La Guerra Civil es, sin duda, el hecho histórico más importante acaecido en España en el siglo XX y un conflicto cuyas consecuencias, de una forma u otra, llegan hasta la actualidad.

Sin embargo, pocas páginas han tratado la evolución política y social de la República durante la guerra, y ninguna con la claridad y el rigor documental de la obra de Helen Graham. El libro analiza la aportación clave de la sociedad civil y sus organizaciones políticas al frente bélico y demuestra que el factor determinante en la evolución de la República entre 1936 y 1939 fue la guerra misma en todas sus facetas. Este trabajo de ardua investigación y síntesis histórica está destinado a convertirse en un libro de referencia imprescindible tanto por la cantidad de información que maneja como por la calidad y profundidad del análisis. La profesora Graham ha escrito un libro brillante y arriesgado que rompe con las maniqueas e interesadas interpretaciones revisionistas de nuestra historia.

Helen Graham

La República española en guerra (1936-1939)

ePub r1.0

Titivillus 07.10.2020

Título original: The Spanish Republic at War

Helen Graham, 2006

Traducción: Sandra Souto

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

Para Herbert Rutledge Southworth

in memoriam, 1908-1999.

París, julio, tengo frío, mamá, tengo frío. Estaba llorando Rosell por Bonet, por Oviedo, por el frágil esqueleto del pajarillo de la Libertad, por sí mismo, y en la oscuridad crecía una bestia cúbica de mandíbula poderosa y labios despectivos sobre un fondo de marchas militares y gritos de rigor, rugidos invertebrados que expulsaban la música y la palabra.

MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN,

El pianista, Seix Barral, Barcelona,

1985, pp. 270-271.

Vosotros que surgiréis del marasmo

en el que nosotros nos hemos hundido,

cuando habléis de nuestras debilidades,

pensad también en los tiempos sombríos

de los que os habéis escapado

BERTOLT BRECHT,

«Ihr, die ihr anflauchen werdet»

(«A los hombres futuros»), en Poemas y canciones,

Alianza, Madrid, 1989, pp. 97-100, p. 99.

Agradecimientos

Agradecimientos

Este libro ha estado mucho tiempo en preparación y el volumen de mis deudas es proporcional al tiempo invertido en escribirlo. Sir Raymond Carr me ofreció un apoyo generoso. Enrique Moradiellos y Susana Botas me dieron una cálida bienvenida en Madrid, mientras que Montserrat Delgado me cobijó en su casa en Madrid más veces de lo que puedo recordar. Amigos y colegas historiadores —en Gran Bretaña y España, hispanistas o no— me ofrecieron sustento intelectual en una cantidad y variedad asombrosas. Por esto quiero expresar aquí mi agradecimiento a Michael Alpert, Julio Aróstegui, Richard Baxell, Jerry Blaney, Martin Blinkhorn, Kayvon Boyhan, Hilary Canavan, Jim Carmody, Julián Casanova, Andrew Dowling, Chris Ealham, Sheelagh Ellwood, Tim Fletcher, Jesús Garrido, María Jesús González Hernández, Liz Harvey, Gerald Howson, Joel Isaac, Angela Jackson, Christoph Jahr, Tim Kirk, John Maher, Ricardo Miralles, Enrique Moradiellos, Rudolf Muhs, Gerard Oram, Pilar Ortuño, Hilari Raguer, Tim Rees, Nick Rider, Francisco Romero, Ismael Saz, Angelo Smith, Sandra Souto, Dan Stone, Ángel Viñas y Mary Vincent. Santos Juliá y Borja de Riquer me dieron valiosas orientaciones archivísticas y me ayudaron a localizar referencias difíciles. Sir Geoffrey Cox, corresponsal del News Chronicle en Madrid entre octubre y diciembre de 1936, me proporcionó estímulo y aliento moral. Debo dar las gracias especialmente a Frank Schauff por compartir generosamente conmigo materiales importantes de su investigación en los archivos soviéticos. Estoy también muy agradecida por su ayuda al Cañada Blanch Centre for Contemporary Spanish Studies (London School of Economics), cuya biblioteca fue un recurso inestimable en la preparación final del manuscrito. Tony Kushner, Manuel Vázquez Montalbán (†) y Milton Wolff aceptaron amablemente que utilizase sus palabras en mis epígrafes. David Leach me ha permitido incluir su fotografía del monumento de la sierra de Pàndols. Quisiera dar las gracias también a mis editores, Cristóbal Pera y Manuel Fernández Cuesta. Francisco Romero realizó observaciones sobre varias versiones preliminares con su perspicacia habitual. He aprendido mucho sobre la Guerra Civil española de Ángela Cenarro, que también me ha brindado un valioso apoyo práctico. Paul Preston también ha estado siempre ahí para ayudar. Mi deuda con él se remonta a mucho tiempo atrás, por su constante apoyo y su extraordinaria generosidad como especialista durante los muchos años de nuestra amistad. Este libro está dedicado a Herbert Southworth (minero, bibliotecario, bibliófilo e historiador pionero de la Guerra Civil española), por su apasionada creencia en el poder transformador de la historia escrita con rigor metodológico y por el monumento a ella que nos ha dejado en su propia obra.

Abreviaturas

Abreviaturas

AMA: Agrupación de Mujeres Antifascistas

ANV: Acción Nacionalista Vasca

BOC: Bloc Obrer i Camperol

CADCI: Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria

CEDA: Confederación Española de Derechas Autónomas

CNT: Confederación Nacional del Trabajo

ERC: Esquerra Republicana de Catalunya

FAI: Federación Anarquista Ibérica

FETT: Federación Española de Trabajadores de la Tierra (UGT)

FOUS: Federación Obrera de Unidad Sindical (POUM)

GEPCI: Gremis i Entitats de Petits Comerciants i Industrials (UGT)

ICE: Izquierda Comunista de España

IR: Izquierda Republicana

JJLL: Juventudes Libertarias (Federación Ibérica de Juventudes Libertarias)

JSU: Juventudes Socialistas Unificadas

MAOC: Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (PCE)

NKVD: policía política soviética (Comisariado del Pueblo para los Asuntos Internos [Narodnyi Kommissariat Vnoutrennick Del])

ORGA: Organización Republicana Gallega Autónoma

OVRA: policía política de Mussolini

PCE: Partido Comunista de España

PNV: Partido Nacionalista Vasco

POUM: Partido Obrero de Unificación Marxista

PSOE: Partido Socialista Obrero Español

PSUC: Partido Socialista Unificado de Cataluña

SIM: Servicio de Investigación Militar (republicano)

STV: Solidaridad de Trabajadores Vascos

UGSOC: Unió General de Sindicats Obrers de Catalunya

UGT: Unión General de Trabajadores

UR: Unión Republicana

USC: Unió Socialista de Catalunya

Prólogo

Prólogo

Este libro trata sobre la Segunda República española durante la Guerra Civil de 1936-1939 y sobre las razones de su derrota. Sus argumentos centrales pueden sintetizarse en dos proposiciones clave. La primera es que las actuaciones y limitaciones de la izquierda española (republicanos, socialistas, comunistas y anarcosindicalistas) durante la guerra solo pueden entenderse en relación con sus experiencias y visiones del mundo anteriores a ella y dentro del contexto de una España en que existían niveles de desarrollo extremadamente desiguales que habían modelado a sus organizaciones durante las décadas precedentes. La segunda, que la influencia global que conformó la evolución de la República entre 1936 y 1939 fue la guerra misma.

Es sorprendente el grado en que los análisis existentes han relegado la guerra, en la práctica, a un ruido de fondo o relleno narrativo entre cantidades considerables de análisis políticos que, sin embargo, permanecen en gran parte desvinculados de ella. Pero la guerra tuvo un impacto acumulativo y complejo en todos los aspectos de la política y la sociedad republicanas. Si queremos entender qué sucedió y por qué, tenemos que recrear su textura. Especialmente porque esta era una Guerra Civil, y una librada bajo las devastadoras condiciones de la no intervención impuesta por Gran Bretaña y Francia. Esta significó, en la práctica, un total aislamiento internacional y un embargo económico de facto que colocó a la República —y solo a la República— en una enorme desventaja material durante todo el conflicto.

El análisis de la no intervención se ha centrado hasta ahora en los aspectos diplomáticos y, sobre todo, en el primer año de la guerra. Pero lo que destruyó a la República fue el impacto a largo plazo de la no intervención durante tres duros años. Socavó no solo la capacidad militar de la República sino también su legitimidad política, porque el embargo económico no permitió que la República mantuviese la estructura social y económica de la retaguardia y, al final, impidió incluso que satisficiese los requisitos mínimos de su población en términos de comida y alojamiento. También fue muy grande el coste psicológico de una guerra en estas condiciones.

La diplomacia política internacional que creó y mantuvo la no intervención también bloqueó repetidas veces las salidas políticas de la República, haciéndole imposible negociar una paz pactada en 1938. En los angustiosos últimos meses, se le siguió negando la mediación internacional, a pesar de que hubiera sido el único camino para reducir el riesgo de represalias masivas y violentas contra los derrotados. Al final, las instituciones y la retaguardia republicanas se hundieron bajo las presiones enormes e intolerables producidas por la guerra. Una guerra que otros habían obligado a la República a librar acabaría consumiéndola totalmente.

Querría, por último, advertir a los lectores de que para facilitar la lectura de este libro las notas se han reducido mucho. Los especialistas o lectores interesados pueden consultar las extensas notas originales en Helen Graham, The Spanish Republic at War, 1936-1939, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.

Introducción

Introducción.

Una izquierda fracturada: el impacto del desarrollo desigual

(1898-1930)

Una izquierda fracturada: el impacto del desarrollo desigual (1898-1930)

La Guerra Civil española empezó con un golpe militar. Aunque había habido una larga historia de intervención de los militares en la vida política española, el golpe del 17-18 de julio de 1936 fue un viejo instrumento usado para un fin nuevo. Pretendía detener el proceso de democracia política de masas que se había puesto en marcha súbitamente como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y la Revolución rusa, y que se aceleró con los cambios sociales, económicos y culturales de los años veinte y treinta. En este sentido, el golpe militar contra la democrática Segunda República en España tenía como objetivo desempeñar la misma función que el control fascista que siguió a la llegada al poder de Mussolini y Hitler en Italia y Alemania. Todas estas «guerras civiles» europeas —porque las guerras civiles pueden adoptar muchas formas— tuvieron sus orígenes en la acumulación de inquietudes políticas, sociales y culturales provocadas por el proceso de modernización —es decir, industrialización y urbanización— rápido, desigual y repentinamente acelerado que se produjo en todo el continente. Todos aquellos que apoyaron a los militares rebeldes de España en 1936 tenían en común el miedo que les producía no saber adónde estaba llevando el cambio, tanto si temían pérdidas materiales o psicológicas (riqueza, estatus profesional, jerarquías sociales y políticas establecidas, certezas religiosas o sexuales, es decir, de género) o una mezcla de todo esto.

El hecho de que los militares actuaran en 1936 como los guardianes últimos de un cierto tipo de orden social y político indicaba no solo su propia cohesión ideológica, sino también hasta qué punto estaban fragmentados los otros grupos sociales y políticos. El protagonismo histórico del ejército español tenía sus raíces en un siglo XIX dominado por la guerra. Pero su duradero protagonismo político en el siglo XX fue consecuencia de la incapacidad de los sectores burgueses para elaborar un proyecto de desarrollo nacional mínimamente coherente. En España, el proceso de desarrollo económico moderno se produjo tarde y de forma muy desigual, incluso teniendo en cuenta los estándares del conjunto de Europa[1]. Como consecuencia, las élites de España estaban muy fragmentadas regionalmente. Esta fragmentación se agudizó a raíz de los sucesos de 1898, cuando España perdió los restos de su viejo imperio ultramarino, principalmente Cuba y Filipinas. Aunque los grupos de élite y algunos sectores de la clase media española coincidieron en percibir estos hechos como una crisis política —e incluso existencial—, sus respuestas al «Desastre» distaron mucho de ser unitarias.

En gran medida, las consecuencias económicas de la pérdida del imperio —en particular, de los mercados protegidos— habían impulsado a la plutocracia industrial de Cataluña —la región más avanzada, económica y socialmente, de España— a crear lo que llegaría a ser un poderoso movimiento de clase media a favor de la autonomía regional. Como resultado, las dos primeras décadas del siglo XX asistieron a una amarga, y a veces violenta, lucha política sobre la futura dirección de la política económica nacional entre el «viejo» centro político de Madrid —que representaba a las poderosas élites terratenientes— y las clases altas autonomistas de la Barcelona industrial que aspiraba a sustituirlas. En esencia, era un enfrentamiento sobre quién pagaría la modernización económica. Las élites de España no solo fueron incapaces de llegar a un acuerdo sobre este tema sino que, en su continuo desacuerdo, hacia 1918 se encontrarían haciendo frente a unos sectores obreros cada vez más movilizados.

Al comienzo del siglo XX, sin embargo, España era todavía un «mar» rural del que emergían unas pocas «islas» urbanas e industriales. Estas estaban confinadas principalmente en dos zonas. En primer lugar, como hemos visto, estaba Cataluña (especialmente el cinturón industrial de Barcelona) en la costa nordeste, que producía principalmente productos textiles; y en segundo lugar, el norte (el País Vasco [Vizcaya] y Asturias), que era una zona de industria pesada y minería. El desarrollo de pequeños sectores industriales estaba también alimentando paulatinamente la urbanización y la emergencia de un movimiento obrero organizado en un reducido número de otras ciudades (Madrid, Zaragoza, Valencia o Sevilla). A la vez, el desarrollo desigual y la consiguiente falta de un mercado nacional integrado inhibirían otro tipo de intercambios que hubieran podido más tarde atenuar o modificar la consolidación de grupos sociales, perspectivas culturales y sistemas de creencias antagónicos. Por supuesto, ninguno de estos problemas y síntomas era específico de España. Consecuencias comunes del cambio modernizador en la Europa de principios del siglo XX fueron las graves divisiones entre el ámbito urbano y el rural, junto con la emergencia de tensiones de clase. Pero nuestro conocimiento de la Guerra Civil «caliente» de 1936-1939 con la perspectiva que da el tiempo nos lleva inevitablemente a preguntarnos qué tuvo de particular la experiencia española, si es que hubo algo.

Hasta la Primera Guerra Mundial, las tasas de emigración del campo a la ciudad se mantuvieron relativamente bajas en España. La mayoría rural estaba también muy atomizada en pueblos y aldeas. Ambos factores contribuyeron a producir una relativa estabilidad social. Pero esto no significaba que no hubiera luchas sociales, sino más bien una situación en la que la protesta popular podía ser fácilmente contenida en una localidad dada. Y para las élites gobernantes de España (compuestas por un socio «superior», propietario de tierras, en una frágil alianza con el componente industrial y urbano «inferior») la función principal del Estado era garantizar esta contención. Mientras esto pudo hacerse y no se cuestionó —social o políticamente— de forma organizada la hegemonía de la élite, la fragmentación y regionalización de esta no importó en la práctica: la rebelión popular pudo continuar siendo considerada un simple asunto de orden público tanto por las élites como por las autoridades políticas de la monarquía de la Restauración (1875-1923).

Hasta mediados del siglo XX, los modelos de propiedad de la tierra y explotación agrícola eran los que estructuraban las jerarquías políticas y sociales en las que la mayoría de la población española vivía, y que modelaban sus visiones culturales del mundo. Estas estructuras y perspectivas culturales variaban enormemente, sin embargo, entre el norte, el centro y el sur de España. La forma dominante de posesión de la tierra en el centro-sur (de Castilla la Nueva hacia el sur) era el latifundio. Este era una vasta finca dirigida principalmente por administradores en ausencia de sus dueños aristocráticos, y cultivada por ejércitos virtualmente esclavos de jornaleros sin tierra. En el norte y en la Meseta, la norma agraria era la pequeña propiedad campesina o el agricultor arrendatario. La situación de los campesinos y sus familias variaba desde los muy acomodados a los sumamente pobres en función de una variedad de factores, como las leyes de herencia, los contratos de arrendamiento y la geografía y el relieve, es decir, el clima y la calidad de la tierra. Pero el mismo hecho de poseer la tierra tendía a producir actitudes sociales más conservadoras. A pesar de los niveles de recursos económicos tan dispares de estos sectores de clase media-baja rural, había a menudo un sentimiento de pertenencia a cierta comunidad de propietarios, que era más real que cualquier sensación de vinculación a sus equivalentes urbanos, bastante más escasos, y que tenían valores y aspiraciones cada vez más diferentes. Además, dentro de estos mundos rurales no existían elementos integradores en funcionamiento, como mercados u opciones políticas y culturales (un sistema verdaderamente efectivo de educación primaria nacional o formas genuinamente participativas de representación política), que pudieran haber fomentado un sentimiento de pertenencia a una comunidad nacional. El servicio militar no podía cumplir esta función como lo hizo, hasta cierto punto, en la vecina Francia. Las únicas guerras en las que España se había visto envuelta fueron guerras coloniales lejanas y próximas en el tiempo, en Cuba y Marruecos respectivamente. Pero estas habían fracasado claramente a la hora de estimular lazos de unión y desarrollar sentimientos patrióticos en una proporción significativa de la clase media de España. Cuba había sido el último aliento de un imperio moribundo, mientras que Marruecos se asociaba con estrechos intereses económicos de la Corona y de algunos sectores aristocráticos y eclesiásticos que poseían minas de hierro allí[2]. En resumen, el fervor colonial exhibido en otras partes de Europa por las emergentes clases medias no tuvo su réplica en España. La mayoría permaneció indiferente, mientras que los grupos obreros, que eran el núcleo del servicio militar obligatorio, fueron francamente hostiles[3]. Las clases medias de España permanecieron muy fragmentadas internamente en una diversidad de costumbres sociales y culturales, y huelga decir que el campesinado se sentía bastante distinto de los trabajadores del campo sin tierra, lejanos o cercanos, incluso aunque sus niveles de subsistencia no siempre se diferenciaban mucho.

Aparte de la propiedad de la tierra, la mayor fuerza de cohesión entre las clases sociales en el norte y centro de España era la religión. En el norte y en la Meseta, las visiones del mundo de prácticamente la totalidad de los habitantes rurales, de cualquier origen social y estatus, estaban modeladas por la fe católica, aunque esta no era necesariamente una concepción homogénea. Las actitudes populares hacia el catolicismo y la Iglesia constituían una diferencia fundamental y definitoria entre el norte y el sur. En el centro y en el norte, los sectores populares creían que la Iglesia dignificaba la existencia y proporcionaba humanidad y sentido; era, como decía Marx, el corazón de un mundo insensible[4]. Esta perspectiva se apoyaba en el importante papel pastoral desempeñado por los sacerdotes locales que forjaron vínculos estrechos con sus comunidades parroquiales. La Iglesia también proporcionaba ayuda práctica —a menudo en forma de bancos de crédito rurales— que ofrecía un recurso de supervivencia para el pequeño campesinado sometido a una existencia económica marginal y precaria, constantemente amenazada por el fracaso de la cosecha, y temeroso de caer presa de los prestamistas.

Por el contrario, las experiencias cotidianas, muy diferentes, de las masas trabajadoras del centro-sur de España las hicieron extremadamente anticlericales. Allí, se consideraba a la Iglesia y a los curas los pilares y perpetuadores de un orden terrateniente opresivo. Dada la extensión de los latifundios y el hecho de que el monocultivo era la norma en el centro-sur rural, los jornaleros sin tierra normalmente dependían de una fuente de empleo única que, además, estaba disponible solo durante una parte del año, en los períodos de siembra y recolección. En ausencia de prestaciones de bienestar social u otras formas de asistencia a los pobres, esta dependencia creaba relaciones de poder social que eran neofeudales. La realidad del poder en el sur de España hacía que la existencia formal del sufragio universal masculino perdiera su significado al estar los votos implícitamente a disposición de las élites locales a través de la mediación de los jefes políticos de los pueblos o caciques, que controlaban los resortes de poder en una localidad dada (tierra, empleo, impuestos, magistrados, jueces de primera instancia, etc.). Así, en el norte de España el cacique podía ser un recaudador de impuestos, un abogado o un prestamista, mientras que en el sur eran bastante a menudo los administradores de las fincas. La estrecha relación de estos últimos con el cura local representaba, para los jornaleros del sur, una expresión microcósmica de la santificación y legitimación, por parte de la Iglesia, del orden social y político que los esclavizaba[5].

Esto, a su vez, explica que siempre estuviera presente un carácter anticlerical en las protestas populares contra este clientelismo brutal, provocadas cada cierto tiempo por el hambre y la total desesperación. En el sur, la falta de una clase media rural importante —más allá de aquellos que proporcionaban servicios a los latifundistas y que, por tanto, estaban ligados por lazos de clientelismo y obligación a esta estructura social neofeudal— dejaba bastante clara la naturaleza de esta opresión social. Al mismo tiempo, sin embargo, la naturaleza ad hoc y esporádica de la rebelión campesina a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y su presencia atomizada en ámbitos locales significaban que podía ser muy fácilmente sofocada por la Guardia Civil, que actuaba prácticamente como una fuerza de ocupación en el campo y constituía así el tercer elemento en la «impía trinidad» de los pobres rurales: el administrador, el cura y el cabo de la Guardia Civil. El hecho de que esta fuera usada principalmente, e incluso casi exclusivamente, contra las clases trabajadoras reforzaba, a ojos de estas, la idea del Estado como una fuerza únicamente represiva, en la medida en que no desempeñaba funciones positivas en áreas como la educación pública y no proporcionaba ni siquiera unas mínimas prestaciones de bienestar social que actuasen a modo de contrapeso.

Dada esta situación, no es sorprendente que las organizaciones obreras hubieran tenido un escaso apoyo en la España rural antes de la ruptura de las viejas redes de poder que se produjo con la proclamación de la Segunda República en 1931. Los pequeños propietarios y arrendatarios del centro y el norte se convirtieron en insensibles o activamente hostiles al mensaje de la izquierda debido a la combinación de su fe religiosa y la prestación de asistencia material por parte de la Iglesia católica. Pero incluso en otras zonas de España donde la brutal desigualdad social era visible y directa (por ejemplo, a lo largo de la costa del extremo sudoriental y, en particular, en el «sur profundo» de Andalucía y Extremadura), es difícil hablar de un «proletariado» rural como tal antes de la Primera Guerra Mundial, porque este presupone un grado de articulación, en términos de cultura, conciencia de clase y organización, que apenas existía entonces en el campo español.

Esto no significa, sin embargo, que los campesinos sin tierra del sur carecieran de ideas políticas propias: las encontraron en el milenarismo anarquista y la acción directa. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, estos ofrecieron al pobre sin tierra un recurso frente a las relaciones de poder existentes y a la percepción de la (im)posibilidad de cambios graduales, que les resultaba bastante más funcional y, de hecho, bastante más lógica que las tácticas gradualistas y el reformismo de Estado propugnados por los socialistas españoles. En la primera década del siglo XX, el reformismo social, basado implícitamente en el poder de negociación del movimiento obrero, resultaba sin duda tan utópico o increíble para los trabajadores sin poder y no cualificados del saturado mercado laboral del sur como el anarquismo milenarista se lo parece a algunos historiadores occidentales a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Sería solo en los años treinta, con la promesa de una reforma agraria dirigida por el Estado, cuando un sindicato de trabajadores de la tierra socialista podría empezar a hacer rápidos progresos entre los jornaleros sin tierra del «sur profundo» de España.

Pero hablar de cualquier zona del sur rural como anarquista en términos organizativos antes de 1931 puede llevar también a ideas equivocadas. Es verdad que había en Extremadura y Andalucía una arraigada cultura popular de colectivismos que concordaba con las ideas anarquistas. En el sur también circulaban los propagandistas anarquistas. Pero, por una serie de razones prácticas, políticas e ideológicas, el grado de implantación organizativa estable de lo que llegaría a ser en 1910 la CNT nunca fue muy grande antes de las circunstancias políticas relativamente más propicias de la Segunda República. Pero para entonces, por supuesto, la CNT debería competir duramente con la UGT por la militancia del sur.

Aparte de en el sur rural, la CNT fue, como la UGT, un movimiento de base predominantemente urbana hasta los años treinta. La CNT era más fuerte en la costa este, mientras que la UGT tenía sus baluartes en el norte industrial y en Castilla, el centro geográfico —y político— de España. Este carácter urbano se manifiesta también en el modelo de colectivización realizado posteriormente durante la Guerra Civil en Aragón o en Valencia, por ejemplo, donde el movimiento colectivista en los pueblos del interior rural fue iniciado en su mayor parte por cuadros anarquistas desplegados desde las ciudades o pueblos de la provincia. Además, en el caso de Aragón, incluso la base urbana de la CNT solo se desarrolló de verdad en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial[6].

Al igual que en otras partes de Europa, la Gran Guerra actuó en la España urbana como un catalizador y acelerador del cambio social, económico, político y cultural. Contribuyó muchísimo a socavar un orden que había dependido de la desmovilización política de la población. España no había participado en la guerra, pero, incluso «aunque España no entró en la guerra … la guerra entró en España»[7]. Estimuló ampliamente la economía porque España fue un país neutral capaz de vender a los dos bandos en conflicto. Pero a la vez que se obtuvieron grandes beneficios en sectores relacionados con la guerra, se produjo una crisis de producción interna porque la base industrial era insuficiente para hacer frente a la vez a la demanda interna y a la extraordinaria demanda externa. El resultado fue una alta tasa de inflación, junto con el deterioro de los niveles de vida y una escasez de alimentos y artículos de primera necesidad para muchos sectores de las clases trabajadoras, especialmente aquellos que no se beneficiaron de los aumentos salariales que se dieron en las industrias relacionadas con la guerra (aunque estos aumentos salariales no alcanzaran el de la inflación). Las distorsiones provocadas por la guerra en la economía también produjeron un importante desempleo de carácter sectorial que forzó a miles de personas a emigrar —principalmente a Bilbao o Barcelona— en busca de trabajo en los florecientes negocios relacionados con la guerra. Como respuesta al descontento de la clase obrera ante la crisis de subsistencia, la UGT y la CNT acordaron, en julio de 1916, colaborar con el fin de presionar al Gobierno monárquico para que actuara contra el aumento del coste de la vida.

El mismo acercamiento entre ambas centrales sindicales muestra la gravedad de la crisis, porque para que aquel se produjera los líderes de la UGT tuvieron que superar su gran aversión a cualquier alianza con la CNT, que se asociaba con tácticas confrontacionales. El movimiento socialista español (PSOE y UGT) se había desarrollado a partir de una base urbana de artesanos y trabajadores cualificados; ejemplificados por el mismo Madrid, que, a pesar de ser la capital, mantendría hasta los años treinta una estructura laboral predominantemente «preindustrial»[8]. Y a pesar de la extensión de la UGT hacia el norte industrial, entre los trabajadores de la industria siderometalúrgica del País Vasco y entre los mineros del carbón de Asturias, su ethos organizativo siguió siendo muy prudente. Sus líderes nunca abandonaron totalmente cierta concepción gremial de las relaciones laborales, que fue, de hecho, reforzada por la experiencia de la huelga general urbana de 1917, liderada por la UGT y convocada como parte de una campaña a favor de la democratización del sistema político y contra el orden exclusivista de la monarquía. Pero cuando este intento fracasó, los socialistas se encontraron haciendo frente al ataque violento de la justicia oficial. La amenaza de confiscaciones de edificios, propiedades, imprentas sindicales, etc., y la dislocación organizativa que se produjo a continuación traumatizó a los dirigentes de la UGT con base en Madrid y, de forma subliminal, reforzó su compromiso con una estrategia gradualista de reforma que evitaría en el futuro ataques frontales al Estado o a los patronos.

Por tanto, y como consecuencia de la huelga de 1917, estaban ya presentes todas las condiciones para posteriores disensiones dentro de la UGT entre un liderazgo veterano y prudente y aquellos otros cuya distinta experiencia de relaciones laborales les hablaba de la necesidad de unas tácticas más directas y confrontacionales. El ejemplo más importante de esto sería la ruptura entre Madrid y el norte industrial: Asturias y Bilbao (Vizcaya). La intransigencia de los industriales del norte —dueños de minas y fundiciones—, intensificada por el descenso en picado de sus fortunas tras la Primera Guerra Mundial, y la impaciencia de las bases estaban llevando poco a poco a los dirigentes de la UGT del norte a apoyar tácticas basadas en la confrontación, más radicales. Estas eran precisamente la clase de tácticas que la CNT, que había sacado conclusiones diametralmente opuestas a las de los dirigentes de la UGT de su experiencia de represión en 1917, estaba defendiendo con renovado vigor. Como resultado, los líderes sindicales socialistas del norte se encontraron enfrentados a la ejecutiva nacional del partido en Madrid. Este conflicto sobre la estrategia y la ideología del sindicato sería un factor importante en el surgimiento del Partido Comunista de España (PCE) en 1921-1922. Su creación, sin embargo, no resolvió el debate interno en el movimiento socialista sobre la estrategia a seguir. Por el contrario, la existencia de un nuevo partido (incluso aunque fuera uno tan marginal como el Partido Comunista de España antes de 1936) provocó envidias y animadversiones organizativas nuevas que harían el debate interno socialista incluso más tenso, como lo demuestra su evolución durante los años muy conflictivos de la Segunda República. Durante los años posteriores a 1917 se produjeron una serie de actos aislados y descoordinados de rebelión rural, conocidos como el «trienio bolchevique». Estos estallidos rurales ayudaron a avivar el fuego de las preocupaciones de las élites sobre el desorden social. Pero a pesar de su creciente frecuencia e intensidad, fueron fácilmente sofocados por la Guardia Civil. Más bien, era en la «minoritaria» España urbana donde crecía una oposición política y social importante que acabaría haciendo inviable el viejo orden exclusivista.

Este proceso se había iniciado con el desastre colonial de 1898. Este inyectó nueva vida al republicanismo de las clases medias urbanas, que era muy crítico con el viejo régimen, dominado por las influencias clericales y militares. En los centros urbanos, las alianzas republicanas empezaron a socavar el control de los caciques en la década anterior a la Primera Guerra Mundial. Después de la guerra, se produjeron nuevos cambios demográficos acelerados, al emigrar los trabajadores del campo a pueblos y ciudades. De esta manera, la influencia del cacique se fue hundiendo, justo cuando parecían cada vez más inadecuadas las viejas técnicas para garantizar el orden público. En ningún lugar era esto más claro que en Barcelona.

Ninguno de los otros centros urbanos de España proyectaba ni siquiera un pálido reflejo de la complejidad cultural, política y sociológica de Barcelona, la principal conurbación industrial de España y su única metrópolis verdadera. Se podían encontrar sentimientos antiestatales y hostilidad al orden socioeconómico capitalista entre los obreros organizados y los pobres de otras partes de España. Pero en ningún otro sitio tenían acceso las minorías de izquierda radical a una red tan amplia de recursos culturales y políticos —tanto proletarios como populares—, que iban de los ateneos populares, pasando por prensa alternativa y otros géneros de literatura popular, a formas de sociabilidad alternativa[9]. La fuerza motriz de esta cultura popular era el movimiento anarquista, cuya energía creativa ofrecía un reflejo exacto del medio burgués único de Cataluña, caracterizado por su dinamismo cívico y sus florecientes tradiciones de autonomía cultural. La cultura anarquista de la Barcelona del siglo XX era también, por supuesto, una cultura política basada en tradiciones de autoayuda de la comunidad y en la acción directa (por ejemplo, las requisas populares frente a la escasez de alimentos y la resistencia vecinal a los desalojos[10]). Los anarquistas barceloneses estaban en una movilización semipermanente contra el viejo orden. Su protesta era anticlerical —contra la legitimación por parte de la Iglesia de ese orden— y antimilitarista, entre otras razones porque en las guerras coloniales del viejo régimen luchaban predominantemente los pobres[11].

Pero el anticlericalismo nunca fue un monopolio de los anarquistas españoles. Entre 1901 y 1909, en Barcelona sería el principal mecanismo movilizador del Partido Republicano Radical, liderado por el turbio demagogo y oportunista político Alejandro Lerroux[12]. El hecho de que, durante un tiempo, tuviera un éxito considerable en movilizar a la clase obrera barcelonesa indica una de las especificidades clave del movimiento anarquista: su rechazo a participar en la esfera de la política organizada (es decir, parlamentaria o municipal). Dada la ausencia en el marco catalán del PSOE —cuyo centralismo escasamente disimulado también llegaría a provocar la hostilidad de una región muy federalista—, los sectores obreros de Barcelona estuvieron de hecho, hasta los años treinta, privados de cualquier voz política real que defendiera sus intereses.

Después del final de la Primera Guerra Mundial, el grado de conflictividad estaba aumentando en Barcelona entre la influencia emergente de los trabajadores urbanos de la CNT, por una parte, y la oposición de los empresarios a las soluciones basadas en el arbitraje, por otra. Esta oposición era en parte consecuencia de una mentalidad política particular. Pero también estaba muy influida por factores económicos de larga duración. La industria textil catalana había estado siempre atrasada y descapitalizada. Después del respiro temporal concedido por las circunstancias excepcionales de la guerra de 1914-1918, se hundió de nuevo en una crisis porque sus productos no eran competitivos en el mercado internacional. La intransigencia de los empresarios (que incluía la coerción violenta) fue una alternativa a la reducción de sus márgenes de beneficio. Pero esto también promovió la ascendencia del «exaltado» o ala anarquista radical de la CNT sobre los sindicalistas más moderados, cuyos líderes estuvieron entre los primeros en caer bajo las balas de los asesinos contratados por los grandes empresarios catalanes. El resultado fue una espiral de violencia en las calles de Barcelona entre 1919 y 1923, al enfrentarse los grupos de acción directa anarquista con los Sindicatos Libres (amarillos) y paramilitares de oscura procedencia. Con la connivencia del general Martínez Anido, gobernador civil de Barcelona desde octubre de 1920, los pistoleros de los sindicatos libres fueron entrenados y armados en los cuarteles militares, y la tristemente famosa Ley de Fugas funcionó a una escala prácticamente industrial, lo que significaba que los presos cenetistas eran asesinados a sangre fría, aparentemente «mientras trataban de escapar». Miles de cenetistas fueron detenidos o deportados, en un exilio interno al que eran enviados encadenados y a pie. En efecto, se estaba desarrollando una guerra de baja intensidad[13] que no era diferente, en sus causas y objetivos, de la que estaba ocurriendo al mismo tiempo en Italia, donde terminaría con el ascenso al poder de Mussolini y sus fascistas, invitados por las viejas élites.

Ya en julio de 1909 la burguesía catalana había dado gracias a Dios por librarla de la rebelión antimilitarista y antisistema de Barcelona conocida como la Semana Trágica. Construyeron la iglesia de El Tibidabo en agradecimiento por su salvación. Pero en 1923 no serían oraciones lo que la patronal catalana ofrecería, sino una invocación a los militares. Cuando el general Primo de Rivera diese su golpe de Estado en septiembre de 1923 tendría el apoyo total de la clase dirigente catalana, que hasta entonces había afirmado estar comprometida con el objetivo de la autonomía regional dentro de un nuevo orden constitucional.

Fue precisamente la percepción de una amenaza de movilización urbana tras la guerra de 1914-1918, con la convulsión revolucionaria en Rusia como telón de fondo, la que llevó a los grupos de presión industriales y de negocios a acceder a acabar con la política constitucional en España. En su lugar, aceptaron la intervención del ejército, ideológicamente ultracentralista, porque podía restaurar el orden en las calles de la Cataluña urbana, asegurando así una forma de paz social propicia a sus intereses económicos. El ejército, o más precisamente su cuerpo de oficiales, se veía cada vez más a sí mismo como el aval patriótico de cierta concepción de España que estaba siendo, a los ojos de los oficiales, continuamente amenazada —en 1909, 1917 y posteriormente— por enemigos internos y, en particular, por los nacionalismos periféricos y el movimiento obrero organizado[14]. Por tanto, los oficiales del ejército identificaban como «antinacionales» a todos aquellos grupos que estaban más estrechamente ligados a —y que simbolizaban— los profundos cambios sociales, políticos y culturales que se estaban produciendo en España.

A pesar de las restricciones impuestas a las organizaciones obreras por la dictadura de Primo de Rivera, los trabajadores urbanos y rurales no necesariamente experimentaron el régimen como más opresivo que el orden restauracionista precedente, en el cual las libertades de asociación y los derechos laborales habían estado, en la práctica, ausentes. Primo de Rivera fue capaz de estabilizar su dictadura con un nivel bastante bajo de represión precisamente porque coincidió con el boom económico de los años veinte. Pero a causa de este mismo desarrollo económico hubo nuevos movimientos de población a gran escala durante la década, al huir los trabajadores empobrecidos de la miseria del sur rural, con sus relaciones de poder casi feudales, hacia el relativamente más libre, pero igual de explotador económicamente, ambiente urbano de Madrid y Barcelona, esta última lugar de celebración de la Exposición Internacional de 1929. De hecho, los ambiciosos proyectos de obras públicas de la dictadura —asegurados por un sistema de créditos especiales, el pago de cuyos intereses paralizaría mucho el proyecto reformista republicano de los años treinta— fueron también un estímulo para el cambio demográfico de los años veinte. En las ciudades, los recién llegados trabajaban en aquellos sectores en expansión gracias al desarrollo económico (sobre todo, como mano de obra no cualificada en los grandes solares en edificación, en los proyectos de obras públicas y en la red de metro).

Con una coyuntura económica tan boyante, Primo de Rivera fue capaz de dar rienda suelta a sus propias nociones paternalistas de Gobierno. Pidió a la UGT, a la que veía como el sector «responsable» del movimiento obrero, que colaborara en la creación de un sistema estatal de comités de arbitraje laboral, que serían dirigidos por miembros de la UGT empleados por el Ministerio de Trabajo. La propuesta de Primo de Rivera encajaba muy bien con las mismas aspiraciones de los veteranos dirigentes de la UGT de pactar con el Estado; en esto tenían como modelo principal al movimiento obrero británico. Los prudentes líderes ugetistas, influenciados por lo sucedido en 1917, consideraron que atrincherando a la UGT en la burocracia del Estado protegerían el patrimonio organizativo del movimiento socialista. Su decisión de colaborar con el dictador, sin embargo, provocaría una importante pugna con un sector del partido socialista, que posteriormente formaría el ala centrista del PSOE, que no podía aceptar, bajo ninguna circunstancia, que fuera legítimo participar en un régimen anticonstitucional. Pero esto importaba mucho menos a los dirigentes de la UGT que la oportunidad que veían en la colaboración con Primo de Rivera para superar a la CNT de forma definitiva. En los años anteriores al golpe militar de 1923, la federación anarcosindicalista había estado superando a la UGT en el reclutamiento de nuevos afiliados e incluso había logrado avances significativos en los baluartes socialistas. Pero con la dictadura la CNT fue declarada ilegal, dado que Primo de Rivera veía esta ilegalización como la clave para terminar con la guerra que se estaba librando en las calles de Barcelona.

Pero, a pesar de la importancia de los anarquistas exaltados en esta guerra, es importante recordar que la CNT tenía otras caras. Aunque la Regional catalana dominaría numéricamente la CNT hasta 1931[15], se trataba de una organización nacional y cada uno de sus componentes regionales formulaba una ética y una práctica política a la luz de las circunstancias materiales de su militancia particular. Obviamente, en un país con unos niveles de desarrollo tan dispares como España, esto también daba lugar a una diversidad significativa dentro de las organizaciones de izquierda. Al igual que milenaristas del sur y luchadores callejeros catalanes y aragoneses, la CNT también incluía, por ejemplo, una Regional asturiana en la que predominaban los artesanos y los trabajadores cualificados. Era la presencia de este componente sindicalista la que había tranquilizado lo suficiente a los líderes de la UGT como para hacer posible el pacto sindical de julio de 1916. Un año más tarde, un grupo de sindicalistas de Gijón reclamó incluso la formación de un partido político para representar los intereses de la CNT[16]. Aunque este proyecto no prosperó, el mismo hecho de que se propusiera demuestra las claras afinidades políticas de ciertos sectores de la CNT con la UGT. En el norte, la cooperación entre ambas se veía facilitada también por el relativo equilibrio de fuerzas en la región y la semejanza de los conflictos industriales de los que se les pedía que se hicieran cargo. Al mismo tiempo, el hecho de que algunos cenetistas vieran el valor de elaborar una estrategia política parlamentaria pone de relieve que el aumento de la movilización obrera favorecido por la guerra había cristalizado en importantes diferencias dentro de la CNT sobre ideología y práctica, y en particular sobre cómo tratar con el Estado. De hecho, también en Cataluña surgieron fuertes corrientes partidarias de modificar la estrategia de la CNT en una dirección «política» y de reconsiderar su relación con la UGT, cuyos representantes principales eran Ángel Pestaña y sus seguidores en el grupo editor de Solidaridad Obrera (Joan Peiró y otros) y el dirigente de la CNT catalana Salvador Seguí[17].

Entre 1919 y 1923, aquellos dirigentes sindicales que temían el desgaste que la acción directa violenta continuada podía provocar en la CNT trataron de dirigir a la influyente Regional catalana en la dirección de una consolidación organizativa y una estrategia sindical más matizada[18]. Aunque la mayoría de los sindicalistas todavía se resistían a la idea de una política parlamentaria, estas propuestas de reformas organizativas surgían de una conciencia de la naturaleza cada vez más compleja de la sociedad industrial, que daba lugar a múltiples interacciones entre la industria y el Estado. Pero Seguí y quienes le apoyaron se encontraron con la oposición resuelta de la mayoría de la CNT, principalmente de las regionales catalana y andaluza. Aunque el congreso de la CNT de 1919 aprobó la conversión de sus sindicatos de oficio en modernos sindicatos de industria (los Sindicatos Únicos, es decir, uno por cada rama industrial), se rechazó su consolidación en federaciones nacionales de industria[19]. Incluso la evolución hacia los Sindicatos Únicos fue lenta y desigual. La colaboración de Primo de Rivera con la UGT aseguró que el debate interno en la CNT no muriese: algunos miembros de la CNT, apoyándose en ideas sindicalistas puras, vieron el camino abierto para que la CNT emulase el papel de la UGT participando en los tribunales laborales del Estado[20]. Pero la criminalización de la Confederación por la dictadura paralizó la posibilidad de cualquier revisión organizativa, al tiempo que daba ventaja una vez más a los anarquistas radicales, partidarios de la acción directa, en el debate político sobre la utilidad de la CNT y cómo debía organizarse. Al igual que el uso de la violencia contra la CNT por parte de las clases dirigentes en el período posterior a la Primera Guerra Mundial había minado la influencia de los líderes sindicalistas moderados, también el hecho de que el mismo Seguí fuera asesinado en 1923 aumentó la credibilidad de las corrientes más intransigentes de la organización. Sin embargo, el hecho de que los radicales sintieran la necesidad de formar un grupo separado, la Federación Anarquista Ibérica (FAI), para defender la ortodoxia anarquista dentro de la CNT, en 1927, muestra que las diferencias políticas internas permanecían sin resolver.

A pesar de la inyección de purismo anarquista realizada por la FAI, la proclamación de la Segunda República en 1931 asistiría a la aceleración de los enfrentamientos dentro de la CNT sobre su estructura y estrategia. Como veremos en el capítulo 1, estas divisiones producirían la llamada escisión «treintista», que dividiría tanto a la Regional catalana como a la valenciana de la organización. El resurgimiento de estos debates probablemente estaba relacionado en parte con el declive numérico de la Regional catalana en relación con la organización nacional en su conjunto. Pero de forma más fundamental, dado que la Regional catalana también estaba afectada, estas divisiones internas cada vez mayores eran una parte integrante de un proceso de cambio económico y social más amplio que había favorecido la proclamación de la misma Segunda República. La mejora de las comunicaciones y los inicios de la producción de masas que facilitaban una distribución más amplia de propaganda política impresa estaban, hacia los años veinte, transformando a los trabajadores españoles —incluidos los hasta entonces no organizados— en un sujeto político nuevo. Con la República se intensificó en las izquierdas la idea de nuevas posibilidades políticas, lo que daría lugar a una aceleración del proceso de movilización política popular. A su vez, algunos miembros de la CNT vieron la oportunidad para una incorporación política parcial de la organización, al menos la suficiente como para defender a sus afiliados y sectores sociales afines a través de los nuevos canales de política municipal y de las oficinas de colocación obrera.

Ha sido un tópico de la historiografía contrastar las sólidas estructuras y las prácticas burocráticas de la UGT con la falta de desarrollo estructural y la acción directa de la CNT. De mi análisis, sin embargo, podemos concluir que la visión de la CNT y la UGT como si fueran polos opuestos estructural e ideológicamente no es ni útil ni exacta. Más bien, cada una era una organización heterogénea que albergaba prácticas obreras y perspectivas ideológicas diferentes modeladas por distintas clases de experiencias, aunque todavía predominantemente urbanas. Debemos recordar también que, a la vez que se desataran los debates dentro de la CNT en los años treinta, también crecerían en el movimiento socialista al reaparecer las tensiones que habían provocado la escisión comunista de 1921-1922. En resumen, no era infrecuente que la UGT y la CNT se parecieran la una a la otra, y nunca en mayor medida que cuando luchaban por mantener la cohesión organizativa frente a los dilemas políticos y estratégicos que surgieron con la Segunda República. Difícilmente podía ser de otra forma dadas las agudas desigualdades regionales de España, tanto en el ámbito económico como en el social y el cultural. Si estos factores habían fragmentado —como, evidentemente, habían hecho— a los grupos de élite, que eran relativamente más poderosos, el desarrollo desigual debió de influir aún más en las formas organizativas y objetivos políticos de la izquierda española, relativamente menos poderosa. Es también importante recordar que, aparte de la breve experiencia de la Primera República en 1873, la izquierda —incluso considerada ampliamente para incluir todas las ramas del republicanismo— no había ejercido, antes de 1931, el poder político en el ámbito nacional en España.

Solo teniendo en cuenta los múltiples factores que habían modelado a la izquierda —o, más exactamente, a las izquierdas— antes de 1931, es posible entender adecuadamente qué determinó las relaciones entre ellas a partir de ese momento o qué produjo las escisiones y conflictos dentro de ellas. De otra manera, no se puede dar sentido a lo que los distintos sectores de la izquierda española dijeron e hicieron durante la Guerra Civil de 1936-1939 y, aún más importante, qué no fueron capaces de pensar o hacer.

Sin embargo, analizar todo esto es mucho más difícil porque después de 1931 las organizaciones de la izquierda española —republicanos, socialistas, comunistas y anarcosindicalistas— tuvieron que hacer frente cada vez más a otras formas de movilización política: concretamente, a aquellas que afectaban al amplio espectro de las clases medias españolas. Este proceso también se había iniciado súbitamente bajo la dictadura de Primo de Rivera y, hacia los años treinta, había cambiado significativamente el paisaje político, al buscar estos sectores de clases medias una representación política para defender sus intereses. Además, los sectores progresistas de las clases medias estaban uniéndose no solo a partidos específicamente republicanos, sino también a una variedad de organizaciones socialistas y comunistas, incluidas la Unió Socialista de Catalunya (USC) y el Bloc Obrer i Camperol (BOC) en Cataluña y, desde la primavera-verano de 1936, las nuevas organizaciones juveniles unificadas de socialistas y comunistas.

Esta movilización de las clases medias españolas fue particularmente evidente donde existían fuertes sentimientos nacionalistas regionales y, sobre todo, en Cataluña. Allí, el apoyo de los grandes empresarios a Primo de Rivera dio lugar, en los años veinte, a la reconfiguración política del movimiento autonomista bajo el liderazgo de la izquierda liberal de las clases medias profesionales urbanas, que contaba con el apoyo de sectores de las clases medias rurales. En este aspecto, otra faceta clave fue la movilización de la juventud de clase media en el contexto de una población universitaria en aumento y con expectativas igualmente crecientes. Así, en 1927 se crearía la Federación Universitaria Escolar (FUE), que fue muy crítica con la dictadura. Esta movilización sin precedentes de la juventud también ejercería una profunda influencia en la vida política de la Segunda República, especialmente durante la guerra.

Más en general, además, durante los años veinte se produjo la aceleración de un proceso de modernización cultural que afectó en particular a sectores de clase media. Los inicios de la producción de masas no solo facilitaron una distribución más amplia de la propaganda política impresa, sino también, junto con la radio, la creación de un nuevo mercado del ocio, que, a su vez, generaría un nuevo sentimiento de identidad entre las clases medias profesionales y comerciales. La recepción de la Revolución rusa entre estas nuevas clases medias también fue crucial en este proceso de cambio cultural. Pero no fue principalmente una cuestión de ideología. Las nuevas clases medias de España no aspiraban a ser marxistas-leninistas. Eran, sin embargo, «aspirantes» de otras formas. Cada vez más conscientes de su especialización profesional, estos sectores pusieron su «fe» en la tecnología y en la ciencia —que eran parte de la atracción que ejercía en ellos la Unión Soviética— y consideraron que su ascenso social estaba ligado íntegramente al «progreso» en general. Las imágenes de la modernidad soviética funcionaron en la España de los años veinte y treinta en lugar de las autóctonas, que eran escasas. Esta atracción nos dice más sobre las aspiraciones sociales de estos grupos urbanos que sus ideas políticas. La visión de la Unión Soviética como icono de la modernidad era algo que influía principalmente en los jóvenes de clase media-baja; es decir, la clase de hombres y mujeres jóvenes que se unirían en masa a la Juventud Socialista Unificada (JSU) durante la segunda mitad de 1936[21].

La movilización de las clases medias españolas también tomó la forma de florecientes asociaciones profesionales —de carteros, médicos rurales, oficinistas, profesores y similares— que, a través de su adaptación a métodos de trabajo nuevos y modernos, dieron una mayor importancia pública y social a sus funciones profesionales. Para estos grupos, la Constitución era importante porque ofrecía la esperanza de una forma no arbitraria de poder que protegiera sus intereses profesionales. Tanto en cuanto movimientos de opinión como en términos organizativos, estos grupos serían los sectores de la oposición republicana más coherentes —de hecho, esto era así precisamente porque el suyo era un republicanismo pragmático ligado a un interés personal progresista— y desempeñaron un papel crucial en la caída de la monarquía en 1931[22]. Sin embargo, su utilidad potencial después de este momento se perdió, a la vez como base de apoyo social y como fuente de nuevo personal estatal para la República modernizadora. Los protagonistas políticos del republicanismo en España fueron académicos y abogados con una visión excesivamente legalista del cambio político. Su concepción de la reforma empezaba y terminaba con el desarrollo de proyectos estatales desde arriba, y por esto carecían de un discurso adecuado para establecer un diálogo con estos grupos profesionales, y de voluntad política para hacerlo. Dado que las clases medias estaban muy fragmentadas política, social y culturalmente y que su componente urbano era escaso, el hecho de que no se pudieran asimilar las asociaciones profesionales al proyecto de reforma republicana amenazaría seriamente la viabilidad de este, como veremos.

A finales de los años veinte, al terminar el boom económico y aumentar las deudas de la dictadura, el régimen de Primo de Rivera entró en una crisis terminal. Su hundimiento se produjo poco después del de la peseta. Pero el descontento de las élites agrarias e industriales siguió siendo esencialmente político: en primer lugar, la clase política de la monarquía —hombres como Niceto Alcalá Zamora, Miguel Maura y José Sánchez Guerra— fue hostil a la dictadura de Primo de Rivera, porque esta había destruido el viejo sistema bipartidista, dejándola obsoleta, al mismo tiempo que la había aislado de las fuentes de patrocinio proporcionadas por el Estado. Y, en segundo lugar, había entre las élites una creciente aversión por la «novedad» de algunas políticas de Primo de Rivera, en especial sus políticas de cooptación de clases, como los comités paritarios (tribunales laborales). Los años de auge económico habían atenuado sus temores a los disturbios laborales. Tanto las élites agrarias como las industriales se aferraban a la ingenua creencia de que sería posible de alguna forma restablecer el orden «tradicional» —es decir, desmovilizado y exclusivista— de la Restauración monárquica.

Pero los niveles existentes de movilización popular habían hecho ya que el retorno a tal orden fuera bastante improbable. Esto quedó claro en la explosión de sentimiento antimonárquico de las elecciones municipales de abril de 1931. Aunque los caciques pudieron retener el control de las circunscripciones rurales, la España urbana restituyó el «voto-verdad», revelando la extensión del descontento popular con el orden existente. Sobre estas bases, una coalición de izquierda liberal, que representaba a los grupos sociales excluidos por el orden monárquico, fue capaz de seguir adelante y proclamar la República[23]. Pero lo que había creado realmente el espacio político para esta no había sido la solidez o coherencia de esta coalición, sino más bien la desorganización de las élites de España que siguió a la caída de la dictadura. Casi sin darse cuenta, se encontraron frente al hecho consumado de la proclamación de la República.

Algunos todavía imaginaban que esta solo podía significar un cambio en la forma del régimen por otro cuya novedad podía incluso beneficiar a la España conservadora en la búsqueda de medios para legitimar de nuevo su poder. Y esto es probable que figurara en los cálculos políticos de antiguos políticos monárquicos convertidos en republicanos, como Alcalá Zamora, más tarde presidente de la República, que procedían del mismo mundo social, de las mismas familias que las viejas élites. Pero esta idea implicaba ignorar el hecho de que el colapso del sistema monárquico se debió precisamente a su inflexibilidad, al hecho de que se había mostrado incapaz de asimilar a los nuevos sectores sociales. Así, en 1931 —en el contexto de una crisis económica internacional cada vez mayor y que pronto impactaría en España— las élites se encontraron tanto frente a grupos de clase obrera urbana y rural cada vez más conscientes y organizados como frente a sectores republicanos politizados de las clases medias urbanas y, en parte, rurales. Además, estaban haciendo frente a estos grupos cuando la misma autoridad política, por primera vez en la historia contemporánea de España, había pasado a una coalición de fuerzas que apoyaba sin ambigüedad un programa de reforma económica y social. Esta coalición también estaba a punto de tener bajo su control formal los mismos instrumentos de orden público —tanto el ejército como los cuerpos específicos de orden público— a los que las élites agrarias e industriales de España habían mirado antes para evitar justamente tal escenario político.

Pero esta situación sería menos beneficiosa para la izquierda española de lo que podía parecer. En junio de 1931 las fuerzas progresistas tomarían el control del Gobierno estatal por la autoridad que les había sido concedida por las urnas. Pero la «vieja España» retendría la mayor parte de su poder económico; la Segunda República no fue un régimen socialista. Más aún, las élites todavía detentaban un enorme poder social en las localidades. El sistema caciquil propiamente dicho se había roto con la victoria republicana, pero no las redes de poder e influencia que lo sustentaban. La proclamación de la República instituiría de hecho un equilibrio de poder inestable entre la «nueva» y la «vieja» España. Mientras que la nueva ejercía la autoridad política ejecutiva formal, la vieja todavía poseía un formidable poder[24].

Las escenas de multitudes republicanas jubilosas en abril de 1931 parecían sugerir la realización del sueño histórico del republicanismo español: la unidad del «pueblo» despertando y arrollándolo todo. Pero la experiencia de los cinco años siguientes mostraría que, irónicamente, la necesidad de la unidad fue una lección más rápidamente asimilada por la derecha política que por la izquierda. La mayor experiencia política de las élites combinada con un puro instinto de supervivencia hicieron que se adaptaran rápidamente a la nueva situación. Las fuerzas conservadoras utilizarían los nuevos instrumentos políticos a su disposición para bloquear la reforma, por ejemplo, mediante la obstrucción parlamentaria y utilizando sus imponentes recursos económicos y sus bases de poder local para asegurarse de que las leyes republicanas permanecían inoperantes. Esta obstrucción —junto con la inexperiencia política y los errores estratégicos de los reformistas, la falta de dinero (sobre todo en un tiempo de depresión económica) y, hasta cierto punto, la lentitud intrínseca de todo proceso de reforma— produjo fisuras dentro del «pueblo» y en la izquierda política, que obstaculizaron aún más el cambio y favorecieron a los sectores conservadores, como veremos. Sin embargo, no se debe exagerar el fracaso del cambio a partir de 1931. Después de todo, quienes eran hostiles a él estarían lo suficientemente atemorizados por la posibilidad de que la victoria electoral del centro-izquierda en febrero de 1936 pudiera significar la vuelta a una coalición antihegemónica popular con una clara voluntad de promover reformas como para recurrir a «soluciones» apocalípticas; concretamente, a un golpe militar. Lo que sucedería después del inicio de la rebelión militar no había sido previsto por nadie. Pero, mirando hacia atrás, podemos ver que el «después» de la Guerra Civil «caliente» fue también un medio de resolver —aunque de una forma inmensamente más violenta— el frágil equilibrio o empate entre las fuerzas de clase iniciado en 1931, y, a través de él, la cuestión subyacente de qué modelo de modernización —democrático o dictatorial— adoptaría España.

1. El reto de la movilización política de masas (1931-1936)

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El reto de la movilización política de masas

(1931-1936)

«¡Vivan los hombres que nos traen la ley!»[1].

La proclamación de la Segunda República dio lugar a una coalición de Gobierno de grupos republicanos de centro-izquierda aliados con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Su agenda de reforma estaba basada en una ideología republicana progresista nacida de sectores liberales —pero algo marginales— de las clases medias bajas profesionales de la España urbana, pero su insignificancia numérica hizo que el apoyo del PSOE fuera clave. La misma solidez del PSOE como apoyo estaba determinada por la fuerza electoral que le proporcionaba su movimiento sindical, la UGT, con cerca de un millón de afiliados.

El ethos que guiaba a esta coalición de 1931 era modernizar España económicamente, iniciar reformas democratizadoras y europeizar el país en los aspectos sociales y culturales. Estos objetivos se obtendrían por medio de una serie de medidas legislativas que incluían reformas agrarias, laborales y sociales (incluido el desarrollo del sistema educativo estatal). La reforma agraria (principalmente de las grandes propiedades del sur) pretendía crear una numerosa clase de pequeños propietarios campesinos como se había hecho en la Francia de 1789, cuya adquisición de tierra los convirtiera en una base permanente de apoyo para la República. La otra reforma crucial era la del ejército. Esta tenía objetivos políticos clave: poner a esta institución completamente bajo el control de la autoridad civil constitucional y, con el tiempo, republicanizarla. Con la reducción del tamaño del cuerpo de oficiales, notoriamente grande, se buscaba también liberar fondos muy necesarios para financiar el resto del programa de reformas planeado. La reforma es siempre una empresa cara, pero los republicanos españoles estaban emprendiéndola en un momento en que se estaban empezando a sentir los efectos de la depresión económica europea y mundial.

Los republicanos consideraban que «reformar» el equilibrio de poder socio-económico en España de esta forma era un medio de lograr los objetivos tradicionales del liberalismo político. Incrementar los niveles de ingreso rurales —y especialmente los del proletariado sin tierra del sur— pretendía también crear un mercado interno más grande para estimular el crecimiento industrial. Aunque la redistribución también satisfacería los requisitos socialdemócratas de igualdad social per se, los republicanos también contaban con ella para crear una sociedad y una política más inclusiva y, por tanto, más estable, en la que conseguir el crecimiento económico nacional que buscaban.

EL FRACASO POLÍTICO DEL REPUBLICANISMO «HISTÓRICO» (1931-1933)

La agenda republicana era, sin ninguna duda, extraordinariamente ambiciosa y de gran alcance. En parte esto reflejaba el estancamiento del régimen monárquico y la necesidad, existente desde hacía mucho tiempo, de un cambio modernizador básico que acercara España a sus vecinos europeos. Los intereses conservadores no perderían tiempo en movilizarse contra el cambio. Pero, durante 1931-1933, incluso más inquietante para los republicanos sería la alienación de grupos sociales cuyo apoyo era clave para la viabilidad del proyecto de reforma, como los trabajadores urbanos y rurales y sectores de las clases medias de provincias. Las razones por las que se produciría esta enajenación son complejas, y los problemas subyacentes estaban en gran parte conectados con el contexto de depresión económica. Pero fueron también el resultado de errores estratégicos de los mismos republicanos.

Estos tenían escaso sentido de la necesidad de construir alianzas políticas desde abajo para asegurar una base de masas adecuada en la que se apoyaran las reformas que querían realizar. Esta ceguera parece irónica tanto por la movilización política acelerada que sustentó la proclamación de la República como por el nuevo contexto de democracia representativa que esta introdujo. Podríamos explicarlo en términos de falta de experiencia política de los republicanos. Pero, aunque no debemos minimizar el impacto de esta inexperiencia, o los obstáculos a que hicieron frente los reformistas, esta miopía es también indicativa de su particular concepción de la política, porque los republicanos, al igual que los conservadores que se oponían a ellos, pertenecían al mundo político decimonónico, que se sentía, en esencia, incómodo con la idea de movilización de masas. El republicanismo español era progresista en tanto que favorecía ciertas reformas estructurales parar redistribuir el poder socio-económico en España. Pero era también conservador en la medida en que se consideraba que esta reforma modernizadora debía ser llevada a cabo por una élite política desde arriba, a través de la maquinaria del Estado.

De hecho, para los republicanos españoles, «la República» empezaba y terminaba con el Estado. La reforma era percibida principalmente como un problema intelectual y abstracto, una visión que no está en ningún lugar más articulada que en los escritos e intervenciones parlamentarias del preeminente dirigente republicano Manuel Azaña, presidente del Gobierno durante el bienio republicano-socialista de 1931-1933 y, desde mayo de 1936, presidente de la República. Los republicanos imaginaban un Estado idealizado con poderes renovados y ampliados. Pero el Estado que existía realmente en abril de 1931 estaba formado por instituciones y personal heredados del régimen monárquico. Habría una significativa continuidad en el personal que trabajaba en la burocracia estatal, faute de mieux, dado que la coalición entrante simplemente no tenía un número suficiente de individuos expertos y favorables políticamente a su disposición. También esto era en parte la consecuencia inevitable de la larga exclusión del poder de la izquierda considerada en sentido amplio. Pero esta falta de personal adecuado se veía también agravada por la ceguera republicana en torno a la movilización política. Como ya se ha mencionado, el «republicanismo histórico» —dominado por abogados, profesores y pedagogos— había fracasado ya antes en unirse a las asociaciones de clase media profesionales relativamente abundantes, en las que se había desarrollado un importante sentimiento republicano durante los años veinte del siglo pasado. Al fallar en forjar tales vínculos, la clase política republicana se privó de una experiencia técnica y directiva muy necesaria, a la vez que perdió la oportunidad de ampliar la base de apoyo popular del republicanismo progresista. Esto sería a la larga un fracaso muy costoso. El republicanismo político que ocupó la maquinaria del Estado carecería de la experiencia técnica necesaria para aplicar la reforma y controlar a diario sus pormenores. Pero, dada su concepción de la política, los republicanos ni siquiera entendieron por qué esto era importante.

Esta concepción también llevó a los republicanos a confundir la autoridad política de iure del Gobierno con el poder político de facto. Tenían una firme —aunque en cierto modo ingenua— creencia en el poder de la «ley». Pero aunque tuvieron la autoridad para promulgar una nueva Constitución y presentar legislación en las Cortes, la tarea de poner en práctica estas leyes haría que los reformistas chocasen duramente contra la realidad de cómo el poder social y económico permanecía en gran medida en manos de las élites en muchas zonas de España, sobre todo en la mayoritaria España rural.

Las imágenes más asociadas a la proclamación de la República —de masas en las calles, que avanzaban en tropel a través de las plazas y espacios abiertos de la capital, pasando por encima de monumentos públicos y derribando estatuas del rey— representan de forma clara las expectativas suscitadas por el nuevo régimen entre los sectores de población privados de derechos sociales y económicos, lo que aceleraría aún más la movilización de masas después de 1931. Pero la misma cultura política de los republicanos no les capacitaba para explotar su potencial político. De hecho, pronto responderían (por ejemplo, con relación a las cuestiones de orden público) con medidas que sugerían un miedo real a que la movilización de masas escapara a su control.

Pero esta dificultad no solo afectaba a los republicanos. Su compañero de coalición, el Partido Socialista, estaba aferrado también de varias formas a la misma concepción de un cambio social y político realizado desde arriba a través de medidas estatales. Los socialistas que se identificaban principalmente con el partido más que con el sindicato (la UGT) compartían gran parte del ethos regeneracionista y elitista de los republicanos, mientras que, paradójicamente, en el sector sindical socialista era donde la inquietud republicana por la movilización de masas encontraría un claro eco. Influenciados por su colaboración con la dictadura de Primo de Rivera en los años veinte, los veteranos dirigentes de la UGT habían imaginado el hecho de heredar el poder del Estado en 1931 como un medio de lograr la cuadratura del círculo. Creían poder asegurar la expansión de la militancia e influencia del movimiento socialista mientras mantenían un alto grado de control de esta, sin arriesgar, por tanto, sus estructuras organizativas y su patrimonio; las memorias traumáticas de 1917 habían dejado una huella indeleble. Pero cuando la base de la UGT empezó realmente a expandirse de forma rápida —y en ningún lugar más que entre los jornaleros del sur—, la actitud de los dirigentes del sindicato se volvió decididamente ambigua. Porque el PSOE y la UGT, como muchos otros movimientos socialistas europeos del período, tenían visiones profundamente arraigadas sobre qué constituía la clase obrera «organizable». Expresaban su temor por los posibles efectos de la influencia de las masas de los no educados políticamente en la estructura de la organización y en su misión política reformista[2]. Los líderes socialistas parecían no tener ninguna idea sobre qué hacer con los nuevos militantes que estaban afluyendo a sus organizaciones. En realidad, no los utilizaron siquiera como un arma política, aparte de su estéril despliegue en la guerra intestina dentro del movimiento socialista[3].

El reto al que se enfrentaban los republicanos y socialistas era doble. Primero, tenían que movilizar una base de apoyo que hiciera viable sus reformas. Segundo, tenían que desarrollar estrategias para apaciguar o contrarrestar los movimientos de opinión contrarios a la reforma que, previsiblemente, podían ser movilizados contra ellos en el sistema emergente de democracia parlamentaria de masas.

Pero movilizar un apoyo de masas adecuado resultó imposible. Para que esto pasara, los republicanos y socialistas tenían que mostrar que podían convertir sus objetivos en políticas prácticas. Las reformas propuestas combinaban la agenda «estatal» de Azaña con la agenda social del PSOE. Pero esto era un programa demasiado ambicioso para poder ser realizado. Cualquiera de las dos agendas garantizaba, por sí sola, provocar más oposición por parte de las élites que la que el Gobierno podía manejar. Además, tanto Azaña como el dirigente sindical socialista Largo Caballero sobreestimaban la magnitud de su mandato electoral de reforma. Incluidos dentro de los votos que mantenían la coalición de Gobierno había probablemente una proporción importante del Partido Radical de Alejandro Lerroux y de otros cuyo compromiso con un programa reformista era, cuando menos, ambiguo. Para empeorar las cosas, Azaña y el PSOE no tenían en cuenta el grado en que su mandato de reforma dependía del apoyo de los sectores sociales de la CNT, a los que se hacía caso omiso. En resumen, las tensiones internas en el proyecto de reforma republicano-socialista le impedirían incluso movilizar una base de apoyo suficiente por sí mismo. Tampoco podría impedir que la oposición se movilizara en contra.

Irónicamente, iban a ser las fuerzas hostiles a la reforma las que aprenderían a adaptarse de forma más rápida al nuevo contexto político. La escala de la movilización católica de masas entre 1933 y 1936 fue quizá menos una prueba de la «polarización» de España per se que de la incapacidad de la izquierda liberal para lograr su propia movilización de masas previa, especialmente la de algunos sectores de clase media baja. Estos se volvieron hacia la derecha populista, con consecuencias muy graves para el proyecto republicano, ya que, si no hubiera sido por la movilización de masas de la opinión conservadora, hubiera sido difícil para los oficiales rebeldes justificar su golpe de Estado de julio de 1936, incluso en un país cuya sociedad civil estaba tan relativamente poco desarrollada como la española. Aunque sus dirigentes habían estado envueltos en conspiraciones antirrepublicanas desde la misma proclamación del régimen, fue solo la presencia de la opinión civil movilizada la que permitió a los militares rebeldes presentar sus acciones en 1936 como si constituyeran un plebiscito popular.

Los intereses de esta batalla de contramovilización quedaron claros desde el principio. Desde la proclamación formal de la República en abril de 1931, sectores poderosos de la jerarquía de la Iglesia católica de España mostraron su hostilidad irreductible al pluralismo cultural y político que era el centro del proyecto republicano. En su carta pastoral del 7 de mayo, el cardenal Segura, primado de España, ofreció un provocativo homenaje a la monarquía y en su carta colectiva de julio declaró públicamente que la doctrina de la soberanía popular era enemiga de las enseñanzas católicas. Con estas declaraciones, la lucha se dirigía a formar a la opinión y lograr el apoyo de la «España católica» (es decir, las clases medias rurales y provinciales). Pero hay que tener claro que esta lucha era por la constitución de una fuerza política, no simplemente por dar voz a lo que ya existía. Para muchos miembros de la jerarquía eclesiástica, quizá para la mayoría, la cuestión estuvo clara de forma inmediata: la República era inaceptable per se precisamente porque era pluralista. Pero, al principio, las actitudes eran mucho menos definidas entre los católicos seglares y muchos de los miembros del bajo clero. Fue solo como resultado de las medidas religiosas específicas aplicadas por la República que estos sectores se alejaron política y culturalmente de ella más o menos de forma masiva.

En un país donde las lealtades religiosas y la piedad eran una fuerza movilizadora tan emotiva como poderosa en algunas regiones como el anticlericalismo lo era en otras (predominantemente entre los sectores obreros), la República simplemente no podía permitirse enajenarse a los sectores católicos de la población prácticamente en su totalidad. En este sentido, el perfil muy anticlerical de las reformas religiosas de los republicanos fue un error estratégico de considerables proporciones. Los republicanos de las Cortes elegidas en junio de 1931 para redactar estas reformas actuaron con una intensa hostilidad hacia la Iglesia católica como institución.

En un reflejo invertido del maniqueísmo de la derecha, los republicanos se mostraron incapaces de distinguir entre las medidas de secularización del Estado (como la separación de la Iglesia del Estado y el establecimiento de alternativas civiles al matrimonio o al entierro católicos o de educación estatal no religiosa) y medidas que infringían derechos democráticos y hasta herían los sentimientos de los católicos en general. En esta última categoría se incluirían la legislación para excluir a las órdenes religiosas de la enseñanza o la institución de una plétora de regulaciones municipales que acosaban a los católicos de forma cotidiana: imposiciones sobre las procesiones funerarias, el repique de las campanas de las iglesias o la celebración al aire libre de las fiestas patronales. Algunas veces se quitaron pequeños santuarios de los bordes de los caminos, y también estatuas religiosas o placas de las plazas de los pueblos. Las implicaciones de un Estado secular iban a ser extrañas para muchos católicos que al principio no las recibirían bien, pero con el tiempo hubieran sido asimilables. En todo caso, no hubieran sido los temas sobre los que se hubiera podido organizar la movilización antirrepublicana, a diferencia de las medidas que interferían directamente en la cultura y la identidad cotidianas de los católicos y que eran consideradas vengativas.

Puede ser necesario hacer una distinción adicional entre la represión republicana de la cultura católica popular (por ejemplo, los cultos de los santos patronos de los pueblos) y la cuestión de la política educativa. Pero incluso si se quiere argumentar la importancia política de restringir el papel educativo de las órdenes religiosas, el hecho que permanece es que, una vez más, los republicanos fracasaron en llevar a la práctica su política. Aunque la Constitución de 1931 estableció la exclusión del personal religioso, la legislación específica (la Ley de Congregaciones Religiosas) solo se aprobó en mayo de 1933, apenas cinco meses antes de la desintegración de la coalición republicano-socialista. En otras palabras, poco podía haberse hecho antes de la llegada al poder de un Gobierno de centroderecha, que congeló en la práctica dicha legislación. De hecho, todo lo que los republicanos habían logrado era la formación de sectores descontentos que estaban, así, preparados para ser movilizados por los enemigos de la reforma. Por la misma razón, la total eliminación del apoyo financiero a la Iglesia por parte del Estado provocó la enajenación del bajo clero, un sector cuya posición inicial fue de cautela pero, sin duda, no de abierta hostilidad hacia la República.

También se debe ser precavido a la hora de usar concepciones actuales sobre los derechos civiles —aunque estas sean éticamente convincentes— para evaluar la política religiosa republicana. Aunque podemos desear que los republicanos hubieran sido más liberales en este aspecto —pensando principalmente en el perenne debate político-filosófico sobre medios y fines—, su «antiliberalismo» era de su tiempo. Más aún, fueron también bastante menos «antiliberales» y estuvieron algo más preocupados por los derechos constitucionales (aunque no todavía derechos civiles o humanos propiamente dichos) que sus oponentes. Los católicos conservadores estaban indignados porque sus creencias y prácticas estaban siendo sujetas a restricciones. Pero ellos mismos no contemplaban ningún concepto de derechos culturales y civiles dentro del Estado español para los librepensadores o ateos. En un último análisis, tenemos que recordar que, en la España de los años treinta, ningún aspecto relacionado con la Iglesia católica podía separarse de la alta política. Para muchos republicanos, la cultura católica era, de raíz, una amenaza para inculcar precisamente la mentalidad abierta y pluralista que era necesaria para estabilizar la República democrática en España. Debemos recordar también que la jerarquía eclesiástica fue la defensora más consistente y vociferante de la monarquía en el período de transición de la dictadura de Primo de Rivera a la República (1929-1931). Además, algunas veces había también una dimensión práctica importante en las medidas de los republicanos: ahorrar en el mantenimiento del clero, por ejemplo, era una forma de liberar recursos escasos (más escasos aún a causa de la recesión) para financiar el programa de construcción de escuelas del Estado.

Sin embargo, quizá la cuestión principal que hay que comprender para nuestros objetivos es que los republicanos veían su compromiso con la secularización como un asunto de cumplimiento de unos ideales o principios ideológicos «históricos» del republicanismo. Al igual que la reforma agraria o el antimilitarismo, era percibido como otro «norte cultural» y considerado una «seña de identidad» crucial. Pero, una vez más, los republicanos no lograron tener en cuenta las consecuencias materiales de sus políticas en el nuevo contexto político. Así pues, las tendencias «anticlericales» del republicanismo «histórico» crearon un contramovimiento sin haber establecido ninguna estrategia para hacerle frente.

Acción Católica —el centro organizativo de lo que llegaría a ser el partido católico de masas, la CEDA (estrictamente hablando una confederación de diferentes grupos de derechas de base regional)— elaboró de forma creativa una línea de propaganda que sugería que la misma existencia de la Iglesia estaba en peligro por el materialismo ateo y los estragos espirituales de la República. Esta idea produjo un importante efecto principalmente entre los pequeños propietarios empobrecidos y sumamente católicos del centro y norte de España. Este proceso de movilización fue muy facilitado por el hecho de que la Iglesia tenía una infraestructura socio-organizativa bien establecida (es decir, la que tenía Acción Católica) en las localidades. Los republicanos no tenían estructuras comparables en las que basarse. Además, el hecho de que sus medidas de reforma agraria tendían a desentenderse de los problemas específicos de los pequeños propietarios y arrendatarios también facilitó muchísimo que estos grupos fueran movilizados por la CEDA (un partido que recibió enormes subvenciones de los grandes propietarios del sur, que era lógico que fueran los que más perdieran con la Ley de Reforma Agraria republicana de septiembre de 1932[4]). La legislación anticlerical por sí sola no provocó la campaña de la oligarquía española contra la República, pero al dar lugar a la unidad práctica de la derecha, facilitó mucho la realización de esa campaña.

Como resultado, los pequeños propietarios rurales y comerciales provinciales del interior rural, sobre todo de Castilla y León, fueron conquistados definitivamente por el conservadurismo que resurgía. A través de la CEDA o de asociaciones agrarias conservadoras como la CNCA (Confederación Nacional Católico-Agraria) estos sectores serían eficazmente reclutados para el proyecto político de contrarreforma agraria. En este proceso, el nacionalismo «español» fue definitivamente apropiado no solo como una fuerza del conservadurismo político (como había estado sucediendo claramente desde los años veinte), sino también del conservadurismo populista.

En otros lugares de España, en las periferias —tanto urbanas como rurales—, el cuadro era menos desolador para el republicanismo progresista. Pero también allí la tensión política y la fragmentación estaban todavía a la orden del día. En ningún caso era esto más evidente que en las relaciones entre el Gobierno central y el muy católico y socialmente muy conservador País Vasco. El Partido Nacionalista Vasco (PNV), que estaba configurándose como una fuerza política significativa en la región, miraba un tanto receloso al «Madrid anticlerical», a la vez que estaba preocupado por mantener la influencia política del PSOE constreñida a su «islote» de Bilbao. Esto no era solo porque el PSOE era un partido socialista, sino también porque era un partido centralista. De hecho, la desconfianza era recíproca. Aunque la coalición republicano-socialista estaba abierta a la posibilidad de un estatuto de autonomía para el País Vasco, quería asegurarse de que los poderes delegados permanecieran en manos de los socialistas y republicanos vascos. Tras la alianza —aunque breve y fallida— del PNV con los carlistas en 1931, los republicanos y socialistas vieron al primero como el representante del conservadurismo clerical y, especialmente, dado el tono anticonstitucional de algunas de las propuestas del PNV y de los carlistas, no merecedor de confianza política.

Pero el PNV, con una dirección nueva y joven encabezada por José Antonio Aguirre, defendió más un conservadurismo abierto y pragmático que la variedad integrista y cerrada de la Navarra carlista. La dirección política del PNV era, además, significativamente menos conservadora que su propia base de apoyo de clase media baja, especialmente de la localizada en el interior rural. Por consiguiente, la atracción de Aguirre y su partido por la alianza republicana aumentaría en proporción a su descontento con el conservadurismo católico integrista representado por los carlistas. Después de que no tardara en quedar claro que el estatuto de autonomía no se podía usar para obstruir la política de reformas sociales y de secularización republicanas desde el País Vasco, no solo el interés de los carlistas por el estatuto disminuyó sino que se unieron de forma activa a la derecha alfonsina para obstruirlo en el ámbito nacional. El Gobierno central empezó a usar la posibilidad de un estatuto de autonomía como un incentivo para atraer al PNV a la órbita republicana. Pero la desconfianza entre ambos hizo que las negociaciones fueran inevitablemente más lentas y más complejas que las realizadas para el estatuto catalán, promulgado en septiembre de 1932. La falta de acuerdo era importante en cuanto a la delegación de poderes financieros y sobre quién debía controlar a las fuerzas de orden público y al ejército en la región. Todavía no se había alcanzado un acuerdo cuando el centro-derecha llegó al poder en Madrid en noviembre de 1933 y la rotunda hostilidad de la CEDA a la autonomía bloqueó las negociaciones. Esta hostilidad daría lugar a un acercamiento estratégico y gradual del PNV a lo que sería, hacia finales de 1935, una renovada coalición republicano-socialista, aunque el nacionalismo vasco nunca llegó a ser un miembro formal de esta coalición. En este acercamiento, los esfuerzos del líder socialista Indalecio Prieto fueron de suma importancia. Tenía estrechos vínculos personales con el País Vasco y estaba determinado a fortalecer la coalición republicana atrayendo al PNV a su órbita.

No obstante, la idea central republicana de que las reformas educativas y sociales contribuirían, a medio plazo, a la estabilidad y al desarrollo y permitirían que surgiese una nueva mentalidad secular como base para la «nación republicana» continuó siendo un problema con respecto al País Vasco, como lo fue en otros aspectos. Sin embargo, el hecho de que en el programa electoral de la coalición de centro-izquierda que ganó las elecciones de febrero de 1936 figurase un compromiso formal con un estatuto de autonomía vasco aseguraría que el PNV aceptase el programa, incluso aunque no se sumase a la coalición. Pero los enfrentamientos políticos y jurisdiccionales que marcaron de forma constante el tortuoso camino del PNV hacia un modus vivendi con la República durante el período 1931-1936 hicieron que el estatuto no se hubiera promulgado todavía cuando los militares se sublevaron en julio de 1936. Una vez más, el Madrid republicano usaría el estatuto —que finalmente se aprobó en octubre de 1936— para ligar el País Vasco industrial a la causa de la República en guerra. De máxima importancia fue que también se aceptara la dirección del PNV en el nuevo Gobierno provisional vasco durante la guerra. Pero el desacuerdo fundamental sobre cuánto poder tendría surgió inmediatamente con mucha fuerza. Esto fue así, entre otras razones, porque el impacto centrífugo del golpe militar había por entonces conferido «poderes» de facto a las regiones que superaban con mucho cualquier cosa que el Gobierno central republicano hubiera pretendido nunca conceder.

También habría un enfrentamiento por las competencias respectivas entre el Gobierno central republicano y el nacionalismo catalán, a pesar del hecho de que el catalanismo político de los años treinta era claramente de izquierdas y estaba fundamentalmente de acuerdo con la naturaleza cualitativa de las reformas republicanas, religiosas, sociales y agrarias. Y cuando una coalición de grupos políticos formaron Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en la primavera de 1931, liderada por las clases profesionales (liberales) urbanas de Barcelona, pero con un significativo apoyo rural en la región, esta pareció el interlocutor ideal para los reformadores liberales de Madrid. En resumen Cataluña, como la zona de España más variada socialmente, tenía mayor potencial para crear la alianza antihegemónica necesaria para apuntalar la República reformista.

Pero las relaciones de Esquerra con el Gobierno republicano socialista de 1931-1933 estuvieron lejos de ser fáciles. En abril de 1931 Esquerra se había declarado a favor de una Cataluña independiente en una España federal. Pero acordó renunciar a esto a cambio de que Madrid concediese un estatuto de autonomía en términos generosos. Pero, en opinión de Esquerra, estos términos nunca se materializaron. A pesar de las perspectivas compartidas sobre otros tipos de reformas estructurales, e incluso a pesar de que los republicanos de Madrid reconocían las demandas catalanas como lícitas en principio, al final su centralismo sin reservas era más fuerte. Buscaron reducir los poderes concedidos con el Estatuto de 1932 e, incluso así, retrasaron su transferencia. El hecho de que Esquerra viera esto como la ruptura de una promesa explica por qué después del golpe de Estado de julio de 1936 Cataluña asumió, en la práctica, poderes que iban más allá de los otorgados por el Estatuto (por ejemplo, emitir moneda y reclutar tropas), de lo que se quejaría amargamente el presidente republicano Azaña.

Sin embargo, desde 1931 Esquerra fue una fuerza política poderosa. Dominaba Cataluña de una forma que el PNV nunca hizo en el País Vasco en su conjunto. El éxito de Esquerra puede medirse por el hecho de que su identidad se fundiría rápidamente con la del Gobierno autónomo (la Generalitat) establecido según los términos del Estatuto de Autonomía de 1932. Más aún, en cuanto a la reforma agraria, entre 1934 y 1936 la izquierda republicana catalana lucharía, y al final ganaría, el derecho a enmendar en masa los arrendamientos rurales. Esto tuvo el efecto de estabilizar las condiciones e incrementar la seguridad de los pequeños arrendatarios rurales (los rabassaires), que eran el sector más numeroso en el campo catalán y una fuente de fuerte apoyo para Esquerra. El partido libró esta guerra agraria primero a través de reformas legislativas (la famosa Ley de Contratos de Cultivo) y después en los tribunales. Al final, fueron las urnas, en febrero de 1936, las que le dieron la victoria. Sería esta derrota la que haría que la minoritaria derecha agraria catalana —representada por el Institut Agrari de San Isidre— se alinease con sus homólogos del resto de España y finalmente, en julio de 1936, con los militares rebeldes.

Aunque la existencia de fuertes nacionalismos regionales hizo problemática la emergencia de un nacionalismo republicano español después de 1931, es también cierto que la insatisfacción del Gobierno catalán con el estatal fue muy exacerbada por la recesión económica. Con mayores recursos presupuestarios, la Generalitat hubiera podido, por ejemplo, financiar una red complementaria de escuelas propias y, de esta manera, asegurar la extensión de la lengua y la cultura catalanas. (El control de la educación quedó fuera del Estatuto de Autonomía y, aunque Madrid reconocía el catalán como lengua oficial, exigía que toda la educación escolar se realizara en castellano). Sin embargo, la grave situación financiera sería responsable de más problemas, además de la desilusión política de los catalanistas, porque el compromiso de los republicanos, tanto en Barcelona como en Madrid, con la economía liberal deflacionaria y ortodoxa en un momento de crisis económica internacional haría imposible proporcionar un nivel adecuado de asistencia social estatal a los desposeídos urbanos y rurales. Si hubiera sido posible incluirlos dentro del new deal republicano, los trabajadores urbanos y rurales (o al menos algunos sectores de estos) hubieran podido ser movilizados como un apoyo alternativo que compensase la falta de una base suficientemente amplia entre los sectores de clase media. Pero las dificultades en este sentido fueron enormes, como veremos. Fue la permanente distancia entre la República reformista y su potencial base de apoyo de clase obrera la que hizo demasiado alto el precio de su anticlericalismo. La combinación de una política religiosa intransigente con políticas económicas monetaristas privaría a la coalición republicano-socialista de cualquier base de apoyo social mínimamente suficiente.

Tras las grandes esperanzas iniciales en las reformas republicanas, el descontento de los trabajadores llegó rápidamente a la España urbana, y más notablemente al centro industrial de Barcelona. Para muchos trabajadores, su experiencia diaria estaba dominada por la ausencia de reforma paliativa (aunque la República la había prometido), junto con la brutalidad de lo que les parecía un aparato estatal sin reformar en acción. El subdesarrollado Estado español había sido definido durante mucho tiempo en función de sus fuerzas de seguridad. Durante la Restauración, las fuerzas de orden público e, in extremis, el ejército habían actuado para defender el orden social establecido y los intereses económicos de las élites de una forma muy transparente. Aunque la proclamación de la República significaba, en principio, la oportunidad de desarrollar otras funciones estatales integradoras —como la educación y la asistencia social—, en la práctica estas opciones eran limitadas. Incluso antes de que los peores efectos de la crisis económica internacional surtiesen efecto, el gasto en asistencia social fue severamente restringido. A la República se le negaron préstamos extranjeros al mismo tiempo que hacía frente a una situación económica nacional poco prometedora por la huida de capitales además de a las importantes deudas heredadas de la dictadura, especialmente en forma de préstamos solicitados para financiar las obras públicas de Primo de Rivera.

La crisis económica internacional también tendría graves efectos. El subdesarrollo del capitalismo español y, por tanto, su menor integración en el sistema internacional hicieron que las repercusiones de la crisis de los años treinta puedan haber sido relativamente menores en términos macroeconómicos (por ejemplo, no hubo un fenómeno de desempleo masivo nuevo y repentino como sucedió en Alemania). Pero no debemos cometer el error de asumir que el impacto de la crisis fue, por lo tanto, menos grave para los trabajadores españoles, que incluían un gran número de emigrantes económicos obligados a volver a casa. Además, España ya tenía un desempleo estructural importante y modelos de trabajo muy temporales y mal pagados que, bajo el impacto de la recesión y en ausencia de incluso la más rudimentaria red de asistencia social, empujaron a muchos sectores de las clases trabajadoras a niveles por debajo de la subsistencia. Pero como la coalición republicano-socialista nunca fue concebida como una alianza revolucionaria, la expropiación directa u otras medidas radicalmente redistributivas no fueron consideradas opciones por ninguno de los componentes de la alianza.

De hecho, la única área en que los republicanos estaban preparados para apartarse de la «rectitud» financiera estricta era la educación. Durante 1931, se solicitaron créditos especiales buscando en los siguientes cinco años asegurar 27 000 nuevas aulas y maestros para prestar servicio en ellas. En agosto de 1931 se establecieron también algunas «misiones pedagógicas». En la forma de clases de alfabetización, bibliotecas ambulantes, obras de teatro itinerantes y educación cívica, llevaron «cultura y política» a los pueblos de España. Aunque el proyecto había provocado críticas por su indudable connotación paternalista, realmente llegó a la gente en una escala significativa. De hecho, el Gobierno conservador posterior en que participaba la CEDA estaba lo suficientemente preocupado como para reducir drásticamente el presupuesto de las misiones en 1934-1935. Pero el «público» principal de las misiones eran los trabajadores, y «construirlos» como una base de apoyo social para la República progresista requería algo más que el envío de un mensaje cultural abstracto, a pesar de los miedos conservadores. Lo que los primeros demandaban era una política resuelta, coherente y presupuestada de reformas sociales prácticas importantes para servir de base a la «Ilustración» republicana. El problema lo sintetizó uno de los participantes en las misiones pedagógicas cuando planteó que los pobres necesitaban pan y medicinas, y ellos solo llevaban canciones y poemas en su equipaje. Pero, aparte de educación, los republicanos nunca fueron capaces siquiera de presentar un cálculo del coste del programa de reformas en su conjunto dentro de un presupuesto formal[5].

Por otra parte, los republicanos demostraron desde el comienzo su «línea dura» en materia de orden público. Una experiencia formativa para los trabajadores urbanos llegó con la huelga de alquileres de Barcelona, que estalló en el verano de 1931. La ciudad y el cinturón industrial que la rodeaba tenían una concentración singularmente alta de trabajadores industriales mal pagados y otros sectores desfavorecidos. Es este contexto social de extremo empobrecimiento de la mano de obra no cualificada, sumado a una crisis de la vivienda en un mercado inmobiliario sin regular, lo que explica la huelga[6]. Toda la fuerza del Estado republicano se descargó contra los inquilinos y contra quienes dirigían la huelga. Sufrieron acoso policial y «detenciones preventivas». Sus mítines fueron terminantemente prohibidos, al igual que los periódicos obreros que publicaban asuntos relacionados con la huelga. Los derechos de asociación estaban siendo denegados en la práctica, al igual que lo habían sido durante la monarquía. El hecho de que fuera en esta ocasión la republicana Guardia de Asalto, formada recientemente, la que fuera llamada para supervisar los desahucios solamente reforzó este sentimiento de continuidad. El nuevo régimen republicano, temeroso de perder apoyo entre las clases medias urbanas, especialmente entre los comerciantes, justificaba estas medidas en nombre del «principio de autoridad». Usó la nueva Ley de Defensa de la República —aprobada en octubre de 1931— para declarar la huelga una «conspiración ilegal» contra el régimen, lo que permitió la intensificación de la acción de las fuerzas de orden público.

En numerosas ocasiones importantes de un extremo a otro de España, las fuerzas de seguridad republicanas no dudaron en enfrentarse mortalmente con los trabajadores que protestaban: en Castilblanco (Badajoz), en diciembre de 1931, en Arnedo (Logroño) y Llobregat (Barcelona), en ambos casos en enero de 1932, y en Casas Viejas (Cádiz), en enero de 1933. Pero debajo de estos incidentes muy visibles, subyacía una experiencia diaria de represión y exclusión.

En Barcelona, especialmente, las tensiones crecieron al ser las autoridades republicanas incapaces de cumplir las medidas de bienestar social prometidas porque tenían un presupuesto severamente restringido. Por supuesto, tampoco el establecimiento de un Gobierno autónomo catalán en 1932 supuso muchas diferencias. Los desempleados y otros marginados económicamente intentaron encontrar sus propias soluciones, por ejemplo, recurriendo al comercio ambulante o estableciendo puntos de venta ad hoc (como puestos callejeros informales que vendían comida). Pero, como estos vendían más barato que las tiendas y los mercados, las autoridades, prestando atención a las quejas de la Cámara de Comercio de Barcelona, enviaron a la Guardia Civil —muchos de cuyos agentes habían servido bajo la monarquía— para arrestar o desmantelar esta competencia. Como resultado, en los barrios obreros de Barcelona fueron comunes las luchas callejeras entre las fuerzas del orden y los pobres, tanto vendedores como clientes. No podía haber una imagen más gráfica de la guerra social establecida entre la República y sus desposeídos. La ley republicana, aunque en principio anunciada para ofrecer a estos grupos protección y justicia, era cada vez más, en la forma de «orden público», un arma contra ellos. Además, la interacción —intencionada o no— entre medidas de orden público y la nueva legislación laboral de la República estaba criminalizando de forma sistemática a los grupos de trabajadores más marginados.

Una parte clave de la legislación laboral conseguida bajo los auspicios de los socialistas en coalición con los republicanos proporcionaba una red nacional de jurados mixtos para resolver los conflictos laborales. Pero este sindicalismo de gestión (basado en el arbitraje), basado en la práctica de los sectores cualificados de la UGT, era de escasa utilidad para la masa de trabajadores agrarios e industriales no cualificados, temporales y fácilmente reemplazables. Su falta de poder de negociación en el mercado —sobre todo en condiciones de profunda depresión económica— convirtió las tácticas de acción directa, encabezadas por la anarcosindicalista CNT, en su única arma[7]. Pero la legislación de orden público de la República se dirigía cada vez más contra esta clase de estrategias obreras y contra quienes las llevaban a cabo. La Ley de Defensa de la República estuvo vigente durante la mayor parte del período de Gobierno republicano-socialista. La Ley de Asociaciones Profesionales Patronales y Obreras de abril de 1932 se utilizó en gran medida para el mismo fin. Los militantes eran detenidos y los locales sindicales, cerrados. En el verano de 1933 se aprobó la Ley de Vagos y Maleantes, uno de cuyos «arquitectos» fue el abogado y dirigente socialista Luis Jiménez de Asúa. Esta permitía la detención de aquellos que no pudieran probar que tenían medios legales de mantenerse. También ilegalizaba las colectas de las que dependían las organizaciones y estrategias de la CNT (especialmente las acciones industriales espontáneas) y amenazaba a quienes las realizasen con el confinamiento. La definición de «colectas» se amplió para incluir los escasos salarios pagados a los activistas de la CNT, lo que permitía que estos también fueran el blanco de la ley.

Un juicio basado en la Ley de Vagos y Maleantes que sentó jurisprudencia se entabló contra varios dirigentes anarquistas radicales de la FAI, incluidos Buenaventura Durruti y Francisco Ascaso —ninguno de los cuales estaba desempleado—, mientras estaban realizando una gira de propaganda por Andalucía en 1933. Este acoso legislativo prácticamente obligó a los activistas anarquistas y comunistas —sobre todo en Barcelona— a actuar en la clandestinidad, especialmente cuando estaban organizando a los desempleados. Dentro de esta categoría entraban los vendedores ambulantes y los trabajadores eventuales de todas clases que podían también ser confinados sin juicio según la Ley de Vagos y Maleantes[8]. Quedaba claro para los amenazados que la tan cacareada libertad de asociación liberal no alcanzaba más que a los sectores cualificados de la UGT. La ley y el orden republicanos estaban en realidad señalando como «enemigos del Estado» a los sectores no socialdemócratas del movimiento obrero organizado y a cualquier otro obligado, por razones de supervivencia, a buscarse la vida fuera de la panacea económica liberal.

Parecería que los republicanos habían creído que la mera existencia de «la República» —o, al menos, el establecimiento de iure de las libertades republicanas— serviría para pacificar económica y políticamente a los sectores marginados. Entre 1931 y 1933, su constante evocación del «pueblo» en la retórica parlamentaria contrastó con su creciente horror a la posibilidad de masas activamente movilizadas, a las que no tenían ni la más mínima idea de cómo abordar. La preocupación republicana por la «neutralidad» de la calle y los espacios públicos aumentó cuando algunos de los sectores de clase media expresaron de modo parecido temores derivados de lo que se percibía como un crecimiento del crimen y el desorden. Estos temores fueron probablemente un factor que contribuyó al fracaso republicano en hacer una reforma del orden público efectiva y, en particular, su fracaso clave en desmilitarizar el aparato de orden público. Las actitudes republicanas en este aspecto, por supuesto, también revelan su incapacidad para renunciar a una concepción elitista de la política que hundía sus raíces en el «viejo mundo desmovilizado» del liberalismo decimonónico. Pero su dureza en la cuestión del orden público sin duda aumentó el descontento de los trabajadores. Mientras tanto, las protestas provocadas por las privaciones económicas se agudizaron con el nuevo clima político, que aumentó las expectativas de justicia de los trabajadores. Pero las limitaciones presupuestarias hicieron que la República simplemente no pudiera proporcionar la «salvación» social demandada por los sectores obreros movilizados.

En ningún lugar era más clara la dimensión redentora de las demandas de los trabajadores que en el sur de España. Porque era allí, por supuesto, donde el poder de facto de las viejas élites permanecía más completamente intacto. Las reformas sociales paternalistas como las que se habían intentado bajo la monarquía y la dictadura estuvieron restringidas al ámbito urbano, y el campo había permanecido fuera de sus límites. Allí, la Guardia Civil había estado durante mucho tiempo inmersa en relaciones clientelares con las élites locales propietarias de tierra. Al permanecer las relaciones de poder socioeconómicas subyacentes básicamente sin cambios durante la transición política a la República, la Guardia Civil continuó siendo utilizada como un instrumento para prevenir o, al menos, limitar la aplicación práctica de la reforma. En los años treinta la Guardia Civil era utilizada todavía, siguiendo la tradición consagrada, para mantener a los hambrientos lejos de las tierras no cultivadas y evitar que cazaran furtivamente o robaran bellotas y productos similares en las grandes propiedades rurales. La lentitud y la obstrucción afectaron mucho a la reforma agraria, cuyos problemas se agravaban por las insuficiencias técnicas, políticas y financieras. Por el contrario, el conjunto de reformas laborales iniciadas por el ministro de Trabajo socialista Francisco Largo Caballero y supervisadas por los cuadros de la UGT empezó a producir un mayor impacto real en el equilibrio de poder político y socio-económico del centro y el sur rurales. Pero mientras que las élites terratenientes entendieron el potencial subversivo de estas normas (y se movilizarían en consecuencia), para los desposeídos rurales —centrados en el mito de la reforma agraria— estos cambios parecían terriblemente lentos y graduales. Esta impaciencia también tiene que verse en el contexto social específico y brutal en el que los propietarios y administradores de tierras más reaccionarios provocaban a los trabajadores hambrientos diciéndoles: «Comed República».

En la práctica, las reformas laborales socialistas probablemente lograron más que la reforma agraria republicana. Pero dada la estructura «de excesiva oferta» de mano de obra no cualificada generada por el sistema latifundista, el desempleo era un problema masivo y endémico. La magnitud de la asistencia social necesaria estaba mucho más allá de cualquier cosa que hubiera podido ser considerada dentro de las normas fiscales republicanas. La situación de los jornaleros indigentes empeoró con la depresión económica internacional, que implicó que los fondos del Estado para asistencia pública fueran también modestos. De hecho, el agotamiento del presupuesto de obras públicas antes del especialmente duro invierno de 1932-1933 explica gran parte de las protestas de ese año.

La reforma agraria estaba también restringida por limitaciones financieras similares. Además, estas fueron exacerbadas por uno de los principios políticos fundamentales para los republicanos: la inviolabilidad de la propiedad privada. Porque esto significó que se comprometieron a indemnizar a los propietarios con bonos del Estado según el valor total de mercado de la tierra adquirida. De esta manera, los asentamientos solo podían realizarse a un ritmo muy lento. En tales circunstancias, ninguna reforma —aunque subversiva políticamente a medio plazo— podría haber sido suficiente. El sentimiento implícito de urgencia nacía, por supuesto, de las nuevas percepciones políticas entre los pobres del campo, de su creencia de que la Segunda República equivaldría a que se les concedieran poderes. Su fe no podía superar los efectos de la obstrucción de las élites y las limitaciones republicanas.

A mediados de 1933 la coalición republicano-socialista estaba a punto de romperse bajo la doble presión del creciente descontento de los desposeídos y la ofensiva en aumento de las élites. Cuando en septiembre se produjo la ruptura, la presión decisiva fue la aplicada sobre los republicanos por los empresarios, cada vez más determinados a apartar al Partido Socialista del Gobierno como primer paso para frenar las reformas sociales. Pero las tensiones entre republicanos y socialistas y dentro del mismo movimiento socialista eran también considerables en esta etapa. Aunque los dirigentes centristas del PSOE podían haber deseado una mayor coherencia y aplicación de la política republicana de reforma, eran los dirigentes sindicales de la izquierda socialista los que se sentían más frustrados y vulnerables por los límites de la estrategia económica y la voluntad política de los republicanos, porque estos habían exacerbado los efectos de la obstrucción a las reformas por parte de las derechas.

Durante todo el período de Gobierno de coalición republicano-socialista las asociaciones patronales hicieron una campaña muy clara e intensamente personal contra el ministro de Trabajo y secretario general de la UGT, Largo Caballero, dirigida principalmente a acabar con el poder ejecutivo de los jurados mixtos[9]. Al mismo tiempo, los dirigentes del sindicato socialista tenían cada vez más miedo a que la presencia de la UGT en el Gobierno les hiciera parecer responsables de la lentitud de las mejoras en el bienestar social y en la reforma agraria a los ojos de sus militantes. En particular, estaban preocupados por el efecto en los frustrados nuevos militantes de la socialista Federación Española de Trabajadores de la Tierra (FETT), que se había expandido muchísimo después de abril de 1931 con la esperanza de una reforma dirigida desde el Gobierno. Estas preocupaciones aumentaron mucho en el contexto de enfrentamientos violentos entre trabajadores urbanos y rurales y las fuerzas de orden público republicanas. Los dirigentes de la UGT temían que la culpabilidad por la asociación con un régimen que no solo descuidaba los intereses de los trabajadores sino que también los agredía físicamente, llevara a una sangría de militantes de la UGT que se pasasen a su rival, la CNT. Dado que la organización anarcosindicalista tenía sus propios problemas internos, esto puede parecer un temor exagerado con la perspectiva que da el tiempo, pero los líderes ugetistas lo percibían como un peligro real en ese momento. Sin embargo, la salida de los socialistas del poder todavía parecía «impensable» precisamente porque ningún sector de la dirección de la UGT o del PSOE tenía otra estrategia política excepto la reforma gradual.

Al aumentar las tensiones en las filas republicanas, la ruptura con los socialistas se produjo en septiembre de 1933. Fueron los últimos, presionados por Largo Caballero, los que abandonaron la coalición. Pero sin duda su decisión fue acelerada por el miedo a que las diferencias internas entre los republicanos hicieran que pronto pidieran al PSOE que abandonara el Gobierno. La división de las izquierdas, junto con la ley electoral republicana que favorecía a las coaliciones, dieron en las elecciones generales de noviembre de 1933 la victoria a la alianza de centro-derecha, cuyo componente más importante (y con más diputados) era la CEDA. La desintegración de la coalición de izquierdas significó que los republicanos fueron aislados no solo de la base electoral socialista, sino también de sus recursos organizativos, que era lo más cercano a una infraestructura política nacional que tenía la izquierda. La falta de estas ventajas reduciría el potencial político del republicanismo progresista, separado ahora de los recursos gubernamentales, mientras se aceleraba rápidamente la movilización de una derecha populista bien organizada. Para los socialistas, su exclusión del poder tendría también efectos erosivos no menos importantes. El trauma de la salida del Gobierno aceleraría y acentuaría las divisiones dentro del movimiento durante 1933-1935. A la vez, estas socavarían gravemente los intentos de resucitar una alianza de Gobierno republicano-socialista, aunque, en el fondo, esta seguía siendo el sine qua non de las reformas sociales en España.

LA FRAGMENTACIÓN INTERNA DEL SOCIALISMO ESPAÑOL (1933-1936)

Mientras se consolidaba la movilización de masas conservadora en torno a la CEDA, la base social y política de la izquierda se volvió cada vez más fragmentada. Aunque este proceso de fragmentación iba más allá del movimiento socialista y llegaba a los grupos anarquistas, anarcosindicalistas y comunistas, la fisura más crucial en la izquierda era la que se estaba produciendo dentro del PSOE y la UGT. Después de bloquear cualquier reanudación de la coalición republicano-socialista, Largo Caballero se identificó cada vez más ante la opinión pública con los sectores del movimiento socialista que afirmaban que la opción reformista había fracasado de forma manifiesta, que la revolución era la conclusión inevitable y que la organización del PSOE tenía que ser «bolchevizada» con vistas a prepararse para su papel como partido de vanguardia de la revolución. A grandes rasgos, estos sectores estaban formados por parte de la UGT, una mayoría de los dirigentes de la Juventud Socialista y sectores minoritarios del PSOE. Pero este proceso de bolchevización no se produjo. Entre 1934 y 1936 Largo Caballero habló de una revolución que ni él ni nadie más en las filas del PSOE y la UGT estaba preparando. Algunos jóvenes socialistas radicales creían en ella, apoyados en su creencia por el discurso superficialmente teórico de intelectuales socialistas de izquierda como Luis Araquistain y Carlos de Baraibar. Sus discursos fueron también utilizados por Largo Caballero para fortalecer su propia posición dentro de la organización. Aunque no había ninguna mala fe consciente por parte de Largo, su utilización de un lenguaje revolucionario no era suficiente para hacer de él un revolucionario. Su revolucionarismo siguió siendo todo el tiempo, lisa y llanamente, la expresión de una preferencia moral en virtud de la cual el socialismo español debía transformarse. Esta preferencia nunca echó raíces en la estructura o la práctica de la organización, pero provocó miedo entre los grupos conservadores, que contaban con una fuerza, de hecho, inevitablemente superior: el ejército. En la práctica, tampoco habían realizado ningún preparativo (como armar una milicia defensiva) para contrarrestar el posible recurso de las fuerzas conservadoras a soluciones «catastrofistas». La falta de cualquier tipo de estrategia política por parte de la izquierda socialista, no solo de una revolucionaria, quedó totalmente de manifiesto cuando sectores del cuerpo de oficiales se sublevaron contra la República en julio de 1936.

Para explicar esta conducta aparentemente contradictoria, es importante separar los motivos políticos (conscientes e inconscientes) de Largo Caballero y de los dirigentes sindicales de la izquierda socialista de otros dos componentes. Primero, el contexto de descontento cada vez mayor y cierta radicalización de las intenciones políticas de sectores de las bases del movimiento socialista frente a la ofensiva del Gobierno conservador para frenar las reformas sociales y socavar las mejoras ya conseguidas por la clase obrera. Segundo, el proyecto diferente de los dirigentes radicalizados de las Juventudes Socialistas, que no era necesariamente compatible con el de la veterana dirección de la UGT[10]. Además, el radicalismo de la organización juvenil seguramente tenía una importante dimensión sociológica y no solo ideológica. Aunque este es un tema relativamente inexplorado hasta la fecha, los años treinta supusieron en España la aparición de la juventud como protagonista principal de la escena política[11].

El centro político y baluarte del caballerismo siguió siendo, sin embargo, la ejecutiva de la UGT, tanto por el número de personas que controlaba (especialmente en la FETT, que había crecido mucho) como por el enorme prestigio personal de Largo Caballero en el PSOE y la UGT en su conjunto. Es significativo que todas las justificaciones de Largo para romper la alianza con los republicanos dependían de los «errores» de 1931-1933: la campaña de los patronos contra la reforma (y contra sí mismo), la violencia de las fuerzas de orden público contra los obreros y la indignante falta de solidaridad —según lo veía él— de la clase política republicana con el PSOE en 1933. Largo Caballero ni siquiera justificó en ningún momento la salida de los socialistas del Gobierno en términos de una estrategia revolucionaria alternativa o una evaluación del futuro equilibrio de las fuerzas políticas en España. No lo hizo porque tal cálculo no existía en la izquierda socialista. La UGT era una organización demasiado importante, por su patrimonio histórico y sus posibilidades de futuro, y fruto de demasiados esfuerzos como para arriesgarla en un proyecto revolucionario. Para Largo Caballero y los viejos dirigentes sindicales, cuya experiencia formativa había sido la de la traumática huelga general de agosto de 1917, la amenaza de la represión por parte del Estado nunca parecía lejana, incluso cuando uno detentaba una cartera ministerial. Para los dirigentes de la UGT, además, toda estrategia y toda política tenían que cumplir un objetivo central: la defensa, cuidado y crecimiento de la organización socialista, identificada, en una lectura característicamente idiosincrásica, con los más profundos intereses de toda la clase obrera española.

Pero la unidad organizativa de esta —de la forma que fuera— era un objetivo cuyas posibilidades prácticas parecían estar siendo minadas al mismo tiempo que la retórica política de unidad proletaria de la UGT se hacía cada vez más insistente. Las divisiones y tensiones tanto entre los afiliados y dirigentes socialistas y anarcosindicalistas como dentro de ambos movimientos crecieron a partir de abril de 1931 al fomentar el contexto republicano la movilización política de masas.

El objetivo de Largo Caballero en 1931 había sido usar el poder estatal —en particular los jurados mixtos— para excluir a la CNT. De forma nada sorprendente, esto había agriado más las relaciones con los dirigentes anarcosindicalistas, que ya desconfiaban de Largo Caballero por su colaboración con Primo de Rivera en los años veinte. De hecho, sin embargo, las tácticas de la UGT habían «rebotado». La lentitud y la obstrucción de las reformas durante el período 1931-1933 convirtió la experiencia de Gobierno de la UGT en una crisis de su propia identidad política. En cierto sentido esto era inevitable dado que la UGT, al igual que la CNT, incluía (antes y después de abril de 1931) tanto prácticas de resistencia obrera reformistas como radicales. Además, la UGT estaba también adquiriendo una mayor cantidad de afiliados entre los trabajadores no cualificados y marginados (a menudo emigrantes) en los años treinta; es decir, precisamente los sectores más golpeados por el desempleo y la recesión y para los cuales el sindicalismo de gestión de la UGT seguía siendo inaccesible. Esta es la situación subyacente, por ejemplo, en muchas de las huelgas en el Madrid urbano de los años treinta, incluidas las de 1936 en la construcción y la hostelería, en las que los huelguistas de la UGT continuaron la huelga junto a los de la CNT, desobedeciendo los llamamientos de sus propios dirigentes para que volvieran al trabajo.

Un hecho absolutamente fundamental que hay que tener en cuenta es que las bases del movimiento obrero organizado, tanto en la UGT como en la CNT, no necesariamente creían que las estrategias de acción directa y las parlamentarias se excluyeran mutuamente o existieran en algún tipo de orden «evolutivo» rígido. Muchos querían acceder a ambas a la vez. Los trabajadores corrientes tampoco tenían por qué considerar a la UGT y la CNT como polos opuestos en términos ideológicos. Continuaba existiendo un cierto grado de «complementariedad». La riqueza de la cultura política anarquista es innegable, pero la falta de preparación de la CNT para participar en el sistema político republicano —en particular en el ámbito de la política municipal— fue una verdadera debilidad después de 1931. Fue esto, por ejemplo, lo que a principios de los años treinta dio al Partido Comunista de España (PCE) su oportunidad en Sevilla, donde empezó a desarrollar una base militante[12] (al igual que la ambivalencia de la UGT hacia las tácticas radicales había abierto el camino al Partido Comunista en el norte industrial). Más aún, fue probablemente esta actitud política pragmática y fluida entre las bases obreras la que explica la importante atracción de la estrategia de alianza electoral de centro-izquierda que volvió a emerger en el Frente Popular durante la primavera de 1936. Para muchos de los afiliados socialistas, comunistas y anarcosindicalistas, el Frente Popular era una estrategia parlamentaria, pero también era algo más. Precisamente por esta razón, el PCE no fue el blanco de sus críticas cuando hizo su transición desde un frente exclusivamente obrero (el «frente único») al Frente Popular.

El mismo Largo Caballero y sus compañeros en la dirección de la UGT eran contrarios a cualquier tipo de acción directa, pero se dieron cuenta de que los sentimientos de sus bases no eran necesariamente tan claros. El lenguaje revolucionario que Largo empezó a adoptar en sus discursos, después de que los socialistas hubieran dejado el Gobierno en 1933, era (conscientemente o no) un intento de contener las corrientes radicales en el movimiento socialista sin contraer, supuestamente, ningún riesgo organizativo. De hecho, los riesgos resultaron ser mayores en muchos aspectos porque Largo Caballero y su ejecutiva convocaron una huelga nacional revolucionaria, pero fracasaron de forma significativa a la hora de dirigirla. Cuando la huelga estalló en octubre de 1934, su epicentro y dirección estuvieron lejos de Madrid: en Asturias. Como resultado, Largo y su comisión ejecutiva se verían envueltos en la insurrección de los mineros en dicha región. Su repercusión judicial, cuando los dirigentes de la UGT fueron llevados a juicio por rebelión militar, activó todos sus peores recuerdos de 1917. Pero, incluso después del juicio, Largo Caballero continuaría todavía empleando una retórica revolucionaria vehemente, porque, después de octubre, tenía también miedo de que la UGT fuera sobrepasada por la izquierda. Pero este fue un rumbo muy irresponsable, porque Largo seguía sin tener ninguna estrategia para organizar una revolución. Además, el hecho de que la UGT fuera relativamente más centralizada que la CNT significaba que este intento de lograr la cuadratura del círculo entre radicalismo y reformismo produciría tensiones internas mucho más fuertes y lo haría mucho más rápidamente.

La CNT, como una organización menos estructurada, con federaciones regionales que, históricamente, habían sido en la práctica entidades independientes, había sido capaz de vivir más fácilmente con diferencias políticas internas. Pero el papel del socialismo en el Gobierno entre 1931 y 1933 había aumentado las divisiones internas en la organización anarcosindicalista, a favor y en contra de la participación política. Sindicalistas como Ángel Pestaña y Joan Peiró argumentaban que había llegado el momento de abandonar el antiparlamentarismo para incorporar a la CNT al sistema político lo suficiente como para permitir la defensa de sus militantes y sectores sociales a través de los canales formales de la política municipal y las oficinas de colocación obrera que ahora existían. El nuevo contexto republicano no daba a la CNT otra opción que competir en la arena política con el PSOE y la UGT. Advertían de que el fracaso en renovar la ideología y la práctica libertarias dejaría a las bases de la CNT sin protección y, en último término, las reduciría, porque sus militantes serían atraídos por los beneficios que se percibían en su rival socialista como sindicato introducido en el poder del Estado. En opinión de los sindicalistas, los anarquistas puros, al rechazar aprobar el compromiso político de la organización, no solo estaban ayudando a los dirigentes de la UGT en su intento de atraer a los afiliados de la CNT, sino que estaban también perjudicando el bienestar y los derechos de las bases anarcosindicalistas. Sin embargo, para los anarquistas radicales, quienes, a diferencia de grandes sectores de las mismas bases de la CNT, veían la cuestión en términos maniqueos, proponer un compromiso político de cualquier tipo equivalía a traicionar la finalidad y el valor de la acción directa y de las confrontaciones entre el Estado y los trabajadores.

Los argumentos de los reformistas parecían haber encontrado un eco en el declive de la militancia de la CNT ocurrido entre 1931 y 1936. Este sería mayor en la importante federación regional catalana, la Confederación Regional del Trabajo (CRT), que cayó de 300 000 miembros en 1931 a alrededor de 136 000 hacia mayo de 1936[13]. Esto no afectó necesariamente al considerable poder de movilización informal de la CNT entre los sectores sociales radicalizados y excluidos —particularmente en Barcelona—, pero indica algún tipo de «encrucijada» organizativa. De hecho, esta fue claramente definida por la escisión treintista de 1931, cuando abandonaron la CNT sindicatos de Cataluña y Valencia que representaban a trabajadores cualificados de los sectores industriales más desarrollados. Consideraban su posición insostenible y tampoco veían la forma de ganar el debate sobre la estrategia frente a los anarquistas radicales[14]. Algunos de los más poderosos de estos sindicatos nunca volverían a la CNT. El hecho de que el treintismo fuera tan influyente en Cataluña muestra, de forma muy clara, que este profundo enfrentamiento dentro de la CNT no separó a la organización del resto de España del centro catalán, sino que más bien dividió también al movimiento libertario de Cataluña.

Merece la pena destacar también que fue en las zonas donde los treintistas eran fuertes en Cataluña en las que se produjeron también grandes avances de partidos políticos casi catalanistas más inclinados a la izquierda que Esquerra en los años treinta. El principal ejemplo fue la organización comunista catalana Bloc Obrer i Camperol (BOC[15]), que en septiembre de 1935 se fusionaría con la Izquierda Comunista de España (ICE) para llegar a ser el componente más importante del POUM. Esta coincidencia entre los treintistas y el BOC refuerza el argumento de que el centro de la crisis de la CNT fue su continuo rechazo de la política parlamentaria en un contexto de acelerada movilización política de masas. Esto puede también haber sido una razón por la cual en varios feudos históricos de la CNT (Valencia, Sevilla y, en menor medida, Zaragoza) la militancia de la UGT fue creciendo gradualmente durante el período 1931-1936. Sería también en la UGT donde algunos de los sindicatos treintistas encontrarían al final un nuevo hogar en 1936. Por ejemplo, los de Sabadell y Manresa se unirían a la UGT catalana en la exaltación política y el entusiasmo de masas por la «unidad obrera» que siguió a las elecciones ganadas por el Frente Popular en febrero de 1936. Pocos sindicalistas irían tan lejos como Pestaña, quien en 1933 dejó la CNT para formar el Partido Sindicalista. Pero cuando abandonó el sindicato anarcosindicalista, dejó tras de sí un debate creciente sobre cuáles debían ser la ideología y las formas organizativas del movimiento libertario, que continuaría durante la Guerra Civil. Tampoco este debate implicó solo a la CNT, sino que trascendió a la Federación Anarquista Ibérica (FAI), creada en 1927.

El impulso para crear la FAI había partido de los radicales preocupados por la influencia de los sindicalistas reformistas en la CNT. Pero la imagen de la FAI como una organización cerrada, basada en células de los que opinaban igual, es un tanto engañosa. La FAI era, según su propia definición política, una red de grupos anarquistas más o menos independientes. Esto significaba que la FAI también reflejaba y transmitía las variaciones en las perspectivas políticas anarcosindicalistas. Sus grupos debatían las mismas cuestiones de dirección ideológica y jerarquía y centralización organizativa que la CNT. Y, al igual que en esta, las opciones expresadas en estos debates variaban. Sin duda, la FAI incluía a anarquistas radicales entre sus miembros, incluso algunos poderosos y carismáticos. Pero no era tan homogénea políticamente como suele ser descrita, sobre todo fuera de Cataluña. Es importante tener esto en cuenta al considerar la evolución política de la FAI durante la Guerra Civil.

El impacto de los argumentos de los sindicalistas reformistas en la CNT-FAI en su conjunto se diluyó, sin embargo, por la forma en que otros sectores sociales identificados con la CNT estaban experimentando la República «sobre el terreno». Las reformas lentas o paralizadas, la exclusión de los trabajadores no cualificados y temporales de cualquier «new deal» y luego, después de noviembre de 1933, la retirada incluso de las pequeñas mejoras por parte del Gobierno de centro-derecha bloquearon a los sindicalistas reformistas. Como resultado, la reforma organizativa se producía a un ritmo que era casi imperceptible.

Como se había acordado en los congresos de la CNT de 1918 y 1919, la estructura sindical gremial había sido transformada en sindicatos de industria, los Sindicatos Únicos. Esto significaba unir en una única sección a todos los sindicatos que actuaban dentro de una industria dada; por ejemplo, la construcción o la industria textil constituyeron cada una una sección industrial, entre trece creadas en total. En 1931, el congreso de la CNT aprobó la siguiente etapa para consolidar estos sindicatos en federaciones nacionales de industria, algo a lo que se habían opuesto con éxito los anarquistas radicales en 1919. Pero hubo escasos progresos entre 1931 y 1936. Si se hubieran creado las federaciones nacionales de industria, habrían podido superar la falta de vertebración de la CNT. En la práctica, las regionales de la CNT habían sido siempre entidades autónomas. La dirección nacional era elegida para representar, pero no tenía ningún poder para hacer cumplir políticas o directrices organizativas. Durante las huelgas de los años treinta la CNT ni siquiera tenía medios organizativos para comunicarse con los mismos sindicatos que la formaban, lo que restringía mucho su eficacia. En ausencia de federaciones nacionales, era también difícil para las organizaciones de diferentes sectores industriales comunicarse entre ellas. De hecho, poca comunicación eficiente —tanto de arriba abajo como horizontalmente[16]— era posible más allá del ámbito regional. Como consecuencia, la CNT tuvo grandes dificultades para coordinar huelgas industriales modernas en el ámbito urbano durante los años de la República[17].

Una importante crisis ideológica y organizativa se cernía sobre la CNT en 1936, aunque hasta hace poco no se ha destacado mucho en la historiografía. En mayo, su famoso congreso de Zaragoza intentaría restaurar la «unidad» simplemente negando la división. Este congreso respaldó la línea antiparlamentaria «por aclamación», a la vez que también acordó la reincorporación de algunas de las federaciones sindicales que habían abandonado la CNT después de la ruptura treintista[18]. Pero, en realidad, el congreso no resolvió nada. El conflicto entre sindicalistas y anarquistas puros sobre la futura estructura de la CNT y la FAI seguía todavía sin resolver cuando los militares se rebelaron en julio de 1936. Después de ese momento, la falta de federaciones nacionales de industria dificultaría seriamente la coordinación de la resistencia. Además, esto también significaría, irónicamente, que los anarquistas radicales no tendrían ninguna base organizativa integrada desde la que discutir la política de guerra con sus oponentes políticos del Frente Popular.

Pero las consecuencias de las disensiones internas entre los líderes de la CNT o del conflicto con sus homólogos de la UGT no fueron la única fuente de fragmentación de la izquierda en el período 1931-1936. Hubo también encarnizadas y violentas disputas entre algunos sectores de las dos militancias. Este conflicto a menudo era consecuencia del impacto cotidiano de la recesión en una sociedad en que las tasas de desempleo eran altas y pocos tenían acceso a alguna clase de asistencia pública. Como un trabajo reciente ha mostrado, esto también produjo numerosas nuevas movilizaciones de los trabajadores en ámbitos de base relacionadas con quejas locales específicas[19]. Esta situación se agravó aún más porque la CNT estaba también luchando contra el intento de la UGT de controlar el mercado laboral. Las demandas de las huelgas de 1932 y 1933 —más de la mitad de ellas convocadas en el sector de la construcción y en el agrícola— reflejaban este clima: no debía haber más reducción de la jornada de trabajo y se debía establecer un sistema de turnos para racionar el trabajo y una cuota para asegurar que los desempleados fueran contratados[20]. De hecho, había un estado de guerra abierta a causa de las tensiones provocadas por el dominio de los jurados mixtos por parte de la UGT. La huelga de la construcción convocada por la CNT en septiembre de 1933 estaba dirigida, en primer lugar, a lograr el reconocimiento del sindicato y unos derechos de negociación iguales mediante la ruptura del monopolio de la UGT en la contratación en los nuevos solares en construcción. En el sector agrícola también hubo constantes conflictos entre 1931 y 1933 entre los sindicatos socialistas y anarcosindicalistas por el funcionamiento de los jurados mixtos[21]. Además, las tensiones fueron exacerbadas por la aplicación de la legislación de orden público republicana, como hemos visto. Estos antagonismos tenían mucho en común con los que estaban ocurriendo entre el SPD y el KPD en la República de Weimar. El KPD, como la CNT, se identificó cada vez más con los excluidos política y económicamente del orden republicano: los trabajadores no cualificados, desempleados, inmigrantes y marginados, a los que movilizó.

En los muelles de Barcelona, la batalla entre los sindicatos de trabajadores del puerto socialista y anarquista por atraer militantes estalló otra vez de forma violenta[22]. Los militantes eran importantes por sí mismos, pero la particular violencia del enfrentamiento de los años treinta derivaba del hecho de que el trabajo, como un «artículo» cada vez más escaso, se asignaba en las oficinas de colocación obrera de la República de acuerdo con el tamaño de los sindicatos. Había también algunas otras fuentes específicas de tensión. Por ejemplo, en los años treinta la UGT catalana se había convertido en el refugio de guardias de seguridad privados que habían pertenecido anteriormente a los Sindicatos Libres, los sindicatos amarillos de los años veinte que se hundieron con la caída de la dictadura de Primo de Rivera. Los ugetistas eran también utilizados a veces en Cataluña para reemplazar a los trabajadores de la CNT en huelga, ganándose así una reputación de esquiroles o rompehuelgas. También en otros sitios hubo otras formas de confrontación violenta entre las bases de los dos sindicatos «hermanos». En Sevilla, los conflictos entre las organizaciones se hicieron más tensos por la importante presencia de sindicatos comunistas en oposición directa a los de la CNT[23]. En Madrid, surgieron nuevas tensiones al introducirse la CNT en lo que había sido tradicionalmente un baluarte de la UGT.

La CNT era particularmente fuerte entre el gran número de trabajadores no cualificados de la construcción que, atraídos por el auge de esta industria en los años veinte, habían acudido en gran número a Madrid para trabajar en los grandes solares en construcción. Su situación había empeorado al empezar la industria a reducir costes, enfrentada a los efectos de la recesión. Sin ningún poder de negociación, estabilidad laboral o asistencia social, las tácticas de confrontación y las huelgas eran cada vez más las únicas opciones posibles para estos trabajadores no cualificados[24]. Los dirigentes de la UGT, recelosos del cada vez mayor número de huelgas apoyadas por la CNT, a las que veían como una amenaza a su control de la capital, buscaron reimponer entre 1931 y 1933 el mecanismo de arbitraje de los jurados mixtos. Pero, de hecho, esto solo sirvió para exacerbar los conflictos entre los sindicatos, y en la primavera de 1936 la situación era explosiva.

En abril, el temor de la UGT a perder el control pareció confirmarse cuando, en el quinto aniversario de la República, muchos de sus militantes, haciendo caso omiso a la oposición tanto de los dirigentes socialistas como comunistas, se unieron a la huelga general convocada por la CNT. La prensa de la UGT acusó a la CNT, de forma contundente, de fomentar «la rebelión contra el Estado», a lo que la CNT contestó reanudando sus criticas al colaboracionismo socialista. Largo Caballero era «el socialista enchufado de antaño», al igual que durante la dictadura de Primo de Rivera, aconsejando ahora a los ministros republicanos cómo «manejar» las huelgas a cambio de un estatus preferente y la renovación de los privilegios estatales de la UGT. El conflicto entre los sindicatos se intensificó con la huelga general de la construcción de Madrid, que empezó en junio de 1936 y seguía todavía sin resolver en el momento de la rebelión militar. El 11 de julio la UGT, a través del periódico Claridad, realizó un llamamiento a la vuelta al trabajo, «por el Frente Popular, por la consolidación de vuestra victoria sobre la clase patronal», que se encontró con otro cáustico ataque desde la CNT. De forma más significativa, un considerable porcentaje de las bases de la UGT en la capital (el 24 por ciento) era también hostil a volver al trabajo y se puso de parte de la CNT[25].

Este otro tipo de guerra —dentro de la cual se produjeron el golpe militar de julio y la consiguiente Guerra Civil— muestra el grado en que los efectos materiales de la crisis económica habían enemistado a los sectores sociales de la izquierda. El efecto acumulativo de tales enfrentamientos en la España republicana urbana y rural creó un legado de desconfianza que deterioró el espacio político para un acuerdo de fondo entre la UGT y la CNT durante la guerra[26].

Pero cualquier consolidación viable de las fuerzas a la izquierda de la alianza republicano-socialista había sido ya bloqueada para siempre en 1934, cuando, de diferentes formas, tanto la UGT como la CNT habían incapacitado de hecho a la Alianza Obrera. Esta fue en su origen una iniciativa del BOC catalán, que quería utilizarla como una plataforma de lanzamiento de su activismo fuera de Cataluña. Pero, precisamente porque se concebía la Alianza como una estructura entre las organizaciones, podría haber ofrecido, de haberse realizado, una oportunidad real a la izquierda para consolidar y coordinar su acción. Por lo menos, una Alianza Obrera en funcionamiento podría haber proporcionado la coordinación nacional crucial de que carecía la izquierda en la primavera e inicios del verano de 1936, cuando se tramaba la conspiración militar.

Sin embargo, la CNT rechazó rotundamente participar en una iniciativa «política», aunque algunos sindicatos treintistas de Cataluña sí que lo hicieron. Al principio, Largo Caballero prometió el apoyo socialista. Pero a lo largo de 1934 quedó claro que estaba interesado en la Alianza Obrera solo como un medio de extender la influencia del PSOE y la UGT en zonas donde tradicionalmente el movimiento socialista era débil y, en primer lugar, en la misma Cataluña. Pero otros componentes de la Alianza Obrera en Cataluña recelaban de esto, especialmente la Unió Socialista de Catalunya (USC). Esta se había separado del PSOE en 1923 precisamente por la falta de simpatía del partido hacia las cuestiones nacionalistas. Las relaciones entre ambos no habían mejorado durante la República. El hecho de que en las elecciones municipales de abril de 1931 el PSOE se hubiera aliado en Barcelona con el Partido Radical, que tenía fama de anticatalanista, es una muestra de su animadversión hacia la USC. Luego, en 1933, el fuerte centralismo del PSOE acabó con el intento de la USC de acordar una medida de autonomía organizativa para el socialismo catalán, incluso aunque esto estaba en consonancia con el espíritu del Estatuto de Autonomía de 1932[27].

Las tensiones dentro del movimiento socialista no eran las únicas que actuaban contra la Alianza Obrera. Tampoco los muchos antagonismos subyacentes en los ámbitos de base que ya hemos analizado le auguraban buenos resultados en el futuro. Pero la Alianza nunca alcanzó un punto de partida como entidad nacional, obstruida por el peso muerto del burocratismo caballerista. En parte esto era una manifestación del miedo «existencial» de la UGT a que cualquier iniciativa que no emanara de ella fuera una amenaza para su control. En parte, también, era una respuesta práctica al fundamentado miedo de que el pequeño y combativo PCE viera la Alianza como un medio de atraer a las bases socialistas. Pero, en cualquier caso, sin la capacidad de articulación nacional del PSOE y la UGT, la Alianza Obrera simplemente no era viable.

También dentro de Cataluña la Alianza estaría plagada de problemas. Al principio, integró prácticamente a todas las fuerzas de la izquierda política catalana: el BOC, la USC, los rabassaires, la diminuta Izquierda Comunista de España de Andreu Nin y —en diciembre de 1933— a la pequeña sección catalana del PSOE, al igual que a la más importante sección de la UGT. Pero los dos componentes clave de la Alianza eran, ante todo, el BOC y la USC. El BOC, como la USC, había nacido de una escisión de un partido hermano centralista, en este caso el PCE, que, como el PSOE, no simpatizaba con las demandas político-culturales del nacionalismo[28]. Pero las consecuencias de las dos rupturas habían sido bastante distintas. La USC era una pequeña minoría que se había separado de un partido hermano socialista bien establecido con una considerable presencia en el conjunto de España. Sin embargo, el BOC había absorbido, de hecho, a los cuadros de la Federación Catalana del PCE, que, cuando abandonaron el PCE a finales de los años veinte, constituían la mayoría de la totalidad de la militancia nacional del minúsculo Partido Comunista. En términos de proyectos políticos, el socialismo de la USC estaba próximo al credo pragmático socialdemócrata e inmerso en un fuerte catalanismo, mientras que los líderes del BOC no daban tanta importancia a la cuestión nacionalista y ofrecían un programa socialista con un lenguaje obrerista y radical.

Pero, a pesar de esta diferencia de énfasis político, el BOC y la USC habían sido rivales organizativos desde la proclamación de la República, dado que competían por militantes entre los mismos sectores de profesionales de clase media baja urbana y trabajadores cualificados, catalanoparlantes y, frecuentemente, catalanistas[29]. La más pequeña USC, atrapada entre la influencia de los más poderosos BOC y CNT, tenía pocas opciones, excepto existir en la órbita política de Esquerra, con la que colaboraba en la Generalitat[30]. Gracias a ello, la USC logró una presencia institucional en Cataluña a la que nunca podría haber aspirado en función de sus pobres resultados electorales.

La USC veía su participación en la Alianza Obrera en 1934 como un medio de fortalecerse a sí misma como entidad política, pero también de favorecer una política reformista en Cataluña. La Alianza había unido a la izquierda política en la región, incluida la sección catalana de la UGT, a la que la ejecutiva nacional de la UGT había vetado el acceso de la USC solo un año antes. Ahora, la USC esperaba que la Alianza Obrera proporcionara un complemento valioso a su presencia en la Generalitat. En otras palabras, la Alianza serviría como una importante fuente de presión popular para mantener el ritmo de reformas sociales y políticas de Esquerra en el Parlamento. En esta aspiración de la USC podemos alcanzar a ver parte de la razón subyacente a la alianza del Frente Popular, como surgiría más tarde, en 1936, en el conjunto de España. Merece la pena destacar también que la USC mantendría su propia alianza electoral con Esquerra durante todo el período republicano (1931-1936), independientemente de la ruptura de la coalición republicano-socialista en 1933 en el resto de España.

Pero fueron precisamente las relaciones de la USC con el republicanismo catalán, y en especial su colaboración gubernamental, lo que constituyó la manzana de la discordia con el BOC, que veía la pertenencia a la Alianza Obrera incompatible con la participación en un «Gobierno burgués». Esto significaría la salida de la Alianza tanto de los rabassaires como de la USC. A partir de ese momento, la Alianza Obrera de Cataluña luchó en vano contra la marginación política. La USC entendía que la reforma en Cataluña (e incluso más en el resto de España) requeriría siempre —frente a una derecha resuelta y una izquierda fragmentada— una amplia coalición integrada tanto por el republicanismo progresista de clase media como por las organizaciones de la izquierda política. Pero todavía no había llegado el momento de que esta idea crucial fuera escuchada.

EL OCTUBRE ASTURIANO (1934)

El único lugar donde la Alianza Obrera logró verdaderamente su objetivo de unidad —aunque en circunstancias desesperadas y, al final, desastrosas— fue en Asturias. La colaboración histórica de la UGT y la CNT en el norte fue crucial. La heterogénea mezcla en la región de pequeños centros de producción industrial descentralizados y dispersos, pequeña propiedad agrícola, actividad portuaria (centrada en Gijón) y producción artesanal, había dado lugar a un alto grado de coincidencia entre la UGT y la CNT. Ambos sindicatos representaban a los trabajadores de la industria pesada y de sectores artesanales y de servicios. Esto creó las bases para una colaboración práctica, especialmente porque ninguno de los sindicatos era lo suficientemente dominante en la región como para excluir al otro. Las simpatías políticas preexistentes también se vieron fortalecidas durante los primeros años de la República por la hostilidad cada vez mayor de los dirigentes de la CNT asturiana hacia las corrientes anarquistas radicales. Esta animadversión cristalizó con la huelga general fracasada de diciembre de 1933 en Gijón, que abrió el camino para que se forjase la Alianza Obrera Asturiana[31].

Paradójicamente, dadas las circunstancias de su nacimiento, la Alianza Obrera de Asturias se encontró pronto en el centro de una radicalización política cada vez mayor como resultado de las tensiones económicas en la región. La recesión había agudizado la crisis crónica de la industria de la minería del carbón asturiana. Los intentos de apuntalarla mediante ahorros que repercutieron directamente en el sustento o la seguridad de los trabajadores habían dado lugar a un grave empeoramiento de las relaciones laborales[32]. Una vez más, los dirigentes de la UGT (tanto su ejecutiva nacional como la del Sindicato Minero Asturiano, SMA) se encontraron en la situación familiar de tratar de controlar a unas bases radicalizadas. Junio de 1934 ya había supuesto la frustración de los trabajadores agrícolas al echarse a la calle en una huelga de la FETT amarga y sangrienta. La chispa que encendió la mecha en octubre fue proporcionado por la CEDA: sus ministros entraron en el Gobierno central para reclamar, en un clima nacional de protesta y polarización cada vez mayor, las tres carteras más delicadas: Agricultura, Trabajo y Justicia. La izquierda española, consciente de los precedentes alemán y austríaco, vio esto como la llegada del fascismo al poder por medios legales. Su respuesta fue una huelga general en toda España. Esta en gran medida fracasó, al igual que la protesta de Esquerra, principalmente simbólica, desde la Generalitat. Pero en Asturias se convirtió en una rebelión armada, aunque muchos de los que tomaron parte en ella veían lo que estaban haciendo como una defensa de la reforma social de la República. Una vez más, la línea entre acción directa y acción parlamentaria fue considerada permeable, y no solo por los recién movilizados políticamente.

Los mineros resistieron durante dos semanas. Pero sus pueblos fueron bombardeados por la fuerza aérea española, o por la marina si estaban en la costa, y, por último, sus valles fueron invadidos por el ejército. A continuación se produjo una dura y extensa represión en toda Asturias, en la que el general Franco, como responsable de facto del Ministerio de la Guerra, utilizó tanto tropas marroquíes como la Legión Extranjera. Las garantías constitucionales se suspendieron en toda España. El impacto en la izquierda fue catastrófico. Treinta mil personas fueron encarceladas y muchas de ellas torturadas. Otros marcharon al exilio, entre ellos Indalecio Prieto, el inteligente y enérgico líder del sector centrista del PSOE. Los locales de partidos y sindicatos fueron clausurados y la prensa de izquierdas fue silenciada. Los ayuntamientos socialistas fueron suspendidos, los funcionarios de opiniones liberales o de izquierdas fueron discriminados y, en todo el país, patronos y gerentes aprovecharon la oportunidad para despedir en masa a militantes de sindicatos y partidos de izquierda.

El daño causado al PSOE y a la UGT por la represión traumatizó gravemente a sus dirigentes (y a nadie más que a los veteranos de la UGT, para quienes la grandeza del movimiento socialista estaba inscrita en su patrimonio material). De hecho, la ejecutiva nacional de la UGT no había jugado ningún papel en los sucesos de Asturias ni había participado directamente en las decisiones tomadas por la Alianza Obrera Asturiana. Además, dada la escasa, por no decir nula, intervención de los veteranos dirigentes caballeristas madrileños en la dirección de la huelga general en Madrid, algunos militantes del movimiento socialista pronto se preguntarían si la ruidosa y autoproclamada «izquierda socialista» había participado activamente en algún sitio. La ejecutiva del PSOE, sin embargo, tuvo que responder legalmente por los sucesos. Durante su juicio, Largo Caballero, que temía la confiscación punitiva de los bienes del PSOE y la UGT, realizó su famosa negación de responsabilidad por el movimiento asturiano. Esto ofrecería al Partido Comunista de España la oportunidad que necesitaba para salir de la marginalidad política. Incluso aunque su papel en los sucesos de octubre había sido marginal, el PCE asumió complacido la responsabilidad por lo sucedido[33]. Al principio, el partido se proyectó como un símbolo de la unidad proletaria en la campaña para lograr un «frente único» de trabajadores liderado por los comunistas. Pero también podemos ver en las consecuencias de octubre las semillas de la estrategia interclasista de frente popular que el PCE seguiría posteriormente: por ejemplo, en la incorporación de republicanos de izquierda en el trabajo de los Comités de Ayuda a los Presos. Fue también después de octubre cuando la Agrupación de Mujeres Antifascistas (AMA) del PCE llegó a ser activa en el reclutamiento de afiliadas entre los distintos sectores económicos y sociales[34].

Hasta que el VII Congreso de la Internacional Comunista (Comintern), celebrado en el verano de 1935, aprobó el «viraje» hacia el Frente Popular, el PCE estuvo todavía comprometido formalmente con la política de un simple frente único. Sin embargo, como acabamos de ver, hacia finales de 1934 el contexto nacional en España, como en otros lugares de Europa, estaba en la práctica empujando a los partidos comunistas en la dirección de lo que pronto llegaría a ser su nueva política. Por supuesto, esto es poco sorprendente. El crecimiento entre las bases de lo que en España se llamó «clima de unidad» fue en todas partes una influencia formativa clave en el surgimiento de la política de frente popular de la Comintern[35].

Antes de finales de 1934, los avances significativos que el muy pequeño Partido Comunista de España había sido capaz de hacer fueron el resultado de que pudo recurrir a unas formas más radicales que las que el PSOE se sentía capaz de utilizar; por ejemplo, en Vizcaya y Asturias en los años veinte, como hemos analizado en la introducción. No fue una coincidencia que el avance del sindicato del PCE en Asturias coincidiera con la colaboración de la UGT con la dictadura de Primo de Rivera. Sevilla también se convirtió en una base importante del PCE cuando el final de los derrochadores programas de obras de Primo de Rivera en los años veinte dejó una masa de obreros de la construcción desempleados, para los que el tradicional sindicalismo de gestión de la UGT no tenía utilidad ni atractivo[36]. A principios de los años treinta, en Sevilla el PCE fue capaz de beneficiarse del rechazo de la CNT a participar políticamente en la República. De hecho, a finales de los años veinte, el PCE había adquirido cuadros y dirigentes (entre ellos su futuro secretario general, José Díaz) de diferentes sindicatos de la CNT de Sevilla. El PCE también continuó beneficiándose en esta ciudad de la prudencia y el compromiso gubernamental del PSOE y la UGT. Ese fue el momento en que la entonces línea del PCE de socialfascismo o «clase contra clase» era atrayente, precisamente porque se ajustaba a los conflictos y tensiones preexistentes entre los diferentes sectores obreros, producidos o exacerbados por la depresión económica[37]. Como hemos visto, el PSOE y la UGT intentaron defenderse de la invasión del PCE (y de la CNT) con su táctica tradicional de combinar un discurso radical con una práctica moderada. Pero esto era menos creíble ahora que el mismo PSOE estaba dentro del círculo de poder político en lugar de ser una fuerza al margen de este, como lo había sido durante los años de la Restauración monárquica.

La continua marginalidad del PCE en los años veinte y principios de los treinta ha sido siempre atribuida a la fuerte imposición de políticas inapropiadas y sectarias por parte de la Comintern. Sin duda, esto ocurrió y tuvo algunos efectos devastadores. Por ejemplo, como ya se ha mencionado, fue en gran medida la responsable de la pérdida del grueso de la militancia del PCE cuando, en vísperas de la Segunda República, la federación catalana abandonó el partido. Pero incluso aparte del efecto de la Comintern, es difícil ver qué espacio (o audiencia) político en la izquierda podría haber estado disponible para el PCE antes de 1931. Su oportunidad llegó precisamente por las consecuencias políticas de la República, la participación del PSOE y la UGT en ella, y la reticencia tanto de los republicanos como de los socialistas a aceptar el reto de la movilización política de masas en una sociedad como la española, con niveles bastante bajos de educación tanto general como política. Conscientemente o no, este era el reto al que el secretario general del PCE, José Díaz, estaba respondiendo cuando en junio de 1935 lanzó la campaña por una «Concentración Popular Antifascista» en Madrid[38].

EL PCE Y EL FRENTE POPULAR

La gran fuerza del PCE en 1935 derivó del hecho de que estaba esforzándose por una alianza política interclasista que podía movilizar a «la nación republicana». Esta incluía a sectores de clase media y del movimiento obrero organizado, pero también significaba llegar a grandes cantidades de miembros de las clases medias y a los obreros que no estaban todavía afiliados a ningún partido político u organización. Por supuesto, por una parte, esto simplemente significaba que el PCE estaba aplicando la línea política de la Comintern. Y ciertamente, dado que la dirección del partido era el producto «disciplinado» de una purga interna anterior, ocurrida en 1932, y también estaba desprovista de dirigentes especialmente independientes o teóricos políticos significativos, no se puede argumentar que su adhesión al Frente Popular fuera conscientemente más allá de una obediencia a la disciplina de hierro de partido y a una creencia muy generalizada en la superioridad política del Partido Comunista. Estaba también el problema adicional y muy específico de la dominante personalidad de Victor Codovilla, el delegado de la Comintern enviado a España en 1932 para aconsejar al partido. Pero, por otra parte, estas cuestiones eran irrelevantes porque el Frente Popular, tal como fue expuesto por la Comintern y el PCE, respondía a una necesidad subyacente, tanto estructural como coyuntural, de la izquierda española —entendida en sentido amplio— en los años treinta. En primer lugar, estaba la necesidad de movilizar a la población para ayudar a construir un Estado republicano y, en segundo lugar, la necesidad de unir los fragmentos del proyecto antihegemónico que se había roto como resultado de las tensiones del primer bienio republicano. Esta cohesión era una condición previa esencial para que la izquierda fuera mínimamente capaz de resistir a la derecha, tanto en el ámbito de los cuadros estatales y del proceso político como en valores y símbolos nacionales[39]. Sin embargo, el PCE también estaba arrimando el hombro con la esperanza de que podría crecer, atrayendo a parte de las bases del PSOE y la UGT. Esto produciría una creciente hostilidad y una rivalidad organizativa cada vez mayor entre los comunistas y el sector largocaballerista del PSOE en 1935, y esto fue así especialmente porque el PCE concentró su campaña en la UGT.

EL CENTRISMO SOCIALISTA, 1935-1936: DE LA FRAGMENTACIÓN A LA «UNIDAD». EL CAMINO HACIA EL FRENTE POPULAR

Mientras tanto, dentro del más amplio movimiento socialista, la derrota del octubre asturiano y el tremendo coste para la izquierda de la posterior represión rápidamente llevaron a todos a actuar sobre dos temas. En primer lugar, la reconstitución de la alianza republicano-socialista: esto era crucial a corto plazo para ganar unas elecciones y poner en libertad, a través de una amnistía política, a los miles de presos detenidos después de octubre[40]. A medio plazo, aseguraría el retorno a un programa de reforma social y económica progresista por métodos parlamentarios. En segundo lugar, era imprescindible que no se permitiera que la izquierda socialista dificultara este proceso, especialmente dado que la otra conclusión sacada de los hechos de octubre era que la izquierda del partido no era revolucionaria en ningún sentido significativo. La visión que ganaba terreno rápidamente en el sector centrista del PSOE ligado a Indalecio Prieto —pero cuyos apoyos se extendían a sectores de la UGT y de las Juventudes Socialistas— era que la «izquierda» estaba tan en quiebra ideológicamente como era conflictiva organizativamente. Había mostrado una tremenda falta de iniciativa de liderazgo en octubre de 1934[41]. Tampoco había producido una línea política propia tangible, a pesar de su retórica más radical a partir de ese momento, y mucho menos una capaz de construir las estructuras de poder necesarias para organizar la revolución anticapitalista cuya inminencia había proclamado[42].

Para Largo Caballero y los veteranos dirigentes de la UGT, aislados sin una política clara desde su salida del Gobierno en 1933, un discurso revolucionario parecía ofrecer una solución en algunos aspectos, como la posibilidad de desbloquear la obstrucción de derechas en el Gobierno, mientras evitaba también que cualquier otro grupo político los adelantara por la izquierda. Hablar de revolución, además, no implicaba ningún riesgo para la organización socialista. De hecho, se demostraría que los dirigentes de la UGT estaban equivocados en las tres cosas. En 1935, la misma izquierda socialista, que nunca había sido una fuerza coherente, estaba desintegrándose ante el ataque competitivo del PCE. La atracción ejercida por el Partido Comunista en el sindicato y en el partido, pero sobre todo en las Juventudes Socialistas, crecería a lo largo del año.

Prieto estaba, mientras tanto, haciendo todo lo posible para resucitar la coalición republicano-socialista. A pesar de las respuestas ambivalentes del mismo Prieto durante los sucesos de Asturias, el centrismo socialista había visto a estos llegar como una avalancha que no tenía poder para prevenir y cuyo final había afectado negativamente a los frágiles inicios de negociación entre los republicanos y los socialistas (entre Azaña y Prieto) realizados durante 1934. Paradójicamente, sin embargo, octubre de 1934 ayudaría al PSOE de una forma crucial en este tema. La histérica campaña lanzada por la prensa derechista contra Manuel Azaña, como el siniestro autor de una revolución sangrienta, lo arrancaría de la oscuridad de la política decimonónica republicana para lanzarlo a lo que se puede casi considerar un estrellato político moderno[43]. Después de su salida de prisión, Azaña emprendió, a lo largo de la primavera y el otoño de 1935, una enorme campaña de propaganda para convencer a los españoles, y particularmente a los trabajadores, de la urgente necesidad de reconstruir un acuerdo electoral de la izquierda. Entre mayo y octubre, recorrió los principales centros urbanos pronunciando sus «discursos en campo abierto». En Valencia, habló ante más de cien mil personas, y en Bilbao la multitud fue incluso mayor. El 15 de octubre la campaña alcanzó su punto álgido en Comillas, a las afueras de Madrid, cuando cerca de medio millón de personas llegaron para oír a Azaña hacer su llamamiento a la unidad de la izquierda. Llegar tampoco fue un problema pequeño para los participantes, dado el ambiente político que prevalecía. En palabras del periodista británico Henry Buckley, que presenció el acto:

Este mitin no había sido anunciado mucho. Fue visto con malos ojos por las autoridades y, en algunos casos, la Guardia Civil hizo volver atrás a los camiones que transportaban a espectadores. Se detuvo en las afueras de Madrid a todos los vehículos que traían a gente desde pueblos lejanos, lo que causó una gran confusión y obligó a andar muchos kilómetros a hombres y mujeres ya cansados tras un viaje agotador. Había que pagar entrada para asistir: desde las quince pesetas que costaba la localidad de asiento más cara hasta la peseta y media que costaba la más barata. También hubo entradas más asequibles para estar de pie. No se obligó a nadie a ir al mitin. De hecho, era más que probable que los patronos mirasen con desagrado a los obreros que asistieron. Habían llegado desde los rincones más remotos del país, y algunos habían viajado cientos de kilómetros en camiones abiertos bajo un tiempo lluvioso y frío[44].

Un símbolo del proceso político más amplio que se estaba desarrollando, Comillas todavía resuena con el enorme potencial de ese momento.

Prieto fue capaz de usar la tremenda respuesta popular a los «discursos en campo abierto» para llevar a la izquierda socialista a apoyar una renovada alianza electoral entre los republicanos y el PSOE y la UGT. Aunque no fue fácil convencer a Largo Caballero, este no podía negar —y, de hecho, estaba muy impresionado con ella— la fuerza del sentimiento popular, que, como él mismo se daba cuenta, también existía en las bases socialistas. Y octubre de 1934 fue el factor más importante en la movilización obrera a favor de la alianza cuyo programa electoral prometía una amnistía para todos los presos políticos detenidos como consecuencia del levantamiento asturiano.

El PCE también trabajó duramente para persuadir a Largo de la locura de insistir en un frente únicamente proletario, e incluso envió al veterano dirigente sindical francés Jacques Duclos para presentar sus argumentos. Sin embargo, los comunistas no fueron los autores de la «conversión» de Largo: está claro que un veterano de la talla de Largo Caballero podía, al final, hacer la aritmética política por sí solo. Más aún, Largo, siempre un astuto veterano, también vio la inclusión del PCE como un medio de controlar sus pretensiones políticas, atándolo, aunque indirectamente, a la responsabilidad de cumplir el programa electoral. Largo Caballero, por tanto, condicionó su participación en la coalición electoral a la inclusión del PCE. A Prieto no le gustó, a pesar de la nueva línea frentepopulista del PCE. Azaña y los republicanos estaban incluso menos contentos. Pero al final se acordó que el PSOE y la UGT representarían en el Comité Electoral del Frente Popular a todas las fuerzas a su izquierda incluidas en el pacto electoral[45]. Esto contribuyó a la exhibición de una mayor unidad, pero también significó que el PSOE tendría que pagar por esto un alto precio, ya que la distribución del número total de candidatos de la izquierda obrera se realizó a partir de la misma parte del PSOE y la UGT y no proporcionalmente. Los que ganaron más en esta asignación de candidatos fueron los republicanos, que estuvieron muy sobrerepresentados en relación con su fuerza numérica, mientras que el PSOE y la UGT se encontraron en la situación opuesta[46].

EL FRENTE POPULAR

Sin embargo, la excesiva representación republicana era deliberada. Prieto entendió, de una forma que Largo Caballero no hizo, que un frente formado solo por las organizaciones obreras no sería lo suficientemente fuerte, teniendo en cuenta el país en su conjunto. Dado el perfil económico y social de España, la clase obrera urbana —incluso aunque estuviera apoyada por sectores rurales incorporados hacía poco tiempo— simplemente no representaba un estrato lo suficientemente amplio como para llevar sola el peso del cambio político estructural. Una alianza política de centro-izquierda liberal como el Frente Popular significaba una garantía de normas constitucionales y reforma social a través de la legislación parlamentaria. Pero este no podía ser, por definición, un programa de reforma socialista. Podía todavía, sin embargo, suponer un cambio estructural radical, tal como el mismo Prieto esbozaría en mayo de 1936 en su famoso discurso de Cuenca, «La conquista interior de España»[47]. Por supuesto, lo que esto significaba implícitamente era que se pedía a los trabajadores españoles que sacrificaran algunas de sus aspiraciones para mantener a bordo a los sectores de clases medias, que podían, de otra forma, ser atraídos por la derecha política. Pero tenía que ser esto o nada, porque solo un frente interclasista como el Frente Popular podía unir las suficientes partes de las «izquierdas» fragmentadas, entendidas como todos los sectores obreros y de clase media situados fuera de las estructuras de poder de la España del régimen monárquico. Solo juntos, como una coalición antihegemónica, podían resistir la fuerza de las élites políticas, cuyo poder ahora se ligaba peligrosamente con el de la opinión popular conservadora movilizada por la CEDA. En 1936, por tanto, la izquierda del resto de España había llegado a la misma posición política ocupada constantemente desde 1931 por un núcleo de la izquierda catalana (republicana y socialista).

En Cataluña, tanto Esquerra como la USC habían asumido la necesidad de una coalición amplia en 1931 y nunca la habían abandonado. Una diferencia fundamental con el Frente Popular del resto de España, sin embargo, sería que en Cataluña el PCE siguió siendo, durante 1935 y 1936, tan marginal como lo había sido en todos los demás sitios hasta entonces. Pero si el mismo PCE no se benefició en Cataluña de las consecuencias de octubre de 1934, luego lo harían las formaciones comunistas y socialistas específicamente catalanas. Esto no sucedió a expensas del PSOE, evidentemente, sino a expensas de la hasta entonces políticamente inexpugnable Esquerra. Como el PSOE en otros sitios, Esquerra había sufrido una dura represión después de octubre precisamente por su preeminencia organizativa e institucional.

La izquierda catalana estaba influida, como lo estaban sus homólogas del resto de España, por el «clima de unidad», que había crecido desde los sucesos de octubre de 1934. Las negociaciones empezaron en la primavera de 1935, para tratar de acordar unas bases para la unificación organizativa de los diversos partidos socialistas y comunistas de la región. Esto fue estimulado, en parte, por la nueva oportunidad de competir con Esquerra, pero las negociaciones fueron también una respuesta (tanto emocional como intelectual) a la ahora claramente percibida necesidad de superar la fragmentación de las fuerzas favorables a la reforma, una conciencia a la que la situación internacional infundió un mayor sentimiento de urgencia. Además, tanto las discusiones entre las internacionales socialista y comunista como la nueva política de frente popular de esta última hicieron que el momento pareciese especialmente oportuno.

Sin embargo, una característica singular de este proceso en Cataluña fue la gran fluidez de las posibles alianzas de la izquierda política socialista y comunista[48]. Debe tenerse en cuenta, además, que un buen número de dirigentes de la izquierda política de Cataluña habían empezado también en la CNT. Incluso parecía posible que la propuesta de fusión de socialistas y comunistas incluyera tanto al BOC como a la marginal sección catalana del PCE (el PCC), algo que, en caso de haber llegado a realizarse, hubiera supuesto un avance importante para superar la escisión «familiar» de finales de los años veinte. Pero los comunistas catalanes del PCC insistieron en excluir de cualquier posible fusión a la Izquierda Comunista de Andreu Nin por sus lazos con Trotski.

En el centro de las conversaciones de unidad en Cataluña estaban los grupos más grandes, el BOC y la USC. Aunque habían rivalizado desde 1931, una fusión hubiera producido un nuevo actor preparado para defenderse como un igual en una alianza con Esquerra. Pero el resultado de la Alianza Obrera en 1934 no era un buen augurio. Y, de hecho, al final el intento fracasaría debido a desacuerdos básicos entre los dos líderes sobre los objetivos políticos y la amplitud geográfica de un nuevo partido. Mientras que Joan Comorera, dirigente de la USC, era en 1935-1936 un defensor entusiasta de una amplia alianza de tipo frentepopulista, como lo había sido en 1931, Joaquín Maurín, por parte del BOC, quería que este compromiso estuviera estrictamente limitado a las elecciones, es decir, como una táctica para asegurar la amnistía política. Y mientras que la USC veía muy claro el papel que deseaba en términos de protagonizar la política catalana, Maurín quería quitar importancia al catalanismo del BOC y, al igual que en 1934, lanzar el nuevo partido a una carrera política en toda España.

Esto haría que el BOC se aliase con la Izquierda Comunista de Nin para formar el POUM en septiembre de 1935, a pesar de las objeciones que el mismo Trotski le planteó con vehemencia a Nin. Aunque el grupo de Nin simpatizaba políticamente con los objetivos más radicales y de ámbito estatal de Maurín, e incluso estaba más dispuesto a minimizar el catalanismo del nuevo partido, su tamaño minúsculo hacía que no pudiera incorporar una base extracatalana significativa. Tenía militantes en Madrid y en Valencia, pero tan pocos que podían ser considerados un grupúsculo más que un partido político[49]. Muchos miembros del BOC estaban incómodos con la fusión. Pero muchos permanecieron en el nuevo partido porque creían que la inteligencia política y la habilidad estratégica de Maurín ofrecían una garantía suficiente para el futuro. Una minoría, no obstante, dejó el BOC como protesta por la fusión y se unió a los comunistas catalanes del PCC. La animadversión entre los que permanecieron y los que se marcharon fue considerable, y esto se introduciría en la guerra de posiciones políticas de la izquierda catalana después del 18 de julio de 1936. Sin embargo, la fusión convirtió al POUM en el partido socialista más grande de Cataluña por un amplio margen a finales de 1935[50]. Su fuerza esencial, sin embargo, derivaba de los militantes catalanes —y catalanistas— del BOC en los otros centros urbanos de la región (por ejemplo, Lleida, Girona y Tarragona). Esta podría haber sido su fortaleza. Pero sería, de hecho, una debilidad durante la guerra. En ausencia de Maurín, preso en la zona rebelde, se intensificarían las contradicciones entre las propias bases del POUM —que hundían sus raíces en las clases medias bajas catalanistas— y la estrategia casi antifrentepopulista de sus dirigentes.

LA FORMACIÓN DEL PSUC

El fracaso a la hora de acordar las condiciones para una alianza con el BOC impulsaría a la USC a buscar otros aliados potenciales para fortalecer su posición política. Comorera, a pesar de ser un socialdemócrata tan moderado como la misma USC, estaba influenciado, por supuesto, por el sentimiento general de urgencia de la izquierda sobre la necesidad de fortalecerse a través de la unidad. Pero debemos también tener en cuenta que todo lo que Comorera podía acordar en route para la creación de un único partido socialista y comunista en Cataluña (el PSUC, formado en Barcelona en el verano de 1936) estaba guiado por el objetivo básico de la USC, existente desde que había empezado a funcionar como un partido político propiamente dicho en 1931-1932: que debía formar el núcleo dirigente de un partido socialdemócrata catalanista fuerte que desplazaría al final a Esquerra Republicana[51]. El PSUC ofreció una forma de unidad socialista en Cataluña que permitiría a la USC dirigirla, y el POUM, que era más grande, fue excluido. Al mismo tiempo, la fusión en el PSUC de otros fragmentos variados de la izquierda socialista y comunista de Cataluña también proporcionaría una base crucial que permitiría al nuevo partido escaparse de la órbita de Esquerra y defenderse políticamente. La exclusión del POUM también parecía eliminar la amenaza de una unidad socialista catalana que estuviera subordinada a una estrategia política de ámbito estatal, como la que el POUM había querido y que, si hubiera tenido éxito, habría relegado una vez más a la USC a un papel subordinado; en este caso no al PSOE, sino al mismo POUM. No estaría tampoco el PSUC subordinado al PCE porque fue proyectado no como una sección del PCE, sino como un partido separado e independiente, y como tal sería aceptado en la Comintern. La unidad en el PSUC permitió el reforzamiento de la izquierda catalana frente a Esquerra (para apaciguar los recuerdos de 1931-1933), pero sin romper el Frente Popular, como el POUM (y por supuesto la CNT) defendían, pero a lo que la USC, de carácter socialdemócrata moderado, se oponía totalmente.

La perspectiva de una unidad dentro del PSUC, más importante aún, liberó también a la USC de la molesta influencia del PSOE. La intransigencia del muy centralista PSOE, que se había resistido a cualquier concesión al catalanismo de la USC desde que esta se formó en los años veinte, es un factor crucial para explicar por qué Comorera, por motivos tácticos, estaba dispuesto a negociar con los comunistas catalanes y con la Comintern. En este aspecto, es muy significativo que la decisión tomada en julio de 1935 de proponer la afiliación a la Comintern al siguiente congreso de la USC fuera hecha por la ejecutiva de esta sin que hubieran tenido lugar conversaciones previas con sus homólogos comunistas catalanes (el PCC). De hecho, en el verano de 1935 no existía todavía ningún tipo de órgano de enlace entre la USC y el PCC[52]. Tampoco el hecho de que la libertad con respecto al anticatalanista PSOE llegara al precio de la pertenencia a la Comintern pareció especialmente arriesgado. Después de todo, como parte de la nueva línea política de frente popular, la Comintern había hecho suyo un discurso que simpatizaba mucho con las demandas nacionalistas. Sin duda, el delegado de la Comintern en Cataluña, el húngaro Ernö Gerö, que participó en diciembre de 1935 en las negociaciones para unir a la USC y al PCC, no desaprovecharía ninguna oportunidad para hacer hincapié en esto. La imagen de la Unión Soviética como agente de modernización social es también importante para entender la atracción que sentía por la nueva política la USC, un partido de clases medias bajas con aspiraciones. Por último, pero no menos importante, el entusiasmo de las bases por la unidad de la izquierda, que alcanzaría un crescendo después de la victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936, implicaba que la fusión en el PSUC era una opción que disfrutaba de un apoyo popular significativo. En enero de 1936, el PCC se uniría a las negociaciones de unificación entre la USC y el diminuto Partit Català Proletari (PCP).

Esta prehistoria del PSUC resuelve el enigma de las actitudes aparentemente contradictorias de Comorera tanto hacia la misma unificación como hacia la afiliación a la Comintern. En un mundo ideal, Comorera hubiera preferido un partido socialdemócrata catalán desvinculado tanto del PSOE y el PCE como de sus internacionales respectivas. Pero, en el mundo real, Comorera lo veía todo estratégicamente. El proceso de unificación en el PSUC fue, de todas maneras, ganando velocidad a lo largo de la primavera y el verano de 1936, al celebrar los partidos que lo constituirían reuniones para ratificar la unificación. Pero el final, el congreso de unificación conjunto fue programado para finales de agosto, y el tema de la relación del PSUC con la Comintern permaneció en un sentido muy real «en el aire», incluso aunque la USC estaba dando señales positivas. El mismo Comorera estaba probablemente menos entusiasmado por la afiliación a la Comintern de lo que indican sus declaraciones públicas favorables en marzo y junio de 1936. Al mismo tiempo, sin embargo, tenía motivos claros para sentirse bastante mejor dispuesto hacia los comunistas catalanes frentepopulistas y su internacional que hacia los socialistas catalanes. Después de todo, fue la caballerista federación catalana del PSOE en Barcelona la que en mayo de 1936 selló una larga tradición de obstruccionismo al obligar a Comorera a renunciar a que la USC apoyase a los republicanos en el Gobierno catalán (y, así, a dimitir de su puesto de conseller en la Generalitat) como condición para que el PSOE entrase en las negociaciones de unificación para crear el PSUC[53]. Comprometido como estaba Comorera a apoyar al Gobierno catalán, tuvo que aceptar el ultimátum caballerista, dado que, para que su estrategia de la creación del PSUC funcionase, necesitaba que el PSOE catalán entrase en el nuevo partido. La ejecutiva nacional del PSOE trataría de bloquear este proceso por su vinculación con la Comintern. Pero esta vez, en la primavera de 1936, y a diferencia de 1933, la federación catalana del PSOE y, lo que es más importante, la UGT catalana (a la que se había ya unido el mismo sindicato de la USC, la UGSOC) se separarían y apoyarían al PSUC.

En Cataluña, como en otras partes de España, las elecciones del Frente Popular de febrero de 1936 avivaron el entusiasmo popular por la unidad política de la izquierda. En mayo de 1936 el mismo sindicato del POUM, el FOUS, con aproximadamente seis mil militantes, también acordó unirse a la UGT catalana. Esta última fue fortalecida también con el ingreso de sindicatos de Sabadell y Manresa que contaban con unos 14 000 y 3300 militantes cada uno. Su entrada en la UGT catalana era también muy simbólica. Sabadell había sido una parte clave de la base de apoyo de la CNT en Cataluña, y Manresa era también una de las bases treintistas que había pertenecido a la CNT. Cerca de la mitad de los aproximadamente cuarenta mil afiliados cuyos sindicatos habían dejado la CNT en 1931 y 1932 acabarían en la UGT[54]. En Cataluña también, los movimientos juveniles (tanto nacionalistas como de izquierda) estaban siendo atraídos cada vez más por la política activista y vibrante del Frente Popular. La esfera de influencia para lo que pronto sería el PSUC estaba creciendo junto con estas corrientes. Pero la oportunidad de oro del naciente partido de competir con Esquerra solo llegaría unos meses más tarde, cuando el golpe militar de julio transformase completamente el terreno político rompiendo la conexión entre fuerza electoral y autoridad institucional, por un lado, y poder político, por otro.

LA PRIMAVERA «CALIENTE» DE 1936

También en el resto de España las elecciones del Frente Popular habían visto una explosión de energía política popular que no mostraba signos de abatimiento. En todas partes, el triunfo electoral de la izquierda había provocado demandas de una rápida readmisión de los trabajadores que habían sido despedidos después de octubre de 1934. Hubo también peticiones de medidas prácticas urgentes contra el desempleo y de aceleración de la reforma social. En Asturias, los comités locales del Frente Popular —algunos creados justo después de las elecciones— mostraron su capacidad para llegar a ser vehículos independientes y exigir las demandas de los obreros[55]. La CNT era también muy crítica con las restricciones de la amnistía política aprobada por el Frente Popular al día siguiente de su victoria. La amnistía beneficiaba a los condenados por motivos políticos como consecuencia de octubre de 1934, pero excluía a quienes la CNT llamaba «presos sociales», una categoría que incluía a muchos militantes de la CNT y de la FAI detenidos en aplicación de la Ley de Vagos y Maleantes o en los intentos insurreccionales de los primeros años de la República (1931-1933). Esta presión política popular —en las calles, en los espacios públicos, en los ayuntamientos— iba contra la preferencia tanto de los republicanos como del PSOE de «contener» el Frente Popular dentro del ámbito parlamentario y de afirmar la autoridad del Gobierno central[56]. El PCE, por su parte, buscaba mantener la movilización política popular extraparlamentaria dondequiera que podía. Pero, por la misma razón, prefería formas legales de protesta[57]. Sin embargo, como hemos planteado antes, muchos trabajadores españoles corrientes no veían necesariamente incompatible la acción parlamentaria y la acción directa de tono más radical como medios de lograr cambios. Quienes se habían unido a la FETT en la esperanza de una reforma dirigida por el Estado no consideraron que esto los excluyera de participar en las ocupaciones de tierra en marzo de 1936.

Los republicanos que gobernaron después de febrero temían tanto la acción popular que mantuvieron el estado de alarma prácticamente sin interrupción hasta la rebelión militar de julio de 1936. Sus temores estaban fuera de toda proporción con la extensión de la acción popular y lo que esta significaba. Pero, sin duda, los republicanos le tenían más miedo que el que tenían a las conspiraciones militares contra la República que se rumoreaban desde la derrota de las derechas en las urnas. Estas ansiedades descartaban cualquier posibilidad de que el Gobierno de Azaña tratara el asunto, todavía pendiente, de la desmilitarización del orden público. En esta cuestión crucial, como en muchas otras, los republicanos, una vez más, cosecharían lo peor de todos los mundos: en 1931 habían herido los sentimientos de muchos militares al desarrollar, con una retórica vehemente, la campaña de «responsabilidades» contra los acusados de haber cometido delitos o haber sido corruptos o incompetentes durante el régimen anterior[58]. Pero, en realidad, pocos oficiales fueron llamados para rendir cuentas. Así, los republicanos se habían enajenado a un sector poderoso y peligroso del cuerpo de oficiales, pero habían fracasado en «desarmarlos» en la práctica. La rebelión de julio sería desencadenada por los militares al declarar un estado de guerra, algo que todavía entraba dentro de sus competencias según los términos de la misma Ley de Orden Público republicana de 1933. Si los republicanos hubieran desmilitarizado el orden público, no solo habrían impedido que los conspiradores usaran la legalidad como un manto para encubrir sus acciones, sino que hubiera servido también para consolidar de forma importante la autoridad constitucional civil en el plano simbólico. Y es que esto era también un importante componente en la «educación» constitucional del cuerpo de oficiales. En resumen, el fracaso a la hora de desmilitarizar el orden público se mantiene como el ejemplo por excelencia de la naturaleza letal del idealismo republicano.

Para empeorar las cosas, el Gobierno que surgió de la victoria electoral de febrero de 1936 no era de hecho para nada un Gobierno de frente popular, sino uno completamente republicano. Largo Caballero había condicionado su apoyo al pacto electoral a la garantía de que el PSOE no participaría después en el Gobierno. Los caballeristas —que recordaban la experiencia de 1931-1933— abogaban en su lugar por la formación de una alianza exclusivamente obrera. A la vez, plantearían la idea —elaborada en gran medida por el lugarteniente político de Largo, el teórico del partido Luis Araquistain— de que se debía permitir a los republicanos «desgastarse» en el Gobierno y de que luego «el poder» caería como una fruta madura en manos de los socialistas, que entonces cumplirían su misión histórica y heredarían el Estado. Pero esta «teoría» pueril ignoraba por completo los efectos colaterales del desgaste republicano y, especialmente, que el débil Gobierno formado solo por republicanos era completamente incapaz de ocuparse del reto primordial al que hacía frente la República en la primavera de 1936: la conspiración militar que se fraguaba en los cuarteles.

El sector centrista del PSOE e Indalecio Prieto en particular (que tenía una red de inteligencia personal digna de admiración) eran bastante menos optimistas sobre la situación en los cuarteles. En mayo de 1936, en un intento de fortalecer al Gobierno recreando la coalición de 1931-1933, Prieto intentó reemplazar a Manuel Azaña como presidente del Gobierno, en una estrategia con dos objetivos que haría que Azaña fuera nombrado presidente de la República. Pero la estrategia fracasó por la oposición de Largo Caballero y sus seguidores, que amenazaron con romper el PSOE si Prieto entraba en el Gobierno. Compañeros de partido, entre ellos Juan Negrín, íntimo amigo de Prieto, trataron de persuadirlo de continuar de todos modos y poner en evidencia a Largo Caballero. Pero ya fuera por miedo al daño que podía causar al PSOE o porque no estaba preparado para arriesgar su reputación política, Prieto se negó[59]. Como resultado, la República se encontró en la peor de todas las situaciones posibles. El Gobierno continuó sin el PSOE pero también privado de la administración de Azaña. Este había aceptado ser propuesto como presidente de la República bajo la condición de que Prieto le sustituyera en el Gobierno. Por tanto, Prieto hizo mal en seguir adelante con su estrategia si no estaba preparado para afrontar lo peor de las amenazas caballeristas. No puede haber ninguna garantía, por supuesto, de que, con Prieto como presidente del Gobierno, la República hubiera podido desactivar la bomba de relojería militar. Pero el recuerdo de su renuncia en mayo de 1936 y lo que él veía como sus consecuencias perseguiría a Prieto durante la guerra, porque, cualquiera que fuera la dificultad de intentar evitar el levantamiento, palidecía hasta la insignificancia frente a la enorme tarea de defender a la República una vez que la rebelión militar fue un hecho. En la cúpula del PSOE, la comprensión de que se había perdido una oportunidad de oro iba a pesar como una losa después del 18 de julio de 1936. En el fondo, fue la política de mayo de 1936 la que dirigiría las acciones de Prieto y sus compañeros del PSOE cuando forzaron la famosa crisis de Gobierno un año más tarde, en mayo de 1937, que llevó a Largo Caballero a dimitir como presidente del Gobierno. Pero incluso esto no pudo neutralizar el efecto corrosivo del recuerdo de mayo de 1936 entre destacados socialistas. La consiguiente parálisis de voluntad política en la jerarquía del partido sería un factor importante que contribuiría al aislamiento mortífero de Juan Negrín como presidente del Gobierno republicano después de mayo de 1937, como veremos.

En mayo de 1936, el movimiento socialista estaba en realidad dividido en dos, incluso a pesar de que Prieto había decidido no entrar en el Gobierno. Pero aunque esto hizo que pareciera que el sector caballerista tenía el control, de hecho estaba dividido por contradicciones internas y disensiones en aumento. Su crisis era tanto política como organizativa. Políticamente, había bloqueado la estrategia de Prieto, pero era difícil discernir qué alternativa específica proponía. Desde luego, no hay pruebas de que Largo diese ningún paso hacia la aplicación práctica de una alianza entre organizaciones a escala nacional, como la Alianza Obrera hubiera podido serlo en teoría en 1934.

De hecho, estaba teniendo lugar un cambio profundo que transformaría el paisaje político de la izquierda. El PCE fue crucial en este cambio. En la línea de frente popular, se encontró a sí mismo teniendo cada vez más intereses comunes con Prieto y el centrismo socialista. La gran ventaja del PCE sobre los socialistas, sin embargo, era que el primero estaba haciendo campaña con entusiasmo por una alianza interclasista, mientras que el movimiento socialista estaba dividido. Pero había también algo más. El PCE era la única fuerza política de España que abogaba por una alianza interclasista basada en la movilización de masas, necesaria como recurso para permitir la organización del Estado pero también como legitimador político esencial de ese mismo proyecto de organización del Estado. Esta dinámica unificadora y modernizadora crucial como eje del frentepopulismo del PCE estaba sintetizada en el concepto de «pueblo laborioso», que el partido acuñó y usó desde febrero de 1936[60].

Había una aureola de brillantez política adherida al PCE en la primavera de 1936, a pesar de que era todavía un partido político bastante pequeño, con aproximadamente cuarenta mil afiliados[61]. Había hecho algunos progresos en la obtención de apoyos en la UGT desde 1935. Pero fue en abril de 1936 cuando el PCE logró su éxito más sobresaliente, al aceptar los dirigentes nacionales de la Federación de Juventudes Socialistas (FJS), formada por cincuenta mil afiliados, unirse con su mucho más pequeña homóloga comunista, de tres mil militantes[62]. En parte, esta era la conclusión lógica de la radicalización de algunos sectores de la organización juvenil socialista. Pero, en este caso, la política debe entenderse como algo más que una cuestión de marxismo-leninismo abstracto. Muchos jóvenes españoles activos políticamente en la primavera de 1936 simplemente veían al PCE como una opción más interesante y atractiva que los socialistas, cuyas visiones sobre el mismo papel del movimiento juvenil habían cambiado poco desde los días de los padres fundadores. De este modo, fue el PCE el que canalizó la participación de la juventud en la política organizada de la España de los años treinta.

Aunque Largo Caballero no había sido consultado sobre la unificación juvenil, habló a su favor en el enorme mitin de celebración realizado en la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid, el 5 de abril. Dada la completa superioridad numérica de la FJS, Largo imaginaba la unificación como poco más que la reabsorción por parte del movimiento socialista «histórico» de una minoría errante. También pensaba que daría a la izquierda socialista un empuje en su intento de frustrar las intenciones de Prieto. Pero ocurriría exactamente lo contrario porque, aunque Largo todavía no lo sabía, los dirigentes de la FJS estaban en trance de afiliarse al PCE. En el camino, atarían a la nueva organización juvenil unificada a la disciplina del PCE y de la Comintern. En efecto, el PSOE perdería toda la FJS. Pero esto solo quedaría claro varios meses más tarde, y la historia de cómo ocurrió está unida de forma inextricable a las condiciones excepcionales de guerra del verano de 1936 y, en particular, al asedio de Madrid[63]. No tenemos ninguna forma de saber si la decisión de la unificación hubiera sido ratificada por un congreso de la FJS en caso de haber continuado la vida normal en tiempos de paz. Hubo, sin duda, oposición en la FJS a la decisión de su propia ejecutiva. Muchas secciones juveniles socialistas simplemente rechazaron obedecer las instrucciones de abril. Pero el golpe militar estalló antes de que se hubiera podido celebrar ningún congreso de la FJS. Las condiciones excepcionales de la guerra acabarían de este modo, comprometiendo a la mayoría de la juventud socialista a la militancia en una organización juvenil unificada, la JSU, que el PCE veía como el buque insignia de su política de frente popular.

Pero aunque los centristas del PSOE y los comunistas estuvieran cada vez más preparados para volver a estimular el proyecto parlamentario de la República, la rebelión militar los pilló igualmente desprevenidos. El PCE había estado entrenando una milicia, las MAOC (Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas), en la Casa de Campo. Pero, como el partido, era bastante pequeña. Sin embargo, los caballeristas no estaban mejor. Su revolucionarismo verbal no se había extendido nunca a la preparación de una insurrección armada. En realidad, su definición implícita de la revolución, como un hecho casi mítico, significaba que no requería preparación práctica (y, por tanto, no implicaba ningún riesgo para la UGT). En cierto sentido, fue esta concepción mítica de cómo ocurriría la revolución —como un levantamiento espontáneo si los militares se atrevían a oponerse a la voluntad popular— la que «legitimó» la excepcional inacción de los dirigentes nacionales de la UGT y de la izquierda socialista, que tuvo resultados mortíferos. Toda la organización y el entrenamiento de milicias en el tenso verano de 1936 fueron hechos ad hoc y sobre la base de organizaciones locales del partido y del sindicato socialistas, al igual que en la CNT. No hubo ninguna coordinación nacional, ni siquiera dentro del movimiento socialista, y, por supuesto, ninguna entre las organizaciones de la izquierda, como la que una Alianza Obrera podría haber proporcionado. Absorta en su propio acto de equilibrio político y fascinada por la crisis republicana, la izquierda socialista, con los ojos puestos en el poder del Estado, fue sorprendida prácticamente indefensa por la rebelión militar. Para toda la izquierda española, el 18 de julio de 1936 fue, en todos los sentidos, un cataclismo.

CONCLUSIÓN

Si miramos atrás, podemos decir que el proyecto reformista de 1931 fue minado por los efectos de la crisis económica. El compromiso republicano con la economía de laissez-faire en condiciones de recesión hizo imposible que la coalición republicano-socialista aplicara el tipo de reforma económica y social que hubiera integrado a los trabajadores urbanos y rurales (o a segmentos significativos de ellos) en la República. Esta no podía ampliar su base de apoyo a la izquierda mientras permaneciese comprometida con la economía liberal ortodoxa. Los pobres, desempleados y trabajadores no cualificados dirigieron la mirada, por el contrario, hacia aquellos que articulaban una crítica radical del orden existente que trataba de forma directa su difícil situación.

Pero, en el fondo, la estabilidad de la Segunda República española, como la de su homóloga de Weimar en la Alemania de los años veinte, no fue nunca seriamente amenazada por la izquierda. Un asunto bastante diferente fue el impacto desestabilizador de la movilización política de un movimiento conservador antirreformista de masas realizada por la derecha. El anticlericalismo doctrinario de los republicanos liberales había facilitado la movilización interclasista de los católicos. Pero la secuencia de eventos examinada aquí ha sugerido también que semejante movilización podría haberse impedido si los republicanos y socialistas hubieran sido capaces de elaborar una estrategia de movilización de masas que les hubiera permitido competir más exitosamente con la derecha por el control de las clases medias. Pero, irónicamente para la izquierda, los republicanos y socialistas pertenecían a un mundo político antiguo que temía, más que buscaba, la movilización popular. La incapacidad para entender la necesidad de esta iba a costarle muy caro a la República. La alianza popular o antihegemónica existente en potencia en 1931 se había fragmentado. La victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 ofreció la posibilidad de invertir en cierta medida este proceso. Pero los oponentes políticos estaban a punto de asegurarse de que no hubiera tiempo para ello. Fue la existencia de una opinión conservadora de masas movilizada la que hizo «viable» la rebelión militar de julio. Pero fue la acción del mismo golpe la que al final hizo trizas el proyecto liberal en España. Porque la rebelión militar eliminó de la órbita republicana a importantes sectores sociales que apoyaban formas de liberalismo económico. La República del tiempo de guerra todavía llevaba en su interior el proyecto cultural y político del liberalismo inclusivo. Pero este ahora debería ser llevado adelante desde una base social más débil, porque no todos los sectores sociales que se oponían al golpe apoyaban ese proyecto.

2. Contra el Estado: rebelión militar, fragmentación política, resistencia popular y represión (18 de julio-4 de septiembre de 1936)

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Contra el Estado: rebelión militar, fragmentación política, resistencia popular y represión

(18 de julio-4 de septiembre de 1936)

Muéstrame las palabras que puedan

reconfigurar el mundo[1].

El 18 de julio, la rebelión militar que había estallado el día anterior en Melilla, en el norte de África, se extendió a los cuarteles de la España peninsular. Sacó su fuerza del hecho de que estaba apoyada por una clase de oficiales inferiores cuyas perspectivas profesionales habían sido limitadas por las restricciones presupuestarias republicanas. La mayoría de los oficiales superiores del ejército permanecieron leales a la República[2]. En términos simbólicos, la rebelión mostró los importantes límites del control del Estado por parte de los republicanos. En términos prácticos, hizo añicos las estructuras de mando tanto del ejército como de las fuerzas de orden público, y privó así al Gobierno republicano de las fuerzas coercitivas que necesitaba para ejercer un control centralizado de las medidas de resistencia. En este aspecto, la República cosechaba las gravísimas consecuencias de su fracaso en la desmilitarización del orden público. Si los guardias civiles y de asalto hubieran estado bajo control civil, su papel hubiera sido decisivo en suficientes lugares para derrotar enseguida la rebelión. Algunas veces los guardias civiles eran reacios a oponerse a la República como autoridad constituida, pero su pasividad era todo lo que los rebeldes necesitaban[3]. Sin unas fuerzas de orden público coherentes y unificadas —que en los años treinta seguían siendo la institución que definía al Estado central en España— la autoridad del Gobierno se hundió. La capital de la República se convirtió durante un tiempo solo en otra «isla» del conflicto. En todos los sitios donde pudieron, los partidos de izquierda y los sindicatos declararon una huelga general como una primera fase de movilización contra los militares rebeldes. En Madrid se produjo principalmente bajo la dirección del PSOE y la UGT, y, en Barcelona, bajo la dirección de la CNT. El protagonismo proletario se debía en gran parte, evidentemente, a la conciencia de los obreros de que tenían mucho que perder si la rebelión triunfaba, una conciencia que había crecido con el tiempo debido a una serie de sangrientas derrotas de la clase obrera en la Europa de los años veinte y treinta (Italia, 1922; Alemania, 1933; y Austria, 1934), así como por la represión militar que siguió a la insurrección de los mineros asturianos en octubre de 1934.

En Madrid, en las sedes centrales de los partidos y sindicatos, sus militantes se alistaron para formar milicias, y algunos oficiales republicanos que simpatizaban con ellos y estaban en condiciones de hacerlo, les distribuyeron armas directamente, a pesar de las amenazas del Gobierno republicano de hacer fusilar a los oficiales que lo hicieran. La cantidad de armas que se debieron de obtener de esta forma fue, sin embargo, demasiado pequeña para ofrecer una defensa seria o sostenida a la potencia de fuego de los militares rebeldes. La izquierda, por consiguiente, reclamó la distribución sistemática de armas entre los cuadros de los partidos y sindicatos.

Los republicanos de centro-izquierda que constituían el Gobierno central bajo la débil presidencia de Santiago Casares Quiroga estaban horrorizados por la idea de que, para defender la legalidad republicana, podían tener que armar a los mismos militantes proletarios cuya agenda política temían y cuya movilización, por tanto, habían resistido desde febrero de 1936. Ya fuera por esta razón o por otras, el Gobierno había infravalorado sistemáticamente la amenaza que suponían los conspiradores militares[4]. Esto reflejaba muy bien los puntos de vista de Azaña, dado que Casares y otros ministros eran íntimos amigos del presidente. Casares, con muy poca información en la que basarse como resultado de la fragmentación de las comunicaciones a causa del golpe de Estado, intentó quitar importancia a las revueltas de los cuarteles con la vana esperanza de que estas pudieran resultar ser, de hecho, un suceso de poca importancia. En lugar de medidas de defensa material, un paralizado Casares hizo públicos varios decretos que disolvían aquellas unidades militares que participaban en el levantamiento y relevaban a las tropas de su deber de obediencia a los oficiales rebeldes y a estos últimos de sus puestos de mando. A primera hora de la tarde del día 18, el Gobierno informó desde la radio de Madrid de que la rebelión había sido extinguida en toda España. Era como si Casares estuviera esperando, contra toda lógica, que estas medidas constitucionales fueran suficientes para alterar el curso de los acontecimientos, dado que no estaba preparado para armar a los sindicatos.

De hecho, el golpe mismo había precipitado una crisis profunda del republicanismo histórico al perder este definitivamente gran parte de su base de apoyo —pequeños propietarios y arrendatarios rurales, comerciantes, tenderos y pequeños empresarios— en el territorio conquistado por los rebeldes. Además, en la confusión de la desarticulación territorial, muchos funcionarios republicanos de clase media y cargos electos «desaparecieron», abandonando sus responsabilidades públicas. El sistema judicial se hundió, y desde los ministerios a los ayuntamientos de ciudades y pueblos, el Estado estaba dejando de funcionar, ya fuera por la ausencia física del personal o por las vacilaciones de los que todavía estaban presentes. En las provincias, los gobernadores civiles esperaron instrucciones desde Madrid, pero ni el Gobierno central ni los dirigentes de los partidos políticos y organizaciones leales a él tenían medios adecuados para lograr una visión de conjunto de lo que estaba sucediendo en toda España. Todos los miembros del Gobierno central estaban reunidos en sesión de emergencia permanente, pero el gabinete tenía pocos recursos, y para descubrir cómo estaba evolucionando la geografía política de la península estaba limitado a un proceso de sondeo poco sistemático por teléfono o telégrafo. Un «¡Arriba España!» por respuesta inspiraba una gran alarma, dado que significaba control insurgente. Pero en todas partes los republicanos —dirigentes y militantes de base— temían por su vida y no tenían claro en quién depositar su lealtad política en una situación en que podía suceder cualquier cosa. Estaban atrapados entre su miedo al visceral antirrepublicanismo de los militares (a pesar de las declaraciones iniciales de «buena fe» de los rebeldes) y su conciencia de que las milicias sindicales y de partido que estaban proporcionando la defensa de emergencia de la República representaban una amenaza para las formas de orden social y político que ellos preferían.

En un intento de cerrar las brechas dentro del republicanismo y de evitar tanto el derramamiento de sangre como la distribución de armas entre los obreros, en las primeras horas de la mañana del 19 de julio el presidente de la República, Manuel Azaña, nombró a un nuevo presidente del Gobierno para dirigir un gabinete de crisis. El presidente era Diego Martínez Barrio, dirigente de Unión Republicana, presidente de las Cortes y el hombre que más simbolizaba el conservadurismo social, el pragmatismo y la capacidad de pactar del republicanismo. Su cometido era realizar negociaciones telefónicas con el general Emilio Mola, jefe de los rebeldes en el norte, para lograr una tregua. Pero en unas tres horas quedó claro que la apuesta de los republicanos había fracasado. Los rebeldes no estaban interesados en negociar, y el resultado claro del intento de Martínez Barrio fue que el republicanismo perdió lo que le quedaba de credibilidad entre los militantes proletarios que estaban frenando a los rebeldes militares en las calles de Madrid y en la sierra de Guadarrama, al norte de la capital. Los esfuerzos de Martínez Barrio fueron vistos como una forma de tratar de ganar tiempo que, al poner en duda el compromiso de sus partidarios para resistir el golpe, solo aceleró el eclipse final del republicanismo. El 19 de julio al mediodía no le quedó otra opción que dimitir[5].

El tiempo era más que primordial. La indecisión de los republicanos, representada por el rechazo de Casares a armar a las organizaciones obreras, había hecho ya que se perdieran vidas. El presidente Azaña, tampoco libre de la epidemia de indecisión, nombró el mismo día otro Gobierno formado solo por republicanos bajo la presidencia del catedrático de química José Giral, amigo personal de Azaña y vinculado estrechamente a él en Izquierda Republicana[6]. Las instrucciones tácitas de Giral eran armar a las milicias para sofocar definitivamente las revueltas de los cuarteles. Fue difícil para Azaña encontrar un político republicano preparado para aceptar la responsabilidad de dirección en esta crítica situación, algo que solo enfatiza la profundidad de la crisis que había golpeado al republicanismo. Giral estaba motivado en gran parte por su lealtad personal hacia Azaña. Pero su decisión es también una muestra de la aceptación reacia por parte de algunos republicanos de que, si los militares no negociaban, la supervivencia de la República dependía del desarrollo de fuerzas de defensa populares con las que, por tanto, se tenía que alcanzar un modus vivendi.

Dada la desarticulación del ejército y de las fuerzas de orden público, estos movimientos de resistencia locales muy eclécticos proporcionaron un importante refuerzo a los miembros de las fuerzas de orden público leales. Juntos, ellos eran todo lo que se interponía entre la República y su derrota a manos de las fuerzas rebeldes. Giral solicitó armas inmediatamente (el 19 de julio) al Gobierno del Frente Popular francés. A la vez, decretó la entrega de armas a las milicias de los partidos y sindicatos, al igual que la reapertura de los centros obreros y las sedes de los sindicatos cerrados por Casares. Los militantes de la CNT de la cárcel Modelo de Madrid también fueron puestos en libertad. Los Gobiernos civiles provinciales recibieron instrucciones telefónicas para distribuir armas, aunque las instrucciones a menudo llegaron demasiado tarde o simplemente no fueron aplicadas[7]. Pero no debemos cometer el error de pensar que Giral controlaba estas fuerzas que su Gobierno se preparaba a armar. De hecho, en esta fase, las autoridades de Madrid apenas tenían bajo control lo que estaba sucediendo en la misma capital.

En esta, la búsqueda desesperada de armas y provisiones por parte de las milicias, especialmente en las primeras semanas, aceleró el proceso de desarticulación del Estado que la rebelión militar había detonado. Tanto los dirigentes del Partido Socialista como los del Partido Comunista intervinieron para apoyar a los oficiales de intendencia que intentaban imponer algún tipo de límite y disciplina en las demandas, a menudo excesivas y siempre descoordinadas, de las milicias[8]. Tal era la desconfianza en los militares profesionales después del golpe que, cuando los oficiales del pequeño Estado Mayor de emergencia que mantenía las cosas en funcionamiento en el Ministerio de la Guerra rechazaban atender las peticiones de las milicias, al instante se exponían a la acusación de ser rebeldes encubiertos.

El PSOE, que junto con la UGT era la organización más importante en la capital al comienzo del conflicto, formó la milicia La Motorizada, que también cumplió funciones de orden público en la ciudad. La mayoría de sus miembros procedían de la minoría de la Juventud Socialista Madrileña que no había ingresado en la Juventud Socialista Unificada (JSU) en abril de 1936[9].

La misma JSU, que se estaba expandiendo rápidamente entre jóvenes antes no afiliados, organizó varias milicias: Octubre, Largo Caballero, Joven Guardia y Pasionaria. El Partido Comunista de España, que estaba también reclutando rápidamente a nuevos miembros en Madrid y la zona centro entre la juventud no afiliada y los militares profesionales, tenía su propia milicia, las MAOC, con base en Madrid. Formadas en 1933, las MAOC también tenían un perfil juvenil. Desde que habían obtenido en la práctica una existencia legal tras las elecciones ganadas por el Frente Popular en febrero de 1936, habían funcionado sobre todo para proteger locales y mítines del partido. Pero también se habían entrenado en la Casa de Campo con instructores que eran, a menudo, oficiales del ejército en activo. Las MAOC constituirían más tarde el núcleo del Quinto Regimiento del PCE, cuya función en el entrenamiento inicial y organización del nuevo ejército republicano iba a ser muy importante[10].

Pero el golpe militar no solo había fragmentado al ejército. Al provocar el hundimiento del Gobierno republicano en todos los niveles, también facilitó mucho el aumento de la violencia política popular que siguió a ese hundimiento. Esta repentina explosión fue atizada por la gran ira frente a lo que fue visto como el intento de los militares rebeldes de atrasar el reloj y volver al orden del viejo régimen por la fuerza, tras su fracaso por medios electorales[11]. Aunque la intensidad de esta violencia política popular posterior al golpe varió a lo largo del territorio republicano, fue llevada a cabo, en la mayoría de los casos, por fuerzas milicianas compuestas predominantemente por trabajadores urbanos y jornaleros sin tierra, que la dirigieron de forma apabullante contra las fuentes y los titulares del «viejo poder», tanto materiales (destruyendo archivos y registros de la propiedad) como humanos (el asesinato o agresión contra curas, guardias civiles y otros miembros de las fuerzas de orden público, dueños de tierras, administradores de fincas y tenderos asociados con la especulación en los precios y otras prácticas explotadoras). Pero la represión instigada por las fuerzas milicianas inmediatamente después de su llegada a pequeños pueblos y aldeas también dependía de forma crucial de la información que recibían de sus habitantes, pues de lo contrario, como forasteros, no hubieran sabido contra quién dirigirse. El que se encontraran colaboradores dependía del nivel de tensiones y divisiones sociales preexistentes en una comunidad dada. Hay, por tanto, un nexo claro entre la violencia popular posterior al golpe y los conflictos anteriores a la guerra: por ejemplo, por el bloqueo de la legislación social y la reforma agraria en algunas localidades, por los despidos de trabajadores después de las huelgas generales de 1934 o por conflictos (también sobre la aplicación de reformas laborales y sociales) en el período que siguió a las elecciones ganadas por el Frente Popular en febrero de 1936. En los primeros meses del conflicto, los actos de terror perpetrados en la zona republicana podrían también haber sido desencadenados por las noticias de fusilamientos en masa y otras atrocidades en el territorio controlado por los insurgentes, al igual que por la experiencia directa de los ataques aéreos enemigos, que dieron lugar a que las multitudes atacasen cárceles y matasen a prisioneros conservadores en varios lugares[12].

Al final, sin embargo, estos actos de terror no se pueden explicar exclusivamente en referencia a la decisión consciente de autores individuales o colectivos. La violencia como una respuesta vernácula es siempre modelada por la cultura dominante. Fue el mismo golpe militar el que provocó la ruptura definitiva de la estructura social de España e hizo posible la violencia de masas al acabar con los recursos republicanos para asegurar el orden público. Aquellos que morían personificaban, a los ojos de quienes los mataban, el privilegio y la propiedad de un orden social, económico, político y judicial cerrado que les habían dado una violencia cotidiana al excluir sus necesidades más básicas de su ámbito. Es la centralidad simbólica que ocupaba la Iglesia católica como institución en esta exclusión la que explica la importante dimensión anticlerical del terror. El colapso de la autoridad causado por el golpe de Estado fue el preludio de una oleada de asesinatos de personal religioso sin precedentes en la larga y compleja historia del anticlericalismo en España. Pero todavía tenemos un panorama relativamente poco diferenciado de la violencia anticlerical durante la guerra. La bibliografía histórica existente tiende a narrar más que a analizar[13]. Los estudios antropológicos pueden abrir caminos fructíferos para el historiador. Pero una concentración demasiado grande en el plano simbólico puede también oscurecer las renegociaciones de poder político bastante específicas que implicaba la violencia anticlerical en situaciones concretas[14]. Es también importante recordar que no todas las formas de terror popular contra los católicos durante la Guerra Civil fueron necesariamente anticlericales en su origen. Por ejemplo, los «pilares» de la vida asociativa católica también pertenecían frecuentemente a las élites económicas locales o eran dirigentes de la derecha política y, algunas veces, las dos cosas[15]. Para muchos observadores contemporáneos, tanto españoles como extranjeros, el asesinato de religiosos era la que tenía más carga simbólica y ética de todas las formas de violencia perpetradas durante la Guerra Civil. Actualmente algunos siguen considerándolo así incluso aunque sus dimensiones son eclipsadas por otras formas de asesinato llevadas a cabo durante la guerra en ambas zonas contra grupos sociales seculares[16]. Pero, cualquiera que sea la valoración, el hecho que permanece es que el terror represivo —anticlerical o de otro tipo— sucedió porque se percibía que ofrecía la posibilidad de hacer tabla rasa: una disolución instantánea y gratificante de la opresión política al igual que la reparación de heridas sociales acumuladas. «Asesinaron a la gente por cosas sin sentido, por ejemplo, porque alguien cantaba en la iglesia o era el campanero». Pero, como el historiador valenciano J. D. Simeón Riera plantea sobre este testimonio oral, «los motivos pueden parecer fútiles para una mentalidad moderna, sin embargo para la mentalidad de aquellos hombres, el miembro del coro y el campanero eran parte del mundo que había que aniquilar»[17].

La violencia popular —urbana y rural— se produjo como consecuencia de una rebelión militar que había desarticulado todas las estructuras estatales y políticas preexistentes de la República. Como tal, ponerle los nombres de organizaciones y movimientos políticos ayuda poco a entender cómo y por qué ocurrió: por ejemplo, su frecuente denominación como terror «anarquista» —como si hubiera sido de alguna forma el «producto» de las directrices de los dirigentes de la CNT— es especialmente engañosa. Como acabamos de ver, la presencia de milicias armadas autónomas era una condición previa esencial para que se pusiera en práctica la represión. En aquellos lugares donde las fuerzas milicianas eran predominantemente libertarias, los cenetistas llevaban a cabo la represión, al igual que en otras zonas los responsables fueron comunistas, miembros del PSUC, poumistas, republicanos, ugetistas o, simplemente, «de izquierdas»[18]. La misma variedad de afiliación política se encontraba entre los miembros de los comités locales que colaboraban en la represión de vecinos de sus pueblos y aldeas. Pero el panorama que surge de los estudios locales es claro: lo que sucedió en la mayor parte de los lugares durante los tres primeros meses del conflicto —el período en que se produjeron la mayoría de las muertes violentas en la retaguardia republicana— no estaba bajo el control de ninguna autoridad política más allá de la local[19]. La incierta correspondencia entre las organizaciones de la izquierda política y la acción coercitiva como consecuencia del golpe la ejemplariza el opaco y controvertido término «los incontrolados»[20], acuñado para describir el terror de las expropiaciones y los asesinatos llevados a cabo por grupos de fuerzas milicianas sin escrúpulos que a menudo se definían o eran definidas como libertarias.

La CNT hacía frente a una dificultad especial para refutar tales acusaciones, porque las formas organizativas libertarias habían sido siempre bastante flexibles. La FAI, en particular, había consistido siempre en grupos activistas muy pequeños que actuaban de forma independiente de todos los controles organizativos, una situación que ya había producido fricciones en la CNT antes de la guerra. Después del 18 de julio de 1936, las fronteras de casi todas las organizaciones políticas republicanas se volvieron más porosas, y las de la CNT las que más. Por otra parte, la línea entre expropiación revolucionaria y robo/extorsión no había sido nunca clara para algunos faístas.

Además, permanecía todavía en los sectores anarquistas —principalmente en la FAI— una definición simplista del «preso» como un camarada de armas hecho y derecho siempre y en todos los sitios. En el período posterior al golpe del 18 de julio, en las zonas donde eran lo suficientemente poderosos como para hacerlo, los libertarios pusieron en libertad a todos los detenidos de algunas cárceles, en una extensión de facto de la amnistía para los presos políticos decretada en febrero de 1936 por el Frente Popular. Muchos de estos presos también se unieron a las milicias anarquistas. Por ejemplo, tanto la columna del Rosal en Cuenca como la Columna de Hierro, con base en Valencia, reclutaron a sus miembros, especialmente la última, entre los exreclusos de la prisión de San Miguel de los Reyes. La Columna de Hierro se haría tristemente famosa en todas las zonas de Valencia y Teruel durante la segunda mitad de 1936 por realizar expropiaciones ad hoc, dirigidas tanto contra los pequeños propietarios como contra los sectores de clase media de comerciantes urbanos, y, cada vez más, por librar batallas con las fuerzas del orden locales en reconstrucción[21]. Las actividades de la Columna de Hierro causaron enfrentamientos políticos graves dentro de la organización libertaria de Valencia, y probablemente reforzaron su apoyo a la militarización[22]. Incluso más amenazadora para la República en su conjunto fue la creciente enajenación de la clase media urbana y rural de la región de Valencia, que, de forma inevitable, interpretaba las actividades de la Columna de Hierro como puro bandidaje, ampliando de esta forma las fisuras sociales puestas de manifiesto por la rebelión. La presión sobre la dirección nacional de la CNT para que controlara a sus militantes aumentaría al hacerse más importante la unidad social por las necesidades en aumento de la movilización de guerra. Este sería uno de los factores que influiría en que la dirección de la CNT impusiera mecanismos de control centralizados a lo largo de 1937.

Sin embargo, incluso con relación a la FAI, se debe ser cuidadoso en no identificarla demasiado fácilmente con el gran número de tipos de actos de violencia anónima que se produjeron en el territorio republicano después del colapso del régimen. Estas actividades también las realizaron miembros de otras organizaciones de izquierda, mientras que, a la inversa, la FAI era algo más que una simple esponja de bandidos políticos o de otro tipo[23]. Pero tanto si quienes infligían muerte, terror y otras formas de coacción tenían o no, o afirmaban tener, vínculos organizativos con la CNT-FAI o con otras entidades políticas de la izquierda, la idea de que estaban siendo «dirigidos» de alguna forma por sus líderes políticos nacionales o regionales específicos para llevar a cabo las atrocidades guarda escasa relación con cómo ocurrían las cosas sobre el terreno. De hecho, todo el modelo explicativo que busca mostrar cómo «se daban las órdenes» se nutre demasiado de la mentalidad y las publicaciones conspirativas de la derecha contemporánea, que, tras la victoria militar franquista en 1939, fueron la base para elaborar la Causa General, la investigación de ámbito nacional del régimen franquista sobre los presuntos crímenes republicanos. Pero las formas de violencia social y política que llenaron la zona republicana en el período posterior al golpe militar fueron demasiado complejas y caóticas para haber sido fruto de una conspiración.

La historia de la violencia posterior al golpe en las áreas rurales de la zona republicana (anticlerical, revolucionaria y de otros tipos) puede parecer a primera vista más fácil de aclarar que su equivalente urbana, simplemente porque la relación de poder entre represores y víctimas y las tensiones socio-económicas y políticas en las comunidades rurales eran relativamente menos complejas y existían a una escala más pequeña. Pero, más allá de cierto punto, esta «transparencia» es engañosa. Como Julián Casanova ha planteado en el caso de Aragón, la evidencia histórica con la que trabajamos es tan fragmentaria y ambigua que es difícil establecer cómo los enfrentamientos locales y personales estaban vinculados expresamente a conflictos políticos estructurales[24]. En la España urbana, sin embargo, el mayor anonimato y la mayor fragmentación de la vida junto con la simple concentración de población hacen, sin duda, más difícil establecer dónde terminaban los motivos anticlericales y anticapitalistas y dónde empezaban los ajustes de cuentas menos claramente políticos.

En Madrid, como en otros lugares, una de las formas de violencia popular que más terror producía era el «paseo» o ejecución al margen de los procesos judiciales, llevado a cabo por patrullas de milicianos que actuaban por cuenta propia. Una forma brutal de saldar cuentas políticas y de clase, el paseo era, en su origen, un producto de las profundas divisiones sociales puestas de manifiesto por la rebelión militar. Pero la forma nocturna y anónima del paseo y la irresponsabilidad final del proceso también lo convertían en una tapadera perfecta para resolver todo tipo de objetivos personales y de pura codicia material. Además, tanto si el motivo era la justicia revolucionaria, la provocación de rebeldes encubiertos, el robo o alguna mezcla de estos, los paseos pronto intensificaron los ya altos niveles de inseguridad social y angustia, a los que ningún sector de la población republicana era inmune[25].

En estas primeras semanas del conflicto, cuando se estaba definiendo por la fuerza de las armas la forma inicial de las zonas rebelde y republicana, en la práctica la única articulación entre las zonas que, desde septiembre, se conformarían gradualmente como el territorio del Estado republicano procedía de una red de comunicaciones ad hoc proporcionada, en gran medida, por los sindicatos de transporte de la UGT[26]. La información, por tanto, se transmitía a la sede de la ejecutiva de la UGT en la calle Fuencarral de Madrid y era pasada al Gobierno de Giral, que también estaba siendo apoyado por Indalecio Prieto y la comisión ejecutiva del Partido Socialista en sesión asesora permanente. Tanto Prieto como su compañero de la ejecutiva Juan Negrín —más tarde ministro de Hacienda y presidente del Gobierno republicano— también corrieron riesgos personales significativos al participar por la noche en grupos informales que buscaban frenar la oleada de paseos en la capital[27]. Les repugnaba moralmente la arbitrariedad de los paseos[28]. De hecho, fue la determinación de acabar con tales abusos la que impulsó a muchos socialistas en su esfuerzo por restaurar el poder del Estado republicano.

Sin embargo, ni la UGT ni el PSOE —como los otros componentes del Frente Popular de antes de la guerra— habían podido tampoco evitar los efectos negativos de la dinámica centrífuga provocada por la rebelión militar. Esta suprimió el control que las direcciones nacionales tanto del sindicato como del partido ejercían sobre sus respectivas organizaciones —ya fragmentado por los efectos del enfrentamiento interno—, haciéndolas durante un tiempo tan «federales» como la anarcosindicalista CNT había sido siempre. Esta fragmentación tampoco se podía arreglar de forma fácil o rápida. En diferentes zonas del territorio republicano las secciones locales socialistas optaron de forma unilateral por unirse ellas mismas o unificar los periódicos locales del partido y del sindicato con sus homólogos del PCE, donde estos existían[29]. En Málaga, los socialistas se plantearían unirse a la CNT, quejándose amargamente de haber sido «abandonados» por su propia dirección nacional; una reacción que, una vez más, derivaba tanto de la ruptura de las estructuras organizativas y de comunicación como de la grave escasez de armas, respecto a la que los dirigentes socialistas en Madrid poco podían hacer[30]. En otros momentos, estas iniciativas de unidad sindical brotaban de la solidaridad forjada al calor de la defensa de emergencia que era entonces transferida a comités de «unidad» locales.

A la inversa, la fragmentación del poder del Estado y del sindicato también permitió que conflictos ya graves entre algunos sectores de las bases de la CNT y de la UGT estallaran en violencia abierta. En Barcelona, Aragón y Cartagena se saquearon propiedades y se denunciaron muertes y desapariciones de ugetistas[31]. Este antagonismo entre los sindicatos era probablemente peor en Barcelona, donde los enfrentamientos, especialmente entre los sindicatos de trabajadores de los muelles, produjeron víctimas mortales[32].

Lo que podemos deducir de esta contradictoria simultaneidad de conflictos intersindicales y colaboración es que la rebelión militar —a pesar de la singularidad de la amenaza que suponía para la República— no borró la dinámica de las relaciones entre la izquierda anterior a la guerra, con todas sus tensiones, hostilidades y contradicciones. De hecho, lo que muchas explicaciones del período tienden a ignorar es que, si bien el golpe fracturó las estructuras organizativas, dejó intacto el recuerdo de los conflictos y los modelos profundamente arraigados de conducta política colectiva e identidad social. La situación existente en el territorio republicano era, por tanto, compleja y contradictoria. La unidad política en tiempos de guerra en torno a la cual se construyó todo el discurso de la izquierda chocaría, desde un principio, con serios obstáculos. La fragmentación del PSOE y la UGT, además, combinada con el eclipse del republicanismo en la práctica, significó la dislocación efectiva de la alianza del Frente Popular.

En estas condiciones de crisis de Gobierno sin precedentes, las «islas» de resistencia local o regional fueron fortalecidas en su particularismo. La resistencia local al levantamiento militar en el norte, el nordeste, el centro, la región valenciana y el sur fue, en gran medida, orquestada por los partidos y organizaciones sindicales de izquierda in situ, pero, temporalmente al menos, estuvo desconectada de cualquier dirección central o incluso regional: los anarquistas y anarcosindicalistas en Aragón; anarcosindicalistas, anarquistas y poumistas en Cataluña; la CNT y la UGT en la región valenciana; el PSOE y la UGT, apoyados por la CNT y el PCE, en Madrid; los cuadros anarquistas, comunistas y de la UGT en Málaga o los cuadros de la UGT y la CNT en Jaén y Badajoz. Estas fuerzas organizaron tanto la resistencia popular inicial como las estructuras de comités que la apoyaban y aprovisionaban[33].

La clave inmediata para la supervivencia republicana se encontraba, sin embargo, en Barcelona y Madrid. En la primera, el levantamiento fracasó rápidamente frente a la movilización de los trabajadores y, principalmente, de la CNT, secundada por guardias civiles y de asalto leales. También era leal la Guardia Municipal, dirigida por el coronel Frederic Escofet, quien, junto con el comandante Pérez Farrás, había encabezado la defensa de la Generalitat por los Mossos d’Esquadra en octubre de 1934. La izquierda republicana catalana cosechaba los beneficios de haber investigado los antecedentes de los miembros de las fuerzas de orden público después de su victoria electoral en febrero de 1936 para asegurar que solo aquellos leales a la Generalitat permanecían en puestos de poder. Aunque el presidente catalán, Lluís Companys, temeroso de la fuerza de la CNT, se había resistido a los llamamientos para armar a los obreros en la tarde del 18 de julio, al igual que había hecho durante los sucesos de octubre de 1934, la CNT había podido asaltar varios depósitos y algunos oficiales que simpatizaban con ella les habían permitido, como en otras partes, el acceso a los arsenales. Una vez armados, salieron a encontrarse con las diferentes columnas rebeldes y acabaron con ellas una por una, antes de que pudieran converger en el centro de la ciudad para consolidar su fuerza. El general Goded, que llegó de Mallorca para tomar el control del levantamiento, fue detenido. En la tarde del 19 de julio solo dos cuarteles resistían: Sant Andreu, en las afueras de la ciudad, y las Atarazanas, cerca del puerto. Ambos serían atacados por las milicias anarquistas y las fuerzas de orden público (guardias de asalto y guardias civiles), que aseguraron que la rebelión fuera completamente sofocada en la ciudad española más radical y cosmopolita[34]. El conciso reconocimiento de la derrota por Goded, en el que pedía a sus seguidores que depusieran las armas, fue retransmitido en todo el territorio republicano y levantó muchísimo la moral de los defensores de la República. La de Barcelona fue una victoria vital para el Gobierno, porque aseguró que toda Cataluña permaneciera leal. Pero esa victoria sería el comienzo de una larga e intensa lucha por el poder político entre los libertarios radicales y las clases medias urbanas y rurales acomodadas que constituían la «Cataluña liberal».

En Madrid, mientras tanto, el día 18 obreros armados rodearon el cuartel de la Montaña, donde el general Fanjul estaba esperando refuerzos desde Getafe, Cuatro Vientos y Carabanchel. Pero, de hecho, la rebelión había sido ya sofocada en estos lugares, y Fanjul, aislado y sin refuerzos, sabía que no tenía suficientes fuerzas para tomar el centro de la ciudad. A primera hora del 19 de julio llegó la orden de armar a las milicias obreras procedente del gabinete de Giral. Se enviaron camiones desde los arsenales del Gobierno tanto a la sede de la UGT como a la de la CNT de la capital. Pero los cerrojos para la gran mayoría de los 65 000 fusiles distribuidos estaban todavía dentro del cuartel de la Montaña, donde los encargados rechazaron entregarlos, a pesar de las órdenes al efecto enviadas desde el Ministerio de la Guerra. El asedio de las milicias el 19 de julio dio lugar a un completo y al final exitoso asalto al día siguiente, durante el cual los cerrojos fueron debidamente adquiridos, si bien a un coste significativo, porque, a pesar del apoyo de la fuerza aérea republicana, que bombardeó el cuartel, el número de muertos entre las fuerzas asaltantes, acribilladas a balazos por ametralladoras montadas por los insurgentes en las ventanas del cuartel, fue muy alto. También fue alto entre los oficiales que estaban dentro, aunque el mismo Fanjul fue hecho prisionero. Algunos se suicidaron, mientras que muchos otros cayeron víctimas de la ira de los milicianos, que aumentó al ser atacados en su aproximación al cuartel para aceptar la rendición que, teóricamente, representaba la bandera blanca izada por los rebeldes.

Una vez que se aseguró Madrid para la República, las milicias se encaminaron hacia el norte, a la sierra de Guadarrama, para frenar el avance de las fuerzas rebeldes hacia la capital. El avance de Mola había sido impedido por la necesaria dispersión de las tropas del norte, algunas enviadas a San Sebastián y otras a Aragón. Las columnas mixtas que avanzaban hacia Madrid (soldados, requetés carlistas y falangistas) fueron detenidas en el puerto de Somosierra, en Guadarrama, y en el Alto del León, al noroeste. Se vieron dificultados por la falta de armas y municiones, pero también por la fuerte resistencia miliciana donde ellos habían esperado una fácil victoria.

La acción de las milicias fue un componente importante en el fracaso de la rebelión en la mayor parte de la España urbana y populosa. Sin embargo, hubo suficientes ejemplos de movimientos obreros urbanos derrotados en los días de julio para que seamos precavidos al afirmar que las milicias por sí solas eran suficientes para garantizar la supervivencia de la República frente a la revuelta de los cuarteles. Madrid y Barcelona eran un caso aparte a causa del gran tamaño de las organizaciones proletarias e, incluso allí, la acción de las milicias fue reforzada por el apoyo de oficiales del ejército profesional leales a la República y —aún más importante— por las fuerzas de orden público (la Guardia de Asalto, la Guardia Civil y, en Barcelona, los Mossos d’Esquadra). De hecho, en Barcelona, el apoyo de las fuerzas de orden público fue clave para la derrota de la rebelión[35]. En los casos en que en julio de 1936 los rebeldes tomaron el control de ciudades donde la izquierda era fuerte —entre las que destacan Sevilla (la ciudad más revolucionaria de Andalucía y la llave para controlar la región), Zaragoza (Aragón) y Oviedo (Asturias)—, estas tendieron a ser victorias obtenidas porque las fuerzas de la clase obrera carecían de coordinación o fueron sorprendidas o superadas estratégicamente de alguna forma. Sin embargo, ninguna ciudad de España se mantuvo en poder de la República sin la ayuda de, al menos, una parte de las fuerzas de orden público.

En Valencia, la actitud ambigua del comandante militar de la guarnición prolongó el limbo político hasta el último día del mes. Desconfiando de sus intenciones, las organizaciones obreras declararon una huelga general el 19 de julio y rodearon a las tropas de la guarnición. En un intento de romper el punto muerto y evitar el derramamiento de sangre, el 21 de julio el Gobierno de Giral nombró una Junta Delegada para el conjunto de la región valenciana, que iba a tomar el poder en Valencia capital en nombre del Gobierno. Pero la autoridad del Estado central había dejado de funcionar en Valencia. En las calles, los falangistas asesinaban a los obreros y estos quemaban iglesias. La CNT, que no confiaba ni en los militares ni en el Gobierno central, había ya tomado la iniciativa para establecer un comité ejecutivo sindical conjunto con la UGT que exigió ser armado contra la rebelión en potencia. (A sus ojos, la Junta Delegada estaba desacreditada desde el principio porque estaba encabezada por Martínez Barrio, que precisamente había intentado negociar con los conspiradores militares). El 25 de julio, un grupo de guardias civiles, enviados junto con fuerzas obreras para ayudar a tomar Teruel, volvieron sus armas contra las milicias y se pasaron a los rebeldes[36]. Esto provocó una rebelión en los cuarteles y varios soldados prorrepublicanos huyeron con sus armas, lo que, a su vez, permitió un asalto de las milicias obreras, ayudadas por guardias civiles leales, el 31 de julio. El asalto acabó con la amenaza militar, pero también señaló el final del escaso control de la Junta Delegada de Madrid, que fue eclipsada por el comité ejecutivo de los sindicatos (el Comité Ejecutivo Popular).

En otros lugares, sin embargo, la rebelión militar triunfó rápidamente y de forma relativamente fácil durante los primeros dos días (entre el 18 y el 19 de julio), especialmente en la España rural conservadora desde el norte al centro de la península, donde tuvo un apoyo civil significativo que se extendió a las clases populares. Aunque el centro industrial vasco de Bilbao permaneció leal a la República —pero pronto aislado territorialmente de ella—, los feudos carlistas del norte, de Navarra y Álava, al igual que prácticamente toda Castilla la Vieja y León, con todos sus centros principales (Burgos, Valladolid, Zamora y Salamanca) y, bajando hasta Cáceres, en Extremadura, además de las islas Canarias y las Baleares —excepto Menorca—, estaban en manos de los rebeldes. El 22 de julio, Galicia también estuvo casi por completo controlada por los rebeldes, a pesar de la desesperada resistencia de las bases urbanas de la izquierda, especialmente en los puertos de Vigo y La Coruña. Sin embargo, a finales de julio de 1936 los rebeldes habían de hecho fracasado, porque solo controlaban un tercio del territorio nacional de España.

En los otros dos tercios de España, el poder estaba, como hemos visto, intensamente fragmentado en casi todos los sitios. La visión dominante de esta situación —tanto en memorias como en análisis históricos posteriores— ha tendido a ser negativa. Pero esto supone una perspectiva exclusivamente de arriba abajo sobre el fenómeno de los comités, muy influida, además, por una valoración retrospectiva de la amenaza militar en aumento a la que hacía frente la República. Si miramos los comités «desde abajo», sin embargo —desde la perspectiva contemporánea de las bases que participaban en el momento en que fueron movilizadas por los cuadros dirigentes locales de la izquierda—, podemos ver que la «resistencia» a la rebelión militar fue estimulada principalmente por la posibilidad de acción directa para transformar el ámbito local o la patria chica —fuera esta una aldea, un pueblo o un barrio urbano— mediante el control de las decisiones que afectaban a la vida cotidiana.

En todos los lugares donde el golpe fue sofocado —con la excepción del País Vasco republicano— hubo una proliferación de soluciones para la organización de la vida cotidiana de carácter local: desde el transporte, las comunicaciones y el abastecimiento de agua, a la organización cooperativa del abastecimiento de alimentos, talleres, periódicos, restaurantes y barberías. A menudo, el dinero fue abolido y pueblos y comités urbanos establecieron un sistema de cupones o vales para cubrir las necesidades básicas, que, principalmente en las ciudades, eran a menudo emitidos por muchos comités diferentes a la vez. En algunas zonas rurales, la industria y el comercio fueron parcialmente colectivizados.

Aunque los comités y las milicias fueron formas muy comunes de organización y todos debían su existencia inicial a la influyente carga centrífuga del golpe militar, esto no significa que fueran similares en términos cualitativos más allá de aspectos superficiales de nomenclatura. Lo que «significaban» los comités y las milicias estaba muy influido por las diferentes experiencias históricas y culturas políticas regionales que se encontraban en los sectores proletarios de España. Aunque el fenómeno de los comités fue en todos sitios particularista[37], pocos sectores de la clase obrera española (incluidos los dirigentes) poseían las bases ideológicas o los recursos culturales que les permitieran pensar en los comités como los fundamentos de un nuevo orden[38]. Tampoco, por supuesto, era el localismo necesariamente radical solo porque excluyera la idea del Estado. Dentro de estas variables, la dirección y el potencial de los comités y de las milicias dependía también de forma significativa de la rapidez con que los imperativos de la defensa militar repercutían en ellos.

En Madrid se formaron comités de barriada y sindicales, así como colectividades y cooperativas supervisadas por comités obreros en el sector municipal pero también, en cierta medida, en la industria privada, el comercio y los servicios. Pero esto sucedió a una escala mucho más pequeña que en Barcelona —la expropiación de pequeños negocios fue muy rara— y se hizo más por imperativos prácticos que por preferencias culturales e ideológicas populares. Las dos ciudades eran las únicas en España que tenían una población que superaba el millón de habitantes en 1930. Pero, aunque Madrid era un importante centro administrativo, no era todavía un centro industrial significativo. Además, la diferencia entre los 40 000 obreros de la construcción y los 25 000 de la industria metalúrgica de Madrid y los 200 000 obreros de la industria textil, los 70 000 de la industria metalúrgica y los 70 000 en la construcción de Cataluña no era solo una diferencia de cantidad; también representaba una profunda diferencia en la variedad y las capacidades de la cultura obrera. En Madrid, la proximidad de las columnas rebeldes —al principio en el norte y, más tarde, también desde el sur— concentró la atención en la necesidad de garantizar la coordinación del abastecimiento económico y militar y de los servicios de transporte esenciales para las operaciones de defensa de emergencia. Así, se estima que el 30 por ciento de la industria productiva de Madrid fue puesta de forma relativamente rápida bajo control militar o gubernamental[39], y los cuadros sindicales sirvieron como instrumentos de este proceso. La UGT, como el sindicato obrero dominante en la provincia de Madrid, había estado siempre menos interesada que la CNT en el control económico sindical. Pero, en la práctica, la CNT de Madrid también aceptó que el control estatal era necesario dadas las circunstancias. Los miembros de la CNT trabajaron junto a los de la UGT en la producción de guerra, incluso aunque permanecieran algunas tensiones entre sus respectivos dirigentes sobre cuestiones de prerrogativas de las organizaciones[40]. En la zona de Madrid, las milicias de la CNT estaban también menos inclinadas a negar la necesidad de disciplina y de una organización centralizada.

También en Asturias, en el norte aislado no vasco, las presiones del avance por dos flancos de las fuerzas rebeldes hacia la ciudad de Oviedo, sitiada por fuerzas republicanas, concentró los esfuerzos en temas de defensa militar. Esto contribuiría en cierta medida a facilitar la reconstrucción de un poder político centralizado dentro de la región. Pero igualmente significativa era la especial cultura sindical y política del norte.

Aunque en el norte tanto la CNT como la UGT habían permanecido abiertas al uso de la acción directa durante los años treinta, eran también en general bastante menos hostiles a la idea de estrategias parlamentarias, y políticas en general, para lograr la reforma social. Esta simpatía subyacente entre los dos sindicatos había sido la clave de su exitosa colaboración antes de la guerra en la Alianza Obrera Asturiana. Aunque la Alianza Obrera había fracasado en todos los demás sitios de España como la iniciativa de unidad de la izquierda que pretendía ser, en el norte había proporcionado la matriz organizativa para la insurrección armada de octubre de 1934. (De forma menos espectacular, pero incluso más crucial, la experiencia de organizar funciones de defensa y de abastecimiento de emergencia durante la insurrección proporcionaría una base para la colaboración y la supervivencia en julio de 1936). La apasionada campaña de amnistía para liberar a los miles de detenidos tras el fracaso de octubre de 1934 fue un proceso clave para forjar una colaboración más estrecha entre los dirigentes de la CNT y de la UGT en el norte, y reforzó un entendimiento común entre los socialistas y los anarquistas asturianos sobre la importancia de una política pragmática de izquierdas adaptada a objetivos intermedios. En este proceso, también se dio rienda suelta a una cierta heterogeneidad ideológica, que se vio reflejada en las soluciones dadas a la organización de la retaguardia durante la guerra[41].

Había, por tanto, una relación razonablemente cooperativa entre el comité de guerra de la CNT, basado en su feudo, la ciudad portuaria de Gijón, y el comité del Frente Popular dirigido por los socialistas en Sama de Langreo, en el corazón de la cuenca minera. Los dirigentes de la CNT estaban tan preocupados como sus homólogos socialistas por contrarrestar la gran fragmentación del poder simbolizada por la duplicación aparentemente sin fin de comités locales[42]. Los mismos dirigentes de la CNT fueron también decisivos para asegurar que los fondos del Banco de España en Gijón se entregaran al comité del Frente Popular, asegurando así, de forma efectiva, su utilización por parte del Gobierno. El comité de guerra de la CNT tampoco supervisó ninguna depuración sistemática de las fuerzas de orden público de Gijón, y mucho menos estableció fuerzas de seguridad similares a las patrullas de control formadas al mismo tiempo en la Cataluña urbana.

Aunque hubo conflictos en Gijón por el deseo de los anarquistas de expropiar a pequeños comerciantes y tenderos, en otros aspectos la CNT y la UGT estaban de acuerdo[43]. La CNT aceptó el veto del Frente Popular de Sama de Langreo a cualquier interferencia en los derechos comerciales individuales o los derechos de propiedad de los pequeños propietarios rurales, cuyos minifundios constituían la forma predominante de propiedad agraria en la región. De este modo, la colectivización agraria no estuvo nunca seriamente en la agenda política asturiana. Las regionales de la CNT y de la FAI también aceptaron la postura de la UGT sobre los derechos de propiedad industrial preexistentes en Asturias. Existieron comités de control obreros —dirigidos por la UGT en las minas de carbón y por la CNT en los altos hornos siderúrgicos—, pero su función fue en gran medida la de vigilar la producción, dejada en gran parte en manos de aquellos capataces considerados políticamente de confianza y de ingenieros que no habían huido o que pudieron ser traídos de otros lugares. Dado el dominio de la UGT en las minas, los comités de producción fueron supervisados prácticamente desde el comienzo por un representante del Gobierno central[44].

La innovación económica y la actividad cooperativista y de los comités en Asturias se concentraron principalmente en organizar las necesidades prácticas de la vida urbana y, en particular, el abastecimiento de alimentos y la organización de los servicios esenciales, incluida la educación. Esto respondía tanto a un sentido eminentemente pragmático como a una idea de la política de base comunitaria profundamente arraigada, que fue reforzada por el aislamiento del norte republicano en 1936-1937. Desde principios de septiembre de 1936, el norte republicano estuvo aislado tanto de Francia como del resto del territorio republicano, excepto por mar. Aunque los sistemas de distribución privados continuaron existiendo, el Frente Popular asturiano fue responsable de forma colectiva de asegurar la subsistencia de los sectores más pobres de la población[45]. Hubo, por tanto, un intento de desarrollar, dentro de las restricciones siempre en crecimiento de la guerra, lo que había sido el programa político del Frente Popular asturiano entre las elecciones de febrero de 1936 y el levantamiento militar, es decir, la «recuperación de la República» para los sectores obreros y para la reforma social por medio de una movilización política de masas extraparlamentaria pero legal.

Del análisis anterior queda claro por qué los dirigentes de la CNT asturiana se resistían bastante menos que sus homólogos de otras zonas a la disolución de su comité de guerra. Aunque, evidentemente, los imperativos defensivos figuraban en sus cálculos, no tenían reparos ideológicos serios. La CNT asturiana se unió al nuevo Comité Provincial del Frente Popular, que, aunque dirigido por los socialistas, se trasladó a Gijón en septiembre de 1936. Tampoco se opuso la CNT a lo que era la reconstrucción desde arriba del poder del Gobierno, a pesar de algunos conflictos organizativos con otros miembros del comité. Se establecieron nuevos ayuntamientos entre septiembre y octubre de 1936, convirtiéndose, así, en la zona republicana donde este proceso se produjo más pronto.

Un panorama no muy diferente surgiría también en agosto y en los meses siguientes en la región valenciana. Allí, el Comité Ejecutivo Popular permitió que los variados comités que habían proliferado durante la defensa de emergencia fueran reemplazados por la autoridad del Gobierno republicano. Así, en septiembre, las tres provincias de la región habían restablecido autoridades del Frente Popular a través de las cuales el Gobierno republicano recuperó de forma gradual su poder[46]. Aunque la CNT valenciana era influyente, su regional era el centro del treintismo, un sindicalismo reformista bastante menos hostil al poder político del Estado que sus equivalentes libertarios radicales de la vecina Cataluña. Este contexto político también explica los grandes esfuerzos de la misma CNT valenciana por articular la colectivización rural, que, al estar en manos de comités locales, había fragmentado la economía de la región de tal forma que estaba poniendo en peligro los procesos básicos de distribución y abastecimiento esenciales para la defensa republicana. La CNT también hacía frente al espinoso tema de las «requisas» indiscriminadas y ad hoc, un efecto colateral de la defensa de emergencia que, como en otros lugares, estaba amenazando con enajenar a los sectores de clase media[47].

En Valencia la CNT tuvo que reconocer la heterogeneidad social de la región. Aunque los libertarios eran fuertes en las zonas urbanas —y especialmente en el puerto de Valencia—, su base rural era algo más débil. Además, en el campo valenciano los importantes grupos rurales de pequeños propietarios y arrendatarios eran bastiones del conservadurismo social y, a menudo, político. En este último caso, esto iba acompañado de fuertes sentimientos regionalistas. Aunque esto distanciaba a las clases medias valencianas de los ideales ultracentralistas que sustentaban el levantamiento militar, estos grupos sociales eran hostiles al colectivismo asociado a los defensores proletarios de los días de julio[48]. De hecho, la colectivización agraria en Valencia, aunque no insignificante, sería marginal para la economía de la región en su conjunto[49]. Pero el temor a qué podría suceder siguió siendo general entre los arrendatarios y pequeños propietarios, y aumentó por el conocimiento de incidentes en los que cuadros de la CNT de la zona habían ejercido coacción. Así, la desconfianza mutua y las agudas divisiones sociales entre individualistas y colectivistas, junto con la influencia en aumento de los organismos estatales republicanos, establecerían el escenario para futuras confrontaciones en el campo valenciano, a pesar del compromiso pragmático de la CNT regional en su conjunto con el principio de voluntariedad de las colectivizaciones.

De forma similar, en las zonas rurales de la vecina Cataluña, los dirigentes de la CNT-FAI reconocían los derechos y propiedades de los numerosos pequeños propietarios y arrendatarios. Sin embargo, lo que hacía diferente a Cataluña era su dimensión urbana —en particular Barcelona (la única metrópolis de España)— y su cinturón industrial circundante. Allí, una configuración singular de la producción industrial y la vida urbana había dado lugar, durante décadas, a un conjunto de culturas populares y proletarias rico y complejo, sin igual en ningún otro lugar de España. Entre algunos sectores de trabajadores de Barcelona había producido también una hostilidad mucho más explícita y centrada en el statu quo económico, social y político. Estas percepciones estaban también influidas por las ideas libertarias, que consolidaron entre los obreros y otros sectores marginados no solo una conciencia colectiva de ser pobres y carecer de derechos políticos, sino de ser en general una clase social desposeída. La fracasada rebelión militar, al provocar el colapso de las instituciones del Estado, abrió el camino a una revolución. La defensa de emergencia del 18 y 19 de julio ofreció a los obreros de la Cataluña urbana y, sobre todo, de Barcelona, la oportunidad de ir más allá. Crearon una red de comités populares, colectivizaron la industria en proporciones significativas y aplicaron una variedad de experimentos cooperativistas en la organización de la vida social. En la vecina Valencia, los obreros industriales frenaron el golpe con una huelga general, pero después usaron sus influencias de una forma bastante más convencional para tratar de arrancar mejoras en los salarios y las condiciones de trabajo a sus patronos. Comparado con esto, la especificidad de la Cataluña urbana queda clara. Además, el experimento se extendió a la zona rural adyacente del este de Aragón: los anarquistas catalanes llevaron la colectivización a sus pueblos[50]. De esta forma, bajo la jurisdicción de la Barcelona libertaria, Aragón se convirtió en el centro agrario de la revolución urbana de Cataluña.

En el sur también se colectivizó con frecuencia la tierra en los días posteriores al intento de golpe de Estado[51] y la Federación Española de Trabajadores de la Tierra de la UGT (FETT) participó junto con la CNT. A diferencia del proceso de Aragón, la colectivización en el sur de España tenía profundas raíces en el período anterior a la guerra, influida por la oposición ideológica a los efectos políticos, económicos y sociales de los latifundios. El hecho de que la tierra expropiada perteneciese casi por completo a las élites prorrebeldes (a menudo ausentes) hizo de la colectivización una cuestión política menos problemática a corto plazo para las autoridades republicanas de lo que lo era en otros lugares. También influía la participación de la UGT, que era mucho más cercana al Gobierno que las federaciones del sur de la CNT. De forma inevitable, sin embargo, dadas las caóticas consecuencias del golpe, el efecto global fue una gran fragmentación. Incluso en la provincia de Jaén, donde la influencia de la FETT era predominante, las colectivizaciones se estaban produciendo fuera del control de los dirigentes del sindicato, y los comités locales eran a menudo hostiles (como lo eran también en otras regiones) a cualquier interferencia de fuera. Por otra parte, hubo pueblos donde el golpe parecía haber producido una parálisis, y una vez que los comités se establecieron, hicieron poca cosa. Dado que la necesidad inmediata más importante era la recolección de la cosecha, esencial para el abastecimiento de las zonas urbanas republicanas, ambos escenarios presentaban problemas. Una proporción significativa de las cooperativas del sudoeste caerían rápidamente en agosto y septiembre ante el avance militar de las fuerzas insurgentes. Pero las que subsistieron en el sudeste republicano y en Jaén, serían pronto objeto de esfuerzos gubernamentales concertados para imponer el control y la regulación estatal.

Queda claro de este breve análisis de las transformaciones producidas en el territorio republicano que las formas locales de reorganización económica y social surgidas de la defensa de emergencia estaban en todos los sitios muy atomizadas. Esto reflejaba la tendencia de la mayoría de la gente a identificarse exclusivamente con su patria chica (una consecuencia normal en un Estado subdesarrollado que carecía de una economía integrada). Los comités y la defensa de emergencia no dieron lugar, sin embargo, a colectivizaciones en todos los sitios. Y allí donde estas ocurrieron, tanto en la ciudad como en el campo, también eran demasiado fragmentadas, una mezcla de formas desiguales y heterogéneas. A menudo estaban, además, incluso fuera del control de los dirigentes regionales de la CNT y de la UGT que estaban luchando por articularlas. En Aragón, la colectivización agraria fue impulsada por cuadros de base urbana de la vecina Cataluña. Y prácticamente en todos los lugares donde se desarrolló, excepto en el sur republicano, el movimiento carecía de una fuerte tradición colectivista anterior a la guerra[52]. Heterogéneas y muy invertebradas, la mayoría de estas iniciativas locales fueron posibles solo por la parálisis del Estado, que, durante un tiempo, también paralizó la oposición al colectivismo.

Incluso en la única excepción posible a este panorama de contingencia —la Cataluña urbana— la oportunidad para el desarrollo de formas revolucionarias de organización económica y social derivó en gran parte de la distancia considerable de la región con respecto al frente militar en 1936. Barcelona era la ciudad republicana que estaba más lejos del frente. El hecho de que las iniciativas colectivistas fueran impulsadas por libertarios radicales sin duda no ayudó a infundirles la necesidad de una mayor articulación política o económica. Pero era también cierto que, en general, fuera de Madrid y de la zona central no se sentía todavía la necesidad de la centralización, porque no había todavía una conciencia real de «la guerra». Así, mientras que en algunas zonas de la España rebelde se organizó el reclutamiento militar obligatorio en las tres semanas siguientes al golpe, en el mismo período, en el territorio republicano, no podemos hacer referencia a un esfuerzo bélico «republicano» unificado en ningún aspecto significativo, y mucho menos a un objetivo único. La energía, la improvisación entusiasta y la heterogeneidad de la defensa de emergencia fueron al principio su fortaleza, pero llegarían pronto a simbolizar su debilidad subyacente.

Lo que haría «al Estado regresar al primer plano» de la ecuación republicana fue la experiencia invasora de la guerra en el sur. Los republicanos estarían pronto afrontando mucho más que una serie de revueltas de cuartel mal coordinadas y, hasta entonces, solo muy parcialmente exitosas. El mismo 19 de julio, al llegar Franco a Tetuán, un contingente de doscientos soldados del norte de África —tropas indígenas (regulares) dirigidas por oficiales de carrera africanistas— aterrizó en el aeropuerto de Cádiz. El movimiento obrero había declarado allí una huelga general, ofreciendo una encarnizada resistencia al general José Enrique Varela, veterano de África y simpatizante carlista, y a sus partidarios en la zona. La llegada de las tropas marroquíes no solo aseguró la victoria de Varela en la ciudad, sino también el orden rebelde en toda la zona de Cádiz, Algeciras y La Línea. Este contingente africano, complementado por unos pocos traslados más de escala relativamente pequeña desde Marruecos, participaría también en la represión de la resistencia popular en Sevilla[53].

Estaba previsto que se produjeran traslados de tropas más importantes, dado que los rebeldes querían usar al Ejército de África (incluyendo la Legión Extranjera de España, los «tercios») como tropa de choque para acabar con la resistencia popular y garantizar su control. Pero los planes de los insurgentes se vieron frustrados por la rebelión de la tripulación de la marina contra sus comandantes prorrebeldes en la principal flota de buques de guerra que navegaba en el sur hacia Algeciras[54]. El Estrecho fue, pues, bloqueado de forma efectiva, lo que significó que el avance de los sublevados en el sur quedó también bloqueado, ya que no podían llevar a tiempo a sus importantes fuerzas profesionales a la península. Además, los niveles de resistencia popular que los rebeldes se habían encontrado significaban que su intento de obtener el poder había sido abortado en muchas zonas, y el avance de Mola desde el norte, también dificultado por la falta de munición, fue detenido en la sierra de Guadarrama, a las afueras de Madrid. Quedó claro para los dirigentes insurgentes que, si el equilibrio de poder se mantenía, la victoria era una posibilidad remota.

Fue en este momento del 19 de julio cuando Franco, que coordinaba la campaña del sur desde Tetuán, pidió ayuda a Italia, y, ante el rechazo inicial de Mussolini a proporcionarle aviones de transporte, unos pocos días después, el 22 de julio, presentó directamente una petición a Hitler. El suministro de aviones por parte de Hitler (y también de Mussolini, que cambió de opinión en torno al 27 de julio) para transportar el Ejército de África a la península dio a los rebeldes las fuerzas con las que convertir un golpe fracasado en una guerra[55]. A finales de julio se estableció un transporte aéreo de tropas desde Marruecos a Sevilla que en diez días trasladó a diez mil soldados. Hacia el 5 de agosto también habría barcos con tropas cruzando el Estrecho bajo cobertura aérea italiana. La marina republicana poco pudo hacer para detenerlos, lo que causó una gran desmoralización en las filas republicanas: las autoridades británicas prohibieron a sus barcos repostar o usar las instalaciones portuarias de Gibraltar[56] y se les prohibió hacerlo también en Tánger, a pesar de su estatus de puerto libre[57]; asimismo, también fueron hostigados por la presencia de buques de guerra alemanes que patrullaban las costas marroquíes. Los alemanes también enviaron algunos cazas Heinkel y pilotos y mecánicos voluntarios de la Luftwaffe. En menos de una semana después de su solicitud, los rebeldes estaban, por tanto, recibiendo suministros regulares de armamento y municiones tanto de la Alemania nazi como de la Italia fascista. Entre finales de julio y octubre de 1936, 868 vuelos iban a llevar a cerca de catorce mil soldados, artillería y quinientas toneladas de equipamiento a la España peninsular[58]. Gracias a sus suministradores fascistas, los insurgentes estaban intensificado su ofensiva contra la República. Golpearían con toda la fuerza de la superior potencia de fuego y los adelantos tecnológicos que sus aliados extranjeros les podían proporcionar. Iba a ser el sur, de forma inevitable, el que primero sintiera toda la fuerza de la escalada.

Gran parte del sur había quedado bajo control republicano en la fase inicial de la rebelión (véase el mapa 1). De hecho, una parte significativa nunca sería conquistada militarmente por los insurgentes: la costa del sudeste, desde Alicante, pasando por Cartagena, hasta Almería. Las conspiraciones rebeldes fueron desactivadas o combatidas en las tres, y su zona interior y gran parte de la provincia de Jaén, donde no hubo levantamiento, continuaron siendo republicanas hasta la rendición, a finales de marzo de 1939[59].

La muy conservadora ciudad de Granada, 93 kilómetros al sur de Jaén, cayó en poder de los militares rebeldes el 20 de julio, aunque durante varios días se mantuvo una encarnizada resistencia residual en el barrio obrero del Albaicín, que fue bombardeado hasta la rendición. A continuación hubo una represión feroz. Las autoridades militares dieron vía libre a los escuadrones de la muerte para asesinar a la gente de izquierdas de forma extrajudicial. Los «paseos» a los que los falangistas llevaban a sus víctimas —que fueron desde el poeta Federico García Lorca, pasando por profesionales liberales, hasta los militantes de sindicatos y partidos de izquierda y otros partidarios del Frente Popular— terminaban en la ejecución junto a las tapias del cementerio[60]. La escena era de tal calibre que hizo enloquecer al guardia de este lugar. Miles de personas encontraron la muerte en los «paseos» al eliminar los insurgentes a sus oponentes «rojos», a la vez que aseguraban también la sumisión de los sectores recalcitrantes de la población con este terror generalizado[61].

Gran parte del sudoeste había permanecido al principio en poder de la República; las principales excepciones fueron los enclaves aislados de Sevilla, feudo del general Queipo de Llano, y Córdoba[62]. Sin embargo, en el sur, como en otros lugares, los militares insurgentes tuvieron que matar a muchos oficiales del ejército —incluidos algunos de alto rango— que rechazaron rebelarse[63]. Pero una vez que el muy entrenado y bien armado Ejército de África alcanzó en masa la península, hubo poca cosa que los sectores prorrepublicanos de la población pudieran hacer. Aunque eran numerosos, estos resistentes civiles no tenían entrenamiento militar o experiencia y contaban con escasas armas. De hecho, hablar de los defensores de la República en el sur como una «milicia» es bastante engañoso. Las tropas del Ejército de África salieron rápidamente desde Sevilla capital en una campaña de represión a gran escala en la provincia. (El precedente de esto se había establecido en Asturias en octubre de 1934, cuando, a iniciativa de Franco, habían sido usadas para reprimir la rebelión en la cuenca minera del norte)[64]. La reforma agraria republicana fue así revocada, y la tierra y el poder volvieron a manos de los latifundistas, que a menudo viajaban junto al ejército para reclamar sus tierras manu militari. Los jornaleros fueron asesinados sin ninguna vacilación y se decía como «broma» que habían conseguido al fin su «reforma agraria» en la forma de una tumba. En los pueblos de todo el sur en poder de los rebeldes hubo una brutalidad y tortura sistemáticas: raparon las cabezas de las mujeres y a muchas las violaron. Se produjeron también asesinatos públicos masivos (tanto de milicianos como de otras personas, tanto hombres como mujeres) después de la conquista[65]. Donde había una tradición colectivista o de izquierdas especialmente fuerte, había habido ocupaciones de tierras o movilizaciones en la primavera-verano de 1936 o después de la huelga de campesinos de junio de 1934, o como consecuencia —aunque más raramente— de la revuelta de octubre de 1934, la rabia de una élite terrateniente de mentalidad semifeudal la llevó hasta a borrar pueblos enteros del mapa mediante la represión[66]. (Y cuando, al final de la guerra, las fuerzas insurgentes triunfantes extendieron e institucionalizaron la represión en todo el sur por medio de procesos sumarísimos, los obreros rurales serían declarados culpables en «juicios» masivos y ejecutados —sin ninguna aparente ironía intencionada— por el crimen de rebelión militar). La mentalidad colonial que permeaba la campaña de los insurgentes en el sur queda especialmente demostrada por una carta de Franco a Mola del 11 de agosto. Al explicar que la conquista de Madrid seguía siendo la prioridad militar, Franco subrayaba la necesidad de aniquilar toda resistencia en las «zonas ocupadas», especialmente en Andalucía. Las frecuentes peticiones de armas químicas a Italia por parte de Franco también reflejaban sus experiencias previas en el norte de África[67]. Al avanzar las tropas del Ejército de África bajo la dirección de Varela desde el sur hacia el este, para conectar Sevilla con los otros enclaves rebeldes de Córdoba y Granada, durante agosto y septiembre de 1936[68], este proceso de eliminación del «elemento peligroso» continuó[69].

Mapa 1. La división de España, 22 de julio de 1936

Pero el principal empuje del avance de los rebeldes desde el sur era en dirección al mayor premio, Madrid, vista como el centro de la resistencia republicana y cuya conquista les haría ganar la guerra. Franco, tras haber aterrizado en Sevilla el 2 de agosto, dirigió las tropas del Ejército de África. La mayoría de estas, bajo el mando general del teniente coronel Juan de Yagüe, veterano de las guerras de Marruecos y el partidario más influyente de la Falange en el ejército, habían empezado la resuelta marcha hacia la capital. Tomando pueblo tras pueblo, las columnas dejaron un rastro de muerte y terror a su paso[70]. En el fondo, no había nada que los defensores organizados deprisa y corriendo —y menos todavía una mano de obra atomizada en pueblos y aldeas— pudieran hacer para proteger el nuevo orden de la reforma agraria, la legislación social de la República y sus queridas cooperativas cuando se enfrentaban en campo abierto a tropas experimentadas, artillería y bombardeos aéreos de los italianos y alemanes. Lucharían desesperadamente mientras tuvieran la cobertura de edificios o árboles, pero no estaban entrenados en movimientos elementales en campo abierto y ni siquiera en el cuidado y recarga de sus armas. Además, al aumentar las noticias sobre las atrocidades cometidas por las tropas de Yagüe, incluso la amenaza de ser rebasados era suficiente para hacerles huir y abandonar las armas. Una gran masa de refugiados huyó hacia el norte ante el avance del ejército de Yagüe.

El 10 de agosto, el Ejército de África alcanzó Mérida, un antiguo pueblo romano situado cerca de Cáceres, la mayor parte de la cual estuvo en manos de los rebeldes desde el principio[71]. Mérida era un importante centro de comunicaciones entre Sevilla y Portugal, que apoyaba a los rebeldes. Sus defensores salieron para hacer frente a las tropas rebeldes fuera del pueblo y lucharon encarnizadamente en la batalla por el río Guadiana. Esta fue la primera oposición seria que los africanistas encontraron. Pero los resistentes no pudieron detener su avance y se abrieron paso hacia el pueblo. Poco después, se realizó el contacto inicial con las fuerzas del general Mola. Las dos mitades de la zona insurgente quedaron, así, unidas en lo que iba a ser llamada «la España nacional». En Mérida, mientras tanto, las ejecuciones empezaron por su comité de defensa al completo, incluidas dos mujeres, Rita Aznar y Anita López[72].

Yagüe giró entonces hacia el oeste para tomar la localidad fronteriza de Badajoz, una de las ciudades más importantes de Extremadura. El 14 de agosto sus fuerzas alcanzaron las afueras de la amurallada ciudad, donde el comandante de la guarnición estaba a cargo de pequeños núcleos de soldados y unos cinco mil resistentes civiles inexpertos y, en muchos casos, armados solo con guadañas y escopetas de caza. La desigualdad de la lucha fue mayor porque los defensores ya habían tenido que sofocar un motín de la Guardia Civil, que había socavado su material, su energía y su confianza justo cuando se vieron obligados a enfrentarse a las tropas que les sitiaban.

Sin embargo, la resistencia fue fuerte. Un centro urbano era un objetivo mucho más difícil de conquistar que combatientes sin preparación diseminados en torno a pueblos o en campo abierto. Serían necesarios dos ataques de artillería y con bombas antes de que los tercios de Yagüe, utilizados como fuerzas de choque, pudieran abrir una brecha en las murallas de la ciudad. Una vez que triunfaron, se inició una represión salvaje. Al principio, hubo matanzas y saqueos caóticos e indiscriminados en las calles realizados por tercios y regulares, enfurecidos, entre otras cosas, porque esta primera experiencia de fuerte resistencia había causado importantes bajas entre sus filas. Más tarde, empezó una represión más sistemática. Las patrullas falangistas detenían a los obreros en las calles para comprobar si habían participado en la defensa de la ciudad y rasgaban sus camisetas para ver si los hombros tenían la delatora marca dejada por la culata del fusil. Los defensores fueron conducidos a la plaza de toros, convertida en campo de concentración, y ametrallados por grupos. Después de la primera noche, la sangre corrió profusamente, según testigos entrevistados por el periodista estadounidense Jay Allen, cuyo famoso reportaje sobre la matanza de Badajoz llevó la guerra española a los titulares de los periódicos de toda Europa y América[73]. Los fusilamientos continuaron en Badajoz durante semanas y la represión en la provincia, durante meses[74]. Nada menos que una autoridad como el mismo Yagüe confirmaría pronto los relatos acerca de la represión realizados por testigos cuando, entrevistado por otro periodista estadounidense, John T. Whitaker, que le acompañó durante la mayor parte de la marcha hacia Madrid, dio su —ahora famosa— respuesta: «Por supuesto que los matamos. ¿Qué esperaba usted? ¿Iba a llevar a cuatro mil prisioneros rojos conmigo teniendo que avanzar contrarreloj? ¿O iba a soltarlos en la retaguardia y dejar que Badajoz fuera roja otra vez?»[75]. Los cuerpos se dejaron durante varios días en las calles para aterrorizar a la población[76] y después fueron amontonados en el cementerio e incinerados sin ningún tipo de rito funerario. Al mismo tiempo, la «liberación» del territorio por los rebeldes sería celebrada con la reapertura de las iglesias, misas, bautismos y otras ceremonias religiosas públicas.

La caída de Badajoz separó a la República de Portugal y dio a los rebeldes un acceso sin restricciones a la frontera con el país que había sido su primer aliado internacional. Desde el comienzo, el dictador portugués Oliveira Salazar había permitido a los insurgentes usar el territorio de su país para unir sus zonas del norte y del sur, y la policía portuguesa hizo volver a muchos refugiados republicanos a una muerte cierta en España[77]. De hecho, el acceso a la ayuda portuguesa había sido un factor importante en la decisión de Franco de renunciar a la ruta más directa desde Sevilla a Madrid a través de Sierra Morena y Córdoba. Esto también había mal encaminado a los republicanos que concentraron sus exiguas fuerzas militares defensivas en la región, bajo la dirección del general Miaja, en la línea Madrid-Córdoba. Ahora, con toda la costa sudoeste, desde Cádiz a Huelva, y toda la zona fronteriza con Portugal bajo control rebelde, las fuerzas de Yagüe continuaron desde Badajoz por las carreteras que iban por el nordeste hacia Madrid (véase el mapa 2).

Las columnas se dividieron durante un tiempo para cubrir rutas aproximadamente paralelas. La primer ruta llevó a una de las tres columnas, a través de Trujillo, hasta Navalmoral de la Mata, ocupada el 23 de agosto. Al este se encontraba el valle del río Tajo, que no ofrecía obstáculos naturales serios. Las cooperativas formadas después de las ocupaciones de tierras de marzo de 1936 eran objetivos fáciles y se infligieron duras muertes a sus miembros. La matanza a manos del Ejército de África fue, una vez más, la lección brutal impuesta a aquellos que se habían atrevido a desafiar el statu quo socio-económico. En la ruta del sur, a través de la sierra de Guadalupe, sin embargo, las otras dos columnas marroquíes tuvieron mayores dificultades. Aquí se enfrentaron con las tropas del Gobierno republicano enviadas desde Madrid bajo la dirección del general José Riquelme. En Medellín, parte de una columna estuvo cerca de ser destruida en la primera actuación destacada de una escuadrilla aérea republicana que había organizado el escritor francés André Malraux. Aunque no podía desafiar a los cazas italianos, más rápidos, que dieron a los rebeldes el control local del aire, en esta fase la inexperiencia de las milicias siguió siendo la principal debilidad militar de la República.

Mapa 2. El avance del Ejército de África, agosto-octubre de 1936.

Sin entrenamiento en operaciones elementales en campo abierto, las milicias eran a menudo superadas estratégicamente por los tercios y los regulares y forzadas a retirarse. En las duras condiciones del seco valle del Tajo, en el camino hacia Talavera, la vulnerabilidad de sus combatientes significaba que la retirada era la única opción para los comandantes republicanos. Aunque los mismos voluntarios parecían todavía creer que su indudable valor sería recompensado, el Gobierno simplemente no podía permitirse arriesgar a todos sus soldados en un combate general. La falta de preparación y entrenamiento forzó a los republicanos a retiradas constantes hasta la misma Talavera. Dentro de ella, las posiciones defensivas fueron cubiertas por unos diez mil voluntarios, pero el 3 de septiembre al amanecer, las columnas marroquíes rodearon el pueblo y, después de tomar el aeródromo y la estación de tren de las afueras, atacaron el centro, aplastando a sus defensores en una lucha callejera. En solo un mes los rebeldes habían avanzado casi quinientos kilómetros, y ahora el último pueblo importante entre los rebeldes y Madrid había caído.

Las derrotas de agosto y las represiones que las siguieron continuaron en septiembre, terribles y aparentemente inexorables. Había poco o nada que trabajadores y campesinos sin tierra desarmados o pobremente armados y sin entrenamiento militar pudieran hacer contra las fuerzas insurgentes, muy disciplinadas y bien equipadas. Su valor era épico, pero todo indicaba que estaban fracasando[78]. Incluso las ocasiones de resistencia prolongada no eran abundantes, y cuando se producían, a menudo se basaban en obstáculos naturales o en la ventaja de las zonas urbanas. Pero las fuerzas insurgentes ya habían iniciado una guerra que solo podía ser ganada militarmente si los republicanos podían enfrentarse a ellos y contenerlos en una batalla campal. Además, cada vez que la resistencia era rota, el bastante literal terrible precio pagado tenía un impacto aún más devastador en la moral, algo que los republicanos no se podían permitir[79].

El terror siempre había sido un arma clave en las acciones del Ejército de África. Después del levantamiento militar, esto se puso por primera vez de manifiesto en la represión sangrienta de los barrios obreros de Sevilla capital. En uno de estos, Triana, los soldados del Ejército de África juntaron a todos los hombres que encontraron y apuñalaron hasta la muerte a muchos de ellos en las calles[80]. Ahora, en la guerra del sur, el terror generalizado estaba utilizándose para facilitar un rápido avance militar hacia Madrid y para «pacificar» el territorio conquistado, consolidando el control rebelde para que nada pudiera poner en peligro ese avance. Pero la utilización del terror de masas por parte de los comandantes rebeldes era algo más que una táctica a corto plazo. Aunque Badajoz fue sin duda alguna un mensaje dirigido especialmente a quienes, en Madrid, eran partidarios de la resistencia, al tener como objetivo a sectores sociales específicos en masa —tanto si eran o no combatientes activos—, los rebeldes, de hecho, estaban redefiniendo al «enemigo» como toda una clase social: el proletariado producido por la modernización y considerado «fuera de control» por los militares sublevados y sus partidarios civiles de las élites.

Lo que ocurrió en los campos de la muerte del sur fue muy visible por la presencia de numerosos corresponsales de guerra extranjeros. Las dimensiones de la represión inmediata también destacan en el sur. Pero es importante recordar que, al mismo tiempo, se estaba llevando a cabo una represión igualmente dantesca en todos los sitios controlados por los rebeldes. Además, se estaba produciendo en lugares controlados por los rebeldes desde el comienzo, donde no había una amenaza militar objetiva, ni una resistencia política significativa, ni Ejército de África; en resumen, donde era difícil encontrar realmente una «situación de guerra»[81]. Tampoco es factible argumentar que gran parte de la violencia inicial era consecuencia, como en la zona republicana, de grupos «incontrolados», porque en ningún lugar de la zona rebelde hubo un colapso del orden público. Los grupos de falangistas o de otros voluntarios de la derecha que asesinaban a la gente podrían haber sido en cualquier momento frenados por las autoridades militares que aseguraron el orden público desde el comienzo. No solo esto no sucedió, sino que la represión militar y la instigada por civiles se complementaron. Las autoridades militares estaban, pues, sancionando el terror generalizado en todo el territorio rebelde. De hecho, el «Director» del golpe, el general Mola, había previsto y anunciado la necesidad de esta aplicación extensa: «Hay que sembrar el terror … hay que dar la sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros»[82]. Tanto en el norte como en el sur de España, el terror tenía una dimensión político-estratégica común: la represión violenta funcionaba como un espectáculo y una amenaza públicos, como un medio de liquidar a los oponentes que también reforzaría la ortodoxia de los que quedaban vivos, aumentando así el grado de control social ejercido por las autoridades militares[83]. Si algo distinguió al sur del norte fue un factor cuantitativo, no cualitativo, porque allí la existencia de grandes latifundios y de numerosos jornaleros sin tierra significaba que había bastantes más «enemigos» de los que ocuparse. La presencia de una máquina de matar profesional y abundante en el Ejército de África facilitaba la «solución», aunque los falangistas y otros voluntarios civiles de derechas también participaron. En la mitad norte de España los militares andaban escasos de personal, lo que explica por qué, desde un principio, los requetés carlistas y otros voluntarios de derechas jugaron un papel más destacado en las matanzas. Es posible también mostrar que las fuerzas insurgentes que perpetraban los asesinatos en el norte de España tenían una percepción cultural de sus víctimas diferente de la de los que actuaban en el sur. Pero todavía veían el matarlos como la solución.

También es significativa la forma en que el «enemigo» (tanto hombres como mujeres) encontraba la muerte a manos de los rebeldes: las ejecuciones públicas en masa (algunas veces con las víctimas atadas juntas) seguida por la exhibición de sus cuerpos en las calles durante días, la incineración conjunta de los cuerpos, el carácter de auto de fe del fusilamiento de un diputado socialista en la plaza Mayor de Salamanca o el hecho de que las ejecuciones en el centro y el norte de la zona insurgente tuvieran lugar a menudo en días que coincidían con festividades religiosas[84]. También se torturaba, tanto física como psicológicamente, a los prisioneros de forma habitual, y se les humillaba, además, públicamente, especialmente a las mujeres[85]. Todas estas formas de violencia (en las que incluyo la humillación) estaban funcionando como rituales a través de los que poder restablecer el control político y social. De este modo, la violencia era también una forma de exorcizar el miedo subyacente a la pérdida de control, que era el vínculo subconsciente que unía a los militares rebeldes con los diferentes grupos de civiles que les apoyaban.

Todos aquellos contra los que se ejercía la violencia pertenecían a grupos cuya movilización política acelerada, canalizada por la República, constituía una amenaza para el orden nacional monolítico y muy jerarquizado en el que los sectores conservadores percibían que se encontraban la «virtud» nacional —pasada y futura— y la grandeza de España. Los estudios locales de la represión demuestran bastante claramente que su objetivo, a lo largo y ancho de la España rebelde, eran precisamente aquellos a los que las reformas de la República habían otorgado derechos políticos y sociales por primera vez en sus vidas. Ninguna zona de España estuvo exenta de esta amenaza y, por tanto, ninguna zona podía estar exenta de la represión «purificadora». La dialéctica del fuego y la espada y el necesario sufrimiento de los «herejes» recuerda a las normas y valores de la Contrarreforma[86]. Pero en el proyecto interior de los dirigentes rebeldes y de muchos de sus seguidores se unieron a otros discursos más «modernos» de enfermedad e impureza racial, en los cuales la «barbarie marxista» de los republicanos se explicaba como un virus mortal, el germen de la «anti-España», que si no era «limpiado» a fondo, hasta el último vestigio, contaminaría el cuerpo saludable de «España». La enfermedad equivalía al desorden y viceversa, lo que es más significativo[87]. De la misma forma, la complicidad común de los sacerdotes en la denuncia, el asesinato y la tortura de quienes se consideraban enemigos debe entenderse como un elemento activo dentro de este marco ideológico, más que como una respuesta a la violencia anticlerical popular en el territorio republicano[88].

En vista de estos discursos y de adónde llevaban, probablemente es demasiado restrictivo definir como «colonial» solo la guerra en el sur. La referencia específica de Franco a Andalucía como una «zona ocupada» ha tendido a destacar el sur. Sin duda, hubo una influencia recíproca entre la mentalidad semifeudal de los latifundistas y la experiencia colonial de los africanistas (un intercambio intensificado por la cercanía de África y Andalucía). Pero, por encima y más allá de esto, todo el proyecto rebelde estaba construido como una empresa colonial en la que el objetivo era España en su conjunto[89].

En las décadas posteriores a la pérdida de los restos del imperio español en 1898, la élite militar había desarrollado una identidad ideológica propia que los definía como los defensores de la unidad, la jerarquía y, por tanto, la homogeneidad política y cultural de España. En realidad, en este proceso interiorizaron el imperio: primero, en el sentido de que la misma España metropolitana llegó a ser el imperio (de hecho, de acuerdo con la Constitución monárquica, las colonias habían sido provincias de España); y, en segundo lugar, en el hecho de que muchos miembros de la élite militar interpretaban la defensa de «España» como un deber imperial. En los años treinta, esta defensa estaba dirigida tanto contra los nacionalismos periféricos como contra la clase obrera, por ser los portadores de la diferencia cultural y el cambio político.

La diferencia cultural que provocaba el odio más intenso y patológico, y a su vez algunos de los casos más extremos de humillación violenta y ritual, era la transgresión de las rígidas normas de género. Las mujeres que tomaron parte en la resistencia armada y otras identificadas como «rojas» fueron fusiladas junto con los hombres. Muchas fueron también violadas antes de ser asesinadas. Con mayor frecuencia, la derrota se marcaba en las mujeres civiles «rojas» por medio del rapado de sus cabezas y la administración de dosis de aceite de ricino, con las inevitables consecuencias (aunque algunas veces estos castigos eran también el preludio al asesinato[90]). La evidente misoginia de las élites rebeldes se basaba en el mismo miedo a perder el control: de ahí las manifestaciones constantes de odio patológico incluso hacia la memoria de las milicianas en los años posteriores a la guerra.

Las mujeres «rojas» en general eran reducidas de forma obsesiva a su sexualidad por los comentaristas rebeldes, que proyectaban así sus miedos sobre el enemigo republicano[91]. En el mismo sentido, hay que tener en cuenta el mito sobre los «vales de violación» supuestamente distribuidos como pago a las milicias republicanas. De hecho, fueron oficiales africanistas quienes estuvieron cerca de realizarlo cuando pagaron a las tropas marroquíes con un botín de guerra que incluía el acceso a las mujeres «rojas». Los contradictorios componentes de la patología rebelde también dieron lugar a peculiares debates filosóficos entre los oficiales sobre si estas mujeres eran todavía o no esencialmente «españolas» (es decir, «blancas» en un sentido diferente), lo que haría cuestionable que las entregaran a los regulares. Incluso dentro de sus propios términos de referencia, esto parecía un debate inútil, dado que las mujeres republicanas sufrían con frecuencia abusos físicos graves (incluida la violación) por parte de sectores «españoles» variados dentro de las filas insurgentes[92].

Todo tipo de mujeres —desde adolescentes a abuelas de setenta años— fueron hechas prisioneras. Muchas fueron encarceladas con sus bebés, algunas veces recién nacidos. Las condiciones eran infrahumanas, y no era raro que los niños muriesen. De hecho, esto parece que fue parte del castigo por su transgresión de género: un guardián de prisión planteó que las mujeres «rojas» habían perdido su derecho a alimentar a sus hijos. Las madres que estaban amamantando eran fusiladas junto con las abuelas y las adolescentes. Para los niños supervivientes, el precio de su alimentación (a través de la asistencia social falangista) conllevaba lo que una testigo, ella misma una prisionera, describió como un «sufrimiento moral»: «Se obligaba a los huérfanos a cantar las canciones de los asesinos de su padre, a usar el uniforme de quienes lo habían ejecutado y a maldecir al muerto y deshonrar su memoria»[93].

Al final, lo que los militares, falangistas y otros voluntarios de derechas hicieron a los hombres y mujeres republicanos respondía a algo distinto de una necesidad táctica en un conflicto militar. La asombrosa uniformidad de la degradación y deshumanización infligidas a los prisioneros republicanos —y, en particular, la extraordinaria necesidad de sus captores de quebrantar no solo sus cuerpos, sino también sus mentes, antes de matarlos (e, incluso cuando no eran asesinados, dejarlos, como así fue, «reconfigurados» psicológicamente mediante su experiencia de prisión/represión)— estaba al servicio del proyecto subyacente de los sublevados: (re)construir una sociedad monolítica, homogénea y jerarquizada. El objetivo de los rebeldes y el insistente deseo de alcanzar la vida interior del «enemigo» se corresponden muy estrechamente con aquello que, en otro contexto nacional, denominaríamos fascismo[94]. Se ha argumentado de forma consistente que el fascismo es una especie de «colonialismo en casa»: en ambos hay una necesidad de subyugar —si no aniquilar— al «otro» amenazador[95]. Sin embargo, el «otro» es también clave para el proceso de reordenación nacional. Para el proyecto rebelde (y más tarde franquista) de reordenación nacional, la clase obrera española se convirtió en lo que los judíos fueron para esa otra más tristemente famosa Volksgemeinschaft («comunidad nacional»). El racismo «biológico» es, después de todo, explicable también como una categoría cultural: así, siempre se puede esperar que las especificidades de una historia nacional dada y la «tradición/mito» construyan tanto a «los otros» como los argumentos que justifiquen su aniquilación. El instrumento clave de la Volksgemeinschaft franquista fue la Iglesia católica castellana, como organización y en términos de una construcción particular del catolicismo cuya función política era subyugar y excluir[96]. El proyecto permanecería confinado a España, pero requería la erradicación brutal del «desorden» y la subyugación de la diferencia y el cambio en igual medida que su variante alemana. Como el nazismo (y, en un contexto socioeconómico fundamentalmente diferente, el estalinismo), las fuerzas insurgentes españolas y, luego, el franquismo utilizarían «las masacres … con el objetivo de establecer una comunidad política racional y limitada»[97]. En esta lectura, por tanto, las directrices de guerra de Mola representan no una estrategia, sino una patología.

Al conquistar las fuerzas de Yagüe Talavera de la Reina el 3 de septiembre, las necesidades de una situación de guerra en aumento estaban pesando cada vez más sobre los dirigentes políticos socialistas, comunistas y, en menor medida, republicanos de Madrid. Estaban aprendiendo una lección dura y clave y la estaban pagando cara con su sangre los miles de milicianos y milicianas que luchaban y morían en el sur. La República ya no podía ganar excepto si era capaz de enfrentarse a los rebeldes en una guerra convencional. Y esto implicaba, más pronto o más tarde, tener que enfrentarse a la experiencia técnica y el material creciente de sus proveedores del Eje, incluido el más sofisticado complejo militar-industrial del momento, el Estado nazi que se estaba preparando para la guerra.

La República, como el Gobierno legítimamente elegido de España, había intentado conseguir enseguida (el 19 de julio) material de guerra de las democracias occidentales. Pero las promesas iniciales del Gobierno del Frente Popular francés cayeron en saco roto ante la desaprobación británica y la oposición de la mayoría de los radicales franceses, que el presidente socialista Léon Blum temía que pusieran en peligro su programa de reformas internas si insistía en una ayuda militar oficial francesa a la República española[98]. En Gran Bretaña, preocupada por el impacto potencialmente desestabilizador del conflicto en España, algunos sectores de la clase dirigente adoptaron actitudes abiertamente prorrebeldes: se consideraba que la República española era menos capaz que los rebeldes de garantizar el capital y la propiedad, especialmente con respecto a las significativas inversiones británicas en España. El hecho de que hubiera sido precisamente el acto mismo de rebelión militar el que había provocado la violencia y el desorden que tanto horrorizaban a los diplomáticos y dirigentes políticos británicos, no parecía, sin embargo, tenerse en cuenta en estos círculos. Los temores y las hostilidades británicos obligaron a Blum, también muy consciente de las vulnerables defensas francesas, a apoyar la política de no intervención en España que preferían los británicos. El 24 de agosto se logró un consenso diplomático al acordar la Alemania nazi sumarse al acuerdo, principalmente para comprometer a Francia en este y, así, atar de pies y manos a Blum. Como las potencias del Eje estaban de hecho interviniendo con impunidad, esta política equivalía, en la práctica, a la imposición de un embargo de armas solo a la República[99].

Como consecuencia, a los dirigentes republicanos no les quedó más remedio, en agosto y septiembre, que buscar armas como pudieron a través de agentes de compra ad hoc. Por muchas razones, este era un proceso muy ineficiente y terriblemente caro, entre otros motivos porque la plétora de agentes compradores españoles, enviados por los numerosos comités republicanos y que actuaban, por tanto, de forma independiente unos de otros, acababan compitiendo entre ellos para comprar un material escaso, haciendo así que los ya altos precios fueran todavía más elevados. Todo esto era, por supuesto, el resultado directo de la desarticulación organizativa y la ruptura de los canales de comunicación causadas por la rebelión. Sin embargo, dado el aislamiento internacional casi total de la República, su capacidad para oponer resistencia a los rebeldes apoyados por el Eje —y, de hecho, su misma supervivencia— dependían absolutamente de coordinar sus esfuerzos y maximizar sus recursos internos. Entre el 18 de julio y principios de septiembre, tampoco parecía haber muchas perspectivas de ayuda extranjera para la República. No solo estaban Gran Bretaña y Francia comprometidas con la no intervención, sino que parecía que también lo estaba la Unión Soviética. En cuanto quedó claro que la oferta de ayuda militar francesa estaba en gran peligro de paralizarse, Giral, el presidente del Gobierno, envió una petición desesperada a la Unión Soviética[100]. Pero aunque Stalin estaba preparado para enviar unos pocos asesores militares, dudó ante la solicitud republicana de material militar, temeroso del potencial desestabilizador de un conflicto en aumento en España dada la vulnerabilidad de las fronteras de la URSS[101]. Enfrentada a estas vacilaciones y al avance rebelde, la propia iniciativa de la República iba a ser imprescindible. Una estructura política única y global, que abarcara el conjunto del territorio republicano, era la condición sine qua non para planificar o llevar a cabo un esfuerzo bélico coordinado y eficaz. Esto era evidente para la mayoría de los dirigentes de Madrid, incluidos los anarcosindicalistas. Pero, probablemente, quien más consciente era de ello era Juan Negrín, el diputado socialista que pronto llegaría a ser el nuevo ministro de Hacienda de la República.

Mientras tanto, la guerra estaba alcanzando Madrid desde el sur. Se manifestaba físicamente en la oleada de refugiados que entraban en tropel tras huir ante el avance del Ejército de África. En el norte, en Guadarrama, estaban las otras fuerzas rebeldes, dirigidas por Mola. El 23 de agosto el aeródromo militar de Getafe, en los alrededores de la ciudad, fue bombardeado, y el día 25, el de Cuatro Vientos, que estaba incluso más cerca. El 27 y el 28 de agosto la población de Madrid sufrió los primeros ataques aéreos, de hecho, los primeros de esta clase que se producían en Europa. Estos hicieron que se formaran comités de vecinos en cada edificio para aplicar las medidas básicas de defensa civil (como estar atentos a las sirenas —la señal para bajar a los sótanos— o intentar asegurar que todo quedase a oscuras). Poco a poco, al ir organizando los dirigentes socialistas y comunistas la movilización de defensa civil, la guerra empezó a entrar en la conciencia popular. Era ahora una realidad demasiado tangible percibida directamente a través de la experiencia personal y de las noticias de incesantes derrotas traídas por los refugiados. El 21 de septiembre las tropas de Yagüe tomaron Santa Olalla, organizando una ejecución pública de seiscientos milicianos en la calle principal del pueblo: «Fueron descargados y conducidos en tropel. Tenían la mirada decaída, exhausta y agotada de tropas que ya no podían aguantar los golpes de las bombas alemanas»[102]. Entre los dirigentes de la República con base en Madrid se extendía la convicción de que se necesitaba algo más: se tenía que organizar el «Apocalipsis»[103]. Las derrotas en el sur y los bombardeos aéreos eran un constante recordatorio de la necesidad de preparación militar y de movilización popular, y en ambas pronto sobresaldría el Partido Comunista de España.

El enorme reto al que hacía frente la República también convirtió en esencial un cambio en el Gobierno. En septiembre estaba claro que el gabinete republicano de Giral carecía de legitimidad política y no podía lograr el apoyo de un espectro lo suficientemente amplio de la España republicana. Su credibilidad estaba empañada por el recuerdo popular de los anteriores intentos republicanos de negociar con los militares rebeldes. Su autoridad fue socavada aún más por la serie de derrotas militares y los desastres de orden público. La pérdida de Talavera, al sudoeste de Madrid, y la de Irún, en la frontera con Francia, el 3 de septiembre, intensificaron la vulnerabilidad de la República. La incapacidad de los defensores de Irún de resistir —carentes de munición y bombardeados por aviones italianos— supuso que los rebeldes adquirieran varios miles de hectáreas de tierra agrícola fértil, densamente poblada y con muchas fábricas importantes. Fue también una derrota estratégica importante, porque aisló el norte republicano de Francia y del resto de la República. La confianza de los trabajadores en los dirigentes republicanos se redujo prácticamente a la nada. Pero igual de grandes, aunque por diferentes razones, eran las ansiedades de las que eran presas los sectores de clase media dentro del territorio republicano. La violencia «desde abajo» continuó en forma de «paseos» y «sacas». El 23 de agosto, al comenzar a circular por Madrid las noticias de los asesinatos en masa de Badajoz y rodear los bombarderos la capital, se produjo una tristemente célebre pérdida de control en la cárcel Modelo. En circunstancias poco claras, se inició un incendio en su interior que atrajo a la prisión a una multitud hostil. Después de que el asustado personal huyera y antes de que la milicia socialista, la Motorizada, pudiera llegar al lugar, el edificio fue asaltado por la multitud y unos setenta presos políticos (de aproximadamente unos tres mil) —entre ellos numerosas personas de derechas importantes— fueron fusilados más o menos por «aclamación popular»[104]. Como resultado, el Gobierno empezó inmediatamente a establecer un nuevo sistema judicial (los Tribunales Populares), en un intento de prevenir una repetición de tales sucesos.

La violencia en la zona republicana era negativa por tres razones. En primer lugar, estaba impidiendo el mínimo consenso interclasista necesario para crear las estructuras necesarias para la continuación con éxito de una guerra en aumento. En segundo lugar, al ser perpetrada por los sectores de la sociedad menos poderosos, era muy irregular e incompleta —a diferencia de lo que estaba sucediendo en la España rebelde— y, por tanto, dejó a oponentes sociales y políticos en su lugar, que más tarde pudieron solicitar contramedidas o contribuir a actividades quintacolumnistas. En tercer lugar, pero no menos importante, los «paseos» y las «sacas» significaban que la República se arriesgaba a una derrota política al enajenarse a Francia y Gran Bretaña, algo que un buen número de dirigentes de la CNT entendieron, al igual que sus equivalentes republicanos, socialistas y comunistas.

La detonación del golpe militar en julio había ensanchado rápidamente las profundas fisuras que existían en la sociedad española. Destruyó la frágil alianza antioligárquica del Frente Popular establecida entre los trabajadores urbanos y rurales y sectores de las clases medias, y precipitó, así, una crisis del Estado de proporciones sin precedentes. Casi en todos los sitios, la rebelión militar había desatado conflictos entre sectores sociales antagónicos. El golpe había fracasado como tal, pues no logró el control territorial y político completo de España. Sin embargo, el nivel de fragmentación provocado por él había llevado a la República bastante lejos de un punto de partida razonable para librar el tipo de guerra que rápidamente se le impuso. Visto de forma retrospectiva, por lo tanto, es posible ver el golpe como un éxito estratégico involuntario. Esto era especialmente cierto dado que a los insurgentes, mediante el uso del terror y con un mínimo denominador común católico autoritario, les sería mucho más fácil unir sus fragmentos.

El reto al que hacía frente el veterano dirigente sindical socialista Francisco Largo Caballero, nombrado para reemplazar a Giral como presidente del Gobierno el 4 de septiembre de 1936, era, ante todo, legitimar el Gobierno de la República a los ojos de las fuerzas proletarias que habían dirigido la defensa de emergencia. Esto permitiría la reconstrucción de las estructuras civiles y militares del Estado capaces de organizar una defensa militar adecuada, así como articular y movilizar los recursos internos de la República contra los insurgentes y sus aliados fascistas y mejorar las relaciones políticas con las democracias occidentales, a cuyos ojos el prestigio de la República había quedado minado por su pérdida de control del orden público como consecuencia de la rebelión militar. Conseguir el apoyo de Gran Bretaña y Francia —o, al menos, su verdadera neutralidad— era una condición básica para la victoria republicana, porque salvo que desapareciera el embargo subyacente a la no intervención, sería imposible, a medio plazo, que la República emprendiese adecuadamente la enorme tarea de reconstrucción estatal y militar para librar la guerra total que se cernía sobre ella. A medio plazo, mientras el embargo fuera una realidad, era indispensable que los republicanos consolidaran la retaguardia para asegurar una movilización social tan amplia como fuera posible de la población republicana en apoyo del esfuerzo bélico.

Dicha movilización, sin embargo, requería a su vez el establecimiento de un nuevo modus vivendi entre el proletariado en armas y las clases medias de la República. Ambas representaban fragmentos de sectores sociales. La pérdida de importantes sectores del proletariado sin tierra en el sudoeste conquistado por los rebeldes y en centros urbanos como Sevilla, Zaragoza y Oviedo, significó la pérdida de gran parte de la base social que podría haber llevado a cabo un proyecto político más radical durante la guerra, mientras que los sectores de clase media todavía leales a la República eran los de los históricamente norte separatista y nordeste confederal (Vizcaya y Cataluña). El desafío para el Gobierno republicano sería, por tanto, cómo infundir conciencia de guerra y, relacionado con esto, la idea de la necesidad del Estado en los diferentes sectores sociales que formaban su base.

La fuerte oposición de algunos sectores de la clase obrera, pero también de grupos de clase media nacionalistas, a la empresa de organizar el Estado central llevaría a conflictos sociales y políticos encarnizados y al desvío de energías en la zona republicana que impidieron y socavaron el esfuerzo bélico. Pero estos apenas podían ser evitados. Una República que estaba, después del golpe de Estado, en el proceso de reconstruir sus formas democráticas no podía, sin aniquilar su propia razón de ser, solucionar este dilema de la forma en que lo hacían los rebeldes: mediante la liquidación física masiva del enemigo o la utilización general del terror como un arma de control social.

3. La organización del esfuerzo bélico, la organización del Estado para la guerra total (septiembre de 1936-febrero de 1937)

3

La organización del esfuerzo bélico, la organización del Estado para la guerra total

(septiembre de 1936-febrero de 1937)

Vosotros que surgiréis del marasmo

en el que nosotros nos hemos hundido[1].

El 4 de septiembre de 1936 el presidente de la República, Manuel Azaña, confirmó el nombramiento de un nuevo Gobierno para reemplazar al de Giral. Su nuevo presidente era el veterano dirigente sindical socialista Francisco Largo Caballero, que también se hizo cargo de la cartera de Guerra. Sus seguidores habían alegado, durante algún tiempo, que era el único político capaz de sumar al esfuerzo bélico a la totalidad del movimiento obrero, incluida la CNT. Prieto y sus seguidores del PSOE, a pesar de sus profundas diferencias políticas con Largo, también reconocían que esto era cierto y se lo dijeron a Azaña. El nuevo gabinete estaba integrado por doce ministros. Había cuatro republicanos, incluido uno de la Esquerra catalana. La representación del nacionalismo vasco (PNV) se sumó a finales del mes de septiembre cuando Madrid aceptó conceder un estatuto de autonomía vasco[2]. Los tres representantes republicanos con base en Madrid, incluido el mismo expresidente Giral, como ministro sin cartera, estaban bastante marginados en ese Gobierno. Además, había dos ministros del Partido Comunista de España (PCE), en Agricultura e Instrucción Pública.

La importancia de Largo Caballero como presidente del Gobierno era principalmente simbólica: su dirección daba una impresión de unidad política bajo un liderazgo de izquierda designado para apaciguar el tono radical de los defensores proletarios de la República. Los obreros veían a Largo como una garantía de sus intereses y, en particular, de que no habría pactos con los conspiradores militares[3]. Un gabinete dirigido por él era, por tanto, el único camino viable de salvar el concepto de Gobierno, que había sufrido mucho como resultado de la rebelión militar y los intentos posteriores de los republicanos de contemporizar con los rebeldes[4]. La importancia simbólica de Largo, por tanto, pesó más que la considerable reticencia del presidente Azaña, los republicanos y los centristas del PSOE a aceptar que la izquierda socialista dirigiese el nuevo Gobierno. Todos ellos hubieran preferido un gabinete dirigido por un republicano y reforzado por la participación del PSOE, algo que era también la opción preferida por los dirigentes soviéticos y por la misma razón: la impresión más favorable que dicho Gobierno hubiera tenido en los Gobiernos occidentales y en la opinión internacional[5]. Pero Largo vetó este tipo de coalición a comienzos de septiembre, al igual que había vetado un Gobierno republicano-socialista en mayo. La insistencia de Largo había llevado también a la inclusión del Partido Comunista en el gabinete. Stalin se había opuesto, pero Largo condicionó a esta presencia su aceptación como presidente[6], temeroso de que, de otra forma, el PCE ganase reconocimiento político desde la libertad de la oposición a expensas de los socialistas.

En general, los sectores de clase obrera percibían a Largo Caballero como un símbolo y una garantía de la unidad de la izquierda y del dominio del proletariado. Pero, de hecho, fue el reformismo subyacente de Largo lo que hizo «seguro» para los socialistas y republicanos frentepopulistas aceptar su nombramiento en septiembre de 1936. Aunque igual que ninguna otra cosa, la experiencia de 1934-1936 había dejado claro a Indalecio Prieto, a su íntimo amigo y colega Juan Negrín, y al resto de sus colaboradores del centro del PSOE que la izquierda socialista no tenía ideas o estrategias propias viables. (Al saber que Largo iba a formar Gobierno, Negrín comentó que eso era la victoria de octubre de 1934 y peor que si los rebeldes hubieran tomado Getafe, el aeródromo militar cercano a Madrid). Pero esto no era una expresión de preocupación por la posibilidad de que Largo emprendiera una política radical[7]. Negrín estaba haciendo referencia, por el contrario, a las probables ramificaciones internacionales de esta composición del Gobierno, al igual que a la mediocridad política y la quiebra estratégica de la izquierda del partido. Esta división profunda y brutal dentro del movimiento socialista, sin embargo, hizo que el gabinete de Largo Caballero estuviera muy fragmentado. Los tres miembros de la UGT identificados con la izquierda socialista (en las carteras de Presidencia y Guerra, Estado y Gobernación) apenas se comunicaban con los tres ministros centristas (Prieto, en Marina y Aire; Negrín, en Hacienda, y el veterano socialista Anastasio de Gracia, en Industria y Comercio).

Tal atomización en el núcleo del gabinete podría haber sido menos importante si los socialistas de izquierda hubieran formado un grupo de Gobierno coherente y fuerte. Pero esto estaba lejos de la realidad. En términos políticos, el período comprendido entre 1934 y 1936 había revelado que la izquierda socialista era, en la práctica, indistinguible del resto del PSOE. Largo Caballero, un veterano dirigente sindical reformista, probablemente consideró que su llegada a la misma presidencia remataba la victoria organizativa de su tendencia en el conflicto intestino socialista. Con unas pocas excepciones notables, la izquierda socialista derivaba del sindicato, y se identificaba con él, más que con el partido, y había cierta tendencia entre sus miembros —incluido Largo— a valorar los cargos políticos en términos de ventajas institucionales que podían beneficiar a la UGT. Largo era, sin embargo, bien intencionado, con un alto sentido del deber y muy preocupado por desempeñar honorablemente la presidencia. Pero tenía una escasa comprensión de la magnitud de la tarea que le esperaba a su Gobierno al convertirse la rebelión militar en una guerra total en el sur (y resultó ser un desastre como ministro de la Guerra).

De hecho, la misma división del PSOE mostró expresamente la escasa experiencia política real a la que la izquierda del partido podía apelar. La elección por parte de Largo Caballero del exradical-socialista Ángel Galarza —afiliado al PSOE desde hacía poco tiempo— como ministro de Gobernación subrayaba su debilidad. Galarza era considerado por muchos sectores un oportunista político. Tampoco demostró, en el curso de los acontecimientos, ser un ministro de Gobernación eficiente o exitoso[8]. En general, el nombramiento de Galarza hizo poco por reforzar la coherencia o credibilidad de la izquierda socialista en el gabinete. Esto era, además, mucho más significativo dado que la tercera persona nombrada por la izquierda, Julio Álvarez del Vayo como ministro de Estado, estaba abandonando su íntima lealtad personal a Largo en favor del Partido Comunista de España. Es probable que el consejero político de Largo, Luis Araquistain, fuera el candidato preferido por la izquierda para el Ministerio de Estado. Pero su nombramiento fue vetado por el presidente Azaña, que consideraba a Araquistain el cerebro en la sombra del fiasco del gabinete de mayo de 1936, cuando Largo había bloqueado las aspiraciones de Prieto a la presidencia del Gobierno con resultados fatales. Después de la guerra, el secretario político-militar de Largo Caballero, José María Aguirre, afirmaría que Araquistain había sido vetado por los dirigentes soviéticos, que amenazaron con no suministrar armamento[9]. Pero la Unión Soviética todavía no había decidido su intervención e, independientemente de la opinión soviética sobre Araquistain, tanto los republicanos como los centristas del PSOE se oponían ya a él con vehemencia[10].

Los centristas del PSOE y los republicanos buscaban un gabinete de Frente Popular más reducido y homogéneo formado por ellos mismos, con una representación catalana y vasca simbólica y apoyado por el Partido Comunista desde fuera. Esta configuración hubiera sido más capaz de hacer frente a los problemas de reorganización militar y de reconstrucción de las instituciones del Estado, que se habían ya vuelto apremiantes en septiembre. Por supuesto, las tensiones políticas internas del partido todavía hubieran seguido existiendo en cierto grado, pero la experiencia política y las perspectivas y conexiones internacionales de tal Gobierno le hubieran permitido calcular con mayor rapidez las consecuencias políticas para la República de la intervención fascista y la escalada de la guerra en el sur. Pero dicho Gobierno no hubiera tenido la confianza de las fuerzas proletarias a la vanguardia de la defensa de julio y, especialmente, de los cuadros de la CNT, cuyo apoyo era absolutamente crucial para la movilización de guerra. El nombramiento de Largo era, por tanto, inevitable.

Incorporar a la CNT al Gobierno era el reto político mayor al que hizo frente el gabinete de Largo Caballero. El mismo presidente del Gobierno se mostró desde el principio preocupado por «implicar» a la CNT en las responsabilidades de Gobierno para desactivar sus posibles críticas a las decisiones del gabinete. Largo estaba preocupado, como siempre, por el «reconocimiento» y la «credibilidad» de la UGT, y temía que la CNT superase al sindicato socialista ahora que los dirigentes ugetistas estaban cumpliendo funciones de Gobierno. Pero, en su origen, el imperativo de incluir a la CNT en el gabinete republicano, incluso más que el mismo nombramiento de Largo, derivaba de la necesidad de relegitimar y consolidar el Gobierno republicano y las funciones estatales tan gravemente minados por la rebelión militar. Sin embargo, este imperativo político interno estaba muy reñido con los requisitos políticos de la situación internacional. El temor principal dentro del Frente Popular —al tener que incluir a los anarcosindicalistas en el Gobierno— era confirmar la hostilidad de las democracias occidentales, cuyo apoyo material y, ante todo, el levantamiento del embargo de armas de la no intervención, seguían siendo su objetivo principal e inmediato. Aunque no estaba ciego ante estos problemas de imagen, el PCE era más flexible. La Comintern tenía clara la necesidad de frenar a la CNT en Barcelona, pero también comprendía que el apoyo del sindicato anarcosindicalista era crucial para conseguir una movilización bélica eficaz. Sus referencias a la necesidad de distinguir a los «buenos» anarcosindicalistas del «lumpen» y los «criminales/miembros de los bajos fondos», representaban un intento inicial de esquivar el dilema político que suponía la CNT[11]. Pero ni los centristas del PSOE ni los republicanos se sentían cómodos con la idea de una representación anarcosindicalista, y el presidente Azaña se opuso con vehemencia[12].

Una muestra de este miedo y malestar fue el hecho de que Largo, al principio, ofreció al Comité Nacional de la CNT un único ministerio. De forma nada sorprendente, este fue rápidamente rechazado por la mayoría de las regionales de la CNT[13], considerándolo insuficiente para la dignidad y el crédito políticos de su organización, dada su importancia y el papel clave que había desempeñado en la defensa de emergencia de la República. El mismo pleno nacional que rechazó la única cartera ministerial sí que aceptó, sin embargo, el principio de la participación de la CNT en el Gobierno. El hecho de que el texto de la resolución condicionara esta participación a una reestructuración previa del Gobierno y del Estado siguiendo principios sindicales, no debe desviar nuestra atención de la importancia crucial de esta decisión, tomada, aunque como resultado de un debate muy acalorado, solo tres meses y medio después de la aparente victoria de las corrientes anarquistas puras en el congreso de Zaragoza de mayo de 1936.

A lo largo de septiembre de 1936, la CNT, en forma de plenos consecutivos de sus regionales, continuó defendiendo en solitario que el Gobierno republicano debía ser reorganizado como un Consejo Nacional de Defensa. Todos los grupos del Frente Popular estarían representados en este, pero el control mayoritario sería ejercido por cinco representantes de la CNT y cinco de la UGT. Sin embargo, esta propuesta se encontró con una férrea resistencia por parte de todos los otros grupos, incluida la UGT. El 24 de septiembre, la CNT aceptó la disolución del Comité de Milicias Antifascistas catalán —hasta entonces la más importante fuente de autoridad política de la región—, con lo que los representantes de la CNT entraron en el Gobierno autónomo catalán como consellers[14]. Quedó así establecido un precedente, y el 18 de octubre los delegados del pleno nacional de regionales de la CNT acordaron permitir tout court la participación en el Gobierno central republicano, algo que el muy pragmático secretario general de la CNT, Horacio Prieto, había estado defendiendo desde la formación del Gobierno de Largo Caballero[15].

Pero incluso los sindicalistas pragmáticos de la CNT consideraban que Largo tenía que ofrecerles una representación más sustancial en el gabinete para que se sintieran capaces de justificar la participación ante sus militantes. En el proceso de negociación que siguió, Largo se mostró el defensor más resuelto de una estructura de Gobierno burgués convencional. Sin duda, influía también su preocupación por tranquilizar a los franceses y británicos frente a lo que consideraban radicalismo de la República. Junto con esto, también se puede percibir en el veterano luchador de la UGT la preocupación por no dar ninguna ventaja a la CNT. Pero lo que es más significativo, sin embargo, es que, en su defensa de la forma de Gobierno de frente popular, Largo mostró que la izquierda socialista, a pesar de su retórica radical entre 1934 y 1936, estaba tan cómodamente anclada en el «viejo mundo liberal» de jerarquía política burguesa y movilización popular limitada como el sector centrista del PSOE. El estallido de la guerra, al llevar a Largo Caballero al poder, expuso de forma muy clara las contradicciones subyacentes en la izquierda socialista.

Desde el principio, los dirigentes de la UGT habían compartido con sus homólogos centristas del PSOE una visión muy singular del «destino manifiesto» del movimiento socialista, de acuerdo con el cual este heredaría el Estado. Este «estatalismo» implícito hizo que la ejecutiva nacional del sindicato quedase tan profundamente traumatizada por los sucesos de julio y agosto de 1936 como sus homólogos del partido, porque el efecto desintegrador de la rebelión también tuvo efectos importantes tanto en la jerarquía organizativa de la UGT como en las estructuras del PSOE. Los comités sindicales locales actuaron de forma autónoma, incluso cuando decían ser ugetistas. Ni Largo Caballero ni el resto de los dirigentes del sindicato tenían ninguna intención de apoyar estas iniciativas locales, que socavaban de forma significativa su control de la UGT. Es en este contexto que deben entenderse los llamamientos enérgicos y persistentes a favor de la nacionalización de la industria realizados desde el principio por sus dirigentes. Había también, en verdad, razones muy convincentes relacionadas con la articulación de un esfuerzo bélico integrado. Pero un objetivo igualmente crucial era asegurar la reorganización de la misma UGT y la recuperación del control por parte de sus dirigentes[16]. Más que la búsqueda de una alianza con la CNT, fue la experiencia histórica de la UGT y, en particular, la identificación cada vez mayor con el poder del Estado en los años veinte y treinta, lo que influyó en la decisión de Largo Caballero de perseguir ambos objetivos políticos (es decir, la concentración y racionalización de la producción de guerra y la consolidación del poder político del movimiento socialista español) desde el Gobierno después de septiembre de 1936.

Aunque Largo Caballero favoreció de modo instintivo un rumbo político moderado, su presidencia estuvo marcada por cierta sensación de «limbo» político, porque era reticente a emprender cualquier política abierta o enérgica, especialmente cuando se podía considerar que su acción respaldaba a las «viejas» jerarquías de poder frente a los obreros. El impacto de esta contradicción pesó como una losa desde el principio en la tarea más imprescindible de la República: la rápida reconstrucción de su capacidad militar defensiva.

El impacto del golpe rebelde había dejado al predecesor de Largo, Giral, sin más opción que firmar la disolución formal del ejército. El grado de desorganización causado por la rebelión variaba en las distintas zonas, y la del centro (Madrid) era la menos afectada relativamente. Pero en ningún lugar del territorio republicano era posible desplegar tropas de la forma rápida y bastante coherente en que podían hacerlo los rebeldes[17]. Incluso en Madrid, donde el Gobierno republicano estaba usando tropas regulares, estas constituían los restos de unidades desestructuradas por la marcha de sus comandantes que habían sido unidas a las milicias y a menudo puestas bajo las órdenes de cualquier teniente, alférez o sargento disponible, incluso aunque fueran a menudo extraños para los hombres que se les requería que dirigieran[18]. En efecto, en ningún lugar las fuerzas militarizadas republicanas excedían de los dos mil hombres al principio. Además, la gran desconfianza hacia los oficiales en general que la rebelión había causado en todos sitios entre los defensores proletarios de la República hizo indispensable una ruptura simbólica con las viejas estructuras del ejército para poder realizar una movilización militar exitosa. Giral había nombrado un comité dirigido por el capitán Eleuterio Díaz Tendero, que había sido un miembro prominente de la organización republicana progresista del ejército, la Unión Militar Republicana y Antifascista (UMRA). Este comité investigó la fiabilidad política de todos los oficiales que habían permanecido a disposición de la República y retiró a aquellos cuya lealtad estaba en duda[19]. Pero el conservadurismo subyacente del cuerpo de oficiales crearía evidentemente un problema enorme —y en muchos aspectos irresoluble— para la República en guerra en sus intentos de aclarar la lealtad de los militares.

Incluso antes de que Largo llegara al poder, Giral y otros se habían dado cuenta de que cualquier intento con posibilidades de éxito de reorganización militar debía tener como base a las milicias. Al principio, el 3 de agosto, el Gobierno de Giral había decretado la creación de un ejército de voluntarios según el modelo revolucionario francés, algo más propicio para el marco ideológico de los republicanos y también más ajustado a su sentido del orden que las milicias, multiformes y peligrosamente impredecibles[20]. Pero estas últimas, dinamizadas por la enorme fuerza centrífuga desatada por la rebelión y alentadas por el antimilitarismo popular, que también había aumentado, simplemente no podían ser marginadas.

El protagonismo de las milicias, por tanto, requería otras medidas para establecer las bases de un control centralizado. Este proceso comenzó con el decreto del 8 de agosto en virtud del cual se creaba una Inspección General de Milicias que cubría la zona central, el sur y la zona valenciana. (El efecto centrífugo desatado por el golpe hizo que tanto Cataluña y Aragón como el norte estuvieran todavía fuera del alcance de la autoridad estatal). El objetivo de la Inspección era acabar con las requisas irregulares y/o arbitrarias de las milicias. Al final de ese mes sus operaciones habían crecido tanto que habían desbancado la iniciativa original de batallones de voluntarios, por lo que el Gobierno reconoció formalmente a las milicias como la base del nuevo ejército[21]. El 16 de agosto, la Inspección decretó condiciones de servicio (comida y diez pesetas al día para cada miliciano) para las milicias que aceptaron ser reguladas por ella. Por una parte, esto fue bien recibido por los milicianos porque racionalizaba y aceleraba, al menos en teoría, lo que era un sistema de pago y aprovisionamiento notoriamente desordenado. Pero la regularización era, de hecho, el primer paso en el proceso de militarización, porque requería la presencia en cada milicia de una intendencia militar oficial para asegurar la adecuada utilización de los fondos públicos[22]. Se estableció, así, una conexión entre pago y control y, a finales del mes, el Gobierno estaba ya amenazando con retener los salarios de las milicias en aquellos casos en que las listas de miembros requeridas no se hubieran enviado a las autoridades.

Este sistema de milicias, ya en curso de transformación, fue, por tanto, heredado en septiembre por Largo Caballero junto con la presidencia. En teoría, y de forma retórica, él aprobaba totalmente el principio de acelerar la creación de un nuevo ejército republicano (el Ejército Popular). La serie de devastadoras derrotas de las milicias en el sur hacía que la cuestión militar fuera irrefutable. Además, la iniciativa también ofrecía un medio poderoso de restablecer el orden político centralizado en la zona republicana que Largo buscaba de forma instintiva. En la práctica, sin embargo, había a menudo bastante más ambigüedad en su forma de proceder. Sabía que apoyar las políticas necesarias para lograr la militarización le llevaría de forma inevitable a un conflicto frontal con algunos sectores obreros, incluidos hasta algunos sectores socialistas, con consecuencias negativas para su reputación personal dentro del movimiento obrero y en la izquierda en su conjunto. Este es, sin duda, un factor por el que Largo socavó la razón fundamental de la militarización establecida por su Estado Mayor al permitir de forma tácita que la CNT formara algunas unidades militares íntegramente anarquistas[23]. Y si esto sucedió en el frente del centro, eran muy remotas las posibilidades de que adoptara una actitud resuelta, en un futuro cercano, para poner los frentes catalán y aragonés bajo el control militar del Gobierno central. Sin duda, la reticencia de Largo Caballero a realizar acciones impopulares —aunque probablemente bastante inconsciente— derivaba en parte del mismo sentido de amor propio que sustentaba su tristemente célebre dogmatismo. Largo en verdad no entendió ni lo suficientemente rápido ni de forma suficientemente clara los imperativos de la militarización republicana. Su incomodidad con la idea era también consecuencia del hecho de que no había captado que lo que se defendía —sobre todo por el ejemplo del Quinto Regimiento del PCE— estaba a años luz de cualquier intento de resucitar el ejército existente antes[24]. Esto también sustentaba su reticencia a apoyar un programa efectivo de servicio militar obligatorio. Un decreto aprobado el 29 de octubre, que movilizaba a todos los hombres útiles de entre veinte y cuarenta y cinco años de edad, simplemente no se hizo cumplir[25]. Largo Caballero tampoco estaba preparado para oponerse a las federaciones de la construcción de la UGT y de la CNT, que rechazaban presionar a sus miembros para construir trincheras después de la jornada de trabajo[26]. En términos generales, la decisión de Largo fue inhibida por el enorme peso de la contradicción entre el radicalismo de las bases del que se había convertido en garante simbólico y el rumbo moderado que sus preferencias políticas y su práctica anterior le dictaban.

Durante la segunda mitad de septiembre, los dirigentes del PCE, y en particular Antonio Mije, uno de los cuatro subcomisarios de guerra de la República, hicieron todo lo posible para convencer a Largo de la apremiante necesidad de acelerar la militarización y la defensa civil de Madrid. Mije también sugirió un consejo de guerra de cuatro o cinco miembros para superar los problemas inherentes a la forma rígida y lenta en actuar —aunque todavía necesaria políticamente— del gabinete del Frente Popular. Pero el presidente del Gobierno rechazó sin más todas estas propuestas alegando dificultades prácticas, incluso aunque la cuestión militar que los comunistas planteaban era ineludible. Sin duda, Largo se sentía abrumado por las circunstancias desesperadas, pero fue una respuesta poco inteligente la que dio a la observación de Mije de que la forma de evitar las huidas de los milicianos al ser atacados no era fusilarlos, sino cavar trincheras adecuadas: según Largo, los españoles eran demasiado orgullosos para aceptar esconderse bajo tierra[27]. Después de la caída de Toledo el día 28, Mije le planteó a Largo que lo mismo sucedería en Madrid si no se aceleraban los trabajos de fortificación. Propuso un Ministerio de Guerra unificado del que serían responsables Largo y Prieto. Por razones obvias de naturaleza personal y hasta mezquinas dadas las circunstancias —es decir, su enemistad con Prieto—, Largo rechazó inmediatamente la sugerencia. En octubre, Mije, a pesar de su personalidad andaluza jovial, se sentía frustrado y cansado. Había quedado claro que cualquier cosa que procediera de los dirigentes del PCE sería rechazada al instante por Largo por razones de celos personales u organizativos. Por esta razón, en octubre el embajador soviético, Marcel Rosenberg, tuvo que encargarse de la difícil tarea de tratar de persuadir a Largo de la necesidad de acelerar la organización de la defensa de Madrid, algo que, precisamente, indica que Stalin consideraba crucial la supervivencia de la República como un frente avanzado para defender las fronteras soviéticas contra la agresión nazi. Con el tiempo, las tensiones entre Largo y el PCE se repetirían entre el presidente y el embajador. Volveremos sobre este tema en su debido momento, pero es importante destacar desde el principio que su origen no estaba en discusiones sobre la unificación de los partidos socialista y comunista, sino en el enfrentamiento sobre la aplicación y la calidad de la política de defensa republicana y, por tanto, de la actuación de Largo Caballero como ministro de la Guerra.

A la desconfiada estrechez de miras de Largo hay que añadir las consecuencias muy debilitadoras de su enfoque excesivamente burocrático. Es cierto que la izquierda española en su conjunto era inexperta políticamente por su larga exclusión del poder. Pero la incapacidad particular de Largo para evaluar la situación en su conjunto, o diferenciar entre los temas en los que se tenía que centrar realmente como presidente en tiempos de guerra y aquellos más triviales que podía delegar en otros, limitaba seriamente la capacidad de recuperación de la República. Un sentimiento de no estar a la altura de las circunstancias parecía convertirse en él en una tenacidad exagerada (si Largo no comprendía una cuestión, todo se detenía hasta que lo entendía), lo que solo aumentaba los efectos de su ineficiencia[28]. Esta situación, de por sí difícil, se complicaba con algunas limitaciones físicas comprensibles. Con sesenta y siete años de edad y una salud no precisamente de hierro, Largo, al parecer, no veía razón alguna por la que modificar su rutina nocturna y se retiraba regularmente entre las ocho de la tarde y las ocho de la mañana, tiempo durante el que permanecía incomunicado. Aunque era bastante razonable que Largo vetase el acceso directo a su persona como ministro de la Guerra a dirigentes individuales de las milicias (de hecho, la Inspección de Milicias lo prohibió), tendría que haber sido más flexible con los oficiales del Estado Mayor.

Estas deficiencias de la gestión presidencial, junto con la fragmentación general del Gobierno, hacían más difícil el trabajo crucial de reconstrucción de la administración civil y militar del Estado. Esto también significaba que, al principio, en ambas áreas este trabajo era llevado a cabo de forma aislada tanto por individuos aislados como por grupos pequeños y, a menudo, sin muchas orientaciones específicas o apoyo por parte del Gobierno.

Como hemos visto, la Inspección de Milicias proporcionaba una base clave desde la que iniciar un control centralizado del frente de Madrid. Más que cualquier otra institución, hizo todo lo posible, tanto práctica como psicológicamente, para articular a una gran variedad de milicias formadas en los días de julio y convertirlas en los primeros batallones de la República. Fue la Inspección de Milicias la que ayudó a liberar al Ministerio de la Guerra de las demandas incesantes e, inevitablemente, no estructuradas de los dirigentes milicianos individuales[29]. La Inspección misma fue reorganizada el 20 de octubre, cuando pasó a estar directamente bajo el control del jefe de operaciones del frente del centro y fue rebautizada como Comandancia Militar de Milicias. A través de su control del salario de las milicias y del reparto de una larga serie de circulares e instrucciones, inculcó la necesidad de disciplina, defendiendo y repitiendo continuamente que las milicias ya no eran fuerzas autónomas, sino parte de una empresa defensiva más amplia. La eficacia de la Comandancia puede verse en el hecho de que a finales del mes algunos de estos batallones estaban siendo incorporados con éxito a las Brigadas Mixtas, las unidades autónomas e integradas que se estaban creando en el frente del centro como base del nuevo ejército republicano en construcción[30].

El nombramiento de Largo y el de su protegido, el coronel José Asensio, a quien Largo ascendió a general, como su subsecretario en el Ministerio de la Guerra, también señalaban un proceso de evolución hacia la construcción de un Estado Mayor central, cuya falta estaba haciendo imposible que la República empezase a desarrollar un plan estratégico global. Pero el establecimiento de prioridades, especialmente en relación con unos recursos escasos, era esencial si se quería mantener el esfuerzo bélico contra las fuerzas sublevadas, mejor equipadas y abastecidas. La rebelión de julio, evidentemente, había convertido en un caos al Estado Mayor anterior a la guerra, como a las demás instituciones del Estado. Hubo una importante escasez de personal militar competente y, además, dadas las circunstancias, se confiaba en muy pocos de los oficiales disponibles. El Gobierno confió en un pequeño grupo de oficiales fervientemente republicanos (Hernández Sarabia, Casado, Menéndez, Estrada, Fontán, Fé y Cordón) para emprender la enorme tarea de reconstrucción del ejército[31]. Antonio Cordón, apoyado por sus colegas José Martín Blázquez y José Cerón, dirigió, desde el Ministerio de la Guerra, una especie de sustituto de emergencia llamado Secretariado Técnico, que empezó la larga tarea de reconstrucción de los servicios relacionados con la guerra, como las comunicaciones, el transporte, las municiones, el abastecimiento y la atención sanitaria[32]. El primer nuevo Estado Mayor completo fue anunciado por Largo el 5 de septiembre. Había pocos miembros de la institución anterior a la guerra, mientras que incluía a aquellos que serían posteriormente figuras clave en el nuevo Ejército Republicano, entre los que destacan Casado, Rojo y Cordón (que dirigía la Sección de Operaciones). Pero con las continuas destituciones de oficiales cuya lealtad se consideraba dudosa y la batalla en curso para prohibir el acceso directo de las milicias al Ministerio de la Guerra, no sería hasta finales de septiembre cuando se empezara a configurar una nueva cadena de mando.

La tarea abrumadora de reorganización militar se veía dificultada más precisamente por las implicaciones políticas del levantamiento. La desconfianza en el poder militar hacía que la vigilancia política por parte del poder civil de sus nuevas formas fuera inevitable. Así, en noviembre, Largo Caballero reformó el Consejo Superior de Guerra para incluir una participación más amplia de todos los principales grupos políticos de la República. De ahí también el rechazo de los Gobiernos republicanos a pasar del estado de alarma al de guerra, porque, como resultado de la falta de una reforma del orden público antes de la guerra, esto hubiera significado la cesión del control supremo al ejército. De hecho, la rebelión había hecho problemática la idea de que los militares tuvieran esfera de poder autónoma alguna, incluso en asuntos técnicos. De ahí las referencias, muchas de ellas muy elaboradas, a la función subordinada del personal militar en el proceso global de toma de decisiones en tiempos de guerra, como, por ejemplo, cuando el Gobierno anunció el 16 de octubre su objetivo de establecer un mando único, es decir, un mando político y militar unificado[33]. La ocupación por civiles de numerosos puestos que requerían conocimientos militares especiales y que necesitaban, por tanto, el nombramiento adicional de un «asesor militar», se ha interpretado a menudo como la consecución de un objetivo revolucionario abstracto, pero, de hecho, fue una respuesta directa al golpe militar. Después de la rebelión, era tan inevitable como comprensible cierta duplicación de funciones en diferentes ámbitos de la zona republicana. Sin embargo, sus efectos duraderos fueron negativos. Primero, porque esta duplicación malgastaba tiempo y recursos humanos de los que apenas se disponía. Segundo, porque reforzaba la división entre militares y civiles, que la República, en proceso de adaptación a la guerra, difícilmente podía permitirse.

Esta división psicológica provocó una presión enorme en los cientos de oficiales profesionales que estaban participando en el esfuerzo bélico republicano. La rebelión militar les había producido un choque cultural enorme. Habían sido traicionados por las acciones conspirativas de sus propios camaradas, que los habían despojado de sus términos de referencia profesionales y sociales[34]. A esto se sumó la depuración de oficiales realizada después del golpe por la misma República, que aumentó aún más su sentimiento de alienación. En cualquier momento, los problemas provocados por la escasez de recursos y la desorganización podían convertirse en acusaciones de traición y fascismo encubierto. El sentimiento de estar continuamente bajo sospecha y de tener que probarse a uno mismo a diario (al mismo tiempo que se arriesgaba la vida en el frente) producía mucho estrés y hasta enfermedades[35]. Incluso para aquellos que tenían una clara identidad republicana, el mundo que conocían había desaparecido. El nuevo era hostil u ofrecía pocos puntos de referencia conocidos en términos de organización o valores. El Estado era todavía un caos y las fuerzas políticas que lo sostenían (republicanos y socialistas) estaban o consumidas o muy fragmentadas por la crisis. Pero había un partido —aunque todavía fuera del terreno de juego— con una política muy clara sobre la organización militar y de retaguardia, que hablaba directamente a su sentido del orden y la disciplina. Es en este contexto muy particular y grave en el que tenemos que entender la atracción que ejerció el Partido Comunista de España entre los oficiales de carrera en la zona centro, tanto si, de hecho, se afiliaron o no al partido. Lo que el PCE les ofrecía era una estructura que les servía de refugio y les ofrecía una fuente de protección colectiva en los tiempos difíciles y desorientadores posteriores al golpe; y, lo que no era menos importante, el partido reafirmaba su patriotismo y su sentido del valor cívico, ambos muy dañados por la rebelión[36]. Estos motivos predominaron en el acercamiento al partido de oficiales cuyos valores sociales y políticos eran en general bastante conservadores. Antonio Cordón, un oficial profesional de antiguas convicciones monárquicas y que llegaría a estar más estrechamente identificado con el PCE que muchos otros, compartía estas razones para unirse al PCE al comienzo de la guerra.

Aunque esto se puede ver como una tendencia positiva, mucho menos afortunado fue el desprecio y la hostilidad hacia las milicias mostrados por muchos de los oficiales que permanecieron al servicio de la República. De hecho, esto incluía a oficiales republicanos convencidos e incluso a algunos de los que se afiliaron al PCE, aunque no a Cordón. Ya fuera por su formación profesional o por el trauma de la desorganización posterior al golpe, estos oficiales, incluidos algunos de alto rango, no eran lo suficientemente flexibles como para adaptarse a la irrefutable realidad: que las milicias representaban el único material disponible sobre el que construir el ejército que se necesitaba para oponer resistencia a los rebeldes y a sus aliados fascistas. Parecería que este era uno de los defectos del, en otros aspectos inteligente, general Asensio, el hombre clave de Largo Caballero en el Ministerio de la Guerra. Otro ejemplo era la irritación que algunos oficiales mostraban ante la ubicua mediación de representantes de los partidos y sindicatos en los procesos de toma de decisiones. Pero, como Cordón respondía a su exasperado amigo y colega José Martín Blázquez, esto era simplemente la forma en que sucedían las cosas desde el golpe, y uno tenía que actuar en consecuencia[37]. No obstante, esta respuesta muestra un grado de flexibilidad psicológica en Cordón que era raro entre los oficiales españoles de esa época, lo que no es sorprendente si se tiene en cuenta el carácter de su formación profesional. Sin embargo, los prejuicios y la conducta brusca de algunos oficiales solo reforzaban la hostilidad de los milicianos, que, a su vez, «confirmaban» la antipatía y el antagonismo de los militares. Este círculo vicioso era, por sí solo, un desperdicio de energía y potencial por ambas partes, y concedía una función clave al comisariado político.

Aunque Largo Caballero constituyó formalmente el comisariado político recién a mediados de octubre[38], la misma naturaleza del conflicto hizo que, de hecho, los comisarios políticos existiesen en la práctica desde el principio, aunque no se les diera este nombre. Proporcionaron el nexo vital entre los militares y los milicianos, dado que, como ya se ha mencionado, era una práctica común que las milicias tuvieran adscritas un militar profesional como consejero. Los comisarios explicaban la razón de las órdenes, cuidaban del bienestar práctico de los hombres y les recordaban la razón de ser de la guerra. Principalmente en las fases iniciales, la función del comisario fue muy importante como amortiguador. Incluso aunque el comisario o delegado político —como se le llamó a menudo al principio— nunca interviniese en asuntos de política militar, dado el antagonismo de las milicias hacia los militares profesionales, su presencia era vista por los milicianos como una especie de garantía de sus propios intereses[39].

Al avanzar la guerra, las funciones de los comisarios en asegurar el bienestar práctico y la educación política de los combatientes llegarían a ser de suma importancia en la medida en que el nuevo ejército republicano, creado para desarrollar una guerra moderna, tuvo que hacer frente a un conflicto largo, de desgaste, en condiciones de inferioridad militar y que debilitaba la moral. A pesar de la importancia del comisariado, sin embargo, nunca dejó de ser denunciado con vehemencia tanto por muchos oficiales profesionales a los que les disgustaba lo que veían como una injerencia en sus funciones, como por políticos civiles, sobre todo basándose en la acusación de que el comisariado era un vehículo de engrandecimiento del PCE.

Esta interpretación fue modelada de forma retrospectiva por las rivalidades políticas clientelares y las hostilidades organizativas entre el PCE y otros grupos del bando republicano, que aumentaron durante la guerra por una serie de razones. Pero la función del comisario no la había inventado el PCE, a pesar de que fue defendida enfáticamente y establecida en primer lugar en las unidades comunistas. La idea se remontaba a los ejércitos revolucionarios franceses y norteamericanos y de ella se habían servido los bolcheviques durante la Guerra Civil rusa[40]. Tampoco tuvo el Partido Comunista ninguna influencia ejecutiva especialmente importante en la creación del comisariado propiamente dicho en octubre. Si nos centramos en 1936, la relación entre el PCE y el comisariado político se puede ver por lo que era principalmente: una relación orgánica que surgía de la comprensión por parte del PCE de las limitaciones de las fuerzas milicianas y de los imperativos de la defensa militar de la República. Hubo más comisarios comunistas no como resultado de alguna conspiración, sino porque en 1936 ningún otro grupo político captó realmente —y, sin duda, Largo no lo hizo— la importancia fundamental de esta institución para la viabilidad del esfuerzo bélico. Además, esta falta de comprensión era una consecuencia lógica de la resistencia a las nuevas formas políticas que conllevaba la movilización de masas, tanto entre los dirigentes republicanos como entre los socialistas en el período previo a la guerra. Por tanto, fue solo el PCE el que priorizó al principio el nombramiento como comisarios de personas de gran calidad y con experiencia[41].

Mucho menos controvertido y, de hecho, acogido con mucho agrado por los oficiales de carrera republicanos y los dirigentes del PSOE, fue el vehemente compromiso del PCE desde un principio con la creación de un mando único y con la militarización. El PCE hacía hincapié en la necesidad de establecer nuevas estructuras de entrenamiento tanto para oficiales como para soldados. Como ejemplo práctico de lo que defendía creó el prototipo de una nueva fuerza militarizada: el Quinto Regimiento. Su núcleo fueron las milicias del PCE, las MAOC, dirigidas desde 1933 por Juan Modesto, que había servido como suboficial en Marruecos. Era la única milicia de partido que había realizado algún entrenamiento militar real antes del 18 de julio de 1936. A las MAOC se añadieron fuerzas del quinto de los batallones de voluntarios originales, además de militantes de la Juventud Socialista Unificada (JSU). La forma autónoma de las unidades de combate del Quinto Regimiento —cada una de las cuales llevaba consigo una completa infraestructura militar— fue adoptada como base de las Brigadas Mixtas, la unidad básica del nuevo ejército, que serían desarrolladas en el primero de los ejércitos operativos de la República, el Ejército del Centro, cuyo modelo fue después «exportado» para organizar los ejércitos del Este, Levante y Extremadura a lo largo de 1937[42]. En su punto álgido, en octubre de 1936, se estimaba que el Quinto Regimiento tenía en torno a veinte mil hombres[43]. Pero, aunque contenía unidades de combate, su función clave era actuar como una formación de entrenamiento de transición que después creaba nuevos batallones. La utilidad del Quinto Regimiento residía en su hincapié en la disciplina y en el modelo organizativo que proporcionaba, además de en su actitud extremadamente realista hacia las necesidades de la guerra. El PCE había sido siempre muy claro acerca de la necesidad de primacía de la autoridad militar en el ejército y de nuevas formas de jerarquía y disciplina. La diferencia entre el ejército existente antes y el nuevo ejército republicano residía no en la eliminación de estos principios, sino en su transformación cualitativa a través de un proceso de amplia reorganización militar que sería incentivado por la desesperada defensa de Madrid en noviembre y diciembre.

Fue el tipo de trabajo emprendido de forma tan singular por el Quinto Regimiento el que sirvió de base para los dos decretos de Largo Caballero del 30 de septiembre de 1936, que militarizaban a las milicias. Según estos, todos los oficiales y suboficiales en quienes se podía confiar políticamente «pasarían a las escalas activas del Ejército», mientras que los combatientes serían distribuidos a las compañías y servicios requeridos por el Estado Mayor. Los batallones de milicias iban a formar la base de las Brigadas Mixtas. Los decretos también establecían nuevas edades mínima y máxima para el servicio militar, entre los veinte y los treinta y cinco años respectivamente. Desde el 10 de octubre en el frente del centro, y desde el 20 de octubre en los demás, los nuevos batallones de milicias fueron sometidos a la justicia militar. También fueron numerados, en un intento de borrar la identidad política de las milicias que los constituían, y se prohibió que se utilizaran los nombres de estas en la documentación oficial.

En la práctica, el proceso de militarización tardaría meses en surtir efecto, dada la gran reorganización necesaria, la importante falta de oficiales de rango intermedio y suboficiales para mandar a los hombres, y la hostilidad arraigada en muchos milicianos —aunque no en todos ni mucho menos— a la pérdida de los nombres de las milicias. Estos problemas fueron más graves en Cataluña y en Aragón, donde, como veremos, pasaría casi la mitad del año 1937 antes de que las milicias empezaran a ser integradas militarmente[44]. Incluso en el frente del centro, las identidades de las milicias dentro de las nuevas formaciones militares perduraron hasta la primavera de 1937, animadas por los mensajes ambiguos procedentes del mismo Largo Caballero.

De forma paradójica, la situación era también exacerbada por la inflexibilidad y el estilo demasiado burocrático del nuevo Estado Mayor. Aunque perfectamente competente en términos militares convencionales, fracasó a la hora de hacer las concesiones organizativas y de procedimiento necesarias para la situación poco convencional en la que estaba actuando como resultado de la escasez de oficiales y hombres entrenados. Su única concesión fue, en sí misma, claramente burocrática: el Estado Mayor proporcionaba largos preámbulos ideológicos bastante inútiles al enviar circulares incluso con órdenes bastante sencillas, para demostrar que estas no infringían los derechos de los soldados o los principios igualitarios. Más útil hubiera sido un mayor grado de flexibilidad organizativa, pero el legado del propio golpe actuaba en contra de esto, al refugiarse los militares profesionales en las formas y procedimientos convencionales frente a la presión y ser conscientes de la falta de confianza mutua entre ellos y las fuerzas populares que se les había pedido que organizasen. Su defensa casi fetichista de estructuras burocráticas rígidas superaba en la práctica la del otro bando[45], y más allá de cierto punto, no era necesariamente el medio más efectivo para transformar a las híbridas fuerzas republicanas —un movimiento de resistencia sui generis— en un ejército eficiente que pudiese hacer frente a un enemigo «moderno»[46]. (De hecho, parece bastante probable que algunas de las tensiones entre los oficiales y las tropas que tienden a interpretarse como ideológicas en su origen hubieran podido mitigarse, de hecho, con una forma de organización militar más flexible e inteligente).

Sin embargo, este ejército en formación no solo necesitaba ser entrenado para poder funcionar; también tenía que ser armado y pertrechado. El hecho de que la República fuera obligada, desde el comienzo, a acometer esta tarea desde una posición de clara inferioridad material hacía que fuera más importante maximizar sus recursos internos. En el frente de Madrid, por ejemplo, los rebeldes notaron que estaban recogiendo municiones republicanas que habían sido producidas en las fábricas de armas de Toledo solo unos días antes[47]. La no intervención había privado a la República de cualquier esperanza de conseguir créditos de los Gobiernos democráticos occidentales, al igual que implicaba un embargo de armas que la obligó a obtenerlas a precios abusivos en el mercado negro, por lo que la primera prioridad era consolidar los recursos financieros existentes y desarrollar un plan estratégico para su uso.

El principal reto de la República era proteger sus reservas de oro en un lugar donde pudieran ser convertidas para hacer frente a las necesidades de guerra, dado que Madrid estaba cada vez más amenazada por el avance de las fuerzas rebeldes desde el sur. El decreto —inevitablemente secreto— de movilización de las reservas de oro fue uno de los últimos que aprobó el gabinete republicano de Giral, el 30 de agosto de 1936, antes de ceder el poder al de Largo Caballero. Después de consultar con representantes de alto rango del Banco de España, Giral y sus ministros, aunque prudentes y conservadores por instinto, se dieron cuenta de que la escalada bélica hacía imprescindible la rápida movilización de los principales recursos convertibles del país. De otra forma, la República simplemente no tendría medios para continuar la guerra[48]. Con la llegada de un nuevo gabinete, le correspondió a Juan Negrín, como ministro de Hacienda, seguir con esta política, supervisando el traslado del oro desde Madrid a la base naval de Cartagena, en la costa sudoriental. El primer envío se realizó el 15 de septiembre, y parte de las reservas fueron llevadas a Francia —tanto directa como indirectamente—, como parte de la estrategia republicana en curso de vender oro al Banco Nacional de Francia[49].

Al aumentar los rebeldes la presión militar sobre Madrid, el impacto del embargo de armas empezó a hacerse sentir. El Gobierno republicano estaba, además, experimentando verdaderas dificultades con los bancos occidentales, que estaban retrasando la transferencia de los fondos requeridos con urgencia por sus agentes y diplomáticos para comprar material de guerra[50]. De esto, los republicanos sacaron la única conclusión sensata posible: que si depositaban sus recursos financieros —el sustento del futuro esfuerzo bélico— en el sector capitalista occidental, correrían el riesgo de que fueran inmovilizados. La lógica partidista de la no intervención apenas daba a los republicanos razones para ser optimistas.

Desde mediados de septiembre, estaba también empezando a ser evidente que la Unión Soviética estaba inclinándose hacia la opción de ayudar a la República para evitar su derrota militar inmediata. Esto dio lugar a enérgicos esfuerzos del Gobierno republicano por consolidar los contactos diplomáticos y reforzar esta inclinación. Marcel Rosenberg, el embajador soviético, llegó a Madrid en la tercera semana de agosto para establecer la primera embajada soviética en España desde el acto de reconocimiento diplomático en junio de 1933. Sin embargo, la embajada no empezaría a funcionar hasta finales de 1936, y la grave escasez de personal seguiría siendo un problema constante durante toda la guerra[51]. El 16 de septiembre, cuando se enviaron las primeras remesas de oro a Cartagena, el Gobierno republicano aprobó el establecimiento de una embajada en la URSS. Marcelino Pascua, cuyo nombre había sido ya sugerido para el cargo tres años antes, fue nombrado para encabezar la misión. Doctor en medicina como Negrín y antiguo colega del ministro de Hacienda en sus días en la Residencia de Estudiantes, Pascua llegó a Moscú a principios de octubre para enfrentarse a la abrumadora y difícil tarea de crear de la nada una embajada que funcionase[52].

Las instrucciones de Pascua eran promover una ayuda soviética más sustancial en apoyo de la República, pero encontró a Stalin y a sus lugartenientes ya convencidos de esta necesidad. A finales de septiembre era manifiesto que la situación militar era amenazadora para la misma supervivencia de la República, y, para Stalin, el colapso republicano era una perspectiva alarmante. Significaba que Francia tendría a tres estados fascistas en sus fronteras y sería menos probable que nunca lograr un compromiso sincero por parte de ella para establecer una alianza contra Alemania. También implicaba que la potencia de fuego de Alemania estaría disponible para un ataque contra las vulnerables fronteras soviéticas. Este contexto es crucial para valorar los motivos de la decisión de Stalin de intervenir en ese preciso momento. Un historiador militar soviético, el teniente coronel Yuri Rybalkin, ha sugerido que la oferta de Stalin de una ayuda más sustancial y más avanzada tecnológicamente fue el resultado de que a finales de septiembre se le garantizó, aunque de forma informal, que su coste sería cubierto por completo por el traslado de las reservas de oro españolas a la Unión Soviética[53]. Dado el claro aislamiento internacional y las necesidades de guerra de la República, puede ser que se diera esta garantía. Intervenir para salvar a la República requeriría el envío de material de guerra muy valioso desde las fábricas soviéticas. Así pues, dado el imperativo de defensa nacional de la Unión Soviética, también es posible que las reservas de oro se vieran como una garantía de que esas armas pudieran ser reemplazadas rápidamente si se producía una situación de crisis. Pero no está claro todavía si el oro fue el único factor decisivo. Una vez que la Unión Soviética tuvo el oro, puede que manipulara el tipo de cambio en su favor, asegurándose así de que el Gobierno republicano pagase precios algo más altos por su ayuda. Pero, de hecho, no hubo una manipulación especial. La URSS aplicó a la República los precios internacionales, lo que era la práctica común en el comercio exterior soviético[54]. En general, la intervención soviética en España estuvo marcada por la contingencia, y no hay ninguna razón para suponer que esto no se pueda aplicar también en este tema. Además, la intervención soviética tampoco fue especialmente coherente en función de sus intereses estrechos de miras o pecuniarios[55]. Durante la Guerra Civil, el Gobierno soviético enviaría a la España republicana algo más del 10 por ciento de su producción total de aviones entre 1936 y 1938[56]. Más tarde, también proporcionaría a la República importantes créditos, cuando sabía que no tenía en la práctica ninguna posibilidad de recuperarlos.

No sabemos si fue un representante soviético o un republicano español el que primero propuso el traslado del oro. Pero su significación es menor de lo que muchos comentaristas han supuesto. En la medida en que el Gobierno republicano estaba bajo presión, esta derivó del conocimiento de su precaria situación internacional, no de sus interlocutores soviéticos. El objetivo de la República era acelerar la movilización de sus reservas de oro de tal forma que garantizara las divisas necesarias para librar la guerra. Dado que la no intervención había producido ya preocupantes restricciones en la capacidad de maniobra económica de la República, la conversión inmediata solo podía asegurarse si el oro dejaba España. En el clima político existente tampoco había muchas otras opciones de destino que la Unión Soviética o México. En vista de su capacidad financiera y de infraestructuras para ayudar a la República, los recursos de la Unión Soviética eran, evidentemente, incomparablemente mayores que los de un país pequeño como México[57]. Así fue como Largo Caballero propuso formalmente el traslado de las reservas de oro en una carta fechada el 15 de octubre[58].

Por supuesto, el traslado tuvo lugar con el máximo secreto, tanto porque este constituía el punto clave de la estrategia de resistencia republicana como, también, por la posible propaganda hostil que podía provocar, aunque, de hecho, Franco lo supo casi al instante. Negrín, al supervisar el traslado, estaba aplicando la política del Gobierno republicano, no formulándola él mismo. Mucho se ha dicho sobre su frecuente comunicación con personal soviético. Pero tanto Negrín como Indalecio Prieto, el ministro de Marina y Aire, se reunían a menudo con los representantes soviéticos (en el caso de Prieto, principalmente con el embajador Rosenberg). Tampoco esto es sorprendente en esas circunstancias, dadas las importantes responsabilidades de Gobierno de los dos socialistas. Sin embargo, al poner en marcha el traslado del oro, Negrín estaba actuando con el pleno conocimiento de los representantes más importantes de la autoridad gubernamental y constitucional republicana, lo que, evidentemente, incluía al presidente de la República, Manuel Azaña, al presidente del Gobierno, Largo Caballero, y al mismo Prieto[59]. En la movilización del oro también participaron funcionarios superiores republicanos, incluidos los dos subsecretarios de Negrín en el Ministerio de Hacienda, el militante de Izquierda Republicana Méndez Aspe y el socialista Jerónimo Bugeda. Como Ángel Viñas también indica, el envío fue presenciado por representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial republicanos, entre ellos el expresidente José Giral, que era entonces ministro sin cartera del gabinete de Largo Caballero[60]. Además, la puntillosidad de Negrín por asegurarse de que cada etapa del traslado fuera cuidadosamente documentada contrasta con la irritación del propio Largo ante estas precauciones, y subraya la convicción de Negrín en la gran responsabilidad que incumbía a quienes servían al Estado[61].

Negrín había aceptado de forma reticente la cartera de Hacienda, a petición de Prieto, como parte del equipo de la ejecutiva nacional del PSOE en el gabinete de septiembre[62]. Como el resto de sus colegas centristas del PSOE, tenía una opinión muy mala tanto de la capacidad de liderazgo de Largo como del calibre político y las capacidades organizativas de la izquierda del PSOE que le apoyaba[63]. Por tanto, Negrín se veía a sí mismo como una sitiada avanzadilla de un Gobierno disciplinado en la marea de desorganización e ineficiencia, mortífera aunque bien intencionada, del gabinete de Largo. Sabía que ocupaba una cartera que era absolutamente crucial para la supervivencia de una República que luchaba bajo el peso aplastante del embargo económico, un «iceberg» del que la diplomacia específica de la no intervención era solo la punta. En tales circunstancias las divisas eran vitales. Negrín era lo suficientemente inteligente como para saber que «la guerra acabaría para la República el día que gastara la última peseta-oro»[64]. En consecuencia, consideraba que su función era administrar de forma adecuada los recursos para una larga lucha. En la persecución de este objetivo, primero en Hacienda y después como presidente, Negrín aplicaría políticas diseñadas para concentrar toda la toma de decisiones políticas y económicas en el Gobierno central republicano. Esta es la clave de la inmensa importancia de Negrín durante la Guerra Civil y de las controversias que le han rodeado hasta hoy en día.

La centralización económica enseguida hizo entrar a Negrín en conflicto con la comisión de compras de la República en París, al buscar someter todos los canales de compra de armas a la autoridad directa de Hacienda y, por tanto, a su control personal. La comisión de compras había sido creada por Luis Araquistain, el lugarteniente político de Largo y embajador republicano en Francia hasta mayo de 1937. El objetivo de Araquistain había sido acabar con el caos que encontró al llegar a París en septiembre, cuando numerosos españoles se apiñaban intentando comprar armas en nombre de una gran variedad de comités republicanos. De hecho, a menudo estos agentes acababan haciendo subir aún más los ya altos precios por pujar unos contra otros, por la desorganización general y la falta de comunicación como consecuencia de la fragmentación del Estado después del golpe. Araquistain se quejó de que Negrín simplemente ignoraba sus solicitudes de fondos, por lo que se perdían posibles compras de armas[65].

La falta de confianza entre Araquistain y Negrín era, en parte, producto de antagonismos personales y políticos preexistentes. Su distanciamiento se remontaba a la crisis de Gobierno de mayo de 1936 y a la obstrucción del intento de Prieto de acceder a la presidencia del Gobierno. El papel de la izquierda socialista en el bloqueo del acceso del PSOE al Gobierno fue el tema que, de hecho, rompió finalmente la unidad organizativa del movimiento socialista[66], y era algo de lo que Negrín y sus colegas centristas consideraban a Araquistain el principal responsable[67]. Aunque es verdad que en numerosas ocasiones los fondos no eran enviados a la comisión de compras de París, parece improbable que la acusación de Araquistain de vendetta contra él tenga algún viso de verdad, aunque sea comprensible su irritación con los retrasos[68]. Las dificultades estructurales y la ruptura de los canales de comunicación desempeñaron un papel mucho más importante de lo que Araquistain suponía. Pero la «parsimonia» de Negrín estaba también reforzada por su conciencia de las enormes pérdidas que suponía la obtención de armas a través de los comités. Aunque el comité con base en París pudo haber constituido una mejora con respecto a la situación con la que Araquistain se había encontrado, era todavía difícil de manejar dado que su composición, como la del gabinete de Largo Caballero, tenía que reflejar la configuración del Frente Popular. Esto significaba que había una gran cantidad de politiqueo y de disensiones internas que reducían de forma significativa su eficacia, al tiempo que continuaba el problema de la compra por duplicado de material hecha por los comités a través de diferentes fuentes. En diciembre, en un intento conjunto de Negrín y Prieto por superar estos problemas, la comisión de compras de París fue disuelta y su competencia, transferida a la nueva Comisaría de Armamento y Municiones, creada dentro del Ministerio de Marina y Aire de Prieto[69].

Pero debemos recordar que, en último término, la ineficiencia y los gastos excesivos que suponía la obtención de armas eran una consecuencia del mismo embargo y, por tanto, de la política de no intervención. Esta eliminó la mayoría de los canales de ayuda de Gobierno a Gobierno, a pesar del futuro apoyo soviético. Al hacer esto, obligó a la República a rendirse a los caprichos del mercado de armas y a relacionarse con intermediarios privados, algunos extremadamente dudosos. Debemos también recordar que los cuadros dirigentes republicanos —la mayoría de los cuales eran profesionales liberales— no estaban preparados para tratar con esta «jungla», y que no tenían ni los contactos adecuados ni la experiencia técnica requerida. Los compradores republicanos eran doblemente vulnerables a esta alarmante variedad de intermediarios y oportunistas, que siempre pudieron pedir comisiones muy altas precisamente por la falta de canales alternativos. El hecho de que la no intervención obligase a la República a depender de una serie de caminos y procedimientos aún más bizantinos para obtener armas y material de guerra, también supuso un cúmulo de desventajas, tanto cualitativas como cuantitativas. Cuando el material comprado llegaba —lo que no siempre sucedía—, a menudo se descubría que las armas tenían municiones incompatibles o que las instrucciones estaban en una oscura lengua. En otras ocasiones, lo que llegaba no guardaba ninguna relación con las «especificaciones». Además, el material siempre carecía de cualquier respaldo técnico o logístico, lo que reducía mucho su utilidad. Para colmo, el efecto negativo producido por la no intervención —que, de hecho, había creado un mercado negro de armas— significaba que estos bienes de calidad inferior normalmente costaban «en demasía» a la República. La hemorragia de tiempo y dinero que la no intervención causó al comienzo de la guerra, solamente a la República, fue absolutamente devastadora[70]. Además, tampoco la ayuda soviética liberó a la República de la obligación de pagar estos altos precios durante toda la guerra, porque mucha de esta ayuda no provino de fábricas soviéticas sino que fue adquirida por la URSS, que actuaba como intermediaria de la República en el mercado internacional, donde, gracias a la no intervención, imperaban precios abusivos.

Es en este contexto en el que tenemos que entender la batalla de Negrín para maximizar las divisas y establecer el monopolio del Gobierno central en la utilización de los recursos económicos del Estado. A través de las políticas de centralización de la hacienda, Negrín estaba buscando restablecer la economía de mercado en la España republicana. Empezó por revisar la estructura y el trabajo técnico del mismo ministerio, aunque hubo una continuidad del personal, formado principalmente por tecnócratas republicanos y altos funcionarios del Estado[71]. Desde el principio, los objetivos de Negrín le harían entrar en conflicto con los comités obreros y sindicales por cuestiones como el control de los recursos, la política de abastecimiento y la espinosa cuestión de las requisas[72]. Y los mismos objetivos harían que más tarde chocara con una serie de instituciones regionales y sectoriales —radicales y proletarias, pero también burguesas— cuyas prerrogativas económicas y políticas impedían la realización del objetivo ideal de Negrín: la reconstrucción del Estado central.

Esta preferencia política había sido evidente en Negrín bastante antes de su llegada a Hacienda en septiembre de 1936. Al creer, como creía, en la idea de un Estado «racional» o «guardián», Negrín nunca había estado interesado en el Parlamento como escaparate de capacidades oratorias, como era utilizado por la práctica clientelista mediterránea. Desde el principio, cuando Negrín fue elegido por primera vez para las Cortes republicanas en 1931, se había comprometido con el trabajo técnico, entre bastidores, en comités parlamentarios. (Entre 1931 y 1936 fue presidente de la Comisión de Presupuestos). Tanto por su personalidad como por sus objetivos políticos, a Negrín le interesaba más el trabajo de crear o sanear las estructuras y mecanismos necesarios para asegurar que la administración estatal funcionara[73].

Fue la experiencia de Negrín en los días posteriores al golpe lo que galvanizó su comprensión de la necesidad de concentrar en manos del Gobierno tanto la autoridad política y militar como la económica. Cuando no estaba enzarzado directamente, junto con sus colegas centristas, en la tarea de mantener a flote lo que quedaba del Gobierno republicano asesorando a la Presidencia o al Ministerio de Marina y Aire en Madrid, Negrín paseaba a menudo en un camión de las milicias para observar de primera mano la defensa militar republicana en la sierra de Guadarrama, al norte de la ciudad, con frecuencia en unas condiciones que estaban lejos de ser seguras[74]. Sin lugar a dudas, regresaba de estos viajes convencido de la necesidad de acelerar la organización de la defensa republicana poniendo en marcha enseguida un programa de militarización.

Negrín también buscaba la reconstrucción del Estado para acabar con la explosión de violencia popular provocada por la rebelión militar. Los «paseos» supusieron un serio dilema para Negrín, e incluso le llevaron a cuestionarse durante un tiempo su compromiso con la causa republicana[75]. Lo que confirmó este compromiso fue, en primer lugar, la conciencia de Negrín de que los rebeldes dependían cada vez más de la ayuda fascista extranjera, y, en segundo lugar, se dio cuenta de que en el territorio controlado por los sublevados se estaba cometiendo un genocidio[76]. Con todo, siguió considerando la erradicación de los «paseos» en la zona republicana la condición previa esencial para construir un orden político y un Estado legítimos[77].

Los asesinatos de presos de derechas en la cárcel Modelo de Madrid el 23 de agosto llevaron la situación a un punto crítico. Más que ninguna otra cuestión, los asesinatos de prisioneros habían empezado a simbolizar la pérdida del control por parte del Gobierno republicano. El presidente Azaña estaba tan desolado por los sucesos que se planteó dimitir. (Entre los muertos estaba un viejo colega de Azaña, Melquíades Álvarez, fundador del Partido Reformista). Pero incluso sin su marcha, los asesinatos causaron un importante daño a la posición internacional de la República y, precisamente, entre las democracias occidentales, cuyo apoyo estaba tratando de obtener de forma tan desesperada.

En un intento tanto de limitar el daño político como de canalizar la ira popular, la República estableció los Tribunales Populares para juzgar a los acusados de apoyar la rebelión[78]. Compuestos por representantes de todos los partidos del Frente Popular y presididos por un juez profesional, ayudado este último por otros dos, el objetivo de estos tribunales fue poner fin al período de «paseos» y «justicia» sumaria, y de forma gradual, de hecho, estos irían reduciéndose[79]. Pero era una lucha ardua. El golpe había destrozado el sistema judicial, como lo había hecho con todos los otros instrumentos estatales, y, como resultado, escaseaban los jueces y magistrados de carrera. Sin embargo, los tribunales populares constituyeron el primer paso para devolver al Estado una de sus funciones definitorias y base de su poder: el monopolio de la «violencia legítima». Mientras que los jurados declaraban culpables o inocentes a los acusados, los jueces eran los responsables de dictar sentencia. Aunque se dictaron condenas duras, incluyendo algunas veces penas capitales, la mayoría de los que fueron llevados ante los Tribunales Populares salieron con vida[80]. El castigo habitual fue el encarcelamiento, con frecuencia en campos de trabajo donde los presos realizaban fortificaciones y otros trabajos relacionados con la guerra[81]. No fue tampoco una política gubernamental lo que hizo que los Tribunales Populares dictaran penas capitales. Esto cambiaría en otros tipos de tribunales republicanos[82] al avanzar la guerra, cuando el deterioro de las condiciones internas y las circunstancias externas llevaron a un incremento de la actividad de la quinta columna y otras clases de conducta individual perjudiciales para el esfuerzo bélico. Pero en los Tribunales Populares, además de los motivos de castigo popular, parece también probable que las condenas a muerte o muy largas fueran algunas veces el resultado de las decisiones personales de jueces concretos, porque temían por su vida o, en algunos casos, porque, de forma deliberada, buscaban deslegitimar a la República[83]. Aunque todavía carecemos de un análisis comparativo de las políticas penitenciarias de los rebeldes y los republicanos, está claro que no hubo equivalente en la España republicana a los asesinatos masivos aprobados por las autoridades militares que se produjeron en toda la zona insurgente. Sin embargo, en la zona republicana sí que se dictaron (y se aplicaron) condenas a muerte desde el tiempo de los Tribunales Populares en adelante, lo que revocó la abolición de la pena de muerte en el código civil realizada en 1932.

Aunque el restablecimiento de la pena de muerte por parte de la República significó un paso atrás en términos humanitarios, no suponía un dilema ético para todos por igual. Para Negrín, la «violencia legítima» del Estado había incluido siempre el recurso a la pena capital para delitos excepcionales que amenazaran su estabilidad. Por ejemplo, en 1932 Negrín había defendido enfáticamente que la República era demasiado débil para hacer otra cosa que ejecutar a los cabecillas militares del fracasado intento de golpe de agosto de 1932[84], incluido el general José Sanjurjo, por entonces director de la Guardia Civil. Para Negrín la legitimidad residía en el hecho de que la violencia como una faceta del poder del Estado no era arbitraria, sino que estaba limitada por la Constitución, la cual estaba sujeta a revisión por consentimiento colectivo.

Según este criterio, la «justicia popular» de las patrullas irregulares era inaceptable porque no estaba sujeta a ningún tipo de control constitucional. Por esto, desde mediados de septiembre de 1936 el Gobierno republicano adoptó una serie de medidas dirigidas fundamentalmente a desarmar y disolver todas las fuerzas policiales no estatales que funcionaban en la retaguardia. Como primer paso, se crearon las Milicias de Vigilancia de Retaguardia[85], para reemplazar a la gran variedad de patrullas multiformes que habían surgido durante los días de julio.

A estas patrullas, como a algunas de las columnas de milicianos analizadas anteriormente, se las acusaba de acciones violentas y saqueos que aterrorizaban a las clases medias de pequeños propietarios urbanos y rurales, incluso a quienes no tenían una experiencia directa de estas patrullas. De hecho, la amenaza insidiosa de las patrullas hubiera sido probablemente más corrosiva con el paso del tiempo que incidentes más dramáticos, como las matanzas de prisioneros y las «sacas», aunque estas tuvieran más impacto internacional. La falta de control alguno sobre las patrullas facilitaba que en ellas se infiltraran numerosos indeseables, incluidos rebeldes encubiertos empeñados en provocar el caos para desacreditar a la República, al igual que una serie de elementos marginales, algunos de los cuales habían sido liberados cuando las cárceles se vaciaron después de la rebelión militar[86]. Aunque las Milicias de Vigilancia representaban cierta consolidación de una fuerza coercitiva casi gubernamental, las formas de represión de las que eran responsables —incluidas ejecuciones— eran muy contingentes, dudosas constitucionalmente y, algunas veces, impulsadas por motivos personales o partidistas[87]. Esta situación hizo más fácil al Gobierno republicano evitar cualquier debate sobre formas de justicia radicales e innovadoras y le permitió presentar la completa normalización policial y judicial como una campaña puramente humanitaria contra el uso arbitrario del poder que beneficiaría por igual a todos los ciudadanos.

El hecho de que otra de las consecuencias de la rebelión hubiera sido la intensificación de la violencia intersindical, entre sectores de las bases de la CNT y de la UGT, también reforzaba los argumentos del Gobierno. Incluso aunque los significados de esta violencia fueran un tanto diferentes de los de la practicada por las patrullas sobre comerciantes y pequeños propietarios, su misma existencia permitía al Estado afirmar que el orden que buscaba reconstruir no tenía connotaciones de clase. En octubre, el Gobierno inició su intento de desarmar a todos los sectores civiles de la retaguardia, lo que, en teoría, incluía tanto a los comités como a las patrullas[88]. En realidad, poco se logró. Muchas de las autoridades municipales que se suponía que debían llevar a cabo el proceso apenas existían. Además, el recuerdo del levantamiento militar, frecuentemente secundado por sectores de las fuerzas de seguridad, hacía que hubiera una gran resistencia de los trabajadores a la normalización de las funciones de orden público. Iba a ser un proceso muy lento, sobre todo en Barcelona, donde la resistencia social era mayor. Sin embargo, el decreto de octubre estableció un importante precedente para la acción posterior del Estado.

Para muchos dirigentes de la República, sin embargo, no solo eran cuestionables las patrullas y la justicia popular, sino también la gran variedad de comités sindicales y de partido que se extendían por todo el territorio republicano. El mismo Largo Caballero empezó, como muchos veteranos dirigentes de la UGT y la CNT, a adoptar la opinión pragmática de que la República nunca estaría en condiciones de defenderse contra los rebeldes y sus aliados salvo si se corregía la fragmentación del poder político, económico y militar. Es en estos términos como podemos explicar tanto su apoyo público a la militarización —los decretos de septiembre y octubre contemplaban la formación de regimientos regulares— como la promulgación, durante el mes de octubre, de decretos que limitaban el alcance de la colectivización agraria e industrial[89] y, en el mismo mes, el restablecimiento formal (aunque a menudo todavía no de facto) de las autoridades municipales. Pero otros ministros, principalmente Negrín, se oponían a los comités populares por principio, porque eran la antítesis del orden constitucional. Si los comités habían demostrado ser buenos, malos o indiferentes para afrontar el período de la defensa de emergencia republicana, en el fondo no venía al caso, dado que su misma existencia era una afrenta a la autoridad y legitimidad del Gobierno.

Aunque durante los meses de septiembre y octubre siguió reinando una gran confusión política en la zona republicana, vistos de forma retrospectiva pueden considerarse como una etapa necesaria e inevitable en la lenta recuperación de la autoridad gubernamental. Aunque no debemos descartar los motivos humanitarios, las medidas del Gobierno republicano obedecían a una lógica política particular. Estaban dirigidas sobre todo a tranquilizar a los sectores sociales de clases medias, cuya confianza era clave para el restablecimiento de un nivel adecuado de cohesión en la retaguardia republicana. Sin esta, no podría haber ni el necesario grado de apoyo político interno a la República ni la movilización práctica de recursos humanos imprescindible para el esfuerzo bélico. Pero, a pesar de sus claras intenciones, las iniciativas del Gobierno eran todavía muy «débiles» en la práctica. A pesar de la fuerte determinación de Negrín, faltaban todavía estructuras operativas y personal para aplicarlas. La autoridad del Gobierno continuaba sufriendo los perjuicios provocados por la rebelión. Además, la crisis militar que se avecinaba en el frente de Madrid estaba a punto de darle otro golpe muy fuerte.

A finales de octubre de 1936, las fuerzas rebeldes estaban en las afueras de Madrid, algo más tarde de lo que hubieran podido hacerlo a causa del desvío de Franco hacia Toledo para ayudar a los militares sitiados en el Alcázar, un triunfo que consolidó mucho su liderazgo. Este retraso dio a la República un tiempo vital para empezar a organizar las defensas de la ciudad. Los aviones y tanques soviéticos hicieron su primera y crucial aparición en el frente central el 24 de octubre, exaltando el entusiasmo popular. Pero la movilización de la retaguardia era lenta y no se conocían sus requisitos reales. La situación militar de la República seguía siendo crítica. De acuerdo con las directrices del Gobierno, la prensa había sido en gran parte triunfalista, pero esto estaba cambiando en Madrid, y, en todo caso, la desagradable realidad era cada vez más de dominio público[90]. En este contexto, el 4 de noviembre Largo Caballero anunció la entrada en su Gobierno de cuatro miembros de la CNT[91]. El resultado fue un gabinete de dieciocho miembros difícil de manejar[92] y no menos fragmentado internamente que antes. Pero en otros aspectos importantes, la inclusión de la CNT era una señal positiva. La crisis militar había hecho comprender que, a pesar de la opinión de los Gobiernos británico y francés o la oposición personal del presidente Azaña[93], la viabilidad del esfuerzo bélico republicano dependía de una movilización obrera a gran escala, y esto, a su vez, requería la completa incorporación de la CNT. Aunque esta tenía cuatro carteras ministeriales, en la práctica ostentaba dos cargos políticamente significativos: el sindicalista moderado Joan Peiró y su colega Juan López asumieron Industria y Comercio, respectivamente, mientras que el hombre fuerte de la FAI catalana, Juan García Oliver, ocupó la cartera de Justicia. (La elección de los candidatos la realizó la misma CNT, en concreto Horacio Prieto como su secretario general). Federica Montseny, hija de los intelectuales anarquistas Federico Urales y Soledad Gustavo y, como García Oliver, militante de la FAI, fue nombrada ministra de Sanidad, convirtiéndose en la primera mujer en Europa desde Alexandra Kollontai en ocupar una cartera ministerial. Parece probable que el nombramiento de un ministro de la CNT para la cartera de Justicia se hiciera con la intención de controlar las patrullas, para aumentar así la autoridad del Gobierno a la vez que comprometer a la CNT en esta tarea tan delicada. Sobre todo, el propósito principal al incluir a la CNT en el Gobierno fue minimizar las consecuencias políticas de la marcha del Gobierno de Madrid[94].

Aunque la capital no era crucial para la continuación militar de la guerra, su pérdida significaría un golpe importante que la legitimidad ya precaria de la República no se podía permitir, tanto a ojos de su propia población como, más importante aún, ante la clase política dirigente de Gran Bretaña y Francia, cuyo apoyo estaba buscando tan desesperadamente el Gobierno republicano. Por tanto, la concepción que tenía Largo de Madrid como poco más que un «estómago» era algo reduccionista[95]. De hecho, el afán de los rebeldes por conquistar Madrid nacía precisamente de la comprensión de su significado político. Sin embargo, el 6 de noviembre el Gobierno republicano tomó la decisión de abandonar la capital porque prácticamente nadie creía que pudiera resistir. El subsecretario de Guerra, el general Asensio, se había vuelto muy pesimista, lo que explica sin duda por qué el presidente del Gobierno escogió este momento para ofrecer un Ministerio de Defensa unificado con el de Marina y Aire a su rival Indalecio Prieto. De forma nada sorprendente, Prieto lo rechazó, al verlo como un intento de cargarlo con la derrota[96]. Se podrían haber expuesto razones estratégicas para la salida del Gobierno de la capital: por ejemplo, que sería más eficiente militarmente dejar que se perdiera Madrid, ganando así más tiempo para consolidar el nuevo ejército republicano en formación en el frente del centro («en tierras manchegas»[97]). Pero la forma secreta y apresurada en que se realizó el 6 de noviembre creó una impresión general de huida y perjudicó bastante la credibilidad del Gobierno republicano, y la del PSOE en concreto. Otros también pagarían un alto precio político: le costó su puesto como secretario general a Horacio Prieto, la eminencia gris de la CNT y responsable de su participación ministerial. Sigue sin estar claro si aconsejó directamente a los ministros de la CNT que aceptaran la marcha del Gobierno. Pero estos últimos debieron de sentirse muy presionados para aceptar la disciplina del Gobierno en vista de lo que estaba en juego. Sin embargo, Horacio Prieto dejó su puesto para apaciguar a los miembros de la CNT que creían que esta debía haber abandonado el Gobierno antes que aceptar su salida de Madrid[98].

Al final, el Gobierno se trasladó a Valencia en lugar de a Barcelona, donde el presidente Azaña había establecido su residencia a finales de octubre[99]. La elección de Valencia parece que fue, en gran medida, una decisión personal de Largo Caballero después de la reunión del gabinete de 6 de noviembre, que aprobó, de forma un tanto tormentosa, la salida de Madrid. Ni siquiera se dio una explicación oficial de la elección, y los comentaristas del momento ofrecen poca información clara[100]. La clave podría muy bien estar en el tratamiento que recibieron varios miembros del Gobierno —aunque no el mismo Largo Caballero— en las afueras de Madrid por parte de milicianos pertenecientes a la Columna del Rosal. Su control de Tarancón se negó a dejarlos pasar y amenazó con ejecutarlos como cobardes por abandonar Madrid[101]. Los ministros en cuestión (incluidos Julio Álvarez del Vayo, el comunista Jesús Hernández y los miembros de la CNT Peiró y López) fueron obligados a retirarse y se dirigieron a Valencia por una carretera alternativa. Esto no solo fue profundamente humillante para los implicados, sino que también sirvió como un recordatorio brutal de la fragilidad de la autoridad del Gobierno republicano más allá de los límites de la capital. No sería esta la última ocasión en que dirigentes del PCE fueron detenidos por controles anarquistas en sus viajes por asuntos de Gobierno.

Por lo tanto, Barcelona representaba una auténtica jaula: era el centro del anarcosindicalismo radical y un territorio hostil por excelencia donde la lucha contra la autoridad gubernamental estaba produciéndose de forma más encarnizada que en ningún otro sitio. El Gobierno de Madrid, además, hubiera sido un objetivo por partida doble: no solo era un Gobierno sino que era el Gobierno central, y, como tal, simbolizaba las pretensiones históricas de control por parte de Castilla. El mismo hecho de que en ese momento el Gobierno catalán (la Generalitat) estuviera preparado para aceptar su presencia, ofrece algún indicio de la poca autoridad política que ejercía en Cataluña durante los primeros meses de la guerra. Valencia, por otra parte, ofrecía al Gobierno una base segura en la retaguardia[102] pero donde eran fuertes los treintistas de la CNT, así que los anarcosindicalistas, o al menos sus dirigentes, serían mucho menos hostiles.

Mientras tanto, en Madrid, los rumores de que el Gobierno se había marchado se extendieron como la pólvora, provocando respuestas de ira y consternación popular, pero también de cinismo y fatalismo. Estos últimos sentimientos se intensificaron por la evidente parálisis de las funciones de Gobierno en la ciudad: una vez que el gabinete se fue, los edificios ministeriales se vaciaron rápidamente al hacer sus maletas los aterrorizados funcionarios. Incluso los que no optaron por marcharse de inmediato parecían paralizados por un letargo fruto del pánico[103]. La actitud de los encargados de la defensa de Madrid era de callada desesperación. Largo Caballero había dejado la tarea en manos del general José Miaja, nombrado para este propósito como jefe de la región militar de Madrid. Tenía instrucciones de colaborar con el general Sebastián Pozas, el nuevo jefe del Ejército del Centro, y establecer una junta de defensa. Con la precipitada salida del Gobierno de Madrid, se confundieron las órdenes selladas para Miaja y Pozas, y cada uno recibió al principio el sobre del otro. Este caos reforzó el sentimiento general de que Miaja estaba siendo sacrificado en una tarea imposible, como hizo la de otra forma inexplicable orden —ignorada por Miaja— de no abrir el sobre hasta las seis de la mañana del día siguiente (7 de noviembre). De hecho, estas órdenes del Gobierno especificaban directrices para la retirada de las tropas como resultado de la caída de la ciudad, pero no hacían ninguna mención a previsiones de defensa[104]. El Gobierno incluso dio la orden de que las baterías antiaéreas fueran enviadas a Valencia. Sin duda, el mismo Miaja creía que Largo Caballero —y, por tanto, el general Asensio— le habían escogido para llevar a cabo la entrega de Madrid precisamente porque lo consideraban prescindible. Desde su fracaso en la recuperación de Córdoba en agosto —un fracaso que intensificó la desconfianza popular hacia los militares profesionales en general—,[105] su reputación había estado desacreditada. En septiembre volvió a mandar tropas en la región de Valencia, donde pudo ver de cerca la realidad del colapso del Estado. Las estructuras militares estaban desorganizadas y los soldados y miembros de las fuerzas de seguridad eran dirigidos por una plétora de comités sindicales y de partido, solo nominalmente bajo la autoridad del Comité Ejecutivo Popular. Miaja tuvo que lidiar no solo con su aversión personal hacia esta situación, sino también con la hostilidad con que lo recibieron. El general había sido ya muy franco sobre su falta de confianza en la capacidad de la República para resistir cuando rechazó continuar como ministro de la Guerra en el gabinete de Giral de agosto, oponiéndose al mismo tiempo a dar armas a las milicias populares[106]. Además, parece muy probable que antes de la guerra fuera miembro de la asociación de oficiales conservadores, la Unión Militar Española (UME), y su mujer y sus hijos estaban todavía en la zona rebelde[107]. Las acciones de sabotaje realizadas por algunos oficiales en el frente de Madrid durante el mes de octubre[108] incrementaron aún más la desconfianza popular, convirtiéndola en un peligro profesional siempre presente y desmoralizador para todos los oficiales de carrera que servían a la República.

Fue, por tanto, en este contexto de enajenación personal y profesional, abandonados, como parecía, por la práctica totalidad de la clase política republicana y sin ningún plan de defensa concreto establecido, en el que Miaja y su escaso personal militar hicieron frente a un reto organizativo de dimensiones asombrosas: organizar tanto la defensa militar como la civil de Madrid a la vez que administrar la ciudad, alimentar a una población incrementada por los refugiados y abordar la herida abierta de la violencia y los asesinatos extrajudiciales perpetrados por patrullas y elementos incontrolados de toda clase, incluidos rebeldes encubiertos. Miaja estaba, además, haciendo frente a estas demandas con unas instituciones del Estado fragmentadas y debilitadas y con escaso personal civil. En estas circunstancias, no es sorprendente, por tanto, que aceptase con presteza el apoyo organizativo y el personal que le ofreció el Partido Comunista de España.

El PCE había sido el que más se había resistido a la marcha del Gobierno de Madrid, cediendo solo cuando quedó claro que, si continuaba oponiéndose, se arriesgaba a romper el gabinete. Aunque algunos dirigentes del PCE tal vez dudaron en privado de la viabilidad de defender Madrid, la disciplina de la Comintern determinó que el partido, como entidad colectiva, concentrase sus esfuerzos organizativos y sus mejores cuadros dirigentes en la capital. La importancia clave del apoyo del PCE a Miaja fue prefigurada por las exigencias apremiantes a las que se enfrentaba en la noche del 6 de noviembre: la defensa militar, el mantenimiento de la calma entre la población civil y la contención de la quinta columna. Miaja consultó de inmediato al comandante Vicente Rojo, que iba a actuar como su jefe de Estado Mayor. Rojo era un católico practicante, pero en el ejército tenía fama de ser un modernizador culto y liberal. A lo largo de noviembre Rojo fue, entre bastidores, el arquitecto real de la defensa militar de Madrid: un logro que lo llevaría a ser probablemente el militar más importante dentro de la República y, desde mayo de 1937, jefe del Estado Mayor republicano[109]. En el frente de Madrid la autoridad militar estaba en manos de Rojo y sus oficiales, responsables directamente ante Miaja. El general también se reunió con todas las fuerzas políticas que tenían milicias en la zona. Entre estas reuniones, la más importante fue con Mije, Santiago Carrillo y José Cazorla, los dos últimos, dirigentes de la Juventud Socialista Unificada (JSU). Desde el principio, los comunistas habían defendido, de forma constante y enérgica, la movilización, y habían creado el Quinto Regimiento como ejemplo. El partido tenía un importante comisario de guerra en Mije y comandantes militares muy capaces, como Juan Modesto, y había demostrado claramente su apoyo a los oficiales profesionales en las difíciles circunstancias del momento. Estaba claro que el partido apoyaba el principio de separar las funciones militares y civiles en la defensa de Madrid. El apoyo incondicional del PCE a una política de orden público fuerte fue también crucial para Miaja. Como en otros sitios, esto tranquilizó a los sectores de clase media socialmente conservadores, que, de otra forma, la República corría el riesgo de perder de forma permanente. Pero incluso más importante, dada la situación de Madrid con el enemigo a las puertas, una política de orden público severa era un arma crucial en la batalla por neutralizar a una quinta columna muy efectiva y peligrosa que había encontrado fácil pasar información militar y política al enemigo que cercaba la ciudad[110]. Por tanto, los puestos de máxima responsabilidad que se concedieron a los comunistas en la Junta de Defensa todavía en configuración reflejaban la opinión de Miaja de que le proporcionarían lo que necesitaba.

La Junta de Defensa fue constituida formalmente en la tarde del 7 de noviembre. En esta reunión, las organizaciones que formaban el Frente Popular nombraron a sus propios representantes para las consejerías que Miaja les asignó después de sus consultas en las veinticuatro horas anteriores. Bajo la presidencia de Miaja, el PCE ocupaba las consejerías de Guerra (Mije), Orden Público (Carrillo) y, a través del consejero de la UGT, Abastecimientos. La función de Mije en Guerra iba a ser la de coordinar los recursos de la Junta para cumplir las órdenes de Miaja y los requisitos de la defensa militar. La consejería de Abastecimientos correspondió al comunista Pablo Yagüe, del Sindicato de Artes Blancas de Madrid. Sin duda, la conocida preferencia del partido por la centralización y la reconstrucción del control del Gobierno en la esfera económica hizo a Miaja decantarse por él en esta área después de su propia experiencia del poder fragmentado en comités en Valencia. A la CNT de Madrid (incluida la Juventud Libertaria) se le asignaron las consejerías de Industrias de Guerra e Información y Enlace, mientras que Unión Republicana e Izquierda Republicana cubrían las de Finanzas y Comunicaciones, respectivamente. El pequeño Partido Sindicalista, del extreintista Ángel Pestaña, fue responsable de Evacuación y el PSOE, del secretariado de la Junta[111]. Así constituida, la Junta dirigió la capital y organizó su defensa civil durante el mes de noviembre, supervisando no solo el primero, sino también el más intenso proceso de movilización civil visto en la zona republicana durante la guerra. Abundan las referencias a la extraordinaria atmósfera de agotamiento y euforia existente en Madrid durante el mes de noviembre de 1936, y se destaca el día 7 como el de combates más duros y en el que se mostró una voluntad de hierro. Fue una experiencia que marcó profundamente, y muchos participantes recordaban esos días como la experiencia más intensa de sus vidas[112]. Además, le dieron un gran relieve político a la Junta, lo que la llevaría rápidamente a un conflicto creciente con el Gobierno en Valencia, cuya misma autoridad en reconstrucción se había visto bastante afectada por su marcha. Esta situación empeoró por el hecho de que el Gobierno, convencido de que la Junta no sobreviviría, se había desentendido de especificar su interpretación del papel político que debía desempeñar. El conflicto consiguiente tuvo muchas facetas, como veremos, y fue consecuencia de la fragmentación del poder que todavía acosaba a la República. Pero, a diferencia de Barcelona o, incluso, Bilbao, «Madrid» no representaba ningún proyecto político distinto o antagónico al del Gobierno republicano en Valencia.

La función del general Miaja en la presidencia de la Junta fue principalmente simbólica. No era un estratega de talento; de hecho, una de las razones por las que se le había escogido era porque resultaba prescindible. Miaja no tenía tampoco ningún don administrativo particular. Pero resultó tener cierta habilidad para comunicarse con la gente y también la buena suerte de haber designado y escogido por sí mismo a algunos colaboradores eficientes y con mucho talento. En el plano militar, podía confiar en la visión y las capacidades de Vicente Rojo. Los colaboradores políticos de Miaja eran a menudo comunistas, por razones ya explicadas. Pero esto no era siempre así: su ayudante de campo era un cenetista. Miaja tampoco estaba ciego ante las implicaciones de su fuerte dependencia de los cuadros del PCE[113]. El hecho de que aceptara el carnet del PCE, como muchos otros, nos dice poco más que la militancia política era vital en una sociedad republicana traumatizada, que había perdido las estructuras de referencia de la vida civil y militar[114]. Como el mismo Miaja le comentó, muy irónicamente, al dirigente socialista italiano Pietro Nenni en noviembre, «soy más de izquierda que usted. Usted es de la Segunda Internacional, y yo, de la tercera. Pero en política, soy analfabeto»[115]. De hecho, Miaja era un militar conservador al viejo estilo que se mantuvo leal a la República durante la guerra, incluso a pesar de que le había soltado a Azaña una vez, cuando este último era ministro de la Guerra en 1933, que no había más remedio que fusilar a los socialistas[116]. Pero Miaja nunca asumió los principios liberales y democráticos que eran consustanciales a la República, como muestra su comentario retrospectivo —medio en broma pero, sin embargo, muy ilustrativo— de que una victoria republicana hubiera podido darle una carrera política parecida a la de Franco. Santiago Carrillo también diría más tarde que en 1937 Miaja incluso sugirió que no sería malo para la moral del frente que el PCE tomara las cosas bajo su control y pusiera término a las luchas en el Gobierno republicano, una opinión que suena verdadera porque refleja la atracción que muchos militares republicanos sentían por la disciplina del centralismo democrático[117].

Aunque muchos han dictado sentencia sobre las limitaciones militares y políticas —muy reales— de Miaja, su «provincialismo» era lo suficientemente inteligente como para entender que, como responsable de la Junta de Defensa, su función principal era gobernar y resolver lo mejor que pudiera sus conflictos políticos y organizativos internos para obtener los medios para la defensa civil y militar de Madrid. Su vanidad, sin duda, aumentó gracias a la aclamación popular de miles de madrileños corrientes —especialmente mujeres— que le consideraron el «héroe de Madrid». Y es que, en cierto sentido, el compromiso de Miaja con la República fue «forjado», como el de Rojo (que pudo haber tenido también lazos con la UME antes de la guerra[118]), por su experiencia de la resistencia popular en Madrid[119]. Esta experiencia tuvo un mayor impacto en Rojo, que era, en general, de opiniones más serias y profundas. Pero Miaja entendió la clave de su función como el «héroe necesario» en quien la población pudiera confiar y que proyectara una autoridad inequívoca y una completa fe en la victoria. Sin embargo, esto no es lo mismo que decir que creyó en su propio mito, aunque no tuvo reparos en aprovecharse de él para conseguir un ascenso personal. De hecho, mostró un fuerte e irónico sentido del humor en relación con su «mito», concediendo sus medallas de «héroe» a un hospital de sangre[120]. La campechana afabilidad de Miaja les sonaba falsa a los militares y políticos bien informados, incluidos Prieto y, más tarde, Negrín[121]. Pero era una parte importante de la atracción que Miaja ejercía sobre la población civil de Madrid y sobre sus tropas, como Azaña reconoció. La moral de los soldados era una condición necesaria para la supervivencia de la República y, para muchos de ellos, Miaja continuó siendo «un gran jefe», un dirigente en el que podían creer y hacia quien podían sentir lealtad. La importancia de este mito residía en su capacidad de canalizar el esfuerzo colectivo de defender la capital. Por la misma razón, el mito no fue creado, como se ha sugerido a menudo, solo por el PCE[122]. Pero la particular comprensión que tenían los comunistas de los requisitos de la movilización de masas les llevó a extenderlo de forma muy enérgica.

La especial importancia del PCE para Miaja procedía de su perfil único: el hecho de que su apoyo incondicional a la militarización, la centralización política y económica y la aplicación de una política de orden público rigurosa iba unido a un dinamismo organizativo singular. Aunque debemos ser cuidadosos en no interpretar la propaganda del partido como si fuera un fiel reflejo de la realidad, no hay duda de que había una aureola de vitalidad y un sentimiento de «puede hacerse» sobre el PCE que causaba una gran impresión en una situación en que estas cualidades tan importantes no se encontraban con frecuencia. El mismo Miaja lo sintetizó muy bien cuando comentó, nuevamente a Nenni: «Los comunistas me gustan porque son más capaces y resueltos. Los socialistas discuten y sopesan, después actúan, tienen un enorme espíritu de sacrificio y poco de iniciativa. Los comunistas actúan y no discuten, o si discuten es después de haber actuado. Militarmente hablando, es una superioridad»[123]. El perfil del PCE derivaba en gran parte de la férrea disciplina comunista. Pero el dinamismo del partido tenía también que ver con su rápido crecimiento, incluso antes de que la defensa de Madrid acelerara el proceso. Nuevos miembros de muy diversa procedencia —especialmente jóvenes— estaban afiliándose a las organizaciones del partido, principalmente a través de la Juventud Socialista Unificada (JSU), cuyos dirigentes estaban moviéndose rápidamente hacia la órbita del PCE.

La conexión del PCE con la Unión Soviética le dio un tremendo empuje en octubre de 1936, porque la ayuda soviética ofreció a la sitiada población de Madrid un apoyo psicológico crucial en un momento devastador de completo aislamiento internacional. Es esto lo que explica la repentina moda por objetos e imágenes soviéticos (gorras, insignias, carteles de propaganda y similar) entre la población de la ciudad, así como la calurosa acogida dada a las películas soviéticas[124]. Las películas sobre la revolución bolchevique y la guerra civil rusa serían usadas para levantar la moral de los soldados y civiles durante la batalla por la capital[125]. Pero más efectivos fueron los tanques y aviones soviéticos, en acción en el frente de Madrid desde finales de octubre. También fueron importantes los asesores militares enviados por la URSS. Nunca habría muchos —entre seiscientos y ochocientos en cualquier momento en el conjunto de la zona republicana y un máximo de tres mil personas durante la guerra—,[126] pero desempeñaron un papel vital. Sin embargo, en contra de la impresión dada a menudo, este fue un papel predominantemente técnico: los tres mil soviéticos incluían a muchos ingenieros, intérpretes y técnicos de distinto tipo, principalmente pilotos y tanquistas[127], porque el Estado Mayor republicano, dirigido por Rojo, tenía una gran necesidad de los que tuvieran un conocimiento práctico sobre cómo librar una guerra en condiciones modernas.

Por supuesto, esta necesidad, y la gratitud y aprecio que estimuló al principio, no evitó el surgimiento de tensiones entre los mandos militares republicanos y los asesores soviéticos. Con el paso del tiempo habría conflictos reales sobre prerrogativas organizativas y protocolo. Pero es engañoso explicarlos en función de un desacuerdo fundamental sobre la estrategia militar, y todavía más en función del deseo de Stalin de controlar el esfuerzo bélico republicano. Esto hubiera sido contrario a toda su estrategia en España y, en cualquier caso, hubiera sido materialmente imposible. En primer lugar, porque el personal soviético en España era demasiado escaso (principalmente los asesores políticos propiamente dichos frente a los técnicos especializados). En segundo lugar, porque también hubo una acusada falta de continuidad del personal. Este era constantemente retirado y reemplazado como consecuencia de las grandes purgas que paralizaban a la Unión Soviética[128]. La falta de compenetración entre los asesores militares soviéticos y los mandos militares republicanos se basaba en un conjunto de factores, de cultura militar, carácter personal y psicología. Muchos de los oficiales españoles no veían con buenos ojos la presencia de asesores extranjeros per se, especialmente de aquellos cuyas ideas y estrategias pudieran revelar sus propios defectos. A veces, los asesores carecían de tacto y no lograron comprender esta dimensión humana; algunos eran prepotentes: otros, sin embargo, se comportaron con bastante discreción ante la extrema susceptibilidad y el excesivo amor propio de muchos mandos militares españoles[129].

La Unión Soviética, por supuesto, no envió tropas de combate a España de la forma en que Alemania y, sobre todo, Italia hicieron, cada vez más, en apoyo de las fuerzas rebeldes. Pero la organización por parte de la Comintern de una fuerza voluntaria, las Brigadas Internacionales, que empezaron a llegar a España en octubre de 1936, proporcionó a la República un núcleo de combatientes experimentados que pudieron ser utilizados para ganar tiempo. Las Brigadas Internacionales simbolizaban el Frente Popular en armas. Sus miembros eran en su mayoría socialistas, comunistas y sindicalistas, es decir, trabajadores políticamente conscientes. Aunque llegaron voluntarios de todo el mundo, procedían principalmente de Europa[130]. Al principio, el mando militar de la República esperaba usar las Brigadas para atacar los flancos de las líneas enemigas, mientras las milicias defendían la capital. Pero la desmoralización de estas últimas era tal tras la marea de derrotas precedentes que este plan tuvo que ser abandonado, y las Brigadas fueron utilizadas en la defensa del mismo Madrid[131]. Pero, aunque fueron cruciales, ni esta utilización de las Brigadas ni el asesoramiento y la tecnología militar soviéticos podrían por sí solos haber salvado la capital. Mantener el frente de diez kilómetros a lo largo del que los rebeldes estaban atacando requería un enorme esfuerzo de militarización interna, al igual que una movilización de masas de la retaguardia[132]. Y, como Miaja comentó en privado, era aquí donde la superior disciplina y el dinamismo organizativo del PCE realmente contaba.

A largo plazo, una de las fuentes más importantes de la movilización republicana fue la JSU. En rápida expansión después del 18 de julio, proporcionó fuerzas vitales no solo para el Quinto Regimiento del PCE, sino también para otros batallones. Al final, aproximadamente el 70 por ciento de la fuerza total de la JSU[133] estaría manteniendo el esfuerzo bélico republicano en el frente. Los miembros de la JSU también contribuyeron de forma importante al comisariado político. Esta mayor presencia de los jóvenes en la esfera pública tiene que situarse en el contexto de un proceso de modernización social y política más amplia ya en marcha y acelerado por la rebelión del 18 de julio. Como muestran los informes de la Comandancia de Milicias, el reclutamiento para estas, lejos de derivar del «pueblo en armas» en general, o del movimiento obrero organizado en particular, procedía de forma aplastante de los sectores jóvenes —en este caso hombres— no cualificados y previamente no movilizados[134]. Un fenómeno similar de rápida movilización juvenil —de ambos sexos— era la base del crecimiento vertiginoso de la JSU desde finales de 1936 y durante 1937, sobre el que se construyó una parte importante de la estrategia de movilización política permanente del PCE.

Este utilizó las imágenes soviéticas para estimular tanto la movilización militar como la civil en Madrid. Se trazaron paralelismos propagandísticos entre los logros del Ejército Rojo bolchevique y el potencial del nuevo ejército republicano español en construcción. Pero los dirigentes del PCE eran muy conscientes de las grandes diferencias entre las dos situaciones históricas, algo que apenas favorecía a los republicanos españoles. La disparidad en el entrenamiento militar era la más crítica. En el caso de la guerra civil rusa, los campesinos y obreros alistados en el Ejército Rojo habían recibido ya un entrenamiento básico en la Primera Guerra Mundial, lo que también significaba que tenían armas. Pero España había sido neutral en la guerra de 1914-1918, y en 1936, aparte de la escasez de armas, había muy pocos soldados integrados en las milicias. La mayoría de los milicianos no habían manejado nunca antes un arma ni habían recibido ningún entrenamiento; de ahí su vulnerabilidad, como hemos visto, al hacer frente a los tanques, la aviación, la caballería y las tropas del Ejército de África en campo abierto. La defensa de Madrid también significó una guerra regular —aunque esta vez en las calles y no en espacios abiertos—, lo que al menos redujo la desventaja de los milicianos. Pero el entrenamiento militar seguía siendo un ingrediente vital; de ahí la importancia del Quinto Regimiento y también de las Brigadas Internacionales, de cuyo ejemplo las tropas españolas aprendieron tanto tácticas como disciplina. Entrenadas y, sobre todo, con mucha capacidad de maniobra, en noviembre las brigadas frenaron a las tropas del Ejército de África en la Casa de Campo, a las afueras de Madrid. A mediados de mes, estaban enfrentándose en una lucha sangrienta, cuerpo a cuerpo, en los edificios de la Ciudad Universitaria, al oeste de la capital. En esta fase, los comisarios políticos desempeñaron un papel vital en evitar la retirada de las tropas republicanas, que estaban aprendiendo rápidamente ante los ataques. Mientras tanto, las fuerzas combatientes locales del frente de Madrid, a la vez que entrenamiento, estaban también recibiendo refuerzos de otros lugares de la zona republicana, llegados a través de Valencia. Como un corresponsal de la época destacó, Franco cometió un error estratégico importante al no plantearse como objetivo desde un principio el cierre de la carretera entre Madrid y Valencia. Despreciando a sus oponentes, habló de dejar «huir a las ratas rojas». Pero «la marea que la inundó [la carretera] no fue una muchedumbre huyendo hacia Valencia, sino un ejército camino de Madrid»[135].

Entre los refuerzos llegaron algunos miles de catalanes, entre ellos los anarquistas de la Columna Durruti[136]. La batalla por Madrid fue el origen forzado del pragmatismo anarcosindicalista. Durruti, junto con otros dirigentes de la CNT como Juan García Oliver y Cipriano Mera, rápidamente comprendió que la supervivencia de la República dependía de su capacidad para desplegar un ejército en campo abierto y que todo ejército requería disciplina y una estructura de mando[137]. Entre las milicias de la CNT activas en el frente de Madrid hubo una oposición relativamente escasa, al aprender la realidad de estas necesidades a través de su propia y dura experiencia de lucha. La CNT de Madrid, como organización, también fue capaz de elaborar una propaganda movilizadora tan excelente como la del PCE. De hecho, la cuestión que enfrentó a anarquistas y comunistas en Madrid nunca fue la militarización per se (incluso el POUM defendió sistemáticamente un ejército centralizado con un mando único): fue el poder político, incluido el que procedía del control del proceso de militarización, al igual que del proceso paralelo de reconstrucción de las instituciones políticas y civiles en la retaguardia[138]. Es simplemente erróneo ver a la CNT, en cualquier lugar de España, como un monolito antimilitarista[139]. Ni siquiera era el antimilitarismo libertario un fenómeno único y homogéneo. Hubo, por supuesto, muchos casos de milicianos que prefirieron abandonar sus columnas antes que acceder a una militarización con la que estaban en profundo desacuerdo[140]. Pero, en una sociedad rural como la española, esta resistencia también era producto a menudo de necesidades prácticas (la militarización, por ejemplo, impedía a los soldados campesinos dividir su tiempo entre su tierra y el frente).

La muerte de Buenaventura Durruti el 20 de noviembre supuso el nacimiento de un icono anarquista, pero también la muerte de un símbolo viviente que la República en guerra difícilmente podía permitirse perder. Murió en los alrededores de la Ciudad Universitaria cuando regresaba del frente, probablemente como consecuencia de un disparo accidental de su propia arma o de la de uno de sus acompañantes. Sin embargo, las circunstancias trágicamente aleatorias de la muerte de Durruti se ocultaron porque todos los sectores dirigentes republicanos temían no solo alimentar los enfrentamientos políticos intestinos, sino también, sencillamente, desmoralizar a las tropas que luchaban para defender Madrid. Su muerte demostraría ser un momento decisivo para la CNT[141], pero la República liberal también necesitaba héroes como Durruti. La protección de la reputación del mítico anarquista era también un medio de proteger lo que las autoridades republicanas eligieron presentar como su aprobación de la reconstrucción tanto del Estado como del ejército, sintetizada en el famoso e impresionante, aunque probablemente apócrifo, lema: «Renunciamos a todo menos a la victoria»[142].

La victoria —o, de hecho, la supervivencia— de Madrid también exigía un importante esfuerzo de organización en la retaguardia. Las oleadas de refugiados que llegaban a la capital habían iniciado el proceso por el que la guerra entró en la conciencia popular. Esto fue reforzado por la participación civil en los trabajos de fortificación, que se aceleraron en noviembre. Pero fue el impacto devastador de las oleadas de bombardeos aéreos sobre objetivos civiles dirigidos por la Legión Condor alemana, entre el 14 y el 23 de noviembre, lo que acercó la realidad de la guerra moderna a la población de Madrid[143]. Sin embargo, lejos de minar la moral civil, como Franco esperaba, los bombardeos la reforzaron. Muchos los vieron como una prueba de lo que los refugiados contaban sobre las atrocidades cometidas por las fuerzas rebeldes en el sur, y adquirieron así la furiosa determinación de no rendirse nunca ante la barbarie de sus compatriotas. Sin embargo, Franco no recurrió a ataques con gas contra objetivos militares o civiles. Esta era un arma demasiado indiscriminada. Las líneas del frente estaban demasiado cerca unas de otras, serpenteando de forma irregular, mientras que la «topografía» política de la ciudad implicaba que, incluso sin la presencia de un viento fuerte, Franco se hubiera arriesgado necesariamente a gasear a sus mismos partidarios[144]. Los sindicatos de Madrid actuaron como agentes del Gobierno, aplicando las medidas de guerra de acuerdo con sus competencias específicas: comunicaciones, transportes, abastecimiento, fortificaciones, producción de guerra y otras tareas de defensa civil. Tanto los socialistas como los comunistas tomaron la iniciativa en el establecimiento de comités de vecinos para organizar la defensa civil. Asimismo, estos comités tenían que ocuparse de las necesidades de alojamiento de los refugiados y de otras contingencias relacionadas con la guerra, y también desempeñaron un importante papel en la vigilancia de las actividades de la quinta columna[145]. De forma importante, representaban el comienzo de la reconstrucción de la relación entre el Gobierno y la población civil destrozada por la rebelión.

Pero de nuevo fue el PCE de Madrid el que dirigió el camino, tanto cuantitativa como cualitativamente, con iniciativas organizativas que buscaron conectar la retaguardia con el frente. El partido intentaría desarrollar estas iniciativas en otras partes de la zona republicana, pero puede decirse que estas nunca fueron tan exitosas como el «prototipo» madrileño, impulsado por las necesidades de la campaña del invierno de 1936. En el centro de la estrategia del PCE estaba el Quinto Regimiento. Este tenía sus propios servicios de asistencia social, incluidas instalaciones para formar a personal auxiliar y sanitario. El Quinto Regimiento también estableció relaciones con las organizaciones de mujeres, especialmente con la frentepopulista Agrupación de Mujeres Antifascistas (AMA), para proporcionar apoyo a las familias de los soldados, incluso mediante la creación de una guardería. Además, el regimiento estableció lazos con algunas fábricas dedicadas a la producción de material de guerra. Inició cursos de alfabetización y de educación general, organizó conferencias, proyecciones de películas y exposiciones y, a través de campañas de prensa y carteles, promovió sus ideas en el nuevo ejército a la vez que mejoró las comunicaciones entre el frente militar y la retaguardia. También inició la utilización de altavoces para transmitir propaganda republicana a las trincheras rebeldes. A finales de 1936, una parte del cuartel del regimiento fue también convertida en «Casa del Combatiente», que ofreció instalaciones educativas y recreativas a los soldados y que anticipó los Hogares del Soldado del mismo Ejército Republicano[146]. Pero, por entonces, el regimiento estaba en la práctica desmantelado, al haberse incorporado en torno al 70 por ciento de sus bases a las Brigadas Mixtas, y sus funciones asistenciales volvieron, cuando era apropiado, al Estado Mayor republicano. Una vez cumplido su propósito, el Quinto Regimiento fue disuelto formalmente el 27 de enero de 1937. A través de él, el PCE demostró no solo sus considerables capacidades organizativas prácticas, sino también que comprendía, como ningún otro grupo republicano, que el desafío que representaba la guerra total requería nuevas formas de organización. Ocupándose de la asistencia y la moral, estas tenían que asegurar una movilización permanente, física y psicológica, tanto de la retaguardia como del frente militar para que cada uno entendiera su relación de dependencia mutua y las razones globales de su lucha. Fue esta comprensión y la capacidad del PCE de actuar en consecuencia, llevando a cabo iniciativas útiles, lo que les dio ventaja sobre la CNT y los socialistas.

Los comunistas atraían, sobre todo en Madrid, a jóvenes de una gran variedad de clases sociales. Como el entonces líder de la JSU y más tarde teórico del Partido Comunista y disidente Fernando Claudín comentó de forma perspicaz: «Fueron atraídos por las virtudes militares del partido y por una ideología simplificada en la cual la idea de revolución se identificaba con un antifascismo mezclado con patriotismo»[147]. A esto se debe añadir la atracción de lo moderno y novedoso, porque la «Unión Soviética», independientemente de cualquier otra cosa que pudiera representar en la España de los años treinta, evocaba una poderosa imagen de modernidad política y cultural especialmente atractiva para los españoles jóvenes, y también para algunos no tan jóvenes, que buscaban un modelo, o al menos ejemplos, de cambio que pudieran ofrecer claves para su propia situación y sus aspiraciones. O, como podría decir un teórico cultural, el PCE estaba apelando al imaginario popular republicano e influyendo en él. Esto también tiene que entenderse en el contexto más amplio de la recepción cultural y social de imágenes de la Unión Soviética a lo largo de los años veinte y treinta en España, un tema importante que todavía aguarda su investigador.

El fenómeno del protagonismo juvenil tampoco estaba circunscrito a las bases del Partido Comunista. En general, los dirigentes de la JSU tenían en torno a veinte años. Esto reflejaba un cambio generacional posterior a 1918. Pero, durante la guerra, en la zona republicana este cambio generacional llegaría a ser una verdadera revolución, al recibir estos líderes juveniles «jóvenes» responsabilidades políticas nacionales importantes. Los observadores contemporáneos destacaron la juventud de muchos de los miembros de la Junta de Defensa de Madrid[148]: por ejemplo, el secretario general de la JSU, Santiago Carrillo, tenía solo veintiún años cuando fue nombrado consejero de Orden Público. La guerra también presenció un importante cambio en las relaciones de género, al unirse un gran número de mujeres jóvenes a la JSU y cumplir en la retaguardia nuevas funciones relacionadas con la guerra. Además, esto produjo otra «Guerra Civil dentro de la Guerra Civil», librada en muchas familias españolas en la zona republicana cuando las jóvenes desafiaron las convenciones sociales para permanecer hasta tarde fuera de casa por sus responsabilidades en la JSU.

La característica más llamativa de la militancia comunista durante la guerra fue su «carácter híbrido». Esto es cierto tanto si uno observa los grupos más jóvenes como los mayores —el movimiento juvenil o el partido propiamente dicho— o las diferentes organizaciones frentepopulistas que fomentó el PCE; por ejemplo, y ante todo, la de las mujeres (la AMA). Este carácter híbrido es cierto en general para toda la zona republicana, aunque los motivos concretos que llevaban a la gente a afiliarse al partido o, al menos, a participar en organizaciones frentepopulistas, variaban en las diferentes regiones. En Madrid y en el frente del centro el impacto de la guerra fue, desde luego, de suma importancia. Ya hemos analizado el caso particular de los militares profesionales. Pero el contexto general «neoclientelista»[149] inducía a que la gente ingresara en partidos y sindicatos buscando protección social y política en unos tiempos inciertos y caóticos, y muchos optaron por el Partido Comunista porque era la formación mejor organizada, más disciplinada y más eficiente. Esto era también cierto para antiguos afiliados socialistas o republicanos, al igual que para quienes —la mayoría— no habían pertenecido previamente a ninguna organización política[150].

En Cataluña, donde el conflicto militar fue una perspectiva más distante durante más tiempo, la atracción del Partido Comunista era todavía muy considerable, aunque allí había un partido independiente, el PSUC, que mantenía un fuerte carácter catalanista[151]. La atracción comunista era también notable en la región valenciana, que siempre ocupó una posición de retaguardia. En ambos lugares, especialmente en Cataluña, esta atracción se debía principalmente a que los partidos comunistas ofrecían la defensa más fuerte de la propiedad privada y del orden público en zonas que habían resultado más afectadas que Madrid por los desafíos al statu quo social y económico; así, pequeños propietarios agrícolas y dueños de talleres industriales y establecimientos comerciales se unieron en tropel al PCE o al PSUC. Por la misma razón, la ausencia de cualquier tentativa de revolución social en el País Vasco republicano, al igual que las fuertes lealtades políticas nacionalistas de las clases medias bajas —encuadradas en el PNV—, hicieron que el PCE permaneciera como un partido marginal. Lo mismo pasó en la otra zona del norte republicano, Asturias. Allí, la única clase media de propietarios importante a la que el PCE podría haber atraído vivía en la capital de la región, Oviedo, que estaba en poder de los rebeldes.

Pero, a pesar de que el PCE atraía a sectores de clases medias en distintas zonas del territorio republicano, retuvo su base obrera de preguerra. De hecho, la amplió. La naturaleza interclasista del Partido Comunista de España durante la guerra, evidente también en la JSU y en la organización de mujeres, la AMA, constituye la clave de la importancia del partido en este período. Porque lo que el PCE fue capaz de lograr, al menos durante un tiempo, fue la recreación en su interior, como organización de masas, de la alianza interclasista del Frente Popular destrozada por la rebelión militar. La hipótesis propuesta aquí sobre la importancia del PCE como el creador de imágenes y símbolos patrióticos e integradores para una política y una sociedad republicanas fracturadas (en las cuales, de lo contrario, hubiera habido demasiados símbolos en conflicto) requiere una investigación más amplia que la aquí posible. De hecho, hace falta una historia social bien documentada de las organizaciones comunistas de España durante la guerra. Pero lo que está ya claro es que la capacidad del PCE para dirigirse a la vez a una variedad de sectores sociales y políticos e incorporarlos, utilizando discursos políticos en consonancia con cada sector, lo convirtió en el primer partido de la izquierda en contribuir de forma importante a alcanzar el objetivo fundamental de la política española desde 1931: la movilización política interclasista. Esta búsqueda de un proyecto nacional de modernización social y política —pero no socialista— había sido prefigurada antes de la guerra en los discursos del dirigente del PSOE Indalecio Prieto, que había animado a su propio partido a tomar la iniciativa[152]. Pero sería el PCE del período de la guerra el que, al final, obrase de acuerdo con la estrategia de Prieto de «pensar como republicanos». Como resultado, hubo cada vez menos cosas que podamos identificar como «comunistas» en el contenido del discurso político[153] y en los proyectos culturales del PCE durante la guerra. Lo que era radical —es decir, nuevo o incluso «comunista»— no era el contenido de sus políticas, sino sus técnicas organizativas. Uniendo las dos cosas, el PCE se convirtió durante la guerra en el mejor partido republicano que España había conocido nunca.

La inevitable pregunta que surge es por qué el Partido Socialista Obrero Español no estaba desempeñando este papel clave. Hasta el golpe militar del 18 de julio había tenido una posición política mucho más destacada que el PCE. De hecho, los socialistas —el partido y el sindicato— constituyeron el único movimiento político parlamentario de masas de la izquierda en España antes de la guerra. Madrid en especial había sido un feudo socialista. Pero la imagen del Gobierno abandonando Madrid en noviembre de 1936 dañó al PSOE más que al resto de las fuerzas políticas de la España republicana, dado que formaba el núcleo del Gobierno «que huía». Además, la Comisión Ejecutiva Nacional del PSOE también se marchó a Valencia, y se dio así la impresión de una retirada sistemática de sus dirigentes. Los socialistas cometieron otro error al enviar a militantes de base relativamente desconocidos (Máximo de Dios y Fernando Frade), para representar al partido en la Junta de Defensa, porque la consideraron una institución efímera[154]. El PCE, por el contrario, nombró a dirigentes nacionales y provinciales: al miembro de su Buró Político Antonio Mije, y a Isidoro Diéguez, de la ejecutiva del PCE de Madrid, al igual que a miembros de la ejecutiva de la JSU. (El hecho de que los dirigentes nacionales de la CNT también hubieran «abandonado» Madrid lo compensó el que sus ministros en el Gobierno de Valencia, Montseny y García Oliver, viajaban constantemente entre Madrid y Valencia). Muchos socialistas a título individual —conocidos y desconocidos— sí que permanecieron en Madrid para asumir importantes responsabilidades relacionadas con la defensa y administración de la ciudad: por ejemplo, Carlos Rubiera, que fue gobernador civil y, después, ocupó diferentes cargos en comités relacionados con la guerra, como la evacuación y el abastecimiento[155], y Julián Zugazagoitia, el director de El Socialista[156]. Pero esta presencia hizo poco para contrarrestar la impresión predominante de parálisis del PSOE.

Un factor primordial que contribuyó mucho al deterioro del prestigio del PSOE fue la falta de apoyo a la República desde las organizaciones de la Internacional Obrera Socialista. En cambio, el PCE se benefició del gran optimismo generado por la obtención de ayuda militar soviética y el apoyo de la Comintern, tanto en la forma de las Brigadas Internacionales como de un importante movimiento de solidaridad europeo que recogía ayuda humanitaria y presionaba para que se abandonase la política de no intervención. Pero la pasividad de la Internacional Socialista no es, ni mucho menos, la única explicación del eclipse del PSOE, porque los socialistas estaban ya en una grave crisis interna antes de la guerra.

El partido estaba muy dividido y la parálisis resultante había impulsado la marcha de la Federación de Juventudes Socialistas (FJS), que, como hemos visto, decidió, sin la aprobación del PSOE, unirse a su homóloga Unión de Juventudes Comunistas en la primavera de 1936. Este fue un paso que marcó el inicio del fin del control del partido sobre su movimiento juvenil. Pero esto fue en sí mismo un síntoma, más que la causa subyacente de la crisis socialista, aunque el PSOE culparía mucho de su grave situación durante la guerra a esta pérdida. Las razones de la crisis socialista estuvieron estrechamente ligadas a la misma identidad del PSOE y de la UGT como entidades políticas. Como hemos visto en la introducción y en el capítulo 1, los mismos valores que habían modelado históricamente al movimiento socialista español implicaban que ni el PSOE ni la UGT eran capaces de responder de forma efectiva al apremiante reto político de la movilización política de masas. Históricamente, los socialistas habían buscado garantizar lo que consideraban la salud organizativa del movimiento, exigiendo un alto grado de conciencia política a sus militantes. La movilización política de masas en los años treinta obligó a la UGT a aceptar a nuevos militantes con escasa educación, tanto general como política. Pero en realidad no se sabía cómo integrar estos sectores en el movimiento socialista, y, además, había una falta de disposición, bastante inconsciente, a hacerlo, por temor a sus consecuencias organizativas. Los dirigentes socialistas españoles, tanto los del partido como los del sindicato, veían todavía la política como el «campo de acción» de una élite dentro del Parlamento, más que el de una población movilizada rápidamente que presionara por el cambio social desde la calle. Esta tensión subyacente en el movimiento socialista estaba ya consumiendo sus energías en la primavera de 1936, y, a la vez, había animado el abandono del PSOE por parte de la Federación de Juventudes Socialistas.

Lo que antes era urgente se convirtió en imprescindible después del 18 de julio. La movilización de masas pasó a ser la condición sine qua non para la supervivencia de la República. Pero los socialistas se volvieron incluso más temerosos de la expansión del partido en un tiempo tan «anormal». De ahí el consejo repetido hasta la saciedad por sus dirigentes veteranos de no «pescar en río revuelto»[157]. Como consecuencia, durante la guerra el PSOE perdió militantes en favor del PCE, entre ellos algunos muy destacados, como la diputada socialista por Badajoz Margarita Nelken, el alma de la defensa de Madrid[158]. De hecho, su caso es emblemático, porque su lealtad hacia el PCE provino de la experiencia transformadora del asedio de Madrid. Al final, la guerra supondría la cristalización definitiva de la crisis política interna del PSOE con la emergencia de dos posturas opuestas. Estaban los socialistas, como Largo Caballero y muchos de sus viejos compañeros de la UGT, tanto reformistas como del ala izquierda, para quienes el esfuerzo bélico tenía que pasar a un segundo plano frente a la protección del «patrimonio» socialista, aunque, sin duda, nunca lo propusieron conscientemente en estos términos[159]. Esto significaba impedir la entrada en las organizaciones socialistas de viejas y nuevas amenazas: quintacolumnistas, comunistas o, en general, personas consideradas inadecuadas para el movimiento socialista. Por otra parte, había miembros del PSOE y de la UGT —entre ellos dirigentes como Prieto, Ramón Lamoneda, secretario general del PSOE durante la guerra, y el mismo Juan Negrín— para quienes el partido era un instrumento para lograr una reforma profunda de la vida política y la sociedad españolas. Para este grupo, la guerra estaba siendo librada como un último intento de salvar la misma posibilidad de este cambio, y, si era necesario, merecía la pena sacrificar al Partido Socialista en la batalla. Desafortunadamente para el PSOE, muchos de los socialistas que creían esto también llegaron a la conclusión de que podían contribuir más al esfuerzo bélico republicano desde las filas del PCE. Esta era una decisión basada principalmente, si no exclusivamente, en criterios organizativos más que en diferencias ideológicas. De hecho, se puede considerar que el PCE recogió en tiempos de guerra los objetivos «históricos» de los socialistas de renovar el Estado[160]. Y en ningún lugar fue tan pronto evidente la contribución del PCE a la renovación de la autoridad del Gobierno como en el Madrid sitiado del invierno de 1936.

Uno de los principales objetivos de la Junta de Defensa durante este período fue la evacuación de la población civil de la capital. Alguna forma de evacuación ya se había realizado desde octubre por la necesidad de dispersar la acumulación de oleadas de refugiados procedentes del sur, que habían huido de allí ante el avance del Ejército de África. Pero desde el 7 de noviembre la situación se agravó. El millón de habitantes de Madrid pasaron a ser aproximadamente 1 300 000, incrementados por tropas y refugiados. La presión adicional sobre los alimentos y el alojamiento, cada vez más insuficientes, aumentó más con el desplazamiento de los mismos residentes del sur y de partes del oeste de la capital provocado por el asedio. La conmoción del asalto inicial de las fuerzas insurgentes llevó a algunos a abandonar la ciudad. Pero la mayoría de los madrileños eran extremadamente reticentes a marcharse o, incluso, a dejar que sus hijos se marcharan a lugares con condiciones desconocidas y con cuidadores anónimos, incluso aunque esto significara la mayor seguridad de las regiones de Valencia y Cataluña, en la retaguardia. Pero, al pasar el tiempo y deteriorarse el abastecimiento de comida y las condiciones de vida esta reticencia disminuyó, especialmente cuando se supiera que los niños eran llevados a colonias infantiles establecidas por diferentes instituciones de ayuda a los refugiados, españolas y extranjeras. Los únicos adultos evacuados fueron aquellos que siguieron a miembros de su familia que obtuvieron empleos relacionados con el Gobierno en Valencia. La gente tenía un fuerte apego a su patria chica[161]. Esto intensificaba lo que eran también miedos muy reales sobre el destino de sus casas y las pertenencias que quedasen si ellos se iban. Las autoridades de Madrid eran técnicamente responsables de asegurar que estas no sufrieran ningún daño, pero en una situación de guerra, con tantas otras cosas que las autoridades tenían que supervisar, la gente corriente albergaba dudas muy comprensibles. Además, todos recordaban el desbarajuste de las primeras semanas, cuando las «patrullas» e incluso individuos aislados habían podido apropiarse, en la práctica, de cualquier cosa que quisieron. Esto ya no era así, pero el recuerdo era todavía muy vivo[162]. Además, había madres, hermanas y esposas que eran reticentes a abandonar a los hombres de la familia en el frente de Madrid o cuyo empleo estaba en Madrid (los hombres adultos necesitaban un permiso especial para ser evacuados[163]). La Junta y sus organismos dependientes hicieron una continua campaña de propaganda a favor de la evacuación civil, cubrían el coste del viaje y garantizaban el alojamiento en el lugar de destino. Pero era difícil disminuir la reticencia popular. Además, había también serias restricciones materiales en el ritmo de evacuación: los medios de transporte y la gasolina eran muy escasos. Aunque se utilizó el sistema ferroviario, la carretera fue el medio predominante. También existían impedimentos organizativos difíciles de solucionar derivados de la fragmentación del poder del Estado. Durante el mes de noviembre, cuando el ritmo de evacuación alcanzó su punto más alto, se marcharon unas doscientas cincuenta mil personas. El 9 de diciembre, la Junta informó de que su número había superado ya las trescientas mil[164]. La evacuación siguió durante 1937, pero a un ritmo decreciente. El transporte todavía presentaba problemas, pero el descenso tenía que ver sobre todo con la reticencia de la gente a marcharse, a pesar de las numerosas muertes producidas por los ataques aéreos. En vista de la presión cada vez mayor sobre los recursos, incluidos los humanos, la dificultad de garantizar la seguridad de los civiles y el miedo creciente a enfermedades contagiosas, a finales de 1936 la Junta aprobó medidas para exigir la evacuación de los grupos no esenciales. Pero solo se obligaría a cumplir estas medidas a los refugiados en tránsito. A finales de mayo de 1937 la Junta afirmaría que un total de setecientas mil personas habían sido evacuadas. Pero esta era, sin duda, una exageración basada en las estadísticas de cartillas de racionamiento distribuidas en la ciudad[165].

Desde la perspectiva de la Junta, hubiera sido útil un ritmo mayor de evacuación de civiles. Aparte de objetivos humanitarios importantes, hubiera hecho más fácil identificar y controlar el serio peligro que suponían en una ciudad sitiada las actividades clandestinas de los espías y saboteadores. Fue la presencia de esta quinta columna, cuando el enemigo estaba a las puertas de la ciudad, lo que hizo de la política de orden público un tema grave y difícil. En particular, se temía que, si las fuerzas rebeldes se abrían camino hasta la capital, su capacidad militar recibiría un empuje significativo con la experiencia de los cientos de oficiales detenidos en las cárceles de Madrid y, sobre todo, de los de la cárcel Modelo, que se encontraba muy cerca de las líneas enemigas, al oeste de la ciudad. Por esto, Largo Caballero había dado instrucciones a su ministro de Gobernación, Ángel Galarza, para llevar a cabo el traslado de estos prisioneros de alto riesgo y, en especial, de los oficiales prorrebeldes fuera de Madrid, a cárceles ubicadas en el interior de la retaguardia republicana. Pero con la típica lentitud que afectaba a todos los procesos en el Gobierno de Largo Caballero, ningún traslado se había efectuado todavía cuando el Gobierno abandonó Madrid el 6 de noviembre.

Fue, por tanto, la Junta de Defensa de Madrid la que heredó la responsabilidad de supervisar los traslados. Pero, por definición, esto significa que lo hizo precisamente en el momento en que la situación militar de Madrid se volvió crítica. La ciudad estaba sitiada, con un enemigo a las puertas que había mostrado ya que poseía una extraordinaria información militar y política sobre la República[166]. Varias embajadas protegían a refugiados prorrebeldes armados[167]. Incluso sin la contribución de la quinta columna, la defensa republicana era muy precaria. Los madrileños habían sufrido ya ataques aéreos y temían que hubiera más. Si los rebeldes entraban, ¿habría en Madrid atrocidades como las producidas en el sur y relatadas por los refugiados? Los ánimos estaban en tensión en la ciudad, y estos temores no estaban limitados a la gente corriente. Los nervios de los cuadros políticos que habían permanecido para servir a la Junta eran también tensos: el Gobierno se había marchado, y estaban solos con mucho que organizar y con muy pocos medios. ¿Quizá el día siguiente amanecería con las fuerzas enemigas en la ciudad y sus propias ejecuciones[168]? El sentimiento de vivir al límite, de que solo había dos opciones en la lucha (la supervivencia o la destrucción), envuelve los días de noviembre, y aumentó muchísimo el miedo y el odio hacia el enemigo interno.

El traslado inicial de los detenidos, según lo había organizado el Gobierno antes de su marcha, tuvo lugar durante el 7 y el 8 de noviembre, cuando hubo evacuaciones desde las cuatro cárceles de Madrid, incluida la Modelo[169]. Varios convoyes salieron hacia cárceles situadas fuera de la capital: en Alcalá de Henares, Chinchilla y el pueblo valenciano de San Miguel de los Reyes. Pero la mayoría nunca llegaron a su destino y, especialmente, el que procedía de la evacuación más grande: la de 970 detenidos de la Modelo. Unos 1200 prisioneros fueron fusilados en los pueblos de Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz, situados en la carretera de Aragón, en las afueras de Madrid[170]. Durante el resto del mes y hasta principios de diciembre —de hecho, hasta el final del asedio—, hubo otra serie de evacuaciones más pequeñas, que acababan siempre en esa misma zona con el asesinato de parte de los prisioneros a los que se trasladaba. Había habido «sacas» en Madrid y en otros pueblos republicanos antes, y continuaron en diciembre de 1936. Fueron invariablemente el resultado de la violencia popular, cuando multitudes airadas asaltaron las cárceles después de alguna provocación, como noticias de atrocidades en la zona rebelde o, de forma más frecuente, después de ataques aéreos[171]. Pero Paracuellos fue diferente. En este caso, las implicadas en los asesinatos extrajudiciales fueron las mismas fuerzas de seguridad (guardias de seguridad y de asalto, al igual que milicianos)[172] encargados de los traslados de prisioneros, es decir, los mismos representantes de la autoridad política republicana cuya reaparición se suponía que detendría los asesinatos extrajudiciales.

Precisamente a causa de esto, Paracuellos llegaría a ser un punto fundamental en el martirologio de la «Cruzada», creado para legitimar al régimen de Franco después de la guerra. Dado el tono anticomunista de la «Cruzada», la acusación se dirigió principalmente contra Santiago Carrillo, responsable del PCE desde 1960, quien el 6 y 7 de noviembre de 1936, como secretario general de la JSU, se había convertido, a los veintiún años, en el consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid[173]. También fue acusado el entonces ayudante de Carrillo en la consejería, Segundo Serrano Poncela, de veinticuatro años, y, como Carrillo, un antiguo dirigente de la Federación de Juventudes Socialistas y miembro de la ejecutiva de la JSU. Estas acusaciones se realizaron a pesar de que hasta el 22 de noviembre las órdenes de traslado de prisioneros fueron firmadas por el policía Vicente Girauta Linares, subdirector de la Dirección General de Seguridad, que dependía del ministro de Gobernación, Galarza. Las instrucciones para la evacuación no fueron ni explícita ni implícitamente órdenes de matar, porque no todos los detenidos trasladados fueron fusilados. Sin embargo, el elevadísimo número de asesinatos indica un plan previo y la participación de agentes de la Dirección General de Seguridad, que seguía a las órdenes de Valencia tanto en el momento de los primeros traslados del 7 y 8 de noviembre como durante la mayor parte del mes[174], y sugiere que la responsabilidad por lo sucedido iba más allá de los jóvenes socialistas unificados que dirigían la consejería de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid[175]. También lo sugieren las respuestas cuidadosamente evasivas dadas por Galarza el 11 de noviembre a sus colegas de gabinete Manuel de Irujo y José Giral (ministros sin cartera del PNV y de Izquierda Republicana, respectivamente) una vez que salieron a la luz las noticias sobre los asesinatos a través de canales diplomáticos y de la Cruz Roja[176]. Ángel Galarza había sido director general de Seguridad republicano en 1931, y bajo sus auspicios se había creado la Guardia de Asalto. Miembro fundador del Partido Radical-Socialista, Galarza se había afiliado al PSOE en 1933. Pero, a pesar de su nuevo republicanismo socialmente reformista, su modus operandi político todavía llevaba el sello de las triquiñuelas y corrupciones políticas derivadas del viejo orden clientelista anterior a 1931. Los enfrentamientos entre Irujo, Giral y Galarza ocurridos en noviembre de 1936 prefiguraron los amargos conflictos de 1937 y 1938 dentro del Gobierno republicano en torno a cuánto se debían relajar las garantías constitucionales ante la raison de guerre[177].

En el Madrid de noviembre de 1936 las prioridades aparecían con total claridad. Estos fueron los días de las principales batallas en la Casa de Campo. El día 15, las fuerzas rebeldes cruzaron el río Manzanares hacia la Ciudad Universitaria, donde hubo encarnizados combates cuerpo a cuerpo. Desde el 14, se produjeron otra vez fuertes ataques aéreos dirigidos contra civiles. Hubo también episodios espantosos, como uno en que el cuerpo de un piloto de combate republicano, desmembrado por los rebeldes, fue lanzado sobre Madrid[178]. Los temores hacia el enemigo interno —y hay que recordar que el general Mola había acuñado el término «quinta columna» y la había descrito como su arma secreta— crecieron al hacerse mayor la amenazadora presencia del enemigo «de fuera». Para entender por qué sucedieron los asesinatos de Paracuellos hay que tener en cuenta las circunstancias históricas de noviembre de 1936 y la vulnerabilidad, grave e irrepetible, del Madrid sitiado. Hubo un momento en que el frente enemigo estuvo solo a unos doscientos metros de la cárcel Modelo.

En la medida en que la Comintern y los representantes soviéticos ejercieron alguna influencia sobre el destino de los prisioneros, esta fue también indirecta. Mijail Koltsov, periodista y observador político soviético del que se rumoreaba que estaba en contacto directo con Stalin, dejó claro que consideraba muy peligroso dejar en Madrid a centenares de prisioneros hostiles, sobre todo a los militares. Sus temores derivaban de la experiencia rusa de revolución y guerra en condiciones de asedio[179]. Sin embargo, en la medida en que su preocupación llegó a ser escuchada, fue porque reproducía los temores de los mismos defensores republicanos. Y aunque la «influencia soviética» proporciona un ruido de fondo en las fuentes franquistas, es significativo que su foco central sean siempre los protagonistas republicanos españoles.

Dado los cargos que ocupaban, Carrillo y Serrano Poncela tenían obviamente parte de responsabilidad política por lo ocurrido[180]. La insistencia posterior de Carrillo en que solo había oído el nombre «Paracuellos» después de la guerra parece literalmente increíble[181]. Sin embargo, en un aspecto importante Carrillo cuenta de forma consistente una verdad emocional central sobre lo que se sentía en Madrid en noviembre de 1936: dada la magnitud de lo que la gente estaba sufriendo, los enormes riesgos que estaban corriendo en la defensa de la ciudad (el esfuerzo colosal de organización, la lucha militar, las muertes en la batalla y en los ataques aéreos en la retaguardia) cuando llegaron los rumores de asesinatos de prisioneros en las afueras parecieron, en cierta medida, remotos y, en el contexto de las necesidades inmediatas, de importancia secundaria[182].

El hecho de que las medidas de orden público de la Junta de Defensa produjeran una rápida mejora general de la seguridad de la población fue, sin duda, un factor que contribuyó, porque había sido la «justicia» violenta, generalizada e impredecible de las patrullas nocturnas lo que más había alimentado las ansiedades públicas en la ciudad. Aunque llevaría hasta los primeros meses de 1937 erradicar este fenómeno, la Junta redujo su existencia en Madrid a casos aislados y esporádicos[183]. Esta mejora colectiva y acumulativa del orden público también supuso el final de las «sacas» de las cárceles. El nuevo delegado de prisiones de la CNT, Melchor Rodríguez, que ocupó su cargo el 4 de diciembre, aumentó las medidas de seguridad en los traslados de las cárceles y prohibió que estos se hicieran por la noche[184]. Pero de máxima importancia fue también el mismo final del asedio, que redujo muchísimo la tensión en la ciudad. En general, la actividad de la quinta columna fue bastante controlada por las acciones de la Junta, y solo reaparecería como un problema importante cuando las condiciones materiales de la retaguardia empezaran a deteriorarse de forma grave a finales de 1937 y proporcionaran nuevas oportunidades.

Pero es también importante tener en cuenta que las medidas de orden público de la Junta, incluidas las dirigidas al control de la quinta columna, representaban algo más: eran también parte de una lucha por el poder político dentro de la zona republicana. En Madrid, la campaña de la Junta contra los incontrolados y la fragmentación del poder político la llevaron a cerrar cárceles y centros de interrogación privados, manejados antes por diversas organizaciones políticas y, en particular, por comunistas y anarquistas. Pero esta consolidación de la maquinaria del orden público de acuerdo con las directrices del Gobierno central no puso término a la lucha organizativa: simplemente la reconfiguró. Es en estos términos, por tanto, que debe entenderse gran parte del conflicto entre el PCE y la CNT en la Junta, hasta su disolución por el Gobierno de Valencia a finales de abril de 1937.

El miembro de la JSU José Cazorla, que reemplazó a Carrillo como consejero de Orden Público a finales de diciembre de 1936, consolidó el control de la Junta sobre las fuerzas de seguridad y aplicó rigurosas medidas de investigación y castigo contra quienes eran sospechosos de subversión prorrebelde y actividades quintacolumnistas, desde el sabotaje hasta, en sus peores extremos, las conspiraciones en el ejército o las acciones violentas dirigidas a desacreditar a la República interna y externamente. Estableció para los últimos casos un sistema de detención preventiva de personas sospechosas pendientes del resultado de nuevas investigaciones policiales, que tenían como consecuencia el castigo, a menudo en brigadas de trabajo, o la evacuación de Madrid.

Rápidamente la CNT denunció estas medidas en la Junta como formas encubiertas de persecución de sus miembros. Acusó a Cazorla de detenciones ilegales y más tarde, en abril de 1937, de inventar acusaciones de espionaje contra cenetistas. Esto explotaría en una dañina disputa en la prensa, a pesar de las regulaciones de la censura, a las que no hizo caso ninguno de los participantes. Las quejas de la CNT no siempre carecían de fundamento. Pero Cazorla era muy consciente de la necesidad de erradicar un peligro real para la seguridad de la República: los argumentos que presentó de forma convincente en la reunión de la Junta del 15 de abril eran, de hecho, irrefutables en lo esencial; de ahí el significativo bochorno personal del representante de la CNT (Marín) al tener que insistir en lo contrario[185]. En particular, estaba el delicado asunto de las embajadas prorrebeldes en Madrid que servían como base para la conspiración de la quinta columna. A menudo, los Tribunales Populares simplemente absolvían a personas sobre las que no tenían datos, sin realizar ninguna investigación independiente porque no tenían recursos. Era bien sabido que parte de estos individuos se refugiaban posteriormente en las embajadas en cuestión. Cazorla, preparado para realizar acciones contundentes y tratar el problema constitucional más tarde, había vuelto a arrestar a muchos de ellos en las puertas de los tribunales.

Pero aunque Cazorla podía justificar su política de orden público, es posible que el personal de orden público (nuevo o viejo) que la aplicaba tuviera motivos bastante más variados cuando había cenetistas implicados. A algunos sin duda les impulsaban motivos partidistas. Sin embargo, entre los «viejos» policías de Madrid muchos eran «nuevos» comunistas, es decir, habían adquirido el carnet del PCE después del 18 de julio de 1936. Por tanto, eran los mismos miembros de las fuerzas de orden público que habían tratado con la CNT antes de la guerra, con exactamente las mismas actitudes. Cazorla fue franco sobre la existencia de algunas irregularidades graves, incluidos asesinatos, secuestros y otras formas de coerción. Pero había actuado públicamente contra todo caso que llegaba a su conocimiento. Cazorla sabía exactamente cuál era el origen del problema cuando destacó que «hoy es más fácil ser ladrón que en ninguna otra ocasión porque no tenemos un Estado organizado»[186]. Desafortunadamente, esta desorganización también facilitaba conductas dudosas dentro de las instituciones en reconstrucción del Estado, y el mismo personal de Cazorla no era inmune a esta situación[187]. Pero tampoco la CNT ocupaba una elevada posición moral: hubo casos, en Madrid y en otros lugares, de detenciones ilegales y de extorsión de fondos realizadas por individuos que afirmaban ser miembros de la CNT[188].

Los representantes del PCE en la Junta también contraatacaban, de forma predecible pero también con algo de verdad, recordando que, siempre que había insubordinación de cualquier tipo frente a las instrucciones del Gobierno, había cenetistas implicados. De hecho, la CNT de Madrid confesó de forma bastante apabullante que no podía cambiar de la noche a la mañana las actitudes antiautoritarias profundamente arraigadas en muchos de sus afiliados, con guerra o sin ella. Como resultado, en este caso la CNT fue incapaz de aprovecharse del apoyo de los consejeros republicanos y socialistas que, en otras circunstancias, buscaban mantener al PCE y a la CNT en equilibrio en la Junta.

Aunque había un telón de fondo ideológico en la confrontación entre la CNT y el PCE en Madrid, no era comparable a la confrontación surgida a principios de 1937 entre anarquistas y comunistas en Cataluña en torno a las directrices del Gobierno para desarmar a la retaguardia y centralizar la política de abastecimiento. La CNT de Madrid ocupaba el puesto clave de Industrias de Guerra en la Junta. Esto le exigía supervisar la movilización industrial de la que dependía el abastecimiento del importante frente del centro. Esta responsabilidad directa y urgente de mantener el frente, en particular garantizando un movimiento rápido y fiable de provisiones y personal, hizo que la centralización de tales funciones fuera un tema mucho menos polémico en Madrid de lo que lo fue en Cataluña, al menos en lo que concierne a los dirigentes locales de la CNT. En Madrid, la raíz del conflicto entre el PCE y la CNT fue «una lucha de organizaciones», como el consejero socialista Máximo de Dios reconocería abiertamente en febrero de 1937. El mismo hecho de que los partidos políticos y sindicatos fueran requeridos para cumplir importantes funciones asistenciales por las deficiencias del Estado —por ejemplo, tanto los partidos como los sindicatos organizaron comedores y guarderías— era, en la práctica, otro factor que exacerbaba la competencia organizativa entre ellos[189].

Los comentarios de otro testigo sobre el carácter «duro» o «tosco» de la discusión política en las reuniones de la Junta de Madrid también ofrecen una clave[190]: es importante recordar que, además de las circunstancias apremiantes de la guerra, la política democrática era muy reciente en España. El impacto de la guerra aceleró mucho la participación popular en el proceso de Gobierno. Una gran parte de quienes participaban en la Junta contaban con poca o ninguna experiencia previa en cargos políticos. Es importante tener en cuenta esta «inmadurez», al igual que los vestigios de las formas de política clientelares que la acompañaban, para entender las confrontaciones organizativas en el ayuntamiento, las comisarías y las calles del Madrid de la guerra. La elaboración de propaganda movilizadora era también parte de esta lucha organizativa. Junto con el PCE, la CNT también participó enérgicamente en esta tarea. El PCE usaba las imágenes y símbolos soviéticos para competir con la CNT por el apoyo popular. Pero esta era una guerra de símbolos interna en la cual la Unión Soviética no desempeñó ningún papel excepto como una fuente de imágenes.

Aunque el PCE fue un actor importante en los conflictos internos de la Junta de Madrid, no fue un mítico instrumento de presión soviética. Las disputas tenían poco que ver con Stalin o la Comintern. De hecho, llevada al extremo, esta encarnizada guerra organizativa perjudicaba al objetivo general de Stalin de mantener la coalición republicana a flote y a la CNT en el esfuerzo bélico. Además, una vez que la Unión Soviética empezó a ofrecer apoyo a la República, el principal medio de las relaciones hispano-soviéticas pasaron a ser los canales diplomáticos, entendidos en sentido amplio[191]. En 1937, las cuestiones relacionadas con el suministro de armamentos, el asesoramiento militar o las actividades de inteligencia soviéticas, e incluso algunos asuntos relativos a las Brigadas Internacionales, estaban tratándose a través de canales que no eran los de la Comintern. Esto era en parte una consecuencia de la dura purga que se estaba produciendo dentro de la misma Internacional Comunista. Como consecuencia, su papel en la España republicana estaba en cierta medida reduciéndose, al volver a asuntos más específicamente relacionados con el PCE, aunque seguía poniendo un fuerte énfasis en cómo lograr mejor la movilización de guerra[192]. Este giro también fue anunciado en el único caso en que la Unión Soviética sí que expresó su preferencia política en relación con la Junta de Defensa de Madrid. Aunque el PCE estaba en la práctica de acuerdo, fue principalmente a través de canales diplomáticos (incluido el embajador Rosenberg) que se pidió a principios de noviembre de 1936 que se excluyese al POUM, como partido comunista disidente y, para la Comintern, «trotskista». Como resultado, la exclusión del POUM fue aceptada sin ser discutida siquiera en una reunión de la Junta.

Pero el veto soviético debe verse con perspectiva. Aunque demuestra que los republicanos estaban dispuestos a tener en cuenta las sensibilidades políticas soviéticas debido a sus propias necesidades militares y de defensa, es decir, para asegurarse el apoyo soviético, es importante recordar que la exclusión del POUM no era en sí misma una fuente de conflicto para ninguno de los grupos políticos de la Junta. El POUM era una fuerza política muy marginal en Madrid, formada principalmente por la diminuta Izquierda Comunista de Andreu Nin, y estaba muy a la izquierda del POUM catalán[193]. Ningún otro grupo de la Junta de Defensa tenía motivos para solidarizarse con él. Los socialistas y republicanos no le tenían ninguna simpatía política y la CNT era bastante indiferente. La escasa importancia del POUM de Madrid descartaba cualquier hostilidad política real como la que existía en Cataluña, donde la rivalidad organizativa entre la CNT y el POUM era una característica importante. Pero, aun así, la CNT de Madrid no sentía ninguna necesidad de oponerse por principios políticos a la exclusión del POUM. De hecho, la única crítica la realizó (implícitamente) el periódico del Partido Sindicalista de Ángel Pestaña, cuando reprodujo una nota de la Ejecutiva del POUM que criticaba a la Junta por debilitar la lucha en favor de una victoria revolucionaria sobre el fascismo al excluirlo[194]. A lo largo de noviembre y diciembre de 1936, al empezar a atacarse al POUM también en Cataluña, sus críticas públicas a los dirigente soviéticos, al Gobierno republicano y a la Junta de Defensa fueron cada vez más vehementes. Como respuesta, se hizo cada vez más difícil para el POUM funcionar en Madrid, lo que culminó con la clausura de su prensa y su radio en la ciudad por orden de la Junta en enero de 1937[195]. Dadas las exigencias del esfuerzo bélico y la cantidad de energía necesaria incluso para mantener estables las relaciones entre los grupos que formaban la Junta, nadie tenía tiempo ni interés para preocuparse demasiado por el destino de un grupo tan marginal como el POUM.

El origen del conflicto en la Junta de Defensa no era la interferencia soviética, sino las tensas relaciones con el Gobierno central republicano en Valencia; un conflicto que al final llevaría a la disolución de la Junta en abril de 1937. Este enfrentamiento era, en su origen, en parte estructural y en parte personal. Ambos aspectos quedaron ejemplarizados por las relaciones profundamente hostiles entre Largo Caballero y el general Miaja. El inevitable relieve político de la Junta durante los días de noviembre parecía amenazar la autoridad en reconstrucción del Gobierno, que ya había recibido un nuevo golpe con la marcha del gabinete de Madrid. Largo Caballero veía en Miaja tanto a un general insubordinado como a un héroe popular cuya fama restaba valor a su propio prestigio. Ambos hombres eran muy vanidosos, lo que aumentaba el antagonismo entre ellos. Eran muy parecidos en su excesiva preocupación por proteger sus reputaciones respectivas y disfrutar de las alabanzas populares. Los temas de muchas de sus disputas parecen escandalosamente mezquinos dado lo que estaba en juego en noviembre (y en esto, las capacidades del presidente del Gobierno superaban a las del general[196]). Pero, en su origen, la cuestión fundamental era de jerarquías de poder. Una vez que el peligro inmediato para Madrid pasó, a finales de noviembre de 1936, Largo Caballero insistió en que la Junta debía ser reestructurada. El cambio de nomenclatura consiguiente fue muy significativo: en adelante la Junta iba a llamarse Junta Delegada y sus miembros ya no serían «consejeros» sino «delegados»[197].

Pero la lucha de competencias con Valencia sería continua y se reflejaba en todas las responsabilidades de la Junta. En la función vital de abastecimiento, por ejemplo, el Gobierno insistía en reimponer su control en la zona de Madrid por encima del de la Junta. A la centralización del abastecimiento se oponían muchos de los comités de vecinos de Madrid. Pero, a diferencia del conflicto producido al mismo tiempo y sobre el mismo tema en Cataluña, el de Madrid carecía de una clara dimensión ideológica. Aunque había algunas tensiones derivadas del apego popular a la «patria chica», no había ningún choque frontal sobre la política de abastecimiento entre la CNT y el PCE en la Junta de Madrid.

Sin embargo, todos los conflictos internos y los producidos entre la Junta y el Gobierno suponían un gasto de tiempo y energías que difícilmente podían permitirse dadas las circunstancias. Contra este fondo de insatisfacción del Gobierno central, fue el conflicto sobre el orden público el que llevó la situación a un punto crítico. La confrontación de Cazorla con la CNT estalló en la prensa, y dio a los rebeldes una oportunidad de hacer una dañina propaganda sobre el desorden republicano dirigida, sobre todo, a una audiencia internacional. Esto probablemente explica el momento preciso en que se produjo la acción de Valencia contra la Junta. Sin embargo, la decisión de reemplazarla con una autoridad municipal reconstituida estaba en consonancia con las directrices del Gobierno para toda la zona republicana que se hicieron públicas por primera vez en diciembre de 1936, como parte del proceso en marcha de reconstrucción del Estado[198]. Ni el PCE ni la CNT expresarían sorpresa ante la decisión. De hecho, el PCE estaba exigiendo que la Junta fuera desmantelada, de acuerdo con la política de mando único que defendía con tanta insistencia.

A pesar de que el presidente Largo Caballero acusó a la Junta de tener pretensiones de autonomía, de hecho significaba una etapa intermedia crucial en el proceso de reconstrucción del Estado republicano —tanto desde «abajo» como desde «arriba»—, que sería «exportado», aunque con mayor dificultad, a otras partes del territorio republicano a lo largo de 1937. En Madrid sabían que se estaba desarrollando una guerra total a finales de 1936. Pero en muchas otras partes de la fragmentada zona republicana, todavía poca gente percibía esta realidad ni los imperativos que iba a imponer. En Barcelona, la experiencia de la defensa de emergencia —la lucha callejera y el asalto a los cuarteles rebeldes— no había producido por sí misma ningún sentimiento de necesidad de construir una maquinaria de guerra. Y, dada la fortaleza de los sentimientos nacionalistas en Cataluña, todavía menos se aceptaba que esto implicara por fuerza la centralización del poder militar y político para organizar la movilización total de los recursos internos, humanos y materiales. En el País Vasco republicano, una rígida política nacionalista también entraría en conflicto con las necesidades del esfuerzo bélico, como veremos en el capítulo siguiente.

Las batallas para defender Madrid continuaron durante el primer trimestre de 1937. Hubo una lucha encarnizada y numerosos heridos y muertos, especialmente entre las Brigadas Internacionales en su papel de tropas de choque. La batalla del Jarama (del 5 al 24 de febrero), que se libró para mantener abierta la carretera entre Madrid y Valencia, conllevaría la aniquilación del contingente británico y pérdidas enormes entre los brigadistas estadounidenses. El precio era grande, pero también lo era el premio: Madrid iba a ser una derrota importante para Franco. Al atrincherarse sus fuerzas en los alrededores de la capital, la conflagración se convirtió en una guerra de desgaste. Pero, a pesar del empuje psicológico que proporcionó la exitosa defensa de Madrid, la cruda realidad era que la República estaba muy aislada a causa del bloqueo económico subyacente a la política de no intervención. Estaba haciendo frente al ataque de la «modernidad violenta» en forma de una guerra total que los rebeldes pudieron iniciar gracias al apoyo de Hitler y Mussolini. Además, la ayuda soviética era suficiente para poco más que mantener la República a flote. En Valencia, algunos políticos se concentraron cada vez más en cómo conseguir la imprescindible centralización del Estado para acelerar al máximo la movilización y coordinación de los recursos internos de la República. Solo así podría esta librar la guerra de desgaste que estaba iniciándose y sobrevivir.

Para proporcionar una base infraestructural para este programa de centralización económica y política, en enero de 1937 se reconstituyó formalmente el Frente Popular en Valencia, sobre la base de una alianza entre el PSOE y el PCE. Se acordó que debía trabajar para establecer una red de comités de enlace entre ambos partidos[199]. La idea era que estos funcionaran en todas las áreas de la organización de la guerra en la retaguardia en los ámbitos locales, provinciales y nacionales, proporcionando personal y coordinación para compensar las deficiencias y lagunas de la maquinaria del Gobierno republicano. Pero, inmediatamente, Largo Caballero y sus seguidores acusaron a la ejecutiva del PSOE de acometer una maniobra faccional contra ellos. Aunque Prieto, la eminencia gris de la ejecutiva, quizá se lo había planteado, el papel de los comités de enlace como apoyo del esfuerzo bélico fue bastante más importante en sus cálculos. De hecho, la reacción de los caballeristas en este caso prefiguró lo que llegaría a ser rápidamente su característica obsesiva: interpretarían toda política o estrategia de la ejecutiva del PSOE exclusivamente en términos de su impacto táctico en la guerra interna socialista que se empeñaban en llevar a cabo, pasara lo que pasase. Olvidaban que, más allá de la relativa tranquilidad de su refugio en la Valencia de la retaguardia, se estaba librando una guerra real y muy brutal por cuestiones que, de hecho, hacían parecer las de su «guerra» interna insignificantes y hasta mezquinas[200].

El acuerdo entre las direcciones nacionales de los partidos socialista y comunista se basó, por tanto, en preferencias políticas compartidas y en el objetivo común de la centralización en favor del esfuerzo bélico. El PSOE estaba tan interesado como el PCE en acelerar la militarización en el frente y la normalización política y económica en la retaguardia. Estas necesidades las comprendió Prieto a la fuerza debido a su experiencia en el Ministerio de Marina y Aire. Constantemente tenía que hacer frente a crisis sin ningún respaldo organizativo real y sin ni siquiera unos canales de comunicación articulados de forma adecuada. En cuanto a la retaguardia, el objetivo en la primavera de 1937 seguía siendo la normalización de las fuerzas de seguridad del Estado. Estas eran un instrumento clave en la lucha por la centralización del poder económico que estaba librando Negrín en Hacienda.

Negrín dedicó los últimos meses de 1936 y el comienzo de 1937 a crear el Cuerpo de Carabineros. Formados principalmente por afiliados del PSOE, los hizo responsables ante él mismo como ministro[201]. Fueron utilizados para poner freno a las actividades de los controles, tanto internos como fronterizos en los límites entre Cataluña y Francia (los dos relacionados principalmente con la CNT), con el propósito de recuperar el monopolio del Estado sobre las divisas. Estos controles, normalmente autoproclamados, también interferían en el libre movimiento de los ministros y el personal encargado de asuntos de Gobierno, lo que enfadaba mucho a Negrín, para quien las prerrogativas del Estado eran un valor fundamental[202]. A medio plazo, los Carabineros serían utilizados también para reforzar a la Guardia de Asalto y a la Guardia Nacional Republicana (la antigua Guardia Civil), en el intento de Negrín de imponer el control estatal sobre las industrias socializadas. La estrategia económica de Negrín era consecuente con los valores políticos favorables a un Estado central fuerte que siempre había apoyado, probablemente más que ningún otro dirigente del PSOE. Pero también entendía que acelerar la centralización de los recursos industriales internos era crucial para compensar la escasez cada vez mayor de suministros externos que conllevaría la no intervención.

En la lógica de su compromiso con una política interclasista de frente popular, el PCE se acercaría cada vez más al sector centrista del PSOE y se distanciaría de sus antiguos aliados de la izquierda socialista agrupados en torno a Largo Caballero. Mientras que Prieto estaba encantado con la transformación de la política del PCE, la izquierda socialista, dándose perfecta cuenta del rápido crecimiento del PCE y dolida por su pérdida de control sobre la juventud socialista, se volvió cada vez más hostil. El poderoso discurso de unidad que impregnó al período del Frente Popular se había intensificado después del 18 de julio, y en 1937 el PCE estaba pidiendo al PSOE que se uniera con él en un partido único. Los seguidores de Largo Caballero reiteraron su queja histórica de que los comunistas estaban intentando absorber al movimiento socialista. Pero, a pesar del caso de la JSU, tanto la invectiva anticomunista de los caballeristas como su crítica del PSOE ignoraban los imperativos de la guerra que impulsaban la campaña de unidad, y que, al principio, también la hicieron una perspectiva atractiva para muchos militantes de base del PSOE y de la UGT.

Los caballeristas, hábiles y autoprotectores en temas de prerrogativas organizativas, tenían razón, sin embargo, al distinguir una vena de competitividad en el PCE. Esta la ejemplificó Vittorio Codovilla, comunista argentino delegado de la Comintern en España desde 1932. A finales de 1936 Codovilla había llegado a ser la bestia negra de Largo Caballero, por su insistencia en que el presidente del Gobierno debía dar un fuerte impulso a la unificación entre socialistas y comunistas[203]. Pero la ambición obsesiva de Codovilla por desarrollar al PCE derivaba bastante menos de su función como delegado de la IC que de su personalidad. En realidad, Codovilla llevaba tantos años en España que ya no concebía al PCE como un partido comunista más, sino que lo consideraba su creación personal[204]. Esto se convirtió en un problema importante después de que la Comintern adoptase la política de Frente Popular, porque, aunque el centralismo democrático permanecía inviolable, había un intento de fomentar las capacidades organizativas y talentos de los dirigentes nacionales de los partidos comunistas, para lo que el estilo de Codovilla era inadecuado.

Los efectos de la misma guerra contrarrestarían en cierta medida la influencia de Codovilla. Las enormes exigencias prácticas implicaban que los cuadros dirigentes del PCE tenían que aguantar el peso. Y en una guerra en la que la situación evolucionaba a veces muy rápido, los líderes comunistas españoles se vieron obligados a tomar iniciativas políticas, ganando así experiencia y convirtiéndose, en algunos aspectos, en una dirección real[205]. La comunicación entre el PCE y la Comintern era, además, lenta, y con frecuencia iba con retraso. El Buró Político español se encontraba a menudo «solo» en situaciones que requerían respuestas políticas inmediatas. La influencia de Codovilla era grande, pero, en la vorágine de la guerra, con toda su gran variedad de exigencias, ni siquiera él podía ser la «ejecutiva de un solo hombre» que se ha planteado a menudo. Sin embargo, la conducta dominante y las ambiciones de Codovilla eran un problema, y desde el inicio de la guerra fue cada vez más el blanco de las críticas de la Comintern por varias razones, aunque no le retiraron de España hasta septiembre de 1937[206].

Largo Caballero interpretaba la insistente demanda de Codovilla acerca de la creación de un partido único como expresión de los deseos soviéticos. Pero en este caso estaba equivocado. A lo largo del invierno de 1936 y la primavera de 1937, la principal preocupación de Stalin fue no molestar a Largo Caballero y a su sector del movimiento socialista, dado que ocupaban puestos clave en el gabinete y esto conllevaba el riesgo de desestabilizar la alianza republicana y, por tanto, el esfuerzo bélico. Stalin sabía que Largo era la mejor garantía para mantener la participación de la CNT en el esfuerzo bélico. En sus declaraciones en los foros internacionales, Largo también hacía hincapié en la naturaleza democrática y parlamentaria de la República y sus objetivos de guerra, y Stalin creía que eso debía llevar a Gran Bretaña y Francia a reconsiderar su postura de no intervención[207]. La insistencia de Codovilla en la unificación de los partidos desde noviembre de 1936 estaba yendo, por tanto, directamente contra la política de Stalin. Pero el lento y complicado proceso de comunicaciones entre la Comintern y la España republicana oscureció este hecho durante un tiempo[208]. Ya el 8 de enero, la Comintern telegrafió instrucciones urgentes de Stalin en el sentido de que el PCE debía dar marcha atrás en la cuestión del partido único y, en lugar de ello, promover la unidad de acción a través de los comités de enlace y también por medio de otras estrategias[209]. Se debían evitar especialmente los casos destacados, como el de Margarita Nelken, la dirigente y diputada socialista que se había unido al PCE en noviembre de 1936, durante el asedio de Madrid[210]. Las instrucciones de Stalin también parecen arrojar algo de luz sobre por qué Nelken nunca adquirió importancia en el PCE durante la guerra a pesar de su indudable talento e inteligencia y de su compromiso apasionado con la causa republicana[211].

Pero si Stalin veía las vicisitudes del PCE en términos contingentes, era precisamente porque estaba muy preocupado por la necesidad de asegurar un esfuerzo bélico republicano viable. Y la primacía de este objetivo hizo que ordenara a sus representantes diplomáticos y, en particular, al embajador soviético en Valencia, Marcel Rosenberg, visitar a diario a Largo Caballero para hablar de asuntos prácticos de la política de guerra. Pero esta era una tarea ingrata, como ya había descubierto el dirigente del PCE Mije. Rosenberg y Largo estuvieron pronto tan enfrentados como lo habían estado Largo y Mije antes. El presidente del Gobierno no aceptaría ningún consejo en asuntos del Ministerio de la Guerra, incluso aunque tales consejos fueran muy necesarios. Cuando estos procedían de un extranjero, para Largo era incluso más fácil desestimarlos mediante una exhibición de indignado patriotismo. Sin duda el sentimiento era sincero, pero no resolvía los problemas subyacentes en el Ministerio de la Guerra.

Entonces llegaron las noticias devastadoras de la pérdida de Málaga, tomada por los aliados italianos de Franco el 7 de febrero. La represión que se produjo a continuación en la ciudad —a pesar de la falta de resistencia militar— supuso que unas cuatro mil personas fueran fusiladas en la semana posterior a la conquista (y las ejecuciones masivas continuarían durante meses). Los refugiados que huían de la represión hacia el este por la carretera costera que llevaba a Almería fueron bombardeados y ametrallados por tierra y por mar y perseguidos por una columna motorizada[212]. Todas las razones por las que Málaga había caído respaldaban las críticas a las insuficiencias de Largo como ministro de la Guerra. Sobre todo, la derrota demostró que las defensas militares de la República continuarían siendo vulnerables mientras la retaguardia no estuviera completamente bajo el control de un Gobierno centralizado.

El aislamiento geográfico de Málaga había exacerbado el problema de la escasez de armas, el cual, a su vez, intensificó varias formas de conflicto político intestino entre los grupos republicanos que resistían[213]; en particular, hubo choques entre anarquistas y comunistas sobre las estrategias defensivas que se debían adoptar. Tanto la escasez de armas como los conflictos políticos internos dañaron la moral, como, sin duda, lo hizo la conciencia de que el acosado Gobierno estaba concentrando sus energías organizativas principalmente en el frente de Madrid. Durante la segunda mitad de enero, al avanzar las tropas enemigas hacia la ciudad, Málaga sufrió fuertes bombardeos. No había artillería antiaérea —rara, en todo caso, en las ciudades republicanas— y solo a finales de mes el Gobierno central envió aviones o algo de artillería. Aunque la escasez, más que la mala intención política, era la razón del retraso, también es cierto que el Gobierno pensaba que el material enviado a Málaga sería infrautilizado.

De hecho, se podría haber logrado una organización militar mucho mejor de no haber sido por la fragmentación de la autoridad política en Málaga. Ni los representantes de los comités populares ni el gobernador civil participaban en los asuntos prácticos relacionados con la defensa de la ciudad, y no estaban en contacto entre ellos. Esto se veía agravado por la desconexión total de las instituciones políticas de la ciudad con las autoridades militares, cuya base estaba en las afueras[214]. Esta desarticulación interna produjo ineficiencias muy graves: el trabajo clave de reparación de infraestructuras —por ejemplo, de un puente— no fue llevado a cabo, lo que dificultó el envío de armas incluso cuando estas finalmente estuvieron disponibles. Tampoco había fortificaciones suficientes, una situación empeorada por la deserción de los dos responsables militares de las mismas. La falta de trincheras antitanque de una calidad adecuada explica el avance sumamente rápido de las fuerzas italianas. La falta de coordinación entre los frentes civil y militar, destacada por el escritor austríaco Franz Borkenau, que visitó la ciudad, era en parte un resultado de la fragmentación de la autoridad política, pero también de las mentalidades militares predominantes.

En Málaga, como en otros frentes periféricos, había habido menos progresos en la militarización. Los defensores ya no eran las «milicias» del verano de 1936, pero eran todavía una fuerza en transición en términos de entrenamiento y mentalidad[215]. Pero los militares profesionales (por ejemplo, el responsable de la defensa, el coronel Villalba) eran demasiado inflexibles en su comprensión de lo que constituían «tropas» y «estrategia» para poder responder de forma efectiva. La tragedia de Málaga era que los recursos que los mandos militares buscaban simplemente no estaban disponibles, mientras que se mostraron incapaces o no dispuestos a usar los que tenían en sus manos. Villalba no entendía a sus «tropas» y estas no confiaban en él.

Después de la caída de Málaga, empezaron de inmediato a hacerse preguntas sobre las responsabilidades por la derrota. En particular, se intensificaron las críticas al general Asensio, el subsecretario de Guerra de Largo Caballero y el principal impulsor de la estrategia militar en el ministerio. El PCE había sido durante mucho tiempo crítico con él, pero ahora también lo eran los socialistas y los republicanos, incluido el presidente de la República, Azaña[216]. Todas estas valoraciones contenían una fuerte acusación política, dado que, implícitamente, ponían en duda los criterios de Largo Caballero al escoger a sus colaboradores en el ministerio. El 14 de febrero, una manifestación en apoyo de Largo, convocada por la UGT valenciana, se transformó, debido a los esfuerzos organizativos del PCE, en una muestra de apoyo al mando único, a la «limpieza» de la estructura de mando militar, al desarrollo del programa de industrias de guerra y, quizá sobre todo, a la aplicación real del servicio militar obligatorio[217]. El reclutamiento voluntario favorecido por Largo Caballero estaba decayendo, y Málaga sirvió para poner de manifiesto la urgencia de este tema. El uso de la movilización callejera por parte del PCE fue criticada como populismo barato por los dirigentes republicanos y, especialmente, por los socialistas, incluso por los que eran hostiles a Largo. Pero la falta de confianza popular en los militares profesionales, que inevitablemente aumentaba con las derrotas, no fue un invento del PCE. Y lo que el PSOE cuestionaba no era tanto la necesidad de realizar destituciones de militares después de la caída de Málaga, sino las mismas técnicas propagandísticas del PCE[218].

En respuesta a la presión cada vez mayor dentro y fuera del gabinete, a la que la CNT también contribuyó, al final Largo aceptó destituir a Asensio el 21 de febrero, junto con los generales Martínez Monje (que había estado al mando del Ejército del Sur) y Martínez Cabrera, jefe del Estado Mayor republicano, que, para sus críticos, representaba a un Estado Mayor fosilizado. Asensio, por su parte, estaba lejos de ser un oficial incapaz, aunque era conservador y convencional en asuntos de organización militar y, también, muy ambicioso. Esto explicaría su desprecio brutal hacia los milicianos que huían. Asensio no tenía en cuenta su falta de entrenamiento y en una ocasión, en las condiciones críticas del otoño de 1936 en el frente de Madrid, había hecho fusilar a treinta de ellos por abandonar sus posiciones[219]. Esto le hizo entrar en conflicto con el PCE. El partido quería imponer, al igual que Asensio, una disciplina militar estricta, pero entendía que primero era necesario entrenar y preparar a los combatientes que habían empezado como voluntarios de las milicias. Sin duda, la brusquedad de Asensio había sido un factor que había contribuido de forma importante a la decisión de Largo de trasladarlo de su posición de mando activo de tropas a la subsecretaría de Guerra en octubre de 1936, cuando el frente de Madrid estaba muy desorganizado y la moral de las milicias era muy baja a causa de las derrotas previas.

En el caso de Málaga, Asensio creía sin duda que no podría resistir solo con las defensas de las milicias. Parece que había considerado incluso, de forma un tanto controvertida, que la reducción consiguiente del frente republicano podía ser una ventaja[220]. De hecho, el que nombrara al prescindible Villaba, con su historial profesional lleno de altibajos y su hoja de servicios mediocre, da crédito a esta interpretación, y más si se recuerda la anterior opinión de Asensio con respecto a Miaja en el frente de Madrid[221]. Aunque Asensio se expuso a acusaciones de negligencia con relación al frente de Málaga, no hay nada que indique que era un saboteador. Por otra parte, la salida precipitada del coronel Villalba de Málaga, más de doce horas antes de que las tropas enemigas llegaran, dejó una impresión muy negativa. Su papel en la derrota, junto con el de Asensio, Martínez Cabrera y Martínez Monje, sería objeto de una investigación judicial. La causa contra ellos al final fue sobreseída y todos fueron rehabilitados en mayor o menor medida. Pero, dada la especial fragilidad de las relaciones entre los militares y los civiles en la España republicana, ninguno de ellos volvería a ocupar puestos de mando importantes[222].

Pero la destitución de quienes eran considerados responsables militares de la pérdida de Málaga, en febrero de 1937, hizo poco por resolver las tensiones subyacentes entre la coalición republicana y Largo Caballero en relación con su dirección del Ministerio de la Guerra y la necesidad de acelerar la centralización militar, política y económica. El ataque fue encabezado por el PCE, pero, frente a lo que se ha planteado muy a menudo, su crítica de la actuación de Largo como ministro de la Guerra no era simplemente una «tapadera» de sus ambiciones organizativas. De hecho, había un panorama bastante más complejo de rivalidades organizativas que enfrentaban a los socialistas, anarquistas y comunistas. Cuando Asensio fue destituido después de los sucesos de Málaga hubo también varias destituciones de miembros y simpatizantes del PCE en el Ministerio de la Guerra, entre las que destaca la de Cordón, que fue destinado al frente de Córdoba. Además, queda también claro por las fuentes del archivo de la Comintern, ahora disponibles, que la política de guerra, bastante más que la unificación de los socialistas y los comunistas en un partido único, fue la clave del enfrentamiento entre el PCE y el presidente del Gobierno y, sobre todo, entre Largo y los representantes diplomáticos de la Unión Soviética durante los cuatro primeros meses de 1937[223]. En Cataluña, la caída de Málaga también galvanizó al PSUC, que organizó una gran manifestación en Barcelona el 28 de febrero, con la participación de soldados, para movilizar apoyo político y popular para que se militarizasen de forma inmediata las milicias del frente de Aragón y se llamase a filas a la quinta de 1934-1935. Con el mismo fin, creó también el Comité del Ejército Popular[224].

Fue solo más tarde cuando las cuestiones de la política de guerra y la unificación de los partidos fueron consideradas dos caras de la misma moneda en la confrontación de Largo con el PCE. Esta interpretación ha persistido en gran parte como resultado de la aceptación demasiado rápida por parte de los historiadores (incluyéndome a mí) de la combinación de estas dos cuestiones en las memorias del propio Largo Caballero[225]. El 8 de enero, el Buró Político del PCE había recibido instrucciones de Stalin para que se buscase la conciliación con Largo. Por tanto, es muy improbable que Codovilla fuera beligerante sobre la unificación de los partidos después de esta fecha. Pudo haber continuado siéndolo sobre la política de guerra, pero Largo se refiere solo a un encuentro con Codovilla en tiempos de guerra y relacionado con el tema del partido único. El encuentro debió de tener lugar antes del 8 de enero y, probablemente, a finales de 1936. Largo no dio ninguna fecha en sus memorias[226], y precisamente porque no lo hizo, el incidente se funde con sus discusiones cada vez más acaloradas con el embajador soviético Rosenberg, que llevaron a su famosa confrontación de finales de enero de 1937[227]. El tema de esta reunión fue, una vez más, la política de guerra y, especialmente, Asensio. Largo, de hecho, lo cuenta más tarde en sus memorias[228].

Lo que hace que la combinación de ambos temas por parte de Largo parezca algo más que un despiste es que se produce no solo en sus recuerdos publicados, escritos de memoria después de 1945 sin la posibilidad de acceder a sus documentos, sino también en la versión manuscrita, basada en documentación y elaborada entre 1937 y 1940. En esta, Largo también presenta su encuentro de febrero de 1937 con el embajador republicano en Moscú, Marcelino Pascua[229], como un nuevo intento de insistir en la unificación entre el PSOE y el PCE[230]. Pero esto parece muy improbable. Entre el incidente de Rosenberg y la visita de Pascua a Valencia, Málaga había caído. La viabilidad de la política defensiva de la República —entendida en sentido amplio— era ahora, desde el punto de vista de los dirigentes soviéticos, la cuestión que eclipsaba a todas las otras y, seguramente, la principal razón del excepcional viaje de Pascua. Al parecer, había llegado para entregar en mano una carta de Stalin. Pero esta era solo una nota introductoria[231] a una exposición verbal de la que no tenemos más constancia que la referencia a la propuesta de unificación de los partidos en las memorias de Largo Caballero[232]. Pascua puede que plantease el asunto de Asensio o, más en general, la lealtad y competencia de los mandos republicanos. Pero también parece probable que llevara un mensaje que reiteraba la opinión de Stalin de que la coalición del Frente Popular debía adherirse a la política parlamentaria y a la economía de mercado tanto para tranquilizar a Gran Bretaña y Francia como para mantener el apoyo al esfuerzo bélico de los sectores sociales de clase media de la zona republicana. El 21 de diciembre de 1936 Stalin había enviado una carta a Largo en la que esbozaba la importancia de estos temas. Pero en su respuesta del 12 de enero Largo se mostró bastante poco entusiasmado con la «institución parlamentaria» en España (sin duda, al recordar la obstrucción de los conservadores a la legislación social en el período anterior a la guerra[233]). Después de la derrota militar de Málaga, para Stalin se hizo crucial aclarar las ideas de Largo. Seguramente la verdadera razón de la visita de Pascua era que, como español, podría ser capaz de convencerle donde Rosenberg había fracasado. Pero, dada la riña previa de Largo con su propio ministro de Estado, Álvarez del Vayo, por apoyar a Rosenberg, apenas era probable que esta táctica funcionase. De hecho, queda claro en las memorias del mismo Largo que se irritaba mucho ante cualquier recordatorio, desde cualquier parte, de que el Frente Popular en tiempos de guerra tenía que ser política y económicamente liberal o no sobreviviría. Largo también se refiere indirectamente a que estaba cansado de que se le contasen «las lecciones de la Guerra Civil rusa»[234]. Sin duda había un elemento de enojadizo orgullo patriótico y «choque de culturas». Pero merece la pena tener en cuenta que esta «lección» también equivalía a que se le recordase que la estrategia de preguerra de coalición republicano-socialista que defendía su mayor rival, Prieto, era de hecho la única válida[235].

La política de guerra llegaría a ser un tema absolutamente crítico desde mediados de marzo, irónicamente, como resultado del éxito republicano en Guadalajara. Vista de forma retrospectiva, la victoria supuso la imposición de un punto muerto más que la consecución de un avance positivo. Pero significó que el frente de Madrid se estabilizara, sin posibilidad alguna de que las fuerzas franquistas se abrieran camino hasta la capital en un futuro previsible. Al darse cuenta de esto, los aliados fascistas de Franco sacaron la fatídica conclusión de que solo aumentando mucho su ayuda podrían asegurar la victoria de los rebeldes. Esta escalada significó que, desde finales de marzo de 1937, Alemania y, especialmente, Italia estuvieron, de hecho, en guerra con la República[236]. El interés de la República por tener un plan estratégico, racionalizado y centralizado para la resistencia militar, económica y civil se había multiplicado. Y ningún ministro entendió esto mejor que Negrín desde el Ministerio de Hacienda. Rosenberg fue reemplazado como embajador por León Gaikis, su encargado de negocios, que tenía mucha más discreción[237]. Pero el tiempo era ya más que escaso, y había quedado claro que el control por parte de Largo Caballero del Ministerio de la Guerra era un anacronismo que la República se podía permitir cada vez menos.

Al mostrar la batalla de Madrid que la República podía resistir con éxito, incluso el muy pesimista presidente de la República, Azaña, empezó a pensar en un resultado distinto de la derrota. Su razonamiento le llevaría a explorar las posibilidades de una paz negociada a través de la mediación internacional. De hecho, a Franco nunca le interesaría la mediación. Pero la reacción de Azaña tras la batalla de Guadalajara constituye el origen remoto de la polémica sobre una supuesta paz negociada que, en su momento, llegaría a ser el centro candente de las luchas políticas en la República.

El crecimiento del PCE hasta convertirse en una fuerza política de primera magnitud en el primer año de la Guerra Civil tiene que entenderse dentro del contexto de la internacionalización del conflicto español y la importancia cada vez mayor de la ayuda soviética a la República. Pero, como hemos visto, había también importantes razones políticas estructurales que explican el protagonismo del PCE. Este asumió el manto del republicanismo progresista. Sobre todo, sirvió para atraer hacia el Estado a quienes no habían estado movilizados previamente, pertenecientes tanto a la clase obrera como a las clases medias. El «carácter híbrido» —o la heterogeneidad de clase— es la característica más destacada de los partidos comunistas (tanto del PCE como del PSUC) en tiempos de guerra, y sobre todo en el período de su máxima expansión durante 1936 y 1937. Esto puede verse como parte de un proceso más amplio de modernización, acelerado por la misma guerra. De particular importancia fue la movilización comunista de la juventud en la organización juvenil unificada (la JSU) y sus organizaciones asociadas. Como resultado, el PCE fue creando, dentro de su propia estructura organizativa, la alianza interclasista buscada por los republicanos y los socialistas desde 1931 para proporcionar la base social de un régimen reformista. Es en este marco en el que, en el fondo, tenemos que entender el antagonismo cada vez mayor entre el PCE y el sector largocaballerista del PSOE. Pero el tema de la política de guerra siguió siendo la fuente principal de conflicto entre ambos durante 1936 y 1937: un hecho que ha sido de alguna forma oscurecido por el abrumador énfasis puesto por los caballeristas en la supuesta política de absorción de la Comintern. Sin duda existió rivalidad organizativa y se agravaría con el paso del tiempo. Pero esto tendría menos que ver con la Comintern que con la lucha por el poder entre las organizaciones que competían dentro de la política republicana.

A pesar de este conflicto emergente, los primeros meses de 1937 asistieron a la reconstrucción del Frente Popular, como la «opción menos débil» para servir de base al esfuerzo bélico republicano. Con el eclipse del republicanismo, su nuevo eje lo proporcionó la alianza entre el PSOE y el PCE. La actitud de los socialistas que dirigían el Gobierno fue profundamente hostil a esta alianza. A medio plazo, se trataba de un problema que requeriría una solución. A corto plazo, sin embargo, la viabilidad del proyecto del Frente Popular dependía de la completa incorporación al esfuerzo bélico del País Vasco republicano (Vizcaya) y de Cataluña. En esta última, sin embargo, todavía se estaba librando la batalla para establecer la autoridad del Gobierno. Es, por tanto, en esta situación de revolución y guerra en Cataluña en la que nos centraremos a continuación.

4. Desafíos al proceso de centralización republicano: particularismos revolucionarios y liberales en Cataluña, Aragón y el País Vasco

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Desafíos al proceso de centralización republicano: particularismos revolucionarios y liberales en Cataluña, Aragón y el País Vasco

«Articular históricamente lo pasado … significa adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro»[1].

En Cataluña, como en otros lugares del territorio republicano, el hundimiento del Estado, combinado con el protagonismo del movimiento obrero organizado en la resistencia a los militares rebeldes, supuso el surgimiento de comités obreros para reorganizar las cruciales funciones de abastecimiento, transporte, defensa y orden público. Pero, al contrario que en las otras zonas de la España republicana, los anarcosindicalistas catalanes canalizaron el poder que les dio su papel clave en la defensa —y la fuerza armada en que se basó este— para encabezar, en Barcelona y en otros centros urbanos, un programa de gran alcance de colectivización industrial y comercial en un intento de reinventar, siguiendo modelos anticapitalistas, no solo la economía sino también la vida social y cultural.

El alcance sin igual de lo que se intentó en Barcelona en los meses posteriores a julio de 1936 no puede explicarse simplemente en función de la mayor distancia de Barcelona respecto a los frentes de guerra activos, en relación con la otra gran ciudad de España, Madrid. Es cierto que una situación de guerra de emergencia hubiera requerido una priorización diferente de las energías radicales en Barcelona, pero ninguna distancia respecto de la guerra podría haber hecho al Madrid de 1936 una ciudad revolucionaria. Lo que ocurrió en Barcelona hundía sus raíces en la excepcional riqueza de sus culturas proletarias y populares. Formadas en las diferentes tradiciones de resistencia a las múltiples facetas del desarrollo industrial-artesano y comercial producido durante décadas y sin paralelo en ningún otro lugar de España, estas culturas obreras estaban modeladas por la heterogeneidad radical de una ciudad portuaria cosmopolita, pero también por las tradiciones políticas federales y el dinamismo cívico de la cultura metropolitana burguesa contra la que se definieron.

Pero, a pesar de que Barcelona era la región más avanzada de España, era todavía un lugar donde los mundos «moderno» y «premoderno» de la cultura popular y obrera se mezclaban o, de hecho, estaban activamente ligados a través de las prácticas de acción directa de la CNT, que era la organización obrera dominante en la ciudad. Las estrategias sindicales de la CNT catalana se habían forjado en las brutales guerras laborales libradas por los patronos y las fuerzas de orden público del Estado de la Restauración contra los trabajadores no cualificados y predominantemente emigrantes en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Pero la flexibilidad de las estructuras organizativas de la CNT y las tácticas de acción directa hicieron que su capacidad de movilización se extendiese más allá de los trabajadores identificados con los libertarios de forma estricta, a través de los vendedores ambulantes, los desempleados y la población marginada en general, y por una zona gris de semilegalidad, al submundo de los delitos menores; de los políticamente conscientes y organizados a los «lumpen», la influencia de la CNT se extendía a lo largo de una variedad de mundos superpuestos de los sectores desfavorecidos de la «Barcelona de los parias»[2].

Aunque algunos de estos sectores eran heterogéneos y amorfos, todos compartían, al estar desposeídos económica y políticamente, una resistencia común, fuera esta intuitiva o conscientemente ideologizada, al orden económico y a la maquinaria política del Estado liberal. Lo que el Estado español todavía significaba para los sectores pobres y marginados era básicamente las fuerzas de orden público y el ejército. Estaba, por tanto, asociado a sus funciones punitivas: al servicio militar y los impuestos indirectos, cuando no a la persecución directa, especialmente de los trabajadores organizados. La brutalidad general de la vida cotidiana —por ejemplo, un mercado inmobiliario privado muy explotador o el problema siempre presente de la obtención de alimentos— también generó redes de apoyo vecinales, a menudo centradas en actividades realizadas por mujeres, con las que la CNT pudo conectar y que, al mismo tiempo, pudo politizar: los libertarios y los habitantes de la «Barcelona de los parias» estuvieron unidos, al menos durante un tiempo, en su guerra social contra el Estado liberal.

Como hemos visto, en lo esencial esta relación había permanecido intacta durante los años republicanos, entre 1931 y 1936. Las condiciones de la existencia cotidiana de muchos habitantes de Barcelona reforzaron los argumentos de los anarquistas radicales de la FAI en el sentido de que la República solo era una nueva fachada para el viejo orden. En 1936 muchos militantes de la CNT dudaron de si el sistema de gobierno liberal (es decir, la política constitucional y la economía de mercado) podía llevar a cabo cambios sociales y económicos estructurales. Pero, incluso después del colapso del Estado liberal provocado por el golpe militar, fue solo Barcelona la que poseyó la suficiente fuerza para confrontar al orden socioeconómico liberal con algo parecido a un proyecto alternativo.

Aunque Barcelona era un centro proletario único en la España de los años treinta y el poder político articulador de la CNT, singular, los imperativos de la situación posterior al 18 de julio de 1936 profundizaron las divisiones ideológicas y revelaron fallos organizativos en el movimiento libertario que, en conjunto, lo socavaron gravemente y, a la vez, proporcionaron oportunidades a sus enemigos políticos. Porque incluso en los días de la defensa de emergencia contra los militares rebeldes, Cataluña, e incluso la ciudad de Barcelona, nunca cesó de ser un espacio político disputado.

Cuando los trabajadores de Barcelona sofocaron la rebelión militar en las calles, lo hicieron en un contexto en que las clases medias rurales y urbanas eran, de forma generalizada, mucho más hostiles que cualquier otro sector de la burguesía española al ultracentralismo de los militares insurgentes. En Cataluña, las clases medias se resistían también a los valores centralistas, relativamente más sutiles pero igualmente reales, del republicanismo liberal español en el poder en Madrid desde 1931. Pero ninguna de estas hostilidades significó que hubiera menos contradicciones entre las visiones anarquistas y federalistas liberales acerca de cómo debía ser el orden político y social de Cataluña después de que se derrotase a los militares rebeldes. Aunque las milicias obreras tenían el apoyo de las fuerzas del orden tanto municipales como estatales de Barcelona y los valores catalanistas algunas veces hacían que oficiales simpatizantes les entregaran armas, debemos recordar que, a diferencia del presidente del Gobierno del Estado, Giral, en Madrid, Lluís Companys, el presidente de la Generalitat y dirigente del hasta entonces partido de izquierda liberal catalanista hegemónico, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), nunca aprobó formalmente la entrega de armas a las milicias de Barcelona.

Una vez que el movimiento anarquista armado hubo, sin embargo, sometido a los militares sublevados, el nuevo orden «expropiativo» emergente implicó enseguida un peligro para los intereses económicos y sociales de las clases medias urbanas y rurales de Cataluña, que conformaban, en gran parte, la misma base de Esquerra. El hundimiento de las estructuras políticas e instituciones estatales liberales de la región inducido por el golpe, en particular las relacionadas con el orden público, significó que no hubiera medios físicos de represión disponibles para proteger el capital y la propiedad privada. (Una vez que la ciudad quedó libre de la amenaza de los rebeldes, tanto la Guardia Civil como la de Asalto fueron enviadas al frente; tal era la desconfianza hacia las fuerzas de orden público entre los sectores obreros). Este es el contexto que explica la calculada humildad de las palabras de Companys a los dirigentes de la CNT-FAI que se reunieron con el Gobierno catalán el 20 de julio:

Hoy sois los dueños de la ciudad … Habéis vencido y todo está en vuestro poder; si no me necesitáis o no me queréis como presidente de Cataluña … yo pasaré a ser un soldado más en la lucha contra el fascismo. Si, por el contrario, creéis que en este puesto … puedo, con los hombres de mi partido … ser útil en la lucha … podéis contar conmigo[3]…

Companys estaba realizando una retirada estratégica para lograr, por medios colaterales, dos objetivos clave en nombre de los grupos sociales y las clases políticas que representaba: primero, mantener el concepto de legalidad del Gobierno, formalmente en juego; y segundo, convencer a los anarcosindicalistas de que su revolución necesitaba una institución. En ambos, Companys tuvo éxito. El 21 de julio de 1936, la CNT aceptó la formación de un Comité Central de Milicias Antifascistas[4], cuya legitimidad fue, así, implícitamente determinada porque la Generalitat lo sancionaba. En esas circunstancias, esto era una concesión asombrosa por parte de la CNT. A través del Comité, el Gobierno catalán fue capaz de afirmar su existencia legal repetidas veces. Tampoco debemos considerar esto una cuestión simplemente formal o retórica: constituía el primer paso en la batalla por restablecer la Generalitat como instrumento a través del cual se pudiera afirmar de nuevo el orden liberal[5]. El dominio de la CNT se reflejaba en su control de las responsabilidades clave dentro del Comité: milicias/defensa, transporte y orden público. Pero el último de estos pasó rápidamente a ser un centro importante de tensión en la batalla por el control político librada durante los siguientes doce meses entre la CNT y sus oponentes catalanes liberales. Porque los últimos entendieron, de forma bastante correcta, que si podían reconstruir sus fuerzas coercitivas, todas las otras formas de reconstrucción liberal serían posibles (como, de hecho, lo fueron). Todo esto nos lleva a plantearnos en primer lugar la cuestión crucial de por qué la CNT-FAI aceptó compartir el poder en el Comité Central de Milicias Antifascistas.

La respuesta a esta pregunta reside en las características ideológicas y organizativas de la CNT-FAI. Su trayectoria histórica apenas la había equipado ni con un proyecto político previo para la toma y ejercicio del poder ni con las estructuras organizativas a través de las cuales llevarlo a cabo. En ese momento, y desde entonces, los cenetistas han presentado su conducta como un rechazo consciente o voluntario de los «métodos bolcheviques»[6]. Pero, en realidad, fueron las limitaciones inherentes a las formas organizativas «invertebradas» de la CNT las que resolvieron este asunto. La CNT todavía tenía muy pocos sindicatos únicos y federaciones de industria funcionando en 1936, y su misma estructura era muy descentralizada. Como ni el Comité Nacional ni el Regional de Cataluña tenían poderes ejecutivos sobre las secciones sindicales que lo constituían, tampoco tenían canales de comunicación especialmente buenos. Así pues, la transmisión de información de arriba abajo —incluso dejando al margen la controvertida cuestión de las instrucciones— seguía siendo una tarea difícil, si no imposible.

La falta de federaciones de industria y de un poder ejecutivo centralizado también hizo difíciles las comunicaciones entre los distintos sindicatos únicos. La fuerza de los libertarios —especialmente en Barcelona— radicaba en su capacidad de movilización «desde abajo». Pero, después del 18 de julio de 1936, la revolución libertaria necesitaba una articulación política «desde arriba» y una «cabeza» política para defenderse. Irónicamente, la falta de estas facilidades era en sí misma una muestra del éxito de los anarquistas puros hasta 1936 a la hora de bloquear las iniciativas de los sindicalistas pragmáticos de la CNT.

En julio de 1936, los dirigentes anarquistas radicales de Cataluña optaron por utilizar la experiencia política, el personal y el aparato central del Gobierno catalán, porque carecían de ningún proyecto político alternativo previo y también porque, al confundir fuerza armada con la totalidad del poder, creyeron que eran más poderosos de lo que en realidad eran. En todo esto, la CNT fue animada sin cesar por Companys, un político muy astuto cuya credibilidad derivaba de su especial relación con la CNT, forjada en las batallas políticas contra el Estado central en las décadas anteriores a la guerra, cuando había defendido a cenetistas ante los tribunales. Companys asumió rápidamente la retórica de la «revolución», y la usó con consumada habilidad durante el largo verano, el otoño y el invierno de 1936, incluso aunque denunciara los «excesos» libertarios e hiciera campaña a favor del control de las industrias y la municipalización de los servicios por parte del Gobierno regional[7].

Companys pudo coger ánimos de la rica base de sectores sociales catalanes que apoyaban el orden liberal, y que iban desde los granjeros arrendatarios y aparceros —la mayoría de la población rural de Cataluña—, pasando por trabajadores cualificados, funcionarios del Estado, miembros de profesiones liberales y dueños de pequeños comercios y talleres, a las fuerzas de orden público y del ejército republicano. Aunque las instituciones políticas existentes en Cataluña habían sido golpeadas por la rebelión militar, todavía tenían esta fuerte base social detrás de ellas. Estos sectores seguramente no habían estado a menudo en primera línea en la lucha contra los rebeldes, pero tampoco habían abandonado la zona o dado su apoyo tácito a estos últimos. La situación en Barcelona, por tanto, tenía cierto parecido con la de «dualidad de poderes» de Petrogrado en 1917. Pero el liberalismo catalán (representado por la Generalitat en el Comité Central de Milicias Antifascistas) era bastante más fuerte que su equivalente ruso, dado que se apoyaba en una base social más sólida.

Companys también tenía que reconocer que su propio partido, Esquerra, era un instrumento insuficiente para llevar a cabo el objetivo de reconstrucción económica y política liberal. La insurrección militar había dado un inmenso golpe tanto a su dinámica organizativa como a la confianza de sus dirigentes. Paradójicamente, el impacto había sido tan grande precisamente porque el estatus hegemónico de Esquerra en Cataluña entre 1931 y el golpe militar de 1936 había hecho que ni siquiera hubiera establecido una distinción clara entre las funciones y el aparato del partido y los del Gobierno catalán. Además, los liberales catalanes, aunque relativamente más «modernos» que el resto del republicanismo progresista de España, todavía carecían de una experiencia adecuada y no comprendían de la ardua tarea que requería la organización política de las bases. Lo que era necesario, por tanto, en la nueva vida política de la Cataluña posrevolucionaria era un nuevo tipo de partido, capaz de movilizar su base «desde abajo», tomando ejemplo de la CNT, y que tampoco tuviera miedo de entrar en liza por no tener intereses organizativos o base de poder preexistentes que proteger pero sí todo por ganar.

La fuerza política que surgió para cubrir este espacio político fue el PSUC (Partido Socialista Unificado de Cataluña), formado el 23 de julio de 1936 con la fusión de cuatro partidos más pequeños: el minúsculo Partit Català Proletari, el Partido Comunista de Cataluña (PCC), la sección catalana del PSOE y la Unió Socialista de Catalunya (USC), un partido socialdemócrata catalanista[8]. La fuerza más importante en el nuevo partido, tanto cuantitativa como cualitativamente, era la USC, dirigida por el ambicioso Joan Comorera. En el momento de la unión, el partido estaba todavía en los márgenes de la vida política, incapaz de competir con la amplia atracción de Esquerra entre los sectores urbanos y rurales. En los centros urbanos fuera de Barcelona, la USC se había encontrado con un competidor importante en el Bloc Obrer i Camperol (BOC), que en septiembre de 1935 se había fusionado con la ICE para formar el POUM, proceso que lo convirtió en el partido socialista más grande de Cataluña. Comorera vio la fusión como una oportunidad importante para que la USC superase al POUM (o, de forma más exacta, a su componente principal, el BOC) y también para competir con Esquerra.

Pero fueron la situación excepcional provocada por los días de julio y el miedo común al dominio armado de la CNT lo que sirvió tanto para clarificar las ideas de Comorera sobre la unión en el PSUC como para superar la resistencia del PSOE catalán. La posibilidad de dirigir al nuevo partido sin duda también influyó en Comorera. Aunque el delegado de la Comintern en Cataluña, Ernö Gerö (alias Pedro), había ejercido sus buenos oficios en las negociaciones en marcha, no es creíble la sugerencia de que la intervención de Gerö fuera el factor determinante en la acción de Comorera. De hecho, la unificación de julio cogió desprevenidos a los representantes de la Comintern en España[9]. Bastante más influyente fue el aplastante sentimiento existente en toda la clase política de la izquierda liberal catalana de que, como consecuencia de julio de 1936, era imprescindible una defensa común de la «normalidad» social. Una alianza reforzada por la experiencia organizativa y los recursos de una Comintern que defendía la moderación frentepopulista parecía un precio muy pequeño que pagar para facilitar este proceso. Pero solo se puede comprender el contexto que explica la formación del PSUC teniendo en cuenta la esencia de las políticas de Comorera desde 1931. El surgimiento del PSUC respondió a la lógica subyacente que se retrotraía profundamente a las características de la política republicana catalana del período anterior a la guerra, aunque esto pocas veces parece admitirse en las explicaciones dominantes sobre el origen del partido. Lo que esto significa, además, es que la tendencia de la mayor parte de la historiografía anglosajona a presentar al PSUC como el Partido Comunista de Cataluña tout court es muy problemática. Sin embargo, el hecho de que el PSUC naciera en gran parte del proyecto catalanista de la USC, pero que la Comintern lo reconociera simplemente como «el Partido Socialista Unificado de Cataluña», insinúa las importantes tensiones que aparecerían posteriormente[10].

Para Comorera, con su programa centrado en el catalanismo, el dinamismo del PSUC lo convertía en el vehículo ideal para atraer a sectores de las bases de Esquerra, al igual que a otros no movilizados anteriormente de las clases medias catalanas. El objetivo de Comorera era superar al POUM y eclipsar de forma permanente a Esquerra, y demostrar así que el PSUC era más capaz de defender los intereses económicos de las clases medias. Esta tarea se vio facilitada por las consecuencias del golpe. Al publicar el PSUC en su prensa fuertes ataques al «desorden» de la CNT, nuevos miembros acudieron en masa a él y, a la vez, a la UGT catalana. Tampoco hubo un predominio urbano, porque el PSUC también logró un importante número de militantes entre los pequeños y medianos propietarios rurales, arrendatarios y aparceros, muchos de los cuales habían militado antes en Esquerra[11]. Todos estos sectores, que juntos constituían la mayoría de la población rural de Cataluña, tenían en común un sentimiento de inquietud provocado por el aparente dominio libertario en la región. Esto también intensificaba la importancia de ser capaz de «demostrar» lealtad política, que, como en todos los demás sitios de la zona republicana, produjo una prisa generalizada por obtener el carnet de un partido o sindicato como medio de reforzar la seguridad personal después del 18 de julio.

Las confiscaciones realizadas por los comités de abastecimiento de la CNT eran el principal foco de hostilidad campesina en Cataluña, como analizaremos más adelante. Pero la colectivización también produjo ansiedad. Esto pasaba incluso aunque no se tuviera una experiencia directa de ella, porque en Cataluña, donde las grandes propiedades eran una excepción, la CNT había aceptado tácitamente la fuerza de la mayoría de los pequeños propietarios rurales, arrendatarios y aparceros, y, en gran parte, había respetado sus propiedades y formas individualistas de trabajar la tierra. En el vecino Aragón, mientras tanto, unas tres cuartas partes de la tierra fueron colectivizadas[12]. Las colectivizaciones catalanas, como las valencianas, tendieron a concentrarse en las industrias, empezando por las que pertenecían a partidarios de Franco[13], al igual que en la actividad artesanal, comercial y de servicios en los núcleos urbanos y alrededor de ellos (de ahí la atracción que ejercía el PSUC en grupos como los oficinistas y el sindicato de dependientes del comercio, el CADCI). Como muestra el conflicto sobre las requisas, en lo que concierne a la agricultura, la CNT intervenía en los sistemas de distribución más que en los de producción. Esto no quiere decir que no hubiera, algunas veces, enfrentamientos en torno a la colectivización rural, ya que la CNT no podía controlar totalmente las acciones de aquellos de sus militantes que eran entusiastas procolectivistas. Hubo choques en la región valenciana, Cataluña y Castilla. Tampoco significa que la misma existencia de formas económicas alternativas en Cataluña no preocupara y desmoralizara a las clases medias rurales. Pero lo que revela un minucioso análisis de la Cataluña rural es hasta qué punto la misma base de apoyo de la CNT estaba lejos de ser segura.

La situación inestable del poder en Cataluña era precisamente la que hacía al territorio adyacente de Aragón tan importante para la CNT. No solo era el frente de guerra de Cataluña, sino también el centro agrario de su revolución urbana. Pero el «Aragón revolucionario» no era el baluarte que parecía a primera vista. Los feudos de la CNT antes de la guerra habían sido los centros urbanos de Aragón occidental —Teruel, Huesca y la segunda «capital» anarcosindicalista, Zaragoza—, y todos habían caído en poder de los rebeldes en julio. La UGT también había tenido su fuerza real en la zona occidental. Pero, paradójicamente, fue la zona oriental de Aragón, sin centros urbanos grandes y, por consiguiente, con un nivel de movilización política mucho menor en el período anterior a la guerra, la que permaneció en poder de la República. Las colectivizaciones que se realizaron allí durante la guerra se llevaron a cabo, en gran medida, por la iniciativa de los milicianos anarquistas catalanes y algunos valencianos, que llevaron el nuevo orden a sus pueblos[14]. Aunque la CNT tenía escasas raíces previas en la zona, tampoco encontró ninguna oposición política organizada, por la razón obvia de que las instituciones políticas republicanas y el Estado se habían hundido. Los republicanos, que habían tenido una presencia significativa en la política municipal antes de la guerra, no tenían medios para oponerse a las iniciativas anarcosindicalistas en los pueblos, porque en Aragón, como en otros sitios, carecían de una base de masas. Nada de esto significa necesariamente que la colectivización se impusiera sobre una población rural uniformemente contraria a ella. Hubo trabajadores rurales que necesitaron poca persuasión. Además, la colectivización surgió, como en otros sitios, como una respuesta a la grave necesidad de restablecer las comunidades destrozadas y las funciones económicas esenciales.

Pero en Aragón (oriental y occidental) había también un porcentaje bastante alto de pequeños propietarios que ya poseían tierra, aunque muchos tenían unas cantidades demasiado pequeñas para ser autosuficientes[15]. Ellos hubieran preferido que la «revolución» mejorase su situación económica por medio de la consolidación de sus pequeñas propiedades agrícolas. Pero también se sentían incapaces de permanecer fuera de las colectivizaciones —incluso aunque en teoría era posible— por el profundo sentimiento de inseguridad del contexto político en que vivían[16]. Después de todo, durante agosto y septiembre de 1936, la CNT fue la única presencia política organizada en el Aragón oriental. Esto significaba no solo que algunos individuos más prósperos no pudieron reclutar mano de obra, formal o informalmente, sino también que otros pequeños propietarios fueron privados de trabajar como jornaleros, un medio por el que habían complementado, ya fuera en metálico o en especies, los escasos ingresos de sus propias tierras. Dados los niveles de privación soportados por muchos de los pequeños propietarios en Aragón, no todos eran, a priori, contrarios a la colectivización, aunque no sabían nada sobre ella. Pero una vez que las milicias empezaron a enzarzarse en requisas arbitrarias —como hicieron casi de inmediato en Aragón—, el descontento se extendió rápidamente entre los campesinos[17]. Y con el descontento llegaron las semillas de la oposición, que daría a otras organizaciones la oportunidad de desarrollarse.

Aragón oriental, sin embargo, era un punto débil que los cenetistas catalanes difícilmente se podían permitir, en vista de su aislamiento en su propia región. No solo estaban enfrentados a la Cataluña liberal, fortalecida por el PSUC de Comorera, sino que estaban cada vez más distanciados del POUM. Superpuestos a la división ideológica, había desacuerdos políticos estratégicos y rivalidades organizativas entre la CNT y el POUM —y su precursor, el BOC— que se remontaban a años atrás. El BOC/POUM era muy crítico con la tenaz hostilidad de los libertarios a la política parlamentaria, que consideraba que dejaba indefenso al proletariado industrial de Barcelona. La CNT no había sido capaz de ignorar al BOC, dado que, como hemos visto, su mezcla de catalanismo y política radical le había dado una base sólida entre trabajadores cualificados y sectores de clase media baja urbana y rural. Pero el BOC también tenía la vista puesta más allá de ellos. Con la crisis de militancia de la CNT catalana después de 1931[18] y la disensión interna sobre el treintismo y la acción directa violenta de la FAI, el BOC había creído, de forma muy optimista, divisar una oportunidad para romper las relaciones hegemónicas de la CNT con los inmigrantes y los trabajadores no cualificados de Barcelona. En 1932 llamó a los disidentes de la CNT a unirse a él en una nueva dirección sindical política en Cataluña, a lo que la Regional de la CNT respondió expulsando a los sindicatos dirigidos por el BOC en Lleida, Tarragona y Girona[19]. Sin duda, estos antagonismos entre las organizaciones fueron estimulados también por el hecho de que muchos dirigentes socialistas clave en Cataluña (y no pocos fuera de ella) habían realizado su aprendizaje político en las filas anarcosindicalistas antes de convertirse en lo que los cenetistas, por razones comprensibles, llamaban «renegados».

Durante los días de julio de 1936 las milicias de la CNT y del POUM lucharon al unísono. Mientras que el control de la CNT era incuestionable en Barcelona capital, el POUM tenía baluartes en otros centros urbanos de la región, especialmente en Lleida, gracias a la vieja base del BOC. Pero había una clara conexión entre las tensiones anteriores a la guerra y el hecho de que la CNT, al aceptar tan alto nivel de representación de los partidos republicanos liberales de Cataluña, la UGT y el PSUC en el Comité Central de Milicias Antifascistas (unos ocho puestos en total), permitiese que el POUM quedase relegado a una voz más minoritaria de lo que lo justificaban su fortaleza y su papel en julio de 1936 en otros lugares de Cataluña. Al actuar así, la CNT tal vez creía estar librándose de un competidor problemático, pero estaba también desestimando las valiosas críticas del POUM sobre las deficiencias en sus propias estructuras y en su estrategia revolucionaria. Es importante tener presente esta problemática relación porque iba a tener efectos prácticos en el desarrollo político de Cataluña entre julio y diciembre de 1936.

A los diez días de la creación del Comité Central de Milicias Antifascistas, la CNT-FAI también aceptó que Companys reconstituyese formalmente, el 31 de julio, una Generalitat completamente liberal-republicana, que tenía como conseller primero al militante de Esquerra Joan Casanovas[20]. Companys tuvo que abandonar el intento de fortalecer su posición incluyendo a tres miembros del PSUC, en las conselleries de Economía, Abastos y Agricultura, por la oposición de la CNT-FAI. Pero el punto más importante es que los anarcosindicalistas no se opusieron a la formación del gobierno per se, o al hecho de que, a partir de ese momento, el Comité Central de Milicias Antifascistas pasó a ser responsable ante este como un subcomité de la Generalitat[21]. Era como si la antigua mentalidad anarquista catalana de «división del trabajo» entre la «política» burguesa y el ámbito sindical de los trabajadores estuviera todavía funcionando y no dejase ver a la CNT los peligros de permitir una mayor consolidación de sus antagonistas en una situación de dualidad de poderes, especialmente cuando la ventaja repentina e inesperada de la falta de control por parte de Madrid convertía la reconquista del poder político en una posibilidad aún más atractiva para la burguesía catalana. Los anarcosindicalistas minaron su propia posición cuando permitieron a sus oponentes volver al juego político al aceptar al principio la representación de Esquerra, la Unió de Rabassaires, el PSUC y la UGT en el Comité Central de Milicias Antifascistas.

A finales de septiembre de 1936 el conflicto entró en una nueva fase cuando la CNT aceptó la disolución del Comité Central de Milicias Antifascistas y se sumó a la Generalitat. Dos meses de guerra, incluso aunque esta no estuviera a las puertas de Cataluña, habían tenido graves efectos en los dirigentes de la CNT, como algunos admitieron públicamente[22]. Las derrotas de las milicias en el sur y en los accesos a Madrid, al igual que el horizonte internacional poco prometedor, pesaban duramente en las esperanzas libertarias en todos sitios[23]. Como hemos visto, el presidente Largo Caballero estaba determinado a llevar a la CNT al Gobierno. Como resultado, a finales de septiembre un pleno de la CNT aprobó el principio de su presencia en el Gobierno como consecuencia de la abrumadora situación[24]. Pero los intentos simultáneos de justificar la decisión sobre la base de que la situación de emergencia había transformado la misma naturaleza del Gobierno y del Estado muestran que la grave crisis de la defensa republicana había revelado la subyacente falta de perspicacia política de la CNT:

El gobierno … ha dejado de ser una fuerza de opresión contra la clase trabajadora, así como el Estado no representa ya el organismo que separa a la sociedad en clases. Y ambos dejarán aún más de oprimir al pueblo con la intervención en ellos de la CNT[25].

El hecho de que estas fueran las palabras de Diego Abad de Santillán, uno de los dirigentes de la FAI catalana, también invalida el argumento de que la polémica sobre la entrada en el Gobierno separó de forma clara a los puristas de los pragmáticos o treintistas, siguiendo las líneas del conflicto anterior a la guerra[26]. De hecho, todas las corrientes del movimiento libertario estaban comprensiblemente abrumadas por la situación militar y diplomática cada vez más grave de la República[27]. Aunque el pleno de la Regional catalana de principios de septiembre aceptó la entrada de la CNT en la Generalitat, los catalanes continuarían oponiéndose a la participación en el Gobierno de Largo Caballero hasta mediados de octubre[28]. La lógica derivaba de la creencia de que, mientras que los anarquistas estaban colaborando con la Generalitat desde una posición de fuerza, la inclusión de la CNT en el Gobierno central llevaría solo a compromisos interminables y a la derrota de sus objetivos políticos revolucionarios. Pero sería precisamente a esto a lo que llevaría también la presencia de la CNT en la Generalitat.

En la composición del Gobierno del 28 de septiembre se puede ver claramente la estrategia de quienes se oponían a la CNT. El control económico anarcosindicalista estaba formalmente «contenido» por Esquerra. Josep Tarradellas, nombrado conseller primero por Companys, también ocupaba la conselleria de Hacienda, mientras que la de Agricultura estaba en manos de los rabassaires[29]. El PSUC tenía dos conselleries: Servicios Públicos y Trabajo y Obras Públicas. La disolución del Comité Central de Milicias Antifascistas hizo que los comités de la CNT fueran decapitados de forma efectiva. Además, en la prensa y en foros públicos, comentaristas y políticos liberales de Esquerra y el PSUC, al igual que de otros partidos más pequeños, habían empezado a atribuir toda la desorganización e ineficiencia económica a las formas de control de la CNT per se, incluso aunque muchos de los problemas que identificaban eran difíciles de solucionar y derivaban de los problemas macroeconómicos y territoriales de la guerra: regiones industriales separadas de sus abastecedores de materias primas, regiones productoras separadas de sus mercados naturales, etcétera. Fue la crisis global de la guerra la que permitió que el programa político liberal en que se basaba esta campaña pudiera ocultarse bajo nobles denuncias de ineficiencia y abusos de los comités y colectivizaciones —que de hecho existían—, y apasionadas exhortaciones a una unificación muy necesaria de la producción económica. Pero lo que había abierto la puerta a este contraataque había sido precisamente la incapacidad de la CNT para articular políticamente los comités. El hecho de que las únicas formas centralizadas disponibles pertenecieran a sus enemigos políticos estaba forzando a los anarcosindicalistas a adoptar dos posturas posibles, ninguna de las cuales era viable: un «pacto» político con el orden liberal o una defensa a ultranza de las colectivizaciones. Pero esta última implicaba una defensa de la descentralización económica que era difícil de mantener en las condiciones en que se estaba librando la guerra. Además, dejaría a las corrientes anarcosindicalistas partidarias de la descentralización muy expuestas a los ataques de sus enemigos políticos.

Sin lugar a dudas, la colectivización agraria estaba siendo limitada, aunque lentamente. El famoso decreto republicano del 7 de octubre de 1936 solo legalizó las colectivizaciones cuando ocupaban tierras que habían pertenecido a quienes habían apoyado el levantamiento militar, y esta era, según la ley republicana, la única tierra expropiable. Todos los decretos republicanos sobre agricultura, incluido este de octubre, permitieron apaciguar y proteger a los sectores propietarios de tierra, principalmente a los medianos y pequeños propietarios, que no habían demostrado activamente ser prorrebeldes. Los que llevaran seis años arrendando la tierra obtuvieron el derecho a comprar su tierra en el acto o a través de la redención de los pagos. En febrero de 1937, la Generalitat también convertiría en propietarios a todos los arrendatarios. Dado que estas transacciones reforzaban el concepto de propiedad privada[30], entraban completamente dentro de la lógica de la alianza interclasista del Frente Popular y, como tal, encontraron sus más enérgicos defensores en el PSUC y el PCE. Este último era el responsable del Ministerio de Agricultura del Gobierno central y del Instituto de Reforma Agraria (IRA). Aunque este proporcionaría apoyo financiero y técnico a las colectivizaciones organizadas legalmente en toda la zona republicana a lo largo de la guerra, el precio era la supervisión del Estado, y muchas colectividades de la CNT se resistieron a registrarse[31]. Una vez más, el hecho de que el control político no perteneciera a los anarcosindicalistas sino a sus oponentes sería desastroso. Sin acceso a fondos estatales, a créditos o al comercio externo, la viabilidad de las colectivizaciones se redujo con el tiempo. El hecho de que el control financiero quedara en otras manos significaba que no había medios para capitalizarlas y, así, eran difíciles de conseguir nueva maquinaria, fertilizantes o el asesoramiento de técnicos agrónomos. Al carecer de acceso a recursos y enfrentada a la inevitable desorganización cada vez mayor en tiempos de guerra, incluso la minoría ideológicamente comprometida llegaría a estar harta y desilusionada con lo que, demasiado a menudo en estas circunstancias, acababa siendo la colectivización de la escasez y la pobreza[32].

La disolución del Comité Central de Milicias Antifascistas también aflojó los lazos entre Barcelona y Aragón. El Comité había sido formalmente, si no en la práctica, el responsable de supervisar los asuntos políticos y militares de la región. Pero un pleno celebrado por los anarcosindicalistas aragoneses el 6 de octubre para discutir la reciente incorporación de la CNT a la Generalitat decidió, frente a la oposición de los representantes catalanes, establecer su propio consejo regional completamente anarquista, el Consejo de Aragón, aunque la responsabilidad militar formal del frente de Aragón siguió recayendo en la Generalitat[33]. Esta fue una respuesta al muy real aislamiento de Aragón del gobierno republicano como consecuencia del golpe. Había también un elemento claro de sentimiento regionalista que reaccionaba contra lo que se percibía como «colonización» por parte de «Cataluña» y, más concretamente, por parte de las columnas anarquistas catalanas y valencianas[34]. El principal objetivo del Consejo era coordinar la economía colectivizada, muy fragmentada, de Aragón. Y, a pesar de su procedencia, el Consejo desempeñaría un crucial papel intervencionista, es decir, casi gubernamental, fijando los precios y salarios y organizando el intercambio de mercancías en la región. Pero, con mucho, la tarea más urgente a la que hizo frente el Consejo en el momento de su nacimiento fue combatir la plaga de requisas milicianas irregulares —que llegaban a ser a menudo pura expoliación armada— que estaba alienando rápidamente al campesinado aragonés, a la vez que reducía la frágil viabilidad de las nuevas colectivizaciones. A pesar de los esfuerzos del Consejo, sin embargo, tales «requisas» continuarían incluso después de la militarización del frente de Aragón en la primavera-verano de 1937, dado que cada unidad militar continuó teniendo su propia sección de abastecimiento autónoma[35].

De forma inevitable, hubo también problemas políticos y prácticos dentro de las colectividades[36]. En una región donde los niveles educativos eran bajos, faltó, desde un principio, personal con la experiencia técnica o administrativa necesaria. Esto creó una oportunidad para las críticas del PCE según las cuales la CNT estaba aceptando a personas de lealtades políticas dudosas si demostraban que tenían las habilidades requeridas[37]. Al mismo tiempo, para los sectores socialmente conservadores del campesinado aragonés, los objetivos revolucionarios de igualdad social eran más difíciles de tratar que los rigores prácticos de las requisas de guerra. Pero la igualdad, incluso para quienes la buscaban, demostró ser difícil de lograr en la práctica, y, bajo las dificultades de la guerra, asegurar que la distribución y el intercambio de productos funcionaran era un proceso lleno de contratiempos. Todo esto creó nuevos espacios dentro del Consejo para que los socialistas, comunistas y republicanos compitieran por el apoyo político de los sectores rurales del Aragón oriental. Aunque había diferencias ideológicas entre estas organizaciones, muchas de las recriminaciones mutuas de que los demás estaban dando cobijo a personas políticamente indeseables simplemente muestran la problemática heterogeneidad de la base social que la República necesitaba integrar.

Antes de que el Gobierno de Largo Caballero reconociese al Consejo de Aragón o se comunicase con él, insistió en que este debía reconstituirse para reflejar la configuración política del Frente Popular. Ni el Gobierno central republicano ni la Generalitat podían estar ni remotamente satisfechos con la composición exclusivamente anarquista del Consejo. Pero, aunque la Generalitat veía su misma existencia como una violación de sus poderes, los ministros anarquistas en el gobierno central pudieron convencer a Largo Caballero de tomar el camino de la conciliación más que el de la confrontación. A finales de 1936 se alcanzó un acuerdo y, de ahí en adelante, el Consejo estuvo formado por un número igual de representantes de la CNT y del Frente Popular, aunque presidido por el cenetista Joaquín Ascaso, primo del famoso dirigente anarquista Francisco Ascaso, que había muerto en combate en julio de 1936[38]. Pero el deterioro de la «hegemonía» de la CNT en el Consejo de Aragón a partir de ese momento ocurrió tan deprisa que permite sugerir que, de hecho, nunca había tenido más que una apariencia de control. El hundimiento del régimen republicano no había hecho desaparecer totalmente el principio de su legitimidad, como hemos visto en el caso catalán. Y esto era algo sobre lo que los oponentes políticos de la CNT en Aragón podrían actuar desde comienzos de 1937. Además, sumado a la lucha política interna por obtener influencia y militantes, estaba también el tema primordial de las necesidades de guerra que apuntaban hacia el control económico y político centralizado. La razón de ser del Consejo era su papel como instrumento de articulación política y, sobre todo, económica. Pero esto respondía todavía a necesidades regionales. El Consejo controlaba recursos que convertía en divisas que gastaba en formas que, aunque no eran incorrectas, no necesariamente respondían a las prioridades de guerra de la República en su conjunto. Por ejemplo, su compra de tractores y otra maquinaria agrícola debió de aumentar la producción en las colectivizaciones que los recibieron y, verdaderamente, constituyó una mejora de la calidad de vida de los colectivistas, pero fue una decisión tomada sin ninguna referencia a las necesidades o a la utilización de recursos de la República en su conjunto. Al final, por tanto, el Consejo era un particularismo muy exagerado. Sobre todo, estaba el problema todavía no resuelto de articular y abastecer de forma adecuada el frente militar de Aragón. Una vez que se hizo necesario activarlo, los días del Consejo estuvieron contados, como también la responsabilidad militar nominal de la Generalitat sobre este.

Mientras tanto, el control político de la CNT continuaba deshaciéndose en Barcelona capital. El 9 de octubre de 1936 la Generalitat decretó la reconstitución de todos los comités locales con la misma composición que la Generalitat, es decir, con representación de todas las organizaciones integrantes del Frente Popular, en un intento de acabar con el poder anarcosindicalista sobre el terreno[39]. Esquerra se quedó sorprendida de contar con la aquiescencia de los consellers de la CNT. Pero ya era demasiado tarde para que se opusieran a lo que era, en efecto, la consecuencia de haber compartido el poder en julio.

Desde finales de septiembre y hasta diciembre, Comorera y el PSUC fueron la punta de lanza de una campaña de propaganda cada vez más encarnizada contra los sitiados comités de abastecimiento de la CNT. Deseoso de restablecer el mercado libre en los productos de primera necesidad que buscaban sus partidarios (pequeños propietarios, comerciantes y tenderos), el PSUC responsabilizó a los comités de abastecimiento —e, implícitamente, a todas las formas de colectivización— de la escasez de alimentos cada vez más grave a la que se enfrentaba la población.

Sin embargo, el objetivo principal de la coalición de organizaciones que, en una línea frentepopulista, se oponían a la CNT dentro de la Generalitat seguía siendo el completo control del orden público en Cataluña, dado que el monopolio de los medios de coerción era una condición sine qua non de todos los demás cambios. Desde la conselleria de Seguridad Interior de la Generalitat, Artemi Aiguader, un hábil y arriesgado político de Esquerra, buscó eliminar el control de facto que ejercía la CNT sobre la conselleria de Defensa[40]. Al mismo tiempo, se aprobaron varios decretos con el objetivo de desarmar a los comités obreros. El 27 de octubre el gobierno central republicano decretó que todas las «armas largas» (es decir, fusiles y ametralladoras) que tuvieran los «ciudadanos individuales» fueran entregadas a las «autoridades municipales»[41]. Pero este sería inevitablemente un proceso lento, especialmente en Cataluña. Pasarían meses antes de que los ayuntamientos empezaran a funcionar, y ni estos, ni la desaparición del Comité Central de Milicias Antifascistas, ni la representación de la CNT en la nueva Generalitat habían, por sí mismos, acabado con la dualidad de poderes. Todavía funcionaba en toda Barcelona una red de comités de defensa, al igual que de barriada y de fábricas, incluso aunque hubieran sido decapitados. Estos comités consideraron por lo general que el decreto sobre armas les permitía todavía la retención de estas para su propia utilización colectiva. A largo plazo, sin embargo, el decreto de octubre establecería el precedente para la retirada de las armas a las patrullas de control y a los comités obreros de la retaguardia. Los gobiernos de Madrid y Barcelona estaban buscando que las fuerzas de orden público, como agentes del Estado, recuperasen el monopolio de la fuerza, aunque este proceso se explicaba y justificaba simplemente en función de la necesidad de destinar todos los recursos a la guerra.

Para conseguirlo, se estaban consolidando las fuerzas de orden público. Después de disolverlas formalmente como consecuencia del golpe, tanto la Guardia de Asalto como la Guardia Nacional Republicana (es decir, la ex Guardia Civil) fueron sometidas, ya hacia finales de 1936, a las mismas reformas que habían facilitado la consolidación del cuerpo de carabineros por parte del Gobierno central[42]. A finales de 1936, los carabineros se verían envueltos en escaramuzas —que en tres meses degenerarían en confrontaciones sangrientas— con los comités de control de la CNT en la frontera franco-catalana (por ejemplo, en Figueres y Puigcerdà) cuando Negrín, como ministro de Hacienda, buscó que el Gobierno central republicano ejerciera el control económico sobre las importantes divisas[43]. Aunque esta «usurpación» por parte de «Madrid» estuvo lejos de ser bien recibida por los nacionalistas catalanes de Esquerra y del PSUC, tal era su deseo de lograr la normalización social y económica que garantizaron su apoyo provisional a la iniciativa de Negrín. Sin embargo, iba a ser una crisis política surgida en noviembre de 1936 por la presencia de representantes del POUM en la Generalitat la que proporcionara la primera oportunidad significativa para consolidar la autoridad de la alianza antilibertaria en Cataluña, tanto en términos de orden público como de política económica.

Esta oportunidad la proporcionó el estallido en la España republicana de otro enfrentamiento, el que se estaba desarrollando de forma cada vez más encarnizada en el movimiento comunista internacional. A finales de agosto, el POUM denunció públicamente la ejecución de Zinoviev, Kamenev y otros miembros de la «vieja guardia» bolchevique por orden de Stalin. Lo hizo a pesar de una fuerte corriente de opinión dentro del partido que exhortaba a la cautela para evitar un mayor deterioro de su relación con el PCE y el PSUC, alineados con la Comintern[44]. En noviembre, la crítica de la prensa del POUM aumentó, en gran parte, por la exclusión del partido de la Junta de Defensa de Madrid. Los dirigentes del POUM empezaron a acusar abiertamente a la Comintern de buscar la contención de la «Revolución española» al no sintonizar con las necesidades de defensa del gobierno soviético, especialmente porque la revolución no ofrecía ninguna ventaja partidista ya que la Comintern no la controlaba políticamente[45]. Las críticas públicas del POUM atrajeron la atención de Moscú hacia un partido sobre el que no se había cernido previamente su «fichero de delincuentes trotskistas». De hecho, el POUM tampoco era un partido trotskista estrictamente hablando, pero la presencia en él del pequeño grupúsculo trotskista de Andreu Nin, la Izquierda Comunista, despertó la hostilidad de la Comintern. Nin había sido secretario de Trotski, e incluso aunque en ese momento estaban distanciados, la significación simbólica de Nin, unida a las críticas públicas contra Stalin por parte del POUM, afianzaron la determinación de la Comintern de eliminar al POUM de la escena política.

Sin embargo, esto podría haber sido bastante más difícil de lograr si la posición política del POUM no hubiera estado ya debilitada por sus ambigüedades y contradicciones internas[46]. Tras el golpe militar, el partido se adhirió a una ideología anticapitalista radical para promover tanto la revolución de julio como el esfuerzo de guerra. Pero, anteriormente, el POUM había apoyado la alianza de izquierda liberal del Frente Popular. Esto había reflejado el hecho de que la base fundamental del POUM en Cataluña dependía de los sectores catalanistas de las bajas clases medias urbanas y rurales que, aunque se hallaban a la izquierda de Esquerra, estaban lejos de ser socialistas o revolucionarias. Era la necesidad de tener en cuenta a estos sectores lo que subyacía a las declaraciones del POUM de que defenderían las reivindicaciones económicas de las clases medias, aunque «dentro de los cuadros de la revolución»[47]. Al mismo tiempo, el POUM buscaba distinguirse del PSUC —también claramente catalanista—,[48] al que denunciaba como culpable de haber capitulado ante sus bases de clase media, convirtiéndose en un simple instrumento de estas. Pero es difícil ver cómo el POUM podría haber logrado la cuadratura de este particular círculo. El dilema del partido después del 18 de julio de 1936 surgió del conflicto entre el proyecto ideológicamente radical que articuló en sus publicaciones durante la guerra y el carácter de su base social. Este conflicto probablemente era mucho más grave por la ausencia del indiscutible dirigente del POUM, Joaquín Maurín, preso en la zona rebelde[49]. Antiguo dirigente del BOC, Maurín era un político experto que entendió a su base catalana. Quienes le reemplazaron eran activistas y teóricos, pero ninguno tenía el talento estratégico de Maurín. El nuevo hombre fuerte del POUM, Andreu Nin, aunque respetado, representaba a una corriente minoritaria —y anticatalanista— del partido[50], y no fue capaz de revestir el discurso radicalizado de este con una práctica adecuada. De hecho, algunos han ido tan lejos como para argumentar que el dogmatismo de Nin malgastó los seis años de valiosa práctica política populista del BOC y facilitó el «robo», por parte del PSUC, del discurso político, las estrategias y las bases del POUM[51]. Tampoco tenía el POUM de Nin aliados políticos reales. De hecho, sus mismas ambigüedades hicieron que grupos que, de otra forma, hubieran sido antagónicos políticamente (es decir, CNT, PSUC y ERC) pudieran unirse temporalmente en su hostilidad común hacia el POUM.

A pesar de las reservas de la izquierda del POUM y de lo que se consideraba radicalismo por parte de Nin, fue este el que llevó al POUM al Gobierno de la Generalitat[52]. Como la CNT, también él hacía frente a la enorme responsabilidad política de la guerra. Una vez en el Gobierno, Nin adoptó una línea conciliadora sobre la cuestión de si eran los sindicatos o los soviets el instrumento apropiado de la revolución. Pero la CNT continuó siendo hostil. La política de Nin en la Conselleria de Justicia de la Generalitat fue también una fuente de fricción con los cenetistas radicales[53]. Además, las numerosas críticas del POUM a los excesos de la CNT en la realización de las colectivizaciones introdujeron todavía más tensiones en su relación[54]. Como ya hemos visto, la CNT consideraba al POUM un rival en potencia. Al mismo tiempo, tanto Esquerra como el PSUC —este último de forma más realista— estaban interesados en atraer a las bases urbanas del POUM. El programa catalanista de la antigua USC, en igual medida que el de la Comintern, estaban llevando al PSUC a competir con el POUM por la lealtad política de la baja clase media de la región. Sin duda, el carácter híbrido del modelo frentepopulista también incrementó las expectativas de Comorera de conseguir un éxito similar entre los trabajadores urbanos de Cataluña. El PSUC podría ahora buscar, a la vez, lograr nuevos militantes tanto entre las bases del POUM como entre las de Esquerra, al igual que, en los demás sitios, el PCE estaba adquiriendo una militancia interclasista a través de la adopción del mismo modelo.

Después de las críticas públicas del POUM a la Unión Soviética, el PSUC solicitó su exclusión de la Generalitat el 24 de noviembre. Se ha puesto un gran énfasis en la intervención del cónsul general de la Unión Soviética en Barcelona, Vladimir Antonov-Ovseenko, para convencer a Companys y a Esquerra, y está claro que se produjo algún tipo de intervención[55]. Pero, dado que esta estaba sugiriendo una dirección política que las fuerzas de la izquierda liberal catalana estaban, en cualquier caso, deseosas de tomar, no tiene mucho sentido insistir en que el resultado fue, simplemente, consecuencia de la presión soviética. Lo que Antonov-Ovseenko ofreció a Companys fue un recordatorio bastante superfluo de la precaria situación internacional de la República. Tampoco necesitaba Companys que se le recordara que la presencia del POUM en la Generalitat era un obstáculo adicional para la normalización política que buscaba.

La petición del PSUC de excluir al POUM abrió el camino a una denuncia vehemente por parte de Esquerra del «caos de los comités». Companys no hizo ninguna referencia explícita al POUM, pero pidió un gobierno fuerte con plenos poderes, capaz de imponer su autoridad sobre todos[56]. La CNT enseguida lo rechazó, comprendiendo perfectamente que era ella, más que el POUM, el objetivo real de Companys. De hecho, el PSUC lo explicitó claramente. Después de hacerse eco de las declaraciones de Companys sobre la necesidad de concentrar todo el poder en el Gobierno, Comorera fue más allá y pidió que se pusiera fin a la dualidad de poderes en el orden público y en la defensa de Cataluña, tanto de facto como de iure, por medio de la disolución de los comités de defensa y de seguridad de la CNT.

Ante este frente común de Esquerra y el PSUC, los libertarios no pueden haber interpretado mal los peligros políticos que suponía para ellos. Pero esto no hizo que se redujeran sus reticencias hacia el POUM. Además, en vista de las relaciones de poder en Cataluña en 1936, tanto la marginalidad cada vez mayor del POUM al expandirse el PSUC como sus tensiones políticas internas hicieron que la CNT no interpretase que la presencia o ausencia del POUM establecía ninguna diferencia estratégica en su propia posición. Así pues, cuando el PSUC ofreció un acuerdo, la CNT aceptó: ella retiraría su oposición a la exclusión del POUM de la Generalitat y el PSUC, su llamamiento a la disolución de los comités de seguridad y de defensa.

El 16 de diciembre, después de cuatro días de crisis de Gobierno, se anunció uno nuevo: de un total de once conselleries, Esquerra ocupaba cuatro (incluida la de Agricultura, asignada a los rabassaires), el PSUC, tres y la CNT, cuatro. Había todavía un equilibrio de poder en materia de orden público: Aiguader (ERC) retuvo la Conselleria de Seguridad Interior, pero los comités de la CNT continuaron funcionando. Sin embargo, se había producido un cambio crucial en las conselleries económicas, y el porqué la CNT lo aceptó constituye un enigma aún mayor que su postura hacia el POUM. La razón aparente es que la CNT quería controlar la Conselleria de Defensa y, a cambio, renunció a la de Abastos[57]. No solo fueron supervisadas las competencias de la CNT en la Conselleria de Economía, como antes, por el control ejercido por Tarradellas, de la de Hacienda, sino que Comorera pasó a controlar la crucial Conselleria de Abastos. La batalla por «liberalizar el mercado» estaba a punto de empezar.

Esta fue una lucha en la que Esquerra quería el mismo resultado que el PSUC: el restablecimiento del orden económico liberal. No obstante, estaba menos preparada que el PSUC para soportar la presión de la confrontación violenta, en parte porque todavía estaba recuperándose del impacto erosivo del golpe militar. Pero parece muy probable que fuera también una táctica consciente de Companys permitir que el PSUC hiciera «el trabajo sucio», con la esperanza de que esto, a su vez, minase a un PSUC en rápido crecimiento[58] y permitiese a Esquerra reclamar una posición hegemónica en el mundo político catalán. Las tensiones en aumento en el «híbrido» PSUC entre las corrientes centralista y catalanista daban a Companys y a Esquerra tanto la voluntad como la oportunidad de volver a disputar seriamente la hegemonía política.

La caída de Málaga a principios de febrero de 1937 y la dura lucha que continuaba en torno a Madrid intensificaron las demandas del Gobierno republicano de que se concentrara todo el poder de decisión política, económica y militar en sí mismo (el llamado «mando único»). La pérdida de Málaga casi con toda seguridad aumentó los temores de la Comintern sobre «el enemigo interno» en la España republicana, identificado tanto con el POUM como con los oficiales potencialmente traidores. Estas sospechas se alimentaban también del empeoramiento del clima de denuncias en la misma Comintern[59]. El Partido Comunista de España encabezaba las demandas de una aplicación adecuada del servicio militar obligatorio bajo el control del Gobierno central. Companys había experimentado ya esta presión de primera mano en diciembre de 1936, cuando, según se dice, Antonov-Ovseenko apoyó las reivindicaciones del Gobierno central republicano al vincular la ayuda militar soviética a Cataluña no solo a la exclusión política del POUM, sino también a la aceptación, por parte de la Generalitat, de un mando único militar y político republicano, algo bastante más difícil de aceptar para Esquerra[60], que vio ofendido su alto sentido de las prerrogativas nacionalistas. A su vez, esto llevaría al partido a un complicado acto de equilibrio político: apoyar a la CNT en momentos estratégicos, aunque a riesgo de enajenarse a parte de sus propias bases de clase media en beneficio del PSUC. Por supuesto, a Esquerra le interesaba que la campaña del PSUC por la normalización económica diese resultado, pero también necesitaba un medio de resistirse a las tendencias centralizadoras del mismo PSUC. Este también pisaba una línea peligrosa porque su dinámica defensa del orden liberal le había dado el apoyo de las clases medias catalanas. Pero, mientras que en el resto de la zona republicana la atracción del PCE estaba basada en gran medida en su identificación con el mando único, el PSUC se arriesgaba a enajenarse su recién adquirida base social al defender estas políticas, por muy necesarias que pudieran ser para el esfuerzo bélico. En parte, estas diferencias de perspectiva estaban relacionadas con la cercanía o lejanía del frente. Pero, en su origen, era la antigua rivalidad de una España con un desarrollo desigual donde el poder industrial y económico de Cataluña se enfrentaba con la autoridad política de Madrid o, en este caso, Valencia.

La influencia ejercida por los sectores menos catalanistas del PSUC (es decir, los que procedían de las secciones catalanas del PSOE y del PCE, pero posiblemente también algunos sectores de los recién afiliados) era también parte de la batalla de larga duración entre los republicanos centralistas y los nacionalistas catalanes, incluso aunque sus hilos conductores más eficientes durante la guerra fueran los partidos comunistas de la península y la Comintern[61]. Pero el empeoramiento de la situación militar de la República era una presión objetiva que afectaba a todos los sectores políticos republicanos por igual. Las críticas cada vez mayores de Comorera a los ataques públicos del POUM a la Unión Soviética en febrero de 1937 también deben entenderse como una respuesta a esta situación. Estos conflictos y presiones dentro de las filas comunistas tampoco eran diferentes de los que separaban cada vez más a los dirigentes nacionales de la CNT de ciertos sectores del movimiento anarcosindicalista de Cataluña. Y es que los imperativos de la guerra estaban también convirtiendo a los ministros de la CNT y a su Comité Nacional en un hilo conductor de las políticas del Gobierno central que buscaba mantener comprometidos a los anarquistas catalanes en la Generalitat, algo con lo que estuvieron de acuerdo los partidos catalanes de la izquierda liberal. Pero lo que no llegaron a entender estos últimos era que, aunque era factible «contener» a los dirigentes catalanes de la CNT, sus bases eran un asunto distinto. En las experiencias vividas a diario por estos sectores y el significado que le daban a dichas experiencias era donde estaba la fuerza motriz crucial del aumento de las tensiones sociales y políticas en la Cataluña urbana a lo largo del invierno y la primavera de 1937.

Mientras tanto, la continuación de la guerra bajo las condiciones muy desfavorables del embargo provocado por la no intervención estaba también aumentando la presión en el Gobierno central para poner bajo su control al País Vasco, de acuerdo con el mando único. De hecho, mientras el Gobierno no controlara adecuadamente las fuerzas militares vascas y, especialmente, sus industrias siderúrgicas, el esfuerzo bélico republicano seguiría siendo irrealizable. Pero contra este objetivo existía un poderoso particularismo regional, no menos recalcitrante por ser totalmente liberal, a diferencia de las variedades liberal y revolucionaria de Cataluña.

La rebelión militar del 18 de julio de 1936 había abierto las divisiones internas del País Vasco. Las zonas menos afectadas por la modernización —aquellas que eran agrícolas, menos urbanizadas y los baluartes del tradicionalismo político— se separaron de las partes más industrializadas, urbanizadas y socialmente heterogéneas. Navarra, centro del carlismo y, por tanto, un bastión de la ultraderecha antirrepublicana, se separó al instante de la órbita republicana[62]. La mayor parte de Álava estaba también en manos de los rebeldes, al igual que la mayoría de Guipúzcoa a partir de septiembre. La República retenía el centro industrial vasco (Vizcaya) y algunos territorios adyacentes, también de carácter principalmente industrial.

Pero esta separación interna no facilitó el encaje entre el País Vasco republicano y el resto de la República. La defensa militar de Vizcaya fue emprendida por una combinación de grupos sociales: trabajadores vascos y emigrantes encuadrados en los sindicatos STV y UGT, respectivamente, y las clases medias bajas fuertemente nacionalistas representadas por el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Pero fue este último el que dominó la política de Vizcaya, y lo hizo, además, basándose en la fortaleza de una base social provincial significativamente más conservadora en lo social que la que proyectaba su capital industrial, Bilbao, cuyos componentes seculares y obreristas encajaban más fácilmente con el resto de la España frentepopulista.

En el mismo Bilbao no había habido levantamiento militar. Tanto el ejército como las fuerzas de orden público habían permanecido leales a la República. Sin embargo, en el País Vasco, como en todos los demás sitios, el poder político se fragmentó bajo el impacto de la rebelión. Surgieron juntas de defensa en diferentes lugares, incluidas Bilbao y San Sebastián, cada una de las cuales actuó al principio de forma independiente. El PNV tenía relativamente más influencia en la de Bilbao, y con el desgaste republicano en Guipúzcoa y la caída de San Sebastián en las primeras semanas de septiembre, la Junta de Defensa de Vizcaya surgió como la institución principal, supervisando tanto la defensa militar como la organización de la retaguardia.

A diferencia de otros lugares, sin embargo, la fragmentación política en Vizcaya nunca produjo un desafío al orden económico liberal ni ninguna experimentación revolucionaria en la vida social. La propiedad privada fue garantizada por el continuo dominio político de los nacionalistas vascos, apoyados por los socialdemócratas moderados que conformaban el PSOE allí. Frente a lo que les sucedió a los representantes políticos de las clases medias en otros sitios de la España republicana, la influencia del PNV sobrevivió a la ruptura formal de la continuidad política institucional provocada por la rebelión militar. Pero en Vizcaya el PNV estaba aislado por partida doble de Madrid y del Gobierno de Giral: tanto por la separación territorial como por la crisis del Estado desencadenada por el golpe. A falta de directrices y estructuras de gobierno, las necesidades inmediatas de la defensa vasca hicieron que se formasen milicias basadas en los partidos políticos y los sindicatos. Pero en esto también el PNV tuvo pronto el control. A comienzos de agosto, el partido, junto con su formación hermana, la ANV, y el Sindicato de Trabajadores Vascos (STV), formó batallones de voluntarios nacionalistas —que obedecieron una disciplina militar desde el principio— para librar la guerra en dos frentes: en primer lugar, contra los rebeldes y, en segundo lugar, contra la minoría de izquierda radical dentro del País Vasco, a la que el dirigente del PNV Manuel de Irujo describía como «los extremistas introducidos en casa»[63]. Hubo algunas manifestaciones obreristas —principalmente anarquistas— en San Sebastián en los días inmediatamente posteriores al golpe, pero fueron rápidamente contenidas. En agosto, el orden liberal reinaba de tal forma que casi parecía que la sociedad vasca no hubiera experimentado ninguna ruptura con el mundo anterior al golpe. El indicador más llamativo era la normalidad religiosa en Vizcaya. Se incendiaron dos iglesias en San Sebastián en julio, pero fueron hechos excepcionales. El PNV aseguró que las iglesias permanecieran abiertas y que las prácticas religiosas fueran públicas. De hecho, era común que cada batallón nacionalista vasco tuviera su propio capellán.

Esta normalidad social en el País Vasco fue muy bien recibida por el Gobierno de Madrid. Pero pronto surgirían otras tensiones entre este y el PNV en relación con los imperativos del esfuerzo bélico, lo que hizo que las relaciones fueran difíciles hasta la caída de Bilbao en junio de 1937. En primer lugar, Madrid ni siquiera estaba segura de que el PNV fuera a hacer entrar a Vizcaya en la alianza republicana. El PSOE —y en particular Prieto, con sus extensos contactos vascos— era consciente de la fragilidad de la lealtad del PNV, en especial por la ruptura del orden liberal y la aparición de la violencia anticlerical en gran parte del resto de la zona republicana. Después de todo, las clases medias de comerciantes que constituían el núcleo del nacionalismo vasco se definían en gran medida por su catolicismo. Este consolidó una serie de valores sociales que, aunque no eran los de los rebeldes, eran todavía claramente conservadores. Así, la colectivización de la industria en Cataluña también había provocado una considerable conmoción en Vizcaya.

En un principio, Largo Caballero había designado al dirigente del PNV José Antonio Aguirre como su ministro de Obras Públicas el 5 de septiembre de 1936. Aguirre rechazó la oferta, a lo que siguieron laberínticas negociaciones sobre el precio de la participación vasca[64]. La presión militar sobre la defensa vasca se suavizó temporalmente a mediados de septiembre, cuando las tropas de Mola tropezaron con la cadena montañosa que separa Vizcaya de Guipúzcoa y Álava. Pero Madrid todavía tenía motivos para pensar que el PNV podía emprender el camino solo y convertir el poder de la Junta en una República Vasca independiente[65]. De hecho, el PNV pactó con Largo Caballero solo porque su Gobierno estaba preparado para ofrecer al PNV su objetivo clave: un estatuto de autonomía, algo que la alianza rebelde nunca hubiera concedido, como Aguirre sabía muy bien. Esta conciencia fue reforzada, sin embargo, por el hecho de que la represión en Álava y Navarra incluyó a sacerdotes nacionalistas entre sus víctimas. La mayoría de los nacionalistas vascos interpretaban el estatuto como una estratagema que permitiría al País Vasco separarse culturalmente y, hasta cierto punto, políticamente del centro republicano después de la guerra. Pero, además de que se aprobase el paralizado estatuto de autonomía, el PNV también solicitó que Madrid permitiera la formación de un Gobierno vasco. Esta era una condición muy dura de aceptar para el centro en vista de la tremenda fragmentación del poder político contra la que ya estaba luchando. Tampoco tenía el PNV dirigentes con experiencia en áreas clave de gobierno, como la defensa, la política económica o las relaciones internacionales. Pero, dadas las circunstancias y a pesar de la reticencia de Madrid —y en este tema Largo Caballero y Prieto estaban completamente de acuerdo—, el Gobierno central tuvo que mostrarse dispuesto para mantener la moral vasca. Además, había también consideraciones prácticas que presionaban en esta dirección. La caída de Irún el 5 de septiembre, a solo seis semanas del comienzo del conflicto, hizo que el País Vasco republicano quedase aislado no solo del resto del territorio de la República, sino también de Francia. Cualesquiera que fueran las reticencias de Madrid en relación con las pretensiones de los nacionalismos periféricos, en el norte aislado tenía sentido contar con una estructura organizativa que pudiera articular el fragmentado poder de las juntas. Irujo se unió al Gobierno central como ministro sin cartera a finales de septiembre[66]. El endurecimiento posterior de las actitudes de los rebeldes y el bombardeo de Bilbao también contribuyeron a la sensación del PNV de haber cruzado el Rubicón hacia la alianza republicana. El Estatuto Vasco fue aprobado por las Cortes republicanas el 1 de octubre y se formó un gobierno vasco bajo la dirección de Aguirre el día 7. Su configuración buscaba reflejar la alianza republicana, aunque excluyendo a la CNT, que seguía siendo una fuerza marginal en el País Vasco. La mayoría de los cargos fueron ocupados por el PNV, el poder político real en el nuevo Gobierno[67]. Al mismo tiempo, la República envió parte de su flota con armas y municiones a Bilbao para sellar su pacto con los nacionalistas vascos[68].

Dado que el Gobierno republicano también estaba instrumentalizando el estatuto para comprometer plenamente al PNV en el esfuerzo bélico, la transacción política era, de hecho, recíproca. Pero, a pesar de que los principales dirigentes del PNV, y especialmente Irujo, se identificarían fuertemente con los principios del constitucionalismo que sustentaban la alianza republicana, las demás fuerzas políticas republicanas todavía consideraban la lealtad del PNV condicional y llena de dificultades. Estaba claro que los vascos preveían una guerra de posiciones defensiva para proteger el territorio de Euskadi. La cuestión de su contribución en recursos económicos o tropas a los otros frentes republicanos produciría muchas más dificultades. Además, se sabía que parte de la dirección del PNV estaba a favor de negociar de forma separada con los rebeldes[69]. En parte, sus razones eran pragmáticas: no creían que la República pudiese ganar frente al ejército profesional de Franco, apoyado por Italia y Alemania. Pero también estaban presentes reservas ideológicas sobre la República, y, de hecho, estas crecieron cuando la CNT entró en el Gobierno de Madrid en noviembre de 1936. El conocimiento de que este grupo pactista del PNV había sondeado a los rebeldes a través de intermediarios en Álava, y de que estaba intentando implicar como mediador al Vaticano, reforzó las sospechas republicanas[70]. Tampoco ayudó el hecho de que la mayor parte de la lucha en el norte tras la caída de San Sebastián fuera llevada a cabo por milicias socialistas, anarquistas y comunistas más que por las fuerzas nacionalistas vascas[71]. San Sebastián fue evacuada el 11 de septiembre por anarquistas que realizaron una política de tierra quemada antes de cruzar a Francia. El hecho de que la milicia nacionalista vasca no estuviera preparada para hacer lo mismo aumentó las sospechas de su deslealtad entre las milicias obreras. Además, las tensiones en aumento sobre cuestiones de jurisdicción militar, política y económica llevarían a un antagonismo cada vez mayor entre Aguirre, a la cabeza de la administración vasca, y el poder en reconstrucción del Gobierno central republicano dirigido por Largo Caballero.

Largo nombró al eficiente aunque brusco capitán Francisco Ciutat como jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército del Norte. Pero Ciutat tuvo que aceptar la realidad de la división de las milicias de Vizcaya, Santander y Asturias, a las que, en consecuencia, asesoró por separado. Las relaciones entre Ciutat y Aguirre eran malas. El hecho de que el capitán, como muchos oficiales profesionales, se hubiese unido al PCE, garantizó la enemistad de Aguirre[72]. El rango relativamente bajo de Ciutat facilitaba que Aguirre se resistiera. Pero, a pesar de que al PNV no le gustaba la idea de un Ejército del Norte integrado, el punto subyacente en esta etapa era que no veía ninguna razón para ceder el control militar de una guerra defensiva a un Gobierno central cuya autoridad era tan débil. La incertidumbre del PNV sobre a qué representaba políticamente el Gobierno de Largo Caballero también reforzaba la idea de los nacionalistas vascos de una guerra defensiva, al igual que la escasa prioridad dada al frente vasco por Madrid. Aguirre estaba decidido a que el PNV controlase todas las áreas de la autoridad militar, incluso aunque esto significase destituir a quienes habían adquirido alguna experiencia práctica real en los meses anteriores[73]. A finales de octubre, todas las milicias republicanas del País Vasco fueron militarizadas en batallones que dependían de la consejería vasca de Defensa, que ocupaba también Aguirre. El concepto vasco de guerra defensiva también actuaba en contra de su cooperación económica y militar con el resto del norte republicano, especialmente porque al PNV no le gustaba lo que veía como un tono obrerista por parte de las otras autoridades republicanas del norte[74].

Aunque el fuerte programa nacionalista del PNV dificultaba aún más el establecimiento de un mando único, los intensos particularismos de todo el norte republicano hacían que fuera complicado de lograr[75]. Habría algunos casos de intercambio de tropas; por ejemplo, de fuerzas vascas a Asturias en febrero de 1937 y de brigadas de Asturias y Santander al frente vasco en abril de 1937[76]. Pero el efecto recíproco de estos duraderos localismos, combinado con un Gobierno central insuficientemente fuerte, impidieron una cooperación económica vital entre Asturias, Santander y el País Vasco en el período clave de la presidencia de Largo (que era precisamente cuando los republicanos tenían tiempo para prepararse, al igual que impidieron la coordinación de la planificación y la estrategia militar). El Partido Comunista de Asturias defendió precisamente esta coordinación. Pero era bastante menos influyente en el Frente Popular de Asturias de lo que lo eran sus camaradas de Cataluña o Madrid[77]. Además, sus llamamientos a favor de un mando único fueron neutralizados por la hostilidad cada vez mayor hacia él de los sectores del movimiento socialista de Asturias con los cuales estaba compitiendo por la militancia. Tampoco había en ese momento ninguna fuerza en el gobierno vasco que argumentara en contra del concepto del PNV de guerra puramente defensiva. Los socialistas vascos, la segunda fuerza política en Vizcaya, aceptaron la política de guerra del PNV, al menos en parte, para consolidar la lealtad de este hacia la República. Pero eso hizo también el Partido Comunista vasco, hasta que, bajo la presión de la ofensiva rebelde de la primavera de 1937, fue obligado a cambiar su línea política por un mayor apoyo al mando único y a la incorporación de los recursos vascos al esfuerzo bélico republicano[78]. Pero entonces sería demasiado tarde.

A principios de noviembre de 1936, el general Llano de la Encomienda reemplazó a Ciutat como jefe de operaciones en el norte, al ponerse en marcha preparativos para la acción militar diseñados para aliviar la presión sobre Madrid. Sus objetivos específicos incluían la recuperación de Vitoria e Irún, para volver a conectar el País Vasco republicano con Francia. Cuando la acción comenzó, a finales de noviembre de 1936, Llano de la Encomienda estaba al mando. Pero el control de las fuerzas vascas estaba mediado por Aguirre. Este estaba decidido a lograr una victoria militar para fortalecer la autoridad del PNV. Pero, una vez más, la mentalidad defensiva inculcada a las fuerzas nacionalistas vascas actuó en contra de esto. Tampoco la militarización había modificado la identidad política homogénea de los batallones vascos. La noción de separación política la tenían los nacionalistas vascos y la guerra en dos frentes significaba que Aguirre insistía en mantener la pureza política de sus soldados nacionalistas (los gudaris[79]). Por las mismas razones, hasta principios de marzo de 1937 Aguirre pudo resistirse bastante al nombramiento de comisarios políticos, que en otros sitios habían sido importantes generadores de disciplina y cohesión en la lucha[80]. Tampoco mejoraba la moral de los igualmente homogéneos batallones de la CNT vasca la insistencia del PNV en excluir a la organización anarcosindicalista del Gobierno vasco y del proceso de toma de decisiones. Las tensiones políticas entre el PNV y la CNT tendrían un efecto incluso más perjudicial en la primavera de 1937, como veremos. Aguirre estaba claramente determinado a mantener el control del PNV sobre el Gobierno vasco. Con este objetivo, debería haber aceptado, por razones de moral y de eficiencia militar, la necesidad de deshacer la homogeneidad de todas las unidades vascas, incluso al inevitable precio de deshacer la de los gudaris. Al no hacerlo, el programa político de Aguirre minó la eficiencia en combate de todas las fuerzas de Euskadi en su conjunto. Los objetivos militares de la campaña vasca del invierno de 1936 no se consiguieron en la que fue la única acción real antes de la ofensiva franquista contra Vizcaya, lanzada a finales de marzo de 1937. En ese momento, sin embargo, sería demasiado tarde para transformar los batallones vascos en una fuerza ofensiva, incluso aunque pronto surgiera un Gobierno central republicano en el que Aguirre tenía mayor confianza política y el cual, a su vez, entendía mejor la importancia estratégica del frente del norte.

Pero había también un conflicto subyacente de prioridades económicas entre los sucesivos gobiernos centrales republicanos y el PNV. Este choque derivaba, en último término, de la división interna de la burguesía vasca que la rebelión militar había dejado al descubierto. Como hemos visto, eran los sectores menos poderosos económicamente (los comerciantes de clase media, sectores profesionales y de servicio y pequeños productores) los que estaban preparados para negociar el apoyo a la República a cambio del estatuto de autonomía. El mismo Aguirre es un buen ejemplo de este tipo de gente que el PNV representaba: su padre poseía una fábrica de chocolate en Getxo. Por el contrario, la gran burguesía industrial vasca, que había sido siempre cultural y políticamente españolista en virtud de su larga integración económica con Madrid a través del sistema bancario, era totalmente prorrebelde. Por esto, se había retirado, como había hecho su equivalente catalana, al sur de Francia o a territorio controlado por los rebeldes en el norte, principalmente a Biarritz y, después del 13 de septiembre, a San Sebastián. Allí, planearon la reconstrucción económica de la Vizcaya industrial mientras esperaban su «liberación» por las fuerzas de Franco. Pero, en términos económicos, el PNV demostró con sus actuaciones —o, más bien, con la falta de ellas— que seguía estando más comprometido en preservar la «normalidad» general de la economía vasca, incluidos los derechos de propiedad y los beneficios del gran capital industrial prorrebelde, que en aportar los recursos económicos vascos al más amplio esfuerzo bélico de los republicanos españoles.

Desde el principio, el Gobierno de Aguirre buscó mantener una economía propia de los tiempos de paz en el País Vasco republicano. Su predecesora, la Junta de Vizcaya, en la que el PNV no había sido tan influyente, había sido relativamente más enérgica con respecto a los imperativos de la guerra. Había «intervenido» algunas fábricas de armas en Éibar, Durango, Guernica y Bilbao. Pero Aguirre no estaba preparado para militarizar la industria pesada. En la primavera de 1937 el discurso público del PNV empezó a hacer hincapié en esta intervención. Pero fue solo en junio, cuando Bilbao ya estaba en grave peligro, cuando el PNV aceptó finalmente medidas para intervenir las industrias vascas[81].

Desde octubre de 1936 el PNV trató desesperadamente de encontrar mercados de exportación alternativos para los bienes industriales vascos que reemplazasen a los perdidos en el extranjero o a través del aislamiento de la región del resto de España. Pero los esfuerzos del partido a menudo fueron saboteados en secreto por los mismos intereses industriales a los que estaba intentando ayudar. Se considera que el inexperto laissez-faire del PNV, combinado con el sabotaje industrial (que equivalía, de hecho, a una actividad quintacolumnista), fueron más responsables de la caída en picado de la producción industrial de Vizcaya durante el invierno de 1936 y la primavera de 1937 que la falta de materias primas causada por su situación de bloqueo y aislamiento[82]. Si el PNV había abrigado esperanzas de convencer a algunos de los grandes intereses industriales demostrándoles su buen hacer como cuidador del capital y la propiedad, iba a quedar decepcionado.

Los Gobiernos central y catalán tuvieron que comprar el acero vasco en efectivo durante la guerra, como si fueran clientes comerciales. El Gobierno vasco exigía oro o divisas de Valencia y Cataluña a cambio de sus materiales y bienes industriales. En parte, esto era un intento por parte del PNV de asegurar los medios para sus propias compras en el extranjero —tanto de suministros de comida como de materiales de guerra—, que también tenían que hacerse en oro o en divisas. El Gobierno central republicano pagaba créditos al PNV para respaldar su contribución al esfuerzo bélico, pero rechazó permitir a Aguirre utilizar directamente una parte de las reservas de divisas o del oro estatal[83]. En parte, esto se debía a que eran escasas y necesarias para abastecer el frente de Madrid. Pero era también porque se consideraba que, si se permitía al gobierno vasco utilizar estos recursos directamente, se estimularían más las pretensiones soberanistas del PNV. Estaba claro que estas pretensiones existían. Además, la situación de guerra había permitido la ampliación de las responsabilidades militares y políticas del Gobierno vasco[84]. Pero las complejidades de asegurar las compras y su envío eran, de hecho, más grandes en el caso del bloqueado y aislado norte[85]. Se podrían haber aducido razones prácticas para la utilización directa por parte del gobierno vasco del capital del Estado. Una solución podría haber sido que el gobierno central lo negociara a cambio de la militarización por parte del PNV de sus industrias de guerra. Tanto el esfuerzo bélico vasco como el republicano en su conjunto requerían que la economía vasca fuera totalmente militarizada para controlar y estimular la producción. Pero esta cuestión daba de lleno en la contradicción entre los imperativos económicos y los políticos del esfuerzo bélico republicano. Este exigía una alianza integrada, interclasista, tanto por razones de política interna como internacional. Pero esto, a su vez, impedía romper el punto muerto económico del País Vasco. La caída de Málaga, en febrero de 1937, convenció a las autoridades vascas de la necesidad de consolidar sus defensas, pero la resistencia a un mando único republicano se mantuvo. Y aunque el discurso político del PNV empezó a reconocer la necesidad de medidas intervencionistas en la economía, nada se haría hasta demasiado tarde, cuando Vizcaya estaba en el umbral de la derrota militar[86].

También en otras áreas económicas la capacidad del PNV para adaptarse a las necesidades de la guerra estaba limitada por su actitud política. No estaba lo suficientemente preparado para intervenir en los problemas en aumento de la retaguardia relacionados con la guerra y, en particular, contra el acaparamiento de dinero por parte de sectores acomodados, que nunca se abordó de forma adecuada[87]. En la práctica, la falta de dinero en circulación ayudó durante un tiempo a contener la inflación en los productos básicos y limitó en cierta medida el alcance del mercado negro, como lo hizo también el aislamiento físico de Vizcaya y las consiguientes (y crecientes) dificultades de importación. La política de abastecimiento del PNV fue intervencionista en cierta medida; quizá, al principio, como respuesta a la temprana llegada de al menos cien mil refugiados, principalmente de Guipúzcoa[88]. Pero era reacio a controlar los precios y los alquileres, lo que hubiera ayudado sobre todo a los sectores más vulnerables de la población urbana, especialmente con el paso del tiempo y al hacerse sentir los problemas vinculados a la especulación de alimentos y la inflación de los precios. Pero los sectores más afectados no pertenecían a las bases del PNV, sino a aquellos relacionados con la UGT y la CNT. Esta última era la más vehemente crítica de la política económica conservadora del PNV, lo que llevaría a la imposición de una censura cada vez más fuerte a su prensa y a la prohibición de sus mítines[89]. Pero la marginalidad de la CNT en Vizcaya significaba que poco podía hacer. El hecho de que tanto los socialistas como los comunistas vascos apoyaran más o menos la política económica del PNV tuvo el efecto de neutralizar las críticas de la CNT. Una presión mayor sobre el PNV podría haberlo obligado, al menos, a emplear medidas innovadoras para solucionar los problemas provocados por la guerra: por ejemplo, la utilización de los refugiados como trabajadores industriales o, al menos, como trabajadores agrícolas, para permitir que la tierra marginal fuera cultivada para aliviar la escasez de alimentos, siempre presente y cada vez mayor bajo las condiciones de la no intervención. Pero esta utilización de los trabajadores refugiados hubiera supuesto una movilización a gran escala de los sindicatos en la organización de la retaguardia, como estaba sucediendo en otros sitios de la España republicana. Esto, a su vez, hubiera requerido una redistribución de la autoridad política y social en el País Vasco durante la guerra (y también, posiblemente, en la posguerra) que el PNV no estaba dispuesto a considerar.

Las ideas conservadoras sobre el orden político y cultural mantenidas por el PNV también hicieron que mirase con recelo la llegada de refugiados de Guipúzcoa a Vizcaya[90]. La creciente xenofobia en el Bilbao burgués, dirigida contra lo que se consideraba el carácter inmigrante y obrero de esta gente, refleja algunos de los miedos que estaban también expresando los círculos nacionalistas conservadores en Cataluña con respecto a los grupos urbanos de trabajadores «inmigrantes» de la CNT, aunque en este caso la xenofobia como tal era menos manifiesta.

Las autoridades de Vizcaya, sin embargo, fueron afortunadas, porque la estructura y el modelo de desarrollo industrial vasco hicieron que no tuvieran que hacer frente a ningún problema de abastecimiento urbano de masas comparable al que estaba poniendo a prueba a las autoridades catalanas en Barcelona. El desarrollo descentralizado de la industria y el predomino en Vizcaya de trabajadores que compaginaban su trabajo industrial con el laboreo de pequeñas parcelas de tierra hizo que una parte proporcionalmente mayor de su población urbana mantuviese sus lazos con el campo, lo que facilitaba su acceso a recursos alimentarios alternativos, algo que la población trabajadora industrial e inmigrante no tenía en la Barcelona urbana. Sin embargo, el principio de la ofensiva rebelde contra Vizcaya a finales de marzo de 1937 supuso un aumento significativo de los refugiados en Bilbao, cuya población se había más que cuadruplicado en ese momento, pasando de 120 000 a 500 000. Bajo esta presión, el gobierno vasco inició la evacuación de refugiados a principios de mayo de 1937, contribuyendo así a la creciente crisis de subsistencias en la Cataluña urbana[91].

5. Los sucesos de mayo en Barcelona y sus consecuencias (febrero-agosto de 1937)

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Los sucesos de mayo en Barcelona y sus consecuencias

(febrero-agosto de 1937)

No estoy haciendo la guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino … Estoy haciendo la guerra por España y para España. Por su grandeza y para su grandeza. Se equivocan los que otra cosa supongan. No hay más que una nación: ¡España[1]!

Que Negrín tuviera o no conciencia de lo que decía al asegurar que mantenía un orden más perfecto que ningún otro gobierno en los anteriores cincuenta años … no tiene importancia. Tampoco los cerdos saben que apestan[2].

A principios de 1937, las condiciones de vida en Barcelona y otros centros urbanos de Cataluña empezaron a sufrir tensiones provocadas por las desarticulaciones económicas producidas por la guerra. La ya alta densidad de población de la ciudad antes de la guerra —entonces era el doble que la del resto de España— aumentó por la importante y relativamente continua afluencia de refugiados de Madrid, Málaga a partir de febrero de 1937, y del norte a partir de finales de la primavera. Cuando acababa 1936 había ya entre trescientos mil y trescientos cincuenta mil refugiados en Cataluña[3]. El Gobierno republicano definía al refugiado como «cualquiera, con la excepción de los combatientes u hombres de buena salud de entre veinte y cuarenta y cinco años, que hubiera sido obligado a cambiar de residencia como consecuencia de la presente guerra y que no es hostil al régimen pero carece de los medios necesarios para mantenerse y no está cobijado por familiares o amigos»[4]. Además, había muchos evacuados que se habían trasladado a vivir con familiares y que no dependían de ninguna institución de ayuda a los refugiados, nacional o internacional, y que, por tanto, no figuraban en las estadísticas oficiales. Pero incluso sin contar a este grupo, la población refugiada representaba en torno al 10 por ciento de la población total de la región a principios de 1937. Esto provocó una crisis de recursos que se manifestó en primer lugar en el hecho de que los servicios públicos se vieron desbordados. Cataluña tenía los servicios municipales más desarrollados de España, pero esto no hacía que estuviera preparada para la gran demanda de asistencia social producida por la guerra. En diciembre de 1936, los alimentos y otros productos de primera necesidad escasearon, lo que dio lugar a un aumento de la inflación a pesar del control oficial de los precios[5].

El estallido de la guerra había trastocado la producción industrial en los centros urbanos. Esto produjo un fuerte desempleo sectorial y la interrupción del comercio habitual entre el mundo urbano y el rural. Aunque a finales de 1936 y principios de 1937 las tiendas de las ciudades todavía tenían muchos bienes para vender, como un informe cuáquero indicaba, eran a menudo stocks de conservas enlatadas o productos de lujo que apenas servían para hacer frente a la amenaza de una crisis de subsistencias. Esta situación dejó a los sectores más pobres de la sociedad urbana catalana desprotegidos y, más aún, a los trabajadores inmigrantes. Sin contactos familiares en la Cataluña rural y con menores recursos monetarios, carecían de medios para participar en la economía de trueque que estaba apareciendo. Esta situación fue mitigada, en los primeros meses después del golpe, por la creación de comedores populares y, principalmente, por medios colectivos de obtención de alimentos —cooperativas de consumo de barrios y centros de trabajo— organizados en el período de predominio de la CNT[6]. Estas iniciativas populares estaban relacionadas a menudo con los comités de abastecimiento de la CNT, que desempeñaron un papel fundamental en el aprovisionamiento de los barrios de clase obrera. Ante la ausencia de un sistema de racionamiento[7], estos mecanismos fueron la clave para la supervivencia de los sectores desfavorecidos al aumentar la escasez de alimentos durante el otoño y el invierno de 1936[8].

En diciembre de 1936, la escasez de pan era grave. Las privaciones económicas que indicaban las largas colas y el aumento de la inflación aumentaron el apoyo popular a las campañas, dirigidas por la CNT y el POUM, a favor del establecimiento de un sistema de racionamiento. Pero la respuesta inicial de Comorera, el dirigente del PSUC que ocupaba la Conselleria de Abastos tras la remodelación del Gobierno en diciembre, acusó públicamente a su predecesor cenetista, Juan José Doménech, de incompetencia, y abolió los comités de abastecimiento por decreto el 7 de enero de 1937. Estos comités se habían convertido en el blanco de la hostilidad de los pequeños propietarios, que consideraban injustos los precios a los que se les obligaba a vender y pensaban que la transacción se basaba en una coerción implícita, cuando no explícita.

Tanto para el PSUC como para Esquerra librarse de los comités de abastecimiento se relacionaba más con disminuir el poder político de la CNT que con la libertad económica per se. Sin embargo, Comorera y sus colegas al parecer también creyeron que la escasez de alimentos en la Cataluña urbana se debía más al acaparamiento por parte de los agricultores que a la escasez. Se consideraba que permitir que los precios subieran era una forma de resolver el problema, ya que daba a los pequeños propietarios catalanes el incentivo necesario para vender. El PSUC se refería a este proceso de liberalización económica como «la NEP [Nueva Política Económica] catalana»[9], pero su optimismo era infundado: la situación macroeconómica de Cataluña era bastante diferente de la de la Rusia posterior a la guerra civil.

Cataluña era un importador neto de productos alimenticios de primera necesidad. Al menos la mitad del consumo total de trigo de la región dependía normalmente de importaciones de otras partes de España o del extranjero. Pero la división de España provocada por la guerra había separado a las zonas productoras de trigo de sus mercados naturales. El problema tampoco era susceptible de solución en las condiciones de la guerra. Aunque en ocasiones se importó grano de otros países, la capacidad de compra en el extranjero, tanto de la Generalitat como del Gobierno central republicano, estaba cada vez más limitada por la caída del valor de la peseta republicana y porque el embargo de armas provocado por la no intervención los obligaba a concentrar prácticamente todas las divisas en la compra, previo pago al contado, de material de guerra en el mercado internacional de armas. La falta de trigo y de otros productos básicos en Cataluña era, por tanto, el resultado de una carencia absoluta, exacerbada por el continuo crecimiento del número de refugiados. Además, dadas las circunstancias descritas, la escasez solo podía aumentar con el paso del tiempo.

Por esta misma razón, las autoridades republicanas necesitaban un control central estricto de los recursos económicos internos para poder establecer prioridades en su uso. En Rusia, los bolcheviques habían relajado su control centralizado para aplicar la NEP solo después de la derrota de los ejércitos blancos. Pero los republicanos españoles todavía tenían esta batalla por librar y, además, contra un enemigo ayudado y armado por sus aliados europeos de forma mucho más eficiente de lo que los ejércitos blancos rusos lo habían sido nunca. La guerra moderna, de masas, basada en la ayuda tecnológica alemana, hizo a la población urbana de Barcelona y, especialmente, a los trabajadores industriales, muy importantes para el esfuerzo bélico republicano. Garantizarles un mínimo equitativo, aunque racionado, de alimentos básicos probablemente estaba más allá de la capacidad del Estado republicano en 1936-1937. Pero faltaba también la voluntad política de hacerlo, porque iba en contra de la ortodoxia económica liberal en la que todavía se basaba la alianza republicana.

Después de la abolición de los comités, la falta de suministros de pan se acrecentó y los precios aumentaron aún más. En teoría, los precios de todos los alimentos de primera necesidad estaban ya controlados por la Generalitat. Pero las complejidades técnicas que suponía establecer mecanismos de control de los precios, además de cierta reticencia del PSUC a la imposición de estos controles, contribuyeron a que la realidad cotidiana fuera bastante diferente en las tiendas y los mercados de la Cataluña urbana. Por este motivo, la CNT y el PSUC se enzarzaron en recriminaciones mutuas. Los anarcosindicalistas denunciaron que la culpa era de la especulación al por menor de los intermediarios del GEPCI (Gremis i Entitats de Petits Comerciants i Industrials), afiliado a la UGT y creado por el PSUC al comienzo de la guerra, mientras que el PSUC responsabilizaba de ello al legado de ineficiencia de la CNT y a las pobres cosechas, empeoradas por la colectivización de parte de la producción agrícola. Pero, de hecho, tanto la CNT como el PSUC se enfrentaron a una compleja serie de problemas en la Conselleria de Abastos, contando para ello con unos recursos organizativos limitados[10]. La CNT fue responsable de la Conselleria de Abastos en el período de mayor fragmentación. La cosecha no había sido todavía recogida, pero aunque esto significaba que había reservas para mitigar la situación, los campesinos estaban intentando frustrar a los comités de compra. Como resultado, a principios de diciembre la CNT había empezado ya a hacer campaña contra la especulación[11]. Cuando el PSUC asumió el cargo, la autoridad del Gobierno estaba siendo reconstruida, pero todavía tenía que lidiar con la falta de productos de primera necesidad y con la desorganización administrativa de las instituciones de la Generalitat. La especulación también continuó creciendo a la vez que las dificultades de distribución de alimentos ya que faltaban medios de transporte y combustibles en la zona republicana.

La escasez de alimentos, la inflación, la especulación y el mercado negro emergente eran síntomas de una crisis económica inducida por la guerra. Sin embargo, abordarla implicaba una elección política. El paso de los comités de abastecimiento de la CNT —a pesar de todas sus deficiencias— al control de los precios por parte del Gobierno, significó que se les pidió a los trabajadores y a los sectores desfavorecidos que aguantaran lo más duro de la crisis de subsistencias provocada por la guerra, que era cada vez más grave en Cataluña, en nombre de los demás sectores sociales.

Con el continuo crecimiento tanto de los precios como de las necesidades de los refugiados, en febrero la Generalitat se vio obligada a aplicar un sistema de racionamiento en Barcelona. Pero era muy inadecuado. En la práctica, los productos de primera necesidad a menudo no se podían encontrar a través de él[12]. Además, los productos racionados eran suministrados a los barrios de una forma muy desordenada que no tenía en cuenta las diferencias en la densidad de población. De forma inevitable, los que más sufrieron por las deficiencias del sistema fueron los sectores desfavorecidos que vivían apiñados en los barrios pobres del centro de Barcelona y en las barriadas obreras densamente pobladas situadas más allá de la riqueza del Eixample. Los ya escasos recursos de estas zonas sufrieron una presión mayor por la llegada de personas desplazadas por la guerra, que se contaban por miles, según indican los informes de los cuáqueros, y que se alojaban con familiares o amigos. Así, a pesar de la utilización de las casas vacías de la burguesía por parte de las instituciones asistenciales, había todavía un excesivo número de habitantes en los barrios pobres. Los almacenes de comida a menudo se quedaban sin nada antes de que se hubiera atendido a todos los que esperaban en las largas colas. En los informes de los trabajadores sociales cuáqueros de Barcelona están muy bien documentadas las largas colas para obtener pan y los problemas posteriores de malnutrición. Se consideraba que Sants y Sant Andreu eran los barrios más necesitados[13].

Tampoco era solo la clase obrera urbana la que sufría esta situación. Había también un gran número de familias de clase media con recursos modestos —los partidarios naturales de Esquerra y del PSUC— que tampoco se podían permitir los altos precios de mercado, y que también estaban indignadas por la evidencia de la especulación y el emergente mercado negro. La patente falta de un mínimo de supervivencia garantizado a la que hacían frente muchos habitantes provocó manifestaciones callejeras contra la escasez de alimentos a partir de principios de 1937 y, en particular, el 14 de abril, sexto aniversario de la proclamación de la República, después de un repentino y fuerte aumento de los precios[14]. Muchas de las protestas callejeras que se produjeron entre febrero y mayo contra la escasez de pan y los altos precios fueron dirigidas por mujeres, que parecían reproducir el papel que habían desempeñado en los motines de subsistencias en numerosos pueblos españoles durante muchas décadas. Pero estas protestas realizadas durante la guerra eran diferentes, porque muchas estaban influidas políticamente. La CNT, la FAI y el POUM instrumentalizaron estas manifestaciones como plebiscitos contra la política económica de la Generalitat, y el 14 de abril también boicotearon la conmemoración del aniversario de la República. Pero un mayor número de protestas fueron realizadas por las organizaciones de mujeres afiliadas al Frente Popular. En Cataluña, esto permitió al PSUC canalizar dichas protestas para fortalecer la idea de la necesidad de un «gobierno fuerte»[15]. Sin embargo, al mismo tiempo que se aceleraba la movilización frentepopulista en Barcelona, la CNT seguía sintonizando, de una forma bastante menos «moderna» u «organizada», con otros estratos sociales en los que el impacto diario del laissez-faire, más silencioso pero no menos profundo, estaba creando las bases de una protesta social de diferente tipo.

Las grandes privaciones materiales no eran desconocidas para la clase obrera urbana ni para otros sectores pobres y marginados de la «Barcelona de los parias». También había habido crisis de subsistencia cuando existían los comités de la CNT. Además, en la medida en que estas eran el resultado de la especulación, hubiera sido muy difícil para la CNT, especialmente en una línea frentepopulista que evitaba o restringía la coerción, controlar ese proceso incluso aunque hubiera retenido en sus manos la Conselleria de Abastos después de diciembre de 1936. Sin embargo, el continuo empeoramiento del abastecimiento en la ciudad y las presiones inflacionistas cada vez mayores después de enero de 1937 fueron interpretadas, al menos por algunos de los sectores sociales que contaban con la CNT, como algo más que simples privaciones provocadas por la guerra. En la batalla cotidiana por la supervivencia, algunos sectores pobres interpretaban la escasez, la inflación, los intermediarios y el mercado negro[16] como el resultado de la normalización económica paralela al proceso de reconstrucción de la autoridad política en la Generalitat. Para entender cómo y por qué se realizaba esta vinculación tenemos que recordar el contexto de las continuas experiencias represivas de la guerra contra el Estado de los sectores pobres y socialmente marginados.

En la incertidumbre que siguió a la derrota del golpe militar en julio de 1936 habían sido vistas fugazmente las posibilidades de cambio social y económico. Pero con la reconstitución de la Generalitat, todo el peso de la desaprobación institucional cayó sobre las iniciativas colectivas y populares para la obtención de alimentos. La abolición de los comités de abastecimiento fue la culminación de un proceso más largo de erosión de dichas iniciativas cotidianas[17]. Esto también dio lugar a escenas, conocidas en el período anterior a la guerra, de fuerzas del orden que dispersaban a los vendedores callejeros[18], disolvían protestas por la escasez de subsistencias y protegían los comercios de las «requisas populares». Por supuesto, dispersar a los vendedores ambulantes podía justificarse públicamente como una respuesta a los abusos del mercado negro, pero era una medida gubernamental que también influía de formas imprevistas en las frágiles economías de los sectores más desfavorecidos de la población.

La protesta popular creció durante los primeros meses de 1937. Los pobres de Barcelona no tenían derecho a ser ayudados por las instituciones de refugiados en su lucha diaria por la supervivencia. Incluso en aquellas industrias que ahora producían materiales de guerra, los salarios de los obreros no crecieron al compás de la inflación. Pero muchas familias habían perdido a los que ganaban su sustento, mientras que otras nunca los habían tenido. Esto produjo tensiones intolerables en las mujeres obreras, dado que la obtención de alimentos durante la guerra se convirtió en un trabajo a tiempo completo, especialmente para los más pobres. Como consecuencia, los niños también tuvieron que perder muchas horas en las colas para obtener alimentos.

Mientras los pobres libraban batallas locales por la supervivencia cotidiana al igual que habían hecho antes de la guerra, la Generalitat estaba preparando su ofensiva final sobre el orden público en el ámbito regional. En los primeros meses de 1937 se impuso una disciplina policial más estricta, ya que la Guardia de Asalto y la Guardia Nacional Republicana fueron unificadas en un único cuerpo de policía catalán y se les prohibió la militancia en partidos políticos y sindicatos[19]. Aunque dicha medida fue difícil de hacer cumplir, sí que logró el objetivo principal de poner a las patrullas obreras fuera de la ley, a la vez que también excluyó a sus miembros del nuevo cuerpo policial unificado y, por tanto, de toda función de control legítima. Sin embargo, las patrullas continuaron existiendo en la práctica, pero ya en conflicto abierto con el Estado. El 3 de marzo de 1937, la Generalitat disolvió el Comité de Defensa, controlado por la CNT, y asumió el derecho de disolver todos los comités de vigilancia y comités de milicias locales. La tensión aumentó aún más el 12 de marzo, cuando el Gobierno central republicano ordenó que todas las organizaciones, comités y patrullas obreras, así como los trabajadores en general, entregaran sus armas —tanto largas como cortas— en un plazo de cuarenta y ocho horas[20]. Esta confrontación sobre el orden público llevó a la disolución del Gobierno catalán el 27 de marzo, al dimitir los representantes de la CNT. Pero la posterior crisis de Gobierno, de tres semanas de duración, concluyó el 16 de abril con la formación de un nuevo gabinete con una configuración muy similar. Todavía atrincherado en la Conselleria de Seguridad Interior, el militante de ERC Artemi Aiguader intensificó su guerra contra las patrullas de control. A lo largo de la frontera catalano-francesa se produjeron víctimas mortales en los enfrentamientos crecientes entre estas patrullas de la CNT y los carabineros por el control de las aduanas, que los primeros habían mantenido desde julio de 1936.

Uno de estos incidentes en particular muestra que estas confrontaciones tenían muchas facetas: se relacionaban con antiguas disputas fronterizas en las que contrabandistas locales se enfrentaban con quienes defendían las prerrogativas fiscales del Estado central —tanto el francés como el español—,[21] al igual que con conflictos más recientes por la autoridad del Estado o que eran consecuencia de graves conflictos sociales entre los sindicatos obreros catalanes. Un día de finales de abril, en Puigcerdà, la policía catalana mató a varios anarcosindicalistas, entre ellos al influyente Antonio Martín, un anarquista radical de la vieja guardia y excontrabandista reconvertido en jefe de aduanas de la CNT[22]. Cuando esto sucedió, el destacamento policial volvía de Molins de Llobregat, donde había arrestado a los dirigentes locales de la CNT por su supuesta participación en el asesinato del dirigente de la UGT y militante del PSUC Roldán Cortada el 25 de abril. Las sospechas recayeron sobre la CNT, incluso aunque esta condenó públicamente el atentado y pidió una investigación exhaustiva, porque Cortada era un extreintista y secretario de Rafael Vidiella, otro político destacado del PSUC que había pertenecido antes al movimiento anarquista[23]. Desde que se produjeron estos incidentes, la tensión política creció en toda la comarca del Baix Llobregat[24].

Había antiguas tensiones entre la CNT y la UGT que se remontaban al período anterior a la guerra, como ya hemos visto. Pero estas aumentaron después del 18 de julio de 1936 y llevaron al asesinato de militantes de base y dirigentes socialistas y anarquistas en distintas zonas de la España republicana, y, especialmente, en Barcelona[25].

Después del golpe militar de 18 de julio de 1936, la UGT catalana empezó a expandirse mucho, en gran parte por las mismas razones que el PSUC, al unirse al partido y al sindicato comerciantes de clase media y sectores de trabajadores muy cualificados, a menudo no organizados antes —o solo afiliados a asociaciones técnicas o de oficio aisladas—, en busca de protección en un contexto político hostil y aparentemente dominado por los anarquistas[26]. De hecho, era la ofensiva conjunta de Esquerra y el PSUC contra la CNT lo que había detrás del decreto de sindicalización obligatoria aprobado en Cataluña en diciembre de 1936. Después de esto, la UGT catalana se expandió rápidamente, extendiendo su militancia a los trabajadores autónomos y los pequeños comerciantes a través del GEPCI (Gremis i Entitats de Petits Comerciants i Industrials). La identificación popular del GEPCI con la especulación económica en aumento fue una nueva fuente de conflicto entre la UGT catalana y la CNT.

Pero en todos los sitios, y no solo en el GEPCI, las clases medias bajas urbanas recién movilizadas políticamente consideraban que la militancia en el partido y en el sindicato aumentaba sus oportunidades de ascender profesionalmente, porque el PSUC en Cataluña, como el PCE en el resto de la España republicana, era el principal organizador del esfuerzo de guerra frentepopulista y el que proporcionaba los cuadros al Gobierno y al ejército[27]. Al unirse el personal más cualificado y los trabajadores de oficinas a la UGT catalana, esta también se convirtió en el baluarte organizativo de la resistencia a la socialización de las industrias desde dentro[28] (los empleados y algunas veces incluso los trabajadores manuales cualificados —porque tenían mayor poder de negociación o por razones más subjetivas— solían tener un escaso sentimiento de solidaridad hacia los trabajadores con empleos más precarios). En consecuencia, era el personal profesional y de oficina el que consideraba los controles industriales de la CNT como «el problema»[29] y apoyaba cada vez más la intervención del Gobierno en las asambleas que la Generalitat exigía en cada lugar de trabajo para ratificar su estatus socializado[30].

Aunque los cuadros de nivel medio radicales de la CNT estaban atrincherados en los comités de fábrica, el problema eran las condiciones de este asedio, una vez que los anarcosindicalistas perdieron el control político en la Generalitat. En particular, la reducción del control económico de la CNT se remontaba a su aceptación de la sugerencia de Companys de crear un Consejo de Economía con un carácter explícitamente centralizado, aunque, como había sido el Gobierno central republicano el que había retenido el oro y controlado los bancos desde el principio, la escasez de créditos iba a ser siempre el principal problema de todas las colectivizaciones, tanto agrícolas como industriales[31]. Como resultado inevitable, se produjeron actitudes sindicales «capitalistas», que convirtieron a las colectividades en un blanco fácil para sus enemigos políticos, que podían, con bastante razón, plantear el daño que hacían estas colectivizaciones al esfuerzo bélico cuando intentaban proteger sus recursos de los «forasteros»[32]. La CNT fue incapaz de evitar que la Generalitat limitase de forma gradual las industrias socializadas en Cataluña, que era la intención que se ocultaba en los sucesivos decretos promulgados de diciembre de 1936 en adelante[33]. El cauteloso avance del control de la Generalitat se vio facilitado por el hecho de que la CNT, en la práctica, nunca había desarrollado sus ideas sobre la colectivización industrial, a diferencia de la agraria. Ninguna de las medidas promovidas por el ministro de Industria de la CNT, Joan Peiró, facilitaba el «control obrero» en ningún aspecto importante. Sin embargo, fue la escala y el afianzamiento de las industrias socializadas en Cataluña y, especialmente, en la Barcelona urbana, lo que creó un problema político sin precedentes para la coalición republicana, incluso aunque industrias intervenidas por los obreros existían en muchos otros lugares: en Madrid, Valencia, Alicante, Almería y, antes de febrero de 1937, en Málaga. En abril de 1937, la Generalitat estaba negándose a certificar que los consejos de fábrica eran los propietarios de los bienes exportados inmovilizados en puertos extranjeros y pendientes de la resolución de las reclamaciones presentadas por los antiguos dueños.

En su impaciencia, la Generalitat renunció en abril a las maniobras políticas indirectas en industrias concretas, en las que los funcionarios del Gobierno explotaban las diferencias internas entre los obreros manuales y el personal administrativo en las asambleas de empresa, o maniobraban con dirigentes de la UGT o, de vez en cuando, con sectores sindicalistas de la CNT. En lugar de ello, enviaron a las fuerzas de orden público, que, al menos en una ocasión, rodearon una fábrica en el momento del voto[34]. Para los militantes obreros, este uso descarado de las fuerzas del orden reforzaba de forma clara lo que ellos ya sabían: en el centro de la batalla por controlar las industrias de Barcelona había un programa político, y, además, una parte fundamental de dicho programa era la restitución del poder a las mismas fuerzas de seguridad que, antes del golpe militar, habían sido el instrumento del capital y del Estado, tanto monárquico como republicano.

Pero la percepción de la omnipresencia de las fuerzas del orden también influía en sectores sociales más amplios de la «Barcelona de los parias». También para ellos el poder de las fuerzas de seguridad encarnaba la revancha del «Estado» o, en todo caso, una forma hostil de orden. Se recordaba a las fuerzas del orden por desalojar a los que hacían huelgas de inquilinos en el período anterior a la guerra, y por haber estado en primera línea en la aplicación de las políticas republicanas de control social que vigilaron con rigor los espacios públicos y criminalizaron a los desempleados. El hecho de que muchos de los miembros de las fuerzas de orden público catalanas que hacían cumplir el «nuevo» orden político y económico hubieran sido atraídos por el PSUC después del 18 de julio de 1936, no significaba otra cosa que habían cambiado el moribundo conservadurismo del republicanismo de derechas por otro más dinámico, al igual que en 1931 habían virado hacia el conservadurismo republicano tras el ocaso de la variante dinástica. En la medida en que el papel de los partidos políticos era más destacado, esto reflejaba el subdesarrollo histórico relativo del Estado en España. La importancia de los sectores de clase media, los empleados y los trabajadores muy cualificados en Cataluña, sumada a las circunstancias particulares en que se estaba librando la guerra, condicionaron los medios con los que fueron defendidos la propiedad privada y el orden liberal. Sin embargo, lo que era especialmente significativo sobre el PSUC no es que fuera «comunista», sino que llegó a estar muy identificado con la reconstrucción del Estado y el sistema económico liberal, sobre todo por los miembros de las fuerzas de orden público que se unieron a él y que estaban en el «frente» civil, haciendo respetar la economía de mercado en las fábricas y en las calles de Barcelona.

En abril de 1937, las patrullas obreras habían sido ya excluidas de todas las funciones policiales en las otras principales ciudades republicanas (Madrid y Valencia). Era evidente que la imposición del Estado en Cataluña, y en Barcelona especialmente, iba a ser más compleja, dada la fuerza de la resistencia popular. Los efectos de un escándalo político probablemente también influyeron: el responsable de las fuerzas de seguridad, Andreu Reverter, del nacionalista radical Estat Català, que había sido detenido en noviembre de 1936 por soborno y corrupción, también fue acusado de tramar el asesinato de dirigentes de la CNT y de participar en un plan para pedir a los franceses que intercedieran para lograr una paz por separado de Cataluña con Franco[35]. Aunque esta idea nunca fue más allá de las fantasías políticas de algunos nacionalistas catalanes que actuaban de forma independiente[36], incluso los rumores sobre ella habrían sido suficientes para frenar la campaña contra las formas de poder popular obrero y, especialmente, contra las patrullas de control. Pero, después de la crisis de gobierno de abril de 1937, Aiguader ordenó que los decretos sobre armas debían ser hechos cumplir con rigor. Durante la segunda mitad de ese mes, los trabajadores de Barcelona fueron desarmados sin previo aviso por las fuerzas de orden público, excepto donde estas podían ser superadas en número y desarmadas.

La tensión política aumentó más al convertirse el funeral de Roldán Cortada en una demostración de poder estatal mediante un largo desfile de fuerzas del orden y militares. Esto reflejaba los temores de las clases medias a que la violencia reciente pudiera anunciar un retorno de los temidos «paseos». Pero el claro ensayo de la capacidad represiva del Estado hizo que aumentaran las tensiones sociales y políticas, alimentadas también por los editoriales inducidos por los «pánicos morales» en la prensa republicana de Barcelona («En el día de hoy comencemos la limpieza de los bajos fondos de la Revolución. Cada organización tendrá su trabajo a hacer»[37]), sentimientos que también mantenía el periódico del PSUC, Treball. Según algunas fuentes, trescientos trabajadores fueron desarmados en la última semana de abril[38]. Fue esta confrontación creciente sobre las armas lo que canalizó la densa red de conflictos y llevó a la ciudad al borde de la lucha callejera[39].

En un intento de contener la situación, las manifestaciones obreras del tradicional Primero de Mayo fueron suspendidas en toda Cataluña. Pero entonces, en la tarde del lunes 3 de mayo, un destacamento de la policía intentó tomar el control de la Telefónica de Barcelona para destituir a las milicias anarquistas situadas dentro y cuya presencia se remontaba a los días de julio de 1936, cuando estas últimas habían recuperado la Telefónica, junto con otros edificios clave del centro de Barcelona que habían sido ocupados previamente por los militares. Pero esto equivalía a la expulsión de la CNT del comité de control sindical, que incluía también a representantes de la UGT y un delegado del Gobierno, privando, por tanto, a los anarcosindicalistas del acceso a una información que era ahora vital para apuntalar su frágil posición política. Además, el mismo edificio estaba cargado de recuerdos aún más dolorosos desde la amarga derrota de la CNT en la huelga de 1931.

Las noticias del intento de ocupación de la Telefónica se extendieron rápidamente a través de los barrios obreros del casco viejo y del puerto. Por la noche la ciudad estaba en pie de guerra, aunque ninguna organización, de dentro o de fuera del Gobierno, hubiera dado tal orden. El 4 de mayo se levantaron barricadas en el centro de la ciudad, hubo una huelga generalizada y se produjeron luchas callejeras esporádicas. En sus orígenes, este conflicto puso al Gobierno de Cataluña, las instituciones estatales y sus defensores políticos contra todos aquellos que, por cualquier razón, se oponían a la jurisdicción del Estado. Los sucesos se complicarían por un conflicto añadido entre los programas antilibertarios en competencia de los nacionalistas catalanes y los centralistas en el Gobierno republicano. Pero es importante establecer una clara distinción entre las causas subyacentes a los sucesos de mayo y las oportunidades políticas y consecuencias que produjo entonces la evolución del conflicto tanto en la calle como en los gobiernos.

La clave para la movilización antiestatal descansaba en la estrecha relación entre los cuadros de nivel medio, representantes sindicales y activistas de los comités de base de la CNT, tanto vecinales[40] como de industria, y los militantes y los sectores movilizados de la clase obrera industrial, muchos de los cuales habían sido las tropas de choque de anteriores guerras laborales en la ciudad. Las necesidades económicas de la retaguardia, especialmente en las industrias de guerra, significaba que los trabajos de muchos de los representantes sindicales de la CNT y de los trabajadores en general habían sido militarizados. Aunque la estructura de comités de la CNT había sido decapitada por el proceso de reconstrucción política del Estado encabezado por la Generalitat, los comités de base todavía existían y podían, por tanto, proporcionar, junto con las patrullas obreras, la fuerza organizativa de la resistencia colectiva en mayo[41].

El asalto a la Telefónica hizo que los que resistían concentrasen sus energías en el centro de la ciudad, sede de toda la maquinaria política y económica del gobierno, y muy próximo al barrio popular más inestable, el barri xinès («barrio chino»), que había constituido durante mucho tiempo la frontera entre la Barcelona «respetable» y la de «los parias». De hecho, la fuerza de la explosión inicial de mayo es explicable solo si se tiene en cuenta la ya antigua conexión entre «la Barcelona de los parias» y la CNT. Mientras que la aparición de las barricadas constituyó un acto de lucha «política» consciente, la acción directa de la CNT influyó también en formas más amorfas de resistencia popular. La CNT estaba funcionando, una vez más, como un hilo conductor en los barrios pobres del centro de Barcelona, transformando tanto la historia compartida de persecución como la conexión entre la acción del Estado (orden público, abastecimiento y demás) y la brutalidad de la vida cotidiana que percibían los sectores marginados de la ciudad, en un apoyo generalizado a la acción callejera como protesta activa «contra el Estado». A esto fue a lo que se enfrentaron la Cataluña gubernamental y sus fuerzas de orden público en el centro de Barcelona el 4 de mayo[42].

Todavía en la tarde del 3 de mayo, con un equilibrio de fuerzas tanto dentro de la Telefónica como entre los sectores armados en torno a ella, la Generalitat podría haber evitado la explosión en las calles. Pero esto hubiera requerido una marcha atrás en la ocupación realizada por las fuerzas de orden público y la destitución del comisario de policía Rodríguez Salas, que había dirigido el asalto, al igual que había dirigido otro en Molins de Llobregat cuando Antonio Martín fue asesinado. Probablemente, también hubiera requerido la dimisión del brusco dirigente de Esquerra Artemi Aiguader, que, como conseller de Seguridad Interior de la Generalitat, había autorizado formalmente el ataque a la Telefónica[43]. Pero, lejos de ceder, Companys emitió un comunicado de prensa informando de que sería necesario «escampar» las calles[44], un sentimiento que se hacía eco de las denuncias habituales en Esquerra sobre las clases peligrosas que amenazaban el buen orden de la Barcelona burguesa. Evidentemente, Esquerra y el PSUC, como las fuerzas dirigentes del Gobierno catalán, que había estado reunido durante toda la tarde y que, con la excepción de los consellers de la CNT, apoyó por completo la acción de Aiguader[45], buscaban forzar la situación del comité de control de la Telefónica como parte de la continua consolidación del poder del Gobierno. Sin embargo, parece también probable que no se hubieran dado cuenta todavía de lo que esto implicaba. Infundidos de una falsa sensación de seguridad por la inactividad de los dirigentes de la CNT, Companys esperaba, como mucho, tener que negociar con representantes de la CNT después de resolver el asunto de la Telefónica, a pesar de que la acción de las fuerzas de orden público rompía el acuerdo consagrado en el decreto sobre las colectivizaciones de febrero. Nadie en el Gobierno catalán se esperaba la fuerza de la explosión popular que se produjo el 4 de mayo. Esta supuso que la Generalitat y otros edificios gubernamentales se tuvieran que blindar y proteger con barricadas frente a los ataques, mientras que barrios enteros de la ciudad se convirtieron rápidamente en zonas prohibidas para las fuerzas del orden.

El cinturón industrial de la capital (ciudades como Granollers, Mataró, Terrassa y Sabadell) apoyaron con fuerza a la CNT, al igual que Badalona, una pequeña ciudad al norte de Barcelona, y L’Hospitalet de Llobregat, un centro de población fundamentalmente inmigrante al sur de la capital. La fortaleza del POUM estaba en los centros urbanos de la provincia de Barcelona, pero no en la misma capital ni en sus alrededores. El control de la CNT también era evidente en los distritos obreros de la periferia industrial de la ciudad y en barrios como Sants, Sant Martí y Gràcia, situados justamente alrededor del baluarte de Esquerra, el Eixample, en el que predominaba la clase media. Aunque hubo violentos incidentes en algunas de las zonas periféricas de la metrópolis, no se produjo en estas un serio desafío a las patrullas obreras hasta después de que finalizasen las jornadas de mayo[46]. La acción de las fuerzas de orden público se concentró en el centro de la ciudad como punto neurálgico del poder político. Pero quizá los barrios periféricos fueron dejados solos por miedo a que la violencia resultante se desbordase hasta el Eixample, que estaba rodeado de territorio hostil. De hecho, durante todas las protestas callejeras de mayo, las zonas de fuerza indisputable de la CNT cercaban la ciudad (véase el mapa 3).[47]

El 4 de mayo hubo violentos enfrentamientos en toda la ciudad. Se produjeron largas deliberaciones del Gobierno catalán con las direcciones nacional y regional de la CNT. También estaba presente García Oliver, el ministro de Justicia de la CNT en el gobierno central, y Pascual Tomás y Carlos Hernández Zancajo, en representación de la ejecutiva nacional de la UGT. Ambos eran cercanos a Largo Caballero y deseaban encontrar una solución a la crisis catalana que no debilitase excesivamente la posición política de los dirigentes de la CNT, porque Largo y sus seguidores buscaban que la CNT los apoyase en su creciente conflicto con el PCE por el control de la UGT en toda la zona republicana[48]. Sin embargo, los dirigentes de la UGT también representaban los deseos del Gobierno de Valencia, cuyo objetivo primordial seguía siendo, necesariamente, un alto el fuego. En la tarde del 4 de mayo, Companys aceptó la necesidad de negociar con las fuerzas movilizadas detrás de las barricadas que había rechazado veinticuatro horas antes. Al cambiar de postura, Companys estaba reconociendo, de hecho, la imprevista gravedad de la situación en las calles, porque esta estaba planteando una amenaza directa a la autonomía catalana.

Mapa 3. El desarrollo urbano de Barcelona desde 1850.
Plano dibujado por Nick Rider y reproducido con su amable autorización.

En sus relaciones con el Gobierno central republicano, Companys había cultivado con diligencia, desde julio de 1936, la idea de que el populismo de Esquerra era una estrategia viable para controlar a la CNT. Intentaba así mantener a raya cualquier intento de «Madrid» de recuperar los poderes autonómicos catalanes, especialmente en relación con el ejército y la hacienda, que se habían extendido de facto tras el levantamiento militar. Dentro de la Generalitat, aunque Esquerra se había alineado principalmente con el PSUC, Companys había querido mantener a la CNT en el juego como un contrapeso, a pesar de las dificultades que suponía, para asegurar la hegemonía de su partido. En particular, Companys estaba preocupado por no dejar que los sectores centralistas del PSUC lograsen ventajas, porque temía que esto permitiese que los recursos económicos catalanes pasasen a ser controlados por el Gobierno de Valencia, como dictaba la lógica del mando único.

Pero ahora, enfrentado a los sucesos de mayo, el Gobierno central rechazó repetidas veces las peticiones de Companys de refuerzos policiales si el presidente de la Generalitat no cedía el control de esta sobre el orden público y los asuntos militares en la región. Ni el PSOE, ni los republicanos ni los comunistas del Gobierno de Valencia simpatizaban con el particularismo catalán y querían medidas enérgicas de orden público. Pero el mismo Largo Caballero, dado su aislamiento cada vez mayor en el gobierno, era cada vez más consciente de la importancia estratégica de la CNT. Además, como veterano dirigente sindical con una reputación radical, Largo también quería evitar un desenlace que supusiera enviar las fuerzas de orden público a disparar a los trabajadores.

Pero cuando acababa el 4 de mayo, era también demasiado tarde para que Companys evitase la aceleración de los enfrentamientos violentos. Los dirigentes de la CNT —nacionales y regionales— buscaron desesperadamente negociar un alto el fuego. Pero, al menos durante un tiempo, fueron apartados bruscamente por la mera fuerza de lo que estaba pasando en las calles. Cuando García Oliver, el hombre fuerte de la Barcelona de julio de 1936, transmitió su llamamiento a un alto el fuego desde la Generalitat en la noche del 4 de mayo, muchos cenetistas que le escuchaban desde el otro lado de las barricadas estaban convencidos de que había sido tomado como rehén. Pronto, la incredulidad dio paso a un sentimiento dominante de amargura ante lo que se interpretó como una traición de los dirigentes a los principales valores anarquistas. En particular, el intento de García Oliver de reivindicar como hermanos a todos los que habían muerto a uno u otro lado de las barricadas fue enseguida despreciado con un estupor feroz e irónico que resuena en las memorias de la izquierda revolucionaria desde entonces:

García Oliver … [en] una alocución que hizo rechinar los dientes a los del POUM y a los cenetistas … en tono patético, dijo que al llegar a su querida ciudad y encontrar en la calle un muerto de la CNT, se arrodilló y le besó en la frente, después hizo lo mismo con otro muerto poumista, y cuando «cruzado en la acera vio un muerto con el uniforme de guardia, se arrodilló, emocionado, y lo besó…». Y así, según él, fue besando a diestro y siniestro, a tantos muertos como iba encontrando … Claro es que no besó muerto alguno, porque todos estaban en el depósito de cadáveres, y además, en su marcha hacia la Generalitat, «su coche» no paró ni un minuto y se guardó muy bien de pasar por el centro de la ciudad[49].

En el humor negro de las barricadas, el discurso de García Oliver fue bautizado como «la leyenda del beso», siguiendo una famosa zarzuela.

Pero, a pesar de la ira y la incomprensión en aumento entre los militantes catalanes, los dirigentes nacionales de la CNT-FAI rechazaron repetidas veces aprobar acciones armadas de cualquier tipo en Barcelona. El hecho de que esto incluyera a la FAI tanto como a la CNT, con su herencia treintista, indica el enorme impacto de la guerra en la conciencia política de todos los dirigentes libertarios. Tampoco puede explicarse de forma satisfactoria como resultado del efecto corruptor del poder político, como plantea la historia anarquista, consoladora pero también muy reduccionista. Más que cualquier otra cosa, gente como García Oliver se contuvo en mayo porque veía el panorama general no solo, ni siquiera principalmente, en función de los imperativos primordiales de la guerra contra Franco, sino también en función del balance general de poder en la España republicana. Más allá de Cataluña y Aragón, la CNT había sido siempre una fuerza política subordinada. Esto se hizo más evidente aún durante la guerra, dado que los militares rebeldes, al conquistar rápidamente la Andalucía occidental (incluida Sevilla) y los centros urbanos del oeste de Aragón, habían privado a los anarcosindicalistas de baluartes clave. Incluso dentro de Cataluña, la CNT estaba ya en conflicto con todas las organizaciones que comprendían las otras capas sociales[50].

La CNT podría todavía haber «tomado» el Estado en la Cataluña urbana. Pero mantener Cataluña en su conjunto hubiera requerido llamar a las tropas del frente de Aragón. Además, cualquiera de los dos caminos la hubiera enfrentado con el Gobierno central republicano. Su maquinaria de propaganda, más poderosa, y su mayor acceso a los medios fácilmente hubieran podido presentar a la CNT como traidora al proletariado español, que había cerrado los ojos ante la guerra. La inevitable falta de conocimiento y de comprensión en los demás lugares de lo que estaba ocurriendo en Barcelona (incluso las pequeñas secciones del POUM en Madrid y Valencia estaban incómodas)[51] y el hecho de que Barcelona fuera la ciudad republicana más alejada del frente de batalla eran un regalo para la propaganda hostil. Además, el Gobierno republicano estaba ya al borde de la intervención: si se hubiera enfrentado a un desafío general de la CNT seguramente habría enviado un número bastante mayor de tropas y miembros de las fuerzas de orden público para tomar la «Barcelona revolucionaria». De otra forma, no hubiera podido garantizar el frente de Aragón o mantener el control del Estado sobre las industrias de guerra catalanas, más esenciales todavía dado que las vascas estaban siendo atacadas muy duramente por los rebeldes. La misma República muy probablemente no hubiera sobrevivido a esta enorme escalada de conflictos armados intestinos, pero, en cualquier caso, la CNT se hubiera hundido en el baño de sangre.

Por tanto, las baterías antiaéreas controladas por la CNT en Montjuïc y que apuntaban a los edificios gubernamentales que estaban más abajo permanecieron silenciosas. Se produjeron ataques con carros blindados a los edificios del gobierno, pero solo fueron intentos esporádicos y descoordinados de grupos concretos de resistentes de la CNT y fueron fácilmente repelidos. García Oliver hizo que los luchadores de la CNT más equipados y con más experiencia, unos cuatrocientos hombres que quedaban de la columna Durruti —dirigida por Ricardo Sanz— y que habían luchado en el frente de Madrid, obedecieran la orden que los enviaba al frente de Aragón. A los milicianos de la CNT del frente de Aragón que se habían mostrado dispuestos a ir a defender a sus camaradas de Barcelona se les ordenó que permanecieran en el frente. Los dirigentes del POUM de Barcelona también enviaron las mismas instrucciones a sus unidades.

Lo que sucedía en el frente de Aragón en sí mismo, sin embargo, es menos claro. La evidencia que existe es fragmentaria y, a veces, contradictoria[52]. A pesar de la amarga decepción y confusión que sentían muchos cenetistas y poumistas, en general la disciplina militar permaneció intacta, a pesar de la inactividad del frente, que probablemente aumentaba la tentación. Un grupo de tropas de la CNT y del POUM sí que abandonó el frente e hizo parte del camino hasta Lleida. Pero volvieron a sus posiciones militares al asegurárseles que las fuerzas del gobierno desistirían de sitiar las sedes de la CNT y del POUM en Lleida, un modelo de ataque que estaba siendo repetido por las fuerzas gubernamentales en varios centros urbanos de Cataluña.

En Barcelona, sin embargo, toda la acción de la CNT siguió siendo defensiva. Esta situación estaba desesperando a los dirigentes catalanes del POUM y, especialmente, a Andreu Nin, quien durante el 3 y el 4 de mayo planteó inútilmente a los dirigentes regionales de la CNT que debían apoyar la causa de sus trabajadores en las barricadas. Sin embargo, cuando quedó claro que no lo harían, Nin también retiró a los afiliados del POUM, rechazando aprobar acciones armadas conjuntas con los militantes de la CNT, incluso aunque en algunos lugares existían ya comités de defensa y de barrio conjuntos. La Juventud Comunista Ibérica (JCI) del POUM era el sector más importante a favor de una acción conjunta con la CNT[53]. Pero ni el POUM ni, todavía menos, el pequeño grupúsculo internacional de trotskistas llamado Bolchevique-Leninista[54] o el puñado de activistas anarquistas radicales que habían formado «los Amigos de Durruti»[55], tenían capacidad organizativa para intervenir de una forma decisiva en los sucesos de mayo. De hecho, se puede argumentar que las proclamas de apoyo ideológico a quienes luchaban en las barricadas publicadas por el POUM y su articulación pública de lo que significaban los sucesos de mayo funcionaron, de alguna forma, como una compensación por la relativa marginalidad política del partido.

La intención del POUM al pedir a la CNT que apoyase a los obreros de las barricadas era fortalecer la influencia de los resistentes en las negociaciones posteriores con la Generalitat[56]. Nin y sus colegas de la ejecutiva del POUM eran tan conscientes como García Oliver de que el equilibrio general de fuerzas dentro de la España republicana era contrario a quienes estaban en las barricadas. Por esta razón, los dirigentes del POUM, como los de la CNT, rechazaron de forma rotunda el manifiesto que los Amigos de Durruti publicaron el 5 de marzo, y que intentaba unificar la resistencia a través de una Junta Revolucionaria[57]. Pero Nin todavía buscaba convencer a la CNT de la necesidad de una resistencia unificada en Barcelona como moneda de cambio para evitar el desencadenamiento de una represión generalizada después[58].

Sin embargo, la dirección de la CNT era reticente a aprobar siquiera esta forma de resistencia táctica. El hecho de que no lo hiciera puede considerarse en verdad un error estratégico grave, ya que expuso a los militantes de la CNT, y no solo a los del POUM, a toda la fuerza de la represión estatal desde el 7 de mayo en adelante. Pero es importante recordar la intensidad de las presiones que derivaban de la situación de guerra.

Desde el 18 de julio de 1936, esta situación había reforzado también las corrientes «politizantes» de preguerra dentro del movimiento anarcosindicalista, dirigidas por Horacio Prieto, el poderoso exsecretario general de la CNT, que seguía actuando como tal de facto. Prieto consideraba la incorporación de la CNT al Gobierno la progresión lógica de su papel en las estructuras de poder de los comités[59]. Y él y otros creían que el Consejo de Aragón desarrollaba funciones de gobierno clásicas. El año 1937 supuso también una serie de cambios organizativos internos en la CNT que tenían como objetivo minar la antigua autonomía confederal, que para muchos era una característica definitoria de la CNT, y centralizar el poder en un comité nacional[60]. Esto suponía tomar medidas enérgicas contra los grupos de acción directa de la FAI, excluyéndolos como tales de la organización. Se aplicó un control editorial mucho más estricto de la prensa confederal, por encima de las normas de la censura en tiempos de guerra[61], y se impusieron controles burocráticos. Nada de esto se produjo simplemente porque la CNT estaba colaborando con el Frente Popular, pero esta colaboración aceleró el proceso de centralización de la CNT, que era, en algunos aspectos, una forma de modernización política[62].

En ninguna de sus insurrecciones armadas durante los años republicanos desde 1931 la FAI se había impuesto a las fuerzas del Estado. En algunos aspectos, parecía que los sucesos de Barcelona hubieran clarificado finalmente este modelo de derrota. Sin duda, la súplica de García Oliver a sus camaradas de las barricadas («no cultivéis en este momento el culto a los muertos») parecía atormentada por esta conciencia[63]. El hecho de que el golpe militar se convirtiese en una guerra civil a gran escala aumentó la división de la CNT, y, en mayo de 1937, la organización se encontró ella misma dividida por las barricadas. Los sucesos de mayo de 1937 constituyeron para la CNT su propia «crisis de modernidad».

Sin duda, se había producido una transformación en la representación de los muertos de la CNT durante los primeros diez meses de la guerra. En mayo de 1937 ya había desaparecido el culto glorificador a los guerreros caídos y mártires, como el que creció en torno al veterano dirigente anarquista Francisco Ascaso, muerto en el asalto al cuartel de las Atarazanas de Barcelona en julio de 1936, o el que inundaba la narrativa colectiva de la Columna de Hierro[64]. O, como ejemplo máximo, la mitologización, la aureola casi religiosa y la exhortación del luto ejemplificador («Imitad al héroe del Pueblo»), puestas de manifiesto en el funeral de Buenaventura Durruti, que había muerto en el frente de Madrid en noviembre de 1936:

Embalsamaron el cuerpo y lo exhibieron, e incluso ahora se puede mirar a través de una ventana dentro de la tumba y ver a su líder en su féretro de cristal. Le habían traído de vuelta desde el frente de Madrid para que los anarquistas pudieran mirar su cuerpo herido y decidir por qué traición había sido asesinado. Les era demasiado difícil admitir que había muerto como un hombre cualquiera[65].

Durruti había sido compañero de armas tanto de Ascaso como de García Oliver en las brutales guerras laborales de Barcelona en los años veinte. Los «tres mosqueteros» de la leyenda popular, Durruti, Ascaso y García Oliver, habían creado el más famoso de todos los grupos de acción directa anarquistas, Los Solidarios, para enfrentarse a los pistoleros al servicio de la patronal y de sus aliados en el gobierno militar de Barcelona. Pero, a pesar de las historias de francotiradores fascistas o comunistas y de traición interna, en Madrid en 1936 no hubo ni conspiración ni martirio: si el fin de Durruti simbolizaba algo, era la brutal casualidad de la muerte en las guerras[66].

Los reportajes de la CNT sobre sus dirigentes que murieron durante los sucesos de mayo, como Domingo Ascaso (hermano de Francisco), fueron, por el contrario y a propósito, de tono bajo. Ya no fueron mártires de la causa. Las bases de la CNT estaban siendo exhortadas a respetar más a otro tipo de dirigentes (los políticos y cargos públicos) que a los luchadores callejeros o igualitaristas radicales. Pero, de hecho, incluso aunque Durruti fuera considerado por muchos el último ejemplo de ambos mitos, el llamamiento para imitarle fue ambiguo ya en noviembre de 1936. La transformación de su imagen significaba que el movimiento anarcosindicalista estaba asumiendo la guerra. García Oliver, como ministro, también experimentó una notable reformulación. Él, al contrario que Francisco Ascaso o Durruti, había sobrevivido al tiempo en que se creía que «los héroes» podían desafiar al Estado[67]. La iconografía anarquista sirve, por tanto, de «barómetro cultural» que registraba la expansión de la autoridad política del Estado. En abril de 1938 la República concedería el rango de teniente coronel a Durruti a título póstumo[68].

Pero no podemos simplemente considerar a los dirigentes de la CNT como los «autores» conscientes de estos cambios. Sin duda, la guerra había reforzado las visiones preexistentes en algunos de ellos, favorables a la modificación de la práctica anarcosindicalista para permitir la incorporación de la CNT a la política parlamentaria. Pero para muchos más —aunque no lo propusieran conscientemente ni, menos aún, lo planteasen en público— los abrumadores imperativos prácticos de la guerra habían hecho muy problemática la resistencia ideológica a las formas centralizadas de organización. La mayoría de estos recursos estaban todavía en manos de los liberales. Esto, sumado a la limitada capacidad de integración y centralización de las formas organizativas de la CNT, hizo que la fuerza de atracción ejercida por el Estado sobre los dirigentes anarcosindicalistas creciera al mismo tiempo que avanzaba la guerra. Las mismas necesidades reales del esfuerzo bélico hicieron que tanto los dirigentes de la CNT como los de la FAI se incorporaran cada vez más a la maquinaria del Gobierno, dejando a sectores de sus propios cuadros y de sus bases sociales cuya experiencia cotidiana los llevaba a continuar resistiéndose a la usurpación del Estado, aislados y sin ser capaces de entender a sus dirigentes.

Los radicales barceloneses no tenían medios organizativos para coordinar la lucha aparte de los comités de base de la CNT, decapitados por la evolución política de la Generalitat. Sobre todo, la tradicional hostilidad anarquista radical a la formación de sindicatos de industria en la CNT volvería a perseguirles. En la primavera de 1937, la CNT estaba todavía en las primeras etapas de la transformación de sus sindicatos en sindicatos únicos[69]. Si estas estructuras hubieran existido, al gobierno le hubiera sido más difícil ganar la batalla, que se había librado durante meses después del golpe militar, por controlar la producción industrial en la ciudad. Su inexistencia subraya el error de las explicaciones del fracaso anarquista que postulan una elección entre «la revolución o la guerra»: los anarquistas radicales no podían «hacer la revolución» por las mismas razones por las que no podían ponerse a la cabeza en la guerra: carecían de las estructuras de coordinación necesarias. Por tanto, la identificación de la CNT-FAI con la resistencia popular local debe ser problematizada más de lo que se ha hecho. Sin ninguna duda, esta identificación muestra la mayor comprensión por parte de los anarcosindicalistas de la dinámica de la movilización popular de sus bases en imperativos locales y objetivos comunitarios (tanto en términos de fábrica como de pueblo o barrios urbanos) y de su valor como un proceso de transformación liberador, social y culturalmente, frente a la concentración frentepopulista en el resultado final: la movilización para el esfuerzo bélico. Pero la identificación de los radicales de la CNT con la comunidad más que con el Estado y la caracterización heroica de la defensa popular oscurecen importantes contradicciones estratégicas e ideológicas: la división interna que amenazaba al movimiento anarcosindicalista desde 1931 se había convertido en un abismo en mayo de 1937.

El 5 de mayo la situación había empezado a volverse contra los que resistían. Los trabajadores de la Telefónica se rindieron a las fuerzas del orden que los sitiaban, y los que estaban en las barricadas, carentes de órdenes de sus dirigentes, excepto una que les exhortaba a «volver al trabajo»[70], estaban limitados a una actuación defensiva porque sus posiciones se desmoronaban. También fuera de Barcelona las fuerzas del orden y otros elementos favorables al Gobierno, animados por el punto muerto en que se encontraban los anarcosindicalistas en la capital, realizaron asaltos concertados contra locales de la CNT y del POUM y centros telefónicos controlados por la CNT en varios pueblos de toda Cataluña, entre los que destacan Tarragona y Tortosa[71]. El sorprendente parecido de estas acciones policiales, tanto en cuanto al momento como a la forma del ataque, sugiere una serie de órdenes comunes que procedieron de las autoridades establecidas en Barcelona y, en último término, de la Generalitat.

El 5 de mayo al mediodía se formó un gabinete de emergencia de la Generalitat con cuatro miembros, representantes de la Esquerra/Rabassaires, la CNT y la UGT, que excluyó a todos aquellos que habían ocupado conselleries antes[72]. La ausencia de una representación formal del PSUC puede interpretarse como un intento de conciliación sin consecuencias prácticas. Pero la política de orden público del nuevo gabinete fue tan inflexible como la expresada por Companys en vísperas del conflicto, el 3 de mayo. El Gobierno central de Valencia confirmó su toma del control del orden público en Cataluña poco después de la proclamación del nuevo Gobierno de la Generalitat. La urgencia crecía porque el presidente Azaña, traumatizado por su experiencia de verse atrapado por la lucha callejera en el edificio del Parlamento catalán en la Ciutadella, amenazaba con dimitir[73]. Esto se debía evitar a toda costa, porque hubiera destruido la credibilidad democrática de la República en el mismo momento en que estaba intensificando sus esfuerzos diplomáticos en un intento de lograr que se pusiera fin a la no intervención. Azaña estaba desesperado, como indica la sugerencia a su íntimo amigo Prieto, ministro de Marina y Aire, de que ordenase a la fuerza aérea republicana que bombardease el camino entre su residencia y el puerto, lo que hubiera sido como apagar las hogueras de San Juan con petróleo. Pero Prieto y otras figuras republicanas destacadas tuvieron que explicar con detalle las implicaciones de la detención del presidente a Largo Caballero, cuya antipatía personal hacia Azaña había crecido con la espinosa relación entre ambos durante los meses precedentes. De hecho, de forma bastante asombrosa, Largo no consideró adecuado comunicarse personalmente con el presidente de la República durante toda la crisis de mayo[74]. Aunque las líneas telefónicas se cortaron, el sistema telegráfico continuó funcionando. Fue Prieto quien ordenó, bajo su propia responsabilidad ministerial, el envío de dos barcos de guerra republicanos a Barcelona. Estos atracaron el 5 de mayo, con órdenes de ayudar a la Generalitat pero, ante todo, de evacuar al presidente, aunque Azaña, de hecho, abandonaría Barcelona en avión el 7 de mayo. El Gobierno central anunció también el envío de fuerzas de orden público militarizadas a Barcelona. Pero incluso en una fecha tan tardía como el 5 de mayo, Companys esperaba que una ofensiva rápida y decidida dentro de Barcelona por parte de lo que todavía eran, aunque por poco tiempo, fuerzas de orden público controladas por la Generalitat pudiera controlar lo suficientemente la situación como para que Valencia reconsiderase su decisión. Por desgracia, la violencia estalló otra vez en las calles, destrozando —y esta vez por completo— la estrategia de defensa de Companys.

En la tarde del 5 de mayo, Antoni Sesé, dirigente de primera fila de la UGT catalana y uno de los cuatro nuevos consellers de la Generalitat, fue muerto a tiros en el exterior de un local de la CNT cuando iba a asumir su responsabilidad de gobierno. No es posible decir con certeza quién asesinó a Sesé ni por qué. De todas las hipótesis que han circulado, la menos probable parece ser la «perspectiva más catastrófica» de que fue asesinado por alguien conectado con la corriente ultracentralista del PSUC para forzar al Gobierno central a tomar medidas enérgicas sobre la autonomía de Cataluña. Incluso aunque se acepte esta idea demasiado conspirativa de que el pasado de comunista disidente de Sesé (había sido miembro del BOC en el período anterior a la guerra) le hacía «prescindible» a los ojos de los sectores centralistas del PSUC, esta estrategia implicaba enormes riesgos que podrían haber hecho que la situación de Barcelona quedara totalmente fuera de control. Pero con independencia del origen de la bala que mató a Sesé —y cabe la posibilidad de que fuera una bala perdida, como la que mató a Domingo Ascaso—, las circunstancias de su muerte fueron lo bastante ambiguas y la atmósfera de desconfianza mutua generada por días de luchas encarnizadas entre las organizaciones era tan absoluta, que se creyó la acusación de que había sido asesinado por un francotirador anarquista[75].

Probablemente fue la muerte de Sesé, más que ningún otro incidente, lo que precipitó la intervención política del Gobierno central. En un contexto en que la continuación de la violencia callejera señalaba la continua puesta en peligro de la autoridad del Estado, la significación simbólica de la muerte del conseller no pasó desapercibida ni en el Gobierno catalán ni en Valencia. La Generalitat quedó, así, expuesta a la acusación de que había fracasado a la hora de contener una marea de desorden en aumento que amenazaba la misma capacidad de resistencia militar de la República. La persona nombrada por el gobierno central republicano para la cartera de orden público, el coronel de Caballería Antonio Escobar[76], que había sido el responsable de la Guardia Civil en Barcelona antes de la guerra y, por tanto, clave en la derrota del levantamiento militar, fue herido gravemente a su llegada a la ciudad. Y la producción de las industrias de guerra de Barcelona se había visto muy afectada por la huelga generalizada desde el 4 de mayo. El control por parte del Gobierno de Valencia de las competencias de orden público y defensa en Cataluña significó que la Generalitat perdiese precisamente las funciones, derivadas del Estatuto de 1932, que eran más importantes en términos de identidad nacionalista. Companys en persona autorizó la transferencia, pero, dadas las circunstancias, tenía pocas opciones. Implicó la pérdida del control del Gobierno catalán sobre las fuerzas de orden público y del ejército en la región, pero esto todavía dejaba intacto el control político-administrativo y, lo que era más importante, el económico. Detrás de la intervención política parcial de Valencia estaba la amenaza tácita de una suspensión total del Estatuto catalán, algo que, por supuesto, Companys quería evitar a toda costa.

Quedaban pendientes encarnizadas batallas cuando la Generalitat buscase defender su esfera de influencia económica «estatutaria» contra un gobierno central cada vez más desesperado por centralizar el poder económico al aumentar, a finales de 1937, la crisis material provocada por el impacto de la no intervención. Pero, por muy amargo que fuera este conflicto jurisdiccional posterior entre «Madrid» y «Barcelona», no debe oscurecer el hecho de que, en mayo de 1937, el objetivo principal de Companys fue la completa restauración del orden político constitucional y de la economía liberal en Cataluña. Los cinco mil soldados y miembros de las fuerzas del orden enviados por el Gobierno central que llegaron a Barcelona cuando acababa el viernes 7 de mayo, y que pronto alcanzarían los doce mil[77], llevarían a cabo una represión que garantizó el orden político que ERC, el PSUC y las clases medias catalanas habían buscado defender y reconstruir desde julio de 1936. Fue solo cuando este orden fue asegurado cuando Companys empezó a criticar la violación de los poderes de la Generalitat por parte del Gobierno central.

Con la llegada de los destacamentos desde Valencia, los sucesos de mayo habían, en efecto, acabado. Sin embargo, la represión del Estado no había hecho más que empezar. Todos los esfuerzos meticulosos de los dirigentes de la CNT durante el 6 y el 7 de mayo para asegurar una «paz con garantías» se quedaron en nada. De hecho, mientras negociaban en Barcelona, las tropas del Gobierno que se dirigían a la ciudad estaban participando en violentos actos de represalia que desmembraron al movimiento anarcosindicalista. Actos simbólicos, como la quema de una bandera confederal, fueron seguidos rápidamente por el incendio de locales de la CNT, y pronto se desató una verdadera oleada de «paseos» en la que muchos cenetistas fueron asesinados[78].

La promesa de Companys de que no habría vencedores ni vencidos cayó en saco roto cuando las cárceles republicanas empezaron a llenarse con detenidos por «orden gubernativa» y, por tanto, con pocas esperanzas de un juicio[79]. En las calles, las tropas valencianas y las fuerzas de orden público catalanas actuaban como ocupantes, y exigían de forma rutinaria que la gente se identificase, hacían pedazos todo carnet de la CNT que encontraban y humillaban a sus dueños[80]. Pero era una venganza escasa, dado el tono dominante de pesar de las fuerzas de orden público y progubernamentales en general por que las barricadas hubieran caído antes de que ellos hubieran finalizado su trabajo[81]. Es difícil no oír en estos sentimientos los ecos de las viejas actitudes de la Barcelona oficial hacia «la chusma»[82]. Pero el Estado republicano tenía que mantener un equilibrio entre el castigo y las necesidades de la movilización de guerra.

El proletariado de Barcelona podía haber sido el centro de las barricadas, pero era también la clave de la industria de guerra republicana. La producción industrial se reinició de forma gradual después del 7 de mayo, y asegurar que no hubiera nuevas interrupciones era muy importante, no solo por el embargo externo de armas, sino también por la creciente amenaza rebelde a la producción de guerra del norte republicano. Así pues, aunque el castigo por los sucesos de mayo fuera esencial para garantizar la disciplina laboral posterior, tenía que ser un castigo ejemplarizante que no convirtiese en víctima a la CNT, dado que sus militantes tenían todavía capacidad para afectar seriamente a la producción.

Mientras la Generalitat aprovechó la oportunidad para anular discretamente sus decretos anteriores que reconocían el control socializado de la industria[83], los resultados de la realpolitik del gobierno republicano fueron dobles. En primer lugar, hubo una conciliación con los dirigentes de la CNT, cuya subordinación política aumentó al agravarse las divisiones en las filas anarcosindicalistas tras la debacle de mayo. La CNT nunca tendría más que una presencia simbólica en el Gobierno después de mayo de 1937 y, de hecho, nunca asumió sus cargos en la Generalitat, porque no podía aceptar su nueva marginalidad política en esta. En segundo lugar, se convirtió al POUM en el chivo expiatorio. De hecho, el silencio de los dirigentes de la CNT sobre esto es un importante indicador de su aceptación del frentepopulismo en favor del esfuerzo bélico. La identificación pública, y más publicitada, del POUM con quienes resistieron en las barricadas, combinado con su relativa marginalidad política, lo convirtió en el blanco ideal para la función simbólica que necesitaba el Estado republicano pour encourager les autres. El 16 de junio, en vísperas de la caída de Bilbao, el centro neurálgico de la industria del norte republicano, el comité ejecutivo del POUM fue detenido.

El hecho de que el POUM fuera también el blanco de las guerras intestinas en el movimiento comunista internacional facilitó los objetivos del Gobierno republicano al aumentar el aislamiento del partido. Pero es importante destacar que estos dos procesos de fijar como objetivo al POUM tenían programas separados y, además, entrarían rápidamente en conflicto el uno con el otro. Las autoridades republicanas necesitaban convertir al POUM en un ejemplo, castigando a sus dirigentes con todos los recursos legales del Estado. Pero las mismas bases de su legitimidad —el orden constitucional— estaban siendo violadas continuamente desde las últimas semanas de junio, cuando el Partido Comunista de España, representantes de la Comintern y personal policial soviético establecieron centros privados de interrogación («checas») en el territorio del Estado republicano, fuera del control de sus autoridades constitucionales, en los que atacaron y asesinaron con total impunidad a militantes de la izquierda antiestalinista.

No es nuestra intención sugerir que el orden republicano era menos implacable —aunque fue menos mortal, al menos a corto plazo—;[84] más bien queremos indicar que la actividad de la Comintern estaba desafiando directamente el «monopolio de la violencia legítima» del que dependía la autoridad del Estado. Esto queda muy bien ilustrado por la historia contada por el miembro de la Ejecutiva del POUM Juan Andrade sobre su traslado de Madrid a la cárcel estatal de Valencia. El ministro de Justicia, Manuel de Irujo, del PNV, envió un destacamento de la Guardia de Asalto cuyo principal propósito no era la vigilancia de los detenidos del POUM, sino la de los policías comunistas que les acompañaban para asegurar que Andrade y sus colegas alcanzaban su destino sanos y salvos[85].

El relato de Andrade plantea, sin embargo, una cuestión crucial. ¿Cuáles fueron las funciones respectivas de la Comintern y del Partido Comunista de España en la represión del POUM? Sin duda, las mismas críticas del POUM se centraron en ese momento en el sectarismo del PCE[86]. Y aunque el ataque ideológico contra la disidencia antiestalinista fue preparado en Moscú, simplemente no había los suficientes funcionarios de la Comintern en la España republicana para llevar a cabo —y ni siquiera para supervisar— una represión política sistemática del POUM como partido de masas. Según las investigaciones actuales, hubo solo algo más de un par de docenas y no más de treinta funcionarios de alto rango de la Comintern en la España republicana durante todo el período de la guerra, y sin duda bastantes menos en cualquier momento dado. Y, como también sabemos tanto por estudios clásicos como por documentación de archivo obtenida más recientemente, la Comintern era una institución poco sólida y desorganizada: la guerra de España puso a prueba duramente sus recursos organizativos y su personal, porque ambos eran, de hecho, bastante escasos[87]. Además, las prioridades y la atención de los dirigentes soviéticos estuvieron, en gran medida, absorbidas por la política interna, lo que era reforzado por sus propias purgas[88]. Sin lugar a dudas, la percepción de los sucesos de Barcelona por parte de la Comintern fue influida por la atmósfera enrarecida de la Unión Soviética. Esta fue llevada a España por Stepanov, que había llegado después de la debacle militar de Málaga, a principios de febrero de 1937, y que buscó explicaciones para esta en términos de «espías y traidores»[89]. Pero, una vez más, es importante recordar que, tanto con relación a Málaga como con los sucesos de Barcelona, las acusaciones de Stepanov encontraron una respuesta, en la medida en que lo hicieron, solo porque estaban en consonancia con las circunstancias internas desesperadas de la República y, por esto, con el muy real y razonable temor al «enemigo interno» durante la Guerra Civil. Además, sus continuas diatribas contra el trotskismo y sus apoyos en 1937 pueden leerse también como una señal de la frustración de la Comintern por que la vida política multiforme y muy fragmentada de la República no fuera, de hecho, reducible a las prescripciones bidimensionales «redentoras» a las que tendían sus informes y consejos.

Después de los sucesos de mayo, además, el personal de la Comintern en España parece que centró sus agresiones en los disidentes extranjeros, a menudo exiliados, en particular[90]. Las razones para ello están más allá del alcance de este libro. Sin embargo, como todas las épocas han tenido corrientes de pensamiento rectoras y la Europa de entreguerras proviene en gran parte de formas de darwinismo social, no parece demasiado especulativo sugerir que el imperativo estalinista de «limpiar» a los heterodoxos de la Comintern era parecido en muchos aspectos a otros odios patológicos contemporáneos hacia la ambigüedad y hacia «la diferencia», en los que podemos incluir también, aunque como una categoría menor, los pánicos morales de la Barcelona «oficial» enfrentada a «la Barcelona de los parias»[91].

La orden de arrestar al POUM procedió de la Dirección General de Seguridad: el dirigente juvenil del POUM Wilebaldo Solano se refiere explícitamente al «golpe policíaco del 16 de junio de 1937»[92]. La orden la dio el director general de Seguridad, el coronel Antonio Ortega, un oficial profesional con muchos años de servicio y simpatías republicanas moderadas que se había unido al PCE durante la guerra. La orden de detención de Nin la firmó Ricardo Burillo, jefe de seguridad de Barcelona. Este también era militar de carrera, había sido antes jefe de la Guardia de Asalto de Madrid y había entrado a formar parte del PCE durante la guerra[93]. Tanto Ortega como Burillo estaban actuando por orden de su partido. Estas órdenes estaban impulsadas por la guerra de la Comintern contra el trotskismo, pero también por la propia hostilidad virulenta del PCE hacia el POUM, que procedía de una mezcla de aguda rivalidad organizativa y sectarismo.

Sin embargo, es dudoso que Ortega y Burillo estuvieran influidos ideológicamente de forma similar. Eran «nuevos» comunistas pero «viejos» policías/oficiales del ejército en un país donde las fuerzas de seguridad tenían una historia muy larga en cuanto a solucionar las cosas por su cuenta y actuar de forma violenta e inconstitucional[94]. Se consideraba que antes de la guerra el mismo Burillo había participado en el asesinato del dirigente monárquico José Calvo Sotelo, que murió el 13 de julio de 1936 cuando estaba bajo custodia policial. Otro factor importante que tener en cuenta en la DGS de la guerra es el fenómeno de los «nuevos» policías y «nuevos» comunistas: aquellos que se habían unido tanto a las fuerzas de orden público como al PCE, a finales del verano y en el otoño de 1936, después de que el golpe militar les hubiera proporcionado abundantes oportunidades profesionales, y cuyo entusiasmo, como su militancia en el PCE, era consecuencia directa de su deseo de avanzar profesionalmente. Los «viejos» policías tampoco eran inmunes a estos cálculos. Por tanto, la violencia después de los sucesos de mayo también plantea cuestiones sobre el estado de las fuerzas de seguridad que la República había sido incapaz de transformar de forma significativa desde 1931, y cuya moral y cohesión interna también habían resultado muy deterioradas por la rebelión militar de julio de 1936. Hay un testimonio sobre esto en las memorias del dirigente socialista Gabriel Morón, que sirvió durante un tiempo como director general de Seguridad en funciones después de la destitución de Ortega tras el escándalo del POUM, que hace reflexionar[95]. También el presidente Azaña anotó en su diario, el 18 de octubre de 1937, que las violaciones continuas de la autoridad gubernamental y judicial por parte de la DGS eran incluso más serias que la desaparición de Nin en sí misma[96]. El PCE y, a través de él, la Comintern fueron capaces de sobornar a la DGS en el tema del arresto de Nin precisamente porque el ethos de las fuerzas de orden público estaba todavía más cerca del clientelismo que de una ética moderna de profesionalización o servicio público. Además, el ataque violento contra el POUM llegó después del descubrimiento de una red de actividad falangista y sabotaje quintacolumnista. No es realista esperar que las fuerzas de orden público o los militares hubieran establecido una distinción entre diferentes clases de rebelión antigubernamental durante la guerra, especialmente cuando la izquierda era, en cualquier caso, un objetivo con el cual las fuerzas de orden público se sentían más cómodas. Si analizamos de nuevo lo que sucedió, en el celo policial contra el POUM y otros izquierdistas radicales se pone de manifiesto una cultura política mucho más vieja y más profundamente enraizada que el estalinismo. Además, como en otros aspectos de la represión posterior a los sucesos de mayo, hubo también un choque de culturas regionales, porque eran las fuerzas de seguridad de Madrid las que reprimían a la izquierda catalana[97].

El caso tristemente célebre del secuestro y asesinato del secretario general del POUM, Andreu Nin, sigue siendo un enigma. Nin fue separado del resto de la ejecutiva del POUM. Su historia personal puede proporcionar una explicación: había vivido en la Unión Soviética durante los años veinte, había sido miembro de la ejecutiva de la Internacional Sindical Roja y, en 1926, se había unido a la oposición de izquierda, actuando durante un tiempo como secretario de Trotsky. Todo esto le unió de forma inextricable con el círculo de personas más allegadas a la vieja guardia bolchevique de una forma en que no lo estaban el resto de los dirigentes del POUM. Se insinúa así que fueron agentes soviéticos los responsables de su muerte. Se han afirmado muchas cosas y se han planteado muchas conjeturas sobre su muerte, pero el hecho que permanece es que todavía no sabemos exactamente quién participó. Hasta ahora ningún documento de los archivos de la Comintern ha arrojado luz adicional alguna sobre este asunto. Los documentos del NKVD que han aparecido hasta ahora no son nada concluyentes, mientras que el mismo archivo del NKVD no está abierto al público.

Un documental de la televisión catalana sobre el asesinato de Nin (Operació Nikolai), realizado a principios de los años noventa del siglo pasado, decía ofrecer la prueba definitiva de que su asesinato había sido organizado por Alexander Orlov, el rezident («jefe») del NKVD en España[98]. Pero, a pesar de sus afirmaciones, plantea más preguntas que las que resuelve, en particular sobre lo que aparece claramente como el papel clave de los agentes de la Dirección General de Seguridad en la detención, tortura y asesinato de Nin, aunque esto no se comenta nunca de forma directa en el programa. El 24 de julio de 1937, Orlov envió un informe en clave a Moscú que se considera que se refiere a su participación en el asesinato de Nin, aunque los detalles siguen siendo oscuros[99]. Sin duda, sabemos que se elaboraron pruebas en un vano intento de relacionar a Nin con Franco y la Alemania nazi a través de la Falange. Es muy probable que Orlov participara en la falsificación de los documentos incriminatorios. También participó en la liquidación de antiestalinistas extranjeros, como el socialista austríaco Kurt Landau, o al menos tuvo conocimiento de ellas[100]. Orlov, tras huir a Estados Unidos en 1938 para evitar las purgas, siempre negó haber tenido conocimiento del asesinato de Nin. En los años cincuenta afirmó que había sido llevado a cabo por una brigada especial que había llegado de la URSS, desconectada del NKVD en España. Esto servía al doble propósito de desarrollar las ideas que sus anfitriones estadounidenses querían oír, en pleno apogeo de la guerra fría, y evitar incriminarse a sí mismo. Orlov estaba entonces buscando obtener el derecho de residencia permanente en Estados Unidos y temía cualquier cosa que pudiera perjudicar esta decisión, especialmente en vista de algunas preguntas hostiles sobre su papel en España que le habían planteado funcionarios del servicio de inmigración[101]. Pero en 1968 Orlov se retractó de su anterior explicación al responder a un cuestionario que le planteó el historiador Stanley Payne y dijo que todo lo que le había sucedido a Nin había sido obra de los comunistas españoles[102]. No había ningún motivo político obvio para este cambio de versión, y murió en 1973 sin realizar ninguna aclaración más. Así pues, ¿por qué Orlov cambió su relato? Hay escasas dudas de que él, como jefe del NKVD en España, estuvo al corriente de los detalles del secuestro y asesinato de Nin. Pero es bastante concebible que estuviera ayudando a los comunistas españoles en una acción que también servía a sus propósitos generales, según los veía Orlov, de eliminar los riesgos en la seguridad de la retaguardia republicana. Después de todo, Orlov tenía poder suficiente para tomar iniciativas especiales propias sin consultar a Moscú[103]. Con tantas cuestiones sin respuesta sobre el papel de los otros partidos comunistas españoles (el PCE y el PSUC) en la represión del POUM, y el tema independiente, aunque superpuesto, de los «nuevos comunistas» y la «vieja» cultura policial, debemos tener cuidado como historiadores al aceptar de forma demasiado rápida la idea de que los soviéticos fueron los únicos autores. De hecho, dada la gran cantidad y variedad de los conflictos políticos en la República durante la guerra, su misma simplicidad nos debe hacer pensar.

Teniendo en cuenta el modelo de intervención comunista en el arresto, liberación y nueva detención de Andrade y el resto de la ejecutiva del POUM, se puede considerar que el objetivo era asegurar que los dirigentes del partido fueran sometidos a procesos judiciales. En un principio, fueron arrestados en Barcelona por miembros comunistas de las fuerzas de seguridad procedentes de Madrid, llevados a una comisaría valenciana y después trasladados a la cárcel estatal de Valencia[104]. Si el objetivo hubiera sido eliminarlos, parece improbable que el destino hubiera sido Valencia, como el caso de Nin, arrestado por separado, parece corroborar, aunque el asesinato de Nin pudo también haber sido el resultado del fracaso de sus carceleros a la hora de sacarle una «confesión» de espionaje. Cuando la presión internacional consiguió la puesta en libertad de Andrade y sus colegas, enseguida fueron vueltos a arrestar por la policía comunista y, esta vez, llevados a una checa en Madrid. Como la acción policial se estaba desarrollando en ese momento sin ningún control constitucional, sus vidas estaban en peligro. Pero como resultado de la presión del gobierno fueron trasladados algunas semanas después, a finales de julio, a la prisión de Valencia que dependía del Estado[105].

Especialmente después de la desaparición de Nin, era muy importante para la credibilidad internacional de la República como democracia que la detención de la ejecutiva del POUM fuera seguida por el proceso judicial adecuado y que se garantizase la seguridad de sus miembros. Negrín no estaba menos preocupado que Prieto, Irujo y Julián Zugazagoitia (ministro de Gobernación). De hecho, si los dirigentes del POUM podían ser protegidos de la acción policial irregular, estaban bastante más seguros en las prisiones estatales de lo que lo hubieran estado en las calles, dada la crispación política de aquellos días. Negrín discrepaba de sus colegas del Gobierno, sin embargo, sobre hasta dónde debía llegar la investigación sobre la desaparición de Nin[106]. Dado que era un hecho consumado, Negrín estaba determinado a limitar el daño que las revelaciones de la implicación del PCE y de la Comintern le harían a la coalición política que sustentaba el esfuerzo bélico republicano y a su imagen en el extranjero. Tampoco estaba preparado para asumir el riesgo de desagradar a la Unión Soviética, dada la importancia de su ayuda. Pero esto no significa que el nuevo presidente del Gobierno simplemente aprobara lo que el PCE quería. Después de todo, Negrín había destituido a Ortega[107]. Además, a pesar de su cuidado y tacto en las reuniones del Gobierno, los informes de la Comintern de ese momento dejaban claro que no era más maleable de lo que lo eran Prieto, Irujo o Zugazagoitia[108]. Sin duda, la misma antipatía política de Negrín hacia el POUM después de mayo de 1937 —que no debía nada al PCE— le hizo más fácil asumir las implicaciones éticas de su decisión sobre Nin. Negrín tenía pocas dudas sobre la necesidad de procesar al POUM porque sus dirigentes habían aprobado públicamente en su prensa una rebelión contra el Estado republicano en medio de la guerra. La base que sustentaba su razonamiento sobre el POUM, no era, en esencia, diferente de la que había presentado en 1932 al pedir que se aplicara toda la fuerza de la ley contra los dirigentes de la rebelión militar contra la República. Pero, precisamente porque este era el razonamiento de Negrín y por la gran importancia que siempre le había dado a la autoridad del Estado republicano, era imprescindible que la investigación judicial y el proceso contra el POUM afirmasen esta misma autoridad y los principios legales constitucionales en los que descansaba.

Lo que le estaba sucediendo al POUM servía muy bien a los intereses partidistas del PCE y del PSUC. Sin embargo, los dirigentes de ambos partidos estaban menos interesados en la represión de disidentes concretos del POUM per se, y, de hecho, hay algunos indicios de que el PCE, al igual que el Gobierno republicano, temía una reacción violenta[109]. Más bien, la esencia de los ataques al POUM por parte de los dos partidos comunistas españoles después de los sucesos de mayo era una ofensiva estratégica diseñada para lograr la exclusión total del POUM de la vida política de la República en guerra. El PCE organizó una campaña muy bien preparada contra el POUM que incluyó tácticas de presión e intimidación[110]. Aunque, en la práctica, todavía no sabemos lo suficiente sobre la dinámica del conflicto dentro del movimiento comunista en España durante la guerra, dos cosas están claras. En primer lugar, que el PSUC no fue un mero espectador del proceso[111]. Sus dirigentes destacarían posteriormente el papel del PCE en la represión del POUM, argumentando que en el pequeño mundo del comunismo catalán, donde las lealtades organizativas habían sido muy variables hasta 1935 y donde todos los dirigentes se conocían personalmente, hubiera sido imposible que alguien del PSUC creyera que los dirigentes del POUM eran agentes fascistas, como decía la justificación de la Comintern[112]. Sin duda esto es cierto, y, sin duda, los policías comunistas que detuvieron a los dirigentes del POUM llegaron desde Madrid. Sin embargo, había muchas otras tensiones y desacuerdos que podían haber llevado al PSUC a actuar de forma violenta contra el POUM durante las jornadas de mayo. No era la menos importante las intensas envidias intelectuales que había en el pequeño mundo de la izquierda radical catalana. Las animadversiones personales más encarnizadas eran las existentes entre los militantes del BOC que se habían unido al POUM en 1935 y los que se habían sumado al Partit Comunista de Catalunya (PCC), la rama catalana del PCE, que pronto formaría parte del PSUC. De hecho, los odios personales entre miembros del POUM y exmilitantes del PCC eran, en general, los más intensos. Hace falta recordar el proceso por el que se formaron tanto el POUM como el PSUC (véase el capítulo 1). Como Enric Ucelay-Da Cal ha destacado, los enfrentamientos entre ambos partidos pueden considerarse más complejos, porque, a pesar del modo en que se han descrito frecuentemente, tanto el POUM como el PSUC incluían componentes socialdemócratas y «neobolcheviques»[113]. Los rastros de estos enfrentamientos aparecen reflejados incluso en las memorias del dirigente del POUM Julián Gorkín, aunque él mismo interpreta estos detalles como prueba de algo totalmente distinto[114].

En la República anterior a la guerra muchos conflictos graves entre organizaciones de izquierda se habían desarrollado de forma violenta. El estallido de la guerra no erradicó los recuerdos o los modelos de enfrentamiento de estos conflictos. De hecho, como estos surgían con frecuencia por temas de influencia política, clientela y rivalidades por la militancia, las circunstancias creadas por la rebelión y la guerra intensificaron estos choques en la zona republicana: de ahí el significativo problema de los tránsfugas. En Cataluña, la gente pasaba a menudo de la CNT a la esfera de la política parlamentaria de izquierda, es decir, a la UGT y a los diferentes partidos comunistas. Este tipo de tránsfuga fue bastante común en la izquierda catalana durante los años veinte y treinta. Los ejemplos incluyen a Roldán Cortada, Rodríguez Salas[115] y Rafael Vidiella, el sustituto de Sesé. La misma trayectoria política de Andreu Nin, de forma más inusual, pasaba por el catalanismo de izquierda y el PSOE hasta la CNT, de ahí a las filas leninistas-bolcheviques y, al final, al POUM[116]. Hubo, además, un considerable «tráfico» entre las diferentes organizaciones comunistas y socialistas de Cataluña hasta 1935. Reflejando el modelo de otros lugares de España, algunos miembros destacados de Esquerra también se pasaron al PSUC en el verano y el otoño de 1936[117].

Durante la guerra, como antes, se produjeron choques, como hemos visto, entre cenetistas y ugetistas, entre socialistas y comunistas y entre las dos ramas rivales del comunismo catalán. Estos enfrentamientos en tiempos de guerra, en parte políticos, en parte organizativos y en parte personales, también llevaron a ejercer violencia física contra militantes del POUM. Pero aunque esto constituía en parte violencia «comunista», no puede ser con exactitud subsumida bajo el término «estalinista», en el sentido de que no era simplemente una respuesta a un plan de la Comintern. Una vez que la lucha estalló en las calles de Barcelona, precipitó luchas encarnizadas en todos lados. La CNT, la UGT, el PSUC y el POUM, al igual que otros actores menos importantes, estaban participando en acciones violentas porque las calles y salas de reuniones de Barcelona se vieron acosadas por los «fantasmas» de décadas de guerras laborales y luchas políticas[118]. Incluso las recíprocas y rituales rupturas de carnet de sindicatos y partidos en los días posteriores a las luchas callejeras de mayo pueden verse también como un punto de confluencia de la represión estatal «desde arriba» con los conflictos clientelistas entre los partidos[119].

El reclutamiento de «oportunistas» era otra acusación constante y extendida, dirigida por cada uno de los grupos políticos republicanos contra el resto desde el comienzo del conflicto. Los socialistas culpaban a los republicanos y comunistas; los republicanos culpaban a los comunistas, y todos culpaban a la CNT, que, a su vez, culpaba a los comunistas y republicanos[120]. Socialistas destacados acusaron varias veces a los más numerosos —es decir, a los comunistas y a los anarcosindicalistas— de ataques violentos contra sus militantes, que los denunciantes identificaban públicamente como parte de una batalla brutal por ventajas organizativas y/o políticas dentro de la retaguardia republicana. El reclutamiento en las milicias de la CNT de reclusos sacados de las cárceles al principio de la guerra no fue olvidado fácilmente[121]. Pero a principios de 1937, al estar sufriendo los socialistas un gran eclipse organizativo del que se estaba beneficiando el PCE, hubo también varias denuncias similares dirigidas contra cargos comunistas; por ejemplo, un escándalo que incluyó la detención de militantes del PSOE en Murcia llevó a la dimisión del gobernador civil, Antonio Pretel[122].

Debido a la guerra, hubiera sido muy difícil que todos los que se unieron a organizaciones políticas republicanas fueran sometidos a una investigación de sus antecedentes, incluso aunque hubiera existido la voluntad de hacerlo. Pero, en todo caso, las luchas internas eran inevitables en un contexto de movilización política de masas acelerada. La guerra había aumentado mucho el valor de la militancia política en una sociedad en la que las tradiciones profundamente arraigadas de nepotismo político y «enchufismo» se combinaban con bajos niveles de educación política. La misma ambigüedad de la «acción policial comunista» discutida aquí es en sí misma una muestra del carácter todavía bastante débil de las identidades profesionales derivadas del Estado frente a las de los partidos políticos, cuya fuerza de atracción todavía dependía, al menos en parte, de prácticas clientelares (por ejemplo, todavía se consideraba que los partidos ofrecían acceso a beneficios materiales, avances profesionales, etcétera). Existía también una «zona de penumbra» en los márgenes de las organizaciones más exitosas y competitivas donde la clientela política incluía a maniobreros sin escrúpulos y hasta a algunos delincuentes. Una vez que se produjo el cataclismo en Barcelona el 4 de mayo, la confusión posterior en la región ofreció oportunidades para la consecución de todo tipo de objetivos, y al menos algunos no estaban directamente relacionados con los grandes temas políticos en juego. El control del Estado era significativamente mayor que en julio de 1936, pero había muchas lagunas, cuya evidencia estimularía posteriormente las demandas de extensión del control y de la vigilancia de las autoridades republicanas.

Hay algunas pruebas de que «incontrolados» cercanos a la CNT pudieron ser los responsables de la muerte del destacado anarquista italiano Camillo Berneri y de su secretario, Francesco Barbieri, cuyos cuerpos se encontraron en las calles del centro de Barcelona, cerca de la sede de la Generalitat, durante la noche del 5 al 6 de mayo[123]. Sus muertes han sido atribuidas a menudo a la acción de la Comintern, pero de forma muy especulativa, que se basa en el contexto político en que ocurrieron[124]. Dos hombres que «usaban brazaletes rojos» realizaron un registro en el piso de Berneri el 4 de mayo y se llevaron documentos. El informe del periódico de la CNT, Solidaridad Obrera, del 11 de mayo, que dio la noticia del doble asesinato, fue censurado para evitar que identificase a estos hombres como policías del PSUC. Pero realmente no sabemos si el grupo más numeroso que fue a arrestar a Berneri y a Barbieri el 5 de mayo lo integraban también afiliados al PSUC o, ni siquiera, policías.

Mientras que algunas fuentes de la CNT mantienen la teoría de la participación de la policía del PSUC[125], el informe oficial de la CNT sobre los sucesos, publicado en junio de 1937, acusó a elementos profascistas del partido nacionalista catalán radical, Estat Català, de confabularse para el crimen con agentes de la policía política de Mussolini (la OVRA). Hay una gran cantidad de pruebas circunstanciales que recomiendan esta explicación, y documentos archivísticos que están actualmente sacando a la luz que agentes nazis, fascistas y franquistas estaban desarrollando una importante actividad de espionaje en Barcelona[126]. Sin embargo, otras informaciones que llegaron a destacados dirigentes del PSOE también sugieren que Berneri y Barbieri pudieron haber sido asesinados por orden de Ángel Galarza, ministro de Gobernación, para evitar que Berneri acusase públicamente a Galarza de participar personalmente en la malversación de fondos públicos[127]. Según los datos que llegaron al PSOE, el contacto de Galarza era un anarquista italiano llamado Gigi-Bibi que había ya empleado a otros contactos anarquistas en Barcelona para conseguir algunos de los documentos incriminatorios en posesión de Berneri. Aunque nada de esto es concluyente, Galarza pudo fácilmente haber ordenado un registro policial y después tomar otras medidas en consecuencia. De hecho, cabe la posibilidad de que Gigi-Bibi fuera también un agente de la OVRA. Sí sabemos que los agentes de esta eran activos en Barcelona y que mantenían a Berneri bajo estricta vigilancia, y es muy probable que, con este fin, se infiltrasen en grupos anarquistas extranjeros que actuaban en la ciudad[128].

Sin duda, puede decirse que había aspectos particulares de la práctica política de la CNT que facilitaron esta infiltración, tanto por fascistas españoles como italianos o por quienes participaban directamente en actividades criminales. A diferencia de Madrid, sin embargo, la quinta columna «interna» de Barcelona era todavía marginal. Solo llegaría a ser una fuerza de cierta significación en los sombríos días de 1938, cuando la República se enfrentaba a un horizonte internacional lúgubre y estaba al borde del colapso material. Sin embargo, el hecho de que la «penumbra» en tiempos de guerra se extendiese más allá de la CNT-FAI, sugiere que este panorama se explica mejor en relación con el impacto desestabilizador general del golpe militar y la guerra. Estos habían producido un contexto de «nueva frontera» en el que se extendieron el gansterismo y los enfrentamientos locales, políticos o de otro tipo, en el espacio todavía sin cubrir por el poder del Estado en reconstrucción[129]. Probablemente es esto lo que explica la intensidad de la violencia posterior a los sucesos de mayo en los pueblos más pequeños de la provincia de Barcelona[130], porque a la represión del Estado, en forma de ataques dirigidos por fuerzas de orden público contra centrales telefónicas y locales de la CNT y del POUM, se sumaron otros tipos de objetivos en conflictos locales más oscuros pero a menudo también muy violentos. Este era el panorama no solo en Cataluña, sino también en la vecina Aragón[131].

Aunque permanecen muchos imponderables sobre los sucesos de mayo, está claro, al menos, que no pueden reducirse a una parábola de la guerra fría en la que el estalinismo extranjero «inyectaba» conflictos en la política de la República española. La «limpieza» de comunistas disidentes por parte de la Comintern en Barcelona en mayo y junio de 1937 constituyó solo uno de los elementos de un panorama más amplio. Y tampoco puede explicar siquiera todo lo que le sucedió al POUM.

Después de los sucesos de mayo, el POUM fue castigado de forma ejemplar, como no lo fue ningún otro grupo republicano. Pero cómo, por qué y, aún más importante, cuándo sucedió esto forman una historia más compleja que la que habitualmente se cuenta en las memorias de militantes y simpatizantes del POUM, porque la prohibición final del POUM se produjo en el contexto de la situación cada vez más deteriorada de la República en guerra en 1938, como veremos en el capítulo siguiente. Además, si analizamos la historia del partido a partir de los sucesos de mayo —y, en particular, a partir de la atroz muerte de Nin— nunca entenderemos la complejidad política y cultural que convirtió al POUM en lo que era, con todo lo que «complejidad» significa en términos de tensiones internas. En este sentido, debemos recordar también que el POUM había tenido su propia experiencia de conflicto intestino violento con anterioridad en la guerra[132], que fue consecuencia de la particular genealogía que había llevado al POUM durante los años treinta a representar dentro de sí mismo la división política principal entre la política radical y la reforma liberal que durante la guerra desgarró a toda la izquierda.

Finalmente, podemos concluir que los sucesos de mayo fueron una rebelión urbana dirigida contra el poder del Estado y que reflejaron la configuración particular de la fuerza —y la debilidad— de la CNT en Cataluña. Esto lo confirma el hecho de que el último acto de los sucesos de mayo tuvo lugar no en Cataluña, sino en la vecina Aragón, el centro agrario de la Barcelona «roja». Se habían desmantelado las barricadas físicas de la ciudad, pero seguían existiendo las barricadas institucionales contra el poder del Estado central que representaba el Consejo de Aragón, apoyado por la fuerza armada de los militantes de la CNT y del POUM en la región. El nombramiento del general Pozas como jefe del Ejército del Este y de la región militar de Cataluña, el 5 de mayo de 1937, estableció las bases para una posterior ofensiva militar en Aragón, que tendría lugar en agosto.

Pero lo que abrió el camino para poner a Aragón bajo el completo control del Gobierno central republicano fue el cambio crucial en la composición de dicho gobierno, un cambio que fue provocado también por los sucesos de mayo en Barcelona. El descontento del PCE con la dirección por parte de Largo Caballero del Ministerio de la Guerra había alcanzado ya un punto crítico antes de mayo. En todos los aspectos, las críticas del partido reflejaban el punto de vista de la mayoría del gabinete: era inepto, desprovisto de ideas propias y llevaba a cabo su política con una camarilla de partidarios militares y civiles de capacidad cuestionable y, en algunos casos, quizá de lealtad también dudosa; y nunca consultaba al gobierno ni reunía al Consejo Superior de Guerra[133]. Largo había necesitado hasta principios de marzo para convencer a la Generalitat de que pusiera a las milicias catalanas bajo el control del ministro de la Guerra en Valencia[134]. A mediados de abril, la Comintern autorizó al PCE a buscar una forma de separar a Largo de la cartera de Guerra[135]. Pero esto no implicaba destituirlo de su cargo de presidente del Gobierno. Stalin consideraba que Largo desempeñaba un papel político fundamental, en el que no podía ser reemplazado fácilmente. Era el simbolismo de Largo lo que garantizaba a la alianza republicana el apoyo de sectores del movimiento obrero y de la izquierda política —especialmente de la CNT— que eran clave para el esfuerzo bélico, y que de otra forma podían no apoyarlo. Sin embargo, la presidencia de Largo ya era muy problemática, dado que estaba distanciado, en la práctica, de todo el gabinete. Lo que más preocupaba a los republicanos y al sector centrista del PSOE —y quizá, sobre todo, al presidente Azaña— era la importancia de la dimensión diplomática internacional de la guerra. Todos conocían los usos internos de Largo Caballero. Sin embargo, tanto los republicanos como los socialistas querían un presidente con una mayor comprensión de la vital importancia de la diplomacia internacional para la suerte de la República. Querían a alguien que se supiera mover en los medios diplomáticos, que pudiera defender la causa republicana y, de hecho, alguien que representase en sí mismo los principios democráticos liberales que se estaban defendiendo con las armas. Estaba presente también en los socialistas el enfrentamiento en marcha con Largo y sus partidarios sobre los comités de enlace entre el PSOE y el PCE. Para los militantes socialistas identificados con los dirigentes del PSOE, los caballeristas estaban no solo ignorando la disciplina del partido al hacer pública su oposición, sino también socavando una política cuya principal razón de ser era el apoyo práctico al esfuerzo bélico y al gobierno.

Una vez que estallaron las protestas de mayo en Barcelona, el orden público se convirtió rápidamente en un tema central para el Gobierno de Valencia. El asesinato del conseller de la Generalitat Sesé, el 5 de mayo, aumentó la decisión republicana de encontrar una mano más fuerte para el timón: alguien que estuviera preparado para tomar medidas enérgicas incluso si estas significaban la pérdida de popularidad entre algunos sectores del movimiento obrero organizado y de la izquierda en general. En nombre de la minoría parlamentaria del PNV, Irujo pidió un nuevo presidente que pudiera establecer «una retaguardia sometida a la Constitución y a las leyes, cuyo orden no perturben incontrolados, comités ni violencias de otro género»[136]. Los dirigentes del PCE también tenían claro esto, y el 7 de mayo se forjaron las bases de una alianza contra Largo Caballero entre los republicanos y los comunistas[137]. La ejecutiva nacional del PSOE formaba también parte de esta alianza. No obstante, esta mantenía un papel poco destacado, lo que reflejaba la preferencia de Prieto por maniobrar entre bastidores pero también el temor, bastante grande entre los dirigentes del partido, de que un ataque demasiado obvio contra Largo aumentase las divisiones internas en la organización socialista, algo que deseaban evitar a toda costa dado que daría más ventajas al PCE en la lucha por conseguir militantes. Los republicanos también eran cautos en cuanto a un ataque frontal y total contra Largo. Los sucesos de mayo fueron en sí mismos un recordatorio de que excluirle del gobierno podía provocar más protestas populares desestabilizadoras en las calles y en los centros de trabajo de otras ciudades republicanas. El enigma que preocupaba a los republicanos, a los comunistas y al PSOE era hasta qué punto Largo Caballero tenía todavía mucho poder.

En la tarde del jueves 13 de mayo, durante un Consejo de Ministros muy encarnizado, se planteó la crisis. El PCE realizó una fuerte crítica a la política de orden público y de guerra de Largo, pero este rechazó aceptar ningún error y los dos ministros comunistas se marcharon de la reunión. Largo estaba completamente decidido a continuarla, pero Indalecio Prieto le recordó que la retirada del PCE constituía una crisis de gobierno y que el presidente de la República tenía que ser informado en el acto. En ese momento, parece que Largo esperaba que Azaña apoyase que formase un nuevo gabinete excluyendo al PCE. Largo estaba también muy preocupado por la solicitud comunista, planteada como parte de sus preocupaciones generales por el orden público, de que el POUM fuera declarado ilegal después de su participación en los sucesos de mayo. Aunque el presidente del Gobierno no sentía simpatía por la postura política del POUM, era reacio a aceptar la responsabilidad personal de una acción del Estado contra cualquier organización de la izquierda. En parte era una preocupación ética, pero también reflejaba su ansiedad por el daño que pudiera sufrir su reputación como dirigente de la UGT si se le asociaba públicamente con la represión del POUM. El planteamiento de Largo Caballero de que los tribunales debían opinar sobre el POUM antes de que el Gobierno actuase era constitucionalmente impecable. Pero la República estaba en guerra, luchando por su vida, y los sucesos de Barcelona podrían haber hecho zozobrar fácilmente la resistencia republicana. Además, que Largo creyese que era posible excluir al PCE del gobierno era la muestra más clara posible de su limitada comprensión política. Ni la situación internacional, ni la interna, ni su mismo aislamiento en el gabinete lo permitían.

Largo también se enfrentaba a la intensa, aunque todavía disimulada, antipatía hacia él del presidente Azaña. Este se había opuesto a su nombramiento como presidente en septiembre de 1936 y no había cambiado de opinión desde entonces, ya que consideraba a Largo torpe y terco. El presidente había mantenido un prudente silencio sobre este asunto y Largo no tenía ni idea de lo mal que le caía a Azaña, pero este último vislumbraba la oportunidad de nombrar a un presidente con el que pudiera coincidir. Su deseo de hacerlo, por supuesto, había sido acelerado por el hecho de que Largo le ignoró totalmente durante sus angustiosos días de virtual arresto en Barcelona. Al mismo tiempo, sin embargo, Azaña estaba decidido a que la destitución de Largo no se viera como un capricho presidencial. Sabía que esto solo aumentaría la credibilidad del presidente del Gobierno saliente: la destitución de Largo debía ser el resultado de su rechazo por parte de la alianza política republicana, incluidos los partidos que representaban a los sectores de clase obrera.

La furia verbal de los partidarios incondicionales de Largo en la reunión del 14 de mayo de la ejecutiva de la UGT, al igual que las amenazas de la CNT de realizar acciones de protesta de masas, desconcertaron de forma momentánea al PSOE, así como a algunos republicanos, incluido el vicepresidente, Martínez Barrio[138]. Al final del mismo día, sin embargo, quedó claro que Largo no iba a negociar con el PCE. De hecho, simplemente esperaba poder posponer la crisis desapareciendo para dirigir operaciones militares en Extremadura. Largo creía que el éxito de estas sería suficiente para silenciar al PCE y acabar con la crisis en su favor. Dada la falta general de confianza en Largo como ministro de la Guerra, Azaña veía este escenario con no mucho menos escepticismo que con el que miraba el plan completamente impracticable de los largocaballeristas de fomentar una rebelión antifranquista entre las tribus del Rif del Marruecos español[139]. La ofensiva de Extremadura —que, de hecho, nunca fue puesta en práctica— intentaba reducir la presión sobre el norte republicano a la vez que cortar las líneas de suministro de las tropas franquistas en el sur. Es dudoso que hubiera podido conseguir este último objetivo, principalmente por la falta de capacidad ofensiva de la República. Al final, la República optaría por activar el frente de Aragón para aliviar la presión sobre el norte. Sin duda, es cierto que el PCE dio largas al tema de Extremadura, pero también lo hizo Prieto. El general Miaja, que tenía sus propios y graves conflictos con el presidente del Gobierno, también dio largas al envío de tropas desde Madrid para participar en esta operación. Se temía dejar sin protección el frente de Madrid, donde estaban concentradas las mejores tropas de Franco, y se compartía la convicción de que Largo era incompetente en cuestiones militares. Ambos sentimientos existían con razón, más que ser simples excusas de otros proyectos políticos o personales. El valor estratégico de la ofensiva extremeña era también dudoso, dado que los rebeldes tenían acceso a las carreteras, bases aéreas y comunicaciones telefónicas portuguesas. Además, el hecho de que nunca se hayan encontrado pruebas de disposiciones militares detalladas para esta operación en el Ministerio de la Guerra sugiere que las reservas planteadas por quienes se oponían a Largo estaban bien fundadas[140].

Pero si se puede considerar que el resultado de la crisis de Gobierno de mayo tuvo un arquitecto este fue el dirigente del PSOE Indalecio Prieto. La simple inconstitucionalidad del aplazamiento ad hoc por parte de Largo de la crisis de Gobierno le llevó a actuar, sin duda muy animado por Azaña, que estaba especialmente preocupado por estas cuestiones dado lo poco que quedaba de constitucional durante la guerra, al estar clausurado el Parlamento. El vínculo entre Azaña y Prieto durante la crisis de mayo fue el republicano expresidente del Gobierno José Giral. Íntimo amigo de Azaña, Giral también confió mucho en los consejos de Prieto durante su presidencia, al comienzo de la guerra. Azaña, a diferencia de muchos de sus colegas republicanos, no estaba preocupado por el ruido de los partidarios de Largo, porque creía que se sobreestimaba su influencia en la UGT[141]. De todos modos, la base de Largo en la UGT había sido socavada por la división en la ejecutiva nacional, varios de cuyos miembros habían pasado a apoyar a Prieto y al PCE[142]. Así pues, en la tarde del 14 de mayo, fue el PSOE el que forzó abiertamente la crisis política al retirar a sus representantes del gobierno. El mismo Prieto permaneció, como siempre, entre bastidores, y envió a los otros ministros socialistas, Juan Negrín y el veterano dirigente Anastasio de Gracia (ministro de Trabajo), a informar a Largo de la decisión del partido[143].

La forma en que Largo Caballero hizo frente a la situación demuestra muy bien sus limitaciones políticas. Primero, un sentimiento de despecho y, después, un intento de ignorar a todos sus oponentes por completo, pero, a la vez, sin ofrecer ningún incentivo a la CNT para cerrar filas con sus partidarios en la UGT. El Gobierno que Largo propuso a Azaña el 17 de mayo era un instrumento diseñado para castigar a la ejecutiva del PSOE y, sobre todo, a Prieto. Sin embargo, los planes para hacerlo eran anteriores en varios meses a la crisis. Ya a principios de marzo, Araquistain había presentado propuestas a Largo que eran similares, en su objetivo general de marginar a los rivales de los caballeristas en el gobierno, a las del 17 de mayo[144]. En la última, la representación del PSOE quedaba reducida a dos ministros de catorce. Negrín permanecía en Hacienda pero Prieto era relegado al nuevo Ministerio de Comercio, Industria y Agricultura[145]. El PCE, sin embargo, mantenía sus dos puestos, aunque cambiando Agricultura por Trabajo. Pero era todavía peor: a pesar de la demanda clave del PCE, secundada tácitamente por el PSOE y los republicanos, de que Largo renunciase a la cartera de Guerra, este aumentaba sus responsabilidades supervisando un nuevo ministerio que absorbía al de Marina y Aire de Prieto. Para colmo, a la CNT se le daban solo migajas: el puesto, ya políticamente marginal, de Justicia y el de Sanidad. Como la CNT no tardó en destacar, esto mostraba, entre otras cosas, una clara falta de gratitud por parte del presidente del Gobierno, dado que los situaba en el mismo nivel que el PCE, el partido que había iniciado la crisis[146]. Inmediatamente, la CNT hizo saber que no participaría en un gabinete en el que no mantuviera el control de los ministerios de Industria y Comercio. En último término, la imposibilidad de manejar el gabinete a causa de su tamaño, sobre la que Azaña había avisado expresamente, indicaba la terca adhesión de Largo a una fórmula política anticuada por la que ministerios secundarios o sin cartera se asignaban de forma proporcional a todos los grupos pertenecientes al Frente Popular, práctica que generaba una entidad muy grande, totalmente inapropiada para la estrecha cooperación y comunicación que se necesitaba en tiempos de guerra.

Pero la característica más asombrosa de la «solución» propuesta por Largo a la crisis de gobierno era su total rechazo a renunciar a su control personal del Ministerio de la Guerra. Mantuvo dicha postura a pesar de saber que era el único tema no negociable con el PCE y que ni el PSOE ni los republicanos aceptarían un gabinete sin participación comunista. Además, Largo estaba resistiendo casi en el más completo aislamiento político. Detrás de él, solo tenía a sus incondicionales de la ejecutiva de la UGT, ahora dividida. Largo se había metido a sí mismo en un callejón político sin salida. Como resultado de ello, sucedió lo inevitable: Largo Caballero dimitió el 17 de mayo. Sin embargo, la cuestión que se plantea de inmediato es por qué Largo no luchó por el Ministerio de la Guerra si lo valoraba tanto, estableciendo un acuerdo político con la CNT, sus únicos aliados potenciales para lograrlo. Una respuesta podría ser que Largo y sus partidarios eran malos estrategas, pero esto es difícil de creer cuando la opción de la CNT era tan obvia.

De hecho, la incapacidad de Largo para tomar el único camino posible para salir del callejón sin salida en que se encontraba obedecía a una razón política mucho más antigua: la de los valores organizativos arraigados en la burocracia sindical caballerista. En el momento en que estalló la crisis de mayo, Largo y su vieja guardia sindical estaban envueltos en una batalla con el PCE por el control de la UGT, cuyos orígenes estaban en el período anterior a la guerra. En la primavera de 1937 estaba claro también que la Juventud Socialista Unificada (JSU) había abandonado totalmente la órbita socialista. Este conflicto organizativo modelaba la comprensión por parte de Largo de lo que estaba en juego durante la crisis de mayo. Araquistain le había avisado, en vísperas de la crisis de gobierno, de que el acercamiento entre los socialistas y los comunistas —y quizá incluso su unión— era inevitable dado el contexto internacional, y que posicionarse en contra de ello garantizaría por completo su eclipse frente a la estrella ascendente de Prieto[147]. Pero los valores políticos que sustentaban la visión del mundo de Largo le impedían aceptar que el esfuerzo bélico constituía el imperativo primordial y que requería ciertas alianzas políticas, como la que la ejecutiva del PSOE estaba buscando activamente con el PCE. Largo se veía a sí mismo como un defensor solitario de la integridad organizativa socialista y, sobre todo, de la de la UGT, y Prieto se estaba asociando con «sus enemigos». A los ojos de Largo, solo esto ya era suficiente para excluirle del Ministerio de la Guerra, puesto que era clave para el predominio político en la República en guerra. Era esta misma lógica lo que evitaba que Largo hiciera concesiones a la CNT, un enemigo incluso más antiguo en su larga guerra de posiciones organizativas en nombre de la UGT[148]. De ahí su total falta de respuesta a la CNT, que, ya en las primeras semanas de marzo, estaba llamando a una alianza sindical preventiva para cortarles el paso a los partidos hostiles en el Gobierno. El hecho de que Largo se comportase de esta forma en mayo de 1937 nos dice también algo más sobre sus consideraciones políticas tácitas, aunque es algo profundamente contrario a lo que se intuía y, por tanto, difícil de comprender para un observador que actúa con ideas históricas. Porque si la integridad de las organizaciones socialistas era más importante para Largo que ganar la guerra —que es la conclusión lógica de su postura—, entonces, en cierta medida, eso significa que había asumido que, incluso aunque la República perdiese, habría todavía algún lugar para esta «integridad». En otras palabras, Largo estaba planteándose el franquismo como si fuera a ser una repetición de la dictadura de Primo de Rivera de los años veinte. De acuerdo con este escenario, incluso si no existía un régimen democrático en la España de la posguerra, podría haber todavía espacio para un sindicato «responsable», es decir, para la UGT. Tampoco sería Largo Caballero el único dirigente socialista con vínculos sindicales que pensaría así[149]. Además, estas consideraciones tácitas llegarían a ser más predominantes a lo largo de 1938, al empeorar la posición militar de la República, y alimentarían corrientes a favor de una paz negociada que se basaban en una percepción muy equivocada de lo que Franco estaba dispuesto a aceptar.

En último término, la crisis de gobierno de mayo había expuesto tanto a los caballeristas como a la CNT a las consecuencias de sus propias contradicciones políticas y a su incapacidad para establecer las bases de una alianza estratégica durante el período comprendido entre 1934 y 1936. En 1937, Largo Caballero, como responsable máximo de la «izquierda socialista», se encontró sin ninguna base política sólida. Pero, incluso entonces, no estuvo dispuesto a ofrecer concesiones políticas a la CNT. El movimiento anarcosindicalista carecía por sí solo, como hemos visto, de capacidad organizativa para articular una alternativa política al Frente Popular. De hecho, la UGT tenía algunos defectos similares. Pero, en cualquier caso, la minoría radical de la UGT a la que la CNT podría haber apelado en busca de apoyo[150] nunca había ocupado puestos de dirección importantes en la jerarquía sindical. Esta permanecía en manos de burócratas cautelosos cuyo espíritu estaba representado por el mismo Largo Caballero. Aislado y enfrentado a la oposición unida de sus colegas de gobierno comunistas, republicanos y centristas del PSOE, Largo fue obligado a dimitir de la presidencia del Gobierno. Fue destituido por toda la alianza republicana, no por un complot comunista, como insistirían más adelante sus partidarios. Como Ramón Lamoneda, secretario general del PSOE, comentaría con mordacidad más tarde: «Caballero decía “me echan los comunistas”, cosa que era verdad en parte, pues le echaban todos desde Azaña a M.[artínez] Barrio»[151]. Y la CNT se cruzó de brazos mientras esto sucedía, molesta por la «mezquindad» de Largo: un amargo recuerdo de los viejos antagonismos de preguerra. El hecho de que la base de poder caballerista estuviera tan erosionada en 1937 facilitó la salida de Largo del gabinete. Pero el propósito común de los republicanos, los socialistas y los comunistas fue crucial para que se produjera.

El presidente Azaña había logrado su deseo, porque, aunque la destitución de Largo se produjo por decisión conjunta de la alianza republicana, el presidente fue personalmente muy activo en la elección del ministro de Hacienda del PSOE, Juan Negrín, como nuevo presidente. En todo caso, el número de personas que cumplían los requisitos mínimos entre los que el presidente podía escoger no era muy grande. No era factible que fuera un republicano ni tampoco un comunista: el primero porque hubiera carecido de credibilidad dentro de la República, y el último porque no solo hubiera creado profundas divisiones dentro de la República, sino porque hubiera destruido su campaña internacional para conseguir el fin de la no intervención. El nuevo presidente del Gobierno tenía que ser forzosamente socialista, pero no podía ser un caballerista dado que ninguno de ellos hubiera aceptado nunca la subordinación de los sindicatos, que había sido durante mucho tiempo el objetivo común de los republicanos, comunistas y centristas del PSOE, intensificado después de los sucesos de mayo en Barcelona. En cualquier caso, tampoco hubiera sido fácil encontrar a alguien del calibre requerido en las filas caballeristas. De hecho, solo Araquistain aparecía como un posible candidato. Pero Azaña nunca hubiera nombrado al hombre que había sido el arquitecto de la crisis de mayo de 1936, la cual había impedido que Prieto llegara a la presidencia del Gobierno en una coyuntura tan crítica. Por tanto, por un proceso de eliminación, el nuevo presidente tenía que ser un centrista del PSOE. La elección esperada era el mismo Prieto, por su comprensión de las realidades políticas, tanto nacionales como internacionales, su inteligencia estratégica, su experiencia ministerial y su puro dinamismo, al igual que por su importante papel en el movimiento socialista español y su íntima amistad con el presidente de la República. Pero, como Azaña mismo indicó, Prieto era necesario para la responsabilidad más crucial del gobierno: el Ministerio de la Guerra. De hecho, la concentración del ejército de tierra, la marina y la aviación en un único ministerio, rectificando la anomalía pendiente desde el 4 de septiembre de 1936, no había sido uno de los objetivos menos importantes del frente formado en el Gobierno contra Largo en mayo. A pesar de todos sus fallos, Prieto era verdaderamente irreemplazable en el Ministerio de la Guerra. La presidencia del Gobierno, por otra parte, requería a alguien con un carácter menos volátil emocionalmente que Prieto. Se necesitaba también a alguien que tuviera buenas relaciones con todos los sectores de la alianza republicana o que, al menos, fuera neutral. Pero Prieto estaba enfrentado con un importante sector de su propio movimiento, y sus relaciones con la CNT tampoco eran buenas. De ahí la preferencia de Azaña por «la tranquila energía de Negrín»[152]. Sus convicciones republicanas le hacían poco recomendable para la CNT, pero, al menos, para esta era todavía una figura neutral, a diferencia de Prieto. Además, Negrín, aunque identificado de forma clara con la ejecutiva del PSOE y con Prieto, no se había destacado en el intestino conflicto socialista. Por último, Azaña y Prieto estaban completamente de acuerdo en que el políglota y cosmopolita Negrín, que tenía una buena red de contactos en Europa, era el político internacional de la República por antonomasia[153].

Pero a pesar de la afirmación muy clara de Azaña de que él mismo había escogido a Negrín, así como de las razones evidentes de este nombramiento, se ha desarrollado una gran mitología que sugiere que Negrín era el candidato del Partido Comunista o, incluso más fantasiosamente, que fue impuesto por la Unión Soviética. Gran parte de esta mitología deriva de las interpretaciones particulares y conflictivas de las políticas de Negrín como presidente del Gobierno en las últimas etapas de la guerra y, de forma importante, de los voluminosos y vehementemente anticomunistas escritos de Indalecio Prieto posteriores a la guerra[154]. Pero el hecho que permanece es que, en mayo de 1937, Negrín era tanto la opción de Prieto como la de Azaña y, precisamente, por las mismas razones: su capacidad para articular la alianza republicana en el ámbito interno, sus convicciones republicanas, su inteligencia política singular y sus contactos internacionales. Y aunque es cierto que el perfil de Negrín era propicio para los objetivos que tenía Stalin al apoyar a la República, no tiene sentido afirmar que esto fue la fuerza motriz de su elección como presidente: en primer lugar, por el papel desempeñado por Azaña y Prieto; en segundo lugar, porque, como sabemos ahora, Stalin había estado lejos de oponerse a que Largo Caballero permaneciera como presidente, y, por último, porque, en cualquier caso, ni la Unión Soviética ni el PCE estaban en posición de «imponer» un presidente a la República española en mayo de 1937. Negrín tenía buenas relaciones de trabajo con Stashevsky, el agregado comercial soviético, con el que tenía que estar en frecuente contacto como ministro de Hacienda. Pero las relaciones de Negrín con el personal soviético no eran diferentes ni más cercanas que las de Prieto. De hecho, socialistas tan diferentes como Araquistain y el miembro de la ejecutiva del PSOE Manuel Albar hablaron varias veces de las excelentes relaciones que Prieto mantenía tanto con el personal diplomático soviético como con el PCE[155]. Negrín era consciente del impacto negativo de los enfrentamientos entre los partidos dentro de las instituciones estatales republicanas, que le habían preocupado bastante antes que a Prieto, y, por esto, había excluido a los militantes del PCE del reorganizado cuerpo de Carabineros. Fue Prieto también quien sugirió en la primavera de 1937 que el PSOE aceptase la propuesta de unidad planteada por el PCE por el bien del esfuerzo bélico[156], mientras que Negrín se opuso; como lo hizo, en todo caso, toda la ejecutiva socialista, con la excepción de Jerónimo Bugeda. Si las relaciones no hubieran sido buenas entre Prieto y el PCE, huelga decir que este último no se hubiera sumado al resto del gobierno para apoyarlo con fuerza como ministro de la Guerra, cargo que el PCE consideraba más importante que la presidencia, como muestra su choque con Largo.

El nuevo gobierno de Negrín se formó a mediados de mayo de 1937, justo cuando la ofensiva rebelde contra Vizcaya alcanzaba su apogeo. El ataque contra el País Vasco republicano que había empezado hacía seis semanas demostró el profundo cambio en la forma en que los rebeldes libraban la guerra. Franco, aunque todavía obsesionado con tomar Madrid, después del desastre de Guadalajara había sido convencido por sus asesores alemanes de la necesidad de expandir sus fuerzas armadas por medio del servicio militar obligatorio. Sin embargo, un ejército más grande requería más equipamiento. De ahí que la campaña contra el norte industrial republicano adquiriera mayor urgencia. El gran ejército reunido por Mola fue apoyado desde el aire por la pequeña pero bien equipada Legión Cóndor alemana y por unidades italianas, ambas bajo mando alemán pero, en último término, a las órdenes de Franco. Los ataques aéreos empezaron en Durango el 31 de marzo y alcanzaron su punto culminante el 26 de abril, cuando el pequeño pueblo de Guernica, lugar simbólico del nacionalismo vasco y que no tenía defensas antiaéreas, fue aniquilado tras tres horas de intensos bombardeos. El objetivo clave de Franco con este ataque no era tanto militar como, sobre todo, moral. El bombardeo de Guernica buscaba acabar con la predisposición a la resistencia de los vascos y, en gran parte, lo logró, junto con un gran número de víctimas: el Gobierno vasco calculó que, de una población de día de mercado de unas cien mil personas, murieron 1645 y hubo 889 heridos. Dos días más tarde, Mola vinculó públicamente el destino de Guernica con el de Bilbao, declarando que la destruirían por completo. Franco estaba más interesado en controlar su capacidad industrial que en destruirla por ser una fuente de contaminación moral, como planteaba Mola. Sin embargo, en otros aspectos, Franco no estaba menos comprometido con la «redención» del País Vasco, como la de todos los demás lugares de la zona republicana, a través de la violencia y la eliminación física masiva de sus oponentes[157]. Durante el mes de abril los rebeldes realizaron bombardeos de artillería y aéreos cada vez mayores contra los que los defensores, en la práctica desprovistos de aviones, poco podían hacer. El terror que esto produjo aumentó las divisiones políticas en las filas de los defensores de Vizcaya, asegurando el colapso gradual de la resistencia.

En marzo, cuando estalló la crisis de gobierno catalana sobre la cuestión del orden público y de las patrullas obreras, el presidente vasco, Aguirre, había tenido su propio enfrentamiento, aunque de menor escala, con la CNT. La cuestión aparente fue la disputa en marcha sobre la publicación de la prensa de la CNT[158]. El 24 de marzo, el Gobierno vasco expropió la imprenta de la CNT y, como medida de seguridad, se arrestó al comité regional de la organización anarcosindicalista. Además, se enviaron tropas nacionalistas vascas para rodear a tropas de la CNT acuarteladas que se decía que se iban a levantar contra el Gobierno. La creciente tensión en Cataluña había hecho que algunos sectores del PNV pidieran el desarme de los batallones de la CNT o su transformación en batallones disciplinarios. El Partido Comunista del País Vasco, al que el Gobierno había cedido las imprentas de la CNT, apoyó estas peticiones. Pero Bilbao no suponía una amenaza comparable a la de Barcelona, y Aguirre, casi con seguridad, estaba más interesado en disciplinar a una fuerza política marginal pero problemática al conocer el inicio de la ofensiva rebelde. Sin embargo, la moral de la CNT estaba dañada. Optó por imprimir su periódico en Santander, donde la censura era menor. Pero, a pesar de que era una fuerza política marginal en el norte, el apoyo de la CNT era un componente necesario de la resistencia militar vasca.

Enfrentado a una situación militar que empeoró seriamente tras el bombardeo de Guernica, el gobierno vasco declaró formalmente la creación de un Ejército de Euskadi[159]. Cuando los italianos cruzaron la ría de Guernica y aumentaron las tensiones en Barcelona, Aguirre asumió el mando supremo el 1 de mayo, lo que se le comunicó a Largo Caballero el 5 de mayo, cuando la guerra abierta en Cataluña era ya un hecho. El horror con el que algunos sectores del PNV contemplaron el desarrollo de los sucesos de Cataluña, que vieron como la confirmación de todas sus dudas sobre la República, impulsó aún más los intentos ya en marcha del PNV de buscar una paz negociada por separado con el bando franquista. Pero estos intentos fueron infructuosos, como lo serían todos los posteriores[160].

La creación del Gobierno de Negrín el 17 de mayo abrió el camino para apaciguar los miedos de Aguirre y el PNV. El nuevo presidente, a pesar de representar el mando único, también simbolizaba la victoria de la normalidad republicana sobre las «clases peligrosas» de Barcelona. También consideraban algo positivo el nombramiento de Prieto en un nuevo Ministerio de Defensa unificado. Esto, al igual que el nombramiento del coronel Rojo, el arquitecto de la defensa de Madrid, como nuevo jefe del Estado Mayor, venció al menos algunas de las reservas de Aguirre sobre la aceptación de las instrucciones militares del Gobierno central. Prieto nombró al general Mariano Gámir Ulibarri para dirigir al recientemente formado Cuerpo del Ejército del País Vascongado[161]. Aunque es de destacar que se evitó usar la palabra «Euskadi», esta medida, sin embargo, reconocía que no había nada parecido a un «Ejército del Norte» general. En lo sucesivo, Llano de la Encomienda dirigiría las fuerzas en Santander y Asturias, mientras que Gámir, a quien Aguirre cedió el mando, supervisaría las de Vizcaya. Las relaciones mejoraron al convertirse Vizcaya en el objeto de una seria atención estratégica por parte del jefe del Estado Mayor. Gámir llegó a asumir el mando a finales de mayo. La conversión de los batallones vascos en Brigadas Mixtas estaba en marcha, y la reticencia previa de Aguirre a aceptar a los comisarios políticos fue superada. A pesar de que las unidades vascas mantuvieron sus identidades políticas específicas, su rendimiento mejoró, lo que puede atribuirse en buena parte a la renuncia de Aguirre a las responsabilidades de mando directas[162]. Pero, probablemente, era ya demasiado tarde. Además, había un creciente y angustiado conflicto por la falta de aviones para defender Bilbao.

Aunque esta escasez de apoyo aéreo provocó acusaciones airadas de traición por parte de los vascos, aislados y sitiados, y daría lugar posteriormente a una amarga polémica sobre la responsabilidad por la caída de Vizcaya entre Largo, Prieto y Aguirre[163], la realidad era que la República no tenía los aviones que necesitaba para defender el norte contra el abundante apoyo aéreo alemán e italiano a los rebeldes. De hecho, los aviones alemanes que operaron en el norte fueron los mejores de los que se utilizaron durante toda la guerra. La situación se agravaba por una serie de factores, como el inadecuado funcionamiento de los canales de comunicación, algunas incompetencias prácticas y necesidades en competencia —al igual que rivalidades— en el frente del centro. Pero el principal problema seguía siendo la falta de aviones y pilotos. Mientras que Largo había transferido la responsabilidad al Estado Mayor, Prieto, como ministro, hizo desesperados intentos personales por conseguir más cobertura aérea. Pero a menudo los aviones conseguidos nunca llegaron a su destino. La no intervención hizo que algunos fueran incautados en Francia, mientras que otros se estrellaron, se extraviaron o se estropearon por el mal tiempo o por insuficiencias técnicas. Se hicieron modificaciones para aumentar la capacidad de vuelo y permitir vuelos directos desde el frente central a Vizcaya para evitar los peligros de una escala en territorio francés. Pero, incluso así, es improbable que al norte llegaran muchos aviones[164].

En estas condiciones, los defensores de Bilbao tenían pocas posibilidades. No tenían medios de frenar la estrategia de ataques aéreos desarrollada por la Legión Cóndor. Durante la segunda mitad de mayo, las fuerzas franquistas rodearon completamente Bilbao. En los primeros días de junio, los aviones de la Legión Cóndor y la artillería bombardearon el llamado «cinturón de hierro», el doble anillo de trincheras excavadas en las colinas de las afueras de la ciudad. Además de que sus planos habían sido revelados al enemigo, estas fortificaciones eran, en cualquier caso, inadecuadas. Habían sido construidas por ingenieros y arquitectos que solo tenían experiencia civil, no estaban camufladas y carecían de profundidad. Además, los defensores se enfrentaron a las armas más poderosas empleadas por los alemanes en España. Las baterías antiaéreas, superfluas dada la falta de aviones de la República, fueron utilizadas también como artillería ligera. Las trincheras fueron pulverizadas y el «cinturón de hierro» fue roto el 12 de junio.

Aunque los franquistas habían temido una repetición del sitio de Madrid en Bilbao, con el recuerdo de Durango y Guernica todavía fresco, Aguirre tomó la decisión estratégica, asesorado por el mando militar vasco, de evacuar Bilbao y continuar la lucha desde otros frentes[165]. Pero esta era también una decisión política clave consecuencia del deseo del PNV de proteger el capital y la propiedad vascos. Esto quedó aún más claro por el rechazo total de Aguirre a permitir la aplicación de una política de tierra quemada. No se aplicaron las órdenes de Prieto de destruir las instalaciones de la industria pesada y, por el contrario, los gudaris se distribuyeron para proteger estas instalaciones (fábricas de armas y explosivos, acerías, astilleros y talleres de ingeniería), por si otros grupos, especialmente la CNT vasca, intentaban llevarlas a cabo[166]. Durante una semana, las unidades del País Vasco, Asturias y Santander se retiraron hacia el oeste y, desde allí, en barco a Francia o, directamente, a Santander y Gijón para continuar la lucha. El 19 de junio los rebeldes entraron en Bilbao sin oposición.

La pérdida de Vizcaya incrementó la determinación de Negrín de imponer un mando único, tanto político como militar, en el resto de la zona republicana. En la línea de fuego estaba primero Aragón. Mientras que Largo Caballero había legitimado implícitamente el Consejo de Aragón entablando una discusión sobre su esfera de influencia y sus competencias, el muy centralista Negrín simplemente lo ignoró, negándose a responder a ninguna petición sobre la «clarificación de su estatus». Aunque el Consejo había aceptado en junio eliminar su sección de orden público para demostrar su aceptación de la autoridad del Gobierno en este tema, los partidos del Frente Popular lo acusaron de no cumplir su promesa. La primera «comunicación» real del Gobierno de Negrín con el Consejo fue enviar tropas para reinstaurar la maquinaria de los ayuntamientos en agosto.

El objetivo del Gobierno central no eran las colectivizaciones rurales per se, sino la desaparición de la autoridad política del Consejo y la destrucción de la base organizativa del poder de la CNT en la región: «Las necesidades morales y materiales de la guerra exigen de una manera imperiosa ir concentrando la autoridad del Estado»[167]. La razón de guerra estaba reforzando las creencias subyacentes del Gobierno de que ningún poder político ni la utilización de ningún tipo de recursos económicos importantes debían estar en manos de los sindicatos y que se le debía dar una mayor protección a la agricultura privatizada[168]. Cientos de cenetistas fueron hechos prisioneros y muchos de los que habían ostentado cargos políticos en el Consejo, al igual que los que estaban acusados de crímenes contra la propiedad privada, estarían todavía en prisión cuando Franco empezó su ofensiva final contra Aragón en marzo de 1938[169]. Al permitir la marcha de los colectivistas reticentes, el decreto de disolución del Consejo constituyó un factor importante en la creciente crisis de las colectividades. Pero es importante darse cuenta de que, al igual que la crisis política del Consejo, provocada por la cuestión de orden público en junio, la polémica anticolectivista también era, en parte, interna[170]. Cuando el Gobierno central envió a su ejército, este activó y potenció a los oponentes políticos y sociales del Consejo dentro del mismo Aragón.

Una vez que el gobierno envió tropas a Aragón, la desestabilización de la autoridad de la CNT creó oportunidades políticas locales para otros[171]. Después de que se recolectase la cosecha con seguridad, Izquierda Republicana (IR) respaldó la disolución del Consejo —de acuerdo con el gran deseo de Azaña— en una reunión del Frente Popular aragonés celebrada en Barbastro. Izquierda Republicana, tras haber perdido su base de pequeños propietarios aragoneses en favor del PCE, compitió ahora por ganarse el favor de los partidarios de la CNT en la lucha por la influencia política en las nuevas estructuras municipales de la región. Por su parte, el PCE fue capaz de mantener su influencia política tanto a través del ejército como de la llegada de personal del Ministerio de Agricultura para registrar las colectividades y evaluar la situación y las necesidades de la producción en la región[172]. En este último aspecto, este proceso reflejaba el que se había producido con anterioridad y a mayor escala en la región valenciana, donde los pequeños propietarios y los sectores sociales más acomodados habían mirado hacia las agencias estatales en reconstrucción, como el Instituto de Reforma Agraria, al igual que a la Federación Campesina del PCE, como un medio de movilizarse contra lo que consideraban la amenaza de las formas económicas colectivizadas[173]. Pero, fuera cual fuese el panorama político concreto de la zona republicana de Aragón, fue la guerra misma la que hizo surgir una política de masas propiamente dicha frente a lo sucedido en la más desarrollada Valencia.

Sigue siendo difícil afirmar la verdadera naturaleza de la base social del Consejo, dado que se usaron las armas para construirla y para desmantelarla y, en ambos casos, estas armas llegaron desde fuera de Aragón. El efecto neto de la intervención económica del Consejo había sido redistributivo. Pero tanto sus funciones casi gubernamentales como sus elementos de implícita —si no explícita— coerción que se utilizaron en alguna medida en el proceso de colectivización hicieron del Consejo un órgano controvertido, tanto dentro como fuera de la CNT. En un último análisis, nació en una situación de emergencia y fruto de ella, y actuó en unas condiciones tan difíciles y fue de tan corta duración que es virtualmente imposible compararlo adecuadamente con los esquemas revolucionarios que consagraba[174]. Lo que está claro, sin embargo, es que el gobierno republicano utilizó la evidencia de los conflictos locales en Aragón —tanto de clase como de otros tipos— para justificar su propia intervención[175]. Así, en nombre del esfuerzo bélico, los republicanos, los socialistas centristas y los comunistas pusieron bajo el control del Estado central al último baluarte independiente de particularismo regional en la España republicana.

Pero había también otro factor crucial que explica el momento preciso en que se produjo la acción en Aragón: la necesidad de activar el frente del este en un intento de aliviar la presión de la ofensiva general franquista contra la asediada Asturias, en ese momento todo lo que quedaba ya del norte republicano. Desde el comienzo de la guerra, los rebeldes solo habían mantenido un mínimo de tropas en el frente de Aragón. Como consecuencia, la República se había concentrado simplemente en mantener sus propias líneas. Esto, aparte de cualquier programa político, era la clave de la escasez de armas entre las milicias aragonesas. La República simplemente no se podía permitir desviar sus escasas armas a un frente superfluo, y durante el primer año de guerra este estatus era definido por el contenido de la política de guerra rebelde. Pero si la República pasaba a la ofensiva y atacaba en el este, forzaría a Franco a sacar recursos del norte. Esto, sin embargo, requería la previa integración total de las milicias de la CNT y del POUM. Pero estas fuerzas solo habían empezado a aceptar la autoridad del Ministerio de la Guerra de Valencia en marzo de 1937 y tenían un sentido de su propia capacidad militar demasiado optimista, precisamente porque esta no se había probado nunca. La militarización de todas las milicias de origen catalán en el este de Aragón se completó a finales de abril de 1937, excepto la 29.ª División del POUM, que fue reorganizada como resultado de la acción política contra el POUM en el verano de 1937[176]. El movimiento hacia Aragón en agosto de 1937, por tanto, era un medio de fortalecer y acelerar la militarización del frente.

Un objetivo apenas menos importante era aumentar la producción agrícola en Aragón. Con el control político central, se esperaba que Aragón pudiera utilizarse también para mitigar el grave problema de alimentar a las populosas ciudades de la República y, sobre todo, a Barcelona, con su enorme población refugiada, que aumentaba con la llegada de refugiados de Asturias. Implícitamente, se asumía que la colectivización había disminuido la productividad por su ineficiencia y por la desmoralización de los sectores de pequeños propietarios. De hecho, el balance de la producción colectivizada en Aragón está lejos de ser claramente negativo en 1936-1937[177]. Pero el este de Aragón nunca había tenido tierras lo suficientemente productivas como para servir de granero de emergencia a la España urbana republicana, independientemente del modo de producción que se empleara[178]. Además, al llegar la guerra al frente del este, las condiciones de producción se deterioraron, a la vez que se redujeron la mano de obra y las posibilidades de transporte. Al final, fue la guerra, con su correlato de desarticulación económica y reducción de mercados, el principal factor que minó tanto la agricultura colectivizada como la privada, más que los oponentes políticos o la acción del Estado. En Aragón, como en los demás sitios, la guerra librada bajo el embargo producido por la no intervención socavaría la estructura material y la entereza de las colectividades y de los colectivistas, como haría con todos los otros aspectos de la retaguardia republicana.

6. La guerra en tres frentes de Negrín

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La guerra en tres frentes de Negrín

«Demasiado tiempo, hasta para los héroes…»[1].

Cuando Negrín asumió la presidencia del Gobierno en mayo de 1937, su objetivo principal era lograr el fin de la no intervención, el mayor obstáculo para la continuación activa de la guerra por parte de la República. En un mes, la pérdida de Bilbao había hecho aumentar su urgencia. Negrín era el candidato ideal para llevar a cabo el esfuerzo bélico republicano en este tercer «frente» crucial de la diplomacia europea, mientras mantenía, a la vez, el frente militar y la movilización de la retaguardia que lo aseguraba. Pero el inicio de su presidencia coincidió con el fin del Gobierno de Blum en Francia y del de Baldwin en Gran Bretaña. Ninguno de los dos cambios favorecía a la República. Pero, como siempre, era la postura británica sobre la no intervención la que tenía la clave de su difícil situación.

La opinión mayoritaria en el gobierno británico era, sin duda, de profranquismo pasivo[2]. Pero, para la República, la clave del problema era el papel estratégico que desempeñaba la no intervención en la política exterior británica en general. Desde finales de mayo de 1937, con el nuevo primer ministro Neville Chamberlain, el Gobierno buscó claramente un acercamiento a Italia. El objetivo principal de la política exterior británica seguía siendo la defensa de los intereses de su extenso imperio, y se consideraba que el mejor medio de asegurarlos era el establecimiento de un modus vivendi con Italia en el Mediterráneo. La no intervención ofrecía un marco diplomático útil para este fin, ya que permitía estabilizar las relaciones con Italia mientras se intentaba lograr la codiciada alianza. El gran crecimiento de la ayuda del Eje a Franco después de marzo de 1937 causaría cierta ansiedad. Pero Gran Bretaña seguía confiando en que su poder económico y, si este fracasaba, el del bloqueo de la Royal Navy, aseguraría una España rebelde «amiga» incluso en el peor de los escenarios. Con este razonamiento, la maquinaria de la no intervención era un recurso valioso para la mayor parte del Gobierno británico, con independencia de que Italia lo incumpliese constantemente. Cuando se consideró que la acción italiana dañaba directamente los intereses británicos, como cuando los submarinos italianos hundieron barcos mercantes británicos en 1937, se daban pasos para resolver estas cuestiones fuera del marco de la no intervención[3]. Por tanto, el persistente utilitarismo diplomático británico en relación con la no intervención evitó la consolidación de las posibilidades defensivas de la República en 1937.

Casi desde el comienzo de la guerra, tanto los italianos como los alemanes habían atacado continuamente barcos que se dirigían a puertos republicanos, incluso aunque no tenían autoridad para hacerlo según la legislación internacional. Como la mayor parte de la ayuda llegaba por mar, en 1937 estos ataques fueron, desde el principio, una amenaza muy importante para la capacidad de la República de mantener el esfuerzo bélico. Tras el hundimiento del Komsomol el 14 de diciembre de 1936, la Unión Soviética, cuya marina mercante era pequeña y cuyos navíos estaban dispersos por diferentes mares, distantes unos de otros y muy lejos de España (el Caspio, el de Aral, el Blanco, el Báltico, el Negro, el océano Glacial Ártico y el Pacífico), solicitó a la República que buscase otros medios de transporte del material de guerra que obtenía para España[4]. Al comienzo de la guerra, la República disponía, aproximadamente, de las tres cuartas partes de la flota mercante española[5]. Pero sufrió importantes pérdidas que hicieron que no pudiera compensar la falta de barcos soviéticos o de otros países. La acción del enemigo y, en menor medida, las dificultades relacionadas con la inexperiencia de las tripulaciones y la falta de una estructura de mando adecuada dificultaron el transporte naval republicano. Por el contrario, los rebeldes pudieron preservar la mayoría de los buques de la parte más pequeña de la flota mercante que quedó en sus manos. Pero, aún más importante, el Gobierno alemán les envió barcos que navegaban bajo pabellón de conveniencia, especialmente panameños, y que estaban, por tanto, fuera del alcance de las patrullas navales de la no intervención que durante un breve período de tiempo —entre abril y junio de 1937— vigilaron las costas españolas. La República no tenía ni los recursos ni los contactos para hacer lo mismo o, al menos, no en la misma escala. Además, los barcos que transportaban material de guerra para el bando franquista desde Italia eran escoltados abiertamente por navíos de guerra de la marina italiana.

A finales del verano de 1937, la agresión naval franquista y del Eje había cerrado en la práctica el Mediterráneo como ruta de abastecimiento de la República. El paso a través de la frontera francesa se convirtió, por tanto, en vital para su supervivencia. El Gobierno dirigido por el Partido Radical francés, que había sustituido al de Blum en junio, continuaba actuando con una política de «no intervención relajada» (non intervention relâchée). Sin embargo, su política en relación con la frontera era errática e, incluso cuando la ayuda conseguía pasar, consistía generalmente en «pequeñas cantidades de material de guerra y uno o dos aviones civiles», lo que no permitía establecer las bases para cambiar la dirección de la guerra[6]. Mientras se mantuviera la no intervención, la República estaba, en realidad, condenada a vivir al día.

Pero a pesar de las enormes y crecientes dudas sobre la viabilidad de mantener —y mucho menos incrementar— el material de guerra, Negrín se dio cuenta desde el principio de que el clima político-diplomático hacía imprescindible que la República pasase a la ofensiva. Necesitaba una clara victoria militar para demostrar que podía al menos defenderse, y que Franco no se dirigía inexorablemente hacia la victoria. A diferencia del presidente Azaña, que desde la primavera de 1937 estaba convencido de que lo más que se podía conseguir era negociar el final de la guerra a través de la mediación internacional, durante 1937 Negrín obraría de acuerdo con su idea de que el esfuerzo bélico republicano era todavía viable[7]. Si se podía acabar con la no intervención y se retiraban los voluntarios extranjeros, incluso era posible que la República ganase. Pero Negrín entendía también que conseguir una paz pactada exigiría, además, una máquina de guerra republicana resistente, porque solo desde una posición de fuerza se podía obligar a los franquistas y a sus aliados fascistas a aceptar algo que no fuera la rendición incondicional. En gran parte pensando en esto, en julio la República organizó la ofensiva de Brunete, al oeste del frente de Madrid. Probablemente la batalla más sangrienta de la guerra, librada bajo un calor sofocante, con temperaturas de casi cuarenta grados a la sombra, este intento de levantar el asedio a la capital estaba condenado al fracaso por la falta de capacidad ofensiva de la República, a la que contribuyó el bloqueo del material de guerra en la frontera francesa en un momento clave.

La cuestión fundamental que se debe comprender es que, incluso cuando la ayuda llegaba a la España republicana, su misma intermitencia, al igual que su cantidad y calidad variables (a menudo incierta antes de la llegada, con frecuencia distinta de las especificaciones y siempre tan variopinta que desesperaba a los mandos[8]), hacían imposible que la República planeara sus acciones por adelantado o las mantuviera después de emprenderlas. En el año 1937 se produjeron algunas mejoras en cuanto a la estabilización de los frentes militares y el establecimiento de una industria de armas propia en Cataluña, pero la producción interna de armas ni siquiera se acercaba a satisfacer las necesidades del ejército[9]. Mientras el embargo provocado por la no intervención existiera, no podría haber una estabilización general de la República. De hecho, ni siquiera el fin de la no intervención hubiera puesto a la República en igualdad de condiciones con los rebeldes. Ni Gran Bretaña, ni Francia ni la Unión Soviética, inmersas en la preparación de sus propias estructuras de defensa militar, hubieran ofrecido el tipo de ayuda militar integrada apoyada por el Estado que los rebeldes continuaron recibiendo del Eje y, especialmente, de Italia. Sin embargo, el final de la no intervención hubiera dado a la República acceso a suficientes fuentes de armas para librar de verdad una guerra ofensiva[10].

Durante el verano y el otoño de 1937, todo el peso de la ofensiva diplomática republicana para acabar con la no intervención se centró en Francia. Esta iniciativa la llevaron a cabo el mismo Negrín, su ministro de Estado, Giral, y el embajador republicano en Gran Bretaña, Pablo de Azcárate, que trasladó su atención de Londres a París[11]. En el Gobierno y en el cuerpo diplomático franceses la preocupación sobre la vulnerabilidad de sus defensas estaba creciendo en proporción directa al aumento de la ayuda del Eje a los franquistas y al de la influencia italiana en el Mediterráneo. Al mismo tiempo, la política unilateral británica de acercamiento a Mussolini hizo que Francia se sintiera doblemente aislada, y, para expresar su protesta, en julio el Gobierno francés suspendió el servicio de observadores internacionales en su frontera terrestre con España y, a través de sus representantes diplomáticos, presionó a Gran Bretaña para poner fin a la no intervención. Parecía que se estaba presentando una oportunidad diplomática para la República española. La presión de Francia sobre Gran Bretaña llevó a que se propusiera a Italia la retirada de todos los voluntarios internacionales tanto de la zona rebelde como de la republicana, a cambio del reconocimiento de derechos limitados de beligerancia[12].

La Unión Soviética estaba también dispuesta a aceptar este intercambio. La escalada de la guerra chino-japonesa, a principios de julio de 1937, fue el primero de una serie de cambios que desplazarían a España de su posición privilegiada en la política exterior soviética en 1938[13]. Es muy probable que ya a mediados de 1937 Stalin hubiera empezado a creer que las probabilidades de una clara victoria republicana eran inexistentes. Sin embargo, su resistencia continuaba siendo un componente importante de su estrategia. Mientras las energías del Eje estuvieran ocupadas en España, la Alemania nazi no podría atacar en el este. Además, incluso la misma no intervención, a la que la Unión Soviética se había opuesto constantemente una vez que quedó claro que no era un medio eficiente para frenar la ayuda a los rebeldes, tenía utilidad diplomática. Al mantener una tensión en las relaciones británicas con el Eje —a pesar de los intentos de Chamberlain de acercarse a Italia— se impedía cualquier posible acuerdo entre las cuatro potencias contra la URSS, posibilidad que Stalin seguía temiendo[14]. Pero independientemente de la resistencia republicana, la Unión Soviética no podía descartar ni un acuerdo de las cuatro potencias ni una agresión por parte de Alemania, y se debían hacer preparativos para esta posibilidad. Así pues, mientras Negrín continuaba preparando su diplomacia para proteger la tabla de salvación que representaba la Unión Soviética para la República, Stalin tenía probablemente la vista puesta en garantizar la suficiente capacidad de resistencia republicana al mismo tiempo que reducía las peticiones que España hacía de material de guerra procedente de fábricas soviéticas. Los niveles de producción de la industria pesada del período 1937-1939 se verían influidos también por las purgas y por la reorganización industrial, que era también, en parte, resultado de las purgas. Sin embargo, a pesar de lo que se ha dicho algunas veces, en 1937 no hubo un cambio abrupto o explícito de la política soviética hacia la España republicana[15]. En un intento de reducir la demanda republicana, en octubre de 1937 Stalin estaba dispuesto a aceptar la propuesta británica de conceder derechos limitados de beligerancia a ambos contendientes españoles a cambio de un acuerdo de retirada de las tropas extranjeras. La adquisición de derechos de beligerancia no hubiera resuelto el problema de la obtención de armas de la República, ya que Gran Bretaña buscaba mantener los controles de la no intervención. Pero lo verdaderamente crucial es que hubiera permitido a la República comprar armas abiertamente y defender de forma adecuada su material de guerra en su camino hacia España. A Stalin le interesaba que hubiera menos pérdidas a causa de hundimientos y confiscaciones, y había suficientes barcos de guerra republicanos como para servir de escolta en el Mediterráneo. Los derechos de beligerancia también hubieran permitido a la República efectuar los registros en los barcos «neutrales» (especialmente en los italianos) e impedir así los envíos de armas a Franco.

Pero las propuestas de retirada de los voluntarios se paralizaron de forma indefinida. Ni Mussolini ni Hitler estaban preparados para reducir su ayuda al bando franquista. De hecho, era más bien lo contrario: lo que subyacía a su retirada de las patrullas navales de la no intervención, en junio de 1937, era la comprensión de que no habría ninguna seguridad de que los rebeldes ganasen si no les enviaban más ayuda. La retirada de los combatientes extranjeros de España hubiera afectado en alguna medida a la capacidad de lucha franquista, pero apenas, por no decir nada, a la de la República a mediados de 1937. En la práctica, Gran Bretaña aceptó la insistente propuesta italiana de que la retirada de tropas debía discutirse en el Comité de No Intervención más que en la Sociedad de Naciones, lo que garantizaba un gran retraso. La Unión Soviética, por tanto, tuvo que mantener algún tipo de ayuda. Francia, por su parte, desconcertada por la aceptación británica de la propuesta de Italia, continuó resistiendo la presión para que cerrase su frontera.

Sin embargo, es improbable que el camino de la Sociedad de Naciones hubiera sido más beneficioso. De hecho, la aparente fe de Azaña en la capacidad de la Sociedad de Naciones para supervisar un plan de retirada de tropas viable se contradice con su escepticismo ante los intentos de Negrín de alejar a Francia de la influencia británica. La propuesta que Negrín presentó a la Sociedad de Naciones, el 18 de septiembre de 1937, de que las tropas extranjeras debían retirarse de España o, si no, levantar la no intervención fue aprobada. Pero el peso de las abstenciones, incluida la de los países europeos clave, aseguró que la resolución solo fuera papel mojado. Negrín siguió centrándose en los franceses, como el eslabón débil de la no intervención, pero los resultados fueron escasos. Las restricciones fronterizas se mantuvieron y los rumores sobre una expedición militar francesa contra Mallorca, controlada por los italianos, se disiparon junto con la decisión francesa[16]. Inevitablemente, Franco continuó dando pretextos al plan británico de retirada de tropas. Con la ayuda de Alemania e Italia, se plantearon objeciones aparentemente interminables. El debate quedaría, de hecho, paralizado hasta la primavera de 1938. El fracaso diplomático republicano fue grande, dado que no consiguió ni avances en la retirada de tropas ni que se acabara con la política de no intervención.

Mientras tanto, lo que quedaba del norte republicano estaba a punto de caer. La ofensiva de Brunete de julio de 1937 había sido pensada para reducir la presión en el norte. Pero, aunque retrasó la caída de Santander, al tener Franco que desviar tropas, no pudo evitar el hundimiento del frente del norte. Los rebeldes tomaron Santander el 26 de agosto y, después, iniciaron su ofensiva final contra Asturias. La República intentó una nueva maniobra de diversión, mediante la activación del frente de Aragón. Pero el modelo de Brunete se repitió: un éxito temporal cuando las fuerzas republicanas tomaron los pueblos de Quinto y, después, el 6 de septiembre, Belchite[17], pero fue incapaz de mantener el ataque. La captura de dos pueblos agotó completamente los recursos. Como siempre, las fuerzas republicanas se veían dificultadas por su falta de material de guerra o, al menos, de un material apropiado. Además, el conocimiento de la falta de recursos tenía un efecto psicológico paralizador en los mandos militares republicanos[18]. Pero había otros tipos de insuficiencias logísticas y de las tropas en Aragón: en un frente que había estado inactivo durante meses, no se contaba todavía con datos tan obvios como la localización de las fortificaciones enemigas. El 19 de octubre Gijón cayó y, con ella, lo que quedaba de Asturias se perdió rápidamente.

Había también otros factores que dificultaban que la República pudiese continuar la guerra. No era el menos importante de estos la tensión permanente entre las autoridades militares y civiles, que se remontaba a la ruptura de la confianza producida por el mismo golpe militar. Las constantes sospechas sobre los militares profesionales actuaban como una presión muy destructiva e insidiosa, al producirse, como sucedía, sobre la eterna batalla contra los recursos inadecuados y el personal mal preparado. Esta era una de las formas importantes en que la rebelión militar continuaría actuando de forma indeleble contra la República mucho después de que sus efectos organizativos inmediatos hubieran sido contenidos[19]. En esto se basaba la oposición de Negrín a declarar el estado de guerra en el territorio republicano, que Prieto empezó a defender desde el Ministerio de Defensa a finales de 1937 y que el jefe del Estado Mayor, el general Rojo, consideraba esencial[20]. Pero el presidente se mantuvo firme. A pesar de las ventajas organizativas y disciplinarias que se hubieran logrado en otros aspectos, rechazaría repetidas veces declarar el estado de guerra hasta el final, cuando el hundimiento de Cataluña era inminente[21].

Ante los reveses militares y el creciente aislamiento internacional, era esencial fortalecer la movilización económica y política de masas en la retaguardia republicana para mantener el esfuerzo defensivo, que era el núcleo de la estrategia de Negrín. Por esta razón, el PCE siguió siendo crucial en 1937 en la política de Negrín en la retaguardia, como lo era en la organización de la defensa militar republicana. El partido no solo apoyaba completamente la campaña de Negrín por la centralización, sino que ofrecía un instrumento dinámico para lograr la necesaria movilización psicológica de la población y su participación en el esfuerzo bélico. Esta había sido también la razón del establecimiento de los comités de enlace entre el PSOE y el PCE en la primavera de ese mismo año. El talento particular del PCE descansaba en su aplicación práctica de múltiples discursos de movilización. Los efectos del grave desarrollo desigual hicieron que la sociedad republicana siguiera estando, inevitablemente, muy fragmentada durante la guerra. La técnica del PCE de adaptar su mensaje al nivel educativo/cultural y a las expectativas de las diferentes audiencias[22] era, por tanto, bastante más eficaz que los llamamientos austeros y exigentes a un socialismo cívico que promovió el PSOE, y, sin duda, más apropiados que el lenguaje «universal» de liberalismo constitucional que Negrín traspasó, sin muchas modificaciones, de sus intervenciones en los foros diplomáticos europeos[23]. El PCE fue, así, el centro de múltiples formas de política frentepopulista y de movilización cultural durante 1937, que entrelazaban el mundo rural y el urbano y diferentes sectores de españoles, en términos de clase, región, edad y género. En este sentido, el PCE puede, por tanto, reivindicar que se constituyó a sí mismo durante la guerra como el partido republicano más exitoso de todos. Al menos durante un tiempo, proporcionó, tanto dentro de sí mismo como en las organizaciones del Frente Popular, la alianza interclasista antihegemónica que los republicanos y socialistas habían buscado sin lograrla desde la proclamación de la República en 1931. Y a pesar de que los socialistas y los republicanos criticaron al PCE por su «populismo», este era un populismo práctico fundamental para la supervivencia de la República durante la guerra[24]. El PCE no podía, por supuesto, solucionar las importantes contradicciones ideológicas y políticas inherentes al frentepopulismo en España. Pero era precisamente la disciplina del PCE, que derivaba de su estructura basada en el centralismo democrático, lo que lo hacía lo suficientemente fuerte como para aguantar estas tensiones sin sufrir la fragmentación organizativa que tanto debilitaba al PSOE. A esto lo podemos denominar funcionalidad del centralismo democrático.

Pero este no evitó que se produjeran tensiones internas importantes en el PCE. Su rápido crecimiento y el ingreso de mucha gente sin experiencia política tuvo graves efectos en la eficacia y la coherencia del partido, como notaba el delegado de la Comintern, Palmiro Togliatti, que llegó a España en julio de 1937[25]. Además, el hecho de que el PCE estuviera incorporando en su seno a sectores diversos hizo que los programas económicos y políticos antagónicos que representaban tendieran a resurgir tanto dentro del partido como de las organizaciones frentepopulistas, especialmente cuando las condiciones materiales de la República fueron empeorando durante 1937 y 1938. Un ejemplo que trataremos más adelante fue la creciente tensión dentro del PSUC entre catalanistas y centralistas. Otro tema importante de desgaste continuo tenía que ver con la política agraria frentepopulista.

Como hemos visto, en zonas como Cataluña, Aragón y Valencia, donde había una resistencia considerable a la colectivización entre los pequeños propietarios y arrendatarios, el PCE (y el PSUC) buscaron canalizar esta opinión[26]. También desde el Ministerio de Agricultura el comunista Vicente Uribe promovió medidas para proteger a estos sectores y asegurar su productividad para el esfuerzo bélico a partir del decreto del 7 de octubre de 1936. Esto estaba en consonancia con el respeto a los derechos individuales y de propiedad, que eran el fundamento del Frente Popular. Pero, para el PCE, el objetivo principal en 1937 seguía siendo maximizar la producción, y, sin duda, en los planteamientos de la Comintern influía la experiencia de la guerra civil rusa. En la España republicana, sin embargo, esto significaba que debía lograrse que tanto las colectivizaciones como los pequeños propietarios contribuyeran al esfuerzo bélico[27]. (Como hemos visto, controlar Aragón había estado más relacionado con desactivar el poder del Consejo y activar el frente militar que con la hostilidad a la colectivización). Como consecuencia, a lo largo de 1937 el ministro de Agricultura, a través del Instituto de Reforma Agraria (IRA), supervisó la reglamentación de las colectivizaciones, muchas de las cuales estaban en el sur republicano[28]. Seguramente, esto era un medio de extender el control estatal, pero tampoco era hostil a la colectivización agraria per se[29], lo que no hubiera sido adecuado, especialmente por el contexto de cultura y tradiciones colectivistas anteriores a la guerra en Castilla la Mancha y en el sudeste rural, donde los comunistas también participaban algunas veces en estas iniciativas[30]. Sin embargo, cuando el tema de los derechos de propiedad privada resurgía en el curso del trabajo del IRA, la República elegía como principio posponer la discusión. Se consideraba que los colectivistas tenían el usufructo de las tierras, pero los casos de pleitos resueltos por el IRA en favor de los antiguos propietarios en 1937 y 1938 crearon un sentimiento de inestabilidad[31].

Es bien conocido que las tensiones entre colectivistas y pequeños propietarios llevaron a varios enfrentamientos violentos en el territorio republicano. Pero es difícil ver cómo cualquier opción política hubiera podido evitarlos, dado el grado de fragmentación política y social de la República. El PCE hizo algunas elecciones tanto por razones políticas partidistas como por su comprensión de las necesidades de la guerra. Pero los conflictos a los que, en consecuencia, tuvo que hacer frente, eran ya inherentes a la situación política posterior al golpe y al equilibrio entre las fuerzas sociales en la zona republicana.

Al avanzar la guerra, sin embargo, el centro del conflicto en el ámbito agrario dejaría de ser específicamente entre colectivismo e individualismo. En la segunda mitad de 1937, la extensión del control de los precios produjo conflictos entre productores rurales de todo tipo y las instituciones estatales. Cuando se deterioraron cada vez más las condiciones de producción y los efectos de la guerra empezaron a golpear a Cataluña, donde había una fuerte crisis de subsistencias en las zonas urbanas, las tensiones estallaron por las requisas con fines militares a los productores rurales. Al crecer las dificultades para abastecer tanto a la retaguardia como al ejército y dado que la prioridad principal del PCE era la guerra, se vio obligado a apoyar la regulación estatal no solo de las colectivizaciones (por ejemplo, los salarios y las condiciones de trabajo) sino también de los pequeños propietarios individuales. A finales de 1937 las consecuencias de priorizar las necesidades de guerra estaban empezando a ser la causa principal de la enajenación de los campesinos y de las tensiones entre el mundo urbano y el rural. Y también las colectividades, tanto en Aragón como en el sur republicano, fueron al final socavadas tanto por las condiciones de la guerra como por las acciones específicamente anticolectivistas del PCE o del Gobierno.

El mismo hecho del rápido dominio político del PCE había también exacerbado enseguida las rivalidades históricas y las tensiones organizativas de larga duración con el PSOE y la UGT. La evolución de este conflicto se complicaría aún más por la división interna del movimiento socialista, las ramificaciones de la vinculación del PCE con la Comintern y el impacto erosivo acumulativo de la guerra. Pero es crucial comprender que el fracaso de las relaciones entre los dos movimientos que apoyaban la política de guerra republicana se produjo como resultado de la interacción de estos factores, más que como consecuencia de un sectarismo estalinista pretendidamente monolítico procedente del PCE.

La alianza entre este y el sector centrista del PSOE, forjada a principios de 1937, se había basado en la percepción común de la importancia del Frente Popular y de la necesidad de la acción conjunta de ambos partidos para apoyar el esfuerzo bélico. Como hemos visto, el sector centrista del PSOE también pretendía con esto marginar a Largo Caballero y sus partidarios, a los que consideraban responsables de las dañinas divisiones dentro del movimiento socialista desde 1934, que, con la guerra, no se podían permitir. Pero el PCE también estaba cada vez más implicado en una batalla con los caballeristas por el control de la UGT[32]. Esta era una continuación de la «batalla» anterior a la guerra, en la que Largo y los veteranos dirigentes ugetistas estaban tan decididos a absorber a la advenediza organización comunista, según la veían ellos, como el PCE lo estaba a adelantarse a Largo. Pero el estallido de la guerra había dado al PCE algunas ventajas, lo que intensificó sus ambiciones y, en particular, las del delegado de la Comintern, Codovilla, quien, en lo que parece en gran parte una iniciativa personal, presionó para crear un partido único del proletariado. Pero, como también hemos visto, esto enfrentó a Codovilla con las instrucciones de la Comintern, procedentes de Stalin, de no forzar la situación y de ser comprensivos con la pluralidad del Frente Popular en España. Si el PCE hubiese actuado de otra forma, hubiera socavado el principal objetivo de Stalin: mantener la resistencia republicana. Pero después de las derrotas militares de principios de 1937 y con Madrid todavía muy acosado, Stalin había aceptado la opinión de los socialistas y republicanos en el gobierno según la cual Largo era un obstáculo para la aplicación de una política de guerra adecuada.

Una vez que Largo salió del gobierno en mayo de 1937, sin embargo, empezó a elaborar las razones de su marcha de acuerdo con la vieja racionalidad que conocía mejor, la de la rivalidad organizativa entre comunistas y socialistas: habría sido expulsado del Gobierno como consecuencia de una conspiración comunista. Los caballeristas consideraban que sus sospechas se confirmaban por el acercamiento cada vez mayor entre los prietistas y el PCE y por la idea de Prieto, en el verano de 1937, de que la primacía de la guerra probablemente requería la unión del PSOE y el PCE en una sola organización. Aunque la ejecutiva del PSOE vetó de inmediato esta propuesta de fusión, alimentó las llamas de la guerra de propaganda en aumento entre los largocaballeristas y el PCE. La tensión se incrementó entre las bases por lo que los socialistas veían como el proselitismo y el sectarismo arrogante de un Partido Comunista en expansión. Sin embargo, lo que estaba pasando era también el resultado de otros factores.

Sin duda, el sectarismo inherente a la consideración que tenía el PCE de sí mismo como partido revolucionario de vanguardia había sido estimulado por sus éxitos durante la guerra. Pero es demasiado simple explicar la agresiva práctica proselitista del PCE durante 1937 exclusivamente en términos de ideología. Por supuesto, tanto en el PCE como en la Comintern había quienes creían que los sucesos de mayo habían destacado los peligros del pluralismo del Frente Popular y que era el momento de volver a la antigua política de bloque obrero liderado por un «partido único» de socialistas y comunistas, inevitablemente bajo la tutela política de los últimos[33]. Pero estas tensiones todavía quedaron ocultadas por el apoyo disciplinado a la línea oficial. Al mismo tiempo, su éxito durante la guerra también hizo que el PCE recibiera una afluencia masiva de nuevos militantes, que normalmente tenían una escasa educación política. Como hemos visto, las circunstancias de la Guerra Civil habían hecho importante unirse a partidos políticos y organizaciones de todo tipo por razones prácticas: protección, ascenso profesional y, algunas veces, incluso para asegurarse el acceso a productos de primera necesidad. Estos nuevos comunistas también contribuyeron a modelar al partido en tiempos de guerra uniendo el sectarismo comunista con la política de patrocinio[34] y el viejo clientelismo que caracterizaba a España antes de 1931. Las clientelas servían a los partidos políticos a cambio de protección y favores. La proclamación de la República había iniciado un proceso de transformación en el que el PSOE simbolizó un nuevo ethos de servicio público. Pero el cambio estaba todavía en su infancia cuando estalló la guerra. Las culturas políticas y las mentalidades populares en los ámbitos locales estaban todavía, en su mayor parte, enmarcadas por una comprensión más antigua de la política. La cultura generalizada de clientelismo influyó tanto en la izquierda como en la derecha. Muchos de los nuevos militantes del PCE veían al partido en estos términos y eran profundamente hostiles a los afiliados del PSOE, porque los consideraban rivales en futuras promociones profesionales y en otros posibles favores. Pero todos los grupos políticos de la República estaban afectados en alguna medida por los principios clientelistas, que alimentaron los conflictos intestinos y la continua obsesión de la izquierda por los tránsfugas. De hecho, la misma contribución de Largo al conflicto se construyó, en parte, a través de la gran ira que le produjo el ver que la vieja guardia dirigente de la UGT tenía, por primera vez en su historia, un importante competidor por la lealtad de sus militantes dentro del mismo campo socialista. Largo reescribiría el guión de la crisis de gobierno de mayo a la luz de lo que fue, a finales de 1937, una batalla cada vez más encarnizada y enrarecida con el PCE dentro de la UGT. Empezó a verse a sí mismo como un gran «campeón» anticomunista, que defendía la integridad organizativa de la UGT y, no por coincidencia, su mismo control sobre esta.

Por fortuna para las necesidades más amplias de la guerra, Prieto y la ejecutiva del PSOE se mantuvieron firmes en su política de apoyar los comités de enlace con el PCE. Pero había señales inquietantes, porque algunas secciones locales y provinciales del PSOE, hostiles a la dinámica ambición de los nuevos comunistas, amenazaron la autoridad de la ejecutiva del PSOE y empezaron a abandonar los comités de enlace[35]. Al empeorar las relaciones con las organizaciones locales del PCE, el anticomunismo público cada vez mayor de Largo Caballero estaba cada vez más en consonancia con su propia experiencia. Visto de forma retrospectiva, su eclipse político adquiere un nuevo y poderoso significado. Una vez más la influencia de Largo Caballero se basaría en un simbolismo que escondía una realidad bastante más compleja y contradictoria. Pero esta vez, a diferencia de septiembre de 1936, su poder simbólico iba a estorbar y no a ayudar a la asediada República.

La contención de esta situación potencialmente muy peligrosa entre el PSOE y el PCE se vio favorecida porque Stalin frenó a Codovilla. En septiembre de 1937 fue retirado a Moscú y Togliatti asumió su papel como delegado de la Comintern, mientras Stepanov permanecía como número dos y Gerö continuaba en Barcelona[36]. Togliatti estaba dispuesto a asegurar unas buenas relaciones con el PSOE para fortalecer el Frente Popular y, por tanto, la resistencia republicana. Por esto, buscó estabilizar los comités de enlace y contener a los defensores más entusiastas del vanguardismo comunista y del partido único dentro del PCE, como Dolores Ibárruri[37]. Por estas razones prácticas, o quizá por su propia comprensión política del frentepopulismo, Togliatti también criticó la idea de la Comintern de que el PCE debía presionar para que se celebraran nuevas elecciones en la España republicana[38]. De hecho, esta sugerencia no obtuvo ningún apoyo real y, por tanto, murió sin pasar de ser una simple propuesta, en el otoño de 1937. Negrín, por su parte, repetía su respuesta a las llamadas a la formación de un partido único: la posponía amablemente. La ejecutiva del PSOE hizo lo mismo, aunque también se expresaron algunas críticas por la falta de visión de futuro de la propuesta ante la reacción diplomática internacional negativa que provocaría, especialmente en Gran Bretaña. Los socialistas y republicanos también creían que el golpe de Estado había hecho deseable la renovación del Parlamento, pero también sabían que se debía esperar hasta que la guerra terminara, tanto por razones prácticas como porque la legitimidad de los resultados electorales dependía de la votación de todos los españoles. Incluso los mismos dirigentes del PCE consideraron que su identificación con esta iniciativa sería contraproducente porque aislaría y, por tanto, debilitaría al partido[39].

Pero tampoco está tan claro como se ha planteado que Stalin hubiera propuesto la idea de las elecciones con el objetivo de promover la carrera política del PCE y, mucho menos, una «democracia popular», en sentido estricto, en la España republicana[40]. Estas afirmaciones y la tendencia consiguiente a quitar importancia a las contingencias del momento en la conformación de la política soviética parecen estar muy influenciadas por la situación posterior a 1945 y por la guerra fría[41]. Las necesidades de la guerra siguieron siendo el factor determinante de las posturas de Stalin en relación con la República. El otoño y el invierno de 1937 supusieron la pérdida total del norte y hubo duras luchas en Aragón que mostraron que los puntos débiles del ejército republicano seguían siendo los mismos. Y, mientras tanto, el enemigo era cada vez más fuerte. El Eje había dejado clara su determinación de armar y abastecer al ejército franquista hasta la victoria total. El hecho de que fuera en ese momento cuando Stalin pensó en buscar la consolidación del protagonismo organizativo del PCE en la política republicana y, sobre todo, en mantener su papel destacado en el ejército, hace más que probable que el objetivo fuera situar al PCE en primera línea para asegurar que la República fuera capaz de continuar resistiendo.

Aunque los intereses políticos de partido desempeñaron un importante papel, este imperativo de resistencia también estaba presente en la confrontación del PCE con Prieto en el Ministerio de Defensa, por el deseo de este último de reducir el Comisariado Político en el otoño de 1937. Las reformas que Prieto había realizado en octubre buscaban reducir tanto el número de comisarios como su autoridad, especialmente en las unidades inferiores del ejército. En realidad, Prieto buscaba despolitizar al ejército y, desde su punto de vista, reforzar la jerarquía de mando, aunque, de hecho, preveía que los comisarios continuarían existiendo en las unidades más importantes (brigadas, divisiones y cuerpos del ejército). Las medidas de Prieto querían tener las mismas funciones «normalizadoras» que las que, por ejemplo, prohibían a los soldados participar en manifestaciones políticas y las que aumentaban los diferenciales salariales en el ejército (5 de octubre de 1937). Merece la pena destacar también que la militancia política de cualquier tipo era considerada inapropiada, no solo la militancia comunista. No hay duda de que a muchos militares profesionales les gustaba esta normalización, pero en su entusiasmo por volver a lo que conocían, tendían a olvidar que la República no estaba librando una guerra en condiciones «normales». Y era precisamente este hecho el que hacía el papel del comisariado tan importante en 1937-1938, como lo había sido, de una forma diferente, en 1936.

Al librar su propia «guerra» para cuidar del bienestar físico y psicológico de sus hombres, los comisarios eran la mejor garantía del mantenimiento de la moral y la disciplina frente a la permanente, acumulativa y muy erosiva inferioridad material y las desventajas estructurales en las que la República se veía obligada a luchar. De hecho, la educación que los comisarios buscaban era frecuentemente muy general: por ejemplo, explicar la guerra como una lucha por la independencia nacional a las que eran ya, en la segunda mitad de 1937, unidades de reclutas más que de voluntarios. Desde el principio de la guerra, había sido el PCE el que había reconocido la importancia del comisariado, contribuyendo con sus mejores hombres, pero Prieto continuaba preocupado solo por los aspectos de política partidista, incluidos los clientelares, de la fuerte influencia del PCE en el comisariado, aunque «eliminándolo» y cuestionando repetidas veces sus propuestas de nombramientos solo pudo haber minado la eficacia de la institución. Sin duda, Prieto pensaba que este era un precio que merecía la pena pagar para lograr un mayor equilibrio político entre los partidos dentro del Comisariado. Y, de hecho, ayudó a reducir las tensiones entre el PSOE y el PCE en la retaguardia, pero no está tan claro que este fuera un precio que merecía la pena pagar en términos de la cohesión y eficiencia del ejército.

La campaña de Prieto tampoco puede ser vista simplemente en función de su deseo de profesionalizar las instituciones republicanas. Negrín era el primero en apreciar la independencia de la autoridad del Estado, pero sabía que sin una victoria en la guerra no habría Estado republicano. Y, como el mismo Negrín reconocía, los comisarios del PCE, como sus mandos militares, eran casi siempre buenos y, frecuentemente, los mejores que tenía la República. Prieto normalmente no era menos dado al pragmatismo inteligente que Negrín, excepto en asuntos que consideraba que ponían en peligro su reputación política. La «guerra contra los comunistas» de Prieto en 1937 y 1938 tenía un significado político claro. Sin embargo, no tenía el significado con el que posteriormente el mismo Prieto la revistió en sus numerosos escritos de posguerra. Los relatos sin fisuras de Prieto como el gran campeón anticomunista que se opuso al intento de la Unión Soviética de convertir a la República en su satélite a través del PCE, fueron una construcción post hoc, determinada cada vez más por las exigencias de la política republicana en el exilio, en un contexto en que se intensificaban los antagonismos de la guerra fría[42]. En los años cuarenta, el objetivo de los partidos republicanos en el exilio era persuadir a las potencias aliadas para que interviniesen contra Franco. Prieto jugó conscientemente la carta anticomunista como un medio de construir una plataforma política viable desde la que lograr el apoyo occidental para que un régimen republicano reemplazase a Franco. Este papel le correspondió a Prieto de forma natural porque podía explotar su odio, real y muy visceral, al PCE, y sin duda terminó por creer que había una total continuidad entre sus sentimientos durante la guerra y su discurso de la posguerra. Por el contrario, el anticomunismo de Prieto durante la guerra recuerda, en algunos aspectos, al de su gran rival y antagonista Largo Caballero en la UGT. Ambos fueron estimulados en parte por un ego herido y por el rencor político personal, y ambos eran bastante miopes en términos políticos porque minaron la capacidad de resistencia de la República[43].

El Frente Popular se mantuvo unido, a pesar del conflicto sobre los comisarios políticos, por los esfuerzos conjuntos de Togliatti, por una parte, y de la ejecutiva del PSOE, por otra. En particular fue Ramón Lamoneda, el secretario general del PSOE, el que se encargó repetidas veces de mitigar el daño causado por los dirigentes «históricos» destacados del partido[44]. La tarea de Togliatti se vio facilitada por las dificultades de comunicación permanentes entre Moscú y España. Los retrasos habituales habían hecho que, en realidad, desde el principio de la guerra los comunistas españoles estuvieran tomando sus propias decisiones, incluso aunque estas tuvieran que ser defendidas posteriormente en relación con la política más amplia de la Comintern[45]. La situación creó una cierta libertad para que Togliatti continuara subrayando el papel del Frente Popular como alianza plural que protegiese y fomentase una nueva política democrática en España[46]. Su concepción coincidía en aspectos importantes con las ideas de los socialistas y los republicanos según las cuales la guerra haría necesaria una remodelación de la política republicana. Todos los componentes de la coalición republicana consideraban que dicha política tenía que reinventarse como algo diferente del desacreditado orden oligárquico que había apoyado la rebelión militar. El Estado central, históricamente muy débil, estaba siendo restaurado como instrumento central de la modernización económica. Pero para toda esta obra —y a corto plazo, para librar la guerra— tenía que estar basado en una alianza antihegemónica interclasista como la que los republicanos y socialistas buscaban desde 1931. Fue el hecho de que la estrategia del Frente Popular encajara tan bien con la necesidad fundamental de la política republicana y progresista en España lo que le dio su utilidad y su gran resonancia en la Guerra Civil.

Si la situación militar de la República se hubiera estabilizado en lugar de deteriorarse después de finales de 1937, el Frente Popular podría haberse desarrollado y fortalecido. Aunque esta es una hipótesis contrafactual, parece razonable y, de hecho, es importante destacarla ante todo porque raramente se deja claro el grado en que los reveses y las derrotas militares de 1938 fueron una causa fundamental del progresivo deterioro y la desintegración final del Frente Popular español. De hecho, lo que se percibe a menudo, y se presenta con la perspectiva del tiempo, como la estridencia política en aumento de los dirigentes del PCE en 1938 era, al menos en parte, resultado del deseo de mantener la política de resistencia después de que la situación militar empezase a empeorar bruscamente en la primavera de 1938 y los ejércitos franquistas empezaran su campaña contra Aragón. Esta estrategia también se había desarrollado en muchos aspectos con independencia de la Comintern hasta llegar a convertirse en una política interna del PCE, favorecida por las propias ambiciones y los intereses del partido. Esto sería evidente en la reticencia del partido a aceptar las instrucciones de la Comintern de que los ministros del PCE abandonasen el gobierno en febrero y marzo de 1938, con la esperanza de aumentar el prestigio de la República ante las clases dirigentes francesa y británica y facilitar el frente diplomático contra Hitler, codiciado durante mucho tiempo por Stalin[47].

Tuvo que ser el PCE, como el partido comprometido de forma más inquebrantable con el mantenimiento del esfuerzo bélico, el que apoyase de forma incondicional a Negrín en su programa cada vez más duro de centralización política, que buscaba asegurar la concentración de los escasos recursos económicos en manos del gobierno central. La batalla con el Consejo de Aragón había sido, en parte, por el control de las divisas. También en Valencia, la hacienda republicana estaba manteniendo una lucha por centralizar el control de la exportación naranjera, que llevó a enfrentamientos cada vez mayores y, al final, violentos con el Consejo Levantino Unificado de Exportación Agrícola (CLUEA), un conflicto que estaba relacionado con el que había en la región entre las corrientes a favor y en contra de la colectivización[48]. En Cataluña, la campaña por la centralización económica también produjo tensiones entre el PCE y el PSUC y abrió una brecha entre los centralistas y los catalanistas dentro del segundo. Ambos conflictos se intensificarían en el curso de la dañina confrontación surgida entre Negrín y la Generalitat.

La crisis de mayo de 1937 en Barcelona había obligado a la Generalitat a ceder el control del orden público al Gobierno central. Desde entonces, las relaciones entre ambos se deterioraron rápidamente. En muchos aspectos era un «diálogo de sordos». Cada uno acusaba al otro de los peores tipos de manipulación política, bloqueando cualquier discusión real sobre las perspectivas y necesidades de ambos. La pérdida del control del orden público, la piedra de toque del estatuto de autonomía, había traumatizado de forma comprensible a Companys y a Esquerra[49]. Los nacionalistas también estaban disgustados por lo que veían, de forma justificable, como una falta de reconocimiento de los logros de las improvisadas industrias de guerra catalanas por parte del Gobierno de Valencia[50]. Este, que necesitaba armas y municiones, especialmente porque perdía mucho material por los ataques de la marina italiana contra los barcos que lo llevaban a los puertos republicanos, también de forma comprensible, estaba exigiendo siempre más. Sin embargo, era bastante menos justificable el que los prejuicios centralistas de la mayoría del Gobierno les llevara a plantear la «solución» en términos muy simplistas y dañinos políticamente. En su opinión, todo lo que se necesitaba para lograr aumentar la producción era más voluntad política, de ahí la necesidad de reemplazar a los «poco entusiastas» gerentes catalanes de las fábricas por agentes del Gobierno central (es decir, ingenieros y funcionarios[51]). Pero, aunque el presidente del Gobierno defendió este planteamiento, fue apoyado firmemente tanto por el PSOE como por el PCE, porque los socialistas eran tan centralistas como los republicanos con base en Madrid del presidente Azaña. Aunque este último también expresaba de forma indirecta su rencor hacia Companys y la Generalitat[52], fue Prieto el que, en pleno Consejo de Ministros, se manifestó violentamente contra el «egoísmo» catalán. Un mes después de que el Gobierno central, en octubre de 1937, se trasladara a Barcelona con la intención expresa de ejercer un mayor control económico sobre la región, el proceso de intervención en las industrias empezó con el control de empresas concretas[53]. Después de cierta resistencia por parte de los catalanes, concluiría casi un año más tarde, en agosto de 1938, cuando el Gobierno central asumió el control directo de todas las industrias de guerra de la región, lo que provocó la crisis de gobierno que dio lugar a la retirada de este de los ministros nacionalistas vasco y catalán[54].

La gran afluencia de personal del Gobierno central a Barcelona en el otoño de 1937 llevó al borde del colapso al ya escaso abastecimiento de alimentos y al espacio de una ciudad abarrotada de refugiados. También llevó a una espiral de tensiones políticas. Los castellanohablantes recién llegados requisaron edificios para usarlos como oficinas. Al mismo tiempo, pensando en la opinión pública internacional, Negrín estaba proyectando una imagen del esfuerzo bélico republicano como una «Segunda Guerra de Independencia», tras la «primera» de 1808-1814, cuando sectores de la población española, identificados de forma mítica con las clases populares de Madrid, habían opuesto una fuerte resistencia armada al nuevo orden napoleónico. Pero, precisamente porque 1808 había sido construido posteriormente como el mito españolista de resistencia patriótica por antonomasia, era difícil de asimilar por los catalanes. El mismo tipo de problemas se produjeron en la elaboración de la propaganda del PCE. A pesar de su discurso frentepopulista abstracto sobre los derechos nacionales, el partido demostró una completa falta de comprensión de la necesidad de adaptar el material propagandístico producido para el resto del territorio republicano al contexto cultural catalán. Esto tenía, desde el punto de vista estratégico, bastante poca visión de futuro. Después de todo, Cataluña era la única región de España donde la alianza interclasista, que era el objetivo del Frente Popular, había asumido ya una forma real en la primavera de 1936. Pero esta falta de visión del PCE apenas sorprende, dado que el Partido Comunista de España nunca había tenido una presencia real en Cataluña antes de la Guerra Civil. Por la misma razón, a los líderes del PCE les resultaba difícil entender la compleja red de lealtades y rivalidades de la izquierda catalana. Era otro mundo completamente distinto, que trataban en vano de descifrar utilizando un esquema maniqueo derivado en parte de las categorías ideológicas bidimensionales de moda en la Comintern, lo que producía aún más tensiones en las relaciones con el PSUC[55]. Dentro de este también había una división cada vez mayor entre socialdemócratas catalanistas y comunistas, al apoyar los primeros las críticas en aumento de Companys contra el Gobierno de Negrín, mientras que el sector comunista apoyaba las medidas centralizadoras de este último[56].

Las críticas de Companys al Gobierno de Negrín en el Parlamento catalán encontraron un eco más estridente en la prensa catalanista. Hubo un llamamiento a acabar con la publicación de periódicos en castellano como la «lengua del colonizador» y el editor fue procesado[57]. Pero en algunos aspectos el mismo Gobierno central había caldeado el ambiente con su autoritarismo político. En resumen, la mayoría del gabinete, empezando por Negrín, pensaba que, dado que la CNT había sido ya «domesticada», era menos necesario apaciguar a Esquerra[58]. Y, sin duda, este sentimiento aseguró el apoyo del mismo Azaña a la propuesta de que se convocaran elecciones en Cataluña. Pero esta hostilidad hacia todas las demandas y objeciones catalanistas era imprudente, porque, dejando a un lado la situación de la CNT, la disputa jurisdiccional de larga duración con la Generalitat debilitaba los recursos gubernamentales y autonómicos a la vez que deterioraba mucho la moral catalana, y la República no podía permitirse ninguna de las dos cosas.

Precisamente por estos problemas crecientes, a mediados de agosto se prohibieron todas las manifestaciones políticas callejeras en Barcelona, buscando con ello sofocar los numerosos motivos de descontento político y suprimir las muestras abiertas de cansancio de la guerra y otras formas de derrotismo. Pero esto, de forma inevitable, supuso que aumentara también la censura de prensa, lo que los liberales catalanes, al igual que los libertarios, criticaron como prueba evidente del deterioro de la «libertad política» en la zona republicana bajo el Gobierno de Negrín[59]. De forma comprensible, el extremado centralismo de Negrín hirió las sensibilidades políticas. Sin embargo, en muchos aspectos importantes Negrín era tan genuinamente liberal por convicción propia como cualquiera de sus críticos de Esquerra.

Las políticas internas del presidente del Gobierno buscaban consolidar la economía de mercado y un Estado de derecho en la España republicana[60]. En esta vena «normalizadora» incluyo iniciativas como la Caja de Reparaciones, que Negrín situó bajo el control de Hacienda[61]. Esta institución era responsable de supervisar las compensaciones económicas por las propiedades expropiadas[62]. La relación entre esta y el Tribunal de Responsabilidades Civiles, establecido en el Ministerio de Justicia para investigar la complicidad con la rebelión militar, buscaba, en teoría, aumentar la autoridad del Estado convirtiéndolo en el árbitro de las decisiones relativas a estas compensaciones. Pero, de hecho, el Tribunal, a diferencia de la Caja, nunca fue muy activo. Negrín estaba preocupado también por limitar los despidos de funcionarios y trabajadores del Estado a aquellos contra los que se podían probar acusaciones de rebelión militar, traición, espionaje o evasión de capitales[63]. A finales de 1937 y principios de 1938 volverían a la zona republicana algunos eminentes políticos de centroderecha de la República de preguerra, entre ellos los exministros Miguel Maura y Manuel Portela Valladares. Este último asistió a la reunión de las Cortes celebrada a finales de septiembre y principios de octubre de 1937.

El nombramiento de Negrín como presidente había supuesto también la aceleración del proceso de normalización de la justicia al incorporar los Tribunales Populares al marco de la justicia ordinaria (a las Audiencias Provinciales[64]). Aunque, como veremos, otras modificaciones del proceso judicial realizadas por el gobierno de Negrín fueron polémicas, es muy probable que esta medida, en cambio, ayudase a disminuir una serie de problemas conectados con la excesiva influencia política de carácter clientelista, al igual que, en algunos casos, con la simple corrupción[65]. En relación con los derechos constitucionales, Negrín apoyó a los ministros de Gobernación y Justicia, el socialista Julián Zugazagoitia y el peneuvista Manuel de Irujo, respectivamente, en sus intentos por consolidar la normalización de las fuerzas de orden público, los procesos judiciales, los tribunales y el sistema penitenciario. En este último, el criterio para la promoción del personal, especialmente a los cargos superiores, pasó a ser la experiencia en el puesto, más que la militancia política. También se puso en libertad a sacerdotes que estaban en prisión solo por el hecho de serlo, algo de lo que no se hizo propaganda.

En el verano de 1937, los oficios religiosos católicos en casas particulares eran ya permitidos por las autoridades republicanas en la práctica, aunque las iglesias continuaron cerradas. Esta tolerancia de facto precedió al nombramiento de Negrín como presidente del Gobierno. Pero hasta su presidencia no hubo un apoyo activo y sostenido del gobierno al intento de Irujo de iniciar un proceso gradual de normalización religiosa[66]. Desde mayo de 1937 hasta la caída de Cataluña en enero-febrero de 1939, Negrín nunca cesó de apoyar y promover iniciativas con este fin. Esto era muy importante en términos de orden público, dado que las ceremonias religiosas celebradas en casas privadas podían ser utilizadas como una tapadera de actividades subversivas o, al menos, para hacer colectas en favor del Socorro Blanco, que daba ayudas a los simpatizantes de los rebeldes, mientras que las ceremonias públicas podían ser vigiladas. Pero Negrín estaba motivado principalmente por sus convicciones, más que por una cuestión de conveniencia política. La ausencia de libertad religiosa era un defecto ético y político en una República cuya legitimidad se basaba, como Negrín creía, en su constitucionalidad[67]. Las ideas republicanas liberales estaban modelando la economía y la política republicanas, pero tenían que extenderse a la sociedad. El progreso era lento, pero no porque Negrín careciese de voluntad política. Por el contrario, la extrema cautela y discreción en cuanto a cómo, cuándo y dónde se reintroducirían las ceremonias religiosas eran la consecuencia inevitable de la vorágine desatada por la rebelión militar y del aplastante apoyo a los rebeldes y su legitimación por parte de la jerarquía de la Iglesia católica española. Esto había creado una atmósfera densa y difícil en el territorio republicano que era imposible que se conjurase de la noche a la mañana por la voluntad política de los dirigentes del Estado: para que la reintroducción de la libertad religiosa tuviera éxito, tenía que realizarse paso a paso. En este punto, al menos, los catalanes eran de la misma opinión. De forma irónica, a los democratacristianos de Unió Democràtica les resultaba más fácil estar de acuerdo con Negrín en asuntos de política religiosa que con sus equivalentes católicos del PNV[68].

A mediados de 1938 las cosas empezarían a cambiar. El gobierno de Negrín aprobó una serie de comunicaciones entre el cardenal Vidal i Barraquer (obispo de Tarragona, que residía en Roma), su emisario, Santiago Rial (vicario general de Tarragona), y el Vaticano con la esperanza de normalizar las relaciones —nunca rotas oficialmente— entre la República y la Santa Sede y, aún más importante, obtener su apoyo para un restablecimiento discreto de los oficios religiosos públicos en Cataluña[69]. Aunque cauto, el Vaticano estaba dispuesto. La oposición procedía más de la jerarquía española y de la catalana. Pero el gobierno siguió adelante y, en octubre de 1938, se realizó en Barcelona una ceremonia religiosa pública completa, a la que asistieron oficialmente varios ministros del Gobierno republicano, con motivo del entierro de un héroe de guerra vasco. Esta afirmación del compromiso de la República con un pluralismo que incluía al catolicismo público no era todavía fácil de hacer, pero fue seguida casi de inmediato por la creación de una institución específica encargada de supervisar la puesta en práctica de las ceremonias religiosas públicas: el Comisariado de Cultos. Este estaba encabezado por un viejo colega de Negrín, Jesús María Bellido i Golferichs, profesor de fisiología como el presidente. Con la colaboración de Unió Democràtica y el apoyo tácito del Vaticano, casi había logrado su objetivo en la provincia de Tarragona cuando sobrevino el hundimiento militar de Cataluña[70].

La política interna de Negrín también desempeñó un papel importante en su concepción de un tercer «frente», el diplomático. Proyectar una imagen resuelta de las credenciales liberales de la República era, como él sabía, un arma importante en la batalla por convencer a Gran Bretaña para que cambiase su postura sobre la no intervención. Pero, de nuevo, sería incorrecto considerar «oportunista» la estrategia del presidente, como han hecho muchos analistas. Las políticas que Negrín intentó llevar a cabo en la España republicana durante 1937 y 1938, religiosas y de otro tipo, se identificaban con las opciones políticas, económicas y culturales que había defendido con vehemencia desde que había entrado por primera vez en las Cortes republicanas en 1931. Lo que frustró progresivamente sus intentos de desarrollar la práctica política constitucional de la República, sobre todo en el ámbito judicial, fue la presión de la misma guerra, que creció de forma inexorable durante 1938[71]. Además, al valorar qué sucedió, se debe recordar también la novedad del sistema democrático en España. La misma superestructura formal se retrotraía solo a 1931. Pero la creación de una cultura democrática más amplia requería mucho esfuerzo y progresaba muy lentamente debido a las duraderas consecuencias del subdesarrollo, como los altos niveles de analfabetismo y la consiguiente falta de una educación básica. De hecho, con la posible excepción de Cataluña, la mayor parte de las clases medias, incluso aunque fueran bastante educadas, todavía actuaban con una concepción muy clientelista de la política.

Además, en la medida en que la guerra española era una guerra civil, estaba también el serio problema añadido de la quinta columna o «enemigo interno» e «invisible», en el sentido de que no podía ser identificado fácilmente por señales culturales, como el lenguaje, el acento, los modales o las costumbres. En la España republicana, la quinta columna incluyó a una gran variedad de personas y de actividades que se expandieron según avanzaba la guerra, y, lo que es muy importante, incluyó pasar información a los franquistas y participar en acciones que dificultaban el esfuerzo bélico republicano (por ejemplo, la falsificación de cartillas de racionamiento, certificados de trabajo y acreditaciones de que se estaba exento del servicio militar), o desmoralizaban a la población civil, mediante la difusión de rumores sobre el desabastecimiento, informes militares negativos, etc. Aparte de los grupos e individuos autónomos profranquistas que participaban, en 1937 había también redes organizadas, incluida una falangista. Recibían apoyo financiero de partidarios de los rebeldes adinerados en el exilio o en la zona franquista. Las más peligrosas eran las que estaban en contacto directo con el espionaje internacional y, especialmente, con la Gestapo o la OVRA, que eran activas en la España republicana. En Madrid, donde la quinta columna era más activa, estaba a menudo vinculada a cuerpos diplomáticos simpatizantes a través de los cuales adquirían casas seguras y equipamiento, y se aseguraban medios para comunicarse por radio con los rebeldes[72].

Esta actividad del enemigo interno planteó un problema único para la República. Al principio, el hundimiento del Estado permitió a estos individuos y grupos actuar con impunidad. Después, su actividad se vio facilitada porque, a pesar de las críticas a la República, un gobierno democrático siempre estaba relativamente limitado en los métodos que podía emplear contra la quinta columna. Esto fue así incluso aunque las actividades de esta supusieron, conforme avanzaba la guerra, una amenaza cada vez mayor para una República sitiada y aislada internacionalmente que, careciendo de casi todo, tenía que hacer frente a una incesante ofensiva militar del enemigo. Los rebeldes nunca actuaron bajo esta clase de presiones, que, de forma inevitable, aumentaban las tensiones políticas y sociales internas. Precisamente estos fueron los factores que «armaron» de forma tan poderosa a la quinta columna en la España republicana. Las oportunidades para realizar sabotajes en la retaguardia crecerían según pasara el tiempo. Y con un enemigo externo que siempre estaba ganando y avanzando, el miedo al enemigo interno, doblemente peligroso porque estaba escondido, produjo un creciente estado de ansiedad y tensión, especialmente después de la profunda crisis material y psicológica producida por la división del territorio republicano en abril de 1938, que contribuyó de forma significativa a justificar unas prácticas judiciales más represivas y, al final, casi militarizadas[73].

Si se tienen en cuenta estas circunstancias extremas, es sorprendente que la valoración histórica general de la evolución política y judicial interna de la República desde mediados de 1937 haya sido tan negativa. Incluso los historiadores que se consideran, en líneas generales, simpatizantes de la República, le aplican implícitamente principios que ninguna democracia existente ha conseguido en tiempos de guerra. Las guerras siempre han socavado las prácticas constitucionales. Durante la Segunda Guerra Mundial incluso democracias «maduras» como Estados Unidos y Gran Bretaña modificaron sus procedimientos judiciales y limitaron los derechos constitucionales de sus ciudadanos, algunos de los cuales fueron encarcelados, en nombre de la guerra[74]. Pero la democracia republicana española tenía solo cinco años cuando la sociedad y la política fueron sumidas en una guerra agotadora y, además, una guerra civil, que siempre es más brutal. Inevitablemente, las normas de esta joven cultura democrática no habían podido permear a todos los sectores del Estado o de la sociedad. Pero si se comparan las prácticas policiales o judiciales republicanas con las realidades constitucionales de democracias europeas como Gran Bretaña y Francia durante la Primera Guerra Mundial —una comparación más apropiada en este aspecto que el conflicto de 1939-1945—, queda patente el simple e insostenible anacronismo de muchas de las críticas a los fallos constitucionales de la República[75], porque no se la valora en el contexto real de su tiempo, lugar y cultura, sino frente a cierta idea de perfección republicana, un problema al que ha contribuido, sin querer, el duradero mito de la izquierda europea y norteamericana de la Guerra Civil española como «la última gran causa».

Fue la necesidad de responder al problema muy real del espionaje y del sabotaje en la España republicana lo que llevó a Prieto a consolidar y fortalecer los servicios de inteligencia estatales. El 9 de agosto de 1937 anunció la creación del SIM (Servicio de Investigación Militar[76]). Este actuó principalmente como una fuerza policial militar, responsable directamente ante Prieto como ministro de Defensa. Pero, dadas sus competencias en el contraespionaje, era también responsable de recoger información política y, por tanto, de vigilar la retaguardia. La gran importancia de estas funciones en tiempos de guerra se había visto en los sucesos de mayo, y había sido subrayada por los hechos que rodearon a la detención de los dirigentes del POUM a mediados de junio de 1937. Una República vulnerable necesitaba su propio instrumento de inteligencia con poderes fuertes para separar los rumores y testimonios de oídas de la prueba clara de actividades de traición. En vista del escándalo que rodeó la desaparición del secretario general del POUM, Andreu Nin[77], la preocupación de Prieto por los proyectos políticos «amistosos» —es decir, por los de la Unión Soviética— fue apenas sorprendente[78]. Pero, como veremos más adelante, es importante separar las preocupaciones políticas que Prieto y otros ministros pudieran tener como resultado del asunto de Nin en 1937, de la dinámica de expansión del SIM durante 1938, que, en gran medida, fue una respuesta a las necesidades de la guerra.

Sin embargo, las circunstancias de la desaparición de Nin en junio de 1937 provocaron una protesta internacional. Negrín recibió una avalancha de telegramas y cartas de protesta del extranjero. A la vez que fue un desastre para la política exterior, también minó los fundamentos del Estado de derecho con los que el presidente del Gobierno estaba comprometido. La acción policial se había realizado, como ya hemos analizado, fuera del control ministerial y judicial[79]. El reto al que se enfrentó Negrín era restablecer la autoridad política civil y hacer frente a los problemas de seguridad subyacentes, relacionados, de forma importante, con los miedos crecientes al espionaje y la actividad quintacolumnista provocados por la vulnerabilidad política y militar republicana. Fue por ambas razones por lo que Negrín introdujo a finales de junio el Tribunal Especial de Espionaje y Alta Traición[80], cuya primera tarea fue recuperar el control del proceso de investigación de los cargos contra el POUM.

Parece haber pocas dudas acerca de que los representantes soviéticos ayudaron a forjar una conexión para tratar de implicar al POUM en otros descubrimientos en curso de actividades de espionaje contra la República. Es crucial tener en cuenta este contexto de espionaje real en el que se inscribían los rumores contra el POUM para entender por qué las acusaciones, hasta cierto punto, tuvieron «éxito»[81]. El imperativo de una guerra es violento, principalmente porque hace «peligrosas» la mayoría de las ambigüedades. El peligro real dio a los rumores contra el POUM un poder en la España republicana que no hubieran tenido en otras circunstancias[82]. Pero las pruebas inventadas contra los dirigentes del partido eran muy poco convincentes[83] y no fueron tomadas en serio por ninguno de los miembros del Gobierno o del sistema judicial que las vieron. Las menospreciaron en especial el ministro Irujo y Jaume Miravitlles, conseller de Propaganda de la Generalitat y él mismo un antiguo poumista[84]. En el pequeño círculo de la izquierda política catalana, muy interrelacionado a pesar de sus divisiones organizativas, era inconcebible que se diera crédito a estas acusaciones. Es improbable que un político tan inteligente como Negrín no comprendiese también la compleja red política que se había tejido en torno a la desaparición de Nin, aunque el presidente del Gobierno no tenía información concreta. De hecho, la misma falta de dicha información es una muestra de la crisis que esto suponía para la autoridad del Estado republicano. El comentario de Negrín al presidente Azaña y a Zugazagoitia de que «todo era posible» es razonablemente astuto y, tomado en su contexto, no tiene por qué estar relacionado solo con sus opiniones sobre la supuesta participación de la Gestapo[85].

Pero, a pesar de la suerte corrida por Nin y de la detención de otros miembros de la ejecutiva del POUM por las autoridades republicanas, se puede decir que el partido continuó existiendo organizativamente hasta la primavera de 1938. Las pequeñas secciones del POUM de Valencia y Castellón continuaron participando en la política municipal y mantuvieron sus concejalías hasta diciembre de 1937[86]. En Cataluña, su centro de actuación, la vida política del POUM fue más precaria. Sin embargo, se nombró una nueva ejecutiva para reemplazar a la detenida[87]. Esta visión de conjunto nos alerta del error que supone ver la experiencia del POUM después de mayo de 1937 como parte de un todo sin fisuras de persecución estalinista importada y monolítica. La especificidad de la situación catalana también debe hacernos prestar atención a la dinámica interna de antiguas rivalidades y animadversiones en la izquierda catalana y, por tanto, a las numerosas preguntas sin respuesta sobre el papel del PSUC en la represión del POUM. De hecho, gran parte de la historiografía, siguiendo de forma acrítica las memorias de militantes del POUM catalán[88], ha tendido a asociar la detención de junio de 1937 y el juicio de octubre de 1938. Pero fue solo en 1938 cuando el partido se vio obligado a actuar de forma semiclandestina[89]. La nueva ejecutiva del POUM fue detenida en abril de 1938, cuando la división de la zona republicana provocó una importante crisis militar y política. En el fondo, el destino del partido está, por tanto, vinculado al proceso más amplio de militarización que se estaba produciendo bajo el impacto de la guerra, ante el aumento de la ofensiva franquista, el total aislamiento de la República y las condiciones desesperadas de la retaguardia.

A finales de 1937, al aumentar el sentimiento de asedio por la pérdida final del norte y el punto muerto diplomático sobre la no intervención y la retirada de las tropas extranjeras, Negrín buscó introducir tribunales especiales para intensificar la persecución del «espionaje, traición y derrotismo»[90]. Estos Tribunales Especiales de Guardia, al igual que los de Espionaje y Alta Traición ya en funcionamiento, aplicaron procedimientos sumarísimos que recordaban a la acción de los tribunales militares, y que implicaban que los acusados no contaban para su defensa con las garantías procesales establecidas por la Constitución. Los tribunales eran presididos por un juez profesional, pero estaban compuestos por militares y oficiales de las fuerzas de orden público, y las condenas se basaban siempre en la confesión del acusado, que no tenía abogado defensor[91]. Como forma de salvaguardia, las penas de muerte impuestas por estos tribunales (los de Espionaje y Alta Traición y los de Guardia) tenían que ser ratificadas por el Gobierno. Esta violación de la independencia judicial fue criticada en su momento, como lo ha sido posteriormente por diferentes historiadores, por inconstitucional, precisamente porque la República no había declarado el estado de guerra[92]. Pero esta afirmación ignora la extraordinaria dificultad de este paso para el Gobierno republicano.

La Guerra Civil había empezado con una rebelión militar contra el poder civil constituido. Los mismos rebeldes habían declarado el estado de guerra precisamente porque, de acuerdo con la legislación de orden público existente, este confería a los militares la autoridad política suprema mientras se mantuviese. La ley de orden público existente había sido aprobada en julio de 1933 por el gobierno de Azaña. Había continuado las previsiones legales previas, que, en realidad, permitían a los militares declarar el estado de guerra por su propia autoridad, como sucedió el 17 y 18 de julio de 1936[93]. No es por tanto sorprendente que Negrín fuera reacio a arriesgarse a que algunos de sus jefes militares «confundieran», una vez más, los límites de la autoridad militar. Negrín empezó a actuar en 1938 como si se hubiera declarado el estado de guerra[94], pero sin declararlo de iure, por miedo a que pudieran producirse actos inconstitucionales más graves. Con el sistema de Negrín, hubo una justicia de excepción pero, al menos, estuvo controlada por la autoridad política civil, representada por el Gobierno[95].

Sin embargo, el establecimiento de los tribunales especiales provocó la dimisión, en diciembre de 1937, del ministro de Justicia vasco Irujo[96], que no podía aceptarlos, ni siquiera en el contexto excepcional de la guerra[97]. Debemos tener en cuenta también que fue Irujo, junto con Prieto, el que votó constantemente contra la aplicación de penas de muerte impuestas por los tribunales republicanos (el resto del gabinete normalmente votaba a favor). El subsecretario de Irujo, Mariano Ansó, ocupó la cartera de Justicia hasta la reorganización del Gobierno en abril de 1938. Pero Negrín asumió personalmente la responsabilidad de asegurar que el Gobierno aceptara el establecimiento de los tribunales especiales. Para él, la defensa de la democracia republicana requería medidas excepcionales; en tiempos de guerra aún más que cuando en 1932 defendió la ejecución del general Sanjurjo, el jefe del fracasado golpe militar de agosto. Irujo nunca se resignó a esta situación, pero sí que retornó al gobierno como ministro sin cartera, persuadido por el presidente vasco, José Antonio Aguirre, de que la causa del PNV podía defenderse mejor manteniendo su presencia en el gabinete.

También hubo críticas a la inconstitucionalidad de los tribunales especiales desde los círculos catalanes. Aunque estos también tenían una base ética clara, había también cierta ambigüedad política. Cuando la Generalitat se quejaba de la disminución de la «libertad política», se refería principalmente a la autonomía regional y a los derechos políticos de los nacionalistas catalanes. Esquerra no se había opuesto a que el Estado central tratara duramente a los sectores del movimiento libertario o del POUM que se habían sublevado en Barcelona en mayo de 1937. La desaparición de Nin, por supuesto, era una cuestión diferente, aunque también se podía caracterizar convenientemente como parte de «los estragos causados por Madrid»[98]. La constitucionalidad de la acción de las fuerzas de orden público era un tema importante, pero en particular por las implicaciones que podía tener para las libertades catalanas. La principal queja de la Generalitat sobre el SIM era que significaba una imposición española que contravenía el espíritu del estatuto de autonomía[99]. El personal del SIM estaba compuesto, sobre todo, por no catalanes enviados a la región. El hecho de que procedieran de otras zonas y no conocieran las culturas y las tradiciones de Cataluña pudo hacer que sus acciones fueran, en algunas ocasiones, más severas; aunque, como fuerza policial militar, el SIM no destacaba en ningún lugar por tener tacto en sus formas de actuar. Sin embargo, había una dimensión cultural adicional en la impopularidad del SIM en Cataluña[100], una cuestión que ya hemos apuntado en relación con la anterior acción de las fuerzas de orden público del gobierno central en la detención de los dirigentes catalanes del POUM. En el momento en que se produjo el proceso del POUM, en octubre de 1938, los peores temores de los nacionalistas catalanes sobre la centralización política se habían hecho realidad. Incluso así, la condena final de los tribunales republicanos contra el POUM —por rebelión contra el orden constitucional[101]— era completamente consecuente con el modelo de orden social y político que la Generalitat defendía, y que le había gustado ver restablecido en mayo de 1937. Y, como los resultados de mayo habían demostrado, el Estado republicano estaba intentando reconstruir las jerarquías económicas, sociales y culturales adecuadas para dicho orden.

Por consiguiente, como hemos visto, el Gobierno de Negrín favoreció el retorno de algunos políticos conservadores destacados y les devolvió el control de sus propiedades. De hecho, y más en general, la gran mayoría de las decisiones económicas de las instituciones republicanas estaban a favor de devolver los derechos de propiedad a los antiguos dueños si no eran cómplices activos de la rebelión militar. Tampoco eran estos sectores o individuos más conservadores el objetivo del sistema judicial republicano posterior a los tribunales populares por el mero hecho de sus opiniones políticas, lealtades anteriores, valores culturales o clase social. La práctica judicial republicana intentó ser consecuente con los principios constitucionales consagrados en los discursos del presidente Manuel Azaña, y en los que también se basaban las políticas de Negrín: los derechos de los individuos debían garantizarse sobre los de los grupos sociales por medio de los procesos judiciales constitucionales. La República había superado el poder arbitrario de los comités y las patrullas: las detenciones ilegales y los «paseos» ya eran poco frecuentes[102].

Al mismo tiempo, entre 1937 y 1939 hubo un aumento del número de detenidos en cárceles y campos de trabajos forzosos, donde los prisioneros realizaban trabajos de guerra (fortificaciones y otros parecidos[103]). La CNT denunció el conservadurismo económico y político de la «nueva República», y afirmó que el aumento en el número de presos se estaba produciendo a expensas de los sectores sociales y políticos identificados con el sindicato. (En otras palabras, la legislación republicana estaba utilizándose para disciplinar a la izquierda y asegurar que aceptase el régimen político y económico, y en esto, por supuesto, el programa no difería mucho del de 1931-1933). Pero había sido el mismo cenetista García Oliver el que, como ministro de Justicia, había creado los campos de trabajo en diciembre de 1936. El crecimiento de sus operaciones tiene que entenderse en el contexto de la guerra y el deterioro de la posición de la República. Parece probable también que el restablecimiento del orden republicano liberal en la justicia, la economía y la sociedad tuvo un impacto cualitativo en el perfil sociológico de la población de las cárceles republicanas durante la guerra. Pero el mismo hecho de la guerra, especialmente de una guerra civil, complica la cuestión y la hace difícil de averiguar[104].

Sin embargo, por lo que respecta a la erosión general de la moral popular en la retaguardia republicana, debemos tener cuidado de no exagerar el impacto de las cuestiones judiciales en una sociedad cuya experiencia en materia de derechos constitucionales libremente ejercidos era bastante limitada. Fuentes bastante más importantes de erosión de la moral de amplios sectores de la población fueron el hambre, el desabastecimiento y los duros y cada vez más frecuentes ataques aéreos contra grandes centros urbanos frente a los que la República, que contaba con pocos aviones de combate, podía ofrecer escasa protección. Estos problemas fueron más graves en Cataluña. En diciembre de 1937 hubo bombardeos masivos en Barcelona. En marzo de 1938 llegó una segunda oleada de bombardeos italianos, más intensa que ninguna de las infligidas a Madrid. Afectaron principalmente a civiles, lo que probablemente era también su intención. Se utilizaron bombas diseñadas para causar el máximo número de víctimas posibles entre la población civil, como las de espoleta retardada. Las protestas diplomáticas fueron inútiles[105]. También se bombardearon los distritos adinerados, incluidos los hoteles Ritz y Majestic, donde fueron heridos corresponsales extranjeros. Pero los bombardeos golpearon más duramente en zonas saturadas de refugiados. Al avanzar los ejércitos franquistas, una interminable masa de refugiados llegó en tropel a Cataluña. A finales de 1937, la situación del abastecimiento era espantosa. Los sectores más desfavorecidos estaban al borde de la inanición, como indicaban los informes del trabajo asistencial cuáquero, que incluyen un estremecedor relato de las condiciones de una escuela anarquista para niños marginados en el centro de Barcelona[106]. Para esta población urbana sitiada y bombardeada, y cada vez más oprimida por el hambre y el desabastecimiento, la situación era más difícil de resistir psicológicamente ante la ausencia de cualquier indicio de ayuda o mejora en el panorama internacional.

El agotamiento total de la guerra, por tanto, era también parte del efecto colateral y acumulativo de la no intervención. Esta no solo había hecho imposible que la República mantuviese una guerra ofensiva, sino que también la había incapacitado para proporcionar los productos básicos necesarios para mantener la retaguardia y compensar la grave desarticulación de la economía nacional. Mantener la resistencia bajo las condiciones de la no intervención obligó a la República a concentrar sus escasos productos de primera necesidad en el ejército. Prieto siempre había dicho que el vencedor sería el que tuviera la retaguardia más sana. En último término, las dificultades y el hambre crecientes fueron los que minaron la legitimidad de la República en la retaguardia.

Esto era también cierto fuera de los pueblos y las ciudades. El hambre no era de ninguna forma un monopolio de los habitantes urbanos. Las poblaciones rurales, como productores —ya fuera individuales o colectivizados—, tenían más a menudo acceso directo a los alimentos. Pero las dificultades para recolectar la cosecha o el hecho de no mantener buenas relaciones con quienes detentaban el poder en cada pueblo podían contrarrestar estas ventajas[107], como hacia el problema permanente de todas las guerras, es decir, que el ejército empezó a vivir a costa de la tierra. En toda la zona republicana, las poblaciones rurales estaban cansadas del «parasitismo» del ejército, que agravaba los efectos de la desarticulación económica. Las quejas que se habían planteado contra las milicias se dirigían ahora contra las unidades del ejército. En Aragón, donde muchas de estas mantenían funciones de abastecimiento autónomas[108], se criticó a los soldados que se «servían» aves de corral y otros productos. Las requisas informales parecían a menudo poco diferentes del pillaje. La prensa de la CNT advirtió contra ellas, mientras que el PCE, que debía su entrada en la política aragonesa al problema de los expolios realizados por las milicias, buscó imponer una disciplina militar aún más dura. Pero no está claro que esto lograse reducir el problema. Sin duda, hubo un deterioro de la situación durante la retirada de las tropas republicanas a través de Aragón hacia Cataluña en la primavera de 1938, cuando se informó de numerosos conflictos violentos entre civiles y combatientes; por ejemplo, soldados que cogían pan en un pueblo catalán mataron a un empleado municipal de la CNT que intentó detenerles[109]. Además, en Aragón, como en otros sitios, el empeño del PCE por imponer una disciplina estricta en todos los asuntos fue interpretado frecuentemente por la CNT como una política antilibertaria. La CNT a menudo defendía a los desertores jóvenes o a los campesinos descontentos con las incautaciones de sus cultivos por el Gobierno, lo que, en consecuencia, aumentaba las tensiones políticas entre las organizaciones[110]. Estas crecieron también de forma más general en 1938 porque los civiles se sintieron enajenados por otras manifestaciones de militarización, como el cada vez más frecuente acantonamiento de tropas en casas y escuelas. También se puede notar este cansancio de la guerra en la creciente ola de quejas diversas dirigidas contra el personal militar; por ejemplo, la conducción peligrosa de vehículos militares, que en algunos lugares produjo accidentes e incluso víctimas mortales[111].

El desgaste general relacionado con las desarticulaciones económicas provocadas por la guerra llegó a afectar en el mismo grado a pequeños propietarios, arrendatarios y miembros de las colectivizaciones. Ellos estaban ya sujetos a impuestos de guerra impopulares. La escasez de mano de obra y material (por ejemplo, semillas y fertilizantes), al igual que las condiciones de producción, que iban de mal en peor, minaron tanto las cosechas como la moral de los campesinos[112]. Tanto los colectivistas como los pequeños propietarios empezarían a criticar las medidas del Gobierno, como las brigadas de cultivo controladas por las federaciones de trabajadores del campo de la UGT y la CNT. Estas estaban formadas por trabajadores enviados desde los centros urbanos para reemplazar a la mano de obra rural que estaba sirviendo en el ejército o en otros trabajos de guerra. En cierto sentido, se comprende la opinión planteada por Ricardo Zabalza, dirigente de la Federación Española de Trabajadores de la Tierra de la UGT (FETT), de que hubiera sido más efectivo crear brigadas generales para los trabajos de fortificación y dejar a la población rural cultivar sus propias tierras. Este intercambio entre el medio urbano y el rural hubiera podido, en otras circunstancias, forjar un mayor sentimiento de cohesión política nacional republicana. Pero las condiciones, seriamente deterioradas, descartaban cualquier posibilidad de «republicanización» o «nacionalización» de sectores sociales y políticos tan diferentes. De hecho, el mundo rural se encerró en sí mismo y tanto las colectivizaciones como los pequeños propietarios estaban bastante dispuestos a acaparar alimentos[113]. Aunque esto provocaba las quejas de la ciudad, un factor más importante era la falta crónica de medios de transporte para llevar los alimentos a los consumidores[114]. En 1938 el Frente Popular sería socavado por estos difíciles problemas prácticos, en igual medida —o incluso más— que por los sectarismos políticos concretos. Pero el lenguaje de estos últimos sería utilizado a menudo para dar voz a esta carga de cansancio de la guerra y falta de esperanzas, algo que hay que tener cada vez más en cuenta según avanza 1938. La disciplina cada vez más severa, evidente tanto en el frente como en la retaguardia, contribuiría aún más a esta alienación, aunque su misma intensificación era también una respuesta desesperada a una situación material cada vez más insoportable.

La frustración cada vez mayor ante el punto muerto al que la República se enfrentaba en el contexto internacional, al igual que la tensión desgastadora de mantener el esfuerzo bélico en estas condiciones, empezaron a profundizar, de forma inevitable, las divisiones políticas en las filas republicanas. El secretario general de la CNT, Mariano R. Vázquez, continuó apoyando al gobierno, aunque seguía desconfiando mucho del PCE. Sin embargo, muchos militantes del movimiento libertario estaban mucho más descontentos y, al deteriorarse cada vez más el frente militar, sus voces se dejarían sentir con más fuerza. Lo más preocupante para Negrín en esta etapa era la lucha en aumento en el PSOE y la UGT. Si tenía que lidiar con el descontento de la CNT y con la guerra de baja intensidad con la Generalitat, lo mínimo que necesitaba era poder confiar en su propio partido[115]. Pero la disidencia pública cada vez mayor de los caballeristas había alcanzado un punto de no retorno en el otoño de 1937. Su batalla con el PCE por la influencia organizativa en la UGT se presentaba a menudo como una gran cruzada moral contra despiadados oportunistas políticos. Esto, de forma inevitable, encontraba una respuesta entre todos (en el movimiento socialista y más allá) los que habían salido perdiendo en la encarnizada lucha organizativa desatada por la guerra. Largo pudo explotar una corriente incipiente de sentimiento antisoviético que estaba empezando a aparecer[116], y que tenía también su origen en el agotamiento de la guerra y la creciente frustración ante el punto muerto republicano. En estas circunstancias, las actitudes contrarias a la Unión Soviética eran el contrapunto inevitable a la mitologización popular de esta a finales de 1936. Las esperanzas de entonces habían sido irreales, y el descontento resultante, al impedir la no intervención los envíos de armas y empezar Stalin a reconsiderar su postura, fue igual de intenso. El hecho de que el PCE se hubiese envuelto en el manto de la fortaleza soviética, proyectada de forma tan efectiva por su misma propaganda, hizo que también sintiera toda la fuerza de la frustración de las expectativas.

Pero si bien Largo Caballero era el principal beneficiario, se pasó de la raya cuando insistió en su derecho de airear públicamente sus agravios políticos con el PCE. El Partido Comunista era un elemento clave en la alianza del Frente Popular que sostenía el esfuerzo bélico. El anticomunismo público y vociferante constituía una táctica destructora de la peor clase. Fue esto lo que impulsó a la ejecutiva del PSOE —en realidad, bajo la dirección de Prieto— a eliminar a Largo y sus partidarios de todos los cargos de poder en el partido. El 1 de octubre de 1937 también expulsaron a Largo de la dirección de la UGT[117]. En medio de una guerra, ni Negrín ni, de hecho, la dirección del PSOE se podían permitir dejar que Largo hiciera lo que quisiese, a pesar del mucho respeto que todavía producía como dirigente «histórico» del movimiento socialista. Las capacidades incendiarias de las destacadas animadversiones personales presentes en este enfrentamiento interno socialista no deben oscurecer el hecho de que lo que estaba en juego con el politiqueo irresponsable de los caballeristas en la retaguardia era la misma estabilidad de esta última en la más difícil de las guerras.

En el mismo frente, aunque hubo casos de indisciplina entre las tropas, la moral fue relativamente más alta, durante más tiempo en 1937. Los comisarios políticos habían desempeñado un importante papel frenando las deserciones y, en general, en el mantenimiento de la disciplina, no solo a través de la educación política elemental, sino también proporcionando asistencia sanitaria y educación general. Cuidar del bienestar y de los intereses de los soldados significaba mantener la moral de combate, algo que era doblemente crucial dadas las circunstancias de privación material. Como hemos visto, los intentos de Prieto de normalizar el ejército a finales de 1937 habían debilitado el comisariado, especialmente en las unidades militares inferiores del ejército. De hecho, se puede plantear que fue precisamente este deterioro lo que intensificó la necesidad de una disciplina brutal, impuesta por el SIM, cuando la situación militar de la República se volvió crítica en 1938, un tema sobre el que volveremos más adelante[118].

El 15 de diciembre de 1937 la República lanzó una ofensiva importante en el frente de Aragón, en un nuevo intento de tomar tanto la iniciativa militar como la diplomática. Después de la caída del norte, Franco estaba concentrando sus fuerzas para ocupar Madrid, lo que se había planeado para el día 18. Teruel fue, por tanto, otro intento de diversión. Pero el hecho de que aproximadamente dos tercios de la ciudad aragonesa estuvieran ya cercados por líneas republicanas, sumado a la sorpresa, daba una mayor oportunidad para concluir una campaña ofensiva. La moral republicana era alta a pesar del tiempo invernal, tan duro como la lucha, la cual reprodujo los combates edificio a edificio y cuerpo a cuerpo de Madrid y Belchite. Frente a los refuerzos franquistas enviados rápidamente desde Madrid, los republicanos lograron por los pelos tomar Teruel el 7 de enero, y la retuvieron hasta finales de febrero, enviando tropas de las Brigadas Internacionales para fortalecer la resistencia. Pero el coste en muertos y heridos fue grande al sufrir duros ataques de artillería y aéreos. Los republicanos tampoco tenían reservas para contraatacar fuera de la ciudad. Al final, el mero peso de los refuerzos del enemigo obligó a los republicanos a abandonar Teruel antes de quedar cercados. Resistieron tanto tiempo por razones de prestigio y moral, pero esto agotó los escasos recursos del ejército republicano, mientras que, en la práctica, su valiente actuación no provocó ni siquiera un murmullo en el ámbito diplomático internacional. Teruel no fue un fracaso fruto de insuficiencias logísticas, falta de entrenamiento o de disciplina, sino una derrota aplastante provocada por la falta de material de guerra (de armas, artillería y, de manera más inquietante, aviones[119]).

Las oportunidades republicanas de lograr que se produjera un movimiento diplomático internacional, o de hacer que Francia rompiera su unión con Gran Bretaña en la cuestión de la no intervención, estaban acabándose. A pesar del avance de Teruel en enero, Chautemps cerró formalmente la frontera francesa, haciendo aún más incierto el paso del material de guerra. En la práctica, muy poca ayuda llegó a la República durante todo el año crucial de junio de 1937 a junio de 1938, en gran parte por las extraordinarias dificultades de transportarla. La clave para la total falta de material militar de la República estaba en el éxito de sus enemigos a la hora de bloquear los puertos mediterráneos, que dejó abiertas solo las rutas más largas a través del mar Báltico y del océano Atlántico, utilizadas por la Unión Soviética desde diciembre de 1937 hasta el verano de 1938[120]. Pero el control por parte de los franquistas del Estrecho de Gibraltar hacía que no hubiera acceso directo por mar al Mediterráneo. La odisea del material de guerra concluía con un transporte terrestre siempre problemático a través de Francia, desde el Atlántico hasta la costa mediterránea, donde, desde enero de 1938, se daba de bruces con el nuevo cierre de la frontera decretado por Chautemps. El Gobierno francés había dudado entre varias estrategias que seguir en España. Pero a principios de 1938 los imperativos defensivos lo estaban empujando a buscar un acuerdo con la Italia fascista. Aunque Negrín percibía este peligro, eligió continuar tratando de ejercer una influencia compensatoria, al creer que la tensión creciente en Europa demostraría el escaso valor de este pacto y, por otra parte, obligaría a Francia a abandonar su seguidismo con respecto a Gran Bretaña.

Sin embargo, desafortunadamente para Negrín, los cambios en Gran Bretaña debilitarían aún más su maniobra diplomática. Italia había continuado trabajando para profundizar la división entre Chamberlain y su ministro de Asuntos Exteriores, Eden, que estaba cada vez más preocupado por las implicaciones de la ayuda masiva del Eje a los franquistas. El mismo Chamberlain había esperado que las negociaciones con Italia pudieran producir un quid pro quo que redujera su envío de tropas y armamento a Franco. Pero la nazificación de Austria, en febrero de 1938, le había vuelto doblemente ansioso por asegurar un acuerdo anglo-italiano. La opinión mayoritaria del gabinete le apoyaba a hacerlo, con independencia de las concesiones que pudiera exigir a Mussolini sobre España. Eden continuó oponiéndose a cualquier acuerdo con Italia o al reconocimiento de su imperio en Abisinia si Mussolini no aceptaba poner fin a los ataques a barcos mercantes y objetivos civiles en España y al envío de tropas del CTV. Pero la postura de Eden le aisló del gobierno y provocó su dimisión el 19 de febrero[121]. A mediados de abril se haría realidad un acuerdo anglo-italiano, incluso aunque Ciano había dejado claro que las fuerzas italianas no abandonarían España a no ser que hubiera una victoria rebelde. Los inspectores de la no intervención estuvieron en España contando combatientes extranjeros desde febrero de 1938. Pero Franco continuó obstruyendo la planeada retirada durante el mes de junio y más adelante, incluso aunque solo estuviera dispuesto a aprobar la marcha de unos pocos miles de italianos. La República, por tanto, no pudo poner fin ni a la no intervención ni a la gran capacidad del esfuerzo bélico franquista posibilitado por el Eje, evidente en el gran número de aviones, tanques, camiones y tropas del CTV que habían hecho frente al ejército republicano en Teruel. El 9 de marzo de 1938 se puso en marcha la ofensiva de Franco para ocupar Aragón. Tanto Quinto como Belchite cayeron en las primeras veinticuatro horas del rápido avance rebelde.

Como respuesta al Anschluss (la ocupación de Austria por Hitler) el Gobierno de Chautemps reabrió de forma temporal la frontera francesa y luego dio paso a otro gabinete dirigido por Blum. Pero en ese momento el ejército franquista se dirigía ya hacia la costa valenciana. Cuando la alcanzase, la zona republicana quedaría dividida en dos. Entre el 12 y el 14 de marzo de 1938 Negrín pidió con urgencia ayuda militar al gobierno de Blum dado que tal división del territorio suponía un enorme peligro para la viabilidad militar de la República y responder a ella requeriría una reorganización urgente y a gran escala de los ejércitos republicanos. Pero el Gobierno francés mostró escasa determinación, enfrentado a la oposición británica y también a las advertencias de su propio Estado Mayor sobre la posible reacción del Eje. Sin duda, la ambigüedad política que mantenían hacia la República española los círculos militares y diplomáticos fue un factor que impidió aún más la acción francesa, que, al final, se limitó a medidas defensivas: el estacionamiento de más tropas en la frontera franco-catalana.

Aunque parte del material acumulado sí empezó a pasar realmente a través de la frontera reabierta, es improbable que lo hiciera en la gran escala en que a menudo se ha dicho[122]. En todo caso, parece que hubo una reducción en la ayuda conseguida por la Unión Soviética después de diciembre de 1937[123]. De hecho, esta era la impresión francesa en mayo de 1938, lo que solo aumentaba la reticencia del Gobierno a ayudar a la República[124]. La Unión Soviética sí intervino, en la primavera de 1938, para facilitar el paso de una pequeña remesa de armas desde Checoslovaquia. Pero era una gota de agua en un océano. En otras circunstancias, Checoslovaquia, como el mayor exportador mundial de armamentos, hubiera sido una fuente obvia para la República desde el principio. La Unión Soviética podría haber actuado como el supuesto comprador para obtener la autorización de exportación necesaria, dado que Checoslovaquia también había firmado el pacto de no intervención. Pero la desconfianza del gobierno checo hacia la Unión Soviética, a pesar de su pacto de ayuda mutua de 1935, lo había descartado. Como consecuencia, el embajador republicano en Praga, Luis Jiménez de Asúa, se vio obligado a hacer negocios con la habitual variedad de «contactos» dudosos y corruptos, lo que le llevó a verse envuelto en la tristemente familiar rutina del robo descarado[125]. Pero, en cualquier caso, en 1938 España estaba apagándose como foco principal de la política exterior soviética. La creciente agresión japonesa, en forma de una nueva expansión en China, el Anschluss y, a finales de marzo, el desarrollo de la cada vez más absorbente crisis checa se opondrían en el camino de Negrín[126]. Esto fue así especialmente porque, a pesar de la escalada de la agresión alemana, Gran Bretaña se opuso totalmente a la propuesta de Stalin, hecha en la Sociedad de Naciones el 18 de marzo, de una gran alianza contra Hitler.

Mientras tanto, la presión sobre Negrín aumentaba, porque los ejércitos franquistas vencían rápidamente la resistencia republicana en Aragón y Barcelona estaba sufriendo salvajes bombardeos. El presidente Azaña estaba buscando un camino para plantear la cuestión de la mediación. En torno a él circulaba una corriente republicana favorable a esta mediación, que era más fuerte por la adhesión a ella de los nacionalistas vascos y catalanes, al igual que de algunos cenetistas y miembros del PSOE. Prieto, el ministro de Defensa, demostró su gran pesimismo al expresar francamente su creencia de que el ejército estaba desmoralizado por la abrumadora superioridad militar del enemigo y de que, por tanto, la República había perdido y debía pedir claramente la paz. Prieto consideraba que la inmovilidad de Gran Bretaña remataba esta derrota. Sin embargo, no se hacía ninguna ilusión sobre los franquistas, ya que era improbable que negociasen lo que creían que podían tomar mediante la acción militar. Por tanto, es difícil sacar otra conclusión que no sea la de que Prieto estaba dispuesto a aceptar que el conflicto podría terminar según las condiciones de Franco[127]. Animado por la postura de Prieto, el gobierno francés hizo una oferta de mediación a través de su embajador, Labonne[128]. El ofrecimiento fue discutido por el Gobierno. Pero fue rechazado en vista de la vehemente oposición de Negrín, que argumentó que el Eje no permitiría que esta mediación prosperase y que incluso intentarlo dañaría la causa republicana tanto en España como en el extranjero en un momento crítico en que no se podían permitir parecer débiles. Fue esto lo que desató la crisis política dentro del Gobierno republicano. Estaban en cuestión los objetivos y la ética de la resistencia, así como el principio de autoridad del presidente del consejo.

El 16 de marzo, los dirigentes del PCE y la CNT orquestaron una manifestación callejera contra «los ministros traidores» cerca del palacio de Pedralbes —la residencia de Azaña en las afueras de Barcelona—, coincidiendo con el Consejo de Ministros que tenía lugar allí. Una semana más tarde, en una ruptura evidente de la solidaridad ministerial y también de la censura de prensa establecida, Jesús Hernández, escribiendo con pseudónimo, atacó a Prieto en la prensa[129]. Dada la opinión de Negrín de que la prensa debía desempeñar un importante papel en el mantenimiento de la moral, difícilmente podía haber aprobado este ataque, si es que, de hecho, lo supo con anterioridad. Sin embargo, el presidente del consejo había sido informado previamente de la manifestación del día 16 y la justificó ante el Gobierno[130]. De hecho, puede incluso que se la hubiese sugerido seriamente al PCE como un medio de consolidar su propia posición política frente a la amenaza de dimisión de Azaña y la rendición incondicional que parecía estar tomando forma en el Gobierno[131]. Pero, de hecho, este peligro no había tomado, ni tomaría, forma. La política de Negrín de resistencia a ultranza fue aprobada a pesar de las reservas republicanas. Pero estas no llegaron a ser —no lo serían nunca— una política alternativa. Los republicanos querían la mediación, pero no tenían una estrategia concreta mediante la que poder lograrla. Tras capear el temporal en el Gobierno, el 27 de marzo un pasmado Negrín oyó al embajador francés, Labonne, preguntarle si él, al igual que Prieto, consideraba que la guerra estaba perdida. Hasta ese momento Negrín había defendido el mantenimiento de Prieto en el Ministerio de Defensa a pesar de la derrota de Teruel y de la creciente presión del PCE para que lo destituyese. Pero la situación militar era crítica: tras haberse reabierto la frontera francesa después del Anschluss, Negrín no podía permitir nada que minase sus esfuerzos por hacer que Francia enviase armas. La preocupación por el impacto del pesimismo público de Prieto en la posición internacional de la República, que repitió frente al Gobierno en pleno el 29 de marzo, pesó al final demasiado[132]. El presidente incumplió su acuerdo con la ejecutiva del PSOE. Todavía quería a Prieto en el Gobierno, pero no como ministro de Defensa[133]. Pero Prieto, en parte por convicción y en parte porque consideraba que su propia reputación política estaba en entredicho, insistió en el Ministerio de la Guerra como el precio de su participación en el gobierno. Su grave obstinación, no exenta de egoísmo, recordaba a la de su gran rival y antagonista Largo Caballero casi un año antes[134].

La intransigencia de Prieto significó al final que Negrín no tuvo otra opción que excluirle del Gobierno que se reconstituyó el 5 de abril. Para Negrín, la resistencia, como la única opción viable para la República, obligaba a todos los ministros republicanos a mostrar un optimismo público sin fisuras. Al final, la diferencia real entre Prieto y Negrín no tenía que ver con la comprensión intelectual de la situación, sino con sus respuestas subjetivas a esta. Negrín sacaba fuerzas de la adversidad, mientras que Prieto parecía derrumbarse ante la desolación. Negrín concentraba sus energías en un único punto dirigido al objetivo estratégico principal: mantener la resistencia. Para lograr este fin, empleó una útil estratagema psicológica: evitar considerar el conjunto. Por el contrario, se preocupó de lo que era necesario en la práctica para mantener un ejército en el campo de batalla: armarlo y alimentarlo[135]. Hizo esto no porque creyera que la República podía ganar militarmente. La destrucción por parte de Franco de una cantidad importante de las mejores tropas republicanas había acabado con lo que quedaba de estas esperanzas. Pero Negrín sí creía que la situación internacional tenía que estallar y que, si la República lograba solo resistir militarmente, ese gran cambio político la salvaría. Franco podría ser obligado a negociar, pero nunca lo haría si parecía que la voluntad de resistir de la República flaqueaba. Negrín era muy consciente de las malas condiciones materiales que sufría mucha gente en la retaguardia. Pero, como esto era parte del «conjunto» que no podía mitigar de forma significativa, eligió simplemente dejarlo estar. Esto también era cierto por lo que se refiere al problema, muy relacionado con el anterior, de los códigos disciplinarios cada vez más duros que se estaban empleando en ambos «frentes», el militar y el civil. Dadas las circunstancias, era imposible investigar los casos concretos de injusticia sin deshacer la misma estructura de la resistencia a ultranza, «con pan o sin pan»[136]. Pero esto se convertiría, tanto política como socialmente, en el talón de Aquiles de Negrín. La salida de Prieto del Gobierno intensificó las tensiones internas en el movimiento socialista, hasta un punto muy cercano a una crisis total[137]. De forma inevitable, esto incapacitó aún más a los comités de enlace entre el PSOE y el PCE, también desgastados rápidamente por el puro cansancio mental y físico de sus miembros, en una guerra en la que todas las salidas posibles estaban bloqueadas. Además, Negrín estaba ya enfrentándose al distanciamiento de un sector de la CNT, identificado con su secretario general, Mariano Vázquez, que hasta entonces había apoyado su política de resistencia.

La nueva conformación del gabinete estuvo determinada, en último término, por la necesidad de Negrín de tener el compromiso incondicional de sus ministros con la resistencia. Por tanto, el republicano Giral fue reemplazado en el Ministerio de Estado por Álvarez del Vayo, que recuperó el cargo que había perdido en mayo de 1937, aunque Negrín se ocupó personalmente de la diplomacia europea de alto nivel. Sin embargo, fue claro en cuanto a las ventajas de Álvarez del Vayo sobre Giral: a pesar de que los diplomáticos extranjeros debieron de llegar a preguntarse si Del Vayo estaba en sus cabales, este, al menos, nunca les proporcionaría palabras derrotistas que sus gobiernos pudiesen utilizar contra la República[138]. La destitución de Giral, amigo íntimo de Azaña, pretendía también dificultar la tendencia del presidente de la República a llevar a cabo una diplomacia informal por su cuenta. La sensibilidad constitucional de Negrín siempre había rechazado esta postura, pero, en ese momento, esta diplomacia no oficial era también totalmente incompatible con su estrategia política[139].

La necesidad de mantener el esfuerzo bélico había sido también el factor clave en la decisión de que el PCE continuase en el Gobierno, a través de un único ministro, Vicente Uribe, en Agricultura. A mediados de febrero, Stalin había enviado un aviso de que el partido debía renunciar a formar parte del Gobierno debido al efecto negativo que su presencia tenía en el ámbito internacional[140]. Esto indica que Stalin todavía no había perdido totalmente la esperanza en un cambio de postura de Gran Bretaña favorable a la política de seguridad colectiva, incluso aunque tuviera que llegar a expensas de la República, cuya resistencia Stalin ya debía de considerar estrictamente limitada en el tiempo. Sin embargo, el dirigente soviético no tenía razón alguna para querer acelerar este proceso, especialmente después del Anschluss de marzo. Así, los dirigentes del PCE que, de forma comprensible, querían continuar en el Gobierno pudieron argumentar, sincera y eficazmente, que la política de resistencia podía verse muy debilitada sin ellos[141], porque sería difícil para Negrín neutralizar a la camarilla pactista reunida en torno al presidente de la República, Manuel Azaña[142].

Sin embargo, la salida del gobierno de Jesús Hernández era prácticamente inevitable después de su enfrentamiento con Prieto. Hernández pasaría a ser comisario general del ejército. El cenetista Segundo Blanco le reemplazó en Educación, aunque su presencia en el Gobierno hizo poco por contrarrestar la alienación cada vez mayor de la CNT con respecto al Gobierno. Tanto el Ministerio de Gobernación como el de Justicia fueron asignados a personas con menor experiencia que sus predecesores pero incondicionalmente leales: respectivamente, el socialista Paulino Gómez Sáez[143], que reemplazó a Zugazagoitia, y Ramón González Peña, el dirigente «histórico» del Sindicato Minero Asturiano, que sustituyó a Irujo. Previamente muy identificado con Prieto, González Peña había participado durante 1937 en la lucha organizativa para arrebatar a Largo Caballero el control de la ejecutiva de la UGT. El mismo Negrín asumió la responsabilidad del Ministerio de Defensa. Irujo permaneció en el gabinete como ministro sin cartera, al igual que Giral. Una vez superada la crisis, Negrín pudo concentrarse, junto con sus jefes de Estado Mayor —que siguieron siendo Rojo e Hidalgo de Cisneros—, en maximizar las posibilidades de resistencia militar. El periodista socialista Zugazagoitia, relevado de su cargo de ministro de Gobernación a petición propia, permaneció cerca de Negrín y le ofreció un apoyo importante desde la subsecretaría del Ministerio de Defensa[144]. De hecho, incluso Prieto permaneció a disposición de Negrín por algún tiempo[145]. Pero el descontento de los republicanos y los nacionalistas y la gran división del PSOE estaban reduciendo de forma inevitable la base de apoyo político de Negrín.

En los primeros días de abril de 1938, el flanco norte del avance franquista hacia Aragón tomó la ciudad de Lleida y la importante central eléctrica de Tremp, dejando a Barcelona temporalmente a oscuras y reduciendo, después, su producción industrial. Mientras tanto, las unidades centrales de los rebeldes bajaron el valle del Ebro hacia Castellón. El 15 de abril, el general Alonso Vega alcanzó la costa mediterránea en Vinaroz y Cataluña quedó separada de la zona centro-sur. El mismo día, Gran Bretaña firmó un acuerdo naval con Italia y continuó presionando a Francia para que cerrase su frontera, incluso aunque los mismos barcos mercantes británicos estaban siendo hundidos todavía por Franco. Como siempre, se mantenía la suposición —que sería aún más dañina en la cada vez más profunda crisis checa— de que no había un farol del Eje, y principalmente alemán, al que responder. La continua sobrevaloración del rearme de Alemania por parte de Gran Bretaña socavaría cualquier creencia en el fin estratégico de la resistencia diplomática a los objetivos expansionistas del Tercer Reich.

Mientras tanto, al tener Franco cada vez más ayuda y tropas italianas, al igual que petróleo y camiones estadounidenses, la República, con su territorio partido en dos, se enfrentó a una crisis enorme, tanto en el frente militar como en la retaguardia. De hecho, desde un punto de vista militar, la guerra incluso podría haber acabado en ese momento. En el período inmediatamente posterior a la división en dos de la República, su situación defensiva fue la peor en la que se encontraría nunca durante toda la guerra. No había ningún frente continuo entre Vinaroz y Barcelona. Si las fuerzas franquistas hubieran seguido en línea recta hasta Barcelona en ese momento, no las hubieran podido detener[146]. Pero, ante el gran asombro de los dirigentes políticos republicanos, Franco se alejó de Cataluña y dirigió sus tropas hacia el sur para realizar un gran ataque sobre Valencia[147].

Las comunicaciones entre las dos zonas republicanas eran extremadamente difíciles. El contacto por radio era inseguro e intermitente. Los submarinos del Eje torpedearon el tráfico marítimo, poniendo en la práctica a Valencia fuera del alcance de Barcelona salvo por avión. Pero estos tenían una capacidad limitada y, aunque eran relativamente más seguros, estaban también sujetos al ataque enemigo. A partir de ese momento los alimentos tuvieron que llegar a Cataluña desde Francia. Pero la inconsistente política fronteriza francesa la convertía en una fuente precaria. Cataluña, con su gran número de refugiados, sufrió una grave escasez de alimentos. Después del cierre definitivo de la frontera francesa, en junio de 1938, se produjo una crisis de subsistencias de grandes proporciones[148]. En todo el territorio republicano, la crisis de subsistencias y las deterioradas condiciones materiales alimentaban sentimientos de vulnerabilidad, aislamiento y peligro[149].

La supervivencia de la República después de abril de 1938 dependía de la reorganización rápida de sus ejércitos y de una igualmente rápida galvanización de su retaguardia. Estos eran los imperativos que convirtieron al PCE en indispensable para Negrín si quería ser capaz de mantener su estrategia de resistencia para obligar a Franco a negociar[150]. El presidente del Gobierno y el PCE promovieron a la vez ideas similares sobre la naturaleza y los objetivos de la guerra. Bajo la bandera de la «unión nacional» reforzaron la idea de la Guerra Civil como una lucha, en primer lugar, contra la colonización extranjera y por el derecho a construir una comunidad política nacional en la que pudieran participar españoles de diferentes clases e ideas[151]. Los mismos principios de nacionalismo constitucional sustentaban los objetivos de guerra de Negrín (los famosos Trece Puntos, publicados el 1 de mayo[152]). Este programa político muy moderado se elaboró para el consumo internacional y como base para conseguir la mediación exterior, mientras, dentro de España, con la «Unión Nacional» se buscaba atraer a elementos conservadores y católicos de ambas zonas que estuvieran incómodos con la creciente influencia de Alemania e Italia. De acuerdo con esta política, los dirigentes de la Juventud Socialista Unificada (JSU) propusieron extender su militancia a la juventud católica, lo que denunciaron muchos antiguos militantes de la Juventud Socialista, ya preocupados por las implicaciones del frentepopulismo en la izquierda, que lo vieron como un nuevo intento de «descafeinar» ideológicamente al movimiento juvenil[153].

Pero si la Unión Nacional aceleró la ruptura de la JSU, apoyarla no fue un paso fácil para el PCE: iba más allá de la definición del Frente Popular, entendido en sentido amplio, y equivalía a «dejar completamente de ser comunistas, al menos hasta que se ganara la guerra»[154]. Los dirigentes del PCE se conformaban, pero esto no quiere decir que todos estuvieran convencidos de la subordinación del discurso de base clasista y los intereses de los trabajadores a la Unión Nacional. De hecho, Togliatti censuró un discurso de Dolores Ibárruri de febrero de 1938 precisamente porque llamaba implícitamente a una vuelta a la política de clase del PCE durante la guerra[155]. Los dirigentes del PCE tampoco estaban ciegos a los peligros que implicaba para el partido sumergir su identidad en el esfuerzo bélico, dado el clima político de mediados de 1938, en el que el cansancio popular por la guerra aumentaba rápidamente. Significaba hipotecar la credibilidad y reputación del partido a una victoria cuya posibilidad parecía remota incluso para los más disciplinados de sus militantes[156]. De hecho, incluso la Comintern veía este peligro[157]. Pero, como mantener la resistencia republicana era también una defensa de los intereses soviéticos, el PCE se vio impulsado inexorablemente a ser el apoyo indispensable de Negrín, como el «partido de la guerra». Más que fuera el PCE el que utilizase a Negrín, por tanto, fue el presidente del Gobierno el que encontró en el PCE el único instrumento capaz de apoyar su política de resistencia y mantener la unidad política y militar. Prieto estaba, en cierto sentido, sugiriendo lo mismo cuando destacó de forma improvisada, justo después de la manifestación de Pedralbes de marzo de 1938 contra la capitulación, que estaba convencido de que Negrín le había pedido al PCE que la organizase[158]. El mismo Negrín comentó durante la crisis de Gobierno de marzo de 1938 que «para mí hoy no hay más partidos que los que quieran seguir luchando y los que prefieren rendirse»[159]. El hecho de que el presidente del Gobierno encontrase en el PCE precisamente lo que necesitaba se debía a la disciplina de hierro del partido. Todas las otras organizaciones políticas republicanas estaban ya entonces bajo tensiones materiales enormes impuestas por la guerra y por el simple agotamiento de sus militantes, y, o bien eran hostiles a la política de resistencia de Negrín o, de forma más común, estaban profundamente divididas sobre esta cuestión. Pero el PCE pagaría al final un alto precio por su disciplina. El mismo hecho de que fuera identificado con la política de resistencia implicó que estuviera cada vez más aislado. Era la bestia negra de muchos que tenían una serie de quejas políticas duraderas e intensificadas precisamente por el creciente sentimiento común de desamparo. Pero el PCE también se convirtió en el objetivo de una marea en aumento de otro tipo de descontento, bastante más amorfo y mucho menos claramente político, que en el fondo significaba, de forma bastante simple, la desesperación y la desolación acumuladas por una población harta de la guerra y que ya no podía más.

Aunque Blum dimitió el 8 de abril, el nuevo presidente francés, Daladier, mantuvo la frontera abierta pese a la presión británica para que la cerrara[160]. Sin embargo, esto no presagiaba nada bueno para la República, al contrario de lo que podía parecer a primera vista. La frontera abierta era simplemente una estratagema para tratar de negociar con Franco la reanudación de las exportaciones de piritas a las fábricas francesas. La figura más importante en el nuevo gobierno francés era el ministro de Asuntos Exteriores, Georges Bonnet, procedente del sector más conservador del Partido Radical francés. Estrecho de miras y pragmático, no era un defensor menos ardiente que Chamberlain de un acercamiento a Italia, e incluso era partidario de un uso aún más instrumental de la política de apaciguamiento. Para Bonnet, tanto si se trataba de España o de Europa oriental, las garantías políticas de las naciones «pequeñas» frente a Alemania eran un lujo ético-político excesivo.

El 11 de mayo, la Sociedad de Naciones también rechazó la petición de la República de que se pusiera fin a la no intervención. Solo España y la Unión Soviética votaron a favor. La intención de Negrín había sido lograr una inyección de ayuda militar para fortalecer la reorganización militar en marcha después de la división territorial de la República. Pero, ahora, tanto la resistencia militar republicana como la búsqueda de avances diplomáticos se dirigían a conseguir una paz con garantías a través de la mediación internacional, que Negrín buscó activamente[161]. Sin embargo, como su sine qua non era una resistencia republicana efectiva, el presidente del Gobierno no podía hacer explícita esta doble política. Con los ojos puestos tanto en el alto mando del enemigo como en su audiencia diplomática y política internacional, la única consigna pública viable que Negrín podía dar a la población republicana era «resistencia a ultranza».

Finalmente, el 13 de junio, la frontera francesa fue cerrada de nuevo. Franco había insistido en ello antes de que acordase el asunto de la importación de piritas que tanto interesaba al gobierno de Daladier. La «no intervención relajada» (non intervention relâchée) se había acabado. Pero era incluso peor para la República española. Franco había insistido en el retorno de las reservas de oro que esta había depositado en Francia. Como consecuencia, estos fondos, depositados en el Mont de Marsan, fueron inmovilizados desde julio de 1938, a pesar de que todavía no se había llegado a un acuerdo definitivo sobre la retirada de los voluntarios de ambos bandos.

A esas alturas también los depósitos de oro de la República estaban peligrosamente cerca de agotarse. Un año antes, Negrín había avisado de que la guerra acabaría para la República el día en que esta gastase su última peseta-oro. Sabía que la resistencia republicana estaría a salvo si podía conseguir créditos de la Unión Soviética, dado que no se los proporcionarían en ningún otro lugar. En julio, Negrín envió a Moscú al exembajador en la Unión Soviética, Marcelino Pascua (desde mediados de 1938 embajador en París), para hacer la petición[162]. Stalin aceptó poner a disposición de la República un crédito de 60 millones de dólares, que se sumaban a los 70 millones de dólares ya acordados en febrero[163]. Pero este segundo crédito fue aprobado cuando ya no había prácticamente oro que lo avalase[164]. Sin el crédito de julio, el esfuerzo bélico republicano no se hubiera podido mantener durante la segunda mitad de 1938. El hecho de que se concediesen estos créditos nos dice algo crucial sobre la política soviética hacia la República a mediados de 1938. Con la división de su territorio, el cierre de la frontera francesa y la crisis checa en aumento, parece claro que la cúpula dirigente soviética ya no creía que la República pudiese ganar. Pero Stalin todavía estaba dispuesto a invertir en prolongar su resistencia[165].

Junio supondría también la cristalización de las divisiones políticas internas en la República sobre la viabilidad de lograr una paz negociada. La opinión hostil a la política de resistencia de Negrín se había hecho más evidente entre los republicanos después de los sondeos de Labonne en marzo. Pero Azaña, impulsado por la derrota republicana en Teruel y cada vez más distanciado de Negrín, estaba empezando a mirar más allá de su propio círculo republicano hacia dirigentes socialistas descontentos, en busca de una alianza de gobierno alternativa.

Cuando Negrín fue nombrado presidente, Azaña había confiado en que era el hombre que trabajaría por la paz negociada con la que el presidente de la República estaba cada vez más comprometido[166]. Pero la falta de acuerdo entre ambos políticos sería cada vez mayor. Sin duda, Azaña no era menos capaz que Negrín de imaginar la enorme distancia existente entre las concepciones políticas y culturales de los dirigentes republicanos y de los rebeldes[167], pero desde mediados de 1937 estaba enfrascado en un objetivo fundamental: el deseo de evitar que se produjera un estado de guerra interno en la República, que era, en gran parte, resultado de la insoportable presión a la que estaba siendo sometida[168].

Por su parte, Negrín podía mantenerse al corriente de los asuntos internacionales y, más importante aún, entender algo de lo que estaba sucediendo en la cúpula dirigente nazi a través de los informes confidenciales que recibía, hasta la crisis de Munich de septiembre de 1938, de Jiménez de Asúa, el embajador republicano en Praga[169]. Negrín sabía que Franco no negociaría si pensaba que podía ganar con claridad y también comprendía que los demás no tenían por qué compartir su convicción y que, aunque lo que le guiaba era un poderoso sentimiento de patriotismo, no podía esperar ser popular. Creyendo que solo el mantenimiento de una resistencia a ultranza podía llevar a Franco a una mesa de negociación, seguía centrado, sin temor, en destituir a todo aquel que amenazase esta resistencia. De ahí que Negrín despidiese al cuñado de Azaña, Cipriano Rivas Cherif, de su puesto como cónsul general de la República en Ginebra en mayo de 1938. En parte por instigación de Azaña, Rivas Cherif había participado en algunos sondeos muy indiscretos —de hecho, públicos y totalmente inviables— sobre la mediación que implicaban a varios países de América Latina.

La «aventura» de Rivas Cherif fue el catalizador del hundimiento de las relaciones entre ambos presidentes. Después de mayo, el distanciamiento entre ambos se convirtió en personal además de político[170]. Negrín consideraba que Azaña estaba actuando de forma incorrecta y hasta inconstitucional, y dañando a la República en un momento —la crisis militar que siguió a la división del territorio en abril de 1938— en que esta no se podía permitir parecer débil[171]. Por su parte, Azaña consideraba que Negrín estaba cada vez más distante y lo atribuía, de forma equivocada, a su arrogancia política. Pero la «distancia» de Negrín era más el resultado de su base de apoyo reducida y de los problemas cada vez mayores de los que se ocupaba personalmente[172]. Además, debemos recordar que, dado que Negrín, más que Álvarez del Vayo, era en la práctica el ministro de Asuntos Exteriores de la República y el responsable de sus negociaciones diplomáticas, nadie sabía mejor que él lo poco prometedor que era el contexto para la negociación, lo que en sí mismo añadía más tensión. La distancia de Negrín no era arrogancia, autosuficiencia o desdén, sino más bien una reacción que nacía de su conciencia de las grandes responsabilidades que tenía. Esto iba unido a una postura aún más inflexible sobre las prioridades políticas y éticas reales de la situación. Como comentó de forma memorable a un colega socialista: «Yo soy cualquiera —menos cuando represento a los que mueren por la República»[173].

Este contexto explica gran parte de la inmensa ira de Negrín cuando conoció las intrigas políticas tramadas en junio en Barcelona por elementos partidarios de la negociación. Azaña había mantenido vanas esperanzas de que Prieto asumiera el Gobierno en mayo[174]. En junio, ya estaba haciéndole propuestas al veterano dirigente socialista Julián Besteiro para sacarlo de su autoimpuesto exilio interno de servicio municipal en Madrid. Besteiro era abiertamente hostil a Negrín y receptivo a las voces de la quinta columna falangista que intentaban persuadirle de que asumiera el cargo de presidente del Gobierno para facilitar «las negociaciones de paz»[175]. En ese momento, Negrín estaba fuera de Barcelona en una gira por los frentes militares de la zona centro, donde las tropas de Franco estaban luchando en Levante, con la vista puesta en Castellón. Acortando su gira, Negrín volvió a Barcelona, donde hizo su famosa denuncia de la «charca política»: «Si el pueblo y el Ejército se enteraran nos barrerían a todos y lo harían en justicia»[176].

De hecho, los planes de Azaña nunca prosperarían. La desaprobación de la política de Negrín por parte de círculos republicanos y socialistas nunca equivalió más que a corrientes de opinión. Pero Prieto y, quizá incluso más, Besteiro se indignaron con las palabras del presidente del Gobierno, que interpretaron como un ataque personal. El episodio revela que la resolución de la crisis de gobierno de la primavera había hecho a Negrín más vulnerable ante sus enemigos políticos al estar cada vez más aislado. En junio, se produjeron también tensiones en la nueva dirección de la UGT. Su presidente, el veterano dirigente minero y ministro de Justicia Ramón González Peña, que había sido uno de los principales responsables de la derrota de los caballeristas a finales de 1937 que había hecho que la UGT volviera a dar un apoyo total al Gobierno, estaba ya defendiendo la formación de una nueva ejecutiva del PSOE, presidida por Besteiro, para explorar una posible mediación[177].

Además, la CNT estaba dividida internamente sobre la cuestión de si continuar o no la resistencia. Ya en marzo su exsecretario general, Horacio Prieto, había declarado públicamente que la guerra estaba perdida y que era el momento de pedir la paz[178]. La CNT justificaba su posición por su hostilidad política hacia el PCE y, sin duda, su encarnizada rivalidad era un factor destacado. Pero lo que subyacía a esta invectiva era la experiencia aplastante de la derrota de Teruel y la posterior conquista de Aragón por los franquistas. Acabar la guerra era promover un medio de reducir las privaciones y el sufrimiento. Se veía incluso, de forma bastante sorprendente, como una oportunidad de reconstruir la CNT, algo que sugiere una miopía sindicalista parecida a la de la convicción tácita de Largo Caballero de que, una vez que se ocupasen del PCE, el franquismo podría no ser tan malo para el movimiento sindical. Aparte de la viabilidad práctica de la resistencia, sin embargo, algunos sectores libertarios, agrupados en torno al Comité Peninsular de la FAI, estaban también empezando a cuestionarse abiertamente su objetivo político. El compromiso con la economía de libre mercado consagrado en los Trece Puntos de Negrín cristalizó su oposición a la continuación del apoyo del Comité Nacional de la CNT al presidente del Gobierno[179]. Había también desacuerdos sobre la postura a adoptar ante la creación por parte del Gobierno del Comisariado de Cultos, responsable de asegurar que la libertad religiosa existiera de facto al igual que de iure. Al final, la CNT lo aceptó[180]. En junio de 1938, el CTV italiano participó en ataques contra Valencia que fueron frenados con éxito por las fortificaciones republicanas. Sin embargo, la República continuaría pronto la ofensiva contra el CTV cuando, el 25 de julio, el Ejército Popular lanzó un ataque sorpresa a lo largo del río Ebro. En términos tácticos inmediatos, este ataque estaba diseñado para forzar a las tropas de Franco a dar marcha atrás, aliviando la presión sobre Valencia. Pero, lo que era más importante, Negrín estaba apostando por que una ofensiva con todas las fuerzas de que disponía la República convenciera a las grandes potencias, en particular a Gran Bretaña, de que la República no sería ni fácil ni rápidamente vencida y de que debían presionar para obligar a Franco a negociar el final de la guerra.

Con el factor sorpresa a su favor, la ofensiva republicana tuvo un considerable éxito inicial. Pero Franco, a diferencia de la República, podía llamar fácilmente a tropas de reserva entrenadas. Las fuerzas republicanas atacaron y resistieron. La batalla se libró durante más de cien días, pero el bloqueo de la frontera francesa empezó a afectar a la República e impidió que sus acciones tuvieran continuidad[181].

Franco, tras pedir ayuda a sus aliados fascistas, utilizó todas sus fuerzas para repeler la ofensiva. De forma crucial, al final de la batalla tendría una abrumadora superioridad aérea. Durante la batalla del Ebro se produjeron numerosos combates aéreos. Nada como esto se había visto antes, y posteriormente no se vería otra vez hasta la batalla de Inglaterra. Las comunicaciones republicanas fueron bombardeadas hasta dejarlas completamente destruidas y, como testimonian muchas memorias de brigadistas internacionales, los combatientes republicanos eran lanzados a las laderas rocosas por la simple fuerza de las bombas incendiarias utilizadas.

Para todas las tropas republicanas las condiciones empeoraron mucho cuando empezó a notarse la capacidad de bombardeo muy superior de los rebeldes. La respuesta inevitable al terror desde el aire fue el terror a ras de suelo. La dura disciplina militar tiene que entenderse en el contexto del creciente desafío militar y de su importancia para que la República pudiese continuar la resistencia[182]. Además, aunque en el Ebro había tropas curtidas en la batalla, incluidos brigadistas internacionales, había también muchos nuevos reclutas, adolescentes campesinos apenas entrenados, de diecisiete o dieciocho años, u hombres en torno a los cuarenta, cuya idea de cohesión militar era escasa y que eran apenas capaces de defenderse en las terribles condiciones del intenso ataque enemigo. Si la República hubiera podido establecer el servicio militar obligatorio en el otoño de 1936, los peores efectos de esta situación podrían haberse mitigado. Pero, en la práctica, los graves problemas disciplinarios y, sobre todo, el gran número de deserciones en medio de la emergencia militar, hicieron inevitables las penas brutales como medio de imponer la obediencia. De hecho, esta disciplina podía salvar vidas y era, en cualquier caso, indispensable para el mantenimiento de la resistencia en el frente, como en toda guerra convencional[183]. Sin duda, el hecho de que muchos de los oficiales que aplicaban estas duras medidas disciplinarias fueran comunistas, aumentó aún más los conflictos políticos partidistas, especialmente con la CNT. Y no hay duda de que la «justicia» militar podía ser muy injusta en casos concretos, de nuevo como pasa en cualquier guerra convencional. Algunas veces eran también motivos partidistas los que impulsaban a los mandos militares comunistas. Pero sería una distorsión presentar lo que estaba ocurriendo allí como si fuera solo una continuación directa del partidismo político de 1936. En la segunda mitad de 1938, y probablemente antes, las denuncias de la CNT acerca de la violencia «comunista» contra sus militantes a menudo se referían a castigos impuestos contra soldados que habían desertado del frente[184]. Aunque esta conducta era totalmente comprensible desde un punto de vista humano, en las circunstancias militares existentes en 1938 no se podía dejar de castigar sin arriesgar la viabilidad de la defensa republicana.

En parte era un choque cultural que se convertía en un choque político. Los nuevos reclutas, escasamente entrenados, no entendían la disciplina estricta del frente. Por esta misma razón, a menudo se acercaban a la CNT, cuya cultura política les era más propicia. El origen rural de estos reclutas era a menudo similar al de los voluntarios de 1936-1937, cuyo «antimilitarismo» se había reflejado en su deseo de poder compaginar el frente militar y las tareas agrícolas. Este choque cultural también se reflejaría en el proceso contra el POUM, en octubre de 1938. El comisario político comunista Ignacio Mantecón, que declaró como testigo, denunciaría que las tropas del frente de Aragón habían fraternizado con el enemigo en tierra de nadie[185]. El relato de Mantecón adquirió un claro carácter político. Acusó al POUM de fomentar conductas traidoras y desacreditó a la CNT. Pero es importante entender que se estaba refiriendo a principios de 1937, antes de que el frente de Aragón se activase, y a hombres jóvenes que tenían escasa o nula experiencia de la guerra o de la disciplina militar. La ausencia de muertos y de la profunda ruptura social que estos provocarían, había permitido hasta entonces intercambios pasajeros entre los jóvenes de la región.

Pero la República dividida territorialmente de 1938 era un mundo muy diferente del Aragón de la primavera de 1937. También había señales de descontento y agotamiento en la retaguardia. Las madres, indignadas, se manifestaban contra la movilización de sus hijos adolescentes de la tristemente famosa «quinta del biberón»[186]. El sentimiento de asedio y aislamiento provocados por la división del territorio y una guerra imposible de ganar creaba una dinámica recíprocamente destructiva. El miedo al «enemigo interno» —dado que, de hecho, la quinta columna era más activa y más peligrosa en ese momento, precisamente porque la República era más débil— y las medidas enérgicas contra los desertores y emboscados, a los que se les atribuía también la sospecha de traición, llevó a una militarización cada vez mayor de la retaguardia. Fue al SIM, como policía militar, al que le correspondió localizar a los desertores y a los que no se incorporaban a filas. Al hacer esto, estaba imponiendo una disciplina militar en personas poco dispuestas a ella, lo que explica el oprobio cada vez mayor que se atribuía al SIM y sus crecientes enfrentamientos con muchos sectores de la población civil, incluidos los libertarios.

El predominio de los comunistas en el SIM reflejaba la preferencia por el PCE de los militares y miembros de las fuerzas de orden público españoles, que eran también los más útiles para el SIM. Esto se ha considerado a menudo sinónimo de la supuestamente fuerte influencia del personal del NKVD en el SIM, aunque las razones para mantener esta idea no suelen ser planteadas de forma explícita[187]. Pero los asesores soviéticos eran importantes principalmente en cuestiones técnicas, como los nuevos medios de contraespionaje, más que políticas. De hecho, las purgas en la misma Unión Soviética entre 1936 y 1938 causaron una destrucción tan grave de las estructuras operativas de la URSS y de la Comintern en el extranjero que probablemente hicieron imposible un control eficiente o sistemático de nada[188]. Aunque sin duda hubo individuos sin escrúpulos en las fuerzas de seguridad españolas —hasta las mismas circunstancias de la guerra les favorecían— y algunos de ellos tenían contacto con el personal del NKVD, esto no significa ni prueba que las fuerzas de seguridad españolas —y menos el SIM—, como instituciones, estuvieran controladas por la Unión Soviética. Además, en lo que hace referencia a las fuerzas de orden público, se nota la presencia de varias fuentes que provocaban intrigas y conflictos. En primer lugar, estaba la subyacente «guerra de clases» entre los «viejos» policías aunque «nuevos» comunistas y la izquierda, principalmente los libertarios, que se remontaba a tiempo atrás. En segundo lugar, influía la competencia organizativa entre el PCE y el PSOE, que afectó tanto al SIM como a la mayoría de las instituciones republicanas. Muchos consideraban que tener el patrocinio del PCE era una ventaja personal y profesional. Esto encajaba en una concepción clientelista de la política mantenida por muchos de los «nuevos» comunistas, a quienes la guerra hizo destacar de forma rápida. La rivalidad organizativa subyacente en el SIM había sido exacerbada por las sucesivas elecciones desafortunadas de sus responsables por parte de Prieto. Cuando Paulino Gómez Sáez asumió el cargo de ministro de Gobernación en abril de 1938 buscó, con el apoyo de Negrín, frenar el clientelismo del PCE en el SIM[189]. Pero este, como en otras áreas de la administración pública, era un proceso delicado, por la dependencia del subdesarrollado Estado republicano de los militantes de los partidos y sindicatos para mantener sus funciones cruciales en tiempos de guerra. Por último, hay otra dimensión de esta rivalidad organizativa que no debe pasarse por alto. Dado que la guerra había llevado a la juventud a la vanguardia política en la España republicana, parece también muy probable que hubiera una dimensión de género en los enfrentamientos entre jóvenes mandos militares comunistas y sus equivalentes libertarios: eran hombres jóvenes demostrando sus credenciales viriles a la vez que su fuerza política[190].

El SIM había asumido el control de los campos de trabajos forzosos republicanos, que ahora también alojaban a desertores y prófugos. Las condiciones en estos campos variaban[191], pero el trato violento y arbitrario creció de forma incontrolable en todos cuando se deterioró la posición militar de la República en las caóticas circunstancias que siguieron al avance franquista en Aragón y a la ruptura del frente en abril de 1938. El caos provocado por el pánico de la derrota y la retirada dio lugar a muchas formas de brutalidad, tanto realizadas por soldados como contra ellos, algo que también alcanzó a las Brigadas Internacionales[192]. A partir de ese momento, se ejerció una disciplina militar cada vez más dura sobre los desertores y prófugos. También se enviaba a los campos de trabajo a los prisioneros hechos en el frente. Las condiciones empeoraron para todos los detenidos, tanto militares como civiles, y se produjeron algunas muertes, la mayoría por negligencia. Sin embargo, hubo al menos un caso en que las autoridades republicanas se vieron obligadas a intervenir contra un campo de trabajo en el que, por ejemplo, los prisioneros que estaban demasiado enfermos para trabajar eran fusilados en el acto[193]. A mediados de agosto, al proseguir la batalla del Ebro, el Gobierno republicano decretó una amnistía para llevar combatientes entrenados desde los campos y prisiones al frente, donde eran muy necesarios[194].

El SIM también pasó a controlar todas las anteriores cárceles políticas privadas de partido, lo que era de esperar dado su carácter y función como instrumento del Estado republicano. Las prisiones que dirigió no eran checas, como plantean tanto las obras franquistas como las de la izquierda antiestalinista. Pero el SIM sí que llevo a cabo detenciones ilegales en nombre del Estado republicano, y también usó, en algunas ocasiones, la tortura para arrancar confesiones en las que se basaron las condenas dictadas por los tribunales especiales. Sin embargo, fue también eficaz en el desmantelamiento de redes de sabotaje y espionaje cuando la República estaba en su momento más vulnerable[195].

Hubo también casos de agentes del SIM implicados en el asesinato extrajudicial de individuos acusados de actividades quintacolumnistas. Algunas veces estas acusaciones eran fundadas y otras, no. Pero es significativo que este tipo de asesinatos, muchos de los cuales fueron llevados a cabo por civiles y no por miembros de las fuerzas de orden público, coincidieron con los momentos de mayor tensión militar, cuando las tropas franquistas estaban logrando avances importantes. Esto sugiere que, a menudo, las víctimas, independientemente de sus acciones particulares, fueron asesinadas por lo que se consideraba que representaban y, sobre todo, en lugar del enemigo que avanzaba. Muchas formas de violencia se desatarían en la vorágine de la derrota militar y la retirada de 1938, y la mayoría de ellas estaba fuera de todo control.

El deterioro de la estructura constitucional republicana estaba reñida con los principios políticos de Negrín. Pero tenía que aceptarla, como parte del «conjunto» que se ocultaba a sí mismo. Era el precio que había que pagar por mantener la resistencia[196]. Sin embargo, Negrín continuaba estableciendo una clara distinción entre la violencia arbitraria y las formas impuestas por un Estado constitucional. Aunque buscó acabar con las torturas realizadas por el SIM, continuaría defendiendo el rigor de los tribunales especiales y su recurso a la pena de muerte frente a las constantes críticas catalanas[197]. Las penas de muerte provocaban protestas del presidente de la República, Manuel Azaña, y encarnizados debates en el Consejo de Ministros[198]. Pero la opinión de Negrín prevalecería a partir de abril y durante todo el verano. Al enfrentarse los dos ejércitos en el Ebro, el gobierno consideró un conjunto de penas de muerte impuestas por los tribunales especiales. La opinión de Negrín era que, dados los sacrificios que se estaban haciendo en el frente, incluido ya el de soldados que eran prácticamente niños, la retaguardia tenía que ser sometida a una disciplina merecedora del sacrificio; en resumen, era la guerra y tenía que serlo para todos. Otra vez hizo frente a una oposición encarnizada, y aunque al final se aprobaron 58 de las 62 penas de muerte, no fue por unanimidad[199].

Hasta ahora, sabemos que los tribunales especiales republicanos aprobaron, y el Gobierno respaldó, al menos 173 ejecuciones[200]. Muchas más penas de muerte fueron conmutadas, mientras que la mayoría de la gente llevada ante los tribunales especiales fue, o bien absuelta o bien condenada a otro tipo de penas (sentencias de prisión y multas de distinto rigor). En vista del contexto de guerra civil y del hecho de que tanto soldados como civiles fueron llevados ante los tribunales especiales, el panorama que tenemos no apoya una lectura apocalíptica de la violencia estatal republicana. La misma réplica tajante de Negrín a sus críticos fue transmitida a través de un editorial anónimo en La Vanguardia en abril de 1938: «La ley es dura, pero cuando no se vacila es porque no se puede vacilar en aplicarla contra quienes en la retaguardia actúan de un modo u otro para multiplicar los desfallecimientos o para hacer inútiles los sacrificios heroicos. La ley es dura, pero es la ley conocida de antemano por quienes la quebrantan y sabedores de lo que exponen con el quebranto voluntario y, siendo dura, no lo es más —y se ha aplicado y aún se aplica con menos dureza— que la que ha regido todos los pueblos que se han encontrado en circunstancias parecidas a las nuestras»[201]. Pero había muchos que no estaban de acuerdo con la equiparación de la disciplina en el frente y en la retaguardia realizada por Negrín, ni siquiera en el contexto de un guerra civil cada vez más encarnizada y de las grandes dificultades militares padecidas a partir de abril de 1938. La Generalitat encargó una investigación que, en julio de 1938, informó en unos términos muy críticos sobre las irregularidades constitucionales inherentes al ejercicio de la justicia militarizada en Cataluña.

Pero el «persistente catalanismo» que Negrín consideraba que subyacía en las críticas de la Generalitat era también una verdadera manzana de la discordia. Como ya hemos visto, el presidente del Gobierno era claro sobre su prioridad en la guerra: estaba luchando «por España». Como comentó a Zugazagoitia en el verano de 1938, prefería ceder el poder a Franco que ver España dividida. Todo lo que pedía en primer lugar era que Franco rompiera sus relaciones con el Eje[202]. Pero el descontento catalán sobre la militarización y, por tanto, la centralización, de la justicia siguió siendo importante. Sería una de las causas principales de la crisis de gobierno de mediados de agosto de 1938, que supuso la salida definitiva del gobierno de los nacionalistas vascos y catalanes; en concreto, de Irujo y de Jaume Aiguader, respectivamente. La crisis de gobierno también tuvo consecuencias en las tensiones internas del PSUC. Una vez que Companys se convirtió, de hecho, en el jefe de la oposición al Gobierno de Negrín —con la salida de Prieto del gabinete en abril—, la capacidad del PSUC para competir con Esquerra en su propio terreno político se vio cada vez más bloqueada. El PSUC solo podía salir de este punto muerto destruyendo su equilibrio interno entre catalanistas y comunistas, es decir, dejando de tratar de «emular» a Esquerra, como había hecho desde julio de 1936, y optando, en cambio, por un apoyo sin ambigüedades a la política de centralización de Negrín. Esto fue lo que pasó de hecho en agosto, cuando un ministro de Esquerra fue reemplazado por otro del PSUC[203].

Pero si el PSUC podía ofrecer algún apoyo a Negrín en el Gobierno, la evolución del PSOE, que era mucho más importante, estaba haciendo que este fuera aún menos útil para ayudar al presidente del Gobierno a resistir las corrientes a favor de la capitulación. Tras la salida de Prieto del gobierno, la ejecutiva del PSOE expresó su desacuerdo negándose a convocar el Comité Nacional de Enlace del PSOE y el PCE o publicar una declaración conjunta en apoyo del gobierno. Los conflictos internos dentro del Partido Socialista explican también por qué Negrín abandonó su principio de que el Cuerpo de Carabineros estuviera monopolizado por el PSOE al nombrar, en abril, a un jefe que era militante del PSUC[204]. En cuanto al personal de gobierno, el PSOE estaba todavía proporcionando a Negrín un apoyo importante. Pero el cansancio de las bases ante la guerra estaba haciendo que el partido estuviera cada vez menos dispuesto a soportar la tensión de la rivalidad organizativa con el PCE en la zona centro-sur. Muchos de los comités de enlace estaban al borde del colapso en la segunda mitad de 1938 y, de hecho, algunos habían sido ya suspendidos[205].

La censura de prensa era otra fuente de conflictos. Incluso aunque era responsabilidad del PSOE, algunos dirigentes del partido, entre ellos el sucesor de Zugazagoitia en el Ministerio de Gobernación, Paulino Gómez Sáez, se quejaban de que Negrín dejaba mayor libertad al PCE que al PSOE[206]. Sin duda, hubo ocasiones importantes en que el PCE ignoró la censura; por ejemplo, la andanada contra Prieto durante la crisis de gobierno de marzo de 1938 o, más tarde, como hemos visto, la distribución de octavillas difamatorias contra el POUM durante el período que precedió al proceso contra sus dirigentes en octubre. Pero esta posibilidad de eludir la censura no apunta a un partidismo por parte de Negrín, sino a las fisuras de un Estado que estaba obligado a confiar mucho en las formaciones de partido clientelistas[207], un problema que estaba también en el origen de los estragos en las fuerzas de orden público republicanas. Después de todo, los caballeristas estaban participando también en un tipo parecido de actividad de propaganda partidista, aunque dirigida contra otros. Negrín confiaba mucho en la gran importancia de una moral alta en la retaguardia. El hecho de que el PSOE fuera su partido probablemente también le hacía ser más impaciente con las continuas críticas faccionales lanzadas desde las imprentas provinciales caballeristas que seguían existiendo, y donde la continua publicación de folletos por parte de los disidentes no dejaba traslucir que había una guerra en desarrollo.

El secretario general del PSOE, Lamoneda, estaba dispuesto a contener estas tensiones entre Negrín y el partido, dado que, como Negrín, también entendía que el esfuerzo bélico exigía la colaboración con el PCE y que, a causa de su aislamiento diplomático, la República no tenía más opción que seguir resistiendo. Además, Lamoneda y sus compañeros de la ejecutiva del PSOE también se dieron cuenta de que cualquier explosión dañaría, ante todo, al PSOE. En un desesperado intento de recomponer la unidad del partido, Lamoneda trató de reincorporar a sus distanciados «dirigentes históricos» (Prieto, Largo Caballero y Besteiro) en el Comité Nacional de agosto, que tuvo lugar en vísperas del cincuenta aniversario de la fundación de las organizaciones socialistas[208]. Probablemente, los esfuerzos de Lamoneda estaban condenados al fracaso desde el principio. Pero fue el extraordinariamente inoportuno discurso de Prieto cuando tomó la palabra el que administró el golpe de gracia. El veterano dirigente no señaló nada importante políticamente y, de hecho, abandonó el pleno antes de que se discutiera el orden del día. Pero el daño ya estaba hecho. Junto con Prieto, otros varios militantes destacados del PSOE se retiraron de la vida del partido, incluidos Jiménez de Asúa, embajador republicano en Praga, y Fernando de los Ríos, que era el embajador en Washington. Sin embargo, el discurso de Prieto fue criticado enseguida, incluso por sus amigos, como la gran obra de descarga de bilis que realmente fue[209]. Parecía que Prieto hubiera decidido, como Largo antes que él, que continuar la guerra ya no merecía la pena políticamente. Si la República no podía ganar, era el momento de dejar de sacrificar al PSOE.

El pleno del Comité Nacional se estaba celebrando durante los difíciles días de la batalla del Ebro. Los refuerzos franquistas estaban conteniendo el ataque republicano al sur del río. Tras esto, Negrín buscó poner freno a las disidencias socialistas en interés de la guerra, pero esto desencadenó un cataclismo político, especialmente en la JSU[210]. Al sector caballerista, cada vez más vociferante, se unieron las voces de muchos más, procedentes de la Juventud Socialista de preguerra, que eran hostiles a los planteamientos de la Unión Nacional, que consideraban que negaba el significado de la Guerra Civil y que despojaba a la organización juvenil de su identidad socialista. La violencia política que estalló en diversas federaciones provinciales juveniles, especialmente en Albacete y Alicante, se expresó en el lenguaje de la cruzada caballerista contra el PCE. Pero durante los agotadores meses de la batalla del Ebro, de julio a noviembre de 1938, la ruptura de la JSU estuvo influida por una desilusión más profunda: la conciencia cada vez mayor de que era imposible mejorar la situación militar de la República o compensar la falta de todo lo que necesitaba para librar con eficacia la guerra mediante la disciplina política o el sacrificio personal de los jóvenes socialistas, por muy grandes que ambos fueran.

La batalla del Ebro simbolizó la guerra de desgaste contra la República, cuya resistencia sobrehumana e interminable se llevó a cabo al terrible coste de las mejores tropas de su ejército. Incluso en su versión muy mejorada, este ejército no podía contrarrestar el volumen de la ayuda del Eje. Ambos bandos sufrieron importantes pérdidas de tropas y material de guerra[211]. Pero, mientras que eran irreemplazables para la República, los rebeldes siempre podían obtener refuerzos en formas de armas y pertrechos. Sin embargo, Franco dependía como nunca antes del despliegue masivo de material del Eje y, especialmente, de la artillería y los aviones alemanes. En noviembre, para asegurar los medios con los que hacer retroceder a la República a través del río, Franco accedió a las exigencias nazis de concesiones mineras en España. Para Negrín esto fue una prueba concluyente de que estaba librando una guerra para preservar la soberanía nacional y evitar que España fuera convertida en un satélite económico del Reich.

Pero no fueron los sucesos en España los que convirtieron la retirada republicana en una derrota segura: esto sucedió muy lejos, en Checoslovaquia[212]. Mientras proseguía la batalla del Ebro, la crisis estalló por las reclamaciones de la Alemania nazi sobre los Sudetes. Cuando Gran Bretaña y Francia capitularon ante Hitler en Munich, a finales de septiembre, entregaron no solo la independencia de Checoslovaquia, sino también la democracia republicana española. Si Gran Bretaña se hubiera mantenido firme en cuanto a las garantías checoslovacas, el horizonte no se hubiese cerrado definitivamente de forma tan radical, para la República. Lo verdaderamente importante es que, hasta la capitulación británica y francesa, Stalin estaba preparado para movilizar las fuerzas rusas a pesar de todas las dificultades, y, con este fin, envió en septiembre aviones soviéticos a Checoslovaquia[213]. Estaba discutiéndose también un acuerdo con Rumanía para permitir el paso de tropas soviéticas[214]. Pero después de la conferencia de Munich, a la que la Unión Soviética no fue invitada, Stalin sacó sus propias conclusiones sobre la improbabilidad de una gran alianza contra la Alemania nazi.

Sin embargo, la política exterior soviética siguió siendo fluida. A finales de agosto, Stalin aceptó la propuesta de Negrín de retirar lo que quedaba de las Brigadas Internacionales[215]. No afectaría a la capacidad defensiva de la República y podía ayudar a contrarrestar la hostilidad británica. En ese momento también se habían retirado la mayoría de los asesores militares. Pero permanecía el personal de la Comintern. También se habían concedido créditos a la República y no se descartaban posibles futuras remesas de armas obtenidas por los soviéticos. No hubo una ruptura repentina de los vínculos con la República —ni siquiera después de Munich— porque su resistencia todavía tenía valor. Pero, dados el aislamiento diplomático de la República y la gran dificultad para enviarle material de guerra, parece claro que Stalin había dejado de ver la resistencia republicana como un instrumento para lograr una alianza antinazi con las democracias occidentales. Si esta había de realizarse, sería sellada sobre la tumba de la democracia española. La catástrofe de Munich, que se produjo en medio de la batalla del Ebro, tuvo un efecto político devastador en la España republicana. Esto fue especialmente cierto en la zona centro-sur, rodeada por territorio hostil y por el mar. Allí, desde la primavera de 1938, el aislamiento había alimentado un sentimiento de abandono y desolación, incrementado porque las condiciones materiales eran ya espantosas y el hambre se adueñaba de la población. Muy consciente de esta situación, en verano Negrín celebró conversaciones secretas con un emisario alemán, el conde de Welczeck[216]. Pero este no cedió en nada. Negrín no vio otra opción que continuar la resistencia republicana para obligar a Franco a cambiar de idea o, más bien, obligar a otros a hacerle cambiar de opinión. La retirada de las Brigadas Internacionales[217], que empezó en octubre, también se había acordado para aumentar la apuesta diplomática y que Franco fuera más presionado[218].

Fue también entonces, en octubre, en el calvario de la batalla del Ebro, cuando las opciones políticas de la República estaban totalmente bloqueadas y Negrín temía cada vez más que se produjera un colapso interno, cuando siguió adelante el proceso contra los dirigentes del POUM en Barcelona. Para Negrín, el proceso al POUM constituía una muestra de firmeza: un castigo simbólico para frenar a la verdadera quinta columna. Ya habían sido condenados varios miembros de la organización quintacolumnista con la que ya antes se había intentado relacionar al POUM, mediante pruebas ficticias. Muchos análisis plantean que la influencia del PCE fue clave para convencer a Negrín de llevar a cabo el proceso. El partido sin duda estaba pidiendo la sangre del POUM. Pero tan importantes eran las opiniones políticas que Negrín mantenía de forma consecuente y su propia percepción de las necesidades de los frentes. Interpretaba la perspectiva de los combatientes corrientes a través del prisma, y también los prejuicios, de su centralismo y estatalismo vehementes.

Hubo largas discusiones jurídicas entre la fiscalía y la defensa sobre si el caso del POUM debía juzgarlo un tribunal militar o uno civil. Incluso a pesar de esto, la preparación de la acusación parece que concluyó en sus líneas fundamentales en junio de 1938, en el período que precedió a la batalla del Ebro. Así pues, llevó aproximadamente el mismo tiempo que la investigación judicial para procesar al general Asensio y a los miembros del alto mando militar republicano por las responsabilidades en la caída de Málaga en febrero de 1937. Pero el proceso del POUM tuvo lugar en una coyuntura mucho más crítica para la República, tanto política como militarmente. Sin embargo, a pesar de esta presión y del hecho de que el PCE había hecho todo lo posible por intimidar al abogado defensor y volver a la opinión pública contra el POUM, el proceso siguió los procedimientos legales[219]. No fue en ningún sentido una reproducción de los «procesos de Moscú», a pesar del título de las memorias publicadas en 1974 por uno de los dirigentes del POUM procesados, Julián Gorkín[220]. (El tercer y último proceso de Moscú había tenido lugar en marzo de 1938). Además, dado que los cinco jueces del proceso contra el POUM habían sido designados siguiendo los procedimientos administrativos legales (como estaba establecido para los Tribunales de Espionaje y Alta Traición), podemos deducir que el joven constitucionalismo de la República estaba bastante mejor de lo que podía esperarse en el terrible otoño de 1938, como indica, sin querer, el informe sobre el período previo al juicio realizado por Stepanov, el delegado de la Comintern, y a pesar del evidente objetivo exculpatorio del informe[221].

Los dirigentes del POUM fueron declarados inocentes de espionaje, pero algunos de ellos fueron condenados por rebelión contra el Estado republicano[222]. Se ha afirmado que Negrín pidió que el tribunal los condenase a muerte, con el acuerdo de que el Gobierno conmutaría las penas. El presidente del Gobierno parece que consideró esta posibilidad en octubre de 1937[223]. Además, como hemos destacado antes, era coherente con su exigencia de que se aplicase la pena de muerte al general Sanjurjo, que había dirigido la rebelión de agosto de 1932 contra la República. Por supuesto, los dirigentes del POUM habían respaldado y se habían unido a una rebelión ya en curso, más que planearla o dirigirla por sí mismos. Negrín también valoraba muy negativamente lo que se percibía como catalanismo del partido, a pesar de los esfuerzos de Andreu Nin. Sin embargo, en los cálculos de Negrín destacaba sobre todo la grave situación militar de finales de 1938. Pero hay algo problemático en la especulación sobre la petición de Negrín de la pena de muerte: la manera en que se dice que ocurrió. El fiscal del caso, José Gomis, no pidió la pena de muerte para ninguno de los acusados del POUM. En lugar de eso, los rumores afirman que Negrín intentó intervenir en el último momento, justo antes de que se dictara sentencia, para influir en el presidente del tribunal[224]. Lo raro de este hecho no prueba, por supuesto, que nunca pasara. Puede ser que al final Negrín, privado del apoyo de su partido y de gran parte de su Gobierno, hubiera sucumbido al pánico producido por la mentalidad de asedio que estaba gradualmente adueñándose de la zona republicana.

La denuncia o persecución de los considerados «enemigos internos» estaban también estimuladas por las preocupaciones populares por la evolución de la guerra. Al empezar la retirada de las fuerzas republicanas después de la batalla del Ebro, en la segunda mitad de noviembre —y, con ella, un gran éxodo de civiles—, el vacío de poder y el consiguiente caos dieron lugar a muchos incidentes violentos. Las tropas se llevaban alimentos e intimidaban o asesinaban a los civiles que trataban de detenerlos. Los soldados en retirada a menudo eran fusilados por otras unidades militares que los veían como desertores. Los civiles también fueron alcanzados a veces mortalmente en la vorágine. La víctima más destacada fue el agresivamente profranquista obispo de Teruel, Anselmo Polanco, que había estado detenido por los republicanos desde principios de 1938. Fue asesinado en circunstancias poco claras en febrero de 1939, de camino a la frontera francesa[225].

También era la influencia acumulativa de la guerra lo que explica el modus operandi de las fuerzas de seguridad republicanas, incluido el SIM. Por supuesto, la cultura política de los asesores soviéticos en la España republicana también tenía un componente muy fuerte de mentalidad de asedio, consecuencia en parte de su intensa experiencia de la guerra civil rusa y el posterior aislamiento internacional de la Unión Soviética. Pero conectaba, tanto como los moldeaba, con miedos ya existentes y bien fundamentados de los republicanos. Esto era tan cierto en 1938 como lo había sido durante el sitio de Madrid en noviembre y diciembre de 1936[226]. Los informes de la Comintern ofrecen una amplia evidencia de cómo las inmensas presiones de una guerra librada desde una posición de extrema inferioridad intensificaron los temores al «enemigo interno». El lenguaje y las categorías empleados en estos informes enviados por miembros de la Comintern o por personal soviético a sus dirigentes políticos son los monolíticos propios de las purgas. Pero hay que interpretar sus significados a la luz de la crisis militar del Ebro y el agotamiento producido por la guerra en la retaguardia republicana. En otras palabras, los temores de la Comintern al «enemigo interno» en la España desgarrada por la guerra estaban sin duda estimulados por la atmósfera que emanaba de los procesos de Moscú, pero esta no se podía nunca transferir de forma «pura» o inmediata a la España republicana, como si esta última fuera una hoja en blanco sobre la que escribir. Más bien, la vulnerabilidad real y creciente de la República al sabotaje de la quinta columna se mezclaba con los miedos, ambiciones y sectarismos de un PCE masificado y populista, era magnificada a través del «altavoz» de la Comintern y todos ellos se reforzaban mutuamente.

Por último, centrar las críticas específicamente en el SIM —y más aún en un SIM mítico y sovietizado— es no entender que el SIM era el síntoma de un problema más amplio. La dureza de sus actividades de control era una muestra de cómo los imperativos de la guerra habían llevado a la militarización de la retaguardia republicana en un vano intento de aplazar la desintegración fruto de la inferioridad militar y las carencias, simplemente para mantener la unidad y disciplinar el esfuerzo bélico. La acción policial cada vez más dura y el deterioro de las normas jurídicas y constitucionales no eran pruebas de un control comunista, y mucho menos de una influencia soviética, sino pruebas de que la guerra lo estaba consumiendo todo: a las personas, los partidos —incluido el PCE— y la misma estructura de la democracia republicana.

Parecía que los caballeristas y otros miembros de organizaciones socialistas que tenían quejas políticas, al igual que muchos anarquistas y republicanos, consideraban que ya no valía la pena reprimir más su ira y su disconformidad. Había también un sentimiento creciente de que ningún acuerdo de paz podía ser peor que lo que estaban ya soportando. Negrín, desde su posición diferente, conocía mejor la situación. Aunque la lógica de su estrategia de resistencia era inapelable, pronto iba a tropezar duramente con la opinión de miembros influyentes del alto mando militar, en particular la del jefe del Estado Mayor, el general Rojo. Su creencia de que, después de la gran destrucción sufrida por el Ejército Republicano en el Ebro, la capacidad de resistencia de la República iba a ser medida en meses, daría un tremendo impulso a los oponentes políticos de Negrín. Precisamente por esto y por la desintegración interna del PSOE, a finales de 1938 Negrín recurrió cada vez más al PCE para reforzar la resistencia, lo que le enajenó aún más a muchos socialistas. Fue Munich, por tanto, lo que encendió la mecha de la bomba de tiempo preparada ya por el hambre y la desmoralización en la zona centro-sur republicana. Esta explotaría unos meses más tarde en la forma de la sublevación de Casado.

CONCLUSIÓN

Aislada en Europa, la República había dependido siempre de la movilización política y económica a gran escala de su retaguardia para mantener el esfuerzo bélico. Dentro del Frente Popular, era el PCE el que había llegado a apreciar más claramente la importancia estratégica del trabajo de propaganda, y, por tanto, avanzó de forma considerable en lograr una movilización de masas de la retaguardia. Como consecuencia, el Frente Popular reconstituido durante la guerra logró, durante 1937, algunos éxitos en la articulación de la autoridad política y las instituciones clave del Estado, y pudo así mantener la resistencia contra los militares sublevados, Alemania e Italia. Pero, a partir de ese momento, este esfuerzo sería socavado por la falta de tiempo y de recursos humanos y materiales. La República gastaba todos sus recursos simplemente en mantener el frente militar, la retaguardia y su «guerra» en el frente diplomático. No había ni energías ni recursos para extender la reforma social (en materia de asistencia sanitaria, bienestar o educación) más allá de lo que los decretos de octubre de 1936 de Largo Caballero habían previsto. Al final, las formas en que se tuvo que financiar la guerra (dado que el crédito disponible del exterior era muy limitado) impidieron a la República firmar un contrato social con quienes estaban luchando y muriendo por ella. ¿Cómo podía la República, ante el creciente desabastecimiento material y las derrotas militares acumuladas, establecer o mantener de forma creíble una movilización amplia en nombre de un orden social que todavía no existía[227]?

Precisamente porque la España republicana carecía prácticamente de todo en 1938 resulta muy problemático plantearse más cuestiones sobre hasta qué punto sus deficiencias políticas «explican» su colapso. Sin duda, el Frente Popular fue incapaz de desarrollar discursos y estrategias de movilización suficientes y variados. No se llegó a realizar un proyecto republicano más liberal políticamente y más inclusivo materialmente que el de 1931-1933. Pero ¿como hubiera podido aun el sistema político más moderno y sofisticado mantener la moral popular cuando ya no le podía dar a la población ni los medios de subsistencia básicos? En 1938 muchos estaban verdaderamente muriéndose de hambre. Al final, el deterioro político del proyecto del Frente Popular siempre vuelve al impacto a largo plazo del embargo provocado por la no intervención. La «causa común» de cualquier esfuerzo bélico es siempre provisional, condicionada y potencialmente frágil[228]. Ante unas desventajas materiales demasiado grandes, la movilización ideológica, con independencia de lo importante que sea, nunca es suficiente[229].

7. El hundimiento de la retaguardia republicana

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El hundimiento de la retaguardia republicana

Seguir luchando, porque no había más remedio para, si no se podía ganar, salvar lo que se pudiera o, al menos, salvar el decoro.

Resistir, ¿por qué? Pues sencillamente porque sabíamos cuál sería el final de la capitulación.

Bien quisiera él [el ángel] detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero desde el paraíso sopla un huracán … Este huracán le empuja irreteniblemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras que los montones de ruinas crecen ante él hasta el cielo. Ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso[1].

En la reunión de las Cortes republicanas celebrada en Sant Cugat del Vallès a principios de octubre de 1938, Negrín pidió, y recibió, un voto de confianza incondicional de los diputados que se reunieron. Esto significa que se emitió un voto a favor de la estrategia de resistencia defensiva; es decir, resistir hasta que se pudiera lograr una paz que ofreciese garantías a los derrotados. El hecho de que Negrín lo lograra a pesar de las intensas críticas tanto en las filas socialistas como en las republicanas, destaca dos realidades clave: primero, que nadie más estaba preparado para asumir la responsabilidad política de la suerte de la República y, segundo, que esto era así porque ninguno tenía —ni tendría— una estrategia política alternativa para sustituir a la de Negrín[2]. Es precisamente la tácita conciencia de esto lo que explica por qué ninguna de las intrigas republicanas contra Negrín ni siquiera se definió de forma clara[3].

Pero incluso si no había otra alternativa para la República excepto la rendición incondicional, por desgracia esto no significa que Negrín, a pesar de ese voto de confianza, tuviera los medios para desarrollar su propia política. Tras la retirada del Ebro, el presidente del Gobierno pudo negociar más suministros de armas a crédito por parte de la Unión Soviética. A propósito de esto, el aristócrata comunista y jefe de las fuerzas aéreas republicanas, Ignacio Hidalgo de Cisneros, visitó Moscú a principios de diciembre. Su viaje era una forma de subrayar la urgencia de la petición de Negrín, que había sido realizada con anterioridad y de forma independiente a través de los canales diplomáticos normales[4]. Posiblemente, el viaje de Cisneros pretendía también actuar como una especie de «semáforo diplomático» para Gran Bretaña y Francia que indicara que la República tenía la intención de seguir resistiendo. También puede haberse concebido para mantener la confianza cada vez menor del PCE en el compromiso de Negrín con la resistencia. La Unión Soviética envió una cantidad nada insignificante de material de guerra, si bien no cubría la petición de Negrín[5]. Aunque la promesa de suministros soviéticos era vital, igual de importantes eran las necesidades internas de la resistencia defensiva de Negrín. Y, en este aspecto, el apoyo político de su gobierno basado en el PSOE era fundamental, aunque Negrín ya no podía confiar en este.

A mediados de noviembre había empezado la retirada del Ebro. El día 18, las últimas unidades del Ejército del Ebro habían cruzado el río, retirándose a la orilla norte. El conocimiento de la magnitud de este revés militar aumentó aún más las divisiones políticas dentro del PSOE. Por invitación de Azaña, Besteiro fue de Madrid a Barcelona para hablar sobre un gobierno de paz. Pero ambos hombres sabían que carecían del apoyo político necesario, en el PSOE o más allá, para dar este paso. Besteiro también asistió a la reunión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSOE el 15 de noviembre, convocada por su secretario, Lamoneda, en un último esfuerzo por soldar la unidad de los dirigentes frente a la crisis militar en aumento de la República. Pero Besteiro insistió cuidadosamente en que su presencia no significaba que hubiera aceptado «pertenecer» a la ejecutiva del partido. De hecho, aprovechó la oportunidad para hacer una crítica virulenta de la política de guerra de Negrín y de sus consecuencias para el PSOE. Su histérica denuncia de los comunistas repetía la propaganda franquista, tanto en su vehemencia como en su ingenuidad[6]. Sin embargo, prácticamente al mismo tiempo, Besteiro admitió que no había ninguna alternativa a una alianza con el PCE si se quería mantener viva a la República. En resumen, estaba reconociendo el dilema de Negrín como presidente del Gobierno, pero, al igual que Prieto antes, Besteiro rechazó compartir la responsabilidad política, que hubiera sido la conclusión lógica de su razonamiento. Los tres dirigentes socialistas «históricos» (Largo Caballero, Prieto y Besteiro) utilizaron la reunión de noviembre para reiterar su retirada de la vida del partido, que era efectiva desde la reunión del Comité Nacional del PSOE de agosto. De ahí en adelante, los dirigentes «históricos» y algunos de sus seguidores buscarían activamente una manera de poner fin a la guerra. Besteiro, como Largo, parecía suponer que una dictadura de Franco podría ser similar a la de Primo de Rivera en los años veinte y tener un espacio para la colaboración con los socialistas «responsables»[7]. Besteiro y otros —tanto dentro como fuera del movimiento socialista— empezaron a creer, conscientemente o no, que todo lo que se interponía entre ellos y la paz era la voluntad ciega del PCE como «el partido de la guerra». De hecho, da la impresión de que Besteiro empezaba a creer en la propaganda franquista según la cual, entregando al PCE, los republicanos podían «purificarse» y establecer las bases para una reconciliación «entre españoles» (aunque, obviamente, no con españoles que fueran comunistas). De otra forma, es difícil entender el papel que Besteiro jugaría más tarde en la rebelión contra Negrín dirigida por el coronel Casado, jefe del Ejército del Centro, en marzo de 1939.

Por tanto, Munich y la derrota del Ebro habían desestabilizado de forma radical la base de apoyo de Negrín en el PSOE[8]. Precisamente a causa de esto, Negrín se vio obligado a recurrir al PCE para mantener la «voluntad de acero», incluso aunque esto, inevitablemente, alienase más a muchos socialistas. A principios de diciembre, Negrín sugirió en vano la idea de disolver los partidos políticos en una única coalición política (el «Frente Nacional»), que veía como un medio de romper el punto muerto del faccionalismo y liberarse de las acusaciones internacionales de que era un instrumento del PCE. Pero el Buró Político de este no aceptó[9]. De hecho, la mayoría de los dirigentes comunistas no eran más felices ante la perspectiva de una identidad organizativa de partido reducida que sus equivalentes del PSOE. (No hace falta decir que la dirección del PSOE se opuso completamente al Frente Nacional). Los comunistas también recelaban de la acumulación personal por parte de Negrín de poderes ejecutivos cada vez mayores. De hecho, las relaciones se estaban deteriorando entre el presidente del Gobierno y el PCE, principalmente por las sospechas, compartidas por Togliatti, de que la idea de coalición de Negrín también estaba inspirada por su deseo de avanzar en las negociaciones con los elementos políticos más moderados del campo franquista[10].

Sin embargo, no era el programa de Negrín lo que constituía el principal dilema del PCE, sino la sensación de hundimiento que había en el PSOE y el agotamiento de la guerra, es decir, el cansancio físico y psicológico de la población republicana en general producido por las difíciles condiciones de la guerra. Ambos habían desempeñado un importante papel en la contundente respuesta a la destitución de un comisario político socialista, Fernando Piñuela, ordenada el 10 de noviembre por el exministro comunista Jesús Hernández, en ese momento comisario general del Grupo de Ejércitos de la Región Central[11]. Las relaciones entre las bases del PCE y el PSOE eran tan malas que, a todos los efectos, el Frente Popular ya no existía. Por tanto, si se tenía que maximizar la resistencia defensiva, se puede argumentar que hubiera sido mejor para el PCE como partido acabar con la ficción del Frente Popular y asumir una responsabilidad de gobierno más visible. Pero el hecho era que el PCE, en la práctica, no era lo suficientemente poderoso como para hacer esto por iniciativa propia, incluso a falta de una alianza o estrategia republicana coherente. Y aunque el PCE lo hubiera sido, la Unión Soviética no hubiera tenido ningún interés en un «golpe» comunista.

Mantener la resistencia de la República el mayor tiempo posible continuó siendo importante para la Unión Soviética después de Munich, porque era un medio de evitar una agresión fascista en el este, que se hubiera dirigido contra ella. Esta es la razón por la que Stalin aceptó enviar más ayuda a la República a finales de noviembre, a pesar de que la Unión Soviética tenía por entonces preocupaciones internacionales más apremiantes que España y pese a los problemas logísticos de transporte y el peligro de que las armas cayeran en manos del enemigo. Esta ayuda llegaría a la República en la segunda mitad de enero de 1939. Pero era ya demasiado tarde para que algo cambiase[12]. De hecho, los dirigentes soviéticos nunca abandonaron totalmente la idea de prolongar la resistencia republicana hasta que esta fue hundida de forma definitiva por la rebelión de marzo contra Negrín[13]. Sin embargo, Stalin sabía que la resistencia española era limitada en el tiempo. Estaba también considerando la posibilidad de lograr una alianza con Gran Bretaña y Francia y en contra de Alemania, incluso después de la derrota de la República. Pero, para que esta estrategia fuera factible, en el ínterin no podía haber ningún alejamiento respecto de la política del Frente Popular en la España republicana. De ahí el vehemente rechazo por parte de la Comintern de la propuesta de Frente Nacional de Negrín, que estaba en consonancia con las reservas del mismo Togliatti y de los miembros del Buró Político del PCE[14]. Precisamente porque esta era la lógica de la Comintern, tiene escaso sentido interpretar el proceso al POUM de octubre de 1938 como algo impuesto a la República por la presión soviética.

Así pues, el PCE continuó tratando de fomentar la resistencia, utilizando el lema del Frente Popular. Pero se trataba de una estrategia muy peligrosa para el partido. Significaba que en sí mismo el PCE sería inevitablemente el blanco de todos los odios políticos, las frustraciones y el cansancio general de la guerra, que estaban aumentando en la zona republicana, sin tener ningún medio para protegerse contra estas animadversiones. Irónicamente, este escenario fue previsto de forma indirecta por la ejecutiva del PSOE durante el conflicto por la destitución de Piñuela. De hecho, el temor a lo que el «anticomunismo» popular y populista —es decir, una mezcla de cansancio de la guerra, la peculiar ansiedad, provocada por el aislamiento, que permeaba la zona centro-sur, la desilusión política de orígenes diversos y el franquismo encubierto— podría hacer al PSOE si se le daba rienda suelta es lo que explica por qué la ejecutiva del partido cedió en su confrontación con Negrín sobre la readmisión de Piñuela[15]. Sin embargo, en el PCE no tardarían mucho en hacerse sentir las consecuencias de su vulnerabilidad cada vez mayor.

Mientras tanto, fueran cuales fuesen las recomendaciones de la estrategia de resistencia defensiva de Negrín, mantenerla requería no solo ayuda material de la Unión Soviética y el apoyo interno del PCE ante la inexistencia de un gobierno del Frente Popular en funcionamiento, sino también un ejército en condiciones de combatir y unas potencias internacionales preparadas para lograr una mediación. Pero esto último siempre estaría fuera de alcance, a pesar de la enorme voluntad política e inteligencia de Negrín. Y después de las pérdidas sufridas en la batalla del Ebro, estaba lejos de poder asegurarse que las fuerzas republicanas de Cataluña[16] fueran capaces, tanto en términos de material como de moral, de resistir la ofensiva que iniciaba el enemigo. Una vez que empezó la retirada del Ebro, y a la luz del aplastante conocimiento de lo sucedido en Munich, el sentimiento que se extendió fue el de que la guerra estaba terminando. El general Rojo buscó llevar a cabo una serie de acciones de diversión en otros frentes republicanos en la zona centro-sur para adelantarse a la ofensiva de Franco y reducir la presión sobre Cataluña. Pero estas acciones fueron, por diversas razones, retrasadas por Miaja y Matallana, los generales responsables del Grupo de Ejércitos de la Región Central. No cabe duda de que la derrota del Ebro había minado la credibilidad de Negrín a ojos de muchos militares profesionales republicanos, que empezaron a replantearse la validez y viabilidad de la prolongación de la resistencia[17]. Al final, las acciones de diversión se produjeron demasiado tarde y fueron demasiado pequeñas para servir a su propósito[18]. Como consecuencia, la ofensiva de Franco en Cataluña, que se había iniciado el 23 de diciembre, se aceleró rápidamente a partir del 3 de enero de 1939, al quedarse las fuerzas republicanas rápidamente sin reservas, tanto materiales como humanas. El 15 de enero Tarragona cayó en poder de los rebeldes, abriendo así un camino directo hacia Barcelona. El progreso de Franco se vio facilitado por el hecho de que los servicios de información militar de Madrid estaban plagados de espías. Las fuerzas franquistas habían tenido conocimiento de las estrategias de diversión al mismo tiempo que los mandos militares republicanos encargados de aplicarlas y, en algunos casos, probablemente antes que estos.

Las fuerzas republicanas continuaron luchando en Cataluña, pero casi todo el tiempo lo hacían para retrasar el avance de Franco al irse ellas mismas retirando. Además, el contexto internacional poco prometedor y el caos y el pánico existentes aceleraban aún más el hundimiento de la moral de la población civil en Cataluña. Desde abril de 1938 la Cataluña urbana había estado aislada de Valencia y de la posibilidad de abastecerse de alimentos que esto suponía. En el último trimestre de 1938 estaba haciendo frente a lo que las organizaciones no gubernamentales actuales definirían como una grave crisis humanitaria. La inanición, la falta de alojamiento y la amenaza de epidemias alimentaban la marea ascendente de agotamiento y desesperación provocados por la guerra.

En la noche del 21 de enero, Rojo le dijo a Negrín que el frente republicano se había roto en lugares cruciales del camino a Barcelona. La caída de esta era inminente. Al profundizarse la crisis militar de Cataluña, el presidente del Gobierno ordenó la evacuación del aparato del Estado, que empezó su lento viaje por etapas hacia la frontera francesa en medio de una gran marea de soldados y civiles. Finalmente, el 23 de enero, Negrín declaró el estado de guerra en todo el territorio de la España republicana. La evacuación de Barcelona marca el momento en el cual, a todos los efectos, el Gobierno central y la maquinaria del Estado republicano dejaron de existir como aparatos de poder operativos, incluso aunque siguieron existiendo como instituciones legales. Las fuerzas republicanas cubrieron su marcha, pero ya no había frente y nada detuvo el avance de las tropas enemigas (navarras, italianas y marroquíes), que entraron en Barcelona sin encontrar resistencia el 26 de enero de 1939.

La forma en que Barcelona cayó ha generado una serie de mitos acusadores y otras «explicaciones» sospechosamente totalizadoras en las que el supuesto culpable va desde el nacionalismo catalán hasta los expolios del Gobierno central republicano, pasando por la contrarrevolución estalinista. Sin duda, el compromiso de los nacionalistas catalanes con la guerra había sido minado por el centralismo autoritario de Negrín. Esto también había producido tensiones internas en la dirección del PSUC entre los comunistas y los catalanistas que lo habían debilitado. También la lucha diaria por la supervivencia que debilitó la voluntad de resistencia en 1938-1939 pudo haber sido interiorizada por los sectores obreros relacionados con la CNT como consecuencia del fracaso revolucionario anterior. Pero es difícil extrapolarlo a toda la «Barcelona de los parias» o incluso a la clase obrera como un todo, y ni siquiera es posible saber si los sectores relacionados con la CNT continuaron explicando las cosas principalmente en estos términos durante toda la Guerra Civil. Sin embargo, lo que sí sabemos es que Barcelona era en 1938 una ciudad repleta de refugiados y arrasada por las bombas, carente de alimentos y, después, con la «bomba» de Munich, de esperanzas. A finales de 1938 la industria catalana estaba totalmente militarizada pero no se podía mantener la producción, entre otros factores importantes, por los cortes en el suministro de electricidad que se produjeron como consecuencia de la conquista de importantes recursos hidroeléctricos por parte de Franco en la primavera de 1938. Entre las tropas, al igual que entre los civiles prorrepublicanos, pesaba como una losa el conocimiento de que el horizonte internacional estaba completamente bloqueado. En resumen, la respuesta a por qué la resistencia de Madrid en noviembre de 1936 no se repitió en Barcelona en enero de 1939 está en los años de guerra que habían transcurrido y lo que habían costado tanto en términos materiales como psicológicos[19]. Entre «Madrid 1936» y «Barcelona 1939» había un abismo de experiencia y conocimiento. La República lo había hecho y dado todo, pero todo nunca iba a ser suficiente. De ahí el sentimiento creciente: «Que se termine como sea pero que se termine pronto»[20].

La inevitabilidad del final también estaría siempre en la mente de Negrín en esos días de febrero. En la medianoche del 1 al 2 de febrero convocó a lo que quedaba de las Cortes republicanas en el viejo castillo de Figueres para reunirse por última vez en suelo español. Sus tres condiciones para acabar con la resistencia republicana (la garantía de la integridad territorial de España, un plebiscito nacional para decidir sobre el futuro político del país y la garantía de que no habría represalias contra la población republicana, incluido el derecho a evacuar a todos aquellos que se consideraran en serio riesgo) habían quedado reducidas, de hecho, a la última. Pero la tercera condición no era negociable, como Negrín había ya comunicado a Francia y Gran Bretaña, y como reiteraría muchas veces en los días siguientes. Los diplomáticos estaban callados, pero la vengativa respuesta de Franco a Negrín pronto sonaría alta y clara en los duros términos de la Ley de Responsabilidades Políticas dada a conocer el 9 de febrero de 1939[21]. Francia y Gran Bretaña —especialmente esta última— continuaron todavía presionando a Negrín para que capitulase. Este estaba atrapado en una situación insoportable. Por una parte, hacía frente a un enemigo militar y político implacable que no negociaría cuando podía recurrir con éxito a la fuerza y que, en todo caso, veía la depuración y el castigo de la España republicana como parte integral de su nuevo proyecto político. Por otra parte, las clases dirigentes francesa y británica no tenían la menor esperanza de influir en Franco y, probablemente, tampoco interés en hacerlo.

Cuando Negrín acompañó a Azaña y al vicepresidente republicano, Diego Martínez Barrio, hasta la frontera con Francia el 5 de febrero, el presidente del Gobierno ya sabía por Rojo que lo que quedaba de Cataluña estaba cayendo. Franco había tomado Girona el día 4 y Menorca estaba a punto de rendirse con el patrocinio británico. Tras firmar las últimas órdenes de retirada el 8 de febrero, Negrín, acompañado por Rojo, por los ministros Julio Álvarez del Vayo y Vicente Uribe y por el responsable en funciones de Hacienda, Méndez Aspe, vio a las primeras unidades republicanas marchar hacia Francia. La mayoría de las que quedaban habrían cruzado la frontera el 11 de febrero[22]. El final de la resistencia republicana en Cataluña aumentaría mucho los temores de la Unión Soviética a que la ayuda militar enviada a la República pudiese caer en manos del enemigo antes de alcanzar la zona centro-sur[23]. El general Rojo, que el 29 de enero había confiado a Azaña y Negrín que solo era posible una resistencia defensiva mínima y de corta duración, también demostró su renuncia efectiva al permanecer en Francia[24]. Pero Negrín, Álvarez del Vayo y Santiago Garcés, el responsable del SIM, regresaron de forma inmediata a España el 8 de febrero, volando de Toulouse a Alicante.

La declaración por parte de Negrín del estado de guerra en enero, de hecho, había dado el poder a los militares en la región central y, específicamente, a Miaja y a Matallana como jefe del Grupo de Ejércitos de la Región Central y jefe del Estado Mayor, respectivamente. Negrín no tenía otra opción porque quería mantener a flote la zona centro-sur. Pero al reducir la autoridad de los gobernadores y otros representantes civiles del Gobierno central en lo que quedaba del territorio republicano, estaba sentando las bases para la posterior acción dirigida por los militares y, al final, para la rebelión contra él mismo.

¿Por qué Negrín regresó de Francia? Pocos de sus colaboradores militares y políticos, si es que alguno, lo esperaban[25]. El mismo Negrín respondería más tarde a esta cuestión: «Si yo no hubiera hecho eso entonces, hoy me moriría de vergüenza; probablemente no hubiera podido sobrevivir al asco de mí mismo. ¿Iba el Gobierno a dejar a los que luchaban en el Centro abandonados, sin una dirección ni amparo? ¿Iba a ser el Gobierno de la resistencia quien huyera y les entregara?»[26]. El 10 de febrero, Negrín se reunió con Miaja y Matallana en el peñón de Ifach, cerca de Alicante. En los dos días siguientes, celebró reuniones del Gobierno cerca de Valencia y después en Madrid (todos los ministros le habían seguido en su vuelta a España salvo los republicanos, incluidos Giral y Méndez Aspe[27]). Es prácticamente inconcebible que en esta etapa Negrín todavía esperase en vano una explosión diplomática, o de otro tipo, en el contexto europeo que salvase a la República[28]. Negrín se centró por completo en una cuestión: cómo hacer que Franco garantizase públicamente que no tomaría represalias contra la población derrotada. Prolongar la resistencia significaba mantener la presión para lograr este fin. Todo esto estaba en consonancia con los comentarios que Negrín había hecho en 1938: «¿Pactar? Pero… ¿y el pobre soldado de Medellín?»[29], que era una forma de preguntarse qué les pasaría a los soldados rasos de los rincones más lejanos de la República que no pudieran salir. Una vez que Cataluña cayó, prolongar la resistencia de la zona centro-sur se relacionó sobre todo con ganar tiempo y espacio para organizar una retirada por etapas manteniendo el control republicano de las instalaciones aéreas, y sobre todo de los puertos clave del Mediterráneo, el tiempo suficiente para permitir la evacuación de las personas que corrían mayor riesgo de sufrir represalias. Esta estrategia también permitiría ganar tiempo para entrenar y establecer unidades guerrilleras, cuya lógica era también clara para el presidente del Gobierno, que creía que, en la inevitable conflagración europea que se iniciaría, la República todavía lo tenía todo por ganar.

Era precisamente esta visión estratégica —en la que el PCE necesariamente desempeñaría un papel crucial— la que reforzaba el rechazo ético de Negrín a la forma de «política» intraorganizativa que subía como la espuma en lo que parecía una zona centro-sur paralizada. Era un anticomunismo de orígenes diversos y contradictorios que defendía «sacrificar» al PCE en el altar de una supuesta reconciliación con Franco. Esta idea ya había cristalizado en el otoño de 1938, cuando Besteiro la planteó en la ejecutiva del PSOE. Pero suponía un peligro mucho mayor en el vacío de poder existente en la zona centro-sur en febrero de 1939, porque no había ya nada que contuviera ni las rivalidades organizativas entre socialistas y comunistas ni el deseo de algunos dirigentes de la CNT de vengar su marginación política después de 1937. Estos sentimientos animaron a David Antona en Ciudad Real, mientras que en Madrid Eduardo Val ofreció a Casado un respaldo sin condiciones. El apoyo de la CNT a Casado se remontaba a las rivalidades organizativas con el PCE en la Junta de Defensa de Madrid en 1936 y 1937. Mas en general, estas tendencias partidistas de 1939, como en el otoño de 1936, eran un síntoma del hundimiento de todos los centros de poder político. Pero estas tendencias eran propiciadas en 1939 por el contexto internacional marcado por la virtual desintegración del Frente Popular francés y la exclusión del PCF de este. Muchos tampoco veían razón alguna para no ajustar las cuentas con sus oponentes políticos cuando estaban en el umbral de la derrota. En todos los lugares de la zona centro-sur, el oportunismo característico de la vieja y arraigada política clientelista exacerbaba las tensiones y presentaba un espejo que reflejaba la imagen de la derrota.

El extendido sentimiento de que la guerra estaba casi acabada estimuló estos sentimientos en la zona centro-sur. Es cierto que la moral era menos uniformemente baja de lo que lo había sido en Cataluña después del Pacto de Munich y la retirada del Ebro. Las tropas de la zona centro-sur no habían experimentado la derrota aplastante en carne propia. Y todavía podían producirse algunas municiones y armas ligeras en Valencia, Albacete, Alicante y Murcia. Pero no había ningún militar de carrera, ni siquiera entre los que pertenecían al PCE, que todavía creyera que era posible mantener la resistencia militar[30]. La derrota del Ebro, incluso vista desde la distancia, había socavado la credibilidad de Negrín. También entre la población civil las privaciones materiales habían pesado cada vez más desde abril de 1938, cuando la zona había quedado aislada de Cataluña y, por tanto, de la frontera francesa. Y en este contexto de extremo aislamiento político, el destructor más efectivo de la moral civil eran los ataques aéreos: la población de las ciudades portuarias de la costa levantina estaban sufriendo lo que Barcelona había sufrido con anterioridad en 1938[31]. En este contexto, los falangistas y otros quintacolumnistas estaban creciendo en confianza y audacia política. Algunos habían establecido vínculos entre la inteligencia militar de Franco y figuras políticas y militares clave del bando republicano, especialmente con Julián Besteiro[32].

Negrín buscó frenar la creciente hostilidad hacia el PCE con un discurso resuelto y contundente pronunciado en Madrid el 12 de febrero, en el que explicó con detalle la verdadera situación de la República: fundamentalmente, su planteamiento se resumía así: «O todos nos salvamos o todos nos hundimos en la exterminación y el oprobio»[33]. Pero el poder de convicción era todo lo que le quedaba a Negrín como arma para desarmar a sus oponentes. Al carecer prácticamente de apoyo administrativo o gubernamental, en febrero de 1939 Negrín era ya un presidente del Gobierno sin medios para ejercer su poder.

Esta parálisis del Gobierno no suponía por si misma un problema para la supervivencia cotidiana. Como hemos visto, la declaración del estado de guerra había transferido formalmente el poder a las autoridades militares. El peligro real estaba en el hecho de que, hacia mediados de febrero, no había consenso sobre la política de resistencia entre los jefes militares en funciones de la República. El 16 de febrero, Negrín se encontró con ellos en el aeródromo de Los Llanos, cerca de Albacete. En la reunión estaban Miaja y Matallana, junto con los jefes interinos de la fuerza aérea (Camacho) y de la marina (Buiza), el responsable de la base naval de Cartagena (Bernal) y los jefes de los ejércitos del Centro, Levante, Extremadura y Andalucía (Casado, Menéndez, Escobar y Moriones, respectivamente). En ese momento, solo Casado y Matallana declararon abiertamente que continuar la resistencia era imposible. Pero muchos eran pesimistas. Solo Casado era, hasta ese momento, un disidente político activo[34]. El 5 de febrero había establecido contacto directo con la quinta columna madrileña. El 14, se había encontrado con representantes de Izquierda Republicana para pedirles que fueran a París a convencer a Azaña de que volviese y destituyese a Negrín. Pero tanto Miaja como Matallana y Menéndez conocían las actividades de Casado, y Moriones sospechaba de ellas. Lo que hizo la situación particularmente precaria fue el hecho de que ninguno de estos oficiales llegó siquiera a entender el porqué de intentar continuar la resistencia militar. De hecho, las amenazas del almirante Buiza de retirar la flota si no se acordaba un fin de la guerra para el 4 de marzo debieron de hacer sonar todas las alarmas de Negrín, dado que el Gobierno tenía información del SIM sobre la actividad de la quinta columna y el enrarecido ambiente político y la baja moral de la base naval de Cartagena[35]. Después de todo, una parte crucial de la misma razón de ser de Negrín era una evacuación ordenada de todos los grupos que podían sufrir más represalias, lo que requería contar con la capacidad defensiva de una flota[36].

Negrín optó por realizar un último esfuerzo para convencer al personal militar reunido de la absoluta necesidad de resistir hasta que Franco aceptara no tomar represalias contra los derrotados. Visto de forma retrospectiva, uno se siente tentado a argumentar que Negrín debería haber asumido la iniciativa después de la reunión de Los Llanos y promover el PCE a todos los puestos clave del ejército y la defensa. El núcleo del partido, los comandantes que eran comunistas por ideología —hombres como Juan Modesto y Enrique Líster— y la generación de mandos del PCE que se había formado en la escuela de milicias estaban todavía comprometidos con la política de resistencia, principalmente para organizar una fuerza guerrillera y preparar el aparato del partido para la clandestinidad. Pero Negrín no hizo esto, ni después de Los Llanos ni nunca, incluso aunque era consciente de la deslealtad de Casado y de la actividad cada vez mayor de la quinta columna en Madrid. Negrín se cruzó de brazos porque, incluso dejando aparte todas las otras objeciones políticas, sabía que llamar al PCE hubiera sido totalmente contraproducente: al recurrir a la única acción militar que le hubiera dado algún tiempo, habría provocado el mismo hundimiento político que estaba intentando evitar. Dado el aumento de los sentimientos contrarios a la continuación de la guerra, que se manifestaban ya como anticomunismo, Negrín hubiera abierto las compuertas y hubiera arrasado con lo mismo que estaba tratando, desesperadamente, de proteger: los medios para prolongar la resistencia y poder asegurar espacio y tiempo para una retirada y una evacuación ordenadas.

La aparente parálisis política de Negrín en la crucial segunda mitad de febrero era, de hecho, consecuencia de las circunstancias más generales. Se vio obligado a esperar que la lealtad de los militares profesionales como Casado pesara más que su escepticismo en cuanto a la descripción de Negrín de lo que estaba en juego en una paz «sin garantías». Negrín también tuvo que hacer frente, a la vez, a críticas crecientes de Azaña desde París. La queja del presidente de la República de que Negrín no estaba haciendo lo suficiente para lograr una intervención humanitaria de Gran Bretaña y Francia parece especialmente desafortunada. Gran Bretaña estaba exigiendo una declaración clara de rendición del gobierno republicano antes de que se hubiera dignado a plantearle a Franco los temas de las garantías y la evacuación. Pero Negrín entendió lo que al parecer nadie más comprendió: que una vez que la República hubiera acabado con la resistencia, hubiera también acabado con cualquier posibilidad de arrebatarle garantías a Franco.

Desde su base en la embajada republicana de París, Azaña intentó interceder ante los británicos a través del embajador republicano en Londres, Pablo de Azcárate[37]. Pero los británicos aprovecharon la comprensible discreción de Negrín para afirmar que no tenían ningún interlocutor oficial con quien discutir estas cuestiones y se lavaron las manos sobre el tema. Gran Bretaña era cada vez más reticente a complicar sus relaciones con Franco, influenciada, sin duda, por el tono inflexible de la recién aprobada Ley de Responsabilidades Políticas. Azaña se quedó aún más desanimado y no ocultó su deseo de dimitir de la Presidencia de la República. Pero aplazó esta decisión con la vana esperanza de que Negrín lograse un avance diplomático de última hora.

Sin embargo, Azaña rechazó realizar la única acción que Negrín sabía que era esencial para conseguir este avance de última hora: es decir, como presidente de la República, Azaña debía volver a la zona centro-sur. Cada día que Azaña permanecía fuera fortalecía mucho los argumentos franceses y británicos para reconocer oficialmente a Franco. Pero a pesar de los frenéticos esfuerzos tanto de Álvarez del Vayo como de un cada vez más exasperado Pascua, embajador en París desde junio de 1938, Azaña rechazaría moverse de la capital francesa hasta el día 26, cuando se marchó, pero no para dirigirse a España sino al sur de Francia y anunciar, al día siguiente, su dimisión como presidente de la República[38].

Durante las últimas semanas de febrero Negrín permaneció sumido en una profunda soledad consecuencia del tremendo peso de la responsabilidad, que estaba soportando ya prácticamente solo[39]. Su insistencia en mantener una resistencia estratégica había provocado desde diciembre de 1938 tales tensiones en su relación con los grupos republicanos y con muchos militantes del PSOE que estos, de hecho, le habían retirado el apoyo político práctico y activo. Pero tampoco el PCE podía cubrir este déficit, porque, a pesar del discurso de Negrín del 12 de febrero, su relación con el Partido Comunista era también cada vez más problemática.

Para el presidente del Gobierno, el PCE, como el PSOE antes que este, era un instrumento que se debía utilizar al máximo sin pensar en qué podía significar esto para la viabilidad del partido. Pero la caída de Cataluña, que había centrado los esfuerzos de Negrín por lograr condiciones de paz, también había hundido la imagen, cuidadosamente promovida, de «fortaleza» de los comunistas españoles, mostrando su verdadera debilidad. Para empeorar las cosas, mientras Togliatti estaba todavía en Francia —después de la caída de Cataluña—, algunos dirigentes del partido continuaron haciendo públicas declaraciones sobre la resistencia de hierro «hasta el final». Esto reflejaba una corriente de opinión, identificada con el delegado de la Comintern Stepanov pero presente también en el Buró Político del PCE y en el partido en general, que consideraba que la declaración del estado de guerra por parte de Negrín ofrecía una oportunidad para optar por el vanguardismo comunista y la «resistencia numantina». Los dirigentes del partido de Madrid pronunciaron discursos exaltados en su conferencia provincial, celebrada entre el 9 y el 11 de febrero[40]. En estos se puede entrever el debate ideológico sin resolver del período anterior: el frente único obrero frente a la alianza interclasista del Frente Popular[41], porque los partidarios de «Numancia» tendían a ser aquellos, como Pasionaria, que en 1938 habían expresado su intranquilidad ante lo que veían como la neutralización del comunismo por las necesidades del Frente Popular en tiempos de guerra.

Pero también es muy posible que esta exaltación tuviera también un propósito estratégico. Siguiendo el modelo del radicalismo verbal de la izquierda socialista de 1934-1936, concebido para contener a la derecha política y militar, los exaltados del PCE de febrero de 1939 tal vez trataron de hacer desistir a los futuros conspiradores, cuya actividad era ya en ese momento un secreto a voces en Madrid. Pero lo mismo que le pasaba a la izquierda socialista le ocurría al PCE: su estrategia era miope y peligrosa porque provocaba a un enemigo al que no tenía medios eficaces de contrarrestar, porque, incluso aunque hubiera estado dispuesto a hacerlo, el PCE simplemente no era capaz de «tomar el poder» en lo que quedaba de la España republicana después de la caída de Cataluña. Lejos de responder a una naciente dictadura comunista, la toma del poder por parte de los militares de la zona centro-sur expuso la fragilidad del PCE, tanto en el frente militar como en la retaguardia.

El PCE había convertido a Cataluña en el centro de sus esfuerzos y el Ejército del Ebro había llegado a simbolizar su estrategia de resistencia. Pero este ejército había sido derrotado y Cataluña había caído. Al mismo tiempo, una gran cantidad de los afiliados al PCE durante la guerra, tanto en el ámbito civil como en el militar, estaban en las filas del partido por una variedad de razones más bien oportunistas, ya fueran la defensa económica, la protección política o el ascenso profesional. En las mejores circunstancias, se puede decir que la base en crecimiento del PCE había reflejado durante un tiempo el sentimiento general de que el partido representaba la mayor esperanza de que la República ganase la guerra. Precisamente porque esta era la naturaleza de una gran parte del «comunismo» en España durante la guerra y porque había llegado a ser evidente que el PCE no podía asegurar la victoria militar, la reputación del partido estaba ya herida de muerte en lo que quedaba del territorio republicano. A fin de cuentas, la retórica numantina de algunos dirigentes comunistas en Madrid tiene que leerse como una confesión de debilidad. Esto también aumentó aún más el aislamiento del PCE, al convertirse el partido en el blanco del sentimiento contrario a la guerra de sectores de la clase política y de la cansada población en general.

Además, Negrín veía los pronunciamientos del PCE a favor de una resistencia intransigente como una declaración de política autónoma del partido y una forma de insubordinación a su autoridad. El 16 de febrero, un enfadado presidente del Gobierno le dijo al ministro del PCE Vicente Uribe que debía «fusilar a todos los comunistas»[42]. Afortunadamente, el regreso de Togliatti desde Francia a la zona centro-sur ese mismo día permitió reforzar una opinión menos exaltada en el Buró Político del PCE y lograr recomponer las relaciones con el presidente del Gobierno. Bajo la influencia de Togliatti, los dirigentes del PCE introdujeron un matiz crucial en su manifiesto del 26 de febrero. Por primera vez el PCE se refirió públicamente a la idea de «poner fin a la guerra». Se planteaba la resistencia como un medio de asegurar los tres puntos para lograr la paz defendidos por Negrín en la reunión de las Cortes en Figueres, y principalmente la garantía de que no habría represalias. Togliatti había hecho volver al PCE a una postura de apoyo total a Negrín[43].

Pero esto apenas mejoraba la situación a la que se enfrentaban Togliatti y los dirigentes del PCE: ¿cómo responder a la conspiración evidente frente a la parálisis de Negrín y a la debilidad subyacente de la posición del partido? A finales de febrero, incluso los militares que eran ideológicamente comunistas se habían dado cuenta de que una resistencia militar seria ya no era factible dadas las condiciones psicológicas que imperaban. Togliatti pidió varias veces consejo a Moscú. En su telegrama del 27 de febrero identificaba a Casado como el peligro, pero nunca llegó una respuesta o, al menos, no se recibió nunca[44]. Aunque aplazar la entrada de Franco en Madrid, y, por tanto, el final de la contienda, todavía coincidía con los intereses de la Comintern, el Buró Político del PCE se quedó totalmente solo cuando los acontecimientos se aceleraron. Además, las inmensas presiones sobre los dirigentes, las dificultades de comunicación cada vez mayores dentro de la zona y los temores crecientes entre los militantes de base a ser sacrificados como ofrenda a Franco hacían que las mismas estructuras del partido se estuvieran desintegrando.

El PCE de Madrid tenía que depender, en gran medida, de sus propios recursos. La creciente hostilidad hacia el partido en la capital había despertado una profunda sensación de que era necesario aplicar medidas de autodefensa para proteger los recursos del partido y, de hecho, las vidas de sus militantes. Estas medidas fueron cruciales también para asegurar que estos últimos se pudieran preparar para la clandestinidad. También hubo una conciencia cada vez mayor de que el gran tamaño del partido, resultado de los nuevos afiliados que se habían unido al PCE después de julio de 1936, suponía una amenaza para su propia supervivencia, porque no se podía confiar en muchos de estos nuevos comunistas para la tarea clave de planificar medidas defensivas frente a la amenaza de una rebelión contra Negrín. Sin duda, esta es una de las razones por las que ni el Comité Central ni el Comité Provincial de Madrid del PCE estaban informados, en su conjunto, de los planes de autodefensa del partido. Por el contrario, estos fueron ideados por hombres de confianza, como Isidoro Diéguez y Domingo Girón, miembros de la dirección del partido en Madrid, que estaban en contacto con mandos militares y comisarios políticos comunistas seleccionados entre las fuerzas de Madrid[45].

Esta cautela también subraya otra faceta clave del dilema del PCE en torno a los «nuevos» comunistas. En esta etapa había ya un sentimiento de que el partido no se podía permitir confiar en los muchos militares de carrera que se habían unido al PCE al comienzo de la guerra, en circunstancias muy diferentes. Este problema tenía su origen remoto en la conclusión a la que habían llegado muchos de estos oficiales después de la división del territorio republicano en abril de 1938. En febrero de 1939 el PCE ya no confiaba en que los militares profesionales siguieran sus instrucciones solo porque tuvieran el carnet del partido[46]. De nuevo, la supuesta fuerza del PCE —o, más bien, el carácter híbrido que había sido su fortaleza en otras circunstancias— realmente era en ese momento una debilidad. No tiene sentido, por tanto, medir la fuerza del PCE por el número de miembros del mando militar de Madrid que tenían el carnet del partido. Las vacilaciones y evasivas de muchos comandantes «comunistas» en la fase inicial de la ya inminente rebelión de Casado refuerzan este punto clave. En Madrid y en otras ciudades cruciales de la zona centro-sur, muchos oficiales afiliados al Partido Comunista que estaban en puestos de mando elegirían no oponerse a Casado, y algunos se unieron a él[47]. El PCE tampoco estaba en ningún nivel, desde el Buró Político hasta los dirigentes provinciales, en posesión de información adecuada sobre los mecanismos del golpe de Casado. Esto mismo plantea la cuestión de la naturaleza de la influencia «comunista» en el SIM: si el PCE hubiera sido la mitad de poderoso en las fuerzas armadas de lo que se ha sugerido a menudo en numerosas memorias, Casado y sus compañeros de conspiración no hubieran podido ni siquiera iniciarla. El hecho de que la historia se desarrollara de forma muy diferente debería habernos alertado hace mucho tiempo de la necesidad de reexaminar lo que creemos saber sobre el «control» del Ejército Republicano por parte del PCE[48]. Y más aún dado que, en la narrativa tradicional sobre la rebelión de Casado, las referencias a la «hegemonía» del PCE van siempre acompañadas, de forma un tanto problemática, por descripciones de su «parálisis».

LA SUBLEVACIÓN DE CASADO

Sin embargo, fue la necesidad de adelantarse a Negrín lo que finalmente desencadenó la acción largamente planeada de Casado. Pero a lo que Casado estaba adelantándose cuando anunció la formación de un Consejo Nacional de Defensa en la tarde del 5 de marzo no era, como se ha planteado tradicionalmente, a una promoción a gran escala de mandos comunistas. Esta solo existió como una justificación post hoc inventada por el mismo Casado. Lo que Casado quería evitar con su actuación era el intento de Negrín de destituirlo, al igual que a otros oficiales «derrotistas», del mando operativo, ascendiéndolos a puestos donde no fueran peligrosos en el Estado Mayor[49]. Esta destitución era la consecuencia lógica de su afirmación, en la reunión de Los Llanos, de que ya no era posible la resistencia. El hecho de que solo el nuevo cargo de Matallana se publicase en el boletín oficial del Ministerio de Defensa el 3 de marzo[50], puede haber sido un intento de contener a Casado. Negrín insistió varias veces el 4 de marzo en que Casado y Matallana debían viajar a verle a su centro de operaciones en el pueblo de Elda, a las afueras de Alicante[51]. Casado no aceptó, pero una vez que rechazó ir, no tenía otra opción que actuar. Casi con toda seguridad, lo hizo con la ilusoria creencia de que estaba aumentando las posibilidades de la República de lograr una paz negociada con Franco. La quinta columna había propagado de forma diligente el rumor de que Franco estaba preparado para tratar con oficiales profesionales del ejército republicano. Casado y otros como él incluso pudieron, en parte, haber visto esta oferta, sin ninguna lógica, como un reconocimiento de su estatus, que consideraban que había sido amenazado por el auge de un nuevo tipo de oficiales de origen miliciano durante la guerra[52]. Es sugerente que en Madrid el comandante más resueltamente contrario a la acción de Casado fuera Guillermo Ascanio (un mayor de Milicias), mientras que Antonio Ortega y Luis Barceló, que eran también comunistas pero militares de carrera, demostraron actitudes mucho más ambiguas. Sin embargo, que yo sepa, no ha habido ninguna investigación sistemática de esta «guerra de clases» en el ejército republicano entre oficiales profesionales procedentes del período anterior a la guerra y los que habían ascendido a puestos de mando a través de las escuelas de milicias durante la guerra. Sería interesante conocer la importancia de este factor en el aumento de las hostilidades entre la CNT y el PCE[53]. En cualquier caso, en la sobrecargada atmósfera de los últimos meses de la guerra, a Casado lo convencieron de que sus credenciales como militar de carrera y su preparación para sacrificar al PCE como el mítico «culpable de los males de la República» serían suficientes para apaciguar al enemigo y garantizar alguna forma de reconciliación nacional.

Pero, antes de esto, Casado también quería asegurar una retirada militar ordenada y la evacuación de los sectores del personal republicano más comprometidos políticamente. Sin embargo, sus intenciones se verían frustradas por los sucesos de la base naval de Cartagena. En la tarde del 4 de marzo, cuando Casado estaba en las etapas finales de la preparación del Consejo Nacional de Defensa, estalló una doble y confusa rebelión de partidarios de Casado y de Franco en la ciudad portuaria del sudeste[54]. El gobierno había recibido informes del SIM sobre la posibilidad de que hubiera problemas en Cartagena. Pero a pesar de que, al final, las fuerzas republicanas lograron recuperar el control, en el pánico inicial de lo que era una situación muy incierta el almirante Buiza ordenó a la flota que zarpase. Tanto si fue porque creyó que las fuerzas partidarias de Franco estaban logrando el control del puerto o porque estaba buscando una salida a lo que consideraba una situación imposible, con independencia de quién acabara controlando Cartagena, Buiza ordenó a la flota hacerse a la mar rumbo a Argel. Allí, los franceses la recluirían en la bahía tunecina de Bizerta y, más tarde, se la entregarían a Franco. (Francia, al igual que Gran Bretaña, había reconocido al Gobierno franquista el 27 de febrero). La República no tenía ninguna esperanza de llevar a cabo una evacuación real o eficaz si no contaba con la flota.

Mientras tanto, en Madrid Casado estaba reuniendo a los miembros civiles de su Consejo de Defensa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la fuerza real de la posición de Casado derivaba de la declaración formal por parte de Negrín del estado de guerra en enero. De todas formas, después de la caída de Cataluña, las únicas estructuras articuladas de la zona centro-sur eran las militares. Pero, además, según los términos de la ley de orden público republicana de 1933, un estado de guerra concedía formalmente la autoridad política suprema e indivisible a los militares. Esta legislación era incluso más favorable a los militares que la precedente (de 1870), que requería, al menos, la inclusión de representantes civiles en el consejo de guerra dirigente[55]. La misma inclusión de civiles en el Consejo de Defensa por parte de Casado fue una parte inherente de su intento de afianzar su legitimidad y atraer a Franco con el «anticomunismo» que unía a sectores dirigentes militares y civiles en la zona centrosur, a la vez que daba al Consejo un mensaje entendible con el que dirigirse a los habitantes de la zona agotados por la guerra.

REBELIÓN Y RESISTENCIA EN MADRID (6-13 DE MARZO DE 1939)

La oposición del PCE de Madrid a la rebelión de Casado se hizo en nombre del Gobierno legítimo de la República, presidido por Juan Negrín. Pero es el aislamiento del partido y el sentimiento de estar sitiados en la ciudad lo que explica por qué esta resistencia tomó la forma de una respuesta armada[56]. Los planes para esta eran poco precisos, mal preparados y estaban pensados principalmente para la autoprotección. El objetivo era crear una posición de negociación desde la que poder llegar a un acuerdo con el Consejo de Defensa en temas como la garantía de la integridad de los miembros y las organizaciones del PCE. Pero las dificultades de la resistencia quedaron claras enseguida. Primero, por la rápida detención de Domingo Girón, el alma del plan de defensa del partido, por parte de fuerzas partidarias de Casado. Incluso más importante fue el hecho de que muchos mandos militares «comunistas» se negaron a actuar contra Casado. Tres de los cuatro cuerpos del Ejército del Centro estaban dirigidos por militares de carrera que tenían el carnet del PCE: Barceló (I), Bueno (II) y Ortega (III). Pero, a pesar de las exhortaciones desesperadas de los dirigentes provinciales del partido, todos argumentaron que solo podían responder a las órdenes de sus superiores militares[57]. Presionados, al final Bueno y Barceló participarían de forma reticente en la acción contra Casado, pero Barceló solo por las razones prácticas que le dio su compañero de armas, el comandante Ascanio, que destacó que la misma posición de Barceló era cada vez más insostenible.

Hubo combates encarnizados en Madrid entre el 6 y el 8 de marzo en los que las fuerzas del PCE parecieron tomar ventaja. Pero el carácter ilusorio de esta ventaja quedó claro enseguida al considerar el contexto político y militar de la zona centro-sur en su conjunto. Dentro de la zona de Madrid los comunistas ya habían movilizado todos los recursos a su disposición, mientras que Casado todavía tenía un as en la manga: el IV Cuerpo del Ejército, mandado por el cenetista Cipriano Mera y todavía no utilizado[58]. El PCE de Madrid estaba también aislado por la ausencia de resistencia comunista en otros lugares de la zona centro-sur. Pero lo que realmente hundió la moral de los comunistas en la capital fue el mensaje que recibieron del Buró Político el 9 de marzo, en el que se les decía que debían poner fin a la lucha y alcanzar un modus vivendi con Casado porque la prioridad era preparar a los militantes del partido para la clandestinidad[59]. El mensaje procedía de Togliatti y Checa, que estaban en Albacete, y era en verdad suyo. La zona centro-sur había estado incomunicada desde la insurrección de Casado[60]. Togliatti se había quedado, a pesar del consejo previo de la Comintern, para ayudar a Checa y a Fernando Claudín[61]. Pero la mayor parte del Buró Político del PCE abandonó España en las primeras horas del 7 de marzo, después de la marcha de Negrín y de los ministros de su gobierno, al estar las fuerzas de Casado acercándose a su sede de Elda. El equilibrio de poder militar existente en el Ejército de Levante significaba que el PCE no tenía ninguna defensa militar posible, como tanto Modesto como Líster reconocieron[62]. El conocimiento de que la resistencia de Madrid estaba reñida con la política del partido causó consternación en los dirigentes provinciales como Isidoro Diéguez. Además, la marcha de Negrín, de la que también se enteraron, privó enseguida a la resistencia de su justificación política principal.

No hay duda de que la marcha de Negrín de España el 6 de marzo fue el acto que colapsó lo que quedaba de la resistencia republicana, que tenía su legitimidad ya minada por la dimisión de Azaña el 27 de febrero y el consiguiente vacío en la presidencia de la República[63]. Pero, al final, a Negrín no se le había presentado casi ninguna opción, excepto hundirse con el barco. Las fuerzas de Casado estaban a punto de rodear Elda. Si hubiera dejado que le hicieran prisionero, probablemente no hubiera sobrevivido. Mucho se ha conjeturado sobre la desesperación existencial de Negrín durante sus últimas horas en España después de la rebelión de Casado. Sin duda, Negrín estaba física y psíquicamente exhausto[64]. Pero la conclusión que se ha sacado a menudo de esto parece injustificada. Dado lo que sabemos de Negrín, no hay razones para suponer que se sintiera intimidado por la perspectiva de no sobrevivir a la guerra. Cuando regresó a España en febrero, fue para negociar una entrega del poder por etapas. Había asumido también que lograr garantías para la población republicana exigiría que él fuera el chivo expiatorio para la justicia franquista[65]. Pero para Negrín el sacrificio tenía que ser un sacrificio inteligente, es decir, uno que diera la posibilidad de lograr su propósito. La autoinmolación después del golpe de Casado en marzo de 1939 no hubiera logrado una paz con garantías; por tanto, según veía Negrín el momento político, la República todavía tenía todo por ganar en la conflagración europea que estaba surgiendo. Así pues, no fue ninguna preocupación personal y, aún menos, la cobardía, lo que hizo a Negrín elegir sobrevivir frente a sacrificarse, sino su sentimiento de que seguir como presidente del Gobierno todavía tenía un propósito, y que este era un propósito patriótico.

Por supuesto, también es comprensible que Togliatti y el PCE no vieran las cosas de esta forma. Incluso antes de que los programas políticos de la posguerra complicaran las valoraciones de Negrín realizadas por los comunistas, no era muy probable que el PCE estuviera atraído por un presidente del Gobierno que, mientras confiaba en el apoyo del partido en la retaguardia republicana, se encerraba cada vez más en sí mismo al desarrollar, en los últimos seis meses de la guerra, su diplomacia secreta para lograr una paz negociada. Sin embargo, Negrín consideraba que había contraído una deuda de honor con el PCE, y esto quedó claro en el tiempo y esfuerzo que dedicó en las horas posteriores al golpe de Casado en lograr, en la medida en que la precariedad de las comunicaciones se lo permitían, la liberación de los dirigentes comunistas detenidos[66]. Hay, sin duda, algo de verdad en la valoración de Togliatti de que la toma del poder por parte de Casado, como un hecho consumado, dio a Negrín una salida honorable de una situación insostenible, permitiéndole marcharse a la siguiente ronda de la confrontación, en la que el terreno de batalla sería el conjunto de Europa. Para Togliatti, la marcha de Negrín fue una huida pura y dura, en la que, además, dejó plantada a la dirección del PCE[67].

Pero, en Madrid, ni siquiera la noticia de que Negrín había dejado España y lo que esto significaba disuadió a oficiales del ejército contrarios a Casado como Ascanio, quien, en ausencia de Bueno, estaba dirigiendo el II Cuerpo del Ejército. Habían llegado demasiado lejos para dar marcha atrás, especialmente porque Casado no estaba ofreciendo condiciones, sino exigiendo una capitulación. A pesar de que la moral caía en picado, la resistencia comunista continuó en Madrid, porque muchos pensaban que no tenían otra opción. De forma gradual, entre el 9 y el 12 de marzo, Casado logró ventaja, en parte por la acción franquista en el frente de la Casa de Campo, claramente concebida para ayudarle, y en parte por la llegada de nuevas tropas, entre ellas las de Mera, lo que fue también facilitado por Franco. El plan de este era permitir que Casado «limpiase» Madrid. El «Generalísimo» no estaba interesado en usar la guerra intestina como una oportunidad para romper las defensas madrileñas. Tampoco, en cualquier caso, la lucha interna había dejado desprotegidos los frentes, ya que tanto el PCE como Casado habían recurrido principalmente a tropas de reserva. La fuerza aérea republicana, bajo el control del casadista Antonio Camacho, también bombardeó los baluartes del PCE[68]. La resistencia comunista llegó a ser sitiada dentro de la capital.

Las hostilidades concluyeron el 13 de marzo. Pero, como era de esperar, Casado rechazó negociar con el PCE. Aparentemente, esto se debió al asesinato de varios rehenes: tres de los mandos militares de Casado y un comisario político socialista. Como represalia, Casado ordenó la ejecución del coronel Barceló, al que consideraba erróneamente el arquitecto de la resistencia del PCE, y del comisario comunista Conesa[69]. Pero la rebelión en Madrid había sido una guerra, y combatientes de ambos bandos habían asesinado y habían sido asesinados[70]. La decisión de Casado tampoco estaba determinada fundamentalmente por un impulso de venganza. Más bien, toda su política para lograr una negociación exitosa con Franco partía de la base de destruir al PCE. Sin duda, las presiones de la guerra y los antagonismos políticos internos también habían hecho que algunos sectores republicanos interiorizaran, en cierta medida, la propaganda franquista. El PCE iba a ser ofrecido a cambio de que Franco, si los cálculos no fallaban, concediese una paz con garantías para los derrotados[71]. Otros miembros civiles del Consejo Nacional de Defensa estuvieron de acuerdo con esta táctica, destacando el veterano dirigente socialista Besteiro, con su quimérica creencia en la reaparición de un movimiento obrero «responsable» bajo una dictadura patricia[72].

LAS CONSECUENCIAS DE LA SUBLEVACIÓN CASADISTA EN EL RESTO DE LA ZONA CENTRO-SUR

En otros sitios, la posición del PCE después de la toma del poder por parte de Casado parecía relativamente menos vulnerable. Aunque en algunos sitios los comunistas habían sido detenidos y los locales del partido, atacados, en ningún lugar se habían mantenido enfrentamientos armados como en Madrid. Además, el apoyo activo o tácito a Casado de muchos mandos militares de la zona centro-sur no se basaba tanto en el anticomunismo como en la necesidad de un mecanismo para acabar la guerra y lograr las condiciones de paz que Franco había rechazado negociar con Negrín. Sobre todo, estos comandantes estaban preocupados por evitar una guerra civil dentro del ejército republicano. Precisamente por esta razón, habían sido las fuerzas de orden público las que habían tomado el poder en nombre de Casado en Valencia. El jefe militar del Ejército de Levante, el general Menéndez, mantuvo a sus tropas apartadas. Estaba decidido a proteger su esprit de corps y su moral, que había sido construida, independientemente de la militancia política, a través de la experiencia de combate de 1938-1939. Y precisamente porque el objetivo de Menéndez era una paz con garantías, también estaba dispuesto a mantener intacto formalmente el Frente Popular para fortalecer a Casado en sus negociaciones con Franco.

En todos los principales centros republicanos (Valencia, Alicante y Albacete) los dirigentes provinciales comunistas buscaron un acuerdo con las fuerzas de Casado. Una vez que conocieron la marcha de Negrín, resistirse al nuevo orden tenía poca importancia política. Pero su decisión estaba motivada principalmente por el deseo de garantizar su propia seguridad y unas condiciones adecuadas para la futura actividad de sus organizaciones. Cada organización provincial actuó por su propia iniciativa. En los primeros días después del golpe de Casado las comunicaciones entre las organizaciones locales del partido no eran posibles. Tampoco pudieron comunicarse con Togliatti o Checa hasta el 9 de marzo, cuando estos salieron en libertad. (Habían sido detenidos, junto con Claudín, horas después de la marcha del resto de los dirigentes en las primeras horas del 7 de marzo, y encerrados en la prisión de Alicante)[73]. La línea seguida de forma instintiva por las secciones provinciales del Partido Comunista pronto fue aprobada por Togliatti, dado que servía para apaciguar un poco la tensión política y ganar tiempo para preparar al PCE para la clandestinidad[74].

Desgraciadamente, ni las negociaciones de las secciones locales del partido, ni los esfuerzos de Togliatti ni la buena voluntad de algunos sectores del PSOE y la UGT pudieron hacer frente a la oleada de anticomunismo en la zona centro-sur. La determinación de varios mandos militares republicanos de mantener la paz hizo que no hubiera una repetición de la extrema violencia política que se había producido en Madrid. Por ejemplo, se usó la censura militar para evitar que se publicaran en la prensa, especialmente en la anarcosindicalista, artículos incendiarios. En algunos lugares, el Partido Comunista pudo recuperar cierta apariencia de vida organizativa. Pero hablar de una «nueva entrada» del PCE o de una normalización de la vida política después del golpe de Casado es dar una idea equivocada[75]. El Frente Popular estaba muerto. Su epitafio se escribió en las semanas que siguieron a la toma del poder por parte de Casado con el brutal desmembramiento organizativo de la UGT y de la JSU, encabezado por los partidarios enfadados y vengativos del expresidente del Gobierno Francisco Largo Caballero[76]. Hubo dirigentes socialistas que buscaron evitar este intento nada edificante de saldar cuentas pendientes en el umbral de la derrota, hombres como el secretario general de la UGT, Rodríguez Vega, o Antonio Pérez, el representante del sindicato socialista en el Consejo Nacional de Defensa, que emitió el único voto en contra de las penas de muerte impuestas a Barceló y Conesa[77]. Pero, lamentablemente, no lo consiguieron. Además, si deconstruimos el «anticomunismo» que dirigió los sucesos en toda la zona, su fracaso apenas sorprende.

Es importante entender que el fenómeno del anticomunismo, aunque supuestamente monolítico, era un lenguaje a través del cual se expresaban diferentes tipos de ira, frustración y desesperación. En términos de política organizada, como hemos visto, el anticomunismo era parte de la lucha clientelista por la militancia entre el PCE, por una parte, y republicanos, socialistas y cenetistas por otra. Esta competencia adquirió un carácter urgente y recibió un enorme impulso por las especiales condiciones de la Guerra Civil, que habían dado lugar a una movilización acelerada de la población, y era más grave entre los movimientos, ideológicamente similares, socialista y comunista. La indignación de la izquierda socialista derivaba en parte de la convicción de que el movimiento socialista estaba predestinado a heredar tanto la clase obrera española como el Estado, reabsorbiendo por el camino al Partido Comunista, cuya «separación» era un recordatorio constante y doloroso de la ruptura, «rebelde e injustificada», de las filas socialistas en 1921-1922. Pero la Guerra Civil había cambiado el guión. Sin embargo, los caballeristas no podían aceptar que esto sucediera y, en consecuencia, buscaron lo que eran en realidad explicaciones conspirativas superfluas de su propia marginación.

La elección del PCE como chivo expiatorio en 1939 no fue, por supuesto, arbitraria. El partido había sido un participante activo en la dura guerra entre organizaciones en la retaguardia republicana y se había mostrado más que a la altura de sus oponentes. Había habido muchos enfrentamientos y tenía muchos enemigos. Los obreros ya estaban también exhaustos físicamente después de ser los que más habían sufrido los más de treinta meses de guerra. Algunos sectores obreros eran también hostiles al papel frentepopulista que el PCE había desempeñado al fortalecer el orden político republicano basado en el capital y en el respeto a la propiedad privada. Otros sectores, como las clases medias urbanas y rurales, a las que antes había atraído esta política del PCE, centraban su ansiedad y descontento en el partido porque creían que era el obstáculo para lograr una paz con Franco. Esta creencia en la posibilidad de una paz basada en la reconciliación era precisamente la que Casado explotó, y, a su vez, reforzó, de forma independiente y por otras razones, la quinta columna en Madrid y Valencia.

En la segunda mitad de 1938 el anticomunismo popular estaba llegando a ser parte de un cansancio de la guerra más profundo y generalizado, producto tanto de un horizonte político cerrado internacionalmente como de la dureza cada vez mayor de la vida cotidiana (tanto los bombardeos como el hambre y la escasez, intensificados por las consecuencias económicas del bloqueo). Desde diferentes sectores —algunas veces incluso antagónicos políticamente— de la población republicana descontenta se culpó principalmente al PCE de la situación, precisamente porque se había identificado estrechamente con el esfuerzo bélico y, más específicamente, con la victoria. El PCE había sido representado, y se había representado a sí mismo, como el símbolo por antonomasia de las esperanzas interclasistas en el éxito republicano. En 1936 el partido había obtenido prestigio de una creencia popular, intensa pero totalmente irreal, en el poder «épico» de la Unión Soviética. En 1939, estas esperanzas habían sido consumidas por la presión implacable de una guerra agotadora y complicada. El «anticomunismo» resultante tenía sobre sí una fuerza elemental (¿la expulsión de un dios secular?) que sirve para recordarnos que una parte crucial de la atracción original del PCE descansaba en lo que era, de hecho, un mito redentor.

Lo que existió durante y después del golpe de Casado, por tanto, no fue un frente político racional, y menos todavía un frente político racional contra una «dictadura comunista», como se ha sugerido algunas veces. Más bien fue una mezcla caótica y visceral de sectores sociales y políticos unidos por un desesperado agotamiento de la guerra y por el deseo de un acto de desahogo psicológico y político colectivo. Se tenía que encontrar a alguien o algo tangible para echarle la culpa por el hecho de que la guerra estaba a punto de perderse después de muchos sacrificios y de un esfuerzo sobrehumano. En último término, el significado del golpe de Casado es que el PCE, como todas las otras fuerzas de la España republicana, había sido finalmente consumido por la guerra.

Una vez que Casado tuvo el control militar y político total de la zona centro-sur, a mediados de marzo, centró su atención en las negociaciones de paz, que veía como la razón de ser de su victoria. Después de esto, hubo un número significativo de deserciones, especialmente en el frente de Madrid, de soldados rasos que sentían que la paz ya había llegado. Sin embargo, los frentes militares de la República y la retaguardia permanecieron estables durante algún tiempo. Pero Casado sabía que tenía que moverse rápidamente para lograr una garantía por parte de Franco de que no habría represalias. De otra forma, no sería capaz de garantizar el orden público en la zona. Casado, con sus acciones, había acabado con la posibilidad de una resistencia republicana eficaz. Pero todavía creía que tenía cierto margen de maniobra para negociar con Franco gracias a su común anticomunismo y al servicio que había prestado al «Generalísimo» al «eliminar» al PCE de la vida política de la República. Casado esperaba que esto abriera el camino al escenario que él prefería: la reunificación de España a través de la reconciliación de su familia militar. Por alguna razón, Casado eligió no tener en cuenta el incómodo detalle de que, al acabar con la resistencia de la República, había eliminado también la única razón por la que Franco podría haber tenido que conceder una paz con garantías.

Ignorando también esto resueltamente, las organizaciones políticas republicanas de toda la zona centro-sur iniciaron un frenesí de reformas, preparándose para una «normalidad» que nunca llegaría[78]. La prensa partidaria de Casado alimentaba este optimismo de masas sin fundamento, que tenía su origen en un mecanismo de autopreservación psicológico. Solo el PCE se vio libre de este delirio colectivo debido a su particular situación política. Esta sería reforzada porque el Consejo de Defensa llevó a juicio a dieciséis mandos militares y dirigentes políticos comunistas de primera fila el 24 de marzo. El período previo a esto tuvo al menos el efecto positivo de hacer que el partido concentrase sus esfuerzos en la evacuación de sus cuadros dirigentes. El día del juicio contra los comunistas, Togliatti abandonó Totana (Murcia) en un avión con destino a Argel. Iba acompañado por varios dirigentes del partido, incluidos Jesús Hernández, Pedro Checa, Isidoro Diéguez y José Antonio Uribes[79]. Tuvieron que combatir con las fuerzas de Casado para entrar en el aeródromo, y Diéguez había escapado de Casado disfrazándose de soldado raso en el frente de la sierra[80]. En los cuatros días que siguieron, el PCE también consiguió evacuar a otros dirigentes, en pequeños navíos y en unos pocos barcos mercantes que aceptaron refugiados, desde los principales puertos republicanos (Cartagena, Valencia, Alicante y Almería). Precisamente porque al PCE lo habían hecho brutalmente consciente de la necesidad de esta evacuación antes que a cualquier otro grupo republicano, pudo realizar la operación relativamente mejor. Pero ni esto ni la preparación relativamente superior del PCE para la clandestinidad podrían evitar que miles de comunistas fueran alcanzados, junto con otras personas de distinta, o ninguna, filiación política, en el duro último capítulo de la derrota republicana.

Y es que las razones de Franco para facilitar la toma del poder de Casado fueron, por supuesto, bastante diferentes de la interpretación que Casado hacía de ellas. Franco había hecho saber con anterioridad (incluso a través de la quinta columna) que solo negociaría con oficiales del ejército. El 5 de febrero había dado a conocer un texto detallando algunas «concesiones» por escrito que, nuevamente, llegaron a Casado a través de la quinta columna. Incluían la provisión de salvoconductos para quienes desearan abandonar España y la afirmación de que el mero apoyo político a la República sería excluido de la definición de lo que se consideraba una «conducta criminal». Pero lo que ni Casado ni sus partidarios civiles parecían entender, a pesar de la aprobación de la Ley de Responsabilidades Políticas, era que estas concesiones estaban utilizándose como un arma de guerra para acelerar el fin del conflicto, más que ofreciéndose como una base para la reconciliación entre vencedores y vencidos. Estas mismas «concesiones», que Franco rechazó discutir con Casado, fueron emitidas por radio nuevamente en vísperas de la rendición republicana para fomentar la conformidad de los oficiales y soldados. Pero desde el principio Franco exigiría a Casado la rendición incondicional. Por esta razón, rehusó tratar con el mismo Casado o con otros oficiales del Estado Mayor republicano, e insistió en que los delegados que asistieran a la reunión conjunta solicitada por los republicanos debían ser de rango inferior. Por lo que respecta a Franco, estos delegados no asistían como interlocutores, sino simplemente para recibir instrucciones prácticas para entregar las tropas y el territorio republicano.

Este mensaje fue reforzado de forma clara por los representantes de Franco en la reunión, que se celebró el 23 de marzo en la base aérea de Gamonal, en Burgos. Estos rechazaron discutir con sus equivalentes republicanos[81] sobre las garantías formales para los derrotados o sobre cualquier modificación de los términos de la rendición. Casado había enviado a sus representantes con la esperanza de que todavía fuera posible acordar una entrega escalonada del territorio para permitir una retirada lenta y por etapas de los ejércitos republicanos. Pero estaba claro que Franco no aceptaría ningún retraso.

El resultado de la reunión del 23 de marzo convenció completamente a Casado de su falta de poder, y le hizo darse cuenta penosamente de su total aislamiento en esta situación. Gran Bretaña había mirado favorablemente sus acciones hasta ese momento[82]. Pero ahora que Franco había ganado definitivamente, gracias a estas acciones, Gran Bretaña estaba decidida a no hacer nada que pudiera ofender al nuevo gobernante de España. La clave de la falta de acción británica era la determinación de proteger su posición en el Mediterráneo asegurándose la neutralidad de la España franquista en cualquier futura guerra europea. Pero la animadversión que sentía la clase dirigente británica hacia los republicanos españoles también desempeñó un papel importante. Por esta razón, no había ninguna posibilidad de que el gobierno británico respondiera a la petición desesperada de Casado de que ejerciera una presión significativa sobre Franco para que este ofreciera, a esas alturas, alguna garantía de que no habría represalias contra la población civil. El gobierno británico tampoco permitiría que la Royal Navy ayudase en la evacuación. La negativa de Gran Bretaña a ambos asuntos fue hecha de forma muy elocuente. Lo esencial de su postura se mostró cuando reconoció a Franco el 27 de febrero y se mantuvo durante todo el mes de marzo, incluso aunque el día 5 la República perdió su propia flota. Las autoridades británicas no harían nada sin la aprobación expresa de Franco. Las razones que adujeron fueron que probablemente no habría necesidad de participar en una evacuación masiva, que la Royal Navy no quería participar[83] y que no había ningún lugar para un número tan grande de refugiados (Gran Bretaña solo estaba dispuesta a admitir a un reducido número y siempre que fueran solventes económicamente). En pocas palabras, como lord Halifax había afirmado públicamente el 9 de marzo, la postura británica era sumamente justificable sobre la base del «realismo político». Pero había también una asunción tácita: que incluso aunque Franco fuera a llevar a cabo ejecuciones masivas de republicanos, estas no pondrían en peligro los intereses políticos o comerciales de Gran Bretaña.

El reconocimiento de Franco por parte de Gran Bretaña y el posterior golpe de Casado también hicieron que Stalin se alejara más de la consideración de que la política de seguridad colectiva podía ser una estrategia viable para defender las fronteras soviéticas. En su discurso en el XVIII Congreso del PCUS (Partido Comunista de la Unión Soviética), iniciado el 10 de marzo, había aludido públicamente por primera vez a la posibilidad de buscar un modus vivendi con la Alemania nazi.

Casado se vio atrapado, como Negrín antes, entre el fuerte aislamiento internacional y la dura postura de intransigencia franquista. El 25 de marzo, cuando los representantes republicanos se volvieron a reunir con los franquistas, Casado escribió una carta personal a Franco en un último intento de asegurar por escrito la garantía de que no habría represalias. Apeló en este caso al bien de un orden público franquista victorioso, planteando que, sin esta garantía, no se podría garantizar que las órdenes del mando militar republicano se obedecieran y que podía haber una resistencia desesperada en algunos lugares, lo que llevaría a toda la zona republicana al caos. La única respuesta de Franco fue anunciar el comienzo de su ofensiva militar final simultáneamente en todos los frentes. A todos los efectos, el general había roto todo contacto con el Consejo de Defensa. En este momento, Casado, sabiendo que había fracasado y temeroso sobre todo del desorden en aumento en la zona centro-sur, no tuvo otra opción que poner un amargo fin a lo que había iniciado. La rapidez era esencial. El 26 de marzo, la fuerza aérea republicana fue entregada deprisa a Franco. El 28 de marzo, Casado dio la orden de que los ejércitos republicanos se rindieran en todos los frentes, es decir, en el sur, en el centro y en Levante. En Madrid algunos soldados cogieron el metro para volver a casa y otros, la carretera hacia los puertos mediterráneos. En algunos lugares hubo confraternización entre las tropas. Al final, Madrid, capital de la resistencia republicana y, durante un tiempo, del antifascismo mundial, no tendría que ser capturada. Las tropas de Franco entraron sin encontrar resistencia. Dentro de la ciudad, fue la quinta columna, muy bien organizada, la que supervisó la entrega del poder, que fue bastante ordenada. Es cierto que el hecho de que la quinta columna estuviera tan bien preparada y se encontrara en todos sitios, incluso entre el mismo personal de Casado en la persona de José Centaño de la Paz, problematiza aún más la idea de «hegemonía militar comunista» en la España republicana[84].

Pero la relativa paz de Madrid, tanto como una paz de agotamiento, era en parte consecuencia de que la vorágine se había trasladado a otros lugares. Al empezarse a conocer las noticias de las exigencias incondicionales de Franco y de la amenaza de la ofensiva final, los días extrañamente tranquilos que siguieron a la toma del poder por parte de Casado en muchos lugares dieron paso al pánico generalizado al desvanecerse la ilusión de una paz con garantías. El 27 de marzo decenas de miles de españoles desesperados, avanzando en tropel, desorganizados y frenéticos, se dirigieron hacia los puertos mediterráneos que le quedaban a la República (Valencia, Gandía y Alicante). Pero iban en busca de unos buques que nunca llegarían[85]. La política de resistencia de Negrín difícilmente era compatible con ningún preparativo abierto para una evacuación de masas. Y aunque esto había cambiado con la caída de Cataluña, también provocó a la vez una debacle administrativa en el Gobierno que, una vez más, impidió que se pudiera realizar una planificación efectiva. En esta etapa tampoco era fácil acceder a los recursos económicos o canalizarlos[86].

Fue el cuerpo diplomático británico en Valencia y Gandía el que, sumamente alarmado por la oleada de refugiados y consciente de que la Royal Navy no intervendría, buscó dirigirla hacia Alicante con vagas promesas de que allí les esperaban barcos mercantes. Entre los que se decía que llegarían, había buques fletados por el Comité Internacional de Coordinación, Información y Ayuda a la España Republicana, dirigido por franceses. Sus representantes fueron muy activos en los intentos de evacuación y habían fletado barcos pertenecientes a la compañía del Partido Comunista Francés, la France Navigation. El consulado británico no estaba contento con esta amenazadora contravención de la política de su propio gobierno de no evacuar a nadie sin la aprobación de Burgos. Pero, al menos, tenía la ventaja de alejar a los refugiados de sus alrededores. Además, también permitió el embarque discreto y ordenado en Gandía de Casado y de su círculo inmediato, por quienes el gobierno británico había intervenido ante el «Generalísimo»[87]. Franco había facilitado la salida de Madrid[88] y el viaje hasta el puerto del coronel, y, a pesar de que planteó una protesta diplomática formal después, estaba totalmente de acuerdo en que Casado debía partir en un barco de la marina británica. La quinta columna de Valencia prácticamente controlaba la ciudad desde el 29 de marzo, pero permitió pasar a Casado sin molestarle. De hecho, está claro que los británicos no le hubieran recogido en Gandía sin la aprobación de Franco. Solo quienes lograban esta aprobación dejaron el puerto en barcos británicos. Mientras tanto, Alicante se había convertido en el último recurso para los asediados republicanos.

Reducida a su esencia, la tragedia de Alicante fue el resultado de tres factores. En primer lugar, el hecho de que Franco no quisiera que ninguno de los refugiados abandonara España y mantuviera su bloqueo naval del Mediterráneo para asegurar que no lo hicieran. En segundo lugar, que la República ya no tenía una flota propia. Y, por último, que Gran Bretaña no se arriesgó a desagradar a Franco utilizando a la Royal Navy ni para realizar una evacuación masiva ni para proteger a los varios barcos mercantes que esperaban en las afueras del puerto, en aguas internacionales, intimidados por los barcos de guerra franquistas[89]. Tampoco el Gobierno francés estaba preparado para ofrecer protección a sus propios barcos mercantes que estaban en aguas españolas, a pesar de los desesperados llamamientos en el último momento de los delegados de la organización de solidaridad francesa que los habían fletado. Si la República hubiese tenido todavía su propia marina hubiera podido llevar a cabo esta función protectora. Pero, ante la falta de esta, la mayoría de los barcos mercantes simplemente dieron media vuelta, algunas veces a la vista de los refugiados, y zarparon vacíos. Pero, incluso aunque todos estos barcos hubieran pasado, no hubieran podido evacuar a todos los que querían marcharse, porque había aproximadamente entre doce mil y quince mil personas apelotonadas en los muelles de Alicante, aunque algo más de la mitad podrían haber sido rescatadas. De la forma en que se produjo, se ha calculado que en todo el mes de marzo el número total de evacuados de la zona centro-sur fue de entre 7000 y 7500, pero estos datos incluyen a los 3200 oficiales y marineros de la flota republicana que alcanzaron Bizerta[90].

La quinta columna logró el control de Alicante antes de que llegaran las primeras fuerzas franquistas. Estas tropas fueron italianos dirigidos por el general Gambara. El comité que representaba a los refugiados en el puerto intentó llegar a un acuerdo en virtud del cual la zona del puerto sería considerada neutral y puesta bajo protección internacional hasta que se pudiera realizar la evacuación[91]. Pero Franco, de forma nada sorprendente, rechazó aceptarlo. La rápida llegada en barco de más tropas franquistas supuso la gradual evacuación del puerto, al abandonarlo muchos refugiados que se marcharon tierra adentro. En la noche del 31 de marzo, en torno a dos mil permanecían en los muelles. Esta fue la noche de la última resistencia de la República española. Algunos optaron por el suicidio, mientras que al resto les esperaban los campos de concentración.

LA GUERRA DESPUÉS DE LA GUERRA

Desde el principio Franco le había exigido a Casado la rendición incondicional. De hecho, el «Generalísimo» incluso coreografió las etapas finales para reforzar el simbolismo de su victoria total. Todos los contactos con el Consejo de Defensa se rompieron el 25 de marzo para que Franco iniciase su ofensiva final, que no era necesaria en términos militares. Al final, la resistencia republicana fue escasa, pero, al arriesgarse a más derramamiento de sangre —incluido el de sus partidarios—, Franco en realidad estaba dejando claras sus intenciones políticas posteriores.

Al acabar la guerra a través de la acción militar más que de la negociación, Franco reforzó la postura ya planteada con sus continuos rechazos a ofrecer ninguna garantía remotamente definida a los derrotados[92]. Los republicanos no serían reconocidos colectivamente de ninguna forma como un interlocutor legítimo, dado que se podía considerar que esto les daba derechos. El objetivo de Franco era la victoria incondicional, no la reconciliación. La nueva España se haría a imagen y semejanza de los vencedores y solo de los vencedores. Pero Franco tampoco estaba preparado para dejar que los vencidos se marchasen. Había bloqueado todos los intentos de evacuación, excepto en el caso específico de Casado. Si Franco no reconoció a los derrotados ni les dejó marcharse, está claro que solo podía tener en mente un castigo general o «penitencia», como se definió en el discurso del mismo régimen. Lo que esto significaba, sin embargo, es el comienzo de otra historia, y una que coloca a la España de los años cuarenta en el contexto más amplio de la guerra civil europea en curso.

Estas guerras civiles europeas, como este libro empezó esbozando, habían estallado después de la Gran Guerra de 1914-1918, al calor de tensiones sin resolver y ansiedades que eran consecuencia de los grandes procesos de industrialización y urbanización que se habían producido de forma desigual en todo el continente europeo. Exacerbadas por las crisis económica, política y de identidad sociocultural del período de entreguerras, estas guerras civiles continuarían hasta llegar a la conflagración general de 1939-1945. También en España habría una guerra irregular durante los años cuarenta cuando guerrillas republicanas se opusieron al régimen, en un esfuerzo consciente por unir su lucha con la más amplia que se estaba librando en toda Europa contra el nuevo orden nazi.

La «resolución» de todas estas guerras civiles exigiría un terrible precio, porque la reconstrucción de las sociedades y comunidades políticas y la reconfiguración de las «naciones» europeas se realizaría, en España y en otros lugares, a través de ejecuciones y encarcelamientos masivos de compatriotas. En resumen, el nuevo reparto del poder se realizó en toda Europa a través de la creación de categorías de «antinación» y de «nopersonas», privadas de derechos civiles. Precisamente cómo y cuándo se constituyó «el otro» dependería de la historia y la cultura de cada país. Pero ya fueran judíos, eslavos, enemigos del pueblo, comunistas, republicanos, trabajadores urbanos o «rojos», el calificativo global franquista, la función y los efectos serían los mismos. Así pues, cuando Franco hizo público su famoso parte de guerra el 1 de abril de 1939[93], declarando que la contienda había terminado, de hecho solo una fase, la del conflicto militar convencional, había acabado. La Guerra Civil española en sí misma continuaría todavía durante años e, incluso, décadas.

Mapa 4. La división del territorio español, marzo de 1937.

Mapa 5. La división del territorio español, julio de 1938.

Ilustraciones

Ilustraciones

Largo Caballero (sentado, el primero a la izquierda), veterano dirigente socialista y presidente del Gobierno de la República desde septiembre de 1936 a mayo de 1937 (Archivo General de la Administración, Ministerio de Cultura).

El frente de Madrid, diciembre de 1936-enero de 1937. Una imagen que refleja el encuentro repentino entre el frente militar y el espacio urbano de Madrid. Un herido es llevado en una camilla a través de las dañadas calles de la capital. Podemos ver casas y tiendas marcadas por los disparos de los cañones y dos refugios hechos con sacos de arena enfrente de los edificios. El frente está justamente fuera de la foto (véase la ilustración siguiente), apenas un edificio más allá del conjunto de sacos de arena de la esquina de la parte superior izquierda de la foto (Colección Vera Elkan [HU 71 664], reproducida por cortesía del Imperial War Museum, Londres).

Una foto panorámica del frente que se encontraba justo después del campo de alcance de la foto anterior. Los sacos de arena a mano derecha en esta fotografía son los mismos que aparecen en la esquina de la parte superior izquierda de la foto anterior (Colección Vera Elkan [HU 71 662], reproducida por cortesía del Imperial War Museum, Londres).

«¡Imitad! al héroe del Pueblo». Cartel de guerra para llamar a la movilización tanto militar como de la retaguardia. Apela a la memoria del mítico dirigente anarquista Buenaventura Durruti, muerto en el frente de Madrid en noviembre de 1936 y convertido muy pronto en un símbolo de la resistencia republicana (Colección Kati Horna, Archivo General de la Guerra Civil Española, Ministerio de Cultura).

Carro blindado utilizado por las Brigadas Internacionales (Colección Vera Elkan [HU 71 512], reproducida por cortesía del Imperial War Museum, Londres).

El periodista soviético Mijail Koltsov, flanqueado por dos comandantes del batallón alemán Thaelmann, en Madrid. Koltsov fue uno de los principales representantes de Stalin en la España republicana (Colección Vera Elkan [HU 71 579], reproducida por cortesía del Imperial War Museum, Londres).

Esta foto muestra a Santiago Carrillo (en el centro), dirigente de la Federación de Juventudes Socialistas, que con veintiún años se convirtió en secretario general de la JSU, organización de masas formada por jóvenes socialistas y comunistas, y en consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid. La JSU ejemplificaba la aceleración de la movilización popular producida por la guerra, que hizo que muchos jóvenes fueran catapultados a importantes posiciones de responsabilidad militar y política en la España republicana. Principalmente por esto, la JSU también fue el centro de amargas rivalidades organizativas entre socialistas y comunistas. Tras la guerra, Carrillo llegaría a ser durante mucho tiempo secretario general del Partido Comunista de España. A la izquierda de Carrillo está el periodista socialista Julián Zugazagoitia, ministro de Gobernación desde mayo de 1937 hasta abril de 1938 y uno de los más cercanos colaboradores políticos de Negrín. En 1940 sería detenido en París por la policía alemana, entregado a Franco y fusilado. A la derecha de Carrillo (de perfil) está Fernando Claudín, que había sido dirigente de la Juventud Comunista, era miembro de la ejecutiva de la JSU y fue más tarde un miembro destacado de la ejecutiva del PCE y teórico del partido hasta sus críticas públicas a Carrillo en 1964 (Colección Fred Copeman [HU 34 724], reproducida por cortesía del Imperial War Museum, Londres).

Un encuentro de Pioners de Catalunya, grupo infantil frentepopulista, en Barcelona a finales de 1936 (Colección Fred Copeman [HU 33 003], reproducida por cortesía del Imperial War Museum, Londres).

Desfile en apoyo de la formación del Ejército Popular, Barcelona, en torno a febrero de 1937 (Colección Fred Copeman [HU 33 009], reproducida por cortesía del Imperial War Museum, Londres).

Postal que destaca la importancia del trabajo femenino en las industrias de guerra como forma de apoyar el esfuerzo bélico republicano. La imagen refuerza la rígida división del trabajo por géneros, que se empezó a romper durante los primeros meses de la guerra, pero que volvería a imponerse a lo largo de 1937 (Archivo General de la Guerra Civil Española, Ministerio de Cultura).

Ministros del Gobierno republicano visitan el frente de Madrid en noviembre de 1937. De izquierda a derecha, José Giral (ministro de Estado), el presidente del Gobierno Juan Negrín y el presidente de la República, Manuel Azaña, acompañados por el general Miaja (Archivo General de la Administración, Ministerio de Cultura).

Casas destrozadas y con una bicicleta suspendida en el aire después de un ataque aéreo sobre Barcelona, enero de 1938 (Colección Fred Copeman [HU 33 151], reproducida por cortesía del Imperial War Museum, Londres).

Habitantes de una colonia infantil para niños refugiados demuestran en la práctica los principios de la coeducación. Se exigía tanto a los niños como a las niñas que colaboraran en las tareas domésticas (Colección Fred Copeman [HU 33 143], reproducida por cortesía del Imperial War Museum, Londres).

Periódico mural republicano llamando a la unidad y la solidaridad en el esfuerzo bélico. Contiene extractos de los «Trece Puntos», la declaración de los objetivos de guerra del gobierno republicano, publicados el 1 de mayo de 1938. Estos subrayaban que la República luchaba para defender la independencia de España (entendida implícitamente como independencia con respecto a las fuerzas invasoras de Alemania e Italia). Además de fotografías de soldados, enfermeras y trabajadores, el periódico mural presenta también imágenes de la carismática dirigente comunista española Pasionaria —Dolores Ibárruri— (en el centro), del presidente del Gobierno republicano Juan Negrín (arriba en el centro) y del presidente de la Generalitat, Lluis Companys (arriba, a la derecha) (Colección Fred Copeman [HU 33 062], reproducida por cortesía del Imperial War Museum, Londres).

Soldados del Ejército republicano cruzando el río Ebro en julio de 1938 por medio de una de las pasarelas creadas después del inicial cruce del río por medio de botes (Colección Fred Copeman [HU 33 117], reproducida por cortesía del Imperial War Museum, Londres).

Traslado de un soldado republicano herido en un tren que funcionaba como ambulancia durante la batalla del Ebro, 1938 (Colección Fred Copeman [HU 34 628], reproducida por cortesía del Imperial War Museum, Londres).

Monumento en la Sierra de Pàndols (Cataluña), construido por brigadistas internacionales bajo la supervisión de Percy Ludwick, jefe de fortificaciones de la XV Brigada Internacional para recordar a varios de sus camaradas muertos durante la batalla del Ebro en 1938. A diferencia de otros monumentos a soldados republicanos y brigadistas caídos, sobrevivió a la destrucción realizada por los vencedores debido a su posición remota en un área montañosa. El monumento fue restaurado en el año 2000 por un equipo de voluntarios españoles dirigidos por el historiador Ángel Archilla (fotografía de la colección privada de David Leach, director del documental Voices from a Mountain: British Volunteers in the Spanish Civil War [2001], y reproducida con su amable autorización).

Créditos de las ilustraciones

Créditos de las ilustraciones

Francisco Largo Caballero (Archivo General de la Administración, Ministerio de Cultura).

(a) y (b) Frente de Madrid, diciembre de 1936-enero de 1937 (Colección Vera Elkan [HU 71 664 y HU 71 662], reproducidas por cortesía del Imperial War Museum, Londres).

Buenaventura Durruti: «¡Imitad! al héroe del pueblo» (Colección Kati Horna, Archivo General de la Guerra Civil Española, Ministerio de Cultura).

Carro blindado (Colección Vera Elkan [HU 71 512], reproducida por cortesía del Imperial War Museum, Londres).

Mijail Koltsov (Colección Vera Elkan [HU 71 579], reproducida por cortesía del Imperial War Museum, Londres).

Santiago Carrillo, Julián Zugazagoitia y Fernando Claudín (Colección Fred Copeman [HU 34 724], reproducida por cortesía del Imperial War Museum, Londres).

Grupo de Pioners de Catalunya (Colección Fred Copeman [HU 33 003], reproducida por cortesía del Imperial War Museum, Londres).

Desfile en apoyo de la formación del Ejército Popular (Colección Fred Copeman [HU 33 009], reproducida por cortesía del Imperial War Museum, Londres).

El trabajo de las mujeres en la industria (postal, Archivo General de la Guerra Civil Española, Ministerio de Cultura).

Giral, Negrín y Azaña visitan el frente de Madrid (Archivo General de la Administración, Ministerio de Cultura).

Casas destrozadas después de un ataque aéreo sobre Barcelona (Colección Fred Copeman [HU 33 151], reproducida por cortesía del Imperial War Museum, Londres).

Niños republicanos refugiados demuestran en la práctica los principios de la coeducación (Colección Fred Copeman [HU 33 143], reproducida por cortesía del Imperial War Museum, Londres).

Periódico mural republicano, 1938 (Colección Fred Copeman [HU 33 062], reproducida por cortesía del Imperial War Museum, Londres).

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Índice alfabético

Índice alfabético

Abad de Santillán, Diego

Acción Católica,

Acción Nacionalista Vasca (ANV)

África

Agrupación de Mujeres Antifascistas (AMA)

Aguirre, José Antonio

Aguirre, José María

Aiguader, Artemi

Aiguader, Jaume

Álava,

Alba, Víctor

Albar, Manuel

Alcalá de Henares

Alcalá Zamora, Niceto,

Alemania

Legión Cóndor,

República de Weimar

Algeciras

Alianza Obrera

Alianza Obrera Asturiana

Alicante

Allen, Jay

Almería

Alonso Vega, general

Álvarez, Melquíades

Álvarez del Vayo, Julio

Amigos de Durruti

Andalucía

Andrade, Juan

Ansó, Mariano

anticlericalismo

Antón (dirigente comunista)

Antona, David

Antonov-Ovseenko, Vladimir

Aragón

colectivizaciones anarquistas en

Consejo de

frente de

Araquistain, Luis

Arquer, Jordi

Ascanio, Guillermo

Ascaso, Domingo

Ascaso, Francisco

Ascaso, Joaquín

Asensio, José

Asociación Internacional de Trabajadores (AIT)

Astigarrabía, Juan

Asturias

Consejo Interprovincial de Asturias y León

llegada a Barcelona de refugiados de

los comités obreros en

sucesos en (octubre de 1934)

y la rebelión militar

Austria

Azaña, Manuel

crisis de gobierno de mayo de

dimisión como presidente de la

República

negociación de paz

presidente de la República

relaciones con Indalecio Prieto

salida de España

Azcárate, Pablo de

Aznar, Rita

Badajoz

Baldwin, Stanley

Baleares

Banco de España

Baraibar, Carlos de

Barbastro

Barbieri, Francesco

Barceló, Luis

Barcelona,

colectivización en

comités obreros

crisis de mayo de 1937

entrada de los rebeldes

supervivencia en

traslado del Gobierno a

batalla

de Belchite

de Brunete

del Ebro

de Guadalajara

del Guadiana

del Jarama

de Quinto

Bauer, Otto

Bellido i Golferichs, Jesús María

Bernal (jefe de la marina republicana)

Berneri, Camillo

Besteiro, Julián

Biarritz

Bilbao

Bilbao, Tomás

Blanco, Segundo

Bloc Obrer i Camperol (BOC)

Blum, Léon

Bolchevique-Leninista

Bonnet, Georges

Borkenau, Franz

Bosch Gimpera

Brigadas Internacionales

Brigadas Mixtas

Buckley, Henry

Bueno Núñez de Prado, Emilio

Bueso, Adolfo

Bugeda, Jerónimo

Buiza, Miguel,

Burgos

Burillo, Ricardo

Cáceres

CADCI (sindicato de dependientes del comercio)

Cádiz

Caja de Reparaciones

Calvo Sotelo, José

Cámara de Comercio de Barcelona,

Camacho, Antonio

Canarias, islas

Carabanchel

cárcel

Modelo (Madrid)

Porlier (Madrid)

San Antón (Madrid)

Ventas (Madrid)

carlistas

Carrillo, Santiago

Cartagena

Casado, Segismundo

sublevación de

Casanova, Julián

Casanovas, Joan

Casares Quiroga, Santiago

Casas Viejas (Cádiz),

Castellón

Castilblanco (Badajoz),

Castilla

Cataluña

caída de

comités obreros

entrada de los rebeldes

Estatuto de Autonomía de Cataluña (1932)

mayo de 1937

Causa General

Cazorla, José

Centaño de la Paz, José

Cerón, José

Chamberlain, Neville

Checa, Pedro

checas

Chinchilla

Ciutat, Francisco

Claridad,

Claudín, Fernando

Codovilla, Víctor

Columna Durruti

Columna de Hierro (Valencia)

Columna del Rosal (Cuenca)

Comintern (VII Congreso de la Internacional Comunista),

Comisariado de Cultos

Comité Ejecutivo Popular

Comité Internacional de Coordinación, Información y Ayuda a la España Republicana

Comité de No Intervención

Comités de Ayuda a los Presos,

Comorera, Joan

Companys, Lluís

crisis de mayo de 1937

relaciones con Negrín

Concentración Popular Antifascista,

Conesa, José

Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA),

Confederación Nacional Católico Agraria (CNCA),

Confederación Nacional del Trabajo (CNT)

Comité Nacional

comités de abastecimiento

congreso de Zaragoza (mayo de 1936)

crisis de 1937

de Andalucía / Extremadura

de Levante

de Lleida

de Madrid

en Aragón

en Asturias

en Barcelona

en el País Vasco

en Valencia

Regional Catalana

Sindicatos Únicos,

Solidaridad Obrera

y el hundimiento de la retaguardia

republicana

Confederación Regional del Trabajo (CRT),

Conferencia de Nyon

Consejo Levantino Unificado de Exportación Agrícola (CLUEA)

Consejo Nacional de Defensa

Consejo Superior de Guerra

Constitución de 1931

Córdoba

Cordón, Antonio

Cortada, Roldán

Cortes republicanas

Cruz Roja

cuáqueros

Cuatro Vientos

Cuba,

Cuerpo de Carabineros

Daladier, Edouard

Davidson, Jo

Delicado (dirigente comunista)

Desastre de

Díaz, José

Díaz Tendero, Eleuterio

Diéguez, Isidoro

Dios, Máximo de

Doménech, Juan José

Duclos, Jacques,

Durango

Durruti, Buenaventura

Éibar

ejército

de África

comisarios en el Ejército Republicano

de Extremadura

Popular

Ejército Republicano

Rojo

Escobar, Antonio

Escofet, Frederic

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

crisis de 1937

Estados Unidos

Estat Català

Exposición Internacional de

Extremadura

falangistas

Fanjul, Joaquín

Federación Anarquista Ibérica (FAI)

catalana

crisis de 1937

de Madrid

Los Solidarios

Federación de Juventudes Socialistas (FJS)

Federación Universitaria Escolar (FUE),

Figueres

Filipinas,

Frade, Fernando

Francia

Banco Nacional de

París

reconocimiento del Gobierno

franquista

y la no intervención

Franco, Francisco

Frente Popular,

Comité Provincial de Asturias

en Aragón

en Valencia,

Frente Popular francés

Gaikis, Leon

Galarza, Ángel

Galicia

Gambara, general

Gámir Ulibarri, Mariano

Garcés, Santiago

García Lorca, Federico

García Oliver, Juan

Garijo Hernández, Antonio

Generalitat de Catalunya

crisis de mayo de 1937

Gerö, Ernö

Gestapo

Getafe

Getxo

Gibraltar

Gigi-Bibi (anarquista)

Gijón

Banco de España

Giorla (dirigente comunista)

Giral, José

Girauta Linares, Vicente

Girón, Domingo

Girona

Goded, Manuel

Goff, Irving

golpe de Estado

agosto de 1932

18 de julio de 1936

Gómez Osorio (dirigente del PSOE)

Gómez Sáez, Paulino

Gomis, José

González Peña, Ramón

Gorkín, Julián

Gracia, Anastasio de

Gran Bretaña

Londres

reconocimiento del Gobierno

franquista

Royal Navy

y la no intervención

Granada

Guadalajara

Guadalupe, sierra de

Guadarrama, sierra de

Guardia de Asalto

Guardia Civil

Guardia Municipal (Barcelona)

Guardia Nacional Republicana, véase Guardia Civil

Guarner (jefe de servicios)

Guernica

gudaris

Guipúzcoa

Gustavo, Soledad

Halifax, lord

Hernández, Jesús

Hernández Zancajo, Carlos

Hidalgo de Cisneros, Ignacio

Hitler, Adolf

Huesca

Ibárruri, Dolores

Iglesia católica

Inspección General de Milicias

Institut Agrari de Sant Isidre,

Instituto de Reforma Agraria (IRA)

Internacional Comunista

Internacional Obrera Socialista

Internacional Sindical Roja

Irujo, Manuel de

Irún

Italia

Izquierda Comunista de España (ICE)

Izquierda Republicana

en Aragón

Jaén

Jiménez de Asúa, Luis

Jorge VI

Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE)

Juventud Libertaria

Juventud Socialista Madrileña

Juventud Socialista Unificada (JSU),

Kollontai, Alexandra

Koltsov, Mijail

La Coruña

La Línea

Lamoneda, Ramón

Landau, Kurt

Largo Caballero, Francisco

crisis de 1937

golpe de Casado

presidente del Gobierno

relaciones con la CNT

relaciones con Miaja

relaciones con el PCE

reservas de oro

ruptura con los republicanos

Legión Extranjera

León

Lerroux, Alejandro,

Ley de

Asociaciones Profesionales Patronales y Obreras,

Congregaciones Religiosas,

Contratos de Cultivo,

Defensa de la República,

Fugas,

Orden Público

Reforma Agraria,

Responsabilidades Políticas

Vagos y Maleantes,

Líster, Enrique

Litvinov (comisario)

Llano de la Encomienda, Francisco

Lleida

López, Anita

López, Juan

Luftwaffe

Madrid

Casa de Campo

Ciudad Universitaria

defensa de

entrada de los rebeldes

frente de

Junta de Defensa

Manzanares, río

marcha del Gobierno de

sitio de

Málaga

Mallorca

Malraux, André

Manresa,

Mantecón, Ignacio

Marchenko, Sergei Grigoryevich

Marruecos

Marín (miembro de la CNT)

Martín, Antonio

Martín Blázquez, José

Martínez Anido, Severiano,

Martínez Barrio, Diego

Martínez Cabrera, Toribio

Martínez Monje, Fernando

Marty, André

Marx, Karl,

Matallana, Manuel

Mateo Merino, Pedro

Maura, Miguel

Maurín, Joaquín

Medellín

Melilla

Méndez Aspe, Francisco

Menéndez, Leopoldo

Menorca

Mera, Cipriano

Mérida

México

Miaja, José

Mije, Antonio

milicias

Comandancia de

Comité Central de Milicias Antifascistas

control de Tarancón

de Aragón

de Vigilancia de Retaguardia (MIVR)

Miravitlles, Jaume

Modesto, Juan

Moix (dirigente del PSUC)

Mola, Emilio

Montiel, Francisco

Montoliú, Fernando

Montseny, Federica

Moriones, Domingo de

Morón, Gabriel

Mossos d’Esquadra

Munich (pacto de)

Murcia

Mussolini, Benito

Navalmoral de la Mata

Navarra

Negrín, Juan

desaparición de Nin

estrategia política como presidente del Gobierno

negociaciones de paz

relaciones con Indalecio Prieto

salida de Madrid

Trece Puntos

y el hundimiento de la retaguardia republicana

Nelken, Margarita

Nenni, Pietro

Neves, Mario

Nin, Andreu

NKVD (servicio de inteligencia soviético)

Orlov, Alexander

oro (reservas de)

Ortega, Antonio

Ortega Nieto, Leopoldo

Oviedo

OVRA (servicio de inteligencia italiano)

País Vasco

Ejército del

Estatuto de Autonomía (1936)

Paracuellos del Jarama

Partido Comunista de España (PCE)

Buró Político

Comité Central

en Asturias

en Barcelona

en Madrid

en Murcia

en el País Vasco

Federación Campesina

Federación Catalana,

Federación Comunista Catalano-Balear (FCCB)

Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (MAOC)

Quinto Regimiento

y el hundimiento de la retaguardia republicana

Partido Comunista Francés (PCF)

France Navigation

Partido Comunista Italiano (PCI)

Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS)

Partido Nacionalista Vasco (PNV)

Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM)

en Castellón

en Lleida

de Madrid

en Valencia

y la crisis de 1937

FOUS, sindicato del,

Juventud Comunista Ibérica (JCI)

Partido Radical francés

Partido Radical-Socialista

Partido Reformista

Partido Republicano Radical,

Partido Sindicalista

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

Comisión Ejecutiva Nacional

Federación Catalana del

milicia La Motorizada

Pacto de San Sebastián

Sama de Langreo

y el hundimiento de la retaguardia republicana,

Partit Català Proletari (PCP)

Partit Comunista de Catalunya (PCC)

Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), Treball

y el hundimiento de la retaguardia republicana

y la crisis de 1937

Pascua, Marcelino

Payne, Stanley

Peiró, Joan

Pérez, Antonio

Pérez Farrás, coronel

Pestaña, Ángel

Piñuela, Fernando

Pivert, Marceau

Polanco, Anselmo

Portela Valladares, Manuel

Portugal

Pozas, Sebastián

Praga

Pravda

Pretel, Antonio

Prieto, Horacio

Prieto, Indalecio

anticomunismo de

rechazo a la presidencia del Gobierno

relaciones con Largo Caballero

relaciones con Negrín

relaciones con el PCE

reservas de oro

Prieto, Lorenzo

Primo de Rivera, Miguel

Pozoblanco

Puigcerdà

Queipo de Llano, Gonzalo

requetés

Reverter, Andreu

Rhein, Marc

Rial, Santiago

Ríos, Fernando de los

Riquelme, José

Rivas Cherif, Cipriano

Rodríguez, Melchor

Rodríguez Salas, Eusebio

Rodríguez Vega, José

Rojo, Vicente

Rosenberg, Marcel

Rovira (miembro del POUM)

Rubiera, Carlos

Ruediger, Helmut

Rybalkin, Yuri

Sabadell,

Salamanca

Salazar, Oliveira

San Miguel de los Reyes

San Sebastián

pacto de

Sánchez Guerra, José,

Sanjurjo, José

Santa Olalla

Santamaría, doctor

Santander

Sanz, Ricardo

Seguí, Salvador,

Segura, cardenal,

Semana Trágica

Serrano Poncela, Segundo

Servicio de Evacuación de Republicanos Españoles (SERE)

Servicio de Investigación Militar (SIM)

Sesé, Antoni

Sevilla

Sheean, Vincent

Sierra Morena

Simeón Rivera, J. D.

Sindicato Minero Asturiano (SMA),

Sindicato de Artes Blancas de Madrid

Sindicato Minero Asturiano

Sindicato de Trabajadores Vascos (STV)

Sindicatos Libres,

Sindicatos de Oposición (Federación Sindicalista Libertaria, FSL)

Socialista, El

Sociedad de Naciones

Socorro Blanco

Solano, Wilebaldo

Somosierra, puerto de

Souchy, Agustín

Stalin, Joseph

Stashevsky, Arthur

Stepanov, Stepan Minev Ivanov

Suiza

Tajo, río

Talavera de la Reina

Tánger

Tarradellas, Josep

Tarragona

Teruel

Tetuán

Togliatti, Palmiro

Toledo

El Alcázar

Tomás, Pascual

Torrejón de Ardoz

Triana

Tribunal de Responsabilidades Civiles

Tribunal Especial de Espionaje y Alta Traición

Tribunales Especiales de Guardia

Tribunales Populares

Trotski, Leon

Trujillo

Unió Democrática

Unió de Rabassaires

Unió Socialista de Catalunya (USC)

UGSOC, sindicato de la,

Unión General de Trabajadores (UGT)

en Cataluña

en Valencia

Federación Española de Trabajadores de la Tierra (FETT)

GEPCI (Gremis i Entitats de Petits Comerciants i Industrials)

La Naval

Unión de Juventudes Comunistas

Unión Militar Española (UME)

Unión Militar Republicana y Antifascista (UMRA)

Unión Republicana

Unión Soviética

Moscú

Petrogrado

Rusia

Urales, Federico

Uribe, Vicente

Uribes, José Antonio

Val, Eduardo

Valencia

colectivización en

Gobierno en

Junta Delegada

Valladolid

Varela, José Enrique

Vaticano, El

Vázquez, Mariano R.

Vázquez Ocaña, Fernando

Vidal i Barraquer, Francesc

Vidiella, Rafael

Vigo

Villalba, José

Vinaroz

Viñas, Ángel

Vitoria

Vizcaya

Junta de Defensa

Whitaker, John T.

Yagüe, Juan de

Zabalza, Ricardo

Zamora

Zaragoza

Zugazagoitia, Julián

Notas

[1] J. Nadal, El fracaso de la revolución industrial en España, 1814-1913 (Ariel, Barcelona, 1975); N. Sánchez Albornoz, ed., The Economic Modernisation of Spain 1830-1930 (New York University Press, Nueva York, 1987); G. Tortella, El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX (Alianza Universidad, Madrid, 1994). <<

[2] S. Balfour, The End of the Spanish Empire 1898-1923; C. Serrano, Final del Imperio. España, 1895-1898 (Siglo XXI, Madrid, 1984). Sobre la importancia posterior de la política marroquí de España, véase P. La Porte, La atracción del Imán: el desastre de Annual y sus repercusiones en la política europea, 1921-1923 (Biblioteca Nueva, Madrid, 2001). <<

[3] La más conocida protesta antimilitarista fue la también anticlerical Semana Trágica de julio de 1909: véase J. C. Ullman, The Tragic Week: A Study of Anticlericalism in Spain 1875-1912 (Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1968), especialmente pp. 129-140; S. Balfour, The End of the Spanish Empire 1898-1923, pp. 114-131, y C. Serrano, Le Tour du Peuple. Crise nationale, mouvements populaires et populisme en Espagne (1890-1910) (Casa de Velázquez, Madrid, 1987). Sobre el antimilitarismo popular véase R. Núñez Florencio, Militarismo y antimilitarismo en España, 1888-1906 (CSIC, Madrid, 1990), y C. Gil Andrés, Echarse a la calle. Amotinados, huelguistas y revolucionarios. La Rioja, 1890-1936 (Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2000). <<

[4] K. Marx, «Critique of Hegel’s Philosophy of Right». <<

[5] Sobre el origen de esta situación en el proceso de desamortización, véase W. J. Callahan, Church, Politics and Society in Spain 1750-1874 (Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1984). <<

[6] J. Casanova, Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa, 1936-1938 (Siglo XXI, Madrid, 1985), pp. 32-39. <<

[7] F. Romero, «Spain and the First World War: The Structural Crisis of the Liberal Monarchy», European History Quarterly, 25 (1995), p. 532. <<

[8] Cómo cambiaría esto es un tema central de la obra de Santos Juliá Madrid, 1931-1934. De la fiesta popular a la lucha de clases (Siglo XXI, Madrid, 1984). <<

[9] B. Hofmann et. al., El anarquismo español y sus tradiciones culturales (Vervuert-Iberoamericana, Frankfurt am Main/Madrid, 1995); P. Solà i Gussinyer, Educació i moviment llibertari a Catalunya (1901-1939) (Edicions 62, Barcelona, 1980); S. Tavera, «La premsa anarco-sindicalista (1868-1931)», Recerques, 8 (1977), pp. 85-102; L. Litvak, Musa libertaria. Arte, literatura y vida cultural del anarquismo español (1880-1913) (Antoni Bosch, Barcelona, 1981). <<

[10] C. Ealham, «Policing the Recession: Unemployment, Social Protest and Law-and-Order in Barcelona 1930-1936», tesis doctoral, Universidad de Londres, 1995; C. Ealham, La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto, 1898-1937 (Alianza, Madrid, 2005); A. Smith, ed., Red Barcelona. Social Protest and Labour Mobilization in the Twentieth Century (Routledge, Londres, 2002). <<

[11] J. Romero Maura, «La Rosa de Fuego»: La política de los obreros entre el desastre colonial y la Semana Trágica 1889-1909 (Grijalbo, Barcelona, 1974); X. Cuadrat, Socialismo y anarquismo en Cataluña, 1890-1911 (Revista del Trabajo, Madrid, 1976); J. M. Huertas Clavería, Obrers a Catalunya (L’Avenç, Barcelona, 1982); P. Gabriel, «Sindicalismo en Cataluña 1888-1938», Historia Social, 8 (1990), y «Población obrera catalana», Estudios de Historia Social, 32-33 (1985); A. Smith, «Anarchism, the General Strike and the Barcelona Labour Movement 1899-1914», European History Quarterly, 27 (1), 1997. <<

[12] J. Álvarez Junco, El emperador del Paralelo. Lerroux y la demagogia populista (Alianza, Madrid, 1990). <<

[13] F. del Rey, Propietarios y patronos. La política de las organizaciones económicas en la España de la Restauración, 1914-1923 (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1992), y «Capitalismo catalán y golpe de Primo», Hispania, 168 (1988); E. González Calleja, El máuser y el sufragio. Orden público, subversión y violencia política en la crisis de la Restauración, 1917-1931 (CSIC, Madrid, 1999); véanse también los artículos de F. del Rey y A. Balcells en Estudios de Historia Social, 42-43 (1987); L’Avenç, 192 (mayo de 1995), número monográfico sobre el pistolerismo; S. Bengoechea, Vuitanta-quatre dies de lock-out a Barcelona, 1919-1920. Els precedents de la dictadura de Primo de Rivera (Curial, Barcelona, 1998), y Organització patronal i conflictivitat social a Catalunya. Tradició i corporativisme entre finals del segle i la dictadura de Primo de Rivera (L’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1994). <<

[14] La búsqueda por parte de los militares españoles de un nuevo papel después de 1898 estaba también en parte impulsada por su deseo de proteger sus propios intereses corporativos (véase G. Cardona, El poder militar en la España contemporánea hasta la guerra civil (Siglo XXI, Madrid, 1983) y C. Boyd, Praetorian Politics in Liberal Spain (University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1979). <<

[15] En 1919 la Regional catalana de la CNT, con más de cuatrocientos mil miembros, representaba la mitad de la militancia total de la CNT en España (J. Peirats, La CNT en la revolución española (Ruedo Ibérico, París, 1971), vol. 1, pp. 27-28). Durante el período 1931-1936, la Regional catalana sufriría un declive en su militancia. Pero el hecho de que mantuviera su formidable poder de movilización en las calles y continuase proporcionando los dirigentes más destacados del movimiento haría que retuviera su predominio político sobre la CNT en el ámbito nacional (véanse los capítulos 1, 4 y 5 de este libro). <<

[16] P. Radcliff, From Mobilisation to Civil War. The Politics of Polarisation in the Spanish City of Gijón 1900-1937 (Cambridge University Press, Cambridge, 1996), p. 128. <<

[17] C. Lorenzo, Los anarquistas españoles y el poder, Ruedo Ibérico, París, 1972, pp. 44-45. <<

[18] Á. Pestaña, Lo que aprendí en la vida (Madrid, 1972), vol. 1, pp. 88-89 y 100-101; vol. 2, p. 87. <<

[19] C. Lorenzo, Los anarquistas españoles…, pp. 36-37; J. Peirats, La CNT en la revolución española, vol. 1, p. 27; P. Radcliff, From Mobilisation to Civil War…, pp. 179-180. <<

[20] C. Lorenzo, Los anarquistas españoles…, pp. 49-50. <<

[21] Rusia, al igual que otros símbolos de la modernidad, como «la aviación, la radio y el teléfono» daba a la vida un mayor interés (E. Montero, «Reform Idealised: the Intellectual and Ideological Origins of the Second Republic», en H. Graham y J. Labanyi, Spanish Cultural Studies, p. 131). <<

[22] E. Montero, «The Forging of the Second Spanish Republic: New Liberalism, The Republican Movement and the Quest for Modernisation 1898-1931», tesis doctoral inédita, Universidad de Londres, 1989. <<

[23] La coalición estaba basada en el Pacto de San Sebastián, firmado en agosto de 1930 por republicanos y nacionalistas catalanes y que fue pronto apoyado por el PSOE. En el País Vasco, la minoría liberal nacionalista, la ANV, participó, pero el PNV, más influyente, no lo hizo. <<

[24] Esto fue lo que el teórico socialista austríaco Otto Bauer definió de forma perspicaz como un «régimen transicional de equilibrio de clase» (Otto Bauer, «Fascism», en T. Bottomore y P. Goode, eds., Austro Marxism (Oxford, 1978) pp. 167-186). Una síntesis se puede ver en H. Graham y P. Preston, eds., The Popular Front in Europe (Macmillan, Basingstoke, 1987), p. 10. Véase también S. Juliá, «Manuel Azaña: la razón, la palabra y el poder», en V. A. Serrano y J. M. San Luciano, eds., Azaña (Edascal, Madrid, 1980). <<

[1] Cit. en E. Montero, «Reform idealised», en H. Graham y J. Labanyi, Spanish Cultural Studies… <<

[2] J. M. Macarro Vera, «Causas de la radicalización socialista en la II República», Revista de Historia Contemporánea (Sevilla), 1 (diciembre de 1982), p. 203. <<

[3] P. Preston, The Coming of the Spanish Civil War (a partir de ahora CSCW) (2.ª ed., Routledge, Londres, 1994); S. Juliá, La izquierda del PSOE (1935-1936) (Siglo XXI, Madrid, 1977), y H. Graham, El PSOE en la guerra civil, Debate, Barcelona, 2005). <<

[4] A. Bosch, «Nuevas perspectivas sobre la conflictividad rural en la Segunda República», Historia Contemporánea, 9 (1993), pp. 141-166; F. Cobo Romero, «El voto campesino contra la II República. La derechización de los pequeños propietarios y arrendatarios agrícolas jienenses, 1931-1936», Historia Social, 37 (2000), pp. 119-142, y Conflicto rural y violencia política (Universidad de Jaén/Universidad de Granada, Jaén, 1998). <<

[5] J. M. Macarro Vera, «Economía y política en el Frente Popular», Revista de Historia Contemporánea, 7 (1996), pp. 129-150. <<

[6] N. Rider, «The Practice of Direct Action: the Barcelona Rent Strike», en D. Goodway, ed., For Anarchism. History, Theory, Practice (Routledge, Londres, 1989), pp. 79-105, y C. Ealham, La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto, 1898-1937 (Alianza, Madrid, 2005), passim, véanse especialmente pp. 177, 194 y ss. <<

[7] Pero algunos sindicatos de la CNT aceptaron los jurados mixtos a pesar de la oposición de su dirección nacional. <<

[8] C. Ealham, La lucha por Barcelona, pp. 140-141. <<

[9] J. M. Macarro Vera, «Causas de la radicalización socialista en la II República», pp. 206-208; M. Cabrera, La patronal ante la Segunda República (Madrid, 1983); S. Juliá, «La experiencia del poder: la izquierda republicana, 1931-1933», en N. Townson, ed., El republicanismo en España, pp. 181-183. <<

[10] H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 62-72 y 94-99, y R. Vinyes, La Catalunya internacional. El frontpopulisme en l’exemple català (Curial, Barcelona, 1983), p. 256. <<

[11] S. Souto Kustrín, «Y ¿Madrid? ¿Qué hace Madrid?» Movimiento revolucionario y acción colectiva (1933-1936) (Siglo XXI, Madrid, 2004), y «Taking the Streets. Workers’ youth organizations and conflicts in the Spanish Second Republic», European History Quarterly, vol. 34, n.º 2 (2004), pp. 131-156. <<

[12] J. M. Macarro Vera, La utopía revolucionaria. Sevilla en la Segunda República (Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla, Sevilla, 1985), pp. 94-95. <<

[13] Todas las principales federaciones regionales de la CNT (Cataluña, Levante y Andalucía/Extremadura) experimentaron un declive a lo largo del período 1931-1936. Pero la Regional catalana había caído desde su cima de 400 000 militantes de 1919, que representaban la mitad de la militancia total de la CNT en España; véase J. Peirats, La CNT en la revolución española, 3 vols. (Ruedo Ibérico, s. l. 1971), vol. 1, pp. 27-28. Sobre la Regional catalana en los años treinta, véase S. Tavera y E. Vega, «L’afiliació sindical a la CRT de Catalunya: entre l’eufòria revolucionària i l’ensulsiada confederal 1931-36», en VV. AA., Revolució i socialisme (Barcelona, 1990), vol. 2, pp. 343-363, esp. pp. 350 y 353. Sobre el sur, J. M. Macarro Vera, La utopía revolucionaria, p. 62. <<

[14] Ellos formaron los Sindicatos de Oposición (Federación Sindicalista Libertaria, FSL). J. Brademas, Anarcosindicalismo y revolución en España, 1930-1937 (Ariel, Barcelona, 1974), pp. 76-77, 91-92 y 117-121; E. Vega, El trentisme a Catalunya. Divergències ideològiques en la CNT (Curial, Barcelona, 1980), y Anarquistas y sindicalistas, 1931-1936. La CNT y los Sindicatos de Oposición en el País Valenciano (Alfons el Magnànim, Valencia, 1987), pp. 225-226. <<

[15] A. C. Durgan, B. O. C. 1930-1936. El Bloque Obrero y Campesino (Laertes, Barcelona, 1996). <<

[16] La UGT también tenía problemas para establecer relaciones horizontales entre sus sindicatos. J. M. Macarro Vera analiza el caso andaluz en S. Juliá, ed., El socialismo en las nacionalidades y regiones. Anales de Historia, vol. 3 (Fundación Pablo Iglesias, Madrid, 1988), pp. 105 y 118. <<

[17] J. Peirats, La CNT en la revolución española, vol. 1, pp. 53-57. <<

[18] J. Casanova, De la calle al frente (Crítica, Barcelona, 1997), pp. 6364 y 87 para una impresionante descripción de la crisis de la CNT. <<

[19] Véase C. Gil Andrés, Echarse a la calle. Amotinados, huelguistas y revolucionarios. <<

[20] S. Juliá, «La experiencia del poder: la izquierda republicana, 1931-1933», en N. Townson, ed., El republicanismo en España (1830-1977) (Alianza, Madrid, 1994), pp. 181 y 185. <<

[21] Sobre el sector agrícola véase M. Pérez Yruela, La conflictividad campesina en la provincia de Córdoba, 1931-1936 (Ministerio de Agricultura, Madrid, 1979), pp. 111, 119 y ss., y 228-229. Sobre la huelga de la construcción, véase S. Juliá, Madrid, 1931-1934. Op. cit., pp. 229-258. Sobre Cataluña, A. Balcells, «El socialismo en Cataluña hasta la guerra civil», en El socialismo en las nacionalidades y regiones. Anales de Historia, vol. 3 (Fundación Pablo Iglesias, Madrid, 1988), p. 34. <<

[22] Estas guerras entre militantes se remontan a 1916, cuando la CNT realizó un intento de absorber La Naval, un sindicato de estibadores de la UGT; véase F. Romero Salvadó, España, 1914-1918. Entre la guerra y la revolución (Crítica, Barcelona, 2002), p. 44. Y durante los años de Primo de Rivera, los estibadores de Barcelona, dirigidos por un excenetista, se habían unido a la UGT (A. Balcells, «El socialismo en Cataluña hasta la guerra civil», p. 33). <<

[23] J. M. Macarro Vera, La utopía revolucionaria, esp. pp. 214-242, 293-305 y 313-343. <<

[24] S. Juliá, Madrid, 1931-1934, pp. 147-220. <<

[25] S. Juliá, La izquierda del PSOE, p. 260, y «¿Feudo de la UGT o capital confederal? La última huelga de la construcción en el Madrid de la República», Historia Contemporánea, 6 (1991), pp. 207-220. <<

[26] Sobre la evolución de este conflicto durante la guerra, véase H. Graham, El PSOE en la guerra civil, p. 89 (nota 45) y p. 110 (nota 51). <<

[27] A. Balcells, «El socialismo en Cataluña hasta la guerra civil», pp. 35-36. <<

[28] El BOC se había formado en noviembre de 1930 por la fusión de la Federación Comunista Catalano-Balear (FCCB) del PCE con el diminuto Partit Comunista Català (PCC), disidente, de Jordi Arquer. La independencia organizativa del BOC se confirmó en 1931 con la expulsión del PCE de Joaquín Maurín, que llegaría a ser el principal dirigente y estratega del BOC. Véase A. C. Durgan, B. O. C., 1930-1936; F. Bonamusa, El Bloc Obrer i Camperol (1930-1932) (Barcelona, 1974); y E. Ucelay-Da Cal, «Socialistas y comunistas en Cataluña durante la guerra civil», p. 308. <<

[29] Sobre la base urbana del BOC en Cataluña, véase A. C. Durgan, «Trotsky, the POUM and the Spanish Revolution», en Journal of Trotsky Studies, 2 (1994), p. 59, y también los apéndices 4-8 de A. C. Durgan, B. O. C., 1930-1936. Véanse pp. 140-141 y 147-154 de este libro sobre el apoyo rural del BOC desde 1931, aunque Esquerra superaba con creces tanto al BOC/POUM como a la USC en la Cataluña rural antes de la Guerra Civil. <<

[30] A. Balcells, «El socialismo en Cataluña hasta la guerra civil», p. 34; A. C. Durgan, B. O. C., 1930-1936. La USC tenía al menos el triple de militantes que la sección catalana del PSOE, mientras que el BOC era más de dos veces mayor que la USC. <<

[31] P. Radcliff, From Mobilisation to Civil War, p. 290. <<

[32] A. Shubert, Hacia la revolución. Orígenes sociales del movimiento obrero en Asturias (1860-1934) (Crítica, Barcelona, 1984). <<

[33] Discurso de José Díaz en el Monumental Cinema de Madrid el 2 de junio de 1935, Tres años de lucha (Laia, Barcelona, 1978), vol. 1, pp. 42-43. <<

[34] H. Graham, «Women and social change», en H. Graham y J. Labanyi, eds., Spanish Cultural Studies (Oxford University Press, Oxford, 1995), pp. 108-109. <<

[35] M. S. Alexander y H. Graham, eds., The French and Spanish Popular Fronts, uno de cuyos temas unificadores es que el Frente Popular en Europa fue un fenómeno sociológico tanto construido desde abajo como «dirigido desde arriba». <<

[36] P. Preston, CSCW, p. 29; J. M. Macarro Vera, La utopía revolucionaria, passim. <<

[37] Véase el caso alemán en H. Graham y P. Preston, eds., The Popular Front in Europe, pp. 5-6 y 21-23. <<

[38] J. Díaz, Tres años de lucha, vol. 1, pp. 35-64. <<

[39] H. Graham, «Community, Nation and State in Republican Spain 1931-1938», en C. Mar-Molinero y A. Smith, eds., Nationalism and the Nation in the Iberian Peninsula (Berg, Oxford, 1996), pp. 133-147. <<

[40] El objetivo de la amnistía eclipsó a todos los otros en la campaña electoral del Frente Popular en Asturias, durante la cual la Regional asturiana de la CNT pidió oficialmente a sus militantes que votaran (A. Shubert, «A reinterpretation of the Spanish Popular Front: the case of Asturias», en Alexander y Graham, The French and Spanish Popular Front, pp. 222 y 220). <<

[41] H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 32-33 y 62-72. <<

[42] Las consecuencias de esta valoración durante el período de la guerra civil son analizadas en profundidad en H. Graham, El PSOE en la guerra civil. <<

[43] P. Preston, «The Creation of the Popular Front in Spain», en H. Graham y P. Preston, eds., The Popular Front in Europe, pp. 97-98. <<

[44] H. Buckley, Life and Death of the Spanish Republic (Hamish Hamilton, Londres, 1940), pp. 182-183. El lector debe tener en cuenta que el precio de estas entradas era muy alto en relación con el valor de la peseta en 1935 y con los salarios de los trabajadores. <<

[45] Los firmantes fueron: PSOE, UGT, PCE, POUM, Izquierda Republicana (Azaña), Unión Republicana (Martínez Barrio), ERC y el Partido Sindicalista (Ángel Pestaña). <<

[46] S. Juliá, Orígenes del Frente Popular en España, 1934-1936 (Siglo XXI, Madrid, 1979), p. 145. <<

[47] I. Prieto, Discursos fundamentales (Ediciones Turner, Madrid, 1975), pp. 255-273. <<

[48] E. Ucelay-Da Cal, «Socialistas y comunistas en Cataluña durante la guerra civil», pp. 298-299, 305-308 y 318-319; y A. Balcells, Trabajo industrial y organización obrera en la Cataluña contemporánea, 1900-1936, p. 143. <<

[49] El grupo de Nin tenía en torno a los 250-300 militantes, mientras que el BOC tenía varios miles (V. Alba, Dos revolucionarios: Joaquín Maurín, Andreu Nin (Seminarios y Ediciones, Madrid, 1975), p. 389). Véase también P. Pagès, El movimiento trotskista en España (1930-1935) (Barcelona, 1975). <<

[50] A. Balcells, Trabajo industrial y organización obrera en la Cataluña contemporánea, 1900-1936, p. 146. Se estimaba que el POUM tenía unos seis mil militantes en vísperas de la Guerra Civil, aunque en diciembre de 1936 decía tener treinta mil (F. Morrow, Revolution and Counter-Revolution in Spain, (or. 1938), New Park Publications, Londres, 1976), p. 45; B. Bolloten, The Spanish Civil War. Revolution and Counterrevolution (de aquí en adelante, SCW) (Harvester/Wheatsheaf, Hemel Hempstead, 1991), p. 405. <<

[51] E. Ucelay-Da Cal, «Socialistas y comunistas en Cataluña durante la guerra civil», p. 305. <<

[52] A. Balcells, «El socialismo en Cataluña hasta la guerra civil», p. 38. <<

[53] A. Balcells, «El socialismo en Cataluña hasta la guerra civil», p. 39. <<

[54] A. Balcells, Trabajo industrial y organización obrera en la Cataluña contemporánea, 1900-1936, pp. 156 y 158-159. <<

[55] A. Shubert, «A reinterpretation of the Spanish Popular Front: the Case of Asturias», en H. Graham y M. S. Alexander, eds., The French and Spanish Popular Fronts, pp. 213-225; P. Radcliff, From Mobilisation to Civil War, pp. 301-303. <<

[56] J. S. Vidarte, Todos fuimos culpables, 2 vols. (Grijalbo, Barcelona, 1978), vol. 1, p. 99; S. Juliá, Manuel Azaña. Una biografía política (Alianza, Madrid, 1990), pp. 459-469; J. Casanova, De la calle al frente, p. 145 (n. 12); H. Graham, «Spain 1936. Resistance and revolution: the flaws in the Front», en T. Kirk y A. McElligott, eds., Opposing Fascism. Community, Authority and Resistance in Europe (Cambridge University Press, Cambridge, 1999), p. 64. <<

[57] Véase, para el caso francés, D. A. L. Levy, «The French Popular Front 1936-37», en H. Graham y P. Preston, eds., The Popular Front in Europe, p. 69. <<

[58] P. Preston, Franco. A Biography (Harper Collins, Londres, 1993), pp. 76-77; C. P. Boyd, «“Responsibilities” and the Second Republic, 1931-6», en M. Blinkhorn, ed., Spain in Conflict 1931-1939 (Sage, Londres, 1986), pp. 14-39. <<

[59] H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 54-56; P. Preston, Comrades (Harper Collins, Londres, 1999), pp. 224-226 y 260-261. <<

[60] Véase también el manifiesto de la Comintern de mayo de 1935 (firmado por José Díaz, André Marty y Palmiro Togliatti) que se refiere a «los trabajadores socialistas, comunistas, anarquistas y sindicalistas de España», y también a «los trabajadores de Cataluña, el País Vasco y Marruecos» (E. H. Carr, The Twilight of the Comintern (Macmillan, Londres, 1982), pp. 148-150 y 317 sobre los desacuerdos en la Comintern acerca del nuevo Frente Popular interclasista). <<

[61] El PCE diría tener más de cien mil militantes. B. Bolloten, SCW, p. 831; Guerra y revolución en España 1936-39, 4 vols. (Editorial Progreso, Moscú, 1966-1977), vol. 1, p. 87. <<

[62] H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 34, 38 y 47-52, y «The Socialist Youth in the JSU», pp. 83-102; R. Viñas, La formación de las Juventudes Socialistas Unificadas (1934-1936). Había un precedente para esto: en 1920 las Juventudes Socialistas habían dejado el PSOE para formar el primer Partido Comunista de España. <<

[63] F. Claudín, Santiago Carrillo. Crónica de un secretario general (Planeta, Barcelona, 1983), p. 45. <<

[1] Tony Kushner, Angels in America (Royal National Theatre/Nick Hern Books, Londres, 1994), pp. 1-2. <<

[2] G. Cardona, El poder militar en la España contemporánea hasta la guerra civil. <<

[3] M. Ballbé, Orden público y militarismo en la España constitucional, pp. 391 y 393-395. <<

[4] I. Prieto, Convulsiones de España. Pequeños detalles de grandes sucesos, 3 vols. (Ediciones Oasis, México, 1967-1969), vol. I, p. 163; J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, pp. 39-41; C. de la Mora, In Place of Splendour (Harcourt, Brace & Co., Nueva York, 1939), pp. 209-210 y 216-220; S. Carrillo, Memorias (Planeta, Madrid, 1.ª ed., 1993), 1994 (6.ª ed.), p. 168, y M. Ballbé, Orden público y militarismo, pp. 389-390. <<

[5] M. Azaña, Obras completas, vol. IV, pp. 714-716; D. Martínez Barrio, Memorias (Planeta, Barcelona, 1983), pp. 356-368; J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, pp. 63-65. <<

[6] Una lista de los miembros del gobierno se puede ver en B. Bolloten, SCW, pp. 46-47. <<

[7] A. Cordón, Trayectoria, p. 248. <<

[8] J. Martín Blázquez, I Helped to Build an Army (Secker & Warburg, Londres, 1939), pp. 125 y ss. <<

[9] J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, pp. 58-59 y 130; J. S. Vidarte, Todos fuimos culpables, vol. 1, p. 59; H. Graham, El PSOE en la guerra civil, p. 48. El PSOE y su milicia juvenil repitieron esta función de orden público en varias ciudades: véase, por ejemplo, M. Ortiz Heras, Violencia política en la II República y el primer franquismo (Albacete, 1936-1939) (Siglo XXI, Madrid, 1996), p. 106. <<

[10] J. Modesto, Soy del Quinto Regimiento (Editorial Laia, Barcelona, 1978), pp. 47, 49-50 y 61-62; y E. Líster, Memorias de un luchador (G. del Toro, Madrid, 1977), pp. 66-67; M. Alpert, El ejército republicano, p. 18. <<

[11] M. Ortiz Heras, Violencia política en la II República, pp. 99-100; J. D. Simeón Riera, Entre la rebelió i la tradició (Llíria durant la República i la Guerra Civil. 1931-1939) (Diputació de València, Valencia, 1993), pp. 272-276, para una sugerente, aunque problemática, discusión de la dimensión «premoderna» de esta violencia popular. Algunas veces, sin embargo, los medios de reparación de las injusticias eran otros: véase el caso de una jornalera de Pozoblanco (Córdoba) que exigió que se obligase a las «señoritas de derechas» a participar en la recolección de la aceituna (G. García de Consuegra Muñoz, A. López López y F. López López, La represión en Pozoblanco (Francisco Baena Editor, Córdoba, 1989), p. 74). <<

[12] G. García de Consuegra Muñoz, A. López López y F. López López, La represión en Pozoblanco, pp. 55 y 60; G. Cox, The Defence of Madrid (Victor Gollancz, Londres, 1937), p. 183; M. Ortiz Heras, Violencia política en la II República, pp. 106-108, G. Jackson, The Spanish Republic and the Civil War, p. 343; I. Gibson, Paracuellos: cómo fue (Argos Vergara, Barcelona, 1983), pp. 178-179. <<

[13] Los trabajos típicos sobre los asesinatos anticlericales durante la Guerra Civil son: Mons. Antonio Montero, Historia de la persecución religiosa en España, 1936-1939 (BAC, Madrid, 1961) y V. Cárcel Ortí, La persecución religiosa en España durante la Segunda República (1931-1939) (Ediciones Rialp, Madrid, 1990). Análisis académicos críticos más recientes se pueden ver en M. P. Salomón Cheliz, Anticlericalismo en Aragón. Protesta popular y movilización política (1900-1939) (Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2002) y J. L. Ledesma, Los días de llamas de la revolución (Institución Fernando el Católico/CSIC, Zaragoza, 2003). <<

[14] J. L. Ledesma, Los días de llamas de la revolución, pp. 39-40 y 305-306; B. Lincoln, «Revolutionary Exhumations in Spain. July 1936», Comparative Studies in Society and History XXVII, 2 (1985), y Religion, Rebellions and Revolutions (1985); R. Maddox, «Revolutionary Anti-Clericalism and Hegemonic Processes in an Andalusian Town. August 1936», American Ethnologist, vol. 22, n.º 1 (1995), pp. 125-143. <<

[15] J. Casanova, Caspe, 1936-1938. Conflictos políticos y transformaciones sociales durante la guerra civil (Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1984), p. 45. <<

[16] Como dejan claro los más importantes estudios locales: véanse, por ejemplo, J. M. Solé i Sabaté y J. Villaroya i Font, La repressió a la reraguarda de Catalunya (1936-1939) (Abadia de Montserrat, Barcelona, 1989-1990), 2 vols.; F. Moreno Gómez, La guerra civil en Córdoba, 1936-1939 (Editorial Alpuerto, Madrid, 1985). Una visión de conjunto se puede ver en Santos Juliá et. al., eds., Víctimas de la guerra civil (Temas de Hoy, Madrid, 1999), pp. 117-157. <<

[17] J. D. Simeón Riera, Entre la rebelió i la tradició, p. 273, n. 73. <<

[18] J. D. Simeón Riera, Entre la rebelió i la tradició, pp. 203 y 205, n. 37; J. L. Ledesma, Los días de llamas de la revolución, pp. 241-243. <<

[19] J. M. Sabín, Prisión y muerte en la España de la postguerra (Anaya Mario Muchnik, Barcelona, 1996), p. 16; J. Casanova, Caspe, 1936-1938, p. 46 y J. L. Ledesma, Los días de llamas de la revolución, p. 241, para una importante observación sobre la presencia de clases medias rurales en muchos comités locales. <<

[20] Más tarde fue utilizado para denunciar luchas políticas más específicas entre, y dentro, de las diferentes organizaciones de la zona republicana, aunque, una vez más, esto fue facilitado por la debilidad y las lagunas del poder del Estado (véase el capítulo 5). <<

[21] B. Bolloten, SCW, pp. 333-342. Sobre la columna del Rosal, J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, p. 180; I. Prieto, De mi vida (Ediciones El Sitio, México, 1965), vol. 1 pp. 324-325. <<

[22] J. Casanova, Anarquismo y revolución, p. 113. El cenetista Joan Peiró denunció públicamente las actividades de los elementos incontrolados; véase F. Jellinek, The Civil War in Spain (Victor Gollancz, Londres, 1938), p. 441. <<

[23] F. Jellinek, The Civil War in Spain, pp. 331-332 y 340-341. <<

[24] J. Casanova, Anarquismo y revolución, pp. 253, 254 y 258. Lo mismo se puede decir sobre los enfrentamientos entre las distintas facciones del PSOE en tiempos de guerra. La correspondencia de las organizaciones locales a la ejecutiva nacional conservada en la Fundación Pablo Iglesias (FPI), Archivo Histórico (AH) a veces muestra cómo los enfrentamientos locales se revestían con el vocabulario de las facciones. <<

[25] M. Ortiz Heras, Violencia política en la II República, p. 100. <<

[26] Amaro del Rosal, Historia de la UGT de España, 1901-1939, 2 vols. (Grijalbo, Barcelona, 1977), vol. 2, pp. 493-496; F. Largo Caballero, «La UGT y la guerra», discurso pronunciado en octubre de 1937 (Valencia, 1937), p. 14; F. Largo Caballero, Mis recuerdos (Ediciones Unidas, México D. F., 1976, 2.ª ed., p. 166); R. Llopis, «Las etapas de la victoria», Spartacus, octubre de 1937, p. 4. <<

[27] Marcelino Pascua en S. Álvarez, Negrín. Personalidad histórica (Ediciones de la Torre, Madrid, 1994), vol. 2, p. 280; y M. Ansó, Yo fui ministro de Negrín (Planeta, Barcelona, 1976), pp. 165-166, sobre Valencia. <<

[28] M. Ortiz Heras, Violencia política en la II República, p. 105; J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, pp. 78-82. <<

[29] H. Graham, EL PSOE en la guerra civil, p. 102. <<

[30] Carta a la ejecutiva nacional del PSOE, 15 de octubre de 1936, en FPI, AH-23-16; Actas de la ejecutiva de la UGT, 9 de diciembre de 1936, H. Graham, El PSOE en la guerra civil, p. 231; J. S. Vidarte, Todos fuimos culpables, vol. 2, pp. 649-650. <<

[31] H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 89, 110 y 114-115. <<

[32] Sobre la historia previa del conflicto entre la CNT y la UGT en Barcelona véase el capítulo 1. Para un análisis de la situación en Barcelona y Cataluña en general después del 18 de julio, véanse los capítulos 4 y 5. <<

[33] El País Vasco republicano —es decir, principalmente la Vizcaya industrial— fue una excepción, ya que el conservador Partido Nacionalista Vasco (PNV) mantuvo el control político. <<

[34] Se pueden encontrar narraciones en J. Pérez Salas, Guerra en España (1936-1939) (México, 1947); F. Escofet, Al servei de Catalunya i la República (París, 1973); F. Jellinek, The Civil War in Spain; D. Abad de Santillán, Por qué perdimos la guerra (Buenos Aires, 1940) y F. Borkenau, The Spanish Cockpit, (1.ª Ed. 1937), Londres 1986). Hay un resumen en H. Thomas, Spanish Civil War, pp. 232-236. <<

[35] F. Escofet, Al servei de Catalunya i la República, y V. Guarner, L’aixecament militar i la guerra civil a Catalunya (Barcelona, 1980). Escofet era el conseller de Orden Público del gobierno de la Generalitat y Guarner, su jefe de servicios. <<

[36] A. Bosch Sánchez, Ugetistas y libertarios, p. 19. <<

[37] Cfr. el rechazo de las cooperativas a pagar impuestos estatales, R. Abella, La vida cotidiana durante la guerra civil. La España republicana, p. 89. <<

[38] M. Vilanova, «L’Escala y Beuda: dos formas de propiedad y de lucha social durante la guerra civil», Historia y Fuente Oral, n.º 3, «Esas Guerras» (1990), pp. 39-66. <<

[39] S. Payne, The Spanish Revolution (Weidenfeld & Nicolson, Londres, 1970), pp. 236-237. <<

[40] Sin embargo, la FAI de Madrid estaba menos resignada al control del gobierno. <<

[41] P. Radcliff, From Mobilisation to Civil War, pp. 305-307. <<

[42] R. Fraser, Blood of Spain, pp. 240-241. <<

[43] Sobre la larga historia de movilización anarquista en torno a temas de consumo popular en Gijón, véase P. Radcliff, From Mobilisation to Civil War, passim. Pero incluso en este tema los dirigentes de la Regional asturiana de la CNT fueron extremadamente conciliadores (R. Fraser, Blood of Spain, p. 244; F. Jellinek, The Civil War in Spain, pp. 407-416). <<

[44] H. Thomas, Spanish Civil War, p. 310. <<

[45] P. Radcliff, From Mobilisation to Civil War, pp. 306-307. <<

[46] A. Bosch Sánchez, Ugestistas y libertarios, p. 41. <<

[47] A. Bosch Sánchez, Ugestistas y libertarios, pp. 19, 22-23 y 38-39. Se puede recordar el agudo comentario del dirigente sindicalista J. López en Fragua Social (periódico de la CNT, Valencia) sobre «una masa permanentemente sublevada que pedía víveres», en ibid., p. 19 (inc. n. 6). Véase también p. 22. <<

[48] «Hablarles de colectivización equivalía a hablarles en griego», como observó uno de los dirigentes locales de la CNT (A. Bosch Sánchez, Ugetistas y libertarios, p. 48). <<

[49] Las expropiaciones rurales y las colectivizaciones agrarias se produjeron especialmente en Aragón y en la zona centro-sur republicana (desde Castilla la Nueva hacia el sur). J. Casanova, ed., El sueño igualitario. Campesinado y colectivizaciones en la España republicana, 1936-1939 (Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1988), passim. Sobre Jaén, véase L. Garrido González, Colectividades agrarias en Andalucía: Jaén (1931-1939) (Siglo XXI, Madrid, 1979), y F. Cobo Romero, Revolución campesina y contrarrevolución franquista en Andalucía (Universidad de Granada, Granada, 2004). Hay abundantes memorias sobre la colectivización, escritas tanto por españoles como por extranjeros. Un resumen breve y útil del debate historiográfico se puede ver en J. Casanova, «Anarchism, revolution and civil war in Spain: the challenge of social history», International Review of Social History, XXXVII (1992), pp. 398-404. <<

[50] J. Casanova, Anarquismo y revolución, pp. 36 y 218; W. L. Bernecker, Colectividades y revolución social. El anarquismo en la Guerra Civil española, 1936-1939 (Crítica, Barcelona, 1982), pp. 251-252. <<

[51] L. Garrido González, Colectividades agrarias en Andalucía: Jaén (1931-1939); A. Bosch Sánchez, Ugetistas y libertarios, p. 372. <<

[52] Para una rara excepción en la región valenciana, véase A. Bosch Sánchez, Ugetistas y libertarios, p. 36. <<

[53] A. Garrachón Cuesta, De África a Cádiz y de Cádiz a la España imperial (s. e., Cádiz, 1938); F. Espinosa Maestre, La justicia de Queipo (Violencia selectiva y terror fascista en la II División en 1936). Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Málaga y Badajoz (Centro Andaluz del Libro, Sevilla, 2000), pp. 57-72. <<

[54] D. Sueiro, La flota es roja (Argos Vergara, Barcelona, 1983). Había habido también una rebelión similar de los marineros en el puerto de Cartagena (J. Martínez Leal, República y guerra civil en Cartagena (1931-1939) (Universidad de Murcia/Ayuntamiento de Cartagena, Cartagena, 1993), pp. 169-185. <<

[55] P. Preston, Franco, pp. 156-162; y P. Preston, «Mussolini’s Spanish Adventure: From Limited Risk to War», en P. Preston y A. Mackenzie, eds., The Republic Besieged: Civil War In Spain 1936-1939 (University Press, Edimburgo, 1996), p. 21. <<

[56] E. Moradiellos, «The Gentle General: the Official Perception of General Franco during the Spanish Civil War», y P. Preston, «Mussolini’s Spanish Adventure: From Limited Risk to War», ambos en P. Preston y A. Mackenzie, eds., The Republic Besieged, pp. 4 y 38. <<

[57] P. Preston, «Mussolini’s Spanish Adventure: From Limited Risk to War», en P. Preston y A. Mackenzie, The Republic Besieged, p. 31. <<

[58] P. Preston, Franco, pp. 161-162. <<

[59] M. Ors Montenegro, La represión de guerra y posguerra en Alicante (1936-1945) (Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante, 1995); V. Ramos, La guerra civil (1936-1939) en la provincia de Alicante, 3 vols. (Biblioteca Alicantina, Alicante, 1974), vol. 1, pp. 85-111. J. Martínez Leal, República y guerra civil en Cartagena, pp. 169-185; R. Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Política y guerra civil en Almería (Cajal, Almería, 1986), pp. 113-120; H. Thomas, Spanish Civil War, pp. 242 y 251; F. Cobo Romero, La guerra civil y la represión franquista en la provincia de Jaén (1936-1950) (Diputación de Jaén, Jaén, 1993). <<

[60] I. Gibson, The Assassination of Federico García Lorca (W. H. Allen, Londres, 1979); R. Gil Bracero, Granada: jaque a la República (Caja General de Ahorros de Granada, Granada, 1998). <<

[61] Todos los oponentes políticos de los rebeldes fueron descritos como «rojos». Pero el término fue también aplicado de forma indiscriminada a grupos sociales enteros: predominantemente a las clases obreras urbanas y rurales, pero también a los sectores de profesionales liberales e intelectuales identificados con la República, incluidos los nacionalistas catalanes y vascos. <<

[62] A. Bahamonde y Sánchez de Castro, Un año con Queipo: memorias de un nacionalista (Barcelona, Ediciones Españolas, s. a. [1938?], pp. 23-27; J. de Ramón Laca, Bajo la férula de Queipo: cómo fue gobernada Andalucía (Imprenta del Diario Fe, Sevilla, 1939), pp. 18-20; A. Braojos Garrido, L. Álvarez Rey y F. Espinosa Maestre, Sevilla 36: sublevación fascista y represión (Muñoz Moya y Montraveta, Sevilla, 1990), esp. pp. 211-221; J. Ortiz Villalba, Sevilla 1936: del golpe militar a la guerra civil (s. e. (Imp. Vistalegre), s. l. 1997); F. Espinosa Maestre: La justicia de Queipo, pp. 73-117; I. Gibson, Queipo de Llano: Sevilla, verano de 1936 (Grijalbo, Barcelona, 1986), pp. 80-92. Sobre la represión en Córdoba, F. Moreno Gómez, La guerra civil en Córdoba (1936-1939) (Alpuerto, Madrid, 1985), passim, pero esp. pp. 284-325; F. Espinosa Maestre, La justicia de Queipo, pp. 119-124. <<

[63] J. Vila Izquierdo, Extremadura: la guerra civil (Universitas Editorial, Badajoz, 1983), p. 57; R. H. Robinson, The Origins of Franco’s Spain (David and Charles, Newton Abbott, 1970) p. 376, n. 3; A. Cordón, Trayectoria, p. 224; H. Thomas, Spanish Civil War, pp. 250 y 266. <<

[64] P. Preston, Franco, p. 103. <<

[65] J. T. Whitaker, «Prelude to World War: A Witness from Spain», Foreign Affairs, vol. 21, n.º 1 (octubre de 1942), pp. 104-107; y We Cannot Escape History (Macmillan, Nueva York, 1943), pp. 111-114; E. Taylor, «Assignment in Hell», en F. C. Hanighen, Nothing but Danger (NTC, Nueva York, 1939), pp. 68-73; H. Buckley, The Life and Death of the Spanish Republic, p. 235; M. Koltsov, Diario de la guerra española (Akal, Madrid, 1978), pp. 96-97; F. Moreno Gómez, La guerra civil en Córdoba, p. 265 (sobre muertes de mujeres véanse pp. 80, 86 y 373); A. Braojos Garrido et. al., Sevilla 36, p. 244. Para las incitaciones a la violación, véase I. Gibson, Queipo de Llano, pp. 160-161 y 431, y G. Brenan, Personal Record 1920-1970 (Londres, 1974), p. 297; C. Castilla del Pino, Pretérito imperfecto, p. 196. <<

[66] F. Moreno Gómez, La guerra civil en Córdoba, pp. 377-382 y 438-443, y F. Moreno Gómez, «La represión en la España campesina», en J. L. García Delgado, ed., El primer franquismo, p. 191; F. Espinosa Maestre, La guerra civil en Huelva (Diputación Provincial de Huelva, Huelva, 1996; nueva edición, 2005). <<

[67] Á. Viñas, Franco, Hitler y el estallido de la guerra civil (Alianza, Madrid, 2001), pp. 29-112, esp. pp. 109-112; P. Preston, Franco, p. 165. <<

[68] L. M. de Lojendio, Operaciones militares de la guerra de España, 1936-1939 (Barcelona, 1940), p. 108; J. M. Martínez Bande, La campaña de Andalucía (Madrid, 1969), pp. 73 y ss. <<

[69] F. Moreno Gómez, La guerra civil en Córdoba, pp. 438 y 463-464. <<

[70] H. Thomas, Spanish Civil War, pp. 373-374, cita reportajes de la prensa portuguesa sobre la dura represión. Más tarde estos reportajes serían censurados por las autoridades portuguesas. <<

[71] J. Chaves Palacios, La represión en la provincia de Cáceres durante la guerra civil (1936-1939) (Universidad de Extremadura, Cáceres, 1995). <<

[72] J. Vila Izquierdo, Extremadura: la guerra civil, p. 46; Hugh Thomas, Spanish Civil War, p. 373; Víctor Chamorro, Historia de Extremadura, (Madrid, 1985), vol. 5; S. Mangini, Memories of Resistance. Women’s Voices from the Spanish Civil War (Yale University Press, New Haven/Londres, 1995), p. 75. <<

[73] Jay Allen, Chicago Tribune, 30/8/1936, aunque fueron dos periodistas franceses y un reportero portugués, Mario Neves, quienes primero informaron de la masacre. El reportaje (censurado) de este último apareció el 17 de agosto de 1936 en el Diario de Lisboa. J. Vila Izquierdo, Extremadura: la guerra civil, pp. 54-58. Los recuerdos de Neves, en La matanza de Badajoz (Editorial Regional de Extremadura, Badajoz, 1986). <<

[74] Los relatos contemporáneos de periodistas plantean que aproximadamente unas dos mil personas fueron asesinadas en las primeras ejecuciones en masa en la plaza de toros. Estudios recientes de la represión estiman que más de seis mil personas fueron asesinadas en Badajoz (en la capital y la provincia). F. Espinosa Maestre, La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz (Crítica, Barcelona, 2003), pp. 228-243. <<

[75] M. Neves, La matanza de Badajoz (Badajoz, 1986), pp. 13, 43-45 y 50-51; Jay Allen, «Blood flows in Badajoz», en M. Acier, ed., From Spanish Trenches: Recent Letters from Spain (The Cresset Press, Londres, 1937), pp. 3-8; J. Whitaker, «Prelude», pp. 104-106; J. J. Calleja, Yagüe: un corazón al rojo (Barcelona, 1963), pp. 99-109. <<

[76] Se citan varios testimonios de periodistas en H. R. Southworth, Guernica! Guernica! A Study of Journalism, Diplomacy, Propaganda and History (California University Press, Berkeley, California, 1977), pp. 53 y 420-421 (n. 69). Véase también F. Espinosa Maestre, La justicia de Queipo, pp. 189-204, y La columna de la muerte, que también contiene documentos fotográficos. <<

[77] J. Casanova, en S. Juliá et. al., Víctimas de la guerra, p. 77. <<

[78] Véase la opinión de Vicente Rojo, futuro jefe del Estado Mayor del Ejército Republicano, en V. Rojo, Así fue la defensa de Madrid (Comunidad de Madrid, Madrid, 1987) p. 60. <<

[79] Véase G. Cox, Defence of Madrid, p. 70. <<

[80] A. Braojos Garrido et. al., Sevilla 36, pp. 211-221 sobre la toma de los barrios populares. Una referencia lacónica a la «pacificación» de Triana, en el relato del periodista prorrebelde M. Sánchez del Arco, El sur de España en la reconquista de Madrid (Editorial Sevillana, Sevilla, 1937), pp. 31-32. <<

[81] P. Fidalgo, A Young Mother in Franco’s Prisons (United Editorial, Londres, 1939), passim, y R. Sender Barayón, A Death in Zamora (University of New México Press, Albuquerque, 1989), pp. 106 y ss. En la zona occidental de Aragón, controlada por los rebeldes, hubo también una represión brutal que no guardaba ninguna proporción con la resistencia que se ofreció (véase J. Casanova et. al., El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (1936-1938) (Siglo XXI, Madrid, 1992); J. Cifuentes Chueca y P. Maluenda Pons, El asalto a la República. Los orígenes del franquismo en Zaragoza (1936-1939), pp. 44-83, y Á. Cenarro, El fin de la esperanza: fascismo y guerra civil en la provincia de Teruel (1936-1939) (Diputación Provincial de Teruel, Teruel, 1996), pp. 67-91. <<

[82] Citado en Juan de Iturralde, La guerra de Franco, los vascos y la Iglesia, 2 vols. (Publicaciones del Clero Vasco, San Sebastián, 1978), vol. I, p. 433. Las series de instrucciones confidenciales de Mola se iniciaron el 25 de abril de 1936 (G. Cabanellas, La guerra de los mil días (Grijalbo, Buenos Aires, 1973) 2 vols., vol. 1, pp. 304-305; F. Bertrán Güell, Preparación y desarrollo del alzamiento (Librería Santarén, Valladolid, 1939), pp. 119-124). Véase también el texto de Mola «Bando de declaración del estado de guerra, 19 de julio de 1936», en E. Mola, Obras completas (Librería Santarén, Valladolid, 1940), pp. 1173-1176. <<

[83] Por ejemplo, el repentino aumento en la asistencia a la iglesia entre las clases medias liberales urbanas (C. Castilla del Pino, Pretérito imperfecto, p. 212, y C. Barral, Años de penitencia [or. 1975] Tusquets, Barcelona, 1990, pp. 75-76). <<

[84] El incidente de Salamanca en L. González Egido, Agonizar en Salamanca. Unamuno, julio-diciembre 1936 (Alianza, Madrid, 1986), p. 82. También una ejecución similar en Calatayud, en R. Abella, La vida cotidiana durante la guerra civil. La España republicana, p. 38. Sobre la atmósfera de auto de fe, véase A. Ruiz Vilaplana, Doy fe… un año de actuación en la España nacionalista (Editions Imprimerie Coopérative Etoile S. A., París, 1938); VV. AA. (inc. Flory), Galice sous la botte de Franco (París, 1938). Sobre Andalucía, A. Bahamonde, Un año con Queipo. Sobre el sur véase también F. Moreno Gómez, La guerra civil en Córdoba, p. 287. Tales espectáculos continuaron durante toda la guerra; por ejemplo, la situación, definida como de «terror y fiesta», en la plaza del Torico de Teruel (Aragón), contada en Á. Cenarro, El fin de la esperanza, p. 75, y C. García García, «Aproximación al estudio de la represión franquista en Asturias», pp. 74-75. Sobre las ejecuciones públicas durante fiestas religiosas, véase J. de Iturralde, El catolicismo y la cruzada de Franco (Bayona, 1955), pp. 88-89 y 93 (la fiesta de la Virgen del Sagrario en Pamplona); Altaffaylla Kultur Taldea, Navarra 1936. De la esperanza al terror (edición del autor, Tafalla, 1992) 2 vols.; y R. Fraser, Blood of Spain, p. 165. <<

[85] P. Fidalgo, A Young Mother in Franco’s Prisons, passim; C. García García, «Aproximación al estudio de la represión franquista en Asturias», pp. 74-75 y 82; F. Espinosa Maestre, La justicia de Queipo, pp. 209 y 217-222; A. Braojos Garrido et. al., Sevilla 36, p. 244; C. Castilla del Pino, Pretérito imperfecto, p. 205. <<

[86] La expectativa de que la población republicana debía sufrir era repetidamente manifestada por cuadros rebeldes y partidarios de todo tipo. Por ejemplo, el oficial de inteligencia de Burgos que comentó en 1937 a sus interlocutores cuáqueros que «tan pronto como podamos limpiar las cosas en el norte, entonces habrá más sufrimiento aquí también…». Dan West, «Needy Spain», Reports from the field, vol. II (reportaje realizado en febrero de 1938), FSC/R/Sp/4. <<

[87] Véase el caso del capitán africanista Gonzalo de Aguilera (conde de Alba de Yeltes) en John T. Whitaker, «Prelude to World War. A Witness from Spain», pp. 107-108, y Charles Foltz, Jr., The Masquerade in Spain (Boston, 1948), p. 116; P. Kemp, Mine Were of Trouble (Cassell, Londres, 1957), p. 50; M. Neves, La matanza de Badajoz, p. 60. Más declaraciones se pueden ver en H. W. Southworth, Guernica! Guernica!, pp. 50-53 y 463-464 (n. 43). También P. Preston, «Los esclavos, las alcantarillas y el capitán Aguilera. Racismo, colonialismo y machismo en la mentalidad del cuerpo de oficiales nacionales», en J. Muñoz, J. L. Ledesma y J. Rodrigo, Culturas y políticas de la violencia. España siglo XX (Siete Mares, Madrid, 2005), y Á. Viñas, Guerra, dinero, dictadura. Ayuda fascista y autarquía en la España de Franco (Crítica, Barcelona, 1984), pp. 102-103. Sobre el psiquiatra militar Antonio Vallejo Nájera y el «biopsiquismo del fanatismo marxista», véase R. Vinyes, M. Armengou y R. Belis, Los niños perdidos del franquismo (Barcelona, Plaza y Janés, 2002). <<

[88] P. Kemp, Mine Were of Trouble, pp. 76 y 80; F. Moreno Gómez, La guerra civil en Córdoba, pp. 463-464; R. Fraser, Blood of Spain, pp. 116 y 166; P. Fidalgo, A Young Mother in Franco’s Prisons, pp. 14-15; R. Sender Barayón, A Death in Zamora, p. 163; A. Cenarro, Cruzados y camisas azules. Los orígenes del franquismo en Aragón, 1936-1945 (Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 1997), pp. 203-204, y El fin de la esperanza, pp. 8990; y C. García García, «Aproximación al estudio de la represión franquista en Asturias», p. 78. <<

[89] Véase la descripción realizada por un sacerdote profranquista (el padre Alejandro Martínez) de la entrada del ejército en Gijón (Asturias) en octubre de 1937, cuando «saquearon Gijón como si fuera una ciudad extranjera … era como si hubiera que liquidar a “ciertas especies”». R. Fraser, Blood of Spain, pp. 424-425. <<

[90] Hay numerosas memorias de mujeres que dan fe de estas formas constantes de ataque a las mujeres realizados por los rebeldes. Los relatos realizados por derechistas contemporáneos también hacen referencia a la práctica de rapar las cabezas; por ejemplo, la obra del periodista Cecil Gerahty, The Road to Madrid (Hutchinson, Londres, 1937), p. 95. Hay también informes de atrocidades contra las mujeres (que, posteriormente, se convertirían en refugiadas) en la correspondencia de los cuáqueros, (FSC/R/Sp/1) file 1 (Barcelona 1936-1937). Véase el artículo seminal de Y. Ripa, «La tonte purificatrice des republicaines pendant la guerre civile espagnole», Identités Fémenines et Violences Politiques (1936-1946). Les Cahiers de l’Institut d’Histoire du Temps Présent, 31 (octubre de 1995), pp. 3951. Ejemplos de detenciones y ejecuciones extrajudiciales de las que no hay constancia ni en el registro civil ni en los registros de los cementerios, en Á. Cenarro, El fin de la esperanza, pp. 80 y 89-90. <<

[91] Sobre la psicopatología sexual del general Queipo de Llano, véase G. Brenan, Personal Record, p. 297; I. Gibson, en Queipo de Llano, reconstruye los textos de las emisiones radiofónicas de Queipo. Véase también J. Labanyi, «Women, Asian Hordes and the Threat to the Self in Giménez Caballero’s Genio de España», en Bulletin of Hispanic Studies, LXXIII (1996), pp. 377-387. <<

[92] Las violaciones producidas durante las guerras son un tema complejo para el cual existe una bibliografía teórica y comparativa cada vez más abundante. Pero ni la Guerra Civil española ni la represión franquista de posguerra han sido ya sujetas a este análisis. Sí que sabemos, sin embargo, que no hubo un fenómeno comparable de continuo abuso físico masivo de las mujeres en el territorio republicano, como indicaban testimonios contemporáneos prorrebeldes: véase, por ejemplo, M. Sánchez del Arco, El sur de España en la reconquista de Madrid, p. 55; y H. R. Knickerbocker, The Siege of the Alcazar (Hutchinson, Londres, 1937), p. 86. Véase también S. Juliá et. al., Víctimas de la guerra, pp. 140 y 152-153. <<

[93] P. Fidalgo, A Young Mother in Franco’s Prisons, p. 28. <<

[94] Véase H. Arendt, The Origins of Totalitarianism, p. 245. <<

[95] Véanse tanto Hannah Arendt como los teóricos del poscolonialismo Frantz Fanon y Aimé Césaire (la cita es de Césaire), en D. Stone, «Ontology or Bureaucracy? Hannah Arendt’s Early Interpretations of the Holocaust», en European Judaism, vol. 32, n.º 2 (1999), pp. 11-25. <<

[96] A. Botti, Cielo y dinero. El nacionalcatolicismo en España (1881-1975) (Alianza Universitaria, Madrid, 1992); J. Casanova, La Iglesia de Franco (Crítica, Barcelona, 2005, 2.ª ed.). <<

[97] H. Arendt, Origins of Totalitarianism, p. 186. <<

[98] G. Howson, Arms for Spain (John Murray, Londres, 1998), pp. 21-26. <<

[99] El Comité de No Intervención fue inaugurado en Londres el 9 de septiembre. Estaban presentes representantes de todos los países europeos excepto la misma España, Portugal —que había aceptado formalmente la no intervención por las grandes presiones de su aliado británico— y Suiza, que aceptó la política pero declinó comprometer su neutralidad asistiendo (M. Alpert, A New International History of the Spanish Civil War (Basingstoke, Macmillan, 1994), pp. 40-61). <<

[100] G. Howson, Arms for Spain, pp. 24-25. La solicitud de Giral del 25 de julio al gobierno soviético está reproducida en R. Radosh, M. R. Habek y G. Sevostianov, eds., Spain Betrayed. The Soviet Union in the Spanish Civil War (Yale University Press, New Haven/Londres, 2001), p. 21. <<

[101] F. Schauff, «Hitler and Stalin in the Spanish Civil War 1936-1939» (ponencia inédita, presentada a la conferencia anual de la Society for Historians of American Foreign Relations, Toronto, 24 de junio de 2000), p. 8. Según Schauff, «de forma informal y durante las vacaciones de Stalin se acordó que la Unión Soviética enviaría asesores militares a España. A principios de agosto, se seleccionó a dos y ese mismo mes se envió a España a una docena de oficiales del Ejército Rojo». Pero a principios de septiembre, Litvinov, el comisario del pueblo de Asuntos Exteriores, informó al embajador soviético en Madrid de que, por el momento, no se enviarían armas a España. Véase también D. Smyth, «Soviet Policy Towards Republican Spain: 1936-1939», pp. 92-93, y P. Preston, «Mussolini’s Spanish Adventure: From Limited Risk to War», pp. 39-40, ambos en P. Preston y A. Mackenzie, eds., The Republic Besieged. <<

[102] John T. Whitaker, «Prelude to World War», Foreign Affairs, vol. 21, n.os 1-4 (octubre de 1942-julio de 1943), pp. 105-106. <<

[103] La famosa metáfora de André Malraux, en su novela L’Espoir (París, 1937); véase también G. Cox, Defence of Madrid, p. 28. <<

[104] J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, pp. 128-130; F. Borkenau, The Spanish Cockpit, pp. 125-126; R. Fraser, Blood of Spain, pp. 175-176; H. Thomas, Spanish Civil War, p. 404. El incidente de la cárcel Modelo fue el más destacado, pero tanto antes como después hubo otras sacas tanto desde la Modelo como desde otras cárceles de Madrid: Porlier, Ventas y San Antón. <<

[1] Bertolt Brecht, «Ihr, die ihr anflauchen werdet» («A los hombres futuros») (B., Brecht, Poemas y canciones (Alianza, Madrid, 1989), pp. 97-100, la cita en p. 99). <<

[2] Entonces Manuel de Irujo entró a formar parte del gabinete como ministro sin cartera: Gaceta de Madrid, 26 de septiembre de 1936. <<

[3] H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 78-83. <<

[4] M. Koltsov, Diario de la guerra española, p. 62. <<

[5] La continuidad de Azaña en la presidencia era una fuente clave de legitimidad de cara a los observadores internacionales. Sobre la perspectiva soviética, véase A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas. La Internacional Comunista y España, 1919-1939 (Planeta, Barcelona, 1999), pp. 308-312. <<

[6] B. Bolloten, SCW, p. 121; A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, pp. 312-313. <<

[7] J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, pp. 154-155; M. Ansó, Yo fui ministro de Negrín, p. 151; veánse también los comentarios de Pascua en S. Álvarez, Negrín (Documentos), pp. 278 y 281. <<

[8] H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 87-89. <<

[9] Aguirre en una nota al hijo de Araquistain sin fecha, pero posterior a 1945 (AHN, legajo 71, n.º 22 A, correspondencia de Araquistain), y en una serie de artículos publicados bajo el pseudónimo de A. Vélez en Informaciones, 8-10 de noviembre de 1977. <<

[10] Stalin solo decidió definitivamente enviar material de guerra a la República a mediados de septiembre, A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, pp. 314, 317 y 322-324; G. Howson, Arms for Spain, pp. 124-125. <<

[11] Véase el informe de André Marty (10 de octubre de 1936), A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, pp. 327 y 340, y Guerra y revolución, vol. II, pp. 10-11. <<

[12] M. Azaña, Apuntes de memoria y cartas, ed. de Enrique de Rivas (Pre-Textos, Valencia, 1990), p. 26; S. Juliá, «Presidente por última vez: Azaña en la crisis de mayo de 1937», en A. Alted, A. Egido y M. F. Mancebo, eds., Manuel Azaña: Pensamiento y acción (Alianza Universidad, Madrid, 1996), p. 246. <<

[13] Pleno Nacional de Regionales celebrado el 3 de septiembre de 1936, C. Lorenzo, Los anarquistas españoles y el poder (Ruedo Ibérico, París, 1972), p. 180. <<

[14] Para los sucesos en Cataluña después del 18 de julio de 1936 y un análisis de la evolución política de la CNT durante la guerra, véanse los capítulos 4 y 5. <<

[15] C. Lorenzo, Los anarquistas españoles y el poder, p. 185 (Lorenzo era el hijo de Horacio Prieto). <<

[16] H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 230-232. <<

[17] A. Cordón, Trayectoria, p. 250. <<

[18] Se ha calculado que incluso en la región militar de Madrid las fuerzas que permanecieron leales a los republicanos fueron 70 oficiales y 1313 suboficiales y soldados, de una fuerza total de 828 oficiales y 10 425 suboficiales y miembros de la tropa antes de la guerra. Esto no era siquiera suficiente para permitir la reestructuración convencional de una fuerza armada. Véase M. Alpert, El ejército republicano, p. 30, y pp. 20-32 para una estimación de las fuerzas militares disponibles en ambos bandos; M. Azaña, Obras completas, vol. III, p. 487. <<

[19] Sobre la reforma de la Guardia Civil, véase M. Alpert, El ejército republicano, p. 25. <<

[20] A. Cordón, Trayectoria, p. 249. <<

[21] Decreto de 28 de agosto, Gaceta de la República. <<

[22] M. Azaña, Apuntes de memoria y Cartas, ed. de Enrique Rivas (PreTextos, Valencia, 1990), p. 68; el informe de I. Diéguez a la Junta de Defensa de Madrid el 12 de diciembre de 1936, en J. Aróstegui y J. A. Martínez, La Junta de Defensa de Madrid (Comunidad de Madrid, Madrid, 1984), p. 341-342. <<

[23] B. Bolloten, SCW, pp. 331-332. <<

[24] M. Azaña, «Cuaderno de la Pobleta», en Obras completas, vol. IV, p. 862. <<

[25] B. Bolloten, SCW, pp. 346-347. <<

[26] G. Jackson, The Spanish Republic and the Civil War, p. 312; Véase D. Ibárruri, En la lucha. Palabras y hechos, 1936-1939 (Editorial Progreso, Moscú, 1968), pp. 59-65; M. Azaña, Obras completas, vol. IV, p. 819; P. Preston, Comrades, p. 292. <<

[27] A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, p. 325, que citan un informe de André Marty del 10 de octubre de 1936. H. Thomas, Spanish Civil War, p. 432. Koltsov, Diario de la guerra española, p. 125. <<

[28] A. Cordón, Trayectoria, pp. 258-261; M. Koltsov, Diario de la guerra de España, p. 62, recoge las fulminantes opiniones de Prieto (véase también p. 191); Gabriel Jackson, The Spanish Republic and the Civil War, p. 366. <<

[29] A. Cordón, Trayectoria, pp. 241, 258 y 260. Véase también J. López en A. Bosch Sánchez, Ugetistas y libertarios, p. 19. <<

[30] M. Alpert, El ejército republicano, pp. 42, 38-40, 76-80, 320-322 y 377; y R. Salas Larrazábal, El ejército popular de la República, 4 vols. (Editora Nacional, Madrid, 1973), vol. 1, p. 545. <<

[31] Véanse detalles biográficos de estos oficiales en M. Alpert, El ejército republicano, apéndice 13, pp. 359-388; M. T. Suero Roca, Militares republicanos de la guerra de España (Península, Barcelona, 1981). Sobre Cordón, véase también J. Martín Blázquez, I Helped to Build an Army (Secker and Warburg, Londres, 1939), p. 279. <<

[32] A. Cordón, Trayectoria, pp. 233-234 y 260; J. Martín Blázquez, I Helped to Build an Army. <<

[33] M. Alpert, El ejército republicano, p. 72. <<

[34] A. Cordón, Trayectoria, p. 253; J. I. Martínez Paricio, ed., Los papeles del general Rojo (Espasa Calpe, Madrid, 1989, 2.ª ed.), pp. 76-77 y 81. <<

[35] M. Alpert, El ejército republicano, p. 87; A. Cordón, Trayectoria, p. 233; La carta de Rojo a Indalecio Prieto, de septiembre de 1937, se puede ver en J. I. Martínez Paricio, Los papeles del general Rojo (apéndice documental sin paginar); véase también p. 73. <<

[36] J. I. Martínez Paricio, ed., Los papeles del general Rojo, pp. 77 y 81. <<

[37] J. Martín Blázquez, I Helped to Build an Army, pp. 207 y 240-242. <<

[38] Gaceta, decretos de 16 y 17 de octubre de 1936; véase también M. Alpert, El ejército republicano, p. 182. <<

[39] Los comisarios proporcionaban una especie de servicio de «cuarentena» temporal para los oficiales profesionales. La expresión es de Guillermo Cabanellas, La guerra de los mil días, p. 529. <<

[40] A. Cordón, Trayectoria, pp. 262-263; C. Blanco Escolá, «El centenario del general Rojo», El País, 14/9/1994. <<

[41] Un buen resumen de las opiniones sobre el origen y desarrollo del comisariado se puede ver en M. Alpert, El ejército republicano, pp. 180 y 183. <<

[42] M. Alpert, El ejército republicano, p. 82. Una estimación de las fuerzas de los diferentes componentes del Ejército Republicano (Centro, Aragón, Este [región valenciana], Sur [Andalucía y Extremadura], País Vasco, Santander y Asturias) en el invierno de 1936-1937, en R. Salas Larrazábal, El Ejército Popular de la República, vol. 1, pp. 528-530. Tanto si estas cifras fueron o no infladas al principio, Michael Alpert sugiere que en la primavera de 1937 la realidad las había alcanzado y que, en julio de 1937, la República tenía más de medio millón de hombres en armas (El ejército popular, p. 87). <<

[43] Informe de Marty, en A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, p. 328. <<

[44] El problema de la falta de integración era diferente en el País Vasco y estaba relacionado con el deseo del gobierno vasco, es decir, del PNV, de controlar todos los resortes de poder en Euskadi, más que con un conflicto por el tipo de estructura per se. Las milicias nacionalistas vascas estuvieron sometidas a una disciplina militar desde el principio (veánse capítulos 4 y 5). <<

[45] M. Alpert, «Uncivil War-the Military Struggle», History Today (marzo de 1989), p. 14. <<

[46] Sobre la controvertida cuestión del «fracaso» de la República en llevar a cabo una guerra de guerrillas, véase el sensato resumen de Ronald Fraser, Blood of Spain, p. 330 (n. 2). El nuevo Ejército Republicano incluiría un cuerpo de guerrillas para llevar a cabo sabotajes y otras tareas específicas (por ejemplo, la liberación de prisioneros) detrás de las líneas enemigas. Pero la República nunca hizo una guerra de guerrillas a gran escala. Esto refleja principalmente su percepción del contexto político internacional. Se debe recordar también el contexto práctico. El gobierno republicano empezó por utilizar todos sus recursos para librar la guerra en los términos impuestos por Franco, creyendo que podía ganarla. Esperaba que la no intervención no se mantuviese. No tenía ninguna forma de saber ni que sí se mantendría ni que Alemania e Italia aumentarían muchísimo su ayuda al bando franquista en la primavera de 1937. Después de esto, la República se vio obligada a utilizar todos sus recursos en un tipo de guerra diferente solo para seguir viva. <<

[47] M. Sánchez del Arco, El sur de España en la reconquista de Madrid, pp. 134-135. <<

[48] La investigación exhaustiva y técnica de Ángel Viñas sobre el envío del oro está publicada en su estudio El oro español en la guerra civil (Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1976) y resumida en El oro de Moscú. Alfa y omega de un mito franquista (Grijalbo, Barcelona, 1979); véase pp. 7486 y 110-111. <<

[49] Á. Viñas El oro de Moscú, pp. 27-41 y 66-94. Hacia finales de marzo de 1937, el Banco de Francia había comprado al menos el 26,5 por ciento de las reservas de oro conservadas en Madrid al comienzo de la guerra. <<

[50] Á. Viñas, El oro de Moscú, pp. 91-92 y 218-227; E. Moradiellos, Neutralidad benévola (Pentalfa, Oviedo, 1990), pp. 207-209. <<

[51] A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, p. 329; Marchenko, el encargado de negocios, se quejaría todavía de esto a Litvinov más de un año más tarde. Se había prometido aumentar el personal a 35 personas, pero esta promesa nunca se materializó. Durante la mayor parte de la Guerra Civil habría solo cuatro personas trabajando en la embajada, o cinco si incluimos a la esposa de Marchenko. F. Schauff, «Hitler and Stalin in the Spanish Civil War», p. 20. El lugarteniente de Rosenberg era Gaikis, que le sucedería en marzo de 1937. <<

[52] Á. Viñas, El oro de Moscú, pp. 154 y 156. La ausencia total de infraestructura diplomática española en Moscú hacía que las difíciles instrucciones de Pascua fueron incluso más complicadas, especialmente en una cultura política tan diferente como la de la Unión Soviética. Véase I. Falcón, Asalto a los cielos, p. 138. También las purgas harían el trabajo de Pascua más difícil y se quejaría de que nunca podía ponerse en contacto con el mismo personal soviético dos veces seguidas, lo que hacía muy difícil concluir ningún asunto. F. Schauff, «Hitler and Stalin in the Spanish Civil War», p. 20. <<

[53] G. Howson, Arms for Spain, pp. 127-128. <<

[54] Ibid., pp. 146-152. Quisiera dar las gracias a Ángel Viñas, que clarifica esta cuestión en su reciente investigación La soledad de la República. El viraje hacia la Unión Soviética (Crítica, Barcelona, 2006). <<

[55] G. Roberts, «Soviet foreign policy and the Spanish Civil War 1936-1939», en C. Leitz y D. J. Dunthorn, eds., Spain in an International Context 1936-1959 (Berghahn Books, Oxford/Nueva York, 1999). <<

[56] Agradezco a Gerald Howson los datos sobre la producción de aviones soviética. F. Schauff, «Hitler and Stalin in the Spanish Civil War», pp. 10 y 17. <<

[57] La profunda hostilidad del sistema financiero internacional hacia la República fue un elemento clave en sus decisiones sobre el oro. Pero esto es algo que el técnicamente riguroso estudio de Pablo Martín Aceña El oro de Moscú y el oro de Berlín (Taurus, Madrid, 2001) no tiene en cuenta de forma adecuada. <<

[58] Á. Viñas, El oro de Moscú, pp. 166 y 288. <<

[59] Á. Viñas, El oro de Moscú, pp. 52-55, 112, 251-253 y 314; H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 168-170; J. S. Vidarte, Todos fuimos culpables, pp. 536-539. <<

[60] Á. Viñas, El oro de Moscú, pp. 250-251. <<

[61] J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, p. 301; E. Gazur, Secret Assignment: the FBI’s KGB General, p. 87. <<

[62] J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, pp. 154-155; discurso de Negrín a las Cortes, 30 de septiembre de 1938 (Ediciones Españolas, Valencia, 1938), p. 4, y Epistolario Prieto y Negrín. Puntos de vista sobre el desarrollo y consecuencias de la Guerra Civil española (Imprimerie Nouvelle, París, 1939), p. 40. G. Jackson, The Spanish Republic and the Civil War, p. 366. <<

[63] La actitud negativa era recíproca. H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 123-124. <<

[64] En palabras de uno de los subsecretarios de Hacienda, el socialista Jerónimo Bugeda, en la importante reunión del Comité Nacional del PSOE celebrada en julio de 1937 en Valencia. Copia mecanografiada del informe de Bugeda (pp. 46-47), conservada en FPI, AH); véase también H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 138-139, y la correspondencia sobre los créditos soviéticos entre M. Pascua y Negrín entre el 22 de junio de 1937 y el 11 de marzo de 1938, AHN, Archivo Marcelino Pascua, caja 2, carpeta 2. <<

[65] Las peticiones de Araquistain a Negrín, el 9 y el 25 de febrero de 1937, y su sarcástico comentario a su correligionario de la izquierda socialista Álvarez del Vayo, ministro de Estado, del 22 de febrero de 1937, en AHN, Correspondencia de Luis Araquistain (documentación política), legajo 70/81. Rivas Cherif escribió a su cuñado Azaña, el 26 de febrero de 1937, que Araquistain echaba humo y que había afirmado que Negrín tenía que ser fusilado. Archivo de Manuel Azaña, caja RE 137 (16) (Archivo de Barcelona). <<

[66] H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 53-62. <<

[67] Carta de Araquistain a Negrín, 2 de marzo de 1937, en la que lo acusaba de sabotear su trabajo como embajador y afirmaba que esto se debía a que desaprobaba incluso que Araquistain hubiera sido nombrado (AHN, Correspondencia de Luis Araquistain [documentación política], legajo 35, 8-20). <<

[68] Á. Viñas, El oro de Moscú, pp. 230-236. <<

[69] Ibid., p. 231. <<

[70] La compleja historia de la compra de armas por parte de los republicanos bajo las condiciones brutales de la no intervención es desenmarañada en el excelente estudio de Gerald Howson, Arms for Spain. <<

[71] F. Vázquez Ocaña, Pasión y muerte de la Segunda República española, [París?], Editorial Norte, [1940?], p. 61; Á. Viñas, El oro de Moscú, pp. 81 y 210-218. <<

[72] F. Vázquez Ocaña, Pasión y muerte, p. 59. <<

[73] Incluso más tarde, como presidente del gobierno de la República en guerra, Negrín nunca sería muy «visible». Hay muy pocas fotografías de él —en cualquier etapa de su vida—, dado que desanimaba incluso a sus hijos de hacérselas. G. Jackson, The Spanish Republic and the Civil War, p. 392; F. Vázquez Ocaña, Pasión y muerte, pp. 78-80. También rechazó posar para Jo Davidson, el artista norteamericano que esculpió a muchas figuras republicanas destacadas durante la guerra (C. de la Mora, In Place of Splendor, p. 366). Incluso la tumba en que Negrín fue enterrado en París en noviembre de 1956, en el cementerio de Père Lachaise, no tiene nombre. Características similares mostraba el que sería el equivalente militar de Negrín, Vicente Rojo (J. I. Martínez Paricio, Los papeles del general Rojo, p. 16). <<

[74] J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, pp. 122-123; M. Ansó, Yo fui ministro de Negrín, pp. 140 y 151; también M. Pascua, en S. Álvarez, Negrín (Documentos), p. 280. <<

[75] Negrín al coronel Morel, el agregado militar francés, en J. Marichal, El intelectual y la política (CSIC, Madrid, 1990), p. 100. Véanse también Quiénes son ellos, García Atadell. Hombre símbolo (Editora Nacional, Bilbao, s. f.), p. 17, y el testimonio del doctor Francisco García-Valdecasas, en J. Llarch, Negrín. ¡Resistir es vencer! (Planeta, Barcelona, 1985), p. 41. <<

[76] La amenaza de colonización económica de España por Italia y Alemania, en el informe económico al Comité Nacional del PSOE, julio de 1937. Sobre la resistencia como forma de evitar una hecatombe, véase la declaración de Negrín ante la Diputación Permanente, Actas de la Diputación Permanente. Congreso de los Diputados, 31 de marzo de 1939, pp. 9 y 13. <<

[77] Véanse los comentarios de Negrín a principios de septiembre de 1936 sobre la importancia para la República de la constitucionalidad: «No tenemos, no podemos tener otra divisa de guerra», en M. Ansó, Yo fui ministro de Negrín, p. 251. <<

[78] A. Reig Tapia, Violencia y terror. Estudios sobre la Guerra Civil española (Akal, Madrid, 1990), p. 121; «Justicia republicana», en Justicia en guerra (Jornadas sobre la administración de justicia durante la Guerra Civil española: instituciones y fuentes documentales (Salamanca, 26-28 de noviembre, 1987) (Ministerio de Cultura, Madrid, 1990), pp. 19-245; G. Sánchez Recio, Justicia y Guerra en España. Los Tribunales Populares (1936-1939) (Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante, 1991). <<

[79] Entre el 50 y el 70 por ciento de las muertes violentas de civiles en la zona republicana se produjeron durante el verano de 1936 (S. Juliá et. al., Víctimas de la guerra civil). <<

[80] Julián Casanova da una visión de conjunto del funcionamiento de los tribunales en diferentes zonas en S. Juliá et. al., Víctimas de la guerra civil, pp. 161-168. <<

[81] G. Sánchez Recio, Justicia y Guerra en España, pp. 176-179, y, del mismo autor, «Justicia republicana», pp. 30-36; J. Aróstegui y J. A. Martínez, La Junta de Defensa, p. 241. <<

[82] Véase el capítulo 6 para formas sumarias de justicia en la labor de los Tribunales de Guardia y los Tribunales de Espionaje y Alta Traición. <<

[83] R. Fraser, Blood of Spain, p. 178. <<

[84] J. S. Vidarte, Todos fuimos culpables, vol. 1, p. 213. <<

[85] Gaceta de la República, 17 de septiembre de 1936. En teoría, estas Milicias de Vigilancia de Retaguardia (MIVR) también fueron creadas para reflejar la composición del Frente Popular. <<

[86] J. S. Vidarte, Todos fuimos culpables, vol. 2, p. 531. <<

[87] Sobre el importante caso de Madrid, véase I. Gibson, Paracuellos: cómo fue (Argos Vergara, Barcelona, 1983), pp. 42 y 224-225. <<

[88] Decreto de 27 de octubre de 1936, que exigía la entrega a las autoridades municipales de todas las armas largas, es decir, fusiles y ametralladoras. F. Morrow, Revolution and Counter-Revolution in Spain (New Park Publications, Londres, 1976, 1.ª ed., 1938) p. 58. <<

[89] Para más información sobre la colectivización industrial y agraria, véanse capítulos 4 y 5. <<

[90] J. Aróstegui y J. A. Martínez, La Junta de Defensa, p. 40; sobre el triunfalismo de la prensa, J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, pp. 173-175; y G. Woolsey, Death’s Other Kingdom (Virago, Londres, 1988, 2.ª ed. (1.ª ed., 1939), p. 33. <<

[91] C. Lorenzo, Los anarquistas españoles y el poder, pp. 177-190. J. Casanova, De la calle al frente, pp. 181-186. Para una completa discusión de las implicaciones que tuvo para la CNT su entrada en el gobierno, véase el capítulo 4. <<

[92] Una lista completa se puede ver en B. Bolloten, SCW, p. 203. <<

[93] M. Azaña, Obras completas, vol. IV, p. 592. <<

[94] J. García Oliver, El eco de los pasos (Ruedo Ibérico, París, 1978), pp. 303-304. <<

[95] J. Aróstegui y J. A. Martínez, La Junta de Defensa, p. 66. <<

[96] J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, p. 178. <<

[97] M. Koltsov, Diario de la guerra española, p. 191, sobre la postura de Asensio, y R. Salas Larrazábal, El Ejército Popular de la República, vol. 1, p. 545. <<

[98] F. Montseny, Mis primeros cuarenta años (Plaza y Janés, Barcelona, 1987), pp. 105-106; J. Peirats, La CNT en la revolución española, vol. 1, pp. 219-221; C. Lorenzo, Los anarquistas españoles y el poder, pp. 177-206. J. Aróstegui y J. A. Martínez, La Junta de Defensa, pp. 59-60. A pesar de la dimisión de Prieto, continuó siendo una figura clave en la evolución política de la organización anarcosindicalista durante la guerra (veánse capítulos 4 y 5). El nuevo secretario fue Mariano R. Vázquez (J. Casanova, De la calle al frente, pp. 186-187). <<

[99] M. Azaña, Apuntes de memoria, pp. 79-83. <<

[100] Un resumen, en J. Aróstegui y J. A. Martínez, La Junta de Defensa, pp. 57-61. <<

[101] J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, pp. 180-181; J. S. Vidarte, Todos fuimos culpables, vol. 2, p. 531; B. Bolloten, SCW, p. 206; S. Carrillo, Memorias, p. 190. <<

[102] Sobre Valencia como un «oasis», véase R. Abella, La vida cotidiana, pp. 134 y 160-162. <<

[103] J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, pp. 182-183. <<

[104] A. López Fernández, La defensa de Madrid (Editorial A. P. Márquez, México, 1945), pp. 147-150; J. Aróstegui y J. A. Martínez, La Junta de Defensa, p. 72. V. Rojo, Así fue la defensa de Madrid, pp. 255-256. <<

[105] J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, p. 110. <<

[106] A. López Fernández, Defensa de Madrid, pp. 63 y 65. (Pozas, por otra parte, aceptó su necesidad). <<

[107] J. Aróstegui y J. A. Martínez, La Junta de Defensa, pp. 68-69, y B. Bolloten, SCW, p. 291. Tras cinco meses en la cárcel, la familia de Miaja fue liberada en un intercambio de prisioneros. <<

[108] G. Cox, Defence of Madrid (Victor Gollancz, Londres, 1937), p. 29. <<

[109] La función de Rojo en Madrid fue muy anónima hasta que un artículo del corresponsal del Pravda Koltsov publicado en El Socialista, 21/12/1936, atrajo la atención hacia su papel clave. J. Aróstegui y J. A. Martínez, La Junta de Defensa, p. 77; J. I. Martínez Paricio, Los papeles del general Rojo, pp. 86-87; véase también la anotación de Koltsov en su diario el 10 de noviembre de 1936, Diario de la guerra de España, p. 236; y C. Blanco Escolá, Franco y Rojo. Dos generales para dos Españas (Editorial Labor, Barcelona, 1993). Más datos sobre Rojo, en el capítulo 6. <<

[110] J. Aróstegui y J. A. Martínez, La Junta de Defensa, p. 447. <<

[111] Sobre la composición completa de la Junta, ibid., pp. 76-77. <<

[112] Esto se destaca en la mayoría de las memorias, pero el mejor ejemplo es el prólogo de Margarita Nelken a A. López Fernández, Defensa de Madrid. <<

[113] R. Gullón, «Justice et guerre civil: souvenir d’un procureur», en C. Serrano, ed., Madrid, 1936-1939 (Editions Autrement, París, 1991), p. 235. <<

[114] Miaja coleccionaba carnets de partidos y sindicatos con el espíritu de un verdadero filatélico, según R. Malinovski, Bajo la bandera de la República (Moscú, 1975), citado en C. Zaragoza, Ejército Popular y militares de la República (Planeta, Barcelona, 1983), p. 278. El libro, difícil de conseguir, de Malinovski es una colección de testimonios de los más importantes consejeros soviéticos que sirvieron en la España republicana. <<

[115] P. Nenni, La guerra de España, (1.ª ed., Italia, 1958), 4.ª ed. en castellano, Ediciones Era, México, 1975, p. 124. <<

[116] M. Azaña, Obras completas, vol. 4, p. 589. <<

[117] S. Carrillo, Memorias, p. 246; Azaña, Obras completas, vol. 4, p. 603. Las capacidades y la personalidad de Miaja han suscitado siempre contundentes opiniones a favor y en contra, y todo debe entenderse en el contexto de su procedencia política y su época. Una síntesis de las fuentes y un agudo análisis de las dificultades interpretativas se pueden ver en J. Aróstegui y J. A. Martínez, La Junta de Defensa, pp. 68-75. <<

[118] Rojo siempre lo negó. Véase un resumen de las pruebas en J. Aróstegui y J. A. Martínez, La Junta de Defensa, p. 69. <<

[119] Véase la dedicatoria «a la anónima mujer española de la retaguardia» en el libro de Rojo Así fue la defensa de Madrid, escrito ya en el exilio. <<

[120] R. Gullón, «Justice et guerre civil», p. 236. <<

[121] M. Azaña, Obras completas, vol. 4, pp. 639, 678 y 767. <<

[122] J. Aróstegui y J. A. Martínez, La Junta de Defensa, pp. 68-75. <<

[123] P. Nenni, La guerra de España, p. 124; otros testigos también refuerzan esta opinión, por ejemplo, el periodista del News Chronicle Geoffrey Cox (carta a la autora, 3 de diciembre de 1999). <<

[124] G. Cox, Defence of Madrid, pp. 51, 72 y 153; A. López Fernández, Defensa de Madrid, p. 162; S. Carrillo, Memorias, pp. 185 y 200; J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, p. 128; M. Azaña, Causas de la guerra de España (Crítica, Barcelona, 1986), p. 50 (texto escrito en 1939). <<

[125] R. Cruz, «¡Luzbel vuelve al mundo! Las imágenes de la Rusia soviética y la acción colectiva en España», en R. Cruz y M. Pérez Ledesma, eds., Cultura y movilización en la España contemporánea (Alianza Universidad, Madrid, 1997), p. 302; M. Alpert, El ejército republicano, p. 53. <<

[126] Estos datos proceden de un cálculo basado en el número de soviéticos muertos en guerra entre 1935 y 1941 publicadas por el Ministerio de Defensa de Rusia en 1998. Agradezco a Frank Schauff el haberme proporcionado esta documentación y señalarme que la principal preocupación de los dirigentes soviéticos era que sus técnicos adquiriesen una valiosa experiencia militar de su combate con el Eje en España. Véase también F. Schauff, «Hitler and Stalin in the Spanish Civil War», p. 9. Y véanse los datos de Azaña, proporcionados por Largo, de 781 soviéticos en la España republicana en la primavera de 1937 (Causas de la guerra de España, p. 50). <<

[127] G. Cox, Defence of Madrid, p. 168; J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, p. 128; véase también P. y A. Abramson, Mosaico roto (Compañía Literaria, Madrid, 1994), especialmente pp. 67-87. <<

[128] F. Schauff, «Hitler and Stalin in the Spanish Civil War», pp. 1011 y 19-20. <<

[129] Véase coronel Sverchevsky a Voroshilov, informes retrospectivos sobre los consejeros militares, doc. 77, sin fecha pero en torno a agosto de 1938, en R. Radosh, M. R. Habek y G. Sevostianov, eds., Spain Betrayed. The Soviet Union in the Spanish Civil War (Yale University Press, New Haven/Londres, 2001), pp. 491-494; L. Crome, «Walter (1897-1947): a soldier in Spain», History Workshop Journal, 9 (primavera de 1980), p. 121. Observaciones sobre las diferencias culturales entre los oficiales españoles y los asesores soviéticos se pueden ver en R. Gullón, «Justice et guerre civil», pp. 238-239. <<

[130] Sobre los orígenes de las Brigadas Internacionales en la diáspora europea, H. Graham, Breve Historia de la Guerra Civil Español a (Espasa Calpe, Madrid, 2006), pp. 63-66. <<

[131] G. Cox, Defence of Madrid, pp. 69-70. <<

[132] Al principio, había aproximadamente 57 milicianos por cada brigadista en el frente de Madrid. Con la llegada de más voluntarios internacionales, la proporción fue de 32 a uno. Pero la proporción de milicias podría haber aumentado de nuevo con la llegada de más fuerzas desde Cataluña y otras zonas (G. Cox, Defence of Madrid, p. 106). <<

[133] S. Carrillo, La juventud, factor de la victoria (discurso al Comité Central del PCE del 6-8 de marzo de 1937) (Valencia, 1937). <<

[134] M. Alpert, El ejército republicano, pp. 41 (n. 25) y 62. Tanto la movilización política como la militar de la juventud era un fenómeno que afectaba a todas las organizaciones (R. Fraser, Blood of Spain, p. 371). <<

[135] Geoffrey Cox (corresponsal del News Chronicle y del Daily Express), Defence of Madrid, p. 111. <<

[136] R. Sanz, Los que fuimos a Madrid (s. e., Toulouse, 1969). <<

[137] J. Aróstegui y J. A. Martínez, La Junta de Defensa, pp. 301-302; A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, p. 327; Jacinto Toryho, No éramos tan malos (Toro, Madrid, 1975), p. 136; B. Bolloten, SCW, pp. 326-329. <<

[138] F. Morrow, Revolution and Counter-Revolution in Spain, p. 71. <<

[139] Ibid., p. 7; J. Casanova, Anarquismo y revolución, pp. 111-113. <<

[140] F. Bolloten, SCW, p. 420. <<

[141] Para un análisis de la muerte de Durruti véase el capítulo 5. <<

[142] Introducción de C. Ealham, como editor de J. Peirats, The CNT in the Spanish Revolution (The Meltzer Press, Hastings, 2001), vol. 1, pp. XII-XIII. Geoffrey Cox, Defence of Madrid, pp. 139-141. Una defensa clásica de Durruti como un anarquista radical y un oponente intransigente de la militarización en A. Paz, Durruti. The People Armed (Free Life Editions, Nueva York, 1977) y Durruti en la revolución española (Fundación Anselmo Lorenzo, Madrid, 1996). Esta interpretación es discutida en J. Casanova, Anarquismo y revolución, p. 144, y De la calle al frente, pp. 186-187 y 251. <<

[143] G. Cox, Defence of Madrid, pp. 114-131; G. Hills, The Battle for Madrid (Vantage Books, Londres, 1976), pp. 105-108; R. Fraser, Blood of Spain, p. 175 (n. 1). <<

[144] G. Cox, Defence of Madrid, p. 199. Franco sí que pidió, sin embargo, bombas de gas venenoso a Italia en agosto de 1936, P. Preston, «Mussolini’s Spanish Adventure: From Limited Risk to War», en P. Preston y A. Mackenzie, The Republic Besieged, p. 49; Á. Viñas, Franco, Hitler y el estallido de la guerra civil (Alianza, Madrid, 2001), pp. 29-112. <<

[145] Una vívida representación del despertar a la guerra de la población de Madrid, en G. Cox, Defence of Madrid, pp. 31-37. <<

[146] M. Alpert, El ejército republicano, p. 54. Sobre el trabajo cultural y educativo del PCE, véase C. Cobb, Los milicianos de la cultura (Universidad del País Vasco, Bilbao, 1994). <<

[147] F. Claudín, The Communist Movement. From Comintern to Cominform (Penguin, Harmondsworth, 1975), pp. 230-231. Esto era importante para todos, no solo para la gente joven; A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, p. 318. <<

[148] A. López Fernández, Defensa de Madrid, p. 207; J. Aróstegui y J. A. Martínez, La Junta de Defensa, p. 80. <<

[149] Véase la inteligente, aunque cínica, afirmación de Azaña en Causas de la guerra de España, p. 51 <<

[150] J. Martín Blázquez, I Helped to Build an Army, p. 205. Sobre el caos interno del PSOE provocado por el «fusionismo» entusiasmado de sus bases, véase H. Graham, El PSOE en la guerra civil, p. 102. <<

[151] Véase el capítulo 4. <<

[152] H. Graham, El PSOE en la guerra civil, p. 31. Los discursos de Prieto, en Discursos fundamentales; véase, por ejemplo, p. 185, cine Pardiñas (Madrid), febrero de 1934; p. 279, Ejea de los Caballeros (Aragón), mayo de 1936, y en pp. 255-273, su visionario discurso «La conquista interior de España» (Cuenca, 1 de mayo de 1936). <<

[153] Véase el discurso de Pasionaria del 23 de mayo de 1938 al Comité Central del PCE, en el que reiteraba esta política con una fuerza sin precedentes, a la luz de la grave crisis militar de esos días. Véase también el comentario de Vincent Sheean, un periodista norteamericano que escuchó el discurso, de que Pasionaria «pedía a estas gentes que dejaran de ser comunistas, al menos hasta que se ganara la guerra» (cit. en P. Preston, Comrades, p. 302). <<

[154] J. Aróstegui y J. A. Martínez, La Junta de Defensa, p. 77. Frade abandonó Madrid, por lo que Máximo de Dios se convirtió en el único consejero del PSOE (I. Gibson, Paracuellos, p. 203). <<

[155] Rubiera, un incondicional de la organización socialista de Madrid durante la guerra, fue nombrado gobernador civil el 8 de octubre de 1936. Sobre él, véase H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 157, 250, 296 y 300. <<

[156] Sobre Madrid, y sobre la guerra en general, las memorias de Julián Zugazagoitia están entre las tres o cuatro más importantes con las que contamos. Tanto Rubiera como Zugazagoitia fueron ejecutados por el régimen franquista en 1939 y 1940 respectivamente. Sobre el PSOE en Madrid, Santiago Carrillo tiene razón en la valoración general, pero se equivoca en los detalles (entrevista en I. Gibson, Paracuellos, p. 217). <<

[157] H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 150-152. <<

[158] Era famosa por sus discursos radiofónicos enardecedores. J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, pp. 186-188; J. Aróstegui y J. A. Martínez, La Junta de Defensa, p. 63, y P. Preston, «Margarita Nelken», en Doves of War. Four Women of Spain (Harper Collins, Londres, 2002), pp. 297-407. <<

[159] Para más detalles sobre esto véase el análisis de la crisis de gobierno de mayo de 1937 en el capítulo 5. Sí que entraron todavía nuevos militantes al PSOE durante la guerra, pero su crecimiento fue mucho más lento que el del PCE. <<

[160] Es por estas razones que la presentación que hace Burnett Bolloten de los socialistas españoles convertidos en comunistas durante la guerra como «submarinos» del PCE es errónea. Ignora el contexto y la textura de los años treinta y explica las acciones de los protagonistas a través de un esquema interpretativo post hoc propio de la guerra fría y, por tanto, anacrónico. SCW, passim. <<

[161] A. López Fernández, Defensa de Madrid, pp. 225-228. <<

[162] A. Jacob a J. Reich, 10 de abril de 1937, FSC/R/Sp/Box 1, file 2. <<

[163] Al principio se incluía a los hombres de entre dieciséis y cincuenta y cinco años, pero a principios de 1937 se redujo a aquellos que tenían entre veinte y cuarenta y cinco, J. Aróstegui y J. A. Martínez, La Junta de Defensa, p. 183. <<

[164] Mis cálculos se basan en los datos procedentes de la Junta, citados en J. Aróstegui y J. A. Martínez, La Junta de Defensa, pp. 178-180. <<

[165] Ibid., p. 188. El dato de 700 000 es exagerado incluso si se tiene en cuenta a aquellos que organizaron su marcha sin acceder a las ayudas de la Junta y que, por tanto, no figuraban en las estadísticas. Puede ser que los refugiados en tránsito hayan inflado los números. Este análisis se basa principalmente en el trabajo de J. Aróstegui y J. A. Martínez y en la documentación del archivo del Friends Relief Council (cuáqueros). (El censo de 1930 registraba una población de 952 832 personas en Madrid capital y de 1 383 951 en la provincia en su conjunto). <<

[166] G. Cox, Defence of the Republic, p. 175; J. Aróstegui y J. A. Martínez, La Junta de Defensa, p. 447. <<

[167] Actas de la Junta de Defensa del 14 y 24 de noviembre, reproducidas en J. Aróstegui y J. A. Martínez, La Junta de Defensa, pp. 303 y 326-327; véanse también memorias como las de J. de Galíndez, Los vascos en el Madrid sitiado (Ekin, Buenos Aires, 1945); A. Núñez Morgado, Los sucesos de España vistos por un diplomático (Buenos Aires, 1941); F. Schlayer, Diplomat in roten Madrid (Berlín, 1938) y Claude Bowers, My Mission to Spain (Victor Gollancz, Nueva York, 1954). <<

[168] Nótese el formato de las actas de la Junta de Defensa del 16 al 30 de noviembre (reproducidas en J. Aróstegui y J. A. Martínez, La Junta de Defensa). Antes y después de estos días, las reuniones de la Junta eran identificadas con el día, el mes y el año. Pero las entradas de estas fechas —las más intensas del asedio y de la lucha— están casi siempre indicadas solo con el día. Era la hora cero: no había conciencia de un «después». <<

[169] Las otras eran San Antón, Porlier y Venta. Para la localización de las prisiones véase el mapa en I. Gibson, Paracuellos, p. 128. <<

[170] Las líneas rebeldes estaban muy cerca de la carretera de Valencia a su salida de Madrid, así que los republicanos tenían que dar un rodeo por la carretera de Aragón y, después, bajar para alcanzar la carretera de Valencia más adelante (véase mapa 5). V. Rojo, Así fue la defensa de Madrid, p. 128, croquis 2. <<

[171] La cárcel de Guadalajara fue asaltada en diciembre y hubo víctimas mortales; un ataque similar fue evitado por poco en Alcalá de Henares (I. Gibson, Paracuellos, p. 178). Los ataques aéreos rebeldes también produjeron sacas en el País Vasco republicano: en Bilbao hubo una a finales de septiembre de 1936 y otra el 4 de enero de 1937, en la que unos doscientos prisioneros fueron asesinados. Sobre la guerra en el País Vasco republicano, véanse capítulos 4 y 5. <<

[172] I. Gibson, Paracuellos, p. 114; R. Gullón, «Justice et guerre civil: souvenir d’un procureur», en C. Serrano, Madrid, 1936-1939, p. 235. <<

[173] Tal era el potencial que se percibía en Paracuellos que el asunto sería reactivado en 1977 por quienes eran contrarios al proceso de transición democrática en curso. Véase una lista de los muertos en Paracuellos, con un comentario muy incendiario, publicada por el periódico de extrema derecha El Alcázar el 3 de enero de 1977. La polémica consiguiente dio lugar a la elaboración de varias investigaciones, incluidos los estudios de Ian Gibson y Carlos Fernández, Paracuellos del Jarama. ¿Carrillo culpable? (Argos Vergara, Barcelona, 1983). <<

[174] Véanse las acusaciones contra el superior de Girauta Linares, el exmilitar y masón Manuel Muñoz Martínez, que era director general de Seguridad en el ministerio de Galarza, en R. Casas de la Vega, El terror: Madrid 1936 (Fénix, Madrid, 1994), pp. 193-195 (también pp. 78-79 y 105-112). Después de la guerra, Muñoz Martínez fue ejecutado por un consejo de guerra franquista. <<

[175] En un trabajo reciente, La batalla de Madrid (Crítica, Barcelona, 2004), pp. 226-227 y 577-581, el periodista Jorge M. Reverte cita un documento de la CNT, de procedencia poco clara, que indica que el personal de la Consejería conocía los planes para ejecutar extrajudicialmente a detenidos y también que algunos cenetistas de Madrid podrían haber participado. El documento, sin embargo, no demuestra de quién eran estos planes ni nos dice nada sobre las responsabilidades políticas específicas de cada uno. <<

[176] Teletipo reproducido en I. Gibson, Paracuellos, pp. 123-126. <<

[177] Cuando más tarde fue ministro de Justicia, Irujo intentó iniciar un proceso judicial contra Carrillo y otros miembros de la Consejería de Orden Público de la Junta de Defensa por sus responsabilidades en Paracuellos; Stoyán Mínev (Stepanov), Las causas de la derrota de la República española (Miraguano, Madrid, 2003), pp. 111-112. <<

[178] M. Koltsov, Diario de la guerra española, p. 250; I. Gibson, en Paracuellos, recoge los testimonios de Carrillo y otros testigos, citando también reportajes de la prensa del momento, p. 219. <<

[179] M. Koltsov, Diario de la guerra española, pp. 182, 191 y 206-207. <<

[180] Los informes retrospectivos de Stepanov sugieren que Carrillo estaba implicado. Stepanov a Dimitrov, 30 de julio de 1937, citado en R. Radosh, M. R. Habek y G. Sevastianov, Spain Betrayed, p. 223, y Elorza y Bizcarrondo, Queridos camaradas, p. 379; véase también Stepanov, Las causas de la derrota de la República española, pp. 111-112. No me refiero aquí a las denuncias posteriores hechas por Carrillo sobre Serrano Poncela. En primer lugar, porque no tienen que ver con el punto principal de mi argumento. En segundo lugar, porque siguen siendo difíciles de verificar y muy controvertidas a la vista del alejamiento político cada vez mayor de Serrano Poncela con respecto a la JSU durante la guerra civil: en 1938 estaba ayudando a la ejecutiva del Partido Socialista en su intento de reestablecer una Juventud Socialista independiente (véase H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 48-50 y 281-287). Serrano Poncela fue el autor de un importante informe sobre la JSU enviado a la ejecutiva del PSOE en 1938. <<

[181] Entrevista con Ian Gibson en 1982, Paracuellos, p. 230, y S. Carrillo, Memorias, pp. 208-211. <<

[182] Entrevista con Ian Gibson, Paracuellos, pp. 219-221. <<

[183] J. Aróstegui y J. A. Martínez, La Junta de Defensa, pp. 228, 230 y 444; G. Cox, Defence of Madrid, p. 179; A. López Fernández, Defensa de Madrid, pp. 245-249; I. Gibson, Paracuellos, pp. 194-196; R. Fraser, Blood of Spain, p. 177. <<

[184] J. Aróstegui y J. A. Martínez, La Junta de Defensa, p. 261 (n. 102). Melchor Rodríguez continúa siendo, sin embargo, una figura controvertida. Véase su sorprendente comentario culpando a los mismos republicanos de los bombardeos de Madrid por la violencia popular en la retaguardia, recordado por Cazorla en una reunión de la Junta de Defensa del 15 de abril de 1937, citada en J. Aróstegui y J. A. Martínez, La Junta de Defensa, p. 446. <<

[185] J. Aróstegui y J. A. Martínez, La Junta de Defensa, pp. 440-454, esp. pp. 445-449, sobre la importante intervención de Cazorla, y p. 449, sobre la vergüenza de Marín. <<

[186] Ibid., p. 446. <<

[187] P. Broué y E. Témime, The Revolution and the Civil War in Spain, pp. 273-274. Nada se demostró contra Cazorla. Este, que se quedó en España como parte de los primeros cuadros del PCE en la clandestinidad, fue detenido y ejecutado por el régimen franquista. Véanse las memorias de su viuda, Aurora Arnaiz, Retrato hablado de Luisa Julián. Memorias de una guerra (Compañía Literaria, Madrid, 1996). <<

[188] J. Aróstegui y J. A. Martínez, La Junta de Defensa, p. 448. <<

[189] Ibid., p. 238. <<

[190] A. López Fernández, Defensa de Madrid, p. 259. <<

[191] Véanse B. Bolloten, SCW, p. 589, y F. Schauff, «Hitler and Stalin in the Spanish Civil War», p. 18. <<

[192] A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, pp. 14 y 329, y Frank Schauff, «Sowjetunion, Kommunistische Internationale und Spanischer Bürgerkrieg 1936-1939», tesis doctoral, Universidad de Colonia, 2000. Véase también E. P. Gazur, Secret Assignment. The FBI’s KGB General, p. 334. <<

[193] Algunas estadísticas, incluidos setenta miembros en la provincia de Madrid en 1936, en A. Durgan, B. O. C., 1930-1936, pp. 556 y 559. <<

[194] J. Aróstegui y J. A. Martínez, La Junta de Defensa, pp. 130-131. <<

[195] P. Broué y E. Témime, The Revolution and the Civil War in Spain, p. 254; J. Aróstegui y J. A. Martínez, La Junta de Defensa, p. 376. <<

[196] A. López Fernández, Defensa de Madrid (1945), pp. 169-170, 190 y ss., 281 y 285 y ss. <<

[197] B. Bolloten, SCW, p. 296. <<

[198] Decreto de disolución de la Junta de Defensa de Madrid, 21 de abril de 1937. <<

[199] El Socialista, 7 de enero de 1937; H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 101-106. <<

[200] Véase esta historia en H. Graham, El PSOE en la guerra civil. Sobre la atmósfera de «tiempo de paz» de la región valenciana se pueden ver varias memorias, entre ellas A. López Fernández, Defensa de Madrid, p. 145, y G. Cox, Defence of Madrid, p. 212. <<

[201] J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, p. 179; F. Morrow, Revolution and Counter-Revolution in Spain, p. 68, F. Vázquez Ocaña, Pasión y muerte, p. 59; M. Alpert, El ejército republicano, p. 306. <<

[202] F. Vázquez Ocaña, Pasión y muerte, pp. 59-60, y también su artículo en S. Álvarez, Negrín (documentos), pp. 252-253; Carta de Negrín a Prieto del 23 de junio de 1939, Epistolario Prieto y Negrín, p. 42; F. Largo Caballero, «Notas históricas de la guerra en España, 1917-1940», p. 986. <<

[203] A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, pp. 329-330; F. Largo Caballero, «Notas históricas», p. 265, y Mis recuerdos, pp. 210-212. <<

[204] A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, p. 337; I. Falcón, Asalto a los cielos, pp. 144-146; S. Carrillo, Memorias, pp. 262-263. <<

[205] T. Rees, «The Highpoint of Comintern Influence? The Communist Party and the Civil War in Spain», en T. Rees y A. Thorpe, eds., International Communism and the Communist International 1919-43 (Manchester University Press, Manchester, 1998), pp. 143-167. <<

[206] A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, pp. 319-320; F. Schauff, «Failure in Emergency: the Spanish Civil War and the Dissolution of the Comintern» (ponencia inédita presentada en la Universidad de Bristol, 1 de marzo de 2001), p. 25. <<

[207] H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 117-118; A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, p. 329. <<

[208] Véase E. H. Carr, The Twilight of the Comintern, pp. 3-32. <<

[209] A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, pp. 338-339; F. Schauff, «Hitler and Stalin in the Spanish Civil War», pp. 10-11. <<

[210] J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, p. 187; se puede citar también el caso menos famoso de Francisco Montiel (diputado del PSOE por Murcia) y autor del folleto de propaganda de febrero de 1937 «Por qué he ingresado en el Partido Comunista» (Barcelona, 1937). <<

[211] P. Preston, Palomas de guerra (Plaza y Janés, Barcelona, 2001), pp. 315-318. <<

[212] «100 000 fugitivos, suicidios, madres que matan a sus hijos», en M. Azaña, Apuntes de memoria, p. 73; R. Fraser, In Hiding. The Life of Manuel Cortes (Allen Lane, Londres, 1972), pp. 149-152; T. C. Worsley, Behind the Battle (Robert Hale, Londres, 1939), pp. 179-208; A. Bahamonde, Un año con Queipo, pp. 126-136. <<

[213] Actas de la UGT, 9 de diciembre de 1936, en J. S. Vidarte, Todos fuimos culpables, vol. 2, pp. 649-650. <<

[214] F. Borkenau, The Spanish Cockpit, p. 219. <<

[215] Ibid., p. 220 y véase también pp. 215-216. <<

[216] B. Bolloten, SCW, p. 355. <<

[217] R. Llopis, Spartacus, 1/10/1937, pp. 6-7; El Socialista, 14/2/1937; B. Bolloten, SCW, pp. 360 y 345. <<

[218] El Socialista, editoriales publicados entre el 12 y el 20 de febrero de 1937. <<

[219] H. E. Knoblaugh, Correspondent in Spain (Sheed and Ward, Nueva York, 1937), pp. 45 y 210. <<

[220] A. Cordón, Trayectoria, pp. 291-292. <<

[221] Ibid., pp. 292-295; H. Thomas, Spanish Civil War, p. 239; B. Bolloten, SCW, p. 846, n. 6. <<

[222] Asensio escribió unas memorias, El general Asensio. Su lealtad a la República (Barcelona, 1938), mientras estaba en prisión esperando el juicio por la caída de Málaga. Tenía partidarios poderosos, entre ellos a Rojo, por entonces jefe del Estado Mayor republicano. Negrín también le apoyaba (véase J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, 453-454). Después de su rehabilitación, Asensio fue nombrado agregado militar en Washington en enero de 1939. Sobre Martínez Cabrera, véase M. Alpert, El ejército republicano, pp. 377-378. <<

[223] A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, p. 337. Lo mismo plantean las memorias de Pasionaria, Carrillo e Irene Falcón. Véase también M. Koltsov, Diario de la guerra española, pp. 352-353. <<

[224] B. Bolloten, SCW, p. 419; véase R. Abella, La vida cotidiana, pp. 228-229, y M. Low y J. Breá, Red Spanish Notebook, p. 217. <<

[225] F. Largo Caballero, Mis recuerdos, pp. 210-212, y «Notas históricas», pp. 264-265 y 698. <<

[226] F. Largo Caballero, «Notas históricas», p. 265, y Mis recuerdos, pp. 210-212. <<

[227] Fecha dada por B. Bolloten, SCW, p. 350; H. Thomas, Spanish Civil War, p. 533, también sitúa el encuentro a finales de enero, pero no ofrece ninguna fuente. <<

[228] F. Largo Caballero, Mis recuerdos, pp. 180-181. <<

[229] El Socialista, 12 de febrero de 1937. <<

[230] F. Largo Caballero, «Notas históricas», vol. 2, pp. 264 y 698. <<

[231] Fechada el 4 de febrero, se reproduce en L. Araquistain, Sobre la guerra civil y en la emigración (Espasa-Calpe, Madrid, 1983), p. 240. <<

[232] El mismo archivo de Pascua contiene algunas notas privadas escritas después de la crisis de mayo de 1937. Comenta que Largo Caballero era un presidente muy incapaz en una guerra en la que la intervención de las grandes potencias internacionales era decisiva y que malgastaba un tiempo crucial e irreemplazable tanto en cuestiones internas como militares. Pascua también dice de Largo que «no correspondía la suma de sus calidades a lo que reclamaba/requería el mito … limitado por la formación intelectual que había recibido» (notas privadas de Pascua sobre «El socialismo de Largo Caballero» y «La caída de mayo de 1937», AHN, Correspondencia de M. Pascua, caja 5 [6]. Hay también un interesante eco en los comentarios sobre Largo Caballero hechos por un periodista del News Chronicle en marzo de 1937: «Le había dado la mano al viejo mito, Largo Caballero, cuya vanidad tanto hizo para derrochar las ventajas iniciales de la España republicana». Philip Jordan, There Is No Return (Cresset Press, Londres, 1938), p. 18. <<

[233] El texto de ambas cartas está reproducido en Guerra y revolución en España, vol. II, pp. 101-103. <<

[234] F. Largo Caballero, «Notas históricas», vol. 2, pp. 691 y 694. <<

[235] En sus declaraciones públicas durante la guerra, Largo ya había aceptado esto. Véase su discurso a las Cortes el 1 de febrero de 1937, reclamando la normalización social y económica sobre la base de una economía de mercado («Ya se ha ensayado bastante»). Pero los «cálculos» políticos privados de alguien como Largo, que no olvidaba sus resentimientos fácilmente, eran otra cuestión. Su evidente rencor llena las páginas de «Notas históricas» del período de guerra y bien puede ser una de las razones por las que su publicación parece haber sido pospuesta indefinidamente. <<

[236] P. Preston, «Mussolini’s Spanish Adventure: From Limited Risk to War», en P. Preston y A. Mackenzie, eds., The Republic Besieged, pp. 2 y 48-51; I. Saz Campos, Mussolini contra la II República: hostilidad, conspiraciones, intervención (1931-1936) (Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, 1986). <<

[237] B. Bolloten, SCW, p. 383; F. Schauff, «Hitler and Stalin in the Spanish Civil War», pp. 10-11; E. Gazur, Secret Assignment: the FBI’s KGB General, p. 56. <<

[1] Walter Benjamin, «Theses on the Philosophy of History», VI (ed. española: «Tesis de la filosofía de la historia», en W. Benjamin, Discursos interrumpidos, I. Filosofía del arte y de la literatura, Taurus, Madrid, 1989 (1.ª ed., 1973), pp. 175-191; la cita en p. 180). <<

[2] Término utilizado por Chris Ealham en su tesis «Policing the Recession», que lo toma prestado del estudio de Gareth Stedman Jones sobre el mundo de los pobres y desposeídos del Londres del siglo XIX, cuya imagen tanto aterrorizaba a las clases altas. <<

[3] Citado por García Oliver y reproducida en Bolloten, SCW, p. 389. <<

[4] El comité tenía 15 miembros: 5 de la CNT-FAI, 3 de la UGT, 1 del POUM, 1 de la Unió de Rabassaires, 1 del PSUC y 4 republicanos liberales; los detalles completos se pueden ver en Solidaridad Obrera, 21/7/1936. Véanse también F. Morrow, Revolution and Counter-Revolution, p. 21; P. Broué y E. Témime, The Revolution and the Civil War in Spain, pp. 131-132. <<

[5] Para un sugerente comentario de las dimensiones culturales de esta consolidación, por medio de la fusión de las manifestaciones de trabajadores y los símbolos cívicos del nacionalismo catalán, véase H. D. Freund, «The Spanish Civil War. The View From the Left», Revolutionary History, vol. 4, n.os 1-2 (invierno de 1991-1992), p. 321. <<

[6] Véase C. Lorenzo, Los anarquistas españoles y el poder, pp. 192-193. <<

[7] «Intoxicados con su control de las industrias y de las milicias, los anarquistas dieron por sentado que el capitalismo ya había desaparecido de Cataluña. Hablaron de una “nueva economía social” y Companys estaba más que dispuesto a hablar como ellos hacían, porque esto les cegaba a ellos pero no a él» (F. Morrow, Revolution and Counter-Revolution, pp. 42-43). <<

[8] Los datos aproximados en julio de 1936 son: PCP, en torno a 80 militantes; el PCC, un máximo de 400; la sección catalana del PSOE, unos 600, y la USC, unos 2000. B. Bolloten, SCW, p. 397. El PSUC unificado solo tenía todavía entre 3000 y 5000 militantes en el momento de su creación (y casi con seguridad en torno a 3000) frente a la militancia del POUM, de entre 6000 y 8000. Sobre el PSUC, véase Joan Comorera, «Catalonia, an Example for Unity», Communist International (abril de 1938), p. 376, y sobre el PCP, E. Ucelay-Da Cal, «Socialistas y comunistas en Cataluña durante la guerra civil: un ensayo de interpretación», p. 309. <<

[9] A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, p. 334. <<

[10] Véase P. Togliatti, Escritos sobre la guerra de España, pp. 247-248. Esta fue la primera y única vez que la Comintern reconoció a más de un partido en un único país. <<

[11] Para un análisis de la base social que apoyaba al PSUC y datos acerca del número de militantes, véase B. Bolloten, SCW, p. 399. <<

[12] A. Bosch Sánchez, Ugetistas y libertarios, pp. 23-31 y 383-386. <<

[13] Algunos sectores de la gran burguesía industrial catalana sí apoyaron a los rebeldes. Pero, frente a lo que sucedió en el País Vasco (analizado más adelante en este mismo capítulo), el proceso muy particular y gradual de desarrollo industrial y comercial de Cataluña había producido una burguesía autonomista liberal mucho más fuerte, tanto en términos políticos como culturales, que, por consiguiente, apoyó a la República. <<

[14] J. Casanova, Anarquismo y revolución, pp. 127-188, 218 y 32-39; M. Cruells, Mayo sangriento. Barcelona, 1937 (Editorial Juventud, Barcelona, 1970), p. 12; R. Fraser, Blood of Spain, pp. 348-371. <<

[15] J. Casanova, Anarquismo y revolución, pp. 40-50. <<

[16] Ibid., p. 126; R. Fraser, Blood of Spain, pp. 348-349 y 352-353. <<

[17] C. Lorenzo, Los anarquistas españoles y el poder, p. 120; J. Casanova, Anarquismo y revolución, p. 111. <<

[18] S. Tavera y E. Vega, «L’afiliació sindical a la CRT de Catalunya: entre l’eufòria revolucionària i l’ensulsiada confederal, 1919-1936». Véase también capítulo 1. <<

[19] A. Durgan, BOC, 1930-1936, pp. 163-166. <<

[20] Detalles completos sobre este gobierno en Guerra y revolución en España, vol. 2, pp. 18-19. <<

[21] H. D. Freund, «Dual power in the Spanish revolution», p. 324. <<

[22] F. Jellinek, The Civil War in Spain, p. 497. <<

[23] Joan Peiró, en conferencia pronunciada en Radio CNT-FAI, 23 de octubre de 1936, citada en P. Broué y E. Témime, The Revolution and the Civil War in Spain, p. 207. <<

[24] J. Peirats, La CNT en la revolución española, vol. 1, pp. 200 y 202; V. Richards, Lessons of the Spanish Revolution (Freedom Press, Londres, 1972, 2.ª ed.), p. 68, y C. Lorenzo, Los anarquistas españoles y el poder, pp. 184-185. <<

[25] Solidaridad Obrera, 4/11/1936, citada en J. Peirats, La CNT en la revolución española, vol. 1, p. 220. <<

[26] Esto sigue siendo cierto, a pesar del hecho de que Abad de Santillán fue el primero en criticar esta falta de perspectiva después de la guerra en Por qué perdimos la guerra, p. 116. <<

[27] Véanse los comentarios del principal dirigente de la FAI catalana, Juan García Oliver, citados en P. Broué y E. Témime, The Revolution and the Civil War in Spain, p. 208. <<

[28] C. Lorenzo, Los anarquistas españoles y el poder, pp. 188-189. <<

[29] La lista completa del gobierno se puede ver en B. Bolloten, SCW, pp. 402-403. <<

[30] Sobre los decretos de la Generalitat que indemnizaban a individuos que no fueran de sectores prorrebeldes por la propiedad perdida por la colectivización desde el 18 de julio de 1936, véase S. Payne, The Spanish Revolution, pp. 290-291. <<

[31] R. Fraser, Blood of Spain, p. 373, n. 1. <<

[32] Ibid., p. 371, n. 1. <<

[33] Pleno de Bujaraloz, en J. Casanova, Anarquismo y revolución, pp. 133-140. <<

[34] R. Fraser, Blood of Spain, p. 350. <<

[35] J. Casanova, Anarquismo y revolución, p. 111. <<

[36] J. Casanova, Anarquismo y revolución, pp. 3-4; R. Fraser, Blood of Spain, pp. 354-371, y P. Broué y E. Témime, The Revolution and the Civil War in Spain, pp. 164-165. <<

[37] R. Fraser, Blood of Spain, pp. 347, 362 y 363-366. <<

[38] Se puede ver una lista completa de los miembros y cargos en J. Casanova, Anarquismo y revolución, p. 141 (y, sobre Joaquín Ascaso, pp. 134-135). <<

[39] Sobre la dificultad de su aplicación, véase M. Vilanova, «L’Escala y Beuda», Historia y Fuente Oral, 3 (1990), p. 53. <<

[40] B. Bolloten, SCW, p. 858, n. 42. Sobre Aiguader, véase, M. Cruells, Mayo sangriento, p. 49. <<

[41] F. Morrow, Revolution and Counter-Revolution, p. 58. <<

[42] C. Semprún-Maura, Revolución y contrarrevolución en Cataluña (1936-1937) (Tusquets, Barcelona, 1978), p. 237. <<

[43] C. Semprún-Maura, Revolución y contrarrevolución en Cataluña (1936-1937), p. 237; sobre el conflicto entre Negrín y la UGT y la CNT en torno al control de las divisas, véase A. Bosch Sánchez, Ugetistas y libertarios, pp. 380-383. <<

[44] V. Alba, Historia de la Segunda República española (Libro Mex, México, 1960), p. 255, y El marxismo, vol. 1, p. 317. <<

[45] La Batalla, 14 y 18 de noviembre de 1936, respectivamente, citado en B. Bolloten, SCW, pp. 408 (n. 25) y 410. <<

[46] Sobre las tensiones internas del POUM y entre el POUM y los trotskistas (españoles y extranjeros), véase A. Durgan, «Trotsky, the POUM and the Spanish Revolution». Ninguna de estas tensiones aparecen en la obra de George Orwell Homenaje a Cataluña (1.ª ed., 1938), una ausencia que hace problemático su todavía influyente análisis político de lo sucedido en Cataluña durante la guerra. <<

[47] La Batalla, 23/2/1937; véase Bolloten, SCW, p. 411, n. 48. <<

[48] Sobre la importancia del discurso catalanista del POUM, véase el artículo del dirigente del POUM (y antes dirigente del BOC) Enric Adroher (Gironella) en el periódico del partido La Batalla, 23 / 3/1937, citado en B. Bolloten, SCW, pp. 419-420. El historiador Borja de Riquer también ha comentado el parecido entre el POUM y el PSUC en cuanto a su nacionalismo. Ambos tenían bases que eran esencialmente catalanistas, aunque también dirigentes (o, al menos, algunos dirigentes) que no querían reconocerlo. <<

[49] J. Maurín, Cómo se salvó Joaquín Maurín. Recuerdos y testimonios (Júcar, Madrid, 1980); B. Bolloten, SCW, p. 405. <<

[50] Sobre el sector de izquierda de Nin en el POUM, con base en Madrid, véase A. Durgan, B. O. C., 1930-1936, pp. 556 y 559, y F. Morrow, Revolution and Counter-Revolution, p. 85. Sobre la «derecha» del POUM, cuyo centro era Valencia, F. Morrow, Revolution and Counter-Revolution, p. 66; B. Bolloten, SCW, p. 860, n. 12. <<

[51] E. Ucelay-Da Cal, «Socialistas y comunistas en Cataluña durante la guerra civil», p. 312. Véase también J. Miravitlles, Episodis de la guerra civil espanyola (Editorial Pòrtic, Barcelona, 1972), p. 178. <<

[52] R. Fraser, Blood of Spain, p. 341; B. Bolloten, SCW, p. 861, n. 15; F. Morrow, Revolution and Counter-Revolution, pp. 54-57. <<

[53] V. Alba, «De los Tribunales Populares al Tribunal Especial», en Justicia en guerra, pp. 226-227 y 229-230; Bolloten, SCW, p. 859, n. 3. <<

[54] La prensa del POUM entre julio y diciembre de 1936 da fe de esto. Véanse ejemplos y resúmenes en B. Bolloten, SCW, p. 863, n. 48. <<

[55] Véase n. 60. <<

[56] Solidaridad Obrera, 9 de diciembre de 1936. <<

[57] R. Fraser, Blood of Spain, p. 375 y n. 1. <<

[58] El PSUC había pasado de poco más de 3000 militantes a 50 000 en marzo de 1937, frente a los 30 000 del POUM en diciembre de 1936. B. Bolloten, SCW, pp. 399 y 405, respectivamente. <<

[59] A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, p. 340. <<

[60] Todas las evidencias sobre la conversación de Antonov-Ovseenko con Companys son circunstanciales y/o rumores; véase M. Cruells, Mayo sangriento, p. 29, y B. Bolloten, SCW, pp. 411 y 863, n. 49. Sin embargo, que un representante diplomático soviético hubiera defendido con fuerza un mando único está en consonancia con la preocupación de Stalin por la viabilidad de la defensa militar republicana. <<

[61] Los tres miembros del PSUC en el gobierno de la Generalitat de diciembre de 1936 fueron nombrados a la vez miembros del Comité Central del PCE. Pedro Checa, A un gran partido una gran organización (Valencia, 1937), p. 23. <<

[62] Hubo, sin embargo, una represión significativa en Navarra. Véase Altaffaylla Kultur Taldea, Navarra, 1936. De la esperanza al terror (Altaffaylla Kultur Taldea, Tafalla, 1986), y E. Majuelo, Lucha de clases en Navarra (1931-1936) (Gobierno de Navarra, s. l., 1989). <<

[63] F. de Meer, El Partido Nacionalista Vasco ante la guerra de España (1936-1937) (EUNSA, Barañáin-Pamplona, 1992), pp. 128-129; sobre Irujo, véase A. Lizarra, Los vascos y la República española (Ekin, Buenos Aires, 1944), p. 95. <<

[64] F. de Meer, El Partido Nacionalista Vasco, pp. 137-156. <<

[65] A. Lizarra, Los vascos y la República española, p. 81. <<

[66] Gaceta de Madrid, 26/9/1936. <<

[67] F. de Meer, El Partido Nacionalista Vasco, p. 181. <<

[68] M. González Portilla y J. M. Garmendía, La guerra civil en el País Vasco (Siglo XXI, Madrid, 1988), p. 69; F. de Meer, El Partido Nacionalista Vasco, p. 176. Sin embargo, esta ayuda sería escasa. R. Salas Larrazábal, Historia del Ejército Popular de la República, vol. 1, pp. 369-372; M. Chiapuso, El gobierno vasco y los anarquistas (Ed. Txertoa, San Sebastián, 1978), p. 79. <<

[69] F. de Meer, El Partido Nacionalista Vasco, pp. 236-237. <<

[70] Ibid., pp. 137-156; H. Thomas, Spanish Civil War, p. 431. En realidad, tampoco se dejó nunca de intentar buscar una mediación (F. de Meer, El Partido Nacionalista Vasco, p. 240). Estos intentos están sintetizados de forma muy útil en M. Tuñón de Lara, «Algunos problemas historiográficos de la guerra civil en Euskadi», en M. Tuñón de Lara, ed. Gernika: 50 años después (1937-1987) (Universidad del País Vasco, San Sebastián, 1987), pp. 136 y 144-145. <<

[71] F. de Meer, El Partido Nacionalista Vasco, pp. 113 y 129-130. <<

[72] J. Ambou, Los comunistas en la resistencia nacional republicana. La guerra en Asturias, el País Vasco y Santander (Editorial Hispamerca, Madrid, 1978), p. 145. <<

[73] M. Chiapuso, El gobierno vasco y los anarquistas, p. 63 (y p. 192 sobre la consideración de Aguirre de sí mismo como un «líder providencial»). <<

[74] Ibid., p. 195. <<

[75] En este aspecto, la CNT vasca estaba de acuerdo con el constante estribillo de sus homólogos comunistas del norte. M. Chiapuso, El gobierno vasco y los anarquistas, p. 60, y J. Ambou, Los comunistas en la resistencia nacional republicana, pp. 58, 59, 75-76, 135, 143 y 248. <<

[76] M. Tuñón de Lara, «Algunos problemas historiográficos de la guerra civil en Euskadi», p. 138. <<

[77] Desde diciembre de 1936 Asturias fue administrada por el Consejo Interprovincial de Asturias y León. J. Ambou, Los comunistas en la resistencia nacional republicana, p. 75. <<

[78] Ibid., pp. 60-61; H. Thomas, Spanish Civil War, p. 541. El secretario general de los comunistas vascos, Juan Astigarrabía, que también había representado al partido en el gobierno de Aguirre, fue obligado a realizar una «autocrítica» en julio de 1937 y fue expulsado del partido. A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, p. 334, Archivo del Partido Comunista de España, film XVII. En cierto sentido, estaba asumiendo la culpa por haber aplicado una línea muy frentepopulista que acabó entrando en conflicto con las necesidades de guerra republicanas en su conjunto. <<

[79] M. Tuñón de Lara, «Algunos problemas historiográficos de la guerra civil en Euskadi», pp. 133 y 137; F. de Meer, El Partido Nacionalista Vasco, p. 233. Los miembros de partidos de izquierda fueron también excluidos de la policía motorizada vasca. <<

[80] M. Chiapuso, El gobierno vasco y los anarquistas, p. 197; J. Ambou, Los comunistas en la resistencia nacional republicana, pp. 60-61; M. Tuñón de Lara, «Algunos problemas historiográficos de la guerra civil en Euskadi», p. 139. <<

[81] M. González Portilla y J. M. Garmendía, La guerra civil en el País Vasco, pp. 89-91; M. Chiapuso, El gobierno vasco y los anarquistas, p. 199. <<

[82] M. González Portilla y J. M. Garmendía, La guerra civil en el País Vasco, pp. 84-91. <<

[83] Ibid., pp. 73-74; M. Chiapuso, El gobierno vasco y los anarquistas, pp. 114-117. <<

[84] F. de Meer, El Partido Nacionalista Vasco, pp. 253-254; Chiapuso hace referencia a la emisión de papel moneda por el Gobierno republicano vasco que era utilizado para pagar a sus soldados, como también sucedió en Cataluña (M. Chiapuso, El gobierno vasco y los anarquistas, p 208). <<

[85] M. Tuñón de Lara, «Algunos problemas historiográficos de la guerra civil en Euskadi», pp. 135, 139 y 141. <<

[86] M. González Portilla y J. M. Garmendía, La guerra civil en el País Vasco, p. 74. <<

[87] Ibid., pp. 70-74. <<

[88] Ibid., pp. 94-95 y 75, n. 13. El 18 de septiembre se distribuyeron cartillas de racionamiento como medida preventiva: M. Chiapuso, El gobierno vasco y los anarquistas, p. 58. <<

[89] M. Chiapuso, El gobierno vasco y los anarquistas, pp. 68-70, 117-119 y 123. Aunque los nacionalistas vascos realmente fueron reprimidos por los rebeldes, se debe tener en cuenta que hubo algunos que se pasaron al bando de Franco e incluso controlaron las brigadas de trabajos forzosos en las que estuvieron internados los vascos de izquierda. Ibid., p. 242. <<

[90] Ibid., p. 79. Véanse también pp. 136-137. <<

[91] Ibid., p. 206, hace referencia a la evacuación inicial de mujeres y de niños menores de quince años y personas mayores de sesenta y cinco. Queda claro también, por el perfil que tenemos de los niños vascos enviados a Inglaterra, que los refugiados ayudados por el Gobierno y por diferentes instituciones procedían principalmente de los sectores sociales menos favorecidos: véase J. Fyrth, The Signal was Spain. The Aid Spain Movement in Britain 1936-39 (Lawrence and Wishart, Londres, 1986), pp. 220-242. Otros sectores hacía mucho que habían alcanzado acuerdos privados que normalmente les habían llevado a Francia. <<

[1] Juan Negrín en conversación con Julián Zugazagoitia en julio de 1938, citado en J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, p. 454. <<

[2] G. Munis, Jalones de derrota, promesa de victoria. Crítica y teoría de la revolución española (1930-1939) (1.ª ed., México, 1948), Zero, Madrid, 1977, p. 502. <<

[3] J. M. Bricall, Política econòmica de la Generalitat (1936-1939) (Edicions 62, Barcelona, 1978), p. 93, proporciona la cifra más baja, basada en cálculos de la Generalitat. El número más alto procede de fuentes cuáqueras que citan datos del Gobierno central republicano. La llegada de refugiados desde Málaga también dio lugar a tensiones culturales y de clase. Friends Service Council (de aquí en adelante, FSC)/R/Sp/1 (files 1-2, informes y correspondencia de Barcelona, 1936-1937). Véase también FSC/R/Sp/4, informes de 1936-1938, informe del 19 de mayo de 1937 que describe a los refugiados de Málaga como «salvajes» y «medio moros», y muy temerosos de registrarse como refugiados por miedo a lo que pudiera significar estar controlados por las autoridades. <<

[4] FSC/R/Sp/2, file 4. <<

[5] J. M. Bricall, Política econòmica, pp. 106, n. 14, y 111; R. Abella, La vida cotidiana durante la guerra civil, pp. 192-193, y E. Ucelay-Da Cal, La Catalunya populista. Imatge, cultura i política en l’etapa republicana (1931-1939) (La Magrana, Barcelona, 1982), pp. 315-316. <<

[6] J. M. Bricall, Política econòmica, pp. 148-149; E. Ucelay-Da Cal, La Catalunya populista, p. 313. <<

[7] Aunque la Generalitat, en teoría, había establecido el racionamiento por decreto de 13 de octubre de 1936, no se había creado todavía un sistema para aplicarlo. J. M. Bricall, Política econòmica, p. 150. <<

[8] Las fuentes de los cuáqueros destacan la gran reticencia de la población a cambiar sus hábitos alimenticios, incluso aunque hubiera ya sustitutos para el pan en esta etapa; FSC/R/Sp/1, informes y correspondencia de Barcelona, 1936-1937, carta a la oficina de Londres, diciembre de 1936. El pan tenía un valor simbólico, especialmente para los sectores más pobres. J. D. Simeón Riera, Entre la rebelió i la tradició. Llíria durante la República y la guerra civil, p. 244. <<

[9] S. Payne, The Spanish Revolution, p. 289. <<

[10] Durante el control de la Conselleria de Abastos por parte de la CNT (de julio a diciembre de 1936) se produjo un crecimiento de los precios del 47 por ciento, mientras que en los seis meses siguientes, bajo la supervisión del PSUC, se produjo un incremento del 49 por ciento, de acuerdo con las estadísticas elaboradas por el Servei Central d’Estadística de la Generalitat de Catalunya, citadas en J. M. Bricall, Política econòmica, pp. 137-138. <<

[11] R. Abella, La vida cotidiana durante la guerra civil, p. 193. <<

[12] Una lista de los bienes racionados, en J. M. Bricall, Política econòmica, p. 150. <<

[13] Véase también F. Morrow, Revolution and Counter-Revolution, pp. 64-65. <<

[14] R. Fraser, Blood of Spain, pp. 375-376; F. Morrow, Revolution and Counter-Revolution, pp. 64-65; J. M. Bricall, Política econòmica, p. 137. <<

[15] E. Ucelay-Da Cal, La Catalunya populista, pp. 315-316; M. Cruells, Mayo sangriento, p. 31. <<

[16] F. Morrow, Revolution and Counter-Revolution, p. 78; C. Semprún-Maura, Revolución y contrarrevolución en Cataluña, pp. 240 y ss.; R. Abella, La vida cotidiana durante la guerra civil, p. 196. <<

[17] E. Ucelay-Da Cal, La Catalunya populista, p. 313. <<

[18] Por ejemplo, después de la ordenanza municipal de 10 de noviembre de 1936, citada en E. Ucelay-Da Cal, La Catalunya populista, p. 320. Véase también R. Abella, La vida cotidiana durante la guerra civil, p. 188. <<

[19] B. Bolloten, SCW, pp. 417 y 865, n. 25, cita el Diari Oficial de 4 de marzo de 1937. <<

[20] F. Morrow, Revolution and Counter-Revolution, p. 73. <<

[21] Véase P. Sahlins, Boundaries: the Making of France and Spain in the Pyrenees (University of California Press, Berkeley, 1989), pp. 103-133. <<

[22] Un relato exhaustivo se puede ver en J. Pons i Porta y J. M. Solé i Sabaté, Anarquia i República a la Cerdanya (1936-1939). El «Cojo de Málaga» i els fets de Bellver (L’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1991), esp. pp. 21-46 y 133-173, sobre Martín. Este parece que había pertenecido al grupo de acción directa Los Solidarios, junto con Ascaso, Durruti y García Oliver. Véase también M. Benavides, Guerra y revolución en Cataluña (Ediciones Roca, México, 1978), pp. 344 y 351-362; F. Jellinek, The Civil War in Spain, pp. 544-545; P. Broué y E. Témime, The Revolution and the Civil War in Spain, pp. 282 y 293-294, n. 36; H. Thomas, Spanish Civil War, pp. 311 (n. 2) y 653 (n. 1); E. Ucelay-Da Cal, La Catalunya populista, p. 304, n. 23. <<

[23] H. Thomas, Spanish Civil War, p. 300, n. 2. Cercano a Largo Caballero antes de la guerra, Vidiella había dimitido del Comité Nacional del PSOE en mayo de 1936 y llegó a afiliarse —aunque con algunas reservas— al PSUC. H. Graham, El PSOE en la guerra civil, p. 142; B. Bolloten, SCW, p. 398. Reemplazó a Nin como conseller de Justicia de la Generalitat en diciembre de 1936 y, en abril de 1937, pasó a ocuparse de la Conselleria de Trabajo y Obras Públicas. Era también miembro de la masonería. E. Ucelay-Da Cal, «Socialistas y comunistas en Cataluña durante la guerra civil», p. 306, n. 12. <<

[24] J. Peirats, La CNT en la revolución española, vol. 2, pp. 137-138; E. Ucelay-Da Cal, La Catalunya populista, p. 303; P. Broué y E. Témime, The Revolution and the Civil War in Spain, p. 282. <<

[25] H. Graham, El PSOE en la guerra civil, p. 89. El dirigente de la UGT Desiderio Trillas (asesinado de un disparo el 29 de julio de 1936) era un excenetista, A. Balcells, «El socialismo en Cataluña hasta la guerra civil», p. 33; F. Jellinek, The Civil War in Spain, p. 343. <<

[26] A. Balcells, Trabajo industrial y organización obrera en la Cataluña contemporánea, 1900-1936, pp. 156 y 157-158; B. Bolloten, SCW, p. 416. <<

[27] Sobre un papel modernizador similar desempeñado por otro partido comunista europeo, véase la obra de Mark Mazower sobre la transición de las estructuras y redes clientelares a la movilización política de masas en la Grecia ocupada: Inside Hitler’s Greece. The Experience of Occupation 1941-44 (Yale University Press, Londres y New Haven, 1993). <<

[28] Véase A. Balcells, Trabajo industrial y organización obrera en la Cataluña contemporánea, p. 158. <<

[29] R. Abella, La vida cotidiana durante la guerra civil, p. 229. <<

[30] C. Vega, A. Monjo y M. Vilanova, «Socialización y hechos de mayo», Historia y Fuente Oral, 3 («Esas Guerras…») (1990), p. 95. <<

[31] R. Fraser, Blood of Spain, pp. 211, 230-232 y 578. <<

[32] P. Broué y E. Témime, The Revolution and the Civil War in Spain, pp. 163 y 169. <<

[33] F. Morrow, Revolution and Counter-Revolution, pp. 51 y 60-62. Detalles de las medidas del gobierno se pueden ver en C. Vega et. al., «Socialización y hechos de mayo», p. 100, n. 4. <<

[34] C. Vega et. al., «Socialización y hechos de mayo», pp. 94-98. <<

[35] F. Morrow, Revolution and Counter-Revolution, p. 68, tomado de Solidaridad Obrera (noviembre de 1936); M. Low y J. Breá, Red Spanish Notebook (1.ª ed., 1937; San Francisco, 1979), pp. 214-215; E. Ucelay-Da Cal, La Catalunya populista, p. 295; C. Rojas, La guerra en Catalunya (Plaza y Janés, Barcelona, 1979), pp. 120-121; H. Thomas, Spanish Civil War, pp. 524-525. <<

[36] J. Benet, La mort del president Companys (Edicions 62, Barcelona, 1998), p. 119. <<

[37] Véase Diari de Barcelona, 1 de mayo de 1937, citado en M. Cruells, Mayo sangriento, pp. 36-37. <<

[38] F. Morrow, Revolution and Counter-Revolution, p. 73. <<

[39] M. Cruells, Mayo sangriento, pp. 27-43. <<

[40] Conocidos como «comités de defensa confederal» (CNT-FAI). J. Peirats, La CNT en la revolución española, vol. 2, p. 192. <<

[41] H. D. Freund, «Dual Power in the Spanish Revolution», pp. 326-327; M. Low y J. Breá, Red Spanish Notebook, pp. 221-222; J. Peirats, La CNT en la revolución española, vol. 2, p. 192; P. Broué y E. Témime, The Revolution and the Civil War in Spain, p. 287; R. Fraser, Blood of Spain, pp. 381 y 382; véase también C. Ealham, «Policing the Recession», p. 148. <<

[42] Entre otras consecuencias, los sucesos de mayo enseñarían a Esquerra y especialmente al PSUC que, en tiempos de guerra, era esencial cierto grado de intervención económica gubernamental para garantizar el orden público. Véanse los datos en Bricall, Política econòmica, pp. 107-108 y 155. <<

[43] M. Cruells, Mayo sangriento, pp. 48-49; B. Bolloten, SCW, pp. 431 y 869-870. <<

[44] M. Cruells, Mayo sangriento, p. 58. <<

[45] Las críticas realizadas por el cauto lugarteniente político de Companys, Josep Tarradellas, fueron solo sobre aspectos tácticos: Azaña, Obras completas, vol. 4, pp. 577-578. <<

[46] R. Fraser, Blood of Spain, p. 378; M. Cruells, Mayo sangriento, p. 77; J. M. Solé i Sabaté y J. Villaroya i Font, La repressió a la reraguarda de Catalunya, p. 205. Hubo también casos en que las lealtades locales fueron más importantes que las divisiones políticas dominantes: por ejemplo, miembros de las patrullas que pertenecían a partidos republicanos identificados con el Estado, en particular a Esquerra, se retiraron al comienzo de los sucesos de mayo para evitar cualquier posible confrontación con cenetistas, que eran también sus vecinos y, a veces, incluso sus amigos. Agradezco esta información a Chris Ealham. R. Fraser, Blood of Spain, p. 294, n. 1 da un ejemplo de que a pesar de los sucesos de mayo a veces se mantenían amistades y relaciones entre compañeros de trabajo que eran militantes del PSUC y del POUM. <<

[47] R. Fraser, Blood of Spain, p. 380; B. Bolloten, SCW, p. 432 (aunque este incluye erróneamente Sarrià). <<

[48] Véase H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 209-273. <<

[49] A. Bueso, Recuerdos de un cenetista (Ariel, Barcelona, 1976 y 1978) vol. 2, p. 243. (Adolfo Bueso había sido militante del BOC a inicios de los años treinta y dirigente del sindicato de artes gráficas de la CNT, y posteriormente había apoyado a los treintistas). R. Fraser, Blood of Spain, p. 379. <<

[50] Como indicó Helmut Ruediger, vicesecretario de la AIT (la internacional anarquista Asociación Internacional de Trabajadores) y presente en Barcelona durante los sucesos de mayo: A. Souchy et. al., The May Days. Barcelona 1937 (Freedom Press, Londres, 1987), pp. 71-72. <<

[51] R. Fraser, Blood of Spain, p. 384, n. 1. <<

[52] J. Coll y J. Pané, Josep Rovira. Una vida al servei de Catalunya i del socialisme (Ariel, Barcelona, 1978), pp. 163-175, esp. 171-173; El testimonio del mismo Rovira (responsable de la 29.ª División del POUM en el frente de Aragón) se puede ver en V. Alba y M. Ardevol, El proceso del P. O. U. M, pp. 493-529; P. Broué y E. Témime, The Revolution and the Civil War in Spain, p. 284; A. Bueso, Recuerdos de un cenetista, vol. 2, p. 246; B. Bolloten, SCW, pp. 452 y 875, proporciona un resumen de las fuentes disponibles. <<

[53] Véase el testimonio del dirigente de la JCI Wilebaldo Solano en R. Fraser, Blood of Spain, pp. 380-381. <<

[54] Se calcula que eran aproximadamente entre diez y treinte individuos. B. Bolloten, SCW, p. 860, n. 1. <<

[55] Era un grupo formado por los miembros de la columna Durruti que habían rechazado ser incorporados al ejército republicano. Se puede ver un resumen en R. Fraser, Blood of Spain, p. 381, n. 1. Véase también B. Bolloten, SCW, pp. 420 y 866, n. 49; J. Casanova, Anarquismo y revolución, pp. 245-247; C. Semprún-Maura, Revolución y contrarrevolución en Cataluña, pp. 249-250 y 273; A. Durgan, «Trotsky, the POUM and the Spanish Revolution», p. 59 <<

[56] C. Semprún-Maura, Revolución y contrarrevolución en Cataluña, pp. 275-276. <<

[57] M. Cruells, Mayo sangriento, p. 70; P. Broué y E. Témime, The Revolution and the Civil War in Spain, p. 284; C. Semprún-Maura, Revolución y contrarrevolución en Cataluña, pp. 281-282, que fecha erróneamente el manifiesto el 6 de mayo. <<

[58] Testimonios de Solano y Andrade en R. Fraser, Blood of Spain, pp. 381-382; B. Bolloten, SCW, p. 435. <<

[59] C. Lorenzo, Los anarquistas y el poder, pp. 178-179; H. Prieto, El anarquismo español en la lucha política, p. 11. <<

[60] C. Semprún-Maura, Revolución y contrarrevolución en Cataluña, pp. 242-252; J. Casanova, Anarquismo y revolución, pp. 144-150, y De la calle al frente, p. 227. <<

[61] S. Tavera y E. Ucelay-Da Cal, «Grupos de afinidad, disciplina bélica y periodismo libertario, 1936-1938», Historia Contemporánea, 9 (1993), pp. 167-190, esp. pp. 177 y 185. <<

[62] C. Lorenzo, Los anarquistas españoles, pp. 228-229; J. Peirats, La CNT en la revolución española, vol. 2, pp. 241-254; F. Jellinek, The Civil War in Spain, pp. 571-572. <<

[63] Transmitido en la noche del 4 de mayo, el discurso es citado por muchos autores, incluidos M. Cruells, Mayo sangriento, p. 63, y C. Semprún-Maura, Revolución y contrarrevolución en Cataluña, p. 267. <<

[64] Véanse ejemplos citados en J. Casanova, Anarquismo y revolución, p. 113. <<

[65] M. Low y J. Breá, Red Spanish Notebook, pp. 215 y 216. <<

[66] Un resumen de las primeras teorías sobre la muerte de Durruti se puede ver en J. Casanova, Anarquismo y revolución, p. 251, y de forma más extensa, pero muy poco clara, en A. Paz, Durruti en la revolución española, pp. 689-714. Sobre la muerte de Durruti a causa del disparo accidental de un arma desde un lugar cercano, la opinión forense del doctor Santamaría, jefe de Sanidad de la Columna Durruti, que realizó la autopsia, parece convincente (citada en J. Arnal, Yo fui secretario de Durruti. Memorias de un cura aragonés en las filas anarquistas (Mira Editores, Zaragoza, 1995), p. 119). <<

[67] El dirigente del Consejo de Aragón y veterano radical Joaquín Ascaso (primo de Francisco y de Domingo) sería expulsado de la organización en septiembre de 1938. J. Casanova, De la calle al frente, p. 233. <<

[68] A. Paz, Durruti en la revolución española, p. 726. <<

[69] E. Vega et. al., «Socialización y hechos de mayo», p. 100, n. 6; R. Fraser, Blood of Spain, p. 544, n. 3. <<

[70] Transmitida por radio y «firmada» por las federaciones locales de la CNT y de la UGT. C. Semprún-Maura, Revolución y contrarrevolución en Cataluña, p. 277. <<

[71] M. Cruells, Mayo sangriento, pp. 86-90; B. Bolloten resume la prensa y otras fuentes contemporáneas (SCW, pp. 452 y 875, n. 19); C. Semprún-Maura, Revolución y contrarrevolución en Cataluña, pp. 284 y 287-289; A. Souchy, The May Days, pp. 95-100. <<

[72] B. Bolloten, SCW, p. 441. Lo formaban Martí Feced (Esquerra), Mas (CNT), Sesé (UGT) y Pou (Unió de Rabassaires). M. Cruells, Mayo sangriento, p. 67. <<

[73] J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, p. 268. El relato de Azaña de los sucesos de mayo, en «Cuaderno de la Pobleta» (20 de mayo de 1937), Obras completas, vol. IV, pp. 575-588. Las comunicaciones telegráficas de Azaña con Valencia entre el 4 y el 6 de mayo se conservan en el Servicio Histórico Militar (Madrid), legajo 461. <<

[74] S. Juliá, «Presidente por última vez: Azaña en la crisis de mayo de 1937», en A. Alted, A. Egido y M. F. Mancebo eds., Manuel Azaña: pensamiento y acción (Alianza Universidad, Madrid, 1996), pp. 249-250. <<

[75] M. Cruells, Mayo sangriento, pp. 67-69; J. Peirats, La CNT en la revolución española, vol. 2, p. 151; C. Semprún-Maura, Revolución y contrarrevolución en Cataluña, p. 276; B. Bolloten, SCW, pp. 453 y 875, n. 29; E. Ucelay-Da Cal, «Socialistas y comunistas en Cataluña durante la guerra civil», pp. 305-306, 308 y 311 (sobre el mismo Sesé). El comentarista anarquista Agustín Souchy también se refiere a la posibilidad de que fuese asesinado por el PSUC en su relato contemporáneo a los sucesos (1937) publicado en Buenos Aires. Pero el nacionalismo catalanista todavía dominaba en el PSUC (de lo que Bolloten da fe, SCW, p. 448). La participación de sectores marginales del PSUC parece improbable, aunque no puede ser descartada totalmente. <<

[76] Conservador y muy católico que aparece como el coronel Jiménez en la novela de Malraux L’Espoir, Escobar acabaría la guerra como jefe del Ejército de Extremadura. Fue fusilado por el régimen de Franco en febrero de 1940. J. L. Olaizola, La guerra del general Escobar (Planeta, Barcelona, 1983). <<

[77] Solidaridad Obrera, 9/5/1937; utilizando estas y otros informes de prensa de la época, Bolloten calcula que llegaron en total 12 000 en unos pocos días (SCW, p. 460 y n. 63). <<

[78] M. Cruells, Mayo sangriento, pp. 86-90; J. Peirats, La CNT en la revolución española, vol. 2, pp. 157-161; C. Semprún-Maura, Revolución y contrarrevolución en Cataluña, pp. 284 y 287-289; A. Souchy, The May Days, p. 98; J. M. Solé i Sabaté y J. Villaroya i Font, La repressió a la reraguarda de Catalunya, vol. 1, pp. 212-216, esp. pp. 213-214; B. Bolloten, SCW, pp. 452 y 875, n. 19. <<

[79] En julio de 1937 la CNT estimaba que solo en Barcelona unos ochocientos de sus militantes estaban en prisión: F. Morrow, Revolution and Counter-Revolution in Spain, p. 144; E. Goldman, «Political Persecution in Republican Spain», Spain and the World, 10/12/1937, también citado en A. Souchy, The May Days, pp. 104-107; J. Peirats, La CNT en la revolución española, vol. 2, pp. 263-264; J. M. Solé i Sabaté y J. Villaroya i Font, La repressió a la reraguarda de Catalunya, vol. 1, pp. 217-224 y 260, y pp. 279-286 sobre los campos de trabajos forzosos republicanos. <<

[80] M. Cruells, Mayo sangriento, p. 83; B. Bolloten, SCW, p. 456. <<

[81] M. Cruells, Mayo sangriento, p. 79. <<

[82] Véanse las valoraciones realizadas por los dirigentes de la USC antes de la guerra, que consideraban al anarquismo como una ideología de «degenerats» y «detritus» de los «baix fonds» («degenerados» y «detritus» de los «bajos fondos»). C. Ealham, «Policing the Recession», p. 354. Véanse también los comentarios de nacionalistas catalanes conservadores exiliados según los cuales los fusilamientos franquistas de la izquierda radical en Cataluña en 1939 les habían ahorrado el trabajo. R. Abella, Finales de enero, 1939. Barcelona cambia de piel (Planeta, Barcelona, 1992), p. 50. <<

[83] F. Morrow, Revolution and Counter-Revolution in Spain, p. 62. Sobre las consecuencias de esto, véase M. Vilanova, «L’Escala y Beuda», Historia y Fuente Oral, 3 (1990), p. 53. <<

[84] Más tarde, los militantes del POUM detenidos quedaron atrapados entre la venganza comunista y el castigo franquista cuando las tropas rebeldes avanzaron sobre Barcelona en 1939. J. Gorkín, Caníbales políticos. Hitler y Stalin en España (México, 1941); G. Regler, The Owl of Minerva (Rupert Hart-Davis, Londres, 1959), pp. 324-325; R. Fraser, Blood of Spain, p. 389, n. 1; H. Thomas, The Spanish Civil War, p. 876. Sobre los detenidos del POUM y de la izquierda en general, E. Goldman, «Political Persecution in Republican Spain», pp. 105-157; P. Broué y E. Témime, The Revolution and the Civil War in Spain, p. 315: P. Pagès i Blanch, La presó Model de Barcelona. Història d’un centre penitenciari en temps de guerra (1936-1939) (L’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1996). <<

[85] R. Fraser, Blood of Spain, p. 389; sobre las detenciones, véase también A. Suárez, El proceso contra el POUM (Ruedo Ibérico, s. l., 1974), pp. 83-87. <<

[86] Por ejemplo, en una carta al presidente Azaña de diciembre de 1937, conservada en el archivo personal de Azaña, Archivo de Barcelona (AB), apartado 7, caja 137, carpeta 9. <<

[87] E. H. Carr, The Twilight of the Comintern (Macmillan, Londres, 1982). Véase la evidencia documental de testimonios de la Comintern en R. Radosh, M. R. Habek y G. Sevostianov, eds., Spain Betrayed. The Soviet Union in the Spanish Civil War (Yale University Press, New Haven/Londres, 2001), pero no el rarísimo comentario editorial del libro, que está reñido con sus evidencias documentales. Había una presencia relativamente más grande de personal del Ejército Rojo en la España republicana. Los últimos cálculos sugieren que fueron algo más de dos mil en total y entre seiscientos y ochocientos en cada momento dado. Pero estos estaban completamente absorbidos por las funciones técnicas y militares, y esto incluye a los ingenieros civiles e intérpretes. Agradezco a Frank Schauff, autor de Der verspielte Sieg. Sowjetunion, Kommunistische Internationale und Spanischer Bürgerkrieg 1936-1939 (International Institute of Social History, Amsterdam, 2004), esta información. Sobre el personal técnico y militar soviético, véase también D. Kowalsky, La Unión Soviética y la Guerra Civil española (Crítica, Barcelona, 2004), pp. 252-261 y 338-341. <<

[88] G. Roberts, «Soviet Foreign Policy and the Spanish Civil War 1936-1939», p. 91; F. Schauff, «Hitler and Stalin in the Spanish Civil War», pp. 19-20. <<

[89] A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, pp. 340-341, 387 y 395. Stoyán Mínev (Stepanov), Las causas de la derrota de la República española (Miraguano, Madrid, 2003). <<

[90] Véase Jellinek, The Civil War in Spain, p. 337. <<

[91] Véase P. y A. Abramson, Mosaico roto, p. 206. Por esta misma razón es también problemático escribir la historia de los sucesos de mayo y de sus ramificaciones políticas exclusivamente desde la perspectiva de las fuentes de la Comintern. Un reciente ejemplo de la distorsión resultante se puede ver en los capítulos 7 y 9 de A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas. <<

[92] B. Bolloten, SCW, p. 891, n. 84; J. Zugazagoitia (entonces ministro de Gobernación), Guerra y vicisitudes, pp. 291-294; M. Irujo, en A. de Lizarra, Los vascos y la República española, pp. 158-159; A. Suárez, El proceso contra el POUM, pp. 83 y 101-104; V. Alba, «De los tribunales populares al Tribunal Especial» en Justicia en guerra, p. 232. <<

[93] Sobre Ortega, véase J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, p. 292. Sobre Burillo, A. Suárez, El proceso contra el POUM, p. 83, y V. Alba y M. Ardevol, eds., El proceso del P. O. U. M, p. 73. Su carrera militar entró en declive en 1938 y acabó la contienda civil, al igual que varios otros oficiales profesionales que habían entrado en el PCE durante la guerra, opuesto a este. Bolloten, SCW, pp. 924-925. Esbozo biográfico en C. Zaragoza, Ejército Popular y militares de la República (Planeta, Barcelona, 1983), pp. 232-235, y esbozos biográficos de Burillo y Ortega —ambos fusilados por los franquistas— en M. Alpert, El ejército republicano, pp. 364 y 381. <<

[94] Sobre la conducta inconstitucional de las fuerzas de orden público véase el capítulo 6. <<

[95] G. Morón, Política de ayer y política de mañana (s. e., México, 1942), pp. 93-104 (esp. pp. 99-104). <<

[96] Azaña, Obras completas, vol. 4, p. 828. <<

[97] A. Suárez, El proceso contra el POUM, p. 103. <<

[98] M. Dolors Genovès, Operació Nikolai, Televisió de Catalunya, 1992. <<

[99] El informe es citado en J. Costello y O. Tsarev, Deadly Illusions, p. 291, pero véanse los comentarios sobre las tendencias particulares de este libro en E. P. Gazur, Secret Assignment. The FBI’s KGB General, p. xvii. <<

[100] El informe de Orlov, del 25 de agosto de 1937, se cita en J. Costello y O. Tsarev, Deadly Illusions, p. 286; J. Gorkín, El proceso de Moscú en Barcelona, pp. 220-221; H. Thomas, The Spanish Civil War, p. 706. <<

[101] J. Costello y O. Tsarev, Deadly Illusions, pp. 352 y 356. Marcelino Pascua también destacaba la evidente falta de credibilidad del testimonio de Orlov por el contexto en que se había producido (M. Pascua a Á. Viñas, 13/2/1977, AHN/MP, caja 8 (13). <<

[102] B. Bolloten, SCW, p. 509. El cuestionario de Orlov ha sido publicado en inglés en Forum für osteuropäische Ideen und Zeitgeschichte, 4 (2000), pp. 238-243; E. P. Gazur, Secret Assignment. The FBI’s KGB General, pp. 337-338 y 340-345. <<

[103] J. Costello y O. Tsarev, Deadly Illusions, p. 272. <<

[104] A. Suárez, El proceso contra el POUM, p. 84. <<

[105] El relato de Andrade, en R. Fraser, Blood of Spain, pp. 387-389. En las prisiones estatales republicanas había tanto disidentes extranjeros como españoles. F. Morrow, Revolution and Counter-Revolution in Spain, p. 145; E. Goldman, «Political Persecution in Republican Spain», Spain and the World, 10 de diciembre de 1937, también citado en A. Souchy, The May Days, pp. 104-107. <<

[106] A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, pp. 378-379; I. Prieto, Convulsiones de España, vol. 2, p. 117. <<

[107] J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, pp. 292-293. <<

[108] Véase el informe de Stepanov a Dimitrov del 30 de julio de 1937 citado en Radosh, Habek y Sevostianov, Spain Betrayed, p. 220. Los editores atribuyen inexplicablemente el informe al mismo Dimitrov (p. 210). <<

[109] A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, p. 378; R. Fraser, Blood of Spain, p. 388. <<

[110] J. Gorkín, El proceso de Moscú en Barcelona, p. 250; V. Alba y M. Ardevol, eds., El proceso del P. O. U. M, p. 541; J. Casanova, Anarquismo y revolución, p. 247. <<

[111] A. Suárez, El proceso contra el POUM, p. 88; J. Casanova, Anarquismo y revolución, p. 247. <<

[112] Véase el testimonio del dirigente del PSUC Pere Ardiaca en R. Fraser, Blood of Spain, p. 390. Los comentarios del dirigente del POUM Andrade, que exculpa tanto al PSUC como al PCE de la responsabilidad de la represión, deben ser vistos en el contexto de la tendencia de los supervivientes del POUM en la posguerra a presentar a la Comintern como el único culpable de su ruina política: R. Fraser, Blood of Spain, p. 388. <<

[113] E. Ucelay-Da Cal, «Socialistas y comunistas en Cataluña durante la guerra civil», p. 311. <<

[114] J. Gorkín, El proceso de Moscú en Barcelona; véanse por ejemplo, pp. 227 y 246. <<

[115] B. Bolloten, SCW, p. 865, n. 20. <<

[116] Los comentaristas anarquistas se han esforzado siempre por destacar que la CNT no tenía una historia institucional de toma de represalias contra los tránsfugas (véase J. Peirats, en Agustín Souchy et. al., The May Days, p. 20). Pero su existencia exacerbaba las tensiones entre las diferentes organizaciones de la izquierda. <<

[117] E. Ucelay-Da Cal, «Socialistas y comunistas en Cataluña durante la guerra civil», p. 311. <<

[118] M. Cruells, Mayo sangriento, pp. 62 y 69; E. Ucelay-Da Cal, «Socialistas y comunistas en Cataluña durante la guerra civil», p. 313. <<

[119] Spain and the World, 22 de septiembre de 1937, en A. Souchy et. al., The May Days, p. 100; M. Cruells, Mayo sangriento, p. 82. M. Azaña, Obras Completas, vol. IV, p. 593. <<

[120] Véase la cínica visión de la CNT sobre la «promiscuidad» política de los miembros de Izquierda Republicana en Aragón: «Son del último que viene», carta de un sindicato de la CNT de la provincia de Teruel, de noviembre de 1937, citada en J. Casanova, Anarquismo y revolución, p. 223. <<

[121] J. S. Vidarte, Todos fuimos culpables, vol. 2, p. 656; G. Morón, Política de ayer y política de mañana (s. e., México, 1942), pp. 77-78; P. Broué y E. Témime, The Revolution and the Civil War in Spain, p. 273. <<

[122] H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 87-88 y passim, para la rivalidad organizativa entre el PSOE y el PCE. <<

[123] M. Cruells, Mayo Sangriento, p. 69; C. Semprún-Maura, Revolución y contrarrevolución en Cataluña, pp. 279-281. <<

[124] El reportaje de Solidaridad Obrera, 11/5/1937 (véase J. Peirats, La CNT en la revolución española, vol. 2, pp. 148-150) vinculaba los asesinatos con la desaparición de un disidente comunista ruso, Marc Rhein. P. Broué y E. Témime, The Revolution and the Civil War in Spain, p. 305 (también pp. 285-286); A. Souchy et. al., The May Days, pp. 40-42 y 105. <<

[125] Véase A. Souchy, Los sucesos de Barcelona (Ebro, Valencia, 1937), traducido al inglés como The Tragic Week in May, publicación del servicio de información internacional de la CNT-FAI que dirigió Souchy, y el mismo ensayo de Souchy, The May Days, p. 42. <<

[126] Agradezco a Ángel Viñas que haya compartido conmigo su investigación en curso (febrero de 2006) sobre el espionaje profranquista en Barcelona. Sobre la muerte de Berneri véase un resumen de los estudios disponibles y del estado de la investigación en B. Bolloten, SCW, pp. 453 y 875-877. Souchy también sugiere que quienes registraron el piso de Berneri el 5 de mayo pudieron eliminar un manuscrito de este que trataba sobre la política de expansión en el Mediterráneo de Mussolini. A. Souchy, The May Days, p. 42. <<

[127] Copia de un informe (anónimo), fechado el 24 de noviembre de 1937, en AHN, documentación de Luis Araquistain, leg. 70, n.º 20. Véase G. Howson, Arms for Spain, pp. 225-227. Sobre Galarza véase el capítulo 3. Hubo quejas en el PSOE sobre los personajes dudosos que se atisbaban a veces en las oficinas ministeriales de Galarza. H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 87-88; J. S. Vidarte, Todos fuimos culpables, vol. 2, pp. 673, 655 y 862; F. Jellinek, The Civil War in Spain, p. 558. <<

[128] Véanse las obras de C. Rama, ed., Camillo Berneri: Guerra de clases en España, 1936-1937 (Tusquets, Barcelona, 1977), y Fascismo y anarquismo en la España contemporánea (Bruguera, Barcelona, 1979). Véase también S. G. Pugliese, Carlo Rosselli: Socialist Heretic and Antifascist Exile (Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1999). <<

[129] Véase el caso de Madrid en J. Aróstegui y J. A. Martínez, La Junta de Defensa de Madrid, p. 446. <<

[130] Véase M. Cruells, Mayo sangriento, p. 90. <<

[131] J. Casanova, Anarquismo y revolución, pp. 253-263. <<

[132] Véase el sugerente testimonio de Paul Thalmann a B. Bolloten, SCW, p. 860, n. 12. <<

[133] M. Azaña, Obras completas, vol. IV, pp. 591-592 y 594-595; A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, pp. 340-341, que citan un informe de Stepanov a la Comintern del 17 de marzo de 1937. <<

[134] R. Salas Larrazábal, Historia del Ejército Popular, vol. I, pp. 1 0421 045; B. Bolloten, SCW, p. 419. <<

[135] A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, p. 341. <<

[136] H. Raguer, La pólvora y el incienso, p. 325. <<

[137] M. Azaña, Obras completas, vol. IV, pp. 591-592; H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 120-121. <<

[138] M. Azaña, Obras completas, vol. IV, pp. 596-597. <<

[139] Ibid., vol. IV, pp. 589 y 594. R. M. de Madariaga, «The intervention of Moroccan troops in the Spanish Civil War: a reconsideration», European History Quarterly, vol. 22 (enero de 1992). Prieto desacreditaba los planes sobre Marruecos con razones similares, véase Guerra y revolución, vol. III, p. 80, n. 3. El papel de Carlos de Baráibar, colega de Luis Araquistain y largocaballerista desde hacía mucho tiempo, que hizo de intermediario, en Documentación de Araquistain, legajo 25, B30. Pascua también destaca que Largo y de Baraibar estaban financiando el plan marroquí sin habérselo contado a Negrín a pesar de ser este ministro de Hacienda. Pascua, que se haría cargo de la embajada de la República en París en junio de 1938, también cita informes críticos sobre el plan de Largo realizados por el cónsul general de España en Rabat (en el Marruecos francés), 12 y 28 de mayo y 23 de junio de 1937, AHN/MP, caja 2 (14.4). <<

[140] Véanse los testimonios de Prieto y un oficial de nombre desconocido del Estado Mayor republicano, entrevistados por G. Jackson, The Spanish Republic and the Civil War, p. 372, n. 13. <<

[141] M. Azaña, Obras completas, vol. IV, pp. 596-597. <<

[142] H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 210-213. <<

[143] F. Largo Caballero, Mis recuerdos, p. 205; H. Graham, El PSOE en la guerra civil, p. 127. <<

[144] H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 121-123. <<

[145] M. Azaña, Obras completas, vol. IV, p. 601. Una lista completa del gobierno propuesto por Largo, en Guerra y revolución en España, vol. III, p. 81. Izquierda Republicana tenía dos ministerios (Obras Públicas y Propaganda), como el PSOE y el PCE; Unión Republicana, uno (Comunicaciones y Marina Mercante), y los nacionalistas vascos y catalanes (PNV y ERC) tenían cada uno un ministro sin cartera. <<

[146] Se realizó una gran cobertura de la reacción de la CNT en la prensa. Una colección de recortes de prensa sobre esto se puede encontrar en el Archivo General de la Guerra Civil, Salamanca, Sección Político-Social Bilbao, carpeta 39. <<

[147] Araquistain a Largo Caballero, 2 de mayo de 1937, en FPI, AH26-36 (Madrid); P. Nenni, La guerra de España, pp. 48-49. <<

[148] S. Juliá, «Presidente por última vez: Azaña en la crisis de mayo de 1937», p. 251. Me parece que el análisis de Juliá exagera la magnitud y coherencia de la «amenaza sindical» para la alianza de partidos políticos republicana (véase p. 249). Sobre esto, véase H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 121-123. <<

[149] Véanse las opiniones de Julián Besteiro en 1939, Obras, vol. III, pp. 435-437, citadas en P. Preston, Comrades, pp. 187-188. Véase también capítulo 7. <<

[150] La colaboración entre la CNT y sectores de la Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT en el sur, en S. Payne, Spain’s First Democracy, pp. 301-303. Esta constelación política reaparecería a finales de 1937 como parte de la guerra en curso de los caballeristas por el control de la UGT. H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 247-271. <<

[151] R. Lamoneda, «El secreto del anticomunismo», escritos de posguerra inéditos, FPI, ARLF-166-40, p. 6. <<

[152] M. Azaña, Obras completas, vol. IV, p. 602. <<

[153] Un boceto biográfico de Negrín se puede ver en H. Graham, «Guerra, modernidad y reforma: Juan Negrín en la Jefatura del Gobierno (1937-1939)», Historia Contemporánea, 17 (1998), pp. 423-454. <<

[154] Desde Cómo y por qué salí del Ministerio de Defensa Nacional. Intrigas de los rusos en España (París, 1939) a la antología Convulsiones de España, 3 vols. (México D. F., 1967-1969), pasando por un torrente de trabajos escritos y conferencias realizados en los años que transcurrieron hasta la muerte de Prieto en 1962. Algunos fueron reeditados en la España franquista en ediciones «comentadas», cortesía de los ideólogos-policías del régimen; véase Yo y Moscú (Madrid, 1955), prólogo, comentarios y notas de Mauricio Carlavilla. <<

[155] H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 168-170. <<

[156] Ibid., pp. 168-169. J. S. Vidarte, Todos fuimos culpables, vol. 2, pp. 620-621; P. Nenni, La guerra de España, pp. 48-49, n. 16, en la que también cita una síntesis, como siempre concisa, de Lamoneda sobre la aparente volte face de Largo Caballero en cuanto a la unificación entre socialistas y comunistas: «Cuando quise, no quisiste; y ahora que quieres, no quiero». <<

[157] P. Preston, Franco, pp. 240-242 y 245. <<

[158] M. Chiapuso, El gobierno vasco y los anarquistas, pp. 117 y 130 y ss. <<

[159] Decreto del Diario Oficial del País Vasco, 26/4/1937. <<

[160] F. de Meer, El Partido Nacionalista Vasco, pp. 410-550. <<

[161] Sobre Gamir, véase el apéndice sobre oficiales del ejército en M. Alpert, El ejército republicano, p. 371. <<

[162] H. Thomas, Spanish Civil War, p. 687. Sin duda, los otros componentes de los frentes populares de Vizcaya y del norte en general no estaban impresionados por las capacidades de Aguirre en esta área. <<

[163] J. A. Aguirre, Informe del Presidente Aguirre al gobierno de la República sobre los hechos que determinaron el derrumbamiento del frente del Norte (Bilbao, 1978), esp. pp. 353-362 (para el intercambio de telegramas entre Largo, Prieto e Irujo). La pérdida del norte también influiría en la batalla interna del PSOE. H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 171 y 348, n. 35. <<

[164] M. Tuñón de Lara, «Algunos problemas historiográficos de la guerra civil en Euskadi», pp. 141-143. Los datos generales de Howson confirman la falta de aviones: G. Howson, Arms for Spain, pp. 141-142, 209-210, 212-213, 234-235; 255-257 y 302-303. Véase el cálculo, aunque sin referencias, de Tuñón de Lara según el cual la fuerza aérea de los rebeldes era diez veces mayor que la de la República, y que de cien aviones enviados desde el frente central (Madrid), solo llegó un tercio. Se debe tener en cuenta también que la República no se podía permitir, por supuesto, dejar sin protección aérea el frente central. <<

[165] P. Preston, Franco, p. 280. <<

[166] J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, p. 312; M. Chiapuso, El gobierno vasco y los anarquistas, pp. 215-217; J. Ambou, Los comunistas en la resistencia nacional republicana, p 147. Más tarde se destruyeron fábricas en Santander, pero Ambou (p. 236) destaca que esto no se hizo mucho en Asturias; M. Tuñón de Lara, «Algunos problemas historiográficos de la guerra civil en Euskadi», p. 143. <<

[167] Del texto del decreto de disolución del Consejo de Aragón, reproducido en J. Peirats, La CNT en la revolución española, vol. 2, pp. 277-278. R. Fraser ha señalado de forma elocuente que muchas de las colectivizaciones aragonesas continuaron funcionando después de la disolución forzosa del Consejo. P. Broué, R. Fraser y P. Vilar, Metodología histórica de la guerra y la revolución españolas (Fontamara, Barcelona, 1982), p. 125. <<

[168] Véase A. Bosch Sánchez, Ugetistas y libertarios, pp. 382-383. <<

[169] J. Casanova, De la calle al frente, p. 233. <<

[170] J. Casanova, Anarquismo y revolución, pp. 258 y 264-271. <<

[171] Ibid., pp. 264-297; R. Fraser, Blood of Spain, pp. 390-394. <<

[172] La legalización de las colectividades estaba condicionada a que se registrasen. Pero este proceso sería obstaculizado por la activación del frente militar a finales de 1937, y terminado por la ofensiva final franquista en marzo de 1938. <<

[173] A. Bosch Sánchez, Ugetistas y libertarios, pp. 39-49 y 122. <<

[174] J. Casanova, Anarquismo y revolución, pp. 319-320. <<

[175] Ibid., pp. 258-260. <<

[176] Ibid., p. 114. <<

[177] Véanse los datos del Ministerio de Agricultura, con comparaciones de las producciones regionales en 1936 y 1937, en H. Thomas, Spanish Civil War, p. 559; A. Bosch Sánchez, Ugetistas y libertarios, pp. 378-379. La producción de 1936-1937 cayó tanto en Cataluña como en Valencia, donde la agricultura privada estaba más extendida. <<

[178] En todo caso, en el período anterior a la guerra, las tres provincias de Aragón habían producido solo el 7,6 por ciento de la cosecha total de cereales de España, y más de la mitad de este porcentaje procedía de la provincia de Zaragoza, cuya zona más productiva estaba en manos de los rebeldes. R. Fraser, Blood of Spain, p. 348. <<

[1] Milton Wolff, Another Hill (University of Illinois Press, Urbana y Chicago, 1994), p. 119 (hay trad. cast.: Otra colina, Ediciones Barataria, Barcelona, 2005). <<

[2] E. Moradiellos, «The Gentle General: the Official British Perception of General Franco during the Spanish Civil War», en P. Preston y A. L. Mackenzie, eds., The Republic Besieged, pp. 1-19. <<

[3] La Conferencia de Nyon de septiembre de 1937 fue convocada para discutir el problema de los submarinos «desconocidos» que interferían en los barcos británicos y de otros países. Se invitó a Italia a participar incluso aunque era un secreto a voces que los submarinos en cuestión eran italianos: M. Alpert, A New International History of the Spanish Civil War, pp. 142-143. Después de la conferencia de Nyon, los ataques a los buques británicos prácticamente cesaron. <<

[4] G. Howson, Arms for Spain, pp. 130-134 (es improbable que el Komsomol transportara armas); D. T. Cattell, Communism and the Spanish Civil War, p. 77. <<

[5] La República nacionalizó los barcos mercantes de sus puertos al comienzo de la guerra. Pero perdió los navíos que estaban en alta mar, como los atracados en Alemania, Italia y Estados Unidos, donde los rebeldes y sus partidarios plantearon reclamaciones legales sobre su propiedad. Todavía no hay datos claros sobre el tamaño de la marina mercante española. Véase F. y S. Moreno de Alborán y de Reyna, La guerra silenciosa y silenciada. Historia de la campaña naval durante la guerra de 1936-1939 (Gráficas Lormo, Madrid, 1998), 4 vols., y R. González Echegaray, La marina mercante y el tráfico marítimo en la guerra civil (San Martín, Madrid, 1977). Había unos 880 navíos, de los cuales 660 estaban en manos de la República y 220, en las de los rebeldes. Agradezco a Gerald Howson su ayuda en este tema. <<

[6] G. Howson, Arms for Spain, p. 233. <<

[7] R. Miralles, «Paz humanitaria y mediación internacional: Azaña en la guerra», en A. Alted et. al., eds., Manuel Azaña: Pensamiento y acción (Alianza, Madrid, 1996), pp. 263-268, y, del mismo autor, «Juan Negrín: al frente de la política exterior de la República (1937-1939)», Historia Contemporánea, 15 (1996). <<

[8] G. Howson, Arms for Spain, pp. 250-251, nota ** (sic). <<

[9] Una vez que la improvisada industria de guerra catalana (en el otoño de 1936) se creó y empezó a funcionar, produjo 6 millones de cartuchos por mes hasta el final de la guerra en Cataluña. Pero Mussolini podía autorizar el envío de 10 millones en un solo mes, y, en conjunto, proporcionó 319 millones de cartuchos a los rebeldes. P. Preston, «Italy and Spain in Civil War and World War», en S. Balfour y P. Preston, eds., Spain and the Great Powers (Routledge, Londres, 1999), p. 173. La industria catalana, que en la primavera de 1937 era de hecho la única industria de guerra republicana, podía reunir poco más de la mitad de esta cantidad. Borja de Riquer, ponencia inédita sobre el esfuerzo de guerra catalán presentada en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense, San Lorenzo de El Escorial (Madrid), agosto de 2000. Véase también J. M. Bricall, Política econòmica de la Generalitat, pp. 56-72. <<

[10] Á. Viñas, «Las relaciones hispano-francesas, el gobierno Daladier y la crisis de Munich», en Españoles y franceses en la primera mitad del siglo XX (CEH-CSIC, Madrid, 1986), p. 179. <<

[11] E. Moradiellos, «Una misión casi imposible: la embajada de Pablo de Azcárate en Londres durante la Guerra Civil (1936-1939)», Historia Contemporánea, 15 (1996), pp. 135 y ss. <<

[12] E. Moradiellos, La perfidia de Albión. El gobierno británico y la Guerra Civil española (Siglo XXI, Madrid, 1996) p. 184. <<

[13] Aunque este siempre había sido un privilegio relativo, dada la primacía que dieron los dirigentes soviéticos a la política interior hasta 1939. G. Roberts, «Soviet Foreign Policy and the Spanish Civil War», en Leitz y Dunthorn, eds., Spain in an International Context (1936-1959), p. 91. <<

[14] De ahí la reacción hostil de la Unión Soviética a finales de mayo de 1937 ante los posibles efectos de la sugerencia de Prieto de que la República debía declarar la guerra a Alemania como respuesta al bombardeo alemán de Almería, un puerto virtualmente indefenso, para forzar a Hitler a retirarse o a provocar una guerra europea. M. Alpert, A New International History of the Spanish Civil War, p. 141; B. Bolloten, SCW, pp. 574-575. <<

[15] E. H. Carr, The Comintern and the Spanish Civil War (Macmillan, Londres, 1984), p. 51, n. 22; D. Kowalsky, La Unión Soviética y la Guerra Civil española (Crítica, Barcelona, 2004), p. 231. <<

[16] R. Miralles, «Juan Negrín al frente de la política exterior de la República», p. 151; M. Azaña, «Cuaderno de la Pobleta», (27 de septiembre de 1937), en Obras completas, vol. IV, p. 806. <<

[17] Los pueblos fueron tomados calle por calle y casa por casa y se produjeron encarnizados combates cuerpo a cuerpo, que se describen en la novela autobiográfica de Milton Wolff Another Hill, pp. 69-86. El periodista Herbert Matthews describió parapetos formados por cuerpos humanos y caracterizó Belchite después de su captura como «una masa fétida de restos»: Two Wars And More to Come (Carrick & Evans, Nueva York, 1938), pp. 301-310; véase también C. de la Mora, In Place of Splendor, pp. 336-337. <<

[18] Carta de Rojo a Prieto, 28 de septiembre de 1937, reproducida en J. I. Martínez Paricio, ed., Los papeles del general Rojo (Espasa Calpe, Madrid, 1989), sección documental no paginada. <<

[19] El juicio contra Asensio, Villalba y otros oficiales por su responsabilidad en la caída de Málaga (véase el capítulo 3), debe entenderse en este contexto. Los sucesos se investigaron desde febrero de 1937. Fueron juzgados en octubre, cuando el norte estaba cayendo, y condenados a prisión; A. Nadal, Guerra civil en Málaga, pp. 417-418. Pero el caso fue reconsiderado después y desestimado en julio de 1938. Sobre el papel de Negrín, que apoyaba a Asensio, véase J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, pp. 453-454. <<

[20] M. Azaña, Obras completas, vol. IV, p. 785; Los papeles del general Rojo pp. 91-92 y 97-98. <<

[21] El estado de guerra fue declarado el 23 de enero de 1939. La reticencia anterior de Negrín también era consecuencia de su valoración del personal militar disponible, porque declarar con seguridad un estado de guerra hubiera requerido la existencia de abundantes oficiales superiores del calibre de Rojo. Pero Negrín sabía que eran relativamente pocos. En septiembre de 1937 se había lamentado de la falta de talento de Miaja, alarmado por la perspectiva de que controlara la zona de Madrid. M. Azaña, Obras completas, vol. IV, p. 767. <<

[22] H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 151-152; F. Largo Caballero, Mis recuerdos, p. 227. <<

[23] Los textos de los discursos de Negrín durante la guerra están dispersos en periódicos y archivos. Algunos se reproducen en el volumen de documentos de S. Álvarez, Negrín, Personalidad histórica, vol. 2. Pero sería muy útil tener una edición de los discursos de Negrín. <<

[24] J. Casanova, Anarquismo y revolución, p. 22, muestra cómo los republicanos aragoneses se quejaban de que la línea política del PCE no podía ser sincera «a no ser que la apostasía sea la futura “consigna”». Sobre las críticas del PSOE, véase H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 151-152. <<

[25] E. H. Carr, The Comintern and the Spanish Civil War, pp. 52-53; P. Togliatti, Escritos sobre la guerra de España, introducción de P. Spriano (Crítica, Barcelona, 1980), p. 9; sobre la estancia de Togliatti en España, véase también su Opere 1935-1944 (Editori Riuniti, Roma, 1979), vol. 4, y A. Agosti, Togliatti (UTET, Turín, 1996) pp. 225-243. <<

[26] Esto también sucedió, aunque en menor medida, en el sur republicano, por ejemplo, a través de la defensa por parte del PCE de las cooperativas frente a las colectividades. Véase L. Garrido González, Colectividades agrarias en Andalucía: Jaén (1931-1939) (Siglo XXI, Madrid, 1979), p. 75. <<

[27] Ronald Fraser explica muy bien este problema en Blood of Spain, p. 370. <<

[28] Los datos sugieren que hubo un incremento de un 25 por ciento en el número de colectivizaciones entre mediados de 1937 y finales de 1938 (incluso después de la pérdida de Aragón) que indicaban un intenso proceso de registro. Ibid., p. 393, n. 1, y p. 373, n. 1. <<

[29] R. Fraser resume la ayuda del IRA a las colectivizaciones registradas, Blood of Spain, p. 373, n. 1. Véase también Instituto de Reforma Agraria, La política del Frente Popular en agricultura (Madrid/Valencia, 1937), y V. Uribe, La política agraria del Partido Comunista, discurso pronunciado en Valencia el 4 de julio de 1937 (Barcelona, 1937). <<

[30] L. Garrido González, Colectividades agrarias en Andalucía: Jaén (1931-1939); N. Rodrigo González, Las colectividades agrarias en Castilla la Mancha (Toledo, 1985). <<

[31] Adelante, 29 de mayo de 1937; B. Bolloten, SCW, p. 238. <<

[32] H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 209-271. <<

[33] A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, p. 451. <<

[34] Hasta que contemos con una completa historia social del PCE en los años treinta, esta sigue siendo una hipótesis de trabajo. Pero las pruebas circunstanciales, hasta ahora, son convincentes. Esta faceta del PCE es un tema importante, aunque implícito, en H. Graham, El PSOE en la guerra civil. <<

[35] Ibid., pp. 108-110. <<

[36] Estos cambios fueron posteriores al informe de Togliatti de septiembre, que era muy crítico con el estilo muy dictatorial de Codovilla. Sobre esto, se puede ver también I. Falcón, Asalto a los cielos, pp. 144, 150-151 y 160, y el informe de Togliatti en Escritos sobre la guerra de España, pp. 143-150. <<

[37] P. Togliatti, Opere 1935-1944, pp. 288 y 291 (también en P. Togliatti, Escritos sobre la guerra de España, pp. 149 y 164); A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, p. 417; una síntesis de los objetivos y la influencia de Togliatti, en T. Rees, «The Highpoint of Comintern Influence? The Communist Party and the Civil War in Spain», en T. Rees y A. Thorpe, eds., International Communism and the Communist International 1919-43, pp. 157-158. Hay visiones conflictivas sobre el estilo de dirección del mismo Togliatti, pero era sin duda bastante menos intervencionista que Codovilla. F. Schauff, «Failure in Emergency: the Spanish Civil War and the Dissolution of the Comintern», p. 28; S. Carrillo, Memorias, p. 263. <<

[38] Informe de Togliatti del 30 de agosto de 1937, citado en A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, p. 401. Texto completo en P. Togliatti, Escritos sobre la guerra de España, pp. 126-142. <<

[39] A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, pp. 404-405. <<

[40] Véase, por ejemplo, ibid., pp. 384-405 y esp. p. 402. <<

[41] La misma estructura de la obra de A. Elorza y M. Bizcarrondo Queridos camaradas anima a esto, dado que separa la discusión sobre la influencia ideológica de la Comintern y sus objetivos políticos en la España republicana de la discusión del impacto de la guerra (es decir, de la capacidad de resistencia republicana) en la política soviética y del PCE, como si lo primero fuera algo fijo e independiente de lo segundo. Pero el balance de la investigación actual muestra precisamente la naturaleza «compleja, contradictoria e incierta» de la política soviética en España. Fue «dirigida tanto por las circunstancias como por cualquier otra cosa» (G. Roberts, «Soviet Foreign Policy and the Spanish Civil War», p. 83). Nótese también que el Kremlin nunca buscó integrar las diferentes instituciones soviéticas que participaban en España (Defensa, Asuntos Exteriores, Comintern), lo que sugiere una política contingente más que monolítica. T. Rees, «The Highpoint of Communist Influence? The Communist Party and the Civil War in Spain», p. 160. <<

[42] Como Lamoneda destacó con astucia, el anticomunismo de Prieto era «otro plan de previsión para el exilio»: R. Lamoneda, «El secreto del anticomunismo», notas inéditas, FPI, citado en H. Graham, El PSOE en la guerra civil, p. 184. <<

[43] Es interesante comparar el tono y contenido del destacado discurso «anticomunista» de Prieto de agosto de 1938 en el Comité Nacional del PSOE, y las reacciones muy negativas que provocó en sus compañeros socialistas, con sus posturas anticomunistas posteriores, bastante más grandilocuentes, en un contexto político totalmente diferente, que encontraron la aprobación general del PSOE y los círculos republicanos. Sobre esto, véase H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 181-184. <<

[44] Sobre Lamoneda, véase ibid., pp. 198-202. <<

[45] T. Rees, «The Highpoint of Communist Influence? The Communist Party and the Civil War in Spain», pp. 145, 148-149 y 150-152. <<

[46] Togliatti era un dirigente destacado de la Comintern y no un simple funcionario. Su experiencia en España modelaría su pensamiento sobre las cuestiones clave de la resistencia antifascista, la revolución y la «democracia de nuevo tipo», que, a su vez, influirían más tarde en las políticas de otros partidos comunistas europeos y, de forma especial, en el mismo Partido Comunista Italiano (PCI). <<

[47] A. Elorza y M. Bizcarrondo analizan los intercambios entre la Comintern y el PCE en Queridos camaradas, pp. 410-416. La estrategia de Stalin en este tema refuerza el carácter contingente de la política soviética en España: estaba siempre adaptándose a las cambiantes circunstancias. No había un proyecto ideológico rígido, a pesar de lo que Elorza y Bizcarrondo parecen sugerir en la p. 420. <<

[48] A. Bosch Sánchez, Ugetistas y libertarios, pp. 117-123 y 336-340; W. Bernecker, Colectividades y revolución social: el anarquismo en la guerra civil española, 1936-1939 (Crítica (Grijalbo), Barcelona, 1982), pp. 123-126. <<

[49] Companys criticó la orden que disolvía el Consejo de Aragón como un velado ataque a la autonomía catalana; Prieto expresó juicios muy duros sobre él («Companys está loco, pero loco de encerrar en un manicomio»), Tarradellas y Comorera: M. Azaña, Obras completas, vol. IV, pp. 760 y 802. <<

[50] En diciembre de 1937 Prieto se quejó de lo que todavía necesitaba y no había recibido, mientras que Companys pintó un panorama de logros catalanes asombrosos en unas circunstancias tan poco propicias. De Companys a Indalecio Prieto. Documentación sobre las industrias de guerra en Cataluña (Buenos Aires, 1939). Véase también M. Azaña, Apuntes de memoria, p. 82. <<

[51] M. Azaña, Obras completas, vol. IV, pp. 701, 745 y 823; E. Líster, Nuestra guerra (Colección Ebro, París, 1966), pp. 244-245. Véase también los comentarios de Besteiro según los cuales la visión de una historia de España unificada en el discurso de Negrín del 18 de junio de 1938 era tan reaccionaria que podría haber sido planteada por un fascista o un carlista (Besteiro a Pascua, 10 de julio de 1938, AHN/MP caja 2 (16). <<

[52] Esto queda claro en el diálogo novelado sobre la guerra La velada en Benicarló. Se pueden ver también varias entradas de su diario, por ejemplo, en Obras completas, vol. IV, pp. 699 y 707-708. <<

[53] Estas empresas fueron puestas bajo el control de la sección catalana de la Subsecretaría de Armamentos del Ministerio de Defensa, creada en junio de 1937. A. Monjo y C. Vega, «Clase obrera y guerra civil», Historia y Fuente Oral, 3 (1990), p. 88, n. 13. Sobre la intervención y las tensiones posteriores véase también J. M. Bricall, Política econòmica de la Generalitat, pp. 291-293. <<

[54] Durante un tiempo la Generalitat rechazó permitir que hubiera representantes del gobierno en las industrias. R. Fraser, Blood of Spain, p. 227, n. 1. En 1938 parece que el gobierno también estaba trasladando fuera de la región a miembros de las fuerzas de orden público y bomberos catalanes. R. Fraser, Blood of Spain, p. 383, n. 1. <<

[55] E. Ucelay-Da Cal, «Socialistas y comunistas en Cataluña durante la guerra civil», p. 314. <<

[56] P. Togliatti, Escritos sobre la guerra de España, pp. 180-181 y 247-248; E. Gerö a Dimitrov, 19 de noviembre de 1938, citado en R. Radosh, M. R. Habek y G. Sevostianov, eds., Spain Betrayed. The Soviet Union in the Spanish Civil War, p. 511; A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, p. 427. <<

[57] M. Azaña, Obras completas, vol. IV, p. 701, que también indica que la prensa del PSOE era muy crítica con el catalanismo del período de guerra. <<

[58] F. Jellinek, The Civil War in Spain, p. 571. <<

[59] S. Tavera y E. Ucelay-Da Cal, «Grupos de afinidad, disciplina bélica y periodismo libertario», pp. 186-187. <<

[60] «… las palabras del Gobierno, que aspiran a resonar en la inteligencia y en la conciencia de los españoles, de todos los españoles, absolutamente de todos … No tendrá el gobierno otros enemigos que los que por propia decisión se sitúen fuera de la ley». Discurso radiofónico de Negrín, 22 de octubre de 1937, reproducido en Servicio Español de Información (Valencia), 24 de octubre de 1937, conservado en AHN/MP caja 1 (15). <<

[61] Aunque el colaborador más cercano de Negrín, el militante de Izquierda Republicana Francisco Méndez Aspe, formalmente ocuparía la cartera de Hacienda en abril de 1938, en la práctica Negrín continuaría siendo el principal arquitecto de la política económica de la República hasta el final de la guerra. <<

[62] A. del Rosal, Justicia en guerra, pp. 239-245. Véase también G. Sánchez Recio, La República contra los rebeldes y los desafectos. La represión económica durante la guerra civil (Universidad de Alicante, Alicante, 1991). <<

[63] Gaceta de la República, decreto de 25 de diciembre de 1938. Parte de este decreto se cita en M. Ortiz Heras, Violencia política en la II República, p. 73, n. 13. <<

[64] G. Sánchez Recio, Justicia y guerra en España, p. 96. <<

[65] R. Gullón, «Justice et guerre civil: souvenir d’un procureur», en C. Serrano, ed., Madrid, 1936-1939; P. Nenni, La guerra de España p. 53. <<

[66] Sobre las propuestas de Irujo de enero de 1937, rechazadas como impracticables por el gobierno, véase M. de Irujo, Un vasco en el Ministerio de Justicia, (Editorial Vasca Ekin, Buenos Aires, 1976-1979, 3 vols.), vol. 1, pp. 125-127. Sobre la declaración de Irujo de su intención política como parte del nuevo gobierno de Negrín en mayo de 1937, se puede ver A. de Lizarra, Los vascos y la República española, pp. 173-187. <<

[67] Negrín nunca había sido, ni siquiera remotamente, anticlerical. Sobre sus orígenes familiares y creencias políticas véase H. Graham, «Guerra, modernidad y reforma», y H. Raguer, La pólvora y el incienso, pp. 325-330, 347 y 354-358. <<

[68] H. Raguer, carta a la autora, 9 de agosto de 1999. <<

[69] H. Raguer, La pólvora y el incienso, pp. 331-358. <<

[70] El Vaticano estaba deseoso de que la práctica católica se restableciese en el territorio republicano por otros medios que no fueran la ofensiva militar de los victoriosos ejércitos de Franco. <<

[71] Negrín, en su discurso a las Cortes del 30 de septiembre de 1938, reconoció en la práctica que el estado de guerra que existía de hecho, aunque no de iure, inevitablemente había socavado algunos aspectos del orden constitucional reconstruido después de julio de 1936. Pero exhortó a sus críticos a que compararan el orden constitucional existente con el de los tiempos pasados o con otros gobiernos en guerra. En efecto, no se podría juzgar al Estado republicano cuando estaba en pie de guerra. El discurso de Negrín está reproducido en S. Álvarez, Negrín, personalidad histórica, vol. 2; veánse esp. pp. 74-75 y 71-72. <<

[72] Sobre la quinta columna, véase J. Cervera, Madrid en guerra. La ciudad clandestina, 1936-1939 (Alianza, Madrid, 1998), y M. Uribarri, La quinta columna española (s. e., La Habana, 1943), vol. 1. <<

[73] Véase el estallido de frustración de Hidalgo de Cisneros por el posible coste de respetar las garantías civiles del enemigo: C. de la Mora, In Place of Splendor, p. 344. Los efectos de la división del territorio republicano se analizan más adelante en este mismo capítulo. Pero merece la pena destacar que los estudios existentes ignoran el grado de caos y desarticulación que produjo. Hay un relato oral muy expresivo realizado por uno de los brigadistas internacionales norteamericanos, Irving Goff, que, como miembro del cuerpo guerrillero republicano, fue enviado con su colega Bill Aalto (sic) para tratar, en vano, de frenar la retirada de soldados republicanos ocasionada por el gran avance de los ejércitos franquistas hacia el Mediterráneo. Entrevista grabada con Jim Carriger, cortesía de Peter Carroll. Las cintas se conservan en la Bancroft Library, Universidad de California (Berkeley). <<

[74] Véase la Emergency Powers Bill («Ley de Poderes Extraordinarios») de mayo de 1940 en Gran Bretaña. A. Calder, The Myth of the Blitz, p. 123. Véase también A. W. B. Simpson, In the Highest Degree Odious: Detention without Trial in Wartime Britain (Oxford University Press, Oxford, 1994). <<

[75] Véase, por ejemplo, B. F. Martin, The Hypocrisy of Justice in the Belle Epoque (Louisiana State University Press, Luisiana, 1984), un útil estudio de los límites bastante importantes de los derechos políticos de facto, en contraposición a los de iure, en la Tercera República Francesa (un ejemplo, en p. 234); A. W. B. Simpson, In the Highest Degree Odious. <<

[76] Decreto publicado en el Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, en B. Bolloten, SCW, p. 547. La versión preliminar que establecía las atribuciones del SIM fue elaborada personalmente por Prieto. Cómo y por qué salí del Ministerio de Defensa Nacional, p. 77. Evidentemente esto no significa que la República careciera antes de instrumentos de obtención de información, y, de hecho, ni siquiera el SIM tuvo el monopolio de las labores de inteligencia después de su creación, D. Pastor Petit, Espionaje. España, 1936-1939 (Bruguera, Barcelona, 1977), p. 112; S. Payne, The Spanish Revolution (Weidenfeld & Nicolson, Londres, 1970), pp. 346-347. Después de la rebelión militar de julio de 1936, los servicios de inteligencia habían presentado al gobierno republicano los mismos problemas que las demás instituciones del aparato del Estado: cómo saber quién era leal entre un personal heredado en gran parte de la monarquía. <<

[77] Sobre el secuestro y asesinato de Nin, véase el cap. 5. <<

[78] Véanse los comentarios de Orlov sobre este tema como parte de las respuestas a un cuestionario del historiador Stanley Payne en 1968, en Forum für osteuropäische Ideen und Zeitgeschichte, 4 (2000), pp. 245-246. Se citan también en B. Bolloten, SCW, pp. 546-547. <<

[79] Véase cap. 5. <<

[80] Gaceta de la República, 23 de junio de 1937. Texto citado en V. Alba y M. Ardevol, eds., El proceso del P. O. U. M. Documentos judiciales y policiales, pp. 529-535. Estos tribunales estaban presididos por cinco jueces, tres civiles y dos militares. Todos eran de designación ministerial: dos civiles eran nombrados por el Ministerio de Justicia, otro civil, por el Ministerio de Gobernación y los dos militares, por el Ministerio de Defensa. <<

[81] J. M. Solé i Sabaté y J. Villaroya i Font, La repressió a la reraguarda de Catalunya (1936-1939), vol. 1, pp. 243-258; J. Cervera, Madrid en guerra. La ciudad clandestina, pp. 283-337. Cervera analiza varias redes de la quinta columna, incluida la utilizada por Orlov para crear las pruebas contra el POUM (p. 303). Sin embargo, algunas de las deducciones posteriores del autor sobre la muerte de Nin son bastante dogmáticas, dado el estado actual de nuestro conocimiento. <<

[82] M. Azaña, Obras completas, vol. IV, p. 692, «Cuaderno de La Pobleta»; véase también la eficacia de la difusión de rumores por parte de Franco, D. T. Cattell, Communism and the Spanish Civil War, pp. 146-147. <<

[83] J. Gorkín, El proceso de Moscú en Barcelona (Aymá, Barcelona, 1974), p. 163; una síntesis, en B. Bolloten, SCW, pp. 513-514. <<

[84] B. Bolloten, SCW, pp. 509 y 890, n. 58. La incredulidad de Miravitlles en I. Suárez, El proceso contra el POUM (Ruedo Ibérico, s. l., 1974), p. 172; J. Miravitlles, Episodis de la guerra civil espanyola, p. 189; J. Peirats, La CNT en la revolución española, vol. III, p. 238; M. Low y J. Breá, Red Spanish Notebook, p. 202. <<

[85] M. Azaña, Obras completas, vol. IV, p. 692; J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, pp. 292-293. Juan Simeón Vidarte, miembro de la ejecutiva del PSOE, ha escrito que, después de la guerra, Negrín le había dicho que creía que «los comunistas» habían matado a Nin: Todos fuimos culpables, vol. 2, p. 729; véase también M. Azaña, Obras Completas, vol. IV, p. 638. <<

[86] Véase V. Alba y S. Schwartz, Spanish Marxism vs. Soviet Communism (Transaction Books, New Brunswick, N. J., 1988), sobre las actividades municipales del POUM después de mayo de 1937. Fuentes de prensa contemporáneas que lo confirman se citan también en B. Bolloten, SCW, p. 890, n. 79. El juez de instrucción dictó una orden para disolver al POUM en diciembre de 1937; véase V. Alba y M. Ardevol, eds., El proceso del P. O. U. M., p. 471. Esta se aplicaría después del veredicto de culpabilidad en el juicio de octubre de 1938. A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, p. 380. <<

[87] B. Bolloten, SCW, pp. 513 y 891, n. 84. <<

[88] En particular las de Julián Gorkín y Víctor Alba, que reiteradamente tienden a reducir los complejos conflictos políticos a la «mano oculta de Moscú». Es interesante comparar esto con las críticas del mismo POUM en una carta a Azaña en diciembre de 1937, que se centra totalmente en el sectarismo del PCE: Archivo particular de Manuel Azaña (AB), apartado 7, caja 137, carpeta 9. La misma bestia negra de Gorkín y Alba, Orlov, en su respuesta al cuestionario de Payne de 1968, destacó con astucia los intereses políticos evidentes en la guerra fría de la segunda posguerra mundial de reducir la represión del POUM a un «asunto de los Soviets» (Orlov en Forum für osteuropäische Ideen und Zeitgeschichte, 4 (2000), p. 239). Además, el POUM valenciano, aunque crítico con la conducta del PCE, era también hostil a la postura política del POUM catalán. Años más tarde, en 1973, el mismo Joaquín Maurín —cuya experiencia de la guerra, muy diferente, hizo que nunca fuera capaz de sintonizar con la dirección del POUM después de la desaparición de Nin— escribiría a Víctor Alba criticando de forma muy dura la postura del partido durante la guerra: A. Elorza, «La estrategia del POUM en la guerra civil», en La II República. Una esperanza frustrada, Actas del congreso «Valencia, capital de la República» (Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, 1987), pp. 133-136. Aunque parezca extraño, también el relato de Julián Gorkín sobre su experiencia del sistema judicial de la República difícilmente se ajusta a algunas de sus conclusiones políticas (véase J. Gorkín, El proceso de Moscú en Barcelona, pp. 210-213). <<

[89] B. Bolloten, SCW, p. 513; V. Alba y M. Ardevol, eds., El proceso del P. O. U. M., pp. 135 y 145; A. Elorza, «La estrategia del POUM en la guerra civil», p. 135. Los mismos informes de Orlov de la primavera de 1938 se refieren a la vigilancia en curso. J. Costello y O. Tsarev, Deadly Illusions, p. 364. <<

[90] Gaceta de la República, 1 de diciembre de 1937. <<

[91] J. M. Solé i Sabaté y J. Villaroya i Font, La repressió a la reraguarda de Catalunya (1936-1939), vol. 1, pp. 268-276, esp. p. 269. <<

[92] La República mantenía el estado de alarma, que había existido, prácticamente sin suspensiones, desde febrero de 1936. A. González Quintana, «Justicia militar en la España republicana», p. 187. <<

[93] M. Ballbé, Orden público y militarismo en la España constitucional, pp. 13 y 361-362. <<

[94] J. Casanova en S. Juliá et. al., Víctimas de la guerra civil, pp. 161-162. <<

[95] Justificación de Negrín en su discurso a las Cortes del 30 de septiembre de 1938, reproducido en S. Álvarez, Negrín, personalidad histórica, vol. 2, pp. 71-72. Véase también la respuesta pública de Negrín a las críticas de la Generalitat en La Vanguardia, 28/4/1938 («justicia dura, pero justicia»), parte de la cual se reproduce en J. M. Solé i Sabaté y J. Villaroya i Font, La repressió a la reraguarda de Catalunya, vol. 1, pp. 270-271. <<

[96] M. Ansó, Yo fui ministro de Negrín, pp. 208-209. <<

[97] M. Irujo, Un vasco en el Ministerio de Justicia: memorias, vol. 1, pp. 83 y 87; A. de Lizarra, Los vascos y la República española (Vasca Ekin, Buenos Aires, 1944), pp. 188-190. <<

[98] Véanse los amargos comentarios de Azaña: «No sería extraño que [Companys y sus seguidores] aprovechasen el caso de Nin. Que Companys finja escandalizarse, como campeón del derecho, después de cuanto ha ocurrido en Cataluña bajo su mando personal, es de un cinismo insufrible». M. Azaña, «Cuaderno de la Pobleta», 28 de julio de 1937, en Obras completas, vol. IV, p. 699; véase también M. Azaña, Apuntes de memoria, p. 78. <<

[99] Sin embargo, el SIM tenía su propia estructura de mando independiente en Cataluña: D. Pastor Petit, Espionaje. España, 1936-1939, p. 110; S. Payne, The Spanish Revolution, p. 346, que cita a Manuel Uribarri (no Ulibarri), que dirigió el SIM durante un tiempo en 1938. <<

[100] J. M. Solé i Sabaté y J. Villaroya i Font, La repressió a la reraguarda de Catalunya, vol. 1, p. 260. <<

[101] V. Alba y M. Ardevol, eds., El proceso del P. O. U. M., pp. 479-490, esp. pp. 485-487. El tribunal estableció específicamente que no había caso de traición o espionaje que juzgar. <<

[102] Irujo, citado en H. Raguer, La pólvora y el incienso, p. 329. <<

[103] J. M. Solé i Sabaté y J. Villaroya i Font, La repressió a la reraguarda de Catalunya, vol. 1, p. 283; las pp. 281-286 incluyen algunos extractos de testimonios. Véase también F. Badia, Els camps de treball a Catalunya durant la guerra civil (1936-1939) (L’Abadía de Montserrat, Barcelona, 2001), que ofrece una documentación importante, aunque su visión del SIM como un virtual implante soviético no se demuestra en el libro y es, de hecho, bastante insostenible. <<

[104] Por ejemplo, el impacto de las actividades de mercado negro o los delitos quintacolumnistas poco destacados. P. Pagès i Blanch, La guerra civil espanyola a Catalunya (1936-1939) (Barcelona, 1997 2.ª ed.) ha realizado una primera aproximación y confirma las memorias libertarias y de la izquierda en general. Véase también P. Pagès i Blanch, La presó Model de Barcelona (L’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1996), pp. 303-404, y C. Cañellas et. al., Història de la presó Model de Barcelona (Pagès, Lleida, 2000). <<

[105] Después de la Conferencia de Nyon en septiembre de 1937, Italia modificó su táctica. Los franquistas recibieron submarinos y aviones italianos en Mallorca en los que ondeaban insignias españolas. A partir de ese momento, el bombardeo de los puertos republicanos y de los cargueros que se dirigían hacia ellos sería llevado a cabo con total impunidad durante el resto de la guerra. M. Alpert, A New International History, p. 145. <<

[106] Informes del 1 de noviembre de 1937, FSC/R/Sp box 1 (file 3), y también del 14 de diciembre de 1937, FSC/R/Sp box 5. <<

[107] E. Ucelay-Da Cal, «Cataluña durante la guerra», pp. 348-349. El autor destaca varios aspectos importantes sobre la compleja cuestión de qué grupos estaban más hambrientos en la España republicana durante la guerra. Sin embargo, es bastante optimista sobre la suerte de los trabajadores urbanos, ya que muchos de estos (especialmente los de más bajo nivel económico) no tenían acceso a las facilidades sindicales que él describe. En cualquier caso, la liberalización económica de la Generalitat había supuesto la abolición de los comités de abastecimiento responsables de abastecer a los barrios pobres en 1936, y también había reducido la eficacia de iniciativas como las cooperativas de consumo (véase cap. 4). Tampoco estos o los comedores establecidos por los sindicatos eran inmunes a la creciente crisis de subsistencia de 1938. <<

[108] J. Casanova, Anarquismo y revolución, p. 111. <<

[109] S. Juliá et. al., Víctimas de la guerra civil, pp. 253 y ss. <<

[110] A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, p. 407. <<

[111] J. D. Simeón Riera, Entre la rebelió i la tradició, pp. 233-234. <<

[112] Sobre las agotadoras condiciones de producción (incluso bajo ataques de los enemigos) y el desgaste que provocó en las colectivizaciones del sur, véase L. Garrido González, Colectividades agrarias en Andalucía, pp. 95-100. <<

[113] Véase R. Fraser, Blood of Spain, p. 371, n. 1. <<

[114] Esto se repite constantemente en los informes de asistencia de los cuáqueros. <<

[115] Como el veterano dirigente socialista Gabriel Morón planteó, «en relación con su Partido, Negrín no apreciaba otra cosa que una sensación de vacío, una impresión glacial de indiferencia y de apocamiento». G. Morón, Política de ayer y política de mañana (s. e. México, 1942), p. 109; véase también H. Buckley, Life and Death of the Spanish Republic, p. 401. <<

[116] El gobierno, alarmado por los posibles efectos desestabilizadores si esta aumentaba, puso discretos carteles en Valencia y Barcelona pidiendo cuidado en los pronunciamientos públicos. También en Moscú, Pascua trató de limitar el daño diplomático producido por los editoriales cada vez más incendiarios de la prensa caballerista: véase, por ejemplo, AHN/MP, caja 2 (2), con quejas de Pascua a Negrín (carta del 28 de noviembre de 1937) y ejemplos de sus tarjetas diplomáticas a Stalin. <<

[117] Sobre los sucesos en el partido y en el sindicato véase H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 143-168 y 209-236. Fue el entonces lugarteniente de Prieto, Ramón González Peña, dirigente minero asturiano y, significativamente, el héroe de la insurrección de octubre de 1934, el que dirigió la destitución de Largo de la ejecutiva de la UGT (ibid., pp. 222-223). <<

[118] Con esto no se quiere plantear que el comisariado dejase de ser importante. Todavía fue un instrumento importante para mantener la disciplina en las horrendas condiciones de la batalla del Ebro: véase M. Alpert, El ejército republicano, p. 203. Tanto sobre el SIM como sobre el Ebro se trata también más adelante en este mismo capítulo. <<

[119] La desesperada retirada de Teruel hizo que las fuerzas de combate republicanas volvieran atrás a través de las líneas enemigas. En el camino, abandonaron una gran cantidad de material militar que la República difícilmente se podía permitir perder. Sobre los costes humanos de la batalla de Teruel, véase P. Corral, Si me quieres escribir (Random House-Mondadori, Barcelona, 2004). <<

[120] G. Howson, Arms for Spain, pp. 235-236. <<

[121] M. Alpert, A New International History, pp. 143 y 152-154. <<

[122] M. Alpert, A New International History, p. 155; E. Moradiellos, La perfidia de Albión, p. 332. <<

[123] G. Howson, Arms for Spain, pp. 239-241 y 302-303. <<

[124] Á. Viñas, «Las relaciones hispano-francesas, el gobierno Daladier y la crisis de Munich», pp. 176 y 183. <<

[125] G. Howson, Arms for Spain, pp. 153-163 y 144. <<

[126] G. Roberts, «Soviet Foreign Policy and the Spanish Civil War 1936-1939», pp. 90-91. Es conveniente recordar también que durante todo el tiempo de las crisis más importantes que afectaron a las defensas occidentales de la Unión Soviética (el Anschluss en marzo de 1938, Munich en septiembre y el golpe de Hitler en Praga en marzo de 1939), la Unión Soviética estaba también librando una guerra de proporciones relativamente grandes con Japón en el este, a lo largo de las fronteras de Mongolia y Manchuria. H. Ragsdale, «Soviet Military Preparations and Policy in the Munich Crisis: New Evidence», Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 47 (1999), p. 216, n. 31. <<

[127] Nótese, por ejemplo, el escepticismo de Prieto cuando, en respuesta a la crisis militar de marzo, los jefes del Estado Mayor del Ejército de Tierra y de la fuerza aérea, Rojo e Hidalgo de Cisneros, le propusieron ofrecerse ellos mismos a Franco en un intento de facilitar la paz y mitigar las condiciones para el resto del ejército: J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, pp. 383-384. <<

[128] J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, pp. 384-385; R. Miralles, «Paz humanitaria y mediación internacional: Azaña en la guerra», pp. 268-270. <<

[129] Artículos de Juan Ventura en La Vanguardia y Frente Rojo, 23/3/1938. La Vanguardia era en la práctica, en esta etapa, el periódico oficial del gobierno de Negrín. Su editor era el diputado socialista Fernando Vázquez Ocaña; véanse sus memorias Pasión y muerte de la Segunda República española, p. 78. Sin embargo, este no era el primer ataque a Prieto en la prensa. Véase, por ejemplo, el duro discurso de Dolores Ibárruri el 27 de febrero de 1938 al PSUC, en D. Ibárruri, En la lucha. Palabras y hechos, 1936-1939 (Editorial Progreso, Moscú, 1968), p. 249. <<

[130] A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, p. 413. <<

[131] I. Prieto, Epistolario Prieto y Negrín, p. 108; J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, pp. 389-391; M. Ansó, Yo fui ministro de Negrín, p. 214; J. S. Vidarte, Todos fuimos culpables, vol. 2, pp. 823-835 y 820-821; P. Togliatti, Escritos sobre la guerra de España, p. 193. La manifestación fue un intento de evocar la desaprobación espontánea popular del 18 de julio de 1936 en Madrid, cuando Martínez Barrio intentó negociar con el general Mola. <<

[132] J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, pp. 395-396; el relato del mismo Negrín, en Epistolario Prieto y Negrín, pp. 23-24, y en su discurso del 1 de agosto de 1945 en el palacio de Bellas Artes, en México, recogido en Novedades, 6/8/1945, y del que se conserva una copia en AHN/MP, caja 14 (12). En este discurso Negrín dijo que destituir a Prieto había sido una de las decisiones más duras de su vida, pero que había tenido que hacerlo porque la situación militar rayaba en el desastre definitivo, con el frente roto y los ejércitos de Franco a solo una hora de marcha de Barcelona. Véase también la refutación pública de Negrín de que la destitución de Prieto fuera resultado de la presión del PCE o de la Comintern: «¡Yo os aseguro por los muertos de nuestra guerra que en ello no hay una palabra de verdad!» (Documentos políticos para la historia de la República española, vol. 1. (Colección Málaga, México D. F., 1945), p. 21. Dado el personal sistema de valores de Negrín, lejos de ser una simple fórmula, este era un juramento muy fuerte. <<

[133] J. Negrín, Epistolario Prieto y Negrín, p. 55, n. 7; J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, pp. 402-404, sobre sus intentos y los de la ejecutiva del PSOE, a través de Lamoneda y Albar, de mediar entre Prieto y Negrín. <<

[134] En particular la negativa de Prieto a encargarse de las negociaciones informales relacionadas con la organización de la evacuación de refugiados republicanos a México. J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, pp. 409-410. Véase también Negrín en Epistolario Prieto y Negrín, pp. 53-54, y H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 181-183. <<

[135] Epistolario Prieto y Negrín, pp. 26-28; M. Irujo, Un vasco en el Ministerio de Justicia, vol. 1, pp. 82-83; G. Morón, Política de ayer, pp. 83 y 86; J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, pp. 421-422. Incluso los testigos hostiles han destacado los intentos conscientes de Negrín de levantar la moral. Véanse, por ejemplo, los comentarios del coronel Cuevas, nombrado director general de Seguridad en abril de 1938, sobre su «entusiasmo ficticio» o los «balones de oxígeno», en Recuerdos de la guerra de España (s. e., Montauban, 1940), p. 58. Una inteligente síntesis de la esencia de la estrategia de Negrín durante la guerra, en M. Ansó, Yo fui ministro de Negrín, p. 215. <<

[136] Véase J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, pp. 420, 421-422 y 429-430. <<

[137] H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 173-205. <<

[138] J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, pp. 405-406 y 428-430. <<

[139] A finales de octubre de 1936 Azaña había enviado a Londres, bajo su responsabilidad, a Bosch Gimpera, para sondear a los británicos sobre la cuestión de la mediación. El veterano dirigente socialista Julián Besteiro cumplió una función similar cuando representó a la República en la coronación de Jorge VI en mayo de 1937. R. Miralles, «Paz humanitaria y mediación internacional», pp. 257-258, y S. Juliá, «Presidente por última vez», en A. Alted et. al., Manuel Azaña: pensamiento y acción, pp. 255-256. Sobre la propia predicción de Azaña de un futuro enfrentamiento sobre el tema de la mediación, véase «Cuaderno de La Pobleta», entrada del 7 de agosto de 1937, Obras completas, vol. IV, p. 716. <<

[140] A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, p. 410. <<

[141] Véase ibid., pp. 413-416, para una reconstrucción de esta correspondencia. <<

[142] Guerra y revolución en España, vol. IV, pp. 75-76; B. Bolloten, SCW, p. 582. Tampoco el PCE confiaba totalmente en el compromiso de Negrín con la resistencia; véanse P. Togliatti, Escritos sobre la guerra de España, pp. 200 y 231; H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 154-155. <<

[143] Gómez Sáez había hecho un buen trabajo en Cataluña, donde había estado encargado del orden público, una responsabilidad que fue competencia del gobierno central desde los sucesos de mayo: J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, p. 293. <<

[144] Sobre la importante relación de trabajo y amistad entre Julián Zugazagoitia y Negrín, que duró prácticamente hasta el final de la guerra, véanse sus memorias Guerra y vicisitudes, pp. 403-404, 407-408, 410-411, 427-428 y 434. Esta obra, publicada por primera vez bajo el título de Historia de la guerra en España (Buenos Aires, 1940), es probablemente una de las mejores memorias políticas que se han escrito sobre la guerra civil. Zugazagoitia, como amigo tanto de Prieto como de Negrín, hizo grandes esfuerzos por evitar el enfrentamiento entre ambos en 1938. Como veterano socialista, Zugazagoitia era discretamente crítico sobre lo que veía como una excesiva tolerancia de Negrín hacia el sectarismo del PCE. H. Graham, El PSOE en la guerra civil, p. 177, y carta a M. Pascua (París), 25 de abril de 1938, AHN/MP, caja 2 (bis), 16 (Embajada de París). Pero lo que al final complicó las relaciones entre ambos fue la manera de trabajar cada vez más errática de Negrín, una manía personal exacerbada al aumentar la presión provocada por la guerra, lo que exasperaba al puntilloso y metódico Zugazagoitia, que se quejó repetidas veces, aunque frecuentemente con más pena que ira, de que Negrín era imposible de ayudar. Esta tensión crucial es ya evidente en las memorias publicadas, pero queda mucho más clara cuando se consultan las cartas a Pascua, incisivas e ingeniosas, por ejemplo, del 11 y 26 de abril de 1938, 5 de mayo, 17 y 20 de junio y 6 de octubre de 1938 (AHN/MP, caja 2 (bis), 16 (Embajada de París). Sin embargo, Zugazagoitia se sintió obligado a alejarse de Prieto por su «guerra» contra Negrín. Julián Zugazagoitia fue detenido por la Gestapo en Francia en 1940. Fue entregado a Franco y ejecutado (se pueden ver artículos conmemorativos en El Socialista (México D. F.), 1/2/1942). <<

[145] Sobre la elaboración ideológica post hoc de la crisis de gobierno de abril por parte de Prieto y otros, sean estos protagonistas o historiadores, véase H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 174-175. <<

[146] J. Negrín, discurso en el palacio de Bellas Artes, México, 1 de agosto de 1945, AHN/MP, caja 14 (12); M. Azaña, Obras completas, vol. IV, p. 537. <<

[147] M. Azaña, Obras, vol. III, p. 537; V. Rojo, ¡Alerta los pueblos! (1.ª ed., Buenos Aires, 1939; Ariel, Barcelona, 1974), pp. 40, 46-50 y 54-55. <<

[148] Esto queda muy claro en las fuentes procedentes de los trabajadores sociales cuáqueros. Hay varios informes directos relativos a 1938 en FSC/R/Sp/box 1 (file 4); box 2 (files 3 y 4) y box 4 (informes vol. II: (D. Ricart), informe sobre Cataluña en 1938). <<

[149] Zugazagoitia le comentó también esto a Pascua, dándose cuenta de que los discursos de Negrín llamando a la resistencia no lograban conectar con estos sentimientos públicos. Carta del 20 de junio de 1938, AHN/MP caja 2 (2), 16. <<

[150] Para manejar la división territorial, el PCE creó una doble dirección: la principal, en Barcelona, incluía a Díaz, Ibárruri, Uribe, Delicado y Antón, mientras en Madrid, Checa, Hernández, Giorla, Mije y Diéguez funcionaban como una subdirección. <<

[151] Por ejemplo, el texto del discurso de Negrín en Madrid el 18 de junio de 1938, «¡España para los españoles!», publicado en un folleto que se conserva en la FPI; véase también J. Díaz, «Unión Nacional de todos los españoles», Frente Rojo, 30/3/1938, reproducido en Tres años de lucha, vol. 3, pp. 128-132. <<

[152] Estos fueron publicados en muchos lugares y en muchas lenguas. Se pueden ver en J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, pp. 430-432, y también en Guerra y revolución en España, vol. IV, pp. 88-89. El origen exacto de la idea de elaborar los Trece Puntos sigue estando poco claro. Pero la afirmación de Stepanov de que el PCE elaboró todo el documento, no parece cierta A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, p. 418. Los Trece Puntos indicaban también implícitamente la retirada de las Brigadas Internacionales. <<

[153] Sobre la disputa en la JSU, véase H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 94-101, 143-148, 280-281 y 283-285, y «The socialist youth in the JSU: the experience of organizational unity 1936-8», en M. Blinkhorn, ed., Spain in Conflict 1931-1939, pp. 83-102. <<

[154] Estas sagaces palabras son del periodista Vincent Sheean, que oyó el discurso de Ibárruri al Comité Central del PCE el 23 de mayo de 1938, cinco semanas después de la división del territorio republicano. V. Sheean, Not Peace but a Sword (Doubleday, Doran & Co., Nueva York, 1939), pp. 185-188. <<

[155] A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, p. 417. El llamamiento de José Díaz, «Unión Nacional de todos los españoles», Frente Rojo, 30/3/1938, cit. anteriormente, también alude a esta tensión dentro del partido. <<

[156] En octubre de 1937, Dolores Ibárruri había estado de acuerdo con Azaña en que la separación de Cataluña del resto del territorio republicano equivaldría a la derrota. Entrada del 13 de octubre de 1937 del diario de Azaña, Obras completas, vol. IV, p. 820. <<

[157] Stepanov, cit. en A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, p. 421; véanse también pp. 417-418. <<

[158] I. Prieto, Epistolario Prieto y Negrín, p. 108. Véase también Luis Araquistain, cit. en D. T. Cattell, Communism and the Spanish Civil War, p. 233, n. 11; H. Buckley, Life and Death of the Spanish Republic, p. 402. <<

[159] M. Ansó, Yo fui ministro de Negrín, p. 215. <<

[160] Sobre la política fronteriza francesa, se puede ver E. Moradiellos, La perfidia de Albión, pp. 272-285. <<

[161] J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, pp. 429-430 y 433; M. Azaña, Apuntes de memoria, p. 82. Hay también un enigmático informe confidencial del PCE, de marzo de 1938, que hace referencia a viajes de incógnito de Negrín a París, APCE, film XVIII (224). Aparte de referencias indirectas como estas, todavía no sabemos mucho sobre la diplomacia secreta de Negrín. Él nunca habló de esto ni siquiera a sus más íntimos colaboradores. Hay pocos datos en el Quai d’Orsay o en el Public Record Office que puedan ayudarnos a aclararlo. Otra posible fuente sobre la diplomacia secreta de Negrín podrían ser los archivos del Ministerio del Interior francés, que no he podido consultar hasta ahora. Agradezco a los profesores Santos Juliá y Enrique Moradiellos su información sobre sus investigaciones en el Quai d’Orsay y el PRO, respectivamente. <<

[162] El motivo alegado para el viaje de Pascua a Moscú fue la ceremonia oficial de despedida de su cargo. Negrín a Pascua, AHN/MP, caja 14 (17), julio de 1938. <<

[163] Á. Viñas, «The financing of the Spanish Civil War», en P. Preston, ed., Revolution and War in Spain, pp. 271-272, y «Gold, the Soviet Union and the Spanish Civil War», pp. 118-119. La correspondencia entre Pascua y Negrín sobre los préstamos soviéticos entre el 22 de junio de 1937 y el 11 de marzo de 1938 se conserva en AHN/MP, caja 2, carpeta 2. <<

[164] Á. Viñas, El oro de Moscú, p. 413. M. Pascua a Á. Viñas, 13 de febrero de 1977, AHN/MP, caja 8 (13). El trabajo de Ángel Viñas El oro de Moscú y la obra más técnica de la que esta deriva, El oro español en la guerra civil, es nuestra fuente de información principal sobre la financiación de la República durante la guerra. Pero, como Viñas indica, todavía no sabemos nada sobre cómo se aplicó el préstamo de julio de 1938. <<

[165] Informes del personal diplomático soviético de principios de 1938 todavía sugieren, sin duda, una seria intención de hacer viable la defensa republicana. Véase informe del 25 de febrero del embajador soviético en Gran Bretaña a Voroshilov, cit. en R. Radosh, M. R. Habek y G. Sevostianov, eds., Spain Betrayed. The Soviet Union in the Spanish Civil War, pp. 427-428. <<

[166] S. Juliá, «Presidente por última vez: Azaña en la crisis de mayo de 1937», pp. 255-256. <<

[167] Sobre Negrín, J. Marichal, El intelectual y la política (CSIC, Madrid, 1990), p. 100. Azaña cuenta muchos incidentes que le hicieron pensar en esto, por ejemplo, la entrada del 19 de julio de 1937 de su diario, sobre los asesinatos realizados por los rebeldes en Teruel, Obras completas, vol. IV, pp. 685-686. <<

[168] Véase la entrada del 29 de junio de 1937 del diario de Azaña, Obras completas, vol. IV, p. 638, en la que Prieto proporciona un eco impresionante de estos miedos: «No hay más que aguantar hasta que esto se haga cachos. O hasta que nos demos de trastazos unos con otros, que es como yo he creído siempre que concluiría esto». Sobre los intentos de mediación de Azaña durante la guerra, R. Miralles, «Azaña en la guerra», pp. 257-276; M. Azaña, Obras completas, vol. IV, pp. 588, 655-656 y 833. <<

[169] Estos informes se pueden consultar en el Archivo de Barcelona (Archivo Reservado y Archivo de la SIDE [Sección de Información Diplomática Especial]), en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid. <<

[170] J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, pp. 426-427. <<

[171] La visión de Azaña sobre el constitucionalismo de Negrín, en Obras completas, vol. IV, Pedralbes, 3 de mayo de 1938, p. 878. <<

[172] Negrín sí que tenía una serie de secretarios ministeriales socialistas en el gobierno, pero eran insuficientes dadas las circunstancias. H. Graham, El PSOE en la guerra civil, p. 200; J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, pp. 388, 417 y 433-434; M. Azaña, Obras Completas, vol. IV (Pedralbes, 3 de mayo de 1938), p. 879. No es muy sorprendente que necesitase escaparse al cine algunas veces, de lo que Azaña se quejaría. <<

[173] F. Vázquez Ocaña, cit. en S. Álvarez, Negrín. Personalidad histórica, vol. 2, p. 252. Fernando Vázquez Ocaña había sido diputado del PSOE por Córdoba. Durante la guerra fue el editor de La Vanguardia y responsable de la oficina de prensa de Negrín. <<

[174] M. Azaña, Obras completas, vol. IV, p. 884; J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, p. 427. <<

[175] P. Preston, Comrades, pp. 180-181. <<

[176] The Times, 21/6/1938; J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, pp. 443-444. Sobre la consiguiente alienación de Negrín con respecto a su propio gabinete, Gerö a Dimitrov, 19 de noviembre de 1938 (doc. 80), en R. Radosh, M. R. Habek y G. Sevostianov, eds., Spain Betrayed. The Soviet Union in the Spanish Civil War, p. 506. <<

[177] Togliatti a Dimitrov, 19 de junio de 1938, cit. en A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, p. 420; véase H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 265-271. <<

[178] Pleno Nacional de la CNT, Barcelona, marzo de 1938; véase C. Lorenzo, Los anarquistas españoles y el poder, p. 255. <<

[179] J. Peirats, La CNT en la revolución española, vol. 3, p. 99; véanse pp. 83-99 sobre el desarrollo de la crisis interna de los libertarios en la primavera de 1938. <<

[180] C. Lorenzo, Los anarquistas españoles y el poder, pp. 259-260. <<

[181] G. Howson, Arms for Spain, p. 241. <<

[182] Es interesante ver como este aspecto se destaca sin dejar lugar a dudas en el estudio de D. T. Catell Communism and the Spanish Civil War, p. 209. <<

[183] M. Wolff, Another Hill, pp. 120-121. <<

[184] Véase, por ejemplo, J. Peirats, La CNT en la revolución española, vol. 3, p. 199, aunque el mismo autor reconstruye lo que estaba sucediendo en el frente solo como prueba del sectarismo del PCE. <<

[185] V. Alba y M. Ardevol, eds., El proceso del P. O. U. M., pp. 222-223; M. Wolff, Another Hill, pp. 67-69. <<

[186] Desde febrero de 1938 la República estuvo llamando a reservistas, un proceso que culminó con la entrada en el ejército de los que, en teoría, debían incorporarse a filas recién en 1940 y 1941. <<

[187] Esto es más evidente en R. Radosh, M. R. Habek y G. Sevostianov, eds., Spain Betrayed. The Soviet Union in the Spanish Civil War, p. 476. Véase también B. Bolloten, SCW, pp. 601-606, aunque la evidencia que presenta es, una vez más, ambigua. Véase también Orlov en Forum für osteuropäische Ideen und Zeitgeschichte, pp. 246-248. <<

[188] F. Schauff, «Hitler and Stalin in the Spanish Civil War», p. 19. <<

[189] J. Negrín, Epistolario Prieto y Negrín, p. 33. Los libros del mismo exresponsable del SIM, Manuel Uribarri (La quinta columna española y El SIM de la República, ambos publicados en La Habana, s. e., 1943), buscaban justificar sus actitudes. Sin embargo, su contenido tiende a confirmar que no era el hombre adecuado para el puesto. Una síntesis de los nombramientos de Prieto se puede ver en B. Bolloten, SCW, p. 601. <<

[190] Hay una alusión indirecta en J. Peirats, La CNT en la revolución española, vol. 3, p. 218. Santiago Garcés tenía veintidós años cuando fue nombrado responsable en funciones del SIM en 1938. B. Bolloten, SCW, pp. 601-602. <<

[191] Un temprano testimonio se puede ver en R. Fraser, Blood of Spain, p. 179. <<

[192] Esto puede tener alguna relación con la interpretación reciente e ideológicamente sesgada que plantea que los brigadistas se vieron sometidos a un régimen del terror desde el día que pisaron España. <<

[193] F. Vega Díaz, «El último día de Negrín en España», Claves de Razón Práctica, 22 (mayo de 1992), p. 61. <<

[194] Gaceta de la República, 18/8/1938. <<

[195] Sobre la eficiencia del SIM, véase J. M. Solé i Sabaté y J. Villaroya, La repressió a la reraguarda de Catalunya (1936-1939), vol. 1, pp. 261-262. La partera del SIM fue la guerra: «Técnica y terror al servicio judicial» es el propio resumen de los autores en S. Juliá et. al., Víctimas de la guerra civil, p. 244. <<

[196] Véase la respuesta afligida pero cansada de Negrín —«una atrocidad más»— al tener noticias del asesinato de prisioneros en un campo de trabajo. F. Vega Díaz, «El último día de Negrín en España», p. 61. <<

[197] M. Azaña, Obras completas, vol. IV, p. 878. Pero en el polvorín del verano de 1938 parece improbable que Negrín pensase que, simplemente dándole una orden a Garcés, el responsable del SIM, podía erradicar todos los casos de tortura en las celdas. Su desmentido ante el periodista Henry Buckley en 1939 tiene que ser visto en el contexto de su «guerra» de propaganda por el apoyo británico y francés. H. Thomas, Spanish Civil War, p. 669, n. 5. <<

[198] J. M. Solé i Sabaté y J. Villaroya, La repressió a la reraguarda de Catalunya (1936-1939), vol. 1, pp. 259-268; S. Juliá et. al., Víctimas de la guerra civil, pp. 248-249; M. Azaña, entrada en su diario del 12 de agosto de 1938 (Obras completas, IV, p. 888): «A los ocho días de hablar de piedad y perdón, me refriegan 58 muertos». <<

[199] J. M. Solé i Sabaté y J. Villaroya, La repressió a la reraguarda de Catalunya, vol. 1, pp. 274-275; M. de Irujo, Un vasco en el Ministerio de Justicia, vol. 1, p. 83. <<

[200] J. M. Solé i Sabaté y J. Villaroya, La repressió a la reraguarda de Catalunya, vol. I, pp. 268-276; G. Sánchez Recio, Justicia y guerra en España. Los Tribunales Populares (1936-1939), pp. 168-175; véanse también pp. 6869 y 70. Hasta ahora, no tenemos datos sobre las sentencias de muerte llevadas a cabo (frente a las aprobadas) por los tribunales especiales fuera de Cataluña. Pero, como el análisis de Sánchez Recio indica, la revisión de las sentencias por el Tribunal Especial de Espionaje y Alta Traición y, en último término, por el gobierno suavizaba la práctica de los tribunales especiales en su conjunto. Además, las sentencias de los tribunales especiales de algunas zonas republicanas —por ejemplo, Cartagena y Castellón— eran, en general, bastante más indulgentes. <<

[201] La Vanguardia, 28/4/1938. Parte del texto de Negrín se cita en J. M. Solé i Sabaté y J. Villaroya, La repressió a la reraguarda de Catalunya, vol. I, pp. 270-271. El hecho de que los tribunales especiales republicanos juzgaran tanto a soldados como a civiles complica la comparación con la justicia en tiempos de guerra en otros casos (por ejemplo, Gran Bretaña o Francia) durante la Primera Guerra Mundial. Pero, en todo caso, estas comparaciones dejarían mucho que desear. Los elementos comparables adecuados son necesariamente otras guerras civiles europeas. Este análisis comparativo está apenas iniciándose (véase J. Casanova, «Civil Wars, Revolutions and Counterrevolutions in Finland, Spain and Greece (1918-1949): a Comparative Analysis», International Journal of Politics, Culture and Society, vol. 13, n.º 3 (2000), pp. 515-537, y S. N. Kalyvas, The Logic of Violence in Civil War (Fundación Juan March, Madrid, 2000). <<

[202] J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, p. 454. Véase también el epígrafe al capítulo 5. <<

[203] E. Ucelay-Da Cal, «Socialistas y comunistas en Cataluña durante la guerra civil», p. 315. Pero, en realidad, los conflictos dentro del PSUC continuaron. P. Togliatti, informe del 21 de mayo de 1939, en Escritos sobre la guerra de España, pp. 248-249. <<

[204] B. Bolloten, SCW, pp. 609-610. <<

[205] H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 184-187, 202-203 y 278-279. <<

[206] Ibid., pp. 200-201. Informe de Togliatti del 31 de mayo de 1939, en Escritos sobre la guerra de España, pp. 232-233. <<

[207] Véase M. Azaña, entrada de su diario del 23 de agosto de 1937, Obras completas, vol. IV, p. 745. <<

[208] H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 192-195; P. Preston, Comrades, pp. 181-182. <<

[209] El suceso se analiza con detalle en H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 181-184 y 186-189. <<

[210] Ibid., pp. 277-287. <<

[211] Sobre la batalla del Ebro, véase J. M. Reverte, La batalla del Ebro (Crítica, Barcelona, 2003); M. Alonso Baquer, El Ebro: la batalla decisiva de los cien días (La Esfera de los Libros, Madrid, 2003); Servicio Histórico Militar (col. J. M. Martínez Bande), La batalla del Ebro (Editorial San Martín, Madrid, 1988); R. Ballester, La batalla del Ebro (Bruguera, Barcelona, 1974), y E. Castell et. al., La batalla de l’Ebre. Història, paisatge, patrimoni (Pòrtic, Barcelona, 1999). <<

[212] Jesús Castillo Doménech ha argumentado de forma muy convincente que el resultado militar en sentido estricto de la batalla del Ebro fue más ambiguo de lo que se ha dicho a menudo, y que son los sucesos políticos posteriores los que han fijado nuestra visión de la derrota republicana. Sus puntos clave son: 1) que el Ejército republicano del Ebro bloqueó con éxito el ataque franquista a Valencia; 2) que, debido a la estrategia republicana, Franco se vio obligado a librar una guerra de posiciones que limitaba el uso que podía hacer de su material de guerra, de mejor calidad y más abundante; 3) que las pérdidas republicanas —en hombres y en material— no fueron tan grandes como las franquistas; 4) que la ofensiva del Ebro permitió a la República mantener la resistencia más allá de 1938 (el principal objetivo de la estrategia de Negrín). En un contexto político internacional diferente, esto podría haber sido suficiente para salvar a la República. <<

[213] H. Ragsdale, «Soviet Military Preparations and Policy in the Munich Crisis: New Evidence», pp. 210-226, esp. pp. 220-221. <<

[214] Ibid., pp. 221-223. <<

[215] Voroshilov a Dimitrov y Manuilsky, 29 de agosto de 1938, cit. en R. Radosh, M. R. Habek y G. Sevostianov, eds., Spain Betrayed. The Soviet Union in the Spanish Civil War, p. 469; A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, pp. 421-422; International Solidarity with the Spanish Republic 1936-1939 (Editorial Progreso, Moscú, 1975), p. 328; J. L. Alcofar Nassaes, Los asesores soviéticos en la Guerra Civil española (Dopesa, Barcelona, 1971), p. 150. <<

[216] E. Moradiellos, El reñidero de Europa (Península, Barcelona, 2001), pp. 217-218. <<

[217] La retirada fue anunciada por Negrín a la Sociedad de Naciones el 21 de septiembre: E. Moradiellos, La perfidia de Albión, pp. 315-316. El general Rojo había dejado claro al presidente del gobierno que esto no dañaría la capacidad de lucha de la República. Rojo a Negrín, 9 de septiembre de 1938, reproducido en J. I. Martínez Paricio, Los papeles del general Rojo (sección documental sin paginar). <<

[218] E. Moradiellos, La perfidia de Albión, p. 330. El desfile de despedida de las Brigadas tuvo lugar en Barcelona a finales de octubre. En el bando rebelde, solo hubo una retirada simbólica de diez mil italianos del CTV para activar el acuerdo anglo-italiano del 16 de noviembre. El grueso del CTV, unos treinta y cinco mil soldados, permaneció España hasta el final de la guerra. <<

[219] La izquierda antiestalinista fuera de España había temido que no lo fuera. Véase, por ejemplo, la visita a Pascua del socialista de izquierda francés Marceau Pivert para tratar sobre este asunto. Telegrama de M. Pascua a J. Álvarez del Vayo, 13 de julio de 1938, AHN/MP caja l (21). Pascua sugirió publicar las actas del proceso para calmar la preocupación existente en Francia. <<

[220] El proceso de Moscú en Barcelona es, de hecho, una versión más amplia de la obra previa de Gorkín, Caníbales políticos (México, 1941). Sobre Gorkín, véase H. R. Southworth, «Julián Gorkín, Burnett Bolloten and the Spanish Civil War» en P. Preston y A. L. Mackenzie, eds., The Republic Besieged, pp. 261-310. <<

[221] Stepanov, Las causas de la derrota de la República española, pp. 132-141. <<

[222] La sentencia se reproduce en V. Alba y M. Ardevol, eds., El Proceso del P. O. U. M. Documentos judiciales y policiales, y también en I. Suárez, El proceso contra el POUM, pp. 202-209. <<

[223] A. Elorza y M. Bizcarrondo citan las notas, bastante sintéticas, tomadas por los ministros del PCE del Consejo de Ministros celebrado a finales de octubre de 1937, en Queridos camaradas, p. 379. <<

[224] B. Bolloten, SCW, pp. 518-519. <<

[225] H. Raguer, La pólvora y el incienso, pp. 237-239 y 178. <<

[226] Véase el informe del coronel Sverchevsky («general Walter») a Voroshilov, del 2 de agosto de 1938, en R. Radosh, M. R. Habek y G. Sevostianov, eds., Spain Betrayed. The Soviet Union in the Spanish Civil War, pp. 477-487. <<

[227] Paradójicamente, la comunidad nacional republicana solo podía haber sido llevada a cabo en el ejército, a través del trabajo de los comisarios políticos, la educación, las facilidades asistenciales y la solidaridad forjada por la lucha. Esta parece una hipótesis de trabajo razonable para el período anterior a las movilizaciones desesperadas, la crisis de subsistencias y la brutalidad disciplinaria de 1938, que minaron seriamente la moral militar. Pero todavía carecemos de un estudio minucioso que pueda responder a estas cuestiones. <<

[228] Véase A. Calder, The Myth of the Blitz, p. 90. <<

[229] Véase J. Barber y M. Harrison, The Soviet Home Front 1941-1945 (Longman, Harlow, 1991), p. 177. <<

[1] Las dos primeras citas son de una carta de Negrín del 23 de junio de 1939 reproducida en Epistolario Prieto y Negrín; las citas en pp. 37 y 44 respectivamente. La tercera es de Walter Benjamin, Theses on the Philosophy of History, IX (ed. española: «Tesis de la filosofía de la historia», en W. Benjamin, Discursos interrumpidos, I. Filosofía del arte y de la literatura, Taurus, Madrid, 1989 (1.ª ed., 1973), pp. 175-191; la cita en p. 183). <<

[2] H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 197-198; S. Juliá, «La doble derrota de Juan Negrín», El País, 26/2/1992. <<

[3] Por esta razón, es algo problemático referirse a la oposición a Negrín como «el partido de la paz», como hacen Ángel Bahamonde Magro y Javier Cervera Gil en su excelente estudio del final de la guerra civil, Así terminó la guerra de España (Marcial Pons, Madrid, 1999). <<

[4] Las memorias de Cisneros exageran la importancia de su viaje: Cambio de rumbo (Ikusager, Vitoria-Gasteiz, 2001) pp. 543-549. Sobre la negociación personal por parte de Negrín de los créditos soviéticos en noviembre de 1938, véase Á. Viñas, «Mitos que se derrumban, controversias que se aclaran», en Juan Negrín el estadista. La tranquila energía de un hombre de Estado (catálogo de exposición) (Fundación Juan Negrín, Las Palmas de Gran Canaria, 2005), pp. 88-89, que incluye reproducciones de pruebas documentales ahora disponibles, pp. 86-87. Este artículo se basa en la investigación que Ángel Viñas está desarrollando actualmente utilizando tanto nuevo material soviético como el archivo particular de Juan Negrín, que por fin es accesible a los investigadores. Véase también carta de Marcelino Pascua, embajador español en Moscú, a Ángel Viñas, 13 de febrero de 1977, AHN, MP, caja 8 (13). El texto de la carta de Negrín a Stalin llevada por Cisneros se puede ver en Guerra y revolución en España, vol. IV, pp. 198-200. <<

[5] G. Howson, Arms for Spain, p. 243; Pascua a Viñas, 13 de febrero de 1977, AHN/MP, caja 8 (13). <<

[6] Una reproducción literal de la diatriba de Besteiro se encuentra en las actas de la reunión del 15 de noviembre. FPI, AH-20-5; P. Preston, Comrades, pp. 182-184. <<

[7] Besteiro articularía este sentimiento durante el golpe de Casado; véase Á. Bahamonde Magro y J. Cervera Gil, Así terminó la guerra de España, pp. 407-408. Pero tampoco este sentimiento estaba circunscrito a los dirigentes del partido. Véanse, por ejemplo, los preparativos de la sección del PSOE de Ciudad Real para «restablecer la estructura y el contenido» de su organización en marzo de 1939 en Adelante, 8 y 9 de marzo de 1939; y Avance, 14 y 17 de marzo de 1939, cit. en H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 296-297. <<

[8] Véase el comentario de Lamoneda a Togliatti el 21 de noviembre de 1938, cit. en A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, p. 425. <<

[9] P. Togliatti, informe del 21 de mayo de 1939, Escritos sobre la guerra de España, p. 237. <<

[10] A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, p. 426. <<

[11] H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 203-205 y 282-283. <<

[12] G. Howson, Arms for Spain, p. 243. <<

[13] A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, p. 433, citan un telegrama enviado desde Moscú el 5 de marzo de 1939 que solicitaba información sobre el estado de la resistencia republicana y dejaba claro que todavía se ofrecía una ayuda constante si la resistencia se mantenía y se podía asegurar el paso del material de guerra a través de Francia. El miedo a que el armamento cayera en manos del enemigo era ya muy grande; de ahí la cauta respuesta anterior de Voroshilov el 16 de febrero de 1939, cit. en R. Radosh, M. R. Habek y G. Sevostianov, eds., Spain Betrayed. The Soviet Union in the Spanish Civil War, p. 512, doc. 81. <<

[14] Telegrama de la Comintern a Togliatti del 10 de diciembre de 1938, cit. en A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, p. 427. <<

[15] H. Graham, El PSOE en la guerra civil, p. 204. <<

[16] Unos 220 000 hombres, frente a los cerca de 500 000 de los ejércitos de la zona centro-sur. Pero solo algo más de la mitad de las fuerzas de Cataluña (en torno a 140 000) estaban encuadradas en las eficaces y móviles Brigadas Mixtas. <<

[17] Á. Bahamonde Magro y J. Cervera Gil, Así terminó la guerra de España, pp. 350-351. <<

[18] M. Tagüeña Lacorte, Testimonio de dos guerras (Ediciones Oasis, México, 1974; 1.ª ed., 1973) pp. 264-265 y 274-275. La reducida escala de las operaciones parece haber sido el resultado de la insistencia de Miaja y Matallana. <<

[19] Franco in Barcelona (United Editorial, Londres, 1939), pp. 5 y 13 (es un informe de una testigo de la caída de Barcelona, Muriel McDiarmid, trabajadora social cuáquera); R. Abella, Finales de enero, 1939. Barcelona cambia de piel (Planeta, Barcelona, 1992) passim, pero esp. pp. 85-89 y 134-137. <<

[20] Este sentimiento estaba extendido, como recuerda, por ejemplo, Eduardo Pons Prades, entrevistado en «Victory and Defeat», el capítulo final de la serie de Granada Television The Spanish Civil War, emitida por primera vez en 1982. <<

[21] Sobre la perspicaz opinión de Negrín sobre esta ley, véase su discurso en el palacio de Bellas Artes, México, 1 de agosto de 1945: «En una guerra como la nuestra, con los caracteres de una despiadada y salvaje guerra civil, delito común es todo o delito común no es nada», en referencia a la dudosa afirmación de Franco de que se distinguiría entre los delitos políticos y los comunes perpetrados durante la guerra, Documentos políticos para la historia de la República española (Colección Málaga, México, 1945), pp. 25-26. <<

[22] El grueso de las unidades republicanas había cruzado la frontera el 11 de febrero, protegido por la 35.ª División, bajo la dirección del jovencísimo teniente coronel Pedro Mateo Merino; véanse sus memorias, Por vuestra libertad y la nuestra. Andanzas y reflexiones de un combatiente republicano (Editorial Disenso, Madrid, 1986). La 35.ª División Internacional, que era su nombre completo, había incluido los restos de varios batallones internacionales, aunque en el momento de la batalla del Ebro estaba formada principalmente por soldados españoles. <<

[23] Incluso la ayuda soviética que había llegado a mediados de enero permaneció en Francia o fue devuelta, a menudo por miedo a que cayera en manos enemigas. G. Howson, Arms for Spain, p. 244. Los aviones que habían cruzado la frontera en piezas fueron devueltos porque ya no había aeródromos en funcionamiento en Cataluña para montarlos. <<

[24] J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, pp. 530-531. Las críticas de Zugazagoitia a la negativa de Rojo a obedecer la orden de Negrín de regresar a España eran incluso más duras en privado. Tanto él como Marcelino Pascua (que describía a Rojo como una persona de «espinoso carácter») se sintieron horrorizados por lo que consideraron un incumplimiento de su responsabilidad personal, justificada como mucho por medias verdades, evidentes en el libro de Rojo ¡Alerta los pueblos! (1939). Zugazagoitia a Pascua, 12 de febrero de 1940, y Pascua a Zugazagoitia, 27 de marzo de 1940, AHN/MP, caja 2 (bis) 16 (exilio). Esto, junto con la política llena de enfrentamientos y muy personalista del exilio, sin duda explica la gran hostilidad de Rojo hacia Zugazagoitia y su tibia respuesta al llamamiento contra la condena a muerte de Zugazagoitia dictada por los tribunales franquistas. <<

[25] A. Cordón, Trayectoria, p. 470; F. Vega Díaz, «El último día de Negrín en España», pp. 61-63. <<

[26] Discurso en el palacio de Bellas Artes, México, 1 de agosto de 1945, en Documentos políticos para la historia de la República española, p. 26. <<

[27] J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, pp. 542-544. Los que regresaron fueron Uribe (PCE), Moix (PSUC), Tomás Bilbao (ANV), Gómez Sáez (PSOE), González Peña (PSOE/UGT) y Segundo Blanco (CNT). <<

[28] Sin duda, esta era la opinión del Buró Político del PCE (APCE, film XX, 238). <<

[29] F. Vázquez Ocaña, Pasión y muerte de la Segunda República española, p. 62. Medellín, en Extremadura, cayó en poder de los rebeldes en julio de 1938. J. Chaves Palacio, La guerra civil en Extremadura, p. 250. <<

[30] P. Togliatti, Escritos sobre la guerra de España, pp. 269-270. <<

[31] Valencia, Gandía y Alicante. De les bombes a l’exili (catalogo de exposición) (CEIC Alfons el Vell, Gandía, 2001). <<

[32] Sobre los contactos de Besteiro con la quinta columna madrileña y la «clandestinidad» favorable a la capitulación en la capital, véase J. Cervera, Madrid en guerra. La ciudad clandestina, 1936-1939, caps. 7 y 12. Estos contactos se remontaban a 1938; un resumen en P. Preston, Comrades, pp. 180-183. <<

[33] El Socialista (Madrid), 14 de febrero de 1939. <<

[34] Á. Bahamonde Magro y J. Cervera Gil, Así terminó la guerra de España, pp. 265-269 y 314. Bernal había rechazado implicarse en la conspiración contra Negrín que se estaba tramando en Cartagena. Ibid., p. 430. <<

[35] Ibid., pp. 427-429. <<

[36] Los restos de la armada (3 cruceros, 12 destructores y un submarino) no tenían capacidad para llevar a cabo la evacuación, pero hubieran sido fundamentales para proteger los barcos de refugiados de los destructores rebeldes que patrullaban en los accesos a los puertos republicanos del Mediterráneo. <<

[37] Las fuentes sobre esto se encuentran en el Archivo de Negrín, en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (Madrid), en particular el informe del mismo Azcárate y la correspondencia variada del 11 de enero al 8 de marzo de 1939, caja RE, 150 (14). Véase también E. Moradiellos, «Una misión casi imposible: la embajada de Pablo de Azcárate en Londres, 1936-1939», p. 140, y Á. Bahamonde Magro y J. Cervera Gil, Así terminó la guerra de España, p. 442. <<

[38] Un relato crítico con la conducta de Azaña durante este período se puede ver en el artículo inédito de Pascua, «Azaña en la embajada de París», AHN/MP, caja 1 (9). <<

[39] Sobre este tema, véase F. Vega Díaz, «El último día de Negrín en España», pp. 61-63. <<

[40] P. Togliatti, Escritos sobre la guerra de España, p. 275. <<

[41] A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, pp. 428-430. <<

[42] Ibid., p. 431. <<

[43] De hecho, el mismo Negrín había dejado claro a Togliatti lo que el PCE tenía que decir. Ibid., pp. 432-433; B. Bolloten, SCW, p. 711. <<

[44] A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, p. 434. <<

[45] Á. Bahamonde Magro y J. Cervera Gil, Así terminó la guerra de España, pp. 366-371. <<

[46] P. Togliatti, Escritos sobre la guerra de España, pp. 269-270. <<

[47] Á. Bahamonde Magro y J. Cervera Gil, Así terminó la guerra de España, pp. 377-378, 383, 386-389, 412, 416-418 y 420-421; M. Tagueña, Testimonio de dos guerras, p. 321. <<

[48] B. Bolloten, SCW, p. 600. <<

[49] Á. Bahamonde Magro y J. Cervera Gil, Así terminó la guerra de España, pp. 364-365 (véase también pp. 338-347). Como los autores destacan, los supuestos ascensos de militares comunistas que Casado afirmó que figuraban en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa del 3 y 4 de marzo de 1939, de hecho nunca aparecieron. Más bien eran las disposiciones del boletín del 3 de marzo que afectaban a Matallana y Miaja las que explican el momento del golpe (la disolución del Grupo de Ejércitos de la Región Central, reducía el cargo de Miaja a un mero puesto decorativo y el nombramiento de Matallana para el Estado Mayor, donde hubiera estado «encajonado», de forma eficaz, entre los mandos operativos leales y el mismo Negrín como ministro de Defensa). Como también indica Michael Alpert, las afirmaciones de Casado sobre la importancia del «golpe comunista» de Negrín crecieron de forma significativa entre la primera versión de sus memorias, The Last Days of Madrid (Londres, 1939), y la segunda, Así cayó Madrid (Madrid, 1968). M. Alpert, El ejército republicano, p. 290. Véase también B. Bolloten, SCW, pp. 713-716. <<

[50] B. Bolloten, SCW, pp. 713-714; Á. Bahamonde Magro y J. Cervera Gil, Así terminó la guerra de España, p. 341. <<

[51] Era una dehesa, Villa Poblet, denominada en clave «posición Yuste». <<

[52] A. Bahamonde Magro y J. Cervera Gil hacen alusión a esta tensión en Así terminó la guerra de España, pp. 351 y 354. <<

[53] Véase A. Paz, Durruti en la revolución española, pp. 726-727. Sobre Ascanio, véase M. Alpert, El ejército republicano, pp. 356 y 361, y J. Doña, Querido Eugenio (Lumen, Barcelona, 2003). <<

[54] L. Romero, Desastre en Cartagena (Ariel, Barcelona, 1971), passim; J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, pp. 559-566; Á. Bahamonde Magro y J. Cervera Gil, Así terminó la guerra de España, pp. 421-438. <<

[55] M. Ballbé, Orden público y militarismo en la España constitucional, pp. 361-362. <<

[56] Un actualizado resumen de la lucha en Madrid, basado en importante documentación interna del PCE, en Á. Bahamonde Magro y J. Cervera Gil, Así terminó la guerra de España, pp. 379-404. Véase también H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 287-302, que usa tanto documentación de archivo del PCE como del PSOE. <<

[57] Esto queda claro en la documentación interna del PCE; véase Á. Bahamonde Magro y J. Cervera Gil, Así terminó la guerra de España, pp. 379, 387 y 417. Véase también P. Togliatti, informe del 21 de mayo de 1939, Escritos sobre la guerra de España, p. 227. <<

[58] Las tropas de Mera estaban todavía en las afueras de Madrid. Fueron, por tanto, unidades dirigidas por socialistas las que fueron cruciales para Casado en los primeros días de la rebelión. El mismo Mera apoyó a Casado a pesar de que la CNT había discutido, de forma un tanto irrealista, la formación de un consejo de defensa totalmente anarcosindicalista. <<

[59] P. Togliatti, informe del 21 de mayo de 1939, en Escritos sobre la guerra de España, pp. 290-291; A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, p. 436; Á. Bahamonde Magro y J. Cervera Gil, Así terminó la guerra de España, p. 392 (basado en un informe interno de Jacinto Barrios al PCE; véase p. 367). El mensaje llegó a través de emisarios dado que el teléfono y el telégrafo no eran seguros. Uno de los dos emisarios probablemente era un comunista valenciano llamado Fernando Montoliú. Togliatti, ibid., p. 297; y F. F. Montiel, Un coronel llamado Casado (Criterio, Madrid, 1998), pp. 224-225. Montiel había sido uno de los tránsfugas destacados que se habían pasado del PSOE al PCE a comienzos de 1937 (la otra era Margarita Nelken). Durante la guerra Montiel trabajó en el servicio de prensa republicano. En 1939 estuvo en el PCE de Madrid y durante un tiempo fue el encargado de las comunicaciones por radio. J. García Pradas, Cómo terminó la guerra de España (Editorial Imán, Buenos Aires, 1940), p. 31. <<

[60] I. Falcón, Asalto a los cielos, pp. 175-176; A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, p. 434. <<

[61] A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas, pp. 434-435. Irene Falcón lo atribuye a su estrecha vinculación emocional con el PCE, al igual que a una comprensión realista de la necesidad de preparar al partido para la clandestinidad: Asalto a los cielos, pp. 176-178. <<

[62] P. Togliatti, Escritos sobre España, p. 290. La sede del PCE era una casa de campo destartalada —llamada en clave «posición Dakar»— en Elda. <<

[63] W. Carrillo, El último episodio de la Guerra Civil española, (s. e., Toulouse, 1945), p. 9. El reconocimiento oficial de Franco por Gran Bretaña el 27 de febrero precipitó la decisión de Azaña, que dimitió unas horas después. Debía de haber sido reemplazado enseguida por el vicepresidente, Diego Martínez Barrio, pero este rechazó aceptar el puesto salvo si Negrín le daba plenos poderes para acabar con la guerra. <<

[64] I. Falcón, Asalto a los cielos, pp. 171-175; F. Vega Díaz, «El último día de Negrín en España», pp. 61-62. El autor esboza un convincente panorama de cómo la inmensa fuerza de voluntad de Negrín sucumbió totalmente de forma momentánea ante el «colmo» del juego de Casado. Se dice que Negrín comentó que el coronel «me está toreando». <<

[65] J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes, pp. 540-541, y véase p. 383; discurso de Negrín del 1 de agosto de 1945, palacio de Bellas Artes, México, Documentos políticos para la historia de la República española, p. 26. <<

[66] Véanse los comentarios de Togliatti en Escritos sobre la guerra de España, p. 288. <<

[67] P. Togliatti, Escritos sobre la guerra de España, pp. 289-290. <<

[68] L. Romero, El final de la guerra (Ariel, Barcelona, 1976), p. 331. Camacho había asumido el mando en sustitución de Hidalgo de Cisneros, que dejó España el 7 de marzo. <<

[69] De los otros tres mandos comunistas de Madrid, Ascanio y Ortega (que se había declarado neutral y no había tomado parte en la lucha contra Casado) fueron fusilados por Franco después de la guerra. Bueno, que luchó contra Casado, en gran parte en las mismas circunstancias que Barceló (véase Á. Bahamonde Magro y J. Cervera Gil, Así terminó la guerra de España, p. 386), fue destituido de su puesto por Casado, pero parece que sobrevivió a la guerra y a la posguerra. M. Alpert, El ejército republicano, pp. 363-364. <<

[70] H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 297-298. Hubo unas veinte mil muertes como resultado de la lucha. <<

[71] Para una brutal descripción de esta táctica, véanse los comentarios hechos por el socialista Molina Conejero y citados en H. Graham, El PSOE en la guerra civil, p. 294. <<

[72] «Los hombres que tenemos una responsabilidad, sobre todo en la organización sindical, no podemos abandonar esta. Tengo la seguridad de que casi nada va a ocurrir. Esperemos los acontecimientos, y quizá podamos reconstituir una UGT de carácter más moderado; algo así como las Trade Unions inglesas». Comentario de Besteiro el 11 de marzo de 1939 al gobernador civil de Murcia, Eustaquio Cañas, en las memorias inéditas de este último, «Marzo de 1939. El último mes» (1948), p. 30, copia conservada en FPI, ARLF, 172-30. <<

[73] P. Togliatti, Escritos sobre la guerra de España, p. 291; I. Falcón, Asalto a los cielos, p. 177. <<

[74] I. Falcón, Asalto a los cielos, p. 176. <<

[75] Á. Bahamonde Magro y J. Cervera Gil, Así terminó la guerra de España, pp. 402 y 415. <<

[76] Esta historia se explica utilizando fuentes primarias del PSOE y prensa en H. Graham, El PSOE en la guerra civil; véanse esp. pp. 287-302. Detalles sobre las expulsiones del PCE en APCE, film XX, 238, sobre Valencia, Alicante y Ciudad Real. Los nuevos nombramientos del PSOE, en F. Ferrándiz Alborz, La bestia contra España (s. e., Montevideo, 1951), pp. 72-73. <<

[77] H. Graham, El PSOE en la guerra civil, p. 299. <<

[78] Por ejemplo, el 24 de marzo la prensa de Madrid publicó detalles de la nueva ejecutiva nacional del PSOE elegida en la ciudad. Este y otros ejemplos, en H. Graham, El PSOE en la guerra civil, pp. 296-302. <<

[79] P. Togliatti, Escritos sobre España, p. 297. <<

[80] L. Romero, El final de la guerra, pp. 367-368. <<

[81] Los delegados republicanos eran el teniente coronel Antonio Garijo Hernández y el comandante Leopoldo Ortega Nieto. Garijo era sin duda muy favorable a los rebeldes, si no un agente activo, como el PCE afirmaría posteriormente. <<

[82] No hay ninguna duda de que los británicos ya estaban, en febrero de 1939, al corriente de los planes de Casado. Á. Bahamonde Magro y J. Cervera Gil, Así terminó la guerra de España, pp. 468-469. <<

[83] En las primeras semanas de la guerra la Royal Navy había recogido, totalmente por su cuenta, a refugiados adinerados y poderosos amenazados por la violencia popular que se había producido tras el colapso del Estado republicano. Pero en 1939 prefirió decir que no tenía competencias para «intervenir». En realidad, la cuestión no era la «intervención» per se, sino el hecho de que el alto mando y el cuerpo de oficiales de la marina se sentían distantes, social y políticamente —cuando no eran directamente hostiles—, a quienes se les pedía en este momento que salvaran. <<

[84] Á. Bahamonde Magro y J. Cervera Gil, Así terminó la guerra de España, pp. 454 y 463. <<

[85] Incluso antes de la crisis del 27 de marzo los pocos barcos mercantes que estaban preparados para embarcar a refugiados en los puertos republicanos exigían ya el pago en monedas que no fueran la peseta republicana, que en ese momento casi no tenía ningún valor, pero las divisas extranjeras estaban fuera del alcance de muchos refugiados. <<

[86] La batalla entre las dos instituciones republicanas rivales para financiar el exilio, el Servicio de Evacuación de Republicanos Españoles (SERE) y la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE), sería el primero de muchos conflictos amargos que envenenarían la vida política de la diáspora republicana. <<

[87] Este episodio se trata con detalle en Á. Bahamonde Magro y J. Cervera Gil, Así terminó la guerra de España, pp. 469-470 y 472-487. Sin embargo, como los autores destacan, este acuerdo no incluía a otros miembros destacados del Consejo de Defensa, como el general Miaja o el dirigente anarcosindicalista Cipriano Mera. <<

[88] El Consejo Nacional de Defensa (excepto Miaja, que ya se había marchado) realizó su último comunicado desde Madrid —con la aprobación de las autoridades franquistas— en la tarde del 27 de marzo. Casado pidió tranquilidad y clemencia. <<

[89] El barco mercante de propiedad británica Stanbrook recogió aproximadamente a 2000 refugiados el 28 de marzo (a veces se dan cifras más altas, hasta 3200, pero estas parecen improbables dado que el barco tenía una capacidad de menos de mil toneladas). Las circunstancias exactas en que estos refugiados fueron aceptados siguen sin estar claras. Quizá el capitán fue sobornado, o quizá fue comprensivo con la triste situación de los refugiados. Pero es improbable que estuviera siguiendo la política de la compañía. El Gobierno británico suponía que Franco pasaría por alto las actividades de barcos mercantes aislados. <<

[90] Á. Bahamonde Magro y J. Cervera Gil, Así terminó la guerra de España, p. 499. Agradezco a Michael Alpert el haberme proporcionado los datos de la marina republicana. <<

[91] Este comité incluía a los socialistas Gómez Osorio y Carlos Rubiera, el gobernador civil de Madrid en marzo de 1939 y quien le había precedido en el cargo, respectivamente, y ambos miembros de la Ejecutiva Nacional del PSOE, partidaria de Casado, elegida en Madrid en los últimos días. Ambos serían fusilados por Franco. H. Graham, El PSOE en la guerra civil, p. 300. <<

[92] A pesar de los esfuerzos de Negrín, es muy poco probable que se hubieran podido asegurar los derechos de los derrotados solo por medio de unas garantías formales escritas. En una situación similar, los conservadores que vencieron en la guerra civil griega aprobarían después una amnistía, aunque manipularon sus condiciones para criminalizar prácticamente a toda la oposición política. Sobre el caso griego, que tiene estrechos paralelismos con la experiencia española, véase M. Mazower, ed., After the War was Over: Reconstructing the Family, Nation and State in Greece 1943-1960 (Princeton University Press, Princeton, N. J., 2000). <<

[93] «En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos 1 de abril de 1939 —Año de la Victoria», último parte de guerra franquista, publicado en ABC (Sevilla), el 2 de abril de 1939, y reproducido en F. Díaz-Plaja, La guerra de España en sus documentos, p. 509. <<