigo público número uno a amigo en las sombras de Montoneros. De un oscuro episodio que terminó con la supuesta muerte de Jorge Hugo «El Polaco» Dubchak, en un horno de la UOM, a afirmar que «en la UOM nunca hubo matones ni guardaespaldas». De pactar con el almirante Eduardo Massera —⁠que lo protegió durante la dictadura⁠— a negociar con el Ejército. Y ni hablar de su actuación tras el retorno de la democracia y hasta su muerte en 2002…[230]

Porque los sótanos del mundo sindical en la Argentina podrían abarcar una enciclopedia completa…

Porque acaso pocos sepan la historia de un dirigente sindical que, allá por 2002, mandó demoler una mansión, hasta sus cimientos, en el country Pilar del Lago, temeroso de que Jorge Lanata lo escrachara en su programa de televisión, como había ya expuesto a otros gremialistas con sus caserones. Solo rescató los muebles y los cerramientos, y el resto quedó reducido a escombros…

¿O acaso alguno olvida que un eje central de la campaña presidencial de Raúl Alfonsín fue denunciar el pacto sindical-militar ocurrido durante la dictadura? Era, según el entonces candidato radical, para «tender un manto de olvido sobre los problemas de fondo por los que atraviesa el país».

¿O acaso las reformas de la década menemista hubieran sido posibles sin un gremialismo dividido entre quienes lo apoyaron a Menem, como Barrionuevo, los que negociaron con el riojano —⁠entre ellos, Comercio y bancarios⁠— los que se opusieron desde la Confederación General del Trabajo, y los que rompieron y se marcharon a oponerse desde la flamante Central de los Trabajadores Argentinos (CTA)?

¿O acaso nadie escuchó a Ocaña cuando renunció como ministra de Salud? Porque ella misma explica que «a cuatro meses de asumir al frente del Ministerio, detecté el funcionamiento de un sistema de reparto de fondos de los trabajadores desviados desde la salud hacia el enriquecimiento de dirigentes políticos, empresarios y sindicales, convalidado desde los años noventa por todos los gobiernos»[231].

¿O acaso preferimos mirar para otro lado cuando UPCN y ATE, entre otros gremios, como los docentes, pactan con los funcionarios por «espacios de poder» o «nichos de negocios»? Ya sea en IOMA, PAMI, la Anses, la Dirección General de Escuelas bonaerense u otros organismos con «caja», así como también en el Indec, donde UPCN y un sector de ATE jugaron a pleno para las huestes de Guillermo Moreno.

Sistema = dinero × (políticos + empresarios + sindicatos)

Pero volvamos al cash.

5

Cómo se mueve el dinero, cash

Financiar campañas electorales o mediáticas, pagar sobornos, comprar gremialistas, jueces y fiscales, policías o periodistas requiere montañas de dinero, a menudo en efectivo y siempre por fuera de los balances contables. O sea, en «negro». Y para transportar esas montañas están los «valijeros», protagonistas de un oficio propio de los sótanos que algunos convirtieron en un arte y otros, en un servicio profesional, lejos de las prostitutas, la cocaína y el champagne.

El hombre revolvió el café mientras esperaba que su esposa se alejara. No quería que lo escuchara. Miró a los ojos y sorprendió: «¿Viste los bolsos de López? Bueno, uno es mío».

Pasaron tres semanas desde que la policía detuvo a José López, la madrugada del 14 de junio de 2016, mientras el exsecretario de Obras Públicas intentaba «depositar» 9 millones de dólares, cash, y un fusil, en un convento de General Rodríguez.

Pasaron tres semanas y el hombre no apareció en los radares de la Justicia por ese bolso, ni por ningún otro. Jamás apareció.

«Ah, ¡no te imaginas qué tranquilidad me dio ver el bolso en la filmación!», sorprendió otra vez. «¡Ahora sé que los bolsos que yo le entregaba a Uberti en el café Volta le llegaban a José!».

El hombre, un alto ejecutivo de una de las grandes empresas argentinas, contó entonces su faceta de «valijero».

Contó que una vez por mes debía llevarle un bolso al exfuncionario Claudio Uberti, para que se lo diera a López, aunque el destinatario final era mucho, muchísimo más poderoso.

«Ese dinero no me pertenecía, ese dinero pertenecía a la política», es lo único que soltó López sobre esos 9 millones de dólares desde que lo detuvieron. ¿Mensaje cifrado para que no lo abandonaran? Si fue así, fracasó. O López captó la respuesta que le hicieron llegar desde los sótanos y cerró la boca para nunca más abrirla.

Uberti, vale recordar, fue protagonista de otro de los grandes escándalos del kirchnerismo que terminó en la nada. Es decir, en impunidad. El 4 de agosto de 2007, Guido Alejandro Antonini Wilson apareció con un maletín con 790 550 dólares en efectivo que siempre negó que fuera suyo. Acusó a Uberti, hasta entonces embajador «paralelo» ante Venezuela, de ser su verdadero dueño, al igual que el de otras valijas que sí sortearon los controles. Según reconstruyó el diario La Nación, con otros 4,2 millones de dólares. Todo cash.

Once años después, un chofer del Ministerio de Planificación confirmaría en la causa por «los cuadernos de la corrupción» la existencia de más valijas, aunque con un monto apenas menor. Dijo que 4 millones de dólares pasaron de largo aquella madrugada en el Aeroparque, mientras que Uberti se plegó al régimen del «arrepentido» y vomitó sus verdades: desde que recaudaba de las empresas de corredores viales y de Techint, a que le llevaba bolsos repletos de dólares a Kirchner —⁠al que apodaban «el Malo»⁠—, que Cristina presenció las entregas, más de una vez, y que esas entregas fueron en la Casa Rosada, en la Quinta de Olivos o incluso en el departamento de la pareja presidencial en Recoleta. «Un día entré al dormitorio de Néstor y Cristina, y estaba repleto de bolsos y valijas con dinero», confesó.

«Uberti era desagradable. Un compadrito, soberbio, insoportable. Un matón y, encima, un cobrador empedernido», lo pintó el hombre mientras revolvía su café. «Pero te tenías que sentar con él, dejar el bolso debajo de la mesa, tomarte un cafecito, hablar de generalidades unos minutos, escucharlo mientras te bajaba línea o te preguntaba algo, y luego te marchabas, dejando el bolso ahí», resumió sus encuentros en el café Volta.

La clave, explicó, era siempre utilizar el bolso menos llamativo posible. «Uno de esos que nadie recuerde». Pero hubo un día en que al ejecutivo/valijero se le complicó y no pudo comprar el bolso adecuado. Así que, apurado, agarró uno propio, de color, que usaba para jugar al tenis. Un error que pudo costarle demasiado caro.

A medida que pasaron los días tras el arresto de López, sin embargo, el ejecutivo/valijero corroboró que no lo afectaría la tormenta judicial. Así que comenzó a relajarse, satisfecho además de haber hallado la respuesta a una vieja duda: «¡Yo siempre temí que Uberti nos caminara!».

Incluso para expresar su alivio, no obstante, el hombre habló mesurado, sin alzar la voz, ni llamar la atención, como debe ser el «valijero» ideal.

Porque las empresas y los políticos buscan que sus valijeros sean prolijos, calmos, casados, deportistas, de hábitos diurnos, buenos esposos y padres de familia, de mediana edad, de buen pasar económico y buena posición laboral, sin vicios, ni adicciones, ni amantes.

Es decir, una persona que nunca, ni en la peor de las pesadillas de sus jefes, estrellará un auto de lujo contra un árbol, de madrugada, drogado, con una amante al lado y bolsos repletos de dólares en el baúl.

Es decir, la antítesis de Leonardo Fariña, el muchacho de rodete, Ferrari, vedette y champagne para sus amigos, todo con dinero de Lázaro Báez, el presunto testaferro de los Kirchner que unió fuerzas para competir por la construcción de dos represas en Santa Cruz con la constructora IECSA, por entonces de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.

O la antítesis de Luis D’Elía, cuyos problemas de incontinencia verbal lo llevaron a confirmar —⁠y luego negar⁠— que recibió un millón de dólares del gobierno de Cuba. Un bolso de mano, contó antes de retractarse, para movilizar a sus muchachos y a otras organizaciones sociales para la contracumbre de Mar del Plata en noviembre de 2005, organizada para repudiar la presencia del entonces presidente George W. Bush en la Cumbre de las Américas[232].

O la antítesis de Hugo Franco, si es cierta la leyenda que lo rodea desde hace décadas. Porque el exfuncionario menemista nunca negó su relación con Alfredo Yabrán, pero aclaró que el vínculo con «El Cartero» se cortó allá por 1992. «Nos separamos», solía bromear.

La leyenda sobre el motivo de su «separación» de Yabrán está allí para quien quiera conocerla. Incluye una visita de Franco al despacho del entonces presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Miguel Ángel Pierri.

—Esto te lo manda el Amarillo —le comunicó Franco a Pierri mientras le acercaba un portafolio de parte de Yabrán, al que también apodaban así por el color de las camionetas del servicio postal Ocasa.

—¿Y esto?… ¿Por qué? ¿Qué significa?

—Un palo.

O la antítesis de Ricardo Jaime, quien atrajo la atención de los periodistas en cuanto asumió como secretario de Transporte. Fanático de los billetes, también acumuló joyas de oro, autos, motos, un yate, casas, departamentos, acciones, un diario, una posada y hasta un avión. Pero todo eso apenas fue un atisbo de su panorama completo. «Jaime le llevaba una valija —⁠que no sé qué tenía adentro⁠— todas las noches a Kirchner», contó el exsubsecretario de Transporte Aerocomercial Ricardo Cirielli a la revista Noticias en 2010, en radios y ante la Justicia.

«Casi todas las noches Jaime se llevaba bolsos donde supuestamente había dinero. Digo supuestamente porque nunca los vi, pero el comentario de gente que trabajaba alrededor de él era que él llevaba a otros personajes ahí, a la Secretaría de Transporte, para llevarles dinero y que a su vez él todas las noches se cruzaba a la Casa de Gobierno. Él siempre me decía que iba a verlo a Néstor. Después de 15 minutos, media hora, se escuchaba el helicóptero que se iba para Olivos», rememoró Cirielli.

Cuatro años antes, el 3 de marzo de 2006, Jaime había protagonizado una precuela con billetes. Ocurrió el 3 de marzo de 2006, en el aeroparque Jorge Newbery, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le pidió que abriera su portafolios pero él replicó que debía ser tomada como una «valija diplomática». Discusión mediante lo abrió y dentro había dos sobres de papel madera con dólares y pesos[233].

Acaso por esos bolsos, portafolios y sobres es que Jaime se sintió intocable durante aquellos años. «Kirchner puede pedirme cualquier cosa, menos que renuncie», se ufanaba.

El problema es que Jaime afrontó una combinación demoníaca que lo dejó sin red de contención. Primero, la muerte de Néstor Kirchner. Segundo, que su abogado defensor, Andrés Marutián, era y es «enemigo declarado» del por entonces principal operador del kirchnerismo en Comodoro Py, Javier Fernández. Y tercero, que la causa quedó en manos del juez Claudio Bonadío, con quien Fernández no tenía una buena relación, si es que hubiera intentado ayudarlo… lo que no ocurrió[234].

Los sótanos.

Lo ideal es que los valijeros sean personas como Carlos Adrián Calvo López, un empleado uruguayo del Banco Macro de los Brito en Uruguay y Bahamas al que apenas se le conoce su rostro. Podría caminar por la ciudad de Buenos Aires sin que nadie lo reconociera, ni mucho menos supiera que también integró el directorio de la financiera Invernes de Ernesto Clarens. O que fue el hombre al que Lázaro Báez identificó ante la AFIP como el valijero que transportó bolsos repletos de dinero desde Uruguay, por Buquebus, para capitalizar su constructora Badial.

O como Alejandro Vandenbroele. Abogado, de buena presencia, que solía vestirse con buenos trajes. Fue él quien se presentó en la casa central del Banco Macro, en mayo de 2010, en cuanto se acreditaron los 7,6 millones de pesos del gobierno de Formosa en la cuenta bancaria de la por entonces ignota sociedad The Old Fund. Extrajo más de 4 millones de pesos, los convirtió en poco más de 1,2 millones de dólares y desapareció por la City porteña con destino incierto… o no tanto[235].

Incluso ya acogido a la figura del arrepentido en el «caso Ciccone», Vandenbroele siempre rechazó que lo caracterizaran como «testaferro» de Amado Boudou y de su socio, José María Núñez Carmona. Planteó que en realidad debería ser encuadrado como un «gestor de negocios». O como un cadete. Como en los años noventa fue Fabiana Romanchuk, quien trabajaba como moza en una pizzería pero cobró por ventanilla del Banco General de Negocios (BGN) —⁠la entidad de Aldo Ducler⁠— un cheque que la consultora fantasma CCR había cobrado por un contrato con el Banco Nación como parte del negociado con IBM. Y luego cobró otro cheque, en otro banco, por otra firma pirata, Consad, por otro negocio de IBM con la DGI.

O como un verdadero cadete, de apellido Villamarzo, que fue al Banco Credicoop, cobró cheques de Consad por ventanilla y de allí se marchó al BGN, donde utilizó esos pesos para comprar 500 000 dólares[236].

O como Roberto Baratta, el número dos de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal, cuyo rostro comenzó a ser conocido por los argentinos recién cuando lo detuvo la Justicia después de doce años y medio en la función pública. Hasta entonces, nadie lo reconocía mientras se movía con su chofer por las calles porteñas, con bolsos y valijas repletos de dólares. Dinero que él mismo le decía a su chofer que era «para el 1» o, emulando a José Luis Manzano, que era «para la Corona»[237].

O como Juan Carlos de Goycoechea, el máximo ejecutivo de Isolux Argentina, empresa que le entregó a Baratta «una valija más o menos de 90 cm de alto, por 40 de ancho y 20 cm de espesor. Yo la cargué en el baúl del auto y pesaría más o menos 40 kilos. Era dinero», según detalló el chofer devenido «arrepentido» del funcionario, Oscar Centeno, el 5 de enero de 2009. «Las personas son de Isolux-Corsan, en la valija había más o menos 6 millones de dólares»[238].

O como el ya fallecido secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz. Una persona de bajo perfil, silencioso, que rehuía de las cámaras y de los periodistas como de la peste, al igual que Juan Manuel Campillo —⁠conocido en Río Gallegos como «el hombre de la bolsa»⁠— o Raúl Copetti, otro alfil de «Lupín». Las fastuosas propiedades de Muñoz en Miami recién salieron a la luz poco antes de su muerte, aun cuando la exasistente del Presidente, Miriam Quiroga, lo identificó como transportista de un bolso lleno de «verdes bien contados por el jefe».

Para ser justos, Muñoz ni siquiera habría sido el primer ladero de íntima confianza presidencial abocado al transporte aéreo de valijas de contenido picante. Porque dos décadas antes, la cuñada Amira Yoma protagonizó uno de los primeros y mayores escándalos de la Argentina desde el retorno de la democracia.

Todo comenzó en España, cuando la revista Cambio 16 reveló que el juez Baltasar Garzón había ordenado la detención de la entonces directora de Audiencias de la Presidencia, Amira Yoma, y del entonces titular del Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento de la Argentina, Mario Caserta, entre otras personas, por presunto narcolavado de dinero, apoyado en la declaración judicial de un arrepentido.

Nacía el Yomagate.

Según la acusación, allá por 1990, Caserta e Ibrahim al Ibrahim sirvieron de «mulas» de dinero que trajeron de Estados Unidos. Incluido un millón de dólares que transportaron dentro de una valija, envuelto en una manta, con destino a la Argentina —⁠donde se insertó en la economía blanca⁠— y Uruguay, donde se depositó en cuentas bancarias de testaferros[239].

Ante la ofensiva judicial española, Caserta desarrolló una jugada de pizarrón: se denunció a sí mismo en la Argentina ante la Policía Federal, que estaba de turno con el juzgado federal de María Romilda Servini, por lo que siempre se sospechó que el funcionario eligió así al Juzgado más conveniente según los deseos de Presidencia, dada la fluida relación entre el entonces ministro del Interior Carlos Corach y la jueza.

Tan fluida era esa relación político-judicial que ya en plena investigación los superiores de Servini en la Cámara Federal porteña rechazaron que la jueza Servini viajase a Madrid para averiguar qué tenía el juez Baltasar Garzón, como le pedía la Presidencia. Estimaron que volaría más como representante del Poder Ejecutivo que del Poder Judicial[240].

Pero si hablamos de España, justo es reconocer en sus enjuagues internos —⁠que los tiene el Reino⁠— a don Francisco Correa, empresario de la península que durante años y más años gestionó los sobornos con que se financió el Partido Popular[241].

«Las entregas de dinero las hacía yo. Quedaba con ellos (los políticos) y les daba el sobre en mano», respondió Correa, ya sentado en el banquillo en el mayor juicio sobre corrupción de la historia de España, en el que terminó condenado a 51 años de prisión. Él se encargaba de vincular a empresarios y funcionarios, y cobrar el 3 % de cada contrato adjudicado. «Eran las grandes infraestructuras: autopistas, carreteras, el AVE», contó.

Cabecilla de la red «Gürtel» —es decir, su apellido en alemán⁠—, Correa montó una operatoria delictiva para el PP que comenzó en 1996, cuando José María Aznar asumió el gobierno español, y se extendió hasta que fue descubierta por la Justicia, en 2009. Incluyó de todo: cuentas en Suiza y Uruguay, autos de lujo, viajes, ropa y muchísimos gastos más, al punto que solventó hasta la fiesta de casamiento de la hija de Aznar.

El submundo de los sótanos al servicio del lujo.

En la Argentina, mientras tanto, el derrotero del «Yomagate» por los Tribunales abarcó un expediente con más de 50 cuerpos, unas 11 000 fojas, pasó por las manos de Servini, de Amelia Berraz de Vidal (luego integrante de la Cámara de Casación Penal), del fallecido Nerio Bonifati y de Gabriel Cavallo (después camarista federal), hasta que recayó en Jorge Ballestero, que condenó a Caserta a 5 años de prisión —⁠aunque no fue a la cárcel porque ya había pasado 3 años en prisión preventiva⁠—, para luego ascender a camarista. Es decir, tres camadas de jueces.

Porque se necesitan muchos jueces para dictar un sobreseimiento incómodo, como fue el de Amira Yoma, mientras la Justicia de Estados Unidos condenaba a otro protagonista del mismo caso, José Lezcano Patiño a 10 años de prisión y la Justicia española mantenía su pedido de captura internacional contra la excuñada presidencial.

No solo eso. Porque en la Justicia uruguaya se le atribuyó a Amira que, «en varios viajes», trasladó dinero físico a Punta del Este, en «una cantidad imposible de cuantificar, escondido en puertas y carrocería de una camioneta Peugeot 505 break, color gris», cash que se depositó en dos bancos ubicados sobre la calle Gorlero del balneario. Algo que ella siempre refutó, al punto de afirmar que en sus valijas no trasladó billetes, sino ropa.

Por eso, el «Yomagate» fue más que una mancha más en el tigre de la corrupción y la impunidad argentina. Marcó un quiebre en la Justicia federal. Y fue el disparador del formato actual de los Tribunales de Comodoro Py. Los seis Juzgados Criminales y Correccionales federales que funcionaban hasta entonces en la ciudad de Buenos Aires se duplicaron para generar vacantes y colocar a magistrados de confianza para la política, al mismo tiempo que se ascendió a tribunales superiores —⁠para quitarles la posibilidad de instruir⁠— a aquellos jueces que molestaban al menemismo con sus investigaciones sobre funcionarios por actos de corrupción.

Menem demostró así ser un adelantado a su época. Porque un cuarto de siglo después, Daniel «el Tano» Angelici le sugirió a Mauricio Macri seguir los pasos del riojano en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. En particular, cuando el juez porteño, Roberto Andrés Gallardo, se convirtió en una piedra en el zapato PRO. Terminaron por promoverlo a defensor general adjunto en materia penal, contravencional y de faltas.

Pero volvamos a los transportadores de fortunas negras. En particular a los profesionales del ramo, amantes del bajo perfil. Como el ingeniero alemán Reinhard Siekaczek, al que dentro de la multinacional Siemens lo apodaron «el banquero» a la hora de lidiar con montañas de dinero prohibido para el pago de coimas worldwide, aunque él optó por llamarse a sí mismo «el maestro del desastre».

Varios años después, Siekaczek relató ante la Justicia alemana que todo comenzó para él una inesperada noche de invierno de fines de 2002, cuando cinco jerarcas de Siemens lo invitaron a cenar en un restaurante, en las afueras de Munich. Y que allí le plantearon que debía encargarse del área negra de la multinacional teutona.

El ingeniero de figura rechoncha y nariz puntiaguda primero rechazó el encargo. Pero terminó por ceder ante lo que consideró una realidad inmutable: si las coimas no continuaban, su amada Siemens perdería licitaciones en todo el mundo frente a otras multinacionales que sí adornaban a granel. Ergo, adiós contratos. Ergo, miles de empleados —⁠quizá sus amigos y acaso él mismo⁠— perderían sus trabajos. Ergo, sobornar era un mal necesario para impedir un mal mayor. Ergo, completaba el silogismo, coimear orillaba con una obligación moral.

El problema es que, muy pronto, los sobornos de Siemens en efectivo fueron tantos que hasta afectaron la salud de algunos valijeros, como le ocurrió a un empleado de la multinacional que testificó ante un tribunal de Munich que transportó una maleta tan cargada de dinero que terminó con problemas serios de espalda.

¿Cuán pesada debe ser una valija para aquejar la salud de su transportista? Una idea la ofreció el propio Siekaczek ante las autoridades alemanas. Experto de lo clandestino, estimó: «No necesitas un maletín o una maleta grande para un millón de euros. 200 000 euros pueden llevarse cómodamente en el bolsillo de un sobretodo».

Siekaczek sabía de lo que hablaba. En los zapatos de una mujer pueden caber 180 000 euros, como detectó la policía española en 2016, en el aeropuerto madrileño de Barajas. Los portaba una holandesa que pretendía viajar de Bruselas a Medellín. Y en los «calzones», entran 200 000 euros, según corroboró la policía brasileña al arrestar a Nelma Penasso Kodama, alias «Greta Garbo», la amante y socia del gran doleiro del Lava Jato, Alberto Youssef, cuando intentaba fugarse a Europa[242].

Como antes sus pares de Siemens, los ejecutivos de Odebrecht también comprendieron los riesgos de utilizar a cualquiera como «valijero», aunque debieron aprenderlo a los golpes.

«Teníamos la orden de no pagar nada los lunes y los viernes», explicó a la Justicia brasileña el máximo responsable de la «División de Operaciones Estructuradas», Hilberto Mascarenhas da Silva. Es decir, el espejo de Siekaczek en la estructura paralela y delictual de Odebrecht. «Esa era una exigencia de los operadores, que detectaron que el lunes mucha gente faltaba porque había tomado cachaça durante el fin de semana y el viernes porque ya estaban otra vez con la cachaça».

Algo similar aprendieron, Néstor Kirchner y el ladero de Julio De Vido, Roberto Baratta, cuando comprobaron que la recaudación ilegal de la semana entre los empresarios había sido más baja de lo normal por «culpa» de los feriados por la Semana del Bicentenario de mayo de 2010. “Qué pobres estuvimos esta semana, eh!!!!”, anotó que les dijo el chofer Oscar Centeno en uno de sus flamígeros cuadernos. Habían recolectado 900 000 dólares en vez de los casi 2 millones de dólares habituales de cada semana[243].

Peor que la cachaça o los feriados para los corruptos brasileños, sin embargo, resultó el régimen de la delación premiada, que permite a los acusados darse vuelta, negociar con los fiscales y reducir sus problemas judiciales si confiesan, entregan pruebas e incriminan a otro, más grande.

Es decir, tal y como ocurrió con el exministro de Hacienda, Antonio Palocci. Incendió al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva con tal de acortar su estadía en prisión, donde permanece desde septiembre de 2016, tras recibir una condena a 12 años, dos meses y 20 días de prisión por corrupción y lavado. Relató cómo él, en persona, le llevó al entonces Presidente «pacotes de dinheiro» de Odebrecht y otras empresas durante los últimos meses de 2010. «Pacotes» de hasta 50 000 reales por vez —⁠unos 30 000 dólares al cambio entonces vigente⁠— que, según el exfuncionario devenido «delator», Lula destinaba para sus gastos personales[244].

En la Argentina, claro, los valijeros no se quedan atrás. Y los hay aficionados, pero también grandes profesionales, que alertan sobre una trilogía maldita: «Putas, cocaína y champagne».

Son los profesionales de los sótanos y de las cloacas, donde los tableros de la corrupción incluyen peones, torres, alfiles, reinas y reyes, como contó la titular de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio.

«Hay muchos profesionales de primer nivel que saben cómo llevarlos adelante», remarcó la experta cordobesa. «Los que estamos en el tema de la anticorrupción jugamos un juego que es como el ajedrez, pero las fichas negras también juegan. Hay profesionales entrenados para llevar adelante la corrupción, que tienen muchos más recursos que nosotros, que somos una ONG. Se sabe cómo son los esquemas, cuáles son los paraísos fiscales. Está superestudiado por los que son corruptos y por los que tratamos de pararlos»[245].

A veces, incluso los moradores de los sótanos aportan detalles sobre cómo funciona ese inframundo. Como en un expediente del fuero en lo Penal Tributario, donde se ordenaron varios allanamientos y se tomaron testimoniales. Entre otras, al «mochilero» de las cuevas de la City, Diego Adrián Premici, por entonces de 29 años.

«Los jefes daban las órdenes de quién tenía que hacer los retiros de dinero. Esos retiros eran de mucha plata, aproximadamente un millón de pesos promedio, hasta dos millones, depende la época, y debíamos traerla en la mochila», relató a mediados de 2012.

Traducción: muchachos deambulando por la City porteña con más de medio millón de dólares, cash, colgando en mochilas de sus espaldas, según el tipo de cambio vigente en aquel momento.

«Nos pasábamos todo el día sacando plata. Al principio del Banco Hipotecario, luego del HSBC», también «del Nación y Francés», rememoró Premici, que trabajó para dos cueveros entre 2008 y 2010, para luego recordar cuando a un compañero le robaron «más de un millón de pesos en la puerta del HSBC», lo que de todos modos no se denunció. «Lo que se decía era que la plata no figuraba en ningún lado».

Cada vez que Premici y los otros mochileros volvían de los bancos se repetía un rito. Le entregaban el dinero al jefe, que lo contaba mientras «unos 15 cadetes» esperaban para llevar ladrillos de efectivo a distintas «cooperativas y mutuales» para que descontaran cheques de terceros.

La práctica en los bancos se tornó rutinaria para Premici. «Si eran unos 300 000 pesos, los cobrábamos en ventanilla; si eran más, íbamos a tesorería para acomodarlos en la mochila». Luego caminaban por las calles, aunque a veces, aclaró, los custodiaban «policías vestidos de civil».

¿Cómo consiguieron ese servicio? ¿Quién los contrató? ¿Cuánto les pagaron a esos policías que, en teoría, debían denunciar lo que, en la práctica, custodiaron? El mochilero dijo que no sabía. O no lo contó.

Una exadministrativa, Nadia Soledad Burrone, confirmó ante la Justicia el relato de Premici. Contó cómo se descontaban los cheques, dijo que «la caja del dinero» la manejaba solo el jefe, y que allí «hacían compra y venta de venta de dólares en el mercado paralelo».

Más importante, Burrone detalló que alguien —⁠acaso el mismo contacto que proveyó la custodia de policías de civil⁠— también les avisó que la Justicia estaba por allanarlos como parte del «caso Skanska». Es decir, una de las investigaciones más sensibles y que más problemas le trajo al kirchnerismo. «Comenzó un revuelo terrible para esconder papeles y llevarse la plata en mochilas por la escalera», recordó.

Los sótanos. Un sistema montado para la corrupción y la impunidad, donde los policías custodian a los ladrones y donde alguien alerta sobre operativos que deberían ser secretos y sorpresivos…

El temor de la cueva para la cual trabajaban Premici y Burrone tenía asidero. Una docena de proveedores truchos de Skanska —⁠entre ellos, Inargind, de Danimiro Kovacic⁠— operó con una red de financieras truchas, según surge del auto de procesamientos del «caso Skanska» de diciembre de 2010. En esa red, también se descontaron cheques de —⁠entre muchas empresas y sociedades más⁠— Action Media, de José María Núñez Carmona, el socio y amigo del entonces ministro de Economía, Amado Boudou.

Más de una vez, testificó Burrone, ella debió ir con los mochileros hasta los bancos, donde operaron tranquilos hasta que sus movimientos resultaron tan groseros que las entidades comenzaron a cerrarles las cuentas. Lo hicieron para protegerse a sí mismas de las eventuales sanciones que podía aplicarles el Banco Central. Pero hasta entonces, confirmó, «pasábamos a un cuarto donde nos daban la plata y la guardábamos en las mochilas».

Al mismo tiempo, en Brasil, Odebrecht también recurrió a mochilas para pagar coimas, según confirmó uno de los transportistas de Odebrecht, Rogério Martins, a la Justicia de su país[246].

Auxiliar administrativo contrató en 2011 con un sueldo de 2000 reales por mes (unos 1250 dólares al tipo de cambio entonces vigente), Martins relató que su trabajo habitual era transportar dinero «vivo» a los clientes que le indicaran. Para eso, debía seguir un par de prácticas. Si debía entregar menos de 500 000 reales (unos 312 000 dólares), se movía con mochilas. Pero si superaba esa cifra, la entrega era en hoteles donde debía registrarse, esperar al camión de caudales y que llegara la noche.

—Entonces las personas entraban a mi cuarto y hacían el conteo por «cabeza», o sea, por paquetes identificados por sumas de cinco, diez o cincuenta mil reales —⁠les contó a los fiscales.

—¿Podría reconocer a los que participaron? —⁠lo sondearon.

—Procuraba no fijarme en el rostro de ninguno —⁠retrucó Martins, que demostró así que de estúpido no tenía un pelo y conocía bien cómo moverse por los sótanos… y sobrevivir otro día.

Martins sí contó, en cambio, que las entregas de hasta 500 000 reales se ejecutaban en mochilas por una sencilla razón: esa era la suma tope que entraba en una mochila, que podía transportar sin llamar la atención y entregarla en los restaurantes, bares o cafés que le indicaran, por debajo de la mesa. Porque esa era la pauta general y, solo como excepción, iban a casas o departamentos. Otra vez, porque cuanto menos supieran los valijeros sobre los receptores, mejor.

Claro que las prácticas del submundo de las «cuevas» se repiten a menudo en el submundo de la política, donde rara vez algo así sale a la superficie. Pero de vez en cuando, sí. Como cuando se presentó ante una Fiscalía el exchofer de Alberto Pérez, exjefe de Gabinete bonaerense durante la gobernación de Daniel Scioli hasta diciembre de 2015.

El chofer contó, en abril de 2017, que durante la gestión sciolista trasladó «bolsos tipo deportivo y unas cajitas azules tipo de archivo», que sospechaba que contenían dinero, entre el Ministerio de Salud «y las llevábamos a Casa de Gobierno», en La Plata. Y que lo hizo cada «dos o tres miércoles y jueves», dijo, así como también detalló la dirección de un local, cercano a la sede de la Jefatura de Gabinete, donde una vez debieron entrar con el secretario de Pérez para comprar bolsos, frente a la Dirección Provincial de Rentas, en la capital bonaerense.

Según el chofer, Pérez solía salir de la Jefatura de Gabinete con su secretario privado, quien llevaba «un bolso y a veces dos, los ponía en el baúl y a veces también traía esas cajitas azules, tipo archivo de expedientes. Cuando iban a reuniones en el (hotel) Faena o en el (Palacio) Duhau, el secretario llevaba esos bolsos y cajas. A veces volvía a traerlas, pero a veces no». Contó, además, que una vez el secretario tuvo que ir «a comprar bolsos ahí frente de Rentas. Él era quien le manejaba todo al ministro».

Versiones, claro, que Pérez refutó indignado.

Pero más allá de Pérez, y por debajo de los radares de los grandes medios de comunicación porteños, La Plata es un bastión de los sótanos.

Si lo sabrán las cuevas de la avenida 7, en connivencia con la Policía que debería cerrarlas.

Si lo sabrán las mutuales y cooperativas que desde la capital de la provincia de Buenos Aires se regodean con los salarios de los empleados públicos bonaerenses, entongados con los funcionarios que deberían controlarlas, mientras timbean con los llamados «títulos cooperativos de capitalización», más conocidos como Ticoca.

Si lo sabrán los jueces y fiscales que miran para otro lado cuando de investigar al poder político provincial se trata.

Si lo sabrán quienes trabajan en la histórica sede de la Jefatura de la Policía de la provincia de Buenos Aires, en la manzana entre las calles 2 y 3, y las avenidas 51 y 53.

Si lo sabrán los proveedores del Servicio Penitenciario Bonaerense, una de las más apetitosas cajas del Estado provincial.

Si lo sabrán los contratistas que desde hace décadas se mueven por la ciudad de las diagonales con sobres, cajas, bolsitos, maletines y bolsos.

Si lo sabrán los empleados de carrera que han visto funcionarios que entraron con lo puesto y salieron millonarios.

«El secreto está en no marearte», resumió un valijero, veterano de mil transportes, quien tras años de paciente cortejo aceptó confiar su anónima verdad sobre los sótanos a este autor. Aquella trilogía de prostitutas, cocaína y champagne.

«¿Nunca te llamó la atención cuando embocan a un tipo con putas, guita desparramada por toda la habitación, cocaína sobre la mesa y champagne? Ahí todos piensan “le hicieron una cama”, pero en realidad se pasó de boludo», esgrimió.

«La primera vez que vas a pagar una coima, tenés miedo de que te agarren o, peor, de que te roben cuando la estás llevando. ¿Quién te va a creer que te afanaron y que no te la llevaste?», añadió. «Pero después te vas a aflojando, y te acostumbrás. Hace unos años, yo llevé un bolso a La Plata en tren, por ejemplo. Lo puse entre las patas y cuando llegué a La Plata, me bajé y fui caminando hasta la Gobernación».

«El problema es que en un momento dado, algunos empiezan a pasarse de rosca. Y no se afanan un fajo, porque los cuentan. Empiezan a sacar un billete o dos de cada fajo. Es un puchito, apenas lo suficiente como para cobrarse el riesgo de que te emboquen», explicó, mientras simulaba extraer esos dólares de un fajo con su pulgar e índice derechos.

«Ahí es cuando la cagaste, porque a la vez 42, te pasás de rosca, te vas a una habitación de hotel, te alquilás unos gatos, algo de falopa y armaste un quilombo bárbaro, le tocaste el culo a la sirvienta y la mina llama a la policía, y la policía, que todavía no arregló con el gerente del hotel dice “esta es la mía”, entonces llama a Mauro Viale y cae Viale y todo el 7.º de Caballería en el hotel. Y a vos te agarran, como un boludo, con las putas, la guita, la cocaína y el champagne».

Las cloacas.

6

Cómo se esconde el dinero

Mover fortunas de dinero negro conlleva un desafío posterior: ¿Dónde guardarlo? Opciones sobran, algunas mejores que otras. Porque tenerlo cerca, debajo del colchón, permite su acceso inmediato, pero incrementa los riesgos de sufrir un robo. Y tenerlo lejos, acaso depositado en una cuenta offshore a nombre de una sociedad fantasma en un paraíso fiscal (casi) garantiza que sea inhallable, pero también dificulta su uso cuando arrecia la necesidad. Por eso algunos recurren a los conventos, otros a los siempre traicioneros testaferros y otros más, a los valijeros VIP…

«Madre, he robado un dinero que es para que terminen la casa de ejercicio», le dijo José López a la madre Alba, superiora del convento, poco antes de las cuatro de la mañana del martes 14 de junio de 2016.

Mientras esperaba que las monjas le abrieran las puertas del convento Nuestra Señora de Fátima, López guardó sus manos en los bolsillos del pantalón, parado junto a cinco bolsos con 4 millones de dólares y una carabina semiautomática de origen suizo.

Afuera, en la Chevrolet Meriva que condujo hasta General Rodríguez, López había dejado una valija roja, cerrada con candado, que contenía otros 5 millones de dólares.

Y cuando lo detuvo la Policía, López estaba comiendo scones, de los que quiso convidar a los agentes.

Monjas, un arma, scones y 9 millones de dólares.

Porque la realidad supera la ficción.

Ya detenido, 58 días después, López confesó a la Justicia que había ocultado otros 9 millones de dólares en el tanque de agua de su casa en Tigre, una vivienda que habían revisado efectivos de la Prefectura junto a funcionarios y empleados de una Fiscalía bonaerense, así como también el juez federal Daniel Rafecas con su equipo, sin descubrir el escondite.

Así fue como, el 16 de agosto de 2016, durante la tercera inspección de la casa, y guiados por la confesión de López, los investigadores al fin descubrieron su tesoro, en un falso entrepiso, separado por goma espuma, bajo un tanque de agua, entre listones de madera flojos.

9 millones de dólares = 66 centímetros de largo x 62,4 centímetros de ancho x 22 centímetros de alto de fajos de billetes de 100 dólares = 89 kilos[247].

Otros, muchísimos más sofisticados, optan por llevar su dinero negro al extranjero, al punto que el mismo año en que López acudió al convento se calculaba que los argentinos atesoraban más de 232 000 millones de dólares en el exterior, aunque desde entonces la cifra aumentó a casi 245 000 millones de dólares, según las estimaciones del Indec, mientras que algunos cálculos privados elevan esa cifra hasta los 500 000 millones de dólares. Difícil precisarlo, aunque vale detenerse en la operatoria en sí[248].

Primero, porque muchos de esos argentinos recurrieron —⁠y recurren⁠— a diversos trucos para sacar el dinero del país, incluso en momentos en que se aplicó un cepo para —⁠en teoría⁠— detener la fuga de divisas. Por ejemplo, a través de sociedades offshore creadas en paraísos fiscales, como reflejaron las investigaciones «Panama Papers» y «Paradise Papers»[249].

En esas investigaciones aparecieron desde la familia Macri al exministro de Hacienda porteño y actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y del entonces titular de IOMA con Daniel Scioli, Antonio La Scaleia, al exsecretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, o el número dos del Ministerio de Modernización de Cambiemos, Eduardo Martelli. También, uno de los accionistas del Hipódromo de Palermo, Federico de Achával, al igual que uno de los protagonistas centrales del FIFAgate, Alejandro Burzaco, y el financista dilecto de Kirchner, Ernesto Clarens. De todo, como en Botica.

¿Fueron ellos los únicos argentinos que aparecieron en las filtraciones que difundió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)? No. También Enrique Blacksley Señorans —⁠más conocido como «el Madoff argentino», detenido en abril de 2018⁠— al igual que Miguel Ángel Egea, uno de los íconos de la ESMA durante la dictadura. También, el hijo de Emilio Massera; el cuestionado dueño de un depósito, Jorge Lambiris, al que se vincula con Ricardo Echegaray e investiga la Justicia por presunto contrabando⁠—; y hasta una sobrina del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que manejó más de un millón de dólares a través de una firma offshore.

La lista en extensa. También abarcó el exfiscal ante la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo; a la megaestrella del fútbol, Lionel Messi; a la esposa de Julio De Vido, Alessandra Minnicelli; al cuñado de Diego Bossio, Carlos Loira; y al sospechado intermediario entre Cristóbal López y la petrolera brasileña estatal Petrobras, Jorge Rottemberg, cuya sociedad Millfox Trading investiga la Justicia brasileña por presunto pago de sobornos en esa operación.

¿Todos ellos tuvieron sociedades offshore? La mayoría sí, aunque algunos quedaron en el camino, al menos con el estudio Mossack Fonseca.

¿Todos ellos tuvieron cuentas —dinero— offshore? No. Muchos abrieron sociedades para, con ellas, abrir cuentas bancarias sin que aparecieran sus nombres; pero otros, para colocar propiedades o títulos. Y otros más, para operaciones o negocios que nunca concretaron.

¿Abrir una sociedad o cuenta offshore es, de por sí, un delito? No, aunque los riesgos se elevan de manera exponencial. Depende de cómo se usen… y si se las declara ante las autoridades fiscales. Y allí está el meollo. Como los más de 130 contribuyentes argentinos que tras la difusión de los Panama Papers blanquearon activos —⁠dinero y propiedades⁠— ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por más de 120 millones de dólares —⁠unos 3100 millones al tipo de cambio vigente⁠—, aunque esa cifra es por demás conservadora. Porque solo hay registros sobre el valor de los activos que regularizó la mitad de ellos…[250]

Desde el plano legal, la operatoria offshore en ocasiones implica evasión y en otros solo de elusión, como ocurrió con Nike, Uber, Apple o Enron, que operó con 800 filiales en esos paraísos fiscales. Pero desde el plano ético, se trata de una cuestión de desigualdad tributaria. Porque aquel que tiene acceso a las herramientas offshore suele buscar un refugio ante la inestabilidad económica o la inseguridad jurídica de su país de origen. Pero también suele pagar menos que aquel que opta por operar onshore. Y eso, cuando no se trata de algo más profundo, ya sea inmoral o delictual.

Un buen ejemplo de ese limbo lo ofreció en 2008 el por entonces gobernador de Neuquén, Jorge Augusto Sapag, quien según los registros del Banco Privado de Andorra (BPA), intentó abrir dos cuentas, ponerlas a nombre de sociedades offshore creadas en Belice y depositar 5 millones de dólares. Pero el BPA lo rechazó tras sospechar que era dinero sucio. Textual: «Coimas del petróleo de los Kirchner. Rechazada»[251].

Sapag negó «terminantemente» que haya intentado abrir alguna cuenta en el BPA o en cualquier otro banco del exterior. «Son difamaciones», se indignó, aunque la Justicia neuquina inició una investigación preliminar que seguía abierta al momento de publicarse este libro.

BPA, para aportar más detalles, es el mismo banco en el que Odebrecht enjuagó decenas de millones de dólares para sobornos. También desde allí, el testaferro de Ricardo Jaime, Manuel Vázquez, operó una cuenta a nombre de la sociedad panameña Vinut Overseas S. A. Desde ahí transfirió 297 933 dólares a favor de su hijo, Julián Vázquez, en el Bank of Utah, con la ayuda de la financiera porteña Giovinazzo, según alertó el banco estadounidense y receptó la Unidad Antilavado (UIF) argentina[252].

Un ejemplo aún más opaco lo ofrece la enigmática sociedad Val de Loire. Creada en Panamá y dueña del 37,21 % de las acciones de Hipódromo de Palermo S. A. (Hapsa), entre 2007 y 2013 —⁠incluso en pleno cepo⁠— sacó 70 millones de dólares del país, con escalas en Uruguay, Panamá y Estados Unidos, y destino final en Alemania y Suiza. No solo eso. También cobró 6 millones de dólares como «comisión» por acercar a los catalanes de Cirsa y a Cristóbal López —⁠cuando disfrutaba de la cresta de la ola, sin vislumbrar que seguiría los pasos de los evasores Fassi Lavalle⁠— para que sellaran el acuerdo por el Casino Flotante de Puerto Madero y el Casino de Rosario.

Si los catalanes de Cirsa contaran sus verdades… ¿Cuál sería la versión de Manuel Lao sobre aquel vuelo a Buenos Aires de diciembre de 2006 que terminó con él demorado y 500 000 euros, botellas varias de champagne, almejas y jamones de Jabugo decomisados? ¿Buscaron apretarlo para que negociara aquel acuerdo con Cristóbal López?[253]

Ya que estamos, ¿contaría también Lao sobre los ingentes esfuerzos de varios políticos argentinos para que les financiara sus campañas? ¿Revelaría que esos mismos políticos le ofrecieron, a cambio de su dinero, consensuar con él quiénes integrarían sus listas a candidatos, para que él pudiera colocar a sus amigos y borrar a los molestos?

En cuanto a Val de Loire, los documentos que integran los «Panama Papers» muestran que De Achával sería su «beneficiario final», su verdadero dueño. Pero él lo negó, una y mil veces, ante la prensa y ante la Justicia. Y si él no es el dueño de esa sociedad offshore como figura en los documentos, ¿quién se quedó con esos 70 millones de dólares? ¿Quién cobró esa comisión de 6 millones de dólares? ¿Quién intermedió entre los catalanes y López? ¿Acaso un funcionario kirchnerista? Y en ese caso, ¿qué nivel y qué poder debió tener para llevarse 76 millones de dólares? ¿Por qué un misterioso chino, Zhu Zhingang o Zhigang, sospechado en su país de falsificar documentos, se presentó como nuevo controlante de Val de Loire, ordenó transferir todos sus millones a una cuenta bancaria de Hong Kong, y cerró la sociedad offshore tras el estallido de los «Panama Papers»? ¿Qué quería dar por terminado? ¿O a quién quería tapar?[254]

Sótanos millonarios.

Mientras tanto, ¿ningún gran empresario argentino figuró en filtraciones como los Panama Papers o Paradise Papers? Sí, aparecieron con más de 40 sociedades offshore en Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Bahamas y las islas Seychelles, aunque la mayoría indicó que declaró sus tenencias ante el fisco argentino. Entre ellos, Amalia Lacroze de Fortabat, Héctor Magnetto, el Grupo Techint, los Pérez Companc, los Blaquier, Eduardo Eurnekian, los Pagani (Arcor), Alfredo Coto, los Madanes (Aluar), Alejandro Roemmers y Claudio Belocopitt (Swiss Medical Group). También Mastellone Hnos., Antonio Tabanelli (Boldt), Francisco de Narváez, Alan Faena, los Ciccone, Matías Garfunkel, el entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, y Daniel Garbarino, quien respondió que «ahora» —⁠es decir, al mismo tiempo de la consulta periodística en abril de 2016⁠— había regularizado su situación ante la AFIP[255].

Sin embargo, no solo los empresarios, sino un amplio porcentaje de argentinos evadió fortunas al fisco argentino durante años o décadas, con algunas características adicionales. La primera, que muchos de ellos son figuras de interés público —⁠por ejemplo, empresarios a cargo de servicios públicos o líderes de cámaras empresarias⁠— o incluso son o fueron funcionarios. La segunda, que algunos —⁠pero no todos⁠— repatriaron su dinero con los blanqueos que impulsaron los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y de Mauricio Macri, con condiciones que los beneficiaron en desmedro de quienes durante ese mismo período sí tributaron en el país.

Eso no es todo. La tercera característica común a muchos argentinos que aparecieron en los Panama Papers y otras filtraciones similares es que no lograron dar una explicación exculpatoria. Entre ellos, el entonces subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, quien figuraba como titular de una cuenta con 1,2 millones de dólares en el Banco Privado de Andorra (BPA), y replicó que ese dinero no era suyo, sino de un empresario uruguayo al que quiso ayudar, Francisco Casal, sospechado de irregularidades varias en su propio país y en Estados Unidos. Por eso, al tercer día, Díaz Gilligan presentó su renuncia, una decisión que registra escasísimos antecedentes desde los años noventa en la Argentina[256].

La cuarta, que su presencia en el opaco mundo offshore deja en una pésima situación a ciertos funcionarios. Como el ministro de Finanzas, Luis «Toto» Caputo, quien figuró como accionista de sociedades offshore creadas para administrar fondos —⁠declarados o no⁠— en paraísos fiscales, según surge de documentos oficiales que ese entramado offshore presentó ante la Comisión Nacional de Valores estadounidense (SEC).

La presencia offshore de «Toto» Caputo resulta por demás inconveniente. Entre otros motivos, porque demasiada información continúa en las sombras. Por ejemplo, en qué invirtió para sus clientes (¿Títulos de la deuda soberana en default? Y de ser así, ¿cuándo los compró? ¿Años atrás o cuando Macri ya había ganado la Presidencia?), y quiénes fueron sus clientes (¿Algún funcionario de Cambiemos? ¿Algún evasor o lavador o criminal?). Preguntas que se suman a otras del plano más formal (¿Presentó todo lo que debió presentar ante la Comisión de Valores, SEC, de Estados Unidos y ante la Oficina Anticorrupción, OA, de la Argentina?). Y esto, mientras representa al país ante el G-20, grupo que desde abril de 2016 promueve transparentar los paraísos fiscales, y que a partir de diciembre de 2017 preside la Argentina[257].

Dicho de otro modo: un funcionario que aparece como responsable de gestionar decenas de millones de dólares, blancos y negros, en fondos offshore preside el G-20, grupo que entre sus premisas promueve la reducción o eliminación de la operatoria offshore.

Algunos, por último, de quienes blanquearon con el gobierno de Cambiemos se aprovecharon del resquicio que abrió Macri con el decreto 1206/16 modificatorio de la ley 27 260 del Congreso para «personas políticamente expuestas», pero que convalidó la Justicia[258].

¿Quiénes se beneficiaron, según reveló Horacio Verbitsky en el diario Página/12, con fondos por más de 17 500 millones de pesos?[259]

MARCELO MINDLIN, dueño del holding Pampa Energía y comprador de la constructora Iecsa —envuelta en las coimas de Odebrecht en la Argentina— a Angelo Calcaterra, primo del presidente Macri. Blanqueó 770 millones de pesos (unos 44 millones de dólares al tipo de cambio entonces vigente).

GIANFRANCO MACRI, hermano del Presidente, reportado por la Fiscalía de Hamburgo por movimientos sospechosos de lavado o evasión en una cuenta en el UBS Deutschland a nombre de la sociedad panameña BF Corporation, blanqueó 622 millones de pesos (unos 35,5 millones de dólares). Y según reconstruyó el equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), blanqueó al menos 63 millones de pesos a fines de 2016, apenas ocho días después de que La Nación revelara su vinculación con esa firma BF Corporation[260].

NICOLÁS CAPUTO: «hermano de la vida» del Presidente, socio suyo en un emprendimiento y accionista de empresas contratistas de los gobiernos nacional y porteño, 465 millones de pesos (unos 26,5 millones de dólares).

SUSANA CLUSELLAS ZORRAQUÍN, hermana del secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas Zorraquín, 353 millones de pesos (unos 20,1 millones de dólares).

A ellos se sumaron otros apellidos recurrentes en las páginas de Economía & Negocios de los diarios, como Alfredo Coto (7000 millones de pesos o casi 400 millones de dólares), Marcela Rocca (tía de Paolo, 6900 millones de pesos, unos 393 millones de dólares), Javier Madanes Quintanilla y Miguel Madanes (1279 millones de pesos o unos 73 millones de dólares) y María Bulgheroni (185 millones de pesos o unos 10,5 millones de dólares), entre otros.

Para esos y otros clientes VIP, claro, los bancos movilizan a sus valijeros VIP. Porque esas entidades cuentan con sucursales en distintos países y paraísos fiscales dedicadas a tramitar las operaciones cuanto menos grises, así como también despliegan ejecutivos que se dedican a «cazar» clientes de alto poder adquisitivo a los que ofrecen sus servicios.

«Invitan a sus clientes a eventos deportivos y culturales», detalló el extécnico informático del HSBC, Hervé Falciani, quien tras huir de Suiza con información del banco, buscó asilo en otros países de Europa a cambio de exponerles datos y metodología. Contó, por ejemplo, que los bancos suelen organizar esos eventos sociales para que sus potenciales clientes «puedan encontrarse con intermediarios que les explican cómo llevar el dinero a Suiza sin tener que transportarlo físicamente a través de las fronteras».

Eso, sin olvidar los distintos hoteles de lujo de Buenos Aires donde abundan los «cazadores» de riquezas ajenas…

¿Necesita sacar fondos del país? No hay problema, firme acá. ¿Quiere evitar que la correspondencia llegue a su casa? Tampoco hay problema, nombre a un intermediario para recibir los papeles. O, mejor, directamente se los guardamos en nuestra sucursal. ¿Desea un eslabón opaco entre usted y su dinero? Le recomendamos una sociedad en un paraíso fiscal. ¿Quiere que su nombre ni aparezca en la cuenta? Para eso tenemos códigos alfanuméricos. Ah, y por cierto, no tiene que viajar a Europa para abrir una cuenta en Suiza: vamos a domicilio.

Tan a domicilio, que los registros internos del HSBC expusieron, por ejemplo, que la Argentina se convirtió en el séptimo país con más clientes con cuentas secretas en Suiza, mientras los ejecutivos del banco viajaban a las provincias para completar transferencias multimillonarias. Así ocurrió, por ejemplo, con la empresa cuyana Angulo S. A., que manejó hasta 12 millones de dólares en su cuenta del HSBC. Un ejecutivo del banco viajó hasta Mendoza e invitó a comer al cliente, que le prometió un depósito por 15 millones de dólares provenientes de Uruguay[261].

¿Otro ejemplo? El del exejecutivo convicto del JP Morgan, Hernán Arbizu, quien confesó que más de una vez viajó a Santa Cruz, «provincia en la que el banquero recaló para captar fondos para fugar». Allí se reunió, entre otros, con el exministro de Economía, Juan Manuel Campillo[262].

El JP Morgan también cuenta, por supuesto, con cazadores de fortunas desplegados por el mundo. Su exjefe para la región Cono Sur, Luke R. Palacio, contó unos pocos detalles de cómo era la operatoria en un «affidavit» que presentó contra Arbizu. Detalló el 18 de junio de 2008 que su otrora subalterno manejaba una cartera con más de 200 millones de dólares de empresas y personas, y que Arbizu «era responsable de desarrollar y mantener relaciones con grandes fortunas individuales y sus negocios relacionados, corporaciones, instituciones y “trusts” en Argentina»[263].

Y mientras esto ocurre con quienes optaron por girar o mantener sus fortunas en el exterior, en la Argentina hay tantas variantes para guardar dinero, cash, que la enumeración resulta interminable.

La primera y más obvia es en cajas de seguridad, abiertas a nombre propio o ajeno, en los bancos.

Como Florencia Kirchner con sus 4,6 millones de dólares[264].

O como los alemanes de Siemens, verdaderos maestros del lado oscuro de la fuerza. A tal punto que acuñaron una técnica que desde entonces se denomina «Parking», por la práctica de «estacionar» dinero negro en cajas de seguridad abiertas a nombre de sus gerentes en ciertos países, de modo que no figuraran a nombre de la compañía. Así, si algún juez comenzaba a hacer preguntas incómodas, podían argüir que el dinero sin declarar era del gerente, no de la multinacional.

En colchones, jarrones, altillos y cajas fuerte.

También en los muebles del baño, como la entonces ministra de Economía, Felisa Miceli, que terminó fuera de la función pública y condenada por la Justicia.

O dentro de las paredes huecas de la casa, como los 500 000 pesos que encontró la Policía Federal al detener a una banda narco en Santa Fe, que escondió el dinero «en unas cajas metálicas de fabricación casera, empotradas en la pared» de durlock[265].

¿Acaso el búnker de la Fundación Pensar, del PRO, cuenta también con una doble pared en una oficina del tercer piso, como reveló el periodista Federico Mayol, en julio de 2018?[266]

También en las cisternas o «mochilas» del inodoro. Y en los tanques de agua, dentro de botellas vacías de gaseosa pero repletas de billetes. O en la heladera… o dentro de las puertas de la misma heladera.

En sótanos improvisados, como el de 2,10 metros x 8,50 metros x 1,10 metros de profundidad que la Policía colombiana detectó en Cali, por debajo de una placa de cemento de 30 centímetros, con 18,9 millones de dólares.

Detrás de los cuadros.

Entre los libros de una biblioteca.

En conventos, como José López, y también en monasterios, una práctica trasnacional, por lo visto. Porque monjas de clausura de Zaragoza, España, denunciaron en 2011 el robo de entre 1,2 y 1,5 millón de euros en billetes de 500 que nunca explicaron por qué guardaban en bolsas dentro de un armario, ni tampoco colaboraron demasiado con la policía, al punto que la investigación quedó en la nada y cerró en 2016[267].

Dentro de una maceta.

En el despacho u oficina.

En bóvedas.

En contenedores.

En baldes. Como los de color naranja de Home Depot con 22 millones de dólares que la Policía encontró en un compartimento secreto, arriba de un armario, en la casa de Miami de Luis Hernández González, «una figura muy conocida en el negocio de la marihuana»[268].

Y en barriles enterrados, también.

¡Si a la luz de lo que poco que sabemos, el legendario «Tigre de los Llanos» resultó un adelantado!

¿Por qué?

Porque Facundo Quiroga enterró una verdadera fortuna a lo largo y a lo ancho de su amada provincia de La Rioja, los célebres «tapados» que su obsesionado perseguidor, el general Gregorio Aráoz de Lamadrid, buscó sin límites, torturando incluso a familiares, servidores y amigos del caudillo para que confesaran los escondites[269].

Uno de esos prisioneros, al fin, confesó, dejando a José «Convento y Falso-Entrepiso» López como un aficionado.

«Acabo de saber por uno de los prisioneros que en la casa de la suegra o en la de la madre de aquel (por Quiroga) es efectivo el gran tapado de onzas que hay en los tirantes», le escribió el general Lamadrid a uno de sus laderos, Juan Pablo Carballo, en una carta secreta que saldría a la luz para deleite de los historiadores[270].

Este tesoro de puras onzas de oro, le aclaró luego Lamadrid, «no está como dijeron al principio, sino metido en una caladura que tienen los tirantes en el centro, por la parte de arriba y después ensamblados de un modo que no se conoce». Por eso, el general lo mandó a Carballo a buscar en persona. Si es necesario, lo conminó, «subiéndose usted mismo, y con un hacha los cale usted en toda su extensión de arriba, para ver si da con la huaca esa que es considerable».

¿Qué pasó entonces?

175 años antes de la madrugada loca de José López en el convento, pasó lo que tenía que pasar, «mordida» incluida, digna de los anales de las fuerzas de seguridad que «regulan» y medran con el dinero ajeno, como se verá en otro capítulo. Lamadrid se quedó con 300 onzas o 300 monedas de oro de 8 escudos, que pesaban 27 gramos cada una. Es decir, unos 8,1 kilos de oro. «No diga el número de onzas que son, y si lo dice al darme parte, que sea después de haberme separado unas trescientas o más onzas», le ordenó Lamadrid a Carballo. «Después de tanto fregarse por la patria, no es regular ser zonzo cuando se encuentra ocasión de tomar una parte sin perjuicio de terceros»[271].

Tan cebados actuaron Lamadrid y los suyos que, al reconstruir lo ocurrido, el general José María Paz calificó todo su proceder como una «terrible irregularidad»… pero a Lamadrid le dio igual. Si hasta se quedó con el amado caballo Moro de Quiroga…[272]

Los tesoros, por lo visto, despiertan mucha fiebre…

Como en Héctor Alfredo Bustos, que de peón de campo pasó a empresario, conocido por su excelente relación con José «Toto» Yabrán, el hermano mayor de «Don Alfredo». Pero ese vínculo se rompió cuando se determinó que Bustos se llevó dinero y lingotes de oro de una caja fuerte que «Toto» tenía en Larroque, provincia de Entre Ríos, según determinó un grupo especial de policías de Delitos Económicos de Paraná[273].

¿Acaso también en Sergio Schoklender, que al decir de quienes lo frecuentaban, soñaba con enterrar lingotes de oro en su casa? Habladurías, lo más probable, más allá de que para la Justicia, el programa «Sueños Compartidos» registró un faltante de 206,4 millones de pesos que terminó en departamentos, autos, aviones privados, motos… o se esfumó, algo que obsesionó a los investigadores que también apuntaron contra su hermano, Pablo Schocklender, y su mobiliario. En particular, uno de su cocina, que para desarmarlo requería de destreza y un buen destornillador… o fortaleza y un martillo contundente[274].

El siglo XXI aporta, de todos modos, opciones desconocidas por Quiroga. Como los automóviles, comprados a terceros y convertidos en bóvedas con ruedas. Eso sí, coches sobre los cuales nunca se completó el traspaso en el Registro de la Propiedad Automotor —⁠por lo que no figuran a nombre del investigado⁠—, y que duermen en estacionamientos subterráneos de Puerto Madero, por ejemplo, aprovechando las cámaras de seguridad, las rejas y los guardias de los complejos edilicios.

En inmuebles, también, como hicieron los líderes Montoneros —⁠con una casa de Vicente López donde guardaron una parte del dinero del multimillonario secuestro de los hermanos Born⁠—, y como suelen hacer las financieras clandestinas —⁠«cuevas»⁠—, que suelen operar en un departamento —⁠por ejemplo, el 3.º «A»⁠—, pero guardan el dinero en otro departamento del mismo edificio —⁠el 5.º «B», por ejemplo[275].

O los Kirchner, en su coqueto departamento de Uruguay y Juncal de la Recoleta porteña, según afirmó el exchofer del Ministerio de Planificación Federal, Oscar Centeno, tras convertirse en imputado colaborador de la Justicia. Fortunas que el número dos de Julio De Vido, Roberto Baratta, entregó durante años, en bolsos, cajas, paquetes, bolsas y valijas al secretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz[276].

Así ocurrió, por ejemplo, el 14 de mayo de 2009, cuando Centeno trasladó a Baratta a las oficinas de una empresa en Puerto Madero. «Luego el Licenciado bajó con dos bolsos llenos de dinero», volcó luego en uno de sus cuadernos. Contenían 1,3 millones de dólares y partieron hacia otra dirección en el centro porteño, donde «trajeron dos bolsos con dinero también». El recorrido terminó en la calle Uruguay 1306, donde se encontraron con Muñoz, quien llegó casi al mismo tiempo en un Honda rojo. «Bajó Baratta con los bolsos y los entregó a Muñoz, quien mientras íbamos a [la calle] Uruguay, previo a la entrega se sentó en el asiento trasero y sacaba dinero de los bolsos que le entregaron y los ponía en el suyo personal»[277].

O Los Monos, con departamentos alquilados a ese solo fin en Rosario.

«Las montañas de billetes de baja denominación que se recaudaban en los búnkeres diariamente las guardaban en departamentos en el centro de Rosario», recordaron Germán de los Santos y Hernán Lascano, autores de un libro clave para entender el entramado del narco, el poder y el dinero en la Argentina. «Pagaban todo el contrato por adelantado para que nadie los molestara. Y esos monoambientes se transformaban en cajas de seguridad, donde la plata se acumulaba en bolsas de consorcio negras. Estaban custodiados por soldaditos armados durante las veinticuatro horas»[278].

Brasil sirve, otra vez, de ejemplo. Como en septiembre de 2017, cuando la policía encontró 16,3 millones de dólares que el exministro de Gobierno del presidente Michel Temer, Geddel Vieira Lima, guardó en valijas en el departamento de un amigo, en la ciudad de Salvador.

O Paraguay, donde encontraron otro inmueble reconvertido en bóveda. Fue en febrero de 2017, cuando la policía encontró 30 toneladas de billetes venezolanos de distintas denominaciones en la casa de un comerciante de armas en la ciudad de Salto del Guairá[279].

O Colombia. La policía allanó dos departamentos en Bogotá, en agosto de 2001, donde los paramilitares Víctor y Miguel Ángel Mejía Múnera, más conocidos como «Los Mellizos», guardaban 35 millones de dólares, cash, mientras permanecían prófugos de la Justicia.

O México, poseedor de un récord que perdura imbatible desde marzo de 2007 y que es probable que lo sea por muchos años más. Ocurrió en el Distrito Federal, cuando los investigadores allanaron una residencia de Las Lomas de Chapultepec como parte de la «Operación Dragón». Encontraron 205,5 millones de dólares más cifras menores de euros, dólares canadienses y dólares de Hong Kong, cheques de viajero y pesos mexicanos. ¿Dónde estaban? Detrás de una pared falsa cubierta con un espejo. ¿El dueño de casa? El ignoto empresario chino Zhenli Ye Gon, alias «Mr. Lee», acusado en su país adoptivo y en Estados Unidos por la supuesta producción y tráfico de metanfetaminas, aunque él replicó que esas dos toneladas de dinero no eran suyas sino del Partido Acción Nacional (PAN), del entonces presidente Felipe Calderón. Según él, porque referentes del PAN lo obligaron a guardarlo para financiar sus campañas electorales. «Coopelas o cueio», dijo que lo conminaron, frase que ingresó de inmediato en la cultura popular mexicana[280].

Otros, en cambio, optan por cofres. Como el que estaba escondido dentro de la estatua de un dragón, en el parque de la casa de fin de semana, en el country Abril, del extesorero de la Jefatura de Gabinete del entonces gobernador Daniel Scioli.

Un dragón…

También en el country Abril, corren dos leyendas negras. La primera trata sobre cajas fuertes escondidas en laberínticos cercos vivos. La segunda, aún más intrépida, cuenta sobre cofres guardados en los troncos ahuecados a tal efecto de ciertos palos borrachos.

En fin…

Más certero, por lo pronto, fue el hallazgo registrado en otro inmueble de ese mismo country ubicado en los suburbios sureños de la ciudad de Buenos Aires. Fue en la propiedad del empresario Carlos Daniel Tomeo —⁠a quien Lilita Carrió señaló como supuesto testaferro del expolifuncionario Aníbal Fernández⁠— donde los investigadores encontraron otro tesoro, aunque mucho más modesto que el de «Mr Lee»: 4 millones de pesos, en cajas de cartón, además de relojes de lujo y joyas. Y un dato adicional: Tomeo aportó 95 000 pesos —⁠más de 10 000 dólares al tipo de cambio entonces vigente⁠— a la campaña presidencial de Cambiemos[281].

Pero la cumbre máxima e inigualable de los escondites del dinero, cash, es muy probable que sea la mismísima Quinta Presidencial de Olivos. Es decir, la residencia que ocuparon los Kirchner durante doce años, seis meses y medio, como declaró el exchofer devenido arrepentido Oscar Centeno ante el juez federal Claudio Bonadío y el fiscal Stornelli.

Como el 23 de julio de 2010, cuando Centeno llevó a su jefe, Roberto Baratta, a la avenida Leandro N. Alem 454 de la ciudad de Buenos Aires, donde los esperaba Jorge Neyra, vicepresidente de Electroingeniería, con una valija negra.

«Es lo de Comahue», le comunicó Neyra a Baratta, a quien le pidió que saliera el proyecto de Comahue Cuyo para la obra de energía eléctrica. La valija contenía, según Centeno, 2,5 millones de dólares, a los que luego se sumó otro 1,5 millones de dólares, en un bolso, «con la recaudación de la semana». Y entonces sí fueron a Olivos, donde Baratta entró solo porque debía entregar «en mano propia» el total de 4 millones de dólares a Kirchner.

«Durante este viaje, [Baratta] me decía irónicamente que quería dejar de hacer las recaudaciones. Yo le dije que mientras se lleve algo… Y me dice: “Oscarcito, yo puchereo, no más”», rememoró Centeno en uno de sus cuadernos. «Le di a entender que yo siempre quedaba afuera y me dice: “Esto es así nomás, es que el Dr. Kirchner las quiere a todas para él”».

No solo eso. Según Centeno, Baratta le contó que el ex Presidente le había hecho un reclamo tras la entrega del dinero en la mismísima Quinta de Olivos. Le preguntó: «¿No hay más?»[282].

¿Cuál es el sentido de esconder dinero en efectivo?

Según dónde se guarde, el primer beneficio es su disponibilidad. Porque no hay nada mejor que contar con cash siempre y cada vez que se lo necesita. Más aún si de piratas se trata.

Moverse con fortunas en efectivo, sin embargo, conlleva varios riesgos. El primero y más evidente, que alguien descubra el escondite. El segundo, que los billetes se deterioren. ¡Si lo primero que dijeron los policías que arrestaron a José López era que los billetes estaban húmedos!

Por eso, para guardar dinero al contado hay que aprender de los expertos: los ladrones de bancos, que solo en la Argentina robaron más de 150 millones de dólares solo durante los últimos años[283].

En el llamado «robo del siglo» —Banco Río, enero de 2006⁠—, se calcula que levantaron 25 millones de dólares, de los que la policía solo recuperó un millón de dólares. Los encontró porque la exmujer delató a Rubén de la Torre, y la policía recuperó ese dinero, que estaba guardado en la heladera, en el horno y debajo de la cama.

Treinta años antes, en 1976, los hermanos Silva Silva atracaron 95 cajas de seguridad de una sucursal del Banco Galicia. Se llevaron al menos 5 millones de dólares y 50 kilos en joyas, que escondieron en pozos, en los jardines de sus casas y debajo de las tejas.

Porque como dice el legendario Hugo «La Garza» Sosa, «robar no es lo más difícil: lo difícil es dónde guardás el botín».

Porque «ladrón que roba al ladrón tiene cien años de perdón», dice el refrán, y eso es lo que el chofer Oscar Centeno temió que les ocurriría el 27 de mayo de 2010, mientras trasladaba al número dos del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, con 1,3 millones de dólares de recaudación ilegal por la ciudad de Buenos Aires.

«Le digo al licenciado [Baratta] que nos está siguiendo una camioneta Hilux Toyota 634 y me dice que la pierda, que la deje atrás —⁠relató Centeno en uno de sus cuadernos⁠— y acelero y me tiro a la derecha y me escapo, y el lic. Baratta llama a Fabián González, el jefe de la custodia del ministro De Vido, y le pasa los datos de la camioneta hasta que llegamos a la casa del ministro y ahí, si esta camioneta nos seguía, ellos la detendrían».

Cinco años después, Centeno la pasó peor. Fue el 22 de octubre de 2015, ya en el epílogo de la era kirchnerista, cuando el chofer llevaba a la mano derecha de Baratta, Nelson Lazarte, quien venía de recolectar un bolso con 800 000 dólares en el subsuelo de un edificio. «Cuando salimos a la calle, en la esquina se nos quiso cruzar un auto Aveo, chapa J249. Es lo que recuerdo. Y nos seguía persistentemente. Y en Avenida del Libertador, cuando veníamos por Congreso, en el primer semáforo me adelantó en contramano hasta cruzar y seguir rápidamente. Con esta maniobra lo despisté y volvimos al Ministerio».

Allí le relataron lo ocurrido a Baratta, quien según Centeno cortó por la vía rápida. «A partir de ese día hace que la gente venga a traer el dinero al Ministerio. Entran por cochera, porque nadie los revisa, y suben a la oficina del licenciado»[284].

Acaso por estos y otros riesgos, cuando una vez le preguntaron a Luis «el Gordo» Valor dónde guardaba el dinero que robaba, su respuesta fue lógica: «En el banco, ¿dónde lo voy a guardar?».

Claro que otros recurren a la variante del testaferro. Pero esa opción también tiene sus riesgos. Porque como dice el refrán, «el amo es amo mientras el esclavo acepta ser esclavo». Y el testaferro es testaferro hasta que decide dejar de serlo.

O dicho de otro modo: el vínculo entre el jefe y el testaferro solo dura mientras dure la lealtad del testaferro o el poder de coerción del jefe. O el temor supere a la codicia. O hasta que uno de los dos muera…

Porque si el jefe pierde su poder y el testaferro desconoce el acuerdo, ¿qué puede hacer el jefe? ¿Reclamarle en Tribunales su dinero negro? Primero deberían encontrar una forma de esquivar los impedimentos del Código Civil. Y luego, resolver un acertijo: ¿Y si el testaferro entra en pánico y habla de más?[285]

«Yo le hice el favor a un tipo de figurar, a mí no me conviene quedarme con la mitad del campo. Así no voy a tener nada y encima voy a deber la mitad del campo», afirmó el gerente general del diario rosarino La Capital, Pablo Marcelo Abdala, sin saber que la Unidad Fiscal de Delitos Económicos santafesina grababa su conversación telefónica. «Yo hace tres años tengo una espada clavada en la cabeza, no quiero seguir viviendo de la misma manera», le reclamó a su interlocutor, también involucrado en una investigación por los presuntos delitos de asociación ilícita, estafas y lavado con ramificaciones que llegarían hasta el grupo narco Los Monos. «Yo me quiero sacar el problema de encima. Cuando termina esto, me lo quiero sacar, y de esta manera no me lo saco. Yo soy dueño de la mitad del campo por hacer un favor, y dentro de tres años capaz que tengo que pagarle la mitad de algo a alguien, y ni siquiera la recibí, ¿entendés? Eso es lo que digo», insistió, al aludir a un campo de 124 hectáreas en Villa Amelia. «Yo voy a tener que pagar, de mi plata, el millón setecientos cincuenta (dólares). Eso es lo que te digo, es sencillo lo que te digo. Porque es una cosa superlógica, porque como yo soy testaferro, ¿entendés? Por eso cago, porque soy testaferro»[286].

Y ni hablar cuando el testaferro se divorcia… Abundan los casos en que la expareja reclama la mitad de todos los bienes, cuando en realidad solo una parte es del matrimonio que se disuelve y el resto, ajeno.

Pero eso no es todo. ¿Y si el testaferro perdió la memoria, por la edad o las enfermedades? Como Francisco «Paco» Capózzolo, millonario, bon vivant, apropiador de empresas y referente de varios generales y brigadieres de la dictadura. «Murió un día antes del aniversario del golpe de Estado de 1976, esa etapa que lo tuvo como un protagonista casi oculto de la escena pública, pero en la que fue lo más parecido a un ministro en las sombras de Jorge Videla, donde fue operador, negociante y hasta testaferro de ese poder militar, en un país con muertes, secuestros, torturas, desapariciones, endeudamiento y vaciamiento Y quizás no haya que agregar nada más», resumió el periodista entrerriano, Daniel Enz, quien lo investigó para un libro[287].

Peor es cuando los herederos del testaferro se pelean entre ellos y destapan la olla. Como ocurrió con la viuda e hijos de Julio Vicente Raele, un empresario sospechado de poner el rostro por el histórico líder la de Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Lorenzo Miguel, también por su sucesor al frente del sindicato, Antonio Caló, y por varios otros referentes del gremio, a través de la aseguradora Instituto de Seguros S. A[288].

El descalabro ocurrió cuando Raele murió en diciembre de 2013, su hijo Julio se peleó con su madre y hermanas, fue a la Justicia, buscó el verdadero patrimonio de su difunto padre y después se enfrentó con su propio abogado, Héctor Eduardo Leguisamón, que a su vez le reclamó sus honorarios y mostró de qué iba la cosa…

Leguisamón detalló, por ejemplo, que su excliente se mostraba por demás preocupado por «las cuentas bancarias en el extranjero (principalmente en Suiza) que él sabía que existían pero desconocía los bancos en que se encontraban», precisó el letrado, mientras que en el expediente sucesorio también se aludía a pagos de 20 000 dólares mensuales, campos, joyas y empresas, entre otros activos.

Incluso peor, sin embargo, es cuando el jefe muere —⁠y con él se termina su poder de coerción⁠— y el testaferro opta por despegarse. Si te he visto, no me acuerdo. ¿Qué hará la familia del capo fallecido? ¿Pedirle al «palo blanco» que por favor devuelva los bienes que le son ajenos?

Eso es lo que, en parte, María Eva Venegas denunció en septiembre de 2017 que ocurrió con el patrimonio negro de su padre, Gerónimo, más conocido como el «Momo», líder histórico del gremio de los trabajadores rurales (UATRE). Contó que «el encargado» de repartir el dinero negro de su fallecido padre solo les giró fondos a cuatro hermanas con las que ella se enfrentó —⁠Pamela, Estela, María de la Paz y Yanina⁠— pero no a ella y su hermano Joaquín. «A nadie le conviene que sepa de cuánto estamos hablando», deslizó[289].

«Los testaferros», clamó, «se quedaron con mi plata».

¿Acaso ocurrió eso con Daniel Muñoz, el ya legendario secretario privado de Néstor Kirchner al que muchos apodaban «el Mudo» y otros más «el Valijero»? ¿Eran suyos los 60 millones de dólares de patrimonio oculto que salieron a la luz tras su muerte? ¿O de alguien más? ¿Lo mexicaneó?

Kirchner y Muñoz se llevaron las respuestas a la tumba[290].

7

Cómo se lava el dinero negro

El dinero corrupto puede dar la vuelta al mundo, ocultarse detrás de mil formas distintas y pasar por las escalas y las manos más insólitas. Pero tarde o temprano debe llegar al bolsillo del pirata, que para eso delinquió. Para disfrutar de sus tesoros, aunque eso lo obligue a reintroducir al menos parte de esos fondos negros en el circuito blanco… y la Argentina es un mercado tentador para intentarlo con un arco iris de opciones…

Milanesas.

La primera condena por lavado en la República Argentina fue, en 2010, para un matrimonio que blanqueaba dinero narco con milanesas.

Sí, milanesas.

No a través de un banco, ni poderosos delincuentes de cuello blanco.

Milanesas. A la napolitana, suiza, cipollina, calabresa, de ternera o de pollo o de cerdo, a la Maryland, con fritas, a caballo, al plato, al pan y tantas variantes más. Pero eso sí: con mucho perejil.

En la Argentina, el narcotráfico lavó más de 22 000 millones de pesos durante 2017 —⁠unos 1100 millones de dólares, al tipo de cambio entonces vigente⁠— según un informe del Ministerio de Seguridad nacional. Un número en apariencia bajo, aunque para comparar, las ganancias de YPF durante ese mismo fueron de 12 000 millones de pesos[291].

Unos 1100 millones de dólares narcolavados al año. Pero los primeros convictos cayeron por las milanesas. ¿Quiénes fueron los condenados?

Una empleada de comercio, su marido desocupado y su cuñado.

María Eugenia Rodríguez, Julio Guillermo Vallejo y Gonzalo Maximiliano Vallejo fueron los tres primeros condenados como lavadores en el país, luego de que el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Córdoba concluyó el 15 de diciembre de 2009 que blanquearon las ganancias de Jorge Guillermo Altamira, un colectivero según su empleo formal, más conocido como «el Gallo» o «el Narco».

Para lavar las narcoganancias del «Gallo», el trío utilizó un local de ropa trucha que montó la esposa de Altamira —⁠condenado luego por narcotráfico⁠— como pantalla para dibujar ganancias ficticias con las que, a su vez, compraron dos departamentos, una casa, dos autos, una camioneta, televisores plasma, equipos musicales y hasta una mesa de pool.

Más relevante que los inmuebles, los autos o la mercadería, sin embargo, el trío también compró el fondo de comercio del restaurante y bar «Como en Familia», con el que, entre milanesa y milanesa, también enjuagó las ganancias de la venta de cocaína y marihuana en la capital cordobesa.

Liderados por el «Gallo» Altamira, los narcolavadores cordobeses también utilizaron un local de ropa, «J&M», para inflar ventas por unas pocas decenas de miles de pesos. Pero lo suficiente, según el tribunal, dieron «apariencia de legalidad a la liquidez monetaria proveniente de la venta de estupefacientes».

Milanesas + ropa = lavado.

Hasta entonces, la legislación antilavado argentina era tan ineficiente que tras cuatro años de trabajo, por ejemplo, la Justicia absolvió por «falta de pruebas suficientes» en 2003 a Raúl Rivas, quien poco después fue condenado en Estados Unidos, por lavado, a 501 años de prisión.

En 2010, en tanto, otro tribunal oral, el N.º 5 de San Martín, llegó al umbral de la condena por lavado. Pero ordenó la suspensión del juicio a prueba tras aplicarle una multa —⁠la mínima y a pagar en 10 cuotas⁠— a otro traficante con vínculos en Colombia y España, Osvaldo Rosario Altuna, cuyas ganancias eran reintroducidas en el mercado legal, entre otros cómplices, por su hermana Ana María.

Según el fiscal federal Marcelo Darío Fernández, los Altuna concentraban sus inversiones en Neuquén, donde compraron una fábrica de colchones, la «Quemú Quemú», y otra de casas rodantes y trailers llamada «Fortinera Neuquina» con las que, en teoría, proyectaban exportar a Irak, además de un campo de 180 hectáreas para producir melones.

Colchones + casas rodantes + melones = lavado.

Para entonces había otros argentinos condenados… pero en el exterior. Como Raúl Silvio Vivas, joyero de profesión y con un local en la calle Libertad de la ciudad de Buenos Aires, pero condenado a 505 años de prisión en California, además de multado por 7,5 millones de dólares tras ser hallado culpable de lavar dinero del tráfico colombiano de cocaína con ramificaciones en la Argentina, Uruguay y Estados Unidos.

O como Martín de Leeuw, uno de los dueños de Simonetta Orsini, el local de la porteña esquina de Posadas y Cerrito, más conocida como «la joyería del poder», porque entre sus clientes se mezclan funcionarios, exfuncionarios, empresarios, jueces, fiscales, financistas y muchos miembros más del llamado «círculo rojo».

En septiembre de 1992, el FBI arrestó a De Leeuw en un restaurante de Newport Beach, California. Lo esposaron tras una investigación de dos años de agentes encubiertos que llevó también a la detención de dos docenas de acusados de trabajar para los carteles de Cali y Medellín. Y al allanar su vivienda decomisaron joyas. Según los investigadores, era una de las vías utilizadas para lavar el dinero narco.

Los agentes del FBI detallaron que De Leeuw trabajaba para Antonio Yunez, un financista colombiano radicado en Chicago, desde donde orquestaba las maniobras para lavar decenas de millones de dólares de los narcos. Cuando lo arrestaron, «Tony» se aprestaba a celebrar su cumpleaños con una fiesta que tendría a Frank Sinatra como invitado de honor.

De Leeuw admitió su culpa por lavado y conspiración para delinquir. Recibió una condena a prisión que en 1995 se redujo a cuatro años, aunque su proceso penal completo recién se cerró en 2004, con ramificaciones que perduran. Porque Estados Unidos le prohibió la entrada desde entonces, aunque más no sea para disfrutar de Disneyworld.

Para cuando De Leeuw comenzó a resurgir de sus cenizas en la Argentina, los Kirchner ya estaban en la Casa Rosada y múltiples empresarios se expandieron al calor del poder. Él se asoció con Myriam «Mimí» Kohen, esposa de Gerardo Ferreyra, uno de los dueños de Electroingeniería, una empresa cordobesa poco conocida hasta entonces en las grandes ligas, pero que floreció durante esa década.

Juntos, De Leeuw y Kohen montaron Simonetta Orsini, que pronto se convirtió en una de las principales joyerías de Buenos Aires, con sucursal en Punta del Este. En el balneario unieron fuerzas con otra familia de joyeros, los Orentrajch, que cayeron detenidos poco después en la operación Viñas Blancas, acusados de lavar millones para los narcos que intentaron traficar al menos 171 kilos de cocaína en botellas de vino[292].

Los narcos de Viñas Blancas fueron condenados, pero no los joyeros, que intentaron volver al ruedo. Uno de ellos, Andrés Orentrajch, pasó a trabajar en el local de Simonetta Orsini, mientras que su hermano murió a mediados de 2016 bajo las balas del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF). Sus allegados consideran que fue un asesinato.

Sin que esas turbulencias la afectaran, la joyería Simonetta Orsini se convirtió en escenografía reservada del poder. Fue en su local de Posadas y Cerrito, por ejemplo, donde el juez Norberto Oyarbide compró su legendario anillo. Un Bulgari con un brillante de 10 kilates. ¿Costo real? 170 000 dólares, según los registros contables en depósito del autor, aunque el magistrado se vanagloriaba que le había costado 250 000 dólares, para luego, cuando arreciaron las preguntas de la Justicia y del Consejo de la Magistratura, decir que los joyeros se lo prestaron.

Mientras tanto, en el salón para fumadores del último piso del Petit Palais que Kohen y de Leeuw alquilaban en la calle Ayacucho, casi avenida Alvear, se tejieron negocios multimillonarios. También se urdieron otros —⁠como las represas Kirchner y Cepernic⁠—, y se resolvieron problemas vinculados al poder. Ya fueran complicaciones judiciales o negocios, en la órbita del Ministerio de Planificación Federal que lideró Julio De Vido. O trabas a importaciones y exportaciones de productos.

Es decir, funcionarios, jueces, cazadores de negocios y operadores, unidos y mezclados entre artículos de lujo y habanos «edición limitada» que cuestan una pequeña fortuna.

Según surge de los registros contables, por Simonetta Orsini pasaron desde Julio De Vido, Amado Boudou y Guillermo Moreno, a macristas como Edgardo Cenzón, uno de los máximos recaudadores de las campañas de Mauricio Macri, ministro de Ambiente y Espacio Público porteño y, después de diciembre de 2015, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense. También, los Werthein y Cristóbal López, el juez Ariel Lijo, fiscales, embajadores y valijeros como Leo Fariña, sin olvidar a Sebastián Forza —⁠ejecutado en el Triple Crimen⁠— y el exsecretario de Obras Públicas, José «Convento» López.

Recién en julio de 2017, la joyería sufrió un pequeño traspié. El juez penal tributario Diego Amarante, la allanó tras una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y secuestró más de 400 relojes de alta gama, aunque se llevó una sorpresa. Mientras los técnicos judiciales intentaban acceder a los registros contables los servidores fueron desconectados de manera remota. ¡Voilà![293]

El operativo judicial contra Simonetta Orsini buscaba evidencias sobre presunto contrabando y evasión en la adquisición de joyas, eje de la denuncia de la AFIP, pero no por presunto lavado, sombra que arrastra De Leeuw desde hace décadas, pero no en la Argentina, donde el panorama general apenas mejoró con la reforma de la ley antilavado, en 2011.

Para fines de 2016, según un informe oficial, el país registraba «menos de 15 condenas» por lavado en toda su historia. Entre ellas, una de junio de 2011 a 3 años de prisión en suspenso a dos jóvenes mexicanos, Luz Acosta Aguilera y Francisco Guzmán Ramírez, detenidos en el aeropuerto internacional de Ezeiza mientras intentaban ingresar al país con 617 400 dólares ocultos en sus valijas y bolsos. Es decir, otros «perejiles». O a Segundo Pantaleón Córdoba, un abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que quiso fugar 800 000 dólares a Montevideo en agosto de 2011, pero lo interceptaron en la terminal de Buquebus. ¿Su condena? A1 año y 9 meses de prisión. ¿La sospecha del Tribunal? Que el dinero no era de Córdoba, sino del jefazo de la UOM, Antonio Caló, que alguna vez se sinceró: «Nadie resiste un archivo, ni siquiera yo»[294].

¿En qué basó el Tribunal su sospecha?

En que consideró probado que las autoridades de la UOM se dedicaron a «defraudar en forma sistemática durante años a los afiliados» del sindicato, al mismo tiempo que montaron un entramado de sociedades en Estados Unidos y Panamá, más cuentas bancarias en el HSBC de Uruguay, en las que Córdoba tenía al menos 3,5 millones de dólares, más inversiones inmobiliarias en Punta del Este y Miami.

Tras caer detenido, Córdoba confesó que él y otras 13 autoridades del gremio, entre ellas Caló, se repartieron 280 000 dólares por mes, durante veinte años, en «prolijos sobres marrones», que provenían del 20 % de la recaudación que los afiliados metalúrgicos le pagan al Instituto de Seguros S. A. en concepto de seguros de vida y sepelio, según reveló el periodista Diego Genoud en una investigación de 2013.

Pero el abogado y valijero Córdoba no resultó el único que cantó verdades. Otros tres históricos de la UOM confirmaron sus dichos: el contador del sindicato durante 18 años, Roberto Echenique; un abogado que trabajó quince años en la UOM, Ricardo Weisz, y otro abogado que tras revistar durante décadas en el gremio, Hugo Mariano Rodríguez, se convirtió en socio de Córdoba en sus negocios privados.

Pero Caló, que dista de ser un «perejil», al cierre de la edición de este libro sigue sin afrontar mayores problemas judiciales, al punto que la Justicia tardó cuatro años y un mes en imputarlo, en septiembre de 2015. Ajeno a eso, Caló descalificó a Córdoba. Dijo que el gremio lo denunció «en cuatro juicios por estafa y asociación ilícita»[295].

Pero si en la Argentina se registraron menos de 15 condenas por lavado en más de quince años, ¿qué ocurre con el dinero ilícito? Los números no son mejores. Aunque la Justicia trabó embargos preventivos por más de 17 300 millones de pesos entre 2012 y mediados de 2016, hasta ahora el Estado solo logró recuperar 25 millones de pesos relacionados con el lavado. Es decir, el 0,14 % del total bajo la mira judicial. Y sobre 176 propiedades y 567 automóviles embargados, apenas se decomisaron 20 inmuebles y 50 automóviles, según un relevamiento elaborado en 2016 por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), en base a estadísticas de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac)[296].

¿Y qué ocurre en otros países?

Según datos oficiales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en Colombia, hubo más de 320 condenas por lavado entre 2009 y 2016; en Chile, 80 desde 2007; en México, más de 200 desde 2004; en Estados Unidos, más de 3300 desde 2010; en Alemania, más de 2800 desde 2009, en España, más de 300 desde 2013, y en Brasil, más de 290 condenas desde 2007[297].

Brasil es, también, el que aporta otro caso singular de lavado. Porque si en la Argentina lavan hasta con milanesas, el exgerente de Petrobras, Pedro Barusco, no se quedó atrás. Condenado y convertido en «delator premiado» en la investigación «Lava Jato», contó que parte del dinero negro lo destinó a 24 botellas de vino que costaron un total de 240 000 dólares que guardaba, como tesoro, en su bodega.

Ahora bien, antes de continuar y para despejar dudas o confusiones, ¿qué es el lavado de activos?

El proceso que permite volver a meter en el circuito económico blanco dinero u otros activos ilícitos de un modo que todo parezca lícito.

Más simple: el señor X recibe un soborno de 10 millones de dólares pero la única forma que tiene de usar ese dinero en el circuito formal es dibujar cómo ingresó a su patrimonio. Entonces monta un restaurante, que puede estar vacío las veinticuatro horas pero que en los números que declara ante la AFIP resulta un éxito de ventas con sus riquísimas milanesas. Tan exitoso que con sus ganancias puede al fin comprarse diez departamentos en Miami.

¿Quiénes lavan en la Argentina? ¿Solo los peces grandes? No. Y eso debe quedar muy claro: con decenas de miles de millones de pesos que circulan cada año en negro por la economía informal del país, el blanqueo de activos es una realidad cotidiana entre los argentinos.

En el caso de los grandes lavadores, sin embargo, la Argentina los tienta con varios atractivos. Entre otros, que es uno de los 30 países más grandes del mundo por su PBI, con una economía relativamente diversificada e informal, con elevado manejo de dinero en efectivo, con servicios financieros sofisticados, con fronteras porosas por fallas en los controles migratorios —⁠no solo en la Triple Frontera⁠—, con deficiencias en los controles antilavado y con zonas de alto poder adquisitivo, donde las excentricidades pasan desapercibidas[298].

La Argentina ofrece mucho más a los narcos y otros baluartes del crimen organizado: sus vacíos de Estado, como los define el experto internacional en mafias y crimen organizado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el argentino Edgardo Buscaglia.

¿Qué son esos «vacíos»? Huecos que hacen que la Argentina sea «un país de bajísimo costo operativo para las redes criminales transnacionales» abocadas al narcotráfico, la trata de personas o el comercio de órganos, entre otros crímenes que Buscaglia califica como «de lesa humanidad»[299].

Buscaglia estima que existen 18 vacíos legislativos, institucionales u organizacionales en la Argentina —⁠sobre 45 posibles⁠— que abren las puertas a las redes criminales, algo que en sus viajes recurrentes a Buenos Aires, Santa Fe, Formosa verificó que son soslayados por referentes del oficialismo y de la oposición con los que se reúne. De hecho, los políticos con los que se reunió han dado por terminados los encuentros o lo invitaron a retirarse por la crudeza de su diagnóstico. O por intereses coyunturales. O por complicidad con el pacto de impunidad que Buscaglia considera muy vigente en el país.

Para los narcos colombianos o peruanos, en particular, la Argentina ofrece alicientes adicionales: queda a pocas horas de vuelo de sus países, comparte el mismo idioma y una cultura similar, y miles de connacionales ya echaron sus raíces en territorio argentino, donde trabajan e invierten.

«Dígale, dígale que se venga para acá, que yo lo recibo, que no tengo muchos amigos acá, que estoy organizado y todo, man. Dígale al Monito que lo que se le ofrezca acá, que yo lo saco por el aeropuerto. Yo le garantizo casa, le consigo los carros, lo que necesiten. Tengo proyectos para él acá», le mandó decir el colombiano Alejandro Gracia Álvarez, dueño de un restaurante en pleno Palermo Hollywood de la ciudad de Buenos Aires, al «Mono», también conocido como «Nacho», los nombres de guerra de Ignacio Álvarez Meyendorff[300].

Capo del Cartel del Valle colombiano, Álvarez Meyendorff viajó a la Argentina a fines de 2004 e invirtió millones en tierras. Desde la Cabaña San Valentín y el campo Ana José, en San Vicente, sobre la ruta 210, a la estancia Santa Clara, de Chivilcoy, más dos predios de 97 y 210 hectáreas.

Fue en otro campo argentino, sin embargo, donde habría sellado el acuerdo que un testigo de identidad reservada relató en Nueva York. Contó que en 2006, se presentó en la chacra de otro colombiano, Luis Agustín Caicedo Velandia, y acordaron cuánto dinero le devolvería de un envío frustrado de 3 toneladas de cocaína a Estados Unidos[301].

¿Quién es Caicedo Velandia? El líder de uno de los carteles más poderosos del mundo, El Dorado, heredero de los carteles de Cali y Medellín. También se instaló en la Argentina bajo el nombre guatemalteco de Carlos José Martínez Castañeda hasta que, ya detenido, vino un emisario de Estados Unidos, le ofreció un acuerdo y se lo llevó.

«Don Lucho» andaba ya golpeado. Antes de su detención, las autoridades le habían decomisado 41 millones de dólares que había escondido en contenedores que permanecían estacionados en los puertos de Buenaventura, Colombia, y de Manzanillo, México.

Caicedo Velandia voló a Nueva York a fines de junio de 2010, acusado de lavar 176,5 millones de dólares dentro de Estados Unidos, aunque el cálculo global de sus tropelías rondaría los 1500 millones de dólares entre 2005 y 2009. Allá, en Manhattan, contó lo que se guardó ante la Justicia en Buenos Aires. Delató a sus socios y explicó la metodología que utilizó para lavar montañas de dinero.

Poco después cayeron en España su pareja y ocho colaboradores acusados de lavado en el mercado de oro y joyas. En Colombia avanzaron sobre sus inversiones en esmeraldas y en el Club Deportivo Independiente de Santa Fe, conocido en el ambiente del fútbol como «El Expreso Rojo». En Marruecos decomisaron dinero en efectivo. Y en Buenos Aires arrestaron a Álvarez Meyendorff[302].

Pero no estaban solos, ni fueron los primeros narcos que se instalaron en el país. ¿Pasó antes por la Argentina uno de los hermanos Rodríguez Orejuela, capos máximos del cartel de Cali, como creen los sabuesos judiciales? Al menos enviaron a un familiar, Alberto Rodríguez Vargas, quien montó una empresa de importación y exportación de pulpa de frutillas y ananás colombianos y de manzanas argentinas, Viardot S. A., con domicilio en Tigre, donde contrató barrabravas. ¿Resultado? 2177 kilos decomisados de cocaína, el 30 de abril de 1997. Un operativo más y mejor conocido como «Operación Strawberry»[303].

También Henry de Jesús López Londoño se instaló en el país hasta que lo detuvieron, el 30 de octubre de 2012 en un restaurante de Pilar. Según la Policía Nacional de Colombia, «Mi Sangre» era el mayor proveedor de cocaína del cartel mexicano Los Zetas, mientras que Estados Unidos requería su extradición, lo que ocurrió en 2016 y fue condenado en 2018. ¿Su abogado en la Argentina? Carlos Broitman, el mismo que patrocinó a Álvarez Meyendorff, a los hermanos Juliá —⁠condenados por transportar una tonelada de cocaína a España⁠—, a Ibar Pérez Corradi —⁠extraditado desde Paraguay, tras años en la clandestinidad, sospechado de ser el autor intelectual del llamado «Triple Crimen»⁠—, y a los sindicalistas Marcelo Balcedo y Omar «Caballo» Suárez[304].

Algunos de esos narcos extranjeros compartieron un dato singular en el país: llamadas entrantes y salientes desde y hacia una oficina de la inmobiliaria Madero Office Center SRL, en el cuarto piso de Alicia Moreau de Justo 1148, Puerto Madero, cuyo gerente era el boliviano Marcelo Leonardo Elías Mark, según revelaron los periodistas Emilia Delfino y Rodrigo Alegre en el diario Perfil. Llamadas que también incluyeron, por ejemplo, al piloto Gustavo Juliá. Y a Martín Lanatta, condenado por el «Triple Crimen». Y también a los acusados por los asesinatos de dos colombianos en Unicenter —⁠vinculados a la barrabrava de Boca Juniors⁠—, y a otro colombiano más en San Fernando.

«A Madero Office Center SRL y a Juliá los ata, evidentemente, el cabo del narcotráfico internacional de más alto nivel», determinó el fiscal que investigó a los Juliá, Luis Angelini. Sus sospechas llegaban hasta «Mi Sangre». Pero por entonces, nadie sabía que ese capo vivía en el barrio Marinas Golf del Tigre, con documentos falsos.

Alvarez Meyendorff, Caicedo Velandia, López Londoño, sus familiares y algunos colaboradores se instalaron en los countries Nordelta, Cardales, Abril y Grand Bell, y en departamentos en Puerto Madero. Entre ellos, uno en el que también figuraba un exdirector de Informática de la AFIP, además de registrar sociedades anónimas en la Inspección General de Justicia (IGJ) y abrir múltiples cuentas bancarias.

Otros narcos optaron por la quietud de un pueblito entrerriano… y sus ricas tierras adyacentes. Como un grupo de colombianos, al mando de Jairo «Mojarro» Saldarriaga, exmiembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y sicario del colombiano Daniel «Loco» Barrera, uno de los distribuidores de cocaína más grandes en la historia, sentenciado en 2018 a 35 años de prisión en Nueva York[305].

«¿Por qué este grupo capitaneado por “Mojarro” hizo pie en esa zona?», se preguntó el periodista del diario La Nación, Germán de los Santos. «Se sospecha que esta banda tenía interés en invertir en tierras», reconstruyó. «Adquirieron una chacra de 18 hectáreas en el paraje Arroyo Molino, cuya ribera está sobre el río Uruguay, a metros de la frontera. Hay indicios de más inversiones».

Mucho antes que ellos, la viuda del capo narco colombiano Pablo Escobar Gaviria, María Victoria Henao Vallejos, y sus hijos se instalaron en Buenos Aires. Viajaron en 1995, con la anuencia del gobierno de Carlos Menem y bajo otra identidad. Ella pasó a llamarse María Isabel Santos Caballero. Pero en 1999 fue detenida, acusada de lavado, de lo que resultó sobreseída en 2005, aunque en 2017 quedó otra vez bajo sospecha. Otra vez por presunto narcolavado, junto a su hijo Juan Sebastián Marroquín Santos y el exfutbolista colombiano Mauricio «Chicho» Serna.

Los colombianos no fueron los únicos que escogieron Argentina. También el mexicano Juan Jesús Martínez Espinosa, quien terminó luego condenado en el país a 14 años de prisión al igual que Mario «Rey de la Efedrina» Segovia. Ambos, como líderes de una banda que enviaba esa sustancia a México y elaboraba metanfetaminas en una quinta de Ingeniero Maschwitz, 45 kilómetros al noroeste de la ciudad de Buenos Aires.

Ellos, claro, tampoco fueron los únicos mexicanos. A partir del michoacano Martínez Espinosa se pudo llegar al sinoalense Leobardo Gaxiola, detenido en 2008 en el aeropuerto de Asunción del Paraguay con 5 kilos de efedrina y de este a su pareja, María Alejandra López Madrid, también de Sinaloa y, según le adjudicaron en su momento, lugarteniente del capo mexicano Joaquín «el Chapo» Guzmán[306].

A su vez, el «Chapo» Guzmán desplegó sus inversiones por las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Chaco, Formosa y Misiones, según denunció Buscaglia, ya en 2011[307].

Algunos de estos grupos narcos financiaron la expansión de ciertas iglesias evangélicas en la Argentina —⁠¿el templo «La Roca», por ejemplo, de la mano de la colombiana López Madrid?⁠— que como contraprestación ofrecieron y ofrecen protección social a los narcos, algo tan valioso o más que la protección política, destacó Buscaglia, y en ocasiones también cobertura para lavar activos.

«El pastor va al banco con dinero físico y dice que es la colecta de la semana. ¿Y cómo se sabe si es así? Lo depositan, luego lo transfieren a otro banco y lo invierten ya legalizado en cualquier otra cosa», resumió a este autor un exalto funcionario de la unidad antilavado local (UIF), que recordó un caso así cerca de la Triple Frontera, donde el Gobierno argentino congeló bienes e integrantes de una banda presuntamente vinculada a la agrupación chiita Hezbollah, en julio de 2018[308].

La Justicia argentina cree que el pastor colombiano David Andrés Acevedo Muñoz es un buen ejemplo de la sinergia entre narcos e iglesias evangélicas. Integró una cofradía de amigos y allegados colombianos, argentinos y peruanos que se desplegó por Nordelta, el Marinas Golf, Buenos Aires, Salta, Lima, Medellín y Bogotá, con ramificaciones que incluyeron hasta una agencia de jugadores de fútbol.

A lo largo de 296 carillas, el juez federal de Lomas de Zamora, Alberto Santa Marina, avanzó contra la organización y procesó y detuvo a varios de los protagonistas, incluido el pastor Acevedo Muñoz, de la Iglesia Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, fundada en Colombia y con 892 santuarios alrededor del mundo.

¿Recordará el pastor, al que todos llamaban David, la conversación telefónica que mantuvo con una contadora, Alejandra, sobre los movimientos de la sociedad «Gerente Cars», el 5 de mayo de 2013?

—David, ¿cómo te va?

—Alejandra, ¿cómo estás?

—Acá. Analizando renglón por renglón todo lo que compró Gerente Cars.

—Ah… ¿Cómo va?

—Bien. Acá estoy analizando auto por auto, cuándo se vendió, cuándo se dieron de baja, porque tengo que llegar a ese número.

—Ah…

—Si yo agarro el balance, el último balance, Gerente Cars blanqueó cuatro millones seiscientos, ¿no? —⁠preguntó la contadora.

—Sí, señora.

—Y bueno, yo tengo un millón cuatrocientos de Castores (en alusión a la venta de un inmueble en ese country).

—Sí.

—Más 350 de… del lote 26 del Alameda (en alusión a la venta de otro terreno en el Barrio La Alameda, en la localidad de Los Plátanos).

—Sí.

—Entre los dos me suman un millón ochocientos —⁠calculó la contadora.

—Sí.

—Más un millón ochocientos de los otros dos lotes, son tres millones seiscientos.

—Sí.

—Más seiscientos que tengo de mercadería son cuatro millones doscientos.

—Sí.

—Más crédito que tengo son cuatro millones trescientos. ¡No me da!

—Claro.

—Me falta lo de la Porsche —alertó la contadora, en alusión a una camioneta que debía sumar a los números.

—Y entonces en ese caso, ¿qué es lo que se puede hacer?

—No, y ahí tengo un problema yo. Porque yo certifiqué la de blanqueo de capi… O para la unidad de Control, yo hice dos veces el certificado por los mismos fondos.

Entre los múltiples episodios de lavado criollo, en tanto, tres de ellos resultan sintomáticos de las dificultades que afronta la Justicia argentina a la hora de recuperar activos. El primero es el remate judicial de un petit hotel de María Julia Alsogaray en la calle Junín de la ciudad de Buenos Aires, con el que se obtuvo 3,6 millones de pesos en 2009 —⁠es decir, transcurrida una década desde que abandonó la gestión pública⁠—, más otros 341 507 pesos en 2014 por los intereses de la pena accesoria de la condena. Es decir, 4 millones de pesos recuperados de la multiprocesada expolifuncionaria menemista[309].

El segundo, el caso IBM-Banco Nación. En la investigación se comprobó que se había acordado un sobreprecio de entre 80 y 120 millones de dólares, de los que 37 millones de dólares se canalizaron a través de la firma CRR, de los hermanos Cattáneo, y se sabe con certeza que se desembolsaron al menos 21 millones de dólares. Pero en 2010, la Justicia recuperó 344 000 pesos a Mario Dadone; otros 350 000 pesos a Hugo Gaggero y decomisó el dinero secuestrado por 4 441 507 dólares, que transfirió a la Corte Suprema. Del resto, nada[310].

El tercer caso fue el contrabando de Armas, con el expresidente Carlos Menem como protagonista estelar. La causa empezó en 1995, la «mayoría automática» en la Corte Suprema protegió todo lo que pudo a Menem, pero tras la renovación del tribunal, los vientos cambiaron. Ahora, el riojano arrastra una condena confirmada por la Cámara de Casación, aunque la Corte Suprema dispuso que ese tribunal vuelva a pronunciarse sobre el caso —⁠y la fiscalía llegó a calcular que el Estado sufrió un perjuicio de 400 millones de pesos/dólares⁠—. Pero los decomisos a los condenados alcanzaron un total de apenas 1 272 016 dólares[311].

¿Qué actividades se utilizan para reintroducir dinero negro en el circuito formal, según surge de esas y otras investigaciones?

La respuesta es sencilla: todas.

De hecho, algunos lavadores locales podrían aprender de los grandes maestros, como el dictador mexicano Porfirio Díaz, quien gobernó de 1876 a 1911 y aprovechó su poder para cimentar su riqueza a través de una red de negocios. Pero con un factor determinante: su sigilo[312].

Porfirio Díaz se involucró en negocios inmobiliarios y agrícolas, aseguradoras, minería, obras de ingeniería hidráulica y hasta una sociedad de corretaje para intermediar valores. También fue accionista en los tres bancos más importantes de México, mientras que su hijo se convirtió en uno de los socios principales en los monopolios industriales del petróleo, la dinamita y hasta el hule.

Un siglo después, (casi) toda actividad económica sirve para lavar.

Restaurantes y bares.

Joyerías, shoppings y fábricas.

Emprendimientos mineros.

Casinos, bingos, casas de juegos, apuestas online y hasta el viejo truco de comprar billetes ganadores de lotería y otros juegos similares.

«¿Quieren saber de dónde saqué la plata? Me gané el loto», desafió el líder del sindicato UPCN en la provincia de Buenos Aires, Carlos Quintana, cuando lo investigaban por presuntas estafas en IOMA. Así ganó, dijo, cerca de 3 millones de dólares en 1996[313].

Quintana no fue el único afortunado. Histórico miembro del colegio de auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN) y célebre operador judicial, Javier Fernández, declaró que su riqueza proviene en parte de medio millón de dólares que ganó con el juego de apuestas Brinco, allá por 1998, cuando fue a un local de juegos de azar en Ramos Mejía, lejos de su casa y de su oficina, para jugar allí por única vez[314].

También en hoteles y fundaciones.

Allí están las ocho empresas de Lázaro Báez que durante años alquiló cientos de habitaciones y salones en los hoteles patagónicos de los Kirchner para los empleados de sus empresas, sin utilizar esas habitaciones pero por las que pagó millones a través de las sociedades intermediarias Valle Mitre, primero, y luego Idea Sociedad Anónima S. A[315].

O fundaciones como la que montó, en Filipinas, el presidente Joseph «Erap» Estrada. Creó la «Erap Muslim Youth Foundation Inc», en 2000, para en teoría promover las oportunidades educativas de los jóvenes talentosos de su país que afrontaban dificultades económicas. Pero que la Justicia probó que Estrada utilizó para desviar 4,3 millones de dólares, por lo que el tribunal supremo de su país lo destituyó en 2001, para luego ser indultado en 2007[316].

Transporte.

Y allí está el ruido que sobrevuela a diversas empresas de transporte de larga distancia desde hace dos décadas, como Flecha Bus o Crucero del Norte, que rechazan con indignación las versiones por evasión, lavado o incluso narcotráfico, aun cuando algunas de ellas acumulan denuncias de la AFIP, reportes de la DEA (la agencia antinarcóticos estadounidense), investigaciones de la Sedronar (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico), o expedientes en la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte). Pero las ensombrece que la Gendarmería detectó más de 400 colectivos trasladando droga en los últimos años[317].

Cooperativas y mutuales.

Como la Cooperativa de Crédito Marítima del Sur Limitada, célebre en la City porteña por sus vínculos con el Banco Macro y que ayudó a canalizar más de 30 millones de pesos para financiar a The Old Fund cuando tomó el control de la ex Ciccone Calcográfica, con documentación respaldatoria tan cuestionable que sumó objeciones del entonces fiscal antilavado, Raúl Plee, de su colega fiscal Jorge Di Lello y del síndico de la quiebra, Martín Stolkiner, mientras que la Justicia uruguaya requirió la extradición por presunto lavado de Alejandro Vandenbroele, quien se encuentra dentro del programa de protección de testigos en la Argentina[318].

También emprendimientos inmobiliarios, campos, estancias, cocheras, chacras e inmuebles urbanos.

¿Un ejemplo de la política? Ricardo Jaime recurrió a una sociedad pantalla, Clamarán S. A., para esconder que era dueño de un departamento de 450 000 dólares sobre la avenida Figueroa Alcorta al 3000 de la ciudad de Buenos Aires. Pero la operatoria quedó en evidencia porque los supuestos «fundadores» de esa sociedad eran insostenibles: Claudio Marcelo Hernando, vendedor ambulante de medias, y Juan José Salas, que al momento de la constitución de Clamarán ya había sido declarado «insano» por la Justicia y, por tanto, incapaz de disponer de bienes. ¿Y su «dueña» formal? Una búlgara, Nina Lozeva, que adiestraba perros en La Plata, cobraba por horas y vivía en una vivienda humilde, pero resultó previsora. En junio de 2018, el tribunal debió pedir su captura internacional porque no se quedó a esperar su veredicto[319].

¿Un ejemplo narco? Un técnico agropecuario y pianista de 40 años, Fabián Montañana, se convirtió en el principal alfil en Entre Ríos del exmiembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y sicario Jairo «Mojarro» Saldarriaga, quien antes de morir ejecutado compró una chacra de 18 hectáreas en el paraje Arroyo Molino, cuya ribera está sobre el río Uruguay, a metros de la frontera. Montañana terminó condenado a dos años y medio de prisión por narcolavado, en julio de 2015, en una causa en la que se investigó el contrabando de 114 kilos de cocaína a Europa en un buque de bandera liberiana[320].

¿Un ejemplo brasileño? Los «doleiros» —eslabón decisivo entre las empresas que pagaban coimas y aquellos que recibían los sobornos del caso «Lava Jato»⁠— solían recomendar a sus clientes que compraran inmuebles en Paraguay y Sudáfrica[321].

¿Otro ejemplo? Puede darlo el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por recibir un departamento triplex de lujo —⁠en el cual vivió junto a su familia durante 2014⁠— como soborno de la empresa OAS, involucrada en el esquema de corrupción de Petrobras. El juez Sergio Moro condenó a Lula a 9 años y medio de prisión por corrupción, lavado y tráfico de influencias, sentencia que el Tribunal Regional Federal N.º 4 elevó por unanimidad a 12 años de prisión.

Algunos empresarios iraníes, en cambio, prefirieron Venezuela para lavar fortunas mediante inversiones inmobiliarias, según se ventiló en una Corte Criminal de Nueva York. Recurrieron a un complejo entramado offshore para burlar el cerco de las sanciones que impuso Estados Unidos contra el régimen de Teherán y se abocaron a la construcción de la «Nueva Ciudad Fabricio Ojeda» en la costa del Lago de Maracaibo. Todo, con un desvío de fondos en dólares de la petrolera PDVSA de Venezuela y un banco en Malta[322].

Por supuesto, joyas, de toda forma, tipo y color.

¿Otro dato de los «doleiros» brasileños? También recomendaban a sus clientes que compraran diamantes y lingotes de oro para depositarlos en cajas de seguridad en Suiza y Uruguay.

También, yates y veleros, camiones, helicópteros y aviones.

Allí están, por caso, el avión Lear Jet y el yate Altamar 64 de Jaime.

Automóviles.

¿Recordarán ciertas concesionarias de autos importados de lujo de Rosario cómo les vendieron Porsche, Mini Cooper, Audi, BMW y otros coches de alta gama a la banda narco «Los Monos»? ¿O acaso olvidaron los 15 Mercedes Benz que le vendieron a Martín «El Fantasma» Paz?[323]

También agencias de turismo, de remis y de taxis, caballos —⁠de polo, de salto y de carrera⁠— al igual que vacas y otros animales multipremiados.

Y todo el cibermundo.

«Internet ofrece la posibilidad de registrar compañías que ofrezcan —⁠a través de la red⁠— los servicios más variados a cambio de una cifra determinada, pagadera mediante el uso de tarjetas de crédito o servicios de pago como PayPal», explicó el autor del libro Técnicas de Investigación del lavado de activos, Hernán Blanco. «Es así que, una vez establecidas dichas compañías, el lavador/organizador solo debe repartir las ganancias ilícitas entre múltiples testaferros ubicados en distintos países, a efectos de que estos visiten la página web de la compañía y requieran sus servicios junto con otros tantos clientes “legales”, permitiendo de esa forma que el beneficiario declare que la totalidad de los ingresos tiene origen en la provisión de dichos servicios»[324].

Jugadores de fútbol.

Porque el colombiano Caicedo Velandia distó de ser original con los narcomillones que enjuagó a través del Club Deportivo Independiente de Santa Fe. Veinte años antes, su país ya había registrado las inversiones de José Gonzalo Rodríguez Gacha en el Club Millonarios[325].

¡Si el entonces ministro de Justicia colombiano, Rodrigo Lara Bonilla, reveló en 1983 que el narco había contaminado a por lo menos seis de los 14 equipos del fútbol profesional colombiano! Señaló a Millonarios con Rodríguez Gacha, al América de Cali con los hermanos Rodríguez Orejuela y a Atlético Nacional con Pablo Escobar Gaviria, cuyos sicarios asesinarían al ministro, un año después.

Y por casa, ¿cómo andamos?

Está el caso, por ejemplo, del jugador Ángel Correa, criado en «Las Flores», un barrio humilde de Rosario, que a los 12 se fue a las inferiores de San Lorenzo de Almagro y ahora juega en el Atlético de Madrid.

Su representante, Francisco Raúl Lapiana, estuvo varias veces preso por falsificación de moneda. Y a los 58 años, mientras Correa debutaba en la primera de San Lorenzo, Lapiana debió enfrentar a la Justicia, acusado de lavar dinero de «Los Monos» con la compra, venta y gerenciamiento de unos 120 jugadores, algo que negó indignado hasta terminar absuelto de ese cargo en el juicio que terminó en abril de 2018[326].

Pero no solo Lapiana afrontó acusaciones por narcolavado futbolero. ¿Será cierto que Lázaro Báez también mojó el pancito en tándem con el representante Miguel Ángel Pires con la compra del pase del futbolista Pablo Lugüercio, y la mitad de Gabriel Mercado, Gastón «la Gata» Fernández y Leandro González, como reveló el periodista Jorge Lanata?[327]

El fallecido gobernador chubutense, Mario Das Neves, también terminó bajo la lupa judicial, al igual que su familia, en Comodoro Rivadavia, sospechados de canalizar 500 000 dólares negros de la política a través de la compra y venta de jugadores para su amado club San Lorenzo de Almagro. Entre ellos, Andrés D’Alessandro, Jonathan Bottinelli, Gonzalo Bergessio y Aureliano Torres, allá por 2008, según le reportó el procurador general de esa provincia, Jorge Miquelarena, al juez federal Rodolfo Canicoba Corral[328].

El financista Ernesto Clarens también se arrimó al negocio del fútbol. Primero, con la sociedad Interplayers S. A., en la que Pires apareció como «secretario», pero quebró en mayo de 2007 —⁠motivo por el cual, la Justicia en lo Comercial le prohibió a Clarens salir del país⁠—; luego, con Pampa Sports S. A., y en el interín también habría intentado gerenciar el club Juventud Antoniana, en Salta, donde llegó a participar en una reunión, según la prensa, en nombre «del Banco Macro y el grupo Interplayers»[329].

Claro que el negocio del fútbol es de amplio espectro. El actual jefe de los espías argentinos, Gustavo Arribas, también se zambulló en la compra y venta de jugadores desde que como escribano se acercó a Boca Junios junto a Mauricio Macri. A su paso juntó algunos enemigos, como Roberto Digón, que lo señaló como el «testaferro» de Macri en ciertos pases, como los de Carlos Tévez —⁠operación que incluyó transferencias bancarias al Royal Bank of Canadá y, de allí, a una misteriosa sociedad de nombre inquietante⁠—, de Ever Banega o de Fernando Gago, acusaciones que irritaron mucho al actual presidente de la Nación[330].

El negocio del fútbol, de todos modos, excede la compra y venta de jugadores. También incluye el gerenciamiento de los clubes, con casos notables como el del líder de Camioneros, Hugo Moyano, sospechado de mover fondos entre Independiente, empresas de su familia, financieras, barrabravas y cuentas bancarias en el extranjero, aunque él salió al cruce de las acusaciones con denuncias sobre un «plan sistemático» para desgastarlo y una virtual «cacería» en su contra[331].

Pero si de gerenciar clubes rodeado de sospechas se trata, primero en la fila se encuentra el argentino nacionalizado mexicano Carlos Ahumada Kurtz, quien tomó las riendas de Talleres de Córdoba y de dos clubes puntanos —⁠Juventud Unidad Universitario y Estudiantes de San Luis⁠—, tras administrar dos clubes en México —⁠Santos Laguna y León⁠— y pasar 1131 días preso en su país adoptivo por un escándalo que incluyó la filmación de coimas, trasiego que desde entonces le llevó a arrastrar el mote de «El Señor de los Sobornos»[332].

Para apodos y definiciones, sin embargo, tampoco se quedó atrás Patricio Gorosito, uno de los cinco acusados en la causa «Carbón Blanco», centrada en el contrabando de más de 1000 kilos de cocaína a Europa. «Yo era testaferro o como quieran llamarlo de Julio Humberto Grondona», lanzó. «El club Real Arroyo Seco era de él. Era de Julio Grondona. Cuando se lo vendí a Rosario Central, la plata se la llevó él y yo me quedé con algo», explicó. Aludió, vale aclarar, a una operación por 16 millones de dólares.

«Yo puse la cabeza por Grondona. Él hizo el estadio en Arroyo Seco, donde iba siempre. Estuvo una vez con Joan Laporta», entonces presidente del Barcelona, rememoró Gorosito. «Cuando pasaba el tren me tenía que subir. ¿Qué querés que haga?», interrogó el acusado que llegó a manejar, según sus propios cálculos, «108 jugadores». Entre ellos, al uruguayo Víctor Piris Alves y a Germán Denis, que tras su paso por la Liga de Italia, juega en Lanús[333].

Gorosito comenzó a construir el predio de Real Arroyo Seco en 2003, junto a la autopista Buenos Aires-Rosario. En un terreno de 21 hectáreas levantó un estadio para 12 000 espectadores, un hotel cuatro estrellas y siete canchas profesionales con iluminación artificial. La construcción de ese club sin socios ni hinchada, pero que competía en el Argentino A, estuvo a cargo de Constructora Deportiva S. A., propiedad del yerno de Grondona, Genaro Aversa, dueño a su vez de un hotel en Ushuaia —⁠¿también de un avión valuado en 1,5 millones de dólares?⁠— nueve camiones y varios autos de lujo. También, de dos cuentas en el banco suizo Julius Baer que decomisaron las autoridades estadounidenses[334].

En las antípodas, casi, del fútbol, la compra y venta del arte y de las antigüedades también resulta una opción recurrente entre los lavadores.

Ya en marzo de 1981, la revista Time abrió su sección de Economía y Negocios con una nota sobre cómo se pagaba las coimas en cada país. En el caso de la Argentina, sostuvo que dos variantes habituales eran «los cuadros posimpresionistas de apreciadas galerías como Wildenstein o joyas que los funcionarios elegían para sus esposas en Ricciardi»[335].

Tres décadas y media después, el exjefe de Gabinete sciolista, Alberto Pérez, debió capear una tormenta artística causada por su exchofer en la función pública. Declaró en Tribunales que Pérez solía ir «asiduamente» con su pareja a la galería Rubbers Internacional, de donde la Justicia se llevó ocho computadoras y encontró unos veinte remitos de compra. ¿La respuesta del exfuncionario? Impugnó el testimonio del exchofer, logró retrasar un peritaje informático y planteó apelaciones varias.

Pero a esta altura, no olvidemos a Uruguay, el país que durante décadas se presentó a sí mismo como «la Suiza de América del Sur».

¿Por su neutralidad? No.

¿Por su estabilidad política y económica? No.

¿Por su precisión y puntualidad? No.

Porque los uruguayos, amados vecinos y acérrimos rivales en el fútbol, son socios en —⁠y lavadores de⁠— los negocios argentinos.

Porque a través de Uruguay pasaron muchos de los grandes negociados, escándalos de corrupción y enjuagues de dinero negro de la Argentina de las últimas décadas.

Entre otras, las fortunas de genocidas de la dictadura, de banqueros en fuga, de los casos Siemens, «Ciccone» y de la «ruta del dinero K», de los Panamá Papers, de las coimas de Odebrecht, de los negociados del fútbol y muchísimos episodios más.

¿O vamos a olvidar, acaso, que las sociedades uruguayas conocidas como SAFI se utilizaron con sus directorios fantasma para blanquear las ganancias del Cartel de Juárez, como Idafal, South Pacific Trade, Clunan S. A., Tamilur S. A. y Larinur, siendo esta última la que utilizó Amado «el Señor de los Cielos» Carrillo Fuentes, líder del Cartel de Juárez, para solventar los gastos corrientes de sus campos en la Argentina?

¿O vamos a olvidar que las SAFI uruguayas Daforel S. A., Hayton Trade S. A. y Debrol International Trade S. A. se usaron en el contrabando de armas argentinas a Croacia y Ecuador, durante el gobierno de Carlos Menem, tanto como intermediarias para el tráfico en sí como para el pago de las comisiones ilegales?

¿O vamos a olvidar a la firma uruguaya Compañía General de Negocios, que se movió en tándem con el Banco General de Negocios, de los hermanos Carlos y José Enrique «Puchi» Rohm? Una trama que lo tuvo todo: acusaciones de estafas y de asociación ilícita, fugas, detenidos y vínculos con los casos Armas e IBM-Banco Nación, al tiempo que se convirtió en el continuador en la Argentina de algunos asuntos del banco dedicado al lavado global, BCCI.

Tampoco hay que olvidar a los autopréstamos como instrumento dilecto para el lavado. Algo que ocurre, por ejemplo, cuando se saca el dinero negro fuera del país y se lo reintroduce, pero disfrazado como un préstamo obtenido de un banco donde en realidad se encuentran depositados aquellos fondos.

¿El empresario devenido político Francisco de Narváez encarnó esa hipótesis, a través con un crédito de 3 millones de dólares que recibió de su hijo en 2004, que a su vez lo recibió de la sociedad Opportunity Holdings Ltd, con domicilio en la Isla de Jersey, que depende de la Corona Británica? Eso denunció la AFIP en tiempos de Ricardo Echegaray, lo que De Narváez enmarcó como parte de la campaña sucia durante las elecciones de 2009[336].

También hay que consignar las oportunidades que ofrecen los valores negociables al portador, con el llamado «contado con liqui», a través de cuevas financieras que utilizan las cuentas «ómnibus».

O los contratos de seguro.

También, los fideicomisos, ya sean inmobiliarios o cualquier otro.

¿Qué habrá pasado en realidad con aquel supuesto fideicomiso uruguayo que la constructora de Lázaro Báez, Austral Construcciones, selló con la supuesta sociedad J+J Holding NV para un supuesto proyecto de inversión en Chapel Island, Belice, y que tras un supuesto laudo arbitral en el Instituto Argentino de Negociación Conciliación y Arbitraje (Ianca) le permitió cobrar una supuesta indemnización por 254,3 millones de pesos?[337]

¿Particularidades de ese supuesto fideicomiso?

J+J Holding NV es una sociedad que se constituyó en Curazao y que permanece inactiva desde 1989.

La segunda sociedad involucrada, Nederlandsche Fisheries NV, también figura como inactiva desde hace años en el Registro Público de Comercio de Curazao.

Los dueños de la tercera sociedad off shore que participó en la operatoria, la panameña Benasque Invest Inc., nunca aparecieron, mientras que el único apoderado conocido, falleció.

El supuesto fideicomiso uruguayo, FITA I 2009, debió registrarse ante el Banco Central uruguayo, según lo impone la legislación de ese país. Pero no lo hizo.

Los dos nombres vinculados a ese fideicomiso establecieron que el flujo de fondos del FITA se anotaría «en un libro contable separado», lo que facilitaba su manipulación; ambos no pueden hablar. También fallecieron.

La indemnización a favor de Austral Construcciones llegó en el momento más indicado para la empresa. Le permitió mantener en verde sus números y revertir un déficit que de otro modo habría trepado hasta los 217,8 millones de pesos mientras gestionaba préstamos del Banco Nación.

Las autoridades que asumieron al frente de la AFIP en diciembre de 2015 denunciaron que la anterior gestión, la de Echegaray, nunca investigó la operación. «La Dirección Regional Microcentro se limitó a verificar el reflejo bancario del ingreso del dinero, sin validar la existencia real del origen», alertó en un informe que envió a la Justicia.

Sin embargo, para ser justos, la mejor opción para lavar montañas de dinero fue y sigue siendo los bancos[338].

¿Acaso algún memorioso ejecutivo argentino de Bunge & Born aún recuerde a los dos banqueros alemanes que aterrizaron en Buenos Aires, a fines de 1989, ofreciéndoles créditos fabulosos por 2000 millones de dólares? Eran del Bank of Commerce and Credit International, más conocido como BCCI, del saudí Gaith Pharaon, luego acusado de fraude, lavado y otras linduras por el gobierno de Estados Unidos, que reclamó su captura internacional hasta que murió en 2017. ¡Si la revista Time definió al BCCI como «la mayor organización criminal de la historia moderna»![339]

Pero el BCCI no estuvo solo. Si el Banco Riggs terminó contra las cuerdas cuando el Congreso de Estados Unidos investigó sus operaciones con el beneficiario final de una sociedad offshore de Bahamas al que en un memo interno los responsables del banco definieron como un «profesional hoy jubilado que fue muy exitoso en su carrera y acumuló riquezas durante su vida para jubilarse como corresponde». ¿Quién era aquel «jubilado exitoso»? El dictador chileno Augusto Pinochet[340].

¡Si Odebrecht llegó a comprarse un banco para gestionar tranquilo sus coimas, sin que nadie la importunara con preguntas molestas, con formularios antilavado, ni con nada de eso de la política del «Know Your Client», es decir, «conozca a su cliente»!

Sí, Odebrecht se compró un banco para coimear tranquilo.

Adquirió en 2010 una pequeña filial caribeña, en la isla de Antigua, de un banco de origen austríaco, el Meinl Bank. Y por allí pasaron, entre muchas otras transacciones ilegales, los millones de euros y de dólares que las sociedades offshore Klienfeld Services, Trident Inter Trading y Select Engineering Consulting and Services transfirieron a cuentas en Uruguay de la sociedad Sabrimol Trading, del lobista Jorge “Corcho” Rodríguez.

Si la extitular de la unidad antilavado (UIF), Alicia López, relatara sus verdades… Podría contar sobre sus tiempos previos en el Banco Central (BCRA), cuando la enviaron a inspeccionar uno de los grandes bancos privados que operan en la Argentina y en su balance detectó un verdadero agujero negro dentro de las llamadas «cuentas de orden». ¿Acaso era una forma de esconder el dinero negro que manejaba esa entidad? Ella nunca pudo acceder a la respuesta.

¿Por qué?

Porque ella le comunicó a uno de los máximos responsables de esa entidad que quería revisar a fondo las «cuentas de orden».

—Ningún problema —le respondió.

—Mañana quiero todos los papeles sobre esta mesa.

—Sí, señora.

Pero a la media hora la llamó el jefe de su jefe en el BCRA.

—Alicia, ¿las «cuentas de orden» estaban en la lista de temas que había que analizar?

—No.

—Atenete entonces a la lista, ¿OK?

López era joven e impetuosa. Y al parecer no entendió el mensaje. Porque tiempo después la enviaron a otro banco privado de primera línea, donde encontró otros esqueletos. Entonces la llevaron a almorzar, saboreó cangrejo por primera vez en su vida y llegó el comentario que intuía.

—¿Cuánto cuesta arreglar esto? ¿300 000 dólares?

—No lo sé. No es cosa mía. A mí, no.

—Usted es una «pichuli». Si usted no la agarra, lo agarrará su jefe, que cobrará 1 millón.

Para resumir la historia, eso fue lo que ocurrió. Ella siguió su camino, llena de bronca e impotencia, el banco privado preservó sus esqueletos y alguien, mucho tiempo atrás, se hizo millonario en el BCRA.

Los bancos, planteó Hervé Falciani cuando cobró notoriedad pública, «han creado un sistema para enriquecerse a expensas de la sociedad, ayudando con la evasión tributaria y el lavado de activos».

¿Quién es Falciani?

Algunos lectores lo recordarán. Es un exempleado del HSBC que en 2000 huyó de Suiza con información sobre 130 000 clientes del banco que, a cambio de protección frente a los reclamos de arresto y extradición de las autoridades helvéticas, entregó a las autoridades de Francia, España, Alemania, Estados Unidos y la Argentina.

«El dinero es fácil de esconder», explicó Falciani, quien sostuvo que muchos bancos, incluido el HSBC, tienen áreas específicas para encargarse de esas tareas ilícitas. «Por ejemplo, (un banco) puede colocar como intermediaria a una compañía, o a muchas, y asegurarse que el negocio (sucio) no pase por las cuentas del banco», explicó. «También le ofrecen al cliente productos no bancarios, como seguros de vida, por ejemplo, que existen con el solo propósito de evadir, u oro, que el banco guarda en sus cajas de seguridad a cambio de un fee»[341].

Claro que eso es apenas el comienzo, porque ciertos bancos recurren a los sistemas de doble contabilidad para ocultar movimientos ilegales…

—¿Puede darnos una descripción bien sencilla de cómo funciona el lavado de dinero a través de la doble contabilidad? —⁠le preguntaron periodistas alemanes de Der Spiegel a Falciani.

—Digamos que un capo de la droga mexicano tiene una cuenta bancaria en México que contiene millones de dólares del narcotráfico. También tiene una cuenta en Suiza en cero. Usando ese sistema, el banco ve el balance de la cuenta en México y le da un préstamo en su cuenta suiza por la misma cantidad. El dinero entonces se lava y el capo de la droga incluso puede deducir los intereses de ese crédito de sus impuestos.

Porque ese, la tributación, es un punto clave. Como dicen los maestros del lado oscuro de la fuerza, «el buen lavador siempre paga sus impuestos».

¿Por qué?

Porque el objetivo de un lavador es que su dinero negro ingrese al circuito blanco y lo último que busca es que su operatoria delictiva fracase porque un sabueso de la AFIP le reclame un pago pendiente del impuesto a los bienes personales, por ejemplo.

Esto, claro, parece una entelequia alejada de las realidades argentinas, pero es tan real como la oficina/cueva que el banco ING y luego el BNP Paribas operó en la Avenida Leandro N. Alem 855 —⁠la misma torre donde fijaron sus oficinas Odebrecht y Jorge «Corcho» Rodríguez⁠— frente a Puerto Madero, para administrar desde allí cientos de cuentas bancarias en Luxemburgo, Suiza y Curazao por más de 1000 millones de dólares.

Es decir, una entrada a las cloacas financieras que quedó al desnudo.

La historia comenzó en 2007 con una denuncia de la entonces titular del PAMI, Graciela Ocaña, contra Rubén Romano, un exordenanza de ese organismo que llegó a millonario tras unos pocos años como gerenciador de la obra social de los jubilados y mantuvo vínculos con Sebastián Forza, una de las víctimas del Triple Crimen.

El revuelo comenzó, sin embargo, cuando Gendarmería detectó de casualidad esa cueva del BNP Paribas mientras cumplía con una orden judicial para obtener documentos para la investigación contra Romano.

¿Los clientes?

Además de Romano, cientos. Incluso funcionarios de la AFIP como Andrés Vázquez, responsable del operativo contra el Grupo Clarín y sospechado de proteger desde el organismo a Lázaro Báez y Cristóbal López (apareció con casi medio millón de dólares sin declarar en dos cuentas secretas en el Caribe y en Europa) y la entonces directora de la Regional Neuquén de la AFIP, Miriam Noemí Azza. También, el prefecto general de la Prefectura Naval, Rubén Estasiarán, y el exvicecanciller Roberto García Moritán, entre muchos otros[342].

¿Quién se presentó como abogado de Vázquez?

Santiago Blanco Bermúdez, «el Gallego», letrado también de Jaime Stiuso y del juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

¿Qué dijo el juez Osvaldo Rappa al procesar y embargar a 20 ejecutivos del BNP Paribas en 2016 por presunta asociación ilícita, evasión y lavado, decisión que confirmó la Cámara de Apelaciones?[343]

«No solo se quebrantaron deliberadamente las obligaciones relativas a la identificación del cliente inmediato, los deberes de diligencia frente a transacciones inusuales o carentes de sentido económico aparente, el reporte voluntario de tales operaciones y la conservación de la información sobre las transacciones —⁠remarcó el juez⁠—, sino que se diseñó una compleja arquitectura financiera, que tenía por objeto borrar el rastro de la ruta del dinero no declarado».

El BNP Paribas incluso había desarrollado un manual «instructivo» de uso interno para sus empleados llamado «Productos Off-shore» que describía sus metas con claridad: «Nuestro objetivo es el desarrollo de la clientela offshore. Por definición, la persona offshore es aquella persona física o jurídica que no desea declarar sus bienes (o parte de ellos) impositivamente».

¿Qué dijo la Cámara de Apelaciones al confirmar los procesamientos?

«La clandestinidad de la oficina era necesaria para cumplir con la tarea de asesorar, expatriar, administrar y repatriar el dinero de clientes que obtuvieron ilícitamente y, por ende, no podía ser declarado o ingresado al mercado financiero sino a través de las operaciones que ofrecían los imputados».

En términos generales —sin acotar a la Argentina⁠— ¿cuánto dinero de evasores, criminales, contrabandistas, piratas e incluso terroristas se lava cada año a través de los bancos? Según un informe de 2011, rondó los 2,1 billones de dólares en 2009, de los que una quinta parte provino del narcotráfico, según la Oficina sobre las Drogas y el Crimen de las Naciones Unidas (UNODC). Es decir, el 3,6 % del PBI mundial de ese año, estimado en 60,1 billones de dólares por el Banco Mundial[344].

2,1 billones de dólares = 2.100.000 000 000 dólares.

¿Y cuánto de ese dinero se suele congelar y confiscar?

Menos del 1 %, según ese informe. Menos de 21 000 millones de dólares.

Sin llegar a esos números, por supuesto, uno de los alicientes que tienen los bancos que operan en la Argentina a la hora de colaborar con el lavado y la evasión de sus clientes son las debilidades de los organismos que deberían controlar el sistema. Desde la AFIP a la Superintendencia de Entidades Financieras del Banco Central (BCRA) y la unidad antilavado (UIF, Unidad de Información Financiera), que se creó bajó la órbita del Ministerio de Justicia durante el kirchnerismo y durante los primeros meses de Cambiemos pasó a la órbita del Ministerio de Finanzas.

Una UIF que dio sus primeros pasos en 2000 con la gestión de Alicia López, que comenzó a complicarse con su sucesora Rosa Falduto, que tocó fondo con el economista José «Pepe» Sbattella, y que combina logros, grandes esfuerzos y algunos planteos institucionales durante el mandato de Mariano Federici, exfuncionario del Fondo Monetario Internacional.

Una UIF que acumuló problemas de todo tipo:

Demoró más de diez años en aplicar su primera sanción (y no fue por lavado, sino por una irregularidad detectada en los controles sobre sus clientes de una entidad bancaria).

Contó y cuenta con poco personal, con capacitación dispar, bajos salarios y contratos temporarios (pero incluyó a la peluquera de Falduto y a un profesor de gimnasia, entre otros ejemplos), y cobijó luego a amigos, parientes y militantes con Sbattella.

Padeció el corte de colaboración del gobierno de Estados Unidos durante el kirchnerismo (porque los datos que envió se filtraron a la prensa para perjudicar a opositores del entonces gobierno).

Acumuló denuncias penales en tiempos de Falduto y Sbatella por filtración de secretos, manipulación política de la información confidencial, e investigación selectiva de los casos.

Cosechó algunas críticas desde diciembre de 2015 desde los tribunales de Comodoro Py por mostrar distintos estándares y velocidades según el investigado fuera kirchnerista o del gobierno de Cambiemos; entre ellos, del juez federal Sebastián Casanello quien estimó que la nueva gestión «mantiene las falencias» de sus antecesoras al frente de la UIF, ya que empuja ciertas investigaciones contra exfuncionarios, incluida la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, «sin identificar la prueba concreta en la que asienta su pretensión». O pidió y logró ser aceptada como querellante en el juicio oral del «caso Ciccone», en el que pidió que se lo condene a Boudou, pero no por su especialidad —lavado—, sino por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho[345].

Recibió objeciones de otros organismos del sistema antilavado, como la Procuración de Criminalidad Económica (Procelac), que en abril de 2017 lamentó su «actitud contraria a compartir información necesaria para la investigación de los delitos de lavado» y promover «una serie de flexibilizaciones en los controles del sector financiero que pueden terminar transformando a la Argentina en una plaza atractiva para lavadores»[346].

Federici tampoco se quedó callado. En su primer y hasta ahora único «informe de gestión», que difundió en 2016, detalló el «estado de situación encontrado» cuando arribó a la unidad: «Un escenario de grave deterioro institucional. La actuación de la UIF se encontraba desvirtuada en todos sus planos. Los registros daban cuenta de una clara motivación política en el uso de la herramienta por parte de las autoridades que precedieron a la gestión actual»[347].

Quedarse solo en las falencias de la unidad antilavado o de las leyes locales es, sin embargo, concentrarse en apenas un factor de la ecuación de la impunidad cuando de lavado se trata. Porque también hay que mirar qué hace el Poder Judicial cuando tiene las pistas delante de sus ojos.

Ese fue el caso de Iron Mountain, cuando una investigación de la Procelac detectó maniobras financieras sospechosas por 17,8 millones de dólares entre 2007 y 2014, así como también 29 coincidencias entre 43 clientes de la empresa que registró un incendio que provocó 10 muertes en 2014, lo que derivó en la apertura de dos expedientes penales. Uno para determinar responsabilidades de ejecutivos de la empresa y de funcionarios del Gobierno porteño por la tragedia, en manos del juez Pablo Ormaechea; el otro, por los presuntos delitos de lavado, evasión y fraude, que recayó en el juez federal Sergio Torres[348].

¿Qué hizo la Procelac?

Elaboró un informe que remitió al juez Torres.

¿Qué ocurrió?

Un allanamiento y…

8

Cómo el periodismo es parte del problema

Algunos manuales aún definen al periodismo como un «cuarto poder». O como el «tábano» que pica al caballo, que lo molesta, que lo írrita, incluso, y que lo obliga a moverse, a ser mejor. Pero en la práctica, muchos periodistas actúan como agentes de propaganda o callan cuando algo de los sótanos sale a la superficie. Por eso, la compra de periodistas resulta uno de los rubros más extendidos y caros de las campañas electorales, y por eso sobran también los periodistas procíclicos, que cuelgan medallas al campeón y lo patean cuando ya está caído.

Sentado frente a un ministro de la gobernadora María Eugenia Vidal en un bar del centro platense, un conocido periodista de la televisión argentina fue directo al grano.

«Quiero una guita por mes», dijo.

El ministro intentó esquivar el toro. O más llano, «hacerse el boludo».

«No sé de qué me estás hablando. Yo no manejo esos temas».

Pero el periodista ya estaba lanzado.

—Raro. Porque el que antes ocupaba tu mismo cargo sí la ponía, todos los meses —⁠le espetó en plena transición del sciolismo.

—Mirá, yo no sé cómo habrás arreglado con el gobierno anterior, pero conmigo no.

—Creo que no entendiste. A mí me da igual si la ponés vos, si la ponen a través de un área de la gobernación o por medio de la SIDE, pero si no quieren quilombo, hay que ponerla —⁠resumió.

¿Testigos? El vocero del ministro y el productor general del periodista, que por supuesto callarán en público.

En rigor, ese periodista no encarna la regla general, pero tampoco es la excepción. Y las tarifas clandestinas ya están tabuladas, aunque mucho dependerá también de las habilidades para negociar de cada uno.

¿Por qué?

Primero, porque aparecer en televisión no es lo mismo que en una entrevista radial o un espacio en la prensa gráfica.

Segundo, porque dependerá de la audiencia del programa, la circulación del medio gráfico o la cantidad de visitantes online.

Tercero, porque dependerá de la necesidad/urgencia del político o del empresario por «subirse» a los medios. Porque no es lo mismo aparecer durante una semana tranquila que en medio de un escándalo o en pleno cierre de una campaña electoral.

Cuarto, porque no es lo mismo que las preguntas sean sencillas o al hueso, así como tampoco que haya o no repreguntas o que se acuerde evitar ciertos temas urticantes durante la entrevista.

Quinto, porque una tarifa es para darle «aire» o «espacio» al que paga y otra muy distinta es «poner la jeta» para defender al protagonista de un caso de corrupción o, peor, de abuso infantil.

Sexto, porque la tarifa dependerá en ocasiones de las habilidades y capacidad de fuego del productor comercial del periodista. Si ese productor trabaja con otros periodistas, en otros programas, puede ofrecerle un «combo» al interesado: paga una vez, pero cierra con todos.

Séptimo, porque una tarifa corre para cuando el pagador quiere que el periodista opine a su favor —⁠o en contra de algún adversario⁠— y otra muy distinta, y más elevada, rige si pretende que el periodista tergiverse o manipule datos de la realidad, falsee información y difunda fake news.

Por eso, durante la campaña presidencial de 2015, el récord (al menos el que admitieron los entrevistados para este libro) quedó para otro periodista televisivo de alcance nacional y rating elevado cuya productora cobró 400 000 pesos —⁠unos 42 000 dólares al tipo de cambio entonces vigente⁠— por entrevistar a un candidato.

Porque muchos políticos y empresarios comprendieron que la supuesta «opinión pública» nacional se acota en realidad al sentir y decir de la ciudad de Buenos Aires. Y quien domina, por tanto, la agenda periodística porteña tiene una ventaja sustancial frente a sus competidores, en desmedro del interior del país. Así ocurrió, por ejemplo, en los años noventa, cuando la convertibilidad despedazó la economía real en las provincias, pero era defendida por la intelligentsia porteña. Y así ocurrió, a la inversa, durante la gestión de Cambiemos, cuando en los medios porteños se impuso como supuesto tema de la «agenda nacional» el impacto de las subas de tarifas de servicios públicos en los argentinos cuando, en realidad, ya regían en el resto del país desde hacía años.

Porque existe un número incontable de periodistas probos que trabaja con dignidad, bajo presión, a contrarreloj y con devoción por este oficio maravilloso. Pero también hay otros que, como expuso la periodista Norma Morandini en el libro La mala bestia, que escribió tras protagonizar y vivir campañas electorales por dentro y cumplir sus mandatos como diputada y senadora nacional, «nunca faltan periodistas que, por inexperiencia o corrupción, están siempre listos para “ser operados”»[349].

De allí para abajo, hay tarifas para todos los gustos. Hasta para los blogs, programas de radio y newsletters —⁠que existen desde los tiempos del alfonsinismo⁠— de buena llegada y autor más o menos conocido, cuya suscripción podía cotizarse en unos 30 000 pesos durante las elecciones presidenciales de 2015.

Un atisbo de cómo funciona la relación patológica entre políticos y ciertos periodistas por debajo de la superficie puede ofrecerlo Julio De Vido, quien como ministro se convirtió en intocable —⁠y hasta innombrable⁠— para muchos periodistas durante los doce años y medio kirchneristas. O José «Convento» López, quien durante su gestión contó con la ayuda de un exvocero y operador de Domingo Cavallo.

Según el autor del libro El negocio político de la obra pública, el periodista Luis Gasulla: «José López sumó a Adrián Gómez a su equipo al llegar a la Casa Rosada. “Pasaban muchos periodistas de primer y segundo nivel por sus oficinas”, explica la fuente. “Es la única explicación posible de por qué José López estuvo protegido por grandes medios de comunicación en los primeros años de Néstor Kirchner”, asegura el exfuncionario santacruceño cercano a Gómez. La supuesta tarea de Gómez habría sido similar a la de Doris Capurro, según denunció Sergio Schoklender: “Gestionaba la pauta publicitaria en negro con medios y periodistas. Para hablar bien de un funcionario era una cantidad determinada de plata, para no mencionarlo en un escándalo de corrupción, era otra”»[350].

En rigor, la pauta publicitaria oficial se utiliza como zanahoria y látigo. Se da a los medios y a los periodistas complacientes, exitistas o «amigos del campeón»… y se quita a los díscolos, aunque a veces los díscolos también resultan díscolos nada más que para elevar su tarifa a la hora de negociar…

Ejemplo: en diciembre de 2002, el diputado provincial neuquino Jorge Taylor denunció que el entonces gobernador Jorge Sobisch pretendía cubrir vacantes en el Superior Tribunal neuquino con abogados de su confianza. Pero como Sobisch no contaba con los votos suficientes, el entonces vicepresidente primero de la Legislatura, Osvaldo Ferreyra, le ofreció un crédito de 640 000 pesos a Taylor a cambio de que diera quorum. Esto lo difundió el Diario de Río Negro y, como represalia, el gobierno de Sobisch retiró la publicidad que le asignaba. Cinco años después, la Corte Suprema nacional condenó al Estado neuquino. Estableció que un gobierno «no puede manipular la publicidad, dándola y retirándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios», ni tampoco utilizarla «como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión».

Nada nuevo bajo el sol.

En la jerga de la redacción están los «kioscos», las «chacras» y los «chivos», tanto en los medios chicos como grandes. Recuerda Martín Sivak en su libro Clarín. Una historia lo que ocurría en la redacción de ese diario durante los años setenta: «Los chivos de un periodista de Política se hicieron comidilla en el peronismo. Los dirigentes pagaban un plus si la mención se imprimía con negrita o con destacado. Marcos (Cytrynblum, entonces jefe de la redacción) salía a la cuadra (la redacción) y le gritaba, cariñosamente: “Mercenario, ¿podés venir?” […] Otro periodista perdió el puesto porque su pagador llamó para quejarse porque la nota pactada no había salido. En Economía, llamaban “Heidi” a los venales: llevaban un chivo bajo el brazo. Las empresas advertían esta permeabilidad. En 1980, un directivo de SOCMA (holding de la familia Macri) ofreció a un redactor de Economía duplicarle el sueldo a cambio de que vendiera “algunas grageas”»[351].

En su libro sobre Francisco «Capo» Capózzolo, el periodista Daniel Enz reconstruye otro episodio de los años setenta, cuando el empresario urdía un negocio en las islas Malvinas con el apoyo de la dictadura y recibió un llamado de Bernardo Neustadt.

Capózzolo, recrea Enz, «entendió que no podía dejar de llamar al conocido operador periodístico, a quien conocía perfectamente porque todos los meses pasaba a cobrar 20 000 dólares del Banco Tornquist […]. El periodista estaba al tanto de la operación y le faltaban los detalles finales del encuentro en Inglaterra».

—Le cuento, Bernardo, pero no se puede decir, porque se nos cae la operación —⁠le explicó ingenuamente Capózzolo.

—Quédese tranquilo, de mi boca no saldrá una palabra[352].

Ya en los años noventa, el experto Guillermo Laura denunció a la Cámara Argentina de la Construcción por darle 6,5 millones de dólares a la consultora de Marcos Victorica para que «compraran» periodistas y consultores para defenestrar su proyecto para construir autopistas y abogar por la implementación de peajes, algo que Victorica calificó de «falsedades e injurias», ante la consulta de este autor, dentro de algo más amplio que recordó como «muy triste»[353].

En los años noventa, también, el gremialista Armando Cavalieri relató cómo operaba con los medios y cómo compraba favores y silencios de periodistas con dinero de su sindicato —⁠por ejemplo, comprando avisos a cambio de que no se publicara nada más sobre él⁠—, sin saber que la revista Noticias lo grababa con una cámara oculta.

En los años noventa, incluso, dos diputados acusaron a Neustadt de cobrar por debajo de la mesa. Uno fue Luis Saadi, que fijó la cifra en 700 000 de dólares para «modificar la imagen actual de la familia Saadi en Catamarca», en plena hecatombe por el asesinato de María Soledad Morales. El otro, Exequiel Ávila Gallo, quien dijo que le pidieron 5000 dólares solo para aparecer en el programa Tiempo Nuevo[354].

Ya en pleno kirchnerismo, la derrota del gobernador misionero Carlos Rovira en su plan por reformar la constitución provincial en 2006 y habilitar su reelección ilimitada generó un sacudón cuyas secuelas llegaron hasta la Casa Rosada. Acaso por eso, porque en esa contienda electoral muchos se jugaban demasiado, los «roviristas» lo intentaron todo para «cooptar» a los periodistas y medios locales y provinciales… y la oposición salió a seducir, a como diera lugar, a periodistas nacionales…

En la actualidad, ya es un costo político y empresario más. Como ocurre con los dueños de Flecha Bus, los hermanos Guillermo y Raúl Derudder, sobre los que nadie habla mal en Entre Ríos, según el periodista entrerriano Daniel Enz. «Ni los políticos, ni los jueces, ni los periodistas, que todas las veces cedieron de inmediato ante la repentina pauta publicitaria por canje de pasajes. Así de simple y lamentable», sacudió[355].

Si en el oficio hay una ley no escrita que dice que las posibilidades de obtener una entrevista con un personaje «difícil» es directamente proporcional a la liviandad de las preguntas que se prometa plantearle. Y hay periodistas expertos en preguntas triviales…

Algunos incluso son aún más indulgentes. Como Daniel Hadad con Alfredo Yabrán, según denunció el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, de lo cual terminó por retractarse. Pero en sus tiempos de auge y furia, acusó al «Cartero» de pagarle con sobres «bajo mesa» a cambio de protección y silencio, mientras que Luis Majul en su libro Los dueños de la Argentina II reveló otro supuesto acuerdo extrapublicitario con Benito Roggio, de 3000 dólares por mes[356].

Con el paso de los años, sin embargo, Hadad salió airoso de ambas acusaciones, que adjudicó a vendettas políticas o errores de juventud de quienes lo señalaron. En el caso de Cavallo, Hadad lo atribuyó a que fue él quien dio vuelo periodístico al caso IBM-Banco Nación, un escándalo que no terminaba de despegar y que él convirtió en el primer gran escándalo de corrupción que golpeó al núcleo duro del entonces superministro.

El apellido «Hadad», de todos modos, reaparece una y otra vez. «El problema es cualitativo y cuantitativo», contextualizó el director de Perfil, Jorge Fontevecchia, en una columna que publicó en agosto de 2012. «Siempre hubo departamentos de relaciones públicas en las empresas que compraban publicidad con criterios no comerciales, pero el deterioro institucional, que comenzó con Menem, explotó en 2002 y el kirchnerismo elevó y cristalizó, hizo que aquello que antes permitía a un periodista de radio tener su pequeña productora para su programa se convirtiera en empresa, teniendo a Daniel Hadad como el precursor más aventajado a la hora de vender el silencio y protección en forma de “publicidad que pagás y no aparece”, dicho en sus propias palabras»[357].

Ante esos y otros estiletazos similares, Hadad suele recurrir a un latiguillo para definirse a sí mismo. «Soy el tipo más imperfecto de este barrio. Si hay un San Daniel, no soy yo.» Pero es también, según le reconocen hasta sus adversarios, uno de los periodistas devenido empresarios más pragmáticos de la comarca. Y eso le permite sentarse a conversar con Fontevecchia, sin recriminaciones después de aquel texto e intercambiar ideas sobre el futuro en el oficio. Y adelantarle, como lo hizo, que sus sueños televisivos para Perfil chocarían con el Grupo Clarín.

Fontevecchia recordó además que su diario había publicado en septiembre de 2005 «una larga investigación titulada “Caja negra”. Allí se informaba que “el propio Estado utiliza cajas negras para promocionar su gestión”, y desarrollaba en detalle el caso de 27 periodistas que por orden del vocero de De Vido, Alfredo Scoccimarro, debían estar en la pauta publicitaria. La lista la encabezaba Marcelo Bonelli», rememoró.

Sin embargo, Fontevecchia criticó a Cristina Fernández de Kirchner, tras una diatriba de la entonces Presidenta contra el columnista económico del Grupo Clarín. «No es que usted mienta sobre Bonelli. Perfil criticó cuestiones relacionadas con la que usted difundió por cadena nacional. Usted mintió sobre su propio Gobierno, al que mostró solo como víctima de lo que mayoritariamente fue victimario», la desafíó.

Horacio «el Perro» Verbitsky cargó contra otro gigante de los medios, Jorge Lanata, con quien arrastra décadas de fricciones, por un episodio que ambos vivieron en primera persona. «Yo sé que la salida de Lanata de Página/12 no tuvo que ver con Clarín sino con un caso de corrupción que le descubrieron en el diario, y que a raíz de eso le pidieron la renuncia. Lanata vendía notas en el diario, que cobraba a través de publicidad en su programa de radio; y le pidieron la renuncia por eso»[358].

Un alto ejecutivo periodístico de Página/12 confirmó los dichos de Verbitsky ante la consulta de este autor, que también contactó a Lanata. «Ese es un delirio más del “Perro”. Ya conté varias veces por qué me fui del diario. Decidí irme tras una reunión que tuvimos varios jefes de la redacción en un bar frente a la Manzana de las Luces en la que nos confirmaron que había un “acercamiento” de Clarín para quedarse con Página. Yo me opuse y fui el único que me fui. Pero no me echaron ni nada por el estilo, si durante un año más escribí las contratapas del diario», para luego recordar que tras su salida de Página/12, la relación laboral con Verbitsky continuó en el programa televisivo Día D.

También el exejecutivo del JP Morgan, Hernán Arbizu, cargó contra Lanata, antes de ser extraditado a Estados Unidos, donde lo requerían por delitos cometidos contra el banco para el cual trabajaba. Contó que mientras resistía en Buenos Aires se reunió con un fiel ladero de Néstor Kirchner, Juan Manuel Campillo, quien le comentó que lo buscó «por pedido de una figura política de alto nivel dentro del kirchnerismo. El Gobierno, como todos los gobiernos en Argentina, trabajaba con servicios de Inteligencia y operadores judiciales que siguen en silencio la marcha de todas las causas que resultan de interés. Campillo blanqueó que su caso debía tener una repercusión más fuerte, positiva y direccionada en la prensa. A mediados de 2008, el diario Crítica de la Argentina era una opción», les contó Arbizu a los periodistas Ignacio Chausis y Leandro Renou, autores del libro Morgan Papers[359].

«Me pidieron que hables con un periodista que es de nuestra confianza», les dijo Arbizu que le comentó Campillo. «Minutos después, Arbizu se puso en contacto con Jorge Lanata, quien dirigía el matutino».

Otro atisbo de la escabrosa dinámica Políticos & Periodistas la aportaron Mauricio Macri y Fernando Niembro, quien recibió más de 21 millones de pesos en contrataciones directas a través de más de 170 contratos que no se publicaron en el Boletín Oficial o a través del decreto 556/2010, previsto para gastos de «imprescindible necesidad». Cobró para prestar servicios que la sociedad «La Usina Producciones» no incluía en su objeto social, lo que derivó en una investigación penal, su sobreseimiento en primera instancia y su revocación de la Cámara del Crimen, que ordenó continuar la investigación sobre esos contratos que fueron de 2012 a 2015. Años en los que Niembro elogió y entrevistó a Macri, que a su vez lo definió como su «mejor entrevistador».

Majul cargó, por su parte, contra «la doble moral» de Víctor Hugo Morales y expuso los supuestos «gastos de publicidad» de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) durante el kirchnerismo, apoyado en los recuerdos de un exfuncionario, Torcuato Sozio: «Los gastos de publicidad de la Superintendencia eran una vergüenza. Planillas de 30 000, 40 000, 50 000 pesos para conductores de radio que lo que menos hacían era informar sobre los servicios o la función de la superintendencia. Reconocidos periodistas de medios gráficos como Página/12 facturando miles de pesos a su nombre, y a cambio de nada»[360].

Página/12 le devolvió la gentileza a Majul, en diciembre de 2015, en un artículo titulado «El esquema Niembro para hacer negocios». Detalló que el gobierno de Macri benefició a su productora, La Cornisa, con 324 contrataciones directas por un total de 13,6 millones de pesos entre 2008 y 2015, algunas incluso para actividades que no estaban previstas en la constitución societaria, como producción de eventos y reparto de volantes[361].

En agosto de 2017, sin embargo, la Justicia determinó que la productora de Majul sí firmó 327 —⁠y no 324⁠— contratos de publicidad con distintas áreas del Gobierno porteño, pero que «ninguno de los puntos denunciados constituye delito y, ciertamente, algunos de ellos ni siquiera han existido, como la supuesta contratación para el reparto de volantes»[362].

Majul anunció entonces que demandaría por daños y perjuicios a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al diputado nacional Rodolfo Tailhade, a los dueños de C5N —⁠Cristóbal López y Fabián de Sousa⁠— y de Página/12 —⁠Víctor Santamaría⁠— a Luis D’Elía, a Cynthia García —⁠«la operadora que ofrecía las fotos de Nora Dalmaso (sic) al mejor postor»⁠— y a Roberto Navarro. «Por publicar y reproducir información falsa y acusarme de corrupto», dijo, lo que concretó contra Página/12, C5N, García y Navarro, mientras al cierre de este libro daba los últimos pasos para demandar a Tailhade.

Más notable aún es la relación de amor-necesidad-recelo entre los políticos y Marcelo Tinelli, quien es mucho más que uno de los referentes de la televisión argentina del último cuarto de siglo. Empresario, dirigente de fútbol, ¿candidato político en un futuro cercano?, Tinelli mantiene una compleja interacción con los políticos, que son capaces de ofrecerle todo (y más) por aparecer unos segundos en su programa, en las vísperas de un domingo con urnas. ¿O acaso alguno olvidó que Carlos Menem cerró su campaña por la reelección de 1995 en Videomatch? ¿Y a Francisco «Alica, Alicate» De Narváez en 2009?

Tinelli, por supuesto, juega su juego. Exsocio de Hadad en la génesis de Radio Diez con el grupo Auditas, proyecto del que se abrió, durante el kirchnerismo ambicionó con quedarse con «Fútbol para Todos». Cerca estuvo, pero quedó a un paso. Acaso por eso sacudió al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, imitado por José María Listorti. O tildó de «actriz frustrada» a la saliente presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La ex Presidenta también podría contar lo suyo. Como cuando allá por 1996, la revista El Parlamentario la eligió como legisladora del año, pero la publicación quedó envuelta en las sospechas sobre el supuesto arreglo de ese reconocimiento. Entre otros motivos, porque el gobierno de Santa Cruz compró 1000 ejemplares de la revista y cuando entregó la factura para demostrar que nada había ocurrido por debajo de la mesa… la fecha de ese comprobante era anterior a la fecha de publicación de la nota anunciándola como «diputada del año»[363].

Ese mismo año, Fernando de la Rúa protagonizó un incidente. Unas escuchas ilegales expusieron como su esposa y dos amigas viajaron a Miami invitadas por un concesionario porteño que quería renovar su licencia. ¿Quién tenía esas grabaciones? Hadad, quien le avisó a Miguel de Godoy, por entonces vocero del entonces jefe de Gobierno y le habría sugerido que todo podía arreglarse, lo que De la Rúa definió como «espionaje gangsteril»[364].

Para Hadad, sin embargo, todo se trató de una confusión, lo que repitió todas las veces que fue necesario y ante quien quisiera escucharlo. «De la Rúa salió a atacar a la persona equivocada. Porque vinieron a ofrecerme esas escuchas, pero yo no me meto con la familia de nadie. Después fue otro medio el que las publicó, no yo», rememoró.

Hadad protagonizó otro episodio opaco durante el gobierno de la Alianza. Vinculó al entonces vicepresidente «Chacho» Álvarez con Vilma Ibarra en la tapa de su revista La Primera cuando el político aún estaba casado con Liliana Chiernakowsky, lo que Álvarez interpretó de inmediato como una operación de Inteligencia[365].

En este caso, Hadad sí suele mostrarse algo más crítico. Si le preguntan, retruca que en aquellos tiempos, él estaba demasiado concentrado en su aventura radial y demasiado desentendido de lo que publicaba o dejaba de publicar su revista La Primera. «No era mi fuerte», suele replicar. «Si fue una operación, no la hicieron conmigo. Acaso con algún periodista de la revista», sin tomar en consideración que la ciudad de Buenos Aires apareció empapelada con afiches de la tapa de esa revista, que mostraba a Álvarez entre Ibarra y Chiernakowsky.

Los Kirchner podrían contar, también, sus vivencias con la prensa que los aduló mientras tenían poder… y los martirizó cuando iniciaron su ocaso. Por eso la revista Noticias publicó una tapa, en junio de 2003, sobre la «Oficialitis», que definió como «la nueva enfermedad de periodistas» transcurrido apenas un mes de la asunción de Néstor Kirchner como Presidente, término que el legendario director del Buenos Aires Herald, Robert Cox, reiteró en octubre de 2017, para aludir al mismo fenómeno pero con otro presidente, Mauricio Macri[366].

En suma, la operatoria prensa-poder incluye múltiples variantes:

Político o empresa paga a periodista por silencio.

Político o empresa paga a periodista por cobertura positiva.

Político o empresa paga a periodista por cobertura negativa de político o empresa rival. ¿Ejemplo más básico? Cuando comienza a circular la versión sobre «la posible salida de» tal o cual empresario, y el supuesto renunciado debe salir a aclarar que no piensa irse a ningún lado y reconstruir quién pudo hacerle la trastada.

Periodista aprieta a político o empresa por cobertura positiva.

Periodista aprieta a político o empresa por su silencio.

Periodista aprieta a político o empresa por un negocio propio.

¿Cuánto vale para un empresario que vive de las exportaciones, por ejemplo, que varios periodistas de renombre martillen día y noche, por los diarios, por las radios, por la tele abierta y de cable, por los portales.com y por las redes sociales que el dólar, por ejemplo, está demasiado bajo y que se viene una devaluación del peso?

Por eso, no deberían sorprender los nueve documentos que revelaron referentes sociales, ambientalistas, ONG y legisladores porteños opositores al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en mayo de 2018. Nueve documentos con supuestos planes para «blanquear» la propuesta oficial de incineración de basura y manipular la información pública, además de listas negras de dirigentes y periodistas para interferir en el debate de la reforma. En una planilla, por ejemplo, a un periodista lo calificaron como «amigo de la casa», a otro como «columnista de diversos medios públicos por lo que es posible que acepte hablar del tema», a otra más como «amiga» e incluso sobre un cuarto indicaron que «habrá que ver si acepta cambiar (o morigerar) su posición a cambio de algún acuerdo de pauta para sus medios».

Clink, caja.

En términos cuantitativos, hay pocos datos certeros sobre la situación de la ética periodística general, aunque los indicios ofrecen un panorama desolador. El 91 % de los casi 1000 periodistas encuestados en 2011 por la consultora CIO para el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) respondió que conocía conductas antiéticas de sus colegas[367].

Esa misma encuesta detectó un problema subyacente: los periodistas cobraban salarios paupérrimos que obligaban a la mitad de los encuestados a tener un segundo empleo. En ciertos casos porque las empresas periodísticas no podían pagar mejores salarios (y menos pueden ahora, siete años después); y en otros casos, porque padecían un fenómeno que en el oficio se conoce como la «privatización», «tercerización» o outsourcing de los salarios. Es decir, que la empresa X paga bajo salarios y mira para otro lado mientras el empleado, chapeando con que trabaja para X pasa la gorra entre políticos, empresas o, en el caso de la sección Deportes, técnicos, dirigentes y representantes de jugadores de fútbol.

El socio de Niembro en «Usina Propiedades», Alberto Atilio Meza, también podría aportar múltiples anécdotas sobre la relación prensa y poder, según afirmó Verbitsky, en septiembre de 2015. «Funcionarios ministeriales recuerdan que Meza usaba al chofer para enviar sobres a radios y canales de televisión y dicen que le temían porque andaba siempre armado y no competía por los premios al mejor compañero o a la simpatía», lanzó el «Perro» sobre Meza, quien trabajó como asesor de Gabinete del entonces superintendente general de la Policía bonaerense, Hugo Matzkin, como jefe de prensa de Ricardo Casal en el Ministerio de Justicia y en el Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense con Scioli[368].

Muchos años atrás, el pago con fondos públicos a periodistas argentinos amagó con salir de los sótanos y quedar expuesto, por completo y a la vista de todos en Estados Unidos.

Ocurrió en 2006, cuando una pelea entre exsocios incluyó acusaciones detalladas sobre cómo ambos habían sido contratados entre 1999 y 2000 como asesores por el entonces jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Fernando de Santibañes y difundieron información falsa, extorsionaron a periodistas que cobraban sobres de la SIDE y organizaron operaciones contra el expresidente Carlos Menem.

Eso y más quedó volcado en la demanda que Mattie Lolavar, exsocia del polémico asesor de comunicación política de Bill Clinton, Dick Morris, presentó ante una Corte de Virginia. Lo acusó de «ruptura de contrato, difamación y conspiración», y que al principio asesoró al gobierno de Fernando de la Rúa en el escándalo de las coimas en el Senado. Pero que ya en Buenos Aires, también le encomendaron tareas ilícitas y allí comenzaron, según ella, los disensos. Se negó a seguir esas órdenes, dijo, y acaso por eso le adeudaban 235 000 de los 300 000 dólares acordados.

«Entre otras acciones, le ordenaron contactar a la SIDE y obtener una lista de periodistas que aceptaban coimas de esa organización para dañar la credibilidad de esos mismos periodistas que informaban sobre el escándalo de sobornos que rodeaba a Santibañes y al presidente De la Rúa, así como también le requirieron que difundiera información falsa a la prensa en relación con el rival político de De la Rúa, Carlos Menem», resumió un dictamen de la Corte de Apelaciones de Virginia.

«La Corte de Virginia ratificó que no tengo un carajo que ver en esto», replicó De Santibañes, en aquel momento, por medio de un allegado ante la consulta de este autor. Pero evitó confirmar o refutar las acusaciones que apuntaban contra sus excontratados. «Que Lolavar siga su pelea contra Morris o cualquier otro, pero queda claro que yo no tengo nada que ver», insistió dos veces.

En la Argentina, la investigación judicial para determinar si De Santibañes había malversado caudales públicos al pagar con fondos públicos a Morris y Lolavar terminó en una vía muerta. El juez federal Jorge Urso dictó el sobreseimiento de Santibañes y de Morris tras concluir que las pruebas eran insuficientes y que no se había comprobado un delito. En febrero de 2003, la Cámara Federal revocó un primer sobreseimiento y ordenó la reapertura de la investigación, al coincidir con el entonces fiscal instructor, Oscar Amirante, que faltaba profundizar varias pistas. Pero la causa nunca caminó.

En Estados Unidos, tampoco. Lolavar obtuvo un resarcimiento monetario de otra demandada, Ikon Holdings, pero su ofensiva contra Morris languideció con el paso de las semanas y de los meses. Tal y como si hubiera sellado un acuerdo extrajudicial a cambio de su silencio tras haber concedido una entrevista en la que mostró algunas de sus cartas.

—Santibañes dijo que tenía una lista de 200 periodistas que cobraban fondos de la SIDE durante el gobierno de Menem. Nos dijo que él había sacado a mucha gente de esa lista y había agregado a otros —⁠contó Lolavar.

—¿Tiene copia de esa lista? ¿Recuerda algunos nombres? —⁠le preguntó este autor.

—Nunca nos mostró esa lista, pero él dijo que incluía periodistas de los principales diarios y revistas, de Clarín, de La Nación, de Página/12, de Gente. Nos dijo algunos nombres, pero no los recuerdo. Pasaron seis años y no hablo español, sería difícil.

—¿El Gobierno intentó contactarla después del escándalo?

—Un periodista argentino decía que quería tomar un café conmigo, saber qué podía contarle de De Santibañes y la SIDE. Resultó que al final trabajaba en el área de comunicación de la embajada argentina en Washington y, al parecer, cobraba de la SIDE. Se encargó de hablar mal de mí con distintas empresas que buscaban referencias sobre mi trabajo.

A través de su abogado, Lolavar prometió incluso que buscaría en sus archivos la lista de periodista que recibían sobres de la SIDE. Pero de un día para el otro dejó de impulsar su demanda contra Morris y no contestó más los llamados de este autor.

Antes y después, las sospechas acerca de «sobres» para periodistas rodearon a la ex SIDE. Desde los tiempos de Menem y hasta la actualidad, con Mauricio Macri, pasando por todos los ocupantes de la Casa Rosada: De la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, quienes siempre lo negaron, es justo aclarar, de manera furibunda.

Por arriba de los sótanos, esos mismos presidentes recurrieron al reparto discrecional de la publicidad oficial como una forma más sofisticada —⁠y por momentos arbitraria⁠— de definir premios y castigos con prescindencia del rating, la circulación o el «share» de la audiencia, o el apego a una política pública basada, por ejemplo, en la decisión de apoyar el desarrollo de medios pequeños e independientes o del interior del país:

Entre 2009 y 2015, los diez grupos de medios más beneficiados fueron Veintitrés (Szpolski-Garfunkel, con 814,9 millones de pesos), Albavisión-Canal 9 (Remigio González, 384 millones de pesos), Telefé (Telefé, 331,1 millones de pesos), Uno (Vila-Manzano, 311,1 millones de pesos), Página/12 (248,1 millones de pesos), Grupo Clarín (219,4 millones de pesos), Grupo Indalo (Cristóbal López, 158,6 millones de pesos), Grupo Crónica (Olmos, 140,3 millones de pesos), Diario Popular (Fascetto, 139,7 millones de pesos) y Ámbito Financiero (Orlando Vignatti, 106,6 millones de pesos)[369].

Al cabo del primer año de gobierno de Mauricio Macri, el listado registró cambios cualitativos. Primero quedó el Grupo Clarín (519 millones de pesos), luego Telefé (ya en manos de Viacom, 171,5 millones de pesos), Grupo Indalo (165,9 millones de pesos), Grupo América (Vila-Manzano, 133,4 millones de pesos), S. A. La Nación (118,7 millones de pesos), Grupo Crónica (107,9 millones de pesos), Albavisión-Canal 9 (65 millones de pesos), Radio y TV Argentina (57,4 millones de pesos), Diario Popular (53,1 millones de pesos) y Google (48,5 millones de pesos)[370].

Ya en el primer semestre de 2018, los números cambiaron otra vez. El Gobierno gastó 654 millones de pesos en publicidad oficial durante los primeros seis meses del año; es decir, 60 % menos respecto al mismo período del año anterior, cuando se iniciaba la campaña para las elecciones legislativas. ¿Lo más curioso? Mientras que la mayoría de los medios registraron una baja de ingresos por publicidad acorde a ese recorte, el canal C5N —sin contar al resto del Grupo Indalo de Cristóbal López y Fabián de Sousa— subió de 5 millones a 9,44 millones de pesos; y Página/12 —también sin contar al resto del Grupo Octubre—, de 3,2 millones a 9,66 millones de pesos[371].

Porque cuando del mundo de la comunicación se trata, la dinámica excede a los periodistas y también abarca a los medios de comunicación y a sus dueños, aunque algunos prefieran olvidar tiempos pasados, del mismo modo que prefieren callar incómodas realidades presentes.

Porque no son pocos los funcionarios de extrema confianza del presidente Mauricio Macri, sin ir más lejos, que se quejan de las prácticas «extorsivas» de muchos empresarios de medios, tanto de la ciudad de Buenos Aires como del interior del país, del mismo modo que deslizan que el poderoso dueño del Grupo Clarín, Héctor Magnetto «ya no pide; ahora exige» todo aquello que pretende obtener.

Nada distinto, según los memoriosos, de la impronta que ya mostró Magnetto en los años ochenta, en una de sus reuniones con el entonces presidente Raúl Alfonsín. Según el recuerdo de dos testigos, el jefe de Estado quiso lisonjear al factótum del Grupo Clarín reconociendo su plusvalía como «cuarto poder de la República» y chocó con una respuesta inesperada, planteada sin soberbia, sino como una realidad evidente. «No, Presidente, nosotros somos el primer poder».

Curioso. Porque si esa anécdota la cuentan desde el círculo íntimo de Alfonsín, los menemistas de paladar negro cuentan un episodio similar. Dicen que Carlos Menem en un momento le preguntó a Magnetto si acaso él quería ser Presidente. «No. Ese es un puesto menor», le adjudican la respuesta. Y Cristina Fernández de Kirchner le enrostró otra similar. «Para qué quiero ser Presidente si donde estoy tengo más poder»[372].

Eso pudo ocurrir, sí, pero con una salvedad, según le reconocen a Magnetto algunos de sus críticos actuales. Cuando los gobiernos de Menem y de los Kirchner lo tentaron con el oro y el moro a cambio de su apoyo a la reelección ilimitada de unos y otros, el cerebro del Grupo Clarín se negó. «En otros aspectos no, pero en eso aún tiene límites cívicos», le remarcó uno de sus más acérrimos rivales empresarios de medios de las últimas dos décadas a este autor.

También hay que recordar, antes de que algunos kirchneristas, hoy en la oposición, se rasguen las vestiduras, que hubo un tiempo en que Néstor Kirchner y Magnetto almorzaron juntos en la Quinta de Olivos y «administraban los beneficios» que cosechó el Grupo Clarín, cuyo diario le ofreció durante años a la Casa Rosada el 86 % de sus tapas con un tono positivo o neutro y apenas el 14 % negativo, aunque el entonces Presidente soñaba con tejer mucho más que una relación cordial. Junto a varios empresarios —⁠Jorge Brito, los Werthein, Daniel Vila, Julio Ernesto «Ernéstor» o «Esnéstor» Gutiérrez Conte, ¿Hadad?, entre otros⁠— llegó a discutir cómo podrían entrar en el holding, valuado entonces entre 3,5 y 4 millones de dólares[373].

El plan de Kirchner era conformar un triángulo de poder (medios-jueces-sindicatos) con él ubicado en el centro y con nombres propios en cada vértice: Magnetto, Comodoro Py y Moyano.

«Kirchner quería ser amigo de Clarín y por eso le entregó Cablevisión», lanzó José «Pepe» Sbattella en 2009, tras renunciar a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). Lo dijo después de perder su pelea con el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y antes de volver al poder, un año después y tras la pelea del Gobierno con Clarín, como titular de la Unidad Antilavado (UIF), donde armó un «grupo de tareas» abocado a investigar al multimedios y otros enemigos del kirchnerismo[374].

También es bueno recordar que Sergio Szpolski prestó sus medios para operaciones de Inteligencia. Como cuando el fiscal Alberto Nisman denunció por supuesta traición a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, apareció muerto antes de declarar en el Congreso y desde los cloacas comenzaron a filtrar datos y fotos sobre la vida privada del fiscal, sus gustos nocturnos, sus preferencias sexuales, y empapelaron la ciudad de Buenos Aires con esas porquerías. No solo eso. También se difundió la versión de que la noche de su muerte estaba alcoholizado y que retenía un porcentaje del salario al menos de uno de sus empleados, el informático Diego Lagomarsino, a su vez dueño del arma con que murió.

Szpolsky, bien vale recordar, socio en el Grupo Veintitrés de Matías Garfunkel, un bon vivant de mujeres llamativas, mansiones y ostentación, pero también de amenazas, investigaciones por presunto lavado en Italia y en la Argentina, amigo del ¿ex?, agente de la CIA, Frank Holder, acusaciones de vaciamiento, contrabando, peculado y evasión de aportes previsionales, además de embargos, custodios, accidentes, operaciones de Inteligencia, autoexilio «forzado» en Miami y sueños de retorno[375].

¿O acaso Szpolski ya olvidó que en 2003 le pidió al entonces interventor del Comfer, Julio Bárbaro, que le comunicara al flamante presidente Kirchner que él podía ser «su mejor testaferro en los medios»?[376]

¿O acaso Szpolski también ya olvidó que de la mano del exnúmero dos de la SIDE durante la gestión de la Alianza, Darío Richarte, coequiper del operador judicial Javier Fernández, sumó a su Grupo Veintitrés a Juan José Gallea, quien manejó los fondos reservados de los espías en tiempos en que habrían ocurrido las «coimas en el Senado»? Gallea, el mismo que volvió a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) con Cambiemos[377].

¿O acaso Szpolski olvidó también que su relación con Javier Fernández terminó horrible, con deudas impagas que tres cartas-documento no lograron revertir, pero sí el mensaje de que debía aparecer el dinero, rápido, o lo mandarían matar?

¿O acaso Szpolski ya olvidó que, junto a Garfunkel, sus empresas llegaron a emitir 1258 cheques sin fondos —⁠de los que no levantaron 481⁠— desde sus cuentas en el Banco Macro, de Jorge Brito, sin que la entidad les bloqueara sus operaciones?

¿O acaso Szpolski ya olvidó cómo utilizó sus medios contra Marcelo Tinelli, Hadad y muchos más?

Porque Hadad también la pasó mal cuando discutió con la entonces presidenta Cristina Fernández por defender a Marcelo Longobardi y toda la maquinaria estatal y paraestatal kirchnerista avanzó contra él y solo se detuvo cuando le vendió sus medios a Cristóbal López por 49 millones de dólares. Hasta que entregó la joya preciada, afrontó retrasos en los pagos de la pauta oficial y el consiguiente ahogo financiero, la retención de mercaderías en la Aduana, el incendio de una torre de transmisión, visitas poco amistosas de policías y aduaneros a la medianoche, varias inspecciones integrales de la AFIP de Ricardo Echegaray y hasta ráfagas de ametralladora, entre otras sutilezas[378].

¿O acaso Szpolski ya olvidó cómo sus revistas 7 Días y Veintitrés se utilizaron durante meses para hostigar al juez en lo Penal Tributario, Javier López Biscayart, mientras investigaba el «caso Skanska» con operetas aportadas por la ex SIDE?

Por entonces, López Biscayart era un recién llegado al Poder Judicial. Había ingresado como juez en 2003 tras varios años en el ejercicio privado de la profesión. Tan novato era que, por ejemplo, dejó asentado en otro expediente por facturas «truchas» y sospechas de coimas —⁠en aquel caso, a funcionarios de la AFIP⁠— que había recibido la «visita» de dos «funcionarios de la Secretaría de Inteligencia» (ex SIDE) para expresarle «un supuesto interés del Presidente de la Nación» por esa pesquisa.

Esa otra causa venía del fuero federal y, le indicaron, era «manejada» por la SIDE porque Kirchner quería que continuara por la misma senda investigativa que hasta entonces había registrado en Comodoro Py. Es decir, la nada misma. Los emisarios le comunicaron algo más: el jefe operativo de «la Casa», Antonio Horacio «Jaime» Stiuso quería conocerlo.

Pero en los tiempos que corren, bueno es remarcarlo, a menudo jueces y fiscales le temen más al daño reputacional que puede causarles la trituradora mediática que a la ex SIDE, aun cuando los espías puedan carpetear, apretar o envenenar, acaso, al perro ovejero alemán de López Biscayart, que debió sacrificarlo. Se llamaba «AFIP».

¿Será por eso que el Papa Francisco convocó a Roma al juez federal Sebastián Casanello, al que de un lado acusaban de «tortuga» y del otro le enrostraban que se dejaba presionar?

«Yo sé que ustedes sufren presiones, sufren amenazas de todo tipo, y sé que hoy día ser juez, ser fiscal es arriesgar el pellejo y eso merece un reconocimiento a la valentía de aquellos que quieren seguir siendo libres en el ejercicio de su función jurídica», le dijo el Papa, según la prensa italiana, a mediados de 2016, y se sacaron una foto juntos, «con la certeza de que “seguiría siendo calumniado desde las usinas de los servicios de Inteligencia para apartarlo de las causas que preocupan al poder”»[379].

En cuanto a los periodistas —no ya los medios⁠—, la pauta oficial de 2009 a 2015 mostró ciertas tendencias sintomáticas. Figuraron las productoras de Roberto Navarro (14,7 millones de pesos); Mauro Viale (13,8 millones de pesos); Jorge Rial (13,3 millones de pesos), Antonio Francisco Novas (Grupo Szpolski-Garfunkel, con 7 millones de pesos) y Javier Carlos «el Profe» Romero (4 millones de pesos), entre otros[380].

El reparto cambió por completo durante los primeros dos años presidenciales de Macri. Giró casi 6 millones de pesos a las productoras de ciclos periodísticos, señales de cable y webs personales de Luis Majul (La Cornisa Producciones, 2,2 millones de pesos), Joaquín Morales Solá (JMS y Asociados S. A., 1,1 millones de pesos), Alfredo Leuco (L y M Producciones SRL, 940 000 de pesos), Luis Novaresio (Comunicación Publicitaria SRL, 830 000 de pesos) y Marcelo Longobardi (LRH Producciones S. A., 750 000 pesos), entre otros[381].

¿El reparto de publicidad oficial implica necesariamente el silencio cómplice o la buena voluntad del medio o del periodista? No. Eso depende de la línea editorial y de la ética propia de cada medio o periodista.

¿El reparto de publicidad oficial implica necesariamente que quien distribuye ese dinero busca ese silencio cómplice o esa buena voluntad del medio o del periodista? Tampoco. Eso también depende de los criterios y de la ética de cada funcionario o área de gobierno.

Porque los grandes profesionales del periodismo son eso: grandes profesionales, ejemplos de honestidad, contracción al trabajo y seriedad. Pero hay algunos cuyo mejor trabajo es aquel que nunca salió al aire, ni se publicó jamás… pero les permitió apretar y recaudar. Tal y como ocurre con ciertos legisladores, cuyos mejores proyectos nunca fueron ley… pero también les permitió apretar y recaudar.

«Muchos periodistas mantienen un sano espíritu crítico y un saludable instinto de investigación», dividió las aguas uno de los columnistas dominicales del diario La Nación, Jorge Fernández Díaz. «Pero otros colegas, que recibían bajo la mesa dinero del justicialismo y a quienes no solo se les cortó el chorro, sino que además se les redujo la pauta publicitaria, se preguntan dos o tres veces al día por qué pensar en el país, si el país no piensa en ellos. Somos tan argentinos»[382].

La misma confusión se repite entre los anunciantes.

Múltiples empresas y empresarios creen que comprar espacios para publicidad en un medio de comunicación, programa de tele o de radio, website o blog de un periodista conlleva comprar el silencio cómplice o la buena voluntad del periodista o del medio, del mismo modo que creen que contratar un vocero externo o lobista o «bolsero» les garantizará el silencio mediático. Falso. Aunque a menudo esos mismos operadores son los que alimentan ese engaño, llegan a decir frases como «yo controlo a 400 periodistas» y les sacan fortunas al pagador que cree, ingenuo, que son para el medio o el periodista, pero que en realidad nunca llegan a ese supuesto destinatario sino que quedan en el bolsillo del intermediario.

Otras veces, sin embargo, eso sí ocurre. Hay periodistas que cobran para decir que llueve cuando brilla el sol. O para hablar de cualquier otro tema salvo de la incómoda noticia que afecta a quien libró el cheque. O para atacar al político o juez o fiscal o medio o periodista que dejó mal parado al pagador, en una táctica tan antigua como la humanidad. Se llama argumentación ad hominem.

El objetivo es sencillo: que se hable de otros temas; y si es imposible, al menos «matar al mensajero». Saben que en tiempos de posverdad, grieta y tribalismo, las audiencias creerán aquello que quieran creer y buscarán cualquier dato o excusa para defenestrar la información que las incomode.

¿Ejemplo foráneo?

Cuatro de cada 10 republicanos consideran que la información que muestra de manera negativa a un político o grupo político es siempre un invento, una fake news, según un estudio que difundió Gallup-Knight Foundation en enero de 2018.

Más aún, casi la mitad (46 %) de los votantes estadounidenses creen que los medios de información fabricaron noticias sobre Donald Trump y su gobierno, de acuerdo a un estudio de Politico/Morning Consult de octubre de 2017. Entre los republicanos, tres de cada cuatro así lo creen.

Lo mismo ocurre en la Argentina.

¿Quién considera que es, en última instancia, el responsable de la situación actual?, le preguntaron las consultoras D’Alessio IROL y Berensztein a 1077 mayores de edad de todo el país, en mayo de 2018, cuando despuntaba una corrida cambiaria, en un contexto de inflación y retorno al Fondo Monetario Internacional (FMI)[383].

El 68 % de quienes votaron a Cambiemos en el balotaje de 2015 responsabilizó al kirchnerismo; el 14 % responsabilizó por partes iguales a Cambiemos y al kirchnerismo y el 18 % restante al Gobierno actual.

Por el contrario, entre quienes votaron al Frente para la Victoria (FPV) en la segunda vuelta electoral de 2015, solo el 9 % responsabilizó al Gobierno anterior, apenas 8 % repartió las culpas por partes iguales y el aplastante 83 % señaló a la gestión de Mauricio Macri.

La tendencia es a leer, escuchar y mirar aquello que reforzará las creencias previas y a desechar o incluso defenestrar el resto. Y aquellos que pagan y los periodistas que cobran, lo saben.

Claro que no todas las empresas, ni empresarios piensan así.

Pero muchas sí.

Como Odebrecht.

Pagó a periodistas por su silencio o incluso por su cobertura favorable, tanto en Brasil, como en otros países. Entre ellos, Perú. ¿Y la Argentina?

¿Por qué? ¿Para qué?

Porque la premisa general del gigante brasileño era, en primer lugar, esquivar a la prensa como a la peste. Su objetivo primordial era jamás aparecer en los medios, ya fueron relevantes o pequeños portales de Internet dedicados a chantajear. Y si eso era imposible, entonces pagaban para que se hablara de la empresa del mejor modo posible.

Porque muchos, demasiados, políticos y empresarios se mueven basados en estas 10 leyes no escritas de la comunicación:

Como Jano, muévete con dos rostros. Uno, para seducir a los periodistas, elogiándolos (diles incluso que su labor es un servicio a la República). Porque el culto al ego por lo general funciona; en especial si el periodista se creyó ese personaje en el que se convirtió. Pero si eso no funciona, recurre a tu otro rostro.

La «familia»: apela al dolor que la publicación puede causar en tu familia, en tus seres queridos; recuerda que estás allí como funcionario para servir a la Patria. Incluso dile al periodista que estás sacrificando parte de tu patrimonio porque tu salario es más bajo que tus ingresos previos en el sector privado; y anticípale, de ser necesario, que estás tan harto del desgaste propio de la función pública que evaluás irte, aunque temes que aquel que te reemplace seguramente sea peor.

Martes 13: invocá a los fantasmas pasados; planteale al periodista que con su trabajo alimenta que vuelvan los anteriores gobernantes, que fueron peores. Como los alfonsinistas, cuando presionaban a los periodistas con que podían volver los militares; o como los kirchneristas, que apelaban al colapso de 2001-2002; o el actual Gobierno, invocando el fantasma del retorno K. (Recurso muy útil si el periodista sufrió con el gobierno anterior, pero ineficaz si el periodista considera que los de ahora mantienen prácticas similares a las anteriores).

El acupunturista: si las anteriores técnicas no sirven, busca al editor, jefe de redacción, director o accionista del medio de comunicación donde trabaja el periodista y «opera». Que ese interlocutor funcione como el punto exacto donde el acupunturista inserta su aguja y bloquea la molestia.

El esquí: como el buen esquiador en el slalom, esquiva a los periodistas molestos y recurre a los amigos (incluso del mismo medio) para una cobertura más benigna, aunque esta técnica conlleve un riesgo: cuanto más esquives o silencies, más aumentará la sospecha de que algo ocultas.

Amigos son los amigos: si un periodista te pregunta algo incómodo, dile que volverás a llamarlo. Entonces busca a un amigo suyo entre todos los voceros, lobistas y prenseros para que sea él quien lo llame, busque limar asperezas, le hable bien de vos o ruegue clemencia. ¿El riesgo? Como es una técnica muy usada, ya está desgastada. ¿Sugerencia? Debe llamarlo alguien inesperado y que su abordaje sea el más elíptico posible.

Dejala picando: nada es más eficaz que plantear una duda; ergo, si te cruzas con un jefe del periodista en el teatro, en un restaurante o en el club house de un country durante el fin de semana, no despellejes al periodista; basta con que siembres una duda, ambigua y no explicitada. Que sea como la gota que horada la piedra.

Pauta: usa el dinero del Estado para alimentar prenseros oficialistas y ralear periodistas críticos; es una técnica muy eficiente en tiempos recesivos o en una economía donde conviene más ser empleado público o depender del Estado que trabajar en el sector privado.

Redes sociales: los ataques personales y directos en las redes sociales son burdos y contraproducentes; para eso están los trolls y los tuiteros que son más papistas que el Papa. Pero recurrir a las redes sociales para enchastrar, desgastar, ridiculizar o demoler a un periodista solo resulta útil en la medida que se use con la experticia suficiente; si no, puede obrar en contra de quien quiere ocultar información.

Haz como Olaf, el Vikingo: siempre recuerda los tres consejos que el recordado personaje de historieta le dio una vez a su hijo: «Nunca pidas por favor»; «nunca pidas perdón» y… «que nunca te alcancen». Porque si aplicas las reglas anteriores, más vale que siempre conserves el poder, porque el periodista te estará esperando…

9

Cómo las fuerzas de seguridad «regulan» el delito

La mala policía no previene, ni reprime el delito. Como el buen judoca, lo utiliza a su favor, se beneficia de las actividades ilícitas, recauda para sí y para los superiores de la fuerza y de la política y, de ser necesario, se encarga de ocultar evidencias, coordinar el encubrimiento, entorpecer o desviar las investigaciones sensibles y silenciar ruidos molestos provenientes de los sótanos. Porque si algo sale mal, las fuerzas de seguridad sirven de cortafuego. A veces, brutal.

Las comisarías se licitan.

No siempre y no todas, pero se licitan.

Digamos que se encuentra vacante la comisaría 1.ª de La Plata, una de las más apetecibles de la capital de la provincia de Buenos Aires. Abarca la zona céntrica y comercial de la ciudad, con boliches, cervecerías, el Teatro Argentino, residencias de buen nivel, bulines y, de yapa, múltiples organismos públicos. Es, por tanto, una zona en la que se puede recaudar mucho del juego, la prostitución, el narcomenudeo y varios rubros más.

Comienza, entonces, la puja entre los oficiales deseosos de liderar esa comisaría. Y el que ofrece más dinero a la Jefatura —⁠que suele ser una mensualidad, pero incluye en ocasiones un pago «upfront»⁠— gana.

Digamos, pues, que el comisario ganador ofreció pagarle un millón de pesos por mes a los jefazos. Entonces todos los meses deberá recaudar esa suma, más lo que pueda para él.

Eso implica, pues, que todos los meses él y su tropa de confianza deberán pasar la gorra entre los narcos y proxenetas, los quinieleros ilegales, los «trapitos», los vendedores ambulantes, los dueños de locales flojitos de papeles, los remiseros con autos truchos, los RRPP de boliches que meten menores en fiestas para mayores, entre otros ponedores.

Porque hacer la vista gorda, dar algo de protección y dejar que florezcan ciertos rubros a cambio de una contraprestación evita las multas, las clausuras, los allanamientos, el escándalo, las detenciones y problemas judiciales y administrativos en general.

Si así recauda más de un millón de pesos por mes, todos contentos.

Pero si el comisario no llega a esa cifra mágica comienzan los problemas. Deberá recurrir a medidas desesperadas. Como inflar las horas de «servicios adicionales» de sus efectivos en oficinas públicas y empresas privadas (conocidas como «Policía Adicional» o «Polad»), como hubo un tiempo en que sus antecesores firmaban la recepción de partidas para cargarles combustible a los patrulleros a su cargo, aunque ese dinero nunca salía de la Jefatura.

Porque el comisario sabe que si incumple con el pago acordado con la cúpula policial, eso puede costarle su carrera. Porque los jefazos tienen sus propios compromisos recaudatorios que cumplir, cada mes.

Por eso el comisario sabe que arranca un millón de pesos abajo, cada mes. Y debe rogar que no salte la perdiz mientras se mueve por los sótanos.

A veces pasa.

Como en septiembre de 2017, cuando auditores de Asuntos Internos descabezaron la comisaría 1.ª de La Plata.

Encontraron 800 000 pesos en una caja fuerte, planillas de horas adicionales «Polad» con firmas que serían apócrifas y nombres de personas que ni siquiera pertenecían a la fuerza, pero cobraban igual.

¿Ejemplos? Convocaron a los 25 efectivos que aparecían en las planillas con más servicios prestados todavía impagos; solo se presentaron 15 y uno de ellos aclaró que llevaba 8 años retirado de la fuerza, mientras que otro respondió que hacía un año que no prestaba servicios adicionales y, por tanto, no cobraba «Polad».

«Ninguno reconoció su firma en las planillas de libros de cobro y muchos contaron que hacía meses que no hacían Polad», detalló un investigador, que precisó que «había DNI de personas que no existen, legajos que no son de la Policía y evidentes retornos. Es decir, pagaban sumas inferiores a las documentadas»[384].

¿Resultado? Asuntos Internos verificó que la comisaría 1.ª dibujó 14 000 horas Polad que nunca se cumplieron, pero sí se cobraron.

¿Conclusión? Desplazaron al comisario y a otros seis oficiales.

Asuntos Internos los acusó de un presunto «manejo irregular de fondos públicos asignados a una dependencia, para fines ajenos a los legalmente impuestos, de lo que se derive un beneficio patrimonial indebido propio o de terceros, un perjuicio patrimonial o un provecho indebido de los bienes, servicios o trabajos de la institución», así como también «cometer, por acción u omisión, todo acto que importe una afectación a la ética y la honestidad del funcionario»[385].

Y vuelta a empezar.

Porque es una rueda. Un sistema.

De hecho, el comisario desplazado había asumido el mando de la 1.ª de La Plata porque al anterior comisario también lo habían exonerado por supuestos desmanejos de las horas «Polad». Y a ese comisario cayó porque encontraron las planillas en la casa de un expolicía en el country más exclusivo de los suburbios platenses, el Grand Bell, expolicía al que a su vez detuvieron por participar en el asalto a la familia del intendente Julio Garro en ese mismo country.

El entramado, sin embargo, se complica aún más. Porque los Garro denunciaron que en aquel robo les sustrajeron 25 000 pesos, joyas y equipos electrónicos. Pero el expolicía, Patricio Masana, contó otra versión. Dijo que se llevaron una supuesta valija con 4,5 millones de dólares, una mochila con un millón de dólares y 700 000 pesos en billetes termosellados, algo que Garro siempre negó, irritado[386].

Masana, todo un personaje.

Cobraba 18 000 pesos por mes como policía, pero alquilaba un caserón en el Grand Bell, manejaba una camioneta Mercedes Benz 4×4, posteaba fotos de sus viajes por el mundo en las redes sociales, al allanar su casa le encontraron cocaína y metanfetamintas… y estaba a cargo de distribuir las horas extras y los pagos adicionales en la comisaría 1.ª.

«Esto no es de ahora, es un modus operandi de muchísimos años para atrás. Es algo de todos los días», remarcó el director de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad bonaerense, Guillermo Berra, que recordó que desde diciembre de 2015, hubo «más de 6000 oficiales apartados de la fuerza, de los cuales hay más de 600 exonerados y otros 800 en trámite».

Una purga, sospechan junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, que explica por qué a su jefe de Gabinete, Federico Salvai, le entraron al departamento que había alquilado en La Plata, el 23 de junio de 2016, pero no le robaron nada. Fue un mensaje en sí mismo y Salvai lo entendió perfecto: nunca más se quedó a dormir en la ciudad de las diagonales.

El problema, en efecto, es sistémico en una fuerza con 90 000 efectivos que desde diciembre de 2015 ya echó a más del 10 % de su plantilla, aunque se estima que el 30 % podría estar vinculado a alguna actividad ilícita[387].

Una fuerza cuyos jefes máximos de la Superintendencia de Coordinación Administrativa habrían recaudado más de 4,5 millones de pesos —⁠unos 300 000 dólares al tipo de cambio entonces vigente⁠— por fin de semana de manera ilegal. ¿Cómo? Enviando la mitad de los policías prometidos a los operativos de seguridad de los partidos de fútbol que se jugaron en la provincia pero cobrando como si hubieran asistido todos[388].

¡Jackpot!

Porque los policías cuentan que no son solo ellos. Que los responsables políticos también se llevan su tajada —⁠ya sea para sus bolsillos, para financiar sobresueldos de todo el gabinete o para futuras campañas electorales⁠—, que pactan mirar para otro lado a cambio de supuestas garantías policiales de «calma social», que son socios en el delito —⁠como varios intendentes con los jefes policiales de sus distritos⁠—, que se benefician con otros de sus servicios —⁠como el espionaje interno o la recaudación narco⁠—, y que los más sanos entre esos políticos ignoran cómo modificar vicios históricos o hacen lo que pueden.

Por eso algunos apuntan, hoy, contra Cristian Ritondo, actual ministro de Seguridad bonaerense, como antes señalaron a sus antecesores en ese cargo caliente. «Ritondo es parte del acuerdo que en su momento hizo Alejandro Granados, exministro de Seguridad de la Provincia, a cambio de entregar una estructura de la policía», afirmó la exreferente de Seguridad del Frente Renovador, Florencia Arietto. «Creo que en esta complejidad del poder, a lo mejor la gobernadora tuvo que acceder al principio a tenerlo como ministro para contener la gobernabilidad de la provincia. Pero mantenerlo… Ritondo pactó la continuidad de la política sciolista de seguridad y está muy lejos de combatir la mafia porque él mismo es parte. Ritondo es el pasado.»

Tampoco Ritondo se quedó callado ante las críticas recurrentes de Arietto, como en junio de 2016, cuando se cruzaron en televisión y aprovechó la oportunidad. «Todo tu bloque y tu jefe político hablan conmigo todos los días sobre las resoluciones que tomo en materia de seguridad y las hago en consenso con el Frente Renovador. Tu posición no es la misma que tiene Sergio Massa cuando habla conmigo», reveló[389].

Ritondo calla, también, la visita que recibió en cuanto comenzaba a acomodarse como ministro de Seguridad.

—¿Dónde quiere que la ponga? —le preguntó un oficial superior de la Bonaerense, maletín en mano.

A Ritondo no le hizo falta preguntar qué contenía para rechazarla, como también Federico Salvai, el jefe de Gabinete de Vidal, rechazó una visita casi calcada, según cuentan en la Gobernación, donde también recuerdan las mentiras policiales que recibieron, una tras otra, tras la fuga de Cristian y Martín Lanatta y Víctor Schillaci, los asesinos convictos del «Triple Crimen». «Nos quedó clarísimo que les habían prometido el escape a cambio de decir que Aníbal Fernández supuestamente era “La Morsa”», rememoró un lugarteniente de la gobernadora Vidal[390].

El sistema, por debajo de la superficie.

Claro que la Policía bonaerense no es la única enviciada.

En Córdoba, un narco declaró como arrepentido en 2013 y complicó al entonces director de Drogas de la Policía provincial, el comisario mayor técnico superior, Rafael Sosa, entre otros, mientras que el bloque del Partido Justicialista en la Legislatura cordobesa salió en respaldó de los policías y lanzó acusaciones contra el fiscal… pero todo se corroboró y terminaron renunciando el ministro de Seguridad provincial, Alejo Paredes, y el jefe de la Policía, Ramón Frías.

En Santa Fe, en tanto, también en 2013, se ordenó la detención del entonces jefe de la Policía provincial, comisario general Hugo Tognoli, acusado de proteger narcotraficantes, cargo del que fue absuelto en junio de 2018 por el beneficio de la duda, mientras que en otro juicio fue condenado a 6 años de prisión por montar una supuesta «empresa criminal conjunta» con narcos del sur santafesino, fallo que confirmó la Cámara de Casación pero que no está firme porque su defensor apeló ante la Corte Suprema y, por tanto, Tognoli recuperó su libertad[391].

Santa Fe es un caso paradigmático. O, como dicen los gringos, un «litmus test». Traducción figurada: una «prueba de fuego».

Si al analizar el teléfono celular de Martín «el Fantasma» Paz, miembro de la plana mayor de «Los Monos», que cayó asesinado por un sicario de la propia banda, ¡los peritos encontraron los números de teléfono de 35 policías, hallazgo que permitió comprender la trama corrupta que los protegía![392]

El problema es que, en ocasiones, los mismos que deben prevenir y reprimir el delito «privatizan» sus servicios y se convierten en la «mano de obra pesada» para lo peor de lo peor. Como los policías bonaerenses Gustavo Prellezo, Sergio Camaratta, Alberto Gómez y Aníbal Luna, en el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas.

Porque existe un «orden clandestino» por el que se mueven la política, las fuerzas de seguridad, el crimen organizado y los mercados ilegales, ya sean La Salada o los desarmaderos de Warnes, entre otros.

Porque en público jamás lo dirán, pero en privado las máximas autoridades de la provincia de Buenos Aires marcan una diferencia, para peor, entre la realidad que afrontan y lo que ocurre en Santa Fe, donde «Los Monos» resultan una sangrienta pesadilla. «Acá no hay un cartel narco, ni una banda como esa porque acá (por la provincia de Buenos Aires), como nos dijeron cuando llegamos, acá la propia Policía es el cartel», planteó una altísima voz oficial de la provincia a este autor. Un diagnóstico que el equipo más íntimo de María Eugenia Vidal comenzó a corroborar con el transcurrir de las primeras semanas en la función pública.

Para el investigador argentino del Instituto Max Planck para el Estudio de las Sociedades, Matías Dewey, quien pasó meses inmerso en lo más profundo del conurbano, «la “corrupción” y la “amoralidad” no son problemas individuales sino que responden a un patrón institucionalizado de comportamiento estatal que permite la acumulación de poder y el manejo de la población».

Dewey buceó en La Salada y Warnes para verificar, desde las profundidades, cómo funcionaba (y aun funciona) el sistema. «Dicho patrón consiste en una constante venta de protección estatal a quienes operan en mercados ilegales», concluyó. «La ilegalidad, en otras palabras, no es marginal sino central para la construcción de poder»[393].

Autor de un libro sobre «La Salada», el periodista Ignacio Girón, recorrió por su cuenta los mismos pasillos que Dewey. Detalló la tarifa que, en su momento, manejaba la Policía bonaerense por su complicidad con los referentes de la Feria:

Agente raso: 300 pesos por noche.

Cobradores (de civil): 500 pesos.

Encargados: 800 pesos.

Y de allí, hasta la cúspide, con un comisario inspector que podía llevarse hasta 100 000 pesos por mes.

—¿Entonces la cúpula sabe lo que hacen? —le preguntó Girón al informante policial.

—La plata de La Salada sube hasta el jefe de la Policía. No solo ningún superior desconoce que se hace caja, sino que ellos están rogando que se haga. Tenemos que hacer caja en todos los rincones.

Dato: el jefe de la Policía que designó la gobernadora Vidal en mayo de 2017, Fabián Perroni, fue durante años el jefe de la Departamental de Lomas de Zamora, «y no son pocos los que indican que conoce muy bien cada uno de los pecados de La Salada», remarcó Girón[394].

Del mismo modo, ¿cómo pudo el superintendente de Coordinación Administrativa de la Policía bonaerense, Néstor Martín, acumular el patrimonio que acumuló? Manejaba la «caja interna» de la fuerza, que incluye la distribución de las «Polad» y de su hermana, las horas «Cores», y declaró siete propiedades, un helicóptero experimental, más de 2 millones de pesos en efectivo, 18 000 acciones de una cooperativa, electrodomésticos valuados en 100 000 pesos y otro inmueble a nombre de su esposa.

Si no, ¿por qué se encontraron 36 sobres con 153 700 pesos —⁠algo más de 30 000 de dólares al tipo de cambio entonces vigente⁠— en la Jefatura Departamental de La Plata en septiembre de 2016? Según la hipótesis del fiscal Marcelo Martini, porque operaba una presunta asociación ilícita integrada por la cúpula de la Jefatura Departamental.

Si no, ¿por qué 154 jefes de la Bonaerense no presentaron sus declaraciones juradas de bienes en las dos oportunidades que tuvieron para entregarlas, sabiendo que el incumplimiento conllevaba 5 días de suspensión, una mancha en el legajo —⁠como mínimo⁠— que podía arruinarles la carrera, acercarlos al retiro y la apertura de una investigación?

Si no, ¿por qué «el Gordo Dany», jefe de la banda que robó a los tiros un millón de pesos en la puerta de la sucursal del Banco Provincia de General Rodríguez contó lo que contó, en un video de septiembre de 2016, mientras la policía buscaba capturarlo o matarlo? «Ustedes son más delincuentes que nosotros», gritaba, vestido con un chaleco de la Federal, mientras acusaba a la brigada de la jurisdicción de «liberar la zona» para robos y proveer de armamento e indumentaria oficial a los ladrones.

Si no, ¿por qué muchos policías quieren participar en operativos antidrogas o contra cuevas financieras? ¿Será porque suele abundar el dinero en efectivo y sin declarar, que pueden robar, porque «ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón»? Y eso, para no hablar de aquellos que encima se quedan con parte del material decomisado —⁠sean estupefacientes o mercaderías⁠— para revender…

Si no, ¿por qué el llamado «rey del juego clandestino», Adrián Almaraz, prendió el ventilador cuando le decomisaron una fortuna en su casa, cash, en marzo de 2018?[395]

«Esto lo saben todos: a la Policía se le da algún “arreglo”», contó Almaraz, señalado como el jefe de la quiniela clandestina en el oeste del Conurbano bonaerense. «Lo que pasa acá, pasa en todos lados. Estás obligado a coimear a la Policía», dijo. «A todos los policías, los de antes y los de ahora», abundó, aunque descartó que su dinero quedara solo entre los uniformados. «Seguramente esa plata iba para arriba», lanzó, aunque se cuidó de dar otro paso: «Yo no sé para quién iba».

En su casa, eso sí, le secuestraron 741 000 dólares, además de 250 000 pesos y 10 000 euros, junto con anotaciones de la red: «Departamental de Morón, Morón 1.ª, Haedo, Merlo 1.ª, Ituzaingó 1.ª, Castelar Sur y División Narcotráfico».

Si Almaraz mostró cómo trabajaba con la Policía en el oeste del Conurbano, la caída de Carlos Alberto Fernández, expuso la operatoria en el norte del gran Buenos Aires. Hasta su caída a mediados de 2017, pagaba un mínimo de 150 000 pesos por mes a 27 dependencias policiales. A cambio, los agentes no molestaban ni detenían a sus 100 levantadores de quiniela clandestina que recaudaban hasta 800 000 pesos —⁠unos 50 000 dólares al tipo de cambio entonces vigente⁠— en los días que había cuatro sorteos.

¿Qué encontraron al allanar a Fernández? Computadoras donde guardaba planillas de supuestos sobornos a dependencias policiales en Don Torcuato, Del Viso y Alberti 1.ª y 2.ª. También, a la Departamental Don Torcuato, Los Polvorines, la Dirección de Investigaciones de Pilar, la Dirección de Investigaciones de San Martín, el Comando de Patrullas, Maquinista Savio, Ingeniero Maschwitz, Garín, la Departamental Pilar y la Distrital Escobar. Y a por lo menos cinco policías que se desempeñaban en jefaturas departamentales de la zona. ¿Saldo del operativo? Tres jefes policiales arrestados, junto a Fernández, que murió detenido[396].

Si el lector leyó con atención, sin embargo, habrá notado que en todos los casos hasta aquí reseñados se repitió una particularidad: los policías partícipes o acusados eran oficiales.

«Existe una gran diferencia entre los oficiales y los suboficiales», le confió un exjefe de Investigaciones de la Bonaerense a Matías Dewey. «El suboficial vive del sueldo y de alguna otra cosa chica, como las minas que afanan en los negocios de ropa. Pero el oficial es el que está dentro de la estructura de la “junta” y está amparado por el comisario. Él recibe amparo, es el tipo de confianza y el que la junta. El oficial se queda con entre el 10 y el 20 % de lo recaudado. El comisario se queda con el 20 % y el resto sube a la departamental. Y el 60 % de cada comisaría va a cada departamental. A la vez, de cada departamental sube un porcentaje a la Superintendencia de Coordinación Operativa […]. Pero si se cobra “no institucionalmente”, es decir, sin respetar los mecanismos habituales de recaudación y no “participás” al comisario, entonces corrés el riesgo de conseguir el mote de traidor. Directamente te “sacan” (de la comisaría), te mandan a patrullar o a hacer tareas administrativas»[397].

Lo mismo, con pequeñas variaciones, es casi una tradición en las fuerzas de seguridad, aunque los avances tecnológicos abrieron la puerta a nuevos delitos… y por tanto a nuevos rubros de recaudación.

Ya en 1992, los periodistas Carlos Dutil y Ricardo Ragendorfer publicaron un libro que resultó un cimbronazo: La Bonaerense. Historia criminal de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Es decir, la fuerza que el entonces gobernador Eduardo Duhalde definía como «la mejor policía del mundo», pero que tras el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas mutó en «la maldita policía»[398].

Dutil y Ragendorfer detallaron varios rubros de recaudación ilegal de aquellos tiempos. Algunos, con otro tarifario, aún perduran: desde vínculos espurios con las agencias privadas de seguridad al tráfico de expedientes —⁠es decir, la venta de causas penales jugosas entre los abogados⁠—, y de los secuestros extorsivos —⁠como aquellos protagonizados por la «banda de los comisarios» que secuestró a Mauricio Macri⁠—, a la compra de cargos, destinos y dependencias.

En tiempos de convertibilidad (1 peso = 1 dólar), Dutil y Ragendorfer detallaron que «el precio de una comisaría, por ejemplo, podía oscilar entre 30 000 y 100 000 pesos». A valores de hoy, entre los 750 000 y 2,5 millones de pesos. Y ellos mismos aclaraban: «Ninguna de esas actividades era de nueva data, solo que nunca antes la recaudación (ilegal) había funcionado a esa escala y como un mecanismo tan perfectamente aceitado».

Eran tiempos en que «hacer desaparecer el expediente de un accidente (de tránsito) se cobra 15 000 pesos, tanto al imputado como a la compañía de seguros, y entre 15 000 y 25 000 la cobertura a un pirata del asfalto descubierto. Lograr que el implicado no sea exhibido en una rueda de reconocimiento tiene un piso de 10 000 pesos. Con 2000 (pesos) y el 3 % de sus honorarios, un abogado consigue que la policía le entregue un caso», enumeraron.

Los «caranchos».

Todo esto excede, claro, a la Policía bonaerense. Se repite en todas las fuerzas provinciales, en la Federal y en la flamante Metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, incluido el tradicional «corte de boleto».

¿Qué es eso? Como explica el jefe de la sección Policiales del diario Clarín, Rolando Barbano, en su libro Sangre azul. Historia criminal de la Policía Federal Argentina, «liberar a cambio de dinero a alguien que fue sorprendido en pleno delito o que cayó preso por casualidad y tenía pedido de captura en alguna causa»[399].

¿Un ejemplo? El que reconstruyeron los periodistas Eduardo Anguita y Daniel Cecchini para Infobae, el 9 de abril de 2018. Título: «Yo me enfrenté a tiros con el “Gordo” Valor y lo capturé…, pero arreglamos por un montón de guita»[400].

Resumen: un oficial de policía persiguió, se tiroteó y capturó a uno de los delincuentes más buscados de la Argentina, para luego narrar cómo lo liberaron a cambio de 28 000 dólares —⁠mitad en pesos, mitad en dólares⁠— que ese mismo día llevó a la comisaría un abogado dentro de un maletín. De esa suma, 8000 dólares quedaron para él y los restantes 20 000 dólares para el comisario «porque él iba a tener que silenciar todo y eso significa repartir para arriba a un par de superiores».

«Fue una buena negociación comercial», sintetizó el policía, ya retirado, a los periodistas. «Todos sacamos provecho, no hubo heridos ni muertos, y no se hizo nada que no sea lo que sucedió siempre y sigue sucediendo en estos casos».

Exasesor de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y exasesor en la Legislatura porteña entre 2015 y 2016, Jorge Rodríguez es muy crítico de la realidad policial cotidiana en la ciudad de Buenos Aires. «Las 54 comisarías continúan constituyendo cajas recaudatorias salvatajes», le alertó al exfiscal general y actual ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, Martín Ocampo, en un memo que le envió en marzo de 2018[401].

En los informes que presentó ante la Legislatura, Rodríguez detalló que «ninguna de las 54 comisarías recaudaba delictivamente menos de 5 millones de pesos mensuales», cifra que estimó que podría duplicarse en Liniers, por ejemplo, donde afloran los vendedores ambulantes y los traficantes, más el «peaje diario» que abonan los transexuales, ya sea en dinero o cocaína. «La mayoría de las dotaciones de los móviles de todas las comisarías tiene como objetivo principal la recaudación delictiva policial».

Ropajes nuevos —y más tecnificados—, en suma, para vicios viejos.

Si en la Argentina tuvimos a «La Mazorca», a la Alianza Anticomunista Argentina (más conocida como la «Triple A») y a su versión cordobesa, el «Comando Libertadores». También a los muchachos desplegados en los «Grupos de Tarea» de la dictadura y a quienes salieron a asesinar durante la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Si en 1933, por ejemplo, el comisario Julio Lázaro Alsogaray, denunció la «voracidad» de los uniformados de la Federal en su «Trilogía de la Trata de Blancas». Una «aspiración insaciable de hacerse de dinero por cualquier medio, desde la coima a tahúres, proxenetas, quinieleros, rufianes, toxicómanos y degenerados, hasta el “barato” que exigen a los profesionales del robo en sus variadas y distintas fases», se lamentó[402].

Si el senador Enzo Bordabehere murió asesinado, en pleno recinto, el 23 de julio de 1935, al interponerse entre el comisario retirado Ramón Váldez Cora y su objetivo, el senador Lisandro de la Torre. ¿Por qué? Porque De la Torre denunció el pacto Roca (hijo)-Runciman y un entramado de corrupción en el gobierno del general Agustín Justo, durante lo que se llamó «la década infame», y los negocios de los hermanos William y Edmund Vestey[403].

Valdéz Cora fue detenido, «tenía 42 años y había sido comisario de Vicente López», recordó el historiador Felipe Pigna. «Su foja de servicios no lo dejaba bien parado. Era “mano de obra ocupada” por el Partido Demócrata y hombre de confianza del ministro de Agricultura, Luis Duhau. Al prestar declaración ante el juez, Valdez Cora reconoció la autoría del atentado que le costó la vida a Bordabehere. Nada dijo de los autores intelectuales del crimen, pero señaló que actuó al ver que eran agredidos sus “amigos políticos”. Fue condenado a 20 años de prisión, pero quedó en libertad en 1953 por “buena conducta”. Los instigadores y responsables directos gozaron de impunidad judicial»[404].

Si en la Argentina tuvimos como protagonistas de la investigación por el atentado contra la sede de la AMIA a policías bonaerenses y a un exvendedor de autos usados y siniestrados, Carlos Telleldín, que estaba «entongado» con ellos.

Si en la Federal y en la Bonaerense aún son celebres «la banda de los comisarios» y los «Poronga», dedicadas a delinquir, como también lo estuvieron los policías que participaron en el encubrimiento y desvío de la investigación sobre el incendio de Cromañón, una tragedia con 194 muertos y al menos 1400 heridos. Policías, operadores y políticos unieron fuerzas para boicotear el trabajo del fiscal Juan Manuel Sansone.

Quizá Sansone, algún día, cuente cómo los policías sembraron de pistas falsas la pesquisa o, peor aún, como aquel superior que debía guarecerlo de las presiones terminó por sincerarle que jugaba para el lado oscuro y le preguntó si estaba «con nosotros o con ellos»…

Quizá Sansone también cuente algún día quién fue la simpática y afable política que le comunicó que, si quería, podía avanzar contra los perejiles —⁠porque luego se encargarían de salvarlos en la Cámara de Apelaciones⁠—, pero que no intentara ir más allá. Y que si lo intentaba, le informó sin vueltas ni rencores, «te voy a mandar a matar».

Quizá también algún día, el exfiscal que renunció a su cargo harto, agotado y asqueado de lo que vio y vivió, quiera corroborar si le ofrecieron un cargo de agregado cultural en el Consulado General argentino en Barcelona —⁠donde vivía su exesposa y su hija⁠—, más un millón de dólares y 20 000 dólares mensuales a cambio de pisar su investigación.

Una oferta para nada llamativa si se tiene en cuenta que Mario Pontaquarto, el arrepentido confeso de las «coimas en el Senado» sostuvo que a él le ofrecieron lo mismo por su silencio, pago también por la ex SIDE, pero destinado en París[405].

Porque es tal la podredumbre que a menudo los policías sanos no saben en quién pueden confiar entre sus pares y superiores. Así pueden confirmarlo los funcionarios e investigadores santafesinos que enfrentan a la banda narco «Los Monos», que llegó a infiltrar la Secretaría de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad provincial. Es decir, la repartición creada para cercar a «Los Monos»[406].

También podría confirmarlo Sebastián Forza, si no lo hubieran ejecutado. Porque en la investigación sobre el Triple Crimen, en la foja 19 709, constan detalles sobre la supuesta complicidad de miembros de la Policía Federal, brindando protección a los laboratorios y droguerías involucrados en el comercio ilegal de medicamentos, y en la reventa en el mercado negro de la mercadería secuestrada en allanamientos. ¿Costo? 5000 pesos semanales, unos 1600 dólares al tipo de cambio entonces vigente[407].

Pero Forza ya no puede contar lo que sabe. Como tampoco muchos otros que intentaron romper con el delicado equilibrio de las cloacas o, incluso peor, desafiar la omertà de la «familia». Es decir, el código mafioso del silencio.

¿Se suicidó o lo mataron al brigadier Rodolfo Echegoyen, en diciembre de 1990, días después de renunciar a la Aduana, donde encaraba una investigación por posible narcotráfico en los depósitos fiscales de una empresa de Alfredo Yabrán, en tándem con la Fuerza Aérea, como parte de la llamada «Aduana paralela»?

La entonces diputada Patricia Bullrich contó en 2015 que ella había acompañado a los familiares de Echegoyen a radicar una denuncia en una comisaría en San Telmo para reabrir la investigación. Mientras esperaban, en la misma comisaría le dijeron que tenía un llamado. Del otro lado escuchó: «Sabemos dónde tenés el auto estacionado». Y le cortaron[408].

¿Quién y por qué mató de un tiro en la nuca y a bordo de un tren al subcomisario Jorge Gutiérrez, en agosto de 1994, mientras investigaba si Depósitos Fiscales S. A. (Defisa) era parte de una red narco? Su hermano, el exintendente de Quilmes Francisco «el Barba» Gutiérrez, apunta desde hace años al entonces dueño de esa empresa, luego CEO de Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) y factótum de los negocios de La Dolfina con Adolfo Cambiasso, Julio Ernesto Gutiérrez Conte, quien se autoexilió en Panamá. Ya fuera por una pelea con la entonces presidenta Cristina Fernández tras la muerte de Néstor Kirchner, por la balacera que afrontó al salir de uno de sus campos o por la investigación sobre el asesinato del subcomisario[409].

«Creo que él está detrás de la muerte de mi hermano, aunque en los tribunales nunca se pudo acreditar un vínculo porque se perdió mucho tiempo», afirmó el intendente en 2009. «La Policía Federal y la Bonaerense se complotaron para asesinar a mi hermano», redobló la apuesta, hasta lograr que en diciembre de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenara al Estado argentino «por impedir el acceso a la Justicia»[410].

¿Se suicidó el capitán de navío (RE) Horacio Estrada de un balazo con la mano derecha, siendo zurdo, en agosto de 1998, o lo mataron por lo que podía contar en el «caso Armas», pesquisa en la que ya había sido indagado? Al fin y al cabo, para encubrir ese negociado llegaron a volar un pueblo en 1995, Río Tercero, lo que terminó con siete muertes y 300 heridos, cuatro condenados a entre 10 y 13 años de prisión, y Menem, con procesamiento confirmado, recién en mayo de 2018, como presunto autor mediato del atentado[411].

¿Se ahorcó o lo mataron a Marcelo Cattáneo, hermano menor del exsubsecretario general de la Presidencia de Carlos Menem y señalado como uno de los repartidores de las coimas en el negociado IBM-Banco Nación? Solo se supo que amenazaba con confesar lo que sabía y en octubre de 1998 apareció colgado con una nota periodística del diario La Nación sobre ese caso dentro de su boca[412].

¿Qué pasó con el financista Mariano Perel y su esposa? ¿Se suicidó o lo mataron en febrero de 2001? ¿Por qué había una nota impresa en papel y escrita con computadora que rezaba, en inglés, «soy un gringo colaborador del Citibank, asesinado por no pagar el retorno del Citicorp»? ¿Una de las víctimas hacía trabajos de «espionaje» con implementos tecnológicos de punta y era el «cerebro» de una maniobra por la cual clientes del Banco Mercurio habrían fugado divisas al exterior? En cualquier caso, los policías judiciales de la Procuración Bonaerense conjeturaron que el eventual doble crimen habría sido obra del Cartel de Juárez[413].

¿Se cayó desde el piso 10, borracha hasta la inconciencia o la mataron a Lourdes Di Natale, en marzo de 2003? La exesposa de Mariano Cúneo Libarona y exsecretaria de Emir Yoma, lo había señalado a su exjefe como presunto participante y supuesto cobrador de las coimas de la organización que vendió armas argentinas a Croacia. Estaba dispuesta a más, pero murió. «Por todo lo que leí y por cómo se da todo, aprendí a que no hay que creerle a nada de lo que se pone en los medios. Para mí la mataron», declaró su hija Agustina ante la Justicia, en 2017[414].

¿Se suicidó, lo indujeron a suicidarse, se mató por accidente o lo mataron al fiscal Alberto Nisman, en enero de 2015, cinco días después de denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por pactar con el régimen de Irán para mantener impunes a los responsables del atentado contra la AMIA y un día antes de presentarse ante el Congreso de la Nación para explicar su denuncia? Para la Cámara Federal porteña, en un fallo del 1 de junio de 2018, habría sido asesinado, pero la investigación sigue abierta y muy lejos de concluir.

Sin llegar a esos extremos de riesgo, el fiscal José María Campagnoli también conoce los vicios policiales y hasta dónde pueden llegar para encubrirlo. Investigó los presuntos actos de corrupción de la comisaría 51.ª de la ciudad, a cargo de proteger al cabaret «Pampita», en el barrio de Belgrano, y logró la detención de seis policías. Para el fiscal no se trató de algo sorpresivo. En seis años investigó por corrupción a las tres comisarías que funcionan dentro de la jurisdicción de su Fiscalía. La antedicha 51.ª, la 35.ª, donde terminó prófugo el comisario y cuatro policías detenidos, y la 49.ª, con ocho policías condenados.

Porque, como enseña Dewey, «el Estado no está ausente, y el crecimiento de los mercados ilegales no es otra cosa que el corolario directo de la dinámica de la venta de protección efectuada por ese Estado supuestamente débil»[415].

Esa «venta de protección» puede valer fortunas, como quedó expuesto el 19 de diciembre de 2013, cuando el entonces juez federal Norberto Oyarbide frenó un allanamiento a la financiera ProPyme, en la City, tras un llamado de Carlos Liuzzi, el número dos de Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. Es decir, desde la Casa Rosada.

«Liuzzi me dijo que estaban sucediendo cosas muy llamativas; me dijo que estaban solicitando dinero para detener ese procedimiento y que los policías, a los que yo había solicitado la realización de esa medida, estaban amedrentando a la gente que trabajaba en ese lugar», reconoció Oyarbide, al día siguiente. Pero nada dijo sobre la metodología habitual de esos policías, integrantes de la División de Investigación Federal de Organizaciones Criminales (Difoc), a los que encomendó 37 operativos durante 2012 y otros 43 durante 2013.

¿Cuánto habrían pedido los policías a cambio de su benevolencia? 300 000 dólares, clarificaron, «bajo órdenes del Juzgado», un monto alejado de las migajas que cobraba la Policía a principios del siglo XX, como detalló Federico Gutiérrez, un exoficial exonerado a principios del siglo XX por anarquista. La «rectitud» de la fuerza, afirmó, «está al alcance de cualquier bolsillo: en el vigilante vale una guinda, en el Inspector un cognac, en el Auxiliar un almuerzo, y así…»[416].

10

Cómo operan los Servicios de Inteligencia

Todoterrenos y multiprópositos, los espías resultan, a menudo, la primera fuerza de choque subterránea. Siempre listos, como los boy scouts, para la ¿buena?, acción del día. Porque si las fuerzas de seguridad llegaron tarde para regular el delito o no lograron tapar el sol con sus manos, son ellos, los espías, los encargados de solucionar problemas. Frenarán descarriados, apretarán díscolos y evitarán que una situación se desmadre, salga a la luz, pase por los organismos formales de control y termine en la Justicia o, a veces aún peor, en los medios.

«Abrilo», le ordenó un hombre gris, mientras deslizaba un sobre de color madera junto a su plato.

El funcionario judicial que trabajaba en los tribunales federales de Comodoro Py y en ese momento almorzaba solo en la barra del restaurante Kansas de San Isidro acató la orden: contenía un par de fotos. De él mismo, desnudo y fumando un porro, en el balcón de su departamento.

—Tenemos que hablar —lo conminó el hombre gris, que se había acomodado a la izquierda del funcionario, mientras otro hombre, también gris, se acodaba a su derecha.

—¿Esto es todo lo que tienen? —replicó el funcionario⁠—. Creo que no tenemos nada que hablar. Déjenme comer.

El encuentro terminó allí. Ocurrió en diciembre de 2014. Y fue el segundo incidente —⁠el primero había ocurrido semanas antes, mientras estaba en el parque con su hijo⁠— que ese funcionario tuvo con eso que el politólogo italiano Norberto Bobbio llamó «el cripto-Estado». Y que el exdiputado nacional Miguel Bonasso describió como lo que «ocurre detrás del escenario, fuera del escrutinio de la sociedad civil, en la intimidad pecaminosa» de la política y los políticos.

Eso ocurrió, por ejemplo, durante las horas que siguieron al decomiso de una valija con 790 550 dólares en el aeroparque Jorge Newbery, el 4 de agosto de 2007. Porque cuando todo comenzó a desmadrarse, los registros de llamadas del teléfono del funcionario Claudio Uberti expusieron que se comunicó con un aparato a nombre del jefe operativo de la ex SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado), Antonio Horacio «Jaime» Stiuso, minutos antes de ingresar a la Quinta de Olivos, esa misma madrugada, para reunirse de urgencia con Néstor Kirchner.

Años después, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió jugar a fondo en el barro del «cripto-Estado». Sobre el final de su mandato, impulsó una reforma de la ex SIDE, un organismo que acumuló mancha tras mancha durante décadas. Desde la fallida investigación sobre el atentado contra la AMIA, las «coimas en el Senado», secuestros extorsivos, montañas de dinero negro, algunos asesinatos, la asistencia en la clandestinidad a delincuentes y prófugos, a una larga lista de pinchaduras de teléfonos y de correos electrónicos, y múltiples carpetazos.

Pero la Presidenta no buscó barrer con lo malo de la ex SIDE. Solo pretendió realinearlo detrás suyo tras verificar que no le respondía. Para eso asumieron Oscar Parrilli, de su extrema confianza, y Juan Martín Mena, hasta entonces jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y, en la práctica, uno de sus operadores en Tribunales, junto a Rodolfo Tailhade, a cargo de Contrainteligencia, el área que dejó Stiuso. Y a ellos se sumó, por si hacía falta, la mano derecha de Julio De Vido para la «diplomacia paralela» con Venezuela y Ecuador —⁠además de otros rubros⁠— José María Olazagasti. Su nombre en la Casa de los Espías fue «Oslo», lejos, muy lejos de la realidad que le tocaría vivir en agosto de 2018, cuando terminó detenido en la causa por los «cuadernos de la corrupción», acusado de corrupción y temiendo que lo maten en prisión.

Parrilli, Mena, Tailhade y Olazagasti intentaron controlar a las distintas facciones de la rebautizada Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y disciplinar a los jueces en la antesala de la campaña presidencial 2015. Tanto por las investigaciones que comenzaban a despertarse tras dormitar por años como por algunos viejos expedientes ya cerrados, pero que temían que pudieran resucitar, a partir de un libro que pasó inadvertido en las calles, pero causó un cimbronazo entre políticos y jueces: Cosa juzgada fraudulenta, de los penalistas Federico Morgenstern y Guillermo Orce.

«La sociedad verá los tribunales como sesgados, deshonestos y parciales si percibe que los juicios farsescos son inalterables, si se respeta la firmeza de las absoluciones obtenidas tras un procedimiento espurio y si, por la inacción deliberada de un funcionario judicial, no se logra condenar a quien se sabe que cometió un delito», argumentaron para fundamentar que la Justicia debe revisar ciertos sobreseimientos «truchos»[417].

En la ex SIDE, de todos modos, las leyes y las disquisiciones académicas eran y son abstracción pura. Los problemas allí suelen encararse con otras tácticas. Con visitas, con arreglos o con aprietes —⁠carpetas, videos, fotos, secuestros, amenazas más o menos explícitas y más⁠— que a veces derivan en tiros y muerte.

Por el lado de los arreglos, la casa de los espías también acumula antecedentes frondosos. Desde entregar dinero negro para endulzar testigos —⁠Carlos Telleldín en el caso AMIA es apenas un ejemplo⁠— a alquilar las voluntades de jueces y fiscales, en forma de sobresueldos o de viajes pagos a seminarios insólitos, pero a todo trapo, en cualquier parte del planeta. Algo de lo que su primer impulsor, Hugo Anzorreguy, hoy se arrepiente.

Dentro de la opción de los arreglos, el Gobierno kirchnerista fomentó una variante: cargos a cambio de expedientes tranquilos, como pueden atestiguar al menos tres jueces y dos fiscales de los tribunales federales de Comodoro Py que negociaron finiquitar investigaciones a cambio de diversos y preciados puestos para sus familiares.

Pero si el kirchnerismo cometió tropelías, Cambiemos tampoco resultó purista. Reflotó a la vieja guardia de los espías. Veteranos de mil batallas —⁠y varios escándalos⁠— reaparecieron por las oficinas de la AFI para hacer lo que saben hacer, bajo un cono reforzado de sombras.

La AFI es, de todos modos, apenas un ducto de los sótanos, que abarcan también ciertas áreas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal, entre otras.

En la práctica, el espionaje interno es inherente a las fuerzas armadas y de seguridad desde sus primeros pasos. Ya en febrero de 1823, el jefe de la «Policía de Buenos Aires», Joaquín de Achával, pidió autorización al gobierno de Martín Rodríguez y Bernardino Rivadavia para crear una brigada abocada al espionaje interno. En teoría, para combatir el contrabando, aunque duró poco ante el descrédito que se granjearon[418].

Por su parte, el teniente general César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani no hizo más que continuar durante el kirchnerismo con ciertas prácticas que el Batallón 601 del Ejército desplegó antes, durante y después de la dictadura. Una época negra en la que contó con 345 militares, 2353 miembros desplegados por todo el país y 1599 agentes civiles. Entre ellos, el luego titular de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Gerardo Martínez, quien salió indemne. El juez federal Ariel Lijo archivó la acusación en su contra en 2012 por falta de pruebas suficientes, y lo sobreseyó dos años después[419].

La Policía Federal también gestó lo suyo. A lo largo del siglo XX, atesoró una base de datos portentosa, alimentada por sus secciones Orden Político y Orden Social, que luego mutaron el sustantivo por «Asuntos» y ampliaron sus adjetivos/objetivos: «Asuntos Gremiales», «Asuntos Estudiantiles», «Asuntos Culturales», «Asuntos Laborales» y «Asuntos Extranjeros», entre otros, mientras que un decreto ley secreto del 9 de octubre de 1963 —⁠firmado por José María Guido tres días antes de la asunción del presidente Arturo Illia⁠—, creó el «Cuerpo de Informaciones» de la Policía Federal, según se publicó 41 años y 11 meses después en el Boletín Oficial. Es decir, institucionalizó a los «plumas»[420].

«Los integrantes del Cuerpo de Informaciones son agentes secretos de la Policía Federal Argentina. Serán sus tareas específicas todas aquellas correspondientes a su especialidad de informaciones y sus coadyuvantes necesarias al cumplimiento de la misión asignada a la jefatura de la Superintendencia de Seguridad Interior», estipuló el artículo 2.º de ese decreto secreto 9021/63.

¿Cuántos son los «plumas»? Se ignora, aunque algunos expertos en seguridad, como el exfuncionario Marcelo Saín, calculan que serían cerca de 1000 agentes[421].

¿Cuáles han sido —¿son?— los objetivos de los «pluma», hoy nucleados dentro de la «Dirección de Inteligencia Criminal»? Difícil saberlo, por el propio carácter secreto de su labor, aunque algunos pocos trascendieron con el paso de los años. Entre otros:

La comunidad judía, donde se infiltró José «Iosi» Pérez, quien durante su espionaje se cruzó con agentes de la ex SIDE y del Servicio de Inteligencia Naval, más conocido como el SIN.

Dirigentes políticos del partido Nueva Dirigencia liderado por Gustavo Béliz, como el legislador Miguel Doy, espiado por la agente Mónica Amoroso, como quedó expuesto durante el año 2000[422].

Agrupaciones de izquierda, como el Movimiento Todos por la Patria, aquel que atacó el regimiento de La Tablada en enero de 1989, sin que lo informara antes el «pluma» que lo había infiltrado.

Organizaciones sociales y entidades cercanas a ellas, como la Agencia Rodolfo Walsh, que denunció en 2013 la infiltración del «pluma» Américo Balbuena[423].

Más aún, la ex SIDE, las Fuerzas Armadas y la Policía Federal ni siquiera son los únicos que hurgan por donde la ley 25 520 de inteligencia nacional lo prohíbe de manera explícita y sin matices. También se mueven por los sótanos las policías provinciales y hasta las agencias de seguridad privada que controlan los ingresos y egresos de empresas, countries, bancos y otros muchos ámbitos privados[424].

¿Cómo olvidar, por ejemplo, la red de espionaje político que los Juárez montaron en Santiago del Estero, bajo el mando del comisario Musa Azar, subsecretario de «Informaciones», durante décadas? ¿Y el denunciado «Departamento de Informaciones» (D2) de la Policía de Formosa, provincia que controla Gildo Insfrán desde 1995?

¿Cómo olvidar, también, la denuncia del peronista disidente Enrique Romero contra el gobernador tucumano José Alperovich? Apuntó contra un coronel retirado, Enrique Stel, una empresa de origen israelí, Security and Intelligence Advising (SIA) y el llamado «Departamento de Inteligencia Criminal» de la policía provincial[425].

¿Cómo olvidar también al área de «Inteligencia Criminal» de la Policía entrerriana, que en ocasiones se abocó a investigar y otras muchas a guardar «bajo siete llaves» ciertos datos incómodos, como las escuchas telefónicas que podían exponer los aprietes del capo narco y jefe de la barrabrava del club Patronato de Paraná, Gustavo «Petaco» Barrientos, a Mauro, uno de los hijos del entonces gobernador, Sergio Urribarri, y a varios altos funcionarios?[426]

Tampoco es justo olvidar a la Gendarmería y a su «Proyecto X» a la hora del espionaje doméstico, según reconoció su entonces jefe Héctor Schenone ante la Justicia, quien lo definió como una «base de datos» y negó que uno de sus objetivos fuera espiar a dirigentes sociales[427].

Sin embargo, además de infiltrar personal vestido de civil en marchas de movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos, el «Proyecto X» incluía otra tarea para el Centro de Reunión de Información de Campo de Mayo: «Se deberán detectar y neutralizar en forma sutil las acciones de periodistas que pretendan incentivar actos de mayor nivel de conflicto».

¿Por qué meterse con periodistas? Para «cazar» a sus fuentes —⁠por fuera de Gendarmería hay equipos completos que se dedican a eso⁠—, para asustar a aquellos que evalúen convertirse en fuentes, y por el impacto que su labor puede registrar en la sociedad.

A veces, sin embargo, los periodistas participan de las operaciones de inteligencia. Como en 2009, cuando el programa 6, 7, 8 y el diario Página/12, por entonces ultraoficialistas, difundieron correos electrónicos del entonces candidato opositor Francisco de Narváez[428].

«El Gobierno no hackea las casillas a nadie», debió salir esa misma tarde a aclarar el expresidente y protagonista central del «doble comando», Néstor Kirchner, quien de todos modos no pudo con su genio y trató de utilizar la filtración para enchastrar a su rival directo en las legislativas de ese año. «El mail que le manda el señor De Narváez a un periodista muestra el sistema de manejo y de ida y vuelta que marca la relación de ciertos sectores de la prensa con este señor».

Allí no se acaba el inframundo de la inteligencia y el espionaje. Porque también se suman los servicios semipúblicos, que utilizan los recursos y los accesos que les provee el Estado, y los servicios privados, que venden sus labores al mejor postor.

Si lo sabrá Mauricio Macri…

El entonces presidente Carlos Menem se enteró del secuestro del delfín de Franco Macri porque agentes de la SIDE habían pinchado los teléfonos del entonces poderoso mandamás del Grupo Socma, Franco Macri, para pasarle información a los Soldati, competidores por la privatización de Obras Sanitarias, hoy Aysa.

«¡Escuchate esta, boludo! ¡No te la puedo creer!», fue la reacción de los espías cuando escucharon por primera vez a Franco negociar con los secuestradores de su hijo, en agosto de 1991. Los espías, recuerda Natasha Niebieskikwiat en su libro sobre aquel secuestro, «tenían oro en polvo. Sabían cuánto ofertaba (Franco) por los negocios, y sabían cuánto estaba dispuesto a pagar por el hijo. Así es la mugre de este mundo»[429].

Franco Macri ya venía con el cuero duro. Tanto él como su hijo arrastraban, entre otros escándalos, el desatado por la firma de un contrato en diciembre de 1988 para instalar una red cloacal en Morón. El intendente Juan Carlos Rousselot terminó destituido y detenido, volvió a la intendencia y cayó otra vez, destituido por más escándalos.

Pero el impacto del secuestro filial fue algo muy distinto y Franco lo intuyó de inmediato, por lo que se negó a radicar una denuncia penal, ni le alertó al Gobierno de su amigo Menem. ¿Qué hicieron entonces los espías? En vez de cerrar la boca o informarle de algún modo a la Casa Rosada, filtraron la primicia a una radio, que desató la tormenta, poniendo en riesgo la vida del secuestrado por la llamada «banda de los comisarios».

Solo así se enteró el Gobierno.

Porque así funciona el submundo del espionaje y de los aprietes extorsivos, donde el mejor consejo es invertir la frase de Confucio. Porque donde el maestro decía «cuando el sabio señala a la luna, el necio mira al dedo», lo más saludable en estos casos es buscar de quién es el dedo.

Si comienzan a circular acusaciones extrañas por las redes sociales o videos íntimos por ciertos portales de Internet o se filtra una escucha telefónica ilegal, ¿quién echó a rodar la bola? ¿Por qué? ¿Qué intereses puede haber detrás? ¿Cuál es el verdadero mensaje? ¿Quién está enviando qué mensaje a quién? Porque a menudo, quien aparece «escrachado» no es más que una pieza en un juego de ajedrez más grande. Como el peón, el caballo o el alfil a los que se ataca para, en realidad, poner en jaque al rey que se parapeta detrás.

¿Quién pudo estar, por ejemplo, detrás de los mensajes que durante el segundo semestre de 2018 recibió «Dino», el cuñado del ex CEO de Torneos devenido gran delator del «FIFAGate», Alejandro Burzaco?

Porque cuando «Dino» salió del gimnasio, a fines de mayo de 2018, lo interceptó un motoquero con un mensaje sin dobleces: «Decile a tu cuñado que cierre la boca». Y si al esposo de Ana Burzaco le quedaron dudas, un segundo motoquero, en los días que siguieron, le reiteró el mensaje, también a la salida del gimnasio: «Decile a tu cuñado que no hable».

Y eso que Mariano Mendilaharzu, el abogado de Alejandro Burzaco en la Argentina, hacía tres años que se había encargado de enviar los mensajes correctos a los sótanos. «Él no es un hombre bomba», salió a anunciar por Radio Mitre. Como para que quedara claro[430].

Pero tantos son los que se mueven por los sótanos que en ocasiones resulta imposible determinar al atacante o a su autor mediato. El exministro Roberto Lavagna, el entonces senador radical Gerardo Morales, el primer jefe de Gabinete de los Kirchner, Alberto Fernández, el jefe del bloque de senadores nacionales del PJ, Miguel Angel Pichetto, y la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini, son solo algunos de los que denunciaron durante los últimos años que «alguien» los escuchaba de manera ilegal.

¡Si Lilita Carrió prefirió, en los momentos álgidos del kirchnerismo, conversar cara a cara, a solas y dentro de un auto, antes que por teléfono!

¿Sabrá Carrió que ella no es la única que prefiere celebrar sus reuniones dentro de automóviles? ¿Sabrá que el designado sucesor por Alfredo Yabrán, Héctor Colella, también prefiere dialogar sobre cuatro ruedas y, en lo posible, en movimiento?

Otros, en tanto, callan sus verdades… Porque si tuviera tiempo —⁠y ganas de causar un terremoto político⁠— también podría atestiguarlo el Papa. Fue, claro, en sus tiempos de cardenal primado de la Argentina, cuando para el kirchnerismo era el odiado jesuita Jorge Bergoglio, no el veneradísimo y visitadísimo Francisco.

Tiempos, también hay que decirlo, en que la Iglesia argentina recurrió a los buenos oficios del operador Javier Fernández para aliviar sus dolores de cabeza por la quiebra fraudulenta del Banco Crédito Provincial (BCP), comandado por la familia Trusso. De allí habría nacido una línea directa con el Vaticano, deseosa de ayudar a Francisco Trusso, exembajador ante la Santa Sede durante el menemismo.

Porque en aquella implosión delictual del BCP había que mirar, en particular, la estafa perpetrada contra la Sociedad Militar Seguro de Vida, por un préstamo de 10 millones de dólares, otorgado al Arzobispado de Buenos Aires. Acaso por eso, Trusso logró la exarcelación a fines de 2003, tras varios rechazos judiciales, después que el entonces arzobispo platense, Héctor Aguer, saliera como su fiador personal, una movida que también abarcó a los cardenales primados de la Argentina, incluido el luego Papa Francisco, Jorge Bergoglio[431].

En el caso de Carrió, pateó el tablero en tiempos del kirchnerismo, pero también antes, cuando gobernaba la Alianza; mientras que Lavagna y Fernández apuntaron contra el gobierno kirchnerista del que fueron ministro de Economía y jefe de Gabinete, respectivamente; el senador Pichetto cargó contra sus rivales en Río Negro, y en el caso de la jueza Servini hasta encontraron un micrófono en su despacho de Tribunales, que de vez en cuando suelta una frase: «A lo que más le temo es a las injusticias. A las camas que te puedan hacer»[432].

La actual vicepresidenta Gabriela Michetti, por su parte, le cuenta a quien quiera escucharla que le aconsejaron que le saque la batería a su celular mientras esté en su despacho. Y que sus pruritos comenzaron sobre el final de la campaña presidencial de 2015, cuando empezó a recibir sobres con transcripciones textuales de conversaciones telefónicas que poco antes había mantenido con dirigentes que hoy son ministros[433].

Porque hay veces que el beneficio para los espías pasa por hacer su trabajo en silencio, sin que nadie lo sepa. Pero hay ocasiones en que el objetivo se alcanza cuando el afectado sabe que lo espían o intuya o tema que lo espíen (y se retrae por las dudas).

Nada novedoso. «El primer día que llegué al Ministerio», rememoró un exsecretario de Seguridad a este autor, «me entregaron mi carpeta. Cuando lo miré al emisario, me dijo: “Ahora vos sabés que yo sé. No me jodas y yo no te jodo”».

Un «carpetazo», puro y duro.

Héctor Timerman también lidió como canciller con los fanáticos de las conversaciones ajenas. Las líneas asignadas a él y a su número dos acumularon «anomalías» y estuvieron redireccionadas hacia un destino impreciso, según alertó la Dirección de Seguridad del Ministerio en el expediente secreto EXPE-MRE:003829 172 011. Eso, mientras Timerman negociaba con Irán el acuerdo por el que luego el fiscal Alberto Nisman lo denunció junto a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Acaso por eso, en la Cancillería sospecharon —⁠y aún sospechan⁠— de la ex SIDE y, en particular, de Stiuso.

Quienes trabajaron con el exjefe de Contrainteligencia de la SIDE le cuelgan una a favor y varios calificativos. ¿A favor? Que hizo de todo, pero con un límite, el narcotráfico, al que siempre combatió. Y que por eso, tras un operativo que terminó con el decomiso de un cargamento de cocaína en un avión privado, le devolvieron la cortesía con una bomba. ¿Los calificativos? Escurridizo, frío, obsesivo, amoral, cuidadoso, sórdido y eficiente. En particular, desde que se convirtió en el verdadero jefe operativo del organismo entre 2002 y fines de 2014, aunque «Jaime» se mueve por los sótanos desde la dictadura. Al fin y al cabo, él se encargó de investigar a Carlos Menem a pedido del alfonsinismo cuando el riojano se candidateó a la Presidencia, para luego seguir su ascenso a la Casa Rosada, del mismo modo que con Kirchner ya Presidente, dicen que le entregó a «Lupo» una carpeta de cartulina amarilla con la información que la ex SIDE había acumulado sobre el santacruceño[434].

La premisa es sencilla: las tareas de inteligencia son múltiples y abrevan en diversos métodos para obtener información. Entre ellas, las escuchas telefónicas, que pueden ser legales e ilegales. Las primeras las pide un fiscal o una parte en un expediente judicial —⁠una persona, por ejemplo, que sufre amenazas⁠— pero siempre debe ordenarlas un juez, que decide qué números serán interceptados y por cuánto tiempo.

En la Argentina formal, con esa orden judicial ya firmada, solo la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), un área específica del Poder Judicial, puede pinchar teléfonos y correos electrónicos. Así lo impone la ley… aunque los expertos saben también cómo utilizar la ley para fines ilegales…

¿Cómo? La más básica es que un juez ordene las escuchas, incluso en violación de la Constitución Nacional. Algo que parece imposible, pero que ocurre. Como cuando en 2004 un magistrado de Tierra del Fuego, Javier de Gamas Soler —⁠exsecretario de instrucción de la causa AMIA del luego destituido juez Juan José Galeano⁠— le ordenó a la SIDE pinchar los teléfonos de once periodistas, incluidas las líneas de las oficinas del diario La Nación y de Radio Nacional en esa provincia[435].

Otra opción, apenas más prolija, es armar expedientes con fechas antedatadas que permitan legalizar escuchas que ya se habían hecho sin orden judicial previa. O armar investigaciones falsas para ordenar las intercepciones. Por eso se destituyó, por ejemplo, a dos jueces en Misiones, José Luis Rey y Horacio Gallardo, dentro de la investigación por escuchas ilegales que incluyó el procesamiento del entonces jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, sobreseído cuando ya era Presidente, de la mano del operador Javier Fernández.

Una tercera y algo más sofisticada opción es la «pesca indirecta». Se obtiene una autorización para escuchar a «A», quien es irrelevante, pero se sabe que se comunica con «B», la verdadera presa. Así se escucha a «B» y, según qué diga, iniciarle una causa penal a «B».

¿Un ejemplo?

El expediente que la ex SIDE inició en 2012 y que acumuló indicios de una larga lista de escándalos en potencia: sobornos a jueces, amenazas de carpetazos entre funcionarios, seguimientos a periodistas, vínculos ocultos con barras, testigos falsos en el juicio por la tragedia de Once, el rol de Milani en tareas de inteligencia interna, datos sobre el titular de la Corte Suprema y cruces de facturas dentro de la propia ex SIDE, entre otros.

¿Nombre o «carátula» del expediente? «NN s/espionaje». Como para que todos se queden bien tranquilos.

El expediente, número 1744/2012, quedó en manos del juez federal Sergio Torres y en tres años llegó a acumular 82 carpetas con 16 400 fojas de transcripciones telefónicas que se acumularon hasta agosto de 2014 y aportó indicios sobre una supuesta disputa que mantenían dos referentes de los espías: Stiuso y Fernando Pocino. ¿Enemigos?

Tras revisar ese material, el fiscal federal Federico Delgado recomendó al juez que archivara la causa, pero que extrajera testimonios para que otros jueces investigasen los posibles delitos a los que se aludían en las interceptaciones e informara también al Congreso y a la Casa Rosada para que evaluaran qué medidas debían adoptar.

Todo comenzó cuando la ex SIDE le pidió a Torres que autorizara la intervención de algunos teléfonos y de una cuenta de correo electrónico. Todo vinculado a una consultora, Dark Star Security, a la que acusó de «desarrollar tareas de espionaje y contraespionaje en beneficio de una potencia extranjera»[436].

Cuatro meses después, la ex SIDE reafirmó su posición. Dijo que esa firma hacía supuestas «tareas de espionaje relacionadas con la disputa» con Gran Bretaña por la soberanía de las islas Malvinas, por lo que Torres prorrogó las escuchas. Pero el juez nunca citó a los funcionarios de la ex SIDE a que explicaran «el qué, el cómo y el cuándo» investigarían a esa firma, como le reclamó el fiscal Delgado.

Tres años y dos meses después, sin embargo, la hipótesis del espionaje de Dark Star Security se había caído a pedazos. Para el fiscal Delgado lo único que se confirmó de la denuncia de la ex SIDE fue que uno de los sospechosos, «Alfredo», trabajaba para la embajada británica, pero en «tareas de asistencia y asesoramiento comercial». Nada más. «No surgió ningún elemento que permita, por lo menos indiciariamente, corroborar la hipótesis inicial o cuando menos direccionar la investigación en ese sentido», indicó, por lo que recomendó archivar el expediente.

Las escuchas, sin embargo, sí reflejaron el interés de la ex SIDE por conocer los movimientos del dueño de Dark Star Security y de otro consultor, Leonardo Scatturice, rostro visible de la firma C3 —⁠un expolicía federal, buen amigo de Daniel Hadad y del ¿ex?, agente de la CIA, Frank Holder⁠—, que se presentaba a sí mismo en Internet como «especialista en Inteligencia e Investigaciones».

«Las transcripciones —abundó el fiscal— exhiben una suerte de organización integrada por personas que podrían ser parte formal o informal del sistema de inteligencia público, que, de manera alternativa y/o conjunta con empresarios, funcionarios, personas que desempeñan profesiones liberales (abogados, periodistas, etcétera) llevaron adelante comportamientos criminales».

La Fiscalía resumió entonces 27 charlas que definió como «puntas para investigar». Entre ellas:

Diálogos sobre «la labor de Alberto Nisman y de funcionarios de la ex SIDE, el rol del general Milani en el sistema de inteligencia y de Fernando Pocino».

Diálogos sobre «actividades delictivas del general Milani, del origen del patrimonio del empresario Matías Garfunkel, de la venta de información sobre funcionarios públicos, de la salud de la Señora Presidente», Cristina Fernández de Kirchner.

Datos precisos que los interceptados tenían, en tiempo real, sobre el «lugar de hospedaje, reuniones y demás circunstancias relativas a la estadía del periodista Jorge Lanata en Panamá, hacia donde habría viajado con motivo del caso Fariña».

Diálogos sobre «intervenir teléfonos por fuera de una causa judicial y de compra de permisos en la Policía de Seguridad Aeroportuaria».

Un diálogo en que uno de los interlocutores afirma que el entonces jefe de la Secretaría de Inteligencia, Héctor Icazuriaga, «dio la orden para que la gente de Aerolíneas Argentinas “se deje de joder” o aparecerían “papeles” que tenía en un cajón». ¿Carpetazo o simple apretada?

Detalles sobre la «cooptación de un periodista por necesidades derivadas de las internas del espionaje» y alusiones a «sobornos y tráfico de influencias en altas jerarquías del sistema judicial».

Conversación entre un interceptado y alguien apodado «el Transportador» en los que aluden al «tráfico de influencias y pedido de sobornos» ante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Y ese expediente, el 1744/2012, es apenas uno en los tribunales federales de Comodoro Py, un edificio donde abundan esas jugadas… y se silencian muchas más…

¿Qué habrá de cierto, por ejemplo, en las palabras de Sergio Schoklender cuando afirmó que Pocino fue a visitarlo para negociar, a pedido de Aníbal Fernández, la investigación del caso «Sueños Compartidos»? ¿Le pidieron que reeditara «la gran Caserta» y asumiera toda la responsabilidad para proteger a otros peces, más grandes?[437]

El objetivo último de las escuchas, sean legales o no, es obtener información a la que de otro modo no se podría acceder. Si son ilegales permiten obtener una ventaja desleal en los negocios o en la política —⁠y Francisco de Narváez podría relatar aquí cómo se obsesionó por esquivar pinchaduras durante su campaña de 2009⁠—. O para extorsionar a un rival, sea empresario o político. Y en ese rubro, la ex SIDE también forjó su fama con especial fuerza durante la década kirchnerista, algo que sus máximos referentes luego lamentaron… o dijeron lamentar.

«Nos han construido una leyenda de carpetas y carpetazos, pero todo el sistema político está temiendo esto», se sinceró el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, cuando asistió al Senado, en febrero de 2015, para defender la reforma del sistema de inteligencia que proponía el kirchnerismo.

¿Solo una «leyenda», como dijo Zannini?

¿Acaso el kirchnerismo no se movió a puro «carpetazo», como cuando ventiló que el exministro de Seguridad y exdiputado nacional Juan José Álvarez había trabajado en la SIDE a principios de los años ochenta? ¿Acaso estuvo la mano de Pocino, el espía favorito de la entonces Presidenta, detrás de ese «carpetazo», como afirmó Sergio Schoklender?[438]

¿O habrá que recordarles a todos el artículo «Época de revancha», del fundador y director de Ámbito Financiero, Julio Ramos, del 15 de septiembre de 2006? Aquel en el cual Ramos alertó que «el hombre más duro —⁠temido a veces por el gobierno⁠— del grupo El General (exduhaldistas), Eduardo Camaño, amenazó con “carpetas” en Diputados si el oficialismo se lanzaba a la aventura de pedir la expulsión del legislador Juan José Álvarez por otra “carpeta” difundida, mostrándolo como empleado de la SIDE desde 1981 a 1984»[439].

¿O habrá que recordarles a los kirchneristas la falsa acusación que promovieron contra el exintendente porteño Enrique Olivera, tres días antes de las elecciones legislativas de octubre 2005, cuando el entonces funcionario Daniel Bravo lo denunció ante la Oficina Anticorrupción de ocultar una cuenta bancaria en Suiza para, dos años después, pedir disculpas y afirmar que lo utilizaron para una operación política?[440]

Para ser justos, los kirchneristas ni siquiera fueron originales. El exministro de la Corte Suprema, Augusto Belluscio, podría relatar cómo se filtraron durante el menemismo las cartas que escribió la abogada Mirta Schvartzman, antes de suicidarse en París, en 1989. Y cómo la filtración ocurrió mientras el presidente Carlos Menem avanzaba sobre el tribunal que integraba Belluscio para imponer su «mayoría automática».

«Supongo que debe haber habido alguna ayuda extraparlamentaria para conseguirlas y convertirme en un blanco móvil», se lamentó Belluscio cuando la senadora Alicia Saadi le reclamó su renuncia esgrimiendo esas cartas, a las que también había accedido la revista Somos[441].

La diferencia es que ahora, con las oportunidades que ofrecen las redes sociales, las operaciones están a la distancia de un click, reviviendo el «Far West», pero en su versión 2.0., como demostró la mediática Natacha Jaitt, en abril de 2018, cuando protagonizó una campaña sucia contra periodistas como Carlos Pagni, Oscar González Oro, Alejandro Fantino y Juan Cruz Sanz, y figuras del espectáculo.

Sin embargo, si lo que se pretende es solo escuchar a alguien, sin pretensiones de legalidad —⁠una afición que exfuncionarios y opositores le atribuyen al fallecido expresidente Kirchner⁠— una opción son las intercepciones móviles. Hay quienes todavía aluden a unas «valijitas», en particular rusas e israelíes, que hace unos años se conseguían por 150 000 dólares en el mercado, aunque otros prefieren las «antenas» para captar líneas móviles. ¿Cómo funcionan? Como los teléfonos celulares siempre buscan la antena con mejor señal a su alrededor para funcionar, la clave pasa por ubicar la antena pirata cerca del teléfono deseado. Alcanza con posicionarla a unos 300 metros en zonas urbanas o a un par de kilómetros en zona rural. Se potencia entonces la antena irregular, por encima de las antenas regulares de la zona, y se logra así que los piratas accedan a las comunicaciones del móvil a vigilar[442].

¿Suena demasiado raro? Esa práctica salió a la luz en Noruega, por ejemplo, cuando el periódico local Aften Posten reveló en junio de 2015 que el primer ministro, miembros del Parlamento, el presidente del Banco Central y el ministro de Defensa de ese país eran monitoreados con antenas ubicadas hasta un kilómetro de distancia de sus oficinas[443].

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y otras fuerzas de seguridad de Estados Unidos también recurren a esos sistemas. Se conocen como «StingRay», aunque las marcas son varias: Harpoon, Amberjack, KingFish y RayFish, entre otras, con valores que llegaban a los 400 000 dólares en las postrimerías del kirchnerismo en el poder[444].

¿Y sirve de algo recurrir a las llamadas por WhatsApp o por Telegram? Complican un poco la labor de los fanáticos de las conversaciones ajenas, sí, aunque igual pueden «entrarle» a esas llamadas. Para eso está, por ejemplo, una simpática empresa panameña…

El gobierno de Macri, por su parte, tampoco se quedó atrás. Empujó durante el primer semestre de 2018 una habilitación para intervenir teléfonos celulares o computadoras de un modo que permitiría acceder a información que hasta ahora está vedada. Lo intentó dentro de una reforma integral del Código Procesal Penal que se sancionó en 2014, pero que nunca entró en vigencia y que el nuevo Gobierno quiso darle nuevo impulso, pero con algunos retoques[445].

En español: buscó legalizar el uso de «Pegasus», según Horacio Verbitsky, un software israelí «que permite penetrar en la intimidad de una persona y utilizar el micrófono, la cámara y el localizador satelital de su propio teléfono como instrumento de espionaje sobre su vida, incluyendo el seguimiento de cada uno de sus pasos y hasta sus encuentros íntimos».

A menudo, sin embargo, la propia víctima ofrece en bandeja las oportunidades para ser infiltrado. ¿Ejemplos? Cuando abre mails con virus o «troyanos» —⁠como en su momento el «Regin»⁠—, desde su computadora o su teléfono. O cuando se conecta a los servicios de Wi-Fi del hotel donde se hospeda o asiste a una conferencia. A tres metros de distancia, un hacker se puede hacer una fiesta. La tarifa por la interceptación, en esos casos, suele ser más económica y bajar a solo 1500 dólares.

El experto en seguridad informática Marcelo Lozano aclara, sin embargo, que «quienes se dedican a inteligencia ya no concentran sus esfuerzos en escuchar los teléfonos, sino en el entrecruzamiento de datos, el “data analytics”, de esos teléfonos». Eso les permite determinar, explica, qué hace una persona, con quién habla, con quién se reúne y dónde, o a qué lugares concurre, más allá de lo que esa persona diga durante una llamada, en la que puede encadenar mentira tras mentira.

Porque alguien puede decir por teléfono que está leyendo un libro en la luna —⁠y eso es lo que escucharán quienes pinchen su línea⁠— pero lo relevante es que la «metadata» de su celular permitirá determinar que en realidad estaba en un hotel alojamiento de Rosario y quiénes estaban en ese mismo lugar, a esa misma hora.

«Cada vez se les otorga más énfasis a los datos que se pueden extraer de los teléfonos móviles y al análisis de la “metadata” que a lo que el objetivo diga. Eso es lo que hace la NSA», confirmó un exnúmero dos de la SIDE, al recordar las tareas de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que desde la presidencia de George W. Bush implementó un programa de escuchas y análisis sin órdenes judiciales previas.

Más alejado aún de las escuchas, los fanáticos de la información ajena se obsesionan con dos áreas específicas del Estado argentino. ¿Cuáles? La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

La UIF es la unidad antilavado que recibe cada año miles de reportes sobre operaciones bancarias, patrimoniales y financieras sospechosas de múltiples «sujetos obligados», públicos y privados, de todo el país, así como también alertas de otros organismos antilavado alrededor del mundo. Y la AFIP es, hoy, el organismo con más y mejor información sobre todos los contribuyentes, con detalles sobre sus ingresos, gastos, patrimonio, vinculaciones familiares y societarias, cuentas bancarias, deudas, inversiones y mucho, muchísimo más.

Apoyado en ese arsenal, la AFIP cuenta con la capacidad de apretar o de proteger casi a piacere. Así puede atestiguarlo Andrés Vázquez, el extitular de su Dirección Región Sur Metropolitana y extitular de su área de «Inteligencia Fiscal», un área de vínculo aceitado y aceitoso con la AFI.

Vázquez mezcló etapas muy activas con tres «congelamientos». En febrero de 2007, por ejemplo, una supervisora del equipo de Operaciones Financieras del Departamento de Investigación del área de Grandes Contribuyentes nacionales de la AFIP, Haydée Boyadjian, reportó su extraña presencia y peculiar comportamiento en el Casino flotante de Buenos Aires, donde parecía jugar más de local que de visitante.

No solo eso. Vázquez también reasignó equipos para evitar que llegara demasiado lejos la investigación sobre la constructora Gotti Hermanos —⁠en la que Lázaro Báez y Ernesto Clarens se involucraron⁠—, participó en el polémico megaoperativo contra la sede del Grupo Clarín en noviembre de 2009, y hasta sobrevivió a la revelación de que acumulaba casi medio millón de dólares en dos cuentas en el Caribe y en Europa, que sacó del país a través de una cueva del BNP Paribas en Buenos Aires. Eso, por fuera de los controles formales y sin declarar esos fondos ante la propia AFIP. Pero su estrella languideció cuando Stiuso cayó en desgracia[446].

En la Corte Suprema recuerdan otra combinación SIDE + AFIP. Ocurrió cuando las huestes de Ricardo Echegaray en el organismo tributario avanzaron contra Lorenzetti y su familia, en plena tensión institucional, en junio de 2013, mientras que agentes de la casa de los espías se dejaban ver por la puerta de su casa para desgastarlo, pincharon su teléfono e intentaron hackear su email[447].

Por todo esto —pero no solo esto—, son muchísimos los que toman sus precauciones. Desde la Casa Rosada, que recibe teléfonos celulares «tuneados» por la ex SIDE, a un amplio espectro de políticos, empresarios, sindicalistas, operadores y periodistas, que aprendieron a los golpes que hay conversaciones que solo pueden entablarse cara a cara. Y decir por teléfono solo aquello que estén dispuestos a ver en televisión algún día.

Por eso, uno de los máximos empresarios de la Argentina —⁠integrante del top ten criollo⁠—, siempre deambula con tres teléfonos: el normal, el encriptado y el que usa, según sus propias palabras, «para el poder». Y el operador Javier Fernández, además de sus teléfonos habituales, portaba uno estilo startac, dorado, cuyo número solo conocía una persona: Néstor Kirchner. Y el día que murió el ex Presidente, el operador lo enmarcó detrás de un vidrio y lo colgó en el quincho de su casa.

Claro que limitar los talentos de los sótanos a las pinchaduras de teléfonos o de correos electrónicos, al análisis de la metadata de los dispositivos o a lo que puedan pescar los servicios en otros organismos, sería insultar a los profesionales.

Porque los muchachos, por ejemplo, pueden participar —⁠y participan⁠— en operativos legales, dentro y fuera del país para colaborar en investigaciones sobre secuestros extorsivos, narcotráfico, trata de personas, prófugos y mucho más, del mismo modo que pueden participar —⁠y participan⁠— en operativos ilegales.

Como el mediodía del 15 de octubre de 2016, cuando un muchacho con guantes retiró el vidrio trasero del auto de la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, desactivó la alarma y revisó copias de diversos expedientes; entre ellos, el del Correo Argentino (de la familia Macri), según inmortalizó una cámara de seguridad. ¿Buscaba, quizá, el borrador del dictamen que la fiscal ya redactaba y presentaría en febrero, contrario al acuerdo que intentó el gobierno del Presidente Macri?

«El video muestra cómo, antes de sacar cuidadosamente el vidrio trasero del auto personal de Boquín, se pone un par de guantes. Secundado por un auto, tranquilo, con oficio, comenzó a revisar copias de diversos expedientes», reconstruyeron los periodistas Julián Maradeo e Ignacio Damiani. «Entre ellos, se encontraban los vinculados al Correo Argentino. Muchos desaparecieron». Porque el hombre solo se llevó papeles. Nada más. Ni siquiera el perfume francés que estaba allí, a disposición de cualquier amigo de lo ajeno. ¿No le gustó la fragancia, acaso?[448]

Los muchachos también pueden potenciar o arruinar una investigación judicial o la reputación de una persona o una empresa, con la difusión interesada de datos que combinen la dosis exacta de verdad y mentira, en un combo explosivo que circula mucho más rápido que la verdad, como ya verificaron infinidad de expertos durante décadas[449].

Pueden también aportar —y aportan— datos ilegales sobre rivales del jefe, como cuando la ex SIDE le informó al entonces presidente Kirchner que sus eximpulsores devenidos contendientes, los Duhalde, financiaban parte de su campaña de 2005 con fondos de la Administración de Programas Especiales (APE), que dependía del entonces ministro de Salud de la Nación, Ginés González García[450].

También pueden involucrarse en negocios privados.

Pueden llevar y traer dinero negro para comprar y torcer voluntades.

Pueden asistir a prófugos de la Justicia, como cuando dos de los asesinos buscados por el «Triple Crimen», Víctor «Facha» Schillaci y Cristian Lanatta, cruzaron la frontera hacia la ciudad paraguaya de Encarnación, a las 00:56 del 25 de abril de 2009, y al día siguiente retornaron hacia Posadas, a bordo de un Chevrolet Astra, matrícula EXU 826, registrado a nombre de la ex SIDE[451].

Y eso, para no mencionar al supuesto autor intelectual del «Triple Crimen», Ibar Pérez Corradi, quien residió en Paraguay, durante años, sin que lo afectaran una orden de captura de Estados Unidos por presunto tráfico de oxicodona, otras dos de la Argentina por tres homicidios y lavado, más una alerta roja de Interpol. Según detalló uno de sus abogados, Carlos Broitman, porque los muchachos lo ayudaron a escapar: «Fueron miembros de la ex SIDE los que le facilitaron un DNI, contactos y le dijeron por dónde tenía que salir y por qué puerta migratoria»[452].

Nada demasiado peculiar si se toma en cuenta que su socio en el negocio de la efedrina, Josué Ezequiel Fuks, continúa prófugo, tras escaparse por Chile, acaso con la ayuda de los muchachos. Se radicó en Israel —⁠país sin convenio de extradición⁠—, mientras que la ex SIDE no le respondió durante años a la Justicia los pedidos de información[453].

Los muchachos que trabajan para los sótanos también saben cómo radicar falsas acusaciones para erosionar a sus víctimas, ya sean acusaciones mediáticas o judiciales. Si lo sabrá Alberto Abad, que un mal día de fines de 2017 le comunicó a Macri que renunciaba a la AFIP, harto de lidiar con denuncias penales presentadas en su contra, mientras intentaba reconstruir el organismo que devastó Echegaray. Una y otra y otra vez lo forzaron a nombrar un abogado defensor —⁠y pagarlo de su bolsillo⁠—, presentarse en Tribunales, dar explicaciones sin sentido, perder tiempo, ver su nombre en la prensa en términos negativos, manchar su reputación y, en suma, desgastarlo. En su caso, lo lograron.

Trece denuncias penales en contra; seis de ellas, la semana posterior a dar el primer paso contra Cristóbal López.

«Ya estoy grande y no tengo ganas de esas cosas», rememoró luego Abad ante este autor. «Hubo en un momento en que nos pusimos a limpiar en serio el organismo y fue como una lluvia de denuncias falsas, una atrás de otra, que me quitaron tiempo y energía, hasta que dije basta. Le avisé al Presidente, que me pidió que me quedara un poco más para coordinar la salida, y eso hice. Pero ya está. Ciclo cumplido».

Esas falsas denuncias, claro está, a veces resultan un tiro por la culata. Como cuando el abogado Alejandro Sánchez Kalbermaten —⁠luego detenido y procesado por una presunta extorsión a los Eskenazi junto a Juan Manuel Ducler, hijo del banquero Aldo Ducler⁠— denunció a tres lugartenientes de Abad en la AFIP: Eliseo Devoto, Jaime Mecikovsky y Adriana Raggi.

Sánchez Kalbermaten los acusó de traficar información secreta del organismo para alimentar las acusaciones de Margarita Stolbizer y Lilita Carrió, y utilizar también datos fiscales para diversos negocios personales. ¿Las supuestas víctimas de la presunta «banda»? Un grupo dispar: desde Lorenzetti y el entonces candidato a la Presidencia, Daniel Scioli, hasta el presidente de Boca Juniors y operador del PRO, Daniel Angelici, y los empresarios Nicolás Caputo y Marcelo Tinelli.

La Justicia abrió entonces una causa, allanó a Devoto, Mecikovsky y Raggi, secuestró sus computadores y teléfonos, y ordenó peritajes informáticos. Pero la mentira se cayó a pedazos cuando esos análisis determinaron que los supuestos archivos incriminatorios se habían plantado en una laptop que llevaba dos semanas sin encenderse y tenía roto el teclado. Según el Área Cibercrimen y la Sección Análisis Tecnológico de la Policía Metropolitana, esa computadora no se había encendido entre el 21 de diciembre de 2015 y el 9 de enero de 2016, y «los archivos en cuestión fueron introducidos a través de un almacenamiento externo sin iniciar el sistema operativo»[454].

Pero la premisa es, en estos casos, siempre la misma: si no es posible tumbar, al menos hay que embarrar.

Mecikovsky bien puede atestiguarlo.

2008. Él y Norman Williams, responsable de la Regional Comodoro Rivadavia de la AFIP, investigaban a la constructora Gotti Hermanos por una evasión con facturas truchas por más de 400 millones de pesos y que llevó a la empresa —⁠en la que estaban involucrados Lázaro Báez y Ernesto Clarens⁠— a acogerse en 2009 a la primera ley de blanqueo y moratoria que impulsó el Gobierno kirchnerista y que permitió suspender la acción penal.

Pero antes de acogerse a la moratoria, la pesquisa contra Gotti ya había llegado demasiado lejos, con secuelas irrebatibles.

Primero cayó Williams.

Luego, Mecicovsky.

Y, por último, el jefe de ambos y por entonces titular de la Dirección General Impositiva (DG), Horacio Castagnola.

¿Quién reemplazó a Castagnola?

Rubén Ángel Toninelli, cuyo hijo Federico asesoraba a Báez y, según se sabría años después, llegó a viajar a Río Gallegos en el avión privado del presunto testaferro de los Kirchner para reunirse con él en la sede de Austral Construcciones, mientras que una tercera empresa de Báez, Badial, constituyó su domicilio legal en una oficina de Federico para litigar contra la AFIP ante el Tribunal Fiscal[455].

Nada demasiado novedoso, para ser justos con Toninelli, desde el momento en que, allá en los años noventa, IBM incluyó en su lista de proveedores a Latin Trade, una compañía de Jorge Cavallo, hermano del por entonces súperministro, en momentos en que la multinacional cosechaba contratos y negocios con el Estado, como los del Banco Nación o la DGI, donde a su vez una sobrina del «Mingo» también se involucró y opinó[456].

O como cuando apareció un supuesto informe de la Policía Federal sobre el «caso Maldonado», con sellos, firmas y membretes, apuntando contra la Gendarmería, en septiembre de 2017, que entró al expediente por dos canales simultáneos. Llegó de manera anónima a la Fiscalía de Esquel al mismo tiempo que el legislador Gustavo Vera entregó otra copia a la Procuración contra la Violencia Institucional (Procuvin), y comenzó a circular entre los periodistas. ¿Quién impulsó esa jugada? ¿Para qué?[457]

Las cloacas.

Que también pueden apretar y extorsionar.

Pueden enviar una encomienda con explosivos a la antigua casa de un rival, como le ocurrió en julio de 2018 al subsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, José Luis Vila, un veterano de la SIDE al que se suele asociar con Stiuso y con Enrique «Coti» Nosiglia. El paquete contenía un kilo de trotyl y se lo enviaron a su nombre a un edificio de la avenida Callao y Arenales.

Veterano de esas lides, Vila no se sorprendió demasiado. Antes distribuyeron panfletos con su foto y leyendas adversas entre los vecinos del edificio, y le enviaron amenazas telefónicas en las que se le advertía que su familia la iba a pasar mal. Según él, provenientes de un grupo muy relegado de la inteligencia militar, que teme que se involucre en el área de inteligencia del Ministerio de Defensa[458].

Pueden contratar prostitutas de alto nivel y taxi-boys VIP para grabar sus encuentros con clientes «sensibles», extraerles información, manipular a las víctimas o torcerles el brazo. Nada nuevo desde Sansón y Dalila o, ya en el siglo XX, la legendaria espía alemana «Mata Hari», o la prostituta Christine Keeler, aquella del «affaire Profumo».

Ministro de Defensa (John Profumo), casado y conservador, con todo para ser el siguiente primer ministro británico + prostituta bonita de 19 años (Keeler) + espía ruso (agregado naval en la embajada, Yevgeny Ivanov) = caída del gobierno inglés y una de las peores crisis políticas del Reino Unido durante la Guerra Fría.

Lejos de Londres y ya en pleno siglo XXI, un camarista federal porteño cayó en la misma trampa. Lo engatusaron, lo filmaron en un departamento de la avenida Córdoba de la ciudad de Buenos Aires… y lo apretaron hasta que renunció. «Otro camarista explicó su alejamiento en el deseo de dedicarse al ejercicio lucrativo de la profesión, luego de una reunión a la que fue citado en la sede de la Secretaría, de donde salió con los ojos enrojecidos», complementó el periodista Horacio Verbitsky, en diciembre de 2014[459].

En versión criolla, también, el proxeneta Raúl Martins permite entreabrir una puerta similar, según relataron los periodistas Julián Maradeo e Ignacio Damiani en su libro sobre la corrupción PRO[460].

«Martins, graduado en la Escuela Nacional de Inteligencia en 1985, actuó durante quince años en la ex SIDE bajo las órdenes del entonces director de Contrainteligencia, Antonio “Jaime” Stiuso. Este le pedía las grabaciones de jueces y políticos y con ese material movía los hilos de la política y de Comodoro Py. La denuncia contra (el entonces juez Norberto) Oyarbide puso de manifiesto la relación del magistrado con Raúl Martins y Carlos Perciavalle, los dos exponentes más representativos de los boliches nocturnos de la década de 1990».

Porque los «servis» suelen grabar todo eso y más, como póliza de seguro: «Si yo caigo, vos caés».

Al fin y al cabo, también lo hizo Vladimiro Montesinos en Perú.

Exmilitar, exagente de la CIA, abogado de narcos colombianos y peruanos y luego jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) del dictador Alberto Fujimori, Montesinos grabó 150 videos para inmortalizar sus sobornos a la élite peruana, entre 1990 y 2000.

Ministros, legisladores, militares, jueces, fiscales, banqueros, periodistas, cantantes y muchos más pasaron por las oficinas de Montesino, hoy en prisión. Allí recibieron dinero y pidieron o cosecharon favores y encargos. Entre ellos, el entonces dueño de una de las más importantes cadenas de televisión que le cedió su línea editorial a Montesinos a cambio de 10 millones de dólares; el dueño del banco más poderoso del país le pidió una «ayudita» con el Poder Judicial; y al entonces alcalde de El Callao, lo filmaron mientras arreglaba su postulación para alcalde de Lima.

Los sótanos, por último, pueden dirimir sus diferencias a los tiros, como ocurrió con la mano derecha de Stiuso, Pedro «el Lauchón» Viale, asesinado en un operativo del Grupo Halcón de la policía bonaerense, el 9 de julio de 2013, minutos antes de las 6 de la mañana.

Agente de contrainteligencia de la ex SIDE, «el Lauchón» murió de once orificios de bala. Uno de ellos en la cara y seis en el tórax.

De inmediato arreciaron versiones de todo tipo. Que Viale urdía negocios propios con el narcotráfico, que integraba una banda que se quedaba con terrenos y edificios, que fue una señal contra Stiuso, que los «patas negras» de la bonaerense se la tenían jurada y que mandaron al Grupo Halcón como punta de lanza, que…

Dato curioso I: por ese asesinato, Stiuso y el entonces gobernador Daniel Scioli rompieron lanzas. Ni siquiera un encuentro organizado por el entonces número dos de la ex SIDE, Francisco «Paco» Larcher, logró recomponer esa relación. «En la gobernación atribuyen a ese fracaso la aparición de un video con la llegada de Scioli a Miami en un costoso vuelo privado», recordaría el columnista Carlos Pagni[461].

Dato curioso II: Graciela Ocaña, como fruto de su trabajo de limpieza en el PAMI (una de las mayores, más codiciadas y más saqueadas cajas del país), recibió también la visita de la élite de la Policía bonaerense. «En un claro mensaje mafioso, un escuadrón del Grupo Halcón […] entró a los tiros a mi casa de Villa Gesell que estaba vacía y destruyó todo, con la excusa de que les habían dicho que allí estaba secuestrada una persona»[462].

Lo cierto es que el jefe del operativo de la Bonaerense contra el «Lauchón», el subcomisario Hugo Orlando «el Tano» Fasone, pasó 8 meses detenido por ese operativo, pero zafó y volvió a ponerse el uniforme. Hasta que volvieron a detenerlo, en 2017, como parte de la supuesta asociación ilícita que explotaba la feria «La Salada» bajo el mando de Jorge Castillo.

Tampoco resultan tranquilizadores los motivos que esgrimió el presidente Mauricio Macri para nombrar a Gustavo Arribas al frente de la AFI: «Yo pensé de todos mis amigos, ¿cuál era el más vivo, el más desconfiado, el más acostumbrado a toda esa cosa de las trampas?»[463].

Peor, sin embargo, es la caracterización de Arribas por Roberto Digón, el veterano dirigente del club Boca Juniors que trabajó y lidió durante años con el actual Presidente y su «Señor Cinco». «Son íntimos amigos. Hicieron muchos negocios juntos, no tengo dudas de que Arribas era un testaferro de Macri», algo que hasta ahora nadie demostró[464].

Con Arribas llegaron algunos rostros nuevos a la AFI… y varios viejos conocidos:

Silvia «Turca» Majdalani, exdiputada nacional por el PRO, integró la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia del Congreso, amiga del exnúmero dos de la ex SIDE, Francisco «Paco» Larcher y del «Tano» Angelici, quien luego se colgó ante terceros la medalla de su ingreso a la casa de los espías. Férrea menemista —en su último día como Presidente, Menem indultó a su marido, Jorge Norberto Olivero, condenado por fraude, y ella, tiempo después, salió de garante del riojano ante la Justicia penal en el «caso Armas»—, ella sobrevivió a un par de denuncias penales por presuntos delitos de cuello blanco. Asumió como número dos de Arribas.

Sebastián de Stéfano, expresidente del Consejo de la Magistratura porteño y hombre de confianza de Angelici, asumió como director de Asuntos Jurídicos de la AFI.

Eduardo Miragaya, exfiscal y exoperador judicial del menemismo que acumuló un par de denuncias penales en su contra, llegó a la AFI para servir de nexo con los tribunales, donde cuenta con el madrinazgo protector de la jueza María Romilda Servini.

Juan José Gallea, exdirector de Finanzas del organismo de donde se marchó tras el escándalo por las «coimas en el Senado», sospechado de haber participado en el presunto pago de 5 millones de dólares, pasó por el multimedios de Sergio Szpolski y el operador Javier Fernández, y con Cambiemos volvió a la AFI y al mismo puesto de control de la caja del espionaje con el beneplácito de Angelici y de Enrique «Coti» Nosiglia.

Y como para que no quedaran dudas de su confianza en su amigo «más acostumbrado a toda esa cosa de las trampas», Macri dispuso con él el decreto 656/2016 que todo el presupuesto de la AFI volviera a quedar en las sombras. Es decir, más de 1450 millones de pesos.

Una caja negra.

11

Cómo el sistema carcomió las instituciones

El astuto verdadero no derriba las instituciones. Las abraza como un oso. O las vacía por dentro, como las termitas, en un lento proceso que en la Argentina incluyó fracturas y continuidades y que se aceleró durante las últimas décadas, se esparció por las provincias y hoy arroja un panorama de contrastes. Hay organismos de control que cumplen con su función, controlar, y otras que no son más que una cáscara vacía de lo que alguna vez (o nunca) fueron, para regocijo de los sótanos.

El servicio de Internet de la Oficina Anticorrupción (OA) era tan malo que los abogados no podían revisar las notificaciones electrónicas que llegaban de Tribunales.

Tan malo, que la conexión colapsaba si muchos empleados de la OA intentaban navegar al mismo tiempo.

Tan tan malo, que la mayoría de los empleados del organismo creado para prevenir, investigar y erradicar la corrupción dentro del Poder Ejecutivo Nacional optaba por conectarse al wi-fi del bar de la esquina.

Sí, al wi-fi de un bar.

Creada por el gobierno de la Alianza en 1999 para relanzar la ética en la administración pública y ponerles un freno a las tentaciones tras la «fiesta menemista», los tiempos dorados de la Oficina Anticorrupción duraron poco. Su ocaso comenzó incluso antes de la caída de Fernando de la Rúa en 2001 y llegó a un cuadro casi terminal con el kirchnerismo.

Cuestión de prioridades, durante 2015, su último año como presidenta, Cristina Fernández de Kirchner destinó 105 veces más dinero a Fútbol para Todos que a la OA. En contante y sonante: 1800 millones de pesos versus 17 millones de pesos, de acuerdo al presupuesto. La contundencia de los números más allá de los discursos no se agota allí. Su planta de personal llegaba a 99 empleados en diciembre de 2015, de los que apenas 8 figuraban en planta permanente, cifra que empeoró tras los dos primeros años del gobierno de Cambiemos. Bajó a solo 5, aunque el decreto 321/18 abrió una esperanza para expandir la estructura de la OA. La primera vez desde que el último concurso para nombrar personal languideció en 2007 cuando el entonces ministro de Justicia, Aníbal Fernández, lo dejó sin efecto.

Incluso la distribución de los empleados durante la última década resultó demostrativa de las prioridades reales de la OA: 6 de los 99 estaban para asistir al titular del organismo, ya fueran como secretarias privadas (4) o como choferes (2), en tanto que otros 6 correspondían a maestranza e intendencia. Pero el área de Investigaciones contaba con apenas 2 contadores (a fines de 2017 subieron a solo 4) y el área de Transparencia con solo dos «analistas contables» (dos años después, también 4).

O sea que había seis (6) personas para atender los llamados, servirle el café o trasladar al titular de la OA, pero solo cuatro (4) para investigaciones o análisis contables.

Prioridades.

El truco más habitual, sin embargo, no pasa por el «contenido», sino por el «continente». Es decir, que los gobiernos decidieron mantener en pie los envases de la OA y de otros organismos de control, para que den la apariencia de que los vigilan, cuando en realidad son poco más que cáscaras vacías.

¿Regla básica?

Nunca, bajo ninguna circunstancia, hay que eliminar un organismo de control. Basta con carcomerlo por dentro, como las termitas a la madera.

Carlos Menem fue un genio en eso.

Cristina Fernández de Kirchner, no. Disolvió, por ejemplo, la Oncca (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario), entre sospechas de corrupción, enjuagues y escándalos, sospechas que consumieron cinco millones de gotas de sudor para resolverlo en Tribunales.

Con su disolución, la entonces Presidenta no hizo más que emitir un certificado de «truchez» a nombre de la Oncca y de sus responsables. Aunque, también es cierto que no había cómo explicar que un changarín de Mar del Plata figurara como supuesto dueño de un feedlot fantasma y embolsara casi un millón, es decir, más de 260 000 dólares al tipo de cambio vigente en 2009. Y menos explicable aún que cuando ese pago injustificado salió a la luz, alguien se encargó de que el dinero reapareciera y simulara como que aquí no ha pasado nada…[465]

Por eso Menem resultó un gran guía para los gobernantes que lo siguieron. Pionero en la demolición subrepticia de los controles, se dedicó durante los primeros años de su Presidencia a licuar las facultades, las competencias, el presupuesto y, en suma, el poder de los organismos que lo incomodaban. Porque el riojano comprendió como pocos que una es la Argentina real y otra muy distinta la Argentina teórico-legal, esa que en 2001 garantizó la «intangibilidad de los depósitos» tres meses antes del corralito y esa que suelen auditar los observadores internacionales —⁠ya sean de fondos de inversión u organismos multilaterales⁠— cuando viajan a Buenos Aires, mientras se hospedan en Puerto Madero o Recoleta y se mueven en automóviles de alta gama con chofer mientras que revisan los medios gráficos «nacionales» —⁠en realidad, porteños⁠— desde sus teléfonos celulares con conectividad 4G[466].

Menem entendió, en suma, la importancia de contar con un «decorado anticorrupción», como lo define la actual presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio. «Es cierto que tenemos un avance en materia legislativa. La mayoría de los países de la región ratificó las convenciones internacionales y aprobó leyes de acceso a la información pública, de creación de oficinas anticorrupción y de responsabilidad penal de las empresas. Hay figuras de delación premiada o de protección a los whistleblowers y a los denunciantes de la corrupción. El problema es que nosotros tenemos esas leyes guardadas en los anaqueles y a las oficinas correspondientes, sin presupuesto, sin personal, sin infraestructura. Por lo tanto, tenemos un “decorado anticorrupción” y falta de implementación de las normas en muchos países»[467].

¿Un ejemplo de ese «decorado» institucional?

La Cámara Nacional Electoral cuenta con un equipo de sabuesos para controlar cómo financian sus campañas los candidatos y los partidos.

¿Nombre oficial de ese equipo?

Cuerpo de Auditores Contadores.

¿Cuántos expertos lo integran?

Siete.

Siete técnicos deben verificar la veracidad de todos los números volcados en todos los informes presentados por todos los equipos de campaña en todas las elecciones nacionales.

Un Cuerpo de Auditores que, para más datos, debió iniciar un expediente administrativo, obtener cinco cotizaciones, pasar por la «Unidad de Administración Financiera», contar con el visto bueno del «Secretario de Actuación Electoral» y obtener una resolución de la propia Cámara… para reemplazar su fotocopiadora[468].

Porque si una columna indispensable del sistema argentino de corrupción e impunidad son los servicios de Inteligencia, otra la conforman los organismos que integran el sistema teórico de control.

¿Molestaba el Tribunal de Cuentas? Menem removió a 4 de sus 5 miembros y los reemplazó con funcionarios propios.

¿Molestaba la Procuración del Tesoro? Sustituyó a su cabeza.

¿Objetó la Inspección General de Justicia (IGJ) los procesos de privatización de Aerolíneas Argentinas y Entel? Lo renunció a su titular, Alberto González Arzac.

¿Lo investigaba la Fiscalía de Investigaciones Administrativas? Eyectó por decreto a su entonces titular, Ricardo Molinas.

¿Incordiaba la Sindicatura General de la Nación (Sigen)? La rebajó de Secretaría de Estado a Dirección Nacional, bajo la órbita de la Secretaría de Planificación de la Presidencia.

¿Preguntaba demasiado el Congreso antes de votar algún proyecto de ley? Recurrió a los decretos de necesidad y urgencia. Firmó 282 cuando solo se habían emitido 35 entre 1853 y 1989 (Raúl Alfonsín emitió 2), y fijó un controvertido precedente que aprovecharon todos sus sucesores: Fernando de la Rúa (59), Eduardo Duhalde (155), Néstor Kirchner (239), Cristina Fernández (82, de los cuales 33 fueron durante su primer mandato), y Mauricio Macri (35)[469].

Y así llegó a dos de los hitos del «menemato».

El primero: ¿Molestaba la Corte Suprema? Amplió de 5 a 9 sus miembros, modificó su equilibrio interno y gestó la infame «mayoría automática» que convalidó todo lo que quiso, tal y como había profetizado el entonces ministro del Interior, Eduardo Bauzá: «Existe una voluntad política de homogeneizar la Corte con el Poder Ejecutivo».

A confesión de parte…

El segundo: ¿Molestaba la Constitución Nacional? La reformó, «Pacto de Olivos» mediante, en 1994.

La ofensiva aceleró la degradación institucional. En particular, del Poder Judicial, con el riojano Julio Nazareno y sus habanos como presidente del máximo tribunal del país, aunque para ser justos Menem fue el estandarte nacional del atropello a las instituciones que se repitió en múltiples provincias.

El Club Político Argentino expuso un ejemplo icónico del torniquete institucional que aplican ciertos gobiernos provinciales a los que definió como «auténticos agujeros negros». Detalló que «en una provincia, cuyo color no cambia desde 1983, la ley prohíbe presentarse a licitaciones públicas a cualquiera que mantenga un juicio contra el Estado. Pero tomando en cuenta el tamaño relativo del estado en el PBI provincial, nadie puede prosperar sin licitaciones públicas, lo que otorga al Estado un poder sobredimensionado y despótico. Más aún si se recuerda que en dicha provincia —⁠como en otras⁠— el Poder Judicial está cooptado»[470].

A nivel nacional, en tanto, incluso con la Corte Suprema ya bajo su control, Menem no quedó conforme.

¿El procurador general de la Nación, Andrés D’Alessio, también clamaba que su cargo era «inamovible» y resultaba una piedra en el zapato? Forzó su renuncia.

Desde entonces, y como ocurrió con el precedente que Menem impuso en los decretos de necesidad y urgencia (DNU), cada Presidente también quiere contar con un procurador propio, incluido Mauricio Macri, quien entabló una batalla personal con la procuradora Alejandra Gils Carbó, hasta que consiguió su salida con un fallo judicial… gracias a la intercesión del operador Javier Fernández… 48 horas antes del domingo electoral de 2017.

Si Javier Fernández hasta anticipó por aquellos días la jugada que se venía para forzar la salida de Gils Carbó, con precisiones varias. Cual oráculo de Delfos, anunció a los oídos atentos cuándo saldría el fallo, cuál sería el argumento central para eyectarla y hasta profetizó ciertos párrafos.

Directo hasta lo brutal, a Fernández siempre le molestó, sin embargo, que lo sindiquen como un operador. Al menos, según los cánones que él mismo les endilga a los operadores, según le explicó al autor en un encuentro que mantuvieron, años atrás. «Si me piden un favor, intento hacerlo. Pero nunca apreté a ningún juez o fiscal, y yo no soy un coimero, ¿está claro? Yo tengo muchos amigos en la Justicia, sí, pero nunca he extorsionado a nadie, como sí lo han intentado algunos durante los últimos tiempos» del kirchnerismo, rememoró.

Concentrarse en la salida de Gils Carbó es, sin embargo, quedarse con apenas una pieza de una compleja maquinaria institucional que presenta crecientes falencias, pero también honrosas excepciones, y que abarca organismos de control y áreas específicas que dependen de los tres poderes del Estado a los que de manera metódica se debilita desde hace décadas.

Ese sistema de control (en sentido amplio) del Estado incluye a decenas de organismos y entes. Entre ellos, la antedicha Cámara Nacional Electoral, la Sindicatura General de la Nación (Sigen), la Auditoría General de la Nación (AGN), la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la Unidad de Información Financiera (UIF), la Defensoría del Pueblo de la Nación, la ya mencionada Oficina Anticorrupción (OA), la Procuración General del Tesoro —⁠aunque no sea un órgano de control en sentido estricto⁠—, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Consejo de la Magistratura, entre otros:

SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN): ya debilitada y ninguneada durante el menemismo, desde el arribo de los Kirchner a la Casa Rosada, el organismo dependiente de la Presidencia a cargo de las auditorías internas del Ejecutivo y otros organismos reguladores, universidades nacionales y empresas estatales registró crecientes señales de alarma.

Ya en marzo de 2004, el Informe Global de Corrupción de Transparencia Internacional (TI) alertaba que Néstor Kirchner «no ha roto totalmente con las prácticas del pasado», lo que ejemplificó con la designación de Alessandra «Lali» Minnicelli como número dos de la Sigen. «Dado que ella es esposa de Julio De Vido, ministro de Planificación Federal —⁠el principal Ministerio que la Sigen debe monitorear⁠— se da un claro conflicto de intereses», alertó. Tiempos, aquellos, en los que «Lali» era más conocida como esposa de De Vido que como hermana de Claudio, alias «Mono», quien se convertiría, ya en 2016, en uno de los 10 prófugos más buscados del país por su presunto rol en la llamada «mafia de los contenedores». Hasta que cayó, en Chapadmalal, ocho meses después.

En la Sigen, como era de esperar, nada pasó tras aquella alerta de Transparencia Internacional. Por el contrario, registró años de relativa inacción bajo el mando de Julio Vitobello —⁠que solía jugar de cinco en los partidos de fútbol de los viernes por la noche en la quinta de Olivos junto a Néstor Kirchner⁠—, para luego vivir gestiones aún peores. Asumió Daniel Reposo, cuyo curriculum vitae acumuló «errores de tipeo» que le impidieron ser Procurador General, aunque el juez federal Rodolfo Canicoba Corral lo sobreseyó.

AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN (AGN): complemento sistémico de la Sigen, la AGN no depende del Poder Ejecutivo sino del Congreso y actúa como control externo de la administración pública. La preside un auditor elegido por el partido opositor con mayor número de legisladores en la Cámara de Diputados, motivo por el cual entre 2002 y 2016 la presidió el radical Leandro Despouy.

Durante su gestión, la AGN completó informes críticos sobre el descontrol en las fronteras, Sueños Compartidos (Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender y Ministerio de Planificación Federal), la televisión digital abierta, las deficiencias del sistema ferroviario (Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y los concesionarios), Aerolíneas Argentinas (Grupo Mata y gestión oficial), la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Dirección Nacional de Vialidad y el Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), entre muchos otros.

Mientras desarrollaba su labor, sin embargo, la AGN lidió con un presupuesto acotado (en 2014, por ejemplo, recibió 506 millones de pesos frente a los 1634 millones de pesos que recibió Fútbol para Todos) y debió superar varios intentos por derribar a Despouy o limitar las atribuciones del organismo.

Despouy, en particular, también debió trabajar con un colegio de auditores controlado por una mayoría peronista, integrada por Vicente Brusca, Vilma Castillo, Oscar Lamberto y Javier Fernández, el operador judicial vinculado al entonces jefe operativo de la ex SIDE, Jaime Stiuso.

Con el ingreso de Mauricio Macri a la Casa Rosada, los cambios también llegaron a la AGN. El peronismo se convirtió en el principal partido de la oposición en el Congreso y se quedó, como impone la ley, con la presidencia de la AGN, donde ubicó a Ricardo Echegaray, aunque el extitular de la AFIP debió renunciar por falta de condiciones éticas y lo reemplazó Lamberto.

COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE MIXTA REVISORA DE CUENTAS: compuesta por seis diputados y seis senadores, la comisión debe revisar «la cuenta de inversión» de la administración pública nacional, así como también los planes de trabajo de la AGN, ordenarle que analice estudios e investigaciones sobre determinadas áreas o proyectos, y actuar, en última instancia, como «control de los controles» que debe implementar la AGN.

Esa, sin embargo, es en la teoría.

«El kirchnerismo impuso ayer un cepo sobre el control de la gestión de Cristina Kirchner», publicó la cronista parlamentaria del diario La Nación, Laura Serra, en abril de 2016. «No solo ya preside la Auditoría General de la Nación, el principal organismo de control del Estado, sino que desde ayer se garantizó la jefatura de una comisión clave, la Bicameral Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, que es la que debe aprobar o desechar los informes que realizan los auditores sobre la gestión».

«El oficialismo de Cambiemos no tardó en pegar el grito», abundó Serra, aunque era tarde. «Los senadores del Frente para la Victoria hicieron caso omiso de sus protestas y, en nombre de la mayoría que ejercen en el Senado, designaron al senador José Mayans al frente de la Comisión Mixta. De esta manera, el kirchnerismo se aseguró el “control del control”».

De nada sirvió que el jefe del interbloque Cambiemos, el radical Mario Negri, impugnara la decisión y se marchara de la comisión. «Casualidad o no, justo este año se deben tratar las cuentas de inversión de la gestión de Cristina Kirchner y distintos informes que se hicieron de su administración», se quejó Negri. «El kirchnerismo, en una interpretación arbitraria del reglamento, impuso su mayoría y arrebató la presidencia de la Comisión Mixta, cuando ese cargo le correspondía a la Cámara de Diputados», reclamó. Tarde.

Dos años después, sin embargo, con las cuentas del último año de Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada ya aprobadas por el peronismo, el gobierno de Cambiemos consiguió su objetivo: controlar a quienes ahora deben controlarlo. Así, en marzo de 2017 se quedó con la presidencia de la comisión, con el diputado del PRO, Álvaro González, mientras que Mayans quedó como vicepresidente.

Quid pro quo.

Así, ya con sus nuevas autoridades, la comisión recibió al actual presidente de la AGN, Oscar Lamberto, quien planteó que el Congreso «usa poco» a su organismo. «El control es efectivo cuando no es espasmódico, sino cuando es sistémico; cuando nosotros controlamos todo el tiempo todo», remarcó, aunque también bregó por extremar el bajo perfil de la AGN: «Cuanto más silenciosa sea, cuando menos ruido haga, vamos a ser más efectiva, porque nosotros no somos la policía del Gobierno»[471].

¿No?

PROCURADURÍA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS: la antigua Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, ya rebautizada como «Procuraduría», es el órgano especializado dentro de la Procuración General de la Nación para investigar posibles irregularidades administrativas y eventuales actos de corrupción cometidos por agentes de la administración pública nacional.

Tras la salida de Ricardo Molinas durante el menemismo, la Fiscalía padeció años de estancamiento y retrocesos, lo que pareció revertirse en noviembre de 2003, cuando asumió por concurso el hasta entonces titular de la Oficina Anticorrupción, Manuel Garrido.

Sin embargo, tras radicar denuncias e impulsar investigaciones contra el matrimonio Kirchner, la exministra de Economía Felisa Miceli, el secretario de Transporte Ricardo Jaime, el secretario de Medios, Enrique Albistur, el entonces jefe del Ejército Roberto Bendini, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y contra la intervención del INDEC, entre otras, Garrido presentó su renuncia en marzo de 2009, molesto por lo que calificó como un «recorte de facultades» que dispuso en su contra el entonces procurador general Esteban Righi.

Al frente de la FIA quedó un subalterno, Guillermo Noailles, quien buscó mantener el más bajo perfil posible, pero terminó envuelto en un escándalo cuando modificó las políticas generales de la Fiscalía y se negó a apelar el sobreseimiento exprés del matrimonio presidencial Kirchner que dispuso el juez federal Norberto Oyarbide en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, incluso a pesar de un detallado informe con objeciones planteadas por sus expertos contables.

Recién cinco años después, a fines de 2014, asumió por concurso un nuevo titular, Sergio Rodríguez, quien pasó antes por la Oficina Anticorrupción y la gerencia de Sumarios Penales de la Anses, e intenta desde entonces revitalizar la Procuraduría, con escaso personal y recursos acotados, mientras afronta planteos oficiales —⁠que buscan asociarlo al kirchnerismo para poner en duda su labor⁠— y presiones privadas por, entre otros motivos, impulsar el capítulo argentino del Lava Jato.

PROCURADURÍA DE CRIMINALIDAD ECONÓMICA Y LAVADO DE ACTIVOS (PROCELAC): dentro de la Procuración General, con el arribo de Gils Carbó se crearon o se modificaron varias áreas especializadas de investigación. Entre ellas, la antigua Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, que lideraba el fiscal Raúl Plee.

Poco después de abrir sus puertas, la Procelac acumuló críticas por su excesiva cercanía al oficialismo, ya que participó en operativos contra, por ejemplo, cuevas financieras y «arbolitos» como parte de la ofensiva del Gobierno kirchnerista contra el dólar «blue». A eso se sumó la supuesta protección que su entonces titular, Carlos Gonella, le habría brindado al presunto testaferro de los Kirchner, Lázaro Báez, cuando estalló el escándalo por la «ruta del dinero K», por lo que fue procesado en primera instancia, decisión luego confirmada en segunda instancia.

Ya en mayo de 2016, los fiscales Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta reemplazaron a Gonella al frente de la Procelac, que desde entonces presentó informes a la Justicia sobre exfuncionarios kirchneristas, operatorias de narcolavado, los hermanos del presidente Mauricio Macri, empresarios vinculados a Hugo Moyano, y colabora con la investigación sobre Lázaro Báez al mismo tiempo que expuso sus críticas a ciertas prácticas recientes de la unidad antilavado (UIF).

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF): complementaria de la Procelac, la UIF es el principal organismo antilavado de la Argentina, con funciones de contralor e investigación doméstica, pero también de interacción con las unidades antilavado de otros países por medio de la «Red Egmont» y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Durante el kirchnerismo, sus titulares Rosa Falduto y José Sbattella acumularon múltiples denuncias penales. En particular, por la supuesta utilización del organismo como herramienta política para la persecución de «enemigos» del Gobierno —⁠entre otros, Francisco de Narváez, el Grupo Clarín y el HSBC⁠— y la protección de sus funcionarios o dirigentes cercanos al Frente para la Victoria (FPV).

Expuestas por la prensa, esas prácticas forzaron la salida de Falduto a principios de 2010, tras recibir la orden directa de la Casa Rosada de avanzar contra el Grupo Clarín, ya convertido en enemigo íntimo del Gobierno, tras cinco años de buena relación.

Para entonces, además, la unidad antilavado estadounidense (FinCen) ya había roto relaciones con la UIF por la filtración en Página/12 de un informe secreto de inteligencia financiera que había enviado a Buenos Aires sobre De Narváez, el candidato que enfrentó y venció a Néstor Kirchner en las elecciones legislativas de 2009.

Tras la salida de Falduto, Sbattella asumió al frente de la UIF y cumplió con las órdenes políticas de la Casa Rosada. Creó un «grupo de tareas», al tiempo que ordenó el archivo de más de 1000 alertas y nombró dentro de la UIF a familiares, amigos y compañeros de militancia sin experiencia antilavado.

Entre sus logros, por el contrario, Sbattella logró sacar al país de la llamada «lista gris» del GAFI e impulsó una nueva ley antilavado que otorgó mayores facultades a la UIF, que a partir de ese momento protagonizó más acciones e inspecciones y comenzó a aplicar multas.

Sin embargo, Sbattella también afrontó denuncias por el «cajoneo» de alertas que llegaron a la UIF por operaciones sospechosas de Báez, Amado Boudou, el banquero Jorge Brito, el financista Ernesto Clarens y, mientras fueron oficialistas, Sergio Schoklender y Hugo Moyano, entre otros.

Tras las elecciones de 2015, un exfuncionario del Fondo Monetario Internacional (FMI), Mariano Federici, reemplazó a Sbattella y asumió la presidencia de la UIF, que logró restablecer relaciones con la FinCen estadounidense y mejoró sus procesos internos, pero también cosechó críticas del titular de la Procelac y de jueces federales de Comodoro Py por la actuación del organismo. Entre otros motivos, por su supuesta parcialidad, así como también quedó bajo la lupa tras recibir datos de la unidad antilavado peruana sobre movimientos de dinero del titular de la AFI, Gustavo Arribas. ¿Qué pasó con esos alertas? ¿Dónde están? ¿Se encuentran en análisis? ¿Fueron cajoneados?[472]

OFICINA ANTICORRUPCIÓN (OA): creada durante el gobierno de la Alianza, funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia, dentro del Poder Ejecutivo, sin autonomía funcional, ni financiera.

Abocada a investigar posibles actos de corrupción y controlar las declaraciones juradas de bienes de funcionarios del Poder Ejecutivo, la OA pronto quedó sumida en una virtual parálisis, con sucesivos recortes dispuestos, entre otros, por Aníbal Fernández como ministro de Justicia.

Según su propio informe de gestión, entre 2003 y 2013 la Oficina apenas investigó a 164 funcionarios y exfuncionarios del Ejecutivo por supuesto enriquecimiento ilícito; la mayoría de los casos se encontraba «en estudio» y solo 44 se remitieron a la Justicia. Un número que aparece como bajo, si se toman los números que declararon esos mismos funcionarios, que en ocasiones admitieron haber duplicado, quintuplicado o más sus patrimonios en la gestión pública.

En cuanto a las declaraciones juradas, tras una reforma que la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner argumentó que apuntaba a darles mayor transparencia, ocurrió lo contrario: redujo la información disponible sobre los patrimonios de los funcionarios[473].

¿Por qué?

Porque los funcionarios ya no tuvieron que detallar los valores de las propiedades, ni precisar el origen de los fondos, tampoco sus ingresos por otras actividades, ni su participación en empresas, del mismo modo que tampoco debieron precisar los bienes de sus cónyuges o hijos. Todo eso quedó «reservado».

Tan «reservado» como silencioso, cuanto menos, fue el trabajo en general de la Oficina durante esos años. Al punto de ufanarse de eso: «En el ámbito de la Dirección de Investigaciones todo este tiempo la OA ha privilegiado el trabajo técnico riguroso y alejado de toda promoción mediática, en función de no entorpecer el proceso investigativo. Esa opción, consciente, fue en desmedro de la repercusión pública», argumentaron los responsables salientes de la OA en su «Boletín Digital» de diciembre de 2015, es decir, el último (y exculpatorio) reporte previo al cambio de gobierno[474].

Con el traspaso de mando, Macri designó al frente de la Oficina a Laura Alonso, una diputada del PRO de alto perfil mediático, apadrinada por Daniel «el Tano» Angelici, que desde entonces protagonizó varias controversias públicas. ¿La última? Cuando planteó que «para investigar al Presidente están la Justicia y el Congreso», pero no la OA, y sostener que «el conflicto de intereses es una situación vinculada a la ley de ética pública que no conlleva un delito» y que, «bien administrado no genera una negociación incompatible»[475].

«Es cierto que un conflicto de interés bien gestionado no necesariamente constituye un delito», retrucó la experta Natalia Volosin. «Pero también es cierto que: (a) las recomendaciones de la OA a funcionarios del gobierno actual fueron pocas, lentísimas, instadas por opositores y extremadamente débiles aun en el marco de la pobre ley de ética pública vigente (basta recordar la sugerencia al entonces ministro de Energía [por Juan José Aranguren], seis meses después de iniciado el expediente, de que evaluara la posibilidad de vender sus acciones en una empresa petrolera); (b) la legislación vigente en la materia no cumple con los estándares internacionales más elementales; (c) ello es tan conocido por la OA que sus sucesivos titulares vienen cajoneando un anteproyecto para reformarla elaborado por sus técnicos en 2003; y (d) recién en el segundo semestre de este año el PEN enviaría un proyecto al Congreso, que en materia de conflictos de interés, por cierto, es muy bueno»[476].

Durante su gestión, Alonso afrontó presiones de la Casa Rosada para proteger al ministro de Finanzas, Luis Caputo y cuestionamientos cuando la OA solo le sugirió al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, actuar de manera más «prudente», y no lo sancionó por colocar a su empleada doméstica dentro del intervenido sindicato SOMU.

—¿Qué opina de la Oficina Anticorrupción? —⁠le preguntaron en junio de 2018 a la titular de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, quien, al igual que Alonso, proviene de la Fundación Poder Ciudadano.

—Tiene un problema de diseño, porque no es independiente así como está, porque en definitiva depende de gente que depende del Presidente de la Nación —⁠replicó⁠—. En cuanto a su directora (Laura Alonso), no tengo la menor duda de que es una persona honesta que conoce el tema, que ha trabajado en Poder Ciudadano, pero es una militante del partido del gobierno. No puede realizar la tarea de controlar porque depende del que tiene que controlar[477].

Dos años después de llegar Alonso a la Oficina, el presupuesto del organismo subió de 17 millones de pesos a 72,2 millones de pesos —⁠en un contexto inflacionario superior al 40 % en 2016 y del 24,8 % en 2017⁠—, período durante el cual la OA pidió ser querellante —⁠y fue aceptada⁠— en 21 causas penales (todas del gobierno anterior; ninguna del actual) y en 9 juicios orales (todos del kirchnerismo).

Dos años después de llegar Alonso, también, ahora la OA tiene wi-fi propio. Pero carga también con críticas crecientes de abogados que representan a exfuncionarios kirchneristas y que, como cabe esperar, defienden a sus clientes, pero exponen también lo que consideran un doble estándar evidente de la OA y la unidad antilavado. Es decir, plantean Carlos Beraldi, Graciana Peñafort, Maximiliano Rusconi y Martín Arias Duval, «la utilización de órganos que actúan en la esfera del Poder Ejecutivo de la Nación tales como la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF) que fueron adaptados para llevar a cabo denuncias e impulsar causas en contra de opositores políticos y, al propio tiempo, defender la conducta de funcionarios del actual gobierno que resultan denunciados en orden a hechos delictivos que, paradójicamente, estos organismos deben investigar»[478].

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN: institución autárquica e independiente creada para defender y proteger «los derechos, garantías e intereses» que tutela la Constitución Nacional y las leyes «ante hechos, actos u omisiones de la Administración», la Defensoría puede, desde la teoría, iniciar investigaciones sobre el Gobierno y empresas de servicios públicos, «aún las privatizadas».

Esas facultades legales le permitieron a la Defensoría, hasta 2009 y de la mano de su entonces titular Eduardo Mondino, husmear en la «diplomacia paralela» con Venezuela, por ejemplo, y recabar datos concretos sobre los presuntos pedidos de coimas que rondaron alrededor de Claudio Uberti y de la intermediaria Palmat.

La Defensoría también alertó durante aquellos años que las autoridades incumplían con las órdenes de la Corte Suprema para sanear la cuenca Matanza Riachuelo y que, por lo tanto, debían ser multadas; así como también demandó al Estado nacional para que se fijara un criterio de movilidad para las jubilaciones; y se involucró en los reclamos de la comunidad Qom ante el desinterés del Gobierno nacional.

Tras la renuncia de Mondino en 2009, sin embargo, la Defensoría inició una espiral descendente. Sin titular formal desde entonces, la Defensoría apenas se dedicó a seguir las causas que ya había iniciado, pero evitó iniciar nuevas tutelas que resultaran espinosas, como pudieron ser, en 2011, el operativo policial con muertos y heridos para desalojar tierras en Jujuy o, en 2012, la Tragedia de Once.

Si eso ocurrió con la Defensoría en sí, nada distinto ocurrió al mismo tiempo en el Congreso, que tampoco demostró interés por revitalizarla. «La Comisión Bicameral del Defensor del Pueblo a la que acudí en solitario nunca pudo constituirse por falta de quórum», resumió la periodista, exdiputada y exsenadora Norma Morandini. «Sin embargo, para ocupar los cargos el oficialismo [por entonces kirchnerista] acudió en masa, sin que nadie se inmutara», se lamentó, «con su contracara, la desprotección de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Once por un Estado irresponsable»[479].

Mientras nada ocurría en el Congreso, en tanto, la Defensoría sumó más vacantes en su cúpula, al punto que hoy sus tres puestos principales —⁠de defensor y de primer y segundo adjuntos⁠— se encuentran vacantes, por lo que el cuarto en su escalafón, el subsecretario general, Juan José Böckel, asumió el mando interino.

Por último, y transcurridos casi tres años desde el arribo de Macri a la Casa Rosada, el peronismo quiere ahora designar al frente de la Defensoría a un exdiputado propio, Humberto Roggero, opción que resisten otros partidos políticos y entidades civiles.

PROCURACIÓN DEL TESORO: creado en 1863, es el máximo organismo de asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo, tanto para defender al Estado en expedientes de relevancia institucional o económica, así como también para asesorar al Presidente en cuestiones jurídicas complejas.

El titular de la Procuración tiene la misma jerarquía que la de un ministro del Poder Ejecutivo y debería ejercer sus competencias «con independencia técnica» para, entre otros objetivos, «instruir investigaciones y sumarios administrativos» en casos previstos por las leyes «y cuando así lo disponga» el propio Ejecutivo.

Desde fines de 2010, sin embargo, la Procuración quedó a cargo de Angelina Abbona, quien acumuló denuncias penales por su supuesta inacción frente al grupo español Marsans mientras completaba el presunto vaciamiento de Aerolíneas Argentinas, y por la supuesta malversación de caudales públicos, al destinar fondos de su organismo a defender a la Presidenta tras la denuncia del fiscal Alberto Nisman por el pacto con Irán, en el que ella misma participó, en 2012, en Ginebra, y terminó procesada por la Justicia.

Tras la asunción de Macri, la Procuración quedó en manos de Carlos Balbín, quien pronto protagonizó cortocircuitos solapados con la Casa Rosada; entre ellos, por el concurso del Correo Argentino (de los Macri). Tras su salida, lo reemplazó Bernardo Saravia Frías.

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP): abocado a la recaudación tributaria, aduanera y previsional, el organismo engloba tres grandes áreas: la Dirección General Impositiva (DGI), la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS).

Durante la gestión de Ricardo Echegaray, sin embargo, la estructura de la AFIP sufrió constantes cambios estructurales y de personal jerárquico. Desplazó a infinidad de funcionarios, designó a otros de manera interina, disolvió áreas y equipos que podían molestar o afectar con su labor a figuras kirchneristas, y modificó los sistemas de control internos, entre otras decisiones cuestionables.

A mediados de 2011, por ejemplo, Echegaray eliminó al legendario «grupo E» de sabuesos que investigó algunos de los casos más sensibles de las últimas décadas, desde el caso IBM-Banco Nación hasta el caso Skanska, entre otros. Un año antes, y bajo la excusa de un supuesto «reajuste del personal», había retirado toda su colaboración a otras de las investigaciones judiciales más relevantes de los últimos tiempos.

Esa decisión provocó, entre otras secuelas, que la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco) y varias fiscalías del fuero Penal Económico se quedaran sin el apoyo técnico de expertos para investigar, por ejemplo, la cueva del BNP Paribas y el entramado de facturas truchas de la megacausa «Viazzo» que alcanzaba a 3000 grandes y medianas empresas de todo el país.

Echegaray ordenó además lo que dentro del organismo se llama «cazar dentro del zoológico». Es decir, buscar maniobras de evasión entre quienes ya son contribuyentes, en vez de buscar evasores que se mantienen por completo fuera del circuito formal. Y dispuso detener las inspecciones, embargos y ejecuciones fiscales durante la campaña electoral, por ejemplo de 2013, para reducir las fricciones con los votantes[480].

En la misma línea, Echegaray cerró la Regional Bahía Blanca de la AFIP cuando una pesquisa sobre facturas truchas de los sabuesos en esa ciudad llegó hasta Austral Construcciones, la nave insignia de Lázaro Báez. Por el contrario, creó una Regional en Río Gallegos, donde designó al frente a la cuñada de Máximo Kirchner, Virginia García, luego senadora nacional por el Frente para la Victoria (FPV), mientras ordenaba acciones contra críticos del Gobierno, megaoperativo incluido contra el Grupo Clarín y jugadas varias contra Daniel Hadad.

De hecho, ¿será cierto lo que recuerdan los más íntimos de Hadad?

Recuerdan que Néstor Kirchner estaba furioso con él y con Marcelo Longobardi, a quien prometía «meter preso».

Recuerdan que Julio De Vido le tradujo al lunfardo el fastidio patagónico. «El “Flaco” no tiene piel con Marcelo. Echalo, no seas boludo. ¿Qué querés? ¿Un pozo petrolero?».

Recuerdan que como no funcionó, el siguiente mensajero fue Echegaray. «Esto no es personal con vos, pero Longobardi y [Luis] Novaresio son dos hijos de puta», dicen que le dijo. «¿Y vos cuántos hijos tenés? ¿Quiénes van a cuidarlos si vos y tu mujer van en cana por evasión con uno de nuestros jueces del fuero Penal Económico?».

Habladurías de los sótanos, sin duda. Pero Hadad entendió lo que debía entender. Más aún cuando el socio de Cristóbal López, Fabián de Sousa, lo llamó para comprarle su multimedios el mismísimo día después que siguió a la noche electoral del 54 % de Cristina Fernández de Kirchner.

Vinculado a López y De Sousa, y ya tras el arribo de Mauricio Macri a la Casa Rosada, la Justicia procesó a Echegaray por su rol en los miles de millones de pesos en deuda tributaria que acumuló el Grupo Indalo. También lo procesó, en junio de 2018, junto a su entonces número dos, Rubén Ángel Toninelli, por las presuntas maniobras de encubrimiento agravado desplegadas a favor de Báez en Bahía Blanca, tras sortear el escollo del sobreseimiento exprés, genérico y a contrarreloj que Norberto Oyarbide les firmó, entre el 4 y 9 de diciembre de 2015. Es decir, 24 horas antes de que ambos, Echegaray y Toninelli, dejaran el poder[481].

Tras la salida de Echegaray, volvió al organismo Alberto Abad, quien debió encarar la reconstrucción institucional de la AFIP y empujó grandes investigaciones sobre peces grandes, con realidades muy distintas entre sí, pero todos de fuste: Cristóbal López, OCA, Farmacity, Carrefour y Mercado Libre, con suerte dispar. Hasta que presentó su renuncia y se marchó en abril de 2018. Lo reemplazó Leandro Cuccioli, quien prometió darles continuidad a los lineamientos de Abad.

Más allá de quién ocupe la silla máxima de la AFIP, el dilema para los sabuesos, hoy, se parece demasiado a los que afrontaron sus antecesores en los años noventa, como lo sintetizó el exdirector de la Auditoría Fiscal y jefe del recordado equipo «Los Intocables» de la DGI, José María Peña, en noviembre de 1997: «Los grandes evasores son los grandes contribuyentes, las grandes empresas nacionales y multinacionales. Es fácil de entender: el 85 % de los contribuyentes que pagan aporta el 15 % de la recaudación, pero el restante 15 % evade el 85 % de lo que debería recaudarse»[482].

«Lo que ocurre es que los grandes traen problemas», ahondó Peña, lo que lo explicó con un ejemplo concreto. «Cuando las automotrices utilizaban en forma irregular el sistema de importación del usuario particular, falsificando los despachos, costó mucho descubrirlos, pero finalmente [Franco] Macri fue procesado y pagó los ocho millones (de pesos/dólares) que debía. Lo mismo ocurrió con los reintegros del oro, o los 37 millones de IBM. Ese caso lo denunciamos luego de comprobar el fraude hecho a través de su intermediaria CCR, reunimos todas las pruebas. Yo ya era vicegobernador electo de Santiago del Estero, así que me tomé unos días. Cuando regresé, fui a ver a (Ricardo) Cossio, que era el titular de la DGI: no estaba más. Fui a ver a Angel Giannettasio, mi segundo. No estaba más… Habían borrado de un plumazo toda la Auditoria Fiscal que desbarató el caso IBM-Banco Nación… Es decir que cuando se ataca a los grandes defraudadores siempre hay problemas», rememoró.

Junto con el desguace institucional de la AFIP, el kirchnerismo también avanzó sobre el Tribunal Fiscal, un órgano de apelación de las resoluciones tributarias y aduaneras dictadas por la Dirección General Impositiva (DGI) y su gemela aduanera (DGA). En abril de 2011 designó a siete de los 21 vocales sin respetar las condiciones de los concursos técnicos y ante la oposición de las autoridades del organismo y las críticas de los expertos tributarios. Y en diciembre de 2015 intentó ocupar otras nueve vocalías, pero la Justicia le impuso un freno, y esas vacantes solo se llenaron en 2018, con un nuevo concurso[483].

Ya en tiempos de Cambiemos, las autoridades de la AFIP tomaron una decisión sin precedentes: denunciaron a Echegaray y a varios de sus máximos colaboradores. Los acusaron de integrar una supuesta asociación ilícita montada para cometer delitos desde el organismo y encubrir los delitos de terceros; en particular, de los Kirchner.

Qué tiempos aquellos en que Echegaray se dedicó a perseguir opositores o incluso a aquellos que solo le dijeron que no a la Presidenta, por el motivo que fuere. Como Juan Martín del Potro después que ganó el Abierto de Estados Unidos en 2009 porque se negó a sacarse una foto con ella y apoyó al campo en su pulseada con el Gobierno. Eso, al mismo tiempo que la AFIP protegía también a Amado Boudou, encargándose de tapar las manchas de su socio José María Núñez Carmona, al punto de paralizar la investigación que debió impulsar la Dirección Regional Mar del Plata y que «se pretendió concluir con un ajuste muy inferior al que efectivamente correspondía», según denunció la «nueva» AFIP[484].

La «nueva» AFIP acusó además a la «vieja» AFIP de ocultarle información a la Justicia para proteger a Báez, al punto de mentirle al juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, para que sobreseyera, engañado, al presunto testaferro de los Kirchner por presunta evasión, lo que así ocurrió, hasta que ya en 2018 lo revirtió basado en nuevos y verdaderos datos. Lo procesó por evadir cientos de millones de pesos[485].

Porque si algo no hizo Báez fue respetar la «doctrina Capone», esa que desde los tiempos del gangster de Chicago impone a los aspirantes a criminales de «cuello blanco» pagar todos sus impuestos. Porque desde entonces, los investigadores trabajan con una premisa sencilla: si no pueden probar los delitos sustanciales —⁠lavado, defraudación o el que fuere⁠— deben entonces avanzar por el lado de la evasión. ¿Para qué? Para que la sociedad observe, al menos, que el protagonista no salió indemne, algo que ejemplifican dentro de la AFIP con un caso local: el de Victorio Américo Gualtieri, el gran beneficiario de la obra pública de Eduardo Duhalde y deudor incobrable del Banco Provincia. Al menos terminó condenado junto a su hermano Saverio por fraude fiscal[486].

Desde la Oficina Anticorrupción (macrista) también cargaron contra Echegaray, quien nunca fue detenido, a diferencia de Lázaro Báez, Cristóbal López y Amado Boudou en las investigaciones que comparten como acusados. Le pidieron al juez federal Ariel Lijo que lo procese por su participación en el «caso Ciccone», por ejemplo, pero cosechó silencio como respuesta. «¿Por qué nadie toca a Ricardo Echegaray en la Argentina?», cuestionó Laura Alonso en abril de 2018. «Pedimos hace varios meses el procesamiento en la causa Ciccone, reiteramos el pedido ante la Cámara Federal. El intocable hoy en la Argentina parece llamarse Echegaray».

Los sótanos.

Consejo de la Magistratura: creado por la reforma constitucional de 1994, es el órgano dedicado, entre otras funciones, a administrar el presupuesto del Poder Judicial, seleccionar a los nuevos jueces mediante concursos, aplicar sanciones disciplinarias a los magistrados o decidir la apertura del procedimiento para su remoción.

Sin embargo, es un secreto a gritos que los concursos se digitan, mientras que con la reforma que impulsó el kirchnerismo para darle más peso a la política en las votaciones del Consejo, la permanencia o caída de ciertos jueces depende más de la Casa Rosada —⁠y de los acuerdos entre radicales, peronistas y, en los últimos años, el PRO⁠—, que de la actuación concreta de los magistrados.

Así, por ejemplo, mientras que el kirchnerismo en el Consejo aprobó descontarle el 30 % de su salario al juez federal Claudio Bonadío poco después de que impulsara la investigación sobre los hoteles de los Kirchner por presunto lavado —⁠descuento que luego revirtió la Corte Suprema⁠—, su par Norberto Oyarbide acumulaba denuncias y escándalos, pero continuó en funciones, inmutable[487].

Tras la asunción de Macri y la modificación de los equilibrios internos dentro del Consejo, se encaró una auditoría de la gestión de los jueces federales, y se marcharon, por destitución o renuncia, a algunos de los magistrados más polémicos (como Eduardo Freiler, Jorge Ballestero, Norberto Oyarbide y Carlos Rozanski, entre otros), mientras se procura investigar a otros (como Rodolfo Canicoba Corral), aunque el Consejo tropezó en su débil avance contra Daniel Rafecas.

El submundo de la Justicia, sin embargo, merece un capítulo aparte…

12

Cómo se mueven la Justicia y sus operadores

La Justicia es ciega y ecuánime. En teoría. En la práctica, algunos son más iguales que otros ante la ley. Porque el Poder Judicial, con sus dignas excepciones, suele ser inflexible con los débiles y genuflexa con los poderosos. Por eso, en este sistema de corrupción, sirve como último bastión de protección para los corruptos cuando todos los otros filtros (periodistas, fuerzas de seguridad, organismos de control, servicios de inteligencia) incumplieron con su objetivo común de garantizar la impunidad y preservar los sótanos.

«Feliz Navidad», dice el operador, del otro lado de la línea fija. Llama a la casa particular de su interlocutor, que nunca le dio ese número y no figura en la guía. Y le envía saludos por sus nombres para la esposa y los hijos de quien lo escucha, que tampoco nunca le confió esos nombres. «Espero que lo pase muy bien y que llegue vivo al año próximo», remata, sin que en nada cambie el timbre de su voz.

Un llamado que repitió, durante años, cada 22 de diciembre.

El operador es así. Directo y brutal. Lleva veinte años moviéndose con esas artes y, hay que reconocer, no le ha ido nada mal.

Una larga lista de jueces acata sus órdenes.

Los fiscales le temen.

Los abogados lo evitan.

Los funcionarios lo llaman.

Los empresarios pagan por sus servicios.

Ganó, hizo ganar y mueve fortunas.

Y, encima, muchos aspirantes a jueces y fiscales acuden a él con la esperanza de que, a cambio de jurarle lealtad, los acomode en algún concurso, retroalimentado su poder.

El operador es, sin embargo, apenas una manifestación de la forma en que funcionan, por debajo de la superficie, ciertos sectores del Poder Judicial de especial relevancia. Desde juzgados de primera instancia hasta la Corte Suprema, así como también sus adyacencias, como el Ministerio Público Fiscal o el Consejo de la Magistratura.

Porque cuando la policía no «reguló» a los criminales, cuando los servicios de inteligencia no detuvieron a tiempo la bomba, cuando los organismos de control no lograron dormir la pelota, ni la prensa paga pudo tapar el sol con las manos y el escándalo provocó la apertura de una investigación penal, llegó el momento de los jueces, de los fiscales y de los operadores, mezcla de mensajeros, titiriteros y matones.

Porque en la superficie, los moradores de los tribunales suelen cuidar sus formas y respetar las leyes, las tradiciones y los protocolos. Pero a puertas cerradas hablan de mantener abiertos expedientes para tener de «rehenes» a funcionarios públicos, negocian resoluciones por dinero y prebendas —⁠que incluyen nombramientos de familiares y amigos en ciertos cargos públicos o privados⁠—, consultan antes de tomar decisiones en causas sensibles y pujan por cuotas de poder como tiburones.

Porque Comodoro Py es un lugar donde al poderoso se lo respeta y beneficia —⁠tenga razón o no⁠— y al débil se lo martiriza. Por eso es posible ver titulares como el de Clarín del 29 de junio de 2018: «En cinco días, la Justicia le dio tres buenas noticias al ministro Luis Caputo»⁠—, como antes hubo movidas similares para kirchneristas, a favor —⁠durante su apogeo⁠—, y en contra —⁠durante la debacle de su último año en el poder⁠—, como expuso el diario cordobés La Voz del Interior, también del Grupo Clarín: «Ola judicial contra los K en el fin de año» de 2017. O el del portal Border Periodismo, de agosto de 2016: «Efecto despoder: ya se reabrieron una veintena de causas contra el kirchnerismo»[488].

Porque muchos —aunque no todos—, en Comodoro Py, tienen clara la premisa invocada en La República, de Platón, aunque nunca lo hayan leído: «Es cierto que si fuésemos justos, no tendríamos nada que temer por parte de los dioses, pero en tal caso habríamos de renunciar a las ganancias que proporciona la injusticia».

Por eso, no llamó la atención que una voz veterana de los tribunales federales de Comodoro Py —⁠los tribunales penales con jurisdicción sobre la Casa Rosada⁠— recurriera a un intermediario para enviarle un mensaje al Ministro de Justicia de la Nación sin matices para la confusión: «Decile que lo voy a meter preso».

El ministro Germán Garavano acababa de anunciar su plan «Justicia 2020» y entre sus propuestas incluía diluir el poder de Comodoro Py. Es decir, el poder de los doce juzgados que mezcla algo de Justicia, sí, con negociaciones, arreglos, aprietes e impunidad.

Por eso, la voz que llamó desde Comodoro Py reafirmó su mensaje. Evaluó que Garavano amenazaba su cuota de poder y reaccionó en consecuencia. «Decile que si sigue con eso, lo voy a meter preso».

Así funciona Comodoro Py, donde esos mensajes no llaman la atención. Ni siquiera resultan novedosos. Uno muy similar recibió Gustavo Béliz cuando él también intentó diluir el poder de esos doce Juzgados, allá por 2003, como primer ministro de Justicia de Néstor Kirchner.

Porque Comodoro Py es un lugar donde los expedientes en que aparecen los funcionarios del gobierno de turno se utilizan como prendas de negociación.

Un lugar donde jueces y fiscales, salvo excepciones, jamás quieren investigar el poder económico.

Un lugar donde, salvo muy honrosas excepciones, jueces y fiscales son procíclicos —⁠como tantos periodistas⁠—, según muestran las estadísticas. Es decir, no investigan al funcionario mientras conserve poder. Por el contrario, le allanan el camino y le garantizan impunidad.

Mauricio Macri lo constató en cuanto se alzó con la victoria en el balotaje de 2015. Tras arrastrar un procesamiento firme desde 2009 por su supuesto rol en un entramado de escuchas telefónicas ilegales que también alcanzó al exjefe de la Policía metropolitana, Jorge «Fino» Palacios, la Justicia reacomodó el expediente y lo sobreseyó apenas 17 días después de que el candidato de Cambiemos asumió la Presidencia.

Dos años y medio después, el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, también comprobó los beneficios del poder. Debía presentarse en Comodoro Py a prestar declaración indagatoria en la causa que investiga la venta de la participación del Estado en Petrobras a Pampa Energía, de Marcelo Mindlin. Pero el juez federal Claudio Bonadío suspendió su citación, la primera de este tipo a un funcionario de primera línea de la gestión de Macri, por supuestas razones de sobrecarga laboral. Y la suspendió sin nueva fecha[489].

Porque Comodoro Py es un lugar que divide los expedientes entre «sensibles» y «comunes», y se adecúa a los tiempos y poderes de turno.

«En aquellos días siempre le iba mal a Macri en Comodoro Py. Era evidente que Oyarbide forzaba la ley y le negaba pruebas. Rechazaba todo lo que venía del lado de la defensa solo para construir un procesamiento», rememoró el fiscal Federico Delgado sobre la causa de las escuchas telefónicas ilegales, que presenció cómo giró tras el balotaje de 2015. «Por si quedaban dudas, la Sala I de la Cámara Federal que lo había procesado ratificaba ahora el sobreseimiento. Se inauguraba una nueva etapa y Comodoro Py recibía al nuevo Presidente»[490].

Porque Comodoro Py es un lugar donde jueces y fiscal pueden manipular una investigación para complicar a un imputado, para luego «salvarlo» y cobrarse de algún modo u otro el favor. O, pueden dormir un expediente durante años, pero en cuanto percibe que el acusado perdió poder, llamar a un periodista y anunciarle que irán a fondo porque, en el caso de un fiscal con este autor, decirle que quiere «pasar a los libros de historia como el primero que pidió su indagatoria».

Cristina Fernández de Kirchner comprobó su pérdida de poder, tras doce años y medio en la Casa Rosada. El 4 de noviembre de 2015 —⁠solo nueve días después del balotaje⁠—, la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley que durante años le había permitido al kirchnerismo designar jueces interinos. ¿Otro ejemplo? Aunque la investigación se inició en 2008, el juez federal Ariel Lijo se tomó ocho años para afirmar que se lavaron millones en la campaña del Frente para la Victoria (FPV) que llevó a Fernández de Kirchner a la Presidencia en 2007. Así, solo después que ella concluyó sus dos mandatos y se marchó de la Casa Rosada, citó a indagatoria a los acusados en febrero de 2016 y los procesó en junio de ese año[491].

Porque Comodoro Py es un lugar donde los jueces, en efecto, pueden mandar al cadalso a un Presidente, pero sienten que tienen una responsabilidad institucional que supera su rol como magistrados. Más aún, se sienten siempre en la picota. Acaso por eso, suelen decir que si van a tirarle a «un elefante», entonces no alcanza con una pistola calibre .22. «Hace falta una bazuca», resumen. Y acaso por eso, también, uno de los latiguillos dilectos del juez Rodolfo Canicoba Corral cuando siente que lo acecha un peligro o que puede meter los dedos en el enchufe es «¿vos querés que yo le toque el bigote al tigre?».

Sintió cerca al tigre, por ejemplo, cuando el experito contable de la Corte Suprema, Alfredo Popritkin, afirmó que el fallecido ministro del tribunal, Carlos Fayt, le confió que Canicoba Corral «percibía la suma de 14 500 dólares mensuales por encima de su sueldo, provenientes de la SIDE». Según Popritkin, Fayt tenía ese dato, entre muchos otros, porque llevaba tiempo «tratando de informarse sobre los posibles sobresueldos que percibían algunos jueces» y ciertos datos se los habría facilitado el expresidente Fernando de la Rúa[492].

Un lugar, Comodoro Py, donde ciertos abogados —⁠desconocidos por el gran público⁠— gozan de llegada inmejorable a determinados jueces. Cualquier imputado que los contrate y abone al contado «honorarios» de seis o más cifras en dólares verá cómo se evaporan sus problemas.

Un lugar donde incluso los gobiernos que declaman encarnar el «cambio» pagan los honorarios de los «solucionadores» hasta en bolsas de residuos, como confió uno de ellos a este autor, en junio de 2018.

Un lugar donde ciertos abogados ganaron fortunas gracias a la labor de ciertos fiscales y periodistas que impulsaron investigaciones… y al menos son agradecidos con ellos. Como el conocidísimo penalista que durante el gobierno de la Alianza construyó un quincho en el que colgó un cartelito que decía «Gracias OA», en alusión a la por entonces filosa Oficina Anticorrupción, que con su trabajo le había generado clientes dispuestos a pagarle millones para que los defendiera.

Un lugar donde los jueces se hicieron famosos por integrar la infame «servilleta» del entonces ministro del Interior, Carlos Corach, y luego un magistrado se convirtió en leyenda por la «técnica de la corbata», sintetizable en cinco pasos:

El juez llamaba a indagatoria a un acusado;

Días después un abogado visitaba al acusado para decirle que debía pagarle una fortuna si quería que el juez lo sobreseyera;

El acusado pedía certezas de que el abogado venía en nombre del juez y el abogado le anticipaba qué corbata utilizaría el juez al día siguiente;

El acusado constataba al día siguiente que la corbata del juez era, en efecto, la anticipada por el abogado, pagaba la suma pedida y cosechaba su sobreseimiento;

Todos felices.

Aunque, claro, hay otra versión de la «técnica de la corbata», explicable también en cinco pasos:

El juez investigaba a una persona;

El operador del juez visitaba al acusado y solicitaba un pago;

El acusado pedía garantías y el operador le pedía al acusado que le diera una corbata;

Al día siguiente el acusado o su abogado iba al Juzgado y veía al juez con su corbata;

Pago, sobreseimiento y todos felices[493].

Nada, para ser sinceros, que llame demasiado la atención a los veteranos de los pasillos tribunalicios en los más variados puntos geográficos del país. Al fin y al cabo, el entonces juez federal de Orán, Raúl Reynoso —⁠quien terminó detenido como supuesto jefe de una asociación ilícita⁠—, acumuló denuncias de ese tipo desde diciembre de 2015 junto a un comerciante sirio de apellido Barakat Barakat.

Según relató uno de esos denunciantes, un mal día recibió un llamado de Barakat Barakat, quien le dijo que hacía «trabajos en la frontera para el juez Reynoso» y que le habían encomendado llamarlo para pedirle «un millón de pesos a cambio de solucionarle el problema, advirtiéndole que si no lo hacía no iba a salir de la situación»[494].

—No tengo esa capacidad económica —relató el denunciante que dijo.

—Conocemos al detalle su patrimonio, inclusive que cantidad de granos tiene en su campo —⁠fue la respuesta de Barakat Barakat.

«El modus operandi», resumió el denunciante, en diciembre de 2017, «generalmente consistía en detener a los encargados de los campos para luego presionar a los dueños y exigirles el pago de un millón de pesos».

Eso es, en efecto, lo que ocurrió en su caso particular. El encargado de su campo pasó 45 días detenido, mientras que a él lo acusaban de trata de personas y también lo extorsionaba la AFIP, cuyas autoridades regionales salían por las radios locales para enchastrarlo.

Lo ocurrido en Comodoro Py, en Orán y en otros muchos puntos de la Argentina ni siquiera es novedoso, aunque va tornándose más sofisticado. ¿Algunos de los protagonistas sabrían que casi dos milenios después repetían las vivencias de Cayo Verres, quien como pretor de Sicilia llegó a detener esclavos y ordenar su crucifixión para luego cobrarles rescates a sus amos —⁠por lo general terratenientes⁠—? Y en los tiempos de Alberto Piotti como «Súper-Piotti», a la Secretaría N.º 5 de su Juzgado Federal de San Isidro ya le decían «el Kiosco», y las generaciones actuales de jueces y fiscales recuerdan —⁠y evitan repetir⁠— los errores del entonces juez federal de La Plata, Ricardo Ferrer[495].

Mayo de 2000.

Ferrer dictó una medida cautelar ordenando que los partidos de la Selección de fútbol por las eliminatorias se transmitieran gratis a todo el país, en vez de por sistema codificado.

Poco después, el abogado Luis Faynbloch contactó a un ejecutivo de Torneos y Competencias (TyC) y le pidió casi medio millón de dólares para arreglarlo todo: 130 000 dólares al contado y 210 000 dólares en siete cuotas, para el juez, y 18 pagos de 7500 dólares para él.

Faynbloch nunca imaginó, sin embargo, que TyC grabaría con cámaras ocultas las cuatro reuniones que su ejecutivo mantuvo con él y una con el propio juez Ferrer, quien explicó durante ese encuentro que él podía declarar «abstracta» la causa, para beneficio de la empresa.

TyC difundió entonces los videos, radicó una denuncia penal y el 27 de junio de ese año, Ferrer presentó su renuncia como juez.

El resto tomó nota: encuentros cara a cara, nunca.

¿Sabrán los jueces que son parte de una tradición, casi, que viene del Virreinato, aunque en aquellos tiempos no contaran con cámaras ocultas o redes sociales? «En carta del Cabildo al Rey», rescató el historiador Juan Agustín García, «se dice que la principal causa de los males que afligen la ciudad “son causados por los juezes que an benido y sacado gran suma de dinero sin llevar V. M. nada de provecho”»[496].

Comodoro Py es, también un lugar donde los muchachos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se mueven a sus anchas desde los tiempos de Jaime Stiuso con un menú completo de opciones: colaborar en investigaciones judiciales, llevar y traer mensajes, armar «precausas» para legalizar escuchas telefónicas, sobres y aprietes.

A veces, el apriete es ligero. Como cuando un fiscal federal se separó de su esposa, en buenos términos, y antes de completar su divorcio salió a cenar con una mujer. Nada íntimo pasó, pero al otro día su hija adolescente recibió la foto del encuentro.

A veces, el apriete desde los sótanos es brutal. Como a otro fiscal federal que en las horas previas a que presentara la apelación en un expediente sensible para el poder le secuestraron a su hijo adolescente. Lo liberaron, sin mediar pedido de rescate, ni nada, minutos después de vencido el plazo para recurrir.

A veces no alcanza con apuntar a un hijo. Puede confirmarlo el entonces fiscal Pablo Lanusse cuando investigó la «mafia del oro». Se metieron con él —⁠lo tajearon en el rostro, un brazo y la espalda⁠—; se metieron con su hermana —⁠la obligaron a escribirse «oro» en la frente⁠—, y se metieron con su hijo, con su sobrina y con su madre. Fue en 1996, pero los coletazos llegan hasta hoy, con empresarios condenados, como Enrique Piana, y exfuncionarios de la Cancillería que recién en 2017 fueron condenados, pero a penas de 3 años de prisión en suspenso. El expediente, al cierre de este libro, seguía abierto[497].

A veces, ¿el apriete es mortal? La muerte del fiscal Alberto Nisman sigue allí, pendiente de clarificar si fue un accidente, un suicidio, un suicidio inducido o un asesinato, como lo calificó la Cámara Federal.

Las cloacas.

Como parte del día a día, el sistema también recurre a las medidas disciplinarias y presupuestarias. Eso explica que las fiscalías o juzgados de buena relación con sus superiores florezcan con empleados y recursos mientras los díscolos cuentan su personal con los dedos de una mano, del mismo modo que los amigos pueden moverse en autos oficiales y con custodios mientras que otros no tienen ni papel para fotocopias.

Cuando la situación es más grave, sin embargo, una variante habitual es desplazar al magistrado molesto del expediente, decisión que puede tomar la Cámara de Apelaciones o la Procuración General.

Eso le ocurrió al fiscal federal Carlos Rívolo cuando avanzó a fondo con el «caso Ciccone», expediente del cual también fue desplazado el hasta entonces fiscal antilavado, Raúl Plee, y que forzó la renuncia del procurador general Esteban Righi, caída que demostró la fragilidad del Ministerio Público Fiscal. También le ocurrió al fiscal del fuero ordinario José María Campagnoli cuando investigó la «ruta del dinero K», y también al fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Gustavo Gómez, mientras investigaba en 2015 al por entonces poderoso jefe del Ejército, general César Milani. Y al juez federal Claudio Bonadío cuando avanzaba sobre la operatoria de presunto lavado de la familia Kirchner y Lázaro Báez a través de los hoteles en Santa Cruz.

¿Un ejemplo paradigmático? Lo ocurrido en Bahía Blanca, donde el entonces juez federal subrogante Santiago Ulpiano Martínez fue desplazado de su cargo cuando ordenó los allamientos de un grupo de empresas y sociedades sospechadas de proveerle facturas truchas a la nave insignia de Lázaro Báez, Austral Construcciones, por decenas de millones de pesos. Es decir, el eventual «delito precedente» para avanzar luego contra Báez por presunto lavado de activos en la «ruta del dinero K», de acuerdo a la legislación entonces vigente. ¿Qué ocurrió? Tras apartar a Martínez, el expediente pasó por las manos de otros cinco jueces interinos y recién en julio de 2018, cinco años después de iniciada la pesquisa, se ordenó los llamados a indagatorias de Báez y los empresarios[498].

¿Estos aprietes y estas prácticas son algo privativo de la Argentina?

No, claro que no. Y allí está uno de los jueces referentes del «caso Gürtel» en España, José Ricardo de Prada Solaesa, quien contó que por ese expediente afrontó más ataques y presenció más abordajes desde la política que en todo el resto de su extensa carrera.

«Aunque la Justicia como institución pueda aparentar ser relativamente fuerte, los tribunales, y sobre todo los jueces, somos frágiles y vulnerables. Es muy fácil afectar a su buen funcionamiento. El caso Gürtel no ha quedado fuera de los intentos de injerencias por parte de la política», le confió Prada al diario El País.

—¿Puede ser más explícito?

—Trataré de serlo. El juez que inició las investigaciones [Baltasar Garzón] fue inhabilitado durante 11 años por el Tribunal Supremo. Por otro lado, están los distintos cambios de jueces de instrucción, en algunos casos no muy comprensibles. Y lo mismo ha sucedido con la composición de los tribunales de enjuiciamiento. Sin duda, es un asunto políticamente muy sensible en el que los partidos políticos se han empleado a fondo, y alguno incluso ha tratado de colocar a sus jueces más próximos. Y no me refiero a una simple afinidad ideológica, sino a claras vinculaciones, lo que los hacía a estas personas inidóneas para juzgar. También ha habido formas sutiles y menos sutiles de presión.

—¿A usted le han presionado?

—Nadie se ha dirigido a mí pidiéndome que resolviera en uno u otro sentido, pero en los últimos tres años, coincidiendo con Gürtel, he sufrido más ataques como juez desde la política y desde los medios que secundan determinados planteamientos políticos que en los otros casi treinta restantes que llevo trabajando como juez en la Audiencia Nacional. Y no solo yo, también mi familia. Se ha utilizado cualquier pretexto para ello[499].

Cualquier semejanza con la realidad local no es pura coincidencia… aunque en la Argentina los sótanos puedan ser más brutales.

Un lugar, Comodoro Py, donde periodistas, fiscales, jueces y hasta camaristas bromean que algunos jueces se mueven «con su propio código procesal penal», ni les importa los lineamientos que les fijen sus superiores de la Cámara Federal, la Cámara de Casación o la Corte Suprema.

Un lugar donde los magistrados son célebres como «tiempistas» de la política. Como la peculiar coincidencia entre las elecciones legislativas de 2017 y el comienzo del juicio oral del «caso Ciccone». Porque los miembros del tribunal habilitaron la feria judicial nada más que para fijar la fecha de inicio y luego decretaron tres semanas de receso por las vacaciones ya pedidas de uno de ellos. Luego algunos acusadores incluso desistieron de convocar a algunos testigos y el juicio oral, en efecto, comenzó el 3 de octubre de ese año. Así, la foto de Amado Boudou sentado en el banquillo de los acusados fue parte de la campaña electoral.

Un lugar, Comodoro Py, donde las licencias son una herramienta más a la hora de tomar decisiones incómodas. Porque si el juez o fiscal que debe firmar esa decisión se niega a firmarla o se asusta o teme el escándalo, la premisa es que debe pedir licencia y que sea otro más corajudo, en su ausencia, quien estampe su rúbrica, algo que también se repite en el interior del país, como expuso el entonces juez federal de Reconquista, Santa Fe, Luis María Fariz, quien se negó repetidas veces a excarcelar a unos detenidos pero que, de repente, pidió licencia por una dudosa dolencia basada en un certificado médico cuestionable, y su reemplazante —⁠un abogado de su confianza designado para subrogarlo⁠—, los liberó. Al final, el Consejo de la Magistratura lo destituyó a Fariz[500].

Un lugar donde jueces, fiscales y querellantes apelan a la técnica de las denuncias y escritos anónimos para iniciar una investigación o incorporar datos a un expediente, una práctica recurrente en los tribunales de todo el país, incluso utilizada por los abogados defensores que de ese modo provocan que se abra una causa penal y se simule una pesquisa, para poco después cerrarla con el sobreseimiento del defendido. Una técnica que también utilizan los servicios de inteligencia. ¿Para qué? En el caso de los abogados, para sacarle dinero en honorarios al cliente, al que además se lo blinda. Porque el principio «non bis in idem» impone que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Y en el caso de los servicios, para que el acusado «vaya al pie»…

Un lugar, Comodoro Py, donde también los abogados aplican reglas distintas a las procesales para recusar a los jueces y fiscales. ¿Un ejemplo? Con Víctor Stinfale detenido en la investigación por las muertes ocurridas en Time Warp, una llamativa abogada se presentó en la Fiscalía Federal e intentó seducir al «pinche» de la mesa de entradas mientras un hombre filmaba con su teléfono celular. «La idea era generar una discusión para inventar una animosidad y sacarnos de la causa, como al final hicieron», rememoró el fiscal Federal Delgado[501].

En otras palabras, una variante inusual del «forum shopping», el vericueto que ciertos abogados utilizaron —⁠y aún utilizan⁠— para elegir qué juzgado o qué fiscalía tomará la denuncia penal o el pedido de medida cautelar o lo que fuere que el letrado quiere impulsar[502].

¿Ejemplo 1? En pleno colapso de la Argentina de 2001 y 2002, un juez en lo Contencioso Administrativo Federal se ganó la simpatía de los abogados por conceder amparos por el 100 % del dinero atrapado en el corralito. Ergo, los abogados presentaban tantos amparos como plazos fijos tuviera el cliente, por ejemplo, para luego solo ratificar aquel que por sorteo hubiera recaído en el Juzgado deseado y pedir luego la ampliación del objeto para que abarcara los otros plazos fijos[503].

¿Ejemplo 2? Un anónimo —¿un agente de Inteligencia?⁠— llamó desde un locutorio de Avenida de Mayo a la casa del dirigente de Familiares y Amigos de las Víctimas de la AMIA, Sergio Burstein, y le reveló a la hija de Burstein que su teléfono estaba «pinchado» de manera ilegal (lo cual se comprobó luego que era cierto). Burstein reclamó a la policía, que le envió un patrullero para acompañarlo a efectuar la denuncia. Y como las denuncias radicadas en comisarías tramitan con el juez en turno —⁠es decir, no van a sorteo⁠—, a Burstein le tocó el magistrado en turno. En ese caso, el juez federal Norberto Oyarbide.

¡Si hasta el sistema de sorteos de la Justicia federal está bajo sospecha! Tan cuestionado se encuentra que abogados e incluso tribunales han pedido que los sorteos de expedientes «sensibles» se hagan con el viejo y tradicional bolillero, con todos presentes, en vez de por computadora. Por ejemplo, el sorteo en abril de 2000 del tribunal oral que quedó a cargo de juzgar a los presuntos responsables del atentado contra la sede de la AMIA. Se apeló a un bolillero… y presenciaron el sorteo quince personas.

¡Si tomó tres horas apretar la tecla «enter» que el 20 de marzo de 2018 definió que el Tribunal Oral Federal N.º 8 se encargaría de juzgar la «ruta del dinero K» y que el Tribunal Oral Federal N.º 4 se quedaría con el expediente sobre el «Pacto con Irán»! ¿Por qué? Porque un abogado pidió que un perito controlara, en vivo, el momento en que un empleado de la Cámara Federal de Casación Penal activó el programa.

Tan cuestionado están los sorteos que un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) concluyó que el programa informático utilizado para distribuir los expedientes federales se basa en un algoritmo matemático vulnerable, que «presenta falencias» y es fácil de manipular[504].

Los expertos de la Sigen no hicieron más que confirmar así los temores que ya había planteado la jueza María Romilda Servini, quien alertó al Consejo de la Magistratura que aunque no hay evidencias de una «mano negra», sí es posible concluir que «el sistema de sorteos informáticos es manejable»[505].

Esa manipulación ocurrió en el pasado, por dar apenas un ejemplo, cuando el banquero Raúl Moneta radicó una denuncia contra los accionistas de Cablevisión en el Departamento de Policía, en 2003, en vez de presentarse en Tribunales. Evitó así el sorteo del expediente y logró que le tocara, por el turno policial, el juez que quería: Juan José Mahdjoubián. ¿Resultado? Seis años después, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que Moneta buscó elegir a ese magistrado, que para entonces ya había sido destituido por manipular expedientes a cambio de billetes. Pero a Moneta poco le importó: «En cuanto me volteen un juez, compro otro. Soy imbatible en el terreno judicial», se ufanaba hasta su debacle[506].

Un lugar, Comodoro Py, donde los jueces acumulan tal poder que la Corte Suprema de Justicia de la Nación les reserva asientos privilegiados en sus eventos para que puedan ver y ser vistos, en desmedro de otros magistrados, incluso de rango jerárquico superior pero menos poderosos.

Un lugar, Comodoro Py, donde la primera y más básica reacción en toda investigación sobre corrupción que incluya testigos incómodos es denunciar a esos testigos por presunto falso testimonio.

Puede dar fe de eso el exembajador argentino ante Venezuela, Eduardo Sadous, quien sobrelleva un juicio por supuesto falso testimonio tras contar lo que sabía sobre la «diplomacia paralela» con Venezuela que lideraron el entonces ministro Julio De Vido y sus colaboradores Claudio Uberti y José María Olazagasti, entre otros.

¿Conocerá Sadous la historia real de Peser y Pewero, los alcaldes de la antigua Tebas, durante el reinado de Ramsés IX? Ocurrió hace ya más de 3100 años, en el siglo XII antes de Cristo, cuando Peser denunció la corrupción de Pewero para comprobar luego que los superiores de ambos —⁠y quienes debían juzgarlo a Pewero⁠— ¿acaso también eran parte del baile y terminó él, Peser, condenado por perjurio?[507]

Sadous no fue el único en seguir los pasos de Peser. También cosechó una denuncia por falso testimonio Guillermo Reinwick, el yerno de Nicolás Ciccone que identificó ante la Justicia a Amado Boudou y a José María Núñez Carmona como los mandantes detrás de Alejandro Vandenbroele para quedarse con Ciccone Calcográfica. Y la misma senda, también en el «caso Ciccone», sobrellevaron otros dos testigos que terminaron denunciados: la abogada Florencia Laporta y el ejecutivo de Boldt, Guillermo Gabella, que relató cuando el socio de Boudou le informó lo que hasta entonces era inasible: «Compramos Ciccone».

La misma ofensiva de la denuncia por presunto falso testimonio intentó también el excanciller Héctor Timerman contra el exembajador argentino en Siria, Roberto Ahuad, quien confirmó la reunión secreta que mantuvo Timerman en Aleppo con el canciller iraní para abrir las negociaciones que derivaron en el pacto con el régimen de Teherán y la posterior denuncia del fiscal Alberto Nisman. Es decir, tal y como lo había revelado el periodista José «Pepe» Eliaschev, al que en su momento criticaron e intentaron desmentir, pero el tiempo dio la razón.

Y también lo padeció el «doleiro» brasileño Leonardo Meirelles, convertido en «delator premiado» en el Lava Jato brasileño, pero que en Buenos Aires enfrenta una denuncia por supuesto falso testimonio del actual jefe de los espías, Gustavo Arribas. Una ofensiva que también incluyó una denuncia del juez Claudio Bonadío contra los fiscales argentinos que escucharon la declaración de Meirelles, Federico Delgado y el procurador de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez[508].

Bonadío no fue el único que cargó contra el fiscal Delgado. La misma estrategia la utilizaron Jorge «Corcho» Rodríguez —⁠denuncia que desestimó el fiscal Franco Picardi⁠— y el empresario Víctor Stinfale. «El que se lo va a cargar a Federico Delgado es Víctor Stinfale, no es Panamá Papers. Yo lo voy a sacar por la puerta del costado», auguró el propio Stinfale, en marzo de 2017, tras pasar un mes detenido por la tragedia de Time Warp.

Stinfale, un peso pesado. Abogado del exlíder de la barra de Boca Juniors, José Barrita; del traficante de armas sirio, Monzer al Kassar; de Carlos Telleldín, el expolicía acusado en la «causa AMIA», expediente en el que Stinfale también terminó indagado como presunto partícipe necesario del delito de peculado. Y también, de Diego Maradona y del ladrón Luis «el Gordo» Valor, entre otros[509].

Stinfale, un tipo con sus premisas claras. «Yo defiendo a los malos y hago un marketing de eso, pero nunca vendí drogas y Delgado me quiso “engarronar” con eso. Es el tipo más honesto que conozco, pero se subió arriba de la ola para hacerse famoso conmigo y convirtió esto en algo personal», contó a este autor. Tan personal, que en su oficina colocó una alfombra con el rostro del fiscal para pisarlo cada día. «Es una forma de motivarme para continuar. Me da más ganas de seguir»[510].

Pero para lidiar con un peso pesado, nada mejor que otro peso pesado, como Lilita Carrió, quien en plena tormenta le envió una carta al procurador interino, Eduardo Casal. «Me dirijo a usted por la persecución que está sufriendo el fiscal Federico Delgado a fin de solicitarle que lleve a cabo las acciones necesarias para garantizar la independencia del Ministerio Público Fiscal y evitar las injerencias de los poderes económicos, abogados inescrupulosos, empresas constructoras, poderes políticos de turno, incluido el actual, y que pudiera ejercer el empresario del juego y dirigente deportivo, Daniel Angelici», le reclamó[511].

La ofensiva contra Delgado también puso en alerta al resto de los fiscales, que teme un revival de épocas pasadas. «¿En cada caso en que un fiscal pida o realice una prueba en un caso criminal contra un político, esta será la base de un expediente disciplinario? Eso ya lo vivimos con otro procurador general que utilizaba los expedientes internos para disciplinar e impedir que investiguemos o pidamos sobreseimientos», remarcó la fiscal Mónica Cuñarro, fundadora y exvicepresidenta de la Asociación de Fiscales y Funcionarios Nacionales (Affun)[512].

Comodoro Py es un lugar, también, donde la Cámara Federal de Apelaciones se divide en dos salas y una de ellas fue conocida durante años como la sala independiente (del poder), ante lo cual la otra se definió irónicamente a sí misma como la «sala Racing».

Un lugar, Comodoro Py, donde los jueces y fiscales consideran que solo hay algo peor que la sobreabundancia de operadores: su ausencia.

Porque como dice una veterana contadora que lidia con ellos desde hace tres décadas, «más de uno de ellos es Don-Corleone-Dependiente». Y no lo dice en broma, sino cargada de cinismo.

Porque durante el kirchnerismo, florecieron los Fernández: Javier y su hermano Sergio (camarista en lo Contencioso Administrativo Federal), pero también el polifuncionario Aníbal Fernández y el senador nacional Nicolás Fernández, además de Stiuso, Darío Richarte, Juan Martín Mena, Alfredo «Freddy» Lijo y Julián Álvarez, entre otros, según el fuero y sus relaciones personales previas.

¿Y con el macrismo?

Descollan Angelici —asesorado a su vez por Richarte⁠—, Alejandro Pérez Chada, Javier Fernández, Fabían «Pepín» Rodríguez Simón, José Torello, el consejero de la Magistratura Pablo Tonelli, Juan Bautista Mahiques, el ministro Garavano y su colaborador Manuel Izura, y también Gustavo Arribas, entre otros, también según el fuero y las relaciones personales previas.

Para muchos jueces y fiscales, los operadores son los interlocutores más preciados. Porque llevan y traen mensajes, y negocian favores y prebendas tales como cargos, ascensos, viajes y, en ocasiones, dinero.

Operadores que pueden, por ejemplo, afirmar con dos meses de antelación la fecha exacta en que sobreseerían a los Kirchner en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, en 2009, o anticipar con datos muy precisos y cinco días de antelación cómo y cuándo saldría el fallo que esperaba el gobierno de Mauricio Macri para desplazar a Alejandra Gils Carbó de la Procuración General, en 2017.

Porque la teoría va por un lado, como contó Norberto Oyarbide en septiembre de 2016, «pero la realidad camina por otro lado».

—¿Por dónde camina? —le preguntó el periodista y psicólogo Diego Sehinkman[513].

—Por las visitas inesperadas que yo supe tener en mi despacho de Comodoro Py —⁠replicó Oyarbide, ya jubilado.

—¿Cómo eran esas visitas?

—Personas de carne y hueso como usted, pero que me decían que sería bueno que no pase demasiado tiempo para solucionar lo de tal o cual persona, normalmente funcionarios. Venían señores que me decían: «Nosotros tenemos varios juicios políticos en contra de su persona en el Consejo de la Magistratura y los estamos analizando». Era una sutil, espléndida y descarada extorsión.

—¿Con qué gobiernos sufrió extorsiones?

—Absolutamente con todos. Pasó, pasa y seguirá pasando por el resto de los siglos —⁠profetizó.

A menudo las relaciones entre jueces y operadores son un ida y vuelta de necesidades y beneficios mutuos. Eso explica que, acorralado, a Oyarbide lo salvaron varios operadores —⁠como Javier Fernández⁠— y los senadores del Partido Justicialista el 11 de septiembre de 2001. Mientras el mundo miraba horrorizado lo que ocurría en Nueva York y Washington, corrieron a rescatarlo.

Y las deudas con los sótanos se pagan, siempre.

«Ese día fue la absolución», rememoró Oyarbide. «Pero empezó en el 98 con el doctor (Raúl) Granillo Ocampo como ministro de Justicia, que tuvo un pronunciamiento muy particular cuando dijo de mí: “Ese juez se deber retirar porque es deshonrosa su actitud y avergüenza a todo el Poder Judicial”. Y cuando soy absuelto ese 11 de septiembre de 2001, uno de los primeros que me vino a ver a ver a mi despacho fue Granillo Ocampo, investigado por enriquecimiento ilícito y a quien le encontré cuentas bancarias impresionantes en Estados Unidos. Yo trabajé como loco, pero la causa prescribió en la Corte. Tres puntos suspensivos…»[514].

Operadores que a veces despliegan sus habilidades, sin jamás cruzar la legalidad, ni cobrar un centavo y poniendo en juego su credibilidad, porque desean ayudar a un gobierno, en el que creen, a un partido, porque militan en él, o a un funcionario, porque es amigo. Como el fallecido Juan Carlos «Chueco» Mazzón, un operador con la camiseta peronista puesta, tan capaz de desactivar bombas políticas como de recibir a un emisario de Techint, escuchar sus lamentos por un pedido de coimas, y encargarse, solito, de detener a los coimeros con una llamada a la superioridad. Por la causa.

Otros, en cambio, son más brutales. Como el ladero de un alto funcionario menemista que, sin rodeos, le comunicó a alguien que se había quejado por un negocio fallido que a partir de ese momento afrontaba un jardín de senderos que se bifurcaban. «Si lo tuyo es un reclamo comercial, poné el monto. Pero si lo tuyo es un reclamo político, esto es la guerra. Y atenete a las consecuencias propias de una guerra…».

Y otros pasan a la acción y dirimen sus diferencias a los tiros, entre dos autos. Le pasó a Javier Fernández a las 9:35 del 5 de octubre de 2011, en la intersección de las calles Zapiola y Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires, muy cerca de Canal 9. Fue entre un Ford Ka agresor y un Citröen C4 que recibió seis balazos —⁠cinco pegaron en el parabrisas, otro en el capot⁠—, mientras que la séptima bala se perdió en la vía pública, sin que nadie saliera herido o muerto.

Le vaciaron un cargador completo, o sea.

Acaso porque las filmaciones de las cámaras de seguridad no sirvieron para nada, nunca se determinó bien quiénes fueron los agresores, mucho menos quién dio la orden. ¿Fueron sicarios contratados por Raúl Moneta en las ciénagas de José C. Paz que responden a Mario Ishii, como especularon dentro de la ex SIDE? En cualquier caso, Fernández lo tomó como un ataque directo contra él, pero también contra Jaime Stiuso y contra el entonces número dos de la casa de los espías, Francisco «Paco» Larcher.

Por varios motivos, el apellido Moneta se asoció a otro incidente que nunca se terminó de clarificar. Su destinatario fue Daniel Hadad. Es decir, su exsocio, al cual llegó por recomendación de un amigo en común, el banquero Jorge Brito, sin que eso impidiera que el vínculo societario terminara horrible.

Primero, porque un habitante de los sótanos le avisó a Hadad que lo habían convocado para pincharle las dos líneas telefónicas fijas de su casa, pero optó por declinar el convite y avisarle.

Segundo, porque desde la revista El Guardián, de Moneta, comenzaron a tirarle con basura íntima, real o inventada. Eso da igual.

Tercero, porque las diferencias entre ambos coincidieron, acaso por mera casualidad, con una noche de disparos…

¿Pasó también eso, antes, entre el exfuncionario menemista Hugo Franco y emisarios de Alfredo Yabrán? ¿Fue por un paquete del «Cartero» que Franco «olvidó» entregarle a su verdadero destinatario, el entonces embajador ante la ONU, Jorge Vázquez?[515]

Operadores, además, que marcan diferencias entre ellos. Porque están aquellos que trabajan para «hacer favores» —⁠es decir, salvar a tal o a cual, con límites infranqueables ante pedófilos y narcos⁠— y otros que se mueven para «hacer cagar a alguien», lo que puede incluir el procesamiento, detención o condena de un rival. «No matter what».

Operadores, algunos, célebres por su formalidad, su cuidado en las palabras y su elegancia. Como George Clooney en la película Michael Clayton, donde hace de un abogado que se presenta a sí mismo como un «fixer», un solucionador de problemas ajenos, tapador de escándalos y negociador lo que haya que negociar.

O como Michael Sitrick, el asesor de imagen que en Estados Unidos cobraba 1100 dólares la hora por sacarle las papas del fuego a sus clientes en situaciones de crisis extrema. Desde Exxon tras el derrame del buque petrolero Valdez en 1989, o Enron tras el estallido del escándalo contable y financiero, aunque con un límite: el depredador sexual Harvey Weinstein resultó too much…[516]

O como el abogado personal del presidente Donald Trump, Michael Cohen, quien se encargó de enviar mensajes al Kremlin para agilizar la construcción de un rascacielos en Moscú y de silenciar las supuestas relaciones de su jefe con la actriz porno Stormy Daniels y con la modelo Karen McDougal. Porque como él mismo le dijo al diario The Wall Street Journal, él se encarga «de cualquier cosa que necesite ser resuelta»[517].

O como lo fue Hugo Anzorreguy, jefe del espionaje argentino durante el menemismo y cuñado del ministro de la Corte Suprema, Eduardo Moliné O’Connor, a quien le pidió por el empresario Franco Macri y su hijo, Mauricio. Ambos arrastraban desde hacía años una acusación por presunto contrabando agravado hasta que el máximo tribunal del país los rescató con uno de los últimos fallos de la «mayoría automática» —⁠voto de Moliné O’Connor incluido⁠—, en agosto de 2002[518].

O como lo fue Darío Richarte, exnúmero dos de la SIDE durante el gobierno de la Alianza, y armador de un estudio jurídico junto a Diego Pirota que durante el kirchnerismo se encargó de apagar un incendio judicial tras otro —⁠del «caso Antonini» a la «diplomacia paralela» y del «caso Ciccone» a la investigación por los desvíos millonarios en «Fútbol para Todos»⁠—, hasta que la Presidenta apostó por La Cámpora y Justicia Legítima, y se peleó con los jueces federales. Y entre Comodoro Py y la Presidenta, Richarte y Pirota optaron por Comodoro Py… y tras el cambio de Gobierno, por Angelici.

Operadores capaces de sellar una tregua en 2015 con jueces y fiscales a pedido del entonces candidato presidencial Daniel Scioli, que veía como Comodoro Py aceleraba investigaciones sobre el kirchnerismo que aportaban, una atrás de otra, coberturas negativas en los medios para sus aspiraciones de llegar a la Casa Rosada.

Operadores que a veces… son otros jueces. Del mismo fuero o no. Del mismo rango o superior. Que son amigos del acusado o de una de las partes, que se presentan como correos del zar (ya sea desde la Casa Rosada, de la Corte Suprema o un portentoso empresario) o que sugieren tal o cual sendero para progresar.

Operadores que son capaces de redactar el borrador de un fallo judicial. O con un simple llamado e invocando la «gravedad institucional» o la «razón de Estado», congelar la detención de un sospechoso. Argumentos que el experto internacional en mafias y crimen organizado, Edgardo Buscaglia, califica de «argumentos mafiosos» casi idénticos a los que se esgrimieron en Italia, en los años noventa, cuando jueces y fiscales lideraron el proceso Mani Pulite[519].

¿Ocurrió eso, por ejemplo, con el senador Miguel Ángel Pichetto cuando Alejandro Vandenbroele se dio vuelta, se acogió al régimen del arrepentido y afirmó que el banquero Jorge Brito le pagó su abogado y le dio una mensualidad a cambio de que cerrara la boca, dejándolo al dueño del Banco Macro al borde de la detención por presunta obstrucción de Justicia? ¿Llamó Pichetto a Comodoro Py para abogar por el banquero?

¿Pichetto estuvo, también, detrás de los fallos de la Cámara Federal porteña y de la Cámara de Casación Penal que definieron si Cristóbal López debía pasar sus días detenido o en libertad? Por lo pronto, uno de los principales alfiles de Ricardo Echegaray en la AFIP —⁠y luego asesor en el Senado⁠—, el entrerriano Guillermo Michell, se sentó a escribir para sugerirle ideas a los estrados judiciales…

¿Cómo se explica, si no, que el mismo juez que ordenó la detención de Boudou —⁠ya fuera del poder⁠— y su socio José María Núñez Carmona por el riesgo potencial de que pudieran obstruir la investigación ni siquiera defina la situación procesal —⁠mucho menos la detención preventiva⁠— del banquero al que Vandenbroele como arrepentido acusó de maniobras concretas, específicas y continuas para entorpecer la pesquisa y el accionar de la Justicia?

Operadores que para aceitar relaciones con ciertos jueces y fiscales (pero no con todos) recurren a buenas botellas, mejores cenas e incluso viajes a Europa y Estados Unidos para participar en seminarios sobre delitos económicos y lucha contra el lavado de activos.

Operadores, algunos, que son célebres por su extremo bajo perfil, como Stiuso, que iba y venía sin que nadie lo reconociera, mientras que dejaba los asuntos públicos en manos de su abogado, Santiago Blanco Bermúdez, letrado que comparte con el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la investigación AMIA. Es decir, la causa en la que Stiuso pudo terminar en el banquillo de acusados.

O como Carlos Sergi, al que los alemanes de Siemens apodaron «El Padrino» (a sus espaldas, claro), un apodo que por lo visto atrae a varios. Como el responsable máximo del aparato de recaudación ilegal del gobernante Partido Popular (PP) en España, que devino en el «caso Gürtel», Francisco Correa, quien pedía que lo llamaran «Don Vito». O como Daniel «El Tano» Angelici, que al celebrar sus 50 con una fiesta en el hotel Hilton de Puerto Madero pidió que pusieran la música de esa película para ingresar al salón. O como Javier Fernández, que al póster de El Padrino en su quincho sumó otro de Al Pacino en Scarface[520].

Otros operadores, por el contrario, son reconocidos por gastar los pasillos de tribunales, como el hermano del juez Ariel Lijo, «Freddy», quien pasó de vender empanadas en el conurbano a millonario, dueño de un haras, una compañía de seguros, un fideicomiso con sede en Nueva Zelanda, una cuenta bancaria en Suiza con al menos 1,7 millones de dólares, y mucho más, de la mano de clientes poderosos como Julio De Vido y su entorno[521].

O por su habilidad para combinar negocios privados, función pública y contactos judiciales, como Guillermo Scarcella, que pasó de profesor de tenis a millonario con inversiones varias en su Tandil natal[522].

Si Scarcella hablara… compañero de truco de su amigo Canicoba Corral, desde hace veinte años, en la tradicional «Rody Cup» que organiza el juez con otros magistrados, fiscales, operadores, políticos y empresarios.

Scarcella padeció sus dolores de cabeza, pero supo sobrellevarlos. Como cuando siendo titular de Aguas Bonaerenses (ABSA), en 2014, quedó bajo la mira de las autoridades antilavado por operaciones en Estados Unidos por más de 5 millones de dólares. Scarcella justificó esos fondos con la supuesta venta de sus acciones en la empresa que envuelve valijas con un nylon verde en los aeropuertos argentinos, negocio que a su vez había heredado de la esposa de Canicoba Corral, Ana María Tejada[523].

Entre 2009 y 2013, ese negocio de envolver valijas le había deparado ganancias millonarias a Tejada, quien obtuvo la concesión de Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000), la empresa de Eduardo Eurnekian a la que Canicoba Corral luego sobreseyó dos veces, pero con poco éxito. La Cámara Federal revocó ambas decisiones y ordenó que el expediente tramitara en el fuero Penal Económico[524].

¿Será cierto, además, que Scarcella llegó al timón de ABSA por sugerencia de Canicoba Corral a su buen amigo, el entonces gobernador Scioli? De ser así, tampoco debería sorprender. Al fin y al cabo, no sería el único magistrado que pidió una mano para un amigo. María Servini pidió por el fiscal Edgardo Miragaya, que así fue a la ex SIDE, y para otro amigo reclamó incluso el timón mayor del PAMI. «No tengo tanto poder», dicen que se excusó Angelici.

Raro. Porque Angelici, sin vueltas, puede afirmar: «Yo pongo y saco jueces y fiscales en la ciudad». O incluso decir: «Yo soy Macri. ¿Qué necesitan?», aunque para ser justos, varios fiscales se regodearon con el triunfo de Macri en 2015. No por él, sino por Angelici. Por eso uno de esos fiscales aventuró: «¡Nos vamos para arriba; ahora el “Tano” pisa fuerte!».

Otros operadores, en tanto, son célebres por su simpatía y sus dotes histriónicas, como el exjuez Alberto Piotti, padrino político de jueces federales que marcaron toda una época. Entre ellos, Jorge Urso —⁠también vinculado al exjefe de la SIDE, Miguel Ángel Toma⁠— y Jorge «Pati» Ballestero, hermano de otro todoterreno, «Coco».

Y otros, por jamás ir a Tribunales (porque no lo necesitan), como Javier Fernández o «Paco» Larcher. Porque hay operadores que despliegan sus redes desde sus estudios jurídicos o sus oficinas. A otros les alcanza con un teléfono celular. Y otros que despliegan sus influencias en restaurantes y cafeterías, como La Brigada, en San Telmo.

Por eso, durante el kirchnerismo, era posible ver a Amado Boudou y Norberto Oyarbide brindando con champagne en Bice, de Puerto Madero, y ahora es posible ver a funcionarios, jueces, operadores, sindicalistas y legisladores mezclados en unos pocos metros cuadrados de Marcelo o de Carletto, también en Puerto Madero, o en Dashi, ubicado en el mismo lugar donde en 1995 y de la mano de Manuel Antelo abrió sus puertas el Museo Renault, meca del ver y dejarse ver durante el menemismo, al igual que el ahora también extinto Rond Point.

Porque hay operadores oficiosos… y los hay oficiales. Como el viceministro kirchnerista que le pidió al juez Canicoba Corral que defenestrara las escuchas telefónicas que usó el fiscal Alberto Nisman para su denuncia contra la entonces Presidenta. O como el ministro de Cambiemos que le pidió, al mismo juez, por los Bulgheroni en la investigación sobre el yacimiento Cerro Dragón.

Porque hay operadores ocasionales que se involucran porque son amigos del juez y/o del imputado en un expediente y creen que pueden dar una mano y, de paso, embolsar billetes. Aunque los aficionados suelen terminar mal. Como ocurrió en el «caso Ciccone» con el abogado Ignacio Danuzzo Iturraspe, un amigo de la familia Rafecas que terminó intercambiando opiniones por WhatsApp con el juez Daniel Rafecas sobre la investigación a pedido del socio de Boudou, Núñez Carmona.

Intercambios crípticos, sí, pero elocuentes para los involucrados en la investigación. Como cuando el juez le planteó por su teléfono celular a Danuzzo Iturraspe que la defensa de Boudou debía presentar en su Juzgado cualquier expediente administrativo en el que algún ministro de Economía anterior a «Aimeé» hubiera firmado un documento en beneficio de una empresa particular, tal y como Boudou había hecho con Ciccone Calcográfica en un papel que la prensa estaba por publicar.

—¡¡No podemos tener tanta mala suerte que no haya ningún antecedente!! ¡¡Los medios lo van a crucificar!! —⁠lo urgió Rafecas, el 5 de marzo de 2012, a las 21:38, según ventilaría el propio Danuzzo Iturraspe semanas después. «En cualquier caso tiene que anticiparse a la difusión de esta cuestión», lo guio el juez.

—Pero si el pase se lo hace la AFIP y (Boudou) lo devuelve xa q sea la AFIP quien lo resuelva y este resuelve no hacer lugar al pedido… —⁠retrucó Danuzzo Iturraspe a las 21,41, tratando de descargar en el entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, al menos parte de la responsabilidad por el papel a favor de Ciccone Calcográfica que había firmado Boudou.

—Y bueno eso amortigua… Igual lo inusual del pase de por sí es un tiro en la línea de flotación… Insisto: ¡si la AFIP es buena leche tienen que hallar precedentes! ¡Aunque sea de la época de Lavagna o Lousteau o quien fuere!! —⁠lo urgió otra vez[525].

Lejos de quedar agradecido con Rafecas, sin embargo, Danuzzo Iturraspe acató las órdenes superiores y ventiló esos mensajes por WhatsApp ante el Consejo de la Magistratura poco después de que el juez ordenó allanar el departamento de Boudou en Puerto Madero que utilizaba Vandenbroele. ¿Para qué lo hizo el operador aficionado? Para prender fuego a Rafecas y así apartarlo de la causa. Lo logró, el expediente terminó en manos de Ariel Lijo, pero resultó aún peor para Boudou, que terminó procesado y sentado en el banquillo de los acusados en un juicio oral, mientras que Danuzzo Iturraspe aún no puede pisar los tribunales de Comodoro Py… ni podrá por años.

Rafecas, mientras tanto, tampoco la pasó bien. Porque los radicales ya lo tenían en la mira por investigar «las coimas en el Senado», los kirchernistas pasaron a considerarlo un traidor por su rol en el «caso Ciccone», referentes de la comunidad judía le enrostraron luego que no impulsara la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la entonces presidenta Cristina Fernández, y la presión creció y creció a su alrededor… hasta que Lilita Carrió salió a defenderlo en público… y calmó el oleaje (al menos por un tiempo).

En suma, los buenos operadores, vale aclarar aunque resulte obvio, se dedican a eso, a operar, de manera profesional, sin ahondar mucho en los por qué, ni tampoco concentrarse en el beneficiario inmediato de sus artes, sino en quién lo pide.

Acaso eso explique, por ejemplo, que el gobierno de Mauricio Macri se haya enfurecido con el todoterreno Javier Fernández en marzo de 2018, tras sospechar que operó el fallo de la Cámara Federal que excarceló a Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa. Pero antes calló —⁠y celebró a puertas cerradas⁠— cuando Fernández se había encargado de mediar para que la misma Cámara Federal lo extirpara a Macri de la causa por las escuchas telefónicas ilegales. O cuando gestionó el fallo del fuero Contencioso Administrativo Federal que llevó a la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó. O cuando, tras un pedido del «Tano» Angelici, Fernández desplegó sus artes para que la Auditoría General de la Nación (AGN) favoreciera al Correo Argentino, empresa de la familia Macri.

¿Cómo?

La AGN primero se tomó su tiempo para analizar el caso, luego ignoró un informe crítico de dos expertos que pidió el propio organismo y, por último, transcurrido más de un año desde que se desató la tormenta pública, decidió no emitir opinión porque no sería «materia auditable»[526].

El «Tano» Angelici, por su parte, también despliega sus redes de influencia por el mundo de la política, de los negocios y por otros ámbitos que le permiten sumar más poder. Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) —⁠donde se registró aquella escandalosa elección que le robaron a Marcelo Tinelli con el empate 38 a 38 habiendo 75 votantes y donde Angelici suele apoyarse en el representante Christian Bragarnik⁠— a la Asociación Argentina de Tenis (AAT). «La lista de Calleri (Agustín) jugó fuerte con sus amigos del Gobierno y de la Secretaría de Deporte. Así son las cosas», se lamentó José Luis Clerc. Tarde[527].

Angelici también desplegó sus redes por el mundo del espionaje, de las manos de Fernández y del actual director jurídico de la AFI, Juan Sebastián de Stéfano. O ufanarse de su llegada a la Inspección General de Justicia (IGJ), con Sergio Brodsky, o a la Oficina Anticorrupción (OA), con Laura Alonso, o a la Procuración General porteña, con Martín Ocampo. Pero él prefiere callar. Conoce el valor del silencio.

Un lugar, Comodoro Py, donde a menudo jueces y fiscales novatos —⁠y más aún los subrogantes que quieren quedarse en esos cargos⁠— deben superar «la prueba del amor». Es decir, demostrar su lealtad al padrino que bendijo o bendecirá su designación. Ya sea con un sobreseimiento por demás inexplicable o alguna apretada insostenible…

¿Pasó algo así, por ejemplo, con el entonces camarista subrogante Eduardo Farah, cuando debió votar qué delitos debían considerarse crímenes de lesa humanidad y, por tanto, serían imprescriptibles? ¿Su voto respondió a una orden de Néstor Kirchner, a pedido de su esposa Cristina Fernández, por influencia de Horacio «el Perro» Verbitsky?

Un lugar, Comodoro Py, donde jueces y fiscales integran grupos, subgrupos, camarillas, facciones y más. Por esos tribunales pasó la «Orden del Martillo», que en los años noventa reunía a jueces activos y retirados de estrechísimos lazos con la embajada de Estados Unidos, y ahora pisa fuerte el grupete del «mundo Boca». Alude al club de los amores que nuclea a ciertos jueces, fiscales y abogados, pero que también sirve de excusa para un sector que, otra vez, abarca al «Tano» Angelici y a Richarte.

Un lugar donde muchos jueces y fiscales mantienen ciertos «códigos», como no investigarse entre ellos, ni molestarse. Como cuando Canicoba Corral dejó claro, aunque en voz baja, que no incomodaría a su colega del fuero en lo Penal Económico, Guillermo Tiscornia… y cumplió.

16 de febrero de 2006.

Dos personas contactaron a la empresa del juego Codere y le exigieron 4 millones de dólares para solucionar una «indagatoria» en el Juzgado de Tiscornia.

Reunión en el «Winery» de Avenida del Libertador y Carlos Pellegrini de la ciudad de Buenos Aires.

Micrófonos y grabadores varios.

Invitación a reunirse con «el número uno».

Encuentro con Agustín Tiscornia, padre del juez, en un departamento de la calle Talcahuano número 1276, entre Juncal y Arenales, piso 18, departamento «A». Planteo concreto: 4 millones de dólares, por adelantado, en el plazo de cuatro días. O atenerse a las consecuencias.

Cámaras ocultas, abogado Hugo Wortman Jofre y escribano público.

Denuncia penal.

Escándalo público.

Consejo de la Magistratura.

Año y medio después, tarjeta roja del Jurado de Enjuiciamiento para el juez Tiscornia.

Pero no por esos hechos. El Jurado consideró que no había pruebas que lo vincularan con la actuación de su padre. Y ya en 2015, la Corte Suprema procedió igual. Confirmó su sobreseimiento, en línea con Canicoba Corral y tribunales intermedios que estimaron que su padre y los otros involucrados eran «vendedores de humo» sin influencia real sobre él o sus decisiones[528].

Porque entre fantasmas, dice el refrán, no hay que pisarse las sábanas.

Un lugar, Comodoro Py, donde los tribunales orales durmieron por años los juicios por posibles delitos contra la administración pública, pero se despertaron al vislumbrar el cambio de ciclo político. A tal punto que durante el kirchnerismo (2003-2014) dictaron entre dos y cuatro condenas por año por esos delitos, según datos oficiales del Registro Nacional de Reincidencia. Pero elevaron esa cifra a 16 condenas, solo en 2015, cuando Fernández de Kirchner se dirigía hacia la salida de la Casa Rosada[529].

Para ser justos, sin embargo, los tribunales de Comodoro Py no son los únicos expertos en la técnica de pisar la pelota. En la provincia de Buenos Aires, por citar apenas un ejemplo, solo se iniciaron 16 investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito entre 2012 y 2015 (incluido), según verificó el Centro para la Implementación de Derechos Constitucionales. Pero entre 2016 y 2017, se abrieron 30. ¿Qué pasó? ¿Juicios de residencia sobre funcionarios de la anterior administración? ¿Al fin sonó el despertador?[530]

¿Será por eso que el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, reclamó en mayo de 2016 que «los jueces no pueden depender del contexto político» para cumplir con su trabajo y que deben actuar con «valores y convicción»? Lorenzetti, sin embargo, otro tiempista del poder. ¿Acaso por eso también recordó que «las condenas judiciales tienen que ser serias, respetar el debido proceso, tienen que tener pruebas»?[531]

Por su valor intrínseco pero también simbólico, Comodoro Py es el lugar donde el kirchnerismo quiso meter su cuña con Justicia Legítima, con jueces subrogantes, con jueces ad hoc y varios trucos más. Es, también, un lugar del que ahora Cambiemos quiere desplazar a todo aquel que sea kirchnerista, pueda serlo o siquiera haya sido señalado como tal por interés personal de quien lanzó la versión.

Un lugar, Comodoro Py, donde se negocia hasta cuán arriba llegará la guillotina. Como ocurrió en el «caso Greco», que nació con un viejo reclamo de los hermanos Héctor y José Greco, expropietarios del Banco de los Andes y otras cuarenta empresas ligadas a la alimentación. Casi lograron que el Ministerio de Economía les pagara 332 millones de pesos. Pero se frustró cuando los senadores radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz alertaron que ese monto se había camuflado como «pago a proveedores» dentro de un proyecto de ley que el Gobierno había enviado al Congreso.

La investigación penal que siguió detectó irregularidades en el proceso de cálculo del pago que había efectuado el equipo legal del Ministerio. Al parecer, el grupo Greco acumulaba deudas con el Estado por 164 millones de pesos que no se incorporaron a la liquidación que refrendaron los abogados del Palacio de Hacienda. Y ocho años después, varios de los funcionarios terminaron condenados —⁠entre ellos, el exsubsecretario legal del Ministerio, Osvaldo Siseles, a 4 años de prisión⁠—. Pero nunca se impulsó la investigación hacia los superiores.

Un lugar, Comodoro Py, donde se mezclan algunos de los mejores y peores profesionales del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, pero, vale reiterarlo, está lejos de ser la excepción. Es, apenas, la manifestación más descarnada de cómo se administra justicia en el país.

Por eso, una auditoría desarrollada por el cuerpo de auditores del Consejo de la Magistratura a pedido del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires y la ONG Será Justicia reflejó lo que hasta entonces nadie había constatado. Expuso demoras injustificadas y desarrollos discrecionales de investigaciones; en particular, cuando de actos de corrupción se trataba. En especial, en los juzgados de Lijo y de Rafecas, quienes rechazaron las conclusiones. Ambos negaron «cajonear» expedientes y lamentaron la «inexactitud de los datos».

Costumbres, prácticas y vicios similares a los de Comodoro Py se repiten en otros fueros, en la ciudad de Buenos Aires y en todo el interior del país. Por ejemplo, en Penal Económico, un fuero que la prensa suele ningunear, que sus colegas del fuero federal reducen a meros firmantes de material «llave en mano» de la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA) y que los políticos jamás mencionan en sus declaraciones públicas, pero donde se cocinan expedientes por demás sensibles sobre evasión, contrabando y otras delicias similares del mundo de los delitos de «cuello blanco». O en Contencioso Administrativo Federal, donde un puñado de camaristas y jueces tomaron el control en las sombras de todo lo que ocurre —⁠y no debería ocurrir⁠— en ese fuero.

Un fuero, el Contencioso Administrativo Federal, en el que un operador almuerza junto con este autor y otra periodista, un camarista y un juez y les pregunta a esos dos magistrados de la Nación, en un tono más que elevado, quién es el jefe de ellos. Entonces ambos magistrados agachan sus cabezas y le dicen que él, el operador, es su jefe.

¿O acaso vamos a olvidar, también, cuando dos supuestos influyentes, Jorge Cingolani y Leopoldo Salvo, pidieron 2 millones de dólares en nombre de los camaristas de la Sala V a la empresa Central Puerto a cambio de una sentencia favorable? Ocurrió en julio de 1997, lo grabó Telenoche Investiga con cámaras ocultas y un secretario de la Cámara debió inmolarse, ¿para salvar a quién? Fue Claudio Fernández, hermano del operador Javier Fernández y del hoy camarista del fuero, Sergio Fernández, y surtió efecto. Veintiún años después, dos de los tres camaristas —⁠Pablo Gallegos Fedriani y Carlos Grecco⁠— siguen en funciones, mientras que el tercero, Luis Otero, se retiró años después[532].

La investigación penal, por supuesto, no arribó a condenas y menos aún se movieron los juicios políticos de los camaristas en el Congreso, antes de la creación del Consejo de la Magistratura. Así, el 21 de noviembre de 2001 —⁠cuatro años y cuatro meses después de las filmaciones, cuando los argentinos miraban como el país marchaba hacia el abismo⁠—, los legisladores desestimaron abrir un procedimiento de remoción[533].

¿Y Claudio Fernández? ¿Qué pasó con él? Tras recaerle un procesamiento en primera instancia, el hermano del operador judicial logró quitarse de encima el proceso penal sin una condena, en un expediente que llegó hasta la Corte Suprema. Renunció a su cargo de secretario de la Cámara y aún hoy dice a sus amigos que lo quemaron como «fusible»[534].

Cuitas similares ocurren en el fuero Comercial, donde se dirimen concursos, quiebras y algunos de los negocios más fastuosos de la Argentina. Porque todos somos iguales ante la ley, pero algunos son más iguales que otros; entre ellos, ciertos estudios jurídicos, algunos martilleros, peritos y rematadores. Como también se cometen pecados en el fuero Laboral. Y en el de la Seguridad Social.

Un panorama complejo, sí, pero que no sería posible sin la anuencia de tres factores determinantes: la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el poder político, que decide sobre la base de sus propios intereses corporativos, como exhibió durante 2017 con su movida para designar al nuevo Defensor del Pueblo de la Nación o la propuesta en danza para reformar el Ministerio Público Fiscal. ¿Administrar justicia? Pocas veces es el objetivo.

¿Y en el fuero federal a lo largo y ancho del país?

Mejor no ahondar demasiado.

Porque lo ocurrido con la investigación por delitos de lesa humanidad en tiempos del kirchnerismo pueden servir de muestra. Varios magistrados que miraron durante años para otro lado exageraron su afinidad con la defensa de los derechos humanos hasta diciembre de 2015, para desde entonces corregir su rumbo. Eso, cuando no algo peor, como ocurrió en Tucumán con el entonces jefe del Ejército, general César Milani.

El juez federal subrogante Daniel Bejas siguió una senda unívoca a la hora de investigar a los presuntos violadores de derechos humanos durante la última dictadura… hasta que el llamado «caso Ledo» lo obligó a dar un volantazo. Entonces modificó su criterio habitual, el mismo que sí aplicó a otro imputado en ese mismo expediente, Esteban Sanguinetti, y evitó indagar a Milani, repetidas veces, para beneplácito del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Algo tan evidente que el diario La Gaceta publicó la columna «Las dos justicias del juez Bejas». Solo cuando ese magistrado se excusó en el expediente, tras varios años, otro juez tomó el expediente y al fin procesó al ya retirado Milani[535].

Y ni hablemos, mejor, de los poderes judiciales provinciales. Desde Formosa, en el extremo norte, pasando por Tucumán y San Luis, hasta Santa Cruz y Chubut, en la Patagonia.

En Santa Cruz, el kirchnerismo avanzó en 1995 contra el procurador Eduardo Sosa, al que removió y nunca repuso en su cargo a pesar de los fallos de la Corte Suprema de Justicia que así lo ordenaron, repetidas veces. Fue Carlos Zannini, el mismo que desde la Legislatura promovió la reforma del Poder Judicial provincial que dejó sin su cargo a Sosa, quien ya como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) le respondió a la Corte nacional que carecían de presupuesto para reponerlo.

En Tucumán, la supresión de la Fiscalía Anticorrupción en 2005 produjo frutos demoledores: desde entonces solo una investigación por actos de corrupción registró una condena sobre un total de 219 expedientes. Y los condenados fueron «perejiles»[536].

En Chubut, el gobernador Mario Das Neves no se quedó atrás. Impulsó el juicio político del entonces procurador Eduardo Samamé. Logró removerlo en 2008 y aunque el Superior Tribunal de Justicia de esa provincia declaró nulo el juicio político en 2012, pero rechazó restituirlo en su cargo. Ergo, Das Neves feliz; Samamé, afuera[537].

En San Luis, los exministro y viceministro de la cartera «de Legalidad y Relaciones Institucionales» del gobierno de los Rodríguez Saá deben afrontar un juicio oral ante la Justicia federal, acusados de hacerles firmar sus textos de renuncia en blanco, antes de asumir, a los nuevos camaristas, jueces y fiscales para así condicionarlos en sus decisiones, al mantenerlos bajo la amenaza constante de despido[538].

En Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal podría haber creado el Tribunal Social de Responsabilidad Política, un órgano autárquico previsto en la Constitución provincial desde 1994 y nunca constituido. Pero eligió crear la Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI), que integra el Poder Ejecutivo bonaerense, no tiene autarquía y sus funcionarios están a tiro de decreto. Es decir, un remedo de la Oficina Anticorrupción nacional. Además, uno de los cuatro juzgados del fuero en lo Contencioso Administrativo permanece vacante y otro tiene a su titular, Luis Arias, suspendido mientras se sustancia su juicio político. Y el Tribunal de Cuentas, que ejerce un control externo sobre la administración, opera con tres vacantes sobre cinco miembros no puede conformar quorum para dictar fallos ni fijar multas[539].

Este panorama se agrava, además, con la falta de independencia real de las fuerzas de seguridad y de los cuerpos de peritos a los cuales deben recurrir los magistrados en el día a día. Ya sea porque son más leales a sus jefes políticos que a los magistrados o porque son maleables a las órdenes de los magistrados en vez de seguir sus conciencias.

Ejemplo 1: un juez federal que durante el kirchnerismo no sabía a qué fuerza convocar para un allanamiento porque descontaba que alertarían al Gobierno nacional. Por tanto, terminó convocando a dos fuerzas. A la primera la envió a un lugar, mientras que él marchó con la segunda, quince minutos después, al verdadero destino, sin decirle a quién iban a allanar, ni el sitio exacto del operativo hasta que estuvieron a unos metros.

Ejemplo 2: el juez federal Norberto Oyarbide convocó a los peritos calígrafos para que analizaran las firmas estampadas por una aliada clave del kirchnerismo, Hebe de Bonafini, en un documento comprometedor del programa «Sueños Compartidos». Cuatro peritos «de parte» coincidieron en que la firma era suya. Pero el juez se paró junto al quinto perito, el único oficial, hasta que torció su parecer: «¿No es cierto que no es verdadera la firma? Es falsa, ¿no?», le insistió una y otra vez, hasta que el dictamen salió 4 a 1. Cuatro por la confirmación de su autenticidad de la rúbrica; uno, el oficial, por su falsedad. Para Oyarbide fue suficiente: se apoyó en ese voto solitario para sobreseer a quien debía sobreseer. ¿Qué pasó cuando el expediente cambió de manos y terminó en las del juez Marcelo Martínez de Giorgi? Bonafini fue procesada en mayo de 2017, decisión que confirmó la Cámara Federal un año después[540].

Ejemplo 3: el 29 de agosto de 2008 se inició la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del entonces secretario de Obras Públicas, José López. Entre otras medidas, el juez federal Daniel Rafecas convocó al Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos de la Prefectura para que analizara su evolución patrimonial, utilizando las declaraciones juradas de López. Pero casi ocho años después, cuando el exfuncionario fue detenido mientras escondía 9 millones de dólares en un convento, la Prefectura aún no había completado su informe. ¿Por decisión propia, de un superior político o de Rafecas? Eso sí, a partir del arresto de López, todo se aceleró. Solo dieciséis días después, Rafecas lo procesó por enriquecimiento ilícito en una resolución de 349 páginas; más de la mitad, destinadas a demostrar por qué esos ocho años no habían transcurrido en vano[541].

Ejemplo 4: tras el traspaso de mando en diciembre de 2015, se invirtió la dinámica de denunciados protegidos y perseguidos, y de expedientes despiertos y dormidos. Al punto que en una pesquisa sobre corrupción kirchnerista un juez convocó a tres contadores y les fijó un plazo perentorio para que entregaran los resultados del peritaje, pero el mismo juez, en la misma semana, convocó a un solo profesional para otro informe contable, con plazos laxos, para analizar a un funcionario de Cambiemos.

«El sistema judicial que tenemos fue diseñado por todos nosotros —⁠magistrados, políticos, empresarios, sindicalistas, periodistas⁠— no para que el delincuente pague, sino para que el delincuente zafe. No hay que pedir al objeto prestaciones para las que no fue construido», alertó el fiscal federal Federico Delgado, en un libro que escribió junto con la periodista y politóloga Catalina de Elía[542].

¿Un sistema judicial «diseñado» o «deformado» para la impunidad? Para el fiscal, la primera opción. «En nuestro sistema de administración de Justicia conviven dos dimensiones, la legal y la real», abundaron Delgado y De Elía, que también cargaron en su libro contra los sistemas de selección de jueces y fiscales. «Los concursos públicos, los méritos académicos, la honestidad, la probidad y la mesura conviven con los concursos armados, el plagio, el amiguismo, los contactos, las prebendas, etcétera».

Es un secreto a voces, por ejemplo, que se amañaron varios concursos para jueces en el Consejo de la Magistratura y para fiscales en el Ministerio Público Fiscal:

Está el caso de un secretario de una Fiscalía que cuando se presentó a rendir un examen para una vacante en el Tribunal Oral Federal de Paraná le encontraron el caso que le iban a tomar, que en teoría era secreto y solo debía conocer el jurado. Ocurrió en 2009 y no hubo culpables: la investigación prescribió en 2014[543].

O el caso de un juez de instrucción que doce días antes del examen, desde su Juzgado pidieron copias de un fallo real similar al caso que le tomaron luego en la prueba, cuyo contenido, al menos en teoría, solo debía conocer el jurado. Hoy aquel postulante es juez federal[544].

O el caso de un candidato a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal al que acusaron no solo de saber las preguntas, sino que además se habría encargado él mismo de corregir su propio examen y el de otros; lo denunció su exmujer, que también lo acusó de golpeador, pero la causa se archivó. Hoy, aquel candidato es camarista[545].

Las trampas en los concursos son tan antiguas como el Consejo de la Magistratura. Uno de los trucos más viejos fue incluir apellidos que pudiera reconocer quien corregía los exámenes, en teoría anónimos. Así, cuando el corrector encontraba los apellidos de, por ejemplo, jugadores de fútbol o de integrantes de la Primera Junta de Mayo sabía que ese era el candidato al que debía potenciar.

—¿Se manipulan los concursos? —le preguntó este autor en mayo de 2015 al entonces presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia nacional, camarista en lo Civil y Comercial Federal, exsubsecretario de Justicia de la Nación, y vicepresidente hasta fines de 2014 del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo.

—Sí, lamentablemente sí —contestó—. En primer lugar, anoticiando los exámenes a los participantes.

También la calificación de los méritos y antecedentes de los candidatos suele utilizarse para arbitrariedades, que permiten subir o bajar postulantes en la lista de mérito, a veces de manera acertada y otras con trampas de todo tipo con tal de sumar más puntos. Como cuando el postulante Rubén Lucas Saurín presentó el certificado emitido a nombre de su padre, el juez Rubén Saurín, por asistir a unas jornadas de entrenamiento y capacitación en litigación oral organizadas solo para jueces. O cuando algunos concursantes presentan certificados de tres cursos completados, en teoría, el mismo día[546].

El procedimiento de los méritos y antecedentes también cosecha críticas porque premia a quienes acumulan méritos académicos («cartones», en la jerga) en desmedro de quienes se abocan tiempo completo a la práctica cotidiana en los Juzgados, Fiscalías y Defensorías, con turnos, detenidos, vencimientos y audiencias, sin tiempo real para la academia.

El Consejo, se lamentó el fiscal general federal con asiento en Tucumán, Gustavo Gómez, «premia puntajes imposibles a los que transitaron doctorados y posgrados, pero la mayoría de los candidatos jamás pisó los despachos vacantes a los que aspiran —⁠y ni qué decir si escribió varios libros⁠—, [y] nada le preguntan [en los concursos] sobre cuál es su plan para resolver el desafío que hoy implica ser juez o fiscal en semejante crisis».

Para Gómez, el Consejo debe modificar sus criterios de selección, reducir el énfasis académico y alentar la selección de candidatos «con sentido común y liderazgo», imponerles a los designados una capacitación de «seis meses de intenso aprendizaje sobre cómo funcionan cada uno de los resortes administrativos de la compleja burocracia judicial», y exigirles que redacten una «tesis final» con propuestas «para impulsar el sistema».

No solo eso. Gómez también recomendó que el Consejo les prohíba a todos los magistrados «el ejercicio de la docencia, sea secundaria, universitaria o como conferencistas. Deben ser [magistrados] full time, dedicados a tiempo completo, sin excepciones que los distraigan o les promocione su ego».

Sin embargo, si la puntuación de antecedentes y los exámenes cosechan críticas y sospechas, el punto cúlmine de la discrecionalidad en los concursos son las entrevistas. Porque allí donde debería sondearse la humanidad, la honestidad, la firmeza de carácter de los concursados, la práctica muestra que los caballos del comisario pasean entre preguntas sencillas y la buena voluntad general, mientras que aquellos que deben ser «bajados» afrontan mares embravecidos.

Por esto y más, muchos concursantes suelen caer, ya en la recta final hacia las ternas, en lo que dos veteranos de estas lides definen como una «psicosis colectiva». Es decir, son ellos mismos quienes toman la iniciativa y, dadas las sospechas de manipulación de los concursos, intentan llegar antes que sus competidores a los eventuales «padrinos políticos», que se limitan, como si fueran imanes, a esperar que suenen sus teléfonos.

Ese vía crucis de los postulantes, como lo define Pablo Slonimsqui, autor de un libro clave para entender este submundo, Forum Shopping, se apoya en la «prolífica circulación de versiones por los carriles subterráneos de información, que generan aquellas personas que tienen algún acceso privilegiado al ámbito donde se tomará la decisión final». Y eso, remarca, provoca en los concursantes «la necesidad, incluso inconsciente, de posicionarse y contrarrestar las maniobras que, en idéntico sentido, imagina están desarrollando sus competidores. De esa manera, mirando al mundo con desconfianza, cada candidato comienza un sinfín de gestiones para descubrir por dónde pueden venir las complicaciones indeseables, para potenciar las propias chances, que culminan en contactos directos o indirectos con aquellos referentes (son siempre los mismos) que pueden incidir en el sentido de la decisión final»[547].

Por esto y más, también, otros muchos interesados dejaron de participar en concursos. Y miran con nostalgia el sistema anterior de propuesta del Presidente y acuerdo del Senado, que llevaba mucho condimento político, por supuesto, pero al menos había alguien que debía responsabilizarse por su candidato, en vez de esconder esa manipulación debajo de una supuesta pátina tecnocrática e imparcial.

Por eso, muchos potenciales aspirantes a juez o fiscal no quieren, con su inscripción, convalidar un proceso que puede ser fraudulento o sobrellevar el desgaste de concursar, una y otra y otra y otra vez para quedarse a las puertas del Cielo porque otros vendieron su lealtad a algún «padrino». Es decir, lo mismo que ocurre con ciertas empresas, que evitan competir en licitaciones de la administración pública cuando intuyen o saben de antemano qué competidor será el ganador.

«No todos los concursos son un espanto», aclaró el fiscal federal Delgado, en su más reciente libro, «aunque por esa ventana también se cuelan los jueces y fiscales que prometen fidelidad a la Constitución solo formalmente y que en la práctica son constructores de sentencias a medida de los interesados, a cambio de dinero o como resultado del proceso concursal que los dejó en deuda con quien los ayudó», resumió[548].

Este panorama a nivel nacional se repite y agudiza en varias provincias, donde los gobernadores quieren que los jueces y fiscales le respondan, incluidos los federales con asientos en sus provincias. Para eso meten la cuchara en los concursos, antes de que se defina la terna, o llaman a la Casa Rosada, si es necesario, para abogar por algún nombre de las ternas que ya fueron definidas.

Conocedor de los pasillos tribunalicios, el periodista Gerardo Young hundió el cuchillo con El libro negro de la Justicia, que se centra en los doce jueces de Comodoro Py. Allí, donde el hermano de un magistrado compra y vende favores, a un juez le adulteraron su nombre para incluir la palabra «coima» y todos aplican «la lógica del gatillo». Esto es, «acumular causas para apuntar a políticos y someterlos», expuso, al igual que rehenes que pueden sentirse liberados, pero que pueden caer otra vez en las redes tribunalicias, cuando le convenga al magistrado[549].

Eso intentó Norberto Oyarbide cuando percibió que se acercaba su fin como juez federal, a fines de 2015.

Protagonista de infinidad de escándalos, acusaciones de todo tipo, declaraciones explosivas, gastos lujuriosos y mucho más, combo que le sirvió de pararrayos a los demás jueces —⁠beneficiados por su fulgor⁠— Oyarbide terminó como sospechoso de presunto enriquecimiento ilícito junto a su pareja, Claudio Blanco, y un amigo.

Investigado por el propio Poder Judicial que integró durante décadas, pronto quedó en evidencia que Oyarbide lo maneja todo en efectivo. En cuanto le depositan su jubilación, la extrae del banco y ya no quedan más rastros de su dinero, dicen los sabuesos judiciales. Pero su pareja es su flanco débil[550].

Exárbitro de básquet de 40 años, Blanco fue beneficiario del plan social Programa Hogar, previsto para hogares de bajos recursos que carecen de acceso a la red de gas natural cuyos ingresos familiares no superen los dos salarios mínimos. Monotributista entre 2012 y 2016, sus ingresos durante esos años ascendieron a un total de 208 853 pesos, que destinó completos a su manutención y consumo, según un informe de la unidad antilavado (UIF).

Esos números, sin embargo, se contradicen con su vida diaria. En 2010 compró un Honda Fit. En 2011 constituyó una sociedad, Consorcio Creba S. A., con un capital de 2,1 millones de pesos, y luego dos sociedades más. En 2014 compró un Peugeot 308 por 256 999 pesos que luego vendió. Y contó con una extensión de una tarjeta de crédito Mastercard, de Ariel Roperti, señalado a su vez como «arquitecto financiero» del patrimonio de Oyarbide.

Blanco acumuló, también, cédulas azules de un Mercedes-Benz y un BMW de firmas sospechadas, mientras que sus sociedades comparten domicilio con una empresa de Roperti, Mams, identificada por la AFIP como usina de facturas apócrifas y en la que figuró gente que «no prestó su consentimiento» y sin «capacidad operativa».

Todo eso comenzó a salir a la superficie cuando Oyarbide dejó de gozar de las mieles propias de ser un juez federal en los tribunales de Comodoro Py. Y él sabía que eso podía ocurrir. Por eso, lo intentó todo en diciembre de 2015 para seguir en su despacho. Ofreció, incluso, reabrir la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner que él mismo cerró con un sobreseimiento exprés a fines de 2009.

Oyarbide ofreció plantear la «cosa juzgada írrita». Es decir, afirmar que lo engañaron en su buena fe como juez y lo llevaron, mediante un ardid, a tomar una decisión judicial equivocada. Pero a cambio de reabrir la pesquisa contra los Kirchner y avanzar contra Julio De Vido, eso sí, el flamante presidente Mauricio Macri —⁠al que había indagado y procesado en la causa por escuchas telefónicas ilegales⁠— debía olvidarse de promover su remoción en el Consejo de la Magistratura[551].

La intentona de Oyarbide —que dialogó para eso con Angelici y con el ministro de Justicia, Germán Garavano, entre otros⁠— no prosperó, pero mostró cuál es el paño de tantos jueces de la República.

13

Cómo el sistema conformó una «casta»

Políticos, empresarios, periodistas, jueces, fiscales, policías, gremialistas y espías se conocen, se frecuentan, se buscan y se necesitan. Conforman ese colectivo que algunos llaman oligarquía; otros, corporación; uno de sus miembros, «círculo rojo», y en Italia, «casta». Un colectivo que busca eternizar sus beneficios y su impunidad. Una obsesión que los convirtió en protagonistas de un nuevo «orden conservador».

El truco pasa por denunciar la «vieja política», prometer la depuración o incluso la regeneración institucional, rodearse de jóvenes, mostrarse como un ciudadano más, pero con dotes de liderazgo, utilizar las nuevas tecnologías y declamar el «cambio».

La premisa de fondo, sin embargo, es promover el cambio para que nada cambie en realidad.

Gatopardismo.

Promover reformas puntuales que no afecten al sistema.

Impulsar leyes que funcionan en otros países pero que, retocadas por quienes saben cómo sabotear todo, pierdan mucha de su potencia y eficacia en la Argentina. Como las que crearon y reformaron el Consejo de la Magistratura, la figura del arrepentido o la responsabilidad penal empresaria. ¿Cómo? Incluyendo una vía de escape a través de los programas de integridad y eliminando el delito más recurrente de todos cuando de estas aguas se trata, que sí estaba en el borrador original que redactó el experto Guillermo Jorge: el fraude en perjuicio de la administración pública. En palabras de Diego Maradona: ¿se les escapó la tortuga a los legisladores? ¿O los lobistas empresarios «tortuguearon» a los legisladores? ¿Fueron, quizá, los lobistas de las mismas empresas que antes financiaron las campañas que llevaron a esos legisladores al Congreso?[552]

¿Acaso fueron esos y otros operadores los que también boicotean al cierre de este libro la aprobación del proyecto de ley que le permita al Estado recuperar bienes obtenidos de manera ilícita, más conocido como «extinción de dominio»? ¿Temen los empresarios y sindicalistas que los jueces y fiscales probos puedan ir por sus patrimonios? ¿O es la clase política por cuenta propia la que torpedea el proyecto en el Senado, con Miguel Ángel Pichetto como punta de lanza? Porque el borrador original incluía 15 causales de extinción; al año quedaban 10; y al año siguiente apenas dos, y aún así no prosperó, aunque aparecieron nuevos proyectos, del PJ y de Federico Pinedo en el Senado. Porque si no se aprueba ese proyecto antes de que concluya 2018 perderá su «estado parlamentario», de nada servirá la media sanción en la Cámara de Diputados y la entrega del yate del exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, a la Prefectura será apenas un asterisco en la impunidad reinante[553].

Porque la premisa básica es proteger a la plutocracia que a su vez garantiza la supervivencia de una oligarquía. O de un nuevo orden conservador de lo malo. O de una corporación. O del «círculo rojo», como lo caracterizó Mauricio Macri. O de una «casta» política que resulta «intocable», como lo temió Thomas Jefferson hace más de dos siglos, y como la definieron dos periodistas del Corriere della Sera en Italia[554].

Una «casta» que busca eternizar su poder, sus beneficios —⁠que incluyó la estatización de la deuda privada y los seguros de cambio durante la dictadura, así como también la pesificación asimétrica tras el colapso de 2001⁠— y su impunidad. Y si es posible, sin entregar las riendas jamás, a nadie, y habilitar la perpetuación en los cargos, en el caso de los políticos. Para así ser parte del poder permanente. Por eso la reelección presidencial indefinida aparece, una y otra vez, como el objetivo máximo por alcanzar, como soñó Carlos Menem en los años noventa, como lograron algunos gobernadores en sus feudos provinciales y como lo idearon los Kirchner, un mandato cada uno, hasta que la muerte se los impidió.

Una «casta» que de vez en cuando expone algunas características:

Cimenta a ciertas familias en las provincias: los Rodríguez Saá en San Luis, los Sapag en Neuquén, los Romero y los Urtubey en Salta, los Kirchner en Santa Cruz, los Saadi en Catamarca, los Juárez y luego los Zamora en Santiago del Estero, entre otros.

Fomenta la perpetuidad en los cargos ejecutivos, ya sea en las provincias, como Gildo Insfrán (peronista), todopoderoso en Formosa desde 1995 y desconfiado como pocos, al punto que colocó a su hermano Carlos en la línea sucesoria del Ejecutivo provincial… por las dudas. O como ahora intentan los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo (radical) y Santa Fe, Miguel Lifschitz (socialista). O intendentes del conurbano que ya superaron las dos décadas al mando de sus distritos, como Alberto Descalzo en Ituzaingó o Alejandro Granados en Ezeiza, y como antes ocurrió con Raúl Othacehé en Merlo, Jesús Cariglino en Malvinas Argentinas, Julio Pereyra en Florencio Varela y Hugo Curto en tres de Febrero.

Alienta la permanencia en los cargos legislativos: como Leopoldo Moreau, con veintitrés años en el Congreso (por el radicalismo, como diputado nacional entre 1983 y 1995, senador nacional entre 1995 y 2001, y diputado nacional otra vez entre 2001 y 2005, y por el frente electoral Unidad Ciudadana liderado por Cristina Fernández de Kirchner, como diputado entre 2017 y 2021). O como María Laura Leguizamón, que acumuló veintiún años en el mundo parlamentario (diputada nacional de 1993 a 1997, legisladora porteña de 2000 a 2003, senadora nacional de 2003 a 2007, otra vez diputada nacional de 2007 a 2011 y otra vez senadora nacional de 2011 a 2017), entre otros casos similares.

Promueve la «grieta» en público, mientras pacta a puertas cerradas, como radicales y peronistas en Buenos Aires —un contubernio que se extendió durante treinta años—, Entre Ríos y otras provincias, del mismo modo que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires entre el PRO y el kirchnerismo. Así quedó en evidencia durante la sesión de la Legislatura porteña del 1 de noviembre de 2012, cuando los legisladores de ambos bloques votaron sobre tablas proyectos inmobiliarios de interés mutuo y elevado valor económico, a cambio del apoyo amarillo en el Congreso nacional a la reforma de la ley que regula las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART). «El kirchnerismo hoy está votando los intereses de la derecha, que es darle en esta ciudad de Buenos Aires a las empresas los máximos beneficios», clamó entonces la legisladora de la Coalición Cívica, Rocío Sánchez Aranda, que apuntó directo a un buen amigo del macrismo, Eduardo Elsztain (IRSA). Una jugada que desde entonces se repitió con los «opoficialistas» e incluyó el reparto de cargos en el Banco Ciudad y la Auditoría porteña. ¿O acaso olvidan los legisladores kirchneristas que el 6 de diciembre de 2013 votaron con el PRO para darle más control político al gobierno de Macri sobre los jueces y fiscales de la ciudad?[555]

Facilita el traspaso de poder entre parejas o dentro de las familias (y solo, en lo posible, dentro de ese círculo cerrado): desde los Kirchner, que soñaron con traspasarse entre ellos el bastón de mando presidencial durante veinte años; hasta el gobernador santiagueño Gerardo Zamora, que entregó el mando en 2013 a su esposa Claudia Ledesma Abdala, que a su vez se lo devolvió en 2017, siguiendo el ejemplo de Carlos Juárez, con cinco mandatos en esa provincia, y su esposa, Mercedes «Nina» Aragonés, quien gobernó entre 2002 y 2004. O como los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá en San Luis (el primero, gobernador entre 1983 y 2001, luego diputado nacional —2003 a 2005— y senador nacional —2005 a 2015— y desde entonces parlamentario del Mercosur; el segundo, gobernador entre 2003 y 2011, y desde 2015), o hasta el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, que cuando viajó por diecisiete días dejó al mando a su madre, Doña Santa. Aunque no es el único, el intendente de Alberti, Germán Lago, por ejemplo, tiene a su madre Marta como presidenta del Concejo Deliberante, y antes ella fue intendenta y él, su secretario de Gobierno[556].

Despliega «punteros» que por un lado dan un rostro al Estado frente a los más pobres, ayudan en la contención, protagonizan relaciones de intercambio y acercan organismos públicos que de otro modo serían inabordables para muchos, pero que a menudo derivan en redes clientelares, abusos, manipulación para fines políticos y electorales, así como también mano de obra pesada para fines delictivos.

Instrumenta el reparto de cargos públicos como método para calmar opositores y silenciar lenguas: el entonces gobernador Sergio Urribarri, por ejemplo, lo instrumentó en Entre Ríos, donde las esposas de intendentes fueron contratadas en la Legislatura provincial con el mismo salario que sus cónyuges. «De esa manera calmamos a los muchachos», le reconoció una fuente legislativa al periodista Daniel Enz[557].

Utiliza el empleo público, sea real o fantasma («ñoquis»), y las pensiones de invalidez como vías de financiamiento electoral, enriquecimiento personal, cobertura de gastos cotidianos y compra de voluntades. Así es como un altísimo funcionario kirchnerista acorralado por denuncias de corrupción les propuso a ciertos abogados pagarles sus honorarios con «ñoquis» a nombrar en el Senado. O como un senador bonaerense de Cambiemos, por ejemplo, que en 2017 distribuyó contratos de 50 000 pesos cada uno con una condición: quien ponía el nombre se quedaba con 5000 pesos y los 45 000 pesos restantes iban a su bolsillo. O que las provincias de Formosa, Chaco y Santiago del Estero registren al 30 % de su población activa como inválida y que el 10 % de su población cobre alguna pensión.

Vacía el precepto del legislador como representante del pueblo, fijado en el Preámbulo de la Constitución, y la premisa de la voluntad popular al impulsar el travestismo o transfuguismo político. Por un lado, con la «borocotización» de dirigentes, en recuerdo del médico Eduardo Lorenzo «Borocotó», quien llegó a la Cámara de Diputados por el PRO en 2005, pero poco antes de asumir fue cooptado por el kirchnerismo, aunque la política acumula casos previos y posteriores de figuras que pasaron por distintos partidos y banderías, sin pestañear. Por el otro, con la promoción de candidaturas «testimoniales», una jugarreta promovida y protagonizada incluso por un ex Presidente electo por las urnas, al igual que otras dos decenas de postulantes truchos[558].

Negocia y vende sus votos en el Poder Legislativo, a cambio de prebendas, beneficios institucionales, familiares o personales, cargos públicos o dinero, tal como se sospechó que ocurrió para aprobar una reforma laboral durante el gobierno de la Alianza, un episodio más conocido primero como «la Banelco» y luego como «las coimas en el Senado», así como también ocurrió en legislaturas provinciales, el entonces Concejo Deliberante porteño, y como plasmó Julián Martel en su libro La Bolsa, de 1891, donde dio cuenta de «uno de esos individuos de que los diputados poco escrupulosos se valen para vender su voto. Son los corredores, los intermediarios de toda la parte insana de la Cámara». O como detalló uno de los operadores del Papa Francisco, el Comisario Apostólico monseñor Alberto Bochatey, tras la media sanción en Diputados de la legalización del aborto: «Empezaron a actuar a las 3 y media, 4 de la mañana, con los teléfonos», contó. «Del Poder Ejecutivo. Iban perdiendo la votación y a las 3 y media de la mañana empezaron a funcionar los teléfonos. A la hora de la votación, aparecen cuatro votos que supuestamente iban a ser en contra. Ese mismo día sale firmado un crédito para la provincia de La Pampa, que iba a ser de 400 millones, por 900 millones. Ganaron por cuatro votos que se dieron vuelta.»[559]

Acuerda un pacto de no agresión para sus máximos referentes: para proteger a los ex Presidentes, como ocurrió con Fernando de la Rúa en la causa por «Coimas en el Senado» y como ocurre con Carlos Menem en el Senado con la información disponible sobre él en la Confederación Helvética, pero que el gobierno kirchnerista desistió de obtener. Un abuso, que difiere poco, por ejemplo, de lo que ocurre en Brasil, donde hay 53 políticos en la mira de los investigadores del Lava Jato (el presidente Michel Temer, tres gobernadores, 12 senadores y 37 diputados) que necesitan la reelección para conservar sus fueros especiales y así ponerle un límite al Lava Jato… Si no, pueden terminar en la cárcel[560].

Intenta proteger a sus miembros más relevantes, sí, pero es capaz de entregar «chivos expiatorios», para salvaguardar a la estructura en sí, como ocurrió con María Julia Alsogaray tras el menemismo, con Domingo Cavallo, tras el colapso de la Alianza, cuando el entonces juez Julio Speroni lo detuvo por 66 días, y con Amado Boudou tras el kirchnerismo. Es decir, figuras de alto reconocimiento público y nulo peso dentro de los partidos peronista o radical, pero que le permiten a la «casta» argumentar que no impera la impunidad en la Argentina.

Toma represalias contra aquellos que intentan romper con el pacto de silencio o, peor aún, pretenden avanzar de algún modo contra miembros de la propia casta; así es como el kirchnerismo ordenó al embajador ante Venezuela, Eduardo Sadous, que retornara a Buenos Aires por alertar sobre actos de corrupción en un cable secreto y nunca más recibió un destino diplomático. O como el legendario sabueso de la AFIP, Carlos Bo, que afrontó varios períodos de ostracismo por investigar casos de corrupción desde el menemismo (como IBM-Banco Nación) en adelante.

Altera el orden de prioridades en base a sus propios intereses, lo que lleva al reparto de prebendas entre sus integrantes, con prescindencia de las necesidades de los más desfavorecidos o los reclamos de sus figuras más icónicas, como expuso el suicidio de René Favaloro. «Estoy pasando uno de los momentos más difíciles de mi vida, la fundación tiene graves problemas financieros. En este último tiempo me he transformado en un mendigo. Mi tarea es llamar, llamar y golpear puertas para recaudar algún dinero que nos permita seguir», expuso en una de las siete cartas que dejó el icónico cardiocirujano. Se disparó en su corazón, agobiado por una deuda de 18 millones de dólares, causado en parte por los retrasos en los pagos del Estado en general y el PAMI en particular, mientras el gobierno de Fernando de la Rúa padecía el escándalo por las «coimas en el Senado». Un contrapunto que llevó al analista político Joaquín Morales Solá a plantearse la peor de los opciones: «¿Acaso pudo haber dinero para esos favores políticos y no los hubo para correr en ayuda de la Fundación Favaloro?»[561].

Desvía bienes públicos para uso privado, como los «aviones sanitarios» que en la práctica utilizan políticos para fines proselitistas o privados —como vacacionar en Río de Janeiro o Punta del Este—, sin depender de las aerolíneas comerciales, sus restricciones horarias y la cargosa interacción con otros pasajeros. Durante las últimas décadas así se denunció de tanto en tanto en Buenos Aires, Chaco, Chubut, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, aunque acaso el caso más saliente haya sido el de Corrientes. En 2004 y para defenderse de acusaciones por el supuesto uso indebido del avión sanitario provincial, el gobernador Ricardo Colombi cantó retruco: «En otras épocas el avión se usaba para el tráfico de drogas». Cinco años después, su primo, el gobernador Arturo Colombi, fue acusado de emplearlo para vacacionar en Villa Gesell y Foz de Iguazú, y su secretario privado fue detenido por cinco presuntos actos de corrupción; entre ellos, valerse de ese avión. Y en 2015, otra vez como gobernador, le tocó a Ricardo Colombi ser denunciado por presunto peculado por recurrir al avión sanitario para actos de campaña[562].

Desalienta el acceso a la información pública para mantener en la oscuridad gastos, contrataciones y prácticas difíciles de sostener, como los detectados en varias legislaturas provinciales. En la bonaerense, por ejemplo, se estima que hay casi 32 empleados por diputado (14 de ellos como contratados), mientras que la cifra llega a los 50 empleados por senador (24 con contratos). Así, cada legislador bonaerense tendría un costo más elevado para los contribuyentes de la provincia que su equivalente nacional. En efecto, el costo asociado a cada diputado bonaerense rondaría los 40 millones de pesos anuales (entre sueldo, secretarios, asesores y colaboradores, más gastos operativos), mientras que el costo llegaría a los 22 millones de pesos por año y diputado nacional, incongruencia que no se repite entre los senadores bonaerenses y nacionales, aunque registra otra salvedad. Los costos asociados a cada senador bonaerense ascenderían a 61 millones de pesos por año, en tanto que ese cálculo llegaría a los 74 millones de pesos anuales por senador nacional, aunque el Senado de la Nación registra más de 5000 empleados (entre permanentes y contratados, pero sin contar a los 1600 asignados en la biblioteca del Congreso, ni a los 575 destinados a la imprenta, entre otros), lo que daría un piso de 70 empleados por senador[563].

Alienta una dicotomía entre lo que dicen —por ejemplo, en defensa de la educación o de la salud públicas— y lo que hacen. Como cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner evitó que su madre se operara de la cadera en el hospital interzonal Dr. Rodolfo Rossi de La Plata —público— y la trasladó al sanatorio Otamendi de Buenos Aires —privado— para luego exigir y obtener que el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) le reintegrara el 100 % de los gastos, por entre 129 000 y 181 000 pesos, a pesar que el Otamendi no trabajaba con IOMA y se trataba de una prótesis importada, lo que derivó en una denuncia penal[564].

Define premios y castigos según el nivel de obsecuencia, al punto de asignar embajadas de lujo o cargos públicos según sea la relación del decisor con los obsecuentes, cuyos méritos para acceder a esos puestos públicos pueden ser actuar de bufón en el entorno del decisor, halagarlo ante la prensa, proveerle prostitutas VIP o ser capaz, incluso, de ofrecerle a su propia esposa o a su hija, en una remake contemporánea del medieval «derecho de pernada». Porque eso pasó con el dictador Trujillo, en Republica Dominicana. Y pasó en la Argentina, con un ocupante de la Casa Rosada, hace algunos años. Y aún pasa para definir algunos puestos en las listas de candidatos a legisladores y concejales.

Desarrolla una burbuja que aísla a la «casta» de la realidad que los rodea, que puede resumirse en el mito sobre el «diario de Yrigoyen», pero que en la práctica se traduce, por ejemplo, en que los legisladores provinciales de diez distritos perciban a mediados de 2018 más de 100 000 pesos por mes, netos, entre dieta, gastos de representación y otras asignaciones que no necesitan justificar, ni rendir, más otras partidas para sus asesores (La Pampa, Chubut, Formosa, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Catamarca, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y Córdoba), mientras que en otras cuatro superan los 90 000 pesos mensuales (Neuquén, Entre Ríos, Mendoza y Tierra del Fuego), cuando sus representados en esos mismos distritos cobran, en promedio, varias veces menos. O que los intendentes del conurbano perciban 144 000 pesos como salario neto, de bolsillo, en promedio, aunque con picos de hasta 241 903 pesos (Alejandro Granados, Ezeiza), mientras que incluso municipios «chicos», con 10 000 a 50 000 habitantes, reconocen sueldos similares. Esto, cuando el salario promedio, según el Indec y estudios privados, oscila entre los 23 500 y 25 000 pesos, en bruto[565].

Y aquí vale una aclaración: es correcto, lógico y comprensible que un diputado nacional cobre muy bien, en blanco, si eso ayuda a reducir sus tentaciones, en vez de mantener una hipocresía que arrastramos desde hace más de un siglo. ¡Si en el Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de julio de 1889 quedó asentado como ya se discutía de sobresueldos encubiertos![566]

—Este es un país donde todo el mundo es comerciante y negociante porque no hay en esta Cámara un solo hombre que no tenga algún negocio —⁠lanzó Lucio V. Mansilla⁠—. Porque si algún diputado tuviera que vivir con los 700 pesos por mes que se nos paga se moriría de hambre.

—Todos hacen negocios, sí. Pero algunos los hacen lícitos y otros ilícitos —⁠recogió el guante el diputado y católico militante, Pedro Goyena.

—Todos hacemos negocios, más honestos algunos, menos honestos los otros —⁠replicó Mansilla, entre las carcajadas de otros legisladores.

Casi 130 años después de aquel sincericidio, a mediados de 2017, los diputados nacionales cobraban cerca de 137 000 pesos brutos por mes entre salario y «desarraigo» (unos 90 000 pesos de bolsillo), más un plus por los pasajes, que en abril de 2018 era de hasta 40 000 pesos. Total: 130 000 pesos. Mientras que un senador nacional cobraba 94 000 pesos de dieta, más otros 13 000 pesos por gastos de representación y un adicional de 15 000 pesos por desarraigo para un total, de bolsillo, cercano a los 122 000 pesos[567].

Sin embargo, en vez de transparentar sus ingresos reales, los legisladores optaron por dibujarlos durante largo tiempo con otros rubros, como el canje de los pasajes aéreos. Porque, como explicó Mercedes de los Santos, coordinadora del área de Ciudadanía e Instituciones de Gobierno de la ONG Directorio Legislativo, «el problema no es la existencia de los pasajes; el problema es cuando ese dinero público que debería estar destinado para fines representativos y puramente parlamentarios se convierte en una caja negra»[568].

En términos anualizados, la ONG detectó que los diputados se llevaron 46,4 millones de pesos de pasajes a sus bolsillos durante 2017 (año electoral), un 41 % más que durante 2016, mientras que los senadores (que son menos legisladores) recibieron más de 34 millones de pesos entre 2010 y 2015. Es decir, un plus de hasta 160 000 pesos anuales por senador. Algo más: ningún otro país de la región habilita ese trueque de pasajes por dinero, algo que los diputados eliminaron en abril de 2018, solo porque la controversia pública resultó demasiado incómoda, aunque cambiaron el sistema por uno que combina la entrega de tramos aéreos y terrestres y un plus por «movilidad» de hasta 30 000 pesos por mes.

En rigor, nada que deba sorprender demasiado si miramos a la «casta» en el pasado, su permanencia en las sombras y sus «sucursales».

Si a fines de los años ochenta y principios de los noventa, el periodista acreditado en el Congreso desde 1973, Armando Vidal, expuso la falsificación de las chequeras con pasajes, la permuta de tickets aéreos por favores de chicas de un cabaret de la avenida Pueyrredón y hasta «agencias de turismo» truchas que desde el propio palacio legislativo vendían viajes[569].

Fronteras afuera de la Argentina, tonto consuelo, los legisladores de Gran Bretaña también afrontaron un verdadero escándalo, en mayo de 2009. El diario Daily Telegraph reveló los abusos cometidos por muchos de ellos, quienes aprovecharon un sistema laxo de reembolso de gastos para costearse gastos personales y extravagancias. Desde refaccionar sus casas a limpiar una pileta, comprar muebles y arreglos navideños, remodelar una cancha de tenis o afinar un piano[570].

Very British.

Acá, los diputados no llegaron a tanto. Pero empezaron a premiarse con lapiceras bañadas en oro, 200 pines de oro (a un costo de un millón de pesos), artículos varios de ceremonial (bandejas y placas varias, por otro 1,3 millones de pesos) y 77 medallas de oro de 18 quilates (otro 1,3 millones de pesos), además de 12 mates (170 136 pesos) y 12 bombillas de plata (42 840 pesos) —⁠para «obsequios protocolares»⁠—, junto con cajas navideñas o vouchers para cenas o días de campo, como reveló el abogado penalista Pablo Abdon Torres y cosechó todo tipo de ataques personales[571].

Porque el poder es adictivo y seduce con las pequeñeces de la vida cotidiana. Tener un chofer y un auto a disposición, asistentes y secretarios, despachos luminosos, pasaporte oficial, viajes aéreos en «business class», viáticos (un ítem del Estado que consume 5000 millones de pesos al año), buenas mesas en los restaurantes y la sensación (efímera pero que parece eterna en el momento) de que los verdaderos poderosos, el poder permanente, te abre las puertas del cielo. «Yo le ordenaba a mi secretaria que me pusiera con uno de los tres empresarios más grandes de la Argentina y a los 15 segundos lo tenía al teléfono, preguntándome cómo estaba mi hermana de salud y ofreciéndome llevarla en su avión privado a Estados Unidos para que la traten allá», recordó un exalto funcionario kirchnerista a este autor.

—Y ahora, ¿qué es lo que más extrañás?

—El teléfono. No suena —replicó[572].

Tan adictivo es el poder que hay que cuidarse de los traidores como de la propia sombra. Si el general y dos veces presidente, Julio Argentino Roca, no por casualidad apodado «el Zorro», dejó la Presidencia en manos de su concuñado, Miguel Ángel Juárez Celman, y tras años y más años de planes, negocios y fortunas mutuas, la relación entre ellos terminó horrible. Del mismo modo que el también general y tres veces presidente, Juan Domingo Perón, líder del movimiento que consagró el «Día de la Lealtad», desconfió de Héctor Cámpora y en su fórmula de 1973 prefirió llevar en la fórmula a su esposa, María Estela Martínez, «Isabelita».

También comprendieron rápido los riesgos de la traición algunos sindicalistas, que ubican a sus propios hijos como delfines, herederos y guardianes. Entre ellos:[573]

Hugo Moyano a su hijo Pablo en Camioneros.

Omar Maturano a su hijo Omar Sebastián en La Fraternidad.

Ricardo Pignanelli a sus hijos Sergio y Gabriela en Smata (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor).

José Francisco Santa María a su hijo Víctor en el Sindicato de porteros y trabajadores de edificios (Suterh).

Carlos Acuña a sus hijos Carlos y Walter en Soesgype (Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garajes, Gomerías, Lavaderos y Playas de Estacionamiento).

Raúl Torres a sus hijos Hernán, Gustavo y Fabián en la UOM (Unión Obreros Metalúrgicos) de Tres de Febrero.

Antonio Balcedo a su hijo Marcelo en Soeme (Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación).

Lo mismo ocurre en la política, donde es posible encontrar a hijos heredando los puestos de sus padres:

Gustavo Posse, hijo de Melchor; intendentes de San Isidro.

Juan Patricio Mussi, hijo de Juan José, intendentes de Berazategui.

José Eseverry, hijo de Helios, intendentes de Olavarría.

Juan Pablo de Jesús, hijo de Juan, intendentes del Partido de la Costa.

Sergio Varisco, hijo de Humberto, intendentes de Paraná.

En la «casta», la sombra del nepotismo siempre está allí, siempre latente. Porque es lógico que un funcionario o dirigente confíe en unos pocos y que prefiera manejar ciertos temas con su círculo de intima confianza. O que delegue su agenda y su teléfono, por ejemplo, en un pariente al que designa como asistente. Pero en ocasiones el desembarco familiar en la administración pública registra alcances inusuales.

Como el intendente de Campana por el PRO, Sebastián Abella, que cuenta con su esposa Marina como concejal, al igual que su cuñado Javier, mientras que su madre, Elida, es consejera escolar[574].

O su colega de Bragado, Vicente Gatica, también del PRO, cuya hija Natalia ocupa la Secretaría de Desarrollo Social y su yerno Mauricio, la Secretaría de Gobierno, mientras que el esposo de su sobrina lidera la Dirección de Protección Ambiental.

O en Hipólito Yrigoyen, donde al intendente peronista Jorge Cortés lo acompañan su esposa, su hermano, su cuñada y su hija.

Lo mismo pasa en Mercedes, donde Juan Ignacio Ustarroz trabaja junto a su hermano, su suegra y su tía.

También en General Rodríguez, donde el intendente por el PRO, Darío Kubar, cuenta con su hermano, su cuñada, dos sobrinas y su concuñado.

Y en Mar Chiquita, con el radical Carlos Ronda, con un hijo y un sobrino como secretarios de Hacienda y de Salud.

En rigor, aprendieron de los maestros, si allá por 2015, Raúl Othacehé colocó a su esposa Mónica y a su hijo Pablo en los dos primeros lugares en la lista para concejales de Merlo.

Aquel año, el «Vasco» Othacehé no fue el único familiero. Lo mismo hizo Descalzo, en Ituzaingó, con su hijo Pablo como primer candidato a concejal. Y Cariglino con su sobrino Diego. Y en Hurlingham, Luis Acuña con su hijo Fabrizio, como en 2013 lo hizo con su hijo Emiliano.

¿Será cierta, además, la lista parcial de parientes de Gerardo Morales que en teoría trabaja en el gobierno jujeño como denunció la Organización Barrial Túpac Amaru? Incluiría a sus hermanos Freddy, como secretario General de la Gobernación; Walter, como presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo, y María del Carmen, al frente del Fondo Solidario. También a sus hijos Gastón, como secretario de Asuntos Legales e Institucionales, y a Facundo, como coordinador general del Festival de Cine De las Alturas. Y a su sobrino Julián, ungido coordinador de Promoción Cultural del Ministerio de Turismo; a su cuñado Marcelo Horacio Fernández, como presidente del Banco de Acción Social; a su primo Néstor Navarro, actual secretario de Relaciones con la Comunidad; y a su pareja, Tulia Snopek, síndica de la empresa provincial de energía[575].

El nepotismo abarca a todos los partidos políticos, en todos los niveles y no solo en la Argentina. Los memoriosos recordarán que allá por 2007, el presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, debió renunciar tras descubrirse que había beneficiado a su pareja en ese organismo.

En la Argentina, también abarca al gobierno actual de Mauricio Macri, donde se acomodaron al menos 40 cónyuges, hijos, hermanos, primos y tíos de la vicepresidenta Gabriela Michetti, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y de al menos seis ministros: Jorge Triaca, Rogelio Frigerio, Patricia Bullrich, Carolina Stanley, Andrés Ibarra y Oscar Aguad[576].

Tal fue la tormenta que se desató al trascender esos datos para un Gobierno que proclamó que llegó para cambiar el statu quo que el Presidente firmó el decreto 93/2018, titulado «Designación de personas con algún tipo de parentesco. Criterios aplicables». Sus resultados fueron magros (solo doce familiares dejaron sus cargos y varios volvieron al sector público semanas después), pero la Casa Rosada capeó la tormenta[577].

El nepotismo también afectó al socialismo en Santa Fe, con un escándalo que alcanzó a por lo menos 34 parientes y allegados directos de dos exgobernadores y al actual mandatario, Miguel Lifchitz[578].

Pero si de nepotismo se trata, la «familia judicial» exportó uno de sus trucos más viejos: los nombramientos cruzados. Así, A emplea en su Juzgado/Tribunal/Fiscalía/Cámara a la esposa-amante-hija-hijo-yerno-nuera-amigo-o-lo-que-fuere de B, que a su vez devuelve la gentileza con un empleo bajo su órbita para quien A necesite. ¿Y en la política? Los en teoría rivales Cambiemos y Unidad Ciudadana cruzaron designaciones en la Legislatura bonaerense para evitarse denuncias molestas.

Y a veces, los nombramientos van más allá de los familiares y abarca también a los amigos. Como el exjuez federal Carlos Branca, famoso por incorporar profesores de tenis, odontólogos y allegados a su tribunal, y que terminó destituido y detenido en 1997, acusado de integrar una presunta asociación ilícita destinada al contrabando en la «Aduana paralela» y absuelto por un tribunal oral, pero en 2018 —⁠veintiún años después de su remoción⁠—, la Cámara de Casación anuló el fallo exculpatorio y ordenó instruir un nuevo juicio oral[579].

Vale remarcar otra vez: el problema no son las designaciones en sí. Pueden justificarse en la necesidad de la confianza extrema y la capacidad demostrada para el cargo. Son los abusos. Como en la oficina a cargo de las escuchas telefónicas que depende de la Corte Suprema —⁠la «Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado» (Dajudeco)⁠—, poblada de hijos de jueces, camaristas y fiscales[580].

Allí trabajan, entre otros, hijos del entonces camarista federal Eduardo Farah (que luego pidió su traslado a un tribunal), del juez Rodolfo Canicoba Corral (que se movió como un león hasta que otro de sus hijos fue designado juez federal) y de los fiscales Carlos Stornelli y Eduardo Taiano. También, del camarista nacional Luis María Bunge Campos y del juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, que se suman al hermano del excamarista federal Gabriel Cavallo.

Los ejemplos son incontables. Pero uno de los que más ruido generó puertas adentro del Poder Judicial fue el nombramiento de una hija de la ministra de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, al frente de la Secretaría de «Relaciones de Consumo» del propio tribunal[581].

Dicho esto, el concepto de «casta» excede por mucho el nepotismo. Va mucho más allá. Porque al igual que en el mundo político, el Poder Judicial tampoco se despide por completo de la opacidad informativa, tanto a la hora de difundir fallos y resoluciones judiciales, así como también los patrimonios de los jueces.

¿Un ejemplo?

Al actual procurador bonaerense, Julio Conte Grand, le tomó un año de gestiones extraerle el acuerdo 3880 a la Suprema Corte provincial, que obliga a funcionarios y magistrados del Poder Judicial bonaerense a actualizar cada doce meses su declaración jurada patrimonial en vez de presentarla cada cinco años, como regía desde 1981[582].

Porque la casta judicial internalizó la idea de la protección recíproca de sus integrantes en problemas.

Así, por ejemplo, los jueces se sobreseen entre ellos. Ocurrió con el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien sobreseyó a su entonces superior, el camarista Eduardo Freiler, por presunto enriquecimiento ilícito, con cuatro salvedades. ¿La primera? La esposa de Martínez de Giorgi es la secretaria de la Sala de la Cámara donde trabajaba Freiler. ¿La segunda? El fiscal a cargo de la pesquisa, Ramiro González, fue profesor invitado en la cátedra de Derecho Penal Internacional en la Universidad de Buenos Aires a cargo de Freiler. ¿La tercera? El juez investigador sobreseyó al superior investigado sin análisis contables e inmobiliarios profundos. ¿La cuarta? De Giorgi sobreseyó a Freiler, quien terminó destituido por el Consejo de la Magistratura por eso mismo: no poder explicar su patrimonio[583].

Para ser justos, el Consejo de la Magistratura encara un proceso de político, no judicial. Y Martínez de Giorgi no se cortó solo en el expediente. Contó con el apoyo del fiscal Ramiro González —⁠docente a su vez en la cátedra de Derecho Penal Internacional en la Universidad de Buenos Aires (UBA) a cargo de Freiler⁠—, que sin la ayuda de un peritaje contable consideró que Freiler pudo justificar su crecimiento patrimonial e, incluso, ahorrar. Porque «Chiche», como le dicen a Freiler con cariño, se divorció, dividió sus bienes y con un salario de 75 000 pesos por mes y una deuda hipotecaria por 1,2 millones de pesos logró comprarse un departamento en Pinamar, una casa frente a la Quinta Presidencial de Olivos con un terreno de 1234 metros cuadrados, 20 caballos, un yate a motor Lady Olive 71, un auto Mercedes-Benz C250 cupé, otro Mercedes-Benz 560 SL 98, una camioneta Ford EcoSport Titanium y guardar 114 229,09 pesos en un banco.

De todo eso, fue la cupé Mercedes-Benz C 250 Blue Efficiency, color negro, lo que hundió a Freiler. Porque los muchachos que lo protegían y operaban a su favor en el Consejo de la Magistratura decidieron soltarle la mano cuando salió a la luz cómo compró ese auto: con doce cheques del empresario marplatense Raúl Alberto Mingini[584].

¿Quién es Mingini? Un empresario marplatense que pasó un tiempo tras las rejas, sospechado de asesinar a los 19 años a su novia, liberado y detenido otra vez por presunto tráfico de cocaína. Ya en libertad se marchó a La Plata, donde montó la fábrica de pastas Establecimiento DF S. A., que debió concursar mientras peleaba en los tribunales federales de Comodoro Py para quedarse con la estancia «Rincón Grande» en la zona de Balcarce del narco mexicano Amado Carrillo Fuentes, más conocido como «el Señor de los Cielos», sobre el que Mingini afirmó tener una hipoteca.

Pero Freiler no solo recibió 12 cheques de Mingini para comprarse la cupé Mercedes Benz. Un socio de Mingini en otro campo de Santiago del Estero, Amílcar Eduardo Ricci, trabajaba para Dienst Consulting, empresa que a su vez pagó los viajes de lujo al entonces camarista federal a varias carreras de autos de colección, además de solventarle la guardería marítima donde guardaba una moto de agua.

¿Un dato más? ¿La fábrica de pastas de Mingini en La Plata, Establecimiento DF, recibió 4 millones de dólares de Oscar Giménez Ayesa, el compañero de aventuras y negocios de José «Pepe» Rodríguez, aquel que estuvo metido entre Palmat y Madero Trading en la llamada «diplomacia paralela» con Venezuela?[585]

Defender, por tanto, a Freiler podía resultarle costosísimo a los operadores de los sótanos del poder, que comenzaron a detectar preguntas sobre los eventuales vínculos de Mingini con otros ocupantes de Comodoro Py, como Canicoba Corral y Ariel Lijo. Pero, para ser justos, Freiler no colaboró demasiado mientras arreciaba la tormenta.

¿Contará Freiler algún día qué pasó cuando fue a la casa del operador Javier Fernández en Villa Urquiza? Según a quién se escuche, el camarista se pasó de rosca o Fernández perdió la compostura. En cualquier caso, Fernández lo echó a Freiler a batazo limpio, por las escaleras.

El bate de beisbol, para más datos, es de aluminio.

Por todo esto —y más— es que cuando salió a la luz el vínculo entre Freiler y Mingini, los sótanos decidieron abandonar a su suerte al camarista. Porque es preferible sacrificar a un alfil para salvar a un ejército.

Porque parafraseando la máxima peronista, la «casta» te acompaña hasta la puerta del cementerio. Pero no entra.

Epílogo

Si el sistema está montado para fomentar la corrupción y la impunidad, ¿qué hacemos? Si quienes se benefician con la corrupción y la impunidad son quienes deberían reformar ese mismo sistema putrefacto que los enriquece y protege, ¿cómo lo reformamos? Porque no podemos esperar que los beneficiarios del sistema quieran inmolarse. Terminarían en la cárcel. Uno tras otro. ¿Entonces? La respuesta es involucrarnos.

Este no es el epílogo original de este libro. Su primera versión era más optimista. Esto es lo que pienso.

El proceso del «Mani Pulite» solo fue posible en Italia porque los italianos un día dijeron «basta».

El proceso del «Lava Jato» también solo fue posible en Brasil porque los brasileños un día empezaron a reclamarles respuestas a sus representantes políticos.

Italianos y brasileños dejaron de actuar como meros habitantes de un territorio y asumieron que eran ciudadanos de una nación con sus derechos y sus obligaciones.

En Brasil reclamaron reformas a sus representantes, que en 2013 debieron aprobar la Ley Anticorrupción, y exigieron resultados al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial[586].

Ejercieron presión social.

Porque el Lava Jato solo pudo llegar hasta donde llegó —⁠y aún queda mucho por recorrer⁠— porque en el momento decisivo, millones de brasileños salieron a las calles para defender a jueces, fiscales y policías, y evitaron que se convirtieran en una «patrulla perdida», aislados, solos, perdidos y rodeados de adversarios.

Ocurrió cuando quedó claro que el juez Sergio Moro avanzaba contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Dilma Rousseff le entregó entonces a Lula un documento, en marzo de 2016, que con solo estampar su firma lo convertiría en ministro de la Casa Civil y le daría fueros que lo dejarían bajo la órbita jurisdiccional del Supremo Tribunal de Justicia, muy lejos del juez Moro.

En simultáneo, la clase política brasileña impulsó medidas para recortar la lucha anticorrupción que el Congreso cerca estuvo de aprobar.

Fue en ese momento decisivo que millones de brasileños impidieron que la corrupción sistémica brasileña quedara impune. Salieron a las calles en San Pablo, Río de Janeiro y Brasilia, así como también en Curitiba —⁠corazón del Lava Jato⁠— y en otras 400 ciudades y pueblos de todo Brasil.

¿Qué hubiera ocurrido si solo un puñado de brasileños hubiera reclamado en vez de millones?

¿Qué hubiera ocurrido si la noche decisiva la mayoría de los brasileños se hubiera quedado en sus casas, viendo un partido de fútbol o una telenovela?

La respuesta es obvia: los políticos hubieran aprobado esa contrarreforma judicial y Lava Jato hubiera dejado de existir como tal.

Por eso, la clave es la presión social, como también expone España con la plataforma Xnet desarrollada por activistas para impulsar los derechos digitales, la libertad de expresión y la lucha contra la corrupción, y que expone que en aquel país «las personas que denuncian la corrupción son perseguidas en lugar de ser protegidas», pero que «aún así, la gran mayoría de los casos de corrupción han sido destapados por ciudadanos de a pie, no por las instituciones». Por eso, pregonan, «solo con una ciudadanía activa acabaremos con la corrupción que nuestros gobiernos y muchos partidos cultivan y ocultan»[587].

Cualquier parecido con la Argentina…

«Hay que mirar el caso de Ucrania», complementa la titular de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio. «Cuando hay un problema de corrupción, todos salen a la calle. Están atentos y protestan. Por ejemplo, si se intenta eliminar a la Oficina Anticorrupción, la plaza se llena», ejemplifica[588].

«Todo ejemplo de regeneración institucional de un país, como el de Colombia o el de Rumania, se basó en terapias de “shock institucional” alimentados por tres catalizadores», completa el experto internacional en mafias y crimen organizado, Edgardo Buscaglia. Esos «catalizadores» son «la enorme presión externa, el umbral de dolor de las élites que ven cómo los suyos —⁠empresarios, jueces, generales, gobernadores⁠— comienzan a caer asesinados por las mafias, y la reacción de la sociedad civil, que se organiza de manera propositiva»[589].

¿Estamos dispuestos los argentinos a ejercer esa presión social, como los italianos, brasileños, ucranianos, colombianos o rumanos?

¿Estamos dispuestos a asumirnos como ciudadanos y no como meros habitantes de una Argentina adolescente?

¿Estaríamos dispuestos a asumir las consecuencias si un Winston Churchill criollo nos dijera que para salir del actual sistema putrefacto de corrupción e impunidad no tuviera «nada más para ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor»?

¿O recularíamos?

Porque romper con este sistema, que va in crescendo, será doloroso. Pero hay ocasiones en que las reformas necesarias no nacen de la virtud, sino de la necesidad.

Porque decir basta al sistema vigente de corrupción e impunidad puede generar que políticos como Silvio Berlusconi y Michel Temer asuman la Presidencia. Es un riesgo claro, sí. Pero también abre una oportunidad para terminar con el statu quo que produce tragedias como las de Cromañon u Once, cobra impuestos como en el primer mundo pero presta servicios públicos paupérrimos y expulsa del país a jóvenes valiosísimos, generación tras generación. Es cambiar… o aceptar el gradualismo de la putrefacción.

«No se puede erradicar la corrupción si los ciudadanos no cumplen con sus deberes cívicos. Y los ciudadanos deben tener una posición clara para reclamarle al poder político que les dé a los magistrados todos los recursos y elementos necesarios para cumplir con sus funciones», instó el legendario exfiscal italiano, Antonio Di Pietro, durante una entrevista con el autor, veinticinco años después del inicio del Mani Pulite. «También deben reclamarles a los magistrados que cumplan con sus deberes, que completen sus investigaciones y que condenen a quienes deban ser condenados, sin importar quién sea. Si es necesario, los ciudadanos deben salir a las plazas, a las calles a defender sus derechos»[590].

Estudioso del Mani Pulite, sobre el cual escribió antes de encarar el Lava Jato, Moro llegó por separado a las mismas conclusiones que Di Pietro. «La opinión pública es importante en estos procesos que involucran a personas política y económicamente poderosas para prevenir las obstrucciones de la justicia, porque esas personas conocen el sistema, tienen la posibilidad de explorar las fallas del sistema judicial, sean fallas jurídicas o eventuales interferencias indebidas e ilegítimas en el sistema, y la opinión pública termina funcionando como una especie de escudo protector de la investigación y el juicio», remarcó en abril de 2017, durante su paso por Buenos Aires[591].

Solo la presión social cambiará el sistema.

Debemos recuperar las prácticas de la democracia «representativa» y abandonar las propias de la «democracia delegativa» o de la «ciudadanía de baja intensidad» sobre las que alertó durante años el politólogo Guillermo O’Donnell.

¿Por qué a un arquitecto le pedimos referencias de trabajos anteriores, le requerimos que nos explique sus bocetos y planos, y que nos justifique el presupuesto antes de entregarle dinero sobre el cual le exigiremos luego una rendición exhaustiva de cuentas, pero le entregamos cheques en blanco a candidatos electorales que apenas nos dicen las frases vacías que el marketing les indica que deben decirnos? ¿Por qué, si los políticos terminan por gastar mucho más dinero nuestro que un arquitecto?

Abandonar la democracia delegativa implica involucrarse, exigir respuestas, pedir información, tomar a los funcionarios como servidores públicos que deben rendir cuenta de sus acciones y gastos.

¿Estamos dispuestos a asumir las consecuencias de nuestros actos y exigir a otros que rindan cuentas de sus acciones y gastos?

Esto implica asumir las responsabilidades propias de un ciudadano, lo cual a menudo también conlleva decir que no. Desde negarse a pagar una coima, grande o pequeña, a negarse a agachar la cabeza ante gobernantes y empresarios que deberían dormir en prisión desde hace décadas.

Porque el recetario de lo que hay que corregir y lo que hay que hacer ya es conocido. No hay que inventar ninguna rueda, como remarca la experta Natalia Volosin: «La Argentina necesita en forma urgente una Oficina Anticorrupción verdaderamente independiente. Si no la tenemos, como no tenemos una ley que regule la Auditoría General de la Nación conforme a la reforma constitucional de 1994, ni una ley de compras y contrataciones que nos deben desde 1992, ni una ley de obra pública que modernice el régimen vigente desde 1947, ni una ley de ética pública razonable, ni una buena regulación del financiamiento de la política, no es porque no sepan que es urgente, sino precisamente porque lo saben»[592].

Lo conocen —y muy bien— los políticos, empresarios, jueces, fiscales y expertos de la sociedad civil a la hora, también, de potenciar al Ministerio Público Fiscal, revitalizar organismos de control o debatir la reforma política y electoral, más allá de que algunos breguen por la boleta única y otros por el voto electrónico[593].

¡Si hasta los fiscales brasileños que protagonizan el Lava Jato subieron sus recomendaciones a la página oficial del Ministerio Público Fiscal en Internet![594]

¡Si investigaciones como los «Panama Papers» —⁠un proyecto colaborativo de cientos de periodistas alrededor del mundo que expuso la operatoria secreta offshore⁠— muestran un camino posible para las investigaciones trasnacionales, incluidas las judiciales!

En esto no hay misterios. Se trata de «construir éxito» para «construir autoridad» que lleve a su vez «construir más éxito». Es decir, un proceso que exhiba resultados que retroalimenten la demanda social de más resultados que retroalimenten a su vez la capacidad de generar más resultados. Un círculo virtuoso, en suma.

Porque los investigadores del «Lava Jato» no avanzaron el primer día sobre Marcelo «el Príncipe de la Obra Pública» Odebrecht o contra Luiz Inácio «Lula» da Silva. Fue un proceso in crescendo. Pero que en definitiva debe respetar la premisa de «freír unos cuantos peces grandes», como expuso uno de los más grandes estudiosos de la corrupción, Robert Klitgaard, con una aclaración obvia: «Dado que demasiado a menudo las campañas anticorrupción se convierten en campañas contra la oposición, los primeros peces grandes deberían ser del partido en el poder»[595].

Se trata, además, de recuperar la noción de servicio público en la función pública, remarcar que el Estado se debe a sus ciudadanos y que el dinero que recaudan, invierten, gastan y malgastan los funcionarios es de los contribuyentes.

Se trata de impulsar reformas sistémicas que den más herramientas a los fiscales, jueces, policías y organismos de control, instrumentar una verdadera figura del «arrepentido», establecer un régimen que aumente los riesgos de terminar en prisión para los delitos de «cuello blanco» y que proteja y premie a los «soplones» a semejanza de la figura del «whistleblower» en Estados Unidos.

¿Hay espacio para el optimismo?

La respuesta corta es sí. Pienso como el argentino Roberto de Michele, referente anticorrupción en América Latina, que se han registrado avances durante las últimas décadas; y que hoy es más difícil ser corrupto porque los piratas se perfeccionaron, pero también los investigadores judiciales y periodísticos.

Las novedades que llegan de los tribunales de Comodoro Py a partir de los llamados «cuadernos de la corrupción» alimentan la esperanza. Por un lado, porque se condenó a Amado Boudou, el primer vicepresidente en la historia argentina condenado por corrupción. Por el otro, porque empresarios de primera línea admitieron, por primera vez, pagos ilegales a políticos en concepto de coimas y aportes de campaña, mostrando las oportunidades que depara la figura del arrepentido.

Mi respuesta más extensa, sin embargo, es lo dudo. Porque la «gran corrupción», la sistémica, se abraza, se combina y se potencia con la llamada «pequeña corrupción» o «corruptela», esa de todos los días, la que implica «aceitar» a un policía para evitar una multa o a un operario para que nos arregle más rápido una cañería. Por eso temo que mi generación no llegue a ver la salida. Porque siento que mi camada ya es parte del sistema putrefacto de corrupción e impunidad.

¿Es posible desarrollar un sistema virtuoso?

Sí. Es una cuestión de decisión política y de liderazgo. Pero si aquellos que deben liderar las reformas prefieren el statu quo —⁠porque se saben pecadores y el sistema los enriquece y los protege⁠— la clave pasa por los ciudadanos. Porque no alcanza con votar, ni tampoco quedarse en aquello que el español Javier Cercas define como el «fariseísmo tóxico (del) porno de la indignación moral»[596].

Pasa por la verdadera presión social.

Por eso, depende de los argentinos.

Porque hasta que no terminemos con la raíz de nuestros males, con este sistema putrefacto, corrupto e impune, pan sucio comeremos.

Apéndice I

Durante los últimos años entrevisté a jueces y fiscales que protagonizaron el Mani Pulite y el Lava Jato. El italiano Antonio di Pietro y los brasileños Sergio Moro y Deltan Dallagnol. Por separado, los tres coincidieron en el mismo eje: la importancia del involucramiento ciudadano y la presión social.

Antonio Di Pietro: «La Argentina necesita una reacción ciudadana para combatir la corrupción» (16/11/2014)

Hubo un tiempo en que Antonio Di Pietro anduvo por el mundo con otro nombre. «Marco Canale» decía su otro pasaporte, con el que se escondió durante meses en Costa Rica, lejos de las amenazas de muerte de aquellos que asesinaron a dos amigos: los magistrados Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. Los tres, junto a un puñado de jueces y fiscales más, habían dado forma al Mani Pulite, la investigación que marcó a Italia para siempre. «Fue un alineamiento astral», sintetiza Di Pietro. «En aquel contexto histórico, se dio una situación única, sin egoísmos ni celos, donde cada uno tenía su propio espacio», resume, café de por medio. Unidos decidieron avanzar, en 1992, sobre la corrupta clase dirigente de políticos y empresarios que protagonizaron lo que en Italia se llamó «tangentópoli» o «la ciudad de los sobornos». En cuestión de solo unos meses comenzaron las amenazas y los asesinatos, pero también el derrumbe estrepitoso de toda la partidocracia peninsular[597].

De paso por Buenos Aires, Di Pietro observa similares rasgos de «cleptocracia» en la dirigencia local. Por eso, plantea que la sociedad argentina debe presionar a los precandidatos presidenciales para que combatan la corrupción. Y a los fiscales y jueces criollos, para que pongan «lo que hay que poner».

«La lucha contra la corrupción impone múltiples factores. Lo primero es fijar penas adecuadas para los delitos de corrupción, balances falsos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otros», enumera. «La pena prevista en el artículo 256 de su Código Penal es ridícula», ejemplifica con el «cohecho», que va de 1 a 6 años. «Con eso solo se genera la certeza de la impunidad».

—Entonces, ¿hay que meter mano, otra vez, en el Código Penal?

—Es más que eso. Se trata de crear una línea clara sobre sus prioridades como sociedad.

—¿Cómo se logra?

—Por ejemplo, dando la oportunidad a los sospechados, antes de que la fiscalía los acuse de manera formal, de presentarse y, a cambio de no ser condenados, contar lo que saben sobre el resto, en una suerte de remedo de la ley del arrepentido.

—¿No es algo polémico?

—Se lo respondo así: la corrupción es un delito serial, donde si hubo un pago indebido, probablemente hubo más pagos por ese mismo u otro negocio, por los mismos actores.

—Pero según queda claro en su propia trayectoria, la lucha contra la corrupción excede por mucho las reformas de leyes.

—¡Claro! Todas esas son cuestiones técnicas. Pero la clave es la sociedad. Es lograr que se involucre la opinión pública y que todos comprendan que la corrupción beneficia a unos pocos y perjudica a la mayoría.

—¿Cómo?

—Son clave los medios de comunicación. Si, como en Italia, tenés la televisión pública partidizada y los canales privados controlados por unos pocos empresarios metidos en los negocios sucios, entonces nadie habla de lo que hay que hablar y solo ofrecen entretenimiento. O peor, como nos pasó a nosotros, le lavan la cabeza a la gente, diciendo que los problemas económicos son causados por un grupo de magistrados que obstruye la actividad política y está en contra de quienes quieren sacar adelante el país. Peor aún, se dedicaron a perseguir a quienes investigábamos. ¡Yo debí afrontar 420 denuncias penales en mi contra! ¡420 y las gané todas!

—Aquí también se reforman leyes para promover la impunidad, mientras la sociedad parece anestesiada y los precandidatos no muestran interés real por combatir la corrupción. ¿Qué cabe esperar, entonces?

—Están jodidos [risas; luego se pone serio]. Necesitan una reacción ciudadana. Y para eso es necesario que ustedes [y pone su dedo índice a 15 centímetros del rostro de este cronista], que los medios y los editores independientes despierten a la sociedad. Y hay que agarrar a los tres o cuatro candidatos y forzarlos a comprometerse para evitar que el sistema termine condicionándolos.

—¿Pero ustedes afrontaron un contexto peor que el actual y?

—[Interrumpe] Fue clave la independencia de la magistratura. En Italia, los jueces y fiscales éramos independientes del poder político. Solo podían pararnos de una sola manera: matándonos.

—Usted, Falcone, Borsellino, ¿habían formado una alianza para avanzar, ayudarse y cubrirse las espaldas?

—En aquel contexto histórico, se dio una situación única, sin egoísmos, ni celos, donde cada uno tenía su propio espacio. Hoy, en cambio, se están denunciando entre los magistrados. Y como resultado, las investigaciones no avanzan y la sociedad se desentiende. Aquello fue un alineamiento astral.

—¿A qué se debió?

—En Milán, por ejemplo, éramos cuatro. Yo me abocaba a las investigaciones, otro era un experto procesalista, un tercero lo era en operaciones bancarias, y encima nuestro jefe, Francesco Saverio Borrelli, siempre nos apoyó y cuando alguien nos atacaba, salía a decir: «La orden la di yo». Incluso un día fue a hablar con el presidente para reafirmar nuestra independencia.

—Eso es clave.

—Sí. Es vital que los fiscales sean estables e independientes del poder político, para lo cual es esencial que también el procurador general no tenga dependencia alguna del Poder Ejecutivo. Quien tiene que ser controlado no puede elegir al que lo va a controlar. Si no, se pone en riesgo el sistema democrático.

Antonio Di Pietro: «Los ciudadanos deben exigir que los jueces actúen» (12/9/2017)

Veinticinco años atrás, la investigación conocida como Manos Limpias (Mani Pulite) comenzaba a sacudir a Italia hasta sus cimientos. Un fiscal, Antonio Di Pietro, daba entonces los primeros pasos para exponer una red sistémica de corrupción, la «tangentópolis», que concentraba a sus principales políticos y empresarios[598].

Hoy, Italia ya no es la misma —en algunos aspectos, para peor⁠— y Di Pietro ya no es fiscal. Pero su ejemplo se replicó en otros países, a tal punto que el juez más famoso de América latina, el brasileño Sérgio Moro, estudió y publicó un análisis del proceso Manos Limpias en 2004, diez años antes de iniciar Lava Jato, la investigación que sacude al hemisferio.

—¿Cuáles fueron las principales lecciones aprendidas de aquella investigación?

—Primero tienes que preguntarte por qué no se hizo antes. Es una pregunta que me hice muchas veces. Durante décadas, políticos, funcionarios y grandes empresarios cometieron muchísimos delitos graves, todos con la certeza de la impunidad. La lección, o más bien la moraleja, que dejó aquella investigación es que solo un Poder Judicial verdaderamente independiente puede tener la fuerza y la capacidad para llevar a cabo investigaciones que afectan a los «grandes poderes». Un país es realmente democrático solo si basa sus reglas en la independencia total de jueces e investigadores de los otros poderes del Estado.

—¿Qué herramientas volvería a utilizar en su investigación? ¿Qué otras sumaría?

—Para evitar que un fenómeno criminal de esas proporciones catastróficas se repita es necesario desarrollar un «control preventivo», investigaciones preliminares sobre quienes desempeñan funciones públicas y gestionan fondos públicos. Por ejemplo, cruzando sus ingresos con los que personajes similares declaran ante el organismo tributario, como también comparar sus estilos de vida.

—¿Qué errores evitaría si pudiera revivir aquellos días?

—Tanto el poder político como el Poder Judicial cometieron errores. A veces los jueces confundieron a las víctimas con cómplices y a los cómplices con las víctimas, falseando los conceptos que subyacen en los delitos de corrupción y de extorsión (que requiere que el empresario dé dinero al funcionario para evitar preocupaciones peores, como el cierre de su empresa o la imposibilidad de acceder a licitaciones públicas). Y en cuanto al sistema político, debe dejar de hacer leyes que solo sirven para encubrir sus crímenes, como la amnistía, el indulto o la prescripción.

—¿Qué rol deben asumir los argentinos para quebrar la impunidad imperante?

—Los ciudadanos no deben aceptar la corrupción como un mal necesario, donde el más fuerte, sin escrúpulos y prepotente siempre vence al más honesto y al más débil. En este sentido, un rol fundamental e insustituible es el del sistema de información que puede y debe actuar como centinela para advertirle al público sobre lo que sucede en el poder. El camino es largo e incómodo, sí, pero cuanto antes se inicie, ¡antes se completa!

—Pero ¿qué pueden hacer, en concreto, los ciudadanos?

—En primer lugar, tienen que cumplir con su obligación de denunciar aquellos hechos de corrupción que lleguen a su conocimiento. No se puede erradicar la corrupción si los ciudadanos no cumplen con sus deberes cívicos. Y, segundo, los ciudadanos deben tener una posición clara para reclamarle al poder político que les dé a los magistrados todos los recursos y elementos necesarios para cumplir con sus funciones. Pero también deben reclamarles a los magistrados que cumplan con sus deberes y completen sus investigaciones y que condenen a quienes deban ser condenados, sin importar quién sea. Si es necesario, los ciudadanos deben salir a las plazas, a las calles a defender sus derechos.

—¿Cuál es su consejo para los jueces y fiscales argentinos que deben (o deberían) investigar y castigar la corrupción?

—No me permitiría hacer de maestro para darles un consejo a tantos colegas que arriesgan sus vidas para cumplir con sus obligaciones. Solo les expreso mi solidaridad y mi apoyo. Y les diré que es hermosa la vida cuando se cumple con las propias obligaciones y deberes.

Sergio Moro: «Ningún país está destinado a convivir con la corrupción» (15/4/2017)

El juez brasileño Sergio Moro se muestra optimista durante la entrevista. Cree que todo país que investigue y castigue la corrupción sistémica terminará, a la larga, mejor de lo que estaba. Toma tiempo y conlleva superar tormentas de todo tipo, añade, pero advierte que el verdadero desafío pasa por cambiar la forma de pensar de muchísimas personas que, tras padecer décadas de impunidad, desconfían de la justicia. «No existe un destino manifiesto, sea de Brasil o de la Argentina, que imponga convivir con la corrupción en esos niveles», dice[599].

—¿La sociedad es tolerante con la corrupción?

—No diría tolerante. Sí hay una cierta frustración cuando los casos criminales relevantes de corrupción surgen y no encuentran una respuesta. Con el tiempo la gente pierde la fe en el sistema y pasan hasta la creencia de que esa es la regla, que es un comportamiento normal. Pero es posible cambiar la naturalización de la corrupción. No existe un destino manifiesto, sea de Brasil o de la Argentina, que imponga convivir con la corrupción en esos niveles. Hay mucho que puede hacerse. No diría que hay tolerancia, pero muchas personas han perdido la esperanza.

Moro llegó anteayer a Buenos Aires para revitalizar esa esperanza. Por eso remarcó una y otra vez que, cuando todo lo demás está perdido, resulta decisivo el rol que asume la sociedad. «La opinión pública termina funcionando como una especie de escudo protector de la investigación y el juicio», afirma, al tiempo que remarca otros dos factores: instituciones sólidas y cooperación internacional.

Conocedor de los molinos que encara, Moro da cátedra sobre cómo comunicar de manera sencilla. «La corrupción descubierta es una vergüenza para Brasil —⁠plantea⁠—. Pero, por otro lado, también hay que enfatizar que Brasil está dando pasos serios y necesarios para combatirla».

Juez federal en Curitiba y estudioso del Mani Pulite —⁠la gran investigación sobre la corrupción sistémica italiana⁠—, Moro dio los primeros pasos del Lava Jato en marzo de 2014. Colocó contra las cuerdas a toda una forma ilegal de hacer política y negocios, al más alto nivel. Si hasta un ícono del establishment brasileño, el empresario Marcelo Odebrecht, terminó tras las rejas y se acogió a la delación premiada.

—¿Por qué aceptó viajar a la Argentina? ¿Cuál era su objetivo y qué expectativas tenía?

—Tengo la preocupación natural de que el caso Lava Jato no haya sido considerado desde la perspectiva correcta. Por un lado, la corrupción descubierta es una vergüenza para Brasil, pero también hay que enfatizar que Brasil está dando pasos serios y necesarios para combatir esa corrupción. Y con tiempo, a partir de esa lucha, tenemos la expectativa y la esperanza de que Brasil salga fortalecido de ese proceso, con una economía más fuerte, con mayor productividad y con una democracia de mayor calidad. Ese es uno de los propósitos de mi viaje. Otra razón es que la investigación tiene algunas ramificaciones internacionales, y es siempre oportuno tener contactos con las autoridades de otros países, para fortalecer lazos que después serán importantes para la cooperación jurídica internacional.

—¿Por qué fue posible impulsar una investigación así en Brasil?

—Es difícil definir por qué ocurrió en aquel preciso momento, cuáles fueron los factores… Pienso que hubo una construcción paulatina de instituciones cada vez más fuertes en Brasil, y este caso no sale de la nada, sino que se suma a una línea de casos precedentes en los que las instituciones brasileñas enfrentaron ese problema. Así que, en cierta manera, la operación Lava Jato viene a fortalecer la esperanza.

—¿Cree que esa esperanza puede extenderse a América latina?

—Seguramente, porque los países de América latina tenemos una historia en común, son democracias relativamente jóvenes, que en el pasado atravesaron situaciones de inestabilidad política y algunas pasaron por problemas similares, como gobiernos militares. Y aunque las instituciones no respondan de manera homogénea en América latina, se muestran cada vez más fuertes, y creo que ese es el caso también en la Argentina.

—Usted estudió el Mani Pulite y ahora protagoniza el Lava Jato. ¿Cuáles son las enseñanzas que le dejaron ambas investigaciones y que usted aplicaría si tuviese que iniciar ahora otra investigación?

—Un punto en común es que se trata de una investigación que adquirió proporciones gigantescas, y también quedó expuesto que había un «sistema de corrupción», que significa que no era un fenómeno aislado en el tiempo y en el espacio. Eso, la corrupción como regla, como sistema, no es algo tan común, y tiene un impacto muy severo en la calidad de la economía y de la democracia de cada país. Lamentablemente, en Italia tenían la expectativa de que a partir de allí el país empezara a ser mucho menos corrupto, pero ahora existe cierto escepticismo de que sea así. Fue una falla de la magistratura a cargo de la investigación que generó una reacción política muy fuerte en Italia en los años 1994 y 1995. El caso italiano ilustra que es necesario que haya un proceso judicial eficiente, pero que ese proceso por sí solo no alcanza para superar la corrupción sistémica. Son necesarios otros debates, en el seno de las organizaciones de la sociedad civil, en el sector privado, en la población en general. Todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad para superar este problema.

—Anoche (por anteanoche) usted mencionó la importancia de la cooperación internacional, de cierta legislación —⁠delación premiada y «leniencia», entre otras⁠—, pero apuntó a «la opinión pública» como factor decisivo para las investigaciones. ¿Qué significa eso?

—La opinión pública es importante en estos procesos que involucran a personas política y económicamente poderosas para prevenir las obstrucciones de la justicia, porque esas personas conocen el sistema, tienen la posibilidad de explorar las fallas del sistema judicial, sean fallas jurídicas o eventuales interferencias indebidas e ilegítimas en el sistema, y la opinión pública termina funcionando como una especie de escudo protector de la investigación y el juicio. A mi entender, ese fue uno de los factores importantes, tanto en Brasil para la operación Lava Jato como en el caso italiano. Y en cierto sentido, la caída del apoyo de la opinión pública italiana propició que el sistema político contraatacase aprobando leyes que dificultaron la atribución de responsabilidades.

—¿Cómo considera que debería avanzar la investigación sobre la operación Lava Jato en la Argentina?

—No podría hacer recomendaciones explícitas. Ahora bien, existe un recetario universal de lo que funciona y no funciona en estos casos. Normalmente, como los delitos de corrupción son delitos que se cometen en secreto, es necesario recurrir a métodos especiales de investigación para así romper ese cono de sombra que encubre ese tipo de actividades. Para lograrlo hay varios mecanismos, y uno de los mecanismos que fue importante en nuestro proceso fue la cooperación judicial internacional. Varios de nuestros casos se construyeron en base a pruebas muy sólidas de cuentas de agentes públicos con saldos de millones de dólares y euros en países extranjeros. Y, por otro lado, tenemos ese otro mecanismo que llamamos «delación premiada», que implica utilizar a un delincuente en contra de otro, ya que en la corrupción existe un pacto secreto: que el corruptor no va a dar testimonio contra un corrupto, y que el corrupto no va a dar testimonio contra el corruptor. Ambos callan. Entonces una de las formas para romper ese pacto y lograr un testimonio es darle beneficios a una de las partes en contrapartida por su colaboración.

—¿Cómo es la articulación práctica entre el juzgado y el Ministerio Público Fiscal? ¿Cómo funciona?

—En Brasil no hay juzgados que investiguen, no tienen esas atribuciones. La investigación la realiza principalmente la Policía Federal y el Ministerio Público Federal, con alguna ayuda de otros organismos, por ejemplo la Receita Federal [por la AFIP brasileña] nos dio un apoyo muy significativo. Ahora bien, la presencia del juez también es importante para sopesar la relevancia del caso, la dimensión de los hechos implicados, y por ejemplo si uno tiene la acusación de que un alto funcionario público recibió millones de dólares en coimas, la sociedad tiene derecho a ver el resultado de ese proceso, sea un resultado absolutorio o condenatorio. Pero la sociedad tiene que recibir una respuesta. Lo que no puede pasar —⁠y es algo que ha pasado mucho en Brasil y sigue pasando⁠— es que haya casos que se eternizan y de los que no se tiene respuesta.

—En la Argentina, las investigaciones de criminalidad económica complejas duran en promedio 14 años y terminan en la prescripción. No en una absolución ni en una condena, sino archivadas por el paso del tiempo.

—No tengo manera de evaluar esos procesos acá en la Argentina, me falta información. Pero es necesario dar respuesta a esos casos de criminalidad, y muchas veces lo que es importante es enfocarse. Cuando percibimos la dimensión extraordinaria que tenían los hechos, la Policía Federal creó un equipo especializado y con la cantidad suficiente de efectivos para realizar cada investigación, que se enfocó exclusivamente en investigar esos delitos. Del mismo modo, en el Ministerio Público. Un poco como el caso italiano, uno no puede ocuparse de la mafia si al mismo tiempo se ocupa de los carteristas. En lo judicial es un poco más complejo, pero el tribunal al que estoy vinculado también tuvo la sensatez de afectarme exclusivamente a los casos vinculados al Lava Jato, para que recibieran la atención que merecían. Cuando no se tiene una respuesta, el problema es que se va perdiendo la confianza de las personas en la justicia, en cierta medida también en la ley, y en definitiva en la democracia, ya que la gran idea de la democracia es que todas las personas son iguales ante la ley, y es importante que haya una aplicación visible de la ley.

—En Brasil, como ocurrió en varias manifestaciones, hay muchos que lo proponen como candidato político, candidato a presidente. ¿Evalúa esa posibilidad?

—Ya me manifesté públicamente varias veces al respecto, y supongo que esas propuestas responden a mi popularidad por las investigaciones, pero tengo mi carrera en la magistratura y no tengo aspiraciones políticas.

—¿Usted considera que el financiamiento electoral es como el «pecado original» de la política?

—No creo eso. En muchos casos hay situaciones que ya fueron identificadas en que el dinero no sirvió exclusivamente para financiamiento ilegal de elecciones, sino para el enriquecimiento ilícito de políticos. En el caso de financiamiento ilegal algunas personas afirmaron que no robaron para sí, sino para el partido. Y eso es terrible: usar dinero sucio para financiar una elección. O sea que está contaminando el proceso político y democrático. Ahora, las elecciones cuestan un dinero y hay necesidad de recursos para financiamiento, pero nada justifica el hecho de cometer crímenes con esa finalidad. En Brasil, en la época en que ocurrieron esos crímenes la ley era extremadamente liberal en relación a las donaciones electorales de empresas. Pero, aun así, fueron utilizadas en actividades criminales, para financiamiento ilícito de elecciones. Y eso fue constatado de una manera muy clara. No es una excusa la necesidad de recursos. Hay que construir un sistema para tener elecciones más baratas y prever fuentes de financiamiento adecuado para los comicios.

—¿Piensa que el costo político y económico de las investigaciones judiciales es menor al costo de mantener latente la corrupción sistémica?

—Le voy a contestar con una situación específica. Varias inversiones en Petrobras en ese período [2014-2015] fueron bastante cuestionadas. Tal vez algunas malas inversiones fueron hechas no porque el Ejecutivo estaba pensando en la mejor decisión desde el punto de vista económico, sino en la necesidad de generar recursos para coimas. Entonces, estos procesos [judiciales] que involucran a figuras políticas relevantes pueden generar inestabilidad política y traer algún perjuicio puntual a la economía, pero la estabilidad con corrupción sistémica es mucho más cara. Si esos problemas no son enfrentados nos vamos a asombrar dentro de unos años. No tengo dudas de que desde el punto de vista económico, el enfrentamiento a la corrupción sistémica solo nos traerá beneficios de productividad y eficiencia económica. Tal vez uno de los factores que impactan a la economía de la región sea el problema de la corrupción.

—¿Cree que su investigación podrá cambiar de manera definitiva las relaciones entre las empresas privadas y el Estado en Brasil?

—Es una pregunta muy difícil, es difícil hacer un pronóstico. Creo que todavía está por verse si estos casos como el mensalão o el Lava Jato son excepciones dentro de una tradición de impunidad, o si representan un cambio de un sistema de impunidad hacia un sistema de responsabilidad. Ahora bien, creo que vamos construyendo esas excepciones día a día. Lo importante es que produzcamos un cambio cultural, que cambiemos nuestras prácticas.

—¿Tiene expectativas reales de una cooperación internacional con otros países de América latina? ¿Mostraron un interés real en obtener la información y avanzar?

—Es difícil evaluar las intenciones, pero hemos tenido mucha colaboración de países europeos, Estados Unidos o de cuentas en Suiza. Y en cuanto a los países de la región, hemos hecho algunos pedidos de cooperación, y en general son atendidos. Los países tienen que cooperar porque el delito tiene un carácter cada vez más internacional. Si los delincuentes pueden cruzar las fronteras, pero las autoridades no, entonces la investigación o el proceso penal quedan frustrados. Por eso es importante que los países cooperen. Nosotros hemos adoptado esa política de aceptar los pedidos de otros países cuando hay pruebas que pueden ser interesantes en los respectivos países. Pero evidentemente después depende de cada país lo que suceda con esos elementos probatorios.

Deltan Dallagnol: «La sociedad debe abandonar su lugar de víctima del pasado y de los políticos» (20/6/2018)

Es el jefe del equipo de fiscales que impulsa el Lava Jato, la gran investigación brasileña que llevó a Lula da Silva y a Marcelo Odebrecht a prisión, junto a decenas de políticos y empresarios, y recuperó cientos de millones de dólares de la corrupción, con ramificaciones por toda América Latina. Vino a Buenos Aires para conversar con los fiscales argentinos, intercambiar ideas y tácticas para investigar delitos complejos y para alentarlos a avanzar[600].

Nació en 1980 en Pato Branco, Paraná, y a los 22 años ya era abogado con maestría en Harvard; a los 25, fiscal; a los 33, líder a cargo de la Forca da Tarefa abocada al Lava Jato. Estudió el Mani Pulite (manos limpias), el proceso de investigación que en Italia, en los años noventa, dejó al desnudo una extensa red de corrupción que involucró a políticos y empresarios, para aprender de los errores cometidos por los fiscales italianos.

—¿Cuáles son los números actuales del Lava Jato?

—El Lava Jato es un terremoto que sacudió la impunidad de los círculos de poder. Avanzó gracias a nuevas técnicas de investigación y obtuvo resultados antes inimaginables en Brasil. Hoy, más de 280 personas están acusadas de delitos de corrupción, lavado de dinero y organización ilícita. Más de 120 ya fueron condenadas por un total de más de 1900 años de cárcel. Pero no solo son resultados en términos de castigo; también, en términos de recuperación de dinero desviado. Alcanzamos más de 3000 millones de dólares en términos de resarcimiento de parte de las empresas que decidieron colaborar con la Justicia. También logramos repatriar más de 16 veces del total de todos los casos de la historia de la Justicia en Brasil. O sea, es un caso que extiende los parámetros en términos de atacar la impunidad en Brasil.

—¿Han condenado a figuras políticas de cuántos partidos?

—Tan solo la colaboración de una de las empresas involucradas en la investigación reveló prácticas ilícitas de 415 políticos de 26 partidos distintos. Muchos de esos partidos ya tienen gente en la cárcel. Uno de los principales opositores del partido del expresidente Lula, Eduardo Cunha, que fue presidente de la Cámara de Diputados, cuando perdió sus fueros y pudo ser alcanzado por la Justicia de Curitiba, fue arrestado, condenado y está en la cárcel. Es una causa técnica, imparcial y apartidaría.

—¿Cómo lo hicieron?

—Es un caso que avanzó sobre la base de un nuevo modelo de investigación, con el apoyo de la sociedad, entre otras cosas, teniendo como telón de fondo un avance institucional que está consagrado en la Constitución brasileña de 1988. Ese nuevo modelo de investigación tiene cuatro pilares. Primero, las colaboraciones premiadas: cada imputado o empresa que quería colaborar con la investigación debía traer evidencias de delitos hasta ese momento desconocidos. Cuando se piensa que toda nuestra información provino de más de 160 colaboradores premiados, uno empieza a entender que el caso se haya convertido en una bola de nieve. En segundo lugar, cooperaciones internas internacionales. Nosotros también rompimos récords en términos de relaciones con otros países. Se enviaron y recibieron más de 500 pedidos de cooperación en relación con más de 50 países. En tercer lugar, hubo una estrategia de fases. Las fases son momentos en que realizamos búsquedas, arrestos y encarcelamientos y esas fases se sucedieron sin parar. Cada dos semanas, en el Lava Jato se iniciaba una nueva fase de investigación. Y finalmente hubo un nuevo modelo de comunicación social. En un caso de gran magnitud, contra personas poderosas, es imposible que personas sin poder o con poder relativo, como jueces y fiscales, puedan avanzar sin el apoyo de la sociedad. Hay que recordar que varios de nuestros investigados controlan maquinarias de comunicación en diversas partes del país. Por eso primero creamos el primer sitio web de un caso judicial en la historia de Brasil, damos entrevistas informativas sobre toda acusación grave y siguiendo las directivas de los profesionales de la comunicación de la Procuraduría General; estamos siempre disponibles para informar a la sociedad.

—¿Cómo reaccionó la sociedad brasileña?

—Salió a las calles más de una vez, millones de personas. Aunque más importante que las calles es que la sociedad civil brasileña se fortaleció. Históricamente, Brasil es un país con un Estado fuerte y una sociedad civil frágil. Lo que vimos desde el comienzo del Lava Jato es que la sociedad fue sacando músculos.

—Imagino que lo más difícil fue la primera delación premiada. ¿Cómo la logró?

—Es la más difícil. En países como Brasil o la Argentina la impunidad de los poderosos es histórica y es muy difícil romperla. Y cuando alguien tiene un largo camino de impunidad recorrido, no va a colaborar con la Justicia. ¿Por qué va a reconocer sus delitos pasados, devolver el dinero desviado, someterse a una pena, aunque sea reducida, y entregar información sobre otros delitos hasta entonces ocultos si puede lograr impunidad? No lo va a hacer. Para que el Lava Jato fuese posible, tuvo que haber un caso previo, que se llamó el mensalão, en el que se descubrió que se pagaban mensualidades a varios parlamentarios para que apoyasen al gobierno. En ese caso, uno de los lavadores de dinero, uno de los operadores que hacían las negociaciones y las entregas de dinero, fue condenado a casi 40 años de prisión. Al comienzo del Lava Jato hubo una respuesta firme de la Justicia contra los corruptos.

—¿Sería posible investigar delitos de cuello blanco sin arrepentidos?

—En relación con la corrupción, es imposible realizar investigaciones de modo serio y eficiente sin ese instrumento. ¿Por qué? Porque la corrupción es un delito que se consuma entre cuatro paredes, entre susurros, existe un pacto de silencio, no deja testimonios. Hasta el pago del dinero se hace a través de una serie de actos de lavado que hacen que el dinero sucio parezca limpio, porque en la corrupción a veces el acto puede ser legal o legítimo. Imaginen un legislador que vende su voto. Él tiene plena libertad de una forma o de otra, lo que no puede hacer es vender su voto y votar de determinada manera a cambio de un soborno. Pero si uno considera solamente la forma en que votó, no se logra identificar si votó de esa manera porque es corrupto. Y eso hace que la investigación de este tipo de crímenes sea muy difícil. Cuando llega un colaborador premiado, echa luz sobre el lineamiento probatorio y vemos adónde nos conduce al final del laberinto. Hay que seguir los pasos y conseguir pruebas, porque no se puede condenar a nadie solo sobre la base de la palabra de un colaborador premiado. Esa persona echa luz sobre el laberinto probatorio mostrando por qué camino se encontrarán las pruebas más fuertes, y si se recogen evidencias fuertes y suficientes, serán usadas para los procesamientos y eventuales condenas.

—Usted dice que puede haber distintos caminos para avanzar. ¿Cómo los selecciona para conseguir evidencias?

—Es como si fuesen frutos de un árbol, maduran con el tiempo, y uno recoge los más maduros. Lo mismo en una investigación, donde uno avanza simultáneamente en diferentes direcciones. A medida que esas direcciones maduran y que se tienen pruebas concretas, materiales, de que los delitos existieron y de sus autores, uno presenta la acusación y las pruebas en juicio, buscando, si fuera el caso, una condena penal.

—¿A qué se refiere con «estrategia de fases»?

—La estrategia de fases que adoptamos fue realizar búsquedas y arrestos secuenciados, cada dos semanas. La gente se quedaba enganchada como si fuese una serie de televisión y dos semanas después de la fase anterior ya se preguntaba quién iba a caer ese día, a quién iban a arrestar, la corrupción de quién se iba a destapar. Técnicamente, lo que es más interesante de esas fases es que los organismos de investigación —⁠Policía Federal, Ministerio Público Federal y la AFIP brasileña⁠— se enfocaban en los mismos hechos y trabajaban para producir resultados con esos datos en un corto lapso. Cuando se detiene a alguien uno tiene que avalar esa detención en el lapso de 30 o 35 días. Entonces, en esa fase nos abocábamos a ofrecer una respuesta, si fuese el caso, en ese período de tiempo, consolidando el resultado al final de cada fase.

—¿Qué es el «modo disciplina»?

—Cuando la vida nos presenta grandes desafíos, para obtener resultados hay que tomar decisiones, hay que focalizarse en la tarea que uno tiene que hacer. Varios de los fiscales, asesores, policías y jueces de este caso trabajan de manera abnegada, sacrificando fines de semana y noches con sus familias para llevar a juicio este caso. Sabíamos que era un desafío, pero hay momentos en la vida que exigen un gran esfuerzo cívico de cada uno de nosotros y estamos viviendo uno de esos momentos. No hemos liberado aún a Brasil de la corrupción, pero nunca estuvimos tan cerca y está nuestro compromiso de dar lo mejor para aprovecharlo.

—¿Por qué hizo esto?

—Muchas personas creen que luchamos contra la corrupción para meter gente en la cárcel. Están equivocadas. Puede decirse que mandar a alguien a la cárcel es una cuestión de justicia, pero lo que nos motiva a luchar contra la corrupción es el sufrimiento que provoca: las largas filas en los hospitales, las muertes por falta de agua potable, la desigualdad de oportunidades…

—Podría haberse concentrado en un caso puntual. ¿Por qué decidió ir a lo sistémico?

—Eso por lo general no se elige. Uno trabaja dentro de sus posibilidades. Como funcionario público, debe explorar todas las posibilidades. Pero no siempre se abren varios caminos investigativos. Para comprender eso hay que entender cómo funcionó la colaboración premiada de Paulo Roberto Costa, al comienzo del Lava Jato. Hasta entonces solo teníamos pruebas de lavado de dinero de cerca de 26 o 27 millones de reales. Cuando Costa acepta colaborar, reconoce que existía corrupción en aquel contrato, en aquella empresa que para nosotros estaba en el origen del dinero que él lavó. Pero él dice que no solo había corrupción en ese contrato, sino también en todos los contratos de la empresa. Pero había más. No solo había corrupción en todos los contratos de la empresa, sino también en todos los contratos de todas las empresas bajo su órbita. Hay que entender que Costa era una especie de dios dentro de Petrobras. Un director de Petrobras maneja licitaciones más grandes que muchos ministerios de Brasil. Y entonces Costa sigue y dice que tampoco son solo los contratos de todas las grandes empresas bajo su órbita, sino también en el resto de las áreas de Petrobras, y probablemente también en otros organismos federales de Brasil. Eso nos dio una perspectiva totalmente diferente y extendió el territorio investigativo. Y enseguida llegaron otras colaboraciones, como un efecto dominó, que fueron extrayendo información, pruebas, sobre delitos practicados en una serie de organismos públicos, lo que nos permitió hacer un diagnóstico del mecanismo.

—¿Sufrieron presiones?

—La mayor presión que sufrió el Ministerio Público Federal en razón de su interdependencia de Brasil fue la presión de la prensa y de los investigados. Los investigados intentaron frenar la investigación con proyectos de ley contra supuestos abusos de autoridad para amarrar investigaciones legítimas contra los poderosos. También con proyectos de ley para atacar las herramientas investigativas, tratando de eliminar la colaboración premiada, o para vaciar los resultados de las investigaciones, implementando amnistías. O incluso atacando la credibilidad de las investigaciones y de los investigadores, creando relatos y noticias falsas en Internet.

—¿Cómo se lidia con esas presiones y ese estrés?

—Cada uno de manera diferente. Somos un grupo de 13 fiscales, más de 60 personas solamente del Ministerio Público Federal. Yo siempre intento pensar que cada uno de esos momentos de estrés es como cuando se mueve la bolsa de valores. Para el que lo está viviendo parece una montaña rusa, pero cuando se mira en contexto resulta que es apenas una pequeña variación en los gráficos. Siempre nos asesoramos con profesionales de la comunicación y personas que puedan darnos consejos sobre el cuadro general y no solo sobre la coyuntura.

—¿Cómo lidian con el agotamiento físico?

—Ese es realmente un problema, porque es una maratón, pero la venimos corriendo al ritmo de los 100 metros llanos. Cuando se piensa en el caso, podríamos decir que el Lava Jato al principio era un caso de carrera de velocidad. Después de un año, uno le coloca un enganche a ese auto, y después otros enganches. Hoy nosotros ya arrastramos varios, acumulamos un gran pasivo. Algunos objetivos que nos propusimos en 2014 o 2015 recién ahora están a la espera de nuestra intervención. Todo eso forma parte de un pasivo que nos impide avanzar en nuevas líneas de investigación y nos dificulta ampliar la causa. Nosotros siempre intentamos renovarnos, a través del apoyo de nuevos equipos. Y creo que una de las cosas que más motivan al ser humano, incluso según recientes investigaciones sobre el comportamiento, es la sensación de estar rindiendo un servicio a la sociedad. Eso es algo muy presente en nuestro equipo, una vocación de servicio, el sentimiento de que estamos en la situación privilegiada de servir a la sociedad.

—¿Cómo es un día habitual?

—Bastante agitado [risas]. Si de algo no me puedo quejar es de la monotonía. Mantenemos varias reuniones simultáneas en diferentes salas. La fuerza de tareas está fuera del edificio de la procuraduría, porque nos estamos ampliando y fuimos a ocupar la mitad de otro edificio. Y cuando ya no entramos, ocupamos la oficina de al lado, y después la de al lado. Entonces, tenemos muchas reuniones al mismo tiempo, personas que corren de un lado para otro para presentar las acusaciones en plazo, grupos de expertos que están rastreando más de 26 millones de transacciones financieras por más de dos billones de reales, colaboradores de varios países de Latinoamérica, personas que analizan documentos, redactando medidas, pedidos de levantamiento de secreto bancario, fiscal, para hacer las investigaciones. A veces surgen problemas de comunicación por las acusaciones falsas o las malas interpretaciones, así que siempre estamos atendiendo varios frentes al mismo tiempo.

—El año que viene habrá elecciones presidenciales en la Argentina. ¿Alguna recomendación?

—Hay que romper con ese círculo vicioso, y eso no va a pasar si la sociedad no se involucra. Para lograr cambios, la sociedad tiene que abandonar su rol de víctima del pasado y de los políticos y asumir el rol de protagonista de nuestro destino, de autores de nuestra historia. Tenemos que fortalecer a la sociedad civil, su participación en la gestión de la cosa pública. En Brasil, entidades representativas de la sociedad civil están haciendo una campaña que tiene que ver con las elecciones de este año, una campaña para incentivar a que todo brasileño vote candidatos de acuerdo con su preferencia ideológica, pero que cumpla con tres requisitos básicos: primero, un pasado limpio; segundo, un compromiso con la democracia, y tercero, que ese candidato apoye un gran paquete de medidas anticorrupción, que es el más grande de la historia y fue elaborado por algunas de esas organizaciones y que se llama «10 nuevas medidas contra la corrupción». Son 70 proyectos de ley que atacan la corrupción desde 12 frentes diferentes. Eso puede romper el círculo vicioso. Tenemos que elegir personas que, obviamente, no tienen que ser ángeles, pero comprometidas con la aprobación de ese paquete que va a fomentar la integridad, tanto en el ambiente privado como en el público.

—¿Es un hombre religioso?

—Soy cristiano, sí.

—¿Ha influido la fe?

—Creo que tiene mucho que ver con mi motivación en el trabajo. Eso impacta en el modo en el que veo el mundo, como una oportunidad de servir a las personas y buscar mejorar sus vidas desde una perspectiva justa, sin extrapolar los límites de mi actuación. En definitiva, creo que en la lucha contra la corrupción el fin no justifica los medios. Más aún: la lucha contra la corrupción no es un fin en sí mismo. Es el modo de alcanzar un país más justo y más próspero.

Apéndice II

Basados en sus experiencias como investigadores del Lava Jato, los fiscales brasileños elaboraron un documento breve, en lenguaje entendible por todos, con sus «diez medidas contra la corrupción». Incluso subieron ese documento, en portugués e inglés, a la página oficial del Ministerio Público Fiscal en Internet[601].

Algunas de esas recomendaciones ya se encuentran vigentes en la Argentina; otras, no. Y, en cualquier caso, no integran un «corpus» sistémico anticorrupción.

¿Cuáles son?

Prevención de la corrupción, transparencia y protección de las fuentes de información.

Criminalización del enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos —figura penal que ya existe en la Argentina.

Aumento de las penas en los delitos de corrupción para que no sean excarcelables, y se equiparen a las penas previstas para el homicidio cuando de una coima derive una muerte.

Mejora de los recursos de apelación previstos en el proceso penal para evitar dilaciones defensivas que solo busquen demorar o impedir la investigación.

Aceleración de las acciones de «improbidad», es decir, los procesos administrativos en los que se investigue la deslealtad o deshonestidad de un agente, empleado o funcionario público[602].

Reforma del sistema de la prescripción penal, para extender los plazos y la forma en que se computan esos plazos.

Modificaciones restrictivas de las nulidades que pueden plantearse durante una investigación penal.

Ampliación de la responsabilidad de los partidos políticos por las irregularidades y delitos que se detecten en su contabilidad, así como también criminalizar el uso de dibujos contables —conocidos en Brasil como «Caixa 2»— para, por ejemplo, el financiamiento electoral.

Reforma del instituto de la prisión preventiva para habilitar la detención de una persona para evitar la disipación y garantizar la devolución del dinero ilícito[603].

Reformas legislativas que permitan, faciliten y aceleren la recuperación de las ganancias producidas por el crimen.

Agradecimientos

Este libro es el fruto de veinte años de trabajo. Son, por tanto, demasiados los agradecimientos que omitiré. Perdón.

Gracias a mi esposa y a mis hijos. Soy por ustedes.

Gracias a mi familia y a mis amigos, redes de afecto, contención, apoyo y rectificación. Gracias. Ustedes saben quiénes son.

Gracias a Editorial Planeta, por su confianza, una vez más. En particular, a Ignacio «Nacho» Iraola y a mi editora, Paula Pérez Alonso. Este libro es este libro por ustedes.

Gracias al diario La Nación y a sus directivos, presentes y pasados. Desde Julio, Luis, Alejandro y Fernán Saguier, a José Claudio Escribano. Héctor D’Amico, Carlos «Chani» Guyot, José del Río, Ana D’Onofrio, Carlos Reymundo Roberts, Claudio Jacquelin, Jorge Fernández Díaz, Gail Scriven, Sergio Suppo, Jorge Rosales, Martín Rodríguez Yebra y tantos más… Gracias por tanto talento y generosidad.

Gracias a mis editores y colegas de La Nación que me guían, corrigen y enseñan. Jorge Liotti, Damián Nabot, Luis Cortina, José Luis Brea, Hernán Cappiello y Paz Rodríguez Niell, Gabriel Sued, Gabriel di Nicola, Fernando Rodríguez, Pablo Fernández Blanco, Francisco Jueguen, Francisco Olivera, Germán de los Santos (desde Rosario), Mariela Arias (desde Santa Cruz), Ana Tronfi (desde Chubut), Nelson Fernández (desde Uruguay), entre muchos otros.

A Ricardo Brom, mago.

A Karina Graziano, por las anécdotas y las matemáticas.

A Alejandro Cásar González, Cerebro.

A Joaquín Morales Solá, Nelson Castro, María O’Donnell, Carlos Pagni, Jorge Fontevecchia, Jorge Fernández Díaz, Clara Mariño, Ernesto Tenembaum, Reynaldo Sietecase, Luis Novaresio, Nicolás Wiñazki, Marcelo Longobardi y tantos más, por su generosidad.

A mis colegas de otros diarios, radios, portales y canales de televisión abierta y por cable, en la ciudad de Buenos Aires y en el interior del país que a diario honran este oficio, por salarios magros y bajo presión. Gracias por aportarme datos, alentarme y sugerirme caminos para llegar más lejos. Son demasiados para nombrarlos. Pero ustedes saben quiénes son. Porque a veces competimos, pero siempre compartimos esta aventura llamada «periodismo». ¡Gracias!

A mis colegas del equipo argentino de ICIJ: Sandra Crucianelli, Mariel Fitz Patrick y Emilia Delfino. Son una maravilla. ¡Gracias!

A mis colegas en América, Europa, África y Asia con quienes desarrollamos redes de contención, aliento, capacitación, ayuda e investigación. Me han llevado más lejos de lo que jamás soñé. ¡Gracias!

A mis colegas del Süddeutsche Zeitung, Frederik Obermaier y Bastian Obermayer, y del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Y en particular, a Marina Walker. Nunca olvidaré lo que hiciste cuando arreció la tormenta. ¡GRACIAS!

A Israel «Cacho» Lotersztain, por enseñarme más de lo que imagina, y no solo sobre el lado «B» de la historia argentina.

A Diego Goldberg, por su perseverancia y sugerencias.

A Nazareno Etchepare, por sus aportes valiosos.

A Federico Nielsen por la cacería de un libro.

A Jorge Michelli, Manuel Larrondo y Gonzalo Espinosa Paz, por cuidarme las espaldas, más de una vez.

A Daniel Enz y a Nelson Castro, por sus ejemplos.

A los cinco revisores «peer-review» del borrador de este libro, desplegados por la Argentina y Estados Unidos. Un fiscal, un economista, un político, un lobista y un académico. Sus sugerencias, correcciones y aliento llevaron este texto muchísimo más allá de lo que pensaba llegar. Sus nombres permanecerán en las sombras para evitarles dolores de cabeza, pero no los olvidaré. ¡Gracias!

A Maia Jastreblansky e Iván Ruiz. Indispensables, en este libro también. La vida nos llevó a conformar un inesperado «equipo» que nos transportó muy lejos. ¡Gracias!

A Carlos Bayala, un distinto.

A mi padre, último, paciente y sagaz lector. Siempre es bueno escucharte. ¡Gracias, papá!

A Pablo Slonimsqui, por sus varios talentos.

A Mónica Herrero, mi perseverante agente literaria. ¡Vamos por más!

A las miles de fuentes que durante los últimos veinte años guiaron mis pasos desde los primeros palotes a las investigaciones más complejas que siquiera soñé encarar. ¡Gracias por su confianza, por su paciencia, por asumir el riesgo, por no callar!

A los abogados, contadores, economistas, ingenieros, financistas, entre otros expertos de las disciplinas más diversas que me guiaron y enderezaron en mis investigaciones. Ustedes saben quiénes son. ¡Gracias!

A los jueces, fiscales, empleados judiciales, periodistas, editores, políticos, lobistas, voceros, funcionarios, sindicalistas, policías, empresarios y trabajadores de todas las disciplinas, en todo el país, que no cayeron ni caerán en el lado oscuro de la fuerza. ¡GRACIAS!

Porque vuestro ejemplo recarga mis baterías para continuar, con esperanza, la larga marcha. Porque como dijo Bertolt Brecht, «los hay que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles».

Índice bibliográfico

Este libro se basa en el material acumulado a lo largo de casi veinte años y, en particular, durante la última década.

Este material incluye entrevistas a fuentes, on y off the record, así como también copias de expedientes judiciales y administrativos, documentos oficiales y privados, boletines oficiales de las 24 jurisdicciones de la Argentina, registros societarios, comerciales y bancarios, artículos periodísticos, fotografías y otras constancias.

Dicho material se encuentra digitalizado, en su mayoría, y el resto permanece en carpetas, legajos y cajas en lugares seguros.

Todo esto se combinó, por supuesto, con el uso intensivo de los archivos judiciales, de La Nación y de otros diarios, un par de hemerotecas y docenas de libros. Entre ellos, los siguientes:

Abiad, Pablo:

El club K de la obra pública. Skanska. Un caso, Planeta, 2007.

Alconada Mon, Hugo:

Los secretos de la valija. Del caso Antonini Wilson a la petrodiplomacia de Hugo Chávez, Planeta, 2009.

—

Las coimas del gigante alemán. La historia secreta de Siemens, los DNI y los gobiernos argentinos hasta los Kirchner, Planeta, 2011.

—

Boudou, Ciccone y la máquina de hacer billetes, Planeta, 2013.

—

La Piñata. El ABC de la corrupción, de la burguesía nacional kirchnerista y del capitalismo de amigos, Planeta, 2015.

Alfie, Alejandro:

Los agentes de Néstor y Cristina. Los juegos de poder de Sergio Szpolski y Diego Gvirtz para multiplicar el relato oficial, acumular medios y millones, y otros oscuros negocios, Margen Izquierdo, 2015.

Balestra, Juan:

El noventa, Biblioteca Argentina de Historia y Política, Hyspamerica, 1986.

Balinotti, Nicolás y Sbrocco, José Ignacio:

José Alperovich. El zar tucumano, Dunken, 2011.

Barbano, Rolando:

Sangre azul. Historia criminal de la Policía Federal Argentina, Planeta, 2015.

Basualdo, Eduardo:

Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina, Universidad Nacional de Quilmes Ediciones, 2001.

Benito, Irene; Sánchez, Indalecio y Stanich, Fernando:

A su salud. La historia de Juan Luis Manzur, el ministro más rico de la era kirchnerista, Bicentenario, 2015.

Bergés, Mariano y Galafassi, Adriana:

Acá no pasa nada. La corrupción del sistema judicial argentino contada desde adentro, Bärenhaus,, 2017.

Blanco, Hernán:

Técnicas de investigación del lavado de activos. Persecución del lavado de activos desde el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, Fondo Editorial de Derecho y Economía, 2013.

Bobbio, Norberto:

Las ideologías y el poder en crisis, Ariel, 1988.

Bonasso, Miguel:

Don Alfredo, Planeta, 1999.

Boschi, Silvana:

Los secretos de la Corte. Las presiones, las operaciones y las internas, Margen Izquierdo, 2017.

Burzaco, Emilio y Berensztein, Sergio:

El poder narco. Drogas, inseguridad y violencia en la Argentina, Sudamericana, 2014.

Cappiello, Hernán:

Colorado. La verdadera historia de Francisco de Narváez, el millonario que quiere ser Presidente de la Argentina, Planeta, 2010.

Carpena, Ricardo y Jacquelin, Claudio:

El intocable. La historia secreta de Lorenzo Miguel, el último mandamás de la Argentina, Sudamericana, 1994.

Cásar González, Alejandro:

Pasó de todo. Cómo la AFA, la FIFA y los Gobiernos se adueñaron de la pelota, Planeta, 2015.

Castillo, Hernán:

Todo pasa. Fútbol, negocios y política de vida a los Kirchner, Aguilar, 2012.

Ceram, C. W.:

Gods, Graves, and Scholars. The Story of Archaeology, Vintage Books, Random House, 1986.

Chausis, Ignacio y Renou, Leandro:

Morgan Papers. Confesiones de un empleado infiel, Marea, 2016.

Damiani, Ignacio y Maradeo, Julián:

El Tano. Quién es Angelici, Ediciones B, 2016.

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Radiografía de la corrupción PRO. De la ciudad a la Presidencia de la Nación, Planeta, 2018.

De los Santos, Germán y Lascano, Hernán:

Los Monos. Historia de la familia narco que transformó a Rosario en un infierno, Sudamericana, 2017.

Delfino, Emilia y Alegre, Rodrigo:

La ejecución. Historia secreta del Triple Crimen que desnudó la conexión con la mafia de los medicamentos y la recaudación de la campaña K, Sudamericana, 2011.

Delgado, Federico:

Injusticia. Un fiscal federal cuenta la catástrofe del Poder Judicial, Ariel, 2018.

Delgado, Federico y D’Elía, Catalina:

La cara injusta de la Justicia. Por qué la Justicia argentina es su propia enemiga, Paidós, 2016.

Della Porta, Donatella:

Los actores de la corrupción: políticos de negocios en Italia, Gestión y Análisis de Políticas Públicas, mayo-agosto de 2001.

Despouy, Leandro:

La Argentina auditada. El Estado nacional bajo la lupa del presidente de la Auditoría General de la Nación, Sudamericana, 2015.

Dewey, Matías:

El orden clandestino. Política, fuerzas de seguridad y mercados ilegales en la Argentina, Katz, 2015.

Di Marco, Laura:

Macri. Historia íntima y secreta de la élite argentina que llegó al poder, Sudamericana, 2017.

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La Bonaerense. Historia criminal de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Planeta, 1997.

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Enz, Daniel:

Los hijos del narco. Narcotráfico, poder, violencia y muerte en Entre Ríos, edición del autor, 2015.

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Doble vida. La historia oculta de Francisco «Paco» Capózzolo, edición del autor, 2016.

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El clan. La familia que se apropió del Estado. Negocios, corrupción y falsedad ideológica, edición del autor, 2017.

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Hugo Alconada Mon (La Plata, 15 de junio de 1974) es un abogado, autor y periodista de investigación argentino multipremiado por su labor.​ Es prosecretario de Redacción en La Nación. Alconada Mon es abogado graduado en la Universidad Nacional de La Plata. Tiene una Maestría en Artes Liberales de la Universidad de Navarra. Es Profesor visitante en la Universidad Austral, en la Universidad de Misuri y en la Universidad de Columbia. Además, es Becario de la Universidad Stanford y Eisenhower Fellowships.

​Trabajó en el diario El Día y, desde 2002, en La Nación. Ayudó a fundar una red de reporteros de investigación latinoamericanos (REPI) y expuso a la empresa Odebrecht, que obtuvo contratos y un trato favorable en varios países.​ Conduce un programa televisivo en LN+, con entrevistas a emprendedores, bajo el título de 99 por ciento.

Notas

[1] Entrevista fechada el 16 de marzo de 1997, ver https://www.clarin.com/politica/poderoso-logra-ventaja_0_HJOb5wGbCFe.xhtml <<

[2] Ver el libro Las ideologías y el poder en crisis, por Norberto Bobbio, Editorial Ariel. <<

[3] Ver http://www.mpf.gov.ar/Accesos/Dcap/Relevancia_Publica/ibm_banco_nacion.pdf <<

[4] Los siete acusados que cerraron ese acuerdo de juicio abreviado fueron cuatro ex directores del Banco Nación —el propio Aldaco, Mario Dadone, Genaro Contartese y Hugo Gaggero—, el ex vicepresidente de IBM, Gustavo Soriani, el entonces subsecretario general de la Presidencia, Juan Carlos Cattáneo, y su cuñado y presidente de la firma CCR, Alejandro de Lellis. <<

[5] Copias de los cuadernos en depósito del auto; ver https://www.lanacion.com.ar/2158187-las-pruebas-asi-registraba-el-recorrido-de-las-coimas-el-chofer-de-baratta y https://www.lanacion.com.ar/2159372-la-justicia-sospecha-que-cristina-kirchner-ordeno-pedir-coimas-para-hacer-campana. <<

[6] Ver https://www.clarin.com/politica/solo-once-empresas-aceptaron-pagado-coimas-argentina-condenada_0_H1flp8Qsg.xhtml <<

[7] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/1752084-una-empresa-norteamericana-confeso-que-pago-coimas, https://www.cronista.com/economiapolitica/Una-empresa-de-EE.UU.-admitio-que-soborno-a-funcionarios-en-Argentina-Brasil-y-Peru-20141212-0086.xhtml, https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-oficina-anticorrupcion-denuncio-pago-de-coimas-de-una-empresa-estadounidense. <<

[8] Ver el texto «La cooperación internacional contra la corrupción», por Robert Klitgaard, 1998, en https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1998/03/pdf/klitgaar.pdf <<

[9] Ver, entre otros, «Crimen y Castigo: un enfoque económico», por Gary S. Becker, en http://ebour.com.ar/ensayos_meyde2/Gary%20S.%20Becker%20-%20Crimen%20y%20Castigo.pdf <<

[10] Ver Constitución Nacional, artículo 36: «Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el Artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. […] Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos». <<

[11] Ver https://www.lanacion.com.ar/33822-los-beneficios-de-la-impunidad; también, el libro ¿Remedios contra la corrupción? (Cohecho, Cruzadas y Reformas), por Michael Reisman, Editorial Fondo de Cultura Económica. <<

[12] Ver https://www.lanacion.com.ar/2124910-casi-el-90-de-las-causas-de-corrupcion-no-llegan-ni-siquiera-a-un-procesamiento y https://www.clarin.com/politica/argentina-investigan-2200-causas-corrupcion-comodoro-py-50-casos-hace-decada_0_rJB7sg2jf.xhtml <<

[13] Ver https://www.lanacion.com.ar/2139140-el-92-de-las-causas-de-corrupcion-de-los-ultimos-20-anos-ni-siquiera-llegaron-a-juicio <<

[14] Ver https://www.lanacion.com.ar/2152492-segun-una-auditoria-solo-el-2-de-los-acusados-de-corrupcion-son-condenados <<

[15] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/2049999-sobreseen-a-amado-boudou-en-la-causa-por-los-papeles-truchos-de-un-auto, https://www.lanacion.com.ar/2092028-mas-de-una-decada-despues-el-caso-antonini-se-encamina-a-su-cierre, https://www.lanacion.com.ar/2140656-prescribio-la-causa-de-la-valija-de-antonini y https://www.lanacion.com.ar/2050298-un-caso-absurdo-que-muestra-todo-lo-que-puede-demorar-un-proceso y https://www.lanacion.com.ar/857051-cuestionaron-la-prescripcion-de-delitos-penales. También, http://www.lavoz.com.ar/politica/por-prescripcion-de-la-causa-fue-sobreseido-oscar-aguad, http://www.telam.com.ar/notas/201405/63149-criticas-aguad-defraudacion-corrientes.php, http://www.telam.com.ar/notas/201511/128345-gabinete-oscar-aguad-ministerio-de-comunicaciones-mauricio-macri.php y https://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-246073-2014-05-12.xhtml <<

[16] Ver https://www.lanacion.com.ar/2140658-maria-luz-rivas-diez-la-valija-era-para-el-gobierno-todo-el-poder-politico-protegio-a-uberti <<

[17] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/1209446-el-estado-perdio-13000-millones-de-dolares-por-la-corrupcion, https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-129702-2009-08-09.xhtml, http://fortunaweb.com.ar/2009-12-09-14241-entre-1980-y-2007-la-argentina-perdio-us-13-000-millones-por-la-corrupcion/, http://www.perfil.com/noticias/cordoba/fraudes-y-sobornos-acechan-a-los-negocios.phtml <<

[18] Ver https://www.lanacion.com.ar/2098780-caso-siemens-eeuu-juzgara-a-uno-de-los-ejecutivos-acusados-de-pagar-us-106-millones-en-coimas-a-menem-y-de-la-rua <<

[19] Ver https://cablera.telam.com.ar/cable/602753/burzaco-confeso-que-pago-sobornos-por-us-160-millones-a-30-personas-y-que-a-quien-mas-dinero-le-dio-fue-a-grondona, http://www.teleamazonas.com/2015/08/asociacion-uruguaya-de-futbol-termino-contrato-con-full-play/, https://www.lanacion.com.ar/2082218-alejandro-burzaco-confirmo-que-coimeo-a-dos-funcionarios-publicos-durante-el-futbol-para-todos y https://www.lanacion.com.ar/1948147-fifagate-el-juez-bonadio-rechazo-el-pedido-de-extradicion-de-eduardo-deluca-y-los-jinkis, https://www.infobae.com/deportes-2/2018/06/06/el-gran-arrepentido-facundo-pastor-libro-alejandro-burzaco-fifa-gate-ruta-de-las-coimas-grondona/, https://www.infobae.com/deportes-2/2018/06/06/la-historia-oculta-del-yerno-y-el-nieto-de-julio-grondona-fifagate-visita-al-papa-y-millones-de-dolares/ y https://www.lanacion.com.ar/1958019-full-play-la-empresa-de-los-jinkis-continua-facturando <<

[20] Ver https://www.lagaceta.com.ar/nota/771953/actualidad/corrupcion-impune-tucuman-hubo-219-denuncias-sola-condena-firme-13-anos.xhtml y https://www.lagaceta.com.ar/nota/771958/actualidad/justicias-provincial-federal-abrieron-causa-cada-22-dias.html <<

[21] Ver http://cidc.org.ar/ficha-informativa-causas-de-corrupcion-en-la-provincia-de-buenos-aires/ y http://cidc.org.ar/wp-content/uploads/2018/04/Ejemplo-3_-text-completo_Gacetilla-causas-de-corrupcion-en-la-provincia.pdf <<

[22] Ver el texto «La cooperación internacional contra la corrupción», por Robert Klitgaard, 1998, en https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1998/03/pdf/klitgaar.pdf <<

[23] Ver el libro Controlling Corruption, por Robert Klitgaard, California University Press. Una crítica interesante a dicha fórmula en https://globalanticorruptionblog.com/2014/05/27/klitgaards-misleading-corruption-formula/. Francis Fukuyama define a un gobierno que rinde cuentas como aquel en el que «quienes mandan creen que son responsables ante los gobernados y ponen los intereses de la gente por encima de los propios». Ver el libro The origins of polítical order, por Fukuyama, Editorial Farrar, Straus and Giroux. <<

[24] Ver, entre otros, el libro Contra la corrupción. Confesiones de la mujer que enfrentó al poder en la Argentina, por Graciela Ocaña, Editorial Planeta. <<

[25] Ver, entre otros, http://www.nytimes.com/2008/12/23/business/23kotchian.xhtml?_r=1, http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F40B13F63454157A93C1A9178CD85F438785F9 y http://articles.latimes.com/2008/dec/21/local/me-kotchian21. La frase de Kotchian en el libro Political Corruption in transition. A Skeptic’s handbook, de Stephen Kotkin y András Sajó, página 44. En ese «juego», como Kotchian lo definió, participaban todas las grandes compañías internacionales. «Lockheed se convirtió en el chivo expiatorio de las 300 compañías que la SEC dijo que estaban haciendo lo mismo, y yo fui el chivo expiatorio del chivo expiatorio», ironizó. El escándalo que causó el testimonio de Kotchian y un memo de 70 carillas que redactó a máquina, fructificó en condenas —como la que afrontó el ex primer ministro japonés, Kakuei Tanaka— y renuncias alrededor del mundo. Pero los sobornos de Lockheed en el extranjero no implicaron violación alguna de las leyes penales estadounidenses por entonces vigentes. Ese fue el disparador para que, un año después, se aprobara la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, más conocida como la FCPA, punto de partida, a su vez, para extender el alcance internacional de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y para leyes similares en el Reino Unido —la UK Bribery Act— Alemania y otros países, Brasil incluido. <<

[26] Ver https://www.lanacion.com.ar/2130088-segun-la-uca-crecio-la-pobreza-estructural-entre-los-chicos <<

[27] Datos extraídos de 140 documentos publicados por el Ministerio Público Fiscal y la Procuraduría General brasileños que analizaron Eduardo Salcedo Albarán, Luis Jorge Garay, Guillermo Macías y Diana Santos para la Fundación Vortex. Ver informe «Lavado de activos en la red criminal “Lava Jato”», Working Paper N.º 27, en http://docs.wixstatic.com/ugd/522e46_b9049d1ff68c41dba6879dd3a4d4cc61.pdf. También, del artículo «El ordenamiento jurídico anticorrupción en Brasil», de João C. de Andrade Y. Accioly, en Compliance. Anticorrupción y responsabilidad penal empresaria, Editorial Thomsom Reuters/La Ley, suplemento especial, mayo de 2018.

La Operación «Cambio, desligo» expuso un tramo complementario del «Lava Jato» al centrarse en la red de «doleiros». Según los datos preliminares abarcó a 260 sociedades offshore con cuentas abiertas en 97 bancos de 29 países para mover más de 1.600 millones de dólares. Ver https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/doleiros-investigados-movimentaram-contas-em-29-paises/ <<

[28] Ver https://politica.elpais.com/politica/2018/05/24/actualidad/15271581 83_672205.xhtml <<

[29] https://www.clarin.com/politica/javier-fernandez-citado-indagatoria-monje-negro-solo-hago-trabajo_0_SJUJt3lS7.xhtml <<

[30] Ver el libro Las raíces legales de la corrupción. O de cómo el Derecho Público fomenta la corrupción en lugar de combatirla, por Héctor A. Mairal, Ediciones Rap S.A. <<

[31] La corrupción «afecta los negocios porque se incrementan los costos de operación y se crea por contagio un ambiente degradado, donde el paradigma es que “los honestos no tienen lugar” o que “para hacer esto, debes dar lo otro”, planteó en mayo de 2018 el director de la Asociación Argentina de Ética y Compliance y socio de BDO, Carlos Rozen, quien expuso cómo la lógica se desvirtúa por necesidad. “Los recursos productivos” son redirigidos para el pago de sobornos y los controles disminuyen o se anulan». Ver https://www.lanacion.com.ar/2137870-lucha-anticorrupcion-en-la-region-muchas-normas-poca-transparencia <<

[32] Ver https://www.clarin.com/politica/macri-scioli-millones-gastaron-campana_0_418_DJlpl.xhtml y https://www.lanacion.com.ar/1871338-numeros-finales-cuantos-millones-gastaron-macri-y-scioli-durante-la-campana-presidencial; ver también: https://www.lanacion.com.ar/1841815-los-candidatos-estiman-un-millonario-gasto-de-campana-rumbo-al-ballottage, https://www.lanacion.com.ar/1837502-financiacion-politica-el-papel-de-los-empresarios-en-la-campana, https://www.lanacion.com.ar/1752213-campanas-millonarias-los-increibles-costos-que-insumira-el-sueno-presidencial <<

[33] Datos oficiales de la Cámara Nacional Electoral correspondientes a las elecciones primarias y generales de 2015, ver informe «Seminario de evaluación de los procesos electorales y propuestas para su perfeccionamiento», 7 de marzo de 2016. <<

[34] Ver el libro Educando a Fernando. Cómo se construyó De la Rúa Presidente, por Ernesto Semán, Editorial Planeta. <<

[35] Ver el libro El clan. La familia que se apropió del Estado. Negocios, corrupción y falsedad ideológica, por Daniel Enz, página 363. <<

[36] Ver, entre otros, http://www.perfil.com/noticias/universidades/florencia-arietto-quiero-preso-a-moyano.phtml y http://www.infogremiales.com.ar/arietto-dice-que-moyano-financio-a-massa-y-que-lo-quiere-preso/ <<

[37] Ver https://www.lanacion.com.ar/1815297-ventaja-oficialista-uso-y-abuso-de-fondos-publicos-para-la-campana <<

[38] Copia de la denuncia en depósito del autor; causa N.º IPP-35309/2016, Unidad Fiscal de Investigaciones (UIF) N.º 11, fiscal Álvaro Garganta. <<

[39] Ver el libro El noventa, por Juan Balestra, Biblioteca Argentina de Historia y Política, Editorial Hyspamerica. <<

[40] Ver La ejecución. Historia secreta del Triple Crimen que desnudó la conexión con la mafia de los medicamentos y la recaudación de la campaña K, por Emilia Delfino y Rodrigo Alegre, Editorial Sudamericana. <<

[41] Ver el libro El secuestro de los Born. 9 meses encerrados. 60 millones de dólares que corrompieron un país. 50 años del secuestro más caro de la historia, por María O’Donnell, Editorial Debate. <<

[42] Ver https://www.lanacion.com.ar/1837502-financiacion-politica-el-papel-de-los-empresarios-en-la-campana <<

[43] Ver el libro Los hijos del narco. Narcotráfico, poder, violencia y muerte en Entre Ríos, por Daniel Enz. <<

[44] Ver el libro El clan. La familia que se apropió del Estado. Negocios, corrupción y falsedad ideológica, por Daniel Enz. <<

[45] Ver https://www.lanacion.com.ar/602455-conarpesa-acuso-a-la-jefa-de-ari-de-usarla-de-trampolin-politico y https://www.lanacion.com.ar/578741-una-investigacion-con-trece-jueces-y-ningun-condenado y https://www.clarin.com/policiales/crimen-conarpesa-pesquera-espinosa-empresario_0_Bkq2iYtPmg.xhtml <<

[46] Ver https://www.lanacion.com.ar/2156009-maria-soledad-morales-el-caso-que-revoluciono-catamarca <<

[47] Citado en el libro El negocio político de la obra pública, por Luis Gasulla, Editorial Sudamericana. <<

[48] Ver https://www.lanacion.com.ar/983979-quienes-financiaron-la-campana-presidencial y http://www.ambito.com/368329-donantes-de-cristina y https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/macri-vendio-empresas-sobrino_0_ryV79TZy0Kl.xhtml <<

[49] Copias de los cuadernos en depósito del auto; ver https://www.lanacion.com.ar/2158864-los-cuadernos-de-las-coimas-a-mano-alzada-los-vinculos-con-empresarios-que-registro-centeno <<

[50] Ver https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/04/1756257-queremos-r-12-bi-para-atravessar-o-furacao-diz-presidente-da-odebrecht.shtml y https://www.odebrecht.com/sites/default/files/ra2017_esp.pdf <<

[51] Ver https://oglobo.globo.com/brasil/em-um-ano-delacao-da-odebrecht-so-resultou-em-uma-condenacao-22618681 <<

[52] Ver https://www.clarin.com/policiales/detuvieron-intendente-vice-itati-acusados-narcotrafico_0_SyRlZvBil.xhtml, http://www.perfil.com/noticias/sociedad/testigos-aseguran-que-el-intendente-de-itati-recibia-ordenes-de-un-capo-narco.phtml, http://www.telam.com.ar/notas/201702/180453-itati-marihuana-narcos-vicario.html, y https://www.clarin.com/policiales/confirman-intendente-itati-vice-lideraban-banda-narco_0_Hyt5SMYvZ.html y https://www.lanacion.com.ar/2140413-las-grietas-de-la-politica-por-donde-se-filtra-el-narcotrafico <<

[53] Ver el libro El poder narco. Drogas, inseguridad y violencia en la Argentina, por Eugenio Burzaco y Sergio Berensztein, Editorial Sudamericana y https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2016-1-15-1-30-0-detuvieron-a-un-exconcejal-involucrado-en-causa-de-drogas <<

[54] Ver https://www.lanacion.com.ar/2140413-las-grietas-de-la-politica-por-donde-se-filtra-el-narcotrafico, http://informatesalta.com.ar/noticia/13890/dos-muertos-al-caer-un-avion-cargado-con-cocaina-en-salta-forestal <<

[55] Ver, entre otros, https://www.adnsur.com.ar/2016/10/juez-advirtio-fluido-contacto-narco-di-pierro/ y https://www.lanacion.com.ar/1954045-apadrinados-la-causa-que-vincula-a-los-narcos-de-chubut-con-la-politica <<

[56] Ver http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no =272852, https://www.clarin.com/policiales/escandalo-parana-procesan-intendente-sergio-varisco-vinculos-narco_0_SJDt4Qr-m.xhtml y http://www.ambito.com/924878-parana-procesaron-a-intendente-de-cambiemos-por-narcotrafico <<

[57] Ver https://www.lanacion.com.ar/2140413-las-grietas-de-la-politica-por-donde-se-filtra-el-narcotrafico <<

[58] Ver el libro Los hijos del narco. Narcotráfico, poder, violencia y muerte en Entre Ríos, por Daniel Enz. <<

[59] Ver https://www.lanacion.com.ar/2140413-las-grietas-de-la-politica-por-donde-se-filtra-el-narcotrafico, https://www.clarin.com/politica/ishii-hablo-narco-apresado-asesor_0_HyRHJmi9Dmx.xhtml <<

[60] Ver https://www.infobae.com/2014/07/20/1582010-un-peligroso-narcotraficante-fue-detenido-y-revelo-que-es-asesor-del-senador-mario-ishii/, https://www.lanacion.com.ar/1754593-la-ex-side-temible-disputa-entre-los-duenos-del-miedo <<

[61] Ver https://www.lanacion.com.ar/2132004-los-nexos-de-la-firma-interesada-en-comprar-oil-con-el-oficialismo <<

[62] Ver el libro Educando a Fernando. Cómo se construyó De la Rúa Presidente, por Ernesto Semán, Editorial Planeta. <<

[63] Ver el libro A su salud. La historia de Juan Luis Manzur, el ministro más rico de la era kirchnerista, por Irene Benito, Indalecio Sánchez y Fernando Stanich, Ediciones Bicentenario. <<

[64] Ver, entre otros, http://www.chacodiapordia.com/2018/06/07/lavado-i-procesaron-a-horacio-rey-y-roberto-lugo-y-les-trabaron-un-embargo-por-50-millones-a-cada-uno/, http://www.iprofesional.com/notas/265120-delito-dinero-lavado-denuncia-chaco-causas-gobernador-impunidad-domingo-peppo-Escandalo-por-lavado-en-Chaco-detuvieron-a-cuatro-funcionarios-cercanos-a-Peppo, http://www.ambito.com/915458-escandalo-por-lavado-en-chaco-detuvieron-a-cuatro-funcionarios-cercanos-a-peppo, http://www.ambito.com/915625-escandalo-por-lavado-en-chaco-exhombre-fuerte-de-peppo-se-nego-a-declarar <<

[65] Alejandra Bonafini rechazó esas y otras acusaciones de Schocklender, al que tildó de «psicópata y manejador» y con quien remarcó que «tenía un franco enfrentamiento». Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/1478856-maria-alejandra-bonafini-schoklender-es-un-psicopata-y-un-manejador, https://www.clarin.com/politica/alejandra-bonafini-reclamo-sobreseida-schoklender_0_r1YEF4AowXl.xhtml, https://www.clarin.com/politica/procesaron-hebe-hermanos-schoklender-administracion-fraudulenta_0_rkDgN9we-.html y https://www.clarin.com/politica/franco-enfrentamiento-sergio-dijo-bonafini_0_SylQUKm2DQe.html <<

[66] Ver, entre otros, el libro El poder del juego. El gran negocio de la política argentina, por Federico Poore y Ramón Indart, Editorial Aguilar; también, http://chequeado.com/investigaciones/macri-recibio-3-millones-de-contratistas-del-estado-para-su-campana-electoral/ <<

[67] Ver el libro El poder del juego. El gran negocio de la política argentina, por Federico Poore y Ramón Indart, Editorial Aguilar. López, corresponde aclarar, aún niega que ese diálogo haya ocurrido de ese modo. Admite que conversaron, pero no en esos términos. <<

[68] Ver el libro El Tano. Quién es Angelici, por Ignacio Damiani y Julián Maradeo, Ediciones B. <<

[69] Ver el libro El clan. La familia que se apropió del Estado. Negocios, corrupción y falsedad ideológica, por Daniel Enz. <<

[70] Ver https://politica.elpais.com/politica/2018/05/24/actualidad/15271592 81_665975.xhtml <<

[71] Ver https://www.lanacion.com.ar/1834417-elecciones-gastos-campana <<

[72] Ver https://www.lanacion.com.ar/1834171-se-gastaran-mas-de-142-millones-solo-para-imprimir-las-boletas-de-las-elecciones <<

[73] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/1999926-el-fin-de-futbol-para-todos-un-programa-que-costo-diez-mil-millones-de-pesos-y-cuanto-se-ahorra-este-ano-el-estado y https://www.lanacion.com.ar/20377 50-se-termino-el-futbol-para-todos-cuanto-dinero-gasto-el-estado-en-ocho-anos-y-lo-que-habra-que-pagar-en-el-proximo-torneo y https://www.cronista.com/economiapolitica/El-fin-de-Futbol-para-Todos-al-Gobierno-le-costo--5-millones-por-dia-en-2016-20170103-0041.xhtml <<

[74] Ver https://www.lanacion.com.ar/2121772-detectaron-1300-trolls-en-la-ultima-campana-electoral <<

[75] Ver https://www.lanacion.com.ar/1880044-en-2015-el-aparato-de-propaganda-kirchnerista-costo-al-menos-12395-millones <<

[76] Ver https://www.lanacion.com.ar/1117651-obras-y-clientelismo-dos-claves-para-sumar-votos <<

[77] Ver https://www.lanacion.com.ar/1858152-el-partido-de-sabbatella-recaudaba-280000-mensuales-de-la-afsca y https://www.eldia.com/nota/ 2017-9-13-2-42-36-ordenan-al-ex-titular-de-astilleros-devolver-al-estado-90-millones-la-provincia y https://www.lanacion.com.ar/1117651-obras-y-clientelismo-dos-claves-para-sumar-votos y http://www.diagonales.com/contenido/aportes-truchos-cmo-financi-cambiemos-la-campaa-2015-y-quines-manejaron-el-dinero/10089. Sobre Marasco, ver https://radiocut.fm/audiocut/osvaldo-marasco-estoy-indignado-con-este-tema-tan-burdo-de-los-aportantes-truchos/ <<

[78] Ver diario Clarín del 21 de marzo de 1989; citado en el libro De la banca Baring al FMI. Historia de la deuda externa argentina, por Norberto Galasso, Editorial Colihue. <<

[79] Ver https://www.pjn.gov.ar/cne/secelec/document/financiamientos/58015-00111769135-8.pdf <<

[80] Ver http://www.diagonales.com/contenido/aportes-truchos-cmo-financi-cambiemos-la-campaa-2015-y-quines-manejaron-el-dinero/10089 <<

[81] Ver https://www.lanacion.com.ar/2153716-arroyo-nego-haber-sido-aportante-de-la-campana-de-cambiemos-en-2015, https://www.pagina12.com.ar/128969-yo-no-aporte-nada-a-nadie, https://www.lanacion.com.ar/2145593-investigaran-los-aportes-a-la-campana-de-cambiemos, http://laopinion.com.ar/jorge-mas-nadie-me-supo-explicar-por-que-usaron-mi-nombre/, http://noticiaspehuajo.com/inf-general/jorge-mas-denuncio-un-listado-de-aportes-a-la-campana-de-cambiemos-que-no-se-hicieron_a154938, https://www.eldestapeweb.com/se-triplican-los-casos-cambiemos-utilizo-500-personas-pobres-lavar-dinero-su-campana-n45552, https://www.eldestapeweb.com/exclusivo-al-menos-800-personas-pobres-figuran-aportando-la-campana-cambiemos-n46244 y https://radiocut.fm/audiocut/guillermo-saenz-saralegui-yo-no-aporte-nada-en-la-campana-de-cambiemos-y-figuro-con-38000/ <<

[82] Entrevista del autor con Pablo Secchi, julio de 2018; ver, también, https://radiocut.fm/audiocut/pablo-secchi-en-los-botes/ <<

[83] Ver, entre otros, http://www.lavoz.com.ar/politica/miguel-del-sel-no-podra-ejercer-cargos-publicos-por-seis-meses, http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/174582-inhabilitan-a-miguel-del-sel-a-ejercer-cargos-politicos-por-irregularidades-en-los-balances-del-pro-politica.xhtml, https://www.infobae.com/politica/2017/09/24/miguel-del-sel-no-podra-ejercer-cargos-publicos-por-seis-meses/ y http://www.perfil.com/noticias/politica/inhabilitaron-a-del-sel-para-ejercer-cargos-publicos-por-irregularidades-en-balances-del-pro.phtml <<

[84] Ver https://www.pagina12.com.ar/128815-carrio-reconocio-la-falta-de-transparencia y https://www.pagina12.com.ar/128965-una-presentacion-judicial-que-es-puro-globo <<

[85] Ver https://www.lanacion.com.ar/2154232-denuncia-de-aportantes-falsos-vidal-ordeno-una-auditoria-y-echo-la-contadora-de-la-provincia <<

[86] Ver, entre otros, «Crimen y Castigo: un enfoque económico», por Gary S. Becker, en http://ebour.com.ar/ensayos_meyde2/Gary%20S.%20Becker%20-%20Crimen%20y%20Castigo.pdf <<

[87] Ver el libro Economía de la corrupción. Costos de la corrupción en la Argentina, por Vicente H. Monteverde, Fondo Editorial Consejo. <<

[88] Ver el libro Justicia adicta. Breve historia del Poder Judicial de Tierra del Fuego (1994-2007), por Gabriel Ramonet, Editorial Utopías. <<

[89] Ver el libro A su salud. La historia de Juan Luis Manzur, el ministro más rico de la era kirchnerista, por Irene Benito, Indalecio Sánchez y Fernando Stanich, Ediciones Bicentenario. <<

[90] Ver https://www.lanacion.com.ar/2135649-un-fiscal-revelo-una-trama-de-giros-y-comunicaciones y https://tn.com.ar/opinion/los-datos-que-tiene-la-justicia-para-acusar-al-corcho-rodriguez_869501 <<

[91] Ver https://larepublica.pe/economia/1010624-consigo-el-proyecto-y-con-la-adenda-que-lo-arregla-todo-me-genera-renta <<

[92] Ver el informe «Irregularidades en las contrataciones del Estado. 2008-2016», por el auditor Alejandro Nieva. <<

[93] Ver el informe «Lavado de activos en la red criminal “Lava Jato”», por Eduardo Salcedo Albarán, Luis Jorge Garay, Guillermo Macías y Diana Santos. Working Paper N.º 27, Fundación Vortex, en http://docs.wixstatic.com/ugd/522e46_b9049d1ff68c41dba6879dd3a4d4cc61.pdf <<

[94] Ver el libro The Best System Money Can Buy. Corruption in the European Union, por Carolyn M. Warner, Cornell University Press. <<

[95] Ver el libro Los próceres y el dinero. Inversiones, estafas y despilfarros de los grandes hombres de la patria, por Mariano Otálora, Sudamericana. <<

[96] Citado en el libro El negocio político de la obra pública, por Luis Gasulla, Editorial Sudamericana; ver también https://www.infobae.com/politica/2017/05/14/la-historia-oculta-de-yacyreta-el-monumento-a-la-corrupcion/ y https://www.cij.gov.ar/nota-11162-Condenaron-a-seis-acusados-en-un-juicio-oral-por-defraudaci-n-en-la-construcci-n-de-la-represa-de-Yacyret-.xhtml <<

[97] Ver https://www.lanacion.com.ar/149509-una-polemica-por-us-1500-millones <<

[98] Ver https://www.lanacion.com.ar/72997-el-estado-debe-seguir-construyendo <<

[99] Ver el libro Robo para la Corona, de Horacio Verbitsky, Editorial Planeta. <<

[100] Ver https://www.infobae.com/politica/2016/11/04/periotti-no-favoreci-a-baez-ni-me-enriqueci/, https://www.infobae.com/politica/2017/09/12/procesan-a-martin-baez-y-a-ex-funcionarios-de-vialidad-por-el-direccionamiento-de-la-obra-publica-en-santa-cruz/, https://tn.com.ar/politica/uno-uno-quienes-son-los-procesados-junto-cristina-en-la-causa-por-corrupcion-con-obra-publica_762616; ver también el libro Yo acuso. En busca de la verdad y la justicia, de Margarita Stolbizer, con la colaboración de Silvina Martínez, Editorial Margen Izquierdo. <<

[101] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/1929449-la-justicia-allano-el-country-donde-vive-el-millonario-ex-titular-del-occovi, https://www.la.nacion.com.ar/1928032-cartelizacion-la-genesis-de-la-corrupcion-en-la-obra-publica, https://www.lanacion.com.ar/1929158-allanan-aun-eslabon-clave-de-la-obra-publica, https://www.lanacion.com.ar/1932283-investigan-a-un-eslabon-clave-de-la-obra-publica <<

[102] Ver el libro Lavado de dinero y evasión fiscal, por Jaime Mecikovsky, Editorial La Ley. <<

[103] Ver https://www.lanacion.com.ar/1414150-facturas-truchas-de-vido-se-desligo-de-un-asesor, https://www.lanacion.com.ar/1413828-facturas-truchas-surgen-mas-datos-de-un-asesor-de-de-vido y https://www.lanacion.com.ar/1386104-facturas-truchas-surgen-vinculos-con-el-entorno-de-de-vido <<

[104] Ver https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-89306-2007-08-07.xhtml <<

[105] Ver, entre otros, Corruption: costs and mitigating strategies. IMF Discussion Note, Fondo Monetario Internacional, SDN/16/05, mayo de 2016, página 5; The Rationale For Fightin Corruption, CleanGovBiz-OECD, Background Brief (2013); Corrupción en América Latina: un balance, por Lipton, Werner y Gonçalves, FMI Blog, 21/9/2017. <<

[106] Ver https://www.lanacion.com.ar/2137870-lucha-anticorrupcion-en-la-region-muchas-normas-poca-transparencia <<

[107] Copia de la denuncia presentada por la AFIP por presunta asociación ilícita contra Echegaray, Rubén Toninelli y otros ex funcionarios del organismo, en depósito del autor. <<

[108] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/2130174-uruguay-los-extractos-bancarios-de-sabrimol-complican-al-corcho-rodriguez y https://www.lanacion.com.ar/2049975-carlos-dentone-jorge-rodriguez-era-el-que-manejaba-el-dinero y https://www.lanacion.com.ar/2130344-la-justicia-pidio-congelar-en-uruguay-los-bienes-de-jorge-corcho-rodriguez <<

[109] Ver https://www.lanacion.com.ar/1944122-por-no-reinvertir-fondos-la-anses-dejo-de-ganar-unos-1500-millones <<

[110] Ver https://elpais.com/internacional/2018/06/15/actualidad/15290854 19_638872.xhtml <<

[111] Ver https://politica.elpais.com/politica/2018/05/24/actualidad/15271597 60_580229.xhtml <<

[112] Ver http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/denuncia-que-quisieron-sobornarla-con-sentencia-1714644.xhtml y http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/compraventa-de-votos-en-el-senado-1714743.html <<

[113] Ver https://www.clarin.com/opinion/esnestor-millonario-desaparecido_0_Bkhn-Fll7.xhtml <<

[114] Citado en el libro El negocio político de la obra pública, por Luis Gasulla, Editorial Sudamericana, página 141; ver también https://www.infobae.com/politica/2016/08/01/en-su-indagatoria-farina-denuncio-una-ingenieria-de-maximo-y-cristina-kirchner-para-perseguir-empresarios/ <<

[115] Ver https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/tickets-canasta-condenaron-a-tres-anos-de-prision-en-suspenso-al-empresario-miguel-gutierrez-guido-spano/ <<

[116] Ver https://www.rionegro.com.ar/region/caso-loteria-ferrari-se-le-escapo-a-interpol-en-lima-HN4825191 <<

[117] Ver el libro El rekaudador. Ricardo Jaime: la cara de la corrupción en la era kirchnerista, por Omar Lavieri, Editorial Planeta. <<

[118] Pizzorno, citado en el libro El ocaso de la virtud, de José María Simonetti, Editorial Universidad Nacional de Quilmes y Universidad Nacional de La Plata, página 139 y siguientes. <<

[119] Ver el libro El ocaso de la virtud, de José María Simonetti, Editorial Universidad Nacional de Quilmes y Universidad Nacional de La Plata. <<

[120] Ver el libro Las raíces legales de la corrupción. O de cómo el Derecho Público fomenta la corrupción en lugar de combatirla, por Héctor A. Mairal, Ediciones Rap S.A. <<

[121] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/1868491-los-camioneros-de- moyano-protestan-frente-al-banco-central, http://www.ambito.com/827617-por-la-presion-de-moyano-el-bcra-pospone-eliminar-los-resumenes-bancarios, http://www.perfil.com/noticias/economia/el-gobierno-reabre-el-conflicto-por-resumenes-bancarios-con-moyano.phtml y https://www.lanacion.com.ar/2119140-con-cambios-diputados-aprobo-el-megadecreto <<

[122] Ver, entre otros textos de Donatella della Porta, «Los actores de la corrupción: políticos de negocios en Italia», mayo-agosto de 2001, disponible en https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=GAPP&page=article&op=view&path%5B%5D=261&path%5B%5D=261 <<

[123] Ver La corruzione nel sistema político, por Alessandro Pizzorno, editorial Il Mulino. <<

[124] Ver http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/odebrecht-pagou-ate-indio-e-barbudos-da-cut-na-floresta/ y https://jornalivre.com/2017/04/14/delator-diz-que-odebrecht-pagou-propina-ate-para-indios/ <<

[125] Ver https://idl-reporteros.pe/las-offshore-de-odebrecht-y-sus-operadores/ <<

[126] Ver, entre otros, https://www.infobae.com/politica/2018/03/21/la-compra-de-un-reloj-de-125-mil-la-factura-que-hundio-a-un-ex-funcionario-nacional/, https://tn.com.ar/politica/un-exfuncionario-k-se-deschavo-sin-querer-en-un-presunto-soborno-de-un-reloj-de-125-mil_857105, http://www.politicajudicial.com/tag/cristian-daniel-lopez/ <<

[127] Ver el libro Robo para la Corona, de Horacio Verbitsky, Editorial Planeta, página 271. <<

[128] Diez años después, LAN debió pagar una multa de 19,45 millones de dólares en Estados Unidos por el pago de esa coima en la Argentina que admitió el propio Vázquez: https://www.clarin.com/politica/multan-latam-us-millones-jaime_0_Hylt_HB_.xhtml y http://www.perfil.com/politica/el-testaferro-de-jaime-admitio-que-recibio-una-coima-de-lan-para-operar-en-el-pais.phtml. Ver el libro El rekaudador. Ricardo Jaime: la cara de la corrupción en la era kirchnerista, por Omar Lavieri, Editorial Planeta. <<

[129] Ver el libro José Alperovich. El zar tucumano, por Nicolás Balinotti y José Ignacio Sbrocco, Editorial Dunken. <<

[130] Ver, entre otros, http://www.perfil.com/noticias/politica/caso-skanska-la-justicia-investiga-a-un-subsecretario-de-julio-de-vido-20091023-0028.phtml y https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/skanska-cruzan-llamados-telefonos-julio-vido_0_rkzV6rPApKl.xhtml <<

[131] Ver el libro El negocio político de la obra pública, por Luis Gasulla, Editorial Sudamericana. <<

[132] Ver https://www.clarin.com/politica/juez-bonadio-cito-centenar-intendentes-desviar-fondos-debian-ir-tratamiento-basura_0_rJK2YiRkX.xhtml y https://www.lanacion.com.ar/2082013-indagaran-a-casi-un-centenar-de-intendentes-por-el-desvio-de-fondos-para-tratar-residuos <<

[133] Copia de la «Guía de Cumplimiento Normativo. Lucha contra la corrupción», página 34, en depósito del autor. <<

[134] Ver el libro Fuera de la ley. La relación entre IBM y los funcionarios públicos en los contratos informáticos del Estado, por Jesús Rodríguez, Editorial Planeta. <<

[135] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/2059187-cristobal-lopez-en-la-mira-por-petrobras, https://www.lanacion.com.ar/1610792-investigara-brasil-si-cristobal-lopez-pago-coimas-para-comprar-petrobras, https://www.lanacion.com.ar/1611783-el-intermediario-entre-petrobras-y-cristobal-lopez-nego-sobornos, https://www.lanacion.com.ar/1610140-cristobal-lopez-envuelto-en-un-presunto-pago-de-sobornos-por-la-compra-de-petrobras y https://www.lanacion.com.ar/1616406-aparecen-nuevas-sospechas-en-la-operacion-de-compra-de-cristobal-lopez-a-petrobras <<

[136] Ver http://www.perfil.com/noticias/politica/de-vido-quiso-justificar-el-pago-del-barco-pero-le-faltan-us-5-millones-1220-0054.phtml, http://www.perfil.com/noticias/politica/un-intermediario-y-nuevas-pruebas-confirman-fraude-por-us-25-millones-20160423-0084.phtml y http://www.iprofesional.com/notas/224497-de-vido-causa-gas-licuado-planificacion-barco-fantasma-De-Vido-suma-una-nueva-causa-por-el-barco-fantasma-de-GNL <<

[137] Ver el libro Historia económica del Río de la Plata, por Rodolfo Puiggrós, Retórica Ediciones. <<

[138] Copias de los cuadernos en depósito del autor; ver también https://www.lanacion.com.ar/2049537-odebrecht-admitio-millonarias-coimas-por-el-sarmiento y https://www.lanacion.com.ar/2055140-odebrecht-pago-coimas-con-cuentas-del-corcho-rodriguez-durante-la-gestion-de-de-vido <<

[139] Ver, entre otros, https://istoe.com.br/o-fantastico-mundo-dos-doleiros/ <<

[140] Ver, entre otros, https://www.elancasti.com.ar/politica-economia/2016/11/1/nuevos-detalles-circuito-corrupcion-obra-publica-catamarca-315845.xhtml y https://www.lanacion.com.ar/1953288-revelan-un-circuito-de-recaudacion-de-sobornos y https://www.elancasti.com.ar/politica-economia/2018/2/11/para-marcolli-empresarios-aportarn-nada-causa-dusso-361591.html <<

[141] Ver https://www.elancasti.com.ar/politica-economia/2018/5/27/la-camara-de-la-construccion-teme-que-se-paralicen-mas-obras-372331.xhtml y https://www.elancasti.com.ar/politica-economia/2018/5/30/critican-constructoras-por-no-reclamar-hechos-de-corrupcion-372631.html <<

[142] Ver el libro La ciudad indiana, por Juan Agustín García, Editorial Hyspamérica. <<

[143] Ver el libro Robo para la Corona, de Horacio Verbitsky, Editorial Planeta, página 125. <<

[144] Ver, entre otros, https://www.elcohetealaluna.com/tramparencia/ <<

[145] Ver el libro La casa blanca de Peña Nieto. La historia que cimbró un gobierno, por Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán, Editorial Grijalbo. <<

[146] Ver el libro Tratado de auditoría forense. La investigación y prueba de los delitos de cuello blanco, por Raúl Saccani, tomo I, Editorial La Ley. <<

[147] Ver el libro Quilito, por Carlos María Ocantos, Editorial Hyspamerica. <<

[148] El juez federal Claudio Bonadío —el mismo que procesó luego por el «dólar futuro» a la ex Presidenta— desechó aquella denuncia por «inexistencia de delito». Ver el fallo en http://www.cij.gov.ar/nota-4261-Cierran-causa-contra-el-matrimonio-Kirchner-por-compra-de-dos-millones-de-d-lares.xhtml; también ver https://www.lanacion.com.ar/1419304-el-dia-que-kirchner-compro-dos-millones-de-dolares y https://www.lanacion.com.ar/1228622-reconocen-que-kirchner-compro-us-2-millones <<

[149] Ver el libro Catálogo de prácticas corruptas. Corrupción, confianza y democracia, por Ruth Sautu (compiladora), Editorial Lumière. <<

[150] Ver https://www.marval.com/publicacion/caso-terrabusi-leading-case-sobre-insider-trading-5341/ <<

[151] Ver el libro Justicia adicta. Breve historia del Poder Judicial de Tierra del Fuego (1994-2007), por Gabriel Ramonet, Editorial Utopías. <<

[152] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/169680-cavallo-me-convencieron-de-que-no-siga-hablando, https://www.lanacion.com.ar/66266-citado-por-la-servilleta, https://www.pagina12.com.ar/2001/01-02/01-02-26/pag09.htm, https://www.lanacion.com.ar/565228-corach-y-cavallo-sin-servilletas-pendientes <<

[153] Ver http://www.cij.gov.ar/nota-21063-El-juez-Ercolini-proces--con-prisi-n-preventiva-a-Ricardo-Jaime-y-Manuel-V-zquez-por-la-compra-de-trenes-a-Espa-a-y-Portugal.xhtml <<

[154] Ver https://elpais.com/diario/2003/03/25/internacional/1048546827_ 850215.xhtml <<

[155] Ver el libro Pancho Villa, por Friedrich Katz, Ediciones Era. <<

[156] Ver el libro Tratado de auditoría forense. La investigación y prueba de los delitos de cuello blanco, por Raúl Saccani, tomo I, Editorial La Ley. <<

[157] Ver los libros Los próceres y el dinero. Inversiones, estafas y despilfarros de los grandes hombres de la patria, por Mariano Otálora, Editorial Sudamericana, y Bernardino Rivadavia y su negocio minero, por Ricardo Rees Jones, Editorial Perrot. <<

[158] Citado en el libro El águila guerrera, por Pacho O’Donnell, Editorial Sudamericana. <<

[159] Ver el libro The Best System Money Can Buy. Corruption in the European Union, por Carolyn M. Warner, Cornell University Press y https://www.thefreelibrary.com/Emperor+of+the+Air+-+Berlusconi+owns+Italian+politics%2C+but+he+wants…-a059694149 <<

[160] Ver el libro Robo para la Corona, de Horacio Verbitsky, Editorial Planeta, página 330. <<

[161] Ver https://www.lanacion.com.ar/153502-laura-en-los-tribunales y https://www.pagina12.com.ar/2000/00-03/00-03-04/pag14.htm <<

[162] Ver los libros Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina, por Eduardo Basualdo, Universidad Nacional de Quilmes, y Catálogo de prácticas corruptas. Corrupción, confianza y democracia, por Ruth Sautu (compiladora), Editorial Lumière. <<

[163] Ver https://www.lanacion.com.ar/1983017-objetan-en-la-justicia-un-millonario-acuerdo-entre-el-gobierno-y-el-correo <<

[164] Ver https://www.lanacion.com.ar/2126238-la-justicia-proceso-a-un-exfuncionario-de-macri-por-proteger-a-farmacity y https://www.lanacion.com.ar/2129831-la-era-del-conflicto-de-intereses <<

[165] Datos estadísticos de la Oficina Anticorrupción entregados a pedido del autor. <<

[166] Ver el libro Catálogo de prácticas corruptas. Corrupción, confianza y democracia, por Ruth Sautu (compiladora), Editorial Lumière. <<

[167] Ver el libro Catálogo de prácticas corruptas. Corrupción, confianza y democracia, por Ruth Sautu (compiladora), Editorial Lumière. <<

[168] Ver los estudios de Canelo y Castellani en http://www.unsam.edu.ar/institutos/idaes/observatorio-elites-argentinas/informeN1.pdf y http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2017/04/Informe-N2-Observatorio.pdf, citados en el libro La larga marcha de Cambiemos. La construcción silenciosa de un proyecto de poder, por Gabriel Vommaro, Editorial Siglo Veintiuno. <<

[169] Ver https://www.lanacion.com.ar/2153593-la-oa-advirtio-a-los-funcionarios-que-se-fueron-que-deben-evitar-la-puerta-giratoria <<

[170] Ver el libro La Bolsa, por Julián Martel, Ediciones Estrada. <<

[171] Ver https://www.lanacion.com.ar/1928032-cartelizacion-la-genesis-de-la-corrupcion-en-la-obra-publica <<

[172] Citado en el libro El negocio político de la obra pública, por Luis Gasulla, Editorial Sudamericana. <<

[173] Ver, entre otros, https://www.economia.gob.ar/peconomica/basehome/dnpoic/1851_oc_0.pdf, https://ucpypfe.mininterior.gob.ar/PIVNG-1851/AApertura-LPI20-10.pdf, http://www.telam.com.ar/notas/201310/35758-ejecutaran-obras-de-construccion-de-viviendas-y-escuelas-con-una-inversion-de-mas-de-1600-millones.php, https://www.lanacion.com.ar/1634019-el-gobierno-acordo-un-prestamo-por-1700-millones-con-el-bid <<

[174] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/1902011-imputaron-a-julio-de-vido-por-sobreprecios-en-la-construccion-de-obra-publica-en-santiago-del-estero, http://www.visionsantiago.com/la-respuesta-de-panedile-sobre-las-torres-gemelas-nosotros-no-tomamos-las-decisiones-politicas/, http://www.perfil.com/noticias/politica/vinculan-a-de-vido-con-una-constructora-0505-0006.phtml, http://www.telam.com.ar/notas/201605/148670-investigacion-imputacion-de-vido-sobreprecios-obra-publica.xhtml <<

[175] Los resultados de algunos de estos procesos aún pueden consultarse en el sitio web https://ucpypfe.mininterior.gob.ar/index.xhtml <<

[176] Ver, entre otros, http://www.ambito.com/840483-imputan-a-de-vido-por-supuestos-sobreprecios-en-obras-publicas, https://www.cronista.com/economiapolitica/De-Vido-suma-problemas-ahora-lo-imputaron-en-una-causa-por-supuestos-sobreprecios-20160524-0098.xhtml y http://www.perfil.com/noticias/politica/vinculan-a-de-vido-con-una-constructora-0505-0006.phtml <<

[177] Ver http://noticias.perfil.com/2018/05/23/javier-iguacel-rompimos-con-el-club-de-la-camarita-camara-argentina-de-empresas-viales/, http://www.grupopost.com/nota/11919-el-director-de-vialidad-nacional-lapidario-con-hugo-dragonetti-estamos-cansados-en-argentina-de-los-empresarios-mafiosos?p=sj, https://www.diariodecuyo.com.ar/economia/Vialidad-Nacional-contra-Panedile-Estamos-cansados-en-Argentina-de-los-empresarios-mafiosos-20170726-0019.xhtml <<

[178] Ver https://www.lanacion.com.ar/2137030-detienen-en-chubut-a-tres-exministros-de-la-gestion-de-das-neves <<

[179] Ver, entre otros, https://www.adnsur.com.ar/2018/06/musante-aseguro-das-neves-le-exigio-plata/ y http://www.eldiariodemadryn.com/2018/06/operacion-revelacion-musante-brindo-detalles-de-como-pagaba-las-coimas/ <<

[180] Ver https://www.elchubut.com.ar/nota/2018-6-7-23-55-0-el-presunto-intento-de-sobornar-a-los-fiscales-habria-surgido-de-empresarios-de-comodoro-y-un-funcionario <<

[181] Entrevista a Báez por Luis Gasulla en https://www.infobae.com/politica/2016/08/02/lazaro-baez-cristina-me-uso-de-forro/ <<

[182] Consultados, voceros de Mindlin respondieron con un comunicado: «Los socios vimos una gran oportunidad de volver a un negocio que conocíamos. Porque estamos convencidos de que el país necesita crecer y las obras de infraestructura son fundamentales. Y compramos una empresa que tiene un importante valor en sus recursos humanos y varios proyectos importantes en su cartera ya en ejecución. Dada la situación de IECSA, o se vendía a empresarios chinos o se cerraba, dejando a cientos de empleados y profesionales sin trabajo. Además, SACDE potencia los planes de Pampa. Por ejemplo, en el programa de inversión que tenemos este año, de alrededor de 30 mil millones de pesos, SACDE puede tener una participación para desarrollar la obra civil de varios proyectos, sobre todo en la construcción de un gasoducto a Vaca Muerta en Neuquén, y de otros Parques Eólicos que estamos construyendo en la zona de Bahía Blanca en la actualidad. Cuando compramos la empresa, cambiamos el gerenciamiento para iniciar una nueva etapa, luego de un período de transición. No nos podemos hacer cargo de la historia, pero ya dijimos que estamos para colaborar en lo que la Justicia solicite (no somos ni investigadores ni fiscales de lo que pudo haber pasado). Lo que sí hacemos es trabajar con la mayor transparencia en todo lo que hace al futuro. Encararemos cada proyecto con la mayor profesionalidad y competiremos con las mejores armas. En algunos casos ganaremos y en otros perderemos, como ocurrió en el último llamado de licitación de la obra del Salado, por ejemplo». Al preguntarle a esos voceros si se previsionaron fondos (contingency) al adquirir IECSA ante posibles riesgos, respondieron: «Como en todos los contratos que hemos firmado en nuestras empresas hay cláusulas contingentes que reducen el precio en caso de pasivos ocultos o imprevistos. Por razones de confidencialidad no podemos dar más información». <<

[183] Ver, entre otros, Ver el informe «Lavado de activos en la red criminal “Lava Jato”», por Eduardo Salcedo Albarán, Luis Jorge Garay, Guillermo Macías y Diana Santos. Working Paper N.º 27, Fundación Vortex, en http://docs.wixstatic.com/ugd/522e46_b9049d1ff68c41dba6879dd3a4d4cc61.pdf. También, http://m.folha.uol.com.br/poder/2014/11/1548466-empreiteiras-montaram-clube-com-coordenador-e-reunioes-diz-executivo.shtml y http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-11/executivo-relata-clube-de-empreiteiras-para-ganhar-obras-da-petrobras <<

[184] Ver https://www.elheraldo.co/local/la-cartelizacion-empresarial-un-mal-que-se-propaga-por-el-mundo-262377 <<

[185] Ver https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-219588-2013-05-09.xhtml <<

[186] Ver el libro Robo para la Corona, de Horacio Verbitsky, Editorial Planeta, página 57. <<

[187] Ver el libro Yo acuso. En busca de la verdad y la justicia, de Margarita Stolbizer, con la colaboración de Silvina Martínez, Editorial Margen Izquierdo. Ver también https://www.lanacion.com.ar/1588005-lazaro-baez-oculto-perdidas-por-mas-de-250-millones-de-pesos. En tanto, Rabolini aclaró que sacó un crédito por 750.000 dólares en el Banco Provincia, que se tornó incobrable, se pesificó y entró en un fideicomiso, y que canceló en 2005. Ver http://www.perfil.com/noticias/politica/pague-mi-deuda-antes-que-daniel-sea-candidato-20071229-0016.phtml y https://www.lanacion.com.ar/1696110 <<

[188] Ver, entre otros, https://www.elancasti.com.ar/politica-economia/2012/3/ 12/fuertes-indicios-cartelizacion-megalicitacion-viviendas-291250.xhtml y https://www.elancasti.com.ar/politica-economia/2012/3/12/proceso-signado-sospecha-175785.html y https://www.elancasti.com.ar/politica-economia/2012/3/29/fortalece-hipotesis-cartelizacion-vivienda-177169.html y https://www.elancasti.com.ar/opinion/2012/3/12/vigencia-cartelizacion-175858.html <<

[189] Ver https://www.lanacion.com.ar/1974395-denuncian-sobreprecios-pero-sigue-el-plan-de-netbooks <<

[190] Ver https://www.lanacion.com.ar/1757512-una-licitacion-en-la-que-diez-empresas-ofertaron-igual-precio y http: //www.eliminandovariables.com/2014/04/la-cartelizacion-de-conectar-igualdad.xhtml <<

[191] Ver el libro Contra la corrupción. Confesiones de la mujer que enfrentó al poder en la Argentina, por Graciela Ocaña, Editorial Planeta. <<

[192] Ver, entre otros, http://www.perfil.com/noticias/politica/no-va-mas-frenan-una-licitacion-de-loteria-a-medida-de-cristobal-lopez-20090825-0006.phtml, https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/justicia-frena-licitacion-loteria-beneficiaba-cristobal-lopez_0_BJkG4lY0TKe.xhtml, https://www.lanacion.com.ar/1250400-frenan-una-licitacion-multimillonaria-del-juego y https://www.lanacion.com.ar/1469900-reves-judicial-para-cristobal-lopez-por-el-juego-online <<

[193] Ver el libro La Corporación, de Gustavo Soriani, Editorial Planeta, citado en el libro Fuera de la ley. La relación entre IBM y los funcionarios públicos en los contratos informáticos del Estado, por Jesús Rodríguez, Editorial Planeta. <<

[194] Ver https://www.lanacion.com.ar/2116470-solo-un-13-de-las-compras-que-hace-el-estado-son-por-licitacion-publica <<

[195] Ver, entre otros, https://www.cronista.com/economiapolitica/Bergman-en-la-mira-la-Justicia-pidio-investigar-contrataciones-en-Ambiente-20170213-0081.xhtml <<

[196] Ver el libro Fuera de la ley. La relación entre IBM y los funcionarios públicos en los contratos informáticos del Estado, por Jesús Rodríguez, Editorial Planeta. <<

[197] Ver el dictamen del fiscal Carlos Stornelli en http://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2017/11/Dictamen-de-la-fiscalía-.pdf <<

[198] Ver el informe de la Auditoría General de la Nación en https://www.agn.gov.ar/files/informes/2013_254info.pdf <<

[199] Ver los libros El club K de la obra pública. Skanska. Un caso, por Pablo Abiad, Editorial Planeta, y Tratado de auditoría forense. La investigación y prueba de los delitos de cuello blanco, por Raúl Saccani, tomo II, Editorial La Ley. También https://www.lanacion.com.ar/910043-las-lineas-de-investigacion-que-abren-las-cintas, https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-85269-2007-05-20.xhtml, http://www.lanueva.com/nota/2007-5-19-9-0-0--sigue-siendo-entre-privados, http://www.perfil.com/noticias/politica/un-tal-zabaleta-el-eslabon-de-las-coimas-de-techint.phtml y https://www.infobae.com/2007/05/19/317255-la-valijita-del-escandalo-coimas-skanska-techint/ <<

[200] Copias de los cuadernos en depósito del auto; ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/2159334-los-cuadernos-de-las-coimas-las-visitas-de-baratta-a-los-subsuelos-de-techint, http://www.perfil.com/noticias/politica/los-cuadernos-completan-la-ruta-de-las-coimas-de-techint.phtml y https://www.infobae.com/fotos/2018/08/04/el-cuaderno-completo-que-describe-los-viajes-entre-el-grupo-techint-y-el-departamento-de-los-kirchner/ <<

[201] Ver el libro El Club K de la Obra Pública. Skanska. Un caso, por Pablo Abiad, Editorial Planeta. <<

[202] Ver el libro Robo para la Corona, por Horacio Verbitsky, Editorial Planeta, página 318. <<

[203] Copias de los cuadernos en depósito del auto; ver https://www.lanacion.com.ar/2158864-los-cuadernos-de-las-coimas-a-mano-alzada-los-vinculos-con-empresarios-que-registro-centeno <<

[204] Ver https://www.lanacion.com.ar/2025917-derivan-mas-de-1000-millones-de-aysa-para-beneficiar-a-odebrecht, https://www.clarin.com/politica/odebrecht-ahora-investigan-cartelizacion-obras-aysa_0_ry11Y9Sm-.xhtml y https://www.lanacion.com.ar/2132567-procesan-a-exfuncionarios-y-a-grandes-empresarios y https://www.cronista.com/impresageneral/AySA-ya-eligio-ganadores-para-planta-potabilizadora-y-de-tratamiento-cloacal-20080902-0067.html. Copia del dictamen que la Oficina Anticorrupción presentó ante la Justicia en el que consta el costo de la obra de Aysa, en depósito del autor. <<

[205] Ver el prólogo de Rogelio García Lupo al libro Fuera de la ley. La relación entre IBM y los funcionarios públicos en los contratos informáticos del Estado, por Jesús Rodríguez, Editorial Planeta. <<

[206] Ver el libro Catálogo de prácticas corruptas. Corrupción, confianza y democracia, por Ruth Sautu (compiladora), Editorial Lumière. <<

[207] Ver los libros The Best System Money Can Buy. Corruption in the European Union, por Carolyn M. Warner, Cornell University Press, y Las islas del tesoro. Los paraísos fiscales y los hombres que se robaron el mundo, por Nicholas Shaxson, Fondo de Cultura Económica. <<

[208] Ver, entre otros, un dictamen de los fiscales y una resolución posterior del juez Sergio Moro en http://jud-anexos.digesto.com.br/c45379fc0b96a2c06ff60a5fdd05f112.pdf <<

[209] Ver http://www.perfil.com/noticias/politica/techint-pago-coimas-y-manejo-millones-en-negro-segun-la-justicia-italiana.phtml <<

[210] Ver http://www.perfil.com/noticias/politica/un-tal-zabaleta-el-eslabon-de-las-coimas-de-techint.phtml <<

[211] Tras un año y tres meses en prisión, Pinheiro fue liberado por un tribunal de segunda instancia por razones de salud: a los 78 años, padecía un cáncer de piel: https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/ex-presidente-da-eletronuclear-e-solto-por-decisao-da-justica-federal.ghtml <<

[212] Ver http://www.valor.com.br/politica/5377671/empreiteiras-tentam-evitar-inidoneidade. Consultada la empresa Techint, voceros precisaron que «el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) notificó oficialmente el 30 de marzo de 2017 la decisión de inidoneidad, inhabilitando a las empresas participantes del consorcio Angramon (Angra 3) para participar en licitaciones públicas federales por 5 años. La sanción se fundamentó por supuesta ocurrencia de prácticas anticompetitivas en la licitación de las obras de la planta Angra 3 (Techint, tenía solo una séptima parte del contrato, en una obra que tuvo un avance inferior al 10% dada la falta de fondos de la empresa contratante y que fue rescindida por falta de pago del cliente). Techint Engenharia e Construção presentó recurso de apelación ante el TCU y la medida está hoy en suspenso a la espera de resolución definitiva. La empresa confía que la decisión será revertida, la licitación fue completamente auditada por el TCU en todas sus etapas. La empresa defenderá su posición en todas las instancias que correspondan». <<

[213] Ver la investigación «La caída del Pata Medina puso en evidencia cómo opera la corrupción sindical», por Emilia Delfino, en http://chequeado.com/investigaciones/la-caida-del-pata-medina-puso-en-evidencia-como-opera-la-corrupcion-sindical/ <<

[214] Ver http://www.perfil.com/noticias/politica/no-se-si-hugo-moyano-puede-ir-preso-el-tiene-el-poder-de-paralizar-el-pais.phtml y http://www.perfil.com/noticias/politica/el-gremialista-habla-por-primera-vez-desde-que-fue-detenido.phtml <<

[215] Ver http://www.perfil.com/politica/para-blanquear-los-medina-cobraban-sueldos-en-odebrecht-y-otras-empresas.phtml <<

[216] Ver, entre otros, http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2017/04/odebrecht-teria-pago-propina-ate-para-indios-policiais-e-centrais-sindicais.xhtml y https://jornalivre.com/2017/04/17/delator-da-odebrecht-conta-que-pagou-propina-para-a-cut/ <<

[217] Ver http://www.perfil.com/noticias/politica/no-se-si-hugo-moyano-puede-ir-preso-el-tiene-el-poder-de-paralizar-el-pais.phtml y http://www.perfil.com/noticias/politica/el-gremialista-habla-por-primera-vez-desde-que-fue-detenido.phtml <<

[218] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/2100340-surgen-nexos-entre-el-dos-de-balcedo-y-un-cartel-narco-paraguayo y http://www.perfil.com/noticias/politica/vinculan-a-balcedo-con-la-banda-narco-rosarina-los-monos.phtml y https://www.clarin.com/politica/vinculos-narcos-monos-declara-mano-derecha-sindicalista-marcelo-balcedo_0_SJGdA_6tz.xhtml <<

[219] Ver https://www.lanacion.com.ar/2106449-el-contraste-de-los-cuatro-sindicalismos-de-la-argentina-vip-gasolero-tumbero-y-narco <<

[220] Ver http://www.perfil.com/noticias/politica/no-se-si-hugo-moyano-puede-ir-preso-el-tiene-el-poder-de-paralizar-el-pais.phtml y http://www.perfil.com/noticias/politica/el-gremialista-habla-por-primera-vez-desde-que-fue-detenido.phtml <<

[221] Ver, entre otros, https://www.fiscales.gob.ar/criminalidad-economica/denuncian-a-oca-s-r-l-y-otras-sociedades-y-personas-fisicas-por-posible-lavado-de-activos-y-evasion-tributaria/, https://www.clarin.com/politica/gobierno-encamina-quitarle-licencia-oca-deudas-impositivas_0_B1caIaPnz.xhtml y https://www.clarin.com/politica/exclusivo-video-hugo-moyano-dia-tomo-oca-fuerza-echo-dueno-empresa_0_r1UImcw2f.html <<

[222] Ver, entre otros, los libros La Doce. La verdadera historia de la barra brava de Boca, de Gustavo Grabia, Editorial Sudamericana; Barrabravas para todos, de Juan Manuel Lugones, Editorial Reporter; Todo pasa. Fútbol, negocios y política de Vida a los Kirchner, de Hernán Castillo, Editorial Aguilar; Pasó de todo. Cómo la AFA, la FIFA y los Gobiernos se adueñaron de la pelota, de Alejandro Casar González, Editorial Planeta, y El Tano. Quién es Angelici, por Ignacio Damiani y Julián Maradeo, Ediciones B. <<

[223] Ver el libro Los hijos del narco. Narcotráfico, poder, violencia y muerte en Entre Ríos, por Daniel Enz. <<

[224] Ver el libro La encrucijada argentina: república o país mafioso, por Carlos Gabetta, Editorial Planeta. <<

[225] Ver https://www.lanacion.com.ar/2153095-la-flota-de-autos-de-lujo-que-une-a-la-justicia-con-funcionarios-politicos <<

[226] Ver el libro Contra la corrupción. Confesiones de la mujer que enfrentó al poder en la Argentina, por Graciela Ocaña, Editorial Planeta. <<

[227] Ver el libro Acá no pasa nada. La corrupción del sistema judicial argentino contada desde adentro, por Mariano Bergés y Adriana Galafassi, Editorial Bärenhaus. <<

[228] Ver https://www.lanacion.com.ar/2152832-operativo-de-gendarmeria-en-el-sindicato-de-comercio-por-los-afiliados-muertos-detectados-en-el-padron y http://www.perfil.com/noticias/politica/la-justicia-investiga-si-cavalieri-contrato-a-barrabravas-de-boca-para-la-eleccion.phtml <<

[229] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/2098507-la-justicia-investiga-millonarios-movimientos-de-fondos-del-sindicalista-victor-santa-maria, https://www.clarin.com/politica/descubren-santa-maria-us-millones-suiza_0_r15BA2AQM.xhtml, http://www.telam.com.ar/notas/201801/238395-victor-santa-maria-cuenta-suiza-lavado-de-dinero-pagina-12.html y http://www.perfil.com/noticias/politica/investigan-a-santa-maria-por-presuntas-operaciones-que-habria-hecho-con-empresarios.phtml <<

[230] Ver el libro El intocable. La historia secreta de Lorenzo Miguel, el último mandamás de la Argentina, por Ricardo Carpena y Claudio Jacquelin. <<

[231] Ver el libro Contra la corrupción. Confesiones de la mujer que enfrentó al poder en la Argentina, por Graciela Ocaña, Editorial Planeta. <<

[232] Ver el libro Negro contra blanco. Luis D’Elía y el recurso del odio, por Gerardo Young, Editorial Planeta. <<

[233] Ver https://www.mdzol.com/nota/477580-jaime-los-fajos-de-billetes-y-la-furia-en-un-aeropuerto/ <<

[234] Ver el libro El rekaudador. Ricardo Jaime: la cara de la corrupción en la era kirchnerista, por Omar Lavieri, Editorial Planeta. <<

[235] Ver https://www.lanacion.com.ar/1515102-vandenbroele-compro-us-12-millon-en-efectivo <<

[236] Ver el libro Fuera de la ley. La relación entre IBM y los funcionarios públicos en los contratos informáticos del Estado, por Jesús Rodríguez, Editorial Planeta. <<

[237] Ver https://www.lanacion.com.ar/2158864-los-cuadernos-de-las-coimas-a-mano-alzada-los-vinculos-con-empresarios-que-registro-centeno <<

[238] Ver https://www.lanacion.com.ar/2159306-un-empresario-se-convirtio-en-arrepentido-y-confeso-sobornos <<

[239] Ver el libro La ganancia económica del delito, por Roberto Durrieu Figueroa, Editorial Marcial Pons. <<

[240] Ver el libro Robo para la Corona, de Horacio Verbitsky, Editorial Planeta, página 103. En una entrevista que concedió en 2002, la jueza Servini ofreció una autocrítica de su labor en ese expediente. Reconoció «desprolijidades procesales» y afirmó que se dejó «estar en la parte formal» y que por eso recibió sanciones, pero adujo que se debió a una suerte de «conspiración» de los empleados que heredó cuando asumió al frente de su Juzgado. Ver https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-94-2002-03-01.xhtml <<

[241] Ver https://www.lanacion.com.ar/1947318-un-juicio-deja-al-desnudo-la-corrupcion-en-espana y https://politica.elpais.com/politica/2018/05/24/actualidad/1527159760_580229.xhtml <<

[242] Ver https://politica.elpais.com/politica/2016/11/25/actualidad/14800712 70_515070.xhtml y https://istoe.com.br/o-fantastico-mundo-dos-doleiros/ y http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/parte-del-lavado-de-dinero-del-lava-jato-se-hizo-en-paraguay-1693493.html <<

[243] Copias de los cuadernos en depósito del auto; ver https://www.lanacion.com.ar/2158493-historias-secretas-que-dicen-las-anotaciones-del-chofer-de-baratta <<

[244] Ver http://www.valor.com.br/politica/5488049/palocci-relata-em-delacao-entrega-de-pacotes-de-dinheiro-vivo-lula <<

[245] Ver https://www.lanacion.com.ar/2140236-delia-ferreira-rubio-hay-profesionales-entrenados-para-llevar-adelante-la-corrupcion/amp/2140236?__twitter_impression=true <<

[246] Ver https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/05/propina-da-odebrecht-ate-r-500-mil-era-entregue-em-mochilas-acima-disso-em-hoteis.shtml?utm_source=folha&utm_medium=site&utm_campaign=topicos?cmpid=topicos <<

[247] Ver https://www.lanacion.com.ar/1913512-asi-encontraron-los-policias-a-jose-lopez-en-el-monasterio <<

[248] Ver https://elpais.com/economia/2016/07/13/actualidad/1468438632_ 025375.xhtml <<

[249] Ver las más de 300 notas sobre «Panamá Papers», por ejemplo, agrupadas en https://www.lanacion.com.ar/panama-papers-t56182; también ver los libros Panama Papers. El club mundial de los evasores de impuestos, por Frederik Obermaier y Bastian Obermayer, Editorial Planeta, y ArgenPapers. Los secretos de la Argentina offshore en los Panama Papers, por Santiago O’Donnell y Tomás Lukin, Editorial Sudamericana. <<

[250] Ver https://www.lanacion.com.ar/2149099-los-clientes-argentinos-blanquearon-3100-millones-por-los-panama-papers <<

[251] Ver, entre otros, https://elpais.com/internacional/2018/02/15/actualidad/1518719582_422089.xhtml y https://www.lmneuquen.com/denuncian-que-sapag-quiso-ingresar-5-millones-dolares-un-banco-andorra-n581325 y https://www.clarin.com/politica/neuquen-investigan-ex-gobernador-sapag-cuentas-andorra_0_B1divFOwG.html <<

[252] Ver el libro El rekaudador. Ricardo Jaime: la cara de la corrupción en la era kirchnerista, por Omar Lavieri, Editorial Planeta. <<

[253] Ver https://cincodias.elpais.com/cincodias/2006/12/19/empresas/1166 539186_850215.xhtml y https://www.lanacion.com.ar/868198-decomisan-500000-euros-a-tres-ejecutivos-del-barco-casino <<

[254] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/1885818-cristobal-lopez-dolares-panama-papers y https://www.lanacion.com.ar/1886114-el-presidente-de-hipodromos-de-palermo-nego-ser-el-verdadero-dueno-de-val-de-loire y https://www.lanacion.com.ar/2095154-estados-unidos-investiga-a-una-offshore-vinculada-al-negocio-del-juego y https://www.lanacion.com.ar/2146643-cierran-val-de-loire-la-extrana-offshore-investigada-por-lavado <<

[255] Ver https://www.lanacion.com.ar/1890675-panama-papers-aparecen-grandes-empresarios-locales <<

[256] Ver, entre otros, https://elpais.com/internacional/2018/02/15/actualidad/1518719582_422089.xhtml y https://elpais.com/internacional/2018/02/19/argentina/1519057589_433980.html <<

[257] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/2108362-caputo-fue-accionista-de-fondos-offshore y https://www.lanacion.com.ar/2115925-noctua-reconocio-en-estados-unidos-que-el-ministro-caputo-era-su-dueno y http://www.elmundo.es/internacional/2016/04/16/57116f5ee5fdeac5298b4575.xhtml <<

[258] Ver https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/154840/20161130 y http://chequeado.com/hilando-fino/el-blanqueo-y-los-familiares-que-permite-el-decreto-de-macri-y-que-las-leyes-de-2008-y-2013/ y https://www.clarin.com/politica/justicia-confirmo-familiares-funcionarios-pueden-sumarse-blanqueo_0_rytecvKjl.xhtml <<

[259] Ver https://www.pagina12.com.ar/59215-gianfrancamente-hablando y https://www.elcohetealaluna.com/tramparencia/ y https://www.lanacion.com.ar/2145755-panama-papers-un-hermano-de-macri-blanqueo-ante-la-afip-63-millones-tras-la-difusion-de-panama-papers <<

[260] Ver https://www.lanacion.com.ar/1966903-panama-papers-alemania-reporto-a-dos-hermanos-de-mauricio-macri y https://www.lanacion.com.ar/1967938-extrana-operacion-de-los-hermanos-de-macri-a-dias-de-las-elecciones <<

[261] Solo por delante de los clientes argentinos con cuentas en el HSBC en Suiza aparecieron los propios suizos, los franceses, británicos, brasileños, italianos e israelíes, Ver https://www.lanacion.com.ar/1767021-la-argentina-el-septimo-pais-con-mas-clientes-entre-las-cuentas-secretas-en-suiza y https://www.lanacion.com.ar/1769063-el-hsbc-ofrecia-un-amplio-menu-para-que-sus-clientes-abrieran-sin-problemas-cuentas-en-suiza <<

[262] Ver el libro Morgan Papers. Confesiones de un empleado infiel, por Ignacio Chausis y Leandro Renou, por Editorial Marea. <<

[263] Ver el libro Morgan Papers. Confesiones de un empleado infiel, por Ignacio Chausis y Leandro Renou, por Ediorial Marea. <<

[264] Ver https://www.lanacion.com.ar/1918534-en-las-cajas-de-seguridad-de-florencia-kirchner-habia-mas-de-4-millones-de-dolares <<

[265] Ver https://www.lacapital.com.ar/policiales/incautan-casi-un-millon-pesos-una-pared-y-detienen-ocho-integrantes-una-banda-narco-n1596290.xhtml <<

[266] Ver https://www.infobae.com/politica/2018/07/29/annelise-robins-la-colaboradora-de-extrema-confianza-de-macri-que-administra-fondos-en-el-pro/ <<

[267] Ver, entre otros, http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/08/espana/1299577708.xhtml, http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/España/20110309/roban/15/millones/euros/monasterio/monjas/clausura/EA4FE91F-9E36-F0A2-BC3025A73C6A5D20, https://elpais.com/diario/2011/03/13/espana/1299970810_850215.html y http://www.publico.es/sociedad/robo-cientos-miles-euros-convento.html <<

[268] Ver http://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article198826194.xhtml <<

[269] Ver el libro Los próceres y el dinero. Inversiones, estafas y despilfarros de los grandes hombres de la patria, por Mariano Otálora, Editorial Sudamericana. <<

[270] Ver el libro Los próceres y el dinero. Inversiones, estafas y despilfarros de los grandes hombres de la patria, por Mariano Otálora, Editorial Sudamericana. <<

[271] Ver https://www.infobae.com/cultura/2018/06/18/los-tapados-de-facundo-quiroga-la-historia-detras-del-tesoro-enterrado-en-la-rioja/ <<

[272] Ver el libro Los próceres y el dinero. Inversiones, estafas y despilfarros de los grandes hombres de la patria, por Mariano Otálora, Editorial Sudamericana. <<

[273] Ver el libro Los hijos del narco. Narcotráfico, poder, violencia y muerte en Entre Ríos, por Daniel Enz. <<

[274] Ver https://www.infobae.com/politica/2018/05/30/una-guerra-entre-hermanos-un-faltante-de-206-millones-y-el-sueno-de-los-lingotes-de-oro/ <<

[275] Ver el libro Doble Comando. La verdadera historia de Roberto Quieto. Secuestrado por los militares y acusado de traición por los montoneros, por Alejandra Vignollés, Editorial Sudamericana. <<

[276] Copias de los cuadernos en depósito del auto; ver https://www.lanacion.com.ar/2158276-todo-lo-que-hay-que-saber-sobre-los-cuadernos-de-las-coimas <<

[277] Copias de los cuadernos en depósito del auto; ver https://www.lanacion.com.ar/2158493-historias-secretas-que-dicen-las-anotaciones-del-chofer-de-baratta <<

[278] Ver Los Monos. Historia de la familia narco que transformó a Rosario en un infierno, por Germán de los Santos y Hernán Lascano. <<

[279] Ver http://www.el-nacional.com/noticias/mundo/decomisaron-paraguay-toneladas-billetes-venezolanos_80862 <<

[280] Ver el libro Narcosur. La sombra del narcotráfico mexicano en la Argentina, por Cecilia González, Editorial Marea; también, https://elpais.com/internacional/2016/10/27/actualidad/1477524318_940164.xhtml <<

[281] Ver https://www.lanacion.com.ar/1941258-salen-a-la-luz-nuevos-aportes-polemicos-de-la-ultima-campana <<

[282] Copias de los cuadernos en depósito del auto; ver https://www.lanacion.com.ar/2159278-los-ultimos-meses-de-kirchner-obsesion-y-recaudacion-record <<

[283] Ver https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2018/02/20/los-enigmas-de-los-grandes-robos-a-los-bancos-y-el-misterio-de-los-150-millones-de-dolares-que-permanecen-ocultos/ <<

[284] Ver https://www.lanacion.com.ar/2158493-historias-secretas-que-dicen-las-anotaciones-del-chofer-de-baratta <<

[285] El Código Civil establece en su artículo 953 que «el objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio, o que por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de algún acto jurídico, o hechos que no sean imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes, o que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia, o que perjudiquen los derechos de un tercero. Los actos jurídicos que no sean conformes a esta disposición son nulos como si no tuviesen objeto». <<

[286] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/1948047-embargos-por-240-millones-en-una-megaestafa-con-inmuebles, https://www.lacapital.com.ar/policiales/los-lazos-imputados-estafas-la-escena-local-del-narcotrafico-n1268953.xhtml y http://zonacriticaonline.com/megacausa-como-defraudaba-y-lavaba-dinero-la-banda-de-guantes-blancos/ <<

[287] Ver el libro Doble vida. La historia oculta de Francisco «Paco» Capózzolo, por Daniel Enz. <<

[288] Ver, entre otros, http://www.perfil.com/noticias/politica/otra-sucesion-que-destapo-la-historia-de-testaferros-y-pagos-en-negro-de-la-uom.phtml <<

[289] Ver http://www.perfil.com/politica/la-hija-del-momo-venegas-rompe-el-silencio-los-testaferros-se-quedaron-con-mi-plata.phtml <<

[290] Ver https://www.lanacion.com.ar/2158276-todo-lo-que-hay-que-saber-sobre-los-cuadernos-de-las-coimas y https://www.lanacion.com.ar/2072630-denuncian-al-contador-de-los-kirchner-por-intentar-ocultar-60-millones <<

[291] Informe de la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad de la Nación. Ver https://www.lanacion.com.ar/2120072-el-mercado-narco-moviliza-mas-de-22000-millones-al-ano-en-la-argentina; también ver «Comentario al primer fallo sobre lavado de dinero dictado en la Argentina», por Silvia Alonso, en la Revista de Derecho Penal. Derecho Penal Económico, Editorial Rubinzal Culzoni, 2011-1. <<

[292] Ver el libro La ganancia económica del delito, por Roberto Durrieu Figueroa, Editorial Marcial Pons. <<

[293] Ver https://www.lanacion.com.ar/1940871-la-joyeria-del-poder-una-atraccion-de-oscuro-pasado-para-politicos-y-jueces y https://www.lanacion.com.ar/2045263-allanaron-simonetta-orsini-la-joyeria-de-politicos-jueces-y-empresarios <<

[294] Ver https://www.lanacion.com.ar/1593071-tapa-investigan-un-millonario-fraude-en-el-gremio-de-antonio-calo, https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_de_gestion_2016_ultima_version_on_line_3_0_0.pdf y https://www.lanacion.com.ar/1827552-calo-mas-complicado-en-la-causa-por-lavado-que-salpica-a-la-cupula-de-la-uom <<

[295] Ver http://www.lt10.com.ar/noticia/149930--Imputaron-a-Antonio-Caló-por-lavado-de-dinero-y-defraudación- <<

[296] Ver http://www.cipce.org.ar/articulo/lavado-cuantos-bienes-se-han-recuperado <<

[297] Ver https://www.lanacion.com.ar/1921578-el-estado-solo-recupero-25-millones-del-lavado-de-dinero <<

[298] Ver, entre otros, múltiples informes de la Auditoría General de la Nación y el libro La Argentina auditada. El Estado nacional bajo la lupa del presidente de la Auditoría General de la Nación, por Leandro Despouy, Editorial Sudamericana. <<

[299] Entrevista del autor con Edgardo Buscaglia, junio de 2018; ver también https://www.lanacion.com.ar/1957249-un-pacto-de-impunidad <<

[300] Ver el libro Narcolandia. Por qué Argentina se convirtió en el paraíso de los traficantes colombianos, de Virginia Messi y Juan Manuel Bordón, de Editorial Sudamericana, y http://cosecharoja.org/virginia-messi-el-narco-excede-al-partido-que-gobierna/ <<

[301] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/1401239-la-argentina-escala-logistica-del-lavado y https://www.lanacion.com.ar/1953580-empresas-fantasma-para-comprar-bienes-con-el-dinero-sucio <<

[302] Ver, entre otros, http://www.eluniversal.com.co/cartagena/deportes/investigan-dinero-del-narcotrafico-en-independiente-santa-fe, https://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-228079-el-expediente-enreda-santa-fe, https://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-228293-dineros-ilicitos-ingresaron-santa-fe-hace-ocho-anos y https://www.lanacion.com.ar/1273951-futbol-y-lavado-de-dinero <<

[303] Ver https://www.lanacion.com.ar/2141169-operacion-strawberry-el-decomiso-de-cocaina-que-termino-en-escandalo <<

[304] Ver el libro El poder narco. Drogas, inseguridad y violencia en la Argentina, por Eugenio Burzaco y Sergio Berensztein, Editorial Sudamericana. <<

[305] Ver https://www.lanacion.com.ar/2140413-las-grietas-de-la-politica-por-donde-se-filtra-el-narcotrafico <<

[306] Ver el libro Narcosur. La sombra del narcotráfico mexicano en la Argentina, por Cecilia González, Editorial Marea. <<

[307] Ver, entre otros, http://www.lavoz.com.ar/noticias/sucesos/especialista-mejicano-afirma-que-argentina-hay-inversiones-chapo-guzman, http://www.perfil.com/noticias/internacional/los-vinculos-del-chapo-guzman-con-la-argentina-20150714-0030.phtml, https://www.proceso.com.mx/270867/argentina-nuevo-dominio-de-c2-93el-chapo-c2-94 <<

[308] Ver https://www.lanacion.com.ar/2152501-triple-frontera-congelan-bienes-de-una-organizacion-vinculada-a-hezbollah <<

[309] Ver https://www.infobae.com/2009/11/11/483587-quien-compro-el-lujoso-petit-hotel-maria-julia-alsogaray/ <<

[310] Ver el libro Fuera de la ley. La relación entre IBM y los funcionarios públicos en los contratos informáticos del Estado, por Jesús Rodríguez, Editorial Planeta. <<

[311] Ver https://www.infobae.com/politica/2017/08/22/casacion-revisara-la-condena-a-carlos-menem-por-trafico-de-armas/ <<

[312] Ver Empresario y dictador. Los negocios de Porfirio Díaz, por Jorge H. Jiménez, editorial RM. <<

[313] Ver https://www.lanacion.com.ar/2102252-carlos-quintana-quieren-saber-de-donde-saque-la-plata-en-1996-gane-el-loto <<

[314] Ver, entre otros, https://tn.com.ar/politica/quien-es-javier-fernandez_268364 y https://www.lanacion.com.ar/1502846-el-funcionario-k-que-segun-lanata-aprieta-a-los-jueces <<

[315] Ver los artículos publicados en el diario La Nación a partir de diciembre de 2013 junto a la corresponsal en Santa Cruz, Mariela Arias, tras una investigación que insumió cuatro años. Entre otros, https://www.lanacion.com.ar/1647938-en-secreto-baez-le-aseguro-millonarios-ingresos-a-kirchner y https://www.lanacion.com.ar/1648073-baez-pago-a-los-kirchner-un-millonario-alquiler-en-el-sur y https://www.lanacion.com.ar/1648473-baez-alquilo-los-tres-hoteles-de-los-kirchner-por-145-millones y https://www.lanacion.com.ar/1649133-el-gobierno-protegio-a-hotesur-una-sociedad-anonima-de-los-kirchner y https://www.lanacion.com.ar/1650054-en-los-ultimos-diez-anos-lazaro-baez-compro-263200-hectareas-en-santa-cruz y https://www.lanacion.com.ar/1649957-la-gigantesca-operatoria-de-los-negocios-baez-kirchner y https://www.lanacion.com.ar/1651006-baez-pago-a-los-kirchner-4-millones-por-nueve-propiedades y https://www.lanacion.com.ar/1651528-baez-les-alquilo-inmuebles-a-los-kirchner-por-700000-al-ano y https://www.lanacion.com.ar/1745703-una-firma-clave-en-una-trama-millonaria y https://www.lanacion.com.ar/1983947-baez-aporto-mas-del-50-de-lo-facturado-por-un-hotel-de-los-kirchner y https://www.lanacion.com.ar/2121274-procesan-a-baez-por-evadir-en-su-relacion-con-los-kirchner y https://www.lanacion.com.ar/2010763-la-contratacion-de-las-habitaciones-sin-pruebas <<

[316] Ver el libro The Puppet Master. Hoy the corrupt use legal structures to hide stolen assets and what to do about it, por Emile van der Does de Willebois y otros, Banco Mundial y UNODC. <<

[317] Ver el libro Los hijos del narco. Narcotráfico, poder, violencia y muerte en Entre Ríos, por Daniel Enz; también, https://www.pagina12.com.ar/2001/ 01-02/01-02-16/pag06.htm, http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php? ed=748&di=1&no=56721, https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/dos-hermanos-muy-controvertidos-lideran-el-directorio-la-empresa-monticas-n1347189.xhtml, http://www.laprensa.com.ar/276652-Investiga-el-Congreso-una-firma-de-omnibus.note.aspx, y http://misionesonline.net/2001/02/17/piden-que-se-investigue-a-la-empresa-crucero-del-norte-en-la-ruta-del-lavado-de-dinero/ <<

[318] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/1683997-rechazan-la-version-oficial-sobre-la-venta-de-la-ex-ciccone y https://www.lanacion.com.ar/1506999-ciccone-vandenbroele-cobro-30-millones-de-una-financiera-encubierta y https://www.lanacion.com.ar/1765000-uruguay-pide-la-captura-de-vandenbroele-por-lavado-de-dinero <<

[319] Ver https://www.lanacion.com.ar/1280380-vinculan-a-jaime-con-otro-lujoso-departamento, https://www.lanacion.com.ar/1280732-jaime-una-bulgara-dice-ser-la-duena-del-semipiso-de-figueroa-alcorta y https://www.lanacion.com.ar/1275499-allanan-otra-propiedad-atribuida-al-ex-secretario-de-transporte, https://www.lanacion.com.ar/2141358-ordenan-la-captura-de-una-bulgara-por-ser-presunta-testaferro-de-jaime, ver también el libro El rekaudador. Ricardo Jaime: la cara de la corrupción en la era kirchnerista, por Omar Lavieri, Editorial Planeta. <<

[320] Ver https://www.lanacion.com.ar/2140413-las-grietas-de-la-politica-por-donde-se-filtra-el-narcotrafico <<

[321] Ver https://istoe.com.br/o-fantastico-mundo-dos-doleiros/ <<

[322] Ver https://armando.info/Reportajes/DemoPublico/2416?utm_campaign =website&utm_source=newsletter&utm_medium=email <<

[323] Ver Los Monos. Historia de la familia narco que transformó a Rosario en un infierno, por Germán de los Santos y Hernán Lascano. <<

[324] Ver el libro Técnicas de investigación del lavado de activos. Persecución del lavado de activos desde el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, por Hernán Blanco, Fondo Editorial de Derecho y Economía. <<

[325] Ver, entre otros, https://as.com/futbol/2011/02/18/mas_futbol/12980140 51_850215.xhtml y https://hemeroteca.proceso.com.mx/?p=321511 <<

[326] Ver Los Monos. Historia de la familia narco que transformó a Rosario en un infierno, por Germán de los Santos y Hernán Lascano; https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2018/04/09/hoy-se-conocera-el-veredicto-del-juicio-contra-los-monos/ <<

[327] Ver el libro El negocio político de la obra pública, por Luis Gasulla, Editorial Sudamericana; también https://www.lanacion.com.ar/1583673-como-les-fue-a-los-jugadores-de-racing-que-habria-comprado-nestor-kirchner y http://www.elmundo.es/america/2013/05/20/argentina/1369041145.xhtml <<

[328] Ver https://www.adnsur.com.ar/2018/07/das-neves-encuentran-documentos-vinculados-compra-jugadores/ y https://www.adnsur.com.ar/2018/07/remiten-oficio-canicoba-corral-presunto-lavado-mediante-compra-jugadores/, y http://www.eldiariodemadryn.com/2018/07/la-familia-das-neves-bajo-sospecha-de-lavado/ <<

[329] Ver, entre otros, el expediente «Interplayers S.A. s/ Quiebra», (expediente número 3857/2006), Juzgado en lo Comercial N.º 23, Secretaría N.º 26, de la ciudad de Buenos Aires; https://www.clarin.com/deportes/peligra-pase-romeo_0_BytQzUxAYx.xhtml y http://juveantoniana.blogspot.com.ar/2012/11/la-lerma-no-se-negocia.html <<

[330] Ver el libro El Tano. Quién es Angelici, por Ignacio Damiani y Julián Maradeo, Ediciones B. También, entre otros, https://www.pagina12.com.ar/14335-arribas-era-el-testaferro-de-macri y https://www.lanacion.com.ar/1860116-quien-es-gustavo-arribas-aliado-de-macri-en-boca-represento-jugadores-y-estuvo-bajo-la-lupa-por-algunas-transferencias. También, http://edant.clarin.com/suplementos/zona/2005/03/20/z-03705.htm, https://noticias.uol.com.br/ultnot/afp/2005/03/20/ult34u120992.jhtm <<

[331] Ver http://www.telam.com.ar/notas/201805/276921-allanan-la-sede-de-independiente-la-afa--y-futbolistas-agremiados-en-una-causa-contra-los-moyano-por-lavado-de-activos.xhtml, https://tn.com.ar/deportes/esencial/independiente-allanan-dos-empresas-en-una-causa-de-lavado-contra-hugo-moyano_863244 y https://www.infobae.com/deportes-2/2018/05/02/los-refuerzos-de-moyano-en-independiente-que-la-justicia-investiga-en-la-causa-por-lavado-de-dinero/ <<

[332] Ver, entre otros, http://www.elmundo.es/elmundo/2006/06/06/internacional/1149605397.xhtml y https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/31626.detienen-al-8220senor-de-los-sobornos8221.html y https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libero/11-9887-2016-05-03.html <<

[333] Ver https://www.lanacion.com.ar/1800739-carbon-blanco-gorosito-dijo-que-era-testaferro-de-julio-grondona <<

[334] Ver, entre otros, https://www.infobae.com/politica/2017/11/23/un-hotel-en-ushuaia-camiones-autos-de-lujo-y-200-viajes-al-exterior-parte-del-patrimonio-del-yerno-de-julio-grondona/ y https://www.infobae.com/politica/2017/11/19/fifagate-el-yerno-de-grondona-salpicado-por-las-coimas-tiene-un-avion-privado/, https://www.infobae.com/deportes-2/2018/06/06/la-historia-oculta-del-yerno-y-el-nieto-de-julio-grondona-fifagate-visita-al-papa-y-millones-de-dolares/. https://www.lanacion.com.ar/2034487-la-larga-trama-de-coimas-entre-arzuaga-y-grondona y https://www.clarin.com/deportes/futbol/fuertes-sospechas-rodean-genaro-aversa-yerno-julio-grondona_0_BkY9JQklf.xhtml <<

[335] Ver el libro Robo para la Corona, de Horacio Verbitsky, Editorial Planeta, página 318. <<

[336] Ver el libro Colorado. La verdadera historia de Francisco de Narváez, el millonario que quiere ser Presidente de la Argentina, por Hernán Cappiello, Editorial Planeta. <<

[337] Ver, entre otras, https://www.lanacion.com.ar/1583430-baez-recibio-un-extrano-aporte-de-254-millones-de-pesos y https://www.lanacion.com.ar/1778506-lavado-de-dinero-otra-sociedad-fantasma-ahonda-las-sospechas-sobre-baez y https://www.lanacion.com.ar/1893917-revelan-un-esquema-de-proteccion-de-la-afip-en-rio-gallegos <<

[338] Ver, entre otros, el libro Criminal Capital. How the finance industry facilitates crime, de Stephen Platt, y la entrevista a su autor en https://www.theatlantic.com/business/archive/2015/02/how-dirty-money-gets-into-banks/385774/ <<

[339] Ver https://www.lanacion.com.ar/463646-crimenes-con-impunidad-sin-culpables <<

[340] Ver el libro Las islas del tesoro. Los paraísos fiscales y los hombres que se robaron el mundo, por Nicholas Shaxson, Fondo de Cultura Económica. <<

[341] Ver http://www.spiegel.de/international/business/interview-hsbc-swiss-bank-whistleblower-herve-falciani-on-tax-evasion-a-911279.xhtml <<

[342] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/1310914-hallan-dinero-en-negro-en-el-exterior-de-un-jefe-de-la-afip, https://www.lanacion.com.ar/1495380-pedido-de-la-uif-contra-garcia-moritan, y https://www.lanacion.com.ar/1311103-otras-operaciones-en-negro <<

[343] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/1914291-procesan-y-embargan-por-12000-millones-a-ejecutivos-por-la-cueva-del-bnp y https://www.lanacion.com.ar/1940930-confirman-el-procesamiento-a-14-ejecutivos-por-la-cueva-del-bnp <<

[344] Ver informe de octubre de 2011 de la UNODC: http://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2011/October/unodc-estimates-that-criminals-may-have-laundered-usdollar-1.6-trillion-in-2009.xhtml; el dato sobre el PBI mundial correspondiente a 2009 en https://datos.bancomundial.org/indicador/ny.gdp.mktp.cd <<

[345] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/1242938-diez-anos-despues- la-uif-aplico-su-primera-sancion y https://www.lanacion.com.ar/1504639-sbattella-admitio-que-nombro-familiares-y-amigos-en-la-uif y https://www.lanacion.com.ar/1373501-jovenes-k-utilizan-la-oficina-antilavado-contra-adversarios y https://www.lanacion.com.ar/1323091-lavado-admitio-el-gobierno-un-cortocircuito-con-estados-unidos y https://www.pagina12.com.ar/33838-una-plaza-atractiva-para-lavar-activos y https://www.pagina12.com.ar/79123-una-uif-que-funciona-con-tono-partidario <<

[346] Ver https://enletra.files.wordpress.com/2017/04/2017-02-en-letra-7-pc3a9rez-barberc3a11.pdf <<

[347] Ver https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_de_gestion_2016_ultima_version_on_line_3_0_0.pdf <<

[348] Ver https://www.lanacion.com.ar/1771963-revelan-que-el-incendio-de-iron-mountain-fue-intencional y https://tn.com.ar/politica/allanaron-la-sede-central-de-la-empresa-iron-mountain_500976 <<

[349] Ver el libro La mala bestia. El Congreso por dentro, por Norma Morandini, Editorial Sudamericana. <<

[350] Ver el libro El negocio político de la obra pública, por Luis Gasulla, Editorial Sudamericana. <<

[351] Ver el libro Clarín. Una historia, por Martín Sivak, Editorial Planeta. <<

[352] Ver el libro Doble vida. La historia oculta de Francisco «Paco» Capózzolo, por Daniel Enz. <<

[353] Citado en el libro El negocio político de la obra pública, por Luis Gasulla, Editorial Sudamericana. <<

[354] Ver el libro Bernardo Neustadt. El hombre que se inventó a sí mismo, por Jorge Fernández Díaz, Editorial Sudamericana. <<

[355] Ver el libro Los hijos del narco. Narcotráfico, poder, violencia y muerte en Entre Ríos, por Daniel Enz. <<

[356] Ver, entre otros, el libro Vale todo, por Romina Manguel y Javier Romero, Ediciones B. <<

[357] Ver el libro Periodistas en el barro. Peleas, aprietes, traiciones y negocios. Miserias y razones de la guerra mediática en la Argentina reciente, por Edi Zunino, Sudamericana. <<

[358] Ver el libro Vida de perro. Balance político de un país intenso, del 55 a Macri, por Horacio Verbitsky. Conversaciones con Diego Sztulwark, Siglo XXI Editores. <<

[359] Ver el libro Morgan Papers. Confesiones de un empleado infiel, por Ignacio Chausis y Leandro Renou, por Editorial Marea. <<

[360] Ver el libro Él y Ella, por Luis Majul, Editorial Planeta. <<

[361] Ver https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-288878-2015-12-23.xhtml <<

[362] Copias del fallo que sobresee a Majul y los dos desestimientos, en depósito del autor. <<

[363] Ver el libro Yo te avisé, por Romina Manguel, Editorial Aguilar. <<

[364] Ver el libro Educando a Fernando. Cómo se construyó De la Rúa Presidente, por Ernesto Semán, Editorial Planeta; también, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/174646-conflicto-entre-de-la-rua-y-hadad y https://www.elcohetealaluna.com/tramparencia/ <<

[365] Ver el libro Los agentes de Néstor y Cristina. Los juegos de poder de Sergio Szpolski y Diego Gvirtz para multiplicar el relato oficial, acumular medios y millones, y otros oscuros negocios, por Alejandro Alfie, Editorial Margen Izquierdo. <<

[366] Ver http://www.batimes.com.ar/news/opinion-and-analysis/oficialitis-reprisals-and-useful-idiots.phtml <<

[367] Ver http://www.fopea.org/etica-y-calidad/encuestas/encuesta-2011/ <<

[368] Ver https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-74472-2015- 09-20.xhtml <<

[369] Ver https://www.lanacion.com.ar/1841350-pauta-oficial-2009-2015-los-cinco-periodistas-mas-beneficiados <<

[370] Ver https://www.lanacion.com.ar/1976157-el-reparto-de-la-publicidad-oficial-ya-se-diferencia-de-la-era-kirchnerista <<

[371] Ver https://www.clarin.com/politica/gobierno-gasto-60-publicidad-oficial-aumento-pauta-medios_0_ryfDSv8NX.xhtml <<

[372] Ver http://www.perfil.com/noticias/politica/desde-facebook-cristina-revivio-un-encuentro-imperdible-entre-ella-nestor-y-magnetto.phtml <<

[373] Ver los libros Clarín. Una historia y Clarín. La era Magnetto, por Martín Sivak, Editorial Planeta; ver también https://www.clarin.com/opinion/esnestor-millonario-desaparecido_0_Bkhn-Fll7.xhtml <<

[374] Ver https://seniales.blogspot.com/2009/08/jose-sbatella-kirchner-queria-ser-amigo.xhtml y http://www.criticadigital.com.ar/index.php?secc=nota&nid=28484&pagina=10 <<

[375] Ver, entre otros, http://noticias.perfil.com/2018/03/03/matias-garfunkel-volvera-a-argentina-para-enfrentarse-a-la-justicia/, https://www.lanacion.com.ar/1579406-quien-es-matias-garfunkel, https://www.clarin.com/politica/ratifican-procesamiento-matias-garfunkel-embargo-35-millones_0_Hycij-d9M.xhtml, http://m.iprofesional.com/notas/264057-Matias-Garfunkel-a-juicio-oral-en-una-causa-por-contrabando, https://www.lanacion.com.ar/1943991-victoria-vannucci-matias-garfunkel-fue-victima-de-un-atentado <<

[376] Ver el libro Los agentes de Néstor y Cristina. Los juegos de poder de Sergio Szpolski y Diego Gvirtz para multiplicar el relato oficial, acumular medios y millones, y otros oscuros negocios, por Alejandro Alfie, Editorial Margen Izquierdo. <<

[377] Ver el libro Los agentes de Néstor y Cristina. Los juegos de poder de Sergio Szpolski y Diego Gvirtz para multiplicar el relato oficial, acumular medios y millones, y otros oscuros negocios, por Alejandro Alfie, Editorial Margen Izquierdo. <<

[378] Ver el libro Periodistas en el barro. Peleas, aprietes, traiciones y negocios. Miserias y razones de la guerra mediática en la Argentina reciente, por Edi Zunino, Editorial Sudamericana. <<

[379] Ver http://www.lastampa.it/2016/06/08/vaticaninsider/es/en-el-mundo/argentina-la-reunin-ntima-del-papa-y-el-juez-de-las-causas-calientes-HHxMLauSetYX2SdL89PmNJ/pagina.xhtml <<

[380] Ver https://www.lanacion.com.ar/1841350-pauta-oficial-2009-2015-los-cinco-periodistas-mas-beneficiados <<

[381] Ver http://www.letrap.com.ar/nota/2018-1-24-18-15-0-la-pauta-oficial-en-la-gestion-cambiemos-algo-mas-que-maquillaje <<

[382] Ver https://www.lanacion.com.ar/2157324-al-establishment-no-lo-espera-un-menem-sino-un-maduro/ <<

[383] Copia de la medición online de las consultoras D’Alessio IROL y Berensztein en depósito del autor. <<

[384] Ver, entre otros, https://www.eldia.com/nota/2017-9-21-8-44-0-horas-polad-en-la-comisaria-primera-fiscal-martini-brindo-detalles-de-la-causa-justicia-en-primera, https://www.diariopopular.com.ar/policiales/hallan-800000-una-comisaria-8-policias-fueron-desafectados-n319977 y http://noticias.perfil.com/2017/09/25/corrupcion-en-la-bonaerense-mas-plata-que-en-un-cajero/ <<

[385] Ver, entre otros, https://www.eldia.com/nota/2017-9-13-3-1-14-descabezan-a-la-comisaria-primera-de-la-plata-por-manejo-irregular-de-dinero-policiales y https://www.eldia.com/nota/2017-12-1-2-20-33-todos-los-hospitales-de-la-plata-quedaron-bajo-la-lupa-en-el-escandalo-por-las-polad-policiales <<

[386] Ver https://www.clarin.com/policiales/policia-intendente-robaron-us-millones_0_B1diUUJp.xhtml <<

[387] Ver, entre otros, http://www.diario26.com/241884--purga-en-la-bonaerense-el-30-de-sus-policias-estaban-vinculados-al-delito <<

[388] Ver https://www.lanacion.com.ar/1947714-revelan-otro-metodo-de-recaudacion-ilegal-de-jefes-policiales-de-la-provincia <<

[389] Ver, entre otros, http://www.perfil.com/noticias/universidades/florencia-arietto-quiero-preso-a-moyano.phtml, http://www.infogremiales.com.ar/arietto-dice-que-moyano-financio-a-massa-y-que-lo-quiere-preso/ y https://www.lanacion.com.ar/1903663-el-fuerte-cruce-entre-cristian-ritondo-y-una-dirigente-massista-por-el-jefe-de-la-policia-bonaerense <<

[390] Entrevista del autor con un alto funcionario de la gobernadora María Eugenia Vidal, julio de 2018. <<

[391] Sobre Tognoli, ver https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2018/06/07/absolvieron-al-ex-jefe-de-la-policia-de-santa-fe-hugo-tognoli-y-fue-liberado/ <<

[392] Ver el libro El poder narco. Drogas, inseguridad y violencia en la Argentina, por Eugenio Burzaco y Sergio Berensztein, Editorial Sudamericana. <<

[393] Ver el libro El orden clandestino. Política, fuerzas de seguridad y mercados ilegales en la Argentina, por Matías Dewey, editorial Katz. <<

[394] Ver el libro La Salada. Radiografía de la feria más polémica de Latinoamérica, por Ignacio «Nacho» Girón, Editorial Planeta. <<

[395] Ver http://www.laprensa.com.ar/447198-Hablo-el-rey-del-juego-clandestino-Estas-obligado-a-coimear-a-la-Policia.note.aspx <<

[396] Ver https://www.lanacion.com.ar/2031498-para-manejar-el-juego-ilegal-les-pagaba-sobornos-a-27-seccionales <<

[397] Ver el libro El orden clandestino. Política, fuerzas de seguridad y mercados ilegales en la Argentina, editorial Katz. <<

[398] Ver La Bonaerense. Historia criminal de la Policía de la provincia de Buenos Aires, por Carlos Dutil y Ricardo Ragendorfer. Editorial Planeta. <<

[399] Ver el libro Sangre azul. Historia criminal de la Policía Federal Argentina, por Rolando Barbano, editorial Planeta. <<

[400] Ver https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2018/04/09/yo-me-enfrente-a-tiros-con-el-gordo-valor-y-lo-capture-pero-arreglamos-por-un-monton-de-guita/ <<

[401] Copia del informe que Jorge Rodríguez envió al ministro Martín Ocampo en depósito del autor. <<

[402] Ver el libro Sangre azul. Historia criminal de la Policía Federal Argentina, por Rolando Barbano, Editorial Planeta. <<

[403] Ver el libro Las islas del tesoro. Los paraísos fiscales y los hombres que se robaron el mundo, por Nicholas Shaxson, Fondo de Cultura Económica. <<

[404] Ver https://www.clarin.com/viva/columnistas_viva-haciendo_historia-felipe_pigna_0_BkDzO8YP7g.xhtml; también, https://www.lanacion.com.ar/211060-cuando-en-el-recinto-hubo-disparos-de-muerte <<

[405] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/357976-la-side-envia-a-paris-a-un-acusado-por-coimas, https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-10727-2004-01-05.xhtml, http://www.lanueva.com/nota/2005-3-11-9-0-0-caso-sobornos-richarte-desmintio-a-pontaquarto, https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-30357-2004-01-14.html <<

[406] Ver Los Monos. Historia de la familia narco que transformó a Rosario en un infierno, por Germán de los Santos y Hernán Lascano. <<

[407] Ver La ejecución. Historia secreta del Triple Crimen que desnudó la conexión con la mafia de los medicamentos y la recaudación de la campaña K, por Emilia Delfino y Rodrigo Alegre, Editorial Sudamericana. <<

[408] Ver, entre otros, https://tn.com.ar/politica/las-otras-cuatro-muertes-sospechosas-de-la-democracia_563492 y https://www.lanacion.com.ar/463646-crimenes-con-impunidad-sin-culpables <<

[409] Ver, entre otros, https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/creo-gutierrez-conte-detras-muerte-hermano_0_H1gVFyYRatx.xhtml, https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/16981-6737-2003-02-25.html, http://www.telam.com.ar/notas/201408/76075-se-cumplen-20-anos-del-crimen-del-subcomisario-gutierrez-un-caso-vinculado-a-la-aduana-paralela.php <<

[410] Ernesto Gutiérrez Conte, por entonces presidente de Aeropuertos Argentina 2000, demandó al intendente Francisco Gutiérrez por calumnias, pero la Cámara del Crimen rechazó tras considerar que se trataba de una cuestión de interés público. <<

[411] Ver https://www.lanacion.com.ar/2135663-confirman-el-procesamiento-de-menem-por-el-atentado-de-rio-tercero-e-ira-a-juicio <<

[412] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/155825-sigue-sin-aclararse-la-muerte-de-cattaneo, https://www.lanacion.com.ar/113904-cattaneo-crece-la-hipotesis-del-asesinato, y https://www.clarin.com/politica/cattaneo-recorte-caso-ibm-nacion-boca_0_SyQ-E7b1U3g.xhtml <<

[413] Ver https://www.lanacion.com.ar/724596-la-muerte-de-perel-otro-misterio, https://www.lanacion.com.ar/52532-los-dos-errores-que-cometio-el-asesino-que-ultimo-al-matrimonio-perel, https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-1476-2002-02-03.xhtml, https://www.clarin.com/sociedad/dicen-perel-coimeaba-ingresar-equipos-seguridad_0_BkDQyT_lAYe.html <<

[414] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/478082-fallecio-lourdes-di-natale-testigo-en-la-causa-por-contrabando-de-armas y https://www.clarin.com/politica/hija-ex-secretaria-emir-yoma-cree-madre-mataron_0_Hy3gaKfCe.xhtml <<

[415] Ver el libro El orden clandestino. Política, fuerzas de seguridad y mercados ilegales en la Argentina, editorial Katz. <<

[416] Ver el libro Sangre azul. Historia criminal de la Policía Federal Argentina, por Rolando Barbano, Editorial Planeta. <<

[417] Ver el libro Cosa juzgada fraudulenta, por Federico Morgenstern y Guillermo Orce, Editorial Abeledo Perrot. <<

[418] Ver el libro Sangre azul. Historia criminal de la Policía Federal Argentina, por Rolando Barbano, editorial Planeta. <<

[419] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/1510533-archivaron-el-caso-contra-gerardo-martinez-por-delitos-de-lesa-humanidad, http://www.laprensa.com.ar/396583-Archivaron-la-causa-que-investiga-si-Gerardo-Martinez-actuo-como-espia-durante-la-dictadura.note.aspx y https://www.cronista.com/economiapolitica/Lijo-sobreseyo-a-Gerardo-Martinez-en-la-causa-que-investigaba-su-relacion-con-la-dictadura-20141001-0122.xhtml <<

[420] Ver los libros Iosi. El espía arrepentido. La confesión del policía federal infiltrado en la comunidad judía, por Miriam Lewin y Horacio Lutzky, Editorial Sudamericana, y Sangre azul. Historia criminal de la Policía Federal Argentina, por Rolando Barbano, editorial Planeta. El texto del decreto que permaneció secreto entre 1963 y 2015 en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/250000-254999/251868/norma.htm <<

[421] Ver, entre otros, https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/exclusivo-lista-agentes-batallon-601-inteligencia_0_SyRzPuPATYx.xhtml y http://www.telam.com.ar/notas/201609/162469-ejercito-argentino-batallon-601.html y https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-138988-2010-01-24.html y https://www.lanacion.com.ar/1389186-vinculan-al-lider-de-la-uocra-con-la-dictadura y https://www.clarin.com/home/gerardo-martinez-pasado-uocra-dictadura_0_HyUw3vnPml.html <<

[422] Ver https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2016/12/IA2016-04-sistema-inteligencia-en-democracia.pdf <<

[423] Ver el libro Iosi. El espía arrepentido. La confesión del policía federal infiltrado en la comunidad judía, por Miriam Lewin y Horacio Lutzky, Editorial Sudamericana, y el libro Espiados. Cómo controla el Gobierno a todos los argentinos. Infiltrados, espías y escuchas. La guerra por la información clandestina, por Claudio Savoia. Editorial Planeta. <<

[424] Ver el libro Espiados. Cómo controla el Gobierno a todos los argentinos. Infiltrados, espías y escuchas. La guerra por la información clandestina, por Claudio Savoia. Editorial Planeta. <<

[425] Ver https://www.lanacion.com.ar/1806497-acusan-a-alperovich-por-espiar-a-jueces-politicos-y-periodistas y https://www.lanacion.com.ar/1806217-amplian-una-denuncia-contra-jose-alperovich-por-espionaje-y-revelan-quienes-fueron-las-victimas <<

[426] Ver el libro Los hijos del narco. Narcotráfico, poder, violencia y muerte en Entre Ríos, por Daniel Enz. <<

[427] Ver, entre otros, http://www.perfil.com/noticias/contenidos/2012/02/18/noticia_0001.phtml y http://www.perfil.com/noticias/contenidos/2012/02/16/noticia_0013.phtml y http://www.elmundo.es/america/2012/02/19/argentina/1329664067.xhtml <<

[428] Ver el libro Los agentes de Néstor y Cristina. Los juegos de poder de Sergio Szpolski y Diego Gvirtz para multiplicar el relato oficial, acumular medios y millones, y otros oscuros negocios, por Alejandro Alfie, Editorial Margen Izquierdo. <<

[429] Ver El secuestro, por Natasha Niebieskikwiat, Editorial Planeta. <<

[430] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/1800430-alejandro-burzaco-no-es-un-hombre-bomba-aseguro-su-abogado, http://www.iprofesional.com/notas/213522-fifa-julio-grondona-alejandro-burzaco-mendilaharzu-El-abogado-del-ex-CEO-de-TyC-dijo-que-Burzaco-no-es-un-hombre-bomba, https://tn.com.ar/politica/burzaco-no-es-un-hombre-bomba-dijo-su-abogado_595701 y https://www.ole.com.ar/futbol-internacional/hombre-bomba_0_1373262910.xhtml <<

[431] Ver el libro El último cruzado. Monseñor Aguer. Intimidades e intrigas de la Iglesia argentina, por Pablo Morisi, Editorial Planeta; ver también https://www.lanacion.com.ar/548556-caso-trusso-niegan-un-pago-de-aguer, https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/trusso-arzobispo-pago-fianza_0_S1JMK41gRKg.xhtml, https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-28536-2003-11-25.html <<

[432] Ver https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-94-2002-03-01.xhtml <<

[433] Ver https://www.clarin.com/politica/miedo-espias-secretos-medidas-seguridad-mauricio-macri-gabinete_0_BJ_7laIjG.xhtml <<

[434] Ver, entre otros, los libros Código Stiuso. La SIDE, la política desde las cloacas y la muerte de Nisman, por Gerardo Young, Planeta, y Espiados. Cómo controla el Gobierno a todos los argentinos. Infiltrados, espías y escuchas. La guerra por la información clandestina, por Claudio Savoia, Planeta. <<

[435] Ver el libro Justicia adicta. Breve historia del Poder Judicial de Tierra del Fuego (1994-2007), por Gabriel Ramonet, Editorial Utopías. <<

[436] Ver el libro Espiados. Cómo controla el Gobierno a todos los argentinos. Infiltrados, espías y escuchas. La guerra por la información clandestina, por Claudio Savoia. Editorial Planeta. <<

[437] Ver https://www.lanacion.com.ar/1754593-la-ex-side-temible-disputa-entre-los-duenos-del-miedo y https://www.lanacion.com.ar/1406639-una-revelacion-que-pone-en-apuros-a-la-presidenta <<

[438] Álvarez confirmó que había trabajado en la ex SIDE, donde sostuvo que fue «poco más que un ordenanza»; ver https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-72896-2006-09-12.xhtml <<

[439] Citado en el libro El negocio político de la obra pública, por Luis Gasulla, Editorial Sudamericana. <<

[440] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/930962-se-retracto-el-autor-de-la-falsa-denuncia-contra-olivera-en-2005 y http://www.perfil.com/noticias/politica/una-eleccion-perdida-el-dia-que-le-hicieron-la-cama-a-enrique-olivera-1104-0021.phtml <<

[441] Ver el libro Robo para la Corona, de Horacio Verbitsky, Editorial Planeta, página 71. <<

[442] Ver el libro Espiados. Cómo controla el Gobierno a todos los argentinos. Infiltrados, espías y escuchas. La guerra por la información clandestina, por Claudio Savoia. Editorial Planeta. <<

[443] Ver https://www.aftenposten.no/norge/i/5Vjmm/Leading-security-expert---This-should-cause-worry-that-illegal-surveillance-exists-on-a-much-larger-scale <<

[444] Ver, entre otros, https://www.nyclu.org/sites/default/files/Kingfish_ProductDescription.pdf y https://www.nyclu.org/sites/default/files/AmberJack_ProductDescription.pdf y https://publicintelligence.net/harris-corporation-amberjack-stingray-stingray-ii-kingfish-wireless-surveillance-products-price-list/ <<

[445] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/2128465-una-discusion-clave-en-el-senado-por-las-escuchas-y-la-privacidad-de-los-ciudadanos y https://www.elcohetealaluna.com/el-big-brother-lo-sabra-todo/ <<

[446] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/1152467-polemicos-cambios-en-la-afip-para-investigar-el-caso-de-gotti y https://www.lanacion.com.ar/1173683-tres-hombres-de-echegaray-en-el-operativo-de-la-afip y https://www.lanacion.com.ar/1781193-fue-desplazado-de-la-afip-un-funcionario-vinculado-al-ex-espia <<

[447] Ver el libro Los secretos de la Corte. Las presiones, las operaciones y las internas, por Silvana Boschi, Editorial Margen Izquierdo; también, https://www.lanacion.com.ar/1596024-ricardo-lorenzetti-y-cuatro-jueces-de-la-corte-suprema-pidieron-a-la-afip-aclarar-la-situaci, http://www.perfil.com/noticias/politica/echegaray-en-el-ojo-de-la-tormenta-por-la-investigacion-contra-lorenzetti-20130626-0029.phtml, https://www.lanacion.com.ar/1597239-ricardo-echegaray-sobre-ricardo-lorenzetti-es-impropio-que-la-corte-suprema-pida-tratar-cues <<

[448] Incidente relatado el libro Radiografía de la corrupción PRO. De la ciudad a la Presidencia de la Nación, por Julián Maradeo e Ignacio Damiani, por Planeta. Ver también https://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/69570/misteriosos-ataques-a-la-fiscal-del-correo y https://www.pagina12.com.ar/25599-dos-juezas-expertas-en-manejar-los-tiempos <<

[449] Ver, entre otros, los estudios del MIT y de Columbia University en https://www.washingtonpost.com/opinions/we-finally-know-for-sure-that-lies-spread-faster-than-the-truth-this-might-be-why/2018/03/14/92ab1aae-27a6-11e8-bc72-077aa4dab9ef_story.xhtml https://www.nytimes.com/2014/09/30/upshot/its-so-much-more-fun-to-spread-rumors-than-the-truth.html <<

[450] Ver La ejecución. Historia secreta del Triple Crimen que desnudó la conexión con la mafia de los medicamentos y la recaudación de la campaña K, por Emilia Delfino y Rodrigo Alegre, Sudamericana. <<

[451] Ver La ejecución. Historia secreta del Triple Crimen que desnudó la conexión con la mafia de los medicamentos y la recaudación de la campaña K, por Emilia Delfino y Rodrigo Alegre, Sudamericana. <<

[452] Ver, entre otros, https://www.infobae.com/politica/2017/02/09/el-abogado-de-perez-corradi-dijo-que-la-ex-side-lo-ayudo-a-fugarse/ y https://www.lanacion.com.ar/1983051-afirman-que-la-ex-side-ayudo-a-perez-corradi <<

[453] Ver https://www.mpf.gob.ar/procunar/files/2016/03/TOF---Abraham.pdf, http://www.perfil.com/noticias/politica/los-secretos-del-ultimo-profugo-de-la-efedrina-20140906-0023.phtml, https://www.clarin.com/politica/inedito-condenados-efedrina-encuentran-profugos_0_Hy2ss6m8Z.xhtml y https://www.clarin.com/politica/efedrina-pidieron-israel-extradicion-socio-perez-corradi_0_SJkFfD8kb.html <<

[454] Ver https://www.lanacion.com.ar/2128051-denunciaron-filtraciones-en-la-afip-y-ahora-los-acusan-de-haber-plantado-pruebas <<

[455] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/1574842-lazaro-baez-tiene-nexos-con-el-jefe-de-la-dgi, https://www.lanacion.com.ar/1508728-dos-problemas-millonarios-menos-para-lazaro-baez, https://www.lanacion.com.ar/2088536-la-afip-denuncia-a-echegaray-por-ocultar-las-deudas-impositivas-de-baez, https://www.clarin.com/opinion/Trafico-influencias-vuelos-avion-Baez_0_HylG-nKP7g.xhtml <<

[456] Ver el libro Fuera de la ley. La relación entre IBM y los funcionarios públicos en los contratos informáticos del Estado, por Jesús Rodríguez, Editorial Planeta. <<

[457] Ver https://www.lanacion.com.ar/2060106-un-documento-en-el-expediente-que-apunta-a-la-gendarmeria y https://www.lanacion.com.ar/2060457-la-policia-nego-haber-hecho-un-parte-de-inteligencia <<

[458] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/2151235-amenazan-con-explosivos-a-un-funcionario-del-ministerio-de-defensa, https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2018/07/07/hallan-un-potente-artefacto-explosivo-con-una-amenaza-a-un-funcionario-de-defensa-en-plena-recoleta/ y https://www.pagina12.com.ar/127351-una-amenaza-con-trotyl <<

[459] Ver https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-262406-2014-12-21.xhtml <<

[460] Ver el libro Radiografía de la corrupción PRO. De la ciudad a la Presidencia de la Nación, por Julián Maradeo e Ignacio Damiani, por Editorial Planeta. <<

[461] Ver https://www.lanacion.com.ar/1754593-la-ex-side-temible-disputa-entre-los-duenos-del-miedo <<

[462] Ver el libro Contra la corrupción. Confesiones de la mujer que enfrentó al poder en la Argentina, por Graciela Ocaña, Editorial Planeta. <<

[463] Ver el libro Macri. Historia íntima y secreta de la élite argentina que llegó al poder, de Laura Di Marco, Editorial Sudamericana. <<

[464] Ver https://www.pagina12.com.ar/14335-arribas-era-el-testaferro-de-macri <<

[465] Para las irregularidades detectadas en la Oncca, ver el libro Fuera de control. Ricardo Echegaray y su rol en la Oncca, la Aduana y la AFIP, de Matías Longoni; sobre el changarín y los patovicas, ver https://www.lanacion.com.ar/1411575-investigan-a-un-changarin-y-dos-patovicas-por-la-oncca <<

[466] Ver, entre otros, el libro Robo para la Corona, de Horacio Verbitsky, Editorial Planeta. <<

[467] Ver https://www.lanacion.com.ar/2137870-lucha-anticorrupcion-en-la-region-muchas-normas-poca-transparencia <<

[468] Ver, entre otros, https://www.electoral.gob.ar/pdf/rt2015v2.pdf y file:///C:/Users/user/Downloads/resolucion.pdf <<

[469] Ver https://www.lanacion.com.ar/2104650-macri-firmo-mas-dnu-que-en-el-primer-período-de-cristina <<

[470] Ver http://www.clubpoliticoargentino.org/documento-de-abril-primeros-diez-anos-de-vida-del-club-politico-argentino/ <<

[471] Ver http://www.parlamentario.com/noticia-109611.xhtml <<

[472] Ver, entre otros, https://www.pagina12.com.ar/79123-una-uif-que-funciona-con-tono-partidario <<

[473] Ver, entre otros, http://chequeado.com/el-explicador/cuanto-sabemos-del-patrimonio-de-los-gobernantes/ y http://acij.org.ar/los-funcionarios-declararan-menos-datos-sobre-sus-riquezas-y-mas-tarde/ <<

[474] Copia del Boletín Digital de la Oficina Anticorrupción n.º 63, de diciembre de 2015, en depósito del autor. Ver, también, https://www.lanacion.com.ar/1855803-la-oa-un-simbolo-ruinoso-de-la-lucha-anticorrupcion <<

[475] Ver https://www.lanacion.com.ar/2155272-laura-alonso-para-investigar-al-presidente-estan-la-justicia-y-el-congreso <<

[476] Ver https://www.infobae.com/opinion/2018/07/24/los-deficits-institucionales-de-la-oficina-anticorrupcion/ <<

[477] Ver https://www.lanacion.com.ar/2140236-delia-ferreira-rubio-hay-profesionales-entrenados-para-llevar-adelante-la-corrupcion/amp/2140236?__twitter_impression=true <<

[478] Texto citado por el newsletter «Dos Justicias», de Catalina D’Elía, 26 de julio de 2018. <<

[479] Ver el libro La mala bestia. El Congreso por dentro, por Norma Morandini, Sudamericana. <<

[480] Ver https://www.lanacion.com.ar/1626152-echegaray-ordeno-suspender-los-controles-por-las-elecciones <<

[481] Ver https://www.cij.gov.ar/nota-30629-El-juez-Casanello-proces--a-Ricardo-Echegaray-por-encubrimiento-agravado-e-incumplimiento-de-los-deberes-de-funcionario.xhtml <<

[482] Ver https://www.lanacion.com.ar/211212-undecimo-mandamiento-no-evadiras <<

[483] Ver https://www.lanacion.com.ar/1363832-polemica-por-designaciones-del-gobierno-en-el-tribunal-fiscal y https://www.lanacion.com.ar/1850874-suspenden-el-concurso-para-ocupar-vacantes-en-el-tribunal-fiscal <<

[484] Copia de la denuncia presentada por la nueva gestión de la AFIP contra Ricardo Echegaray y otros ex funcionarios del organismo por presunta asociación ilícita, en la que se detalla la paralización de la investigación contra Núñez Carmona, en depósito del autor <<

[485] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/2088536-la-afip-denuncia-a-echegaray-por-ocultar-las-deudas-impositivas-de-baez y https://www.lanacion.com.ar/2121274-procesan-a-baez-por-evadir-en-su-relacion-con-los-kirchner y https://www.lanacion.com.ar/2010761-la-afip-kirchnerista-le-mintio-a-la-justicia-para-proteger-a-baez <<

[486] Ver el informe preliminar sobre lo ocurrido dentro del Banco Provincia en http://www.ambito.com/diario/aw_documentos/archivospdf/2002/id_doc_337.pdf; la condena a los Gualtieri en http://www.iprofesional.com/notas/196061-afip-fallo-evasion-Tras-una-investigacion-del-fisco-la-Justicia-condeno-a-prision-a-dos-empresarios-por-fraude <<

[487] Ver https://www.lanacion.com.ar/1820819-la-corte-suprema-revoco-la-sancion-que-impuso-un-recorte-del-30-del-sueldo-del-juez-claudio-bonadio <<

[488] Ver, entre otros, https://www.clarin.com/politica/dias-justicia-dio-buenas-noticia-ministro-luis-caputo_0_S1D5wMVz7.xhtml y http://www.lavoz.com.ar/politica/ola-judicial-contra-los-k-en-el-fin-de-ano, http://borderperiodismo.com/2016/08/16/efecto-despoder-ya-se-reabrieron-una-veintena-de-causas-contra-el-kirchnerismo/ <<

[489] Ver https://www.lanacion.com.ar/2156090-bonadio-suspendio-la-indagatoria-de-basavilbaso-y-de-otros-funcionarios <<

[490] Ver el libro Injusticia. Un fiscal federal cuenta la catástrofe del Poder Judicial, por Federico Delgado, Editorial Ariel. <<

[491] Ver, entre otros, http://cij.gov.ar/nota-20118-El-juez-Lijo-cit--a-indagatoria-a-exfuncionarios-y-empresarios-en-causa-por-aportes-a-la-campa-a-de-Cristina-Fern-ndez-de-Kirchner.xhtml y http://www.cij.gov.ar/nota-22092-El-juez-Lijo-proces--a-exfuncionarios-y-empresarios-en-la-causa-por-lavado-de-dinero-por-medio-de-aportes-a-la-campa-a-electoral-del-2007-de-Cristina-Fern-ndez-de-Kirchner.html y https://www.cronista.com/economiapolitica/Lijo-Parte-del-financiamiento-que-se-obtuvo-para-la-campana-2007-tenia-origen-ilegal-20160623-0090.html <<

[492] Canicoba Corral rechazó esa acusación: «Todo el mundo sabe que yo de la SIDE no cobraba porque no me llevaba bien con Stiuso. Es una denuncia falsa, un disparate absoluto». Más aún, suele repetir que si sigue como juez federal después de 25 años, es porque Stiuso no le encontró nada sustancioso para atacarlo. «Me contó hasta las costillas». Ver http://www.perfil.com/noticias/politica/acusan-al-juez-rodolfo-canicoba-corral-de-cobrar-sobresueldos-de-la-ex-side.phtml y https://www.clarin.com/politica/rodolfo-canicoba-corral-side-cobraba-llevaba-bien-antonio-stiuso_0_Hyx_dtXZW.xhtml <<

[493] Ver El libro negro de la Justicia. La lógica del dedo en el gatillo, por Gerardo Young, Editorial Planeta. <<

[494] Copia de la denuncia presentada por la nueva gestión de la AFIP contra Ricardo Echegaray y otros ex funcionarios del organismo por presunta asociación ilícita, en la que se detalla estos hechos, en depósito del autor. <<

[495] Ver La Bonaerense. Historia criminal de la Policía de la provincia de Buenos Aires, por Carlos Dutil y Ricardo Ragendorfer. Editorial Planeta, página 232; también https://www.eldia.com/nota/2000-6-27-renuncio-el-juez-platense-que-esta-denunciado-por-extorsion y https://www.lanacion.com.ar/21662-denuncian-a-un-juez-federal-por-extorsion y http://edant.ole.com.ar/diario/2000/06/22/r-06601c.htm <<

[496] Ver el libro La ciudad indiana, por Juan Agustín García, Editorial Hyspamérica. <<

[497] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/892210-tras-12-anos-elevan-a-juicio-oral-la-causa-de-la-mafia-del-oro, https://www.lanacion.com.ar/72345-agredieron-a-una-hermana-del-fiscal-que-investigaba-el-contrabando-de-oro, https://www.lanacion.com.ar/175649-intimidan-a-la-sobrina-del-fiscal-lanusse, https://www.lanacion.com.ar/172040-el-fiscal-lanusse-fue-agredido-otra-vez, https://www.lanacion.com.ar/865525-mafia-del-oro-piana-pidio-perdon-pero-lo-condenaron, https://www.lanacion.com.ar/174623-lanusse-abandono-la-causa-del-oro, https://www.lanacion.com.ar/1611110-luego-de-17-anos-instan-a-juzgar-a-ex-funcionarios-por-la-mafia-del-oro, https://www.elintransigente.com/policiales/2017/8/24/mafia-oro-condenas-leves-ningun-preso-451436.xhtml, https://www.cij.gov.ar/nota-29612-La-Sala-IV-de-la-C-mara-Federal-de-Casaci-n-intervendr--en-la-revisi-n-de-las-condenas-dictadas-en-la-causa-por-la--mafia-del-oro--.html <<

[498] Ver https://www.lanacion.com.ar/2150816-citan-a-indagatoria-a-lazaro-baez-en-bahia-blanca-por-una-investigacion-clave-y-debera-declarar-desde-ezeiza <<

[499] Ver https://politica.elpais.com/politica/2018/06/24/actualidad/15298505 09_376778.xhtml <<

[500] Ver el libro Forum Shopping Reloaded. Claves para entender la manipulación judicial, de Pablo Slonimsqui, Editorial Planeta. <<

[501] Ver el libro Radiografía de la corrupción PRO. De la ciudad a la Presidencia de la Nación, por Julián Maradeo e Ignacio Damiani, Editorial Planeta. <<

[502] Ver el libro Forum Shopping, de Pablo Slonimsqui, editorial Fabián Di Plácido Editor, y http://edant.clarin.com/suplementos/zona/2009/03/01/z-01868093.htm <<

[503] Ver el libro Forum Shopping Reloaded. Claves para entender la manipulación judicial, de Pablo Slonimsqui, Editorial Planeta. <<

[504] Ver https://www.lanacion.com.ar/2118303-el-gobierno-hizo-un-duro-informe-sobre-el-sistema-de-sorteos-judiciales <<

[505] Ver https://www.lanacion.com.ar/2092358-una-jueza-investiga-la-denuncia-sobre-el-reparto-de-los-expedientes <<

[506] Ver el libro Forum Shopping Reloaded. Claves para entender la manipulación judicial, de Pablo Slonimsqui, Editorial Planeta; y https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/destituyen-juez-mahdjoubian-acusado-manipular-causas_0_rk1zrfuy0Kl.xhtml <<

[507] Ver el libro Gods, Graves, and Scholars. The Story of Archaeology, por C. W. Ceram, Editorial Vintage Books, Random House. <<

[508] Ver, entre otros, http://www.perfil.com/noticias/politica/federico-delgado-en-la-mira-por-que-buscan-arrinconar-al-fiscal-que-mas-rapido-avanza-en-comodoro-py.phtml y http://www.perfil.com/noticias/politica/stinfale-yo-me-voy-a-cargar-al-fiscal-delgado.phtml <<

[509] Ver https://www.lanacion.com.ar/2048832-si-me-da-un-millon-de-dolares-defiendo-a-hitler-quien-es-victor-stinfale-el-presidente-de-riestra-que-defendio-al-gordo-valor, y https://www.clarin.com/deportes/ascenso/victor-stinfale-polemico-gerenciador-deportivo-riestra_0_SyU4GlbPZ.xhtml <<

[510] Entrevista del autor con Víctor Stinfale, junio de 2018. <<

[511] Ver https://www.lanacion.com.ar/2141436-carrio-defendio-a-delgado-y-pidio-garantizar-la-independencia-de-los-fiscales y https://www.clarin.com/politica/elisa-carrio-salio-defensa-fiscal-federico-delgado-pidio-medidas-procurador_0_SkBvDiHe7.xhtml <<

[512] Ver http://www.perfil.com/noticias/columnistas/la-independencia-de-los-fiscales.phtml <<

[513] La entrevista completa en https://www.lanacion.com.ar/1940932-norberto-oyarbide-en-la-justicia-siguen-las-mismas-personas-ahora-ajustadas-a-la-nueva-melodia-politica <<

[514] Ver https://www.lanacion.com.ar/1940932-norberto-oyarbide-en-la-justicia-siguen-las-mismas-personas-ahora-ajustadas-a-la-nueva-melodia-politica <<

[515] En el diario Página/12, Miguel Bonasso publicó que Franco y Yabrán mantenían «estrechas relaciones hasta que rompieron y el auto del funcionario fue ametrallado por desconocidos». En http://www.pagina12.com.ar/2000/00-03/00-03-01/pag03.htm. Días después, Bonasso volvió sobre ese tema: «La relación entre Franco y Yabrán fue estrecha, hasta que un avión que “el Amarillo” le enviaba de regalo a un influyente personaje se perdió en el aire. Entonces Franco sufrió un atentado, del que salió ileso, y la relación con el empresario postal se enfrió de mala manera». En http://www.pagina12.com.ar/2000/00-03/00-03-19/pag03.htm. En su libro sobre Yabrán, Don Alfredo, páginas 279 a 290, Bonasso aporta más detalles sobre el supuesto episodio relacionado con el embajador Vázquez. <<

[516] Ver https://www.clarin.com/new-york-times-international-weekly/asesor-imagen-lidiado-harvey-weinstein_0_HJI4EuSe7.xhtml <<

[517] Ver https://elpais.com/internacional/2018/04/21/actualidad/1524321173_ 995783.xhtml <<

[518] Ver el fallo de la Corte Suprema en https://ar.vlex.com/vid/-40094885; también, https://ar.vlex.com/vid/-40094885 <<

[519] Entrevista del autor con el experto Edgardo Buscaglia, junio de 2018. <<

[520] Ver https://politica.elpais.com/politica/2018/05/24/actualidad/15271597 60_580229.xhtml; también ver el libro El Tano. Quién es Angelici, por Ignacio Damiani y Julián Maradeo, Ediciones B. <<

[521] Ver, entre otros, http://www.perfil.com/noticias/politica/denuncian-al-hermano-del-juez-ariel-lijo-por-una-cuenta-en-suiza.phtml, https://www.clarin.com/politica/denunciaron-hermano-juez-ariel-lijo-millonaria-cuenta-suiza_0_r1byVefJf.xhtml y https://www.lanacion.com.ar/2080685-denuncian-al-hermano-del-juez-lijo-por-una-cuenta-en-suiza-con-17-millones-de-dolares <<

[522] Ver https://www.lanacion.com.ar/2140687-el-hermano-del-juez-lijo-dueno-de-una-aseguradora-cuestionada <<

[523] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/2100696-una-millonaria-operacion-encendio-una-alerta-sobre-canicoba-corral <<

[524] Ver https://www.lanacion.com.ar/2100361-complican-a-canicoba-corral-los-negocios-de-su-esposa y https://www.lanacion.com.ar/2100362-la-investigacion-en-los-aeropuertos-que-le-genero-un-reves-al-magistrado <<

[525] Tras su apartamiento del «caso Ciccone», el juez Daniel Rafecas ofreció una autocrítica parcial: «Pude haberme excedido en alguna palabra o comentario informal debido al malestar que me causaba lo que hasta ese momento consideraba una causa puramente mediática, basada exclusivamente en los dichos de Laura Muñoz», en https://www.lanacion.com.ar/1468397-rafecas-fue-apartado-del-caso-ciccone <<

[526] Ver https://www.lanacion.com.ar/2115713-guino-de-la-auditoria-al-gobierno-en-el-caso-del-correo-argentino y https://www.lanacion.com.ar/2123452-correo-la-agn-ignoro-un-informe-critico-hacia-el-gobierno <<

[527] Ver https://www.clarin.com/deportes/tenis/clerc-ganaron-jugaron-fuerte-amigos-gobierno_0_rySrxjN1X.xhtml, http://442.perfil.com/2018-07-04-619085-bragarnik-el-representante-de-la-polemica/, https://www.lanacion.com.ar/1940899-christian-bragarnik-el-empresario-del-futbol-explica-sus-negocios-mi-trabajo-es-transparente, https://www.tiempoar.com.ar/nota/el-representante-que-domina-el-futbol-crece-de-la-mano-de-angelici <<

[528] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/972685-por-unanimidad-echaron-al-juez-tiscornia y http://www.telam.com.ar/notas/201512/129778-corte-suprema-sobreseimiento-juez-tiscornia-coimas.xhtml <<

[529] Informe estadístico 2002-2015 sobre delitos contra la administración pública y fraude en perjuicio de la administración pública elaborado, a pedido del autor, por el Registro Nacional de Reincidencia. <<

[530] Ver http://cidc.org.ar/ficha-informativa-causas-de-corrupcion-en-la-provincia-de-buenos-aires/ y http://cidc.org.ar/wp-content/uploads/2018/04/Ejemplo-3_-text-completo_Gacetilla-causas-de-corrupcion-en-la-provincia.pdf <<

[531] Ver el libro Los Supremos. Historia secreta de la Corte, por Irina Hauser, Editorial Planeta. <<

[532] Ver, entre otros, https://www.clarin.com/sociedad/pedian-us-millones-cambiar-sentencia-judicial_0_SJZ-jolZCtx.xhtml, https://www.lanacion.com.ar/83995-los-jueces-del-escandalo y https://www.lanacion.com.ar/76792-central-puerto-un-funcionario-bajo-la-lupa.y https://www.clarin.com/politica/debe-seguir-causa_0_HkS1w0eRte.html <<

[533] Ver http://chequeado.com/justiciapedia/wp-content/uploads/2017/11/ 362-01-denuncia.pdf <<

[534] Ver https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-23656-2003-08-04.xhtml <<

[535] Ver el libro A su salud. La historia de Juan Luis Manzur, el ministro más rico de la era kirchnerista, por Irene Benito, Indalecio Sánchez y Fernando Stanich, Ediciones Bicentenario; ver también https://www.lagaceta.com.ar/nota/628591/opinion/dos-justicias-juez-bejas.xhtml y https://www.lanacion.com.ar/1989996-procesaron-a-milani-en-tucuman-por-la-desaparicion-de-ledo <<

[536] Ver https://www.lagaceta.com.ar/nota/771953/actualidad/corrupcion-impune-tucuman-hubo-219-denuncias-sola-condena-firme-13-anos.xhtml y https://www.lagaceta.com.ar/nota/771958/actualidad/justicias-provincial-federal-abrieron-causa-cada-22-dias.html <<

[537] Ver el fallo completo del Superior Tribunal de Justicia en http://www.diariojornada.com.ar/35902/Politica/Lea_el_fallo_completo_del_Superior_Tribunal_que_beneficio_a_Samame <<

[538] Ver, entre otras, https://www.lanacion.com.ar/2149964-demoras-en-el-caso-de-los-jueces-obligados-a-firmar-sus-renuncias y https://www.lanacion.com.ar/2107448-san-luis-sigue-esperando-justicia <<

[539] Ver https://www.lanacion.com.ar/2153497-el-control-de-la-gestion-de-vidal-esta-en-manos-del-propio-cambiemos <<

[540] Ver https://www.infobae.com/politica/2017/05/15/sergio-schoklender-y-hebe-bonafini-fueron-procesados-por-la-causa-suenos-compartidos/, https://www.infobae.com/politica/2018/05/30/una-guerra-entre-hermanos-un-faltante-de-206-millones-y-el-sueno-de-los-lingotes-de-oro/ y https://www.infobae.com/politica/2018/02/21/causa-suenos-compartidos-quedara-firme-el-procesamiento-de-hebe-de-bonafini-y-podria-sumarse-julio-de-vido/ <<

[541] Ver La cara injusta de la Justicia. Por qué la Justicia argentina es su propia enemiga, por Federico Delgado y Catalina de Elía, Editorial Paidós, página 110 y siguientes. <<

[542] Ver La cara injusta de la Justicia. Por qué la Justicia argentina es su propia enemiga, por Federico Delgado y Catalina de Elía, Editorial Paidós. <<

[543] Ver, entre otros, https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-131234- 2009-09-05.xhtml, https://www.infobae.com/2009/09/08/470906-sospechan-que-hubo-trampa-otro-concurso-elegir-juez-un-tribunal-oral-federal/, https://www.lanacion.com.ar/1171090-escandalo-en-un-concurso-para-juez-federal-de-parana y http://paginajudicial.com/prescribe-causa-del-machete-en-el-concurso-para-el-tof-parana <<

[544] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/1178185-sospechas-en-otro-concurso-judicial, https://www.lanacion.com.ar/1509991-el-postulante-para-juez-federal-sospechado-rechazo-las-objeciones y https://www.lanacion.com.ar/1492501-buscan-bloquear-la-designacion-de-un-polemico-juez <<

[545] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/1294661-grave-denuncia-en-un-concurso y https://www.clarin.com/politica/Denuncian-irregularidades-concurso-nombrar-jueces_0_BJj_mPCpv7e.xhtml <<

[546] Ver el libro Forum Shopping Reloaded. Claves para entender la manipulación judicial, de Pablo Slonimsqui, Planeta. <<

[547] Ver el libro Forum Shopping Reloaded. Claves para entender la manipulación judicial, de Pablo Slonimsqui, Planeta. <<

[548] Ver el libro Injusticia. Un fiscal federal cuenta la catástrofe del Poder Judicial, por Federico Delgado, Ariel. <<

[549] Ver El libro negro de la Justicia. La lógica del dedo en el gatillo, por Gerardo Young, Planeta. <<

[550] Ver https://www.lanacion.com.ar/2128074-investigan-si-el-exjuez-tejio-una-red-para-esconder-su-riqueza <<

[551] Ver, entre otros, https://www.clarin.com/opinion/jugada-oyarbide-ofrecio-cristina-vido_0_Vy6UUm9MW.xhtml <<

[552] Ver, entre otros, La responsabilidad penal de la persona jurídica. Una norma fundamental que deja más dudas que certezas, por Alejandro Carrió y Maximiliano Reussi, en Compliance, Anticorrupción y Responsabilidad Penal Empresaria, Editorial Thomsom Reuters/La Ley, suplemento especial, mayo de 2018. <<

[553] Ver https://www.clarin.com/politica/senado-cajoneada-anos-activan-ley-recuperar-bienes-corrupcion_0_SJNIv1jMQ.xhtml <<

[554] Ver el artículo «Thomas Jefferson. De la Political Expediency a los usos de la política», por Elisa Goyenechea, revista Criterio, junio de 2018: Jefferson, remarca la autora, «temía que la brecha excesiva entre representantes y representados produciría naturalmente una casta oligárquica usurpadora de la soberanía, cuya sede es el pueblo». Ver también el libro Founding Brothers. The Revolutionary Generation, por Joseph Ellis, Vintage Books, Editorial Random House. Ver también el libro La Casta, Così i politici italiani sono diventati intoccabili e continuano a esserlo, por Gian Antonio Stella y Sergio Rizzo, Editorial Burbig Rizzoli. <<

[555] Ver el libro Radiografía de la corrupción PRO. De la ciudad a la Presidencia de la Nación, por Julián Maradeo e Ignacio Damiani, por Editorial Planeta. <<

[556] Ver https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/intendente-viaje-dejo-madre-frente-municipio_0_ry6gjgpkCFg.xhtml <<

[557] Ver el libro El clan. La familia que se apropió del Estado. Negocios, corrupción y falsedad ideológica, por Daniel Enz. <<

[558] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/1188475-el-travestismo-politico y https://www.diariopopular.com.ar/politica/a-10-anos-un-nuevo-verbo-politica-borocotizar-n242279 y http://www.parlamentario.com/noticia-83333.xhtml <<

[559] Ver el libro La Bolsa, por Julián Martel, Ediciones Estrada; también http://www.perfil.com/noticias/politica/hemos-sufrido-mas-presion-los-que-estamos-a-favor-de-la-vida.phtml <<

[560] Ver el libro El Pacto Menem + Kirchner. Suiza y los secretos del dinero negro de la política y los negocios, por Juan Gasparini, Editorial Sudamericana; también https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/04/os-48-politicos-investigados-na-lava-jato-que-perderao-foro-privilegiado-se-nao-se-reelegerem.shtml?utm_source=folha&utm_medium=site&utm_campaign=topicos?cmpid=topicos <<

[561] Ver, entre otros, el libro El sueño eterno. Ascenso y caída de la Alianza, por Joaquín Morales Solá, Planeta; https://www.pagina12.com.ar/2000/00-08/00-08-04/pag21.htm <<

[562] Ver https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-39023-2004-07-31.xhtml, http://www.perfil.com/noticias/politica/colombi-uso-el-avion-sanitario-correntino-para-ir-de-vacaciones-20090819-0023.phtml, http://www.nuevamiradacorrientes.com/notas/x/201511/2634--Los-aviones-sanitarios-de-la-provincia-usados-para-fines-privados-desde-1994.html, http://www.ambito.com/478668-apresaron-por-corrupcion-al-secretario-de-arturo-colombi, https://www.clarin.com/politica/elecciones_2015-mauricio_macri-aviones-jujuy-humahuaca_0_B1Be5MgFP7l.html <<

[563] Ver https://www.lanacion.com.ar/1903631-legislatura-bonaerense-hay-38-empleados-por-cada-banca, https://www.lanacion.com.ar/1919232-la-escandalosa-legislatura-bonaerense, https://www.infobae.com/opinion/2017/10/03/presupuesto-de-las-legislaturas-el-negocio-de-los-politicos/ <<

[564] Ver http://www.perfil.com/noticias/politica/la-obra-social-de-la-madre-de-cristina-le-reintegro-181.000-pesos-por-una-operacion-1121-0031.phtml y https://tn.com.ar/politica/denuncian-a-directivos-de-ioma-por-favorecer-a-la-madre-de-cristina_557701 <<

[565] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/2126101-en-10-provincias-los-legisladores-ganan-mas-de-100000-netos-por-mes y http://www.iprofesional.com/notas/256613-indec-salario-sueldo-brecha-ingreso-empleado-actividad-Cuanto-ganan-por-mes-los-argentinos y https://www.cronista.com/economiapolitica/Ranking-en-que-provincias-de-la-Argentina-se-gana-mas-y-en-cuales-menos-20180205-0072.xhtml y https://www.lanacion.com.ar/2127882-los-intendentes-del-conurbano-ganan-144-mil-en-promedio <<

[566] Ver el libro Los bancos se roban con firmas. Corrupción y crisis en 1890, de Israel Lotersztain, Editorial Turmalina. <<

[567] Ver https://www.lanacion.com.ar/2111397-los-jueces-de-la-corte-suprema-revelaron-sus-sueldos-cobran-286000-en-promedio <<

[568] De los Santos, citada en https://www.cronista.com/3dias/Sobresueldos-en-el-Congreso-como-evitar-que-siga-la-caja-negra-20180413-0002.xhtml <<

[569] Ver El Congreso en la trampa. Entretelones y escándalos de la vida parlamentaria, por Armando Vidal, Planeta. <<

[570] Ver https://www.telegraph.co.uk/mp-expenses/ <<

[571] Ver https://www.lanacion.com.ar/2095118-pines-libros-de-fotos-y-plantas-los-curiosos-gastos-millonarios-del-congreso-en-2017 y https://www.elsol.com.ar/los-curiosos-gastos-millonarios-del-congreso <<

[572] Según análisis oficiales difundidos por la Casa Rosada a fines de mayo de 2018, podría generarse un ahorro de 20.000 millones de pesos con mejores controles sobre el acceso a la administración pública, el recorte de viáticos, la restricción de viajes en clase ejecutiva, la veda de automóviles oficiales desde el nivel de subsecretarios de Estado para abajo, entre otros. Ver https://www.lanacion.com.ar/2138293-el-gobierno-realizara-un-fuerte-ajuste-de-los-gastos-en-su-administracion <<

[573] Ver https://www.lanacion.com.ar/2104488-dinastias-sindicales-una-tradicion-de-herencia-familiar <<

[574] Ver, entre otros, https://www.lanacion.com.ar/1806468-la-familia-en-las-listas-una-estrategia-para-retener-el-poder y http://www.latecla.info/4/nota.php?nota_id=75975 <<

[575] Ver https://www.elcohetealaluna.com/tramparencia/ <<

[576] Ver https://www.lanacion.com.ar/2105274-se-fueron-apenas-cuatro-de-los-40-parientes-de-ministros-que-estan-en-la-administracion-nacional y https://www.clarin.com/politica/informe-escracho-funcionarios-cambiemos-familiares_0_SJT3P92BG.xhtml <<

[577] Ver http://www.perfil.com/politica/nepotismo-pro-los-funcionarios-del-macrismo-que-acomodaron-a-sus-familiares-en-el-estado-0303-0007.phtml <<

[578] Ver https://tn.com.ar/politica/binner-bonfatti-y-lifschitz-arman-tres-equipos-de-futbol-con-sus-familiares-en-el-estado_849944 <<

[579] Ver el libro Forum Shopping. Claves para entender la manipulación judicial, de Pablo Slonimsqui, Editorial Planeta; también https://www.cij.gov.ar/nota-30248-La-C-mara-Federal-de-Casaci-n-revoca-las-absoluciones-del-ex-juez-federal-Branca-y-otros-procesados-en-la-causa--Aduana-Paralela--.xhtml y https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-113610-2008-10-19.html <<

[580] Ver https://www.lanacion.com.ar/2119982-la-oficina-de-escuchas-telefonicas-poblada-de-hijos-de-jueces-y-fiscales <<

[581] Ver http://noticias.perfil.com/2016/11/12/quienes-son-los-jueces-que-pusieron-a-sus-parientes-en-el-estado/ <<

[582] Ver https://www.lanacion.com.ar/2108726-la-vieja-corporacion-politica-se-resiste-a-perder-sus-privilegios <<

[583] Ver http://chequeado.com/el-explicador/conflictos-de-interes-mira-los-vinculos-universitarios-entre-jueces-y-abogados/ y https://www.lanacion.com.ar/2064540-freiler-una-mancha-para-toda-la-justicia <<

[584] Ver https://www.lanacion.com.ar/2019590-freiler-compro-un-auto-con-cheques-de-un-empresario-beneficiado-en-una-causa-de-lavado y https://www.lanacion.com.ar/2020332-el-auto-de-freiler-un-compra-que-incluye-cheques-sin-fondo-un-costoso-campo-y-un-narco-mexicano y https://www.lanacion.com.ar/2028060-nuevas-pruebas-complican-al-camarista <<

[585] Ver https://www.lanacion.com.ar/1262480-coimas-hubo-una-alerta-de-un-funcionario-venezolano y https://www.lanacion.com.ar/1261626-coimas-un-testimonio-complica-mas-a-uberti y https://www.lanacion.com.ar/1262814-a-cobos-le-preocupa-que-el-escandalo-lo-salpique <<

[586] Ver, entre otros, http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/os-cinco-anos-da-lei-anticorrupcao/ <<

[587] Ver https://blogs.elconfidencial.com/espana/el-buzon-de-xnet/2015-11-12/decalogo-proteccion-denunciantes-alertadores-xnet_1092922/ <<

[588] Ver https://www.lanacion.com.ar/2140236-delia-ferreira-rubio-hay-profesionales-entrenados-para-llevar-adelante-la-corrupcion/amp/2140236?__twitter_impression=true <<

[589] Entrevista del autor con el experto Edgardo Buscaglia, junio de 2018; ver también https://www.unodc.org/pdf/crime/forum/forum3_Art1.pdf <<

[590] Entrevista del autor con el ex fiscal Antonio Di Pietro, ver https://www.lanacion.com.ar/2062006-antonio-di-pietro-los-ciudadanos-deben-exigir-a-los-jueces-que-actuen <<

[591] Entrevista del autor y el periodista Guillermo Idiart con el juez Sergio Moro, en https://www.lanacion.com.ar/2004725-sergio-moro-ningun-pais-esta-destinado-a-convivir-con-la-corrupcion <<

[592] Ver https://www.infobae.com/opinion/2018/07/24/los-deficits-institucionales-de-la-oficina-anticorrupcion/ <<

[593] Ver, entre otros, el informe «Seminario de evaluación de los procesos electorales y propuestas para su perfeccionamiento», 7 de marzo de 2016. <<

[594] Ver http://www.dezmedidas.mpf.mp.br <<

[595] Ver el texto La cooperación internacional contra la corrupción, por Robert Klitgaard, 1998, en https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1998/03/pdf/klitgaar.pdf <<

[596] Ver https://www.youtube.com/watch?v=jRAfcpPpXrg y https://elpais.com/elpais/2017/11/05/eps/1509836706_150983.xhtml <<

[597] Ver https://www.lanacion.com.ar/1744284-antonio-di-pietro-la-argentina-necesita-una-reaccion-ciudadana-para-combatir-la-corrupcion <<

[598] Ver https://www.lanacion.com.ar/2062006-antonio-di-pietro-los-ciudadanos-deben-exigir-a-los-jueces-que-actuen <<

[599] Entrevista conjunta del autor y el periodista Guillermo Idiart; ver https://www.lanacion.com.ar/2004725-sergio-moro-ningun-pais-esta-destinado-a-convivir-con-la-corrupcion <<

[600] Ver https://www.lanacion.com.ar/2145634-deltan-dallagnol-la-sociedad-debe-abandonar-su-lugar-de-victima-del-pasado-y-de-los-politicos <<

[601] Ver http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/apresentacao/conheca-as-medidas <<

[602] Ver http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/62434-entenda-os-conceitos-de-improbidade-administrativa-crimes-contra-a-administracao-publica-e-corrupcao <<

[603] «De lo contrario», afirma el jurista brasileño João C. de Andrade Y. Accioly, «los acusados adinerados pueden diferir su encarcelamiento indefinidamente mediante innumerables apelaciones ante el Tribunal Superior de Justicia (Superior Tribunal de Justiça, STJ) y el Supremo Tribunal Federal, que, sobrecargados por la inmensa cantidad de casos para analizar, tienden a no llevarlos a juicio final antes de que la prescripción tenga lugar. Nadie en su sano juicio ofrecería información sensata, dinero, y estaría sujeto a sanciones si pueden quedar impunes retardando una condena definitiva, no apelable»; ver el artículo «El ordenamiento jurídico anticorrupción en Brasil», de De Andrade Y. Accioly, en «Compliance, Anticorrupción y Responsabilidad Penal Empresaria», Editorial Thomsom Reuters - La Ley, suplemento especial, mayo de 2018. <<