Las leyes están escritas en arena,

las costumbres en granito

PLATÓN

0

Confesión de parte

México será algún día un país moderno, un país próspero, democrático, equitativo, pero no lo será por aciertos cometidos en el curso de mi generación.

Mi generación, la nacida en los años cuarenta del siglo pasado, debutó muy temprano en la historia. Sobreactuó sus sueños y sus emociones. Su salida al mundo, con el movimiento estudiantil de 1968, fue una fiesta de libertad que terminó en una tragedia, la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. Diría que desde aquel momento fundador hemos soñado de más y conseguido de menos como generación.

Desde 1968, México ha ensayado todas las fórmulas probadas para dejar atrás el subdesarrollo, como se decía en mis tiempos, pero las ha vuelto insustanciales, cuando no catastróficas, de resultados contrarios al buscado.

El país no ha tenido una década de crecimiento económico alto y sostenido desde 1970, año a partir del cual la población mexicana creció en 70 millones. Se disiparon en el camino dos ciclos de abundancia petrolera. Uno en los años ochenta del siglo pasado, otro en la primera década del siglo XXI. Las rentas de ambos ciclos han sido calculadas en seis veces y media el monto del Plan Marshall que permitió reconstruir la Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial.

Una revolución de terciopelo, hecha de reformas graduales y transiciones pactadas, convirtió la descompuesta hegemonía priista en una prometedora primavera democrática.

Los mexicanos descubrimos poco a poco, sin embargo, que la nuestra era una democracia sin demócratas. Del fondo de las costumbres políticas de la nación, más que de las leyes vigentes, surgió un régimen de partidos que acabó siendo una red de complicidades y clientelas cuya especialidad fue encarecer las elecciones y llevar a ellas ríos de dinero ilegal, pues para ganar había que satisfacer cada vez mayores cuotas de corrupción de gobiernos y partidos. En lugar del presidencialismo abusivo de la era del PRI, la democracia dio paso a un gobierno federal débil y a una colección de gobiernos locales fallidos. Durante los años de la democracia, hemos tenido los gobiernos estatales más ricos, más autónomos y más legítimos electoralmente de nuestra historia, pero también los más irresponsables, los más ineficaces y los más corruptos. En realidad, remedos de gobiernos, pues ni cobran impuestos ni aplican la ley.

La guerra contra las drogas y el crimen organizado, lejos de contener la violencia y el crimen, los multiplicó, sumiendo al país en una espiral de sangre.

El cambio estratégico mayor de estos años, la integración comercial con América del Norte, no arrastró al resto de la economía y debe buena parte de su éxito a los bajos salarios.

La economía mexicana produce multimillonarios de clase mundial pero no salarios dignos de una clase media decente. La riqueza generada por la parte moderna de la economía, paradójicamente, ha multiplicado nuestra desigualdad.

México está lejos de ser el país próspero, equitativo y democrático que soñó mi generación. Hemos corrompido la democracia, multiplicado la inseguridad, precarizado los salarios, profundizado las desigualdades.

La cuenta de las equivocaciones de estos años es notoriamente más larga que la de los aciertos. La responsabilidad mayor es de los gobiernos, desde luego, pero también de sus oposiciones; de los otros poderes, de la baja calidad de la opinión pública y de los medios, de empresas y empresarios, del conjunto de la clase dirigente. También, de la débil pedagogía que baja de nuestras escuelas, de nuestras iglesias, de nuestra vida intelectual, y de los malos hábitos y las pobres convicciones cívicas de la sociedad.

El país que mi generación heredará es inferior al que soñó y al que hubiera podido construir equivocándose menos, aunque en esto de equivocarse mucho, no hemos sido los primeros.

En el año de 1849, mientras escribía el prólogo de su Historia, Lucas Alamán llegó a pensar que México podía desaparecer y que su obra serviría para mostrar a los descendientes de aquella desgracia cómo podían volverse nada, por la acción de los hombres, los más hermosos dones y las más altas promesas de la naturaleza.

Casi 100 años después, en 1947, el historiador Daniel Cosío Villegas escribió en su famoso ensayo La crisis de México, que todos los hombres de la Revolución mexicana, sin excepción alguna, habían estado por debajo de las exigencias de ella.

Podría parafrasear a Cosío Villegas y decir, 70 años después de su sentencia, que todos los miembros de mi generación, sin excepción alguna, hemos estado por debajo de las oportunidades que la historia nos brindó y más por debajo aún de lo que nos propusimos. Hemos sido inferiores a lo que soñamos.

Me consuelo pensando que el país es más grande que sus males, más vital que sus vicios y más inteligente que las ilusiones de sus hijos. Lo ha sido desde que existe. Su poder ha sido la resistencia, el “aguante”, su vitalidad estoica, más que la lucidez práctica de la acción colectiva.

“La historia —dice Chesterton— no está hecha de ruinas completadas y derribadas; más bien está hecha de ciudades a medio edificar, abandonadas por un constructor en quiebra.” Sus palabras evocan una vieja tradición histórica de México: la de parecer eternamente inacabado.

Nocturno de la democracia mexicana reúne ensayos sobre las costumbres políticas del país y sobre la mayor novedad de nuestra historia reciente: el advenimiento de la democracia.

LA COSTUMBRE POLÍTICA MEXICANA, primera parte del libro, puede leerse como un solo ensayo sobre los hilos de larga duración de nuestra historia política: aquellas marcas de fábrica a las que, poco o mucho, volvemos siempre.

La segunda parte, CASA EN CONSTRUCCIÓN: DEMOCRACIA SIN DEMÓCRATAS, reúne ensayos y artículos escritos al paso de las primeras dos décadas de la democracia mexicana: 2000-2018.

La tercera parte, SALTANDO AL PASADO. EL PODER DE LA COSTUMBRE, explora las elecciones del año 2018 como una especie de vuelta a la costumbre, a la elección de un gobierno fuerte, de rasgos caudillistas y providenciales, luego de dos décadas de gobiernos débiles, incuestionablemente democráticos pero indefendiblemente ineficaces y corruptos.

El tema de fondo es la historia del desencuentro de México con la modernidad política en dos de sus procesos seculares: el de la implantación de la república, durante el siglo XIX, y el de la construcción de la democracia, a fines del XX.

Al asumir las formas de la república en el siglo XIX, México sembró una contradicción, no zanjada hasta hoy, entre sus costumbres monárquicas heredadas y sus novísimas leyes republicanas. El forcejeo de aquellas costumbres con aquellas leyes es una de las inercias centrales de nuestra cultura política.

Algo semejante sucedió con la inauguración democrática de fines del siglo XX. México caminó a la democracia sobre el piso de una red institucional y una cultura política no democrática. El resultado fue una democracia sin demócratas, que repite las costumbres predemocráticas del país y cosecha a menudo lo peor de los dos mundos.

La democracia se impondrá en el tiempo, como se ha impuesto la república, aunque del mismo modo extraño, aproximativo, continuamente insatisfactorio.

Un día que no alcanzamos a ver nos despertaremos en un país genuinamente republicano y ejemplarmente democrático. No es el país donde estamos, sino a medias, según las sumas de bienes y males que cada quien quiera hacer para medir el país moderno a medias, eternamente inacabado, en que vivimos.

Nocturno de la democracia mexicana funde textos de diversas épocas y distintos libros y ensayos, entre ellos Saldos de la revolución. Cultura y política de México (Océano, 1984), Después del milagro (Cal y Arena, 1988), La ceniza y la semilla (Cal y Arena, 2000), La invención de México (Planeta, 2008), “Actualidad del pasado” (Nexos, febrero 2010) y “De la Revolución a la democracia” (Nexos, septiembre 2010). Sobre el origen de los demás textos se da cuenta cuando aparecen a lo largo del libro. Todos han sido reescritos y ajustados y de todos puede decirse que se publican aquí por primera vez.

Ciudad de México, 10 de septiembre 2018

PARTE I

La costumbre política mexicana

1

Nuestra memoria

La historia está en nosotros o en ninguna parte. No está en los libros que codifican el pasado, a menos que los hagamos nuestros, ni en los papeles muertos de nuestros archivos, a menos que los revivamos con nuestra mirada. Tampoco está en los templos, los museos o edificios mudos de nuestras ciudades, a menos que los hagamos hablar con nuestro conocimiento de otros tiempos y otros hombres.

La historia está en nosotros a veces sin que sepamos que es historia, porque no somos sino historia que pasa. Pero hay la historia que pasó, materia de historiadores y lectores, y hay la historia que sigue pasando en nosotros a través de costumbres que parecen haber estado siempre ahí, pero que tienen su propia historia. Por ejemplo: que los niños vayan a la escuela o que nos sentemos a comer con cubiertos. Hace sólo unos siglos que existe en nuestra cabeza la noción de niñez y es cosa del siglo XX que los niños vayan a la escuela. El plácido cuchillo y el inocente tenedor de nuestras mesas son frutos de un proceso civilizatorio que empieza en las cortes europeas de los siglos XIV y XV; guardan, en su utilidad inocente, la memoria de rijosos banquetes palaciegos cuyas sobremesas tenían riesgo de sangre, pues los cortesanos cortaban el pan y la carne con los mismos cuchillos que eran sus armas de combate.

Todo lo que hay en el reino del hombre ha empezado y terminado alguna vez: todo es historia. Pero, otra vez: hay la historia que pasó y la historia que sigue sucediendo en nuestra vida diaria, eso que Fernand Braudel llamó la historia de “larga duración”, cuyos cambios, lentos y profundos, duran más que las fechas conmemorativas, los gobiernos o las batallas.

México es un país proclive a la larga duración. Sus costumbres cambian lentamente. Por largas temporadas ha sido tributario de su pasado más que un buscador ansioso del futuro, abierto a él. Soluciones de otros tiempos tienden a volverse obstáculos para enfrentar los nuevos. El país recuerda demasiado y recuerda mal. En muchos sentidos, es prisionero de su pasado.

La ciudadanía mexicana tiene una memoria histórica vigorosa, pero llena de fantasías que ayudan poco a la construcción de una cultura democrática.

Por ejemplo, la tendencia de nuestros libros de historia a glorificar la rebelión, más que el acuerdo. La violencia, más que la política. En el almacén de esa memoria hay muchos monumentos para los héroes derrotados y pocos para los triunfadores, lo cual introduce en la conciencia nacional cierta ambigüedad frente a los logros y una proclividad melancólica a glorificar a la derrota. Los sentimientos públicos que fluyen de esa pedagogía no son los de la competencia democrática libre, sino una mezcla de resentimiento y victimismo. Nuestra historia patria alimenta la idea de un pueblo víctima de sus triunfadores, no la de un pueblo que encumbra a quien lo merece.

Veamos el tema de la celebración de la violencia. Cuauhtémoc, el héroe azteca, es un héroe guerrero. Los padres de la patria, Hidalgo y Morelos, son dos curas insurgentes. Juárez, el Benemérito de las Américas, es el triunfador de una guerra civil y una guerra de intervención extranjera. Los héroes de la Revolución mexicana son todos hijos de la rebelión militar. Nuestro panteón patrio está lleno de hechos de violencia presentados no sólo como dignos de admiración sino como pilares de nuestra grandeza. Ocupan un segundo plano en nuestra historia los héroes civiles y culturales, los constructores y los civilizadores. Nuestra historia celebra la rebelión y la revolución, la larga lista de héroes insurgentes, rebeldes y revolucionarios: nuestros Hidalgos incendiarios, nuestros Morelos guerrilleros, nuestros violentos Villas justicieros.

Todos ellos, nos dice la cartilla de la historia patria, fueron llamados en su tiempo rebeldes, antipatriotas, irresponsables, criminales, infidentes, robavacas. Pero al final, justamente con su violencia, con su valor y a través de la sangre derramada, fueron ellos quienes abrieron los caminos de la patria, con actos intransigentes que la historia nacional ha impreso con orgullo en la conciencia de sus hijos. Se es mexicano, entre otras cosas, porque se comparte la veneración de esas violencias y esos martirologios.

No se trata sólo de la celebración de los próceres violentos. Se tiende a celebrar la idea misma de rebelión como una forma del hartazgo justiciero: la violencia como obligada partera de la historia en una sociedad injusta, agobiada por la opresión. Injusticia y rebelión son caras de la misma moneda en el discurso de la glorificación de la violencia.

“Un millón de muertos costó la Revolución”, se dijo muchos años en las tribunas y en las cartillas escolares. Se decía esto con raro orgullo estadístico por los estragos de la guerra. Como si la cantidad de muertos fuese cosa digna de admiración y la mucha sangre derramada tuviera por sí misma derecho a la gloria.

El discurso cívico al uso de gobiernos y autoridades rechaza todos los días la violencia como un mal indeseable, pero al mismo tiempo celebra en las aulas escolares las hazañas de nuestros próceres, grandes o pequeños guerreros cuyo rastro de sangre mancha el pedestal de sus estatuas y es, sin embargo, la tinta con que están escritos los capítulos estelares de nuestra historia patria. Se instala así una ambigüedad esencial en la pedagogía pública sobre la heroicidad, la violencia y el civismo: un nudo de confusión ciudadana.

Más todavía: no sólo preferimos a los héroes violentos. Nos gustan además los derrotados. La posteridad histórica mexicana tiende a venerar a los héroes caídos y a mirar con recelo a los personajes triunfadores. Es así como se ha erigido en símbolo fundante de la nacionalidad la figura sacrificial de Cuauhtémoc, el guerrero azteca que ejemplifica la resistencia heroica pero también la derrota ineluctable de su pueblo. Son padres de la patria, forjadores de su independencia, Miguel Hidalgo y José María Morelos, los curas guerrilleros que perdieron la vida y fracasaron en su causa independentista, varios años antes de que la consumara uno de los grandes villanos de nuestra historia, Agustín de Iturbide.

El panteón de la Revolución mexicana prefiere también celebrar a sus águilas caídas antes que a sus caudillos triunfadores. Tiene puesto su orgullo en el martirio de Madero, la fidelidad agraria de Zapata, la violencia plebeya de Villa, más que en el sentido de nación de Carranza, el genio político de Obregón o la visión institucional de Calles. No se exagera mucho si se dice que, al final de la línea, la historia de México no la han escrito los triunfadores.

El problema de consagrar a los derrotados en vez de a los triunfadores, como sugerimos antes, es que instala en la conciencia nacional un rastro de inconformidad, si no de resentimiento, con los hechos reales de nuestra historia. Como si el pueblo de México hubiera tenido siempre la mala suerte de que no ganaran en su historia los buenos sino los malos: no el heroico Cuauhtémoc sino el odiado Hernán Cortés, no los hijos del pueblo, Zapata y Villa, sino los conservadores, pragmáticos y oportunistas, Obregón y Calles.

No sé si alguien haya medido el impacto profundo que estas consagraciones de las derrotas y este recelo frente a las victorias dejan en la cultura cívica de los niños cuando aprenden las extrañas cosas que la historia patria les enseña. Esa historia introduce desde muy temprano una actitud ambigua ante los héroes y los logros del país.

Hay que llamar tiranos a los españoles y edad oscura a la Colonia donde se forjó la nación, hay que llamar padre de la independencia a un sacerdote que fracasó en su lucha independentista y hay que llamar usurpador al militar que tuvo éxito en ella y que es el verdadero artífice de la independencia, Agustín de Iturbide. Hay que reverenciar constituciones que no se han cumplido nunca y celebrar guerras, violencias y sangrías que deberían más bien avergonzarnos. Sobre todo, hay que dudar de los triunfos de otros, siempre sujetos a sospecha, y reservar para nuestra admiración la epopeya de los vencidos. Si la derrota es el ámbito de nuestra grandeza, el centro de nuestra pedagogía moral será asumirnos víctimas, caer siempre con la cara al sol.

Victimismo y resentimiento son caras de la misma moneda. Una de esas monedas ha sido nuestro nacionalismo.

El nacionalismo es una de las grandes pasiones del siglo XX, fuente de guerras, atrocidades y solidaridades no superadas por ningún otro sentimiento público, después de la religión. En la historia de los pueblos, el nacionalismo es la raya fundadora del yo y el nosotros como opuestos al tú y al ellos. Es una certidumbre tumultuosa que incluye la pasión tribal de la pertenencia y la pasión paranoica del agravio que otros pueden infligirnos o nos han infligido.

El nacionalismo mide el mundo en superioridad o inferioridad, en triunfo o derrota, en nos hicieron y les hicimos. El nacionalismo no sabe olvidar, mejor dicho, recuerda continuamente lo que otros nos hicieron injustamente y lo que heroicamente les hicimos a otros. No olvida ninguna de las dos cosas, porque en ese victimar a los demás o ser victimados por ellos está el secreto de nuestra pertenencia y nuestra diferencia, el secreto último que nos hace a nosotros “nosotros” y a ellos, “ellos”.

Como con muchas otras pasiones públicas, lo decisivo en el nacionalismo es el grado. Puede ser una fuerza vinculante, proveedora de pacífica cohesión, y puede ser un demonio colectivo en busca de venganza por agravios reales o imaginarios. Puede ser una pasión genocida o una pasión solidaria. Pero es un licor potente y tóxico que separa tanto como une, y se derrama con facilidad.

El nacionalismo ha sido una de las pasiones de México. Lo ha unido y también le ha torcido la mirada. Ha sido un nacionalismo defensivo, en cuyo fondo puede tocarse un núcleo victimista que mira hacia el exterior con recelo. Ese rasgo defensivo de nuestro nacionalismo vive de la cuenta de lo que otros, en particular Estados Unidos, nos hicieron en otro tiempo, y del resentimiento cultivado de recordarlo no sólo como un hecho del pasado, también como un peligro del presente y como un riesgo del porvenir.

El nacionalismo cohesionó a México, le dio sentido de país y orgullo de comunidad, pero también le cerró los ojos, estimuló su provincianismo, lo llenó de mentiras. En el camino de la construcción nacionalista mexicana se han acumulado muchas mentiras constitutivas de nuestros orgullos nacionales: mentiras fundadoras.

He mencionado ya la veneración de Cuauhtémoc como padre de la nacionalidad y la respectiva satanización de Cortés. Detrás de esa consagración está uno de los mayores lastres de nuestra conciencia histórica, que es la negación de nuestra herencia hispánica, la lectura de la conquista y la colonización españolas como un oprobio y no, también, como una creación.

Nuestro nacionalismo se estrena inventándose víctima de la dominación española y culmina asumiéndose víctima de la codicia norteamericana. El mito de los Niños Héroes, un grupo de cadetes que pierden la vida peleando contra el invasor estadounidense en 1847, resume todas las aristas del victimismo nacionalista: la heroicidad del caído, el abuso del triunfador, la bondadosa inermidad de la nación, la perversa codicia extranjera, la melancolía de la derrota, el temor a la repetición del daño, la disposición a impedirlo aun al costo de una nueva colección de víctimas.

El nacionalismo defensivo fue una especialidad de la pedagogía pública del siglo XX mexicano, uno de los productos estelares de ese gran surtidor de mitos cohesionadores que fue la Revolución mexicana, de cuya historia oficial han salido algunas de las mistificaciones más difíciles de erradicar en el camino de la modernidad democrática de México.

Algunos son inventos de índole histórica, como por ejemplo los que ya he sugerido: que el verdadero espíritu de la Revolución mexicana está mejor expresado en quienes la perdieron, Zapata y Villa, que en quienes la ganaron, Carranza, Obregón y Calles.

Otras tergiversaciones posrevolucionarias se refieren no a hechos históricos sino al extraordinario poder que ha tenido entre nosotros el pensamiento oficial, la manera como sucesivos gobiernos fueron añadiendo significados, intenciones y proyectos a la Revolución mexicana, hasta volver sus ocurrencias políticas no sólo parte incuestionable de la historia, sino de la mismísima mexicanidad.

Por ejemplo: una de las instituciones más desastrosas para la productividad en el campo, el ejido, fue vista durante décadas como encarnación original de la justicia prometida por la Revolución. La acumulación de monopolios estatales (petróleo, electricidad, teléfonos) fue también vista, en momentos sucesivos, como bastión de nacionalismo y garantía de justicia para los mexicanos. La dignidad y la grandeza de la patria estuvieron depositadas alguna vez en la posesión gubernamental de los ferrocarriles, las líneas aéreas, los bancos y la compañía telefónica.

Una mayoría abrumadora de mexicanos cree con fe de carbonero que la propiedad pública del petróleo o el monopolio gubernamental de la energía eléctrica son pilares de la integridad nacional, ejes de la nación y la nacionalidad. Es la convicción, por ejemplo, del gobierno electo el 1 de julio de 2018.

El catálogo de instituciones y creencias que llenan todavía el saco de lo que llamamos Revolución mexicana fue durante décadas la ideología nacional de México, el referente fundamental de la cultura política del país.

La Revolución mexicana sigue pesando sobre nosotros. Es una desgracia que así sea porque el horizonte ideológico de la Revolución mexicana es de matriz corporativa, poco liberal y poco democrática. Tiene un fondo demagógico y populista que apenas puede ocultarse. Ha sido el surtidor de muchas cosas buenas de México, como la estabilidad, pero también de algunas de las más abominables de nuestra historia, como la corrupción, el clientelismo y la cultura de la ilegalidad.

Muchos de los mitos del catálogo de la Revolución mexicana han sido demolidos, muchos otros siguen vivos. La modernización y el contacto con el mundo han diluido muchos de esos contenidos en las élites mexicanas. Pero sería una temeridad desafiarlos en la mayoría de la población y en las creencias recicladas del nuevo gobierno.

Recapitulo las lesiones de historia patria que arrastra nuestra memoria: glorificación de la violencia, elección de la derrota, nacionalismo defensivo, pedagogías del resentimiento y el victimismo, los cuentos de la Revolución.

Mentiras fundadoras: ¿estamos condenados a vivir con ellas, a no poder disipar los fantasmas que nosotros mismos hemos construido?

Añádanse a estas inercias los retos de los actores de la joven democracia mexicana: su inexperiencia democrática, la falta de transparencia de los gobiernos y los medios, el bajo compromiso público con la ley y la autoridad: una ciudadanía de baja intensidad.

El retrato final es el de una sociedad cuyas costumbres están por debajo de la vida democrática moderna que debe construir. Esa sociedad democratizó su sistema electoral y su sistema de partidos pero no sus valores ni su cultura cívica. Era demasiado moderna para vivir en el molde del PRI, pero no ha sido suficientemente moderna para construir una democracia estable, funcional, eficaz como gobierno, equilibrada en sus poderes, capaz de vigilarse y contenerse a sí misma en sus pulsiones viejas, en sus inercias de corrupción, impunidad, ilegalidad, inseguridad y mal gobierno.

2

Las estaciones de la nación
y el patriotismo criollo

En el año 2010 México celebró el bicentenario de su Independencia y el centenario de la Revolución mexicana. Las efemérides sugieren que hace 200 años apareció en la historia la nación mexicana y que hace 100 años la refundó una revolución. Ninguna de estas dos cosas es exacta: ni la nación mexicana empezó el año de su independencia, ni la Revolución mexicana terminó con el antiguo régimen porfiriano, al menos desde el punto de vista de la democracia. A su manera, lo recreó.

Lo que llamamos propiamente México no empieza en 1810, sino en 1521, con la conquista de los pueblos indios por los españoles, y con la conquista de los conquistadores por los pueblos indios, como reiteradamente apunta Luis González en sus calas a los misterios del origen mexicano.¹ No deberíamos confundir, sugiere el propio González, la historia de la nación llamada México con lo sucedido desde el principio de los tiempos en el territorio físico que hoy llamamos México.

México se proclama milenario, pero no lo es en realidad. Su momento fundador no coincide con la primera escultura olmeca tallada por un pueblo desaparecido, ni con el Grito de Independencia de 1810, que dinamita la Nueva España, sino con la mezcla del viejo y el nuevo mundo que empieza en 1521. Este es el año que marca la edad de la nación: no “treinta siglos de esplendor”, cinco siglos de historia. Se trata, en realidad, de un país joven, de sólo cinco siglos, en muchos sentidos un país acabado de nacer.

La nación mexicana empieza a existir en la violenta y confusa mezcla del viejo y el nuevo mundo, en el molino de la sociedad colonial, con su extraña mezcla étnica y cultural, bajo las hegemonías convergentes del idioma español y la religión católica.

Llamar mexicanos a los habitantes de la Nueva España es una licencia de lenguaje, porque México no era entonces sino el nombre de un país posible en busca de su forma. También es una licencia histórica llamar mexicanos a quienes decimos que se independizaron en 1810, falsa fecha de nuestra independencia.

El país de 1810 era un gigante territorial y un enano cultural y demográfico: una aglomeración de etnias monolingües, con una minoría rectora hispanohablante. Lo mismo puede decirse del país independiente del siglo XIX: un islote criollo a la cabeza de un archipiélago indígena. En 1864, Francisco Pimentel dibujó la cabeza y el archipiélago:

El primero habla castellano y francés; el segundo tiene más de 100 idiomas diferentes en que da a conocer sus ideas. El blanco es católico o indiferente; el indio es idólatra. El blanco es propietario, el indio proletario. El blanco es rico; el indio pobre, miserable. Los descendientes de los españoles están al alcance de todos los conocimientos del siglo, y de todos los descubrimientos científicos; el indio todo lo ignora. El blanco viste conforme a los figurines de París y usa las más ricas telas; el indio anda casi desnudo. El blanco vive en las ciudades, en magníficas casas; el indio aislado en los campos, y su habitación son miserables chozas. Este es el contraste que presenta México: ¡con razón dijo Humboldt que era el país de la desigualdad! Hay dos pueblos diferentes en el mismo terreno; pero lo que es peor, dos pueblos hasta cierto punto enemigos.²

¿Cómo se construye a partir de esos mundos separados una nacionalidad? Este es el hecho central de la construcción nacional de México.

El proceso tiene cuatro estaciones y toma dos siglos. La piedra fundadora de lo que hoy llamamos México es el patriotismo criollo novohispano, aquella revuelta del resentimiento de los hijos de españoles nacidos en tierras americanas, contra los privilegios de sus padres, “los peninsulares”. El patriotismo criollo nace en la rebelión contra la Corona de Martín Cortés, hijo del conquistador, en el mismísimo siglo XVI; tiene su libro mayor en la Historia antigua de México, escrita por Francisco Xavier Clavijero, un jesuita expulsado de su tierra novohispana en el siglo XVIII, y culmina, empezando el XIX, con las mitologías de Servando Teresa de Mier y Carlos María de Bustamante, que acompañarán los pendones del México independiente.

La segunda estación histórica de la construcción nacional mexicana es un proceso secular que recorre todo el siglo XIX. Se trata de la ofensiva liberal contra las tradiciones comunales y corporativas heredadas de la Nueva España, las cuales incluyen por igual a la Iglesia, a las mayorías indígenas y a las comunidades campesinas.

La tercera estación se refiere a la forma territorial y política de la nación. Es el resultado de dos guerras, las dos hijas de nuestra fragilidad independiente. Primero, la guerra perdida con Estados Unidos en 1848, que define la frontera norte del país, tanto como su destino geopolítico. Segundo, la guerra ganada contra la intervención francesa y el Imperio de Maximiliano en 1867, que refunda el espíritu nacional y dirime, en favor de la república, la disputa histórica por la forma política de la nueva nación.

La revolución de 1910 añade, como cuarta estación definitoria, la catarsis de una guerra civil y su herramienta de hierro: el naciente Estado posrevolucionario, que controla la violencia y organiza a la sociedad del país pacificado.

A fines de los años veinte, antes de que hubiera una industria mexicana propiamente dicha, había ya un movimiento obrero organizado y un proyecto de economía nacional, diseñados ambos por los gobiernos revolucionarios. El primero, mediante alianzas políticas y el paternalismo tutelar de leyes e instituciones laborales. El segundo, por la red de concesiones y negocios que el gobierno puede otorgar, gracias a sus facultades de decisión sobre los recursos fundamentales de la nación: tierra, bosques, agua, comunicaciones, energéticos, finanzas. Y la facultad de imponer a la propiedad las modalidades que dicte el interés público.

La historia del patriotismo criollo es la de una poderosa ingeniería simbólica. A través de sus grandes autores (Francisco Xavier Clavijero, Carlos de Sigüenza y Góngora, Fray Servando Teresa de Mier), los patriotas criollos inventan la idea de una “nación mexicana” anterior al dominio español.

Los motivos lentamente acumulados de aquella ingeniería pueden resumirse en cuatro rasgos: la exaltación del pasado azteca, la denigración de la Conquista, el resentimiento contra los españoles (bajo la forma despectiva de “gachupines”) y la devoción por la Virgen de Guadalupe.

El germen de aquel primer sentimiento nacional pasó a través del tiempo, nos dice David Brading, de la sencilla “angustia del encomendero” desplazado, a principios del siglo XVII, a la noción del criollo como heredero desposeído y a la exaltación de la antigüedad indígena, no de la raíz española, como el pasado significativo de los “mexicanos”.

La invención nacional criolla rescató el pasado indígena de los estigmas de barbarie y diabolismo, en que lo tenían cifrado los frailes, recreó el mito indígena de Quetzalcóatl como emisario de un cristianismo primitivo americano y arraigó el culto guadalupano como prueba de la preferencia de Dios por la tierra mexicana, oprimida por el dominio español.

Los criollos pusieron a las civilizaciones prehispánicas al servicio de una identidad inventada que, al cabo de los siglos, se hizo verdad patria: la idea de una nación originaria mexicana que pudo subsistir, intacta, a trescientos años ilegítimos de castigo colonial y reapareció, libérrima y vengadora, en la independencia de 1810.

El elogio de la nación indígena arrasada por la Conquista fue un capítulo central en la justificación de los afanes independentistas criollos. El historiador decisivo de esa necesidad imaginaria fue Francisco Xavier Clavijero, cuya Historia antigua de México liberó definitivamente el pasado indígena de las vestiduras demoniacas que le habían impuesto repetidas generaciones de cronistas españoles. Clavijero afinó la visión del mundo prehispánico como un pasado clásico, equiparable al de la civilización grecolatina: “Texcoco era la Atenas de Anáhuac y Nezahualcóyotl el Solón de aquellos pueblos”.

Muchos años antes de tan notable conversión de los aztecas en clásicos griegos, en 1639, Antonio de la Calancha había cantado lujosamente, desde Perú, las alabanzas del Nuevo Mundo. En él, decía Calancha, debió haber estado el paraíso. Apoyándose en la premisa teológica del mandato de Cristo (“Id y predicad a todas las naciones”), Calancha sostuvo la Idea de que el apóstol Tomás, en persona, había predicado en tierras americanas.

La insensata propuesta tuvo una acogida fértil en la mente criolla. En México, Carlos de Sigüenza y Góngora vinculó la teoría apostólica de Calancha al símbolo indígena de Quetzalcóatl, el cual, según Sigüenza, era nada menos que la evocación metafórica del apóstol Tomás.

A mediados del siglo XVIII, el historiador italiano Lorenzo Boturini sostuvo que la identidad entre el apóstol Tomás y Quetzalcóatl podía probarse. Sesenta años después, Fray Servando Teresa de Mier revivió la teoría y añadió a la exaltación clásica del pasado indígena, la explosiva noción de un “bautismo retrospectivo” de aquel pasado. Dando por un hecho la presencia del apóstol Tomás en tierras americanas, Fray Servando convirtió a los indígenas del Nuevo Mundo en cristianos primitivos.

En 1808, la invasión napoleónica destruyó la unidad política del mundo hispánico. El patriotismo criollo invirtió entonces los términos de la disputa filosófica del Nuevo Mundo. La Corona española, dijo Fray Servando, no había sido el instrumento divino de la cristianización de sus dominios de ultramar, sino, en realidad, la victimaria del cristianismo primitivo americano. La noción de un “bautizo retrospectivo” convalidó también la existencia de una Iglesia mexicana primitiva, es decir, criolla, ajena al dominio de Roma y a la jerarquía peninsular.

“Cada iglesia”, escribió Fray Servando, “tiene a su divino fundador [y] todos los poderes necesarios para conservarse y propagarse, sin necesidad de ir a Roma”.³

Más acá de estas revanchas teológicas, el clero criollo había encontrado, desde el siglo XVI, un poderoso símbolo religioso en la Virgen de Guadalupe. Su pregonada aparición en 1532 dio un asidero espiritual propio a la Iglesia mexicana. El patrocinio de la madre de Dios independizó la espiritualidad católica autóctona de la tutela de las órdenes religiosas peninsulares e hizo marchar tras de sí, por igual, la fe sincrética de los pueblos indígenas —que veían en la efigie una reencarnación de Tonantzin, diosa azteca de la fertilidad— y la devoción autonómica del fervor criollo, que encontraba en la virgen morena la vindicación de sus reclamos americanos.⁴

En 1810, luego de dos siglos y medio de ardiente culto nativo y poderosa afirmación de la originalidad religiosa novohispana, la Virgen de Guadalupe selló los estandartes rebeldes de Hidalgo y Morelos y fue el pendón ubicuo de los ejércitos independentistas.

Mier y Bustamante vieron en aquellos batallones guadalupanos el regreso de la verdadera nación mexicana, diezmada por la Conquista, obturada por la Colonia y ahora reprimida, nuevamente, por la ferocidad del ejército realista, defensor del orden establecido. Para Bustamante y Mier, el comandante realista Félix Calleja había repetido en Guanajuato las matanzas de Alvarado en Tenochtitlan. Y los destinos trágicos de Hidalgo y Morelos prolongaban los de Cuauhtémoc y Moctezuma. El Congreso de Anáhuac, que Bustamante quiso formar, refrendó a su vez la analogía de aquel presente insurreccional con los grandes momentos de la resistencia indígena prehispánica.

Al revés de sus ideólogos, la sociedad criolla de fin de la Colonia retrocedió espantada ante una rebelión plebeya que, como la de Hidalgo, amenazaba su espíritu estamental, su orgullo étnico, su hegemonía racial. El movimiento independiente de México tuvo una incontrolable carga popular, resultado de la alianza del bajo clero con sus aún más bajos feligreses: la rebelión de los proletarios contra los propietarios, como dijo más tarde Lucas Alamán.

Oficiales y eclesiásticos criollos fueron los verdugos de la amenaza, empezando por la excomunión de Hidalgo y terminando por el encumbramiento de Agustín de Iturbide, quien logró la Independencia en 1821, luego de haberla combatido con ferocidad años antes.

Una vez derrotada la vertiente plebeya de la rebelión, el acervo ideológico del patriotismo criollo fue reasumido en sus aspectos centrales. En el acta de Independencia de 1821 quedó escrito: “La nación mexicana, que por trescientos años ni ha tenido voluntad propia ni libre uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido”.

Así, aunque postulado en Fray Servando y Bustamante como una alianza de criollos, indios y castas —una nación— contra el poder español, el patriotismo criollo terminó adoptando un pacto de independencia aristocratizante, corporativo, quietista. Pero los rasgos básicos del patriotismo criollo quedaron perdurablemente adheridos a la sensibilidad nacional mexicana.

Todos los momentos posteriores de afirmación simbólica y reinvención nacional incorporarán las nociones fundadoras del patriotismo criollo: el guadalupanismo y la hispanofobia, la exaltación del pasado indígena, la idea de la Colonia como un reino de sombras y la exaltación de Quetzalcóatl.

De su pasado colonial, que se empeñaba en negar, el nuevo país heredó otros rasgos nacionales no menos perdurables: el español como lengua matriz, el arraigo de la religión católica y la ramificación territorial de sus ministros y autoridades, los hábitos corporativos y comunales de la organización política, tanto del mundo indígena como del campesino; el peso y el prestigio de la autoridad, el paternalismo ejercido desde la cúpula y el patrimonialismo burocrático —la práctica de utilizar los puestos públicos como vía de enriquecimiento privado.

Ninguna de estas cosas son fatalidades históricas o rasgos ontológicos del “ser nacional”. Son hábitos adquiridos en el tiempo, largamente practicados por una sociedad, formas de conducta colectiva que cambian lentamente, que tienden a repetirse bajo distintas ropas en distintas épocas, nunca de la misma manera pero siempre con un aire de familia que denuncia el invisible poder de la costumbre.

0¹ El entuerto de la Conquista. Sesenta testimonios. México, SEP Cultura, 1984 (Los cien de México). Puede verse también Atraídos por la Nueva España y La magia de la Nueva España, en Clío/Colegio Nacional, Obras completas, vol. 2, pp. 3-248.

0² Memoria sobre las causas que han originado la situación actual de la raza indígena de México y medios de remediarla, citado en Agustín Basave, México mestizo, México, Fondo de Cultura Económica, 1992, p. 25.

0³ David Brading, Los orígenes del nacionalismo mexicano, México, Ediciones Era, 1980 (Colección Problemas de México).

0⁴ Sobre la virgen de Guadalupe y su construcción simbólica: Francisco de la Maza, El guadalupanismo mexicano, México, Porrúa, 1955; Jacques Lafaye, Quetzacóatl y Guadalupe, México, Fondo de Cultura Económica, 1977, y Edmundo O’Gorman, Destierro de sombras, México, UNAM, 1989.

3

Coerciones fundadoras

Siempre aislados, numéricamente minúsculos en un territorio bien poblado, los adelantados del imperio español en América se vieron obligados a la mezcla con el Nuevo Mundo.

Plantaron iglesias donde antes había templos ceremoniales, pero no lograron sepultar a los dioses antiguos. Por debajo de la facha morena de la virgen española de Guadalupe, la virgen mora, siguió latiendo el culto de Tonantzin, la diosa indígena de la fertilidad. Quisieron gobernar sin límites, pero necesitaron incluir en su gobierno a la nobleza indígena, que escalonaba las lealtades de tribus y comunidades. Los encendía la quimera de las ciudades de oro, Cíbola o El Dorado, pero para la ruda vida diaria, para labrar las tierras, para cavar las minas, para criar el ganado, necesitaron de la mano de obra que habían sometido y debieron cuidar su reproducción y su supervivencia.

La avanzada española tuvo que someter sin arrasar, debió conservar para sobrevivir. De esta condición fundadora de la nación mexicana provienen sus diversidades antropológicas y culturales, sus arraigos en el subsuelo indígena, su herencia religiosa novohispana y los usos políticos antiguos de un imperio que se disolvió de espaldas al mundo moderno.

De ahí la laboriosa historia de fracasos del país independiente tratando de acercarse a la modernidad de Occidente. Me refiero a la decisión de hacer de México un país republicano, industrioso, capitalista, siendo de hecho un país feudal, ajeno a las nociones de acumulación y progreso.

El imperio español vio disolverse su poderío frente a naciones rivales que, como Inglaterra, emergían vigorosamente en el oleaje de la Revolución Industrial. Hubo entonces entre los monarcas Borbones de España y en su minoría ilustrada, a mediados del siglo XVIII, la decisión de modernizar su imperio, reducir los privilegios corporativos, mejorar la circulación de bienes y capitales, la administración de sus rentas y la productividad del imperio.

Las Reformas Borbónicas, implantadas a rajatabla en Nueva España durante la segunda mitad del siglo XVIII, son parte del mar revuelto de la Independencia. Son, de hecho, el antecedente de las vocaciones federalistas y liberales del siglo XIX mexicano, ese largo trayecto de una minoría dispuesta a separar al país de sus raíces coloniales, para construir la gran nación mexicana criolla, libre de opresiones, abierta al futuro.

Tiendo a pensar críticamente nuestra independencia: por sus rupturas excesivas y un tanto artificiales con el pasado y porque, hechas bien las cuentas, no hay mucho que celebrar en ella. Fue un momento ingrato para sus contemporáneos. Quizá no haya existido una generación más optimista que la de los patriotas de nuestra independencia. Quizá no haya una más desengañada. Esperaban todo de la libertad: felicidades públicas y abundancias materiales. La historia que fue saliendo de sus propias manos desmintió sus sueños. Bolívar resumió el desengaño en una frase: “Hemos ganado la independencia a costa de perder todo lo demás”.

La independencia no fue una fiesta fundacional. Dejó una sombra de ilegitimidad política sobre la vida pública, de la que tardamos siglos en salir. De ahí la fila de gobiernos sin peso, traídos y llevados por los vientos de una libertad que se parecía a la anarquía, y de unas instituciones desconocidas, que parecían atizar más que ordenar las ambiciones de tantos ciudadanos nuevos, sumergidos en la política de “muchos ideales y pocos escrúpulos” característica de su tiempo. Tardamos décadas en dar con formas y reglas sólidas de gobierno, en ausencia de las únicas otras que conocíamos: las monárquicas.

La independencia militarizó nuestra vida independiente. Puso los destinos de las nacientes repúblicas en manos de caudillos militares y de ejércitos de aluvión, capaces de derribar gobiernos pero no de construirlos.

Fue también una escuela de desorden fiscal, tradición bruscamente instaurada mediante confiscaciones patrióticas, préstamos forzosos, deudas impagables, suspensión de garantías económicas e incautaciones a los adversarios.

Las haciendas públicas de las nuevas naciones tardaron décadas en reponerse del caos independiente, y en los usos y costumbres de los gobiernos se instaló para siempre la tentación de disponer de la hacienda pública como de un botín de guerra.

Las nuevas naciones hispanoamericanas, además, confundieron la política con la historia. Para fortalecer su ruptura política con España fueron a buscar su identidad histórica fuera del orbe hispánico, en las raíces indígenas, en la autoctonía criolla y en la invención de un pasado clásico americano. Tuvieron con su raíz española un pleito de negaciones simbólicas que nos confunde todavía.

Todas estas marcas de origen siguen pesando en nuestra vida, son parte de nuestros impulsos públicos y de nuestras identidades nacionales. Pero quizás el rasgo de aquel momento que más peso tuvo en la historia subsecuente es que las independencias hispanoamericanas no fueron sólo parte de la ruptura de los reinos españoles de América con su metrópoli europea, sino de Europa toda con su propio pasado.

Fueron los años del gran tránsito del orden monárquico absolutista al orden republicano y democrático que se incuba en la Ilustración y estalla en la Revolución francesa. Fueron los tiempos del paso del orden político sustentado en la voluntad divina, la lealtad de los súbditos y las leyes dinásticas de transmisión del poder, al mundo republicano, sustentado en la voluntad popular y en la transmisión democrática del poder mediante el voto de los ciudadanos.

La tensión establecida desde entonces, entre una cúpula republicana ilustrada, antimonárquica, y una sociedad tradicionalista, de vena monárquica y costumbres feudales, es una de las más duraderas de la historia de México.

Desde entonces, el Estado mexicano y sus ocupantes han marchado, por así decirlo, adelante de su sociedad, tirando de ella hacia el reino del “progreso” y la “civilización”, encontrando a su paso las resistencias multiseculares de la “herencia colonial”.

Desde Valentín Gómez Farías, por lo menos, en los años treinta del siglo XIX, la élite gobernante ha querido tener un país laico, emprendedor, capitalista, moderno. La sociedad mexicana ha sido, en cambio, mayoritariamente católica, regionalista, provinciana, poco inclinada al cambio y a la innovación.

Dice muy bien David Brading que el misterio central de la política mexicana del siglo XIX sigue siendo el triunfo del liberalismo, la forma en que una increíble minoría impuso su proyecto de nación a un país cuyas tradiciones no sabía tolerar o aborrecía.⁵

Toda la actitud del liberalismo hacia las tradiciones y el mundo colonial está resumida, acaso, en el atuendo de Benito Juárez, un indio puro que, al vestirse invariable y lúgubremente de negro, dejaba de serlo para volverse el líder con levita de una nación cuya idea de futuro no podía incluir a los indios como tales, sino como ciudadanos. Todo Juárez parece un acto de voluntad antiindígena, de transculturación liberal, de desarraigo modernizante, de coerción civilizatoria.⁶

En la resistencia a esa coerción contra las tradiciones coloniales —contra la Iglesia tanto como contra las comunidades y los pueblos, ambos titulares de derechos especiales dentro de la legislación novohispana— hay que situar las muchas rebeliones indígenas y campesinas del siglo XIX, y hasta el movimiento restaurador zapatista, que marca la Revolución con una de sus vertientes populares, no liberales: el agrarismo.

Otra vertiente popular es la del movimiento obrero que, apenas nacido, quedó encuadrado dentro de la leyes que siguieron a la guerra civil. El Estado mexicano posrevolucionario adquirió así un sustento clasista y popular, pero no perdió nunca su rumbo liberal, la pasión dirigista de secularizar al país y crear las condiciones propicias para el desarrollo del capitalismo.

La larga brega entre las élites modernizantes y la sociedad tradicional dio paso a una mezcla particularmente eficaz de dominación política tradicional —corporativizante, paternal, autoritaria— puesta al servicio de un proyecto nacional modernizador, liberal, capitalista.

Desde Benito Juárez y Porfirio Díaz hasta los últimos presidentes de la era del PRI, el Estado fue el motor de la construcción de la nación. Erigió un poder central sólido y minuciosamente ramificado, promovió las empresas estratégicas de integración física y cultural del territorio —ferrocarriles y telégrafos en el siglo pasado; presas y carreteras en las primeras décadas del XX; petróleo, electricidad y la red de nuevas comunicaciones a partir de los años cuarenta.

Fue el Estado quien organizó políticamente a la sociedad, acogiendo en su seno los intereses que parecían brotar de ella, hasta volverse durante décadas la gran olla incluyente, el espacio fundamental de la vida política y económica.

El Estado fue también el centro irradiante de la conciencia mexicana. Reconoció y en parte inventó su nacionalidad, diseñó su civismo, socializó sus símbolos, sometió o neutralizó la voluntad ciudadana, expropió la cultura de manos particulares y construyó la infraestructura educativa.

Su paradoja profunda es que, mientras hacía todo eso, iba sembrando también la sociedad que habría de rebasarlo.

Su designio explícito desde los Borbones —modernizar al país, sacarlo de su postración económica, de su tradicionalismo social— era dar paso a un mundo nuevo que, de lograrse, volvería anacrónicas las pretensiones tutelares de la Corona o el Estado, su dominio paternal, su absolutismo gubernativo.

La nueva sociedad creada por el Estado posrevolucionario es la que empezó a desafiar la tutela estatal en la segunda mitad del siglo XX y condujo la vida pública hacia la inauguración democrática de finales del XX.

Los sueños de modernidad decimonónicos tardaron casi dos siglos en hacerse discutible realidad.

0⁵ “El misterio central de la política mexicana durante los años intermedios del siglo XIX —escribió Brading— es el predominio del liberalismo. ¿Cómo podemos explicar su éxito? ¿Cómo fue posible que una ideología desarrollada para satisfacer las ambiciones y aspiraciones de la burguesía europea se convirtiera en el credo político de la coalición progresista en México, un país con estructuras sociales tan distintas a las de Europa del norte?”, David Brading, op. cit., p. 125.

0⁶ Pocas cosas tan duras para las comunidades indígenas como la experiencia del liberalismo mexicano y sus leyes desamortizadoras de la propiedad comunal. “La época liberal fue un periodo especialmente trágico para los campesinos indígenas —escribió T. G. Powell— porque los políticos y los burócratas mexicanos los consideraban un obstáculo para el progreso y, en consecuencia, sentían por ellos y les manifestaban muy poca simpatía… La Ley Lerdo, promulgada en 1856 y conservada en vigor toda la época liberal, transfirió a manos privadas gran cantidad de tierra de los pueblos que eran anteriormente usadas para propósitos sociales. Entre sus principales efectos estuvieron el reducir a muchas comunidades hasta entonces autosuficientes, el intensificar el latifundismo y el sistema de peonaje por deudas y la desmoralización de todo un grupo social, el campesinado indígena.” T. G. Powell, El liberalismo y el campesinado en México, 1850-1876, México, SEP, 1974, pp. 151 y 153.

4

En ausencia del rey.
La independencia, el monarquismo
y la república

Una costumbre favorita de la historia de México ha sido tener en su cúspide a un dirigente monumental, con grandes poderes. Es quizá la herencia del mundo prehispánico, que igualaba el poder terreno con la voluntad del cielo, y también de los trescientos años de coloniaje español, en cuyo horizonte brillaron siempre la Corona y los reyes como el bien supremo, el padre todopoderoso, a que podían acogerse los súbditos.⁷

Azteca, novohispana, decimonónica o revolucionaria, la organización política de México siempre construyó en su cúpula, de distintos modos, la similar versión de un hombre fuerte, encarnación institucional o espuria del poder absoluto, dispensador de bienes y males: padre, árbitro, verdugo. Es el caso de los tlatoanis aztecas, tanto como de los virreyes novohispanos, de los caudillos providenciales del siglo XIX y de los presidentes posrevolucionarios del XX.

No obstante su consagración autoritaria, el poderoso mexicano no ha dejado nunca de tener rivales que reducen en la práctica lo que en teoría no podría siquiera regateársele.

Desde muy temprano el poder fue en México un fruto negociado, resultante de la mezcla de los intereses en juego. Fue un poder reverenciado cuya eficacia dependía, sin embargo, de la conciliación y el acuerdo, no de la sumisión incondicional de los gobernados.

“En teoría omnipotente —recuerdan Barbara y Stanley Stein— la autoridad del virrey era en la práctica algo distinta”.⁸ El virrey era el representante de la Corona en un medio donde los deseos de la metrópoli chocaban a menudo con la voluntad americana de conquistadores, encomenderos, curas y comerciantes. Los intereses de ultramar habían desarrollado sus propias reglas de juego (“obedézcase pero no se cumpla”, decían ante los mandatos que venían de la metrópoli) y tenían sus propios argumentos prácticos. De un lado, la fuerte autonomía alcanzada por la Iglesia, en particular por las órdenes misioneras, singularmente reacias a las autoridades terrenales. De otro lado, la trama de los intereses particulares novohispanos —encomenderos y hacendados, mineros, comerciantes y soldados— que reclamaban el respeto de sus propios méritos, privilegios y negocios.

La Corona procuraba, por su parte, no arraigar en sus dominios intereses o personas que pudieran consolidar poderes después incontrolables para ella. Se reservaba la facultad de vigilar a sus virreyes con demostrado rigor mediante dos procedimientos exigentes: el juicio de residencia, que evaluaba a su término el gobierno de los representantes reales, y la visita, una suerte de auditoría general de la situación del reino que levantaba un enviado directo de España.

En servicio de la misma precaución, los virreyes no solían hacer gobierno de muchos años y eran débiles al irse. También lo eran al llegar, ya que su desconocimiento del medio los obligaba a confiar en el secretariado del virreinato respecto a las fuentes de información y consejo. Al igual que los reyes de España, los virreyes corrían siempre el peligro de volverse instrumentos más que amos de sus consejeros.

La Corona se reservaba, por último, el nombramiento de las diversas autoridades sobre las que formalmente mandaban los virreyes pero que, en la práctica, sólo reconocían el mando directo de España.

Todos esos factores fueron el origen de un tipo peculiar de político cuyos rasgos de habilidad, pragmatismo y vocación de mando no dejan de tener parecido con los caudillos del siglo XIX y con presidentes mexicanos del siglo XX.

En 1955, escribía Karl Gordon Schaefer:

El puesto [de virrey] exigía un hombre agresivo y astuto, que se elevara por encima de las numerosas limitaciones impuestas a su autoridad, un hombre que gobernara personalmente, que tomara en sus manos todas las riendas de la autoridad, que pudiera resolver lo mismo las minucias que los grandes problemas de la administración, que interviniera en las actividades de los funcionarios menores para mantenerlos en orden. Los virreyes que lograron todo eso, fueron respetados y aclamados. El sistema español engendró en el pueblo mexicano un gran respeto hacia los gobernantes y administradores… Unos 130 años de vida independiente, apenas han alterado tal actitud.⁹

En el siglo XIX, el triunfo liberal quiso abrir la nación al futuro y borrar su pasado en un acto fundador de nuevas leyes constitutivas, nuevas libertades civiles y nuevas reglas de propiedad. Pero el pasado se vino encima y el parto de la república liberal no fue el de la república y la democracia próspera que sus leyes anunciaban, sino una nueva forma de gobierno providencial, personalizado, llamado Porfirio Díaz.

No hay fenómeno de más larga duración en la historia política de México que el intento de suplir con instituciones representativas, democráticas y republicanas el vacío dejado por el derrumbe del imperio español y la desaparición del rey como fuente legítima de autoridad. A la exploración de este vacío dedicó Edmundo O’Gorman una de sus más inspiradas reflexiones históricas: La supervivencia política novohispana.

O’Gorman mostró ahí que el triunfo de la república contra el monarquismo durante el siglo XIX no fue la fácil victoria nativa sobre una pasión foránea y caprichosa. Por el contrario: durante trescientos años de vida colonial, la única legitimidad política que conoció el reino de la Nueva España, matriz de la nación mexicana, fue la legitimidad monárquica.

Lo exótico en el México independiente no era el monarquismo, sino la república. La república triunfó porque encarnaba el espíritu de los tiempos, el espíritu de la modernidad política que trajeron al mundo la Revolución francesa y los ejércitos napoleónicos, que sometieron España en 1808. Interrumpido el vínculo con la corona española, las costumbres antiguas de la sociedad mexicana encontraron sustitutos monárquicos en Agustín de Iturbide (1822), en Maximiliano de Habsburgo (1863) y en distintos caudillos providenciales, como Santa Anna, quien llenó tantas veces la falta de soberano de la nueva nación, entre 1828 y 1854.

Con el triunfo de los ejércitos de la república sobre el Imperio de Maximiliano, en 1867, la tentación monárquica fue borrada de las leyes, pero siguió viva en las costumbres públicas. Bajo las togas republicanas crecieron las figuras semimonárquicas del Caudillo en el siglo XIX y el Señor Presidente en el XX, formas ambas del ambiguo “monarquismo republicano” o del “republicanismo monárquico”, característico de nuestra historia.

El presidencialismo mexicano tuvo, desde sus orígenes, rasgos monárquicos, lo mismo con Benito Juárez, quien retuvo la investidura presidencial 15 años, que con Porfirio Díaz, quien gobernó 30, a la cabeza de un régimen político de pactos y clientelas más parecido en su dinámica al régimen novohispano que a la institucionalidad republicana.

Al final del experimento cuasi monárquico que llamamos Porfiriato (1884-1910), Díaz y los mexicanos se encontraron con el mismo vacío que habían tratado de llenar todos los gobiernos decimonónicos, incluidos sus antecesores republicanos y liberales: el vacío de la legitimidad en la transmisión del poder.

Díaz había logrado reelegirse varias veces, pero una vez roto el acuerdo de que se reeligiera, afloró la vieja discordia: no había mecanismos aceptados para designar sucesor en el gobierno. Pasada la pax porfiriana, seguía sin haber una forma legítima de transmitir el mando: el rey estaba ausente, la república democrática también.

Siguió la discordia política, evitada 30 años, a instancias del mismo desacuerdo que había agitado siempre la vida política de la nación: la sucesión presidencial. ¿Quién sigue en el mando? ¿Quién lo nombra? El viejo desacuerdo incendió otra vez al país. Esta vez, en el año de 1910.

Díaz insistió en reelegirse. Madero asumió la causa antireeleccionista. Encarcelaron a Madero. Vino la rebelión antireeleccionista, la misma que había llevado a Porfirio al poder. Los rebeldes ganaron y llegaron al poder amparados en la legitimidad de la fuerza. Pero apenas se sentaron en la silla, bajo la presidencia de Venustiano Carranza, los dividió la vieja ausencia de siempre: la falta de un mecanismo legítimo de transmisión del poder.

La sucesión presidencial de 1919 se definió por una rebelión del caudillo militar de la hora: Álvaro Obregón. Obregón gobernó de 1921 a 1924 y escogió para sucederlo a su paisano, Plutarco Elías Calles. Los pares de Calles se inconformaron con el mecanismo sucesorio y hubo la rebelión de 1923, cuya derrota dio el poder a Calles. Camino al momento de su propia sucesión, Calles se encontró con que Obregón quería reelegirse, aunque la reelección hubiera sido prohibida por la revolución que ellos habían ganado, contra las reelecciones porfirianas.

Hubo la enmienda para permitir la reelección del caudillo. Costó una conspiración que fue sofocada en 1927. El caudillo fue reelecto. Pero antes de asumir el poder fue asesinado, dejando tras su muerte un enorme vacío político en cuyo centro reapareció, tan grande como siempre, el vacío político no llenado desde la Independencia: cómo elegir al que gobierna en un país con leyes republicanas, representativas y democráticas, que sin embargo no tenía partidos políticos, ni elecciones libres, ni ciudadanías activas, ni verdadera compatibilidad entre sus leyes y sus costumbres.

La solución de Calles en 1928, perfeccionada por Lázaro Cárdenas en 1940, fue una actualización del modelo pactista, clientelar y corporativo. Una solución más parecida al antiguo régimen porfirista o a la tradición política novohispana, que a la liberal republicana.

Así llegó al mundo el sistema presidencial de partido hegemónico que gobernó México medio siglo, desde 1940, y resolvió sexenio a sexenio, en forma cupular pero efectiva, el problema crónico de la transmisión del poder.

Luego de la represión del movimiento estudiantil de 1968, un sentimiento de agravio levantó sombras de ilegitimidad y amagos de violencia sobre la solidez, de apariencia monolítica, del régimen.

La crisis económica de 1982, que significó la quiebra de las finanzas públicas, erosionó seriamente el acuerdo de la sociedad con los gobiernos priistas y, por tanto, con la legitimidad de su pacto sucesorio.

A partir de los años ochenta el país empezó a construir una estructura institucional democrática para dar cabida a su creciente pluralidad y responder al fantasma de ilegitimidad en la transmisión del poder que empezaba a instalarse de nuevo en el horizonte.

Al terminar el siglo XX, México había construido las instituciones necesarias para disipar ese fantasma. Las elecciones habían empezado a ser creíbles. Había empezado a existir y a manifestarse una ciudadanía real. Por primera vez en la historia política de México los partidos políticos atraían el voto verdadero de una mayoría de mexicanos que efectivamente acudían a votar.

Las elecciones del año 2000 decretaron la primera alternancia pacífica y democrática en el poder de nuestra historia. Nos habíamos tomado más de siglo y medio para cumplir con el ideal republicano democrático firmado en el primer código constitucional de nuestra república, en 1824. El vacío dejado por la interrupción de la legitimidad monárquica a principios del siglo XIX había sido llenado por fin con la legitimidad democrática de fines del siglo XX.

Las elecciones del año 2018 repusieron, sin embargo, ahora por la vía democrática, la costumbre nacional de un presidente fuerte. El país volvió libremente a su nostalgia monárquica y consagró a un presidente con mayorías absolutas en su elección y en el Congreso. Fue una especie de salto a una ambigua forma de “absolutismo democrático” en sustitución o añoranza del ambiguo “monarquismo republicano” de nuestra historia.

0⁷ Barbara y Stanley Stein, La herencia colonial de América Latina, México, Siglo XXI Editores, 1970, p. 72.

0⁸ Ibid., p. 73.

0⁹ Wendell Karl Gordon Schaeffer, “La administración pública mexicana”, en Problemas agrícolas e industriales de México, vol. VII, núm. 1, enero-marzo de 1955.

5

La nación conservadora

Los liberales y los conservadores mexicanos del siglo XIX, recuerda O’Gorman, se definieron como antagonistas sólo después de la guerra de 1848 contra Estados Unidos. Sólo a partir de entonces, con toda claridad, uno de los bandos fue centralista, monárquico, católico, conservador de cepa hispánica; el otro fue federalista, republicano, laico, masón, liberal de inspiración anglosajona.

A la guerra perdida en 1848 con Estados Unidos siguió el último intento de gobierno conservador, con Santa Anna al frente, que desembocó en la intentona imperial autóctona de convertir a Santa Anna en Alteza Serenísima (1850-1854).

La Revolución de Ayutla de 1854, que derrotó a Santa Anna, encumbró a los liberales. Siguieron la Ley Lerdo de 1856 y la Constitución liberal de 1857, que desamortizó los bienes del clero y de las comunidades indígenas, y dio paso a la guerra civil que conocemos como Guerra de Reforma (1857-1861).

Vino entonces el intento monárquico final, con la intervención francesa (1862) y el apoyo de los conservadores mexicanos a la instalación en el Castillo de Chapultepec de Maximiliano de Habsburgo, emperador de México (1864).

Las corrientes nativas del liberalismo mexicano se fundieron en la causa común de la “conquista de la nacionalidad”, dice O’Gorman, luchando contra esa invasión extranjera, del todo propicia a sus convicciones y a sus alianzas externas, con Estados Unidos. La invasión estadounidense de 1848 no lo había sido. Todo lo contrario.

Primero, por la imposibilidad militar de triunfar contra ella, envuelto como estaba el país en la discordia civil y la indiferencia nacional. Segundo, porque, para el liberalismo mexicano, la guerra norteamericana era con el aliado querido, elogiado hasta la veneración, postulado sin medida como ejemplo a seguir. En 1848, el modelo de nación propuesto por los liberales, encarnado, hasta el rubor, en el ejemplo de los Estados Unidos, se les apareció de pronto bajo la forma de un ejército invasor.

La veneración por las instituciones políticas estadounidenses fue una pasión temprana del México independiente. Junto con la vindicación regionalista española, cifrada en las Cortes de Cádiz, la Constitución Mexicana de 1824 asumió íntegramente la forma federalista estadounidense.

En los periódicos de la época, George Washington y Thomas Jefferson competían en menciones y prestigio con Bolívar o Hidalgo. Hasta la guerra de 1848, la admiración por Estados Unidos, su organización social, su prosperidad económica y su forma de gobierno, era dogma de fe entre los liberales mexicanos y brújula inspiradora de todos los políticos y escritores de alguna ilustración.

El liberalismo fue el suelo común de las élites mexicanas. Sólo la adversidad y el fracaso, la pugna política y la búsqueda desesperada de una solución a la anarquía habrían de separar irreconciliablemente —en particular después de la independencia de Texas, en 1836 y, definitivamente, después de la guerra del 48— a conservadores monarquistas y liberales republicanos, la división que registra siempre en blanco y negro nuestra historia patria.

Nos recuerda Charles Hale:

Los Estados Unidos fueron no sólo el símbolo contemporáneo del progreso para los liberales mexicanos, sino que sus instituciones, sus políticas sociales y económicas, y aun sus valores culturales, fueron abiertamente adoptados por el pensamiento reformista mexicano. Los liberales mexicanos de la generación anterior a la Reforma enfocaron sin espíritu crítico el estudio de la sociedad norteamericana. Tan frecuentes y laudatorios fueron la gran mayoría de los comentarios que para el lector moderno cobran casi un carácter de irrealidad. Para los liberales mexicanos, los Estados Unidos eran el soñado mundo utilitarista. Tadeo Ortiz, uno de los más entusiastas, calificó a los Estados Unidos de “país clásico de la libertad, del orden y asilo de todas las virtudes sociales”. Los mexicanos, al igual que Tocqueville, vieron ahí el reino del interés propio ilustrado. Los norteamericanos parecían capaces de combinar el interés personal con el de sus conciudadanos. La democracia norteamericana, arraigada en el propietario privado libre proporcionaba el modelo, no sólo de la libertad y de la igualdad sino también de la estabilidad política. Era un modelo a la vez simple y estático. Los mexicanos no parecieron advertir los cambios efectuados en la sociedad norteamericana entre 1789 y 1830, ni las controversias públicas de la época de Jackson.¹⁰

Ni siquiera la evidencia de la guerra y de la ocupación del país por los ejércitos norteamericanos corrigió el enfoque del apasionado evangelio liberal sobre Estados Unidos.

En 1848, Manuel Crescencio Rejón denunció la injusticia de la guerra y repudió el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que estableció las nuevas fronteras de México. Dijo que su aprobación significaría “la muerte de la República”. Pero, al mismo tiempo, hizo el elogio de las virtudes industriosas y ciudadanas estadounidenses, en contraste con los oscuros hábitos coloniales de México, que explicaban su debilidad y su derrota.

En el “Pensamiento liberal revitalizado” que apareció luego de 1848, recuerda Hale, “la estimación de la sociedad norteamericana siguió careciendo de sentido crítico. De hecho, las virtudes de los Estados Unidos se reconocieron entonces con mayor agudeza. La guerra había demostrado el poderío de una sociedad democrática”.

Un periódico liberal como El Siglo llegó a plantearse, sin mucha alarma, el hecho de que existiera en Estados Unidos un movimiento en favor de la anexión de todo México, idea, señalaba el diario, que no carecía de partidarios en nuestro país. En caso de que así fuera, México florecería aunque, claro, “el espíritu emprendedor de los hijos del norte, especulando con nuestra desidia, haría que fuésemos jornaleros de su industria, instrumento de su propiedad”.¹¹

Quienes ofrecieron el argumento nacionalista del siglo XIX, frente a la aparición militar de Estados Unidos, no fueron los liberales, sino los conservadores. En particular, Lucas Alamán.

Ya en 1830, Alamán había señalado la diferencia en el desarrollo de los dos países y lo antinatural que resultaba la adopción, para México, del sistema federalista que tan naturalmente se había seguido de la condición original de la sociedad estadounidense. Ante el fracaso de la colonización mexicana de Texas, Alamán anticipó, al igual que Mora, la anexión del inmenso territorio a los Estados Unidos.

El escarmiento de Texas y la pasión expansionista de Estados Unidos fueron los argumentos subyacentes en la propuesta conservadora de establecer una monarquía constitucional en México. Fue la propuesta que hizo José María Gutiérrez Estrada, en 1840.

Sin esa solución, advirtió Gutiérrez Estrada, profética, aunque optimistamente, “no pasarán veinte años sin que veamos tremolar la bandera de las estrellas norteamericanas en nuestro Palacio Nacional.¹² Doce años antes de su previsión, precisamente el 15 de septiembre de 1848, la bandera estadounidense “tremoló” en el asta de Palacio Nacional.

El pensamiento conservador cerró filas entonces y ocupó por los siguientes años el enorme vacío dejado por los liberales en torno al tema clave de la conservación de la nación.

Concluye Hale:

Con la aparición de El Tiempo, El Universal, los escritos históricos de Alamán y los panfletos de posguerra de Gutiérrez Estrada, el dogma capital del conservadurismo fue el de una profunda hostilidad contra los Estados Unidos. Entendían que México tenía tradiciones hispánicas superiores y valores culturales que debían defenderse. La guerra [del 48], anunció Alamán, era la más injusta de la historia. Irónicamente, era el producto de “ambiciones, no de un monarca absoluto, sino de una república que pretende estar al frente de la civilización del siglo XX”. Fue este un punto que los liberales nunca reconocieron, al menos no abiertamente, y que constituía el meollo de su confusión. Con excepción de Mora, la reacción nacionalista contra la guerra no provino de los liberales, sino de los conservadores. Aunque la política conservadora cayó en un punto muerto al solicitar “traidoramente” la venida de un monarca extranjero, la resistencia opuesta por Alamán a la cultura norteamericana ejerció una influencia perdurable.¹³

Quisieron el azar, y la geopolítica, que los liberales, no los conservadores, ganaran la guerra civil entre ambos bandos en 1861 y “conquistaran la nacionalidad”, como quiere Edmundo O’Gorman, triunfando con los ejércitos de la república contra Maximiliano, el monarca extranjero, en 1867.

El apoyo de la diplomacia de Washington en ese triunfo fue central, dado el afán común de mexicanos y estadounidenses de impedir la nueva radicación de una potencia europea en el continente americano.¹⁴ En aquella empresa común, la causa liberal mexicana encontró un alivio y una compensación parcial al agravio del 48. Los Estados Unidos despejaron la amenaza de una implantación europea en su frontera sur.

¹⁰ Charles Hale, El liberalismo mexicano en la época de Mora, 1821-1853, 7ª ed., México, Siglo XXI Editores, 1977, pp. 193-204.

¹¹ Ibid., p. 214.

¹² Gutiérrez Estrada, “Carta dirigida al Excmo. Sr. Presidente de la República sobre la necesidad de buscar en una convención el posible remedio de los males que aquejan a la República”, citado en Charles Hale, op. cit., p. 218.

¹³ Charles Hale, op. cit., pp. 218-219.

¹⁴ Al terminar la guerra civil en 1865, el gobierno estadounidense concentró parte de sus esperanzas diplomáticas, con éxito, en cortar el apoyo militar austriaco y, sobre todo, el francés al gobierno de Maximiliano. Logró ambas cosas. Los ejércitos de la república hicieron el resto.

6

La nación liberal

El siglo XIX mexicano fue la prueba de que la herencia novohispana persistía con fuerza incontrastable en todos los órdenes de la sociedad y de que no había en ella proyectos alternativos para sustituirla. La historia del liberalismo mexicano y de su triunfo fue, en buena medida, la historia de una coerción modernizadora sobre un país sellado por sus tradiciones feudales.

El liberalismo era, en sus inicios, una teoría revolucionaria porque sus principios contravenían drásticamente la realidad que pensaban transformar. Los liberales querían acabar con los fueros corporativos de la Iglesia y el ejército, capitalizar la economía desamortizando los bienes del clero y de las comunidades, instituir una república moderna con división de poderes y pacto federal. Sobre todo, querían barrer los restos políticos y sociales de la Colonia.

Querían, literalmente, descolonizar y desindigenizar a las masas rurales, para dar paso a una ciudadanía de pequeños propietarios industriosos.

El pleito con la Iglesia es conocido. Como buenos herederos de la Ilustración, los liberales mexicanos vieron en la Iglesia el obstáculo mayor al progreso y al advenimiento de una sociedad moderna. La acumulación de propiedades en manos eclesiásticas, sus privilegios y fueros, y su control de la educación, bloqueaban áreas vitales de la reforma liberal.

Los liberales mexicanos concentraron sus esfuerzos políticos y jurídicos en hacer circular los bienes de manos muertas, el principal impedimento a la división de la propiedad agrícola y a la activación de los mercados de los “bienes muertos”. Pero su ofensiva contra la propiedad feudal desató una querella paralela, igualmente intensa y violenta, aunque menos reconocida y estudiada, con el mundo rural heredado de la Nueva España.

Las Leyes de Reforma de 1856 fueron el clímax jurídico del triunfo de aquella cúpula modernizante sobre la sociedad real. Pero la ofensiva ilustrada había cruzado todo el siglo XIX, aun antes de la Independencia, bajo el signo del pensamiento de Melchor de Jovellanos.

Casi 60 años antes de las guerras de Reforma, Manuel Abad y Queipo, el obispo que habría de excomulgar a Hidalgo en 1810, propuso que se repartieran las tierras de las comunidades. Las Cortes de Cádiz retomaron el proyecto en 1812 y Severo Maldonado y Tadeo Ortiz lo abanderaron en México para 1822:

Ilustrados y filantrópicos —recuerda Jean Meyer—, conservadores y liberales, todos los cerebros pensantes de México se reapropiaron el sueño de los Gracos y de la Revolución francesa: destruir, mediante la ley agraria, el gran latifundismo y construir la democracia de pequeños propietarios acomodados.¹⁵

Los indios, que sabían poco y mal de todo tipo de propiedad que no fuera la comunal, fueron el eje de la resistencia, juntos pero no siempre revueltos con su poderoso pastor, el clero.

A lo largo de todo el siglo XIX, agrega Meyer, “las comunidades campesinas están fuera de la vida nacional y no conocen el gobierno del Estado o la nación: se alzan para defender sus tierras y su autonomía, lo cual representa un intolerable desafío para el orden constitucional”.

Para los liberales, la tenencia comunal de la tierra era la encarnación misma del pasado, la herencia a reformar que desafiaba las premisas liberales básicas. En lo económico, evitaba la circulación de la propiedad y frenaba el cambio agrícola. En lo político, posponía la identidad individual y perpetuaba la vigencia de legislaciones protectoras especiales, discriminatorias para los ciudadanos comunes y limitantes de la generalización democrática de las leyes para toda la sociedad.

La corriente modernizante tuvo un alto registro antiindígena porque en la población indígena fue donde hubo la mayor resistencia: las más hondas inercias coloniales. Para los liberales mexicanos—hijos del regalismo español y de las logias masónicas— la civilización indígena y sus costras novohispanas eran un peso muerto en la carreta del progreso.

Ya el constituyente de 1822 había pedido que no se mencionara más a la raza indígena en los actos públicos. En el constituyente de 1857, el liberal Eduardo Ruiz exclamó: “¡En vano hemos abierto la puerta de la civilización a los indios!” El indio era para Guillermo Prieto “una criatura más terrible que el salvaje” y “una planta parásita” para Orozco y Berra. En 1913, diría Querido Moheno: “El elemento indio es un permanente obstáculo al progreso”.

Por su parte, los gobiernos de los estados habían venido legislando durante el siglo XIX contra las comunidades indígenas para meter sus tierras al mercado, despojándolas de sus protecciones jurídicas. En 1825, legislan Chihuahua, Jalisco y Zacatecas. En 1826, Veracruz; Michoacán y Puebla en 1829.

La coerción, como he dicho, no se da sin resistencia. El mismo Jean Meyer ha hecho un recuento provisional de 53 rebeliones de índole agraria, contra leyes modernizadoras, entre 1820 y 1910. Sobre aquella belicosa mayoría triunfó el liberalismo, aunque en 1910 las comunidades conservaban todavía 40% de las tierras con que habían empezado el siglo.¹⁶

El zapatismo puede verse como un momento estelar de aquel sordo litigio entre dos mundos y dos derechos: la horma paternal, precapitalista, de la legislación colonial, contra la horma del derecho liberal que hacía crecer la nación quebrando sus herencias feudales, liberando la riqueza de sus frenos corporativos arcaizantes.

De las entrañas revueltas de esta gran ofensiva liberal y de la resistencia a su proyecto y sus leyes, brotaron la guerra civil que hoy conocemos como la Reforma (1857-1861), la intervención francesa para apoyar al Imperio de Maximiliano de Habsburgo, el triunfo de las armas de la república sobre ese imperio (1867) y, con ese triunfo, el primer atisbo de un gobierno sólido, el embrión efectivo de un Estado nacional, sin enemigo al frente en lo interno y bañado por la legitimidad de la victoria sobre una potencia extranjera.

Fue una victoria que en cierto modo cicatrizó la herida abierta de la guerra del 48 y dio, por fin, una respuesta a la dramática situación de un país a medias, en ansiosa busca de su forma —o de su ser, como dice Edmundo O’Gorman.¹⁷ Veinte años después de la pérdida territorial que definió sus fronteras —pérdida que hizo sentir a Lucas Alamán que el país llamado México podía desaparecer de la faz de la tierra y de la memoria de los hombres—, en el triunfo liberal de 1867 contra el Imperio de Maximiliano se dirimió la disputa por el ser de la nación y México finalmente fue una república.

Nadie como O’Gorman llamó nuestra atención sobre la densidad histórica de aquella disputa por la nación y el poder cristalizado de los bandos en pugna.

En particular, nos enseñó a ver las vetas profundas del conservadurismo monarquista —que la historia patria tiende a juzgar del capricho o la quimera—, como lo que en verdad fueron, lo que en verdad son: una rica cristalización de tradiciones novohispanas, cuyos ecos recorren las entrañas del siglo XIX mexicano —la tragicomedia santanista del caudillo providencial, el propio Imperio de Maximiliano, la presidencia contumaz de Juárez, la vitalicia de Porfirio Díaz— y aún se extienden al XX, bajo la forma del presidencialismo posrevolucionario, cuyos modos virreinales es difícil no advertir.

¹⁵ Jean Meyer, Problemas campesinos y revueltas agrarias, SEP, México, p. , 1973.

¹⁶ Ibid., pp. 13-34; 116-152.

¹⁷ Edmundo O’Gorman, La supervivencia política novohispana, México, Universidad Iberoamericana, 1ª ed., 1986.

7

La república, la dictadura,
la Revolución

De la legitimidad obtenida por el triunfo liberal sobre Maximiliano surgió la llamada República restaurada (1867-1876); una década de prensa libre, congreso independiente y poder restringido del Ejecutivo. Una república intensa, polémica, rica y matizadamente democrática, pero hecha a la medida de lo que Francisco Bulnes llamó la nación sensible: propietarios, abogados, periodistas, camarillas políticas y militares. Es decir, a la medida de la minoría social que había concebido y hecho suyo el proyecto. Fue inevitable que las supervivencias del México real volvieran por sus fueros.

La república había triunfado, pero el país anterior a la república seguía ahí. Para empezar, con su subsuelo indígena. El patriotismo criollo había enseñado a los liberales a venerar el pasado indígena prehispánico como un pasado clásico. Pero no incluía en aquel elenco al indio vivo, el indio de todos los días, ni podía verlo como su igual. Lo veía, de hecho, como un ser inferior. Y como una amenaza.

Las mayorías indígenas del país independiente se rebelaban una y otra vez, recordándoles a sus minorías rectoras que el país no sólo era diverso, sino antagónico. La parte indígena amenazaba a la parte no indígena; la parte no indígena despreciaba y oprimía a la indígena.

La república liberal, triunfante a partir de 1867, tuvo la mente estrecha para lidiar con la Babel indígena. Los liberales veían en los indios una promesa constantemente cumplida de guerra racial. También, un lastre en el camino a la civilización.

¡Lo que llegan a decir los liberales sobre la mayoría absoluta del país que son los indios!

El constituyente de 1822 pide que no se mencione más a la raza indígena en los actos públicos.

Lorenzo de Zavala propone imitar a Estados Unidos y hacerlos “salir del territorio de la república” para ponerlos en reservas, como ha hecho el vecino del norte, modelo de la naciente república del sur.

Justo Sierra O’Reilly quiere expulsar a los mayas de Yucatán pues los juzga incapaces de “amalgamarse”, con el resto de la sociedad, es decir, con la minoría blanca que gobierna señorialmente la península.

Mariano Otero cree que los indios, en su “estado semisalvaje, apenas pueden considerarse parte de la sociedad”.

José María Luis Mora no ve en aquella mayoría sino los “cortos y envilecidos restos de la antigua población mexicana”.

Pero el país es mayoritariamente indígena. Su diversidad racial no cabe ni en los moldes del patriotismo criollo ni en los de la modernidad liberal. Imposible imaginar la nación a partir de esas coordenadas. Imposible, entonces, imaginar la nación.

Tanto desde el punto de vista de la conciencia histórica, como desde el de la construcción nacional, la República restaurada juarista fue un parteaguas.

Desde aquel momento, vista en sus grandes trazos, la historia del proyecto llamado México tiene dos rutas paralelas: la de un gobierno nacional que cohesiona y articula políticamente al país, y la del desarrollo económico liberal, desatado por la ofensiva contra los bienes “muertos” de la Iglesia y de las comunidades indígenas y campesinas.

Las dos rutas irrumpen en la regionalidad del México rural, vencen aislamientos geográficos y espirituales, crean una infraestructura crecientemente nacional de comunicaciones, convicciones y mercados.

La República restaurada no fue el horizonte de paz y democracia imaginado por los liberales triunfantes, sino el terreno de una nueva discordia interna que se resolvió con la llegada al poder de Porfirio Díaz, héroe militar de la guerra de intervención y político desplazado por los gobiernos de Juárez y Lerdo (1867-1876).

Su indomable y activa paciencia llevó a Díaz a emprender la fracasada revuelta de La Noria, en 1871, contra la reelección de Juárez, y la triunfante rebelión de Tuxtepec, en ocasión de las elecciones presidenciales de 1876. Su triunfo en esa rebelión abre la puerta al periodo de “monarquismo republicano” que conocemos como Porfiriato (1876-1911).

Más allá de sus diferencias políticas con la República restaurada, el Porfiriato puede leerse como su estricta continuación, y la Revolución mexicana como una reimplantación institucional, social y política del Porfiriato. “Porfirismo colectivo”, le llamó José Vasconcelos.

Porfirio Díaz construyó el primer sistema político de alcance nacional del país. Sometió una a una las independencias regionales y eslabonó una escalera de poderes que empezaba en todas partes pero terminaba en la Ciudad de México, en el Palacio Nacional, en la silla del Presidente, en el Presidente mismo.

“Me duele Tlaxcala”, decía al final de su mandato Díaz, para señalar un dolor físico en su costado, con el nombre de un estado de la República. Su cuerpo había llegado a ser México y México hablaba por los dolores de su cuerpo.

Díaz cumplió tareas esenciales de la modernización económica, insertó al país en el mercado mundial de minerales e hidrocarburos, y lo vinculó internamente con telégrafos, correos, caminos y ferrocarriles.

Desde el punto de vista de la conciencia nacional, el logro del Porfiriato no fue menor. Dotó al país de su primera historia oficial y de la mayor parte de sus rituales cívicos.

El Porfiriato se soñó por primera vez, como habría de hacerlo después el México posrevolucionario, heredero y clímax de toda la historia anterior de México…, salvo la Colonia. Díaz se presentó, primero, como pacificador del país; luego, como garantía del orden y la tranquilidad industriosa; finalmente, como la punta de lanza del progreso ininterrumpido de los mexicanos.

La conciencia histórica porfirista creyó en el presente como suma fiel de todo el pasado, y como su excepción definitiva: el fin de las desgracias encadenadas, de las revueltas sin fin, del desorden, del atraso. La obra colectiva de historia México: su evolución social fue el monumento historiográfico que cifró esta conciencia.

Puesto todo junto, no parecen muy distintos los logros históricos del Porfiriato de los que en el siglo XX presumiría la Revolución mexicana, a saber: consolidó hasta la impersonalidad un gobierno central ramificado y sentó las bases para una reinserción del país en los vaivenes del mercado mundial, a partir de la crisis de 1929, durante la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, en la posguerra.

En materia de autoconciencia y autocelebración histórica, el México posrevolucionario fue también plenamente porfiriano. En 1964, casi 80 años después de la primera presidencia de Porfirio Díaz —el dictador derribado por la Revolución—, un presidente posrevolucionario, Adolfo López Mateos, en su informe al Congreso de la Unión, resumió la historia de México con inconfundibles acentos porfirianos:

México, en su dramático peregrinar por los caminos de su historia, ha disfrutado de pocos breves periodos de paz constructiva. Antes de la conquista ibérica, la crónica es de permanentes luchas internas; luego, trescientos años de agobiante coloniaje. Conquistada la independencia, un siglo trágico de guerras fratricidas, de inversiones extranjeras, de dictadura. Hecha la revolución armada y consolidada en el poder por su eficacia gubernativa, no es sino hace seis lustros que el país goza de una paz institucional, firmemente asentada sobre la libertad y la justicia que establecen y garantizan las leyes que el pueblo se ha dado desde su sabia constitución de 1917.¹⁸

Puede notarse en el párrafo la ausencia de los 30 años de paz porfiriana. El poderoso molino simbólico de la Revolución mexicana fabricó uno de los grandes villanos de la memoria mexicana precisamente con la figura de Porfirio Díaz, el gobernante contra el que estalló la revolución. Díaz fue presidente constitucional de México por sucesivas reelecciones entre 1884 y 1910 y es el único personaje de nuestra historia que ha terminado bautizando con su nombre el periodo que le tocó vivir, el Porfiriato.

La Revolución satanizó a Díaz, pero desde el punto de vista de la costumbre política mexicana, las analogías del porfirismo y la Revolución son mayores o igual de importantes que sus diferencias.

A fines de los años cuarenta del siglo pasado, el historiador Daniel Cosío Villegas sugirió los sacrílegos parecidos entre el antiguo régimen porfiriano y el novísimo establecimiento posrevolucionario. Cosío describió un país revolucionario inusitadamente parecido al régimen contra el que se había rebelado: oligárquico, desigual, antidemocrático, tan fanático de la paz y del progreso como de la negociación a puertas cerradas: un régimen pragmático, más cooptador que represivo, modernizante en lo económico, conservador en lo político, respetuoso de la ley en las formas y supremo violador de ellas en el fondo.

La crisis del Porfiriato no es hija del estancamiento sino del cambio de su economía y su sociedad. Beneficiarios y deudos del gran reacomodo porfiriano confluyen a la demolición del régimen:

Viejas familias liberales desplazadas de la política y la economía. Nuevos contingentes de obreros fabriles e industriales. Comunidades campesinas enervadas por el acoso comercial sobre sus tierras. Seguidores de altos políticos inconformes con la disciplina perruna de sus jefes a Díaz. Un clamor regional de oportunidades, autonomía, libertad política y cambio. Un agravio múltiple a lo largo de todo el cuerpo social por los efectos de la inversión extranjera en ferrocarriles, minas y tierras. La crisis económica de 1908 que llenó el norte de desempleados y repatriados sin oficio ni beneficio. La molestia estadounidense por los intentos porfirianos de equilibrar su influencia y favorecer las inversiones inglesas y europeas.

La erosión del régimen porfiriano obedece a todos estos factores, pero una de sus lesiones de fondo es parecida a la que pondría en jaque la hegemonía del PRI: el choque de nuevos y viejos actores desatados por la modernización económica y social, en un molde político rígido que no sólo no se renovaba, sino que, en el caso de Díaz, envejeció físicamente, empezando con el propio Díaz, hasta dibujar una clase dirigente que era al final, en todos los niveles, una verdadera asamblea de ancianos.

A diferencia de la porfiriana, la dirigencia política posrevolucionaria no envejeció en sus puestos —salvo honrosas excepciones obreras—. Luego del asesinato de Obregón en 1928, la familia revolucionaria respetó el principio de no reelección y, a partir de los años cuarenta, practicó darwinianamente la sustitución sexenal de sus gobiernos. Aquel darwinismo sexenal, en el marco de un control político férreo que apenas daba opciones a los excluidos, explica en parte la duración del “porfirismo colectivo” del que habló Vasconcelos, y que de muchas maneras encarna la palabra PRI.

Pero la renovación biológica del régimen posrevolucionario priista no fue siempre sinónimo de renovación política. Los gobiernos del PRI proponían cada seis años un nuevo proyecto de país pero el núcleo duro de la costumbre política permanecía intocable. Y así, a la vuelta de las décadas, el llamado PRI-Gobierno llegó a ofrecer en sus procedimientos políticos, en sus hábitos clientelares, en su retórica cívica, en su autoritarismo rimbombante, en su corrupción consuetudinaria, un cuadro de vejez mental equivalente a la senilidad física porfiriana.

La analogía esencial que cruza los siglos es que la erosión del régimen posrevolucionario, como la del Porfiriato, no es resultado tampoco del estancamiento sino del cambio, de un cambio tan intenso que las estructuras políticas no pueden procesar.

¹⁸ Los presidentes de México ante la nación. Manifiestos y documentos de 1821 a 1966, México XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados, 1966, 5 vols., IV, p. 841.

8

A la sombra de la Revolución mexicana

En el principio es el año de 1910, la frontera llena de conspiradores, los primeros gritos maderistas lanzados en la silenciosa noche de pueblos y ciudades norteñas. Hay en el ambiente un aire ominoso, el eco de todo lo que las fiestas del Centenario no incluyeron sino como un domado folclor: los hombres oscuros de los campos, los jinetes serranos del norte, los inflamables obreros de las minas, lo que la mano dura porfiriana mantuvo silencioso y en orden hasta que el maderismo lo hizo moverse.

Antes de salir al exilio, Porfirio Díaz dice: “Han soltado un tigre”. En los años siguientes, el país asiste al espectáculo, cruento y avasallador, de ese tigre suelto. Su primera víctima célebre es Madero, derrocado y ejecutado en 1913, y luego cada uno de los que intentan domeñarlo, hasta 1928, en que cae el general invicto, Álvaro Obregón.

En rebelión contra el golpe de Estado que derriba a Madero, a partir de 1913 los ejércitos revolucionarios ocupan todo el ámbito visual. Recorren el país a bordo de sus trenes abigarrados, en largas columnas de caballería o en pequeñas partidas. Son un paisaje que se yergue lleno de vigor, colorido y poder destructivo, ahí donde antes había sólo una línea pacífica.

El espectáculo es total. El país y sus miserias, sus gentes anónimas, sus ambiciones y esperanzas, asoman en un oleaje inesperado. Miles de hombres salen de sus pueblos —a los que de otro modo hubieran quedado confinados— y aprenden por sí mismos lo que antes sabían de oídas, que el país al que pertenecen es una vasta geografía, que pueden caminar por él y hacerlo suyo.

Esta aparición de un mundo áspero, sorprendente y vigoroso es la emoción colectiva de la que brotarán los lugares comunes del nacionalismo revolucionario. La idea de la mexicanidad quedará adherida a la fuerza de aquellas visiones multitudinarias: el vivac, la soldadera, el soldado de cananas terciadas. De ahí saldrá el arsenal de tipos populares del muralismo y de la novela de la Revolución, las figuras que terminarán dando rostro y facha a la palabra pueblo.

En la ocupación del paisaje por las tropas de la Revolución queda viva la sensación de que México es una entidad tangible, con fisonomía y aspiraciones propias. Es la experiencia que dará fuerza al nuevo nacionalismo laico y popular, ese que luego de ser machacado en discursos patrios y recitales escolares, poemas, canciones, programas de radio y películas, terminará generando una ontología, una filosofía de lo mexicano, que empieza en Samuel Ramos (El perfil del hombre y la cultura en México, 1934) y culmina en Octavio Paz (El laberinto de la soledad, 1950), una sucesión de máscaras en cuyo último reducto está escondido un hombre, con toda su historia a cuestas, cuajada al fin en un alma propia e irrepetible.

Los afluentes de la construcción simbólica de esta nacionalidad son múltiples pero están asociados todos, en mayor o menor medida, a la acción cultural, educativa y cívica del Estado, así como, desde luego, al ejercicio de su poder político sobre el territorio y la sociedad. Los revolucionarios triunfantes doman militarmente al país y centralizan las decisiones en el gobierno. Desde ahí moldean a la sociedad, organizan políticamente a sus sectores claves, llámense obreros, campesinos, empresarios o profesionistas.

Un afluente fundamental del proceso es el indigenismo, pensado como una estrategia para diluir al indígena en el cuerpo de la nación. El indigenismo nace con los primeros gobiernos de la Revolución. Su libro fundador, Forjando patria, de Manuel Gamio, es de 1916. Su idea rectora es “atender al indígena” para que deje de ser indígena, para incorporarlo a la nacionalidad mexicana y a la cultura occidental. La divisa es desindigenizar mexicanizando. Y viceversa: mexicanizar indianizándose.

Escribe Manuel Gamio:

Para incorporar al indio no pretendamos europeizarlo de golpe; por el contrario, indianicémonos nosotros un tanto, para presentarle, ya diluida en la suya, nuestra civilización, que entonces no encontrará exótica, cruel, amarga e incomprensible. Naturalmente que no debe exagerarse a un extremo ridículo el acercamiento al indio.¹⁹

Otro afluente clave es la educación, en su matriz de misión evangelizadora y fundación espiritual, encarnada por José Vasconcelos. Como secretario del ramo del presidente Obregón, Vasconcelos pone los cimientos de una política de Estado que cruza todo el siglo y que puede resumirse, en palabras de José Joaquín Blanco, como la “creación de un espacio cultural en el que cupieran sin violencia todos los habitantes del país”.²⁰

El despliegue cultural desde el Estado crea y ocupa espacios en todos los ámbitos de la cultura, en las artes cultas y en las populares, en la música y en los libros, en el aula y en los muros públicos que el gobierno entrega a los pintores para que inventen en sus murales la historia revolucionaria de la nación. El resultado es una larga sombra de nacionalismo cultural cuyo espectro cubre las décadas siguientes con suave mano de hierro.

Escribe Enrique Florescano:

Los creadores dejan de sentirse atraídos por las metrópolis europeas y se vuelcan hacia la nación. En contraste con la generación del Ateneo de la Juventud, encandilada por la flama cultural que venía de la Antigüedad clásica, la formada de 1917 en adelante se inclina sobre los legados mexicanos en la medida en que estos son rescatados por el Estado y vinculados con su política de integración nacional.²¹

El afluente de hierro del horizonte nacionalista es, desde luego, la construcción misma del Estado. Incluye la derrota de tres rebeliones militares con sus respectivas purgas (1923, 1927, 1929), el magnicidio de Álvaro Obregón (1928), una rebelión religiosa campesina (1926-1929) y la formación de un partido que reúne las diferencias de la familia revolucionaria en una asamblea de notables con tropas, clientelas y pistolas propias: el Partido Nacional Revolucionario (1929).

A fines de la década de los veinte, con la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), padre del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y abuelo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la mexicanidad y la nación son introducidas como última instancia espiritual y como únicas finalidades legítimas de toda acción política.

México y la unidad revolucionaria de los mexicanos se vuelven en esos años verdaderos fusiles ideológicos apuntados contra los adversarios de la línea oficial que, por definición, encarna los mejores afanes de la Revolución, del pueblo y de la nacionalidad. Los gobernantes pueden barajar a su gusto todos los lemas de la obligatoria entidad llamada México; quienes se apartan de sus dictados incurren en el estigma de predicar “doctrinas exóticas”, según la perdurable expresión del presidente Calles (1924-1928), artífice de la institucionalización posrevolucionaria.

México, nación, revolución y régimen se vuelven términos intercambiables en el corazón del nacionalismo revolucionario, fruto genuino de la incomunicable experiencia de autodescubrimiento que trajo la Revolución y surtidor de una nueva retórica de la concordia, llamada a mitigar los enfrentamientos particulares y a garantizar la estabilidad del nuevo orden. La nota mayor del nuevo orden es la reconciliación del país en la nacionalidad revolucionaria.

En 1938, el presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) dice en un discurso: “Un pueblo no es una mezcla heterogénea de clases, cada una de las cuales lucha por sus intereses; es una gran unidad histórica, enraizada en el pasado y en la lucha conjunta por un futuro común”.

En 1940, el futuro presidente Manuel Ávila Camacho (1940-1946) explica: “México no está compuesto por grupos diversos irreconciliables, sino por elementos necesariamente distintos, cada uno de los cuales ejerce su función propia. Todos son iguales en sus derechos cívicos, todos son ayudados por la justicia”.²²

México era, por fin, una nación sin fisuras, una gran familia acogedora para todos, cuyos representantes patriarcales eran los miembros de la familia revolucionaria, la cual velaba, dentro de la Revolución, por el destino de la gran familia mexicana que era la nación.

El nacionalismo revolucionario absorbió todas las señas de identidad del pasado en un mezcla única. Fue indigenista y antiespañol, como el patriotismo criollo, pero fue también proteccionista y tutelar, como las Leyes de Indias con las comunidades y los pueblos. Fue jacobino, laico y republicano, como la reforma liberal, pero no fue democrático, sino centralizador, presidencialista y autoritario, como habrían querido las inercias monárquicas novohispanas y la causa conservadora decimonónica, emblematizada por Lucas Alamán.

Dio así su propia respuesta revolucionaria al exacto coloquialismo de Tornel, musitado un siglo antes: “El único medio posible: monarquía, y monarca sin nombre”.²³ Siguieron, ya estaban ahí, los presidentes de la posrevolución y del PRI.

En aquellos años fundacionales la Revolución dejó de ser un hecho del pasado para volverse una promesa de futuro. El mecanismo fue gradual pero efectivo. El discurso político al uso tomó del pasado los reales o supuestos logros de la Revolución y los proyectó hacia el futuro, con el afán de convertirlos, à la Porfirio, en la culminación de la historia toda de México.²⁴

Para Álvaro Obregón, que gobierna entre 1921 y 1924, la “revolución” consiste escuetamente en el hecho armado. El gobierno revolucionario, que el propio Obregón preside, no quiere ser encarnación del hecho armado, ni su heredero. Obregón no quiere acordarse de la Revolución, pesadilla reciente. Quiere que todos, en especial los militares, se olviden de ella.

Con el presidente Calles (1924-1928) el rumbo cambia. Calles no considera, como Obregón, que hay una “dicotomía entre el movimiento revolucionario y el gobierno”, explica el historiador Guillermo Palacios. El “periodo bélico” será en adelante, “sólo una etapa de la lucha, la más fácil y sencilla de hacer”, como dice Calles en su último informe de gobierno, ya que “la Revolución, generosa y dignificadora, está siempre en marcha”.

El presidente Calles descubre el futuro de la Revolución. Su sucesor y exiliador, el presidente Lázaro Cárdenas, le otorga rasgos de perpetuidad, pues a la noción de etapas sucesivas agrega la de tareas interminables. Dice Cárdenas, en el último año de su gobierno:

La Revolución mexicana no puede detenerse en su marcha progresista. Su acción no ha terminado. A unos les tocó iniciar y desarrollar el movimiento armado y sentar las bases fundamentales de nuestro futuro; a otros poner en acción las nuevas doctrinas organizando los distintos factores de ejecución que nos permitieran caminar al éxito y a nosotros resolver problemas que influyen en el proceso de nuestra vida social y que han de ayudar a perfeccionar nuestro régimen institucional.

Es así como la Revolución sobrevive “a sus artífices y a sus dirigentes ocasionales”, dice Palacios. “Como hecho histórico fue el pasado, como acción progresista es el presente, como beneficio colectivo es el futuro destinado a las nuevas generaciones.”²⁵

Tenemos entonces un discurso oficial de larga sombra: una tradición revolucionaria, un presente progresista, un futuro de revolución permanente.

El siguiente paso fue convertir la Revolución mexicana en la página culminante de la historia de la nación. La idea oficial de la nación como depositaria de un legado único, armónico, progresivo, se inicia quizá con el presidente Ávila Camacho (1940-1946), el presidente sucesor de Cárdenas. Al aliento polémico y revolucionario del cardenismo, Ávila Camacho opone la visión de una historia llena de logros.

“Quien reflexione sin prejuicios”, dice en su discurso de toma de posesión como presidente, “llegará a la conclusión de que la Revolución mexicana ha sido un movimiento social guiado por la justicia histórica que ha logrado conquistar para el pueblo una por una sus reivindicaciones esenciales”.

A la independencia política lograda en 1810 y a la consolidación ideológica de la Reforma alcanzada en la Constitución de 1857, la Revolución añade ahora el logro de las “reivindicaciones esenciales” del pueblo.

Al final de ese discurso, Ávila Camacho propone una visión de la historia de la nación ya no como lucha revolucionaria sino como herencia de concordia: “Pido con todas las fuerzas de mi espíritu a todos los mexicanos patriotas, a todo el pueblo, que nos mantengamos unidos, desterrando toda intolerancia, todo odio estéril, en esta cruzada constructiva de fraternidad y de grandeza nacionales”.

La noción de unidad nacional fue el odre donde empezó a añejarse la visión de la historia de México como un tesoro del pasado que debía visitarse con orgullo en el presente. El presidente Ruiz Cortines (1952-1958) hizo beber de ese vino a sus escuchas durante toda su gira electoral. Para entonces, la unidad nacional se había convertido en Patria (“Para la Revolución, la Patria es una”) y la noción callista de futuro en Destino (“Tengo fe inquebrantable y apasionada en los altos destinos de México”).²⁶

Hay una lógica entre sentirse heredero de una tradición gloriosa y señalar a los réprobos que introducen en ella notas disonantes. Ante las huelgas de maestros, ferrocarrileros y estudiantes de fines de su gobierno, dice Ruiz Cortines: “La nación entera ha condenado esos hechos. Muy a mi pesar, pero con toda entereza debo decirlo: en caso de que esas situaciones se repitieren, el Gobierno las reprimirá con máxima energía, salvando el afán de todos los mexicanos”.

Algo parecido dijo el presidente Díaz Ordaz a los estudiantes que protestaban contra su gobierno en el 68: “Ahora bien, en la alternativa de escoger entre el respeto a los principios esenciales en que se sustenta toda nuestra organización política, económica y social, y las conveniencias transitorias de aparecer personalmente accesible y generoso, la decisión no admite duda alguna y está tomada: defenderé los principios y arrostro las consecuencias. Lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos; hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos”.

La noche del 2 de octubre 1968, el presidente arrostró las consecuencias, su gobierno hizo reprimir un mitin de estudiantes, justamente en la Plaza de Tlatelolco, que sintetiza las tres culturas del legado de México, y puso fin al consenso político y cultural de la nación, tan laboriosa y eficazmente construido en las décadas de gloria de la Revolución mexicana.

¹⁹ Citado por Guillermo Bonfil, México profundo, México, CIESAS/SEP, 1987, p. 172.

²⁰ Citado por Enrique Florescano, “José Vasconcelos y la construcción del nacionalismo mexicano”, en Ensayos fundamentales, México, Taurus/El Colegio de México, 2009.

²¹ Ibid., p. 494.

²² Héctor Aguilar Camín, Saldos de la Revolución, p. 58.

²³ Citado en Carta de José María Gutiérrez Estrada al doctor Mora, 3 de junio de 1843. En Genaro García y Carlos Pereyra (eds.) “Papeles inéditos y obras selectas del doctor Mora”, en Documentos inéditos o muy raros para la historia de México, 36 vols., México 1906-1911, vol. VI, p. 38. Citado en David Brading, op. cit., p. 99.

²⁴ La arqueología de esta transformación la ha hecho Guillermo Palacios en una tesis de maestría, por desgracia inédita: La idea oficial de la Revolución Mexicana, El Colegio de México, 1967.

²⁵ Todas las citas en Guillermo Palacios, La idea oficial, pp. 94, 98-7, 107-111, 254-56.

²⁶ Todas las citas presidenciales en Héctor Aguilar Camín, “Desde la alta tribuna del espíritu: Nociones presidenciales de cultura nacional”, en Saldos de la Revolución, México, Nueva Imagen, 1982. La fuente original de las citas es Los presidentes ante la nación. Manifiestos y documentos de 1821 a 1966. México, XLVI legislatura de la Cámara de Diputados, 1966, 5 vols.

9

A la sombra de Estados Unidos

El nacionalismo revolucionario ofreció una respuesta a la vieja cicatriz de la nación: la vecindad con Estados Unidos, el fantasma de carne y hueso que los liberales no supieron combatir, y el Porfiriato apaciguó en el campo de las inversiones extranjeras, pero con el que siguió peleando a la sombra, montándole competidores y equilibrios, en una sorda disputa nacionalista que finalmente perdió.

El áspero nacionalismo inicial de Porfirio Díaz, de tinte plebeyo y antinorteamericano, se diluyó en las aguas del pragmatismo diplomático y en la búsqueda de inversiones extranjeras, pero mantuvo su rescoldo y pareció inflamarse de nuevo en la primera década del siglo XX, mediante una ofensiva que hoy llamaríamos de diversificación de inversiones extranjeras, en favor de los intereses europeos, ingleses en particular. La postrera búsqueda porfiriana de un equilibrio en la influencia externa sobre México irritó a los gobiernos estadounidenses. La caída de Díaz no fue sólo celebrada al sur, también al norte del Río Bravo.

La Revolución mexicana fue, en buena medida, la historia de un conflicto con Estados Unidos. El amago político y la intervención militar de Washington fueron una experiencia cotidiana de jefes militares y dirigentes políticos revolucionarios. Para empezar, el golpe de Estado de 1913 y el asesinato de Madero, que incendió al país, fueron diseñados y consentidos por el embajador estadounidense Henry Lane Wilson, uno de los grandes villanos de la historia revolucionaria.

En 1914, con ánimo de presionar al régimen huertista, que su antecesor inmediato había ayudado a encumbrar, el gobierno de Woodrow Wilson decidió ocupar Veracruz, con lo cual presionó a Huerta, pero afrentó también a los revolucionarios en armas. En 1917, para castigar la violencia de Villa contra el pueblo de Columbus, en territorio americano, una columna de soldados de ese país entró a México y persiguió al guerrillero por las sierras de Chihuahua, dejando en la memoria mexicana un doble rastro de ineptitud y agravio.

La Revolución tuvo fricciones sin fin con Estados Unidos: incidentes militares fronterizos, reclamaciones económicas, notas de protesta, advertencias y amenazas. No hubo jefe revolucionario de alguna jerarquía que no tuviera, en su momento, la tentación de ofrecer una respuesta armada a la hostilidad americana. La realidad activó la memoria y el conflicto reabrió en la imaginación de los revolucionarios el fantasma de la guerra de 1848, hasta configurar la noción beligerante de Estados Unidos como el peligro exterior número uno de la Revolución y el enemigo identificado de la nacionalidad y el orgullo mexicanos.

La política exterior de Carranza, jefe del movimiento revolucionario desde el asesinato de Madero, en 1913, hasta su propia muerte, en 1920, fue la traducción puntual de este sentimiento. Su criterio central fue no ceder un milímetro a las exigencias del vecino intruso, ni en materia militar, ni en materia económica; no prestar oídos suaves a demandas venidas del gobierno de Washington, ni a las canalizadas por compañías o intereses privados estadounidenses.

La Constitución de 1917 encontró en las viejas vetas del regalismo español y de la propiedad de la Corona sobre los bienes patrimoniales del país, la tradición propicia para sellar los derechos prevalentes de la nación revolucionaria sobre los bienes del suelo y el subsuelo, y la sujeción de los derechos de propiedad individuales a las modalidades que “dicte el interés público” (Artículo 27).

Los destinatarios primeros de aquella actualización del derecho colonial eran, desde luego, los Estados Unidos y sus empresas en México. Los inciertos años veinte transcurrieron, primero, bajo la sombra del desconocimiento diplomático y la continua amenaza de una intervención estadounidense; luego, bajo el ruido de las grandes campañas periodísticas contra lo que, a grandes voces, llamaban en la prensa americana el “bolchevismo” de la Revolución mexicana.

La tensión bajó a fines de los años veinte, pero se reinició en los treinta por el enfrentamiento con las compañías petroleras, que terminó en la expropiación de 1938.

La colaboración de los dos países durante la Segunda Guerra Mundial mitigó el nivel del conflicto. Las nuevas condiciones indujeron a subrayar las semejanzas más que las diferencias entre los gobiernos de las dos naciones. Pero fueron los años de fricción los que dejaron su impronta duradera en el corazón y en la retórica del nacionalismo revolucionario. Lo mismo en la tribuna que en la escuela, en los diarios que en los estereotipos de la cultura popular, la influencia a temer y a contener era la que venía del norte. El gringo fue a la vez el idiota y el peligro, el tonto insípido y el maquiavélico opresor.

Durante la posguerra, el discurso y la realidad tomaron caminos distintos. De un lado, se orientaron hacia el norte, en busca de oportunidades, los negocios, la tecnología, el consumo, los medios masivos, la educación de las élites y la migración de los trabajadores. Aquellos años “norteamericanizaron” a México más que ninguna generación anterior. De otro lado, el discurso político y la conciencia pública, la historia patria y la sensibilidad colectiva, el humor plebeyo y el orgullo intelectual, afirmaron las lecciones antigringas del pasado y se mantuvieron en pie de guerra.

Una vez más, el país de los hechos contradijo al país de las palabras. El voto de parte sustancial de la nación por integrarse, más que por separarse del vecino, no llevó a actualizar el discurso, sino a ratificarlo bajo la forma de un nacionalismo defensivo, orgulloso aunque impotente frente a la “penetración” norteamericana.

La contradicción era obvia, pero México había encontrado en esos años una forma de organización nacional capaz de incluir esa y otras contradicciones. El establecimiento posrevolucionario había logrado ser, al mismo tiempo, autoritario e incluyente en política, estatista y promotor del libre mercado en lo económico (la famosa “economía mixta”), popular y plutocrático en lo social.

Sus instituciones habían logrado conciliar leyes y aspiraciones democráticas, dignas de su pasado liberal, con usos y costumbres corporativas, deudoras de sus tradiciones coloniales. Su intervencionismo estatal no había suprimido el mercado. Su abrumador partido de Estado no había cancelado las elecciones, ni desaparecido a la oposición, ni entronizado una dictadura ideológica o policiaca. Sus arcaísmos políticos estaban puestos, explícitamente, al servicio de la modernización, y sus políticas sociales buscaban tener un impacto en la productividad. La conciencia de sus peculiaridades revolucionarias lo acercaba a las corrientes internacionales del socialismo real, pero su sentido práctico y la realidad geográfica lo mantenían en la órbita de la influencia estadounidense, de quien la Revolución había sido, por lo mismo, aliada abierta y socia beneficiada en la Segunda Guerra Mundial.

La posguerra vio cuajar poco a poco, fruto de aquella suma única de corrientes encontradas, el más largo periodo de prosperidad económica y estabilidad política que haya conocido la nación mexicana: las décadas de lo que se llamó después el “milagro mexicano” (1940-1980), cuyos logros pueden resumirse gruesamente en la fórmula: bajo conflicto político y alto crecimiento económico —promedio de 6% anual.

En las décadas del “milagro”, la población de México se triplicó, el país se volvió urbano e industrial, se integró física y mentalmente como nunca antes, se educó, dio a luz una sociedad moderna, desigual y refinada a la vez, provinciana y cosmopolita, más atenta que nunca a las solicitaciones de la aldea global y más conectada que nunca con sus propias peculiaridades regionales.

El crecimiento espectacular de la escuela pública acabó de castellanizar a la población y estandarizó la conciencia histórica y cultural del país. Los medios masivos unificaron consumos, modas y símbolos. El crecimiento económico generalizó mercados de productos y empleos, al tiempo que la centralización autoritaria igualaba prácticas y valores de la conducta política, el lenguaje público y la cultura cívica.

Las condiciones internacionales fueron propicias a aquel modelo de desarrollo hacia adentro, con una economía protegida de la competencia externa y con un sistema político capaz de absorber por vías clientelares su competencia interna.

Fue un exitoso modelo de crecimiento y estabilidad regulado estatalmente, cuyo timbre de orgullo nacionalista fue un cierto sentido de insularidad y autosuficiencia: orgullo provinciano de lo propio y desdén condescendiente del exterior.

La década de los ochenta trajo la quiebra del milagro mexicano. Una revolución tecnológica y productiva redefinió las prioridades y cambió los instrumentos de la economía mundial. A partir de los años setenta, empezaron a ser inviables las economías estatalmente planificadas y los desarrollos nacionales orientados hacia el mercado interno.

El mundo vivió una fuerte oleada de liberalización y desregulación de las economías, premió los desarrollos orientados hacia la competencia externa y saldó el fin de la Guerra Fría con la rendición del bloque socialista, frente a las evidentes superioridades globales de sus adversarios.

En el oleaje de tan vasta recomposición mundial, y a la vista de la quiebra de su modelo de desarrollo, México inició a principios de los ochenta —como los liberales después de la Independencia, los porfirianos después de la Reforma y los revolucionarios después de la Revolución— la búsqueda de un nuevo espacio en el mercado mundial y en el equilibrio político resultante del fin de la Guerra Fría.

En busca de ese lugar los gobiernos mexicanos emprendieron, desde los ochenta, lo que bien cabría llamar un adiós a la Revolución mexicana: el intento de modernizar la estructura institucional creada durante los últimos 60 años.

Las raíces liberales del pasado parecieron volver por sus fueros, bajo la forma de una ofensiva cautelosa, pero frontal, contra las herencias corporativas posrevolucionarias. A raíz de la gran quiebra fiscal de 1982, saldo del auge petrolero, los gobiernos mexicanos dedicaron sus esfuerzos a crear una economía abierta, después de varias décadas de conducir, exitosamente, una economía protegida.

El Estado fue sometido a una profunda revisión en sus finanzas, propiedades, subsidios y prioridades políticas. Los compromisos de reforma agraria, heredados de la era de Cárdenas a través del ejido y el reparto de la tierra, fueron replanteados en una perspectiva de nueva desamortización de las tierras ociosas o poco productivas. Las relaciones del Estado y la Iglesia fueron normalizadas a extremos que habrían horrorizado al jacobinismo norteño de la Revolución y de los liberales de la Reforma. El sistema educativo, fuertemente centralizado, inició un proceso de descentralización, y el gobierno mexicano buscó reconocer y aprovechar, antes que rehuir y temer, la integración de México a Norteamérica, antigua fuente de amenaza y despojo pero, a principios de los noventa, horizonte de oportunidades y mejora.

El nacionalismo mexicano había dado la vuelta y buscaba opciones en el prometedor espacio de su adversario histórico designado.

10

Camino a Norteamérica

La última década del siglo XX en México es el campo de la competencia democrática. El dominio del PRI, antes incontestado, encara tres elecciones competidas en 1988, 1994 y 1997, año en el cual el gobierno pierde la mayoría en el Congreso. Los partidos de oposición se vuelven de cogobierno; terminan el siglo gobernando sobre estados y ciudades cuya población equivale a la tercera parte del país y a más de la mitad de su economía, ya que gobiernan a la Ciudad de México y a los dos estados más ricos de la República, Jalisco y Nuevo León.

Los votantes que consagran la derrota histórica del PRI el 2 de julio del año 2000 son los del México moderno. Entre más urbana, educada y joven la población, más alta es la votación por Vicente Fox, el candidato ganador del PAN. Entre más rural, menos educada y menos joven, más alta la votación por el PRI.²⁷ Es un voto de hartazgo por el pasado y de apuesta por el porvenir.

¿Pero qué porvenir, de qué país?

Cumplido su sueño de instaurar la democracia, México descubre que se ha quedado sin un referente común. Ha dejado atrás el nacionalismo revolucionario y quiere salir de la sombra de la Revolución mexicana, pero no tiene una identidad equivalente, un repertorio simbólico capaz de incluir su diversidad en un nuevo proyecto de nación, en una nueva sensibilidad compartida, una nueva narrativa nacional. Las coordenadas imaginarias de la nación del siglo XX han sido deslavadas por la historia sin que hayan nacido los mitos cohesionadores de repuesto.

Al llegar el bicentenario de su Independencia, en el año 2010, era difícil explicar, con los viejos referentes nacionalistas, las nuevas realidades del país.

Escribió Fernando Escalante:

No es México lo que está en juego, sino la nación como símbolo y su significado en la vida diaria… Lo que ha perdido peso y fuerza es la idea misma de la nación, la imagen del país como tal y sus connotaciones emocionales. La idea de México ha perdido agarre… Históricamente, el nacionalismo mexicano se definió mediante una oposición distante y mediada con España y una oposición más inmediata contra Estados Unidos. Pero ese no fue el corazón de la ‘identidad mexicana’, que tenía más que ver, en realidad, con la idea de una sociedad futura. Esto es lo que hemos perdido: un sentido de México.²⁸

Había desaparecido también el México que proponía aquel sentido. ¿Por qué? Quizá porque el país marchó en esos años hacia el horizonte histórico del que su discurso público había renegado siempre: México se fugó al norte.

Era un proceso viejo, culturalmente visible desde principios de los años setenta, en que Carlos Monsiváis acuñó el aforismo preciso: “Somos la primera generación de norteamericanos nacidos en México”. Los usos y costumbres del México urbano autorizaban el aforismo.Un poema de los mismos años de José Emilio Pacheco, explica a qué se refiere Monsiváis. Dice así:

Traduzco un artículo de Esquire

sobre una hoja de Kimberly-Clark Corporation

en una antigua máquina Remington.

Corregiré con un bolígrafo Esterbrook.

Lo que me paguen aumentará en unos cuantos pesos

las arcas

De Carnation, General Foods, Heinz

Colgate-Palmolive, Gillette

Y California Packing Corporation

Como recuerda Escalante, el nacionalismo mexicano de vieja cepa tenía dos adversarios históricos: el gachupín (el español) y el gringo (el americano feo). Pero el gachupín se apareció en los ochenta del siglo pasado como el habitante de un país deseable: la España democrática, meca de la literatura y el periodismo de habla española.

Lo gringo, por su parte, se había extendido ya, compleja y avasalladoramente, como un mundo de entretenimiento, valores, mercancías y oportunidades al que acudían por igual las élites y la gente común. Unos en busca de educación y negocios; otros en busca de trabajo; todos en busca de oportunidades. El enemigo designado de la vieja identidad mexicana era ahora el horizonte al que, en muchos sentidos, se dirigía la nación. Lo había sido durante todo el siglo, pero la tendencia en las últimas décadas era abrumadora.

En el año 2009, México exportaba a Estados Unidos 80% de su comercio internacional. El 92% del turismo que México recibía era estadounidense y el 51% de la inversión extranjera. Había un millón de norteamericanos residentes en México y 12 millones de mexicanos trabajando en Estados Unidos (30 millones en total si se sumaban los nacidos allá). Dos de cada cuatro mexicanos tenían parientes en Estados Unidos, tres de cada 10 decían estar dispuestos a irse y trabajar allá si pudieran. La variable demográfica es fundamental, habla de una mezcla de dimensión histórica, es decir, de una mezcla que puede cambiar la historia de ambos países, si no es que la ha cambiado ya.

El siglo XX de México empieza en 1910 con una rebelión política. Termina en el año 2000 con una elección democrática. Curiosa simetría: el siglo empieza con la revuelta de Francisco I. Madero contra la última reelección de Porfirio Díaz. Termina con la primera elección que hace posible lo que Madero quería: la alternancia pacífica en el poder por decisión de los votantes, no del gobierno.

En el año 2000 México tiene el mismo territorio que en 1910, cuando celebra el centenario de su Independencia. Pero su dimensión humana y su intimidad cultural son muy distintas. En 1910 México tenía 15 millones de habitantes, de los cuales 7 millones eran analfabetas y 6 millones indígenas monolingües. Había una lengua dominante, el español, pero no una lengua común. El país que celebró el centenario de su independencia en 1910 era todavía una asamblea de naciones: un territorio de Babel.

Al terminar el siglo XX, México era una nación de 98 millones de habitantes, de los cuales sólo un millón eran indígenas monolingües. En 90 años se había creado una abrumadora mayoría de hablantes del español “vicioso y bárbaro” que practica la república. El primer diccionario profesional de esta lengua, a la vez universal y propia, el Diccionario del español que se habla en México, no empezó a construirse sino en 1973, siglo y medio después del año de la Independencia. El 90% de los mexicanos del siglo XX han “nacido en el español”, dice Luis Fernando Lara, director de esta obra notable. Es un porcentaje mayor que el de los nacidos “en el español” durante el siglo XIX, y mucho mayor que el de los nacidos en este idioma durante los siglos novohispanos, donde el español era la lengua de la minoría.

Las comunidades campesinas de aquellos tiempos, en lo esencial indígenas, “están fuera de la vida nacional”, recuerda Jean Meyer. “No conocen el gobierno del Estado o la nación: se alzan para defender sus tierras y su autonomía, lo cual representa un intolerable desafío para el orden constitucional”.²⁹

Las élites de la segunda mitad del XIX buscan afanosamente al sujeto nacional, el tipo humano, capaz de encarnar la peculiaridad mexicana en una nación de élites blancas y masas indígenas. Buscan y encuentran. El eslabón perdido que empieza a unir ambos mundos es el mestizo, una respuesta a la división racial que se abre paso en algunas de las mayores cabezas de la segunda mitad del siglo XIX: Francisco Pimentel, Vicente Riva Palacio, Gabino Barreda, Ignacio Ramírez, Justo Sierra, Francisco Bulnes, precursores todos de la idea del mestizo como engendro o heredero cabal de la nación.

El mestizo, considerado hasta entonces fundamentalmente como un bastardo, un ser extraño y desconfiable, más próximo y más leal al mundo indígena que al mundo blanco, empieza a ser visto como un híbrido original, como una cruza de virtudes más que de defectos. La elegía intelectual de este anfibio astuto y resistente, culmina en el libro canónico de Andrés Molina Enríquez, Los grandes problemas nacionales, publicado en 1909, un año antes del centenario de la Independencia, un año antes, también, del estallido de la Revolución mexicana.³⁰

La sombra de la Revolución que empieza en 1910, con la rebelión de Madero, ocupará largas décadas del siglo XX. Convertirá aquella ocurrencia del mestizaje, variante nativa del darwinismo social, en la pieza clave de una ingeniería simbólica de dimensiones enormes, a la vez una catarsis colectiva, una mitología institucional, una épica de Estado, un pilar del nacionalismo revolucionario: una matriz de la mexicanidad.

La transformación se cumple en la molienda anónima del mito. Donde los autores porfirianos han dicho mestizo, la revolución del siglo XX dirá mexicano. Y el Estado, la escuela laica, el discurso revolucionario, los muros públicos, la radio, el cine, la televisión, convertirán poco a poco aquella ocurrencia simbólica en la seña de identidad de la nación.

Las últimas décadas del siglo XX sorprenden a una nación culturalmente lograda desde el punto de vista de su nacionalidad: ha creado en la mayoría de sus habitantes esa segunda naturaleza que es sentirse, saberse, enorgullecerse mexicano.

Pero empieza entonces el proceso histórico inverso. Durante la última parte del siglo, el juego de la diversidad desafía y diluye, uno a uno, los rasgos de identidad del nacionalismo dominante. La vida democrática de las últimas décadas subraya las diferencias más que las semejanzas, remite a los mexicanos a una doble cavilación frente al futuro: la de su diversidad interna, política y regional, y la de la globalización externa, cuyo eje es la integración a Norteamérica. México se descubre a sí mismo más plural de lo que se creía, y menos distante de lo que deseaba de su excesivo rival histórico: Estados Unidos de América.³¹

Pero las proporciones han cambiado, son distintas.Una vez más, la demografía es reveladora. En 1910 México tiene 15 millones de habitantes; Estados Unidos, 92 millones. Demográficamente, en ese año México es la séptima parte de Estados Unidos. Cien años después, en el bicentenario de su independencia, México tiene 108 millones de habitantes y Estados Unidos, 309. La población estadounidense ya no es siete sino tres veces mayor que la de México. Hay 30 millones de mexicanos viviendo en el otro lado de la frontera (incluyendo 9 millones que nacieron allá), seis de ellos como trabajadores ilegales.

El México de 1910 es un país oprimido territorialmente por Estados Unidos, el vecino pujante que empieza a ser una potencia mundial. En 1909, bajo la sombra de aquella inferioridad, Molina Enríquez sueña un triunfo genésico sobre el invencible vecino, el triunfo del “mercado libre de la carne” donde Molina ve incubarse la especie resistente del mestizo.³²

Escribe Molina Enríquez:

Los jornaleros mexicanos, a pesar de su desgraciada condición actual, son más fuertes que los norteamericanos, supuesto que son llamados a Estados Unidos. Al producir México una gran población, es seguro que enviará a la población inferior de Estados Unidos una enorme cantidad de unidades que minarán la solidez de ese país, porque, sin afinidades con la raza norteamericana, no se confundirán con ella. Podrá decirse que el llamado de los jornaleros mexicanos no significa excesos de fuerza, sino falta de necesidades; pues bien, esa falta de necesidades, esa posibilidad de vida con poco gasto y poco dinero, es, en materia de jornal, una fuerza.³³

Fue esta la profecía que el profesor de Harvard, Samuel Huntington, creyó ver cumplirse en su país 100 años después de que la enunciara Andrés Molina Enríquez, a principios del siglo XXI. En su libro Who Are We?: The Challenges to America’s National Identity, Huntington advirtió sobre la posible licuefacción de una cultura superior por la expansión de otra, más simple y resistente, tal como había sugerido Molina Enríquez.

Treinta millones de mexicanos viven y trabajan hoy en Estados Unidos, el país-continente que no existía en 1810. En 1810, Estados Unidos tenía más o menos la misma población de México, no era más que un puñado de aldeas-estado apiñadas en la costa atlántica de la alta América del Norte. México es hoy también, a su manera, un país-continente. Su dimensión humana se ha multiplicado, lo mismo que sus potencialidades.

Entre 1991 y 2010, por ejemplo, el “mercado libre de la carne”, del que habla Molina Enríquez, echó al mundo tantos mexicanos como había en 1910. El país rural de 1910 ha quedado atrás, no es ya el corazón sino la periferia del enorme país urbano llamado México, un país que está diciendo adiós a sus viejas coordenadas nacionales y anda en busca de su nueva forma, de una nueva identidad como país moderno, más global, más norteamericano y más regional que nunca.

En las últimas décadas del siglo XX, la frontera es el nuevo referente nacional, el lugar físico y la franja simbólica frente a la que se definen las coordenadas imaginarias de la nación.

La cavilación no resuelta de México es cómo definirse frente a esa frontera. Las élites políticas e intelectuales tienen más problemas para asumir un curso práctico de acción que los millones de mexicanos que se mezclan sin reticencias nacionalistas, que portan su nacionalidad en las costumbres, la comida, la disposición al trabajo útil en el lugar al que van, con menos necesidades que los nativos, más disposición al riesgo y más resistencia al fracaso, como sugería Andrés Molina Enríquez en 1909.

La expresión violenta de esta lógica de integración es, desde luego, el narcotráfico, cuya cortina de sangre cubre el escenario e impide ver atrás el proceso histórico fundamental: la mayor línea de mezcla civilizatoria que registra el mundo moderno.

Del antiguo horizonte nacionalista de México quedan piezas sueltas de gran poder simbólico: la bandera o el himno, la selección de futbol, la Virgen de Guadalupe, pero su antiguo sentido y su promesa se han perdido. Hay una crisis de narrativa nacional.³⁴

Al mismo tiempo, bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México inició en 1994 el mayor proceso de fuga al norte de su historia.

Los resultados económicos del tratado son enormes, pero quizá más trascendental, desde el punto de vista histórico, sea la integración misma, el largo plazo de esa mezcla civilizatoria que es, quizá, repito, la de mayor calado que registra el mundo moderno.

²⁷ Fox obtuvo 60% de los votos de gente con grado universitario (el candidato priista, Francisco Labastida, obtuvo 22%) y 59% de los votos de estudiantes (Labastida, 19%). Al candidato del PAN le dieron el triunfo los hijos de la modernización social de la era del PRI.

²⁸ Fernando Escalante Gonzalbo, “Goodbye to all that”, MIMEO, 2008.

²⁹ Jean Meyer, op. cit., p. 31.

³⁰ Véase a este propósito de un conjunto magistral de ensayos: Emilio Kouri (ed.), En busca de Molina Enríquez. Cien años de Los grandes problemas nacionales, México, El Colegio de México/Centro Katz de la Universidad de Chicago, 2009.

³¹ Una extraordinaria cavilación sobre las relaciones culturales de México y Estados Unidos, y el juego invertido de espejos entre la pluralidad pregonada de uno, Estados Unidos, y la cohesión asumida del otro, México, en José Antonio Aguilar Rivera, La sombra de Ulises. Ensayos sobre intelectuales mexicanos y norteamericanos, Miguel Ángel Porrúa/CIDE, México, 1998.

³² Véase Mauricio Tenorio, “El mestizaje a un siglo de Andrés Molina Enríquez”, en Emilio Kouri (ed.), op. cit.

³³ Ibid., p. 353.

³⁴ Nadie planteó esto con mayor elocuencia que Jesús Silva Herzog-Márquez, en un artículo periodístico, “Narrativa”, publicado en el diario Reforma el 2 de marzo de 2009.

11

Democracia y neoliberalismo

1968 es la fecha en que las nuevas clases medias creadas por el régimen posrevolucionario rompen con él. Chocan los hijos de la modernización —los estudiantes universitarios de la capital— con el símbolo mayor de la revolución institucionalizada: el presidente de la República. Se abre entre la sociedad y el gobierno una fisura moral que no cesará de manifestarse desde entonces.

A partir de los años setenta van erosionándose otros afluentes del nacionalismo fundado en los veinte: el indigenismo muda de paradigma. Abandona la idea de integración a favor de la defensa multicultural de las identidades étnicas. Aires cosmopolitas asaltan las artes: los creadores rechazan el muralismo, dicen adiós a la novela costumbrista; liman la credibilidad del discurso público que habla de un pasado revolucionario, agrario y popular en un ágora cada vez más urbana, educada y cosmopolita. La educación pública ha alfabetizado a un país de 35 millones de habitantes, pero es un estanque inmóvil, una red burocrática enorme pero sin el ethos original de misión y grandeza. Empieza a ser ya lo que Gilberto Guevara Niebla resumirá en los noventa como una “catástrofe silenciosa”.³⁵

Queda la costumbre estatal de invertir en cultura. Proliferan museos, festivales, bibliotecas, orquestas, editoriales, medios electrónicos oficiales. Pero el mensaje de novedad nacional se ha ido. Las burocracias son cada vez mayores, los presupuestos crecen, pero se ejercen más como expedientes de clientelismo cultural que como instrumentos de una cruzada creadora.

Al terminar los ochenta es ya perceptible el rostro de un cambio mayúsculo. En 1986, escribe el historiador Luis González y González:

Todo presente da la impresión de ser ruptura del pasado, pero el actual quizá no sea un presente típico, pues presenta cuarteaduras extraordinarias. […] Desde mediados del presente siglo se percibe la decrepitud galopante de las creencias y las costumbres de la modernidad y el asomo de algo todavía sin nombre. Vivimos entre las ruinas de una cultura y la obra en construcción de otra.³⁶

El responso de Luis González anuncia el término de la sociedad de base rural: preindustrial, católica, preservada en mosaicos regionales por la desarticulación territorial de las costumbres y los mercados. Reconoce la presencia del México urbano, sus clases medias, sus burguesías liberales, y las muchedumbres que dejan sus pueblos y se hacinan en las ciudades, sin arraigo ni nostalgia del México viejo. Su nuevo referente de identidad son los medios masivos de comunicación, que cubren el nuevo territorio con el mismo vaho de expectativas y consumos.

En 1790 sólo ocho de cada cien mexicanos viven en ciudades. En 1900, 28 de cada cien. En 1980, 66 de cada cien. En el año 2000, siete de cada diez mexicanos viven en ciudades mayores de 15 mil habitantes.

En 1982 se inaugura la Red Nacional de Estaciones Terrenas, que garantiza la recepción de la señal del Canal 2 de la empresa Televisa en toda la república: 20 millones de espectadores.

Ningún medio anterior de comunicación —el ferrocarril o el telégrafo, las carreteras o la radio, el teléfono o el cine— ha tenido un efecto tan integrador de la conciencia mexicana como la televisión. Es el mayor cambio cultural de la segunda mitad del siglo XX. Rompe el aislamiento de pueblos y regiones entre sí, y de México con el mundo. Desplaza al cine como surtidor de la mitología popular, establece nuevos patrones de consumo y entretenimiento, instaura una pedagogía sentimental de su propia invención, un nuevo contenido del ocio y un repertorio común de símbolos, valores, modas, prestigios, mitos, celebridades. Es el síntoma y el instrumento de la nueva sociedad urbana. Precaria o consumista, el tamaño de esa nueva sociedad urbana es mayor que lo que miden sus indicadores económicos. Su longitud es la de la ciudad futura, el rumor de la muchedumbre arrojada al mundo inhóspito pero abierto de la urbe. Son los habitantes del país que viene diciendo adiós al México rural en cuyo rostro legendario la nación se ha reconocido por siglos.

El mestizo urbano de los veinte y treinta es el “peladito” mexicano que encarna Cantinflas, un buscón cuyo disfraz es la glosolalia y cuya ética es la sobrevivencia en un mundo de corruptelas, hipocresías y solemnidades. En los ochenta, el mestizo urbano es ya una muchedumbre que atesta las ciudades, un ejército de citadinos de primera generación cuya unidad popular es el naco: molécula intercambiable de la ubicua y anónima “Naquiza”, como la bautiza su cronista, Carlos Monsiváis.³⁷ La Naquiza es el mestizo vuelto masa urbana, habitante de ciudades cuya salvaje expansión todavía tiene mucho de campo pavimentado.

Hay el México urbano popular de la Naquiza y hay el México urbano de las clases medias emergentes. Ambas forman ya, a finales de los ochenta del siglo pasado, un verdadero “nuevo pueblo”, el más joven y el de mayor escolaridad de la historia de México.³⁸ La moda infantil y juvenil gobierna el negocio de la música y la mitología popular. Ídolos, shows, concursos y auditorios proponen como modelo deseable una juventud internacional, laica, precozmente sexual y precozmente consumidora, escolarizada, desenfadada, “moderna”.

Pero sólo una pequeña parte de los millones de jóvenes que tocan la puerta del presente “moderno” comparten con sus modelos televisivos un destino triunfal. La inmensa mayoría no encuentra a su alrededor otra cosa que estancamiento, pues no son ya los hijos del milagro mexicano, como la generación del 68, sino los hijos de La Crisis, metáfora ominosa, hecho recurrente, que dominara las últimas décadas del siglo XX.

La Crisis está hecha de varias crisis: la crisis del 76, la crisis del 82, la crisis del 87, la crisis del 95. El rasgo común a todas ellas es que son crisis de finanzas públicas: errores de política económica por dispendio fiscal, imprudencia financiera o megalomanía política. Cada crisis separa un poco más a la sociedad de los gobiernos priistas y a los gobiernos priistas de su sociedad.

La Crisis es la pareja de la transición democrática. La nueva sociedad cobra en las urnas los errores de los “gobiernos de la Revolución”. La épica del nacionalismo revolucionario se diluye en un horizonte de crítica pública cuya tierra prometida es la democracia y cuya pieza de caza mayor es el dinosaurio priista.

La crisis de 1982 marca el inicio de lo que será la gran transformación política de fines del siglo XX. Esa transformación tiene el rostro de la democracia en el ámbito político y del neoliberalismo en el económico.

A partir de la crisis económica de 1982, gran crisis de finanzas públicas luego de las promesas del auge petrolero, empieza una transformación de largo alcance, que llega hasta nuestros días.

Hasta el momento de su crisis postpetrolera de los ochenta, México presenta buenas credenciales de estabilidad y desarrollo. Es un caso exitoso de los crecimientos basados en la sustitución de importaciones, el proteccionismo comercial y el intervencionismo de Estado, característicos de América Latina en los años cuarenta, bajo el paraguas de la Segunda Guerra.

Como he sugerido en otro pasaje, a partir de los años setenta cambian las condiciones. Los países deben responder a nuevas coordenadas de globalización, tecnología y comercio. Se impone una lógica mundial de grandes bloques económicos que revientan fronteras nacionales y economías planificadas. El reacomodo tiene profundas consecuencias. La mayor de ellas es la rendición del mundo socialista, en 1989.

México se ajusta también a los desafíos de la hora. La crisis de la deuda externa de 1981-1982 tiene un efecto irreversible sobre las finanzas públicas. Hasta ese año, casi todo en México estaba subsidiado y protegido de la competencia: la cultura y la industria, la política y el mercado. La quiebra de las finanzas públicas en ese momento significa no sólo una crisis económica, sino el fin de un régimen político. La clase gobernante del país tiene que plantearse lo que llama entonces un “cambio estructural”. Debe reducir los subsidios y el proteccionismo, achicar el Estado, abrir la economía a la competencia internacional. A todo eso se le llama entonces “cambio estructural”. Le llamarían neoliberalismo después.

El “cambio estructural” tiene un ritmo gradual durante el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) y un ritmo acelerado en el de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Ambos gobiernos hablan sobre todo de cambios en la economía. No quieren desmontar el aparato político en que están parados, ni entregar el poder, sino hacer viable la economía en el nuevo contexto internacional. Pero conforme el “cambio estructural” avanza, la estructura corporativa del régimen posrevolucionario recibe heridas de muerte. La reforma liberalizadora desafía la cultura política del “nacionalismo revolucionario”. Según esa cultura, vigente durante la era del PRI, México es:

Un país laico que mantiene a la Iglesia católica fuera de la vida pública. Un país agrarista que reparte tierra a los campesinos, protege al ejido y limita la expansión de la propiedad privada en el campo. Un país sindicalista que apoya la organización sindical de los trabajadores y la defensa de sus derechos laborales. Un país nacionalista que contiene la influencia de su adversario histórico, Estados Unidos. Un país estatista donde el Estado garantiza el equilibrio social mediante el reparto corporativo de protecciones y subsidios. Para lograr esos propósitos, el Estado es también dueño y administrador único de los bienes mayores de la nación: el petróleo, la electricidad, los bancos, los teléfonos, las aerolíneas, los ingenios azucareros.

El “cambio estructural” iniciado en 1982 desafía cada una de esas certezas. Le dice al país laico que la Iglesia debe recobrar sus derechos públicos. Le dice al país agrarista que el reparto agrario y el ejido deben llegar a su fin para permitir la inversión en el campo. Le dice al país sindicalista que la productividad del país está reñida con las prebendas laborales vigentes en México. Al país nacionalista le dice que las oportunidades de la nación no están en el rechazo defensivo de Estados Unidos, sino en la asociación abierta con él, mediante el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC). Y al país estatista le dice que el Estado no es la solución, sino el problema: demasiado grande, demasiado corrupto, demasiado improductivo.

En el curso del “cambio estructural”, el gobierno vende bienes nacionalizados, como la banca, las líneas de aviación, los ingenios azucareros, la compañía telefónica. Recorta subsidios a una población acostumbrada a ellos. Suprime protecciones a una economía acostumbrada a los mercados cautivos. Reduce privilegios a una organización sindical acostumbrada al trato privilegiado. Impone restricciones a una burocracia acostumbrada a la falta de controles.

El “cambio estructural” dará paso a uno más de los intentos de modernización inconclusa que son especialidad de la historia de México. Sus costos fueron altos. En 1987 provocan la primera escisión del PRI por la inconformidad de los disidentes con las reformas. La escisión, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Lázaro Cárdenas, dará lugar con el tiempo a la creación del Partido de la Revolución Democrática, uno de los tres partidos grandes del país, hasta su extenuación, en 2018.

La reducción de los subsidios golpea a distintos grupos sociales. La sequía de las finanzas públicas sacude viejas redes de lealtad política. La contracción del Estado afecta a muchas clientelas del presupuesto; es vista por diversos sectores como una renuncia a los deberes sociales del gobierno. La apertura comercial significa la quiebra de muchas empresas que eran eficientes en condiciones de proteccionismo. Las privatizaciones tienen pocos triunfadores y muchos derrotados. La normalización de las relaciones con la Iglesia es un escándalo en el corazón del laicismo oficial. Los énfasis en la productividad congelan antiguas conquistas laborales y enfrían la relación de los sindicatos con el gobierno. El fin del reparto agrario sacude intereses asociados a la tutela y la corrupción en el campo, uno de los pilares del control político tradicional de México. El Tratado de Libre Comercio y el acercamiento a Estados Unidos son vistos por muchos como una entrega de soberanía y una rendición económica del país. No es casual que el TLC sea invocado como causa de la rebelión chiapaneca de 1994: sellaba, según los rebeldes, el olvido definitivo de los pobres de México.

1994 es el año terrible. Estallan en él todas las fracturas acumuladas. En enero aparece la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que mezcla tradiciones sagradas del nacionalismo revolucionario: indigenismo y zapatismo. El candidato presidencial del PRI es asesinado. El secretario general del PRI es asesinado. Para ganar las elecciones de ese año y preservar la estabilidad política, los reformadores gastan de más, incurren en los desequilibrios económicos que habían prometido corregir. La crisis estalla en diciembre de 1994 bajo la forma de una devaluación agresiva de la moneda y una brusca interrupción del crecimiento. Por primera vez los deudores no son sólo el gobierno y las grandes empresas. Las clases medias son sorprendidas con deudas acumuladas sobre sus tarjetas de crédito, sus casas, sus automóviles.

La crisis del 95 acaba de poner en el primer plano la exigencia de un sistema democrático que controle al gobierno, dándole a la sociedad instrumentos para castigarlo por sus errores. Cinco años después el PRI pierde la presidencia, termina la transición democrática y empieza la democracia a secas.

México parece listo para dar el paso, pero no lo está realmente. No está dispuesto, ni en el gobierno ni en la sociedad, a someterse a lo único que puede arbitrar una pluralidad democrática efectiva: el respeto colectivo a la ley.

³⁵ En 1992 se aplican las primeras pruebas nacionales de conocimientos a maestros y alumnos de educación básica. Reprueban ambos. Véase Gilberto Guevara Niebla, La catástrofe silenciosa, México, FCE, 1992.

³⁶ Luis González y González, “Las tradiciones se despiden”, en México mañana, México, Océano, 1985.

³⁷ Roger Bartra, La jaula de la melancolía, México, Grijalbo, 1985. Carlos Monsiváis “Estética de la Naquiza”, en La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, c. 1981. Según el Diccionario del español usual en México, “naco” es un coloquialismo ofensivo con dos acepciones: “Que es indio o indígena de México” y “Que es ignorante y torpe, que carece de educación: un pinche tira naco” (Tira: policía).

³⁸ En 1986, 53% de la población tiene menos de 15 años y hay sólo 12% de analfabetos. En 1895 no sabían leer 64 de cada 100 mexicanos. En el año 2000 sabe leer y escribir 92% de la población.

12

La ley y la costumbre

Crear un “país de leyes” —un país donde se cumplan las leyes— es el más viejo propósito de los gobiernos de México. Es también el fracaso político más repetido de nuestra historia.

Desde su fundación independiente, las obligaciones y derechos de la ciudadanía legal de México no han logrado coincidir con los comportamientos de la ciudadanía real.

La causa originaria de esa distancia la hemos apuntado antes: la nación jurídica adoptada en México durante el siglo XIX, bajo el credo liberal, inspirado en la Ilustración, era radicalmente distinta, opuesta, incluso, a las tradiciones monárquicas y corporativas de la Nueva España, donde se habían formado lenta y profundamente las costumbres políticas mexicanas.

El desencuentro de la ley y la costumbre que nos enloquece hoy, ya enloquecía a nuestros grandes pensadores decimonónicos, José María Luis Mora y Lucas Alamán.

Por razones inversas, Mora y Alamán lamentaban que las leyes del nuevo país no coincidieran con sus costumbres. Una cosa decían las leyes y otra cosa hacía la sociedad.

Mora, el reformista, deploraba la ausencia de costumbres que pudieran dar sustento cívico a las leyes liberales en las que creía, pensadas para regir una república federal y democrática, de ciudadanos industriosos, ilustrados, prósperos e independientes. Alamán, el conservador, quería más bien lo contrario: adecuar las leyes a las costumbres vigentes y fundar la nueva nación sobre sus continuidades, no sobre sus ilusiones. Alamán reconocía la fuerza histórica de la herencia colonial, sus hábitos políticos monárquicos, su religiosidad católica y el vasto tejido de equilibrios, derechos y privilegios corporativos en que estaba fundado el antiguo orden.

La causa liberal ganó el pleito histórico entre la reforma y la conservación, pero su triunfo puso las cosas en el peor o el más largo de los caminos para la formación de un “país de leyes”.

A partir del triunfo liberal, en vez de tener leyes que pudieran ajustarse a las costumbres, hubo que crear las costumbres que les dieran sustento a las leyes. Creando esas costumbres —costumbres democráticas, republicanas, federalistas, en un país monárquico, corporativo y centralizado— ha pasado México su historia desde la promulgación de la Constitución de 1857.

La negociación de la ley es una de las inercias fundacionales de México, una transacción histórica, cotidiana, entre el mandato de sus leyes y el imperio de sus costumbres. Negociar la ley que no podía cumplirse fue una solución práctica al problema que planteaba la distancia entre el país legal y el país real. Negociar la ley fue una manera de hacer gobernable en los hechos lo que era imposible gobernar aplicando las leyes. La ley estaba presente siempre, no obstante. Era un instrumento de negociación tanto en manos de la autoridad como en manos de la ciudadanía. La autoridad podía aplicarla a rajatabla o perdonar. La ciudadanía podía invocarla cuando estaba a su favor, desafiarla o comprarla cuando la tenía en contra.

La medida de la legitimidad política no era la aplicación de la ley, sino la eficacia de los gobiernos. Junto al código escrito, que podía aplicarse o no, estaba vigente siempre el código no escrito, más o menos claro para todos, que regía en verdad los asuntos públicos.

Lo cierto es que la primera nueva costumbre que el país adquirió fue la de negociar el incumplimiento de sus leyes. El gobierno no podía aplicarlas del todo sin afrentar a su sociedad, quedándose solitario en la cúspide, de espaldas a sus gobernados. Se vio obligado entonces a tolerar la ilegalidad como un compromiso con el orden, pero mantuvo vigentes las leyes incumplibles con un propósito “civilizador”: crear las costumbres modernas requeridas.

También, qué duda cabe, con un propósito político: conservar en sus manos un instrumento discrecional para el ejercicio de la autoridad frente a intereses, ciudadanos o movimientos particulares.

Es en esta lógica donde cobra su pleno sentido el dicho atribuido a Juárez, pero que yo no he podido documentar en ningún lado: “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley”.

La aplicación estricta de la ley significaba entonces lo que significa todavía en México: una severidad intolerable para las costumbres vigentes, una suspensión del pacto de ilegalidad consentida en el que estaba y está fundada la vida diaria de muchos mexicanos, demasiados para proceder legalmente contra ellos sin hacer estallar el país.

Hoy como ayer, la autoridad que decidiera aplicar estrictamente las leyes en México, tendría que encarcelar, reprimir, multar o perseguir a una cantidad imposible de ciudadanos. Tendría que empezar, desde luego, por controlarse a sí mismo, por castigar la escandalosa fuente de ilegalidad y corrupción que son, siguen siendo, los gobiernos de México, asunto, hoy como ayer, de “muchos principios y pocos escrúpulos”.

La costumbre de la legalidad negociada, la visión de la ley como un terreno de acuerdos, excepciones, influencias y discrecionalidades, es uno de los nudos de la cultura política del país y se mantiene vivo en ella al empezar el siglo XXI.

Crear un país de leyes significa arrancar esa costumbre de un sector todavía amplio de la sociedad mexicana. Significa arrancarla también de sus reflejos políticos profesionales, largamente construidos en dos siglos de prácticas de ilegalidad consentida.

Un gobierno dispuesto a aplicar estrictamente las leyes, tendría que perseguir a una cantidad imposible de mexicanos. Tendría casi que declararle la guerra a su sociedad.

Porque no es sólo que las autoridades no hagan cumplir las leyes. Es que los ciudadanos tampoco están dispuestos a acatarlas. La falta de respeto a la ley está incrustada en el corazón de las creencias ciudadanas. Un lugar común de las encuestas de cultura política en México es que la mayoría de los mexicanos no cree que las leyes deban respetarse siempre. Las leyes, creen, no deben respetarse si no son justas.

Pero ¿quién decide si las leyes son justas? Nadie, cada quien. Millones de mexicanos se erigen todos los días en jueces de cuáles leyes deben o no obedecer. Es una vieja tradición: obedecer parcialmente las leyes, negociar su cumplimiento, usar y tolerar la ilegalidad, justificarla por razones económicas, políticas, solidarias o justicieras.

La ambigüedad de la cultura política mexicana ante la ley tiene dos caras: de un lado hay el clamor público de que la ley se aplique; del otro, hay un encanto político por la ilegalidad, la continua disculpa, incluso el elogio, de ilegalidades que parecen justas.

El tema de la causa justa y la ley injusta puede debatirse interminablemente. Pero mientras persista en el ánimo colectivo la ambigüedad ante la aplicación de la ley, difícilmente habrá en México un sólido Estado de derecho. La justicia o la injusticia seguirán siendo, como han sido hasta ahora, un resultado de la influencia, la presión, la opinión pública o la conciliación de intereses.

Durante décadas, el autoritarismo benigno que caracterizó la vida política de México resolvió las cosas por encima o por debajo de la ley. Con mayor o con menor sentido, con mayor o menor injusticia, la autoridad decía qué era lo justo y qué era lo injusto, quién era culpable y quién no. Era un procedimiento arbitrario, pero eficaz, que imponía su ley no escrita.

Aquel método autoritario se ha erosionado con la transición del país a la democracia. Tenemos ahora un sistema en el que la autoridad no decide ni puede decidir con la discrecionalidad ni la fuerza de antes. El sistema democrático al que México ha ingresado sólo puede regirse por la igualdad ante la ley. Pero la aplicación de la ley se enfrenta entre nosotros a la inercia de la cultura de la ilegalidad, cuyo rasgo fundamental es que, tanto para la autoridad como para los ciudadanos, la ley no es una obligación, un precepto inapelable de la conducta, sino un referente voluntario de la misma, sujeto a negociación.

De la mano con la costumbre de que la ley es negociable, va la premisa de que la ley es aspiracional. Estas dos tradiciones, complementarias y contradictorias, rigen la mecánica constitucionalista de México. Primera: las leyes deben reflejar propósitos más que obligaciones. Segunda: si se quiere que una ley llegue a cumplirse, hay que ponerla en la Constitución.

La primera tradición es determinante de nuestra cultura constitucional. La segunda, del continuo afán político de cambiarla.

Las normas constitucionales entre nosotros no son reglas pensadas fundamentalmente para regular la conducta pública, sino para expresar las aspiraciones colectivas de la sociedad. Este es un rasgo constitutivo del constitucionalismo mexicano.

Desde su primer código mayor, la nación se pensó no como era, la extensión de una monarquía, sino como quería ser: una república moderna.

También fue fundacional el afán político de cambiar la realidad cambiando la Constitución: había que saltar sobre la discordia del presente legislando para el futuro. Había que darle a la nación un rumbo más que una preceptiva.

El razonamiento constituyente mexicano es más o menos así: ya que no somos pero queremos ser una república, establezcamos en la constitución que somos una república para que el precepto nos guíe, nos obligue poco a poco, y un día la república sea realidad.

Se entiende desde el primer momento, en esta lógica, que el precepto constitucional no podrá cumplirse, pero se sobreentiende que algún día, en el tiempo, con la acción de los gobiernos y la demanda de la sociedad, el sueño se hará realidad y la Constitución será cumplida. Habrá sido un sueño visionario vuelto verdad por la historia.

Así, nuestra costumbre jurídica ha sido poner en la Constitución derechos que sabemos que no se cumplirán sino andando el tiempo. De ahí la colección extraordinaria de derechos constitucionales de los mexicanos: a la educación, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, al trabajo digno y bien remunerado.

Lo común a esos derechos admirables es que no pueden exigirse. No hay sanción por violarlos ni previsión presupuestal o administrativa para cumplirlos. Ahora bien, sabemos que donde no hay sanción, no hay exigibilidad. En el fondo, no hay verdadera obligación de cumplir la ley. De modo que hay una cierta lógica en este vacío de sanción y exigibilidad.

Los derechos de que hablamos están puestos en la Constitución no porque los legisladores crean que deben cumplirse, sino porque creen que a eso debe aspirar la nación. Partiendo de ese supuesto sería absurdo, en cierta forma suicida, imponer a los gobiernos sanciones por no cumplir las nobles pero incumplibles normas en que están fundados.

Entramos así de lleno al hecho notable de que los derechos que consagra nuestra Constitución son tan generosos como inexigibles. A nadie puede demandarse por su ausencia. La omisión es entendible también desde el lado práctico. ¿Cuántos ingresos fiscales debería tener, cuántos impuestos debería cobrar, un Estado efectivamente obligado a dar escuela, vivienda, salud y trabajo a todos sus ciudadanos?

Nadie ha hecho la cuenta, desde luego, menos que nadie las sucesivas generaciones de legisladores que impusieron esas obligaciones al Estado y esos derechos de los ciudadanos. Crearon obligaciones al Estado sin darle recursos para cumplirlas. Y derechos a los ciudadanos sin darles instrumentos para exigirlos. Diseñaron en el fondo un Estado irresponsable, incapaz de cumplir con sus obligaciones, y una ciudadanía disminuida, incapaz de exigir sus derechos.

El lado manejable de esas leyes es la propia cultura política en que están inscritas: nadie exige de verdad su cumplimiento. Y nadie, más que en los discursos demagógicos o en la ingenuidad legalista, cree que esas leyes deban cumplirse. Todos sabemos de alguna manera que son demagogia, buenos deseos, sueños justicieros, estilo nacional: el espíritu de las leyes mexicanas.

Las leyes incumplibles, compendios éticos de sueños nacionales, tienen un efecto invisible profundamente corruptor sobre la cultura cívica del país. Refuerzan implícitamente la costumbre de un bajo cumplimiento de la ley. Son fuente de resignación, impunidad y cinismo. Alimentan también la irresponsabilidad de los legisladores que acumulan compromisos incumplibles para el Estado, sin preocuparse de darle los recursos para que los cumpla.

A la vuelta de las generaciones, el ciudadano aprende de la retórica de sus legisladores que las leyes no son para cumplirse, sino para declamarse, y que él debe buscar la satisfacción de sus necesidades por encima, por abajo o por un lado de la ley. A veces, si la ley le conviene, utilizando la ley. Cuando no le conviene, saltándosela.

Leyes demagógicas que otorgan grandes beneficios sin referirse a los costos, no pueden sino crear una cultura cívica escéptica, cuando no cínica, respecto de las obligaciones y los beneficios de la ley. Es una de las más funestas herencias de nuestra costumbre política: confundir las leyes con el discurso, el fin con los medios, el manifiesto con la norma.

La pedagogía constitucional de desentenderse del costo de los derechos ha sido efectiva, o al menos coincidente, con los anhelos y las omisiones de la ciudadanía. La ciudadanía mexicana quiere un Estado que cumpla con una enorme cantidad de compromisos públicos, pero no está dispuesta a pagar en impuestos lo que espera que su gobierno le devuelva en servicios. Tiene suspendido el vínculo fundamental que hay entre pagar impuestos y exigir cuentas al gobierno. Exige pero no paga y paga sin exigir.

En la cultura política de México tiene perfiles difusos el pacto de reciprocidad fundador de la ciudadanía democrática. A saber: el pacto entre impuestos y representación política, entre el gobierno que administra recursos públicos y el ciudadano que los aporta y vigila su rendimiento.

En nada contribuye a esa reciprocidad la larga tradición del populismo estatal que ha dejado huella profunda en la sociedad, inclinando sus hábitos de relación con el gobierno hacia a una actitud peticionaria.

Durante el siglo XX, el gobierno dio tierras, dio casas, dio concesiones, dio fortunas. Acostumbró a su sociedad a pedir y a sus funcionarios a dar, medrando mientras daban. El gobierno estableció una idea de lo público donde nada cuesta y nadie rinde cuentas, donde las finanzas del gobierno son un bien de todos que viene de ninguna parte, y nadie tiene que cuidarlo, y todos pueden meterle mano cuando les toca.

La costumbre de la legalidad negociada, la visión de la ley como un terreno de acuerdos, excepciones, influencias y discrecionalidades, es uno de los nudos fundadores de la cultura política del país.

Crear un país de leyes significa arrancar esa costumbre de un sector todavía amplio de la sociedad mexicana. ¿Es posible?

Es más posible hoy de lo que era al momento del triunfo de la causa liberal, hace siglo y medio. Algo de las costumbres democráticas, ilustradas, federalistas e industriosas que añoraba Mora se ha creado en siglo y medio. México es más parecido hoy a la utopía liberal que lo fundó legalmente en 1857. Pero México es hoy una democracia y el único referente estable en una democracia es el de la igualdad de derechos y obligaciones ante la ley. Es ese referente el que está sujeto a sospecha en el corazón de la cultura política mexicana. Sin una cultura de respeto a la ley será imposible construir una democracia sólida, como estamos viendo.

El gran eslabón perdido en esta larga historia de ilegalidad es la construcción de las instituciones encargadas de aplicar y administrar la ley, de volverla un asunto tangible, próximo a los ciudadanos y efectivo en su ejercicio. Junto con la historia de baja obediencia corre la de la baja calidad de la administración de justicia, y los bajos presupuestos destinados a crear y extender sus instituciones, empezando por los jueces y los juzgados, terminando por las policías. La red institucional de administración de justicia y aplicación de la ley es un déficit crónico de nuestra historia, una mezcla continua de indiferencia de las autoridades y bajo financiamiento público.

Mientras no se construya un eslabón institucional del tamaño de las necesidades del país, un país enorme, faltará el engranaje cotidiano que acerca la ley a los hábitos de la ciudadanía y estos a la confianza y al disfrute de las ventajas de la ley.

PARTE II

Casa en construcción:
democracia sin demócratas

1

Nacimiento
[2000]

A las pocas horas de anunciado el triunfo de Vicente Fox en las elecciones del 2 de julio del año 2000, me senté a escribir para el diario El País una primera impresión del hecho y sus alcances. Escribí luego un complemento de las impresiones del día poniendo en perspectiva los retos del nuevo gobierno, como sugiriendo que lo que había parecido imposible tanto tiempo, ganar la elección, era en el fondo lo más fácil, y ahora venía lo difícil: gobernar a México y modernizarlo.

Agosto, 2000. México es un país viejo, pero su democracia acaba de nacer. La fecha del parto es el 2 de julio del año 2000. Ese día, por primera vez en la historia del país, fue electo presidente un candidato de la oposición y hubo alternancia pacífica en el poder. Fue un parto feliz, jubiloso e indoloro, luego de un embarazo accidentado, por momentos traumático.

La jornada del 2 de julio de 2000 que otorgó el triunfo a Vicente Fox, candidato a la Presidencia por el Partido Acción Nacional (PAN), culminó años de cambio político. Fue el fin de una larga serie de reformas electorales y saldó una de las asignaturas pendientes de la instauración democrática: la transmisión del poder mediante elecciones transparentes.

El triunfo de Fox probó que México estaba bien equipado para su apuesta electoral. Tenía, al fin, por primera vez en su historia, los componentes de una democracia moderna: votantes de carne y hueso, partidos políticos de alcance nacional, instituciones electorales autónomas y una opinión pública independiente.

A partir del 2 de julio, la democracia mexicana tuvo también la fecha fundacional que le faltaba, una fecha que marca el antes y el después de la transición democrática. El 2 de julio de 2000 la casa mexicana quedó exorcizada de los fantasmas del fraude. El país ofició en esas elecciones todas las escenas fundadoras de su nueva época, como si las hubiera practicado siempre.

Primero, fue una contienda incierta con reglas claras. Los candidatos estuvieron sometidos al escrutinio abierto de los medios y de los ciudadanos, ganaron y perdieron en condiciones de equidad, pagando por sus errores, cosechando por sus aciertos.

Segundo, hubo alternancia en el poder. Los votantes dirimieron la contienda soberanamente, escondiendo hasta el final las proporciones exactas de su voluntad. El resultado fue contundente sin ser abrumador, los votantes lo supieron esa misma noche por medio de sondeos y encuestas organizadas por los medios de comunicación electrónica.

Tercero, el triunfador fue reconocido por sus adversarios. Los perdedores admitieron su derrota, comenzando por el Presidente de la República, que asumió la pérdida del candidato de su partido y ofreció su inmediata colaboración al triunfador.

Cuarto, al pleito siguió la naturalidad cívica, la normalidad de la vida después de la batalla. La gente se fue a dormir tranquila, los ganadores jubilosos, los perdedores tristes, aceptando su derrota en buena lid.

Todas estas cuestiones rutinarias de la normalidad democrática sucedieron en México por primera vez el 2 de julio del año 2000. Fue una jornada de fundación. También, la clausura de un mundo. Un fin de época tranquilo: cívico, civilizado y civilizador.

La hegemonía del PRI terminó como dijo T. S. Eliot que acabaría el mundo, no con una explosión sino con un gemido. Luego de que el candidato priista Francisco Labastida reconoció su derrota en la sede del partido, los priistas cantaron el Himno Nacional, solemnes y doloridos, como parados en la proa del Titanic.

Al final de la noche de la elección, en la madrugada inaugural de México, era posible escuchar a unos cuantos triunfadores desvelados que hacían sonar la bocina de sus coches sobre una polis silente. Por primera vez en su historia, los ciudadanos de esa polis habían cambiado de partido en el gobierno sin un pleito o una rebelión. Habían derrotado al PRI y dormían tranquilos, como bebés que apenas ayer hubieran venido al mundo.

La elección del 2 de julio inauguró la alternancia en la presidencia, no la vida democrática de México. Antes de esa elección, partidos distintos del PRI gobernaban ya sobre uno de cada tres mexicanos.

En el nivel municipal, 65% de los votantes sabía lo que era vivir sin el PRI en el poder: habían tenido durante la última década gobiernos distintos del PRI. Esa experiencia puede haber sido determinante en el resultado del 2 de julio. Muchos mexicanos habían probado la alternancia y sabían que no es el fin del mundo, sólo un mecanismo correctivo de los gobiernos.

En el nivel federal, la experiencia no era tampoco inédita. En las elecciones de 1997, el PRI perdió la mayoría absoluta en el Congreso; el control de la Cámara de Diputados pasó a manos de la oposición, lo mismo que el gobierno de la Ciudad de México, la más influyente y rica del país.

Contra la imagen de un régimen monolítico que se desploma el 2 de julio, lo que sucedió realmente en México fue una transición democrática compleja que se fue construyendo, elección tras elección, a partir de 1988. La verdadera transformación del régimen, sin embargo, la transformación que desata todas las otras, hay que rastrearla más atrás. Empieza en el año de 1982, que define la quiebra de la economía estatal y el inicio de una modernización que altera poco a poco todas las premisas de la dominación priista. Sin una mirada a ese proceso de largo alcance no se entenderá cabalmente el significado del gran cambio político cumplido el 2 de julio.

A partir de la conquista española en 1521, las grandes transformaciones de México han sido cuatro:

1. El proceso de colonización y evangelización de los siglos XVI y XVII que crea el espacio donde empieza propiamente la nación mexicana: ese hecho nuevo en la historia que no es la sociedad indígena ni es la sociedad española, sino su mezcla. 2. Las Reformas Borbónicas del siglo XVIII, que desembocan en la independencia nacional de 1821, luego del derrumbe del imperio español en América. 3. La reforma liberal que tardó en imponerse medio siglo XIX. 4. La Revolución mexicana, cuya sombra cubre la mayor parte del XX.

En los últimos años del siglo XX, a partir de la quiebra de las finanzas públicas de 1982, puede haber dado principio en México una quinta transformación de largo alcance. El sentido de esa transformación, que ha tocado todas las fibras de la sociedad mexicana, se resume en un doble cambio: el del modelo de desarrollo económico y el de la naturaleza del régimen político.

En el ámbito económico hablamos del paso de una economía cerrada a una economía abierta: de una economía protegida, volcada hacia el mercado interno, a una economía de libre comercio, volcada a la exportación; de una economía regulada por un Estado intervencionista a una economía regulada por las fuerzas del mercado.

En el ámbito político asistimos al paso de un régimen presidencialista sin contrapesos a un régimen presidencial acotado, con efectiva división de poderes, y de un sistema de partido hegemónico, con elecciones controladas, a un sistema de partidos competitivos, lo que implica elecciones libres, una opinión pública independiente y una ciudadanía con alternativas de gobierno.

Se abre para México un escenario de división de poderes y negociación política. El mandato de los electores para todas las fuerzas políticas es que ninguna puede gobernar sin las otras. Todas quedan obligadas a negociar, especialmente las que están en el gobierno. Pero todas tienen algún pie en el gobierno. Dada la composición del Congreso puede decirse que México, siendo un sistema presidencialista, va a funcionar en estos años con la lógica de un régimen parlamentario. El poder Ejecutivo no pasará ninguna iniciativa si no es a través del Congreso y tendrá ahí una permanente necesidad de acuerdos que no están construidos de antemano.

México es el escenario de una transición inacabada, mezcla de inercias deformantes con novedades sin rostro definitivo. La desestatización del país no trajo consigo una nueva institucionalidad democrática del Estado. La privatización de empresas públicas no trajo la eficacia económica esperada; trajo, en cambio, rescates gubernamentales escandalosos de empresas privatizadas. A una pirámide social cuya marca de siglos es la desigualdad, se añadieron empobrecimiento y concentraciones plutocráticas. La desarticulación del control estatal dejó abierto un campo al crecimiento de la violencia en todas sus formas.

Al mismo tiempo, México celebró por primera vez en su historia elecciones libres. La competencia política y la alternancia en el gobierno se instalaron como hechos diarios, junto con una completa libertad de prensa. Una vanguardia de empresas muestra productividad de rango internacional: el país se ha vuelto una incipiente potencia exportadora. Las reformas modernizantes han arraigado en horizontes prometedores de finanzas públicas sanas, libre comercio, certidumbre de propiedad en el campo, libertad política a las iglesias, reforma del sistema de pensiones. La descentralización de la vida nacional ha dado grandes pasos en el ámbito educativo, tanto como en el de la salud.

El nuevo gobierno de Fox recibe un país que ha tenido grandes cambios. Para empezar, se trata de un país con elecciones libres, políticamente equilibrado, con libertades democráticas e instituciones sólidas. Es un país sano en sus finanzas públicas, con un tipo de cambio estable y una inflación a la baja. Un país abierto a la competencia global con una economía exportadora en auge. Un país con prestigio internacional, expresado en todos los órdenes, por igual en los grandes diarios del mundo que en las reacciones de los mercados financieros.

Lo mejor que ha sucedido en México después del 2 de julio es lo que no sucedió. El país no sufrió ningún cataclismo económico, pese a la recesión estadounidense. Tampoco tuvo un cataclismo social o político, pese a la novedad del equipo gobernante.

Un cambio de gobierno sin cataclismos en la política ni en la economía no lo había tenido México desde 1964, en que asumió la presidencia Gustavo Díaz Ordaz. A ese tránsito sin tumbos siguieron el de 1970, ensombrecido por la herida de Tlatelolco; el de 1976, marcado por la primera devaluación de la moneda en 22 años y el desarreglo de las finanzas públicas; el de 1982, que significó la crisis de las finanzas gubernamentales por las siguientes dos décadas; el de 1988, en un clima de protesta electoral y baja legitimidad; el de 1994, año terrible de rebelión y magnicidios, al que siguió la crisis económica magna de 1995.

Una causa común a estas crisis, a partir de 1976, fue la indisciplina fiscal de los gobiernos que produjo grandes déficits, abiertos y ocultos, en las finanzas públicas. El resultado: devaluaciones de la moneda y contracciones de la economía en 1976, 1982, 1987 y 1995. Esta parece una lección bien aprendida en el ámbito público mexicano. El país puede no crecer, pero si no altera sus equilibrios económicos básicos, no se despeñará por sus viejos abismos de devaluación y estancamiento.

México está mejor equipado que nunca para que su apuesta por la modernización política y económica sea coronada por el éxito. Como hemos dicho antes, por primera vez en su historia tiene un electorado real. Tiene partidos nacionales con clientelas y votantes. Tiene la costumbre política de negociar y de incluir antes que de pelear y segregar. Tiene orientadas hacia la modernidad las partes más activas y mejor educadas de su sociedad.

La modernidad ha sido una pasión continua y un viejo fracaso de los mexicanos. Hay cierta lógica en eso. La modernidad no es un lugar fijo que se alcance, es un punto de fuga en continua expansión, una frontera nómada. En realidad es una furia que viene de todos lados imponiéndose con una fuerza civilizatoria que es imposible resistir. Crea tanto como lo que destruye y destruye antes de crear.

No obstante, creo que no hay mejor respuesta a las carencias heredadas de México que su antigua persecución de la modernidad, la decisión de poner su reloj a la hora del mundo. Es ahí donde están las oportunidades, aunque también estén los riesgos. En la repetición del atraso no hay oportunidad ninguna. Hay sólo inmovilidad y el peor riesgo de todos: recluirnos en nosotros mismos, si eso fuera posible, justamente en la hora en que el mundo arrasa nuestras fronteras.

2

Retos
[2001]

El 25 de octubre de 2001 fui invitado por un grupo de empresarios a hablar sobre los retos que planteaba para México el atentado del 11 de septiembre. Luego de pensarlo un poco llegué a la conclusión de que los retos históricos para México después del 11 de septiembre eran los mismos que antes de esa fecha, los mismos que quedaron planteados desde el 2 de julio del año 2000 con la alternancia. Los acontecimientos del 11 de septiembre echaban sólo una nueva urgencia sobre la necesidad de resolver esos retos y ponían de manifiesto, con angustiosa claridad, que habíamos avanzado poco en su solución. Lo que sigue es la transcripción corregida de esa charla.

25 de octubre, 2001. Tres son los grandes retos de la nueva realidad política mexicana. El primero es el de la gobernabilidad democrática. El segundo, es el de la construcción de una cultura cívica democrática. El tercero es el de completar la modernización de México. Estos tres retos se resumen en uno: la vigencia de un Estado de derecho que ordene la política, civilice a la sociedad y garantice el desarrollo sostenido del México moderno. Haré algunos apuntes sobre los tres retos.

Primer reto: la gobernabilidad democrática. Los riesgos de gobernabilidad del nuevo gobierno provienen de los siguientes factores:

La combinación de una presidencia débil con una mayoría frágil en el Congreso. La falta de un consenso nacional sobre el rumbo estratégico que debe seguir el país. El clamor contra la corrupción, asunto más fácil de denunciar que de combatir, del cual depende, sin embargo, la credibilidad del nuevo régimen. El cuadro de inseguridad pública y violencia criminal tiende a agudizarse antes que a ceder.

La competencia democrática disolvió la mayoría hegemónica del PRI sin sustituirla por otra. La elección del 2 de julio dibujó un escenario de mayorías frágiles. No hay una mayoría estable entre los contendientes políticos.

A fuerza de acotar el poder Ejecutivo podría haberse llegado en México a la paradoja de tener un poder Ejecutivo débil, frente a un Congreso dividido, lo cual puede conducir no al buscado equilibrio de poderes sino a la parálisis gubernativa.

La combinación de presidencia débil y mayorías frágiles añade riesgos porque la transición democrática no está sustentada en un pacto explícito sobre las cuestiones que deben ser el piso común para el desarrollo del país.

Hay una disputa por aspectos esenciales del camino a seguir. ¿México debe ser una economía de mercado sin restricciones o debe mantener su carácter mixto con un Estado que conserve monopolios y capacidades amplias de intervención económica?

Hay una disputa sobre el lugar que debe ocupar el país en el mundo de hoy: ¿México debe mirar hacia el norte desarrollado, donde están sus oportunidades económicas, o debe mirar hacia el sur, en particular hacia América Latina, donde están sus raíces y sus identidades históricas?

Hay una disputa en torno a la posición que el país debe asumir frente al desafío de la modernidad: ¿México debe seguir los mandatos de la globalización, terminar las reformas pendientes y poner su reloj a la hora del mundo o debe defender su peculiaridad?

Un capítulo aparte que mella la confianza pública y hace difícil la acción de los gobernantes es la corrupción. Para México la corrupción ha dejado de ser un problema folclórico. Es el mayor motivo de irritación nacional y una fuente de descrédito en el mundo.

Midiendo la corrupción de funcionarios, Transparency International dio a conocer en octubre del año 2000 su Índice de Percepciones de Corrupción para 90 países. México ocupó el lugar 59 con una calificación de 3.3. Dentro de América Latina, salieron mejor calificados Chile, Costa Rica, Perú, Brasil y Argentina.

El peligro mayor de la gobernabilidad democrática, sin embargo, es el de la inseguridad pública y la violencia: la violencia política, la violencia social y, sobre todo, la violencia criminal organizada, en particular el narcotráfico.

La inseguridad pública se ha vuelto un problema de seguridad nacional. Es uno de los cambios más inquietantes de la transición política: la pérdida de seguridad en medio de una ganancia de libertades públicas. México es un país más democrático pero más inseguro que antes.

Segundo reto: la construcción de una cultura cívica democrática. El cambio democrático ha sido efectivo. En poco más de una década se transformó la naturaleza del régimen político. Dejó de ser un sistema presidencialista de partido hegemónico y empezó a ser un régimen presidencialista de partidos competitivos. Las elecciones federales son libres. Las libertades de tránsito, expresión, reunión y asociación son reales. Los derechos de las minorías, también.

Desde el punto de vista de las elecciones, México es ya un sistema político democrático. También lo es desde el punto de vista de las libertades públicas. No es todavía, sin embargo, una sociedad democrática. Sus desigualdades son opresivas, muchos de sus valores son reflejos del antiguo régimen. Se han generalizado como valores ciudadanos la cultura del voto, la competencia electoral, la libertad política. Pero la creación de una cultura cívica democrática implica más que tener elecciones libres y libertades públicas. Supone un cambio civilizatorio en el interior de la ciudadanía, un cambio que apenas ha empezado en México,

La ciudadanía moderna de México está en construcción. Tiene un bajo compromiso con la ley y con la autoridad, la mayor parte no paga impuestos, no conoce la responsabilidad tributaria al tiempo que tiene los reflejos de una sociedad peticionaria que todo quiere recibirlo del gobierno.

El problema de fondo sigue siendo el de una sociedad cuyas costumbres están por debajo de la vida democrática moderna que debe construir. Esa sociedad ha democratizado su sistema electoral, pero no sus valores y su cultura cívica. Era demasiado moderna para vivir en el molde de PRI. No es suficientemente moderna para construir una democracia estable.

Tercer reto: completar la modernización de México. De la transición democrática ha surgido un Estado fuerte en su legitimidad, pero débil en la construcción de un horizonte claro de crecimiento económico y oportunidades para todos. La posibilidad de asentarse para esa democracia nueva es que se encuadre en un horizonte de bienestar colectivo que haga verdad entre nosotros la difícil mancuerna de crecimiento económico con equidad social. La desigualdad y el bajo crecimiento son las realidades a vencer.

Hoy por hoy, al empezar el siglo XXI, México es el país número 11 en población del mundo, el 14 en territorio y el 16 en producto interno bruto. Tiene, sin embargo, el lugar 35 en ingreso per capita y el lugar 41 en inversión interna bruta. La distribución del ingreso es una de las peores del mundo. El 10% de los hogares más pobres capta 4% de la riqueza nacional. El 10% más rico se queda con 55.3 por ciento. Las mujeres retienen la cuarta parte de la riqueza producida. Los hombres, las tres cuartas partes.

Quien mire hacia la desigualdad mexicana aprenderá a no hacerse ilusiones sobre el futuro social de México. Si lo que México anda buscando para el siglo XXI es volverse un país democrático, próspero y equitativo, está más cerca de ser un país democrático que un país próspero. Y será antes un país próspero que un país equitativo.

En el largo plazo, ninguna sociedad puede reproducirse virtuosamente sin emparejar sus niveles de vida y acortar sus desequilibrios sociales. No es por filantropía que hay que tener un país menos desigual, más homogéneo. Es para darle viabilidad al país mismo: viabilidad económica, viabilidad de mercado, viabilidad de cohesión social. Para hacer viables a los países en el largo plazo hay que disminuir las desigualdades dando oportunidades a todos.

La única forma de hacerlo es creando riqueza y oportunidades. Y esto sólo puede lograrse avanzado con paso firme en la modernización de México.

No hay modernidad nacional en el mundo de hoy que no incluya el saneamiento de las finanzas públicas, la apertura comercial y la competitividad internacional, la liberalización de la economía, la inversión extranjera, la actualización tecnológica, y los costos que cada una de esas cosas implica, en particular para países como México que por décadas fue en el sentido contrario.

Tenemos que entrar a la globalidad de las economías abiertas, la revolución técnica, la supranacionalidad de los Estados, sin haber construido una economía de mercado, una capacidad de adaptación tecnológica, ni un Estado moderno.

El único seguro a la mano contra los riesgos de la globalización es poner en orden la propia casa, construir una economía estable, sin desequilibrios, y un Estado sólido, capaz de ofrecer seguridad en todos los órdenes.

Sólo un Estado fuerte y bien organizado puede ofrecerle estabilidad y reglas claras al mercado. Sólo un mercado pujante puede ofrecer al Estado recursos sanos suficientes para sus tareas de gobierno y redistribución de oportunidades.

En un país como México el Estado tiene que ser algo más que el gendarme que cuida la acción de la mano invisible. Tiene que ser el lugar de redistribución de las oportunidades. México necesita un Estado fuerte que se ocupe de cuestiones fundamentales, ajenas al mercado: la cohesión social, el capital humano y la infraestructura física del país.

La cohesión social está amenazada en México por las diversidades del ingreso y del desarrollo regional. El capital humano ha tenido una explosión cuantitativa y una involución cualitativa en sus dos pilares básicos: educación y salud. La infraestructura física tiene un rezago que limita el crecimiento de la economía. El deterioro del territorio —agua, suelos, bosques— es ya una luz roja en la viabilidad estratégica de la nación.

Conviene a un país como México plantearse la rentabilidad de largo plazo de la justicia social. Hay que mirar hacia la equidad como una inversión, no como una filantropía. Ni la democracia ni la prosperidad pueden durar en sociedades desintegradas. Al final, los intereses estratégicos de la cohesión social y de la ganancia son convergentes. Ambas requieren una economía de mercado pujante y un Estado fuerte.

La debilidad fundadora de todas las otras debilidades del Estado mexicano es su penuria fiscal. Es una herencia persistente, que el país arrastra desde su fundación. A principios del siglo XIX, el primer gobierno de la nación mexicana, el de Agustín de Iturbide, se desplomó en medio de una crisis de finanzas públicas: muchos gastos, nulos ingresos. México terminó el siglo XX con una de las cargas tributarias más bajas del mundo: 11% del producto interno bruto (más 4% de ingresos provenientes del petróleo). Es un promedio de tributación muy bajo si se compara con el de países parecidos a México en su grado de desarrollo: 17.8% en Chile, 18.6% en Brasil, 20.6% en Malasia y 27.6% en Uruguay.

Desde la eclosión del gasto público de los años setenta, el déficit presupuestal ha sido el hoyo negro de las finanzas del gobierno y, a partir de ellas, del resto de la economía. En materia de finanzas públicas se han emprendido todas las modernizaciones sin tocar lo fundamental. Me refiero al déficit crónico de un Estado que tiene compromisos institucionales y obligaciones políticas muy por encima de sus recursos. Ésta es la piedra de toque de nuestros males económicos de las últimas tres décadas: deuda, inflación, devaluaciones, bajo crecimiento.

Se puede tener un Estado barato con pocas obligaciones o un Estado caro con muchas. En México pretendemos tener un Estado barato con muchas obligaciones. El Estado mexicano está obligado a gastar como millonario, pero colecta impuestos como mendigo. Mientras esa penuria fiscal crónica no se resuelva, los males crónicos de nuestra vida pública seguirán ahí. Todos somos de algún modo clientes y víctimas del Estado deficitario. No queremos pagar lo que cuesta nuestro gobierno. Por eso tenemos un Estado en quiebra que, a la larga, simplemente nos cuesta más.

El reto global: construir un Estado de derecho. Estos son algunos rasgos de los tres grandes retos de la transición democrática mexicana. Hay, sin embargo, un asunto que los engloba a todos y que es la profunda debilidad del Estado de derecho.

El gran escritor guatemalteco Luis Cardoza y Aragón decía: los tres grandes del muralismo son dos: Orozco. Nosotros podemos decir también: los tres grandes retos de la transición mexicana son dos: la fragilidad de nuestro Estado de derecho.

Durante muchas décadas, el autoritarismo benigno que caracterizó la vida política de México resolvió las cosas por encima o por debajo de la ley. Con mayor o con menor sentido, pero de forma inapelable, la autoridad decía qué era lo justo y qué era lo injusto, quién era culpable y quién no. Era un procedimiento arbitrario, pero eficaz para repartir las decisiones de justicia en el país.

Aquel sistema autoritario se ha erosionado en su transición a la democracia. Tenemos ahora un sistema en el que la autoridad no decide ni puede decidir con la discrecionalidad o la fuerza de antes. El horizonte de un sistema democrático al que México ha ingresado ya sólo puede regirse por la igualdad ante la ley. Pero la aplicación de la ley se enfrenta a la inercia de la cultura de la ilegalidad.

Toda reflexión de alguna profundidad sobre las costumbres políticas mexicanas llega una y otra vez al mismo nudo gordiano: la legalidad negociada, la visión de la ley como un terreno de acuerdos, excepciones, influencias y discrecionalidades. Es uno de los nudos fundadores de la cultura política del país. Se mantiene viva en ella al empezar el siglo XXI.

Desde su fundación independiente, las obligaciones y derechos de la ciudadanía legal de México no han logrado coincidir con los comportamientos de la ciudadanía real.

Al terminar el siglo XX, los mexicanos seguimos presos de aquel desencuentro. El país nada en ríos de ilegalidad. Además, tiene la falta de respeto a la ley incrustada en el corazón de las creencias ciudadanas. Las autoridades no hacen cumplir las leyes. Muchos ciudadanos tampoco están dispuestos a acatarlas. En un informe sobre la cultura política del país de 1994, se les preguntó a los mexicanos si las leyes debían ser respetadas en todos los casos. Casi una tercera parte de los encuestados dijo que las leyes sólo deben respetarse si son justas. La misma pregunta hecha telefónicamente en 1999, mostró que 49% de los entrevistados creían lo mismo: las leyes no deben obedecerse si son injustas.

Pero ¿quién decide si las leyes son justas? Millones de mexicanos se erigen en jueces de cuáles leyes deben o no obedecer. Es una vieja tradición a la que nos hemos referido largamente en este libro: obedecer parcialmente las leyes, negociar su cumplimiento, tolerar la ilegalidad, justificarla por razones económicas, políticas o prácticas. Es alta la ambigüedad de la cultura política mexicana ante la ley. De un lado, hay un intenso reclamo público por la aplicación estricta de la ley. Por otro lado, ciertas ilegalidades tienen en la sociedad un encanto político que induce a disculpar su carácter delictivo porque las causas que las inspiran parecen justas.

Así, el Estado de derecho vive una situación peculiar en México. Toda decisión seria de las autoridades de hacer cumplir la ley se ve desautorizada por los ciudadanos o imposibilitada por la realidad. Al paso que va nuestra cultura cívica, sólo podremos cumplir leyes que hagan excepciones, leyes que incluyan la posibilidad legal de no cumplirlas, leyes que reconozcan nuestras particularidades y caprichos, leyes que autoricen nuestra ilegalidad.

3

El desacuerdo [2005]

En abril del año 2005 acudí a la ciudad de Aguascalientes a un foro de reflexiones sobre prácticas exitosas de gobierno. Apenas podía decir algo sobre ese tema y les propuse en cambio hacer algunas reflexiones sobre el momento por el que atravesaba la vida pública de México. Era un momento complicado porque había aparecido en el horizonte lo que pareció a muchos un primer gran intento de judicializar la competencia democrática e impedir con recursos legales que se presentara a la contienda presidencial el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, quien encabezaba las encuestas. Unos días antes de la conferencia, una mayoría pluripartidista en la Cámara de Diputados había votado a favor del desafuero de López Obrador para que pudiera ser sujeto a juicio y, con ello inhabilitado como candidato. La conferencia tuvo por título “El momento de México”. Es el texto que sigue:

Abril, 2005. El momento de México del que les voy a hablar no es un momento de logros, sino de insuficiencias. Al mismo tiempo es un momento de enormes potencialidades, muchas de ellas desperdiciadas por nosotros mismos. Voy a intentar explicar por qué.

México tiene todo para volverse lo que desea ser: un país próspero, equitativo y democrático.

Tiene una mayoría de población joven y madura que tendrá una vida laboral útil por los siguientes 20 años. El famoso “bono demográfico”.Tiene una vinculación estructural con la economía más rica y más grande del mundo. Tiene recursos energéticos y naturales que podrían dar pie a un crecimiento extraordinario. Hay 50 o 60 millones de mexicanos fuera del mercado, lo cual es una desgracia, pero es también una frontera abierta a la creación de riqueza: un ejército de consumidores potenciales. La economía mexicana es la décimo tercera del mundo, pero tiene menos de la mitad de su población en el mercado (gente que produce y consume como en una sociedad más o menos desarrollada). Incorporar la otra mitad de mexicanos al mercado, mediante un ciclo de expansión económica, es un camino cierto para abatir las desigualdades y darle prosperidad a la nación.

En el ámbito político, México tiene instituciones que han empezado a resolver democráticamente, a satisfacción o resignación de todos, el problema de la transmisión del poder, problema que fue la causa, no resuelta sino hasta ahora, de las grandes turbulencias y las grandes deformidades políticas de nuestra historia.

México tiene también un gobierno con amplias responsabilidades constitucionales en materia de salud, educación y creación de infraestructura. Es el rango de responsabilidades adecuado para un país tan desigual.

Por último, México tiene tamaño de país grande y viable. No es un “país ballena” o “un país continente”, como China, India, Rusia o Estados Unidos. Pero está en el siguiente escalón. Una vez desarrollado, como país, México podría ser el equivalente de Francia y España juntos: más de 100 millones de habitantes con un ingreso personal de más de 20 mil dólares por año (actualmente el ingreso por persona en México es de unos 6 mil 500 dólares).

Las potencialidades de México están a la vista. Pero la falta de claridad con que actuamos los mexicanos frente a nuestras potencialidades desespera a propios y extraños. El origen de nuestros titubeos es una debilidad clave de México. Consiste en lo siguiente: los mexicanos no estamos de acuerdo, en lo fundamental, sobre el país que queremos. Y no hay una mayoría clara, decisiva, que apunte hacia un rumbo preciso.

No me refiero aquí a los desacuerdos en materia de políticas públicas, de programas o reformas de gobierno. Tampoco me refiero a las diferencias entre los políticos profesionales. Me refiero a desacuerdos constitutivos, a desacuerdos sobre los supuestos mismos del futuro deseable para nuestro país. Los políticos profesionales añaden a estos desacuerdos constitutivos su propia dosis de ambición, rijosidad y ceguera. Pero no hacen sino dar expresión magnificada al desacuerdo que priva entre los mexicanos sobre un puñado de cosas fundamentales.

Mencionaré cuatro de los desacuerdos fundamentales (hay otros) que nos impiden caminar con claridad y rapidez hacia la prosperidad.

Desacuerdo número no: los mexicanos no estamos de acuerdo en cumplir la ley, ni en las leyes que queremos cumplir. En consecuencia, millones de mexicanos violan la ley todos los días, viven en un estado cotidiano de ilegalidad.

Aplicar la ley cuando la viola una minoría es obligación del Estado. Aplicar la ley cuando la violan millones de ciudadanos es imposible. Puede perseguirse a individuos y grupos aislados que violan la ley. No es posible perseguir a millones que no pagan impuestos, venden mercancía ilegal, viven en terrenos invadidos, están conectados a los dineros del narcotráfico, se roban la luz, no pagan impuestos o se pasan siempre que pueden los semáforos. En estas condiciones cotidianas de ilegalidad viven, hay que decirlo, millones de mexicanos.

Este es el primer desacuerdo fundamental de los mexicanos con nosotros mismos: el desacuerdo sobre si la ley ha de cumplirse o no, si todos debemos cumplir las leyes o nada más los otros. Más de la mitad de entrevistados en una encuesta nacional ha respondido alguna vez que la ley debe cumplirse sólo si es justa. Es la peor herencia del viejo régimen: la negociación constante, corrupta y corruptora, de la ley. Sin un acuerdo fundamental sobre el cumplimiento de las leyes, no pueden construirse ni una vida pública sana, ni una economía vigorosa.

Me extenderé en este tema de nuestra ilegalidad crónica para tratar de ver desde ahí el problema político que sacude hoy a México o al menos a los medios y a la opinión pública de la capital del país. Me refiero al desafuero del jefe o ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. Es un buen ejemplo de nuestros líos con el Estado de derecho.

Se trata de una decisión formalmente ceñida a la legalidad que sin embargo induce o permite la sospecha de que se ha hecho con él un uso político abusivo de las leyes. Con apoyo en la misma legalidad que aducen los diputados para desaforar a López Obrador, podían haber llegado exactamente a la conclusión contraria a la que llegaron. Estaban facultados legalmente por igual para desaforar que para no desaforar.

Su decisión fue entonces legal pero fue antidemocrática, en el sentido de que perturba profundamente la vida democrática del país, sus rutinas ya probadas, su capacidad de resolver la incertidumbre política con reglas de competencia aceptadas por todos.

El desafuero de López Obrador perturba nuestras rutinas democráticas, al menos en tres sentidos: introduce un caso de excepción en el camino de los aspirantes a la candidatura presidencial; introduce esa excepción en el camino del aspirante con mayor presencia en la voluntad del electorado; en caso de lograrse suprimiría de la contienda al candidato más popular.

Por la enormidad de sus efectos políticos el desafuero suena a vieja legalidad mexicana, es decir, a una legalidad torcida, usada más que respetada, por la política. Y no hay como diluir ese fantasma. Nadie cree a los desaforadores su compromiso exclusivo con la legalidad. Aquí empieza a pesar la primera gran herencia negra que cargamos al respecto. Es esta:

Nadie, ningún partido político, ninguna autoridad, tiene credenciales en México para ser creíble cuando dice que lo mueve sólo la pasión o la obligación de aplicar la ley. Nuestra legalidad ha sido siempre selectiva y, entre poderosos, una legalidad politizada.

Se le ofrece a López Obrador someterse a juicio, demostrar su inocencia y recobrar sus derechos políticos. No le queda, en efecto, otro camino. No puede, aunque quiera, incendiar el país. La presión violenta que pueda levantar en protesta, se volvería en su contra. La movilización social de grandes grupos de ciudadanos podrá inundar las calles, pero no intimidará a sus adversarios. Le queda, pues, sólo el camino legal, apoyado con la presión no violenta que pueda haber en las calles y con el apoyo que pueda encontrar en la opinión pública, en los medios informativos de México y del extranjero.

López Obrador se rehúsa a usar los recursos legales a su alcance y se dispone ir a la cárcel para desde ahí aumentar la presión pública. A muchos observadores, entre los que me cuento, esa renuncia a usar los medios legales les parece un error, pero es imposible negar su razón implícita. Es esta: López Obrador cree que el proceso legal en su contra será legal pero que el resultado, adverso para él, estará arreglado desde antes. Esto no lo puede probar, pero su certidumbre al respecto es absoluta. Nadie puede decirle que miente, que así no serán las cosas. Y esta es la segunda herencia negra que cargamos:

Nadie en su sano juicio puede meter las manos al fuego por la incorruptibilidad y la independencia del poder Judicial mexicano. Las credenciales históricas de este poder no son suficientes para ello. Sus miembros son y han sido los jueces de un país de legalidad discrecional, experto en politizar la justicia y en judicializar la política. No es posible descalificar en bloque a ese poder, desde luego. Pero no es posible tampoco absolverlo en bloque. La experiencia nos dice que la manipulación del poder Judicial por motivos políticos o económicos no sólo es posible, sino que ha sido lo normal en México durante siglos.

¿Se puede encontrar un juez a modo para que se encargue del proceso penal de López Obrador? Se puede.

¿Puede el juez encontrar en el expediente méritos suficientes para dictar un auto de formal prisión? Puede.

¿Puede, al terminar el juicio, encontrar culpable a López Obrador y dejarlo en la cárcel o libre bajo fianza, inhabilitado en los dos casos para ser candidato a la presidencia? Puede.

¿Han previsto estas jugadas los estrategas del desafuero? Tendrían que ser muy ingenuos o muy novatos para no haberlo hecho. Pero hay entre ellos demasiados políticos vivos, vivísimos, los más vivos políticos que puedan encontrarse en el país, como para suponer que se han chupado el dedo en esta materia.

La impresionante mayoría legislativa que votó por el desafuero de López Obrador es un mensaje político claro: se cierran filas contra el adversario. Tendrían que ser muy tontos los que cierran filas, y no lo son, para dar ese paso sin estar dispuestos a los siguientes. Y los siguientes son los que conducen a inhabilitar al contendiente más fuerte de la batalla del año 2006.

Esa es mi lectura de las cifras de la votación abrumadora por el desafuero del pasado 7 de abril. El hecho político es este: unos adversarios se han unido entre sí para eliminar a su adversario común. Se han unido el poder Legislativo y el Ejecutivo, así como los mayores partidos políticos del país, para poner en situación de ser juzgado e inhabilitado al adversario más incómodo de todos, al que les puede ganar.

Lo han hecho y lo harán todo legalmente, para obtener un resultado político selectivo, un traje procesal hecho a la medida. El desafuero de López Obrador es un buen ejemplo de cómo se pueden usar los textos de las leyes para torcer su espíritu. Es un episodio más del profundo desacuerdo que tenemos los mexicanos sobre la necesidad y la obligación de cumplir la ley. Y sobre cuándo debe cumplirse y cuándo no. Este es de hecho el pecado político de López Obrador: descuidar el frente legal, no darle importancia a su obligación de cumplir las leyes, manifestar incluso, claramente su desdén por ellas. La serpiente de nuestra legalidad torcida se muerde la cola: una legalidad empleada selectivamente castiga los pecados de un político que cree, como tantos mexicanos, que las leyes sólo deben cumplirse si son justas, si no contradicen sus principios.

Este es pues el primer gran desacuerdo que tenemos los mexicanos respecto del país que queremos construir. Los mexicanos no estamos de acuerdo en que debemos tener un país de leyes, un país en el que todos estemos sujetos a las leyes. Y probamos este desacuerdo todos los días, con nuestra conducta. El Estado de derecho es una asignatura pendiente de México, tanto como lo era en los ochenta la legalidad electoral. El problema para nuestro futuro, para el desarrollo de nuestras potencialidades es que sin un acuerdo fundamental sobre el cumplimiento de las leyes, no pueden construirse ni una vida pública sana, ni una economía vigorosa.

Otro desacuerdo fundamental que tenemos los mexicanos se refiere al tipo de economía que debemos tener. No acabamos de decidirnos por una economía de mercado abierta a la competencia, sin monopolios públicos. Tampoco se dan pasos claros en el sentido de construir una economía de empresas públicas bien financiadas y en expansión. Pemex agoniza bajo el régimen de monopolio estatal, lo mismo que las compañías eléctricas. No se las abre a la inversión privada ni se les alimenta con inversión pública.

Hay alguna razón de peso para albergar dudas sobre la participación privada en las grandes empresas del Estado. Las privatizaciones de empresas públicas hechas en México no han sido sinónimo de economía de mercado, sino, en muchos casos, recreación de mercados monopólicos y clientes cautivos. El resultado de los monopolios públicos y los oligopolios privados es una economía de precios básicos altos, de precios monopólicos u oligopólicos, impensables en una verdadera economía de mercado.

Algunos ejemplos extraídos de la revista The Economist:

Hoy, en abril de 2005, un litro de gasolina sin plomo cuesta en México casi 40% más que en San Antonio, Texas. Un barril de combustóleo vale cuatro dólares más en México que en Houston. Un kilovatio de electricidad para usos industriales vale un dólar más en México que en Houston, casi 20% más. Una llamada de teléfono fijo a celular cuesta 10 centavos de dólar en San Antonio Texas, mientras aquí cuesta 2.50 pesos, más del doble. Los costos portuarios mexicanos son 110% superiores a los de Hamburgo y 85% superiores a los de Róterdam. Por un cheque rebotado en los Estados Unidos, Citibank cobra 35 dólares, la filial mexicana de ese mismo banco (Banamex) cobra 80 y BBVA, 90 dólares. Don Mitchie de la firma consultora Nafta Ventures calcula que las leyes laborales de México elevan el costo promedio por hora de la mano de obra de 3 a 5.70 dólares.

Un tercer desacuerdo, de gran alcance, que apenas se discute, se refiere al tamaño del Estado que debe haber en México y a su financiamiento. Los mexicanos queremos un Estado de muchas responsabilidades pero no queremos pagar los impuestos suficientes para solventarlas. En consecuencia: no se le quitan al Estado responsabilidades, por el contrario, se le aumentan, pero no se le dan recursos suficientes para cumplir con eficiencia ni las responsabilidades nuevas ni las viejas. El resultado, lo he dicho varias veces, es que el Estado mexicano tiene obligaciones de millonario pero ingresos de mendigo. México hizo su transición política sin hacer su transición fiscal. Sigue recogiendo 11.5% de la riqueza nacional en impuestos, más 4% que obtiene del secuestro de las utilidades de Pemex y sus impuestos especiales.

El cuarto desacuerdo nacional al que quiero referirme tiene que ver con las opciones mexicanas en la globalización. La pregunta clave quizá sea esta: ¿México debe acercarse a Estados Unidos e integrarse a Norteamérica, o debe resistir la integración? Millones de mexicanos votan con los pies en esta cuestión y se van a trabajar al país vecino. Otros millones siguen viendo en el vecino no la oportunidad de trabajo, sino la amenaza histórica de siempre. Muchos mexicanos ven como un futuro deseable integrarse a un mercado común norteamericano. Muchos otros cantan el Himno Nacional dentro de sí al solo contacto con la idea. Y aun ambas cosas suelen suceder dentro de la misma persona.

El resultado de todos estos desacuerdos es la parálisis o la navegación sosa en que andamos. Este ritmo lento desespera a propios y extraños, porque parece un gigantesco desperdicio de oportunidades. México exporta al país vecino parte de su bono demográfico, lo mejor de su población joven, desempleada, en vez de retenerla creando empleos aquí. Tiene tapados los conductos de financiamiento de su potencial energético, y sus empresas petrolera y eléctrica agonizan en vez de florecer. México aprovecha con timidez, y aun con recelo, su relación comercial con Estados Unidos; se apresura a diversificar su comercio con otras regiones, en cuyo intercambio pierde todo lo que gana en Norteamérica, que es el único sitio donde gana. Los millones de mexicanos que están fuera del mercado nacional siguen ahí, atados a importantes pero limitados programas de lucha contra la pobreza. En materia de sus responsabilidades sociales, el Estado oscila entre la ineficiencia y la insolvencia. Y las instituciones políticas democráticas sirven, sobre todo, para hacer transparente el pleito, el profundo desacuerdo que gobierna, o desgobierna, a la sociedad mexicana.

La suma y resta de potencialidades y desacuerdos no augura un fin catastrófico, sino un desempeño mediocre. México no parece llamado a avanzar rápido en el aprovechamiento de sus potencialidades, lo cual no es una desgracia y una pena. Es un nadador potente que no está nadando para cruzar el río, porque no ha decidido si quiere cruzar.

Apunto, por último, una debilidad propiamente política, la que más resienten los ciudadanos: los políticos que enriquecen la vida pública con sus diferencias, no la enriquecen también con sus acuerdos. La democracia mexicana necesita acuerdos, ya no digamos para atacar los problemas fundamentales del país, siquiera para que las diferencias entre sus fuerzas políticas no estorben lo que no ayudan.

Los políticos existen para arreglar los pleitos de su sociedad. Esa es su razón de ser. Son, deberían ser, intermediarios y representantes de los intereses encontrados, naturales en toda sociedad. Su tarea es que las diferencias no se desborden, sino que se resuelvan pacíficamente, por medio de la ley, la negociación, el diálogo y la acción de la autoridad.

Los políticos son, pues, para que las sociedades no entren en guerra, para que desahoguen sus diferencias pacíficamente, por medio, precisamente, de la política. Esa es su razón de ser, lo que los hace útiles, necesarios para su sociedad.

Pero nosotros estamos asistiendo al extraño espectáculo de que son los políticos quienes encabezan los pleitos, no quienes los resuelven. Eso quiere decir que los políticos están fallando en lo esencial de su trabajo: no sólo no resuelven los pleitos de su sociedad, sino que los encabezan.

La sociedad empieza entonces a desconocerlos y a preguntarse: “Para qué sirven los políticos? Basta de políticos”. Hay, sin embargo, algo peor que los políticos profesionales: los políticos no profesionales.

No me quejo de la pluralidad, por el contrario. Es el mayor bien que puede esperarse de la vida democrática, después de la libertad.

Pero la pluralidad tiene que ser efectiva en construir espacios de acuerdo, pisos comunes desde donde gobernar. De otra manera la pluralidad deriva en fragmentación, y la fragmentación en anarquía y desgobierno.

Este es quizá el desafío mayor y el bien mayor que los gobiernos democráticos de México pueden y deben ofrecer a sus sociedades: certidumbre y acuerdo en medio de la pluralidad, eficacia en la democracia.

“Prácticas eficaces, prácticas exitosas de gobierno”, se llama la jornada que los congrega a ustedes en esta ciudad próspera y hospitalaria. Apenas podría pensar algo que más agradecieran los ciudadanos de cualquier gobierno: un gobierno de prácticas eficaces y resultados tangibles para los gobernados.

4

Política y delito [2008]

En agosto de 2008, ante los primeros indicios de que la inseguridad iba a ser un problema mucho más inmanejable para México de lo que nadie había pensado, compartí en el diario Milenio (12-19 de agosto de 2008) una historia vieja, escuchada de una fuente legendaria, sobre el big bang de la corrupción policiaca que era entonces el escándalo recurrente de nuestra prensa diaria.

Agosto, 2008. Sé esta historia:

Para combatir a las guerrillas de los años setenta, el gobierno encargó al ejército la guerrilla rural de Lucio Cabañas, en el estado de Guerrero, y formó un cuerpo especial para ahogar las guerrillas urbanas: las células de la Liga 23 de Septiembre y de otros grupos que se financiaban con asaltos bancarios y secuestros, entre ellos el Frente Urbano Zapatista (FUZ), el Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP).

El cuerpo especial dedicado a la guerrilla urbana fue bautizado como Brigada Blanca y se formó con jefes policiacos de distintas corporaciones, bajo el mando de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) de la Secretaría de Gobernación, entonces a las órdenes de Fernando Gutiérrez Barrios, ex capitán del ejército, luego subsecretario de Gobernación, luego gobernador de Veracruz, luego secretario de Gobernación.

La Brigada Blanca tenía licencia para matar. Limpió las ciudades de guerrilleros mediante ejecuciones y torturas, origen de la mayor parte de los desaparecidos políticos de aquella época, que persiguen aún la memoria pública de México.

En la Brigada Blanca trabajaban hombres de oscura celebridad posterior: Miguel Nazar Haro, Francisco Sahagún Baca, Arturo Durazo Moreno.

Terminada la tarea, el gobierno se preguntó qué hacer con los miembros de la Brigada Blanca. Habían prestado un servicio sangriento a la seguridad pública, pero un servicio al fin. Debían ser premiados pero también debían ser separados de sus funciones y de las facultades ilegales que habían ejercido.

La decisión fue echarlos de la corporación pero darles como pago de marcha el control de distintos negocios ilegales, no demasiado agraviantes para la seguridad pública.

Les dieron a elegir y los comandantes eligieron.

Uno pidió el negocio del contrabando de coches. Otro el de los giros negros de la capital. Otro el control de los vendedores ambulantes que ocupan ilegalmente las aceras y los cruceros céntricos de la Ciudad de México. Uno más el de permisos migratorios para vedettes y prostitutas que las dictaduras latinoamericanas facturaban a granel. Uno de los comandantes menores de la Brigada, Arturo Durazo Moreno, pidió el control del tráfico de cocaína en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, entonces un negocio pequeño aunque ya millonario.

Corría el año de 1975. Al año siguiente fue electo presidente el secretario de Hacienda, José López Portillo y Arturo Durazo Moreno fue nombrado jefe de la policía de la Ciudad de México. Lo nombró su amigo de infancia y adolescencia, el mismísimo presidente López Portillo, para que se encargara, como en la escuela, de los trabajos sucios de la pandilla, en este caso la seguridad de la ciudad capital, asunto de policías. Con el frente de la seguridad cubierto, López Portillo podría dedicarse, como presidente, a resolver la crisis económica que había heredado de su antecesor, asunto de estadistas.

En 1976, antes del nombramiento de Durazo, se supo en el gobierno mexicano que una corte de Miami había dado curso a una acusación contra él por importar cocaína a Estados Unidos. Durazo era en ese momento jefe de seguridad de la campaña del candidato presidencial.

Según la acusación radicada en Miami, desde 1960 un socio neoyorquino de Durazo, Antonio Botano, pagaba a Durazo para asegurar el libre paso de sus “correos” por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Según los investigadores, el modus operandi del aeropuerto era muy sencillo en su laberíntica impunidad:

Durazo informaba al comandante de la policía judicial encargado del aeropuerto de la llegada de un correo en vuelo de Avianca procedente de Bogotá, Colombia.

El comandante avisaba al jefe de seguridad, este al jefe de migración y este a dos oficiales, uno de los cuales recibía el vuelo, conectaba al “correo” y obtenía la petaca antes de llegar a Aduanas. Luego entregaba la petaca a un enviado de Durazo que la esperaba en un lugar convenido fuera del aeropuerto.

Para mostrar resultados al público, la mecánica había adquirido esta variante: Durazo informaba al comandante de la llegada de tres “correos” de heroína en vuelo de PanAm, procedentes de Buenos Aires. El Correo 1 traía tres kilos de heroína, el Correo 2 un kilo, el Correo 3, 12 onzas.

Uno de los correos debía ser detenido. Se escogía al Correo 3, que sólo portaba 12 onzas. El comandante avisaba al jefe de seguridad, este al de migración, este a los oficiales migratorios, uno de los cuales esperaba el vuelo, identificaba a los correos, hablaba con ellos y los presentaba a sus compañeros.

Los documentos del Correo 3 no eran sellados por los oficiales migratorios: debían pasar a inspección. Los documentos de los Correos 1 y 2 sí eran sellados, y lograban salir sin contratiempo de las aduanas. Los esperaba fuera del aeropuerto el enviado de Durazo para recibir sus cargamentos.

El Correo 3 era revisado y su contrabando descubierto, lo que permitía demostrar al día siguiente, ante la prensa, que la policía antinarcóticos del aeropuerto cumplía su trabajo.

En diciembre de 1982 el nuevo presidente, Miguel de la Madrid, decidió cortar de tajo con la policía que heredaba del gobierno previo. Quería separar el crimen del gobierno, la política del delito.

Clausuró una cueva policiaca mayor, la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), durante años en manos de Francisco Sahagún Baca, ex miembro de la Brigada Blanca, comandante de las confianzas del policía de las confianzas del presidente López Portillo, Arturo Durazo Moreno.

Sahagún Baca era un hombre extravagante, solía pasear a sus invitados por los separos llenos de la DIPD para explicar sus métodos: “Yo he matado a muchos hijos de la chingada, pero a ninguno que no se lo mereciera”.

El presidente de la Madrid echó a la calle a los comandantes de la DIPD. El año siguiente se registró el mayor aumento de delitos de la estadística negra del país de aquellos años.

Los economistas lo atribuyeron a la crisis económica por las devaluaciones de 1982. Los conocedores sabían que el aumento era por los policías expulsados del paraíso.

El paraíso era la administración policiaca del hampa, mediante la cual los comandantes pagaban su tributo de seguridad pública al gobierno, que regresaba el tributo en impunidad para los comandantes.

En 1983, con la clausura de la DIPD, se perdieron los dos tributos. Los comandantes dejaron de ser mitad policías y mitad hampones en la redonda intemperie del crimen, pues, desde que ellos dejaron de controlar el hampa, no había quien pudiera controlarlos a ellos en su nuevo paraíso: el hampa misma.

Lo poco o mucho que había de eficacia y experiencia policial en el país estaba en aquellos comandantes duales, que reprimían el delito con la mano izquierda y lo protegían con la derecha.

Hay quien dice que la eficacia de la policía está rota desde entonces en México, porque los que cortaron el nudo gordiano del crimen dentro del Estado no tuvieron un nudo de repuesto: junto con el crimen de las policías cortaron la policía que había.

Se dice también que el gobierno no ha tenido desde entonces ni policía eficaz ni control eficaz de sus policías, como si la historia quisiera decirnos que no hay policía eficaz si no tiene un pie en el hampa.

El hecho es que, una vez cortado el nudo del crimen policiaco, asunto del drenaje nacional, indigno de estadistas, el gobierno pudo dedicarse al verdadero problema de estadistas que en su opinión aquejaba a la República: la crisis económica.

Pero entonces, el narco tocó la puerta.

Eran los albores del auge del narcotráfico en México, que se metió a la casa del gobierno por las ventanas de su policía política, la Dirección Federal de Seguridad.

El mercado de la cocaína había cambiado. Las rutas tradicionales del Caribe estaban deshechas. Desde fines de los setenta, los barones colombianos buscaban nuevos caminos hacia la gran nariz de Norteamérica.

Nadie había tan preparado en México para eso como Miguel Ángel Félix Gallardo, un antiguo policía de Sinaloa, ex custodio del hijo del gobernador Leopoldo Sánchez Celis, contrabandista de goma de amapola y mariguana, que había montado una red de distribución de drogas hacia el suroeste de Estados Unidos.

Félix Gallardo puso su red de paso al servicio de la cocaína. Poco tiempo después estaba moviendo al norte tanta cocaína como el Cártel de Medellín, tenía dos bancos, una flotilla aérea, una red telefónica, estaba montando sus propios laboratorios y extendiendo su red a Europa.

En 1982 la Drug Enforcement Agency (DEA) organizó la Operación Padrino para rastrear a Félix Gallardo. Descubrió entonces que los padrinos del Padrino eran los comandantes de la Federal de Seguridad.

En 1986, la DEA recluta un informante que había trabajado en la Federal de Seguridad entre 1973 y 1981. Ha sido contratista, consejero de finanzas y proveedor de armas de Miguel Nazar, cabeza de la Federal de Seguridad.

Según ese informante, a mediados de los años setenta, cuando las bandas de Sinaloa se hacen la guerra unas a otras, además de la guerra que tienen con la policía y con el ejército por la Operación Cóndor, dos comandantes de la Federal de Seguridad van a ver a Félix Gallardo.

Le aconsejan cuatro cosas: 1) Poner fin a su guerra intestina, 2) Montar una base de operaciones en Estados Unidos, 3) Salir de Sinaloa, 4) Guarecerse en Guadalajara.

La DFS presenta a los narcos con la gente influyente de Guadalajara. Les buscan casas, les asignan guardaespaldas. “Los traficantes —escribe Elaine Shannon en su libro Desperados— aportan la fuerza y la sangre. La DFS aporta la inteligencia, la coordinación y la protección contra otras agencias de gobierno.”

Es el año de 1985. Policía, política y delito han empezado a tener más sociedad y mejor negocio que nunca.

En mayo de 1984 matan en la Ciudad de México, al salir de su oficina, al conocido columnista Manuel Buendía. En febrero de 1985 matan en Guadalajara al agente de la DEA Enrique Camarena. El vínculo secreto entre los crímenes es la hoy desaparecida Dirección Federal de Seguridad, que protege ambos homicidios.

José Antonio Zorrilla, director de la Federal de Seguridad, manda matar a Manuel Buendía, de quien se reputa amigo, para evitar que Buendía publique qué comandantes de la Federal de Seguridad protegen a los narcos.

Al parecer Buendía confía sus descubrimientos a Zorrilla en una comida, como quien informa al jefe confiable sobre la irregularidad de sus subordinados. Pero el jefe es el jefe de las irregularidades y manda matar al periodista.

Meses más tarde, un grupo de sicarios levanta al agente de la DEA Enrique Camarena en las calles de Guadalajara. Lo lleva a una casa de seguridad donde es torturado y muerto por Rafael Caro Quintero, joven jefe del cártel de Miguel Ángel Félix Gallardo.

El asesinato de Camarena genera protestas del gobierno americano y destapa la cloaca: queda claro que el narco trabaja con la protección de la Federal de Seguridad, radicada en la Secretaría de Gobernación.

El gobierno clausura la Federal de Seguridad. Crea una primera versión de lo que es hoy el Cisen, una agencia de investigación e inteligencia, no de acción policiaca.

Sólo hasta que cambia el gobierno cae preso el asesino intelectual de Manuel Buendía, el director de la Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla.

El nuevo presidente, Carlos Salinas de Gortari, regresa a puestos claves de la seguridad a distintos personajes de la vieja guardia. Revive al legendario Gutiérrez Barrios como secretario de Gobernación, nombra a un duro, Javier García Paniagua, como jefe de seguridad del Distrito Federal.

Así resuelto el tema de la seguridad, el gobierno puede dedicarse entonces a lo verdaderamente importante: la modernización económica de México.

En 1993, unos sicarios matan al cardenal Juan Jesús Posadas, en Guadalajara. En enero de 1994, hay una rebelión en Chiapas. En marzo matan al candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio. En septiembre matan al secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu.

En diciembre se devalúa la moneda y el país entra en la más profunda crisis económica de la era del PRI.

En el mes de febrero de 1997, una funcionaria del gobierno del nuevo presidente, Ernesto Zedillo, acude a una cena en un condominio de lujo de las Lomas de Chapultepec. En el elegante vestíbulo del lugar se cruza con un inquilino inesperado, el general del ejército Jesús Gutiérrez Rebollo, zar antidrogas de México, celebrado por su par estadounidense, Barry McCaffrey, director de la DEA.

La funcionaria comenta su encuentro en la cena, a la que asiste un mando militar, el cual sostiene que debe tratarse de un error, pues Gutiérrez Rebollo tiene familia y no puede vivir en sitio tan lujoso.

La duda desata una pesquisa y la pesquisa muestra que el general Gutiérrez Rebollo en efecto es inquilino del condominio, en compañía de una mujer.

El general ha recibido el departamento y la mujer de un narcotraficante llamado Eduardo González Quirarte, lugarteniente del capo Amado Carrillo, apodado El Señor de los Cielos porque trae droga del sur y la lleva a Estados Unidos en una flotilla aérea clandestina.

La relación de Gutiérrez Rebollo con González Quirarte viene de años atrás, desde que el general era comandante de zona en Jalisco y recibía del capo regalos de todo tipo: dinero, autos y una ex reina de belleza.

Gutiérrez Rebollo es detenido y presentado a la prensa. “Tenemos presunción fundada”, dice el secretario de la Defensa, Enrique Cervantes Aguirre, “de que el citado general y personal bajo su mando directo han sido y son colaboradores de la organización criminal encabezada por Amado Carrillo Fuentes, organización señalada como responsable de múltiples hechos delictuosos’’.

Viejo saber: el general protege a un cártel y prueba su eficacia combatiendo con ferocidad a los otros. Sirve a su socio y sirve a la República.

En el año 2000 México inaugura la alternancia democrática. Por primera vez en la historia un candidato de la oposición, Vicente Fox, gana pacíficamente la presidencia. El presidente Zedillo deja las bases de una economía estable. Es su legado de estadista: democracia y estabilidad.

Pero ese año hay en México 19 mil homicidios, se investigan 5 mil, se castigan mil. En España ese mismo año hay 457 homicidios y sólo quedan 13 sin aclarar.

El presidente Fox conserva la democracia y la estabilidad, pero su gobierno termina en una espiral de violencia por narcotráfico que deja en las calles más muertos que las bajas norteamericanas en Irak.

En el año 2007, primero del gobierno que sucede a Fox, hay 2 mil 700 ejecuciones por esa causa.

5

Los límites del Estado democrático
[2009]

En el mes de julio de 2009 fui convocado por los consejeros del banco BBVA Bancomer a responder en una conferencia por qué, pese a las altas esperanzas depositadas en ella, la democracia mexicana no daba los resultados esperados: ni prosperidad, ni concordia, ni seguridad. Empecé la charla preguntando eso y traté de responder.

7 de julio, 2009. ¿Por qué las cosas no cambian como queremos y cómo podrían cambiar en México? ¿Por qué el país no camina con claridad hacia lo que sin duda es el deseo de la inmensa mayoría de los mexicanos, es decir, hacia la construcción de un país moderno, queriendo decir por esto un país democrático en lo político, próspero en lo económico, equitativo en lo social.

¿Por qué?

Una respuesta a esta pregunta tiene que ver con el orden político, en su sentido más amplio. Las cosas no cambian como queremos en México, entre otras cosas, porque no tenemos un Estado capaz de conducir el cambio que queremos. Digo Estado en su sentido más amplio: no sólo el gobierno federal y su presidente, sino también los otros poderes, el Legislativo y el Judicial, así como los otros órdenes de gobierno, el estatal y el municipal; los organismos autónomos como el Banco de México o el Instituto Federal Electoral; los partidos políticos y la sociedad organizada políticamente: las organizaciones sindicales, empresariales, ciudadanas, e incluso los medios de comunicación, es decir, todo lo que conforma el espacio público y, en su más amplio sentido, constituye el Estado.

El fruto de la interacción de todo eso no es darle dirección clara al país en el sentido de la modernidad que la gran mayoría de los mexicanos deseamos y que he definido como una buena mezcla de democracia, prosperidad y equidad.

No. El resultado de la interacción de todo eso es una especie de parálisis, una ética pública de lo posible que se parece más a la resignación que al realismo.

Me pregunto una y otra vez por qué. Encuentro una respuesta en los límites del Estado democrático. Me refiero a lo siguiente: como resultado de nuestra transición democrática, tenemos un Estado capaz de gobernar el país pero no de transformarlo, de modernizarlo. Trataré de explicar por qué.

Lo primero que hay que entender del Estado democrático mexicano es que se parece más que nunca a su diseño constitucional. La Constitución dice que el régimen político de México es el de una república representativa, democrática y federal. Bueno, más que nunca antes en nuestra historia tenemos un régimen político democrático y representativo, somos una república con división de poderes y una república federal, con altos rangos de autonomía de los gobiernos estatales.

Lo paradójico es que haber cerrado la brecha entre el régimen político real y el régimen político legal no nos ha traído como resultado un gobierno más efectivo, sino un gobierno más competido, más equilibrado por otros poderes, sujeto a más límites y controles. En muchos sentidos un gobierno más débil y menos eficiente.

Veamos esto paso a paso: primero la cuestión democrática y representativa, segundo la división de poderes, tercero el pacto federal.

La democracia mexicana ha traído al país una representación efectiva de la pluralidad política. Es una pluralidad que quedó expresada en tres partidos dominantes, ninguno con más de 40% de los votos, y cinco pequeños, ninguno con más de 5%, hasta la elección del pasado domingo en que el más oportunista y eficaz de los partidos pequeños, el Partido Verde Ecologista de México, obtuvo 7 por ciento.

Esta es una pluralidad partidaria más adecuada a las reglas de un régimen parlamentario que al funcionamiento de un régimen presidencial. En un régimen parlamentario, la mayoría se forma antes de integrar gobierno. Es requisito negociar una mayoría absoluta (la mitad más uno) para formar gobierno. En un régimen presidencial el gobierno se forma tenga o no el ganador mayoría en el Congreso.

La consecuencia de la fragmentación parlamentaria en un régimen presidencial es lo que vemos en el nuestro: un gobierno electo que es minoría en el Congreso y que pasa buena parte de su tiempo negociando infructuosamente con él.

Desde 1997 nuestra democracia produce gobiernos divididos en los que el partido que gana la mayoría en las elecciones presidenciales no tiene la mayoría en el Congreso.

Nuestro régimen democrático no es entonces un sistema que otorga mandatos ni da poderes claros a los gobiernos que elige. Es un remedo de régimen parlamentario en un régimen presidencial disminuido, y en cierto modo toma lo peor de los dos sistemas.

Un congreso sin mayoría del partido gobernante es el peor obstáculo que pueda encontrar un régimen presidencial. El poder Legislativo se vuelve un poder adversario, capaz de bloquear al gobierno, pero no de conducirlo.

Es lógico que en un congreso donde la oposición es mayoría se piense sobre todo en cómo controlar al gobierno federal y a su presidente, no en cómo fortalecerlo. Es lo que pasa en el nuestro y tenemos por eso un poder Legislativo que sabe bloquear pero no construir. Su lógica es impedir los logros del gobierno en funciones, para tener la opción de sucederlo. Nuestra oposición bloquea más de lo que construye. Esta es una debilidad funcional característica de nuestra democracia.

La otra debilidad característica es más profunda, y hemos siempre de llegar a ella. La nuestra es una democracia asentada sobre un débil imperio de la ley, una democracia con un débil Estado de derecho.

Consecuencia de esta debilidad del Estado de derecho es la emergencia de la Suprema Corte como un poder con peso no sólo en el ámbito de sus tareas constitucionales sino en todos los otros. Las leyes son tan malas, tienen tantos agujeros, que el espacio de arbitraje de la Suprema Corte se multiplica al infinito. Vuelve a legislar los agujeros de la Constitución y sus ambigüedades, y a resolver asuntos de leyes secundarias que contradicen la Constitución y son llevadas a la Suprema Corte para que resuelva.

Por la Suprema Corte han pasado en los últimos tiempos más querellas de consecuencia política y visibilidad pública que en toda su historia. Lo mismo si se trata de una controversia constitucional sobre el poder de veto del presidente al Congreso, que si se trata de peticiones de amparo fiscal, que si se trata del ultraje a una periodista, que si se trata de un ciudadano que reclama sus derechos constitucionales a una candidatura independiente, que si se trata de los presos de la masacre de Acteal cometida en 1997.

En suma, la democracia ha hecho aparecer con fuerza extraordinaria, los poderes Legislativo y Judicial, en el escenario de un poder Ejecutivo disminuido. El resultado no ha sido un concierto de equilibrios institucionales sino algo más bien parecido a la parálisis política.

Se han hecho presentes también los poderes soberanos del pacto federal previstos en nuestras leyes. Nunca ha sido tan grande la autonomía de los estados, la soberanía de las entidades federativas. Un gobernador hábil tiene hoy más poder sobre su estado que el que tiene el presidente sobre el país, y lo mismo podría decirse de los poderes municipales respecto de los gobernadores. Esta novedosa autonomía de los estados, sin embargo, no añade fortalezas sustantivas al Estado democrático que estamos revisando.

Los gobiernos locales son eslabones débiles de la organización estatal porque no cumplen con dos tareas esenciales del Estado:

Primero, no cobran impuestos, los reciben casi todos de la federación. No tienen, por lo tanto, con sus gobernados la relación constitutiva de ciudadanía que es pagar impuestos y tener derecho por ello a exigir rendición de cuentas. Los poderes locales no son soberanos en el rubro fundamental de los ingresos ni son responsables de una verdadera rendición de cuentas a sus ciudadanos, pues no es de ellos de quien reciben sus recursos.

Segundo, no aplican la ley ni garantizan la seguridad de sus ciudadanos. Los gobiernos estatales son los responsables, por ejemplo, de que en México sólo se castiguen en promedio cinco de cada 100 homicidios dolosos, pues la persecución de los homicidios no es una facultad federal, sino local. Son los responsables también de la penetración del crimen organizado en sus policías y sus instituciones de seguridad. Los han dejado entrar. De ahí la cantidad de policías locales intervenidas por la federación debido a su complicidad con el narcotráfico. De ahí también la ocupación silenciosa de ciudades fundamentales del país por los barones del crimen organizado, sus bandas y sus familias.

Entonces, los poderes locales son más autónomos que nunca, pero añaden debilidades más que fortalezas a la gobernabilidad general del Estado.

Puesto todo junto, tenemos el retrato de un régimen político incuestionablemente democrático y representativo, con una efectiva división de poderes y un pacto federal de altas autonomías locales. Pero tenemos a la vez un Estado débil, que no aplica la ley, cuya división de poderes se parece al divisionismo y cuyo federalismo tiene algo de “feuderalismo” (en el sentido de feudo). Un régimen político, además, que no produce mayorías claras, por lo cual vive inmerso en una especie de empate continuo, de continua parálisis institucional.

No es un empate que produzca ingobernabilidad. Esto es importante subrayarlo. México, creo yo, no padece una crisis de gobernabilidad en el sentido de que lo amenacen crisis constitucionales o fracturas del régimen político, rebeliones o golpes de Estado. México exhibe una clara estabilidad política aun en medio de los picos de violencia que lo sacuden desde las trincheras del crimen organizado.

Lo que la democracia ha generado no es inestabilidad, sino gobiernos con poca capacidad de innovar y transformar. No tenemos una crisis de gobernabilidad política, tenemos una crisis de gobernabilidad modernizadora, es decir, de gobiernos capaces de dar pasos claros en la construcción del país democrático, próspero y equitativo que buscamos.

Para lograr esto el país necesita todavía grandes reformas. Menciono algunas:

Desde el punto de vista de la fortaleza económica del Estado, es necesaria una reforma fiscal a fondo, que suspenda los regímenes especiales y tome por los cuernos el tabú del IVA.

Desde el punto de vista del desarrollo y la equidad, es necesaria una reforma laboral, que flexibilice el mercado de trabajo, y una reforma educativa, que garantice un piso común de calidad en las escuelas públicas.

Desde el punto de vista de la prosperidad, hacen falta reformas que abran a la competencia los espacios económicos dominados hoy por monopolios u oligopolios públicos y privados.

Desde el punto de vista de la gobernabilidad, hace falta legislar en el sentido contrario de lo que hemos hecho hasta ahora, legislar para que puedan formarse mayorías sólidas que den paso a gobiernos capaces de proyectos ambiciosos, con hambre de futuro y capacidad de ejecución en el presente.

Todas estas reformas son caras políticamente y de rendimientos de mediano y largo plazos, para los gobiernos que vienen. Con un Estado en situación de empate democrático, republicano y federal, todas son inviables. De ahí la falta de ambición en el gobierno: su espíritu posibilista.

Nada me preocupa más en las reglas de la democracia mexicana de hoy que la resignación que impone a los actores políticos el hecho de que premien más la capacidad de bloquear que la de construir.

Me preocupa la falta de oferta de futuro que se deriva de esto, la falta de una narrativa que nos señale un rumbo deseable al cual dirigirnos.

Hemos perdido la épica de la Revolución mexicana que le dio rumbo y cohesión al país durante décadas.

Perdimos luego la épica de la modernización que trató de sustituir a la de la Revolución mexicana luego de la crisis de 1982 y cuyo vuelo fue interrumpido por la crisis política de 1994 y la económica de 1995.

Nos quedó sólo la épica de la democracia que cumplió su promesa de alternancia pacífica en el año 2000 y desde entonces parece un barco estancado que no produce los bienes que se esperan de ella. Estamos ahora en la fase del desencanto con la democracia por sus pobres resultados, y por la violencia que la acecha.

6

La captura criminal del Estado democrático
[2014]

En 2014 fui invitado a un simposio de historia del Colegio de Michoacán en Zamora para hacer un retrato de la epidemia criminal que sacudía al país. Hice una crónica y una pequeña historia, poniendo el acento final en el grupo de Los Zetas, porque fueron ellos quienes llevaron al extremo la más temible de las modalidades criminales: la ocupación territorial de pueblos y regiones para extorsionar a sus habitantes. La captura criminal del Estado es sólo el primer paso a la captura criminal de la sociedad. El texto fue publicado luego en la revista Nexos en el mes de octubre de 2014.

Octubre, 2014. Es una exageración decir que México ha vivido en los primeros años del siglo XXI una guerra civil. Quizá sea también una exageración sostener lo contrario. La llamada guerra contra las drogas mexicana ha sido a su manera una guerra civil: de las bandas del crimen organizado entre sí, y de estas con las fuerzas de seguridad del Estado.

La ausencia de bandos discernibles, batallas formales y causas invocadas públicamente por los combatientes, desmienten el cuadro clásico de lo que llamamos guerra civil, pero la intensidad de la violencia, la regularidad de los enfrentamientos y, sobre todo, la cantidad de las bajas impiden mirar la violencia mexicana sólo como una epidemia criminal.

Las 80 mil muertes y los 22 mil desaparecidos atribuibles a la guerra contra el narco entre los años de 2008 y 2013, entran en el rango numérico de conflictos bélicos recientes. Son una cifra muy superior a las 23 mil bajas en combate de la primera Guerra del Golfo de 1990-1991, y a las 50 mil de la guerra entre Etiopía y Eritrea, de 1998-2000. Están en la escala de los 112 mil civiles muertos en Irak, durante la segunda Guerra del Golfo de 2002.¹ Son cifras de violencia sin precedentes en el México moderno. Creo que la guerra de los años recientes entre las bandas criminales ha sido una forma de guerra civil, y la guerra entre estas bandas y las fuerzas de seguridad del Estado ha tenido por momentos la forma de una rebelión o al menos de una resistencia armada. En todo caso se trata de una alteración radical de la paz en un país que había registrado en las últimas décadas una disminución sostenida de la violencia.

En 1990 México tenía una tasa de 19 homicidios por cada 100 mil habitantes. Para 2007 la había reducido a la mitad: 8 por cada 100 mil. En los siguientes cinco años, los homicidios dolosos se triplicaron. Fueron 8 mil 867 en 2007 y 27 mil 199 en 2011. La tasa pasó de un moderado 8 por cada 100 mil habitantes, cercano a las tasas de Estados Unidos y Canadá (4 y 5 por cada 100 mil) a un escandaloso 24 por cada 100 mil.²

La pregunta no contestada sigue ahí: por qué esta espiral de muerte en un cielo razonablemente despejado. El hecho central es, desde luego, la declaración de la guerra al narcotráfico y al crimen organizado hecha precisamente en 2007 por el gobierno de México y el despliegue correspondiente de la fuerza pública.

Fernando Escalante Gonzalbo ha ofrecido la explicación más compleja de las consecuencias de esta decisión y, por ello mismo, la más difícil de historiar. Según Escalante, la guerra del Estado contra el crimen, iniciada con el operativo militar del ejército en Michoacán al empezar el año 2007, fracturó un territorio regido por previos acuerdos de tolerancia y contención de la violencia, rompió códigos funcionales no sólo de la violencia de los narcotraficantes y sus bandas, sino de muchos otros grupos, vecinos e inquilinos del submundo de la violencia legal. Aquella decisión echó al espacio público la propia máquina violenta del Estado, que se desplegó sobre estados y municipios en innumerables operativos de ocupación territorial: retenes, batidas, redadas, enfrentamientos y persecuciones. El choque de la máquina de la violencia legal del Estado con las redes ilegales, no sólo del narco sino también del crimen organizado y el desorganizado del país, abrió un espacio de choques y secuelas de violencia en lugares no buscados. La intervención del Estado multiplicó la violencia y la contraviolencia de muchos actores, invisibles o latentes hasta entonces, pero de pronto amenazados e inducidos a una mayor violencia por el mismo aumento geométrico de esta.³

Complementaria de esta explicación es la de Eduardo Guerrero sobre la estrategia misma de la guerra que fue fragmentar a las grandes bandas del narcotráfico para volverlas pandillas más manejables, aunque acaso más violentas, que pudieran ser neutralizadas en el ámbito local. La política de descabezamiento de las organizaciones criminales fue un surtidor de violencia, debido a la lucha interna por el poder que seguía a cada descabezamiento y por la agresión de las bandas rivales que suponían débil a la descabezada. Algo semejante, aunque de menor intensidad, producía cada gran decomiso de cargamentos de drogas prohibidas. Era atribuido por los afectados a complicidades de las bandas rivales con la autoridad o a delaciones internas. En ambos casos había que extender castigos ejemplares, que no eran otra cosa que ejecuciones.⁴

Todo empieza en el narcotráfico pero no todo regresa a él. Al principio, hasta los años cuarenta del siglo pasado, el narcotráfico tiene en México la forma de una serie de redes familiares toleradas, cuando no organizadas, por políticos y autoridades locales. Para los años ochenta del siglo pasado, cuando se cierra la ruta del Caribe y México se vuelve un lugar de paso alternativo a la cocaína colombiana, el negocio crece. Adquiere la forma de una primera red monopólica, análoga a la del poder hegemónico del Estado, en cuyo seno el narcotráfico tiene cómplices del tamaño de la policía política del régimen, la Dirección Federal de Seguridad, radicada en la Secretaría de Gobernación, cuyos comandantes muestran a los jefes del narco sinaloense el camino de la ciudad de Guadalajara, y apadrinan su traslado en los años ochenta.⁵ La hegemonía sinaloense es desmontada por el propio Estado, en los mismos años ochenta, a raíz del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, en 1985, precisamente en Guadalajara. El asesinato crea un problema diplomático y convierte en persecución obligatoria la antigua tolerancia y complicidad con los narcos. La destrucción del incipiente monopolio, cuyo líder es un viejo policía, Miguel Ángel Félix Gallardo, deja en el negocio un escenario de bandas rivales, hijas de la misma mata.

Desde la prisión, Félix Gallardo convoca a un encuentro en Acapulco para que sus bandas herederas se repartan pacíficamente el negocio. El reparto encumbra a personajes menores que con el tiempo serán legendarios del narcotráfico mexicano. Los hermanos Arellano Félix reciben Tijuana; Sinaloa es para Ismael El Mayo Zambada, Héctor El Güero Palma y Joaquín El Chapo Guzmán; Ciudad Juárez para Amado Carrillo, el futuro Señor de los Cielos, y Tamaulipas para la banda del Golfo, un gang de viejos contrabandistas que incursiona en el narcotráfico tarde, a final de los ochenta, aprovechando justamente el vacío sinaloense.

El reparto se acuerda pero no se cumple. Pronto las bandas herederas luchan entre sí. La pequeña historia de sus rupturas formaría un libro de intensidades shakesperianas. La destrucción del monopolio rompe la posibilidad de un manejo centralizado del negocio, mejor opción para la paz pública que la guerra intestina que siguió. Digamos para economistas ortodoxos que en el caso de los mercados ilegales lo que conviene a la sociedad y a los consumidores no es la competencia sino el monopolio. Porque la presencia y la permanencia en esos mercados se consigue a tiros, y lo que puede esperarse de una mayor competencia en ellos no son mejores precios sino mayor violencia.

La guerra de las bandas domina los años noventa, pero da un salto cuántico al empezar el nuevo siglo cuando la presión de la guerra intestina lleva al Cártel del Golfo a hacerse de un brazo armado sin precedentes, formado por militares venidos de cuerpos especiales del ejército. Este hecho singular da carta de ciudadanía al grupo de sicarios que cambia para siempre la lógica y la intensidad de la violencia del narcotráfico en México. Ese grupo de sicarios son Los Zetas.

Volveré con detalle al momento de la creación de Los Zetas, pero la explicación de su impacto requiere un contexto.

Al empezar el siglo XXI, diversos hechos convergen para debilitar al Estado y potenciar la guerra de las bandas.

El año 2000 es el de la primera alternancia pacífica en el poder que registra la historia de México. Termina ahí la hegemonía del PRI y aparece la realidad institucional que esa hegemonía encubre, a saber: la de un gobierno débil si no cuenta con las facultades extralegales que lo hacían fuerte en otras épocas. Buena parte de su eficacia era su arbitrariedad. La pluralidad del Congreso, donde el nuevo gobierno federal es minoría desde 1997, y la permanencia en la mayor parte de los gobiernos locales de gobernadores de origen priista, agudiza la debilidad federal y da lugar a formas extrañas de autonomía política en los estados.

La naciente democracia mexicana ve propagarse una forma de federalismo en la que los estados son menores de edad en dos cuestiones centrales del gobierno: cobrar impuestos y aplicar la ley. Cuando se trata de contener a las bandas del narcotráfico en su expansión territorial, los gobiernos locales —sus policías, sus aparatos de seguridad y de procuración de justicia— son fáciles presas del terror y del dinero.

Sobre esta debilidad institucional crece la tormenta perfecta de la guerra contra el narcotráfico, alimentada por los siguientes hechos:

1995. Estados Unidos adopta una política de sellamiento de su frontera sur. Se propone cerrar el paso de dos de las cosas que más demanda de México: droga y mano de obra, ambas prohibidas. Entre 2001 y 2008 Estados Unidos duplica el número de agentes de la patrulla fronteriza. El cruce de la frontera se vuelve más difícil y más caro. Se duplica también el número de migrantes que mueren queriendo cruzar por lugares cada vez más peligrosos: 263 en 1998, 463 en 2012. La política de sellamiento incluye la deportación. Durante el último gobierno de George Bush el número de mexicanos deportados crece hasta los 400 mil por año. Como parte de esa ola, entre 2002 y 2008 aumentan 35%las deportaciones de presos mexicanos que purgan condenas en cárceles estadounidenses. Cien ex convictos son soltados cada año en las calles de Ciudad Juárez, bullentes de ofertas criminales.

2004. Estados Unidos levanta el embargo de armas de asalto que pende sobre su industria riflera. A partir de ese año pueden comprarse muy baratos rifles de alto poder en las 8 mil armerías de la frontera. El poder de fuego de las bandas del narcotráfico crece exponencialmente. Miembros de la patrulla fronteriza y del ejército mexicano son sorprendidos en más de una ocasión por la inesperada superioridad del armamento de las bandas criminales.

2006. El gobierno colombiano aumenta sus decomisos de cocaína en 65 por ciento. Como consecuencia de la escasez, durante los siguientes dos años se duplica el precio de esta droga, la más rentable del mercado. El mercado de la cocaína se vuelve más atractivo, más reñido, más complejo y más violento que nunca para los competidores.

2008. México establece que los vuelos privados que entran a su territorio desde el sur deben tener un primer punto de contacto fronterizo en Cozumel o Tapachula. La medida interrumpe el canal de transporte que hizo la grandeza del Cártel de Juárez, cuyo jefe, Amado Carrillo Fuentes, era llamado El Señor de los Cielos porque en su flotilla de aviones con cocaína proveniente de Sudamérica no se ponía el sol. Bajo las nuevas restricciones del flujo aéreo, el paso de la droga por tierra se vuelve asunto de vida o muerte para las bandas mexicanas. Se crea entonces una nueva realidad territorial: para tener control del tráfico hay que controlar las rutas y las ciudades por donde cruza la droga. Las bandas son obligadas a desplegarse físicamente por toda la República. Empieza la gran batalla no por los cargamentos sino por los territorios. El narcotráfico mexicano sigue siendo una negocio de venta de estupefacientes, pero se vuelve también un negocio de dominio territorial. La lucha por el dominio territorial reproduce las rivalidades de las bandas, a las que además persigue el Estado, con ejército, marina y policía federal. El narcotráfico se vuelve en estos años una guerra de múltiples frentes. En prácticamente todo el territorio nacional hay disputas armadas de las bandas entre sí y de ellas contra los cuerpos del Estado, por el control del territorio.⁶

Se consolida en este proceso una lógica de guerra universal entre bandas bien armadas, que luchan a muerte por el dominio territorial de plazas y rutas hacia los pasos fronterizos de mayor rendimiento: Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa. El Cártel del Golfo y Los Zetas luchan por el control de Tamaulipas contra el Cártel de Sinaloa, de El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada. El Cártel de Sinaloa pelea por Ciudad Juárez contra el Cártel de Juárez, de Amado Carrillo Fuentes, y mantiene su guerra contra el Cártel de Tijuana, de los Arellano Félix. Ambiciones y traiciones rompen el Cártel de Sinaloa y desatan otra guerra intestina, esta vez contra sus antiguos aliados, los hermanos Beltrán Leyva. Para el año 2010, el Cártel de Sinaloa mantiene cuatro guerras simultáneas: contra los Zetas y el Cártel del Golfo, contra el Cártel de Juárez, contra el Cártel de Tijuana y contra su propia escisión.

Las guerras del Cártel de Sinaloa son las más mortíferas, explican 67% de las ejecuciones de aquellos años: más de 40 mil muertes.⁷ Pero el grupo criminal que cambia el eje de las cosas y hace la diferencia para la sociedad mexicana es el de Los Zetas.

Conviene detenerse en la gestación de Los Zetas porque introducen en las guerras del narco una forma de control territorial inexistente hasta entonces. De su modus operandi derivará un método de captura de los gobiernos locales y, como consecuencia de esta, una captura de la sociedad local, mediante diversas formas de amedrentamiento, control, despojo, secuestro y un sistema de pago de cuotas y derechos que envidiaría el sistema impositivo de cualquier Estado. Este es el eslabón último del crimen, el lugar donde habría que dejar de llamarlo crimen pues empieza a ser otra cosa: no el Estado paralelo de que nos hablan las historias de la mafia siciliana, sino una especie de red sustituta del Estado, en particular de sus formas municipales.

Los Zetas son la organización criminal que inicia este camino de captura de los gobiernos locales ya no por la complicidad interesada, aquiescente o temerosa de estos, sino por su poder de coacción directa sobre el espacio público y sus instituciones. El lugar de la República donde la captura llegó a sus últimas consecuencias fue Michoacán.

Los Zetas nacen como una guardia personal del jefe del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, un pequeño contrabandista de cocaína, dueño de un taller mecánico, que fue escalando el mando del cártel conforme sus cabecillas eran presos o asesinados, algunos de ellos por el propio Osiel. Para no negar el dicho de que hampa y crimen son caras de la misma moneda, se dice que quien hace entrar en el negocio del narcotráfico al Cártel del Golfo, hasta entonces sólo una máquina de contrabando tradicional, es el comandante José González Calderoni, personaje inverosímil de las guerras mexicanas del narco. Entre los hechos de su leyenda se cuenta el haber detenido al capo Miguel Ángel Félix Gallardo, hasta ese momento, 1989, su cómplice y amigo. Se dice que González Calderoni mantenía con su dinero una nómina paralela de policías en la Procuraduría General de la República, donde fungía como un comandante más. Se dice que estuvo presente en la reunión convocada en Acapulco por el propio Félix Gallardo, ya preso, para definir los territorios que heredarían sus bandas filiales. En esa reunión González Calderoni habría reservado para sí, y para otro comandante, Carlos Aguilar Zárate, veterano de la Operación Cóndor de los años setenta, el territorio tamaulipeco, con su generosa red de pequeñas y grandes ciudades fronterizas: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Alemán.

Las bandas filiales de Félix Gallardo saldrían de aquella reunión a no respetar lo acordado y a pelear entre sí con celo fratricida. González Calderoni habría seguido con su proyecto de Tamaulipas, para lo cual habría detenido el mismo año de 1989 al viejo capo del Cártel del Golfo, Juan Nepomuceno Guerra, y apadrinado el ascenso de un sobrino de éste, Juan García Ábrego, hermano de Mario García Ábrego, amigo de la infancia de González Calderoni en Reynosa. Juan García Ábrego es detenido el 14 de enero de 1996 y deportado a Estados Unidos, en lo que muchos señalan como el fin de la protección política que el Cártel del Golfo recibió del gobierno federal durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el mismo de la preponderancia de González Calderoni.⁸

Preso Juan, el único de la familia que puede heredar el mando es su hermano Humberto, pero Humberto cae preso, acusado de lavado de dinero, y cuando sale libre, en 1997 decide retirarse con sus ganancias. No vuelve a saberse de él. No hay más familia disponible para tomar el mando en el Cártel del Golfo. Será desde entonces el único cártel que no es un negocio fundado en redes familiares.

Desde la prisión, García Abrego entrega el mando a su lugarteniente, Óscar Malherbe, pero Malherbe es arrestado en la Ciudad de México en febrero de 1997. Su detención deja tres aspirantes menores a la jefatura criminal: Baldomero Medina, que lleva y trae droga en tractocamiones de su propiedad y le llaman por eso El Rey de los Tráileres; Salvador Gómez, El Chava, un temido y temible pistolero que se dedica al robo de autos en gran escala, y Osiel Cárdenas Guillén, un pequeño contrabandista de cocaína, crecido a la sombra de los comandantes de la policía que comparten el negocio del tráfico en la ciudad fronteriza de Miguel Alemán, del brazo de un capo local, Gilberto García Mena, El June. Nadie sabe cómo se conocen El Chava y Osiel, pero sí que se caen bien y se unen, bajo el mando tácito del Chava, para hacerse de la jefatura del cártel. El Chava ordena el asesinato de Baldomero Medina, El Rey de los Tráileres, quien no muere en el ataque pero queda paralítico y se retira de la competencia a un tranquilo segundo plano de negocios en Tampico. El Chava dispone también la ejecución de un policía de la judicial federal, Antonio Dávila, El Comandante Toño, que pretende quedarse con el negocio. El Chava y Osiel matan al Comandante Toño en un enfrentamiento donde muere uno de los sicarios del Chava. La investigación del asesinato es suspendida mediante un soborno de 40 mil dólares pagados al procurador de Tamaulipas, Guadalupe Herrera, nada menos que por su hermano Ariel Herrera, apodado El Tigre, sicario del Chava.⁹

El Chava y Osiel se quedan con el campo del Cártel del Golfo en pie de igualdad, aunque El Chava procede como pareja dominante. Somete a sangre y fuego a los grupos criminales sueltos del estado, controla la prensa, intimida y compra. Osiel establece el canal de paso de la cocaína que viene de Colombia, cruza Centroamérica, entra por Chiapas, sube por Tabasco y Veracruz hasta Tamaulipas, llega a la frontera y pasa al otro lado. El buen negocio paga con creces el acarreo territorial. En el año 2009, un kilo de coca pura vale 2 mil 147 dólares al salir de Colombia. Al llegar a una ciudad fronteriza estadounidense, vale 34 mil 700 y 120 mil en las calles de Nueva York.¹⁰

Osiel y El Chava son buena mancuerna. “Medio Tamaulipas es de Osiel y la otra parte del Chava Gómez”, dice Ricardo Ravelo, autor de un muy legible retrato de Osiel Cárdenas. Juntos, El Chava y Osiel dominan Tamaulipas por dos años, 1996-1997, sin que nadie lo sepa. Juntos caen presos por azar en 1998 sin que nadie comprenda lo que ya son. Juntos se escapan de una casa de arraigo de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México y regresan al dominio de su feudo. Pero el celo ha tomado ya su lugar entre ellos. El Chava actúa como jefe y pide constantes sumas de dinero a Osiel, como a un subordinado. “Oye compadre, necesito que me mandes 50 mil dólares por favor”, dice El Chava por el teléfono. “Está bien, compadre. Te los mando este mismo día”, responde Osiel. Pero al colgar dice a su séquito. “Mi compadre ya me tiene hasta la madre. Me exige como si él no pudiera generar ingresos”.¹¹ El Chava pide a Osiel que le entregue el control de Reynosa. Osiel se resiste, no está dispuesto a trabajar como empleado del Chava. Empieza a creer que su resistencia hará que El Chava lo traicione. Pensar que lo traicionan es una especialidad de la cabeza de Osiel. Confiesa su temor a un agente federal, un ex soldado, a quien tiene en su nómina en la ciudad fronteriza de Miguel Alemán. El agente federal se llama Arturo Guzmán Decena, es un teniente del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE, cuerpo de élite del ejército destacado con funciones policiales en la frontera de Tamaulipas. Guzmán Decena propone a Osiel crearle una guardia pretoriana formada por militares que lo protejan del Chava y de todos. Osiel acepta y da el siguiente paso en su cabeza: debe matar al Chava Gómez.

Osiel Cárdenas se somete a una cirugía plástica en Jalisco para ponerse pelo y hacerse la barba partida, razón por la cual no acude al bautizo de su hija en Tuxpan, Veracruz. Deja los preparativos del bautizo en manos del propio Chava Gómez, padrino de la criatura. Repuesto de la operación, Osiel se cita con El Chava en el puerto de Mezquital, un punto del sistema lagunario de Tamaulipas al que llevan droga en lancha desde las costas de Veracruz. Osiel recoge al Chava en el muelle de Mezquital y lo sienta en el lugar del copiloto de la camioneta que él maneja. En el asiento de atrás viaja Guzmán Decena. Todo son bromas y risas en el trayecto hasta que Guzmán Decena saca una pistola y le dispara al Chava en la cabeza. Los gatilleros del Chava que vienen atrás son asesinados. El cuerpo del Chava es tirado a un zacatal con una pistola en la mano para sugerir que fue muerto en un tiroteo. Nadie encuentra el cuerpo sino tres días después, cuando un lugarteniente de Osiel llama a un periódico diciendo dónde está. El rumor de la verdadera historia de la muerte del Chava Gómez le gana a Osiel el apodo de El Mata Amigos.¹²

No es el primer amigo que ha hecho matar Osiel Cárdenas. Años atrás, se ha enamorado de Hilda Flores González, La Güera, esposa de su socio Rolando Gómez Garza, El Rolys, a quien conoce en la cárcel en 1994 y de quien se dice amigo entrañable. Rolando descubre un día la relación de su mujer con Osiel. Osiel, quien se entera y se adelanta a lo que supone que será la venganza de Rolando: ordena a sus sicarios que lo maten y le envíen la foto del cadáver: quiere cerciorarse de que ha muerto.

La ejecución de Rolando Gómez, El Rolys, es una exhibición del nuevo estilo de los sicarios del Golfo, el estilo Zeta. Rolando Gómez es sorprendido en su casa con toda su banda. Para evitarse tiroteos, Guzmán Decena y su gente vuelan los tanques de gas de la casa con todos los que están adentro. Mandan luego la foto del cadáver de Rolando a Osiel. Cuando la imagen entra al fax de su casa de Tomatlán, en la costa de Jalisco, Osiel dice a Paquito, su amigo y valet: “Ahora sí, Paquito, La Güera es sólo mía”. El recuerdo de su amigo Rolando perseguirá las noches alcohólicas de Osiel. A la vista de la foto del cadáver de su amigo, suele quejarse y burlarse: “Ay, pinche compadrito puto”.¹³

Me detengo en estos detalles de la conducta criminal porque sus raptos y desmesuras son inherentes a la naturaleza del fenómeno. Sin asomarse aunque sea un momento al interior violento y caprichoso de los jefes criminales, es imposible entender la lógica a menudo atrabiliaria del narco, sus cadenas causales impredecibles y la profundidad de las consecuencias que pueden derivarse de un arranque de cólera o de la hipótesis de una traición.

Osiel Cárdenas Guillén es un paranoico pero es también un estratega. Sueña con un imperio criminal, y lo va construyendo. Asegura de parte de sus pares colombianos el abasto de cocaína, extiende su red de policías compradas a todas las plazas por donde pasa la mercancía desde Centroamérica, forma una red de abogados y una cadena de periodistas que callan y hablan lo que les pide. Es clara su necesidad de una red de sicarios que le permita hacer todo esto: expandirse y defenderse, pues la guerra de las bandas de principios de siglo incluye la batalla contra el Cártel del Golfo.

Los Zetas se expanden con el imperio criminal de Osiel bajo la guía de Guzmán Decena. En julio de 1998, cuando Osiel confiesa sus temores a Guzmán Decena y acepta que le forme un círculo de protección, el militar deserta de su puesto y procede a crear la guardia del capo. Contrata a miembros del GAFE y de otros cuerpos del ejército: el 7º Batallón de Infantería, el 15 Regimiento de Caballería Motorizada. Los bautiza como Zetas y a sí mismo como Z-1, en recuerdo, se dice, de que los primeros que acudieron a su llamado estaban adscritos a la base Zeta de la ciudad de Miguel Alemán, cuna criminal de Osiel Cárdenas y lugar de encuentro de este con Guzmán Decena, el Z-1.

Los primeros Zetas no son más de 60 miembros, pero su perfil es letal. Decir que vienen del GAFE, recuerda Guillermo Valdés, es decir que “han sido entrenados por militares de fuerzas especiales estadounidenses e israelíes”. Saben sobrevivir “en las circunstancias más adversas”, han aprendido “métodos de inteligencia, contrainteligencia y contrainsurgencia”, son expertos “en telecomunicaciones, en operativos de ataque y rescate, en tácticas de interrogatorio, y en fabricación y uso de explosivos”.¹⁴ Son, de hecho, parte de un cuerpo de élite que el gobierno ha puesto en contacto con las plazas dominadas por narcos a falta de policías capaces de lidiar con el problema. A juzgar por el tono de las invitaciones a desertar que les hace Guzmán Decena, se trata de cuerpos mal pagados, y mal tratados, por el ejército. Las mantas dejadas por los primeros Zetas para atraer a sus pares dicen: “El grupo operativo Los Zetas te necesita, soldado o ex soldado”. “Te ofrecemos un buen salario, comida y atención para tu familia: Ya no sufras hambre ni abusos nunca más”. “Únete al Cártel del Golfo. Te ofrecemos beneficios, seguro de vida, casa para tu familia. Ya no vivas en tugurios ni uses los peseros. Tú escoges el coche o la camioneta que quieras”. El reclutamiento Zeta se extiende pronto a Guatemala y a su temible cuerpo de Kaibiles.¹⁵

Como he dicho antes, de todas las redes del narcotráfico, la del Cártel del Golfo es la única que no está cruzada por lazos familiares. Es una red sin una lógica de complicidad o confianza por razones de parentesco. Los Zetas agregan a esta impersonalidad familiar, la impersonalidad del orden y la disciplina militar. Son la primera organización paramilitar del narco mexicano, quizá del narco en general. Escribe Ioan Grillo:

Los Zetas basan inicialmente su cadena de mando en el ejército mexicano del que procedían. Había jefes y subjefes, como en el ejército… Tienen campos de entrenamiento, con campos de tiro y terrenos para simular ataques (donde) se han encontrado arsenales de armas pesadas, incluso cajas de bombas de mano. Los cursillos duran dos meses, y en ellos se enseña a utilizar lanzagranadas y ametralladoras de 0.5.¹⁶

Al empezar el siglo, en el año 2000, la nómina de sicarios y sobornos del imperio de Osiel Cárdenas, lo que él llama “mi empresa”, alcanza los 2 millones y medio de dólares.¹⁷ Se dice que los altos costos de mantenimiento de Los Zetas llevan a Osiel Cárdenas a autorizarles que se busquen sus propios ingresos. El negocio grande de la droga será del cártel, pero Los Zetas podrán conseguirse sus propias rentas en los lugares donde operan. Es una decisión de largas consecuencias en la evolución criminal de México. A partir de entonces, Los Zetas pueden y deben conseguir sus propios ingresos. Su primer paso es someter los circuitos ilegales de las ciudades donde cuidan el paso de la droga: robo, prostitución, juego, piratería. Luego vendrán la venta de protección, el tráfico de personas, el despojo y el secuestro.

En la primera década del siglo, Los Zetas dejan de ser una banda, empiezan a volverse una federación. Tienen un jefe en cada plaza, y una formación de unidades militares llamadas “estacas”, a la vez escoltas del jefe y células primeras de acción y vigilancia en el lugar. No sólo pelean por el control de las rutas del narcotráfico, también buscan el control de los territorios. Empiezan por ganar a las autoridades locales, en particular a las policías, sometiéndolas a la disyuntiva de colaboración o ejecución. Someten luego a las bandas del crimen local mediante el mismo dilema de plata o plomo. Establecen finalmente derechos de piso y el cobro de cuotas para autoridades políticas y negocios legales. Pronto sus ingresos por narcotráfico, origen del despliegue territorial, no son su principal fuente de dinero. Su principal negocio ahora es la exacción de la comunidad y de la economía local.

Los Zetas son la punta de lanza de la expansión del Cártel del Golfo hacia Michoacán en el año 2001. La expansión es consecuencia de una idea estratégica de Osiel Cárdenas: quiere abrir una ruta de tráfico que una el Pacífico y el Golfo para tres negocios. Primero, la mariguana y la amapola que se cultivan en las barrancas michoacanas. Segundo, las anfetaminas que son la mercancía de moda y han hecho la fortuna de un cártel local, asociado a los Arellano Félix. Tercero, el control del puerto industrial Lázaro Cárdenas, el mayor del Pacífico, por el que pueden llegar todas las cosas necesarias para el tráfico, empezando por la cocaína sudamericana, terminando por la seudoefedrina, precursor químico de las drogas de diseño cuyo comercio está prohibido en los Estados Unidos pero permitido en México. Osiel quiere ir de Michoacán a Tamaulipas para evitar el paso por las ciudades del noroeste y el norte, rumbo a Tijuana y Ciudad Juárez, que no controla. Quiere dirigir el flujo hacia las ciudades fronterizas tamaulipecas, que en principio son suyas.

Al empezar el siglo, el cártel que domina el negocio de drogas prohibidas en Michoacán es el llamado Cártel del Milenio, una suma de dos redes locales, la de la familia Valencia, que opera en Michoacán en alianza con el Cártel de Tijuana, de los Arellano Félix, y la banda de los Amezcua, que ha construido discretamente un pequeño emporio de producción de metanfetaminas en el estado vecino de Colima. Osiel se une en Michoacán a una banda llamada La Empresa, que ha roto con el Cártel del Milenio, y se ofrece como aliada en el territorio. El jefe de La Empresa es Carlos Rosales, apodado El Tísico, un guerrerense que al parecer fue un tiempo guardia comunitario, cuyos lugartenientes son Nazario Moreno, El Chayo, un migrante entrenado en el tráfico y la religión durante su estadía en Estados Unidos, y José de Jesús Méndez, El Chango, un traficante de mariguana de Michoacán hacia Reynosa.¹⁸

El Tísico ha tenido un problema personal con Armando Valencia, uno de los jefes del Cártel del Milenio. Su esposa, Inés Hernández Oseguera, con quien El Tísico ha tenido un hijo, se ha ido a vivir con Valencia, a quien le ha dado otro hijo. El Tísico ha roto entonces con el Cártel del Milenio y ha creado La Empresa y ofrecido a Osiel Cárdenas y al Cártel del Golfo una base de entrada a Michoacán.¹⁹

Los Zetas entran a Michoacán de la mano de La Empresa, pero se toman pronto todo el cuerpo. Establecen su base en Apatzingán, corazón de la Tierra Caliente, y se despliegan sobre la zona. Es un despliegue particularmente violento que desplaza al Cártel del Milenio, con 100 ejecutados en 18 meses. Así establece su control sobre la región, la ruta y el puerto Lázaro Cárdenas ambicionado por Osiel Cárdenas. Las extorsiones crecen como plaga sobre productores de aguacate y limón, muy prósperos en Tierra Caliente, pero también sobre otros negocios, grandes y pequeños que engrosan “las filas de contribuyentes forzados del impuesto zeta”.²⁰

En 2002 matan a Guzmán Decena, con relativa facilidad para tratarse de quien se trata: mientras come en un restorán de mariscos. Pero Los Zetas siguen, ahora bajo el liderato, más impersonal y más temible aún, de Heriberto Lazcano, El Lazca, cuya fama sanguinaria no hace sino crecer.

En el año 2003 cae preso Osiel Cárdenas en una historia digna a la vez de la tragedia clásica y de una mala novela moderna: una gitana le lee la mano y le dice que alguien cercano habla mal de él. El único cercano que hay en el entorno de Osiel, quien vive en eterna fuga, es su valet y amigo Paquito. Por boca de la gitana, Osiel empieza a sospechar de Paquito. Cuando Paquito descubre que Osiel sospecha de él, sabe que irremisiblemente lo matará. Se entrega a las autoridades como testigo protegido y les da las claves para detener a Osiel, entre ellas su hábito de hablar todos los días con su familia en Matamoros y los números de los treinta teléfonos celulares que el propio Paquito ha organizado para que su jefe y amigo hable por uno distinto cada día y sea inmune a las intervenciones telefónicas.²¹

Al momento de la detención de Osiel Cárdenas, Los Zetas son ya 300. No sólo militares de élite, también sicarios selectos de otras procedencias, pero todos con la disciplina del origen: máquinas disciplinadas de matar. La prueba de que existe ese nuevo actor mortífero en las guerras del narco llega para los enemigos del Cártel del Golfo en el año de 2004, cuando el Cártel de Sinaloa, luego de un reagrupamiento y algún pacto con el Cártel de Juárez, decide tomar la plaza de Nuevo Laredo para dar inicio a la conquista de Tamaulipas. El jefe del brazo armado del cártel sinaloense, Arturo Beltrán Leyva, recluta pandilleros de la frontera y miembros de los temidos maras salvatruchas para asaltar Nuevo Laredo. En enero de 2004 hay más de 100 asesinatos en la ciudad fronteriza. Más de 600 en todo el estado de Tamaulipas ese año. Casi todos del lado de los invasores.

Los Zetas explican a sus rivales la razón de los muchos cadáveres que aparecen tirados en las calles de Nuevo Laredo. Dejan una manta que dice: “Chapo Guzmán y Arturo Beltrán Leyva. Manden más pendejos como estos para seguirlos matando”.²² La masacre de Nuevo Laredo deja claro que los temibles sicarios de las guerras previas nada tienen que hacer en la era de Los Zetas. Se trata, dice Guillermo Valdés, de “un verdadero punto de inflexión en la historia de la delincuencia organizada en México: el de organizaciones criminales apoyadas en verdaderas maquinarias para matar”.²³

La epidemia criminal de Nuevo Laredo produce el primer operativo de ocupación militar y policiaca de una ciudad por parte del gobierno federal: la Operación México Seguro, del año 2005, último de la presidencia de Vicente Fox. Será el modelo de intervenciones posteriores, en particular la de Michoacán, de 2007.

En octubre de 2004, en otro escenario, aunque en una vía paralela del conflicto que estallará años más tarde, es detenido Carlos Rosales, El Tísico, jefe de La Empresa michoacana. Sus herederos, Nazario Moreno, El Chayo, y José de Jesús Méndez, El Chango, descubren al subir en la escala que la cuenta de sus negocios con Los Zetas les son desfavorables. El grueso de las rentas criminales va para Tamaulipas o se queda en Los Zetas. En particular parece haber una disputa por las rentas del puerto Lázaro Cárdenas, la verdadera gallina de los huevos de oro de la ocupación de Michoacán.²⁴ Al liderato de El Chayo Moreno y El Chango Méndez, se ha incorporado en esos años Servando Gómez, La Tuta, profesor normalista cercano a las células del llamado Ejército Popular Revolucionario, un linaje resistente de la guerrilla de los setenta del siglo pasado que sobrevive en la montaña de Guerrero y en la Tierra Caliente michoacana.

El Chayo, El Chango y La Tuta diseñan con singular astucia su separación de Los Zetas. A mediados de 2006 formalizan el nacimiento de una nueva organización llamada La Familia Michoacana, cuyo objetivo es expulsar a Los Zetas de la Tierra Caliente. La oferta criminal de La Familia Michoacana es increíble en sus términos y sorprendente en su efectividad: una mezcla de redentorismo social, patriotismo michoacano, exaltación religiosa, autoridad sustituta y terror criminal. La resume Eduardo Guerrero:

Servando Gómez La Tuta consideraba que un elemento clave para el éxito de La Familia Michoacana era construir una relación armónica con las comunidades basada en la cooperación y en una lógica de beneficios mutuos, sin terror ni amenazas. Nazario Moreno fue especialmente receptivo a las ideas de La Tuta, a las que les imprimió un carácter evangélico de salvación personal. Justificaron sus acciones bajo la idea de que obedecían a una moral superior. Mediante un discurso que combinaba elementos de reivindicación social, evangelismo y exaltación de la identidad regional, esta nueva organización se presentó en las comunidades de Tierra Caliente como aquella que los liberaría de la opresión de Los Zetas. El elemento clave que permitió a La Familia Michoacana contar con una base social fue su capacidad para distribuir bienes y servicios. Para lograrlo, el cártel puso en práctica una estrategia novedosa, pues además de construir una amplia red de vínculos con la policía municipal, extendió su presencia en las áreas de desarrollo social y obra pública de los ayuntamientos. De esta forma, las comunidades veían recompensada su colaboración mediante la construcción de un hospital, la pavimentación de una calle o el acceso a agua potable, y La Familia podía presentarse como una “autoridad” más eficaz para responder a las demandas sociales que el mismo gobierno.²⁵

En su primera aparición pública el 6 de septiembre de 2006, La Familia Michoacana arrojó seis cabezas cortadas en una pista de baile de Uruapan. Su mensaje adjunto decía: “La Familia no mata por dinero, no mata mujeres, no mata inocentes, muere quien debe morir, sépalo toda la gente. Esto es Justicia Divina”. Días después explicaron que su organización estaba formada por trabajadores de Tierra Caliente y que su objetivo era terminar con la opresión criminal.

En los siguientes meses, la feria de ejecuciones de la guerra entre La Familia Mexicana y Los Zetas sacude al estado. Este es el litigio de sangre que decide la intervención del presidente Felipe Calderón en Michoacán, en los primeros días del año de 2007, el primer paso de lo que será un proceso sostenido de operativos militares y policiacos en gran escala para contener al crimen organizado durante el gobierno de Calderón (2006-2012) y hasta ahora.

La intervención militar en Michoacán tiene el efecto buscado de contener la espiral de homicidios pero el efecto no buscado de golpear más a Los Zetas que a la Familia Michoacana, dejando a esta quedarse con el campo y garantizar, con su propio ejercicio de captura del territorio, cierta estabilización de la violencia, incluso cierto clima de tranquilidad pública, pero en el contexto subterráneo de un más amplio dominio criminal.²⁶

Durante los siguientes años, hasta la rebelión de las llamadas autodefensas de la Tierra Caliente, en el año 2013, La Familia ejercerá sobre Michoacán el modelo Zeta de control y expoliación territorial, pero con una dimensión completamente nueva en la guerra del narco, la del control político y la solidaridad social del territorio. En 2009 algunos miembros de la organización revelan su número: son 9 mil hombres armados, todos con adoctrinamiento religioso en la funambulesca religión inventada por Nazario Moreno y resumida en un su libro, Pensamientos, muchos de cuyos pasajes, dice Ioan Grillo, que lo ha tenido en sus manos, “tienen ese estilo de autoayuda evangélica que puede oírse en sermones que se pronuncian desde Mississippi hasta Río de Janeiro”.

Por ejemplo: “le pedí a Dios fuerza, y me dio dificultades para hacerme fuerte. Pedí sabiduría, y me dio problemas para resolver. Pedí prosperidad, y me dio cerebro y músculo para trabajar”.²⁷

A plata y plomo, dice Eduardo Guerrero, la Familia se hace de lealtades en todos los ayuntamientos. Si el funcionario no accede a colaborar a cambio de una cuota o se descubre que trabaja para Los Zetas o para el Cártel del Milenio, es eliminado. Sólo en 2006 son “ejecutados en Tierra Caliente un total de cinco directores y un subdirector de seguridad pública municipal, un comandante y siete policías municipales, presumiblemente por no alinearse con La Familia Michoacana”. El control llega a ser tan efectivo que Servando Gómez, La Tuta, puede hacer una asamblea de presidentes municipales para no tener que hablar uno por uno con ellos. Les dice que todos deben pagar “diezmo”, es decir, un porcentaje fijo de la nómina municipal y otro tanto del destinado a obras públicas.²⁸

Rafael García, presidente municipal de Coalcomán, describe la captura de esos años:

Cuando yo ingresé a la administración, el primer mes de enero, tuvimos una reunión en Las Bateas, en Apatzingán. Ahí se nos dijo que finalmente les teníamos que dar el diezmo de lo que era del ramo de obras, y aparte de lo que se consiguiera, ya fuera obra convenida u obra federal. No había necesidad de que nos dijeran los vamos a matar, vamos a secuestrarlos, era por demás. Mientras estuviéramos pagando no había amenaza, todos felices y contentos. La policía municipal nos la tenían sometida, yo no mandaba. A mí me mandaban a través de los comandantes de la policía municipal. Es una gran presión sobre todo de la población, con la gente que tú te comprometiste de que vas a hacer obra y programas sociales y no poder hacerlo. Es que tú estás metido, estás coludido pero ¿yo qué hago? El que se atrevió a ponerles el dedo ya no está aquí.²⁹

El dominio sobre la economía local y sus rentas es efectivo también. A semejanza de lo que hace con los alcaldes, Servando Gómez, La Tuta, puede convocar a una asamblea de productores de aguacate, limón o ganado, para fijarles las cuotas que van a pagar por sus huertos y ranchos. Más tarde, La Familia tendrá el control directo de los huertos y dirá cuánto y cuándo puede cosechar cada quien.

La Familia Michoacana alcanza un grado de solidaridad social y de respaldo a sus métodos sin precedentes en otras organizaciones criminales, entre otras cosas garantizando la seguridad, ejerciendo funciones de policía y protección contra otras bandas, en particular contra Los Zetas. Es el momento culminante de lo que se ha llamado la pax narca: cuando los criminales son más eficaces y confiables que la autoridad en materia de seguridad pública.

Fátima Monterrosa, reportera del programa noticioso Punto de partida, tuvo una experiencia directa de este fenómeno una noche de agosto de 2013, en Tumbiscatío.

En la madrugada tocaron a su puerta y era Servando Gómez, La Tuta. Le dijo que quería hablar, darle una entrevista. A la mañana siguiente, a plena luz del día y con la gente reunida, se presentó La Tuta en la plaza central de Tumbiscatío. Quería que lo grabáramos, que fuéramos testigos de cómo lo recibía la gente. Una niña se apresuró a besarle la mano, lo llamó padrino. La Tuta, con una pistola al cinto con incrustaciones de metales y piedras, saludaba y ordenaba. Las mujeres competían por ganar su atención, pedían dinero, favores, lo halagaban. La presencia de la cámara no las disuadió.³⁰

En el entorno de la pax narca, las fuerzas federales que actuaban en Michoacán terminaron siendo vistas como “fuerzas de ocupación”, en parte, dice Denise Maerker, porque el enfoque general de la intervención policiaca y militar se había planteado en términos tajantes de buenos y malos, de federación contra Estado, de delincuentes y sospechosos locales contra incontaminados miembros de las fuerzas federales.³¹

Sigue Maerker:

Plantearse el problema del crimen organizado y de su arraigo en Tierra Caliente como un asunto de buenos contra malos fue uno de los errores del gobierno de Felipe Calderón. Vistos desde afuera, sin un conocimiento de la zona y de su historia, todos los habitantes de la región podían entrar en la definición de malos.

De la Tierra Caliente michoacana había escrito el historiador Luis González y González que es un “infierno fértil” donde la gente sabe “matar y morir sin aspaviento”. Es una de las zonas frágiles, indomesticables de México, refugio histórico de guerrillas y delincuentes desde la Independencia.³²

No obstante su identificación con el entorno, en muchos sentidos la condición de pez en el agua, La Familia Michoacana es ante todo una organización criminal. Su estructura organizativa procede de Los Zetas, pero ellos añaden a la brutalidad Zeta su propia dimensión feroz. Más que elocuente al respecto es el testimonio de un instructor de reclutas de La Familia llamado Miguel Ortiz, El Tyson, detenido en 2010. El Tyson cuenta a sus interrogadores que una noche, en un monte próximo a la ciudad de Morelia, le reunieron a cuarenta reclutas de La Familia para que los entrenara como sicarios. Junto con los reclutas le llevaron unos prisioneros Zetas. “Los pusimos a que los mataran, los degollaran, los destazaran”, declaró El Tyson, para que fueran “perdiendo el miedo a cortar una pierna, un brazo”.

Usamos un cuchillo de carnicero de unos treinta centímetros, un machetito… No es fácil porque hay que cortar el hueso y todo, pero se busca que sufran para que pierdan el miedo a ver sangre. [En descuartizar una víctima tardan] aproximadamente diez minutos. Es mucho, puede durar mucho menos, pero ahí se van poniendo a prueba los muchachos, para que no se pongan nerviosos. Aproximadamente duran diez minutos. [Yo tardo] tres, cuatro minutos.³³

Uno de los interrogadores añade un siniestro detalle de cotidianidad. Los nuevos reclutas se mostraban “particularmente aptos para despedazar cadáveres porque muchos miembros de la primera etapa eran carniceros. Los reclutas posteriores, trabajaban por lo general en taquerías”.³⁴

La Familia Michoacana da el salto cualitativo que sigue al de Los Zetas en la historia del crimen organizado de México. Como Los Zetas, los miembros de La Familia Michoacana son sicarios profesionales, disciplinados, con una estructura paramilitar, y capturan y explotan su entorno. Pero su captura va más allá de la extracción de rentas. Llega al control político y social. Es la captura no sólo de las rentas, sino de la autoridad, de los gobiernos locales y de la sociedad misma: la forma más penetrante y compleja que haya alcanzado nunca el crimen organizado en el país. Este salto cualitativo del dominio criminal se da en otros sitios de la República, pero en ningún trayecto es tan claro como en el que va del Cártel del Golfo a Los Zetas a La Familia Michoacana y a la sucesión de esta, Los Caballeros Templarios.

El dominio de La Familia sobre Michoacán, siempre desafiado por Los Zetas, no deja de producir episodios de violencia sorprendentes. El 15 de septiembre de 2008, alguien hace explotar unas granadas entre la multitud que acude en Morelia a la ceremonia popular del Grito de Independencia. El hecho es calificado como el primer “acto de narcoterrorismo” de la guerra mexicana contra las drogas. Los Zetas y la Familia se culpan mutuamente del atentado. Cualquiera de los dos pudo haberlo hecho siguiendo el mandato de la costumbre, común a las bandas criminales, de “calentar” las plazas controladas por los adversarios para echar sobre ellos el escándalo, y a continuación la intervención urgente y redoblada del Estado.

Los saltos de violencia de Michoacán bajo el dominio de La Familia Michoacana, y luego de Los Caballeros Templarios, siguen los patrones comunes a las epidemias de violencia de la guerra contra las drogas. Se producen por captura o muerte de jefes de las bandas o por decomisos de grandes cargamentos que las bandas atribuyen a golpes de sus rivales o a delaciones internas, con la consecuente imposición de escarmientos ejemplares: ejecuciones visibles con cuotas ascendentes de brutalidad y sevicia.

La captura del hijo de La Tuta, Luis Servando Gómez, El Pelón, el 28 de enero de 2009, deja tras de sí una ristra de cadáveres que aparecen acompañados de mensajes contra Los Zetas, sugiriendo que estos han vuelto a Michoacán.³⁵ El 23 de marzo de ese mismo año, el ejército decomisa 8.5 toneladas de anfetaminas en Apatzingán, con valor de 187 millones de dólares. El 19 de abril siguiente la Policía Federal detiene a 44 miembros de la Familia Michoacana. En mayo y junio de ese año son detenidos 38 funcionarios públicos, entre ellos 12 alcaldes de Tierra Caliente, como sospechosos de complicidad con La Familia. Finalmente, el 13 de julio es detenido un lugarteniente veterano, Arnoldo Rueda Medina, El Minsa, quien trabajaba con La Familia desde que se llamaba La Empresa. Como represalia a todos estos golpes, Nazario Moreno, El Chayo, ordena la ejecución de 12 policías federales el 13 de julio de 2009. El ejecutor de la emboscada es Miguel Ortiz, El Tyson, que gana con eso su promoción a jefe de La Familia Michoacana en Morelia, la capital del estado.³⁶

El 10 de diciembre de 2010, la policía federal cerca a Nazario Moreno en Apatzingán. Sigue un largo tiroteo después del cual Nazario Moreno, “consciente de que las comunicaciones del cártel están intervenidas, ordena que se difunda la noticia de que ha muerto”. El gobierno da por buena la noticia, que parece tener consecuencias cuando el 24 de enero de 2011, mediante desplegados, mantas y volantes, La Familia Michoacana anuncia su disolución. Se disgrega, dice, “en respuesta a todas las atrocidades, abusos y violaciones que ha venido haciendo la PF contra la sociedad civil de Michoacán”. La disolución no es sino una estrategia para trasvasar las redes de La Familia Michoacana a una nueva organización, Los Caballeros Templarios, que se presentan en sociedad en marzo de 2011 declarando que continuará con “las actividades altruistas que antes realizaba La Familia Michoacana”.³⁷

Los Caballeros Templarios conservan y amplían el dominio sobre Michoacán que tuvo La Familia. Lo hacen visible en las elecciones estatales del 2011 con intimidación a actividades proselitistas, bloqueos carreteros para evitar acceso a casillas y un caudal extra de 26 mil votos, totalmente fuera del patrón de votación de Tierra Caliente, que da el triunfo en las elecciones al candidato del PRI.

Epidemias de violencia en el norte del país, particularmente en Nuevo León, por una nueva etapa de la guerra intestina de las bandas, ahora de Los Zetas contra su organización madre, el Cártel del Golfo, distrae la atención federal de Michoacán y permite la consolidación del dominio de Los Caballeros Templarios en ese extraño clima de estabilización e incluso baja de la violencia que suele darse cuando un grupo criminal tiene dominio cabal sobre un territorio: la pax narca.

La guerra contra el narco nos ha enseñado que falta de violencia no quiere decir ausencia de dominio criminal. A veces quiere decir lo contrario: dominio pleno. La crisis que hace evidente la persistencia de ese dominio en la Tierra Caliente michoacana aparece en 2013. Es lo que propiamente puede describirse como un “levantamiento”: el de los llamados grupos de autodefensa.

Dos líderes del levantamiento, Hipólito Mora de La Ruana y José Mireles de Tepalcatepec, emblematizan en sus razones los extremos de la opresión templaria. La gota que derrama el vaso de la paciencia de Hipólito Mora es que le impiden a su hijo cortar limones en su huerto. La que agota la paciencia de Mireles es la cadena de raptos, violaciones y embarazos de muchachitas de la secundaria de Tepalcatepec que él atestigua como médico.

Ambas experiencias se dan en el contexto de un aumento de las cuotas y las conductas predatorias de Los Templarios al parecer por un descenso de las rentas venidas del narcotráfico. Escribe Denise Maerker:

En un dato coinciden todos los testimonios. A partir del 2010 se empieza a incrementar la actividad de extorsión de los grupos criminales en la zona. El relato del doctor Mireles refiere que el negocio del tráfico de drogas se les empezó a dificultar y los criminales se volcaron sobre una población indefensa y relativamente rica para extraer recursos y compensar sus pérdidas. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Es difícil decirlo y no tenemos aún información suficiente para concluir en una causa determinada. Surge naturalmente como hipótesis la guerra emprendida por el gobierno de Felipe Calderón contra el tráfico de drogas. Ya sea porque cortó los contactos entre diferentes grupos o porque volvió complicado o imposible el trasiego en un corredor determinado hacia el norte y Estados Unidos. En enero de este año, dentro de los aparatos de seguridad del gobierno, se consideraba que Los Caballeros Templarios acabaron obteniendo sólo 30% de sus ingresos del tráfico de drogas, lo demás era producto de los secuestros, de la extorsión, de la producción agropecuaria y de la actividad minera.

El levantamiento de los grupos de autodefensas de la Tierra Caliente, en buena medida bajo la protección o la tolerancia del ejército y la policía federal, desembocó en una nueva intervención federal en toda forma en Michoacán, a principios de 2014, mediante el nombramiento de un comisionado con amplios poderes que desplazó al gobierno local y arbitró lo que parecía una inminente guerra entre Los Caballeros Templarios y las autodefensas. La intervención, con un acento menos militar y más político que las anteriores, pareció devolver al estado un horizonte de tranquilidad pública ajena a la lógica de la pax narca.

Hasta aquí la crónica de la captura criminal de Michoacán.

Esta y otras historias obligan a preguntarse: ¿La guerra contra el narco de los últimos años ha sido una guerra fallida o sólo una guerra sangrienta?

Eduardo Guerrero fue el primero en fijar analíticamente, con rigor estadístico, la estrategia de la guerra contra las drogas emprendida en el año 2007 por el gobierno mexicano.

Las líneas de la estrategia fueron que había que golpear a los grandes cárteles, descabezarlos, fragmentarlos en bandas de menor tamaño que dejaran de ser una amenaza para la seguridad nacional y se convirtieran, con el tiempo, sólo un problema de seguridad pública: bandas quizá más violentas pero de menor capacidad logística y financiera, cuyos crímenes pudieran atenderse en escenarios locales.

Guerrero mostró con rigurosas mediciones que los costos de la estrategia eran particularmente sangrientos, no tanto por el daño directo que la fuerza pública causaba sobre las organizaciones, sino por la dinámica de destrucción y autodestrucción que se generaba entre ellas. La captura o la muerte de cada jefe, producía un doble efecto violento: el de la lucha interna para suplir al caído y el de la ofensiva de las bandas rivales para aprovechar la debilidad de la banda descabezada. Nadie pensó que la sangría fuese tan larga y que pudiera prolongarse en el tiempo tanto como se ha prolongado.

Puede decirse de dicha estrategia que ha costado más sangre de la que nadie previó. Pero quizá no puede decirse que no ha funcionado, porque lo previsto por ella es exactamente lo que ha sucedido en estos años: los grandes cárteles se han visto debilitados por la captura y eliminación de sus jefes y sicarios mayores, y lo que queda de ellos son bandas menos grandes, desplazadas de las grandes ciudades y refugiadas en ciudades pequeñas y municipios aislados sobre cuya población ejercen un dominio criminal de delitos cada vez menos vinculados con las rentas del tráfico de drogas y cada vez más con la extorsión, el derecho de piso, el secuestro, el robo y el terror criminal.³⁸

Quizás sea cierto que la estrategia funcionó y que asistimos a las convulsiones finales de la violencia prevista: bandas que pueden ser más peligrosas pero no son más poderosas. Es posible que lo que hemos visto en Michoacán en materia de dominio y salvajismo criminal sean los últimos estertores de una guerra y no el principio revitalizado de otra. El paisaje después de la batalla parece ser un periodo largo de captura criminal de zonas débiles, municipios aislados, ciudades menores y espacios urbanos marginales.

Pero a estas alturas del desarrollo de aquella estrategia es difícil sostener que no se ha librado en México una guerra. La pregunta es si esa guerra ha valido la pena y si ha conseguido algo de valor equivalente a la destrucción de vidas y a la expansión criminal que produjo. La respuesta es desde luego negativa. Ha sido una guerra cuyos daños son evidentes y cuyos beneficios es imposible describir.

0¹ Steven Pinker, The Better Angels of our Nature: Why Violence Has Declined. New York, Viking, 2011. No sé si es exacta para referirse a este fenómeno la palabra insurgencia utilizada por Ioan Grillo en su magnífico libro sobre el narco, o la expresión narcoinsurgencia, utilizado por la secretaria de Estado Hillary Clinton, en algún momento de su gestión (6 de septiembre de 2010), pero alude también a la dimensión extra o supracriminal del problema. Ioan Grillo, El Narco. En el corazón de la insurgencia criminal mexicana, Ediciones Urano, México, 2012. El título original en inglés: El Narco. The Bloody Rise of Mexican War Cartels, Bloomsbury, London, Berlin, New York, Sidney, 2001.

0² Fernando Escalante Gonzalbo, El homicidio en México entre 1990 y 2007. Aproximación estadística, México, Secretaría de Seguridad Pública, 2009; “Homicidios 2008-2009, La muerte tiene permiso”, Nexos, enero de 2011; Guillermo Valdés, Historia del narcotráfico en México, México, Aguilar, 2013, pp. 400 y ss.

0³ Fernando Escalante Gonzalbo, “Crimen organizado. La dimensión imaginaria”, Nexos, octubre de 2012.

0⁴ Eduardo Guerrero Gutiérrez, “La raíz de la violencia”, Nexos, enero de 2011.

0⁵ Guillermo Valdés, op. cit., pp. 91 y ss., Elaine Shannon, Desperados. Latin Drug Lords. U.S. Lawmen, and the War America can’t Win, New York, Viking, 1988, pp. 107 y ss.

0⁶ Un análisis de hechos y procesos convergentes al fenómeno en Alejandro Hope, “Violencia 2007-2011. La tormenta perfecta”, en Nexos, noviembre de 2013.

0⁷ Guillermo Valdés, op. cit., p. 408.

0⁸ Termina también en esos años la actividad de González Calderoni, quien en 1994 desaparece de la luz pública huyendo de una orden de aprehensión. Reaparecerá como testigo protegido de la justicia estadounidense. En esa calidad es asesinado años más tarde, en febrero de 2003, en la ciudad de MacAllen, de un tiro al cuello, mientras manejaba su automóvil luego de una visita a su abogado. La historia de González Calderoni en Guillermo Valdés, op. cit., pp. 208 y ss., y en las notas periodísticas “Matan en EU a Guillermo González Calderoni. Vivía en McAllen como informante de la DEA”, La Jornada, 6 de febrero de 2003; “La caída del comandante”, El País, 20 de febrero de 2003.

0⁹ La pequeña historia de este dúo en Guillermo Valdés, op. cit., pp. 245 y ss., y Ricardo Ravelo, Osiel. Vida y tragedia de un narco, México, Grijalbo, 2009, pp.91 y ss.

¹⁰ Ioan Grillo, op. cit., p. 222.

¹¹ Ricardo Ravelo, op. cit., p. 135.

¹² Ibid., pp. 137-139.

¹³ Ibid., p. 102; Guillermo Valdés, op. cit., p. 256.

¹⁴ Los Zetas funcionan también al principio como una red de espionaje interno sobre la lealtad de los propios cuadros. Osiel Cárdenas premia a quienes pasan la prueba y mata a quienes piensa que lo traicionan o pueden traicionarlo. Cárdenas puede haber ordenado la muerte de hasta sesenta personas, muchos de ellos miembros de su organización. Ricardo Ravelo, op. cit., pp. 254-256; Ioan Grillo, op. cit., pp. 172 y ss.

¹⁵ Guillermo Valdés, op. cit., p. 255; Ioan Grillo, op. cit.

¹⁶ Ioan Grillo, op. cit., pp. 333; “Durante el primer decenio de democracia, añade Grillo, hasta 2010, desertaron 100 mil soldados del ejército mexicano. Hay una consecuencia asombrosa en este fenómeno: los jóvenes del campo y los barrios urbanos se alistan en el ejército, reciben la paga del ejército por entrenarse y luego ganan dinero de verdad en la mafia”, Ibid., p. 336.

¹⁷ Ricardo Ravelo, op. cit., p. 189.

¹⁸ Eduardo Guerrero Gutiérrez, “La dictadura criminal”, Nexos, abril de 2014. Josie Palma, “¿Quién es El Chango Méndez?”, Excélsior, 7 de enero de 2013.

¹⁹ Leticia Pineda, “La autodefensa de Aguililla”, Nexos, abril de 2014.

²⁰ Guillermo Valdés, op. cit., p. 267.

²¹ Ricardo Ravelo, op. cit., p. 195 y ss.

²² Ioan Grillo, op. cit., p. 211.

²³ Guillermo Valdés, op. cit., p. 257.

²⁴ Josie Palma, op. cit.

²⁵ Eduardo Guerrero Gutiérrez, op. cit.

²⁶ “El despliegue de elementos de las agencias federales de seguridad tuvo el efecto de contener el conflicto entre Golfo/Zetas y La Familia Michoacana. La primera organización, a pesar de contar con mayores recursos, fue la más golpeada durante los primeros meses del operativo conjunto. En 2007 fue detenido Cipriano Mendoza Contreras, líder del cártel del Golfo en Michoacán. Aunque en los siguientes años Los Zetas continuaron enviando células de sicarios para atacar a La Familia Michoacana, a partir de entonces no tuvieron una presencia fija en el estado. Por lo tanto, además de atemperar la violencia, el operativo conjunto tuvo también el efecto de consolidar la posición de La Familia como la organización criminal predominante en Michoacán”, Eduardo Guerrero Gutiérrez, “La dictadura criminal”, op. cit.

²⁷ Ioan Grillo, op. cit., pp. 310, 312.

²⁸ Eduardo Guerrero Gutiérrez, op. cit.

²⁹ Denise Maerker, “Auxilio, ¿Dónde está el Estado?”, Nexos, abril de 2014.

³⁰ Ibid.

³¹ “Así los empezó a ver en poco tiempo la federal. Nadie se salvaba, ni los presidentes municipales, ni los policías locales, ni los comerciantes, ni los limoneros, ni los aguacateros, ni los ganaderos, menos los dueños de bares y las prostitutas. Y en efecto la inmensa mayoría tenía o había tenido tratos con miembros de La Familia o de Los Templarios. Se podía fácilmente documentar reuniones de los presidentes municipales con líderes de La Familia o de Los Templarios en sitios apartados”. Ibid.

³² Luis González y González, “La tierra caliente”, en La querencia, México, Clío/Colegio Nacional, Obras completas, vol. X, 1997.

³³ Ioan Grillo: “Los jefes de plaza dirigen células, que son semiautónomas. Ganan dinero en su territorio y lo pasan al mando, que a su vez es el que trata con los capos. Más abajo están los sicarios, y por debajo de estos están los halcones, que son los espías e informadores del cártel. Todos utilizan apodo para saber el mínimo unos de otros. Cuando encargan un trabajo a unos sicarios, estos, por lo general, no saben por qué se busca ese objetivo. Se limitan a cumplir las órdenes”.

³⁴ Ioan Grillo, op. cit., p. 334.

³⁵ “Varios mensajes atribuidos a La Familia Michoacana se dirigían en contra de Valdemar Alvarado Benítez El Rufo, líder de una célula de sicarios de Los Zetas que operaba de forma intermitente en Michoacán durante 2009 y 2010”, Eduardo Guerrero Gutiérrez, op. cit.

³⁶ Eduardo Guerrero Gutiérrez, op. cit.

³⁷ Un jefe clave, El Chango Méndez, se separa de Los Caballeros Templarios y sigue con la etiqueta de La Familia para operar en adelante con el apoyo de Los Zetas. La batalla entre los nuevos Caballeros Templarios y la vieja Familia Michoacana terminará con la detención de El Chango Méndez el 21 de junio de 2011. La caída de Méndez fragmenta su organización en pequeñas bandas, algunas de las cuales se unen a los Caballeros Templarios, otras al Cártel del Milenio que sigue operando desde Jalisco, otras más se establecen en municipios vecinos de los estados de México y Guerrero, Eduardo Guerrero Gutiérrez, op. cit.

³⁸ Eduardo Guerrero Gutiérrez, op. cit. A propósito del estallido criminal de Iguala, que dejó un saldo de seis muertos y 43 desaparecidos en una sola noche de complicidad policiaca y ejecuciones bárbaras de los dueños narcos de la plaza, incluida en ella la presidencia municipal, el propio Eduardo Guerrero ha escrito: “Las organizaciones criminales han reducido su presencia visible en las zonas metropolitanas y al parecer están concentrando sus operaciones (al menos las que generan más violencia, como la extorsión) en ciudades pequeñas y en el ámbito rural”. Esto, añade Guerrero, “supone un riesgo en el largo plazo para la gobernabilidad en amplias zonas del país, pues fuera de los grandes centros urbanos las instituciones tienden a ser más débiles, la cobertura de los medios de comunicación es menor y la población tiene menos recursos y alternativas para hacer frente a amenazas”, “El estallido de Iguala”. Nexos, noviembre de 2014.

7

El descontento
[2015]

En septiembre de 2015 la revista Nexos convocó a una discusión sobre el descontento que recorría el ánimo público de México. Poniendo aparte el problema abrumador de la violencia, que había heredado y contenido en sus primeros años, el presidente Enrique Peña Nieto había podido ganar la aceptación internacional y el acuerdo interno, a través del Pacto por México. Pero la aceptación internacional y el acuerdo interno se habían desvanecido y empezaba lo que sería una larga cuesta abajo. La pregunta a los convocados era: ¿Por qué? Esta fue mi respuesta…

Septiembre, 2015. Difícil dibujar el momento mexicano. Su rasgo dominante es el de una opinión pública irritada y harta, en muchos sentidos independiente de los hechos que la sustentan. Se trata de un malestar acumulado, como el de las parejas viejas o las viejas querellas nacionales: es fácil encenderlas y difícil apagarlas, porque hay una brasa previa que acude a inflamar la chispa nueva. A esto se añade la mirada internacional, que hizo de México una nueva estrella de la globalización y luego un nuevo desengaño. Ni la consagración ni la derogación dicen toda la verdad de la realidad contradictoria y disonante, más que catastrófica, de México.

La disonancia mayor quizá sea que el gobierno de México tiene un proyecto de país de primer mundo, una capacidad de ejecución de gobierno de tercer mundo y un rechazo público de Estado o país fallido. Sus propósitos están muy por arriba de sus resultados y sus resultados muy por debajo de lo que está dispuesta a tolerar su sociedad.

Si se atiende a los números, los resultados de México son inferiores a lo prometido por sus reformas, pero no desastrosos, como aparecen ante la mirada pública. La violencia ha descendido. La economía crece poco pero no ha dejado de crecer. Las expectativas económicas de expertos y consumidores van a la baja, pero el consumo y el empleo a la alza. El peso se ha devaluado frente al dólar, pero la inflación es la menor en años. El gobierno vive una severa crisis de credibilidad pero ganó con sus aliados la mayoría de la Cámara de Diputados en las elecciones federales de este año. Las reformas estructurales en educación, energía, competencia económica y telecomunicaciones, no dan frutos tangibles pero están en la Constitución y han rediseñado las prioridades nacionales.

El país tiene un nuevo rumbo pero no navega con claridad hacia él. Por el contrario, parece hundirse en la irritación, la frustración y el fracaso. El pesimismo público no tiene matices: vive en un país indignado y enardecido.

No es fácil precisar las causas del enardecimiento, pero creo que muchos de sus afluentes van, o vienen, en la dirección de un viejo pleito familiar no resuelto por la democracia mexicana: el pleito de los ciudadanos, en particular los jóvenes, con el PRI y con todo lo que el PRI significa, imaginario o real.

No sé en qué proporciones, pero creo que en ese pleito pesan el regreso del PRI al poder, su inesperada eficacia reformista, su triunfo rápido y sin consulta sobre los intereses afectados por las reformas, y la autonomía que el gobierno adquirió en el proceso. Esa autonomía lo hizo insensible a las resistencias que las reformas encontraban en el camino, lo cual es lógico, pues debía vencerlas. Pero también lo insensibilizó a la existencia, en el corazón de su propuesta de modernidad, de viejos usos y costumbres de la política mexicana, entre ellos la corrupción, el clientelismo empresarial y el tráfico de intereses públicos y privados. Todo ello, en un contexto de pobres resultados de gobierno en casi todos los órdenes.

La intención del gobierno de Peña Nieto, que asumió el poder en 2012, fue recuperar “la rectoría del Estado”, expresión característica de la retórica del antiguo PRI. Su esfuerzo dio resultados inesperados en la negociación del llamado Pacto por México, consistente en que las principales fuerzas políticas se sentaron a pactar a puerta cerrada las reformas que acabarían transformando sustancialmente la Constitución, al punto de volverla irreconocible en muchos pasajes.

Las reformas, que tocaban intereses y hábitos viejos, apenas fueron consultadas con los afectados. Fueron pactadas al margen del Congreso, negociadas con las dirigencias de los partidos en un lugar aparte, ese lugar autónomo de la política mexicana que se llama “lo oscurito”. Llevaron luego las reformas pactadas al Congreso y las volvieron norma constitucional en 15 meses.

Creo que el éxito inusitado de este proceso reafirmó en el gobierno la vocación de ejercer su autonomía, su recobrada “rectoría del Estado”, respecto de los otros poderes, la oposición, los medios y la sociedad. El gobierno se amuralló en el ejercicio de esa autonomía y dejó de escuchar tanto las quejas interesadas de los afectados por sus reformas, como las quejas legítimas de la sociedad por la ineficacia acumulada de gobierno y por la corrupción rampante de la democracia mexicana.

Los arcaísmos del proyecto modernizador quedaron adheridos a él, en su misma cuna, por ceguera o indiferencia ante las groseras oportunidades de corrupción abiertas por la peculiar lógica política y económica de la democracia mexicana.

Creo que la sensación de autonomía venida del Pacto por México, la certeza de haber recobrado la “rectoría del Estado”, anestesió los reflejos del gobierno federal frente a los agravios que su paso y su estilo viejo iban dejando. Le impidió, entre otras cosas, plantearse una política de comunicación que respondiera a las novedades de la opinión pública, en particular las redes sociales, para atender las nuevas formas de inconformidad que se inflamaban sobre la vieja brasa de los agravios contra el dinosaurio priista.

El gobierno federal reaccionó muy tarde a los acontecimientos que las encuestas muestran hoy como las claves de su crisis: la reforma fiscal de septiembre de 2014, el asesinato y desaparición de 43 normalistas en la noche sangrienta del 26 de septiembre de ese mismo año y la confluyente exhibición del conflicto de interés, a principios de diciembre, en la adquisición de la casa privada del presidente, mediante un trato favorable con un contratista gubernamental, el famoso escándalo de la “Casa Blanca”.

Este último incidente avivó las llamas del que quizás es el rasgo más profundo del descontento mexicano, eso que podría describirse como un estado de tolerancia cero a la corrupción. La corrupción se ha vuelto una materia innegociable de la opinión pública de México: ese momento de la moral social en que algo a lo que parecíamos acostumbrados, empieza a ser intolerable, y no deja de serlo sino hasta que se toman medidas en contra y se cambia la realidad.³⁹

La intolerancia frente al fraude electoral, que se había tolerado por décadas, fue la piedra de toque de la transición democrática mexicana del siglo pasado. Algo semejante puede estar pasando con la corrupción.

El caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa apuntó a otro lugar de impunidad que se ha vuelto también intolerable: la violencia criminal y la ineficacia o la colusión de autoridades y policías frente al crimen organizado, en el gran fresco sangriento de la guerra contra el narco.

Casos como los de las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya, hechas por el ejército; las de Tanhuato, imputadas a la policía federal; la cuenta de periodistas asesinados desde el año 2000 y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, han dado un giro de ciento ochenta grados a la percepción pública sobre los responsables de la violencia. Ha dejado de ser una violencia de la que se responsabiliza fundamentalmente a los criminales y ha empezado a ser una violencia de la que se responsabiliza fundamentalmente al Estado. De ahí la tormenta nacional e internacional por violación de derechos humanos que se cierne sobre México, que en esta materia vive el peor momento de su joven democracia.

Es imposible que una guerra del tamaño de la vivida por México a partir del año 2007, una guerra de 100 mil muertos y 22 mil desaparecidos, no haya dejado en el alma del país un enervamiento irreductible contra la violencia impune, contra la debilidad del Estado y su complicidad, por omisión o comisión, en ese horizonte gigantesco de interrupción de derechos elementales: a la vida, a la seguridad, a la protección de las víctimas y al castigo de los criminales.

La corrupción pública y la ineficacia o complicidad del Estado ante el crimen son los grandes surtidores del descontento mexicano. Para esos agravios no tienen respuesta las reformas estructurales hechas por el gobierno.

El hartazgo por la corrupción, por la violencia y por las pifias gubernamentales es lo que la opinión pública mexicana, una opinión independiente e incensurable, dígase lo que se diga, regurgita cada día.

El enardecimiento que gobierna el momento mexicano nubla el juicio pero también marca un rumbo. La agenda urgente de México es la corrupción, la impunidad, la violencia, la baja calidad de los gobiernos, el desprestigio de los partidos y de los políticos.

³⁹ Héctor Aguilar Camín, “La revolución moral”, Milenio, 11 de febrero de 2015.

8

La tentación populista
[2015]

Invitado en abril de 2015 a hablar sobre los riesgos del populismo, propuse usar no sólo la palabra “riesgo” sino también la palabra “tentación”. Porque, social y políticamente hablando, el populismo no es sólo algo que muchos temen como un riesgo, sino también algo que muchos otros ansían, como una solución. Esto fue lo que dije:

27 de abril, 2015. El populismo es una continua tentación de la política latinoamericana, porque suele surgir de un hecho histórico también frecuente en nuestras sociedades: el de las modernizaciones inconclusas.

Modernizaciones inconclusas: procesos de desarrollo truncos o incompletos. Grandes transformaciones de la economía y de la sociedad que terminan dejando fuera tanto o más de lo que incluyen.

Son grandes cambios que desacomodan todo, pero no incluyen a todos. Queda fuera de sus beneficios una masa heterogénea, descolocada de sus antiguos referentes: viejos negocios, masas urbanas empobrecidas, minorías étnicas marginadas, antiguos oficios, abundantes restos de la economía tradicional.

Piénsese en el gigantesco reacomodo que fue el proceso de industrialización y urbanización de los años cincuenta, sesenta, setenta, del siglo pasado. O en los reacomodos que ha traído la globalización de las décadas recientes. O en los cambios tecnológicos del último cuarto de siglo.

Esto es lo único verdaderamente común a los populismos latinoamericanos: todos son intentos políticos de dar respuesta a la diversidad de lo excluido, lo insatisfecho, lo marginado, esas consistentes mayorías desprovistas que pueden uniformarse en la palabra “pueblo”, un concepto vacío pero de extraordinarias resonancias emotivas, justicieras, solidarias.

No es casual que dos valores constantes del discurso populista sean, de un lado, la estimulación del resentimiento social, del otro, la promesa de reparación o revancha.

El populismo es una respuesta a estos contingentes desplazados del desarrollo. Una forma de organizar sus demandas de inclusión política y económica. Una forma de exigir mayor parte en los bienes privados y en las rentas públicas.

El populismo, dice Roger Bartra, no es una ideología estructurada, es en realidad una cultura. Tiene ciertas constantes ideológicas, como el estatismo, el nacionalismo, el colectivismo, el capitalismo de Estado. Ahora, desde Hugo Chávez, el reeleccionismo.

Tiene también un tono común de discurso: reivindicativo, pobrista, antioligárquico, anticapitalista, normalmente antinorteamericano. Y siempre antigubernamental.

El discurso populista es por excelencia el del movimiento bueno contra el gobierno malo. Prospera en el descrédito de los sistemas políticos vigentes, normalmente rebasados por las demandas no satisfechas de la modernización, en alianza con los intereses afectados por esta.

Los movimientos populistas se nutren del descrédito de los partidos políticos y de la ineficacia de los gobiernos. Diría más: del descrédito de la política y de los políticos.

Su promesa esencial es una reivindicación de derechos escritos y no escritos: derecho a la igualdad y a la justicia, a los beneficios del desarrollo, a la representación política, a la política misma.

En su última expresión instrumental, el populismo es una puja de clientelas excluidas por espacios políticos y rentas del Estado. Su instrumento por excelencia es la creación de clientelas de beneficiarios.

Lo característico de los movimientos populistas es introducir nuevas clientelas al erario público. Por ello terminan con frecuencia en crisis fiscales que se llevan todo lo ganado.

Característico también es el discurso antiinstitucional y la encarnación del movimiento en un líder carismático que habla al pueblo por encima y a pesar de las instituciones.

El populismo es entonces la tentación política permanente de sociedades desintegradas, con desarrollos desiguales, con instituciones políticas desprestigiadas.

Es decir, es el resultado de una economía que deja fuera contingentes enormes y de una política que no es suficientemente incluyente. Como las nuestras: véanse sólo las cifras de pobreza de las dos economías mayores del continente: México y Brasil.

Entonces, lo primero que hay que entender sobre la tentación histórica del populismo es que nace de la realidad misma, de la realidad insatisfecha. Es una respuesta, mala, pero una respuesta, a las modernizaciones incompletas que destruyen lo viejo sin incorporarlo.

Revisemos los rasgos del populismo latinoamericano a la luz de la realidad mexicana. México vive una modernización a medias, inacabada en muchos sentidos.

México es también el escenario de una vida democrática que avanza a pasos grandes hacia el desprestigio y el descrédito.

Nuestra economía se ha modernizado pero no ha logrado repartir sus beneficios a la mayoría de la población. Tenemos más que nunca una economía dual: de un lado, la economía NAFTA, la economía cuya productividad crece a 6% anual; del otro, la economía interna, en su mayor parte informal, cuya productividad decrece año con año.

Lo excluido de la modernidad y de la formalidad es enorme. Agrego que los salarios de la modernidad son muy bajos, no muy tentadores frente a los ingresos que puede dar la informalidad.

Nuestra democracia funciona, pero no tiene hoy los prestigios que tenía. Yo diría que los partidos y los políticos tienen baja credibilidad y alto desprestigio.

Y hay severas dudas sobre su representatividad. El veredicto ciudadano es que representan sólo sus intereses políticos, asociados todos a las rentas económicas que puedan producirles sus relaciones profesionales con el dinero público.

Nuestra democracia ha encarecido y corrompido extraordinariamente el proceso político. Hay que repetirlo hasta que se oiga: para competir con posibilidades de éxito los candidatos deben conseguir dinero ilegal.

El abundante presupuesto federal ha sido fuente de grandes dispendios, desvíos y endeudamientos de gobiernos estatales a los que les da el dinero la federación pero les aprueba el gasto su congreso local. El proceso político local y las relaciones de los poderes ejecutivos con sus congresos se ha corrompido a niveles de picaresca.

Llega mucho dinero también a los municipios. Tenemos fresco el escándalo de corrupción y crimen municipal en Iguala, Guerrero. Tenemos fresca también las historias de las casas y los conflictos de interés asociados al presidente y a su círculo de poder más cercano.

La sombra de la corrupción destruye cualquier idea de institucionalidad o de mérito. Y cualquier sombra de respeto a las instituciones o al mérito.

El grito que condensa esto es el de López Obrador sobre “la mafia del poder”. El grito es una caricatura, pero la corrupción alcanza niveles de caricatura, corroe por igual la política, la economía y la sociedad.

Con una economía dual excluyente y una política desprestigiada, ¿hay el riesgo mexicano de una tentación populista?

Desde luego que sí, de hecho está ya entre nosotros. Hemos vivido con ella, muy cerca de ella, todos estos años. López Obrador ha estado dos veces a punto de ganar la presidencia. Y en 2018 estará buscando el triunfo por tercera vez.

Pero la tentación populista mexicana no es el asunto de una persona. Está en el gen político nacional bajo la forma no de una ideología, sino, como dice Roger Bartra, como “una forma de la cultura política”, es decir, “un conjunto articulado de hábitos, tradiciones, símbolos, valores, mediaciones, actitudes, personajes e instituciones”.

El populismo es parte de nuestra cultura política. Tenemos, de hecho, un populismo institucional montado en el gasto público y en la red de exenciones y privilegios fiscales de México.

De un lado tenemos atada al presupuesto, institucionalizada, una extraordinaria diversidad de programas sociales. Es nuestra versión plebeya y clientelar de un Estado de bienestar: un populismo disperso, clientelar, que no acaba de volverse una institucionalidad sólida, transparente, universal. Un verdadero Estado de bienestar. El populismo no está sólo en los políticos y en los gobiernos. Está en la sociedad. Al otro lado del mostrador del gobierno, en la sociedad, hay también una cultura populista y clientelar. Una cultura del clientelismo estatal y de la puja por las rentas del Estado.

La tentación populista mexicana está en nuestras costumbres públicas. Yo he tratado de resumirlas en un libro, La ceniza y la semilla, refiriéndome a la sociedad mexicana como una sociedad peticionaria. Una sociedad acostumbrada a las dádivas, los subsidios, las prebendas de un gobierno proveedor.

El viejo populismo mexicano ha sido siempre una forma dual, contradictoria, de resistirse, por un lado, a la modernización que destruye clientelas y, por el otro, de querer subirse a ella, de querer mejorar y progresar por el atajo de lo que en México llamamos mucho tiempo justicia social, es decir la ayuda y los subsidios del Estado.

López Obrador crece sobre este piso histórico y ante los primeros indicios de una nueva modernización inconclusa o insatisfactoria del camino mexicano.

Creo que la tentación populista mexicana crecerá en los próximos años. México ha dibujado lo que parece el mapa de una nueva modernización de amplios alcances, cuyos beneficios tardarán en llegar. Mientras maduran, los reformadores estarán en la situación del célebre pasaje del profeta desarmado de Maquiavelo: han afectado grandes intereses sin que haya todavía grandes beneficiados con esas afectaciones.

Dice Maquiavelo:

No hay nada más difícil de hacer, ni de resultado más incierto, ni más difícil de gobernar que la introducción de un orden nuevo de cosas porque quien lo introduce tiene como enemigos a todos los que medran del viejo orden y como aliados tibios sólo a quienes podrían medrar del nuevo… Sucede entonces que cuando los enemigos del nuevo orden atacan, lo hacen con celo y los otros lo defienden con dudas, y están, junto con su príncipe, en peligro.

La modernización mexicana tiene un problema serio de tiempos y otro problema de medios. Toda modernización, toda gran apertura de oportunidades de inversión y creación de riqueza, produce nuevos ricos y nuevos privilegios. En todas hay cuartos de guerra, cadenas de influencia, preferencias políticas, tratos bajo la mesa.

La pregunta es si la ejecución de estas grandes reformas se verá marcada por la corrupción y el capitalismo de los amigos o será una verdadera llamada a la transparencia, la competencia y la productividad.

El tercer problema, desde luego, es el de los resultados. La pregunta clave aquí es si la nueva modernización no servirá sólo para crear nuevos empresarios e inversionistas, sino también una nueva oferta masiva de empleos bien pagados. Subrayo: bien pagados, porque los salarios de la economía formal mexicana, hay que decirlo, son una desgracia pública. Si recuerdo bien una cifra del INEGI, sólo 10% de los mexicanos registrados en el IMSS gana más de 10 mil pesos al mes.

La cantidad y calidad de los empleos dirá si esta nueva modernización es suficientemente incluyente o sólo otra de las modernizaciones inconclusas, vieja especialidad mexicana y latinoamericana, de donde han salido históricamente los Perón y los Velasco, últimamente los Chávez, los Morales, los Kirchner y los López Obrador.

Sólo hay un remedio democrático sólido contra la tentación populista: el desarrollo mismo, la modernización incluyente. Democracias que funcionen, economías que funcionen y Estados capaces de redistribuir el ingreso y reparar los daños de las grandes transformaciones que generan riqueza pero también destruyen trabajos, empresas, oficios, viejos derechos y antiguas productividades.

Para vencer la tentación populista, la modernización ha de ser incluyente, nuestra democracia creíble, nuestro gobierno eficaz. Y nuestra cultura clientelar, nuestro “populismo institucional”, ha de ser servido con la construcción de un verdadero Estado de bienestar.

Ninguna de esas cosas se conseguirá sin la gran asignatura pendiente de la modernización mexicana que es el gobierno de la ley, la aplicación de la ley, la igualdad ante la ley, la vigencia de la ley.

En ningún orden es tan clara esta ausencia como en el de la seguridad pública, que el Estado no puede garantizar.

La debilidad del gobierno legal, es decir del gobierno semilegal, del semiestado de derecho en que vivimos, toca todos los órdenes de nuestra vida pública. Esta es la tarea histórica de gobernantes y gobernados de México, someterse a la ley: liberarse del yugo de la ley… obedeciéndola.

¿Liberarse de la ley obedeciéndola? ¿Liberarse de qué? De la desconfianza que guía nuestras relaciones y nuestros tratos. De los privilegios que nos perjudican todos los días. De la injusticia que golpea nuestro sentido de la justicia. Del abuso pequeño o grande de nuestras autoridades, grandes o pequeñas. Del abuso, pequeño o grande, de nuestros grandes y pequeños poderosos, privados o públicos. Y de la inseguridad que golpea nuestra seguridad en todos sus órdenes: seguridad física, seguridad jurídica, seguridad patrimonial.

El imperio de la ley es algo que depende en primera instancia de la autoridad pero depende también de los ciudadanos. Es un camino de ida y vuelta. La gran reforma moral que México necesita. Que este ideal suene abstracto o ilusorio no es, a su vez, sino un termómetro del tamaño de la modernidad inconclusa en que estamos metidos.

9

Nocturno de la democracia mexicana
[2016]

En la primavera de 2016, luego de varios meses de escribir en la prensa críticas a diversos aspectos de la democracia mexicana, decidí poner todas las críticas juntas y romper mi pacto de alta tolerancia frente a los recientes pero ya profundos vicios de la naciente democracia mexicana. El resultado fue un ensayo largo, “Nocturno de la democracia mexicana”. Fue publicado en la revista Nexos en el mes de mayo de 2016. La presentación del ensayo decía: “La democracia fue la gran promesa del México de principios del siglo XXI. Hoy es una de sus grandes decepciones. ¿Qué pasó? La diosa que iba a curar todos los males dio a luz una criatura irreconocible que produce hoy rechazo y desconfianza en la mayoría de los mexicanos”. Un dilema central del ensayo, la debilidad institucional de los gobiernos democráticos de minoría, fue resuelto en los hechos por los electores en 2018, cuando entregaron a uno de los contendientes la mayoría absoluta que parecía impensable sólo dos años antes.

Abril, 2016. En la primavera de 2015, respondiendo a la pregunta de por qué estaban tan indignados los mexicanos, José Antonio Aguilar Rivera sugirió que una razón de fondo era la “desilusión democrática”. Habían puesto grandes esperanzas en que la democracia iba a arreglarlo todo. Quince años después rechinaban los dientes porque la democracia no sólo no había arreglado todo, sino que había empeorado algunas cosas. México padecía una gran “cruda democrática”: por las expectativas defraudadas, por la solución mágica perdida, porque la diosa esperada había dado a luz una “criatura grotesca que hoy parece inaguantable”.⁴⁰

Por los mismos días Jesús Silva-Herzog Márquez escribió que la ingenuidad mayor de la ilusión democrática mexicana había sido “creer que la alfombra electoral podía extenderse en una casa sin piso: desenrollar el tapete de las elecciones sobre el vacío del Estado, la burla de la ley y el paño roto de la comunidad”. La consecuencia era esa “criatura grotesca” cuyos rasgos Silva-Herzog Márquez esbozó de esta manera: “pluralismo sin ley, competencia sin contrapesos, arbitrariedad descentralizada, poderes sin responsabilidad, plutocracia alternante. ¿Qué nombre describe el régimen que padecemos?”.⁴¹

Si no hubiera más, bastarían estas reflexiones para declarar roto el tabú de las bondades de la democracia mexicana. Digo tabú porque sobre la democracia mexicana pesa una cierta prohibición de hablar mal, cierto consenso bien pensante del elogio. Es parte de la idealización subsistente de la diosa el hecho de que se saluden rutinariamente sus bendiciones sin mirar sus deformidades. Se pagan sin chistar sus altos costos y se asumen como imperfecciones transicionales lo que pudiera ser no un juego imperfectamente jugado sino en realidad uno distinto al buscado. Como si queriendo jugar futbol y con las reglas del futbol los mexicanos hubiéramos terminado jugando rugby. ¿Es este el juego democrático que queríamos jugar o estamos en medio de una desviación histórica respecto del juego deseado?

PRINCIPIOS FUNDADORES, REALIDADES INESPERADAS

La democracia mexicana es el fruto de un inteligente gradualismo reformista. Fue abriendo paso a paso las puertas de la dominación hegemónica del PRI a lo largo de 10 reformas, durante 30 años, entre 1977 y 2007.

Si se las mide por su intención y su espíritu, sólo dos cambiaron a fondo el rumbo previo: la de 1977 y la de 1996. Fueron reformas de inspiración y propósitos distintos.

La reforma de 1977 se propuso abrir el espacio de la representación política a las minorías que flotaban en el mar de la hegemonía priista. Su propósito fue ampliar la representación política luego de unas elecciones presidenciales en las que sólo contendió el candidato del PRI: José López Portillo. Sin opositor al frente, porque el partido histórico de la oposición, el PAN, decidió abstenerse de la contienda, López Portillo boxeó con su sombra durante los meses de campaña y obtuvo 100% de los sufragios válidos. Hubo en la cúpula priista humor y realismo suficientes para entender el ridículo, y decidieron abrir la puerta. Legalizaron fuerzas políticas que estaban prohibidas, en particular al Partido Comunista, y ofrecieron a todos el picaporte de la representación proporcional, de modo que los opositores pudieran perder todas las elecciones pero asegurar una representación en el Congreso.

De la reforma de 1977 conservamos el sistema mixto de elecciones por mayoría y por representación proporcional, fundamental para dar a todos un espacio sin desplazar al PRI del suyo. Porque el principio fundador de aquella reforma fue que la mayoría permaneciera donde estaba, en el PRI, animada parlamentariamente por una oposición que podría tener triunfos aislados, pero no alcanzar nunca la mayoría en el Congreso, ni ganar una elección presidencial. Para garantizar eso el manejo de los órganos electorales permaneció en manos del gobierno.

La reforma de 1977 supuso una extraordinaria renovación del ambiente de la vida pública, fue un antes y un después en materia de representación política y libertades periodísticas, pero no significó un cambio en la lógica profunda del poder. Nunca se planteó la posibilidad de la alternancia. De hecho, la alternancia no estuvo nunca en su horizonte de posibilidades.

Hija de la crisis política y económica de los años 1994 y 1995, la reforma de 1996 dio un giro radical a los supuestos del diseño. Se propuso establecer la independencia de los órganos electorales y garantizar la equidad de los contendientes, de manera que cualquiera pudiera ganar el Congreso o la presidencia: abrió la posibilidad de la alternancia. Tanto, que la oposición ganó la mayoría en el Congreso en 1997 y la elección presidencial en el año 2000.

Los principios fundadores de la reforma de 1996 rigen todavía la democracia mexicana. Creo que pueden resumirse en cuatro: 1. Búsqueda de la equidad; 2. Aversión a la mayoría absoluta; 3. Rechazo al presidencialismo priista; 4. Apuesta por la pluralidad.

Las consecuencias no buscadas de estos principios explican por su mayor parte los rasgos indecorosos de la “grotesca criatura” que no sabemos nombrar y que a falta de mejor nombre llamamos democracia mexicana.

Equidad. La búsqueda de la equidad presidió los consensos de la reforma política de 1996. Tuvo su expresión mayor en las nuevas reglas de financiamiento público para los partidos, establecidas entonces. Se quería poner fin a uno de los secretos de la hegemonía priista: que el PRI recibía dinero del gobierno y los demás partidos no. Si se quería emparejar el piso de la competencia había que independizar los órganos electorales y hacer con todos los partidos lo que se hacía con el PRI: financiarlos.

La reforma estableció, en consecuencia, que todos los partidos recibieran fondos públicos, de forma transparente, y que no pudieran conseguir sino una pequeña fracción de financiamiento privado, para evitar la captura económica del proceso por los empresarios o por el narco.⁴²

A partir de 1996 México tuvo un generoso sistema de financiamiento público, cuyas cifras crecieron como la espuma. La bolsa de los partidos pasó de 596 millones de pesos en 1996 a 2 mil 111 millones en 1997, a poco más de 3 mil millones en el año 2000 y a 4 mil 171 millones en 2006.⁴³ La reforma de 2007 añadió a este dinero una gran cuota de tiempo gratuito en los medios, en los que los partidos gastaban hasta entonces más de la mitad de sus ingresos. La reforma de 2014 aumentó el financiamiento a los partidos en el ámbito estatal. Para 2015 el costo oficial declarado del proceso democrático mexicano era de 50 mil 319 millones de pesos, cifra que vuelve a la democracia mexicana la quinta más cara del mundo.⁴⁴

El financiamiento público del proceso democrático fue una de las innovaciones más celebradas de la democracia mexicana. Hoy es una de sus deformidades. El financiamiento público acabó creando, de un lado, partidos rentistas y del otro un gran mercado negro de dinero electoral. Los partidos terminaron gastando en las elecciones todo el dinero público que recibían y trayendo a ellas cantidades enormes de dinero no autorizado por la legislación.

Minoritismo. La aversión a la mayoría absoluta fue otro de los rasgos dominantes de la reforma del 96. Tuvo también consecuencias no buscadas. Huyendo de las opresivas mayorías priistas de otros tiempos, los legisladores del 96 establecieron distintos candados para que esas mayorías no se repitieran ni en el Congreso ni en el gobierno.

El más efectivo de los candados fue establecer un tope constitucional de 8% a la sobrerrepresentación política. Es decir, que sólo pudiera alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso el partido que obtuviera 43% del voto. Esto parecía imposible ya en el año de 1996, en que las principales fuerzas políticas se dividían el electorado en tercios. En consecuencia, desde el año de 1997 el partido en el gobierno ha sido minoritario en el Congreso. Esta debilidad constitutiva explica en parte la ineficacia gubernativa que acompaña la breve historia de la democracia mexicana.

Antipresidencialismo. La aversión por la mayoría absoluta, principio cardinal de la democracia, era la extensión lógica de la urgencia de limitar el poder presidencial. Si algún villano común hubo en la transición democrática mexicana fue el presidencialismo priista. La democracia mexicana se creó quitándole poder a sus presidentes, pasión más que explicable dadas las cuentas catastróficas de presidencias que desde 1976 parecían incapaces de gobernar unos pocos años sin hundir al país en una crisis de décadas. La destrucción de la legitimidad de los gobiernos priistas está escrita en la cardiografía de sus crisis sexenales de finanzas públicas: 1976, 1982, 1987, 1994-1995. En el año 2000 el PRI perdió la presidencia.

La pasión antipresidencialista fue efectiva. La legislación se encargó, como se apunta arriba, de que desde 1996 los presidentes de México encabezaran gobiernos divididos, con clara minoría en el Congreso. La moderna cultura democrática mexicana vivía en un régimen presidencialista, pero era, y es, antipresidencial. Se incomoda con sus presidentes porque hacen o porque no hacen, lo quiere a la vez limitado y eficaz, lo asume tan poderoso y autoritario como siempre, aunque le ha arrebatado la llave de su antiguo poder, que era el control del partido cuasi único.

Los demócratas mexicanos padecen una pasión antipresidencial de rasgos presidencialistas. Todo lo quieren, todo lo exigen, todo lo reprochan de sus presidentes. La prensa es particularmente viva en el ejercicio de esta pasión. Su temperatura presidencial puede resumirse diciendo que antes necesitaba armarse de valor para hablar mal del presidente y hoy tiene que armarse de valor para hablar bien, pues sus colegas y sus lectores le caen a palos por los elogios.

La aspereza del antipresidencialismo vigente puede medirse en hechos institucionales tan sintomáticos como que hace una década que el titular del poder Ejecutivo no puede dar su informe a la nación en el recinto del Congreso. El Congreso no puede recibirlo sin riesgo de pequeños o grandes zafarranchos parlamentarios. Y el presidente no quiere ir a correr esos riesgos.

Pluralidad y fragmentación. El cuarto principio fundador de la democracia mexicana fue su apuesta por la pluralidad como una instancia superior de representación política y de vigor democrático.

Luego de padecer mucho tiempo los excesos de un partido hegemónico, casi único, es natural que la sensibilidad democrática mexicana haya buscado la pluralidad como aire fresco, como un bien en sí mismo. Otorgó por ello ventajas de representación proporcional a partidos minoritarios y facilidades burocráticas para crear partidos pequeños.

Tampoco salió bien. La pluralidad inducida debilitó políticamente a los partidos grandes y multiplicó burocráticamente a los pequeños, que poco representaron nunca, aparte de la captura de rentas públicas y de influencias burocráticas para pequeñas clientelas.

La historia de las siglas partidarias que han ido y venido por la democracia mexicana podrían llenar un tomo de insensateces, simulaciones, oportunismo y picaresca de baja denominación. Más que a la representación política, la pluralidad partidaria mexicana se parece a la fragmentación, y más que a la vitalidad de lo políticamente diverso ha conducido al parasitismo de las pequeñas camarillas. La fragmentación sin representación sigue adelante.

Los partidos grandes, PRI, PAN y PRD obtuvieron en la elección de 2009 77% de los votos. En 2015 alcanzaron sólo 51%: 16 puntos menos. El próximo presidente podría ser electo por una minoría de 25-30%. Su déficit de legitimidad será por sí solo un riesgo de ingobernabilidad.

Los principios fundadores de la democracia mexicana trajeron al mundo muchas cosas contrarias a su intención y a su espíritu. La obsesión por la equidad creó partidos rentistas y mercados negros electorales; la aversión a las mayorías absolutas creó gobiernos minoritarios débiles; el rechazo al híper presidencialismo creó un mini presidencialismo; y la apuesta por la pluralidad produjo fragmentación: debilitó a los partidos grandes y creció el parasitismo de los pequeños.

La imprudencia de los primeros ganadores históricos de la contienda democrática añadió a estas debilidades constitutivas otras, hijas del azar y el mal gobierno, impensadas también en el optimista diseño original.

GOBIERNOS IMPROVISADOS

Tres veces seguidas, en los años 2000, 2006 y 2012 los votantes mexicanos dieron el poder a presidentes que no habían tenido ninguna experiencia federal de gobierno significativa. Simplemente no habían estado ahí el tiempo suficiente, ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón, ni Enrique Peña Nieto. Esto no había sucedido en México desde 1917 en que Venustiano Carranza asumió el Poder Ejecutivo al frente de un ejército revolucionario triunfante. Todos los presidentes de México tuvieron desde entonces alguna experiencia clave en el gobierno federal. Los presidentes de la democracia mexicana venían de otro lado, de haber sido gobernadores, como Fox y Peña, o momentáneo secretario de Estado, como Felipe Calderón. Ninguno tenía una experiencia cabal de ejercicio del poder desde el gobierno federal. Y a todos la democracia les había quitado los hilos nacionales de mando que sus antecesores habían tenido por medio del PRI.

Ninguno de estos presidentes tuvo la precaución de rodearse de gabinetes con la experiencia que a ellos les faltaba. Escogieron a sus colaboradores entre sus cercanos, tan inexpertos como ellos en el orden de gobierno al que ingresaban. La consecuencia fueron gobiernos de gabinetes improvisados, con largas y caras curvas de aprendizaje.

Imaginemos una empresa que desde el año 2000 hubiera suplido cada seis años a toda su planta gerencial y a todos sus dueños con dueños y administradores que no la conocieran. Esto es lo que la democracia y sus triunfadores han hecho con el gobierno nacional de México desde el año 2000. De modo que en vez de los gobiernos legítimos, populares y eficaces que prometía el sueño democrático, la democracia mexicana dio a luz gobiernos minoritarios, constitucionalmente débiles, sin mayoría en el Congreso, y además improvisados e inexpertos. Todo, en ausencia de un servicio civil de carrera, y en un entorno democrático de altas esperanzas públicas, que muy pronto se volvieron exigencias.

GOBIERNOS SIMULADOS

Más grave aún fue el caso de los gobiernos locales, con su inesperada autonomía.

La alternancia del año 2000 tuvo un efecto descentralizador, disminuyó el tamaño del Poder Ejecutivo en alivio de los otros poderes: el Congreso, la judicatura, los gobiernos locales, los poderes fácticos. Pero no creó mecanismos para lidiar con el desconocido paisaje de un poder presidencial en minoría.

La derrota del presidente priista fue un decreto de autonomía política de facto para los gobernadores de ese partido, sometidos hasta entonces al presidente. La Ciudad de México, ganada por la izquierda desde 1997, era ya parte de la desagregación democrática del poder central.

Los gobiernos estatales pasaron de ser sui generis dependencias regionales del Ejecutivo federal, a ser entidades cuasi autónomas, dueñas de su propia legitimidad democrática y de ventajas institucionales sin contrapeso.

El gran dilema del primer gobierno de la alternancia democrática de México, el de Vicente Fox, fue qué hacer con su condición minoritaria. Había ganado la presidencia pero no había ganado el poder. El PRI había salido de Los Pinos, pero gobernaba 29 de los 32 estados de la federación: esos gobernadores tenían ahora el control de la bancada priista en el Congreso, donde el presidente era minoría.

La decisión de Fox fue no usar su bono de popularidad democrática para avasallar a la oposición, en particular a la priista, sino negociar con ella. Decidió llevarla en paz con el Congreso y con los gobiernos locales.

Su instrumento de negociación fue el presupuesto: abrió las arcas de la federación a los gobiernos estatales y municipales sin asegurar que hubiera, a cambio, una adecuada fiscalización federal de esos recursos. Pronto, en unos tiempos de bonanza de precios del petróleo, que durarían hasta 2014, Fox añadió a las cuentas de los estados un bono petrolero.

Fue así, en una entendible lógica de negociación democrática, como se sentaron las bases institucionales para un gigantesco traspaso de recursos públicos a los gobiernos locales sin que se establecieran los mecanismos de fiscalización correspondientes.

Sobre la autonomía política de facto adquirida por los estados cayó la avalancha del presupuesto federal. Entre el año 2000 y el 2014 la federación transfirió a los estados una cantidad equivalente a 355 mil millones de dólares. Los gobiernos locales iniciaron así su viaje al paraíso fiscal: fueron ricos sin tener que cobrar impuestos ni rendir cuentas a quien les daba el dinero, que era la federación.

“Vimos con estupefacción”, dice José Antonio Aguilar Rivera, “cómo del huevo del federalismo salían feos dragones: irresponsables, codiciosos y hambrientos de fondos públicos”.⁴⁵ Tanto dinero público suelto no hizo sino multiplicar las ventanillas de la corrupción.

LA CORRUPCIÓN DE ANTES
Y LA DE AHORA

En la introducción del libro Vicios públicos, virtudes privadas, Claudio Lomnitz advierte contra las generalizaciones históricas sobre la corrupción. Ha existido siempre, nos dice, pero de poco sirve decir que no ha cambiado desde la Colonia.

El México de la naciente democracia enfrentó una corrupción distinta en su origen y en sus consecuencias a la padecida en la última fase del presidencialismo priista: 1982-2000.

La corrupción de entonces tenía la forma de una pirámide. La de ahora tiene la forma de una telaraña. Durante el fin de la hegemonía del PRI la corrupción bajaba de la cúspide y escurría por laderas y terrazas hasta la base. La corrupción de ahora baja de los conductos paralelos de la dispersión democrática, a partir del generoso reparto de dinero federal que se hace desde el centro a los gobiernos estatales y municipales.

El nuevo mecanismo, como he dicho, lo puso en marcha el presidente Fox en el año 2000 para obtener la colaboración política de la oposición. Pero colaboró también la fortuna, porque la primera década y media de la democracia mexicana fue la de los más altos precios del petróleo de la historia.

FIESTAS PETROLERAS

Se habla todavía de la fiesta petrolera del gobierno de José López Portillo (1976-1982), durante la cual ingresaron al país 80 mil millones de dólares por ventas de crudo, unos 320 mil millones de ahora. No hacía mal las cuentas el presidente López Portillo cuando decía que los mexicanos debían prepararse para administrar la abundancia. Como tantas otras fiestas petroleras, aquella terminó en una crisis que no sólo se comió los 80 mil millones del petróleo sino que dejó al país con una deuda externa de otros 80 mil.

La fiesta petrolera de López Portillo palidece en valor frente a la de los primeros 14 años de la democracia mexicana. Entre 2000 y 2014 el alto precio del petróleo trajo a las arcas mexicanas una riqueza equivalente a 1 058 635 millones de dólares (un billón igual a un millón de millones; dólares de 2014). Es difícil incluso pronunciar la cifra: un millón de millones más 58 mil 365 millones de dólares, casi siete veces el costo del Plan Marshall que financió la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra.⁴⁶

Ese flujo de dinero explica en mucho la expansión del gasto público federal de los años de la democracia y el enorme traslado de recursos a los estados y los municipios a partir de 1997.

Entre 2000 y 2015 el presupuesto federal creció 105% en términos reales: de 2.27 billones de pesos a 4.67 billones. En esos mismos años las transferencias a los estados crecieron de 682 mil millones a un billón 390 mil millones de pesos.⁴⁷

Nuestra segunda fiesta petrolera no tuvo efectos catastróficos en las finanzas públicas, como la de los años ochenta del siglo pasado, pero permitió el reparto de un gran fondo fiscal sin fiscalización que se tradujo en un fondo equivalente de corrupción y dispendio.

DISPENDIOS DEL FALSO FEDERALISMO

Nadie puede alegar en contra de que estados y municipios reciban cada vez más recursos de la federación, especialmente si los rige, como los rige desde 1978, un pacto de coordinación fiscal mediante el cual los estados cedieron a la federación casi todas sus facultades de cobrar impuestos. Aquel pacto buscaba modernizar una estructura fiscal arcaica, bajo la idea de que la federación repartiría con mayor equidad llevando a los estados pobres algo de lo extraído de los ricos. Estados y municipios dejaron de cobrar impuestos. A la fecha, su porcentaje de ingresos propios es sólo de 16 por ciento. En 1997, el mismo año en que el PRI perdió la mayoría en el Congreso, el reparto de recursos federales a los estados empezó a crecer. Pasó de 20% a 35% del presupuesto entre 1997 y 2001.

Es un hecho que la democracia descentralizó el gasto y enriqueció a las haciendas estatales. El dispositivo institucional que convirtió esta abundancia inesperada en una invitación a la corrupción y el dispendio fue la soberanía estatal. En ejercicio de esa soberanía, garantizada por la Constitución, la autorización del gasto público de los estados y los municipios corresponde a los congresos locales, no a la federación, aunque sea la federación la que pone el dinero.

Esta previsión constitucional tuvo en los años de la democracia el más torcido de los efectos. Como he dicho antes, entre el año 2000 y el 2015 los estados y municipios recibieron cantidades exorbitantes de recursos federales.

Con esos recursos federales, cuyo gasto aprueban los congresos locales, vimos sucederse en los estados catastróficas historias de endeudamiento y corrupción. Los gobiernos estatales no sólo gastaron con liberalidad los dineros de su renta federal, sino además se endeudaron, algunos al extremo de la quiebra, poniendo estos recursos como garantía de nuevos préstamos.

Siguiendo la lógica del mecanismo federal del reparto, los gobernadores metieron al reparto de la bolsa federal a sus legisladores y a su oposición, a su comunidad empresarial y a los medios locales. Con el apoyo de todos pudieron ejercer esos recursos a su arbitrio. Los congresos locales no fueron vigilantes sino cómplices del ejercicio presupuestal de sus gobiernos. Al dar este paso corrompieron el mecanismo capital de la rendición de cuentas de los sistemas democráticos: la vigilancia del Congreso sobre el presupuesto. En todos se impuso la lógica de la complicidad entre el Poder Ejecutivo y el Congreso para gastar los fondos federales.

La generosidad sin exigencia con que era entregado el dinero ahogó con su abundancia el mecanismo de control institucional previsto, y esta es la piedra de toque de buena parte de la corrupción que aqueja al país.

El proceso total puede describirse en un triste párrafo: con el dinero de la segunda fiesta petrolera los presidentes de la democracia aceitaron al Congreso federal, el cual aceitó a los gobernadores y a los municipios, los gobernadores aceitaron a sus congresos locales, que les aprobaron todos sus gastos. Hubo dinero de sobra para hacer política y para crear la red horizontal de corrupción cuya diaria evidencia soliviantó hasta el hartazgo a la República.

DEMOCRACIA A PRECIO ALZADO

Ni el proceso democrático ni las elecciones han salido indemnes de la red de la nueva corrupción mexicana, la corrupción nacida en muchos sentidos de la misma descentralización del poder y del dinero, traída por la democracia. Partidos y elecciones han sido ventanillas preferentes de asignación y captura de recursos públicos, pues en el México democrático sólo ellas dan acceso al poder y al dinero público suelto que este trae consigo.

El dinero suelto, desde luego, tuvo un efecto inflacionario sobre los costos de la competencia democrática y sobre los dineros ilegales que fluyen a ella. Tanto, que puede decirse, con el ex presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, que “la democracia multiplicó la corrupción”.⁴⁸

Según Ugalde, que ha dedicado años de investigación al tema, nuestras elecciones cuestan varias veces más de lo que indica la ley. Fluyen a ellas recursos ilícitos en cantidades tan altas que convierten la competencia democrática en una forma política de compra-venta. No gana siempre el que tiene más dinero ilícito pero es imposible que gane quien no lo tiene.

Cito a Ugalde:

¿Qué tan caras son las campañas? Según un estudio coordinado por Integralia y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, las campañas cuestan varias veces más que los topes que la ley establece.⁴⁹

En este 2015 el tope para una campaña de diputado federal será de 1.2 millones de pesos. La realidad es que el costo promedio de una campaña de diputado federal en zonas urbanas puede llegar a los 10 o 12 millones.

El tope de campaña de senador varía en el rango de 2.2 a 22.4 millones (según el tamaño de la entidad). Sin embargo, su costo real es superior a los 20 millones, en un estado de tamaño mediano.

Las de gobernador varían según la entidad. En Colima o Tlaxcala el tope legal ronda los 5 millones de pesos; en el Estado de México fue de 203 millones en 2011. Según toda la evidencia anecdótica recopilada, incluido el testimonio de ex gobernadores, una campaña ganadora de gobernador requiere entre 400 y 700 millones.

Las campañas se fondean con desvío de recursos públicos y con aportaciones de otras fuentes: contratistas que quieren asegurar negocios con el nuevo gobernador o el nuevo alcalde; constructores que quieren ganar licitaciones de obra pública a modo; hoteleros, antreros o comerciantes que quieren permisos de uso de suelo, concesiones, otros permisos. Un aportador no infrecuente, lo sabemos ahora, es el crimen organizado.⁵⁰

Yo hice mi propia averiguación de campo en distintas ciudades de México. Supe que a una joven poblana que quería ser diputada local le dijeron en su partido: “Si quieres sentarte en la mesa para ganar, tienes que traer 15 millones”. En el sureste pregunté al amigo de un presidente municipal cuánto había invertido este en su campaña. La respuesta fue: “Entre 2 y 3 millones de dólares”. Estuve luego en Cancún y pregunté a conocedores de la política local cuánto hacía falta por fuera de lo legal para competir por la presidencia municipal de la ciudad. Las tres respuestas dieron la misma cifra: “Cien millones”. En una reunión en Monterrey pregunté cuánto necesitaba un candidato para sentarse a la mesa donde se jugaba la gubernatura de Nuevo León. Las respuestas fueron: entre 600 y 700 millones de pesos.

La pregunta obvia es: ¿Cómo pagan sus deudas los candidatos que tienen que invertir tanto por fuera de las reglas? La siguiente pregunta es: ¿Una democracia de candidatos endeudados puede esperar gobiernos transparentes?

Más que una competencia de los mejores candidatos, la democracia mexicana parece una subasta de puestos de elección popular. Invertir mucho en ganar unas elecciones es buen negocio, por la sencilla razón de que el ganador encontrará al sentarse en su silla una enorme cantidad de dinero público sin vigilancia con el cual reponerse.

Escribe José Antonio Aguilar Rivera:

La competencia por los cargos públicos depende críticamente del dinero. Ningún sistema ha podido, en ningún lugar, eliminar por completo este mal… No es un defecto de nacimiento de la democracia, es un mal congénito que acompañará al paciente hasta la tumba.⁵¹

Pero el mal mexicano es doble. Por una parte, los partidos reciben grandes cantidades de dinero público y de tiempos gratuitos en los medios. Por otra, tienen también las arcas abiertas al dinero ilegal que aportan gobiernos de su propio partido, empresarios que cobran con contratos y el crimen organizado.

A la hora de las elecciones los partidos violan sistemáticamente la ley que los regula: usan el dinero legal y abusan del ilegal.

QUÉ HACER

Me rendí, como muchos, a la celebración de las elecciones federales intermedias del 7 de junio de 2015.

Primero, porque fueron vencidos los malos agüeros de violencia y sabotaje que las rondaban. Segundo, porque vimos funcionar en toda su eficacia administrativa y ciudadana las redes y los veredictos de la institución electoral. Tercero, porque fue una elección competida, característicamente democrática en sus niveles de incertidumbre, en sus mandatos de alternancia y castigo para malos gobiernos, en particular para gobiernos marcados por la sombra de la corrupción, un síntoma más de la revolución moral que puede estar en marcha en México contra el más viejo de sus vicios públicos. Cuarto, por la irrupción de candidatos independientes que abren una puerta a la obligada revisión del sistema de partidos, hoy fuente de rechazo más que de adhesión ciudadana.

Pero aquí empiezan los peros: los votos de rechazo no consolidaron un polo de oposición equiparable a los partidos mayores. Añadieron votos a la dispersión política. Premiaron a partidos pequeños, viejos y nuevos, como el Partido Verde, Morena, Movimiento Ciudadano, Alianza Nacional o Encuentro Social; potenciaron a un puñado de independientes y mantuvieron en 5% el voto nulo.

Todos esos votos aumentaron la fragmentación: debilitaron a los grandes sin fortalecer cabalmente a los pequeños. Leída en una lógica estratégica, la fragmentación añadida no es sino un voto de rechazo al sistema de partidos vigente. Está en línea con otros números preocupantes, como la pérdida de confianza en el INE, en quien confía sólo 39% de la población, y con la pérdida de confianza en la democracia, donde México ocupa, con 37%, el más bajo lugar entre los países de América Latina, cuyo promedio de confianza en la democracia es 56%.

Me pregunto si esta es la democracia fragmentada, desprestigiada y cuestionada que queremos. Me respondo que no, no es este el juego que queríamos jugar, pero es el que estamos jugando.

La democracia mexicana realmente existente produce gobiernos federales improvisados, gobiernos locales irresponsables, elecciones subastadas. Produce, sobre todo, un rechazo público mayoritario, manifiesto en el hecho de que hasta 65% de los encuestados dijo preferir para su voto un candidato independiente, ajeno a la “partidocracia”.

Creo que los principios fundadores de nuestro diseño democrático han llegado a un límite. Estamos ante la necesidad de una reforma política que atienda los defectos de la que nos rige. No hay que volver a empezar, pero hay que pensar nuevamente lo que queremos en materia de financiamiento, mayorías, pluralidad, presidencialismo, representación, transparencia, gobernabilidad.

Ofrezco tres apuntes al efecto. Uno, sobre la simulación federalista y la corrupción democrática. Otro, sobre la debilidad constitutiva de los gobiernos de la democracia mexicana. El tercero, sobre equidad y financiamiento.

CORRUPCIÓN Y FEDERALISMO

La democracia mexicana diseñó un régimen de gobierno federal en el que ningún presidente pudiera tener mayoría absoluta en el Congreso. Para ganar la colaboración de un congreso adverso, como hemos recordado aquí, el primer gobierno de la democracia, de Vicente Fox, estableció el expediente funesto de negociar con la oposición ampliando el reparto de dinero federal a los estados sin imponerles a cambio una fiscalización también federal.

Los mandamientos del federalismo mexicano obligan a reconocer facultades y a financiar soberanías de gobiernos que no son competentes ni soberanos. Los dos actos soberanos fundamentales de un Estado son cobrar impuestos y aplicar la ley. Ninguna de las dos cosas hacen bien a bien los gobiernos locales de México. La impunidad por homicidio, un delito del fuero estatal, es de 98%. De todos sus ingresos los estados en promedio sólo recaudan 16 por ciento. Lo demás lo reciben de la federación, sin rendirle cuentas a ella de sus gastos, porque son soberanos.

La aprobación del gasto federal en los estados quedó en manos de los gobiernos y los congresos locales. Los gobiernos locales compraron con dinero federal la complicidad de sus congresos y sus cabildos para aprobar sus cuentas. Se destruyó así el mecanismo fundamental de contrapesos que la democracia prevé: la rendición de cuentas mediante la división de poderes y la vigilancia del Congreso.

Bajo la simulación federalista nuestra democracia creó gobiernos que suplieron la división de poderes por la complicidad de poderes. Otorgó a los gobiernos locales una autonomía financiera que no tenían y una impunidad política de cuya profundidad apenas empezamos a caer en cuenta.

Hay que suspender el mecanismo de traslado de fondos federales sin fiscalización efectiva a los gobiernos locales y poner frenos a la conducta fiscal de estos. Los dineros venidos de la federación deben ser fiscalizados y aprobados en su gasto por la federación. Esto puede sonar a un centralismo retrógrado en detrimento del federalismo y los estados. Pero la situación actual es la de un federalismo simulado que reproduce y premia gobiernos irresponsables en detrimento de sus gobernados y de todo el país.

GOBIERNOS DÉBILES

Un defecto funcional de nuestra democracia es que ha generado gobiernos débiles y de mala calidad. Huyendo del presidencialismo abrumador de las eras priistas, los reformadores diseñaron un régimen presidencial de perpetua minoría, donde la oposición fuese siempre mayoría y pudieran multiplicarse dentro de ella, con relativa facilidad, distintas opciones partidarias. Esta es quizá la peor de las ideas para un régimen presidencial: gobiernos de minoría con una mayoría de fuerzas oposicionistas fragmentadas en el Congreso. Nada tan malo para un régimen presidencial como una oposición difusa, sin liderato preciso ni, por tanto, responsabilidad: es la responsabilidad de Fuenteovejuna.

En el régimen presidencial mexicano la mayoría del Congreso está fragmentada en distintas fuerzas, tantas como nueve, una pluralidad típica más bien de un régimen parlamentario, pero sin los mecanismos de este último para formar mayorías gobernantes, principio cardinal de la democracia.

Si queremos mantener y mejorar la gobernabilidad del régimen presidencialista debemos poner un freno a la fragmentación y a la falsa pluralidad, que dispersa el poder sin mejorar la representación.

Si queremos seguir adelante con la fragmentación y la dispersión del poder, quizá debemos dejar atrás el régimen presidencialista y establecer uno parlamentario, donde el proceso mismo de alianzas entre fuerzas diversas construye gobiernos de mayoría.

La figura por excelencia para crear mayorías absolutas en un régimen presidencial es la segunda vuelta electoral, en la que contienden los dos primeros lugares de la primera.

Problema: el PRI se resiste a la figura bajo el supuesto de que el antipriismo nacional normalmente será mayoría, y el PRI perderá todas las segundas vueltas.

Otro problema: la segunda vuelta aplicada sólo al poder Ejecutivo, y no al Legislativo, puede producir un horizonte de conflicto permanente entre un Ejecutivo con mayoría absoluta en la segunda vuelta, pero con minoría en el Congreso en la primera. Para evitar esta ruta de colisión la segunda vuelta debería extenderse también al poder Legislativo, a lo que se resistirán como al cadalso los partidos minoritarios, que hoy son siete, pues muy rápido el mecanismo los iría eliminando del Congreso y en tres o cuatro elecciones restituiría un escenario de dos o tres partidos dominantes en la república.

Otro camino, como digo, es abandonar de plano el régimen presidencial y empezar a construir uno parlamentario, donde sólo puede formarse gobierno si hay mayoría.

Los dos caminos suponen abandonar la fantasía de que un gobierno de minoría es más democrático que uno de mayoría. No es más democrático, es simplemente más frágil.

En un régimen presidencialista histórico como el mexicano, me cuesta mucho trabajo imaginar el cambio a un régimen parlamentario sin que medie una crisis previa de gobernabilidad. En todo caso, me parece imposible plantear algo sólido en esta materia que pueda ejercerse en las elecciones del año 2018.

La segunda vuelta, con los problemas enunciados, podría ser una medida transicional hacia una solución más compleja, incluyendo el posible paso a un régimen parlamentario. No basta, sin embargo, para corregir el problema de nuestros gobiernos minoritarios e ineficaces.

La construcción de gobiernos presidenciales menos frágiles puede pasar eficazmente por otros mecanismos, como elevar el tope de sobrerrepresentación política (hoy de sólo 8%; en Inglaterra ha llegado a ser de 22%). También puede inducirse la constitución de la mayoría deseable disminuyendo los sitios de representación proporcional en el Congreso y ampliando las facultades de decreto del Poder Ejecutivo.

A la debilidad constitutiva de nuestros gobiernos democráticos hay que sumar su debilidad burocrática. Como he dicho antes, cada seis años, desde el 2000, hemos elegido gobiernos federales sin experiencia previa en ese orden de gobierno, y sin un servicio civil de carrera que sustente la administración en sus niveles profesionales altos.

La construcción de un servicio civil de carrera es una solución obvia a este problema que erosiona todos los días la confianza ciudadana. Pero es un camino largo, apenas iniciado. Podría acortarse legislando que no pueda ocupar ningún alto puesto en el gobierno quien no tenga alguna experiencia previa en la tarea y en la dependencia donde es nombrado.

EQUIDAD Y FINANCIAMIENTO

Hay todo que revisar en los subsidios otorgados a la democracia mexicana y sus criterios. Sabemos que no han logrado evitar lo que buscaban: blindar la competencia electoral contra el dinero oculto que pudiera capturar el proceso: dinero de los empresarios, del narco, de los propios gobiernos. Las tres cosas siguen sucediendo. Junto al mercado de subsidios legales hay un mercado negro electoral de fondos aportados por gobiernos, futuros contratistas y redes criminales. Lejos de vacunar los procesos democráticos contra el poder del dinero y transparentarlo, el diseño vigente los ha corrompido al grado de que nuestras elecciones parecen una subasta. El que no tiene mucho dinero para apostar, aparte del subsidio oficial, apenas puede sentarse a la mesa.

La aparición de los candidatos independientes ha traído un problema adicional: nadie sabe cómo financiarlos, ni con cuánto, ni a cuántos.

Parece llegado el momento de relegislar el asunto del dinero y las prerrogativas que se dan a los partidos. Entre estas últimas, el maratón de spots gratuitos, 42 millones al año que, lejos de potenciar la competencia, la estupidizan con slogans y simplonerías.

Los spots son incapaces de darnos siquiera un atisbo de quiénes son realmente los candidatos, protegidos, además, por la bienpensante pero absurda prohibición de las campañas negativas. Desde el punto de vista de los medios, las elecciones se han vuelto unos carnavales de spots chabacanos, dinero oculto e impunidad pública para candidatos y partidos.

Creo que todo el sistema debe ser revisado bajo la idea rectora de desregular a fondo lo que ha sido regulado de más. La ilusión de que el dinero público puede pagar la democracia debe ser revisada radicalmente. La sociedad toda debe pagar por su democracia, no sólo el erario público.

Hay que devolver a los partidos el libre acceso a los fondos que les dé su sociedad. Hay que desaparecer los spots en favor de la difusión de debates y compromisos programáticos. Deben permitirse las campañas negativas y también debe reabrirse el mercado de los medios a quien quiera adquirirlos.

Todo esto bajo el supuesto de una estricta rendición de cuentas de los partidos y los candidatos. El mercado negro electoral es una de las fuentes de la corrupción que tanto reprocha la ciudadanía en su clase política.

Creo que hay que transparentar ese mercado levantando las restricciones que lo crearon y abriendo a fiscalización rigurosa las finanzas reales totales, públicas y privadas, de cada partido, cada campaña y cada candidato.

Finalmente, hay que responsabilizar personalmente a los candidatos, no sólo a los partidos, de las irregularidades financieras de sus campañas. La imposible equidad debe ceder en esto el paso a la transparencia posible, y la abstracta responsabilidad partidaria a la precisa responsabilidad individual.

AQUELLOS TIEMPOS

Urge no dar por buena nuestra democracia. Urge una reflexión sobre el tipo de democracia que queremos y el tipo de régimen político que se aviene mejor con nuestras diversidades y diferencias.

Todo esto ameritaría abrir una consulta nacional de gran espectro, como la que preparó la reforma del 77. La sola discusión de estas cosas traería un aire fresco a nuestra zarandeada democracia.

En muchos sentidos esa discusión debería hacernos volver al principio, al espíritu más que a los principios con que fue fundada la democracia mexicana, a la actitud que los partidos tenían entonces respecto, por ejemplo, del dinero público y a lo que, según sus cuentas, eran los costos de la actividad política y la contienda democrática.

Me recuerda un antiguo conocedor de los intríngulis de la reforma del 96 que la primera reacción del PAN y el PRD al saber cuánto iba a tocarles para las elecciones del 97 fue escandalizarse. El PAN llevaba medio siglo y el cardenismo una década sobreviviendo y compitiendo con mucho menos. La cifra exorbitante que se les ofrecía era una confesión implícita del viejo régimen sobre el mucho dinero que había dado al PRI.

Las asignaciones se fijaron a partir de lo que el PRI dijo haber gastado en la campaña presidencial de 1994. Las cifras resultantes fueron:

PRI: 437 millones 011 mil

PAN: 259 millones 956 mil

PRD: 194 millones 531 mil

Se entiende que las cifras parecieran exorbitantes a partidos que habían presentado gastos para el año de 1996 por cifras considerablemente menores. El PAN había declarado gastos ese año por 24 millones 572 mil pesos. Iba a recibir casi 260 millones para el año siguiente. El PRD acreditó gastos por 9 millones 215 pesos en 1996. Para 1997 iban a darle 194 millones.

El PAN se escandalizó al punto de devolver el primer cheque de sus nuevas prerrogativas. El PRD dijo que utilizaría ese dinero para comprar libros y repartirlos entre la población.⁵²

No hay noticia de que el PAN devolviera el segundo cheque ni de que el PRD creara un sistema de edición y regalo de libros.⁵³

Guiada por las cuentas de lo que necesitaba el PRI, la reforma de 1996 encareció por 10 y por 15 veces el costo de cada voto en la democracia mexicana.

Harían bien los partidos en volver a su escándalo de 1996 respecto del dinero que recibieron y a las pobres cuentas que han rendido de él.

Aquellos, los partidos de la oposición de 1996 escandalizados por el dinero, son el tipo de partidos democráticos que queremos otra vez, el tipo de partidos que necesitamos para lo que sigue.

⁴⁰ José Antonio Aguilar Rivera, “La cruda democrática”, Tribuna, Milenio, 3 de abril de 2015.

⁴¹ Jesús Silva-Herzog Márquez, Reforma, 8 de diciembre de 2014.

⁴² Al efecto, la reforma estableció el criterio de “que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado” (art. 41 constitucional, fracción II). La Ley General de Partidos Políticos fijó luego que las aportaciones privadas fueran de hasta “el diez por ciento del tope de gasto” (art. 56) De modo que 90% dinero público, 10% dinero privado.

⁴³ http://bit.ly/1rimJcH.

⁴⁴ Luis Carlos Ugalde, “Democracia a precio alzado”, Nexos, agosto de 2015.

⁴⁵ José Antonio Aguilar Rivera, “La cruda democrática”, op. cit.

⁴⁶ Según los cálculos de Juan Pablo García Moreno, hechos en servicio de este artículo, los 17 mil millones de dólares que costó el Plan Marshall el siglo pasado equivaldrían a unos 160 mil millones de dólares de hoy. La renta petrolera mexicana de los primeros años del siglo XXI ha sido 6.6 veces la del Plan Marshall.

⁴⁷ Luis Carlos Ugalde, “Por qué más democracia significa más corrupción”, Nexos, febrero de 2015.

⁴⁸ Luis Carlos Ugalde, “¿Por qué más democracia…”, op. cit.

⁴⁹ Ver Luis Carlos Ugalde (coord.), La negociación política del presupuesto en México, 1997-2012. Impacto sobre la composición y ejecución del gasto público, Sitesa e Integralia, 2014. Disponible en www.integralia.com.mx

⁵⁰ Luis Carlos Ugalde, “¿Por qué más democracia…”, op. cit.

⁵¹ José Antonio Aguilar Rivera, “La cruda democrática”, op. cit.

⁵² Reforma: http://bit.ly/1u7iiw6; Latinobarómetro, 2013: http://bit.ly/1FfosOC

⁵³ Las cifras otorgadas a todos los partidos pueden consultarse en la página electrónica del INE: http://bit.ly/1Ttq5CD Sobre el escándalo de los partidos por el mucho dinero que les dio la reforma política de 1996, esta nota periodística de La Jornada del 23 de noviembre de 1996: http://bit.ly/1Lhpzou Van citas textuales de la nota en cursivas: El representante del Partido de la Revolución Democrática, Leonel Godoy, cuestionó severamente el monto “excesivo” del financiamiento aprobado en el Congreso con el voto mayoritario del PRI: “Queremos volver a decir que nos parece excesivo, que la crisis que agobia al país… no puede darse el lujo de que haya partidos ricos y mexicanos pobres”… Sin embargo, pidió simplemente que estos recursos públicos “cuantiosos” sean “estrictamente vigilados” por el Consejo General del IFE. El representante del Partido Acción Nacional, Juan Antonio García Villa, consideró que este modelo de financiamiento aprobado por el PRI pervierte y desacredita potencialmente a los partidos políticos: “El contribuyente común y corriente sentirá irritación por esta cantidad verdaderamente exorbitante”. Consideró que este desprestigio lo compartirán todos los partidos, no sólo el PRI, “que con su intransigencia llevó hasta estos niveles de escándalo el financiamiento público”. De lo que se trata, agregó, y es una de las finalidades del IFE, es promover la consolidación del sistema de partidos y de una cultura política en el país. “No vamos a lograr ni una cosa ni otra con este financiamiento público de escándalo”, aseguró. El representante del PRI en el IFE, Enrique Ibarra, dijo que (el financiamiento acordado) es coherente con la reforma constitucional aprobada por todos los partidos, permitirá que esas organizaciones políticas capaciten de mejor manera a sus militantes, propiciando una óptima vinculación con sus electores y constituyéndose en agentes eficaces para la promoción y el desarrollo de la educación cívica y la cultura política democrática que se requiere.

PARTE III

Saltando al pasado.
El poder de la costumbre

1

La inquietante república amorosa
de López Obrador
[2017]

En julio de 2017 escribí para el diario El País un esbozo del fenómeno López Obrador, que habría de cambiar radicalmente el rostro de la democracia mexicana con un partido recién creado y un triunfo por mayoría absoluta impensable en las condiciones previas de equilibrios de la democracia mexicana.

25 de julio, 2017. Quien quiera saber algo de las extrañas aguas en que México navega hacia el futuro, debe leer el libro de Andrés Manuel López Obrador, el hombre que trata por tercera vez de ganar la presidencia y va adelante en las encuestas.

El libro se llama 2018: La salida. Decadencia y renacimiento de México. El retrato de lo que López Obrador llama “decadencia”, carga las tintas mientras que la promesa de lo que llama “renacimiento” es de una simpleza que desarma. Pero la mezcla del relato indignado y de la promesa utópica toca parte de las “ganas de creer” que hay en el fondo de la incredulidad mexicana.

Según López Obrador, desde que se implantó en 1983 el modelo neoliberal, México es “una “república simulada, no un gobierno del pueblo para el pueblo. Desde entonces, sin excepción de gobierno o partido gobernante, el “Estado ha sido convertido en un mero comité al servicio de una minoría rapaz”.

Tolstói ha dicho: “Un Estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores”. Desde 1983, dice López Obrador, México está gobernado por una banda de malhechores: una “mafia en el poder”. Los instrumentos de esa mafia son “privatizar, sinónimo de robar”, el “contratismo voraz”, “la delincuencia de cuello blanco” y haberle torcido “el pescuezo a la gallina de los huevos de oro”: Pemex y la renta petrolera.

El recuento es muy eficaz y deja al lector colgado de la memoria de sus propias iras. Lo que uno espera a continuación, es la promesa de limpia. Pero lo que sucede a continuación es lo impensable: López Obrador otorga el perdón a los malhechores.

Escribe: “Les decimos a los integrantes del grupo en el poder que a pesar del gran daño que le han causado al pueblo y a la nación no les guardamos ningún rencor y les aseguramos que tras su posible derrota en 2018 no habrá represalias, persecución o destierro para nadie”(p. 102).

Si dijera o prometiera esto otro candidato, ¿qué diría López Obrador? Diría probablemente que tanta magnanimidad no puede ser sino complicidad. Y tendría razón.

Pasado el trago del perdón, López Obrador se desborda en su propuesta. Cree, con el general Francisco J. Múgica, amigo del presidente Lázaro Cárdenas, que para lograr la prosperidad de México hacen falta sólo “la simple moralidad” y “algunas pequeñas reformas”.

López Obrador no ha ido muy lejos para encontrar al personaje que encarna la reserva de “simple moralidad” que Mújica soñaba y el país necesita. Se ha visto en el espejo y ha concluido que la reserva de “simple moralidad” que le falta a México es él mismo. Él es el instrumento capaz de poner fin a la corrupción que agobia a la república. Bastará hacerlo presidente, y la limpia vendrá desde arriba.

Los “comportamientos corruptos, aparentemente estructurales”, escribe, “se van a eliminar con relativa facilidad porque, entre otras cosas, el presidente de la república no será parte de esos arreglos y, por el contrario, se convertirá en el principal guardián del presupuesto y en promotor decidido de la nueva cultura de la honestidad dentro del gobierno y en la sociedad” (p. 151).

La suspensión de la corrupción, según López Obrador, permitirá un ahorro de 500 mil millones de pesos cada año, con los cuales el Estado podrá recobrar la iniciativa destruida por el neoliberalismo, hacer las inversiones necesarias para que haya crecimiento económico y equidad social, y atraer la inversión privada en proporciones de 1 a 16. Por cada peso invertido por el Estado, los privados pondrán 16, como fue el caso, según López Obrador, durante sus años de gobierno de la Ciudad de México (2000-2005).

Mediante estas sencillas fórmulas, México crecerá 4% en los primeros cuatro años del gobierno de López Obrador, y 6% en los dos últimos. Para entonces “los trabajadores habrán recuperado cuando menos 20% de su poder adquisitivo. Ningún mexicano padecerá hambre y nadie vivirá en la pobreza extrema. Los adultos mayores gozarán de pensiones justas y vivirán sin preocupaciones materiales y serán felices (sic)”.

Porque López Obrador no sólo quiere traer a México prosperidad y bienestar. También quiere implantar una “república amorosa para promover el bien y lograr la felicidad” (p. 261).

Dejamos aquí los linderos de la política y entramos en los del delirio y la fe. La agenda se vuelve evangelio, el proyecto político, oferta de felicidad.

No he visto nunca en López Obrador sino a un político profesional. Soy incapaz de penetrar ni de creer en su dimensión ética. Lo que veo en su evangelio es sobre todo el propósito político. Creo que lee bien, hace tiempo, la revuelta moral (contra la corrupción, contra la impunidad, contra la ineficacia del gobierno) que recorre México. Para subirse a esa potente marea ha decidido ir un paso más allá del discurso de la indignación, hasta el discurso religioso.

Creo que actúa en esto con pragmatismo absoluto, subiendo las apuestas: si tenemos que hacer promesas incumplibles, que sean gigantescas; si tenemos que dar soluciones difíciles, que sean absolutas; si tenemos que estimular la fe, prometamos el cielo en la tierra.

El llamado a creer puede ser la pieza más potente de la propuesta de López Obrador, porque está leyendo algo sencillo y profundo de las emociones que dominan el desencanto mexicano.

Ese algo podría resumirse de la siguiente manera: ahí donde todos dicen ya no creer en nada, debe haber unas ganas enormes de creer en algo que rompa con todo.

No hace falta que las ganas de creer ganen las emociones de todos los mexicanos. Basta con que un tercio de los votantes se disponga a creer que la promesa de López Obrador se hará realidad. Entonces López Obrador ganará la presidencia y los mexicanos pagaremos doble: por haber creído de más, luego de no haber creído en nada.

La república amorosa de AMLO, quiere volver al México anterior a 1983. Busca la restauración del viejo Estado grande y el viejo presidencialismo populista. Es la versión mexicana del oleaje de utopías regresivas que bañan al mundo.

No es una casualidad histórica que vaya ganando. Tampoco una fatalidad que vaya a ganar.

2

AMLO: Autorretrato
[2018]

A fines de marzo de 2018 un grupo de periodistas hicimos una entrevista colectiva para la televisión, larga, de casi dos horas, con Andrés Manuel López Obrador en Milenio TV. Fue una entrevista y fue una querella, por momentos un griterío. Cuando terminamos de grabar me preguntó el editor propietario de Milenio, Francisco González hijo, qué me había parecido. Le dije que transcribiera la entrevista íntegra en el diario impreso porque valía como un autorretrato. Esto escribí en el propio Milenio (9 al 13 de abril de 2018).

EL PROYECTO

Oí con atención las cosas que dijo López Obrador, durante la hora y tres cuartos que duró la entrevista de Milenio TV, y la leí después despacio. Confirmé mi impresión de estar frente a un autorretrato de por lo menos cinco dimensiones.

Primera, su proyecto de gobierno. Segunda, sus instrumentos de gobierno. Tercera, su idea de la democracia. Cuarta, su idea de la Historia. Quinta, su idea de sí mismo.

El proyecto de gobierno de López Obrador es conocido en términos generales pero quedó dicho en la entrevista de manera sucinta y prioritaria.

El problema mayor del país, a su juicio, es la corrupción y lo resolverá con el ejemplo: no buscando castigos hacia atrás para legitimarse (no perseguirá a Peña Nieto), sino buscando “hacia adelante cero corrupción, cero impunidad, un verdadero Estado de derecho”.

Echará atrás la reforma energética aunque le lleve “todo el sexenio”.

“Cancelará” la reforma educativa.

Echará para atrás la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

Se hará cargo personalmente de la seguridad nacional, coordinando todas las mañanas una junta al efecto.

En esta materia, atacará el problema de fondo, dando escuela y empleo, como aprendices, a los 2.6 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, la actual carne de cañón del narco. Serán “becarios, no sicarios”.

Duplicará la inversión pública, de los 500 mil millones actuales a un billón.

Decretará una “suspensión provisional”, para que “se queden como están” los polémicos derechos al aborto, los matrimonios igualitarios, la adopción de parejas del mismo sexo.

Establecerá la figura de revocación de mandato, a la que se someterá cada dos años.

Quizá la nota psicológica mayor de la entrevista es que este proyecto de cambios mayores, un horizonte de pugnas sin fin, fue transmitido con tranquilidad extraordinaria, en el tono de un hombre que está cómodo en su piel y en su cabeza, extraordinariamente suave y dueño de sí.

El anuncio apacible de una tormenta.

INSTRUMENTOS DE GOBIERNO

La ejecución del proyecto de gobierno de López Obrador gira en torno de un presidente que está en todo, que asume personalmente los problemas de la inseguridad y de la corrupción, y que privilegiará el uso de dos instrumentos: el control del presupuesto y la consulta popular.

El control del presupuesto es el eje del proyecto económico. Mediante él se duplicará la inversión pública de los 500 mil millones actuales, al billón que López Obrador piensa obtener de los recortes dirigidos a frenar la corrupción y de la austeridad autoimpuesta en el gasto del gobierno.

De esa duplicación vendrán los recursos fundamentales para la política social del Estado y para que este retome su peso en el ámbito económico.

En sus palabras:

De los 5 billones 300 mil millones del presupuesto, tienes exactamente 500 mil de inversión pública. ¿Qué es lo que yo estoy proponiendo? Aumentar la inversión al doble, o sea un billón, y eso va a salir de un mejor gasto, de que no haya compras que se tengan que pagar con precios excesivos y también un plan de austeridad republicano, reducir el costo del gobierno a la sociedad y todo lo que podamos ahorrar, liberarlo para impulsar el desarrollo.

La consulta popular, por su parte, se insinúa como un eje de la conducción política. Su importancia queda clara cuando López Obrador explica cómo terminará con las reformas energética y educativa.

Habrá primero una discusión nacional. Habrá luego una consulta popular de sí o no. Habrá luego el envío al Congreso de la ley que traduce la voluntad popular expresada en la consulta.

En sus propias palabras: “Son dos momentos, o tres: informar y debatir sobre los grandes temas fundamentales de la nación. Dos, consulta ciudadana: plebiscitos, referéndum, el método democrático que más convenga; y tres, modificación de leyes, que corresponde al Congreso”.

En la entrevista, la consulta se propone como instrumento para cuatro cosas: abrogar la reforma energética, cancelar la educativa, establecer la revocación de mandato (a la que López Obrador se someterá cada dos años) y los polémicos derechos al aborto, el matrimonio igualitario, etcétera.

La política mexicana será un desfile de consultas de sí o no con sus polarizaciones respectivas. Un desfile de querellas binarias.

LAS DOS DEMOCRACIAS

La figura de la consulta popular, favorita de la estrategia política de López Obrador, lleva dentro un concepto dual y encontrado de la democracia.

En el curso de la entrevista de Milenio TV, López Obrador explica su preferencia por esta figura. Dice: “Se equivocan menos los ciudadanos que los políticos. El pueblo tiene un instinto certero, es sabio: consulta ciudadana y que el ciudadano nos diga ‘quiero esto’ o ‘no quiero esto’. En la democracia es el pueblo el que manda, el que decide”.

Interviene Carlos Puig: “Pero hay una representación en el Congreso…”.

Responde López Obrador: “Claro, es que son dos tipos de democracia: una, representativa, que es la del Congreso. Y existe también, debe existir, la participativa. No es que la democracia termina y se agota en una elección constitucional y ya”.

Pregunta entonces Jesús Silva-Herzog Márquez: “Pero ¿sí se percata de que la consulta popular tiene un mecanismo que es una disyuntiva entre sí y no? El espacio del Congreso es un espacio donde podemos decir sí a esto, no a esto otro. La consulta es una manera de plantear la política binaria. ¿Cree que eso es una manera sensata de procesar el conflicto político mexicano?”.

“Claro, eso es lo mejor”, responde López Obrador.

Así planteado, lo primero que se dibuja en el horizonte es la colisión de las dos democracias, la democracia del mandato “participativo”, que se sustenta en el “sí o no” polarizado de los ciudadanos, y la democracia del mandato “representativo”, que se sustenta en la deliberación plural del Congreso.

Asumir como instrumento preferente de gobierno la consulta popular es abrir la ruta de colisión entre la lógica binaria de la voluntad en blanco o negro de la ciudadanía y la voluntad negociada de la lógica representativa, por definición matizada, llena de grises.

La colisión de las lógicas de la democracia representativa y la que López Obrador llama participativa, lejos de clarificar la “voluntad del pueblo”, puede simplemente enredarla, crear legitimidades encontradas, mandatos contradictorios, y un horizonte sin fin de convocatorias a elecciones, querellas institucionales, discordancia entre poderes.

LA HISTORIA

López Obrador es un político empapado, apasionado, encandilado por la Historia con mayúscula, la Historia de la que él quiere ser parte, la Historia que tiene valores, épocas y personajes tan binarios como los que hay en su idea de la democracia participativa y, desde luego, en los cuentos de la Historia Patria.

La Historia de México se resuelve para López Obrador en tres grandes movimientos: la Independencia, la Reforma y la Revolución. Y en tres grandes presidentes: Juárez, Madero, Lázaro Cárdenas.

Lo demás es historia mínima, pequeña, subsidiaria de la Historia con mayúscula, en cuyo cauce él quiere inscribirse.

En sus palabras: “Yo sostengo que estamos a punto de lograr una transformación. Ha habido tres transformaciones: Independencia, Reforma y Revolución mexicana, hace cien años, y vamos a llevar a cabo la Cuarta Transformación”.

Su lucha no es electoral, eso le queda chico a su propósito: “No es una elección cualquiera”, dice, “no es el ‘quítate tú para ponerme yo’. No tendría sentido luchar si no es por una transformación. Es una hazaña”.

Su lema de campaña “Juntos haremos historia” no es un lema, es una certidumbre de ya estar en la Historia con mayúsculas, y en unas dimensiones que no tienen igual en el mundo:

López Obrador: “Ustedes han menospreciado lo que significa el movimiento que se está dando en nuestro país, es el movimiento más importante. Vamos a los egos: por su número y por las convicciones de los que participan, no hay un movimiento en el mundo como el que estamos impulsando, que busque una transformación por la vía pacífica”.

A fuerza de leer una y otra vez la palabra “transformación” uno entiende que la palabra en la que está pensando López Obrador, es Revolución, con mayúsculas pero no quiere abrir ese flanco.

El tipo de presidente que quiere ser, tiene también mayúsculas: “No estoy obcecado con ser presidente de México para ser un presidente mediocre… Quiero pasar a la historia como Juárez, como Madero y como el general Lázaro Cárdenas del Río. Y no es ego, es buscar ser ni siquiera hombre de Estado, quiero ser hombre de nación”.

La Historia está en López Obrador como parte de su ser. Se siente un ser para la Historia, “un hombre de nación”, iluminado y elegido por la Historia.

EGO Y PODER

En cuatro ocasiones, durante la entrevista de Milenio TV, López Obrador dice que algunas de sus certidumbres sobre sí mismo no son inflamaciones de su ego, sino realidades comprobables o aspiraciones lógicas.

La primera se refiere a su convicción de que “no hay un movimiento en el mundo como el que estamos impulsando, que busque una transformación por la vía pacífica, con tanta gente”.

La segunda, cuando dice que quiere pasar a la historia como Juárez, Madero o Lázaro Cárdenas. Y ser algo más que “un hombre de Estado”: “un hombre de nación”.

La tercera cuando afirma (y es verdad, y me da genuina envidia) que tiene “la dicha enorme de conocer todo el país”.

La cuarta es la respuesta más sorprendente para mí de toda la entrevista, y quizá la más reveladora. Es lo que le contesta, hacia el final, a Jesús Silva-Herzog Márquez.

Silva-Herzog pregunta: “¿No tiene usted desconfianza de sí mismo y de sus instintos? ¿No tiene una reserva de duda de sus impulsos?”

López Obrador responde: “Ninguna. Fíjate que no, a lo mejor son los egos. Puede pensarse que es soberbia. Soy y tengo la arrogancia de sentirme libre y buscar siempre en la vida la congruencia”.

Silva-Herzog: “Pero eso no es libertad, es infalibilidad”.

López Obrador: “Yo cometo errores como cualquier persona y busco enmendar mis errores, pero trato de ser muy consecuente. Es lo que estimo más importante en mi vida. Incluso me siento mal conmigo mismo cuando considero que actúo contra un principio que me rige, que me guía. Yo sostengo que el ser humano tiene que guiarse por principios, doctrinas y filosofía”.

Confieso que aquí me pierdo y no sé ya quien habla: si el político iluminado que no tiene dudas o el político normal que comete errores; el político lleno de sí al punto de que no caben en él los cuerpos extraños de la duda, o el político profesional que va dando tumbos en su oficio, fallando y corrigiendo, cayéndose y levantándose y que, en medio del mar imperfecto de la vida política, cuenta y se cuenta el cuento de que se rige por principios, doctrinas y filosofía.

Habrá que preferir siempre al segundo tipo de político sobre el primero, porque el hombre de poder que no sabe dudar de sus impulsos ni desconfiar de sus instintos es, sencillamente, un proyecto de tirano.

3

A las puertas de AMLO
[2018]

En los primeros meses de 2018 empezó a ser evidente que la democracia mexicana iba a cambiar de piel y a echarse en manos del candidato que no creía en ella, Andrés Manuel López Obrador. En mayo de 2018 publiqué en la revista Nexos un perfil de López Obrador. Es el que sigue…

Mayo, 2018. Conocí a Andrés Manuel López Obrador en 1978, cuando fui enviado por el diario Unomásuno a hacer una crónica de lo que empezaba a ser el auge petrolero de Tabasco: un desastre ecológico. López Obrador era delegado del Instituto Nacional Indigenista, entonces parte del ambicioso programa gubernamental de marginados de la época, el famoso Coplamar. Atendía a las comunidades más pobres del estado y había atraído la atención nacional con un proyecto agrícola llamado los “camellones chontales”, que habilitaba campos de cultivo a la manera de las chinampas prehispánicas. Volvimos a acercarnos a fines de los noventa, cuando yo conducía en la televisión el programa Zona abierta y él era presidente del PRD o quizá candidato ya al gobierno del Distrito Federal (octubre de 1999). Lo invité a un programa con Diego Fernández de Cevallos, el ex presidente español Felipe González y el ex presidente mexicano Miguel de la Madrid, quienes vinieron también a una cena después de la grabación del programa. Trataba entonces de acercarlo a la experiencia del socialismo español, a través de Felipe González, y a la idea de un gobierno de izquierda que pudiera hacer las paces con el mercado. En ese camino, le presenté a Carlos Slim, con quien sostuvo una primera conversación en el año 2000, ya electo jefe de gobierno de la ciudad, y a quien invitó a invertir y con quien hizo una buena relación, cuyo fruto público fue la reanimación del Centro Histórico de la Ciudad de México. En los años de López Obrador como jefe de gobierno de la ciudad, nos acercó la amistad de José María Pérez Gay, a quien López hizo su asesor, y de Lilia Rossbach, esposa de Pérez Gay, anfitriona sin par y seguidora fiel del jefe de gobierno.

Nunca me gustó el estilo político rijoso de López Obrador, al revés de su trato distendido, tranquilo, risueño y malicioso. Me sumé a la protesta contra su desafuero, orquestado en el año 2005 por el gobierno de Vicente Fox, para echarlo de la contienda presidencial. No compartí, en cambio, ni comparto, su creencia de que en las elecciones del 2006 le robaron la presidencia con un fraude. Hizo tanto él por perder como sus adversarios por ganarle.

López Obrador arrancó el año 2006 diez puntos arriba de Felipe Calderón en las encuestas. A la vista de su ventaja, decidió suspender sus anuncios en la televisión, y aunque luego los repuso perdió dos meses preciosos. Luego, llamó “chachalaca”, en varios mítines, al entonces presidente Vicente Fox.¹ Lo vieron millones arengando a la plaza pública repleta de un pueblo veracruzano, desencajado, sudando a mares, con guirnaldas de flores hawaianas en el pecho, alzando el dedo flamígero al horizonte y gritándole a Fox: “¡Ya cállate, chachalaca!”, escena irresistible para los medios, que la repitieron sin cesar, mostrando a López Obrador como un político intemperante y desmandado. Luego, rehusó acudir a Acapulco a la convención de los banqueros. También decidió no ir al debate entre los candidatos presidenciales. El año anterior había reñido con Cuauhtémoc y Lázaro Cárdenas. Lázaro era entonces gobernador de Michoacán y su padre, Cuauhtémoc, había sido el mentor de la carrera política de López Obrador dentro de la izquierda, a la que se sumó en 1989. En 2005, López Obrador había rehusado también una alianza electoral con Patricia Mercado, quien acabó lanzándose sola como candidata presidencial del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina.

Con una sola de estas decisiones que no hubiera tomado, López Obrador habría ganado la presidencia en el año 2006, pues la perdió por sólo medio punto porcentual: 243 mil 934 votos. La equivocación mayor, creo, fue dejar de anunciarse en la televisión, donde era muy bien tratado. Con no haberse salido de la televisión, habría conservado la ventaja de al menos un punto que necesitaba para ganar por lo mismo que le ganaron: medio punto. Quizá ese mismo punto ganador habría obtenido si hubiera tratado bien y les hubiera dado garantías a los banqueros de México, como lo había hecho antes con los inversionistas de la ciudad. Al menos un punto de ventaja le habría dado en Michoacán la simpatía, en vez del distanciamiento, de los Cárdenas. Por su parte, la adhesión de Patricia Mercado habría llevado a su causa los dos puntos que esta ganó como candidata presidencial, suficientes para un triunfo lópezobradorista de 1.5 puntos.

Lo que puede decirse de López Obrador en 2006 es que su peor enemigo fue él mismo. Calderón, los panistas y los empresarios le clavaron la etiqueta de que era un “peligro para México”. En realidad fue un peligro para su propia candidatura.

UN POLÍTICO DE INTEMPERIE

Al paso de los años, a la vista de su estilo político rijoso, he pensado, como muchos, que a López Obrador le gusta más el papel de víctima, aunque implique la derrota, que el de triunfador, aunque implique el poder. Javier Tello ha dicho, siguiendo el libro Exodus and Revolution, de Michael Walzer, que López Obrador acusa el síndrome del profeta: ese que encabeza la marcha por el desierto pero que en realidad no quiere terminarla, porque su oficio es guiar los esfuerzos épicos rumbo a la tierra prometida, pero no llegar a ella y enfrentar sus realidades.

Más allá de pulsiones y metáforas, lo comprobable en López Obrador es que su talento se enciende en la chispa del conflicto y de la gran promesa. Toda su vida pública ha sido la escenificación de una batalla. Su mensaje ha sido el de un guerrero que lucha contra el mundo y es derrotado, a la mala, por fuerzas más poderosas que él pero histórica y moralmente despreciables.

Se trata de un fenómeno único en la política mexicana: un político de intemperie en un medio de políticos de gabinete. Una de las ventajas de la política mexicana, con todos sus horrores, ha sido la ausencia de lideratos personales independientes del tejido burocrático. Los políticos mexicanos son del tamaño de sus cargos. Su capital político desaparece cuando pierden las posiciones en el gobierno. López Obrador es un político distinto, un político de plaza y de intemperie en un mundo de políticos de escalafón. Está parado no sobre sus puestos sino sobre su carisma. Y en un medio político de lenguaje ceremonioso, retórico o tecnocrático, en un medio de políticos que leen discursos por lo general pomposos y mal escritos, es un político que habla persuasivamente y crea realidad política con lo que dice.

Todo esto sería una virtud si no fuera acompañado por un fondo autoritario que llama la atención incluso dentro de los usos y costumbres verticales de la política mexicana, más hecha sin embargo a la negociación que a la imposición, dígase lo que se diga. Lo característico de la política mexicana es el dicho favorito de los abogados del mismo linaje: “Vale más un mal arreglo que un buen pleito”. El político mexicano está diciendo siempre, en serio, lo que Groucho Marx dice satíricamente: “Estos son mis principios. Si no les gustan, tengo otros”. La política mexicana es pragmática, flexible, oportunista. Esa es su grandeza y su miseria. Buena parte de la corrupción mexicana viene de la aversión al conflicto de sus políticos, de su disposición a negociarlo todo, preferiblemente con dinero, a partir de otro dicho canónico de la tribu: “Lo que puede arreglarse con dinero, es barato”. Las décadas de hegemonía del PRI, el estilo priista como tal, dependieron menos del autoritarismo que de la cooptación y la corrupción, según la sabiduría de otro dicho canónico: “No les cambies las convicciones, cámbiales los ingresos”.

López Obrador parece un fruto de otro huerto aunque venga del mismo. No negocia, pelea, pero para negociar en sus términos. No tiene aversión sino atracción por el conflicto, pero para pactar después, con la ventaja de haber vencido en el cruce de espadas. Se nutre del enfrentamiento para atraer adhesiones y pactos. Pero tiene una voz propia, inconfundible, que crea realidades políticas. Un ejemplo de este poder fue su fuga hacia delante en las elecciones del 2 de julio del 2006, la manera, increíble y avasalladora, como creó la realidad política del fraude con sus palabras sin haber aportado un solo elemento de prueba de sus afirmaciones.

De sus palabras fue naciendo entre sus seguidores la convicción del fraude que es hoy un artículo de fe que no necesita pruebas, como tantos otros de sus dichos, porque la realidad política que crea López Obrador con sus palabras es casi independiente de los hechos.

Su asalto a la credibilidad de las instituciones electorales fue muy efectivo y en muchos sentidos sigue vigente. Fue una progresión vertiginosa. El día de la elección, dijo que había muchas irregularidades en el proceso, al día siguiente dijo que se habían escondido 3 millones de votos, luego que había habido un fraude cibernético mediante un algoritmo que alteró sistemáticamente el cómputo, luego que había también un fraude “a la antigüita”, con relleno de urnas y falsificación de actas. Ninguna de esas cosas existió, pero él terminó llamando “delincuentes” a los consejeros del Instituto Federal Electoral, “traidor a la democracia” al presidente Fox, “pelele” al virtual ganador de la elección, Felipe Calderón, y “cochinero” al proceso electoral más competido y mejor contado de la historia de México.

Finalmente, en el marco de una manifestación muy concurrida llamó a la “resistencia civil” para “hacer valer la democracia en nuestro país” y para impedir que “con la ilegalidad, el dinero y las trampas, un grupo de privilegiados quiera imponer a un presidente ilegítimo”.

Asombrosamente, al año siguiente, el gobierno de Felipe Calderón y el PRI concedieron en los hechos que la elección había estado mal, cambiaron la ley para prohibir el acceso a la publicidad electoral a todo actor que no fueran los partidos políticos, descabezaron el Instituto Federal Electoral, pusieron nuevo presidente y nuevos consejeros, como si en verdad la institución hubiera hecho el fraude y necesitara refundarse.

López Obrador ha ido por la presidencia tres veces, una desde el cargo de la jefatura de gobierno del Distrito Federal en 2006, otra desde una alianza de partidos de izquierda en 2012, la tercera, sin partido, fundando uno en su camino a la cita de 2018. Aprovechando la red institucional del financiamiento público para partidos políticos, fundó un partido, Morena, y construyó un liderato que habla desde su partido contra los partidos, y desde las instituciones del sistema, contra el sistema. Así ha conseguido poner tras de sí al sector mayoritario de la izquierda, a personajes, partidos y movimientos de la derecha y a un largo contingente de priistas, entre ellos algunos de los que, según la izquierda, le robaron las elecciones de la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas, en 1988.

EL PROFETA VISTO DESDE SU CUARTO DE GUERRA

A partir de 1988, lo que llamamos izquierda mexicana ha dado a luz dos dirigentes mayúsculos, capaces de suscitar adhesiones semireligiosas. Uno es Cuauhtémoc Cárdenas, el otro López Obrador. La diferencia entre ambos, dice Jesús Silva Herzog-Márquez, siguiendo la caracterización hecha por Isaiah Berlin de Churchill y Roosevelt, es que Cárdenas es un “político de la adaptación” y López Obrador, un “político de la tenacidad”. El político de la tenacidad, dice Silva Herzog-Márquez, es “en esencia un hombre de principio único y de visión fanática… No tiene dudas ni titubea y, por medio de la concentración de la fuerza de voluntad, de la brusquedad y el poder, logra pasar por alto gran parte de lo que sucede a su alrededor”.²

López Obrador añade a la tenacidad de su liderato, la eficacia de un método: moviliza físicamente a la gente en torno a un agravio que él formula, encarna y encabeza, cuya indignación se crea y se desahoga en actos masivos (marchas, bloqueos, plantones) que corren siempre por el delgado hilo que separa la protesta de la violencia política. Nada temen tanto y manejan peor los políticos de gabinete mexicanos como la ira en las calles, la protesta a campo abierto, la gente gritando a coro en plazas públicas.

El político de la tenacidad que hay en López Obrador, tiene un lado de profeta que señala hacia la tierra prometida pero tiene también un fondo de político pragmático, puro y duro. La tierra prometida de López Obrador ha adquirido en 2018 la forma de un regreso al “desarrollo estabilizador” de los años cincuenta y sesenta y al “desarrollo compartido” de los años setenta del siglo pasado, es decir un regreso a la “Revolución mexicana” que lo hizo político, en los tiempos del presidente Luis Echeverría (1970-1976).

La ventana del profeta es la del cuarto de guerra del político astuto, como digo: puro y duro. Por ejemplo: en medio de su batalla de estos años contra la “Mafia en el Poder”, emblematizada hoy por el presidente Enrique Peña Nieto, el candidato López Obrador ha dicho que no perseguirá al presidente Peña, porque no lo permite la ley y porque él no quiere ver hacia atrás sino hacia delante. He aquí al profeta de principios intransigentes, proponiendo un acuerdo de político sin principios, que podría enunciarse así: “Si llego a la presidencia, no te perseguiré. A cambio, tú no obstruyas mi llegada a la presidencia”.

Tengo dos ejemplos más pequeños pero igualmente reveladores de este pragmatismo crudo de López Obrador, y de su cruda idea del quehacer político. Recuerdo que alguna vez, luego de un fuerte ataque personal que hizo sobre el secretario de Gobernación, Santiago Creel, durante el gobierno de Vicente Fox, Creel se incendió y le reclamó airadamente en la prensa, pues sentía traicionados los términos convenidos de su diálogo. El comentario privado de López Obrador fue: “No tiene por qué enojarse, no entiende nada. No es contra él, es sólo política”. Dijo otra vez frente a unos amigos, con salvaje humor: “En política hay pendejadas y hay chingaderas. Las pendejadas son las chingaderas que se llegan a saber”.

Yo no he visto nunca en López Obrador sino a un político, un político carismático que juega sus cartas con un sentido pragmático, incluyendo en el pragmatismo sus tonos proféticos, sus efluvios morales y sus tonos religiosos. Me interesan más sus resultados que sus creencias, su método que sus principios. Quizás, me sugiere Juan Pablo García Moreno, colaborador de Nexos, durante la revisión de este ensayo, el mayor triunfo de López Obrador sea haber creado una imagen en donde él es ajeno a la política cuando en realidad es el político más profesional que tenemos.

El efecto vibrante del método de López es la cohesión de sus seguidores y la intimidación de sus adversarios. Los políticos de gabinete retroceden una y otra vez ante el político de intemperie, que crece a sus costillas. Nadie sabe cómo detenerlo, porque es un político efectivamente dispuesto a llegar a donde sus adversarios no, un político que está por encima del horizonte institucional que sostiene y frena a los otros; un líder cuya lealtad primera es a sus causas y a su peculiar concepción de lo justo, un bien que él sitúa en un lugar distinto de la ley, del mismo modo que su idea de la política está en un lugar distinto al de las instituciones y su visión del “pueblo” en un lugar distinto al de la ciudadanía.

El político de intemperie crece desafiando a los políticos de gabinete. Es, por naturaleza, un político de la protesta y de la confrontación: lo mismo si bloquea los pozos de Tabasco para exigir indemnizaciones en los años setenta, que si organiza un plantón de tres meses en Paseo de la Reforma en protesta por el fraude electoral de 2006, que si en su campaña de 2018 llama a la cúpula empresarial una “minoría rapaz” que se le opone porque “no quiere dejar de robar”.

Con López Obrador es siempre “ustedes o nosotros”, “nosotros o ellos”. Nunca el acuerdo parcial de diferencias y semejanzas, característicamente democrático. La negociación democrática no es su manera. Su manera, como puede documentarse en su historia, es la confrontación, una lógica de “todo o nada” que se aviene mal con la lógica de “algo para todos” de la vida democrática, donde se puede ganar el poder, pero no “todo el poder”, y se puede perder y ganar, pero no ganar siempre ni ser siempre víctima del fraude, de la superioridad ilegítima de los otros, del poder (mal habido) de los otros.

En el fondo de la lógica política de López Obrador hay un mecanismo de victimización que empata bien con muchos rasgos de la cultura política mexicana, y con ciertos filones de resentimiento social que hay en todas las sociedades ofensivamente desiguales, como la mexicana.

LA DISPUTA POR LA NACIÓN

El López Obrador que avanza sobre la presidencia en 2018 ha cambiado poco o nada respecto del de 2006. Ha podido contener sus rasgos autodestructivos y ofrecer, junto a su tono confrontacionista, un rostro afable, una sonrisa convincente y su misma propuesta de ruptura, pero que embona ahora mejor con el ánimo encendido de la sociedad mexicana.

La elección de 2018, como ninguna que yo recuerde de la era democrática mexicana, tiene los rasgos de un plebiscito. Es una elección entre proyectos discordantes de país. Repone en gran formato la ”disputa por la nación”, de la que Rolando Cordera y Carlos Tello hablaron, con lucidez anticipatoria, en un libro que, como la historia, ha vuelto por sus fueros: México: La disputa por la nación. Perspectivas y opciones del desarrollo (Siglo XXI Editores, 1981).

La elección de 2018 será un referéndum sobre los dos proyectos que Cordera y Tello describieron en su libro. Primero, el proyecto que llamaron “neoliberal”, que traería consigo “una acelerada integración global con la sociedad norteamericana”, cuya implantación requeriría un “periodo de ajuste” con “mayor marginalidad y polarización, sin menoscabo de que, al mismo tiempo, se produjeran un mayor consumo y un crecimiento económico relativamente rápido”. El segundo proyecto, que llamaron “nacionalista”, implicaría la “reactualización del proyecto cardenista de los años treinta: un vasto programa de reformas económicas y sociales”, destinado a lograr “una efectiva integración económica nacional y una disminución sustancial de la desigualdad y la marginalidad prevalecientes”.

Naturalmente, explicaban Cordera y Tello, ninguna de las opciones existía en la realidad “en estado puro”, ni podría llevarse a la práctica de manera irrestricta.

En los años del primer auge petrolero mexicano (1976-1980) la vía nacionalista alcanzó su clímax y su crisis. Crecieron extraordinariamente los recursos y los poderes del Estado, que se expandió en todos los órdenes, incluido el gasto público, hasta registrar un déficit de 16 puntos en el año de 1982. La respuesta del gobierno al desorden económico consiguiente fue una ampliación todavía mayor del aparato estatal mediante la nacionalización de la banca de ese año.

La herencia para el nuevo presidente, Miguel de la Madrid (1982-1988) fue un gobierno endeudado hasta la parálisis y una sociedad castigada por graves desequilibrios económicos: inflación, devaluación, bajo crecimiento. El péndulo giró de la expansión estatista a su polo contrario: el de la reducción del Estado y la liberalización de la economía, característicos de la “vía neoliberal”. Entre 1988 y 1994, Carlos Salinas de Gortari llevó a su mayor grado de implantación esta vía: liberalizó la economía, privatizó grandes empresas del Estado, como la compañía telefónica, reprivatizó la banca y puso fin al reparto agrario. Negoció también el acuerdo de integración a la economía norteamericana que conocemos como NAFTA o TLCAN, la mayor de las transformaciones económicas institucionales del México moderno. El prestigio de las reformas salinistas cayó al piso en 1994 con el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, y una nueva crisis de finanzas públicas parecida a la de 1982: por exceso de gasto y deuda pública.

La crisis económica de aquellos años y el desprestigio político de sus autores, no alteraron, sin embargo, el rumbo elegido de liberalización, retracción del Estado y promoción del mercado. El presidente Zedillo (1994-2000) estabilizó la economía y se abrió a cambios institucionales claves, como la reconstitución de la Suprema Corte, y la reforma democrática de 1996, que llevó a la primera alternancia pacífica en el poder de la historia de México, en el año 2000.

Los gobiernos democráticos de 2000 a 2012, no avanzaron gran cosa en el rumbo “neoliberal” fijado, debido a la resistencia abierta de la izquierda y a la resistencia soterrada del PRI. Los gobiernos panistas le regresaron el poder al PRI en el año 2012, luego de haber ejercido, sin pena ni gloria, los gigantescos ingresos del segundo auge petrolero de México, que dejó, entre 2003 y 2013, un ingreso, tan inmerecido como dispendiado, del orden del billón de dólares (un millón de millones).

En el año 2010, Rolando Cordera y Carlos Tello Macías reeditaron La disputa por la nación con un texto introductorio que hacía el balance de los logros y las carencias de la vía “neoliberal” adoptada en 1982.³

La transformación económica de aquellos años, escribieron, había sido notable en su apertura al mercado. También lo había sido la transformación política, en el cauce de la democracia. Pero en ninguno de esos campos podían leerse los grandes logros prometidos. La política económica no había traído “los resultados que de ella se esperaban: ni en términos de crecimiento económico, ni de empleo formal, ni de bienestar de la población”.

La reforma política, por su parte, había propiciado la “alternancia pacífica en la presidencia de la República”, pero al final “lo que se impuso fue el estancamiento político y conceptual en el Estado”, agravado por la decisión de lidiar con la pluralidad política “mediante una creciente transmisión de fondos federales a los estados, bajo la forma de mayor gasto corriente y con cargo a los excedentes petroleros”.

Se logró así “una nueva pax panista, pero con métodos similares y más dispendiosos que los usados por el presidencialismo autoritario priista”. La corrupción rampante de los últimos años, en efecto, tiene su origen, y el más pernicioso de sus mecanismos institucionales, en aquella decisión de aceitar la democracia con dinero.⁴

Al final de su ensayo de actualización de La disputa por la nación, Cordera y Tello escribieron que el país no necesitaba más reformas de corte “neoliberal”, sino “reformar las reformas”, “nacionalizar la globalización”, poner la desigualdad y la pobreza como ejes rectores de las decisiones públicas y emprender una “reforma social del Estado”.

Pero lo que siguió no fue eso. Inesperadamente para todos, el gobierno priista de Enrique Peña Nieto encontró el mecanismo para darle al camino “neoliberal” sus más ambiciosos cambios desde el TLCAN. Peña negoció con las fuerzas de oposición, en el llamado Pacto por México, la aprobación de reformas que habían quedado pendientes y nadie había podido implantar. La más notoria de ellas: desmontar el monopolio energético del gobierno federal, abrir el petróleo y la electricidad a la inversión privada, nacional y extranjera. Luego, abrir a la competencia el sector de telecomunicaciones. Luego: cambiar las reglas de competencia económica para castigar prácticas monopólicas y colusión de competidores. Luego, una reforma educativa que rompió el poder de las fuerzas sindicales sobre la gestión escolar y estableció reglas de mérito y evaluación para el ingreso y la promoción de los maestros. También una ley de flexibilización laboral, otra de regulación financiera y otra de recaudación fiscal que tomó varios puntos del producto interno bruto del bolsillo de los contribuyentes y marcó el inicio de la caída en la popularidad del gobierno, que no hizo sino agravarse desde entonces, mediados de 2014, antes del escándalo de corrupción de la casa del presidente y la desaparición de 43 muchachos normalistas de Ayotzinapa en los circuitos del crimen y el narco de Iguala.

No es sólo, creo, la resistencia a las reformas y la desilusión por sus pobres resultados, lo que explica el desprestigio del presidente Peña Nieto. Creo que pesan más en el enojo social las altas tasas de inseguridad y de corrupción alcanzadas durante su gobierno. La pérdida casi total en estos ámbitos se llevó el crédito que hubieran podido tener por sí mismas las reformas y abrió el espacio para que la vieja “disputa por la nación” se instalara de nuevo, ahora entre la vía nacionalista y estatista, asumida por Andrés Manuel López Obrador, viejo rival de las reformas “neoliberales”, y la vía “neoliberal” que compartieron en lo básico sus rivales electorales, Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

LA UTOPÍA REGRESIVA

La inseguridad, la corrupción, el mal gobierno, el mediocre crecimiento económico, el aumento de la desigualdad, la autocomplacencia de los años de Enrique Peña Nieto, sembraron en la sociedad un rechazo de 80% a la gestión gubernamental y la búsqueda de una alternativa por fuera de los partidos, los políticos y las políticas tradicionales.

Hasta el momento de escribir estas líneas, López Obrador era el candidato que había logrado encabezar mejor el hartazgo y prometer más creíblemente la “sacudida” contra la corrupción y contra la inseguridad. Al empezar el mes de abril su intención de voto en las encuestas era de 45%, contra 30% del frentista Ricardo Anaya y 18% de José Antonio Meade, candidato de la alianza que encabeza el PRI.⁵

México lleva camino de incorporarse a lo que parece ya una oleada de cambio mundial, una nueva era nacionalista, globalifóbica, antisistema, antiliberal. El cambio mundial se alimenta de quienes se han quedado atrás en el proceso de globalización.El cambio mexicano reclama los pobres resultados de su democracia, de su economía y de la irritación pública contra una clase política cuya corrupción corre pareja con su insensibilidad frente a los agravios que siembra.

La revuelta mexicana no tiene los tintes racistas, antimigratorios, de la oleada mundial. Tampoco está montada en sentimientos xenófobos, el ascenso de una derecha religiosa intolerante y activa, o de una izquierda delirante, castrochavista. No falta nada de esto en la mezcla, pero no son rasgos dominantes de ella. Los revulsivos de la oleada mexicana son la corrupción, la impunidad y el hartazgo antisistema: rechazo, por sus resultados, a los gobiernos, a los partidos, a las instituciones y sus frutos.

No aparece aún la queja del edén perdido, y la promesa de recuperarlo, con la fuerza que este factor tiene en el discurso de Trump sobre la antigua grandeza americana. Pero está ya en el discurso del líder ostensible de la revuelta, López Obrador, quien se propone acabar con la “mafia en el poder”, igual que Trump quería “drenar el pantano de Washington”. Simetrías aparte, y está la simetría enorme del populismo, por lo pronto, la tentación mexicana sólo es dar un salto fuera de las reglas del juego, probar una promesa de cambio antisistema.

La ventaja de López Obrador en la carrera por la presidencia de México mide el tamaño de esa tentación. Los números corresponden a lo que se habla todos los días. “Ya le toca”, se dice, sugiriendo que su triunfo es cosa de turno democrático. “Ha cambiado, no hay que hacer caso de lo que dice: se moderará en la presidencia”. Entre economistas: “Los mercados ya descontaron el riesgo de que gane. Su triunfo no traerá un terremoto financiero”. El dicho más socorrido es: “México no puede estar peor. Necesita una sacudida”.

Lo común a estos modos verbales son las ganas de creer: que las elecciones de 2018 serán un acto democrático rutinario, que López Obrador ha cambiado, que la presidencia lo moderará, que los mercados no se sacudirán con su triunfo y que el país no debe temer nada pues no puede estar peor. Tengo la impresión contraria: el triunfo de López Obrador no será de rutina, sino de ruptura democrática; su proyecto y sus palabras prueban que no ha cambiado; la presidencia, lejos de moderarlo, lo inflamará; la sacudida de los mercados no ha empezado, vendrá con su triunfo, y el país, desgraciadamente, sí puede estar peor.

Los votantes parecen dispuestos a jugar la opción del cambio de López Obrador, sin reparar demasiado en los detalles de su propuesta, ni en su fuerte acento de vuelta al pasado. A López Obrador le parece que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha traído pocas cosas. Que al país de 120 millones de habitantes lo gobierna una pequeña mafia de políticos y empresarios. Que la democracia no es confiable, aunque lo haya electo jefe de gobierno de la Ciudad de México en el año 2000, y haya hecho posible que compitiera dos veces por la presidencia y esté a punto de darle el triunfo en la tercera.

Si gana, su propósito será acabar con el “Estado neoliberal” de las últimas décadas y volver al “Estado rector” de 1982. El corazón de aquel “Estado rector”, que lo gobernaba todo, era un “Presidente rector” que gobernaba a casi todo el Estado. Aquellos presidentes y aquel Estado encontraron su límite en 1982, con una crisis mayúscula de legitimidad política y de finanzas públicas. México pasó la siguiente década sumido en una crisis de deuda externa que tomaba lo mejor de sus ahorros y de su esfuerzo.

El “Estado rector” de aquellos tiempos y sus presidentes todopoderosos, no se disolvieron por la conspiración de los ideólogos neoliberales, sino por sus propias cuentas de ilegitimidad, corrupción, dispendio, estatismo y abusos presidenciales. Las cuentas terminaron de saldarse con el advenimiento de la democracia, que corrió pareja con la crisis económica, hasta cruzar la meta de la alternancia en el año 2000.

Todo eso es historia conocida y juzgada para los mexicanos de mi generación, pero no para López Obrador, que se refiere a la época anterior a 1982 como a la última buena de México. Aquella historia tampoco está clara para la mayoría de los mexicanos que ven hoy en López Obrador el rostro del cambio deseado y se aprestan a votar por él.

Cambiar es el verbo de la hora en México, porque está todo el mundo harto del gobierno y de sus horas paralíticas. Pero la definición fundamental es qué clase de cambio debe tener el país: un cambio gradual, una “reforma de las reformas”, para usar la expresión de Tello y Cordera en 2010, o un cambio como ruptura, como sacudida. La ruptura suena siempre más atractiva que la reforma, aunque es más riesgosa en sus resultados y más incierta en su ejecución. La propuesta de López Obrador supone procesos legales y políticos complejos, de alta dificultad y fricción política. En muchos sentidos López Obrador quiere meterle reversa a un coche que va andando. Puede hacerse, desde luego, pero antes hay que frenar el coche.

Las reformas de la vía “neoliberal”, adoptadas en México en las últimas décadas son ya un nuevo orden, también un nuevo desorden, en muchos ámbitos de la vida nacional, empezando por la Constitución, siguiendo por la economía, la inseguridad, la corrupción y la baja calidad de los gobiernos.

Echar atrás todo esto con un proyecto de regreso a los años del “desarrollo estabilizador”, como plantea López Obrador, se antoja una promesa de salto al pasado más que al futuro. Este no es argumento que contenga a nadie, porque lo mismo podría decirse del Brexit inglés, que ha sacado a Gran Bretaña de la Unión Europea, o de la elección de Donald Trump, que amenaza cada día las reglas de la democracia estadounidense y la confianza en el liderato global de Washington.

Algo parecido está sucediendo en México: un voto por el cambio, aunque sea para atrás. Como el Brexit inglés o el Make America Great Again de Trump, el proyecto de López Obrador tiene también los rasgos de una “utopía regresiva”, como llamó alguna vez el ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso a los proyectos de gobiernos de izquierda de principios de siglo XXI en América Latina. López Obrador quiere, dice que quiere, literalmente, regresar al año 1982 en que según él empezó la decadencia neoliberal de México.

El mayor riesgo para mí de este proyecto no es que López Obrador quiera o pueda hacer de México una Venezuela o una Cuba, repetir la experiencia histórica de Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales o incluso la de Lázaro Cárdenas.

El mayor riesgo de López Obrador para la democracia mexicana es, como digo antes, que vive la política, fundamentalmente, como confrontación. No hay un momento de su historia pública que no esté marcada por el conflicto, la protesta, el desacuerdo, la movilización, el amago, la dureza verbal, el “tú o yo”, “ellos o nosotros”. No hay sorpresa en que su programa de gobierno no sea reformar, sino romper con las políticas públicas que recibe. Y que sus propuestas de ruptura estén centradas en su voluntad, como si el país fuera una masa de plastilina que él puede cambiar con sus manos y con su ejemplo.

Me preocupa que López Obrador traiga al gobierno, como presidente, el espíritu de confrontación que rige su vida política: litigio múltiple hacia fuera, voluntad única hacia adentro, hasta que la de por sí estridente, revoltosa, con frecuencia estéril temperatura de la vida democrática mexicana, sea un solo gran barullo de enfrentamientos, presentes hasta en la sopa.

El regreso nacionalista y estatista de López Obrador podría tener malas consecuencias económicas. Esto sería grave. Pero quizá más grave sería, y tendría a su vez consecuencias económicas, extender seis años sobre la vida pública del país, el tono de enfrentamiento de los tiempos electorales, ahora con López Obrador en la presidencia, peleando a brazo partido contra todo lo que se opone a lo que propone.

0¹ Chachalaca. 1. Ave galliforme, vocinglera, de plumaje café verdoso y vientre blanco, cuyo macho tiene cresta y barbas 2. Persona que habla en demasía, Diccionario de la lengua española.

0² Jesús Silva-Herzog Márquez, La idiotez de lo perfecto: miradas a la política, México, Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 113.

0³ Rolando Cordera y Carlos Tello, “La nueva disputa por la nación”, Nexos, enero de 2010.

0⁴ Ver Héctor Aguilar Camín, “Nocturno de la democracia mexicana”, Nexos, mayo de 2016.

0⁵ Intención de voto para candidatos, Oraculus, http://oraculus.mx/poll-of-polls/Oraculus.

4

Nuestro populismo
[2018]

Las referencias al populismo inundaron la prensa mexicana ante la inminencia del triunfo de López Obrador. Traté de traer el concepto a la figura política precisa de AMLO en una serie de columnas publicadas en el diario Milenio, días antes de las elecciones, entre el 25 y el 30 de junio de 2018. Este fue el resultado.

Junio, 2018. Dice The Economist que, harto del fracaso de sus gobiernos, el electorado mexicano se la va a jugar con un populista, López Obrador.⁶ Vale preguntarse qué clase de populista es López Obrador. Porque el populismo es un fenómeno raro. Mejor dicho: muchos fenómenos. Hay populismos de varias clases, con rasgos parecidos pero muy distintos entre sí.

El populismo igual surge en la izquierda que en la derecha, puede ser fiscalmente irresponsable o no, racista o no, surge en países ricos y en países pobres, en sociedades desarrolladas homogéneas y en sociedades atrasadas desiguales, no es hijo exclusivo de países agrarios, industriales o postindustriales, ni de algún momento histórico particular.

De manera que vale preguntarse: ¿qué tipo de populista es López Obrador?

Jan–Werner Müller ha dedicado un pequeño libro iluminador a precisar el linaje común a todos los populismos: ¿Qué es el populismo? (Grano de Sal, 2017).

El rasgo fundamental, dice Müller, es que sus portadores se asumen como representantes morales exclusivos del pueblo. No en un sentido literal o demográfico, sino en un sentido simbólico.

El populista no pretende representar a todos los miembros de una sociedad, a todos sus electores y ciudadanos. Sólo a una parte, pero a esa parte que representa al todo, al “verdadero pueblo”, ese que no está presente en los demás partidos políticos, ni en lo que solemos llamar “sociedad civil”, ni, mucho menos, en los gobiernos y en las élites.

El populista es un crítico radical de las élites, dice Werner, pero esto no basta para que sea populista. Ha de ser también un antipluralista, en el sentido de que sólo él representa moralmente al pueblo, en una lógica circular según la cual “quien no apoya a los partidos populistas no puede ser propiamente parte del pueblo”.

“La idea de un pueblo homogéneo y auténtico es una fantasía”, sigue Müller pues, como ha dicho el filósofo Jürgen Habermas: “el pueblo sólo puede aparecer en plural”.⁷

La noción de un pueblo homogéneo y auténtico es “una fantasía peligrosa”, sigue Müller, ya que “los populistas no sólo alientan el conflicto y la polarización, sino que también tratan a sus opositores políticos como ‘enemigos del pueblo’ y buscan excluirlos del todo”.⁸

Suena familiar. Pero, ¿ya estamos ahí?

OPOSICIÓN Y GOBIERNO

México está a punto de elegir —para que lo gobierne— a un líder y a un movimiento político que se asumen como representantes morales exclusivos del pueblo.

Este rasgo, esencial de todos los populismos, ha quedado muy claro en la campaña de López Obrador. También estos otros: el liderato caudillista, el rechazo a la legitimidad de las instituciones, de las élites, de la llamada sociedad civil y de las otras formaciones políticas, como parte del mismo sistema inmoral, corrupto o antipopular (opuesto al pueblo) que hay que barrer.

¿Qué podemos esperar de ese movimiento una vez en el gobierno?

Una vez en el poder, dice Müller, los populistas hacen o tratan de hacer cuatro cosas: colonizar los poderes del Estado, controlar a los medios de comunicación, desarrollar un “clientelismo de masas” y suprimir la sociedad civil. También les gusta hacer nuevas constituciones⁹ (pp. 14 y 62-64).

¿Pero es esto lo que sucederá cuando llegue al gobierno López Obrador?

Hay indicios en sus discursos y en lo que sabemos de sus proyectos, de que, efectivamente, una vez en el gobierno, veremos una versión mexicana de lo que hacen en el poder todos los gobiernos populistas.

Tendrá una votación alta en el Congreso y la posibilidad de controlar el poder Legislativo.

Se dice que estudia la creación de un tribunal constitucional, a la española, que quedará por encima de la Suprema Corte, para modelar desde ahí el poder Judicial.

Ha dicho ya que los medios de comunicación necesitan ser más plurales y que el gobierno debe tener sus propios medios para emitir sus mensajes. Reducirá, sin eliminarla, la partida de publicidad oficial, con el consiguiente control que puede derivarse de manejar recursos escasos y discrecionales en esa materia.

Dos de sus programas fundamentales son subsidios a clientelas masivas: adultos mayores y jóvenes que no estudian ni trabajan.

Por último, ha manifestado varias veces su poco aprecio por “lo que llaman” sociedad civil.

¿Pero es esto lo que sucederá realmente? ¿El gobierno populista de López Obrador será sólo una versión mexicana de lo que estamos viendo en el mundo: Maduro en Venezuela, Erdogan en Turquía, Orbán en Hungría, Trump en Estados Unidos?

AMLO EN EL GOBIERNO

Se dice que en las democracias los resultados electorales deben ser inciertos (competidos) y los gobiernos previsibles. Los mexicanos estamos en la condición opuesta: los resultados electorales de este domingo no son inciertos, tienen un ganador claro, López Obrador, pero el gobierno que viene no es previsible.

Yo he preguntado a gente que va a votar por López Obrador, a gente próxima a él, incluso a quienes son ya sus colaboradores, si saben realmente lo que López Obrador hará cuando llegue al poder, si será como presidente más bien un radical o un pragmático.

Cada quien dice con certidumbre lo que espera que suceda, aquello que le parece a él o a ella que sucederá, pero nadie lo sabe a ciencia cierta. Nadie tiene una respuesta que no albergue la excepción o la duda.

López Obrador no es previsible para sus simpatizantes y sus colaboradores, acaso como todo buen político.

El hecho es que los mexicanos se disponen a entregar un poder enorme a un líder que creen conocer bien, pero que no conocen realmente, y a un partido/movimiento, Morena, del que ignoran casi todo.

Creo que en López Obrador conviven el predicador y el pragmático, el agitador de la plaza pública y el político profesional, y que esa dualidad lo acompañará en el gobierno, como a toda oposición que se hace gobierno.

La oposición sueña, el gobierno debe estar despierto. La oposición atiende a sus sueños, el gobierno a las realidades.

Es la fábula del borracho y el cantinero. El borracho pide, grita, alegra, agita o violenta el local. El cantinero debe atender al borracho, aguantar sus gritos, calmar sus ánimos, cuidar el local.

En su camino al gobierno, López Obrador ha reventado a varios cantineros, pero ahora le toca el turno de estar tras la barra atendiendo las clientelas y las expectativas que él mismo ha creado.

Creo que la gran debilidad de López Obrador como gobernante acabará siendo la gran expectativa que sembró frente a la precariedad de los instrumentos que tiene para cumplirla.

Quizá la precariedad mayor sea que todo lo que López Obrador quiere hacer en el gobierno necesita dinero público, un dinero que él espera obtener del presupuesto federal, ya que ha prometido no aumentar impuestos ni crecer la deuda.

Ese dinero probablemente no existe pero, al paso que llevan las finanzas públicas, para el fin del año, principio de su gobierno, menos existirá.

¿EL PREDICADOR O EL PRAGMÁTICO?

Hay un proyecto mínimo de gobierno y un proyecto máximo en López Obrador.

El proyecto máximo es el que oímos en la plaza de labios del predicador. Supone un ataque abierto al consenso neoliberal que ha regido la economía y la política de los últimos treinta años de México.

En la economía, el consenso neoliberal significa la prevalencia del mercado y el libre comercio sobre el estatismo y el nacionalismo económico. En lo político, una prevalencia del pluralismo sobre la antigua hegemonía presidencial priista.

El proyecto máximo de López Obrador supone un regreso a la rectoría económica del Estado, al nacionalismo económico y la cancelación de las reformas del gobierno de Peña.

En lo político, el proyecto máximo busca una nueva hegemonía política, cuyas cifras electorales recuerdan las del viejo PRI, salvo que han sido obtenidas por medios indisputablemente democráticos.

El proyecto mínimo de López Obrador se han cansado de explicarlo, y muy bien, sus asesores económicos. Consiste en redirigir 500 mil millones del presupuesto hacia prioridades del nuevo gobierno.

¿De dónde saldrán esos 500 mil millones? Grosso modo: 300 mil de lo que se da a los estados, 100 mil de menos publicidad oficial y austeridad en el gobierno, 100 mil de consolidar las compras del gobierno federal.

¿En qué se gastarán? Grosso modo: 200 mil millones en el canal transístmico y en una refinería en 2 Bocas, Tabasco; 130 mil en subsidios a adultos mayores y a jóvenes que no estudian ni trabajan; el resto, a un pago adelantado de la deuda.

En el proyecto mínimo no se habla de cancelar la reforma educativa (más bien se plantea una reforma de la reforma) ni de suspender la energética (les preocupan sobre todo los contratos dados a mexicanos).

A la hora del gobierno, creo que no tendremos ni el proyecto máximo ni el proyecto mínimo, sino una mezcla hecha a mano por López Obrador, según el criterio que le dijo a Jon Lee Anderson: “Yo siempre pienso igual, pero actúo según las circunstancias”.¹⁰

0⁶ “AMLO, Mexico’s answer to Donald Trump”, en The Economist, 21 de junio, 2018, https://econ.st/2lq0mBl.

0⁷ Jan-Werner Müller, ¿Qué es el populismo?, México, Grano de Sal, 2017, p. 55.

0⁸ Ibid., p. 14.

0⁹ Ibid., pp. 14 y 62-64.

¹⁰ Jon Lee Anderson, “A new revolution in Mexico”, en The New Yorker, 25 de junio de 2018. https://bit.ly/2t49gID.

5

En busca de Morena
[2018]

En la recta final del ascenso de López Obrador en las elecciones de julio 2018, de pronto apareció en la cabeza de muchos la pregunta sobre el enigma del partido que lo postulaba, no un partido en realidad sino un movimiento, el Movimiento de Regeneración Nacional: Morena. Morena había crecido tan rápido en tres años que era una formación perfectamente desconocida para todos. Muchos hicieron el intento de explicar qué era, yo también, en el diario Milenio primero, y en la revista Nexos, en su edición de julio, pero escrito todo antes de la elección, dando por hecho lo que decían las encuestas: que el triunfo de Morena, no sólo de López Obrador, sería el tsunami electoral que fue.

Julio, 2018. ¿Morena? ¿Qué es Morena? La democracia mexicana ha sufrido un vertiginoso cambio de piel. En sólo unos meses, camino a las elecciones de 2018, quemó sus referentes tradicionales, diluyó a sus partidos clave, borró sus identidades políticas y encumbró a un nuevo partido mayoritario.

Cambió de forma y de fondo luego de 18 años de no producir lo que se esperaba de ella: una era de bienestar y buen gobierno.

Los tres gobiernos de la primera democracia mexicana fueron cortos en sus resultados y largos en las consecuencias de sus errores. El gobierno de Vicente Fox (2000-2006) decidió atenuar con dinero del presupuesto federal a la oposición política y corrompió la democracia. El de Felipe Calderón (2006-2012) declaró la guerra al narcotráfico y ensangrentó al país. El de Enrique Peña Nieto (2012-2018) expandió la violencia y multiplicó la corrupción.

Durante estos gobiernos, los partidos políticos tuvieron en sus manos el tablero electoral completo y, en vez de aprovechar constructivamente sus ventajas, abusaron de ellas, hasta perder la confianza de los electores. Echaron por la borda su capital mayor que era la fidelidad de los votantes, el famoso “voto duro”.

La democracia mexicana cerró su primer ciclo de vida con un saldo de malestar económico, violencia al alza y corrupción endémica.

El saldo entre los votantes es una irritación general que ha vengado sus agravios votando mayoritariamente por Morena, un hijo desafiante del sistema, nacido en el seno mismo de la partidocracia —de sus reglas, de sus facilidades, de sus dineros—, pero capaz de hablar creíble y poderosamente contra ella, como si viniera de otra parte y se dirigiera a un lugar distinto de donde viene.

El triunfo de Morena sanciona la aparición de una nueva mayoría y un nuevo sistema de partidos: una segunda época de la democracia mexicana.

Pero ¿qué es Morena? ¿A quién le están entregando los electores mexicanos el enorme poder que llega a sus manos con las elecciones de julio?

Creemos conocer bien al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pero no sabemos, ni siquiera aproximadamente, qué es Morena. Entre otras cosas, porque está todavía en expansión y no acaba de tomar su forma.

Lo que sabemos con certeza es que la expansión vertiginosa de Morena es la novedad mayor no sólo del sistema de partidos sino del ánimo cívico mexicano, que busca hoy lo que ayer repudiaba: un partido mayoritario, un gobierno grande, un presidente poderoso.

Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, con su alusión manifiesta al culto guadalupano, es en su origen una escisión de la izquierda mexicana, cuyo partido central fue hasta 2018 el PRD.

Morena fue fundada en 2011 como un “movimiento” distinto a la coalición de partidos de izquierda que tenían a López Obrador como candidato a la presidencia en 2012.

Tal como lo ha contado Ivabelle Arroyo¹¹ la decisión del PRD de participar en el Pacto por México, la iniciativa mayor del gobierno de Peña Nieto, separó a López Obrador de la coalición y lo indujo a convertir su movimiento en un partido.

El partido Morena celebró su primer congreso nacional el 20 de noviembre de 2012 y obtuvo su registro el 9 de julio de 2014. En su primera salida electoral, a las elecciones federales de 2015, obtuvo 3 millones 343 mil votos, 8.9% del total.

En las elecciones estatales de 2017 se hizo manifiesto su ímpetu como nuevo partido. Obtuvo 11.99% de los votos de Coahuila, 12.7% en Nayarit, 17.43% en Veracruz y 30.78% en el Estado de México. Casi 2 millones de votos en sólo cuatro estados.

Su financiamiento público creció en forma proporcional. Recibió (números redondos) 33 millones de pesos en 2014, 137 millones en 2015, 381 millones en 2016, 392 millones en 2017 y 404 millones en 2018.

Morena fue el muy pragmático camino de Damasco de cientos de políticos profesionales, desplazados de la política o desgajados de otros partidos. Los partidos aliados de Morena dan cuenta de los rangos del pragmatismo de que hablamos.

El Partido del Trabajo, aliado de Morena, es la única formación política de México que tiene en su programa la expresión maoísta “línea de masas” y el propósito de crear una “sociedad socialista”. Encuentro Social, su segundo aliado, es el primer partido confesional de la democracia mexicana, el brazo político de las iglesias evangélicas del país.

Morena, por su parte, se define a sí misma como “una organización política amplia, plural, incluyente y de izquierda”. No obstante, conforme se expandió y atrajo políticos de los rumbos más inesperados, fue quedando claro que no es ni quiere ser un partido de izquierda, o no sólo, ni un partido ideológico, o no fundamentalmente.

La describe mejor este otro pasaje de su declaración de principios: “Nuestro partido es un espacio abierto, plural e incluyente, en el que participan mexicanos de todas las clases sociales y de diversas corrientes de pensamiento, religiones y culturas”.

En busca de una pista para leer a Morena más allá de estos momentos fundadores, el historiador Ariel Rodríguez Kuri me sugirió, en un correo personal, volver “a lo obvio”, a la elección inicial de Morena sobre su nombre, al hecho de que, desde un principio Morena no se asumió como “partido” sino como un “movimiento”. Se ha puesto demasiada atención en la palabra regeneración, dice González Kuri, pero la idea de movimiento acaso explica más.

La noción de movimiento, en efecto, tiene un eco más largo que la de partido. Más flexible también ante compromisos públicos cuya intensidad escoge cada quien, pero que ofrece a todos la sensación de ser parte de un colectivo más grande, menos desprestigiado y menos exigente que un partido: un movimiento. El movimiento es mucho más grande que el partido, del mismo modo que el priismo fue en su tiempo mucho más grande que los militantes del PRI.

Como el antiguo PRI, Morena es un partido/movimiento que aspira a cacharlo todo, a ser el nuevo recipiente de la diversidad nacional. Morena no quiere ser un partido sino el molde de una nueva hegemonía nacionalista y nacional.

Jesús Silva-Herzog Márquez ha leído bien el proyecto de nueva hegemonía política. Escribe Silva-Herzog:

Morena carece de contornos. Ya no es un partido de izquierda sino una cazuela que quiere recogerlo todo. El único punto de unión, por supuesto, López Obrador. Como una nueva versión del PRI, Morena le ha abierto la puerta a todos. Ahí están los líderes del sindicalismo más corrupto y los panistas más conservadores. Ahí conviven evangélicos y jacobinos. Ahí se juntan los admiradores de Kim Jung Un con los aduladores de Enrique Peña Nieto… Más que como expresión de una parte que aspira a la mayoría, se concibe como síntesis del todo. Esa es la intención: ser el vehículo político del país auténtico. Morena y sus aliados son el nuevo pulpo, el nuevo imán de una hegemonía en formación”¹².

No sorprende el sabor a PRI de la declaración de principios: “En Morena participan mujeres y hombres; empresarios, productores y consumidores; estudiantes y maestros; obreros, campesinos e indígenas. Estamos convencidos que sólo la unidad de todos los mexicanos hará posible la transformación del país”.

Las adhesiones en el camino de Morena a la elección de 2018 no han tenido una lógica moral o ética, como dicen sus documentos fundadores, sino una lógica política, de pragmatismo puro.

La adhesión a Morena otorgaba durante los meses de campaña el boleto de entrada al “país auténtico”, a la bondad de la causa misma, lavando diferencias previas, y proyectándose al futuro, en busca de la unidad perdida y de la nueva hegemonía política que traerá el “cambio verdadero”.

El problema fundamental de Morena en el gobierno será satisfacer las expectativas que ha sembrado en sus seguidores y mantener unidos a sus políticos profesionales.

Lo primero sólo podrá conseguirlo un gobierno eficaz, tarea que se antoja irremontable, gane quien gane, pues la herencia central de nuestra democracia es una colección de gobiernos fallidos, ineficaces, dispendiosos y corruptos.

Mayúsculo será también el reto de conducir el aluvión de los políticos profesionales. Salvo por el núcleo fundador, los políticos profesionales de Morena no tienen pedigree partidario. No son de ahí. Hay los comprometidos de la primera hora, y los de la segunda, y la tercera y la cuarta. No tienen historia común de partido o de movimiento, ni señas de identidad vinculantes, ni lealtades y usos y costumbres compartidos. Vienen a un movimiento que es como una especie de fiebre del oro de la política.

Es previsible que los políticos de la primera ola se lleven mal con los de la segunda, los de las segunda con la tercera, y así sucesivamente: un aleph de discordias entre gente que acaba de conocerse.

Las discordias de políticos profesionales siempre tienen consecuencias. En el camino de Morena serán más importantes los pleitos de sus políticos profesionales, escondidos hoy bajo la sombra de la unidad y la adhesión a su líder, que los desacuerdos de los seguidores.

El líder indiscutido de hoy tendrá que lidiar con los lideratos intermedios de mañana, entre otras cosas porque no podrá saltar por encima de ellos hacia el pueblo puro y duro.

Salvo los casos visibles, algunos de los cuales representan lo peor de la política mexicana, la incógnita de los políticos profesionales de Morena es quiénes son realmente. Mejor dicho: quiénes resultarán ser una vez que se asienten las aguas.

Porque Morena es una especie de niño que se hizo adolescente en doce meses y adulto en veinticuatro y se está quedando con el gobierno de un país de 120 millones de habitantes en un solo aluvión electoral.

¹¹ “Morena y el camino a la hegemonía”, Nexos, julio de 2018.

¹² Jesús Silva Herzog, “Sobre un volcán”, Nexos, junio de 2018

6

Diario al pie de una victoria
[julio-agosto de 2018]

Registré al paso de los días en entregas al diario Milenio mis primeras impresiones sobre la victoria de López Obrador, más amplia y menos ríspida de lo que muchos esperábamos. He puesto esos registros en la siguiente secuencia tratando de preservar la frescura de su inmediatez. Valen como notas anticipatorias de un gobierno que ha regresado la democracia mexicana a su escena temida: un presidente fuerte, de los de antes, con mayoría absoluta en el Congreso, dominio de los medios y popularidad superior a su votación de 53 por ciento. Añado que las elecciones de julio desmintieron mi convicción de que nuestras normas democráticas impedían la construcción de gobiernos de mayoría que me parecían deseables. Debía estar contento con que los electores hubieran dado ese paso, abrumadoramente, a favor del siguiente gobierno de México. No lo estaba. Había llegado al fin el gobierno mayoritario necesario para salir de la parálisis y mejorar la gobernabilidad, pero esa mayoría era para un presidente que se proponía echar abajo el proyecto de modernización que acompañó nuestra democracia: el de un país liberal en lo económico y plural en lo político. Sigo creyendo que la mayoría es consustancial a la democracia y a la gobernabilidad. Pero no comparto el proyecto del nuevo gobierno mayoritario de México. Su mayoría tendrá al menos una virtud consustancial a la lógica del gobierno de la mayoría: será plenamente responsable de sus decisiones, no obstruidas por nadie.

LAS GANAS DE CREER

2 de julio, 2018. Escribo esto por la tarde del domingo, antes de saber los resultados exactos de la elección del 1 de julio, la más grande, por su número, de la historia de México.

No tengo cifras definitivas de los resultados, pero todo indica, por las primeras encuestas de salida, que ayer hubo un cambio mayúsculo en la estructura misma de la democracia mexicana, que es su sistema de partidos.

El electorado castigó severamente a los antiguos referentes partidarios, el PRI, el PAN y el PRD, y dio a luz a un nuevo partido mayoritario, Morena, así como a un presidente y a un gobierno fuertes, con un mandato como no había tenido ningún contendiente desde la alternancia democrática del año 2000.

Las elecciones de ayer reconocen como mayoritario un proyecto de gobierno de ruptura respecto de los que hasta ahora encumbró la democracia mexicana.

El triunfo de López Obrador y de Morena pone fin al consenso liberal o neoliberal que guio la política y la economía de los últimos años.

Da el poder a un presidente que quiere restablecer la rectoría del Estado sobre el mercado, y lo hace reduciendo el pluralismo característico de los últimos comicios: el de una democracia dividida en tercios, que dio lugar una vez y otra a gobiernos divididos, minoritarios en el Congreso. El de López Obrador no será un gobierno dividido, como los anteriores, no será minoritario en el Congreso.

En muchos sentidos puede decirse que esta elección esboza el principio de una nueva hegemonía política.

En el océano de incredulidad pública que era el ambiente político de nuestro país, López Obrador encontró otro océano, también enorme: el de las inmensas ganas de creer.

Convenció a millones de mexicanos de que iniciará lo que llama la Cuarta Transformación de México, un cambio del tamaño de la Independencia, la Reforma y la Revolución.

La desmesura de la comparación habla del tamaño de la esperanza que su candidatura ha convocado. Y también del tamaño de la aventura que los electores mexicanos iniciaron ayer. Han hecho una gran apuesta sobre una gran promesa.

Diría para abreviar que ayer terminó la primera época de la democracia mexicana y dio principio la segunda. Y que ayer fue el día de la esperanza, de las ganas de creer.

LA DEMOCRACIA MEXICANA SE RENUEVA RECHAZÁNDOSE

3 de julio. El domingo 1 de julio pasado debió quedar reconciliada con la democracia mexicana la absoluta mayoría de los mexicanos. O, al menos, la mayoría absoluta que votó por López Obrador (53%).

Si algo fue claro en la jornada del domingo es que los votos de los inconformes no sólo se contaron y contaron, sino que fueron reconocidos sin regateo alguno por las instituciones y por sus competidores.

El hecho debería marcar un antes y un después en el aprecio por la democracia de los mexicanos, que rutinariamente le dan uno de los más bajos rangos entre países latinoamericanos.

Muchos votantes lópezobradoristas, y el candidato mismo, acudieron a estas elecciones bajo sospechas y advertencias de un posible fraude, convencidos de que podían ser despojados del triunfo con malas artes.

En sus discursos de victoria, López Obrador reconoció la imparcialidad del presidente Peña Nieto en el proceso, y la de los medios de comunicación, que esta vez se portaron, dijo, de modo ejemplar.

Olvidó mencionar a las instituciones electorales mismas, al INE en particular, y al millón y medio de ciudadanos que instalaron y cuidaron las casillas voluntariamente, sin recibir otra cosa que el reconocimiento un tanto rutinario de su sociedad.

El voto del domingo pasado fue un gigantesco voto de castigo contra los usos y costumbres de la democracia mexicana, contra el descrédito de los partidos y los gobiernos nacidos de ella, contra su corrupción, su ineficacia y contra su representatividad diluida.

No es la menor de las paradojas el hecho de que ese voto de rechazo valga hoy como un voto de legitimación de la democracia misma, como el principio de un nuevo reparto de la representación y el poder.

La democracia realmente existente encontró en el rechazo mayoritario la puerta a su renovación. Yo diría que goza hoy de una nueva legitimidad, rubricada por el triunfo de quienes más inconformes estaban con ella.

Los votantes votaron contra la democracia que tenían y al hacerlo le devolvieron la credibilidad. Se hicieron parte de ella, la rejuvenecieron, se volvieron, de un día para otro, sus beneficiarios y uno esperaría que, de aquí en adelante, sus guardianes.

TIEMPO DE CREER

4 de julio. Las elecciones del 1 de julio han castigado severamente a los antiguos referentes partidarios del país: el PRI, el PAN, el PRD. Han dado a luz a Morena, un nuevo partido mayoritario, y entregado la mayoría absoluta al nuevo presidente electo y a su proyecto de ruptura con los gobiernos mexicanos de los últimos 30 años. En suma, pusieron fin al consenso liberal que había guiado durante toda la transición democrática, la política y la economía de México. Abrieron el espacio a la construcción de una nueva hegemonía política: un sistema de partidos con partido dominante.

Las elecciones dan el poder a un presidente que quiere restablecer la rectoría del Estado sobre el mercado, y lo hace reduciendo el pluralismo característico de una democracia dividida en tercios, que dio lugar una vez y otra a gobiernos divididos, minoritarios en el Congreso.

El de López Obrador será un gobierno con mayoría en el Congreso, por primera vez desde 1997, con una mayoría que recuerda las cifras del antiguo PRI. En muchos sentidos puede decirse que esta elección esboza el principio de una nueva hegemonía política de México.

En el océano de incredulidad pública que era el ambiente político del país, López Obrador encontró otro océano, también enorme: el de las ganas de creer.

Convenció a millones de mexicanos de que iniciará lo que llama la Cuarta Transformación de México, un cambio del tamaño de la Independencia, que separó al país de España en 1821, de la Reforma, que estableció la separación de la Iglesia y el Estado en México en 1857, y de la Revolución mexicana, que estalló en 1910.

La desmesura de la promesa de cambio de López Obrador habla del tamaño de la esperanza a que su candidatura ha convocado. Y también del tamaño de la aventura que los electores mexicanos iniciaron el domingo 1 de julio de 2018. Han hecho una gran apuesta sobre una gran promesa, a mi juicio imposible de cumplir.

Diría para abreviar que el 1 de julio pasado terminó la primera época de la democracia mexicana, la que empezó en 1988 con la fractura del PRI y la aparición del Partido de la Revolución Democrática de Cuauhtémoc Cárdenas. Empezó la segunda época el pasado domingo, con la aparición de un partido dominante, Morena, la práctica desaparición del PRD, la disminución al borde de la agonía del PRI y el debilitamiento paralelo del PAN, los tres referentes partidarios clave, hasta ahora, de la política democrática de México.

El voto del domingo pasado fue un gigantesco voto de castigo contra los usos y costumbres de la democracia mexicana, contra el descrédito de los partidos y los gobiernos nacidos de ella, contra su corrupción, su ineficacia y contra su representatividad diluida.

TRUMP Y LÓPEZ

6 de julio. La prensa internacional ha presentado las elecciones mexicanas del domingo 1 de julio como la respuesta mexicana a Trump: la elección de un presidente fuerte en México contra un presidente desafiante en Estados Unidos.

Debo decir que no hay ningún indicio significativo de que esta haya sido la lógica de los votantes mexicanos. El de México, fue un voto de hartazgo interno, vinculado apenas, en la conciencia de los votantes, con los retos de la vecindad o de la política internacional del país.

México ha satisfecho el domingo sus inmensas ganas de creer en algo. Ese algo es tan grande que difícilmente podrá volverse realidad. Pero los tiempos de México no son los de la realidad sino los de la esperanza.

El mandato recibido por López Obrador le dará sin duda una legitimidad, que el actual gobierno no tiene, para hablar a nombre de México. Eso fortalece su voz, pero no dice nada preciso respecto de las coordenadas sustantivas de la relación entre ambos presidentes.

Para empezar, no cambia a Trump que es, en su impertinencia y su imprevisibilidad, la variable definitoria de la relación, quizá no entre los dos países, pero sí entre los dos gobiernos.

La prensa tomará siempre como primera instancia informativa los detalles de la conversación entre los presidentes, como ya ha tomado el tema de sus similitudes de estilo y tono, su lenguaje intenso, su populismo idiosincrático y su disposición a los duelos verbales.

El hecho político es que las relaciones con Estados Unidos, incluso en esta época de alta tensión, no han sido un factor significativo de la elección del domingo pasado.

Quizá los votantes están ciegos y no leen bien la realidad que los circunda y que los condicionará. Pero han votado, creo, con independencia del factor externo, sin medir los riesgos o las ventajas internacionales de su voto, sin mirar a Trump como amenaza ni a López Obrador como escudo nacionalista.

Las simpatías y diferencias de los estilos de los presidentes serán importantes, incluso decisivas, en la relación bilateral, pero no pueden alterar su curso.

Trump y López Obrador pueden ser presidentes cercanos o distantes, pero México y Estados Unidos son países condenados a la vecindad, al conflicto y a la integración. Es decir: a la vecindad y al conflicto, por la integración.

GOBIERNO ADELANTADO

16 de julio. En un tour de force sin precedente, López Obrador ha hecho suyo el interregno de presidente electo.

El 1 de julio ganó la elección con 53% de los votos.

El 2 habló una hora con el presidente Trump.

El 3 se reunió con el presidente Peña Nieto y dio una conferencia de prensa sobre lo que hablaron.

El 4 ratificó a sus secretarios de Hacienda y Gobernación, se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial y recibió el apoyo a su política económica.

El 5 nombró a su canciller. Nueve empresarios a los que llamó en campaña “minoría rapaz”, cerraron filas con su presidencia.

El 6 dijo que había recibido una carta del mayor empresario de México, Carlos Slim, y otra de Germán Larrea, con quien tuvo el mayor choque en la campaña, comprometiéndose a “invertir en México para sacar adelante al país”.

El 7 verbalizó su estado de ánimo: “El pueblo y yo nos adoramos. Es amor recíproco. Amor con amor se paga”.

El 9 reunió a las cúpulas de industriales y comerciantes, que hicieron suyo el programa de apoyo a 2.6 millones de jóvenes para que se contraten como aprendices.

El 10 anunció la visita de cortesía de los secretarios estadounidenses de Estado, del Tesoro, de Seguridad Interior y del yerno de Trump.

El 11 se reunió con los candidatos triunfantes de Morena al Congreso y les dijo que la política es tentación, que manden al carajo a sus aduladores y se despierten cada día pensando en sus principios.

El 11 difundió las 12 iniciativas de ley que enviará al Congreso, entre ellas cuatro reformas constitucionales.

El 12 tuvo una reunión con gobernadores en funciones, que le declararon su apoyo, y anunció que tendrá un representante único en los estados, en lugar de las delegaciones fragmentadas que ahora tiene.

El 13 recibió la visita de cortesía anunciada de los miembros del gobierno de Estados Unidos y mandó una carta a Trump con su propuesta de relación bilateral. También el 13 se publicaron sus 50 medidas contra la corrupción y por la austeridad.

Han pasado sólo unos días y el presidente electo de México ocupa toda la escena. Vivimos un gobierno anticipado, un anticipo de gobierno.

LA DEMOCRACIA MEXICANA BORRA SUS CONTRAPESOS

17 de julio. Antes de tomar el poder, el presidente electo de México ya tomó la escena. La suya ha sido una toma de poder adelantada.

El gobierno electo se anticipa a sus tiempos legales. Ha salido a comerse el mundo y el mundo que quiere gobernar ha salido a reconocerlo y a ponerse de su lado con rapidez paralela. Han reconocido su triunfo sus adversarios políticos y el gobierno, sindicatos oficiales y empresarios, medios y redes sociales, Estados Unidos y los gobiernos del mundo.

Hay prisa en el nuevo gobierno. También desmesura. Y una buena lectura de la oportunidad del momento, de la marea propicia. Hay, también, una lógica política implacable:

Teníamos hasta el 1 de julio un gobierno mudo con 20% de aprobación. Tenemos desde el 1 de julio un gobierno de tremendo instinto mediático electo con 53% de los votos, con mayorías absolutas en el Congreso y mayorías constitucionales al alcance de la mano.

Es un escenario, digamos así, de sobra de legitimidad y vacío de gobierno. Dicho de otro modo: de un triunfador sin contrapesos.

La votación del 1 de julio borró el juego de partidos a que nos habíamos acostumbrado y le dio al triunfador todo el poder que puede dar un proceso democrático, un poder que es lo más cercano al poder absoluto alcanzable en una democracia.

La elección del 1 de julio, además, consagró una preponderancia política con legitimidad. Los curiosos recuerdan que el último presidente priista en ganar algo parecido fue Miguel de la Madrid, en 1982.Los viejos recordamos que aquellas mayorías del PRI tenían siempre en nuestra cabeza, y en la de los gobernantes, una fisura de ilegitimidad.

Ellos y nosotros sabíamos que aquellos votos no eran ciertos. En porcentajes enormes eran inventados por el mismo aparato gubernamental que controlaba las elecciones y llenaba urnas según se juzgara necesario.

Los votos de López Obrador y Morena son todos de verdad. Su mandato democrático no tiene trampas ni fisuras.

Por eso mismo, porque los votos son de verdad, la elección del 1 de julio ha sido terminante y ha dejado al sistema político sin contrapesos.

Ha sido una elección democrática que diluyó los contrapesos de la democracia.

CENTRALIZAR ES EL NOMBRE DEL JUEGO

18 de julio. Los primeros días del futuro gobierno han sido los de un gobierno en funciones. La disonancia pública del hecho fue sugerida por Alejandro Hope:

“El riesgo de actuar como gobierno sin serlo es que la gente te empiece a juzgar como gobierno antes de serlo” (@hope71).

Si uno lee con cuidado los 50 lineamientos de López Obrador para “combatir la corrupción” y establecer “la austeridad republicana”, lo que ve en el fondo es un proyecto de centralización del poder, un regreso del mundo de la dispersión democrática al de la autoridad central perdida.

Se trata, diría yo, de un rechazo cabal al acuerdo político subyacente que se refleja en la administración pública del México de hoy.

De ahí que tantos lineamientos tengan que ver con cambios en las reglas de la burocracia, en las leyes, los costos, los usos, abusos y costumbres del gobierno federal.

El acuerdo político desafiado podría resumirse cínicamente, en voz de los gobernantes, de la siguiente manera:

“Aquí nadie gobierna, aquí todos gobernamos, todos nos bloqueamos, todos nos tapamos nuestras ineficiencias, nuestras corruptelas, nuestras obligaciones mal cumplidas y nuestros abusos mal castigados. Aquí vamos todos juntos, desgobernando la República, cada uno en su nivel, y cada uno con las rentas que logra extraer del desorden”.

Las frases anteriores resumen gruesamente el desastre político de la democracia y del pacto federal mexicano, que ha sido sometido a los equilibrios deseables de la democracia (elecciones, alternancia) pero a ninguno de sus controles (legalidad, rendición de cuentas).

Es un fenómeno descrito desde el primer día de la democracia por los medios, la academia y los observadores de la escena mexicana. El proyecto de ruptura de López Obrador con este estado de cosas, tiene dos grandes vertientes.

La primera es contra el llamado “pacto federal”: la relación del gobierno federal con los gobiernos locales.

La segunda es contra la burocracia federal misma: contra su centralización laboral en la Ciudad de México, contra su franja de empleados de confianza, los no sindicalizados y contra la alta burocracia, rebosante, según el diagnóstico, de dispendios, privilegios, nepotismo y tratos y contratos corruptos.

Ambas ofensivas dibujan un proyecto de centralización del poder en el presidente.

CONTRA EL PACTO FEDERAL

19 de julio. La centralización política y burocrática que anticipan los lineamientos de gobierno de López Obrador, apenas puede exagerarse.

Sólo en el lineamiento 26, de los 50 enunciados para “combatir la corrupción” y establecer la “austeridad republicana”, se dice que el gobierno federal tendrá una sola oficialía mayor, una sola contraloría, una sola oficina de prensa, una sola oficina de compras y un solo delegado o representante federal en cada estado de la República.

López Obrador no ha descrito lo que pretende hacer en cada una de estas centralizaciones burocráticas, pero ha hablado bastante de la última.

En una reunión con legisladores y munícipes electos de Morena anunció la desaparición de las delegaciones a favor de un comisionado federal único.

Dio luego los nombres de los 32 comisionados: todos políticos locales de Morena, ex candidatos en diversas elecciones o contendientes de la última, como Delfina Gómez en el Estado de México y Carlos Lomelí en Jalisco.

En el mismo discurso, López Obrador explicó que el país será dividido en 250 o 300 regiones, cuyas demandas serán la base administrativa y política de la acción federal en los estados. Cada estado tendrá un numero distinto de “regiones” y habrá un comisionado único para cada región.

Problemas legales aparte, el diseño anunciado supone una nueva arquitectura del pacto federal. El nuevo gobierno levantará una red paralela de poder y administración estatal, en representación única del presidente.

Se han sugerido ya las semejanzas del proyecto con otras famosas figuras de centralización: los prefectos napoleónicos de la Francia posrevolucionaria o los jefes políticos de la época porfiriana de México.

Se trata de un cambio radical de diseño en el federalismo mexicano y de la ocupación partidista del aparato resultante.

La estructura paralela del nuevo federalismo en los estados será un espacio de Morena, los coordinadores federales vendrán de Morena, igual que los de las “regiones”.

Nadie en su sano juicio puede defender la ineficacia institucional vigente del federalismo mexicano. Pero nadie puede celebrar tampoco la centralización partidista anunciada, el modelo de jefes políticos y prefectos federales entregados a Morena para garantizar que los programas federales bajen al territorio.

PRIMEROS ESCÁNDALOS

20 de julio. Faltan meses para que tome el poder, pero el futuro gobierno tiene ya enfrente sus primeros dos escándalos de gobierno en funciones.

Uno es el escándalo soterrado en la burocracia federal por los anuncios prematuros de despidos, traslados y menores sueldos que entrarán en vigor a partir de diciembre. Es un escándalo que no suena mucho, pero que tiene resonancias de largo plazo.

El otro escándalo es el abierto por la multa que puso el INE a Morena luego de una investigación sobre las irregularidades del fideicomiso abierto por ese partido para ayudar a damnificados de los sismos del año pasado.

La incertidumbre sembrada en la burocracia federal pone a prueba la sensibilidad política del nuevo gobierno. Seguir adelante con las decisiones anunciadas, sin escuchar la zozobra que han sembrado, sería indicio de sordera y dureza.

Sordera y dureza es lo que hay en la respuesta dada al INE por el futuro presidente, respecto de las irregularidades legales de Morena.

La respuesta dice así:

La multa impuesta por INE a Morena por 197 millones de pesos es una vil venganza. No existe ningún acto inmoral con el fideicomiso a damnificados por el sismo. Nosotros no somos corruptos ni cometimos ilegalidad. Por el contrario, buscan enlodar una acción humanitaria. Acudiremos a tribunales.

“¿Vil venganza” de la institución que organizó las elecciones donde triunfó Morena? ¿El INE pretendiendo “enlodar” la “acción humanitaria” del partido al que acaba de reconocer vencedor en las elecciones?

El INE no ha emitido un juicio sobre la moralidad de Morena, sino sobre la legalidad de sus procedimientos. Y lo ha documentado con todo el rigor a su alcance.

La respuesta del futuro presidente ha echado mano de la intemperancia del lenguaje que fue su marca de fábrica como candidato, pero que no puede ser el tono del gobernante de México.

En un candidato, el lenguaje descalificatorio de instituciones y personas es un recurso retórico. En un presidente electo, se parece a una amenaza.

Las palabras fulminantes en un candidato son una disonancia pública, una opinión; las de un presidente, son un ataque político que sus subordinados y seguidores pueden entender como una orden.

El futuro gobierno debería oír mejor las quejas de su burocracia que ha desafiado, y no agrandar el escándalo de las irregularidades de su partido con el fuego verbal que fue la marca opositora de la casa morenista pero que no puede ser la marca de la casa presidencial.

SACUDIENDO A LA BUROCRACIA

23 de julio. Los lineamientos de anticorrupción y austeridad del futuro gobierno anticipan una sacudida burocrática radical.

De un lado, el despido de 70% del personal llamado de confianza, el cese de unos 195 mil funcionarios.

Luego, la descentralización de las secretarías que afectará la vida diaria de los burócratas sindicalizados, un millón 200 mil, la mayoría de los cuales tendrán que mudarse de ciudad si quieren conservar su trabajo.

Sólo quedarán en la Ciudad de México los burócratas de Presidencia, Hacienda, Gobernación, Relaciones Exteriores, Marina y Defensa.

Es difícil imaginar estos cambios sin una resistencia enorme de parte de los afectados y sin una pérdida de las pocas o muchas calidades que hay en la administración pública.

Salvo por documentos filtrados a la prensa, en que se manejan cifras precisas de algunas secretarías, da la impresión de que el ajuste burocrático previsto, una cirugía mayor, ha sido pensado con machete más que con bisturí.

Se diría que los cirujanos han pensado más en el dinero que se puede ahorrar, que en los burócratas de carne y hueso afectados por el ahorro.

Quizá no hay otra manera de hacerlo, a rajatabla, si quieren dar muestras de decisión y voluntad política, y aprovechar la marea de legitimidad recibida de las elecciones.

Aun así, la sacudida burocrática anunciada se antoja una batalla difícil de ganar, si no es que una victoria pírrica.

Despedir a 195 mil empleados de confianza y cambiar de ciudad, con sus familias, quizá a un millón de burócratas, todos ellos sindicalizados, son cosas que puede hacer el gobierno chino, difícilmente el mexicano.

Se pueda o no, queda la pregunta de si la batalla del futuro gobierno contra sus propios brazos administrativos es la mejor que puede proponerse.

En la cabeza de los votantes, la burocracia federal es sinónimo de ineficiencia y corrupción. En la terca realidad, es también el espacio donde están los mejores circuitos de saber administrativo que hay en el país, los mejores miembros posibles de un servicio civil de carrera (sólo unos 25 mil en 2018) y los únicos mandos de nivel alto y medio que saben lo que hacen.

Sacudir de más esta mata hará caer de ella por igual los frutos podridos y los sanos.

LA PRISA Y LA REALIDAD

24 de julio. Nada tan impopular como la defensa de la burocracia. Basta sugerir, como hice ayer, que puede haber frutos sanos en esa mata, para ser acusado de cómplice del statu quo, cuando no de partidario de la corrupción y la impunidad.

Mi argumento no quiere defender lo indefendible de la burocracia, sino precaver en general contra las soluciones tajantes y las cirugías con machetes.

Es normal que el futuro gobierno piense en dar resultados rápidos y avanzar sin dilación en el cumplimiento de sus promesas.

Hay muchas cosas que podrá hacer con la rapidez y eficacia buscada: suspender las pensiones de los presidentes, que el presidente no viva en Los Pinos, poner a consulta el aeropuerto, viajar en aviones de línea, despedir choferes y asesores.

Lo que no puede hacer con rapidez y prontitud es todo lo demás: ni reducir la violencia, ni terminar con la corrupción ni rediseñar de arriba abajo a la burocracia federal.

La burocracia federal no echa tiros ni crea escándalos públicos, pero tiene derechos y es tan difícil de reformar como cualquiera de los otros grandes asuntos de la agenda mexicana.

Colectivamente hablando, la burocracia tiene una ventaja institucional sobre el crimen organizado o sobre los corruptos consuetudinarios del gobierno: es una franja enorme de trabajadores con derechos adquiridos o reclamables: un millón 200 mil sindicalizados, 370 mil de burócratas de confianza.

Se puede tener la ilusión, típicamente tecnocrática, de que toda esa masa de empleados y sus familias, en total unos 5 millones de personas, responderán con obediencia y disciplina chinas a las decisiones que vienen desde arriba, legitimadas por un potente mandato electoral.

Pero cualquier gente con un mínimo de sensibilidad política y de experiencia de gobierno, sabe que no puede dar un paso sin que la burocracia bajo su mando camine por lo menos medio. Estamos hablando del tejido en que el gobierno está parado, en lo bueno y en lo malo, en lo podrido y en lo eficaz.

Distinguir las duelas podridas de las sanas, y apoyarse y multiplicar estas últimas es el nombre del juego. Pisar indiscriminadamente sobre lo podrido y sobre lo útil puede ser un primer Waterloo de largo plazo para el futuro gobierno.

UN ADIÓS DEMOCRÁTICO
A LOS EQUILIBRIOS DEMOCRÁTICOS

30 de julio. Si existe algo como la voluntad general, la expresada en los comicios mexicanos del 1 de julio fue un salto de las redes complejas de la pluralidad y los contrapesos, a la cesión del mayor poder posible que se ha dado en unas elecciones mexicanas a un político carismático.

Libre, democráticamente, los votantes mexicanos cerraron la puerta a lo que suele predicarse como virtud de la democracia: equilibrio de poderes, pluralidad competitiva, contrapesos institucionales, límites al poder que no dependen de la buena voluntad o de la autocontención del gobernante, ya que, como dice Kant, “en la naturaleza del hombre, no figura el renunciar voluntariamente a su poder”.

Creo que fue un salto atrás, hacia un espacio familiar para nuestra cultura política histórica: un salto hacia el hombre providencial y el poder concentrado en un partido.

Fue, quizá, la nostalgia de un presidente poderoso y un partido cuasi único, y la confianza en que ellos harán por sí solos las transformaciones que la nación necesita, luego de dos décadas de frustrante experimentación democrática.

Los gobernantes de la democracia de los últimos años hicieron lo necesario para convencer a su país de que democracia era sinónimo de ineficacia, corrupción, impunidad, inseguridad, cinismo político.

La respuesta ciudadana fue una avalancha contra todo eso. Sacó del clóset de la república no una renovación, sino un regreso a los territorios familiares del gobierno fuerte, capaz de poner orden en el lío.

PAÍS DE UN SOLO HOMBRE

31 de julio. País de un solo hombre es el título que Enrique González Pedrero puso a su monumental biografía de Antonio López de Santa Anna, caudillo por excelencia, providencial y catastrófico, del siglo XIX mexicano.

Fue también el título que vino a la cabeza de María Amparo Casar para su recuento del poder transferido por los electores mexicanos a López Obrador y a su partido en las elecciones del 1 de julio.

El recuento terminó llamándose “Morena toma todo” y fue la pieza de portada de la revista Nexos del mes de agosto de 2018.

No hay países de un solo hombre, desde luego, y nadie toma todo en una elección democrática, pero las expresiones sugieren bien lo que quieren decir: un poder personal sin mayores contrapesos y una mayoría democrática que no necesita de otras fuerzas para gobernar o legislar.

Las ganancias de López Obrador y de Morena en las elecciones de julio pasado fueron lo más cercano al poder absoluto que puede obtenerse en una democracia: mayoría absoluta en la presidencia, mayoría absoluta en el Congreso y mayoría absoluta en el número de congresos locales ganados.

No es el “poder absoluto” de la famosa frase de Lord Acton (“El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”), pero sí es el poder de una mayoría democrática inédita en México, una mayoría legítima, suficiente para dominar a los otros actores y construir un poder muy superior al obtenido en las urnas.

El camino es conocido, y lo he descrito en este mismo libro, siguiendo las reflexiones de Jan-Werner Müller sobre el populismo: captura del Estado, control de los medios, inhibición de la sociedad civil, creación de nuevas clientelas, redefinición constitucional del nuevo orden.

La palanca de la captura del Estado es el Congreso, que puede legislar soberanamente y alterar los equilibrios en ámbitos clave, como el poder Judicial y las instituciones autónomas.

La palanca de generación de nuevas clientelas, del control de los medios y de la sociedad civil, es el poder mismo del gobierno, su nuevo gran poder, frente a la debilidad de estos actores.

Hay suficientes indicios de que el camino que espera adelante es la concentración del poder, con una ampliación sustantiva de la mayoría absoluta otorgada por los electores.

EL FUTURO GOBIERNO Y LA CAPTURA REGIONAL

1 de agosto. El corazón del proyecto de gobierno de López Obrador es político y burocrático, más que económico o social.

De todos los anuncios hechos hasta ahora los que describen mejor su espíritu son los de la reconfiguración del gobierno federal.

La reconfiguración tiene dos pinzas, aparentemente opuestas: reducir las delegaciones federales de los estados a una sola coordinación y descentralizar el gobierno federal enviando a distintas ciudades secretarías, empresas y dependencias fundamentales del gobierno.

Mi impresión es que estas dos decisiones, aparentemente contradictorias, tienen el mismo propósito: capturar la política de los estados, redesplegar a todo el país el poder del presidente como cabeza del gobierno federal.

Primero, con la radicación territorial de una trenza de procónsules políticos y altos burócratas federales, que sirvan como competencia y vigilancia, in situ, de la política local.

Después, mediante las elecciones locales, a las que irán como candidatos los políticos del partido en el gobierno, Morena, que han sido ya poderosos coordinadores federales o visibles secretarios de Estado en las regiones.

Hay en ambas decisiones, particularmente en la idea de descentralizar, riesgos de un aterrizaje caro y aún catastrófico, pero la ganancia política podría ser gigantesca: la captura territorial del país por la vía democrática.

La competencia democrática en este diseño estaría construida desde arriba pero con un aterrizaje efectivo en elecciones inducidas por el presidente y el gobierno federal, hacia los candidatos de Morena.

Dice Luis Rubio que el “verdadero proyecto” de López Obrador es “llenar todos los espacios y controlar todos los resquicios de poder… para desde ahí lanzar el asalto al proyecto modernizador… Ir contra las instancias de poder —político, económico, sindical, civil— no para destruirlas sino para someterlas”.¹³

La realidad, dice Rubio, le demostrará pronto a López Obrador que su proyecto de regreso al México del desarrollo estabilizador es incompatible con el mundo de hoy.

Creo que Rubio tiene razón, pero la historia nos enseña que una vez tomadas por alguien todas las instancias del poder, el poder se vuelve autónomo, se alimenta a sí mismo, separado de su sociedad por el mismo control que ejerce sobre ella, y puede arrastrar por años a sus gobernados por el lado equivocado de la historia.

EL DUEÑO DEL BALÓN

2 de agosto. Hay dos rasgos interesantes del momento político de México. Uno es que el país juega a las adivinanzas sobre las intenciones de su futuro presidente. Otro es que la mayoría absoluta de los ciudadanos está de luna de miel con él.

De la luna de miel hablaré adelante. Sobre las adivinanzas, versiones van y versiones vienen. Hay versiones tranquilizadoras para empresarios y mercados. Hay versiones radicales para fieles y clientelas.

Quizá una buena idea es tomar como referente sólo lo que dice el futuro presidente. Porque hay una diferencia clara, a veces grande, a veces pequeña, siempre significativa, entre lo que dice López Obrador y lo que dicen sus colaboradores.

Pero incluso oírlo sólo a él no es fuente de certeza. El futuro presidente es un maestro de la ocurrencia inesperada, o calculada para la sorpresa. Gana con esto la atención de los medios, pero también confunde a los oyentes.

Un día le oímos decir que se condonarán las deudas que tienen los consumidores con la Comisión Federal de Electricidad, unos 40 mil millones de pesos. Al día siguiente oímos que el perdón será sólo para los deudores del estado de Tabasco, porque fue ahí donde lo prometió en campaña.

Lo central en todos los casos es que el discurso y el balón están siempre de su lado: la gran transferencia de poder hecha por los votantes en julio pasado, se concentra fundamentalmente en él y sólo marginalmente en sus colaboradores o en su partido.

Es él quien decide si ejerce el poder que tiene benévola o abusivamente. Lo ejerció benévolamente con el discurso de conciliación de la noche y los días que siguieron a su triunfo. Lo ejerció con un toque tiránico en su descalificación moral del INE por la multa impuesta a Morena y con la advertencia a la “prensa conservadora” por sus agravios pasados: “Yo perdono, pero no olvido”.

El dueño absoluto de la última palabra es él. Habla, comprobadamente, por la mayoría absoluta de los votantes, sus votantes, cosa que no había sucedido nunca, expresamente, democráticamente, en nuestra historia.

De modo que estamos frente a un momento de poder y legitimidad único en México. Un momento, diríamos, abusando del oxímoron, de “absolutismo democrático”.

MÉXICO SUEÑA

3 de agosto. Siempre pensé que el gran acierto de López Obrador fue haber leído, bajo la superficie de incredulidad y hartazgo de los mexicanos, unas ganas enormes de creer, la urgencia de esperanza. Pero nunca creí que tanto.

Las primeras encuestas publicadas después de la elección, registrando las emociones y las expectativas de los electores, muestran hasta qué punto fueron decisivas las ganas de creer. Las elecciones de julio fueron un himno político a las ganas de creer.

Véanse los registros de Consulta Mitofsky: tres de cada cinco mexicanos tienen sentimientos de alegría, felicidad, satisfacción y confianza. Son sentimientos normales en los votantes ganadores, que son hoy la mayoría absoluta del país.

Menos normales son sus expectativas desbordadas: dos de cada tres mexicanos esperan que los problemas fundamentales de la economía, la política y la seguridad pública, se resuelvan en el primer año del nuevo gobierno. Son las ganas de creer llevadas al pensamiento mágico (Macario Schettino: “Sentimientos, expectativas, ilusiones”, El Financiero 30 de julio de 2018).

Las ganas de creer dominan también las certidumbres sobre la efectividad de las medidas anunciadas por el futuro gobierno. Por ejemplo, para reducir el gasto público:

Un 71% de los encuestados por el Gabinete de Comunicación Estratégica cree que reducir el sueldo del presidente a la mitad es “importante o muy importante” para reducir el gasto del gobierno. Un 82% cree que tendrá un gran impacto financiero cancelar las pensiones a los presidentes (Jorge Castañeda, “Un gran malentendido”, El Financiero, 30 de julio de 2018).

El número de crédulos crece con la escolaridad, cree más la gente con estudios universitarios que la de baja escolaridad, lo cual quizá avala la certidumbre del futuro presidente de que el pueblo liso y llano es sabio.

Los altos números muestran el alto desconocimiento de los problemas, pero miden, sobre todo, las ganas de creer, el tamaño del sueño que ha sabido convocar López Obrador.

Sabemos de cierto que nuestros problemas no se arreglarán en un año, y que bajar el sueldo o cancelar las pensiones presidenciales no tendrá un impacto significativo en el gasto público.

Pero enormes mayorías creen eso. México está en modo sueño y se siente muy bien. Ya le hacía falta. Falta el despertar.

¹³ Luis Rubio, “El nuevo PRI”, en Reforma, 29 de julio de 2018.

NOCTURNO DE LA DEMOCRACIA MEXICANA ES TRES LIBROS EN UNO: UN NOVEDOSO REPASO DE LOS LASTRES QUE NOS IMPONE LA HISTORIA, UNA PUNTUAL RECAPITULACIÓN DE NUESTRA INACABADA DEMOCRACIA, Y UNA ADVERTENCIA SOBRE LAS PULSIONES AUTORITARIAS DEL NUEVO GOBIERNO.

Portada para sinopsis“La costumbre política mexicana, primera parte del libro, puede leerse como un solo ensayo sobre los hilos de larga duración de nuestra historia política: aquellas marcas de fábrica a las que, poco o mucho, volvemos siempre.

”La segunda parte, Casa en construcción: democracia sin demócratas, reúne ensayos y artículos escritos al paso de las primeras dos décadas de la democracia mexicana: 2000-2018.

”La tercera parte, Saltando al pasado. El poder de la costumbre, explora las elecciones del año 2018 como una especie de vuelta a la costumbre, a la elección de un gobierno fuerte, de rasgos caudillistas, luego de dos décadas de gobiernos débiles, incuestionablemente democráticos pero indefendiblemente ineficaces y corruptos.

”El tema de fondo es la historia del desencuentro de México con la modernidad política en dos de sus procesos seculares: el de la implantación de la república, durante el siglo XIX, y el de la construcción de la democracia, a fines del XX.”

—HÉCTOR AGUILAR CAMÍN

HÉCTOR AGUILAR CAMÍN

Chetumal, 1946) es una figura clave del mundo intelectual de México. Escritor, historiador y periodista, su obra de ficción incluye las novelas Morir en el Golfo (1985), La guerra de Galio (1991), El error de la luna (1994), Un soplo en el río (1998), El resplandor de la madera (2000), Las mujeres de Adriano (2002), Mandatos del corazón (2003), La tragedia de Colosio (2004), La conspiración de la fortuna (2005), La provincia perdida (2007), Adiós a los padres (Literatura Random House, 2015) y Toda la vida (Literatura Random House, 2017). Ha reunido sus relatos en un volumen: Pasado pendiente y otras historias conversadas (2010).

Es autor de un libro de historia clásico sobre la Revolución Mexicana: La frontera nómada. Sonora y la Revolución Mexicana (1977) y de varios libros de reflexión y crítica sobre el camino de México hacia la modernidad: Saldos de la Revolución (1982), Después del milagro (1988), Subversiones silenciosas (1994), La ceniza y la semilla (2000), Pensando en la izquierda (2008) y, en coautoría con Jorge G. Castañeda, los influyentes ensayos Un futuro para México (2010), Regreso al futuro (2011), Una agenda para México (2012). Coordinó junto con la Universidad de Guadalajara el libro ¿Y ahora qué? México ante el 2018 (Debate, 2017).

Fue fundador de la revista Nexos (1978), decana de la prensa cultural de México, de la que es actualmente director.

Nocturno de la democracia mexicana

Primera edición: noviembre, 2018

D. R. © 2018, Héctor Aguilar Camín

c/o Schavelzon Graham Agencia Literaria

www.schavelzongraham.com

D. R. © 2018, derechos de edición mundiales en lengua castellana:

Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. de C. V.

Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra núm. 301, 1er piso,

colonia Granada, delegación Miguel Hidalgo, C. P. 11520,

Ciudad de México

www.megustaleer.mx

Penguin Random House Grupo Editorial apoya la protección del copyright. El copyright estimula la creatividad, defiende la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento, promueve la libre expresión y favorece una cultura viva. Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por respetar las leyes del Derecho de Autor y copyright. Al hacerlo está respaldando a los autores y permitiendo que PRHGE continúe publicando libros para todos los lectores.

Queda prohibido bajo las sanciones establecidas por las leyes escanear, reproducir total o parcialmente esta obra por cualquier medio o procedimiento así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo público sin previa autorización. Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra diríjase a CemPro (Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, https://cempro.com.mx).

ISBN: 978-607-317-308-7

Conversión eBook:

Mutāre, Procesos Editoriales y de Comunicación