Inspirado en el nombre que los nicaragüenses le dieron a la degradación de la Revolución sandinista devenida corrupción vergonzosa y desencanto, este libro se llama La piñata. La misma Gioconda Belli, integrante de la comisión político-diplomática, vocera y correo clandestino del FSLN, denunció la farsa de complicidades y negocios del entorno de Daniel Ortega, que llevó al impúdico enriquecimiento de muchos excompañeros de armas. ¿Néstor Kirchner lideró una reedición local de la “piñata”? Y tras su muerte, ¿qué decisión tomó la Presidenta? En este nuevo libro, el periodista Hugo Alconada Mon se concentra en el “lado B” del gobierno kirchnerista-cristinista, aquel que alejó a tantos que apoyaron sus primeros y esperanzadores años porque se sintieron engañados: los hechos no acompañaban las palabras que anunciaban un ambicioso proyecto común y vulneraban su sostén ético indispensable. Porque el rasgo característico de una “piñata” es que la riqueza termina en las manos de unos pocos, y traiciona aquella promesa original de un gobierno para muchos, inclusivo. Para eso, La piñata repasa, de la A a la Z, actos de corrupción y figuras indispensables para comprender de otro modo a un gobierno que empezó bregando por una “burguesía nacional” pero, como en Nicaragua, terminó por nutrir un “capitalismo de amigos” y una voraz apropiación de capitales. Puede el lector leerlo en orden alfabético o aleatorio. Aunque elija la secuencia más caprichosa, se sorprenderá al encontrar nombres que se repiten con insistencia, ya sea como “conectores”, “operadores” o “vasos comunicantes” de un sistema feroz de impunidad. Este nuevo trabajo de Alconada Mon no es una mera denuncia sino una reflexión lúcida sobre un gobierno que, en su insaciable acumulación de poder, renunció muy pronto a ejercer un control crítico sobre sí mismo.

Hugo Alconada Mon

La piñata

El ABC de la corrupción, de la burguesía nacional kirchnerista… y del «capitalismo de amigos»

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diegoan 20-08-2021

Título original: La piñata

Hugo Alconada Mon, 2015

Con la colaboración de Maia Jastreblansky & Iván Ruiz

Editor digital: diegoan

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A mis hermanos

Prólogo

—¿Por qué nunca me atacaron? —⁠le pregunto al hombre, ícono de los sótanos kirchneristas donde se oculta la corrupción.

—Porque vos tenés información, y eso lo respetamos. Vos no hacés operetas, como máximo caés en ellas, y no cobrás —⁠dice.

—A Enrique Olivera le inventaron dos cuentas secretas en Suiza y Estados Unidos —⁠le retruco, en alusión al exjefe de Gobierno porteño y candidato opositor en 2005 al que carpetearon desde el oficialismo⁠—. ¿Por qué a mí no?

El hombre no dice nada. Sonríe.

—¿Usted sabe que siempre tengo la sensación de que estoy escribiendo sobre el conejo que tengo delante de mis ojos, mientras a mis espaldas pasa un elefante rosa en zunga haciendo la vertical y no me doy cuenta? —⁠le digo.

Entonces sí, el hombre de los sótanos habla.

—Es exactamente así —asiente, mientras mira hacia la ventana⁠—. Ustedes los periodistas apenas si arañan la superficie.

El elefante está ahí, pero no logramos verlo.

Porque nos perdemos en contar los detalles de los conejos de turno.

Porque nos concentramos en el árbol y no vislumbramos el bosque.

Porque el elefante es el sistema.

Un sistema de corrupción que abarca a políticos, empresarios, dirigentes sociales y medios, beneficiado por una sociedad que valida con su desinterés o, peor, con su apoyo explícito los desmanejos institucionales (en el Indec, la unidad antilavado o la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, entre otros) o los actos de corrupción (que llevan, por ejemplo, al manoteo de la máquina de hacer billetes, a la desaparición de casi 1300 millones de pesos de las arcas públicas que se enviaron a Madres de Plaza de Mayo o, peor, que terminan en muertes como en la «Tragedia de Once»).

«Lo más escandaloso que tiene el escándalo es que uno se acostumbra», dijo alguna vez la novelista y filósofa francesa, Simone de Beauvoir. Y basta con observar la pasividad con que la sociedad argentina tolera también las violaciones a sus derechos más elementales que padecen los Qom. O que tantos dirigentes, por ejemplo, ingresen pobres a los clubes y salgan multimillonarios gracias a los fondos de Fútbol Para Todos, mientras los clubes que dicen amar van a la quiebra y los barras se muestran dueños de las canchas.

Esa pasividad social es, en parte, consecuencia de los pésimos resultados que muestra el Poder Judicial a la hora de investigar al poder político y económico. Por falta de herramientas, por franca incompetencia o, también, por corrupción. Pero también es su causa.

Es como la paradoja del huevo y la gallina.

¿Qué viene antes? ¿La falta de resultados institucionales o el desinterés social?

Porque sí, en efecto, un estudio de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro para la Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (OCDAP) —⁠un organismo del Ministerio Público⁠—, determinó que las investigaciones sobre corrupción en la Argentina tardan, en promedio, más de una década en llegar a la instancia de juicio oral. Y esto, en los casos en que sí llegan a esa instancia decisiva, ya que este tipo de investigaciones sensibles suele concluir antes con «prescripciones masivas».

A eso se suma, según los datos recabados por el CIPCE en un análisis previo de 750 grandes casos de corrupción registrados entre 1980 y 2007 —⁠es decir, los últimos años de la dictadura y las presidencias de Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, las transiciones de Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Duhalde, y el gobierno de Néstor Kirchner⁠—, que solo se condenó al 3 % de los involucrados en esos casos, con un desfalco estimado para las arcas públicas de unos 13 000 millones de dólares.

O dicho de otro modo: si usted roba en la Argentina y tiene la mala fortuna de ser detectado y denunciado, lo más probable es que deba desfilar por Tribunales durante 10 años, pero eso no impide que el expediente se cierre por el mero paso del tiempo y el dinero quede en su bolsillo.

¿Qué puede funcionar como disuasorio en este contexto?

Otra vez, ¿qué es primero: el huevo o la gallina?

Según diversos estudios del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), del Swiss Federal Institute of Technology, de Lausana, y de la Universidad de Tilburg, Holanda, entre otros centros, la solución pasa por la sociedad: «En la vida real el castigo infligido a un engaño tiende a ser el rechazo social».

Más directo y basado en su experiencia como el gran fiscal del Mani Pulite, Antonio Di Pietro, a este autor: «La Argentina necesita una reacción ciudadana para combatir la corrupción».

Si eso no ocurre, es previsible entonces que la familia presidencial informe que gana fortunas por los alquileres que le pagan tres grandes contratistas de obras o servicios públicos durante la última década —⁠Lázaro Báez, Cristóbal López y Juan Carlos Relats⁠—, y que los organismos de control no reaccionen.

O que la Oficina Anticorrupción demore años en investigar algunos casos para llegar, en definitiva, a conclusiones insípidas.

O que los Qom reclamen por lo que es justo y que la Casa Rosada los ignore por su alianza con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.

O que el «capitalismo de amigos» acumule múltiples ejemplos a lo largo de la década larga. Y eso lleve a que Báez arme una constructora 17 días antes del ingreso de los santacruceños a la Casa Rosada y muy pronto esa empresa, Austral Construcciones, se convierta en la mayor beneficiaria de la obra pública en la Patagonia, al mismo tiempo que esa y otras firmas suyas alquilaban habitaciones en los hoteles presidenciales, construían y aún alquilan inmuebles con la familia Kirchner y hasta comparta un condominio con la Presidenta.

O que Cristóbal avance en los sectores del juego y del petróleo mientras le alquila departamentos y cocheras a la familia presidencial, al mismo tiempo que adquiere activos multimillonarios de Petrobras en la Argentina con la caja que obtiene al dejar de pagar los impuestos que generan esos mismos activos, ante la tolerancia de la AFIP.

O que un empresario como Ernesto Gutiérrez haya tomado el control de Ciccone Calcográfica, como así también lo intentó —⁠con o sin Eduardo Eurnekián⁠— en Aerolíneas Argentinas, Esso y Telecom, con fondos cuyo origen nunca explicitó.

O que el banquero Enrique Eskenazi haya ingresado en YPF por su experticia «en mercados regulados» y con Kirchner al teléfono para negociar con los españoles.

O que el excanillita, cadete y vendedor de sándwiches, sospechado por la Justicia por supuesto narcotráfico, Rudy Ulloa, haya ofertado US$ 320 millones a Telefónica para adquirir el canal Telefé, o que su nombre haya sonado como supuesto interesado en el Grupo Clarín.

¿Suena excesivo?

No, según clarificó el propio Kirchner al periodista que escribió al respecto. Porque no fue Rudy, sino el ex Presidente quien le indicó que no tenía interés en Clarín… al menos por el momento. Porque en su e-mail citó una frase de la escritora francesa Marguerite Yourcenar: «Tener razón demasiado pronto es lo mismo que equivocarse».

Porque, en definitiva, si lo raro es un caso aislado, pues puede tomarse como la excepción, un «desvío». Pero si los personajes, las prácticas, los intermediarios y mucho más se repiten en distintos episodios, estamos ante algo muy distinto: estamos ante un sistema.

Eso es lo que planteó el astro del fútbol alemán, Franz Beckenbauer, exmiembro del comité ejecutivo de la FIFA cuando les recordó a muchos cuál es el verdadero cuadro de situación que el escándalo conocido como FIFAgate dejó en evidencia, con Joseph Blatter como su protagonista máximo. «Es el sistema, no el individuo», les recordó «el Káiser». «Van a seguir habiendo distorsiones mientras haya gente con esta actitud y este carácter».

Algunos excolaboradores de Kirchner marcan una distinción. Admiten que no se puede comparar a Lázaro o Rudy, entre otros, con otros como Eskenazi, Gutiérrez, Cristóbal o Marcelo Mindlin, que ya eran empresarios desde mucho antes de siquiera saber de la existencia de Kirchner, más allá de que se beneficiaron de la visión de país que profesaba.

«Néstor envidiaba profundamente a Brasil, de la forma en que sus empresarios defienden a su país, y estaba convencido de que la Argentina necesitaba desarrollar una burguesía nacional para generar un proyecto de país de acá a 50 años», rememoró ante este autor uno de los operadores más cercanos a Kirchner, al punto de ser su emisario ante los españoles de Repsol o, incluso, viajar hasta Japón para transmitir un mensaje que no podía plasmarse en un papel.

Kirchner lo explicitó en uno de sus discursos fundacionales como presidente, en septiembre de 2003. «Es fundamental que el capital nacional participe de un proceso de reconstrucción de la sociedad. Es imposible un proyecto de país si no consolidamos una burguesía nacional», afirmó, rodeado de empresarios y tras unas palabras de bienvenida del anfitrión, Jorge Brito, en su rol de presidente de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba).

El panorama era elocuente: en el último informe de la Encuesta Nacional de Grandes Empresas que había llegado hasta las manos de Kirchner antes de ese discurso, constaba que en el top 500 de las firmas que operaban en el país, las locales controlaban apenas el 20,6 % de la producción, con utilidades que se reducían al 4,8 % del total.

«Néstor consideraba que los sectores de la energía y las comunicaciones eran las bases para el futuro y alentaba a los empresarios a meterse en proyectos, a invertir en el país. A cambio, él les ofrecía todas las oportunidades de financiación y otras que pudiera facilitarles desde el Estado. Eso no quita que también jugara su juego, pero no para llevarse guita al bolsillo, sino para sentarse a la mesa del poder permanente», abundó el «correo del zar», que de inmediato imitó su inconfundible forma de hablar: «Y shi los empresharios ademásh shon amigosh, mejor».

Esa obsesión por fomentar una burguesía nacional explicaría sus cortocircuitos con Paolo Rocca y el Grupo Techint, al que no terminaba de descular —⁠¿Es un grupo empresario argentino o italiano? ¿Dónde tributa más impuestos?, desafiaba a sus colaboradores⁠—, como así tampoco ocultaba su desprecio por los hermanos Bulgheroni, porque sostenía que preferían invertir en lugares inhóspitos del planeta en vez de apostar por la Argentina.

«¿Si ayudó a los Eskenazi? Sí, claro, pero ellos ya eran el Grupo Petersen desde hacía décadas. Y Cristóbal ya era un empresario del Sur que por su cuenta podría haber sido el empresario más fuerte de la Patagonia», añadió el otrora compinche de Kirchner, mientras miraba desde su oficina hacia la plaza. «Distinto es el caso de Rudy o de Lázaro. O incluso de (Julio) De Vido, que nunca, ¡nunca!, se juntó a comer con Néstor», rememoró.

Junto a Cristóbal López ahondaron en esa visión. «Claro que sí, Néstor hablaba de formar 8, 10, 15 grupos nacionales que reinvirtieran sus ganancias en el país. El problema es que esa fue su visión, pero nunca llegó a plasmarse en una política de Estado», aclararon.

Así, la Argentina acaso haya protagonizado, sin saberlo, una reedición de lo que en Nicaragua se conoce como «la piñata».

Ocurrió a principios de 1990, cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Daniel Ortega perdió las elecciones frente a Violeta Chamorro y debió abandonar el poder.

Fue entonces cuando Ortega y sus colaboradores impulsaron la confiscación de propiedades y empresas en toda Nicaragua que en teoría terminaron en manos de los más pobres, pero que en la práctica terminó bajo el control de amigos y familiares de sandinistas y de ellos mismos.

El objetivo teórico buscado era la redistribución de la riqueza, pero en la práctica fue manotear el patrimonio suficiente como para financiar al sandinismo —⁠y a sus líderes⁠— durante los años que debieran caminar por el desierto hasta que pudieran recuperar el poder.

¿Hay que financiar una campaña? Tenemos con qué.

¿Hay que sobornar a un juez que nos investiga? Tenemos con qué.

La estrategia política detrás de la piñata, por supuesto, pronto se mezcló con fines mezquinos de los receptores de esos fondos, que muchas veces manotearon los bienes y huyeron para no volver.

Y la piñata sandinista fue grande. Según calculó el procurador general de Nicaragua, Hernán Estrada, el 23 de abril de 2013, las indemnizaciones que los gobiernos subsiguientes debieron afrontar superaban ya los US$ 1300 millones.

¿Es mucho o es poco? El PBI nicaragüense rondaba los US$ 11 200 millones en 2013. Pero cuando Ortega y sus acólitos dispusieron la piñata, no superaba los US$ 1013 millones.

Manotearon empresas de transporte, medios, madereras, ingenios azucareros, campos, mataderos e incluso Ortega se mudó a una casa confiscada que en 1980 se valuó en US$ 1 millón y hoy rondaría entre los US$ 3 y 6 millones, según cómo se actualice ese monto.

«La llamada piñata sandinista fue vergonzosa», escribió al mundo la poeta Gioconda Belli, a la que nadie puede acusar de «contra». Integró las filas del FSLN, fue su vocera y su correo clandestino, transportó sus armas, e integró su comisión político-diplomática. Hasta que rompió, asqueada por la putrefacción de los ideales. «La piñata causó nuevas deserciones en el interior del FSLN por desacuerdos éticos, pero generó al mismo tiempo complicidades estrechas, ya no basadas en ideales y sueños, sino en negocios o en el mutuo encubrimiento —⁠relató⁠—. El FSLN se apropió de emisoras de radio y equipos de televisión. Fundó un banco y formó empresas usando los nombres de cuadros leales que también se enriquecieron».

¿Kirchner lideró una reedición de la «piñata», versión argentina?

Esto no quita reconocer lo mucho muy bueno que impulsó el kirchnerismo desde que asumió las riendas políticas del país.

Puede consignarse, en una lista apenas indiciaria e incompleta, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la renovación de la Corte Suprema, el decreto que limitó las atribuciones presidenciales para proponer a los nuevos miembros de ese tribunal, la eliminación de la condena penal para los delitos de calumnias e injurias, la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la sanción de la ley de matrimonio igualitario y la distribución de más de 5 millones de computadoras entre los chicos. También, la promoción de los derechos humanos como política de Estado, los desarrollos tecnológicos que agilizaron la confección y entrega de los nuevos DNI o las tarjetas SUBE, el nuevo impulso dado a la ciencia, la tecnología y el Conicet, la construcción masiva de nuevas escuelas y el lanzamiento del programa Procrear. O la regularización de empleadas domésticas, los planes Remediar y Nacer, la reforma electoral que introdujo las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria, entre mucho otros avances más.

Pero todos esos logros, avances y correcciones conforman el «lado A» del kirchnerismo. Y este libro apunta a su «lado B».

Este libro, en suma, se concentra en los casos de corrupción, las sospechas o las prácticas cuestionables que se acumularon durante sus más de 12 años y medio en el poder. Apunta a contar que el rey, a veces, está desnudo, como en aquel cuento —⁠«El traje nuevo del Emperador»⁠— de Hans Christian Andersen.

Porque el kirchnerismo promovió, en el mejor de los casos, una «burguesía nacional» pero, como en la piñata nicaragüense, mutó en un sistema que por momentos resultó un «capitalismo de amigos» y, en otros, alentó una mera y burda apropiación de capitales.

Repasar el «lado B» de la última década permite ver que el sistema instaurado registra múltiples vasos comunicantes o «conectores» para casos que parecen aislados pero no lo están.

Así, operadores como Manuel Vázquez pueden aparecer detrás de la sospechada compra de aviones a Brasil para Aerolíneas Argentinas al mismo tiempo que en la recaudación para la campaña kirchnerista entre las empresas españolas. O que el transportista de dinero en efectivo para una empresa de Lázaro Báez, Carlos Adrián Calvo López, aparezca también en la financiera de uno de los responsables de los «fondos de Santa Cruz». O que un contador, Andrés Galera, figure como imputado en la «causa Skanska» en Buenos Aires, se lo haya señalado como recaudador de la obra pública en Tucumán y como operador de Kirchner en el club Racing. O que el mismo hombre, José María Olazagasti, que le franqueó la entrada de la Casa Rosada a Guido Alejandro Antonini Wilson, sea también identificado por funcionarios de la Cancillería argentina como el rostro visible de la «diplomacia paralela» con Ecuador y Venezuela y, hoy, sea el número tres de la ex SIDE.

Estos son apenas cuatro ejemplos entre tantísimos «conectores», «operadores» y «vasos comunicantes» de un sistema que además permite observar una cierta endogamia kirchnerista a la hora de hacer política o negocios. Los nombres se repiten, una y otra vez, marcando una frontera precisa entre quienes integran la «pingüinera» y quienes solo colaboran con ella como satélites, pero pueden ser desechados. Les pasó a Marcelo Mindlin, a Felisa Miceli y a Romina Picolotti, entre otros.

Por último, este libro buscó recrear la invitación del gran Julio Cortázar a los lectores de Rayuela. Puede leerse de manera lineal desde la primera página de la letra «A» hasta la última de la «Z». O puede el lector comenzar por la letra que desee y continuar luego por cualquier otra que desee.

Para eso, al final de cada capítulo se consignan a modo de simple sugerencia otras letras con las que se comunica el caso o el personaje sobre el que acaba de leer. En línea, también, con una serie clásica de libros de nuestra infancia: Elige tu propia aventura.

Por supuesto, todo y cualquier error plasmado en las páginas siguientes son de mi entera responsabilidad. Por el contrario, este libro nunca se hubiera materializado sin la talentosa ayuda de dos periodistas de fuste: Maia Jastreblansky e Iván Ruiz. A ambos, ¡gracias!

Y una pregunta obvia: ¿por qué esta suerte de diccionario?

Porque hay veces en que el mayor esfuerzo de un trabajo (o de un libro) pasa por organizar lo que ocurre y vivenciamos durante años para ayudar a otros a entenderlo. Hay veces en que es importante reconocer lo que está frente a nuestros ojos y define el estilo o la cultura de, por ejemplo, un gobierno. Puede estar allí, esperando que uno lo capture de un modo que sirva a otros para comprender un sistema.

El sistema.

El elefante en vez del conejo.

La Piñata.

La Plata, julio de 2015

Los conectores

El gran conector fue Néstor Carlos Kirchner. A él —⁠y solo a él⁠— le reportaban de manera directa múltiples jugadores y operadores de rubros muy distintos. Por eso, con su muerte, la Presidenta debió encargarse de una tarea de la que hasta entonces no se ocupaba: mantuvo los roles de algunos, potenció a otros y desplazó al resto.

Dentro de ese listado de «conectores» pueden mencionarse a:

Andrés, César: contador de extrema confianza de Lázaro Báez, a cargo también de la contabilidad de Hotesur, la sociedad controlante del hotel Alto Calafate de la familia Kirchner y de las dos financieras de Ernesto Clarens, Credisol e Invernes. Mantuvo reuniones en el Sur con Federico Toninelli, hijo del titular de la DGI, que viajó hasta Río Gallegos en el avión privado de Báez para supervisar su estrategia contable y judicial.

Álvarez, Julián: referente de La Cámpora, secretario de Justicia de la Nación, operador judicial, interlocutor asiduo de los jueces federales durante los últimos años del kirchnerismo, en particular con Rodolfo Canicoba Corral, con quien coordinó los pasos a seguir tras la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la Presidenta.

Blanco Bermúdez, Santiago: abogado del jefe operativo de la ex SIDE, Antonio Horacio Jaime Stiuso, como así también del casino flotante en los tiempos del catalán Manuel Lao (Cirsa), y del funcionario de la AFIP, Andrés Vázquez, a cargo del operativo del organismo contra el Grupo Clarín.

Brito, Jorge: banquero dueño del Banco Macro, identificado como «el banquero de Kirchner» por la embajada de Estados Unidos según reveló WikiLeaks, sospechado de ser el financista oculto de Amado Boudou para su desembarco en la ex Ciccone. A través de su filial en Bahamas se movió el dinero de Lázaro Báez que se congeló en Liechtenstein y le pagó US$ 1 millón al operador Javier Fernández por su parte en Infobae.

Calvo López, Carlos Adrián: empleado de Jorge Brito en Uruguay y Bahamas, Lázaro Báez lo identificó como el hombre que le trajo bolsos con dinero en efectivo desde Montevideo para capitalizar una de sus constructoras, al tiempo que aparece como director en la financiera de Ernesto Clarens, Invernes.

Clarens, Ernesto: dueño de la financiera Invernes —⁠con la que tomó el control virtual de la constructora Gotti Hermanos⁠—, también lo es de Credisol, una de las firmas señaladas como compradoras de habitaciones en el hotel Alto Calafate de los Kirchner. Tanto Invernes como Credisol comparten domicilio en Buenos Aires con varias empresas de Lázaro Báez. Una de sus empleadas recibió llamadas de Claudio Uberti durante las horas más calientes del «caso Antonini». Otra de sus financieras, Patagonia Financial Services, comparte el domicilio con una cooperativa que cambió cheques para Sebastián Forza, uno de los asesinados en el «Triple Crimen».

Di Zeo, Rafael: jefe histórico de «La Doce», la barrabrava de Boca Juniors, acumula contactos con los principales partidos políticos del país durante las últimas décadas; casado con la secretaria privada del entonces gobernador bonaerense Felipe Solá y asesora luego del Ministerio de Seguridad bonaerense durante la gestión de Daniel Scioli, también integró «La Kirchner», la agrupación que creó Marcelo Mallo, con el respaldo de Rudy Ulloa, tras la disolución de «Hinchadas Unidas Argentinas».

Fariña, Leonardo: estudiante platense de Ciencias Económicas y supuesto «valijero» del empresario Lázaro Báez, participó en la operatoria para el armado de un fideicomiso en el Banco Nación, protagonista de la llamada «ruta del dinero K» a través de la financiera SGI o «La Rosadita» de Federico Elaskar, es amigo de Juan Ignacio Suris, detenido en Bahía Blanca por narcotráfico y facturas truchas que llegan hasta Báez.

Fernández, Javier: miembro del colegio de auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN), fue uno de los operadores predilectos de los Kirchner con la Justicia —⁠entre otros, con el juez federal Norberto Oyarbide⁠— hasta que se distanciaron por la pelea con la ex SIDE.

Forza, Sebastián: uno de los tres asesinados en el llamado «Triple Crimen», era dueño de varias droguerías señaladas como parte del entramado de la «mafia de los medicamentos», figuró como supuesto aportante a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, antes de que saliera a la luz en la Corte Federal de Miami afirmó que en el vuelo de Antonini Wilson habían ingresado otros US$ 4,2 millones. Afirmó trabajar para la ex SIDE.

Galera, Andrés: contador marplatense, con una condena en suspenso por estafa desde 2001, fue imputado, allanado e indagado como supuesto «valijero» en el «caso Skanska», señalado también como presunto intermediario entre el Ministerio de Planificación Federal y empresarios de la obra pública en Tucumán, y por supuestos manejos millonarios para Néstor Kirchner en el club Racing, la AGN lo denunció por las demoras en entregarle su nueva sede.

Greppi, Guillermo: dueño de la financiera Propyme que allanó el juez federal Norberto Oyarbide, quien reconoció que detuvo el operativo por un llamado del número dos de Carlos Zannini; Propyme también cambió cheques de Madres de Plaza de Mayo vinculados a «Sueños Compartidos» de Sergio Schoklender, mientras la prensa señalaba sus supuestos vínculos con Leonardo Fariña, Federico Elaskar y la «ruta del dinero K».

Goñi, Matías: señalado como uno de los líderes de «Los Borrachos del Tablón», declaró ante la Justicia que el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno era su «inmediato superior», al tiempo que escuchas telefónicas exponían sus presuntos contactos dentro de la Casa Rosada, que llegaban incluso a la Quinta de Olivos.

Gutiérrez, Ernesto: expresidente de Aeropuertos Argentina 2000 y socio de Eduardo Eurnekián, el empresario ingresó en la ex Ciccone Calcográfica antes que Amado Boudou y Alejandro Vandenbroele, e intentó ingresar en Aerolíneas Argentinas, Telecom y Esso, con la venia de la Casa Rosada.

López, Alberto: apodado «Negro», el empresario fue procesado por la Justicia por supuesto tráfico de Efedrina; se movía con tarjetas personales que decían «Presidencia de la Nación», contaba con una oficina en la Casa Rosada, uno de los protagonistas del «caso Skanska», Adrián López, se refugió en su casa al recuperar la libertad y acumula llamadas con Madero Office Center, a la que también llamaron los Juliá antes de caer en España, los imputados por los asesinatos de colombianos en el Unicenter y en San Fernando, y uno de los asesinos del «Triple Crimen».

López, Adrián: «Pichi» para sus amigos, es uno de los protagonistas centrales para entender el «caso Skanska», desde que declaró ante la Justicia; explicó cómo era la operatoria de las facturas truchas y señaló a Julio De Vido, a sus colaboradores José López y Roberto Baratta, y al contador Andrés Galera, al que calificó de «valijero». Denunció aprietes de la ex SIDE.

Lorenzo, Néstor: apodado «el Yabrán de los medicamentos» por la entonces ministra de Salud, Graciela Ocaña, era dueño de las droguerías San Javier y Congreso Salud, al mismo tiempo que figuraba como aportante a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en 2007. Investigado en la causa sobre la «mafia de los medicamentos», también se vinculaba con Sebastián Forza, uno de los asesinados en el «Triple Crimen».

Mallo, Marcelo: puntero político de Quilmes, donde responde a Aníbal Fernández, lideró la ONG «Hinchadas Unidas Argentinas» que llevó barrabravas al Mundial de Sudáfrica en 2010 y de la organización «Compromiso K», bajo órdenes de Rudy Ulloa, con quien también lanzó «La Kirchner» junto con el exjefe de «La Doce», Rafael Di Zeo.

Mena, Juan Martín: exjefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, a fines de 2014 se convirtió en el número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (ex SIDE), además de ser uno de los interlocutores de los jueces federales de Comodoro Py con el Gobierno.

Olazagasti, José María: secretario privado de Julio De Vido, los roles del «Vasco» aumentaron con los años. Fue quien destrabó el ingreso a la Casa Rosada de Guido Alejandro Antonini Wilson solo 60 horas después del decomiso de los US$ 800 000 en Aeroparque, luego fue señalado por funcionarios de la Cancillería como el responsable de la «diplomacia paralela» en Venezuela, Bolivia y Ecuador; vinculado al contador de Lázaro Báez, Daniel Pérez Gadín. A fines de 2014 ingresó a la ex SIDE, mientras llevaba y traía mensajes entre el Gobierno y Comodoro Py.

Oyarbide, Norberto: juez federal de Comodoro Py, de diálogo fluido con varios operadores judiciales, en sus manos quedaron múltiples causas sensibles para el oficialismo. Entre otras, el sobreseimiento veloz de los Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito, «Sueños Compartidos» de Madres de Plaza de Mayo, la «mafia de los medicamentos», la fase de liquidación del «caso Skanska», Propyme y el análisis patrimonial de Carlos Liuzzi, el número dos de Carlos Zannini.

Pérez Gadín, Daniel: uno de los contadores de Lázaro Báez, la Justicia lo acusó de falsear documentación para destrabar el supuesto ingreso ilegal de ciudadanos chinos en la Argentina; desplazó a Federico Elaskar de la financiera «La Rosadita», en su currículum oficial detalla que también supervisó los números la gerenciadora Valle Mitre y del hotel Alto Calafate de los Kirchner, la Justicia detectó llamados con José María Olazagasti, el fiel colaborador de Julio De Vido que luego ingresó a la ex SIDE.

Rodríguez, Diego, hermano de la ministra de Seguridad nacional, Cecilia Rodríguez, «el boletero» vinculado a la barrabrava de River, «Los Borrachos del Tablón», aparece en una escucha telefónica que obtuvo el fiscal José María Campagnoli en la que discute el eventual lavado de US$ 300 millones pertenecientes a Lázaro Báez, y señalado como coordinador de la protección política y policial para los barras de River.

Sancho, Carlos: exgobernador interino de Santa Cruz, socio de Osvaldo Sanfelice y Máximo Kirchner en la inmobiliaria, también figura entre los compradores de tierras fiscales en El Calafate, miembro del directorio de Hotesur, la sociedad controlante del Alto Calafate.

Sanfelice, Osvaldo: colaborador y amigo de Néstor Kirchner, socio en la inmobiliaria de Carlos Sancho y Máximo Kirchner, socio de Cristóbal López en la sociedad Talares de Posadas, «Bochi» también figura como empleado de López en Álcalis de la Patagonia, en la que ingresó a pedido de Kirchner, señalado ante la Justicia como supuesto veedor de Kirchner en las empresas de Lázaro Báez. Miembro del directorio de Hotesur, tomó el gerenciamiento de la hostería El Retorno, en Bariloche, de Cristóbal López.

Schoklender, Sergio: parricida convicto, se vinculó con Hebe de Bonafini y al salir de la cárcel se sumó a Madres de Plaza de Mayo, desde donde desarrolló el programa «Sueños Compartidos», investigado por la Justicia y la AGN por los desmanejos de $ 1300 millones del Estado, con cheques que pasaron por la financiera Propyme de Guillermo Greppi. Tras el estallido del escándalo, acusó a De Vido y sus colaboradores. También aparece en el «caso Ciccone». Denunció aprietes de la ex SIDE.

Uberti, Claudio: amigo íntimo de Rudy Ulloa, para el que trabajó, fue recaudador de las campañas kirchneristas y protagonista central de la llamada «embajada paralela», hasta que debió renunciar a su cargo formal por el estallido del «caso Antonini»; desde entonces pasó a cobrar un sueldo en una de las empresas de Lázaro Báez y su nombre solo reapareció en los medios como uno de los que cobraba un «fee» a las empresas que querían —⁠debían⁠— participar en una feria organizada por el Ministerio de Planificación Federal.

Vázquez, Andrés: funcionario de carrera de la AFIP y supuestos vínculos con la ex SIDE, participó en el operativo contra el Grupo Clarín que ordenó Ricardo Echegaray; también afrontó una investigación dentro del organismo por su presencia en el casino flotante de Puerto Madero durante una inspección; titular durante años de la Regional Sur Metropolitana, área que debía supervisar empresas de Cristóbal López y Lázaro Báez, que modificaron su domicilio fiscal para quedar bajo su órbita.

Vázquez, Manuel: autoproclamado «testaferro» del entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, su nombre apareció en los 90 en el «caso Siemens», y ya durante el kirchnerismo participó en el intento de comprarle Aerolíneas Argentinas al Grupo Marsans, en la sospechada adquisición de aviones Embraer por la ya estatizada Aerolíneas, la compra de materiales ferroviarios a Portugal y España, la recaudación entre grandes empresas españolas para la campaña electoral kirchnerista y una supuesta coima con LAN, entre otros.

Villaverde, Fernando: exreferente de la UPAU de Mar del Plata, donde fue jefe de Ricardo Echegaray y Amado Boudou, fue denunciado por su supuesto rol en el armado de una causa armada contra Francisco de Narváez durante la campaña de 2009; también se lo vincula con cobros irregulares en la Oncca y como nexo entre los Ciccone y Echegaray, ya titular de la AFIP, previo al desembarco de Alejandro Vandenbroele.

A / Aerolíneas

El primer alerta llegó por e-mail, sin escalas, al directorio de Aerolíneas Argentinas, que estaba por desembolsar más de US$ 700 millones para comprar 20 aviones E 190 al fabricante brasileño Embraer.

«El precio final al que llega Embraer está aproximadamente un 10 por ciento sobre los valores normales de venta de dichas aeronaves», avisaba ese correo, que había enviado Carlos Vázquez, un ejecutivo «de línea» de la propia Aerolíneas, respetado dentro del Gobierno como un sólido experto en asuntos aeronáuticos.

El segundo objetivo del e-mail de Vázquez fue más tajante: reclamarle al directorio que peleara una rebaja, casi intimarlo a que lo hiciera, «y en caso de no obtenerse una respuesta satisfactoria, no realizar dicha operación de compra».

El e-mail llegó al directorio el martes 21 de abril de 2009.

¿Sus destinatarios? El entonces presidente de la compañía y luego ministro de Justicia, Julio Alak; su director de Finanzas, Carlos Albarracín; su director de Asuntos Legales, Martín Barrantes, y los directores Héctor y Emiliano García Cuerva, entre otros.

Aquel correo electrónico, sin embargo, resultó apenas la primera de dos alertas que recibieron los directores. La segunda fue más formal y contundente. También lo envió un ejecutivo, del área de compras. Y se extendió a lo largo de cuatro carillas.

Esta vez, lo recibió Albarracín, que se lo entregó a Alak.

«Lo normal y esperado para la operación en análisis sería un precio neto de entre 29,5 y 30 M US$ (millones de dólares). O sea, se estima un sobreprecio de unos 3 M US$ (por avión), como mínimo», explicó el ejecutivo, que tituló su informe como «Análisis de la carta de intención entre Embraer y Aerolíneas Argentinas».

Ya con el e-mail de Vázquez y la nota formal en sus manos, Alak preguntó sobre la operación en la siguiente reunión de directorio, a fines de ese mes. Fue más lejos: advirtió que con esos precios no debería concretarse la compra de los 20 aviones para Austral Líneas Aéreas.

Acaso con problemas de memoria, Alak negaría luego haber cuestionado las cotizaciones. Acaso porque terminó aprobando la compra a un costo básico de US$ 34,5 millones por aeronave —⁠y un precio final de entre 35,4 y 37,4 millones de dólares cada una, según su fecha de entrega⁠—, bajo presión del secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y otros emisarios del Gobierno.

Esos alertas y las objeciones de Alak tardaron un año en salir a la luz, hasta que este autor lo reveló en el diario La Nación. De inmediato, el nuevo presidente de Aerolíneas, Mariano Recalde, declaró que en esa operación «no hubo sobreprecios, ni mucho menos coimas».

El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, también negó posibles sobreprecios y desplegó un contraataque. Acusó por la denuncia a los anteriores dueños de la compañía y a otras empresas fabricantes de aviones que quedaron fuera del acuerdo. «Veo una operación mediática impulsada por otras constructoras y por los que les tocó manejar la empresa y fracasaron rotundamente», se enojó.

Pero los datos comenzaron a aparecer.

Primero, el juez federal Sergio Torres allanó la sede central de Aerolíneas, en la torre ubicada frente al estadio Luna Park.

Encontró el incómodo e-mail y el informe de cuatro carillas. Ambos textos continuaban en los archivos informáticos de la firma.

Y luego llegó el turno de Embraer.

En marzo de 2013, la fábrica brasileña envió un formulario 6-K a la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos (SEC), que combinó con un comunicado oficial que tituló «Investigaciones, actualización». Allí consignó que existía una pesquisa sobre operaciones en cinco países, sospechadas de irregularidades.

Escueto y críptico, Embraer no detalló cuáles eran esos países. Pero trascendió luego que la Argentina sería uno de ellos.

«Hemos recibido una citación de la SEC, en septiembre de 2010, que inquirió sobre ciertas operaciones relativas a las ventas de aviones en el extranjero —⁠indicó Embraer⁠—. En respuesta a esta citación y consultas asociadas a la posibilidad de incumplimiento de la ley de Estados Unidos sobre prácticas corruptas en el extranjero, contratamos a un abogado externo para llevar a cabo una investigación interna sobre las transacciones realizadas en tres países específicos».

¿Por qué informó la empresa brasileña a las autoridades de Estados Unidos? Porque, al cotizar en el mercado de valores de ese país, Embraer quedó sujeta a sus leyes, entre otras la «FCPA», que penaliza los actos de corrupción cometidos en terceros países.

Para las autoridades argentinas, el comunicado de Embraer resultó suficiente para negar otra vez que la compra de aviones por Aerolíneas estuviera bajo sospecha, más aún con la aclaración/desmentida posterior que difundieron los brasileños: «La empresa refuta categóricamente las acusaciones acerca de cualquier irregularidad en el proceso de venta de los aviones a Austral Líneas Aéreas».

Mentira.

La discusión terminó poco más de un año después, cuando en junio de 2014 la SEC, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Justicia pidieron al juez Torres intercambiar información sobre los detalles de esa operación.

La requisitoria, firmada por la directora de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, Mary Ellen Warlow, expresaba sin vueltas su objetivo: «El Departamento de Justicia, el FBI y la Comisión de Valores (SEC) investigan actualmente a la Empresa Brasileira de Aeronáutica SA (Embraer) por posibles infracciones a las leyes estadounidenses, entre ellas, la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en relación con presuntos pagos de sobornos al señor Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte de Argentina. La FPCA prohíbe el pago, o bien la promesa de pago, de algo de valor a funcionarios de gobiernos extranjeros a cambio de obtener o retener negocios», según reveló el portal investigativo BRIO Watchdog.

Y como para que no quedaran dudas, Warlow dio otro paso: «A fin de adelantar la investigación en Estados Unidos, las autoridades solicitan los documentos recopilados en el curso de la investigación argentina. Las autoridades estadounidenses entienden que Jaime aprobó la compra de estos aviones en su carácter de secretario de Transporte. Además, las autoridades estadounidenses creen que Manuel Vázquez, un asesor de Jaime, participó en las negociaciones con Embraer, directamente o bien por medio de su negocio de consultoría, Controles y Auditorías Especiales de Argentina SA (CAESA)».

Más claro: el gobierno de Estados Unidos confirmó de manera oficial que investiga a Jaime por presuntas prácticas corruptas con Vázquez como intermediario.

¿Por qué tanto ruido?

Primero, por los valores en danza. Aerolíneas pagó un piso de US$ 34,5 millones —⁠y un techo de US$ 37,5 millones⁠— por el mismo modelo de avión que a Aeroméxico le costó US$ 29 millones en noviembre de 2008 y que TACA pagó US$ 30,5 millones en julio de 2009, mientras que Air Europa desembolsó US$ 31 millones, con diferencias en los valores finales para cada compañía según los «chiches» que cada una quisiera incorporarle al modelo base.

Segundo, porque el funcionario argentino clave que negoció esa operación fue Jaime, junto a su ladero en las sombras, Manuel Vázquez, al que luego la Justicia —⁠y el propio Vázquez⁠— definiría como su «testaferro», aunque frente a los funcionarios brasileños el operador utilizaba términos más pomposos. Se presentaba como «asesor para relaciones internacionales del gabinete de la Secretaría de Transporte», y hasta enviaba e-mails para coordinar supuestas reuniones con el presidente Néstor Kirchner, según consta en una de las notas que envió a Embraer y cuya copia obtuvo BRIO Watchdog.

Así, puestos a reducir lo que ocurría detrás de escena en Aerolíneas, una opción sería afirmar que dos Vázquez pujaban por tumbar o impulsar un negocio de US$ 729 millones con sospechas de sobreprecios/coimas por entre 60 y 100 millones de dólares.

De un lado, Carlos Vázquez, funcionario de Aerolíneas, en contra.

Del otro, Manuel Vázquez, que se frotaba las manos.

El segundo Vázquez, el que jugaba para Jaime, protagonizaría un par de años después sus minutos de fama —⁠e infamia⁠— con la filtración de miles de correos electrónicos que intercambió con el secretario de Transporte y sus familiares, con otros funcionarios y con empresas de Brasil, España y Portugal, entre otros países.

En esos correos, Vázquez aparece como intermediario de «comisiones» y negocios varios con el Estado argentino, como la compra de supuesto material ferroviario que la Auditoría General de la Nación (AGN) calificó en 2012 de «inservible» —⁠el mismísimo responsable del transporte por mar del material lo categorizó como «chatarra»⁠—, o la compra de un avión de US$ 4,2 millones en el que luego voló Jaime. Y, claro, la operación con Embraer.

Lo de Vázquez, el de Jaime, viene de arrastre. Allá por 1999, ya disfrutaba de acceso suficiente al poderoso ministro del Interior, Carlos Corach, y a muchos otros funcionarios más como para mencionar al interventor de Migraciones, Hugo Franco, como una de sus «referencias comerciales y personales» en su curriculum vitae, junto con Orlando Salvestrini, del Grupo Macri, o Claudio Cirigliano, presidente de Cometrans, la firma dueña de Transporte de Buenos Aires (TBA).

Aquel primer mensaje del otro Vázquez, Carlos, que había recibido el directorio de Aerolíneas antes de aprobar la compra a Embraer, también aportaba datos precisos sobre el rol de su tocayo.

«Este funesto individuo es el que va a cobrar las comisiones de Embraer por la venta de aviones a Aerolíneas y repartirlas», adelantó Carlos Vázquez, en un texto impreso por computadora.

¿Quién es su no pariente, Manuel Vázquez?

Un exejecutivo con doble nacionalidad —argentina y española⁠—, que en los 80 trabajó durante cinco años para Bunge Born como el gerente general de una de sus subsidiarias en San Pablo, Brasil, pero que luego afrontó problemas económicos y acumuló denuncias por presunta evasión tributaria, falsificación de firmas y otros supuestos delitos. También merodeó por las orillas del «caso Siemens» y, ya durante el kirchnerismo, se abrazó a Jaime para lo que mandara servir.

Es decir, un operador todoterreno.

Como lo sería José María Núñez Carmona para el ministro de Economía y vicepresidente, Amado Boudou.

O, según los empresarios, como también lo sería Andrés Galera para las huestes del Ministerio de Planificación Federal.

O el propio Jaime y Claudio Uberti, entre otros funcionarios 4×4, para el presidente Néstor Kirchner.

Operadores.

Lobbistas.

«Conectores».

Pese a ese contexto cuando menos enrevesado —⁠o acaso gracias a ese mismo contexto⁠—, el directorio de Aerolíneas aprobó la operación, con un sobrecosto mínimo de entre 3 y 5 millones de dólares por aeronave. Y en septiembre de 2010 llegaron los primeros dos aviones de Embraer, que recibieron las matrículas LV-CDY y LV-CDZ.

¿Preferirá olvidar Alak sus conversaciones telefónicas previas con Vázquez, a quien solía llamar para preguntarle cómo iban las negociaciones con Embraer?

Con o sin llamadas, 2010 tampoco fue un año sencillo para la compañía. La revista especializada Transporte Aéreo Mundial (ATW) la ubicó entre las aerolíneas más deficitarias del planeta. Solo la superaban Air India (estatal) con un rojo de US$ 1233 millones, y Kuwait Airlines (estatal) con pérdidas por US$ 564,2 millones.

Sin embargo, la defensa central del Gobierno contaba en ese momento con un punto a favor. Muchos de los problemas venían de arrastre de la gestión anterior, del grupo español Marsans, que vació la empresa, la abandonó a su suerte y se llevó todo lo que pudo, mientras que también intentaba defraudar al fisco español. De hecho, en Madrid terminaría por condenar a prisión a sus máximos ejecutivos.

Ante ese vaciamiento, la nueva gestión liderada por Recalde —⁠que incluía a un por entonces ignoto y patilludo economista, Axel Kicillof, como nuevo gerente financiero⁠— debió inyectar fortunas para que Aerolíneas no colapsara e iniciara su recuperación.

Pero esos esfuerzos y logros —como el ingreso de la compañía al consorcio SkyTeam⁠— se combinaron con problemas de gestión, un doble estándar sobre las tarifas y otras políticas públicas cuestionables.

¿Doble estándar?

Sí. Porque el mismo Gobierno que frenó de manera sistemática la suba de los precios de sus pasajes que pedían los españoles, luego dio vía libre a la gestión de La Cámpora, que los aumentó entre 330 y 370 % durante sus primeros seis años de gestión, a un ritmo promedio del 35 % anual, es decir, por encima de las tasas de inflación oficial y real, según detallaron los periodistas Diego Cabot y Francisco Olivera en su libro Los platos rotos.

Esa política oficial tampoco fue exclusiva para Aerolíneas. La repitió en YPF desde el ingreso de la familia Eskenazi —⁠el Gobierno rechazó varios pedidos de Repsol durante años para luego decirles «sí» a los recién llegados⁠—, y también en la «nueva» Ciccone Calcográfica, donde Alejandro Vandenbroele consiguió todo lo que pidió —⁠y más⁠— de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y otras áreas del Estado que antes ni le atendían el teléfono a la exfamilia controlante.

¿Otras políticas públicas cuestionables?

Sí, también, como los esfuerzos por reducir la competencia dentro del mercado interno para ampliar la posición dominante de Aerolíneas.

En septiembre de 2012, por ejemplo, el Gobierno le comunicó a LAN Argentina, filial de la aerolínea chilena, que no le dejaría matricular su undécimo avión para vuelos dentro del país aunque toda su documentación se encontraba en regla.

El propio Recalde reconoció ese boicot deliberado a LAN y a los pasajeros argentinos —⁠ya que donde ambas aerolíneas competían los precios de los tickets aéreos eran más bajos⁠— durante una tertulia militante de la agrupación Oesterheld.

Frente a un micrófono e inmortalizado por un video casero que terminó por filtrarse en 2013, contó que en abril de 2010 le pidió a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que le suprimiera rutas a LAN para mejorar los márgenes de venta de Aerolíneas. Según él, la Presidenta le respondió que algo así le parecía «mucho».

Pero al cierre de este libro, y transcurridos ya seis años desde que el Estado recuperó el control de la compañía, sus cuentas continúan en rojo, con pérdidas acumuladas por miles de millones de dólares. Es decir, más de tres veces el valor de mercado de otras aerolíneas como Air France.

Desde el Gobierno consideran que las pérdidas tienden a reducirse y que, mientras tanto, deben aceptarse con el fin de impulsar las economías regionales, conectar todo el país y promover el turismo.

Si se repasa su historia, Aerolíneas lleva décadas pasando de unas manos a otras en ciclos de unos 10 años cada uno. Perteneció al Estado argentino hasta que se privatizó e Iberia tomó el control en 1990, que la llevó hacia la bancarrota y la traspasó a mediados de 2001 al también español Grupo Marsans, que extendió su espiral descendente. Los desmanejos terminaron con la condena en Madrid de uno de sus socios, Gerardo Díaz Ferrán, sentenciado a 2 años y 2 meses de prisión por defraudar al fisco español, al que debería pagarle 99 millones de euros.

Fueron años en que los españoles dibujaron cuentas y papeles, con la venia del Gobierno. ¿O acaso algunos funcionarios olvidan que De Vido y Jaime se encargaron de protegerles las espaldas a los españoles, mientras que varios organismos de control miraban para otro lado?

Porque el Gobierno y Marsans formaron durante los primeros años una suerte de tándem con beneficios recíprocos, un sistema por el cual unos se movieron con libertad y los otros acumularon favores.

Al punto que, cuando la Casa Rosada impulsó la ley de moratoria y blanqueo que permitió suspender las investigaciones penales a los contribuyentes que regularizaran su situación fiscal, Aerolíneas se acogió con $ 229 millones, tras aparecer en los expedientes «Skanska» y «Viazzo» con un festival de facturas truchas, el instrumento más usado durante la última década para evadir impuestos o generar fondos negros que se extraen de los balances blancos. Sea para pagar coimas externas (funcionarios) o internas (gremialistas) o para engordar los bolsillos de los accionistas o, por ejemplo, los directores, gerentes o incluso empleados del área de compras.

Fueron años, también, en los que la Casa Rosada a menudo no supo qué hacer, dejó hacer o, peor, cosechó por hacer o no hacer.

Como cuando De Vido y Jaime movieron cielo y tierra para impedir que la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía impugnara en 2006 el balance de Aerolíneas Argentinas por el Estado nacional como socio minoritario.

O cuando Jaime, como secretario de Transporte, se especializó en pedir lo suyo, con eufemismos tales como «sugerencias económicas», según recuerda quien fue el director gerente de Asuntos Públicos de Aerolíneas y Austral, Jorge Molina, cuando el Grupo Marsans era el dueño. Tiempos en los que ejecutivos españoles como Mata alertaban que «sin tarifas, vamos al fracaso» y Jaime les respondía que eso podía conversarse, con ciertas condiciones.

«Nosotros les autorizamos el aumento de las tarifas para que a Aerolíneas le vaya mejor y ustedes nos dan algo», era el latiguillo de Jaime, allá por mediados de 2006, según Molina.

¿Qué era ese «algo»?

El propio Mata lo explicó en la revista Noticias, en junio de 2008.

Contó que en un momento Jaime le exigió desembolsar US$ 6 millones por Safe Fly, una aerolínea que no valía esa cifra ni por asomo y que encima perdía $ 170 000 por mes, pero que pertenecía a Claudio Cirigliano, otro referente del sector del transporte que luego desfilaría por Tribunales, junto con Jaime, por la «Tragedia de Once» y sus «dádivas».

¿Cómo era el «negocio»? Mata debía comprar Safe Fly, que carecía de rutas aéreas o aviones, pero sí con casi 100 empleados heredados de Southern Winds, otra compañía cercana a Jaime que colapsó tras el hallazgo en Madrid de valijas llenas de cocaína que transportaba. Y a cambio de quedarse con Safe Fly, Jaime le entregaba la licencia que esperaba desde hacía meses para su nueva firma, Air Pampas.

¿Quién apareció como intermediario para ese negocio?

Manuel Vázquez, otra vez.

—¿Por qué le mandó un e-mail a Mata? —⁠preguntó Noticias en 2008 al autoproclamado «testaferro» de Jaime.

—Porque me lo pide mi amigo (por un empresario al que no identificó). Lo mío era como decirle a Mata: «Yo lo hablo con Cirigliano y te arreglo el número». Vi una oportunidad para un negocio… yo vivo de esto, mi vida es hacer negocios.

—¿Le pidió 6 millones de dólares a Mata por Safe Fly?

—Nooooo… le mandé información de la empresa, nomás.

El encuentro entre Mata y Vázquez, se sabría luego, fue en el Hilton de Puerto Madero, que por las vueltas de destino fue el mismo hotel que escogió el socio de Boudou, Núñez Carmona, para reunirse con los Ciccone y acordar el ingreso de Alejandro Vandenbroele en la imprenta.

Pero Mata no pagó.

Y Air Pampas nunca operó.

Para cuando Mata abrió la boca ante un grabador de Noticias, claro está, su relación con el Gobierno argentino era ya nula, y negociaba la venta de la aerolínea con el empresario argentino Juan Carlos Mena, dueño de Buquebus, operación que se cayó a mediados de 2008.

Oficialmente, Mena se bajó de las negociaciones por la montaña de deudas que arrastraba la aerolínea. Pero al mismo tiempo, según surge de los e-mails de Manuel Vázquez que recuperó la Justicia, varios jugadores más intentaban meter la cuchara.

Esos e-mails muestran que Jaime y Vázquez promovieron a un «grupo de inversores» que con el nombre ultrasecreto de «Proyecto Cóndor» prometían aportar entre US$ 150 y 200 millones, limpios, a cambio de quedarse con Aerolíneas, darles cabida accionaria a los sindicatos y ampliar la participación del Estado del 5 al 20 %.

Pero, otra vez, la intentona de Jaime se cayó. Entre otros motivos, porque el Grupo Marsans pretendía obtener más dinero por la venta y desconfiaba sobre quiénes eran los verdaderos «inversores» detrás de la operación, más allá de que uno de ellos fuera el entonces presidente de Aeropuertos Argentina 2000, Ernesto Gutiérrez Conte —⁠«Ernestor» para sus rivales más ácidos⁠—, que ya arrastraba ciertas sospechas sobre su pasado. Entre otras, la acusación del intendente de Quilmes, Francisco «el Barba» Gutiérrez, por el asesinato de su hermano, tráfico de armas y la «mafia del oro», algo que Ernesto adjudica a una operación de sus enemigos jurados, como el Grupo Clarín.

Pero el trasfondo de aquella intentona llegaba hasta la cima del poder. Kirchner, relató muchos años después a este autor un hombre que lo conoció como pocos, «no quería estatizar Aerolíneas. Y se la ofreció a varios empresarios, que no quisieron agarrarla ni en pedo por cómo estaba la compañía, a pesar de que Néstor les decía que los ayudaría con la financiación y todo».

El «Proyecto Cóndor», en cualquier caso, no voló.

«Recuerdo todo eso perfectamente, sí», confirmó a este autor en Madrid el entonces subdirector operativo del Grupo Marsans, Vicente Muñoz Pérez, quien llevó adelante las negociaciones hasta su colapso, aunque optó por guardarse las sombras que lo pusieron en alerta.

Acaso sea una mera coincidencia, pero por aquellos días Gutiérrez también intentó ingresar en Esso —⁠ayudado por el Gobierno⁠—, mientras que Rudy Ulloa iniciaba sus propias conversaciones con otros españoles, los de Telefónica, para sondear la posible compra del canal Telefé por US$ 320 millones, cuyo origen nunca precisó.

Pero insaciable, Gutiérrez, accionista junto con Eduardo Eurnekián en Corporación América, también tuvo un año después un llamativo rol en los inicios del «caso Ciccone», cuando tomó el control de la imprenta durante unos pocos meses, previo al desembarco del misterioso fondo The Old Fund con Vandenbroele como único rostro visible.

¿Tanto dinero propio manejaba Gutiérrez como para flirtear con la compra de Aerolíneas, los activos de Esso en la Argentina y la maquinita privada de hacer billetes en el país? ¿O jugaba para alguien superior?

Desde la muerte de Kirchner, Gutiérrez pasa parte de su vida surfeando en Panamá.

Y su exjefe y socio Eurnekián ya mira a 2016.

Pero en julio de 2008 y ya sin otros potenciales compradores privados para la compañía, el Gobierno expropió todo el grupo Aerolíneas, retomó el servicio y garantizó los miles de puestos de trabajo. Y Julio Alak, que era director en representación del Estado argentino, asumió como su primer CEO y gerente general.

Y otra vez, como también ocurriría luego en YPF y en Ciccone, el Gobierno afirmó que recuperar la compañía no le costaría nada al Estado, aun cuando el Grupo Marsans demandó a la Argentina ante el tribunal del CIADI del Banco Mundial por cerca de 1100 millones de euros, pleito que continúa abierto al cierre de este libro.

Peor aún, cinco años después de tomar el control de Aerolíneas, tanto «el Turco» Alak como De Vido terminarían afrontando una causa penal por presunto abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales y encubrimiento.

¿Por qué?

Se los acusó de no denunciar el «vaciamiento» de Aerolíneas mientras duró la gestión de Marsans ni tampoco durante el año que medió entre el desembarco de Alak y la expropiación de la compañía, aunque en rigor las falencias desde el Gobierno eran estructurales.

Otra vez, ¿por qué?

Porque, como destacó el titular de la AGN, Leandro Despouy, al iniciar su desembarco en Aerolíneas, los funcionarios no contaban con «ningún análisis legal o técnico que permitiese al Estado nacional estimar cuáles podrían ser las decisiones y los costos del rescate, ni de las inversiones necesarias». De hecho, no contaban tampoco con un «plan de negocios» para su gestión operativa, ni con «información organizativa y financiera».

Es decir, entraron a ciegas.

Y, de paso, el «Turco» Alak debería responder sobre los e-mails que por aquellos días recibió desde Embraer por Manuel Vázquez.

Como ese que les envió a él y al entonces gerente de Planeamiento Estratégico de Aerolíneas, Pablo Chini, el 25 de agosto de 2008, el gerente regional de ventas del fabricante brasileño Reinaldo Krugner.

Les escribió para «informarles que el acuerdo de confidencialidad fue reenviado esta mañana al señor Manuel Vázquez, que anoche nos proporcionó la información necesaria para confeccionar el documento. Considerando que nos fue presentado por el Secretario Jaime como su asesor quisiera pedirles su compromiso para seguir en este proceso junto con el señor Vázquez con el objetivo de obtener de manera urgente la firma del documento».

El mensaje subyacente del brasileño está allí, para quien lo quiera comprender: ¿Ustedes, Alak y Chini, nos confirman que podemos avanzar en el negocio con este tipo que opera para Jaime?

Por lo visto, los brasileños recibieron algún tipo de confirmación, porque la compraventa se completó.

Ante la prensa, sin embargo, De Vido y Alak salieron al cruce de las acusaciones sobre su presunta inacción mientras ocurría el vaciamiento español —⁠sobre Vázquez prefieren no hablar⁠—, al igual que Recalde, quien a los 37 años reemplazó al «Turco» como presidente y gerente general tras su estatización en julio de 2009. «No somos loquitos, ni chorros, ni vaciadores, ni hacemos descalabros con la guita», reclamó uno de los referentes de La Cámpora.

Recalde cuenta con un antecedente que lo enorgullece. Ocurrió en noviembre de 2007, cuando con su padre, Héctor, rechazaron, filmaron y denunciaron un intento de soborno por US$ 20 millones que pasó a conocerse como el «affaire Luncheon Tickets».

Héctor era abogado de la CGT y como diputado nacional impulsaba la eliminación de los vales alimentarios como forma de pago en los salarios. Y en ese contexto, Mariano recibió una visita vidriosa.

«Yo te pago cash. Cash en billete, donde vos me digas», buscó tentarlo Santiago Lynch, uno de los dos emisarios de la Cámara de Empresas de Servicios de Vales Alimentarios y Similares (Cevas), sin saber que Mariano lo filmaba con una cámara oculta. «Si es poco (dinero) lo hacemos en Buenos Aires y si es mucho nos vamos a Uruguay. No hay recibo. No hay nada», le planteó, junto con Miguel Gutiérrez Guido Spano.

La Piñata.

Ambos, Lynch y Spano —otros dos operadores de los sótanos que unen a políticos y empresarios⁠—, terminaron con una causa penal, procesados y frente a un Tribunal Oral, donde en 2010 obtuvieron una «probation» —⁠es decir, una suspensión del juicio a prueba, con trabajos comunitarios⁠— para eludir la cárcel. Pero en 2014, Casación revocó esa decisión y quedaron a las puertas de un juicio oral, que será difícil mientras Lynch continúe prófugo, por lo que Interpol emitió una alerta roja pidiendo su captura internacional.

Con ese antecedente, Recalde se ilusionó que podría fijar las pautas de su gestión. Pero no fue así. Porque con la nueva gestión estatal, Jaime se sintió todavía más a sus anchas. Y junto a su fiel ladero Vázquez comenzó a abogar aún más desde las sombras para cerrar la compra de los aviones a Embraer por más de US$ 700 millones.

Con la nueva gestión, además, se extendió la reasignación de partidas presupuestarias gigantescas. Un informe de la AGN expuso que el Estado destinó $ 20 343 millones a Aerolíneas entre mediados de 2008 (con el ingreso de Alak) y septiembre de 2014. Es decir, unos US$ 4102 millones (según la evolución del tipo de cambio) en seis años.

Para el equipo de Recalde, sin embargo, las observaciones de la AGN son injustas y «subjetivas», dado que contemplan «un período acotado de tiempo y no tienen en cuenta incidencias como la actividad del volcán Puyehue o cuestiones como ingreso de personal, proceso de selección, entrenamiento, capacitación por instructores».

Según «Marianito», como le dicen en La Cámpora y dentro de Aerolíneas, la AGN tomó además una foto en vez de ver la película. Porque medidos en dólares los subsidios que recibe la empresa bajan desde 2012, cuando alcanzaron los US$ 824 millones. En 2013 bajaron a US$ 577 millones y en 2014 planeaba que cerraran en US$ 480 millones.

La Presidenta es una férrea defensora de la gestión gubernamental de Aerolíneas. Al menos en público. Porque en privado expresaba sin matices el temor que sentía de que se desplomara uno de sus aviones y, con él, colapsara su Gobierno. Y eso explica, indicaron varios de sus colaboradores a este autor, que vetara la idea de que el Estado tomara el control de la ex Ciccone cuando quebró a mediados de 2010, como promovía el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, junto con Alak, reconvertido en ministro de Justicia. Es decir, semanas antes de que Vandenbroele irrumpiera con The Old Fund.

«Con Aerolíneas ya tengo suficiente», los frenó a Zannini y a Alak, sin saber que su negativa daría paso a uno de los mayores escándalos de su segundo mandato, que la forzaría a intervenir la ex Ciccone en un intento infructuoso por blindar a Boudou.

Aerolíneas, vistos los resultados, le dio menos sinsabores que su Vicepresidente. O al menos eso es lo que ella expresó durante su último discurso ante la Asamblea Legislativa, el 1.º de marzo, cuando sostuvo que «a final de enero de 2015, Aerolíneas Argentinas arrojó un superávit total de 14 millones de dólares. Sí, señores, 14 millones de dólares».

Eso es falso.

Aerolíneas nunca arrojó ganancias. Por el contrario, hacia principios de mayo de 2015 ya había gastado $ 1656,6 millones de los $ 3244 millones previstos en su presupuesto anual —⁠el 51 %⁠—, y la Presidenta dejó para su sucesor alcanzar ese superávit. ¿Por qué lanzó entonces aquel número? Porque toma el fondeo público como «ingresos».

Pero más allá de «ganancias» e «ingresos», la gestión oficial de Aerolíneas también quedó eclipsada por algunas acciones. Una viene de arrastre, pero resurgió con fuerza. La otra es mucho más reciente.

¿La primera?

Los acuerdos que Aerolíneas Argentinas selló con los hoteles Alto Calafate y Los Sauces de la familia presidencial en El Calafate para que sus pilotos y pasajeros se hospedaran en sus habitaciones.

El primer convenio, por el Alto Calafate, se firmó en enero de 2007, cuando Marsans controlaba Aerolíneas, y se renovó repetidas veces ya con Alak y luego con Recalde al frente.

El segundo convenio, con Los Sauces —gerenciado por el empresario hotelero y concesionario público Juan Carlos Relats⁠—, se firmó el 14 de noviembre de 2008, en tiempos de Alak.

Discutible desde el punto de vista ético —⁠y acaso desde el Código Penal⁠—, la Oficina Anticorrupción se tomó dos años y medio desde que dio su primer paso en este asunto para completar su análisis recién en marzo de 2012, basado en 2000 hojas y 11 cuerpos de expediente.

¿Qué concluyó?

Que la Presidenta no protagonizaba ningún conflicto de interés, ni violaba la Ley de Ética Pública, según firmó el titular del organismo, Julio Vitobello —⁠y compañero de fútbol de los Kirchner en la Quinta de Olivos⁠—, en la resolución 323/12.

Esos convenios hoteleros, sin embargo, quedaron otra vez bajo la lupa con la apertura de una investigación penal que quedó en manos del juez federal Claudio Bonadío, que el 5 de febrero de 2015 allanó la sede central de Aerolíneas para llevarse toda la documentación posible.

Bonadío también avanzó sobre la Inspección General de Justicia (IGJ), un organismo que depende del Ministerio de Justicia —⁠hoy bajo el mando formal de Alak⁠— sospechado de múltiples irregularidades. Entre otras, proteger a la familia presidencial y a su sociedad Hotesur, y a empresas cercanas al poder o del Estado, como Aerolíneas, que durante años no presentó sus balances como exige la ley.

Si los hoteles presidenciales la colocaron bajo sospecha, Aerolíneas sumó otro traspié en noviembre de 2009, vinculado a la pasión mayor de los argentinos: el fútbol.

En la recta final de las eliminatorias, cuando la Selección definía con Uruguay si clasificaba al Mundial de Sudáfrica, Aerolíneas agregó un vuelo a Montevideo, el 1204, para que algunos de sus máximos ejecutivos, como Recalde, otros referentes de La Cámpora, como Andrés Larroque, Eduardo «Wado» de Pedro y Juan Cabandié, y sindicalistas como Facundo Moyano viajaran a presenciar el partido decisivo.

Cuando el vuelo levantó polvareda, la empresa argumentó que añadió el 1204 porque todos sus vuelos previos ya estaban vendidos; pero el avión anterior, que despegó más temprano ese mismo día, había salido con el 76 % de ocupación, según reveló La Nación; es decir, con varios asientos vacíos. Lo mismo que el vuelo especial: con espacio para 144 pasajeros voló con 44 a la ida y retornó con 70, aunque según Aerolíneas dio una ganancia de 10 807 pesos.

Pero si estos y otros incidentes y traspiés parecen ya de la prehistoria, no lo son tanto. Algunos siguen abiertos, como las investigaciones por la compra de los aviones de Embraer que están en manos del juez Torres en Buenos Aires y de la SEC, del FBI y del Departamento de Justicia en Estados Unidos.

Algunas respuestas, sin embargo, están más cerca de lo que parece. «Jaime me llamó para que lo recibiera a Vázquez allá por 2007», recordó Molina, el vocero de Aerolíneas en tiempos de Marsans. «Lo recibí y Vázquez me vino con el tema de Embraer», detalló a este autor.

Según Molina, Vázquez fue preciso sobre sus intenciones: «Me dijo que la intención del Gobierno era hacer negocios con Brasil para comprar aviones de la empresa Embraer y contó detalles sobre el supuesto financiamiento del BNDES (banco de desarrollo brasileño) y los supuestos beneficios que tendría esa operación para nuestra compañía».

El ejecutivo viajó a España, les reportó la oferta a sus superiores y volvió con una negativa. Aerolíneas procuraba ir hacia la monoflota —⁠es decir, tener todos sus aviones de la misma marca para reducir costos⁠— y se lo comunicó al operador de Jaime. «Cuando Vázquez se iba», rememoró Molina, «me dijo: “Los gallegos se pierden un gran negocio”».

Para regocijo del «testaferro» de Jaime, el «negocio» terminó por concretarse, pero ya con el Estado otra vez dentro de Aerolíneas. Y Vázquez lo celebró con champagne Pommery. «Acabamos de cerrar el negocio de nuestras vidas», se jactó al volver de Brasil en un Lear Jet ante sus compañeros de viaje, que lo recuerdan pasado de copas.

La Piñata.

Pero en la superficie, Aerolíneas seguía su curso.

Hacia 2012 debía llegar al punto de equilibrio, según Recalde y el entonces secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi. Pero no fue así y consumió ya más de $ 22 400 millones de las arcas públicas. Más que suficiente para construir un nuevo hospital de alta complejidad materno infantil en cada provincia argentina, con todos los equipamientos necesarios de última generación, y aun así sobraría dinero.

Sin embargo, las críticas más recientes sobre Aerolíneas no pasan por ahí, sino por la utilización de sus bases de datos con fines políticos. Se vinculan a la muerte del fiscal Alberto Nisman en enero de 2015 y el periodista que destapó la noticia, Damián Patcher, quien en las horas que siguieron se sintió amenazado y decidió irse del país.

Aunque prohibido por ley, la compañía filtró los datos del pasaje de Pachter, la agencia oficial de noticias Télam lo difundió mediante sus cables, y la cuenta en Twitter de la Casa Rosada lo esparció.

Fue, acaso, una de las primeras muestras de lo que el Gobierno estaba dispuesto a hacer —⁠e hizo⁠— en el «caso Nisman», recurriendo a todas las herramientas y áreas del Estado.

Aerolíneas incluida.[1]

B / Báez

«Bajen a la bóveda, quiero que vean y ustedes juzguen», invitó Lázaro Báez a la prensa, allá en Río Gallegos.

Y así fue como la noche del 22 de mayo de 2014 el empresario desoyó a sus abogados y, tras años de silencio, abrió las puertas de su casa y de su chacra, aquella que Kirchner disfrutaba como propia.

Fueron dos veces en apenas 15 horas que la prensa pudo entrar en los dominios de Báez, horas en las que soportó preguntas, respondió algunas y esquivó otras.

Báez decidió cambiar de estrategia después de que el periodista Jorge Lanata expusiera en televisión algunos de sus vínculos con la familia presidencial y con la «ruta del dinero K» que protagonizaban el financista Federico Elaskar y un «contador» platense que en realidad no era tal, Leonardo Fariña, un muchacho arrogante y bocón que se presentó a sí mismo como «valijero», antes de desdecirse y contradecirse varias veces por televisión y ante la Justicia, a pedido del secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini.

Allá en Gallegos, Báez respondía a los periodistas. «Nunca tuve una relación empresarial con Néstor Kirchner, lo único que hice para él fueron los departamentos de la calle Mitre» de esa ciudad, afirmó —⁠y en parte mintió, al omitir todos los vínculos comerciales que los unieron⁠—, y se definió como apenas un «amigo» más del ex Presidente. «Él venía aquí a la chacra y jugábamos al fútbol», rememoró.

Y es cierto, según cuentan los exsecretarios privados de «Lupo».

Cuentan que el ex Presidente trataba a Rudy Ulloa con la cotidianeidad de un hermano menor. Pero que el talante le cambiaba cuando sabía que esa noche cenaría con Lázaro o que iría a su chacra a jugar al fútbol. «En ese momento, era feliz», resumen.

Báez, sin embargo, también reconoció que su crecimiento exponencial fue obra de Kirchner.

«Hay un hombre que pensó que los empresarios locales también debíamos tener la oportunidad de participar en el desarrollo», lo glorificó, para de inmediato insistir con el trazado de una línea roja: nunca habían sido socios, ni él era su testaferro, ni el de su viuda, la presidenta Cristina Fernández.

«A pesar de que dicen que yo soy “el Yabrán de la Presidenta”, nunca quiso venir» a la chacra, ejemplificó.

Pero Báez integra la trilogía de rostros más pegoteados a los Kirchner durante la última década, junto con los también patagónicos Rudy Ulloa y Cristóbal López, y seguidos de lejos por otros empresarios como Ezequiel Eskenazi o Ernesto Gutiérrez.

Pero la verdadera historia del «Negro», como le dicen sus afectos, es más compleja que eso. Correntino, de muy chico enfiló hacia el extremo sur de la Patagonia junto con su familia, que se instaló en Puerto Santa Cruz, un pueblito aislado que, hoy, varias décadas después de la llegada de los Báez, registra 4431 habitantes. Allí, en un paraje ubicado a 250 kilómetros de la capital provincial, su padre fue sargento en la única comisaría de la zona. Como no tenían dónde alojarse, el club del pueblo les ofertó un techo en las instalaciones a cambio de que cuidaran la cancha.

Sin opciones, a los 18 Báez se marchó a Gallegos con la esperanza de mejorar sus chances en la vida. Y allí la peleó como todos. O más. Al punto, cuentan sus amigos de la época, que solían verlo moverse a caballo. O pedir que no ordenaran jamón en la picada que seguía a los partidos de paddle. Cuidaba hasta las monedas.

Tuvo suerte, sin embargo. Logró ingresar al Banco Nación, de donde pasó al competidor Provincia de Santa Cruz, tentado porque le ofrecía mejor cobertura médica y caja jubilatoria. Como buen cajero que seguía siendo, quería los números claritos y sin problemas, porque ya bastantes dolores de cabeza le daba su destartalado Falcón modelo 1972.

Pero su golpe de suerte llegó cuando conoció a Kirchner. Algunos dicen que fue gracias a Armando «Bombón» Mercado, el marido de Alicia Kirchner, por entonces secretario general del sindicato de los petroleros, más conocido por sus siglas: el SUPE.

Kirchner comenzaba a dar sus primeros pasos en la política como intendente de la capital santacruceña, 2600 kilómetros al sur de Buenos Aires. Y mientras Rudy Ulloa era su cadete para los mandados, Báez tejió su vínculo con «Lupo» desde otro lado: comenzó a pasarle información que obtenía dentro del banco sobre personas y empresas, como la constructora Gotti Hermanos.

Desde aquel primer encuentro, Báez ascendió dentro del banco provincial. Primero asumió como adscripto a la gerencia por orden directa de Kirchner, según recuerda el exvicegobernador Eduardo Arnold, y luego tomó todas sus riendas como interventor, mientras el rojo de la entidad aumentaba de manera geométrica, con orden de privatizarlo. Así fue y el Grupo Petersen de la familia Eskenazi —⁠el mismo que luego ingresaría en YPF⁠— tomó el control.

«El banco ya no venía bien pero, cuando se hizo cargo Lázaro de esa gerencia de créditos, lo terminaron de fundir, lo que hizo inevitable su privatización a un costo muy bajo», rememoró el exfiscal que tuvo las denuncias en sus manos, Andrés Vivanco, uno de los pocos magistrados de toda la provincia de Santa Cruz que no se plegaría a las filas de «Lupo» durante las décadas que siguieron.

Privatizado el banco, Báez pidió licencia y pasó a la Secretaría General de la Gobernación, donde cobró un salario, sin ir, hasta 2007, según los registros oficiales de la Anses.

Un «ñoqui», al decir de sus críticos, a los que él ni se molestó en responderles porque estaba demasiado ocupado. Progresaba en el sector privado. Ingresó como empleado y se convirtió después en socio de la constructora Gotti Hermanos, una de las empresas que más créditos sin respaldo había sacado en el banco provincial, aunque la firma había cedido sus derechos de cobro a la financiera Invernes, de Ernesto Clarens, un muchacho que se había marchado de Buenos Aires por problemas de dinero, pero que en el Sur también se ganó la confianza de Kirchner, a quien asesoraría luego con los «fondos de Santa Cruz».

Pero faltaba más.

Porque en paralelo con el arribo de Kirchner a la cima máxima del poder político en la Argentina, Báez comenzó a recibir sus primeros y suculentos contratos de obra pública nacional. Hasta que se convirtió en uno de los más grandes constructores del país y el mayor beneficiario de fondos públicos en la Patagonia durante la última década.

Para eso, el paso ineludible fue contar con una empresa que pudiera recibir esos fondos. Y así formó Austral Construcciones.

Las fechas no mienten.

El contrato social se fechó el 8 de mayo de 2003.

Kirchner asumió la Presidencia el 25 de mayo.

Austral Construcciones se inscribió en la AFIP el 23 de junio.

Aumentó su capital de apenas $ 12 000 a $500 000 el 8 de agosto.

Y de inmediato empezaron a lloverle los contratos públicos.

La Piñata.

Pero fueron por más. Porque tal como contó Báez a la prensa cuando abrió por primera vez las puertas de su chacra, ambos se asociaron para construir un edificio de departamentos en la calle Mitre de Río Gallegos. «Lupo» puso el terreno, el «Negro» construyó. Y luego se repartieron mitad y mitad los departamentos.

Es cierto.

Pero es una verdad incompleta.

Porque Báez le alquiló luego a Kirchner sus departamentos por un monto equivalente a $ 700 000 por año.

También le prestó $ 8,3 millones, a tasa cero de interés, durante años, sin importar la inflación.

Y la Presidenta amplió su hotel boutique Los Sauces de El Calafate sobre terrenos de Báez, que los cedió a cambio de compartir con ella en condominio un terreno de 87 000 metros cuadrados (si fuera lineal, unos 220 metros de largo por 400 metros de ancho) en otra zona de El Calafate, muy cerca del ingreso al Parque Nacional Los Glaciares, el principal atractivo turístico de la región.

Porque Báez también integra el selecto grupo de compradores de tierras fiscales, que llegó a rifarse a $ 7,50 el metro cuadrado, en El Calafate. Como los Kirchner y como Rudy Ulloa, Carlos Sancho, Osvaldo Sanfelice, Ricardo Echegaray, el primo Carlos Kirchner, las sobrinas Mercado y también Fulvio Madaro, luego uno de los protagonistas del «caso Skanska», entre otros.

Pero aquí no concluye la lista de los vínculos que unen a la familia presidencial con Báez: porque el «Negro» también les pagó más de $ 4 millones a los Kirchner por nueve propiedades —⁠departamentos, terrenos y casas en Río Gallegos⁠—, que les compró entre 2008 y 2009, año en que los Kirchner consignaron un salto del 158 % en su patrimonio, según sus declaraciones juradas oficiales.

Es que el diablo se mete en los detalles.

Como cuando los Kirchner vendieron la casa familiar a Epelco SA, una firma vinculada a Báez, por $ 3,1 millones, es decir, seis veces más de lo que habían desembolsado para comprarla cinco años antes. ¿La habían comprado demasiado barata en 2003 o la vendieron luego demasiado cara? Difícil saberlo porque encima el sellado del 1 % en la Dirección de Rentas provincial arrojó que la operación se escrituró por $ 1,8 millón, según reveló la revista Noticias.

La frutilla del postre, sin embargo, ocurrió entre 2009 y 2011, aunque solo salió a la luz entre fines de 2013 y principios de 2014, siete meses después de que Báez afirmara ante la prensa que «nunca» mantuvo una «relación empresarial» con Kirchner.

Fue entonces cuando este autor reveló, junto con Mariela Arias, corresponsal de La Nación en Santa Cruz, que ocho empresas de Báez firmaron contratos para pagar más de 1100 habitaciones por mes en el hotel Alto Calafate de los Kirchner, durante años, sin usar esas reservas.

Báez no estaba solo en esa operatoria. Credisol SA, una empresa de Clarens, el dueño de la financiera Invernes, también pagó por habitaciones vacías en el Alto Calafate.

La diferencia entre Báez y Clarens fue una cuestión de números. El financista fue más recatado, mientras que Lázaro fue masivo: solo sus empresas cubrieron cerca de un tercio de la capacidad del Alto Calafate, que por momentos logró completar otro tercio con tripulaciones y pasajeros de Aerolíneas Argentinas.

El círculo parecía así cerrarse. Porque mientras el otrora humilde empleado bancario cobraba millones de los gobiernos nacional y santacruceño en contratos de obra pública, a su vez él engordaba la billetera de los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

¿Cuánto? Es difícil precisarlo y la Justicia está en eso. Pero se estima que Báez pagó al menos $ 11 millones por esas habitaciones en el Alto Calafate, que se sumaron a otros $ 3,2 millones que pagó por el «alquiler» de la hostería Las Dunas, que los Kirchner ni siquiera habían informado hasta entonces que les perteneciera.

Pero eso no es todo. Porque Lázaro entregó otro $ 1,1 millón a la firma Los Sauces SA, la sociedad con que, pese a su nombre, los Kirchner no controlan el hotel boutique sino diversos inmuebles que destinan a alquilar.

Así, el monto mínimo global que desembolsó Báez, solo entre 2010 y 2011, y solo por los hoteles y alquileres, y sin incluir otros rubros, rondó los $ 15,5 millones.

¿Monto declarado por la pareja presidencial en 2011 ante la Oficina Anticorrupción? $ 70 millones.

Así, si pudiera trazarse una correlación directa —⁠lo que no sería correcto⁠—, la generosidad de Báez equivaldría a algo más del 20 % del patrimonio de los Kirchner.

La Piñata.

Dos jueces, Claudio Bonadío y Javier López Biscayart, avanzaron sobre esa senda. Pero Báez optó por autodenunciarse ante un Juzgado de Río Gallegos para pedir que lo investigaran allá. Buscó bloquear así los expedientes que comenzaban a caminar en Buenos Aires, del mismo modo que Cristóbal López lo intentó en Bariloche, cuando trascendió la operatoria de su hostería «El Retorno» en tándem con el Alto Calafate.

En Buenos Aires, Báez cosechó una pequeña victoria cuando a fines de mayo de 2015 López Biscayart —⁠el mismo que años antes había impulsado el «caso Skanska»⁠— cerró su pesquisa en el fuero Penal Tributario, es decir, centrada solo en los impuestos de la operatoria.

López Biscayart tomó esa decisión luego de que sus empresas pagaran más de $ 1,1 millón en «ajustes» de sus rendiciones de IVA y Ganancias, aunque la causa en manos de Bonadío sigue abierta, sin que su excelente relación con el senador nacional —⁠y operador judicial para ciertos temas⁠— Miguel Ángel Pichetto haya influido demasiado.

Pero hay más.

Porque solo durante la década kirchnerista en la Casa Rosada, Báez ganó contratos nacionales por al menos $ 4300 millones, con obras en distintos puntos del país, pero con singular fuerza en la Patagonia y en el Chaco de Jorge Capitanich, donde Lázaro hizo pie mediante una unión transitoria de empresas (UTE) con la constructora local Sucesión de Adelmo Biancalani, en las afueras de Resistencia.

A esos fondos nacionales, Báez sumó otros miles de millones de pesos más de la provincia de Santa Cruz. O dicho de otro modo, mientras que Kirchner fue presidente, el exempleado bancario devenido titán de la construcción ganó los contratos más jugosos de obra pública que otorgó el gobierno santacruceño. Más de 100 obras en una década.

¿Un detalle? Al menos 12 de las licitaciones provinciales que ganó Báez se definieron durante el gobierno de Carlos Sancho, socio a su vez de Máximo Kirchner y Osvaldo Sanfelice en una inmobiliaria, primer cliente del estudio jurídico de los Kirchner.

Eso sí, a pedido de dos fiscales —y sin que se acumulara una sola medida de prueba al expediente⁠—, en junio de 2015 la jueza Valeria López Lestón quedó a un paso formal de sobreseer a Báez por los presuntos sobreprecios registrados en la obra pública de Santa Cruz. ¿El otro denunciado en esa causa? Kirchner, primo segundo de la jueza.

Según argumentó uno de los fiscales, sin embargo, en Santa Cruz «hay una evidente pluralidad de empresas adjudicatarias de obra pública» y ejemplificó: «De las 1464 obras que se han otorgado en la provincia entre 2003 y 2013 solo se han adjudicado a las empresas en mira 108, es decir, el 7,3 %».

Pero no es una cuestión de adjudicaciones, sino de montos.

Claro que favor con favor se paga.

Y si por un lado llueven los billetes, por el otro hay que dar respuestas cuando el poder llama.

Ya sea para darle un sueldo —sin trabajo como contraprestación⁠— a un amigo caído en desgracia, como Claudio Uberti, tras su salida del Occovi por obra del «caso Antonini» y para desgracia de «Pachi», que hasta entonces era el embajador paralelo en Venezuela, donde Lázaro ya había ganado una licitación bolivariana para levantar un hospital con Austral Construcciones y Epsur, la misma con la que intentaría a fines de 2007 quedarse con Shell Argentina.

O para comprar jugadores para Racing, el club de los amores de «Lupo», cuando «la Acadé» miró con excesivo vértigo la tabla del descenso.

Para eso, Báez se unió al representante de futbolistas Miguel Ángel Pires, otro asiduo visitante de la financiera SGI de Eslaskar y Fariña, mejor conocida por sus habitués como «La Rosadita», donde el dinero no se contaba, sino que se pesaba.

Acaso por ese predominio de Báez en la obra pública de la Patagonia es que el sucesor de Kirchner como gobernador, Sergio Acevedo, denunció la cartelización de la obra pública. Denuncia a la que se sumó el ministro de Economía, Roberto Lavagna.

Acevedo: «Un día me trajeron para firmar un decreto. Una norma, bah. Decía que tenía que pagar un adelanto de un 25 % para una obra que se estaba haciendo en la provincia con fondos nacionales. Eran obras para la ruta 40 y la ruta 3. Una locura…».

La Piñata.

—¿Lo firmó?

—No. Les dije: «Ni en pedo te firmo esto».

—¿Y?

—Renuncié.

¿Su reemplazante?

Su hasta entonces vicegobernador Carlos Sancho, el socio en la inmobiliaria de Máximo Kirchner y Osvaldo Sanfelice, y miembro durante años del directorio de Hotesur SA, la controlante del hotel Alto Calafate de la familia presidencial.

Lavagna, martes 22 de noviembre de 2005: «Hay algunas áreas, particularmente la que tiene que ver con la obra pública, donde existe cierto grado de cartelización, y esto implica sobrecostos».

¿Hablaba en general? ¿O tenía copia de, por ejemplo, la notificación que Transportadora de Gas del Norte le había enviado al Enargas en enero y febrero de aquel año para informarle que había expulsado a la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez, del concurso privado para construir el Gasoducto del Norte porque había intentado «cartelizar» los precios, en lo que sirvió, en términos cinematográficos, de precuela al «caso Skanka»?

Seis días después, Kirchner le pidió la renuncia a Lavagna.

Lavagna había osado exponer aquello que los italianos denominaron «tangentópolis» o «la casta», es decir, el sistema real que opera por debajo de las apariencias.

Su renuncia fue un final cantado para Lavagna, quien en 2003 le había rechazado a «Lupín» ser su compañero de fórmula. Le dijo que no en la cocina del histórico departamento porteño de la familia Kirchner, ubicado en la esquina de Juncal y Uruguay, el mismo que luego alquilaría durante años un empleado platense de Cristóbal López.

Pero Acevedo y Lavagna lanzaron sus dardos cuando despuntaba el kirchnerismo nacional, mientras que las revelaciones sobre Báez y los hoteles de la Presidenta ocurrieron a fines de 2013.

Incómodo ante la investigación de La Nación, el entonces secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, hoy al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (la ex SIDE), reconoció la operatoria. Pero dijo que no le importaba qué había hecho Báez con las habitaciones que pagó en el hotel presidencial. Según él, solo se trataba de un «acuerdo entre privados»; el mismo latiguillo que adoptó el Gobierno ante cada revelación del «caso Skanska».

Pero más allá de las declaraciones públicas, la exposición pinchó la rueda. Porque los Kirchner desplazaron a Valle Mitre SA, la firma de Báez que se encargaba de coordinar toda la operatoria hotelera, y la reemplazaron con Idea Sociedad Anónima SA, que ahora regentea los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea de El Chaltén, bajo el control más o menos solapado de Osvaldo Sanfelice y el exgobernador Sancho, los socios de Máximo Kirchner.

¿Cuán «solapado»?

Poco. Desde que el expresidente de las dos petroleras de Báez, Epsur y Misahar, Horacio Quiroga Torán, declaró ante la Justicia que Sanfelice era un enviado de Kirchner a las empresas de Báez, donde hacía las veces de veedor o intermediario de «Lupo».

El saldo para Báez tampoco es malo.

Pasó de moverse en un Ford Falcon 72 y contar las monedas a ser el orgulloso dueño, en apenas una década, de al menos 236 000 hectáreas —⁠21 estancias incluidas⁠— solo en la provincia de Santa Cruz, sin analizar sus propiedades en el resto del país o el extranjero.

¿A cuánto equivalen sus tierras santacruceñas comprobadas?

A 13 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aunque sus dominios continuaban en expansión y, un año y medio después, ya le adjudicaban 427 000 hectáreas.

La Piñata.

En vez de dar tantas vueltas con equivalencias y papeles, uno de los periodistas que ingresó a su chacra —⁠cuya custodia Báez asignó a exefectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la policía santacruceña⁠— fue al punto en cuanto vio al empresario:

—¿A cuánto asciende su patrimonio, Báez?

—…

—¿Cuántas estancias tiene?

—No sé bien, no sé… eso a su debido tiempo se informará.

—¿Cómo explica su incremento patrimonial?

—Yo tengo todo declarado, en mis declaraciones está todo.

Que Báez no supiera o no quisiera precisar cuánto abarca su patrimonio es comprensible. Porque a sus tierras les sumó rodados. Adquirió casi un millar de automóviles y camiones durante la última década. Entre ellos, los que integran su famosa «flota negra», como se la conoce en Río Gallegos: autos lujosos y de color negro que se resguardan en distintos galpones de las afueras de la capital santacruceña.

Muchas de esas adquisiciones fueron fruto de los tiempos en los que Báez se movió junto al contador Fernando Butti como su gran espada y junto al financista Ernesto Clarens, según declaró ante la Justicia el presidente de las petroleras Epsur y Misahar, Horacio Quiroga Torán.

Pero la relación entre Báez y Butti terminó mal. Se cortó cuando el «Negro» sospechó que su colaborador lo mejicaneaba y, encima, lo metió en problemas con la Justicia de Liechtenstein, que le congeló US$ 10,4 millones en 2006 y recién se los liberó en 2009.

¿Por qué Liechtenstein le congeló ese dinero en la cuenta número 306 690, a nombre de la sociedad Trade 24 Limited, en el Hypo Investment Bank AG?

Porque sospechaba que los fondos, en teoría de Austral Construcciones, eran en realidad el eventual blanqueo de dinero de origen ilícito, acaso vinculado a unos sobreprecios denunciados en la venta de maquinaria china al gobierno santafesino de Jorge Obeid.

¿Solo por eso?

No. Porque la ruta de ese dinero también incluía lo suyo, con una escala en Sud Bank & Trust Ltd, el banco de Jorge Brito en las Bahamas, y la intervención de Trade 24 Ltd, una sociedad de las islas Seychelles, cuyos rostros visibles eran Paul Anthony Cardy, un ingeniero inglés nacido en 1971, y el neozelandés Mark William Spiers, con domicilio en Letonia, y con la que Austral había firmado un supuesto joint venture.

Al final, Liechtenstein liberó el dinero. Pero fue el principio del fin para Butti, por lo que otros dos colaboradores de Báez ganaron espacio: los contadores César Andrés, Daniel Pérez Gadín y Claudio Bustos, interlocutor asiduo de Leonardo Fariña.

Juntos son dinamita, con derivaciones en toda la Patagonia, Bahía Blanca, Buenos Aires, el Norte argentino y el extranjero.

¿Por qué? Porque Andrés y Pérez Gadín supervisaron los números de Lázaro, pero también los de los hoteles de la Presidenta. Y el segundo se metió de cabeza en la financiera La Rosadita de Federico Elaskar, mientras que Butti manejó dinero de Báez en el exterior, pero cuando cayó en desgracia lo reemplazó Bustos, que también se encargó de arreglar con la AFIP problemas por facturas truchas de varias empresas del grupo. Y, como si fuera poco, Andrés y Bustos están detrás del ingreso de $ 254 millones en las cuentas de Austral Construcciones desde una firma que en Curazao califican de «inexistente», por un supuesto proyecto fallido en Belice a través de un presunto fideicomiso en Uruguay, donde no se registró, como debía, ante el Banco Central.

Tanto patrimonio, tanta exposición y tanto ruido alrededor de Báez, sin embargo, terminaron por complicarlo.

Afronta investigaciones en varios juzgados, por sospechas de lavado de activos, evasión tributaria y sus vínculos con la sociedad Hotesur. También en Uruguay, Suiza y Estados Unidos, donde los holdouts buscan determinar si él o el «zar del juego», Cristóbal López, son los dueños de 123 sociedades radicadas en el estado de Nevada y si por esas firmas fluyó dinero negro del kirchnerismo.

Báez y López se conocen, pero no se llevan del todo bien, más allá de que algún periodista los pescó cafeteando juntos alguna vez en Comodoro Rivadavia.

Por el lado de Lázaro, porque lo considera «peligroso» y poco fiable al «zar del juego».

Por el lado de Cristóbal, porque detesta que lo señalen como testaferro de Kirchner y que lo equiparen a Báez; por eso siempre recuerda que él ya era empresario cuando lo conoció a «Lupo» y no un mero empleado bancario. «A ver si te lo clarifico —⁠le dijo uno de los máximos colaboradores de López a este autor⁠—. Tenemos negocios en común con todos, pero todos, los contratistas grandes, salvo uno. ¿Adiviná cuál? ¿Por qué? Porque lo esquivamos. ¿Por qué? Porque no queremos que nos asocien con él. Porque no somos lo mismo».

Eso no quita, claro está, que Lázaro y Cristóbal compartan amigos, operadores o contactos, por ejemplo, dentro de la AFIP.

Sin ir más lejos, el titular del organismo tributario, Ricardo Echegaray, trabajó antes como abogado de Gotti Hermanos. Y el director de la DGI, Ángel Toninelli, y el responsable de la Regional Sur Metropolitana hasta marzo de 2015, Andrés Vázquez —⁠ambos con juego propio que excede al de Echegaray⁠—, mostraron un notable interés por los números de ambos.

¿Cómo terminó Vázquez, un funcionario de la AFIP con competencia en Buenos Aires, involucrado en los números de Báez?

Pues porque si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Y Báez, que sentía a ciertos sabuesos patagónicos de la AFIP demasiado cerca, mudó el domicilio fiscal de varias de sus empresas al número 241 del pasaje Carabelas, a metros del Obelisco porteño, que así quedaron bajo la supervisión de Vázquez. Entre otras, Austral Construcciones, Epsur, Austral Agro, Misahar SA, Austral Atlántica, la Fiduciaria Edificio Northville SA, Austral Desarrollos Inmobiliarios, aunque también aparece la financiera Invernes, de Clarens, como si integraran un mismo grupo económico.

¿Lo integran?

Para el fiscal federal Guillermo Marijuán, al menos se miran con cariño. Porque Invernes firmó un contrato de gerenciamiento con Gotti Hermanos de contrataciones de obra pública y privada, y también un contrato de cesión de cobranzas de certificados de obras y otras acreencias. Eso llevó a facturarles $ 466,5 millones en apenas tres meses —⁠de enero a abril de 2007⁠— a Austral Construcciones —⁠sin especificar números de orden de compra o de certificado de obra o denominación de la obra⁠—, Kank y Costilla y Vialidad santacruceña, entre otros. Pero al mismo tiempo emitió pagos «a distintas empresas que resultaron dudosas y/o con documentación falsa, siendo dichos pagos por montos muy significativos».

¿Y cuál es el problema con eso?

Lo explica Marijuán, otra vez, en su dictamen de junio de 2015, cuando pidió la indagatoria de Báez y otros sospechosos de lavado: «Resulta que todo lo que rodea a la empresa “Invernes SA”, en especial estos depósitos de dinero, ya que otra actividad no se le conoce, tiene que ser visto con particular detenimiento. Repárese que cuando “Invernes SA”, la empresa reportada por el Banco Finansur, pretende justificar el origen y motivo de los fondos que recibe en depósito, exhibe el ya citado contrato de gerenciamiento con la empresa “Gotti” y ello por sí solo resulta sospechoso. No se entiende por qué las constructoras deben recurrir a otras empresas en búsqueda de negocios y/o de oportunidades en negocios y licitaciones, ni tampoco se han brindado mayores detalles de esas gestiones si realmente existieron. Además, tampoco se explica por qué también “Invernes SA” aparece percibiendo los certificados de obras de su gerenciada, ya que ello es habitual que lo hagan por sí solas las propias empresas. De otra parte, también, si se quisiera argumentar que los certificados de obras eran la garantía de mutuos o créditos, tampoco se conocen con este informe técnico inconcluso de la UIF el capital de “Invernes SA” y, mucho menos, los motivos por los que libra cheques a empresas inexistentes».

Algo que, sin embargo, se le pasó por alto a Marijuán es que tanto Invernes como Gotti figuran en el Registro de Entidades Inactivas (REI) de la Inspección General de Justicia (IGJ). La financiera porque no presenta balances desde 2004 y su última inscripción también es de ese año, mientras que tampoco hay antecedentes de sus accionistas ni de sus directores durante los últimos 11 años. Es decir, que el organismo bajo la órbita del Ministerio de Justicia debió iniciar el proceso para liquidar a Invernes en la Justicia. O dicho de otro modo: declarar su muerte jurídica. Pero no lo hizo.

En cuanto a Toninelli, acaso se trate de una cuestión familiar. Porque allá en Gallegos, excolaboradores de Báez sostienen que Federico Alejandro Toninelli, el hijo del director de la DGI, asesora desde hace años al «Negro» para ordenar las declaraciones tributarias de sus empresas y ajustar los números de todo su grupo con los de Hotesur, la sociedad hotelera de los Kirchner.

El asesoramiento de Federico Toninelli, un abogado nacido en mayo de 1977, es en el más estricto bajo perfil, pero los testimonios se acumulan en la capital santacruceña, en Buenos Aires y en Bahía Blanca, como así también dentro de la AFIP.

Acaso por eso, según denunció la dirigente de la Coalición Cívica en Santa Cruz, Mariana Zuvic, los Toninelli —⁠padre e hijo⁠— viajaron a Río Gallegos desde el aeropuerto de San Fernando el 1.º de noviembre de 2012. Volaron en el jet LB-ZSZ con el hijo del empresario, Martín Báez, como único compañero de travesía.

Vuelo relámpago.

Una noche en la capital santacruceña.

Y de vuelta a casa, el 2 de noviembre, otra vez en el LB-ZSZ, pero ya sin Martín Báez como tercer pasajero. Solo ellos dos, según consta en una planilla que Zuvic entregó a la Justicia, pero que Báez afirma que es falsa —⁠la planilla, no así la información⁠—, por lo que la denunció ante la Justicia penal.

Vale aclarar, sin embargo, que el asesoramiento de Toninelli (hijo, ¿y de allí al padre?) también alcanza a los contadores de Báez liderados por César Andrés que se encargaban de llevar los números de Hotesur y también los de la financiera Invernes.

Pero su labor patagónica ya le reportó más de un dolor de cabeza a Toninelli padre. Al punto que, al asumir al frente de la DGI en agosto de 2008, emitió una desmentida endeble cuando La Nación por primera vez le preguntó si su hijo asesoraba a empresas vinculadas al poder, como Gotti Hermanos. «Que yo sepa, no», replicó. «En todo caso él tiene derecho a defender a quien sea».

En rigor, al jefe directo de Toninelli, Echegaray, tampoco deberían sorprenderle los viajes de emisarios de la AFIP a la Patagonia.

El 23 de abril de 2009, cuatro altos funcionarios de la AFIP viajaron a Río Gallegos para emprolijar y coordinar las declaraciones juradas de Kirchner, Báez y Rudy Ulloa, entre otros, según reveló el periodista Luis Majul.

Ese asesoramiento ni siquiera se acotó a Río Gallegos. Porque el miércoles 23 de julio de 2013, el apoderado de Austral, Claudio Bustos, llamó a Toninelli (hijo) desde la sede de la Regional AFIP de Bahía Blanca. Necesitaba que desde el otro lado del teléfono lo ayudara a ordenar los números de las usinas de facturas truchas que usó el grupo Báez en esa ciudad. Entre otras, Calvento y Grupo Penta, de la familia de Silvio Ficcadenti, mientras un amigo bahiense de Leonardo Fariña, Juan Ignacio Suris, permanecía en un segundo pero incómodo plano.

Otro rastro de ese vínculo entre Báez y los Toninelli salió a la luz cuando Paola Martínez Naifleisch, la abogada de otra constructora del empresario, Badial SA, fijó su domicilio para litigar contra la AFIP en las oficinas de la calle Cerrito 520, piso 9, «G».

Más claro: Báez fijó su domicilio legal para litigar contra la AFIP en las oficinas del hijo de titular de la DGI, según reveló este autor en La Nación.

Martínez Naifleisch ya había expuesto otro indicio tres meses antes. Fue al presentarse por Badial en el expediente 32 999-I del Tribunal Fiscal. Consignó un teléfono fijo en uno de sus escritos que en algunas guías telefónicas aún figura a nombre de Federico Toninelli.

Más allá de los Toninelli, Badial SA es en sí un caso singular.

¿Por qué?

Porque Báez declaró ante la AFIP que la capitalizó con bolsos de dinero en efectivo, por al menos $ 1,5 millón en un año, que traía Carlos Adrián Calvo López desde Uruguay por Buquebus.

¿Quién es Calvo López?

Es un empleado del banquero Jorge Brito en las oficinas del Macro en Uruguay y en Bahamas, pero que también comparte domicilio en el pasaje Carabelas 241 con las empresas de Báez e Invernes, de Clarens, en la que a su vez figuró como director.

Un «conector».

¿De dónde salió ese dinero?

Según declaró el propio Báez, de la sociedad uruguaya Reloway Company SA, sin domicilio conocido en aquel país y que en la Argentina comparte su domicilio —⁠avenida Roque Sáenz Peña 971, piso 9, de Buenos Aires⁠— con el de la sede legal y administrativa de Oil M&S del Grupo Indalo, es decir, de Cristóbal López, quien argumenta que se trata de una mera coincidencia física, pero ni siquiera temporal. A su lado sostienen que se mudaron antes de que apareciera Reloway.

Para entonces, además, el banco Finansur —⁠antes de que lo adquiriera López⁠— ya había emitido los reportes de operaciones sospechosas de lavado (ROS) 4176 y 31 646, junto con la información complementaria 31 793, con precisiones sobre ciertos movimientos peculiares de dinero sobre Báez y Clarens. Comenzaron entre enero y noviembre de 2008, por $ 54,5 millones, con flujos adicionales hasta julio de 2011 por otros $ 125 millones. Pero la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) solo lo informó a la Justicia a fines de 2013, es decir, tras años de mantenerlo en secreto y, a diferencia de su rápida reacción en otros casos, varios meses después de que la Justicia comenzara a investigar la llamada «ruta del dinero K».

¿Por qué peculiares?

Porque Invernes operaba una cuenta en la que ingresaban millones de pesos que casi de inmediato se retiraban, por tandas y con cheques.

Dentro de Austral, en tanto, a Federico Toninelli ya lo apodaban «el señor Pack». Se lo ganó en Gallegos, cuentan, por su costumbre de pedir un pack de latitas de Coca light al iniciar sus reuniones en Río Gallegos con los contadores de Báez.

En varias de esas reuniones con Toninelli, participaron el propio Báez y al menos uno de sus hijos, Martín. También, varios de sus laderos, como los contadores Tomás Garzón y Guillermo Castillo. Pero lo sustancioso solo comenzaba cuando aparecía el contador más relevante de todos, César Andrés, a cargo de Hotesur y las dos financieras de Clarens, Credisol e Invernes.

Un cuarto contador de Báez, Daniel Pérez Gadín, se movía en paralelo. Y aunque en su currículum público detalló entre sus clientes al Alto Calafate y a la firma Valle Mitre, lidió con otro hierro caliente: el conformado por Elaskar, Fariña y La Rosadita, con escala en Panamá, acaso en Nevada, las Islas Seychelles y Suiza, y hasta el fondo Helvetic Services Group, cuyo único rostro es Néstor Marcelo Ramos.

Acaso sea mejor, por ejemplo, no indagar en los fondos que la familia Báez giró desde Panamá al banco suizo Lombard Odier & Cie, y de ahí al Banco J. Safra Sarasin. Ni tampoco en los llamados que unieron a su fidelísimo contador Pérez Gadín con Claudio Cerutti, un colaborador de Julio De Vido y su fiel ladero José María Olazagasti en el Ministerio de Planificación Federal.

Otro «conector».

Justo cuando el hombre de Báez irrumpía en «La Rosadita».

Según Cerutti, para «coordinar partidos de tenis».

Malditos teléfonos, que también expusieron los tentáculos de una operatoria que llegaba hasta Diego Rodríguez, el hermano de la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, a los barrabravas de River Plate y, otra vez, a la posibilidad de lavar hasta US$ 300 millones de Báez.

«Hay una empresa que necesita facturar y encima darte la factura blanca. Vos le tenés que hacer el cheque, ellos te dan la plata y por ahí te dan quince arriba. Ponele: te facturan dos palos y te dan tres gambas… No la escuchaste nunca, ¿no?», le dijeron a Rodríguez por teléfono, sin saber que estaba pinchado. «Es de Báez», añadieron. «Necesitan lavar 300 palos verdes».

Diego Rodríguez primero contestó al convite con evasivas. Hasta que se interesó. Y pidió precisiones. «Austral Construcciones», le contestaron, para fastidio de la ministra, que desde entonces carga con ese audio —⁠y con su hermano⁠— sobre sus espaldas.

El fiscal José María Campagnoli andaba detrás de esas y otras migas de pan cuando él y su pesquisa saltaron por los aires.

Su investigación terminó en manos del juez federal Sebastián Casanello, y Campagnoli casi pierde su empleo, que debió defender en un juicio político motorizado por la procuradora Alejandra Gils Carbó, por supuesto mal desempeño, pero que provocó movilizaciones ciudadanas en solidaridad con el fiscal en distintos puntos del país.

¿En qué enchufe metió sus dedos Campagnoli?

Acaso haya sido el que expuso al final de su dictamen sobre la ruta del dinero que operó La Rosadita, que incluyó una «negociación de bonos» a través de la sociedad bursátil Financial Net, operatoria con la que entendió que se buscaba «borrar los rastros de las operaciones realizadas con intervención de Federico Elaskar, asegurar el dinero y ocultar la responsabilidad de Lázaro Báez y sus cómplices en la extorsión y el manejo ilegal de activos».

El contraataque fue múltiple: la Procuración, la defensa de Báez y otros acusados denunciaron la «gravedad institucional», «una evidente confabulación» y «una persecución ilegal que (Campagnoli) sabe ilegal y en la que nunca pudo haber intervenido», mientras que los medios oficialistas motorizaron una campaña de desprestigio en su contra.

La ofensiva solo se diluyó cuando el kirchnerismo calculó que no le daban los votos para destituir a Campagnoli. Entonces dejó caer el juicio político, en diciembre de 2013. «Me hubiera gustado una sentencia que despeje toda duda sobre mi trabajo. Someterme a un juicio político, suspenderme en mi cargo, reducirme el sueldo y que haya existido una campaña con todo el poder del Estado para desprestigiarme es una cuestión grave que hubiera merecido otro final», se lamentó el fiscal. «Iba encaminado a mi absolución cuando todo se empantanó».

Mientras eso ocurría en Buenos Aires, Toninelli continuaba con sus viajes. Y en ciertos casos coincidió con eventos especiales. Como cuando en marzo de 2011, la Presidenta y el entonces titular de la AFA, Julio Grondona, inauguraron juntos la nueva sede del club Boca Río Gallegos, que preside Martín Báez.

«Por lo general, (Toninelli) venía solo, pero a veces aparecía acompañado por dos o tres pibes más jóvenes que colaboraban en el análisis tributario», indicó desde la Patagonia uno de los nueve informantes que detallaron cómo era la operatoria para la que, en ciertas ocasiones, dicen que el joven abogado viajó junto a su esposa, Agostina Carla García, nacida en 1983 y funcionaria de la AFIP desde 2013.

El jefe del clan Toninelli, sin embargo, salió por segunda vez al cruce de las revelaciones periodísticas en abril de 2013. Según explicó en una carta que envió a La Nación, la oficina de la calle Cerrito en la que Báez y Martínez Naifleisch fijaron su domicilio para litigar contra la AFIP en el Tribunal Fiscal es, en efecto, de sus hijos, pero no de él.

«Se trata de una oficina comprada por mí hace más de 40 años y que desde hace casi dos décadas cedí a mis hijos (que no son funcionarios públicos) y a otros profesionales para que se inicien en el ejercicio de sus profesiones en forma autónoma». Y tildó de «injurioso» que se lo vinculara con actos a favor de Báez.

Pero aquí vale consignar cómo llegó Toninelli al máximo cargo en la DGI, en agosto de 2008, en reemplazo de Horacio Castagnola, desplazado junto con otros jefes del organismo, como el subdirector de Operaciones Impositivas de Interior, Jaime Mecicovsky, y el responsable de la Regional Comodoro Rivadavia de la AFIP, Norman Williams.

Por entonces, Mecicovsky y Williams investigaban a Gotti Hermanos por una evasión con facturas truchas que se estimaba que rondaba los $ 400 millones, y que llevó a la constructora a acogerse en 2009 a la primera ley de blanqueo y moratoria que impulsó el Gobierno y que le permitió suspender la acción penal.

Pero antes de acogerse a la moratoria, la pesquisa contra Gotti había avanzado demasiado.

Primero saltó Williams.

Luego, Mecicovsky.

Y, por último, Castagnola.

Entonces apareció Toninelli.

El sistema.

La AFIP, vale aclarar, no fue la única área del Estado nacional benevolente con Báez. También se destacan el organismo antilavado —⁠Unidad de Información Financiera o UIF⁠— y la Inspección General de Justicia (IGJ). Y el Banco Nación (BNA).

¿La UIF? Evitó denunciar ante la Justicia durante más de dos años y medio a Austral Construcciones y la petrolera Epsur, que acumularon reportes de operaciones sospechosas de lavado, que se sumaron así a otras alertas que llegaron sobre Gotti Hermanos y Kank y Costilla.

¿La IGJ? Demoró y parcializó sus respuestas ante los oficios que recibió sobre Austral Construcciones, Epsur y otra petrolera más de Báez, Misahar. Varios de esos pedidos llegaron incluso hasta el entonces titular mismo de la IGJ, Luis Rodolfo Tailhade, hoy en la ex SIDE.

¿Y el BNA? Le otorgó un trato preferencial a Austral —⁠y a su fideicomiso gestionado por Fariña⁠—, como así también a otra constructora de Báez, Kank y Costilla, según surge del informe interno «Memorando de Observaciones Preliminares» de agosto de 2014. Así, Austral Construcciones se financió por la vía de excepción y por encima de los límites preacordados, incluso con operaciones que ordenaron personas que no estaban autorizadas para ese fin. No solo eso. El BNA demoró en actualizar su clasificación como deudor y al mismo tiempo se tomó su tiempo —⁠dos años y dos meses⁠— para reportar a la UIF una operación sospechosa de Epsur por US$ 7,5 millones.

¿Cómo fue esa operación?

Tan simple como que Báez se presentó por ventanilla en la sucursal del Nación en la calle Mitre 855 de Comodoro Rivadavia con US$ 9,5 millones en efectivo. Los llevó en un bolso. Dijo que eran de Austral Construcciones —⁠sin documentación o constancia alguna que así lo acreditara⁠—, y pidió que se depositaran esos fondos en plazos fijos a su nombre y de su petrolera Epsur, que tampoco justificó la operación y en cuyos balances no aparecen esos plazos fijos, además de que sus estados contables presentan cifras inconsistentes y ni siquiera están firmados por sus autoridades. Pero que el BNA se tomó su tiempo para reportar y que la Justicia recién allanaría en junio de 2015.

Ah… el BNA y Báez… ¡Cuánto podría contar el expresidente del Banco, Juan Carlos Fábrega! Podría relatar, por caso, los llamados que recibía de su amigo de los años del colegio secundario en Río Gallegos, Néstor Kirchner, a través del celular de uno de sus secretarios privados, Daniel Muñoz, durante las reuniones de directorio de la entidad, según relataron testigos de aquellos inolvidables telefonazos a este autor.

Detalles.

Porque igual así, Epsur se quedó junto con Misahar con 7 de las 14 áreas de explotación petrolera en Santa Cruz.

¿Y las otras 7 áreas?

Oil M&S, de Cristóbal López.

La Piñata.

Pero Báez siempre, siempre, siempre va por más.

Y de la mano del Ministerio de Planificación Federal avanzó para poner un pie en las megaobras de las represas Condor Cliff y La Barrancosa, rebautizadas luego para acomodarse a los nuevos y megalómanos tiempos como Néstor Kirchner y Jorge Cepernic.

Báez era, y dentro del propio Gobierno lo admitían, el «caballo del comisario» para quedarse con ese jugosísimo contrato, el «Yaciretá de Cristina», como se lo conoce en el sector. Pero la exposición derivada de la «ruta del dinero K» lo dejó afuera de la fiesta, que coronó como ganador a Electroingeniería.

Mientras tanto, Báez se encargó de construir el mausoleo donde yace el cuerpo del ex Presidente. Juntos compartieron la última cena, la noche previa a su muerte. Y fue Lázaro quien, cuando una médica le comunicó el final a la Presidenta, la tomó de un brazo, la subió a una camioneta y la llevó hasta la casa presidencial en El Calafate con el cuerpo de «Lupo» detrás, en un ambulancia que los siguió.

Ante la Justicia, sin embargo, Báez afirma que todo lo que se dice sobre él es falso, parte de «una sinergia mediático-judicial verdaderamente preocupante». Es decir, que hay políticos, jueces y periodistas que lo enchastran creyendo que así golpean a los Kirchner.

«Solo les ha interesado quemar al acusado (es decir, a Báez), desprestigiándolo, para, así, ensuciar a otras personas que han sido y son protagonistas de la vida política y del Gobierno del país durante la última década», esgrimieron sus abogados en sus escritos. «Digámoslo con todas las letras: con estas denuncias, se buscó ensuciar a la Presidenta de la Nación y al difunto presidente Néstor Kirchner y, de este modo, obtener un rédito político que pudiera canalizarse en las urnas».

En su chacra, durante aquella excursión de bóvedas y bodegas, llegó el momento en que Báez se hastió de tantas preguntas.

«Bueno, ya hablé demasiado», los despidió a los periodistas el último hombre que cenó con Kirchner, mientras se acercaba a la puerta. «Yo no soy el Yabrán de Cristina»[2].

C / Ciccone

«Dale lo que pide», le ordenó el ministro de Economía, Amado Boudou, a su íntimo amigo de toda la vida y único socio comercial reconocido, José María Núñez Carmona, «Nariga».

La orden directa era por una cuestión de billetes: los fundadores de la imprenta, Héctor y Nicolás Ciccone, exigían cobrar 50 000 dólares por mes cada uno a cambio de entregar las acciones de la compañía. Y en el caso de que murieran, que esas mensualidades las cobraran sus herederos, según consta en el acuerdo.

La reunión ocurrió en el local I Fresh Market, de Puerto Madero, el viernes 2 de septiembre de 2010, debajo del complejo Madero Center, donde Boudou convivía con Agustina Kämpfer y a metros del River View, donde vive su socio.

El detalle que los Ciccone más recuerdan de ese encuentro no fue el lugar ni la pedantería de «Nariga». La nota la dio Boudou. Porque ellos fueron trajeados al encuentro con el Ministro de Economía de la Nación, fueron trajeados. Y él los recibió en pantalones cortos.

Pero ese no fue el primer encuentro que Boudou mantuvo con los Ciccone para, cruzando la línea de la legalidad, acordar la resurrección de la imprenta a cambio de quedarse con el control accionario, mientras que «Nariga» se encargaba de la letra chica de la negociación.

¿Boudou y Núñez Carmona actuaron por cuenta propia? ¿Quisieron quedarse por su cuenta con la imprenta privada de papel moneda, bonos, billetes de lotería y otros valores de seguridad? Según les comunicaron a los Ciccone, la idea original fue de Néstor Kirchner, mientras que la Presidenta solo se involucró tras el estallido del escándalo.

La Piñata.

Los Ciccone acumularon indicios de esa «orden superior». El primero llegó de la mano del presidente de Aeropuertos Argentina 2000 (y socio de Eduardo Eurnekián), Ernesto Gutiérrez, que tomó el control de la imprenta durante unos meses de 2009 junto con el rostro visible del fondo Fintech, el mexicano David Martínez, socio a su vez del Grupo Clarín en Cablevisión.

Fanático del surf, Gutiérrez era, por entonces, uno de los empresarios con mejor diálogo con Kirchner, a quien visitaba en la Quinta de Olivos y dialogaba por teléfono, al punto que se ganó el mote de «Ernestor» en el mundillo de los empresarios. Era, también, el rostro visible de varios sondeos, nunca muy bien precisados, para comprarle Aerolíneas a Marsans o los activos a Esso en la Argentina.

Gutiérrez, todo un operador.

Como Manuel Vázquez con Ricardo Jaime, un todoterreno.

Esa intentona se frustró, sin embargo, el 31 de agosto de 2009, cuando Gutiérrez devolvió las acciones de la imprenta. Esa vez, por motivos que se ignoran, no consiguió lo que necesitaba desde el poder. Y eso que todavía faltaba un año para que, con la muerte de Kirchner, el «surfista» cayera en desgracia con la Presidenta, debiera renunciar a Aeropuertos y se marchara un largo tiempo del país.

Ese proyecto, afirman ahora junto al dueño de Aeropuertos, Eduardo Eurnekián, llevó a la ruptura entre ambos. «Lo de Ciccone no fue tolerable. No importa si era la intención de Kirchner o no, Eurnekián y Gutiérrez no son lo mismo, y la Presidenta lo sabe», dejaron saber a este autor, muy atentos a la fase «cristinista» del Gobierno.

Por el contrario, junto a Gutiérrez la cuentan distinto. Dicen que él siempre actuó «en nombre de Eurnekián» y que se marchó de Aeropuertos Argentina 2000 porque «cumplió su ciclo», desgastado por diferencias de criterio con su jefe y socio mayoritario, «que quería pegarse más al Gobierno».

El sistema.

Si Gutiérrez encarnó el primer intento de salvataje paraoficial, los Ciccone buscaron otro acercamiento más. Fue a principios de 2010, cuando se reunieron con el embajador argentino en Uruguay, Dante Dovena, otro hombre de máxima confianza del ex Presidente desde hacía años. Le plantearon la situación de la empresa, le pidieron ayuda, que intercediera, pero chocaron con la peor respuesta.

A la empresa, mandó decirles Kirchner —o eso les dijo Dovena⁠—, «la queremos toda», según cuentan desde la familia Ciccone, pero también junto a Dovena, que antes del pulgar abajo del santacruceño había llegado a plasmar por escrito cómo sería la redistribución de las acciones: los Ciccone cederían el 30 % del paquete.

Desesperados, pero al mismo tiempo acostumbrados a moverse en los meandros del poder, donde los negocios privados se mezclan con los gobiernos de turno, con las ventajas prebendarias y la teta corrupta del Estado, los Ciccone jugaron sus últimas cartas.

Una fue apelar a Sergio Schoklender, cuando aún era la mano derecha de Hebe de Bonafini en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, antes del estallido del escándalo por Sueños Compartidos.

«Tuvimos una primera reunión», confirmó Schoklender a este autor. «Hablamos sobre que se estaban peleando los grupos de Boudou y Aníbal (Fernández) por apropiarse de Ciccone y luego los derivé a mi hermano Pablo», rememoró.

Pero nada ocurrió.

Entonces los Ciccone flirtearon con laderos del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, como Fernando Villaverde y Fernando Coppari.

Villaverde, un operador singular.

Lo acompañó a Echegaray en la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) y en la AFIP, como su primer subdirector general de Planificación, mientras que Coppari fue su compañero de estudios en la Universidad de Mar del Plata.

Y ambos, Villaverde y Coppari, figuran en la denuncia penal que Francisco de Narváez radicó contra Echegaray por utilizar información secreta de la AFIP para «armar causas falsas» en su contra durante la campaña electoral de 2009, cuando el «Colorado» enfrentó y derrotó al ex Presidente y a sus candidatos «testimoniales», como Daniel Scioli y Massa, algo que ambos presidenciales ahora prefieren olvidar.

Juntos, Villaverde y Coppari intentaron solucionar los problemas en la AFIP de los Ciccone, que les juran que pagaron por esas gestiones, algo que los operadores niegan indignados. En cualquier caso, no llegaron a ningún lado. Ya era demasiado tarde y otros cocineros ya metían su cuchara.

«Me mandaron a hablar con “Nariga”», les comunicó Nicolás Ciccone. «Me está matando».

Muchos más indicios muestran, desde ese momento, el interés de la Quinta de Olivos. ¿Cómo explicar, si no, el involucramiento en el rescate de la imprenta de varios organismos del Estado que no le respondían a Boudou, por entonces ministro de Economía? Entre otros, la Secretaría de Comercio Interior, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la AFIP, Casa de Moneda, el Banco Central y varios más. ¿Cómo explicar que el Frente para la Victoria contratara a la ex Ciccone para la impresión de las boletas de 2011, cuando ni siquiera tenía las máquinas adecuadas, por lo que debió tercerizar el servicio?

El sistema.

Según cuentan dentro del Gobierno, Kirchner quería aprovechar los serios problemas financieros de la imprenta y relanzarla con empresarios amigos. Es decir, la misma estrategia que dos años antes había impulsado en Aerolíneas Argentinas. Un proyecto en el que también participó Vázquez, el alter ego de Jaime, además de un experto en crear sociedades pantalla en los puntos más recónditos del orbe y un lobbista fanático del bajo perfil.

La opción de los «empresarios amigos» para Ciccone tomó fuerza porque se dio en el momento exacto, a diferencia de lo que había ocurrido antes con Ernesto Gutiérrez.

¿Por qué?

Porque hubo un grupo de funcionarios liderados por el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini —⁠y que incluyó también al ministro de Justicia, Julio Alak; al secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, y al titular de la Casa de Moneda, Ariel Rebello, entre otros⁠—, que a mediados de 2010 le llevaron un plan intervencionista a la Presidenta, que lo rechazó, por motivos vinculados a Aerolíneas Argentinas.

«El Gobierno ya había tomado el control de Aerolíneas y una preocupación constante de Cristina era —⁠y así lo repetía abiertamente⁠— que fuera a caerse un avión durante la gestión estatal. Si (la tragedia de) Once causó lo que causó, imaginate qué pasaría con el Gobierno si se estrellara un avión. La Presidenta no quería más quilombos», indicó un alto funcionario, reunido con este autor en una habitación de un hotel de Puerto Madero para reducir los riesgos de que lo descubrieran.

¿Qué opción quedaba, pues?

La de G-PAIS. Es decir, un «grupo privado argentino de inversores… serios», al decir de ese alto funcionario.

Puestos a buscar inversores privados, nadie imaginó, sin embargo, que Boudou avanzaría sobre la imprenta como lo hizo. Es decir, junto a un puñado de amigos de Mar del Plata, que incluyó a «Nariga» —⁠su socio y su testigo de casamiento y de divorcio⁠—, un exempleador y socio suyo, Jorge Enrique Capirone —⁠luego número dos en la nueva Ciccone⁠—, y con una sociedad, The Old Fund, en la que aparecían el primo de una novia de «Nariga», Alejandro Vandenbroele, que era un abogado monotributista con reportes de operaciones sospechosas de lavado en España; y otro amigo de Mardel, Sergio Gustavo Martínez, prófugo de la Justicia de Estados Unidos.

Toda una pinturita.

Porque a The Old Fund primero la controlaron Martínez y Tierras International Investments, una sociedad holandesa cuyo representante legal y único rostro era un jubilado de la Marina Mercante, Carlos «Piluso» Schneider, de 75 años.

«¿Que yo qué con Boudou? ¡Ja, ja, ja! ¿O sea que soy millonario?», le preguntó Schneider a este autor cuando lo ubicó en el jardín de su humildísima casa —⁠la más humilde de toda la cuadra⁠— de Longchamps, una hora al sur de la Casa Rosada.

«¿Vos me estás jodiendo?», retrucó cuando comenzó a comprender que figuraba como apoderado del fondo de inversión controlante de la ex Ciccone. Todo, tras cobrar apenas 200 pesos.

¿Por qué se movió Boudou con tanta ligereza?

Porque, según sus amigos, conocidos y su larga lista de enemigos, así se movió siempre y no le había ido tan mal hasta entonces. Al fin y al cabo, escaló hasta liderar la Anses, asumió luego como ministro de Economía y llegó a vicepresidente de la Nación.

Nada mal para quien tomó las riendas de Venturino Eshiur, la empresa que gozaba de la recolección monopólica de los residuos en Mar del Plata y logró fundirla.

Nada mal para quien engañó a su exesposa Daniela Andriuolo en la división de bienes conyugales posterior al divorcio, antedatando los papeles del auto, según verificó el juez federal Claudio Bonadío.

Nada mal para quien luego afrontó juicios y reclamos por las deudas impagas que acumuló a su paso. Pueden atestiguarlo las familias Cicarelli —⁠por un departamento⁠—, Laffranconi y Martelli —⁠por dos desalojos⁠—, Álvarez Miranda y Acciardi —⁠por ejecuciones hipotecarias⁠—, y hasta su exabogado —⁠Franklin Llan de Rosos⁠— y su exescribano —⁠Juan Carlos Humarán⁠— por honorarios pendientes, y un exsocio de «Nariga» —⁠Luis Scolari⁠— por dividendos inhallables.

Nada mal para quien muchas veces debió comer de fiado con Núñez Carmona en el restaurante «Papakea» del barrio Los Troncos, de Martínez, el luego prófugo de la Justicia de Estados Unidos.

Nada mal para quien acumuló reclamos del Tribunal de Cuentas bonaerense y denuncias porque durante su gestión como secretario de Hacienda de la Municipalidad de la Costa se cobró un crédito de $ 24 millones, pero las 600 casas y 4 escuelas jamás se completaron.

Nada mal para quien comenzó a destrabar cheques como funcionario —⁠en el Partido de la Costa, la Anses y más allá⁠— por publicidad oficial que «Nariga» embolsó del otro lado del mostrador.

Y nada mal para quien logró sortear la desconfianza del jefe de Gabinete, Alberto Fernández —⁠«Solo me interesa que no robes», lo atenazó en la primera oportunidad que pudo⁠— y del propio Kirchner, que había escuchado las advertencias de su hermana Alicia sobre el modo poco transparente con que se manejaba en la Anses.

«Están celosos», respondía la Presidenta cuando ambos, su marido y su jefe de Gabinete, le expresaban sus objeciones.

Así, «Nariga», al que en Mar del Plata recuerdan arriba de una moto en invierno, sobre la calle Alem y a la caza de algún conocido que le convidara un café con el cual matar el hambre, terminó por convertirse en el contribuyente de esa ciudad que más fondos blanqueó.

Fueron $ 7 millones —unos US$ 2 millones al cambio entonces vigente⁠— que «Nariga» blanqueó en 2009, beneficiado por la primera ley de moratoria y blanqueo que lanzó el Gobierno, cuando «Aimé» pasaba de la Anses al Ministerio de Economía.

El sistema.

Por eso, cuando la Justicia estimó que Boudou avanzó sobre la ex Ciccone de la mano de «Nariga» y Vandenbroele, varios de sus examigos de Mar del Plata a los que había perjudicado comenzaron a apostar a que también había estafado a los exdueños de la imprenta.

¿Cobraron los Ciccone? Sí.

¿Cuánto? Según quién responda, entre US$ 700 000 y 1 millón, cash.

Un pago tuvo lugar en las oficinas de The Old Fund, en Puerto Madero, pero recién en septiembre de 2011, un año después del desembarco de Vandenbroele en la empresa.

Los otros dos desembolsos se concretaron tras el estallido del escándalo —⁠como para calmar ansiedades⁠—, en febrero de 2012. Uno fue en el estacionamiento del Unicenter; el otro, en un estudio jurídico en el microcentro porteño.

Parte de esa operatoria quedó plasmada en un escrito que Héctor Ciccone redactó y firmó pocas semanas antes de morir, y que cobró más fuerza porque lo certificó un escribano, Carlos Luaces, el notario de confianza de la familia desde hace décadas.

El cobro de esos tentadores fajos de dólares, sin embargo, colocó a los Ciccone en el rol de partícipes y cómplices del desembarco de los marplatenses en la imprenta, en vez de solo como víctimas.

Por eso el juez federal Ariel Lijo los procesó a todos —⁠a Boudou, Núñez Carmona, Vandenbroele, Nicolás Ciccone y su yerno Guillermo Reinwick⁠—, el 27 de junio de 2014, y solo dejó afuera de la resolución a Héctor Ciccone, dado su fallecimiento.

Y por eso la Cámara Federal confirmó todos los procesamientos, con la excepción de Reinwick, pero sumando al entonces jefe de Gabinete de Boudou en el Palacio de Hacienda, Guido Forcieri.

El primer paso para el desembarco marplatense había ocurrido en 2010, semanas antes de aquella reunión en el I Fresh Market.

Se inició de manera fortuita, por un diálogo casual del yerno de Nicolás Ciccone, Guillermo Reinwick, con el entonces directivo de Telefé, el también marplatense Gabriel Bianco, que se ufanó de sus «amigos» Boudou y Núñez Carmona. De hecho, con «Nariga» habían intentado quedarse con el Canal 10 de Mar del Plata.

Por eso, cuando Reinwick escuchó a su suegro, desesperado porque no lograba acceder a alguien con poder dentro del Gobierno para rescatar a la empresa, cuya quiebra había declarado la Justicia el 15 de julio de 2010, de inmediato recordó a Blanco, su vecino en el country Pacheco Golf Club, de Tigre, como forma de contactar a Boudou.

Así fue. El 29 de julio, dos semanas después de la quiebra, Boudou y Nicolás Ciccone se encontraron por primera vez. Fue en un estudio de Telefé, con «Nariga», Reinwick y Blanco de testigos. Fue durante un hueco del programa AM, de Verónica Lozano y Leo Montero.

Boudou le dio la mano a Nicolás Ciccone. Y le indicó que conversara con su socio. Nada más. Pero al imprentero, el mero cruce con el Ministro le bastó para continuar con «Nariga».

Ese primer contacto en Telefé abrió la segunda fase: negociar cuántas acciones retendría la familia y cuántas cedería a «los amigos del poder», a los representantes de la nueva «casta», a cambio de sacar a la empresa de la quiebra y recuperar la planta que había quedado bajo control de la firma rival, Boldt.

El ida y vuelta incluyó algunos giros desconocidos por la Justicia. Entre ellos, que el socio de Boudou primero intentó irrumpir en la imprenta con otra sociedad que no era la que finalmente se utilizó, The Old Fund SA, sino con la española Fokly Austral SL.

Esa opción no podía ser más «berreta», según uno de los abogados de los Ciccone. No solo porque el documento en que se plasmó se proponía que la familia cediera el 70 % de las acciones por apenas $ 1000 y la promesa de dividendos sobre futuros, pero inciertos, contratos multimillonarios. Sino porque Fokly Austral, con domicilio fijado en la residencia del propio Vandenbroele en Madrid, carecía de movimientos financieros durante años y arrastraba una mala calificación crediticia por parte de las firmas españolas que equivalen al Veraz argentino.

El 3 de agosto de 2010, pues, las negociaciones continuaron en el café del lobby central del hotel Hilton. Participaron Nicolás Ciccone, sus dos yernos, Reinwick y Pablo Amato, su hija Bettina, y la hija de Héctor, Silvia, junto con la abogada Florencia Laporta y un asesor de extrema confianza de Héctor.

En esa reunión, «Nariga» actuó como interlocutor de su poderoso socio. A cada planteo, su respuesta era casi siempre la misma: «Tengo que hablarlo con “Aimé”», aunque una vez llegó más lejos. Cuando los Ciccone le comunicaron que deseaban retener el 50 % de las acciones, los chapeó: «No depende de mí. En esto deciden Néstor y Cristina».

Empujado por su desconfianza, el otro fundador de la empresa, Héctor Ciccone, quiso cerciorarse del poder real de «Nariga». Por eso exigió su propia reunión con Boudou: para verificar que el ministro se comprometería en el salvataje de la imprenta y exigirle dinero a cambio.

Eso explica la reunión del 2 de septiembre, en el I Fresh Market.

Héctor y Nicolás Ciccone se acomodaron junto a «Pantaloncitos Cortos» Boudou y Núñez Carmona. Y allí se pactó el pago de los US$ 100 000 por mes —⁠mitad para cada hermano o sus herederos⁠— que consta en el acuerdo, de apenas una carilla.

«Sigan todo con él», les repitió Boudou a los Ciccone, como en Telefé, mientras señalaba a Núñez Carmona.

El desembarco se concretó con The Old Fund, aunque luego saldría a la luz que acumulaba peores antecedentes que la española Fokly Austral. Por ejemplo, el cobro, solo unos meses antes, de una comisión de $ 7,8 millones por su supuesto rol en el canje de la deuda pública que Formosa mantenía con el Estado nacional, según reveló este autor, monto del que el 30 % retornó a funcionarios del gobernador Gildo Insfrán.

Notable: mientras que el juez provincial Héctor Suhr archivó una denuncia penal por esa operación, salvando el buen nombre y honor del gobierno de Insfrán —⁠con el mismo ahínco con que participó antes en un procedimiento contra la comunidad Qom que el Inadi consideró discriminatorio⁠—, desde marzo de 2015 la Justicia federal en Buenos Aires comenzó a llamar a indagatoria a los sospechados en la trama.

Por lo visto, varas distintas.

Ese, sin embargo, ni siquiera era el único esqueleto en el ropero de The Old Fund: porque al rol como accionista de Sergio Martínez, el prófugo de Estados Unidos, se sumaron los viajes.

¿Cuáles? Los que pagó The Old Fund.

¿A qué destinos? A esquiar en Estados Unidos, a mundiales de fútbol y rugby, a Punta del Este, Miami, Nueva York y París, a Nueza Zelanda y Sudáfrica.

¿A quiénes? Al socio, al hermano, a la cuñada y hasta al sobrino de Boudou, a través de la agencia de viajes donde trabajaba la expareja de Boudou durante una década, Agustina Seguin.

Pero pensar en septiembre de 2010 que esos viajes saldrían a la luz no podía ser más que futurología. Tras I Fresh Market, los Ciccone firmaron el desembarco y, como por arte de magia, la tormenta que se desataba sobre ellos y sobre la imprenta comenzó a menguar.

Al día siguiente, The Old Fund se presentó en el expediente de la quiebra con un aporte de $ 567 000 en efectivo; a la semana siguiente, la firma London Supply, en la que un accionista —⁠Miguel «Mickey» Castellano⁠— es buen amigo de los Boudou, aportó otro $ 1,8 millón; a la semana, la AFIP volvió sobre sus pasos y dio su «expresa e incondicional conformidad» para levantar la quiebra que había pedido. Y el 17, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que antes había elogiado a Boldt por «recuperar la planta» de Ciccone y evitar que sus trabajadores quedaran en la calle, ordenó modificar las pautas de Defensa de la Competencia (CNDC) e inició una ofensiva para que Boldt se la devolviera a Ciccone.

Pero Moreno nunca le perdonó a Boudou cuán torpe fue.

Y así fue su venganza posterior contra «el chorrito», como lo calificaba puertas adentro del Gobierno.

Porque al «Napia» le adjudican los billetes del «Banco Central de la Guitarrita Argentina» que volaron en plena Asamblea Legislativa del 1.º de marzo de 2012, la primera con el marplatense como vicepresidente, y apenas tres semanas después de desatado el escándalo.

Allá por 2010, no obstante, todo pareció marchar bien. Así, el 24 de septiembre, tres semanas y dos días después del cónclave en el I Fresh Market, el juez en lo Comercial, Javier Cosentino, levantó la quiebra, aunque consignó en su resolución que le resultaba «cuando menos llamativo» el vuelco de la AFIP, que en cuestión de semanas pasó de pedirle la quiebra de la imprenta —⁠y para eso se apersonó Ricardo Echegaray en Tribunales⁠— a darle su luz verde incondicional.

Cuatro semanas después, el 22 de octubre, Núñez Carmona dio otro paso para tomar el control de la imprenta.

Fue en el Hotel Caesar Park, frente al Patio Bullrich.

Allí se reunió con Guillermo Gabella, director de Boldt, que por entonces había alquilado la planta de la quebrada Ciccone por un año y recontratado a su personal.

—Compramos Ciccone —le espetó.

—Perdón, ¿quiénes «compramos» Ciccone?

—Represento a las máximas autoridades del Gobierno nacional.

—¿A quién? ¿A Néstor (que moriría cinco días después) y a Cristina?

—Soy hombre de Boudou. Y queremos recuperar la planta —⁠le insistió.

—Sí, claro, el 27 de agosto del año que viene, cuando termine el alquiler.

—No, no entendés. La queremos ahora. Yo pensé que eras gente con la que se podía dialogar.

—Esto no es un diálogo; esto es un apriete.

Viejo conocido de la militancia de Scioli y de Massa, Gabella conoce muy bien esa zona donde se mezclan negocios y poder. De hecho, asistió al encuentro porque lo había convocado un viejo amigo, Lautaro Mauro, miembro del entorno del gobernador bonaerense.

Mauro, a su vez, sabe mucho sobre muchos y conoce a muchos más. Al punto que inmortalizó su cumpleaños en abril de 2015 con una foto junto a Scioli y a Marcelo Tinelli, el socio de Cristóbal López en Ideas del Sur que sonó para presidente (de la Asociación del Fútbol Argentino) y para gobernador (de la provincia de Buenos Aires).

El sistema.

Scioli tampoco se queda atrás. Debería explicar varias conversaciones telefónicas que mantuvo por aquellos días, y desde su celular privado, con miembros de la familia Ciccone.

¿Acaso Mauro también intermedió en esos llamados?

En cualquier caso, y con Moreno lanzado contra Boldt, el apriete funcionó. Insumió meses, pero Boldt devolvió la planta.

Así, ya con «Nariga», Vandenbroele y un fiel colaborador de los Brito en el Banco Macro, Máximo Lanusse, al mando de la «nueva» Ciccone, Boudou desapareció de escena por más de un año. Durante ese tiempo, los Ciccone fueron socios en los negocios, aunque se quejaban porque no aparecían los prometidos 100 000 dólares por mes.

Más claro: solo se quejaron por eso, pero no por el desembarco.

Ese silencio público de los Ciccone se debió, en parte, a los resultados de Vandenbroele y Lanusse como uno y dos de la imprenta, rebautizada Compañía de Valores Sudamericana. Además de levantar la quiebra y recuperar la planta, parecieron encaminarlo todo para que comenzara a imprimir billetes de 100 pesos para la Casa de Moneda, que inició las pruebas de impresión a fines de 2011.

Lanusse, «Macho» para sus amigos, también es todo un caso. Porque en público calla y esquiva a la prensa como a la peste. Pero en privado se encarga de difundir que él ingresó en Ciccone por orden de Brito, que trabaja para Brito y que tras el escándalo Brito solventó su abogado, su casa y sus gastos mensuales.

Brito, presidente de la poderosa Asociación de Bancos de la Argentina (Adeba) y «el banquero de Kirchner», en palabras de la embajada de Estados Unidos revelados por WikiLeaks —⁠como antes ayudó a financiar la campaña de Carlos Menem⁠—, también prefiere callar. Sea porque nada tiene que ver. O porque es un buen padre que se encarga de las travesuras de sus hijos.

Pero para la «banda de los descuidistas», como los caracterizó Jorge Asís —⁠el primero que alertó en su blog que algo raro ocurría dentro de la ex Ciccone⁠—, tomar el control de la imprenta fue tocar el cielo. Al punto que soñaron con quedarse con la representación para el Cono Sur de Sicpa, la empresa suiza que monopoliza las tintas de seguridad en todo el mundo.

O dicho de otro modo: fantasearon con convertir a la nueva Ciccone en la nueva máquina de hacer billetes, pero no solo para la Argentina.

Ni siquiera los afectó la zancadilla que Echegaray le tiró a Boudou, a quien celaba desde los tiempos comunes en la UPAU de Mar del Plata.

Ocurrió en el expediente 1-257 899-2010 de la AFIP, cuando el 25 de octubre de 2010 Echegaray le envió una nota a Boudou en la que le advirtió que la posición que ofreciera como ministro ante un pedido de la nueva Ciccone sería «determinante» para que él definiera si le otorgaba a la imprenta un plan de pagos por sus impuestos atrasados que incluyera una multimillonaria quita de intereses y multas.

En lunfardo: ¿Vos, Boudou, querés que yo, Echegaray, ponga mi gancho? Entonces, ponelo vos primero.

Echegaray había llegado a ese punto apoyado en un dictamen previo de su entonces jefe de asesores, Rafael Resnick Brenner, quien había concluido que la AFIP contaba con facultades para decidir por sí sola sobre una quita, pero que aun así recomendaba consultar a Economía.

La visión de Resnick Brenner resulta cuando menos controversial. Esa quita está prohibida de manera taxativa por la ley 25 678, algo que reconoció el propio Echegaray el 8 de marzo de 2012, cuando brindó una conferencia de prensa sobre el caso Ciccone. Dijo que su organismo no estaba facultado para decidir quitas sobre las deudas. Y deslizó por qué consultó a Boudou. «Ciccone pedía más de lo que podíamos dar».

Ya en el Ministerio de Economía, el expediente pasó por el director general de Asuntos Jurídicos, José Guillermo Capdevila. A lo largo de tres carillas, dictaminó que Boudou no podía ni debía opinar sobre el pedido de la empresa por carecer de facultades para intervenir, así como porque la información recopilada por la AFIP era incompleta.

Apenas si le abrió un resquicio, con unas pocas líneas al final de su dictamen, para que expusiera una visión «política» general. Pero ese mismo lunes 8, horas antes de volar a Corea del Sur para participar en la Cumbre del G-20, Boudou avanzó más allá de lo sugerido por Capdevila y firmó una nota a favor de la ex Ciccone. Y aunque destacó que la AFIP debía avanzar «sin mengua del interés fiscal», se convirtió en un escrito único en más de 16 000 notas firmadas por distintos ministros de Economía que cotejó la Justicia.

La gravedad de lo ocurrido quedó plasmada en el cruce de mensajes por WhatsApp que el primer juez del caso, Daniel Rafecas, mantendría tras la apertura de la investigación penal con Ignacio Danuzzo Iturraspe, un abogado amigo de Núñez Carmona.

—No podemos tener tanta mala suerte de que no haya ningún antecedente!! Los medios lo van a crucificar!!! —⁠le planteó Rafecas, el 5 de marzo de 2012, a las 21.38⁠—. En cualquier caso tiene que anticiparse a la difusión de esta cuestión.

—Pero si el pase se lo hace la AFIP y (Boudou) lo devuelve xa q sea la AFIP quien lo resuelva y este resuelve no hacer lugar al pedido… —⁠retrucó Danuzzo a las 21.41.

—Y bueno, eso amortigua… Igual lo inusual del pase de por sí es un tiro en la línea de flotación… Insisto: si la AFIP es buena leche tienen que hallar precedentes! Aunque sea de la época de Lavagna o Lousteau o quien fuere!!

El sistema.

Rafecas sabía de lo que hablaba. Porque cuando la Cámara Federal lo apartó del caso cuando se difundió ese intercambio por WhatsApp con Danuzzo Iturraspe —⁠que a los 35 afrontó un infarto⁠—, el nuevo juez, Ariel Lijo, se tomó su tiempo, pero avanzó contra todos.

Citado a indagatoria, Resnick Brenner relató que fue él quien le aconsejó a Echegaray que, antes de decidir si le daban el plan de pagos a la nueva Ciccone, le consultara a Economía. Y que, mientras tramitaba el expediente, lo llamaron del Palacio de Hacienda.

«Fui convocado en mi condición de jefe de asesores de la AFIP —⁠declaró⁠— a una reunión con el jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Economía, Guido Forcieri, a la que asistí», confirmó, aunque aclaró que lo hizo con la venia de Echegaray.

La reunión fue en el segundo piso del edificio. Allí, recordó que Forcieri destacó el «interés institucional y político del organismo en dar una solución integral a la difícil situación financiera de la empresa» y le destacó su potencial para sustituir importaciones por su capacidad para imprimir billetes en el país, generar importaciones y la importancia de conservar 300 fuentes de trabajo. «En esa oportunidad, el doctor Forcieri me presentó al doctor José María Núñez Carmona, quien estuvo presente en toda la reunión, y al cual dejó encargado, en representación del Ministerio, para el seguimiento del trámite», relató.

Cuando le preguntaron, recordó que en la reunión Forcieri llevaba la batuta y que Núñez Carmona asentía. Pero que después fue «Nariga» el que lo llamó para preguntarle cuándo iban a aprobar el plan de pagos.

Los cruces de llamadas parecen convalidar la versión de Resnick Brenner, pero Forcieri lo negó indignado. Afirmó que no se reunieron por la moratoria para la nueva Ciccone, sino que Resnick Brenner le pidió, como favor, que reactivara un viejo expediente de Economía en el que su padre reclamaba una antigua y millonaria deuda al Estado. Y que él se percató rápido de que su pedido era ilegítimo y no le dio curso.

Lijo terminaría, en cualquier caso, por procesar a los dos, sin importar sus contrapuntos, como tampoco influyó que Boudou sumara a su defensa al estudio jurídico de Diego Pirota y Darío Richarte.

Porque «Aimé» se apoyó primero en su amigo y abogado penalista de confianza, Eduardo Durañona, quien intentó llegar al fiscal Rívolo a través de un conocido en común. Pero había demasiado en danza como para encarar un diálogo que podía malinterpretarse. Más aún cuando corrían versiones sobre billetes voladores. Habladurías que Durañona se encargó de refutar.

Pero después Boudou decidió jugar a fondo en Tribunales. Y convocó al estudio de Richarte, el exnúmero dos de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) en tiempos de la Alianza, con llegada directa a uno de los operadores dilectos de la Casa Rosada para la Justicia, Javier Fernández, y de allí a dos puntales: Antonio «Jaime» Stiuso y a Sergio Szpolski, dueño del diario ultraoficialista Tiempo Argentino.

El problema es que Ariel Lijo cuenta con llegada propia al mundillo político. Y si su propia habilidad fuera insuficiente podría apelar a su hermano Alfredo, «Freddi» para todos, de buena sintonía con jueces, fiscales, empresarios y funcionarios —⁠en especial con los Julio De Vido’s Boys⁠—, y célebre por sus reuniones con partidos de trucos memorables.

El sistema.

En aquel momento, sin embargo, en que Boudou firmó la nota que carece de precedentes en el Palacio de Hacienda, todo parecía marchar sobre ruedas. De hecho, Echegaray terminó por otorgarle cuatro planes excepcionales de pago con una tasa de interés real por debajo de la inflación, por lo que el mero transcurso del tiempo licuaría la deuda. Y algo más, omitió «por error» incluir $ 140 millones en intereses, hasta que estalló el escándalo, lo reveló este autor y la AFIP «descubrió» la omisión multimillonaria y lo subsanó.

Echegaray hizo algo más, según cuentan dentro de la AFIP.

¿Acaso imitó a Antonio Boggiano, cuando como ministro de la Corte Suprema apeló al «recurso de arrancatoria» para emprolijar el expediente administrativo y eliminar algunos rastros incómodos después de estallado el «caso Ciccone»?

Algunas huellas apuntan en ese sentido.

Eso podría explicar, por ejemplo, que cuando el fiscal federal Carlos Rívolo le reclamó a la AFIP que le enviara todo lo que tenía sobre la ex Ciccone, Echegaray le envió una pila de expedientes con moño y todo. ¿Por tranquilidad propia? ¿O porque Boudou se cortó solo, en un juego propio por fuera de los planes de la «pingüinera»?

Sin embargo, cuando todo parecía bajo control para los beneficiarios de la «nueva» Ciccone, ocurrió algo que desmadró la trama: Vandenbroele terminó en los peores términos su relación con Laura Muñoz, quien desde Mendoza pateó el tablero. Y el 8 de febrero de 2012 salió por radio con Jorge Lanata y Nicolás Wiñazki.

Empezó entonces otra historia, con reuniones calientes entre «Nariga» y los Ciccone, reproches cruzados y amenazas.

Con la denuncia penal, el fiscal federal Carlos Rívolo asumió la investigación, mientras que el juez Rafecas se limitó a asumir el rol de garante del proceso y afirmar en público que no había «nada» en la causa, lo cual era cierto hasta que el fiscal le entregó las cajas de evidencias acumuladas y pidió dos allanamientos en el complejo River View de Puerto Madero. Uno al departamento de Núñez Carmona, que estaba ocupado, y otro al de Boudou, que se sabía que estaba vacío.

Rafecas solo autorizó el segundo. Pero vacío y todo aportó nuevos indicios de que allí había vivido Vandenbroele, quien lo negó durante meses a pesar de las facturas del cable, el teléfono, las expensas y hasta la fumigación que lo exponían. Muchos meses después cambiaría su versión, pero solo para reconocer que «pernoctó» allí.

¿Por qué tanto interés por saber quién vivía en el departamento de Boudou? Porque ese inmueble es la llave para entender muchas otras ramificaciones. Por ejemplo, que Boudou delegó su mantenimiento en Aybar Roberto Domínguez, un muchacho de la costa bonaerense que vivía de changas, pero que de la mano de su amigo entraría a la Anses, compraría 3 lotes en el barrio Costa Esmeralda y también un Toyota. Y que luego asumiría al frente del fideicomiso de las Madres de Plaza de Mayo, para manejar cientos de millones de pesos, tras la implosión de Sueños Compartidos.

Por eso, cuando Rafecas ordenó allanar, provocó una hecatombe.

El Jueves Santo de 2012, Boudou citó a la prensa al Senado, no admitió preguntas, y lanzó acusaciones contra Rafecas, Rívolo, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, el titular de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, y los diarios Clarín y La Nación.

«Lo que corresponde es que cada protagonista explique su comportamiento en el ámbito previsto en el derecho vigente, donde inexorablemente se demostrará la falsedad de las afirmaciones e imputaciones con las que se me ha agraviado», dijo Righi y renunció.

Triste salida para quien encarnó un momento histórico de los 70, cuando con apenas 34 años pronunció como ministro del Interior de Héctor Cámpora un recordado discurso ante la Policía Federal, en el que marcó «la obligación de no reprimir los justos reclamos del pueblo».

Pero aquello había ocurrido 39 años antes y el «caso Ciccone» era ahora. Y si entre el ministro del Interior Gustavo Béliz y Antonio Horacio «Jaime» Stiuso, Kirchner se quedó en 2005 con el espía; entre Righi y Boudou, Cristina se quedó en 2012 con el «descuidista», como lo definió Asís.

La Presidenta hizo más que eso. Propuso a un amigo de Boudou para reemplazar a Righi, el titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), Daniel Reposo, cuyo pliego no pasó el Senado. Problemas de currículum. Según él, «errores de tipeo». Conferencia inexistente con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, incluida.

Caído Reposo, sí superó el Senado el pliego de Alejandra Gils Carbó, mientras que en Comodoro Py, Rafecas y Rívolo se apartaban del expediente, que pasó al juez Ariel Lijo y al fiscal Jorge Di Lello.

Pero los intentos por rescatar a Boudou de la ciénaga se sucedían y fracasaban, uno detrás de otro. Como cuando el exbanquero sospechado de lavado y prófugo de la Justicia en los 90, Raúl Moneta, se presentó en Tribunales y afirmó que él había prestado millones a The Old Fund en documentos sin sellos y con fechas antedatadas.

Moneta esperaba que el Gobierno recompensara su gesto, un fronting, según sospechan los investigadores judiciales, para evitar que su amigo Brito debiera dar explicaciones.

El problema es que Moneta mantenía una disputa caliente con Javier Fernández, que siempre marcó un límite: su familia.

Moneta veía la sombra de Fernández detrás de ciertas decisiones judiciales que lo perjudicaban en los últimos tiempos. Desde embargos y una inhibición general, hasta una prohibición de salir del país.

Y a Fernández no hay quien le quite de la cabeza que Moneta fue el responsable de ciertas movidas contra su hija.

Moneta vislumbró entonces los hilos de Fernández detrás de una resolución del 16 de junio de 2011, cuando lo procesó un juez subrogante por tentativa de extorsión y lo embargó por $ 25 millones por su actuación en una disputa por el control de Cablevisión.

Y Fernández le adjudicó a Moneta los seis tiros que le pegaron, el 5 de julio de ese año, desde un Ford K blanco al auto oficial en el que viajaba, junto con su chofer y secretario, Rodolfo.

Cinco de los seis balazos pegaron en el parabrisas del Citroen C4, que no era blindado, y en el capó.

Fernández se tomó su tiempo, pero con la ex SIDE rastreó a los autores materiales de la balacera hasta José C. Paz. Hasta la banda de Daniel «el Sata» Torres, custodio del cacique político del distrito, Mario Ishii, y amigo de Luis «el Gordo» Valor.

Mano de obra pesada.

Así que Fernández tomó nota y, al año siguiente, cuando Moneta se autoinvitó al «caso Ciccone», Fernández no la dejó pasar.

El «caso Ciccone» era ya para entonces un agujero negro que devoraba todo a su paso, y el Gobierno debió anunciar la intervención de la imprenta, donde colocó al frente a otros dos laderos de Boudou: su sucesor como ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y la titular de la Casa de Moneda, Katya Daura, que trabajó con él en la Anses.

«Tal vez usted nos pueda ayudar proporcionándonos los nombres de aquellos a los que quiso beneficiar», le espetó a Boudou la senadora catamarqueña Blanca Monllau, del Frente Cívico, durante el debate en el recinto para convertir en ley la posterior expropiación de Ciccone.

«¿Es un proyecto de ley o un indulto?», lo desafió luego la senadora Graciela Di Perna, por el peronismo disidente.

Boudou permaneció inmutable.

«Esto es terminar con el negocio o el curro, como usted lo quiera llamar», añadió el exjefe de Gabinete devenido senador, Aníbal Fernández.

Con aliados así…

Pero Boudou, mudo.

Donde «Aimé» sí descargó todo su fastidio fue durante un acto de Unidos y Organizados, cuando parafraseó una frase de Juan Domingo Perón. «Les pido a Clarín y La Nación, déjennos romper los huevos en paz, y dejen de rompernos los huevos», reclamó, en línea con el latiguillo que había dominado sus apariciones en el programa 6, 7, 8 hasta que la Casa Rosada le bajó el pulgar.

¿Qué pregonaba Boudou ante los sumisos panelistas de 6, 7, 8?

Que detrás de todos sus males se escondía la firma Boldt, la gran rival de la Ciccone Calcográfica, en la que incluso había puesto un pie —⁠y alquilado su planta⁠—, hasta que llegó el Gobierno y autorizó que la «nueva» Ciccone saliera de la quiebra. Y, por si eso fuera poco, que Boldt era aliada de Eduardo Duhalde, el archienemigo de los Kirchner.

El sistema.

Pero eso fue antes. Cuando Boudou no se encontraba aún contra las cuerdas y arrastraba al Gobierno con su pésima imagen social, antes de que llovieran los pedidos de juicio político y el oficialismo debiera cerrar filas y bloqueara esos reclamos por orden directa de la Presidenta.

A CFK no debió resultarle demasiado gracioso tomar esa decisión, dado que contradecía sus propios antecedentes, como cuando siendo senadora le reclamó en 1995 al entonces ministro de Defensa, Oscar Camilión, que renunciara al cargo por su rol en el «caso Armas».

«Es recurrente la afirmación del ministro en el sentido de que hasta tanto no tenga fin la investigación (judicial) parece que no pudieran determinarse responsables, con lo cual esto conduciría a una curiosa lógica: que los ministros en este país o van presos o no se van de ninguna manera», lo apuró durante una reunión de la Comisión de Defensa, en la que la futura Presidenta incomodó a sus propios compañeros de la bancada oficialista, como rescató del olvido la exsenadora Vilma Ibarra en su libro Cristina versus Cristina. Y ante Camilión remató: «Reitero la necesidad de que evalúe la necesidad de presentar la renuncia».

Para suerte y desgracia de Boudou, sin embargo, el «caso Ciccone» se extendería en el tiempo, en una sangría constante de capital político para el kirchnerismo y la destrucción de la imagen pública para Boudou, con una vuelta incluida por la Cámara Federal, a fines de 2012, y la Cámara de Casación Penal, hasta que el expediente dio un vuelco espectacular en diciembre de 2013.

Porque la Presidenta pudo liquidar el asunto en la Cámara Federal, según le informó Javier Fernández. Conllevaba un gran costo político, por supuesto, pero contaban con casi un año para recuperarse antes de las elecciones legislativas.

«Bueno, pero sería preferible que la Cámara solo le sugiriera qué hacer a Lijo y que él sea el que lo haga, como para que sea más prolijo», replicó la Presidenta, con el «Chino» Zannini a su lado, según contaron sus colaboradores a este autor.

Fernández, sin embargo, lo interpretó en términos operacionales: la Presidenta no estaba dispuesta a jugarse por su vice.

Por eso, cuando Guillermo Reinwick se presentó a fines de 2013 ante el juez Lijo y contó su versión de todo lo que había vivido durante los anteriores tres años, dentro del Gobierno lo tomaron con sorpresa, pero también como un final hasta cierto punto esperable.

Reinwick relató las reuniones entre Boudou y los Ciccone.

Relató cómo se gestó el desembarco en la imprenta de Vandenbroele, al que redujo a empleado de Boudou y «Nariga».

Relató cómo lo apretaron para que firmara documentos después de que estalló el escándalo. Y cómo incluso se enteró por llamados de sus amigos de la publicación de una solicitada con su supuesta firma, el 29 de febrero de 2012, pero que él no había firmado.

Y relató las amenazas que lanzó Núñez Carmona contra él y su familia para mantenerlo callado, con frases tales como «no le saques el culo a la jeringa», «estás abriendo mucho la boca» y, como si fuera poco, que si se presentaba a declarar ante la Justicia y «tocaba» a Boudou le iba a «meter un tiro» a uno de sus hijos.

Reinwick no fue el único amenazado en esta historia.

También lo fueron Laura Muñoz y el exjefe de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, Capdevila, que optó por irse del país.

Pero tras el paso decisivo de Reinwick en Tribunales, otros se envalentonaron. Primero lo siguió Nicolás Ciccone; después, las hijas de Héctor, Silvia y Graciela, que aportaron la copia certificada por escribano de una nota que firmó su padre un mes antes de morir.

¿Qué dice ese texto, de apenas siete párrafos? Que, según Héctor, se reunió con Boudou y Núñez Carmona a las 9 de la mañana del 1.º de septiembre de 2010, en el café I Fresh Market, para tratar «temas vinculados con el devenir de la negociación» de la imprenta.

«Que en dicha reunión el señor Amado Boudou manifestó que el señor José María Núñez Carmona era de su máxima confianza y que “la cosa iba a cambiar”».

Así, hasta los muertos parecieron resucitar para acusar a Boudou.

Y «Aimé» tampoco ayudó demasiado a su propia suerte tribunalicia. Por ejemplo, cuando presentó un escrito en el que explicó que su actual riqueza se basaba en parte en 62 000 hectáreas que le adjudicó a su abuelo en Paraguay. Pero cuando la prensa guaraní alertó que eso era mentira, corrigió su versión. Presentó un segundo escrito para afirmar que lo habían malinterpretado, que su abuelo solo arrendaba esas tierras. Pero resultó que esas tierras eran parte de una reserva natural. Y después, encima, presentó una supuesta copia del contrato de alquiler de su departamento con el socio de Vandenbroele —⁠Fabián Carosso Donatiello⁠—, cuya firma resultó falsa.

Con todo eso sobre sus espaldas, el 27 de junio de 2014, Boudou se convirtió en el primer vicepresidente de la nación en ejercicio en ser procesado por la Justicia en toda la historia de la República Argentina. Lo fue por los delitos de cohecho pasivo (recibir coimas) y negociaciones incompatibles con su función, delitos que se castigan con una pena máxima de seis años de cárcel.

Lijo procesó también a «Nariga», a Vandenbroele, a los Ciccone, a Reinwick, a Resnick Brenner y a Forcieri.

Ocho meses después, salvo el de Reinwick, la Cámara Federal confirmó los procesamientos. «Las probanzas colectadas (…) demuestran claramente la relación de amistad entre Boudou y Núñez Carmona y, de allí, a Vandenbroele», indicaron Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, que también consideraron probadas las reuniones entre el entonces ministro y los Ciccone. «Las reuniones señaladas por el juez sí existieron», concluyeron, ya que con el material en la causa «es posible desentrañar el contenido de esos encuentros, lo que allí se debatió y decidió».

Más simple: para la Justicia había pruebas más que suficientes para someter a Boudou a un juicio oral por coimero.

Como la exministra de Economía, Felisa Miceli, o el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, «Aimé» comenzó a sentir el vacío de poder, reflejado hasta en pequeños detalles, como la cada vez menor cantidad de militantes que lo acompañaba a Tribunales ante cada nueva citación. O el giro del fiscal de Casación —⁠y militante declarado de Justicia Legítima⁠— Javier de Luca, que primero criticó duro la pesquisa, pero que en 2015 consideró que ya no estaba en juego la «gravedad institucional» con Boudou, que quedó así a un paso del juicio oral.

«La sociedad toda ya no está conmovida por el curso de la causa y el servicio de Justicia», planteó De Luca, que indicó que «ya no se advierten las falencias que necesitaban ser corregidas».

No solo eso. Boudou se quedó sin su abogado premium. Porque en plena disputa entre la Casa Rosada y la ex SIDE, y entre la Casa Rosada y el «Partido Judicial», como calificó la Presidenta a jueces y fiscales díscolos a principios de 2015, el estudio de Richarte y Pirota optó por preservar sus puentes con Tribunales y renunció a la defensa del Vicepresidente y de todos los demás exfuncionarios que hasta entonces patrocinaban, como Claudio Uberti, hundido por el «caso Ciccone».

«Aimé» se apoyó otra vez solo en su amigo, Eduardo Durañona, que nunca había dejado de revisar lo que proponían los premium y los escritos que presentaban. Por las dudas, ¿vio?

Pero la suerte no solo pareció cambiar para Boudou.

Núñez Carmona, con muchos kilos más y algunos problemas cardíacos, comenzó a preparar su exilio de ser posible en Málaga, España.

Y Vandenbroele debió pasar 26 días detenido en una celda sin luz natural en Mendoza, a pedido de la Justicia uruguaya, que reclama su extradición para indagarlo por presunto lavado de activos.

Boudou teme terminar como María Julia Alsogaray: solo, sin «los amigos del campeón» que lo rodearon durante años.

Abandonado a su suerte por el kirchnerismo, que ya ni le concedió espacios en el programa 6, 7, 8, y lo aisló del relato oficial.

Descastado.

El bloque oficialista pareció darle una mínima alegría en mayo de 2015, cuando archivó los pedidos de juicio político en su contra durante la misma sesión de comisión de la Cámara de Diputados en que votaron a favor de abrir un «proceso investigativo» contra el ministro de la Corte, Carlos Fayt. Pero no fue por él; fue porque la Presidenta quería llegar al final de su mandato sin darle ese gusto a «la oposición».

«¿Cómo se va a quedar sin defensa Amado Boudou?», desafió la diputada nacional Diana Conti a los opositores. Si el marplatense, afirmó la máxima difusora del eslogan «Cristina Eterna», fue «sometido» por el Poder Judicial a un proceso que ocultaba, en realidad, «un intento de desestabilizar al Gobierno».

Radiactivo para el propio Gobierno y con una movida incluso para revocarle la ciudadanía ilustre de Mar del Plata, «Aimé» buscó continuar con su agenda. Aún recibe a los escasos dirigentes que van a verlo al Senado, como Luis D’Elía, a principios de junio de 2015, o el titular de la Anses, Diego Bosio, un par de semanas después. Y aún intenta influir en la senda oficial con «ideas» que aporta al Ministerio de Economía, bajo control de Axel Kicillof, según contó su entorno a este autor.

Aún puede vérselo comer en Happening o en el Palacio Duhau.

Y se refugia en la música. Ensaya con La Mancha de Rolando, con la que ensaya a veces y hasta acompaña en algún recital.

Pero Boudou sabe que su cuenta regresiva ya comenzó. Más aún desde que, a fines de junio, quedó afuera de las listas electorales que podían aportarle el escudo protector de los fueros parlamentarios. Y la Cámara de Casación Penal le cerró la última puerta para evitar el juicio oral en el «caso Ciccone».

«Aimé» ya no sonríe como antes[3].

D / De Vido

«Callate la boca. A vos no te pedí opinión», lo cruzó Néstor Kirchner. Y delante de todos le estampó un sopapo.

Kirchner y Julio De Vido nunca fueron amigos. Más de una vez se regalaron insultos y más de una vez «Julito» soñó con desplegar sus alas políticas. Pero una y otra vez «Lupín» lo ubicó en su lugar: el de gestor.

Con el paso de los años, sin embargo, desarrollaron una relación laboral con altibajos, con momentos cercanos al aprecio y otros muchos de mutuo desdén —⁠regados incluso con dardos de «Julito» al «Ruso de mierda»⁠—, pero que resultó mucho mejor que la dinámica que el arquitecto sobrelleva con la presidenta Cristina Fernández, que lo ningunea aunque le haya rechazado su renuncia, varias veces.

Aquel sopapo aún perdura en las retinas de quienes lo presenciaron. Ocurrió durante una reunión de Gabinete en Santa Cruz, en tiempos de Kirchner gobernador. Fue en broma. Aunque toda broma tiene algo de verdad. Y el entonces ministro —⁠al que «Lupín» también solía mandar a comprar cigarrillos cuando no quería que se metiera en ciertas conversaciones⁠— guardó silencio y volvió a su nicho de gestor.

Hubo un tiempo, sin embargo, en que no fue así, en que De Vido pudo hacerle sombra a «Lupo» e incluso superarlo.

Allá por 1990, De Vido era el titular de Vialidad provincial en Santa Cruz y Kirchner, intendente de Río Gallegos. Ya se conocían y militaban juntos, así que cuando «Lupo» se lanzó a la gobernación De Vido le avisó que quería postularse a intendente. Pero no pasó de ahí, porque los Kirchner le bajaron el pulgar y De Vido masculló insultos a su boicoteador, al que tildó de «autoritario y absolutista».

Al año siguiente, sin embargo, y ya con Néstor como gobernador, asumió como su ministro de Economía y Obras Públicas. Algunos dicen que lo convocaron «por descarte», porque Sergio Acevedo declinó el convite y prefirió continuar como intendente en Pico Truncado; otros, porque Carlos Zannini lo recomendó.

En cualquier caso, De Vido se sumó al Gabinete provincial, del que ya no salió, ni cuando encabezó en 1997 la lista a diputados provinciales y ganó con el 53,57 %, mientras que Cristina obtuvo el 59,69 % para diputada nacional, pero con un detalle que Kirchner interpretó al vuelo: ella había sacado menos votos que «Julito» en Río Gallegos. Y por segunda —⁠y definitiva⁠— vez, «Lupo» le cortó las alas políticas a su ladero, al que no dejó asumir como legislador.

Ser solo «gestor», sin embargo, le reportó sus frutos a «Julito» en 2003. Con el triunfo y la mudanza a Buenos Aires, llegó al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que Kirchner y Carlos Zannini crearon para él.

Desde allí, le arrebató varias funciones al ministro de Economía y «estrella» teórica del Gobierno, Roberto Lavagna, convirtiéndose en el verdadero superministro, con control sobre todas las áreas vinculadas a los servicios públicos: aguas, trenes, telefonía, cloacas, energía, rutas, colectivos y aviones, y por encima de todo, los subsidios.

Eso, vale remarcar, no fue una casualidad.

Fue una decisión estratégica de Kirchner, que concentró a los suyos, a los integrantes de la «pingüinera», en el Ministerio que más «caja» comenzó a manejar con notable discrecionalidad y controles escasos.

La Piñata.

Desde entonces, a De Vido llegaron a tocarlo o merodearlo una larguísima lista de escándalos y denuncias de corrupción, con constantes sospechas de sobreprecios en la obra pública, la compra de combustibles y la digitación de licitaciones. Pero sigue vivo.

Ricardo Jaime, Claudio Uberti, la «diplomacia paralela», Antonini Wilson, José López, Roberto Baratta, Sueños Compartidos, Skanska, la tarjeta SUBE, Tecnópolis y la peste multimillonaria de las facturas truchas son apenas algunos hitos de su gestión, además de las sospechas sobre su propio enriquecimiento ilícito.

Durante esos años, además, De Vido extendió su rol político a la recaudación para las campañas, gracias al manejo de «la caja», aunque sus redes llegan mucho más allá. Se convirtió en el interlocutor habitual de los empresarios, al mismo tiempo que tejió relaciones propias con gobernadores, intendentes y jueces federales.

Es decir, las relaciones indispensables con el «sistema» que protegen al poderoso de cualquier derrape o contratiempo.

Con la muerte de Kirchner y el consiguiente ascenso de La Cámpora, sin embargo, su peso político declinó. Hasta afrontó despieces de su elefantiásico Ministerio de Planificación, como cuando Transporte pasó a las manos del ministro del Interior, Florencio Randazzo.

El problema es su relación con la Presidenta, que dista muchísimo de ser la que mantuvo con Kirchner, aun cuando ella se mueva hoy con Alfredo Scoccimarro como su vocero, que llegó a la Casa Rosada tras varios años junto a «Julito» en el Ministerio.

De hecho, cuando el matrimonio Kirchner discutió si convenía que él o ella se presentara a la Presidencia en 2007, la entonces primera dama fijó su posición con el entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, como único testigo: «Yo acepto. Pero no lo quiero a De Vido, ni a Ginés (González García, ministro de Salud), ni a tu hermana».

Aun con esa sentencia de muerte sobre su cabeza, De Vido sobrevivió a la guadaña e integra hoy el selectísimo grupo de funcionarios —⁠con Zannini a la cabeza⁠— que asumió el 25 de mayo de 2003 y continúa en su cargo. Lo logró aunque no sea un «nyc», es decir, un nacido y criado en Santa Cruz.

Clase 1949, se crio en Palermo Viejo, se graduó de arquitecto en la Universidad de Buenos Aires (UBA), en 1976 comenzó a trabajar en Entel y solo en 1982 se instaló en el extremo sur de la Argentina, cuando viajó a Río Gallegos con su primera mujer, la profesora de Historia Silvia Rodríguez, y renunció a la telefónica estatal.

Comenzó a trabajar en el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) y en 1990 fue un año clave para su vida. Además de asumir al frente de Vialidad, impulsó un plan de viviendas junto con una abogada local, Alessandra «Lali» Minnicelli, casi 14 años más joven. Vivieron un flechazo. Ambos se divorciaron de sus respectivas parejas y nunca más se separaron, aunque recién se casaron a fines de 2010.

Fue en Zárate y, cruel ironía, se cortó la luz.

Ya con Kirchner en la Casa Rosada, Minnicelli le aportó a su marido su primera turbulencia. Porque «Lali» pasó a cumplir dos funciones. De manera oficial era la número dos de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), un organismo creado para controlar desde el Ejecutivo al sector público, incluidos todos los ministerios. Pero en la práctica se dedicó a asesorar —⁠a cuidarle la espalda⁠— a «Julito».

Acaso por eso la Sigen nunca se caracterizó por incomodar al Ministerio de Planificación, a diferencia de la Auditoría General de la Nación (AGN), que publicó algunos informes lapidarios sobre De Vido y sus muchachos. O incluso la Oficina Anticorrupción, que investigó si el arquitecto y su mujer violaban las normas de ética pública.

El sistema.

La discusión ética, claro, resultó un maní para De Vido, que pronto lidió con acusaciones más graves, como los sobreprecios en la obra pública, con sospechas de coimas como devolución, mientras que «Lali» se dedicó a trabajar también como consultora y a fantasear con inversiones en Uruguay, de la mano de los estudios Mossack & Fonseca, con sede central en Panamá, y JP Damiani, desde Uruguay.

Pronto, además, varias empresas constructoras comenzaron a cosechar la generosidad de «Julito» y a llamar la atención. Entre otras, Austral Construcciones y Gotti Hermanos, de Lázaro Báez; el Grupo Petersen, de Enrique Eskenazi —⁠también en el Banco de Santa Cruz y luego en YPF⁠—, o Esuco, del entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Carlos Wagner, que años después terminaría pegoteado al fondo suizo Helvetic Services Group, y al que en su propio sector le pusieron el cartel de «preferido» de la Presidenta.

Pocos empresarios, sin embargo, levantaron la voz para pedir reglas claras o para defenderse si los zarandeaban desde el Ministerio o desde el temido «atril» presidencial.

«Todos estamos haciendo buenos negocios», explicaba sobre el cómplice silencio empresarial el entonces presidente del coloquio IDEA, Enrique Pescarmona, cuando ese foro sí evaluó emitir un comunicado en solidaridad con uno de sus miembros, Alfredo Coto, al que Kirchner había responsabilizado, por su nombre, por una suba en los precios de los alimentos.

Al final, Pescarmona mediante, no hubo tal comunicado, y Coto debió sobrellevar el escarnio en soledad, con lágrimas de impotencia en su habitación de hotel.

Pero por esas vueltas de la vida, cuando Pescarmona —⁠que podría contar también lo suyo sobre el «caso Antonini»⁠— quedó contra las cuerdas, su amada empresa Impsa orilló el colapso, y encima le quitaron de las manos el multimillonario contrato para las represas Kirchner y Cepernic, para dárselo a Lázaro Báez y luego, a Electroingeniería, ningún empresario levantó su voz.

Cosecharás tu siembra.

Porque Pescarmona tejió y destejió negocios gracias a Kirchner y a su colega Luiz Inácio «Lula» da Silva, por ejemplo, para quedarse entre 2005 y 2007 con la construcción de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón, en Ecuador, junto con el gigante brasileño Odebrecht, como revelaron los documentos desclasificados diez años después por el Palacio de Itamaraty. «Estoy seguro de que la flexibilización en la postura de Impsa y la aceptación, por parte de la empresa argentina, de la propuesta de texto elaborada por Odebrecht no habrían sido posibles sin la intervención decidida de su excelencia y de los presidentes Lula y Kirchner», escribió el 14 de diciembre de 2005 el embajador brasileño en Quito, Sergio Augusto Sobrinho, al entonces canciller Celso Amorim.

Pero todo va y viene. Y si bien Impsa se asoció con Odebrecht para el proyecto y en 2007 ganaron juntas la licitación, problemas posteriores con el gobierno del ecuatoriano Rafael Correa provocaron que se rescindiera el contrato en 2009. ¿Y Odebrecht? Su presidente, Marcelo Odebrecht, y el titular del holding, Otavio Marques de Azevedo, fueron detenidos en junio de 2015 por el caso «Lava Jato», por el pago de coimas a gerentes de Petrobras para cartelizar licitaciones y contratos.

¿Recordará De Vido su alianza casi familiar con Odebrecht? ¿Recordará la estrategia de lobby que desplegaba Marcelo Odebrecht en la Argentina, de día y de noche —⁠en especial de noche⁠— desde que se organizó la ampliación de gasoductos que llevó al estallido del «caso Skanska»? ¿O ya pasó demasiado tiempo y quedó en el olvido?

Así, mientras los empresarios enmudecieron —⁠o jugaron el juego del poder⁠—, las sospechas alrededor de la obra pública cobraron fuerza gracias a dos funcionarios del kirchnerismo que las validaron. Uno, el entonces gran baluarte de Kirchner ante la clase media, Lavagna, quien había tomado las riendas del Ministerio de Economía durante la presidencia provisional de Eduardo Duhalde y condujo luego el canje de la deuda. El otro, Sergio Acevedo, primer jefe de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) de Kirchner y luego gobernador de Santa Cruz.

Lavagna esperó y escogió bien el momento.

El 22 de noviembre de 2005, aprovechó una reunión con 500 empresarios convocados por la mismísima CAC y alertó que «hay algunas áreas, particularmente la que tiene que ver con la obra pública, en donde existe cierto grado de cartelización, y esto implica sobrecostos. Defensa de la Competencia primero y el Banco Mundial después han iniciado procesos de análisis en profundidad sobre el tema de la obra pública ligada a la vialidad y los sobreprecios ligados a la vialidad».

¡Boooom!

Lavagna duró apenas seis días más en el cargo.

Y con Acevedo la historia no fue muy distinta. Renunció como gobernador antes de firmar un adelanto del 25 % para obras en las rutas 3 y 40, con fondos nacionales.

¿Cómo funcionaba la operatoria?

Desde Buenos Aires decidían todo —la obra, el monto, la empresa ganadora y hasta la forma de pago⁠—, pero los papeles los firmaban los gobernadores o intendentes, que asumían así la eventual responsabilidad civil o penal por el proyecto.

¿Quién estaba detrás de la operatoria?

«Julito».

¿Quién ideó el adelanto del 25 % en las obras?

El administrativista Roberto Dromi, ministro responsable de las privatizaciones durante el menemismo y, mucho después, cerebro detrás del desembarco kirchnerista en YPF.

La Piñata y el sistema, juntos.

Cinco años después de su asunción como ministro planificador, algunos rubros de su gestión mostraban evidentes falencias. Como el Plan Federal de Construcción de Viviendas:

Proyecto inicial: 420 000 casas

Presupuesto inicial: $ 21 200 millones

Presupuesto ejecutado: $ 19 300 millones (91 %)

Casas construidas: 143 959 (34,2 %)

Sobrecosto estimado: 256 %

Las cifras pueden, sin embargo, resultar injustas.

Porque a la gestión de De Vido y su equipo deben sumarse otros factores, como la inflación, las dificultades de financiamiento, los tiempos y escollos de la burocracia, los reclamos sindicales, las responsabilidades —⁠y pedidos de coimas⁠— provinciales y municipales, la culpa y eventual dolo de los empresarios y hasta el clima. Esos son, de hecho, algunos de los argumentos del Ministerio de Planificación ante los reclamos o las denuncias de corrupción.

Esas aclaraciones omiten, sin embargo, otros factores.

Entre otros, la concentración de las decisiones en la Casa Rosada y en el Ministerio, la sobreabundancia de «gestores» y «operadores», o la escala obligada de los empresarios en distintas oficinas del microcentro porteño —⁠en las calles Maipú y Montevideo, entre otras⁠—, donde los visitantes siempre ingresan con maletines, bolsos o hasta carry-ons.

Uno de esos operadores, según los empresarios —⁠tan deseosos de jugar el juego si les toca un contrato jugoso⁠—, era el contador Andrés Galera, quien vivía en Mar del Plata, pero se movía con oficina propia en Buenos Aires, en el número 141 de la calle Tucumán, al lado y arriba del «Café Roma», donde según reveló el extinto diario Crítica solían tomar un cafecito Gerardo Ferreyra de Electroingeniería, los colaboradores de Marcelo Mindlin en Edenor (junto con Enarsa en Transener) y hasta Javier «el Colorado» Azcárate, el gerente comercial de Skanska en la Argentina que detallaría en una grabación las «comisiones indebidas» que pagó la multinacional sueca.

Con una condena en suspenso por estafa ya sobre sus hombros desde 2001, Galera terminó años después imputado, allanado e indagado en el «caso Skanska», como supuesto «valijero» de De Vido, como así también lo pegotearon a los manejos de millones para su amado Racing Club. Y, como si fuera poco, otra vez como presunto intermediario entre el Ministerio y los empresarios tucumanos que soñaban con alguna obra.

Galera, eso sí, era algo repetitivo en sus costumbres.

Siempre que viajaba a la capital tucumana se hospedaba en el Catalinas Park, un hotel 5 estrellas frente al parque 9 de Julio, y recibía a los empresarios, a los que de entrada les exigió el 5 %. Eso, cuentan sus interlocutores que dijo, si querían manotear alguno de los contratos de obra pública que llegaban desde el Gobierno a las tierras de José Jorge Alperovich, el otrora legislador radical, luego ministro de un gobernador pejotista, y ya después gobernador justicialista y kirchnerista. O lo que sirva para perpetuarse en el poder.

Juan Falivene, Rodolfo Antonio Alonso, Fernando Battig y Antonio Viola son solo algunos de los empresarios tucumanos que lidiaron con Galera, que comenzó como un enviado de De Vido y terminó como presunto «valijero» del secretario José López, según revelaron los periodistas Nicolás Balinotti y José Sbrocco en su libro Alperovich. El zar tucumano, a los que nunca desmintieron.

Algunos empresarios jugaron el juego; otros, no.

Algunos pagaron el 5 %; otros el 3 %; otros, el 2 %; pero todos pasaron por la habitación del macizo contador Galera, que con sus casi dos metros de altura a veces los recibía en pijama, en la cama, y los invitaba con un juguito.

La Piñata.

«Siempre andan buscando meterte en algún lugar. A mí me vinculaban con (Carlos) Menem y ahora me vinculan con Kirchner. Tengo amigos que trabajan en el Gobierno, pero los conozco hace 15 años», se defendió Galera por primera vez de las acusaciones, en abril de 2008, ante la consulta del diario Crítica, que descubrió el vuelo en avión privado que tres meses antes había pagado el contador para compartirlo con López, secretario de Obras Públicas. Juntos vieron el último amistoso de verano que los Rojos y la Academia empataron en Mendoza.

Por esas y otras razones, las dificultades para concretar las obras —⁠y los sobrecostos⁠— a veces resultaron monumentales. Como los miles de millones de dólares que insumió reactivar y terminar la central nuclear Atucha II. O el Correo Central, en la ciudad de Buenos Aires, reconvertido en el Centro Cultural del Bicentenario «Presidente Doctor Néstor Carlos Kirchner». Debía costar $ 926 millones. Pero consumió al menos $ 2469 millones, el equivalente a entre 120 y 220 escuelas en la provincia de Buenos Aires, según sea la superficie y ubicación.

Para De Vido, sin embargo, sostener que el gasto final triplicaba el cálculo original no era más que una demostración de «todo el odio gorila y antipopular del diario La Nación», que de todos modos dijo que no podría «opacar el esplendor del Centro Cultural Kirchner ni el protagonismo de la presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la política cultural argentina».

El problema es que De Vido no puede argumentar la causa que podría hasta cierto punto justificar la elevación del monto —⁠la inflación⁠—, porque según el Indec de Guillermo Moreno no es tal. Y eso, más allá de que la cifra de $ 2469 millones ni siquiera es el monto final del Centro Cultural, ya que deben sumarse gastos y partidas adicionales, que elevaron algunas estimaciones oficiosas a los $ 3800 millones.

¿El adjudicatario? Wagner, el de Esuco.

¿Un ejemplo de esas partidas adicionales? Según publicó Clarín, los $ 239,4 millones que el Ministerio destinó para el «servicio integral de limpieza» y «desratización» por dos años.

Para De Vido, aludir a eso no es más que otra muestra más de una «campaña de ataque permanente» de Clarín. El contrato mayor por $ 237,9 millones y un plazo de dos años es, argumentó, por «la limpieza, en forma permanente, de todo el Edificio (de más de 116 000 metros que incluyen oficinas, salas de concierto, sanitarios, escaleras fijas y mecánicas, salas de conferencia, salones, entre otros). Además, se deberá mantener provistos en forma permanente los dispensadores de toallas, papel higiénico, jabón y elementos desodorantes en los baños, lo que significa que también la empresa adjudicataria proveerá todos los insumos necesarios», en tanto que el rubro por «desratización» sostuvo que «tendrá un costo de $ 1 066 537,67 y un plazo de 24 meses, lo que significa $ 44 000 por mes».

Las más de las veces, sin embargo, las sombras se cernían sobre proyectos más acotados. Como la remodelación del Ministerio de Desarrollo Social, con sus murales de Evita y sospechas de sobrecostos por «apenas» $ 36 millones, con dos licitaciones sucesivas que coordinó el secretario de Obras Públicas, José López, para «reducir costos».

«Lopecito», como se lo conocía en el Sur, es uno de los históricos del Ministerio, al igual que su segundo en Obras Públicas, Abel Fatala. Juntos cosecharon todo tipo de dardos envenenados de Sergio Schoklender, quien desde hace años los acusa de corruptos y de todos los males verificados en Sueños Compartidos.

«La obra pública tiene rigurosamente un 15 % de retorno, que el Estado paga al principio como “anticipo de obra”. Por eso es que todos los demás pagos los envía la Nación a cada provincia, pero el anticipo se entrega directo a cada empresa», afirmó Schoklender, que define a López como «un petiso corrupto», como lo calificó cuando se cruzaron por última vez en un acto.

La Piñata.

El intercambio que siguió entre ambos fue por demás ilustrativo.

—Te voy a parar la obra pública —le respondió López, que demostró así su confusión entre sus atribuciones como funcionario y sus problemas personales con Schoklender, que no se quedó atrás.

—Esta me vas a parar —le retrucó, con gestito incluido.

La devolución de gentilezas fue inmediata.

De Vido afirmó que López «le cortó el pedal» al parricida convicto: «Hubo una defraudación de Schoklender a la entidad (por las Madres). Vimos esa situación y por eso su reacción contra López, porque López es el que para y dice que no hay más recursos».

Si «Lopecito» es uno de los principales laderos de De Vido, otro es «La Chancha», como se lo conocía al secretario de Energía, Daniel Cameron, de perfil muy distinto al resto, hasta su salida en julio de 2014.

¿Cuán distinto?

Solo durante los cuatro años de Kirchner en la Rosada, Cameron le presentó seis veces su renuncia al Presidente, disconforme con sus decisiones para afrontar la crisis energética o la inflación, además de protagonizar cruces memorables con otros dos colaboradores de «Julito»: su subsecretario de Coordinación, Roberto Baratta, y su secretario de Comercio Interior, Guillermo «Napia» o «el Loco» o «Lassie» Moreno.

«¡No te voy a permitir que perjudiques al Presidente!», era un grito habitual que se escuchaba salir del despacho de Cameron, en especial cuando se cruzaba con Baratta o Moreno.

Cameron era de los pocos funcionarios que alguna vez admitió la crisis energética ante la prensa. Esa que solo durante 2007 le costó al Estado cerca de US$ 5000 millones en subsidios y compras de emergencia, según cálculos de uno de sus antecesores como secretario de Energía, Daniel Montamat. Es decir, el equivalente por entonces al valor de cinco empresas del tamaño de Loma Negra.

Ya durante la presidencia de Cristina Fernández, Cameron cedió más terreno. En 2008, el propio De Vido lo reemplazó al frente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa). Mejor para Cameron. Porque desde allí se importó gasoil con un sobreprecio promedio del 7 al 10 %, y con picos que superaron el 15 % entre 2010 y 2011, según surge de comparar las planillas oficiales de las compras del combustible que llegó en los mismos barcos a la Argentina y Uruguay. Solo durante ese período, un sobrecosto estimado de hasta US$ 120 millones.

¿Resultado?

El Gobierno, que negó siempre que afrontara una crisis energética, colocó un generador eléctrico en la Plaza Colón, detrás de la Casa Rosada, para evitar que esos no cortes molestaran a la Presidenta.

Por su parte, otro ladero de «Julito» en el Ministerio llegó con «portación de apellido»: Carlos Santiago Kirchner. Primo del Presidente, extitular del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) santacruceño, como De Vido, y desde 2005 subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, un cargo creado para él apenas una semana antes de su designación.

Si ya en Santa Cruz, el primo de «Lupo» causó el primer amago de renuncia de Acevedo como flamante gobernador a fines de 2003, cuando comprobó que no podía removerlo del IDUV, al año de llegar a Buenos Aires ya acumulaba ruidos por una licitación otorgada a la constructora Juan Felipe Gancedo SA, que debió anularse en medio de un escándalo: la habían contratado por $ 12 millones tras desechar otras ofertas por $ 8 millones. No solo eso: en Córdoba también dio el guiño para pagar $ 233 333 cada 100 metros para asfaltar 1400 cuadras cuando en el mercado se pagaba $ 81 500 por cuadra.

Son cosas que pasan.

Detalle al paso: el fundador de esa empresa, Juan Felipe Gancedo, comparte o compartió la titularidad de ocho cuentas en la sucursal suiza del HSBC junto con tres familiares suyos, todos con capacidad de operar los US$ 6,7 millones que se llegaron a acumular, según consta en los registros de esa entidad bancaria que, gracias al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), obtuvo este autor. Como resguardo, los Gancedo pidieron al HSBC que no les enviara documentación a sus domicilios, todos en Viedma. También acudieron a otra herramienta para proteger sus identidades: un código alfanumérico que reemplazó sus nombres.

Su empresa fue investigada en dos causas judiciales por sospechas de utilización de facturas truchas y por pertenecer a un supuesto grupo de empresas beneficiadas con obras públicas en la Patagonia, en especial en Santa Cruz. La primera investigación corrió paralela a la causa Skanska.

Si el primo Kirchner y otros colaboradores fueron pocos, en tanto, a la foto del equipo del arquitecto se sumó otro baluarte: Claudio Uberti o «el Señor de los Peajes», como pronto se lo conoció en el sector por sus visitas de todos los jueves a las concesiones viales. Duró cuatro años, hasta que debió renunciar por el «caso Antonini».

Antes y después de su caída, Uberti fue uno de los rostros visibles del kirchnerismo a la hora de recaudar para las campañas electorales junto con Rudy Ulloa y Claudio «Mono» Minnicelli —⁠el cuñado de De Vido⁠—, al mismo tiempo que se encargaba de la diplomacia paralela, como «coordinador de negocios» ante el Gobierno de Venezuela.

Conectores.

Tras el hallazgo de los 800 000 dólares, Uberti cedió esa representación oficiosa a otro colaborador de De Vido, José María Olazagasti, quien extendió su área de influencia a Bolivia y Ecuador, para luego recalar en la Agencia Federal de Inteligencia, la ex SIDE.

Junto con Uberti hay que sumar a otro miembro del «team De Vido»: Exequiel Espinosa. Asumió como presidente de Enarsa al mismo tiempo que continuó como empleado —⁠pero con licencia sin goce de sueldo⁠— en Oil Combustibles, la petrolera de Cristóbal López. No solo eso: en 2006 destinó $291,5 millones para comprar gas a Bolivia a 5 dólares el millón de BTU (una unidad de medida) mientras que se vendía en el país a solo 1,50 dólares, y en 2007 rentó el avión para volar junto con Uberti y Antonini Wilson.

Vale aclarar que esa disparidad de precios internos vs. externos del los combustibles distó de ser una rareza. En plena crisis —⁠que el Gobierno siempre negó, con excepción de Cameron y unos pocos más⁠— autorizó importar energía de Brasil a US$ 350 Mhw/hora mientras al productor local se le pagaba cerca de US$ 27 por lo mismo. ¿Costo provisional de esa decisión en las arcas públicas? US$ 1500 millones.

Ese sobrecosto que debió ser estacional y mientras se solucionaban los problemas de fondo, sin embargo, terminó por ser recurrente. Así, por dar otro ejemplo más actual sobre importación de gas, el 30 de marzo y el 9 de abril de 2015 la Argentina compró dos barcos metaneros a British Petroleum (BP), que llegaron a Bahía Blanca a US$ 14,7 por millón de BTU. Casi el doble de los US$ 7,7 que pagó después a la española Gas Natural Fenosa por otros dos buques que arribaron a Escobar el 13 y el 19 de abril, y bastante más que el precio de la italiana ENI, que cobró US$ 8,45 el 31 de marzo.

«¿Esquizofrenia? ¿Mala intención? No, urgencia pura», expuso el periodista económico Francisco Olivera en el diario La Nación. «Los dos barcos de BP, los más caros, fueron contratados el año pasado en la modalidad “a término”, al precio que tenían entonces; los otros corresponden al mercado “spot”, lo que cuesta cada día ese mismo gas. De tan necesitada, como un sediento que ofrece todo el oro por un vaso de agua en el Sahara, la Argentina no puede exponerse a que, por desencuentros logísticos, se interrumpa el suministro».

Alejado de las cuestiones energéticas, Ricardo «Karateca» Jaime protagonizó sus propios escándalos dentro del Ministerio conducido por «Julito», aunque en su caso podría hasta afirmarse que no era parte del equipo de «Julito», sino que se movía por su cuenta, con llegada directa a Kirchner, con quien compartía a diario un bolso de gimnasia que llevaba hasta el despacho presidencial en la Casa Rosada.

Sin embargo, que Jaime se moviera con prescindencia de los gustos de De Vido no quita que también intentaran juntos ciertos proyectos, como cuando se encargaron de proteger a Aerolíneas Argentinas en tiempos del grupo español Marsans. En 2006 impulsaron crear una Dirección de Asuntos Jurídicos en Planificación para evitar que los molestos abogados del Ministerio de Economía, a los que por entonces debían recurrir, impugnaran los balances de la compañía.

Eran, claro, otros tiempos con los españoles, cuando el kirchnerismo jugaba en tándem con Marsans…

Una y otra vez, antes y después, y en cualquier caso, el arquitecto pareció trajeado con amianto frente a los escándalos.

Como en 2005, cuando la multinacional sueca Skanska reconoció el pago de «comisiones indebidas», echó a unos cuantos de sus ejecutivos, pagó multas a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y se presentó ante la Justicia penal.

El «caso Skanska» sí que le pegó cerca.

El expatovica Adrián Félix «Pichi» López, reconvertido en gestor de la usina de facturas truchas Calibán-Infiniti, lo señaló como protagonista de la operatoria al declarar ante el juez penal tributario Javier López Biscayart. Tanto a él como al contador Galera, al que, como los empresarios tucumanos, lo definió como «valijero».

Conectores.

Golpeado su Gobierno por el affaire, Kirchner desplazó a dos funcionarios sospechados —⁠el presidente del Enargas, Fulvio Madaro, y el exgerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa⁠—. Pero sostuvo y protegió a De Vido, que aguantó y aguantó a la espera de su revancha.

Recién seis años después del sacudón inicial, «Julito» convocó a una conferencia de prensa en la que le reclamó al juez federal Norberto Oyarbide —⁠en los tiempos en que registraba una suerte notable en los sorteos de causas sensibles⁠— que cerrara la investigación sobre Skanska. Afirmó que el peritaje que habían completado los expertos de la Corte Suprema había concluido que no había «sobreprecios» en la licitación de gasoductos en la que participó Skanska.

El ministro argumentó, además, que la empresa no había contratado con el Estado, sino con Transportadora Gas del Norte, por lo que no era más que un caso de «maniobras ilícitas de evasión impositiva entre privados», que la causa «fue armada» en su contra y que los diarios lo habían «escarniado» a él y a otros funcionarios.

De Vido, por supuesto, omitió las ramificaciones del «caso Skanska», que llegaban a las mayores usinas de facturas truchas del país, como la conocida como «Viazzo», en honor del contador Roberto Viazzo, prófugo de la Justicia desde hacía años.

Una de esas ramificaciones llegaba hasta el jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio, José María Caula, uno de los mejores amigos de De Vido desde sus años compartidos en las aulas del colegio Nuestra Señora de Guadalupe, y hasta un contador poco conocido, Diego Evaristo Díaz Bonilla, pero con un apodo singular: «Dios».

La lista completa de empresas que recurrieron a las facturas truchas de la usina «Viazzo» para evadir impuestos y pagar coimas es enorme. Incluye compañías de servicios públicos, como Telecom y Aguas Argentinas; Metrovías, de Benito Roggio, y TEBA, que al mismo tiempo pagaba el alquiler del departamento de Jaime sobre la Avenida del Libertador. También abarca al ingenio azucarero Ledesma, Aerolíneas en la etapa española, las constructoras Gotti y Palma —⁠vinculadas a Báez⁠—, OCA, Casino de Buenos Aires (bajo control catalán antes del ingreso de Cristóbal López), Boldt, Southern Winds —⁠antes de su colapso por las valijas llenas de cocaína⁠—, Atanor, y Ciccone Calcográfica —⁠previo al desembarco de Alejandro Vandenbroele⁠—, entre otros.

Camuflaje para la piñata.

La lista también abarca a gigantes como la multinacional Siemens —⁠mientras reconocía el pago de sobornos a nivel mundial⁠—, los supermercados Coto y Disco, y la pesquera Conarpesa, sospechada de aportes a la campaña de Kirchner, mientras que uno de sus dueños se mantenía prófugo por el asesinato de un exempleado devenido rival, Raúl «Cacho» Espinosa, acusación de la que luego fue exonerado.

La revisión de los archivos judiciales aporta, además, múltiples e inesperados hallazgos. Por ejemplo, que la usina «Viazzo» incluía a varios socios del club Hindú de rugby, como Osvaldo Díaz de Vivar, identificado como jefe del grupo «MKT» y también prófugo durante años, al entrenador Augusto Gauthier y a Díaz Bonilla, «Dios».

Díaz Bonilla acumula años de experiencia en el negocio de las facturas truchas. Tantos, que durante los 90 se encargó de conseguirlas para una de las empresas de Alfredo Yabrán. «Cometí un yerro al no reportar operaciones, pero pagué la moratoria y se terminó el tema», replicó Díaz Bonilla cuando este autor lo contactó por primera vez.

Pero los archivos judiciales reflejan que «Dios» no cambió de rubro; por el contrario, continuó en el rubro de las facturas truchas. Por eso, cuando la Justicia allanó sus oficinas y se llevó hasta los cuadernos de sus secretarias «Mechi» y «Loli», detectó referencias a sus pagos por hasta $ 10 000 por vez a Caula, el amigo de De Vido, como así también carpetas y «recibos» que iban y venían entre ese funcionario y algunas empresas vinculadas al «caso Skanska».

Díaz Bonilla argumentó que les cobraba honorarios a diversas empresas por su labor como «intermediario» o «lobbista» ante los funcionarios abocados a la «obra pública», y que, en efecto, le pagó a Caula. «Reconocimiento por haberme abierto las puertas», dijo.

Entre los cientos de anotaciones de sus dos secretarias surge también que recibían llamadas de Caula para que, por ejemplo, le enviaran por fax —⁠al mismo número telefónico del Ministerio que figura en su tarjeta oficial⁠— los «datos de Inargind».

Esa empresa y su titular, Danimiro Alejandro Kovacic, quedaron bajo la lupa de la Justicia en el «caso Skanska», al punto que el juez López Biscayart acusó a Kovacic a mediados de 2007 de subfacturar y abultar sus gastos para así generar fondos negros. Y la propia Skanska identificó a Inargind como una de las 23 empresas a las que les pagó por servicios inexistentes.

Solo 24 horas después de que «Dios» reconociera que le pagaba $ 10 000 por vez a Caula, comenzó el operativo despegue. Voceros del Ministerio intentaron despegar a De Vido de su amigo, al que calificaron como asesor «del Ministerio» en general, pero no del Ministro.

El propio Caula le envió una carta a este autor, en la que reconoció su relación «de índole personal» con Díaz Bonilla, pero negó mantener una «relación comercial» con él, a quien vale aclarar nunca calificó de «Dios», y negó haber «recibido ningún pago».

La Justicia, sin embargo, nunca mostró interés por avanzar sobre esas y otras pistas. Ni tampoco sobre el presunto enriquecimiento ilícito de De Vido, quien trabajó en el sector público durante las últimas cuatro décadas, como empleado raso o jerárquico y luego como funcionario.

Porque el «sistema» sabe qué fichas son intocables, salvo que el protegido cometa un error irremontable. Y «Julito» no lo cometió… o el «sistema» se encargó de enmendarlo.

La primera denuncia se radicó en 2008, contra él y Minnicelli —⁠que tras renunciar a la Sigen montó una consultora⁠—, por su evolución patrimonial entre 2003 y 2007, cuando acumuló una casa de campo de más 300 metros cuadrados en una chacra con 3,8 hectáreas en el country Puerto Panal, Zárate, una camioneta Toyota Hilux 4 × 4, más ahorros en efectivo, al tiempo que afrontaba el alquiler de un departamento —⁠a nombre de una sociedad presidida por una socia de «Lali»⁠— por 3000 dólares al mes, casi el equivalente a su salario formal como ministro.

Puerto Panal… el «lugar en el mundo» para De Vido y sus canarios, por los que gasta una fortuna energética —⁠el mayor del country⁠— para mantenerlos cobijados y calentitos.

Para el juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid —⁠luego involucrado en un incidente con presuntos sobornos que iban y venían⁠—, su crecimiento patrimonial era consistente y en 2009 sobreseyó al matrimonio. «Eventualmente, no es delito que un funcionario gaste todo su sueldo en el alquiler del departamento en el que vive ni que funde una sociedad anónima luego de abandonar su labor pública», estimó cuando soñaba con ganar el concurso en el Consejo de la Magistratura y quedarse con el despacho de juez.

Quizá por eso, quién sabe, Aráoz de Lamadrid lo sobreseyó un día antes de afrontar una instancia clave en el Consejo.

Acaso por eso, dio por válido que De Vido sostuviera primero que pagó $ 380 000 por su chacra en el country de Zárate, pero indicara luego que en realidad le costó US$ 380 000, es decir, una diferencia que más que triplicaba su valor según el tipo de cambio entonces vigente.

O que Aráoz de Lamadrid tampoco buscara información sobre los gastos del grupo familiar de De Vido con tarjetas de crédito, ni consultó a los colegios de escribanos sobre sus operaciones inmobiliarias, ni requirió a la Inspección General de Justicia (IGJ) una copia de los estados contables de las sociedades vinculadas, ni verificó si había servicios públicos a nombre suyo o de sus familiares en un departamento sospechado de la Avenida del Libertador 2277, del que los De Vido ni siquiera aportaron una copia del contrato de alquiler.

Aráoz de Lamadrid tampoco consultó a la unidad antilavado (UIF) si había recibido algún reporte de operación sospechosa (ROS) sobre toda la familia De Vido, y ni siquiera pidió copias de las declaraciones juradas de todos ellos a la AFIP, según un análisis interno de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas a la que accedió este autor.

El problema, sin embargo, es que Aráoz de Lamadrid no ganó el concurso. Y debió devolver las llaves del Juzgado, mientras que el expediente comenzó a recorrer el habitual camino que consume tiempo y tinta judicial, pero genera pocos resultados y ninguna medida probatoria.

Los camaristas Jorge Ballestero —hermano de Julio «Coco» Ballestero⁠—, Eduardo Freiler y Eduardo Farah confirmaron el sobreseimiento de De Vido en junio de 2009, pero la causa llegó a la Corte Suprema, que ordenó revisar el fallo en 2013, por lo que a su vez la Cámara de Casación dispuso reabrirla en mayo de 2014, lo que no impidió que la Cámara Federal liquidara la pesquisa por segunda vez al cabo de apenas un par de meses, para retornar a Casación, donde languideció hasta junio de 2015.

Recién entonces, transcurridos más de 6 años desde el primer sobreseimiento que firmó Aráoz de Lamadrid, la Cámara de Casación lo revocó con el voto coincidente de sus tres miembros de la Sala IV, Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos.

Los camaristas remarcaron en su fallo que se deben investigar los bienes de funcionarios públicos «cuando ese aumento del patrimonio excede crecidamente y con evidencia las posibilidades económicas provenientes de los ingresos legítimos del sujeto, sin justa causa comprobada».

La pesquisa, por tanto, debe recomenzar, lo que resultará todo un desafío. Porque tras tantos años, el primer desafío será acceder a documentación que por el mero paso del tiempo desapareció, se perdió o se destruyó, cuando no la perdieron o la acomodaron.

La inacción judicial frente a De Vido contrasta, sin embargo, con la velocidad de la pesquisa contra otros funcionarios o exfuncionarios como, por ejemplo, la exministra de Economía, Felisa Miceli, por la bolsa de dinero en su baño.

Es, claro, una cuestión de poder.

Porque a mayor poder, menos molestias judiciales se padecen.

O, acaso, como él mismo retrucó cuando «Lilita» Carrió lo acusó de ser «el cajero» de Kirchner, porque De Vido sea «un hombre de bien».

Porque mientras Miceli quedó abandonada, o casi, a su suerte, De Vido fue uno de los jugadores clave del Gobierno durante las elecciones de 2007, 2009, 2011 y 2013, cuando combinó anuncios de obras públicas, diálogo con empresarios, banqueros, sindicalistas, intendentes y jueces, reparto de cheques y proselitismo en partes iguales.

Hablamos de fortunas.

Solo durante el año electoral de 2007, su Ministerio manejó un presupuesto que superó los $ 23 200 millones. Y durante la campaña de 2009, cuando Kirchner se postuló a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, «Julito» entregó más de $ 3000 millones en cuestión de meses y solo en el territorio bonaerense, como parte del «Plan de obras para todos los argentinos».

La Piñata.

Pero si De Vido sumaba millas aéreas, repartía cheques y evitaba las preguntas incómodas de la sumisa Justicia local, las sospechas a su alrededor continuaron en aumento. Tanto dentro como fuera del país, como reflejaron los cables reservados, confidenciales y secretos de la embajada de Estados Unidos que ventiló WikiLeaks.

De esos despachos cursados entre 2005 y 2010 surge que los diplomáticos estadounidenses apostados en Buenos Aires sospechaban que De Vido cosecha «ganancias personales» y protagoniza acciones «menos que transparentes», que tiene «mugre en sus manos» y las sospechas que lo rodean resultan «creíbles».

Más aún, desde Buenos Aires alertaron a Washington que el Ministro se «apropió de dineros de la obra pública» y que dos casos en particular fueron —⁠o pudieron ser⁠— los más incómodos para su estabilidad: Eton Park y, otra vez, cual mancha indeleble, Skanska.

Una de las alertas más tempranas que emitió la embajada gringa en Buenos Aires sobre De Vido es de enero de 2005, cuando el entonces embajador Lino Gutiérrez informó a sus superiores en el Departamento de Estado que Kirchner mantenía una relación ambivalente con su ministro. Lo respetaba por su inteligencia y su capacidad de gestión, pero sabía «que De Vido es el que tiene más suciedad» en sus manos, ya que arrastraba «acusaciones de corrupción» desde los tiempos en Santa Cruz, aunque el diplomático aclaró que nunca le probaron nada.

Los recelos norteamericanos también alcanzaron a dos de sus hijos. Uno de ellos, Facundo, según reportó el embajador Gutiérrez, «sirvió como su secretario privado hasta que una fuente del área de seguridad interna del Gobierno le informó a Kirchner que estaba recibiendo coimas de empresas privadas a cambio de arreglar encuentros con su padre», precisó el diplomático. «Kirchner le dijo a De Vido que removiera a Facundo, que ahora es guía turístico en Santa Cruz».

El sucesor de Gutiérrez al frente de la embajada, Earl Anthony Wayne, también informó a Washington en febrero de 2008 sobre las sombras que rodeaban a De Vido. Detalló su reunión con el entonces embajador alemán, Wolf Rolf Schumacher, quien le relató que un CEO germano se quejó ante el Ministro de la coima que le pedía uno de sus colaboradores. Lejos de preocuparse, buscar más datos —⁠siquiera el nombre del funcionario acusado⁠— y denunciar lo ocurrido, el Ministro solo le dijo al empresario que filmara o grabara el próximo encuentro.

De Vido protagonizó un cable previo de Wayne, de julio de 2007, en el que informó a Washington sobre las quejas de los ejecutivos del fondo de inversiones Eton Park y los «menos que transparentes mecanismos» que su Ministerio aplicó para «premiar a amigos y aliados de la administración Kirchner» en la venta de la mitad de Transener.

Esa mitad en disputa, a su vez, quedó bajo el control de Citelec SA, con Marcelo Mindlin como socio mayor (50 %), y Electroingeniería SA y Enarsa que se repartieron por partes iguales la otra mitad, por lo que en definitiva se quedaron con cerca del 12 % de Transener cada una.

Aún así, y aunque no convalidó las acusaciones de Eton Park, Wayne apuntó igual a Electroingeniería. Estimó que la decisión del Gobierno de favorecerla iba en línea con su prédica de favorecer una «burguesía nacional» —⁠como recordó que pasó con la familia Eskenazi, YPF o Sancor⁠— y su retórica populista. Pero también alertó a los departamentos de Estado, Comercio, Trabajo y Energía, al Tesoro, al Consejo de Seguridad Nacional y hasta a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que la actuación del Gobierno o la forma en que otorgaba los proyectos y distribuía subsidios alimentaban la percepción de que «algunos» altos funcionarios «son corruptos».

De las palabras sobre De Vido, las autoridades estadounidenses pasaron luego a la acción. La Comisión de Valores (SEC) mira desde hace años al Ministro, mientras investiga junto al FBI si British Petroleum o Pan American Energy, de los Bulgheroni, pagaron sobornos para obtener la extensión hasta 2047 de la concesión en Cerro Dragón, el yacimiento convencional más importante de la Argentina. ¿Cómo? A través de una supuesta triangulación de fondos urdida por el exministro del Interior menemista, José Luis Manzano.

«Who’s Manzano?» —«¿Quién es Manzano?»⁠—, fue una de las preguntas de la SEC y el FBI que debieron responder los más estrechos colaboradores de los hermanos Bulgheroni, como Mario Calafell Loza, en Washington. Y el propio Manzano, asesorado por uno de los abogados icónicos de la década menemista, Mariano Cúneo Libarona, debió presentarse a una «entrevista» en Estados Unidos en febrero de 2015 por su firma Andes Energía PLC, según reveló la periodista Emilia Delfino en el diario Perfil.

Para De Vido, pura basura: «Operaciones mediáticas que se pergeñan desde usinas internacionales y se ejecutan con medios y periodistas locales, tienen por objetivo afectar la imagen del Gobierno nacional y no debería sorprendernos que tengan relación con los embates de los Fondos Buitre contra nuestro país».

La difusión de los cables en marzo de 2011 o la actual investigación de la SEC, sin embargo, no afectaron tanto a De Vido dentro del Gobierno como la muerte de Kirchner, que solía acudir al latiguillo «hablen con Julio» ante ciertas preguntas incómodas.

La Presidenta comenzó a depreciarlo, lo que se potenció con la «tragedia de Once». Le quitó el área de Transporte —⁠y sus más de $ 9500 millones al año⁠— y se la entregó a Randazzo. Disolvió el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado y lo reemplazó con la Agencia de Administración de Bienes del Estado, dentro de la Jefatura de Gabinete. Y en tres áreas más —⁠Fabricaciones Militares, que pasó al Ministerio de Defensa, la Secretaría de Comunicaciones y Arsat⁠— colocó a funcionarios que militan en La Cámpora.

Diabético, agotado y estresado por tantos años en la función pública —⁠con una internación por hemorragia digestiva incluida en julio de 2014⁠—, De Vido presentó su renuncia varias veces. Al menos en dos ocasiones durante 2012. Pero la Presidenta siempre se la rechazó. Según la gente de «Julito», con amenazas incluidas.

«Vos te vas a ir cuando yo te lo diga», dicen a su lado que le clarificó la Presidenta.

Pero De Vido es leal y calla los secretos del poder.

Calla tanto lo ajeno como lo propio.

¿Conocerá «Julito» las obras de André Malraux? ¿Sabrá que el escritor y filósofo francés, ministro como él, pero de Cultura, y de Charles de Gaulle, escribió alguna vez que «la verdad de un hombre reside, sobre todo, en lo que calla»?

Porque «Julito» calla lo que sabe sobre Jaime, Skanska e YPF, que lo exceden por mucho. Y calla sobre los vínculos entre Olazagasti y otro funcionario de su Ministerio, Claudio Cerutti, con el contador de Lázaro Báez, del hotel Alto Calafate de los Kirchner y de la financiera «La Rosadita», Daniel Pérez Gadín. Y calla lo que sabe sobre Santiago Carradori, otro exhombre del Enargas de extremo bajo perfil, y su nexo con José «Pepe» Salvini, operador, amigo y compañero de banco de «Lupo» en el colegio secundario.

El sistema.

«Nosotros nos iremos pero no dejaremos de hacer política desde afuera. Acá no hay último día. Y conociéndola a Cristina, mucho menos», promete el arquitecto. «Muchos ven el 10 de diciembre de 2015 como un fin de ciclo, y acá no habrá ningún fin de ciclo», vaticina.

El arquitecto calla y espera[4].

E / Echegaray

Ricardo Echegaray no sabía cómo negar lo innegable.

«En la vida en sociedad, todos tienen relaciones, no es que los funcionarios públicos son extraídos de un lugar donde no han tenido ningún tipo de vinculación o vida comercial», cavilaba el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), mientras se esforzaba por esquivar al toro. «La vinculación, la vida en sociedad forma parte del ser humano —⁠añadía⁠—, sea presidente o el último ciudadano de la Argentina».

Maldita semana. No era más que martes y ya era la segunda vez que Echegaray debía salir a dar explicaciones luego de que este autor revelara el domingo 19 de octubre de 2014 que tres grupos de empresas de Bahía Blanca emitían facturas truchas por millones de pesos para Austral Construcciones, la nave insignia del imperio de Lázaro Báez, quien recibía protección desde la AFIP por su sociedad con los Kirchner.

Echegaray quedó entonces al borde del off side. O frente a los cuernos del toro, para continuar con la metáfora. «La Presidenta no es socia de Lázaro Báez, sí tiene vínculos comerciales», afirmó por Radio 10, con lo que reconoció una relación interesada entre la jefa de Estado y el empresario investigado por presunto lavado en la Argentina, Uruguay y Suiza, y reportes previos en Liechtenstein, Seychelles y Panamá. «Técnicamente, no hay sociedad constituida», insistió, lo que repitió de inmediato: «Cristina y Lázaro son conocidos desde hace bastante tiempo, pero técnicamente no son socios».

Con capote, muleta y hasta banderillas, Echegaray asumía el rol de torero o, en este caso, de abogado defensor de Cristina Fernández y de Báez. Un papel inusual para el titular del organismo que por ley debe recaudar impuestos y cazar evasores. Aunque en su caso la AFIP también se utilice para perseguir a críticos del Gobierno.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, empresas y empresarios, economistas, productores agrícolas, tenistas, un club de rugby, futbolistas, políticos, medios de comunicación y periodistas, el esposo de una jueza e incluso exfuncionarios kirchneristas. Todos tienen algo en común: inspectores de la AFIP los visitaron días o incluso apenas horas después de salir a la escena pública con alguna crítica al Gobierno.

Son los tiempos de la AFIP como «arma política» —⁠y «escudo protector»⁠— del Gobierno.

Acaso el ejemplo más explícito lo haya dado la mismísima Presidenta, en julio de 2012, cuando contó por televisión que le había pedido informes a Echegaray sobre un operador inmobiliario, Rodrigo Saldaña, que había criticado unas medidas oficiales.

«Me llama la atención que el que aparecía como empleado no era empleado, Saldaña era socio —⁠dije el nombre, no tenía que haberlo dicho, no importa⁠—, y resulta ser que este señor, que estaba muy desanimado y decía que hacían 15 o 20 operaciones por mes, no tiene declaración jurada de ganancias ni de ningún tipo desde 2007», detalló.

¿Cómo sabía la Presidenta que Saldaña no había presentado declaraciones juradas ante la AFIP desde 2012? ¿Por qué dijo que no debía mencionar a Saldaña por su nombre? ¿Acaso porque de ese modo confesaba que, a pedido suyo, la AFIP había violado el secreto fiscal?

Y para que no quedaran dudas, solo 24 horas después de la revelación presidencial, la inmobiliaria Jorge Toselli en la que Saldaña era socio quedó inhabilitada para operar.

Días antes, encima, inspectores habían visitado la panadería de una mujer que coordina un comedor comunitario en Tucumán y había aparecido en el programa de televisión de Jorge Lanata. Al igual que con Toselli, la irrupción de los sabuesos se concretó en un plazo de 24 horas.

Este tipo de acciones comenzaron con el arribo mismo de Echegaray a la AFIP en los últimos días de diciembre de 2008, tras su controvertido paso por la Aduana y la Oncca. Allí también había cosechado planteos por las represalias que habría ordenado contra empresas y personas.

En noviembre de 2008, por ejemplo, socios del club de rugby Los Cardos, de Tandil, todavía sensibilizados por el conflicto entre el campo y el Gobierno, lo habían increpado para que se fuera del predio, escrache que él terminó por comparar con los métodos de la dictadura del genocida Jorge Rafael Videla, al que en los 80 había defendido de viva voz.

«Si alguna duda tenía sobre los lineamientos que los militares volcaban en su momento en la sociedad», dijo el exmilitante de ultraderecha de la UPAU, «con la palabra de estos dirigentes y su agresividad —⁠cuando me empujaban para que me retire⁠— estoy convencido una vez más que fueron años muy difíciles en la Argentina».

Poco después, seis miembros de la comisión directiva del club fueron investigados por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) y la AFIP.

Denostada como «loca», «mesiánica» o «delirante», Elisa Carrió anticipó entonces lo que muchos refrendarían después con vivencias personales: «Echegaray es el ejecutor de la peor política de persecución», acusó la referente de la Coalición Cívica, que intentó impugnar su designación en la Justicia. «La AFIP está en camino de convertirse en un organismo de impunidad para los amigos y de persecución a los opositores, sean periodistas, empresarios o políticos», vaticinó.

¿Contaba Carrió con información precisa sobre el pasado que «el Negro» Echegaray prefería omitir de su paso por el Liceo Naval —⁠donde lo recordaban por los «bailes» que «el Morsa», tal su apodo despectivo, imponía a los más chicos⁠—, por sus apologías de la dictadura en la Universidad de Mar del Plata, por los problemas con su estudio jurídico en Punta Alta o por su ascenso en Río Gallegos de la mano de su amigo y luego socio Rudy Ulloa?

¿Cómo podrían olvidarlo, por ejemplo, quienes lo escucharon defender a gritos al genocida Videla? No solo había que indultarlo, sino condecorar al genocida, sostenía en las asambleas de estudiantes como militante de la UPAU, el brazo universitario de la UCeDé.

—¡Viva Videla! —gritaba Echegaray en los claustros universitarios, como si buscara llamar la atención, aunque más no fuera por la negativa. Y vaya que lo lograba.

—¡Ay ay ay/ ay ay ay ay/ hay que matar/ a Echegaray! —⁠le devolvían los estudiantes que escuchaban sus bravuconadas.

Echegaray elogiaba a Videla sin la excusa de que ignorara lo ocurrido durante la dictadura. Lo defendía incluso después de que la Conadep difundió su informe Nunca Más sobre las violaciones a los derechos humanos. Pero aun así, llegó a decir en el programa Apertura Universitaria del canal de cable CCTV marplatense que si en algo falló el dictador argentino fue en que no impulsó una «solución final», como sí lo hizo Augusto Pinochet en Chile.

¿Cómo podrían olvidarlo en su Punta Alta natal?

Allí no lo olvidan quienes militaron con él en la sede local de la UCeDé hasta que lo declararon «persona no grata». Fue después de que le pegó una trompada a un militante 30 años más grande, un carnicero con problemas cardíacos de apellido Blanch, que falleció días después.

Allí tampoco lo olvidan los perjudicados por la estafa del Grupo Los Cóndores, que llegó a las páginas del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca.

Liderado por un estafador digno de la película Nueve reinas, Roberto Nicolás Lucero, el Grupo Los Cóndores convocó a cientos de plomeros, carpinteros y operarios de la base naval Puerto Belgrano y sus alrededores para viajar al Golfo para trabajar en Kuwait tras la primera guerra de Estados Unidos contra Irak.

La premisa era sencilla: invitaban a sumarse a una cooperativa de trabajo, en la que primero había que aportar unos pesos cada mes para comprar los pasajes, pagar las visas y enviar los contenedores con las herramientas, para luego viajar todos juntos como contratistas —⁠y ganar una montaña de dólares⁠— en la reconstrucción kuwaití.

Y así fue. Docenas de ingenuos se presentaron cada mes en el estudio jurídico del abogado de Lucero, Echegaray, y pagaban la cuota.

Hasta que en abril de 1993 Lucero emprendió la supuesta «avanzada» hacia el Golfo.

Nunca más apareció.

El dinero de todos, tampoco.

Y las crónicas de La Nueva Provincia muestran a los furiosos cooperativistas en la vereda del estudio Echegaray, en la calle Muratore 625, reclamándole respuestas y, más relevante, sus ahorros.

«Mi defendido se encuentra en viaje de negocios fuera del país», lo excusó Echegaray en la causa «Moyano, Jorge y otros s/estafas reiteradas» que tramitó en la Justicia local, pero que luego se unificó con otro expediente penal de Mendoza, donde Lucero también había tendido trampas para pajaritos, como expuso el periodista Matías Longoni en su excepcional libro Fuera de control.

¿Conclusión?

Lucero terminó condenado a 4 años y 2 meses de prisión.

Y Echegaray debió cerrar su estudio en Punta Alta y, de la noche a la mañana, se marchó hacia el Sur extremo del país, donde comenzó a trabajar en la Aduana gracias a ciertos contactos en la Armada.

Allá en Río Gallegos —donde eran pocos, se conocían todos y Néstor Kirchner ya despuntaba como político⁠—, «el Negro» se asoció con Rudy Ulloa en la FM del Carmen, una radio en teoría cooperativa pero en la que lograron colar generosa publicidad oficial.

Echegaray ya no explicitaba su apoyo a Videla: fiel a los tiempos de la convertibilidad de los 90, ahora se declaraba fiel soldado en la Aduana local del superministro Domingo Felipe Cavallo, para el que jugaba tanto como para el kirchnerismo.

Así, y aunque radicado en Río Gallegos, «el Negro» resultó uno de los beneficiarios, junto con los Kirchner —⁠y otros muchos amigos del poder local, como Rudy Ulloa⁠—, de la venta de los terrenos fiscales a precios irrisorios en El Calafate. En su caso, compró a $ 8,33 el metro cuadrado, que en cuestión de unos años vendió 6,4 veces más caro. Negoción.

La Piñata.

Entre su labor en la Aduana de Gallegos y los negocios inmobiliarios, Echegaray también tuvo tiempo para ejercer como abogado, entre otros, de la constructora Gotti Hermanos, que terminó bajo la sombra de Lázaro Báez.

Como patrocinante de Gotti Hermanos, Echegaray se presentó en Tribunales y también ante la Administración General de Vialidad de la provincia de Santa Cruz. Y por su trabajo, luego le reclamó a la constructora $ 2 millones en honorarios atrasados, lo que se plasmó en el expediente 21 990 que tramitó en el Juzgado N.º 1 de Río Gallegos.

Por lo visto, Echegaray tenía sus problemas para cobrar honorarios. Porque por esos años también se presentó ante la Justicia, pero de Punta Alta, para reclamarle $ 8100 atrasados a otro excliente oriundo de su ciudad natal, Daniel Ripoll, y a su esposa Elsa Tobares.

El problema es que, como reveló Longoni en su libro, las firmas de Ripoll y Tobares en el pagaré que pretendía cobrar Echegaray resultaron falsas.

Así lo sostuvo un primer peritaje.

Y así lo confirmó un segundo peritaje.

Peor aún, Echegaray presentó un supuesto peritaje «de parte» que validaba como auténticas esas firmas. Pero cometió un error, recuerda Longoni: «Como las firmas del pagaré, estas actuaciones también estaban sospechadas de ser truchas. La mejor evidencia al respecto era que, en el apuro por impugnar las actuaciones, Echegaray había abusado del “corte y pegue” desde otra causa semejante y olvidó colocar los nombres de Ripoll y Tobares arriba de otros nombres que figuraban en la pericia que presentaba».

Como era de esperar, Echegaray perdió, con costas, el juicio.

Pero el juez Norberto Aquiles Arévalo fue benévolo con «el Negro» y al firmar la sentencia en mayo de 2003 optó por no denunciarlo ante el Colegio de Abogados para que evaluaran quitarle su matrícula, como le había reclamado una de las peritos oficiales.

Para cuando salió la sentencia, sin embargo, Echegaray ya ni prestaba atención a su pleito con Ripoll y Tobares. Kirchner ya se acomodaba el traje de presidente y enfilaba hacia la Casa Rosada.

Y si nos vamos a poner quisquillosos, Kirchner tampoco podría haberle reclamado demasiado. Al fin y al cabo, él también perdió un juicio por falsificar firmas. Se lo ganó el empresario Jorge Gorchs, que le reclamó un cobro indebido —⁠con gancho falso⁠—, según confirmó el propio Gorchs a la revista Noticias en noviembre de 2006.

Pero Echegaray acumuló una peculiar foja de servicios a su paso por la Aduana, donde fue su jefe máximo entre agosto de 2004 y marzo de 2008; en la Oncca, entre abril y diciembre de ese año; o en la AFIP, que lidera desde entonces. Porque de un modo u otro, «el Negro» participó en muchos de los peores escándalos de los últimos años. Desde las valijas con cocaína de Southern Winds y las evasiones multimillonarias de la pesquera Conarpesa o de la constructora Gotti, hasta el escándalo de la valija con US$ 800 000 de Claudio Uberti y Guido Alejandro Antonini Wilson, los subsidios truchos de la Oncca o el ingreso al Grupo Clarín.

¿Conarpesa? Su rol se dio cuando reemplazó a la entonces jefa de la Regional aduanera en Comodoro Rivadavia, Beatriz Carballal, que impulsaba una investigación con «indicios firmes» contra la pesquera por «un giro no declarado de divisas» por más de medio millón de pesos. Ya con Echegaray al frente, esa investigación se diluyó, pero terminó a su vez denunciado por un colaborador de Carballal por «encubrimiento de contrabando, agravado por su condición de funcionario público». En la Justicia, para fortuna del «Negro», se diluyó la pesquisa.

¿Southern Winds? Ya con Echegaray al frente, la Aduana recibió un aviso desde España sobre el decomiso de las valijas con cocaína en el aeropuerto de Barajas. En teoría inició una «investigación secreta», en la que no avanzó, ni radicó una denuncia penal hasta que, meses después, el diario La Nación reveló lo ocurrido en Madrid. «El Negro» deslindó entonces culpas en la Fuerza Aérea y en Aeropuertos Argentina 2000.

¿Antonini Wilson? También al frente de la Aduana, Echegaray mantuvo un contrapunto con la primera jueza a cargo de la investigación, Marta Novatti, quien afirmó que solo le informaron sobre el decomiso de los US$ 800 000 más de 48 horas después, mientras que un colaborador de Echegaray, Gustavo Pagano, declaró en Tribunales que su jefe estaba al tanto de lo ocurrido desde el principio y el titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Marcelo Saín, afirmó bajo juramento que se había intentado montar una «zona liberada» en el Aeroparque.

En cualquier caso, Echegaray siempre retrucó que las denuncias penales y las revelaciones periodísticas que acumuló a su paso por la Aduana y la Oncca eran parte de una «campaña de desprestigio» montada en su contra y de sus amigos y colaboradores, la mayoría de Mar del Plata. O contra el Gobierno, de cuyo relato «nacional y popular» se encontraba en las antípodas durante los 80 y 90.

Acaso aún repudie la prédica sobre la «redistribución del ingreso» kirchnerista, pero ahora mantiene sus discrepancias en voz baja, aunque deje indicios de su verdadero ideario en sus acciones como funcionario. Porque bajo su mando, la Oncca concentró el 49 % de los $ 3771 millones que repartió en subsidios para harina entre los 10 molinos más grandes, como Cargill o Molinos Cañuelas. Lo mismo promovió en otras cadenas productivas. Y en los feed lots —⁠«engorde a corral»⁠—, donde los 10 más grandes se llevaron el 19 % de los $ 2195 millones, aunque el primero en cobrar fue Inversora Juramento, del banquero Jorge Brito.

Sí explicitó sus prioridades administrativas, en cambio, en cuanto entró a la Oncca, que hasta entonces funcionaba de manera aceptable. Convocó a todos los jefes de carrera y los degolló: «A partir de ahora, dense todos por destituidos. Yo voy a poner a gente de mi confianza», les dijo la primera vez que los vio.

Dicho y hecho.

En junio, julio, agosto y septiembre descabezó oficinas, reemplazó funcionarios, modificó cadenas de mando y cambió competencias con las instrucciones generales 7, 11, 16 y 20.

También importó a varios de sus amigos de ultraconfianza de Mar del Plata, llenó el organismo con personal que contrató a través de la fundación ArgenInta y congeló a los empleados más antiguos.

Basta con recordar su mensaje a los expertos de Informática de la Oncca, que por su calidad había comenzado a prestar servicios a otras áreas del Estado: «Ustedes están acá para ejecutar y cumplir órdenes», les clarificó el exguardiamarina. «No para pensar».

¿Resultado? Mucho, muchísimo descontrol, en un organismo que manejaba compensaciones por miles de millones de pesos, pero que pasó a operar con el «Jauke», un nuevo y pésimo sistema informático desarrollado a las apuradas por un funcionario traído por Echegaray.

El «Jauke» —«campo», en tehuelche— era un colador mezcla con flan.

Colador porque era fácil de hackearlo, modificarlo, robarle datos o borrar otros. Es decir, ideal para la maldad.

El sistema.

Y un flan porque, encima, era muy inestable.

Pero Echegaray lo defendió. Y echó a los expertos de informática que le advirtieron sobre los problemas del nuevo sistema. Es decir, que desacataron su orden de «cumplir órdenes» y «no pensar».

Así, mientras «el Negro» se ensañaba con los informáticos de la Oncca, comenzó la fiesta de las compensaciones y los feed lots.

El propio Echegaray pareció encender la música para la fiesta con su resolución 1747 de julio de 2008.

¿Por qué?

Porque allí indicó que quienes pidieran compensaciones quedaban eximidos «de acompañar las constancias documentales que respalden las operaciones volcadas en las declaraciones juradas».

Es decir: lo que ustedes pongan, vale; yo pago.

Y el propio Echegaray pareció poner el cotillón para la fiesta con su resolución 2839 al mes siguiente.

¿Por qué?

Porque dispuso que los pedidos de compensaciones ya no requerían del visto bueno externo de la Secretaría de Agricultura, sino que bastaría con la aprobación de dos colaboradores suyos.

«Jauke» + cero papeles + sin visado = ¿quién pone el champagne?

Obvio, muchísimos aportaron muchísimas burbujas.

Hubo feed lots que cobraron subsidios millonarios sin contar con la habilitación del Senasa.

Hubo feed lots que cobraron subsidios millonarios sin contar con la habilitación del Senasa, ni de la propia Oncca.

Hubo feed lots que cobraron subsidios millonarios sin contar con la habilitación del Senasa, ni de la propia Oncca, y declarados a nombre de indigentes de, vaya casualidad, Mar del Plata, como el cartonero Benjamín Tapia.

Hubo feed lots que cobraron subsidios por expedientes viejos.

Y hubo feed lots que cobraron sin siquiera ser feed lots.

Y hubo feed lots como Hacienda Argentina, que recibió más de $ 1,2 millón, pero que investigó la Oficina Anticorrupción y estableció que «objetivamente se han establecido algunos puntos de contacto con la Sra. Oviedo (Karina), quien resulta ser cónyuge del Dr. Ricardo Echegaray».

La Piñata.

Hombre probo, la Justicia federal investigó y sobreseyó al funcionario defendido por León Carlos Arslanián —⁠que cotiza en dólares sus jugosos honorarios⁠—, mientras que en la Oncca se robaron hasta la carpeta de Hacienda Argentina.

Esa carpeta era por demás interesante. Mostraba que el feed lot lo abrió una íntima amiga de la mujer de Echegaray, con el domicilio de los Echegaray, y habilitado por la agencia de la Oncca en Bahía Blanca, que manejaba otra amiga de la mujer de Echegaray. Las tres fueron juntas al Colegio Nacional Superior de Punta Alta.

Porque hay feed lots y feed lots, como reveló Longoni en la tapa del diario Clarín el 10 de septiembre de 2009.

Ese mismo día, Echegaray —que ya había pasado de la Oncca a la AFIP, pero aún controlaba aquel organismo desde las sombras⁠—, ordenó al Banco Nación anular los pagos por más de $ 10 millones a la «sociedad de hecho» Paseo de las Lagunas, de Carlos Casares. Pero el titular de la AFIP dio esa orden en silencio, mientras que otra movida concentraba toda la atención: el ingreso de 200 inspectores de la AFIP en la sede del Grupo Clarín.

Pero si calló sobre su gestión por Paseo de las Lagunas, sí salió al ruedo para defenderse de las sombras que se cernían sobre él y su mujer por Hacienda Argentina: «Desmiento categóricamente ser dueño, accionista, gerente, administrador y/o beneficiario del establecimiento agropecuario mencionado».

La fiesta loca de la Oncca, claro, terminó mal. No para Echegaray sino para el organismo, que fue disuelto entre un mar de sospechas, con el decreto 192 de la Presidenta, del 25 de febrero de 2011.

Pero Echegaray siguió su camino.

Ya en la AFIP, lo primero que hizo fue, como en la Oncca, desplazar a los ocho funcionarios de carrera de más alto rango. Les dijo que no era una cuestión personal contra ellos, sino que necesitaba colocar allí a gente «de confianza, que comparta este proyecto».

El único al que Echegaray dejó en su lugar fue al director general de la DGI, Ángel Toninelli, quien había asumido en agosto de 2008, rodeado de sospechas de trabajar para Lázaro Báez dentro del organismo.

En rigor, Echegaray no «dejó» en su lugar a Toninelli, sino que «debió dejarlo» porque se mueve por su cuenta, según cuentan junto al titular de la AFIP. ¿Acaso con llegada propia a Carlos Zannini?

Toninelli había asumido al frente de la DGI en reemplazo de Horacio Castagnola, que cayó en desgracia junto con el hasta entonces subdirector de Operaciones Impositivas de Interior, Jaime Mecicovsky, y el hasta entonces responsable de la oficina en Comodoro Rivadavia, Norman Williams. Es decir, la línea jerárquica completa que investigaba a la constructora Gotti Hermanos, vinculada a Báez y cuyo abogado había sido Echegaray, por una evasión con facturas truchas estimada en más de $ 400 millones.

Mecicovsky y Williams cometieron, claro está, un grosero error: metieron sus narices en algo que los excedía por mucho porque era la punta del iceberg que une a las facturas truchas con los sobreprecios en la obra pública, y a la evasión tributaria con los posibles pagos de sobornos y el lavado de activos. Se metieron con el sistema.

¿Puede argumentar Echegaray que la remoción de Williams, Mecicovsky y Castagnola ocurrió antes, durante la gestión de Claudio Moroni?

Sí.

Pero pudo reponer en sus cargos a los tres funcionarios.

O pudo darle nuevo impulso a la investigación hasta que la ley de moratoria y blanqueo cerró esa posibilidad y abrió la senda de la impunidad para cientos de empresas. Entre ellas, Gotti Hermanos, que hasta había publicado una solicitada en algunos medios para afirmar que no arrastraba «ninguna deuda fiscal, ni previsional ni aduanera», ni había sido intimada por la AFIP, pero que en cuanto se abrió la oportunidad tomó dos decisiones.

La primera fue modificar su domicilio fiscal, que pasó de Caleta Olivia a Avellaneda. Así quedó bajo el paraguas de la Regional Sur Metropolitana, que lideraba Andrés Vázquez, un funcionario de la AFIP que había sido sumariado dos veces: por su presencia en el Casino de Buenos Aires justo cuando dos inspectoras se habían presentado allí para pedir datos; y por el operativo de los 200 inspectores contra Clarín. Eso, además de acumular sospechas por su relación con la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE).

Por esas paradojas que da la vida, una misma persona podría hablar por Vázquez sobre esos tres temas.

¿Por qué?

Porque en el sumario que el entonces titular de la AFIP, Alberto Abad, le abrió a Vázquez por Casino Club, el sumariado afirmó que había ido hasta allí para almorzar con el apoderado del Casino, Santiago Blanco Bermúdez, un abogado del «sistema» subterráneo.

Letrado vinculado a la ex SIDE, Blanco Bermúdez también sería años después el defensor de Vázquez en la causa por operar una cuenta bancaria sin declarar, por US$ 461 000 en la sucursal Curazao del banco ING, como también lo sería del exjefe operativo de los espías, Antonio «Jaime» Stiuso.

Conectores.

El poder propio de Vázquez dentro de la AFIP se evidenció durante las semanas que siguieron al operativo contra el Grupo Clarín.

Escena I: con los últimos inspectores aún dentro del multimedios y con la noticia dando la vuelta al mundo, Echegaray envía una nota al secretario general de redacción de Clarín, Ricardo Kirschbaum, en la que afirmó que él no había dado la orden. Más aún, anunció el despido de Vázquez y otro funcionario de la AFIP, Sergio Mancini.

Escena II: Vázquez declara en el sumario interno que antes del operativo había participado en una reunión con toda la cúpula de la AFIP en la que Echegaray había reclamado «acciones concretas» contra Clarín.

Escena III: el sumario concluye que la actuación de Vázquez durante el procedimiento fue «irreprochable».

Escena IV: Vázquez y Mancini no son despedidos, lo que Echegaray, incómodo, debe reconocerle a este autor.

«La información sumaria concluyó que no había ningún elemento que ameritara que (Mancini y Vázquez) debieran haber actuado distinto», admitió. Y solo esbozó como crítica o dato singular que «llevaron adelante un procedimiento de fiscalización que no estaba dentro del programa normal y ordinario previsto».

—¿O sea que Vázquez no fue echado, ni desplazado, como usted anunció en las horas que siguieron al allanamiento?

—No fue un allanamiento desde que no hubo una orden de un juez competente. Fue un operativo —⁠replicó Echegaray.

—¿Pero Vázquez no fue desplazado?

—No —reconoció, molesto—, sigue en la Región Sur Metropolitana, en el puesto de carrera más alto de la AFIP.

Acaso por eso, si la primera decisión de Gotti Hermanos cuando se vio acorralada por las facturas truchas fue colocarse bajo la órbita de Vázquez, la segunda fue acogerse a la moratoria por $ 75 millones y suspender así la causa penal en su contra.

La entonces titular de Poder Ciudadano, miembro del directorio internacional de Transparencia Internacional y su máximo exponente en la Argentina, Delia Ferreira Rubio, se la vio venir cuando el Gobierno impulsó esa ley: «Si se confirma la sospecha de que la moratoria podría significar una amnistía encubierta para quienes participaron en maniobras como las de las “facturas truchas”, para ocultar el pago de coimas —⁠profetizó⁠—, sin duda la moratoria será como una forma de protección de la corrupción».

Sin embargo, en vez de rechazar la ley de moratoria y blanqueo, Echegaray la defendió en público. Más aún, terminaría por replicar la orden que años antes habían padecido Williams, Mecicovsky y Castagnola al investigar a Gotti Hermanos.

¿Cómo?

Cerró la Regional Bahía Blanca.

¿Cuándo?

Cuando sus sabuesos olieron el rastro de Austral Construcciones en las facturas truchas que emitieron durante años tres grupos de empresas de esa ciudad por montos millonarios y con ramificaciones que llegaban hasta Juan Suris, un bahiense amigo de Leonardo Fariña, detenido y procesado por narcotráfico y con usina propia de facturas apócrifas.

El expediente interno de la AFIP demuestra que, como ocurrió frente a Gotti Hermanos, los sabuesos «molestos» de Bahía Blanca fueron desplazados, se paralizó una intimación a la constructora de Báez cuando la nota ya tenía hasta la calcomanía puesta del Correo Argentino y se premió con ascensos a los protectores.

El sistema.

Para entonces, el diputado Francisco de Narváez, que había derrotado a Néstor Kirchner en las elecciones legislativas de 2009, ya había denunciado a Echegaray por, según dijo, armar denuncias en su contra, violar el secreto fiscal y filtrar información tributaria a la prensa oficialista en plena campaña.

Los nombres que figuran junto a Echegaray en la denuncia que radicó el «Colorado» dicen mucho: Fernando Villaverde y Fernando Coppari. El primero trabajó con Echegaray en la Oncca y la AFIP, y ambos, Villaverde y Coppari, compartieron estudios universitarios con el «Negro» en Mar del Plata. Villaverde, además, se interesó mucho por una causa armada contra De Narváez en Mar del Plata, al punto de ir él mismo hasta el Juzgado para conocer las novedades.

¿Acaso Villaverde también se interesó por la suerte del cartonero Tapia y su feed lot trucho de $ 1 millón?

Villaverde le juró que no a este autor, que antes había revelado que mientras trabajó en la Oncca había cobrado un plus por título profesional, cuando en realidad nunca se recibió de abogado.

Ambos, Villaverde y Coppari, figuran además en el «caso Ciccone» como «amigables componedores», puentes humanos, entre la familia dueña de la imprenta y la AFIP.

Conectores.

Así, el operativo contra Clarín, las visitas tribunalicias contra rivales del Gobierno o los escarceos con los Ciccone son apenas tres ejemplos de zonas grises en las que se movieron Echegaray o su entorno. Porque el titular de la AFIP también ordenó visitas inusuales contra productores, según denunció la Federación Agraria. Y suspendió a exportadoras cerealeras del registro de operadores de granos en plena puja con el campo. Y dispuso inspecciones contra casas de cambio cuando la fuga de divisas centralizó la agenda pública.

El tenista Juan Martín del Potro también figura entre las víctimas. Recibió la visita de la AFIP una semana después de que, como ganador del US Open, declinó reunirse con la Presidenta porque su familia, oriunda de Tandil, vivía «del campo».

Meses después, a principios de 2010, Clarín también se convirtió en el objetivo central de un «grupo de tareas» —⁠como se definió a sí mismo⁠—, con funcionarios del organismo, la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central, bajo el liderazgo del flamante titular de la unidad antilavado (UIF), José Sbattella.

En octubre de ese mismo año, cuando el kirchnerismo mostraba signos de agotamiento que llevaron a los empresarios a expresar sus críticas en voz alta, dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) recibieron las visitas de sabuesos. El entonces titular de la UIA, Héctor Méndez, debió abrirles la puerta a los inspectores luego de que dijo que «así, la Argentina parece Cuba». Les ocurrió lo mismo a ejecutivos de Techint y de Bagó.

Las represalias alcanzaron, a veces, niveles insólitos. En octubre de 2010, Echegaray removió como agente fiscal sin sumario previo, ni acto fundamentado, a Isidoro Subizar, el marido de la jueza María José Sarmiento, quien había frenado el uso discrecional por el Gobierno de las reservas del Banco Central y ordenado restituir a Martín Redrado al frente de la entidad. En la circular 354/2010, el titular de la AFIP apenas invocó «razones funcionales» para quitarle el trabajo a su marido.

El economista Roberto Cachanosky vivenció en septiembre de 2011 las secuelas de ofrecer un cálculo propio de la inflación. «Es evidente que mientras yo tengo tres inspecciones en cinco años, los Kirchner lograron que la Justicia les diera por aprobado un incremento patrimonial injustificable, y (Amado) Boudou declara tasas de rentabilidad envidiables», ironizó.

Y las represalias llegan incluso a los (ex) amigos del poder, como Juan Carlos Fábrega, que conocía a Kirchner desde el colegio secundario en Río Gallegos, entró a los 17 años en el Banco Nación, escaló con paciencia en «la línea» de la entidad bancaria más grande del país y ya era subgerente general cuando «Lupo» llegó a la Rosada. Siguió su ascenso, hasta que asumió como presidente del Nación y, con Cristina al mando, lideró el Banco Central. Pero eso no impidió que, por televisión, la Presidenta enchastrara su gestión en septiembre de 2014. Al día siguiente, Fábrega renunció, y al día subsiguiente comenzaron a llegarle intimaciones de organismos públicos, como la AFIP y la Oficina Anticorrupción (OA), mientras las usinas filtraban versiones sobre su hermano Rubén, que derivaron en la apertura de una causa penal.

Pero los escarmientos también llegan desde muy cerca de la propia AFIP. La empresa de limpieza Ricardo Bilbao padeció una inspección integral después que impugnó la licitación para limpiar el organismo porque perdió, aunque ofertó menos de la mitad que la ganadora, Limpialux SA: 7 millones en vez de 15 millones de pesos.

Las represalias también alcanzaron al personal del propio organismo. Durante sus primeros 6 meses al frente de la AFIP cambió a más de 300 jefes y desplazó a más de 1200 empleados que de un día para el otro vieron cambiar sus funciones, sus cargos y hasta sus ámbitos de trabajo, con traslados a cualquier punto del país.

A mediados de 2011, Echegaray dio otro paso polémico. Disolvió al «grupo E» de sabuesos, el más famoso de la AFIP, tras investigar casos sensibles, desde IBM-Banco Nación en los 90 hasta Skanska, ya con el kirchnerismo. Trasladó a sus integrantes a distintas oficinas.

El sistema.

Mientras hacía eso, Echegaray también redujo los controles internos, nombró familiares propios y de sus colaboradores, también a su profesora particular de ruso y a la cuñada de Máximo Kirchner, Virginia García, a cargo de controlar a… su cuñado.

García asumió como jefa de la flamante regional tributaria de Río Gallegos desde 2010. Allí, la abogada, proveedora del Estado y extercera candidata a senadora por el kirchnerismo en Santa Cruz, debe fiscalizar a los Kirchner, a Báez, a Ulloa y a Julio De Vido, entre otros.

La actuación del «Negro» en el «caso Ciccone» también muestra singularidades. Se presentó ante el juez comercial para informarle que pediría la quiebra de la imprenta cuando estaba en manos de Héctor y Nicolás Ciccone, a los que les rechazó sus últimos pedidos para obtener planes de pago o una moratoria. Pero en cuanto ingresó Alejandro Vandenbroele en la imprenta, dio su aprobación plena e incondicional al levantamiento de la quiebra. Algo que el juez consideró «cuando menos llamativo». Sin inmutarse, Echegaray le concedió luego cuatro moratorias, en las que omitió «por error» $ 140 millones en intereses y solo recalculó tras el estallido del escándalo.

Así, y de manera por demás sugestiva, la empresa Ciccone recibió un trato muy distinto en contra y a favor de la AFIP desde que ingresó Vandenbroele, del mismo modo que otras áreas del Gobierno lo hicieron con Aerolíneas Argentinas —⁠antes y después de la salida de los españoles⁠— y en YPF —⁠antes y después del ingreso de los Eskenazi⁠—.

Uno de los más íntimos colaboradores de Nicolás Ciccone recordó ese doble estándar que corroboraron del Gobierno con una metáfora: «Nosotros pedimos nafta súper, nos dijeron que no; pedimos nafta común, nos dijeron que no; pedimos diésel, y también que no; pero cuando llegaron estos tipos, pidieron la Fangio XXI y les dijeron que sí y que podían pagarla después».

Los «tipos», claro, eran el socio de Boudou, José María Núñez Carmona, y Vandenbroele.

Para entonces, Echegaray podía enorgullecerse de su crecimiento patrimonial, que pasó de $ 186 000 en 2003 a $ 4 millones en 2013, es decir, 21,5 veces más en apenas una década. Con algunas sorpresas:

Un Audi A1 que le regaló a su hija cuando cumplió 18 años en 2013: «Cuando uno quiere a sus hijos les da todo lo que les puede dar», se excusó cuando trascendió a la prensa por una foto que subió la muchacha a Internet.

Un dúplex en Punta del Este que rondaría los US$ 360 000, según valores de mercado, pero que él consignó como «inversión en derechos y acciones sobre depto» por $ 866 400, en su declaración jurada de 2009 y sin informar que era en Uruguay.

Ese no fue el único traspié que le provocó su dúplex en Punta. Porque en pleno endurecimiento del «cepo cambiario», y mientras Echegaray lo defendía con frases tales como «preferimos que los argentinos veraneen en el país», toda su familia se marchó a Uruguay, en enero de 2013, a gastar dólares.

En rigor, tampoco con su dúplex hizo algo demasiado diferente a lo que también hicieron los Kirchner con su hotel Las Dunas en El Calafate. Porque cuando este autor reveló que Lázaro Báez les pagaba cheques por ese establecimiento que hasta entonces no figuraba en las declaraciones juradas de la Presidenta, la Casa Rosada respondió que sí lo había incluido en sus DDJJ, aunque en rigor solo había consignado el terreno por su nomenclatura catastral.

También al igual que frente a los Kirchner, los sistemas de contralor tampoco mostraron demasiado interés por investigar. En el caso del matrimonio Kirchner, el juez federal Norberto Oyarbide dictó su polémico sobreseimiento; frente a Echegaray, la Oficina Anticorrupción abrió la carpeta 4131, pero nunca le deparó dolores de cabeza.

Sí parecieron reportarle más problemas sus siguientes minivacaciones, cuando celebró el Año Nuevo 2014 en Río de Janeiro con su familia y el empresario Jorge «el Uruguayo» Lambiris Vilche, y los enganchó un equipo del programa de Jorge Lanata.

Juntos, el «Negro», de bermudas y gorrita blanca, y «el Uruguayo», también de bermudas y el torso desnudo, disfrutando de unos ricos choclos en las playas de Río.

Ya no se puede estar tranquilo.

La bronca de Echegaray…

Y más aún la de Lambiris, un importador célebre dentro de la Aduana y la AFIP por encarnar uno de los canales más rápidos y eficaces de llegar al «zar de los impuestos» cuando las papas queman.

Igual, los amigos de Lambiris se encargaron de darle unos «chas-chas» al equipo que fue a perturbarles sus merecidas vacaciones. En especial al camarógrafo, que mucho no pudo defenderse porque ocupaba sus manos, precisamente, con la cámara.

Pero eso ya está, quedó en el pasado. Porque la jueza María Romilda Servini de Cubría lo sobreseyó a Echegaray de cualquier duda de dádivas por ese paseo juntos de cuatro días.

Tampoco lo afectó demasiado la polvareda que generó la videoconferencia que protagonizó en septiembre de 2014, cuando convocó a todos los abogados de la AFIP para bajarles línea sobre la responsabilidad ética que implicaba votar en las elecciones del Consejo de la Magistratura.

Para algunos profesionales, eso ya fue «incómodo».

Pero el remate llegó después.

En distintas dependencias de la AFIP en la Capital Federal y en algunas provincias se entregaron sobres con los nombres de los letrados y, adentro, la boleta del candidato más cercano al kirchnerismo, César Grau. En rigor, nada demasiado distinto de lo que ya había hecho en la Oncca, cuando justo antes de unas elecciones convocó a todo el personal contratado para prometerle que si ganaba el kirchnerismo, todos ellos pasarían a planta permanente.

Quizá lo haya incomodado un poquito más que la sala II de la Cámara Federal porteña —⁠Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah⁠— declarara nulo su sobreseimiento y el de la Presidenta en mayo de 2015, en el expediente que busca determinar si Echegaray investigó al titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, sus hijos y un funcionario de extrema confianza, Héctor Marchi.

Ese «cruce de datos», como minimizó la AFIP, se inició justo después de que el tribunal declarara inconstitucional, en julio de 2013, la reforma del Consejo de la Magistratura que impulsaba el Gobierno para permitir la elección popular de los consejeros.

También la Corte, qué ganas de molestar…

Pero Echegaray supo tejer un vínculo con la Presidenta, fruto de sus comentarios, siempre convalidatorios, de cualquier comentario de la jefa de Estado, al que él siempre le aporta luego algún informe que lo corrobore… aunque la realidad diga lo contrario, según contaron otros funcionarios que presenciaron algunas de sus puestas en escena.

Acaso los problemas de Echegaray pasen, sin embargo, por los vínculos comerciales que tanto se esfuerza en negar entre la Presidenta y Lázaro Báez, y la supuesta protección que desde la AFIP le brindan al empresario investigado por presunto lavado.

Eso es lo que investiga el fiscal federal Guillermo Marijuán, que en abril de 2015 imputó en dos causas penales simultáneas a Echegaray y a una decena de funcionarios que cumplen o cumplieron funciones en Buenos Aires, Río Gallegos y Comodoro Rivadavia.

Evaluará si conformaron una «asociación ilícita fiscal».

El sistema.

«El Negro» y el toro siguen frente a frente[5].

F / Felisa

Carlos Enrique Isaías abrió el pequeño placard, dentro del baño, y vio una bolsa de papel madera colgada de una percha. La palpó y sintió dos bultos, así que la descolgó y miró qué había dentro.

Dinero.

Dólares y pesos.

Aún no eran las 8 del martes 5 de junio de 2007, pero Isaías supo de inmediato que no sería un día rutinario más, así que llamó a su compañero y superior, el oficial subinspector Patricio Rodrigo Palo, para que viera lo que había encontrado.

Palo estaba a solo unos metros del baño, dentro del despacho más relevante del Ministerio de Economía, junto con Miguel Ángel Lezcano, un histórico mayordomo del Palacio de Hacienda, que llevaba 33 años recorriendo sus pasillos y viendo pasar ministros, uno atrás de otro.

Palo comprendió al vuelo la que se venía.

Porque de eso se trataba.

De una bolsa con dinero en el baño privado del despacho de la ministra de Economía de la Nación Felisa Miceli.

La inspección del baño era una práctica que venía de arrastre desde los tiempos de la dictadura, cuando el entonces ministro José Martínez de Hoz temía encontrarse con una bomba en su propia oficina ministerial y se ordenó que, cada mañana, la policía revisara ese despacho —⁠y otros muchos⁠—, usanza que continuó tras el retorno de la democracia.

Tres décadas después —y como ocurre con tantas otras «tradiciones» de la burocracia que nadie sabe por qué y para qué se mantienen⁠—, la División Investigaciones de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal Argentina continuaba peinando el quinto piso del Ministerio de Economía en búsqueda de bombas que ya nadie prepara.

Ese martes 5 fue el turno de Isaías y de Palo.

Llegaron al Ministerio en el móvil 525 poco antes de las 7, donde los recibió el mayordomo Lezcano, quien los escoltó, como siempre, con una tarjeta magnética para abrirles paso.

Ya en el quinto piso, mientras el personal de limpieza completaba su tarea, los policías peinaron dos oficinas, una sala de espera, el despacho de la Ministra y un baño.

Dentro del baño, el cabo Isaías primero revisó el lavatorio, luego la mochila del inodoro y, por último, el placard, de unos 40 centímetros de ancho, que estaba con la llave en la cerradura pero abierto, y contenía un estante y perchas vacías.

Salvo una.

«Había una bolsa que se encontraba colgada en una percha que parecía ser sospechosa por su tamaño y peso, la cual tanteó y advirtió que había un paquete que tenía unas puntas en los costados que eran duras pero que no llegaban a lastimar», es la forma en que seis años después y con la jerga judicial el Tribunal Oral Federal N.º 2 inmortalizó el relato de Isaías.

Ese «paquete» eran dos fajos de billetes, uno de pesos —⁠prensado⁠— y otro de dólares, algo más sueltos.

Ya con Palo al mando, ambos tomaron las primeras medidas.

Isaías fue a buscar la carpeta que contenía los formularios tipo para labrar las actas de las inspecciones.

Y Palo llamó al jefe de turno de ambos, el oficial principal Sergio Ramón Santillán.

Porque Palo tenía experiencia en lo suyo, con inspecciones en los lugares donde se celebraran actos públicos o que recibieran amenazas de bomba y las sedes diplomáticas. De hecho, ese mismo día debía pasar luego a revisar la embajada de Israel.

Pero la experiencia también le permitió a Palo reducir las chances de comer vidrio y terminar en problemas.

Otra vez la transcripción tribunalicia: «Pudo observar que eran un montón de billetes apilados uno arriba del otro en un envoltorio de plástico transparente termosellado —⁠describiéndolo como compacto y macizo⁠— que decía cien mil pesos y tenía un logo en blanco y negro de tres centímetros —⁠desconociendo si era del banco⁠— y un código de barras. Además, había dólares sueltos y atados con una banda. Frente a ello, decidió comunicarse con su jefe de turno, el Principal Santillán, quien le dijo que hiciera un acta de entrega de valores y regresara a la brigada».

Eso hizo.

Comenzaron a contar los billetes, con el mayordomo Lezcano y una secretaria como testigos del acta en la que dejaron constancia del hallazgo: «UN (1) envase (fajo) serrado (sic) y sellado indicando lote 38 057 Bco. 30 con la suma de millar de $ 100 (cien mil pesos $100 000) y treinta y un mil seiscientos dólares estadounidense (sic) (U$S 31 670)».

¿Y Miceli?

Inauguraba el 24° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en el Hotel Sheraton, con un inesperado ataque a Mauricio Macri, en plena contienda con Daniel Filmus por la Jefatura del Gobierno de la ciudad.

¿Recordará Miceli lo que dijo aquella vez?

«Una de las cosas que nosotros tenemos que entender en la Argentina es que es necesario separar los negocios privados de lo público», comenzó.

Y luego sorprendió a propios y extraños con una frase un tanto desactualizada.

«Si el señor Macri quiere hablar de los temas concretos, yo como vecina le digo que nos explique por qué teniendo la concesión de la basura la ciudad está tan mugrienta», dijo, aunque el grupo no explotaba más esa concesión desde 1997.

Tras ese evento, la sucesora de Roberto Lavagna en el sillón más caliente del Ministerio de Economía ingresó al Palacio de Hacienda cerca de las 11. Y cuando una colaboradora le informó sobre lo ocurrido, según reconstruyó la Justicia, pidió una copia del acta y que le dejaran revisar los fajos de billetes.

Quería verificar, dijo, que no le hubieran robado dinero.

Tres horas y media después, Miceli dio otro paso. Reclamó que la Policía le entregara el original del acta. Y la consiguió, aunque los muchachos de la División resguardaron sus propios pellejos con una copia certificada.

Nada más pasó ese día.

En teoría.

Ni en los días que siguieron.

En teoría.

Porque Miceli —con décadas de experiencia en la administración pública y paso previo inmediato como presidenta del Banco Nación⁠— optó por no informar de manera oficial sobre lo ocurrido.

Pero el rumor comenzó a circular.

Varios periodistas levantaron la oreja.

Y el domingo 24 de junio, 19 días después del hallazgo, el periodista Jorge Lanata reveló en el diario Perfil el descubrimiento de una «bolsa» en el baño privado de Miceli, en el quinto piso del Ministerio que, indicó, «estaba llena de billetes».

Lanata, con la periodista Luciana Geuna como coequíper, habló de mucho dinero: 140 000 dólares, 50 000 euros y 100 000 pesos.

Es decir, muchísimo más dinero del que terminó por volcarse en el acta, como ocurriría en el «caso Ciccone» un par de meses después. Sea porque en efecto se detectó menos dinero de lo que trascendió o… porque alguien se quedó con oro ajeno, como Guido Alejandro Antonini Wilson acusaría luego desde Miami.

En cualquier caso, Lanata y Geuna expusieron algo más. Indicaron que «el acta luego “desapareció” de la Brigada» de Explosivos.

Ardió Troya.

Miceli dio su primera versión de los hechos.

Dijo que los pesos eran suyos y que los dólares se los había prestado su hermano Horacio. También afirmó que se los había pedido para una operación inmobiliaria y que la filtración era parte de una campaña en su contra fomentada por el «lavagnismo» porque ella se negaba a pagar una fortuna en un expediente incendiario: Greco.

¿Qué era «Greco»? Un viejo reclamo del desaparecido «grupo Greco», de los hermanos Héctor y José Greco —⁠expropietarios del Banco de los Andes y más de cuarenta empresas ligadas a la alimentación⁠— que estuvo a punto de lograr que el Ministerio de Economía le pagara $ 332 millones. Pero el cobro se frustró cuando los senadores radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz alertaron que ese monto se había camuflado como «pago a proveedores» dentro de un proyecto de ley que el Gobierno había enviado al Congreso.

Tras el revuelo inicial, la investigación penal detectó irregularidades en el proceso de cálculo de ese pago que había efectuado el equipo legal del Ministerio. Al parecer, el grupo Greco acumulaba deudas con el Estado por unos $ 164 millones que no fueron consideradas en la liquidación que refrendaron los abogados del Palacio de Hacienda.

Ocho años después, varios de los entonces funcionarios terminaron condenados —⁠entre ellos, el exsubsecretario legal del Ministerio, Osvaldo Siseles, a 4 años de prisión⁠—, pero nunca se impulsó la investigación hacia los funcionarios superiores.

El sistema.

Por eso, cuando el «caso Greco» era una mancha venenosa que amenazaba con pegotearlos y transportarlos hasta Tribunales, el equipo de Lavagna acusaba al equipo de Miceli, y el equipo de «la Piba», como le decía el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, le tiraba al equipo del «Pálido», como apodó a Lavagna el entonces presidente Néstor Kirchner.

Pero volvamos a la bolsa de dinero.

A través un comunicado que difundió el Palacio de Hacienda, Miceli buscó desmentir a Lanata. Dijo que la información que había publicado era «falsa y errónea» porque era menos dinero, porque estaba en «un armario y no en el baño» y porque «fue consignado por ella en su declaración del impuesto a las ganancias».

Y la Casa Rosada, ya embarcada en los aprestos para la campaña que debía terminar con el bastón de mando en manos de Cristina Fernández, salió a respaldar a la Ministra.

Pero la bronca del Presidente era «palpable», según contaban en la Casa Rosada, donde no por nada uno de los motes que le habían puesto sus colaboradores era «Furia».

La usina de rumores comenzó a funcionar otra vez, pero ahora centrada en la posible renuncia de Miceli, que comenzó a dar entrevistas a la prensa para dar su versión de los hechos, a los que calificó como un error, pero «no un delito».

«Todo iba a ser normal; mi hermano me prestó plata. Si compraba la casa después de sacar una hipoteca, a fin de año esto hubiese sido tranquilo», dijo el 8 de julio.

Un día después, el jefe de Gabinete Alberto Fernández la reafirmó: «Miceli está ratificada en el cargo».

Pero como todos saben en el ambiente político, cuando alguien tiene que ser ratificado es porque está en la cuerda floja.

La bronca de Kirchner era ya indisimulable.

La «bolsa de Miceli», como comenzó a ser conocido el incidente, venía a sumarse a otros varios episodios previos que el oficialismo quería dejar atrás cuanto antes. Porque el grupo del ministro Julio De Vido arrastraba ya el escándalo del «caso Skanska» y, encima, cada semana Moreno regalaba títulos catástrofes a los diarios sobre el Indec.

Y eso sería aún peor en cuestión de semanas, con Claudio Uberti y Antonini Wilson (otra vez, por el lado de De Vido) y Romina Picolotti (otra vez, por el ala de su jefe de Gabinete, Alberto Fernández).

Sin embargo, dentro del Gobierno evaluaron que no podían dejarse torcer el brazo por los reclamos de referentes de la oposición, las revelaciones de la prensa o los primeros pasos de la Justicia.

Así que Kirchner modificó sus planes, sorprendió una vez más al equipo de ceremonial y protocolo de la Casa Rosada, sentó a su lado a Miceli como gesto de respaldo la noche del jueves 12 de julio y dejó que ella anunciara la implementación del llamado «Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Jubilatorio de Reparto».

A las 8.30 del lunes 16, sin embargo, el fiscal federal Guillermo Marijuán pidió la indagatoria de Miceli.

Eso ya fue demasiado para «Furia».

Dos horas después, Miceli renunció.

«Me dirijo a usted con el objeto de presentarle mi renuncia indeclinable al cargo que ocupo como Ministra de Economía y Producción. La difusión de actos concernientes a mi vida privada vinculándolos con mi actividad pública ha generado un daño inmerecido a mi honorabilidad que indudablemente afecta a nuestro gobierno. Deseo ya mismo, frente a las autoridades judiciales, quedar en un plano de igualdad como cualquier otro ciudadano, para esclarecer los hechos, de manera total y definitiva en el menor tiempo posible. Sin otro particular, saludo a usted atentamente. Con sincero afecto».

El Gobierno esperaba que el escándalo comenzara a retroceder para que, entonces sí, todas las miradas se concentraran en el lanzamiento de la campaña de Cristina Fernández, previsto para tres días después, en el Teatro Argentino de La Plata.

En efecto, la senadora nacional y primera dama gozó del acto con que soñaba, aunque la investigación judicial siguió su curso y empezó a hurgar sobre la ruta del dinero de la bolsa. Y el primer y obvio paso fue rastrear el fajo termosellado de pesos, que llevó a los investigadores hasta la puerta de la Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada.

El problema es que la cooperativa decía ignorarlo todo.

«No conocemos a Miceli y no tenemos ningún tipo de relación ni con ella ni con el hermano ni con ninguna de las empresas que están investigando», dijo el gerente administrativo de la entidad, Rosario Abbate, a la prensa, preocupado por «el daño» que decía que el caso le infligía a la imagen de su cooperativa.

En cuanto al fajo, Abbate sostuvo que ellos ignoraban incluso si ese «ladrillo» alguna vez pasó por la financiera, tal como indicaban desde el Banco Central (BCRA). «Eso no se controla. No hay entidad que tome nota de los números de los lotes que le llegan. Ni nosotros ni ninguna otra lo hace», argumentó.

La cooperativa, como tantas otras, ya se encontraba en la mira del BCRA, que cuatro meses antes la había acusado de maniobras varias destinadas a lavar dinero, luego de detectar algunos movimientos extraños en la cuenta corriente con que había operado con el propio Central entre julio de 2003 y 2005.

En esa cuenta, la cooperativa había completado transferencias por $ 365 millones a nombre de terceros que, consultados luego por investigadores del Central, dijeron que jamás habían operado con Cuenca. «Dicho mecanismo tendría como finalidad ocultar la verdadera identidad de los presentantes de los cheques y/o los beneficiarios del retiro de los fondos», informó el BCRA al fiscal Marijuán.

La caída de Miceli generó además un reacomodamiento peculiar de piezas dentro del Gobierno. Por un lado, cayeron dos directores del Banco Hipotecario, Jaime Grinberg y Jorge March, que habían quedado envueltos en las sombras del escándalo, mientras que De Vido logró avanzar sobre el Palacio de Hacienda con la designación de Miguel Peirano como nuevo ministro.

De todos modos, De Vido no debió regodearse tanto con la caída de Miceli porque también arrastraba lo suyo con los baños.

Bien lo recuerda Estela Kank, una de las socias de la constructora Kank y Costilla, que muchos años atrás detalló ante la AFIP, sin que nada pasara, cómo Julio «Debido», por entonces ministro santacruceño, recibía en su despacho de Río Gallegos a los empresarios, quienes dejaban «el 5 %» de los certificados de obra pública, cash, en el botiquín del baño ministerial.

¿Y Grinberg y March? ¿Por qué cayeron?

Ambos habían sido designados por Miceli, y en el caso del segundo, fue la última persona que visitó a Miceli en su despacho el 4 de junio, la víspera del hallazgo, según los registros oficiales del Ministerio. Es un contador con negocios en el mundo farmacéutico y una buena relación con otro conocedor del sector, Horacio Miceli, el hermano de la ministra que en teoría le había prestado el dinero.

Sin embargo, y mientras Kirchner repetía en público que no ponía «las manos en el fuego por nadie», la ya exministra Miceli continuaba moviéndose en dos camionetas del Palacio de Hacienda y con custodia oficial. Y su marido, Ricardo «Pacha» Velazco, permanecía como subsecretario de Desarrollo Local y Economía Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, por debajo de Alicia, la hermana del Presidente.

No solo eso, Miceli también encontró cobijo laboral muy cerca del oficialismo. Mientras que «el Señor de los Peajes» Uberti pasó a trabajar para Lázaro Báez tras ser desplazado a raíz del «caso Antonini», la exfuncionaria se sumó a la fundación de Madres de Plaza de Mayo, junto a Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender.

El sistema.

«No voy a tener firma ni voy a ser la que disponga de los recursos, sino que voy a coordinar las distintas actividades», aclaró, cuando trascendió su nuevo empleo, cuatro meses después de presentar su renuncia como ministra, lo que no impidió que, tras la implosión de «Sueños Compartidos», el juez federal Norberto Oyarbide ordenara su declaración, primero como testigo.

Con los sabuesos siguiendo los rastros del dinero, Miceli expuso ante la Justicia su segunda y contradictoria versión sobre «la bolsa». Dijo que en realidad no fue su hermano Horacio, sino su también hermano José Rubén, quien le prestó los dólares. Y que los pesos no eran de ella, sino de «una allegada». «Dio el nombre de Horacio para no exponer a Rubén, que iba a ser operado el 17 de julio», argumentó su defensa.

Con cada nuevo avance judicial, sin embargo, Miceli comenzó a percibir cómo le soltaban la mano desde la Casa Rosada.

Como a fines de 2007, cuando la procesó la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, y la exministra envió su primera advertencia: «No voy a ser un chivo expiatorio para tapar cosas».

Dos meses después, Miceli ofreció otra muestra de sus sentimientos ambivalentes. Por un lado criticó la política antiinflacionaria del Gobierno (aun cuando el desmadre de Moreno en el Indec comenzó durante su gestión ministerial); por el otro, apoyó las retenciones al campo.

Su derrotero judicial demuestra, sin embargo, cuál puede ser el destino de todo aquel exfuncionario que carece de «protección» oficial.

Porque pertenecer al sistema tiene sus privilegios… y no pertenecer, sus evidentes consecuencias.

Apenas cuatro meses después de que Servini de Cubría la procesara, la sala II de la Cámara Federal porteña, considerada la sala «independiente», confirmó esa decisión.

Integrada por los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun, la Sala II ratificó que Miceli había encubierto el origen ilegal de parte del dinero descubierto dentro de la bolsa, que consideró probado que había salido en forma ilícita de la cooperativa.

No solo eso.

También responsabilizó a la exfuncionaria por la destrucción del acta policial en la que se asentó la aparición del dinero.

Miceli encarnó de esa forma una reformulación del «teorema de Baglini», llamado así por el exdirigente radical Raúl Baglini, quien expuso que los partidos y candidatos tienden a reducir las promesas y frases disparatadas que lanzan al viento cuanto más se acercan al poder.

Para la exministra, el teorema registraba una variación: cuanto más alejada del poder está una persona, de menos protección goza y mayores son sus probabilidades de afrontar una Justicia independiente.

Acaso por eso, en 2010 vio cómo también avanzaba la pesquisa por su presunto enriquecimiento ilícito.

En 2011, afrontó su indagatoria por la sospechosa venta de un frigorífico mientras era titular del Banco Nación.

En 2012, debió encarar el juicio oral por la bolsa de dinero, más otra acusación por dádivas.

Y, de remate, a fines de ese mismo año llegó su condena a 4 años de prisión por los delitos de «encubrimiento agravado» de una supuesta maniobra financiera ilícita, y «sustracción y ocultamiento de documento público», por la desaparición del acta policial. Además se pidió el decomiso de $ 100 000 de la bolsa. Es decir, una pena de prisión efectiva, que apeló de inmediato.

Pero harta, se encargó de explicitar su fastidio ante la versión judicial de aquel teorema reformulado de Baglini.

«Fui ministra del Ejecutivo, pero llegué desde un lugar desde el cual no llegan los ministros de Economía. No tuve una estructura de poder propia y muchos otros ministros sí la han tenido, y aquí lo estoy pagando», dijo en la puerta de los Tribunales, apenas minutos después de escuchar la sentencia. «En la Justicia hay hijos y entenados».

La gestión de la propia Miceli demuestra que, en efecto, careció de «estructura de poder propia», como ella misma definió.

Porque llegó después de Lavagna, sostenida apenas por Alberto Fernández, sin el back-up del Presidente, con el que, por ejemplo, podía ufanarse —⁠y en efecto se ufanaba⁠— Ricardo «Karateca» Jaime, y sin la red de protección posterior de los operadores judiciales del Gobierno.

Porque, en efecto, Miceli nunca contó con los guardaespaldas tribunalicios que sí fatigaron despachos a favor de «Furia», la Presidenta y su familia, De Vido y sus amigos, Echegaray y tantos más. Nunca jugaron para ella los Javier Fernández, José María Olazagasti, Alfredo «Freddi» Lijo, Julio «Coco» Ballestero, Miguel Ángel Pichetto y tantos interlocutores más de la Justicia de las últimas dos décadas.

Y, eso, porque Felisa no era «del palo».

Porque ella no integraba «la pingüinera».

Y a los hechos hay que remitirse: Kirchner siempre defendió a los propios, como Carlos Zannini, Echegaray, De Vido, Ricardo Jaime, José López y Osvaldo Sanfelice, entre otros, como así también se encargó de velar por la suerte de Lázaro Báez o de Rudy Ulloa y varios más. Pero fuera de ese círculo cerrado, «el resto podía ser enviado a los leones», como planteó a este autor un operador que hizo de las suyas para él.

¿Se combinó, encima, su ajenidad a la «pingüinera» con que pretendió moverse por su cuenta en circuitos desconocidos? Muchos años después, eso argumentó uno de los máximos colaboradores de la entonces Ministra a este autor. «Si te cortás solo, la sufrís solo», planteó.

Quien tampoco pareció entender ese teorema, al menos mientras iba en ascenso, fue Amado Boudou, quien como ministro de Economía y candidato a vicepresidente se daba el gusto de ir al programa de televisión Sábado bus de Nicolás Repetto, tocaba su guitarra en los actos de campaña y hasta ofrecía una suerte de visita guiada a los periodistas de la revista Rolling Stone que lo entrevistaron en 2011.

«“Ese es el famoso baño de Felisa”, comenta Boudou, señalando el lugar que fue escenario del affaire (la bolsa con dinero) que terminó sacando a Felisa Miceli del Ministerio», explicaría a sus lectores el cronista de la Rolling, Juan Morris, que de inmediato aportó una descripción del ambiente, como estaba cuatro años después de aquel fatídico hallazgo.

«El baño es amplio, tiene piso de mármol, paredes color crema, un espejo enorme, y hoy vemos una crema de afeitar, una pasta de dientes Squam, una botella de agua vacía y una pila de CD entre los que hay un Manual de marketing y comunicación política y “Efecto rock”, el último disco de Lovorne, la banda del hijo de Pappo. Dos títulos que podrían definir a Boudou», estimó Morris.

Ya en 2013, la lluvia ácida continuó cayendo sobre Miceli, con otra indagatoria más. Esta vez, por su rol en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, sacudida hasta sus cimientos por el escándalo de Sueños Compartidos, del que tampoco salió bien parada, aunque ella intentó despegarse del caos.

«Nunca he sido, ni soy, directora financiera de la Fundación, ni he ejercido cargo alguno relacionado con las finanzas ni el manejo de los recursos de la entidad. Tampoco he confeccionado auditoría alguna ni informes relacionados con los estados financieros y/o contables de la Fundación», se desmarcó la exministra.

Pero como parte de un recorte presupuestario, Bonafini la echó.

«Informamos que el Centro de Estudios y Monitoreo de las Políticas Públicas (CEMoP), creado por la economista Felisa Miceli, a partir del mes de septiembre del corriente año, ha dejado de pertenecer a la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, así como a la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Agradecemos tomar nota de esta nueva situación para evitar confusiones a futuro», señaló Madres a través de un comunicado de prensa que ni siquiera firmó Hebe de Bonafini.

Recién en 2014, la exministra logró cosechar una buena noticia judicial, si es que así puede categorizarse. Dos integrantes del máximo tribunal penal del país, la Cámara de Casación, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar, cercanos al Gobierno, confirmaron su condena, pero ordenaron la revisión de la pena.

Así fue.

En abril de 2015, el Tribunal Oral Federal N.º 1 —⁠integrado por Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Pablo Laufer⁠— bajaron la pena de 4 a 3 años, por lo que Miceli evitó seguir los pasos de María Julia Alsogaray y terminar en prisión, ya que con ese año menos se convertía en condena de cumplimiento condicional, no efectivo.

El origen del dinero hallado en la bolsa, sin embargo, es aún un misterio irresuelto.

Algunos, entre los que se incluyen los integrantes del Tribunal que juzgó y condenó a la exministra, apuntan hacia la Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada.

De hecho, el presidente de esa cooperativa, Miguel Rutenberg, al igual que su vice, el secretario, el tesorero y el protesorero llegaron a ser indagados en otra causa, y por presunta defraudación, en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero.

Otros, sin embargo, señalan hacia otra cooperativa, pero de Bahía Blanca con sucursales en otras ciudades bonaerenses, en Río Negro y Neuquén. Una cooperativa que Miceli visitó a fines de mayo de 2007, dos semanas antes del hallazgo.

En Tribunales, algunos tampoco descartan la hipótesis de que la bolsa correspondiera al pago de sobresueldos para ella y sus más cercanos colaboradores, dado que se trataba de principios de mes. O del pago de una coima, al estilo De Vido con la constructora Kank y Costilla —⁠hoy bajo el control de Lázaro Báez⁠—, ya que si hay un lugar donde no suelen instalarse cámaras de seguridad, es en los baños.

Miceli, sin embargo, mantiene y reafirma su versión de los hechos. Repite ante quien quiera escucharla que el dinero se lo prestaron para una operación inmobiliaria y que, como dijo en 2012 al diario Tiempo Argentino, todo «fue una gran cama».

Ya condenada, pero salvada de terminar en prisión, Miceli solo dijo sentirse «arrepentida de haber llevado el dinero» al Ministerio. «Fue un error», lamentó. Y como encarnación viva del teorema reformulado de Baglini, sin una «estructura de poder propia», como se caracterizó a sí misma ya desde el llano, marcó una línea roja: «Nunca jamás voy a ocupar un cargo público. Ya aprendí la lección».

«¿Usted se da cuenta, por ejemplo, que a mí me condenaron por encubrimiento de un delito que, según el tribunal, lo cometió la cooperativa Cuenca, pero sus directivos gozan de perfecta salud y ni siquiera fueron procesados? ¿Cómo me explica eso?», planteó Miceli a este autor, a fines de junio de 2015.

—¿Le faltó cobertura política?

—No sé si eso. Pero no me sentí protegida, no.

—¿Por qué?

—Porque yo llegué al Ministerio como una técnica, no por razones políticas, y a Kirchner lo conocí a través de Lavagna, al que a su vez conozco desde que era estudiante universitaria.

—¿Y entonces?

—Mi caso es muy diferente quizás al de otros, porque yo no me movía con operadores políticos. Además, el kirchnerismo cambió mucho durante los últimos años; recuerde que yo estuve casi en el principio.

—¿Eso explica las distintas realidades que vive usted y otros funcionarios en la Justicia?

—No, no. Mi caso no es comparable al de la Presidenta o algunas personas de su entorno, sus principales colaboradores. Jamás me moví con ese nivel de poder.

—¿Qué quiere decir?

—No tenía las conexiones políticas para operar sobre la Justicia como sé que ocurre desde el sector público y también desde el sector privado, porque tampoco vamos a hacernos los ingenuos. Todos sabemos cómo se mueven, por ejemplo, en la City[6].

G / Gils Carbó

«Yo nunca fui oficialista y sigo siendo la misma persona», reclamó la procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó, el 5 de mayo de 2015. «Con respecto a la injerencia del Poder Ejecutivo en mi gestión, no tiene fundamento. Que a alguien se le ocurra hacer una campaña sobre esto sin fundamento es distinto de la realidad».

Y Gils Carbó tiene razón.

Ella no se convirtió en oficialista.

El oficialismo se plegó a ella.

El kirchnerismo es «gilscarbista».

Porque ella siempre fue una rebelde en el sistema, al punto de enfrentarse —⁠y denunciar⁠— a toda la Cámara Comercial en la que ella trabajaba como fiscal. Y, como devolución de gentilezas, la Cámara en pleno la denunció, en octubre de 2010, ante la Corte Suprema de Justicia y la Procuración General.

Pero eso no quita que se hayan juntado el hambre y las ganas de comer. Y que el Gobierno y Gils Carbó, juntos, hayan impulsado medidas, proyectos y polémicos nombramientos, en su mayoría de la agrupación Justicia Legítima para «democratizar» el Poder Judicial, según ellos; o para «colonizarlo» con «militantes», según sus críticos.

Abogada desde 1981, funcionaria judicial desde 1987 y fiscal general desde 2004, cuando Néstor Kirchner elevó su pliego, Gils Carbó le dejó clara su independencia como fiscal muy pronto. Se opuso a la reestructuración de la deuda de Cablevisión, del Grupo Clarín, e intentó frenar el acuerdo preventivo de acreedores (APE), que ella consideró la «piedra angular» para su fusión con Multicanal.

Eran tiempos en que los Kirchner y Clarín eran amigos.

Eran parte del mismo sistema.

Ella no la pasó bien.

Hay quienes recuerdan su llanto, cargado de impotencia y frustración, ante algunos ataques que consideraba injustos.

Pero el tiempo pasa y las alianzas cambian.

Kirchner y Clarín se enfrentaron.

Y el Gobierno «descubrió» a Gils Carbó, como también recordó a José «Pepe» Sbattella, el economista que en marzo de 2008 renunció a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tras perder su pelea interna con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Y como también sumó al relator Víctor Hugo Morales, que suele repetir un latiguillo: «El Gobierno ha cambiado; yo no cambié en nada».

Para Sbattella, autorizar la fusión de Cablevisión y Multicanal implicaba crear un monopolio (o casi). Y antes de firmar eso prefirió irse a su casa. Hasta que a principios de 2010, y ya con el Gobierno y Clarín en dos esquinas enfrentadas del ring, lo reactivó la Presidenta para entonces sí ponerle el protector bucal y dejar que atacara.

Gils Carbó vivió algo similar. Pasó de ser una outsider a ser vista como una estrella naciente en el firmamento kirchnerista. Como cuando desde su rol de fiscal general en lo Comercial intervino en el expediente de Papel Prensa, se opuso a los jueces de la Cámara y defendió la estrategia que impulsaba Moreno.

Y a eso se sumó que su pliego para reemplazar al renunciante Esteban Righi en la Procuración llegó tras el papelón que protagonizó el titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), Daniel Reposo, con su currículum plagado de «errores de tipeo».

Fueron tiempos que el kirchnerismo prefiere ahora olvidar. No solo por el papelón de Reposo, sino porque evaluaron postular al fiscal de la Unidad Fiscal AMIA, Alberto Nisman, por entonces de gran sintonía con la Casa Rosada, antes de que se convirtiera en Satanás.

La opción Nisman, sin embargo, no cuajó, y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, llamó a la fiscal en lo Comercial, para beneplácito de propios y extraños.

«Alejandra Gils Carbó es una candidata de lujo», la refrendó el entonces diputado nacional y extitular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido. «Las denuncias contra ella son todas truchadas y operaciones. La banco», afirmó.

Hoy Garrido no piensa lo mismo.

En especial, por la denuncia que Gils Carbó presentó contra el fiscal José María Campagnoli, que fue suspendido en su cargo y debió afrontar un juicio político por su pesquisa contra el empresario Lázaro Báez. «Está claro que detrás de este jury hay otra cosa», se lamentó Garrido, que la consideró «la represalia por haber actuado en manera proactiva en un tema contra el Gobierno».

Gils Carbó asumió el 29 de agosto de 2012 y desde entonces acumuló defensores y detractores.

Sus defensores consideran que las críticas provienen de aquellos que defienden el statu quo y buscan debilitarla porque avanzó contra intereses políticos, económicos o empresariales, o contra sectores poderosos que protagonizan delitos de cuello blanco.

Sus detractores, en cambio, la acusan de nombrar y sostener como fiscales ad hoc a kirchneristas fervientes y militantes de Justicia Legítima que asumen para garantizarles la impunidad a la Presidenta y a sus principales funcionarios. Y que las reformas del Código Procesal Penal y de la ley del Ministerio Público le darán aún más poder discrecional para proteger a los amigos y perseguir a los enemigos.

Así, el fiscal federal —y por tanto subalterno de Gils Carbó⁠— Guillermo Marijuán la denunció por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad porque consideró que la Procuradora no siguió los procedimientos previstos ante el pedido de remoción del fiscal antilavado (Procelac), Carlos Gonella, a pedido del juez federal Claudio Bonadío.

Pero tras la denuncia de Marijuán, más de 80 fiscales y funcionarios salieron a apoyar a Gils Carbó, las designaciones que propuso y sus planes de reforma. Sus críticos, contraatacaron sus defensores, «se suman a la campaña de criminalización de la gestión».

Las objeciones que acumuló a su paso son múltiples:

—Por su aparente inacción o desinterés para combatir la corrupción en la administración pública, al punto de no haber creado una procuraduría con ese objetivo, más allá de que una de las áreas de trabajo de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) apunte a los delitos contra la administración pública.

—Por nombrar a numerosos fiscales ad hoc, que no contaban con los requisitos necesarios, pero pertenecían a Justicia Legítima, o incluso casos como el de una colaboradora que optó por la vía directa para escrachar al exministro de Economía, Domingo Cavallo, en la UCA, y terminó luego como fiscal federal en Concordia.

—Por retacearle la colaboración al fiscal Nisman cuando recibió una invitación del Congreso de Estados Unidos para dar un informe sobre la infiltración iraní en varios países de América Latina, luego de que la Casa Rosada firmara el pacto con el régimen de Teherán.

—Por quitarle al fiscal federal Eduardo Taiano la subrogancia de otra Fiscalía, la N.º 5, porque en la causa Papel Prensa rechazó dos veces pedir las indagatorias de Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre con escritos que le acercaron desde la Procuración. A Taiano —⁠uno de los fiscales que no apeló el sobreseimiento de los Kirchner que dictó el juez Norberto Oyarbide en la no pesquisa por enriquecimiento ilícito, además de fiscal instructor de la megacausa ESMA⁠— lo reemplazó como subrogante Leonel Gómez Barbella, que dos meses después sí pidió esas indagatorias, que de inmediato rechazó el juez federal Julián Ercolini.

—Por cómo actuó el sector del Ministerio Público más afín a la Procuradora en las investigaciones sobre los hoteles de la Presidenta («caso Hotesur»), Lázaro Báez, el valijero Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar («la ruta del dinero K»).

—Por impulsar una reforma del Ministerio Público que otorga más poder al procurador de turno —⁠sea ella o quien la suceda algún día⁠—, debilitando la autonomía de los fiscales y reduciendo el rol del Congreso para la designación de fiscales y la creación de fiscalías.

—Por su fallido intento por echar al fiscal Campagnoli.

—Por el respaldo que brindó al titular de la Procelac, Gonella.

Porque es muy probable que Campagnoli y Gonella sean los apellidos con los que su gestión quede asociada para siempre.

—Campagnoli: porteño, clase 1961, viudo, fiscal del fuero ordinario desde 1993, donde integró «Los Centauros», un grupo de fiscales que incluyó también a Pablo Lanusse y a Ana Yacobucci, entre otros, que respondían al fiscal general del fuero, Norberto Quantín, a quien Campagnoli acompañó en 2003 a la Secretaría de Seguridad cuando Gustavo Béliz asumió como el primer ministro de Justicia de Kirchner. Tras la caída de Béliz por enfrentarse a la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) y al agente Antonio «Jaime» Stiuso, Campagnoli retornó a una fiscalía. Considerado un «duro» —⁠acumuló 20 denuncias penales por supuestos abusos de autoridad o presuntas irregularidades en sus pesquisas⁠—, recibió varias denuncias entre 2011 y 2012 contra Elaskar, y al poco tiempo de investigar detectó que ocultaba detrás una presunta operatoria de extorsiones y lavado de activos vinculada a Báez. A partir de ahí —⁠y más aún desde la difusión de la llamada «ruta del dinero K» en el programa de Jorge Lanata, en abril de 2013⁠— avanzó contra el empresario y varios de sus colaboradores, como el contador Daniel Pérez Gadín (que también asesoraba al hotel Alto Calafate de los Kirchner), a los que llegó a llamar a indagatoria, junto con la jueza María Gabriela Lanz. Pero Gils Carbó denunció a Campagnoli. Lo acusó de extralimitarse en sus facultades al modificar el objeto de la investigación, cuando otra causa se había abierto ya a ese fin en los tribunales federales de Comodoro Py. En diciembre de 2013 fue suspendido de su cargo y debió afrontar un jury político, que en julio de 2014 decidió restituirlo en su cargo por 4 votos contra 3. Mientras que para la oposición y un sector de la prensa Campagnoli fue víctima de una persecución política por investigar al poder, desde el kirchnerismo y la prensa oficialista y paraoficialista el fiscal había desempeñado mal su cargo.

¿Qué había detectado Campagnoli?

Que los 50 millones de euros en negro que Báez habría sacado del país con la ayuda de SGI, la financiera de Elaskar en Puerto Madero conocida como «La Rosadita», pasaron luego por Panamá, el fondo suizo Helvetic Services Group y Nevada, Suiza, y regresaron lavados mediante la compra de títulos de la deuda soberana argentina a través de la sociedad bursátil Financial Net, y quedaron depositados en una cuenta de Austral Construcciones en la sucursal Plaza de Mayo del Banco Nación, frente a la Casa de Gobierno.

«Creo que no me equivoqué en nada», redobló la apuesta Campagnoli, al volver a su fiscalía, en julio de 2014. «Mis investigaciones preocuparon a poderosos y se generó esta instancia de juicio político y persecución. Me he sentido muy acompañado por mis colegas, asociaciones de fiscales se refirieron en términos muy duros al juicio político. Fue un intento de disciplinar a los fiscales para que no sigan adelante con investigaciones de este tipo», argumentó.

Gonella: cordobés, clase 1975, integrante de Justicia Legítima (pero no de La Cámpora), casado con una funcionaria de la Secretaría de Cultura; secretario de Fiscalía, en 2008 asumió como fiscal general subrogante en Córdoba y un año después consiguió la primera condena por lavado en la historia argentina. Fiscal general designado para actuar ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa, rumbeó sin embargo hacia Buenos Aires para asumir al frente de la Procelac. Allí fue procesado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por el supuesto direccionamiento de la naciente investigación sobre la «ruta del dinero K», al excluir a Báez durante los primeros días de la pesquisa. La Cámara Federal confirmó su procesamiento, pero Gonella lo considera parte de una «operación» de un sector de la Justicia en contra de Gils Carbó y sus colaboradores, además de una forma de golpear al Gobierno, sospechado de proteger a un empresario demasiado cercano a la familia presidencial. Por eso apeló el fallo ante la Cámara de Casación.

«Ese es un caso que se ha politizado, un caso resonante que se mediatizó», planteó Gonella ante la consulta de este autor. Afirmó que «de ninguna manera» protegió a Báez y destacó que la Procelac actuó de oficio solo horas después de que Elaskar y Fariña aparecieran en el programa Periodismo Para Todos, el domingo 13 de abril de 2013. Apenas cinco días después, añadió, envió todo el material recabado a la Justicia. «Se cursó la imputación contra Elaskar y Fariña, y se dejó abierta con respecto al resto de las personas», insistió.

Gonella también afronta una segunda causa, en la que pretende indagarlo el juez federal Claudio Bonadío. Se lo acusa de violación de secreto y abuso de autoridad cuando tuiteó que la jueza Lanz —⁠la que investigaba la «ruta del dinero K» con Campagnoli⁠— había sido imputada en una causa por presunto lavado junto con su pareja, un narcotraficante español condenado a 20 años de prisión por la Procelac.

Para Gonella, la denuncia de Lanz no fue más que una «persecución por algo que no es delito»; para la jueza, el titular de la Procelac buscó castigarla y desprestigiarla con la difusión mediática de datos tergiversados como represalia porque ella había convalidado la actuación de Campagnoli en la investigación sobre la «ruta del dinero K», por lo que inició una querella contra el titular de la Procelac y el otro fiscal involucrado, Emilio Guerberoff.

Entre Campagnoli y Gonella, la Procuradora les dejó claro a los senadores por quién se inclinaba. «Yo le dije a Gonella cuando lo designé: “Vas a ser el fiscal más perseguido”, y así fue», ironizó el 5 de mayo de 2015, al defender en el Congreso el paquete de leyes de implementación del nuevo Código Procesal Penal que presentó y promovió la bancada oficialista.

Si quedaban dudas, la Procuradora reforzó su defensa cuando la diputada Patricia Bullrich le preguntó por qué no repetía con Gonella la misma celeridad para iniciarle un jury que mostró con Campagnoli.

«No se puede comparar, son casos totalmente diferentes», le retrucó la Procuradora, a pesar de que Bullrich le recordó que Gonella arrastra un procesamiento confirmado por la Justicia federal, mientras que Campagnoli no contaba siquiera con una imputación penal cuando ella pidió que se le iniciara un jury político.

Fue entonces cuando la Procuradora se molestó con Bullrich, que la acusó de responder a la Casa Rosada. «Eso no tiene fundamento. Tenía 20 años en el Ministerio Público cuando los senadores analizaron mi trayectoria y me designaron. Jamás adopté posiciones oficialistas, al contrario. Di pruebas de mi independencia. Yo nunca fui oficialista y sigo siendo la misma persona, no cambié», planteó.

Durante una entrevista con este autor, Gils Carbó reafirmó esa posición: «Nunca tuve una actividad militante y, menos, oficialista».

«Cuando impugné la fusión Multicanal y Cablevisión, el presidente Néstor Kirchner la estaba aprobando», se defendió. «Otra actuación importante mía fue por Sociedad Comercial del Plata, en el que la carátula del expediente era “Banco Nación s/estafa”, y en el momento del hecho la titular del banco era Felisa Miceli, y en el momento que hice la denuncia era ministra de Economía de Kirchner. Y más adelante seguí con la misma conducta. Cuando el fiscal (Carlos) Brito pidió la indagatoria de Milani (jefe del Ejército), Milani solicitó su remoción e inmediatamente lo rechacé. Durante mi gestión fue procesado el vicepresidente de la Nación (por Amado Boudou), un hecho que jamás había tenido lugar, fue condenada Felisa Miceli, y el fiscal (Gerardo) Pollicita impulsó y apeló el desistimiento de la denuncia promovida por Alberto Nisman. El mismo Nisman, al día siguiente de presentar la denuncia, estuvo en la pantalla de TN agradeciendo lo gentil que había sido yo siempre y el apoyo que siempre recibió de mí».

—¿Por qué cree entonces que la tildan de oficialista? —⁠le insistió este autor.

—Creo que eso proviene de sectores políticos y grandes corporaciones económicas interesados en instalar esa versión.

Justicia Legítima comparte esa visión; pero no así la Asociación de Fiscales y Funcionarios, que le enrostró la progresiva «politización» del Ministerio Público y las crecientes «presiones» para favorecer al Gobierno o a un determinado partido político, y denunció que se ocupan fiscalías con subrogantes «sin necesidad o urgencia» que así lo justifique, al tiempo que consideró que «se menoscaba e ignora a fiscales con años de carrera».

La Asociación por los Derechos Civiles arribó a conclusiones similares al completar un análisis sobre el proceso de selección de fiscales. Señaló «problemas con el diseño de los exámenes escritos, la escasa celeridad de los procedimientos, y la falta de un comité evaluador imparcial para evaluar las impugnaciones, entre otros», lo que vino a complementar un informe anterior que exponía que el 28 % de los fiscales eran subrogantes.

¿El sistema?

Quedarse en Gils Carbó es, sin embargo, concentrarse en apenas una pieza de un rompecabezas institucional que es mucho más complejo, de un sistema con claras y crecientes falencias —⁠pero también honrosas excepciones⁠—, que abarca organismos de control y áreas específicas que dependen de los tres poderes del Estado, a los que de manera recurrente se ha buscado debilitar. Entre otros:

—Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia: poco y nada quedó del área que, dentro de la Jefatura de Gabinete, lideró Marta Oyhanarte entre 2003 y 2009. Fundadora de Poder Ciudadano, legisladora porteña por la Alianza e integrante del Diálogo Argentino, se marchó cuando el entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández —⁠del cual dependía⁠—, promovió el arribo de un grupo de militantes de La Cámpora liderado por Andrés «Cuervo» Larroque. «Nos dimos cuenta de que eran informantes. A medida que se enteraban de actividades en marcha, recibíamos la orden de suspenderlas. También pedían listas de empleados y sus tareas, que derivaron en sus pedidos de renuncia. Notamos que teníamos intervenidos los teléfonos», relató la exfuncionaria al mes de renunciar. Oyhanarte recuerda perfecto el mensaje que le envió Fernández: «No nos interesa la construcción de ciudadanía». Más aún, cuando ella se marchó, su área se llenó de barrabravas. Y tras varias gestiones, en 2015 tomó las riendas Leandro Santoro, el militante de la juventud radical de los tuits incendiarios contra el kirchnerismo, que responde al radical K Leopoldo Moreau —⁠su exsuegro⁠—, y que sumó minutos al aire en 6,7,8 y pasó a integrar la fórmula porteña junto a Mariano Recalde, otro referente de La Cámpora.

—Sindicatura General de la Nación (Sigen): desde el arribo de los Kirchner a la Casa Rosada, el organismo dependiente de la Presidencia a cargo de las auditorías internas dentro del Ejecutivo y otros organismos reguladores, universidades nacionales y empresas estatales mostró varias señales de alarma. Al punto que ya en marzo de 2004, el Informe Global de Corrupción de Transparencia Internacional (TI) alertaba que Néstor Kirchner «no ha roto totalmente con las prácticas del pasado», lo que ejemplificaba con la designación de Alessandra Minnicelli como número dos de la Sigen. «Dado que ella es esposa de Julio De Vido, ministro de Planificación Federal —⁠el principal Ministerio que la Sigen debe monitorear⁠—, se da un claro conflicto de intereses». Nada pasó. Tras años de relativa inacción bajo el mando de Julio Vitobello —⁠que solía jugar de cinco en los partidos de fútbol de los viernes por la noche en la Quinta de Olivos junto con Kirchner, duro zaguero central con una camiseta de Racing⁠—, luego fue aún peor. Asumió Daniel Reposo, cuyo currículum acumuló «errores de tipeo» que le impidieron ser procurador, aunque el juez federal Rodolfo Canicoba Corral se encargó de sobreseerlo. ¿Su número dos? Rodrigo Cuesta, abogado de Justicia Legítima y de buena relación con el ministro de Economía, Axel Kicillof, en junio de 2015 fue propuesto para fiscal general ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y en lo Contencioso Administrativo Federal.

—Auditoría General de la Nación (AGN): complemento de la Sigen, la AGN funciona como control externo de la administración pública. Depende del Congreso y la preside un auditor elegido por el partido opositor con mayor número de legisladores. Desde 2002 la encabeza el puntano Leandro Despouy. Durante los últimos años completó duros informes sobre el descontrol en las fronteras, Sueños Compartidos (Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender y Ministerio de Planificación Federal), la televisión digital, las deficiencias del sistema ferroviario (Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y los concesionarios), Aerolíneas Argentinas (Grupo Mata y gestión oficial), la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Dirección Nacional de Vialidad y el Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), en tiempos de Claudio Uberti, entre muchos otros. Pero Despouy debió superar repetidos intentos por derribarlo o limitar sus atribuciones por parte del oficialismo —⁠e incluso del radicalismo, molesto con su permanencia al frente de la AGN… o sus denuncias⁠—, además de lidiar con la mayoría oficialista en el cuerpo de auditores, integrada por Vicente Brusca, Vilma Castillo, Oscar Lamberto y Javier Fernández, durante años el principal operador de la Casa Rosada ante los jueces federales de Comodoro Py, en tándem con el jefe operativo de ex SIDE, Stiuso. ¿Una curiosidad? Postergado en presupuesto e infraestructura, la AGN debió esperar durante años la entrega de su nueva sede, en la avenida Rivadavia al 1700, al punto de denunciar a la firma a cargo de la restauración, Viani SA. El controlante de la empresa, Andrés Galera, estaba imputado en el «caso Skanska» como supuesto «valijero» del Ministerio de Planificación Federal.

—Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA): dentro de la Procuración General, es el órgano especializado en la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la Administración Nacional. Tras años de estancamiento, en noviembre de 2003 asumió por concurso el hasta entonces titular de la Oficina Anticorrupción, Manuel Garrido. Pero tras radicar denuncias e impulsar investigaciones contra el matrimonio Kirchner, la exministra de Economía Felisa Miceli, el secretario de Transporte Ricardo Jaime, el secretario de Medios Enrique Albistur, el jefe del Ejército Roberto Bendini o el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, y la intervención del Indec, entre otros, Garrido presentó su renuncia en marzo de 2009, molesto por lo que calificó como un «recorte de facultades» que había dispuesto el procurador general Esteban Righi. Como subrogante al frente de la FIA quedó Guillermo Noailles, quien tras años de extremo bajo perfil ganó sus cinco minutos de fama a fines de ese mismo año, cuando no apeló el sobreseimiento del matrimonio presidencial que dispuso el juez federal Norberto Oyarbide en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Recién cinco años después, a fines de 2014, asumió un nuevo fiscal, Sergio Rodríguez, quien pasó antes por la Oficina Anticorrupción y la gerencia de Sumarios Penales de la Anses.

—Procelac: también dentro de la Procuración General, con el arribo de Gils Carbó se crearon varias unidades especializadas de investigación. Entre ellas, la llamada Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), con la que se reemplazó a la unidad fiscal antilavado que lideró hasta su disolución el fiscal federal de Casación Raúl Plee. A poco de abrir sus puertas, la Procelac acumuló críticas por un sesgo demasiado cercano al oficialismo, ya que participó en operativos contra, por ejemplo, cuevas financieras y «arbolitos» como parte de la ofensiva del Gobierno contra el dólar «blue». A eso se sumó la supuesta protección que le habrían brindado a Báez cuando estalló el escándalo por la «ruta del dinero K». Por ese motivo, el titular de la Procelac, Gonella, terminó procesado por la Justicia, decisión que confirmó la sala II de la Cámara Federal pero que Gonella enmarca dentro del enfrentamiento entre distintos sectores del Poder Judicial y una campaña contra la Procuradora y el Gobierno. Él afirma que intenta avanzar contra los delincuentes de «cuello blanco» —⁠es decir, los responsables de los grandes delitos económicos⁠—, pero el desafío que afronta es mayúsculo. «Es difícil investigar al poder», le reconoció a este autor, en abril de 2015.

—Unidad de Información Financiera (UIF): complementaria de la Procelac, los titulares de la unidad antilavado acumularon múltiples denuncias penales en su contra durante los últimos años. En particular, por el supuesto uso del organismo como herramienta política para la persecución de «enemigos» del Gobierno —⁠entre otros, Francisco de Narváez y el Grupo Clarín; y entre los más recientes, el HSBC⁠— y la protección de sus funcionarios o dirigentes amigos. Eso llevó a la caída a principios de 2010 de su titular, Rosa Falduto, que había recibido la orden directa de la Casa Rosada de avanzar contra Clarín, como reveló este autor. Para entonces, la unidad antilavado estadounidense (FinCen) ya había roto relaciones con la UIF por la filtración en Página/12 de un informe que había enviado a Buenos Aires sobre De Narváez. A Falduto la reemplazó José Sbattella, quien sí cumplió con la orden de la Rosada y creó un «grupo de tareas», al tiempo que ordenó el archivo de más de 1000 alertas y nombró dentro de la UIF a familiares, amigos y compañeros de militancia sin experiencia antilavado. Entre sus logros, Sbattella logró sacar al país de la llamada «lista gris» del GAFI —⁠el principal foro antilavado del mundo⁠—, al tiempo que impulsó una nueva ley que dotó con mayores facultades legales a la UIF, que protagonizó más acciones e inspecciones y comenzó a aplicar multas. Sin embargo, Sbattella también sumó denuncias en su contra por el «cajoneo» de alertas sobre Amado Boudou, Lázaro Báez, el banquero Jorge Brito, el financista Ernesto Clarens y, mientras fueron oficialistas, Sergio Schoklender y Hugo Moyano, entre otros. Cuando el diputado radical Ricardo Buryaile, que integra la Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros del Congreso, le preguntó a Sbattella en junio de 2015 por qué la UIF no investigó a Báez con el mismo celo que a otros reportados, su respuesta fue más propia de un apologista del empresario que de un técnico antilavado independiente: «Ganó licitaciones durante más de 20 años, facturó más de 2000 millones de pesos, y nadie pudo demostrarle un ilícito».

—Oficina Anticorrupción (OA): creado durante el gobierno de la Alianza, funciona bajo la órbita del Poder Ejecutivo, sin autonomía funcional y financiera. En teoría debe investigar posibles actos de corrupción y controlar las declaraciones juradas de bienes de funcionarios del Poder Ejecutivo, pero afronta desde hace años una virtual parálisis, con sucesivos recortes dispuestos, entre otros, por Aníbal Fernández como ministro de Justicia, bajo órdenes de la Presidenta. Tras la muerte de Abel Fleitas Ortiz de Rosas, a comienzos de 2009 asumió el extitular de la Sigen, Julio Vitobello, quien superó los reclamos de la oposición, que le reclamó que renunciara luego de que en 2011 prorrogara dos veces la fecha límite para presentar las declaraciones juradas hasta después de las elecciones presidenciales, para así evitarle un dolor de cabeza a la Presidenta. Según datos oficiales de su informe de gestión, entre 2003 y 2013 la OA apenas investigó a 164 funcionarios y exfuncionarios por su supuesto enriquecimiento ilícito; la mayoría de los casos se encontraba «en estudio» y solo 44 se remitieron a la Justicia. En cuanto a las declaraciones juradas, tras una reforma que desde la Casa Rosada afirmaron que apuntaba a darles mayor transparencia, en la práctica ocurrió lo contrario: hoy aportan muchísima menos información sobre los patrimonios de los funcionarios.

—Defensoría del Pueblo de la Nación: una institución autárquica e independiente creada para defender y proteger «los derechos, garantías e intereses» tutelados por la Constitución y las leyes «ante hechos, actos u omisiones de la Administración», la Defensoría puede iniciar investigaciones sobre el Gobierno y empresas de servicios públicos, «aún las privatizadas». Eso le permitió durante la última década, de la mano de su entonces titular Eduardo Mondino, husmear en la «diplomacia paralela» con Venezuela —⁠y recabó datos concretos sobre los presuntos pedidos de coimas alrededor de Claudio Uberti y la firma intermediaria Palmat⁠—; alertó que las autoridades incumplían con las órdenes de la Corte Suprema para sanear el Matanza-Riachuelo y que, por lo tanto, debían ser multadas; demandó al Estado para que se fijara un criterio de movilidad para las jubilaciones; y se involucró en los reclamos de la comunidad Qom ante el desinterés del Gobierno nacional. Pero Mondino renunció en abril de 2009 y la Defensoría inició una espiral descendente. Su adjunto, Anselmo Sella, continuó con dificultades y su mandato concluyó a fines de 2013. Desde entonces, sin titular formal desde hace más de seis años, la Defensoría solo puede impulsar las causas que ya inició, pero no puede iniciar nuevas. Con un peronista no kirchnerista, Carlos Haquim, como nuevo interino, el Gobierno se garantizó que hasta el final de su mandato la Defensoría no se convertirá en una trinchera opositora. Y la oposición se conformó con que al menos un oficialista no ocupara ese cargo, cuando desde el Gobierno habían propuesto al exsenador Daniel Filmus y al exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina. Lejos de Mondino, Haquim explicitó su parecer: «La función de la Defensoría es ser mediador entre la ciudadanía y las autoridades. Mi objetivo es ese, no pelearme con el Gobierno»

—Procuración del Tesoro: bajo órdenes directas de la Presidenta, su titular tiene la misma jerarquía que la de un ministro del Poder Ejecutivo y debería ejercer sus competencias «con independencia técnica» para, entre otros objetivos, «instruir investigaciones y sumarios administrativos» en casos previstos por las leyes «y cuando así lo disponga» el propio Ejecutivo. Liderada desde fines de 2010 por Angelina Abbona —⁠una mendocina que estudió en Córdoba y que en 1981 se radicó en Santa Cruz, donde fue fiscal de Estado y titular del Tribunal de Cuentas⁠—, la Procuración se encarga, por ejemplo, de la defensa de la Argentina en los arbitrajes con empresas en el CIADI. Pero en los últimos meses, Abbona debió afrontar denuncias penales por su supuesta inacción frente al grupo español Marsans mientras completaba el presunto vaciamiento de Aerolíneas Argentinas, y por la supuesta malversación de caudales públicos, al destinar fondos de su organismo a defender a la Presidenta tras la denuncia del fiscal Alberto Nisman por el pacto con Irán, negociaciones en las que, además, ella misma participó, a fines de octubre de 2012, en Ginebra.

—Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP): con el arribo de Ricardo Echegaray, la estructura del organismo tributario sufrió constantes cambios estructurales. Así, además de desplazar a infinidad de funcionarios, y designar otros de manera interina, a mediados de 2011, Echegaray disolvió el legendario «grupo E» de sabuesos que investigó algunos de los casos más sensibles de las últimas décadas, desde IBM-Banco Nación hasta Skanska, entre otros. Un año antes, y con la excusa de un supuesto «reajuste del personal», había retirado toda su colaboración a otras de las investigaciones judiciales más relevantes de los últimos tiempos. Le retiró esa ayuda a la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO) y a varias fiscalías del fuero Penal Económico. Así, de un día para el otro los expertos de la AFIP se abrieron, por ejemplo, de la investigación sobre la cueva del BNP Paribas y de la megacausa «Viazzo» de facturas truchas en la que se investigaba a 3000 empresas. Entre ellas, las de varios amigos del poder como Lázaro Báez, y firmas como Skanska. En la misma línea, Echegaray también cerró la Regional Bahía Blanca cuando una pesquisa sobre facturas truchas había llegado hasta Austral Construcciones, ordenó acciones contra críticos del Gobierno —⁠megaoperativo incluido contra el Grupo Clarín⁠— y nombró al frente de la Regional Río Gallegos a la cuñada de Máximo Kirchner.

—Consejo de la Magistratura: creado por la reforma constitucional de 1994, es el órgano dedicado, entre otras funciones, a administrar el presupuesto del Poder Judicial, seleccionar mediante concursos a los postulantes a jueces, aplicar sanciones disciplinarias a los magistrados o decidir la apertura del procedimiento para su remoción. Pero es un secreto a gritos que los concursos se digitan, mientras que desde la reforma que impulsó el Gobierno para darle más peso a la política en las votaciones, la permanencia o caída de ciertos jueces depende más de la Casa Rosada —⁠y de sus acuerdos recurrentes con el radicalismo⁠— que de sus acciones. Así, mientras que el oficialismo le descontó el 30 % de su salario al juez federal Claudio Bonadío —⁠poco después de impulsar la investigación sobre los hoteles de la Presidenta⁠—, su par Norberto Oyarbide acumula denuncias, pero continúa en funciones.

—¿Se manipulan los concursos? —le preguntó este autor en mayo de 2015 al presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia nacional, camarista en lo Civil y Comercial Federal, exsubsecretario de Justicia de la Nación, y vicepresidente hasta fines de 2014 del Consejo, Ricardo Recondo.

—Sí, lamentablemente sí —contestó—. En primer lugar, anoticiando los exámenes a los participantes.

La llave para entender mucho de lo que ocurrió durante la última década (y aún ocurre) dentro del Consejo la guarda un abogado y funcionario público que jamás fue consejero, ni juez: Javier Fernández.

Desde su cargo formal como miembro del colegio de auditores de la AGN —⁠por debajo de Despouy⁠—, Fernández sirvió durante años como enlace predilecto entre Kirchner y Tribunales, junto con «Jaime» Stiuso.

Incluso la Corte Suprema, como cabeza máxima de uno de los tres poderes del Estado, mostró avances y retrocesos durante el kirchnerismo.

Los patagónicos comenzaron con el pie derecho, cuando impulsaron la renovación del tribunal y borraron a los protagonistas de la infame «mayoría automática» que obedecía a Carlos Menem.

Continuó mejor cuando Kirchner se impuso limitaciones a sí mismo para escoger a sus candidatos para conformar la nueva Corte. Para eso estableció un nuevo mecanismo de selección con instancias escalonadas y la participación de la ciudadanía, que podía objetar a los nominados.

Y llegó a ser todavía mejor cuando Kirchner impulsó en noviembre de 2006 que el máximo tribunal del país volviera de manera gradual a contar con solo 5 miembros, su número histórico. Tan aceptada resultó su propuesta que se aprobó, en Diputados, por unanimidad.

Así fue como llegaron a la Corte nuevas caras, como Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Eugenio Raúl Zaffaroni, que se sumaron a los ministros del tribunal excluidos de la depuración: Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda.

Sin embargo, la Casa Rosada empezó a protagonizar chispazos cada vez más recurrentes con la Corte, a la que terminó por enfrentar de manera abierta. Ya fuera por su resistencia a ciertas medidas oficiales —⁠como la Ley de Medios o sus proyectos de «democratización» de la Justicia⁠—, como por su propia integración, que la Presidenta intentó modificar sobre el final de su mandato.

¿Por qué? ¿Qué pasó?

Las muertes de Petracchi y Argibay, sumadas a la renuncia de Zaffaroni en diciembre de 2014, dejaron a la Corte con apenas cuatro miembros: Lorenzetti, Highton, Maqueda y Fayt.

El Gobierno propuso entonces para la vacante de Zaffaroni a Roberto Carlés, un abogado de 33 años que contaba con la supuesta bendición del papa Francisco, pero cuyo pliego mostró indicios claros de empantanarse, por lo que desde la Casa Rosada avizoraron sus opciones:

imponer una lista de conjueces para que, en caso de empate o votación dividida, el sentido del fallo dependiera del conjuez —o los conjueces— ad hoc;

impulsar una nueva ampliación de la Corte a siete (o nueve) miembros;

forzar otra salida de la Corte —que quedaría entonces con tres miembros— y repartirse esas dos vacantes con el principal partido de la oposición, es decir, el radicalismo.

Primera opción: conjueces. El Senado aprobó con los votos de la mayoría simple del oficialismo una lista con 10 nombres de clara sintonía con la Casa Rosada. Pero la Corte declaró nula esa lista porque concluyó que debió aprobarse con el voto de dos tercios de los senadores. Por eso invitó al Gobierno a «respetar las normas de la Constitución Nacional».

Segunda opción: ampliar la Corte. El Gobierno sacó la cuenta de que podría aprobar la ley, pero sería vista como la restauración de la «mayoría automática», en su versión K, con lo que dilapidaría uno de sus mayores activos de toda la década, para encima luego tener que afrontar el mismo escollo de los dos tercios de los votos en el Senado que no logró superar cuando pretendió designar a los conjueces.

Tercera opción: forzar otra renuncia en la Corte.

¿Quién podría ser el ministro saliente?

¿Highton de Nolasco? A los 72 años y con problemas de salud, podría ser una opción, pero simpatiza con el oficialismo en ciertos temas. Ergo, sería perder a una eventual aliada.

¿Lorenzetti? Nacido en 1955, es el más joven, con mejor salud y el ambicioso de sus integrantes, además de su presidente; tampoco.

¿Maqueda? Designado durante la presidencia provisional de Eduardo Duhalde, acumula una larga militancia peronista que incluyó eslabones como ministro de Educación en Córdoba —⁠con Ricardo Jaime entre sus colaboradores⁠—, diputado provincial, diputado nacional y senador nacional, siempre por el Partido Justicialista, por lo que muchos legisladores se negarían a destituirlo. Conclusión: tampoco.

¿Fayt? A los 97 años, salud muy debilitada, socialista y con buena sintonía con el radicalismo, su salida podría llevar a los legisladores de ese partido a aceptar un reparto de cargos.

El oficialismo llenaría así la vacante de Zaffaroni.

Y los radicales, la de Fayt.

La Presidenta ya había dado indicios de la estrategia que se venía cuando en 2013 cargó contra «el casi centenario miembro de la Corte», y criticó que se calificara al máximo tribunal como un «contrapoder» del Ejecutivo y del Legislativo. «¿Contrapoder de qué?», reclamó Cristina. «A ver, analicemos: al Ejecutivo lo vota el pueblo, a los legisladores los vota el pueblo… Cuando se plantea al Poder Judicial como contrapoder, ¿de qué? ¿Contrapoder del pueblo? Aquel que se piensa como contrapoder, desde la Justicia, me parece que es delegado de otros poderes, que imaginamos cuáles son».

Pero Fayt evitó entonces la controversia. Al punto que ni siquiera salió a contestarle a la Presidenta, sino que envió a su chofer a transmitirles su escueto mensaje a los periodistas que lo esperaban en la vereda de su casa: «Los hechos son sagrados, pero el comentario es libre», fue su única frase.

Para 2015, el enfrentamiento ya era explícito.

Por un lado, la Presidenta afirmó que «nadie le va a marcar la cancha a este gobierno». Por el otro, Lorenzetti sostuvo que «los jueces no gobernamos, pero ponemos límites al gobierno de turno».

Lorenzetti cosechó entonces una andanada de dardos, pero otra vez la ofensiva mayor se concentró sobre Fayt, ya que el oficialismo comenzó a plantear sus dudas sobre su capacidad cognitiva.

«Saliendo de su casa y hablando como solía hacerlo, despejaríamos esa duda de cómo está su salud física y mental y todos estaríamos tranquilos y contentos», afirmó el otra vez jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

Más brutal, la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, lideró un nuevo escrache contra la Corte, con calificativos peyorativos para Lorenzetti —⁠«mono»⁠— y Fayt —⁠«momia»⁠—, a los que pidió que se retiraran del tribunal.

Nadie del oficialismo salió a cuestionarla, ni tampoco actuó de oficio, como tantas otras veces, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

Días después, mientras el aparato comunicacional oficial y paraoficial cargaba las tintas contra Fayt, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados abrió un «proceso investigativo» —⁠que no está previsto en la Constitución Nacional⁠— para determinar si el casi centenario cortesano se encontraba en condiciones psicofísicas de continuar en su cargo. Para eso, citó a declarar a funcionarios de la propia Corte, a colaboradores del magistrado y a periodistas que denunciaron irregularidades en la actividad del tribunal.

Entre los citados se encontraba Horacio Verbitsky, el referente de Página/12 y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que de manera inesperada les paró el carro. «Abrir una investigación sin iniciar un procedimiento de juicio político, no es legítimo», alertó el «Perro», que cuestionó a los legisladores oficialistas. «Están pisando en falso».

Como para dejar bien claras las pautas, en la misma reunión de comisión en que decidió «investigar» a Fayt, el oficialismo votó el archivo de los pedidos de juicio político contra el vicepresidente Amado Boudou —⁠con procesamiento por coimero confirmado por la Cámara Federal en el «caso Ciccone»⁠—, contra el canciller Héctor Timerman —⁠por el pacto con Irán⁠—, y contra Gils Carbó, por designar a 16 fiscales subrogantes para cubrir cargos creados en el nuevo Código Procesal Penal, emparentados con la agrupación Justicia Legítima.

Pero el oficialismo sabe que no cuenta con los votos. Ni para destituir a Fayt ni para, de presentar su renuncia o fallecer, ocupar su vacante. Menos aún en plena campaña electoral, cuando ningún partido de la oposición daría su apoyo para un cargo de semejante trascendencia a una Presidenta que se encuentra ya en la puerta de la Casa Rosada. Y menos aún cuando el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, le envió una carta de apoyo en plena embestida oficial.

«Motiva mi carta el cuestionamiento a vuestra persona porque entiendo vulnera no solo el orden constitucional, sino las normas éticas fundamentales de la convivencia pacífica», se solidarizó Poli.

¿O Francisco?

La Rosada, obvio, tomó nota.

Por eso el kirchnerismo también apostó fuerte a las subrogancias, sean de fiscales, jueces y camaristas. Apuesta a colocar al mayor número posible, para que permanezcan allí mientras se definan los concursos.

Y los magistrados subrogantes afrontan un verdadero problema a la hora de aplicar la ley si una de las partes —⁠o varias o todas⁠— cuenta con el suficiente poder como para echarlo de ese cargo.

Ejemplo práctico I: el fiscal subrogante A debe investigar a X, pero sabe que X es muy amigo de Y, quien está a cargo de la Procuración. Por tanto, sabe que si avanza contra X, no puede descartar que Y lo mande a buscar unicornios a Tucumán. «Mejor a X dejémoslo tranquilo», podría pensar el subrogante, sin que X, ni Y jamás levanten el teléfono.

Ejemplo práctico II: el juez subrogante B sueña con quedarse en ese cargo, al que tanto ama y para el cual concursa. Pero le toca una investigación contra la señora W, funcionaria con llegada directa a la Casa Rosada. Si B no es estúpido sabrá que, si avanza contra W, el oficialismo se encargará de removerlo en el Consejo de la Magistratura. Pero si, por el contrario, la deja en paz —⁠y más relevante, en libertad⁠—, saltará del 6.º al 2.º puesto en el concurso, suficiente para entrar en la terna y que la Rosada envíe su pliego al Senado. ¡Chin, chin!

Ejemplo práctico III: el camarista subrogante C prepara un fallo contrario a la Presidenta; entonces, alertado acaso por la camarista D, compañera de sala del camarista C, el oficialismo impulsa a toda velocidad su remoción y su reemplazo con el letrado E, de buena sintonía con el Gobierno y que garantiza que ese fallo salga, gracias a su voto y el de la camarista D, como la Casa Rosada quiere.

Estos ejemplos acaso parezcan demasiado abstractos, pero son una realidad cotidiana en todo el país.

Porque así funciona el sistema.

Puede confirmarlo el juez Luis María Cabral, que como subrogante integraba la Sala I de la Cámara de Casación Penal y ultimaba los detalles de su voto, que junto con el de su colega Juan Carlos Gemignani podían decretar la inconstitucionalidad del acuerdo que el Gobierno firmó con Irán. Pero antes de que eso ocurriera, la mayoría oficialista en el Consejo de la Magistratura votó su desplazamiento a fines de junio de 2015 y su reemplazo inmediato por el abogado Claudio Marcelo Vázquez, quien quedó como conjuez en condiciones de convalidar la constitucionalidad de ese pacto junto con la tercera integrante de esa sala, Ana María Figueroa.

¿Era cuestionable la permanencia de Cabral en Casación? Sí.

¿Lo removieron por eso?

No. De hecho, llevaba años en esas condiciones.

¿Por qué lo removieron, entonces?

Por el fallo inminente sobre la inconstitucionalidad del acuerdo con Irán y porque esa Sala I también deberá abordar, más temprano que tarde, la «causa Hotesur», en la que se investigan las presuntas maniobras de lavado de activos de Lázaro Báez en los hoteles de la Presidenta.

¿Es correcto el enroque de un juez subrogante por un conjuez?

No lo era. Un juez subrogante debía asumir las riendas de un Juzgado o de una vocalía de Cámara o Tribunal que se encontrara vacante hasta que se designase al ocupante definitivo. Por el contrario, un conjuez solo debía instruir y decidir en un expediente específico cuando el juez o camarista debía excusarse o era recusado.

Uno era para todas las causas de un juzgado, cámara o tribunal; el otro, para un caso. Hasta que el kirchnerismo modificó esta pauta, por ley, y con un vericueto a través del Consejo de la Magistratura.

Cabral no es, además, un caso aislado. Según cálculos de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el 18,7 % de los jueces en funciones en septiembre 2012 eran subrogantes y entre 2005 y 2012 se designaron 124 magistrados subrogantes. De ese total, el 20,9 % eran prosecretarios o secretarios que no habían sido seleccionados por concurso, ni contaban con el acuerdo del Senado que impone la Constitución. Es decir, designados al margen de la ley.

En tiempos en que la Presidenta era senadora, ella había llegado a esa misma conclusión. Así lo expuso durante una sesión del Senado en 2002 en la que calificó el nombramiento de los subrogantes como «marcadamente inconstitucional», a la luz de la reforma de 1994.

Pero esa opinión quedó en el olvido cuando ya como Presidenta se encontró con la oportunidad de ocupar de manera temporal el juzgado federal con competencia electoral más importante del país, el de la provincia de Buenos Aires, que al morir Manuel Blanco dejó vacante en La Plata.

Por siete votos contra seis, el Consejo de la Magistratura aprobó la subrogancia del hasta entonces escribiente —⁠y con el cargo de secretario contratado⁠— Laureano Durán, nacido en noviembre de 1981. Según la oposición, se decidió en «clara violación» de la ley —⁠y así lo refrendaría luego la Justicia⁠—. Pero la Presidenta logró la victoria inicial con el voto de los seis consejeros kirchneristas, más el de la jueza y presidenta del Consejo, Gabriela Vázquez.

Convencida o como parte de una táctica política, CFK redobló entonces su apuesta. Acusó a los jueces y fiscales ajenos a la agrupación Justicia Legítima —⁠y en especial a Lorenzetti⁠— de integrar el «partido judicial», al que calificó de «opositor y destituyente del Gobierno», que venía a «suplantar al Partido Militar».

Pero tampoco Gils Carbó mantiene una relación estable con la Corte. Uno de sus contrapuntos más explícitos ocurrió en marzo de 2013, cuando chocaron por la aplicación o eximición de jueces y fiscales del impuesto a las Ganancias. «Cuando se trata de plata, no es la primera vez que la Corte Suprema no respeta la Constitución», lanzó la Procuradora.

Ni la Corte como institución, ni Lorenzetti como su presidente, se encargaron de devolverle la gentileza, sino la subdirectora general de Administración de la Corte, Karina Ramos. «Desde el año 1994 —⁠indicó la funcionaria⁠—, no solo no existe ningún impedimento para que el Ministerio Público actúe como agente de retención del impuesto a las ganancias, sino que es su obligación hacerlo».

Pero Lorenzetti esperó su momento y dijo lo suyo. Fue en abril de 2015, cuando repudió el nuevo Código Procesal Penal, uno de los proyectos mimados de la Procuradora, que dejará en manos de los fiscales, sean estables o subrogantes, las investigaciones. «Así como se exige para designar a un juez que atraviese mecanismos de control y transparencia —⁠lanzó⁠—, lo mismo debe exigirse sobre los fiscales».

Sin embargo, la señal de alarma más clara sobre las instituciones no la dio el titular de la Corte, sino el de la AGN, Despouy: «Los organismos de control en la Argentina hemos sido amordazados y no se nos permite publicar ninguno de todos los informes que realizamos mostrando irregularidades dentro del Gobierno».

Porque de eso, y de mantener debilitados todos los organismos de control, depende la supervivencia del sistema[7].

H / Hinchadas Unidas Argentinas

«Yo no quiero hablar de barrabravas porque soy hija de una hincha», fueron las primeras palabras de la Presidenta, al anunciar un nuevo y modernísimo sistema de ingreso a las canchas de fútbol que se basaba en un detector de datos biométricos.

Buen anticipo de lo que vendría, cuando la Presidenta lo probó allí, en pleno acto televisado para todo el país desde el Salón Mujeres de la Casa Rosada, el sistema no funcionó. Y, como ocurrió antes y después con tantos otros anuncios oficiales, más de tres años después de aquel acto, los detectores nunca llegaron a las canchas argentinas.

«Me cargaron como barrabrava», ironizó, y su auditorio celebró con risas su ocurrencia. «Ahora me dice que tengo mucha crema en las manos, así no puede ser», abundó cuando el ministro del Interior e impulsor del sistema, Florencio Randazzo, le explicó por qué la máquina no reconocía su huella.

Pero con huella o sin huella, aquella tarde del lunes 30 de julio de 2012 la Presidenta ofreció una apología de los barrabravas.

Sentados en la primera fila, la escuchaban el histórico mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Julio Humberto Grondona, el diputado nacional Carlos Kunkel, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, el referente de La Cámpora, Andrés «el Cuervo» Larroque, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo «Napia» Moreno, además de una cofradía de dirigentes de clubes, todos millonarios.

Faltaban, sin embargo, Rudy Ulloa, Lázaro Báez y Cristóbal López, tres de los máximos empresarios k que, cada uno con su estilo, aportó lo suyo al fútbol argentino contemporáneo.

«Yo no quiero hablar de barrabravas porque soy hija de una hincha», arrancó la Presidenta. Y entre anécdotas personales de su mamá, Ofelia Wilhem, fanática de Gimnasia, y de su difunto marido Néstor Kirchner y de su hijo Máximo, hinchas de Racing, la Presidenta justificó las peleas en los estadios, que asoció a los malos arbitrajes.

«Tenemos que lograr que los referís cobren bien porque hay cada bombeada que no se puede creer. La gente se indigna y hasta el más educado se manda un macanón», argumentó.

Consciente de que sus palabras sonaban como una exculpación de la violencia, aclaró que no era así. Pero fue un poquito más allá y contó que, cuando iba a la cancha, solo miraba la tribuna, fascinada por los muchachos que alentaban sin parar.

«En la cancha, colgados de las paraavalanchas y con la bandera, nunca mirando el partido, porque no miran el partido, arengan, arengan y arengan, la verdad, mi respeto para todos ellos».

Consciente del peso y alcance de sus palabras, se anticipó a las críticas. «Mañana van a decir que defiendo a las barras bravas», profetizó, para luego minimizar esas objeciones a un episodio más de «la cadena del desánimo».

En rigor, la historia viene de lejos.

Pero tampoco nunca llegó tan lejos como con el kirchnerismo.

La ONG Salvemos al Fútbol contabiliza 304 muertes en las canchas argentinas desde un lejano 30 de julio de 1922. De esa cifra lúgubre, 90 ocurrieron desde mayo de 2003, cuando los Kirchner ingresaron a la Casa Rosada. El 29,6 % del total.

Otros conteos, más estrictos, arrojan cifras algo más bajas. Estiman las muertes violentas vinculadas sin duda alguna al fútbol en cerca de 260. Pero en esencia la tragedia es la misma. Y la violencia llegó a tal punto que ahora los partidos se juegan sin hinchadas visitantes. Pero ni aun así se erradicaron los incidentes, las agresiones y las muertes.

Por el contrario, cada vez es más evidente la simbiosis que une a políticos con los barrabravas. Es una relación con beneficios recíprocos que les permite a los primeros contar con «mano de obra» tercerizada para acciones que jamás podrían admitir en público, mientras que los muchachos disfrutan de beneficios contantes y sonantes, además de una protección especial si algún policía o juez osara molestarlos.

El sistema.

Es una historia que viene de arrastre, con sus altas y sus bajas.

Hasta que llegó Rudy Ulloa, el asistente del ex Presidente para lo que quiera mandar desde que se conocieron en Río Gallegos.

En 2010, Ulloa ayudó a «institucionalizar», si cabe la expresión, a los barrabravas a través de la agrupación «Hinchadas Unidas Argentinas» (HUA), que llevó al Mundial a una larguísima lista de muchachos.

No solo eso, el 28 de mayo de ese año, el avión que trasladó a la Selección hasta Sudáfrica llevó también a 23 barras de Boca Juniors, Dock Sud, Arsenal, Estudiantes de La Plata, Nueva Chicago, Chacarita y San Martín de Tucumán, más 8 policías de una dependencia especial de la Federal con experiencia en el trato de… barras.

Señalado allá en Río Gallegos como el responsable de la «patota» que agredió a los ciudadanos que en 2002 salieron con sus cacerolas a las calles, ocho años después Ulloa se asoció para la HUA con Marcelo Mallo, un dirigente de Compromiso K, oriundo de Quilmes e histórica relación con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, al que buscó despegar de la aventura.

«Detrás de esto no está el Gobierno ni ningún dirigente; ni mucho menos Aníbal Fernández», buscó clarificar Mallo, que de todos modos se definió como «un militante que acompaña al kirchnerismo», con lazos bonaerenses que llegan hasta José Ottavis, uno de los integrantes de la conducción nacional de La Cámpora.

La agrupación incluía a verdaderos baluartes de las tribunas, como Pablo «Bebote» Álvarez, por Independiente, o Sergio «Flay» Roldán, de San Martín de Tucumán —⁠quien al parecer logró ahorrar lo suficiente de su plan Argentina Trabaja como para viajar a Sudáfrica⁠—. También a Cristian «Polaco» Moraleja, fanático de El Porvenir, que acumulaba ya varias denuncias por amenazas de muerte, aunque los 5 minutos de fama para el «Polaco» llegarían durante el siguiente Mundial, el de Brasil 2014, cuando lideró a los barras que ingresaron al hotel de la Selección para reclamar entradas gratis para los partidos.

En el de 2010, las autoridades sudafricanas tomaron en días la decisión que en la Argentina se demora desde hace décadas. Y al igual que los alemanes en el de 2006, les prohibieron el ingreso a los estadios a unos cuantos indeseables y deportaron por tandas a unas decenas más, mientras que otros que continuaron en Sudáfrica, hacinados en el salón de actos de una escuela del barrio marginal de Soweto a la espera de unas entradas, se peleaban entre ellos… por comida. ¿Saldo? Un muerto, Luis Forlenza, de La Doce.

Pero eso sí, algunos de los expulsados del Mundial 2010 demandaron al Estado nacional por haberles dado información a los sudafricanos sobre sus frondosos antecedentes penales.

Por supuesto, Grondona no se escandalizó por eso, ni por tanto más que vio y vivió antes y después. Por algo su legendario anillo de oro le recordaba que «Todo pasa». ¡Si en abril de ese mismo año hasta les había recordado a varios diputados que pretendían interrogarlo —⁠¡ingenuos!⁠— que «todos los dirigentes conviven y les dan entradas a los barras, a quienes se usa en el fútbol y en la política»!

De hecho, por sus hechos, tanto o más que por sus palabras, puede evaluarse a Grondona, que durante todos sus años al frente de la AFA jamás recibió a representantes de la ONG «Familiares de las Víctimas de la Violencia en el Fútbol Argentino» (Favifa), pero sí atendió en la biblioteca de la entidad a los líderes de Hinchadas Unidas Argentinas.

Más claro el mensaje, difícil.

Hinchadas Unidas Argentinas, vale aclarar, contaba con un antecedente «institucional», aunque acotado a un solo equipo. Fue en los 90, cuando el jefe de la barra de Boca Juniors, José «el Abuelo» Barritta, siguió los consejos del entonces presidente Carlos Menem y pidió y obtuvo la personería jurídica para la «Fundación Número 12», por la que canalizaron millones hasta que la Justicia la liquidó por irregularidades varias y sospechas de lavado y asociación ilícita.

Pero Menem ni siquiera fue original.

Un acotado repaso del tándem política & barras desde el retorno de la democracia incluye estos ejemplos (entre muchos otros):

Al gobernador bonaerense Antonio Cafiero, que le pagó a «La Doce» para que estuviera de su lado y colgara banderas en su apoyo durante la interna contra Menem de 1988.

Al carapintada Aldo Rico, que tras dejar la prisión de Campo de Mayo y antes de su siguiente asonada en Monte Caseros, Corrientes, recibió a Barritta en una quinta y le pedía que reclutara gente.

Al sindicalista Saúl Ubaldini, que también le pagó a Barritta para que desplegara una bandera que decía «Ubaldini Gobernador» en la segunda bandeja de la Bombonera durante su contienda, por la gobernación bonaerense contra Eduardo Duhalde.

Al entonces directivo de Boca y luego diputado nacional por el kirchnerismo, Carlos Heller, que denunció que Barritta era el jefe de una banda que extorsionaba a la institución durante la presidencia de Antonio Alegre, aunque luego su abogado Ricardo Huñis admitió durante el juicio oral que la barra apenas si recibía entradas gratis para su reventa: «En total, Boca entregaba unas 1500 por partido, sumando las de “La Doce”, las de jueces, empresarios y banqueros».

Al exministro del Interior alfonsinista, operador todoterreno de la Coordinadora, primero, y de sus negocios personales, y extraordinario conector, Enrique «Coti» Nosiglia, padrino político del barra y puntero Santiago Lancry, conocido como «el Gitano» o «Cabezón», y responsable de la agrupación «Por un Boca mejor», que en la práctica manejaba Lancry, empleado en la Legislatura porteña, donde fue detenido.

Al exmotonauta Daniel Scioli, que gracias a la intercesión de Menem se benefició de los servicios del nuevo jefe de «La Doce», Rafael Di Zeo, reunión en la unidad básica de la calle Anchorena mediante, durante su interna en el Justicialismo porteño contra Miguel Ángel Toma para alcanzar su primera diputación nacional.

A Hugo Moyano, que durante años contó con la ayuda de «gente pesada en la popular» del club Independiente —con bandera incluida de la Juventud Sindical Camioneros—, según confirmó el barra Daniel «el Gitano» Ocampo, quien a su vez llegó a aparecer en los spots de Duhalde para su campaña presidencial, y mucho más.

—¿Le consta que algún político haya estado ligado a las barras? —⁠le preguntó al «Gitano» un periodista de Clarín en mayo de 2000.

—Que me acuerde ahora, Alberto Pierri, Luis Barrionuevo, Herminio Iglesias…

Moyano II: «el Polaco», otro conocido barra del club de Avellaneda, fue guardaespaldas del jefe del gremio de Camioneros, en tanto que Emilio «Madonna» Quiroz, quien luego iría preso por disparar en la batalla de San Vicente, era el chofer de su hijo Pablo Moyano.

Kirchner I: la barrabrava del equipo de sus amores, Racing, conocida como «La Guardia Imperial», desplegó en su cancha «el Cilindro de Avellaneda», una bandera que decía «Kirchner 2007-2011», como retribución por la gestión clave de uno de sus ministros, Ginés González García, para destrabar el ingreso al estadio de unos barras de segunda línea a los que la policía había bloqueado en las inmediaciones.

Cristian Ritondo: el legislador porteño mantiene relaciones de vieja data con la barra de Nueva Chicago y con la fracción de Villa Lugano de Boca Juniors; su jefe de campaña y también legislador, Roberto Quattromano, explicitó esos vínculos cuando amenazó a un legislador por el Partido Obrero de manera contundente: «Vas a ver cómo los barrabravas te van a romper la cabeza afuera de acá».

Kirchner II: durante su presidencia, la ex SIDE investigó a Grondona y todo su entorno, y elaboró un informe de inteligencia que terminó en las páginas del diario uruguayo La República, el 19 de octubre de 2007. Detallaba que eran «innumerables las irregularidades cometidas por este dirigente, entre las cuales se cuentan presiones a jueces, reventas de entradas, fraude en elecciones, suspensiones forzadas de partidos, tratos y acuerdos con barra bravas (sic)». ¿Por qué se filtró? Como mensaje al mandamás de la AFA, al que buscaron torcerle el brazo y sentarlo a negociar, como terminaría ocurriendo.

Mauricio Macri: el jefe de Gobierno porteño nombró, también por sugerencia de Ritondo, como nuevo jefe de Seguridad de la Legislatura porteña al abogado Marcelo Rocchetti, defensor de Di Zeo y de Alan Schlenker, jefe de Los Borrachos del Tablón.

Kirchner III: una bandera similar a la de «Kirchner 2007-2011» se desplegó en la cancha de Chicago por la módica suma de $ 10 000, aunque el telón incluyó un agregado, «Alberto Fernández-Héctor Capaccioli». Curioso cartel, si cabe, porque el entonces jefe de Gabinete venía de sostener que «en el Gobierno ninguno conoce barras bravas», mientras que Capaccioli era el recaudador para la campaña presidencial 2007 y saldría eyectado de la función pública cuando la Justicia ahondó sobre los cheques para esa misma campaña que el Frente para la Victoria recibió de la «mafia de los medicamentos», Sebastián Forza incluido.

Luis D’Elía: el exfuncionario kirchnerista y líder piquetero de La Matanza mantiene vínculos fluidos con otro de los referentes de «La Doce», Maximiliano Mazzaro, al que muchas veces recurrió para sumar gente pesada a sus movilizaciones.

Kirchner IV: durante su pelea contra el Grupo Clarín, sus colaboradores pagaron $ 100 000 a la barra de Boca y otro tanto a la de River, más las banderas, que los muchachos desplegaron en sus tribunas durante el superclásico del Clausura 2009 que decía: «Clarín, queremos fútbol gratis x TV». ¿De dónde habrán salido esos $ 200 000? No se sabe. Pero sí se sabe que el acuerdo —y la entrega del dinero— con las bandas de Mauro Martín, por Boca, y Eduardo «Joe» Ferreyra y «Martín de Ezeiza», por River, se definió el viernes 17 de abril de 2009, dentro de la Casa Rosada, bajo la influencia de Kunkel, de la Secretaría de Medios, por entonces bajo el mando de Enrique «Pepe» Albistur, y de Guillermo Moreno. ¿Acaso también participó el legislador porteño Juan Cabandié?

Francisco de Narváez: durante el debut de la Selección Argentina en la Copa América 2011, los barras desplegaron un «telón» que cubrió casi toda una tribuna del Estadio Único de La Plata. A cambio de algunos cuantos morlacos, promocionaron la fórmula De Narváez-Mónica López para la provincia de Buenos Aires.

Kirchner V: tras la disolución de Hinchadas Unidas Argentinas, Rudy Ulloa y Mallo lanzaron «La Kirchner» en febrero de 2011, una nueva agrupación futbolera a la que se sumó «Rafa» Di Zeo. Dato al pie: el búnker se montó en el coqueto barrio de Recoleta, entre fotos de la Presidenta y de Aníbal Fernández, y un cuadro en sepia de Evita. Algunos señalaron como supuesto padrino de la agrupación al secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini.

Ejemplos, todos, de cómo funciona el sistema.

«Ellos sabrán qué les puedo aportar», respondía Di Zeo por entonces si alguien le preguntaba sobre su relación con los políticos. Y Mallo ampliaba su argumento: «Si Rafa sale a caminar por la calle con Scioli, la gente le va a pedir más autógrafos a él que al gobernador. Y si camina rumbo a La Boca, la gente se encolumna detrás de él. Es un gran aglutinador social», indicó el referente de los barras al que el juez Norberto Oyarbide detuvo y procesó por integrar una banda que cometía estafas con certificados impositivos truchos. Así ganaron millones y, desde Puerto Madero, defraudaron a empresas importantes. Liberado luego, pidió y obtuvo autorización para viajar otra vez al exterior, en septiembre de 2014, para asistir a la pelea entre Marcos «Chino» Maidana y Floyd Mayweather en Las Vegas.

Di Zeo, un gran conector.

Por eso, acaso el vínculo más explícito entre fútbol y política lo haya ofrecido él cuando, en diciembre de 2005, se casó con Soledad Spinetto, la secretaria privada del entonces gobernador bonaerense Felipe Solá.

¿Qué significaba eso en la práctica?

Que las autoridades políticas podían planificar lo que quisieran y la policía desplegar operativos de cientos o incluso miles de efectivos alrededor de algún estadio, que luego llegaba una llamada y chau planes y polis, como contó el entonces jefe del Comité Provincial de Seguridad Deportiva (Coprosede), Mario Gallina. «Un comisario de muy alto rango me dijo: “Vos Mario me decís que haga tal cosa, pero después me llama la secretaria del gobernador y no me queda otra que obedecerla”».

Si es memorioso, Gallina también puede relatar otros muchos llamados, como el que recibió del entonces ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, para interceder por los barras de Racing que no superaban el llamado «derecho de admisión» del club. «Son buenos pibes», dicen que le dijo al titular del Coprosede, además de indicarle que su pedido venía en realidad de «Lupo».

Kirchner y Racing merecerían todo un capítulo. Porque el santacruceño se involucró de lleno en la suerte de su club para salvarlo del descenso, ordenar su descalabro institucional y conseguirle jugadores. Para eso convocó al exintendente de La Plata, Julio Alak, quien aterrizó en Racing antes de asumir como interventor estatal en Aerolíneas Argentinas.

«El Turco» Alak contaba con experiencia previa. Si en el municipio platense autorizó el ingreso de varios barras de Gimnasia y Estudiantes que lo daban todo por él cuando las papas quemaban, aunque resultaran inhallables en las oficinas en las que debían trabajar.

Para Racing, «Lupo» también recurrió a Lázaro Báez, quien se encargó, junto con el representante Miguel Ángel Pires, de llevar jugadores a «la Academia», como Pablo Lugüercio o Marcos Cáceres.

Y también apeló al contador Andrés Galera, señalado en el «caso Skanska» y en Tucumán como supuesto «valijero» del Ministerio de Planificación, mientras que en Racing lo señalaban como otro emisario que traía dinero «del Sur» para comprar jugadores.

Conectores.

«Galera dice que responde a De Vido y que tiene como tres millones y medio de dólares metidos en Blanquiceleste», le comentó Salvador Azerrad, por entonces miembro de la Mesa de Enlace que reunía a las agrupaciones que se oponen al gerenciamiento de Blanquiceleste SA, al desaparecido diario Crítica en abril de 2008.

«Yo no salvo a nadie», aclaró el contador, ante la consulta de Crítica sobre los manejos dinerarios en la «Academia». «No puedo salvar ni mi vida… ¡qué voy a salvar a Racing! Que yo puse guita, es una boludez total. Te lo digo de onda. Ojalá tuviera esa plata para ponerla en Racing. No la tengo».

Si Ulloa y Báez se metieron en el fútbol, la tercera pata del «empresariado k», Cristóbal López, no podía quedarse atrás. Tras comprar la productora Ideas del Sur le pidió a Marcelo Tinelli que sumara a su hijo Nazareno a la comisión de fútbol de San Lorenzo, ya que carecía de los años requeridos como socio del club para ingresar a la comisión directiva.

López hizo algo más. Según dejaron trascender junto a Tinelli, el «zar del juego» también aportó billetes cuando se lo pidió el conductor y productor para, sumado al dinero de otros socios de chequera gorda, comprar los jugadores necesarios para llevar al club de flirtear con el descenso a alzar la copa Libertadores de América. Junto al «zar del juego», solo confirman que hablaron de «tres jugadores».

En el caso de su secretaria Spinetto, en tanto, Solá pudo reducir parte del costo político. Para eso, el menú incluyó una pelea a los gritos con la primera dama de «La Doce» y la orden de trasladarla a otro puesto, en la Secretaría de Asuntos Agrarios, lejos de su órbita directa, aunque la mancha de «La Doce» persistía a su lado: uno de sus custodios también integraba la barra de Boca.

Spinetto, encima, tampoco se quedó quieta.

Volvió con gloria a la primera fila del poder bonaerense, cuando Carlos Stornelli, el primer ministro de Seguridad de Scioli como flamante gobernador, la convocó a su equipo, según reveló el diario Olé.

«Además de ser amiga personal mía, ella hace muchos años que trabaja en la administración pública provincial», la defendió Stornelli, en enero de 2008. Pero ya no la sumó a Spinetto como secretaria privada, sino como su «asesora».

Fue toda una señal.

Primero, por el contraste con su antecesor en el cargo, León Arslanián, quien en 2006 había advertido que «las barras bravas son polifuncionales al poder». Segundo, porque cuando Stornelli convocó a Spinetto, Di Zeo cumplía una condena de más de 4 años en la cárcel de Ezeiza por «coacción agravada por el uso de armas» por los incidentes registrados en la Bombonera en 1999 durante un partido amistoso con Chacarita, al tiempo que avanzaba otra causa en su contra por su rol como jefe de una supuesta asociación ilícita.

Quizá por eso, mientras Alfredo Yabrán lanzó la máxima «Poder es impunidad», Di Zeo formuló la suya desde la cárcel: «Tener poder es tener los teléfonos de quienes lo detentan en serio».

El sistema.

¿Un ejemplo?

Di Zeo fue capaz de contratar como abogado a Mariano Cúneo Libarona —⁠también defensor de Carlos Menem, Amira y Emir Yoma y José Luis Manzano⁠—, y reunirse con el exjefe de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) durante el menemismo, Hugo Anzorreguy.

¿Otro?

Di Zeo solo se entregó para cumplir aquella condena de 4 años tras negociar sus condiciones de alojamiento con el entonces jefe del Servicio Penitenciario, Hugo Sosa, y el entonces ministro Aníbal Fernández, que antes había asistido a la fiesta de su casamiento con Spinetto.

Así, si en los 90 pareció dominar la farandulización de la política, la premisa de «pizza con champagne», durante la década kirchnerista, se desarrolló la «cultura del aguante», en la que actuar como barrabrava era, incluso para algunos funcionarios, una conducta positiva.

«¡Andate Cobos, la puta que te parió!

¡Andate Cobos, la puta que te parió!».

Eso cantó el canciller Héctor Timerman contra el entonces vicepresidente de la Nación, el «radical K» Julio Cobos, el 30 de octubre de 2010, micrófono en mano y voz desencajada.

Dos meses antes, Timerman, el máximo representante oficial de la Argentina ante el mundo, había discutido por radio con Nelson Castro y cortó la comunicación tras despedirse con una frase terminante: «Soy un barrabrava; acostúmbrese».

Así, el cáncer de los barrabravas llegó a lugares insólitos durante los últimos años. Desde hospitales como el Francés —⁠donde los asambleístas que pujaban por salvarlo fueron golpeados por barras de Chacarita y All Boys, que actuaron como grupos de choque de sectores del PJ porteño⁠—, hasta el Indec con el asalto de «la patota de Moreno», como los empleados del organismo apodaron a sus colaboradores.

De hecho, en el Indec hizo de las suyas uno de los líderes de «Los Borrachos del Tablón», Matías Goñi, quien al enfrentar a un tribunal oral les anunció a los jueces quién lo bancaba: «Yo respondo a Guillermo Moreno. Es mi inmediato superior».

Conector.

El mismo Goñi fue aún más bravucón por teléfono, cuando un conocido le alertó que tuviera cuidado porque el fiscal José María Campagnoli e investigadores de dos dependencias de la Policía Federal lo tenían en la mira por la reventa de entradas.

«A mí me chupan la pija Conductas Delictivas y Eventos Deportivos. Estuve una hora y media en Balcarce 50 y vos me venís a hablar de estos pelotudos. Mientras esté Cristina Kirchner, me lo aseguraron hoy, no me pasa nada, ¿entendés?», boqueó Goñi en una escucha telefónica que grabó la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) a pedido de Campagnoli.

¿Pudo tratarse de una bravuconeada de Goñi?

Sí, aunque la antena de telefonía celular que tomó su llamada ubicó a Goñi en la Plaza de Mayo.

Goñi protagonizó otra picante conversación telefónica el 22 de marzo de 2013, según reveló el diario deportivo Olé, cuando habló con alguien llamado «Miguel Calvete».

Podría ser el director ejecutivo de la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas o, quizá, un simple homónimo.

Lo interesante es que mientras el director técnico de la Selección, Alejandro Sabella, aprestaba a sus jugadores para jugar esa noche contra Venezuela por las Eliminatorias, el tal Calvete llamó a Goñi.

—¿Podés hablar o estás enquilombado? —le preguntó.

—Estoy en la secretaría haciendo algo para la jefa.

—No me nombres —le ordenó Calvete—. Después pegame un toquecito y nos tomamos un cafecito.

—Hoy imposible —le aclaró Goñi—, porque viste…

—Ah, sí, el partido.

—Sí, tengo que meter dos banderas que me manda…

—¿El jefe? —inquirió Calvete, que aludía así a Moreno.

—No, Cristina, más arriba por suerte.

—¡Mejor!

—Tengo que ir a Olivos a buscar las cosas y de ahí a la cancha —⁠cerró Goñi⁠—. Llamame el lunes.

«Olivos» podría ser la Quinta Presidencial.

Y como aquella otra vez, la telefonía celular dio un indicio confirmatorio, porque esta vez la antena que permitió la comunicación lo ubicaba a Goñi en esa zona.

Ese no fue el único indicio de que uno de los jefes de la barra de River no boqueaba por boquear. Porque aquella noche en que la Selección derrotó 3 a 0 a Venezuela en el Monumental, con dos goles de Gonzalo Higuaín y uno de Lionel Messi, hubo dos banderas que se distinguieron, colgadas por «Los Borrachos del Tablón».

Una decía «Fuerza, Cristina»; la otra, «Hasta la victoria siempre, Comandante Chávez». Y ambas banderas habían sido preparadas por La Cámpora, según informó el «Sistema Bolivariano de Comunicación e Información» en su página de Internet, al día siguiente.

Primer subsecretario de Seguridad de Kirchner en tiempos del ministro Gustavo Béliz, tras la caída de «zapatitos blancos», Campagnoli retornó a su trabajo como fiscal y recaló en la Fiscalía de Saavedra, desde donde investigó, a partir de 2011 y hasta que lo suspendieron, la «ruta del dinero K» con Báez como protagonista.

Mientras avanzaba en esa pesquisa contra el empresario patagónico de inmejorables vínculos con la familia presidencial, las escuchas telefónicas registraron otra conversación reveladora, que esta vez pegoteaba al bajo mundo de los barrabravas con la mayor empresa del grupo Báez, Austral Construcciones.

La protagonizaron un miembro de la comisión directiva de River sospechado por sus vínculos con «Los Borrachos del Tablón», Diego Rodríguez, hermano de la ministra de Seguridad de la Nación, Cecilia Rodríguez, y alguien que se identificó como «Fabio», cuyo nombre completo es Fabio Daniel Penna, en teoría dedicado a la venta al por mayor de autopartes, pero desde 2011 con una empresa constructora, Entepe SA, y que a los 50 años era más conocido como «Mudo».

Conectores.

—«Mudo» —lo saludó «el Boletero» Rodríguez a su amigo, el 15 de octubre de 2013.

—¿Qué pasa con vos? ¿Tan rico estás?

—No, boludo. ¡Qué voy a estar rico! ¡Al contrario! Si mañana…

—¡Tenés la plata! ¡Tenés la plata desde el viernes! —⁠le recordó Penna.

—Y bueno, amigo, después la voy a buscar.

—Y sí. Como quieras.

—Y, no me voy a gastar cinco lucas el fin de semana.

—Y sí te la ibas a gastar… ¿no? —lo chuceó Penna.

—No, no, no, loco, no. En este momento, no. En otro momento, sí. ¿Todo bien?

—No, porque tenés eso. Tenemos que ir a rescatar los cheques, eso sí. Pero, bueno, una cosa no tiene nada que ver con la otra…

—No, no. Yo calculo que después de estos días… Eh… Ahí el cliente me dijo que me iba a pagar. Me garcó, ¿viste? Este hijo de puta. Porque encima yo mañana necesitaba cambiarte, la puta madre. Estoy podrido de los clientes, Fabio. ¿No tenés uno que me quiera comprar la fábrica?

—Y… Hay que ver, hay que ver. ¿Mucho movés ahí?

—¿En la fábrica? —preguntó Rodríguez, sobre la planta de su padre.

—Sí. Te cuento por qué. Hay una empresa que necesita facturar y encima darte la factura blanca. Vos le tenés que hacer el cheque, ellos te dan la plata y por ahí te dan un quince arriba. Ponele: te facturan dos palos y te dan tres gambas. No la escuchaste nunca, ¿no?

—Nunca.

—Es de Báez.

—Hum…

—Necesitan lavar 300 palos verdes.

—Mirá vos…

—Entonces te ponen que te cambiaron todos los pisos de la fábrica, te facturaron dos palos —⁠le explicó Penna⁠—. Te dan los dos palos, ¿me seguís?

—Sí.

—Te hacen la boleta de un palo setecientos, más IVA.

—Sí…

—Y te dan tres gambas.

—Pará. Escuchame —lo frenó Rodríguez, ya más interesado⁠—. ¿Y el cheque no? El cheque, ¿lo depositan?

—Claro, sí, sí, sí. Como que vos hiciste el arreglo en la fábrica. ¿Me entendés lo que te digo? —⁠Y me gano tres gambas.

—Correcto. Y te comés el IVA.

—Y eso, ¿cuándo es?

—Y… no sé. Mirá: estaban haciendo una operación ya esta semana unos amigos míos. Yo después te aviso. Pero tiene que ser alguien que pueda justificar que le hicieron las obras. ¿Me entendés lo que te digo?

—Que cambié todos los pisos.

—Claro —confirmó Penna—. Para que no se escuchen ruidos, insonorización… cualquier cosa.

—Claro.

—Tienen que hacer, ya te digo: dicen que 300 palos verdes… necesitan lavar. Así que imaginate si hay para hacer facturas.

—Seguro. Conseguime. Si después me podés conseguir el nombre y el CUIT.

—¿De la empresa?

—Sí.

—Austral Construcciones, ya te lo doy.

—Ah… ¿Es para Austral? —verificó Rodríguez.

—Claro. Lo que necesitan ellos es decir que ganaron plata.

—Listo.

—¿Me interpretás? Cosas que sean incomprobables. (…) El jueves se reunieron en el Faena con estos pibes. Iban a hacer una de quinientas lucas en una empresa constructora. Si la hacen y sale, te aviso.

—Dale.

La Piñata.

Tras recibir esa escucha, Campagnoli pidió la detención de Rodríguez. También quiso allanar la Oficina de Observaciones Judiciales de la ex SIDE, la célebre «Ojota», porque la Secretaría no le informó sobre otras 32 llamadas entre ambos celulares y otras 50 entre Penna y el teléfono de la fábrica de Rodríguez.

«Vista la gravedad de las maniobras que fueran reveladas y las personas involucradas —⁠escribió el fiscal⁠—, parece evidente cuál es la explicación que se le puede dar al súbito e ilegal desvío de la información por parte de la Secretaría de Inteligencia: ocultar todo lo relativo a los detalles que debían ajustar Rodríguez y Penna para lavar la plata de los negociados de Lázaro Báez y su empresa Austral Construcciones».

Pero el juez a cargo de la causa, Fernando Caunedo, optó por derivar todo a su colega de los tribunales federales de Comodoro Py, Sebastián Casanello, tras concluir que esos indicios se relacionaban con la causa por lavado que tramitaba en su juzgado, con Báez, Leonardo Fariña y Federico Elaskar como sospechosos.

Caunedo criticó duro además la investigación de Campagnoli, rechazó sus pedidos de detención y de allanamientos, suspendió las escuchas porque dijo que ya no tenían sentido porque había trascendido la pesquisa, y denunció la violación del secreto del sumario, que levantó.

Campagnoli quedó así al borde del precipicio, como pronto corroboraría.

Junto a la ministra Rodríguez, en cambio, optaron por tirar debajo del camión al hermano. «Nadie le daría a un chanta de barrio la misión de lavar 300 millones de dólares o una parte de esa cifra, y nadie que realmente vaya a hacer una operación de esa naturaleza la va a proponer por teléfono», afirmaron junto a Cecilia Rodríguez, que nunca intentó defender a Diego, cuyas acciones desaprueba, aunque también dejaron saber que ni esa «ni ninguna transacción de ninguna naturaleza» terminó por darse con Austral Construcciones.

Bajo la órbita de la ministra también opera, sin embargo, un registro clave para entender la gravedad y el alcance de los barrabravas. Su pomposo y burocrático nombre es Unidad de Coordinación de Seguridad y Prevención de la Violencia en Espectáculos Futbolísticos (UCPEVEF) y custodia el llamado «Banco de Datos de Hinchas Violentos», que guarda los nombres de los muchachos.

El abogado y titular del llamado «Movimiento Fútbol en Paz en la Argentina», Juan Manuel Lugones, solicitó de manera formal obtener una copia de ese listado. Pero la respuesta que recibió en marzo de 2014 del subsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad, Esteban José Rosales, resultó cuando menos insólita.

«Es importante señalar que si se condenara a la Administración Pública a suministrar la información elaborada y discriminada que usted pide, ello implicaría abrir una puerta riesgosa», argumentó. «¿Qué otros pedidos de esa o análoga índole deberán, después, también satisfacerse? ¿Habrá que pedir a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico el listado de personas con adicciones y luego informar cuáles de ellas están contratadas o son agentes del Estado? ¿Habrá que pedir al Ministerio de Salud el listado de enfermos de Sida que pudiera tener registrados e informar quiénes, de ese listado, trabajan en la Administración Pública Nacional? ¿Habrá que solicitar al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante que indique quiénes han recibido un trasplante de riñón y luego entrecruzar datos, para suministrar el listado de trasplantados que se desempeñan en la Administración? Finalmente, entre muchos otros ejemplos más posibles, ¿cabrá requerir al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo o al Registro Nacional de las Personas que indiquen los datos de los cónyuges de matrimonios igualitarios para luego informar los funcionarios o empleados públicos que poseen una orientación homosexual?».

Tras recibir esa respuesta, Lugones vuelca en su libro Barrabravas para Todos, un interrogante que nunca pudo plantearle a Rosales en persona: «¿Cómo se le ocurre comparar a delincuentes y asesinos como los barras del fútbol con ciudadanos que por desgracia están enfermos de Sida, que luchan contra una adicción o tuvieron que ser sometidos a trasplantes de órganos para poder salvar su vida, y ni hablar de los que son homosexuales?».

Pero si un llamado podría resultar una casualidad o incluso una «opereta» en contra suyo o de su hermana, un segundo indicio contra Diego Rodríguez ya complica un poco más.

Lo aportó Ariel «Pato» Calvisi, un barrabrava de River que está preso en el penal de Ezeiza y pidió protección oficial para que no lo mataran. A cambio detalló cómo el hermano de la ministra coordinaba distintas actividades con los jefes de «Los Borrachos del Tablón» y se encargaba de liberarlos si los detenía la policía, y reveló que la coordinación se daba, en especial, a través de Goñi, la Comisaría 51.ª de Núñez y el equipo del secretario de Seguridad, Sergio Berni.

Ante ese testimonio, la jueza Fabiana Palmaghini debió declararse incompetente y remitir el expediente a la Justicia federal, dados los posibles «vínculos entre integrantes de la barra brava del Club Atlético River Plate y funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo Nacional (Policía Federal Argentina y Ministerio de Seguridad de la Nación), que Calvisi puso de manifiesto con objeto de obtener beneficios, tales como evitar ser detenidos, los controles de acceso al estadio los días en que se disputan partidos, e incluso impedir que otras personas que no componen aquel grupo tengan la posibilidad de asistir a tales eventos».

El sistema.

La misma trama o una similar alcanza a muchos otros partidos políticos y a casi todos los clubes.

Bien puede confirmarlo Juan Román Riquelme, cuando el 16 de diciembre de 2008 fue la estrella de la cena que organizó «La Doce» en el Polideportivo del Gremio de Trabajadores Municipales, a la que asistieron concejales kirchneristas del Frente para la Victoria junto con otros de la Coalición Cívica de Lilita Carrió.

El presidente de Boca Juniors, jefe de Gobierno porteño y candidato a la Presidencia, Mauricio Macri, tampoco se quedó atrás. «Nunca trabajó para erradicar a la barra, todo lo que vi es lo contrario», afirmó el periodista Gustavo Grabia, autor de La Doce, un libro indispensable para entender cómo barras y políticos abrevan en las mismas aguas.

Carrió ahondó en esa herida.

«Macri no puede hablar en tercera persona. Los barrabravas acompañan a los grandes políticos y lo dice el presidente (por entonces Macri) del club de fútbol mayor de la Argentina. Negocio, política, violencia, está todo mezclado y también está determinada una forma de carrera política. En un tiempo ser militar era una forma de acceder a la Presidencia. Ahora, una forma de acceder es ser presidente de un club de fútbol», planteó Lilita a Página/12 en febrero de 2007.

Como para que no quedaran dudas sobre la ceguera de Macri, él mismo se encargó de disiparlas cuando el juez Víctor Perrota le pidió un listado de los barrabravas del club.

¿La respuesta de Macri?

«Que se desconoce la existencia de simpatizantes de nuestra institución, de los llamados vulgarmente “barrabravas”, razón por la que nos vemos impedidos de evacuar el informe respecto al detalle de los datos personales de quienes, de existir, serían sus integrantes».

El sistema.

Macri aprendió de «Don Julio», el gran maestro.

«Nunca voy a revelar la identidad de un barra brava porque no conozco ninguno», respondió Grondona cuando lo apuraron, como así también se llevó a la tumba su verdadera vinculación con Patricio Gorosito, el fundador del club Real Arroyo Seco, a 50 kilómetros de Rosario, que ya aparecía entre los sospechosos en aquel informe filtrado de la ex SIDE. Muerto «Don Julio», el propio Gorosito se encargó de blanquear la situación en junio de 2015. Ante el tribunal que lo juzgaba por su presunto rol en la operación «Carbón blanco» de contrabando de 1000 kilos de cocaína a España y Portugal, declaró: «Yo era testaferro, o como quieran llamarlo, de Julio Humberto Grondona».

Si quedaba alguna duda, el periodista del diario La Nación, Germán de los Santos, la finiquitó. Le preguntó a Gorosito, y el supuesto jefe de una asociación ilícita montada para traficar droga no anduvo con vueltas: «Yo puse la cabeza por Grondona. El club Real Arroyo Seco era de él. Era de Julio Grondona. Cuando se lo vendí (por US$ 16,1 millones) a Rosario Central, la plata se la llevó él y yo me quedé con algo».

La Piñata futbolera.

Pero si «Don Julio» murió sin pisar la cárcel, su sucesor al frente de la AFA, Luis Segura, y su propio hijo, Humberto Grondona, aún afrontan un largo desafío, que ya incluye una sospecha por la supuesta reventa de entradas en el mercado negro del Mundial de Brasil.

Mundial maravilloso, en el que la Selección llegó hasta la final… y algunos cosecharon US$ 4 millones que trajeron, en efectivo y con la ayuda de unos muchachos serviciales, a la Argentina.

Peor aún, ya como jefe de Gobierno porteño, Macri firmó el decreto 1232/08 de creación de la «Unidad de Control del Espacio Público», que pronto acumuló sospechas y denuncias por servir de supuesto «grupo de choque» para sacar indigentes de las calles.

Apodados «Los Murciélagos» por vestirse de negro y operar de noche, se sospecha que al menos uno de sus miembros integraba la barrabrava de San Lorenzo. Por sus acciones, el grupo derivó en una denuncia penal contra Macri y otros por los supuestos delitos de «coacción agravada y abuso de autoridad» en 17 casos distintos.

Pero acaso los casos más preocupantes de la relación íntima entre barras, violencia y política se registren lejos de Buenos Aires y el Conurbano profundo. Uno de esos casos ocurre en Jujuy, donde a un sector de la barra de Gimnasia se la conoce como «la Banda de la Flaca» y la dirigía una mujer, «La Mila», más conocida en los medios nacionales de comunicación como Milagro Sala, líder de la organización barrial Túpac Amaru y diputada provincial desde 2013 por el movimiento Unidos y Organizados.

Otro ejemplo se registra en Chaco, donde el entonces gobernador Jorge Capitanich organizó un superclásico y las barras bravas de ambos equipos se instalaron en dos predios provinciales: «La Doce» en el camping de la policía; «Los Borrachos del Tablón» en Parque Caraguatá.

Y otro más fue en Rosario, cuando la barra de Central conocida como «Los Guerreros» extendió una bandera en homenaje a dos muertos. Uno era Kirchner; el otro, Claudio «Pájaro» Cantero, el capo narco del grupo «Los Monos» que cayó de 6 balazos en mayo de 2013.

Así, si el descontrol en el fútbol viene de arrastre desde hace décadas, ahora se potenció con la violencia sin límite del narcotráfico y los millones de pesos que el Estado inyectó con Fútbol Para Todos.

Son $ 6351,9 millones entre 2009 y 2014.

Y a esa cifra falta sumarle 2015, con al menos $ 1742,7 millones más, según la cuenta a mediados de año.

La Piñata.

Clubes pobres; dirigentes ricos.

Los dirigentes se frotan las manos.

Los barrabravas salivan como perros[8].

I / Indec

«Se acabó el tiempo de los librepensadores», anunció Beatriz Paglieri.

La enviada de Guillermo Moreno no llevaba ni un día dentro del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que ya había dejado bien claras cuáles eran sus pautas de trabajo.

Despuntaba el tormentoso verano de 2007 y las compuertas del Indec comenzaron a ceder, tras ocho meses de presión constante.

El asalto lo lideró Moreno, secretario de Comercio Interior, una dependencia creada para él por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, de quien era su principal asesor económico.

El lazo entre De Vido y Moreno venía de años, de cuando se conocieron en la Corriente Peronista Federal que Kirchner lanzó en 2000. Y se extendió a sus mujeres, Alessandra «Lali» Minnicelli y la escribana Marta Cascales, que en 2008 llegaron a constituir la consultora Fonres para atender juntas ciertos negocios privados.

Moreno, alias «Napia», alias «el Loco».

Alias, según el entonces presidente Néstor Kirchner, «Lassie».

Alias, según el propio Moreno en su fase hiperventilada, «Poronga».

Moreno y Paglieri primero presionaron a dos de las principales funcionarias del Indec, la directora del Índice de Precios al Consumidor (IPC), Graciela Bevacqua, y la directora de Condiciones de Vida, Clyde Trabuchi.

«Napia» les exigió que violaran el secreto estadístico, protegido por la ley 17 622, y le entregaran información sobre todas las variables del IPC. «Queremos visitar esos negocios, ver los precios que ustedes relevan», les comunicó.

¿El motivo? Según recuerdan las entonces directoras, porque el Gobierno necesitaba reducir las montañas de dólares que debía destinar al pago de los títulos de la deuda soberana argentina que estaban atados al índice de inflación a través del llamado «coeficiente de estabilización de referencia» (CER), que se creó en 2002 con la devaluación.

Moreno lo planteó con menos vueltas: «Esto es para que los putos extranjeros que tienen los títulos nuestros no se lleven la guita nuestra». Y de una manera menos procaz, también: «Por cada punto que baja la inflación nos ahorramos casi 500 millones de dólares».

El problema es que, como pregona la Ley de Murphy, si algo se puede complicar, se complicará, los planes del «Napia» para controlar la inflación —⁠y por ende, los pagos de la deuda soberana⁠— afrontaron serios problemas por el imparable aumento en el precio de… la lechuga.

Síp.

La lechuga.

Cuestiones estacionales.

Maldita lechuga.

Lechuga destituyente.

Durante los primeros meses, Trabuchi y Bevacqua desoyeron los pedidos y aguantaron las presiones que llegaban de Moreno y sus colaboradores, al igual que el jefe máximo del Indec, Lelio Mármora.

«Si no me dejé apretar por López Rega, no lo voy a hacer por Moreno», resumiría luego Mármora, en alusión al «Napia» en comparación con lo que le tocó vivir como jefe de la Dirección Nacional de Migraciones entre fines de 1973 y mediados de 1974.

Pero en un país en que al Presidente lo apodaban «Furia» sus colaboradores, esa resistencia no podía aguantar. Y en enero de 2007, Kirchner le ordenó a Moreno avanzar como fuera.

«Kirchner quiere tu cabeza», fue el mensaje que recibió Bevacqua, mientras Paglieri desembarcaba en el Indec como auditora y, en la práctica, como virtual «interventora».

Bevacqua estaba por cerrar los últimos cálculos del índice de inflación correspondiente a enero de 2007, con una estimación que ya arrojaba un piso de 2,1 % para las tres primeras semanas del mes.

El 5 de febrero, sin embargo, el Gobierno anunció su primer dato sobre inflación manipulado: 1,1 %.

Al día siguiente, con el decreto 100/07, cayó Bevacqua y asumió Paglieri en su lugar, «transitoriamente» y «con carácter de excepción».

A Bevacqua ni siquiera le dejaron retirar sus objetos personales.

«La funcionaria desplazada no es una funcionaria concursada, es una matemática», la ninguneó el entonces ministro Aníbal Fernández. «Se ha puesto a una economista, con lo cual le estoy dando una plusvalía a la persona que se ha puesto en el cargo», tergiversó.

Maldita lechuga.

Fue solo cuestión de tiempo para que Mármora también viera la puerta de salida, mientras una funcionaria del Indec que hasta entonces se había mantenido en un segundo plano como directora de Recursos Humanos, Ana María Edwin, comenzó a expandir su poder de la mano de «Napia». Su rol es clave para entender todo lo que ocurrió.

Porque el Gobierno, a veces, paga bien los esfuerzos.

Siete meses antes, el 3 de julio de 2006, un comité interno del Indec bajo la batuta de Edwin había redactado una resolución que habilitaba entregarle a Moreno información desagregada sobre cómo se calculaba el IPC, violando el secreto estadístico.

¿Por qué?

Porque si el secretario de Comercio Interior conocía a qué supermercados iban los encuestadores del Indec, podía visitarlos antes, apretarlos y obligarlos a bajar sus precios.

La táctica pareció funcionar, pero resultó insuficiente.

«Napia» optó entonces por enviar a Paglieri al Indec, que empezó elaborando simulaciones de índices paralelas al cálculo oficial, pero luego fue al grano y le encargó al informático Emilio Platerz que, más simple, modificara los números que volcaba en el sistema informático del Indec para calcular el IPC.

O dicho de otro modo: si ni apretando a los comerciantes podían reducir los precios de los productos, ni tampoco imponerles los «Precios Cuidados», entonces inventaron los precios.

Maldita lechuga.

Platzer, sin embargo, se cubrió las espaldas.

Escribió un memo dirigido a sus superiores, en el que dejó asentado que trabajaba sin fórmulas y que eso chocaba con las prácticas correctas de su profesión.

De ahí en más, el Indec pasó a utilizar la planilla «Parámetros de Vulnerabilidad» en la que Paglieri o sus colaboradores fijaban límites a las variaciones al alza de los precios. Es decir, un tope.

Estresados, asqueados, varios directores del Indec optaron por pedir licencia o tomarse sus vacaciones como una forma de escapar de las presiones y ganar algo de tiempo. Pero nunca imaginaron que, cuando retornaran a sus oficinas, ya los habrían reemplazado con tropa propia.

«Yo soy Moreno», dicen que dijo Edwin cuando comenzó a dar órdenes en Condiciones de Vida, la dirección hasta entonces liderada por Trabuchi, mientras celebraba que «la estadística ha vuelto a ser estatizada. No está ni estará en las manos de las corporaciones mediáticas y corporativas».

Hay que reconocer que tan mal a Edwin no le fue.

Porque primero se encargó, ella misma, de ascender a su propia hija, María Sol Padín, a un alto cargo dentro del Indec. Y luego logró que su hijo Juan Manuel Padín quedara como director de Negociaciones Comerciales en la Secretaría de Comercio Exterior.

Pero si a ella y a su familia les fue bien, el Indec era ya un flan.

A su jefe máximo, Mármora, terminó por reemplazarlo Mario Kieger, que duró poco. En abril de 2007, la ministra de Economía, Felisa Miceli, convenció al presidente Kirchner de que lo reemplazara a su vez por Alejandro Barrios, cercano a ATE (Asociación Trabajadores del Estado).

Los gremios resultaron decisivos para los enjuagues.

El sistema.

UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) jugó a pleno con Edwin.

Y ATE-Indec se fracturó entre quienes jugaron con Barrios y quienes se opusieron a la intervención —⁠y se enrolaron en la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina)⁠—, que ya copaba los titulares de los medios con regularidad.

El 15 de mayo, además, el entonces fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, reclamó el desplazamiento de Moreno y de Paglieri por las «graves irregularidades» que verificó dentro del Indec, que estimó llevaron a la violación del secreto estadístico y a la falsedad ideológica de los datos del IPC.

Tribunales comenzó entonces a meter la cuchara, pero como suele ocurrir en el fuero federal los hechos se mezclan con los cálculos políticos. Así, mientras el juez federal Rodolfo Canicoba Corral —⁠de buena sintonía con el kirchnerismo y, en particular, con líderes de La Cámpora como Julián Álvarez⁠— rechazaba la hipótesis de Garrido, el fiscal Carlos Stornelli la hacía propia y pedía avanzar sobre el Indec.

Garrido también estaba detrás de las huellas de Moreno en otro organismo del Estado, la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca). Su titular saliente, Marcelo Rossi, cargaba con el dudoso honor de ser el primer desplazado por «el Napia» por resistirse a usar la Oncca, como se la conocía, como herramienta de presión oficiosa.

«¡Sos difícil, petiso!», le había reconocido Moreno ante la negativa de Rossi. «Bueno, nene, estás en un quilombo y solo tenés tres alternativas —⁠le clarificó⁠—. Si te sumás al grupo, bienvenido. Acá nadie te va a tocar porque a mí me gusta discutir con vos, que por lo menos sabés de qué se trata. O te quedás con la piba (por Felisa Miceli) o te vas a tu casa… y ojalá que no te pase nada».

Así, mientras en Tribunales dormían las investigaciones contra Moreno y sus colaboradores por el Indec y la Oncca, distinta fue la vara de la Justicia cuando el Gobierno denunció a Bevacqua y al exjefe de ingresos en el área del IPC, Luciano Belforte, por una supuesta defraudación al Estado nacional por $ 5294 en horas extras.

La denuncia quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, quien en cuestión de meses procesó a Bevacqua y Belforte, quienes sostenían que todo era «un invento», «una venganza» y «una persecución». Y la Cámara Federal terminó por darles la razón y anuló por «arbitrarios» sus procesamientos, por lo que Lijo se vio obligado a sobreseerlos.

Pero el mensaje les llegó a todos dentro del Indec.

Al igual que en otros escándalos que afrontó el Gobierno —⁠como cuando el embajador Eduardo Sadous relató los presuntos pedidos de coimas en los negocios con Venezuela⁠—, los denunciantes o testigos y cualquiera que osara resistir los designios oficiales debía tener claro que podía terminar denunciado o hasta procesado.

El 6 de julio, la crisis dentro del Indec se agravó. La directora de la Encuesta Permamente de Hogares (EPH), Cynthia Pok, fue desplazada cuando difundió memos internos que alertaban que no estaban dadas las condiciones para analizar los datos de la pobreza.

¿Quién reemplazó a esta técnica?

Rubén Zampino, integrante de lo que dentro del Indec pasó a conocerse como «la patota» de Moreno, y secretario general de la agrupación Pueblo Peronista, la unidad básica de «Napia».

¿«Patota»?

¿Exageraban los funcionarios y empleados del Indec que intentaban resistir la intervención?

No, según el columnista del diario oficialista Página/12, Horacio Verbitsky, quien escribió en su primera columna de julio de 2007 sobre «el arrasamiento del Indec, donde personas armadas llegaron a controlar las pantallas de las computadoras para intimidar al índice de precios».

Cuatro días después del ingreso de Zampino, ATE inició un paro que se extendió durante 40 días y que incluyó un gesto que se convirtió en ritual: los abrazos simbólicos al edificio del Indec ante cada nuevo anuncio de índices adulterados.

Si Menem tuvo su carpa blanca de los docentes, los Kirchner tuvieron sus abrazos al «Indek».

Con el arribo de Zampino a las oficinas de la EPH, los empleados del Indec enrolados en la CTA hicieron algo más. Ellos también empezaron a desarrollar sus propias mediciones, que reflejaron cómo el índice «oficial» subestimaba la pobreza. Luego los siguieron varias oficinas estadísticas provinciales, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) y algunas consultoras.

Pero ni la campaña electoral por la Presidencia —⁠contienda en la que Kirchner planteó una distinción entre el «índice del Indec» y el «índice de la oposición» para denotar un sesgo politizado en sus números⁠—, ni los cambios de ministros modificaron la tendencia.

Caída «la piba» Miceli por la bolsa dinero en su baño privado del Ministerio, Miguel Peirano asumió al frente del Palacio de Hacienda. Y en su primera entrevista periodística, a Página/12, defendió los datos del Indec. «La credibilidad existe en el conjunto de los índices, pero siempre vamos a trabajar para una mayor jerarquización y profesionalización del Indec. Es el camino para garantizar la credibilidad».

Si eso es lo que declamaban desde el Gobierno, no era lo que pensaban, ni como actuaban. Porque alguien les avisó a los muchachos de Moreno que el juez Canicoba Corral estaba por allanar el Indec y son varios los testigos, como la empleada Cristina Papadópulos, que vieron cómo Paglieri y una colaboradora pasaron cinco bolsas con papeles por una trituradora, según reconstruiría luego el fiscal Garrido.

Veinte días después de la asunción de Peirano, el Indec anunció el primer índice de inflación de su gestión, 0,5 % para julio de 2007, muy por debajo de los cálculos privados y en línea con una tendencia que se repetía mes a mes: el Indec oficial siempre anunciaba un índice que era 0,1 punto más bajo que el anunciado para el mismo mes del año anterior. Así, en julio de 2006 había sido del 0,6 %.

Para septiembre, el manoseo era ya manifiesto, en particular al comparar los índices oficiales con los anunciados en distintas provincias, como Mendoza y San Luis, que durante años mostraron una correlación en sus informes, pero que evidenciaron un abismo desde el desembarco de la «patota» de «Napia».

¿Qué hicieron entonces Paglieri & Cía.?

Dejaron de calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

O dicho de otro modo: si ni apretando a los comerciantes, inventando los precios, manipulando el sistema informático y removiendo funcionarios y empleados logramos un índice que nos sirva, pues entonces eliminemos el índice y ya.

Semejante decisión conllevó efectos inmediatos, pero también a mediano y largo plazo, inestimables.

¿Por qué?

Porque el IPC permite estimar cuál es el costo de la llamada «Canasta Básica Total» (CBT), que a su vez sirve para calcular cuánta gente puede solventar esa canasta todos los meses (y quiénes, por tanto, quedan por debajo del umbral de la pobreza), y de la llamada «Canasta Básica Alimentaria» (CBA), con la que a su vez se estima la indigencia.

Es decir, que la Argentina se quedó sin saber, de manera oficial, cuál es su tasa real de inflación y, por tanto, cuántos pobres e indigentes hay. Ergo, ¿qué políticas sociales eficaces pueden desarrollarse si ni siquiera se sabe a cuántos debe alcanzar? ¿Cómo saber, por ejemplo, si los esfuerzos de «redistribución del ingreso» dan resultado? ¿Cómo mejorar las políticas públicas para combatir, por ejemplo, el trabajo en negro, la pobreza estructural o la desnutrición? ¿Cómo negociar un aumento salarial que sea aceptable y no deje a los empleados con menos poder adquisitivo real, pero que tampoco sea tan por encima de la inflación que empuje a la quiebra a sus empleadores? Así, cuando el Gobierno fija un techo oficioso del 27 % durante las paritarias de 2015 —⁠y los aceiteros obtuvieron el 35 % tras 20 días de paro⁠—, ¿se trata de un reconocimiento tácito de la inflación real o la Argentina se convirtió en el país con mejor índice de redistribución del ingreso del planeta?

Un ejemplo elocuente del vuelo a ciegas que emprendió la Argentina es la última medición oficial de pobreza e indigencia, que se difundió en septiembre de 2013. Concluyó que el 4,7 % de quienes viven en el país son pobres y el 1,4 % indigentes. Claro que para eso tuvieron que retocar las cifras hasta la ridiculez. Al punto que en Formosa los pobres no superarían el 1,5 % y los indigentes el 1,4 %.

Como era previsible, comenzaron a surgir sustitutos privados ante la ausencia pública. Algunos fueron serios —⁠como los ofrecidos por el Observatorio de la UCA o Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), que en mayo de 2015 alertó que el 26,2 % de los niños de entre 0 y 4 años es pobre en la Argentina, frente al 10,8 % de la población general⁠—. Otros, no tanto, como alertó el «Perro» Verbitsky, que responsabilizó a Moreno.

«Los desmanes del loco del martillo confieren autoridad a la palabra de cualquier manosanta o candidato que estima lo que se le ocurre o le conviene, porque el Gobierno aniquiló la confianza en el organismo público, que no será la Biblia ni el Corán pero gozaba de una razonable respetabilidad», lamentó el columnista de Página/12 con llegada directa al matrimonio presidencial.

El problema es que la misma ausencia de un Indec creíble llevaría a la Presidenta a sostener, en junio de 2015, que el índice de la pobreza en la Argentina es del 5 % y el de la indigencia del 1,27 %, al exponer en Italia, durante la 39.º conferencia de la FAO, el organismo de las Naciones Unidas (ONU) dedicado a la alimentación y la agricultura.

¿Cuál es la tasa de pobreza en Alemania?

15,5 %.

¿Cuál es la tasa de pobreza en Dinamarca?

6 %.

¿Y en Noruega?

7,71 %.

Es que en esos países, retrucó a la prensa el jefe de Gabinete Aníbal Fernández, «no la están pasando bien». Textual.

Y eso que hasta la CTA oficialista había calculado apenas un año antes que el porcentaje de pobreza en el país llegaba al 17,8 % —⁠es decir, 5,1 millones de argentinos más que los agrupados en la cifra de la Presidenta⁠—, mientras que estimó la indigencia en el 4,4 %, con cerca de 1,8 millón de argentinos, frente a los 520 000 «oficiales».

Pero esos son detalles a la hora de alcanzar los objetivos trazados, con todos los recursos que fueran necesarios. Al punto que la «patota» de Moreno, según ATE-Indec, llegó a moverse con más de 600 personas que se afiliaron a UPCN desde la intervención, incluidos barrabravas y muchachos llegados del Mercado Central. O del Mercado de Liniers, como Hernán Brahim, coleccionista de acusaciones de empleados del organismo que lo señalaban como el gran apretador.

Porque si Edwin repetía «yo soy Moreno», Brahim no se quedó atrás: el «Napia» fue el padrino de su casamiento y, por lo visto, el espejo en que buscó reflejarse.

—¡Sacame a los gorilas! —le gritó a uno de los delegados, Marcelo Rosenzveig⁠—. Corré a ATE de acá porque te voy a cagar a trompadas.

Pero el gremialista de ATE no arrugó.

—Vamos, no tengo problemas en cagarte a trompadas —⁠le informó Rosenzveig⁠—. Pero sin fierros, dale.

Y de manera milagrosa, Brahim se calmó.

En cualquier caso, el Instituto que no difunde desde 2008 los precios promedio de los productos que releva, profundizó con los años ese camino de distorsiones y aprietes.

Peirano lo comprendió cuando protagonizó un contrapunto en la Quinta de Olivos durante una reunión con los Kirchner, el jefe de Gabinete Alberto Fernández, Moreno y él.

Peirano le reprochó a Moreno perseguir a los técnicos y manipular las estadísticas. Pero el Ministro erró el interlocutor, porque la respuesta le llegó de donde no esperaba.

«Las diferencias entre esta Presidenta y usted son muy grandes», fue la frase que quedó flotando en Olivos.

Entre Moreno y él, los Kirchner se quedaron con «Lassie».

Porque «Moreno es más bueno que Lassie. Hasta tendría que morder un poco más», llegó a decir el ex Presidente.

Aunque el apodo le quedaba chico.

«Moreno es como un rottweiler. Kirchner lo tenía atado y a veces lo hacía chumbar. Cristina en cambio lo dejó suelto en el jardín», graficaría, ocho años después, Alberto Fernández.

Chau Peirano, hola Martín Lousteau.

Otra vez el mismo cuento.

Lousteau confió en la relación cordial que había tejido con Moreno como presidente del Banco Provincia. Pero como dijo un filósofo contemporáneo, «una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa».

En enero de 2008, antes de que se informara el primer IPC bajo su gestión, Moreno le ganó de mano y anunció que la inflación había sido del 0,8 %, algo que matemáticamente era imposible, ni tomando en cuenta solo los «Precios Cuidados», desde que una variable de esa ecuación, el transporte, había subido 20 %.

A falta de lechugas malditas, por lo visto también son malditos los micros, trenes, subtes, aviones, taxis, remises y quizá hasta los sulkys.

Lousteau lo dejó pasar esa vez para ir a la pelea de fondo.

Ambos, él y Moreno, presentaron en la Casa Rosada sus propios planes para transformar el IPC. Pero como ocurrió antes con Peirano, la Presidenta no solo eligió el de Moreno, sino que le pidió a Lousteau que lo presentara públicamente.

Lousteau puso por escrito lo que pensaba y se lo envió a la Presidenta: «Indec: una vergüenza. Cada vez perdemos más credibilidad. Lo de enero fue metodológicamente un escándalo. Guillermo Moreno ya sabía, antes del 10 de enero, cuánto le iba a dar la inflación (lo cual es imposible) y nos costó una suba importante del costo del fondeo (…) Además estamos usando métodos patoteriles adentro».

Cero respuestas desde la Casa Rosada.

O, en rigor, sí la tuvo, el 28 de febrero de 2008.

«Bueno, los dejo con el ministro, que les va a dar más detalles», anunció la Presidenta durante un acto de entrega de útiles escolares.

Murmullos…

Risitas…

«Perdón, tiene la palabra el secretario Moreno», enmendó la jefa de Estado; a su lado, el que no sonreía era Lousteau.

Y volvió a obtener la respuesta dos meses después, durante un acto público frente a la Casa Rosada.

Lousteau le reclamó a «Napia» que le hubiera dinamitado la negociación que estaba por cerrar con sectores industriales que transforman proteína vegetal en proteína animal.

—Vos estás loco, estás perjudicando a otro sector hoy para dar una señal a futuro al campo —⁠le increpó el Ministro, que no esperaba el retruque.

—Nosotros hemos trazado una raya. De este lado estamos nosotros, del otro están todos los demás y les vamos a cortar la cabeza —⁠fue la réplica, con gesto incluido de degüello, que los fotógrafos y camarógrafos inmortalizaron para la posteridad.

Ubicados entre ambos, los ministros Carlos Tomada y Jorge Taiana sirvieron de incómodos testigos del incidente. Delante de ellos, Juan Manuel Abal Medina no vio ni escuchó o no quiso ver ni escuchar.

Maduraba la renuncia de Lousteau y el conflicto con el campo la aceleró, mientras Moreno aplicaba sus propios métodos para enfrentar las protestas en las calles con algunos de sus muchachos. Entre ellos, José Luis Blanco, que carecía de conocimientos técnicos pero igual así asumió al frente de la Encuesta de Grandes Empresas del Indec, y se dedicó a tareas más físicas.

Sin embargo, antes de convertirse en el tercer ministro derrotado por «Lassie» en abril de 2008, Lousteau redactó y envió otro memo a la Presidenta, con su diagnóstico y sus advertencias sobre De Vido, sobre Moreno, sobre la inflación y varios puntos más.

Uno de esos ejes lo tituló «Avanzar con el Indec»: «A esta altura vuelve a quedar claro lo que se discutía en noviembre con respecto a la falta de credibilidad del Indec en general y del IPC en particular. Esto está agravando la dinámica inflacionaria, ya que al no haber pauta objetiva, la gente ajusta subjetivamente (su precio de reposición, su demanda salarial, etc.) y en lo que respecta a precios siempre lo subjetivo supera la realidad. Así es como hay encuestas que indican que la gente estima la inflación en más del 30 %. La única manera de resolver esto es terminar con la intervención, poner a cargo del Indec a un equipo idóneo y convocar a un grupo de expertos que sean usuarios de las estadísticas (académicos, economistas, analistas del sistema financiero, representantes de las asociaciones de consumidores) a que den su aval al trabajo que se haga».

La Presidenta, bien gracias.

Chau Lousteau; hola Carlos Fernández.

Chau Alberto Fernández; hola, Sergio Massa.

Junto a «Massita», como Néstor Kirchner lo apodó, afirman que intentaron corregir el desmadre, pero chocaron con la realidad. Recuerdan un viernes en particular, cuando juran que incluso llegó a redactarse el decreto para intervenir el Indec.

El hombre a cargo sería Santiago Montoya.

El secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, llevó el decreto al despacho de Cristina Kirchner. Pero la iniciativa murió ahí. Algunos creen que porque «Montoya no era garantía»; otros porque el candidato ponía condiciones; otros más porque la Presidenta jamás mostró un interés real por modificar —⁠o siquiera aludir⁠— de manera explícita la inflación.

«Ni en la Argentina, ni en ninguna otra parte del mundo, la percepción que la sociedad tiene acerca de determinadas cosas coincide con la estadística», fue la respuesta de CFK en Nueva York, durante un encuentro en el Council of the Americas de septiembre de 2008, ante la pregunta sobre «inflación» del analista para América Latina de Eurasia Group, Daniel Kerner. La respuesta presidencial duró 25 minutos. Defendió al Indec, acusó a un pequeño grupo de trabajadores de desarrollar una campaña de desprestigio por una «disputa política», y negó la remarcación de precios: «Las variables de la macroeconomía nos indican, en la República Argentina, que no estamos ni están dadas las condiciones para que se dé un proceso inflacionario».

Massa intentó algo más. Mediante un decreto reunió a varias universidades en el llamado Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES). Y presentaron un informe en 2010 en el que expusieron que el IPC oficial «no era confiable» y reclamaron un «cambio urgente» en el organismo. El entonces ministro de Economía, Amado Boudou, nunca recibió a los miembros del CAES.

En efecto, con la derrota electoral de 2009, con Aníbal Fernández como nuevo jefe de Gabinete y con Boudou como ministro, la mano no cambió demasiado. Por un lado, se anunció que el Gobierno trabajaría con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para confeccionar un nuevo índice de precios a nivel nacional —⁠proceso que continúa inconcluso a mediados de 2015⁠—; por el otro, la Presidenta firmó el decreto 867/09 para designar a Roberto Itzcovich como nuevo director nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio.

Economista con una maestría pendiente, empleado del Indec desde 1992, Itzcovich solo creció de manera acelerada dentro del organismo desde el desembarco de Moreno, cuando pasó a desempeñarse como director de Planificación y Coordinación Estadística. Y formaba, junto con Paglieri y Edwin, la trilogía ejecutora de las órdenes de «Lassie».

Dentro del Gobierno recuerdan como uno de sus grandes méritos la entrevista que concedió al diario Crítica de la Argentina para defender la intervención del Indec. «Supongamos que yo mienta —⁠planteó⁠—. Que la inflación sea del 2,5 % y no del 0,4 %. ¿A quién le importa, si cada uno vive su realidad?».

Tanto o más que sus respuestas a los periodistas, sin embargo, dentro del Gobierno aún celebran la «picardía» de Itzcovich durante aquella entrevista con Claudio Zlotnik y Alejandro Bercovich: en las fotos apareció con una corbata llena de pingüinitos.

Pero mientras algunos celebraban cuán pícaro era o parecía Itzcovich, Verbitsky fue más contundente con otro de sus juegos de palabras y nombres. «Indec», planteó los domingos del 29 de noviembre y 6 de diciembre de 2009, significaba «Institucional Nacional de Exterminio de la Credibilidad». Y su desmanejo, añadió, le costó muchos votos al Gobierno en las elecciones que ganó Francisco de Narváez.

Boudou comprendía a la perfección el problema que implicaba un Indec distorsionado. Si hasta se lo confesó el 26 de enero de 2010 a la entonces embajadora de Estados Unidos en la Argentina, Vilma Martínez, que dos días después envió un cable a Washington que vio la luz gracias a la filtración de WikiLeaks. «El Gobierno no está en posición de afrontar aspectos controvertidos de sus políticas económicas, tales como los problemas asociados con el Indec», argumentó el marplatense, ya que «implicarían un enorme costo político para el Gobierno dadas las agresivas campañas de la prensa local».

Pero si Boudou buscaba reducir los costos políticos para el Gobierno, Moreno no pareció tan preocupado cuando su «patota» irrumpió en la Feria del Libro, en abril de 2010, para cortar la presentación del libro Indek. Historia íntima de una estafa del periodista Gustavo Noriega, junto a Beatriz Sarlo y el ya exfiscal Garrido, entre otros.

Arrojaron sillas y golpes, hirieron a unos pocos y empujaron a unos cuantos más, mientras que cuatro de los violentos quedaron detenidos y recuperaron su libertad horas después.

No fue ni la primera, ni la última vez en que actuó la «patota», que por entonces también incluía a Matías Goñi, uno de los capos de la barra de River, «Los Borrachos del Tablón», quien además de ufanarse ante la Justicia de su relación con Moreno —⁠que ordenó designarlo en la Secretaría de Industria cuando ya arrastraba un procesamiento judicial⁠— afirmaba por teléfono que visitaba la Casa Rosada.

El sistema.

Por eso no deberían sorprender los resultados obtenidos.

Como cuando los muchachos definieron a las trompadas quién se iba y quién se quedaba en los despacho de la Comisión Nacional de la Competencia que Moreno se disputaba con José «Pepe» Sbattella, que terminó por irse a su casa. Pero volvería para la revancha desde la unidad antilavado (la Unidad de Información Financiera, UIF).

O como cuando a bordo del interno 787 de la empresa Plaza de los hermanos Cirigliano, la «patota» se trasladó hasta la puerta de la Quinta de Olivos para ahuyentar a los caceroleros. Fue la noche del sábado 14 de junio de 2008, en pleno conflicto con el campo y el buen Brahim se mostró junto a, entre otros, Jorge «Acero» Cali.

Pero si cientos de miles de ciudadanos salieron igual a las calles durante el conflicto con el campo y varias veces más, los líderes empresarios brillaron por su ausencia en reiteradas ocasiones, y por temas muy distintos —⁠entre ellos, el Indec⁠—, con escasísimas salvedades.

Entre esas excepciones no descollaron ni el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Lascurain —⁠«Hay un énfasis de ciertos sectores minoritarios en remarcar eventuales dificultades o intentar generar un escenario de temor frente a la inflación»⁠—, ni el titular de la Asociación de Bancos de la Argentina (Adeba), Jorge Brito —⁠«Como todo asunto que se ocupa de la medición de parámetros económico-sociales y elaboración de estadísticas, el Indec es perfectible»⁠—, ni el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Carlos Wagner, que pidió «ser cuidadosos con el Indec para evitar cualquier especulación en este tema de tanta relevancia nacional».

La burguesía nacional.

En ese contexto, Boudou optó por no repetir la senda de Peirano y Lousteau, y dejó hacer a Moreno, que ni aun así le perdonó su relación con Brito, a quien detesta.

Para ser exactos, el desprecio entre «Napia» y el banquero es mutuo.

Brito calificó a Moreno como «un psicópata que se cree un genio», según informaron los diplomáticos de Estados Unidos en un cable que enviaron a Washington y salió a la luz gracias a WikiLeaks.

Y Moreno considera a Brito un delincuente y un conspirador. «Decile a tu jefe que lo voy a meter preso», le dijo «Napia» a Boudou y se encargó de que trascendiera.

Pero mientras protagonizaba sus peleas personales, en septiembre de 2011, «Lassie» también siguió con sus embates funcionales. Para eso multó —⁠y en ciertos casos querelló⁠— a varias consultoras que comenzaron a ofrecer el servicio que no prestaba el Indec, es decir, informar cuál podría ser la tasa de inflación real. Cargó contra FIEL, Finsoport, Ecolatina, Econviews, M&S Consultores (Carlos Melconian y Rodolfo Santángelo), Orlando J. Ferreres y Asociados (OJF), Estudio Bein, Gabriel Rubinstein, la Asociación de Dirigentes de Empresa (ADE) y hasta contra Bevacqua —⁠que se marchó del Indec al sector privado⁠—. A cada una le impuso $ 500 000 de multa.

Con el tiempo —años— la mano terminaría por revertirse. En octubre de 2013, la Corte Suprema de Justicia rechazó esas multas, y a mediados de 2015 Moreno, ya con un procesamiento confirmado por «abuso de autoridad», quedó a las puertas de afrontar su primer juicio oral.

Pero por entonces eso no hubiera sido más que futurología. Porque en aquel momento Moreno se encontraba en la cúspide de su poder, con la Presidenta reafirmando desde Georgetown University, en las afueras de Washington, su labor en el Indec con una frase que le recordarían sus críticos una y otra vez: «Si realmente los números fueran de una inflación del 25 al 26 %, el país estallaría por los aires».

El reemplazante de Boudou al frente del Ministerio de Economía, Hernán Lorenzino, aportó otra frase icónica al eje inflación-Indec.

«Me quiero ir».

Lorenzino, que rehuía de los periodistas argentinos como de la muerte, aceptó dialogar en diciembre de 2012 con una cronista griega, Eleni Varvitsiotis, que viajó a la Argentina por un informe sobre la crisis económica mundial y las distintas estrategias adoptadas en varios países.

—Tengo una pregunta muy simple para usted, que parece bastante complicada: ¿cuál es la inflación en la Argentina? —⁠le planteó la griega.

La primera réplica de Lorenzino fue inmediata.

—Las estadísticas oficiales registran mes tras mes la inflación y esa es… eh… la única inflación posible, la única oficina pública. Eh… encargada y con capacidad técnica para medir… eh… cualquier estadística, depende del Ministerio de Economía.

—Sí, ¿pero cuál es la inflación en este momento?

Esta vez, Lorenzino dudó, pero al fin contestó.

—Creo que el acumulado de los últimos 12 meses es el 10,2, me puedo estar equivocando en alguna décima.

—El FMI dijo que podría haber sanciones por estadísticas erróneas. ¿Qué va a hacer al respecto?

Lorenzino se quedó entonces callado. Amagó con una respuesta. «Le vuelvo a repetir, creo que es un… eh…», pero titubeó y calló, miró para el costado y dijo: «No sé, no sé. ¿Puedo cortar esto un minuto?».

Segundos después, sin darse cuenta de que el micrófono lo grababa aún, le dijo a alguien que lo acompañaba: «Me quiero ir». Y luego pareció dirigirse a la periodista griega: «Además, hablar sobre estadísticas en la Argentina es complejo, ¿ok? Prefiero quedarme con la última respuesta que te di y no ahondar en el tema».

Lorenzino se levantó y se fue.

Como ministro de Economía, sin embargo, Lorenzino debió aguantar varios meses más antes de irse. Lo reemplazó Axel Kicillof, que pareció llegar al cargo con más poder que sus antecesores y ofreció algunos indicios alentadores.

El primero, que en sus tiempos de profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y columnista esporádico en la prensa, solía criticar la manipulación del Indec. Más aún, desde el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda), que creó en 1994, había impulsado un índice alternativo a la tasa oficial de inflación.

El segundo, que durante el verano 2013-2014 anunció que trabajaba en una profunda «reorganización de toda la estructura» del Indec, y sus colaboradores prometían que se metería «de lleno» a sanearlo.

Y el tercero y más obvio indicio de que algo podía cambiar fue que, el 19 de noviembre de 2013, Moreno también había renunciado como secretario de Comercio Interior, tras una gestión que incluyó peculiares giras por Angola y Azerbaiján, con lo que pasó a llamarse en la prensa como «el Arca de Moreno».

«Napia» juntó todo su archivo de música gregoriana que le gustaba escuchar en su despacho, se despidió de su fiel mayordomo Antonio —⁠que por última vez apretó el botón para salir por el ascensor exclusivo para funcionarios⁠— y se marchó como agregado comercial a Italia.

En Buenos Aires, y con el asesoramiento del FMI —⁠que en un gesto sin precedentes había aprobado una moción de censura contra la Argentina por la mala calidad de sus estadísticas⁠—, Kicillof lanzó un nuevo Índice de Precios al Consumidor Nacional urbano (IPC-Nu), que alentó las esperanzas de una normalización.

Pero hasta ahí llegaron las esperanzas.

Kicillof mantuvo a Ana «Yo soy Moreno» Edwin al frente del Indec durante varios meses y, cuando al fin la desplazó en octubre de 2014, ascendió a Itzcovich como su nuevo director general.

Para peor, el nuevo índice IPC-Un empezó a mostrar señales de riesgo, disparidades con otras mediciones y un excesivo peso de los «Precios Cuidados» en la ponderación, mientras que el Gobierno evitaba informar otros datos que debían ser públicos.

El contexto es complejo. La manipulación de las estadísticas del Indec conlleva la consabida ausencia de datos fiables sobre inflación, pobreza, indigencia y empleo, tanto dentro como fuera del país, al punto que The Economist, el semanario de referencia para inversores y analistas internacionales, dejó de publicar los datos sobre la inflación argentina por su falta de credibilidad.

También abrió un problema de difícil solución. Porque según cómo se intente corregir el entuerto, el Estado argentino podría afrontar una oleada de demandas de tenedores de los títulos públicos que se ajustan por inflación, reclamándole miles de millones de dólares acumulados en intereses que el Gobierno evitó pagar gracias a esa manipulación.

Tampoco ayudaron demasiado algunos empleados. Como los que guardaron pasta base y cocaína en los lockers de los empleados del Indec, en octubre de 2014. Al parecer, dos muchachos que, además de integrar «la patota» que dejó Moreno en el organismo, integran la barrabrava del club de fútbol Excursionistas.

Acaso por toda esta sumatoria de factores, Kicillof optó por esquivar el cuco de la inflación, poner a los «Precios Cuidados» como la solución a los problemas, y soslayar las mediciones que incomodan.

—¿Cuántos son los pobres en los índices que usted tiene? —⁠le preguntó la periodista Mariana Verón en el programa radial No somos nadie.

—Esa pregunta, cuántos pobres hay, es una pregunta complicada… eh… Convengamos que es bastante relativa. Yo no tengo el número de pobres, me parece que es una medida bastante estigmatizante.

Como si Kicillof lo necesitara, Itzcovich salió a decir como jefe máximo del Indec que el Indec no servía de mucho: «No resulta fácil definir qué es la pobreza», lanzó.

Claro que no es lo mismo lo que muchos funcionarios defienden en público y lo que esos mismos funcionarios creen y dicen en privado.

Kicillof no es la excepción.

El lunes 13 de abril de 2015, durante una charla en el Mercado Central con referentes de ADIMRA, la cámara que nuclea a empresas metalúrgicas, y CGERA, agrupación de pymes cercanas al Gobierno, abordó los riesgos latentes: «¿Cómo vamos a dar sustentabilidad y estabilidad a nuestra economía y a nuestras políticas económicas si tenemos a medio país excluido, con dificultades para acceder a la comida, a los bienes básicos que tiene que dar el Estado, la salud, la educación, la infraestructura, las cloacas? ¡Eso no es estabilidad, eso es explosivo!».

«Medio país excluido», dijo.

Según el «Indek», el ministro de Economía miente[9].

J / Jaime

La leyenda decía que mientras Néstor Kirchner viviera, su amigo Ricardo Jaime sería intocable. Y la leyenda incluía explicaciones disparatadas. Desde que el cordobés se encargó de criar a un hijo natural del santacruceño —⁠con quien se conocía desde 1989⁠— hasta que salían juntos de caravana loca, con el entonces gobernador escondido donde van las piernas del copiloto, en la camioneta de «Jaimito», para que no lo viera escabullirse su custodia.

La realidad, claro, era más sencilla.

Jaime, «Turco» o «Karateca» para sus amigos, era de salir con «Lupo». Juntos se escapaban hasta Comodoro Rivadavia, por ejemplo, para despuntar el vicio de la ruleta, en el primer casino que abrió el empresario Cristóbal López, allá por 1992.

Y también fue uno de sus recaudadores.

La Piñata.

Ergo, con él era intocable.

El sistema.

Salvo, claro, que ocurriera una catástrofe.

O que ella, que nunca lo bancó, tomara las riendas.

Y ambas imposibilidades ocurrieron.

«Por razones personales he presentado la renuncia en forma indeclinable al cargo con el que me ha honrado la señora presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner», escribió Jaime, el 1.º de julio de 2009.

¿Su reemplazo? Juan Pablo Schiavi.

Jaime había recorrido un largo camino, público y privado.

Era uno de los funcionarios más cuestionados del Gobierno. Y desde hace años disputa la pole position con el vicepresidente Amado Boudou y Lázaro Báez, entre otros, para convertirse en el rostro icónico de la «corrupción K», como María Julia Alsogaray pasó a serlo de la década menemista.

Pero con una diferencia. Mientras que la imagen de Alsogaray que la mayoría de los argentinos más recuerda es la suya, desnuda y con un tapado de piel, en la tapa de la revista Noticias, la de Jaime se vincula con la tragedia del tren 3772 de la línea Sarmiento, a las 8.33 del 22 de febrero de 2012.

La Tragedia de Once.

51 muertos, 800 heridos.

Pero Jaime no se siente responsable.

«No tengo cargo de conciencia por el accidente de Once», afirmó al abrirse el juicio oral. «No se puede responsabilizar a un funcionario que se fue en 2009 por un choque donde dos pericias dejaron en claro que el tren estaba en condiciones de frenar. No me pueden responsabilizar por el choque», insistió.

Pero la Justicia piensa, por ahora, distinto. Lo procesó al igual que a Schiavi por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por la falta de controles sobre la concesionaria y las condiciones en que prestaba el servicio.

Nada que sorprenda demasiado.

Porque era un final cantado desde el principio de su gestión.

—Turco, Néstor te necesita en Transporte —⁠le comunicó el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en 2003.

—Pero yo no sé nada de transporte —se excusó «Jaimito».

—Venite igual.

Como secretario de Transporte, Jaime aprendió a manejar una caja millonaria para subsidiar con un piso de $ 250 millones por mes los colectivos urbanos. Nada mal. Unos $ 3000 millones de libre albedrío por año. Que hasta el arribo de las tarjetas SUBE —⁠que deparó sus propios negocios⁠— movió montañas y más montañas de dinero cash.

Y Jaime, que no sabía nada de Transporte, forjó rápido una alianza con algunas empresas, como Trenes de Buenos Aires (TBA), de los hermanos Claudio y Mario Cirigliano; Emepa, de Benjamín Gabriel Romero; el Grupo Roggio; y Sergio Taselli, que fue el más rápido en caer en desgracia y perder los ramales ferroviarios Roca y San Martín.

Lo insólito es que, encima, Jaime es uno de los pocos funcionarios que, de acuerdo a los papeles, salió de la gestión pública más pobre de lo que ingresó: al asumir declaró $ 261 000 ante la Oficina Anticorrupción, pero al marcharse declaró bienes por apenas $ 88 000: una moto, una casa en el Sur y varias deudas.

Es, cuando menos, un empobrecimiento llamativo.

Entre otros motivos porque cuando llegó a la Secretaría de Transporte invitó a un periodista a tomar café en su oficina. Con el ojo entrenado para detectar detalles reveladores, el periodista observó su saco raído, la camisa tan gastada que ya se le habían formado «bolitas» en ciertas partes, y la suela de al menos uno de sus zapatos agujereada.

«Él se vino a Santa Cruz con una mano atrás y una adelante, no tenía la plata que tiene ahora», rememoraría luego la fiel secretaria privada y confidente de Kirchner, Miriam Quiroga, que lo recuerda a Jaime desde el día en que llegó de Córdoba, sin un peso, y terminó alojado en la casa de su abuela. «En los pueblos del interior se dan esas cosas de solidaridad», simplificó Quiroga, que también caería en desgracia en cuanto «Lupo» no estuvo allí para protegerla.

Pero aquella pobreza de Jaime cuando ingresó a la Secretaría chocó con el nivel de vida que comenzó a mostrar casi de inmediato, con nuevo vestuario, anillos, relojes y gemelos, y una billetera generosa.

Chocó, también, con lo que reveló el diario La Nación un mes antes de su renuncia, sobre un peculiar jet privado valuado en US$ 4 millones que Jaime utilizaba como propio.

La aparición del «avión de Jaime», como pasó al imaginario colectivo, era un manantial de sorpresas. No solo porque la firma que figura como dueña de la aeronave matrícula N786YA era una sociedad costarricense, Pegasus Equity Investment, sino que su presidente era un obrero que ganaba US$ 400 por mes y vivía en un barrio humilde de la capital de Costa Rica, San José.

¿Su nombre? Edgar Antonio Rosales Rodríguez, según confirmó él mismo cuando este autor lo ubicó en el barrio San Sebastián, uno de los más populosos de San José y sus alrededores.

Casado, 40 años, dos hijos, Rosales Rodríguez ocupaba una casa de 139 metros cuadrados, cuyo valor fiscal era de US$ 7256, que compró con una hipoteca que vencía en 2016. Más relevante para la trama del avión, integraba la junta directiva de 61 sociedades anónimas —⁠entre ellas, la de Pegasus⁠—, y trabajaba para una firma, Consorcio Esquivel, desde hacía siete años.

«Para esa información, tiene que hablar con el abogado», se excusó Rosales ante este autor, al que derivó con Ignacio Esquivel Seevers, socio de Facio y Cañas, uno de los estudios jurídicos más importantes e influyentes del país, donde uno de los socios principales fue Rodrigo Arias Sánchez, por entonces ministro de la Presidencia y hermano del entonces presidente costarricense, Oscar Arias.

El escándalo que causó ese avión reportó otro dato en apariencia más anodino, pero más relevante: por primera vez aparecía un vínculo entre Jaime y un operador y lobbista llamado Manuel Vázquez, sospechado de ser su testaferro y alter ego.

Conector.

Como José María Núñez Carmona lo sería para Boudou.

O Lázaro Báez, entre otros, podría serlo de los Kirchner.

Exalto ejecutivo de Bunge & Born, exgerente general de una firma de Carlos Sergi —⁠la figura clave para entender el escándalo de corrupción «Siemens-DNI»⁠—, y operador todoterreno que se floreaba de sus contactos con Carlos Corach y Hugo Franco durante el menemismo o con Claudio Cirigliano en el sector del Transporte, podría hablar durante horas sobre los sótanos de la política. Pero mantiene su boca cerrada.

En los 90, Vázquez trabajó para una consultora, Swipco —⁠vinculada a José Luis Manzano y Adelina Dalesio de Viola⁠—, que se encargó de una auditoría del Proyecto DNI, acordada con el Ministerio del Interior, pero que le cobraba a Siemens una tasa del 1,27 % de sus ingresos, en coordinación con una empresa de lobby, «Inspection and Control Services Sucursal Argentina» (ICS), cuyo rostro en Buenos Aires fue Juan Alemann, exsecretario de Hacienda durante la última dictadura, como revelaría Miguel Bonasso, en Página/12, en abril de 2000.

Pero si la rescisión del contrato de Siemens por los DNI conllevó también el final para aquel negocio del «doctor Vázquez», con el ascenso del kirchnerismo su corazón se llenó de esperanza otra vez.

«Para tu información», le comunicó a un operador amigo, «hasta hoy: dos ministros y siete, repito, SIETE secretarios de diferentes ministerios están a nuestra disposición para trabajar en diferentes proyectos. A esto sumale la Sigen y el Comfer», se ilusionó Vázquez, según consta en sus correos electrónicos.

Sí, en sus correos electrónicos.

Porque la Justicia obtuvo una copia de sus correos.

Porque pese a toda experiencia y sus contactos, Vázquez cometió un error imperdonable cuando la Justicia ya lo tenía en la mira por su relación con Jaime: no borró sus huellas electrónicas.

No lo hizo, en particular, en las computadoras de su amada firma Controles y Auditorías Especiales de Argentina SA (Caesa).

Así, cuando la Justicia ordenó en julio de 2009 que lo allanaran, la Policía Federal se llevó esas computadoras y los expertos informáticos accedieron a sus discos rígidos y lograron recuperar miles de correos electrónicos de, como lo apodan sus amigos, «el Gallego».

¿Qué dicen esos e-mails?

Que empresarios del transporte —como los Cirigliano y Héctor Cimo⁠— aportaron dinero para comprarle a «Jaimito» ese avión.

Que Vázquez, un hombre del Opus Dei, cobró comisiones por la compra de material ferroviario a España y Portugal, tajadas que Jaime autorizó de manera personal.

Que Jaime y su esposa compraron un departamento de US$ 450 000, más un auto, un diario y una radio en Córdoba que no aparecen en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.

Que Vázquez intervino en la compra de US$ 1 millón que también eran para «Jaimito».

Que un hermano del «Turco», Daniel Jaime, también le cobró dinero de las empresas a las que Ricardo debía controlar y se encargó de comprarle una camioneta a su sobrina —⁠una hija de «Jaimito»⁠— que vive en Brasil con dinero que le enviaron desde la Argentina.

Que Vázquez recaudó dinero negro de empresas españolas para las campañas electorales del kirchnerismo.

Que «el Gallego» Vázquez también cobró US$ 1 150 000 de LAN —⁠eso sí, en tres pagos⁠—, por una supuesta «consultoría», justo cuando la línea aérea llevaba ya un año en el país, pero buscaba mejorar su relación con el Gobierno y, de ese modo, ampliar sus operaciones.

Que Vázquez también armó todo un entramado societario para cobrarle comisiones a la empresa francesa Alstom por el proyecto del «tren bala», negocio que se manejó desde las oficinas del lobbista.

Que «el Gallego» se involucró en el proyecto de un grupo de empresarios argentinos que buscó comprarles Aerolíneas Argentinas a los españoles, como soñaba Kirchner.

Que Vázquez también sondeó la posibilidad de intermediar con los españoles en la posible venta del canal Telefé, hasta que le pasaron el dato de que quien estaba atrás de esa posible operación era Rudy Ulloa, momento en que se abrió. Porque cada toro debe ser dueño de su corral.

Y que Vázquez metió su nariz para que Aerolíneas —⁠cuando volvió a quedar bajo el control del Gobierno⁠— le comprara aviones al fabricante brasileño Embrear.

La Piñata en su esencia más grotesca.

Esos e-mails del operador también aportaron otros indicios sobre una realidad paralela y clandestina que por mucho excedió a Jaime.

Porque Vázquez, como «el asesor» mexicano Galio Bermúdez en La guerra de Galio, la genial novela de Héctor Aguilar Camín que ya se convirtió en un clásico de la literatura latinoamericana, podría guiar a los ingenuos por los sótanos de la política.

El ladero de Jaime podría contar tanto…

—Porque Vázquez se presentó como uno de los intermediarios del Gobierno argentino en España y Portugal, junto con su socio Miguel Ángel Lorente desde Madrid, en la compra de material ferroviario en la península por 235 millones de euros, que resultó poco más que «chatarra» que nunca pudo utilizarse en la Argentina, según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN).

—Porque con ellos colaboraban —o al menos así lo presentaban Vázquez y Lorente⁠— un encuestador y consultor político, Carlos Malo de Molina, convocado para recaudar fondos para la campaña argentina, al igual que un tal Andreu Campanario Ponga, y hasta un exministro de Economía de Felipe González, Carlos Solchaga, que tiene su propia consultora de lobby, con su socio José Recio.

—Porque para la recaudación tocaron (o pretendían tocar) a todas (o casi) las empresas españolas relevantes: Indra (por negocios en ferrocarriles, la tarjeta SUBE y el Belgrano Cargas); Aerolíneas (con aporte incluido de $ 398 000 a la campaña); los bancos Santander y BBVA, Isolux, Repsol, Gas Natural, La Caixa, Prosegur, El Corte Inglés, Mapfre, Endesa, Aguas de Barcelona y hasta el Grupo Prisa.

—Porque para los negocios abordaron varias áreas del gobierno español; entre otras, los Ministerio de Fomento y de Industria, Renfe (Red Nacional de Ferrocarriles Españoles) y Feve, P4R, ITF y Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias).

—Porque mencionaban como habitués —fuera cierto o puro humo⁠— a funcionarios españoles como el ministro de Fomento José Blanco (por entonces número dos del Partido Socialista Español, PSOE), a Magdalena Álvarez Arza, Juan Barba, Apolinar Rodríguez, Gonzalo Martín Baranda y Jesús Monte.

—Porque pujaron con el embajador argentino en Madrid, Carlos Bettini, por el acceso a las empresas para cobrarles los aportes a las campañas de 2005 y 2007, al punto de acusar al amigo de los Kirchner de cobrarles a las empresas por asesorarlas y conectarlas con funcionarios argentinos o destrabar asuntos dentro del Gobierno.

—Porque en 2008 soñaron con el «Proyecto Cóndor» para comprar en secreto Aerolíneas Argentinas con un «grupo de inversores», un negocio que según el hermano de Jaime prometía «un buen margen para quien ya sabés». Y que según Vázquez incluía a Aeropuertos Argentina 2000, al grupo de Carlos Ávila, a «un banco» y a Isolux Corsan, que ante la consulta de este autor desmintió entonces su interés en ese proyecto.

—Y porque discutieron cifras para todos los gustos, como así también «fees de éxito» o «success fees», «comisiones», «pagos», «costes políticos», «facturación», «reparto» y muchos eufemismos más.

El sistema y la Piñata, combinados.

Porque, en esencia, Vázquez solo quería colaborar. O, al menos, así se lo planteó al hermano Daniel del entonces secretario de Transporte, en un e-mail que le envió en 2004: «Mi relación nunca buscará algún beneficio personal ni profesional para mí, sino únicamente ayudarlo, protegerlo, cubrirlo, hacerle de testaferro, etcétera».

Vázquez, un hombre desinteresado.

Por suerte (para Vázquez y para el Gobierno), la Justicia declaró nulos esos e-mails porque no se garantizó su «cadena de custodia». Es decir, que no se podía descartar que algún perverso hubiera adulterado el contenido de esos miles de correos electrónicos, inventando intercambios completos, insertando frases insidiosas, cargadas de malicia y perfidia, para perjudicar al desprendido Vázquez y a Jaime —⁠el digno funcionario que declaraba empobrecerse más y más con cada año en la función pública⁠— y, en última instancia, a la Casa Rosada.

El juez federal Norberto Oyarbide se encargó de eso.

El mismo juez que mantuvo entre sus manos las causas por enriquecimiento ilícito de los Kirchner, las coimas de Skanska, la mafia de los medicamentos, Sueños Compartidos de Schoklender-Bonafini, y otras varias investigaciones incómodas para el poder.

Lo confirmó la sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah. Los mismos que declararon la nulidad de una prueba clave para probar las coimas pagadas por Skanska y confirmaron el desestimiento de la denuncia de Alberto Nisman contra la Presidenta por supuesto encubrimiento a Irán sin siquiera abrir la pesquisa a prueba.

El sistema.

Y por fortuna para Jaime, Vázquez & Cía., el fiscal subrogante de Investigaciones Administrativas luego de que Manuel Garrido diera un portazo, Guillermo Noailles, no apeló ante la Corte Suprema.

Noailles, el mismo fiscal subrogante que tampoco apeló el sobreseimiento de Oyarbide a favor de los Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito.

Acaso Jaime no estuvo tan equivocado al creerse intocable.

«Jaime le llevaba una valija —que no sé qué tenía adentro⁠— todas las noches a Kirchner, vivía al filo de la legalidad», detalló el exsubsecretario de Transporte Aerocomercial, Ricardo Cirielli, a la revista Noticias en 2010.

Por entonces, Cirielli ya había roto con «el Turco», su otrora jefe, en los peores términos. «Al no ser inteligente, (Jaime) siempre se equivocó. No me sorprende la impunidad. El sentido del poder permanente que tenía Jaime lo llevó a esto».

¿Cómo no marearse, si Jaime había sido el primer secretario general de la primera gobernación de Kirchner cuando tomó las riendas de Santa Cruz en 1991?

¿Cómo no marearse si en 1999 se peleó con Kirchner, retornó a Córdoba, trabajó para el gobernador José Manuel de la Sota, fue el segundo en el Ministerio de Educación provincial de Juan Carlos Maqueda, que terminó luego en la Corte Suprema, y «Lupín» volvió a convocarlo en 2003 para jugar en primera división?

¿Cómo no marearse si ahora Kirchner lo llevaba a las grandes ligas a sabiendas de ciertas tendencias cuando menos inquietantes? Porque el exdiputado nacional y viejo conocido del kirchnerismo en Río Gallegos, Rafael Flores, recuerda por ejemplo cómo desapareció su perro «Newton», el único Bassett Hound en toda la capital provincial en 1991, al que buscaron con esmero, con panfletos incluidos. Hasta que un vecino los alertó de que lo tenía Jaime, que los conocía y vivía allí nomás. «Nos había afanado el perro», sintetiza Flores.

¿Cómo no marearse, rodeado de chicas rubias y llamativas, que se conocieron como «las barbies de Jaime», mientras que lograba que Kirchner anunciara que desarrollarían un tren de alta velocidad de Buenos Aires a Mar del Plata por US$ 1200 millones?

¿Cómo no marearse si sobrevivió indemne a la incautación de cuatro valijas en el aeropuerto de Barajas, Madrid, con 60 kilos de cocaína, en un vuelo de Southern Winds, de sus empresarios amigos Cristian y Juan Maggio, que recibían $ 7 millones en subsidios por mes para combustible y a cambio aportaban fondos y aviones a la campaña electoral? Porque los Maggio podrían contar cómo le ordenaron a un empleado, Walter Beltrame, que se pusiera a disposición de Jaime y su señora, para lo que el funcionario mandara o quisiera.

¿Cómo no marearse si sobrevivió al informe de la AGN que determinó que el Estado nacional había aportado $ 101,6 millones para el mantenimiento de Southern Winds, que ya se encontraba en situación de inviabilidad económica, pero no se molestaba en presentar informes, planes de acción, detallar la cantidad de pasajeros que transportaba o los kilómetros que volaba, ni sus balances de 2002 y 2004?

¿Cómo no marearse si no lo afectaban los reclamos de los usuarios y las denuncias sobre demoras de hasta 40 horas en el tren Gran Capitán que unía Buenos Aires con Posadas, y para el que había prometido el apoyo del Estado, pero luego se desinteresó por completo, acaso porque no cobraba subsidios?

¿Cómo no marearse si la AGN también había analizado la situación de la línea Sarmiento en 2008, casi cuatro años antes de la tragedia, le había alertado sobre múltiples problemas e incumplimientos, y concluido que «cada una de estas situaciones constituyen riesgos que atentan directamente contra la seguridad de los usuarios del servicio, y de aquellos que, de algún modo, tienen contacto con el sistema», pero nada había pasado… o eso parecía?

¿Cómo no marearse si los cuestionamientos del Congreso le resbalaban como si fueran agua, incluso cuando venían de aliados del oficialismo como Ariel Basteiro y Carlos Raimundi? Porque a nadie parecía importarle que Esteban Bullrich, del PRO, pidiera su cabeza sosteniendo que «perdimos millones de dólares en un cúmulo de idioteces. Idioteces en el sentido griego de no darles importancia a los asuntos públicos. Hay que soltarle la mano al secretario Jaime, para terminar con su cúmulo de idioteces». O que el radical Alejandro Nieva recordara que «seguramente Jaime se olvidó de decirle al jefe de campaña de la Presidenta sobre el estado de Aerolíneas. Si no, no se entiende cómo dejaron que Marsans aportara 300 000 pesos para la campaña». Pero nada. Silencio de radio desde la Casa Rosada. Y Jaime seguía su camino, aunque empobreciéndose ante la Oficina Anticorrupción.

¿Cómo no marearse si parece que tampoco lo afectaban las acusaciones cruzadas entre su Secretaría de Transporte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), que se vertieron en el expediente administrativo 193 871, en el que se expusieron que los trenes eran (y aún son) «obsoletos», que las vías mostraban (y todavía muestran) un deterioro «irreversible», que el sistema de señalización se encontraba (y aún se encuentra) en estado «preocupante» y que ese sistema, al igual que las instalaciones en general eran (son) de una «inusitada antigüedad»? ¡Y lo sostenían ellos mismos!, como expusieron Diego Cabot y Francisco Olivera en su estupendo libro Los platos rotos, con copias de ese expediente.

¿Cómo no marearse si logró que la Presidenta firmara en 2007 el contrato de adjudicación para la construcción de un tren de alta velocidad que uniría Buenos Aires con Rosario, y después con Córdoba, por US$ 1200 millones? Si los franceses de Alstom se frotaban las manos porque estimaban que el costo final ascendería a US$ 3800 millones y hasta llegaron a celebrarlo en sus oficinas de Puerto Madero con champagne francés, aun cuando se sabía desde el inicio que su financiamiento era inviable. ¡Si tres años después los franceses solían ir al Ministerio de Planificación Federal para rogar que dieran de baja el proyecto y así dejar de pagar el costoso seguro de caución!

¿Cómo no marearse si «Jaimito» podía defenestrar a los grandes empresarios del país, reclamarles la «cuota social» a los capos del transporte —⁠que a su vez, con una simple declaración jurada, determinaban ellos mismos cuánto cobrarían del Estado en subsidios⁠— e insultar a su propio jefe formal, De Vido, basado en la línea directa que mantenía con «Lupín», al que visitaba a diario con un rotundo bolso de gimnasia?

¿Cómo no marearse si, basado en el sistema de «liquidez» multimillonaria de los subsidios discrecionales solía repetir un latiguillo: «Kirchner puede pedirme cualquier cosa menos que renuncie»?

El sistema.

Pero el problema para «el Turco» es que, si Kirchner nunca le pidió la renuncia, tampoco estuvo ahí para guarecerlo cuando arreció la lluvia.

Porque Jaime siempre actuó como si no hubiera un mañana, como si el kirchnerismo hubiera llegado para quedarse en el poder, y que «Lupo» sería inmortal. Pero chocó con la realidad, en octubre de 2010.

Jaime participó en el velatorio, en el Salón de los Patriotas de la Casa Rosada, junto a los familiares, amigos, figuras públicas y los principales funcionarios, entre los que ya no se encontraba. Su rostro, con los ojos hinchados, lo decía todo.

Ya arrastraba desde febrero de 2009 una denuncia de Garrido como fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, por recibir «dádivas» de las empresas a las que debía controlar.

Porque, a veces, la sobredosis de impunidad mata.

Y, a veces, la corrupción también mata, aunque los intelectuales de Carta Abierta hayan sostenido en su 13.º manifiesto que esa no es más que una verdad «abstracta».

«La corrupción mata. Es una verdad fundamental, pero abstracta», sostuvieron desde su torre de marfil, en mayo de 2013, en respuesta a un comunicado que habían difundido los familiares de las víctimas de la Tragedia de Once para denunciar que «la cara visible de la corrupción es la muerte y su cómplice, el silencio».

Para los intelectuales de Carta Abierta, sin embargo, «lo que critican (los familiares) es justo. Pero es lo justo a través de un encadenamiento argumental que omite eslabones fundamentales que, de no estar, toda sociedad sería imposible a no ser que esperásemos al Mesías que nos venga a salvar de esta estructura destructiva que conduce trenes, aviones, tratados internacionales, ómnibus de corta y larga distancia, subterráneos, ordena el cada vez más caótico tráfico callejero».

Más vale que esas mentes brillantes nunca se crucen con los familiares de las víctimas de la Tragedia de Once, ni con los familiares del total de al menos 125 muertos y 1596 heridos en 49 accidentes ferroviarios (de cierta relevancia) que el titular de la AGN, Leandro Despouy, contabilizó entre 2003 y 2013.

Porque podrán continuar con sus disquisiciones teóricas de altísimo vuelo —⁠y escaso asidero terrenal⁠—, pero la corrupción sí mata.

«La corrupción mata y nuestros informes lo muestran», dijo el titular de la AGN, Leandro Despouy, a este autor, en junio de 2015, cargado de reportes que Jaime y otros funcionarios del Gobierno habían desoído durante años. Hasta que fue demasiado tarde.

Y, a veces, eso sí, la corrupción también pone en aprietos, porque la sobredosis de impunidad induce a cometer errores.

Eso le ocurrió a Jaime, con la compra, al contado, de un semipiso en la avenida Figueroa Alcorta 3050, a metros de Canal 7. El dinero lo llevó un arquitecto de la Secretaría de Transporte, Hugo Álvarez Picasso, que conoce a Jaime desde sus tiempos en Caleta Olivia. Acaso por eso los recibos de expensas y las facturas de agua y gas las tenía «Jaimito» cuando lo allanó la Justicia.

El semipiso se escrituró a nombre de Clamaran SA, en la que aparecía Claudio Hernando, un vendedor ambulante de medias de 47 años que vive en un monobloc en las afueras de La Plata.

«Si yo fuera el dueño de ese departamento estaría viviendo allá. No acá», le retrucó Hernando a este autor a mediados de 2010, sentados en la escalera de concreto que llevaba a su departamento, en el segundo piso del monobloc, detrás del cementerio platense.

Aunque en los registros oficiales figuraba como uno de los ejecutivos de Clamaran SA, Hernando juraba ignorarlo todo o casi.

«¿Jaime? Sí, sé quién es», comentó, mientras con su mano hacía el gesto de un avión aterrizando y despegando. «Pero no lo conozco».

Ante la Justicia contó un poco más. Dijo que todo comenzó tras un partido de fútbol, cuando lo invitaron a un asado y le dijeron de invertir $ 7000 en una sociedad, Clamaran. Y que a Álvarez Picasso solo lo vio una vez, cuando firmó la venta de la firma.

Hernando necesitaba dinero y malvendió su parte. Dice que cobró US$ 7000, no pesos, por sus acciones, aunque no encuentra la constancia del escribano. «Me mudé un par de veces desde entonces, así que tengo que buscar ese papelito».

Al igual que Hernando, también firmó «ese papelito» Juan José Salas, un changarín al que la Justicia había declarado incapaz y le designó un «curador».

La misma historia.

«Eso lo firmé porque necesitaba unos remedios para la nena», contó el changarín. «Firmá, Salita, firmá acá».

La misma historia que vivió Carlos «Piluso» Schneider, el representante legal, en los papeles, y único rostro visible de Tierras International Investments, la sociedad holandesa que, a través de The Old Fund, llegó a controlar la ex Ciccone y, por tanto, la máquina de hacer billetes de la Argentina.

Perejiles del sistema.

En el caso de Hernando y «Salita», el escribano que intervino fue Luis María Allende. El mismo que constituyó las sociedades Delome y Midas, de Vázquez, pero que la Justicia consideró que pertenecerían «a Ricardo Jaime y/o su entorno y es utilizada como pantalla para ocultar la verdadera propiedad de sus bienes».

Aun así, con Hernando y «Salita» a cuestas, ese departamento sobre la avenida Figueroa Alcorta deparó aún más sorpresas. Como cuando una búlgara llamada Nina Lozeva se presentó ante la Justicia penal y dijo que ella era la verdadera dueña del semipiso de 250 metros cuadrados.

Lo curioso es que, pese a ser dueña de ese hermoso inmueble en una de las mejores zonas de Buenos Aires, la búlgara prefería vivir en una zona semirural de Berisso, donde aún se dedica a la cría, venta y adiestramiento de perros.

Lozeva cobra sus servicios perrunos por hora.

Más curioso aún lo suyo desde que cinco años antes había salido en el diario El Día de La Plata para quejarse de su suerte: «He venido de Bulgaria a estudiar veterinaria en la Universidad de La Plata y nunca pensé que iba a pasar por esta pesadilla. Tengo que recorrer treinta cuadras para ir a la casa de un amigo que me puede proveer de agua con una cisterna de 1000 litros, que cargo en una camioneta y deambulo en ella, haciendo esfuerzos enormes».

De buscar agua potable y adiestrar perros por hora a la avenida Figueroa Alcorta en menos de cinco años.

Eso es ascenso social.

Obvio, cuando el juez federal Sebastián Casanello procesó a Jaime por presunto enriquecimiento ilícito por $ 12,5 millones, también enfiló contra su exmujer, Silvia Reyss, las dos hijas de ella —⁠Agostina y Lorena Jayo⁠—, sus consuegros y su hermano Daniel Jaime, como solicitó el fiscal Carlos Rívolo. También contra Vázquez, contra Álvarez Picasso y a unos cuantos más. Y también contra la búlgara, procesada por testaferra.

«El patrimonio ha aumentado durante ese período de manera sensible, utilizando para ello personas —⁠físicas o jurídicas⁠— interpuestas para disimularlo», argumentó Casanello. «El aumento patrimonial, además, no se condice con los recursos lícitos que el exfuncionario recibía como contrapartida a su función, no habiéndose acreditado ni declarado la existencia de algún otro ingreso. Por lo demás, las personas interpuestas también carecían de solvencia e ingresos necesarios para costear la adquisición de los bienes descriptos».

Pero como aclaró Omar Lavieri, autor del libro El rekaudador sobre Jaime y el periodista que más y mejor lo investigó, «la investigación judicial se basó en bienes, propiedades, gastos que estaban documentados. Nunca se podrá saber qué cantidad de dinero en efectivo usó la familia Jaime mientras el exfuncionario supervisaba los negocios de los empresarios privados».

Casanello no fue el único en avanzar contra «Jaimito», aun cuando en mayo de 2015 el fiscal Rívolo le pidió que apurara algunos trámites, como la repatriación del yate Capricornio, de US$ 1,4 millón, que desde hace un par de años custodia la Justicia uruguaya en el puerto de Punta del Este, sin que nadie lo reclame.

«Teniendo en cuenta que nadie se ha interesado ni formalizado reclamo alguno respecto del bien a la fecha», resolvió Casanello un mes después, «se impone la necesidad de ordenar el traslado del navío a nuestro país, para que permanezca bajo la custodia de la Prefectura Naval Argentina mientras se llevan adelante las distintas medidas de investigación que sean necesarias, ello a los fines de asegurar su debida conservación y el eventual decomiso y recupero de activos que podría tener lugar a futuro en el proceso».

Pobre yate, al que nadie quiere como propio, al igual que la valija con US$ 800 000 del «caso Antonini» o las acciones de The Old Fund, la sociedad controlante de la ex Ciccone que podría cobrarle una fortuna al Estado por la expropiación de la imprenta.

Porque, a veces, los frutos de la Piñata dan mal olor.

A ese procesamiento por enriquecimiento ilícito, sin embargo, Jaime sumó su primera condena —⁠menor, pero toda una señal⁠— porque intentó eliminar pruebas durante un allanamiento en Villa Carlos Paz, Córdoba.

La condena fue por 6 meses, y de ejecución condicional.

Nada, si se quiere.

Pero servirá de antecedente negativo ante una eventual nueva condena, que podría ser de ejecución efectiva, cuando las causas por dádivas y el Belgrano Cargas —⁠por presunta defraudación por administración fraudulenta⁠— ya enfilan hacia los juicios orales.

Ese mismo sendero ya lo recorrió también el expediente por la Tragedia de Once, con Jaime y también Schiavi procesados, y con un juicio oral que ya comenzó y en el que debieron declarar por primera vez, el 21 de abril de 2014.

«La preocupación del transporte era del Poder Ejecutivo y cuando había algún problema recibíamos el llamado directo de Néstor Kirchner o de la Presidenta», lanzó Jaime, como para clarificar que si iban por las responsabilidades superiores, el tribunal tendría que apuntar mucho más alto que a él. «Néstor Kirchner y yo estábamos todos los días trabajando en la recuperación del transporte».

Schiavi, en cambio, pareció aprender de sus errores pasados. En particular de aquella frase que lanzó apenas horas después del desastre ferroviario, cuando dijo que «si el accidente hubiera sido ayer, un feriado, hubiese sido una cosa menor». Ya en el juicio oral pidió perdón a las víctimas de Once y a sus familiares por esa frase. Y también delineó su defensa: «Ninguna de mis acciones motivó el accidente. No actué con desidia ni desapego».

Schiavi podría explicarse más y mejor. Podría contar que esa desafortunada frase sobre el «feriado» se la dictó una mujer desde muy muy arriba. Pero por ahora prefiere abstenerse.

En rigor, ni siquiera fue el único que acuñó frases que sería mejor olvidar, si no fuera que insultan a quienes las escuchan.

Como el ministro del Interior (y luego Transporte), Florencio Randazzo: «Hubo muchos muertos por la viveza criolla de apurarse para llegar rápido al trabajo y viajar en el primer vagón».

O la de Nilda Garré, ministra de Defensa, al explicar por qué los servicios de emergencia no habían encontrado a Lucas Menghini, una de las víctimas: «Lucas murió por viajar en un lugar vedado al público».

Si algo demostró Garré con esa frase fue que llevaba un larguísimo tiempo sin subirse a un transporte público metropolitano en hora pico, cuando los usuarios no escogen dónde se ubican, sino que viajan como pueden, hacinados como ganado. O peor.

Randazzo hizo algo más. En reemplazo de Schiavi como secretario de Transporte nombró a Alejandro Ramos, que hasta ese momento era intendente de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, una ciudad de 33 000 habitantes de las afueras de Rosario.

El problema es que al asumir, remarcaron Miguel y Nicolás Wiñazki en su libro La Dueña, Ramos «no tenía ninguna experiencia en la problemática del transporte público. En su municipio ni siquiera funcionaba una línea de colectivos. Ramos respondía políticamente, eso sí, a De Vido».

A diferencia de Jaime y Schiavi, sin embargo, Randazzo sí logró algunos avances, con los nuevos vagones que adquirió en China —⁠más allá de los ruidos por los supuestos sobreprecios en esa compra, que la mayoría oficialista se encargó de sepultar en la AGN⁠— y con una aplicación que les permite a los usuarios de los trenes revisar en sus teléfonos celulares los horarios reales en que circulan las formaciones, una idea sencilla y barata, pero que nadie dentro del Gobierno había desarrollado hasta entonces.

Randazzo le sirvió también a la Presidenta de antítesis de Jaime. Donde el cordobés se cargaba de oro, el hombre de Chivilcoy se mostraba sobrio, indignado con las versiones que pretenden pegotearlo a campos adquiridos en la provincia de Buenos Aires a nombre de supuestos testaferros o su presunta pasión por los trajes, camisas, zapatos y cinturones del local de la marca Etiqueta Negra, ubicado sobre la avenida Dardo Rocha, frente al Jockey Club de San Isidro.

Randazzo, en suma, no es Jaime, más allá de algunos traspiés que logró sobrellevar. Como la vez que se mostró en público, en octubre de 2010, con un reloj Vacheron Constantin Patrimony. Valuado en 20 000 euros —⁠es decir, algo más caro que el Rolex Presidente de la jefa de Estado⁠—, el ministro aprendió del revuelo cuando la revista Noticias lo expuso con una fotografía, y nunca más lo usó.

Eso no impidió, sin embargo, que Randazzo cometiera en 2015 un error político mayúsculo: bajó la guardia frente al mayor confidente de la Presidenta, Carlos «Chino» Zannini, al que tomó como una suerte de guía, casi un padrino de su candidatura presidencial. Hasta que fue demasiado tarde y, el 16 de junio, se enteró por televisión, como el resto de los argentinos, de que quien le había dado su palabra de que Cristina lo apoyaría para vencer a Daniel Scioli en las primarias se convertía en compañero de fórmula del exmotonauta.

A Jaime, de todos modos, las intrigas palaciegas lo preocupan menos ahora que su suerte judicial, donde incluso salieron a la luz sus vínculos con medios cordobeses de comunicación que facturaron millones en publicidad oficial.

Y porque ya en Tribunales por la «Tragedia de Once», Jaime quedó en la mira del juez federal Claudio Bonadío, que cargó contra él, Schiavi y otros funcionarios, porque «estaban en conocimiento de las deficiencias apuntadas por la Auditoría, no solo referidas a la precaria situación del material rodante e infraestructura, sino también relativas a las sumas transferidas a TBA», la empresa de los Cirigliano.

¿Qué sumas? ¿De cuánto dinero hablamos?

Según Bonadío, los Cirigliano transfirieron fondos «a empresas vinculadas e integrantes del mismo grupo económico y realizó gastos que no hacían a la explotación del servicio al menos por la suma de $ 213 612 142,64».

¿Pudo, aunque fuera una parte de esos fondos, desviarse hacia los bolsillos de algunos funcionarios, ser parte de la Piñata?

Eso investiga la Justicia.

Sin embargo, Jaime cree, o eso al menos sale de su boca, que sus tropiezos judiciales nada tienen que ver con sus acciones, sino que se trata de una movida política. Y eso, aun cuando quienes trabajaron a su lado recuerdan bien que no podía con su alma cuando en 2007 el entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández lo excluyó de la lista de candidatos a diputados y lo dejó, así, sin fueros parlamentarios.

Jaime cree que está sentado en el banquillo de los acusados por la Tragedia de Once por una cuestión de poder, como Felisa Miceli también sostuvo minutos después de escuchar su condena penal por la bolsa de dinero en el baño. Pero «el Turco» cree que también se debe a otras razones, más personales.

Primero, su nulo vínculo con la Presidenta.

Segundo, que su abogado, Andrés Marutián, defensor del exdictador Roberto Viola durante el histórico Juicio a las Juntas y jefe del Servicio Penitenciario Federal durante el menemismo, se llevaba horrible con el principal operador del kirchnerismo ante la Justicia hasta mediados de 2014, Javier Fernández.

Miembro del Colegio de Auditores de la AGN, Fernández se movió durante toda la década kirchnerista como el máximo interlocutor de muchos jueces y fiscales federales de Comodoro Py, gracias a su capacidad de regalar o quitar favores, por su relación directa con Kirchner y por su vínculo con el sector dominante de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) que respondió a Antonio Horacio «Jaime» Stiuso hasta fines de 2014.

El sistema.

Directo hasta lo brutal, a Javier Fernández le desagrada que lo califiquen como un operador. Al menos, según los cánones que él les endilga a los operadores del Gobierno. «Si me piden un favor, intento hacerlo. Pero nunca apreté a ningún juez o fiscal, y yo no soy un coimero, ¿está claro? Yo tengo muchos amigos en la Justicia, sí, pero nunca he extorsionado a nadie, como sí lo han intentado algunos durante los últimos tiempos», replicó a este autor.

Fernández también buscó clarificar dos puntos. Con Marutián mantiene una pelea personal que nunca quedará atrás, confirmó. Pero a Jaime, sostuvo, lo perdió su soberbia.

«Durante una de las primeras auditorías que encaró la AGN sobre su área, Jaime debía respondernos algunas consultas, pero no se daba ni por enterado de nuestros pedidos. Entonces fui a verlo a pedido de Kirchner, le entregué en mano una carpeta, la miró y me dijo algo así como “esto me chupa un huevo” o “esto me lo paso por las pelotas”, mientras tiraba la carpeta sobre una mesa. Entonces me levanté, agarré la carpeta, le pedí disculpas por hacerle perder tiempo y me fui. Y arreglate, hermanito».

Removido Stiuso y con Fernández en cuarteles de invierno, al menos temporarios, sin embargo, «Jaimito» se ilusiona con mejores tiempos judiciales, aunque también afronta un complejo desafío social, tal como expuso el exdirector de Le Monde Diplomatique, Carlos Gabetta, cuando entrevistó para su libro La encrucijada argentina, de 2012, al titular de la AGN, Leandro Despouy.

—Así como María Julia Alsogaray fue la figura emblemática de la corrupción menemista —⁠le preguntó Gabetta⁠—, ¿cuál sería la figura equivalente durante el kirchnerismo?

—Ricardo Jaime.

Tres años después, este autor reiteró la pregunta a Despouy.

—¿Mantiene a Jaime como la máxima figura de la corrupción kirchnerista?

—Es él o Amado Boudou —replicó el funcionario, que meditó luego durante unos segundos⁠—. La diferencia es que lo de Boudou quizá fue más brutal, casi como un «lobo solitario», mientras que Jaime es nada en sí mismo. Solo existía en relación a Kirchner[10].

K / Kirchner

Tuerto, Jefe, Ruso, Furia, Lupo, Lupín, Bizco, Néstor, Él.

Néstor Carlos Kirchner sintió un dolor agudo en el pecho. Se levantó de la cama, asustado, y se desplomó.

Murió a los 60 años, el 27 de octubre de 2010 y con él desaparecieron secretos que solo él mismo conocía o podía explicar. Que ni su esposa, la presidenta Cristina Fernández, ni sus hijos Máximo y Florencia, ni sus amigos y secretarios podrán desentrañar. Ni siquiera con la ayuda y guía de su cuaderno legendario.

¿Por qué? Porque desde el principio el dinero lo manejó él y solo él, sin que su esposa se inmiscuyera demasiado. «Cuando nos casamos teníamos una cuenta en común. Un día fui a buscar los ahorros y no quedaba nada. “Nena, se acabó”, le dije. “De aquí en adelante, esto lo manejo yo”. Así fue hasta ahora», relató alguna vez.

Porque Kirchner logró reafirmar la democracia argentina, tras el colapso de 2001 y 2002, prometiendo «un país en serio». Pero también desarrolló desde el poder un modelo radial de negocios encarnado por Lázaro Báez, Ricardo Jaime, valijas, Cristóbal López, los Cirigliano, aprietes, Ernesto Gutiérrez, Luis D’Elía, carpetazos, Julio Grondona, Claudio Uberti, facturas truchas, los Eskenazi, Rudy Ulloa, Juan Carlos Relats y los petrodólares de Hugo Chávez, entre tanto y tantos más.

Sistema, Piñata y burguesía nacional, todo mezclado.

Porque cuando ingresó a la Casa Rosada fijó los derechos humanos como política de Estado con una frase que lo sintetizó todo en el recinto de las Naciones Unidas: «Somos los hijos de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo». Pero terminó enchastrado con Sergio Schoklender, Sueños Compartidos y cientos de millones de pesos inhallables.

Porque cuando dio su discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa en mayo de 2003 prometió «traje a rayas para los grandes evasores, en la seguridad de que si imponemos correctamente a los poderosos, el resto del país se disciplinará». Pero luego impulsó junto a su esposa y sucesora en la Casa Rosada leyes de blanqueo y moratoria a las que se acogieron Lázaro Báez, Cristóbal López, el socio de Amado Boudou y Skanska, entre muchos otros protagonistas de la década.

Porque fortaleció las instituciones del Estado, pero terminó por fomentar un hiperpresidencialismo que debilitó el equilibrio de poderes con el Congreso y la Justicia, y licuó y utilizó para sus fines políticos o personales organismos como el Indec, la AFIP, la Oncca y la unidad antilavado, UIF, entre otros.

Porque llegó prometiendo que no iba a dejar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada —⁠y le ofreció incluso la candidatura a la vicepresidencia a Roberto Lavagna y a Lilita Carrió, a la que luego le robó técnicos⁠—, pero actuó como promotor del «capitalismo de amigos» y negociando con los españoles, en persona, el ingreso de los Eskenazi en YPF, quienes desde el Banco de Santa Cruz le prestaron $ 8,8 millones.

Para algunos fue Nestornauta, líder de un proyecto nacional y popular que impulsó la inclusión social, la soberanía, los derechos de las minorías, la democratización de los medios, de la palabra y de la Justicia, que adoptó un modelo económico de acumulación de matriz productiva, diversificada e inclusiva. Para otros, fue el jefe de una asociación ilícita que saqueó a la Argentina durante la última década.

Acaso fue todo eso y más al mismo tiempo.

Porque fue capaz de impulsar la Asignación Universal por Hijo (AUH) al tiempo que rompió los récords de enriquecimiento patrimonial, refrendado por el juez federal Norberto Oyarbide.

Capaz de impulsar una reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA) al tiempo que aprovechó su acceso a información confidencial sobre el tipo de cambio para comprar US$ 2 millones y ganar una pequeña fortuna en horas.

Capaz de impulsar el mercado interno, renegociar la deuda soberana y lanzar el canal educativo Encuentro, pero capaz también de dilapidar las oportunidades de la reactivación económica, manipular el Indec e impulsar programas como 6,7,8 por la TV Pública.

Capaz de bajar el cuadro del genocida Jorge Rafael Videla del Colegio Militar de la Nación, el 24 de marzo de 2004, en su primer aniversario como Presidente del último golpe de Estado, con toda su carga simbólica. Pero capaz también de recurrir a los peores «carpetazos» aportados por los históricos agentes de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), los mismos que sembraron el terror durante la dictadura y el amanecer de la democracia con Aníbal Gordon.

Porque Kirchner recurrió a la ex SIDE como ningún otro Presidente desde el retorno de la democracia en 1983, a pesar de que había padecido sus prácticas junto con su familia y su equipo de campaña, como denunció Cristina Fernández en el Senado, en 2002, cuando pidió que rodaran las cabezas de los responsables.

«Esto no significa condenar por fuera de los canales institucionales, pero realmente ameritaría que quienes están directamente involucrados sean separados preventivamente de los cargos», reclamó la entonces senadora, que entregó a la Justicia y a varios periodistas una carpeta con las supuestas instrucciones que por escrito había impartido el entonces jefe de la SIDE, Carlos Soria, a sus agentes.

Por esas vueltas del destino, según recuerda la exsenadora Vilma Ibarra en su libro Cristina versus Cristina, fue su luego jefe de Gabinete y por entonces secretario general de la Presidencia con Eduardo Duhalde, Aníbal Fernández, quien se encargó de contestarle, con sus habituales burlas y chicanas: «Diez minutos, un papel A4, una impresora y hago una más linda», la chuceó.

Aquella vez, porque ignoraba la verdad o porque mintió, Aníbal erró. Entre enero y marzo de 2002, el agente Eduardo Climenti había circulado por Santa Cruz a la pesca de información, bajo órdenes de Gustavo Mango, de la Dirección de Inteligencia Interior de la ex SIDE.

Pero eso fue antes, claro, con los Kirchner fuera de la Rosada, cuando Aníbal no jugaba para ellos y antes de que el verdadero jefe de los espías, Antonio Horacio «Jaime» Stiuso, le entregara al nuevo jefe de la SIDE, Sergio Acevedo, la carpeta de «Furia», con tapas de cartulina amarilla, al inicio de su mandato.

«Este es el asunto que tanto preocupaba al Presidente», le informó «Jaime» a Acevedo. Como para congraciarse.

Vaya si lo logró. Tomaría unos meses, hasta la muerte de Axel Blumberg durante un secuestro que terminó mal en marzo de 2004, pero «Lupo» y «Jaime» terminaron por verse, cara a cara.

«Stiles, para servirle», le dijo, con su latiguillo tradicional ante el funcionario de turno.

Así comenzó una relación clave para comprender el trasfondo de la década larga kirchnerista.

Si Kirchner criticaba a alguien —político, empresario, periodista, da igual⁠—, de inmediato aparecía la carpeta de la víctima de turno. Y pronto, de la mano del número dos de la ex SIDE, Francisco «Paco» Larcher, comenzaron a aparecer sobre el escritorio del Presidente las escuchas telefónicas que «Lupo» disfrutaba a la hora de la siesta.

Nada mal la progresión de Larcher, que pasó de chofer en la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires a secretario y ministro provincial de Kirchner, miembro del directorio del Banco de Santa Cruz, en representación del Estado provincial, ya con los Eskenazi, y de ahí a instalarse en una casa de más de US$ 1 millón en el exclusivo country Abril, 33 kilómetros al sur de la Casa Rosada.

La ex SIDE también se encargó de las primeras sospechas de corrupción que afrontó Kirchner. Porque fue el tándem de Stiuso y el operador judicial Javier Fernández —⁠miembro por el oficialismo de la Auditoría General de la Nación (AGN)⁠— el que se encargó de que el expediente judicial por el enriquecimiento del 158 % en un año de los Kirchner se definiera rápido.

Fernández y el juez federal Norberto Oyarbide se conocen desde hace muchos años, desde que el primero era secretario privado de Rodolfo Barra en el Ministerio de Justicia.

Fernández calmó la ansiedad de Oyarbide en tiempos de Spartacus y el juicio político que siguió, cuando el juez del moñito evaluó renunciar.

Algunos afirman que Fernández convenció a los indecisos, sacó las cuentas y esperó el momento oportuno, que al fin llegó. Él lo negó ante la consulta de este autor. Afirmó que le adjudican acciones que en realidad fueron del Partido Justicialista y que él solo se encargó de transmitir un mensaje: «Decile a Oyarbide que lo vamos a salvar».

Así fue. El 11 de septiembre de 2001, mientras el mundo entero miraba cómo se desplomaban las Torres Gemelas de Nueva York, el PJ convocó al Senado a sesionar —⁠en los tiempos previos al Consejo de la Magistratura⁠— y definió qué hacer con Oyarbide. Salió empate: 21 votos a favor de destituirlo, 21 en contra, por lo que el acusado pudo volver a su despacho.

La deuda de Oyarbide, claro, aún perdura.

Y las deudas con el sistema se pagan.

Por eso Oyarbide aceptó en esa causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner al contador del matrimonio, Víctor Manzanares, como perito de parte en vez de considerarlo como un eventual imputado. Y se dio por satisfecho con sus explicaciones, y un análisis acotado de los peritos de la Corte. En menos de tres meses, y sin completar las medidas de prueba, sobreseyó a la pareja presidencial.

Javier Fernández afirmó ante este autor que él nunca, jamás, le pidió a Oyarbide que cerrara esa investigación. Solo confirmó que Kirchner deseaba que se apurara todo lo posible porque, al fin y al cabo, se trataba de una pesquisa contra un Presidente en funciones. Y que por eso le pidió que siguiera el expediente de cerca. «Nada más», remarcó.

No apeló el fiscal federal Eduardo Taiano, que se mostraba más preocupado por el bienestar de su familia que por cualquier expediente. No era una preocupación abstracta. Arrastraba el antecedente del secuestro exprés que había afrontado su hijo de 19 años el lunes posterior al domingo de Pascua de 2005, justo cuando debía evaluar si apelaba la anterior pesquisa contra los Kirchner por el mismo delito.

«Mi declaración jurada es perfecta», desafió Kirchner.

Y tampoco apeló el fiscal subrogante de Investigaciones Administrativas (FIA), Guillermo Noailles, a pesar de dos informes que le entregaron dos peritos de su fiscalía, Eduardo Blanco y Roberto Riveros, que él mismo ordenó que le hicieran, pero que luego desoyó.

¿Qué habían expuesto Blanco y Riveros?

Que al menos $ 24,7 millones de los $ 46 millones del patrimonio presidencial no estaban «debidamente justificados».

¿Un ejemplo?

Del peritaje se excluyeron 20 días de 2007 en los que los Kirchner incorporaron más de $ 1 millón a su patrimonio.

¿Otro?

Se sumaron dos veces los $ 332 137 que percibió Kirchner como pensión como expresidente durante 2008: en los rubros «Ingresos» y en «Otros ingresos», por lo que justificaron $ 332 137 de más.

¿Otro más?

En el peritaje se omitió un plazo fijo que Kirchner declaró en la Oficina Anticorrupción (OA) por $ 1 291 481 en 2008.

¿Y otro más?

Su contador Manzanares detalló que Kirchner donó acciones de Hotesur SA a su hijo Máximo por $ 318 960,45, pero dos fojas después elevó el monto a $ 586 062,52, «por lo que existe una diferencia sin justificar de $ 267 102,07», alertaron los contadores de la FIA. Y algo más: ni esa supuesta donación ni ninguno de ambos montos figuraban tampoco en las declaraciones juradas que Kirchner presentó ante la OA.

A Noailles, sin embargo, los informes de sus peritos no le parecieron «contundentes», por lo que tuvo «dudas» sobre apelar o no, según dijo a este autor. Y, ante esas «dudas», abundó, dio vuelta el principio básico y general de todo fiscal: optó por no apelar para que continuara viva la investigación, y convalidó así el veloz sobreseimiento que dictó Oyarbide.

A lo largo de su carrera profesional, Noailles suele recurrir los sobreseimientos. Así lo hizo, sin ir más lejos, en las causas por presunto enriquecimiento ilícito de Julio De Vido y Guillermo Moreno. Esa es la política general de la FIA. Pero hay excepciones sensibles, por lo visto, y por eso tampoco apeló la nulidad de los miles de e-mails del presunto testaferro del secretario de Transporte, Ricardo Jaime, lo que conllevó un golpe de muerte para 11 investigaciones penales.

Acaso eso explique que desde la Procuración mantuvieran durante años a Noailles como subrogante al frente de la FIA —⁠con un plus salarial⁠—, mientras que al perito Blanco lo sacaron de allí. Lo enviaron a colaborar con la vieja pesquisa de los años 90 sobre la «mafia del oro», como para sacarlo de la cancha en las pesquisas más actuales.

Ventajas y desventajas de pertenecer —o no⁠— al sistema.

Tampoco importó que el extitular de la fiscalía y luego diputado nacional por el radicalismo, Manuel Garrido, denunciara a Noailles y a Taiano en sede penal porque no apelaron y, por tanto, consideró que ambos incumplieron con sus deberes como funcionarios públicos. Los sobreseyó el juez federal Daniel Rafecas, quien luego cruzaría mensajes de texto con la defensa de Amado Boudou en el «caso Ciccone» y rechazaría abrir una investigación contra la Presidenta por la denuncia del fiscal Alberto Nisman.

Ni tampoco importó que, apenas 40 días después de rubricar el peritaje con que Oyarbide fundamentó cerrar la pesquisa, la Corte Suprema desplazara al decano de su cuerpo de peritos contadores, Alfredo Peralta, al que el juez había designado a dedo en la causa.

«A partir de la fecha», corrigieron los ministros de la Corte en febrero de 2010, en su primer cónclave posterior al fallo de Oyarbide y a la feria judicial de cada enero, «se establece el sorteo por la vía informática como único mecanismo para la distribución de las causas, quedando suspendida la selección por pedido de los magistrados».

Pero era ya demasiado tarde.

Y eso aún enfurece a Taiano, que siente que muchos —⁠en Tribunales e incluso padres de compañeros de colegios de sus hijos⁠— le recriminan su decisión de no apelar con «el diario del lunes».

¿Por qué?

Porque Taiano recuerda que él solo contaba con el informe de los peritos de la Corte, que habían dado el visto bueno a la evolución patrimonial de los Kirchner, y solo luego fueron desplazados por la Corte, en tanto que se enteró del dictamen de los peritos de Noailles por el diario La Nación, cuando lo reveló este autor.

Distinta es, por tanto, la situación de Noailles.

Pero más allá de la actuación de cada uno, la no investigación se cerró. Y ahora solo queda la opción de la «cosa juzgada írrita» o «fraudulenta» como única y complicada ventana para nulificar el sobreseimiento y reabrir ese expediente penal.

Ajenos a esas disquisiciones de teoría jurídica, los Kirchner sintieron el cierre como una reivindicación.

Él sostuvo, ante una pregunta directa del columnista de Página/12, Horacio Verbitsky, que todo se debía al revalúo de sus propiedades, adquiridas 30 años atrás. «Propiedades que tenían un valor fiscal de 2000 pesos, convertibles a dólares, las vendimos a 100 000 dólares para hacer otras inversiones. Ahí aparece un crecimiento de 98 000 dólares, pero sigue siendo el mismo bien patrimonial».

Le faltó explicar unos cuantos rubros más…

Y muchos años después y a miles de kilómetros de Buenos Aires, ella volvería sobre ese flanco débil durante una conferencia de prensa.

«La Justicia lo ha determinado. Toda la vida he tenido una determinada posición económica y todo el mundo sabe que siempre he ejercido la profesión», replicó fastidiada la Presidenta en Harvard, el 28 de septiembre de 2012. «He sido una exitosa abogada y soy una exitosa Presidenta», abundó, con furia apenas contenida. «Nuestro estudio jurídico fue exitoso».

El salto patrimonial no se debió al ejercicio de la abogacía por ambos, sino a sus actividades rentísticas, ya fuera con plazos fijos o a los servicios de Lázaro Báez y Cristóbal López con sus hoteles e inmuebles.

Solo Báez, y solo entre 2010 y 2011, les alquiló inmuebles y habitaciones por cerca de $ 15,5 millones, además de los $ 8,3 millones que les prestó desde su empresa Austral Construcciones sin cobrarles un centavo en intereses durante años.

¿Costo de cada habitación en 2015 del Alto Calafate? Entre 190 y 247 dólares en temporada baja; entre 300 y 390 en temporada alta.

Otro tramo de ese crecimiento respondió a la compra de tierras en El Calafate. Los Kirchner compraron a $ 7,50 el metro cuadrado para luego vender dos hectáreas de esas tierras por US$ 2 millones (unos $ 6,3 millones al tipo de cambio de entonces) al grupo chileno Cencosud para la supuesta construcción de un supermercado.

O dicho de otro modo: los Kirchner compraron a $ 7,50 lo que después vendieron a $ 315, multiplicando 42 veces su valor.

La Piñata.

«En lo que refiere a las tierras de El Calafate, estas fueron adquiridas por US$ 2 000 000 en el marco del mencionado proceso de expansión», contestó la empresa ante una consulta de este autor a fines de 2011. «El objetivo de Cencosud, al momento de la compra, fue instalar un supermercado y un homecenter una vez concretadas las obras de Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia y Río Gallegos, a fin de desarrollar sinergia logística. Es por ese motivo que aún la obra no se puede concretar».

Eso respondió en 2011; al cierre de este libro todavía no hay signos ni indicios de construcción alguna.

A los plazos fijos, a los alquileres de Báez y a la compraventa de terrenos fiscales, los Kirchner sumaron otro factor de enriquecimiento: entregaron el hotel boutique Los Sauces para que lo administrara el dueño del hotel Panamericano en Buenos Aires —⁠y concesionario público⁠—, Juan Carlos Relats, a cambio de US$ 200 000 por mes, monto que renegoció luego debido al inevitable rojo y acotó a US$ 105 000 por mes.

¿Costo en 2015 de cada habitación en Los Sauces? Las suite, entre 175 y 245 dólares en temporada baja; entre 375 y 630 en temporada alta; las «casas patagónicas», mucho más arriba.

Y eso es el dinero «blanco», que también incluye más de 200 obras de arte, vajilla y mobiliario de lujo transportado hasta el Sur en la flota presidencial de aviones, como cuando la Presidenta viajó a Río Gallegos a pasar junto a su familia la primera Navidad sin Kirchner, arribó el 24 de diciembre, y después de que se retiró junto con su comitiva de custodios y secretarios, un enorme camión de mudanzas ingresó a la pista del aeropuerto y cargó una gran cantidad de cajas y muebles que esperaban en la bodega del Tango 01.

Pero eso es lo declarado. O casi.

Porque también están las sospechas, versiones y hasta leyendas absurdas que rodea a la familia presidencial sobre su supuesta pasión por las bóvedas y los billetes de 500 euros.

Mucho tiene de fantasía o de rumores inasibles. Pero algunos testimonios se acumulan. Como el de Ricardo Cirielli, exsubsecretario de Transporte Aerocomercial que declaró que «Jaime le llevaba una valija —⁠que no sé qué tenía adentro⁠— todas las noches a Kirchner».

O como la fidelísima y luego despechadísima puntera, locutora y amantísima colaboradora de «Lupín», Miriam Quiroga, a la que la Presidenta se encargó de desterrar de la Casa Rosada en cuanto su marido ya no estuvo allí para cobijarla y protegerla.

Quiroga señaló al secretario privado, Daniel Muñoz —⁠que mucho sabe y todo calla sobre el mítico cuaderno Gloria⁠—, como uno de los encargados de transportar el efectivo, como un bolso lleno de «verdes» que estaban «bien contados por el jefe». También mencionó a otros dos funcionarios como parte de esa trama: a «Paco» Larcher, el dos de la ex SIDE, y a José María Olazagasti, la mano derecha del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y desde fines de 2014 también en la ex SIDE, rebautizada como AFI.

Los Kirchner, en cualquier caso, ya están acostumbrados a las sombras que se ciernen sobre ellos cada vez que se habla de dinero.

Llegaron a la Casa Rosada rodeados de preguntas sobre los «fondos de Santa Cruz». Y se marchan con más preguntas sobre la llamada «ruta del dinero K» que abarca a Báez, Federico Elaskar, Leonardo Fariña, Nevada, Suiza, Panamá y hasta las islas Seychelles.

Varios pueden contar mucho sobre los cerca de US$ 1070 millones de los «fondos de Santa Cruz» que pasaron, al menos en teoría, por los bancos Dean Witter Reynolds (con sede en Nueva York, que se fusionó luego con el Morgan Stanley), UBS (de Suiza) y Credit Suisse. Y acaso también por las islas Caimán, con una tajadita de US$ 10 millones que costó demasiado recuperar, de la mano de Paget-Brown, uno de los estudios jurídicos más relevantes de ese paraíso offshore.

¿Anticipo prematuro, acaso, de las sospechas que rodearían luego al kirchnerismo, entre paraísos fiscales, valijeros, aviones, cuentas secretas y montañas de billetes?

Por lo pronto, tantas son las dudas que rodean a los «fondos de Santa Cruz» que el fiscal provincial que debió investigar su recorrido entre 2003 y 2006, Andrés Vivanco, lo resumió con una frase: «Todos los movimientos financieros están viciados de absoluta nulidad».

Vivanco es apellido incómodo en Río Gallegos, al igual que el de Eduardo Sosa, el procurador de la provincia al que removieron desdoblando su cargo —⁠obra de Carlos Zannini⁠— y ni la Corte Suprema de Justicia nacional logró restituirlo, y el de Marcos Oliva Day, otro fastidioso fiscal. Solo unos pocos más integran la lista de los magistrados independientes; mientras que la mayoría optó por acomodarse y gozar de los beneficios, mientras los «rebeldes» pugnaban por preservar su foro independiente.

Sosa + Vivanco + Oliva Day = «Los tres mosqueteros», como se los conoció allá en Santa Cruz.

«Si es necesario, vamos a hacer una asociación nueva y listo», les avisó entonces el «Chino» Zannini a los molestos como Vivanco, al que llegó a amenazar con 10 sumarios abiertos simultáneos. Cualquier semejanza con la agrupación Justicia Legítima que nacería muchos años después con el kirchnerismo ya en la Casa Rosada acaso no sea pura coincidencia.

¿O acaso Zannini no recuerda cómo pusieron autos y medios de la provincia a disposición de la lista oficialista, encabezada por el doctor Jorge Morón —⁠titular del estudio donde hizo sus primeros palotes Osvaldo Sanfelice⁠—, y consiguieron que votaran hasta los secretarios de los juzgados de Paz para así copar la Asociación de Magistrados y Funcionarios que hasta entonces presidía Sosa?

El sistema.

¿Y no recordarán la Presidenta y el entonces diputado provincial Héctor Icazuriaga que al día siguiente de la sanción de la ley que cesanteó a Sosa se presentaron en el Tribunal Superior de Justicia y a gritos le exigieron a su presidente, Juan Carlos González, que echara de su despacho al desplazado procurador?

Entre los que tampoco se acomodaron descolló también Domingo Ortiz de Zárate. En el Sur lo recuerdan porque fue socio de los Kirchner, allá por 1978, en el estudio jurídico. Quedaba en la calle 25 de Mayo 166, con un teléfono, el 8706, que denotaba cuán pequeña era la ciudad y cuán escaso ese servicio público. Pero por esas vueltas de la vida —⁠o porque «Lupín» nunca le pagó una vieja deuda⁠—, «Chacho» terminó como letrado del desplazado Sosa en su juicio contra la provincia.

Pero antes de su enfrentamiento con Ortiz de Zárate, cuando aún regía la dictadura, el matrimonio Kirchner comenzó a engordar su patrimonio. Lo hizo gracias a la ola de ejecuciones hipotecarias que causó la circular 1050 del Banco Central. Corrían los primeros días de 1980 y Río Gallegos apenas registraba 43 479 habitantes.

Aquellos primeros años aportan dos indicios sobre Kirchner. El primero, su carácter independiente: nunca trabajó en relación de dependencia, con un jefe que le impartiera órdenes. El segundo, la matriz rentística —⁠no productiva⁠— de su crecimiento patrimonial: alquileres e intereses de plazos fijos.

De aquella época viene la anécdota del exdiputado nacional Rafael Flores sobre su encuentro con Cristina Fernández, quien le argumentó que «para hacer política se necesita mucha platita». Pero resulta un mito que los bienes que los Kirchner acumularon gracias a la circular 1050 expliquen la fortuna que declararían ya en la Rosada.

La propia Presidenta relató cuán difícil resultaba ganar dinero en la Patagonia. «El Sur no es un lugar para hacerse rico», afirmó el 25 de agosto de 2012 durante un acto en la Casa Rosada.

Por eso, con los Kirchner volcados a la función pública municipal y provincial desde fines de los 80, el vicegobernador de Kirchner devenido en su crítico feroz, Eduardo Arnold, aportó otra posible fuente para la fortuna de «Lupo»: lo acusó de pedir y recibir coimas a mediados de los 90. Por ejemplo, del empresario naval Juan Antonio Torresín, al que Kirchner mandó a hablar con Báez, por entonces dentro del banco de la provincia de Santa Cruz, para luego cerrar la operación con Vicente Mayeste como intermediario.

Así, cuando llegaron a la Casa Rosada en 2003, los Kirchner declararon un patrimonio de $ 2 millones —⁠casi US$ 700 000 al tipo de cambio de entonces⁠—. Una base sólida, pero que se encuentra lejos de explicar el crecimiento exponencial que informarían a partir de entonces a la Oficina Anticorrupción, hasta terminar con la Presidenta detallando $ 64,6 millones —⁠más de US$ 7,1 millones al dólar oficial o US$ 5,1 millones según la cotización blue⁠— en su última declaración jurada, correspondiente a 2014, que se difundió en junio de 2015.

Dicho de otro modo: tras el reparto de la herencia de «Lupo» con sus hijos, la Presidenta aumentó su patrimonio 3100 % en pesos —⁠y entre 628 y 914 % en dólares, según se tome el tipo de cambio blue u oficial⁠— desde que se instalaron en Buenos Aires en 2003, gracias a una administración, otra vez, rentística de su patrimonio.

Muerto Kirchner, varios más podrían aportar detalles sobre los «fondos de Santa Cruz», nacidos de la privatización de YPF que los Kirchner promovieron junto con Oscar Parrilli, luego secretario general de la Presidencia de ambos y titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), un nuevo nombre para la SIDE de siempre.

Podría contar lo que sabe Ernesto Clarens, dueño de la financiera Invernes y la mutual de crédito de Credisol, con la que se sumó a Báez para pagar habitaciones que no usó en el Alto Calafate de los Kirchner.

También podrían aportar lo suyo Aldo Ducler y Miguel Iribarne, dueños de otra financiera, Mercado Abierto (MA), que saltó a la mala fama en los 90 por las acusaciones de haber lavado US$ 13 millones del Cartel de Juárez con la compra de campos en la Argentina para el «Señor de los Cielos», Amado Carrillo Fuentes. Al punto que la Justicia de Estados Unidos multó a MA con US$ 1,2 millón en julio de 2000 —⁠«hubo razones suficientes para la confiscación de fondos», detallaba la resolución⁠—, y el gobierno de las islas Caimán cerró su banco offshore M. A. Bank, aunque para ser exactos no era más que una casilla postal.

O Eduardo «Billy» Cafaro, que pasó por las oficinas de Ducler, negoció el traspaso de los «fondos de Santa Cruz» de la cuenta 642-113 721-091 en el Morgan Stanley en Luxemburgo a otra en el UBS en Suiza, en noviembre de 2002, que al año siguiente ingresó al directorio del Banco Central (BCRA) por designio de Kirchner, y ya fuera de la función pública —⁠y libre de las sospechas del Congreso de Estados Unidos sobre una supuesta cuenta en Cuba⁠— se convirtió en terrateniente con campos en Tandil.

O Alfredo Mac Laughlin, que llegó a Kirchner por intermedio del abogado Carlos Sánchez Herrera. Ex Deutsche Bank, Mac Laughlin llegó a secretario de Finanzas durante la gestión de Felisa Miceli como ministra de Economía y luego asumió como representante argentino en Washington ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero cuyo rol más relevante fue como asesor de Kirchner para esos fondos.

O Luis Corsiglia, el operador bursátil que también llegó a director y vicepresidente en comisión del BCRA, secretario de la Caja de Valores, director de la petrolera Enarsa gracias a su «amigo» De Vido, como lo define, y que sabe mucho, muchísimo, sobre las finanzas personales de muchos dirigentes. Entre otros, según reportó la Justicia de Suiza en 2011, de Hugo Moyano.

O «Paco» Larcher, quien recibía los resúmenes de cuenta que llegaban desde el Credit Suisse, a donde recalaron los «fondos de Santa Cruz» desde marzo de 2003, y que trabajó de número dos de la SIDE durante los primeros once años del kirchnerismo en la Casa Rosada. Hasta que Cristina lo echó, entre otros motivos, por no tener claro si rumbo al 2015 jugaba para ella o para Sergio Massa.

O Enrique Eskenazi, que recibió el remanente de los fondos en el Banco de Santa Cruz. Pero los quiso mantener tan lejos que solo los aceptó «en custodia», porque según contaron a este autor a su lado, «no quería asumir ningún tipo de responsabilidad».

Nombres ideales para los amantes de las conspiraciones. Los mismos que creyeron que «Invernes» significaba «Inversiones Néstor», cuando en realidad es por «Inversiones Ernesto», por el nombre de pila de Clarens. Eso, más allá de que en el directorio de la financiera aparezca Carlos Adrián Calvo López, un empleado uruguayo del Banco Macro de los Brito en Uruguay y Bahamas, al que Báez identificó ante la AFIP como el valijero que transportó bolsos de dinero en efectivo, por Buquebus, para capitalizar su constructora Badial.

Conector.

O quienes creen ver en la firma «Aldyne» de las islas Seychelles la reducción de «Aldo y Néstor», por Ducler y Kirchner. Aunque en los papeles del reporte de operación sospechosa (ROS) que llegaron desde allá a la unidad antilavado local (UIF) solo identifican a otros dos argentinos como «beneficiarios finales»: el corredor de bolsa Jorge Antonio Galitis y el abogado Edgardo Raúl Levita.

La información llegó desde Seychelles a partir del reporte que presentó la filial del estudio Mossack & Fonseca en aquel archipiélago el 19 agosto de 2013. ¿Por qué lo hizo? No fue por súbitos deseos de colaborar con la transparencia de las finanzas internacionales, sino porque la periodista argentina Mariel Fitz Patrick viajó hasta Seychelles para buscar información y, como parte de ese trabajo, contactó a la oficina que la firma Mossack operaba allí.

Con ese ROS en su poder, la unidad antilavado de Seychelles buscó entonces material para analizar la situación local y enviar a su par en Buenos Aires. Consignó que Aldyne aparecía vinculada a dos sociedades, Eyden Group LLC y a Huston Management, y al fondo suizo Helvetic Services Group. Pero también aclaró que no había logrado establecer un vínculo directo con Báez en Seychelles, como se sospechaba en la Argentina.

Hablar de Aldyne y de Mossack & Fonseca conlleva mirar a quienes estamparon sus firmas como meros signatarios para crearla. Porque sus nombres también aparecen en la firma Itelsa Development Group, de Panamá, que usaron los dirigentes del Partido Popular (PP) español para desviar el dinero sucio del «Gürtel-Bárcenas». Y porque uno de ellos, Gianpiero Addis Meliau, también apareció en la británica Althorp Ltd, que se usó para girar fondos a cuentas secretas de la familia Pinochet.

Dime con quién andas…

Hablar de Helvetic y de Mossack & Fonseca, en tanto, conlleva también mirar al uruguayo Juan Pedro Damiani, un eslabón clave en Montevideo para comprender parte del entramado societario, aunque su estudio se encargó de aclarar que «tiene como política de trabajo no contar con clientes denominados PEP (personas expuestas políticamente)», y afirmó encontrarse lejos de cualquier sospecha.

«Jamás hemos conocido, tratado y menos aún asesorado ni a Lázaro Báez ni a ninguna persona de su entorno por lo que jamás podríamos tener “un rol clave en la ruta del dinero K”, cuando ni siquiera tenemos el más mínimo vínculo», indicó el estudio Damiani en un comunicado cuando el escándalo apenas amanecía.

En Buenos Aires, por su parte, Levita figura desde 2007 como «representante legal» de Eyden Group LLC, una de las 123 sociedades bajo sospecha en Nevada, Estados Unidos, que controla el fondo suizo Helvetic Services Group. Se radicó en la Argentina, según informó para «realizar actividades de inversión en bienes muebles e inmuebles».

A fines de los 90, Levita también compartió el directorio de la financiera Average SA con Fernando Caparrós Gómez, señalado a su vez como el principal financista —⁠con su firma Monetización⁠— de Meldorek, la polémica constructora de Sergio Schoklender para los cientos de millones de pesos en «Sueños Compartidos» que se esfumaron de Madres de Plaza de Mayo.

En Average, Levita y Caparrós Gómez compartieron cartel hasta 2000 con otro financista, Jorge Fidalgo, que con el segundo montó Valores Negociables y por su cuenta armó «Créditos Sur, Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Limitada», con domicilio en Sarmiento 776, al igual que Patagonia Financial Services SA, de Clarens, el mismo de la financiera Invernes.

Y esto es apenas la punta de un iceberg.

Porque en su cooperativa/financiera, además, Fidalgo le cambió cheques a Sebastián Forza, uno de los asesinados en el «Triple Crimen», y a Néstor Lorenzo, uno de los acusados como protagonista de la «mafia de los medicamentos», aunque la extitular del PAMI y exministra de Salud, Graciela Ocaña, le colgó un apodo por demás incómodo: «el Yabrán de los medicamentos».

Porque, como diría la Presidenta, «todo tiene que ver con todo». Y a través de un par de nombres y sociedades se puede despegar en las islas Seychelles y terminar en el «Triple Crimen», la «mafia de los medicamentos» y hasta aterrizar en otro supuesto «Don Alfredo».

Conectores.

Levita también figura en otras dos firmas —⁠Luján Village SA y Administración, Desarrollo y Gestión de Emprendimientos SA⁠— junto con el empresario Carlos Molinari, el «padrino» de las inversiones de Leonardo Fariña, según declaró el propio valijero, antes de cambiar sus dichos y tornarse impredecible. Y compró Cabiline SA, que operó un avión con el que antes pegotearon a Daniel Muñoz, secretario privado durante años del expresidente Kirchner.

Pero Levita logró que la prensa argentina hablara muy poco sobre él con una andanada de cartas documento y medidas de amparo que presentó contra varios periodistas y medios de comunicación. Logró así que dejaran de mencionarlo y que, por el contrario, aclararan que él nada tiene que ver con la operatoria cuestionada. Apenas si la referente de la Coalición Cívica, «Lilita» Carrió, logró sortear el cerco, protegida por sus fueros como diputada nacional.

En ese contexto societario, las teorías más disparatadas florecieron tras una escala de la Presidenta en las islas Seychelles, en enero de 2013, el mismo que Elaskar identificó como uno de los puntales insoslayables de la «ruta del dinero K».

La escala presidencial generó ruido en sí mismo. Pero más aún porque Báez acumulaba ya un dolor de cabeza con las Seychelles, desde que en 2006 la Justicia de Liechtenstein le congelara US$ 10,4 millones de Austral Construcciones en el Hypo Investment Bank AG por una operatoria en la que aparecía también una sociedad de ese archipiélago del océano Índico, Trade 24 Limited, manejada por el inglés Paul Cardy y el neozelandés Mark Spiers, que vive en Letonia.

Indignada con las sospechas, la Presidenta ordenó rebatirlas. Y lo bien que hizo. Porque no hay necesidad alguna de que ella viaje hasta allí, ni a ningún otro punto del planeta para mover fondos negros. Para eso están las operaciones online y si se necesita alguna firma, sobran los ejecutivos de cuentas en paraísos fiscales que viajan hasta Buenos Aires con los papeles necesarios.

Eso es siempre así salvo que el titular de la cuenta secreta haya fallecido de improviso y sus herederos deban firmar algún documento que requiera la rúbrica y sello, por ejemplo, de un escribano local.

Pero la Casa Rosada cortó por lo sano ante las especulaciones maliciosas. Indicó que la Presidenta permaneció allí solo 13 horas, como escala obligada en su retorno desde Vietnam. «La empresa fue la que diagramó el vuelo y (las islas Seychelles) eran las que quedaban en el trayecto de Hanoi a Buenos Aires», afirmó Parrilli. «La tripulación tenía que tener un período de descanso».

Para entonces, la Presidenta y Máximo Kirchner habían comenzado a asumir otros roles familiares y políticos.

Porque la muerte de Kirchner, el 27 de octubre de 2010, marcó un antes y un después. Parece un cliché, pero así lo marcaron, una y otra vez, funcionarios, exfuncionarios, empresarios, banqueros, legisladores, jueces, fiscales, operadores, valijeros, diplomáticos y agentes de inteligencia que dialogaron con este autor.

Ese día murió el kirchnerismo —y aquello del «doble comando»⁠— y nació el cristinismo.

La viuda, que durante su campaña electoral de 2007 dijo que soñaba con que la Argentina fuera como Alemania —⁠y ella pasar a la Historia como una referente socialdemócrata en la línea de Angela Merkel o Hillary Clinton⁠—, debió tomar decisiones sobre temas incómodos que hasta entonces manejaba su marido.

Ya fuera por una división explícita de las tareas o porque, como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver.

Acaso eso explique dos latiguillos recurrentes a su alrededor. El primero, el de «Lupo», que ya con ella como jefa formal del Estado repetía «no le lleven problemas a Cristina». Y el segundo, el del «Chino» Zannini, con «Él» ya muerto, que supo indicarles a quienes esperaban para reunirse con ella que «a la Presidenta no se le habla; se la escucha».

Eso explica el ocaso, por ejemplo, de Javier Fernández como el operador judicial excluyente de la Casa Rosada en Tribunales. Porque él respondía solo a Kirchner, sin intermediarios, ni testigos, para hablar y negociar así sin límites ni falsos pruritos. Porque él, Néstor Carlos Kirchner, fue el gran conector y el máximo operador sobre infinidad de compartimentos estancos que solo se vinculaban a través de él. Pero ella comenzó a sumar a Zannini a las reuniones y luego a algunos «pibes» de La Cámpora, y Fernández, como tantos otros, optó por cerrar la boca. Porque hay frases que solo pueden pronunciarse sin testigos.

Fernández calla, por ejemplo, sobre qué habló con la Presidenta el martes 2 de noviembre de 2010, a las 9.30, cuando se reunieron, esa vez sí a solas. ¿Le preguntó ella qué sabía sobre el lado «B» de su difunto marido? ¿Le preguntó qué debía hacer con algunos empresarios? ¿Le recomendó el operador que pasara revista a los Lázaro Báez, Cristóbal López, Ernesto Gutiérrez, Enrique Eskenazi, Jorge Brito y otros tantos más de este mundo? Imposible saberlo, porque Fernández se llevará ese secreto a la tumba y, cuando se lo preguntó este autor, no mostró resquicios. Porque, en efecto, hay conversaciones que quedan entre dos.

Acaso la muerte de «Él» también explique la suerte de «auditoría» a la que fue sometido uno de los históricos secretarios privados de los Kirchner, Ricardo Barreiro, según reveló la revista Noticias, además de gerente del hotel boutique Los Sauces durante la gestión de los Relats.

Acaso la muerte de «Lupo» también demuestre, como dijo la referente de la Coalición Cívica en Santa Cruz, Mariana Zuvic, a este autor, que Lázaro sea «un empleado de la familia presidencial», que Rudy Ulloa «fue la persona de máxima confianza de Néstor Kirchner, no de la Presidenta» y que hoy Osvaldo Sanfelice tomó ese rol, mientras que Cristóbal sería el «custodio» de los bienes presidenciales, la persona que, hoy, le garantiza la jubilación a la familia presidencial. Y que eso explique, al mismo tiempo, el crecimiento exponencial que evidenció López durante la gestión de la Presidenta, casi al mismo ritmo en que Lázaro y en especial Rudy retrocedieron posiciones.

Aunque otra visión es posible y la exponen junto al propio López: «Rudy y Lázaro eran los empleados de Néstor y Sanfelice no era más que su “dama de compañía” cuando dejó de ser Presidente. Y nosotros crecimos gracias a su prédica a favor de la burguesía nacional: le hicimos algunos favores y él nos hizo otros. Pero ¿“custodios de los bienes presidenciales”? ¡No! ¿“Socios de los Kirchner”? ¡Tampoco!».

Acaso, también, la división de roles dentro del matrimonio Kirchner también explique la reacción destemplada de ella cuando una estudiante argentina le planteó una simple y obvia pregunta sobre su crecimiento patrimonial en la Universidad de Harvard, en 2012. Aquella en que la Presidenta se definió como «exitosa abogada» y aludió a los expedientes que instruyeron los jueces federales Julián Ercolini, Rodolfo Canicoba Corral y Oyarbide, pero sin nombrarlos: «He sido sometida a controles y pericias de peritos de la Corte. Puedo dar cuenta de todos y cada uno de mis bienes. Y lo he hecho».

¿Lo cree de verdad?

Puede ser.

Y puede ser que le importe poco y nada lo que piense el resto al respecto. Como ocurre con la discusión que rodea a su título de abogada. Por ella, que gasten tiempo, energías y saliva con eso.

Aunque también es cierto que pocas cosas la enfurecen tanto y la llenan de impotencia como que la chicaneen con eso.

Como cuando discutió en su despacho de la Casa Rosada por los fondos de las obras sociales con el líder del gremio de los camioneros y de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano.

—¡Ladrón! ¡Fascista! ¡Vos buchoneaste a nuestros compañeros! —⁠le lanzó la Presidenta cuando la tensa charla mutó en griterío.

—Vos callate que zafaste del enriquecimiento ilícito porque tenés agarrado al juez de las bolas.

O puede ser que solo se trate de una negación, real o cínica. Como cuando durante esa misma conferencia en Harvard, y ante la pregunta de otro estudiante, dijo que «no hay ningún cepo cambiario en la Argentina».

«Vos sos argentino y estás acá. Problemas de dólares no tenés», lo chicaneó al muchacho, y cosechó silbidos por el destrato. «Esas son cosas para La Matanza, no para Harvard», les redobló la apuesta.

Esa misma posibilidad de la negación puede plantearse ante el «caso Ciccone». ¿Sabía algo ella sobre el rol de Amado Boudou y sus amigos previo al estallido del escándalo en febrero de 2012? ¿Lo escogió como su compañero de fórmula, a mediados de 2011, a sabiendas de ese rol? ¿O fue algo que su entonces ministro de Economía acaso coordinó solo con Néstor, a espaldas de ella, como también interactuaba con el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, a pesar de su evidente disgusto?

Porque hubo un tiempo en que Néstor y Héctor dialogaban y el Presidente soñaba con tejer mucho más que una relación cordial.

«Kirchner quería ser amigo de Clarín y por eso le entregó Cablevisión», sostenía José «Pepe» Sbattella cuando debió renunciar a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) tras perder su pelea con Guillermo Moreno y antes de volver al poder —⁠tras la pelea del Gobierno con Clarín⁠— como titular de la unidad antilavado (UIF).

El sistema y la Piñata.

Como titular de la CNDC, Sbattella consideraba que la fusión de Cablevisión y Multicanal conllevaría la formación de una empresa con una evidente posición dominante, casi un monopolio.

Pero Moreno autorizó igual la fusión con la resolución 257/07 de la Secretaría de Comercio Interior, que firmó el 7 de diciembre de ese año, tres días antes de que concluyera la presidencia de Kirchner, quien evaluó durante largo tiempo si también autorizaba el ingreso del Grupo Clarín al gigante Telecom o si habilitaba a otros players.

Telecom… si los ejecutivos de Credit Suisse hablaran…

Podrían contar cómo manejaron el «Proyecto Gaucho».

Podrían contar sobre los gritos de «Furia».

Podrían contar sobre aquel desesperado fin de semana de noviembre de 2009 en que Nueva York, Milán y Buenos Aires bailaron con frenesí.

Podrían contar cómo tumbaron una oferta de Vodafone por US$ 2200 millones, aunque era cuatro veces más elevada que la de los amigos que debía triunfar.

Podrían contar las amenazas que volaron.

También podría contar lo suyo el socio y empleado de Eduardo Eurnekián, Ernesto Gutiérrez Conte, que también quiso poner su pie en Telecom, como antes o después lo intentó en Ciccone Calcográfica, en Aerolíneas Argentinas y en Esso.

Porque allá por agosto de 2009, cuando apuntaba hacia Telecom, el diario Clarín lo desayunó con una acusación del intendente kirchnerista de Quilmes, Francisco «el Barba» Gutiérrez, que lo vinculaba con el asesinato en 1994 del hermano del jefe comunal, el subcomisario Jorge Gutiérrez: «Él (por el empresario) era directivo de Defisa, el depósito fiscal de Avellaneda donde mi hermano detectó irregularidades. También fue denunciado por el tráfico de armas a Croacia y por la mafia del oro», afirmó «el Barba».

El entonces presidente de Aeropuertos Argentina 2000 demandó entonces al intendente por calumnias —⁠la Cámara del Crimen terminó por sobreseerlo por tratarse, según el tribunal, de una cuestión de interés público⁠—, y concedió una entrevista al diario Perfil, en la que acusó a Clarín de enchastrarlo cuando comenzaba las negociaciones para comprar Telecom.

«Nunca estuve involucrado en la causa. Nunca fui llamado a declarar ni como testigo ni como nada en ninguna causa», afirmó Gutiérrez a Perfil. «Cuando hace cinco o seis meses atrás comenzamos con Eduardo Eurnekián (dueño de Corporación América) a trabajar en el tema Telecom, pensamos que no iba a ser una batalla fácil, pero nunca imaginé que iba a llegar a esta situación».

Peleas dentro del sistema, en suma, por la Piñata.

Pero según Magnetto, Kirchner llegó a explicitarle una oferta más amplia. Y que él declinó el convite.

—Yo te puedo convertir en el hombre más rico de la Argentina —⁠afirmó el empresario que fue la oferta presidencial, según relatarían luego colaboradores del CEO⁠—. Y a nosotros no nos para nadie: podemos gobernar por los próximos 20 años.

—Te lo agradezco, Néstor. Pero más de dos bifes no me puedo comer —⁠afirmaron que fue su respuesta.

A su lado, incluso deslizan que Kirchner fantaseó con meterse dentro de Clarín, a través de un empresario amigo, acaso tomando el 9,11 % de las acciones en poder del banco de inversión Goldman Sachs.

Cristina Fernández recordaría aquellos tiempos en un confuso discurso de diciembre de 2010. «El titular o CEO de Clarín, ya que tanto habla de los amigos, puedo decir que fue muchas veces a comer a Olivos. (…) Se sentó a la mesa donde comen el Presidente y su familia. El señor Héctor Magnetto se debe haber sentado no menos de diez o doce veces en la mesa».

Pero la Presidenta contó sobre aquellos encuentros cuando los tiempos de la sinergia Gobierno-Clarín ya habían quedado atrás y la contraofensiva dominaba la agenda oficial. Incluso con varios de los mismos funcionarios que antes habían promovido lo contrario.

Moreno pasó de autorizar la fusión entre Cablevisión y Multicanal a liderar el ataque sobre Papel Prensa —⁠con guantes de box incluidos durante una asamblea⁠—, impulsar la premisa «Clarín miente» y hasta llevar ese cotillón a Angola, como las medias que distribuyeron sus adláteres entre chiquitos descalzos.

Moreno terminaría indagado por ese cotillón en junio de 2015. Pero fiel a sí mismo hasta el final, acusó de «hostigamiento» al juez federal a cargo de ese expediente, Claudio Bonadío, al que también le enrostró haberle dado consejos sobre cómo zafar de esa pesquisa durante un desayuno en el departamento del magistrado, lo que sin embargo «Napia» no denunció hasta que lo indagaron.

Sbattella, por su parte, volvió a la función pública, al frente de la UIF. Y de inmediato comunicó sus prioridades.

«¿Cómo le entramos a Clarín?», fue su primera pregunta a los funcionarios de la UIF, del Ministerio de Justicia, del Banco Central, de la AFIP, de la Anses y de la Comisión de Valores, a los que en febrero de 2010 convocó para montar un «grupo de tareas» en contra del holding.

Del otro lado no se quedaron dormidos. Clarín convocó al periodista Jorge Lanata, que desde Canal 13 y Radio Mitre comenzó a sacar trapos sucios del Gobierno al sol, como el «caso Ciccone».

Ausente «Furia» cuando se desencadenó esa tormenta mediática y judicial, ¿la Presidenta le exigió a Boudou conocer todos los detalles? ¿Le preguntó qué había pasado? ¿Ordenó ella protegerlo a cualquier costo, incluida la renuncia del procurador general, Esteban Righi?

En la misma línea, ¿le preguntó a Lázaro Báez sobre la llamada «ruta del dinero K»? ¿O sobre cómo era la operatoria hotelera? ¿Habló a fondo con los Eskenazi? ¿Y con Cristóbal López?

Porque, aquí vale recordar, el presidente Richard Nixon no cayó por el ingreso de los «plomeros» a las oficinas del Partido Demócrata en el complejo Watergate de Washington DC. Cayó por su encubrimiento posterior, con la eliminación de unas grabaciones del Salón Oval.

Pero hasta ahí parecen llegar las especulaciones.

Porque el resto son habladurías sin asidero, ni evidencias.

Como las versiones que salieron desde la propia Quinta de Olivos, poco después del fallecimiento del ex Presidente. Habladurías sobre un supuesto diálogo con uno de los asistentes de «Lupín», que le pidió 5 minutos a la Presidenta, que la llevó hasta la armería del polígono de tiro que allí habían montado Carlos Menem y Alberto Kohan en los 90, y le mostró unas bolsas acumuladas.

«Quémenlas», dicen que fue la respuesta de la Presidenta, con las fuerzas al mínimo por el dolor de la pérdida.

El disparatado relato, carente de evidencias, cierra con una supuesta desobediencia a la orden presidencial. Como si el asistente hubiera tenido el coraje de desafiar a la viuda y llamar a Máximo a escondidas para comunicarle lo que ocurría para que él se hiciera cargo. Todo demasiado fantasioso para ser verdad. Hasta ridículo.

Además, en lugar de perderse en los rumores, es preferible concentrarse en las acciones y las palabras de la Presidenta, como cuando para defender la «total transparencia» del proceso licitatorio para entregar las represas hidroeléctricas Kirchner y Cepernic, terminó hablando de los «empresarios K», el 21 de agosto de 2013, y admitiendo de manera implícita que algunos de ellos se vinculan con los Kirchner.

«Algún día vamos a hablar de los empresarios K, porque si son los que ganaron plata, hay pero un montón de empresarios K. Yo no creo que los que hayan ganado plata, en estos diez años, son empresarios K, creo que han sido empresarios que han sabido aprovechar oportunidades de negocios», planteó. «Si no, les reitero, les doy la lista de lo que ganaron y no saben, se van a dar una gran sorpresa, porque la mayoría no tiene absolutamente nada que ver».

Si la mayoría no tiene nada que ver, ¿una minoría sí?

¿Algunos empresarios, por tanto, sí tienen que ver con los Kirchner?

Con o sin empresarios sospechados de por medio, en cualquier caso el megaproyecto de las represas quedó bajo sospecha, tanto por su capítulo nacional —⁠por la licitación y la adjudicación⁠—, como por su capítulo santacruceño, con la expropiación de las tierras.

«La ley que amplía la superficie a expropiar, votada entre gallos y medianoche por la mayoría automática de la Legislatura provincial, es el más gigantesco negociado inmobiliario del que se tenga memoria en Santa Cruz», dijo Marcelo Cepernic, dueño de la estancia La Josefina, a la periodista Mariela Arias de La Nación, en junio de 2015.

¿Le suena el apellido?

Es porque una de las represas llevará el nombre de su padre, el exgobernador Jorge Cepernic, que durante la dictadura permaneció detenido allí, en la estancia que quedará bajo las aguas.

Su hijo Marcelo considera que el proyecto incluye una expropiación excesiva, sin una verdadera justificación de la utilidad pública. No solo eso: «La historia recordará esta decisión como otro de los monumentos a la corrupción que ostentará el actual gobierno».

Con o sin supuestos «empresarios K», sí es cierto además que la Presidenta escogió otros confidentes a la hora de consultar sobre dinero.

Cuestión de confianza.

O, en rigor, de desconfianza.

Porque la Presidenta siempre desconfió de algunos de los «amigos» de «Lupo», como Ricardo Jaime, Claudio Uberti o Ernesto Gutiérrez, entre otros varios que cayeron en desgracia desde el momento mismo en que murió el «kirchnerismo» y amaneció el «cristinismo».

¿Acaso ocurrió algo parecido con el empresario Marcelo Mindlin, primo del canciller Héctor Timerman? ¿Explica eso la denuncia por presunto lavado de activos que la unidad antilavado (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac) radicaron en su contra a 40 días de las elecciones de 2013? ¿O esa denuncia fue apenas fruto de las fricciones crecientes que protagonizó con el Gobierno por el congelamiento de las tarifas?

Del mismo modo, Máximo Kirchner, «Oso» para su madre, también tomó otro vuelo desde que falleció su padre.

Primero, porque se convirtió en el referente icónico de la agrupación juvenil La Cámpora, con la que comenzó a ganar peso y espacios dentro de la administración pública nacional (como el Ministerio de Justicia; luego Economía) y empresas vinculadas (como YPF).

Segundo, porque se convirtió en el verdadero número dos en la línea de sucesión presidencial, con el soporte técnico de Zannini, cada vez que su madre debió someterse a una licencia médica o se ausentó del país.

¿Boudou? Bien lejos, gracias.

Tercero, porque fue él quien cortó las ensoñaciones a Marcelo Tinelli, cuando el conductor y productor pretendía quedarse con Fútbol Para Todos en febrero de 2014, para un año después, ya a la puerta de las elecciones, flirtear otra vez con esa posibilidad para mantener cerca al impulsor de Francisco de Narváez con «Alicate; alicame» y uno de los destructores de Fernando de la Rúa con el «Oso Arturo».

Cuarto, porque tomó las riendas de los negocios familiares. Lo hizo a través de Negocios Inmobiliarios SA, junto a «Bochi» Sanfelice, un veterano amigo de su padre que figuró en el directorio de Hotesur, la sociedad de los Kirchner que controla el hotel Alto Calafate, y se encarga de las relaciones con Cristóbal López.

Un conector.

El «Bochi» es otro ejemplo de ascenso social kirchnerista. Era un empleado administrativo más, allá en la inmensidad patagónica, hasta que el ascenso de «Lupín» le permitió florecer. Tanto a él, que se mueve en el Sur y desde una residencia pegada a la Quinta de Olivos, como a su familia. Los negocios petroleros con Venezuela son apenas un capítulo de sus intereses. Otro es manejar operaciones inmobiliarias como el de la «unidad 130», una chacra de US$ 2 millones en Puerto Panal, Zarate, el country donde Sanfelice figuraba como «propietario», según reveló la revista Noticias en diciembre de 2012, aunque los vecinos de la zona, maledicentes, se la adjudicaban a Máximo Kirchner.

«Te la simplifico: “Bochi” es el tipo que administra los bienes de los Kirchner, incluso por fuera de Kirchner», explicó un compañero de aventuras de «Lupo» a este autor. «Es el tipo que, si Cristina necesita dinero para lo que fuere, él se lo lleva».

Lo que sí es seguro es que «Bochi» es el dueño de la Estancia Los Amigos, con entre 30 000 y 35 000 hectáreas, a 130 kilómetros de Bariloche. Se sabe porque eran de la comunidad Mapuche, y el socio de los Kirchner recibió una denuncia por la presunta violación de la ley 26 160 que suspendía el desalojo de los pueblos originarios. Para la compra, Sanfelice recurrió a una de sus sociedades, Invernepa SA, hermana de otra llamada Inverlife, aunque sin vínculo, al menos que haya trascendido, con Invernes, la financiera de Ernesto Clarens.

Y otro interés más de «Bochi» es manejar Idea Sociedad Anónima SA, con la que administra los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea de El Chaltén de los Kirchner y le alquila a López la hostería «El Retorno», en las afueras de Bariloche, por apenas $ 15 000 mensuales.

Junto a Sanfelice, Máximo también se apoya para los negocios en otro patagónico. Es el exgobernador santacruceño Carlos Sancho, que ostenta con orgullo que con su mueblería fue el primer cliente del estudio de Kirchner cuando recién estrenaba su título de abogado, además de aparecer en Idea Sociedad Anónima y figurar desde fines de 2014 en el nuevo directorio de Hotesur, la sociedad controlante del Alto Calafate.

La conformación más reciente del directorio de esa sociedad expresa la forma en que la Presidenta suele reaccionar ante los desafíos: duplica la apuesta. Ahora aparecen:

—Presidenta y directora titular: Romina Mercado, sobrina de la Presidenta e hija de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.

—Directora titular: Giselle Fernández, médica, hermana de la Presidenta, sin experiencia previa en el rubro hotelero.

—Directora titular: Rocío García, odontóloga, pareja de Máximo Kirchner, nuera de la Presidenta y «coordinadora de Articulación Local de Políticas Socio Sanitarias» del Ministerio de Salud de la Nación en Santa Cruz. También sin experiencia previa en el rubro hotelero.

—Director suplente: Máximo Kirchner, hijo de la Presidenta.

—Director suplente: Florencia Kirchner, hija de la Presidenta, sin experiencia previa en el rubro hotelero y por primera vez incluida en los negocios o sociedades de su familia.

—Director suplente: Sancho, el exgobernador de Santa Cruz e histórico socio de los Kirchner en los negocios inmobiliarios.

La Presidenta pareció así despegarse de Báez, de su gerenciadora Valle Mitre, y de todos aquellos que la pegoteaban con el exempleado bancario. Porque el anterior directorio de Hotesur, vigente durante más de 5 años, incluía a Adrián Berni (que aparecía en otros dos emprendimientos de Báez), Alejandro Fermín Ruiz (designado en otras tres empresas vinculadas a Báez) y Roberto Saldivia (abogado de Báez), a los que se sumaba Patricio Pereyra Arandia, esposo de la fiscal Natalia Mercado, la otra sobrina de la Presidenta.

Pero algo más hizo. La viuda comenzó a mover piezas en el tablero judicial para abortar —⁠o lentificar, al menos⁠— la pesquisa en manos del juez Bonadío, con pedidos para apartarlo de la investigación, intentos para remitir el expediente al Sur o, incluso, mensajes que transmitió el gobernador y candidato presidencial Daniel Scioli.

El sistema.

Mientras, allá lejos, en el Sur, y pese al distanciamiento aparente con Báez, que no es tal, una placa lo recuerda al fallecido ex Presidente.

Dice: «Aquí descansa Néstor Kirchner, el santacruceño que cambió la Argentina y sobre todo un amigo».

Está en el Mausoleo donde descansa su cuerpo.

El Mausoleo y la placa fueron regalos de Lázaro[11].

L / López

Buenos Aires, 2012.

—Yo no soy el testaferro de Kirchner —repitió por enésima vez Cristóbal López, fastidiado por la recurrencia de esa sombra sobre sus hombros, su patrimonio y el conglomerado de empresas del Grupo Indalo que desarrolló con especial fuerza durante la última década.

—Pero usted… —iba a insistir este autor mencionando diversos beneficios especiales que López obtuvo de la Aduana (para su firma Álcalis de la Patagonia), de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Central y de otros organismos del Estado.

—Yo no soy el testaferro de los Kirchner, ni de nadie —⁠interrumpió López⁠—. Cómo máximo me beneficio de que muchos piensan que lo soy. Entonces voy a una reunión, entro y le digo al tipo: «Lindo traje. Dámelo». Y el tipo no sabe si quien le pide el traje soy yo o alguien más. Mínimo, me voy de esa reunión con el cinturón del tipo.

Kirchner ya había muerto y López lo definía como un «fuera de serie», al tiempo que aclaraba que su relación era solo con él, no con su viuda, la Presidenta Cristina Fernández, a la que igual elogiaba.

Buenos Aires, abril de 2015.

López se enfurece aún más cuando alguien lo señala como testaferro de los Kirchner. Pero toma decisiones que engordan las sospechas. Como cuando compró la hostería El Retorno en las afueras de Bariloche, que puso a disposición de la familia presidencial, al mismo tiempo que les alquila en dólares a los Kirchner dos departamentos, una oficina y cinco cocheras, en Madero Center, un complejo de lujo ubicado en Puerto Madero, y en el barrio Recoleta de la ciudad de Buenos Aires.

La familia presidencial factura los alquileres por medio de la sociedad Los Sauces y la «Sucesión de Kirchner, Néstor». Solo entre junio de 2014 y enero de 2015 embolsó cerca de $ 3 millones, aunque los pagos comenzaron al menos dos años antes, según voceros de Indalo.

López recurre a dos de sus empresas —Álcalis de la Patagonia e Inversora M&S⁠— y a uno de sus colaboradores, Mauro Ismael Sánchez, para las facturas, mientras que los contratos de alquiler los coordinó Osvaldo Sanfelice.

«Bochi» para los amigos, Sanfelice resulta un puente ideal para esos negocios. Es socio del hijo presidencial, Máximo Kirchner, en Negocios Inmobiliarios SA, e integró el directorio de Hotesur SA, la sociedad con que los Kirchner controlan el hotel Alto Calafate. También aparece como socio de López en Talares de Posadas, un negocio fallido en Misiones, y como empleado del propio López en la empresa Álcalis de la Patagonia.

¿Cuatro datos más sobre este conector?

Uno, Sanfelice figura como dueño del hotel Waldorf, en la calle Paraguay al 400 de la ciudad de Buenos Aires.

Dos, durante años contó con una oficina dentro de la sede central del Grupo Indalo, en el piso de sus máximos ejecutivos, donde trabaja todos los días Fabián de Souza, la mano derecha de López. ¿Gauchada para un amigo del Sur? ¿Auditor de los Kirchner? Podría serlo. Porque al fin y al cabo esa también fue su función en las empresas de Lázaro Báez, según declaró ante la Justicia el expresidente de sus petroleras Epsur y Misahar, Horacio Quiroga Torán. Aunque junto a López defienden la primera opción: «Si Sanfelice nos pide recibir a alguien, le prestamos una oficina. Nada más. ¿Por qué no, si es un amigo?».

Tres, Sanfelice figura como empleado de López en Álcalis de la Patagonia. Y según reconocen junto a López, lo metieron a pedido de Kirchner: «Ya había dejado de ser Presidente, y andaba como león enjaulado. Así que le pidió a Sanfelice que se viniera del Sur a Buenos Aires. En la práctica hizo de su “dama de compañía” y nos pidió que le diéramos un laburo para mantenerse. “Háganle un sueldo”, nos pidió. Y cuando le preguntamos cuánto pretendía que ganara, nos dijo que unos 12 000 pesos. Era miserable hasta para eso», rememoran entre risas.

Cuatro, Sanfelice sobrevuela Idea Sociedad Anónima SA, la gerenciadora que le alquila a López la hostería El Retorno, por apenas $ 15 000 por mes, para sumarla al abanico comercial con que ahora se administran los hoteles presidenciales.

Hasta ahora, El Retorno no le ha reportado a López más que gastos y dolores de cabeza. Poco después de comprar la hostería decidió cerrarla para encarar refacciones, al tiempo que optó por seguir las huellas de Lázaro Báez y autodenunciarse ante la Justicia de Río Negro cuando el periodista Nicolás Wiñazki reveló los vínculos que conectan a ese emprendimiento con Hotesur y el Alto Calafate.

¿Súbitos deseos de purificación? ¿O una jugada para que la Justicia sureña le quitara la investigación al juez federal Claudio Bonadío, en línea con un intento similar de Báez en Río Gallegos y Comodoro Rivadavia?

«Lo de “El Retorno” es una muestra más de la mala leche de algunos medios o periodistas», replicaron junto a López. «Lo compramos porque el lugar es espectacular, pero el establecimiento es una porquería y lo vamos a tirar abajo para construir un hotel moderno con 60 habitaciones. Pero hablamos con Sanfelice para que él gestionara el hotel mientras se completaba la preventa que habían hecho los anteriores dueños a unos turistas alemanes».

En rigor, El Retorno no es el único hotel de López.

En junio de 2012 compró Los Notros, el hotel que siempre fascinó a la Presidenta por su ubicación dentro del Parque Nacional Los Glaciares, al sudoeste de Santa Cruz.

Allí, no hay forma de explicarles a los lugareños que López es el dueño de Los Notros; creen a rajatabla que es de la Presidenta, algo que ningún documento convalida.

López lleva años de expansión en el rubro hotelero —⁠en Comodoro Rivadavia, en La Pampa y más⁠— al mismo tiempo que desarrolla una estrategia para ampliar su base de sustentación. Para eso adquirió desde 2011 varios medios de comunicación, como Ámbito Financiero o Radio Diez, entre otros activos. Y tomó el control de Ideas del Sur, la productora de Marcelo Tinelli, en tándem —⁠en una relación de amores y odios⁠— con el Grupo Clarín.

Porque López se muestra convencido de que contar con medios de comunicación propios es la mejor forma de «blindarse» frente a otros medios, empresarios, políticos y la Justicia.

Ideas del Sur también le deparó un vínculo peculiar con Tinelli, a quien deja hacer, pero mira con recelo, al tiempo que en San Lorenzo le pidió que ubique a su hijo, Nazareno López, en la comisión directiva o de fútbol, mientras que sonaba como el eventual inversor para repatriar de Inglaterra al defensor Fabricio Coloccini y dos jugadores más.

Más allá de sus intereses con Tinelli, sin embargo, la compra más importante de López fue la del grupo Infobae (canal C5N de cable y Radio 10, entre otros medios), de Daniel Hadad, con la intermediación como amigable componedor del banquero Jorge Brito.

—¿Vos tenés seguro? —dicen que le preguntó Hadad a López, cuando se reunieron a cenar en la casa del experiodista devenido empresario.

—Sí, claro. Yo, mi familia y todas mis empresas —⁠dicen que respondió el comodorense.

—No, digo si tenés medios —le explicó Hadad.

Así empezó la larga negociación que, tras varias desmentidas —⁠y algunos incidentes que junto a Hadad interpretaron como mensajes mafiosos⁠—, terminó en un acuerdo sellado sin demasiadas precisiones públicas. Ni sobre el monto de la operación —⁠se habló de US$ 40 millones⁠—, ni sobre alguna cláusula singular —⁠como que Hadad no podría tener medios similares, ni radios ni canales de televisión hasta 2015⁠— y un escollo relativo: según la mayoría de los expertos, la operación choca con la nueva Ley de Medios que impulsó el Gobierno.

«Se dicen muchas pavadas. Por ejemplo, es falso que haya costado 40 millones de dólares. Costó más», afirmaron junto a López a este autor. Y elevaron esa cifra a US$ 49,5 millones, más asumir una larga lista de deudas, y gastos superfluos, que ejemplificaron con el salario y un contrato de alquiler de insumos de un familiar de Claudio Uberti.

No iba a ser la Casa Rosada, sin embargo, la que objetara la adquisición de López, que le resultó muy funcional. Al punto que tras la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la Presidenta, un equipo de C5N viajó a Teherán para conversar con el prófugo Mohsen Rabbani, exagregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires cuando se produjo el atentado contra la AMIA, y con el excanciller Al Akbar Velayati. Locuaz, el segundo expresó su desprecio por la Justicia argentina, que argumentó que actuó «bajo presión de los sionistas».

Pero López fue por más. Se asoció con el banquero sospechado en los 90 de lavado de activos, Raúl Moneta, quien venía de presentarse como supuesto financista de The Old Fund para ingresar en la nueva Ciccone Calcográfica. Juntos, López y Moneta se integraron en las FM La Mega 98.3, Pop 101.5, Vale 97.5 y TKM 103.7.

López también se quedó con el canal 27 de UHF, que se transformará en una emisora de aire con tecnología digital. Y en 2015 agregó a los diarios Ámbito Financiero, Buenos Aires Herald y el rosarino El Ciudadano. También, las FM Pop, Mega, Vale y One, y el portal Minuto Uno. Y en Comodoro Rivadavia, el diario Patagónico, FM del Mar y Canal 9. ¿Y se viene Página/12?

Todo un giro, eso sí, para quien el 15 de mayo de 2009 dijo al periodista Luis Majul, que lo entrevistó para su libro El Dueño, que ni loco se metería en el mundo de los medios. «Ahora dicen que voy a comprar Telefé —⁠le dijo López⁠—. Hagamos una cosa. Si te enterás de que voy a comprar un medio de comunicación, hacé que me pongan un chaleco de fuerza, porque significa que me volví loco».

Por lo visto, se volvió loco o las circunstancias cambiaron… y aceptó la sugerencia de su mano derecha —⁠y socio minoritario en algunos proyectos⁠— Fabián de Souza.

Así, aunque López incrementó su fortuna previa gracias a varias prebendas otorgadas por los Kirchner desde 2003, su plan es sobrevivir al kirchnerismo y recorrer la misma senda que transitaron antes otros empresarios de pasado discutible pero miembros hoy del establishment local, como Brito, los Bulgheroni, Franco Macri o Eduardo Eurnekián.

Para eso, López armó un imperio basado en el negocio de las apuestas, pero se expandió hacia la explotación de servicios energéticos, adquirió las secciones de refinación y distribución de combustibles de Petrobras, e incursionó en la actividad agropecuaria.

Este desarrollo hubiera sido imposible sin la promoción y protección sistemática del Estado. ¿Tres ejemplos? La Aduana y la Secretaría de Comercio Interior (Guillermo Moreno) le montaron un virtual mercado monopólico para su soda solvay (otra vez, Álcalis de la Patagonia), la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Federal (AFSCA) fue por demás benévola con su grupo de medios, y la AFIP le dejó al Grupo Indalo acumular deudas impositivas por cientos de millones de pesos para que López destinara ese flujo de dinero a comprar más activos. Entre otros, una tajada de Petrobras en la Argentina, el banco Finansur, Paraná Metal y varios de sus medios de comunicación.

El sistema en apoyo de la burguesía nacional.

La adquisición de Finansur aporta otro ejemplo de cordialidad oficial con López. Pese a las recomendaciones regulatorias internacionales que miran con malos ojos que quienes tienen una pata en el juego tengan la otra en los bancos —⁠por el riesgo de lavado de activos, dicen⁠—, el Banco Central (BCRA) lo aprobó en mayo de 2015.

Acaso haya influido que el síndico del Central es Hugo Carlos Álvarez, el contador de «Bochi» Sanfelice y socio de Víctor Manzanares, el contador de los Kirchner que participó como perito «de parte» del matrimonio en el expediente por el presunto enriquecimiento ilícito que cerró en tiempo récord el juez Norberto Oyarbide.

O acaso haya influido que el Central lo aprobó durante la presidencia de Alejandro Vanoli, recién dos años y medio después de que López cerrara la venta con la familia Sánchez Córdova porque nunca contó con la venia del anterior titular del BCRA, Juan Carlos Fábrega, ni la de su equipo en la Superintendencia de Entidades Financieras, que tres veces «llevó para atrás» la aprobación.

¿Cómo lo logró? Porque el «nuevo» Central le consultó a la unidad antilavado (UIF), que respondió que no había ningún impedimento legal para aprobarlo —⁠aunque las recomendaciones antilavado mundiales del GAFI establecen lo contrario⁠—, y el directorio del BCRA lo aprobó por unanimidad, incluidos los votos de tres jóvenes directores (algunos de ellos sin título universitario aún) que el ministro de Economía Axel Kicillof designó «en comisión» para completar su integración.

Desde la AFIP, además, financiarlo no fue el único gesto de buena voluntad hacia López. Durante casi una década, un funcionario de carrera de «la Casa» con vínculos aceitados con la Secretaría de Inteligencia (SIDE), Andrés Vázquez, tomó las riendas de la Regional Sur Metropolitana, a cargo de controlar los casinos flotantes de Puerto Madero. Mostró tanto celo en su tarea que en un momento terminó con una denuncia en su contra de otras dos funcionarias de la AFIP que relataron cómo, cuando fueron a inspeccionar el Casino, Vázquez las recibió como si fuera local. Y sin que ni Echegaray pudiera desplazarlo mientras que «Jaime» Stiuso fue el verdadero jefe de los espías.

Pero decidido, López quiere más. Se quedó con la productora La Corte, que ejerce otro monopolio: el de la televisación del fútbol.

Y va por más aún. Tras la muerte de Julio Humberto Grondona sueña con controlar de algún modo la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y, a partir de allí, dominar las apuestas deportivas, aun cuando la Iglesia argentina denuncia desde hace años el flagelo del juego en el país, con monseñor Jorge Casaretto como su rostro más visible, pero con la venia que llega de Roma.

Sin embargo, también López cuenta con un aliado, Máximo Kirchner. Al hijo de la Presidenta le gustaría que Tinelli se sentara en el sillón de Grondona. Y para el «zar del juego», un apodo que López detesta, sería tocar el cielo tras años de avance tras avance.

Comenzó con una sola sala de juego, en Comodoro Rivadavia, en julio de 1992. Pero luego se concursaron los casinos de la provincia de Santa Cruz, y López recurrió a un familiar para que Kirchner recibiera su mensaje: «Yo le ofrezco más plata y menos problemas».

El mercado del juego en la Argentina es inmenso ($ 105 600 millones durante 2013, el equivalente a un mes y medio de recaudación del Estado nacional) e involucra a varias empresas y empresarios pesados: Boldt (Antonio Tabanelli), World Games (Daniel Angelici), Argentine Gaming Group (Martín y Gastón Blaquier) y los españoles de Codere (José Antonio Martínez Sampedro) y Cirsa (del catalán Manuel Lao Hernández), entre muchos otros.

López, sin embargo, no es Báez. Tiene intereses y movimientos propios. Por eso, él siempre aclara que para cuando Kirchner ingresó a la Casa Rosada en 2003 él ya llevaba años en el club de los millonarios.

Por eso, «no me equipares con Lázaro» es otro latiguillo que los periodistas han escuchado pronunciar a López muchas veces, que además de recordar cómo comenzó a trabajar siendo adolescente y que no tuvo luna de miel porque andaba atrás de unos camiones, también suele subrayar que cuando Kirchner recibió el bastón de mando y la banda presidencial de Eduardo Duhalde, López ya llevaba 11 años operando aquel primer casino de Comodoro Rivadavia.

López también reduce a una «estupidez» la leyenda que llega desde Comodoro Rivadavia, donde adjudican una supuesta renguera suya a un tiro —⁠¡o incluso dos!⁠— que le habría pegado un excustodio de Alfredo Yabrán, Carlos «Coco» Mouriño, cuando pasó a trabajar para el jefe del sindicato petrolero, Diego Ibáñez, por razones de dinero o una traición. La réplica oficial es que a Mouriño apenas si lo conoce por televisión, que se fastidió los ligamentos de una rodilla en 1999 haciendo rafting en el lago Buenos Aires, y que el «nieto de puta» que hizo correr esa versión es un empresario rival al que le ganó un contrato.

Más sencillo: López no renguea. Como máximo camina algo encorvado, por dolores de espalda.

Hoy, más allá de Kirchner y supuestos ajustes de cuestas, la sociedad Casino Club, en la que López figura como uno de los socios, se presenta como «la cadena más grande de casinos y salas de máquinas tragamonedas en Latinoamérica», con 27 salas.

Eso no es todo. También hizo pie en el Hipódromo de Palermo a través de una «unión transitoria de empresas» con el concesionario Federico de Achával. Lo logró gracias a la ayuda de la Lotería Nacional durante la presidencia de Duhalde. Primero fueron 150 tragamonedas, y fue cuestión de tiempo para que llegaran a las 3000 maquinitas.

La relación entre López y Achával, eso sí, no es un lecho de rosas. Se unieron por conveniencia. El segundo controlaba la concesión del Hipódromo desde 1992, pero afrontaba una situación de quebranto y la Banca Nazionale del Lavoro (BNL) lo mantenía con respirador automático tras un fallido proyecto con el Grupo Liberman. Hasta que el hombre llegado de Comodoro Rivadavia le aportó la llave que necesitaba para destrabar el cerrojo político.

Achával cuenta que un socio de Cristóbal en Casino Club, Ricardo Benedicto, sirvió de puente con su futuro coequíper.

Ocurrió cuando Achával llegó a la conclusión de que debía copiar a los «racinos» de Estados Unidos. Es decir, los hipódromos (horse racing) que también operaban con tragamonedas (casinos).

«Racing» + «Casinos» = «Racinos».

Achával buscó entonces posibles socios. Ni Cirsa ni Boldt eran opciones; más bien, lo contrario, rivales, aunque luego terminarían mezclados o con conexiones indirectas en diversos emprendimientos. Y recaló en Cristóbal, allá por 2002.

«A partir de la instalación de las máquinas tragamonedas, acá en Palermo el hipódromo volvió a tener vida. Los slots son la solución que se utiliza a nivel mundial para todos los hipódromos», reconoció el hijo de Achával, Miguel, gerente comercial de la compañía, en una entrevista de julio de 2013 con la revista Metro.

Desde aquel primer contacto, López y los Achával se toleran, aunque los segundos lamentan la excesiva exposición pública que cobró el socio patagónico durante los años kirchneristas.

Pero negocios son negocios. Y ya con los patagónicos en la Rosada —⁠y su tocayo de apellido en Lotería Nacional, Roberto López⁠—, Cristóbal aceleró su expansión. Para 2006, se quedó con un porcentaje del casino flotante del puerto de Buenos Aires. También junto con Achával.

El casino flotante se encontraba bajo el control de Cirsa, una empresa catalana dominada por Manuel Lao Hernández, que en diciembre de 2006 protagonizó un peculiar decomiso en el aeropuerto Jorge Newbery: la Policía de Seguridad Aeroportuaria descubrió que había arribado con 500 000 euros en efectivo y varias patas de jamón.

—¿No es demasiado llevar para un viaje medio millón de euros? ¿No es más cómoda la tarjeta de crédito o la chequera? —⁠le preguntó Página/12 al abogado de Cirsa, Santiago Blanco Bermúdez.

—Puede ser demasiado para una persona como usted o como yo, pero no para un multimillonario que, además, puede ir a ciudades que no estén bancarizadas. Imagínese que tienen que cargar combustible y pueden sufrir diversas contingencias en el camino, como un problema de salud, que tendrán que afrontar.

Por esas vueltas del destino, Blanco Bermúdez ganaría protagonismo en los años venideros, pero como letrado de la SIDE y, en particular, de Antonio «Jaime» Stiuso.

En cualquier caso, López negó tener cualquier tipo de injerencia en el incidente de Aeroparque, que precedió 5 meses la unión entre Cirsa y Casino Club. «Yo también fui víctima» de la requisa, replicó. «En ese vuelo, Lao me traía un jamón de Jabugo para comer durante las fiestas».

Lao optó por utilizar palabras que se asemejan mucho a las que años después usarían los españoles de Repsol para explicar el desembarco de la familia Eskenazi en YPF, por su experticia en «mercados regulados».

Lao lo explicó parecido, durante una entrevista con el diario español El Confidencial: «He mantenido una negociación empresarial dura, muy dura, con un empresario argentino, hoy socio. Es muy sencillo: él me ha dado una parte de su negocio y yo le he dado parte del mío. Fui en solitario a un país complicado y ahora me conviene ir acompañado para desarrollar mis negocios con un socio local».

¿Cómo fue el toma y daca?

Lao compró la mitad del casino en Rosario, por unos US$ 20 millones; López se quedó con la mitad del casino de Puerto Madero, por alrededor de US$ 100 millones.

Los catalanes de Cirsa recuerdan, además, que primero acudieron a Rudy Ulloa para destrabar ciertos problemas. Pero resultó infructuoso.

Y luego, ya puestos a negociar con López, cada punto relevante se consultó por teléfono con Carlos Zannini, el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia. Algo que tanto junto a Cristóbal como a Achával niegan indignados, como así también lo niega en público Lao Hernández, que fue más lejos: «Niego rotundamente que Kirchner me haya presionado», dijo durante aquella misma entrevista.

Junto a López consideran «una estupidez» creer que Zannini medió en la negociación con Lao. «Al catalán le estaban robando sus gerentes locales, se dio cuenta cuando se asoció con nosotros en Rosario y ver nuestra rentabilidad, y nos ofreció asociarnos en el casino flotante a cambio de que nosotros asumiéramos el gerenciamiento. El resto es fantasía pura».

Si Zannini metió sus narices, en rigor no sería más que lo mismo que denunció el cordobés Luis Juez. Afirmó que «el Chino» abogó por Cristóbal para que lo ayudara a desembarcar en La Docta, a cambio de financiar su campaña electoral.

«López dio vuelta un papel, arrimó un lápiz y dijo: “Dame un número de cuenta de un banco en el extranjero y yo me hago cargo de tus próximas 10 campañas electorales” y después agregó que lo hacía con varios intendentes y gobernadores», relató el exintendente y hoy senador nacional. «Me dijo que le había financiado la primera campaña a Néstor Kirchner y de ahí todas las demás».

López lo niega.

—¿Qué ocurrió con el senador Luis Juez y su entonces secretario de Obras Públicas, Rubén Borello, que afirmaron que usted le ofreció financiar su campaña a cambio de que él apoyara o callara su oposición a la instalación de un casino en Córdoba? —⁠le preguntó este autor a López, años atrás.

—Mirá. (Tono irónico.) Eso se está tramitando en la Justicia.

—¿Está en la Justicia?

—(Sonríe.) No lo sé. Pero si fuera cierto lo que ese señor dice, debería estar en la Justicia, ¿no? La verdad es que nunca me han notificado de nada, pero si un senador de la nación dice que yo le ofrecí plata a cambio de algo, él debería haber hecho la denuncia. Por tanto, dejemos que la Justicia actúe.

—¿Kirchner jamás lo benefició con una medida?

—No. Ese tipo de afirmaciones son cuentos chinos para perjudicarme. Son comentarios muy livianitos.

López suele responder a esas y otras preguntas, como las que abordan los porcentajes accionarios de sus empresas. Sostiene con desgano, por ejemplo, que solo controla el 30 % de Casino Club (otro 30 % lo retiene Ricardo Benedicto, otro 30 % Juan Castellanos Bonillo, y el 10 % Héctor Cruz), mientras que posee apenas el 7,5 % del Casino Flotante mientras que Achával maneja un porcentaje idéntico, lo que de inmediato lo lleva a desafiar con sus propias preguntas.

«¿Por qué se la agarran conmigo? ¿Por qué me ponen eso del “zar del juego” y no se lo ponen a Achával?», desafía, mientras desecha la idea de ser el «jugador central». Es decir, que él pueda ser la figura clave, más allá de lo que digan los porcentajes accionarios, como también lo son Paolo Rocca en Techint o la familia Agnelli en Fiat.

En cualquier caso, a fines de 2007, Kirchner mostró cuáles eran sus prioridades ante la burguesía nacional y solo cinco días antes de concluir su mandato como presidente prorrogó por decreto el vencimiento de la concesión del Hipódromo por 15 años adicionales. Desde 2017 hasta 2032. Como supuesta contraprestación, les «impuso» a Achával y a López instalar otras 1500 tragamonedas y llevar así el total a 4500.

Si Cristóbal reacciona furioso ante las sospechas que sobrevuelan ese decreto, junto a Achával prefieren señalar al propio Estado y a la actividad hípica como responsables. «Nos querían obligar a ciertas inversiones que no podían amortizarse en los plazos que manejábamos, por lo que planteamos que debíamos renegociar los tiempos y los términos de nuestro negocio. Nada más», afirman.

Destinatario de miles de dardos retóricos del kirchnerismo como jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri tampoco se quedó atrás a la hora de interactuar con López. Para eso, los canales de diálogo fueron su amigo Nicolás Caputo, por un lado, y Achával, por el otro. Hipódromo, Ingresos Brutos y bingos porteños en danza.

Cuestión de amistades y contactos, Achával (de Alumni y el Belgrano Day School) es amigo de Caputo, que a su vez es íntimo de Macri desde los tiempos en que ambos compartieron las aulas del colegio Cardenal Newman. Y más aún a partir del secuestro que padeció el intendente porteño en agosto de 1991 y que concluyó cuando «Nicky» pagó el rescate. A ellos se sumaría, según el periodista Carlos Pagni, un tercer eslabón de la trama: José Torello.

Cuestión de amigos.

Cuestión de ingresos brutos.

¿Cuestión de aportes a campañas electorales?

Otra vez, demasiadas habladurías, según los entornos de López y Achával. «Se dicen demasiadas cosas sin sustento», minimizan. Y sostienen que la Justicia terminará por darles la razón, que las tragamonedas no deberán pagar el 8 % por ingresos brutos, pero que aun así aceptan pagar el 3 % «sobre el neto» como gesto de buena voluntad.

Lo interesante, sin embargo, es que cuentan que López llegó a afirmar ante los concesionarios de los bingos porteños que preparen sus valijas. «Me voy a quedar con todo, gratis», juran que les anticipó. Y su pronóstico pareció acertado de la mano del titular de la Lotería Nacional, Roberto López, que llamó a una licitación que ignoró al Instituto del Juego porteño… y este tampoco chilló demasiado hasta que la prensa comenzó a exponer la aparente connivencia.

López II es otro caso singular.

Radical, Roberto López compitió contra Kirchner por la gobernación. Perdió, obvio, pero terminó como amigo e interventor de «Lupín» en el Banco de Santa Cruz, donde conoció a Lázaro Báez. Luego fue uno de los puntales de los «radicales K» que promovió Carlos Zannini y ya en Lotería Nacional lanzó la licitación para la captura y transmisión de datos online —⁠un negocio de al menos $ 1500 millones⁠— que la Justicia frenó en 2009 y 2010 tras sospechar que estaba «direccionada» a favor de Tecno Acción, otra firma de su tocayo.

Junto a Cristóbal López, sin embargo, deslindan ese interés en Achával. A él le derivan también las preguntas sobre quién es el verdadero dueño de Val de Loire LLC, una sociedad uruguaya luego redomiciliada en Estados Unidos que los holdouts investigan en aquel país. Y junto a Cristóbal también señalan a Achával como el verdadero interesado en el mercado de los bingos porteños.

Cultor fervoroso del bajo perfil, Achával deja saber, a su vez, que él no es el dueño de Val de Loire. Se la adjudica a Edmund Ward, un británico nacido en 1926 y radicado en Panamá, desde donde controla el 35 % de la sociedad del Hipódromo de Palermo.

Pero el punto no es quién es Ward o de quién es suegro. Pasa por conocer quién es el «beneficiario final» de su 35 % en el Hipódromo. ¿Y si fuera, en efecto, Achával? ¿Por qué tanto énfasis en negarlo? ¿Por razones tributarias, quizá?

En cualquier caso, la apacible convivencia Nación-Buenos Aires y López/Achával se extendió durante años. Comenzó con Aníbal Ibarra y se extendió sin mayores sobresaltos a lo largo de toda la gestión PRO, hasta que primero la prensa y luego la senadora nacional y precandidata a jefa de Gobierno porteño, Gabriela Michetti, forzaron a Macri a reaccionar para no quedar en off side.

Porque tras los primeros artículos periodísticos que publicó Pagni en el diario La Nación, el Instituto porteño pareció despertar de su sistémica modorra y envió dos cartas documentos a Lotería Nacional para exigir la suspensión de la licitación, aunque Roberto López siguió sin inmutarse en su camino para satisfacer a su tocayo. Y así fue hasta que en abril de 2015 Michetti planteó que, de asumir en la ciudad, promovería una «absoluta restricción al juego».

Y con eso ardió Troya.

Por un lado, voceros de López argumentaron que hay acuerdos «firmados» con el Gobierno porteño. Pero, por otro, el Instituto porteño radicó una denuncia penal contra el titular de Lotería Nacional, al que acusó por el «desbaratamiento de los derechos autonómicos de la Ciudad de Buenos Aires», con penas de 6 años de prisión.

Al menos por ahora, López deberá esperar un poco más para extender su poderío en territorio porteño, como ya lo ha hecho en las provincias de Santa Fe —⁠con los socialistas liderados por Hermes Binner⁠— y en Buenos Aires, con el gobernador Daniel Scioli —⁠Tigre, Olavarría y Polvorines en juego⁠—, aunque también en el rubro vial.

Porque la relación entre Scioli y López va bien. Lo suficiente, al menos, como para que durante una visita del exmotonauta a Comodoro Rivadavia, en marzo de 2014, el gobernador bonaerense posara con la camiseta naranja de su equipo de futsal y Cristóbal tomó la foto.

El equipo de Scioli, vale aclarar, ganó 9 a 5 al de López.

Con el motonauta en la Gobernación, además, Luis Alberto «Chiche» Peluso asumió al frente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, y las puertas bonaerenses se abrieron para López.

Pareciera que Scioli hubiera elegido a Peluso a propósito, porque «Chiche» terminó acusado de montar una mesa de dinero ilegal en el casino flotante de Puerto Madero.

Por supuesto, falacias de la fiscal Elsa Areu Franco.

Vale, sin embargo, una pequeña aclaración. Cuando se habla del «casino flotante» en realidad debe consignarse que son dos barcos, unidos entre sí, que nunca navegan. Uno se llama Estrella de la Fortuna; el otro, Princess, que logró reabrirse en 2006 con un fallo del entonces juez —⁠hoy camarista⁠— Sergio Fernández, hermano del auditor general Javier Fernández, enlace durante años entre Néstor Kirchner y la ex SIDE con los tribunales de Comodoro Py.

Rápido de reflejos, la noche del 27 de marzo de aquel año, el hermano Sergio levantó la clausura que apenas horas antes había impuesto al casino el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, Roberto Gallardo, por falta de competencia.

No solo eso. Una resolución del Ministerio de Infraestructura bonaerense autorizó en 2013 al grupo CPC SA, también de López, a participar del consorcio que administra las rutas 2 y 11, y a fines de ese año Scioli intercedió en persona en las negociaciones para que Cristóbal se quedara con el 50 % del casino Trilenium en Tigre.

A cambio, acaso, Scioli goza de una agradable cobertura periodística en los medios de López. En particular, en su canal de noticias C5N, pero también en Radio 10 y sus portales.

En total, López explota 27 salas en todo el país, con los consiguientes ingresos de dinero. Montañas de dinero. Ese flujo de fondos, combinado con su flexibilidad a la hora de pagar impuestos por sus empresas como Oil Combustibles sin reclamos molestos de la AFIP, le permitió extender sus dominios sobre múltiples áreas. Por ejemplo, sobre el sector energético, donde la empresa estatal Enarsa quedó bajo el mando de Exequiel Espinosa.

Subsecretario de Hidrocarburos de Chubut hasta 2004, cuando pasó a liderar Enarsa, Espinosa registraba dos episodios de alta exposición mediática. Uno: aunque funcionario público del sector energético, Espinosa también figuró como empleado de López en la petrolera Oil M&S. Y dos: fue uno de los pasajeros del avión que transportó los US$ 800 000 que se decomisaron en Aeroparque, en agosto de 2007. Claudio Uberti y Alejandro Antonini fueron los protagonistas estelares de aquel vuelo, aunque Espinosa figuró como jefe formal de la comitiva y Enarsa rentó el avión, que se anunció como «de Presidencia argentina».

Conectores.

Los servicios de Espinosa fueron más allá. También durante 2007, Enarsa licitó el armado de la base de datos del subsuelo argentino, una plataforma de información decisiva para la industria energética. Y ganó Registros Mineros Argentinos SA, formada por otros empleados de López: Carlos Leone, Raúl Zamora, Osvaldo De Souza, Marcelo Fiordelli, Alfredo Suárez del Solar y Mauro Sánchez.

El sistema.

Paréntesis: Sánchez es, a su vez, un empleado de confianza de López, que años después colaboró en la compra de la productora de Tinelli, Ideas del Sur, y en 2015 salió a la luz como el inquilino formal —⁠aunque no lo utiliza de manera estable⁠— del histórico departamento de los Kirchner en la esquina de Juncal y Uruguay, de Recoleta.

El crecimiento de López en el mercado energético fue más allá del procesamiento de datos. Con Oil M&S y su compañía de remediación ambiental, Serma, ganó contratos con YPF en tiempos de Repsol y los Eskenazi, y más aún desde la captura hostil del 51 % de las acciones por el Gobierno. Solo en la cuenca neuquina Serma mantiene convenios en 14 yacimientos. Y Oil M&S se encarga de servicios de transporte, operación de pozos y tratamiento de residuos.

Y algo más: Oil M&S aparece con el mismo domicilio legal y administrativo que Reloway Company, una sociedad uruguaya presidida por un empleado del banquero Jorge Brito que aportó millones para capitalizar Badial SA, una constructora de Báez. Y eso, además de que Oil M&S controla 7 de las 14 áreas de explotación petrolera que habilitó la provincia de Santa Cruz. Las restantes siete son de Lázaro, con sus petroleras Epsur y Misahar.

La Piñata.

La forma en que López y Báez obtuvieron esas áreas trascendió las fronteras. «En el área petrolera, dos viejos amigos de Néstor Kirchner han ganado muchas de las concesiones ofertadas públicamente», informó a Washington el entonces embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Earl Anthony Wayne, en un cable que remitió en febrero de 2008. «Las reglas licitatorias se diseñaron para que ellos ganaran», estimó.

Según Wayne, las irregularidades en esas y otras operaciones habrían llegado a tal punto, cuando Cristina Fernández llevaba poco menos de dos meses de su primer mandato como Presidenta, que el nivel de corrupción parecía «tan malo o peor que con (Carlos) Menem», quien había lanzado el denostado y sospechado proceso de privatizaciones.

Wayne andaba tras la pista patagónica. Por eso consignó en sus cables la amistad de Kirchner con Báez y López.

Con Báez, «Lupo» se conocía desde hacía años; con Cristóbal no tanto. Según a quién se escuche, puede afirmarse que hablaron por primera vez en 1998, cuando el empresario le pidió al entonces gobernador que intercediera ante los Pérez Companc para que le otorgaran a su firma Almería Austral un trabajo que estaban por adjudicarle a la estadounidense Pride.

Kirchner logró convencer a Pérez Companc y allí, dicen, nació el vínculo que con la muerte del ex Presidente se extendió a su familia, aunque solo tras superar ciertos recelos iniciales.

Aquel primer y eficaz contacto fue por teléfono. «Me parece que nos presentó De Vido», recordó López. Es decir, Julio, por entonces ministro santacruceño, aunque la sola admisión de un contacto con el ex Presidente lo llevó a Cristóbal a aclarar, una vez más, que no era «palo blanco» de Kirchner. «Soy contratista de YPF desde el 83. Tengo concesionarias desde el 89, casinos desde el año 91, y ni lo conocía a Kirchner entonces», insistió.

Sin embargo, si es cierto que no es «palo blanco» de Kirchner, también es cierto que con «Lupo» en ascenso llegó su salto exponencial, y que su muerte sacudió sus certezas.

Porque durante los primeros meses que siguieron a su fallecimiento, López se quedó sin feed back; apenas «el Chino» Zannini y «el Bochi» Sanfelice respondían sus llamadas como siempre. Hasta que las piezas comenzaron a reacomodarse, con la Presidenta al frente.

«Él era mucho más resolutivo; el gobierno de ella, digamos… es como dar vueltas dentro de un lavarropas: todos pasan la pelota a otro para tomar una decisión», le graficaron a este autor junto a López, que confirmaron que, en efecto, ella les bajó el pulgar. «Digamos que ella no nos recibía porque nos tenía en el “eje del mal”, pero luego demostramos con nuestro trabajo que no era así».

Ya en 2011 y ya sin el «doble comando», López continuó su avance. Compró a Petrobras la refinería San Lorenzo y una red de estaciones de servicio. Pagó con $ 1269,9 millones que acumuló y usó como quiso al dejar de pagar el impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC).

Traducción: López se fondeó con el dinero que obtuvo de los propios activos que le compró a Petrobras, mientras que la AFIP le financiaba el pago de esos impuestos que no abonaba con una tasa de interés negativa con respecto a la inflación real.

Beneficios para la burguesía nacional que jamás hubieran corrido para otras empresas, como Shell, con Juan José Aranguren a la cabeza.

El propio López expuso la operatoria en el balance de Oil Combustibles, que cerró el 30 de junio de 2012, según reveló este autor en el diario La Nación. Detalló que la empresa acumuló un pasivo corriente —⁠es decir que debía abonar en el transcurso de los 12 meses siguientes⁠— por $ 1230 millones en «impuestos sobre los combustibles a pagar», otros $ 19,5 millones en «retenciones a depositar», $ 6,3 millones en «impuestos y tasas municipales» y otros $ 7 millones en otros impuestos, para un total de $ 1262,9 millones.

¿Le suena conocido?

Lo es.

Porque la operación aplicó una estrategia similar a la que adoptó la familia Eskenazi al ingresar en YPF, cuando pagó a Repsol con las utilidades futuras de la propia petrolera argentina.

En el caso de López, acordó con Petrobras que le pagaría la compra de sus activos en la Argentina en cuotas a 30, 60 y 90 días, que solventó, no con las ganancias generadas por la refinería y las estaciones de servicio que recibió el 2 de mayo de 2011, sino con los impuestos que no giró a la AFIP por esos mismos activos.

Esa compra arrastra un pecado original, según João Augusto Henriques, un gestor de negocios del PMDB brasileño, quien reveló que en esa operación incluyó coimas por US$ 10 millones.

La «propina», como la llamó Henriques, circuló por Uruguay. Pero las tratativas se realizaron en el hotel Hilton de Puerto Madero, igual que por la captura del 50 % de los casinos con Cirsa.

Sin embargo, el argentino Jorge Rottemberg, con pasado como funcionario menemista hasta que debió renunciar por una estafa, y también intermediario de la operatoria con su sociedad uruguaya Millfox Trading SA, negó todo.

López retruca a quien le pregunte por Petrobras que el supuesto pago de sobornos es otro invento de los medios. Lo tiene sin cuidado, dice, que lo investiguen por eso. Le interesa más disputarles a los Bulgheroni el control del yacimiento Cerro Dragón, allá en el Sur.

La gran Piñata.

Pero en marzo de 2015 terminó por recurrir a su cadena de medios propios, afines, paraoficialistas y del Estado para defenderse de lo que considera una campaña en su contra.

De cuero curtido, a López terminó por alterarlo la combinación de revelaciones periodísticas en Buenos Aires y novedades judiciales que llegaron desde Nevada, Estados Unidos, donde se investiga si son suyas algunas sociedades constituidas allí que podrían haberse utilizado para lavar dinero negro de los Kirchner.

Furioso, publicó un comunicado para defenderse en tercera persona, mientras que su canal C5N dedicó espacios casi fijos durante semanas para cargar contra los dueños de los diarios La Nación y Clarín.

«Ellos saben —expuso en el primer párrafo del comunicado⁠— que Cristóbal López y su familia tienen todo su patrimonio en regla, resultado de una vida de negocios lícita sin necesidad de ocultarse, y se encuentra declarado ante los organismos correspondientes. Y sin embargo publican habitualmente notas donde sin dar ninguna prueba sugieren que “algo está mal”. Así trabaja la extorsión pública».

El comunicado se difundió solo horas después de que este autor revelara en La Nación detalles de los alquileres que lo unían con los Kirchner y se conociera una resolución del juez de Nevada, Cam Farenbach, quien afirmó que tenía una «sospecha razonable» sobre López y Báez. Consideró que «podrían ser ladrones», en línea con la tesis de los fondos buitre, que buscan cobrarse sus deudas del fisco argentino.

López aclaró que «el Grupo Indalo para realizar sus actividades alquila estas y muchas otras propiedades tanto en la ciudad de Buenos Aires como en varias provincias del interior del país. Dichos alquileres son necesarios para el desarrollo habitual de su actividad económica, son realizados en condiciones y valores de mercado y se encuentran debidamente registrados en sus estados contables».

En el comunicado, sin embargo, el «zar del juego» no aludió por sus nombres a Cristina o a Máximo Kirchner. Y en cuanto a Nevada, indicó que ni él «ni sus hijos ni ninguna de las personas jurídicas vinculadas con él tienen cuentas o sociedades referidas a la investigación de Nevada (…). La investigación impulsada por los fondos buitre en los Estados Unidos ayudará a mostrar las mentiras de Clarín y La Nación».

Lo notable, sin embargo, es que él mismo suele contarles a los periodistas, para exhibir su independencia ante «Lupo», cómo Kirchner le pedía que comprara empresas y él a veces se negaba, «como aquella vez en que se negó a comprar la automotriz alemana Mahle durante la crisis de 2009, pese a la insistencia del ex Presidente», relató el periodista Diego Genoud en un texto para el website Mendoza Post.

O como aquella vez que, según comentaron dos de sus máximos colaboradores a este autor, López rechazó el convite de un emisario de Kirchner para que intentara entrar en la YPF de los españoles, previo al desembarco de los Eskenazi.

¿Habrá comprado López alguna empresa a pedido de Kirchner? ¿Acaso Paraná Metal fue una de ellas? ¿A cambio de qué? ¿Con algún beneficio del Estado?

Buenos Aires, marzo de 2011.

—¿Es cierto que le hubiera gustado conocer a Yabrán? —⁠le preguntó este autor durante la primera entrevista formal y a fondo que López concedió a un medio de comunicación.

—¿Por qué te llama la atención?

—Porque refleja un interés suyo. Por ejemplo, a mí me gustaría conversar e incluso trabajar con Bob Woodward, un referente del periodismo de investigación, para aprender de él. ¿A usted por qué le hubiera gustado conocer a Yabrán?

—Yo no conozco a ningún empresario argentino que en privado me haya hablado mal de Yabrán, ¿está? Todo el mundo me dice que era un tipo espectacular.

—¿Usted es el «palo blanco» de Kirchner?

—Primero explicame qué es «palo blanco» para vos.

—Testaferro.

—¿Y qué es testaferro?

—Figurar como dueño de bienes de un tercero.

—(Suspira.) A ver… ¿y en base a qué me hacés esa pregunta?

—A que durante muchos años se lo señaló como uno de los empresarios patagónicos más cercanos al ex Presidente, por debajo de Ulloa y Báez.

—(Molesto.) ¿Por mi cercanía al ex Presidente yo tengo que ser su «palo blanco»? No me cierra. ¿Entonces él (señala a su vocero) es «palo blanco» mío porque está cerca mío? No te voy a negar que tuve cercanía con Néstor, estoy orgulloso de eso, pero de ahí a decir «palo blanco», no. Ensuciar a una persona porque conoce a otra no me parece digno de un periodista como vos. Y no, no soy su «palo blanco». No soy el testaferro de Kirchner, ni de nadie. Si es por cercanía, conozco a todos los políticos y a todos los gobernantes de la Patagonia de los últimos 30 años, y a alguno con más cercanía que a Néstor, pero nunca me dijeron que fuera «palo blanco» de ellos. Esto es ensuciar a la gente, que en este país es muy fácil. «Ladran Sancho, señal que cabalgamos».

Por las dudas, sin embargo, López se mueve sobre seguro. Por eso diversificó sus fichas. Apuesta a Scioli 2015 por el Frente para la Victoria, pero envió a De Souza —⁠el mismo al que le adjudican visitas periódicas a la Quinta de Olivos⁠— a flirtear con Massa —⁠y ofrecerle apoyo para su campaña, aunque luego los puentes se derrumbaron⁠— mientras confía en una entente con Macri.

El «zar del juego» apuesta a ganador[12].

M / Madres

Concluía junio de 2010 cuando dos diputadas de la Coalición Cívica radicaron una denuncia incómoda.

Era por lavado de activos y era contra el parricida convicto Sergio Schoklender, pero en relación con su labor como apoderado de uno de los íconos de la Argentina más valiosos y más respetados alrededor del mundo durante los últimos 40 años: las Madres de Plaza de Mayo.

Era, en suma, meterse con un elefante blanco.

Pero la denuncia era fuerte: acusaban a Schoklender de comprar dos predios en José C. Paz, a través de una sociedad con varios flancos débiles, Antártica Argentina SA, para reintroducir en el circuito legal parte del dinero que el Estado les giraba a las Madres para fines sociales, pero que se robaba el hombre barbudo y vestido de negro.

Era una bomba.

Pero nadie quiso escuchar.

Eran las Madres.

No importaba que una de las que presentaron la denuncia ante la unidad antilavado (Unidad de Información Financiera, UIF) fuera Elsa Quiroz, detenida por la dictadura en 1976 y excarcelada recién en 1983.

Eran las Madres.

Un predio abarcaba 4 hectáreas; el otro, una finca de 12 000 metros cuadrados, con residencias de alto nivel, pileta, quincho, vestuarios, canchas de fútbol y tenis, una vivienda para el casero, y hasta una discoteca, entre José C. Paz y Tortuguitas, que Schoklender pagó con US$ 5000 al contado y otros US$ 60 000 en tres cuotas que incumplió.

Consultado por este autor en aquel momento, Schoklender calificó de «disparate» la denuncia. Dijo que el primer predio lo ocupaban 70 familias que estaban por ser desalojadas y que las Madres lo adquirieron para evitarlo; y que el segundo predio es una quinta que planea transformar en un centro de rehabilitación para adictos, algo que el gobierno bonaerense negó en cuestión de horas.

Pero nada pasó.

Eran las Madres.

Tampoco tomaron vuelo los reclamos y las acusaciones por desvío de fondos que llegaron desde una cooperativa de viviendas de Chaco, bajo el liderazgo del piquetero Emerenciano Sena, complementadas por otras denuncias por «competencia desleal» de la filial chaqueña de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC).

Eran las Madres.

La UIF ya contaba para entonces con el reporte de operación sospechosa (ROS) 6441/2010 que le había enviado el Nuevo Banco de Santiago del Estero (BSE). Fue el 19 de marzo de 2010, después de corroborar movimientos cuestionables en una cuenta abierta a nombre de la Fundación de las Madres, pero con Schoklender como protagonista.

Porque no hay dos sin tres, al ROS del banco santiagueño y a la denuncia de la diputada Quiroz se sumó luego otro alerta, también en forma de ROS, que llegó a la UIF el 22 de septiembre de ese año.

Lo envió la sucursal Villa Crespo del banco Supervielle, por una cuenta de Antártica Argentina SA, en la que pronto aparecieron Pablo Schoklender y el socio de su hermano en la firma Meldorek SA, Alejandro Gotkin. También, la Fundación de las Madres, el Instituto de Vivienda porteño, cheques endosados y montañas de dinero en efectivo.

Pero aún eran las Madres.

Hasta que 8 meses después se desencadenó la tormenta.

Schoklender dice que se marchó de Madres para seguir sus proyectos personales, harto del Gobierno y con su relación con Hebe de Bonafini muy desgastada.

Se habían conocido en febrero de 1983, en la cárcel, con Schoklender acusado por el asesinato de sus padres, mientras Bonafini visitaba a los presos políticos. Volvieron a verse recién 10 años después y forjaron una relación materno-filial que perduró hasta abril de 2011.

Junto a la titular de Madres juran que Bonafini lo echó, aunque ella optó primero por no hablar sobre eso. «Ya hay demasiada sangre vertida para perder el tiempo en pelotudeces», dijo, fiel a su estilo, durante la tradicional ronda de los jueves en Plaza de Mayo.

Pronto quedó claro que todos, Schoklender, Bonafini y el Gobierno ocultaban información y tergiversaban lo que sí salía a la luz. Y que de por medio había una piñata de entre $ 750 millones y $ 1300 millones que salieron del Estado nacional para construir viviendas y otros proyectos sociales, pero cuyo destino era incierto. Lo mismo que los aportes jubilatorios de cientos de trabajadores, según denunciaron desde la Unión de Obreros de la Construcción (Uocra).

Y comenzaron las mentiras.

Schoklender dijo que no era el dueño de Meldorek, la firma a cargo de construir esas viviendas para las Madres. Mintió. Los papeles demostraron que controlaba el 90 % de las acciones mientras que el 10 % figuraba a nombre de su piloto particular, Gustavo Serventich.

Bonafini pasó a acusar a los Schoklender de «traidores y estafadores», y afirmó que no era suya la firma que aparecía en unos documentos comprometedores. Pero cuatro de 5 peritos que analizaron la rúbrica coincidieron en que sí era su firma. Y el quinto perito, el oficial, era un gendarme que no estaba especializado en caligrafía.

En rigor, ni siquiera era la primera luz de alarma que se encendió alrededor de Schoklender con las Madres. Ya en 2003, el poeta, periodista, filósofo y militante de derechos humanos Vicente Zito Lema había renunciado como rector de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo por desavenencias con el exconvicto.

«Yo nunca entendí por qué no me tomaban en serio cuando conté las amenazas mafiosas que sufría por parte de este señor. Quizá porque la figura de las Madres era muy fuerte, muy sagrada, y para mí lo sigue siendo», se lamentó cuando al fin se desató el escándalo, ocho años después de su renuncia.

Durante sus primeros años, la Universidad afrontaba muchos y serios problemas de dinero. «No teníamos un peso. Yo, a veces, salía a leer poemas para poder conseguir algo de plata para financiarnos», rememoró Zito Lema. Hasta que eso cambió cuando un día apareció Schoklender con fabulosas promesas.

—Vos no te preocupes que a partir de ahora todo se soluciona: nos vamos a mudar a un edificio de 11 pisos, con cuatro subsuelos —⁠le prometió.

—¿Y de dónde va a salir ese dinero? —quiso saber Zito Lema.

Schoklender no respondió. El rector insistió:

—Necesito que me digas de dónde vas a sacar la plata, primero porque yo soy el rector aquí. Y, en segundo lugar, porque no quiero verme involucrado en nada extraño. Y si vienen de los medios o de la Justicia a preguntarme, quiero saber qué decirles.

—¿Vos no sos medio cristiano? —lo desafió el apoderado⁠—. Y bueno… Decí que fue un milagro.

Pero milagros no hubo, sino una relación sin antecedentes entre la Casa Rosada y Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que al fin sintieron que un presidente, Néstor Kirchner, fijaba la defensa y promoción de los derechos humanos como política de Estado.

Bonafini decidió olvidar entonces que los Kirchner prefirieron ignorarla cada vez que había viajado a Río Gallegos. Y que allá recuerdan muy bien los paseos patagónicos que «Lupín» compartía con Rodolfo «Fito» Ponce, gremialista de la derecha más rancia del peronismo, acusado de integrar la Triple A.

Hebe prefirió olvidar para avanzar con los Kirchner en la Rosada.

El problema es que la bandera de los derechos humanos se mezcló con cientos de millones de pesos sin control, como admitió a medias el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

«En su momento vimos esa situación», afirmó De Vido, que sostuvo que «ahí se cortó el giro que tenía este hombre y salta claramente el fraude que ha hecho a la asociación, que fue lamentable».

¿Cómo debía ser la operatoria correcta?

El Ministerio giraba fondos a cada jurisdicción, donde el proyecto «Sueños Compartidos» de las Madres se encargaría de construir viviendas sociales y cobraría las partidas contra la entrega de los certificados de obra emitidos por el Instituto de la Vivienda de cada distrito. Así, el programa que lideraba Schoklender —⁠que incluía viviendas y emprendimientos de infraestructura urbana⁠— abarcó proyectos en la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Río Negro, Chaco, Santiago del Estero y Misiones, y las municipalidades de Tigre, Almirante Brown, Rosario y Bariloche.

Los datos oficiales del propio Ministerio también mostraban que entre 2008 y febrero de 2011 «Sueños Compartidos» había iniciado la construcción de 4541 casas, de las cuales había terminado 1432, mientras que otras 3109 registraban una ejecución del 54 % y se planeaban entregar antes de fin de año.

Pero esas cifras eran falsas, como corroboraría la Auditoría General de la Nación (AGN).

Y De Vido defendió la decisión de su subalterno, el secretario de Obras Públicas, José López, de cortarle a Schoklender el flujo de fondos: «En mi barrio decían que le cortó el pedal; le dijo basta».

Pero ante el escándalo creciente, Aníbal Fernández en su primera etapa como jefe de Gabinete de la Presidenta buscó despegar al Gobierno. «No hay funcionarios en la discusión judicial ni los va a haber nunca, porque no es un problema de dinero público», argumentó, «porque no son subsidios, sino financiamiento. Se paga cuando se certifica la obra: el dinero es del particular, no son fondos públicos».

En el Congreso, dos colaboradores de De Vido ampliaron la versión interesada de Fernández. Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas, y Luis Bontempo, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, plantearon que desde el Ministerio no tenían trato con las Madres, sino con municipios y provincias, y que «la estafa ocurrió fuera del sistema». Fatala repitió entonces que «los controles los hace cada jurisdicción» y despegó a Planificación. «No sé de los manejos de Schoklender, ni sabía que tenía chequeras. No trabajamos con él, sino con las jurisdicciones».

Mentira.

En la práctica, el Gobierno siempre obligó a las provincias y los municipios a contratar en forma directa, sin licitación alguna, a la Fundación Madres de Plaza de Mayo si querían recibir fondos especiales para construir viviendas sociales, según se estableció por escrito en convenios y contratos de obra. Si así ocurría, ellos cobrarían sin demoras y se construirían las casas. En uno de esos convenios, por caso, se pagaron $ 463 000 por cada vivienda en Villa Lugano que se proyectó con 70 metros cuadrados, amueblada y hasta equipada con heladera.

¿Por qué mintieron Fatala y Bontempo en algo tan fácil de verificar?

Porque ellos y muchos más solo trataban de cubrirse del ventilador que encendió Schoklender, que con verdades, mentiras, medias verdades o todo mezclado comenzó a acusarlos.

—¿Cuál fue el principio del fin? —le preguntó este autor, en pleno escándalo.

—Con la muerte de Néstor, se agudizaron nuestros problemas con los pagos de la Fundación. Empezaron las venganzas de De Vido, José López, Baratta (Roberto, subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio, también implicado en el «caso Skanska»), Fatala y gente de Economía. Comenzamos a padecer retrasos en la cadena de pagos de la obra pública.

—¿Por qué?

—Porque la obra pública tiene rigurosamente un 15 % de retorno, que el Estado paga al principio como «anticipo de obra». Por eso es que todos los demás pagos los envía la Nación a cada provincia, pero el anticipo se entrega directo a cada empresa.

—¿La entrega de la obra pública es tan discrecional como se sospecha y denuncia?

—Por supuesto. Se licitan los planes según la cara (del gobernador) y las posibilidades de «retorno». Todos los planes de obras se utilizan como herramienta electoral.

—¿Cómo se pagan las coimas?

—¡Cómo va a ser! ¿Por cheque? Es en efectivo, ahí en las oficinas de los funcionarios.

—Podría ser con una transferencia en el exterior…

—No, en efectivo.

—¿Y usted pagó coimas?

—No, nunca. Ese fue mi primer problema. Pero como yo no pagaba el 15 % de coima a nadie, lo destinaba a las obras.

—¿Podía construir en todas las provincias?

—Sí, salvo en dos lugares, en los que no podía asomar la nariz. Tucumán, porque Alperovich es dueño de una constructora, y Santa Cruz.

—Aludió antes a su «primer» problema. ¿Cuál fue el segundo?

—Que yo exigía que me pagaran las obras y abría las puertas de los despachos de los funcionarios a las patadas si era necesario. Pero a veces veía a 20 o 30 intendentes de ciudades importantes de todo el país esperando a que los atendiera Fatala, por ejemplo, mientras que yo entraba y le decía que iba a haber quilombo. Entonces, por una orden de Néstor me destrababan los pagos.

—¿Cuánto dinero movió con las obras de la Fundación? ¿750 millones de pesos, como dijo el Gobierno?

—No, más. Calculo que unos 1000 millones, como mínimo.

—O sea que, si no pagó coimas por manejar esos fondos…

—Se perdieron de cobrar 150 millones, sí.

—¿Se llevaba mal con José López?

—Me llevo mal es poco. En la última obra que inauguró Néstor antes de morir, tuve una pelea feroz con López, al que le dije que era un petiso corrupto delante de Tomada, de Boudou y otros funcionarios. Me dijo: «Te voy a parar la obra pública». Y le contesté: «Esta me vas a parar».

—¿Por qué con López?

—Porque nos frenaba todas las obras de la Fundación. Y después que Néstor murió, nos paró todos los certificados (de obra), mientras que yo seguía adelante con nuevas obras, mientras que nos íbamos atrasando con los pagos, lo que generó discusiones con Pablo, que estaba a cargo de las finanzas en la Fundación, y con Hebe.

—Usted habla de sobornos por todos lados. ¿Era un «robo para la corona»?

—Cristina y Néstor sabían. Pero la mecánica es perversa. No es que las coimas se las quedaran ellos. Si no que era para pagarle los sobresueldos al staff, para aceitar la maquinaria electoral, para pagarles a los medios. La política es muy cara.

—¿La Fundación se usó para fines proselitistas?

—Financió afiches, campañas, micros, caprichos de Hebe y gastos de otras madres. Alejandra (por la hija de Hebe de Bonafini) nos salió una fortuna. Tuvimos que comprarle un departamento de 90 000 dólares, una casa de 340 000 dólares, una computadora, un auto cero kilómetro, después una netbook.

Sistema y Piñata, en versión explícita.

Durante esa entrevista, sin embargo, Schoklender calló sobre sus vínculos con otros muchos funcionarios, como el canciller Héctor Timerman, quien llegó a firmar un convenio con Madres, en enero de 2011, para que las legaciones diplomáticas argentinas alrededor del mundo promocionaran las viviendas de Sueños Compartidos.

Acorralada, Bonafini admitió que desde Madres financiaron afiches electorales, pero buscó cortar las sospechas. Desde el Gobierno, dijo, pedían «algunas cosas a la imprenta de las Madres (…). Tal vez se encargaron 100 afiches o 200, o volantes, o lo que sea, pero nosotros no le financiamos la campaña (al kirchnerismo). El Gobierno es el que nos ayuda a nosotros, no nosotros al Gobierno».

Pero mientras todo esto ocurría a lo largo de varios años, ni desde Planificación Federal, ni desde la unidad antilavado, ni desde la Sindicatura General de la Nación (Sigen), ni desde la Inspección General de Justicia (IGJ), entre otras áreas del Estado, pudieron —⁠o quisieron⁠— controlar a las Madres como debieron hacerlo.

Porque eran las Madres.

Hasta que fue demasiado tarde. Para las familias que soñaban con esas viviendas —⁠entre ellas, de la comunidad Qom⁠—, para el Estado nacional que perdió fortunas, y para evitar el daño reputacional a las propias Madres, escindidas desde hacía años entre la Línea Fundadora y las que continuaron con Hebe de Bonafini.

Para alimentar aún más las sospechas generales, la investigación penal quedó en manos del juez federal Norberto Oyarbide, que desplegó su estrategia habitual en las causas de alto impacto.

Oyarbide suele iniciar sus causas de manera frenética y espectacular —⁠al punto de recurrir a un helicóptero para aterrizar en medio de un country para participar de un operativo, ordenar múltiples allanamientos y acumular montañas de documentación⁠—, para luego lentificar la pesquisa a medida que mengua el interés mediático.

Durante la «causa Madres» o «Sueños Compartidos», que controló durante dos años, Oyarbide ordenó el arresto, dos veces, de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, a quienes embargó, imputó además a 80 personas y procesó a 44, pero aceptó como querellante a Hebe de Bonafini, es decir, la excluyó de la lista de acusados, y la citó a declarar como testigo. Más aún, se involucró de lleno en el peritaje caligráfico, al punto de participar en una reunión de los peritos en la que de manera reiterada indujo con comentarios al oficial para que su dictamen beneficiara a la titular de Madres.

Oyarbide logró su objetivo: el perito oficial fue el único que llegó a la conclusión de que era falsa la firma de Bonafini en un documento incriminatorio, mientras que los restantes cuatro coincidieron en que era auténtica. Pero al juez, que recibía mensajes desde la Casa Rosada, le bastó ese resquicio para salvarla.

El sistema.

La protección de Oyarbide a las Madres se evidenció en varias ocasiones más. La primera cuando, en vez de allanar la sede de Madres, le solicitó que remitiera los documentos. Al cabo de un mes, la entidad solo le envió algunos y le informó que le habían robado el resto, por lo que el juez ordenó un allanamiento, que encima fue inapropiado.

La protección oficial a la titular de las Madres resultó aún más evidente a mediados de julio de 2011, cuando la televisación de una protesta por salarios y aportes caídos de los albañiles de Sueños Compartidos mostró al jefe de Seguridad de Bonafini, Alberto Brizuela, junto al director de Seguridad Interior de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), Fernando Pocino.

Archirrival de «Jaime» Stiuso —al que pareció derrotar desde la muerte del fiscal Alberto Nisman⁠—, Pocino sembró vínculos políticos durante los años que prestó servicios en el Congreso, que a la larga le resultaron muy redituables. Allí conoció a Cristina Fernández de Kirchner y a su luego ministra de Seguridad, Nilda Garré.

¿Qué hacía junto a las Madres uno de los referentes del cuestionable aparato de inteligencia del Estado nacional? ¿Por qué fisgoneaba a la legión de albañiles que habían sido librados a su suerte por la red de empresas y cooperativas que Bonafini debió controlar?

El sistema.

Para muchos defensores de Madres, la aparición de Pocino fue una señal de alerta que cobró otra significación cuando Hebe entrevistó, se fotografió y apareció en la tapa de la revista Ni un paso atrás, de la Asociación Madres, con el jefe del Ejército, César Milani, acusado de violaciones a los derechos humanos en Tucumán y La Rioja, presunto enriquecimiento ilícito y de montar un aparato de inteligencia militar prohibido por la ley.

—¿Cómo toman tus hijos las denuncias contra vos? —⁠le preguntó una muy cordial y relajada Bonafini.

—Por ahí uno sufre más por ellos que por uno. (…) Jamás, nunca, ni torturé, ni maté, ni estuve.

Y como para que quedara claro el tono exculpatorio de la entrevista, que se tituló «La Madre y el General», continuaron:

—Las calumnias e injurias vertidas sobre mi persona por parte de multimedios monopólicos y dirigentes políticos opositores al Gobierno nacional han buscado exclusivamente perjudicar a la Presidente y tratar de impedir que el Ejército participe activamente de un proyecto nacional —⁠afirmó el general.

—Los medios te arman una bola que Dios mío…

—Esta confrontación de un grupo, de unos medios, que quieren manejar todo. Instalan historias, fabrican. Si les gusta el gobierno, bueno; si no les gusta más, bueno, se acabó, que venga otro, tiene que venir otro, que ellos dicen cuál es. Gracias a Dios, estaba leyendo una encuesta donde Cristina tiene más de un cincuenta por ciento de imagen positiva. Ella es una militante fuerte y que sabe adónde quiere ir.

Porque la culpa la tenían los medios… O la Justicia, como Bonafini afirmó a fines de junio de 2015, mientras Milani pasaba a retiro. «Lo voy a defender hasta que esté en la cárcel», dijo. «Nilda Garré y Néstor Kirchner no me hubieran presentado al malo de la película».

Aunque excluida Bonafini de la redada, Oyarbide detectó operaciones para desviar fondos que había recibido Madres. Entre otras derivaciones, para adquirir departamentos, dos aviones privados y un yate. También avanzó sobre las financieras Monetización y Trade Travel, que cambiaban cheques de la Fundación o entregados por el Estado, que se cambiaban por efectivo.

La Piñata.

A esas dos financieras se sumó Créditos Sur, una cooperativa de crédito que también quedó bajo la lupa de la Justicia en la causa sobre la llamada «mafia de los medicamentos», donde la Justicia estableció que la viuda de Sebastián Forza, Solange Bellone y Néstor Lorenzo podían resultar socios.

Conectores.

Schoklender tampoco se quedó quieto. Acusó a Hebe de Bonafini de tener cuentas a su nombre en la Caja de Asturias, en España, con depósitos por unos 2 millones de euros. Las cuentas, afirmó, estarían también a nombre de Mercedes Meroño, una de las madres, de 85 años, vice de la entidad.

También denunció que en los aviones de Meldorek habrían viajado la ministra de Industria Débora Giorgi, el entonces gobernador del Chaco Jorge Capitanich, y Pablo Moyano, uno de los hijos del líder de la CGT. Desde el Ministerio desmintieron que Giorgi hubiera volado en uno de esos aviones, pero desde Meldorek insistieron en que había sido una de las pasajeras.

Por si todo eso fuera poco, también aportó un listado de facturas por $ 1,5 millón en gastos de campaña que cubrió Madres para pagar afiches, gastos y consultoras, y solventar distintas actividades del subsecretario Fatala, del entonces ministro de Economía Amado Boudou, y hasta de la presidenta Cristina Fernández.

En el caso de Boudou, Schoklender terminó también por admitir ante otra consulta de este autor que a mediados de 2010 recibió a un emisario de Nicolás y Héctor Ciccone, Víctor Pirillo, quien buscó tentarlo para asociar a las Madres con la imprenta y así reducir la presión oficial sobre los Ciccone.

«Tuvimos una primera reunión, en la que hablamos sobre que se estaban peleando los grupos de Boudou y de Aníbal por apropiarse de Ciccone, y luego lo derivé a mi hermano Pablo», rememoró Schoklender, quien recibió a Pirillo junto con Gregorio Kazi, también de la Fundación.

Pirillo admitió, por e-mail, ese encuentro: «Fui a visitar a Schoklender en tres oportunidades —⁠escribió a este autor⁠—. El motivo era que, dado el desprestigio de la empresa Ciccone, era necesario buscar una entidad como Madres de Plaza de Mayo para poder hacer que intercediera el Gobierno y solucionara el tema de la AFIP, y así librar los pagos a la empresa para poder mantener la fuente de trabajo de cientos de familias».

Pablo Schoklender tampoco se quedó atrás. Dijo que tras el alejamiento de su hermano, Bonafini dio instrucciones para pagarle a una experta en comunicaciones Doris Capurro —⁠que luego desembarcaría en YPF de la mano del Gobierno⁠— y preguntó si era posible darle a Schoklender un terreno de Barranqueras, Chaco, que había comprado la Fundación por cerca de US$ 1 millón, para que Sergio cerrara su boca y terminara con los escándalos.

A Pablo tampoco le quedaba cuerda en Madres. «Si cometieron delito, tendrán que pagar. Acabo de separar a Pablo y otras 16 personas, por las dudas, para que quede todo prolijo», afirmó Bonafini en una entrevista con el diario oficialista Tiempo Argentino.

Entre las que se salvaron de la primera oleada de despidos, en cambio, estuvo la exministra de Economía Felisa Miceli, quien se refugió en Madres cuando debió renunciar a su cargo por la bolsa de dinero en su baño privado del Palacio de Hacienda. Perduró junto a Bonafini hasta que la echó, por razones presupuestarias, en 2013.

Pero si Pablo Schoklender contó sobre un terreno en Barranqueras como prenda de negociación y silencio, Sergio avanzó otro paso. En septiembre de 2011 reveló en la Cámara de Diputados que Aníbal Fernández le había enviado un mensaje a través de un agente de la ex SIDE para que apaciguara sus ánimos hasta las elecciones, a cambio de prometerle impunidad judicial.

Otra vez Pocino.

«Quedate tranquilo, no te preocupés que Aníbal no se olvida de los amigos… No insistás en que te indaguen. Después del 23 de octubre (día de las elecciones) el caso se pincha», afirmó Schoklender que le anticipó el agente todoservicio.

Pero el colaborador de Bonafini redobló su apuesta: «Oyarbide es un muñequito de Aníbal Fernández», lanzó.

A Oyarbide, sin embargo, le daba igual lo que dijera Schoklender sobre él y anunció sus primeras conclusiones:

—Acusó a Sergio Schoklender, como exapoderado de Madres, de desviar $ 280 millones de los fondos para viviendas sociales que giró el Estado a la Fundación.

—Acusó a su hermano Pablo, que manejaba la imprenta de Madres, de retirar dinero de la Fundación sin justificación y de integrar una asociación ilícita que cometió el fraude.

—Acusó a Alejandro Gotkin, contador de Schoklender, de integrar sociedades ligadas a Schoklender en las que se depositaron fondos públicos que se desviaron de Madres.

—Le dictó la falta de mérito a Alejandra Bonafini, tras investigarla por la presunta compra de bienes personales con fondos de las Madres.

Sin embargo, Oyarbide nunca completó el cálculo del perjuicio al Estado. Y terminó por perder el expediente.

La Cámara Federal lo apartó, en agosto de 2013, con duras críticas a su desempeño y anuló las declaraciones indagatorias de 66 acusados, incluidos los Schoklender y Alejandra Bonafini, además de anular los 44 procesamientos y todos los embargos. Es decir, volvió casi al inicio toda la pesquisa, que calificó de «defectuosa», «imprecisa» y «confusa», y la remitió al juez Marcelo Martínez de Giorgi, que ya controlaba una investigación paralela sobre las responsabilidades de los funcionarios que giraron al menos $ 765 millones a la Fundación.

Al cabo de un año de instrucción, sin embargo, Martínez de Giorgi —⁠subrogante y a la espera de su confirmación como juez⁠— aún no había llamado a declarar a ningún funcionario, a pesar de las acusaciones de Schoklender, que repetía ante la prensa que «con la construcción de viviendas nunca hubo desvío de fondos, el problema fue no haber pasado por “caja”, a través de López y Bontempo».

El sistema.

De ambos funcionarios, López siempre concentró los peores dardos del exapoderado de Madres. «Es un hijo de remilputas y ladrón», dijo a la revista Noticias. «Está acusado de enriquecimiento ilícito y este escándalo le sirve para tapar las causas que tiene abiertas. Que vayan a ver la sociedad anónima que armó en Tucumán con la esposa y que en realidad fue contratada por el Estado».

La pesquisa judicial contra los funcionarios recién ganó algo de fuerza en febrero de 2014, cuando la AGN emitió un lapidario informe sobre el proyecto de Madres. Verificó:

—Obras inconclusas: Sueños Compartidos construyó muchas menos viviendas que las prometidas: se planificaron cerca de 4800 viviendas; solo se construyeron 822.

—Precios altos: al comparar el costo de las unidades construidas por Sueños Compartidos, más del 75 % de esas viviendas habían costado más que las del programa Techo Digno.

—Organizaciones implicadas: la Fundación Madres de Plaza de Mayo canalizó fondos millonarios para las empresas vinculadas con los hermanos Schoklender.

—Deudas previsionales: según el informe, había una deuda pendiente con los trabajadores del programa por más de $ 145 millones.

La AGN detectó algo más: desde Madres habían librado cheques por $ 221 600 a Propyme, la mutual o financiera que logró parar un allanamiento, también de Oyarbide pero en otra causa, gracias a un llamado salvífico de Carlos Liuzzi, el número dos de Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia.

Cuando comenzaron a arreciar las sospechas, el dueño de Propyme, Guillermo Greppi, salió al cruce en la prensa y afirmó que no había cambiado cheques de las Madres porque no quiso verse involucrado en nada que tuviera que ver con actividades irregulares.

Mentira.

En la lista de cheques de Madres que cotejó la AGN aparece que Propyme percibió cheques de la Fundación, que se registraron en la categoría «movimientos agrupados» y se libraron sobre la cuenta 54 961-3 del Banco Provincia de Buenos Aires por $ 221 600.

El intercambio de cheques por dinero, previo descuento de una comisión, fue mucho más extensa. Tres empleados de Propyme —⁠Gisela Dertinópulos, Gabriela Fernández y Gustavo Constantino Tsiaculas⁠— se desempeñaron también en Cabaña Agropecuaria del Zonda, que recibió cheques por $ 52 235 769 de Madres, que apareció así segunda en el ranking de firmas receptoras.

La tercera en ese ranking fue Agropecuaria Monte León, con cheques por $ 26 560 986. En esta firma trabajaron Vanesa Noelia Dertinópulos y Facundo Bogado, que pasaron a trabajar en Propyme.

¿Qué se escondía detrás de la proliferación de tantas mutuales, financieras oficiosas y «cuevas» alrededor de Propyme?

«Estas sociedades forman parte de un inframundo por el que circula la plata negra de la corrupción pública y a través del cual se comprende, de manera cada vez más clara, el funcionamiento del país», explicó el periodista Carlos Pagni en pleno escándalo. «Las cuevas ofrecen sus servicios a los funcionarios que quieren percibir los sobornos que han pactado. Es muy habitual que los contratistas del Estado, sobre todo los de obra pública, sufran demoras exasperantes para cobrar sus certificados. Cuando lo logran, reciben cheques posdatados con la indicación de la financiera donde pueden cambiarlos por efectivo, con una tasa de descuento. Esa tasa no corresponde al riesgo de incobrabilidad del cheque. El cuevero sabe que se lo van a pagar. Lo que cobra con la tasa es la coima del funcionario que le envió el cliente».

Canales para la Piñata.

En un intento por parar la sangría y proteger a las Madres, desde el Gobierno anunciaron la creación de un fideicomiso para manejar los fondos de la Fundación.

Pero eso también quedó envuelto en sombras.

Schoklender acusó al vicepresidente Amado Boudou de recurrir a testaferros, como Aybar Roberto Domínguez —⁠mencionado en el «caso Ciccone»⁠—, para desviar hasta $ 160 millones que debían destinarse a la construcción de viviendas. ¿Por qué? Porque como administrador y por contrato pasó a cobrar el 16 % de todo el dinero que pasaría por el fideicomiso, cuando antes esa comisión era del 1 %.

«En la Fundación hubo una maniobra de Boudou y de Aníbal, y la vaciaron de propiedades, de maquinarias», insistió el exapoderado, que volvió a la carga sobre el funcionario de De Vido que más detesta: «Renegociaron contratos que se transfirieron a empresas vinculadas con López y los obreros pasaron al Evita».

Por el contrario, Bonafini defendía a Boudou ante las sospechas que lo rodeaban desde la llamativa resurrección de la ex Ciccone: «Yo ya no aguanto más, es una vergüenza, hace dos años que lo están atacando, lo quieren hacer pedazos pero no van a poder porque es un tipo muy serio. Él está haciendo las cosas bien».

La solución más drástica que adoptó entonces el Gobierno fue la misma que ante el escándalo que liquidó las aspiraciones presidenciales de Boudou para 2015. Y así como estatizó la ex Ciccone Calcográfica, también impulsó la estatización de la Universidad de Madres, que arrastraba una deuda estimada en $ 200 millones.

La otra gran referente de los derechos humanos en la Argentina, Estela de Carlotto, objetó la estatización y el rol de Bonafini. «No se sabe qué pasó, qué responsabilidades hay. Yo ya lo dije y lo sostengo: yo soy presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Tengo la obligación de saber todo lo que pasa acá. Y lo que firmo, lo firmo a conciencia. Yo no puedo decir el día de mañana que Juanita Pérez me robó y yo no lo sabía. Entonces, esas responsabilidades todavía no están claras y yo creo que poner más plata cuando no se sabe dónde fue la anterior, me parece que…», planteó, sin cerrar la idea.

El problema, como comprendió Carlotto, es que el escándalo manchaba a todos los organismos de derechos humanos. «Por supuesto, ¡si nos confunden! Nos ponen en la misma bolsa. En algún lugar nos gritaron “ladronas”. No tenemos nada que ver. Se necesita saber con claridad qué pasó. Y asumir responsabilidades», reclamó.

Pero eso no ocurrió, pese a los reclamos de algunos legisladores a la hora de votar en contra del proyecto de estatización, que se aprobó igual.

«No estamos discutiendo de derechos humanos ni de política universitaria. Estamos discutiendo una gran maniobra para tapar una defraudación al Estado», afirmó Néstor Pitrola, que lo comparó con el escándalo alrededor de Boudou. «Estamos ante una estatización de un instituto que viene a ser un nuevo caso Ciccone. Si Ciccone no garantiza soberanía monetaria, menos que menos la Universidad de las Madres va a garantizar la política de derechos humanos».

Pero la titular del bloque oficialista, Juliana Di Tullio, jugó la carta política y reputacional. «Tratar de ligar a esta organización con algún hecho de corrupción es ofensivo, malicioso y mentiroso», dijo. «Las Madres de Plaza de Mayo no pueden dar explicaciones en este recinto —⁠agregó⁠—; lo que han dado es ejemplo con su vida en todos estos años».

Son las Madres[13].

N / Nisman

Alberto Nisman apareció muerto el domingo 18 de enero de 2015. Y esa es casi la única certeza que rodea a su cuerpo desde entonces.

El contexto que rodeó a su cuerpo es explosivo: el jefe de la Unidad Fiscal AMIA venía de acusar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de negociar con Irán el cierre de la investigación judicial en la Argentina sobre el atentado de 1994 a cambio de potenciar el intercambio comercial entre ambos países: petróleo por granos.

Nisman debía presentarse ante el Congreso al día siguiente, lunes 19, pero lo detuvo una bala calibre .22.

¿Pudo tratarse de un accidente? Sí.

¿Pudo tratarse de un suicidio? Sí.

¿Pudo ser un homicidio? Sí.

La propia Presidenta alimentó las dos últimas hipótesis con una ligereza notable y en poco más de 48 horas, por Facebook.

«La muerte de una persona siempre causa dolor y pérdida entre sus seres queridos, y consternación en el resto», planteó a las 20.34 del lunes 19. «El suicidio provoca, además, en todos los casos, primero: estupor, y después: interrogantes. ¿Qué fue lo que llevó a una persona a tomar la terrible decisión de quitarse la vida?».

Pero la madrugada del jueves 22 planteó lo contrario.

«El suicidio (que estoy convencida) no fue suicidio», dijo.

Y enmarcó su giro en una frase que, de ser cierta, dice mucho sobre la forma en que la jefa de Estado arriba a sus conclusiones o toma decisiones relevantes: «No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas».

¿Contaba con pruebas la Presidenta, pero no podía revelarlas por ser confidenciales o aportadas por los servicios de inteligencia? ¿Pruebas que de aludir a ellas forzarían su citación por la Justicia?

¿O de verdad giró en el aire su posición, por meras impresiones personales o por cálculos políticos?

En cualquier caso, la investigación sobre la muerte de Nisman quedó envuelta de inmediato en las dudas, las sospechas, las visiones conspirativas de todo tipo, y los intereses políticos del oficialismo, de la oposición, de jueces y fiscales, y de los familiares de Nisman.

Para algunos, Nisman se convirtió en un ícono de la lucha por la Justicia, al que asesinaron oscuros intereses, por lo que era necesario salir a las calles para defender a las instituciones y la democracia y para decirle «basta» a la impunidad.

Para otros, Nisman representó una pieza más de una perversa operación contra el Gobierno montada por un ala de los servicios de inteligencia liderados por el hasta entonces jefe en las sombras de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), Antonio Horacio «Jaime» Stiuso.

Y para otros más, representó una oportunidad de reposicionarse y obtener ventajas del Gobierno, como el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que por esos días defenestraba por radio a Nisman mientras que aportaba ideas al secretario de Justicia, Julián Álvarez, para enchastrar la marcha a la que convocaban algunos fiscales y lograr que enviaran al Senado el pliego de su hijo, candidato a juez federal.

Desde las usinas oficiales pronto comenzaron a filtrarse datos y fotos sobre la vida privada del fiscal, sus gustos nocturnos, sus preferencias sexuales, se difundió la versión de que esa noche estaba alcoholizado —⁠de lo que luego debió desdecirse una agencia de noticias gubernamental⁠—, y que retenía un porcentaje del salario de al menos de uno de sus empleados en la Unidad Fiscal, el informático Diego Lagomarsino, a su vez dueño del arma con que murió.

El sistema.

Esa resultó la segunda muerte del muerto, con el jefe de Gabinete Aníbal Fernández lanzado sin filtros. Lo calificó de «turro» y de «sinvergüenza», de usar fondos públicos para «salir con minas y pagar ñoquis». Y la Presidenta no se quedó atrás: en abril llegó a vincularlo a Nisman con los «fondos buitre» al denunciar una nueva conspiración internacional en su contra. «Como verás, todo hace juego con todo», lanzó a través de Internet.

Suicidio.

Homicidio.

«No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas».

«Todo hace juego con todo».

Toda esa ofensiva oficial distrajo a la sociedad de lo crucial:

—¿Para qué firmó el Gobierno aquel pacto con Irán? ¿Qué llevó a la Presidenta a modificar una de las pocas políticas de Estado que se había mantenido firme durante los anteriores 20 años?

—¿Contaba la denuncia de Nisman con méritos preliminares suficientes para ser investigada por la Justicia, que terminó por desestimarla cuando en otras ocasiones ha impulsado pesquisas en base a escuetos anónimos de una carilla?

—¿Cuál fue la responsabilidad del Estado como fallido custodio de Nisman? Porque debió protegerlo, ya fuera de quienes quisieran matarlo o incluso de sí mismo, si evaluaba suicidarse.

—¿Cuál es la responsabilidad del Estado en la investigación que de inmediato se abrió sobre su muerte, pero que al cierre de este libro, transcurridos varios meses de instrucción, aún no completó varias medidas de prueba indispensables? En particular, si se toma lo ocurrido con Nisman como la última muñeca rusa en un patético e impune juego de mamushkas, esas cajitas que se esconden una dentro de otra: el atentado, luego la investigación sobre el atentado, luego la investigación sobre el encubrimiento de la investigación del atentado, luego la denuncia de Nisman sobre un presunto segundo encubrimiento del atentado y, por último, la investigación sobre la muerte del fiscal que denunció el presunto segundo encubrimiento del atentado.

—¿Cuál es la responsabilidad del Estado ante la crisis institucional que desnudó la denuncia de Nisman y su muerte? Porque el Estado pasó a operar contra una fiscal de ese mismo Estado (Viviana Fein), que pretendió tomarse vacaciones en vez de investigar la muerte dudosa de otro fiscal de ese Estado (Nisman), que trabajaba con la colaboración de la inteligencia del propio Estado (la ex SIDE), y que se encontraba bajo la custodia de ese Estado (la policía), por denunciar a la mismísima jefa de ese Estado (la Presidenta), gravísima denuncia penal que al menos dos jueces federales (Daniel Rafecas y Ariel Lijo) de ese mismo Estado no quisieron asumir, y que por último varias instancias de ese Estado (en varias instancias del Poder Judicial) terminaron por desestimar.

Todo parece un trabalenguas o un laberinto y lo es, sazonado con amenazas a testigos, a colaboradores de Nisman y hasta a familiares de colaboradores de Nisman, según le consta a este autor, y un evidente desinterés de la fiscal Fein por investigar a fondo ciertas pistas.

Porque el mismo Estado que dio alas a Nisman como fiscal y unió su suerte a la de «Jaime» Stiuso, primero los alentó, luego los desautorizó y después los defenestró.

Porque, vale recordar, fue el entonces presidente Néstor Kirchner quien convocó a Nisman y le presentó a Stiuso. Del mismo modo que con la ayuda de Stiuso —⁠y el beneplácito del Gobierno⁠— Nisman lograría luego que su esposa, Sandra Arroyo Salgado, se convirtiera en jueza federal en San Isidro, superando a candidatos que eran más sólidos en el concurso del Consejo de la Magistratura.

Y fue Kirchner quien dio luz verde a que Nisman asumiera al frente de la Unidad Fiscal AMIA, en la que sobrevivió a la caída de los anteriores fiscales de la pesquisa —⁠con quienes había colaborado⁠—, Eamon Mullen y José Barbaccia. Los apartaron en abril de 2004, cuando «Furia» llevaba 11 meses con el bastón de mando.

Y porque además fue Nisman quien jugó el juego político, en sintonía total con el Gobierno, como alertó la embajada estadounidense a sus superiores en Washington en mayo de 2008. Ocurrió cuando, en pleno conflicto entre el campo y la Casa Rosada, el fiscal pidió la detención del expresidente Carlos Menem y del exjuez Juan José Galeano. Según un cable de la diplomacia estadounidense que reveló WikiLeaks, Nisman buscó así «congraciarse con la presidenta Cristina Kirchner mediante la persecución de sus enemigos políticos».

Fogueado en los tribunales de Morón, Nisman mantenía una buena relación con los Kirchner, en especial con «Lupo», aunque el punto más álgido de esa sintonía se registró con Cristina Kirchner en el sillón de Rivadavia, cuando se llegó a barajar su nombre como posible sucesor de Esteban Righi al frente de la Procuración, aunque el oficialismo terminó por nominar a Daniel Reposo —⁠y su currículum fallido⁠—, para luego inclinarse por Alejandra Gils Carbó.

La relación de Kirchner con los espías, en tanto, había comenzado de manera tortuosa. «Furia» desconfiaba de ellos desde sus tiempos como gobernador de Santa Cruz, cuando verificó y denunció que habían enviado a Río Gallegos a un fisgón demasiado evidente —⁠y bastante torpe⁠— para engordar las carpetas sobre ellos.

Pero ya como inquilino de la Casa Rosada —⁠y con fantasías de quedarse durante 20 años⁠—, Kirchner comenzó a disfrutar de los aportes de «la Casa», como algunos agentes prefieren llamar a la ex SIDE.

Fue un proceso que tomó semanas, carpetas y audios, la reubicación de algunos agentes y la promoción de otros, como Wilfredo Roque, que ocupó de manera simultánea la jefatura de la Policía santacruceña y el puesto de delegado de la ex SIDE en la provincia, con lo que se convirtió en los ojos y oídos de «Lupo» en su pago chico.

«Furia» lo consumía todo con fruición. Le permitía anticipar jugadas de sus rivales y conocer los puntos débiles de sus interlocutores.

El material se lo entregaba Francisco «Paco» Larcher, el número dos de la ex SIDE desde que los santacruceños arribaron a Buenos Aires. Primero con Sergio Acevedo como su jefe teórico y luego por debajo de Héctor «Chango» Icazuriaga, el exvicegobernador de Santa Cruz que desde su Chivilcoy natal había llegado a Río Gallegos como soldado conscripto durante la guerra de Malvinas.

Sin embargo, en un cambio que carece de precedentes desde el retorno de la democracia en 1983, Kirchner pidió conocer a Stiuso y estableció una vía de comunicación directa entre ambos.

—Stiles, para servirle —le dijo «Jaime», que como siempre prefería presentarse por su alias más antiguo: «Aldo Stiles».

Todo comenzó cuando Stiuso le entregó a Acevedo la carpeta que la SIDE había elaborado sobre Kirchner, con tapas de cartulina amarilla, al inicio mismo de su mandato, según cuenta el periodista Gerardo Young en su libro Código Stiuso.

Un bonito gesto para congraciarse.

¿Entregó Stiuso la carpeta con todo lo que los espías acumularon sobre el santacruceño y su familia? ¿O fiel a sí mismo solo mostró algunas cartas pero se guardó otras?

En cualquier caso, Kirchner se apoyó en los espías como ningún otro presidente constitucional antes, a pesar de las advertencias de su primer ministro de Justicia, Gustavo Béliz, que al dar el portazo alertó que Stiuso era el rostro visible de algo mucho más grande y peligroso, «un Estado paralelo, una policía secreta sin ningún tipo de control», una suerte de «Gestapo».

El sistema.

«Me echaron por haber pronunciado la palabra maldita de la política argentina: SIDE», afirmó Béliz sobre el organismo donde sostuvo que se acumulaban «las cajas más negras y los negocios más sucios».

Pero entre «Jaime» y Béliz, Kirchner optó por el espía. Y el ministro renunciante terminó con una causa penal por mostrar el rostro de Stiuso por televisión. No solo eso. Hostigado, debió marcharse a Estados Unidos durante varios años, mientras que sus colaboradores Norberto Quantín y José María Campagnoli se fueron a su casa, el primero, y a una fiscalía descentralizada, el segundo, desde donde años después haría demasiado ruido.

Así, de la mano de Icazuriaga, Larcher y Stiuso, pero potenciada por las obsesiones de Kirchner, el trabajo de la ex SIDE aumentó de manera exponencial, que pasó de emitir 1400 informes reservados de «seguridad nacional» en 2003 a más de 52 300 en 2004 y llegó a los 71 626 reportes en 2007, según datos oficiales de la propia SIDE que constan en un perdido ítem de las planillas que acumula la Secretaría de Hacienda.

En la práctica, si Kirchner criticaba a alguien, aparecía en el despacho presidencial la carpeta de la víctima de turno. Y de la mano de Larcher también empezaron a aparecer sobre su escritorio las escuchas telefónicas que «Furia» consumía a la hora de la siesta.

Ese crecimiento, que también llevó a multiplicar 3,3 veces su presupuesto, se explica en múltiples razones. En parte, a un cambio de metodología a la hora de definir qué es un «informe» y qué no lo es. También, debido a los nuevos roles que asumió la ex SIDE como auxiliar de la Justicia en investigaciones sobre narcotráfico o secuestros extorsivos, entre otros. «Porque nunca hay felicitaciones públicas para lo que sale bien», le recordó a este autor un colaborador de Stiuso.

Pero la SIDE hizo algo más en los albores del kirchnerismo que siempre buscó mantener bajo la alfombra: logró entrar en Thales Spectrum, la empresa controlante del espacio radioeléctrico argentino, a principios de 2004, en cuanto el Gobierno le quitó la concesión.

Antes, los espías les habían pedido sin suerte a los ejecutivos de Thales que les dejaran instalar una «oficinita» dentro de la empresa. Parecían ansiosos. ¿Para qué sería?

Nisman vislumbró el aceitado vínculo que la Casa Rosada comenzaba a tejer con la SIDE cuando Kirchner lo convocó al Salón Blanco, el 3 de marzo de 2005, para entregarle 1740 carpetas secretas desclasificadas para su Unidad Fiscal AMIA. El material incluyó partes de inteligencia, reportes de seguimientos a iraníes, informes de agentes y hasta los resultados de revisar tachos de basura.

No solo eso. Kirchner también respaldó a Nisman en su tarea de continuar con la investigación del ataque para determinar quiénes fueron los responsables y quiénes encubrieron y entorpecieron la pesquisa para que no hubiera culpables. Dijo incluso que la gestión del fiscal podía «ser un antes y un después» en el caso.

En privado, ya con el pacto con Irán de por medio, Kirchner le comentó algo más. «Me dijo que vaya contra quien sea, acá no hay impunidad para nadie», contaría Nisman ocho años después.

Pero a esa colaboración oficial de la ex SIDE con jueces y fiscales se sumó todo lo demás que los agentes hacían y que de un modo u otro se disfrazó con ciertas pátinas de legalidad. Para eso recurrían, entre otras opciones, a pinchaduras ordenadas por jueces, pero que ellos utilizaban para sus propios fines, según admitiría a principios de 2015 y ante la Justicia el exdirector de Análisis de la ex SIDE —⁠y estrecho colaborador de «Jaime»⁠— Alberto Mazzino.

Al declarar en la investigación sobre la muerte de Nisman, Mazzino contó que si Stiuso investigaba a narcos por orden de algún juez y de las escuchas autorizadas surgían datos, por ejemplo, sobre una movilización piquetera, le informaban esa «novedad» a «Paco» Larcher, para que él a su vez se lo transmitiera «a la Casa Rosada».

Otra opción era presentarse ante la Justicia y pedir pinchaduras telefónicas en base a una hipótesis más o menos consistente, y de ese modo escuchar a «objetivos de interés».

Ese ocurrió, por ejemplo, con la firma Dark Star Security.

La ex SIDE se presentó ante el juez federal Sergio Torres en octubre de 2011 y acusó a esa consultora de «desarrollar tareas de espionaje y contraespionaje en beneficio de una potencia extranjera», Gran Bretaña, por la soberanía de las islas Malvinas.

A partir de ahí, Torres autorizó y prorrogó las escuchas durante tres años, pero nunca citó a los funcionarios de la ex SIDE a que explicaran «el qué, el cómo y el cuándo» investigarían a esa firma, como le reclamó por escrito el fiscal Federico Delgado.

Tres años, 82 carpetas y 16 400 páginas de transcripciones telefónicas editadas después, el fiscal Delgado al fin pudo revisar la actuación de los espías. Lo que encontró refleja cómo se mueve la ex SIDE al borde de la ilegalidad o ya en pleno off side.

«No surgió ningún elemento que permita, por lo menos indiciariamente, corroborar la hipótesis inicial o cuando menos direccionar la investigación en ese sentido», indicó el fiscal. Es decir, que nada había sobre Dark Star Security como espía británica.

Sin embargo, esas mismas escuchas sí expusieron el interés de la ex SIDE por conocer los movimientos del dueño de Dark Star, así como de otro consultor, y también evidenciaban una larga lista de «puntas para investigar», como las definió el fiscal Delgado, indicios de un sistema subterráneo. Entre ellas:

Diálogos sobre «la labor de Alberto Nisman y de funcionarios de la ex SIDE, el rol del general Milani (César, jefe del Ejército) en el sistema de inteligencia y de Fernando Pocino», es decir, el gran rival de Stiuso dentro de la Secretaría durante la década kirchnerista.

Conversaciones en las que se afirmaba que Icazuriaga, jefe de la SIDE, «dio la orden para que la gente de Aerolíneas Argentinas “se deje de joder” o aparecerían “papeles” que tenía en un cajón».

Charla en la que los grabados señalaban «actividades delictivas del general Milani, del origen del patrimonio del empresario Matías Garfunkel, de la venta de información sobre funcionarios públicos, de la salud de la Señora Presidente».

Datos sobre el «lugar de hospedaje, reuniones y demás circunstancias relativas a la estadía del periodista Jorge Lanata en Panamá, hacia donde habría viajado con motivo del caso Fariña», en alusión al autodeclamado valijero de Lázaro Báez.

Detalles sobre la posibilidad de «intervenir teléfonos por fuera de una causa judicial y de compra de permisos en la Policía de Seguridad Aeroportuaria».

Comentarios sobre la forma de «cooptación de un periodista por necesidades derivadas de las internas del espionaje» y sobre «sobornos y tráfico de influencias en altas jerarquías del sistema judicial».

Un diálogo con alguien apodado «el Transportador», sobre «tráfico de influencias y pedido de sobornos» ante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Conversación sobre negocios con el grupo Eurnekián, otras sobre contrabando, sobre «influencia non sancta» en la Gendarmería y la venta a Venezuela de productos de inteligencia para espiar.

Detalles sobre la vida privada de un dirigente político y una modelo; sobre un funcionario y un amigo que habrían protagonizado una fiesta sexual con mujeres; y sobre espionaje a funcionarios públicos y tráfico de influencias.

Afirmaciones sobre la circulación de dinero con un funcionario judicial, sobre una puja por «espacios» con Lorenzetti y sobre «una importante inversión en el exterior de un exministro».

Precisiones sobre un testigo nuevo en el «Juicio de Once» que también habría testificado en la causa «AMIA» y que estaría vinculado con la «Secretaría»; también, sobre testigos «truchos» que asistirían al «Juicio de Once».

Diálogos sobre intervenciones ilegales de teléfonos, sobre relaciones de funcionarios judiciales con la Secretaría y vínculos de dirigentes políticos con barrabravas «documentados con fotos comprometedoras».

En rigor, ese expediente —y como ese, otros varios que se tramitaron o aún continúan abiertos en los tribunales de Comodoro Py y San Isidro, entre otros⁠— solo deja al descubierto lo que era un secreto a voces en el mundillo que comparten políticos, espías y periodistas.

¿Cuál?

Que Kirchner se apoyó en Larcher y Stiuso, y que espiaron a todo aquel que quisieron —⁠fuera o dentro del propio Gobierno⁠—, del mismo modo que esas prácticas continuaron con Cristina Fernández como presidenta, aunque ella priorizó a Pocino, en tándem con el general Milani, en desmedro de «Paco» —⁠a quien ella consideraba uno de los amigos de su marido para diversas correrías⁠— y de «Jaime».

Y eso, para no hablar de las tareas de inteligencia interna que desarrollaron la Armada. O la Gendarmería, con su «Proyecto X». O la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), ¿acaso bajo órdenes —⁠o al menos el beneplácito⁠— de Aníbal Fernández?

Las anécdotas que por estos vicios se acumularon desde 2003, contadas por sus propios protagonistas, colaboradores o víctimas, son innumerables. Entre otras, sobre:

Los informes que recibían los Kirchner sobre los diálogos del entonces vicepresidente Daniel Scioli con periodistas y directivos de medios de comunicación.

Las intervenciones de los teléfonos de línea y celulares del ministro Béliz, que por escrito le pidió a Larcher que investigara «a los delincuentes» que se dedicaban a «escuchar» sus conversaciones.

La infiltración del instituto de formación política Hannah Arendt que fundó Lilita Carrió a mediados de 2004.

Los informes que recibió «Furia» sobre cómo se desviaban fondos de la Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud, en tiempos de Ginés González García, para financiar la campaña de 2005 de Hilda «Chiche» Duhalde por la senaduría de Buenos Aires en contra de Cristina Fernández.

Los seguimientos al entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, y a su círculo de colaboradores, como Alejandro Ruiz Laprida, como así también la revisión de sus licitaciones.

Las escuchas telefónicas al subsecretario de Energía Eléctrica, Bautista Marcheschi, al que le enviaron el audio de su conversación con un periodista de Ámbito Financiero.

Los seguimientos a quien fuera el titular de la propia SIDE durante la presidencia provisional de Eduardo Duhalde, Miguel Ángel Toma.

La advertencia que recibió el primer presidente del Enargas, Héctor Formica, porque hablaba demasiado con el diario La Nación.

La infiltración de los asambleístas de Gualeguaychú que protestaban contra la instalación de Botnia y cortaban los puentes.

La instalación de detectores de micrófonos en su despacho que ordenó el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, harto de los muchachos que aman las conversaciones ajenas.

Los seguimientos a los líderes agropecuarios durante el conflicto con el campo y las infiltraciones de las protestas que se sucedieron desde 2008 en distintos puntos del país.

La visita de agentes al juez en lo Penal Tributario, Javier López Biscayart, para comunicarle el interés del Presidente en un expediente, y en cierta línea de investigación dentro de esa causa.

El armado de la acusación contra la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, por la supuesta apropiación de dos chicos durante la dictadura, en el juzgado de Arroyo Salgado, la mujer de Nisman.

Las pinchaduras de e-mails y el intento por pegotearlo con el «rey de la efedrina», Mario Segovia, que afrontó el candidato opositor Francisco de Narváez durante la campaña de 2009, pero que terminó con la destitución del juez federal Federico Faggionato Márquez.

Las intercepciones telefónicas, pinchaduras de e-mails y seguimientos que afrontó el conductor de televisión Marcelo Tinelli desde esa misma campaña en adelante.

La infiltración de movimientos piqueteros —incluido el de Luis D’Elía—, de medios de comunicación y hasta de la agencia oficial de noticias, Télam.

El seguimiento a los principales ejecutivos de diversos medios de comunicación; en particular, del CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, y sus colaboradores.

El informe de inteligencia de septiembre de 2010 sobre el ya gobernador Scioli, en el que se detallaban sus conversaciones y preparativos para candidatearse a la Presidencia en marzo de 2011.

Los seguimientos al experto en seguridad y exjefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco.

Los informes que recibían los Kirchner sobre las deliberaciones que mantenían los ministros de la Corte Suprema sobre distintos expedientes de relevancia para la Casa Rosada.

Las fotografías que le enviaron al primer fiscal del «caso Ciccone», Carlos Rívolo, tras una cena que compartió con una mujer poco después de su divorcio y cuando recién amanecía la investigación penal contra el vicepresidente Amado Boudou.

El cambio de paradigma explica, además, por qué Pocino sobrellevó una notoriedad inusual para un espía durante los últimos años, cuando también quedó asociado a la falsa denuncia por dos cuentas bancarias en el exterior que padeció el entonces candidato opositor Enrique Olivera. O la exhumación del legajo del diputado Juan José Álvarez como empleado de la SIDE durante la dictadura.

Pocino apareció también por partida doble en la implosión del proyecto «Sueños Compartidos» de las Madres de Plaza de Mayo. La primera, cuando las cámaras de televisión mostraron cómo vigilaba una protesta de los obreros que reclamaban por sus salarios y aportes caídos; la segunda, cuando Sergio Schoklender afirmó en el Congreso que el agente le había transmitido una supuesta oferta de Aníbal Fernández de impunidad judicial a cambio de su silencio durante la campaña electoral.

Durante el mandato de la Presidenta, Pocino se encargaría de algo más. Como director de Inteligencia Interior de la ex SIDE le adjudican que se habría convertido en una de las usinas habituales de información —⁠y carpetas⁠— para los medios encargados de difundir la propaganda del Gobierno, atacar a la oposición y enchastrar a periodistas molestos.

Las estadísticas oficiales de la ex SIDE sobre la cantidad de informes reservados también reflejan ese cambio de paradigma, de referentes del sistema, que fue de Kirchner-Larcher-Stiuso a CFK-Pocino-Milani.

En 2007, el último año de Kirchner como presidente, «la Casa» llegó a su pico máximo de 71 984 reportes sobre «seguridad nacional», para desde entonces bajar hasta los 47 042 de 2011 —⁠que justificó de manera formal con «la puesta en marcha de nuevos procedimientos tecnológicos»⁠—, y mostrar luego un tenue rebote que los dejó en alrededor de 55 000 informes cada año.

Las partidas presupuestarias también confirman ese trasvasamiento de funciones, que se agudizó desde la muerte de Kirchner y el ingreso del Gobierno en su fase «cristinista». Así, aunque la ex SIDE mostró un aumento paulatino pero constante en su presupuesto (hasta llegar a los $ 800 millones en 2015), el general Milani pasó a contar con cheques cada vez más sustanciosos.

Así, mientras que el presupuesto de la ex SIDE creció 16 % entre 2014 y 2015, el destinado a toda la inteligencia militar escaló 31,8 %, que de ese modo llegó a $ 836,9 millones. De esa partida, $ 568,5 millones quedaron para el Ejército; $ 123 millones para la Armada y otros $ 104 millones para la Fuerza Aérea, mientras que el Ministerio de Defensa se reservó $ 40,7 millones para su propio servicio de inteligencia.

Pero Milani no solo obtuvo más dinero.

Acusado y al borde de la indagatoria por su presunto rol en la desaparición del soldado conscripto Alberto Ledo en Tucumán, en 1976, el general se benefició de la protección política que, como a Amado Boudou, le brindó la Presidenta, que de ese modo modificó la posición que había sostenido hasta un par de años antes.

«¡Le apagaron cigarrillos en el cuerpo! Cuando me lo contó se me heló la sangre. Era, ¿era?, una típica tortura durante las dictaduras», había recordado la Presidenta en abril de 2013, a través de Twitter, después de recibir a dos jóvenes militantes del PRO que habían sido agredidos tras una movilización al Congreso. «Seguro que en todas partes hay de todo —⁠añadió⁠—. Pero estoy segura que con nosotros no marcha nadie que apague cigarrillos en el cuerpo de otro».

Milani es acusado de algo más que apagar cigarrillos en el cuerpo de otra persona, según la Justicia y una rama de Madres de Plaza de Mayo, con el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), pero recién pasaría a retiro a fines de junio de 2015, tras un desafío solapado al ministro de Defensa, Agustín Rossi, un contrapunto con el «Chino» Carlos Zannini… y demasiada afabilidad con el ya precandidato presidencial Scioli. ¿Incluso con el Grupo Clarín, como deslizaron desde adentro del propio Gobierno? En cualquier caso, el general se despidió con una frase para el recuerdo: «A los que me acusaron, mi desprecio».

Sin embargo, piezas sueltas de este trasfondo de informes reservados y partidas presupuestarias multimillonarias quedaron plasmadas, en la práctica, en ignotos expedientes que rara vez salen a la luz, como aquel centrado en la consultora Dark Star Security.

¿Por qué? Porque ese expediente evidencia el interés de «Jaime» y sus colaboradores por seguirles los pasos a sus rivales Pocino y Milani.

¿Cómo? Si se quiere investigar a «A», pero es demasiado riesgoso ir directo contra él, muchas veces se avanza sobre su entorno. Así, si se sabe o se sospecha que «B», «C» y «D» trabajan para «A», entonces una opción es tomarlos a ellos como objetivo y escuchar qué cuentan sobre los intereses, gustos, planes u órdenes de «A».

En estos ámbitos, además, no hay límites. Menos aún con el malestar evidente de «Jaime» ante el pacto y el memorando de entendimiento que selló el Gobierno con Irán —⁠malestar que se reflejaría luego en la actuación de Nisman⁠—, que agudizó su distanciamiento de la Casa Rosada y terminó en diciembre de 2014 con las salidas de Larcher y Stiuso de la ex SIDE.

«Para Stiuso, la causa AMIA fue su vida y en la modificación de la política de Estado con respecto a Irán está la causa de su distanciamiento con el Gobierno, y de la desconfianza creciente de la Presidenta», indicó a este autor un colaborador del espía. «Entonces crecieron otros y vos podés creerme o no lo que te digo, pero Stiuso se negó a hacer cosas que otros sí estuvieron y están dispuestos a hacer. Porque el problema no es la información; el problema es qué hacés con esa información».

Algunos indicios del giro oficial frente a Irán estaban allí, a la luz.

¿El primero? Si Kirchner había echado del Gobierno en noviembre de 2006 al hasta entonces secretario de Vivienda y Hábitat Social, Luis D’Elía, por sus declaraciones a favor de Irán y en contra de la orden de captura de nueve iraníes, en los años que siguieron D’Elía ganó relevancia como piquetero oficioso del Gobierno, además de convertirse en su operador en la sombra para múltiples proyectos.

Otro indicio, más categórico, lo aportó la Presidenta en 2010. Fue en Nueva York cuando, en vez de reiterar su reclamo contra Irán durante la Asamblea de las Naciones Unidas, tendió un puente con Teherán.

Así, si en 2009 había sido categórica —«Voy a volver a reiterar una vez más ese pedido de lograr que los funcionarios a los cuales la Justicia argentina les asigna responsabilidades, puedan ser extraditados, no para ser condenados, sino para ser juzgados»⁠—, en 2010 cambió su discurso por completo en ese mismo escenario. Ofreció que la Argentina cediera su soberanía y se juzgara «de común acuerdo» a los sospechosos en «un tercer país en donde las garantías del debido proceso estén vigentes».

El canciller Héctor Timerman mostró un giro más drástico. Si al asumir en junio de 2010 había cargado las tintas contra Irán —⁠«Desde 2003, el Gobierno decidió que acompañará los pedidos de la Justicia. No apelamos a ningún otro camino. No vamos a apoyar ningún otro camino», dijo⁠—, menos de un año después avanzó, con un alicate, sobre un avión militar de Estados Unidos que había aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en una imagen que daría la vuelta al mundo y que implicaba toda una señal para el régimen de Teherán.

Un último indicio lo dio la balanza comercial bilateral con Irán, que pasó de US$ 10 millones en 2006 a superar los US$ 1453 millones en 2010, y rondar los US$ 1000 millones los dos años siguientes.

—El Gobierno dice que las empresas son las que comercian, y no el Estado —⁠le planteó Perfil al excanciller Rafael Bielsa, en mayo de 2011.

—Eso no lo puede creer nadie. Me parece un argumento pelotudo, me fastidia mucho, porque ese era un tema sagrado para Néstor. Debe haber habido un cambio de política motivado por alguna razón que no es la que se está exponiendo. Hablar de venderle o comprarle a Irán cuando yo era canciller era casus belli, una cosa que no se le pasaba a nadie por la cabeza.

—¿Kirchner podía desconocer esto?

—Es imposible que semejante decisión pasara desapercibida, que el canciller no haya hablado de esto con el ex Presidente. Es una medida razonada, una decisión política. No hay ninguna posibilidad de que esto suceda espontáneamente.

Vale aclarar, sin embargo, que Nisman apoyó la idea de enjuiciar a los acusados fuera de la Argentina. «Estoy totalmente de acuerdo», dijo, aunque estimó que la única posibilidad de que el juicio se desarrollara en un tercer país era que lo aceptara el gobierno de Mahmud Ahmadinejad, por lo que expresó sus escasas expectativas. «A juzgar por los antecedentes de Irán, tengo que decir que no. Ojalá me equivoque», afirmó.

Acaso por una extraña casualidad, poco después de aquel giro presidencial en la ONU, fueron intervenidos varios teléfonos sensibles de la Cancillería. Entre otros, los de Timerman, del vicecanciller Alberto D’Alotto, del secretario de Cooperación y Coordinación Internacional Hernán Orduna, e incluso de Ulises Kandiko, jefe de la Dirección de Seguridad del ministerio (Diseg), quien debía velar por la limpieza de las comunicaciones más sensibles de la diplomacia argentina.

La propia Diseg detectó el espionaje durante dos de los monitoreos que desarrollaba —⁠aún lo hace⁠— de manera periódica con la Policía Federal sobre todas las vías de comunicación de la Cancillería. Descubrió «anomalías» en las líneas de esos funcionarios, y verificó que estaban redireccionadas, según consta en el documento MRE:0 104 597/2011 y otros que obtuvo este autor.

La pesquisa permitió comprobar que la interceptación sería local y se sospechó de la ex SIDE como responsable, algo que, sin embargo, no quedó asentado en uno de los expedientes secretos que se iniciaron, registrado como EXPE-MRE:0 038 291/2011. Porque hay sospechas que mejor no dejar por escrito. Se definen mano a mano.

Pero si la SIDE podía buscar datos de funcionarios de la Cancillería para operar en su contra, los espías de toda laya apuntaron también contra otras figuras dentro y fuera del Gobierno.

Sin ir más lejos, Lilita Carrió podría aportar datos sobre cómo funcionan las escuchas en los nuevos tiempos que corren. Por eso habla en susurros sobre temas sensibles, aun cuando está a solas con su interlocutor. Secuelas, si se quiere, de cuando conversó con una amiga, mano a mano y sin terceros ni teléfonos de por medio, dentro de un auto, y poco después recibió el audio de esa conversación. A la legisladora no hay quién la convenza de que Milani nada tiene que ver.

Si quisiera, también Scioli podría aportar algo de luz. Podría contar sobre el informe de inteligencia militar que llegó a manos del «Chino» Zannini que daba cuenta de su encuentro, en teoría secreto y en teoría conspirativo, con «Jaime» Stiuso, con un supuesto intercambio de pedidos e información sobre Lázaro Báez incluido.

O Scioli podría contar sobre su diálogo reciente por teléfono con un empresario, que le expresó sus pruritos sobre Milani, que el exmotonauta diluyó entre elogios al general y recordatorios de que se dicen demasiadas estupideces sin sustento. Allí quedó la cosa, hasta que 15 días después el gobernador y entonces precandidato presidencial se cruzó con el militar, que le agradeció que lo hubiera defendido.

O podría ser el papa Francisco quien contara de sus vicisitudes. «El propio Bergoglio me dijo que tenía los teléfonos pinchados y que en el Arzobispado había micrófonos por todos lados y de eso se encargaba Stiuso, por orden de Néstor Kirchner», denunció en enero de 2015 el legislador porteño Gustavo Vera. «En ese tiempo, Stiuso le respondía y Kirchner lo bancaba», añadió.

Pero la mayoría prefiere callar, claro, no levantar olas.

¿Por qué?

Porque Kirchner, el kirchnerismo, alcanzó la excelencia en eso que el genial maestro italiano Humberto Eco llama «la técnica del dossier».

«El chantaje consiste en anunciar una documentación, un informe», explicó Eco en una entrevista con el diario La Nación de abril de 2015. «La carpeta puede estar vacía, pero la amenaza de que existe basta: cada uno tiene un cadáver en el armario o a lo mejor ha tenido una multa por exceso de velocidad hace treinta años. La amenaza de la existencia de un dossier es fundamental».

Más aún cuando la ex SIDE, reconvertida en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), cambió de nombre y de rostros visibles, pero mantiene las mismas prácticas. Por ejemplo, a la hora de lidiar con Tribunales, porque con el ocaso de Stiuso y del operador judicial Javier Fernández el estudio de Darío Richarte y Diego Pirota dio un paso al costado en la defensa de muchos funcionarios, solo para ser reemplazado por otros operadores y otros estudios jurídicos.

Distintos rostros; mismo sistema.

Al frente de la AFI asumió el hasta entonces secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, quien pasó a recomendarles a ciertos funcionarios y exfuncionarios en la mira de Tribunales cuál era el nuevo estudio jurídico «de preferencia».

Junto a Parrilli, como segundo al mando de la AFI quedó el exjefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, Juan Martín Mena. Y a ellos se sumó el otrora mano derecha de De Vido, José María Olazagasti, actor secundario del «caso Ciccone» y protagonista central de la «diplomacia paralela» con Venezuela y Ecuador. Y juntos, Mena y Olazagasti redoblaron funciones como operadores judiciales.

Distanciado de manera irrevocable del Gobierno, Nisman ya no tenía mayor margen de maniobra.

Era previsible desde que criticó a la Casa Rosada con una chicana vinculada a los derechos humanos. «Es como si negociáramos con Miguel Etchecolatz cuál es la mejor manera de que cumpla su pena o si se la vamos a perdonar», dejó trascender. Y más aún desde que pidió en noviembre de 2013 que la Justicia declarara inconstitucional el pacto con Irán.

Sin embargo, Nisman comprendió la verdadera profundidad de los cambios que se gestaban a su alrededor días antes de la Navidad de 2014, cuando el Gobierno liquidó a la ex SIDE e impulsó la AFI. Al punto de llamar 30 veces a Mena entre el jueves 18 y el sábado 20, sin lograr que lo atendiera el flamante «Señor 8».

El jueves 18 de diciembre, para Stiuso también fue el final. Parrilli lo citó en la casa matriz de la ex SIDE o SI o AFI —⁠el nombre da igual, dado el gatopardismo⁠— y le comunicó lo obvio: que debía marcharse.

«Jaime» se fue. Primero a su casa; luego a Uruguay. Pero decidió volver, para después marcharse y no volver. ¿Se encuentra en Estados Unidos? Así dicen sus allegados, aunque podría ser una jugada más para desorientar a quienes buscan dar con él.

—¿Vos te das cuenta que el Gobierno para el cual trabajó terminó difundiendo la foto de su rostro que había tomado Migraciones un par de días antes? —⁠le comentó un colaborador de Stiuso a este autor.

—¿Lo equipara con los datos del pasaje del periodista Damián Pachter que difundieron Aerolíneas, Télam y la Casa Rosada?

—¡No! ¡Es mucho más grave! ¡Jaime participó en operaciones encubiertas contra Irán y otros países! ¿Y ahora el Gobierno ventila su rostro? ¡Es lo peor que podés hacerle a un espía! ¡Lo exponés a todo!

—Digamos que ya Béliz había expuesto su rostro y además ya estaba jugado con todo lo que hizo, ¿no?

—No te equivoques. Nada de lo que se hizo en la SIDE se hizo sin respaldo de Larcher e Icazuriaga. Nada. Stiuso era el jefe operativo, sí, pero no era más que un soldado. Larcher era el jefe político.

Nisman también se fue. Primero a su casa; luego a Europa, para disfrutar de un viaje preacordado con su hija mayor para celebrar sus 15 años. Pero decidió volver cuando juntos paseaban por Amsterdam, para sorpresa y fastidio de su hija y de su ex, Arroyo Salgado, con quien cruzó tensos mensajes por WhatsApp.

¿Por qué interrumpió Nisman ese viaje? ¿De verdad lo interrumpió o ya sabía que iba a volver, como cuentan sus colaboradores? ¿Por qué presentó su denuncia en plena feria judicial? ¿Por qué no esperó hasta febrero? ¿Creía que la procuradora Alejandra Gils Carbó planeaba removerlo de la Unidad Fiscal AMIA, algo que ella niega desde entonces?

El propio Nisman dijo que no creía que la jefa de todos los fiscales fuera a animarse a apartarlo de la investigación porque pensaba que esa decisión iba «a tener un costo», según le escribió a un amigo, por WhatsApp, el 7 de enero. Pero también les ordenó a sus principales colaboradores que se quedaran de guardia hasta que él volviera el 12 de ese mes. ¿Por qué ese día? Porque fue el día en que Gils Carbó volvió a trabajar y él quería estar en la Unidad si llegaba la orden de desplazarlo.

Días después, también por chat telefónico, esbozó algo cercano a una explicación para su inesperada denuncia:

«Este es un mensaje de difusión masiva para un grupo pequeño y querido de amigos y allegados que no siguen el día a día mi actividad. Es simplemente informativo, por favor no responderlo», comenzó.

«Debí suspender intempestivamente mi viaje de 15 años a Europa con mi hija y volverme. Imaginarán lo que eso significa. Pero a veces en la vida los momentos no se eligen. Simplemente las cosas suceden. Y eso es por algo».

«Esto que voy a hacer ahora igual iba a ocurrir. Ya estaba decidido. Hace tiempo que me vengo preparando para esto, pero no lo imaginaba tan pronto. Sería largo de explicar ahora. Como ustedes ya saben, las cosas suceden y punto. Así es la vida. Lo demás es alegórico».

«Algunos sabrán ya de qué estoy hablando, otros algo imaginarán y otros no tendrán ni idea… Hasta dentro de un rato. Me juego mucho en esto. Todo, diría. Pero siempre tomé decisiones. Y hoy no va a ser la excepción. Y lo hago convencido. Sé que no va a ser fácil, todo lo contrario».

«Pero más temprano que tarde la verdad triunfa. Y me tengo mucha confianza. Haré todo lo que esté a mi alcance, y más también, sin importar a quién tenga enfrente».

«Gracias a todos. Será justicia».

«¡Ah! Y aclaro, por si acaso, que no enloquecí ni nada parecido. Pese a todo, estoy mejor que nunca. Jajaja :)».

El miércoles 14 de enero, cuando trascendió su denuncia contra la Presidenta, Timerman, otros funcionarios, D’Elía y varios intermediarios más —⁠como el líder de Quebracho, Fernando Esteche, y Allan Bogado⁠—, se lo notaba hiperkinético, verborrágico, expresándose a toda velocidad y con párrafos extensos llenos de subordinadas.

¿La Presidenta lideraba una supuesta asociación ilícita?

¿Sus funcionarios recurrían a D’Elía como intermediario, en una nueva versión de «diplomacia paralela»?

¿Y Esteche y Bogado? ¿Eran agentes inorgánicos de la ex SIDE? ¿Eso explicaría que Fernando Burlando asumiera la defensa de Esteche cuando sus honorarios no bajan de las seis cifras en dólares? ¿O acaso el mediático abogado adscribe al «patriotismo revolucionario»?

¿Hay una pista inesperada de investigación escondida en un Juzgado de Brescia, Italia? ¿Constan allí escuchas telefónicas en las que se alude a un empresario, Fabio Mascialino, y una supuesta transferencia ilegal de tecnología nuclear —⁠enriquecimiento de uranio⁠— entre la Argentina, Venezuela e Irán, como deslizó el periodista Román Lejtman en el diario El Cronista Comercial en abril y junio de 2015?

Pero Nisman optó por no mostrar todas sus cartas en la prensa, a la espera de su exposición ante el Congreso. Por eso remarcó que no se trataba de un ataque político sino de una denuncia que decía se apoyaba en pruebas. Y que sopesaba impulsar una nueva estrategia para extraditar a los iraníes prófugos, con la intervención de un organismo internacional que Irán reconoce e integra.

Aquel 14 de enero, Nisman dijo además que no temía represalias, pero les pidió a todos que salieran a bancarlo.

«Apoyame, no me dejen solo en esta», dijo al despedirse, mientras se aprestaba para el raid mediático y su citación ante el Congreso.

«Me la juego toda»[14].

Ñ / Ñoquis

Hay hijos, maridos, padres, hermanos, sobrinos, cuñados.

También novias y amantes.

Incluso, peluqueros, manicuras y hasta dos exintegrantes del programa Gran Hermano de televisión.

Son apenas algunos de los familiares y amigos designados durante los últimos años en el Congreso de la Nación.

Muchos de ellos van a trabajar. Cumplen con sus tareas y se comprometen con el servicio público.

Otros, ni siquiera pisan la ciudad de Buenos Aires. Algunos porque colaboran en sus provincias con los legisladores nacionales que los nombraron. Pero otros muchos, no… porque no.

Son ñoquis.

Ñoquis = empleados públicos que solo aparecen una vez al mes —⁠y ahora, con las tarjetas de débito, ni eso⁠— para cobrar su salario.

Y, obvio, dejan una tajada de sus sueldos en manos del legislador o funcionario que los designó.

En ocasiones, el 10 %.

En ciertos casos que conoce este autor, hasta el 60 %. Algunos lo hacen para contribuir con un proyecto político; otros lo toleran por necesidad, porque necesitan el empleo.

Ejemplo teórico: 20 empleados con salario neto de $ 15 000 cada uno. Sumados dan $ 300 000 por mes. Al cabo de un año, con aguinaldo incluido, acumulan $ 3 900 000. Si de allí se extrae el 25 %, implica un fondo común de $ 975 000 cada 12 meses.

Este ejemplo, por demás primitivo, ofrece un atisbo a la forma en que muchos políticos arman un fondo con aportes voluntarios —⁠o no tanto⁠— que ayuda a mantener su estructura política, financiar su próxima campaña electoral o montar una suerte de sistema de pensión, privado y temporal, para todo su equipo si les toca volver al llano.

Aunque si el cacique es un truhán es para engordar su bolsillo y generar su piñata personal.

Va otro ejemplo: agrupaciones como La Cámpora —⁠pero no solo La Cámpora porque se repite en varios partidos políticos⁠— hacen «vaquitas» del 1 al 10 de cada mes para juntar dinero con el cual cubren los alquileres de sus unidades básicas y la comida y los traslados en micros cuando viajan a militar a distintos puntos del país.

Va otro ejemplo más: solo durante la gestión del vicepresidente Amado Boudou al frente del Senado se designaron 2000 empleados más, pero no son todos cercanos al oficialismo. Más de la mitad de los senadores —⁠de todos los partidos⁠— contrató parientes. Que se suman así a los designados en gestiones anteriores, que se acumulan con el paso de los lustros y décadas por «capas geológicas».

Muchos de esos senadores nombraron a sus familiares por una cuestión de confianza. Saben que sus hijos no los traicionarán, no abrirán la boca ante extraños y trabajarán a destajo. Es decir, no son ñoquis, pero sí beneficiarios directos del nepotismo.

A ellos se suman otros senadores, que optaron por tomar al Estado como una suerte de seguro personal de desempleo. Entre ellos, el expresidente Carlos Saúl Menem con su hijo Carlos Nair. El riojano no asistió al recinto durante casi dos años, mientras que su hijo figuró como empleado en el Senado con un contrato de locación de servicios por $ 6000 al mes hasta octubre de 2013.

Estas prácticas, por supuesto, exceden al Congreso. También se repiten en el Poder Ejecutivo y en el Judicial, donde con afecto o con sorna se habla de «la familia judicial».

En el Ejecutivo, por ejemplo, el número dos de Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Liuzzi, designó a 22 familiares bajo su órbita, aún cuando figura como uno de los funcionarios más ricos de acuerdo al patrimonio que declaró durante los últimos años ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Liuzzi designó a su mujer, su hermana, su cuñado, a su hijo, a la novia de su hijo, a un amigo del hijo, a la exmujer, a otros parientes y a varios amigos. Costo para el Estado: $ 600 000 por mes; $ 8 millones al año, según valores de mediados de 2014. Aunque lo suyo no es aislado: toda la Secretaría Legal y Técnica pasó de contar con 294 empleados (y una partida para salarios por $ 14,5 millones) en 2008 a registrar 523 empleados (y consumir $ 153,7 millones) en 2014.

Comparada con Liuzzi, la ministra de Industria, Déborah Giorgi, se quedó un poco atrás. Apenas designó a su hijo.

Con 25 años, pero ya ingeniero, Cristóbal Ordóñez, pasó a figurar como subsecretario del Ministerio de Industria, con un decreto que firmó su propia madre, junto con la presidenta Cristina Fernández y el jefe de Gabinete, Abal Medina. ¿Sueldo? 60 000 pesos.

Más lejos llegó el presidente del Banco Central (BCRA), Alejandro Vanoli, que también designó a su hijo. Pero a diferencia del vástago de Giorgi, que es ingeniero y trabaja en Industria, el heredero de Vanoli que entró a la entidad monetaria estudia cine.

A su hijo, Vanoli también sumó en el Central a su propia pareja, y fue más lejos que la ministra Giorgi en otro punto: toqueteó los requisitos de ingreso a la entidad monetaria.

Vanoli recurrió a excepciones a las condiciones que impone el Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep) para así engordar 10 % la planilla del Banco con 200 empleados más. Entre ellos, los de su pareja, María Gabriela Gelardi. Y de su hijo, Facundo Vanoli Long, que como estudiante de cine de 23 años ya había sumado experiencia previa en los ministerios de Economía y de Agricultura.

A Giorgi y Vanoli también se sumó José Sbattella, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Sbattella designó a «cuatro o cinco» parientes suyos y de su mujer en la unidad antilavado, según reconoció por radio tras una investigación de este autor, además de militantes políticos sin conocimientos ni experiencia previa en la detección o prevención del lavado.

«Mi secretaria no es mi sobrina. Es un familiar de… Yo soy divorciado… Tiene parentesco con mi actual esposa. Es familiar. Pero lo lógico es tener un familiar… Una persona de confianza», explicó Sbattella, horas después que el diario La Nación revelara en septiembre de 2012 el entramado de parientes y amigos que se había extendido dentro de la unidad antilavado. «No, eh… Puede ser una relación familiar de índole política», replicó. «Pero eso no invalida, porque eso sucede en cualquier lugar, su capacidad técnica y profesional para el cargo. No entran colgados de no saber nada», dijo.

«Eso sucede en cualquier lugar».

«No entran colgados de no saber nada».

Sbattella evitó responder, sin embargo, ciertos nombramientos, como el de un hincha de River Plate al que había echado de la unidad cuando apareció por televisión durante los incidentes previos al descenso de su amado club frente a Belgrano, en junio de 2011, pero al que luego reincorporó, cuando se diluyó el escándalo.

También calló Sbattella, «Pepe» para sus amigos, sobre los motivos por los que desplazó a casi todos los analistas especializados en investigaciones antilavado cuando arribó a la UIF para sustituirlos por militantes de su agrupación política sin experiencia alguna en la materia. O sobre los motivos por los que filtró datos confidenciales sobre el HSBC al ministro de Economía, Axel Kicillof, que terminaron en manos de periodistas y medios oficialistas para una acusación —⁠que resultó infundada⁠— sobre compras de divisas de Shell.

El sistema.

O podría contar su versión Romina Picolotti, a quien le adjudicaron contratar a 322 personas sin mayor justificación en la Secretaría de Medio Ambiente. Entre ellos, su hermano Juan como jefe de Gabinete, a la novia de este como asesora, al hermano de la novia y a la esposa del hermano de la novia, al igual que a una prima y a varios amigos, con sueldos de entre 8000 y 25 000 pesos.

O el superior directo de Liuzzi en Legal y Técnica, «el Chino» Zannini, cuya hija María Paula egresó del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) como flamante diplomática y en cuestión de meses ya se encontraba en su primer y apetecible destino, Washington, más cercano a la «línea Revlon», como identifican dentro de la Cancillería a las mejores embajadas, como París, Roma o Nueva York, que a la «línea Baygon», que ya por su nombre anticipa lo que les espera a los enviados. La muchacha recaló en la misión argentina ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), bajo las órdenes de Nilda Garré. Aunque la muchacha no es la única: los otros hijos del «Chino» también trabajan o trabajaron para la administración pública o, digamos, sus zonas de influencia: Ministerio de Justicia, Lotería Nacional e YPF, según surge de sus registros de aportes patronales.

En rigor, no solo Paula trabaja en el Estado. También los otros tres hijos de Zannini: Carlos Justo (26 años) empezó a trabajar en YPF dos años después de que el Gobierno tomara el control de la petrolera; Franco (28) ingresó a Lotería Nacional, y Francisco (25) comenzó en Aerolíneas Argentinas, pero desde enero de 2015 figura en el Ministerio de Justicia.

Distinto es el caso del diputado kirchnerista Carlos Kunkel, cuya esposa, Cristina Fioramonti, presidió el bloque de senadores del Frente para la Victoria en la Legislatura bonaerense, aunque es un cuadro político por sí misma desde 2007. Pero en términos macro, 17 de sus 26 parientes cercanos trabajan en organismos del Estado o empresas vinculadas al Estado, según publicó el periodista Ramón Indart en el diario Perfil.

También es distinto, a su manera, el caso del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que se rodeó de varios colaboradores un tanto hoscos que no se destacan por su laboriosidad en las oficinas, pero sí por ir a donde haya que ir, y hacer lo que haya que hacer.

Un ejemplo concreto es el de Matías Goñi, uno de los líderes de «Los Borrachos del Tablón», la barra de River, al que «Napia» Moreno ordenó designar en la Secretaría de Industria cuando ya contaba con un procesamiento judicial. Y que ante el Tribunal Oral N.º 15 que lo juzgaba marcó la cancha: «Yo respondo a Guillermo Moreno. Es mi inmediato superior», les dijo. «¿Tienen algo más que preguntarme?».

Conector.

De allí a los grupos de choque que merodearon por el Indec mediaba apenas un paso, que se dio, más allá de la agresión que protagonizó la propia pareja de Moreno, la escribana Marta Cascales, en pleno conflicto con el campo, cuando golpeó en el restaurante vasco Laurak-Bat del barrio de Monserrat a Fátima White, esposa del productor agropecuario Sebastián de la Bouillerie.

Cascales cuenta con currículum kirchnerista propio, con pasos como funcionaria por la petrolera estatal Enarsa y Ar-Sat, y rol privado como escribana en la constitución de Meldorek, la empresa de Sergio Schoklender que terminaría en el epicentro del escándalo de «Sueños Compartidos» y Madres de Plaza de Mayo, además de asesora legal para el armado de los fideicomisos entre Venezuela y la Argentina, y socia de la mujer de Julio De Vido, Alessandra «Lali» Minnicelli, en la consultora Fonres, con oficina en Puerto Madero.

También podría aportar lo suyo el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, que tanto en ese organismo como en sus pasos previos por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) y la Dirección General de Aduanas (DGA) se rodeó de amigos de Mar del Plata y Punta Alta, y también de aquellos que conoció a su paso por la Armada y por Santa Cruz. Tanto, tanto, tanto que hasta también dio cabida a su profesora particular de ruso como nueva empleada tributaria.

O el vicepresidente Amado Boudou, que también dio una mano a varios amigos de Mar del Plata a su paso por el Ministerio de Economía, y antes por la Anses, donde por ejemplo nombró al frente de la delegación marplatense a Guadalupe Escaray, exnovia de su íntimo amigo y socio José María Núñez Carmona, además de prima hermana de Alejandro Vandenbroele.

Escaray no es la única. A ella se suman el excompañero de estudios de «Nariga», Guido Forcieri, que lo acompañó a «Aimée» por la Anses y el Palacio de Hacienda —⁠y terminó procesado en el «caso Ciccone»⁠—, a su asistente personal Aybar Roberto Domínguez, que ubicó en el fideicomiso de las Madres de Plaza de Mayo tras el estallido de «Sueños Compartidos», y a Juan Claudio Tristán, exempleado suyo en un servicio postal, exnúmero dos de la Casa de Moneda cuando se gestó el «caso Ciccone» y luego titular del Correo Argentino.

Los casos de Zannini, Liuzzi, Giorgi, Vanoli, Sbattella o Picolotti, entre tantos otros, en rigor, no son aislados. Apenas son ejemplos de una tendencia que llevó a ubicar a la Argentina con el mayor porcentaje de empleados públicos en la región: 14,8 % frente al 12,7 % de Uruguay, el 11,5 % en Brasil o el 9,2 % en Chile, según un trabajo conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Con salarios magros, políticas de ajuste y el colapso de 2001 y 2002, el empleo público en la Argentina venía de varios años de vacas flacas. Pero con la asunción de Kirchner, la tendencia se revirtió, para potenciarse con Cristina Fernández. Así, solo entre 2003 y 2014, el Poder Ejecutivo nacional aumentó su plantilla laboral 46,1 %, con un salario bruto promedio de 17 340 pesos.

La expansión del empleo público durante los últimos años no era lo que la Presidenta defendió en los 90, cuando repetidas veces esgrimió la premisa de «achicar» el Estado desde su banca de senadora nacional. «Hemos sido contestes con la transformación que había sido encarada para reducir, fundamentalmente, a un Estado que en su modo de gestión había terminado generando una estructura elefantiásica que se devoraba a sus propios hijos», declamó, por ejemplo, en 1996.

Desde una perspectiva más amplia y abarcadora de todo el sector público, sea nacional, provincial o municipal, la tendencia es similar. Entre 2003 y 2012, el sector público contrató un promedio de 278 personas por día, hasta superar los 3,6 millones de empleados públicos. Y desde entonces, el ritmo se aceleró: para 2015 el promedio de ingreso al empleo público trepó a 346 por día, entre 14 y 15 por hora; uno cada 4 minutos, según datos de los periodistas Diego Cabot y Francisco Olivera, en su libro Los platos rotos.

Valen, sin embargo, tres aclaraciones:

La primera, que el 63 % de los empleados públicos se distribuyen entre las provincias; otro 17 % en los municipios; otro 17 % en la Nación y el 3 % restante corresponde a empresas estatales y bancos públicos.

¿Un ejemplo de nepotismo provincial? El del gobernador Daniel Scioli, cuya esposa Karina Rabollini preside la Fundación Banco Provincia, en la que antes figuró como deudora irrecuperable por US$ 1,4 millón, mientras que su hermano Nicolás Scioli fue primero secretario de Política Ambiental y luego vicepresidente ejecutivo del Grupo Banco Provincia, y su esposa Pilar Douradinha fue coordinadora de Desarrollo Social de la Dirección Provincial de Islas, consultora de la Organización para el Desarrollo Sustentable (rango de subsecretaria) y asesora en la Jefatura de Gabinete. No solo eso. El exmotonauta también nombró en Islas a Roberto Casavecchia, el hombre que lo salvó en el río cuando perdió su brazo.

La segunda aclaración, en tanto, pasa por remarcar que no se trata de una cuestión de contar con muchos o pocos empleados públicos, ni de preferir un Estado «grande» o «chico». Se trata de contar con un Estado «bobo» o «inteligente», con personal capacitado y con la infraestructura y los recursos necesarios o no. ¿Un ejemplo? En 2014, recuerdan Cabot y Olivera, por cada peso que el Estado nacional destinó a obras públicas se destinaron otros $ 5 a cubrir los sueldos de empleados públicos o subsidios a la energía y al transporte.

La tercera y más relevante, que la inmensa mayoría de esos empleados trabajan a destajo, en situaciones de riesgo —⁠como policías, gendarmes y otras fuerzas de seguridad⁠—, o compenetrados con el servicio público que brindan —⁠maestros, médicos, enfermeros, asistentes sociales, jueces, fiscales, entre muchos otros⁠—, mientras son testigos de cómo otros nunca aparecen por la oficina o van, pero para saquear.

Acaso uno de los casos más explícitos de los abusos en la administración pública lo haya ofrecido Mario Ishii, el actual senador provincial y por entonces intendente de José C. Paz, uno de los municipios más paupérrimos del Conurbano y con algunos de los peores índices sociales del país.

«Atención, trabajadores paceños», decían los volantes que a mediados de 2010 distribuyeron sus colaboradores dentro mismo de la Municipalidad. «Mario Ishii convoca a todo el personal político, temporario y planes sociales al acto de asunción. Lunes 28, 11 hs, en el Consejo (sic) Deliberante paceño, haciéndole saber que en caso de NO CONCURRIR se le DARÁ DE BAJA en forma AUTOMÁTICA a su puesto de trabajo, como así también se reverá la entrega de vivienda al que se la hubiesen entregado». Y para que no quedaran dudas, el remate fue: «(Se retirará la casa). Mario Ishii conducción».

Así, con falta de ortografía, mayúsculas, destacados y aprietes, el mensaje para los empleados públicos de su distrito resultó elocuente. Con una distinción relevante: al momento del panfleto solo 389 de los empleados de la Municipalidad figuraban en planta permanente, mientras que los restantes 2789 dependían de la renovación de sus contratos. Es decir, de la venia de Ishii, que montaba así un minisistema, versión local.

En otros municipios del Conurbano bonaerense se repite este cuadro, combinados con nepotismo explícito. En Merlo, por ejemplo, el intendente Raúl Othacehé colocó a su mujer, Mónica, primera en la lista para concejales, y a su hijo Pablo, segundo. En Ituzaingó, Alberto Descalzo ubicó primero a su hijo Pablo. En Hurlingham, Luis Acuña, a su hijo Fabrizio. En Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, a su sobrino Diego. Y en Quilmes, Francisco Gutiérrez, también a un sobrino, David, mientras que el de San Fernando, Luis Andreotti, logró posicionar primero a su hijo Juan en la lista a diputados bonaerenses por la primera sección electoral. Cuestión de confianza (o de desconfianza al resto), como dejó al descubierto Javier Fuego Simondet en el diario La Nación.

La precariedad laboral tampoco es exclusiva, por supuesto, de los dominios de Ishii u otros «barones» del Conurbano. Según datos oficiales de la Jefatura de Gabinete, casi 1 de cada 3 empleados públicos de la administración pública nacional estaba precarizado desde hace un par de años, ya que no gozaba de la estabilidad laboral prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional ni de muchos de los derechos laborales del trabajo registrado. En especial aquellos empleados bajo el llamado «artículo 9» y los tercerizados. Se trata de una situación que afectó incluso al mismo Ministerio de Trabajo. O al 70 % de la planta de la Secretaría de Derechos Humanos.

Muchos de esos contratos temporales se canalizaron a través de convenios con fundaciones, como ArgenInta —⁠entre otros, en el Ministerio de Agricultura, la luego disuelta Oncca y la Secretaría de Medio Ambiente⁠—; con «entes cooperadores», como Acara (Asociación de Concesionarios de Autos) —⁠que para 2008 cubrían dos tercios de los trabajadores del Ministerio de Justicia⁠—; con organismos internacionales como el BID —⁠entre otros, en el Ministerio de Economía⁠— o con universidades, en particular del Conurbano, como Quilmes, La Matanza y San Martín, entre otras.

En esa línea, el periodista que destapó lo que ocurría dentro de la Secretaría de Medio Ambiente, Claudio Savoia, aludió al «fenómeno más estructural» que estaba detrás de ArgenINTA, al que definió en agosto de 2014 como «el desvío de fondos presupuestarios hacia un ente semipúblico a cuyo nombre facturaba sus gastos sin preguntas ni controles».

«Picolotti se valió de la Fundación ArgenINTA para esta maniobra, que también utilizaban otros organismos públicos. ArgenINTA, que según constató la Auditoría General de la Nación cobraba comisiones por administrar dinero ajeno, fue apuntada en varias ocasiones como uno de los destinos de los vidriosos fondos que llegaban desde la Venezuela chavista como pago por supuestos asesoramientos agrícolas», añadió Savoia en Clarín. «Con Picolotti o sin ella, el mecanismo de tercerizar dinero del presupuesto para evadir supervisiones se repitió y se multiplicó, por ejemplo a través de los cuestionados convenios de distintas dependencias públicas con jóvenes universidades nacionales».

Así, el ranking de «abuso» de contratados lo encabezaba en 2011 el Ministerio de Desarrollo Social, con 410 % de contratados en relación a su planta permanente; la Jefatura de Gabinete, con 164 %; y el Ministerio de Economía, con 128 %, según el informe «El Estado y sus trabajadores», del economista y diputado nacional Claudio Lozano. Le siguieron los ministerios de Agricultura (127 %), Interior (119 %) y Educación (103 %), según Lozano, que basó su estudio en datos del Boletín Oficial, del Congreso y del propio Ministerio de Economía, que pronto quedó desactualizado… porque la tendencia se acentuó.

Para fines de 2014 —últimos datos oficiales conocidos⁠—, el cuadro general mostraba en promedio similares características. Sin contar las Fuerzas Armadas y de seguridad federales, la administración pública nacional abarcaba 146 000 cargos, de los que 84 569 figuraban en planta permanente (58 %) y los restantes 61 916 (42 %) se dividían entre contratados temporarios renovables cada 6 meses o un año —⁠aunque perduren así por años⁠— y monotributistas de «asistencia técnica».

Por supuesto, Ishii desmintió ser el autor o responsable de aquella volanteada en 2010 con la misma fuerza con que en junio de 2014, y para defenderse de una imputación por narcotráfico que publicó el diario Tiempo Argentino en la que aparecía involucrado uno de sus asesores, el senador provincial devolvió las gentilezas: «Los dueños de Tiempo no son Sergio Szpolski y Matías Garfunkel. Son Stiuso y Javier Fernández», en alusión al entonces mandamás operativo de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y al operador judicial de mayor confianza de la Casa Rosada con Kirchner, pero ya no tanto con la Presidenta, hasta su ruptura definitiva a fines de 2014.

Javier Fernández, de todos modos, no se la dejó pasar a Ishii, al que tiene entre ceja y ceja desde aquella balacera que afrontó en julio de 2011, a manos de la banda de Daniel «el Sata» Torres. Y se autodenunció ante la Justicia para que lo investiguen por las afirmaciones de Ishii. Fue sobreseído, porque el cacique de José C. Paz se equivocó: en los papeles, Fernández no aparece como socio de Szpolski, sino como su prestamista, gracias al millón de dólares que Brito le pagó para comprarle su parte en Infobae, en la que sí era socio capitalista de Daniel Hadad.

Pero Ishii —también de buena sintonía con Kirchner y encuentros casi semanales con la Presidenta⁠— fue aún más lejos. Afirmó que «los jueces federales no responden al Gobierno, sino a la SIDE», y que él se lo había planteado a los jefes formales de los espías, Héctor Icazuriaga y Francisco «Paco» Larcher, pero que ellos «están pintados y dicen que no pueden hacer nada».

Ishii, un bocón del sistema.

Dentro mismo de la ex SIDE también hay empleados más «pintados» que los por entonces jefes formales de la Secretaría.

Son los agentes y empleados enviados a la oficina conocida dentro del organismo como «Cromañón» —⁠en una macabra alusión al boliche donde murieron 194 personas a fines de 2014⁠—, que queda en el cuarto piso de la calle 25 de Mayo 445. Hasta allí deben dirigirse los caídos en desgracia y los rezagos de anteriores gobiernos, que deben cumplir con el horario de oficina, pero sin hacer nada, según reveló el periodista Gerardo Young en su libro Código Stiuso.

Esos agentes y empleados de la ex SIDE solo deben esperar allí que alguien les levante la excomunión… o cumplir los años necesarios para pedir el retiro.

Son los ñoquis «à la Sidè».

Otras áreas de la administración o empresas del Estado se reparten como «dominios» o «zonas de influencia». Así, mientras que Aerolíneas Argentinas, la Anses y los ministerios de Economía y de Justicia y sus organismos —⁠como el Renar o la Inspección General de Justicia (IGJ)⁠— son áreas bajo el control de La Cámpora, que coloca allí a los suyos, otros son intocables para los jóvenes. Entre otros, por ejemplo, la AFIP con Echegaray, o el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), donde manda la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y su organización Kolina.

En la práctica, esto lleva a que La Cámpora se vanaglorie de haber colocado más de 500 militantes en Aerolíneas, mientras que Kolina dispone de al menos 100 contratos en el Inaes, a través de dos universidades, por los que cada uno cobraba un piso de $ 2000 por su trabajo militante territorial y poco y nada en las oficinas del Inaes.

En otras áreas o empresas más, el reparto es silla por silla. Así, tras la expulsión de Repsol de YPF en 2012, la avanzada oficialista sobre la petrolera incluyó, por un lado, al ministro Julio De Vido y su gente, y por el otro, al entonces viceministro Axel Kicillof y otros funcionarios militantes de La Cámpora.

Eso sí, Alicia Kirchner podrá ceder espacios, pero maneja con mano de hierro las pensiones no contributivas. Cuando llegó en 2004 se pagaban 361 313, pero al cabo de la década kirchnerista los beneficiarios treparon a 1 099 486 personas.

La planta administrativa de la Cámara de Diputados muestra esa misma puja de intereses, en un equilibrio inestable que muta con rapidez.

Así, por ejemplo, el presidente de la Cámara, el oficialista Julián Domínguez, firmó la resolución 734/14, con la que bendijo a una docena de jóvenes que tras una carrera meteórica de apenas dos años pasaron a la planta de empleados permanentes, con cargos de relevancia en el área de la Secretaría Parlamentaria. Y gozarán de las categorías salariales más altas del escalafón parlamentario: las A-01 y A-02, que parten de un salario mínimo de $ 26 512,07 y $ 22 464,67 mensuales, más pagos extras por título académico y por personal a cargo, entre otros rubros.

Una y otra vez, además los relatos de aportes salariales voluntarios —⁠o no tanto⁠— se acumulan.

Una de las primeras denuncias la planteó en 2005 el periodista Bruno Bimbi, que trabajó como jefe de prensa de la entonces senadora nacional ultrakirchnerista Diana Conti, que también nombró a su hijo Sebastián Corsetti en su despacho.

«Cuando volví de cobrar el cheque de $ 5400 (equivalente a tres sueldos que tenía que cobrar) entré al despacho y la senadora me preguntó si cobré. Le dije que sí y me contestó: “Dame la plata”. Yo le entregué la plata, sacó $ 1000 y me dijo que a partir de ese momento ese iba a ser mi salario. Entiendí que a partir de ese momento le iba a tener que dar $ 800 por mes porque mi salario era de $1800», relató Bimbi en 2009, tras testificar ante la Justicia.

«Me quedé esperando que me dé alguna explicación. Si se hubiera esmerado un poco y me hubiese dicho que la plata era para un comedor u otra cosa, en ese momento, le habría creído. Pero ni se preocupó en darme una explicación. Fue un diálogo tan cortante, tan frío, que me quedó claro que no había ninguna explicación, que la plata era para ella».

Conti no la dejó pasar. «Todo es mentira», dijo, y sostuvo que Bimbi trabajó pocos meses con ella, y que debió «darle la baja» porque dejó de presentarse. «Es una patraña, una difamación», dijo la legisladora, que logró que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral —⁠el mismo de la causa sin mayores avances sobre el Indec y una de las causas por enriquecimiento ilícito de los Kirchner⁠— la sobreseyera.

Un empleado de Aerolíneas, Víctor Maiola, denunció la misma práctica. En 2011 relató que le pidieron el 10 % de su sueldo como aporte para las actividades de La Cámpora, agrupación a la que pertenecía. Pero pidió tiempo para que lo dejaran primero pagar unas deudas pendientes. Se lo negaron. «Primero está el aporte; después las deudas de cada uno». Entonces renunció.

También en Aerolíneas se sumó en 2012 el testimonio de María Fernanda Gil, que relató cómo le plantearon que debía entregar entre el 8 y el 10 % de su sueldo a La Cámpora. Lo denunció ante la Justicia y terminó despedida.

El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, es otro funcionario que quedó bajo sospecha cuando empleados del organismo denunciaron que debían entregar el 8 % de su salario a su partido político, Nuevo Encuentro. El juez federal Sebastián Casanello lo sobreseyó en primera instancia, pero la Cámara Federal revocó esa decisión y ordenó ampliar la investigación por presuntas dádivas y violación de los deberes de funcionario público.

Incluso ya después de muerto, el fiscal Alberto Nisman también quedó bajo sospecha, cuando su otrora experto informático Diego Lagomarsino declaró ante la Justicia que durante años debió darle el 50 % de su salario al titular de la Unidad AMIA.

Otros muchos ejemplos se acumulan, como las agraciadas señoritas que acompañaban en sus despachos a Claudio Uberti y a Ricardo Jaime en el Ministerio de Planificación Federal, o el desembarco de La Cámpora en la IGJ, o el 10 % que los funcionarios de la unidad antilavado debieron girar durante años al Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (IEFE) que desde La Plata controla Sbattella.

Aupado a esas denuncias, a las sospechas y al cálculo político, el exjefe de Gabinete devenido opositor, Sergio Massa, buscó sacar un rédito electoral cuando salió a prometer una limpieza general de la administración pública. «Voy a borrar a los “ñoquis” de La Cámpora que nos quieren dejar de parásitos en el Estado», prometió durante su acto del 1.º de mayo de 2015.

Kicillof salió a cruzarlo. «Son palabras de campaña, de un odio, de una irresponsabilidad… Imaginate si yo dijera que si (Mariano) Recalde gana en la ciudad, va a echar a todos los jóvenes ñoquis del PRO. Dicen que abrimos concursos en el Ministerio de Economía solo para La Cámpora y no es así. Es una estupidez», se lamentó.

«Yo soy militante de La Cámpora y estoy laburando todo el día», añadió. «Todos mis colaboradores no son de La Cámpora, pero hay algunos que tienen simpatías políticas, alguno milita incluso en otro espacio que no es el gobernante y porque militen no hay que discriminarlos, ni son ñoquis porque militen».

Desde ATE (Asociación Trabajadores del Estado) le responden a Kicillof con críticas que van por otro lado. De los 5340 empleados del Ministerio de Economía, informó el gremio, solo 1114 figuran en planta permanente (20,8 %), otros 2671 (50 %) son temporarios y los restantes 1500 son monotributistas. Es decir, trabajan en Hacienda, pero les facturan a universidades nacionales como Quilmes, La Matanza, San Martín o Lomas de Zamora, entre otras, según denunció el delegado Pablo Almeida en mayo de 2015.

Pero incluso la familia presidencial, que debería dar el ejemplo, se sumó a la fiesta del empleo público. Comenzó temprano con Néstor Kirchner, que creó un cargo especial en el Ministerio de Planificación —⁠subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal⁠— para su primo, Carlos Santiago Kirchner. Y continuó la Presidenta, cuya nuera Rocío García se quedó con el puesto de «coordinadora de Articulación Local de Políticas Socio Sanitarias» del Ministerio de Salud de la Nación en Santa Cruz, mientras que su hermana Virginia García se ubicó al frente de la flamante Regional Río Gallegos de la AFIP.

Licenciada en periodismo y flamante abogada, Virginia García llevaba apenas cuatro meses dentro de la AFIP cuando a los 32 años tomó las riendas de la Regional en agosto de 2010. Pero nunca ocultó sus simpatías políticas. Candidata perdidosa a senadora nacional en 2011, figuró en febrero de 2015 como una de las firmantes de una solicitada en apoyo a la Presidenta tras la muerte de Nisman.

Mientras en ese texto estampó su firma junto a la frase «con Cristina en el corazón y con Néstor en el alma», desde la Regional de la AFIP podría afrontar un conflicto de interés: debería controlar al núcleo del poder político y económico K. Desde Lázaro Báez, Rudy Ulloa y Osvaldo Sanfelice a De Vido, a su propio cuñado Máximo y, por supuesto, a la Presidenta.

El sistema vela por el sistema[15].

O / Oyarbide

«Yo no hago el sorteo. Pidan una audiencia a Dios y preguntenlé por qué me tocan todas las causas a mí», se defendió Norberto Oyarbide.

Molesto ante la pregunta del periodista, el juez más polémico de la última década planteó que solo tenía suerte. O mala suerte, según cómo se viera. «Yo no hago el sorteo, es electrónico. Y el día del apagón, incluso, se hizo manualmente y (otra causa sensible) llegó a mi juzgado. Averigüen en la Cámara», sugirió, en diciembre de 2012.

Y tiene razón.

El juez que acumula un expediente incómodo tras otro para el poder en su despacho, denuncias en su contra y hasta cacerolazos en la puerta de su casa, solo cumple con su trabajo.

Le tocó el expediente por el presunto enriquecimiento ilícito de los Kirchner. Y lo cerró en tiempo récord.

Le tocó el expediente por el presunto enriquecimiento ilícito de Ricardo Jaime. Y nulificó los e-mails incendiarios de su testaferro Manuel Vázquez.

Le tocó el expediente por las «comisiones indebidas» y sobreprecios de la multinacional sueca Skanska, y liquidó la pesquisa.

Le tocó también el expediente por la «mafia de los medicamentos».

Y le tocó el expediente por las escuchas telefónicas ilegales del jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri.

También le tocó el expediente por el desfalco de «Sueños Compartidos» de Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender.

Le tocó además el expediente de la financiera Propyme, que se complicó por un supuesto soborno que la policía habría pedido en su nombre, y un llamado de Presidencia para marcar la cancha.

Y le tocó una larguísima lista de expedientes sensibles más.

Porque Oyarbide, remarcan quienes lo defienden, es una máquina de trabajar. Al punto de instruir las causas de su juzgado —⁠el número 5⁠—, pero capaz también de subrogar 2 o hasta 3 juzgados simultáneos más de los tribunales federales de Comodoro Py. Sea porque quedaron vacantes o porque sus jueces se toman licencia por vacaciones.

Con 3 o hasta 4 de los 12 juzgados de Comodoro Py bajo su control, claro está, las probabilidades de que Oyarbide instruya las causas más delicadas aumentan de manera sustancial: por momentos llegó a manejar el 25 % de los juzgados, y el 33 % en contadas ocasiones.

Aunque, claro, los amantes de las teorías conspirativas no creen en la suerte del «juez del moñito». Y no son pocos los abogados —⁠y hasta fiscales⁠— que han exigido durante los últimos años que sus denuncias las sorteen con el viejo bolillero y con ellos presentes, como para ahuyentar fantasmas y suspicacias.

Pero no es una cuestión de bolillas o sistema informático. Se trata de algo más complejo y a la vez sencillo.

«En el fuero federal tramitamos cientos de causas por drogas u otro tipo de causas comunes, donde Oyarbide se desempeña de forma excelente. El problema para él es el 10 % de causas que involucran al Gobierno. Ahí está su talón de Aquiles», explicó un camarista, y por tanto supervisor del magistrado, al periodista de Clarín, Daniel Santoro, que publicó el libro Sr. Juez sobre Oyarbide.

Pero tampoco es cuestión exclusiva de él. La mayoría de los restantes 11 jueces federales —⁠por estricto orden numérico de sus juzgados, María Romilda Servini de Cubría, Sebastián Ramos, Daniel Rafecas, Ariel Lijo, Rodolfo Canicoba Corral, Sebastián Casanello, Marcelo Martínez de Giorgi, Luis Rodríguez, Julián Ercolini, Claudio Bonadío y Sergio Torres⁠— también acumula críticas, objeciones y denuncias, lo mismo que varios de los camaristas.

Rafecas, por ejemplo, arrastró un pedido de juicio político durante tres años por los mensajes de texto que intercambió durante la investigación del «caso Ciccone» con Ignacio Danuzzo Iturraspe, un abogado del socio del vicepresidente Amado Boudou que el propio marplatense terminó por revelar después que allanaron su departamento. «Hasta ahí pensaba: “Bueno, quiere ayudar; está mal, no está bien, pero el juez quiere ayudar”», reconoció durante su recordada conferencia de prensa —⁠en la que no aceptó preguntas de la prensa⁠— en el Senado.

Traducción: creí que Rafecas jugaba para el sistema.

O Canicoba Corral que, mientras su hijo pugnaba por un lugar en la terna para juez federal, se reunía con el secretario de Justicia, Julián Álvarez, para luego mostrarse a principios de 2015 como promotor de una «tregua» entre la Casa Rosada y Comodoro Py, algo que él niega, aunque se sabe de sus conversaciones telefónicas con ese referente de La Cámpora. Prefiere aclarar que su hijo ascendió en el concurso porque los candidatos restantes fueron vistos desde el Gobierno como demasiado cercanos a la ex SIDE y a Antonio Horacio «Jaime» Stiuso.

—¿No se ofreció usted como interlocutor con los otros jueces, como una suerte de «primus inter pares»? —⁠le preguntó este autor.

—¡No! Yo no soy soldado de La Cámpora ni de nadie. Desmiento terminantemente que yo sea el emisario del Gobierno para negociar una tregua con Comodoro Py. Y además, soldado… como mínimo, soy general. Yo solo soy un veterano que aconseja en tiempos agitados.

—¿Usted o su hijo se beneficiaron de la ruptura del Gobierno con Stiuso?

—¿Vos querés que yo le toque el bigote al tigre? Poné esto: el único de Comodoro Py que se enfrentó a Stiuso soy yo.

La diferencia, sin embargo, entre los 11 jueces restantes y Oyarbide es que este arrastra una lesión en su talón de Aquiles desde hace casi dos décadas. Desde que una pelea con su amante y proxeneta Luciano Garbellano en 1998 terminó por exponer la supuesta protección que el juez brindaba a cambio de dinero a una red de prostíbulos, como Spartacus, desde hacía años.

Oyarbide quedó contra las cuerdas ante el avance de la investigación penal en su contra que impulsó el fiscal José María Campagnoli.

Por esas vueltas del destino, el fiscal barbudo asumiría como funcionario del Ministerio de Seguridad en 2003, junto a Gustavo Béliz, durante el amanecer de la administración Kirchner, para volver luego a su trabajo como fiscal y afrontar una década después su propio jury por investigar la «ruta del dinero K» de Lázaro Báez.

Oyarbide la pasó muy mal por aquel tiempo.

Se sentía humillado y encima muchos sospechaban que él podría haber estado detrás de un confuso atentado que sufrió Garbellano. Por eso evaluó renunciar y de ese modo evitar el juicio político.

Pero con la ayuda del menemismo resistió los embates.

El responsable más encumbrado de aquella protección fue el entonces ministro del Interior, Carlos Corach, el de la «servilleta» con los nombres de los jueces federales que le respondían.

Pero en la práctica cotidiana, quien siguió de cerca su salvataje fue un colaborador del ministro de Justicia y luego auditor general de la Nación Rodolfo Barra. Su nombre es Francisco Fernández, aunque todos lo llaman por su segundo nombre, Javier.

Directo, por momentos avasallante, Fernández superó a su maestro Barra y a su padrino César Arias, y se convirtió en un operador político y judicial por méritos propios, con llegada al Congreso, Tribunales, la Casa Rosada, la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) y el Consejo de la Magistratura.

Fernández asistió a la expiación de Oyarbide. En tiempos en que el Senado definía los juicios políticos, y el bloque justicialista sumó voluntad tras voluntad, y esperó el momento indicado, que llegó el 11 de septiembre de 2001. Mientras el mundo miraba horrorizado el colapso de las Torres Gemelas, se llamó a votación y la acusación contra el magistrado obtuvo 21 votos a favor y 21 en contra.

Oyarbide volvió a su despacho, con una deuda de honor… y con su talón de Aquiles resentido para el resto de su vida profesional.

El propio juez cuenta que durante aquel juicio político se aferró a Dios con una desesperación y sinceridad que jamás había tenido. Eso acaso explica las numerosas imágenes religiosas que colocó en distintos puntos de su Juzgado.

Pero también dice que ese capítulo de su vida fue hace 200 años. «No miro para atrás. Los espejos retrovisores son para los autos», es una de sus frases recurrentes.

Tampoco existe otro con su personalidad. No solo caminó por la alfombra roja de Mar del Plata junto a una actriz y a una vedette en octubre de 2009; dos años antes, mientras investigaba a 200 sindicalistas por el manejo de las obras sociales que pasó a conocerse como la «mafia de los medicamentos», viajó a Córdoba para homenajear a la Mona Jiménez; después apareció de jaquette, durante una procesión de la virgen del Milagro, en Salta; y también puede correr con el torso desnudo por la reserva ecológica porteña o gozar del champagne extra brut en el spa Colmegna, y los habitués de la noche porteña lo han visto más de una vez en Esperanto, el boliche preferido de futbolistas y señoritas pulposas. O irse de viaje al Caribe.

Su estética también es llamativa.

Trajes Hugo Boss o Kenzo, moñitos, perfumes importados y joyas. Pocas, no demasiado llamativas, de altísima calidad y carísimas. Todo, con un salario que, según él, rondaba los 50 000 pesos.

Otra lesión en su talón de Aquiles y otra mancha en el tigre, que se mostraba por los pasillos de Tribunales con un anillo de brillantes que decía que le había costado 250 000 dólares.

«Entregué en pago todo lo que me regalaron en los últimos cinco años», les explicó a los curiosos, incluidos periodistas, a los que detallaba que era «un brillante dorado».

Su piñata privada.

Para qué.

Nueva denuncia penal y otra denuncia ante el Consejo de la Magistratura, donde llegó a superar las 8 decenas.

Ante los consejeros, sin embargo, Oyarbide dio otra versión. Dijo que el anillo lo tenía «en consignación». Es decir, que era prestado. Y resultó que la piedra engarzada en el anillo no era un brillante, sino un cuarzo. Por lo que no valía US$ 250 000 sino unos 70 000 pesos.

Uno de los peritos convocados para analizar la joya, sin embargo, Gabriel Rabinovich, alertó que el anillo en cuestión venía con trampa. «Me encuentro en condiciones de decir que la piedra allí engarzada no resulta ser la original», declaró.

Pero Oyarbide zafó, una vez más.

En ese contexto de debilidad y ruido a su alrededor, Oyarbide debió instruir múltiples expedientes delicados. Acaso el más polémico de todos sea por el presunto enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner.

El matrimonio presidencial había afrontado otras dos denuncias previas por el mismo delito. La primera se centró en su incremento patrimonial hasta 2005, que instruyó y cerró el juez federal Julián Ercolini. La segunda, por la evolución de sus bienes entre 2005 y 2007, que evaluó su colega Rodolfo Canicoba Corral, y ordenó archivarla.

La diferencia entre ambos y Oyarbide es que ellos cumplieron con los pasos procesales previstos y ordenaron peritajes y otras medidas de prueba que insumieron cierto tiempo antes de tomar una decisión, más allá de las visitas del entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, por ejemplo, a los camaristas federales. Para alegatos «de oreja», como se los conoce en Tribunales.

Lo de Oyarbide, por el contrario, fue notable.

Por su celeridad.

Y por su ligereza para evaluar si el salto patrimonial de $ 17,8 millones a $ 46 millones en apenas un año que declararon los Kirchner era real o un simple dibujo para blanquear dinero negro.

Para eso, el juez aceptó al contador del matrimonio, Víctor Manzanares, como perito de parte tras recibirlo a solas en su despacho, aun cuando, de encararse una pesquisa a fondo, ese profesional podría haber terminado en el banquillo de los acusados.

Más aún, si Oyarbide se mostró flexible con Manzanares, fue todo lo contrario con el excontador de la Corte Suprema, Alfredo Popritkin, que pretendía intervenir como perito en nombre de la ONG Contadores Forenses para sugerir medidas y revisar la documentación contable.

El error, sin embargo, fue de Propitkin. Porque adelantó que junto a dos expertos más pretendía pedir documentación adicional, cruzar las declaraciones juradas de los Kirchner con las de sus aparentes deudores y acreedores —⁠como Lázaro Báez, Juan Carlos Relats y el Banco de Santa Cruz, de la familia Eskenazi, entre otros⁠—, verificar los precios reales de venta de algunos inmuebles y cotejar los gastos con tarjetas de crédito de toda la familia Kirchner.

Pero admitir o rechazar a Propitkin como perito, explicó Oyarbide, «depende exclusivamente del juez». Y le cerró la puerta.

El magistrado del moñito tomó otra decisión.

Seleccionó, a dedo, a un perito de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Peralta, para que analizara ese incremento patrimonial del 158 % como experto independiente.

El sistema.

Menos de dos meses después, y basado solo en la documentación que presentaron los propios acusados —⁠y sin cotejar esos papeles con la vida real, ni cruzarlos con otros documentos⁠—, Peralta y otra perito de la Corte, María del Carmen Penedo, dieron luz verde a los Kirchner.

En su informe, Peralta y Penedo declararon que habían completado su análisis «en función de las declaraciones juradas pública y privada, las declaraciones juradas ante la AFIP y el escrito sobre variaciones patrimoniales» que presentaron los Kirchner. Dijeron también que habían revisado boletos de compraventas y escrituras, acompañados por los acusados. Según explicaron, es así como cotejaron los ingresos y concluyeron que eran «justificados».

Apenas un día después, y sin repreguntarles nada a los peritos, Oyarbide sobreseyó a los Kirchner. «Si los peritos estampan su firma yo debo acatar, porque solicité ese estudio, cosa que nunca antes se había solicitado», se escudó, aunque para eso mintió. Los peritos apenas son auxiliares de los jueces, que pueden apartarse de sus conclusiones.

Consciente de las sospechas que lo rodeaban, el magistrado pateó la pelota hacia otros. «Soy juez de instrucción. La causa está ahora en manos de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que podrá estar de acuerdo y consentir con lo decidido por mí, o no estar de acuerdo y apelar. También puede hacerlo el fiscal (Eduardo) Taiano».

Oyarbide recibió entonces un respaldo relativo inesperado del ministro decano de la Corte, Carlos Fayt. «Sé que Oyarbide en principio es un buen juez que puede equivocarse, pero se trata de una decisión de primera instancia. Y las decisiones de todos los jueces de primera instancia son revisadas por la Cámara y finalmente por la Corte».

Más simple: Fayt planteó que no solo el juez era responsable de lo que ocurría o de lo que pudiera ocurrir, sino que también había que mirar a los fiscales que podían apelar su decisión y, si en efecto recurrían, a las distintas instancias superiores del Poder Judicial hasta llegar a la Corte.

Veterano de miles de expedientes y otras tantas zancadillas políticas, Fayt citó entonces una obra de un jurista uruguayo sobre «la presión de los medios sobre los jueces» y lanzó su estilete. «No puedo decir que (Oyarbide) haya sido presionado por la prensa… El problema es cuando no hay soberanía sino “sobornería” popular… pero eso no pasa en la Argentina, por supuesto», ironizó.

El problema es que no apeló el fiscal Eduardo Taiano, cuyo hijo había sufrido cuatro años antes un extraño secuestro justo cuando él debía apelar en la anterior pesquisa sobre el incremento patrimonial de los Kirchner. Esta vez Taiano no quiso desafiar la ley de probabilidades —⁠ni al sistema⁠— con su familia de por medio.

Ni recurrió tampoco el fiscal Guillermo Noailles, que subrogaba al frente de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) desde la renuncia de Manuel Garrido, a pesar de las objeciones sobre $ 24,7 millones de los $ 46 millones del patrimonio presidencial que le plantearon dos peritos bajo su mando, a los que él les había pedido que analizaran las declaraciones juradas patrimoniales de los Kirchner.

Sin embargo, Noailles no apeló, dijo a este autor, porque no le pareció «contundente» el informe de los peritos de la FIA y planteó que, ante la duda sobre apelar o no —⁠y por tanto, sobre mantener viva la acción penal o no⁠—, optó por quedarse quieto, al tiempo que responsabilizó a su colega Taiano por el cierre de la pesquisa.

Curiosa decisión la de Noailles, que apenas 15 días antes había defendido todo lo contrario en un recurso que firmó ante la Corte por el sobreseimiento del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, también en una causa por su presunto enriquecimiento ilícito.

En ese otro expediente, Noailles había defendido su facultad de «ejercer la acción pública con desplazamiento del fiscal de la causa, cuando este decidiere no proseguir la acción».

Es decir que el mismo fiscal mantuvo dos posiciones opuestas en dos investigaciones por el mismo delito con apenas 15 días de diferencia entre sí, aunque, eso sí, frente a acusados muy diferentes.

¿Pudieron influir en la decisión de Noailles las llamadas telefónicas que recibió del entonces procurador general de la nación, Esteban Righi, justo por esos días calientes?

Noailles negó esas llamadas cuando lo consultó este autor en aquel momento. Pero junto con Righi, que se encontraba en México, las confirmaron: «Puede haber una llamada, puede haber más».

¿Por qué lo llamó Righi?

Según sus colaboradores, solo para pedirle a Noailles que le avisara «qué iba a hacer» porque como procurador no quería enterarse de su decisión «por los diarios».

Por lo visto, los teléfonos que rodean a Noailles estuvieron por demás inquietos durante aquellos días. Porque su secretaria llamó también al fiscal Taiano para pedirle, según dijo a pedido de su jefe, que le anticipara qué decisión iba a tomar: ¿apelaría o consentiría el sobreseimiento?

Curado de espanto, Taiano cortó por lo sano. Le dijo a la muchacha, que antes había trabajado en su fiscalía, que él no iba a adelantarle qué decisión tomaría y, además, que si Noailles quería saber algo, que lo llamara o, mejor aún, que fuera a verlo.

Noailles, claro, ni lo llamó a Taiano, ni apareció por el quinto piso de los tribunales de Comodoro Py.

Así, ni Taiano ni Noailles apelaron y la causa murió.

Desde entonces, el sobreseimiento de los Kirchner quedó bajo sospecha. Al punto que alentó el debate jurídico sobre la posibilidad de reabrir expedientes que podrían haberse cerrado de manera fraudulenta.

«Si la cancha está inclinada, el triunfo no es digno, pero si existió una simulación en la que el proceso judicial fue orientado al otorgamiento de un bill de indemnidad contrario a los principios del sistema republicano, entonces ni siquiera hubo un partido», argumentó con lenguaje futbolero el penalista Federico Morgenstern, autor junto con Guillermo Orsi del libro Cosa juzgada fraudulenta.

«La sociedad verá los tribunales como sesgados, deshonestos y parciales si percibe que los juicios farsescos son inalterables, si se respeta la firmeza de las absoluciones obtenidas tras un procedimiento espurio y si, por la inacción deliberada de un funcionario judicial, no se logra condenar a quien se sabe que cometió un delito», añadió.

El sistema, en palabras de un penalista.

Por las dudas, la Casa Rosada buscó clausurar esa opción antes de que a algún fiscal o juez se le ocurriera plasmarla por escrito en algún dictamen o sentencia. Para eso, incluyó la prohibición de invocar la cosa juzgada írrita o fraudulenta en el nuevo Código Procesal Penal.

«Ningún país del mundo lo incorpora a su legislación», sostuvo el entonces jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, operador judicial y luego número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (la vieja SIDE con nuevo nombre), Juan Martín Mena, al defender la veda explícita durante su exposición sobre el borrador ante el Senado.

Falso.

Mena demostró así que no era un experto en el tema o, lo que resultaría más grave aún, les mintió a los senadores porque Alemania e Inglaterra sí contemplan la figura de la cosa juzgada fraudulenta.

Pero el funcionario cumplió con su objetivo: que ese proyecto de ley terminara por aprobarse con un candado —⁠al menos teórico⁠— a la posible reapertura de expedientes incómodos para el kirchnerismo.

Claro que en la Argentina ningún cerrojo es definitivo.

Porque al cierre de este libro Oyarbide define todo lo que vivió en las horas que siguieron a ese sobreseimiento como su «noche más oscura», como la calificó ante este autor.

¿Peor que la difusión de su intimidad en Spartacus?

Sí, según Oyarbide.

Porque el juez sentía que aquella pesadilla de los 90 había quedado atrás, que había logrado dar vuelta la página.

«Y esto fue como la bomba neutrónica. No pude volver a salir a la calle», se lamentó.

Rodeado de imágenes de la Virgen, el magistrado sintió en su despacho que era el chivo expiatorio de una trama con muchos más personajes. «Lo que Fayt dijo es que todos dejaran de hostigar al juez, que no era parte en este proceso. Pero nadie apeló: ni la Oficina Anticorrupción, ni el fiscal Taiano, ni el fiscal Noailles. ¿Por qué se la agarraron conmigo que solo era el juez instructor? ¿Por qué tampoco se la agarraron con los anteriores jueces (por Ercolini y Canicoba Corral) que cerraron causas similares?», preguntó —⁠y aún se pregunta⁠— en un dolido monólogo en el que incluye también posibles explicaciones para ese fastidio que lo rodeó a él y no a otros. «El marco con respecto a aquellas investigaciones había cambiado por completo. Cuando yo asumí al frente de esta instrucción, la Argentina estaba en medio de una crisis económica y venía del conflicto con el campo», recordó.

¿Y si algún día el propio Oyarbide «descubriera» que lo engañaron en su buena fe durante la instrucción de ese expediente?

Puras divagaciones, claro está.

Porque Oyarbide es un juez más práctico que teórico, poco afecto a las elucubraciones académicas y más cercano a la gestión práctica y diaria, entre abogados, operadores, políticos de buena sintonía como Aníbal Fernández, mensajes del poder y aprietes cruzados.

Porque eso es lo que, según unos y otros, ocurrió durante el allanamiento que ordenó a la mutual Propyme, una financiera de la City porteña con ramificaciones que llegan hasta la Casa Rosada y a «Sueños Compartidos», el multimillonario proyecto social de Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender que terminó por implosionar.

El 19 de diciembre de 2013, minutos antes de las 13, un grupo de policías de la División de Investigación Federal de Organizaciones Criminales entró a Propyme con una orden suya de allanamiento, como parte de una investigación por lavado de activos sobre 22 financieras.

Durante el operativo, los policías se pasaron de rosca: desenfundaron sus armas de fuego, demoraron a los empleados, los privaron de su libertad, los amedrentaron con sus armas, les sacaron los teléfonos celulares, los maltrataron y tiraron abajo una puerta con una barreta de hierro, según quedó grabado por las varias cámaras de seguridad de Propyme.

Pero a partir de ahí es cuestión de fe.

Según el dueño de la financiera, Guillermo Greppi, los policías le pidieron una coima de entre $ 2,5 millones y US$ 300 000 para levantar el pie de acelerador, según órdenes que decían eran de Oyarbide y de su secretario Carlos Leiva.

Según los policías, Greppi entró como una tromba a Propyme, cerca de las 16.30, y a los gritos: «¡Ustedes no saben quién soy yo! ¡Yo la tengo más larga que cualquiera! ¡No saben con quién se metieron! Si a mí me pasa algo, ¡ustedes se van conmigo!».

También según los policías, Greppi mechaba insultos con invocaciones al poder cuando recibió un llamado. «Sacame a estos tipos de acá, cuando ustedes necesitan algo de mí yo siempre estoy», dicen que le reclamó a alguien del otro lado de la línea.

Y según los policías, Greppi le mostró entonces al sargento César Ceballos la pantalla de su teléfono Blackberry. Decía «Zannini» en letras grandes y azules, mientras que el financista le ofertaba al agente: «¿Querés hablar con mi amigo?».

Pero según Greppi, todo eso es un invento de la policía porque jura que nunca habló con el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, sino con su número dos, Carlos Liuzzi.

Greppi y Liuzzi, conectores.

«Hablé con la Policía, hablé con varias personas, hasta que me comuniqué con Liuzzi, que me hizo de 911. Yo no pido que me paren el allanamiento, pido que paren la extorsión. Y luego (Liuzzi) le advirtió (a Oyarbide) que se estaba cometiendo un ilícito en nombre del Juzgado. Cuando sucede esto, Oyarbide dictamina parar el allanamiento, pero no paró mi allanamiento, paró todos los 22 allanamientos, detuvo todo el operativo», relataría luego Liuzzi.

Ya ante el Consejo de la Magistratura, donde afrontó un nuevo sumario a pedido de sus superiores de la Cámara Federal porteña, Oyarbide confirmó que habló con Liuzzi por teléfono. «No tengo nada que ocultar», consideró.

Con el tiempo, los cruces de llamadas telefónicas aportaron algo de luz. Como que Liuzzi llamó cerca de las 15 desde su teléfono terminado 7370 a un número asignado a la custodia del juez terminado en 8447.

El puente establecido entre el juez y el funcionario de Presidencia resultó interesante por varios motivos:

Expuso que un juez federal detuvo un allanamiento por sugerencia de un funcionario político de la Casa Rosada.

Expuso que un juez federal consideró posible que los policías pidieran coimas en su nombre.

Expuso que ese juez federal mantenía un vínculo con un funcionario al que solo unos meses antes había sobreseído en la investigación por su presunto enriquecimiento ilícito.

Con su toga en la cuerda floja, una vez más, Oyarbide probó contar con amigos de peso. Porque si en los 90 lo protegió el menemismo, ahora el kirchnerismo se encargaba de blindarlo.

El argumento oficialista fue que se trataba de una «barbaridad jurídica» suspenderlo por este motivo, mientras que el consejero por los abogados calificó la «impúdica» conducta de Oyarbide como una «verdadera vergüenza».

Para peor, los cruces telefónicos también reflejaron que la mañana del allanamiento los policías recibieron desde el Juzgado la orden de llamar ante cualquier eventualidad a un número específico, que según Telefónica pertenece a la pareja del juez, Claudio Blanco.

Novio de Oyarbide desde hace al menos seis años, los negocios de Blanco comenzaron a mostrar un giro llamativo a partir de 2010, cuando abrió sociedades que, en algunos casos, no registraron actividad aparente, pero que registraron como dirección el número 656 de la peatonal Florida de la ciudad de Buenos Aires, un domicilio que lo vincula con el empresario José Fernando Bladimirsquy, quien a su vez arrastra un procesamiento por lavado de activos, luego revocado.

Blanco y Bladimirsquy figuran asociados en Consorcio Creba SA, mientras que Bladimirsquy es a su vez socio de los financistas Ariel Roperti y Eduardo Feuer, que también registran otras sociedades con el mismo domicilio legal de la peatonal Florida.

Pero ya sin su madre, fallecida, el juez dejó de prestarles atención a esos y otros muchos cuestionamientos.

«Si yo algo tengo, que me define, es mi autenticidad», declaró por ejemplo en diciembre de 2012. «Voy a hacer el casamiento y van a estar todos los periodistas invitados. Van a tener que vestirse con mucha gala. Quiero que los periodistas vengan y cuenten todo lo que ven. Lo voy a comunicar 24 horas antes».

Atrás había dejado el cacerolazo que, dos meses antes, debió afrontar en la puerta de su casa. «El peor de los momentos fueron todos los llamados que recibí, más de 50, donde todas las personas preguntaban por mí y me deseaban la muerte. Todos exactamente igual, en una misma versión y puteando a mi madre, que es lo que más me duele», relató compungido.

Y atrás pareció dejar los durísimos cuestionamientos de la Cámara Federal, que repetidas veces revocó o anuló su trabajo y a fines de diciembre de 2012 demolió una vez más su labor en la investigación sobre la «mafia de los medicamentos», donde la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) metió su cola con la intervención de los teléfonos de varios de sus protagonistas.

Como tantas otras veces, Oyarbide había impulsado la investigación a toda velocidad mientras el asunto o los protagonistas dominaban la cartelera de la prensa, pero bajó uno o más cambios a medida que otros asuntos pasaron a dominar la agenda mediática.

Así, la causa por la «mafia de los medicamentos», que desde 2007 impulsaba la extitular del PAMI y ministra de Salud, Graciela Ocaña, empezó a toda velocidad, quinta a fondo, pero terminó por consumir años y sufrir sucesivos retrocesos en sus ejes relevantes.

¿Cuáles?

Entre otros, la masiva aparición de empresarios del sector farmacéutico como supuestos aportantes a la campaña presidencial de la entonces senadora nacional y primera dama, Cristina Fernández, convocados por el exsuperintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli, el exdirector de la Lotería Nacional Hernán Diez y un gerente de la Anses, Sebastián Gramajo.

La madeja, ya de por sí compleja, terminó de complicarse cuando en 2009 Oyarbide allanó las propiedades del jefe de La Bancaria, Juan José Zanola, y detuvo al dueño de las droguerías San Javier y Congreso Salud, Néstor Lorenzo, quien había aportado a la campaña a través de un testaferro, al mismo tiempo que salían a la luz sus relaciones comerciales y financieras con Sebastián Forza, uno de los asesinados en el llamado «Triple Crimen».

A Lorenzo —«el Yabrán de los medicamentos», al decir de la titular del PAMI y ministra de Salud, Graciela Ocaña⁠—, Oyarbide le imputó haber proveído medicamentos falsos a la obra social de los bancarios y haber fraguado expedientes para cobrar subsidios indebidos. Lorenzo tenía además en su poder copias de cheques por $ 1 millón, destinados a la campaña presidencial oficialista de 2007.

Conector.

Oyarbide tiró un poco más de la cuerda y detectó también al empresario Ibar Pérez Corradi. Lo acusó de «blanquear» activos de Zanola al mismo tiempo que amasaba negocios con Forza, un muchacho hiperkinético y bocón que también figuraba como aportante a la campaña de Cristina Fernández de Kirchner.

Según las pruebas que acumuló el juez del moñito, Pérez Corradi habría facilitado su caja de ahorro del Banco Privado de Inversiones para que se depositaran cheques librados por Multipharma y la obra social bancaria, endosados por Lorenzo. Pero en cuanto se acreditaba ese dinero en la cuenta, era retirado por Pérez Corradi, que se lo entregaba a Lorenzo previa deducción de una pequeña comisión.

Oyarbide reforzaba así las sospechas sobre los vasos comunicantes que unían a la llamada «mafia de los medicamentos» con «el Triple Crimen» y el financiamiento negro de las campañas electorales.

Cinco años después, sin embargo, Oyarbide había completado un giro en el aire y sobreseyó a Cappacioli, Diez y Gramajo de las acusaciones por defraudación, encubrimiento de lavado de dinero y negociaciones incompatibles con la función pública.

Curiosa decisión, porque Oyarbide ya ni siquiera instruía esa causa.

La Cámara Federal revocó entonces su decisión en septiembre de 2014 y lo denunció además ante el Consejo de Magistratura por intervenir en una causa que, en efecto, ya no era suya desde 2012, sino de su colega Ariel Lijo.

La relación de Oyarbide con ambas salas de la Cámara Federal porteña podría ocupar un libro entero.

En la investigación «Sueños Compartidos» de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini y Schoklender, la Cámara también lo apartó en agosto de 2013 y anuló los procesamientos que dictó.

En otra pesquisa, que apuntaba a las posibles operatorias de lavado con compraventas de jugadores, evasión de impuestos y ciertas operaciones asociadas a Julio Humberto Grondona a través de Alhec Group, una casa de cambio y agencia de viajes, los camaristas concluyeron que la causa que instruyó Oyarbide no era más que «un compendio de datos totalmente desconectados entre sí; transcripciones de escuchas telefónicas que, en su mayoría, resultan ser incomprensibles; listados de documentación que mencionó, pero no analizó; nombres de empresas cuya actividad no se explica y por afirmaciones genéricas».

El expediente que protagonizó el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, por las escuchas telefónicas ilegales fue otro hito en los tribunales de Comodoro Py, con Oyarbide ofreciendo una suerte de conferencia de prensa en la puerta de su edificio de Rodríguez Peña al 1900, para detallar sus avances.

Claro que nunca contó sobre el rol de varios jugadores subterráneos que aprovecharon los intereses políticos en pugna entre la Casa Rosada y el PRO para cobrarse deudas pendientes entre la SIDE y la Policía Federal desde los tiempos de la causa AMIA.

Teléfono para Antonio «Jaime» Stiuso y Jorge «Fino» Palacios.

La verborragia de Oyarbide, claro está, suele traerle problemas.

Y aunque la Cámara lo llamó al orden en esa causa, no escarmentó, ubicándose al límite —⁠o más allá⁠— de la recusación por parcialidad.

«Pueden decir lo que quieran, pero allano lo de Ciro James (uno de los principales acusados) y encuentro todo un sistema de escuchas, allano lo de Chamorro (Osvaldo, entonces subjefe de la Policía Metropolitana) y aparece todo a la vista. ¿Qué quieren que haga? ¿Que destruya las pruebas? Eso es un delito», se defendió ante la prensa, al mismo tiempo que aportaba más carnadura a los planteos defensivos por presunto prejuzgamiento.

Ante el escandaloso allanamiento a la mutual Propyme, en tanto, la Cámara Federal decidió ir más lejos. Tras una reunión plenaria de los miembros de ambas salas, decidió notificarle todo lo ocurrido al Consejo de la Magistratura, pero a su vez el kirchnerismo redobló su blindaje.

Acaso por eso Oyarbide sigue lanzado.

En parte porque así es él; en parte, porque se siente protegido.

Como en mayo de 2015, cuando el oficialismo bloqueó en el Consejo el pedido de juicio político en su contra por el anillo y otro similar contra Rafecas por sus mensajitos de texto en el «caso Ciccone», después de que este desestimara la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la Presidenta por encubrir a Irán.

Esa fue una gran semana para Oyarbide. Porque su colega Luis Rodríguez lo sobreseyó a él y a Liuzzi por el allanamiento de Propyme… y el fiscal Ramiro González, emulando a sus pares Taiano y Noailles ante el sobreseimiento de los Kirchner, no apeló la decisión.

Por eso Oyarbide es capaz de posar para la revista Caras y anunciar: «Quiero casarme». O desafiar al mundo que lo rodea con frases tales como «cuando llega el fin de semana y me invitan a un asado, me resulta más fácil vestir un traje que un jean».

Por eso, también, el juez es capaz de quebrarse durante una entrevista al confesar que en ocasiones se siente «abrumado» por su trabajo. «Mi cargo no es simple, es una cosa difícil y la gente no logra interpretarlo a veces», contó, para luego con voz quebradiza aclarar: «Siempre estoy al frente de todas las batallas, con amores y desamores».

Así, también se dejó fotografiar en la fiesta noventista que para despedir 2014 organizó la modelo Daniela Cardone.

Fue con «baile del caño» incluido.

Porque Oyarbide se siente blindado por el sistema[16].

P / Picolotti

Su caída comenzó a gestarse en julio de 2007.

Juguetes, regalos de cumpleaños, vuelos privados para su familia, compras en Farmacity y hasta los honorarios de una supuesta institutriz estadounidense que cuidaba a sus hijos. Todo eso y otros muchos gastos personales más había solventado Romina Picolotti con el presupuesto oficial de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Picolotti había llegado a la función pública de la mano del presidente Néstor Kirchner, como prueba viviente de su declamado deseo de renovar la política con rostros frescos.

Pero la investigación que publicó el periodista Claudio Savoia en el diario Clarín, en julio de 2007, era contundente. Detalló irregularidades que terminaron por costarle el cargo a Picolotti, la llevaron a la Justicia y, al cierre de este libro, la dejaron a las puertas de un juicio oral.

Savoia reveló los polémicos gastos personales por cientos de miles de pesos que la funcionaria extrajo de las arcas públicas, y también expuso la contratación de familiares y cientos de empleados —⁠que se sumaban a los 400 ya en planta⁠—, la compra de muebles y computadoras, los supuestos desvíos de fondos y mucho más.

«Llegó al poder hace un año, con el viento fresco que, se esperaba, los militantes de las organizaciones civiles venían a aportarles a las marchitas prácticas de la vieja política», martilló Savoia. «Premiada en Europa por su trabajo en la defensa de los derechos humanos y el ambiente, vestida con largas polleras y eternas zapatillas, la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti, era la contrafigura exacta de su antecesora María Julia Alsogaray. O parecía».

En efecto, parecía.

Picolotti nombró a su hermano, Juan, como su jefe de Gabinete.

A la novia de Juan, como su asesora.

Al hermano de la novia de Juan, como director de Recursos Humanos de la Secretaría.

A la mujer del hermano de la novia de Juan, como responsable de un área del Programa Integral del Riachuelo.

Y, a través de la Fundación ArgenINTA —un atajo usual en la administración pública⁠—, también a varios amigos de la infancia de Juan, que se instaló en el quinto piso de las torres Le Parc, en Palermo, según la revista Noticias, con fiestas que le granjearon el odio de sus vecinos, hasta que el dueño del departamento le rescindió el contrato.

«Todo es claro como el agua: no estoy robando», se defendió indignada la funcionaria.

Abogada, de 35 años, casada y con dos hijos, Picolotti había sido antes la representante del gobierno de Entre Ríos en el juicio que se sustanció ante la Corte Internacional de La Haya por la polémica instalación de dos papeleras en las orillas del río Uruguay, frente a la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.

Picolotti tenía otro activo valioso para Kirchner: patrocinaba a los vecinos de esa ciudad entrerriana ante el Banco Mundial, al que le reclamaba que no financiara la construcción de esas plantas, y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y venía de recibir un premio de la Fundación Sophie, de Noruega, por su lucha en temas ambientales y de derechos humanos. Se lo habían otorgado, para ser precisos, por un estudio dedicado a las pasteras.

Con el correr de las semanas, la joven funcionaria tejió buenos vínculos con los Kirchner y con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, mientras defendía todas las propuestas del Gobierno sobre las papeleras, incluso algunas que le costaron cuestionamientos de los asambleístas, con los que sin embargo intentaba mantener un canal de diálogo.

Eso implicaba que, a veces, Picolotti afrontara como funcionaria desafíos más propios de una malabarista que de una ambientalista.

—El ministro de Medio Ambiente uruguayo dijo que los cortes son irracionales e ilegales. ¿Coincide? —⁠le preguntó un periodista de Clarín, en octubre de 2006.

—No coincido en que son irracionales. La asamblea actuó de manera democrática y tiene razones suficientes para convocarse. Pero una cosa es la movilización social y otra el corte como modalidad, que hoy es funcional a Botnia, no al Estado argentino.

—¿Son ilegales?

—Preferiría no responder.

Picolotti no la tuvo fácil dentro mismo del Gobierno, donde el canciller Héctor Timerman se movía con una agenda muy distinta a la suya, bajo órdenes directas de la Presidenta, como cuando intimó a Uruguay a aceptar sus exigencias bajo la amenaza de llevar la discusión a la Corte de La Haya.

«¿Ultimátum?», lo cruzó a Timerman el presidente uruguayo José «Pepe» Mujica. «El único que da ultimátums es Dios».

La cuestión ambiental sobre el río Uruguay se complicó aún más cuando el expresidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Enrique Martínez, admitió que la Cancillería le había ordenado ocultar ciertos estudios ambientales que favorecían a Uruguay.

«Tomamos valores aguas arriba, a la altura de UPM y aguas abajo, y no había diferencias sensibles. No se demostraba que la pastera contaminara. Publicamos los datos en internet, pero la Cancillería argentina nos pidió que los sacáramos cuando comenzó el conflicto en La Haya, y así dejamos de trabajar», explicó Martínez, para regodeo uruguayo.

«Argentina ordenó ocultar doce informes que favorecían a UPM», anunció El País de Montevideo, que luego detalló que «fue una decisión política, reveló un exjerarca del INTI».

Picolotti, sin embargo, intentó extender su labor más allá de las pasteras y los ambientalistas, a los que se sabría luego que habían infiltrado los espías de la ex SIDE, liderados por Fernando Pocino.

Durante su gestión, Picolotti también multó a Papel Prensa por $ 10 millones por la supuesta contaminación del río Baradero, clausuró una planta de Shell —⁠cuando esa petrolera mantenía una agria disputa con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno⁠— y defendió con entusiasmo, incluso en el Congreso, la política agropecuaria del Gobierno durante el conflicto con el campo por las retenciones.

De aquel contrapunto político, empresarial y social, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente salió magullada. Llovieron sobre ella denuncias por una serie de incendios ocurridos en el Delta y por su presunta inacción cuando en septiembre de 2008 se quemaron más de 40 000 hectáreas en el Valle de Punilla, Córdoba.

Pero eso ocurrió cuando ya venía cuesta abajo en la rodada.

Porque antes, cuando Savoia expuso las primeras irregularidades de Picolotti, Alberto Fernández convocó a una conferencia de prensa que, en rigor, no fue tal porque no aceptó preguntas de los periodistas, del mismo modo que tampoco las aceptaría el vicepresidente Amado Boudou tras el estallido del Caso Ciccone.

Fernández solo ofreció su versión de los hechos y defendió a Picolotti, sentada a su derecha.

«Cuando llegamos, recibimos una Secretaría que era ajena a los problemas nuevos», contextualizó el jefe de Gabinete. «Para poder hacernos cargo de las papeleras, de la limpieza del Riachuelo y del control de la actividad minera era imposible desarrollarlo con el cuadro de agentes que había», argumentó.

Ocho años después de aquella conferencia de prensa, Picolotti reafirmó ante este autor aquellas falencias que mostraba la Secretaría cuando se sumó al Gobierno.

«Cuando yo asumí la Secretaría de Ambiente a mediados del 2006 la unidad de control de industrias era una oficina de 2 metros por 2 metros con computadoras viejas y sin ningún vehículo para inspeccionar las industrias. La Auditoría General de la Nación se había expresado en diferentes oportunidades sobre la incapacidad institucional del organismo», rememoró. «En el primer año de gestión promovimos la creación de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente. Contratamos nuevo personal, se sumaron equipos técnicos, laboratorios y se capacitó y se fortaleció el control ambiental. Como resultado, ese año, la Secretaría quintuplicó las inspecciones».

Ante la prensa, sin embargo, Alberto Fernández también descalificó repetidas veces a Savoia, aunque no desmintió el núcleo de su investigación, y acusó de las filtraciones a un exfuncionario desplazado de la Secretaría, Bruno Carpinetti.

«Se copió una carpeta que estaba dando vueltas, que no era más que una operación política para lastimar a una funcionaria del Gobierno», dijo Fernández, que de remate mostró el rostro del periodista en una presentación de Power Point en una pantalla gigante.

La táctica seguida por el jefe de Gabinete no era más que otro capítulo en la tradición oficialista de cargar contra el periodista —⁠lo calificó de «pseudoperiodista», «pseudoinvestigador» y «autor de imbecilidades»⁠— y contra el medio de comunicación que habían incomodado a la Casa Rosada.

«Habría que preguntarse a qué intereses responde el diario que publica tan graciosamente estas cosas», deslizó, sin aportar mayores precisiones.

A su lado, Picolotti permaneció muda.

Por lo bajo atribuyó las revelaciones de Clarín a «una campaña de desprestigio muy grande» por sus avances sobre Papel Prensa, tal como contó en 2011 al diario Tiempo Argentino.

«En 2006, nosotros inspeccionamos la planta de San Pedro y vimos varias irregularidades: desde tecnología obsoleta hasta la contaminación del río Baradero por los efluentes vertidos directamente al curso de agua, ya que estos excedían los parámetros normales e hicimos la denuncia correspondiente y pusimos multas».

Junto a Fernández se encargaron luego de esparcir otras sospechas, que apuntaban a rivales dentro del Gobierno. Adjudicaron las filtraciones a una jugada del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, que venía de capa caída por las novedades del «caso Skanska», que por entonces embellecían las portadas de los diarios cada día.

De ser cierto, el marcador iba 2 a 1, con goles en contra para el equipo de Alberto por parte de sus jugadoras Picolotti y Felisa Miceli (y la bolsa con dinero en su baño personal del Ministerio de Economía), frente al gol en contra de los suecos en el arco de De Vido.

De ser ciertas esas cuchilladas arteras, además, al arquitecto tampoco le quedaba mucho tiempo para celebrar: faltaba menos de un mes para que llegara el empate 2 a 2, con el arribo a Buenos Aires desde Venezuela de una valija repleta de dinero de la mano de Claudio Uberti y Guido Alejandro Antonini Wilson.

Acaso como una peculiar forma de mostrarse ecuánime, la Justicia inició ambas investigaciones, sobre Picolotti y sobre «el maletinazo» —⁠como lo llamaron los venezolanos⁠—, con apenas horas de diferencia.

La jueza federal María Romilda Servini de Cubría y el fiscal federal Guillermo Marijuán tomaron la pesquisa contra Picolotti tras acumular las cuatro denuncias penales en su contra que se habían radicado en los tribunales de Comodoro Py.

Con parsimonia, las novedades tardaron en llegar, pero se desencadenaron desde el momento en que Picolotti, que parecía blindada, comenzó a ceder terreno en el Gobierno.

Porque aunque Savoia publicó su investigación en 2007, el declive de Picolotti se agudizó en julio de 2008, cuando su principal sostén dentro de la Casa Rosada, Alberto Fernández, renunció a la Jefatura de Gabinete y lo reemplazó Sergio Massa. Y terminó de tomar forma cuando la ambientalista impulsó un proyecto de ley para la protección de glaciares que prohibía la explotación minera en zonas cercanas a esas formaciones de hielo y en todas las provincias cordilleranas.

Y sonaron las alarmas en la Barrick Gold.

Aprobada por unanimidad en noviembre de ese año, ese proyecto forzó a Cristina Fernández de Kirchner a estampar su primer veto como Presidenta. Consideró «excesivo» la prohibición legal.

—¿Sabés por qué Cristina vetó la Ley de Glaciares? —⁠recuerda el periodista, escritor y entonces diputado nacional Miguel Bonasso, que le contó Picolotti durante un almuerzo, dos días después de ese veto⁠—. Porque Gioja le canjeó el veto por el apoyo de sus diputados y senadores a la ley de nacionalización de las AFJP.

Bonasso dice que intuyó una jugada gatopardista y rechazó la propuesta de Picolotti para buscar una salida intermedia, mediante un foro con los gobernadores cordilleranos.

—Ni disfrazado de gaucho —replicó.

—¿Y qué pensás hacer?

—Yo soy jacobino, ya sabés. Voy a pelear a muerte en contra de esta mierda del veto. Y te aconsejo que hagas lo mismo o te vas a ir sin pena ni gloria de esta Secretaría. Caé luchando, no les des el gusto de que te rajen con cualquier acusación —⁠le sugirió el entonces diputado nacional, que lo plasmó en su libro El Mal. El Modelo K y la Barrick Gold.

La Barrick no solo consiguió el veto presidencial, tras una reunión que su polémico CEO mundial, Peter Munk, mantuvo con la Presidenta, sino que también logró que el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, firmara un acuerdo secreto para otorgarle a su empresa ventajas impositivas excepcionales, por encima de las ya vigentes en el régimen de estabilidad fiscal del sector minero.

Fue un acuerdo tan secreto como incómodo, con visos suficientes de ilegalidad —⁠y de criminalidad⁠— que dos subsecretarios consecutivos de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, Mario Presa y Cristian Modolo, presentaron sus renuncias.

En rigor, ese acuerdo no fue el último con el que el kirchnerismo jugó a las escondidas. Basta con recordar los detalles que aún se ignoran de los acuerdos bilaterales con Rusia o China, o los documentos que la «nueva» YPF firmó con Chevron y que la petrolera argentina se niega a mostrar a la prensa o la Justicia.

Picolotti se sentía entonces cada vez más sola, fuera del sistema, acorralada y amenazada, con llamados a su celular en que le detallaban las actividades de sus chicos. Desde la Casa Rosada le enviaron a un grupo de agentes de la ex SIDE, pero nunca llegaron demasiado lejos.

«Yo y el personal a mi cargo fuimos amenazados después de nuestra intervención. Mis hijos fueron amenazados», relataría Picolotti, tras renunciar, a la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes de Canadá. «Mi oficina fue intervenida. Mi personal fue comprado y los funcionarios públicos se convirtieron en asalariados de Barrick Gold», les contó a los legisladores por videoconferencia.

«Me vi obligada a dimitir debido a presiones insuperables de empresas como Barrick Gold, que en última instancia se salen con la suya cuando nuestras instituciones no logran controlar su desempeño y cumplimiento», se lamentó Picolotti.

De inmediato, desde Barrick salieron a contestarle. «Es un día triste, escuchar ante una comisión de nuestro Parlamento esas denuncias falsas y perjudiciales», dijo uno de sus voceros en Canadá, Vincent Borg. «Si hay algo de cierto en eso, supongo que habría informado de esas tonterías para que sean investigadas por las autoridades policiales en la Argentina. Para mí, este no ha sido el caso. Deberían haber sido investigadas. Era su responsabilidad de llevar esto a la Justicia, si de hecho este tipo de cosas se habrían producido».

Pero cuando aún era funcionaria, su falta de peso específico dentro del Gobierno al final de su gestión era palpable.

«Le faltó picardía y encima destrataba mucho a los políticos, por lo que muy rápido se quedó sin red», contó a este autor un antiguo colaborador de Picolotti en la Secretaría.

Esa soledad política quedó expuesta, por ejemplo, cuando el Congreso votó la Ley de Bosques, que se promulgó de hecho a mediados de diciembre de 2007, pero debió esperar catorce meses para ser reglamentada, a pesar de que la propia ley imponía que debía reglamentarse en 90 días.

Solo vio la luz en febrero de 2009.

¿Por qué?

Porque a la Casa Rosada no le interesaba. Por el contrario, complicaba ciertos intereses, por lo que solo difundió su reglamentación para que sirviera de respuesta o paliativo oficial ante el alud de Tartagal que provocó 3 muertos y arrasó cientos de viviendas.

Tartagal, otra tragedia anunciada.

Si en 2006 ingenieros de la Universidad Nacional de Salta completaron un informe tras la primera gran inundación, en el que alertaron sobre la inminencia de nuevas catástrofes. Titulado «Diagnóstico y evaluación de la cuenca del río Tartagal y área de influencia», Claudio Cabral y Gloria Plaza detallaron que en la cuenca alta «la cobertura vegetal ha sido alterada y modificada», lo que favorecía la erosión. «La vulnerabilidad de la cuenca del río Tartagal a nuevos eventos catastróficos es altamente probable que se repita», concluyeron.

La Municipalidad de Tartagal recibió una copia del estudio.

Y allí quedó.

El problema en Tartagal es que las promesas oficiales se mezclaron con los picotazos de los carroñeros, como contaría luego Sergio Schoklender, ya caído en desgracia y con su programa «Sueños Compartidos» convertido en un lastre.

«Yo había llegado a Tartagal después del alud y en el medio del barro y la inundación estaban todos los funcionarios pidiendo coimas para bajarle al intendente bolsas de comida», contó el otrora ladero de Hebe de Bonafini a la revista Noticias en septiembre de 2011.

Por supuesto, el jefe comunal, Sergio Leavy, salió de inmediato a despegarse de las afirmaciones de Schoklender. Pero el intendente tampoco era una garantía, dadas las manchas en su legajo por desvíos de cheques, facturas truchas y hasta denuncias por el saqueo de los trenes con la mercadería que llegaba desde Buenos Aires para las víctimas.

Piñata en plena tragedia.

Pero ni con Tartagal hundido en la tragedia se logró que el Gobierno aplicara la ley. Porque cuando la sociedad dejó de mirar hacia allí, en marzo de 2010, el jefe de Gabinete Aníbal Fernández reasignó $ 144 millones del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos al programa Fútbol Para Todos.

Una simple cuestión de prioridades, antes, durante y después del paso de Picolotti por Medio Ambiente.

¿Bosques nativos o fútbol como herramienta política?

¡Fútbol Para Todos!

Picolotti lo cuenta con sus propias palabras en una entrevista que concedió a la revista Turba: «Cuando salí del gobierno, Cristina decidió poner a (Homero) Bibiloni, un abogado de empresas contaminantes. Y le sacaron toda la capacidad real de gestión. Le eliminaron el manejo presupuestario. Nosotros habíamos creado un programa de municipios sustentables, que son quienes están en la trinchera con basura, cloacas, desagües pluviales, todos temas de jurisdicción municipal, y todo ese dinero fue para Fútbol Para Todos. Y así poco a poco se fue de nuevo desmantelando la Secretaría de Ambiente».

Otras muestras de esa escala oficial de prioridades se evidenciaron en el (no) saneamiento del Riachuelo, el conflicto con Uruguay y el relevamiento de la fundación Bicentenario, que determinó que de los 225 proyectos de ley que el Ejecutivo envió al Congreso entre 2003 y 2006 —⁠es decir, en la etapa previa a Picolotti⁠—, solo 7 correspondieron a temas ambientales. Pero apenas 2 de esas 7 fueron iniciativas reales en el área de recursos naturales. Los otros 5 fueron meros mensajes con pedidos de ratificación de tratados internacionales suscriptos por la Argentina durante gobiernos anteriores.

Una prédica similar continuó con Picolotti, quien debió presentarle su renuncia a Massa en diciembre de 2008, mientras que desde el propio Gobierno le endilgaban «ineficiencia» para gestionar.

Transcurridos once meses del año, ejemplificaban, su Secretaría apenas había ejecutado el 40 % de su presupuesto anual.

Para la flamante exfuncionaria, su balance fue agridulce.

Dos de los ejes que más energías le consumieron como secretaria de Estado fueron, primero, las pasteras del río Uruguay, tema sobre el que protagonizó enfrentamientos por Botnia con integrantes de la Asamblea de Gualeguaychú, aunque logró mantener su relación con ellos, incluso justificando el bloqueo del puente internacional. Y segundo, la cuenca Matanza-Riachuelo, donde participó de la creación de Acumar, un organismo público que agrupa a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño para articular, desde 2006, políticas ambientales en la región.

También en Acumar acumuló críticas por su escasa capacidad de gestión. Con $ 16 millones de presupuesto, hasta el 30 de septiembre del año en que se marchó Picolotti había utilizado el 1,3 %. A su lado explicaron que hasta el 24 de agosto, el Ministerio de Planificación había retenido el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero que desde entonces se logró acelerar su ejecución. De hecho, solo se había ejecutado el 0,1 % hasta el 31 de agosto.

Pero el problema, también en Acumar, no fue solo presupuestario.

Según habían alertado el entonces defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, y las ONG que trabajaban para el saneamiento del Riachuelo, los responsables de Acumar incumplieron con las órdenes de la Corte Suprema de Justicia, por lo que reclamaron que se aplicara la multa prevista por el propio tribunal a Picolotti.

¿Qué debió cumplir pero incumplió?

No realizó las inspecciones ordenadas por la Justicia, no controló la calidad del aire y no cumplió con la obligación de crear un sistema de información pública. Tampoco convocó a todos los actores para medir la calidad del agua, ni inspeccionó todas las empresas ubicadas sobre el Riachuelo, ya que en su informe solo aportó detalles sobre un relevamiento de 3700 firmas que vertían efluentes líquidos.

Para la exfuncionaria, y a la luz de su experiencia y los años transcurridos, lo ocurrido en el Riachuelo es más complejo que eso, según le comentó a este autor a fines de junio de 2015: «Sé que decisiones que tomé en la Secretaría de Ambiente molestaron a algunos sectores pero realmente es imposible avanzar seriamente en política ambiental sin un estricto control de las industrias y sin modificar el statu quo. La contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo es el resultado de la indiferencia y desidia de todos los estamentos de poder con jurisdicción sobre ese territorio. Es una violación permanente de los derechos humanos de quienes la habitan».

Ya fuera de la función pública, Picolotti comprobó además lo que significa la pérdida de poder, ya sea propio o prestado.

Ese mismo mes de diciembre de 2008, la Justicia ordenó allanar la Secretaría de Ambiente de la ciudad de Córdoba por sospechas de desvíos de fondos nacionales durante la intendencia de Luis Juez.

Once meses después, en noviembre de 2009, Servini citó a indagatoria a Picolotti y a Juez, por entonces senador.

Por escrito, la exfuncionaria se defendió varias veces de las acusaciones. En marzo de 2011, por ejemplo, admitió que había nombrado a su hermano Juan en la Secretaría, pero argumentó que se trataba de un funcionario «idóneo» y que contaba con antecedentes académicos más que suficientes para ocupar ese cargo público, dados su desempeño previo como docente universitario y sus estudios de posgrado en el exterior.

Picolotti también enumeró los antecedentes de sus principales colaboradores, aunque se le cuestionaba haber nombrado cientos. Dijo que eran necesarios para desarrollar las tareas de control ambiental que hasta ese momento no se habían hecho. Durante su gestión, ejemplificó, se completaron 8000 inspecciones y se dispusieron 120 clausuras. Y afirmó que fue necesario contratar a parte de ese personal para trabajar de manera exclusiva sobre la cuenca del Riachuelo-Matanza.

Para Servini de Cubría, sin embargo, sus explicaciones resultaron insuficientes. Y en agosto de 2014, siete años después de publicados los artículos periodísticos de Savoia en el diario Clarín, la procesó por presunta «administración fraudulenta».

«Dos comprobantes que son el fiel reflejo de que cualquier gasto era solventado a través de la caja chica, son los agregados a fs. 42 y fs. 52 de la caja 38», ejemplificó la jueza en su resolución de 120 fojas. «El primero de ellos corresponde a la compra de productos “Rabollini” realizada el 2/3/07 en el local Pigmento. Dicho comprobante posee inscripta en lápiz en su parte superior “regalo Flor y Sofi cumpleaños”; y el segundo de ellos corresponde a los consumos realizados la noche del 8/3/07 en el local “Hooters”, conocido por ser atendido por señoritas de medidas generosas y sueltas de ropa, siendo que este comprobante posee escrito en su parte superior “Muchas Gracias!!!!” con signos de exclamación, a modo de cómplice agradecimiento por parte de quien concurrió al local e hizo los consumos con dinero público».

Además de procesarla, la jueza también ordenó embargarla por $ 450 000, monto que estimó que, de resultar condenada, podría compensar sus gastos por «caja chica», que también incluyeron compras de platos de quesos y fiambres, tragos como gin tonic y vino, papel higiénico y hasta pañuelitos descartables.

Más también: desde viajes de su familia en avión, de Córdoba a Buenos Aires, a costa de la Secretaría y bajo el rubro «desarraigo», hasta pilas Duracell, barritas de cereal, Tafirol e Ibupirac.

«Me pregunto sobre el motivo funcional que justificó la compra de una piedra aromatizada», planteó Servini al fundamentar el procesamiento de Picolotti, «o la consumición de crostinis de salmón, ensalada mediterránea y jugos efectuada en “The Coffee Store”».

«O la compra del libro El Príncipe efectuada el 21/2/07 en “Ateneo Florida”», abundó la jueza. «O la compra de galletitas frutigram hecha en el Supermercado Norte de Av. Santa Fe al 3300 el 14/2/07 (conf. fs. 370 de caja 46), lugar donde también se registra la compra de caramelos realizada en el día sábado 17/2/07 (conf. fs. 365 de caja 46); y la compra de caramelos, sopa knorr, alfajor y tostadas hecha el 26/4/07 (conf. fs. 669 de caja 47), de sopa quik, caramelos, galletitas y mermelada hecha el 19/4/07 (conf. fs. 638 de caja 47), galletitas y caramelos el 11/5/07 (conf. fs. 119 de caja 34); y los caramelos comprados en dicho Supermercado el 28/5/07», abundó la jueza en su resolución, en la que dedicó fojas y más fojas a detallar los gastos de la exfuncionaria.

Esas compras, concluyó Servini cuando orillaba ya las 100 fojas de gastos en otra suerte de piñata, «permiten demostrar el total desapego al cumplimiento de las normas contenedoras del gasto público, y acreditan la utilización del dinero asignado presupuestariamente a la Secretaría de Ambiente para fines personales de la por entonces titular de dicha dependencia y de los funcionarios cercanos a ella, no debiendo pasar inadvertido que todos los comprobantes de gastos llevaban su rúbrica».

Su otrora jefe, Alberto Fernández, salió otra vez en defensa de la exfuncionaria, aunque ya no con la misma fuerza que antes. «Picolotti había intimado a Papel Prensa a hacer una inversión cuantiosa en una planta de tratamiento para terminar con la contaminación de las napas del río», reiteró el exjefe de Gabinete, que insistió con que las notas de Clarín no eran más que «un castigo». Pero esta vez morigeró sus dardos sobre Savoia. «Visto a la distancia, creo que el periodista de Clarín alguna razón tuvo, por lo cual le pido disculpas si fui destemplado».

Apenas cuatro meses después, en diciembre de 2014, la sala II de la Cámara Federal porteña confirmó su procesamiento, tras descartar sus argumentos defensivos, que pretendían mostrar a Picolotti como ajena a cualquier irregularidad provocada, según su abogado, por supuestas fallas a la hora de controlar a sus colaboradores.

Es decir, no fui yo; fueron ellos.

Según los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, «fracasa (ese argumento defensivo) a poco que se repare en que los gastos ajenos a la función y solventados con fondos públicos, por los que fue procesada, habrían sido realizados y/o usufructuados por ella misma, sus colaboradores más próximos o miembros de su familia».

En esa línea, la Cámara apuntó los «más de 260 pasajes aéreos emitidos a su favor o de personas de su entorno inmediato, sufragados con fondos de la Secretaría de Estado de la que era titular cuando en ningún caso correspondían por desarraigo u otro motivo legal».

Para Picolotti, los fallos judiciales no son más que la expresión visible de una realidad subterránea más grave, como planteó en la entrevista que concedió a la revista Turba ese mes de diciembre.

—¿Y las evidencias que la jueza pudo tomar para procesarte? —⁠le plantearon los periodistas Javier Borelli y Juan O’Farrell.

—Eso es una construcción mediática y jurídica para un libro. Yo lo estoy documentando, y quizás en un momento tenga la oportunidad de contar la verdadera historia, que es increíble. En primer lugar, aduciéndome firmas que no he realizado, gastos que no he autorizado ni he realizado, ni me han beneficiado. Una violación a mi derecho de defensa que fue impresionante. Tampoco me sorprende del Poder Judicial de la Argentina, el federal sobre todo, que ha sido y es cómplice de situaciones de violación de derechos. Nosotros llevamos años con muchos casos para pedir medidas cautelares para la gente y no lo logramos, ¡medidas cautelares para que les lleven agua! Y, sin embargo, Barrick logró la inconstitucionalidad de la ley de glaciares con efecto suspensivo en 23 horas a través de un juez federal de San Juan.

—¿Qué explicaciones le encontrás a esta operación en tu contra?

—Creo que, en un momento, representé una lucha en determinados temas, y es mejor destruirme que dejarme seguir trabajando. Y creen que con esto me pueden destruir.

—¿Estás hablando de la Ley de Glaciares y temas de minería?

—Sí, estoy hablando de glaciares y de minería.

Es decir, que para Picolotti se trata de una devolución de gentilezas por meterse con el sistema.

Picolotti hizo más que exponer su visión ante la prensa. Recurrió su procesamiento ante la Cámara de Casación, la máxima instancia penal del país, solo por debajo de la Corte Suprema. Pero cosechó un nuevo revés, ya que los integrantes de la Sala IV rechazaron su recurso de queja en mayo de 2015 y la dejaron un paso más cerca de afrontar un juicio oral por el delito de presunta administración fraudulenta agravada.

Alejada de la función pública, Picolotti también planteó ante los medios que los artículos de Clarín habían sido la respuesta de ese grupo a su intimación, en marzo de 2007, para que detuviera el vertido de contaminantes de Papel Prensa en un afluente del río Paraná en un plazo máximo de 180 días.

Y como dos años antes había planteado Felisa Miceli —⁠«no tuve una estructura de poder propia y muchos otros ministros sí la han tenido, y aquí lo estoy pagando»⁠—, la exsecretaria de Medio Ambiente ofreció su versión sobre los motivos por los que consideró que la Justicia sí avanza contra ella, pero no muestra la misma eficacia o agilidad frente a otros funcionarios. Cuestión de pertenecer, o no, a «la pingüinera», entre otras posibles explicaciones.

«La verdadera corrupción en este gobierno está en otro lado», declaró al programa cordobés Aquí Petete, poco después del fallo de la Cámara Federal, y aprovechó para calificar como «una locura» que le enrostraran pagar con fondos públicos una «institutriz americana» para sus hijos cuando en realidad era una «colaboradora» en la Secretaría, Ana María Klaymayer.

¿O acaso se trataba de una confusión y, en realidad, se hablaba de dos personas distintas? ¿Una, la experta norteamericana; la otra, una muchacha que apenas cuidaba a sus chicos, pero con salario público, como cuentan a este autor dos excolaboradores de Picolotti?

Para Picolotti es todo una perversa confusión o una persecución.

«Si fuese una cuestión jurídica tendría que salir sobreseída mañana, pero se están juzgando cosas que no tienen nada que ver con los hechos», adujo en aquella conversación telefónica con la radio cordobesa. «La verdadera corrupción en este gobierno está en otro lado y me parece bien que la justicia avance en los casos de corrupción».

«Yo estoy tranquila, porque sé que ni un minuto que estuve en la Secretaría de Ambiente lo usé para estafar al Estado», afirmó. «Se quiere construir una realidad que no es así», como por ejemplo, dijo, los vuelos privados con su familia, que jura nunca ocurrieron.

—¿Le molesta a usted que la emparenten, por ejemplo, con la situación de Amado Boudou o Ricardo Jaime?

—Sí, por supuesto que me molesta. Este… porque yo no vengo de ese mismo palo, como dicen. Me parece una gran injusticia. Ojalá que la Justicia avance de verdad y separe la paja del trigo.

Picolotti sostiene que sus males judiciales se deben a que afectó algunos intereses poderosos, ya fueran empresariales, políticos o incluso judiciales, como cuando denunció la supuesta complicidad de la Corte Suprema con la contaminación ambiental y la corrupción.

«Yo soy inocente, no cometí crimen alguno durante mi gestión en la Secretaría», dijo a este autor. «He mantenido una conducta ética toda mi vida y siempre he trabajado en pos de la protección del planeta. Espero realmente que se haga Justicia».

A fines de junio de 2015, el fiscal federal Guillermo Marijuán pidió que se eleve el expediente a un tribunal, para que comience el juicio oral[17].

Q / Qom

Martes 23 de noviembre de 2010. Laguna Blanca, Formosa.

A nada de la frontera con Paraguay, a 3 horas en auto de la capital provincial, a 1341 kilómetros del Obelisco.

—Si querés seguir con vida, salí de la ruta —⁠le advirtió el comisario de la policía provincial a cargo del operativo, que por órdenes del gobernador formoseño Gildo Insfrán buscaba terminar con el corte de la ruta nacional 86.

—¿Tiene la orden judicial para el desalojo? —⁠le preguntó Félix Díaz, referente de los 200 hombres, mujeres y chiquitos Qom que protestaban por el inicio de las obras de un «instituto universitario» en tierras de la comunidad «La Primavera».

—Mirá, vengo a cumplir órdenes y no me vas a detener, indio de mierda —⁠fue la respuesta del comisario, que desenfundó su arma y comenzó a cargarla, furioso⁠—. ¡A este indio hay que matarlo!

Y ahí empezó el caos, favorecido porque los efectivos de la Gendarmería nacional eran inhallables, los medios de comunicación nacional soslayaban la protesta y la Casa Rosada jugaba a pleno para Insfrán, uno de sus grandes aliados desde que Néstor Kirchner tomó las riendas del poder en mayo de 2003.

¿El saldo?

Dos muertos —un aborigen, Roberto López, y un policía, Eber Falcón⁠—; varios heridos, muchos detenidos.

¿Zona liberada?

La versión oficial desde el gobierno de Insfrán osciló entre el silencio, las acusaciones a los Qom —⁠que llevaban seis meses reclamando en la ruta 86 sin obtener respuestas⁠—, y la versión de su ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge González, que negó hasta la represión policial.

Falso.

Casi ocho meses después, un policía filtró un video de casi 42 minutos que reflejó cómo fue el operativo. Muestra cómo la policía rodeó a los que cortaban la ruta y cómo empezó el desalojo, con un par de caballos incluidos, mientras se escuchan los primeros disparos, gritos y algún llanto, antes de que otros efectivos despejaran de troncos y ramas el camino.

«¡Ambulancia! ¡Ambulancia!», se escucha después, mientras en primer plano corren unos policías llevando, esposado pero intacto, a un Qom. Porque los gritos venían de lejos, hacia donde avanza el camarógrafo policial, que pasa junto a un árbol mientras otro policía le exhibe un rifle que, da a entender, acaba de decomisar.

Entonces el video muestra cómo pasan dos ambulancias, el cuerpo de un policía que podría ser Falcón acostado en medio de la ruta, y alguien que dice «del monte están tirando», mientras que varios efectivos se guarecen detrás de las ambulancias.

El video sigue y muestra una choza que se incendia para, a los 32 minutos, mostrar el cuerpo de un hombre que yace boca arriba en un pastizal, ¿López?, mientras se escucha una voz que dice: «Ahí tenés que tirar la escopeta», las imágenes que siguen por unos segundos más, un comentario —⁠«puto»⁠—, y la filmación que se interrumpe y recomienza, pero ahora, por arte de magia, con un rifle junto al cuerpo.

Es el mismo rifle que antes había exhibido el policía, junto al árbol.

Minutos después, el video cierra con un paneo de los cuchillos, machetes, hachas y palas requisados durante el operativo, al igual que dos escopetas, mientras muestra también cuatro escudos policiales rotos, y en el pasto un chaleco antibalas y una gorra policial.

Pero aquí no pasó nada.

O, si pasó, fue un ataque de los Qom contra la policía.

Esa es la versión oficial.

Y el mismo ministro formoseño que negó la represión es el mismo que luego anunció que Félix Díaz sería llamado a declarar por la Justicia provincial por sus críticas al gobierno de Insfrán. Y anuncia que también deberá declarar el abogado de la Fundación Mandela, Juan Eduardo Davis. ¿Por qué? Porque Davis denunció el racismo y la existencia de grupos paraestatales en una nota periodística.

Así que el ministro González le ordenó al procurador provincial, no que investigue si operan grupos paraestatales en Formosa, sino que lo enjuicie a Davis.

¿Y los Qom? ¿Qué pedían?

«La historia de las tierras que aún reclaman los Qom de La Primavera puede rastrearse muy lejos, pero basta con empezar en 1940: ese año el Gobierno nacional estableció, por decreto, la asignación de 5187 hectáreas que abarca esteros, lagunas y montes para la comunidad como reserva indígena», explica la exdiputada nacional por el radicalismo K, Silvia Vázquez, en su libro De los K a los Qom.

El problema es que luego Formosa colocó esas tierras a nombre de una asociación civil, y la comunidad, donde la inmensa mayoría es analfabeta y ni siquiera habla el castellano, ignoraba cómo gestionarla.

Para 2006, completa Vázquez, «el gobierno provincial (de Insfrán) consideró que la asociación civil había perdido sus derechos y el territorio de La Primavera pasó a quedar en manos del Estado. Comenzó entonces la etapa de mayor hostigamiento, persecución y, por supuesto, ocupación de su tierra».

Perseguidos en Formosa, ninguneados en Chaco, dos de las provincias con peores índices sociales de la Argentina, los Qom decidieron llevar sus reclamos hasta la porteña avenida 9 de Julio, con la esperanza de que al fin alguien con más poder que Insfrán les devolviera sus tierras y los protegiera de la represión.

Querían además que el resto de los argentinos supiera que viven en la tierra con más mortalidad infantil, más pobreza y menos viviendas (ni hablar de que sean dignas), que carecen de agua potable o electricidad, que sus chicos mueren de hambre, que sobrellevan una altísima deserción escolar y desempleo estructural, que los azotan el alcohol y otras adicciones, que el 90 % de sus adultos padecen el mal de Chagas y que los persiguen los «criollos», como llaman a sus vecinos que no pertenecen a las etnias aborígenes.

Querían que alguien les diera respuestas.

Sus resultados fueron magros.

No podía ser de otro modo.

Porque no integran el sistema, ni el antisistema.

Están afuera.

Porque esa fue la orden que bajó de la Casa Rosada, como detallaría en 2014 el exdiputado nacional por el Frente para la Victoria y expresidente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Claudio Morgado.

Recién llegado al Inadi en 2009, Morgado comenzó a revisar las denuncias que se acumulaban en el organismo. «Me encontré con una que hacía tiempo que estaba cajoneada, llevaba dos años guardada, la realizaba la comunidad La Primavera de la provincia de Formosa, a través de Félix Díaz, por discriminación», revelaría cinco años después durante una excelente entrevista que concedió a la revista Furias.

«Decidí viajar a Formosa para interiorizarme de los hechos, antes de ir a la ONU, en el verano de 2010. Allí me encontré con que la Gobernación provincial estaba por realizar un emprendimiento con el fin de instalar una universidad sobre las 600 hectáreas que correspondían a la comunidad. En ese momento la situación era compleja ya que los Qom estaban sitiados por policías porque habían sido desalojados de esas tierras, que habían vuelto a ocuparlas; fui con una abogada del Inadi que se especializa sobre los derechos indígenas, y con el delegado regional del Instituto. Me costaba creer lo que estaba pasando».

—¿Por qué te costaba creer lo que estaba pasando? —⁠le preguntó la periodista Susana Salina, de Furias.

—Había estado en Formosa un año antes, con una diputada, para ver todo el tema de discapacidad; fue como una visita guiada, había quedado deslumbrado. Recuerdo que fuimos a una escuela especial, pública, era maravillosa, fascinante como experiencia, única en el país, entonces decís: «A la pucha», qué grandiosa es esta provincia. Pero claro, cuando te salís del mapa oficial, te encuentras con esto: llegué a la comunidad entrada la noche, me reuní con Félix Díaz y toda la gente, había una presencia importante de gendarmes al costado de la ruta 86. Cerca de las tierras de los originarios se organizó como un centro de operaciones, un campamento lleno de uniformados y para llegar a La Primavera tenías que pasar por el cordón policial. Con lo que me encontré al principio, a mi entender, era de una resolución inmediata: hacía dos días que los Qom no comían, no podían salir a cazar, ni a buscar alimentos, ni nada; entonces decidí utilizar plata de la caja chica del Inadi, fuimos hasta Laguna Blanca, compramos fideos, algo de carne y nos pusimos a cocinar, en esas circunstancias conocí a Félix. Mientras preparábamos la comida, charlamos, nos acompañaba una antropóloga, Lorena Cardin, que hacía diez años venía trabajando con la comunidad. Por intermedio de ella, y de toda la documentación que me había facilitado, estaba en tema sobre la situación de Potae Napocna, por lo tanto lo que pude constatar era que se trataba de un territorio reclamado legítimamente por los originarios y que el emprendimiento que querían realizar sobre sus 600 hectáreas era una provocación porque lo podían haber hecho en cualquier otro lado. Obviamente, esto tenía que ver con la familia Celía, que son los criollos vecinos a La Primavera, enfrentados a los Qom y amigos de toda la vida del gobernador.

—¿Tuviste el aval del gobierno nacional para intervenir en Formosa?

—Antes de ir me comuniqué con mi superior, el fallecido Eduardo Luis Duhalde (secretario de Derechos Humanos nacional), le comenté sobre la denuncia de la comunidad y le aclaré que consideraba que la situación era complicada y ameritaba que fuera para allá. Él me dijo: «Andá porque lo que está haciendo Insfrán es terrible». Así que fui con todo el aval de mi jefe. Cuando estaba camino a la provincia, a bordo de una camioneta, recibí un e-mail en mi celular de Aníbal Fernández, que era Jefe de Gabinete de la Nación, que en ese momento tenía mucho poder, porque como la oposición no había aprobado el presupuesto, las partidas eran las mismas que las del año anterior y para actualizarlas dependían de su firma. El correo decía que me debía poner en contacto con el jefe de Gobierno de Formosa, Daniel González, que tenía mucho conocimiento sobre el derecho indígena, pero este señor había cambiado su postura respecto a los pueblos originarios, tuvo un giro negativo que no iba a favorecer para nada a los Qom. Cómo me iba a poner a las órdenes de este muchacho, entonces hice caso omiso a ese e-mail.

—¿Qué sucedió con Félix a partir de que lo conociste?

—Viendo la tremenda falta de recursos que tenían en la comunidad, ni siquiera lo mínimo para la subsistencia diaria, consideré oportuno proponerle a Félix que formara parte del Inadi local, de la delegación de Formosa, su tarea se centraba en la recepción de todas las denuncias relacionadas con los pueblos originarios de la zona, teniendo en cuenta que la provincia es la segunda en el país con un importante porcentaje de población originaria, alrededor del 30 %. Todos están en la misma situación, con poco acceso a lo mínimo en lo que respecta a la alimentación, salud, vivienda, trabajo y educación.

—¿Cómo te enteraste del corte de ruta y de la represión? —⁠le insistió la periodista.

—A partir de la intervención de Félix como miembro del Inadi, se visibilizó la problemática de la comunidad, empezó a aparecer en medios, daba charlas, esta situación incomodaba al gobierno de Formosa, porque interfería con el avance de sus proyectos. Por orden provincial se instaló un obrador de construcción para emplazar el complejo universitario dentro del territorio de La Primavera, esto disgustó a los integrantes Qom, sobre todo porque la ley 26 160 que ellos defendían a rajatabla establece que no se puede desalojar a los ocupantes originarios de sus tierras, por lo tanto las autoridades provinciales estaban infringiendo una ley nacional. Entonces, Félix me llamó y me dijo que esto no daba para más, que hasta acá había llegado y que los miembros de la comunidad estaban analizando otro tipo de acción, otras medidas para detener semejante atropello; me pareció una reacción absolutamente legítima. Le expliqué que el Inadi era un espacio para que él pudiera desarrollar propuestas, plantear temas y acciones políticas concretas para encontrar una solución a sus problemas, al menos así lo concebía yo, le aclaré que nunca le había exigido o impuesto ninguna ideología a favor de nadie. La acción consensuada fue la del corte de la ruta 86, que en julio se hizo efectiva, y la cosa se puso virulenta. Internamente, en el Instituto la situación era complicada porque Félix era un funcionario público nacional que estaba cortando una ruta nacional, pero como en el Inadi estas cosas eran moneda corriente, dado que los distintos referentes de las diversas comunidades que formaban parte del organismo, como gays, lesbianas, transexuales, estaban involucrados permanentemente en protestas, contravenciones o cortes de calles, yo bancaba estas acciones porque considero que forman parte de un derecho libre y ciudadano, así que lo único que sugerí fue que hicieran cortes parciales, que permitiera el paso de ambulancias, camiones, que la protesta no interfiriera con otros tipos de derechos, Félix lo tomó en cuenta. Una vez hecho el corte, antes que se produzca la represión, recibo su llamado y preocupado me comenta que estaba notando un despliegue policial importante, eso me inquietó y empecé a llamar a todos lados, nadie me atendió, inclusive Luis Alem, subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación, a quien personalmente, a través de un pendrive, le acerqué toda la información sobre el caso de La Primavera, pero como Aníbal Fernández lo llamaba, a partir de ahí, se dio vuelta como un panqueque, así que quedé solo, no tenía con quién hablar. Félix me llama cuando se estaba produciendo la represión, escucho por medio del celular los disparos, le pedí que agarrara a toda la gente y se fueran al monte porque los podían matar. Efectivamente, se produjeron las dos muertes, los heridos y todas las complicaciones siguientes. Él pasó dos días oculto en el monte, al día siguiente le pido a un delegado de Misiones y otro de Formosa que se acercaran al lugar para ver la situación, estaban muy asustados y me comentaron que a los Qom les habían quemado las casas, arrasaron con todo, era siniestro.

—Nombraste a Aníbal Fernández, ¿cómo era tu relación con él?

—A partir de la muerte de Kirchner, cambiaron muchas cosas, dentro del Inadi, también. Los enormes espacios de poder que él tenía los fue ocupando quien se metiera. Desde ese momento, todo se hizo más complejo. Desde que asumí en el Instituto, hasta la defunción de Néstor, en octubre de 2010, nunca recibí un cuestionamiento suyo, aún sabiendo que Félix trabajaba en el organismo y que en julio protagonizó el corte de la ruta, eso que estábamos en permanente contacto porque en mayo de ese año había salido la Ley de Matrimonio Igualitario, que tuvo mucha repercusión. Tras su fallecimiento, comenzaron los movimientos extraños: Aníbal Fernández se empoderó de los espacios de poder, justo venció el contrato del que era vicepresidente del Inadi y él hizo lobby para que ese cargo lo ocupara María Rachid, expresidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Transexuales (FALGBT). En diciembre de 2010 la presidenta Cristina firmó el decreto y se concretó la designación, mientras tanto el directorio la ubicó al mismo nivel de decisión que el presidente. La primera medida que tomó como vice fue quitarle el contrato a Félix, que no había vencido, y el celular; así que siguió como funcionario público hasta febrero de 2011. En el Inadi, tenía los días contados. Luego de la represión a los Qom, me sucedió algo muy curioso: me llegó un mensaje de Aníbal Fernández, donde proponía como nuevo delegado de Formosa, en el lugar de Pedro Venica, a William Dardo Carballo, que según él se trataba de una persona muy importante de los derechos humanos y que me iba a ayudar mucho con la causa de La Primavera. Leo el currículum, lo empecé a investigar y resulta que se trataba de un secretario de Gildo Insfrán, inmediatamente lo llamé y le pregunté si él pretendía que como recompensa por la lamentable actuación del gobierno provincial, que provocó las dos muertes, yo nombrara a ese tipo como delegado, que no lo iba a hacer, discutimos; hasta hoy Formosa no tiene delegado. A partir de esta situación, el exjefe de Gabinete me hizo la cruz.

Lo que acaso Morgado ignoraba —u optó por guardarse⁠— es que el velo protector al gobierno formoseño lo extendió la Presidenta, que siempre recuerda «el cariño» que Kirchner le tenía a Insfrán.

De ahí, por ejemplo, su sorpresa —real o fingida⁠— cuando recibió el informe secreto sobre el presunto reparto de coimas entre el gobernador y el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, con el canje de la deuda pública que Formosa mantenía con el Estado nacional, con la sociedad The Old Fund como intermediaria, meses antes de desembarcar en la ex Ciccone Calcográfica. Parte en cash, que se retiró del Banco Macro; parte incluso mediante transferencias bancarias. Como para dejar los dedos bien pegados. Y para estupor de la Presidenta, que declaró que no podía creer lo del «buen Gildo».

¿Piñata privada de Insfrán y Boudou?

Sin conocer todo lo que pasaba dentro del Gobierno, sin embargo, los Qom siguieron con su lucha. Y lograron que, junto con el Inadi, también se involucrara la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también cosecharon una resolución que en abril de 2011 pidió al Gobierno nacional que cumpliera con tres premisas. La primera, que fijara «medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física» de los miembros de la comunidad. La segunda, que coordinara con ellos qué tipo de medidas serán necesarias para evitar las «posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, la fuerza pública u otros agentes estatales». Y la tercera, que informara «sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares».

Gracias a los hilos que movió Morgado desde el Inadi, además, primero los recibió el secretario de Interior, Marcio Barbosa Moreira, y luego el ministro de esa cartera, Florencio Randazzo, que les prometió que les brindaría seguridad.

Pero nunca lograron que esas promesas se plasmaran en acciones concretas y permanentes.

En su libro De los K a los Qom, Vázquez brinda una explicación posible, cuando tras varios llamados desesperados a funcionarios al fin logró hablar con Randazzo.

«No tengo poder en Formosa, Silvia», sostiene la exdiputada que le respondió el ministro. «No pude ni siquiera hacer los DNI que fueron quemados. Mandé al personal del Ministerio y la policía de Insfrán no los dejó actuar: bajo amenaza tuvieron que abandonar la provincia».

De hecho, el gobierno formoseño reforzó las tareas de inteligencia sobre los líderes Qom, referentes opositores y quienes buscaban asistirlos, como saldría a la luz cuatro años después, cuando una persona de la policía provincial entregó copias de correos electrónicos que detallaban sus movimientos, incluso durante el acampe en Buenos Aires.

Cuando trascendieron esas tareas de espionaje, la propia Policía formoseña arrestó a un supuesto hacker al que acusó de pinchar cuentas de correo electrónico privadas, como las del abogado de la Fundación Mandela, o datos sobre un problema de salud, por ejemplo, que afrontó Díaz y no había trascendido a los medios, más una foto de la ambulancia en que lo trasladaron al hospital.

¿Era para tanto? Lo suficiente como para que incluso intendentes oficialistas que entre fines de 2014 y principios de 2015 querían reunirse con el candidato a gobernador por la oposición, el senador nacional por el radicalismo, Luis Petcoff Naidenoff, optaran por cambiar de autos a mitad de camino al encuentro o, incluso, concretaran la reunión dentro de un tercer auto, según confirmó el propio Naidenoff a este autor. «Es un Estado policíaco», resumió.

¿Es posible? Por lo menos, no sería el único gobernador bajo sospecha. También lo fueron los Juárez en Santiago del Estero —⁠con su D-2 bajo el mando del comisario Musa Azar⁠— y lo es ahora el gobernador José Alperovich en Tucumán, según denunció el peronista disidente Enrique Romero, que apuntó a un coronel retirado, Enrique Stel, y a una empresa de origen israelí, Security and Intelligence Advising (SIA). Apuntó al Departamento de Inteligencia Criminal de la policía tucumana por, según la denuncia, espiar a ministros de la Corte provincial, políticos, sindicalistas y 14 periodistas.

De confirmarse, el sistema en sus versiones feudales.

Si el gobierno de Insfrán pudo seguirles los pasos a la oposición y a los Qom, el Gobierno nacional les pidió que a cambio de sus promesas se marcharan de la 9 de Julio, una premisa que les repitió, una y otra vez, en buenos, malos y pésimos términos, uno de los referentes de La Cámpora, Andrés «el Cuervo» Larroque.

Sin embargo, la respuesta de Félix Díaz, que conservaba el puesto dentro del Inadi que le había conseguido Morgado, fue puro sentido común. Le dijo a Larroque que solo levantarían las carpas cuando vieran gestos concretos del Gobierno para resolver los problemas básicos de su comunidad, como la falta de agua potable o de documentos de identidad.

Por entonces subsecretario para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, tal su título oficial bajo la órbita de Aníbal Fernández desde que desplazó a Marta Oyhanarte, Larroque invirtió la fórmula: les reafirmó que si querían gozar de esos derechos básicos, primero deberían levantar el campamento.

La exdiputada Vázquez desconfió de inmediato de las intenciones de Larroque mientras sobrevolaba el acampe, donde sostiene que «había tratado de seducir a Félix, en realidad de comprarlo, a cambio de que se fueran de la 9 de Julio, porque a la Presidenta le molestaba».

Díaz se lo confirmó, cuando Vázquez, actual titular del Partido Verde, le consultó qué hacía Larroque por allí: «Vino y me dijo: “Si querés seguir cobrando, en referencia a mi cargo del Inadi, tenés que retirarte de la avenida 9 de Julio. Te damos un aumento de sueldo, viáticos, sos el referente nacional de las comunidades”».

Agotados, acorralados, los Qom terminaron por ceder en mayo de 2011 y avisaron al Gobierno que firmarían un acuerdo.

Gendarmería les comunicó entonces que los ayudarían a levantar el campamento y que el lunes los trasladarían en micros a Formosa.

Pero la noche del viernes previo al lunes acordado, Félix Díaz recibió otra llamada de Larroque. Le advirtió que si no levantaban de inmediato la protesta, durante ese mismo fin de semana, no habría más reuniones ni respuestas, ni acuerdo, ni nada.

Solo horas después, durante la mañana del sábado, apareció la Gendarmería, mientras que el teléfono celular que le había provisto el Inadi a Díaz para mantener un canal de diálogo abierto ya no funcionaba: le habían cortado el servicio.

Y como para que quedara claro que el operativo no era fruto de un error, ni de una confusión, junto con la Gendarmería aparecieron Larroque y varios militantes de La Cámpora.

«Que viniera una especie de “patota de jóvenes” a provocar esta situación, nos duele. Que La Cámpora y organizaciones afines al Gobierno vengan a provocar, nos duele. Es algo extraño», se lamentó Nora Cortiñas, baluarte de las Madres de Plaza de Mayo que mantuvieron la Línea Fundadora, en disonancia con Hebe de Bonafini. «No estoy sorprendida, porque se tenían que retirar en algún momento. Hubo una conversación de que cuando el Gobierno cambiara la cúpula de Gendarmería en Formosa, ellos se iban a ir, pero cuando se pusieran en práctica los pedidos que se acordaron», alertó.

Aun así, los Qom firmaron un convenio.

«Los Qom solicitaban la garantía del cumplimiento de una serie de puntos y se logró firmar un acuerdo», recordó Morgado durante aquella reveladora entrevista que concedió a la revista Furias. «Pero a los dos meses ese convenio ya no tenía sentido, porque nada de lo pactado, se cumplió: la provisión de agua, la restitución de los DNI que les habían quemado, el acceso a la salud, el tema territorial que para ellos es vital porque del monte y la laguna sacan todo lo necesario para su subsistencia: alimentos, medicina, la espiritualidad, algo que no está a nuestro alcance imaginar», explicó.

Y los Qom debieron remarla, otra vez, tanto en Formosa como en Chaco, donde mientras ellos apenas sobreviven el empresario patagónico Lázaro Báez logró florecer.

El mismo panorama afrontaron los Qom en otras provincias donde sobreviven, como en Santa Fe, donde encima el proyecto «Sueños Compartidos» de las Madres y Sergio Schoklender los perjudicó.

¿Cómo? ¿Por qué?

Porque una pequeña comunidad Qom vive en una de las zonas más pobres de Rosario, sobre la avenida Travesía y Juan José Paso, donde Sueños Compartidos debía construir una urbanización con financiamiento del Ministerio de Planificación, es decir, Julio De Vido.

La primera etapa abarcaba la prometida construcción de 250 viviendas, un salón de usos múltiples, una escuela y una salita sanitaria.

Pero en eso quedó: en poco más que promesas.

Un informe aprobado por la Auditoría General de la Nación (AGN) «sobre la asignación, gestión y aplicación de los fondos públicos nacionales» en Sueños Compartidos verificó que entre 2005 y 2011 «la comunidad Qom del Barrio La Travesía de Rosario se quedó sin las viviendas prometidas, que no fueron entregadas».

En rigor, los Qom arrastran décadas de postergación.

Pero durante los últimos años sumaron una creciente violencia institucional y paraoficial, potenciada por el abandono.

En julio de 2007, cinco aborígenes murieron por desnutrición.

En noviembre de 2010 murió Roberto López durante aquella represión mortal en la ruta nacional 86.

En enero de 2011 asesinaron a tiros a Alberto Galván, al que arrojaron al Bermejo y las pirañas devoraron su cuerpo.

Después murió Mártires López, en «circunstancias dudosas», dos días después de que un vehículo lo atropellara.

En diciembre de 2012, un gendarme atropelló y mató a Celestina Jara y a su nieta Natalia Lila Coyipe. No solo no las auxilió, sino que el gendarme golpeó junto con sus acompañantes al marido de Celestina, Ricardo Coyipe, cuando quería asistirla.

A fines de 2012, un chiquito murió a golpes.

Días después una patota asesinó a golpes a Imer Flores.

Y un sobrino de Félix Díaz, Juan Asijak, falleció en circunstancias tampoco aclaradas, al lado de su moto.

En julio de 2013 asesinaron a una joven Qom de 15 años, Juana Gómez, que recibió una golpiza y después la dejaron atada a un árbol.

En octubre de 2013, falleció un bebé por las quemaduras que padeció en una incubadora improvisada.

Muchos otros miembros de la comunidad, en tanto, fueron agredidos durante el mismo período, incluido el propio Félix Díaz.

¿Toda la violencia es institucional o paraestatal? No.

¿Varios asesinatos pudieron cometerlos los «criollos», amparados en la impunidad reinante? Sí.

¿Esos asesinatos pueden responder a otros fines, como el afán por amedrentar a los Qom para que se marchen de allí? Sí.

Como destaca Vázquez en su libro, «la hipótesis central sobre la que insiste la oposición local y el periodismo local es coherente con lo que los Qom de La Primavera denuncian: en la zona de la comunidad hay pistas que serían utilizadas por el narcotráfico. Se trata de una denuncia gravísima, sin duda. De hecho, muy poco después de la represión en La Primavera en enero de 2011 fue detenido el exconcejal justicialista Héctor Palma, quien tuvo que salir a despegarse de Insfrán luego de que en campos de su propiedad se hallara una pista de aterrizaje clandestina y 700 kilos de cocaína».

¿Se investigan esos crímenes? No, salvo raras ocasiones.

En enero de 2015 murió otro chico Qom, en Chaco, por desnutrición. Tenía 7 años y pesaba apenas 20 kilos.

Pero para Jorge Capitanich se trató de «un caso aislado».

Así, si en Chaco debieron lidiar con el gobernador, luego jefe de Gabinete nacional y al cierre de este libro candidato a intendente de Resistencia, Capitanich, en Formosa los Qom enfrentan a Insfrán, que gobierna la provincia de manera ininterrumpida desde 1995, y amoldó a su gusto a la Justicia y a las fuerzas de seguridad provinciales.

Ya en 2002, por ejemplo, el juez provincial Héctor Suhr participó en un procedimiento ilegal contra la comunidad toba Nam Qom, que el Inadi calificó como «práctica discriminatoria», y que derivó en la denuncia ante la CIDH que patrocinaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa).

Suhr es el mismo juez que, diez años después, se encargaría de archivar el expediente penal que tenía como potenciales sospechosos a Insfrán y a Boudou por aquella presunta coima de $ 7,6 millones a través del fondo The Old Fund, que preside Alejandro Vandenbroele, y sobre el que la Presidenta recibió aquel informe secreto.

El expediente que archivó Suhr trataba sobre el presunto tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública. Pero el juez que se había mostrado inflexible antes con los Qom consideró, por el contrario, en apenas 100 fojas y sin disponer medidas sustanciales de prueba, que en la denuncia contra Insfrán, Boudou y Vandenbroele no se había logrado demostrar «un móvil distinto al que debe sustentar los actos realizados, tutelando la hacienda pública y el prestigio de la Administración».

Para el denunciante, el senador nacional Luis Petcoff Naidenoff, de la UCR, Suhr y la fiscal provincial Marisa Vázquez actuaron de manera reprochable. «Se comportaron como fieles soldados del poder», sostuvo el titular de la UCR provincial, Martín Hernández. «Tanto el dictamen de la fiscal como la resolución del juez son una clara muestra de cómo responden al Poder Ejecutivo, lejos de la búsqueda de la verdad que debe conducir su accionar», sostuvo, como piezas de un sistema que premia a quienes le son fieles: Vázquez saltó a fiscal federal.

Sin embargo, como Suhr buscó cerrar el expediente lo más rápido posible, optó por archivarlo, mientras que una verdadera investigación se desarrollaba en Buenos Aires, en los tribunales federales de Comodoro Py. Allí sí avanzó la pesquisa, por la que en abril de 2015 se indagó a Vandenbroele —⁠que se negó a declarar⁠—, mientras que el fiscal federal Carlos Rívolo pidió que se extendieran las citaciones a Boudou e Insfrán.

Para la exdiputada Vázquez, la precuela del «caso Ciccone» en Formosa resulta una muestra más del manto de protección que rodea lo que ocurre en esa provincia: «La conclusión es obvia: al proteger a Insfrán, la Presidenta también protege a Boudou y a sus negocios oscuros desde el poder con el que ella misma lo invistió».

En ese contexto político nacional y provincial, entonces, recién en 2013 el Gobierno comenzó a cumplir con la tercera premisa que la CIDH había ordenado en 2011.

El sucesor de Eduardo Luis Duhalde como secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, suscribió entonces el protocolo de intervención de las fuerzas nacionales de seguridad, como así también de las provinciales, para proteger a la comunidad Qom.

Pero la respuesta desde Formosa no tardó en llegar, con una campaña gubernamental y paraestatal contra Félix Díaz que incluyó leyendas pintadas en distintos puntos de la capital provincial, todas iguales, todas escritas con aerosol.

«Nazar-Félix, profetas del odio».

Nazar no era otro que un sacerdote, Francisco Nazar, que en 2011 se convirtió en el principal candidato a gobernador formoseño por la oposición y, además, se unió a los reclamos de los Qom.

Y al día siguiente de la firma del protocolo, la Justicia formoseña procesó a Díaz por el supuesto delito de usurpación de las tierras en disputa con los Celía, una familia cercana a Insfrán.

Sin embargo, Fresneda tampoco la pasó bien cuando los Qom le exigieron respuestas concretas.

Fue durante una reunión que el funcionario mantuvo con Félix Díaz, otros integrantes de la comunidad y representantes del CELS, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, de Amnistía Internacional, de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público de Defensa.

«Sabiendo que el problema es grave ¿qué es lo que se está haciendo?», le preguntó Díaz. «Eso queremos saber. La falta de voluntad política se dilata en el tiempo. Y mientras tanto, se van eliminando personas, integrantes del pueblo Qom. ¿En qué lugar nos encontramos dentro del Estado?».

A su lado, Pablo Asijak, padre del muchacho de 16 años que apareció muerto junto a su moto, expuso su dolor: «No están resolviendo nuestra situación. Yo estoy llevando la carga a pesar del hijo que me mataron. Hasta en este momento somos perseguidos. Lo más triste del informe de la policía es que dice que nosotros pudimos conversar con nuestro hijo. ¿Cómo puede hablar alguien inconsciente? Ahí me di cuenta: acá, a partir de hoy, estamos solos. Estamos huérfanos. Vamos a seguir muriendo. (Hasta) Ahí van a llegar los derechos humanos», se quejó, para luego pedir algo que para la Casa Rosada es imposible de satisfacer: «Nosotros necesitamos que en el corto plazo se haga la intervención de la provincia».

Durante la audiencia, sin embargo, Fresneda dio un buen paso: desechó que la ola de asesinatos entre los Qom pudiera calificarse como «hechos aislados», como lo había planteado Capitanich, pero aclaró también que hablar sobre el tema con Insfrán «puede traer problemas entre Nación y provincia».

Eso acaso explique por qué la Presidenta jamás recibió a los Qom, que sí lograron que los acogiera el papa Francisco en Roma. A él le pidieron que intercediera para que Cristina Fernández les abriera su despacho y, según Díaz, «tener un diálogo fructuoso, para salir de una situación desagradable para nosotros y para que respeten nuestros derechos».

Pero la Presidenta no los recibió.

Por el contrario, así como tras su derrota en las primarias de 2013 descolocó a todos con el peor discurso de su carrera —⁠«¡Ganamos en la Antártida!», anunció⁠—, en octubre de ese año tergiversó los resultados y afirmó que el Frente para la Victoria obtuvo el 66 % de los votos en La Primavera, donde viven los Qom.

Falso.

El «qarashe» Félix Díaz contó el verdadero cuadro que la Presidenta ignoraba o, peor, tergiversó. «La escuela que fue habilitada dentro de nuestra comunidad es la número 608. La mayoría de los electores que vinieron a votar acá son criollos de la zona, no son indígenas», explicó Díaz. «Tres mil personas están sin documento, el 20 % de la comunidad. Tramitaron el DNI, pero nunca les llegaron. Justamente esta gente es la que tenía que votar acá, en esta escuela».

Un año y escasos avances después de aquel encuentro con Fresneda, sin embargo, el secretario de Derechos Humanos deslindó responsabilidades en la Corte Suprema, que comenzó a involucrarse en los reclamos de los Qom en noviembre de 2011, pero que recién convocaría a una audiencia un año y medio después, y que para mayo de 2014 aún seguía sin fijar una posición, como reclamó Fresneda.

«Es imprescindible que la Corte decida sobre su competencia y arroje luz sobre la cuestión de fondo», planteó el funcionario. «La Corte puede ayudar a la solución del mismo definiendo primero si es competente y definiendo cuáles son los alcances de los reclamos del sector liderado por Félix Díaz».

El líder Qom debió sobrellevar otro escollo armado por la Justicia formoseña, donde, a pesar de la defensa a cargo del CELS, lo procesaron por «resistencia a la autoridad y robo de armas» en un expediente que también incluye cargos por lesiones graves y leves, por instigación a cometer delitos y hasta por abuso sexual y homicidio.

«Cuando fuimos al Juzgado que preside el juez Santos Gabriel Garzón en Clorinda, nos sorprendió que las acusaciones contra los Qom y en especial contra Félix Díaz alcanzaban una altura de 50 centímetros, en las que se acumulaba un sinfín de papeles que perjudican a los Qom», alertó el presidente del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), Adolfo Pérez Esquivel, que comparó ese expediente con el del asesinato de Roberto López, durante la represión en la ruta 84. Esa investigación, alertó el premio Nobel de la Paz, «se reduce a escasas tres hojas; hay fotos donde se documenta que junto al cuerpo del Qom asesinado no hay arma alguna, y en otra foto posterior la policía le pone un arma para justificar el crimen; pareciera que la vida de los indígenas no cuenta en la provincia y todas las culpas se derivan hacia ellos; y tanto el gobierno de la provincia como el juez ignoran las 17 casas quemadas, los documentos, bicicletas, como la fuerte represión policial».

Como si fueran pocos sus problemas, los Qom afrontaron otro desafío más: quedaron metidos en medio de la puja mediática, sospechados de jugar para los «opositores». Por eso fueron censurados en los medios oficiales o paraoficiales, al punto que la comisión interna de los trabajadores de prensa de la TV Pública acusó a las autoridades del ex Canal 7 de ordenar «no cubrir o editar de manera sesgada» la situación de esa comunidad, como así también los conflictos gremiales de Lear, Donnelley y Gestap.

«La gerencia de noticias dedica sus principales esfuerzos diarios a intentar debilitar, atacar y perseguir a los trabajadores. Utiliza los recursos informativos del noticiero y distorsiona sus contenidos para ponerlos al servicio de fines político-partidarios, en un abierto desconocimiento y violación de la ley de medios», plantearon los trabajadores de la TV Pública, controlada por La Cámpora, que negó la censura denunciada.

Morgado abordó lo ocurrido con Furias: «Me resulta gracioso cuando intentan difamar a Félix, tildándolo de pertenecer a la oposición, más aún sabiendo que lo primero que hizo fue defender la ley 26 160, hecha por este Gobierno a través de un trabajo exhaustivo realizado por Alicia Kirchner, que costó mucho para que fuera aprobada porque interpela fuertemente sobre la propiedad de la tierra, quiénes son sus dueños y a quiénes pertenece. Él habla con todos los que se le acercan, lo hace con TN, Clarín, Crónica, conmigo, y si lo invitaran de 6,7,8, también charlaría con ellos».

Ya alejado de la función pública, el expresidente del Inadi también expresó su frustración ante la lentitud de la Corte, pero con una mirada más amplia y más conspirativa, si se quiere, sobre los males que afrontan los Qom ante la desidia o, incluso, la persecución institucional.

¿Más amplia?

Morgado: «Hasta hoy no se llegó a una solución, no se avanzó en lo necesario. Se visibilizó el tema, intervinieron organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, pero en el día a día ellos tienen muchas necesidades. Sin sus tierras ancestrales, no están completos, sino mutilados».

¿Más conspirativa?

Morgado: «No hay que perder de vista el negocio de la soja y del narcotráfico. Llamativamente, es común que por el territorio de La Primavera se escuchen, permanentemente, de noche, y casi día por medio, ruidos de avionetas. En mis visitas, consulté a los pobladores, si esos sonidos eran seguidos: y aseveraron que, efectivamente, es así. Se me ocurrió buscar en el Google Maps, donde se puede observar como una especie de pista, precaria, al costado de Laguna Blanca, que da a la ruta 86, a casi 5 kilómetros de la frontera con Paraguay. Por lo tanto, lamentablemente creo que solo con buenas intenciones no alcanza».

De los Qom a los narcos.

Y otro eslabón de un sistema que va de Formosa a Buenos Aires[18].

R / Relato

Guillermo Mirabile es peluquero, tiene como cliente al exministro, exjefe de Gabinete, exsenador nacional y otra vez jefe de Gabinete kirchnerista, Aníbal Fernández, y es socio de New Station, una conocida cadena de salones de belleza en Recoleta y Caballito. Pero su mayor negocio lo concretó con el Gobierno en 2013, cuando su agencia de medios Estudio Etéreo recibió casi $ 5,8 millones en pauta oficial.

Mirabile figuró así en la lista de los mayores beneficiarios de la publicidad del Estado de ese año. «La agencia se inscribió en Télam en 2008 y el año pasado (por 2013) recibió múltiples órdenes de publicidad oficial para distribuir en distintos medios de comunicación», señalaron junto al empresario cuando esos ingresos salieron a la luz. Indicaron que, entre otras piezas, trabajaron con la campaña de prevención de la gripe.

El trabajo de Estudio Etéreo, explicaron junto al peluquero, consistió en distribuir la publicidad del Gobierno en distintos medios de comunicación. Según la información oficial que publicó la Jefatura de Gabinete, de los $ 5 890 280 que recibió Mirabile embolsó $ 3,2 millones por publicaciones en gráfica, otro $ 1,3 millón por cable, más $ 1,2 millón en radio y los restantes $ 132 887 en televisión.

Aníbal, en tanto, confirmó que es su peluquero, pero pasó al ataque: «¿Qué tiene que ver eso con su actividad con la agencia de publicidad?».

En rigor, Mirabile apenas encarna una pieza en una gigantesca maquinaria de propaganda gubernamental, que durante la última década distribuyó miles de millones de pesos entre los medios de comunicación oficiales, paraoficiales y privados, el programa Fútbol Para Todos, y los segundos y centímetros de pauta oficial, contenidos audiovisuales y servicios de televisión digital.

Esa maquinaria opera desde hace años con un solo objetivo: imponer el «relato» que desea la Casa Rosada. Sea para difundir sus ideas, planes y figuras, para blindar funcionarios cuestionados —⁠como Amado Boudou en los primeros tiempos del «caso Ciccone»⁠—, como para eclipsar, silenciar, defenestrar o calumniar a los rivales. O, incluso, para reescribir el pasado. Y reescribir la reescritura, como cuando Daniel Scioli pasó de fiel compañero de Néstor Kirchner a «elegido de los fondos buitre» y por último a «el elegido».

Uno de los más fuertes indicios sobre cuál podía ser el alcance del «relato» con el paso de los años ocurrió en 2006, cuando el Gobierno incorporó un nuevo prólogo al Nunca Más, que se insertó a partir de entonces antes del prólogo original de 1984 de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).

Aquel primer prólogo, redactado por el escritor Ernesto Sabato, comenzaba así: «Durante la década del 70, la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda». Pero para la edición del 30.º aniversario del golpe de Estado de 1976, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación decidió agregar un texto previo al de Sabato.

Ahora dice así: «Es preciso dejar claramente establecido, porque lo requiere la construcción del futuro sobre bases firmes, que es inaceptable pretender justificar el terrorismo de Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas como si fuera posible buscar una simetría justificatoria en la acción de particulares frente al apartamiento de los fines propios de la Nación y del Estado, que son irrenunciables».

La periodista Magdalena Ruiz Guiñazú —que integró la Conadep junto con René Favaloro, Jaime de Nevares y Gregorio Klimovsky, entre otros⁠— criticó la reescritura. «No solo es una insolencia hacia Sabato, sino que también es una grave falta histórica creer que el Nunca Más constituye una apología de la teoría de los dos demonios», dijo.

Pero la respuesta de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, fue sucinta. El de Sabato, sintetizó, era una «mierda».

Desde los primeros pasos del kirchnerismo en la Casa Rosada, el esquema oficial de propaganda mostró como rasgo distintivo las millonarias sumas de dinero que el Gobierno invirtió en publicidad en los medios amigos, mientras ninguneaba o apretaba a los independientes.

La Piñata.

Por eso, también durante 2006, Editorial Perfil presentó la primera denuncia contra el Ejecutivo —⁠integrado entonces por dirigentes hoy abiertamente opositores⁠— por discriminación en el reparto de la pauta. La Corte Suprema, la misma que luego declaró constitucional la Ley de Medios, falló a favor de Perfil y le prohibió al Gobierno que usara los fondos públicos para condicionar la línea editorial de los medios.

Y ese mismo año, un indignado Víctor Hugo Morales se quejaba cuando Canal 7 levantó su programa: «Está claro que el Gobierno avanza siempre hacia un discurso único. Tiene una especie de tara con todo lo que sea libertad de prensa».

Para quienes conocían a los Kirchner desde los tiempos de Santa Cruz esos primeros indicios resultaron apenas un déjà vu. En particular para quienes en 1996 integraron una asamblea multisectorial que publicó una solicitada para denunciar que en la provincia se daba «un accionar de la macroempresa periodística del Estado, que, con la publicidad oficial, premia o castiga a los medios periodísticos privados según el grado de docilidad que demuestren en el momento de acatar la línea editorial desde el Gobierno (…) violando un derecho básico de los ciudadanos, como es el de acceder a una información pluralista».

Entre los signatarios de aquella solicitada se encontraban la representante de la Comisión de Derechos Humanos, Ana Redona, el entonces diputado Carlos Mansilla, y el secretario gremial del Sindicato de Camioneros de Santa Cruz, Jorge Buenanueva, según rescata del olvido Romina Manguel en su libro Yo te avisé.

Con esos antecedentes, el fallo de la Corte a favor de Perfil —⁠y supuesto parámetro favorable para el resto de los medios⁠— sirvió de poco. Por el contrario, la discrecionalidad en el reparto de la pauta oficial se acentuó tras el conflicto con el campo de 2008 y la derrota electoral del oficialismo en las legislativas de 2009.

A partir de ese año, la Casa Rosada privilegió de forma creciente a ciertos medios privados de comunicación. Entre otros, al diario Página/12, a Canal 9, a la productora Pensado Para Televisión (PPT) de Diego Gvirtz, y al Grupo Veintitrés, del empresario Sergio Szpolski, a fines de junio de 2015 reconvertido en candidato a intendente de Tigre por el Frente para la Victoria.

«Subsisten los problemas de la pauta oficial», se lamentaba Víctor Hugo Morales en marzo de ese año. «Les ensucian las manos a los periodistas. Están con las manos sucias, se han ensuciado las manos. Esa también es una manera de atacar la libertad de prensa».

Hablamos de montañas de dinero.

Durante el año de campaña presidencial de 2003, la publicidad oficial ascendió a solo $ 46,2 millones.

En 2007, también año presidencial, llegó a $ 381 millones.

En 2011, otro presidencial, trepó a $ 771 millones.

Y en 2014 —que no fue un año presidencial, pero sí era el último año completo relevado al cierre de este libro⁠—, superó los $ 1750 millones. Es decir, 37,8 veces más que en 2003.

La Piñata.

¿Cómo se repartió ese dinero?

Entre 2009 y 2013, más de 2000 medios, productoras o individuos recibieron $ 3181 millones en publicidad oficial, según datos disponibles de la Jefatura de Gabinete. Pero con una marcada concentración.

¿Por qué? Porque de esa cifra global de 2000 receptores, solo 287 obtuvieron más de $ 1 millón en cada uno de esos ocho semestres. Y entre esos mismos 287 se llevaron $ 2944 millones, es decir, el 92 % de la torta publicitaria total. Y de esos 287, los 10 más grandes se llevaron $ 1600 millones, es decir el 50,2 % de esos cuatro años.

¿Cuáles eran esos 10?

El primero, el grupo Veintitrés de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, dueños del diario ultraoficialista Tiempo Argentino y el canal CN23, entre otros medios, denunciado por vínculos con la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) a través del operador judicial Sergio Fernández. Total: $ 391,4 millones.

El segundo, Albavisión, del mexicano Remigio González González, controlante de Canal 9 —⁠de bajísimo rating⁠— y FM Aspen, entre otros medios, con $ 220,7 millones.

El tercero, Telefé, de Telefónica de España, con $ 203,2 millones.

El cuarto, el grupo Uno, del exministro del Interior menemista devenido empresario, José Luis Manzano, y Daniel Vila, con $ 178,1 millones.

El quinto, el diario oficialista Página/12, de Fernando Sokolowicz, con $ 164,4 millones.

El sexto, con $ 101,5 millones, el Grupo Indalo, controlante del canal C5N, de Radio 10 y de cuatro FM que el empresario kirchnerista Cristóbal López le compró a Daniel Hadad por unos US$ 40 millones.

El séptimo, el grupo Crónica, de Raúl y Alejandro Olmos, con sus diarios Crónica y BAE Negocios, y el canal Crónica TV, entre otros, con $ 101,4 millones.

El octavo, el Grupo Clarín, controlante de Canal 13, Radio Mitre y los diarios Clarín —⁠el de mayor circulación del país⁠— y el mendocino Los Andes, entre otros medios, con $ 96,6 millones.

El noveno, el Diario Popular, el tercero de mayor ventas del país, de la familia Fascetto, y la agencia de noticias NA, con $ 82,7 millones.

Y el décimo, el grupo Ámbito Financiero, por entonces de Orlando Vignatti, con $ 59,6 millones, con ese diario, el Buenos Aires Herald y La Capital de Rosario, entre otros.

Luego seguían otros nombres o medios conocidos. Entre ellos, los de Miguel Ángel Pierri (Canal 26), Florencio Aldrey Iglesias (diarios La Prensa, de Buenos Aires, y La Capital de Mar del Plata), Raúl Moneta (editorial Apache, Infomedia Producciones, radios Metro y Libertad) y Marcelo Tinelli. Cada uno con entre $ 28 millones y $ 39 millones.

Más abajo aparecía La Nación, el segundo diario de mayores ventas del país, con $ 23,6 millones, disputando el 20.º y 21.º con el excadete de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa, y su pequeño grupo de diarios y revistas de Río Gallegos, con $ 22,5 millones.

Y más abajo aún figuraron otros nombres asociados al oficialismo, como el grupo Medios del Interior (que la Justicia sospecha que es del exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime), en el 23.º puesto, con $ 21,1 millones, y Electroingeniería SA (con Radio Del Plata y la señal 360TV), en el 25.º puesto, con $ 19,3 millones.

¿Y el peluquero de Aníbal? Con sus $ 5,89 millones apareció en el puesto 74.º, apenas por debajo del gigante Despegar.com (70.º, con $ 6,04 millones), de Daniel Hadad (71.º, con $ 6,01 millones) y de Hebe de Bonafini (73.º, con $ 5,9 millones), pero por encima de, entre otros, el Grupo Prisa, dueños del diario El País de España, el más relevante de Iberoamérica (82.º, con $ 5,2 millones).

Los beneficios, sin embargo, alcanzaron a muchos más. Como los $ 10,9 millones que recibieron Pinta Baires y Gallo Mendoza & Asociados, dos empresas de publicidad de la familia del diputado nacional, luego legislador porteño, Juan Carlos Dante «el Canca» Gullo.

Pero la distribución discrecional de la publicidad derivó en arbitrariedades. El Gobierno no solo excluyó a la editorial Perfil, sino que también ahogó al diario Crítica, que había lanzado Jorge Lanata y que recibió apenas $ 400 000 durante el mismo período en que Página/12, otro diario que él fundó y dirigió en su época de oro, recaudó $ 39 millones.

El binomio Lanata-Página/12 registraría, sin embargo, su capítulo más relevante y triste en mayo de 2012, cuando el diario celebró sus bodas de plata con la Presidenta como invitada de honor a la fiesta, mientras que el apellido «Lanata» se borró por completo de la historia oficial del matutino, como si no fuera su fundador, director y factótum.

Durante ese acto, rodeada de periodistas y editores de Página/12, la Presidenta dio su visión sobre lo que es «periodismo»: «Voy a hablar de periodismo, que es, en definitiva, el tener información teórica para poder interpretar a través del pensamiento abstracto la realidad. Y que no te la cuente nadie y darle esa versión, esa interpretación, al conjunto de la sociedad».

Periodismo = información teórica + interpretación abstracta.

Es decir, nada de datos concretos. Pero coincidente con la visión que la jefa de Estado expresó en enero de 2015, tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, cuando afirmó que se trataba de un suicidio y luego de un homicidio, y se justificó con otra máxima: «No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas».

Y coincidente con otra frase que lanzó en 2006 sobre el periodismo: «No tenemos prensa; tenemos una oposición que no fue votada».

Eso explica cómo la Casa Rosada operó desde mayo de 2003 con la información, que distribuyó o negó a voluntad.

Así, hubo periodistas y medios de comunicación que gozaron de información exclusiva —⁠o incluso secreta⁠— adelantada por funcionarios —⁠en especial, Clarín durante la primera época, Página/12 y Tiempo Argentino⁠—, mientras que se discriminó a otros periodistas y medios —⁠La Nación, Perfil y Clarín durante su segunda época⁠—, incluso al punto de castigar a reporteros con nombre y apellido mediante su exclusión a último momento de giras presidenciales en el Tango 01.

El gran canal de difusión, promoción y silenciador oficial es, sin embargo, el programa Fútbol Para Todos (FTP), que se convirtió en el producto audiovisual por excelencia del kirchnerismo desde su creación en 2009, cuando la Presidenta pronunció, en plena euforia, una frase poco feliz: «No quiero que se secuestren más goles».

Consciente de que pisaba sobre terreno resbaladizo, y que al día siguiente los medios de la «cadena del desánimo» podrían criticarla, buscó justificar su visión. «Tenemos que lograr que un referí cobre bien porque cuando hay una “bombeada” que no se puede creer la gente se indigna y hasta el más pintado y el más educado quizás se manda un “macanón”». Por eso sugirió «no hacer un reduccionismo de creer que solo un grupejo identificado puede generar un clima de violencia generalizada».

Con Fútbol Para Todos, el Gobierno encontró una oportunidad dorada para quitarle una fuente de ingresos y una vía de comunicación portentosos a su enemigo declarado Héctor Magnetto. Para eso, solo tuvo que tentar al histórico mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Julio Grondona, que con desesperación buscaba perdurar en su cargo y más dinero para los clubes.

«Si vos tenés un marido que te pega y te da 200 pesos para vivir todo el año y viene uno que te ama con locura a darte lo que quieras, ¿con cuál te quedás?», simplificó en extremo Grondona la rescisión del contrato con Televisión Satelital Codificada, en la que participaban por mitades el Grupo Clarín y Torneos y Competencias.

El acuerdo inicial entre el Gobierno y la AFA fue por $ 600 millones anuales durante 10 años, con la promesa de que daría ganancias.

¿A quiénes? ¿Al Gobierno? ¿A los clubes, inmersos en gigantescos problemas financieros? ¿O a muchos de sus dirigentes, hoy millonarios?

Porque según argumentó la Presidenta, el fútbol es una industria «que no necesita ser subsidiada», por lo que aventuró que con el superávit que arrojarían las transmisiones oficiales del fútbol argentino se promovería el deporte olímpico.

Aníbal Fernández, por entonces ministro del Interior, reafirmó esa idea. «Estamos convencidos de que no vamos a poner un centavo», dijo quien negoció la letra chica del acuerdo con Grondona, en un campo de Brandsen del histórico mandamás del fútbol, junto al secretario Legal y Técnico, Carlos «Chino» Zannini.

Pero esas ganancias nunca aparecieron.

Por el contrario, el Gobierno gastó fortunas cada año:

En 2009, $ 600 millones.

En 2010, $ 854,7 millones.

En 2011, $ 879 millones.

En 2012, $ 1182,7 millones.

En 2013, $ 1201,5 millones.

En 2014, $ 1634 millones.

Total: $ 6351,9 millones.

Suculenta Piñata.

Es decir, el equivalente a la construcción y equipamiento completo de 12 hospitales materno infantiles de alta complejidad como el que anunció para Río Gallegos la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, en enero de 2015.

Y hablando de 2015, ¿cuánto destinará el Gobierno a Fútbol Para Todos este año? El piso anunciado fue de $ 1400 millones, pero para mediados de año ya sumaba $ 1742,5 millones y se descuenta que será mucho más, aunque más no sea por la inflación.

Así, FPT pasó a contar con más recursos que todo el Ministerio de Cultura (con un presupuesto de $ 1508 millones), o el programa para urbanizar las villas y asentamientos precarios ($ 1641 millones), o la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ($ 1111 millones).

Cuestión de prioridades.

¿Y cómo se manejaron esos fondos para el fútbol? ¿Cuál fue su destino? La Auditoría General de la Nación (AGN) avanzó en una investigación, que los representantes del oficialismo bloquearon mientras pudieron, práctica que repitieron a la hora de analizar las irregularidades y sobrecostos detectados en la compra de material ferroviario a China. Solo dieron luz verde al informe sobre el fútbol cuando el escándalo del «FIFAgate» los expuso demasiado y podían quedar como cómplices.

«Hay momentos en la vida en los que la vergüenza pesa más que el miedo», planteó uno de los auditores por el oficialismo, Oscar Lamberto, y con esa frase, que atribuyó a Juan Perón, aportó en junio de 2015 el voto clave para que la AGN aprobara su informe sobre las irregularidades en la ejecución de los fondos para FPT, que se envió al Congreso y a tres jueces federales que investigan esas anomalías.

Al justificar su giro, Lamberto reconoció que fue determinante el escándalo del fútbol mundial. «En estos 45 días pude reflexionar», dijo. El encargado de responderle fue otro de los oficialistas que mantuvo su voto anterior, Vicente Brusca. «El informe no habla de las coimas en la FIFA, ni una palabra. Usan eso como excusa, se manejan por los diarios», dijo.

La raíz de las presuntas irregularidades que detectó la AGN pasa por los contratos entre el Estado y la empresa Torneos y Competencias, cuyo CEO, Alejandro Burzaco, se profugó en Suiza cuando estalló el FIFAgate a escala planetaria, se entregó en Italia y aceptó que lo extraditaran a Estados Unidos.

Según la AGN, hay dos grandes focos de irregularidades en Fútbol Para Todos. El primero, la falta de documentación en la rendición de casi $ 189 millones de los $ 3000 millones ejecutados hasta 2012, porque se emitieron numerosas órdenes de pago sin la correspondiente orden de compra que la respaldara. Y el segundo foco, la publicidad de Iveco Argentina, la empresa de camiones que, sin licitación, se convirtió en el auspiciante privado exclusivo del programa. Entre 2010 y 2012 la firma pagó $ 18 millones. Pero no en cash sino en especie, es decir, camiones. Y, en encima, en 2010, cuando Iveco pagó $ 7 millones en camiones, el valor de la publicidad, según la AGN, fue de casi $ 29 millones.

La responsable de las transmisiones del fútbol es la productora La Corte. Dirigida por Pablo y Daniel Monzoncillo, comenzó siguiendo a Néstor y Cristina Kirchner en cada discurso que dieron dentro y fuera del país, de manera exclusiva —⁠definiendo, por tanto, qué, cuándo y cómo se muestra desde el Gobierno⁠—, bajo la batuta del entonces vocero presidencial, Miguel Núñez.

Años después, y ya con otro tamaño, La Corte se quedó también con las transmisiones de FTP gracias a una contratación directa, sin licitación, según reconoció el interventor del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) y luego vicegobernador Gabriel Mariotto.

Pero en cualquier caso, con o sin La Corte, los montos de los cheques que consume FTP fueron y continuarán en aumento porque ninguno de los candidatos presidenciales muestra interés por desactivar esa herramienta de propaganda si llega a la Casa Rosada.

El motivo es sencillo: Fútbol Para Todos ofrece «comunicación directa» de alto impacto. La intención de voto favorable al Gobierno llega al 50 % entre quienes ven Fútbol Para Todos los fines de semana, mientras que desciende al 28 % entre quienes no lo ven, según una encuesta de Poliarquía de enero de 2013. ¿Pura coincidencia? ¿Quiénes lo ven se convencen de a poco de las bondades del oficialismo? ¿O quienes disienten con la Casa Rosada se hastían y cambian de canal?

En cualquier caso, la Presidenta tiene muy clara esa premisa de la «comunicación directa». Es decir, sin pasar por los «filtros» de los medios y los periodistas, a los que acusa de querer «mostrar las cosas de una manera diferente», como le dijo al presidente de Rusia, Vladimir Putin por teleconferencia, cuando lamentó que «algunos» pretendan ocultar la «verdadera Argentina».

Por eso, y basada en las ideas del intelectual Ernesto Laclau y las premisas tácticas del exministro de Comunicaciones de Hugo Chávez, Andrés Izarra, la Presidenta también recurrió a las cadenas nacionales cuantas veces consideró necesario, útil o provechoso. Como durante la Semana de Mayo de 2015, la última suya como jefa de Estado, cuando apareció a diario en todos los canales y radios del país.

La comunicación directa también conlleva, sin embargo, un salto sin red para quien lo intenta. Y eso a veces causa dolores de cabeza. Como cuando en pleno conflicto con el campo, la Presidenta se dejó llevar por la emoción y acusó en abril de 2008 al caricaturista Hermenegildo Sábat, uno de los más queridos y respetados entre los periodistas desde hace décadas, de enviarle «un mensaje cuasimafioso» con uno de sus dibujos.

Más allá de la oleada de críticas que le llovieron desde todo el abanico político y periodístico, otra vez fue Horacio Verbitsky, desde Página/12, quien expresó la gravedad del traspié de la Presidenta, que calificó de «imperdonable».

«Rozar con la sombra de una sospecha al gran maestro del periodismo, que desde hace cuarenta años regala excelencia y ética, a una persona exquisita como Menchi Sábat, que cuestionó las peores atrocidades cuando nadie se animaba», alertó Verbitsky, «es una tontería indigna de quien la cometió».

Pero peor aún fue el incidente que protagonizó en febrero de 2015 el entonces jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, durante una conferencia de prensa en la que llegó a romper un ejemplar del diario Clarín, al que calificó de «basura» frente a las cámaras.

Para entonces, Capitanich contaba con una estructura oficial (que se suma a la paraoficial y la privada) para difundir la actividad y la comunicación presidencial, que acumuló un constante crecimiento durante la última década. Solo entre 2008 y 2012, por caso, se triplicaron las direcciones en la Secretaría de Comunicación Pública (de 9 a 27), dentro de la Jefatura de Gabinete, y se duplicó la partida para pagar contratos temporarios, que pasó de los $13,6 millones a los $30,4 millones.

Pero ahí no termina la estrategia de comunicación de la Casa Rosada, según indicó la periodista Adriana Balaguer en 2012: «Como el relato no se refuerza solo a fuerza de publicidad oficial y de intervención de comunicadores afines, el Gobierno también financió otros canales, como por ejemplo los festejos del Bicentenario, un espacio festivo de contacto directo con los ciudadanos, y el Instituto de Revisionismo Histórico, un espacio desde el cual busca demostrar que no siempre se ha hecho justicia con los protagonistas de la vida pública nacional. Y que en los casos en que sea necesario, hay que redimirlos reescribiendo la historia argentina. La épica histórica del kirchnerismo es canalizada a través de Encuentro, canal que es producido por Educ.ar, una sociedad del Estado que recibirá este año (por 2012) aportes por $93 millones, de los que también sale el financiamiento de Paka-Paka».

Así, con toda esta parafernalia, la Casa Rosada logró instalar en la opinión pública varios eslóganes durante los últimos doce años con carga positiva y negativa. Entre ellos:

«El modelo».

«Proyecto nacional y popular».

«La corpo».

«Clarín miente».

«¿Qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso?».

«Democratizar la palabra».

«Sintonía fina».

«Nunca menos».

«Vamos por más».

«Vamos por todo».

«Él».

«Nestornauta».

«Cristina capitana».

«Cristina eterna».

«La década ganada».

Así, remarca José Crettaz, uno de los periodistas que más ha investigado el mapa de medios y la publicidad oficial durante estos años, «a veces, los avisos gubernamentales tienen forma de mensaje ideológico (del autoproclamado “proyecto nacional y popular”), otras veces son mensajes vacíos (como los institucionales de la Anses) que cumplen el papel de justificar un pago que contribuye a sostener artificialmente medios adictos. Pauta oficial, Fútbol Para Todos, Televisión Digital Abierta, Ficciones para Todos, Automovilismo para Todos, Planes de Fomento de Contenidos Digitales y muchos otros eufemismos esconden la construcción del mayor aparato comunicacional al servicio de un gobierno».

Otro punto cuestionable del «relato oficial» pasó, en tanto, por la confusión deliberada de conceptos jurídicos y políticos diferentes como el (o la) líder, partido, gobierno, Estado y nación.

Así, esa confusión deliberada provocó que quienes expresaran una disidencia con alguna medida del Gobierno o criticaran una declaración de la Presidenta fueran acusados de antipatrias, conspiradores, traidores, golpistas, cipayos y otros dislates similares.

Esa misma confusión llevó también a acciones desafortunadas. Como cuando la agencia estatal de noticias, Télam, modificó el diseño de su página de Internet para insertar la imagen del Nestornauta. O como cuando se difundió un afiche de la Presidenta que decía «un pueblo, un proyecto, una conductora», muy similar —⁠incluso en su estética⁠— al lema nacional que utilizó el nazismo: «Un pueblo, un imperio, un líder».

Otras veces, las acciones desafortunadas resultaron casi cómicas. Como cuando, en marzo de 2015, el Ministerio de Transporte de Florencio Randazzo reincidió, con una foto trucada de un tren chileno a la que, Photoshop mediante, reconvirtió en un tren argentino para un newsletter sobre su gestión.

Pero si esos fueron yerros, la Unidad Bicentenario resultó un baluarte del aparato comunicacional kirchnerista, con eventos desarrollados por profesionales de primer nivel que fomentaron una mística del Gobierno.

El despliegue en la avenida 9 de Julio para celebrar el Bicentenario en 2010, por ejemplo, resultó un verdadero éxito, con 2 millones de visitantes, y fue apenas el comienzo. Desde entonces se multiplicaron los eventos con color y esencia kirchnerista. Entre otros, el acto por los diez años de gestión, el regreso de la fragata Libertad y Tecnópolis.

Conducida por Javier Grosman, el hombre detrás de la puesta en escena del Gobierno, la Unidad Bicentenario financió 22 encuentros durante sus primeros cuatro años de vida, aunque con gastos por $ 710 millones, según datos del Ministerio de Economía, el equivalente a 87 nuevos vagones para la línea San Martín, la mitad de su flota.

Exempresario musical del under porteño Grossman es reconocido como el «productor artístico» del oficialismo y reportó siempre al entonces secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. Con oficina en la Casa Rosada, se encarga de cada detalle en los actos oficiales, desde los recitales en la Plaza de Mayo hasta los pormenores del búnker electoral del Frente para la Victoria.

Esa obsesión por la imagen y la comunicación alcanzó incluso a la cobertura oficial de la muerte del expresidente Néstor Kirchner. Su sepelio se manejó con pautas comunicacionales de primera línea, con una estética cuidada y controlada hasta la obsesión.

Así, por ejemplo, se decidió que se lo velaría en el Salón de los Patriotas de la Casa Rosada, no en el Congreso de la Nación. También se definió que sería a cajón cerrado, para impedir que las cámaras tomaran su rostro y, de ese modo, difundieran el mensaje tácito del fin de una era. Y se fijaron pautas sobre quiénes podían acercarse a la familia.

¿Presidentes amigos de naciones vecinas? Sí.

¿Marcelo Tinelli y Diego Maradona? Sí.

¿El titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti? Algo más de distancia.

¿El examigo devenido enemigo y jefe de la CGT rival, Hugo Moyano? Recibimiento frío.

Por eso también se dispuso que no habría fotos ni cámaras de televisión durante su entierro en Río Gallegos, del mismo modo que la TV Pública aplicó —⁠antes y después, y durante años⁠— criterios políticos, no periodísticos, a la hora de cubrir ciertos temas u ocultar otros.

Eso explica, por ejemplo, que la pantalla del viejo Canal 7 omitiera informar sobre cacerolazos y optara por transmitir documentales sobre pájaros. Y que cuando sí mostró las protestas, fue para consignar que eran un fracaso o que sus participantes pregonaban el golpismo.

O explica, también, que la TV Pública invisibilizara a la oposición durante el debate parlamentario del proyecto sobre —⁠cruel ironía⁠— la nueva y más democrática Ley de Medios, cuando otra vez transmitió documentales, pero en esa ocasión de elefantes y jirafas.

O que utilizara partidos de Fútbol Para Todos —⁠en especial los de River y Boca como locales⁠— para competir la noche de los domingos con Lanata y su programa Periodismo Para Todos, al que buscaba eclipsar o al menos restarle rating con desesperación.

O que silenciara a los Qom, como denunciaron los trabajadores del noticiero de la TV Pública, que también alertaron en junio de 2015 que «durante toda la campaña por las PASO porteñas, el tiempo total de pantalla dedicado al Frente para la Victoria fue de 1 hora 9 minutos, en tanto que el PRO obtuvo en el mismo período 8 minutos 50 segundos; ECO, 5 minutos y medio; el Frente de Izquierda 4 minutos 45 segundos y el Frente Renovador 4 minutos 10 segundos».

El sistema.

«No es la primera vez que la gerencia silencia a candidatos no oficialistas», se quejaron los trabajadores, «algo que ya ocurrió con dirigentes del Frente de Izquierda, de la Coalición Cívica, y con diversos representantes sindicales y activistas sociales críticos de las políticas oficiales», expresaron a través del comunicado, en el que también denunciaron que Carlos Figueroa, «sin dejar el cargo de gerente de noticias, como demandaría la más elemental ética pública, y en la más flagrante incompatibilidad, trabaja de manera paralela y a tiempo prácticamente completo en la campaña de (Mariano) Recalde» a jefe de Gobierno porteño.

Pero si Fútbol Para Todos fue la nave insignia, la Unidad Bicentenario la responsable de la mística y la TV Pública su principal canal televisivo, sin embargo una pequeña productora se encaramó como el ícono de la comunicación kirchnerista: Pensado para Televisión (PPT).

Liderada por Diego Gvirtz, PPT ya daba pasos consistentes en 2000, cuando se mostraba como la renovación de un formato —⁠analizar en la tele otros programas de tevé⁠— que evidenciaba signos de agotamiento.

«En Televisión registrada criticamos lo que nos parece criticable, pero no nos creemos dueños de la verdad. Planteamos algo que nos parece divertido, aunque siempre detrás de las risas hay una ideología», explicó Gvirtz al diario La Nación, en julio de ese año.

Tres años después, cuando los Kirchner llegaron a la Casa Rosada, Televisión registrada era uno de los productos estrellas de América TV. Pero Gvirtz rompió con ese canal, denunció censura y se mudó a Canal 13, donde creó Duro de domar.

Solo luego llegó su viraje.

Pasó de expresar duras críticas a los santacruceños a convertirse, según la revista Noticias, en «el cerebro mediático de Néstor Kirchner», aunque en rigor, en ocasiones, no pasaba de ser su brazo ejecutor mientras repetía un latiguillo inolvidable: «La televisión es amoral».

Por eso, son varias las anécdotas sobre los llamados que llegaban desde la Casa Rosada o la Quinta de Olivos —⁠o sus almuerzos en Piégari con Juan Manuel Abal Medina⁠— con órdenes de subir o bajar invitados, o hasta cortar con un bloque, una práctica que se extendió al canal C5N en tiempos de Daniel Hadad, primero, y Cristóbal López, después.

«Gvirtz desembarcó en la TV Pública con el programa político 6,7,8 el lunes 9 de marzo de 2009 a las 20. (…) Sus principales columnistas pasaron a ser, de la noche a la mañana, entusiastas promotores de un rimbombante “contraperiodismo” de supuesta raigambre latinoamericanista y revolucionaria», describió el periodista Edi Zunino en su libro Periodistas en el barro.

Con un pie en Canal 7, Gvirtz también ingresó a Canal 9 con Duro de domar, que como una virtual repetidora del «relato K», comenzó a retransmitir informes emitidos antes en 6,7,8, donde los funcionarios kirchneristas jugaban de local, sin pruritos, como cuando el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, petardeó al CEO de Techint, Paolo Rocca, porque un día antes había criticado al Gobierno —⁠«Perdió el rumbo», osó decir el industrial⁠—. «Habría que bajar el precio de la chapa y fundir al señor Paolo Rocca, pero no lo vamos a hacer, a pesar de sus declaraciones», planteó, en un gesto de benevolencia.

Así, con un bajo rating propio, pero aupado a los televidentes que consumen Fútbol Para Todos antes o después, 6,7,8 pronto se convirtió en el transmisor por excelencia de la bajada de línea oficial, con férreos defensores de sus informes, que también propagan por YouTube y redes sociales como Facebook y Twitter.

Con un antecedente santacruceño en El ojo del amo, el programa de televisión que montó Rudy Ulloa en Santa Cruz para defender al kirchnerismo y defenestrar a opositores y medios, 6,7,8 le aportó al Gobierno algo clave: un espacio para que se defendieran los funcionarios que afrontaban investigaciones judiciales o periodísticas, como el vicepresidente Amado Boudou por el «caso Ciccone», y para propagar operaciones de la ex SIDE, con escala previa o posterior en el diario de Szpolski, Tiempo Argentino.

6,7,8 le aportó al Gobierno, también, un espacio para bajar línea y comunicar sus giros. Como cuando, en junio de 2015, recibió como candidato presidencial a Daniel Scioli tras haberlo acusado durante años de ser el representante de Clarín, de los fondos buitre, de Estados Unidos y del campo.

«La súbita y vertiginosa transformación en los informes de 6,7,8 sobre Scioli no es algo nuevo ni exclusivo de ese programa», recordó Ernesto Tenembaum en una columna que publicó en el Cronista Comercial, en junio de 2015. «Eso que ocurre con Scioli, sucedió antes, por ejemplo, con el arzobispo Jorge Bergoglio. La historia es conocida y repite el patrón». Porque en cuanto se transformó en Francisco, «los mismos que lo acusaban de esas cosas terribles comenzaron a peregrinar hacia el Vaticano».

Según el propio Gvirtz, mantener la maquinaria de PPT en marcha no le cuesta demasiado al Estado —⁠$ 2 millones por mes⁠—, en particular si se lo compara con otros rubros de comunicación y propaganda oficialista. Pero sus costos o el bajo rating, en cualquier caso, lo tuvieron sin cuidado a Cristóbal López, que en marzo de 2015 cerró el círculo.

Así como antes tomó el control de los medios de Hadad y se asoció con el exbanquero Raúl Moneta, López compró del diario Ámbito Financiero y las productoras La Corte, con sus transmisiones de los discursos presidenciales y los partidos de Fútbol Para Todos, y PPT, con sus más de 400 000 horas de archivo. A Gvirtz le pagó US$ 2 millones por el 81 % de las acciones.

Ahora el «zar del juego» custodia el «relato».

Porque aunque «el modelo» muestre fallas estructurales, «el relato» debe continuar. Como en el cierre del cuento «El traje nuevo del emperador», de Hans Christian Andersen.

Y de este modo echó a andar el Emperador bajo el magnífico palio, mientras el gentío, desde la calle y las ventanas, decía:

—¡Qué preciosos son los vestidos nuevos del Emperador! ¡Qué magnífica cola! ¡Qué hermoso es todo!

Nadie permitía que los demás se diesen cuenta de que nada veía, para no ser tenido por incapaz en su cargo o por estúpido. Ningún traje del Monarca había tenido tanto éxito como aquel.

—¡Pero si no lleva nada! —exclamó de pronto un niño.

—¡Dios bendito, escuchen la voz de la inocencia! —⁠dijo su padre, y todo el mundo se fue repitiendo al oído lo que acababa de decir el pequeño.

—¡No lleva nada; es un chiquillo el que dice que no lleva nada!

—¡Pero si no lleva nada! —gritó, al fin, el pueblo entero.

Aquello inquietó al Emperador, pues barruntaba que el pueblo tenía razón; mas pensó: «Hay que aguantar hasta el fin». Y siguió más altivo que antes; y los ayudas de cámara continuaron sosteniendo la inexistente cola[19].

S / Skanska

Ninguno de los dos jamás imaginó que esa charla de marzo de 2006 resultaría inmortal. Uno porque ignoraba que el otro grababa la conversación; el otro porque, aunque la Justicia ya llevaba cuatro meses detrás de la operatoria sospechada, solo pensaba utilizar el audio para reportar a sus superiores en Suecia y cuidarse sus propias espaldas.

«Uno» era Javier Azcárate, gerente comercial en la Argentina de la multinacional sueca Skanska.

«Otro» era Claudio Corizzo, el auditor interno de la empresa que inmortalizó la operatoria corrupta del sistema.

—El negocio este es así en Argentina —planteó Corizzo, como para distender la charla con la que pretendía comprender el alcance de las macanas que ya husmeaba un molesto juez argentino⁠—. Pero no podemos hacer chanchadas como las que hicimos; que sí, que no, que coqueteamos con los mafiosos y después nos queremos bajar.

—Es un negocio de 100 millones de dólares, de 100 millones de dólares de parte nuestra, más lo de ellos —⁠le explicó Azcárate, que sospechaba de algún micrófono escondido, mientras conversaban en las oficinas de Skanska, ubicadas muy cerca de la Plaza de Mayo y la Casa Rosada⁠—. Yo no sé, 200 palos verdes. ¿Y vos le vas a tirar el negocio abajo al tipo que hizo todo el tromping (sic, por fronting) y al muchacho, al pingüino de acá a dos cuadras?

—Esto se originó con los tres contratos, los dos de TGS y TGN —⁠mechó Corizzo, sobre las transportadoras de gas del Sur y del Norte⁠—. Fue un cinco por ciento.

—Un cinco por ciento —confirmó «el Colorado» Azcárate.

—Y ese cinco. ¿A dónde fue la plata?

—Tres por ciento Enargas y dos por ciento Nación Fideicomisos. No vas a poner esto, ¿no?

—No, esto desaparece. ¿O sea que Infiniti vino por nombre de alguien del cliente? —⁠insistió Corizzo, ahora sobre la emisora de facturas truchas.

—Viene un tipo y te dice: «Flaco, bueno, yo te consigo las facturas».

—¿Quién es el tipo?

—Alfredo Grecco.

—¿A quién responde? ¿A ese Ulloa?

—Y… vos nunca sabés exactamente. Más de eso no sabés. Debería reportar a Ulloa —⁠estimó Azcárate, que colocó así en la guillotina al entonces gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa.

—¿Este es el único caso en que la guita volvió y la tocaron o tiene más casos?

—La Pampa.

—¿Participó Techint? —martilló Corizzo.

—Sí. Techint juntaba la guita. La valijita la consolidábamos en Techint o la consolidábamos nosotros o la venía a buscar de La Pampa o se la llevábamos a La Pampa. Es lo mismo dársela a un tipo en un café o dársela a Techint para que se la dé a un tipo en un café.

—Pasa que el allanamiento no lo podíamos nosotros conocer —⁠se lamentó Corizzo, tras el primer y sorpresivo ingreso en Skanska del juez en lo Penal Tributario, Javier López Biscayart, donde se había llevado material sobre sus contratos de obra pública.

—Pero por lo menos me avisás. Yo no te digo que los pares. A lo sumo a este que administra los papeles, le digo: ¿Por qué no agarrás todos los papeles y te los empezás a esconder en el baño? Este es un fuero jodido (por el Penal Tributario), no es la AFIP —⁠le explicó Azcárate, que de inmediato trazó una insólita línea⁠—. Nosotros somos piratas, no malandras, ¿está bien?

Así, entre valijas «consolidadas», porcentajes, «piratas» y «malandras», Azcárate y Corizzo aportaron uno de los registros históricos más reveladores sobre cómo operó —⁠y aún opera⁠— la corrupción durante la década larga kirchnerista.

Sistema + Piñata.

Porque el «caso Skanska» dejó al descubierto cómo cientos de empresas recurrieron y recurren a las facturas truchas emitidas por una miríada de sociedades fantasmas para inflar sus gastos, justificar salidas de dinero de sus balances y pagar coimas a funcionarios. Entre otros, del Ministerio de Planificación Federal liderado por Julio De Vido.

El entramado comenzó a salir a la luz a partir de una investigación de los sabuesos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre varias megausinas de esas facturas truchas, como las conocidas como «Viazzo», por el apellido de uno de los acusados, Roberto Viazzo, un contador que se profugó, y «Di Biase», por Luis Di Biase, quien además de carpintero figuraba como titular de la firma «Calibán», otra emisora de facturas.

A veces es cuestión de (mala) suerte.

Y en este caso, la investigación de la AFIP sobre las megausinas quedó en manos de un equipo liderado por un sabueso de experiencia, Carlos Bo, el mismo que en los 90 desentrañó la madeja del negociado IBM-Banco Nación o las operaciones de la curtiembre Yoma. Y que muy rápido comenzó a comprender el entramado trucho, tiró de la cuerda y en diciembre de 2005 radicó la denuncia penal contra 130 empresas y sociedades, como «Calibán», que luego pasó a llamarse «Infiniti».

Bo nunca imaginó las consecuencias de lo que hizo.

¿Por qué empresas como Skanska recurren de manera sistemática y creciente a las facturas truchas?

El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, se lo explicó al periodista Carlos Gabetta para su libro La encrucijada argentina: «El mundo de 2005 era diferente, no solo para los países avanzados sino también para la Argentina, donde había escasos ingresos de capitales extranjeros y por lo tanto el dinero negro había que producirlo en el país. De allí la proliferación de boletas falsas».

Tras recibir la denuncia de la AFIP, acumular las primeras evidencias y ordenar la primera tanda de escuchas telefónicas, cuyo análisis delegó en la División Jurídico Contable de la Policía Federal, el juez López Biscayart contó con otro golpe de suerte.

¿Por qué?

Porque una joven contadora con rango de cabo de esa repartición, María Florencia Navarro, por entonces de 29 años, unió algunas piezas sueltas del rompecabezas que aportaban las escuchas de los cueveros y detectó que hablaban de Skanska.

Eso le llamó la atención por una cuestión de sentido común: ¿qué hacía una multinacional inmiscuida con supuestos pelagatos?

Alertado, López Biscayart buscó algo más de material y en marzo de 2006 ordenó el primer allanamiento de Skanska y también el de la «cueva» Infiniti, donde detuvo a casi todos sus empleados.

López Biscayart era un «novato» en el Poder Judicial. Había ingresado como juez en 2003 tras varios años en el ejercicio privado de la profesión. Tan «novato» era que, por ejemplo, dejó asentado en otra investigación por facturas «truchas» y sospechas de coimas —⁠en aquel caso, a funcionarios de la AFIP⁠— que había recibido la «visita» de dos «funcionarios de la Secretaría de Inteligencia» (ex SIDE) para expresarle «un supuesto interés del Presidente de la Nación» por ese expediente.

Esa otra causa venía del fuero federal y, le indicaron, era «manejada» por la SIDE porque Kirchner quería que continuara por la misma senda investigativa que hasta entonces había registrado en Comodoro Py. Los emisarios le comunicaron algo más: el jefe operativo de «la Casa», Antonio Horacio «Jaime» Stiuso, quería conocerlo.

Mensaje desde las profundidades del sistema.

Tan «novato» —o rompeportones— era López Biscayart que escuchó a los muchachos de la SIDE y luego dejó constancia en el mismo expediente de la discordia, además de enviar notas a Presidencia de la Nación y a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso «a fin de que se deslinden las responsabilidades administrativas del caso».

Obvio, nunca le respondieron.

Pero el «novato» marcó la cancha.

Acaso por eso, Stiuso nunca apareció por su Juzgado.

Y acaso por eso, cuando en la nueva causa por facturas truchas que llegó a sus manos allanó Infiniti y Skanska, el cimbronazo llegó hasta la casa matriz en Suecia de la multinacional, donde ordenaron que el auditor interno en Buenos Aires, Corizzo, iniciara una investigación para determinar la dimensión de los delitos.

Corizzo cumplió.

Revisó papel por papel.

Entrevistó ejecutivos.

Y grabó a Azcárate durante dos horas.

De todo eso informó a los suecos.

Allá, en Solna, al norte de Estocolmo, los máximos ejecutivos de Skanska también recibieron un memorando de su por entonces director financiero (CFO) para América Latina, José Alonso.

Fechado el 16 de octubre de 2006, Alonso les reportó en inglés sobre las «alarmas tempranas» que dijo haber planteado en marzo de 2005, antes de que se iniciara la causa penal, y ya en 2006, después del primer allanamiento de López Biscayart.

En el párrafo siguiente, Alonso fue a los bifes.

Aludió a «la violación ética ejecutada (TGS/TGN) y abortada (Electroingeniería); y retornos (negocios personales) por cerca de US$ 5 millones (US$ 1,6 millón + US$ 3,4 millones)».

¿Qué quiso decir?

Que se pagaron sobornos en la operatoria con las transportadoras de gas del sur y del norte, mientras que sostuvo que con Electroingeniería SA estuvieron a un paso de derrapar, algo que desde la firma cordobesa negaron desde entonces. «Electroingeniería nunca participó de licitaciones de gasoductos, y nunca tuvo que ver con las obras para TGS/TGN. Nuestros ejecutivos nunca fueron citados por la Justicia por estas acusaciones basadas en testimonios de ejecutivos de Skanska que están procesados», respondieron ante la consulta de este autor.

¿Añadió Alonso algo más en el memo que envió a Solna?

«Yo fui el único en el equipo gerencial —sostuvo⁠— que se opuso activamente a aceptar la extorsión de la gente involucrada directa o indirectamente en el asunto, y pagándoles más de US$ 4,6 millones por su silencio, en un peligroso procedimiento legal que crea “un precedente legal y de rehén” que podría afectar la imagen de Skanska pasada y futura, y tener un impacto económico».

¿A qué aludía Alonso con eso de la «extorsión»?

A la negociación que Skanska mantuvo con el abogado Fernando Burlando, quien representó a los exempleados de la compañía que sabían demasiado, y que, a cambio de su silencio, lograron sacarle a la multinacional esos millones de dólares que consignó el CFO, además de quedarse con sus laptops y teléfonos celulares, con todo su contenido.

¿Qué ocurrió luego de que Alonso enviara su memo?

A los 10 días fue despedido.

Nunca nadie imaginó, sin embargo, que López Biscayart allanaría la sede local de Skanska por segunda vez en mayo de 2007, revisaría las computadoras de la empresa y recuperaría la grabación inmortal de Corizzo y Azcárate, ni que el memo de Alonso saldría a la luz.

Pero antes, durante los primeros meses de su investigación, López Biscayart había indagado a uno de los gestores de Calibán-Infiniti, Adrián Félix «Pichi» López.

Conector.

Expatovica del boliche Always de Belgrano, López declaró durante cuatro días seguidos.

Contó cómo era la operatoria con las facturas truchas de Calibán-Infiniti que utilizaron más de cien empresas.

Contó cómo se evadían impuestos.

Contó cómo se pagó sobornos «a gente del Gobierno» para la ampliación del Gasoducto Norte.

Contó quiénes estaban involucrados en la operatoria.

Y señaló a De Vido por su nombre, aunque aclaró luego que no tenía «ninguna prueba» y que fue «solo algo que escuché».

Al término del cuarto día, le leyeron su declaración indagatoria para que revisara si era correcta la transcripción. Dijo que sí, pero rogó e imploró por favor si podían eliminar su comentario sobre el poderoso ministro de Planificación Federal.

López Biscayart se negó.

Y «Pichi» López quedó detenido.

¿Con qué iceberg del sistema se habían encontrado los investigadores?

El 19 de abril de 2004, De Vido había firmado la resolución 185/04 para impulsar las «obras de expansión y/o extensión en transporte y distribución de gas», y creó el llamado «Fideicomiso del Gas» con fondos por $ 3000 millones, con aportes de inversores privados y repartidos a través de un concurso privado (en vez de una licitación pública) «por razones de urgencia».

¿Funcionarios responsables?

Néstor Ulloa, gerente de Nación Fideicomisos; Rafael Llorens, subsecretario legal del Ministerio de Planificación, y Fulvio Madaro, por el Enargas, además de ser uno de los beneficiados junto con la familia Kirchner con la denunciada compra de tierras fiscales en El Calafate a precios de regalo.

¿Objetivo del «Fideicomiso del Gas»?

La ampliación de los gasoductos del Norte y Sur.

Seis meses después, en octubre de 2004, el objetivo pareció dar un paso sustancial cuando el Ministerio de Planificación invitó a Skanska y a otras constructoras a participar en ese concurso privado por el Gasoducto del Norte, con una inversión global estimada en $ 1240 millones, que equivalían a US$ 413 millones.

La Piñata.

En la compulsa, Techint ganó seis de los siete tramos de cañería; Skanska, el trecho restante. Y así se notificaron las adjudicaciones en abril de 2005 a los apoderados de las empresas. Por Skanska asistió su gerente comercial, Azcárate, el de la grabación inmortal.

Pero algunas burbujas comenzaron a salir a la superficie.

Como licenciataria del Gasoducto Norte, la empresa Transportadora de Gas del Norte (TGN) elaboró un reporte en el que expuso posibles sobreprecios en el presupuesto que había preparado Skanska para construir una planta impulsora en Deán Funes, Córdoba. Lo que debía costar $ 11 millones, indicó, se había inflado a $ 28 millones.

El resto de las obras quedaron a cargo de las empresas Techint, BTU, Contreras Hermanos y la brasileña Odebrecht, cuyo dueño, Marcelo, asumió las riendas del lobby en la Argentina, centrado con ahínco en De Vido.

Una década después, el heredero del imperio Odebrecht terminó en prisión, acusado de liderar un esquema de sobornos que incluyó a otras 25 empresas, por US$ 2100 millones, en sus negociaciones con la petrolera estatal brasileña Petrobras.

A versão brasileira da Piñata.

Pero en aquel entonces, TGN hizo algo más, imperdonable. Remitió al Enargas dos notificaciones en enero y febrero de 2005 para informarle que la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez, había sido expulsada del concurso privado por «comportamiento irregular». Había intentado «cartelizar» los precios de la operación.

Ahí no se acabaron los primeros traspiés. Porque el presupuesto general de Skanska para esa obra incluyó otra curiosidad: aparecía un ítem titulado «Imprevistos», por más de $ 46 millones, unos US$ 15,3 millones al tipo de cambio entonces vigente.

Y algo más: la multinacional sueca, con sus más de 60 años de experiencia, 9000 empleados solo en América Latina y técnicos de nivel internacional y sus grandes proyectos alrededor del mundo, decidió tercerizar en la diminuta, desconocida e inhallable firma local Infiniti Group la redacción de unos manuales de procedimiento a cambio, eso sí, de honorarios de siete cifras.

Eso es lo que los contadores «forenses» y los investigadores de delitos «de cuello blanco» llaman una «bandera roja».

Es decir, un indicio de que algo indebido ha ocurrido, está ocurriendo o está por ocurrir.

Es decir, que era factible que Skanska recurriera en realidad a Infiniti Group como intermediaria para canalizar el pago de sobornos a sus verdaderos destinatarios, al mismo tiempo que recibía una factura —⁠trucha⁠— por el monto total de esos honorarios que le permitía justificar la salida de esos fondos de sus registros contables.

Es decir, el mismo camino que siguió la multinacional alemana Siemens para pagar sobornos por más de US$ 106 millones a diversos funcionarios de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa por el contrato de los pasaportes y DNI, según reconocería en 2008 la compañía en Alemania y en Estados Unidos.

Es decir, la misma operatoria a la que recurrieron las concesionarias de las autopistas de acceso a la ciudad de Buenos Aires —⁠Coviares, AEC SA y Autopistas del Sol⁠— para aportar el dinero necesario para financiar una pelea de Fernando «el Roña» Castro en 2005 a pedido de De Vido, que se instrumentó a través de su colaborador Claudio Uberti, el funcionario que saldría eyectado del Gobierno en 2007 por el «caso Ciccone». ¿Cómo se disfrazaron los pagos? Con facturas de la sociedad pantalla Calibán, la predecesora de Infiniti con nombre menos chic.

Y la misma operatoria que la Justicia sospecha que pudo utilizar el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, para cobrar sobornos por $ 7,6 millones del gobierno de Formosa por el canje de la deuda provincial, coimas que se habrían canalizado a través de Alejandro Vandenbroele, con la factura 0003 de la sociedad The Old Fund.

En el caso de Skanska, la ruta de su dinero negro resultó bastante fácil de seguir.

Skanska emitía cheques que pasaban por las manos de Alfredo Norberto Greco, un contador nacido en 1952, con oficina en Viamonte 675 de la ciudad de Buenos Aires.

El contador se los daba al expatovica López.

«Pichi» López, apoderado de Infiniti, los depositaba en una cuenta corriente abierta en la sucursal de la avenida Leandro N. Alem al 800, Buenos Aires, del Banco Supervielle.

El mismo patovica extraía luego el dinero en efectivo —⁠un máximo de 50 000 pesos por vez⁠—, se quedaba con 5 % de comisión y entregaba el resto, en mano, a Greco, en su oficina de Viamonte entre Florida y Maipú, para que el contador y Skanska completaran el circuito con esos fondos negros.

Y algo más, que luego López le contó a la revista Noticias. Afirmó que durante su inmersión en el submundo de las facturas truchas conoció a otro más que interesante contador llamado Andrés Galera, con quien se reunió en el hotel Regal Pacific, en la calle 25 de Mayo al 700 de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, todo en un radio de pocas cuadras del microcentro porteño.

Según López, en la reunión que mantuvo con Galera también participó un estrecho colaborador de De Vido, el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio, Roberto Baratta.

Pero, según López, la voz cantante la llevó Galera, que se presentó como un enviado del Ministro, al tiempo que pegoteó a otro funcionario más de Planificación en la supuesta operatoria ilegal: José Francisco López, el secretario de Obras Públicas.

Conectores.

«Yo sabía que era… un valijero», rememoró «Pichi» López ante la revista Noticias, quien ignoraba los relatos de empresarios tucumanos sobre el contador que llegaba desde Buenos Aires y recibía sus bolsos en pijama. «Y él», precisó López sobre Galera, «decía venir en nombre de Planificación, en nombre de Julio De Vido. Creo que no es funcionario, creo que sí trabaja con López, el de Obras Públicas».

—¿Galera decía representar al Ministerio de Planificación? —⁠le insistió Noticias.

—Y claro, las obras públicas dependen del Ministerio de Planificación. Los gasoductos de Skanska dependían del Ministerio. Lo que me planteó ese día (Galera) es que ellos estaban necesitando empresas de primera línea para que le facturaran a Skanska. Empresas de transporte, constructoras y consultoras para que le facturaran a Skanska y luego Skanska les diera el vuelto que correspondía.

—¿Por qué empresas de primera línea?

—Y… porque hacerlo con las más chicas, usinas, las que llaman empresas fantasma, podía despertar sospechas. Ellos querían empresas reales, no fantasmas, que pasaran facturas por un servicio que no se prestaba y que servía para justificar la salida de dinero que se destinaba a coimas. Y la promesa era que en lo sucesivo el Gobierno iba a tener en cuenta a esas empresas para ponerlas a trabajar en el sector público.

Galera, como corresponde, lo desmintió. «Es un disparate. Ni lo conozco al tipo», dijo en alusión a «Pichi».

Pero «Pichi» López reafirmó sus dichos ante la Justicia. Dijo que Galera le «planteó que necesitaban empresas de primera línea para que le facturaran a Skanska y que luego esta última “les diera el vuelto correspondiente”» y añadió que si el contador negaba sus dichos «estaría dispuesto a someterse a un careo, y si fuera necesario podría llamar a una persona que estuvo presente en la misma, para que acredite que esa reunión se llevó a cabo».

El sistema.

Y Galera no logró evitar que la Justicia lo investigara en Buenos Aires y Mar del Plata, que lo allanara y que lo indagara.

Cuando todo salió a la luz, De Vido hizo con él lo mismo que él había intentado con «Pichi» López: se despegó rápido de Galera mediante un comunicado. «No tengo ni tuve trato de ninguna naturaleza con este hombre; es más, no lo conozco», lo fulminó.

Pero la prensa ya estaba sobre el rastro del negociado.

«¿Facturas truchas para justificar coimas? Un escándalo lleva a una empresa sueca a no hacer más obras públicas», fue el título de la primicia del periodista Carlos Russo, en noviembre de 2006, en el diario Perfil.

Ardió Troya.

El Gobierno negó todo. Argumentó que dado que el «Fideicomiso del Gas» se basaba en fondos privados, las coimas, si acaso existían, también eran «entre privados».

Para abril de 2007 —menos de un año y medio después de la denuncia de la AFIP⁠— el cuadro de situación era el siguiente:

Evasión tributaria: se consideraba ya probada porque Skanska había admitido ante López Biscayart haber evadido impuestos mediante el empleo de facturas truchas.

Sobreprecios: el documento de Transportadora de Gas del Norte lo delineaba con montos: solo en Deán Funes el valor de la obra había saltado de $ 11 millones a $ 28 millones. ¿Y las obras restantes? ¿Habría pasado lo mismo?

Coimas: además del testimonio de «Pichi» López como apoderado de Infiniti, Skanska las confirmó en su auditoría interna, en las que aludió a «operaciones simuladas con la finalidad de generar fondos para el pago de comisiones indebidas» con número incluido: $ 13 millones.

¿Cómo lo expresó Skanska en su informe de auditoría?

«Los pagos y contrataciones (de empresas fantasmas como Infiniti) señalados (corresponden) a operaciones simuladas con la finalidad de generar fondos para el pago de comisiones indebidas».

¿Cuáles «operaciones simuladas»? ¿Por qué montos?

Skanska registró $ 5,7 millones en el Gasoducto del Sur, otro $ 1,8 millón en el Gasoducto del Norte, y $ 5,9 millones en la planta compresora de Deán Funes. Total: $ 13,6 millones.

Piñata.

¿Qué decidió entonces Skanska?

Además de presentarse ante López Biscayart y admitir la evasión tributaria y las «comisiones indebidas», pagó $ 17 millones por lo evadido y las multas, y despidió e indemnizó a 7 de sus ejecutivos locales con responsabilidad sobre ese proyecto, sin importar demasiado si conocían o no las trapisondas.

Pero López Biscayart continuó su camino.

Citó a su despacho a Corizzo, lo interrogó, el auditor contestó lo que pudo o quiso, el juez insistió, el indagado dijo que no sabía dónde estaba el audio de su conversación inmortal con Azcárate, y el juez repreguntó y repreguntó hasta que tuvo claro que debía tratarse de un archivo informático. Entonces suspendió la audiencia y se fue, en el acto y con su gente, a allanar otra vez Skanska.

Y fue entonces, el 15 de mayo de 2007, cuando López Biscayart encontró escondido, en las computadoras de Skanska, el archivo que se había intentado manipular y eliminar, y que contenía el audio de la conversación entre el auditor y Azcárate.

Bingo, fue la primera reacción general.

Pero en realidad fue el principio del fin para la instrucción de López Biscayart, a la luz de todo lo que ocurrió después.

Por un lado, el juez avanzó sobre los ejecutivos de Skanska, los responsables de las facturas truchas y los funcionarios públicos involucrados. Así, procesó a Ulloa y detuvo a los principales gerentes de la multinacional mientras que el también detenido «Pichi» López le informó que había sufrido un apriete de la ex SIDE en la cárcel donde se encontraba detenido.

¿Qué le dijo «Pichi»?

Que agentes de la ex SIDE fueron a verlo a prisión para explicarle, sin vueltas, que debía rectificar su versión de los hechos o lo matarían.

¿Qué hizo López Biscayart?

Ordenó sacar a «Pichi» del Servicio Penitenciario y reubicarlo en una dependencia de la Policía Federal.

¿Qué ocurrió?

La Policía Federal se negó, según le informó al juez, por orden del entonces ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, por lo que «Pichi» López debió esperar dentro de un camión celular para traslados de detenidos, a las 2 de la mañana, que alguien se hiciera cargo de él.

¿Qué hizo López Biscayart?

A esa hora, las 2 de la mañana, dictó la inconstitucionalidad de la orden de Aníbal Fernández e intimó a la Policía para que recibiera al detenido.

¿Cuál fue la reacción oficial y paraoficial?

Aníbal le pidió el juicio político a López Biscayart en abril de 2007, mientras que las revistas 7 Días y Veintitrés del empresario Sergio Szpolski, que luego lanzaría Tiempo Argentino, comenzaron a hostigarlo con datos y operetas aportados por la ex SIDE.

Por meterse con el sistema.

Sin embargo, sin competencia para investigar posibles actos de corrupción dada su competencia en lo Penal Tributario, López Biscayart debió derivar ese otro tramo de su pesquisa a los tribunales de Comodoro Py, donde el entonces legislador de la Coalición Cívica Adrián Pérez (hoy con Sergio Massa) había radicado una denuncia por coimas y asociación ilícita entre otros posibles delitos.

También ese desprendimiento pareció repetir la buena fortuna de la causa madre. Porque quedó en manos del juez federal Guillermo Montenegro y el fiscal Carlos Stornelli, el de la «causa Armas» por la que el expresidente Carlos Menem pasó meses detenido en 2001, y de la «causa Hotesur» sobre el final del kirchnerismo.

Poco después, el auditor Corizzo también debió declarar ante Montenegro y Stornelli, y ratificó su informe de auditoría, por lo que apoyado en ese reporte, la grabación y otras evidencias, el fiscal pidió las indagatorias de Madaro y Ulloa.

«El gobierno nacional no tiene nada que ver. A mi juicio es un acto de corrupción entre privados», fue el latiguillo de Kirchner que siguieron sus colaboradores ante los periodistas. Lo utilizaron en este caso, al igual que ante la estallido, años después, de los escándalos por Sueños Compartidos y Sergio Schoklender, y por la tarjeta SUBE, donde una de las empresas proveedoras de las máquinas se vincula a Cristóbal López y su socio Fabián de Souza.

Kirchner dio otro paso. Cuando el juez Montenegro llamó a indagatoria a Madaro y a Ulloa, el Presidente echó a ambos funcionarios de su Gobierno, mientras que un tercer funcionario, el subsecretario de Obras Públicas, Raúl Rodríguez, caería luego.

La irrupción de la palabra «corrupción» en la tapa de Clarín por primera vez en su mandato lo enfureció al patagónico, que, según relata Gabriel Pandolfo en su libro Néstor. El Presidente militante, comenzó a desempolvar el proyecto para una nueva Ley de Medios, que llevaba tres años en un cajón.

—¿Nos están jodiendo? ¿Qué les pasa a estos hijos de puta? ¿Qué más quieren? —⁠gritó Kirchner a su jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en alusión a las tapas de Clarín. Ausente la variable del periodismo en su ecuación mental, el Presidente solo consideraba un toma y daca como opción.

—Llamalo y arreglá un almuerzo —ordenó.

Alberto Fernández debía llamar, claro, al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, con quien por entonces «Furia» solía mantener largas sobremesas sobre política, negocios y dinero, junto al propio Alberto Fernández y al director de relaciones externas del multimedios, Jorge Rendo.

El oficialismo potenció además lo que se convirtió en un clásico ante cada relevación incómoda: acusaría a la prensa de distorsionar la realidad. En aquella ocasión criticó mediante una solicitada a los diarios Perfil, La Nación (donde el periodista Jorge Urien Berri asumió la cobertura del caso) y Clarín (con el periodista Pablo Abiad a la cabeza, autor luego de un libro indispensable para comprender este caso).

Sin embargo, la investigación federal registró su sentencia de muerte el 12 de octubre de 2007. Ese día, Kirchner aceptó la renuncia del juez Montenegro, quien se marchó de los tribunales Comodoro Py al mismo tiempo que Stornelli pedía licencia como fiscal.

Montenegro se alejó de la magistratura para asumir como ministro de Seguridad porteño con Mauricio Macri, mientras que el fiscal lo hacía como ministro de Seguridad bonaerense con Daniel Scioli.

¿Quién asumió como nuevo juez del caso?

Norberto Oyarbide.

Y, encima, siete meses después, en mayo de 2008, la sala I de la Cámara Federal porteña, con los votos de Eduardo Farah y Eduardo Freiler, declaró nula la grabación de Corizzo por considerarla «parajudicial».

Ya sin esa prueba clave para demostrar el pago de coimas, Oyarbide llamó a indagatoria a Madaro y Ulloa en agosto de 2008. Y se tomó su buen tiempo para recién dos años después, en septiembre de 2010, ordenar algunos allanamientos y librar exhortos a Panamá y Uruguay con el declamado objetivo de rastrear cuentas bancarias en las que podrían haberse depositado los sobornos a esos exfuncionarios, a los que procesó en diciembre.

La causa ya orillaba, de todos modos, su final. Máxime cuando peritos de la Corte Suprema concluyeron que «no hubo sobreprecios» en la operación en la que participó Skanska y que, como máximo, dado que esa empresa no contrató con el Estado, sino con Transportadora Gas del Norte (TGN), se trató de un caso de «maniobras ilícitas de evasión impositiva entre privados».

Ya de regreso como fiscal tras su tortuoso paso por tierras bonaerenses, Stornelli rechazó ese peritaje. Argumentó que sus conclusiones eran «tendenciosas y temerarias», «claramente teñidas de subjetividad» y sin el «rigor científico» necesario.

Pero ya era tarde. Incluso para quienes habían colaborado en la investigación. Al punto que el nuevo titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, disolvió el equipo de investigadores que, liderados por Carlos Bo, habían desentrañado la madeja de facturas truchas y corrupción.

El sistema había triunfado, una vez más.

El remate judicial sobre ese segundo eje —⁠el de los posibles sobornos a funcionarios públicos⁠— llegó en noviembre de 2011, cuando la misma sala I de la Cámara Federal que había nulificado la grabación de Corizzo se encargó de sobreseer a Madaro, a Ulloa y al secretario de Energía, Daniel Cameron, al que Oyarbide había citado a declarar, pero ni siquiera había llegado a procesar.

Según los camaristas, todo se trató de «un debate equívoco» en el que las coimas no pasaron del «plano especulativo».

O dicho de otro modo: Skanska reconoció «comisiones indebidas», echó a ejecutivos a los que indemnizó con una fortuna y pagó millones al fisco por algo que de todos modos la Justicia consideró «especulativo».

Solo quedó en pie el otro eje de la pesquisa, centrada en el uso de las facturas truchas de la usina «Di Biase» con fines de evasión. Es decir, contra los «perejiles» sin relevancia política. Contra ellos sí avanzó la Justicia hasta que, el 1.º de marzo de 2013, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N.º 2 condenó a 6 años de prisión efectiva a «Pichi» López como jefe de una asociación ilícita, y a tres imputados más.

Todos, obvios, ratones.

¿Qué pasó con los otros protagonistas?

Ulloa y Madaro nunca volvieron a la función pública.

Bo continúa en áreas periféricas de la AFIP, donde no lo dejan involucrarse en las investigaciones sensibles, ni siquiera en las que pide ayuda técnica la Justicia. «En este país es muy complicado», contaría el sabueso a principios de 2015, cuando debió testificar en el juicio oral contra la Curtiembre Yoma, una de las pesquisas de los 90 en las que ayudó a enviar a prisión a los responsables.

Basado en su experiencia y ante una pregunta del fiscal, Bo reafirmó lo que comprobó en carne propia: «Hay empresas que tienen impunidad política», sostuvo, lo que ejemplificó en los tiempos que corren con Lázaro Báez y Cristóbal López.

El contador y supuesto «valijero» Galera, en tanto, logró sacarse de encima la sombra de las sospechas del «caso Skanska». Pero volvió a quedar bajo los focos mediáticos en noviembre de 2013, cuando la AGN radicó una denuncia penal contra su constructora Viani SA, que desde 2007 se encargaba de la restauración de la nueva sede del organismo, incumplía con el contrato y demoraba su entrega.

La AFIP como entidad, por su parte, jamás investigó a fondo todas las ramificaciones de las usinas de facturas truchas y sociedades fantasmas que había detectado. En particular, como revelaría la periodista Emilia Delfino en el diario Perfil, los lazos existentes entre Infiniti Group y sus mellizas Nolink y Tacoma, ambas en la calle Maipú 464, piso 6, departamentos 610 y 611.

En Nolink aparece vinculado Alberto Salvador «el Negro» López, un «empresario» procesado por traficar efedrina que en 2003 usó oficinas de la Casa Rosada como si fueran propias; y en Tacoma, Eduardo Otero Rey, un jubilado que también aparece en la droguería Prefarm, que tenía como uno de sus principales clientes, como para cerrar el círculo, a Infiniti, cuyo responsable, Adrián «Pichi» López, el patovica, cuando recuperó su libertad, se refugió en la casa de «el Negro» López, quien se movía con tarjetas personales de «Presidencia de la Nación».

Otro conector.

El teléfono del «Negro» López resulta por demás interesante. Entre otros motivos, porque acumula llamadas que fueron y vinieron con Madero Office Center, una empresa ubicada casi frente a la Casa Rosada, en Puerto Madero, a la que llamaban los Juliá antes de caer con casi 1000 kilos de cocaína en España, también los imputados por los asesinatos de colombianos en el Unicenter y en San Fernando, y hasta Martín Lanatta, el asesino convicto por el «Triple Crimen».

Porque, como decía Pancho Ibáñez en El Deporte y el Hombre (y suele recordar la Presidenta), «todo tiene que ver con todo».

Si hasta De Vido aludió, ya en 2015, al derrotero final del «caso Skanska» para defenderse de las sospechas sobre negociados vinculados al yacimiento más importante del país: «Si alguien investiga con seriedad e independencia lo ocurrido con la extensión del Yacimiento Cerro Dragón y profundiza las relaciones entre los accionistas de PAE —⁠sostuvo⁠—, advertirá rápidamente que tiene similitudes con el llamado Caso Skanska, donde finalmente la justicia no encontró ninguna vinculación con el Gobierno Nacional o el Ministerio de Planificación Federal, quedando demostrado lo que denunció en su momento Néstor Kirchner acerca de que era un hecho de corrupción entre privados».

Por su parte, Skanska se retiró de la obra pública en el país y solo presta servicios petroleros a otras empresas privadas en yacimientos de Neuquén.

Por su parte, su CEO para la región cuando estalló el escándalo, Mario Alberto Piantoni, se retiró a Córdoba, desde donde cobró por servicios de consultoría para la multinacional. Pero antes, mientras estaba al frente de la empresa, depositó US$ 501 660 en una cuenta que abrió en la sucursal Ginebra del HSBC, que exigió que se mantuviera confidencial, según datos que consiguieron el diario francés Le Monde y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), que integra este autor.

Identificado como el cliente número 9 072 086 298, Piantoni visitó a un representante del HSBC suizo en septiembre de 2005 para fijar las condiciones con las que pretendía operar con su nueva cuenta en la sucursal Ginebra. Más aún, le informó al ejecutivo del banco que había ido a visitarlo «a propósito» para insistir en el carácter «confidencial» en el que pretendía manejarse. Y dijo que planeaba jubilarse «a fin de año» y planificaba «viajar por el mundo».

Consultado, Piantoni no desmintió ese depósito, ni la cuenta. Solo indicó: «El tema ya está resuelto, no tengo ninguna aclaración para hacer». Y tiene razón porque, años atrás, fue procesado como parte del grupo de ejecutivos de Skanska que habrían armado la estructura para el pago de comisiones, pero la Justicia también terminó por sobreseerlo.

El Gobierno, en tanto, impulsó una ley de moratoria y blanqueo que permitió a miles de empresas y contribuyentes que usaron facturas truchas suspender las causas penales a cambio de acogerse al plan de pago. Entre otras, constructoras vinculadas a Lázaro Báez y Skanska.

Y López Biscayart continúa como juez.

Ya no es un «novato».

Dice que aprendió de esa experiencia, cuando avanzó contra el sistema.

Dice que no alcanza con un buen juez para investigar, combatir la corrupción y castigar a los responsables.

«El poder», dice, «destruye todo eso».

López Biscayart cuenta que debió sacrificar a su perro ovejero alemán, que nunca superó las secuelas de salud que arrastró desde que intentaron envenenarlo.

El perro sacrificado se llamaba «AFIP»[20].

T / Triple Crimen

El 13 de agosto de 2008 aparecieron los tres cuerpos.

Estaban boca abajo y tenían las manos y los pies atados con precintos plásticos, de uso policial.

Dos tenían cuatro tiros, en la espalda y en el tórax.

El tercero tenía ocho balazos: cinco en la cabeza, dos en el pecho y uno en la espalda.

Damián Ferrón, Leopoldo Bina y Sebastián Forza.

Los «empresarios» llevaban seis días desaparecidos.

Seis días.

Hasta que sus cuerpos aparecieron en un zanjón de General Rodríguez, al oeste del Conurbano.

Forza era el muerto clave.

Cocainómano, bocón, mentiroso, vendehumo, estafador, buchón, traicionero y muy simpático, Forza había dejado ya un tendal de enemigos a su paso, con ramificaciones que llegaban hasta narcos colombianos y mexicanos, el «caso Antonini», la «mafia de los medicamentos», droguerías sin controles y la recaudación para la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

Forza = conector.

¿Cómo? ¿Por qué?

Porque Forza vivió siempre al borde del off side, a la caza de nuevos negocios y atajos para el dinero fácil que, como suele ocurrir, terminan en proyectos frustrados, deudas impagables y el deudor desesperado por cambiar su suerte, pero inmerso hasta el cogote en cloacas cada vez más pestilentes.

Así es como Forza, por ejemplo, charló por teléfono con Héctor Duque Zeballos, uno de los colombianos del «Cartel de la Cordillera» que caería asesinado en la llamada «masacre de Unicenter», 20 días antes de que al argentino también lo ejecutaran.

¿Una curiosidad?

Entre aquella masacre y su propia muerte, Forza también le colgaría un apodo irónico a un muchacho que solía llamarlo por teléfono. «El gordo de Uni», así lo identificaba ante sus amigos cuando le preguntaban quién lo había llamado, en alusión a su supuesto rol en aquella masacre.

¿Sabía algo Forza?

¿O hiperventilaba?

Porque ambas opciones eran factibles.

¿Otra?

El nombre de Forza también apareció en el teléfono de Jesús Martínez Espinoza, jefe de la banda de narcos mexicanos que habían instalado un laboratorio de éxtasis y metanfetaminas en Ingeniero Maschwitz. Es decir, el hombre al que desde el Distrito Federal señalan como el representante en la Argentina del máximo capo narco, Joaquín «el Chapo» Guzmán.

¿Por qué aparecía Forza en la mira de los mexicanos?

Porque el argentino les vendió 700 kilos de efedrina… adulterada.

Hay que animarse a mexicanear a los mexicanos…

Sin embargo, con la aparición de los cuerpos de Forza, Ferrón y Bina en lo que desde entonces se conoce como «el Triple Crimen», el Gobierno buscó minimizar los costos políticos y cortar con las especulaciones sobre su propia inacción frente a lo que parecía el despertar de la locura narco en la Argentina, con tantos colombianos, mexicanos, sicarios y muertos dando vueltas.

Para lograrlo, anunció fuertes restricciones a la importación de efedrina, un precursor químico utilizado para, entre otros fines, producir drogas sintéticas como las metanfetaminas y el éxtasis, o para preparados de uso clandestino en el circuito deportivo.

El mercado local de la efedrina había llegado demasiado lejos sin que nadie dentro del Gobierno sonara la alarma. Más bien, como se sabría después, todo lo contrario. Por eso, la Argentina figuraba en ese momento como su tercer mayor importador del mundo.

Lo notable, sin embargo, es que los datos oficiales mostraban que la industria farmacéutica local requería 10 toneladas anuales de efedrina y pseudoefedrina para elaborar medicamentos, pero se importaban 52,4 toneladas. Es decir, cinco veces más que Estados Unidos y siete veces más que Brasil. Por eso, los especialistas sostenían que la gran mayoría del excedente, unos 42 400 kilos, se desviaba para el tráfico ilegal.

Si ese fue un primer paso saludable, desde el Gobierno también pasaron al ataque, concentrado en Forza.

—El ministro Aníbal Fernández dijo que su esposo era investigado en casi 20 causas —⁠le remarcaron desde el diario La Nación a su viuda, Solange Bellone.

—Es una locura. Lo debe decir para tapar alguna otra cosa. Si nos investigaban, ¿por qué teníamos la droguería abierta? —⁠retrucó.

De locura, nada.

Forza había jugado demasiadas partidas simultáneas. Entre otras, con aportes a la campaña presidencial de 2007 del Frente para la Victoria con su distribuidora de medicamentos, Seacamp.

Fue Héctor Capaccioli, por entonces superintendente de Servicios de Salud, uno de los recaudadores para la campaña cuyo nombre circulaba como contacto de Forza en el Gobierno, el encargado de dar la cara. «Efectivamente, Seacamp fue aportante de la campaña. Donó $ 200 000 en cuatro cheques de $ 50 000 cada uno. Pero yo a él (por Forza) no lo conocía, nunca lo traté. No recuerdo que hayamos coincidido en alguna reunión», buscó aclarar, sin mayor suerte.

Dispuesta a soltar lastre, la Presidenta echó a Capaccioli.

Pero Capaccioli callaba (y aún calla) mucho.

La viuda Bellone, también.

¿Forza tenía también algún vínculo con Gustavo Luaces, quien trabajaba para Federal Aviation y Medical Jet, las empresas de los hermanos Juliá, presos en España por tráfico de cocaína?

Ella aclaró que no.

Y Aníbal Fernández, también.

Pero la duda sigue ahí.

Porque Forza ya estaba marcado dentro del negocio de los medicamentos falsificados y adulterados. Estaba en la lona, sin dinero, y aún así aportó $ 200 000 a la campaña, con dinero que en realidad le entregaron y que él depositó como propio, a cambio de una «comisión».

De hecho, al momento en que apareció como aportante a la campaña kirchnerista, Forza cargaba con al menos 13 causas penales por adulteración de medicamentos y comercialización de drogas robadas o adulteradas, su empresa estaba en concurso de acreedores, arrastraba deudas por $ 4,3 millones, había librado 357 cheques sin fondos y, su rúbrica, a esa altura, ya valía menos que nada. Y solo sus cheques destinados a la campaña de Cristina Kirchner y Julio Cobos —⁠y ningún otro de los que libró por aquellos días⁠— fueron cubiertos.

Por eso, necesitado de fondos frescos, acelerado por sus adicciones y mientras le decía a su mujer que se mataría si ella concretaba su amenaza de abandonarlo, Forza dibujó lo que pudo con Seacamp y otras dos firmas igual de endebles, Baires Med y Sanfor Salud, cuando intentó una jugada arriesgadísima.

Si le salía bien, podía ponerlo otra vez en la senda ganadora.

Pero si salía mal… bueno…

Para eso necesitaba importar efedrina en cantidades masivas, que planeaba revender a los mexicanos de Maschwitz, aunque ya no podía intentar el negocio con su nombre porque su mala fama lo precedía. Necesitaba de alguien limpio. Y ese fue el rol de Bina.

El problema fue que Forza no pudo consigo mismo.

Los mexicanos buscaban 700 kilos de efedrina.

Forza solo tenía 500.

Pero aun así apareció con la cantidad requerida.

Y todo marchó bien, hasta que los mexicanos liderados por Jesús Martínez Espinoza y el rosarino Mario «el Rey de la Efedrina» Segovia, un mesero que pasó a moverse en un Rolls Royce, perdieron una fortuna cuando las pastillas resultantes resultaron un fiasco porque, según descubrieron, la mercadería había sido estirada.

Peor aún.

Tras rebajarles la efedrina con sal, Forza intentó compensarles la pérdida vendiéndoles una droguería que les permitiría a los mexicanos trabajar en la Argentina con ese precursor químico. Pero la firma que les ofreció carecía de la autorización de la Secretaría de Programación de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) para comprar efedrina. Entonces sí, los mexicanos dijeron basta.

Sin embargo, y como si la furia mexicana fuera insuficiente, Forza sumó el odio de otros dos acreedores. Uno era el dueño de la droguería Multifarma SRL, Marcelo Abasto; el otro, su exsocio y examigo Ibar Esteban Pérez Corradi, socio a su vez de Abasto.

Forza le tenía «terror», según Bellone, a Pérez Corradi, a quien había denunciado dos veces, en Pilar y en Buenos Aires, por amenazas. Todo porque su examigo se sintió traicionado por algunas de sus acciones —⁠como intentar meterse en su casa para robarle dinero⁠—, además de que llegó a deberle más de $ 2 millones.

Acaso por todo eso Pérez Corradi se mostró profético.

—Ahora me van a hacer cargo a mí de lo que pasó. Me van a endosar el paquete a mí y yo no tengo nada que ver —⁠dijo a Abasto cuando se reunieron en un bar de Lavalle y 25 de Mayo, en el microcentro porteño.

«Paquete» eran, claro, los cadáveres de Forza, Bina y Ferrón.

—¿Por qué?

—Ya vas a ver que me van a acusar de todo esto a mí.

Pero al «Rey de la Efedrina» y a Pérez Corradi pronto se sumaría otro sospechoso, Martín Lanatta, que había citado a Forza a un encuentro en el supermercado Walmart de Sarandí, el 7 de agosto.

Esa fue la última vez que se supo de Forza con vida.

¿Quién es Lanatta?

Un militante del Partido Justicialista de Quilmes, facilitador de licencias de portación y tenencia en el Registro Nacional de Armas (Renar) —⁠él mismo tenía 18 armas, por lo que Forza lo bautizó «Pepe Portación»⁠—, vinculado a la barrabrava del Club Atlético Quilmes, con gustos de nuevo rico —⁠autos de lujo, relojes ostentosos, cuatriciclos⁠—, que bravuconeaba sobre sus supuestos vínculos con Aníbal Fernández.

¿Conector?

Acaso para cortar con las especulaciones —⁠o, por el contrario, para potenciarlas cuando la investigación del «Triple Crimen» llevaba ya un año⁠—, a las 9.54 del 7 de octubre de 2009 Lanatta envió un e-mail a una de las casillas personales de correo del bigotudo funcionario.

«Desde ya le pido mil disculpas por el atrevimiento que me tomé en escribirle un e-mail. Le comento que soy un quilmeño y conocido ahora, gracias a la mierda de periodismo que tenemos. En todo momento, usted sabrá que me involucraron en diferentes casos incluyendo en todo momento que yo lo conocía a usted y al hijo del reconocido Cacho Rey (puntero del PJ de Quilmes). Realmente lo único que sé de usted es que es un quilmeño como yo. Lo molesto por cuestiones de que el organismo que está a cargo del reconocido José Luis Meiszner, este organismo (por el Renar) todo trámite que presento me lo observan y me lo mandan a evaluación jurídica. De hecho, lo último que presenté fue dos tenencias de carabina 22 y también está en evaluación, aparte de mi renovación de portación que la necesito por seguridad propia mía ya que me dedico a venta de relojes de alta gama y metales preciosos. Ahora, si la justicia no me requiere aparte de que me presenté en varias oportunidades cada vez que me nombraban, ¿por qué el organismo que está a cargo de este pibe (Andrés) Meiszner me persigue? Desde ya muchas gracias. Realmente no quiero accionar legalmente por una cuestión de que el organismo está a cargo de un quilmeño. Martín Lanatta».

Al recibir el e-mail, Aníbal Fernández tomó dos decisiones: no le respondió a Lanatta y distribuyó el correo entre los periodistas, acaso para cortar cualquier especulación o un eventual chantaje.

«Todo lo que tiene que ver con Quilmes me lo adjudican a mí», se quejó Fernández, que relató que cuando Lanatta comenzó a aparecer en los medios, preguntó por él entre sus colaboradores. «Todo el mundo me decía que no. Algunos me dijeron que lo conocían de haberlo visto en Quilmes, pero que no tenía actividad política ni era cercano a nosotros. ¿Por qué debo escribirle o contestarle?», desafió el ministro.

Lo que quedó en las sombras fue, sin embargo, algo más sencillo: ¿cómo consiguió Lanatta, «Pepe Portación» como le decía Forza, la cuenta de correo personal de Fernández?

Y a esa pregunta, otra: ¿cuál de sus colaboradores le dijo que lo conocía «de haberlo visto en Quilmes»? ¿El titular del Renar, Andrés Meiszner, hijo de su amigo José Luis, el secretario de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), además de presidente del club Quilmes e investigado por el juez federal Claudio Bonadío por supuestas cuentas secretas en paraísos fiscales, que podrían vincularse al «FIFAgate»?

Pero en vez de responder esas preguntas, desde los sótanos de la política intentaron otra jugada. Durante la campaña electoral de 2009, cuando el empresario Francisco de Narváez compitió contra el expresidente Néstor Kirchner y las candidaturas «testimoniales» de Daniel Scioli y Sergio Massa, intentaron pegotearlo al «Colorado» con el «Rey de la Efedrina» y, por tanto, con el mundo narco.

La intentona falló y terminó con la destitución del juez federal Federico Faggionato Márquez, que había colaborado con la opereta. Pero ajenos a las zancadillas de la clase política, los investigadores judiciales del «Triple Crimen» avanzaron por la senda de Lanatta. Siguieron sus rastros. Primero hasta su hermano, Cristian Lanatta; luego, hasta los hermanos Víctor y Marcelo Schillaci. Es decir, tres lindos muchachos, uno más pesado que el otro, con frondosos antecedentes penales en Quilmes, Florencio Varela, Berazategui y Lomas de Zamora, por secuestro, extorsión, lesiones y amenazas con armas de fuego.

¿Cuál fue la hipótesis de los investigadores?

Que «el Rey de la Efedrina» estaba harto de Forza, que su exsocio Pérez Corradi dio la orden de matarlo y que Lanatta fue «el entregador» con la ayuda material de su hermano, mientras que los Schillaci se encargaron de los secuestros, las torturas, las ejecuciones y el ocultamiento de los cadáveres durante seis días.

¿Cómo habría ocurrido el operativo?

El 7 de agosto de 2008, Forza, Ferrón y Bina fueron hasta el patio de comidas de un shopping de Sarandí para reunirse con Lanatta, quien les tendió una trampa y los llevó engañados hasta una casa de Quilmes, donde los atraparon con los Schillaci, los torturaron y asesinaron.

Los investigadores liderados por el fiscal de Mercedes, Juan Bidone, determinaron que los asesinos metieron los cadáveres en un camión con cámara de frío, que quedó en Quilmes, mientras que el mismo día del secuestro llevaron los celulares de Ferrón y Forza hacia General Rodríguez para despistar a quienes habían comenzado a buscarlos.

Sin embargo, por motivos que aún se ignoran, los asesinos demoraron días en llevar los cadáveres hacia el oeste, hasta General Rodríguez, para arrojarlos en el zanjón en el que aparecieron, a la vera de la ruta 6, donde también plantaron pruebas para desviar la pesquisa.

Las sombras sobre el caso se agrandaron cuando, en una causa paralela a la del «Triple Crimen», el juez federal Norberto Oyarbide avanzó sobre la llamada «mafia de los medicamentos», detuvo y procesó al jefe de la Bancaria, Juan José Zanola, y acusó a Pérez Corradi de «blanquear» los activos del gremialista.

Y más aún cuando llegó un pedido de extradición de la Justicia de Estados Unidos, donde querían juzgar a Pérez Corradi por tráfico de estupefacientes, solicitud a la que accedió primero la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, la mujer del fiscal Alberto Nisman, y luego la Corte Suprema local a principios de 2011.

Sin embargo, Pérez Corradi no solo no fue extraditado, sino que logró que la Cámara Federal porteña lo excarcelara a cambio de una caución de $ 100 000, a pesar de que también afrontaba al menos dos causas penales simultáneas en la Justicia local.

¿Resultado?

Desapareció.

Porque el sistema protege.

Así, el saldo es elocuente:

—El rosarino Mario «el Rey de la Efedrina» Segovia y el mexicano Jesús Martínez Espinoza fueron condenados a 14 años de prisión, pero no por el «Triple Crimen», sino como líderes de la banda que elaboraba metanfetaminas en Ingeniero Maschwitz y contrabandeaba efedrina a México.

—Tras un día en Paraguay, a donde ingresó a bordo de la camioneta Toyota Hilux de Víctor Schillaci, Lanatta volvió al país en un Chevrolet Astra matrícula EXU 823 de la SIDE. Luego fue arrestado y condenado a prisión perpetua como autor material de los asesinatos de Forza, Bina y Ferrón. «Soy inocente, lo sabe todo el mundo. Soy víctima de una operación política», clamó «Pepe Portación».

—Su hermano Cristian Lanatta, y los hermanos Víctor y Marcelo Schillaci, también fueron condenados a prisión perpetua.

—Pérez Corradi sigue prófugo, con pedido de captura local e internacional. Pero desde la Justicia miran al poder político como responsable del manto de protección que lo rodea.

Alguien, acaso con la ayuda de alguna fuerza de seguridad o de la ex SIDE, le permitió al exsocio devenido enemigo mortal de Forza escapar de un par de redadas, algo que excede a los contactos de su abogado, el excomisario Juan José Ribelli, procesado y absuelto a su vez por su supuesto rol en el atentado contra la AMIA.

La protección no solo alcanza a Pérez Corradi.

Porque, por ejemplo, las cintas de video de los peajes por los que pasaron los autos con Forza, Bina y Ferrón durante las horas previas a su muerte se borraron. Al igual que las grabaciones de todas las cámaras de los alrededores de Walmart. Y nadie, de los varios que saben, cuentan con quién —⁠o quiénes⁠— se reunieron allí.

El «Triple Crimen» expuso, además, múltiples ramificaciones.

La primera, hacia las llamadas entrantes y salientes que se registraron hacia y desde una oficina de la empresa Madero Office Center SRL, en el cuarto piso de Alicia Moreau de Justo 1148, cuyo gerente es el boliviano Marcelo Leonardo Elías Mark, según revelaron los periodistas Emilia Delfino y Rodrigo Alegre en el diario Perfil. Llamadas que incluyen, por ejemplo, a Gustavo Juliá, piloto del avión decomisado en España con casi 1000 kilos de cocaína. Y a Lanatta. Y a los acusados por los asesinatos de dos colombianos en Unicenter —⁠vinculados a la barrabrava de Boca Juniors⁠— y a otro colombiano más en San Fernando.

Múltiples conectores.

«A Madero Office Center SRL y a Juliá los ata, evidentemente, el cabo del narcotráfico internacional de más alto nivel», determinó el fiscal que investigó a los Juliá, Luis Angelini. Pero sus sospechas llegaban hasta el narco colombiano Henry López de Jesús Londoño, más conocido como «Mi Sangre». Por entonces, nadie sabía que ese capo vivía en el barrio Marinas Golf del Tigre, con documentos falsos.

O las derivaciones del «Triple Crimen» hacia otro traficante, Josué Ezequiel Fuks, acaso el cerebro detrás de la importación de 15 toneladas de efedrina, además de proveedor de Pérez Corradi y prófugo también desde que cayeron todos sus socios. ¿Se escapó a Israel vía Chile? No se sabe. Porque cuando la Justicia pidió información sobre él a la ex SIDE cosechó silencio.

O las declaraciones ante la Justicia del cirujano Gustavo Ricchiuto, que afirmó haber escuchado a uno de los socios de Ferrón, José Luis Salerno, decir que Pérez Corradi había pagado $ 100 000 para que lo mataran a Forza.

Salerno, otro que sabe mucho más de lo que cuenta.

Ricchiuto declaró además que Forza solía ufanarse de haber aportado $ 200 000 a la campaña de la Presidenta y que solía contar que en su momento se había armado todo un escándalo con el maletín con US$ 800 000 que se descubrió en el vuelo de Guido Alejandro Antonini Wilson, pero que ese día habían ingresado otras valijas por US$ 4,2 millones más, un dato que este autor recién publicaría un mes después del «Triple Crimen», basado en fuentes que no eran argentinas, y sobre lo que a su vez la Corte Federal de Miami solo avanzaría tiempo más tarde.

¿Cómo supo Forza sobre esos US$ 4,2 millones?

¿Y si esos fondos se blanquearon en la campaña de 2007 del Frente para la Victoria por medio de sus laboratorios y otras firmas farmacéuticas? Eso decía Forza, según reconstruyó el abogado de las familias Bina y Ferrón, Miguel Ángel Pierri: «Concretamente, (Forza decía) que el venezolano traía plata para financiar la campaña, que luego se justificaría con los cheques de las droguerías».

Varios allegados de Forza juran, además, que el «empresario» era íntimo de Victoria Bereziuk, la secretaria de Claudio Uberti, el responsable de aquel avión en que voló Antonini Wilson, además de ser otro de los recaudadores kirchneristas.

Pero no hay registros de llamadas entrantes o salientes o mensajes de texto entre los teléfonos cotejados de Forza y Bereziuk.

¿Se conocían? ¿Se comunicaban por otros teléfonos que nunca se cotejaron o a través de otros medios digitales? ¿O era una mentira más entre tantas de Forza?

Todo es posible, desde que Forza también se identificó como «agente freelance» de la ex SIDE ante Rodrigo Pozas Iturbe, otro mexicano al que la Justicia federal procesó por la «cocina» de metanfetaminas de Ingeniero Maschwitz, pero luego absolvió.

¿Trabajaba Forza con la ex SIDE? ¿Colaboraba con los espías? ¿Les pasaba información sobre sus competidores para desbancarlos y quedarse con una tajada más grande del negocio, como también lo intentó con el laboratorio Abbott, para el que pasaron a trabajar los exfiscales del caso AMIA, Eamon Mullen y José Barbaccia? ¿O en realidad se vestía con las ropas de otro de sus muchos compañeros de negocios, Julio César Posse?

Exagente de la SIDE y colaborador de la DEA, Posse era buen amigo de Jorge «Fino» Palacios —⁠con quien colaboró en la Unidad de Investigaciones Antiterroristas para la causa AMIA⁠—, y lo contactó con Forza, aunque afrontó sus propios problemas judiciales por 40 kilos de cocaína decomisados en Figueroa Alcorta y Tagle, al tiempo que también figuró como aportante de campaña, con $ 320 000 efectuados en dos pagos.

Más conectores.

Para el Gobierno, todas esas eran disquisiciones locas de un caso que dieron por cerrado en cuanto a las responsabilidades políticas. En particular, desde que una disposición conjunta del Instituto Nacional de Medicamentos y de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Anmat y de la Sedronar redujo los riesgos de desvíos en la importación de efedrina. «Ajustar la legislación dio buenos resultados en materia de desvío», celebraba el titular de la Sedronar, José Granero.

El problema es que la sombra narco no se va.

Primero, porque la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría, se negó a aprobar las cuentas de la campaña kirchnerista de 2007, en la que el 35,4 % de los aportes provino de laboratorios y droguerías.

Segundo, porque salieron a la luz unos e-mails que Pérez Corradi cruzó con una empresa proveedora de la India para que le enviara la efedrina en contenedores rotulados como «pólvora». ¿Quién debía autorizar las importaciones de explosivos? Otra vez, el Renar, dirigido por Meiszner, colaborador de Aníbal Fernández.

«Lo que quedó en evidencia también es que hubo una protección dentro de la Aduana», argumentó la diputada Graciela Ocaña, que batalló contra la «mafia de los medicamentos» desde adentro del Gobierno como ministra de Salud, hasta que la Presidenta le sacó el banquito.

—Si querés que renuncie, no tenés nada más que pedírmelo —⁠le plantó Ocaña a la Presidenta, cuando sintió que Hugo Moyano, por entonces aliado íntimo del matrimonio Kirchner, la pasaba por arriba.

—Quedate tranquila, no hablés con nadie y venime a ver ahora.

Así fue.

Ocaña le presentó un informe en el que detalló que había acumulado pruebas para ir contra Zanola, su mujer, y otros referentes de «La Bancaria», por maniobras con medicamentos adulterados. También, para acusar a la obra social de Camioneros, es decir, Hugo Moyano, de estafas con reintegros de la Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud, y denunciar ante la Justicia movimientos irregulares multimillonarios de una larga lista de obras sindicales.

La Piñata.

«Moyano tendrá muchos defectos, pero defiende a los trabajadores. Es un compañero peronista», la frenó la Presidenta en tiempos en que Moyano no era un apellido maldito dentro del Gobierno.

Fue el principio del fin para Ocaña como funcionaria pública.

Máxime cuando ella supo que en la pesquisa sobre el «Triple Crimen» aparecieron algunas alusiones a un personaje, al que solo identificaban en las escuchas como «el Morsa», como el funcionario que daba protección política a los malandras. Según varios testigos, Forza decía que le había pagado US$ 250 000 para frenar las investigaciones que cercaban por adulterar remedios y otros negociados.

—¿Quién es «La Morsa»? —le preguntaron a la viuda de Forza durante el juicio oral.

—Todo el mundo lo sabe —y poco y nada más dijo, aunque en el expediente había relatado que Forza debió llevar US$ 200 000 a una oficina, de la mano de Lanatta, donde los esperaba «La Morsa», como precio para que dejaran de molestarlo con las causas judiciales.

El padre del asesinado Leopoldo Bina, Oscar, apunta hacia el entonces ministro y luego jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Lo sospecha desde que durante el entierro de su hijo se le acercó el expolicía Ricardo Sladkowski y le susurró al oído una serie de datos que completó con la información que le aportó Julio César Posse, el ¿ex? agente de la SIDE y socio de Forza.

Bina escribió los datos que recordó y entregó el papel a la Justicia. Entre otros puntos, según reveló el periodista Daniel Santoro en el diario Clarín, Bina anotó que el policía «Chipi Albornoz —⁠responsable del control de las droguerías⁠— se encargaba de cobrar 1 000 000 (de pesos) para los policías federales, comisario Gral. (Carlos) Gorosito (de Drogas Peligrosas) y Jefe de la Policía (Néstor) Valleca. Martín Lanatta maneja los precursores para la cocina de las metanfetaminas, éxtasis y ice, hombre de Aníbal Fernández».

Pierri cree lo mismo. «De Lanatta, primero, nos decían que era una persona vinculada al entonces ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y, después, que era un desvertebrado del Renar», confió a Delfino y Alegre, autores de La ejecución, sin dudas el mejor libro sobre el caso. «Ahora, el tiempo nos llevó a pensar que militar en el peronismo de Quilmes y no conocerlo a Fernández sería como desconocer que América fue descubierta por Colón. Y Lanatta militaba en el PJ de Quilmes, según los testigos».

Las sospechas sobre «La Morsa», también cree Ocaña, es «que ese personaje es Aníbal Fernández», aunque cuidó sus palabras en enero de 2013 para evitar juicios. «Yo no estoy imputando. Son las sospechas que muchos vinculan. El senador deberá ser el primer interesado en aclarar estos elementos y ponerse a disposición de la Justicia en esta nueva causa que se inicia».

Pero Aníbal esta vez optó por el silencio.

Como así también calló sobre el encuentro que en marzo de 2008 —⁠cinco meses antes del «Triple Crimen»⁠— mantuvo en Buenos Aires con emisarios de la DEA y de la Procuración General de México. A su lado, se acomodó el entonces director general de Aduanas (y luego titular de la AFIP), Ricardo Echegaray, y el jefe del Departamento de Narcotráfico de la Aduana, Diego Pérez Escobar. Allí recibieron un informe sobre el aumento geométrico de la efedrina que desde la Argentina llegaba a México, y de allí a Estados Unidos.

El ministro, jefe de Gabinete, senador nacional y otra vez jefe de Gabinete durante el kirchnerismo, tampoco explicó en público por qué en sus conversaciones con la diplomacia estadounidense de 2007 y 2008, según revelaría luego WikiLeaks, calificó a Paraguay como un país «de plástico» y a Perú como «la mayor fuente de cocaína llegando y pasando a través de la Argentina, seguido de Bolivia», al que a su vez recriminó sus actitudes «esquizofrénicas».

Aníbal tampoco escaparía de mostrar actitudes contradictorias. Como cuando siendo ministro del Interior abogó por la ley de derribo de aviones que circulaban sin identificarse por el espacio aéreo argentino. «Si Brasil logra sacar la ley que establece que se van a derribar aquellos aviones que no estén autorizados a volar, porque se supone que están siendo utilizados para el narcotráfico, nosotros terminaremos siendo una gran pista si no actuamos de la misma manera. Nuestro objetivo es defender a los argentinos, y lo vamos a hacer», prometió en 2004. Pero siete años después defendió la visión opuesta. Aprobar esa ley, dijo, «sería como avalar la pena de muerte».

Y con Guillermo Moreno con el Indec, el polifuncionario se encargó de mantener bajo llave las estadísticas sobre, por ejemplo, las adicciones en la Argentina o la criminalidad en general, que no informan tampoco las policías Federal o bonaerense. Son, adujo, «cuestiones de Estado».

Al igual que ante el vacío que dejó el Indec, las estimaciones privadas suplieron la ausencia de información oficial. Así, por ejemplo, datos de Naciones Unidas (ONU) exponen que el porcentaje de estudiantes que admiten consumir marihuana casi se cuadruplicó (del 3 al 11 %) durante la última década. Y un estudio de la Universidad Católica Argentina (UCA) detalló en mayo de 2015 que la percepción sobre la venta de drogas en la Argentina creció un 50 % entre 2010 y 2014, hasta afectar a casi la mitad de los hogares urbanos, en especial en los barrios más vulnerables.

Enfrentado con Aníbal Fernández por las diferentes visiones que promovían para combatir el narcotráfico y abordar las adicciones, Granero un buen día estalló por el ocultamiento de las cifras reales, incluso a la Presidenta. Fue en junio de 2011, durante un reportaje que concedió al diario El Tribuno de Salta. «Yo escuché personalmente a Aníbal Fernández mentirle a la presidenta Cristina Fernández de que en Argentina no había muertos por sobredosis. A la semana siguiente voy a la agrupación nuestra y la primera acción que hacen es rendirle homenaje a un compañero muerto por sobredosis. Parecía un chiste negro armado».

Estaba claro que Granero estaba furioso: «Vos a la ley la podés cambiar, lo que no podés hacer es cambiarla en base a la mentira», agregó durante la entrevista. «Cuando uno dice “vamos a dejar de perseguir a los perejiles y vamos a combatir el narcotráfico”, eso es imposible, porque además no es una cuestión automática. Eso es una mentira», insistió.

Tres años después, sin embargo, Aníbal Fernández seguía como bastión del Gobierno, mientras que Granero terminó procesado como presunto partícipe de la importación de efedrina, según dispuso la jueza federal Servini de Cubría.

¿Por qué?

Porque la jueza comprobó llamadas entre funcionarios de la Sedronar y las compañías farmacéuticas que importaban la efedrina para venderla a los carteles mexicanos de las drogas, en coincidencia con la fecha de los pedidos de permiso de importación o la entrega de los certificados, seguidos de comunicaciones con teléfonos de la Presidencia, la Casa Militar y el PAMI.

Uno de los empleados de la Sedronar, por ejemplo, recibió llamadas de cinco abonados de la Casa Rosada y uno de la Jefatura de Gabinete.

Servini verificó además que entre 1999 y 2010 se importaron 55 900 kilos de efedrina, cuando bastaban 156 kilos por año —⁠unos 1850 kilos para el período global⁠— para cubrir la producción farmacéutica local.

Más aún, comprobó que ese enorme volumen de efedrina fue importado por solo cinco empresas, entre ellas Unifarma, también aportante a la campaña kirchnerista de 2007. Era de Ariel Vilán, otro socio de las víctimas del «Triple Crimen», quien también apareció muerto en un aparente suicidio.

Sin embargo, como ocurrió en los subsidios irregulares de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) que se cobraron, o en las compañías del «caso Ciccone» o en las sociedades vinculadas al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, también en las firmas involucradas en la operatoria de la efedrina brillaron los «perejiles» como únicos rostros visibles.

El sistema.

Así, quien figuraba ante la Sedronar como el mayor importador individual de efedrina en la historia reciente de la Argentina, Raúl Guillermo Ascona, era en realidad un analfabeto de 37 años que vivía en una humilde casa de Ezpeleta, partido de, otra vez, Quilmes.

La Justicia, sin embargo, nunca investigó para quién compraba la efedrina Ascona, quien calló sobre sus jefes ocultos, que le pusieron un costoso abogado para defenderlo. «Hay indicios que apuntan a los dueños de una de las droguerías más grandes del país y la mayor empresa importadora de efedrina: Farmacéuticos Argentinos SA, que importó 3800 kilos de efedrina en 2007 y 6000 kilos en 2008», alertó la periodista Emilia Delfino en Perfil.

Tampoco hubo mayor interés por investigar a Alberto Salvador López, un «empresario» que se movía por la Casa Rosada por su apodo, «el Negro», y como si jugara de local, al punto de repartir tarjetas personales que decían «Presidencia de la Nación», aunque la buena vida de quien decía ser «operador de Néstor» Kirchner le duró hasta que fue procesado y luego condenado a 6 años de prisión, en 2014, por importar 5500 kilos de efedrina entre julio y septiembre de 2006.

Viejo proveedor del Estado con medicamentos, los sabuesos de la AFIP lo vinculan con Nolink, según reveló el diario Perfil, la hermana melliza de Infiniti, la firma clave del «caso Skanska». ¿Uno de los socios de López? Fuks, el fugado, al parecer, a Israel.

¿Algo más? El «Negro» también registra cruces telefónicos con Madero Office Center, la empresa del cuarto piso de Alicia Moreau de Justo 1148, en Puerto Madero, al que además llamaban Lanatta, otro exsocio de Forza —⁠Martín López Magallanes⁠—, los hermanos Juliá y miembros de la barrabrava de Boca acusados de asesinar a los colombianos en «la masacre de Unicenter» y en San Fernando.

Conectores.

«Al parecer, exceden la mera casualidad y no tienen razón de ser sino dentro del mundo del hampa», alertó el fiscal Luis Angelini, en tanto que su colega Fernando Domínguez dio otro paso. «Los responsables de Madero Office Center», dijo, montaron una «gerenciadora de una red de narcotráfico en la Argentina».

En su propia investigación, Servini de Cubría optó por apuntar hacia arriba. «Hubo llamados a narcos desde la Casa Rosada», golpeó. «Me refiero a personas que trabajaban en la Sedronar y los hermanos Zacarías», aclaró.

¿Quiénes son los Zacarías?

Son cuatro hermanos correntinos a los que tocó la varita de la fortuna desde que uno de ellos, Rubén, emigró de Corrientes a Santa Cruz en los 80 y conoció a Néstor Kirchner. Con el tiempo se convirtió en uno de sus secretarios privados y sparring dilecto cuando «Lupo» se ponía juguetón y le tiraba ganchos al estómago, aunque una vez le cruzó un cachetazo real, lo que repitió con al menos uno más de sus asistentes personales, Daniel Muñoz, y mucho antes, en tiempos santacruceños, con el ministro Julio De Vido.

Al mudarse a la Casa Rosada, Kirchner nombró a Rubén jefe de Protocolo en la Casa de Gobierno. Sus tres hermanos lo siguieron en Buenos Aires: Miguel se convirtió en secretario privado de Granero, el titular de la Sedronar; Máximo también entró a la Sedronar —⁠donde quedó sospechado de interesarse en el ingreso de una tonelada de efedrina en el país⁠— y después al PAMI; y Luis siguió las huellas de Rubén e ingresó en la secretaría privada de la Presidenta.

Con sus declaraciones radiales, Servini de Cubría mandó el mensaje de que desde el Gobierno se negaban a acatar las órdenes que ella impartía en el expediente judicial.

Clarito: quería que entregaran los datos sobre las llamadas entre la Casa Rosada y doce líneas telefónicas vinculadas al narcotráfico. «Le damos un tiempo —⁠conminó⁠—, si no contestan volvemos a reiterar; y si no contestan, vamos a allanar. Todo puede llevar un mes».

Al final no fue necesario allanar, pero Servini de Cubría citó a indagatoria a dos de los Zacarías, Miguel y Máximo. Al primero, por los llamados que recibía de las droguerías cuando llegaba la efedrina autorizada por la Sedronar —⁠llamadas de, entre otros, Carlos Edelmiro González, proveedor del «Rey de la Efedrina» Mario Segovia⁠—, para de inmediato cortar y discar un número de la Casa Rosada. Al segundo, porque se sospecha que gestionó un certificado para importar efedrina para Carlos González, otro procesado por el tráfico de efedrina, que a su vez también vendía la droga al «Rey de la Efedrina».

Rubén, el sparring de Kirchner, en tanto, quedó imputado en otra causa más que investiga el juez federal Sebastián Casanello. En su caso, por supuesto lavado de dinero, ya que no pudo justificar casi $ 700 000 que aparecieron en sus cuentas bancarias en junio de 2011, cuando aún figuraba en la Secretaría General de la Presidencia.

A las investigaciones de Servini de Cubría y Casanello se sumó también otra en manos de Ariel Lijo, el del «caso Ciccone», centrada sobre los aportes a la campaña kirchnerista, entre los que aparecían los cheques de Forza, varios de sus exsocios y otros muchos empresarios del mundo de las droguerías.

Para avanzar, Lijo contó con el relato clave de Gabriel Brito, un empresario que explicó cómo fue la operatoria. Porque según el Frente para la Victoria, una firma de Brito, Global Pharmacy SA, aportó $ 310 000 en cuatro cheques. Pero él negó haber donado ese dinero. Sostuvo que el oficialismo usó cheques que él le había entregado a Néstor Lorenzo, el dueño de la droguería San Javier, preso como jefe de una presunta asociación ilícita que traficaba remedios, para justificar el ingreso de fondos a la campaña. Y después, según Brito, Lorenzo lo llevó a las oficinas de Capaccioli, donde lo forzaron a firmar, ante una escribana, que el aporte había sido voluntario.

Definido por Ocaña como «el Yabrán de los medicamentos», Lorenzo había sido a su vez socio de Pérez Corradi, a quien conoció gracias a Forza, quien quedó debiéndoles dinero a ambos. También se asoció a Carlos Torres, otro detenido que figuró entre los supuestos aportantes a la campaña kirchnerista. Torres aparece en la declaración del FPV con $ 170 000, aunque se sospechan pagos adicionales, ya que un casi homónimo llamado Carlos Torresín aportó $ 155 000, con el mismo número de DNI.

Tirar tanto de la cuerda puede llevar a veces a sorpresas macabras. Como verificar que Forza cambiaba cheques en las mismas financieras del microcentro porteño que el empresario Damián Stefanini, desaparecido desde el 17 de octubre de 2014. O que, a su vez, Stefanini se movía en un Audi A4 blindado negro que le había comprado al exdueño de «La Rosadita», Federico Elaskar, eslabón clave para entender la llamada «ruta del dinero K».

Porque el mundo es un pañuelo.

O porque hay demasiados conectores dando vueltas.

Porque, en rigor, el «Triple Crimen», el «Negro» López y los hermanos Zacarías no fueron los únicos tropiezos del kirchnerismo con el narcotráfico. También pueden sumarse las valijas de Southern Winds, la empresa protegida por Ricardo Jaime, con 60 kilos de cocaína en el Aeropuerto de Barajas, o la tonelada, también de cocaína, que transportaron a España los hermanos Eduardo y Gustavo Juliá, sin ningún control al salir del aeropuerto de Morón, entre otros casos.

El exinterventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, experto en seguridad y actual director de la Escuela Nacional de Inteligencia, Marcelo Saín, lo admitió al dialogar con el periodista Martín Kanenguiser: «En materia de control de drogas ilícitas, la Argentina atraviesa por una situación de pronunciada precariedad, que tiene dos dimensiones. La primera es una precariedad situacional que deriva del incremento constante del consumo y del uso abusivo de drogas legales e ilegales en el país y, por ende, en la gradual estructuración de mercados minoristas altamente diversificados y diferenciados. La segunda, una precariedad institucional que se manifiesta en el desarrollo del narcotráfico como emprendimiento criminal, también en expansión y diversificado, con un altísimo nivel de regulación y protección estatal a través de la corrupción policial».

El «Triple Crimen» fue, sí, el más elocuente reflejo de la interacción entre política, dinero y drogas, como da cuenta una de las tantas escuchas asentadas en el expediente de la «mafia de los medicamentos»:

—Buenas noches, profesor. ¿Cómo le va?

—¿Cuánto vas a poner para la campaña? —consultó la voz mandante, que no estaba para gestos de buena educación.

—Mirá, tengo que poner varios cheques de Forza.

—Tratá de no poner el cheque de Forza como la otra vez —⁠ordenó la voz⁠—. Te llamo en un ratito[21].

U / Ulloa

«A mí no me perdonan el éxito. No me perdonan que empecé limpiando zapatos y repartiendo periódicos y ahora tengo unos 200 empleados y una linda casa». Rudy Fernando Ulloa Igor nunca concede entrevistas a la prensa. Aquella vez, en mayo de 2013, el diario español El País logró sacarle esas pocas frases en Río Gallegos y apenas un par más.

«Con mi amigo del alma, que cada día lo extraño más, aprendí a ser buena persona. Y que es posible mejorar el mundo, que las cosas pueden hacerse», lo homenajeó Ulloa, antes de descargar su bronca contra jueces, fiscales, políticos opositores y periodistas. «Ahora lo que siento es que todas estas acusaciones de lavado de dinero llegan cuando él no está acá para defenderse».

Porque, en efecto, Rudy es uno de los pocos con derecho a afirmar que fue amigo del expresidente Néstor Kirchner y se convirtió, incluso, en algo parecido a su hermano menor. O, acaso, en uno de sus alter ego, como cuando embolsó millones en publicidad oficial —⁠y privada⁠—, y hasta flirteó con comprar el canal Telefé a los españoles de Telefónica con cientos de millones de dólares de origen inexplicado.

Porque Rudy fue a Kirchner tanto o más de lo que Manuel Vázquez fue a Ricardo Jaime, o José María Núñez Carmona a Amado Boudou.

Rostros del mismo Jano, el dios romano que inventó el dinero.

Conectores para la Piñata.

Nacido en 1960, Ulloa y Kirchner se conocieron a mediados de los 70, cuando «Lupín» volvió a Río Gallegos con un título de abogado de la Universidad Nacional de La Plata y casado ya con Cristina Fernández, quien aún no se había recibido.

Ulloa, «el Rengo», comenzó a trabajar entonces como cadete en el estudio de Kirchner para colaborar con la economía de su familia, que, liderada por su madre, Omnia Igor Ángel, había emigrado de Chile tras la muerte de su padre, Hugo Ulloa Bahamonde.

No eran tiempos fáciles para un chileno en la Argentina. Durante la dictadura, los militares de uno y otro lado de la cordillera estuvieron a milímetros de iniciar una guerra fratricida que solo se evitó a último momento por intercesión vaticana.

Pero naturalizado argentino —y aunque muchos lugareños aún lo apoden «el Chilote»⁠—, Rudy abandonó la venta ambulante de sándwiches por los ministerios, canasta en mano, para el local El Galleguense, y creció al ritmo de Kirchner.

Primero fue su cadete, cebador de mates y chofer de su Renault 9 rojo, porque «Lupo» sabía manejar, pero no le interesaba. También fue su cobrador, cuando algún remiso se atrasaba en alguna deuda. Y también hizo de niñero de Máximo y Florencia, a quienes pasaba a buscar y llevaba de un lado a otro cuando sus padres estaban ocupados.

Luego, cuando Kirchner dio sus primeros pasos en política, Ulloa abrió la unidad básica «Los Muchachos Peronistas», que tres décadas después aún continúa abierta.

Ubicada en la barriada El Carmen, su lugar en el mundo para Rudy, «Los Muchachos Peronistas» no es más que un diminuto local de unos pocos metros cuadrados con espacio para un teléfono de línea, una mesa y una estufa. Pero con nada más que eso, en el extremo sur de la Patagonia, sirvió de cuna para el kirchnerismo.

Aquella primera unidad básica, sin embargo, pronto contó con filiales en otros puntos de la ciudad y de la provincia, que se abrieron bajo el ala de un abogado cordobés que había pasado años detenido durante el gobierno de Isabelita y la dictadura, Carlos Zannini.

Y así, con la ayuda intelectual del «Chino» —⁠y el micro y las bolsas con comida que le dejaba Alicia Kirchner⁠—, Ulloa se vistió con las ropas de puntero político para las primeras campañas de «Lupo».

No fue fácil y debieron sobrellevar algunos traspiés, pero al final Kirchner ganó la intendencia de Río Gallegos en 1987. Y el «Rengo» continuó como su secretario privado aunque, más relevante que cualquier cargo formal, potenció sus funciones como ladero.

Por eso, cuando Kirchner se lanzó a gobernador con un acto en el cine Carreras, el 12 de abril de 1991, no sorprendió que Rudy lograra movilizar a más de 1000 personas junto con otros punteros, y muchos ni siquiera lograran entrar al local, que rebosaba.

Ya con las riendas de Santa Cruz en las manos de «Lupo», Ulloa lo siguió. Nunca como funcionario —⁠como secretario privado comenzó a cortar Rubén Zacarías, quien en 2014 quedaría pegoteado al tráfico de efedrina⁠—, pero siempre a su lado, como su asistente personal, su cadete todoterreno mientras iniciaba su despegue patrimonial.

De hecho, fue Ulloa quien acompañó a Cristina Fernández y a Florencia Kirchner a Disney World en los 90, en el único viaje al exterior que se le conoce a la legisladora antes de que el matrimonio ingresara a la Casa Rosada en 2003.

Ella volvió fascinada, y como luego diría de El Calafate, entonces afirmó ante varios amigos de Santa Cruz que el predio de Mickey Mouse era su «lugar en el mundo».

Pero Rudy no estaba para declaraciones superficiales. En 1997, se convirtió en accionista de la sociedad que controlaba la FM Estación de El Carmen, gracias a un más que discutible enjuague que afectó al centro comunitario de la barriada. El primer día que salió al aire, y como para honrar su eslogan —⁠«La única radio no opositora»⁠—, el gobernador Kirchner estuvo en el estudio y salió al aire.

Del otro lado, quien escuchaba la transmisión desde el gobierno provincial, quien peinaba cada página de cada diario, revista, semanario, folleto y pasquín que circulaba por Santa Cruz, y quien libraba los cheques de la pauta oficial era el entonces ministro secretario general de la Gobernación, Ricardo Jaime.

Porque en Santa Cruz todos se conocen.

¿Otro ejemplo?

El socio de Ulloa en la FM El Carmen durante un buen tiempo fue Ricardo Echegaray, quien por entonces trabajaba como un abogado más en la Aduana de Río Gallegos y ni imaginaba que con los años llegaría a ser el titular nacional de ese organismo, ni de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), ni de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Así, el esquema era sencillo:

Jaime emitía los cheques por la publicidad oficial.

Kirchner los aprobaba.

Y Rudy (y Echegaray) los cobraba.

Piñata santacruceña.

Para 2001, Ulloa ya venía en franco ascenso social y patrimonial. Ya estaba lejos de sus tiempos como canillita, aunque también faltaban unos cuantos años para que conversara de tú a tú con Telefónica. Pero con el despuntar del nuevo milenio, eso sí, alumbró El Comunitario, un diario acotado y de distribución gratuita que sirvió de panegírico de su amigo.

Eso explica que, cuando Kirchner recortó los salarios y redujo los beneficios sociales de los empleados públicos, El Comunitario felicitó la «previsibilidad del gobierno».

Ese año, sin embargo, Ulloa vivenció un anticipo de lo molestos que pueden ser los periodistas. Malón, una pequeña revista local que se dedicó a la investigación periodística durante su corta existencia, reveló que el entonces gobernador y «el Rengo» eran titulares del plazo fijo 001-00 941-1, por US$ 1 302 055,60, en el Banco de Santa Cruz, ya bajo control de la familia Eskenazi.

Tras esa revelación periodística se abrió una causa penal, que recayó ante el juez de instrucción Santiago Lozada. Es decir, el mismo que luego convalidó la gestión de Kirchner con los «fondos de Santa Cruz» y guardó bajo llave su sentencia en ese expediente durante más de cuatro años, mientras se mostraba en un café junto al contador de la familia presidencial, Víctor Manzanares.

El resultado de la pesquisa sobre aquel plazo fijo era cantado.

Ulloa dijo que el dinero no era suyo, sino de Kirchner, y que correspondía a los alquileres de sus inmuebles.

En rigor, Ulloa fue más directo: «La plata es del jefe», dijo.

Lo convalidó la contadora Liliana Bontempo, la cuñada de Juliana Di Tullio, quien es socia a su vez de la esposa de Ulloa.

El gobernador Kirchner nunca fue citado a declarar.

¿Y quién fue el abogado de Ulloa?

Su socio, Echegaray.

Nada más se supo sobre ese depósito, salvo que dos empleados del banco fueron despedidos, sospechados de haber filtrado los datos a la revista o de, al menos, no haber resguardado la información.

Ni tampoco mucho más se supo sobre la causa por presunto tráfico de estupefacientes que la Justicia provincial abrió en 2000, en su contra y de Carlos Gallardo, dueño de un local de comidas rápidas llamado «Pepinos», ubicado en un inmueble de las calles Chacabuco y Alberdi que pertenecía a los Kirchner.

Según afirmó el fiscal Miguel Segovia, Gallardo y un primo «recibirían sustancia estupefaciente a través del Transporte Vesprini y la guardarían en una chacra de Río Chico, donde la fraccionarían para venderla en Pepinos», mientras que Ulloa, precisó el funcionario del Ministerio Público, «vendería droga a favor de Gallardo».

Esa causa penal, detalló en enero de 2009 el extinto diario Crítica de la Argentina, también se archivó.

Sistema patagónico.

A fines de 2001 y principios de 2002, en tanto, la prédica del «que se vayan todos» llegó a Santa Cruz, con una caravana de indignados que pasaba todas las semanas por las casas de diversos funcionarios provinciales y municipales.

Indignado, Kirchner echó nafta al fuego.

«¡Cómo puede ser que 100 tipos salgan a la calle a decir cualquier cosa de nosotros! ¡Basta! Si van a la casa de un compañero a molestarlo o a agredirlo, vamos a ir 200, 300, 500 o 1000 a la casa de ellos. Que quede absolutamente claro», amenazó el gobernador, según cuenta Walter Curia en su libro El último peronista.

En abril de 2002, la llama prendió.

Los manifestantes primero intentaron protestar frente al Centro Cultural de Río Gallegos, donde se esperaba que el matrimonio Kirchner participara de la apertura de la Feria del Libro local. Pero un servicio infiltrado en el grupo les sugirió enfilar hacia la radio de Ulloa, en la calle Errázuriz 395, donde los esperaba Rudy con su 1,65 de estatura y sus rulos característicos, pero también un grupo de choque que los golpeó con palos, cadenas y manguerazos.

Fue una emboscada.

«Fue terrible. Aún recuerdo los tubos de goma rellenos de arena», rememoraría cuatro años después María de los Milagros Pierini, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

Hubo heridas, pedidos varios de renuncias y denuncias judiciales.

Pero otra vez, las investigaciones no prosperaron.

La Justicia provincial no avanzó, a pesar de que un funcionario, Mario Oyarzo, declaró que fue Ulloa quien les dio la orden de reprimir.

Otros sospechosos recurrieron, por su parte, a una coartada peculiar: dijeron que estaban allí para festejar el cumpleaños de un amigo que, al ser citado por el juez, dijo que él no había estado allí.

Igual así, todo concluyó con una falta de mérito masiva.

A Pierini eso le resultó previsible.

«La metodología de Rudy Ulloa, cuando era jefe de la patota, siempre fue igual: cortar la luz primero y luego revolear mangueras. Rudy siempre estuvo al frente porque nunca se tapó la cara ni nada. Ya la del 2002 no fue la única represión en la que él participó. Fueron varias. Un día entraron a la Legislatura golpeando. Y a Rudy siempre lo veías ahí, siempre del lado brutal. Y sigue siendo así», le confió una de las grandes referentes de los derechos humanos en Santa Cruz durante las últimas décadas a la periodista Laura Di Marco, para su libro Cristina Fernández.

A Pierini no podía sorprenderle demasiado la actuación de Ulloa, la inacción de la Justicia y la complicidad del entonces gobernador, desde que recuerda bien el apoyo de Kirchner al general Oscar Enrique Guerrero, comandante de la XI Brigada de Infantería Mecanizada del Ejército, solo días después de la invasión de las Malvinas en 1982.

Así lo atestiguan, además, las fotos publicadas en los diarios La Opinión Austral y Correo del Sur, que consignó el «amplio apoyo de las fuerzas vivas a las Fuerzas Armadas». En una de las imágenes, inconfundible su rostro, Kirchner aparece de pie, justo detrás del militar vestido de fajina, que venía de conducir la Policía Bonaerense de Ramón Camps. Y al lado de «Lupo» está su tío, Manuel López Lestón, marido de Josefa Kirchner y padre de Valeria, quien 33 años después sobreseería a Lázaro Báez y al propio Kirchner, sin investigar, por los denunciados sobreprecios de la obra pública en Santa Cruz.

Porque en Santa Cruz todos se conocen… O son familia.

Días después del ataque de la patota de Ulloa, el columnista de Página/12, Horacio Verbitsky, que también colaboraba en radio Del Plata —⁠antes de que la comprara Electroingeniería SA⁠—, lo cruzó al gobernador.

«Kirchner está tratando de organizar una corriente política que atraiga a los sectores progresistas hacia su candidatura presidencial. Pero hace varios años que las cosas que llegan desde la provincia muestran que entre esa imagen que quiere construir nacionalmente y los ecos que llegan desde allí hay un abismo similar al que había entre la imagen presidencial que comenzó a construirse Carlos Menem y lo que sabían los riojanos».

Para 2003, Ulloa ya se había divorciado —de Stella Maris García, luego diputada provincial⁠—, y vuelto a casar. Reincidió con Jessica Uliarte, una cordobesa 14 años más joven que él, que empezó a figurar en los registros societarios comerciales.

Su esposa, Uliarte, expuso algunas de sus inversiones más visibles. Figura en varias sociedades. Entre otras, en la controlante de la radio El Carmen, pero también en Caléndula SRL, una sociedad que constituyó en Gallegos con Juliana Di Tullio, en noviembre de 2011.

Destinada al rubro indumentaria, se montó con un capital inicial de $ 200 000 y con Uliarte como su cara visible y su gerente general, mientras que la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires desde 2005 —⁠y titular del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara desde 2013⁠— no apareció con rol alguno.

2003 resultó un año decisivo para la vida de los Kirchner y todo su entorno. Y Ulloa trabajó a destajo como uno de los recaudadores de la campaña electoral, junto con Julio De Vido, Claudio Uberti —⁠protagonista del «caso Antonini» e íntimo amigo suyo⁠— y Raúl Copetti, entre otros.

Pero no comenzó bien el año.

«¡Che, Cacho!», escuchó Raúl Espinosa. Se dio vuelta y solo atinó a abalanzarse sobre el hombre que tenía un revólver en su mano derecha. El fogonazo lo cegó por un momento, pero no soltó al tirador hasta que se derrumbó solo. La bala le había perforado el corazón.

Eran las 21.45 del 30 de enero y «Cacho» murió desangrado en la vereda de la casa de sus suegros, en Puerto Madryn. A su lado estaba su segunda mujer, Lorena Gabarrus, embarazada de mellizos. A un metro, la billetera del sicario, caída durante el forcejeo.

De inmediato, las sospechas se centraron en los dueños de una pesquera rival, Conarpesa, aunque la muerte de «Cacho» también desnudó los vínculos del sector con la política. Su viuda denunció que Conarpesa había aportado fondos a la campaña de Kirchner y que los recaudadores eran Ulloa y Uberti.

Sin embargo, los expedientes judicial y administrativo —⁠en el que metió mano Ricardo Echegaray⁠— languidecieron durante años, hasta que en sede penal terminó en 2008 con la absolución de los acusados.

Para entonces, si su FM El Carmen y El Comunitario habían servido de escudo y trampolín mediático para los Kirchner, Ulloa reforzó entonces la prédica con El Periódico Austral, cuyo principal sustento fue, otra vez, la pauta que recibió del gobierno de Santa Cruz y, desde el ingreso de su jefe a la Casa Rosada, la publicidad oficial —⁠y ciertas empresas⁠— que comenzó a llover desde Buenos Aires.

A todas luces, El Periódico Austral resultó un diario con criterios noticiosos peculiares. En agosto de 2007, por ejemplo, el día después de que el exministro provincial Daniel Varizat, del riñón kirchnerista, atropellara con su camioneta a por lo menos 23 personas y las imágenes de lo ocurrido en Río Gallegos conmocionaran a todo el país, la publicación del «Rengo», que jugaba de local en esa ciudad y por lo tanto debía contar con fuentes privilegiadas para desarrollar una cobertura exclusiva, optó por no publicar ni una breve reseña.

Por el contrario, Kirchner nunca dejó de salir en la tapa de ese diario de distribución gratuita, según expuso María O’Donnell en su libro Propaganda K, con una sola excepción: el día en que debió informar sobre la muerte del papa Juan Pablo II.

Repleto de publicidad oficial, El Periódico Austral —⁠donde los editoriales los escribía Uberti⁠— también llenó sus alforjas con los avisos de empresas privadas que buscaban una buena sintonía con los nuevos y casi desconocidos ocupantes de la Casa Rosada: el Banco Macro de Jorge Brito, Repsol YPF, Banco Galicia, Aeropuertos Argentina 2000 (con Eduardo Eurnekián y Ernesto Gutiérrez) y Peugeot, entre otras.

Pero todo cumple su ciclo.

Y El Periódico Austral abandonó la edición en papel y se reconvirtió en un diario solo online, con una clara línea editorial de apoyo explícito al kirchnerismo y ninguneo de las restantes agrupaciones políticas.

Porque Ulloa no perdió sus señas de identidad. Y a fines de abril de 2015, el periódico convocó a sus lectores a participar en el concurso «Traé tu foto con Néstor Carlos Kirchner» junto a la Unidad Básica NK, con $ 2000 de premio para el ganador.

La misma prédica se repitió cuando Rudy lanzó la revista Actitud, que duró unas pocas ediciones, pero que en su portada aclaraba: «Esta no es una revista independiente».

A ese pequeño conglomerado de medios, Ulloa sumó también dos estaciones más de radio FM en El Calafate y Caleta Olivia, y la administración de los canales 2 y 10 a través de sus productoras Sky Productions y El Cielo SA.

Allí es donde, a su vez, recreó el histórico programa del Canal 9 porteño, Feliz domingo, al que llamó Egresados 2010, con premio a Bariloche incluido para los estudiantes que respondieran la mayor cantidad de preguntas sobre… la vida y obra de Kirchner en Santa Cruz.

Si la copia politizada de Feliz domingo era insuficiente, «el Rengo» promovió también otro programa más propagandístico aún por el Canal 2. Se llamó El ojo del amo y se dedicó a reprender o ridiculizar a la oposición, defender y promover las acciones kirchneristas, y a criticar a los medios o periodistas independientes.

El ojo del amo fue, en suma, el anticipo santacruceño del programa 6,7,8 de la TV Pública nacional, con bajadas de línea desde Buenos Aires, al punto de anticipar, por ejemplo, la movida oficialista que terminaría con la renuncia del entonces gobernador Sergio Acevedo.

Como para que no quedaran dudas, cuando Acevedo dio el portazo en marzo de 2006, El Periódico Austral lo tituló con otra afirmación política: «Se fue el gobernador. Tuvo todas las posibilidades».

Para aglutinar todos esos medios y programas, «el Rengo» construyó un edificio en Río Gallegos, en la calle Alvear 175, donde pasó a controlar su multimedios, con unas 100 personas bajo su mando.

No era más que una nueva demostración del largo camino que recorrió aquel muchacho nacido en Puerto Natales, lustraba zapatos y se empleó como cadete en el estudio jurídico de los Kirchner hasta convertirse en el próspero empresario que comenzó a soñar con instalarse en un country de las afueras de Buenos Aires y disfrutar de la buena vida.

El «Rengo» tenía con qué:

Entre 2009 y 2013, Ulloa figuró entre los 20 empresarios más favorecidos con pauta publicitaria.

Su grupo de medios llegó a acaparar más de la mitad de la publicidad que el Gobierno nacional destinó a todos los medios de Santa Cruz.

Durante toda la década K, recibió pauta del Gobierno nacional por más de $ 22,8 millones (solo en 2010, sus medios recibieron más de $ 3 millones; y durante el primer semestre de 2012, otros $ 2,8 millones).

Solo durante 2011, el gobierno provincial de Daniel Peralta les pagó a los medios de Ulloa más de $ 2 millones.

Solo de la Legislatura santacruceña embolsó también $ 80 000 por mes en concepto de pauta oficial.

La Piñata.

Esos y otros ingresos le permitieron a Ulloa constituir un sólido patrimonio que, pese al divorcio de su primera mujer, pasó a incluir 4 casas en Río Gallegos, más una chacra en las afueras, cercana a la de otro empresario cercano a los Kirchner, Lázaro Báez.

«El Rengo», sin embargo, nunca se llevó del todo bien con Báez.

Cuestión de competencias internas.

Celos.

O desconfianza mutua.

La chacra de Ulloa, en cualquier caso, costó cerca de US$ 2,5 millones, según reveló el diario Clarín, y contaba con una pileta climatizada de 15 × 8 metros, una cancha de fútbol y hasta un microcine para 50 personas. Pero según Ulloa, que reconoció la compra, su valor era mucho más bajo, criticó al diario de Héctor Magnetto, y aclaró mediante una solicitada que no era «un hombre de fortuna».

Quizá no fuera multimillonario, pero ser amigo del poder lo ayudó —⁠y mucho⁠—, una vez más, cuando se sumó al selecto centenar de funcionarios y allegados que pudieron comprar terrenos fiscales en El Calafate a precios casi regalados. Los Kirchner, Echegaray, Osvaldo Sanfelice y el exministro de Economía provincial Juan Bontempo —⁠marido de la diputada Di Tullio⁠— figuraron entre los beneficiarios.

Pero Rudy no se instaló en El Calafate como los Kirchner.

Ni tampoco se compró un avión privado, como Báez —⁠este autor se cruzó varias veces con Ulloa en el Aeroparque Jorge Newbery, en la manga de abordaje de aviones de línea rumbo a Río Gallegos⁠—.

Pero el «Rengo» sí enfiló hacia Buenos Aires para instalarse en las afueras de la gran ciudad, en las lomas de San Isidro, donde en octubre de 2008 compró una propiedad que pagó con $ 2,4 millones al contado —⁠US$ 700 000 al tipo de cambio entonces vigente⁠—, en la calle Clemente Onelli 448, para quedar a un paso de la Quinta de Olivos.

Todo venía bien hasta que Kirchner le impartió la contraorden.

«¿No te das cuenta de que nos están apuntando?», contó Ulloa que fue el reclamo de «Furia» cuando fue a contarle, orgulloso y feliz, sobre su flamante adquisición. «Te van a buscar hasta que expliques cómo hiciste el último mango. Y cuidate con quién hablás», añadió el Presidente, según confió «el Rengo» a su buen amigo Uberti cuando volvieron a verse en la fría y ventosa Río Gallegos.

Tras ese reto, Ulloa tampoco se instaló de manera permanente en un departamento en Puerto Madero que solo utilizó de vez en cuando, sino que optó por acomodar a su familia, con un perfil mucho más bajo, en un barrio cerrado de Pilar del Este, sobre la ruta Panamericana.

Según sus amigos, Ulloa y su familia debieron mudarse a Buenos Aires por pedido de su amigo, que lo quería más cerca, y de paso para acompañar a su hijo mayor, también llamado Máximo y nacido en 1985, que había empezado a estudiar Derecho y a trabajar en el Banco Nación, donde continúa, ya como abogado.

En 2005, sin embargo, Rudy volvió a aprovechar su experiencia de puntero y militante y, otra vez junto con Zannini, fundó la corriente interna Compromiso K. Según anunciaron, buscaban promover la anunciada transversalidad que fructificaría en los «radicales K» liderados por el mendocino Julio Cobos, cuando muchos «boinas blancas» jugaron en tándem con los «pingüinos».

Dos años después, en 2007, Rudy también lanzó la Fundación Primero Argentina, junto con Carlos Long, un abogado y empresario de bajo perfil, pero amplios y diversificados contactos con el poder, y vinculaciones que lo acercaron años después hasta el fabuloso negocio de la venta de entradas para el Mundial 2014.

Ubicada en Balcarce al 600, Ulloa y Long montaron esa fundación a solo 6 cuadras de la Casa Rosada para que Kirchner la utilizara como su búnker para reorganizar el PJ en cuanto traspasara el mando a su esposa.

El consejo asesor de la Fundación exponía su relevancia: Zannini, el entonces gobernador electo Daniel Scioli, el ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, y el entonces ministro de Economía nacional Miguel Peirano.

«Dos abogados muy cercanos a Kirchner, Carlos Long y Olaf “Pilo” Aaset, pasan bastante tiempo allí. Presidente y vice de la Fundación, suelen tener reuniones periódicas con Zannini», repasa una crónica de Página/12 de noviembre de 2011.

Dueño de la revista Debate, el tartamudo Long tejió una buena relación con Ulloa, a quien le presta sus oficinas de la calle Viamonte 367, al punto que la mujer de Rudy, Jessica Uliarte, instaló allí su estudio jurídico porteño.

Juntos, Ulloa y Long también constituyeron una financiera, Cumehue SA, aunque el segundo diversifica sus inversiones en ciudades como La Plata y también avanzó por su cuenta desde julio de 2013 con la firma Camax SA, dedicada al negocio inmobiliario, turístico y hotelero. No solo eso. Se asoció además con Carlos Gianni, el agente que vendió los tickets aéreos a Presidencia de la Nación durante casi diez años y conformó una sociedad llamada «Marketing y Eventos» con la que ganó licitaciones de stands en Tecnópolis.

Ulloa tampoco puede envidiar a Long. Primero, porque sus excolaboradores lo definen apenas como «el tipo presentable que tiene Rudy». Y, segundo, porque Ulloa exprimió sus contactos políticos y su llegada directa a la Casa Rosada —⁠donde se movía con una tarjeta magnética para ingresar como local⁠—, y embolsó sus buenos dólares como asesor o lobbista de algunos empresarios.

Los catalanes de Cirsa, por ejemplo, acudieron al «Rengo» cuando afrontaron problemas en varias áreas del Gobierno, como Lotería Nacional, como dueños del Casino Flotante, antes de abrirle las puertas a Cristóbal López.

Ulloa no hacía más que ejercitar su sintonía fina con el Presidente, en un ida y vuelta que reportaba tanto beneficios como encargos.

¿Un ejemplo?

Fue él, Rudy, quien le comunicó al entonces vicepresidente Daniel Scioli que Kirchner había decidido que debía presentarse como candidato en 2007 a gobernador en la provincia de Buenos Aires.

¿Otro ejemplo?

Junto al sobreviviente de «La Noche de los Lápices», Pablo Díaz, era uno de los canales de comunicación entre Kirchner y el titular de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, que venía de quedarse en 2004 con Transener y, luego, con Edenor. Y hasta soñó con YPF.

Burguesía nacional.

¿Otro ejemplo más?

En 2008, fue Rudy quien hurgó en los números de Telefé con la misión de comprarlo, según surge de los miles de e-mails que se filtraron del lobbista Manuel Vázquez, el conector autoproclamado «testaferro» de Jaime.

Esa posibilidad se plasmó en los correos electrónicos que Juan Riva, un exejecutivo de Telefónica, controlante de Telefé, cruzó con Vázquez a partir del 26 de febrero de aquel año.

—La persona que me recomendaron es el vecino del número uno —⁠le informó Riva a Vázquez⁠—. Los medios no solo son un negocio en sí, sino la gran palanca que suponen para hacer otras cosas.

Vázquez le respondió en seguida.

—Ya empecé a trabajar en la búsqueda de inversores y le informé al Gobierno. Hay empresarios y banqueros interesados en quedar bien con el mandamás.

Días después, Riva le avisó al lobbista que Telefónica no quería vender, pero que los españoles podrían aceptar si obtenían «el cambio de regulación en favor de ellos para obtener la licencia de TDT (por “televisión digital terrestre”) para sus canales, en lugar de para Clarín».

Vázquez lo vio difícil: «Lo que aparentemente es cada vez más fuerte es la buena relación de NK con Clarín. Estos casi son el Organ House del expresidente».

Claro, eran tiempos en que el Grupo Clarín —⁠Héctor Magnetto⁠— y Kirchner almorzaban y entre buenos platos y mejores vinos intercambiaban favores, bromas, negocios, chismes y primicias.

Dos meses después, sin embargo, Riva se entusiasmó con la creciente tensión entre el Grupo Clarín y el Gobierno a raíz del conflicto con el campo. Por eso volvió a la carga y le envió a Vázquez un artículo periodístico que aludía a Ulloa y Telefé.

«No veo muy bien cómo meternos; ya están en contacto directo», lo cortó Vázquez el 14 de abril.

Y tenía razón, porque Ulloa ya intentaba avanzar por su cuenta sobre «el canal de las pelotas», lo que se plasmó en una reunión secreta que mantuvo en Buenos Aires con ejecutivos españoles de Telefónica y, según cuentan a su lado, incluyó también una llamada al mandamás de la compañía en la península, César Alierta.

Ofertó US$ 320 millones —un excolaborador habló de US$ 300 millones ante la consulta de este autor⁠—, cuyo origen nunca explicitó el otrora lustrabotas y vendedor de diarios por las calles de Río Gallegos.

El negocio con los españoles, sin embargo, no cuajó, como tampoco otros, como montar una FM en la ciudad de Buenos Aires o distribuir un diario gratuito en territorio bonaerense. Y Ulloa se quedó así a las puertas de concretar el sueño que Cristóbal López, «el zar del juego», sí lograría cuatro años después, con C5N de Daniel Hadad, por el que pagó US$ 49,5 millones.

Ambos, Ulloa y López no hicieron más que acatar una supuesta orden que les impartió Kirchner durante una reunión en la Casa Rosada, al decir de la estrechísima locutora y asistente del ex Presidente, Miriam Quiroga. «Kirchner les dijo a Rudy Ulloa y Cristóbal López que compren medios», recordaría Quiroga en mayo de 2013, durante una entrevista por televisión con el periodista Jorge Lanata, declaración que luego ratificó ante el juez federal Julián Ercolini.

Mentira, responden junto a López. «La idea de entrar en un medio fue del socio de Cristóbal, Fabián de Souza, que le dijo que tenían “que tener sus propios cañones”».

Porque a los ataques se responde con ataques.

Movedizo pese a su renguera, en cualquier caso, Ulloa iba de acá para allá, cumpliendo múltiples órdenes directas de Kirchner, que podía citarlo en la Casa Rosada o en la Quinta de Olivos durante la semana, o convocarlo sábados o domingos en Río Gallegos y El Calafate.

Por eso no extrañó que en junio de 2008 Debtwire, un servicio de información especializada en deuda corporativa del diario Financial Times, publicara que Ulloa habría intentado comprar el 30 % del Grupo Clarín por US$ 1000 millones durante la crisis del campo.

Lo notable, según reconstruyó Martín Sivak en su estupendo libro Clarín. El gran diario argentino. Una historia, es que Kirchner le mandó un correo electrónico al autor de aquella nota, Pablo Rosendo González, un exeditor jefe de Página/12 que se había apoyado en la entonces senadora nacional María Eugenia Estenssoro y fuentes dentro del grupo mediático.

«Simplemente no tengo interés en la adquisición de Clarín ni de ningún otro diario, no importa cuán importante sea… Los medios de comunicación son muy rentables para los hombres de negocios que conocen bien el mercado. Pero ese no es mi caso. Mi actividad privada es bien conocida y no tiene nada que ver con esa profesión», le comunicó el ex Presidente, que también indicó que carecía «de semejante capital de dinero».

Hubiera sido, de concretarlo, la Gran Piñata Mediática.

No solo eso, según consta en el intercambio de e-mails al que accedió este autor. El ex Presidente también le recomendó al periodista de Debtwire —⁠hoy en Bloomberg⁠— que leyera Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, «particularmente la traducción al español del escritor argentino Julio Cortázar. Hay una frase de ese libro que viene a mi memoria al escribir estas líneas. La frase es la siguiente: “Tener razón demasiado pronto es lo mismo que equivocarse”».

Sugerente…

En 2009, Ulloa resurgió una vez más en la superficie, nuevamente como «recaudador», otra vez en tándem con Uberti.

La excusa fue la 1.ª Feria de Infraestructura y Servicios, que entre el 14 y el 16 de abril agrupó a 173 compañías, entre las que aparecían Enarsa, Petrobras, YPF —⁠en tiempos de los Eskenazi⁠—, los grupos Roggio, Cirigliano y Electroingeniería SA. Todas debieron pagar entre 15 000 y 80 000 pesos para participar con un stand.

Porque Rudy podía pasar de ofertar US$ 320 millones a Telefónica por un canal de televisión, a pasar la gorra por $ 15 000 entre las empresas grandes, medianas y pequeñas que tuvieran pretensiones de llevarse bien con el Gobierno… y ganar algún contrato.

Uberti y Ulloa se encargaron de recaudar, junto con otros viejos conocidos del ambiente, como el testaferro de Jaime, Vázquez, y dos laderos del ministro Julio De Vido, su compañero de colegio secundario José María Caula —⁠sospechado de vínculos con una de las mayores usinas de facturas truchas del país⁠— y José María Olazagasti.

Para Uberti y Ulloa ese episodio se trató de un nudo más en la amplia red que los une desde hace décadas. Y que abarca incluso una sociedad, «Torre Sarmiento», que constituyeron en agosto de 2008 para proyectos inmobiliarios, aunque en los papeles apareció una mujer, Marcia Debora Peisci, que venía de trabajar en el Occovi con Uberti.

Pero fue 2010 otro año bisagra para Rudy.

Comenzó mal y terminó mal.

En febrero, fue uno de las contadas visitas autorizadas a la habitación del ex Presidente después de la cirugía de la arteria carótida derecha, que debió afrontar de urgencia. Los aprobados se contaban con los dedos de apenas una mano: Cristina, sus hijos Máximo y Florencia, su suegra Ofelia Wilhelm y él.

A mediados de ese año, Ulloa protagonizó otro episodio que volvió a colocar los focos mediáticos sobre su cabeza. Ocurrió cuando otro de sus contactos, Marcelo Mallo, se encargó de llevar a 235 barrabravas al Mundial Sudáfrica con la ONG «Hinchadas Unidas Argentinas».

Y en octubre llegó el mazazo.

Rudy se encargó de vestirlo por última vez, junto a la fidelísima María Angélica «Cuca» Bustos. Le colocó la camisa blanca con rayas azules preferida de Kirchner, con la ayuda del médico presidencial, Luis Buonomo, y el jardinero millonario, Ricardo Barreiro, padre de uno de los secretarios privados.

Quebrado por el dolor, hubo un momento durante aquellas primeras horas en que Rudy se descompuso, pero juntó fuerzas para acompañar a su jefe y amigo hasta la despedida final.

Pero hasta ahí pareció llegar. Porque tras el fallecimiento de Kirchner, la estrella de Rudy comenzó a declinar.

Sigue en contacto con Máximo, sí, pero se fue alejando de la Presidenta —⁠a quien apodaba «la Bruja» o «la Rusa» o «la Lupina» a sus espaldas⁠—, del calor del poder y, también, de la pauta publicitaria oficial. Porque él se enorgullecía de ser «un soldado del pingüino», y no integra el cristinismo de paladar negro al que sí adscribe, por ejemplo, Zannini.

Según dejó saber entre amigos y opositores por igual en Río Gallegos, Ulloa dice que la Presidenta lo acusó de quedarse con lo que no era suyo, con patrimonio de Kirchner.

«“La Rusa” cree que todo lo que tengo es de ella», confió Ulloa, según reconstruyó Laura Di Marco para su libro Cristina Fernández. «Después de la muerte de mi amigo, nadie me atiende el teléfono, con todo lo que yo hice por él», se quejó entre amigos.

Para fines de 2011, su retroceso en las filas oficialistas lo llevó a cerrar la edición en papel de El Periódico Austral y aunque continúa activa como página de Internet, dejó a más de 30 personas sin trabajo.

El argumento que, otra vez, utilizó su gente denota cómo se movió durante todos estos años. Les explicó que él había «cumplido» con su amigo Néstor y que ya no tenía motivos para seguir con el diario, mientras que algunos amigos le adjudican nuevos intereses, por ejemplo, vinculados a los depósitos fiscales.

Su unidad básica «Los Muchachos Peronistas», en tanto, sigue hoy abierta y activa. Y a solo unos metros se erige el primer monumento al ex Presidente que se levantó en Río Gallegos. El mismo al que la exmujer de Ulloa, Stella Maris, se encargó desde la Legislatura provincial de declarar «Patrimonio Histórico de Santa Cruz» en junio de 2015.

Allí es, también, donde Ulloa lloró al cumplirse el primer aniversario de la muerte de su empleador, jefe político y hermano mayor.

Dentro de la unidad básica, «el Rengo» guarda unos afiches que con el tiempo se convertirán en reliquia. Muestran una imagen de Néstor y la palabra «Vuelve».

Iban a servir de puntapié inicial para la campaña presidencial que nunca llegó a concretarse.

Pero ahora, al cierre de este libro, sus militantes empiezan a desplegar otros carteles, naranjas.

Dicen «Scioli conducción»[22].

V / Venezuela

Eduardo Sadous y Eduardo Sigal tienen poco y nada en común.

Sadous es diplomático de carrera; Sigal, un funcionario político en la Cancillería. Sus ideas políticas también difieren bastante, como sus gustos, sus estilos de vida y hasta sus lugares de residencia.

Sadous y Sigal, sin embargo, sí coincidieron en dos puntos: enviaron cables diplomáticos para alertar a las máximas autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores que algo raro ocurría en los negocios entre la Argentina y Venezuela. Y ambos afrontaron el mismo final.

Sadous era el embajador argentino en Caracas cuando envió a Buenos Aires, el 26 de enero de 2005, el cable diplomático CAEVENE N.º 10 097, que tituló «Grave situación». En ese cable, alertó sobre la ingeniería financiera del fideicomiso bilateral, del que se habían extraído US$ 90 millones en una cuenta en Nueva York, que se repatriaron a Venezuela, se vendieron en el mercado negro de divisas local, se recompraron al tipo de cambio oficial y la diferencia, estimada en US$ 13 millones, quedó en manos desconocidas.

¿Palabra clave del texto?

«Corrupción».

¿Funcionario argentino señalado?

Claudio Uberti, actor clave del «caso Antonini», alfil de la recaudación electoral del Frente para la Victoria (FPV) y subalterno de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal.

Conector + Piñata.

Sigal, por su parte, era el subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando, el 25 de junio de 2010, envió un cable diplomático confidencial a sus jefes directos: el secretario de Relaciones Económicas, Alfredo Chiaradía, y el canciller Héctor Timerman. En ese cable alertó sobre problemas que afrontaban ciertas empresas argentinas por la actuación irregular en Caracas de un funcionario argentino.

¿Palabra clave del texto?

«Paralela».

¿Funcionario argentino señalado?

José María Olazagasti, actor secundario del «caso Antonini», también vinculado a la recaudación y también subalterno de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal.

¿Consecuencias de ambos alertas?

Sadous fue convocado a Buenos Aires y nunca más obtuvo otro destino en el exterior. Hasta su retiro permaneció sin funciones reales dentro del Ministerio, afrontó problemas para cobrar su jubilación y sobrelleva una causa por presunto falso testimonio, iniciada por De Vido, por la que se encamina hacia un juicio oral, luego de que testificara en el Congreso y en la Justicia lo que vio y escuchó en Caracas.

Sigal fue, por su parte, removido de su cargo seis meses después de haber enviado su cable, a fines de 2010, cuando menguó la tormenta mediática a su alrededor. Continuó como presidente del Frente Grande a nivel nacional y, lejos de perfilarse como opositor, mantuvo su sintonía con el kirchnerismo, aunque a prudente distancia de De Vido. En junio de 2015, difundió su apoyo a la precandidatura presidencial de Florencio Randazzo y a la bonaerense de Aníbal Fernández.

¿Qué alertaron ambos que les costó sus cargos?

Que con el arribo de Néstor Kirchner a la Casa Rosada, las relaciones comerciales con un puñado de países —⁠entre los que descollaban Venezuela, Ecuador y Bolivia⁠— quedaron en manos de De Vido y su círculo de colaboradores, a los que las versiones sobre supuestas coimas los rodearon de inmediato.

El ruido alrededor de los «De Vido’s boys» llegó a tal punto que el primer canciller de Kirchner, Rafael Bielsa, redactó una nota, con todos los sellos y firmas necesarios, que remitió a Kirchner un día en que el sanguíneo ministro andaba con la mecha corta.

En esa nota —o carta personal, si se quiere⁠— dejó claro que él como canciller quedaba exento, a partir de ese momento y con la aquiescencia de Kirchner, de cualquier responsabilidad por lo que pudiera ocurrir con las relaciones entre la Argentina y Venezuela.

Bielsa no buscaba otra meta que evitarse futuros dolores de cabeza, como los que un par de años después expuso el «caso Antonini» y se repitieron con ciertas traders, como Palmat y Madero Trading, que andaban por ahí cobrando porcentajes de empresas argentinas, como el 15 % que recaudaron de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas (Cafma).

Esa comisión del 15 % se pactó en Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, en marzo de 2006, cuando los fabricantes se reunieron ante una convocatoria de la Cafma y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Directos, los representantes de Palmat dijeron que le cobrarían ese porcentaje en concepto de «gastos de gestión» a toda aquella empresa que deseara exportar a Venezuela. Y cuando uno de los presentes les preguntó cómo debían facturar el gasto, la respuesta generó un cimbronazo: «No, para eso no hay papeles».

Sospechas de Piñata.

Hasta Granadero Baigorria también se había acercado para participar de ese encuentro el empresario José Enrique «Pepe» Rodríguez, quien luego figuraría como representante de otra trader involucrada en el negocio, Madero Trading, aunque en aquel momento se presentó como amigo y representante de Uberti.

Esa comisión del 15 % que acordaron pagar todos los miembros de la Cafma que participaron en el fideicomiso con Venezuela, sin embargo, fue la mejor posible. Más aún, incluso fue más baja que el porcentaje que pidió su competidora brasileña, Cotia SA, cuando consultaron sus precios durante una feria que se celebró en Barinas, Venezuela.

Esa es, al menos, una de las defensas centrales del sector.

Pero en Brasil cuentan otra historia.

«Ningún empresario ni ningún ejecutivo de la Cafma nos consultó jamás. No hubo ningún conocimiento o entendimiento o consulta de un proveedor. Jamás. Jamás», negó Vitor Manuel da Silva Morgado, director de Exportaciones de la firma Cotia SA que, en teoría, había ofrecido sus servicios a la Cámara. «Ningún proveedor de los cerca de 40 que participaron en el fideicomiso (entre Venezuela y la Argentina) habló con nosotros», insistió, ante la consulta de este autor en mayo de 2010.

El presidente de la Cafma, José María Alustiza, aludió a Cotia dos veces, al declarar como testigo ante el juez Julián Ercolini, que investiga si esas comisiones pagadas a Palmat encubrían en realidad el pago de coimas para Uberti y otros funcionarios.

En su primera declaración, Alustiza dijo que durante la Expo Feria Agroindustrial de 2005 del estado de Barinas, Venezuela, «industriales brasileños» les plantearon a sus pares argentinos que necesitaban «contar con este tipo de intermediarias, ya que los venezolanos eran muy burocráticos». Esos mismos industriales, añadió el titular de la Cafma, les sugirieron que contactaran a Cotia, «que hacía todas las exportaciones de Brasil a Venezuela y cobraba el 20 %» por sus servicios.

La segunda vez que Alustiza aludió a Cotia fue, también ante la Justicia, cuando explicó por qué se escogió a la otra firma, Palmat, que lidera el argentino-venezolano Roberto Wellisch. «Esto se resolvió en una reunión de Cafma —⁠afirmó⁠—, en función de dos determinantes, que fueron el precio más bajo de Palmat por sobre el de Cotia y, a su vez, la desconfianza que tenían en la fidelidad de los negocios, ya que era la que intermediaba en las exportaciones brasileñas en Venezuela, que era el principal competidor».

Ante la prensa, Alustiza aludió también al 20 % que afirmó que Cotia les había requerido durante aquella exposición en Barinas. Y tras una pregunta específica del diario La Nación, dijo que los representantes de esa firma brasileña dialogaron al respecto con los ejecutivos de la empresa argentina Pulqui Pulverizadores. Este autor intentó entonces obtener más datos en esa fábrica de Carlos Casares, pero sus directivos no daban entrevistas.

Este autor insistió entonces sobre ese supuesto 20 % con el director de Cotia. La respuesta de Morgado fue concisa: «Cotia no les cobra nada, cero, a los proveedores brasileños».

Cuatro años después, y ante la aparición de nuevos datos sobre la «diplomacia paralela» urdida entre funcionarios de la Argentina y Venezuela, este autor contactó otra vez a Cotia con más preguntas. Y otra vez, Morgado reafirmó que quienes participaron en la operación sospechada utilizaron a Cotia como excusa para sus negocios.

«Cotia compra neto de los proveedores, Cotia exporta directamente como principal», explicó en un e-mail que le envió a este autor en español. «Nuestra ganancia está en los servicios para el cliente, nunca para el proveedor, tanto más que es el cliente que selecciona el proveedor, de quien quiere que Cotia compre sus productos».

Su remate para cerrar el intercambio fue elocuente.

«Acá, siempre tendrá una persona para colaborar con usted en la verdad, contra los oportunistas / arribistas, contra “negocios excusos de cartas marcadas”. Sin temor… Saludos, Vitor».

Sin temor al sistema.

Aquel pedido del 15 % a los empresarios asociados a la Cafma, vale aclarar, ocurrió cuando la diplomacia paralela comenzaba a carretear durante la presidencia de «Lupo» o «Furia», según cómo fuera su día. Y desde el Ministerio de Planificación Federal llegaron incluso a pedirle a la Cancillería que emitiera un pasaporte diplomático para Uberti.

Bielsa se negó.

Le insistieron.

Bielsa respondió que, como máximo, a Uberti podían entregarle un pasaporte diplomático de duración acotada a una «misión» concreta y por el tiempo que insumiera un viaje específico.

Para entonces, Bielsa ya miraba con recelo a Venezuela. En particular desde un incidente que ocurrió en Caracas, en marzo de 2004, durante un viaje con Kirchner, cuando los iraníes enviaron un mensaje a través de funcionarios bolivarianos que llegó hasta Sadous. Tanteaban las aguas para un eventual encuentro secreto con el presidente Mohamed Katami. Pero Bielsa detuvo los sondeos al ventilarlos por la prensa.

«El gobierno iraní quería garantías de que la entrevista (entre ambos mandatarios) saliera bien», detalló. Pero en el contexto del atentado contra la AMIA, recordó, el Gobierno argentino quería saber qué significaba para Teherán que el encuentro «saliera bien».

El encuentro, ya expuesto a la luz del sol, se cayó. Y Bielsa calló el rol del gobierno de Hugo Chávez en la intentona, pero tomó debida nota.

Por eso, cuando recibió un nuevo pedido para que la Cancillería le diera un pasaporte diplomático a Uberti, se puso muy incómodo. Pero esta vez el mangazo fue más sensible aún. Porque provino de la Casa Rosada y con el preludio de «dice Néstor que…».

Bielsa se negó otra vez. Pero se sentó y optó por cortar con los pedidos. Redactó una nota que dirigió al Presidente con la que se desligó de cualquier responsabilidad legal. La fechó y firmó, la hizo sellar en la Casa Rosada, y se corrió a un costado.

Uberti siguió su camino, a buen ritmo.

Solo entre 2003 y 2007, el funcionario designado para, en teoría, controlar las concesiones viales viajó al menos 27 veces al exterior. La mayoría a Venezuela, algunas veces con escala en Bolivia.

En rigor, Uberti solo le seguía el ritmo a su jefe De Vido, que registró sus propios 24 viajes oficiales en seis años al país gobernado por Hugo Chávez: 2 en 2004; 4 en 2005; 5 en 2006; otros 5 en 2007; 4 en 2008; y apenas 2 en 2009 y otros 2 en 2010, según consta en la nota oficial SSCYCG 001 398.

Junto a su fiel secretaria, Victoria Bereziuk, Uberti protagonizó otros dos viajes peculiares. Uno a Panamá, el 13 de enero de 2006, por Copa Air; y el otro a Australia, el 1.º de junio de 2007, por Aerolíneas Argentinas. Por una de esas extrañas coincidencias del destino, en ambos también viajó «Pepe» Rodríguez, aquel que en marzo de 2006 participó del encuentro de la Cafma en Coronel Baigorria, donde se presentó como representante de Uberti.

Conectores.

Tres meses después de aquel viaje a Australia, además, Rodríguez —⁠que venía de trabajar durante 10 años en la empresa IMPSA de Enrique Pescarmona⁠— constituyó Madero Trading, la intermediaria que pasó a cobrarles comisiones —⁠¿o intermediar coimas?⁠— a las empresas argentinas que querían comerciar en territorio bolivariano.

Por otra de esas extrañas coincidencias, la agenda de Uberti que recuperó la Justicia argentina acumula constancias sobre 49 llamados de Rodríguez al despacho de Uberti entre principios de 2006 y agosto de 2007, mientras que Francisco Carrasquero, su contraparte por la otra intermediaria para los negocios con Venezuela, Palmat, lo llamó aún más: 120 veces.

Y eso no es todo: Carrasquero y «Pepe» Rodríguez coincidieron con Guido Alejandro Antonini Wilson en el acto de la Casa Rosada, el 6 de agosto de 2007, 60 horas después del decomiso de los US$ 800 000 en Aeroparque.

¿Se conocieron allí?

¿Se conocían de antes?

¿Se saludaron?

¿Uberti los presentó?

Bielsa, en cualquier caso, ya había afrontado otro incidente con Venezuela, que lo llevó a levantar aun más su guardia. Porque al interés de los bolivarianos por intermediar con Irán se sumó la oscuridad con que se movían a la hora de manejar dinero. Al punto que cuando el Canciller argentino le planteó un par de preguntas sobre el fideicomiso bilateral al entonces embajador venezolano en Buenos Aires, Roger Capella, la respuesta que recibió, al decir de Bielsa, fue entre «débil» e «insolente». Y así se lo comunicó a Kirchner.

El embajador Sadous también acumulaba sus propios incidentes con venezolanos y argentinos por igual.

Porque mientras Sadous comandó la embajada en Caracas, su consejero comercial era otro diplomático de carrera, Alberto Álvarez Tufillo. Pero nunca se llevaron bien. El embajador sospechaba que el consejero trabajaba para De Vido y sus muchachos; el consejero consideraba que su jefe era un inútil dedicado a la pavada diplomática.

De hecho, el cable incendiario que disparó todas las alarmas en el Palacio San Martín y la Casa Rosada lo escribió Álvarez Tufillo, aunque solo buscó consignar el faltante de dinero, sin omitir opinión alguna. Pero cuando lo revisó Sadous, el embajador endureció los términos del texto e incorporó la palabra clave «corrupción».

—¿Por qué lo hizo? —le preguntó este autor al embajador.

—Porque evidentemente hay allí un acto de corrupción. No me cabe ninguna duda. Si usted saca plata de una cuenta de donde no se podía sacar, la trae a otro país, la cambia en el mercado negro, la recompra en el mercado oficial y se queda con la diferencia, hay un hecho de corrupción.

Sadous también recuerda la sorpresa que de tanto en tanto le provocaba descubrir por aquellos días a funcionarios del Gobierno argentino en viaje de negocios en Venezuela.

—¿Usted colaboraba con el trabajo de De Vido cuando viajaba a Venezuela?

—Cuando pedían colaboración, se prestaba colaboración.

—¿Hubo veces que no la pidieron?

—¿Que yo sepa? Sé que hubo algunas misiones en las que nosotros no estuvimos involucrados, pero nada más.

La Argentina de los primeros años del kirchnerismo en la Casa Rosada, vale recordar, afrontaba serios problemas. Venía del colapso institucional de 2001 y 2002, del fin de la convertibilidad, de la devaluación del peso, de la pesificación asimétrica, del corralito y del corralón, y del default de su deuda soberana, lo que llevó al cierre de los mercados internacionales.

Y en ese contexto, Venezuela tendió una mano.

Hugo Chávez acordó montar un fideicomiso bilateral en el que la premisa fue el trueque de bienes y servicios: la Argentina aportaba productos —⁠leche, huevos y otros alimentos, maquinaria agrícola, ascensores, tecnología para reactores nucleares y mucho más⁠— y Venezuela respondía con fuel oil, hidrocarburos y productos químicos.

Así, solo durante 2008, la cifra anual que movilizaron los convenios bilaterales rondó los US$ 300 millones, con exportaciones previstas desde la Argentina a Venezuela por otros US$ 1600 millones para ese año, cifra récord para la relación entre ambos países.

La Piñata bilateral.

Esas cifras eran, sin embargo, apenas la punta de un iceberg, en el que funcionarios de uno y otro país ofrecían oportunidades de negocios públicos y privados como si fueran propios.

Y en el medio de todo eso se ubicaron De Vido y su equipo.

Así es como Guido Alejandro Antonini Wilson afirma que, tras el decomiso de la valija en el Aeroparque Jorge Newbery en agosto de 2007, Uberti le ofreció cuotas de carne Hilton y quedarse con alguna licitación a cambio de que afirmara ante la Justicia que era el verdadero dueño de los US$ 800 000 bajo sospecha. Y que los venezolanos le transmitieron un mensaje del titular de la petrolera estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela SA), Rafael Ramírez: «Si quieres una refinería, es tuya».

Aunque no tan grosero, Kirchner también se vistió de promotor de posibles negocios en Venezuela, según el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, quien contó a sus allegados que el Presidente le ofreció áreas petroleras en la cuenca venezolana del Orinoco.

Según el equipo de Magnetto, el empresario esquivó el bulto. «Muchas gracias, pero lo único que sé hacer y me sale más o menos bien es el negocio de los medios de comunicación», cuentan que replicó.

A esos negocios bilaterales, sin embargo, Chávez y Kirchner sumaron otro rubro todavía más caliente: el de los títulos públicos que Venezuela comenzó a comprarle a la Argentina, con tasas de interés que llegaron al 15 % anual, y que el Gobierno bolivariano vendía casi de inmediato a los bancos locales, en una operatoria que permitía obtener un diferencial de entre el 20 y el 30 % al operar los bonos en Caracas al tipo de cambio oficial, luego en Nueva York y en menos de 10 días otra vez en Caracas, pero en el mercado negro del dólar paralelo.

Hubo banqueros (y no solo banqueros) que ganaron fortunas de la mano de la revolución bolivariana y el modelo nacional y popular.

Y a esa enorme masa de dinero se sumó aún otra más: la de los sobreprecios detectados en la cotización del combustible adquirido a Venezuela, pero que comenzó a llegar a las costas argentinas desde cualquier parte del planeta.

Basta un ejemplo para vislumbrar esos sobreprecios: solo entre 2004 y 2009, la Casa Rosada pagó US$ 1878 millones a PDVSA por su fuel oil para las generadoras de energía. Es decir, US$ 283 millones más (unos $ 1100 millones al tipo de cambio de la época) que el dinero que recibieron, en ese mismo período, las petroleras en la Argentina por exportar el volumen equivalente. O dicho de otro modo: la Casa Rosada prefirió importar más caro lo que pudo comprar más barato en el mercado local. Y otro dato peculiar: el sobreprecio representaba, justo, el 15 %.

¿La Piñata porcentual?

Acaso por eso, cuando Sadous le envió aquel cable diplomático incendiario a Bielsa en el que alertó sobre la desaparición de US$ 90 millones del fideicomiso bilateral y su posterior reaparición, pero con una ganancia de US$ 13 millones para bolsillos particulares, los senderos de su carrera como embajador y del Gobierno comenzaron a bifurcarse.

Quienes defienden a Sadous sostienen que Uberti se comunicó con Álvarez Tufillo, el consejero comercial de la embajada argentina en Caracas, para que le comunicara al embajador «que no se meta en los manejos nuestros», en los que se habrían cobrado coimas por hasta el 25 % del monto de cada operación.

—De la lectura del cable queda claro que usted alude a la «corrupción» del lado venezolano… —⁠le planteó este autor a Sadous.

—(Interrumpe.) Absolutamente.

—Pero, sin embargo, usted también declaró ante la Justicia y ante la prensa que hubo una reacción de la parte argentina cuando Uberti llamó a Álvarez Tufillo. ¿Qué le dijo?

—«Decile a Sadous que se deje de joder. Que eso lo manejamos nosotros».

Quienes defienden a Álvarez Tufillo sostienen, por su parte, que no hubo tal diálogo entre Uberti y el consejero, ni mucho menos entre él y su jefe directo, el embajador.

Álvarez Tufillo también es señalado, sin embargo, como uno de los encargados de intermediar en la compra de productos argentinos con fondos del fideicomiso bilateral. Según un testigo directo de esa operatoria, «cuando todos los papeles estaban listos para la habilitación, tanto en Argentina como en Venezuela, Álvarez Tufillo o Uberti se contactaban con los gerentes de las empresas o agentes de exportación para confirmarles que Uberti pasaría a conversar. La habilitación estaría condicionada al pago del 10 % de la exportación, en la Argentina, y del 15 % al cobro del fideicomiso en Caracas. Lo que daría un total por cada operatoria de exportación del 25 %».

Álvarez Tufillo siempre lo negó.

El paso del tiempo, sin embargo, reflejó los distintos senderos que siguieron ambos diplomáticos.

Porque mientras Sadous quedó anclado en Buenos Aires hasta su forzado retiro, sin jubilación y con paseos recurrentes por los Tribunales —⁠afronta una causa por supuesto falso testimonio por el que se encamina a un juicio oral⁠—, Álvarez Tufillo también pasó por el Juzgado, pero para desmentir al embajador. «No vi nunca nada irregular», declaró. «El tema del fideicomiso fue una cuestión técnica y fue Sadous el que agregó cosas al cable que yo redacté. Yo jamás hablé de irregularidades. Lo que están haciendo es circo», se lamentó. Y el 4 de mayo de 2011 fue designado embajador ante Ecuador.

Notable. Porque Ecuador es otro destino clave en el circuito de la «diplomacia paralela» que lidera De Vido. Al punto que «el Vasco» Olazagasti, el sucesor de Uberti para esos escarceos tras el estallido del «caso Antonini», viajó repetidas veces a Quito.

Conector.

Secretario privado de De Vido, Olazagasti pasó, con el tiempo, de encargarse de transportar las jeringas con la insulina indispensable para el diabético De Vido a asumir como jefe de Ceremonial del Ministerio y, tras el desplazamiento de Uberti, a liderar las negociaciones bilaterales por «Coca Coda Sinclair».

¿Qué es ese proyecto con nombre de gaseosa?

Fue un acuerdo para construir la represa hidroeléctrica más grande de Ecuador que firmaron los presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Rafael Correa en 2008. Pero entre 2009 y 2010, Olazagasti viajó a Quito y vendió a los locales el 30 % de las acciones en poder de la petrolera estatal argentina Enarsa. Según una denuncia penal, «a precio vil» —⁠unos US$ 5,5 millones⁠— y sin competencia funcional para eso.

Según el plan de negocios expuesto en la denuncia, el proyecto preveía ganancias más elevadas que ese precio de venta: US$ 438 millones anuales durante los primeros 10 años, y otros US$ 381 millones anuales durante 40 años más. El proyecto requería una inversión de US$ 1979 millones, de los que 85 % financiaría el China Eximbank.

Al filtrarse en la prensa la controvertida actuación de Olazagasti, De Vido no solo negó cualquier irregularidad, sino que defendió a su asistente. Explicó que, como él no había podido viajar, envió al «Vasco» para que lo mantuviera informado de las negociaciones que mantenía Enarsa, a su vez representada por Exequiel Espinosa, el funcionario que había alquilado, un año antes, el avión en que volaron Uberti, Antonini y la misteriosa maleta, y seguía como empleado de Cristóbal López en la petrolera Oil Combustibles.

Mudo e impertérrito ante todo el ruido que lo rodeaba, Olazagasti siguió su camino, con un extremo bajo perfil. Hasta que su nombre apareció otra vez, en julio de 2010, en los cables confidenciales que Sigal, como subsecretario de la Cancillería, envió a sus jefes y este autor reveló en el diario La Nación.

Sigal le reportó al flamante canciller Timerman que Olazagasti había excluido a dos empresas argentinas, Hidro-Gruber y EMA (Empresa Metalúrgica Argentina) durante una gira que el colaborador de De Vido lideró a Caracas, mientras que al mismo tiempo privilegiaba a otras firmas locales con las que el Ministerio de Planificación Federal mantenía una mejor sintonía. El funcionario emitió el cable más sensible solo unos días antes, el 25 de junio de ese año. Y aunque no usó la palabra «corrupción», como Sadous, sí calificó la actuación de Olazagasti como «paralela».

Esa palabra, «paralela», no pudo filtrarse en un peor momento. Timerman acababa de reemplazar como canciller a Jorge Taiana, quien presentó su renuncia «indeclinable» cuando la Presidenta le recriminó que no le impidiera a Sadous declarar en el Congreso y que, por tanto, no fuera tan leal como el vicepresidente Amado Boudou.

Curiosa lectura sobre lealtades y líneas de conducta, por las que un expreso político durante la dictadura, como Taiana, terminaba sustituido por Timerman, exdirector de un diario que celebró la dictadura pero que ahora era ultrakirchnerista. Y comparado por la Presidenta con un economista ultraliberal, también devenido en militante nacional y popular, que terminaría como el primer vicepresidente de la Nación en ejercicio en ser procesado por actos de corrupción.

Pero como flamante canciller, Timerman no perdió tiempo en demostrar cómo sería su gestión. Y así, aunque no logró impedir que Sadous se presentara ante el Congreso, se encargó de amedrentarlo a través de una entrevista que concedió a Página/12. «Voy a hablar con Sadous. Estoy convencido de que sabe, como profesional que es, que por ley los embajadores no pueden revelar información confidencial. En caso de hacerlo estarían cometiendo un delito», advirtió.

Timerman redobló además sus críticas contra la prensa por revelar supuestas gestiones «paralelas» del equipo de De Vido, revelaciones que, afirmó, existían «en la mente de algunos periodistas» en ciertos medios de comunicación, o que no eran más que una «novelita».

Sin embargo, con el paso de los días y las semanas más datos salieron a la luz sobre la intermediación de las firmas Palmat —⁠del argentino-venezolano Roberto Wellisch y su apoderado Francisco José Carrasquero⁠— y Madero Trading —⁠de Rodríguez⁠—, que les cobraban comisiones del 15 % a los fabricantes argentinos que pretendían vender sus productos en Venezuela:

—10 % por «gestión de venta de prestación de servicios».

—5 % por «recupero de los gastos» de la trader.

El canciller Timerman optó, otra vez, por acusar a los periodistas: «Quieren seguir inventando», y se la agarró con Sigal porque este autor obtuvo copias de los cables confidenciales que le había enviado.

«Sos un hijo de puta, me querés cagar, ¿cómo me hacés esto?», le recriminó a Sigal, que por teléfono buscaba sin suerte explicarle lo ocurrido, según reconstruyó el periodista Gabriel Levinas en su libro El pequeño Timerman.

Tras cortar con el canciller, el subsecretario buscó a Kirchner. «Lo llamé para advertirle el quilombo que se venía, explicarle que La Nación estaba atrás, y también los reclamos de las empresas», contó Sigal a Levinas, años después.

Kirchner le dijo que esperaran hasta que este autor publicara el material en el diario La Nación, y así ver qué tenía y hasta dónde llegaba.

Así fue.

Y ya con el escándalo en ebullición, el ex Presidente le ordenó a Sigal que armara una respuesta y atendiera a los medios.

Y así fue.

Por primera vez, Sigal apareció en el programa 6,7,8 de Diego Gvirtz y salió al aire en el programa radial de Víctor Hugo Morales.

Son las reglas de juego del sistema.

Pero los días de Sigal en la Cancillería estaban contados.

En cuanto pudo, Timerman le cortó la cabeza.

«Ni Bielsa ni Taiana pudieron solucionar lo de la embajada paralela. Era meterse con De Vido», reflexionaría luego Sigal.

—¿No más arriba? —le preguntó Levinas.

—Y tal vez con Néstor. Había cosas que entonces no se sabían.

En efecto, tomaría años armar —y aún sigue incompleto⁠— el rompecabezas de la intermediación y las comisiones entre ambos países, aunque la operatoria llevaba años bajo la mira de algunos funcionarios, tanto en la Argentina como en Venezuela.

En junio de 2007, por ejemplo, un testigo de identidad reservada se presentó en las oficinas de la Defensoría del Pueblo de la Nación, en Buenos Aires, y relató lo que sabía sobre las irregularidades que observó en la gestión comercial entre la Argentina y Venezuela.

Habló, en particular, de la «imposición obligatoria de un gestor» a la hora de vender maquinaria agrícola a ese país.

Ese testigo fue el primero en aportar, ante el entonces titular de la Defensoría, Eduardo Mondino, datos concretos sobre el presunto pago de coimas para exportar a Venezuela. Al hacerlo, tiró munición gruesa contra Uberti —⁠cuando aún restaban dos meses para que lo conociera el gran público con el estallido del «caso Antonini»⁠— y señaló a Palmat como la encargada de cobrar comisiones del 15 % que encubrirían esos retornos a los funcionarios.

Casi en simultáneo, desde Caracas encendieron otra alarma por la misma operación. Fue la Defensoría del Pueblo venezolana, que envió una carta formal a Mondino para avisar que había recibido «presentaciones», sin detallar de quiénes o cuántas, «cuestionando presuntos pagos de sobreprecios en la operatoria (del fideicomiso) por parte del Estado venezolano».

Firmada por el entonces defensor del pueblo venezolano, Germán Mundaraín Hernández, la carta oficial también pedía la colaboración de Mondino para recolectar información en la Argentina sobre los precios finales de venta de esas maquinarias.

Mundaraín también solicitó la ayuda local para otro punto específico de su pesquisa: quería detalles sobre el acuerdo bilateral que fijó las bases para armar el fideicomiso. ¿Por qué? Porque concentraba sus sospechas sobre las presuntas coimas que habría cobrado Uberti por hasta el 15 % de cada operación.

Acaso al tanto de estas y otras escaramuzas, el periodista Horacio Verbitsky, que desde hacía años reclamaba desde el diario Página/12 la cabeza de De Vido —⁠y, por tanto, de sus colaboradores⁠—, volvió a la carga en una columna que publicó el domingo 12 de agosto de 2007. Es decir, apenas seis días después de que estallara el «caso Antonini» y tres años antes de las revelaciones sobre la «embajada paralela».

«Apuntarle a De Vido es atacar a Kirchner», argumentó «el Perro», como apodan a Verbitsky, «pero el problema es que siempre le aciertan».

Con la apertura de la investigación penal en 2007, Uberti debió ceder el volante de la diplomacia paralela al «Vasco» Olazagasti, como en 2010 también deberían dar un paso al costado Palmat y Madero Trading.

No fue el único con problemas desde que puso un pie en Venezuela. Tampoco Lázaro Báez pudo completar la construcción y equipamiento de un hospital, por US$ 82 millones, a través de Austral Construcciones y Epsur, por problemas con una auditoría.

Llegó el turno entonces de otros operadores y otras intermediarias. Entre otros, de Consular SA y de Bioart SA, que desde la Argentina se encargaron de completar las exportaciones pendientes de maquinaria agrícola y también de arroz. «Vemos con preocupación que a algunos comunicadores a quienes no les agrada la verdad realizan análisis pobres y sin ningún tipo de rigor periodístico, con el único fin de buscar el impacto en la opinión pública», desmintieron desde Consular cualquier irregularidad.

Otros optaron por el silencio. Como los empresarios Horacio Díaz Sieiro, Roberto Vignati y el nuevo dueño de radio El Mundo, Juan José Levy, eslabones de una cadena que va desde la Patagonia austral, junto con Eduardo Roca y Ernesto Clarens, hasta Olazagasti en Buenos Aires y desde allí hasta el Caribe venezolano y más allá, con Panamá y Miami como otras escalas.

Sumatoria de conexiones.

El último indicio sobre la supuesta existencia de una diplomacia paralela a la oficial de la Cancillería llegó, sin embargo, del jefe de la Unidad Fiscal AMIA, Alberto Nisman, días antes de aparecer muerto en su departamento de Puerto Madero, la víspera de testificar contra la Presidenta en el Congreso de la Nación.

En la denuncia que presentó contra la Jefa de Estado, Timerman y otros funcionarios por tejer un supuesto pacto de encubrimiento con Irán, Nisman expuso escuchas telefónicas que reflejaban otra posible «diplomacia paralela» entre Buenos Aires, Caracas y Teherán. La protagonizaban, sostuvo, el exfuncionario kirchnerista y líder piquetero Luis D’Elía, el líder de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche, y un emisario iraní, Jorge Yussuf Khalil, entre varios más.

«Cristina Kirchner decidió absolutamente todo. Es la que le dio la orden al canciller Timerman de limpiar a Irán de este problema. Es la que estableció que exista una diplomacia paralela para manejar estas cosas, además de orquestar la pista falsa», afirmó Nisman, minutos después de pedirle a la Justicia la citación a indagatoria de la Presidenta.

Desde el oficialismo llovieron las críticas a Nisman y las desmentidas, que se combinaron semanas después con el desistimiento llano de su denuncia por el juez federal Daniel Rafecas, la Cámara Federal y la Casación Penal.

D’Elía también negó cualquier ilícito y llenó de dardos e insultos a Nisman. Pero hizo algo más: admitió sus propias gestiones ante Irán, aunque las calificó como «una diplomacia de los pueblos».

Acostumbrado a las controversias, D’Elía arrastra un antecedente en el submundo de la diplomacia paralela. Se retrotrae a 2005, cuando financió la contracumbre de Mar del Plata contra el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, con un bolso con US$ 1 millón que trajo en avión desde Cuba, según reveló el periodista Gerardo Young en su libro Negro contra Blanco.

Pero como ocurrió con los anteriores indicios sobre las diversas gestiones paralelas a la oficial, las revelaciones de Nisman se diluyeron con el paso de las semanas, aunque esta vez no por la lentitud judicial o el silencio de los testigos en Tribunales. Esta vez fue porque el propio fiscal denunciante apareció muerto en el baño de su departamento.

La otra investigación, la centrada en la «embajada paralela» en Venezuela, también perdió fuerza en la Justicia, aunque continúa abierta, en manos del juez federal Julián Ercolini. Espera desde hace años que la República Bolivariana de Venezuela le responda unos exhortos.

Sadous, en tanto, ya pasó a retiro.

Peor aún, se encuentra al borde de un juicio oral, acusado de «falso testimonio», procesado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, fallo que confirmó la sala II de la Cámara Federal, integrada por Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah.

Por su parte, las dos embajadoras que lo sucedieron en Caracas, Nilda Garré y Alicia Castro, también se vieron puenteadas por el Ministerio de Planificación, que continuó moviéndose a sus anchas por los despachos de los funcionarios bolivarianos.

Luego fue más sencillo para los De Vido’s boys. Porque uno de ellos, Carlos Cheppi, asumió al frente de la embajada, con lo que al fin unificaron la diplomacia «paralela» con la oficial.

¿Y el resto?

Álvarez Tufillo, embajador.

Uberti, empleado de Lázaro Báez en Austral Construcciones y operador en las sombras del Ministerio de Planificación Federal.

Nisman, muerto.

Y Olazagasti se sumó a las filas de la nueva Agencia Federal de Inteligencia (la ex SIDE). Por eso sumó otro sello a la colección de su pasaporte: Rusia. A fines de abril de 2015, viajó en la comitiva de la Presidenta a Moscú, donde se reunió con los jefes del SVR, la ex KGB.

Sistema rociado con vodka.

Entre mayo y junio, «el Vasco» se encargó de algo más doméstico. Tomó en sus manos las «efectividades conducentes», como diría Jorge Asís, para que muchos intendentes del Conurbano retornaran, garrocha en mano, del Frente Renovador de Sergio Massa al rebaño del Frente para la Victoria (FPV).

Ahora, el nombre en clave de Olazagasti dentro de la ex SIDE es «Oslo», como la capital noruega[23].

W / Wilson

«¡Extraditen a Wilson porque los argentinos queremos saber la verdad de las cosas!», gritó, casi aulló, Néstor Kirchner en su primer discurso como flamante ex Presidente de la Nación.

La invitación formal era a un almuerzo de fin de año de la empresa Aysa en Costa Salguero. Pero Kirchner no estaba allí ni para almorzar, ni para brindar, ni para desearle buenos augurios a nadie.

Le apuntó directo al gobierno de Estados Unidos.

«¡Manden al prófugo!», reclamó.

Martes, 18 de diciembre de 2007.

«Wilson» no era otro más que Guido Alejandro Antonini Wilson, un obeso empresario de doble nacionalidad venezolana y estadounidense, que cuatro meses antes había protagonizado el primer capítulo del escándalo que se conoció de dos maneras. Por su apellido, «el caso Antonini», o como «el maletinazo».

Todo comenzó la madrugada del 4 de agosto.

Un Cessna 750 Citation X proveniente de Caracas, Venezuela, aterrizó en el aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires.

Pertenecía a la empresa Royal Class, cuyo dueño es Pablo Yabrán, uno de los hijos de «Don Alfredo».

Llegó demorado.

Se anunció como de «Presidencia argentina».

La comitiva la presidía, en teoría, Exequiel Espinosa, presidente de la petrolera estatal Enarsa, al mismo tiempo que empleado de Cristóbal López en la petrolera Oil M&S.

En rigor, ni Espinosa lideraba esa comitiva, ni Enarsa pagó el viaje, sino que lo solventó Aeropuertos Argentina 2000, la empresa de Eduardo Eurnekián que intermediaba entre el Gobierno y Royal Class, según informó el delegado de Yabrán para los negocios, Héctor Colella, a la embajada de Estados Unidos, de acuerdo con un cable que los diplomáticos enviaron luego a Washington y reveló WikiLeaks.

«Cuando el escándalo se hizo público, AA2000 instruyó a Royal que le facture directamente a la empresa estatal Enarsa. Royal ya había preparado la factura para AA2000. Eventualmente Royal le terminó facturando al gobierno de Argentina, pero guardó los e-mails y la documentación del cambio», detalló Colella.

A eso se sumó que no fue Espinosa quien encabezaba la comitiva, sino Claudio Uberti, uno de los recaudadores permanentes para las campañas de los Kirchner. Bien lo recuerda, a él y a Rudy Ulloa, la viuda del empresario patagónico Raúl Espinosa, dueño de la pesquera San Isidro, asesinado en 2003 en lo que pasó a conocerse como el «caso Conarpesa». Bien recuerda cómo pasaban la gorra para el gobernador santacruceño que soñaba con ser presidente.

Desde 2003, Uberti dirigía el Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), bajo la órbita del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Pronto la picaresca criolla le puso un mote: «el Señor de los Peajes», mientras que la Justicia reconstruía sus sospechados vínculos con la operatoria de facturas truchas que salió a la luz con el «caso Skanska». Y, más relevante, era el embajador en las sombras en los negocios del Gobierno con Venezuela.

Conector + recaudador + Piñata bolivariana.

En aquel vuelo viajaron ocho pasajeros: Espinosa, Uberti, su secretaria Victoria Bereziuk, Antonini Wilson, tres empleados de la petrolera estatal venezolana PDVSA, y un muchacho de 18 años, Daniel Uzcátegui, al que Antonini Wilson había tomado como una suerte de asistente porque era hijo de un poderoso ejecutivo en PDVSA.

Antonini y «Danielito» se subieron al avión a último momento. El muchacho, porque soñaba con un fin de semana de fiesta en Buenos Aires. El gordo, porque quería hablar de negocios con Uberti, que no le prestó mayor atención. El argentino optó por concentrarse en una película: El Padrino.

El fastidio de Antonini…

Llevaba semanas atrás de una oportunidad.

Semanas cruzando e-mails con «Vicky» por posibles negocios, como los de «tuberías de gas».

«Victoria dane (sic) las especificaciones de lo requerido por ustedes», le escribió Antonini a Bereziuk, desde su iPhone.

«Recibido, Ale, lo veo con Claudio y te lo envío. Un abrazo Victoria», le respondió la eficaz secretaria, el 30 de julio de 2007, a las 8.38 AM, desde vberez@minplan.gov.ar, su cuenta oficial del Ministerio.

Ya en Aeroparque, aquella madrugada las maletas llegaron en dos tandas hasta la terminal Sur, la destinada a los vuelos privados.

Según contó el colaborador de Yabrán a los diplomáticos de Estados Unidos, el piloto de Royal Class actuó con sumo profesionalismo: «Cuando el jet llegó a Aeroparque, los pasajeros le ordenaron al piloto que se dirigiera al sector militar/VIP del aeropuerto, pero la torre de control dirigió al piloto a un área cerca de la terminal central de pasajeros. Después de que el jet estacionara en el área indicada, según Colella, los pasajeros intentaron abandonar el área con sus valijas en una combi, pero el piloto insistió en seguir el protocolo apropiado y mandó a los pasajeros y su equipaje a Migraciones y Aduana… La insistencia del piloto en cumplir con las regulación armó el escenario para el descubrimiento de la tristemente célebre valija llena de dinero».

En rigor, solo se controlaron las valijas de la segunda tanda.

Por fuera de los escáneres pasó una valija que subieron de inmediato al baúl del automóvil de Uberti. Era la maleta más grande que el jefe de seguridad de PDVSA había transportado hasta el aeropuerto de Caracas. Su nombre es Rafael Reiter, y había esperado a la comitiva argentina en el hangar del aeropuerto de Maiquetía, Caracas.

Joven y de carrera veloz junto al ministro Rafael Ramírez, Reiter trasladó dos maletas desde PDVSA. Una grande y una pequeña. «Hermanas», del mismo juego. Una con US$ 4,2 millones, la otra con cerca de 800 000. Salidos de las arcas de la petrolera.

Ya en Maiquetía, Reiter se saludó con «Danielito» Uzcátegui. Y se marchó cuando llegó Uberti, al que le entregó las maletas, contaron testigos del traspaso a este autor. Pero no hay videos, ni los habrá. La gente de PDVSA, afirman desde adentro de la petrolera, los destruyó.

En Buenos Aires, en tanto, aquella madrugada lloviznaba y hacía frío, por lo que el agente aduanero Jorge Lamastra decía que era mejor que dejaran pasar todo, apoyado en las facultades discrecionales que le otorga la ley en sus funciones.

Pero la agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), María de Luján Telpuk, tomó otro camino.

Telpuk, la morocha del interior, dijo «Buenas noches».

Bereziuk, la rubia de San Isidro —con gastos sin límites en los principales shoppings del país a cuenta de, otra vez, Aeropuertos Argentina 2000⁠—, la ignoró y continuó impartiendo órdenes como si nada hubiera pasado y nadie le hubiera dirigido la palabra.

Antonini jura que Uberti se le acercó y le dijo «¿Me ayudás?», mientras intentaban retirar las valijas restantes.

Pero ya era tarde.

«¡Qué maleducada!», dejó saber Telpuk, que no la dejó pasar y pidió que colocaran todo lo que quedaba en su escáner.

Antonini jura que todo ocurrió en cuestión de segundos.

El resto es ya conocido.

—Señor, ¿qué lleva ahí?

—Libros, papelitos.

Pero el maletín marca Sybco contenía 800 000 dólares en fajos de billetes usados de 50 dólares.

Antonini se mostró locuaz.

Demasiado.

«Por mí, esta maleta quédensela, quémenla, háganla desaparecer. Hagan lo que quieran porque no es mía». Luego testificaría ante una Corte Federal en Miami que aquella noche, en ese momento decisivo, señaló a Uberti como el hombre al que debían llamar, sea para que admitiera los dólares como propios o para que resolviera el desmadre. Pero que nadie le prestó atención.

Telpuk no cuenta lo mismo.

Entonces apareció María Cristina Gallini, una mujer gordita y adormilada que le apretó un brazo. «Cállese la boca», relató Antonini que fueron las primeras palabras de la jefa de turno de Aduanas. «Yo fui enviada para arreglar esto».

El sistema.

Además de Telpuk, Gallini fue la única mujer que firmó el acta junto con el «valijero», un agente de la PSA, Daniel Ingrosso, y el aduanero Lamastra. Pero, pese a todo, al menos otro agente de la PSA, Marcelo Veloz, escuchó las exculpaciones de Antonini. Declaró como testigo ante la Justicia, que lo escuchó al gordo clamar: «Esa valija no es mía».

En cualquier caso, Uberti se fue y Antonini y Uzcátegui terminaron en otra área de Aeroparque. Afrontaron presiones, hubo llamados entrantes y salientes, un primer borrador del acta del decomiso que se destruyó y un segundo borrador que sí se firmó con la versión oficial del decomiso. Del que nadie habló, de todos modos, ni trascendió nada durante más de 60 horas.

Libres y con una copia del acta en sus manos, amanecía ya en Buenos Aires cuando Antonini y Uzcátegui al fin salieron de Aeroparque en un auto que condujo un chofer de Uberti.

Por lo visto, y pese a tratarse de un gordo maldito y valijero que lo había engañado en su buena fe y podía costarle su carrera política por un dinero sobre el que en teoría él nada sabía, Uberti se portó igual como un verdadero gentleman.

Y en sus habitaciones del Sofitel ya los esperaban sus valijas. Porque de las reservas de hotel se había encargado a su vez Bereziuk, la secretaria de Uberti, un vero gentiluomo.

Al norte de allí, sin embargo, «Pachi», como le dicen a Uberti desde chiquito, fatigaba su teléfono. A las 7.57 llamó por primera vez al secretario privado de Néstor Kirchner.

Apagado.

Pero no solo el teléfono de Uberti estaba al rojo vivo.

El agente aduanero Lamastra también llamó a su amigo y alto funcionario en Aduanas, Gustavo Pagano.

Uberti volvió a discar, esta vez a la Quinta Presidencial de Olivos.

Pagano llamó al entonces jefe máximo de Aduanas, su amigo Ricardo Echegaray, que esa misma madrugada recibió una copia del acta a través de otro funcionario aduanero, Guillermo Lucangelli.

Telefonazos a De Vido.

Tubazos al entonces jefe de la PSA, Marcelo «Turco» Saín, quien declararía luego bajo juramento en Tribunales que percibió que aquella madrugada se intentó montar una «zona liberada» en Aeroparque.

Llamadas al entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien nunca admitirá en público lo que le respondió a Saín cuando le habló para alertarlo: «Turco, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Esto no es nuestro problema. Van a ser otros los que tengan que dar explicaciones».

Y toques a un teléfono a nombre del jefe operativo de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), Antonio Horacio «Jaime» Stiuso.

El sistema.

Uberti ingresó entonces a la Quinta de Olivos.

Silencio total.

Tranquilidad.

Una calma bienvenida para un Gobierno que ya arrastraba dolores de cabeza por los tropiezos del Ministerio de Planificación Federal con las novedades del «caso Skanska», por el hallazgo de una bolsa con dinero en el baño privado de Felisa Miceli en el Ministerio de Economía, y por los gastos personales e injustificados de Romina Picolotti en la Secretaría de Ambiente.

2007 fue, sin duda, un año bravo para el Gobierno.

Uberti, Echegaray y Kirchner se conocían desde hacía más de una década, unidos por un mismo denominador común: Rudy Ulloa.

Ulloa trabajaba desde los 70 como cadete y asistente todoterreno de Kirchner, se asoció con Echegaray en FM El Carmen y es íntimo amigo de Uberti, quien llegó a Río Gallegos casi con lo puesto tras un confuso incidente que terminó con su novia muerta en Rosario.

Allá en el Sur, «Pachi» llegó a montar una pequeña empresita de refacciones de viviendas. Pero nada pretencioso: él se encargaba hasta de pegar los mosaicos en las cocinas.

Con las aguas calmas durante el resto del sábado, el domingo 5 de agosto llegó el momento de terminar las cosas.

Por eso, Uberti fue hasta el Sofitel de la calle Arroyo para reunirse con el gordo en el bar del hotel.

—¿Cuáles fueron las palabras exactas que, según usted, Uberti puso ese domingo en boca de Kirchner? —⁠le preguntó este autor a Antonini, un año después, en Fort Lauderdale.

—Dijo que Kirchner le preguntó cómo estaba yo. «¿Cómo se portó el hombre?», o algo parecido. Uberti me dijo que él le explicó y que Kirchner agregó: «El hombre es un caballo» o algo así y que «como este hombre nos bancó, nosotros lo bancaremos hasta la muerte».

—¿Por qué cree que le mencionó a Kirchner?

—Cuando dijo eso de Kirchner, la sensación que me dio es que lo decía para que me sintiera parte del crimen, ¿sabe? Él y yo. Pero yo le insistía: «¿Está seguro de que se están encargando de esto? ¿Está seguro?». Él me repitió que no me preocupara por eso y me dijo: «Pedime lo que quieras. El Presidente me dijo que podés tener una licencia de carne».

Todo estaba, al parecer, controlado.

Pero ese mismo domingo, ya por la noche, Antonini vivió otra muestra del agujero en que se había metido. Ocurrió cuando se encontró en el Sheraton con Diego Uzcátegui, el padre de Daniel, el muchacho de 18 años con el que se había subido al avión de Uberti.

—¿Cómo me haces esto? —dice el gordo que le dijo al multigerente de PDVSA⁠—. ¿Cómo pudiste dejarme subir a ese avión?

El viejo Uzcátegui intentó calmarlo.

—Los argentinos van a tener que solucionar la vaina —⁠dice que le dijo, y que entonces Diego miró a su hijo Daniel⁠—. ¿Dónde está la otra maleta con los 4,2 millones?

Antonini jura y perjura que se asustó, que enloqueció y que comenzó con las recriminaciones. Y que Diego lo paró con insultos y frases que buscaron calmarlo, sin suerte. «Estoy enfermo y cansado de venir a la Argentina con maletas grandes», dijo y elevó las manos para indicar de qué tamaño hablaba.

El lunes, Antonini y Danielito hicieron como si nada hubiera ocurrido. Porque parecía que, en efecto, nada había pasado y eso les prometían los funcionarios argentinos. Por eso se reunieron con el empresario Enrique Pescarmona, el dueño de IMPSA, que los invitó a comer. Pero «Alex» y el muchacho tenían ya un almuerzo pautado, así que el dueño de IMPSA los llevó hasta el restaurante de Cabaña Las Lilas en Puerto Madero, donde saludó a Diego Uzcátegui y los invitó con un vino tinto antes de despedirse.

Burguesía nacional.

Horas después, Antonini Wilson ingresó a la Casa Rosada.

No dejó rastros porque, como pasaba con los poderosos y ciertos invitados especiales, nunca tuvo que registrarse. Franqueó su ingreso el por entonces secretario privado de De Vido, José María «Vasco» Olazagasti, hoy reconvertido en el número tres de la Agencia que reemplaza a la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE).

Bastó con un simple llamado.

—Hola, ¿Vasco? Soy Vicky —dijo Bereziuk. Y dos minutos después, Antonini ingresó por la entrada custodiada por los granaderos.

Consultado por este autor, la primera vez Olazagasti reconoció su rol. «No sé nada. Son cosas que pasaron. No sé. ¡Ni siquiera sé si pasaron!», farfulló. Luego ya no quiso atender más llamados. Y después, ya sin el golpe de la sorpresa, negó todo ante la Justicia.

En la misma línea, el Gobierno negó durante 2 años y medio que Antonini hubiera ingresado a la Rosada aquel lunes 6 de agosto, cuando asistió a un acto de los presidentes Kirchner y Hugo Chávez en el Salón Blanco con la entonces senadora nacional y primera dama, Cristina Fernández, como candidata a la Presidencia.

«Algunos se pondrán bravos conmigo porque lo digo, ¡pero hasta las piedras en Argentina y Venezuela dicen que Cristina Kirchner será presidenta de los argentinos!», vaticinó Chávez.

Otra vez, aquella entrevista de 2008 de Antonini con este autor:

—¿Por qué aceptó ir a la Rosada?

—Bueno, esperaba que ellos fueran a solucionarlo…

Pero casi en simultáneo con aquel acto en la Casa Rosada, la noticia del decomiso del sábado comenzó a filtrarse en los medios. Y estalló un escándalo, con días de vértigo.

Fiel a sus antecedentes en los casos «Conarpesa» y «Southern Winds» o en la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), Echegaray deslindó en otros la culpa. Esta vez difundió un comunicado para afirmar que la secretaria de la jueza en lo Penal Económico en turno, María Marta Novatti, había dado la orden de tramitar el decomiso de los US$ 800 000 «únicamente en sede aduanera» en vez de girar todo a Tribunales.

La jueza Novatti lo desmintió en el acto: «La suscripta en ningún momento impartió instrucciones, que por otra parte no me fueron requeridas, acerca de cómo debía continuar el trámite del sumario que se instruía en la Dirección General de Aduana».

Todos lo buscaban a Antonini. Desde los muchachos de la ex SIDE al ministro Aníbal Fernández, según consta en registros telefónicos internos de la PSA que obtuvo este autor.

Pero Antonini resultó inhallable.

El gordo pagó su teléfono, se marchó a Aeroparque, voló a Uruguay y de allí a su casa de Key Biscayne, en la costa de la Florida, Estados Unidos, con un pasaje comprado en el último minuto.

La tormenta mediática se cobró, rápido, tres víctimas: Uberti, Victoria Bereziuk —⁠que se fue a trabajar para AA2000 en La Pampa⁠—, y el padre de Daniel Uzcátegui, Diego, quien debió abandonar las tres gerencias simultáneas que ocupaba en PDVSA.

En esas horas agitadas, sin embargo, cuando Uberti no aceptaba llamados de casi nadie, se contactó tres veces con Graciela Elsa Ancarani, que fue empleada de Invernes, la financiera de Ernesto Clarens. Y un directivo de Austral Construcciones, José Roberto Sofo, lo llamó el martes 7.

¿Acaso para ofrecerle trabajo a pedido de Kirchner?

Misterio.

Nacido en 1950, Sofo venía también de trabajar en la financiera Invernes, donde coincidió cierto tiempo con Ancarani, pero luego pasó un par de años, entre 2004 y 2006, por la nómina del club River Plate, aunque desde 2005 también empezó a trabajar para Austral Construcciones. Un polifuncional, que le dicen.

Con o sin trabajo, sin embargo, Uberti optó por refugiarse en un departamento de US$ 600 000 en la Avenida del Libertador 3050, una de las cuadras más caras de Palermo, y en el country CUBA Fátima, donde una casa con vista al golf a la que llenó de cámaras de seguridad figuraba a nombre de su hijo Federico, por entonces de 21 años.

El problema es que a Uberti lo seguía una tormenta.

¿O eran huevazos que sus vecinos le lanzaron de noche?

En cualquier caso, «Pachi» se mudó otra vez. Y su último domicilio conocido fue en la calle Arcos 1254, en el corazón del barrio de Belgrano, donde cada piso se cotizaba en US$ 400 000, una cifra llamativa para alguien que nunca descolló en el sector privado y pasó años en la función pública, con magros salarios.

Pero todo eso se sabría después, como mucho —⁠no todo⁠— de lo que ocurrió entre agosto y diciembre de 2007 por debajo de los radares.

Por ejemplo, que los venezolanos redoblaron sus esfuerzos para convencer a Antonini de que volviera a la Argentina y calmara las aguas. Para eso, el jefe de la dirección de inteligencia (por entonces, Disip), general Henry Rangel Silva, recurrió a tres venezolanos que con la ayuda de un uruguayo contactaron al supuesto «valijero» para tentarlo.

La oferta era la misma que aquella que le había esbozado Uberti en el Sofitel, pero potenciada: argentinos y venezolanos le prometieron una refinería y cuotas de carne Hilton si se presentaba ante la Justicia en Buenos Aires y ante la prensa, y asumía los US$ 800 000 como propios.

El problema es que Antonini ya había contactado a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), de la mano de su abogada, Theresa Van Vliet, una exalta funcionaria del Departamento de Justicia, que se encargó del primer llamado. «Hola. Tenemos un problema».

Y a partir de ese momento, para salvar su propio cuero, Antonini habló con agentes del FBI en Florida. Jugó para otro sistema.

Y habló, habló y habló durante toda una semana.

Y los gringos, que ya lo tenían en la mira, siempre volvían por más. Querían saber más sobre él y sobre sus amigos —⁠y compañeros de correrías⁠— venezolanos Franklin Durán y Carlos Kauffmann, a los que había recurrido la Disip de Chávez para tentarlo.

«Tus problemas en la Argentina son estos», le clarificó un agente del FBI a Antonini durante uno de los interrogatorios, mientras levantaba una mano hasta su cintura. «Pero tus problemas por tus amigos llegan hasta acá», completó, y elevó la mano por encima de su cabeza.

Los tenían en la mira, por ejemplo, por la venta de una avioneta, matrícula YV2484P, a unos lindos muchachos con dientes de oro de Medellín, que poco tiempo después se estrelló en Aguascalientes, México, con una tonelada de cocaína en su interior, como le confirmó el expiloto de aquella aeronave a Antonini, que comenzaba a portar micrófonos ocultos para regodeo del FBI.

—Yo lo llevé a Medellín, el avión. Bueno, si… ¿por qué tú crees que la DEA está detrás de mí? ¿Por qué? Bueno pues, yo soy el piloto. Y los últimos 50 000 dólares que le tenían que entregar (a Kauffmann y Durán), querían que me los trajera yo en efectivo. Le dije que no, que yo no me iba a traer en efectivo 50 000 dólares. Y cuando le entregamos el avión a los carajos… con unas vainas, unos dientes de oro… O sea, la madre.

—¿Y les trajiste…? —no llegó Antonini a terminar su pregunta sobre el dinero porque el piloto continuó su relato con detalles sobre el desinterés de los compradores colombianos por los papeles del avión, como sí lo estaban por verificar si podían desmontar la cabina.

—Ya el tipo me dijo «los libros no, hermanito, no necesitamos libros. No se preocupe por eso. Vea, todo está bien, full, no necesitamos libros. La tapicería va pa’ afuera». Y después me dice que me lleve 50 000 dólares… Y yo dije: «No, joda, yo me voy corriendo».

La Piñata narco.

Así que el gordo cantó todo en el FBI. Y más también.

Porque los federales lo utilizaron de señuelo, y grabaron todas sus conversaciones telefónicas y las reuniones que mantuvo en Florida entre agosto y diciembre de 2007.

Entre otras, la que mantuvo con el excamarista federal argentino —⁠y exabogado de Alfredo Yabrán⁠— Guillermo Ledesma, quien evaluó ser su defensor si Antonini retornaba a Buenos Aires. Allí, le juraban al gordo los emisarios llegados del Sur, todo saldría bien.

—Y… ¿y quién me garantiza eso? —preguntó Antonini en uno de esos encuentros grabados para la posteridad.

—Kirchner y Chávez —le respondió Ledesma.

Kauffmann y Durán le juraron además que se enriquecería, por medio de una operatoria con facturas truchas y US$ 2 millones en efectivo, que permitiría cerrar todo el entuerto como empezó, con cash transportado en mano: «Una vez que reciba el dinero, yo te mando un mensaje: “Gordo, recibí los maletines”».

Así, durante cuatro meses, los agentes del FBI acumularon evidencias hasta que, ya en coordinación con la Fiscalía Federal para el distrito sur de la Florida, dieron el zarpazo.

El 11 de diciembre de 2007 arrestaron a los tres venezolanos —⁠Durán, Kauffmann y el abogado enviado por la Disip, Moisés Maiónica⁠—, y al uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello.

Los gringos juran que actuaron ese día porque Durán estaba por volver a Caracas y no sabrían si alguna vez volverían a coincidir los cuatro acusados en Florida. Pero todo se complicó cuando la Fiscalía Federal anunció sus arrestos a través de un comunicado y detalló que de la investigación surgían indicios de que la valija con US$ 800 000 podía ser un aporte del gobierno de Chávez para financiar la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

Chávez afirmó de inmediato que todo era una «campaña del Imperio», en particular tras el fracaso de Estados Unidos por sellar el Acuerdo de Libre Comercio para toda la región (ALCA) durante la Cumbre de las Américas que se había celebrado en Mar del Plata en noviembre de 2005.

Los argentinos, con Cristina como flamante Presidenta, no se quedaron atrás. Interpretaron lo que ocurría en el estado de Florida como un intento por debilitarla desde el inicio mismo de su mandato.

«Hay operaciones sucias y políticas sucias en la región. Vamos a sufrir interferencias de los que parece que solamente quieren países empleados y subordinados. Pero no nos van a doblegar», prometió.

El designado embajador ante la Casa Blanca, Héctor Timerman, ahondó en esa línea, al sostener sin pruebas que lo ocurrido entre Fort Lauderdale y Miami era una «maniobra» del Departamento de Justicia y las agencias de inteligencia. «El gesto que debería hacer Estados Unidos es extraditar a Antonini Wilson y no protegerlo».

Pero esa nunca fue una opción.

Estados Unidos jamás entrega a un nacional, y el gordo lo era, por parte de su madre: Mary Wilson.

Más aún, Antonini no tenía el más mínimo interés en volver a la Argentina. «Si voy, soy hombre muerto», profetizó, sin importarle lo que pudieran imputarle en el expediente que instruía el juez en lo Penal Económico, Daniel Petrone, mientras que los diarios La Nación y Perfil lideraban la cobertura periodística y arrastraban incluso a Clarín, por entonces en buenos términos con el Gobierno, a informar sobre las revelaciones y las novedades judiciales.

Otro expediente, pero en el juzgado federal de San Isidro que ocupaba Roberto Marquevich y pasó luego a manos de la mujer del fiscal Alberto Nisman, Sandra Arroyo Salgado, registró entonces un movimiento que apenas llamó la atención en ese momento, pero cuyo verdadero calibre solo se comprendería mucho después.

Ocurrió el 18 de diciembre de 2007, un día después de que el diario Clarín publicara en su tapa que los dólares de la valija podían ser aportes de Hugo Chávez para la campaña de la Presidenta.

Tras cuatro años casi sin movimientos en aquel expediente de San Isidro, Abuelas de Plaza de Mayo se presentó como querellante para investigar si Marcela y Felipe Noble eran hijos de desaparecidos.

¿Las Abuelas vieron una oportunidad para reactivar por su cuenta la pesquisa que el Gobierno cajoneaba por su sintonía con el Grupo Clarín? ¿O recibieron una señal desde la Casa Rosada?

En cualquier caso, eran aprestos para una guerra que sería total.

En Miami, mientras tanto, el venezolano Maiónica se declaró culpable el 25 de enero de 2008. Lo siguieron Kauffmann y el uruguayo Wanceele Paciello, mientras que Durán reafirmó su inocencia, aunque en el juicio que siguió hasta fin de ese año en la Corte Federal fue hallado culpable. Recibieron 2, 1, 2 y 4 años de prisión.

De las investigaciones judiciales y periodísticas, surgieron varios datos relevantes sobre movimientos subterráneos:

En aquel ya legendario vuelo se habrían transportado otros US$ 4,2 millones que ingresaron a Buenos Aires sin problemas.

Funcionarios argentinos y venezolanos establecieron canales paralelos a los de la diplomacia formal para cerrar negocios, a cambio de comisiones, con ciertas empresas en ciertos rubros.

Surgieron indicios de que ejecutivos de PDVSA como Diego Uzcátegui transportaron dinero en efectivo a la Argentina y otros países de América Latina —entre otros, Bolivia, Paraguay y Uruguay— para financiar candidatos y líderes cercanos al chavismo.

El gobierno venezolano recurrió a los mismos empresarios que convocó para negociar con Antonini —Durán y Kauffmann— para que coordinaran y financiaran vuelos de sus emisarios a los cuatro puntos del planeta para promover la candidatura de Chávez al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU). El Grupo 1 se encargó de Laos, Brunei, Timor Occidental, Myanmar y Tailandia; el Grupo 2, de Papua Nueva Guinea, Islas Salomón, Vanuatu, Kiribati, Tuvalu, Samoa y Nueva Zelanda; el Grupo 3, de Burundi, Tanzania, Madagascar, islas Seychelles, Uganda y Ruanda; y el Grupo 4, de Malawi, Zambia, Lesoto y Suazilandia, según los registros de vuelo, facturas de transporte y registros hoteleros que obtuvo este autor.

Cuando este autor reveló por primera vez la existencia de esos vuelos, las fechas de los viajes y los nombres pasajeros, el Gobierno de Venezuela optó por el silencio.

Pero el exvicecanciller Vladimir Villegas cometió un error.

Ante la consulta de la prensa en Caracas, Villegas entendió que se lo acusaba de recibir u ofrecer dinero, lo que negó, pero confirmó la existencia de esos vuelos alrededor del mundo.

«Niego categóricamente que nuestra misión haya sido ofrecer negocios, dinero o cualquier otro tipo de recompensa por el voto favorable de Venezuela», aclaró, para de inmediato confirmar lo relevante: «Sí viajé a varios países de Asia y el Pacífico como parte de la campaña venezolana para ingresar al Consejo de Seguridad, lo cual es uso y costumbre entre los países que tienen tal aspiración».

Lejos de Caracas, la ciudad a la que aún no pudo volver, Antonini Wilson insiste a mediados de 2015 con que él no es el dueño de la valija, y que fue víctima de una confusión, de un engaño o de una trampa.

«Uberti no me dijo nada al oído o como un secreto», retrucó ante una pregunta de este autor. «Solo me dijo: “¿Me ayudás?”».

¿Fueron esos dólares parte de una suerte de clearing aéreo y clandestino de las coimas por los negocios bilaterales que coordinaban funcionarios en Caracas y Buenos Aires, negocios que incluyeron compras multimillonarias de títulos públicos, maquinarias agrícolas y ganado argentinos, y fuel oil venezolano?

¿Fueron esos dólares parte de una Piñata hemisférica?

¿Fueron esos dólares «sembrados» por Estados Unidos en su obsesión contra Chávez y, de paso, en un fallido intento por impedir la victoria electoral de Cristina Fernández? ¿Hubo una «entrega» de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), tal como decían sospechar Kirchner y varios de sus colaboradores?

¿Fueron esos dólares un aporte de Chávez a la campaña de los Kirchner? ¿Para qué necesitaba el matrimonio presidencial del dinero bolivariano si ya llevaba cuatro años en el poder, con acceso a fondos públicos sin control, como los de la ex SIDE, y a generosos aportes de empresarios que apoyaban con nombre y apellido o a través de cheques que, a cambio de una comisión, firmaban títeres como Sebastián Forza, uno de los asesinados en el «Triple Crimen» y otro conector de esta década?

Chávez, sin embargo, siempre vomitó fuego cuando la prensa le consultó por el maletinazo: «Es una operación política, y no es la primera. Van varias que tratan de enturbiar, de manchar unas relaciones», argumentó. Y luego de replicar que no tenía por qué hablar sobre el escándalo con la Presidenta, volvió a la carga contra Antonini Wilson, al que definió como «traidor».

Sugerente calificativo.

Porque solo puede ser traidor quien antes era tropa propia.

¿Una admisión involuntaria?

Acaso nunca se sepa. En Venezuela jamás se inició una investigación. Imposible, desde que la jefa máxima de los fiscales en ese país, Luisa Ortega Díaz, le cerró la puerta a una pesquisa imparcial. Definió todo lo ocurrido como «una campaña orientada a desprestigiar al Estado venezolano». Y donde manda capitana, no manda marinero.

En la Argentina tampoco se logró demasiado. El expediente amenaza con cerrarse por el mero transcurso del tiempo, bajo la figura jurídica de la prescripción. Así lo dispuso la Cámara en lo Penal Económico —⁠en un fallo dividido⁠— y refrendó la Cámara Federal de Casación Penal.

Mérito del sistema, mientras el expediente reposa al cierre de este libro en un despacho de la Corte Suprema.

Sin buscarlo, la Casa Rosada ofreció una curiosa demostración indirecta del «caso Antonini» a la luz de los destinos de varios de sus funcionarios. Porque mientras ascendió a Echegaray, sospechado por su actuación en todo el affaire, por el contrario envió a Siberia a Saín.

«Después de este hecho, mis amigos e interlocutores en el Gobierno se redujeron a uno, Aníbal Fernández; pasé a ser persona no grata para el núcleo del poder. Con lo cual no me invitaban ni siquiera el día de la Bandera. No sé por qué», relató el extitular de la PSA ante la Justicia, aunque él sabe bien el motivo. «Uno espera que los malos siempre estén del otro lado, que no sean compañeros del Gobierno», abundó.

Más claro…

Pero si languidece la investigación judicial y el Gobierno repartió premios y castigos entre sus funcionarios, no ocurre lo mismo con las sorpresas periodísticas. Una de las últimas la protagonizó la revista brasileña Veja, el 14 de marzo de 2015.

Basada en tres supuestos exmiembros del Gabinete de Chávez —⁠a los que no identifica por sus nombres⁠—, Veja sostuvo que esos US$ 800 000 provinieron de Irán para acercarse a los Kirchner en plena campaña.

¿El motivo? Alentar la impunidad por el ataque contra la AMIA de 1994 y el traspaso de tecnología nuclear argentina. Es decir, en línea con la denuncia que el entonces fiscal de la Unidad AMIA, Alberto Nisman, presentó cuatro días antes de aparecer muerto en el departamento que alquilaba en Puerto Madero.

De un maletín con US$ 800 000 del «gordo» Antonini a una supuesta triangulación Buenos Aires-Caracas-Teherán.

¿Posible? Sí.

¿Factible? No.

En cualquier caso, y mientras algunos miran a Irán, el otrora «Señor de los Peajes» continuó con sus vuelos relámpago.

Solo durante el año y medio que siguió a su renuncia por el «Maletinazo», Uberti acumuló 16 salidas del país.

Viajó a Bolivia, Brasil, Ecuador, Chile y España.

Pero con una curiosidad: solía ir y volver en el día. Algunos viajes duraron unas pocas horas.

La pregunta que queda es obvia.

¿Para qué eran esos viajes relámpago de Uberti?

A Antonini Wilson le da igual qué haga el exfuncionario argentino. Solo sabe que él continúa en Estados Unidos, impedido de volver a Venezuela desde agosto de 2007, y consciente de que la investigación en la Argentina orilla su cierre definitivo por prescripción.

Sabe también que, si viajara a Buenos Aires, podría darle un nuevo impulso a esa investigación. Pero sigue convencido, asimismo, de que, si pisa Ezeiza, podrían matarlo.

Eso pensó en 2007; eso piensa en julio de 2015, cuando conversó con este autor desde Key Biscayne. «Sé que muchos negocios de esta gente continúan… Han podido más que las leyes»[24].

X / Xi Jinping

«Más de 1000 asistentes al evento… ¿Serán todos de “La Cámpola” y vinieron solo por el aloz y el petlóleo?…», lanzó por Twitter.

Eran las 4.49 en la Argentina, pero la Presidenta se encontraba del otro lado del mundo.

Porque desde la República Popular China, y mientras buscaba con desesperación capitales frescos en Pekín, la Presidenta se mofó por Twitter de la forma en que los chinos hablan español.

La diplomacia y el tacto, por lo visto, no son sus virtudes. Y así se lo dejaron saber a la Presidenta muchos de los tuiteros que respondieron a su mensaje del 4 de febrero de 2015.

La Presidenta había viajado a China para firmar un memorándum de entendimiento y una quincena de convenios derivados del «acuerdo marco» que siete meses antes había sellado en Buenos Aires con el presidente del gigante asiático, Xi Jinping.

El núcleo de la nueva alianza es tan sencillo como controvertido: a cambio de obtener algo de financiamiento en pleno default, la Argentina se obligó a la compra exclusiva de cierta tecnología china, a abrir sus fronteras a su mano de obra y a adjudicarle obras sin licitación previa.

Casi nada, pues.

En total son 33 acuerdos: 18 se firmaron en julio de 2014; los restantes 15, en febrero de 2015.

¿Son secretos?

No.

¿Se conoce toda la letra chica?

Tampoco. Hay muchos anexos inhallables.

¿Es eso lo más relevante?

No, tampoco.

¿Cifras en danza?

Cerca de US$ 20 000 millones.

La Piñata china.

Es decir, la misma cifra mágica con que soñó Néstor Kirchner, allá por noviembre de 2004, cuando en privado se atrevió a bromear con que si la jugada con el entonces presidente chino Hu Jintao le salía bien, sería «Gardel» y colocarían su cuadro junto al del general José de San Martín.

Al final, no pasó del amague.

China les bajó el tono a los sueños criollos y la Casa Rosada debió retroceder ante el inevitable papelón.

Como cuando los periodistas le preguntaron al entonces embajador chino en Buenos Aires, Li Bing, sobre los trenes de alta velocidad y su respuesta fue por demás ilustrativa.

«Usted debe preguntar a la persona que hace circular o pronuncia esa noticia; no tenemos esa información», respondió Li Bing, que a sus palabras sumó primero una risita y luego una franca carcajada. «China no tiene la tecnología para esos trenes, que recibe de Japón y Francia», agregó su traductor, también tentado por lo ridículo de la situación.

Por supuesto, Kirchner culpó a la prensa por «la novela» que, todo hay que decirlo, había salido de su propio despacho.

Curioso: esa misma expresión, «novela», es la que utilizaría años después el canciller Héctor Timerman para ningunear las revelaciones periodísticas sobre la «diplomacia paralela» con Venezuela.

Con la inesperada muerte de Kirchner, sin embargo, su cuadro se colgó igual en el Salón de los Patriotas Latinoamericanos de la Casa Rosada, como había imaginado en 2004. Su esposa, la Presidenta, lo acomodó en mayo de 2015 junto a los de San Martín y Manuel Belgrano, y también los de Hugo Chávez, Ernesto «Che» Guevara, José Martí, Túpac Amaru, Salvador Allende, Francisco Solano López, José Artigas, Juan Domingo Perón, Eva Duarte, Juan Manuel de Rosas, Hipólito Yrigoyen y Augusto César Sandino.

Mejor no recordar, tampoco, que la entidad por la cual se planeó canalizar aquellos US$ 20 000 millones de 2004 era el Banco Espírito Santo, que colapsó una década después, investigado en cinco países —⁠Estados Unidos, Suiza y Portugal, entre otros⁠— por las sospechas de maniobras de lavado de fortunas negras de funcionarios de Venezuela, Libia y Angola.

Pero diez años después —y lavadores y cuadros aparte⁠—, el problema del acuerdo con los chinos no pasó tanto por lo escrito —⁠aunque varios anexos sigan en las sombras⁠— sino por su potencial aplicación concreta, tras un paulatino acercamiento que incluyó su reconocimiento como «economía de mercado» y la flexibilización de las visas para ingresar a la Argentina —⁠que llevó de 120 000 a 200 000 los chinos en el país en unos pocos años⁠—. Pero que también registró algunas tiranteces, como cuando los argentinos restringieron las importaciones y los chinos devolvieron la gentileza con un freno a la compra de aceite de soja durante 2010.

Vamos por partes, pues.

¿Qué firmaron la Presidenta y Xi?

33 acuerdos que abarcan proyectos culturales, tecnológicos y económicos conjuntos, entre otros, que incluyen la instalación de la Estación de Espacio Lejano, la construcción de la central Atucha III y las represas Kirchner y Cepernic; la demorada modernización del ferrocarril Belgrano Cargas; la compra de barcos y dragas; y hasta proyectos de riego para la provincia de Entre Ríos.

A eso se sumó, en plena puja de la Argentina con el juez estadounidense Thomas Griesa, un swap financiero de monedas por US$ 11 000 millones —⁠adiós al eslogan del «desendeudamiento»⁠— y un acuerdo de cooperación económica.

Pero lo más importante no pasa por la letra chica, sino por el «acuerdo marco» que, con la venia del Congreso argentino, habilitó que ambos gobiernos pudieran firmar nuevos acuerdos y tratados, sin necesidad de pasar otra vez por el Congreso.

¿Cuál es el problema con eso?

Que cuantos más ojos miren y revisen y controlen, mejor.

Aunque el «acuerdo marco» que ya aprobó el Congreso es por demás inquietante. El artículo 5.º, por ejemplo, habilita que China se quede con obras públicas en el país por adjudicación directa a cambio de financiar esas mismas obras con créditos blandos.

Suena bien, porque eso implica que China nos cobrará una tasa de interés baja y a plazo largo, en pleno default técnico de la Argentina.

Pero el problema es otro.

¿Cuál?

Que China puede prestarle a la Argentina a una tasa del 4 % y a 10 años para que le compre un bien o servicio que cotiza a $ 100 y que es de mediocre calidad o con tecnología desactualizada. Y acaso en el mercado, algún otro país podría venderle algo parecido, también a $ 100, pero al 5 % de interés y a 8 años de plazo, pero de calidad superior y con la última tecnología.

¿Qué sería preferible comprar entonces?

Discutible.

¿Y si cambiaran algunas variables de ese ejemplo?

¿Y si China cotizara ese bien o servicio mediocre o desactualizado a $ 110 y a una tasa del 4 % y a 10 años frente al de otro país a $ 100, pero al 5 % de interés y a 8 años de plazo, pero de calidad superior y con la última tecnología?

Más discutible aún.

Y esta disyuntiva, que suena demasiado teórica, es una realidad cotidiana en los mercados internacionales, como señaló el dos veces secretario de Energía, de Relaciones Económicas Internacionales, y de Industria y Comercio y Minería, además de exembajador en Brasil, Alieto Guadagni, que además consignó los otros riesgos propios de este tipo de acuerdos: «La experiencia mundial de créditos atados es siempre la misma: las ventajas del financiamiento blando a largo plazo y bajo interés son muchas veces anuladas por la baja calidad del suministro, precios excesivos o comisiones excesivas a los intermediarios en estos negocios poco transparentes».

Precios excesivos.

Comisiones.

Intermediarios.

Negocios poco transparentes.

Y millones en danza.

¡Bingo!

Igualito que en los 90, cuando la Argentina firmó un acuerdo de cooperación con Italia que reventó con el «Mani Pulite».

Si lo recordarán Carlos Ruckauf y José Luis Manzano…

¡Bingo!

O, en rigor, Piñata.

Aunque acostumbrados al «capitalismo de amigos», los popes de la Unión Industrial Argentina (UIA) se pusieron muchísimo más nerviosos, sin embargo, con el artículo 6.º del «acuerdo marco» con China.

«Hemos negociado como un país de segunda», criticó el secretario de la UIA, José Ignacio de Mendiguren, que también apuntó a la llegada de una ola de trabajadores chinos al país: «China firmó acuerdos así en África. Exigió una cláusula de personal y hoy hay más de 200 000 trabajadores chinos en Angola».

El ministro de Economía, Axel Kicillof se encargó del retruque. «La cuestión electoral y el partidismo están tiñendo un poco las opiniones de empresarios», chicaneó a De Mendiguren, también diputado nacional por el Frente Renovador de Sergio Massa. «Puesto así parece que van a venir barcos con trabajadores chinos, indocumentados y muertos de hambre. Ahora los empresarios están escandalizados cuando se la pasaron pidiendo por trabajo barato. Me llama la atención porque siempre los he escuchado pedir lo contrario, que sean peores las condiciones de trabajo con el eufemismo de la competitividad», fustigó.

¿Solo por eso se quejaban los industriales argentinos?

No.

¿Qué otras quejas plantearon?

Según un informe que difundió la UIA durante la visita a Pekín de la Presidenta, porque «el convenio con China contiene cláusulas de enorme riesgo para el desarrollo argentino. El Estado argentino brindaría condiciones preferenciales al Estado chino y a sus empresas». Además, porque «la sustitución de mano de obra nacional por mano de obra china no ha sido otorgada por Brasil, que firmó en 2014 acuerdos similares de cooperación con China». Y por esa y otras razones, concluyó, «el convenio expone al país a condiciones desfavorables, replicando los acuerdos firmados por naciones africanas».

Los industriales optaron, sin embargo, por callar otro punto: que el Gobierno dio una manito a los amigos. Por ejemplo, que la construcción del laboratorio de investigación lunar que costará unos US$ 300 millones y ocupará 200 hectáreas en Neuquén, quedó en manos de Carlos Wagner, uno de los constructores preferidos de la Presidenta, con su firma Esuco, la misma que se encargó del Centro Cultural del Bicentenario «Presidente Doctor Néstor Carlos Kirchner», que debía costar $ 926 millones y en un contexto inflacionario consumió al menos $ 2469 millones.

La «estación», afirmó el Ministerio de Planificación, apuntará a «realizar tareas de monitoreo, control y bajada de datos en el marco del programa chino de misiones para la exploración de la Luna y el espacio».

El acuerdo de cooperación bilateral por esa estación se aprobó en el Senado, mientras que la «estación» quedó bajo el control de militares chinos. Para ser precisos: del Departamento General de Armamento y de la Comisión Central Militar del Ejército Popular de Liberación de China (EPL), el nombre que todavía conservan las fuerzas armadas chinas.

Desde la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) y la embajada de China buscaron calmar los temores. Remarcaron que la base se construye para fines civiles y pacíficos, y que los científicos argentinos podrán acceder a sus instalaciones y disponer del 10 % del uso de la antena, según se fijó por escrito en el acuerdo, que también incluye desgravaciones y exenciones impositivas —⁠hasta del IVA⁠—, una cesión del predio por 50 años y una cláusula que impone notificar la eventual terminación del acuerdo con 5 años de antelación.

Junto con la venia senatorial, la Conae firmó dos acuerdos de cooperación, que aportan muchas precisiones, pero también fija, en el artículo 10.º del primer texto, que argentinos y chinos «mantendrán la confidencialidad respecto de la tecnología, actividades y programas de seguimiento, control y adquisición de datos, así como de toda información de equipamiento, etc., relacionados con sus actividades en el sitio CLTC-Conae-Neuquén y no los divulgará a terceros».

Así, si ya ese artículo impone de por sí ciertas restricciones a la transparencia, su redacción ofreció además a sus signatarios la facultad de extender esa confidencialidad hasta donde deseen, gracias a la inclusión de esa abreviatura: «etc.».

¿Qué abarcará ese «etcétera»?

Solo los chinos saben.

El exvicecanciller del kirchnerismo devenido crítico del Gobierno, Roberto García Moritán, dio argumentos a las suspicacias: «La estación, con antenas que permitirían una cobertura y visibilidad casi completa de la Tierra, sería a la vez un centro potencial de escaneo de comunicaciones, rastreo y detección de satélites, control de lanzamientos a escala global, incluso, en caso de necesidad, de misiles, drones y otras actividades militares semejantes».

Para el oficialismo, las prevenciones de la oposición, de García Moritán e, incluso, de miembros de las Fuerzas Armadas argentinas carecen de todo fundamento. Por eso, la Jefatura de Gabinete remarcó que el documento que aprobó el Senado no incluye anexos ocultos, que todo lo firmado es «de carácter público», que no hay concesiones jurisdiccionales y que el programa es «netamente civil» y la estación «no será operada por personal militar».

El Ministerio de Planificación avanzó otro paso en esa línea. «Será la tercera de la red china de estaciones para misiones de exploración interplanetaria, es la más moderna de esta red, y la primera fuera del territorio chino, con una antena de 35 metros de diámetro e instalaciones asociadas para su operación. El cronograma establece que comenzará a operar en el año 2016», precisó mediante un comunicado de fines de junio de 2015, en el que calificó de «falaz» sostener que la estación tenga fines militares o que haya alguna cláusula oculta.

El problema es que los chinos refuerzan las sospechas. Por ejemplo, con el informe que la Oficina de Información del Consejo de Estado emitió en mayo de 2015, que expuso los planes del gigante asiático para «construir una fuerza de defensa del espacio aéreo como una estructura que puede cumplir con los requisitos de operaciones aerotransportadas, la proyección estratégica y el apoyo integral» para la defensa.

¿Un dato más?

La estación china en Neuquén será operada por China Satellite Launch and Tracking Control (CLTC), una entidad cuyo director es el general Zhang Youxia, jefe del Departamento General de Armamentos del Ejército Popular de Liberación.

Zhang es uno de los 11 miembros de la Comisión Militar Central del PC chino, presidida por Xi Jinping, además de director del Comité de Ciencia y Tecnología, a cargo de la innovación tecnológica de armamentos, que incluye desde los misiles de corto alcance hasta los intercontinentales (ICBM), incluidos aquellos con capacidad para transportar ojivas nucleares.

En cualquier caso, sin embargo, Neuquén tampoco alberga la primera, ni la única, zona «especial» y rodeada de interrogantes que habilitó el kirchnerismo en territorio argentino, ni los acuerdos «secretos» con China tampoco son una rareza para el oficialismo.

Para muestra basta con el botón de todos los documentos que la «nueva» YPF firmó con la petrolera Chevron y que su presidente, Miguel «Mago» Galuccio se niega a entregar incluso a la Justicia argentina. O el trato preferencial que recibió la multinacional canadiense Barrick Gold.

¿Zonas especiales?

Sí. La firma Barrick opera Pascua Lama, un proyecto minero sobre la frontera entre la Argentina y Chile que goza de ventajas impositivas excepcionales para la empresa, por encima de las ya vigentes en el régimen local de estabilidad fiscal del sector minero.

Fue un acuerdo, que ni el Gobierno ni Barrick querían entregar a los líderes de la oposición, ni a la prensa, lo que alentó las sospechas sobre su ilegalidad —⁠y su eventual criminalidad⁠—, potenciadas porque dos subsecretarios consecutivos de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, Mario Presa y Cristian Modolo, se negaron a firmarlo y prefirieron presentar sus renuncias. Y eso, sin mencionar las resistencias que afrontaron el diputado Miguel Bonasso y la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti.

Para el kirchnerismo, no obstante, esos temores son infundados, humo de una oposición superficial, que critica por criticar, que carece de información o, en el caso de los acuerdos con China, que se abraza al «mundo viejo» dominado por Estados Unidos —⁠y la Unión Europea como su consorte⁠—, cuando Pekín y Moscú ofrecen la multipolaridad.

Claro que esa gran visión se mezcla también con una cuestión de billetes. Y una pequeña muestra de eso la ofreció, en Viena, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, durante la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

De Vido se reunió allí, en octubre de 2014, con el secretario de Energía de Estados Unidos, Ernest Moniz, y le anticipó que China asumiría un rol importante en la construcción de la cuarta central nuclear en el país, mientras que las empresas norteamericanas que podrían encarar ese proyecto quedarían relegadas.

¿Los motivos?

Porque el gobierno de Xi Jinping no solo contaba con la tecnología Candú que se usará allí, se explayó De Vido, sino que aportaría el financiamiento directo indispensable, algo que Estados Unidos y Europa no podían ofrecerle a la Casa Rosada. «El problema de la Argentina con los fondos buitre es una gran traba para que los bancos europeos o norteamericanos acepten financiar nuestros proyectos», explicó un vocero de De Vido, sin más vueltas, al diario La Nación.

En la misma línea, los rusos no se quedan atrás.

También la alianza estratégica que la Presidenta selló en abril de 2015 con el premier ruso Vladimir Putin va más allá del campo hidroeléctrico o el canal de TV Russia Today. Desde Moscú buscan negocios en energía, también en la petrolera YPF con la empresa estatal Gazprom —⁠la compañía más grande de ese país⁠—, en el desarrollo de una estación de captación de datos del sistema de navegación Glonaff y hasta en la eventual venta de helicópteros de uso militar.

¿Algo más?

Sí. De Vido también firmó un convenio con otro gigante estatal, Rozatom, para una nueva central nuclear, la sexta en la Argentina; mientras que Moscú aportaría entre US$ 1800 y US$ 2000 millones para construir la represa Chihuido I, en Neuquén, que quedó en manos del consorcio Helport (Eurnekián) Chediack; Eleprint; Hidroeléctrica Ameghino; Panedile; la española Isolux Ingeniería y la rusa Inter Rao.

Aun así, pese a las razones geopolíticas, los billetes y las promesas de fines civiles y pacíficos que rodearon al acercamiento con Rusia, las suspicacias y el fastidio también afloraron.

Primero, porque la Casa Rosada cerró acuerdos con Moscú para aumentar el comercio de alimentos en respuesta a las sanciones que la Unión Europea y Estados Unidos le aplicaron al régimen de Putin por su avanzada militar en Ucrania.

De hecho, en el Ministerio de Agricultura, en octubre de 2014, aspiraban a que aquellas sanciones internacionales le reportaran a la Argentina un aumento del 30 % en las exportaciones de carnes y lácteos a Rusia.

Aunque eso implique meterse en un baile ajeno.

Porque Washington mira con recelo el avance de Putin sobre Crimea y toda su política expansionista, y la inteligencia local no descarta tampoco que esa estación china en Neuquén pueda utilizarse para otros fines como, por ejemplo, el espionaje o futuros ciberataques como los que Estados Unidos denunció en junio de 2015.

China, por supuesto, niega cualquier rol en ese ciberataque, que incluyó el robo de datos de 4 millones de empleados federales estadounidenses, y cualquier rol indebido en la futura base en la Patagonia. Y la Casa Rosada, también, al reiterar que es para fines civiles, de investigación científica.

Los acuerdos «sino-argentos», en cualquier caso, habilitan otras opciones que les ponen los pelos de punta a los empresarios locales. Por ejemplo, porque los chinos podrán importar de su país todo el acero que se requiera para las obras de infraestructura.

Así, a la hora de construir las represas Kirchner y Cepernic, dos entidades chinas financiarán las obras con US$ 4500 millones, pero estas quedaron a cargo del grupo oriental Gezhouba, que podría traer los materiales que requiriese, como así también su propia mano de obra.

En esa línea, un análisis de la consultora Abeceb.com muestra cuánto dinero recibiría la Argentina para completar las diversas obras previstas y qué empresas participarían en la construcción de cada una de ellas. Para Atucha III, por ejemplo, se acordó una financiación por US$ 2000 millones y como encargados quedaron Nucleoeléctrica Argentina y la Corporación Nacional Nuclear china, por lo que se excluyó a los rusos, que también deseaban el proyecto.

¿Cómo se eligieron a esas dos empresas?

Por adjudicación directa.

¿Y los insumos y la mano de obra?

Según impone el convenio, debería «asegurarse el máximo contenido local de bienes y servicios», aunque no precisó un porcentaje mínimo de participación nacional a la hora de lidiar con los reyes —⁠o en este caso, los mandarines⁠— del dumping a escala planetaria, según las estadísticas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Para la adjudicación de 11 buques y dragas, en tanto, se prometió otra financiación por US$ 423 millones.

¿El proveedor?

También se definió por adjudicación directa: astilleros chinos.

¿Y los proyectos de riego en Entre Ríos?

El gigante asiático promete aportar US$ 430 millones, pero los trabajos quedarán a cargo de otra firma china: State Construction Engineering Corporation (SCEC).

Y lo mismo con el Belgrano Cargas: US$ 2470 millones —⁠que tampoco llegarán como donación sino como créditos a pagar por la Argentina⁠—, a ejecutar por Machinery Engineering Corporation (CMEC), que pese a su nombre en inglés es china.

Si los industriales argentinos ya se pusieron nerviosos, la Unión de Obreros de la Construcción (Uocra) no se quedó atrás. Cuando el Congreso revisaba el «acuerdo marco», envió una carta a los diputados. Les alertó sobre los potenciales efectos negativos de los artículos 5.º y 6.º en el empleo local.

Pero, según De Vido, nada malo pasará.

Reunido con los «gordos» de la Uocra, Gerardo Martínez, de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, y de los Taxis, Omar Viviani, el Ministro afirmó que China no importaría trabajadores. Más aún, les dijo que la construcción de las represas Kirchner y Cepernic, junto con otras obras anunciadas, generarían entre 20 000 y 25 000 nuevos puestos para los argentinos durante los próximos tres años.

Los que parecen que tendrán trabajo garantizado son los cordobeses de Electroingeniería. Porque la tercera licitación por aquellas represas fue la vencida, para fastidio del ganador de la segunda y fallida licitación, Enrique Pescarmona, y de quien venía para ganar en el tercer intento, Lázaro Báez, hasta que se mancó sobre el final —⁠¡si hasta las tierras a inundar y expropiar le pertenecían!⁠—, cuando los flashes sobre Leonardo Fariña, Federico Elaskar y la «ruta del dinero K» hicieron que darle el premio mayor fuera, como diría la Presidenta, «too much».

Pero ya era tarde para los lamentos de Pescarmona o de Báez.

¿Por qué se necesitaron tres licitaciones para esta obra?

Porque en 2006 se cayó la primera puja por problemas en los pliegos para las represas que por entonces aún se llamaban Cóndor Cliff y La Barrancosa; en 2010 se intentó la segunda, que ganó el consorcio de Pescarmona junto con la Corporación América (Eurnekián) y la brasileña Camargo Correa. Pero también se derrumbó por falta de financiamiento internacional para los US$ 4000 millones requeridos.

Tres años después, y de la mano de los chinos, se concretó la última licitación, esta vez por US$ 4714 millones, y la ganaron con el consorcio «Represas Patagonia» que integran Gezhouba Group, Hidrocuyo y Electroingeniería, a pesar de que la oferta de Báez era la más barata.

Pero Electroingeniería presentó una «carta de descuento», que según las condiciones del pliego solo podría haberse utilizado si hubiera presentado el mejor precio. Sin embargo De Vido la aceptó igual y su oferta se abarató de $ 22 900 millones a $ 18 900 millones. Si el proceso podía impugnarse, encima la «carta» de Electroingeniería no tenía fecha en su encabezado y aclaraba que los pagos debían efectuarse en el extranjero, cuando el pliego original imponía que debían abonarse en el país.

Desde Electroingeniería refutaron las sospechas. Sostuvieron que las notas de descuento son «una práctica histórica habitual en las licitaciones», que en este caso la presentaron en enero y que los sobres con las ofertas se abrieron en mayo. También, que sobre los pagos en el extranjero le habían consultado al Ministerio, con lo que el resto de los oferentes quedaron habilitados a jugar con la misma opción. «Por todo esto es falso indicar que el proceso sea impugnable y por todo esto ninguna de las 21 grandes empresas nacionales e internacionales que participaron del proceso presentó una impugnación», plantearon.

Si sabe algo de historia reciente, Báez comprenderá además que le tocó vivir lo mismo que le ocurrió a Alfredo Yabrán con el Proyecto DNI en los 90, cuando «el Cartero» se iba a quedar con el megacontrato oficial hasta que Domingo Cavallo denunció las «mafias enquistadas en el poder» ante el Congreso y lo convirtió en una oveja negra.

¿Cómo terminó el Proyecto DNI?

Con los alemanes de Siemens de festejo, porque pasaron de ser el muñequito de la torta a quedarse con el negocio… y el negociado.

Pero Báez no anda para lecciones de historia negra. Ya tenía sus cuitas propias con los chinos, a los que fantaseó con venderles su nave insignia, Austral Construcciones, que llegó a pasar por una suerte de «due dilligence», con carpetas bancarias incluidas.

La venta, sin embargo, no prosperó, como tampoco avanzó la denuncia contra el exgobernador santafesino Jorge Obeid, por comprarle 140 motoniveladoras chinas a Báez en 2005 por US$ 14,4 millones —⁠y un sobreprecio denunciado de US$ 4,2 millones⁠—, aunque la operación significó un verdadero descalabro para las arcas provinciales, como le enrostró su sucesor, Hermes Binner, años después.

En rigor, Binner exageró. Para 2013 ya no funcionaban 24 de las 140 máquinas y la firma Dingsheng Tiangong no ofrecía servicios posventa, ni repuestos, mucho menos Báez, mientras que el Tribunal de Cuentas santafesino detectó un rosario de irregularidades que, por fortuna para Obeid y Báez, la Justicia se encargó de archivar.

Ahora con los chinos, y más allá de los contratos para Wagner, Electroingeniería, Báez y otras empresas, los signos de cautela están ahí para quienes quieran verlos.

¿Qué pasará con la balanza comercial?

En 2003, la Argentina registró un superávit comercial de US$ 1800 en los negocios bilaterales con el gigante asiático; pero la dinámica comenzó a invertirse y para 2008 ya representaba un rojo criollo de US$ 700 millones; y para 2014 el déficit llegó a los US$ 5789 millones.

Y más allá de los números macro, ¿cómo sería un ejemplo concreto de la nueva alianza?

La modernización del Belgrano Cargas rondaría los $ 2470 millones, de los que el Estado argentino debería anticipar el 15 % (unos US$ 370 millones), mientras que el Banco Central chino financiaría el 85 % restante (US$ 4100 millones) a 15 años, con 5 de gracia, y a tasas de interés por debajo del 4,5 %.

Eso sí, Pekín exigió que el 80 % de los componentes requeridos para ese proyecto sean chinos, al igual que la mano de obra, lo que se logró reducir al 50 %… aunque luego habrá que ver qué ocurre en la práctica.

Ese ramal, el Belgrano Cargas, se estatizó en 2008, luego de que un consorcio empresario-sindical liderado por Franco Macri y la china Sanhe Hopefull, e integrado también por los camioneros de Hugo Moyano, los ferroviarios de José Pedraza, la empresa Emepa de Gabriel Romero y el Grupo Roggio, se encargaran de gestionarlo y, entre otros datos que terminaron en la Justicia, recibieran facturas truchas que llegan demasiado cerca del entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime.

Cual Claudio Uberti para los negocios paralelos con Venezuela, Jaime intentó lo propio con los chinos. Hasta allá fue para comprarle vagones a la firma Citic (China International Trust and Investment Company) para la línea A del subte porteño.

Siempre fiel a sí mismo, Jaime firmó el contrato, por adjudicación directa, en noviembre de 2008, por un precio superior al que pagó, para lo mismo y con la misma empresa china, pero previa licitación pública, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

¿Resultado?

Jaime: US$ 2 480 000 por vagón.

Ciudad: US$ 1 740 000 por vagón.

Un 42,5 % más.

¿Resultado corregido en base a las mejores interpretaciones para Jaime y las peores tergiversaciones para el Gobierno porteño?

Un 21 % más caros los de Jaime.

La Piñata.

Son cosas que pasan.

O pasaron, porque Jaime hizo de las suyas en 2008.

O no… porque en mayo de 2015, la mayoría oficialista de la Auditoría General de la Nación (AGN) se encargó de relativizar el informe que revelaba las presuntas irregularidades y los sobrecostos en la compra de ese material a China. En un dictamen paralelo, los cuatro auditores del oficialismo les bajaron el tono a las conclusiones y elogiaron la política ferroviaria del Gobierno de sus últimos años.

¿Cómo?

Los técnicos de la AGN habían investigado tres contratos que el Gobierno firmó en China para la compra de material rodante. Sus conclusiones fueron lapidarias pero, en una maniobra inédita, los auditores por el oficialismo —⁠Vicente Brusca, Vilma Castillo, Oscar Lamberto y Javier Fernández⁠— presentaron su propio informe para eliminar los lineamientos más «críticos», según los radicales, o «políticos», según el oficialismo, de la auditoría.

«Solo formulamos correcciones en los copetes de las conclusiones. Lo demás se mantiene igual al informe de Auditoría, incluidas las recomendaciones», relativizó Lamberto durante el tenso debate, que por momentos llegó a los gritos.

¿Solo «correcciones en los copetes»?

Versión original del informe elaborado por los técnicos: «Se constató una contratación posterior a la analizada por CITIC para la adquisición de material de análogas características, al mismo proveedor, a un precio 21 % inferior».

Versión corregida por el oficialismo: «Existió una contratación posterior a la analizada por CITIC, efectuada por Subterráneos de Buenos Aires SE, constatándose un precio inferior por coche, por el cual esta Auditoría no ha podido determinar su posible comparabilidad».

Y la frutilla del postre: el informe consignaba en el punto 4.15 la controvertida participación de un intermediario en las contrataciones, que se introducía a sí mismo como representante de las empresas chinas pero, al mismo tiempo, como delegado del Gobierno argentino.

Versión original de ese punto: «En la negociación de los contratos referidos a la adquisición de material rodante para la exlínea San Martín se constató la intervención de un representante sin atribuciones legales y en manifiesta oposición de intereses».

Versión corregida: «En la negociación de los contratos se constató la intervención de un representante sin atribuciones legales».

Si Jaime negoció ese contrato, muchos miraron entonces hacia su operador, Manuel Vázquez, quien por e-mail se autoproclamaba «testaferro» del secretario de Transporte, y se encargó de los detalles de muchos negocios, como la compra de los aviones para Aerolíneas Argentinas a la fábrica brasileña Embraer… pero no.

¿Quién fue el intermediario cuestionado?

Franco Macri, según reveló el diario ultraoficialista Tiempo Argentino, cuando quiso enrostrarle un conflicto de interés a su hijo, Mauricio, como jefe de Gobierno porteño.

Pero Franco es Franco.

Un tiburón de los negocios.

Conector e ícono de la patria contratista y prebendaria que buscó siempre —⁠y aún busca⁠— acomodarse al calor del poder, sea con los militares, los radicales, los peronistas y, durante el cristinismo, con «los pibes para la liberación», a los que auguró un gran futuro.

«El próximo Presidente tiene que salir de La Cámpora», llegó a decir en enero de 2014. Su hijo, ya precandidato, agradecido.

Pero los Macri, en rigor, son apenas dos de los rostros más conocidos del establishment local o, como diría el propio Mauricio, del «círculo rojo» que se mueve como supuesto dueño de la Argentina.

Varios de esos «rojos», por ejemplo, se sumaron al asado que el domingo 24 de junio de 2012 había organizado el exbanquero prófugo de la Justicia por presuntas maniobras de lavado, Raúl Moneta, para homenajear al entonces primer ministro chino, Wen Jiabao.

La lista de 40 invitados locales a su campo «La República», en Luján, incluyó a Gustavo Grobocopatel (Los Grobo), Gastón Pérez Izquierdo (Catena Zapata), Carlos Marra (Bolsa de Cereales), Roberto Domenech (avícolas), Cristiano Rattazzi (Fiat), Hugo y Matías Eurnekián (AA2000), Ignacio Rosner (El Tejar), Joaquín de Grazia (Granja Tres Arroyos) y Alfredo Pasayero (semilleros), entre otros, junto con el presidente de la Cámara Argentino-China, Carlos Spadone.

Sí. El mismo Spadone que en 1991 vendió al gobierno de Carlos Menem 160 toneladas de leche en polvo para el programa materno infantil del Ministerio de Salud, de las que 47 toneladas resultaron no ser aptas para su consumo, como reveló la respetada periodista Susana Viau en el diario Página/12 en noviembre de aquel año.

La «leche de Spadone» —como se incorporó al ingenio popular⁠— estaba vencida, contaminada con la bacteria escherichia coli y, según un examen realizado por el Conicet e investigadores de Holanda, algunas partidas incluso presentaban indicios de una «sustancia radiactiva no natural, compatible con la medida en leche contaminada por el accidente (de la central nuclear) de Chernóbil», ocurrido en la Unión Soviética a fines de los 80.

Eso es lo que compró Menem con el decreto 1295, de forma directa, a una empresa de Spadone, que a su vez era su asesor con rango de secretario de Estado. Pero aunque debió renunciar a ese cargo —⁠al igual que el secretario privado de Menem, Miguel Ángel Vicco⁠—, el entonces juez Jorge Ballestero lo absolvió 11 años después.

Ballestero estimó que podría tratarse de un «fraude comercial», pero no de una «administración fraudulenta», y liberó a Spadone de culpa y cargo, aunque la Cámara Federal —⁠integrada por Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi⁠— revocó su fallo en 2003 y lo condenó a dos años y medio de prisión en suspenso y al pago de $ 90 000 de multa.

Sin embargo, nada pasó. Porque tras una nueva reforma del Código Penal, la causa terminó prescripta.

Para entonces Spadone llevaba décadas concentrado en sus negocios en China, desde los tiempos en que acompañó al general Juan Domingo Perón a un encuentro en París con una comitiva de Pekín. Y con Moneta como anfitrión —⁠y por tanto sentado a la derecha de Jiabao⁠—, en junio de 2012 disfrutó del asado que en aquel campo de Luján preparó el cocinero Francis Mallman, ataviado con una boina vasca.

Moneta, un conector de los 90, y del «caso Ciccone» a China.

Ajeno a esas historias locales, China optó por dar el paso estratégico y a lo grande, sobre toda América Latina y con inversiones por US$ 30 000 millones, incluidos los miles de millones que desembolsó su petrolera estatal Cnooc (China National Offshore Oil Corporation) para tomar el control de Pan American Energy (PAE) a los Bulgheroni.

Si los chinos comenzaron entonces a pisar fuerte en el mercado energético argentino, en 2012 estuvieron a un paso de quedarse con casi todo. Fue cuando China National Petroleum Corporation (CNPC) y Cnooc le acercaron a Repsol ofertas por sus acciones en YPF, poco antes de que el Gobierno la manoteara. La primera ofertó US$ 17 000 millones por el 75 % de la petrolera argentina; la segunda, apuntó al 25 % restante.

¿Qué busca el régimen de Pekín en esas y otras operaciones?

«Garantizar el abastecimiento de los insumos necesarios para continuar el proceso modernizador en China», alertó Luciano Damián Bolinaga, doctor en Relaciones Internacionales, becario posdoctoral del Conicet y autor del libro China y el epicentro económico del Pacífico Norte, en una columna que publicó el diario La Nación en 2014. «Este proceso es acompañado por una reprimarización de la estructura productiva argentina», remarcó. «El tipo de intercambio con China reproduce la vieja lógica comercial Norte-Sur, manufacturas por materias primas. Esto limita la posibilidad de incrementar el valor agregado de las exportaciones argentinas al país asiático», insistió, por lo que, «mal que nos pese, no hay asociación estratégica y China no está contribuyendo al desarrollo económico del país».

Esa visión contradice lo que sostuvo la Presidenta tras la firma del «acuerdo marco» con Xi Jinping en Buenos Aires.

«Es hora de valorar la magnífica oportunidad que tenemos en este mundo que vuelve a ser multipolar», dijo. «El surgimiento de economías como la de China permite alternativas frente a un mundo que se creía agotado», añadió. Y pronosticó que «en poco tiempo China se convertirá en la primera economía del mundo».

Es decir, lo mismo que De Vido dijo en Viena, pero con mejores palabras. Washington tomó nota.

Recién cinco meses después de la cumbre porteña, sin embargo, la Presidenta envió el «acuerdo marco» al Congreso.

Lo envió el 16 de diciembre de 2014, para que el oficialismo lo aprobara al día siguiente en la Comisión de Relaciones Exteriores y en el recinto el 29, a libro cerrado, durante su última sesión del año.

Es decir, como si quisiera ocultar algo o, dado que era el 29 de diciembre, que pasara desapercibido entre los mensajes de paz y amor de Nochebuena y los corchazos y las cañitas voladoras de Año Nuevo.

Es decir, lo mismo que ocurrió cinco años antes con su polémico sobreseimiento en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, que dictó el juez federal Norberto Oyarbide y que los fiscales no apelaron entre el 28 y el 29 de diciembre de 2009.

Es, en rigor, un modus operandi habitual para el Gobierno, que para entonces ya se negaba a publicar el acuerdo que YPF —⁠con el 51 % de sus acciones en poder del Estado argentino⁠— firmó con Chevron para la explotación de Vaca Muerta.

Por eso no sorprendió que el oficialismo aprobara el acuerdo con China en el recinto del Senado, sobre el filo mismo de 2015, por 36 votos a favor y 13 en contra de la oposición, como el senador radical Juan Carlos Marino, que denunció que se exceptuaba a Pekín de los impuestos a las importaciones. «Eso será una mala competencia y choca con el discurso de fomentar la industria nacional», clamó.

Salió con fritas igual.

La explicación más elegante que ofreció el oficialismo fue que el canciller Héctor Timerman no podía llegar con las manos vacías a la reunión de cancilleres de la Celac que se celebraría días después en Pekín. También, que la Presidenta quería firmar nuevos convenios durante su visita a China, prevista para marzo de 2015.

Al final, la jefa de Estado viajó sin la aprobación de Diputados, pero firmó igual esos convenios. Cuestión de necesidades, como les pasó también a los gobiernos de Ecuador y Venezuela.

Ecuador: los chinos se garantizaron el 90 % del crudo de Petroecuador en 2013 a cambio de algo de financiamiento para el gobierno de Rafael Correa.

Venezuela: los chinos también se garantizaron una provisión constante de petróleo y el control de la explotación minera de oro y cobre a cambio de un desembolso de US$ 5600 millones y fondear algunas iniciativas.

Y en la Argentina, la Cámara de Diputados repitió la dinámica.

Todo el arco opositor votó en contra de la iniciativa. Acusó que se concedían beneficios excesivos al gigante asiático, además de habilitar decisiones discrecionales a la Casa Rosada. En las antípodas, el oficialismo exaltó lo que definió como una «alianza estratégica integral» con China, y pronosticó que el acuerdo modernizaría la industria argentina y facilitaría el financiamiento de obras públicas.

A los bifes, y como era previsible, la mayoría kirchnerista cosechó 133 votos a favor frente a 108 en contra.

Milanesa con fritas y a caballo.

Para alegría de muchos.

En Mendoza, por ejemplo, se prometió la construcción de la represa hidroeléctrica El Portezuelo del Viento, por otros US$ 650 millones.

Por supuesto, por adjudicación directa.

Y a pesar de las objeciones del secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Néstor Lastiri, quien denunció ante los medios locales que «no se respeta el tratado del Río Colorado», ya que su provincia debía aprobar la ejecución de las obras.

Pero no fue el único anuncio.

En cuanto a la Central Termoeléctrica Manuel Belgrano II, el Banco de Exportaciones e Importaciones de China (más conocido como Cexim Bank) acordó que financiará el 85 % del contrato a 13 años, con tres años para los desembolsos, a una tasa del 3,36 % anual.

¿La empresa local adjudicataria?

Electroingeniería, otra vez, con la firma china CNTIC como socia, sin que afrontara objeción alguna de los demás oferentes.

Satisfecho con los avances bilaterales, «Leche» Spadone ofreció un discurso en la embajada de China en Buenos Aires, en marzo de 2015, molesto por una carta que el precandidato presidencial Mauricio Macri envió al embajador Yan Wanming, en la que alertó que los acuerdos podrían ser revisados por el próximo Gobierno por inconstitucionales.

«Es fundamental seguir trabajando sin pausa, más allá de los tiempos que impone la política», pidió Spadone. «Del mismo modo, resultará vital que la nueva administración, a fin de año, ratifique la dirección establecida por el actual Gobierno argentino en el diálogo con China», insistió. «Debemos interpretar que todo lo realizado no está mal, quizá haya que negociar más, pero la base está».

Ni que fuera «el Bambino» Veira.

Porque la base puede estar.

Pero toda la letra chica de los acuerdos con China, no[25].

Y / YPF

Néstor Carlos Kirchner siempre tuvo el sueño de la petrolera propia. Y cerca estuvo de lograrlo, varias veces, aunque con variaciones.

Cerca estuvo, con la privatización.

Y cerca estuvo, gracias al «capitalismo de amigos», con sus distintos rostros y diversas mutaciones.

Pero muerto «Lupo», la ecuación cambió. Su viuda, Cristina Fernández, rumbeó para otros lados, envuelta en aires casi de venganza.

Lo notable es que muchos de los protagonistas de la saga por YPF, la petrolera más grande de la Argentina, se repiten, una y otra vez, aunque icen banderas contradictorias.

Porque en 1992, la entonces diputada provincial Cristina Fernández se embanderó a favor de la privatización. Si hasta repudió a los legisladores nacionales que, dijo entonces, «vienen obstruyendo la posibilidad de que aquella ley de Federalización de Hidrocarburos y de Privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales tenga siquiera su tratamiento en esa Cámara». Pero veinte años después, ya como Presidenta, fundamentó la expropiación del 51 % de las acciones de YPF en la «recuperación de la soberanía energética». Si no tomaba esa medida, dijo, «prácticamente nos encontraríamos con un país inviable».

¿Qué pasó durante esos veinte años?

De todo, dividido en tres grandes fases:

Fase I: en 1992 se privatizó YPF con la aprobación de la ley 24 145, que convirtió a la petrolera, que era una sociedad del Estado, en una sociedad anónima que terminó bajo el control de la española Repsol, con el entonces gobernador Kirchner como un férreo defensor del traspaso. Cuatro años después, su provincia recibió acciones como compensación por regalías mal liquidadas. Fueron los célebres «fondos de Santa Cruz» que quedaron envueltos por la niebla. Fruto de aquellas gestiones, cuando los Kirchner llegaron a la Casa Rosada, el expresidente Carlos Menem recordó que ambos «fueron los más entusiastas en privatizar YPF. Nos ayudaron a impulsar la privatización».

Fase II: a fines de 2007, el grupo Petersen liderado por Enrique Eskenazi, constructor y banquero amigo de Kirchner, se quedó con el 14,9 % de YPF. Lo logró gracias a la presión de Kirchner sobre Repsol para «argentinizar» la petrolera. «Los argentinos tendríamos que estar contentos de que capitales argentinos estén recuperando parte de la empresa que lamentablemente nos ha traído tantos dolores de cabeza (tras) su privatización», sostuvo el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. En mayo de 2011, los Eskenazi ampliaron su participación, que llevó sus acciones al 25,46 % de la petrolera, mientras que la Presidenta los calificaba como «la nueva burguesía nacional que necesita el país».

Fase III: once meses después, en abril de 2012, la Presidenta acusó a Repsol de vaciar la petrolera, declaró de utilidad pública la producción de combustible y anunció la expropiación de YPF, cuyo 51 % quedaría bajo control del Estado nacional y el 49 % restante de las provincias. Pero el anuncio pronto derivó en negociaciones con otras petroleras, de Brasil, Rusia y China, para sumarse a la gestión, lo que terminó por fructificar, mediante un acuerdo secreto, con Chevron, la sucesora de la histórica Standard Oil, mientras se mantiene a la «nueva» YPF fuera de los controles de la Auditoría General de la Nación (AGN).

De aquella primera fase, el kirchnerismo prefiere olvidar su celo privatizador. Tiempos en los que el luego secretario general de la Presidencia y titular de la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI, la ex SIDE), Oscar Parrilli, fue el orador central del bloque justicialista a favor de la entrega: «No venimos a esta sesión arrepentidos de lo que fuimos —⁠aclaró⁠—, no sentimos vergüenza de lo que somos y tampoco venimos a pedir disculpas por lo que estamos haciendo. Esta ley (de privatización de YPF) servirá para darle un apoyo explícito a este gobierno y será un apoyo explícito a nuestro compañero presidente», es decir, Carlos Menem.

Tiempos en los que el gobernador Kirchner afirmaba que la privatización era «una reivindicación histórica» y negaba que implicara una entrega de la soberanía. A tal punto llegó su compromiso con el sector privado que Eduardo Duhalde llegó a decir que Kirchner trabajaba para las petroleras, lo que no agradó para nada a «Lupo», que honró otro de sus apodos, «Furia», en la siguiente reunión de gobernadores peronistas en que se cruzaron: «Te voy a cagar a palos», le dijo el alto y desgarbado al petiso y cabezón.

En rigor, Duhalde solo había explicitado lo que era un secreto a voces en la llamada «liga de los gobernadores», donde todos sabían que Repsol aportaba a las campañas electorales, como la de Fernando de la Rúa en 1999. O la de Domingo Cavallo. O la del propio Duhalde. O la de Kirchner de 2003, con casi US$ 1 millón, lo que recién podría confirmar el diario El País de España en junio de 2012.

Duhalde, encima, solo se lo dijo a un periodista. Pero otro, Horacio Verbitsky, le imprimió otro alcance y otra potencia desde Página/12, el domingo 12 de enero de 2003, cuando lo calificó de «lobbista de las multinacionales petroleras», en su columna «La muerte lenta de la democracia. María Antonieta».

«Algunos partidarios de Kirchner evocan que fue perejil de la Juventud Peronista, como si los alineamientos de treinta años atrás pudieran decir algo significativo sobre el presente», alertó Verbitsky. «Prefieren no recordar el rol decisivo que tuvo en la década pasada para asegurar la privatización de YPF, cuando fletó el avión de la Gobernación santacruceña para asegurar que uno de sus diputados, que por un accidente tenía una pierna enyesada, llegara a tiempo a la sesión decisiva. Con las regalías atrasadas percibidas efectuó colocaciones financieras en el exterior, lo cual prueba que no se quedó en el 70. Sus simpatizantes tampoco mencionan el lobby sobre el gobierno nacional que Kirchner encabezó hace un año. Secundado por los gobernadores de Neuquén, Jorge Sobisch; de Mendoza, Roberto Iglesias, y de Chubut, José Luis Lizurume, fue el vocero de Repsol contra las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos decididas en aplicación de la ley de emergencia económica. Ni siquiera los gobiernos liberales de México y Chile enajenaron la renta minera en forma tan irresponsable. Aun bajo la conducción de Carlos Salinas de Gortari o Augusto Pinochet retuvieron la propiedad de sus yacimientos de petróleo y cobre».

Sin embargo, ya como presidente, y con el misterio de los «fondos de Santa Cruz» cual un dolor de muelas continuo, Kirchner cambió su discurso. Y así como pasó a criticar la convertibilidad —⁠cuando antes era uno de sus más férreos defensores, mientras cuestionaba el camino de la devaluación⁠—, pasó a repudiar el «genocidio que pasó nuestra industria petrolera por la increíble privatización» de YPF.

A su lado aplaudía Oscar Parrilli.

Para entonces, varios empresarios cercanos, como Lázaro Báez y Cristóbal López comenzaban a pisar en el sector petrolero patagónico, mientras que varias empresas extranjeras con inversiones en la Argentina recibían las visitas de emisarios con misteriosas ofertas.

Burguesía nacional.

Por eso, acomodarse a los nuevos tiempos resultó para muchos empresarios una cuestión de supervivencia. Lo reconoció Manuel Lao, el catalán dueño de Cirsa, al aceptar a López como socio en el casino flotante de Puerto Madero. Para desarrollar los negocios en la Argentina kirchnerista, dijo, «conviene ir acompañado con un socio local».

O como se lo planteó el ya exministro de Economía Roberto Lavagna a Juan Carlos Blumberg: «El Gobierno quiere morder en todas las privatizadas. Por eso las desgasta».

Y no solo en las privatizadas.

Otro caso fue el de Telefónica, que mantuvo al menos una discreta reunión con Rudy Ulloa, quien les comunicó a los ejecutivos españoles su interés por comprarles Telefé, por US$ 320 millones, sin mayores precisiones sobre el origen de esos fondos. No prosperó.

Otro caso fue el de Esso, donde el entonces presidente de Aeropuertos Argentina 2000, Ernesto Gutiérrez, se presentó como aspirante a socio local, como «Ernestor» también lo intentaría en Aerolíneas Argentinas, Ciccone Calcográfica y Telecom.

El intento de Gutiérrez (¿y de Eduardo Eurnekián?) tampoco prosperó, pero desde la Casa Rosada esperaron, allá por 2008, que también Cristóbal López sondeara otra vez a la petrolera.

Por lo visto, Esso parecía una puerta giratoria. Porque el titular de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, llegó a firmar algunos papeles, según reveló Lucio Di Matteo en su libro Gracias Néstor, mientras le planteaba al «zar del juego» que se sumara a la aventura. Mindlin le decía que él aportaría los entre 180 y 200 millones de dólares necesarios con un fondo de inversión de Nueva York y que él, López, debía encargarse del lobby con la Rosada, según relataron a este autor junto al empresario patagónico.

Y otro caso más fue el de Shell, como reveló su presidente local, Juan José Aranguren. «En ese momento estábamos analizando la posibilidad de vender y obviamente no puedo preguntárselo ahora a Néstor Kirchner, pero creo que él pensó en tomar la compañía, de comprarla, de hacerse cargo de ella», afirmó en 2015, tras acumular 60 denuncias y superar mil batallas con Guillermo Moreno y otros muchos funcionarios y dependencias del Gobierno durante más de una década.

Aranguren no lo dijo, pero el empresario interesado en quedarse con Shell en la Argentina fue Lázaro Báez, a través de Epsur —⁠con varios reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado en su haber⁠—, en tándem con la estatal Enarsa. Fue durante una reunión, que comenzó a las 16 del martes 27 de noviembre de 2007, cuando el titular de Shell en la Argentina les dijo que no en su despacho a los emisarios kirchneristas: Teddy Batista, por Epsur, y Claudio Di Paola, por Enarsa.

Shell como Piñata.

Por el contrario, sí vendió Petrobras. El «zar del juego» López, quien suele contar cómo le dijo no al Presidente cuando le pidió que comprara la automotriz Mahle en 2009, sí tomó el control en 2011 de la refinería San Lorenzo y una red de estaciones de servicio que pagó con el flujo de fondos que acumuló al dejar de pagar el impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC). Es decir, que se fondeó con los $ 1200 millones que obtuvo de los propios activos de Petrobras que adquirió, mientras la AFIP le financiaba esa deuda.

Pero el caso más elocuente es, sin duda, YPF.

Enrique Eskenazi llevaba, para entonces, más de una década interactuando con Kirchner. Se conocieron cuando, con «Lupo» como gobernador, el empresario tomó las riendas en 1996 del Banco de Santa Cruz, la entidad donde hicieron los palotes Lázaro Báez, Francisco «Paco» Larcher, luego número dos de la ex SIDE, y Roberto López, quien recalaría en Loterías y Casinos.

Pero vale una aclaración: Kirchner y Eskenazi no eran amigos.

Kirchner le decía «ingeniero»; Eskenazi siempre le dijo «doctor».

Y fijaron las pautas de convivencia desde el principio, cuando el titular del Grupo Petersen tomó el control del Banco de Santa Cruz.

—Si me deja en paz dos años, saneo el banco y logro que obtenga la calificación «triple A» —⁠cuentan con orgullo que dijo el patriarca de los Eskenazi al entonces gobernador.

—¿Qué significa que lo deje en paz?

—Que no me llame para pedirme que le otorgue un crédito a algún amigo suyo y que no me llame ni para pedirme que le dé trabajo a alguien que conoce.

Añaden junto a Eskenazi que, en efecto, cuando al cabo de ese par de años lograron sanear el banco y obtuvieron la máxima calificación crediticia, el patriarca llamó al gobernador.

—¿Vio? Cumplí con mi palabra: el banco está en orden —⁠dicen que dijo al patagónico, que sin mediar ni hola le lanzó su réplica.

—¿Y qué? Yo también cumplí.

Y cortó.

Aun así, la relación entre Kirchner y Eskenazi registró algunas curiosidades. Porque con Enrique mantuvo siempre esa distancia respetuosa. Pero de uno de sus hijos, Sebastián, que intervino de lleno en la negociación con Repsol, llegó a decirse que era uno de los pocos hombres de la Argentina que podía entrar al despacho presidencial «sin pedir permiso a otra persona» que no fuera «Lupo».

Con los santacruceños en la Casa Rosada, además, los Eskenazi potenciaron la expansión de su grupo Petersen con la compra del 93,4 % del Nuevo Banco de Santa Fe por parte del Banco de San Juan, que ya tenían. Y en 2005, con el de Santa Fe adquirieron a su vez el Nuevo Banco de Entre Ríos (Bersa).

Sería el Banco de Santa Cruz, sin embargo, el más sensible. Entre otros motivos, porque allí terminaron los enigmáticos «fondos de Santa Cruz» cuando Kirchner anunció su repatriación, aunque solo «en custodia». Y el mismo banco fue una de las columnas centrales para justificar el enriquecimiento de la pareja, con las tasas de interés que declaró recibir por sus plazos fijos.

No solo eso. El banco de los Eskenazi también le otorgó a Kirchner un crédito por $ 8,8 millones cuando «Lupo» quiso retirar su dinero de dos plazos fijos a 180 días por $ 1,8 millón y $ 6,9 millones antes de sus vencimientos. Como eso no era posible, los Eskenazi le facilitaron un crédito por el monto total, que luego Kirchner canceló.

Como Lao en el sector del juego, Repsol le dio la bienvenida al grupo Eskenazi, «el socio más idóneo por su experiencia en mercados regulados, por su estructura industrial y financiera y por su conocimiento de la realidad argentina a lo largo de sus más de 85 años de existencia».

¿«Mercados regulados»?

Para fines de 2007, vale recordar, Guillermo Moreno ya era capaz de cualquier medida desde la Secretaría de Comercio Interior, ya hacía y deshacía en el Indec, y ya definía de viva voz, sin nada firmado, quién importaba o exportaba, o quién debía bajar o podía subir sus precios, y quién podía consumir energía o debía bajar la perilla, mientras que Kirchner lo definía como «más bueno que Lassie».

Y hay que recordar que para entonces Shell ya afrontaba una dura ofensiva, con convocatorias incluidas de Kirchner a boicotearla por oponerse a las decisiones oficiales, mientras que le reclamaba al entonces titular de la AFIP, Alberto Abad, que ordenara inspecciones contra sus estaciones de servicio y sus principales directivos.

Abad rechazó la orden contra Shell —lo que a la larga le costaría su cabeza en el mundillo patagónico⁠—, pero Kirchner optó por lanzar órdenes a otros laderos más afines, que se encargaron de amenazar a Aranguren con llevarlo a la cárcel, mientras que el ministro Julio De Vido sostenía que la recién creada petrolera estatal Enarsa «podría entrar en YPF» y el jefe de Gabinete Alberto Fernández sostenía que la participación de las provincias en YPF era «una alternativa».

De hecho, los españoles ya sabían de lo que eran capaces los ocupantes de la Casa Rosada, gracias al «caso testigo» de Roberto Brandt, por entonces número uno de la distribuidora Metrogas, controlada por la propia Repsol YPF y British Gas.

Conocido, respetado y hasta querido desde hacía años en su sector, la cabeza de Brandt debió rodar por orden de «Napia» Moreno, que buscó un chivo expiatorio para los cortes de luz y gas que padeció la sociedad argentina el viernes 6 de julio de 2007.

Su orden a Repsol fue breve: «Hay que rajar al director general».

Y así fue.

Así, la decisión de Repsol de abrirles las puertas a los Eskenazi puede plantearse con forma de pregunta retórica: ¿acaso el mismo Gobierno, que en julio de 2007 impidió que un fondo llamado Eton Park comprara la mitad de Transener —⁠que terminó en manos de Mindlin, Enarsa y Electroingeniería⁠—, cinco meses después no daría su opinión —⁠y esta resultaría decisiva⁠— ante el posible ingreso de un inversor en YPF, una de las joyas más valiosas, si no la más valiosa, de la Argentina?

¡Si Kirchner hasta lo conversó con el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en Buenos Aires!

¿Es posible?

¿Pudo Kirchner abogar por los Eskenazi ante el mandatario español, que a su vez hacía las veces de representante de Repsol?

¿Por qué no?

¡Si entre 2005 y 2007 lo hizo con su colega brasileño Luiz Inácio «Lula» da Silva cuando la argentina Impsa, de Enrique Pescarmona, y el gigante Odebrecht pujaban por la hidroeléctrica Toachi-Pilatón de Ecuador, según revelaron los cables que la cancillería brasileña, conocida como Itamaraty, desclasificó diez años después!

No solo eso. El contexto español también había cambiado por completo. El líder del conservador Partido Popular (PP), José María Aznar, se había marchado ya de La Moncloa y con su salida se evaporó el sustento político con que se movía el entonces titular de Repsol, Alfonso Cortina, que, duro como pocos, había llegado a despreciar con palabras y con gestos a un emisario que mandó Kirchner para exigirle un mayor compromiso de la petrolera en la Argentina.

«“¡Cómo no lo cagashte a palosh a eshe hijo de puta!”, me dijo cuando volví y le conté lo que había ocurrido», relató a este autor el correveidile del entonces Presidente, al que por algo apodaban «Furia». «Estaba más furioso conmigo porque no le había partido un cuadro en la cabeza que por lo que el gallego hizo cuando le comuniqué su mensaje», detalló el hombre, que solo le pidió a este autor que no detallara qué hizo Cortina dentro de aquella habitación de hotel de la ciudad de Buenos Aires en que se reunieron.

Pero con la asunción de Rodríguez Zapatero el equilibrio de poder dentro de Repsol se alteró. Antonio Brufau tomó las riendas de la petrolera y, sagaz, comprendió que llegaba con un nuevo mandato político, en sintonía con el acercamiento del socialismo español a los nuevos gobiernos de América Latina.

Fue entonces cuando Brufau comenzó a escuchar nombres de distintos candidatos argentinos, como Cristóbal López, y Kirchner delegó el diálogo con Brufau en manos que no fueron las de De Vido.

Porque sabía con qué bueyes araba.

Por eso, en ese contexto, la definición de Repsol podría traducirse como «Eskenazi, el socio más idóneo por su experiencia en Kirchner».

De hecho, fue con el CEO de Repsol, el español Brufau, con el que Kirchner se sinceró y le reveló el plan que maceraba desde hacía tiempo, según reconstruyó una gran periodista argentina, Susana Viau. «Quería que alguien que entendiera la lógica de los argentinos, gente de confianza con quien el Gobierno pudiera dialogar sin tapujos, se hiciera cargo de una parte del paquete accionario de la compañía. Su candidato era el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi».

¿Por qué los Eskenazi?

Según contó «un allegado a esa operación» a Viau, porque «era uno de sus pocos amigos presentables». Y según confirmó un íntimo colaborador de Kirchner a este autor, porque «para las “macanas” Néstor tenía a Rudy y a Lázaro, pero cuando necesitaba de alguien con camisa y corbata pensaba en los Eskenazi», a pesar de que Marcelo Mindlin, el titular de Pampa Energía —⁠el holding eléctrico más importante del país⁠—, también soñó con la petrolera.

Burgueses nacionales.

La letra chica de la operación refleja esa venia de la Casa Rosada a los dueños del Grupo Petersen.

Para comprar el 14,9 % de YPF, la familia Eskenazi desembolsó US$ 100 millones y se valió de préstamos bancarios y otro de la propia Repsol para adquirir esa participación accionaria, entonces valuada en US$ 2235 millones.

Según los documentos que se presentaron en la Comisión Nacional de Valores (CNV) y en su equivalente en Wall Street, la Securities Exchange Commission (SEC, por sus sigla en inglés), Petersen Energía recibió un préstamo de US$ 1018 millones por parte de un pool de bancos —⁠Credit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas y Banco Itaú Europa⁠—, y otro de US$ 1015 millones de la española Repsol.

Notable labor la de Credit Suisse, que metió su cuña en tres de los hitos kirchneristas: los «fondos de Santa Cruz», Telecom y, ahora, YPF.

Los vencimientos de esa deuda, a su vez, se fueron cubriendo con el flujo de fondos que aportó la agresiva política de distribución de dividendos que encaró la propia YPF. Entre 2008 y 2010, por caso, la petrolera ganó $ 12 916 millones y repartió $ 14 906 millones, lo que arrojó una tasa de reparto del 135 % de las ganancias.

«¿Es normal que una petrolera acepte semejante reparto? Terminantemente, no», alertaron los periodistas Graciela Russo y Marcelo López Massía en su libro El aplaudidor. «¿Cómo permitió el kirchnerismo esa descapitalización, cuando Tenaris y Petrobras solo reparten menos de la mitad de ese porcentaje? ¿Qué paralelo se tomó si firmas internacionales como Total redistribuyen el 39 %, Chevron el 31 %, Exxon el 25 % y Shell el 45 %?».

Un ejemplo más sencillo de lo ocurrido dentro de YPF sería el siguiente: el dueño de una flota privada de 100 camiones que tiene problemas con el intendente del pueblo le entrega 15 de esos camiones a un lugareño que hasta entonces no era ni empleado suyo, pero que conoce al intendente, con quien se lleva muy bien desde hace una década. Y el pacto es que el flamante socio le irá pagando el valor de esos camiones con las ganancias que darán esos mismos camiones durante los próximos años, ahora que el dueño original de la flota tiene un amigo en el pueblo.

Sebastián Eskenazi relativizó el rol de Kirchner ante la revista Noticias, pero no terminó de refutarlo.

«En principio, Kirchner tuvo poco y nada que ver con la operación. Fue mi viejo el que siempre soñó con recuperar YPF para la industria nacional», dijo al periodista José Antonio Díaz en marzo de 2008.

Y un íntimo colaborador de los Eskenazi completó la metáfora del dueño de los camiones, cuando se la planteó este autor: «Sí, es correcta, pero además de querer que el nuevo socio se encargue del intendente del pueblo a cambio de esos 15 camiones, al dueño original de la flota también le estaban diciendo en su propio pueblo que sellara esa alianza».

De manera oficial, Repsol siempre negó presiones desde Buenos Aires. «El gobierno argentino nunca nos ha pedido nada», afirmó Brufau. «Nosotros hemos sido los que buscamos empresas argentinas que compraran parte de YPF, porque nuestra intención con esta venta es poder darle un mejor enfoque local a nuestro negocio», explicó.

Porque, siguiendo con la metáfora anterior: ¿es preferible ser dueño de 100 camiones que operan con problemas o no pueden operar, o de 85 pero que funcionan a pleno?

Porque, todo hay que decirlo, el mismo Gobierno que pisaba —⁠o peor, revocaba⁠— los aumentos en los precios de los combustibles a Repsol y al resto del mercado, desde el ingreso de los Eskenazi autorizó subas por más del 130 % y por encima de la tasa de inflación.

El instrumento clave para el desembarco de los Eskenazi en YPF fue la española Petersen Energía, controlada a su vez por la australiana Petersen Energía, una sociedad constituida en Victoria, el 24 de octubre de 2007, según consta en los documentos de la Australian Securities and Investments Commission (ASIC) que obtuvo este autor.

El primer directorio de esa firma lo integraron Enrique Eskenazi, sus hijos Sebastián y Matías, y dos colaboradores de confianza: Claudio Adolfo Canepa y Roque Izzo. Pero las 6500 acciones quedaron solo dentro de la familia: el padre se quedó con el 23 %, Sebastián y Matías asumieron 38 % cada uno y Ezequiel (hijo) retuvo el 1 % restante.

Desde entonces, varios referentes de la oposición miran con recelo a esa sociedad australiana y su control accionario, como si los Kirchner pudieran estar detrás, pero los Eskenazi se indignan ante las sospechas. Sostienen que ellos corrieron un riesgo gigantesco para ingresar en YPF, para lo cual empeñaron, dicen, hasta las joyas.

Previsible, el ingreso de los Eskenazi fue bienvenido por el Gobierno. Alberto Fernández lo definió como una «sabia» decisión de los españoles, que de inmediato ejecutaron el acuerdo. En febrero de 2008 pagó los dividendos pendientes de 2006 por US$ 1300 millones, de los que US$ 201 millones correspondían a los Eskenazi, que los cedió de manera automática para cancelar parte de su deuda con el vendedor.

Por su parte, lejos de malquistarse ante el ingreso de los Eskenazi a YPF, Cristóbal López comenzó a desplazar competidores. Su petrolera Oil M&S y su compañía de remediación ambiental, Serma, multiplicaron sus contratos con YPF. En mayo de 2010, Ricardo Celli, el presidente de la cámara del sector, denunció este favoritismo y lo atribuyó a «afinidades kirchneristas» entre López y los Eskenazi, quienes retrucaban que, como proveedor, Cristóbal era «más que correcto».

Entonces sí, con Sebastián Eskenazi como flamante CEO —⁠más allá de que careciera de cualquier experiencia en el mundo energético⁠—, YPF comenzó a cosechar elogios y flores desde el Gobierno. Por las inversiones prometidas, por las tecnologías que prometía incorporar y por diversas obras de infraestructura que sirvieron de escenario para actos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

«Siempre charlamos con Enrique Eskenazi; él tiene pasión por la Argentina igual que yo, pasión y ponerse la camiseta, la camiseta del país», lo floreó la Presidenta, en diciembre de 2009.

Sin embargo, Repsol sondeó opciones adicionales para reducir aún más el «riesgo argentino». Para eso abrió diálogos con las petroleras Gazprom, de Rusia, y China National Petroleum Corp. y Cnooc Ltd., también china, que le ofertaron al menos US$ 17 000 millones para quedarse con sus acciones en YPF.

Según el Gobierno, sin embargo, todo marchaba bien con la petrolera y su plan de inversiones. Si el esfuerzo de YPF podía quedarse «corto», llegó a defenderlos la Presidenta en septiembre de 2010, era «no por falta de inversión, sino de crecimiento», al tiempo que esta vez le agradecía a su «querido amigo Sebastián Eskenazi».

Eran, claro, tiempos de buena sintonía y gauchadas mutuas.

Como cuando Kirchner convalidó que los Eskenazi contrataran como asesor a Alberto Fernández, con quien conservaba diálogo fluido a pesar de su renuncia en 2008 como jefe de Gabinete, del mismo modo que Lázaro tomó a Claudio Uberti tras el «caso Ciccone» y Cristóbal se encargó de darle un sueldo a Osvaldo Sanfelice a pedido de «Lupo».

La inesperada muerte de Kirchner no pareció cambiar demasiado la sintonía con la Casa Rosada, al menos en la superficie, y un mes después Repsol anunció que planeaba sacar a la venta otro 15 % de las acciones de YPF en la Bolsa de Nueva York.

Vendió 4,8 % a los fondos Eton Park y Capital Guardian en diciembre de 2010, otro 2,9 % al fondo Lazard Asset Management en marzo de 2011, y otro 7,1 % a inversores minoristas apenas diez días después. De ese modo, Repsol, que controlaba el 99 % de YPF a fines de 2007, redujo su posición al 68,23 %, que pronto redujo aún más.

Porque en mayo de 2011, los Eskenazi se quedaron con otro 10 % de la petrolera, con un esquema similar al anterior: un consorcio de bancos aportó US$ 670 millones (Banco Itaú, Standard Bank, Credit Suisse y Citi), y otro tanto se los prestó Repsol, que retuvo el 58,23 % restante, con opciones de ventas adicionales en el mercado por 5,9 puntos más.

A esa altura, la metáfora del dueño de los camiones ya mostraba un panorama muy distinto.

¿Es preferible ser dueño de 100 camiones que operan con problemas o no pueden operar, o de solo 85 pero que prometen funcionar a pleno? ¿O de 75 camiones? ¿O mejor quedarse con algo más de la mitad de los camiones, ceder la gestión al amigo del intendente y que se den maña en el pueblo?

Sin embargo, la buena convivencia se quebró, en coincidencia con el hallazgo del megayacimiento neuquino de Vaca Muerta, en mayo de 2011, fruto del trabajo silencioso que había liderado un ingeniero asturiano llamado Tomás García Blanco.

¿La pelea ya venía de antes, pero por debajo de la superficie?

¿Se desencadenó por Vaca Muerta, como cree Brufau?

¿Calculó el Gobierno que podía echar a los españoles y quedarse con la ahora más atractiva YPF?

Y en ese caso, ¿la Presidenta pensó en mantener a los Eskenazi dentro de la nueva YPF?

¿O los tomó como «daño colateral» en su avanzada contra Repsol?

¿O los castigó por acuerdos incumplidos?

¿O es que, como sostienen en la Casa Rosada, la Presidenta se molestó en noviembre de 2011, apenas días después de su avasallante reelección, cuando los accionistas de YPF anunciaron que repartirían dividendos por $ 5800 millones y ella, según esa versión, ordenó a sus funcionarios que frenaran ese reparto?

¿O es que, como sostienen en el Grupo Petersen, la Presidenta se sintió «traicionada» porque Sebastián Eskenazi se negó a jugar a fondo con ella para echar a los españoles de la petrolera?

Pero la Presidenta podría sentirse «traicionada» solo si consideraba que los Eskenazi le debían a ella —⁠o a su extinto marido⁠— el favor inmerso de ocupar una oficina dentro de YPF.

En cualquier caso, la buena convivencia se quebró.

El Gobierno amenazó con sancionar a YPF si faltaba gasoil, presionó para que no distribuyera dividendos, cuatro provincias le retiraron áreas petroleras y los Eskenazi fueron citados a indagatoria por una supuesta estafa, mientras que la Casa Rosada callaba el rol que hasta entonces había jugado el delegado por el Estado nacional en la petrolera, Roberto Baratta, uno de los laderos de De Vido a los que Sergio Schocklender acusaba de todos los males y la corrupción en «Sueños Compartidos» ante la prensa y la Justicia.

Baratta, otro conector.

Desde Madrid retrucaron con reclamos sobre las «reglas de juego claras» y amenazas —⁠«Si hay hostilidad, habrá consecuencias»⁠— que encontraron eco en la Unión Europea y Estados Unidos.

Y desde Caracas, el presidente Hugo Chávez llamó para decirle a la Presidenta que no hiciera lo que estaba por hacer, que debía darles un ultimátum a los españoles para que, por ejemplo, cedieran el control de la mayoría de las acciones.

Demasiado tarde.

El lunes 16 de abril de 2012, la Presidenta anunció la intervención y expropiación de las acciones de YPF, que continuaría sin embargo como «sociedad anónima» —⁠regida bajo las leyes del Derecho Privado⁠— en vez de mutar a «sociedad del Estado», con las pautas del Derecho Público.

Repsol, que por entonces negociaba en secreto venderle a la china Sinopec el 58 % que aún retenía de YPF, según reveló el Financial Times, chilló y adelantó que demandaría a la Argentina ante los tribunales del CIADI en Washington.

Y los Eskenazi se quedaron con una deuda de casi US$ 2900 millones y sin los dividendos para cubrir los vencimientos.

La puerta para ellos era ahora solo de salida, mientras los recién llegados, que entraron en la torre de Puerto Madero como cosacos, pedían champagne a los mozos y el ladero de De Vido, José María Olazagasti —⁠luego número tres de la nueva SIDE⁠—, se sacaba fotos en el hasta hacía pocos minutos despacho de Brufau.

YPF como Piñata petrolera.

«Lo único que lamento es que él no pueda…», celebró y se quebró la Presidenta, emocionada al aludir a su difunto esposo, al que recordó con el perfil opuesto al de un lobbista petrolero o un candidato que recibía fondos de campaña de la petrolera extranjera que se benefició con una privatización. «Yo creo que de algún lado nos está viendo, pero me gustaría que me estuviera mirando como hacía siempre, ahora, porque él siempre soñó con recuperar YPF para el país, siempre, siempre».

¿Será cierto, como admiten por lo bajo dentro del propio Gobierno, que soñaron con distribuir un millón de banderitas argentinas que en su centro, en vez de un sol, incluyera las letras YPF?

A los 20 días del desembarco, los Eskenazi entregaron las acciones, y se quedaron con pérdidas que, calculan a su lado, rondaron entre los US$ 120 y los US$ 150 millones. «Eso es para todos los pelotudos que dijeron que nos quedamos gratis con las acciones. ¿Así que era gratis?», se indignan en el Grupo Petersen.

En los dos sillones clave de la nueva YPF pasaron a acomodarse De Vido y Axel Kicillof, por entonces viceministro de Economía.

Para Kicillof, estrella en ascenso de La Cámpora y futuro ministro de Economía, ingresar en YPF resultó un punto a favor; para De Vido, no tanto, según le reconoció su asesor Roberto Dromi, el exfactótum de las privatizaciones durante el menemismo, al periodista Diego Sehinkman durante una entrevista con el diario La Nación.

—Usted no quería reestatizar…

—Lo mío no era reestatizar, era que siguiera siendo controlada por Repsol, con mayoría de Repsol, pero no con el 1 % o 2 % de participación del Estado, sino con el 39 %. Y con derecho de veto. Después no sé qué diferencia hubo en la discusión entre Repsol y el Gobierno, yo no participé. No nos olvidemos que estaban los señores Sebastián Esquenazi y su padre. Yo creo que no hubo acuerdo entre ellos, Repsol y Cristina. Entonces Cristina decide expropiar la empresa.

—¿De Vido sabía que su propuesta no era expropiar, sino ir a un control mixto?

—Sí…

—¿Y él estaba de acuerdo con eso?

—Sí…

—¿Y qué pasó?

—Y. Se estatizó. ¡No me hicieron caso! (risas).

No solo no le hicieron caso a Dromi, sino que, al igual que al expropiar la ex Ciccone Calcográfica, funcionarios del Gobierno llegaron a afirmar que, en el caso de Repsol, «la indemnización podría reducirse a la nada», según publicó el diario oficialista Página/12.

Pero al igual que en la ex Ciccone, no fue así.

Brufau estimó que las acciones de Repsol en YPF valían unos US$ 10 500 millones.

Que no.

Que sí.

Y la Argentina aceptó pagar US$ 5000 millones en bonos, más un título adicional por US$ 1000 millones a modo de compensación si la deuda soberana se depreciaba en el mercado, lo que ocurrió, sin contar el costo final que tendrá esa emisión a futuro, que puede resultar ruinoso para el Estado nacional o incluso beneficioso, lo que dependerá de varios factores.

Basta con seguir las declaraciones de Kicillof.

17 de abril de 2012, versión taquigráfica de su exposición ante el Senado: «Esto va al Tribunal de Tasaciones de la Nación para pagar, según nuestra ley de expropiación, lo que termine siendo el costo real. No le vamos a pagar lo que ellos dicen (…). ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!».

Al día siguiente, entrevista de Kicillof en la Televisión Pública: «Primero vamos a ver qué es lo que fija el Tribunal de Tasaciones. No lo sé, pero recuerdo el caso de Aerolíneas donde la gente de Marsans dijo que valía 1000 millones y el Tribunal dijo que valía menos 1000 millones. Entonces, como el Tribunal dijo eso, hubo (sic) que depositar un peso. (…) Ahora digo, sea muy elevado —⁠todo es relativo⁠— o sea reducido, siempre un monto es elevado o reducido depende con qué uno lo compare. Yo creo que con la potencialidad que tiene YPF (…) en manos estatales estimo yo que van a ser reducidos».

Veintidós meses después, y ya sellado el acuerdo con Repsol sin que mediara el prometido dictamen del Tribunal de Tasaciones, Kicillof se defendió ante la prensa. «Yo nunca dije que no le íbamos a pagar a Repsol. Lo que dije es que no le íbamos a pagar lo que ellos pedían», argumentó el 26 de febrero de 2014. Y añadió: «En vez de pagar en efectivo, pagaste en cuotas con intereses. Saliste ganando».

¿Y los Eskenazi?

Ellos mismos lo clarificaron a través de un comunicado que difundieron el 9 de abril de 2015: «Con posterioridad a la toma de control de YPF por parte del Estado, Petersen Energía y Petersen Energía Inversora procedieron a desprenderse de la totalidad de las acciones que mantenían de dicha compañía en garantía de los préstamos recibidos para su adquisición, razón por la cual desde ese momento no poseen ninguna tenencia accionaria en YPF».

Los Eskenazi se guardaron, sin embargo, que durante un buen tiempo temieron que les armaran una causa penal. Porque una acusación —⁠real o inventada⁠— no se le niega a nadie y mucho menos unos días detenidos a quien molesta al Gobierno. «Sí temieron que, por lo menos, les quitaran sus bancos», indicaron a este autor junto a los dueños del Grupo Petersen.

Porque el sistema a veces premia. Y el sistema puede castigar.

Fuera de la petrolera, incluso sus eventuales reclamos quedaron en manos ajenas, cuando fondos de inversión se quedaron con esa opción y demandaron a la Argentina, por ejemplo, en el tribunal del juez Thomas Griesa, el mismo que dirime desde hace años los pleitos entre los holdouts, los «fondos buitre» y la Casa Rosada.

Por eso mismo, los Eskenazi añadieron en ese comunicado que «el Grupo Petersen aclara que está al margen y no tiene injerencia alguna en cualquier proceso judicial que se esté desarrollando en la Argentina o en el exterior», y retomaron su extremo bajo perfil, con la intención de proteger el resto de sus negocios. Al fin y al cabo, son expertos en «mercados regulados» y saben con qué toros lidiaban hasta diciembre de 2015, por lo menos y con suerte.

Para entonces ya había ingresado Miguel «el Mago» Galuccio como nuevo CEO de YPF. Entrerriano, ingeniero, 44 años, exempleado de la petrolera, 15 años en el exterior, buena foja de servicios.

«Quiero decirles que lo importante es la conformación de un equipo de gente joven», le dio la bienvenida la Presidenta. «De un ingeniero que además trabajó en YPF y que para mí significa también un símbolo, que es recuperar a los que se nos fueron, cuando pasó lo que pasó en la Argentina con nuestra empresa nacional», abundó, en una nueva reescritura de su propio pasado como impulsora de la privatización.

En rigor, además, Galuccio trabajó también cuando Repsol compró YPF en 1999. Y aunque su currículo indica que a los pocos meses buscó «nuevos horizontes por no coincidir con el modelo del nuevo management», antes protagonizó un video en que alababa la compra de YPF por Repsol.

Diez años después de aquel video, además, Galuccio estuvo a un paso de retornar a Repsol YPF, según reveló El País de España, cuando sondeó con Sebastián Eskenazi su reincorporación. Pero sus condiciones —⁠US$ 2 millones y el traslado de sus caballos de polo de Londres a Buenos Aires⁠— al parecer fueron demasiado.

Ya sin los Eskenazi, Galuccio volvió, aunque su salario ahora es una verdadera incógnita que «el Mago» protege con ahínco.

A él se sumó Doris Capurro, la encuestadora de Ibarómetro que como publicitaria inventó la «Semana de la Dulzura» —⁠la del eslogan «una golosina por un beso»⁠— y lanzó y posicionó al centro de esquí Las Leñas. Dentro de YPF se convirtió en los ojos de la Presidenta.

Necesitado de dinero, sin embargo, el Gobierno dejó a un lado la bandera de la «soberanía energética» que había izado y selló un acuerdo por Vaca Muerta con Chevron, la continuadora de Standard Oil.

¿Qué acordaron?

Solo un puñado de personas lo sabe con certeza, ya que YPF se niega a entregar la documentación, incluso a la Justicia argentina, basada en que es un acuerdo confidencial entre privados, y que la petrolera funciona como sociedad anónima, no como una empresa estatal.

¿Qué se sabe hasta ahora?

Poco. Apenas que Chevron condicionó la firma del acuerdo con YPF a la reforma de leyes federales y provinciales, y a la aprobación de nuevas normas. Y que esas modificaciones debían resultar de su «entera satisfacción» para que comenzara a traer capitales a la Argentina, según consta en documentos que obtuvo este autor.

Los planteos de Chevron resultaron efectivos: las «condiciones suspensivas» o «precedentes» que delineó en las negociaciones con YPF terminaron en un decreto y en una ley neuquina, en un decreto presidencial y en la flamante ley de hidrocarburos que aprobó el Congreso con el declarado objetivo de alcanzar la soberanía energética.

Las condiciones de Chevron, vertidas en documentos identificados como «estrictamente confidenciales», se centran en los plazos y las características para las concesiones, los topes máximos a las regalías que podrían cobrarle las provincias y en garantizarles una estabilidad tributaria absoluta para la petrolera y sus subsidiarias.

Chevron también exigió una garantía de que podrá enviar dividendos al exterior, así como fijar la jurisdicción extranjera para dirimir cualquier disputa con YPF, y estableció una serie de garantías amplias que debía asumir la petrolera argentina ante posibles reclamos de terceros.

A cambio de esas reformas y garantías, Chevron se comprometió a invertir US$ 1240 millones en Vaca Muerta, la mayor reserva de hidrocarburos del país y considerada una de las más relevantes del planeta. Y acordó desarrollar un posible programa adicional de exploración en otros 26 pozos por otros US$ 360 millones.

Esas y otras «condiciones suspensivas» o «precedentes» establecían que:

«El plazo para la o las concesiones y la cesión del título sobre los activos a Cofel (por Chevron Overseas Finance II [Exploration Limited]) se regirán por términos y condiciones que resultan aceptables para Cofel (Chevron), lo que, entre otras cosas, puede requerir la realización de modificaciones a la legislación existente o la promulgación de nuevas leyes dentro del marco regulatorio federal y provincial».

«Las concesiones deberán otorgarse por un plazo mínimo de 35 años con una autorización asociada para ceder, en totalidad o en parte, una o varias concesiones a terceros».

«La tasa de regalías total por la explotación de recursos hidrocarburíferos no convencionales en el marco de las concesiones no superará el 12 %».

«Dicha tasa máxima del 12 % incluirá, sin carácter taxativo, regalías, impuestos a la producción, impuestos sobre beneficios extraordinarios o pagos basados en el flujo de caja neto».

«Las leyes federales, provinciales y municipales deberán ser eficaces para ofrecer estabilidad impositiva y en las regalías».

«Cofel (Chevron) deberá poder en todo momento remitir dividendos a sus accionistas extranjeros libres de todo gravamen (incluidos impuestos)».

«Deberá conferirse el derecho a exportar la producción de petróleo y gas de yacimientos no convencionales de conformidad con términos y condiciones aceptables, como así también el derecho a mantener en el exterior un porcentaje aceptable de los fondos provenientes de esas exportaciones».

Cualquier «reclamo, controversia, disputa o causa de acción (ya sea contractual, extracontractual) o de otro tipo» se regirá «por las leyes del estado de Nueva York», mientras que «los documentos del préstamo» deberían resolverse «exclusivamente mediante un arbitraje definitivo y vinculante realizado de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional», con sede en París.

Así, la multinacional de origen estadounidense Chevron pasó a gozar dentro de la Argentina de mejores condiciones legales que cualquier ciudadano argentino a la hora de, por ejemplo, pagar impuestos y disponer de su patrimonio. O dicho de otro modo, en nombre de la soberanía nacional, la Argentina aceptó que la ex Standard Oil fijara sus reglas en el sistema.

La vinculación entre esas y otras cláusulas de la negociación y las reformas normativas que siguieron es evidente. El 10 de abril de 2013, Galuccio anunció la inversión conjunta en Vaca Muerta; un día después la Presidenta firmó el decreto 929/2013 —⁠que creó el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos⁠—, que se publicó el 15 en el Boletín Oficial, y al día siguiente YPF y Chevron rubricaron el «Acuerdo de Proyecto de Inversión», por un área de concesión de 360 hectáreas, de las 30 000 disponibles en Vaca Muerta.

Una pregunta obvia es, ¿por qué decidió el Gobierno impulsar todas esas reformas para Chevron, pero no antes para otras petroleras o para la propia YPF en tiempos de Repsol?

Pragmático, Galuccio simplificó el debate.

«Necesitamos de muchos Chevrones en la Argentina si queremos acelerar el desarrollo de Vaca Muerta», dijo el ingeniero, que explicitó lo que al mismo tiempo negaban De Vido, Kicillof y otras espadas del Gobierno. «En la Argentina tenemos un déficit energético que es serio, y si no hacemos algo va a empeorar», dijo.

El acuerdo secreto con Chevron, sin embargo, no fue sencillo de digerir. Por lo menos, para uno de los directores por el Estado en la nueva YPF, Eduardo Basualdo, que optó por renunciar.

Economista heterodoxo, investigador del Conicet, coordinador de varias áreas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) e integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que preside Verbitsky, Basualdo se marchó de la petrolera, aunque silenció sus motivos.

Otros indicios sumaron más lastre a la gestión profesional que pretendía Galuccio, como la toma de decisiones por razones políticas o personales. Eso explica la designación, por ejemplo, de un amigo de Máximo Kirchner, Ignacio Perincioli, como representante del gobierno de Santa Cruz en el directorio de YPF. O que excluyeran de la refinanciación de pasivos provinciales que la Presidenta firmó a fines de julio de 2014 a los gobernadores que se oponían a la nueva ley petrolera, conocida como la «ley Galuccio», que promovía la Casa Rosada para sellar el acuerdo con Chevron: Mendoza, Neuquén, Chubut y Río Negro. «Si me sancionan por pensar diferente», desafió el gobernador neuquino Jorge Sapag, «que me lo digan».

Pero al final, los gobernadores cedieron, perdieron posiciones en la mesa petrolera y muchas de las condiciones que había delineado Chevron en los documentos «estrictamente confidenciales» se plasmaron en el decreto 1208/13 y en la ley 2687 de Neuquén; después en el decreto 929/2013 y, por último, terminaron en la ley 27 007 de hidrocarburos, la «Ley Galuccio», que el Congreso aprobó el 30 de octubre.

Fue un punto a favor de la Casa Rosada, que venía de sepultar los sueños de forzar una reforma constitucional que le permitiera a la Presidenta aspirar a su tercer mandato. La derrota frente a Sergio Massa le puso fecha de vencimiento: diciembre de 2015.

Quizá por eso, Cristina se despachó con furia por televisión.

«Es bueno discutir, es una buena etapa para discutir, pero en serio, un modelo de país, pero quiero discutir con los titulares, no con los suplentes», ninguneó a Massa.

¿Quiénes serían los titulares?

Durante ese discurso, ella solo identificó a uno por su nombre: Jorge Brito, el otrora «banquero de Kirchner», al decir de la embajada de Estados Unidos, según reveló WikiLeaks.

A Brito, obvio, se suma el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto.

Pero aquella tarde, la Presidenta dio alusiones claras de sumar a esos titulares a Sebastián Eskenazi, que tras salir de YPF apostó a Massa.

Por lo visto, ni la Presidenta ni Eskenazi —⁠pese a su perfil⁠— estaban dispuestos a olvidar, mucho menos a perdonar. O como recuerda Diego Genoud en su libro Massa, «tras haber elevado el tono de voz incluso frente a la viuda de Néstor Kirchner, el exsocio de Repsol entendió que de nada vale andar a los gritos desafiando a políticos de peso»; y por eso, había pasado a jugar para Massa y le servía de anfitrión para reuniones con, por ejemplo, Hugo Moyano.

¿A los gritos? ¿Con la Presidenta?

Eso parece que ocurrió, en efecto, el 27 de diciembre de 2011, cuando Sebastián Eskenazi todavía era el jefe en YPF, aunque ese día comenzó a sellar su final dentro de la petrolera.

Eskenazi pretendió retrucarle a la Presidenta sus números sobre dividendos, compromisos, y reservas de gas y combustibles, y en definitiva, el futuro de los españoles en Buenos Aires, según contaron desde el Grupo Petersen a este autor.

—Tus ministros te están mintiendo —se envalentonó Sebastián.

—¿Ah, sí? Hagamos un careo —le planteó la Presidenta.

—Yo no me someto a ningún careo. Si no estás de acuerdo con la forma en que trabajamos, nos vamos.

—No es cuestión de que se vayan. Es cuestión de que hagan lo que yo te digo —⁠le clarificó la jefa de Estado, que dicen que chocó con una respuesta que no acostumbra escuchar.

—Yo no soy uno de tus ministros para que me des órdenes.

Lejos de sentirse victorioso, Eskenazi se marchó de la reunión consciente de que había jugado al borde del off side. Se sentía orgulloso de su reacción, pero su rostro estaba lívido. Más aún cuando relató lo ocurrido a sus colaboradores y las reacciones que cosechó le confirmaron que con sus palabras había quemado todos los puentes con la Rosada.

Y así fue.

Eso sí, con los Eskenazi ya fuera de YPF y con Galuccio al mando de la botonera de la compañía, «el Mago» muestra el mismo celo para defender la confidencialidad de las cláusulas que firmó con Chevron, que él exhibe para resguardar los datos sobre cuánto cobra hoy en YPF. Se niega a revelar la cifra, aun cuando se sabe que en su anterior empleo en la petrolera francesa Schlumberger con sede en Londres, donde residió 5 años, superaba los US$ 850 000 al año, acorde con los estándares de la primera línea petrolera mundial.

De hecho, también se niega a presentar su declaración jurada patrimonial, a pesar de los reclamos de la Oficina Anticorrupción y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), mientras que en los registros del Reino Unido Galuccio figura como ciudadano inglés. Pero la procuradora del Tesoro, la kirchnerista Angelina Abbona, interpretó que lo alcanza una excepción al control público.

De los documentos oficiales de YPF, por lo pronto, surge muy poco. Apenas que durante 2014 se destinaron $ 101,56 millones para los salarios de su núcleo ejecutivo, liderado por Galuccio y que también integraban Daniel González (Finanzas), Carlos Alfonsi (Refinación y Comercialización), Doris Capurro (Asuntos Públicos) y hombres cercanos a Kicillof, como Rodrigo Cuesta (Asuntos Legales) y Nicolás Arceo (Administración), entre otros.

Piñata para la soberanía energética.

¿Qué podría surgir de esa declaración jurada patrimonial de Galuccio? Entre otros puntos, que sus años lejos de la Argentina fueron provechosos, que «el Mago» apostó por el mercado inmobiliario británico y que en 2007 abrió una sociedad en un paraíso fiscal: 4M International Investment Limited, registrada en Islas Vírgenes.

La apertura de esa sociedad quedó a cargo de expertos. Contrató a Portcullis TrustNet Limited, un estudio que se dedica a administrar ese tipo de firmas, con una sede en ese archipiélago del Caribe que cuenta con más sociedades que habitantes. El destino que Galuccio eligió acumula el 40 % de las firmas offshore del mundo, según un informe del Banco Mundial de 2010.

Consultados, desde YPF confirmaron la existencia de la sociedad: «La armó como un fondo de pensión para sus hijos, ya que él viajaba bastante a lugares peligrosos por su actividad como empresario». Y uno de los voceros añadió: «Según la legislación británica, como él trabajaba afuera del Reino Unido más del 60 % de su tiempo anual, podía derivar hasta el 30 % de sus ingresos a esa cuenta con un tratamiento tributario más beneficioso».

Galuccio es también uno de los 200 inversores en el fondo Waverton Property Limited, que se dedica a reformar propiedades antiguas en Birmingham, amparada por un incentivo fiscal. La utilización de una ley de exenciones impositivas aprobada por el gobierno británico despertó polémicas en los medios ingleses en torno a ese fondo por sus movimientos financieros. «La sociedad de las celebridades» llegó a invertir 145 millones de libras esterlinas —⁠cerca de US$ 228 millones⁠—, según un informe elaborado por The Daily Telegraph.

Pero si «el Mago» protege con dedicación sus propios números e impulsa planes para la «soberanía energética», un empresario local se expandió aún más a la sombre de la YPF «recuperada».

Se trata de Cristóbal López, que logró que su petrolera Oil M&S y su compañía de remediación ambiental, Serma SA, se expandieran con la gestión de Galuccio más que con los Eskenazi.

Solo en la cuenca neuquina, Serma SA tiene convenios en 14 yacimientos. Y Oil M&S acumula contratos para servicios de transporte, operación de pozos y tratamiento de residuos[26].

Z / Zannini

Aún a bordo de su legendario «fitito» amarillo, Carlos Zannini siempre fue un agujero negro. Es el funcionario de mayor confianza de la Presidenta, su operador dilecto, el «controlador de daños» y, durante las últimas tres campañas electorales, se encargó del corte y confección de las listas partidarias. Pero poco, casi nada, se sabe sobre él.

Zannini es, también, uno de los funcionarios K más sólidos. Y uno de los más temidos y resistidos por gobernadores, intendentes y hasta excompañeros en el Gobierno, que lo definen como un «aspirante a Rasputín» o hasta como un «López Rega de izquierda». Pero aun así, tras doce años en uno de los despachos más sensibles de la Casa Rosada y como flamante candidato a la Vicepresidencia, asumió un nuevo rol: ser el «custodio K» en un eventual gobierno de Daniel Scioli.

Se sabe que es el arquitecto y cerebro jurídico de la Casa Rosada: estuvo detrás de la estatización de las AFJP, de la Ley de Medios, de la puja por las reservas del Banco Central, de la reforma electoral, de Fútbol Para Todos, de la anunciada «democratización de la Justicia» y de la reformulación de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) en la nueva Agencia (AFI), entre otros hitos del kirchnerismo.

Pero poco se sabe sobre sus orígenes humildes en Córdoba, cuando recitaba versos a su madre en la escuela. O de su prisión desde los tiempos de Isabelita y la dictadura.

Tampoco se sabe demasiado sobre cómo fue su primer contacto con Néstor Kirchner. O de sus tejes y manejes en Santa Cruz para reformar el Poder Judicial —⁠cuando se encargó de desplazar al procurador provincial, Eduardo Sosa⁠—, para repartir los escaños en la Legislatura y hasta para reformular la Constitución provincial. O de sus dotes como goleador o «pichichi» en los picados de la Quinta de Olivos.

Menos se sabe aún sobre cómo es su relación con la ex SIDE y el jefe del Ejército —⁠y de la inteligencia paralela⁠— hasta junio de 2015, el general César Milani. O de su mano detrás de la Ley Antiterrorista, de la estatización de YPF, o del Tratado con Irán. O sobre cómo se lleva con su número dos en la Secretaría Legal y Técnica, Carlos Liuzzi, quien parece su antítesis: multiplicó 38 veces su patrimonio, llenó con familiares su área de influencia y protagonizó un escándalo junto con el polémico juez federal Norberto Oyarbide.

Porque a Zannini nunca se lo acusó de enriquecimiento ilícito, pero sí por ayudar a los «amigos del campeón» y como el cerebro detrás de las reformas que debilitaron los organismos de control, montaron un nuevo sistema al gusto kirchnerista y permitieron —⁠¿alentaron?⁠— que otros avanzaran sobre la piñata.

Que tan poco se conozca sobre Zannini es mérito exclusivo suyo y su familia. Su hermetismo es su baluarte. A tal punto que, cuando Scioli lo oficializó como su compañero de fórmula, el anuncio repercutió en todos los medios, hablaron políticos oficialistas y opositores, pero él mantuvo su boca cerrada todo ese día. Que otros gastaran saliva.

Tal es su hermetismo que funcionarios que trabajaron codo a codo con él durante años, 12 horas por día, se enteraron de un accidente que había sufrido uno de sus cuatro hijos por la prensa antes que por él. Ni saben que tiene claro que «no hay presidentes populares tras dos mandatos», realismo que no quita que sea, desde la muerte de Kirchner, el interlocutor de mayor confianza de Cristina Fernández, con quien almuerza y cena, muchas veces a solas, en la Quinta de Olivos.

Con los Kirchner, Zannini conformó lo que se considera la tríada del poder santacruceño. Con él se llevaba entre aceptablemente y bien; pero con ella siempre fue mejor. Allá en Río Gallegos fue funcionario de la intendencia, luego ministro de Gobierno, diputado provincial, jefe de bancada y, por último, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Y con ellos vino a Buenos Aires para el desembarco patagónico.

Eso no alteró, sin embargo, su apego al bajo perfil. Nadie sabe dónde vive —⁠se instaló en Las Cañitas, cerca del Hipódromo y al campo de polo⁠—, o que de vez en cuando se corre hasta una vinoteca de Avenida del Libertador para darse un gusto. O que le gusta tomarse un cafecito con su mujer, a solas y sin custodios, en el Solar de la Abadía. Y muchísimo menos que uno de sus hijos vivió en Minnesota y que de esa experiencia salió admirado del «espíritu independiente» de los norteamericanos.

Pocos saben, también, que la camioneta Toyota que apareció en la declaración jurada patrimonial que presentó en la Oficina Anticorrupción la compró en la concesionaria del «zar del juego» Cristóbal López, la única de esa marca en toda la Patagonia, por la que —⁠según cuenta «el Chino»⁠— le hizo «muy buen precio».

De hecho, tan silencioso es y tanto respeto o miedo inspira en quienes lo rodean que pocos saben si Zannini padece o no diabetes, como circula. Y nadie se anima a preguntarle.

Tercero de cuatro hijos de Francisco «Pepe» y Hortensia, Zannini nació en 1954 en Villa Nueva, la ciudad cordobesa pegada a Villa María que por entonces tenía poco más de 15 000 habitantes. Fue a la escuela primaria Bartolomé Mitre y a la secundaria en el ya desaparecido Instituto Pío Ceballos, bajo las órdenes de la férrea directora Nora Butano. De ahí, Zannini —⁠al que por entonces nadie apodaba «Chino», ni mucho menos «Ñoño», sino apenas Carlos o como mucho «Negro»⁠— se llevó dos activos: la fama de sabelotodo imbatible y un amigo.

«Era el pibe 10», resumió María del Carmen Domínguez cuando este autor comenzó a indagar sobre «el Chino» hace un par de años. Además de ser la esposa de un primo de Zannini, fue una de sus once compañeros de aula. «Era lo más. Era tan inteligente y tan sólido que les discutía a los profesores y hubo una vez que la profesora de Geografía, Alicia Torres, a la clase siguiente le admitió que tenía razón».

Zannini, cuentan, competía y ganaba en la legendaria «Justa del saber». Y casi cuatro décadas después y a miles de kilómetros de Villa Nueva, en Washington, Kirchner lo gastó por eso, café de por medio, cuando ya le pareció demasiado que Zannini le recitara fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Kirchner conocía la valía de su colaborador. «Quedate tranquilo que el decreto de Carlitos es perfecto», tranquilizó el Presidente a un intendente de Santa Fe cuando coparticiparon la soja. Pero también sabía de sus flaquezas, como su incapacidad o desprecio por consensuar. «Le dejo un tema a Carlos y me incendia la Argentina», solía bromear.

Además de noviar con una muchacha llamada Marta, «el Negro» le daba a la pelota en el Club Alem, como rememoró otro de sus primos, Rubén Zannini. «Pero le gustaba más los libros que otra cosa», aclaró, lo que coincide con el relato de sus contrincantes en Olivos.

De aquellos años en Villa Nueva salió con un amigo, Enrique Capdevila, quien 28 años después, en diciembre de 2010, llegó a jefe máximo de la Policía Federal, aunque renunció a los siete meses por diferencias con la ministra de Seguridad Nilda Garré. Pero de su infancia también emergió sin padre —⁠albañil de día, mozo de noche⁠—, por lo que su madre debió trabajar duro en distintas casas para sostener la propia. Eso lo marcó para siempre. «Soy hijo de una familia humilde, estudié en una escuela pública en mi Villa Nueva natal», contó durante un acto que lideró en Córdoba a mediados de 2010. «Conozco los padecimientos de los que menos tienen y por eso siempre milité en política. Para luchar contra la desigualdad social».

La inequidad fue «el» eje recurrente en las contadísimas veces que habló en público. Aparece en casi todos sus discursos. Y también en sus conversaciones privadas con, entre otros, los diplomáticos de Estados Unidos, como consta en los cables expuestos por WikiLeaks. El 7 de agosto de 2008, en plena crisis del Gobierno con el campo, les remarcó la importancia de «acelerar la redistribución del ingreso».

Con el diploma de perito mercantil en sus manos, Zannini se fue a la ciudad de Córdoba —⁠a una pensión cerca de la plaza Colón y luego a un departamento en el barrio Clínicas⁠— a estudiar en la Facultad de Derecho y a militar en Vanguardia Comunista, aunque allí comienza la primera gran confusión que lo rodea. Algunos, como el cordobés Bernardino Zaffrani —⁠luego directivo de la Asociación de Abogados de Río Gallegos⁠—, lo recuerdan dentro de la Tendencia Universitaria Popular Antiimperialista Combativa (Tupac); él lo desmintió más de una vez.

Aunque eso no quita que así se lo recuerden los gobernadores peronistas cada vez que pueden.

—¿Qué hacés, «Tupac»? —lo ha saludado más de un gobernador.

—¿Qué hacés, «peruca»? —es su habitual respuesta.

En todo caso, la vida universitaria no le resultó fácil. Trabajaba en un frigorífico desde la madrugada para luego ir a la Facultad, por lo que más de una vez cabeceó en clase por el agotamiento. Allí cosechó amigos varios —⁠Alicia Mercau, Irene Giusti y Jorge «el Negro» Chávez, entre ellos⁠— y un distanciamiento que perdura con José Manuel de la Sota, que militaba en la juventud de la ortodoxia peronista.

Lo irónico es que la memoria colectiva cree que Zannini y De la Sota fueron detenidos durante el mismo operativo, aunque el luego gobernador cayó en 1976 —⁠«me agarraron en un control camionero», recordó más de una vez⁠—, mientras que «el Chino» cayó en 1975, durante el gobierno de Isabelita.

Cayó durante una redada policial por la zona de Colón y General Paz de la capital cordobesa, tras superar un primer operativo o detención, en el que su amigo Chávez logró de algún modo que zafara.

El segundo y definitivo arresto ocurrió en la confitería El Molino, junto al luego secretario de Derechos Humanos en Córdoba, Raúl Sánchez. Fueron cuatro años tras las rejas. Primero en el Pabellón 6 de la cárcel cordobesa San Martín, y desde 1977 en la Unidad 9 de La Plata.

«Por defender el gobierno de (Ricardo) Obregón Cano (gobernador cordobés destituido en febrero de 1974 por un golpe de Estado policial) terminé preso y me torturaron», contaría en junio de 2015, en su primer discurso de campaña junto a Scioli. «En la primera noche después de la tortura, cuando comprobamos que estábamos solos, nos juramentamos que íbamos a trabajar para un mundo sin tortura».

Fueron años en los que padeció torturas físicas y psicológicas, como simulacros de fusilamiento, y sobrellevó largos tiempos incomunicado, aunque él prefiere no hablar mucho sobre todo eso. Con suerte soltó alguna vez que «muchas veces la tortura era una sesión de dos o tres personas a la vez», como para quebrar a quienes presenciaban el sufrimiento ajeno. O recordó con admiración durante otro acto a Miguel Ángel «el Chicato» Moze, que no llegó a contarla.

«Con Zannini compartimos un pabellón, en un momento durísimo», contó alguna vez Gerardo Ferreyra, socio de Electroingeniería, una de las empresas de mayor crecimiento durante la última década. «Fue en la época en que el general (Mario Benjamín) Menéndez fusilaba a presos políticos como nosotros. Los mataba en los traslados y en los simulacros de fuga», relató.

Ferreyra, sin embargo, sostuvo luego que malinterpretaron su frase sobre Zannini y el pabellón, y que eso bastó para que terminaran por pegotear a Electroingeniería con el kirchnerismo en general y con Zannini en particular. Aclaró que nunca compartió celda con «el Chino», que pasó apenas unos meses por la cárcel de Córdoba, al igual que otros miles de presos políticos más, antes de su traslado definitivo a La Plata.

Allí, en La Plata, la situación de Zannini no mejoró.

Al menos 1849 presos políticos pasaron por la U9. Entre ellos, Jorge Taiana, Carlos Kunkel y Alfredo Bravo. «Éramos muchos», resumió el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. «Había en total 16 pabellones», incluidos dos «de la muerte». Algo de lo que se encargaron torturadores como Ramón «el Manchado» Fernández.

La ficha de detenido de Zannini en La Plata fue la 159 032 y tiene el sello de «detenidos especiales». De ahí surge también que arribó a la Unidad el 28 de marzo de 1977, como preso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, según el decreto 2060/75, y que recuperó su libertad el 8 de abril de 1978. Desde entonces recuerda ese día como una fecha especial, como él mismo comentó a los periodistas que cubrieron un viaje a París de los Kirchner.

Ya libre, pero en plena dictadura, Zannini decidió igual retornar a la capital cordobesa y terminar sus estudios de Derecho. Luego sí volvió a Villa Nueva, conoció a Silvia, con la que luego tendría a sus dos primeros hijos, abrió un estudio jurídico y le dio de acá para allá a bordo de un Fiat 600, un «fitito» amarillo que aún recuerdan sus amigos.

Sin embargo, y por motivos que nunca explicitó, Zannini optó por no presentarse a declarar ante la Conadep con el retorno de la democracia, ni tampoco en los juicios contra los responsables de la Unidad 9 de La Plata. Capítulo cerrado para él.

Lo que sí hizo, tras la derrota electoral del Partido Justicialista en Villa Nueva, fue buscar otro rumbo para su vida. «Acá no hay nada más que hacer», afirmó. Y apoyado en el consejo de varios amigos, como Roberto Arizmendi —⁠con quien llegó a aparecer como extra en la película La Patagonia rebelde⁠—, enfiló durante el verano de 1984 hacia Santa Cruz, donde también estaba «el Negro» Chávez, que le dio una mano para entrar en la Fiscalía de Estado.

En la acotada Río Gallegos de 30 años atrás, se reencontró con otros compañeros de militancia cordobesa, como Angelina Abbona, también de Vanguardia Comunista, que con el ascenso de los Kirchner y Zannini asumió como asesora en la Municipalidad, como fiscal de Estado santacruceña y, por último, procuradora del Tesoro nacional.

Recién llegado a Gallegos, fue cuestión de tiempo para que conociera a Kirchner. «Militábamos juntos», rememoró Zannini, muchos años después. «Juntos era una manera muy torpe de decirlo —⁠aclaró⁠—. Él era jefe, aun en la primera unidad básica, en el Ateneo donde él estaba».

De aquellos tiempos vienen algunas relaciones del cordobés, como el chofer de Kirchner, Rudy Ulloa, y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray. Con ellos despuntó sus primeros pasos en la unidad básica «Los Muchachos Peronistas», mientras que ejercía —⁠brevemente⁠— su profesión. Sus escritos, dicen los memoriosos, eran superiores, más sólidos —⁠y hasta «novelados»⁠— que los de la media tribunalicia.

Su vida privada, sin embargo, afrontó otro cimbronazo. Tras los nacimientos de sus hijos María Paula y Franco, su esposa Silvia falleció. Fue un mazazo del que solo con el paso del tiempo logró en parte restablecerse, al conocer a Patricia Margarita Alsúa, la hija de una docente muy querida en Gallegos y de «Tito», ministro de Gobierno y con control de la policía provincial durante la dictadura. Con ella tuvo a sus otros dos hijos, Carlos Justo y Francisco, y con el desembarco en Buenos Aires Patricia se convirtió en la segunda de la Casa de Santa Cruz, aunque ahora figura dentro del Poder Judicial santacruceño.

Su vida profesional también se encarriló junto a Kirchner. Primero como su asesor en la Caja de Previsión Social, cuyas posibilidades de trampolín político exprimieron a fondo —⁠como décadas después lo hizo Sergio Massa desde la Anses⁠—, luego en la Intendencia y después en la Gobernación, aunque sería incorrecto decir que nunca más se separaron.

Hay quienes recuerdan un distanciamiento con Kirchner —⁠que la mayoría desmiente⁠—, cuando Zannini habría animado a otros a competir contra «Lupín», a los que les fue mal, y que solo con el tiempo «el Chino» retornó al redil para entonces sí tornarse inseparable.

De aquellos tiempos vienen sus diferencias con Sergio Acevedo y con «Cacho» Vázquez, el gran amigo de Kirchner, que a su vez solía apodarlo «Chino» por sus posiciones políticas extremas. Y también su vínculo con Héctor Icazuriaga, otro diputado que ingresó, como él, a la Legislatura santacruceña en 1995, pasó a ser vicegobernador en 2003 y a fines de ese mismo año fue jefe de la ex Side, hasta fines de 2014.

El peor mote, «Ñoño», como el gordito del «Chavo del 8», lo recibió allí, en la Legislatura santacruceña. Se lo colgó el diputado provincial frepasista Antonio Kusanovic, quien en 2001 le pidió disculpas cuando Zannini se marchó de la Legislatura para asumir como ministro del Tribunal Superior de Justicia.

Fue una movida más que polémica, reconocen propios y extraños, que incluyó una denuncia formal del diputado opositor Roberto Giubetich porque, pese a llevar casi 20 años en la provincia, no contaba con 5 años de ejercicio profesional, como requería la ley, y críticas ácidas de Eugenio Raúl Zaffaroni, quien llegó a escribir un artículo —⁠«Un nazi en la Patagonia»⁠— muy duro sobre la remoción del procurador Sosa, aunque con los años terminaría como el ministro de la Corte Suprema más cercano a la Casa Rosada.

Ladrillos para otro sistema.

Otro diputado provincial, Ricardo Patterson, también cargó contra Zannini, al que le recriminó en el recinto que el oficialismo pretendía «quedarse con todo» y que mentía como un «caradura». El «Chino» lo encaró aparte, en un salón de la Legislatura: «Que sea la última vez que hacés una cosa así porque te voy a hacer mierda».

El kirchnerismo avanzó igual, como así también desoyó a la Corte Suprema en la disputa con el removido procurador Sosa, al que el máximo tribunal del país ordenó repetidas veces reponer en su cargo. Y fue Zannini, el mismo que desde la Legislatura promovió la reforma del Poder Judicial provincial con la ley 2404, quien dejó sin silla a Sosa, que ya como presidente del TSJ le respondió a la Corte que carecían de presupuesto para reponerlo.

Más ladrillos en el sistema K.

«Quien manejaba esto y le tenía que poner letra, argumentos, era Zannini», reconstruyó Sosa con el tiempo. «A mi modo de ver, ha demostrado ser una especie de Guillermo Moreno, pero con un poco de mejor calidad para escribir».

Zannini y Sosa se recelaban desde hacía años, desde los tiempos en que el primero como abogado y el segundo como juez se movían por los mismos pasillos de Tribunales. Pero el cisma llegó cuando Sosa denunció al «Chino» y a varios más por un polémico y multimillonario pago de honorarios a un estudio jurídico salteño, como parte de la negociación con el Estado nacional por las regalías petroleras que luego mutaron en los inhallables «Fondos de Santa Cruz».

Zannini fue, también, el ingeniero jurídico de las dos reformas constitucionales santacruceñas y del sistema electoral que le permitieron a Kirchner acumular mandatos como gobernador, una desproporcionada bancada legislativa y una «mayoría automática» en el TSJ. Sencillo: asumieron el propio «Chino», el entonces fiscal de Estado santacruceño Jorge Ballardini (apoderado del Partido Justicialista), y Patricia Ballester, esposa del entonces presidente del Consejo Provincial de Educación.

Fue entonces cuando, tras analizar todas esas reformas, Zaffaroni deploró lo que consideró un abuso de la democracia plebiscitaria, «a la manera del nazismo». No solo eso: llegó a viajar a Río Gallegos para presentar ante el Tribunal Superior de Justicia la demanda, en la que insistió con el paralelismo con «Hitler en la República de Weimar».

«El Chino» también era, por entonces, el que revisaba los pergaminos de cada aspirante a juez provincial. Es decir, lo mismo que haría luego desde la Casa Rosada. Pero algunos años después, Zaffaroni obviaría sus objeciones de antaño y compartiría cartel con «el Chino» dentro de un «consejo asesor». Fue en la Fundación Primero Argentina, que Rudy Ulloa montó en 2007 junto con el empresario Carlos Long, para que Kirchner contara con oficinas y equipos al terminar su mandato.

En los años santacruceños, sin embargo, cuando la llegada a Buenos Aires parecía una utopía, Zannini tomó el control del Tribunal Superior de Justicia, lugar del que solo se marchó cuando Carlos Menem se bajó del balotaje en 2003 y Kirchner llegó a la Rosada.

«Yo lo conocí a Zannini dos días antes de que asuma Néstor. Había ido a Río Gallegos y Néstor me dijo que tomara contacto con él», recordó años después Alberto Fernández, que de jefe de la campaña pasó a jefe de Gabinete, donde permaneció 5 años.

El cordobés asumió entonces como secretario Legal y Técnico de la Presidencia, pero antes levantó polvareda. Le alquiló su casa al entonces vicegobernador Hernán Martínez Crespo, que pese a tener una residencia oficial, se mudó a vivir allí y el alquiler se lo cubría el Estado, según reveló el periodista local Héctor Barabino.

En Buenos Aires, en tanto, Carlos «Cuto» Moreno se convirtió en su primer número dos en la Secretaría, donde protagonizaron ciertos momentos de tensión. «Digamos que Zannini tiene una personalidad importante y yo la mía también», resumió el luego diputado nacional, quien remarcó que de todos modos lograron convivir porque mantuvieron «divididos los roles».

Pero si con el «Cuto» tuvo sus chisporroteos —⁠Zannini le endilgaba poca contracción al trabajo específico de la Secretaría y una excesiva pasión por la rosca política⁠—, no le fue mucho mejor con quien vino a reemplazarlo, Carlos Liuzzi, quien llegó a la función pública en 2003 con un patrimonio declarado de apenas $ 189 339, y que para 2012 ya superaba los $ 7,2 millones. Y eso, si no se toma en cuenta que solo el valor real de las 174 hectáreas que compró en Mendoza superan los US$ 10 millones, según el diario Perfil, aunque Liuzzi aclaró que esas tierras no llegan ni por asomo a ese precio.

Así, mientras Zannini es uno de los funcionarios con patrimonio declarado más bajo —⁠rondaba los $ 794 000 en 2014⁠—, Liuzzi se erigió como uno de los más ricos de la Rosada, con residencia en Puerto Madero y familia en el country Los Lagartos; pareja, hijo, hermana y exesposa cobrando sueldos del Ejecutivo —⁠en total, 22 familiares, allegados y amigos⁠—, y girando más de $ 30 millones en un año a una consultora, Adconsa, cuyos rostros visibles fueron empleados suyos.

¿Piñata societaria?

Liuzzi salió al cruce de la prensa y de la Justicia, que reabrió una pesquisa por supuesto enriquecimiento ilícito. Afirmó que su patrimonio en 2003 era del doble, que el campo de 150 hectáreas era «absolutamente improductivo» y lo compró antes de asumir como subsecretario, que no era dueño «ni siquiera de un automóvil», y que los medios informaban con «mala intención» y «en forma errónea y maliciosa».

Pero Liuzzi arrastró a Zannini a la tapa de los diarios, algo que «el Chino» detesta, a raíz de una confesión inesperada. Fue el 12 de marzo de 2014, cuando el juez Oyarbide sorprendió a todos: informó que había frenado un allanamiento a una financiera ignota, Propyme, tras recibir un llamado del número dos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia.

Todo fue confuso: el dueño de esa financiera, Guillermo Greppi, afirmó que los policías que lideraron el allanamiento le pidieron una coima de $ 2,5 millones para Oyarbide y su secretario Carlos Leiva, y que él llamó a su amigo de 30 años, Liuzzi, para pedirle consejo.

Conectores.

Los policías, sin embargo, dijeron que Greppi los chapeó con que era «socio» de Zannini y del líder de la CGT, Hugo Moyano.

Y Liuzzi admitió que llamó a Oyarbide.

Por las dudas, y para salvar su propio pellejo, el juez del moñito decidió entonces apartar a Leiva por ese presunto pedido de coima.

Propyme era una financiera conocida en el ambiente de la City, aunque se ignoraba que descontara cheques, por ejemplo, de las Madres de Plaza de Mayo por sí misma (por un monto bajo: $ 221 600) y sus empleados (a través de dos firmas más, por $ 78,8 millones).

El jefe del operativo policial, Fabio Ascona, también optó por resguardarse al dar su versión ante la Justicia. Relató que Greppi entró a los gritos en la financiera en pleno allanamiento, cerca de las 16.30. «Ustedes no saben quién soy yo. Yo la tengo más larga que cualquiera. No saben con quién se metieron. Si a mí me pasa algo, ustedes se van conmigo», se ufanó Greppi, según el policía.

Ya en su oficina, Greppi recibió una llamada en su celular mientras se hamacaba en su sillón. «Sacame a estos tipos de acá, cuando ustedes necesitan algo de mí yo siempre estoy», declaró que le reclamó Greppi a su interlocutor, mientras insultaba. Y que entonces se le acercó a un sargento que participó en el operativo, César Ceballos, y le mostró la pantalla de su Blackberry. Mostraba la palabra «Zannini» en letras grandes y azules. «¿Querés hablar con mi amigo?», lo desafió a Ceballos, pero el policía se negó.

Greppi replicó que todo eso era mentira. Que jamás habló con el cordobés. «Pueden decir lo que quieran para defenderse, tirarme con un misil Exocet, pero yo no vi en toda mi vida a Zannini. Te invito a que pidan las llamadas de mi Movistar. Es imposible que Zannini me llame, si no debe hablar ni con la madre».

En cualquier caso, el oficialismo logró limpiar el enchastre. El juez que debía investigar a Liuzzi y a Oyarbide por esos llamados, Luis Rodríguez —⁠de gran relación con la ex SIDE⁠—, los sobreseyó en mayo de 2015. Y el fiscal Ramiro González imitó a sus pares Eduardo Taiano y Guillermo Noailles en la causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner, y tampoco apeló la resolución.

Como saldo, sin embargo, Zannini protagonizó uno de los contados cortocircuitos más o menos públicos que se conocen con la Presidenta, quien bajó hasta el despacho del «Chino» en la planta baja de la Rosada, pasando el Patio de las Palmeras, para recriminarle el desbarajuste. Pero rechazó la renuncia que le presentó Liuzzi para no debilitar aún más a Zannini «ante los medios», que comenzaron a exponer los vínculos que conectaban a Greppi con Leonardo Fariña, Federico Elaskar, y a los empleados de su financiera con Madres de Plaza de Mayo, con Ciccone Calcográfica y hasta con «la mafia de los medicamentos».

El terremoto pasó y Zannini volvió al bajo perfil. Continuó acumulando poder e información, mientras escucha música clásica —⁠Brahms, entre sus preferidos⁠—. Porque le gusta y porque, desconfiado, le permite rehuir de los micrófonos que no descarta que lo rodeen.

Espiar sus conversaciones tendría, hay que reconocer, su valor en términos de inteligencia. Supo antes que todos sobre la cancelación de la deuda con el FMI, la estatización de las AFJP, el Fútbol Para Todos o la nueva Ley de Medios, mientras quedaba además como cabeza formal de la línea «Compromiso K» que fundó junto en 2005 con Rudy Ulloa.

Tener acceso directo a Kirchner, con quien llegó a trabajar 16 horas diarias, también le hizo ver sus falencias más humanas. «Se cree súperman», alertó Zannini ante su internación por gastritis sangrante en 2004.

Su observación resultó profética, como se verificaría seis años después, pero no conllevó una corrección del rumbo. Por el contrario, el estrés del día a día era demoledor, según contó Zannini a diplomáticos norteamericanos, quienes lo volcaron en un cable de marzo de 2006 que enviaron a Washington y salió a la luz con WikiLeaks: «El Presidente y yo nos levantamos cada mañana, vemos los periódicos del día y tratamos de buscar una forma de sobrevivir al día».

Por entonces, Zannini se movía a menudo en tándem con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para contrapesar la influencia de Julio De Vido —⁠aun cuando sus esposas, Patricia Alsúa y «Lali» Minnicelli, son primas⁠— y otros laderos a los que ambos veían con desagrado.

De hecho, Zannini rechaza las formas y las prácticas de De Vido y los muchachos que conforman su equipo, y trazó un mejor vínculo con Florencio Randazzo, al que de todos modos alentó en sus sueños presidenciales para luego despertarlo con su propia candidatura por televisión.

Acaso por eso, y porque se conocen desde hace años, De Vido lo corre con que se cree superior a todos, más allá del bien y del mal, pero que eso es pura fachada. «Ese que no hable porque es uno de los socios de Electroingeniería», ha deslizado entre sus colaboradores, lo que tanto Zannini como en la empresa rechazan de manera furibunda.

En cualquier caso, la última vez que el tándem Alberto-«Chino» intentó influenciar sobre la cúspide del poder fue en la Quinta de Olivos, horas después del voto «no positivo» de Cobos.

Los Kirchner, según Alberto Fernández —algo que el periodista Horacio Verbitsky primero creyó y luego desmintió⁠—, querían renunciar y dejarle al vicepresidente lidiar con el desmadre institucional.

Alberto le pidió ayuda al «Chino», que se sumó a la reunión con la pareja presidencial para el almuerzo.

—Vos sabés, Carlos, que a mí me parece una locura pensar en irse del Gobierno —⁠terció el jefe de Gabinete.

—Sí, mirá, a mí también me parece una locura hacer una cosa así.

Néstor salió a cruzarlo como si jugara de líbero.

—Vos callate, boludo, que nadie te pidió opinión.

Y Zannini no habló más durante el resto del almuerzo.

Tiempo después, con Alberto Fernández ya fuera del Gobierno y ante los diplomáticos norteamericanos, Zannini optó por ver el lado bueno del voto «no positivo» de Cobos.

Lejos de tildarlo de «traidor», como imponía la liturgia kirchnerista, definió lo ocurrido como «un avance en la calidad institucional» del país, más que como una «derrota deshonrosa» del Gobierno. «Debemos aprender a resolver nuestras diferencias en democracia», argumentó, acaso diciendo lo que calculaba que sus interlocutores querían escuchar e informarían al Departamento de Estado.

En público, por el contrario, Zannini se despachó a gusto contra Cobos y el resto de la oposición, a la que califica de «solo mediática», «edulcorada» e «histérica». Y, a su vez, suele denostar a algunos medios de comunicación como la «verdadera oposición». Así, uno de los funcionarios que más interactuó con él recuerda sus críticas acérrimas a los medios, a los que categoriza como «un mal de la modernidad».

Ya sin Kirchner, ni Alberto Fernández en la cocina del poder, Zannini se convirtió en el máximo colaborador, el de mayor confianza de la Presidenta, con quien todos destacan que siempre se llevó bien. Sus roles se expandieron de lo técnico y jurídico a lo político. Y de ahí su rol dominante, por ejemplo, en la confección de las listas electorales, cuando potenció a La Cámpora y despertó la furia de muchos, como la de la diputada nacional por el «radicalismo K» Silvia Vázquez, que a los gritos de «cagón» le reclamaba el día mismo del cierre de las listas de 2011.

O la forma en que le marcó la cancha, repetidas veces, al vicepresidente Amado Boudou cuando ejerció la Presidencia de forma interina. El marplatense debió ir hasta su despacho para firmar papeles, en vez de jugar como local. Como para dejarle claro que entre él («el Chino») y Máximo Kirchner estaba el verdadero número dos en la línea de sucesión, más allá de lo que indicara la Constitución.

Al igual que con De Vido, la relación entre Boudou y Zannini dista de ser la mejor. El cordobés recela de las formas y prácticas del Vicepresidente desde hace años, pero se exacerbó con el estallido del «caso Ciccone», en el que ocuparon veredas opuestas desde el inicio.

Zannini, junto al ministro de Justicia, Julio Alak; el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, y el titular de la Casa de Moneda, Ariel Rebello, entre otros, promovieron que el Estado tomara el control de la ex Ciccone Calcográfica a mediados de 2010, cuando la Justicia declaró la quiebra de la imprenta. Pero perdieron la pulseada.

«El Gobierno ya había tomado el control de Aerolíneas y una preocupación constante de Cristina era —⁠y así lo repetía abiertamente⁠— que fuera a caerse un avión durante la gestión estatal. Si (la tragedia de) Once causó lo que causó, imaginate qué pasaría con el Gobierno si se estrellara un avión. La Presidenta no quería más quilombos», indicó a este autor un alto funcionario que participó en las discusiones.

A ese temor de la Presidenta se sumó el interés de Kirchner por alentar el desembarco de un grupo privado argentino de inversores. «Siempre se les puede pedir una mano para la campaña; pueden aportar fondos o, en el caso de Ciccone, podían encargarse de la impresión de las boletas electorales», rememoró un excolaborador del santacruceño.

Lo que nunca imaginaron en la cúspide del poder es que el desembarco en la ex Ciccone se concretaría como se concretó, en contraste con el ingreso de Cristóbal López en el casino flotante de Puerto Madero. Los catalanes de la entonces empresa controlante, Cirsa, recuerdan cómo cada punto de la negociación se consultó por teléfono con Zannini. Es decir, el mismo que abogó para que dejaran desembarcar a López en Córdoba con sus tragamonedas, a cambio de financiar la campaña de Luis Juez.

Juez denunció ante la Justicia a principios de 2009 que, cuatro años antes, Zannini lo había llamado para que conversara con alguien al que calificó, no como un empresario del juego, sino como «un amigo personal, dilecto y estrecho del presidente Kirchner».

Al reunirse con López, Juez jura que el «zar del juego» le explicó que quería instalar sus tragamonedas en Córdoba y fue al punto: «López dio vuelta un papel, arrimó un lápiz y dijo: “Dame un número de cuenta de un banco en el extranjero y yo me hago cargo de tus próximas 10 campañas electorales”, y después agregó que lo hacía con varios intendentes y gobernadores».

López siempre negó cada una de esas palabras, como cuando aceptó dialogar por radio con Fernando Bravo y Alfredo Leuco. Dijo que era «una infamia» que le dolía. «Es una mentira que, la verdad, me duele. Yo podría decir que el señor Luis Juez me pidió plata, y estaría mintiendo como él».

—¿Carlos Zannini fue el organizador? —le preguntaron entonces.

—No, mire, la historia es así. Me vinieron a ver varias personas diciendo que el señor Luis Juez tenía un problema con el transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Córdoba y un día le dije al doctor Zannini: «Pasale el teléfono a este señor Juez, que cuando quiera que me llame». Me llamó, hicimos la reunión, hablamos de colectivos y, al final de la charla, le digo: «¿Qué pasa con el tema del juego en Córdoba? Sé que hay una disputa con De la Sota».

—Sí, eso ya lo contó. ¿Y por qué lo llamó a Zannini? No entiendo cuál es la relación de Zannini con el tema del transporte en Córdoba.

—Yo no tenía manera de contactarme con Luis Juez. Entonces, en esos días, leo en los diarios que hay una reunión entre Juez y Zannini y deduzco que se conocían. Entonces me cruzo con Zannini un día y le pregunto: «¿Lo conocés a Juez?». «Sí, lo conozco». Le digo: «Mirá, sé que me anda buscando, ¿por qué no le pasás el teléfono a ver qué quiere?». Esto fue todo. Y supongo que Zannini, un secretario o alguien le pasó mi teléfono. Juez me llamó a mí. Yo no tenía el teléfono de Juez.

O Juez miente como un cosaco o Juez aporta un testimonio superlativo sobre cómo interactúa el sistema con la Piñata.

Zannini descargó además su fastidio sobre «Lilita» Carrió, quien alentó a Juez a que contara su versión de los hechos ante la prensa y en la Justicia. «Esa mujer delinque y miente. Y ensucia la política», dijo «el Chino», en una de sus contadísimas declaraciones a la prensa. Fue a la agencia DYN en Costa do Sauipe, Brasil, durante un viaje presidencial. Pero cuando la prensa insistió, el cordobés volvió a su ostracismo habitual: «No me moleste más. Por favor. No quiero decir nada».

Del mismo modo, cuando durante la noche del domingo 14 de abril de 2013 estalló el escándalo por la «ruta del dinero K» con Lázaro Báez, el financista Federico Elaskar y el valijero Leonardo Fariña, en Periodismo Para Todos, el programa de televisión de Jorge Lanata, Zannini se encargó del «control de daños».

Elaskar & Fariña, conectores que boqueaban que no contaban el dinero de la Piñata: la pesaban.

A la mañana siguiente, el lunes 15, «el Chino» llegó a Fariña a través de Liuzzi, aunque una segunda versión fue que llegaron a través del dirigente radical Leopoldo Moreau. En cualquier caso, la orden que el marido de Karina Olga Jelinek recibió de parte de Zannini fue desdecirse y embarrar la cancha. Y por eso terminó en Intrusos, en el canal América.

Así fue.

«Lanata quería ficción, yo le di ficción. Todo lo que yo dije, desde cómo se lava el dinero y cómo venía, toda esa ficción que le di a él, está acá, ya lo dijeron los periodistas», lanzó Fariña, mientras Jelinek lo abandonaba a él, y otra vedette, Ileana Calabró, lo echaba a su marido, actor secundario en la trama, Fabián Rossi.

Y un dato al pie: por entonces Fariña arrastraba una extraña causa en la Justicia penal platense, a partir de una denuncia de un sujeto inhallable. ¿Quién se presentó en la Fiscalía para interesarse por esa denuncia? El abogado Fernando Burlando, el mismo que defendería al líder de Quebracho, Fernando Esteche, tras la denuncia de Nisman.

Elaskar —con quiebra decretada en junio de 2015⁠— optó por otra senda, menos expuesta, pero de la mano de un penalista muy conocido en Tribunales: José Manuel Ubeira, a la sazón funcionario nacional. Era jefe de asesores del directorio de Parques Nacionales, además de abogado del excomisario, Juan José Ribelli, uno de los acusados por el atentado de la AMIA y en la denominada «Masacre de Wilde». También, defensor del serbio Dejan Trisc, procesado por el contrabando fallido de 171 kilos de cocaína a Europa en botellas de vino, lo que pasó a conocerse como «Viñas Blancas».

Puertas adentro de la Casa Rosada, esas gestiones le sirvieron a Zannini para sumar puntos y argumentos, gracias a un poder que emana de su cercanía con la Presidenta —⁠«Tengo que preguntarle a la Señora» es su frase recurrente⁠— y con Máximo Kirchner.

Durante estos años, sin embargo, Zannini cosechó múltiples críticas y reclamos por su labor; algunas en voz alta, como las de Hugo Moyano, la mayoría susurradas a sus espaldas. Como cuando sondeó negociar una adecuación del Grupo Clarín a la nueva Ley de Medios a través del misterioso inversionista mexicano David Martínez.

Al final, fue José Luis Manzano quien le fue a la Presidenta con el cuento de que la desinversión barajada podía ser fraudulenta y, por tanto, impugnable. En la Quinta de Olivos, «Chupete» le avisó a Cristina que la operación podía resultar apenas una simulación de los accionistas de Clarín para apaciguar las aguas.

Manzano, un conector esencial del último cuarto de siglo.

Por si fuera poco, Zannini también cosechó ironías, como cuando, tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, defendió ante el Congreso el proyecto oficialista para disolver la ex SIDE y crear la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

«Nos han construido una leyenda de carpetas y carpetazos, pero todo el sistema político está temiendo esto», se sinceró. La diputada nacional por el PRO, Laura Alonso, le retrucó por Twitter: «¿Zannini, con postdoctorado en carpetazo, se victimiza? Me muero».

Zannini se mueve mejor entre bambalinas, como operador o, si se prefiere, como gerente general de la Presidenta. Como cuando en febrero de 2015 supervisó la negociación para sellar una tregua con los jueces federales de Comodoro Py. La protagonizaron el secretario de Justicia Julián Álvarez y otros funcionarios y operadores. Entre ellos, el nuevo número dos de la ex SIDE, Juan Martín Mena, y un estrecho colaborador de De Vido, José María Olazagasti.

Más conectores.

Todo un cambio para Zannini, que pasó de revisar los pliegos de los candidatos a jueces a negociar con ellos. «Él no hablaba con los jueces durante el mandato de Néstor», aclaró Alberto Fernández. Y acaso ahora tampoco lo haga de manera directa. Porque para eso están los emisarios.

Sin embargo, el proyecto máximo que involucró a Zannini, la reelección indefinida de la Presidenta, quedó trunco. No pudo ser, al igual que la designación de nuevos ministros en la Corte Suprema, con Roberto Carlés, de 33 años y supuestos —⁠pero nunca probados⁠— vínculos con el papa Francisco, como punta de lanza.

¿Acaso el verdadero plan era nombrar en la Corte al propio «Chino», como en Santa Cruz? En cualquier caso, la derrota frente a Massa en 2013 lo impidió. O, en rigor, obligó a reformular los planes y a ubicar a Zannini junto a Scioli en la boleta electoral para erigirse en el garante de la «continuidad del modelo».

¿A qué emisora porteña concedió su primera entrevista como candidato a vice —⁠y la única desde que llegó a Buenos Aires⁠—? A Radio Del Plata, de Electroingeniería.

Porque, lejos de bajar los brazos, el kirchnerismo comenzó a trazar sus planes para 2019, con escala apenas intermedia en 2015 y 2017.

Solo se trata de reciclar la definición de un viejo conocido cordobés, Zaffrani, que de Néstor se extiende a Cristina, pero siempre con «el Chino» como vértice: «Lupín era la tripa, el que quería llegar; Zannini era la cabeza, el que piensa, el que le decía cómo».

Un arquitecto del sistema[27].

Epílogo

«¿Sabe qué? Lo banco a muerte y me encantan sus investigaciones. Pero ya no lo leo más, ¿eh?». La frase, con pequeñas variaciones, la he escuchado infinidad de veces. «Es que lo leo y me agarro una amargura… ¿Para qué? Si total, nada va a cambiar», es el remate usual.

Disiento con esa visión. Algo sí puede cambiar. Y para eso es vital contar con información. Si el sistema es como un paciente enfermo, el primer paso es saber qué padece para luego encarar los posibles remedios o paliativos.

Este libro, por tanto, buscó ofrecer un atisbo sobre lo que subyace por debajo de los casos particulares.

Buscó apuntar a los conectores, al sistema, al elefante, a la piñata.

Pero por eso también miro hacia delante.

Porque si con el próximo gobierno —da igual cuál⁠— solo cambian los nombres pero repetimos los esquemas, las prácticas y los vicios, tropezaremos con las mismas piedras, y hasta con varios de los mismos «conectores».

Y es muy muy probable que con el próximo gobierno —⁠y, otra vez, no importa cuál⁠— se mantenga el sistema vigente y presenciemos un nuevo capítulo de la piñata.

Por eso, algo debe cambiar, para lo cual no se requieren líderes mesiánicos ni reformas exóticas.

Para comenzar, podríamos impulsar algunas medidas correctivas. Como, por ejemplo, fortalecer los organismos de control ya existentes, potenciar a sus investigadores y reducir la influencia político-gubernamental de turno que lleva a proteger a algunos y a perseguir a otros.

Entre esas instituciones figuran la Auditoría General de la Nación (AGN), la Sindicatura General (Sigen), la Oficina Anticorrupción (OA), la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), la Procuración General, la Procuraduría antilavado (Procelac), la Unidad de Información Financiera (UIF), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema y los entes reguladores, entre tantos otros.

¿Alcanzaría con eso?

No, pero sería un estupendo comienzo.

Toda una señal para la sociedad.

Por supuesto que podrían sumarse otras reformas, como una ley de acceso a la información pública, un replanteo del financiamiento de las campañas electorales, una ley de ética pública más potente, imponer incompatibilidades más severas y, acaso, una reformulación de la figura penal del arrepentido.

¿Es posible darles a los fiscales argentinos la facultad de negociar la reducción de las penas con los acusados a cambio de información, indicios, pruebas y testimonios sobre los peces más grandes?

¿Es riesgoso? Por supuesto.

Pero con los controles debidos y la supervisión posterior de un juez esa herramienta puede aportar una llave para romper con la impunidad.

Cada año en Estados Unidos cerca de 18 000 personas afrontan acusaciones por delitos federales, de las que más del 90 % terminan condenadas. Y de ese porcentaje, el 95 % se registra tras una negociación con los fiscales y una admisión de culpabilidad a cambio de una reducción de la condena, según los datos de la Oficina de Estadísticas Judiciales del Departamento de Justicia.

Más simple: 18 000 acusados cada año, de los que 16 200 terminan condenados, de los que 15 390 admiten su responsabilidad penal tras una negociación con los fiscales, mientras que los restantes 810 condenados optan por ir a juicio y les va peor, y apenas 1800 son declarados inocentes o se caen los cargos en su contra.

¿Qué ocurriría si, por ejemplo, un operador o un «conector» se sintiera acorralado por una investigación judicial y contara con la posibilidad de salir indemne si aportara información sobre los grandes jugadores? ¿Hablaría? Quizá no, pero las probabilidades de avanzar sobre el siguiente eslabón de responsabilidad podrían aumentar siquiera un poco.

Exsubsecretaria para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia durante el primer kirchnerismo, Marta Oyhanarte afrontó todo tipo de dificultades hasta que debió renunciar. Pero como le dijo a Carlos Gabetta para su libro La encrucijada argentina. República o país mafioso, hay que avanzar, hay que martillar, como la gota que horada la piedra.

«Me preguntás qué saqué de bueno en ese período. Poco, pero lo volvería a intentar», dijo Oyhanarte, «porque siempre algo queda, algo se avanza».

Porque el elefante puede al menos retroceder.

O podemos continuar con el actual sistema. Y padecer el avance de un elefante que en vez de rosado se camuflará de naranja o amarillo.

La Piñata.

Gracias

A Maia Jastreblansky e Iván Ruiz. Sin ustedes, este libro (y mucho de lo que publicamos durante estos años) no hubiera sido posible. ¡Gracias!

A Ricardo Brom, el cráneo detrás de tantísimos hallazgos. Junto a LN Data, un bastión indispensable. Gracias.

A Héctor D’Amico, Carlos Guyot, Claudio Jacquelin y Carlos Reymundo Roberts. Cada uno con su estilo, un referente. Gracias.

A Fernán y Julio Saguier. Por la confianza y el respaldo. Gracias.

A Jorge Fernández Díaz, «el Cuchillero», por esos mensajes providenciales. Gracias.

A mis editores durante estos años, que tanto hicieron para que mis textos sean legibles, y me guiaron por la senda. Jorge Rosales, Martín Rodríguez Yebra, Jorge Liotti, Francisco Seminario, Martín Dinatale, Mariano de Vedia. Gracias.

A tantos periodistas que bancaron cuando revelar ciertas irregularidades era predicar en un desierto (o peor): Nelson Castro, Marcelo Longobardi, Alfredo Leuco, Carlos Pagni, Joaquín Morales Solá, Jorge Lanata, Luis Majul, Pablo Rossi, María O’Donnell y varios más. Gracias.

A Horacio Verbitsky y Santiago O’Donnell. Gracias.

A Roberto Caballero, por la valía de su palabra cuando Lázaro Báez impulsó una medida cautelar para detener mis publicaciones. Gracias.

A mis compañeros de tantísimas aventuras, pacientes con mis pedidos insólitos: Mariela Arias, Hernán Cappiello, Paz Rodríguez Niell, Santiago Dapelo, Francisco Jueguen, Florencia Donovan, Francisco Olivera, Diego Cabot, Gabriel di Nicola, Martín Kanenguiser, Javier Blanco. Gracias.

A los colegas de otros medios, por la competencia digna mezclada con amistad: Nicolás Wiñazki, Emilia Delfino, Romina Manguel, Gerardo Young, Omar Lavieri, Nicolás Pizzi, Irina Hauser. Gracias.

A tantos colegas de medios oficialistas y paraoficialistas que más de una vez cargaron mis baterías, me aportaron información o, incluso, me protegieron. No los nombro para no causarles un dolor de cabeza. Gracias.

A Marita Grillo y Fernando Ruiz. Por ser mucho más que profesores. Son maestros. Gracias.

A los lectores, que con las nuevas tecnologías se convirtieron en parte del equipo de investigación. Incluso por los insultos, gracias.

A las fuentes. Miles a lo largo de todos estos años. Por su confianza, por asumir riesgos. Por no callar. Gracias.

A tantos políticos dignos, probos y laboriosos. Gracias.

A muchos funcionarios, que se negaron a caer en la misma bolsa que los piratas, aportaron información (y documentos) y aceptaron reuniones extrañas en lugares insólitos a horas desubicadas. Gracias.

Al ex Presidente, por aquella inolvidable charla en Nueva York. Y por marcarles la cancha a los mastines. Gracias.

A la Presidenta, que al menos una vez, ya viuda, rescató y defendió mi labor en la Quinta de Olivos. Gracias.

A Nacho Iraola y Paula Pérez Alonso, en Editorial Planeta. Por lo visto, mis «no» les sigue sonando como un «sí». Gracias.

A Mónica Herrero, mi agente. Lo tuyo es excelente. Gracias.

A mis amigos, los «displicentes», los «cenadores», los «robinson», «Brus», Gero, «Pingu» y tantísimos más, que me miman, me fajan, me ubican, me desubican, me corrigen, me desconectan, me enchufan, me enseñan, me alientan y tanto más. Gracias.

A mis padres y hermanos, a mi familia grande. Por ser, gracias.

A mi esposa y a mis tres hijos, gracias a ustedes hago lo que amo. Y por ustedes escribo esto. ¡GRACIAS!

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Hugo Alconada Mon (La Plata, 15 de junio de 1974) es un abogado, autor y periodista de investigación argentino multipremiado por su labor.​ Es prosecretario de Redacción en La Nación. Alconada Mon es abogado graduado en la Universidad Nacional de La Plata. Tiene una Maestría en Artes Liberales de la Universidad de Navarra. Es Profesor visitante en la Universidad Austral, en la Universidad de Misuri y en la Universidad de Columbia. Además, es Becario de la Universidad Stanford y Eisenhower Fellowships.

​Trabajó en el diario El Día y, desde 2002, en La Nación. Ayudó a fundar una red de reporteros de investigación latinoamericanos (REPI) y expuso a la empresa Odebrecht, que obtuvo contratos y un trato favorable en varios países.​ Conduce un programa televisivo en LN+, con entrevistas a emprendedores, bajo el título de 99 por ciento.

Notas

[1] Ver también: J / Jaime, D / De Vido, K / Kirchner, N / Nisman, Ñ / Ñoquis, S / Skanska, Z / Zannini. <<

[2] Ver también: E / Echegaray, G / Gils Carbó, H / Hinchadas Unidas Argentinas, K / Kirchner, L / López, S / Skanska, U / Ulloa, V / Venezuela, W / Wilson, X / Xi, Y / YPF, Z / Zannini. <<

[3] Ver también: E / Echegaray, K / Kirchner, M / Madres, R / Relato, T / Triple Crimen, Z / Zannini. <<

[4] Ver también: A / Aerolíneas, G / Gils Carbó, I / Indec, K / Kirchner, J / Jaime, L / López, M / Madres, O / Oyarbide, S / Skanska, V / Venezuela, W / Wilson, X / Xi, Y / YPF, Z / Zannini. <<

[5] Ver también: B / Báez, C / Ciccone, K / Kirchner, Ñ / Ñoquis, S / Skanska, U / Ulloa, V / Venezuela, W / Wilson. <<

[6] Ver también: D / De Vido, I / Indec, K / Kirchner, M / Madres, O / Oyarbide. <<

[7] Ver también: A / Aerolíneas, B / Báez, D / De Vido, J / Jaime, K / Kirchner, M / Madres, N / Nisman, Ñ / Ñoquis, Q / Qom, R / Relato, S / Skanska, V / Venezuela, W / Wilson, X / Xi, Z / Zannini. <<

[8] Ver también: B / Báez, D / De Vido, I / Indec, K / Kirchner, L / López, O / Oyarbide, S / Skanska, U / Ulloa. <<

[9] Ver también: D / De Vido, F / Felisa, H / Hinchadas Unidas Argentinas, K / Kirchner, Ñ / Ñoquis. <<

[10] Ver también: A / Aerolíneas, D / De Vido, G / Gils Carbó, K / Kirchner, O / Oyarbide, R / Relato, U / Ulloa, X / Xi. <<

[11] Ver también todas las demás letras. <<

[12] Ver también: B / Báez, D / De Vido, E / Echegaray, H / Hinchadas Unidas Argentinas, K / Kirchner, U / Ulloa, Y / YPF, Z / Zannini. <<

[13] Ver también: C / Ciccone, D / De Vido, F / Felisa, G / Gils Carbó, N / Nisman, O / Oyarbide, Q / Qom, S / Skanska, W / Wilson, Z / Zannini. <<

[14] Ver también: G / Gils Carbó, J / Jaime, K / Kirchner, M / Madres, Ñ / Ñoquis, P / Picolotti, S / Skanska, T / Triple Crimen, V / Venezuela, Z / Zannini. <<

[15] Ver también: A / Aerolíneas, E / Echegaray, G / Gils Carbó, I / Indec, N / Nisman, P / Picolotti, Z / Zannini. <<

[16] Ver también: D / De Vido, F / Felisa, G / Gils Carbó, H / Hinchadas Unidas Argentinas, J / Jaime, K / Kirchner, M / Madres, S / Skanska, T / Triple Crimen, Z / Zannini. <<

[17] Ver también: K / Kirchner, N / Nisman, Ñ / Ñoquis, X / Xi. <<

[18] Ver también: C / Ciccone, G / Gils Carbó, K / Kirchner, M / Madres, N / Nisman, R / Relato. <<

[19] Ver también: C / López, G / Gils Carbó, J / Jaime, K / Kirchner, Q / Qom, U / Ulloa, Z / Zannini. <<

[20] Ver también: A / Aerolíneas, B / Báez, D / De Vido, G / Gils Carbó, E / Echegaray, H / Hinchadas Unidas Argentinas, K / Kirchner, M / Madres, N / Nisman, O / Oyarbide, T / Triple Crimen. <<

[21] Ver también: C / Ciccone, K / Kirchner, N / Nisman, O / Oyarbide, S / Skanska, W / Wilson. <<

[22] Ver también: B / Báez, E / Echegaray, H / Hinchadas Unidas Argentinas, J / Jaime, K / Kirchner, L / López, R / Relato, V / Venezuela, W / Wilson, Z / Zannini. <<

[23] Ver también: B / Báez, D / De Vido, K / Kirchner, N / Nisman, U / Ulloa, W / Wilson. <<

[24] Ver también: B / Báez, D / De Vido, E / Echegaray, G / Gils Carbó, K / Kirchner, N / Nisman, T / Triple Crimen, U / Ulloa, V / Venezuela. <<

[25] Ver también: B / Báez, D / De Vido, G / Gils Carbó, J / Jaime, K / Kirchner, P / Picolotti, Y / YPF. <<

[26] Ver también: B / Báez, D / De Vido, K / Kirchner, L / López, X / Xi. <<

[27] Ver también: A / Aerolíneas, B / Báez, C / Ciccone, D / De Vido, G / Gils Carbó, K / Kirchner, L / López, M / Madres, N / Nisman, Ñ / Ñoquis, O / Oyarbide, R / Relato, U / Ulloa. <<