La guerra civil española fue uno de los conflictos más complejos y crueles del siglo XX. ¿Cuáles fueron sus causas? ¿Por qué continúa hoy suscitando tanto debate?

En medio de las desgarradoras catástrofes de la historia europea del siglo XX, la guerra civil española continúa ejerciendo una fascinación particular a los ojos del público europeo y hasta mundial. Desde luego, no cabe explicar este poder de atracción por la escala geográfica o humana del conflicto, ni por los horrores tecnológicos de que fue testigo, pues otras contiendas la empequeñecen en destrucción material y tragedia humana, por más que añadamos a nuestro cálculo el horror continuado de las matanzas y encarcelamientos masivos que se sucedieron en la España de «posguerra» durante la década de 1940. Pero este compromiso duradero con la guerra civil española es innegable y ha generado más de quince mil libros, lo que constituye un epitafio textual que la equipara con la Segunda Guerra Mundial.

Esta obra pone de relieve el contexto nacional e internacional de la guerra, y revela sus orígenes en las inquietudes políticas y culturales provocadas por la rápida modernización de Europa. Valiéndose de narraciones personales, la historiadora Helen Graham combina un relato vigoroso y humano de la guerra y sus consecuencias con una incitante indagación ética de su legado para el siglo XXI.

Helen Graham

Breve historia de la guerra civil

ePub r1.0

Titivillus 09.03.18

Título original: Spanish Civil War

Helen Graham, 2005

Traducción: Carmen Martínez Gimeno

Editor digital: Titivillus

ePub base r1.2

Recuérdalo tú y recuérdalo a otros.

(Luis Cernuda)

El mayor reto del nuevo milenio

es no mitificar nuestros miedos.

Prólogo y agradecimientos

PRÓLOGO Y AGRADECIMIENTOS

En medio de las desgarradoras catástrofes de la historia europea del siglo XX, la guerra civil española continúa ejerciendo una fascinación particular a los ojos del público europeo y hasta mundial. Desde luego, no cabe explicar este poder de atracción por la escala geográfica o humana del conflicto, ni por los horrores tecnológicos de que fue testigo, pues otras contiendas la empequeñecen en destrucción material y tragedia humana, por más que añadamos a nuestro cálculo el horror continuado de las matanzas y encarcelamientos masivos que se sucedieron en la España de «posguerra» durante la década de 1940. Pero este compromiso duradero con la guerra civil española es innegable y ha generado más de quince mil libros, lo que constituye un epitafio textual que la equipara con la Segunda Guerra Mundial.

El objetivo fundamental de este breve libro es explicar la guerra civil, sus causas, desarrollo y consecuencias, tanto en el contexto nacional como internacional. No detalla las batallas ni la estrategia, por lo cual los lectores interesados en la historia militar convencional deben acudir a otras obras (véanse las lecturas complementarias), pero sí se ocupa de cómo la guerra afectó las vidas físicas y psíquicas de soldados y civiles, y de cómo moldeó el curso de la política, la sociedad y la cultura dentro de España, pero también más allá de ella.

La guerra civil española fue la primera en Europa en la que la población civil se convirtió en blanco masivo mediante el bombardeo continuado de las grandes ciudades. El nuevo periodismo fotográfico que hizo de la española la primera guerra «fotogénica» de la historia también transmitió imágenes estremecedoras del ingente número de refugiados políticos que produjo el conflicto. Durante la Primera Guerra Mundial había habido desplazamientos masivos de población, pero ninguno había obtenido la visibilidad del español. La guerra civil produjo una profunda impresión en quienes la observaban desde otros países europeos. Para los mismos españoles el impacto fue enorme. No existían términos de referencia remotamente comparables para la movilización militar, industrial, social y política que produjo dicha guerra, pues España no había participado en la Primera Guerra Mundial de 1914-1918. Como es bien sabido, España también se convirtió en el lugar donde otras potencias probaron las últimas tecnologías bélicas. Asimismo, la contienda reveló nefastamente lo que la guerra en suelo europeo podía significar, presagiando los conflictos depurativos, genocidas y punitivos de esas otras muchas guerras civiles que se libraron a lo largo del continente entre 1939 y finales de la década de 1940.

Todo ello indica que, incluso en sus orígenes, la guerra civil española fue un fenómeno intrínsecamente europeo. Aunque las tensiones dentro de la sociedad española tuvieron un origen interno, la polarización sobre temas como el sufragio universal, las reformas sociales y la redistribución de la tierra y el poder económico en el campo no eran específicas de España; como tampoco lo eran las guerras de cultura libradas (ya antes del estallido de la guerra civil) por la reforma secularizadora, y entre el urbanismo cosmopolita y la sociedad rural muy tradicional. Las supuestas «soluciones» al conflicto español también llevarían todos los distintivos de las recetas monolíticas impuestas en otros lugares por otros regímenes fascistas y cuasifascistas de Europa. Este contexto compartido ofrece la clave para entender por qué la guerra civil causó un impacto tan enorme más allá de España y por qué perdura hoy el sentimiento de su importancia. Por consiguiente, el segundo objetivo de este libro es examinar los debates históricos y las polémicas políticas que suscitó. Porque argüir sobre la guerra civil nunca ha sido competencia exclusiva de los historiadores profesionales, dentro o más allá de España.

El capítulo 1 ofrece una explicación temática de los factores de conflicto que existían en la historia española del siglo XX, explorando de qué formas se plasmaron en la década de 1930. No proporciona una narración cronológica completa de los años republicanos anteriores a la guerra (1931-1936), pues es fácil encontrarla en muchos otros lugares (véanse las lecturas complementarias). En el capítulo 2 se analizan con mayor detenimiento los factores de conflicto, examinando cómo los distintos sectores sociales y políticos intentaron resolverlos en el curso de los acontecimientos desencadenados por el golpe militar del 17-18 de julio de 1936. Estos dos capítulos iniciales también esbozan la cultura de cuartel y campo de batalla (en las guerras coloniales) que formó a los militares que se rebelaron contra el orden democrático y constitucional de la Segunda República. Entre ellos estaba el general Francisco Franco, que llegó a ocupar el mando supremo militar y político durante la guerra civil y, después de ganarla, gobernó a España durante treinta y seis años. Los capítulos 3, 4 y 5 examinan la escalada de la guerra mediante el complejo proceso de su internacionalización; de qué modo la experiencia de la guerra influyó en el desarrollo político y social tanto en la zona republicana como en la franquista; y cómo, en definitiva, la política y la diplomacia de las grandes potencias determinaron el resultado del conflicto.

Todo el libro se centra en la guerra civil como un periodo de cambio social en el que se forjaron o disputaron diferentes ideas sobre la cultura (entendida en su sentido más amplio) y en el que participaron por igual españoles y no españoles. Fueron conflictos que continuarían en otros lugares —en Europa y más allá, también con la participación española— durante la Segunda Guerra Mundial de 1939-1945. El capítulo 6 retoma estos temas, además de ocuparse de la violenta represión llevada a cabo en España por un régimen que se concebía a sí mismo como parte del nuevo orden nazi en Europa. Esencial para las aspiraciones totalitarias del franquismo victorioso fue el intento de borrar la memoria de los vencidos. Escribir la historia de la guerra civil se convirtió también en un campo de batalla. El capítulo 7 traza el afán del régimen por apropiarse del pasado. Además, indica su fracaso final, evidente en la nueva historiografía sobre la guerra civil y, sobre todo, en la recuperación de la memoria histórica de los republicanos, que se va produciendo a través de los canales de la sociedad civil en los primeros años del siglo XXI.

La sección de lecturas complementarias del final del libro ofrece una selección de títulos que representan lo mejor de la nueva historiografía sobre la guerra civil. Dicha historiografía comenzó a publicarse en la década de 1980, a medida que el proceso de democratización se iba abriendo paso en España, proceso al que contribuyó a su vez de forma importante esta historiografía. Entre los nuevos temas historiográficos se incluyeron el análisis comparativo del franquismo dentro del marco de los regímenes fascistas de la Europa de entreguerras, y nuevas investigaciones sobre las Brigadas Internacionales que lucharon por la República, investigaciones que siguen hoy en curso impulsadas por la reciente apertura de los archivos rusos a los historiadores. Desde la década de 1990, el trabajo de una nueva generación de historiadores españoles ha dado otro enfoque a la guerra, analizándola como un conflicto que implicó y afectó a la sociedad española en su conjunto. Asimismo, las lecturas complementarias añaden unas cuantas sugerencias literarias y algunos testimonios de protagonistas, además de varios de los websites más importantes.

Me gustaría dar las gracias a todas las personas que han leído borradores del texto. Por su ayuda específica con fuentes escritas o visuales, o su asistencia tecnológica, estoy en deuda (en orden alfabético) con Peter Anderson, Richard Baxell, Benito Bermejo, la familia Campañá, Hilary Canavan, Cornell Capa, Jane Durán, Harry Fisher (ya fallecido), Lala Isla, Conxita Mir, Cary Nelson, Paul Preston, Alex Quiroga, Antonina Rodrigo, Francisco Romero, Mariano Sanz, Ramón Sender Barayón, Rémi Skoutelsky, Mary Vincent y Ricard Vinyes. Más en general, agradezco a mis amigos, colegas y alumnos todo lo que me han enseñado sobre el empeño colectivo de hacer historia. Por supuesto, las deficiencias y errores que quedan son de mi entera responsabilidad.

Capítulo 1. Los orígenes de la guerra civil

CAPÍTULO 1

LOS ORÍGENES DE LA GUERRA CIVIL

¡Vivan los hombres que nos traen la ley[1]!

La guerra civil española comenzó con un golpe militar. Existía una larga historia de intervención militar en la vida política de España, pero el golpe del 17-18 de julio de 1936 fue un instrumento viejo empleado para un objetivo nuevo. Se proponía detener la democracia política de masas que se había puesto en marcha por los efectos de la Primera Guerra Mundial y la Revolución rusa, y se había acelerado por los subsiguientes cambios sociales, económicos y culturales de las décadas de 1920 y 1930. En este sentido, el alzamiento militar contra el orden democrático y constitucional de la Segunda República de España fue el equivalente del golpe de estado fascista que ocurrió tras la llegada al poder de Mussolini en Italia (1922) y Hitler en Alemania (1933), y cuya intención era también controlar manifestaciones similares de cambio social, político y cultural.

Tal vez en principio resulte paradójico que el choque entre lo viejo y lo nuevo desencadenara una guerra civil declarada en una España relativamente atrasada. Sin embargo, es imprescindible recordar que la escalada de golpe militar a guerra civil y después a una guerra «total» moderna en la que participó la gran mayoría de la población civil dependió de forma crucial de factores externos al ámbito español. También es cierto que cuando los españoles atribuyen retrospectivamente las causas de la guerra civil, suelen describir pensamientos y sentimientos que fueron generados por la misma guerra. Pese a la difusión de ideas sobre «las dos Españas» dispuestas a enfrentarse el 18 de julio de 1936, «nosotros» y «ellos» fueron categorías creadas por el violento experimento de la guerra y no existían como tales antes de ella.

No obstante, incluso en los días posteriores inmediatos al golpe militar de julio y antes de que pudiera entrar en juego cualquier factor internacional, ya venían ocurriendo casi en toda España formas extremas de violencia intestina, cuyo significado y relación con el entorno nacional previo a la guerra es labor de los historiadores explorar. Tres factores resultaron cruciales. En primer lugar, el proceso de desarrollo económico ocurrió tarde y de forma muy desigual en España. Esta situación propició que en la década de 1930 el golpe militar desencadenara lo que en realidad fueron una serie de guerras de cultura: cultura urbana y estilos de vida cosmopolitas frente a una sociedad rural muy conservadora; una ética humanista contra valores religiosos más conservadores; el autoritarismo contra las culturas de política liberal; el centro contra la periferia; los papeles de género tradicionales contra la «nueva mujer»; incluso la juventud contra la vejez, pues también hicieron acto de presencia los conflictos generacionales. En segundo lugar, la fuerza con la que los elementos opuestos chocaron se debió en cierta medida a la influencia cultural de una rama maniquea del catolicismo que seguía predominando en España y afectaba incluso a muchos de los que habían rechazado de forma consciente el credo religioso y la autoridad de la Iglesia. En tercer lugar, puesto que el detonador de los acontecimientos fue un golpe militar, también debemos examinar el papel que desempeñó el ejército y, en particular, el surgimiento de una cultura política rígida e intolerante entre sus jefes y oficiales durante las primeras décadas del siglo XX.

Decisivo para todos estos factores, pero en especial para el militar, fue la pérdida definitiva del imperio español en 1898, que privó al país de sus mercados exteriores protegidos y, al hacerlo, impulsó un debate intermitente y enconado sobre cómo tenía que modernizarse la economía de España y quién debía soportar el coste. Los argumentos a favor de la reforma interna esgrimidos por las élites industriales relativamente más progresistas —en especial, las del sector textil catalán— lograron poco avance. Iban contra los intereses de un sector agrario atrincherado que era inevitablemente más poderoso en un país cuya economía seguía basándose de forma predominante en la agricultura. Los grandes terratenientes cuyas fincas dominaban la mitad meridional de España habrían sido el sector de la élite más afectado por la reforma económica y política. Asimismo, eran de carácter inflexible; muchos eran los padres y hermanos mayores de militares, grupos conocidos por su profunda suspicacia ante el cambio.

La pérdida del imperio privó al ingente cuerpo de oficiales, heredado de las guerras continuas del siglo XIX, de cualquier papel significativo en la defensa exterior. Al hacerlo, la derrota imperial convirtió a los militares en un poderoso grupo de presión político interno, resuelto a encontrar un nuevo papel, a la vez que se guardaba de perder ingresos o prestigio mientras tanto. Para sacarse el aguijón de la derrota, entre los jefes y oficiales se extendió el poderoso mito de que los políticos civiles habían sido los únicos responsables de la pérdida definitiva del imperio y, por lo tanto, poco podían reclamar moralmente para gobernar el país. Esta creencia ya estaba bien arraigada en la época en que Francisco Franco, con quince años, entró en la academia militar en 1907. Surgió una generación de cadetes que se contemplaban como los defensores de la unidad y jerarquía de España, y de su homogeneidad cultural y política, algo que creían consustancial a la grandeza histórica del país. En realidad, muchos miembros de la élite militar dieron un paso más, considerando su defensa de esta idea de «España» un nuevo deber imperial y, de este modo, interpretando al revés el sentido de la constitución monárquica, que definía los territorios coloniales españoles como provincias de la metrópoli. Lo pernicioso de esta nueva concepción de la defensa imperial fue que pasó a dirigirse contra otros grupos de españoles que simbolizaban los cambios sociales y económicos que se estaban produciendo en las ciudades y centros urbanos.

Estos cambios fueron más lentos que en algunos otros países europeos, pero en la segunda década del siglo XX, la España urbana ya estaba en marcha. Ciudades como Sevilla y Zaragoza crecieron cuando la industria (si bien a pequeña escala) se expandió más allá de las zonas tradicionales del norte (minas de carbón, fundiciones de hierro y acero, astilleros) y el noreste (textiles catalanes). Afectada de forma similar resultó la región valenciana, donde la urbanización y el desarrollo industrial reforzaron un anticentralismo histórico (federalismo). Estos cambios económicos y el desarrollo que conllevaron —como mejores comunicaciones y transporte, así como la circulación relativamente más libre de ideas nuevas— creó nuevos grupos sociales: el sector profesional urbano y los obreros industriales, cada vez más deseosos ambos de contar con una voz política. De este modo, el orden tradicional, con su restringido derecho al voto, se vio sometido a una tensión creciente en la España urbana.

Pero existía otro país al que estas exigencias afectaban mucho menos. Eran el campo y los pueblos de la España profunda. La mayoría de los 20 millones de españoles (21 303 000 en 1920) seguía viviendo en aldeas y pueblos pequeños. En el centro y el norte, el grueso de la población lo constituían pequeños propietarios o campesinos arrendatarios, en su mayor parte de medios modestos y algunos muy pobres. A esta sociedad rural la mantenían las poblaciones de las ciudades agrícolas o de mercado, habitadas por una clase media provinciana de características sociales similares. Era un mundo rígido, vinculado por los lazos de la costumbre y la tradición, en la que una forma conservadora de catolicismo proporcionaba la lengua, los valores y la cultura comunes. La estrecha relación entre Iglesia y comunidad en el centro y norte de España quedaba consolidada por el papel pastoral crucial que desempeñaban los sacerdotes de los lugares. La Iglesia no solo proporcionaba consuelo espiritual, sino también apoyo práctico, a menudo en forma de bancos de crédito rural que ofrecían un recurso vital al pequeño campesinado empobrecido, perpetuamente amenazado por las malas cosechas y temeroso de ser presa de los prestamistas. El deseo recíproco de la Iglesia y la comunidad de protegerse una a la otra provenía de un temor común ante los sordos rumores de cambio y la identificación con un mundo antiguo de orden y jerarquía muy apreciado. Muchos se identificaban específicamente con la monarquía como la forma de gobierno más capaz de proteger ese orden. La jerarquía eclesiástica se aferraba a esta idea no menos para evitar las consecuencias de la invasión del liberalismo político y el pluralismo cultural, pues ambos constituían un desafío ingente a su monopolio sobre la verdad. En las primeras décadas del siglo XX, la Iglesia católica ya se sentía asediada en España. No solo disponía de poca autoridad entre los obreros urbanos, sino que también había perdido hacía mucho tiempo a los abundantes pobres del sur. Los jornaleros agrícolas del «sur profundo» consideraban a la Iglesia un pilar que perpetuaba el orden terrateniente que los oprimía. El sur de España estaba dominado por los latifundios, enormes fincas labradas por campesinos sin tierras cuyas vidas eran una lucha constante contra el hambre. El modelo de fincas inmensas en las que se cultivaba una sola cosecha significaba que los jornaleros dependían de una única fuente de ingresos de la que no se disponía más que durante parte del año, en las épocas de siembra y recogida. En ausencia de cualquier prestación de asistencia pública u otras formas de auxilio para los necesitados, esta dependencia convertía casi en esclavos a los pobres sin tierra, a disposición de los terratenientes y administradores de las fincas. Los jornaleros recibían un trato brutal de los capataces y la policía rural, la odiada guardia civil que disparaba a la gente sin trabajo que recogía bellotas y leña en las tierras de los latifundistas. El hecho de que el sacerdote del lugar se aliara siempre con el terrateniente y el cabo de la guardia civil hizo de los jornaleros feroces anticlericales y convirtió a la religión en el sur en un tema divisorio en la política y la clase social. El abuso sistemático contra los desamparados hizo endémica la violencia en esta sociedad rural tan reprimida. Pero las periódicas revueltas de esclavos protagonizadas por los jornaleros eran reprimidas con facilidad por la policía, no menos tras la Primera Guerra Mundial que en los periodos anteriores.

Sin embargo, en la España urbana, la Primera Guerra Mundial fue, como en otros lugares de Europa, el detonante crucial del cambio social. España no participó militarmente, pero la guerra produjo tanto un auge económico como formas severas de inflación y desarticulación social que afectaron de modo drástico a los sectores más pobres de la sociedad, tanto rurales como urbanos. No obstante, fue en la España urbana donde la protesta social resultante consiguió alarmar a los grupos de la élite, que ahora contemplaron las protestas autóctonas a través de la lente de la Revolución rusa. El epicentro de la amenaza era la Barcelona «roja». Pero para la clase dirigente española el espectro no era el bolchevismo, sino el poderoso movimiento anarcosindicalista, la CNT, comprometida con la acción directa y a menudo violenta contra los empresarios intransigentes que conspiraban con las autoridades militares, e incluso en un caso tristemente famoso, con un general del ejército que era gobernador civil de Barcelona, para asesinar a los dirigentes sindicales de la CNT. En 1923, el general Miguel Primo de Rivera llevó a cabo un golpe militar «suave» para acabar con la agitación laboral en Barcelona y reimplantar el orden conservador en toda España, golpe que fue bien recibido por el monarca reinante, Alfonso XIII, quien para los problemas de gobierno era más partidario de las soluciones militares que de las constitucionales.

El auge económico de la década de 1920 también allanó el paso a la dictadura, pero al mismo tiempo dicho auge intensificó las demandas de reformas políticas de los sectores urbanos de clase media. Querían derechos constitucionales como defensa de sus intereses contra el poder arbitrario del dictador. Los partidos políticos eran ilegales, pero en la década de 1920 comenzaron a proliferar las asociaciones profesionales —de maestros, empleados de correos y médicos, entre otros—, un proceso que en la práctica hizo republicanos a sectores de la clase media española en su búsqueda de derechos políticos. Asimismo, la aceleración de la emigración a las ciudades en condiciones de bonanza económica y la difusión de la radio entre los sectores metropolitanos cultos incrementaron de forma drástica la distancia entre la España urbana y el campo y los pueblos de la España profunda.

También podía vislumbrarse que la modernidad se iba abriendo paso en las propias contradicciones de la dictadura. A pesar de que a Primo de Rivera se le había encomendado restaurar el orden conservador, también decidió llevar a cabo diversas reformas clave en el ejército y en la esfera de los derechos laborales. Pero incluso una dictadura militar se encontró bloqueada en dicho objetivo por los intereses corporativos del ejército, mientras que, por su parte, las élites terratenientes frustraban la extensión de reformas sociales básicas para las masas empobrecidas del sur rural. Cuando la oposición del ejército acabó derrocando a Primo de Rivera en enero de 1930, el mismo rey se vio en apuros. Con un mar de fondo de sentimiento republicano en la España urbana, la Iglesia católica era la única institución del antiguo régimen que respaldaba a la monarquía de forma inequívoca. Por paradójico que parezca, el recuerdo de los peligrosos elementos innovadores de la dictadura tal vez propiciara que los grupos de élite consideraran menos grave la perspectiva de una República. En efecto, cuando esta se declaró el 14 de abril de 1931 de forma pacífica, puede que incluso se la juzgara un medio útil para aplacar a la opinión popular representada por las multitudes jubilosas que llenaban las calles de las grandes ciudades. Pero quienes creían que la República no dejaría de ser lo de siempre —el orden político de la monarquía sin rey— sufrieron pronto un desengaño. El primer gobierno republicano estaba resuelto a dotar al nuevo régimen de un contenido de política reformista que efectuaría una redistribución fundamental del poder económico y social en España.

Los que apoyaban un programa de reformas constituían dos grupos bien definidos. En primer lugar, estaban los republicanos de izquierda, una clase política de abogados y profesores en su mayoría que formaban grupúsculos y no grandes partidos. Debido precisamente a que carecían de influencia electoral en el que ahora era un sistema político basado en el sufragio universal, los republicanos requerían el apoyo del segundo grupo: el movimiento socialista (partido político y sindicato). Organización política moderada y reformista desde su fundación, los socialistas eran el único movimiento político de masas en España cuando se declaró la República. Mientras ellos se centraban en la reforma social y deseaban introducir un estado del bienestar mínimo, los objetivos de los republicanos eran la reforma estructural. Se consideraban los herederos de la revolución de 1789 de Francia y pretendían abrir España a Europa, realizando la modernización económica y cultural según el modelo francés en cuatro aspectos cruciales: reforma de la propiedad de la tierra, educación, relaciones Estado-Iglesia y ejército.

La reforma agraria aspiraba a crear en el sur de España un campesinado de pequeños propietarios leal a la República, cuyo poder adquisitivo en aumento también proporcionaría un mercado interno que estimularía el desarrollo industrial. Se iban a separar Iglesia y Estado, y se retiraría paulatinamente la subvención al clero, con lo cual se liberarían recursos para financiar un sistema nacional de enseñanza primaria no religiosa mediante el que se crearía la nación republicana. La reforma militar pretendía poner al ejército bajo el control civil y constitucional. La reducción del exceso de oficiales también recortaría la factura de los sueldos y, de este modo, se generarían más fondos para acometer la reforma estructural. Todas las reformas republicanas, así como la legislación de asistencia social de sus colegas socialistas, se habían concebido para aumentar la democracia económica como prerrequisito esencial para establecer la democracia política. Los republicanos de izquierda eran sobre todo constitucionalistas, si bien comprendían que había que incluir a muchos más de los desposeídos económica y socialmente antes de que se pudiera consolidar en España un estado de derecho. Pero comprender una situación es una cosa, y disponer del poder requerido para llevar a cabo las medidas necesarias, otra muy diferente.

El programa republicano de reforma estructural era inmensamente ambicioso. En realidad, era casi sin lugar a dudas demasiado ambicioso pretender abarcar tanto al mismo tiempo. Y lo que es aún peor, se hizo el intento en un momento de crisis económica mundial, cuando el nuevo gobierno soportaba la carga de la deuda correspondiente a la dictadura de Primo de Rivera. Pero también es comprensible que los republicanos y socialistas pensaran que no había tiempo que perder; hacía medio siglo que las fuerzas progresistas no estaban en el poder, y entonces no había sido más que por breve tiempo, en la Primera República de 1873. Así pues, la acumulación de reformas que se creían imprescindibles (de nuevo en comparación con Europa) era considerable. Sin embargo, la complejidad inherente a la reforma estructural, combinada con las dificultades que tuvo el gobierno para encontrar personal experimentado —tampoco nada sorprendente, dada la larga exclusión del poder sufrida por la izquierda— no hizo más que sumarse a los problemas que se iban acumulando con rapidez en el nuevo horizonte político.

Porque era inevitable que las reformas suscitaran oposición entre las élites tradicionales de España. La respuesta de la jerarquía eclesiástica fue de tono apocalíptico incluso antes de que la República hubiera comenzado a hacer política. La carta pastoral emitida por el cardenal primado el primero de mayo de 1931 contenía un sermón monárquico incendiario que provocó que el gobierno le exigiera abandonar España. Su llamada a que los fieles se movilizaran en un rearme espiritual y patriótico no distaba mucho de declarar a la República régimen ilegítimo. Es más, las palabras públicas de los restantes obispos lo hicieron a las claras cuando describieron a la República como el triunfo del error y el pecado.

También resultaba patente un tono de apocalipsis ideológico entre sectores de las élites militares. Desde el final del imperio, la oficialidad se había ido convirtiendo cada vez más en una casta encerrada en sí misma. Las academias militares favorecían claramente a los hijos de individuos pertenecientes al cuerpo. Las hijas de oficiales se casaban con miembros de otras familias militares. Era un mundo en el que sus componentes iban disminuyendo sus lazos personales con otros grupos sociales. En los primeros años del siglo XX, se estaba iniciando en Marruecos[2] una nueva aventura colonial a pequeña escala. Pero la experiencia de las campañas norteafricanas forjó un tipo de nacionalismo belicista que no sirvió más que para endurecer las actitudes militares. En efecto, fue entre los oficiales que hicieron sus carreras en el ejército colonial de África —incluido el mismo Francisco Franco— donde surgieron las opiniones más perniciosas y reduccionistas de lo que iba mal en la sociedad y política de la España metropolitana.

Cuando en 1927 Franco se hizo cargo de la principal academia militar de España en Zaragoza, instaló un profesorado dominado por esos oficiales coloniales, los africanistas. La academia se convirtió en el semillero de ideas de renacimiento imperial, de los militares como los guardianes y salvadores de España, y, de este modo, se convirtió en parte integral de la política emergente de la derecha ultranacionalista. En la década de 1930, el fascismo europeo daría su forma final y más extrema a la idea de un pelotón de soldados «salvando la civilización». José Antonio Primo de Rivera, jefe de la Falange, citó la clásica formulación de Oswald Spengler de La decadencia de Occidente (vol. 2, 1922), texto que, al igual que los remedios propios de los africanistas, no era más que un síntoma patológico del cambio social y no la solución que proclamaba. Una de las primeras decisiones del gobierno republicano en junio de 1931 fue clausurar la academia militar de Zaragoza. También congeló los ascensos por méritos en campaña concedidos durante la guerra de Marruecos, con lo cual los africanistas montaron en cólera[3]. No solo muchos oficiales eran hostiles a la meta de la República de imponer el control civil y constitucional al ejército, sino que también les resultaba una afrenta a sus principios ultracentralistas. Porque los republicanos y los socialistas, a pesar de ser bastante centralistas, estaban dispuestos a conceder cierto grado de autonomía política a las nacionalidades históricas del País Vasco y Cataluña como un ejercicio de construcción del régimen y buena fe democrática.

Pero dejando a un lado las cuestiones de cultura e ideología política, un tema no menos crucial para los jóvenes oficiales del ejército era el de los sueldos y las perspectivas de hacer carrera. Las reformas republicanas reducirían ambos de forma inevitable. Incluso la dictadura militar de la década de 1920 había salido mal parada cuando había tratado de interferir en las prerrogativas militares, lo que no auguraba nada bueno para los despreciados políticos civiles —republicanos por si fuera poco— que pretendían reformar el ejército de frente. Al final, el golpe de julio de 1936 encontraría a sus seguidores más firmes en esta clase de oficiales jóvenes que iban a perder más desde el punto de vista material y además se mostraban muy hostiles ante la idea de que hubiera una democracia plural. Pero los temores de estos oficiales, por cuestiones estrictamente profesionales, no fueron más profundas en 1936 de lo que habían sido en 1932, cuando se intentó una primera rebelión militar sin éxito. Tampoco el tono apocalíptico era necesariamente superior de lo que lo había sido antes. Era evidente que algo había cambiado, aunque no tenía mucho que ver con los militares. Lo que acabaría «armando» el golpe militar de julio de 1936 fue el surgimiento y desarrollo de la oposición política a las reformas republicanas en los sectores civiles de la sociedad española.

Así pues, la resistencia a la reforma no provino solo de las élites tradicionales de España. La gente de clase media del centro-norte conservador también comenzó a alzar su voz contra la nueva República. Este hecho tuvo mucho que ver con la Iglesia. Las reformas secularizadoras de la República contrariaron los profundos sentimientos católicos de esta región. Siempre iba a existir oposición eclesiástica a medidas como la separación de la Iglesia y el Estado, pero lo que provocó el mayor descontento popular fue la interferencia de la República en la cultura católica que conformaba las identidades sociales y la vida cotidiana; por ejemplo, molestó que las nuevas autoridades restringieran las procesiones religiosas o los toques de campanas de las iglesias, así como su injerencia en las ceremonias y celebraciones organizadas en torno a los santos del lugar o las advocaciones mañanas. Era un mundo de devociones íntimas y familiares, pero también de fervor comunitario, en el que las emociones sentidas con tanta intensidad tenían que ver por igual con el apego a un modo de vida y un lugar específico (la patria chica), y con la fe religiosa. O mejor dicho, la lealtad a estas cosas era indivisible.

El renacer religioso desempeñó un papel tan significativo en la oposición popular al nuevo régimen debido a que estos mundos locales se sintieron amenazados por la reforma republicana, pero también por procesos mayores de cambio social y económico acelerado de los que se consideraba que formaba parte la República. En 1931, en Ezkioga (País Vasco) hubo nuevas apariciones mañanas de las que informó la gente. Siguieron grandes peregrinaciones. Como muestra la historia social europea de los siglos XIX y XX, las visiones religiosas tienden a ocurrir en épocas de convulsiones traumáticas. Los desencadenantes comunes son las crisis económicas, las epidemias, la guerra y la persecución política. Aunque no suele ser un proceso consciente, la religión adquiere entonces un potente significado adicional como defensa contra las cosas nuevas y aterradoras. La retirada progresiva del sueldo al clero secular que llevó a cabo la República también enajenó a muchos de los curas más pobres que no tenían por qué haber sido enemigos irreconciliables. Pero la movilización católica en la España de la década de 1930 la realizaron sobre todo personas laicas que, mucho antes de la guerra civil, sintieron el compromiso de participar en una cruzada para defender un modo de vida en peligro. Ocurrió lo mismo en las zonas más aisladas del norte de Navarra, donde los carlistas cuasiteocráticos, opuestos radicales a toda manifestación de modernidad social y cultural, entrenaban a sus milicias, o entre la juventud católica de las ciudades provincianas e incluso de las grandes ciudades, que se convirtió en activista de las nuevas organizaciones de masas de la derecha. Por paradójico que resulte, en esta movilización se incluía el apoyo del voto para las mujeres, mientras que los republicanos de izquierda se mostraban mucho más hostiles al sufragio femenino al creer que la mayor influencia del catolicismo entre las electoras brindaría un voto en bloque para los partidos conservadores. (Las mujeres votarían por primera vez en España en noviembre de 1933). Sin duda, el tema religioso podía manipularse, como de hecho lo fue cuando los grandes terratenientes del sur lograron usarlo para movilizar a los pequeños propietarios pobres del centro-norte contra la reforma agraria, que solo dañaba sus propios intereses. Sin embargo, la política del conservadurismo popular de masas fue algo más que el resultado de la manipulación de la elite. No obstante, también es cierto que las formas políticas de esta nueva movilización conservadora hubieran sido inconcebibles sin las redes asociativas bien establecidas de la Iglesia católica en España.

Los republicanos lograron el peor de los mundos. Legislaron para excluir a las órdenes religiosas de la enseñanza, creyendo que representaban una barrera insuperable para la creación de una nación republicana en España. Pero en la práctica, como resultado tanto del subterfugio como de las demoras legales, dicha exclusión fracasó. Cuando estalló la guerra civil en el verano de 1936, todavía no había habido un periodo de gobierno republicano en el que el personal religioso hubiera dejado de enseñar en España. Pero en el intento de esa exclusión, los republicanos habían movilizado en su contra una poderosa coalición de fuerzas conservadoras. Además, dadas las restricciones presupuestarias, cuesta apreciar cómo la República podría haber reemplazado por completo a corto plazo el papel de la Iglesia en la educación primaria.

La secularización republicana fue, así pues, poco política, mal planeada y contraproducente. Algunos comentaristas también han sostenido que era cuestionable desde el punto de vista ético, más aún cuando la República había basado su propia legitimidad en los principios constitucionales. Pero no está tan claro. La polémica sobre la secularización sigue estando vigente en las sociedades occidentales del siglo XXI, liberales en política y pluralistas en materia de cultura, pero pocos osarían sugerir que por ello se niegan sus credenciales constitucionales. Ni el «liberalismo», ni el «constitucionalismo», ni la «democracia» son conceptos que flotan libres; todos tienen que entenderse y examinarse en contextos históricos específicos. A los conservadores católicos españoles de la década de 1930 les enfurecía que sus credos y prácticas fueran limitados, pero ellos tampoco contemplaban el concepto de derechos civiles y culturales dentro del Estado español para quienes profesaran otras religiones, y mucho menos para los librepensadores o ateos.

La máxima ironía política es que la derecha española de la década de 1930, que era radicalmente hostil a la noción de cambio democrático progresista, aprendió a actuar con gran éxito en el nuevo entorno político de la República para poner freno a dicho cambio. La izquierda política, por su parte, resultó mucho menos hábil. ¿Por qué fue así?

Desde el principio, la izquierda sufrió la desventaja que suponían las grandes diferencias ideológicas existentes entre sus partes constituyentes. La mayor de todas era la brecha entre el movimiento parlamentario socialista y la CNT, anarcosindicalista y antiparlamentaria. Estas diferencias no estribaban en el voluntarismo o el empecinamiento, como la narración histórica habitual da a entender con tanta frecuencia. Su irreductibilidad era más bien resultado de las experiencias políticas, económicas y culturales tan diferentes de los grupos sociales de izquierda en un país con un desarrollo tan desigual. Por ejemplo, la acción política directa apoyada por muchos anarcosindicalistas se encomendó de inmediato a los jornaleros y trabajadores sin oficio, cuya falta de poder de negociación e indefensión social hicieron que las promesas socialistas de cambio gradual a través de las urnas parecieran muy improbables, cuando no llanamente increíbles.

También enfrentó a los republicanos y los socialistas la enorme brecha entre la autoridad política y el poder real. El nuevo gobierno estaba investido de legitimidad por el proceso electoral democrático. Podía aprobar legislación en las Cortes, pero su puesta en práctica posterior más allá de dicha institución era un asunto muy diferente. Parte del problema era la falta de personal cualificado, pero una dificultad mucho mayor era la oposición consolidada de las élites que no habían perdido nada de su poder social o económico. Ocurría sobre todo en el sur, donde los grandes terratenientes llamaban a la guardia civil para castigar a los obreros recalcitrantes después del 14 de abril de 1931 igual que lo habían hecho antes. El personal de la policía no había cambiado y, por lo tanto, seguía enredado en relaciones clientelares con las élites locales. Los terratenientes también se negaron a reconocer piezas cruciales de la legislación redistributiva de asistencia social, llegando en la práctica al «paro patronal» al dejar las tierras sin cultivar. Los esbirros de las fincas imponían la violencia —a veces con resultados fatales— a los dirigentes sindicales que acudían para controlar las nuevas medidas. La temperatura política en los campos del sur aumentó debido al mero hecho de que el nacimiento de la República había suscitado expectativas entre los pobres y los desposeídos. (Si para muchos católicos la República era el Anticristo, esa gente la concebía como una fuente de salvación mesiánica). Pero la tensión también surgió debido al pronunciado afán de venganza de los enemigos de la reforma, que lanzaban a los con frecuencia (todavía) desempleados y hambrientos pullas tales como «comed República».

La frustración de las aspiraciones populares de cambio social produjo desilusión no solo entre los campesinos sin tierras ni trabajo del sur, exasperados por la perduración de las antiguas relaciones de poder, sino también entre los sectores obreros de la España urbana. Allí los efectos de la depresión estaban comenzando a hacer mella. Aumentaba el paro, sobre todo entre los que carecían de cualificación, como los peones de albañil, que habían acudido a las ciudades en los años de bonanza de la década de 1920. Muchos vivían ahora por debajo del umbral de subsistencia. Pero la capacidad de la República para mitigar la situación mediante la asistencia social era limitada. Eran fundamentalmente los republicanos y no los socialistas quienes controlaban la política financiera, y eran monetaristas más que keynesianos. El único ámbito político en el que estaban dispuestos a gastar era en educación, para lo cual pidieron créditos considerables con el fin de financiar su programa de construcción de escuelas. En términos relativos, el gobierno republicano-socialista hizo más para prestar asistencia social que ningún otro anterior. Resulta irónico que debido en parte al enorme grado de expectación popular que suscitó la República, este logro se interpretara como un fracaso político. Pero también hubo desavenencias políticas debido a la dura política de orden público aplicada por el gobierno republicano, cuyo peso sentían sobre sí los pobres y marginados. Mientras que en las Cortes la derecha se quejaba sin cesar del déficit de orden público bajo la República, los parados y los obreros de sectores marginales podían contar una historia muy diferente. En numerosas ocasiones notorias, en lugares urbanos y rurales de toda España, las fuerzas de seguridad republicanas chocaron fatalmente con los trabajadores que protestaban: en Castilblanco en diciembre de 1931; en Arnedo (Logroño) y Llobregat (provincia de Barcelona) en enero de 1932; y en Casas Viejas (Andalucía) en enero de 1933. Bajo estos incidentes destacados yacía una experiencia cotidiana de represión y exclusión. La nueva fuerza de policía urbana creada por la República desahuciaba a quienes no pagaban el alquiler y, en respuesta a las quejas de los comerciantes y la Cámara de Comercio, limpiaba las calles de vendedores ambulantes que ofrecían comida barata a los pobres y marginados. Tales incidentes reforzaron los reproches que hacían a la República los críticos de la izquierda radical —en especial, los anarquistas— de que nada había cambiado, que el Parlamento y la reforma legislativa eran una farsa que jamás beneficiaría a los que no tenían nada. Con la reforma bloqueada en las distintas localidades y la depresión cobrándose víctimas en la España urbana y rural, comenzaron a revelarse las tensiones que padecía la democracia constitucional. Era difícil para la credibilidad republicana exigir respeto a las reglas de juego a quienes a diario resultaban excluidos de él al negárseles sus derechos sociales y económicos como ciudadanos. Además, eran derechos que se suponían garantizados por la Constitución y la ley.

La situación empeoró cuando las divisiones de la izquierda propiciaron la vuelta al poder de un gobierno conservador en noviembre de 1933. Las reformas se paralizaron. Las élites se propusieron reducir incluso el pequeño cambio redistributivo que se había impulsado en el país. En este contexto de ira y frustración explosivas ante el ataque contra la reforma debemos entender la organización de huelgas y protestas de 1934. La política la llevaron a las calles de las ciudades tanto los movimientos de las juventudes de la izquierda como los jóvenes católicos, conservadores y fascistas. No solo estaba cambiando el espacio de la política española; la movilización de la juventud por todo el espectro político —y de las mujeres jóvenes en particular— estaba transformando su naturaleza misma.

La frustración de la izquierda culminó en octubre de 1934 con el intento de lanzar una huelga general revolucionaria, que perdió ímpetu incluso en Madrid, donde los sectores radicalizados del movimiento de las juventudes socialistas habían tomado la iniciativa. Pero la región asturiana de la minería del carbón, marcada por su historia de relaciones conflictivas entre obreros y patrones, y muy golpeada por la recesión, explotó en una rebelión armada. Los mineros resistieron durante dos semanas, pero sus aldeas fueron bombardeadas por la aviación, y los pueblos costeros, por la armada, con lo que los valles acabaron tomados por el ejército. Siguió una extensa y dura represión por toda Asturias en la que el general Franco, como cabeza de facto del Ministerio de Guerra, desplegó tanto a tropas marroquíes como a la Legión Extranjera, por miedo a que los reclutas españoles acabaran apoyando la rebelión de los mineros y obreros. Se suspendieron las garantías constitucionales en España entera. La repercusión en la izquierda fue catastrófica. Treinta mil personas fueron encarceladas, y muchas de ellas, torturadas. Se cerraron las instalaciones de los partidos y los sindicatos, y se silenció a la prensa de la izquierda. Se derrocaron los ayuntamientos socialistas, los funcionarios de opiniones liberales o izquierdistas fueron discriminados, y en todas partes los empresarios y administradores aprovecharon la ocasión para despedir en masa a los sindicalistas y militantes de izquierda.

Los historiadores suelen citar los acontecimientos de octubre de 1934 como prueba de que no se podía confiar en que la izquierda española actuara según las reglas democráticas. Pero esta valoración no toma en cuenta la complejidad de los hechos que condujeron a la situación de octubre, y no menos el mismo desacato de la ley por parte del gobierno conservador a fin de frenar o invertir la reforma social. También pasa por alto la lección obvia que cabe extraer de lo que sucedió en Asturias: que, de hecho, la izquierda no tenía más opción que empeñarse en lograr el cambio social a través de los canales parlamentarios legales. Porque no podía imponerse en ninguna demostración de fuerza física. Así lo indicaba la historia de las confrontaciones entre obreros y el Estado desde 1931. Tras octubre de 1934 quedó claro no solo para los dirigentes socialistas españoles (incluso para quienes continuaban empleando una retórica radical con fines estratégicos), sino también para un gran número de los ciudadanos corrientes que los apoyaban. Esta toma de conciencia y la percepción de que era necesaria la unidad política de la izquierda dio origen a una nueva coalición electoral de fuerzas progresistas que ganó las elecciones en febrero de 1936 con un programa que defendía aprobar de nuevo las medidas de reforma parlamentaria de 1931-1933.

Fue en este momento cuando los militares tomaron cartas en el asunto. No para impedir la «revolución», como declararon, sino para bloquear el paso a la reforma constitucional y legislativa que la derecha parlamentaria no había logrado detener ahora por medios legales, pues habían perdido las elecciones de febrero. En la primavera y el verano de 1936 hubo un acercamiento entre la derecha militar y la civil, así como entre los conservadores patricios y radicales, mientras que el jefe de la Falange prometía lealtad a un golpe militar.

¿Qué podrían haber hecho las fuerzas progresistas de la izquierda para distender la situación? Un gobierno reforzado por el partido socialista habría supuesto una mejora para el timorato gabinete de republicanos, cuyos miembros parecían incapaces de emprender una acción decisiva, aunque en la primavera de 1936 ya era un secreto a voces que se estaba planeando un golpe militar. Pero los socialistas tenían sus propios problemas: había profundas divisiones políticas internas en el movimiento. Y por irónico que parezca, al igual que los republicanos, los dirigentes socialistas —pese a todas sus medidas sociales progresistas— se sentían poco cómodos con la nueva política de movilización de masas que la República había puesto en marcha.

Los retos que acuciaban a la nueva democracia española en la década de 1930 eran complejos e inveterados, por lo cual no se prestaban a una resolución rápida. Si cabe afirmar que la República «fracasó» (otro tópico de la historiografía), dicho fracaso fue muy específico: resultó incapaz de impedir que ciertos sectores militares llevaran a cabo un golpe. No es labor de los historiadores entrar en especulaciones sobre qué habría ocurrido si los hechos hubieran sido otros, pero se podría sostener que las precondiciones que propiciaron que el intento de golpe tuviera éxito no fueron las profundas tensiones de España, sino el fracaso de los republicanos y socialistas para poner en práctica reformas políticas clave en 1931-1933; tal vez lo más crucial fuera el fracaso en desmilitarizar el orden público. Pero, como también saben los historiadores, la única ventaja real de la mirada retrospectiva es la peligrosa ilusión de obtener una visión perfecta.

Todos los que apoyaron a los golpistas compartían el temor de no saber hacia dónde estaba conduciendo el cambio, bien fueran sus miedos de índole material o psicológica (pérdida de riqueza, posición profesional, jerarquías sociales y políticas establecidas, certezas religiosas o de género/sexuales). En España, en la década de 1930 se desarrollaron una serie de guerras de cultura que proseguirían durante los años de la guerra civil. Y como en todas las guerras de cultura, la forma como la gente mitificó sus miedos generó violencia.

Pero lo que permitió estos sucesos fue el golpe militar. Su acto de violencia original fue que acabó con toda posibilidad de que hubiera otras formas de evolución política pacífica. La rebelión militar impuso los frentes de combate, pero su significado no se fijó el 18 de julio de 1936. El significado de la guerra lo crearían sus protagonistas políticos y sus víctimas; sus soldados voluntarios y reclutados, las trabajadoras de guerra en la retaguardia, los emboscados y los refugiados; todos los que participaron o soportaron los tres años siguientes de conflicto.

El mecanismo del golpe confirió al alzamiento de julio contra la democracia de masas un barniz político tradicional. Pero la misión de los militares rebeldes se incubó en el norte de África colonial: conquistar y purificar a la España metropolitana —tema del capítulo siguiente— indicaba algo violento y nuevo, al igual que el acercamiento entre el «pelotón de soldados» y el fascismo español. Como paradoja suprema, la modernidad del golpe de julio también se inscribió en la declaración pública de los rebeldes en el momento del alzamiento. Justificaron su acción haciendo referencia al apoyo de la sociedad española en su conjunto. De este modo, su mismo lenguaje reconocía, sin darse cuenta, la profundidad del cambio social y político postilustrado que pretendían subvertir en España.

Capítulo 2. Rebelión, revolución y represión

CAPÍTULO 2

REBELIÓN, REVOLUCIÓN Y REPRESIÓN

Todo tiempo permanece en la memoria de generaciones futuras. Pero también es verdad que cada tiempo tiene su lógica interna, sus propios elementos constitutivos.

(J. Ugarte Tellería,

La nueva Covadonga insurgente)

El golpe militar contra la República comenzó el 17 de julio de 1936 entre sectores del ejército colonial que tenía su base en el norte de África español (Marruecos). Un día después la rebelión se extendió a la península en forma de sublevaciones en las guarniciones de las provincias. Fue tanto un fracaso como un éxito; fracasó en su intento de tomar el país completo de una sola vez, como había sido la intención de los rebeldes, pero sí logró paralizar el régimen republicano y, lo que es más fundamental, privarlo de los medios para organizar una resistencia rápida y efectiva. La rebelión hizo saltar en pedazos la estructura de mando del ejército, dejando al gobierno de Madrid sin tropas y sin saber a ciencia cierta de qué oficiales se podía fiar. El desplome simultáneo de la policía complicó los problemas ya graves, creando un vacío de autoridad en la mayoría de las zonas retenidas por la República que no tuvo paralelo en la zona rebelde, donde los militares asumieron el control desde el principio. Sin embargo, a pesar del hundimiento del régimen, los elementos leales de la policía unieron fuerzas con las milicias obreras, formadas por los sindicatos y los partidos políticos de la izquierda, para afrontar la emergencia; juntos fueron capaces de sofocar la sublevación militar en la mayoría de la España urbana e industrial.

La división inicial del territorio español entre la República y los militares sublevados (véase la ilustración 1[*]) reflejaba la geografía política del país. Por lo general, la rebelión tendió a fracasar en las zonas donde había un apoyo considerable a las reformas republicanas o un programa político progresista. Por lo tanto, los centros urbanos, con su gran concentración de trabajadores en movimientos obreros organizados, los conservó en su mayoría la República, aunque hubo algunas excepciones, siendo la más notable la de Sevilla, en el suroeste, donde el general Queipo de Llano puso al grueso de su guarnición —unos 5800 soldados— contra el movimiento obrero de la ciudad. En el resto del campo del sur profundo, la presencia de miles de campesinos sin tierra fue al principio un factor que inhibió el éxito del golpe, mientras que la costa noreste —Cataluña y la región valenciana—, con su pasado confederal y fuerte sentimiento anticentralista, continuaría siendo republicana durante toda la guerra.

Las zonas que pasaron de inmediato a control de los militares sublevados tendieron a ser aquellas en las que se habían producido mayorías conservadoras en las elecciones de febrero de 1936, lo que suponía en líneas generales el centro-norte y noroeste de España, donde predominaba el pequeño campesinado propietario. En estas regiones, una buena parte del apoyo popular al golpe militar provenía de la hostilidad que sentían dicho campesinado y las clases medias provincianas hacia el programa de secularización republicano. (El caso del País Vasco en el norte de España era excepcional, porque allí el tenaz apoyo a un programa nacionalista que defendía la concesión de autonomía política alineó incluso a los conservadores sociales contra los golpistas ultracentralistas).

Pero la lógica de la geografía política previa a la guerra no aporta la explicación completa de la disposición territorial que surgió tras el 18 de julio. Ninguna área de España era entera y homogéneamente conservadora. Incluso en la zona en que los militares sublevados encontraron más apoyo popular, tuvieron que reprimir con violencia a algunos sectores civiles que ofrecieron resistencia; así sucedió en el caso de los trabajadores del puerto de la ciudad de Vigo (Galicia). La represión sangrienta también se empleó como fuerza coercitiva de forma más extensa. Por ejemplo, la gente de las aldeas y pueblos pequeños que había demostrado alguna simpatía por la República se vio obligada de inmediato a alinearse públicamente con las nuevas autoridades militares para proteger a sus familias, aunque ello supusiera traicionar amistades y fidelidades personales. La película La lengua de las mariposas (1999), basada en un cuento del escritor gallego Manuel Rivas, narra un terrible ejemplo de este fenómeno. Un niño es obligado por su madre a participar en la detención y humillación pública de su querido maestro republicano con el fin de distraer la atención del pasado librepensador de su propio padre. Vemos, de este modo, los motivos complejos y contradictorios que con tanta frecuencia subyacían en las elecciones aparentemente binarias efectuadas por la gente tras la rebelión. En realidad, este reduccionismo forzoso, la obligación de «tomar partido», constituye el primer acto de violencia del golpe y el más duradero.

Para lograr que su golpe fuera viable, los militares sublevados también tuvieron que destituir —y con frecuencia matar— a un número considerable de jefes y oficiales que se negaron a apoyarlos. Debido en parte a este hecho, los rebeldes afrontaron cierto grado de desajuste militar, pues un ejército destrozado era un arma de doble filo. La falta de una fuerza de combate integrada tampoco pudo compensarse con la rápida movilización en territorio rebelde de las milicias de derecha de los carlistas y falangistas.

La división de España resultante del golpe fallido pareció favorecer inicialmente a la República. Conservaba la capital, Madrid, que se encontraba en el centro de la red de comunicaciones del país y guardaba además sus reservas de oro. Con la mayoría de los grandes centros urbanos en su poder, la República también mantenía el control de la industria. Para los rebeldes el tiempo era vital; si no lograban impulsar y aumentar rápidamente sus fuerzas, era muy probable que la República consiguiera reagrupar las suyas y, de este modo, sofocar la rebelión.

Fue en este momento —transcurridos unos siete días desde el golpe inicial— cuando por primera vez la intervención internacional se convirtió en un factor del conflicto. Frente a una derrota probable, los militares sublevados pidieron y recibieron aviones de Hitler y Mussolini para transportar a sus tropas de asalto, la Legión Extranjera y el Ejército de África, cruzando el estrecho de Gibraltar hasta llegar a España. (El estrecho estaba bloqueado por la Marina, que se había amotinado contra sus comandantes prorrebeldes). En este primer acto de intervención internacional, que además constituyó el primer puente aéreo de tropas en la historia de la guerra moderna, las potencias fascistas de Europa facilitaron a los rebeldes españoles su ejército, permitiéndoles lanzar una guerra sin restricciones contra la República. Hitler y Mussolini aceptaron intervenir al mismo tiempo, pero cada uno tomó la decisión de forma independiente. Ninguno de los dictadores pretendía verse envuelto en una larga guerra, sino que habían ofrecido aviones para lograr la que calculaban que sería una rápida victoria rebelde. Esto garantizaría la amistad de España y, por lo tanto, favorecería sus intereses estratégicos.

Pero las cosas no salieron de acuerdo con lo planeado debido en buena medida a la resistencia republicana. Fue un fenómeno impulsado en gran parte por el deseo popular de proteger las reformas sociales y económicas asociadas con la República. Asimismo, también abundó el deseo de acelerarlos en un nuevo orden revolucionario, lo que fue posible al menos durante un tiempo en los dos tercios aproximados de España que conservaba la República debido precisamente a que el golpe había inducido el desmoronamiento del régimen. El mandato del gobierno no iba más allá de la capital, Madrid. Sus funciones normales estaban en suspenso; la parálisis de la policía y el ejército también confirieron un ímpetu enorme al localismo. Era difícil que hubiera podido ser de otro modo en un país tan marcado aún por la falta de vertebración, derivada de un desarrollo económico desigual, donde se seguía manteniendo lealtad a la comunidad inmediata, la patria chica, como la unidad de experiencia vital. En algunos lugares, cada pueblo hizo su propia revolución, organizando su vida de forma independiente de los demás. La escritora estadounidense Gamel Woolsey vivía en el pueblo de Churriana, cerca de Málaga, cuando estalló la guerra. Anotó en su diario lo bien que les vino este aislamiento a sus habitantes, que desconfiaban de todos los que no habían nacido allí y a quienes la misma Málaga les parecía tan distante social y culturalmente como Madrid o Barcelona.

Asimismo, para muchas de las milicias obreras —ya fueran de Málaga, Madrid o Barcelona— esta explosión centrífuga fue una evolución positiva. Para los obreros urbanos y rurales, y en general para los pobres, el Estado seguía conservando poderosas connotaciones negativas: servicio militar obligatorio, impuestos indirectos y persecución cotidiana, en especial a los que estaban sindicalizados. Por lo tanto, muchos obreros, al enfrentarse al golpe militar, también dirigieron su resistencia «contra el Estado», y dicha resistencia estaba ligada con la construcción de un nuevo orden político y social, a menudo siguiendo líneas económicas radicales y anticapitalistas (fue frecuente la abolición del dinero). En el noreste urbano y rural de España (Barcelona y Aragón) y en partes republicanas del sur, se colectivizaron la industria y la agricultura, y los comités de los sindicatos y los partidos organizaron la defensa y se ocuparon de satisfacer las necesidades de su barrio o aldea.

Fuera de los pueblos y ciudades mayores, tampoco se apreciaba todavía la existencia de sectarismo político entre las organizaciones de la izquierda. De lo contrario habría sido inconcebible que un miembro de la CNT de una aldea de la provincia de Valencia hubiera puesto a su hija el nombre de Stalin en 1936. Esta ausencia de sectarismo indica que al comienzo de la guerra las organizaciones políticas de la izquierda no contaban con frecuencia más que con una tenue presencia organizativa fuera de los principales centros urbanos. Pero incluso cuando esta situación cambió en el transcurso de la contienda, la aparición de divisiones sectarias se debió con mayor frecuencia a que se pusieron nuevas etiquetas a disputas políticas locales más antiguas, o fue resultado de tensiones específicas producidas por las dificultades materiales de la guerra, y no solieron tener un origen estrictamente ideológico. Sin embargo, las nuevas estructuras colectivas y cooperativas que aparecieron en el verano de 1936 constituyeron un intento de resolver conflictos sociales y políticos clave del periodo republicano previo a la guerra (1931-1936). En el proceso, cambió el equilibrio del poder social, económico y político en muchas comunidades.

Este cambio también lo produjo de forma mucho más sombría una ola de violencia. La ausencia de fuerza de policía o de un poder judicial que funcionaran en el territorio republicano en las primeras semanas después del golpe, unida a las amnistías de facto que vaciaron las cárceles, posibilitaron que se saldaran todo tipo de cuentas personales y que se perpetraran actos manifiestamente delictivos disfrazados de justicia revolucionaria. Cuando la guerra se intensificó en sus primeros ocho meses, los bombardeos aéreos, así como los rumores de asesinatos masivos y otras atrocidades en el territorio rebelde, también desencadenaron actos de violencia en la España republicana.

Pero los actos de violencia cometidos por la gente corriente en el territorio republicano justo después del alzamiento militar tuvieron una dimensión política claramente discernible. Sus acciones las desató la ira ante lo que se consideró un intento por parte de los militares sublevados de retrasar el reloj por la fuerza al orden del antiguo régimen. La violencia vengadora se dirigió a las fuentes y pilares del antiguo poder, fueran materiales (destrucción de registros de la propiedad y catastros) o humanas (asesinato o trato brutal a sacerdotes, guardias civiles, policías, patronos y administradores de las fincas). Por lo tanto, hubo una clara vinculación entre la violencia posterior al golpe y los conflictos previos a la guerra: por ejemplo, por el bloqueo de la legislación sobre la reforma agraria y laboral, por las despedidas de obreros tras las huelgas generales de 1934, o por conflictos (una vez más, debido a que no se habían puesto en práctica reformas sociales y laborales) como consecuencia de las elecciones de febrero de 1936.

Con frecuencia esta violencia adoptó formas ritualizadas, lo que también indica otras cosas. En primer lugar, y lo que es más importante, tenían una carga simbólica: la gente no solo mataba o humillaba a su enemigo humano, sino que también atacaba a las fuentes de poder y autoridad temidas u opresivas cuya víctima individual encarnaba. Esto es parte de la explicación de por qué empresarios «benevolentes» o «buenos» sacerdotes se convirtieron en blancos. En realidad, el ejemplo mejor conocido —aunque no el único— de matanza simbólica en la España republicana fue la violencia anticlerical a una escala sin precedentes que acabó con las vidas de casi siete mil religiosos (en su mayoría, hombres). Se mataba a sacerdotes y frailes porque se consideraban representantes de una Iglesia opresiva, asociada históricamente con los ricos y los poderosos, y cuya jerarquía eclesiástica había apoyado la rebelión militar. A veces, también los laicos fueron víctimas de esta ira anticlerical. Como ha recordado un testimonio oral, el sacristán y el campanero formaban parte de un viejo mundo que tenía que aniquilarse. La paradoja de que existiera un componente inherentemente religioso en la violencia anticlerical tampoco era menos cierta en España que en otros lugares. El mismo acto de la profanación —iglesias destruidas o dedicadas a usos irreverentes; los restos de los religiosos desenterrados— habla elocuentemente del poder que seguían confiriendo a la religión y la Iglesia los mismos profanadores.

Mirando hacia atrás, poco queda por explicar sobre el impulso hacia la violencia de la gente corriente en el territorio republicano. Pero el hecho de que ocurriera dañó gravemente la credibilidad de la República en el exterior, justo en el momento en que necesitaba concitar apoyo externo para hacer frente a una rebelión militar que se había vuelto mucho más peligrosa por el respaldo de Hitler y Mussolini. Para los dirigentes republicanos y socialistas que habían cimentado la legitimidad de la República en su defensa de las formas constitucionales, saber que no habían podido impedir los asesinatos extrajudiciales resultó devastador. (Aunque hubo muchos casos de dirigentes políticos que intervinieron para salvar vidas). Fue su determinación para poner fin a la violencia incontrolada la que proporcionó un potente impulso ético a la apuesta de restaurar la autoridad del gobierno republicano central frente a la fragmentación inducida por el golpe.

Por su parte, los militares sublevados justificaron su golpe como un intento de adelantarse a la revolución violenta de la izquierda. Pero mirando hacia atrás de nuevo, puede verse que fue la rebelión militar la que creó las condiciones para la violencia masiva y no solo en territorio republicano. En los días y semanas posteriores al golpe de julio, hubo declaraciones públicas de las élites civiles a lo largo de la zona controlada por los militares, ya fueran jefes de la Falange fascista, personas relacionadas con el partido católico de masas, la CEDA, terratenientes monárquicos, empresarios o sacerdotes. Eran declaraciones independientes entre sí y de las autoridades militares, pero con una semejanza notable. Su mensaje era que España necesitaba ser depurada o purificada. A veces hablaban incluso de la necesidad de un sacrificio sangriento. Este tipo de sentimientos desató una represión salvaje desde el principio en toda la zona, incluidos muchos sitios en los que los militares sublevados obtuvieron el control desde el primer momento, donde no se podía hablar de resistencia armada ni política, donde no había «frente» ni tropas que avanzaban o se retiraban, ni «guerra» según el sentido convencional del término. Sin embargo, sí había una guerra de culturas que llevaban en su cabeza los represores. El golpe había sancionado su liberación y, de este modo, abierto el camino a los asesinatos masivos.

En la zona sublevaba se percibía en el impulso de matar un modo de pensar maniqueo aún más fuerte que en la zona republicana, asociado a lo largo de la historia con ciertas formas de cultura y práctica católicas. Quienes asesinaban en la zona sublevada creían que sus motivaciones eran completamente diferentes de las del «enemigo» republicano. Pero la fuerza impulsora de la violencia era igualmente la aniquilación del otro. Mientras que en el territorio republicano el objetivo de algunos individuos era milenario —el asesinato como medio de lograr una tabula rasa y, con ello, un nuevo mundo feliz—, en la zona controlada por los militares se concebía en general como una acción limpiadora cuyo objetivo era librar a la comunidad de las fuentes de «contaminación» y los peligros que suponían.

Gente de todas las edades y condiciones cayó víctima de esta «limpieza». Tenían en común ser percibidos como representantes de los cambios provocados por la República, lo que no abarcaba solo a las personas que ejercían cargos políticos, si bien los diputados y alcaldes de partidos republicanos o de izquierda eran los blancos principales del exterminio si se los atrapaba. Tampoco se limitaba a los que habían obtenido beneficios materiales por las reformas redistributivas de la República, si bien los obreros, los aparceros y los jornaleros fueron asesinados a miles. También sufrieron «limpieza» las personas que simbolizaban el cambio cultural y, de este modo, suponían una amenaza para los antiguos modos de ser y pensar: maestros progresistas, intelectuales, obreros autodidactas, mujeres «nuevas». La violencia en la zona sublevada se dirigió contra los heterodoxos o diferentes desde el punto de vista social, cultural y sexual.

Causó las muertes en Zamora de Amparo Barayón, esposa del novelista republicano Ramón J. Sender y mujer cuyo espíritu independiente fue considerado un «pecado» contra las normas de género tradicionales; del poeta Federico García Lorca en Granada, asesinado tanto por su credo político como por su sexualidad; y de muchos miles de españoles menos conocidos, como Pilar Espinosa, de Candeleda (Ávila), a quien se llevó un grupo de falangistas porque leía El Socialista y «tenía ideas», cuando pensar por sí misma se consideraba doblemente reprensible en una mujer.

Los que perpetraron los asesinatos en la zona sublevada durante los primeros meses fueron en su mayoría miembros de grupos paramilitares. Lo que ocurrió fue una matanza de civiles a manos de otros civiles. En general, se trató de grupos que se llevaban a la gente de sus casas o los sacaban de la cárcel. En la mayoría de los casos, los asesinos mantenían estrechos vínculos con organizaciones políticas derechistas que habían respaldado el golpe, en particular la Falange. Pero las autoridades militares no pusieron ningún empeño en acabar con este terror. En realidad, los asesinos solían actuar con la connivencia de las autoridades, pues de otro modo los que fueron a buscar a Amparo Barayón y miles de compatriotas jamás habrían podido sacar a sus víctimas de la cárcel cuando les placía.

Este hecho señala la asimetría fundamental entre la violencia que ocurría en la zona republicana y la sublevada. Las autoridades militares tenían recursos para contener la violencia, pues en su territorio no había habido un derrumbe de la policía o del orden público. Pero decidieron no emplearlos. Por qué no lo hicieron revela mucho sobre la dinámica política que estaba cobrando forma en su zona. Por supuesto, a los militares no les importaba la inconstitucionalidad del asesinato extrajudicial per se. Quienes se habían rebelado contra la República percibían como problema, y no como solución, la constitucionalidad y el lenguaje de derechos. Es más, las personas que eran eliminadas por los grupos paramilitares formaban parte del mismo «problema», pues los militares también hablaban el lenguaje de la purificación. Vínculos locales, lazos de amistad —e incluso a veces familiares— unían también a los militares con los grupos de asesinos. Pero, sobre todo, se consideraba que el terror era la primera etapa en la reimposición crucial del «orden». En primer lugar, pretendía enseñar a quienes habían creído en la República como un vehículo de cambio que sus aspiraciones costarían siempre un precio demasiado alto. Así pues, la violencia era un modo de reorganizar la sociedad mientras se impedía la redistribución del poder social y económico anunciado por la República. En segundo lugar —si bien esta no era necesariamente una intención consciente—, se creó una complicidad decisiva entre las autoridades militares y aquellos sectores de la población que participaron o fueron cómplices en la represión de sus amigos, vecinos y familiares. Esta complicidad comenzó a establecer los cimientos, de abajo arriba, de un nuevo Estado y orden social.

También resultó vital para la extensión del control de las autoridades militares el modo como la represión acabó con el «hogar» como un lugar seguro. Cuando el golpe ocurrió, existía la firme creencia entre quienes se sintieron amenazados de que si lograban regresar a su lugar de origen, a su aldea, su patria chica, estarían a salvo de las perniciosas secuelas de las divisiones políticas nacionales. De este modo, muchas de las víctimas de los asesinatos extrajudiciales en el territorio controlado por los sublevados —fueran famosas o anónimas— murieron precisamente porque volvieron a su casa. Una vez allí, descubrieron que ese «hogar» ya no existía: la violencia original del golpe militar significó que no pudiera existir nada fuera del brutal binarismo político que había impuesto.

La naturaleza del proyecto de los militares sublevados resultó patente una vez que el Ejército de África tomó tierra en el sur de España a finales de julio de 1936. Dicho ejército estaba compuesto por los soldados profesionales de la Legión Extranjera, más una fuerza de combate de mercenarios marroquíes al mando de oficiales de carrera españoles (los africanistas), dirigidos por el general Francisco Franco. Los obreros y los restantes defensores civiles no contaban con medios adecuados para resistirse a él. Durante agosto y septiembre de 1936, las fuerzas de Franco arrasaron el sur de España de camino hacia la capital, Madrid. A su paso, la represión aumentó, pues el ejército asesinó y aterrorizó a la población prorepublicana, en especial a los campesinos sin tierra. Porque esta fase inicial de la guerra civil en el sur también formó parte de la «solución» a conflictos anteriores. Fue una guerra de contrarreforma agraria que convirtió a Andalucía y Extremadura en campos de matanzas. Los latifundistas se unieron al Ejército de África para reclamar por la fuerza de las armas la tierra en la que la República había asentado a los campesinos desposeídos. Se mataba a los jornaleros donde se los pillaba y se gastaba la broma de que por fin habían logrado su «reforma agraria» con la parcela en la que los enterraban.

En los pueblos y las aldeas del sur hubo una tortura y brutalidad sistemáticas. Tras la conquista, el ejército de África y los grupos que le apoyaban raparon las cabezas a las mujeres, violaron a muchas, y se cometieron asesinatos públicos masivos de hombres y mujeres. Algunas aldeas fueron literalmente borradas del mapa por la represión. Se libraba la guerra como si fuera una campaña colonial contra poblaciones indígenas insubordinadas. Los latifundistas, que a menudo eran los padres y hermanos mayores de los africanistas, consideraban a los jornaleros casi como esclavos, carentes de humanidad y derechos. El mismo Franco, aunque sus orígenes provincianos en el norte de España eran más modestos, había pasado diez años y medio en el norte de África haciendo carrera militar en la brutal guerra colonial. Mucho antes que los italianos en Etiopía (aunque no antes que los británicos en Mesopotamia), España había utilizado gas venenoso de fabricación alemana contra la población indígena de Marruecos. Las peticiones frecuentes que hizo Franco a Italia de armas químicas a lo largo de 1936 y 1937 —aunque por consideraciones estratégicas se acabara excluyendo su uso— reflejaban sus experiencias previas en el norte de África.

Más tarde, Franco declararía que su experiencia en África había hecho posible que «salvara» a España en 1936: «Sin África yo apenas puedo explicarme a mí mismo ni me explico cumplidamente a mis compañeros de armas». En una carta que escribió el 11 de agosto de 1936 al general Mola, quien estaba al mando de las fuerzas del norte, resaltaba la necesidad de aniquilar toda resistencia en las «zonas ocupadas». Este comentario recogía no solo el credo político de Franco, sino el de un sector entero de oficiales conservadores. España había sido «ocupada» por ideas políticas y formas de organización social ajenas que amenazaban la unidad, jerarquía y homogeneidad cultural en las que creían y que consideran su deber defender. El 27 de julio Franco fue entrevistado por el periodista estadounidense Jay Allen[4], cuya información tres semanas después sobre la matanza de los defensores republicanos en la ciudad extremeña de Badajoz catapultaría la guerra española a las primeras planas de los periódicos de toda Europa y América. En la entrevista de julio, Franco hizo caso omiso de las preguntas del periodista sobre el alto grado de resistencia que se habían encontrado los rebeldes, declarando: «Salvaré España del marxismo al precio que sea». Ante la insistencia de Allen: «¿Y si eso significa fusilar a media España?», Franco respondió: «Repito, cueste lo que cueste». El desdén de los sublevados por la política constitucional, su disposición a utilizar las ejecuciones y el terror masivos durante toda la guerra hicieron que, a diferencia de los republicanos, jamás se enfrentaran al dilema de cómo tratar al «enemigo interior». No obstante, los militares sublevados apenas gozaron de mala prensa en los principales medios de comunicación más allá de España, debido sobre todo a la legitimación que concedió a la rebelión la Iglesia Católica. Ilustración 3. Amparo Barayón, fotografiada aquí a la moda de los años veinte, fue víctima de una ejecución extrajudicial en la zona rebelde. Las fuerzas sublevadas consideraron su guerra una cruzada contra el cambio social y cultural.

La creencia inflexible de los sublevados en la necesidad de librar a la sociedad de los «contaminantes» políticos y culturales reforzó al principio el respaldo público que les otorgó la jerarquía de la Iglesia española, lo que llevó enseguida a la presentación de la guerra como una cruzada. Codificado primero en una carta pastoral de finales de septiembre de 1936, el visto bueno de la Iglesia sancionó la rebelión a los ojos de las clases dirigentes de Europa y más allá, y de este modo se convirtió en un recurso de propaganda valiosísimo. Sin embargo, no careció de problemas, no siendo el menor de ellos la enorme y manifiesta contradicción que suponía una cruzada católica cuyas tropas de primera línea eran mercenarios islámicos. Los representantes militares y eclesiásticos se deshicieron en elogios acerca de los servicios de limpieza ofrecidos por los soldados africanos, enterrando su racismo subyacente bajo la imagen de dichas tropas como parte de una empresa imperial que era «esencialmente» cristiana. Esto llevó a algunas notables contorsiones verbales en las informaciones de los periodistas que acompañaron al Ejército de África durante su marcha por el sur:

cuando en aquella hora de liberación [del asedio del Alcázar de Toledo en septiembre de 1936] la mujer de Castilla recibió de manos africanas un pan blanco como de Eucaristía […] la guerra [fue] una empresa mudéjar contra el desbordamiento asiático[5].

Sin embargo, el tema del racismo no afloraría a la superficie política durante el tiempo que duró la guerra. La izquierda española nunca había desarrollado un discurso anticolonialista. Su oposición a la guerra de Marruecos se había basado siempre en la defensa de los derechos de los trabajadores españoles (como los soldados que morían en esas campañas) más que en el carácter censurable de la colonización. En efecto, las actitudes republicanas hacia los soldados marroquíes de Franco —a quienes, como es comprensible, temían— apenas eran menos racistas que las de los mismos militares sublevados. Durante la guerra civil, la República tampoco logró elaborar un anticolonialismo estratégico. Una expresión de simpatía política por el nacionalismo marroquí en ciernes tal vez hubiera ayudado a restringir el suministro de tropas a Franco. Pero dicha iniciativa no se contempló con seriedad por miedo a molestar a Gran Bretaña y Francia, antiguas potencias coloniales en cuyo apoyo tenían puestas sus esperanzas los republicanos, sobre todo una vez que la escala de la ayuda a los militares sublevados de la Alemania nazi y la Italia fascista resultó evidente.

Esta ayuda —en particular, en forma de aviones y tanques— garantizó al Ejército de África el rápido avance desde el sur. Este escenario —el apoyo técnico fascista, una fuerza de combate profesional y las victorias militares concomitantes— es el que explica la creciente prominencia de Franco. El jefe nominal de la rebelión, el general Emilio Mola, cuya campaña se había estancado en las montañas del norte de Madrid, no se había distinguido por sus victorias. Las muertes de varios otros jefes militares que formaban parte de la conspiración también quitaron del medio a rivales potenciales. Pero en este periodo Franco continuaba siendo en buena medida el primero entre iguales, más que un dirigente destacado. Como veremos, su ascenso posterior fue el resultado de una planificación cuidadosa de sus asesores, basada en el talento del mismo Franco para sacar provecho de los momentos políticos oportunos. Sin embargo, lo que permitió que Franco contara con tales oportunidades fue su avance espectacular en el sur.

El Ejército de África parecía imparable. Pero no debe sorprendernos, pues no se enfrentaba a una fuerza de «milicias», como se suele declarar, sino a la población civil armada con lo que caía en sus manos, que luchaba en campo abierto contra tropas, artillería y bombardeos alemanes e italianos. Cada vez que el Ejército de África tomaba una población, se cometían atrocidades. Los cuerpos de las víctimas se dejaban durante días en las calles para aterrorizar a los habitantes y luego se amontonaban en el cementerio y se quemaban sin ritos funerarios. A medida que fueron aumentado las informaciones sobre estos sucesos, bastaba el rumor de que existía la amenaza de ser desbordados por los flancos para que los republicanos huyeran, abandonando en la carrera sus armas. El 3 de septiembre de 1936 el Ejército de África tomó Talavera de la Reina, la última ciudad importante que los separaba de la capital, Madrid. En un solo mes habían avanzado casi 500 kilómetros. Una vasta marea de refugiados huía hacia el norte por delante del ejército de Franco. Miles de obreros habían comprometido su energía y, en muchos casos, entregado sus vidas para alcanzar las transformaciones sociales de la colectivización en el sur republicano y otras partes. Pero estas iniciativas seguían siendo locales y muy fragmentarias. Mientras el enemigo también había sido «local» —es decir, los soldados de las guarniciones provincianas o a veces la policía del lugar—, este hecho había carecido de importancia, pero cuando la intervención alemana e italiana transformó la naturaleza del conflicto al transportar a un ejército profesional a España, los republicanos se vieron obligados a replantear su estrategia de resistencia. Fue una lección que pagaron con sangre los miles de hombres y mujeres que lucharon y murieron en el sur. Para que la República lograra resistir a las fuerzas sublevadas en una guerra moderna y mecanizada, gracias a la ayuda alemana e italiana, sería necesario construir un ejército y movilizar a toda la población para la contienda, algo sin precedentes en la experiencia española. El ímpetu revolucionario del movimiento obrero ya no bastaba, una vez superado el periodo de la lucha callejera contra las guarniciones sublevadas. Ahora tenían que sumarse todos, los sectores de la población no movilizados políticamente, los sectores de clase media y sobre todo las mujeres, a fin de organizar un esfuerzo bélico moderno. De otro modo, la República no sobreviviría.

Capítulo 3. Movilización para la guerra total: la República resiste

CAPÍTULO 3

MOVILIZACIÓN PARA LA GUERRA TOTAL:

LA REPÚBLICA RESISTE

Nuestra modesta tarea […] es organizar el Apocalipsis

(André Malraux, L’Espoir)

La rápida movilización de los recursos internos de la República, tanto humanos como materiales, se hizo doblemente crucial debido al aislamiento internacional en que se encontraba el régimen. Cuando sucedió la rebelión, el gobierno republicano intentó de inmediato (19 de julio) conseguir ayuda militar de las democracias occidentales, Gran Bretaña y Francia. Pero se topó con la hostilidad británica y la renuencia francesa (tras una oferta de auxilio inicial). En su lugar, las dos democracias propusieron y establecieron en agosto de 1936 un tratado de No Intervención que prohibía a los gobiernos y las empresas privadas de los países firmantes enviar material bélico a España. Alemania e Italia firmaron el tratado, aunque también continuaron ayudando sin trabas a los militares sublevados. Así pues, el tratado de No Intervención solo actuó contra la República, situación que continuaría durante toda la guerra.

Cuando los políticos británicos tuvieron conocimiento del golpe militar, su preferencia se inclinó por una rápida victoria de los sublevados, pues venía bien para sus dos objetivos principales. El primero era evitar que la guerra española escalara hasta convertirse en un conflicto europeo generalizado, con lo que se arriesgaban a que Gran Bretaña se viera obligada a luchar en defensa de sus intereses en tres frentes simultáneos —contra Alemania, Italia y Japón—, algo que sobrepasaba sus recursos militares y que, por lo tanto, debía impedirse a toda costa. El segundo era lograr la mejor defensa del capital y la propiedad privada en España, incluida la considerable inversión británica, objetivo que el triunfo de la rebelión parecía garantizar. El fervor multitudinario que siguió a la victoria del Frente Popular, una coalición de centro-izquierda, en las elecciones de febrero de 1936 llevó a algunos diplomáticos y ministros británicos (en un gobierno predominantemente conservador) a comparar al gobierno republicano en España con el de Kerenski en Rusia en vísperas de la revolución bolchevique de febrero de 1917. Pero las dos situaciones no eran estructuralmente comparables, y los temores de una revolución social inminente en España (y en especial de la nacionalización de los bienes británicos) eran infundados. De hecho, la hostilidad del establishment británico hacia la Segunda República era muy anterior a la primavera «caliente» de 1936. Se remontaba hasta su nacimiento en abril de 1931. La élite gobernante británica estaba conectada con la España conservadora por clase, política, comercio y amistad. Su contrariedad ante el programa de reformas impulsado por republicanos y socialistas era palpable en su menosprecio esnobista de la nueva clase política española. Pronto esta hostilidad pudo justificarse públicamente aludiendo a la violencia anticlerical que surgió en algunas partes del territorio republicano tras el golpe. El prejuicio político y social cegó a los observadores oficiales británicos ante un hecho obvio: si no hubiera habido una rebelión militar, no habrían existido asesinatos extrajudiciales, anticlericales ni de ningún otro tipo. Porque fue el golpe militar el que causó el desplome del orden público en la España republicana. Al mismo tiempo, las autoridades británicas lograron dar un cariz completamente diferente a las matanzas en la zona rebelde. Si es que llegaban a reconocerlas, las trataban como algo desagradable e infortunado, pero que tendría efectos eugenésicos, pues permitirían a Franco, «el cortés general», restablecer el «orden».

En las semanas siguientes a la rebelión, Gran Bretaña obstruyó la defensa de la República negando a su flota el derecho a repostar en Gibraltar o Tánger. También se hicieron ojos ciegos a la intervención inicial alemana e italiana, lo que resultó decisivo, puesto que Hitler y Mussolini tenían la mirada puesta en la reacción británica. Si hubiera sido negativa, es evidente que las dos dictaduras no habrían intervenido con tanta generosidad, o incluso tal vez se habrían retirado, pues ninguna estaba preparada todavía para enfrentarse con Gran Bretaña[6].

Sin embargo, una vez que el gobierno británico se mantuvo al margen, Francia también se retractó de su promesa inicial de enviar material bélico a la República. El sentimiento de vulnerabilidad, elevado por el hecho de que ahora Francia limitaba por dos lados con potencias fascistas, le hizo temer un aislamiento diplomático de Gran Bretaña. Es más, el primer ministro francés, el socialista Léon Blum, también se daba buena cuenta de que la hostilidad hacia la República española entre los sectores más conservadores de su nuevo gabinete podía echar a pique sus posibilidades de poner en práctica una reforma social en Francia si insistía en el tema de la ayuda militar. Dadas las dificultades de Francia y la indiferencia de Gran Bretaña, la República española se vio obligada en agosto y septiembre a reunir armas pieza a pieza a través de agentes de compras especiales, un proceso tan oneroso y derrochador como ineficaz.

Los militares sublevados no arrostraron tales dificultades gracias a la ayuda de los gobiernos alemán e italiano. La generosidad de Hitler y Mussolini tenía, sobre todo, motivos estratégicos. Al apoyar a los rebeldes pretendían borrar a la República y, de este modo, deshacerse del peligro de un bloque franco-español de centro-izquierda que obstruiría sus metas expansionistas de política exterior. La ideología también desempeñó su papel. Pero el discurso anticomunista empleado por los dictadores fascistas para justificar su intervención en España tenía además una importante función estratégica: les permitía neutralizar la oposición británica a la escalada de su participación. Hasta qué extremo esta estrategia iba a seguir funcionando a lo largo de la guerra sorprendería incluso a los dirigentes nazis y fascistas. No podían comprender por qué Gran Bretaña decidió no actuar ante su objetivo encubierto: el debilitamiento de Francia y Gran Bretaña como potencias imperiales dominantes. Porque, ante todo, Hitler y Mussolini intervinieron en España porque lo consideraron la forma más eficaz de cambiar a su favor el equilibrio de poder en Europa.

A finales de octubre de 1936, el Ejército de África ya estaba a las afueras de Madrid. Su llegada se había retrasado debido al rodeo efectuado en la última semana de septiembre para romper el asedio del Alcázar de Toledo, que le ganó al general Franco el mando supremo, tanto político como militar, de la zona sublevada (Generalísimo). Franco convirtió la liberación de Toledo en un valioso golpe de efecto, recreándolo para las cámaras de los noticiarios que proyectaron a los espectadores de las salas de cine de todo el mundo imágenes del Generalísimo victorioso recorriendo los escombros. Toledo también era un lugar de enorme importancia simbólica para la derecha española. En época medieval, había sido la primera ciudad de la península en manos de los musulmanes que reconquistaron las fuerzas cristianas. Este hecho confirió una resonancia añadida a la decisión de Franco de desviarse hacia allí, decisión claramente motivada por consideraciones políticas, pues cuesta apreciar su necesidad militar. En efecto, al retrasar el avance hacia Madrid, Franco concedió a la República el tiempo vital para organizar la defensa de la capital.

La provisión en el último momento de ayuda militar procedente de la Unión Soviética resultó crucial. El material bélico, concedido por Stalin a mediados de septiembre, llegó al frente de Madrid justo a tiempo para ser utilizado en los combates de noviembre. Hasta entonces, la Unión Soviética había permanecido al margen. Moscú desoyó la petición inicial de ayuda realizada por el gobierno republicano en julio, una vez que Madrid se dio cuenta de que Francia estaba a punto de faltar a su promesa. De todos modos, la petición se hizo más por desesperación que con la esperanza real de que se atendiera, pues no existían canales diplomáticos apropiados para realizar la gestión. Aunque el gabinete republicano-socialista había reconocido oficialmente a la Unión Soviética en junio de 1933 —el primer gobierno español que lo había hecho—, todavía no había habido ningún intercambio de representantes diplomáticos cuando los militares se alzaron en julio de 1936.

Cuando sucedió la rebelión, la Unión Soviética se apresuró a respaldar la política de No Intervención auspiciada por Gran Bretaña y Francia. Dentro de la Unión Soviética se había producido una enorme convulsión económica, social y política, motivo por el cual a Stalin le preocupaba tanto como a los políticos británicos mantener el equilibrio del escenario internacional. Es más, puesto que su mayor temor era una Alemania nazi expansionista, tampoco tenía deseo alguno de alejarse de Gran Bretaña por apoyar a la República española. Muy al contrario, en 1936 el dirigente soviético ya trataba de buscar una alianza de defensa mutua tanto con Gran Bretaña como con Francia, política que Stalin denominaba «seguridad colectiva». Estaba convencido de que las potencias imperiales acabarían comprendiendo que la amenaza mayor y más urgente a sus intereses no la planteaba el comunismo ruso, sino las ambiciones territoriales de la Alemania nazi. Asimismo, el líder soviético pensó durante un tiempo que si se lograba que funcionara el pacto de No Intervención, ofrecería a la República su mejor oportunidad. Sabía que si la guerra en España iba a más, a la República le resultaría muy difícil competir a largo plazo por mucho que consiguiera armamento extranjero, puesto que se enfrentaba a un enemigo respaldado por la ayuda estatal directa de la Italia fascista y la Alemania nazi, el complejo militar-industrial más avanzado de su época.

Sin embargo, enseguida resultó evidente que la No Intervención no surtía efecto, y Stalin se dio cuenta de que si no se hacía algo, la República iba a desplomarse ante el ataque. Si así sucedía, el arsenal nazi quedaría libre para emprender una agresión hacia el este, contra las vulnerables fronteras soviéticas. Para evitarlo, Stalin decidió arriesgarse al descontento británico despachando alguna ayuda militar. Pero en un intento de proteger la meta que abrigaba de establecer una alianza con Gran Bretaña y Francia, la ayuda militar soviética a la República, a diferencia de su equivalente humanitaria, jamás fue reconocida abiertamente. El silencio de la prensa soviética sobre este asunto contrastaba con las de Alemania e Italia; la prensa italiana en particular estaba repleta de noticias sobre la acción fascista «viril» en España.

La ayuda soviética salvó a la República española de una derrota militar casi segura en noviembre de 1936. Sus tanques y tanquistas prestaron un valioso servicio, al igual que el pequeño grupo de asesores militares y técnicos, pero más importantes resultaron los aviones y pilotos experimentados soviéticos, que otorgaron a la República la superioridad en el aire durante la batalla por Madrid, cuyo desarrollo abarcó el invierno completo de 1936.

La fuerza aérea cobró una importancia vital enseguida. En las ocasiones en que la República tenía ventaja, fue un factor primordial que contribuyó a que se anotara raras victorias, como en el caso del Jarama, a las afueras de Madrid, en febrero de 1937, y en Guadalajara, a 50 kilómetros al noreste de la capital, en marzo. Como resultado de estas batallas, la capital no cayó frente a los ejércitos de Franco. Sus fuerzas sufrieron una importante derrota que convirtió a Madrid en un símbolo internacional de resistencia antifascista. Llegaron de toda Europa y más allá artistas y escritores para participar en la movilización cultural que formaba parte vital de la defensa republicana. Entendían que esta era la línea de frente en una guerra de culturas más amplia. Si ganaba el fascismo, se acabaría la posibilidad de producir cultura en libertad.

También vinieron muchos antifascistas a luchar a España. La batalla por Madrid supuso un combate intenso y muchas bajas, sobre todo entre las Brigadas Internacionales, que fueron lanzadas a la brecha cuando los ejércitos de Franco alcanzaron la capital. Las Brigadas estaban compuestas por soldados voluntarios de la izquierda política. Unos 35 000 combatirían por la República española entre 1936 y 1939; su número osciló en todo momento entre los 12 000 y 16 000 hombres (la cifra más elevada se alcanzó en el pico del reclutamiento, en la primavera de 1937). Los voluntarios procedían de todo el mundo, pero la mayoría tenían orígenes europeos. Incluso en los dos contingentes norteamericanos procedentes de Estados Unidos y Canadá —unos 3000 y 1600 voluntarios, respectivamente—, la gran mayoría eran emigrantes europeos o hijos de emigrantes.

Una elevada proporción de quienes fueron a luchar por la España republicana (de Europa o más allá) ya eran exiliados políticos. No solo provenían de Alemania, Italia y Austria, sino de muchos otros países también dominados por dictaduras nacionalistas de derecha, monarquías autocráticas y la derecha radical (fascista), entre los que se incluían Hungría, Yugoslavia, Rumania, Polonia y Finlandia. En realidad, es imposible comprender las Brigadas Internacionales como un fenómeno histórico sin tomar en cuenta sus orígenes en la diáspora europea. Los brigadistas formaban parte de una emigración masiva de gente —sobre todo de las clases obreras urbanas— que ya había dejado sus países de nacimiento en algún momento tras la Primera Guerra Mundial, bien fuera por motivos económicos o por huir de la represión política, y con frecuencia por ambas razones. Entre los voluntarios canadienses, por ejemplo, había muchos finlandeses que habían huido de la represión desatada por el dirigente nacionalista Mannerheim tras la guerra civil de 1918. Un finlandés canadiense llegó a hablar de irse a combatir a España para vengar a su hermana a la que habían matado los blancos (nacionalistas) durante aquella guerra.

Por lo tanto, al combatir el fascismo en España, estos exiliados y emigrados estaban retomando asuntos inacabados que se remontaban al menos a fechas tan anteriores como la guerra de 1914-1918. Sus convulsiones habían embrutecido la política, induciendo el nacimiento de los nacionalismos antidemocráticos que habían provocado su desplazamiento físico. Asimismo, para los exiliados y emigrados el internacionalismo de izquierda era una forma de política que reforzaba de modo natural su condición de diáspora. También constituía un poderoso antídoto para las otras formas de política, literalmente asesinas, que gobernaban sus propios países. La depresión económica de la década de 1930 aumentó lo que estaba en juego. El desempleo y la pobreza masivos —en particular, en las áreas urbanas— aceleraron la polarización política porque parecían anunciar el desplome de una economía capitalista insostenible que continuaban defendiendo las fuerzas de la derecha. Los brigadistas sentían que yendo a combatir a España contra los militares sublevados y los regímenes fascistas que los apoyaban, también estaban propinando un golpe a la opresión económica y política en todo el continente. Así pues, tenían una clara conciencia de sí mismos como soldados políticos en la guerra civil europea que se estaba librando.

Esta guerra civil europea, como la española, también era una guerra de culturas. La violencia de los sublevados se dirigía hacia las personas diferentes social, cultural y sexualmente, al igual que la violencia que ejercía en otros lugares de Europa la derecha radical. Era una forma de política que se derivaba en todas partes del choque frontal entre valores y modos de vida —rural contra urbana; tradición contra modernidad; jerarquía social fija contra formas de política igualitarias y más fluidas—, las mismas tensiones que hacían erupción ahora en España.

Como guerra civil europea de culturas, también tuvo un fuerte componente racial. No se trataba solo del nazismo alemán; muchos de los regímenes de los que habían huido los exiliados brigadistas tras 1918 desarrollaron formas de política basadas en la segregación étnica y la «purificación», dirigidas tanto a las minorías raciales como a las de otro tipo. Entre los brigadistas había muchos voluntarios judíos, cerca de un cuarto del total. Su gran proporción entre los brigadistas polacos propició que se formara una compañía judía específica dentro de su batallón, que atrajo a muchos voluntarios internacionales. Este batallón recibió el nombre de un joven comunista polaco, Naftali Botwin, asesinado en Polonia en 1925, y su bandera llevaba las palabras: «Por vuestra libertad y la nuestra» en yidish y polaco por una cara, y en español por la otra. Los miembros de la Compañía Botwin combatirían más adelante en la resistencia francesa. Sin embargo, la mayoría de los brigadistas judíos en España lucharían en otras unidades y muchos consideraban su antifascismo una seña de identidad más importante que el hecho de ser judíos. Al combatir el fascismo en España, todos los brigadistas estaban resistiéndose a la vez a muchas formas de exclusión social y política violentas. De igual modo, los perseguidos y encarcelados en los primeros campos nazis establecidos en 1933 eran alemanes diferentes, los marginados política, social o sexualmente. Los brigadistas internacionales alemanes llevaron a España al menos una canción —Die Moorsoldaten—, escrita por un preso de uno de los primeros campos de concentración nazis.

Así pues, en términos raciales y culturales, además de políticos, la heterogeneidad de las Brigadas las convirtió en un símbolo de carne y hueso que se oponía a los principios de purificación y categorización brutal propugnados por el fascismo y, sobre todo, por el nazismo. Pero no se trataba solo de hacer frente a los demonios europeos.

La Brigada Abraham Lincoln, en la que combatían unos noventa afroamericanos, fue la primera unidad militar estadounidense no segregada que existió, pues Estados Unidos continuó practicando la segregación durante toda la Segunda Guerra Mundial. Contempladas desde esta óptica, las Brigadas Internacionales simbolizan cierto espíritu de posibilidad futura. Eran los soldados —aunque de forma muy imperfecta y en absoluto consciente— de la modernidad cultural cosmopolita.

Fueron estas aspiraciones igualitarias las que dieron cuerpo a la idea de lucha de los republicanos en la guerra civil como «la última gran causa», como la primera línea en la lucha por una forma de política más igualitaria e inclusiva en Europa y el resto del mundo. Esta idea perduró mucho más allá de la derrota republicana debido en buena medida a la camaradería y solidaridad extraordinarias que muchos voluntarios extranjeros —ya fueran soldados o personal médico— experimentaron en España y se llevaron consigo como un recuerdo candente que les cambió la vida. El poeta Edwin Rolfe, que estuvo con la Brigada Lincoln en España, lo expresó de este modo más tarde, cuando se preparaba para combatir en la Guerra Mundial:

Estoy ansioso por entrar en ella, ansioso porque termine.

Tal vez esta sea la última.

[…]

Pero mi corazón está cautivo para siempre en esa otra guerra que me enseñó por primera vez el significado de la paz y la camaradería y siempre pienso en mi amigo que en medio de las bombas veía en el lago lírico al cisne único y perfecto.

(«First Love», 1943)

Debido precisamente a que se las empleó como tropas de choque de la República, las Brigadas sufrieron muchas bajas, sobre todo en las primeras batallas de la guerra. El contingente británico fue diezmado en el Jarama en febrero de 1937, donde la Brigada Lincoln soportó también bajas cuantiosas. Tampoco había entonces en España mucha experiencia sobre cómo atender a tal escala a los muertos y heridos en el campo de batalla. La curva de aprendizaje fue casi perpendicular. Los voluntarios sanitarios extranjeros brindaron una asistencia crucial; el apoyo de estos médicos y enfermeras, junto con la recogida de fondos para suministros humanitarios y médicos, constituyó una parte esencial de la solidaridad progresista y de izquierda con la República en guerra. Pero los beneficios fueron recíprocos: de esta colaboración surgieron avances en el tratamiento de urgencia de los heridos —en particular, en los criterios de priorización y las técnicas de transfusión de sangre— que serían fundamentales en la Guerra Mundial posterior.

Hubo también otras clases de avances, aunque ahí el balance general fue más ambiguo. Salaria Kea, enfermera de la American Medical Bureau, y Thyra Edwards, trabajadora social que colaboró con las Colonias Infantiles para niños refugiados establecidas por la República, fueron las dos únicas mujeres afroamericanas que prestaron servicio en España. Pero cuando otra joven, Evelyn Hutchins, presentó una instancia para que la enviaran como conductora de ambulancias, se topó contra arraigados prejuicios. La izquierda política, aunque era sensible al fomento de la igualdad racial, solo podía concebir reclutar mujeres para España como enfermeras o personal de apoyo. Al final Hutchins ganó, pero la suya fue una victoria aislada. En general, no se alistaron mujeres para trabajar como voluntarias en la España republicana más que en funciones consideradas apropiadas por la mayoría y, de este modo, según las normas de género socialmente conservadoras de la época. Tras 1945, esta experiencia y su recuerdo llevaría a las mujeres del movimiento comunista estadounidense a poner en tela de juicio la postura del partido sobre el género, contribuyendo a que se estableciera un debate más amplio que, a su vez, ayudó a producir el movimiento de la Nueva Izquierda, con mayor percepción social, de la década de 1960. La «buena lucha», como los brigadistas estadounidenses denominaron el combate para defender a la República española, trataba entonces de más de un tipo de lucha.

El eje organizativo de las Brigadas Internacionales lo proporcionó desde el principio el movimiento comunista europeo. En la década de 1930, este movimiento ofrecía con mucho la forma de oposición antifascista más activa y dinámica, motivo por el cual atrajo la participación de enormes cantidades de sectores liberales y de izquierda. La solidaridad con la España republicana fue el ejemplo más patente. Las organizaciones comunistas impulsaron las campañas para lograr que se aboliera la No Intervención. Su protagonismo en este aspecto se debía también a la posición ambigua de la socialdemocracia europea, cuyos partidos políticos y sindicatos continuaban muy influidos por las corrientes de sentimiento antibélico y pacifista originadas por la experiencia de 1914-1918. Esta circunstancia condujo a muchos de ellos a apoyar inicialmente la política de No Intervención, e incluso cuando se comprobó que iba a perjudicar a la República, los dirigentes socialistas de Europa siguieron mostrándose en general renuentes a poner en entredicho a sus gobiernos por la legalidad de la No Intervención.

La materia prima humana para las Brigadas fue canalizada enseguida por la Internacional Comunista (Komintern), bajo los auspicios del Partido Comunista Francés (PCF), que también proporcionó el mayor contingente nacional a las Brigadas, más de 9000 voluntarios a lo largo de la guerra. El acontecimiento que impulsó a la Komintern a iniciar el proceso de reclutar voluntarios para las brigadas fue sin duda la decisión de la Unión Soviética en septiembre de 1936 de aportar alguna ayuda militar a la República.

Así pues, las Brigadas Internacionales fueron un elemento del plan de emergencia reactivo de Stalin. La Komintern proporcionó el mecanismo organizativo vital que posibilitaría canalizar de forma sistemática a España la experiencia militar de la izquierda internacional con el fin de evitar la derrota republicana en el otoño de 1936. Aunque la situación militar de la República era deplorable entonces, el gobierno resultó un interlocutor difícil en la negociación que dio origen a las Brigadas Internacionales en octubre de 1936. El mando militar republicano y la mayoría de los oficiales profesionales con que contaba la República se mostraron hostiles a las Brigadas tanto por motivos chauvinistas como por orgullo profesional. Tan pronto como comenzó a tomar forma el ejército republicano en 1937, comenzó a ejercer una fuerza de atracción ineludible que hizo que las Brigadas ya se hubieran incorporado a sus filas en el otoño de ese año. Este proceso también propició que las Brigadas, aunque mantuvieron sus identidades numéricas, fueran cada vez menos «extranjeras» a medida que avanzó la guerra. Porque había una política concertada de complementarlas con reclutas españoles, proceso que se aceleró cuando el alistamiento de brigadistas descendió de su máximo después de los primeros meses de 1937.

Por todas estas razones, es un error reducir el complejo fenómeno histórico de las Brigadas Internacionales al esquema simplista de un ejército de la Komintern. Stalin no podía obligar a los europeos a combatir por la República española del mismo modo que Hitler o Mussolini podían (y lo hicieron) reclutar a alemanes e italianos. Los brigadistas internacionales que fueron a España eran voluntarios y, como indican los antecedentes sociológicos e históricos que se han esbozado, sus motivos eran tan complejos y estaban tan arraigados en la experiencia personal como los de los primerísimos voluntarios de la República (en julio y agosto de 1936) que habían acudido a España a título enteramente personal. Una vez allí, todos los voluntarios se vieron sometidos a la disciplina militar. Si no hubiera ocurrido de este modo, habrían resultado inútiles para la República, pero para algunos —incluso para una minoría de brigadistas— resultó humillante precisamente porque se habían alistado como voluntarios. Sin duda, este sentimiento de desilusión tuvo siempre mucho que ver con su asombro al descubrir la escasa preparación con que contaban para enfrentarse a las duras condiciones de la guerra en España, sobre todo debido al anticuado armamento que se veían obligados a usar gracias a la No Intervención.

Puesto que la función principal del personal de la Komintern era asegurar la disciplina en las Brigadas, no debe sorprender que surgieran choques, sobre todo si se tiene en cuenta la cultura política doctrinaria y las formas de organización excesivamente rígidas que operaban dentro de la Komintern. Esta rigidez aumentaría a lo largo de la guerra, al menos en parte como respuesta a su limitada capacidad para mejorar la situación militar de la República. En otras palabras, el celo exagerado de muchos asesores de la Komintern no era más que una defensa contra posibles acusaciones de incompetencia en el plan organizativo y técnico planteadas tanto por su propio comité ejecutivo como por la cúpula soviética. En resumen, la rigidez no indicaba el alto grado de influencia de la Komintern en España, sino su debilidad organizativa fundamental.

En el otoño e invierno de 1936, la guerra entró no solo en el espacio físico que ocupaba Madrid o en las mentes de los soldados —españoles o de otros países— que luchaban en el frente central, sino también en la conciencia de la población civil de la ciudad. Ocurrió por primera vez al sufrir un bombardeo aéreo. Fue el 28 de agosto cuando la población de Madrid soportó las primeras incursiones aéreas, en realidad, las primeras de este tipo que hubo en Europa. El mismo bombardeo y la necesidad de organizar la defensa civil comenzaron a forjar un nuevo sentimiento de comunidad republicana en la adversidad. En 1936 era específico del área de Madrid; a lo largo de los dos años siguientes, la guerra llegaría sucesivamente a diferentes partes del territorio republicano. De este modo, poco a poco, comenzaron a fusionarse formas de identidad republicana como resultado de la misma guerra, bien se experimentara en la retaguardia o en el frente.

Las muertes violentas causadas por el conflicto, pero en especial las ocurridas en la batalla, también crearon el «significado» de la guerra para ambos bandos. En el caso de las identidades franquistas, pudieron consolidarse con mayor facilidad tras 1939, mientras que las republicanas, destrozadas por la derrota, se confinaron a partir de entonces en los espacios íntimos y subterráneos. La extrema compresión temporal que caracteriza el surgimiento de las identidades republicanas durante la guerra hace que parezcan excesivamente contingentes, subjetivas y frágiles. Pero no por ello debemos considerarlas menos reales que otras formas de identidad nacional.

La guerra también la llevaron consigo —primero a Madrid, pero luego más allá— los refugiados. La primera afluencia importante llegó del sur en el verano de 1936, huyendo delante del Ejército de África. Esta marea humana atravesó Madrid en el otoño y, acrecentada con más refugiados de la capital sitiada, fluyó hasta Barcelona y Valencia, ciudades donde la guerra seguía siendo un rumor lejano. Los refugiados también constituyeron una forma de movilidad demográfica acelerada y, por lo tanto, una forma de cambio social. Además de los traumas específicos del desplazamiento debido a la guerra, el trasplante repentino de capas pobres de la población del sur a entornos más desarrollados económica y culturalmente del noreste español causó un severo choque cultural. Aunque los más afectados fueron los mismos refugiados, este choque también tuvo una dimensión recíproca, como indicaban los informes de los cuáqueros sobre su labor de socorro desde Barcelona y Valencia. Uno, escrito en mayo de 1937, describe a los refugiados procedentes de Málaga como «salvajes» y «medio moros» que muestran terror hacia las «listas» por miedo a lo que pudiera significar quedar expuestos ante las autoridades públicas.

Cuando las fuerzas de Franco se atrincheraron para sitiar el perímetro de Madrid, el conflicto se convirtió en una larga guerra de desgaste contra la República. Hitler y Mussolini reconocieron a la España de Franco en noviembre de 1936. Pero las batallas épicas en torno a Madrid les demostraron —en particular a Mussolini— que solo un incremento masivo de la ayuda alemana e italiana podía asegurar la victoria de Franco. Hitler incitó a Mussolini a afrontar el esfuerzo, y este lo hizo hasta tal punto que dañaría la eficacia militar italiana en la Guerra Mundial. La ayuda alemana a Franco también aumentó, pero se concentró de forma cualitativa en tecnología armamentística, otro material bélico y aviación. Tal fue la escala de la ayuda de Mussolini en armamento y recursos humanos (75 000 soldados), que cabe afirmar que desde marzo de 1937 la Italia fascista estuvo en guerra con la República española.

La escalada de la guerra y las ventajas militares y diplomáticas manifiestas que acumuló enseguida el bando franquista produjeron también profundos cambios políticos dentro de la España republicana. Se tuvo que reconstruir cuanto antes el Estado, además de movilizar a la retaguardia para cubrir las nuevas y múltiples necesidades de una guerra moderna, pues era el único modo con que contaba ahora la República para resistir al enemigo militar. El mayor desafío era reconstruir un ejército. La rebelión había destrozado la unidad militar, y el mando republicano tuvo que comenzar casi desde el principio. Había una escasez atroz de material, exacerbada al máximo por el impacto de la política de No Intervención. La oposición política a la militarización entre los milicianos no estaba en tela de juicio donde ya habían entrado en combate contra las fuerzas de Franco, como en los frentes centrales en torno a Madrid. Un problema mucho más serio era la profunda desconfianza de las milicias hacia los oficiales de carrera, poco sorprendente teniendo en cuenta la rebelión militar. Dicha desconfianza convirtió en crucial el nuevo puesto de comisario político. Los comisarios fueron nombrados por todas las organizaciones políticas republicanas y su trabajo consistía en explicar los motivos de las órdenes militares, ocuparse del bienestar práctico de sus tropas y recordarles la razón de ser de la guerra. Los oficiales profesionales que permanecían fieles a la República desdeñaban a menudo (aunque no siempre) a los milicianos sin entrenamiento, y esta mentalidad cerrada y rígida provocó que en los primeros meses no lograran casi nunca sacar el mejor provecho de ellos.

Asimismo, en el invierno de 1936 se perdió un tiempo crucial para la reorganización militar porque los que ocupaban los más altos cargos de la República no comprendieron con la rapidez necesaria la naturaleza de la guerra que tenían que librar. Las tensiones políticas entre centro y periferia causaron también más retrasos en el peor momento. Incluso los tibios intentos efectuados por el gobierno republicano central para aumentar su control sobre la planificación y los recursos bélicos condujeron a enfrentamientos debilitantes con el nuevo gobierno vasco. Estaba controlado por el Partido Nacionalista Vasco (PNY), que pretendía derechos soberanos, oponiéndose a todo intento de poner a la industria vasca o las unidades de combate militarizadas vascas bajo el control central de la República. Cuando surgió un nuevo gobierno republicano más dispuesto a obligar al PNV a aceptar la centralización del mando político y militar, el frente vasco ya estaba sufriendo un importante ataque de las fuerzas de Franco. Caería en el verano de 1937, privando a la República de recursos industriales vitales y, de este modo, reduciendo de forma considerable sus posibilidades de ganar la guerra en el plano militar.

El hundimiento del frente vasco ocurrió justo cuando comenzaba a adquirir cohesión la reorganización militar republicana. La batalla de Brunete, librada a pocos kilómetros de Madrid en julio de 1937 y tal vez la más sangrienta de la guerra, fue el momento definitivo: el bautizo de fuego del nuevo ejército republicano. No obstante, su efectividad se vio muy limitada por la retención de material bélico en la frontera francesa provocada por el pacto de No Intervención. A finales de verano el ejército republicano había avanzado mucho en la implantación de un cuerpo completo dedicado a las formas innovadoras de la guerra de guerrillas en territorio enemigo. Aunque estaba compuesto en su mayoría por combatientes españoles, un contingente de brigadistas internacionales también luchó en la guerrilla desde su inicio a comienzos de 1937. Muchos de ellos eran de origen finlandés, incluidos finlandeses canadienses y un finlandés estadounidense, Bill Aalto. Era un joven de clase obrera procedente del Bronx que llegó a ser capitán en la guerrilla y más tarde, en 1938, participó en una importante incursión de comando que fue la única operación de este tipo realizada por el ejército español en toda su historia (véase capítulo 5). Unos años después, Irv Goff, compañero de armas de Aalto y también participante en esa acción de comando, tendría la oportunidad de volver a utilizar las destrezas aprendidas en España cuando durante la Guerra Mundial fue lanzado en paracaídas por los servicios especiales estadounidenses a la Europa ocupada por los nazis para tomar parte en la guerra irregular de resistencia, el único tipo de servicio activo para el que el gobierno estadounidense no discriminó a aquellos de sus ciudadanos que habían luchado por la República española.

El imperativo de la guerra también aceleró el proceso de movilización en la retaguardia republicana —en especial, de mujeres y jóvenes—, cuyos orígenes se remontaban al periodo previo a la guerra y que, a su vez, constituyó una forma de modernización social y política. Se movilizó a las mujeres para cubrir las nuevas tareas de la guerra. Incluso trabajaron en fábricas de armamento, lo que requirió una formación práctica que mejoró su nivel educativo y, lo que es más significativo, les abrió el camino hacia otros modelos de vida y otras «ofertas culturales» que comportaban un potencial de transformación en las relaciones de género, pero fue uno de los muchos potenciales culturales nuevos que desaparecieron con la derrota.

La trabajadora republicana en las industrias de guerra (ilustración 8) era el rostro real de la «nueva mujer» en la España de la década de 1930. La imagen más familiar —e incluso tópica— de la miliciana vestida con mono azul (ilustración 7) es más problemática. Hubo algunas combatientes milicianas y las mujeres también participaron en formas de lucha encubiertas, incluso en la guerrilla, por lo general, en funciones de enlace muy peligrosas. Pero la mayoría de las fotografías de las milicianas que poseemos no testimonian ninguna de esas duras realidades; casi todas se tomaron en los primeros días del conflicto y portan el sello inconfundible de la «guerra como fiesta». Son imágenes con mucha coreografía, concebidas para maximizar el efecto decorativo de sus figuras femeninas. Al igual que los famosos carteles de las milicianas, se dirigían sobre todo a un público masculino y, en el caso de los carteles, se idearon como un mecanismo de reclutamiento para convencer al componente masculino de entrar como voluntarios en el servicio militar.

La movilización republicana, al igual que otras movilizaciones de guerras modernas, suponía el alistamiento tanto práctico como psicológico y, de este modo, se convirtió en un importante agente de cambio social y cultural. A finales de 1937, dicho alistamiento ya tenía una repercusión considerable.

Con el fin de construir el ejército republicano, se sacó de su entorno rural a grandes cantidades de jóvenes para recibir instrucción militar. También se desarrollaron campañas de salud, de alfabetización básica y de nociones elementales de cálculo. En un país como España, con niveles de educación muy bajos entre su mayoría rural, eran componentes cruciales en el proceso de construcción de la nación. Una vez más, el papel desempeñado por los comisarios políticos fue clave. De la intensa experiencia en el frente —combate, camaradería y sufrimiento compartido— surgiría una identidad republicana específica entre muchos combatientes que no tenían afiliación política anterior a la guerra.

Otra arma de la que se sirvió la República para explicar el motivo de la guerra fue su impresionante repertorio de técnicas de propaganda innovadoras (véase ilustración 11[*]). En particular, la movilización cultural republicana se sirvió del fotomontaje como arma de guerra. El material lo proporcionaron figuras destacadas de la vanguardia europea, sobre todo el pintor alemán exiliado John Heartfield, quien hizo el famoso montaje No pasarán, mostrando a los buitres nazis y fascistas acechando la línea del cielo de Madrid y mantenidos a raya por las bayonetas antifascistas. Pero muchos españoles también estaban haciendo arte de guerra innovador que incluía un destacado elemento de fotomontaje modernista, como, por ejemplo, en el caso del arte cartelístico y de collage del pintor valenciano Josep Renau. (Durante la guerra, Renau fue también director de Bellas Artes, un importante puesto con la responsabilidad de proteger los tesoros artísticos nacionales de los bombardeos). El fotomontaje es un formato que distingue claramente el arte de guerra republicano del que se producía en la zona franquista. Ambos contaban con pintores y propagandistas que trabajaban siguiendo una tradición figurativa, y ambos usaron también imágenes modernistas mecanizadas de la forma humana para invocar «utopías y nuevos órdenes valientes» (el heroico soldado del famoso cartel de alfabetización republicano podría ser una imagen fascista, si bien la leyenda aclara que no lo es[7]). Pero el fotomontaje era una técnica modernista que la producción franquista no pudo incorporar porque tenía fuertes connotaciones internacionalistas y cosmopolitas. La técnica del descarado contraste que se usa tanto en el fotomontaje rompía las reglas de la composición formal y hacía una virtud de la inmediatez y la contingencia. Como forma también se adaptaba a la reproducción mecánica. Esto es exactamente lo que tenía en mente la derecha cuando hablaba de «degeneración» y «bolchevismo cultural».

BOLCHEVISMO CULTURAL

El «Bolchevismo cultural», término acuñado por los nazis, fue empleado para denunciar la producción cultural modernista no figurativa y vanguardista, que la derecha política de Europa consideraba que estaba erosionando la jerarquía política y contaminando las tradiciones culturales nacionales. En la Alemania nazi se organizó una exposición de arte moderno bajo el título «arte degenerado». La idea de que la cultura o sociedad podían «degenerar», como si fueran un organismo biológico, tuvo una aceptación considerable en el pensamiento social y político del siglo XX del periodo de entreguerras, sobre todo, pero no de forma exclusiva, entre los sectores conservadores. Puede seguirse su pista en parte hasta la obra de los científicos del siglo XIX, incluida la de Charles Darwin sobre la evolución de las especies, que había fomentado la idea de que las leyes biológicas eran aplicables a la sociedad (darwinismo social). En España muchas de esas mismas ideas se desarrollarían del pensamiento «regeneracionista», que surgió tras la pérdida del imperio en 1898.

Pero pese a los valores culturales y las ideologías políticas tan diferentes que sostenían a la España republicana y franquista, la guerra fue testigo de la continuación y aceleración común de un proceso de cambio social. La vasta expansión de las organizaciones de la Falange y el Partido Comunista de España cumplieron funciones comparables en las dos zonas, movilizando a sectores de la población (en especial, mujeres y jóvenes) al esfuerzo bélico y, de este modo, incorporándolos por primera vez a la esfera pública. Un factor que contribuyó al atractivo del movimiento comunista español para muchos grupos sociales muy dispares en la España republicana durante la guerra fue la popularidad creciente de la Unión Soviética. Como el único país importante que había roto el aislamiento internacional que sofocaba a la República, había proporcionado un enorme impulso a la moral popular. Había un sentimiento extendido de optimismo acerca de que el apoyo dinámico de ese poderoso país podía permitir a los republicanos ganar la guerra. De ahí que durante un tiempo las ceremonias, la retórica y la iconografía conmemorativas que celebraban la solidaridad soviética encontraran respuesta popular. La Unión Soviética se convirtió en la atracción del momento. En Madrid, en el invierno de 1936-1937, hicieron furor los sombreros y las insignias rusas de toda clase. Las revistas femeninas también presentaban los peinados y la moda rusos como la última palabra en elegancia (véase ilustración 13[*]).

Pero esta atracción generaliza y la escenografía superficial que la acompañaba poco tenían que ver con el marxismo-leninismo o ideología política de ningún tipo. Por lo tanto, carece de sentido hablar, como hacen algunos comentaristas, de que la política y la sociedad republicanas se estaban «sovietizando». Más bien el genio popular había entendido enseguida a la Unión Soviética como un icono de la modernidad. Había cierto precedente al respecto en la década de 1920 en España, cuando algunos sectores urbanos —liberales o progresistas, pero sin afiliaciones políticas concretas— ya habían asociado a la Unión Soviética con la modernidad tecnológica y cultural. No fue diferente del modo como muchos sectores de la población española después de la Segunda Guerra Mundial proyectarían en productos e imágenes norteamericanos sus aspiraciones de progreso y desarrollo, como se describe en la película de Luis García Berlanga de 1953 Bienvenido Mr. Marshall. Para un lector occidental del siglo XXI puede parecer que dicha comparación va contra la intuición, pero las percepciones de los españoles en las décadas de 1920 y 1930 no estaban filtradas por la Guerra Fría. Esta construcción de la Unión Soviética y Estados Unidos compartía un elemento común: la escasez de modelos nacionales —es decir, españoles— a los que recurrir, aunque debido precisamente a la derrota republicana, esta carencia fue mucho más aguda en las décadas de 1950 y 1960 de lo que lo había sido en las de 1920 y 1930.

La urgente necesidad de reconstruir el Estado republicano como ente coordinador del esfuerzo bélico también produjo en el gobierno central un impulso contra todas las manifestaciones de localismo que habían surgido a raíz de la insurrección militar, desde los comités locales de pueblo y barrio, y los consejos regionales (como el famoso Consejo de Aragón), hasta el mismo gobierno regional de Catalunya. En parte, se trataba también de una ofensiva contra los sectores radicales de la izquierda que habían abogado por las formas colectivizadas y cooperativas en la agricultura y la industria que se multiplicaron tras el golpe. No solo fueron los comunistas quienes se alinearon contra la izquierda radical, sino también el sector centrista del movimiento socialista (tanto del partido, PSOE, como del sindicato, UGT), diversos partidos republicanos e incluso algunos sectores de la CNT anarcosindicalista. Y, por supuesto, no se trató solo de estas entidades políticas, sino también de los sectores sociales que cada una representaba. Esta alianza de comunistas, socialistas, republicanos y hasta algunos sindicalistas fue un intento de restablecer una amplia coalición democrática, liberal y reformista de obreros y sectores de clase media, creada por primera vez con el nacimiento de la República en 1931. Se había revivido tras la victoria electoral de febrero de 1936, pero entonces fue interrumpida por el golpe militar de julio. La victoria de esta extensa alianza se selló simbólicamente en mayo de 1937 cuando la República «de orden» reprimió las protestas sociales y políticas de los obreros radicalizados y las capas más pobres y marginadas de la población urbana en las calles de Barcelona. Fueron las famosas «Jornadas de Mayo». Como resultado, se nombró un nuevo gobierno presidido por el socialista del sector centrista Juan Negrín.

Las razones por las que brotó la lucha callejera en Barcelona fueron varias. Muchas más, en efecto, de las que percibió el cronista más famoso de los hechos, George Orwell, quien —no debe olvidarse— no leía castellano ni catalán. En Homenaje a Cataluña identifica con acierto que en las luchas callejeras se disputaron dos modelos distintos sobre cómo organizar la sociedad y la política republicanas. Pero exagera el papel desempeñado por los comunistas españoles y catalanes. También resulta insostenible su teoría conspirativa acerca de que las Jornadas de Mayo fueron de algún modo provocadas. De hecho, se habían ido creando tensiones sociales y políticas en la ciudad desde comienzos de 1937. El gobierno catalán, del que los comunistas formaban parte —pero solo parte—, había ido recuperando poco a poco los poderes ejecutivos que había perdido a favor de los comités obreros y sindicales tras el golpe militar.

Como parte de este proceso, el gobierno reintrodujo las fuerzas de mercado en el suministro de alimentos de la ciudad. El efecto neto fue castigar a los grupos urbanos más pobres, la gente que más había sufrido el rigor presupuestario republicano y su política de orden público desde 1931 (véase el capítulo 1). Sus frágiles economías también fueron las más perjudicadas por los efectos de la guerra, que en Cataluña incluyó de forma especial un severo desempleo sectorial. Los pobres no podían permitirse recurrir al mercado negro, ni acceder a la cada vez más importante economía de trueque porque solían ser inmigrantes de otras zonas de España que, de este modo, carecían de contactos en el campo catalán. Con la reintroducción del libre mercado, perdieron la red de seguridad de los comités de abastecimiento de la CNT, que habían sido el principal instrumento de aprovisionamiento de las capas más pobres de Barcelona durante los primeros meses de la guerra. La inflación también era galopante a pesar del control de precios oficial.

A finales de 1936 ya había en Cataluña casi 350 000 refugiados, así como miles de personas desplazadas extraoficialmente. Sumados, aumentaron la población total más de un 10 por 100. La presión añadida sobre vivienda y alimento era mayor en las zonas más pobres del centro de la ciudad, donde las insuficiencias de un sistema de racionamiento rudimentario crearon una crisis de subsistencia que provocó protestas callejeras durante los primeros meses de 1937. Los alimentos enlatados que Orwell encontró en los escaparates de las tiendas de comestibles no refutan esta realidad, pues se trataba de productos de lujo que no desempeñaban papel alguno para mitigar la crisis alimentaria, puesto que el gobierno había impuesto las leyes del libre mercado. Al igual que antes de la guerra, se sucedían escenas familiares en las que la policía sofocaba protestas por la falta de comida y protegía los recintos comerciales de la requisa popular.

La actuación política hostil del gobierno catalán constituyó la culminación de esta situación de penuria económica. Si añadimos a esta potente mezcla la tradición radical de acción directa que prevalecía entre la clase obrera y otros sectores populares de la Barcelona «roja», articulados históricamente por la CNT, la explosión de la lucha callejera en mayo de 1937 llega a ser algo enteramente explicable. El desencadenante fue la tentativa de la policía de expulsar a los miembros del comité obrero de la central telefónica de Barcelona. Pero la fuerza de la explosión provino de la acción emprendida de forma simultánea por la policía en toda la ciudad para recobrar el control del orden público desarmando a las patrullas obreras que se habían establecido tras el golpe militar.

Una vez que las calles habían estallado, hubo muchas luchas políticas sectarias con efectos mortales. Los comunistas españoles y catalanes actuaron en connivencia con los representantes de la Komintern en casos tan tristemente famosos como el asesinato de Andreu Nin, dirigente del POUM, partido comunista disidente con base en Cataluña. Nin, que había vivido en Moscú en la década de 1920, formaba parte del mundo de los bolcheviques revolucionarios de primera hora y había sido secretario de Trotsky. El dirigente del POUM fue detenido en una prisión clandestina del Partido Comunista. Las cárceles ilegales o checas aparecieron por primera vez en el territorio republicano como consecuencia de las circunstancias caóticas producidas por la insurrección militar de julio de 1936. Para hacer frente al desplome del orden público provocado por la rebelión, los partidos políticos, sindicatos y milicias de izquierda establecieron todos sus propios centros de detención. Pero las checas fueron erradicadas cuando las autoridades republicanas recuperaron el control político; de hecho, su eliminación era crucial para que el gobierno mantuviera credibilidad constitucional. Así pues, su recrudecimiento en mayo de 1937 fue un duro golpe. El escándalo de las detenciones y las ejecuciones extrajudiciales como la de Nin intensificó la ya considerable inquietud sobre el orden público que provocaban las luchas callejeras y, de este modo, contribuyó a que se incrementara la presión para que hubiera un cambio de gabinete y se pusieran en marcha vigilancia y medidas de seguridad más rigurosas.

El hecho de que los miembros del servicio secreto soviético también participaran en algunas de las sombrías actividades ocurridas durante las Jornadas de Mayo ha llevado a algunos comentaristas a exagerar el grado de influencia política ejercida por la Unión Soviética en la zona republicana. Por lo tanto, merece la pena recordar que en las principales ciudades de la España en guerra iban a encontrarse agentes del servicio secreto de todas las principales potencias, lo cual apenas sorprende puesto que la guerra civil española se reconocía universalmente como el punto neurálgico de la política y la diplomacia internacionales.

No cabe duda de que los agentes de inteligencia soviéticos eran proclives a sospechar de todo el mundo. Esta actitud se debía al clima de temor que habían producido los largos años de agitación política dentro de la Unión Soviética y a su tendencia a proyectar los temores heredados de la guerra civil rusa a la situación española, lo que les hacía ver espías y quintacolumnistas por todas partes. Pero no siempre se trataba de temores infundados; después de todo, la española era una guerra civil, y el servicio de inteligencia republicano logró desmantelar una red de espionaje franquista en Barcelona en la época de las Jornadas de Mayo. Tampoco era la Unión Soviética la única potencia implicada en el asesinato político en España. Casi con seguridad, la policía secreta italiana, la OVRA (Opera per la Vigilanza e la Repressione Antifascista) fue la responsable del asesinato del dirigente anarquista italiano Camillo Berneri y su secretario, Francesco Barbieri, durante los sucesos de mayo en Barcelona. Un mes más tarde, la OVRA también mató a otros dos dirigentes antifascistas italianos exiliados en Francia, los hermanos Carlo y Nello Rosselli. No obstante, nadie ha sugerido jamás que puesto que el régimen italiano era capaz de perpetrar dichos asesinatos, gozaba de influencia indebida sobre el gobierno francés.

No toda la violencia sectaria ocurrida durante las Jornadas de Mayo fue resultado de las tensiones que existían en el movimiento comunista internacional, ni fueron sus autores los comunistas españoles. En la República, antes de la guerra, muchos de los conflictos entre las organizaciones de izquierda habían terminado de forma violenta. La llegada de la guerra no disipó el recuerdo de dichas disputas. En realidad, como en buena medida se trataba de asuntos de influencia política o clientelismo y rivalidades que tenían que ver con la captación de afiliados, la contienda intensificó tales choques en la España republicana. Una vez que surgieron en Barcelona las luchas callejeras de mayo, precipitaron diversos derramamientos de sangre en todos los bandos. Hubo enfrentamientos entre miembros de la CNT y el sindicato socialista UGT; entre los socialistas y los comunistas, y entre las facciones rivales del comunismo catalán, mientras los fantasmas de décadas de guerras laborales y lucha política interna acechaban las calles y los centros de reunión de la ciudad.

Tras los hechos de mayo, el gobierno republicano también encarceló en Cataluña a muchos miembros de la CNT y el POUM con el objetivo de imponer su autoridad y asegurarse de que no volviera a ocurrir algo semejante. Los dirigentes del POUM fueron detenidos por haber defendido públicamente en editoriales de periódicos a quienes se habían rebelado en las calles. Resulta muy significativo que las detenciones del POUM se realizaran en junio, cuando Bilbao, el motor industrial del norte, caía ante las fuerzas de Franco. Los dirigentes del POUM fueron acusados de rebelión y alta traición contra el gobierno y se los encarceló pendientes de juicio.

Pero con las repercusiones de la crisis de mayo y el nombramiento de un nuevo gobierno no se pretendió solo disciplinar a la izquierda radical y colectivista. Lo que distinguió al gabinete de Negrín de los precedentes fue su conocimiento de la política y diplomacia internacionales, así como su comprensión crucial de que para obtener una salida favorable, la República dependía del cambio de postura de Francia y Gran Bretaña. Durante los dieciocho meses siguientes, Negrín se ocuparía personalmente de la diplomacia republicana en un intento desesperado por mejorar la situación de la República en el escenario internacional. Mientras tanto, la República se preparó para desplegar una resistencia militar a ultranza.

Capítulo 4. La construcción de la España franquista

CAPÍTULO 4

LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESPAÑA

FRANQUISTA

Venceréis pero no convenceréis.

El grosero catolicismo tradicionalista español apenas tiene nada de cristiano. Eso es militarización africana pagano-imperialista.

(Miguel de Unamuno)

La ira arraiga en el miedo.

Quienes escriben sobre la guerra civil española suelen establecer un nítido contraste entre la unidad política del bando franquista y la fragmentación y discordia de los republicanos, pero las razones rara vez se explican bien. Sin duda, existía un grado mucho más elevado de ideología compartida entre quienes apoyaban a Franco. El miedo que sentían los sectores afines al franquismo, origen de la ira dirigida hacia todo lo «republicano», proporcionaba una fuerza tremenda de cohesión política y psicológica. Sin embargo, las desavenencias en la España republicana desde mayo de 1937 tuvieron bastante menos que ver con la ideología y la política interna que con los efectos nefastos acumulados, tanto materiales como psicológicos, de la No Intervención, las derrotas militares y la posición internacional de la República en rápido deterioro. Si los ejércitos de Franco no hubieran ido avanzando de forma constante y (casi siempre) ganando, gracias a sus aliados alemanes e italianos, también habrían existido tensiones políticas mucho mayores dentro de la coalición franquista. El espíritu democrático que sostenía a la política republicana —aunque recortado por imperativos bélicos— supuso que los desacuerdos y las divisiones políticas resultaran también mucho más visibles, mientras que la unidad franquista, forjada a partir de la fragmentación de julio de 1936, presentaba al menos en parte la apariencia de unidad generada por las técnicas dictatoriales. Este capítulo explorará cómo se construyó la España franquista —de «arriba abajo» y de «abajo arriba»—, a la vez que analizará la evolución de la dimensión internacional de la guerra.

El título de este capítulo hace referencia al rápido ascenso al mando supremo militar y político del general Francisco Franco. Sin embargo, se debe tener en cuenta que este ascenso fue un proceso y no un hecho consumado. Franco y sus partidarios más próximos se esforzaron mucho por consolidar y extender su poder personal. Más tarde, parte de esta labor consistiría en elaborar propaganda que presentaba a Franco como el «hombre del destino», designado por Dios para el poder. Es casi seguro que él mismo llegó a creerse su mito. Pero no hay razón para que nosotros debamos hacerlo.

El ascenso de Franco, aunque no irresistible, contó con la gran ayuda de varias muertes fortuitas, que supusieron la retirada de sus rivales más serios, bien fuera por accidente o por ejecución republicana. Pero la mayor ventaja de Franco al comienzo de la guerra fue su control del Ejército de África, vinculado al hecho de que fue su iniciativa personal la que más contribuyó a impulsar la acción de Hitler y Mussolini en favor de los militares sublevados. Los alemanes e italianos contemplaban a la derecha española como un conjunto de grupúsculos conspiradores, mal coordinados y con una visión limitada. Tampoco les impresionó al principio el general Mola, el director de la conspiración, debido en parte a que su petición de ayuda fue modesta y en parte a que lo hizo por mediación de los representantes monárquicos que se contaban entre los grupúsculos incapaces. Pero tanto Hitler como Mussolini vieron en Franco a un militar hábil con un plan estratégico, lo que contribuyó a que su «nombre» surgiera con rapidez. El día del golpe militar, la prensa británica se había referido a él como el hermano menos famoso del aviador Ramón Franco. Apenas una semana después, tanto Londres como Roma ya llamaban a los insurrectos Franco’s forces e i franchisti. Franco contaba con ventajas considerables, pero también pugnó por sacarles el mayor partido. En cuanto ocurrió la sublevación, estableció su propia oficina de prensa, lo que dice mucho de su ambición y confianza en sí mismo. La oficina de prensa también le permitió extraer la máxima propaganda y ventaja política de la liberación del Alcázar de Toledo a finales de septiembre (véase el capítulo 3).

Debido a su victoriosa campaña en el sur, a Franco le concedieron el mando supremo político y militar de las fuerzas sublevadas. Sirviéndose de compañeros generales que tenían conexiones con los monárquicos y la Falange, logró convencer a ambos grupos de que él favorecería sus objetivos. En realidad, el hecho de que Franco no se identificara con una organización política concreta lo avalaba igualmente ante la derecha civil y la militar. Solo uno de sus compañeros conspiradores, el general Miguel Cabanellas, se opuso a su nombramiento en la reunión de la junta militar en Salamanca el 21 de septiembre de 1936. Cabanellas, presidente simbólico de la junta y africanista que en otro tiempo había sido jefe superior de Franco, declaró proféticamente que si se le entregaba España, pensaría que le pertenecía, y si se le otorgaba el poder absoluto, nunca renunciaría a él.

Aunque Franco no tenía afiliación política concreta —aparte de un monarquismo mal definido que compartía con la mayoría de la oficialidad—, desde el comienzo resultó patente que sus objetivos en la guerra eran en esencia políticos. Como ya hemos expuesto en el capítulo 2, su estrategia militar estuvo configurada desde el inicio por su misión de «salvar a España», o más bien de preservar un orden social y político determinado dentro del espacio geográfico de España. Buena parte de la visión de sí mismo que tenía Franco en relación con los demás provenía de su experiencia en las campañas coloniales del norte de África. Su inquebrantable confianza en sí mismo y tesón —en asuntos militares o políticos— debían bastante a la tenacidad territorial genérica de los oficiales africanistas. Tampoco fue Cabanellas el único en percibirlo; un jefe del ejército republicano, también africanista en otro tiempo, señaló más tarde:

Franco encarna la mentalidad del Tercio [Legión Extranjera]. Eso es todo. Se nos dice: «Ven con tantos hombres, ocupa la cota tal y no te muevas de allí sin recibir órdenes». Franco ha ocupado la cota nacional y como no tiene Jefe, de allí no se moverá.

Seguro de sus credos, a Franco no le cabía duda de que su uso del terror contra la población civil estaba justificado. Abrió las ciudades y los pueblos al bombardeo aéreo masivo. España fue el primer país europeo que sufrió esta lacra de la guerra moderna. Los bombardeos se lograron gracias a los fascistas alemanes e italianos que respaldaban a Franco, pero era impensable sin su aprobación explícita. Después de Madrid y Durango vino el ataque a Guernica, la sede simbólica del nacionalismo vasco. El pueblo, que carecía de defensas antiaéreas, fue aniquilado el 26 de abril de 1937 en tres horas de bombardeo de saturación realizado por la Legión Cóndor alemana y la Aviazione Legionaria italiana. El blanco estratégico clave del ataque no era militar, sino la moral civil. Con Guernica se pretendía matar el afán de resistencia vasco, lo que se logró en un sentido importante.

Alrededor de 15 000 niños fueron evacuados para librarlos del bombardeo. Se los envió a diversos destinos, incluida Gran Bretaña, que mantenía lazos históricos y comerciales con el País Vasco; 5000 niños fueron a Bélgica y otros 3000 a la Unión Soviética. Pero lo que se ideó como un descanso temporal se convertiría para muchos en una odisea de por vida, e incluso quienes intentaron el regreso experimentarían el distanciamiento perpetuo de la cultura y la identidad.

La mayoría de los grandes centros de población en territorio republicano fueron bombardeados. Barcelona, que contaba con escasas defensas aéreas, sufriría incursiones sucesivas entre enero y mayo de 1938. Pero aunque dichas incursiones aéreas causaban un gran pánico y dejaban mucho sufrimiento y destrucción a su paso, provocaban sentimientos de odio y resentimiento más que de miedo. Si bien de modo negativo, las bombas que Franco enviaba también contribuyeron a la creación de un nuevo sentido de identidad republicana entre amplios sectores de la población urbana.

Para los observadores de otros países, lo que sigue resultando particularmente insólito en el caso de las incursiones aéreas es que ocurrían en una guerra civil: Franco estaba bombardeando a sus «propios» compatriotas. Pero, por supuesto, no era esta la percepción del Generalísimo, ni la de sus compañeros de armas; el suyo era un objetivo superior: la purificación de España. Su logro no exigía solo una guerra colonial contra los jornaleros insubordinados del sur profundo, pues las ciudades industriales también se consideraban una importante fuente de contaminación moral. El general Mola, que —hasta su fallecimiento en un accidente aéreo en junio de 1937— se mostraba más vehemente incluso que Franco al respecto, hablaba de arrasar la industria de Bilbao y Barcelona, puesto que era el único modo de purgar a España de lo que más la envenenaba. En otras palabras, la salud de la «nación» requería la eliminación del proletariado industrial.

A pesar de la violencia espectacular de los bombardeos aéreos masivos, en el verano de 1937 hubo un cambio de marcha marcado en la estrategia militar de Franco. Tras la guerra de columnas que avanzaban con rapidez en los primeros meses, llegó entonces la guerra de desgaste. Franco no era un estratega imaginativo ni innovador, pero sabía la clase de guerra que necesitaba. Entendió que la guerra tenía que ser larga y rigurosa, y procuró que así fuera, porque de otro modo no se conseguiría su objetivo fundamental, postrar al enemigo político. Así pues, se convirtió en una guerra para controlar a la población y no solo el territorio. En abril de 1937, Franco ya le dijo al embajador italiano, Roberto Cantalupo, cuando este le explicó que los italianos preferían la estrategia de la conquista militar rápida, que sería un gran error en una guerra civil, puesto que no resolvería la cuestión real de cómo «redimir» el territorio conquistado.

Debemos realizar la tarea, necesariamente lenta, de redención y pacificación, sin la cual la ocupación militar sería totalmente inútil.

Para conseguir este objetivo específico, Franco estaba dispuesto a tolerar grandes bajas entre sus propias tropas que otra estrategia militar habría evitado. De ahí la observación de un oficial del ejército español de que el mismo Franco era responsable de las muertes de más franquistas que ninguna otra persona por el hecho de haber elegido una estrategia de desgaste.

Franco estaba convencido de que el ejército poseía el derecho absoluto de imponer su voluntad a la sociedad y que la organización militar era el mejor medio de estructurar dicha sociedad. Al igual que muchos de los jefes y oficiales que habían participado en la rebelión, suscribía plenamente la idea del pelotón de soldados «salvando la civilización». Pero también comprendía la necesidad de lo que sus colaboradores más cercanos le aconsejaban. El «estado campamental» inicial tenía que evolucionar para que la suya se convirtiera en la victoria política duradera que pretendía. El cerebro que había detrás de la creación de un estado y partido único franquistas era Ramón Serrano Suñer, brillante abogado y antiguo militante de las cuasifascistas Juventudes de Acción Católica, la organización juvenil del partido católico de masas, CEDA. También era amigo de toda la vida de José Antonio Primo de Rivera, el jefe de la Falange ejecutado por el gobierno republicano en noviembre de 1936. Serrano Suñer tenía una importante ventaja más: era cuñado del Generalísimo, y pronto las afiladas lenguas políticas le apodaron el «cuñadísimo».

Serrano Suñer, arquitecto del nuevo estado franquista que se iba a convertir de inmediato en la figura más poderosa de la España insurgente después de Franco, estuvo a punto de ser víctima de un asesinato extrajudicial en la zona republicana, y sus dos hermanos perdieron la vida de ese mismo modo. Había, por lo tanto, razones personales que reforzaban su hostilidad hacia la democracia republicana. (Más adelante, tendría un alto grado de responsabilidad política personal en la decisión de permitir la deportación de españoles republicanos a campos de concentración nazis en 1940). La indudable capacidad intelectual de Serrano Suñer lo acreditaba ante Franco, pero no menos su falta de base de poder personal, que suponía que nunca podría desafiar el del Generalísimo. Trabajó junto al hermano y secretario de Franco, Nicolás. En abril de 1937 consiguieron la unificación de la Falange y los carlistas, cuyas milicias también constituían los dos elementos más numerosos en el nuevo ejército que se estaba formando.

La unificación fue un matrimonio a la fuerza cuyo principal beneficiario fue Franco. Obtuvo de golpe cuadros administrativos y una base de apoyo político, a la vez que también situaba a sus principales rivales bajo su control directo. Algunos falangistas de la vieja guardia (camisas viejas) que se opusieron a la unificación por motivos ideológicos fueron excluidos de la nueva organización unificada, o Movimiento, pues este fue el nombre que recibió. Pero abundaron las nuevas afiliaciones. Estas «camisas nuevas» se incorporaron por los puestos de trabajo y las oportunidades de hacer carrera que ofrecía, en un fenómeno similar al que había ocurrido en Italia después de la llegada al poder de Mussolini, cuando se unieron al Partido Fascista grandes cantidades de personas. Contar con esta clientela ayudó a Franco a consolidar su propio poder, diluyendo —cuando no neutralizando por completo— a la oposición de la vieja guardia. Dicha oposición volvería a surgir tras la guerra, al igual que las tensiones entre los varios componentes de la base de poder franquista (las llamadas «familias»): la Falange, los monárquicos y los sectores conectados con las redes asociativas de la Iglesia católica. Muchos camisas viejas se alistaron en la División Azul, que Franco envió a combatir con los ejércitos alemanes en el Frente del Este en 1941, librándose así de una fuente potencial de oposición interna. Asimismo, también habría conflictos después de la guerra entre la Falange y la cúpula militar. Pero la Falange nunca tuvo la fuerza suficiente para plantear un desafío serio porque el siempre precavido Franco se aseguró durante la guerra de que no se formara ninguna unidad militar políticamente homogénea dentro de su nuevo ejército. Del mismo modo, se bloquearon los intentos efectuados por la Falange después de la guerra para ejercer control a través de secciones específicas del ejército, como la división de paracaidistas, y los generales «políticos» que participaron en tales intrigas fueron castigados por Franco con severidad.

Sin embargo, mientras duró la guerra, aquellas personas dentro del bando franquista que habían visto defraudadas sus aspiraciones políticas o que hubieran querido hacer críticas de algún tipo, solían guardar silencio. Les compensaba el hecho de que su ejército ganara casi siempre, así como el fuerte sentimiento de objetivo compartido, afianzado en la aversión que todos los franquistas sentían por la República y en su determinación de acabar con el desafío político y cultural de «modernidad desordenada» que planteaba al mundo de orden «natural» y jerarquía que preferían.

No obstante, las transformaciones sociales y culturales puestas en marcha en la zona insurgente indican una situación mucho más compleja y ambigua que la idealizada visión binaria acariciada por tantos franquistas. En ningún otro lugar resultó más patente que en los cambios que experimentaron las vidas de muchas mujeres, cambios similares en muchos sentidos a los ocurridos en la zona republicana. Las mujeres de la zona franquista no fueron reclutadas para realizar un trabajo industrial relacionado con la guerra, pues la ayuda alemana e italiana lo hizo innecesario. Pero, al igual que en la zona republicana, se las movilizó para cubrir las nuevas necesidades generadas por la guerra en una serie de servicios de salud y asistencia, y en particular para ocuparse de los servicios sanitarios, orfanatos y comedores. Las mujeres de las clases medias urbanas y provincianas fueron las que más participaron en esta movilización en la España franquista.

Muchas se unieron a la Sección Femenina de la Falange (SF), organización que desempeñaría un papel importante en los años inmediatos de posguerra, cuando combinó la provisión de rudimentarios servicios sociales y sanitarios con la vigilancia y el castigo «moral» de las familias republicanas.

Los franquistas (incluidos los falangistas) destacaban que ellos, a diferencia de los republicanos «innaturales», movilizaban a las mujeres en funciones asistenciales y, por lo tanto, fomentaban su papel tradicional. Pero esta retórica política no podía ocultar el hecho de que la Sección Femenina ofrecía un nuevo papel público a un número considerable de mujeres, quienes se consideraban comprometidas en una empresa patriótica para construir un nuevo orden en España. No constituye la menor de las contradicciones de la Sección Femenina el hecho de que se tratara de un «ejército» de mujeres no casadas y económicamente independientes que predicaban a su clientela femenina el evangelio de la domesticidad y la sumisión ciega. Aunque existen desde luego factores demográficos relacionados con la guerra que ayudan a explicar el fenómeno de posguerra de la Sección Femenina, no deja de ser menos cierto que con el paso del tiempo desempeñó un papel más que considerable en la transformación de las relaciones de género y la dinamización del cambio social y cultural.

En ambas zonas la guerra tuvo un efecto dinamizador sobre la cultura, entendida tanto como un proceso que sirvió para arbitrar el cambio, cuanto, de forma más precisa, como objetos específicos de consumo: canciones, películas, obras de teatro y obras de arte. Los franquistas, al igual que los republicanos, crearon nuevos productos culturales con propósitos propagandísticos, bien fueran programas de radio (los medios preferidos de los franquistas para difundir la propaganda durante la guerra) o arte, películas y noticiarios cinematográficos. Pero también hubo mucha continuidad. Seguía existiendo, tanto en la zona republicana como en la franquista, una floreciente cultura popular de masas, y buena parte de ella no era abiertamente política ni propagandística. Cobró mayor importancia social durante la guerra porque al proporcionar un espacio en el que la gente podía soñar, ofrecía un descanso de su dolorosa situación inmediata. En ambas zonas, en esta clase de cultura se incluían las canciones populares comercializadas, los cabarés y los cafés cantantes, todos los cuales perduraron pese a las campañas de orden moral en territorio de Franco y a la desaprobación (más efímera) de algunos revolucionarios en la España republicana.

La más importante de todas estas formas de cultura popular era sin duda el cine comercial. El nacimiento de la República en 1931 había coincidido con la llegada a España de las películas sonoras, y durante los cinco años siguientes la industria cinematográfica autóctona creció de manera considerable. Para una población de unos 24 millones de personas, había más de 3000 salas de cine. La producción de Hollywood en muchos géneros, incluidos musicales, comedias y películas de amor, era un componente importante de este cine popular, y continuó siéndolo durante la guerra en ambas zonas, aunque las autoridades franquistas solían desaprobar la «decadencia» de tales películas y las sometían a una rigurosa censura. En la zona franquista también se exhibían muchas películas alemanas e italianas, si bien la producción cinematográfica en dicha zona de material popular o político sufrió serias dificultades por el hecho de que la mayoría de las instalaciones de producción seguían en manos republicanas. Por esta causa, los productores propagandistas y comerciales iban a realizar sus películas a los estudios de Roma y Berlín.

Pero el apoyo tecnológico alemán e italiano de naturaleza más decisiva se materializó a comienzos de 1937, cuando Hitler y Mussolini decidieron que el único modo de acelerar la victoria franquista era aumentar en gran medida su ayuda militar. El hecho de que este gran impulso de los dictadores coincidiera con la deliberada desaceleración que Franco había impuesto a su avance militar contra la República produjo una tensión política inevitable. Hartos de la lentitud del Generalísimo, Hitler y Mussolini comenzaron a cuestionarse su competencia militar y le obligaron a aceptar en su Estado Mayor a italianos y alemanes, algo que apenas causó menos disgusto a sus jefes militares que la presencia de asesores soviéticos en el caso de los oficiales de carrera en la España republicana. Además, debido a su dependencia absoluta del armamento y la tecnología militar italianos, Franco tuvo que tolerar la existencia de unidades militares italianas que operaban con un grado de autonomía jamás disfrutado por las Brigadas Internacionales. Desde enero de 1937, Italia también suministró a Franco un número considerable de soldados.

La puesta en marcha de un sistema eficaz de servicio militar en la zona franquista también pretendía en cierto sentido paliar esta demanda. Pero incluso entonces la necesidad que había de tropas entrenadas hizo que los soldados enemigos capturados en el frente se trataran de modo diferente a los detenidos en la guerra sucia en territorio franquista. Los soldados republicanos capturados se reciclaban en su mayoría, al igual que ocurría con los franquistas en la zona republicana. Los que habían sido reclutados por el ejército republicano se reciclaban muy deprisa, si bien esta circunstancia no los protegió de la depuración política tras la guerra, de una larga condena o incluso de la pena de muerte, lo que dificulta bastante que se contemple al ejército franquista como un mecanismo de integración para construir la nación. Los que habían ido como voluntarios al ejército republicano eran examinados rigurosamente antes de su inclusión en las filas franquistas. Los oficiales republicanos eran sometidos siempre a un duro interrogatorio y, a veces, ejecutados. Los comisarios políticos, si podían identificarse como tales, recibían el trato más brutal y solían ser fusilados. Todos los brigadistas internacionales, como extranjeros y (según los franquistas) «mercenarios», entraban en la misma categoría y con frecuencia eran ejecutados, con certeza casi absoluta si eran oficiales o comisarios políticos. Al actuar de este modo, Franco rompía la Convención de Ginebra sobre el trato de prisioneros, si bien más adelante, en 1937, el número de ejecuciones descendió debido a la necesidad de intercambiar a los internacionales por los soldados italianos capturados por los republicanos.

Además de tropas, Franco fue necesitando cada vez más aviación, que solo Alemania e Italia le podían proporcionar y que otorgaría superioridad a sus fuerzas en la guerra salvo en tres ocasiones (la batalla por Madrid a finales de 1936, la batalla del Jarama en febrero de 1937 y la de Guadalajara en marzo, cuando los italianos fueron puestos en fuga). El precio fue una dependencia creciente de sus aliados alemanes e italianos. Franco estaba hipotecando cada vez más los recursos económicos de España para librar esta guerra de aniquilación. Pero, a diferencia de las frecuentes declaraciones realizadas sobre la «dependencia» política que tenía la República de la Unión Soviética, los comentaristas rara vez sugieren que la España franquista era nazi o fascista, ni siquiera en el periodo inmediato de posguerra, si bien las pruebas de su posición como colonia alemana «informal» son considerables (véase el capítulo 6). Sea cual fuere el caso, una victoria franquista en la guerra civil iba a suponer necesariamente que España mirara con buenos ojos el expansionismo territorial agresivo de Italia y Alemania. Porque Franco, junto con toda la derecha española, estaba obsesionado con la recuperación del imperio perdido en el siglo XIX y veía en la ruptura del statu quo internacional por parte de la Alemania nazi el mejor modo de conseguirlo a la estela de la victoria fascista.

Así pues, una victoria para Franco en la guerra civil, como muy poco, aumentaría la amenaza para los intereses imperiales de Francia y Gran Bretaña, habida cuenta de la importante posición estratégica que ocupaba España en el paso de las comunicaciones con sus colonias. Pero aunque la escalada de la ayuda alemana e italiana a Franco a partir de la primavera de 1937 causó preocupación en los medios gubernamentales británicos, nunca bastó para poner en tela de juicio la política de No Intervención. Se suele señalar que los políticos británicos tenían una impresión exagerada del ritmo de rearme alemán, lo que les impidió toda posibilidad de oponerse a que Hitler actuara en España. Pero esto implica un dilema que jamás existió. Aunque Gran Bretaña se pasó la guerra civil tratando vanamente de separar a Italia de Alemania, casi nadie en el gobierno británico creía que una victoria franquista, aunque se obtuviera con el respaldo de las dictaduras fascistas, supondría una amenaza real para los intereses británicos.

La mayoría de las élites gobernantes británicas parecían ver en Franco, el «caballero cristiano», un antídoto contra el peligro. También es probable que calcularan que las demandas de la reconstrucción tras la guerra —en lo referente a comercio y ayuda— obligarían a Franco a llegar a un acuerdo con Gran Bretaña, aunque no fuera por más razón que su necesidad de conseguir préstamos que solo la City podía proporcionar. Si todo lo demás fallaba, la armada británica podía bloquear a España. Pero en todas estas extrapolaciones británicas había una suposición que no se expresaba: que el orden europeo y mundial no se vería afectado en lo esencial por las ambiciones imperiales del Tercer Reich y su intento de conquista continental e incluso global. Las voces que se elevaron contra tal complacencia mortal fueron escasas y aisladas. Anthony Edén presentaría su dimisión al gabinete en febrero de 1938, pero este hecho no tuvo repercusiones en la política británica. Mucho más tarde, a finales de 1938, Winston Churchill se declararía públicamente en contra de la política de apaciguamiento hacia los regímenes nazi y fascista mediante la No Intervención en España. Oponiéndose a la que seguía siendo la postura dominante en el Partido Conservador, Churchill llegó casi a afirmar que al mantener la política de apaciguamiento, Gran Bretaña estaba permitiendo que sus intereses de clase prevalecieran sobre sus intereses estratégicos.

Con sus lealtades fascistas y la creación de un partido único —al menos nominalmente fascista—, Franco se arriesgaba también a enajenarse a la entidad de la que más dependía para su seguridad política, la Iglesia católica. La Iglesia española y el Vaticano seguían preocupados por los aspectos radicales del fascismo, sobre todo por su exaltación del Estado, que amenazaba su control sobre los fieles. Asimismo, la Iglesia católica se oponía al nazismo por su dimensión atea: de ahí la condena pública del Vaticano al racismo hitleriano, Mit brennender Sorge (Con ardiente preocupación) emitida a mediados de marzo de 1937. Para Franco, no podía haber sido menos oportuna. Llevaba dos semanas en la ofensiva del norte contra los vascos, en la que Alemania proporcionaba un apoyo aéreo vital, y como no podía arriesgarse a un distanciamiento de la cúpula nazi, suprimió la publicación del documento vaticano en la zona franquista. Las autoridades militares también hicieron ojos ciegos a la difusión por parte de la Falange de los ataques alemanes al respecto.

Pero a pesar de todo, la jerarquía eclesiástica de España continuó identificándose de forma inequívoca con Franco. Su hostilidad compartida hacia el racionalismo, la masonería, el liberalismo, el socialismo y el comunismo daba por sentado que existían demasiadas bases ideológicas comunes para que hubiera sido de otro modo. El recuerdo de la violencia anticlerical en el territorio republicano había reforzado el ascendiente del sector ultraconservador dentro de la Iglesia católica en España, dispuesto a enterrar a la República liberal y secular por el desafío que planteaba a su poder político y valores culturales. Franco les ofrecía la posibilidad de hacerlo. Aunque la alianza resultante entre la Iglesia y la dictadura tal vez pudiera parecerse superficialmente a las variantes de «trono y altar» de épocas anteriores, constituyó algo nuevo porque ofreció a la Iglesia importantes oportunidades para extender su influencia a través de nuevas funciones disciplinarias ejercidas en nombre del Estado franquista. Y no se limitaban a los ámbitos del control educativo y la censura; los religiosos cumplirían también una función clave en la dirección de cárceles, reformatorios y otros centros correccionales.

En contraste con la Iglesia católica de España, el Vaticano tuvo que proceder con mayor cautela. Sus simpatías estaban con la causa franquista, pero también tenía que considerar la situación de los católicos en la España republicana. Más importante todavía en los cálculos vaticanos era el daño potencial a la credibilidad del catolicismo si su fuerza en España llegaba a percibirse como el resultado de la conquista militar franquista. «Venceréis, pero no convenceréis»: el dilema del Vaticano se condensa en estas palabras del filósofo católico Miguel de Unamuno, quien las pronunció en octubre de 1936 desafiando el exultante grito de batalla de los insurgentes: «¡Viva la Muerte!». Dos meses justos después murió mientras se hallaba bajo arresto domiciliario en Salamanca, la capital de la España franquista. El dilema era evidente también en la compleja diplomacia vaticana durante la guerra. No se rompieron formalmente las relaciones con la República; de hecho, incluso se reactivaron en la última fase de la guerra (véase el capítulo 5). El Vaticano hizo además intentos infructuosos en 1937 para lograr un acuerdo de paz con Franco en nombre de los vascos. Y lo que es más revelador, no fue hasta la primavera de 1938, momento en que la victoria de las fuerzas insurgentes parecía inminente, cuando el Vaticano estableció relaciones diplomáticas plenas con la España de Franco.

El Generalísimo y sus asesores procuraron integrar los componentes tradicionales y modernos de la dictadura. Se notaba en las ocasiones ceremoniales por la mezcla de los símbolos fascistas y los de la España imperial y el pasado católico autoritario. Muchos sostienen que el importante papel desempeñado por la Iglesia católica indica que el mejor modo de definir el franquismo es como una dictadura tradicional. Abolió la democracia y lo hizo sin recurrir a ningún medio novedoso o moderno. La Falange, que se autoproclamaba fascista, siempre fue un elemento subordinado (si bien importante) en el régimen. Pero hay otras formas de plantearse qué era el franquismo.

Todos los grupos políticos que constituían el franquismo rechazaban de forma explícita la democracia parlamentaria y el estado de derecho como síntomas viles de la era liberal. Pero, a diferencia de los conservadores tradicionales, los franquistas no contemplaban estas cosas como formas políticas externas que podían prohibirse; pensaban más bien que ya se habían incorporado a una gran parte de la población de España; en pocas palabras, que la habían «contaminado». Ya no se trataba del cuerpo político, sino del cuerpo biológico de la «nación» y de su control total. En eso consistía la estrategia militar de Franco: la colonización interna de la metrópoli con el fin de destruir a la nación/cultura republicana «usurpadora». El régimen de Franco construyó sus prácticas y metas políticas a la luz de este credo clave, la necesidad de «purificación», algo que, por definición, significaba que tenía que ir mucho más lejos que una dictadura tradicional para remediar el «problema».

Donde vemos con mayor claridad el «ir más lejos» del franquismo es en lo que hizo con los derrotados. Existe una uniformidad asombrosa en la degradación y cosificación infligida a cientos de miles de prisioneros republicanos tras el fin del conflicto militar (expuesto con mayor amplitud en el capítulo 6). Un significado particular tuvo la necesidad notable de sus captores de quebrar no solo los cuerpos de los republicanos, sino también sus mentes, antes de matarlos, e incluso cuando no se los mataba, de dejarlos, como si dijéramos, psicológicamente «reconfigurados» por su experiencia en la cárcel, campo de trabajo, reformatorio juvenil y multitud de otras formas de represión judicial, cívica y económica. Este ingente proceso de fabricación de una anti-nación, una «anti-España» —que durante más de una década después del fin de la guerra consumió enormes cantidades de la energía y los recursos del país— fue, paradójicamente, un elemento crucial en la construcción por parte del régimen (o «reconstrucción», como muchos franquistas la consideraron) de una España homogénea y jerarquizada.

La misma guerra civil fue esencial para la construcción de esta nación. En cierta medida, la movilización había hecho realidad el ideal de «España» proyectado en la propaganda franquista: una comunidad nacional monolítica preparada para el autosacrificio. El sufrimiento y la pérdida padecidos por sectores conservadores de la sociedad española durante la guerra ayudaron a forjar una identidad franquista, del mismo modo que el sufrimiento y la pérdida crearon una identidad republicana en la otra zona. Pero el elemento específico del franquismo fue la brutalidad con la que el régimen se apropió de esta experiencia de pérdida para fines políticos específicos, sobre todo y fundamentalmente, su propia legitimación. Resultaría crucial para tal efecto la extensa maquinaria de denuncia puesta en marcha por Franco tras su victoria militar el 1 de abril de 1939. Se exhortó a los españoles a denunciar a sus vecinos ante los tribunales militares y civiles. Este vasto proceso, expuesto en el capítulo 6, convirtió a millones de «españoles corrientes» en cómplices de la represión.

En febrero de 1939 Franco aceptó en secreto unirse a Alemania, Japón e Italia en el pacto Anti-Komintern. Lo firmó al mes siguiente y declaró públicamente la pertenencia de España a dicho pacto justo después de su victoria en la guerra civil. En este alineamiento político con las potencias fascistas no solo tuvo que ver el interés estratégico, sino también la ideología. No deja lugar a dudas que el entusiasmo de Franco por el nuevo orden nazi en Europa lo motivaba algo más que la búsqueda de nuevas colonias españolas.

Sin embargo, la cuestión del catolicismo dificultaba el acercamiento ideológico entre el franquismo y el nazismo. El nazismo era nuevo debido precisamente a que su vanguardia pretendía llevar a la sociedad alemana (y europea) «purificada» más allá de las lealtades a las Iglesias —católica u otras—; en realidad, quería que la sociedad europea echara por la borda la religión y ética judeocristianas. Pero la Iglesia católica era el aliado más importante del franquismo en la labor de «purificación», en la imposición de disciplina a cuerpos y mentes. Ningún grupo —ni siquiera el sector de Falange más pronazi— soñó jamás con echar por la borda la religión.

Pero esta observación tampoco debe inducirnos a suponer que la dictadura de Franco no era más que una forma tradicional de autoritarismo. El franquismo castigó a los sectores de propietarios acaudalados que habían adoptado una postura política más o menos liberal en la década de 1930. Aprobó una legislación que permitió la transferencia forzosa masiva de riqueza y propiedad al Estado franquista, es decir, cuando no había ocurrido ya de facto por derecho de «conquista». El orden construido tras 1939 por la Iglesia y el Estado fue uno nuevo, pese a la presencia dentro de él de miembros de las élites de antes de la guerra. Era también tan jerarquizado y discriminatorio como el nazi, por mucho que el modelo español no se basara en una ideología racista. Toda la empresa del franquismo surgió por una necesidad «moderna»: la gestión brutal del cambio social conflictivo. El régimen también era moderno en su captación en masa de españoles a través del mecanismo de la denuncia. Por último, el franquismo sería moderno además porque al final buena parte de los procesos de cambio social y económico que lo habían hecho aparecer escaparían de la capacidad de gestión del régimen, brutal o de otro tipo.

Capítulo 5. La República asediada

CAPÍTULO 5

LA REPÚBLICA ASEDIADA

Una sociedad que lucha para progresar queda reducida por la agresión externa a niveles de dificultad y de pura supervivencia que el agresor utiliza entonces como prueba de la imposibilidad del progreso social.

(Eduardo Galeano)

Seguir luchando, porque no había más remedio para, si no se podía ganar, salvar lo que se pudiera o, al menos, salvar el decoro […]. Resistir, ¿por qué? Pues sencillamente porque sabíamos cuál sería el final de la capitulación.

(Juan Negrín)

A mediados de 1937, la República se enfrentaba a un enemigo cada vez mejor armado y pertrechado gracias a los suministros regulares y eficaces de material bélico de primera calidad proveniente de las fábricas alemanas e italianas. El pacto de No Intervención no sirvió para detener ni aminorar este flujo de material bélico, que con frecuencia se mandaba en barcos fletados y pagados por la Alemania nazi, pero que navegaban bajo banderas de conveniencia y, por lo tanto, quedaban fuera del alcance de los controles del Comité de No Intervención. Por su relativa proximidad con España, Italia utilizaba su propia flota mercante, protegida por la fuerza aérea italiana o por sus buques de guerra, que nadie —la armada británica tampoco, por supuesto— estaba dispuesto a hacer frente. Estas circunstancias aseguraban a Franco un suministro rápido y casi ininterrumpido, cuando muchas veces la puntualidad de las entregas era un factor aún más importante que su cantidad. El material alemán e italiano también se descargaba en puertos portugueses con la complicidad de las autoridades. Puesto que la ayuda de Alemania e Italia provenía directamente de sus gobiernos, también llegaba con un soporte técnico completo y respaldo logístico. La ayuda soviética a la República no podía compensar cuantitativa ni cualitativamente esta situación. Solo era capaz de ofrecer a la República un apoyo que le permitía una supervivencia precaria.

Stalin no estaba dispuesto a enviar —ni tenía capacidad para ello— material de las fábricas soviéticas en una cantidad suficiente que hubiera permitido a la República competir en condiciones de igualdad en el campo de batalla una vez que Italia y Alemania incrementaron su apoyo a Franco a finales de 1936. En 1937 la producción industrial soviética seguía sumida en una reorganización caótica, empeorada por las purgas, y durante toda la guerra española se mantuvo en unos niveles que a duras penas alcanzaban el 50 por 100 de lo publicado. Ante tal situación, resulta sorprendente que Stalin enviara la cantidad de material de producción soviética que llegó a la República. Era de alta calidad —sobre todo en el caso de los aviones y tanques— y, como hemos visto, fue vital para la supervivencia republicana, en especial al principio. Pero buena parte de la «ayuda soviética» que mantuvo a la República en marcha no provenía de sus fábricas, sino que se obtenía en otros lugares por mediación de la Unión Soviética, que actuaba como agente.

La República necesitaba la ayuda soviética porque la No Intervención le prohibía comprar material bélico por su cuenta en el mercado, por mucho que este embargo, que impedía comprar armas para defenderse a un gobierno elegido democráticamente, contraviniera el derecho internacional. Como extensión de la lógica partidista de la No Intervención, tampoco había, según descubrió el gobierno republicano, ningún canal seguro en el sector de la banca occidental a través del cual movilizar sus recursos financieros para la guerra. El oro y la plata depositados por la República en un banco francés serían congelados por las autoridades y un importante banco británico obstruyó los fondos que iban a emplear agentes republicanos para las compras de armas, si bien la banca británica no puso limitaciones similares a los agentes de Franco. Estas fueron las razones que determinaron la decisión del gabinete republicano, en consulta con las autoridades del Banco de España, a finales de agosto de 1936, de transferir las reservas de oro de España fuera del país con el fin de poderlas movilizar sin impedimentos para financiar el esfuerzo bélico. (Debe señalarse que este gabinete estaba compuesto enteramente por ministros de los partidos republicanos, pues ni el Partido Socialista ni el Partido Comunista formaban todavía parte del gobierno). Las primeras remesas de oro abandonaron la capital asediada a mediados de septiembre con destino al puerto sudoriental de Cartagena. Una vez que quedó claro que la Unión Soviética estaba dispuesta a ofrecer ayuda militar, las autoridades republicanas acordaron en octubre de 1936 transferir allí el oro. Además de la Unión Soviética, México fue el único otro país dispuesto a ayudar a la España republicana como agente. Pero aunque proporcionó una asistencia valiosa y relativamente desinteresada, sobre todo al inicio de la guerra, la Unión Soviética poseía más recursos e influencia internacional que México, por lo cual era mucho más útil a la República.

Aparte del material que llegaba directamente de la Unión Soviética, la mayoría del armamento obtenido por la República a través de intermediarios provenía de Europa Oriental y, en la práctica, sobre todo de Polonia. Este hecho resulta sorprendente a primera vista, puesto que su dictadura militar no solo era firmante del pacto de No Intervención, sino que también se mostraba partidaria de Franco. Pero vender armas a la República era una oportunidad demasiado lucrativa para renunciar a ella, en especial porque permitía a Polonia deshacerse de existencias obsoletas y defectuosas y, de este modo, obtener ingresos para su hacienda en crisis y su programa de rearme.

La No Intervención significó que la República pagara siempre mucho más de lo que valía el material que conseguía. La posición cautiva del comprador y una oferta insuficiente llevaron al soborno, la corrupción y precios enormemente inflados, creando en la práctica un mercado negro de armas que solo la República se vio obligada a utilizar con el fin de seguir resistiendo. Asimismo, a los republicanos les resultaba difícil encontrar personas que supieran moverse en el turbio mundo del tráfico de armas internacional, pues los versados en trapicheos tendían a estar en el bando de Franco. Los agentes de compra republicanos solían ser desplumados por intermediarios y oportunistas de toda laya (no con infrecuencia funcionarios estatales) dispuestos a meter mano en el oro republicano. Porque, a diferencia de la ayuda a Franco alemana e italiana, que llegaba enteramente a crédito, la República tenía que pagar al contado cuando compraba a los traficantes de armas, a otros intermediarios o a la Unión Soviética, que también obtenía máximos beneficios de la República.

El hecho de que la República se viera obligada a recurrir a un heterogéneo conjunto de fuentes para armarse condujo a situaciones que habrían parecido cómicas de no ser por el cariz desesperado de las circunstancias: las armas llegaban con munición incompatible o con instrucciones en oscuras lenguas extranjeras, o el material se recibía sin respaldo técnico o logístico, o resultaba ser armamento antiguo más apropiado para un museo que para el frente.

Pero los problemas de armamento que sufría la República no terminaban con el suministro; la entrega también era una pesadilla. La Unión Soviética estaba lejos de España. La República carecía de buques mercantes y la Unión Soviética era una potencia terrestre que no podía paliar dicha carencia. En todo caso, se mostraba reacia a arriesgar su pequeña marina mercante en el largo y peligroso viaje hasta España, y tras el hundimiento del navío soviético Komsomol en diciembre de 1936, exigió a la República que proporcionara el transporte para todo el material bélico que enviara o consiguiera. Pero la República, que tenía que pagar por las armas precios desorbitados y alimentar a una población cada vez más numerosa a medida que llegaban los refugiados de la otra zona, no contaba con los recursos para fletar una cantidad adecuada de barcos, como los alemanes hacían para Franco.

Desde el principio los alemanes e italianos atacaron los embarques dirigidos a puertos republicanos, aunque no tenían autoridad para hacerlo. Y lo que es peor, desde finales del verano de 1937, su apoyo permitió a Franco bloquear los puertos de la costa mediterránea española, con lo que se cortó el suministro directo de armas a la República. Desde ese momento, toda la ayuda militar destinada a la República tenía que llegar de Francia cruzando la frontera terrestre. En teoría, tal circunstancia debería haber supuesto su fin, puesto que Francia era firmante del pacto de No Intervención. Pero los temores a verse rodeado por potencias fascistas llevó al gobierno francés a seguir una política más ambigua de «No Intervención relajada», lo que significó que la frontera entre Francia y España fuera permeable, si bien impredecible. La ayuda llegaba cruzando dicha frontera, pero también podía ser inmovilizada por completo o retenida durante periodos prolongados. La «No Intervención relajada» posibilitó que la República siguiera resistiendo cuando el Mediterráneo quedó definitivamente bloqueado, pero impidió que emprendiera acciones ofensivas porque jamás podía garantizar la calidad o constancia de su suministro militar. Tener que librar una guerra en condiciones tan adversas afectó a las capacidades del ejército republicano en el campo de batalla por la creciente tensión psicológica que producía, en especial en los mandos, quienes tenían plena conciencia de su falta de reservas[8].

En un intento de distraer a las fuerzas franquistas de lo que quedaba del norte republicano tras la caída del País Vasco en junio de 1937, los republicanos lanzaron en verano una ofensiva en el frente antes inactivo de Aragón, en el noreste de España. Con la ventaja de la sorpresa, realizaron un rápido avance, porque además, a mediados de 1937, el ejército republicano era una fuerza de combate competente. Poseía mandos con talento —aunque seguían faltando los intermedios— y estaba dirigido por el coronel (más adelante general) Vicente Rojo, el jefe del Estado Mayor republicano que, a diferencia de Franco, era un estratega imaginativo e innovador. Rojo, oficial de carrera desde antes de la guerra, era conservador y católico practicante en lo personal, pero su compromiso con la República era firme e inequívoco, y estaba reforzado por su experiencia de la resistencia en Madrid. La clave de que Rojo eligiera la República y no a Franco se encuentra probablemente en el detalle de que no había hecho carrera en el Ejército de África y se hallaba al margen de su espíritu. Su reputación desde su época de profesor en la Academia Militar era la de una de las más raras criaturas de la cultura militar española, la de un modernizador e innovador técnico.

La construcción del nuevo ejército republicano supuso innovación e improvisación. Aunque sus mandos contaban con la importante asistencia de asesores técnicos soviéticos, estos constituían un recurso escaso: entre 600 y 800 consejeros en un momento dado en toda la zona republicana (unos 3000 soviéticos prestaron su servicio en España durante toda la guerra). Y sin olvidar la valiosa asistencia cualitativa de estos ingenieros, técnicos, estrategas y expertos militares en la guerra de guerrillas, no debemos dejar de reconocer la magnitud del logro republicano en la construcción de una nueva fuerza de combate. Como era inevitable por las circunstancias en las que nació esta nueva fuerza y la rapidez necesaria con que se formó, tenía defectos estructurales, los más notables, la falta de mandos intermedios (el sector que más apoyó a Franco) y una insuficiente articulación interna entre sus agrupaciones regionales. El mismo Rojo comentó: «tenemos cinco ejércitos y no uno». Las repetidas derrotas en la segunda mitad de 1937 también erosionarían más sus cuadros mejor formados e intensificarían la desarticulación interna.

Sin embargo, era un ejército cuya moral permaneció notablemente alta durante toda la guerra pese a las derrotas. En contraste con el cansancio y la desmoralización que ya se habían extendido en la retaguardia republicana en 1938, la moral del ejército permaneció relativamente intacta, y aunque hubo deserciones, fue un fenómeno más bien limitado, debido en parte a la intensa experiencia de camaradería y solidaridad vivida en el frente, así como al papel de los comisarios políticos (analizado en el capítulo 3). Sin duda, también reflejaba la prioridad otorgada por el gobierno republicano al suministro y aprovisionamiento de las tropas por encima de la población civil. Comparada con otras guerras de la era moderna, sabemos relativamente poco acerca de las opiniones y los sentimientos de los combatientes republicanos, pero no hay razón para dudar de la importancia que tuvo el proceso de socialización efectuado a través de la experiencia de combate y la movilización, un proceso que en cierto grado sucedió también en la retaguardia, a pesar de los problemas de moral. Inculcó un fuerte sentimiento de ser republicanos en muchos que antes se habían mostrado indiferentes, como indica el hecho de que un buen número de personas sin antecedentes de militancia política antes de la guerra se encontraran entre los cientos de miles que tomaron el camino del exilio en 1939.

Pero el valor y la resolución de los republicanos en el frente de Aragón no bastaron para otorgarles la delantera por mucho tiempo. Cuando se libraban las encarnizadas batallas de Quinto y Belchite, los armamentos destinados a la República se quedaron en los controles de la frontera francesa, bloqueados por los caprichos de la No Intervención «relajada». Tampoco contaba la República con suficientes tropas de reserva bien entrenadas. Y si la No Intervención dificultaba armar adecuadamente al ejército republicano, imposibilitaba armar a sus reservas. A finales del verano de 1937 resultaba evidente que la ofensiva republicana era insostenible y no impediría que Franco conquistara el norte. La caída de Asturias (Avilés y Gijón) ocurrió en octubre de 1937 y supuso la pérdida de la industria del carbón y las fuerzas republicanas del norte, unos 200 000 soldados. En ambos aspectos fue una pérdida de la que no cabía recuperación y puso fin a la posibilidad de la República de triunfar en la guerra si dependía solo de lo que pasaba en el plano militar. Lo que sucedió en Teruel en el crudo invierno de 1937 puso de manifiesto tal imposibilidad.

La batalla de Teruel, capital de la provincia más desolada de Aragón, fue otra de las campañas de distracción emprendidas por Rojo. El objetivo era desviar de Madrid la atención de Franco. El Generalísimo no hizo caso a sus asesores —alemanes, italianos y españoles— y mandó tropas a Teruel. Deseaba no perder ni un solo centímetro cuadrado de territorio, pero mucho más aprovechar la oportunidad de aniquilar a buena parte del enemigo, incluidas algunas de las mejores unidades del ejército republicano. Porque, a diferencia de los republicanos, a Franco no le preocupaba gastar sus reservas, puesto que podían reemplazarse rápida y fácilmente.

La batalla se libró en pleno invierno de 1937-1938, uno de los más intensos que jamás había visto España. Las ventiscas impidieron a Franco el empleo de transporte mecanizado y aviones. Los combatientes morían de frío y a otros hubo que amputarles las extremidades congeladas. Los republicanos tomaron la ciudad a comienzos de enero de 1938, pero no fueron capaces de resistir la contraofensiva de Franco. Teruel se convirtió en el momento crucial de la guerra, pues confirmó de una vez por todas que la ingente superioridad material de Franco no podía ser contrarrestada por el valor o la destreza táctica de los republicanos. El general Rojo poseía un genio estratégico que le faltaba a Franco, pero, a diferencia de este último, era incapaz de poner en práctica su estrategia. Como último análisis, cabe señalar que la vulnerabilidad republicana se apreciaba en el hecho de que todas las ofensivas de Rojo eran estrategias reactivas y distracciones. En Teruel, tras otra costosa defensa de un pequeño avance, los republicanos tuvieron que retirarse.

A finales de febrero la ciudad ya había sido retomada por las fuerzas de Franco, que también hicieron casi 15 000 prisioneros y se apoderaron de una gran cantidad de material bélico republicano. En 1938 las bajas en las filas republicanas —tras el derrumbamiento del frente norte y después Teruel— obligaron a llamar a filas a adolescentes y hombres mayores. La necesidad de la República era más acuciante que la de Franco. Pero las nuevas quintas eran un pobre reemplazo para las tropas curtidas que habían perdido. Esta erosión constante también tuvo sus efectos y fue un factor más que inhibió el rendimiento del ejército republicano.

El saldo de Teruel también requirió un ajuste en el pensamiento del jefe de gobierno republicano, Juan Negrín. Desde que había accedido al cargo en mayo de 1937, había mantenido una estrategia doble de resistencia militar y diplomacia internacional, ideada para lograr que se levantara el pacto de No Intervención o, en última instancia, conseguir derechos de beligerancia para la República. Los cambios de gabinete de mayo fueron cruciales para este fin: la llegada al poder de dirigentes políticos (respaldados por el presidente de la República) que comprendían que el resultado de la guerra se acabaría decidiendo en las cancillerías de Europa. Por lo tanto, era imperativo que la República obtuviera su apoyo mediante una diplomacia mucho más activa. Desde este punto de vista, Juan Negrín era el «dirigente necesario». Nacido en 1892, el mismo año que Franco, en una de las familias más acaudaladas de Las Palmas de Gran Canaria, Negrín se había educado en el extranjero. Cursó la carrera de medicina en Alemania, donde también realizó investigación médica. Con apenas treinta años obtuvo la cátedra de fisiología en la Universidad de Madrid. Se hizo republicano porque quería ver establecido en España un estado de derecho y, como muchos otros de su generación, se unió al Partido Socialista porque lo consideraba el mejor instrumento para modernizar a España y abrirla a Europa. Negrín era muy inteligente —política e intelectualmente— y un observador muy astuto de la política europea y mundial. Cosmopolita y políglota, gozaba de excelentes contactos en el extranjero y, de este modo, a diferencia de su predecesor en el cargo, podía moverse con soltura en el mundo de la diplomacia internacional.

En principio, los esfuerzos diplomáticos de Negrín para conseguir los derechos de beligerancia para la República se centraron en Francia, que se sentía más vulnerable a causa de la política británica de acercamiento a Italia. Tales derechos no habrían resuelto el problema subyacente, puesto que Gran Bretaña habría continuado haciendo cuanto podía para bloquear las ventas de armas a la República, pero su concesión le habría permitido al menos comprar armas abiertamente y además defender como era debido su material bélico en ruta hacia España, porque podría reunir los buques de guerra suficientes para que hicieran de escoltas en las aguas mediterráneas. Asimismo, habrían permitido a la República registrar barcos «neutrales» (y especialmente italianos) para dificultar de este modo los fletes a Franco. Aunque lo sucedido en Teruel no produjo ningún cambio manifiesto en la estrategia de Negrín, sí hizo que la modificara de modo encubierto. La pérdida del norte industrial, junto con el bloqueo por parte de Franco de los puertos mediterráneos republicanos y el desgaste constante de su ejército, obligaron a Negrín a buscar un medio de llevar a Franco a la mesa de negociación. Sin embargo, Negrín también comprendía que no existía la más mínima posibilidad de lograrlo a menos que la República mantuviera una resistencia militar resuelta y eficaz.

Pero su situación militar estaba a punto de volverse crítica. Tras retomar Teruel, las tropas de Franco estaban preparadas para arrasar todo Aragón. Poco podía hacer la República para detenerlas por mucho que Francia, temiendo las consecuencias de la ocupación de Austria (Anschluss) por parte de Hitler el 12 de marzo de 1938, hubiera abierto sus fronteras para permitir que las armas pasaran sin obstáculos. Era demasiado tarde. Franco disfrutaba de una ventaja del 20% en hombres y aplastante en aviación, artillería y material restante. Abandonando su precaución habitual, a mediados de marzo lanzó contra el ejército republicano, que todavía no se había recuperado del descalabro sufrido en Teruel, la Blitzkrieg tan aconsejada por sus asesores alemanes e italianos. Barcelona fue bombardeada por aviones italianos en un intento de romper la moral civil. Bajo la cortina de fuego que ofrecían 1000 aviones italianos y alemanes, además de carros acorazados y tanques (incluidos los rusos apresados), más de 100 000 soldados, encabezados por las fuerzas de élite marroquíes e italianas, cruzaron el río Ebro.

En los primeros días de abril de 1938, el ala norte de su vanguardia en tierras de Aragón tomó la ciudad de Lleida y luego la importante central eléctrica de Tremp, dejando temporalmente sin luz a Barcelona y reduciendo su rendimiento industrial desde entonces. Mientras tanto, las unidades centrales del ejército franquista bajaron por el valle del Ebro hasta la costa de Castellón y Valencia. El 15 de abril tomaron el pequeño pueblo costero de Vinaroz, llegaron al Mediterráneo y dividieron en dos a la España republicana: Cataluña y la zona centro-sur (véase ilustración 17[*]).

Al día siguiente, Gran Bretaña firmó el acuerdo anglo-italiano y prosiguió presionando a Francia para que cerrara la frontera, aunque los buques mercantes británicos continuaban siendo hundidos por Italia. La República escindida se enfrentó a una crisis muy grave tanto en la retaguardia como en el frente.

Desde la perspectiva militar, la guerra podría haber terminado en ese momento. En el periodo inmediatamente posterior a la división en dos de la República, sus defensas fueron más vulnerables que en ningún otro momento de la guerra. En su ejército reinaba la confusión y se había roto el frente entre Vinaroz y Barcelona. Si Franco hubiera proseguido hasta Barcelona, nada le habría detenido. Con Cataluña en su poder y la frontera francesa cerrada, la guerra habría terminado más deprisa. Pero Franco, para asombro de los dirigentes políticos de la República, su Estado Mayor y no pocos de sus propios jefes militares, desvió a las tropas hacia el sur para iniciar un importante ataque sobre Valencia. Actuó así en parte por miedo a que un asalto frontal a Cataluña asustara a Francia e impulsara su intervención militar en defensa de la República. Mirando hacia atrás, no es probable que hubiera sucedido, pero dada la reacción del gobierno francés ante el Anschluss, Franco no estaba dispuesto a arriesgarse a provocarle más. Y lo que es más importante, si hubiera lanzado una ofensiva contra Cataluña en ese momento, habría dejado una fuerza republicana considerable en la zona centro-sur. Cuando Franco decidió en la primavera de 1938 no avanzar por Cataluña, sino dirigirse contra el ejército del centro-sur, pretendía alargar el conflicto y maximizar sus posibilidades de destruir y desmoralizar a los combatientes republicanos. Por lo tanto, dicha acción era consecuente con los objetivos fundamentales de Franco al librar la guerra.

La supervivencia de la República más allá de abril de 1938 dependía de la rápida reorganización de sus ejércitos y de que la población civil se convenciera de que valía la pena seguir resistiendo. Negrín consideró que el mantenimiento de la resistencia militar era un medio crucial para aumentar la presión diplomática sobre Gran Bretaña y Francia. Ambas potencias temían que cuanto más durara el conflicto español, más probabilidades había de que estallara en una conflagración europea general que las arrastraría de forma inexorable. Estos temores, junto con el aborrecimiento que sentía el gobierno británico por todo lo republicano, les hizo oponerse con éxito al intento de Negrín de que se levantara la No Intervención en la Liga de Naciones en mayo. Negrín declaró en público que continuaba comprometido con una resistencia a ultranza, pero con la esperanza de lograr que las inquietudes británicas y francesas se volvieran en su ventaja, dedicó toda la segunda mitad de 1938 a una intensa ronda de diplomacia personal para tratar de convencer a las grandes potencias de que apoyaran una mediación internacional para poner fin al conflicto en España. Sin embargo, ahora sería mucho más difícil conseguirlo porque la división de la zona republicana indicaba su debilidad, no su fortaleza, y Franco se mostraría poco inclinado a negociar sobre lo que creía que podía tomar por la fuerza.

Mantener la resistencia republicana dependía también del acceso a un suministro de armamentos externo, por escaso que fuera. Pero la situación en la frontera francesa era precaria en extremo. Abierta tras el Anschluss, se volvió a cerrar a mediados de junio. El nuevo gobierno francés, de tinte más conservador, se mostraba menos inclinado a tolerar una frontera permeable. La No Intervención «relajada» había terminado. El gobierno también congeló los fondos republicanos depositados en bancos franceses. Fue el precio exigido por Franco antes de aceptar las exportaciones a Francia de la pirita crucial para su programa de rearme y en la que el norte de España era el más rico de Europa.

A mediados de 1938 las reservas de oro de la República estaban a punto de extinguirse. Negrín siempre había dejado claro que la guerra se terminaría el día en que se gastara su última peseta-oro. Desde luego, no se equivocaba al asumir que la República no podría acceder a las importantes fuentes de crédito con que contaba Franco. Pero sí fue capaz de estirar su defensa más allá del verano de 1938, gracias al crédito de 60 millones de dólares que proporcionó la Unión Soviética. Desde el estallido de la guerra chino-japonesa a comienzos de julio, España se había visto desplazada en las consideraciones de política exterior soviéticas. Los asesores técnicos soviéticos fueron retirados durante el verano. Stalin también acordó la retirada de los voluntarios extranjeros de las Brigadas Internacionales. Compuestas en su mayoría por españoles en esas fechas, la presencia de voluntarios internacionales en la España republicana ya no tenía más que una importancia simbólica. Stalin había dejado de creer que la República pudiera ganar frente al bloqueo franquista y la obstinación británica, algo que también había hecho imposible su propia preferencia por un acuerdo de seguridad colectiva con Gran Bretaña y Francia contra la Alemania nazi expansionista. Sin embargo, cuanto más resistiera la República, más energías alemanas absorbería y mejor sería para las defensas soviéticas. Así pues, aunque el crédito resultaría casi sin lugar a dudas irrecuperable fuera cual fuese el uso que la República le diera, seguía considerándose dinero bien gastado.

Como el apoyo soviético era vital para que la República continuara resistiendo, Negrín tuvo que guardar en secreto su búsqueda de mediación internacional, lo que explica en parte su insistencia en hacerse cargo en persona de la diplomacia. En 1938 efectuó varios viajes al extranjero, siempre con otros fines aparentes, pero aprovechados para mantener conversaciones discretas e informales con representantes franquistas y también en ocasiones con los de la Alemania nazi. Ocultó su diplomacia secreta hasta a los ministros de su gobierno, circunstancia que con el tiempo llevaría a malentendidos y a un descontento creciente. Pero Negrín se mostró inflexible en este aspecto porque se daba cuenta de que si se llegaban a conocer sus objetivos diplomáticos estratégicos, se erosionaría la voluntad de combatir del ejército republicano y de la población civil para soportar el hambre y la privación. Estaba convencido del valor de la resistencia estratégica para imponer condiciones de paz a Franco, siendo la principal a su entender la garantía de que no habría represalias contra los derrotados. También quería seguridades sobre la integridad constitucional y territorial de España, que veía peligrar por las ambiciones políticas y económicas de Italia y Alemania, a las que Franco debería mucho cuando terminara la guerra.

Negrín creía fervientemente que la capacidad de la República para resistir dependía en gran medida del estado psicológico de los combatientes y la población civil. Así pues, tenía que organizarse todo para mejorar, o al menos mantener, la moral republicana. A esta labor ayudó una innovadora operación de comando que montaron en mayo de 1938 los guerrilleros del XIV Cuerpo del Ejército Republicano, con la que lograron liberar del fuerte de Carchuna a varios centenares de sus soldados capturados durante la caída del frente del norte en el otoño de 1937. Este fuerte se encontraba cerca de Motril, en la costa meridional, justo dentro del territorio franquista, y las autoridades militares lo usaban como cárcel en aquel entonces. La acción no solo levantó la moral durante los sombríos días que siguieron a las grandes retiradas de Aragón, sino que también proporcionó una fuente muy necesaria de soldados entrenados tras las bajas acumuladas del otoño e invierno previos. En la «fuga» de Carchuna también participaron dos brigadistas internacionales estadounidenses, Irv Goff y Bill Aalto, quienes habían combatido en la guerrilla desde comienzos de 1937.

La importancia crucial que Negrín otorgaba a la moral fundamentó su decisión de principios de abril de 1938 de retirar como ministro de Guerra a su gran amigo e íntimo colaborador Indalecio Prieto, el político más importante de la República antes de la guerra. Inteligente y enérgico, Prieto era conocido además por su pesimismo público en todo lo concerniente a la causa de la República en guerra, pero se pasó de la raya cuando en el mismo momento en que Negrín hacía cuanto estaba en su mano para asegurar que la frontera francesa permanecería abierta tras la batalla de Teruel, declaró al embajador francés que la República había llegado a su fin. La diferencia entre Negrín y Prieto no era su comprensión intelectual de la posición de la República, sino su respuesta subjetiva al respecto. Negrín sacaba fuerzas de flaqueza, mientras que Prieto parecía rendirse ante la desolación. Negrín concentraba sus energías en un único punto, centrándose en lo que tenía que resolver: cómo mantener un ejército en pie, armado y pertrechado. Pero al «despedir» a Prieto puso de manifiesto las crecientes divisiones que existían dentro de la clase política republicana.

Dichas divisiones aumentaron durante 1938 en proporción directa a las derrotas militares y políticas que sufrió la República. Como era inevitable, los graves problemas externos —la escasez crónica impuesta por la No Intervención y el bloqueo de los puertos republicanos, y un horizonte diplomático internacional cada vez más negro— comenzaron a exacerbar los conflictos políticos internos, muchos de ellos previos a la guerra.

Uno de los que mayor erosión causaba, si bien sutil, era la enemistad existente entre el gobierno central republicano y el gobierno catalán, la Generalitat. Una importante consecuencia de las Jornadas de Mayo de Barcelona en 1937 había sido que el gobierno de Negrín actuó para aumentar sus poderes. La Generalitat perdió el control del orden público en Cataluña, que había sido la joya de la corona de su estatuto de autonomía, concedido por la República en 1932. Después, en octubre de 1937, Negrín trasladó la sede del gobierno central a Barcelona y asumió el control directo de las industrias de guerra catalanas, fuente crucial de material tras la caída del norte industrial (donde las tensiones centro-periferia también habían contribuido al desplome). La moral catalana se vio muy afectada, pues era con creces la región con mayores tradiciones políticas y culturales independientes de toda España. Pero para el gobierno de Negrín —compuesto por republicanos, socialistas y comunistas muy centralistas— la lección de las Jornadas de Mayo fue que no se debía volver a permitir nada que amenazara la producción bélica o la resistencia militar.

Las relaciones entre los dos gobiernos se enredaron cada vez más en disputas jurisdiccionales que malgastaban tiempo y recursos. Los motivos de fricción eran numerosos, desde la competencia comparativamente menor, aunque enconada, sobre cuál de los dos debía ocupar los edificios más prestigiosos de la ciudad como dependencias del gobierno, hasta las quejas por la importación de gerentes de fábricas y policías «extranjeros» (castellanos) para prestar servicio en Cataluña. Asimismo, en el verano de 1938 hubo un serio enfrentamiento por la determinación de Negrín de militarizar la justicia. Este hecho supuso una nueva etapa en la centralización de poderes en manos de Negrín y acabó contribuyendo a la salida de los representantes catalanes y vascos de su gabinete en agosto de 1938.

No hay duda de que durante la guerra Negrín se mostró poco inclinado hacia el catalanismo político porque lo veía envuelto en disputas provincianas nimias, mientras Roma o, mejor dicho, España, ardía. Sus inclinaciones, en la larga tradición centralista del republicanismo progresista, también es probable que le hicieran hostil al catalanismo en sí. Algunas de sus declaraciones fueron incendiarias sin necesidad. Pero la principal acusación apuntada por los nacionalistas catalanes de que el constitucionalismo de Negrín era una impostura carece de credibilidad tras un análisis minucioso.

Desde el momento en que entró en la política había buscado medidas que consolidaran el estado de derecho en España. (Por esta razón, también había estado casi solo en 1932 al sostener que debía aplicarse la pena de muerte contra el general Sanjurjo, cabeza visible de la primera rebelión militar contra la democracia republicana). Debido a su inconstitucionalidad, Negrín aborrecía los comités revolucionarios que abundaban en la zona republicana en 1936 y tampoco simpatizaba con su credo colectivista. Defendía una economía basada en el mercado, y muchas de sus medidas durante la guerra (había comenzado como ministro de Hacienda en septiembre de 1936) pretendían primar este modelo sobre los colectivistas y anticapitalistas. A diferencia de Franco, que castigaba a los españoles por sus credos y, de este modo, por actos de omisión (es decir, por no apoyar de forma activa la rebelión), Negrín, como jefe de gobierno, puso en marcha mecanismos judiciales para devolver la propiedad expropiada a todos los ciudadanos españoles, prescindiendo de sus antecedentes políticos, siempre que no hubieran tomado parte activa en la rebelión militar. También impulsó medidas —por ejemplo, en el servicio de prisiones— para profesionalizar (y, por lo tanto, despolitizar) la contratación de personal. Su declaración de los objetivos de guerra republicanos, los trece puntos, publicados en mayo de 1938 como base para negociar la paz, era un modelo de constitucionalismo.

Entre los trece puntos destacaba la afirmación de la libertad de conciencia, pero no se trataba de una mera declaración de buenas intenciones dirigida al consumo externo. La normalización de la posición de la Iglesia católica constituía para Negrín la prueba decisiva de la constitucionalidad republicana. Él mismo era racionalista secular, pero no anticlerical; de hecho, su propio hermano se había ordenado sacerdote. En el verano de 1937 ya se permitía el culto católico privado, pero el avance hacia la reapertura de las iglesias fue necesariamente más lento. Negrín no carecía de voluntad, como han atestiguado los demócratas cristianos catalanes, pero el apoyo de la jerarquía eclesiástica a la rebelión militar había creado en la zona republicana un ambiente denso y cargado que no podía conjurarse de la noche a la mañana. El presidente del consejo procedió con precaución y discreción; a mediados de 1938 sus esfuerzos comenzaron a dar frutos, y en octubre, con el respaldo tácito del Vaticano, Negrín designó un comisariado de cultos, cuyo cometido era precisamente la reintroducción del culto público. Se proyectó primero para Cataluña, y estaba a punto de convertirse en realidad cuando sobrevino el desplome militar de la región ante la ofensiva franquista a comienzos de 1939.

El otro conflicto político de mayor envergadura que afectó a la República en guerra fue la pugna entre socialistas y comunistas, los dos movimientos de masas que sostenían el esfuerzo bélico. Este conflicto tenía su origen en antiguas rivalidades organizativas y personales que se intensificaron con la guerra. En 1938 esta rivalidad comenzó a enmarañarse con las disputas en la cúpula del Partido Socialista y el hecho de que varios dirigentes se mostraran cada vez más hostiles hacia Negrín, sobre todo tras la salida de Prieto del gabinete. En última instancia, este conflicto estaba impulsado en buena medida por la creciente desmoralización y desesperación de muchos líderes socialistas ante la penosa situación de la República aislada. Aunque no tenían una alternativa que proponer, criticaban la estrategia de resistencia de Negrín como algo cada vez más irresponsable, debido en parte a que no se daban cuenta de lo que conllevaba, su intensa, pero por supuesto secreta, diplomacia. Asimismo, estaban resentidos porque Negrín recurría cada vez más a miembros del Partido Comunista en perjuicio de los de su propio partido.

Lo que atraía a Negrín no era la ideología comunista (en realidad, muchos de los que se hicieron comunistas a partir del 18 de julio de 1936 tampoco profundizaban demasiado en este tema, aunque sí creían en su movimiento-partido como una comunidad de elegidos); también se daba cuenta de que el programa de dicho partido difería en importantes aspectos del suyo, pero en la situación en que se encontraba necesitaba la disciplina firme de los comunistas y, sobre todo, su compromiso incuestionable con la política de resistencia. Así pues, la disciplina comunista se convirtió en el instrumento del presidente del gabinete.

La disciplina del partido reflejaba en cierta medida la política de la Komintern. Sin embargo, los dirigentes comunistas españoles no fueron sus simples portavoces. En una guerra en la que surgían muy deprisa nuevas necesidades, habían tenido que aprender a ser auténticos dirigentes, a tomar la iniciativa y a responsabilizarse del gran número de tareas relacionadas con la contienda que se exigían al partido. Los comunistas españoles tampoco estaban siempre de acuerdo con la Komintern. En el verano de 1937, cuando propuso que el partido hiciera campaña para que hubiera nuevas elecciones a las Cortes, los dirigentes españoles coincidieron con el resto de las fuerzas políticas republicanas en que sería muy contraproducente. La propuesta no fue a más. En 1938 los dirigentes del PCE también se resistieron a las sugerencias de la Komintern de que cesara la representación ministerial comunista en el gabinete de Negrín como un medio para acabar con la larga obstrucción diplomática internacional. Al final el Partido Comunista de España pagaría un alto precio por haber llegado a simbolizar la resistencia militar a ultranza. A medida que iba aumentando el cansancio causado por la guerra y la gente iba perdiendo la esperanza ante el punto muerto en que se hallaba la diplomacia, incluso muchos de los que se habían afiliado al partido comunista o a sus organizaciones afines en 1936 acabarían descargando en ellos su frustración y desesperación.

El hambre también erosionó la esperanza. En la primavera de 1938 ya resultaba evidente que la República no era capaz de garantizar la subsistencia a la población civil, abultada por las oleadas constantes de refugiados que llegaban del territorio conquistado por Franco; 25 000 refugiados más llegaron con la caída de Aragón en la primavera de 1938, lo que significó que al final de la guerra rondaran los 600 000 refugiados en la España republicana, incluidos 200 000 niños. Las grandes regiones productoras de grano se encontraban en territorio franquista, y la República nunca había sido capaz de importar alimento suficiente para suplir la escasez porque carecía de fondos debido a los desorbitados precios que le exigían pagar por los armamentos gracias a la No Intervención. Ahora las cosas habían empeorado. El bloqueo franquista de la costa mediterránea supuso que la zona centro-sur careciera de acceso directo a los suministros.

Cataluña también necesitaba comida con urgencia. Pero la comunicación entre las dos zonas republicanas era muy arriesgada (incluso el contacto por radio era inseguro e intermitente). Submarinos alemanes e italianos torpedeaban el tráfico marítimo, poniendo a Barcelona fuera del alcance de Valencia salvo por avión, medio de transporte que tenía una capacidad más limitada y también padecía el ataque enemigo. La comida para Cataluña tenía que llegar de Francia, pero la política cada vez más tensa de la frontera la convertía en una fuente precaria y, de todos modos, la cantidad de alimentos que cruzaban no llegaba a cubrir las necesidades. Cataluña, desbordada por los refugiados, sufría gran escasez.

En el territorio republicano, el hambre y las condiciones de vida cada vez más deterioradas producían una exacerbada sensación de vulnerabilidad, aislamiento y peligro. La legitimidad política de la República se iba erosionando a medida que se sucedían las derrotas militares y la crisis de subsistencia aumentaba. La escasez, la inflación, los desplazamientos de población, la amenaza de inanición o de una epidemia de enfermedades impidieron que la República proyectara de forma creíble —en lo referente a reforma de la asistencia y otros beneficios sociales— la «parte del Estado» de un contrato social con quienes estaban luchando y muriendo por ella. La República ya no podía encarnar la visión de un futuro positivo y progresista. Bajo una presión tan intensa, con la moral asediada junto a todo lo demás, fue inevitable que la zona republicana se militarizara cada vez más, aunque así se socavaba su razón de ser democrática. La guerra —y más específicamente el intento desesperado de mantener viva la resistencia— estaba consumiéndolo todo.

Las autoridades republicanas, que en 1938 ya estaban desesperadas por la falta de tropas, no tuvieron más remedio que acelerar el proceso de llamar a quintas y emplear métodos cada vez más agresivos. Esta fue una de las principales funciones del Servicio de Investigación Militar (SIM). Su personal trataba de fomentar que se denunciaran a los llamados «emboscados» (prófugos), mientras que a los familiares que los ayudaban e instigaban se les castigaba con severidad en cumplimiento de la ley republicana. Este hecho creó resentimiento y miedo dentro de comunidades muy pequeñas, y los efectos fueron muy erosivos. Como era inevitable, los que sufrieron castigo a manos del SIM o ante los tribunales acabaron sintiendo hostilidad hacia la República asediada. Asimismo, en las zonas rurales aumentó la crispación social porque las tropas que se encontraban cerca solían coger (o sea, robar) las cosechas. El SIM prohibía esta «requisa» espontánea, pero seguía ocurriendo, en especial en tiempos de máxima crisis. Por ejemplo, en las grandes retiradas por Aragón que siguieron a la división del territorio republicano en abril de 1938, se cometieron numerosos actos de violencia contra civiles, incluidos oficiales republicanos, como en el caso del policía al que mataron cuando trataba de impedir que los soldados en retirada robaran pan de la tahona de una aldea.

La población cada vez más desmoralizada también proporcionaba terreno fértil para la quinta columna, cuya confianza y actividad se habían incrementado con los sucesivos avances territoriales de las fuerzas de Franco y el conocimiento de la opresión en que el aislamiento diplomático mantenía a la República. Aparte de las actividades de profranquistas aislados que propagaban rumores y desinformación, a finales de 1937 todas las principales ciudades republicanas ya tenían dentro redes organizadas de espías y saboteadores que planteaban una amenaza más seria. El SIM logró desmantelar varias. Sin embargo, tratar con el «enemigo interior» suponía técnicas de vigilancia e interrogatorio que violaban el compromiso republicano con las garantías constitucionales y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

Este conflicto entre los imperativos de la guerra y la obligación de preservar los derechos civiles por los que se combatía es algo con lo que siguen luchando regímenes democráticos mucho más antiguos y mejor situados que la República española, y se quedan cortos. Por supuesto, era un dilema al que Franco nunca se enfrentó: tanto durante la guerra como después, redujo el proceso judicial a un instrumento de terror al servicio de un estado dictatorial. En contraste, la República actuó como una democracia en guerra. Se recortaron los derechos constitucionales cuando Negrín introdujo tribunales especiales para ver casos de espionaje y traición, pero la España republicana se mantuvo dentro de un marco constitucional, hazaña no pequeña si se tiene en cuenta que se trataba de una democracia joven y llevaba más de dos años de su corta vida en estado de sitio. El poder judicial investigaba los abusos cometidos por la policía y el servicio de prisiones, entre los que se incluían el trato cruel a los detenidos o encarcelados y los asesinatos extrajudiciales. El hecho mismo de que estas acciones se definieran como abusos dice mucho. En la zona franquista, que nunca estuvo bajo asedio, el trato inhumano, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales del enemigo no se contemplaban como abusos, sino como un profiláctico administrado por el poder.

Ni siquiera cuando la República luchaba por su vida, en la última y descomunal batalla, la del Ebro, entre julio y noviembre de 1938, el inmenso peso de la guerra anuló las garantías constitucionales. En octubre de 1938, los dirigentes del POUM fueron llevados a juicio y condenados por haber apoyado públicamente una rebelión ilegal (la de mayo de 1937 en Barcelona) contra el Estado republicano en guerra. Se los condujo ante los tribunales para que sirvieran de ejemplo, disciplinando de este modo a la retaguardia en un momento en que amenazaba con desintegrarse. Pero el juicio del POUM no fue un proceso político. A pesar de los esfuerzos realizados por los dirigentes del PCE para influir en los procedimientos y, de este modo, deshacerse de su rival, incluida una turbia campaña en la prensa, el juicio siguió el proceso constitucional debido. La cultura política de la República continuaba siendo democrática a pesar de tenerlo todo en contra.

La batalla del Ebro, sin la cual el juicio contra el POUM no puede comprenderse, fue también el último lanzamiento de dados de la República. Tenía tres objetivos: proteger a Valencia de la conquista franquista (intentada primero por las fuerzas italianas); recobrar el contacto con Cataluña, volviendo a unir las dos zonas republicanas; y en tercer lugar, demostrar ante los foros internacionales la resistencia del ejército republicano y su capacidad de planear y llevar a cabo una acción ofensiva. El Foreign Office británico opinó a finales de 1938 que «la batalla del Ebro era sin lugar a dudas una gran victoria del gobierno [republicano]». Señalaba además que Franco dependía más que nunca de Italia y Alemania, lo que era cierto sobre todo en el caso de la aviación. En el Ebro se libraron ingentes batallas aéreas que no tenían precedentes en la historia de las guerras modernas y no se volverían a ver hasta la batalla de Inglaterra en las primeras etapas de la Segunda Guerra Mundial.

Franco pagó a la Alemania nazi en derechos de minería para garantizar su superioridad aérea en el Ebro. Por mucho que hubiera asegurado a los diplomáticos británicos en 1936 que esto no sucedería, en 1938 su necesidad de mayor fuerza aérea para ganar la guerra le dispuso a ceder lo que antes había negado. El producto de estas valiosas concesiones mineras desempeñó un papel vital en el programa de rearme alemán. Pero la ventaja militar que Franco obtuvo rindió inmensos dividendos a corto plazo. Las comunicaciones republicanas fueron bombardeadas hasta la saciedad y, como atestiguan los recuerdos de tantos brigadistas internacionales, sus tropas fueron barridas de las laderas yermas y rocosas por la ingente fuerza del material incendiario lanzado.

En términos militares, todas las potencias intervinientes mostraron sumo interés en emplear la oportunidad que proporcionaba la guerra española para entrenar a su personal y experimentar material y estrategias en condiciones de combate auténticas y extendidas, aunque se trataron de beneficios colaterales y no de los motivos que impulsaron su intervención inicial. Alemania y Rusia aprovecharon la ocasión para ensayar nueva tecnología, sobre todo contra el otro, entendido como el inevitable rival «territorial». Así pues, fue en España donde hicieron su aparición elementos de lo que se convertiría en la Blitzkrieg; por su parte, el principal beneficio que obtuvo la Unión Soviética en el conflicto fue la posibilidad que le brindó de probar sus tanques y carros blindados. Pero fue la guerra en el aire, en la que participaron cerca de 3000 aviones, la que realmente hizo un hito de España en innovación técnica y tecnológica (por ejemplo, el bombardeo de precisión sobre blancos específicos o nuevas técnicas para afrontar el fuego antiaéreo).

Al final, en noviembre de 1938, las fuerzas republicanas tuvieron que emprender la retirada del río Ebro, que habían cruzado en julio, logrando una proeza de ingeniería sagaz, improvisación y tenacidad. Imperaron los problemas usuales debidos a la escasez de material y reservas, pero en el Ebro hubo una diferencia enorme. Esta vez la retirada no la ocasionó la derrota militar (la República había logrado bloquear el ataque a Valencia de Franco), sino una derrota política absolutamente devastadora que había ocurrido a muchos kilómetros de España.

En Múnich, a finales de septiembre de 1938, Gran Bretaña y Francia firmaron un acuerdo con las dictaduras alemana e italiana que en la práctica dio luz verde a Hitler para invadir y desmembrar Checoslovaquia, la única democracia que continuaba funcionando en Europa central y oriental. Al firmar este pacto que acababa con la independencia checa, las democracias occidentales aniquilaron también a la República española. Porque la firma de Múnich demostraba su aparente compromiso inquebrantable de apaciguar a las potencias fascistas, y el punto muerto diplomático resultante socavó sin remedio la estrategia de resistencia defendida por Negrín y su credibilidad política personal a los ojos de muchos de sus desesperados compatriotas, cansados de la guerra. Asimismo, casi sin lugar a dudas, Múnich fue el acontecimiento clave que determinó la reconfiguración de la política exterior soviética y que acabaría conduciendo al pacto de «no agresión» nazi-soviético de agosto de 1939.

La desmoralización que produjo el horizonte internacional, ahora completamente oscuro, explica en parte la rápida caída de Cataluña en febrero de 1939. Lo que no habían conseguido los bombardeos de Franco lo provocaron los efectos acumulados del embargo no intervencionista y el aislamiento diplomático casi total de la República. Como recordaba un testigo, la gente comenzó a desear el fin de la guerra: «que se termine como sea, pero que se termine pronto». A medida que las tropas franquistas fueron conquistando Cataluña en febrero de 1939, cientos de miles de refugiados cruzaron en tropel la frontera para ir a parar a los campos de internamiento franceses.

Tras la caída de Cataluña, el plan de Negrín era defender al menos alguna parte de la zona centro-sur en una acción dilatoria indefinida hasta que la situación internacional estallara, estrategia que como mínimo habría permitido un proceso de retirada controlada y la evacuación de los que se encontraran en mayor riesgo. Negrín percibió lo que pocos otros dirigentes republicanos comprendieron: que solo la continuación de la resistencia residual podría otorgarles una baza para negociar con Franco y sus partidarios. Una vez que los republicanos hubieran dejado las armas, Franco no tendría necesidad de negociar nada.

Porque al Generalísimo, de acuerdo con sus objetivos políticos de guerra, no le interesaba más que un camino para lograr la «paz»: la rendición incondicional de los republicanos. En febrero de 1939 publicó la lacerante (y retroactiva) Ley de Responsabilidades Políticas, que permitiría al régimen franquista llevar a cabo una represión general y cuya publicación en este momento era en sí un acto de guerra. Y lo más nefasto era que la ley constituía una contundente respuesta negativa a la última condición no negociable para un alto el fuego: la garantía de que no habría represalias contra la población republicana derrotada. Después de Múnich, esta había sido la única condición no negociable de Negrín para poner fin a la guerra.

Pero las repercusiones de Múnich espolearon a otros dirigentes republicanos y socialistas. Enloquecidos por la desesperación, seguían creyendo contra toda evidencia y pronóstico en la quimera de una paz negociada con Franco. En marzo de 1939 sus actividades se combinaron con el masivo cansancio por la guerra en el territorio republicano para desencadenar una compleja rebelión política y social en Madrid contra Negrín y el PCE, las fuerzas que simbolizaban la resistencia a ultranza. Fue entonces cuando la heterogeneidad de la base de afiliados y simpatizantes movilizada después del 18 de julio de 1936 por el PCE se convirtió en el talón de Aquiles del partido. Muchos oficiales de carrera del ejército republicano del centro que tenían carnet del partido se negaron a obedecer sus órdenes de continuar resistiendo. De este modo, fue el desmoronamiento político de la República, y no la derrota militar contundente, el que proporcionó a las fuerzas de Franco su victoria en la guerra.

Este desmoronamiento político revela una vez más lo fantásticas que son las declaraciones sobre la «sovietización» republicana. Dichas declaraciones provienen de una interpretación completamente anacrónica de la historia, a saber, que la Unión Soviética que intervino en España en 1936 ya era la superpotencia política y económica del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Incluso después de 1945, la satelización seguía requiriendo algunas condiciones previas: proximidad geográfica y un ejército rojo como requisitos indispensables, además de una cultura política parcialmente compartida como requisito preferible. En España no se daban ninguna de estas circunstancias. Por mucho que el movimiento comunista español aumentara durante la guerra, entre la clase política republicana y la cúpula soviética continuaba existiendo un auténtico abismo que ningún mesurado intercambio diplomático o político podía salvar. Además, el movimiento comunista era atípicamente heterogéneo. Y lo más revelador de todo, como acabamos de ver, es que en España no había un equivalente del «ejército rojo».

La populosa y extensa zona centro-sur republicana, con la capital Madrid, jamás fue tomada militarmente por Franco. Presentaron su rendición los oficiales al mando de los ejércitos que la defendían en el punto muerto político y diplomático de finales de marzo de 1939. El importante papel desempeñado en la entrega por una quinta columna bien organizada, que resultó contar con excelentes comunicaciones con las fuerzas sitiadoras, plantea preguntas hasta ahora sin respuesta sobre su actuación en la rebelión contra Negrín que hizo zozobrar la resistencia republicana. En medio del pánico y la confusión, la flota republicana se hizo a la mar desde Cartagena y acabó en Bizerta, en el norte de África, donde fue retenida por las autoridades francesas a la espera de entregarla a Franco. Los miles de refugiados republicanos que llenaban Valencia, Alicante, Gandía y otros puertos de la costa levantina habían perdido su único medio viable de escapar de la zona centro-sur, que limitaba con territorio hostil y el mar. Una minoría huyó en otros barcos, en su mayoría quienes tenían dinero para pagar el pasaje. Algunos de los que se quedaron en tierra se suicidaron. El resto fue arreado como ganado a los campos de concentración establecidos por las fuerzas franquistas conquistadoras. Con la derrota de la República española, el arsenal nazi quedaba liberado para otras aventuras coloniales en Europa.

A comienzos de enero de 1937, cuando Goering se reunió con Mussolini en Roma, el dirigente alemán había comentado que tenían como mucho tres semanas. Si Italia y Alemania no podían conseguir la victoria de Franco en ese tiempo, todo habría acabado, porque después los británicos iban a despertar y los detendrían. Negrín nunca dejó de creer que tarde o temprano Gran Bretaña y Francia despertarían y cesarían de apaciguar a Alemania e Italia si querían conservar su ventaja imperial, o incluso por instinto de supervivencia. Una vez que eso sucediera, hasta en el escenario menos favorable los partidarios de Franco ya no serían capaces de mantener su apoyo y, por lo tanto, no le quedaría más remedio que negociar con la República. Esta es la razón por la que Negrín se obstinaba en resistir. Si Gran Bretaña y Francia le hubieran prestado atención, el curso de la historia europea podría haber sido diferente. Pero los historiadores no deben dedicarse a la especulación virtual, por convincente que resulte. Lo que sí sucedió es que Franco prestó a Hitler el colosal servicio de cambiar el equilibrio de poder europeo a favor del Eje Germano-Italiano, mientras que la resistencia de la República española, mantenida durante casi tres años a pesar de la política británica, retrasó otras formas de agresión nazi en Europa y, al hacerlo, ofreció a la misma Gran Bretaña un inestimable regalo de tiempo para el rearme.

Capítulo 6. Victoria y derrota: las guerras después de la guerra

CAPÍTULO 6

VICTORIA Y DERROTA:

LAS GUERRAS DESPUÉS DE LA GUERRA

La victoria de Franco en la guerra civil dio inicio al intento de alcanzar la modernización económica de España sin que esta conllevara las consecuencias de la «modernidad»: la democracia política y la cultura pluralista simbolizadas por la República. Más de 400 000 españoles buscaron refugio en el exilio. Algunos consiguieron la seguridad relativa de México y las Américas, pero otros miles fueron absorbidos por la vorágine europea de guerra y aniquilación.

LOS OTROS FRENTES DE LA ESPAÑA REPUBLICANA

[…] un soldado solo, llevando la bandera de un país que no es su país, de un país que es todos los países y que solo existe porque ese soldado levanta su bandera abolida, joven, desarrapado, polvoriento y anónimo, infinitamente minúsculo en aquel mar llameante de arena infinita, caminando hacia delante […] sin saber muy bien hacia dónde va ni con quién va ni por qué va, sin importarle mucho siempre que sea hacia delante, hacia delante, hacia delante, siempre hacia delante.

(Javier Cercas, Soldados de Salamina)

Los soldados y civiles republicanos que cruzaron la frontera de Cataluña a Francia en febrero de 1939 fueron detenidos de inmediato por las autoridades hostiles en los «campos» de internamiento, donde la falta de servicios sanitarios y cobijo causaron estragos entre los internos, ya debilitados por las privaciones de la guerra. Junto con los republicanos españoles quedaron internados los brigadistas internacionales que no pudieron regresar a sus países. Algunos consiguieron escapar. Como refugiados políticos, las opciones de los republicanos y brigadistas eran escuetas y brutales. El Frente Popular había muerto en Francia al igual que en España, y el gobierno de Daladier los contemplaba con sospecha y disgusto. Se realizaron grandes esfuerzos para lograr la repatriación voluntaria de los refugiados españoles, opción que ya habían aceptado unos 70 000 en marzo de 1939. Transcurridos unos meses, cuando se habían trasladado a las mujeres y los niños a otros lugares, a la restante población masculina activa de los campos franceses se le ofreció la posibilidad de continuar internada, pasar a la Legión Extranjera, integrarse en los Bataillons de marche (una especie de servicio militar en aislamiento) o desplegarse en batallones de trabajo semimilitarizados. De los 60 000 republicanos que abandonaron los campos (permanecieron en ellos más de 100 000), la mayoría escogió los batallones de trabajo y, de estos, la mayoría fue enviada al noreste de Francia para fortificar la Línea Maginot. Allí los republicanos de los batallones de trabajo combatieron la invasión alemana en mayo-junio de 1940 y fue en las líneas de retirada donde realizaron sus primeros actos de resistencia en forma de sabotajes contra las fuerzas de ocupación.

Algunos republicanos pasaron directamente a participar en actividades de resistencia clandestinas. Otros se unieron más tarde, al escaparse de los campos donde se los había vuelto a internar. Pero esta fuga ya resultaba mucho más difícil en el invierno de 1940, cuando había muchos más republicanos (así como brigadistas internacionales) sometidos al duro régimen de los campos penitenciarios de Gurs y Vernet d’Arriège, desde donde algunos también serían enviados a los campos de concentración franceses en el norte de África. Otros se encontraban ahora en campos de prisioneros de guerra (stalags), donde los nazis recluyeron al principio a los republicanos españoles que capturaban luchando en las filas del ejército francés. Los españoles que se desplegaron en los destacamentos de trabajo extranjeros de Vichy y en diversas obras públicas rurales y forestales participaron pronto en sabotajes. Para la mayoría de los refugiados republicanos en Francia, el camino a la resistencia comenzó con los imperativos de sobrevivir en la vida cotidiana. Su número era grande entre la clase de «civiles irregulares», como un historiador de la Resistencia los ha denominado. En su desesperación por evitar el internamiento o la repatriación, los republicanos subsistían en los márgenes sociales y económicos, concentrándose al máximo en no llamar la atención de las autoridades de Vichy y las fuerzas de ocupación. Para ayudarse a sobrevivir, crearon redes de solidaridad que con el tiempo se convertirían en redes de resistencia. La precariedad de las vidas de los refugiados hizo que los republicanos aprendieran por experiencia que a menudo no había líneas divisorias claras entre sobrevivir y resistir. Pero en los que participaron en la resistencia activa también existía la conciencia lúcida de que, defendiendo la tradición republicana de Francia, estaban prosiguiendo la lucha colectiva que habían tenido que abandonar en España en febrero de 1939.

Los maquis, en su primera fase durante 1941 en el suroeste de Francia, surgieron del conocimiento militar práctico, la pericia y la experiencia de los republicanos españoles. Eran los únicos que conocían las técnicas de sabotaje: cómo fabricar bombas con restos, tender una emboscada o descarrilar un tren sin utilizar explosivos. Las mujeres también participaron, asumiendo a menudo una labor de enlace crucial y muy peligrosa. Asimismo, los republicanos se integraron en las redes clandestinas que apoyaban el contraespionaje aliado y organizaban canales de evasión entre Francia y España. Dichos canales operaban en ambas direcciones, evacuando personal militar aliado y civiles en peligro, así como acogiendo a agentes aliados y refugiados republicanos acosados por el régimen de Franco. Una de las mujeres que participó en labores de enlace fue Neus Català, hija de campesinos de Tarragona y miembro del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC). En febrero de 1944, sería deportada a Ravensbrück en el mayor convoy de mujeres enviado desde Francia, en el que había unas veintisiete republicanas españolas. Catalá sobrevivió y tras la guerra reunió multitud de testimonios y recuerdos de otras mujeres republicanas, miembros de la Resistencia y deportadas. Pero pasarían otros cuarenta años —hasta el final del franquismo— antes de que su libro pudiera ser publicado en España.

Desde finales de 1942, las repercusiones de la ocupación nazi y, en particular, del trabajo forzado comenzaron a estimular un mayor grado de resistencia en Europa. En consecuencia, los maquis republicanos españoles se convirtieron en parte de los movimientos de resistencia rurales y urbanos multiformes que se extendieron por Francia. Los españoles que lucharon en los maquis en Francia libraron la misma guerra irregular de sabotaje, propaganda y supervivencia que sus compañeros que se habían quedado en España en la guerrilla que luchaba contra las fuerzas de seguridad de Franco. Bien se hubieran quedado por elección o por necesidad, los maquis republicanos de España entendían su propia lucha como otro frente en la guerra de resistencia que ya surgía por toda Europa en 1943 ante las brutales formas de clasificación racial, étnica y social propugnadas por los nazis y sus colaboradores.

En ningún otro lugar era más patente el carácter asesino del nuevo orden de Hitler que en el Frente del Este, donde los republicanos españoles también luchaban contra los ejércitos alemanes. Resulta irónico que en 1937 algunos hubieran sido evacuados como niños del norte de España desgarrado por la guerra y enviados a la Unión Soviética (entre otros destinos) para protegerlos de los masivos bombardeos aéreos que por entonces infligían a las ciudades republicanas los aliados nazis y fascistas de Franco. Había unos 3000 niños refugiados procedentes de la España republicana en la Unión Soviética. Unos 2000 adultos llegaron más tarde, sobre todo en la diáspora de 1939, en su mayoría cuadros políticos y militares del PCE. A todos sin excepción les absorbió la ingente y dura movilización industrial de guerra en la Unión Soviética que siguió a la invasión alemana de junio de 1941. Los republicanos que prestaron servicio como combatientes lo hicieron en su mayoría en unidades de guerrilla, unos cuantos fueron pilotos, y otros hombres y mujeres republicanos colaboraron como soldados y enfermeras en la defensa de Leningrado y Moscú. También combatieron y murieron en Stalingrado. De los cerca de 700 republicanos que lucharon en el Frente del Este, murieron unos 300, incluidos los hijos únicos de las dos mujeres políticas más destacadas de la España republicana: la dirigente comunista convertida en icono, Dolores Ibárruri (Pasionaria), cuyo hijo de veintidós años, Rubén, murió en Stalingrado en septiembre de 1942, y Margarita Nelken, la crítica de arte, escritora, diputada socialista y defensora parlamentaria de los campesinos sin tierra, cuyo hijo Santiago resultó muerto en acción en Ucrania en enero de 1944, también a los veintidós años.

Era evidente en todos los frentes, incluido el de África, que la lucha por la democracia en España seguía viva. Cuando Francia cayó en junio de 1940, más de 2000 republicanos españoles se vieron dispersados con las fuerzas francesas en territorios coloniales y dependientes, de Siria al Magreb. Unos 300 de estos republicanos ya eran veteranos de la acción anglo-francesa de abril en Narvik (Noruega), donde la XIII Semibrigada de la Legión Extranjera francesa, constituida solo por españoles, había actuado como tropa de choque, sufriendo en consecuencia cuantiosas bajas. Cuando la mayor parte de las autoridades francesas del Magreb reconocieron a Vichy, los republicanos que pudieron se unieron a las fuerzas francesas de De Gaulle. Para algunos, esto supuso cruzar el desierto del Sahara desde Marruecos y Argelia hasta Chad, en el África Ecuatorial francesa, con el fin de alistarse en la II División Blindada del general Leclerc. Esta fuerza combatió en Libia y luego, junto con el VIII Ejército británico, en otros lugares del norte de África. Tras tomar parte en el desembarco de Normandía, la división Leclerc sería el primer contingente aliado que entraría en París en agosto de 1944.

Los combatientes republicanos de las fuerzas de Leclerc llamaron a sus tanques Guadalajara, Brunete, Belchite, Ebro y Madrid por las batallas de la guerra civil y los lugares a los que esperaban volver algún día del exilio. Se consideraban afortunados por poder combatir cuando muchos de sus camaradas languidecían o ya habían muerto en los campos de concentración de Vichy en el norte de África. Otros más soportaban condiciones terribles en sus batallones de trabajo forzado, incluidos los que se utilizaban para construir el ferrocarril transahariano. Allí trabajaban con otros refugiados europeos del fascismo que se habían alistado en la Legión Extranjera, al igual que los republicanos españoles, con el propósito de combatir el nuevo orden nazi.

en compañía de otros cinco hombres de la Legión Extranjera […] Miralles [viejo veterano de todas las guerras] tomó parte en el ataque al oasis italiano de Murzuch, en Libia sudoccidental [en enero de 1941].

—Date cuenta, Javier —acotó Bolaño […] como si él mismo estuviera descubriendo la historia (o el significado de la historia) a medida que la contaba—. Toda Europa dominada por nazis, y en el culo del mundo, y sin que nadie se enterase, los cuatro putos moros, el puto negro y el cabrón de español […] levantando por primera vez en meses la bandera de la libertad[9].

La composición étnica heterogénea de las fuerzas francesas libres, subrayada aquí en la novela Soldados de Salamina de Javier Cercas, es un elemento crucial para comprender el significado de la guerra que se estaba librando entre 1939 y 1945. Miralles, «el veterano de todas las guerras» y personaje de ficción de Cercas que participa en la odisea histórica vivida por los republicanos españoles que viajaron desde el Magreb hasta Libia pasando por Chad, es uno de los soldados mestizos de Hitler y Franco que con su antiheroísmo salvan a Europa de la idealización fascista de la pureza racial y los valores marciales. En la novela, son «voluntarios» para Murzuch porque lo echan a suertes y pierden. Su «virtud» nace del pragmatismo y la contingencia, y solo aparece para oponerse a la pureza mortal y la categorización brutal contra las que luchan. Así pues, como destaca la novela de Cercas, fueron ellos, y no sus enemigos que citaban a Spengler, los soldados que salvaron a la civilización en el último momento.

Asimismo, en la Francia metropolitana la energía de los «rojos» españoles, como los llamaban los nazis y los franquistas, constituyó una fuerza impulsora en los movimientos de resistencia del sur y del norte. Muy influyente en la zona meridional de Francia fue el XIV Cuerpo del Ejército Republicano, que durante la guerra civil había desarrollado una innovadora guerra de guerrillas a una escala que ahora están sacando a la luz los historiadores. En el otoño de 1943, el XIV Cuerpo ya se había asimilado más o menos al Franc-tireurs et Partisans (FTP), eje importante de la Resistencia francesa. Otra organización clave que mantenía una alianza estrecha con el FTP fue la MOI (Main d’oeuvre immigrée, o frente de trabajadores inmigrantes), de base urbana. Su cosmopolitismo cultural y heterogeneidad racial, así como su radicalismo político, la convertían en la viva antítesis del nuevo orden de Hitler.

Los orígenes de la MOI se remontaban a los veteranos de las Brigadas Internacionales —fundamentalmente, los evadidos del campo penitenciario de Gurs— y a la tradición del internacionalismo de izquierda que había impulsado su participación en la guerra civil española. Además de franceses y republicanos españoles, la MOI incluía italianos, rumanos, armenios, polacos, austríacos, checos y húngaros. Como en las Brigadas Internacionales, también en la MOI había una gran mayoría de judíos, tal vez más de la mitad de sus integrantes. Este perfil sometía a la organización a una presión psicológica mayor que la de las restantes organizaciones de resistencia. No solo eran superiores los riesgos en un entorno urbano, sino que la mayoría de sus miembros aparecían en las listas de buscados por tres causas: como izquierdistas, como extranjeros y como judíos. La ejecución de 22 combatientes de la MOI —varios de los cuales habían luchado en España— en febrero de 1944 después de que la organización hubiera causado algunas bajas importantes a las fuerzas de ocupación en París, dio origen al famoso «Cartel rojo», del cual los nazis pegaron en las paredes de la ciudad cientos de copias (véase ilustración 21[*]). (La miembro 23 de la MOI condenada a muerte era una rumana, Olga Bancic, que fue ejecutada en Alemania unos meses después).

El «Cartel rojo» transmite el propósito de sus creadores: intentar deslegitimar la resistencia llamando al chauvinismo de los franceses. También documenta algo más: que la guerra contra el nuevo orden era tanto una guerra civil en cada uno de los países europeos, cuanto una guerra entre ellos, guerra cuyo significado se encarnaba literalmente en los resistentes multiétnicos y cosmopolitas que la libraban. Desde 1943, el FTP también fue dirigido en París por otros dos veteranos de la guerra civil española, siendo uno de ellos el brigadista francés Henri Rol-Tanguy, cuyo nom de guerre de la Resistencia, Rol, se derivaba del segundo apellido que había adoptado en 1938 en memoria de un camarada muerto en la batalla del Ebro.

Asimismo, fue a una unidad republicana española a la que el general Leclerc concedió el honor de ocupar la posición de vanguardia en la liberación de París, como reconocimiento en parte de la contribución española a la resistencia —más de 10 000 combatientes urbanos y rurales en 1944—, pero también porque «París» era la antesala simbólica de la liberación de Madrid, donde, según esperaban fervientemente los exiliados, las tropas aliadas terminarían la labor comenzada por la guerrilla. Pero en el espacio de menos de un año los republicanos habrían perdido de forma definitiva la batalla por Madrid. La liberación aliada de Europa se detuvo en los Pirineos. En el otoño de 1944, se dejó que los combatientes republicanos cruzaran solos la frontera y, como era inevitable, fueron aplastados por las fuerzas de Franco y empujados de nuevo a Francia a un exilio que esta vez sería definitivo. Hitler fue derrotado en 1945, pero Franco estaba bien situado para ganar la Segunda Guerra Mundial. Su dictadura sería respetada por las potencias occidentales, cada vez más preocupadas por las divisiones de la Guerra Fría y dispuestas a hacer la vista gorda a los asesinatos y la represión masivos dentro de España, a cambio de la reiterada afirmación de Franco de efectuar una cruzada contra el comunismo.

Se mantuvo esta mirada ciega a pesar del hecho de que España había respaldado al Eje durante casi toda la Segunda Guerra Mundial, por mucho que tuviera condición formal de no beligerante. En efecto, su valor para Hitler se derivaba precisamente de dicha condición. Franco, quien no rompió relaciones diplomáticas con el Tercer Reich hasta el día de la victoria aliada en Europa el 8 de mayo de 1945, proporcionó a Hitler materia prima estratégica, alimentos y mano de obra. También permitió el repostaje y suministro de los submarinos alemanes, proporcionó a Alemania radar, reconocimiento aéreo e instalaciones de espionaje dentro de España y acceso a los servicios de propaganda españoles en América Latina. Esta ayuda provenía de una profunda afinidad ideológica entre la España franquista y la Alemania nazi, que se manifestaba en la gran influencia de la Gestapo en el aparato policial español y en el modo como se permitía a la prensa falangista publicar material de propaganda nazi como si fueran noticias. La consecuencia mejor conocida de dicha afinidad fue el despacho en 1941 de la División Azul, dentro de cuyas filas unos 47 000 soldados españoles combatirían con los ejércitos del Tercer Reich en el Frente del Este. Una consecuencia menos conocida fue que Franco no puso reparos cuando los nazis le propusieron despojar de la condición de prisioneros de guerra a los miles de republicanos españoles que se hallaban en su poder, accediendo de este modo a que fueran enviados de los stalags a los campos de concentración.

Fue la negativa del régimen de Franco a reconocer la nacionalidad española de los prisioneros la que abrió la vía a la deportación. En efecto, las autoridades nazis anunciaron su política el 25 de septiembre de 1940, durante la visita a Alemania del lugarteniente de Franco, Ramón Serrano Suñer, ministro del Interior (y en octubre de 1940, también de Asuntos Exteriores) y jefe de la Falange. A partir de entonces los republicanos españoles fueron recluidos en muchos campos de concentración diferentes: Dachau, Oranienburg, Buchenwald, Flossenburg, Ravensbrück, Auschwitz, Bergen-Belsen, Neuengamme y, sobre todo, Mauthausen. La mayoría de los prisioneros republicanos llevaban en sus uniformes de campo el triángulo azul de los apátridas. Pero algunos lucían el triángulo rojo que señalaba a los deportados políticos, clasificados por la burocracia nazi como Nacht und Nebel: prisioneros cuya militancia antifascista los condenaba a la destrucción total, como si desaparecieran en la «noche y niebla» de la alusión wagneriana que daba nombre a la política.

En los campos nazis murieron alrededor de 10 000 republicanos españoles, lo que supone el mismo número, si no más elevado, de los que murieron combatiendo en la Segunda Guerra Mundial (la última cifra es muy difícil de calcular; las estimaciones, que abarcan tanto a los que luchaban en las filas de los ejércitos regulares como a los guerrilleros y otros combatientes irregulares, varían de 6000 a 10 000 muertos). Algunos, como Diego Morales, otro veterano de todas las guerras, sobrevivieron incluso a la guerra que era Buchenwald para morir «tontamente» de disentería cuando el campo fue liberado. Sabemos de Morales porque es recordado en unas memorias incandescentes, La escritura o la vida, por su camarada de la resistencia y compañero deportado Jorge Semprún. Hijo de un diplomático republicano, Semprún sobrevivió a la deportación para convertirse en un dirigente de la resistencia clandestina contra Franco en las décadas de 1950 y 1960, y mucho más tarde, en ministro de Cultura durante el gobierno del PSOE entre 1988 y 1991. En su obra, y sobre todo en La escritura o la vida, Semprún nos ha proporcionado algunos de los más perspicaces escritos que poseemos sobre el significado de los campos de concentración en la cultura y memoria europeas. Decidió escribir en francés porque el castellano se había convertido para él en una lengua ocupada por el enemigo político y cultural.

De todos los campos, fue en Mauthausen donde la mayor parte de los republicanos españoles experimentaron el descenso a los infiernos: 7200 fueron encarcelados en él, de los cuales 5000 murieron, la mitad del total de españoles que perecieron en campos nazis. Mauthausen también es un campo del que sobrevive un testimonio visual excepcional: fotografías tomadas en su mayoría por las autoridades del campo. Cuando la guerra se volvió inexorablemente contra Alemania, se dio la orden de destruirlas, pero un grupo de prisioneros republicanos, entre los que se incluían dos catalanes, Antonio García y Francisco Boix, consiguió escamotear un número considerable. El joven Boix, que en 1936, con dieciséis años, había fotografiado en Barcelona la energía y la esperanzada movilización de las juventudes socialista y comunista a las que pertenecía, a comienzos de 1945, recurriendo a la red de solidaridad que existía en el campo, logró sacar una gran cantidad de fotos con un grupo de prisioneros españoles adolescentes que fueron contratados para trabajar en una cantera privada en el pueblo de Mauthausen.

Allí las fotografías fueron escondidas por una mujer llamada Anna Pointner, que tenía conexiones con el movimiento socialista austriaco y cuyo jardín trasero daba a la cantera. Cuando el campo fue liberado en mayo, Boix recuperó las fotos en ruta a París. Constituían un testimonio único tanto por la cantidad como por la calidad y fueron usadas más adelante como pruebas en Nuremberg, tribunal ante el que testificó el mismo Boix. De las fotografías que originalmente conservaron los prisioneros del campo, siguen guardándose unas mil. Después de la guerra, Boix trabajó como reportero gráfico en Francia, pero le perseguía la enfermedad, pues el campo había minado su salud. En 1951, a los treinta años, murió de insuficiencia renal aguda, una de las muchas otras muertes «tontas», según la demoledora expresión de Semprún.

LA «VOLKSGEMEINSCHAFT» DE FRANCO

Aquí la flama de l’esperit és un record vague, una història perduda.

(Aquí la llama del espíritu es un recuerdo vago, una historia perdida).

(Agustí Bartra, Tercera elegia)

Aquí dentro nada os pertenece.

(Funcionaria de la cárcel de mujeres

de Les Corts, Barcelona, 1942)

El espacio del campo y de la «guerra sin límite» también existía dentro de España. El padre de Francisco Boix murió allí encarcelado como preso político en 1942. Al igual que el nuevo orden nazi del que aspiraba a formar parte, la España franquista iba a construirse como una comunidad monolítica mediante la exclusión brutal de categorías específicas de personas.

En líneas generales, los excluidos fueron los sectores sociales y políticos que se habían identificado con la República y que no pudieron abandonar España: obreros, jornaleros, nacionalistas catalanes y vascos, profesionales progresistas de las clases medias urbanas y mujeres «nuevas», sectores que habían puesto en tela de juicio el orden establecido cultural, política o económicamente. Para el régimen de Franco todos ellos eran «rojos» y, una vez colocados más allá de la nación, no se les otorgó derecho alguno.

Decenas de millares fueron ejecutados en asesinatos judiciales tras juicios militares sumarísimos (los consejos de guerra). A cientos de miles más, hombres, mujeres y niños, los encarcelaron en lo que los historiadores denominan hoy «el universo penitenciario» del franquismo: reformatorios y cárceles, campos de concentración y batallones de trabajo forzado, en los que las fuerzas militares destacadas para organizados se referían a sí mismas como «el ejército de ocupación». Los recluidos estaban sometidos a un intento sostenido y brutal de reconfigurar su conciencia y valores. Con este fin, decenas de millares de personas se vieron reprimidas, maltratadas y humilladas a diario. Sin embargo, a veces la presión aplicada era aún mayor. Matilde Landa, destacada militante y la primera reorganizadora del PCE en la clandestinidad, cuya sentencia de muerte fue conmutada por cadena perpetua en 1939, usó sus conocimientos de derecho para establecer uno de los primeros servicios de ayuda legal para sus compañeras prisioneras. Debido en parte a que era famosa y en parte a que era una mujer culta de «buena cuna» y, por lo tanto, considerada «recuperable» según los principios del régimen, se hicieron grandes esfuerzos para lograr que repudiara sus opiniones políticas y aceptara el bautismo y la confesión. Se le llegó a prometer incluso la libertad a cambio de una «abjuración» pública. Cuando esta táctica fracasó, se la mantuvo incomunicada cada vez por periodos más prolongados. Trasladada de Madrid a la cárcel de mujeres de Palma de Mallorca, donde continuó la coerción, Matilde Landa murió tras caer desde una ventana interior de la prisión el 26 de septiembre de 1942 en lo que tal vez fuera un suicidio.

Entre las restantes víctimas del orden político y social que impuso el franquismo, estaban los «niños perdidos», los bebés y niños pequeños a los que, tras ser arrancados de sus madres encarceladas, se les cambió el nombre para que pudieran ser adoptados por familias afectas al régimen. Varios miles de niños de familias obreras fueron ingresados en la inclusa, en hogares del Auxilio Social o en otras instituciones públicas porque las autoridades no consideraron a sus padres o demás familiares republicanos «aptos» para educarlos. El régimen de Franco hablaba de la «protección de los menores», pero esta idea de protección se vinculaba de forma integral con los discursos del régimen de castigo y purificación. En teoría, el castigo era el de los padres; la «redención» o «rehabilitación», la de los hijos. Pero la realidad que experimentaron los niños republicanos fue que el personal de las instituciones benéficas (religiosos en particular, pero también funcionarios de otros tipos) abrigaba la firme creencia de que los niños tenían que expiar activamente los «pecados de los padres». No obstante, al mismo tiempo, se les repetía innumerables veces que también ellos eran irrecuperables y, por lo tanto, se les segregaba con frecuencia de otras clases de internos y se los maltrataba física y mentalmente.

Un niño que soportó la estancia en un campo de concentración nazi y un reformatorio franquista en la Barcelona de los años cuarenta ha escrito sobre sus similitudes institucionales fundamentales como fábricas de deshumanización, mientras que otro «niño perdido» de las instituciones franquistas, entrevistado a los setenta y pico años para un documental televisivo, habló de que su «yo real» había muerto durante su encarcelamiento en la década de 1940[10]. Su comentario evoca de manera inquietante la idea del revenant del campo de concentración. Como ha señalado Jorge Semprún, no se «vuelve» de los campos más que como fantasma.

En la década de 1940, el trabajo también se presentaba en España como un modo de redención para los «pecadores». Los presos republicanos se convirtieron en trabajadores forzados: 20 000 labraron en la abrupta roca la basílica del Valle de los Caídos, el monumento de Franco a su victoriosa cruzada y a los vencedores de la guerra civil. El ejército y la empresa privada también utilizaron a los batallones de trabajo republicanos en sus obras. El organismo estatal que se encargaba de los presos empleados como trabajadores forzados se llamaba el Patronato Central para la Redención de Penas por el Trabajo. Las nociones católicas de penitencia y expiación mediante el sufrimiento permitieron la máxima explotación económica de los presos republicanos.

No debe extrañarnos que el sector social más castigado dentro del «universo penitenciario» fuera la clase obrera urbana, pues había constituido una base de apoyo social clave para la República y ahora se encontraba sin defensas ante el franquismo triunfador en la guerra. Los historiadores pueden debatir si una República victoriosa habría retenido el apoyo del sector obrero a pesar de las duras consecuencias económicas de la reconstrucción en época de paz. Lo que es seguro es que el régimen de Franco nunca se enfrentó a este problema. Al excluir a sectores obreros urbanos y rurales de su definición de comunidad nacional, se armó de una justificación ideológica para su explotación económica en nombre de una España «redimida». Los sueldos por debajo del umbral de subsistencia, justificados de este modo, fueron un factor crucial para la acumulación acelerada de beneficios por los bancos, la industria y los grandes terratenientes durante la década de 1940. La represión también influiría en el auge económico de la década de 1960, garantizando la «paz» que hacía a España atractiva para la inversión extranjera.

Pero la exclusión social instrumentada por Franco no se limitó a los sectores obreros. La depuración de funcionarios, en especial de profesores universitarios y maestros, supuso que se unieran a las filas de los excluidos un número considerable de profesionales de clase media. La represión cultural se notó en particular en el País Vasco y, sobre todo, en Cataluña, donde los movimientos políticos populares ya habían puesto en entredicho el concepto de un estado castellanizado y ultracentralizado. Durante un tiempo, se prohibió el uso de las lenguas vasca y catalana. En el conjunto de España, un cuarto de los profesores y maestros perdieron el derecho a ejercer su profesión. Los republicanos también se vieron sometidos al exilio interior y sus hijos fueron excluidos de la universidad. Por ejemplo, aunque Magdalena Maes provenía de una familia acomodada y de clase media de Zamora, el hecho de que también fuera sobrina de Amparo Barayón (cuyo asesinato extrajudicial se ha expuesto en el capítulo 2) le impidió estudiar y dedicarse a la carrera de periodismo que había elegido.

Para los muertos civiles, la guerra continuaría durante la década de 1940 en las variadas e intensas formas de represión y discriminación institucionalizadas mediante las que se construyó el régimen. Ninguna esfera fue inmune a la movilización ideológica franquista: el trabajo/empleo y la educación, como hemos visto, pero también el derecho, la economía, la cultura, y la misma organización de la vida cotidiana y el espacio público. A través de todos estos canales, el régimen se dedicó a dividir a los españoles según un esquema maniqueo de vencedores y vencidos.

Escribir la historia se convirtió en un arma para realizar esta labor de exclusión. Franco legitimó su nuevo orden violento acudiendo a una lectura ultraconservadora de la historia de España, lectura que se había puesto en tela de juicio bajo la República. Erigió el mito represivo de una «nación» española monolítica nacida en el siglo XV con los Reyes Católicos, en el que la jerarquía y la homogeneidad cultural, garantizada por el catolicismo integrista, había generado la grandeza imperial. Aunque el imperio había desaparecido, la España metropolitana volvería a ser grande bajo Franco como baluarte contra los «pecados» de la modernidad simbolizados por la República: librepensamiento ilustrado, fomento de unas relaciones sociales más igualitarias y tolerancia hacia la diferencia/heterogeneidad cultural.

El régimen estableció la Causa General, que se puede definir como todo lo contrario de las actuales comisiones de la verdad creadas en varios países del mundo. En la Causa General poco importaba la verdad y en absoluto la reconciliación. Ante sus tribunales repartidos por toda España se invitaba a prestar testimonio acerca de los «crímenes de los rojos». Es muy probable que el procedimiento ayudara a poner cierre a su desgracia y obtener algún consuelo a quienes testificaban porque habían perdido a seres queridos, incluso en los asesinatos extrajudiciales que se sucedieron tras la rebelión militar de 1936. Pero la falta de garantías probatorias (que a veces incluía la burda fabricación de pruebas) y el énfasis otorgado a la denuncia escabrosa pusieron de relieve que el principal objetivo de los tribunales era la legitimación y consolidación del régimen mediante la creación de una narrativa maniquea de la guerra civil. El mensaje fundamental de la Causa General eran las atrocidades que solo habían cometido los republicanos y solo habían padecido los partidarios de Franco. Si llegaba a detenerse a los que eran acusados, podían verse sometidos a juicio en un sistema en el que la misma ley operaba como un importante instrumento de represión. Hasta 1963, todos los acusados considerados opuestos al orden franquista fueron conducidos ante tribunales militares. El sistema de justicia civil continuó existiendo y desempeñando un papel complementario en la represión. Pero se nombraron jueces militares para sus tribunales y su jurisdicción se recortó más con la creación de numerosas secciones especiales, cuyo objetivo también era predominantemente represivo. Los más destacados fueron el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo (1940) y la Ley de Responsabilidades Políticas (1939), cajón de sastre cuya aplicación retrospectiva podía remontarse hasta octubre de 1934 y que compendiaba un deficiente ejercicio del derecho y la dinámica vengadora del régimen franquista. La ley permitía que se impusieran multas y expropiaciones a los acusados y sus familias. A los condenados por tribunales militares se los remitía de forma automática a los tribunales de Responsabilidades Políticas. Pero muchos de los que llegaron ante los últimos fueron sancionados no por lo que habían hecho, sino por actos de omisión; es decir, por no haber apoyado de forma activa la rebelión militar. Entre 1939 y 1945, unas 500 000 personas fueron sometidas a los procedimientos de Responsabilidades Políticas, y aunque decenas de miles de esos casos no llegaron nunca a recibir sentencia —a menudo por sobrecarga administrativa y falta de personal—, los efectos represivos sobre los comparecientes no fueron por ello menores.

Asimismo, las decisiones legales franquistas arruinaron vidas de otros modos. Tal vez uno de las más traumáticas, pero menos analizada, fuera la revocación de la ley del divorcio republicana y de la legislación que permitía las bodas civiles (que también hacía ilegítimos a los hijos). No solo se deshicieron divorcios de forma retroactiva, sino que quienes se habían casado en ceremonias civiles fueron obligados a volver a hacerlo en la iglesia si querían que su estado civil fuera reconocido. Pero era frecuente que los sacerdotes se negaran si desaprobaban las convicciones políticas o éticas de alguna de las partes. De este y otros modos, los religiosos fueron un importante agente de disciplina social en la España de posguerra, reflejando la alianza institucional de la Iglesia y el Estado fundamental para la legitimación política del franquismo. Como parte integral de este concierto, los curas informaban sobre sus feligreses a las autoridades políticas, denunciando a los «rojos» a los tribunales estatales.

La denuncia fue un mecanismo primordial para provocar la detención y juicio de los republicanos durante la posguerra. Pero los sacerdotes no fueron los únicos denunciantes. Decenas de miles de españoles corrientes también respondieron a la invitación entusiasta del régimen por convicción política, prejuicio social, oportunismo o miedo. Denunciaron a sus vecinos, conocidos e incluso familiares, sin que se buscara o requiriera ninguna corroboración. Aunque el sistema fue instigado por el régimen, las consecuencias de la denuncia crearon densas redes de complicidad y colaboración. En otras palabras, la labor de legitimar el franquismo y la construcción de su comunidad brutal fue calando en la sociedad española. También sucedió de otros modos, mediante las humillaciones cotidianas que enseñaron a los vencidos las lecciones del poder y el significado de su derrota. Cuando, por ejemplo, un padre «rojo» tenía que acudir con la cabeza gacha a vecinos afectos al régimen para pedir ayuda para un hijo enfermo.

Cómo se reconstruyó el poder y se restablecieron las jerarquías locales (y, por lo tanto, nacionales) tuvo mucho que ver con estos momentos de interacción. Pero en el periodo de posguerra, España siguió siendo un país en el que existían mundos sociales muy separados. Junto a la pobreza extrema y el terror extendido, había otros entornos de comodidad, seguridad y orden recuperados. Mientras a las mujeres republicanas los «vencedores» les rapaban la cabeza y las purgaban con aceite de ricino, las transportaban con sus hijos a cárceles lejanas en vagones de ganado o las violaban en comisarías, las mujeres de la aristocracia terrateniente del sur o de las familias acomodadas de clase media de Castilla la Vieja celebraban la salvación de su esfera familiar privada y se deleitaban con el auge de las procesiones religiosas. Resulta revelador al respecto lo que comentó muchas décadas después una mujer que había estado muy próxima al partido católico conservador, la CEDA:

… faltaban las libertades, pero lógicamente los que teníamos una vida organizada, éramos profesionales y veíamos las cosas bajo otra perspectiva más personal, pues estábamos tranquilos y contentos[11].

Sin embargo, para los vencidos rara vez era posible retirarse al ámbito privado. A la inseguridad de los espacios públicos —en la calle, los falangistas solían obligar a los transeúntes considerados «dudosos» a hacer el saludo fascista— se añadía la inseguridad y precariedad del «hogar». Las más de las veces estaba vacío, pues las mujeres trabajaban largas horas, visitaban a familiares encarcelados o buscaban los medios para obtener escasas provisiones de comida, a menudo recurriendo al mercado negro, cuyo funcionamiento castigaba más a las capas pobres urbanas. E incluso cuando estaban en «casa», era un espacio cada vez más penetrado por los organismos estatales, sobre todo por la Sección Femenina de Falange, que ofrecía servicios de asistencia mínimos a cambio del derecho a ejercer una supervisión moral y controlar la «penitencia» de los vencidos.

La brutal comunidad nacional franquista tardó en derrumbarse, si bien en 1945 el ritmo de las ejecuciones ya estaba disminuyendo. Puede que Franco sintiera la necesidad de mostrar cierta precaución estratégica tras la derrota del Eje, pero lo cierto es que el uso del terror ya había surtido pleno efecto y no era preciso seguir manteniéndolo en la misma medida que antes. Hasta se puede hablar de una inversión en terror que continuó reportando beneficios durante décadas. Además, la sanción que decidieron imponer los Aliados al régimen de Franco por su alianza con el Eje —a saber, su exclusión de la ayuda Marshall para la reconstrucción europea— también produjo el efecto de castigar más a los que habían perdido la guerra civil. Porque, como el inteligente y perspicaz primer ministro republicano Juan Negrín sostuvo con firmeza desde el exilio, la inclusión de España en el Plan Marshall habría mitigado o incluso socavado los efectos punitivos del proyecto franquista. Los acontecimientos posteriores indican que su juicio era acertado, pues fue la movilidad laboral generada en la década de 1950, una vez que la economía española se había reactivado gracias a los acuerdos de ayuda con Estados Unidos —en la práctica, el Plan Marshall particular de España—, la que proporcionó una salida de las jerarquías rígidas y los recuerdos implacables de los pueblos y las ciudades provincianas para los «rojos»/vencidos, con mucha frecuencia en la figura de sus hijos e hijas. Estos se dirigieron a las ciudades en crecimiento para convertirse en la nueva mano de obra de un sector industrial floreciente. El éxodo de los jornaleros del sur rural durante estos años acabó «resolviendo» el problema estructural de los abundantes campesinos sin tierras que había constituido el núcleo del conflicto social en la década de 1930, cuando la República había intentado encararlo de una manera más explícitamente igualitaria.

A finales de la década de 1950 y comienzos de la de 1960, las ciudades ofrecían un grado relativo de anonimato y, de este modo, cierta suerte de libertad, a pesar de la explotación económica. Pero los vencidos no eran más parte de las ciudades que de las aldeas de la España profunda, pues mientras durara el régimen de Franco, no podía haber símbolos nacionales ni discurso público que reflejaran su experiencia. Los vencidos no proyectaban reflejo. Ningún espacio público era suyo. Mientras los muertos franquistas disfrutaban de honores de guerra y sus nombres aparecían grabados en las iglesias —«Caídos por Dios y por España»—, los muertos republicanos nunca pudieron ser llorados en público. Los vencidos se vieron obligados a convertirse en cómplices de esta negación. Las mujeres ocultaban a sus hijos las muertes violentas de maridos y padres para protegerlos física y psicológicamente. En los pueblos de toda España, muchos guardaban listas secretas de los muertos. Las hermanas trazaban en su mente el mapa del lugar donde se hallaban sus hermanos asesinados, pero jamás hablaban de esas cosas. Saber en silencio que había tumbas sin sosiego produjo por necesidad un cisma devastador entre la memoria pública y privada. Fue un cisma que perduraría hasta mucho después de que el régimen de Franco hubiera desaparecido.

Capítulo7. Los usos de la historia

CAPÍTULO 7

LOS USOS DE LA HISTORIA

Solo podemos olvidar lo que hemos sabido previamente. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es saber.

(Pedro Laín Entralgo)

Nunca jamás un solo relato será contado como si fuera el único.

(John Berger)

Para los españoles, la guerra civil continúa siendo una piedra de toque de enorme importancia, debido precisamente a los usos ideológicos que la dictadura de Franco le confirió. El régimen manipuló una versión de la guerra monolítica y muy partidista, refiriéndose siempre a ella como la «cruzada» o la «guerra de liberación», nunca como guerra civil.

En 1963, cuando las playas españolas comenzaban a llenarse del turismo europeo de masas, el régimen —que seguía ejecutando a personas por «delitos de guerra»— celebró sus «Veinticinco Años de Paz». Los actos públicos y los millones de carteles pegados sobre los muros de los pueblos y ciudades a lo largo y ancho del país presentaban la guerra como una cruzada contra las hordas de la Anti-España al servicio de la conspiración judeo-masónica marxista, una guerra por la unidad nacional contra los separatistas, de la moralidad contra la iniquidad. Así pues, todavía a mediados de la década de 1960 lo que se celebraba no era en realidad la «paz», sino la «victoria». Al hacerlo, el régimen pretendía evitar cualquier encuentro serio con la modernidad social y cultural. En el proceso, la historia contemporánea —y, sobre todo, la historia de la guerra civil— se redujo a un instrumento propagandístico del régimen: apología y hagiografía escritas por policías, militares, sacerdotes y funcionarios franquistas, pues solo a ellos se les permitía el acceso a los archivos y medios para publicar.

Debido a este motivo, la historiografía sobre la guerra civil escrita por ingleses y estadounidenses llegó a ejercer una gran influencia en la década de 1960 y comienzos de la siguiente. Comprendía estudios dedicados a la diplomacia, la alta política y la economía, y se centraba en la rápida internacionalización de la guerra y sus repercusiones para las grandes potencias de la década de 1930. Por su rigor analítico e intelectual sirvió de antídoto a la producción tendenciosa del régimen de Franco, pero por definición estaba divorciada de la base empírica de los archivos españoles.

A finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, comenzaron a aparecer nuevas obras —incluidas algunas escritas por españoles—, cuando la transición a la democracia inició un lento deshielo. Dichas obras examinaban el desarrollo político de los dos bandos y su relación con la polarización europea en la década de 1930. Incluían los primeros análisis del franquismo en relación con el fascismo europeo e investigaban a las Brigadas Internacionales que lucharon con la República, labor que sigue en curso, en el último caso debido no menos a la apertura de los archivos de Moscú. Al igual que los estudios anteriores, estas obras se diferenciaban claramente de los textos propagandísticos franquistas por su rigor metodológico. No obstante, su análisis de la cuestión ideológica a veces resultaba simplista y hasta maniqueo.

Con la apertura política en España a finales de la década de 1970 y comienzos de la de 1980, se iniciaron investigaciones historiográficas sobre la guerra civil basadas en los archivos, la mayoría emprendidas por nuevas generaciones de españoles. Pero por irónico que parezca, la misma política de la transición interpuso un obstáculo para el desarrollo de esta nueva historiografía. Las élites franquistas aceptaron la transición a cambio de la amnistía política en la que se basó el denominado «pacto de silencio». A nadie se le obligaría a comparecer ante los tribunales ni habría ningún equivalente de una comisión de la verdad y la reconciliación. Si bien esta amnistía no contemplaba de forma específica la historiografía, en la práctica sí se vio afectada durante un tiempo. El mismo miedo a un recrudecimiento de la guerra civil, recordada y manipulada sin cesar por la dictadura y todavía presente en la capacidad de fuego del ejército y la extrema derecha en la década de 1970 y principios de la de 1980, volvió a imponer una vez más a los españoles la autocensura sobre lo que se podía y no podía decir en público acerca de la guerra.

Pero el pacto de silencio también fue el resultado inevitable de la complicidad de los «españoles corrientes» con la represión, como se ha expuesto en el capítulo 6. Se debía tanto a la culpa de los herederos de quienes denunciaron y asesinaron, como a los temores de aquellos cuyas familias habían sufrido la represión. Había un miedo extendido a las consecuencias de reabrir viejas heridas que el régimen de Franco, década tras década, se había negado expresa y explícitamente a dejar curar. La desventaja del modus vivendi de la transición a la democracia, por más que fuera necesario en otros aspectos, fue que a aquellos que habían sido obligados a permanecer en silencio durante más de cuarenta años se les volvió a requerir que aceptaran que no habría un reconocimiento público de sus vidas o memorias.

Sin embargo, uno de los rasgos más notables de finales de la década de 1980 en España fue la proliferación de obras históricas, detalladas y empíricas, que han reconstruido con minuciosidad la represión franquista provincia por provincia. A comienzos del nuevo milenio, ya se han investigado en cierto grado en torno al 60 por 100 de las provincias españolas. Con frecuencia los historiadores se han visto obligados a desenterrar material olvidado desde hacía mucho tiempo en los archivos locales a fin de recrear un relato para el que ya no existen fuentes análogas en los depósitos estatales. Porque, por más que el régimen de Franco pregonara su virtud moral, a comienzos de la década de 1970 ya se había cuidado de destruir buena parte de las pruebas documentales de la represión guardadas en archivos policiales, judiciales y militares. (También adquiere un significado clave a este respecto el estado de despojo del archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores para el periodo de la entente de Franco-Hitler durante la década de 1940 pero en este caso no se puede completar el vacío con datos locales).

Esta labor que están llevando a cabo los historiadores constituye una restitución necesaria en la memoria colectiva, la narración de todos esos complejos relatos que fueron silenciados por la «verdad» monolítica de la dictadura, ejemplificada en la Causa General que se analiza en el capítulo 6. Pero lo más crucial es que significa el reconocimiento público de todos los relatos que no pudieron salir a la superficie en las circunstancias especiales y precarias de la transición democrática. Esta nueva historia de la represión, contada con nombres reales y contando los muertos del registro civil y de los registros de los cementerios, es, en un sentido muy real, el equivalente de los monumentos conmemorativos para quienes jamás los tuvieron, para quienes no fueron liberados en 1945. La «historia», como mito franquista, fue una vez instrumento de represión; ahora, gracias a la labor de historiadores independientes —tanto aficionados como profesionales—, se ha convertido en parte central de la reparación y, como tal, en un acto de ciudadanía democrática y constitucional.

VIEJAS MEMORIAS, NUEVAS HISTORIAS

Por suerte para ti, hijo mío, hace ya mucho tiempo que en España hemos perdido el miedo.

(Pedro Almodóvar, Carne trémula, 1997)

Pero para poder recordar tiene que superarse el miedo. Desde el inicio del nuevo milenio ha habido una explosión de la memoria republicana con la creación de grupos de presión civiles, siendo el más destacado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que ha solicitado que se exhumen de las fosas comunes los restos mortales de las personas asesinadas extrajudicialmente por las fuerzas de Franco para que puedan ser identificadas y vueltas a enterrar por sus familias y amigos. Se calcula que los desaparecidos rondan los 30 000 en total, pero solo es probable que se exhume a una pequeña proporción, cientos más que miles. Entre ellos se incluye Pilar Espinosa, de Candeleda (Ávila), cuyo asesinato extrajudicial se ha descrito en el capítulo 2. Desde 1936 sus restos han permanecido con los de las dos mujeres asesinadas junto a ella en una fosa al lado de la carretera, aparentemente anónima, que en realidad un vecino había marcado de forma discreta con una pequeña piedra plana.

La ARMH se formó en torno a Emilio Silva, su fundador, que buscaba a su abuelo, asesinado en octubre de 1936 por pistoleros falangistas en Priaranza del Bierzo (León). Su abuela, aunque sabía a ciencia cierta la suerte que había corrido su marido, jamás contó a ninguno de sus seis hijos lo que había sucedido. En el caso de Silva, como en tantos otros, sería la generación siguiente la que se sentiría impulsada a hacer preguntas, urgida por el profundo y penetrante sentimiento de ausencia mental, angustia y pérdida que percibía en sus mayores. La «mirada del nieto», como un destacado historiador español la ha denominado, ha sido crucial para arrojar luz sobre ese pasado. La fosa común al borde de la carretera que contenía los restos del abuelo de Silva y otras trece víctimas se convirtió en el caso insignia de la ARMH y fue presentado al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. En octubre de 2000 se exhumó la fosa y en mayo de 2003 el abuelo de Emilio Silva (también llamado Emilio Silva) se convirtió en la primera víctima de la guerra civil española cuya identidad se confirmó mediante una prueba de ADN. Para la familia Silva, el círculo que se había abierto violentamente en octubre de 1936 se cerró el 18 de octubre de 2003, cuando Emilio Silva y los «13 de Priaranza» fueron llevados a sus hogares para ser enterrados con ceremonias íntimas en los cementerios locales. La devolución de los muertos a su hogar conserva una potente carga simbólica porque los ancianos recuerdan cómo el efecto más devastador de la rebelión militar que desencadenó la guerra fue, precisamente, la aniquilación del «hogar» como espacio seguro.

Un libro de memorias en concreto, que narra esa aniquilación, ha anunciado la multiplicación en la esfera pública de esos recuerdos de represión física y psicológica. Muerte en Zamora fue escrito por el hijo de Amparo Barayón, cuya historia se cuenta en el capítulo 2. Criado en Norteamérica, no había sabido nada de su madre hasta que volvió a España, a finales de la década de 1980, para descubrir la verdad sobre su encarcelamiento y asesinato extrajudicial. El libro traza una extraordinaria odisea en tiempo, espacio y memoria. Indica también que ha sido una dinámica surgida de la sociedad civil la que ha impulsado la conmemoración que ahora ocurre en España en los primeros años del siglo XXI.

Además de la publicación de obras históricas sobre la represión, también ha habido una avalancha de producciones populares y periodísticas (incluidas películas y documentales) sobre las cárceles, los batallones de trabajo y la guerrilla antifranquista de la década de 1940, que, como ya se ha analizado, no se consideraba un caso aparte, sino un componente más de las guerras europeas de resistencia contra el nuevo orden nazi. En fecha más reciente (2003), un documental sobre el emotivo tema de los niños arrancados de sus familias republicanas (Los niños perdidos del franquismo) batió el récord de audiencia. Este resurgimiento de la memoria republicana constituye un desahogo antes de que las generaciones que sufrieron lo que se recuerda desaparezcan para siempre. Las víctimas del franquismo, ahora ancianas —los trabajadores forzados y los presos políticos que pasaron años en la cárcel—, quieren que lo que se les hizo sea reconocido públicamente antes de morir. Por lo tanto, cabe establecer una comparación con la memoria del Holocausto en su sentido más amplio, porque uno de los acicates cruciales es el fin de la memoria biológica y el tremendo sentimiento de tristeza, pérdida y peligro que suscita.

Para las generaciones siguientes también prevalecen en parte los mismos motivos. Los nietos, la generación que en su mayoría se ha puesto a formular preguntas, han sido capaces de hacerlo puesto que, a diferencia de muchos de la misma generación que sus padres, se sienten a salvo porque existe una distancia suficiente del trauma familiar y el contexto político que lo generó. Así se comienza a responder a la pregunta de por qué «la mirada del nieto». Pero solo puede ser parte de la respuesta puesto que no explica por qué para esas personas la recuperación de esos acontecimientos dolorosos constituye algo tan esencial, cuando no se trata más que de una «memoria ajena», es decir, no son acontecimientos que hayan experimentado directamente, ni tampoco sus consecuencias inmediatas. Este asunto quizá sobrepase los cometidos de este libro, pues sitúa a España en un contexto europeo más amplio de imponderables, relacionados con el interés descomunal que existe hoy por recuperar la memoria histórica y el tremendo auge de conmemoraciones que conlleva. Pero sin duda en España, como en otros lugares, esta casi obsesión tiene que ver con una conciencia subliminal de todo lo que se perdió sin remedio —mediante la «purificación», el genocidio y la diáspora— en las guerras de mediados del siglo XX en Europa. De este modo, la «memoria» tal vez nos sirva como fuente de consuelo en una época en la que ya no creemos en ciertos tipos de progreso, pero nos sigue influyendo mucho un concepto lineal del tiempo. Desde una perspectiva más positiva, la labor de recuperación de fragmentos históricos es una forma de solidaridad. «Muchos amigos que nunca conocí desaparecieron en 1945, el año en que nací», escribe Patrick Modiano en su investigación sobre una de las perdidas, que se convierte en un recordatorio de todos[12].

Pero a pesar de su inmenso significado civil y cultural, los actos conmemorativos en España, al igual que en otros lugares de Europa, siempre tienen que ver en cierta medida con la política actual. Y en España la compleja dinámica centro-periferia se hace sentir en la política de la conmemoración como en todo lo demás. Mientras que el Partido Popular (PP), centralista y conservador, que ocupó el gobierno de marzo de 1996 a marzo de 2004, se mostró reacio a apoyar cualquier iniciativa —civil o política— que pusiera directamente en tela de juicio la legitimidad del régimen franquista, los políticos catalanistas han percibido las ventajas de patrocinar conmemoraciones republicanas. En particular, esta postura del PP ha permitido a los nacionalistas catalanes poner en entredicho la autenticidad de su conversión a una forma ilustrada de «patriotismo constitucional». En efecto, la posición del PP en las recientes «guerras por el archivo» sugiere que continúa apegado a una idea de patriotismo más antigua, castiza y centralista a ultranza. Estas guerras por el archivo se disputaban una documentación que en 1939 fue botín de guerra franquista y que luego pasó a formar parte de los fondos del Archivo General de la Guerra Civil Española ubicado en Salamanca (ciudad que fue una de las capitales de Franco durante la guerra y que continúa dentro del núcleo de la España católica, centralista y conservadora). Mientras ocupó el poder, el PP se opuso a todos los intentos de la Generalitat para lograr que el archivo devolviera los originales de la documentación catalana incautada por los ejércitos franquistas cuando ocuparon Cataluña durante la guerra y guardada en Salamanca con el fin de que se pudiera utilizar para incriminar y perseguir a los opositores republicanos del régimen.

La Iglesia católica tampoco ha llegado todavía a aceptar plenamente su papel en la represión franquista. En 1971 realizó una declaración pública que, si bien con una prosa muy mesurada, supuso una disculpa por su papel en la guerra civil. Por extensión, también era una disculpa por su contribución crucial para legitimar ante las clases políticas occidentales una dictadura que, durante más de tres décadas, violó a diario los derechos humanos de los españoles. Pero pese a todo ello, en el siglo XXI, los historiadores independientes que quieren acceder a las fuentes eclesiásticas sobre la década de 1940 siguen encontrando impedido el paso. De hecho, son los archivos eclesiásticos y los de las asociaciones católicas laicas, más que los militares, los que constituyen la frontera final para documentar la guerra civil y los años siguientes de paz incivil.

También se deduce que la guerra civil sigue siendo un tema candente de muchos otros síntomas actuales, pero tal vez ninguno tan patente como la falta de representaciones de la guerra en los museos nacionales, sobre todo en Madrid. Tales representaciones suelen encontrarse bien en la periferia, donde destaca la de Guernica, que posee lo más cercano a una exposición moderna sobre la guerra civil, o bien en muestras temporales menores de ámbito local. En 2003 empezaron a aparecer algunas excepciones en forma de pequeñas exposiciones fijas, por lo general cerca de sitios de batallas importantes como, por ejemplo, Morata de Tajuña (Madrid), conmemorando la batalla del Jarama. Pero resulta significativo que se trate de iniciativas privadas, lo que también sucede en Cataluña, si bien después dichas iniciativas han encontrado allí respaldo en el gobierno autonómico.

Asimismo, ha habido una reciente reacción franquista con la publicación de un libro popular muy difundido, Los mitos de la guerra civil de Pío Moa, aparecido en 2003. Su contenido de anacrónica propaganda franquista no se sostiene en absoluto frente al cuarto de siglo pasado de investigación histórica nacional e internacional. Pero a diferencia de la mayoría de las obras especializadas derivadas de esta investigación y escritas por historiadores profesionales españoles, el libro de Moa tiene una prosa muy amena que se dirige específicamente al lector general. Ha gozado de un extraordinario éxito comercial en España, sobre todo —lo que resulta destacable— entre los jóvenes, que son vulnerables porque es frecuente que los libros de texto de historia sigan sin ocuparse apenas de las décadas de 1930 y 1940. La pobreza de la obra de Moa, su incapacidad para transmitir la complejidad de la historia de aquellos años que muchos lectores están buscando, hace que resulte anacrónica en un momento en que la recuperación de la memoria republicana indica que la democracia española ya ha llegado a su madurez. Pero quizá el fenómeno de Moa también forme parte de este proceso, a pesar del contenido de su obra más que debido a él.

El debate en torno a Moa también se está dando dentro de la sociedad civil, la entidad que la cruzada franquista pretendió aniquilar. Moa cuenta con poderosos defensores en los medios de comunicación españoles, pero su franquismo intransigente ya no está respaldado por un estado autoritario. La sociedad civil española se está haciendo más fuerte y compleja, como pone de relieve la campaña sobre las fosas comunes. E incluso Moa ha sido superado con creces en las ventas por Soldados de Salamina de Javier Cercas, novela de la guerra civil que de forma sutil y humana baja del pedestal los valores estériles de los «soldados honorables» alabados por Moa pero cuya rebelión militar desencadenó la guerra civil. Al final, incluso la falta de fondos que entorpece la labor de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica puede que sea un precio que merezca la pena pagar por conservar la independencia. Porque cuando los gobiernos y estados —por más que sean democráticos— fomentan la conmemoración nacional, se cambia el significado y valor del acto de recordar. La labor de la memoria que emana de la sociedad civil es en sí más curativa y útil para la construcción de una cultura democrática. Como señala el antropólogo Michael Taussig, dicha labor «permite que los poderes morales y mágicos de los muertos sin sosiego fluyan a la esfera pública».

Pero dejando de lado las complejas políticas de la memoria y la conmemoración, ¿cuáles son los nuevos retos que esperan al historiador de la guerra civil? Hemos visto cómo, desde comienzos de la década de 1990, la obra de una nueva generación de historiadores dentro de España se ha centrado en la guerra como un conflicto en el que participó toda la sociedad. Se ha comenzado por desmantelar los mitos franquistas, y se ha logrado, a pesar del libro de Moa. También están apareciendo ahora nuevas obras que se basan en las metodologías de la historia social desarrolladas por especialistas en otros países europeos. Quedan todavía por investigar algunos temas clave, no siendo el menor de ellos la función de la movilización militar como agente nacionalizador, tal vez en especial en la España republicana. Y del mismo modo que otros historiadores europeos se están dedicando ahora a explorar los lazos íntimos entre la movilización política de masas, el cambio cultural y la identidad/subjetividad individual en la década de 1930, también en España necesitamos poner bajo la lente la revolución generacional y de género que ocurría tanto en las cabezas de la gente como en las calles, y que alcanzó su punto culminante durante la guerra civil. Pero sean cuales sean los temas específicos, lo que estas investigaciones tienen en común es que amplían nuestra comprensión de la complejidad y contradicción del cambio social y cultural a medida que se fue desarrollando en España durante la guerra.

Sin embargo, para quienes no son españoles, la idea de la República asediada como la «última gran causa» sigue ejerciendo una atracción enorme. Este es el legado duradero de la izquierda europea y americana. Suele afirmarse que la derrota de la República española resultó ser un momento determinante para las fuerzas progresistas del mundo entero. Acabó con la idea de la «Historia» como fuerza impulsora del cambio humanista ilustrado. Resulta paradójico, entonces, que esa «última gran causa» haya parecido inmune durante tanto tiempo a las consecuencias de esta percepción. En la década de 1930, la idea condensaba el irresistible compromiso emocional de muchos habitantes de Europa y más allá con la causa política en vivo de la República democrática en guerra y, de este modo, sirvió de llamamiento clave para movilizar ayuda práctica. En ambos sentidos, hemos de comprender la «última gran causa» como un fenómeno histórico por derecho propio. Pero también debemos ser cautelosos al usarla como plan interpretativo para escribir la historia de la guerra.

En efecto, en cierto sentido, la «última gran causa» se ha convertido, al igual que otras formulaciones duraderas, pero excesivamente simples, como «revolución frente a guerra», en un relato de consuelo contado para mitigar la derrota. También señala la visión del mundo binaria que definía la cultura de la vieja izquierda no menos que la de sus enemigos políticos contemporáneos, bien fuera Franco en España o Joseph McCarthy en Estados Unidos. Bill Aalto, el joven finlandés estadounidense del Bronx que se hizo brigadista internacional y luchó en la guerrilla republicana, no solo fue un héroe de guerra de la clase obrera, sino también gay. Esta fue parte de la razón por la que, a diferencia de Irv Goff, quien había combatido a su lado en la guerrilla, a Aalto le impidieron (sus mismos compañeros) volver con otros veteranos de la Brigada Lincoln a combatir en una fuerza especial estadounidense junto a la Resistencia en la Europa ocupada. La experiencia de Aalto tras la guerra civil española, las preguntas que formuló sobre la política aplicada al personal y las categorías de lo público y lo privado según estaban construidas en las décadas de 1940 y 1950, presagian el surgimiento de una nueva izquierda que rechazó el carácter monolítico de la vieja, al igual que criticó su negativa a considerar las consecuencias de la subjetividad[13].

En definitiva, el atractivo de la «última gran causa», lo que explica su fuerza emocional, era su aparente simplicidad. Pero también perpetuó un error de categoría que consistía en considerar idénticos simplicidad y virtud moral. El hecho de que la Segunda República española constituyera un proyecto político y cultural que era superior desde el punto de vista ético al representado por el franquismo no depende en lo más mínimo de que se sostenga la «simplicidad» de la causa, y mucho menos de su perfección.

Los voluntarios internacionales que lucharon para defender a la democracia republicana de España eran hombres y mujeres de su época. Y les había tocado vivir en una de las más difíciles, dolorosas e «imperfectas» que ha habido. Muchísimos brigadistas combatieron en más de una guerra, al igual que los españoles republicanos, siempre sin las cómodas certezas del patriotismo o ni siquiera la seguridad mínima de una patria. También en eso personificaron a su época, porque en la guerra civil europea de mediados del siglo XX, el continente vio estallar a todos los países y naciones; 1939-1945 constituyó el sangriento desenlace de años de conflicto intestino, tanto social y cultural como político. No imperaban categorías nacionales claras. Fue una guerra librada por la brutal categorización que conformaba el núcleo del nuevo orden nazi, al que se iban a encontrar resistentes, circunstantes y colaboradores en casi todos los países del continente europeo. El hecho de que la memoria popular no lo «recordara» así durante muchas décadas (y en algunos casos siga sin recordarlo) no indica más que ese pasado se logró reconfigurar muy bien de acuerdo con las necesidades políticas de posguerra, sin duda reforzadas por el deseo imperioso de olvidar que tenía la población agotada y desgarrada por la guerra. Pero si miramos la historia de esos tiempos y no su memoria, resulta irracional e injusto que se siga invocando el argumento falaz de que «España» no fue una «nación» beligerante en la Segunda Guerra Mundial para impedir a los veteranos republicanos españoles del desembarco aliado en Normandía participar en las celebraciones, como se les impidió en las de 2004, las últimas en las que habrá un eslabón vivo con los acontecimientos conmemorados.

El pasado es otro país. Pero hacer historia es, por definición, un diálogo interminable entre el presente y el pasado. Mucho de lo que estaba en juego en España sigue permaneciendo en los dilemas actuales, en cuyo núcleo se encuentran temas relacionados con la política racial, la religión, el género y otras formas de guerra de cultura que nos desafían a no recurrir a la violencia política o de otros tipos. En resumen, como exhorta el epígrafe de este libro, no debemos convertir en mitos nuestros temores y volverlos como armas contra los que son diferentes. La guerra civil española y todas las demás guerras civiles europeas de mediados del siglo XX se configuraron en gran parte por esta mitificación del miedo, por una aversión a la diferencia. Así pues, el mayor reto del siglo XXI es no hacer lo mismo. Es una exhortación de importancia especial para España cuando, por primera vez en su historia moderna, se convierte en un país que acoge inmigración. Pero no es menos oportuna para los demás europeos, pues el espacio de los campos sigue estando entre nosotros y, por desgracia, no solo como una memoria histórica[14]. En julio de 1944, evocando a la España republicana y los amigos que allí habían muerto en combate como símbolos de lo que hacía que la lucha continuara mereciendo la pena, el poeta húngaro Miklós Radnóti escribió, mientras estaba encerrado en un campo de trabajo controlado por Alemania cerca de Bor (Serbia), unos meses antes de que lo mataran los guardias húngaros en la marcha forzada a que sometieron a los prisioneros tras la retirada del ejército alemán:

Entre falsos rumores y gusanos, vivimos aquí con franceses, polacos, ruidosos italianos, serbios herejes y judíos nostálgicos, en las montañas.

Este cuerpo febril, desmembrado pero todavía vivo, espera buenas noticias, dulces palabras de mujer, una vida libre y humana[15].

La guerra civil de España, como guerra de culturas, continúa siendo una parábola para nuestra época, tanto como lo fue para la de Radnóti, cuando buscamos esa «vida libre y humana» que sigue mostrándose esquiva. La parábola permanece por mucho que nuestra falta de humanidad mutua se configure cada vez de formas diferentes.

Lecturas complementarias

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

EL CONTEXTO EUROPEO

Para un análisis del contexto de los conflictos depurativos, genocidas y punitivos en las décadas de 1920, 1930 y 1940 en Europa, véase Mark Mazower, La Europa negra, Barcelona, Ediciones B, 2001; J. Casanova, «Guerras civiles, revoluciones y contrarrevoluciones en Finlandia, España y Grecia (1918-1949): un análisis comparado», en J. Casanova (comp.) Guerras civiles en el siglo XX, Madrid, Pablo Iglesias, 2001; P. Preston, «La guerra civil europea», en M. Cruz Romeo y I. Saz (eds.), Siglo XX. Historiografía e historia, Valencia, Universitat de València, 2002, e István Deák, Jan T. Gross y Tony Judt (eds.), The Politics of Retribution in Europe: World War II and its Aftermath, Princeton, Princeton University Press, 2000.

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M. Vázquez Montalbán, El pianista, Barcelona, Seix Barral, 1985.

WEBSITES

Lista de la GCE, creada en 1996; el principal website de la guerra civil española (predominantemente en español)

www.guerracivil.org

Amigos de las Brigadas Internacionales (España)

www.brigadasinternacionales.org

For Your Liberty and Ours: programas educativos multimedia producidos por los Abraham Lincoln Brigade Archives; series Editor, Fraser M. Ottanelli (material predominantemente en inglés)

www.alba-valb.org (ALBA website)

(i) voluntarios judíos en la guerra civil española:

www.alba-valb.org/curriculum/index.php?module=1

(ii)Afroamericanos en la guerra civil española:

www.alba-valb.org/curriculum/index.php?module=2

(iii) Arte infantil durante la guerra civil española («They Still Draw Pictures: Teaching Materials»)

www.alba-valb.org/curriculum/index.php?module=3

(iv) Breve bibliografía sobre la Brigada Abraham Lincoln:

www.nyu.edu/library/bobst/research/tam/collections.html#alba

Website de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que ha iniciado en España la campaña para abrir las fosas comunes de la guerra e identificar a los enterrados en ellas:

www.memoriahistorica.org

Véase también el Foro por la Memoria:

www.nodo50.org/foroporlamemoria

International Brigade Memorial Trust (en inglés)

www.international-brigades.org.uk

Cronología

CRONOLOGÍA

1936

JULIO

17-18 | Comienza la sublevación militar en Marruecos y se extiende a la Península.
18-20 | La sublevación es derrotada en Madrid y Barcelona.
24-25 | El gabinete francés encabezado por el socialista Léon Blum retira su oferta inicial de ayuda militar a la República.
28 | Hitler y Mussolini deciden cada uno por su cuenta ayudar militarmente a los sublevados. Llegan a Marruecos los primeros aviones para transportar al Ejército de África (al mando de Franco) a la Península (Sevilla).

AGOSTO

| El Ejército de África se despliega desde Sevilla y comienza su sangrienta marcha hacia Madrid atravesando el sur.
2 | Francia anuncia su adhesión a la política de No Intervención.
14 | Asesinatos en masa en Badajoz (Extremadura) una vez que las tropas de Franco toman la ciudad.
15 | El gobierno británico prohíbe la exportación de armas a España.
18 | Federico García Lorca es ejecutado extrajudicialmente en Granada.
22 | La Cárcel Modelo de Madrid es asaltada y se matan presos políticos.
24 | Llega a Madrid el primer embajador de la Unión Soviética.
27-28 | Comienza el bombardeo aéreo de Madrid.

SEPTIEMBRE

3
El Ejército de África toma Talavera, la última población importante en el avance desde el sur a Madrid.

9
Primera reunión del Comité de No Intervención en Londres.

18
La comisión ejecutiva de la Komintern aprueba medidas de solidaridad en apoyo de la República española, entre las que se incluye el alistamiento de voluntarios internacionales para combatir.

24
La CNT anarcosindicalista acepta puestos en la Generalitat.

25
Los militares sublevados emiten un decreto que prohíbe la actividad política y sindical.

28
Las fuerzas de Franco se desvían a Toledo para romper el cerco del Alcázar.

29
La Unión Soviética acepta enviar armas a la República. La Junta Militar nombra a Franco Generalísimo de la zona sublevada.

30
Pla y Deniel, obispo de Salamanca, emite una carta pastoral (titulada «Las dos ciudades») defendiendo a los militares sublevados en la que, por primera vez, se emplea la palabra «cruzada» para describir la guerra civil. El gobierno republicano emite un decreto que señala su objetivo de militarizar a las milicias como primer paso en la construcción de un ejército.

OCTUBRE

| Comienzan a llegar los voluntarios internacionales.
1 | Las Cortes aprueban el estatuto de autonomía vasco.
7 | Se forma el gobierno autónomo vasco con el liderazgo del PNV.
11 | Amparo Barayón es ejecutada extrajudicialmente en Zamora.

NOVIEMBRE

6 | El gobierno republicano se traslada a Valencia.
7 | Comienza la batalla de Madrid.
16 | Para ayudar a Franco, Hitler envía a la Legión Cóndor, una fuerza especial equipada con los últimos bombarderos, aviones de combate y tanques.
18 | Alemania e Italia reconocen a Franco.

DICIEMBRE

6 | Mussolini acepta despachar una fuerza expedicionaria, el Corpo di Truppe Volontarie (CTV), para ayudar a Franco.
29 | Pilar Espinosa es ejecutada extrajudicialmente en Candeleda (Ávila).

1937

ENERO

| Mussolini aumenta enormemente el suministro de armas y tropas a Franco.
2 | El gobierno británico establece el llamado «gentleman’s agreement» (acuerdo de caballeros) con Italia para conservar el statu quo en el Mediterráneo.
6 | Estados Unidos establece el embargo legal a las exportaciones de armas a España.

FEBRERO

6-27 | Batalla del Jarama, en el frente suroriental de Madrid. Entra en combate por primera vez la Brigada Abraham Lincoln. Las fuerzas republicanas, con apoyo de tanques y aviación rusos, contienen la ofensiva franquista que amenazaba con cortar la carretera Madrid-Valencia.
7 | Málaga es tomada por Franco con ayuda italiana. Los refugiados que huyen hacia Almería sufren fuertes bombardeos.

MARZO

8-18 | Batalla de Guadalajara, en el frente nororiental de Madrid. Las tropas de Mussolini sufren la primera derrota tras librar combate con otros italianos, los Internacionales de la Brigada Garibaldi. El destino de Madrid sigue en tablas durante el resto de la guerra.
30 | El general Mola comienza la ofensiva franquista en el frente del norte (Vizcaya) y la Legión Cóndor alemana bombardea Durango.

ABRIL

19 | Franco decreta la unificación de la Falange y los carlistas en el llamado «partido único» bajo su liderazgo. Establecimiento de la efímera patrulla marítima del Comité de No Intervención.
26 | Guernica es destruida por el bombardeo de saturación alemán e italiano.

MAYO

3-7 | Luchas callejeras y protestas populares en Barcelona (las «Jornadas de Mayo»).
17 | Se nombra al socialista Juan Negrín primer ministro del nuevo gabinete republicano.
31 | Alemania e Italia abandonan la patrulla marítima del Comité de No Intervención.

JUNIO

3 | Muerte del general Mola en un accidente aéreo.
16 | Detención de los dirigentes del POUM en Barcelona.
19 | Bilbao cae ante las tropas de Franco.
21 | El gabinete de Blum dimite en Francia.
30 | Portugal abandona la patrulla marítima del Comité de No Intervención.

JULIO

1 | Carta colectiva de los obispos españoles en apoyo del régimen de Franco.
6-26 | Batalla de Brunete en el frente occidental de Madrid.

AGOSTO

| Se vuelven a permitir las ceremonias religiosas privadas en la España republicana. Franco pone en marcha el bloqueo naval de los puertos mediterráneos de la República.
24 | Ofensiva militar republicana en el frente del noreste (Aragón). Comienzan los ataques de origen desconocido a los barcos neutrales que se dirigen a los puertos republicanos.
26 | Las tropas de Franco toman Santander.

SEPTIEMBRE

10
Se reúne la Conferencia de Nyon de las principales potencias europeas para analizar los ataques de submarinos «desconocidos» a buques neutrales en el Mediterráneo. No acuden Italia, reconocida ampliamente como responsable, y Alemania.

OCTUBRE

21 | Caída del norte republicano (Gijón y Avilés).
29 | El gobierno republicano se traslada de Valencia a Barcelona.

NOVIEMBRE

6
Italia se une al pacto Anti-Komintern alemán-japonés.

DICIEMBRE

| Incursiones aéreas sobre Barcelona.
15 | Las fuerzas republicanas inician la ofensiva de Teruel.
24 | Franco comienza la contraofensiva en el frente de Teruel.

1938

ENERO

7
Las fuerzas republicanas toman la ciudad de Teruel.

FEBRERO

22
Las fuerzas de Franco recuperan Teruel.

MARZO

10 | Franco lanza una nueva ofensiva en Aragón con el fin de alcanzar la costa mediterránea y dividir en dos la zona republicana.
12 | Franco revoca la ley del matrimonio civil republicana. Hitler se anexiona Austria (el Anschluss).
13 | Blum forma un nuevo gabinete en Francia, y Negrín vuela a París para pedir la reapertura de la frontera francesa.
16-18 | Bombardeo de Barcelona durante veinticuatro horas por aviones italianos con base en Mallorca.
17 | El gobierno francés abre la frontera con España.

ABRIL

3 | Las fuerzas de Franco toman Lleida.
8 | Cae el gobierno de Blum en Francia y es reemplazado por otro más conservador encabezado por Édouard Daladier.
15 | Las fuerzas de Franco alcanzan el Mediterráneo en Vinaroz y dividen en dos a la República.
16 | Acuerdo anglo-italiano, que se entiende en los círculos diplomáticos internacionales como una señal de la aceptación implícita de Gran Bretaña de que las tropas italianas permanecerán en España hasta el fin de la guerra civil.
21 | Franco comienza la ofensiva contra Valencia.

MAYO

1 | Negrín publica el programa de trece puntos sobre los objetivos de guerra de la República.
4 | El Vaticano acepta plenas relaciones diplomáticas con Franco.
11 | La República pide sin éxito a la Liga de Naciones el fin de la No Intervención.
23 | El XIV Cuerpo (guerrilleros) del Ejército republicano lleva a cabo una novedosa incursión de comando para liberar a los soldados republicanos encarcelados en la fortaleza costera de Carchuna (Motril, Granada).
24 | Franco recibe formalmente al primer nuncio papal.

JUNIO

13
El gobierno francés cierra la frontera con España.

JULIO

5 | El Comité de No Intervención aprueba un plan para retirar a los voluntarios internacionales de España.
25 | El ejército republicano lanza la ofensiva del Ebro, la mayor batalla de la guerra, con el objetivo de aliviar la presión militar de Franco sobre Valencia, pero también para cambiar la opinión diplomática internacional.

AGOSTO

17 | Negrín militariza las fábricas de armas catalanas para imponer el control del gobierno central. Los ministros catalanes y vascos abandonan su gabinete como protesta.
18 | Franco rechaza todas las iniciativas de paz.

SEPTIEMBRE

29
Conferencia de Múnich entre Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia. Francia y Gran Bretaña aceptan la anexión por parte de Hitler del territorio de los Sudetes checo.

OCTUBRE

| Continúa la batalla del Ebro.
4 | La República retira a los voluntarios extranjeros del frente de acuerdo con el plan del Comité de No Intervención.
8 | Con el apoyo tácito del Vaticano, Negrín crea una comisión para supervisar la reintroducción del culto público en Cataluña.
24 | Comienza el juicio a los dirigentes del POUM.
29 | Desfile de despedida de las Brigadas Internacionales en Barcelona.

NOVIEMBRE

16 | Termina la batalla del Ebro cuando las fuerzas republicanas retroceden cruzando el río. Más que una derrota militar, el Ebro constituyó una derrota política determinada por los efectos de Múnich.
29 | Ataques aéreos sobre Barcelona y Valencia.

DICIEMBRE

19 | Alemania toma el control de varias explotaciones mineras españolas.
23 | Franco comienza su ofensiva contra Cataluña.

1938

ENERO

23 | Negrín declara el estado de guerra en la zona centro-sur republicana.
26 | Las tropas de Franco toman Barcelona. Huida masiva de refugiados hacia la frontera francesa.

FEBRERO

1 | Las Cortes se reúnen por última vez en suelo español en el castillo de Figueres.
9 | Franco emite la Ley de Responsabilidades Políticas que redefine de forma retroactiva la actividad política de los republicanos y los militantes de izquierda como criminal.
10 | Cae Cataluña. Franco cierra la frontera con Francia. Negrín vuelve a la zona centro-sur republicana.
27 | Gran Bretaña y Francia reconocen a Franco.

MARZO

4-6 | Confusa revuelta en la base naval republicana de Cartagena que origina que zarpe la flota. Queda retenida por Francia en el norte de África, pendiente de su entrega a Franco. De este modo, la República pierde los medios para evacuar a miles de refugiados que temen por sus vidas.
5 | El coronel Segismundo Casado, quien se encuentra al mando del ejército republicano del centro, se rebela contra Negrín, creyendo erróneamente que, como oficial de carrera, será capaz de negociar con Franco una «paz con garantías».
6-13 | Luchas callejeras en Madrid entre fuerzas a favor y en contra de Casado. Las fuerzas militares republicanas en otras partes de la zona centro-sur se mantienen al margen.
26-28 | Las fuerzas de Casado ganan en Madrid, pero Franco se niega a negociar. Casado no tiene más remedio que ordenar la rendición de la aviación y el ejército republicanos.
27 | Las tropas de Franco entran en Madrid. Huida masiva de refugiados; los refugiados republicanos se congregan en los puertos mediterráneos, sobre todo en Alicante, pero escapan relativamente pocos debido a la falta de barcos. Franco firma el pacto Anti-Komintern.

ABRIL

1 | Franco emite su último parte de guerra en el que anuncia el fin de las hostilidades militares. Estados Unidos reconoce el régimen de Franco.
6 | Franco hace pública la adhesión de España al pacto Anti-Komintern.

Anexo: mapas e ilustraciones

ANEXO: MAPAS E ILUSTRACIONES

Ilustración 1. La división de España, 22 de julio de 1936. <<

Ilustración 2. Las fuerzas sublevadas entran en Ronda en la primera fase de la guerra. Los niños que se han unido al desfile llevan una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, antiguo símbolo religioso ahora transmisor de una nueva forma de movilización de masas conservadora.

Ilustración 3. Amparo Barayón, fotografiada aquí a la moda de los años veinte, fue víctima de una ejecución extrajudicial en la zona rebelde. Las fuerzas sublevadas consideraron su guerra una cruzada contra el cambio social y cultural.

Ilustración 4. Oliver Law, el comandante negro de la Brigada Abraham Lincoln estadounidense, resultó muerto en acción en la batalla de Brunete en julio de 1937. Fue el primer comandante del ejército en la historia de Estados Unidos que dirigió una unidad de soldados que no estaba segregada racialmente.

Ilustración 5. Escaparate en la España republicana (Valencia, octubre de 1937) que indica cómo se habían incorporado a la cultura popular símbolos políticos clave —la encarnación de la Segunda República como una hermosa joven (la niña bonita)— y figuras icónicas como el dirigente anarquista Buenaventura Durruti, muerto en el frente de Madrid en noviembre de 1936.

Ilustración 6. La movilización política de los jóvenes en la España republicana también formó parte de un proceso más amplio de cambio cultural.

Ilustración 7. Miliciana en Madrid al comienzo de la guerra.

Ilustración 8. Trabajadora del Ejército Popular de la República en una fábrica de armamento.

Ilustración 9. Clase de alfabetización para los soldados republicanos.

Ilustración 10. Cartel republicano (Generalitat de Catalunya) de educación sanitaria con un subtexto misógino, que advierte de los peligros que plantean las enfermedades venéreas para la salud de la madre y el hijo.

Ilustración 11. Tren republicano pintado con símbolos antifascistas. <<

Ilustración 12. Arte de urgencia: poema en una pared de Madrid, otoño de 1937, conmemorando a las fuerzas republicanas del norte (Asturias).

Ilustración 13. Alta moda en Moscú: ilustración de una revista femenina en Madrid durante la guerra. <<

Ilustración 14. Cartel de propaganda antialemana elaborado por la CNT anarcosindicalista que muestra los efectos de los bombardeos masivos en las ciudades republicanas (en este caso, Madrid). Su uso irónico de la palabra «¡Kultur!» es una réplica implícita a la declaración de Franco de que estaba combatiendo en defensa de la civilización.

Ilustración 15. Mujeres del Auxilio Social distribuyendo comida en la zona franquista.

Ilustración 16. Mujeres de la alta sociedad en la España franquista saludando a la bandera.

Ilustración 17. División del territorio español, julio de 1938. <<

Ilustración 18. Niño vendedor callejero en la España republicana.

Ilustración 19. Desfile de la Victoria de Franco en Madrid.

Ilustración 20. Campo de refugiados republicanos en el suroeste de Francia, marzo de 1939. (Había varios. Este puede ser el de Argelès-sur-Mer o el de Le Barcarès).

Ilustración 21. El famoso «Cartel Rojo» elaborado por los nazis muestra los rostros de diez de los veintidós combatientes de la resistencia del FTP-MOI capturados y ejecutados en París en febrero de 1944. Muchos de los cuadros fundadores de la MOI eran brigadistas internacionales y republicanos españoles evadidos del campo penitenciario de Gurs. Tres de los diez retratados en el cartel habían combatido por la República de España: Celestino Alonso, Shloime Grzywacz y Francisc Wolf, cuyo nom de guerre era Joseph Boczoř. <<

Ilustración 22. Francisco Boix, el adolescente que en 1937 en España había llevado su cámara al frente, fue deportado de un stalag al campo de concentración de Mauthausen en 1941, del que fue nombrado fotógrafo oficial. Boix había sido capturado como parte de un batallón de trabajo francés, del cual sus amigos habían tratado en vano de liberarlo.

Ilustración 23. Presos políticos republicanos en España, 1952 (Penal de Ocaña).

LISTA DE MAPAS E ILUSTRACIONES

La división de España, 22 de julio de 1936

Aurelia Sanz

Las fuerzas sublevadas entran en Ronda en la primera fase de la guerra

Archivo Serrano, Hemeroteca Municipal de Sevilla

Amparo Barayón

Colección privada, cortesía de Ramón Sender Barayón

Oliver Law

Colección privada, cortesía de Harry Fisher

Iconografía de un escaparate

Colección Kati Horna, Ministerio de Cultura, Archivo General de la Guerra Civil Española, Salamanca

Movilización de la juventud republicana

Colección privada, cortesía de Antonio Rodrigo

Miliciana

Instituto de España, Londres

Trabajadora del Ejército Popular de la República en una fábrica de armamento

Ministerio de Cultura, Archivo General de la Administración, Madrid

Clase de alfabetización

Biblioteca Nacional, Madrid

Cartel republicano (Generalitat de Catalunya), sector de sanidad

Ministerio de Cultura, Archivo General de la Guerra Civil Española

Tren republicano pintado con símbolos antifascistas

Foto de Antoni Campañá, reproducida por cortesía de la familia Campañá

Arte de urgencia

Cortesía de Cary Nelson

Moda de Moscú

Ministerio de Cultura, Archivo General de la Guerra Civil Española

¡Kultur!

Ministerio de Cultura, Archivo General de la Guerra Civil Española, Salamanca

Mujeres del Auxilio Social

Biblioteca Nacional, Madrid

Mujeres en la zona franquista saludando a la bandera

Ministerio de Cultura, Archivo General de la Administración, Madrid

División del territorio español, julio de 1938

Aurelia Sanz

Niño vendedor callejero en la zona republicana

Colección Kati Horna, Ministerio de Cultura, Archivo General de la Guerra Civil Española, Salamanca

Desfile de la Victoria

Actualidad Española

Campo de refugiados republicanos en una playa francesa

Foto de Robert Capa, copyright Magnum Photos

Cartel rojo

Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC) et Musée d’Histoire Contemporaine, París

Francisco Boix

Cortesía de Benito Bermejo

Presos políticos

Agencia EFE, Madrid

Glosario de siglas

GLOSARIO DE SIGLAS

CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas): Partido católico de masas de ámbito nacional, fundado en 1933 y muy dependiente de las redes asociativas de la Iglesia.

CNT (Confederación Nacional del Trabajo): Sindicato obrero de orientación anarquista, fundado en 1910.

Komintern: III Internacional Comunista, establecida por Lenin en 1919 como organización de todos los partidos comunistas nacionales.

Falange: Partido fascista español fundado en 1933 por José Antonio Primo de Rivera, cuyo padre había sido dictador militar de España de 1923 a 1930.

PCE: Partido Comunista de España, fundado en 1921 y afiliado a la Internacional Comunista (Komintern).

PNV: Partido Nacionalista Vasco, fundado en 1895. Era muy católico y conservador, pero opuesto al ultracentralismo de la derecha española.

POUM: Partido comunista disidente (es decir, no alineado con la Komintern), formado en septiembre de 1935. Era un partido de ámbito catalán mayoritariamente.

PSOE: Partido Socialista Obrero Español, fundado en 1879.

PSUC: Partido Socialista Unificado de Cataluña, fundado en julio de 1936 por la fusión de partidos socialistas y comunistas catalanes.

Republicanos: Partidos y grupos de ideología republicana, así como personas y grupos que apoyaron a la República durante la guerra civil de 1936-1939.

UGT (Unión General de Trabajadores): Sindicato obrero de orientación socialista fundado en 1888, tradicionalmente más fuerte en Madrid y en las zonas industriales del norte de España, como las minas de carbón asturianas y la industria pesada de Vizcaya.

Notas

[1] Este fue el recibimiento ofrecido en un pueblo a los que hacían campaña a favor de la república poco antes de la declaración de la Segunda República. <<

[2] Según los términos del Tratado de Cartagena (1907), las grandes potencias habían asignado a España —que ya controlaba los enclaves norteafricanos de Ceuta y Melilla— la tarea de vigilar el norte de Marruecos. <<

[3] El primer manifiesto de los militares sublevados, transmitido por Franco desde Marruecos en el momento de la rebelión, puede consultarse en F. Díaz-Plaja, La guerra de España en sus documentos, Barcelona, Ediciones G. P., 1969, págs. 11-13. <<

[4] La entrevista apareció en The News Chronicle, 29 de julio, 1 de agosto de 1936. <<

[5] La cita se encuentra en M. Sánchez del Arco, El sur de España en la reconquista de Madrid, Sevilla, Editorial Sevillana, 1937, pág. 205. <<

[6] La hostilidad de las élites británicas hacia la República española no disminuyó a lo largo de la guerra civil. En 1938, en un informe del Foreign Office se describió al ministro de Justicia republicano, el diputado socialista y dirigente del Sindicato Minero de Asturias, Ramón González Peña, como «un hojalatero de [Asturias]». (W 13853/29/41, F. O. General Correspondence: Spain, Public Records Office). <<

[7] «El analfabetismo ciega el espíritu. Soldado, instrúyete». El cartel se reproduce en H. Graham y J. Labanyi (eds.), Spanish Cultural Studies. An Introduction, Oxford, Oxford University Press, 1995, pág. 158. <<

[8] El estudio más reciente sobre cómo se armó la República es el de Gerald Howson, Armas para España: la historia no contada de la guerra civil española, Barcelona, Península, 2000. Sigue existiendo mucha polémica entre los especialistas para que hablemos de consenso sobre por qué la República perdió la guerra civil. Pero atendiendo a los datos empíricos con que contamos, no es frecuente encontrar hoy historiadores que intenten sostener que la República estuvo en igualdad de condiciones con el bando franquista en cuanto a cantidad o calidad de la ayuda militar recibida. Para consultar los cálculos de la ayuda soviética más actualizados, véase el apéndice 3 del libro ya citado de G. Howson, Armas para España. <<

[9] La cita que describe la acción de Murzuch está tomada de J. Cercas, Soldados de Salamina, Barcelona, Tusquets, 2002, pág. 158. <<

[10] El niño que sufrió la estancia en un campo de concentración nazi y un reformatorio franquista fue Michel del Castillo, Tanguy, Histoire d’un enfant d’aujourd’hui, París Gallimard, 1957 (traducción al castellano, Tanguy, historia de un niño de hoy, Vitoria, Ikusager, 1999). <<

[11] Petra Román de Bondia fue entrevistada en el programa final de la miniserie documental The Spanish Civil War (Granada Television, Reino Unido), transmitida a comienzos de la década de 1980. <<

[12] Sobre la memoria, la pérdida y nuestro encuentro con la tenebrosa historia europea de mediados del siglo XX, véase W. G. Sebald, The Ausgewanderten, Londres, The Harvill Press, 1996. (Traducción al castellano, Los emigrados, Barcelona, Debate, 1996). Sobre la recuperación histórica como un acto de solidaridad con los muertos, véase Patrick Modiano, Dora Bruder, Berkeley-Los Ángeles, University of California Press, 1999. La cita está tomada de la pág. 81. (Traducción al castellano, Dora Bruder, Barcelona, Seix Barral, 1999). <<

[13] La historia de Bill Aalto se recoge en Helen Graham, «Fighting the war, breaking the mould: Bill Aalto (1915-1958)», en R. Baxell, H. Graham y P. Preston (eds.), More than One Fight: New Histories of the International Brigades in Spain, Londres, Routledge/Cañada Blanch, en prensa. También aparece un esbozo de la vida de Aalto en P. Carroll, The Odyssey of the Abraham Lincoln Brigade. Americans in the Spanish Civil War, Stanford, Ca., Stanford University Press, 1994, págs. 118, 167 y 254-258. <<

[14] G. Agamben, «The Camp as Biopolitical Paradigm of the Modern», Homo Sacer. Sovereign Power and Bare Life, Stanford, Ca., Stanford University Press, 1998. Véase también, A. Weiner, Landscaping the Human Garden, Stanford, Ca., Stanford University Press, 2003. <<

[15] Miklós Radnóti, «Séptima Égloga», Lager Heideman, en las montañas junto a Žagubica, julio de 1944. <<