EL GENTIL MONSTRUO DE BRUSELAS

O EUROPA BAJO TUTELA

HANS MAGNUS ENZENSBERGER

Título de la edición original:
Sanftes Monster Brüssel oder Die Entmündigung Europas

Edición en formato digital: enero de 2012

© de la traducción, Richard Gross, 2012

© EDITORIAL ANAGRAMA, S.A., 2012

ISBN: 978-84-339-3341-6

Conversión a formato digital: Newcomlab, S.L.

1. GLORIAS & ALABANZAS

Las buenas noticias escasean; por eso conviene empezar con ellas, aunque todo reportero de verdad obviamente prefiere las malas.

Vaya en primer lugar lo más importante: pocas son las décadas en la historia de nuestro continente en que haya reinado la paz. Entre los Estados que pertenecen a la Unión Europea no ha habido un solo conflicto armado desde 1945. ¡Casi una generación entera sin guerra! He aquí una anomalía de la cual este continente puede estar orgulloso.

También podemos alegrarnos de una serie de comodidades ajenas a una cuestión de vida o muerte, comodidades que se han convertido para nosotros en tan naturales que ya no nos llaman la atención. Las personas menores de sesenta años no recuerdan lo trabajoso que era después de la Segunda Guerra Mundial entrar en un país vecino. Sin una larga y penosa lucha burocrática era imposible pensar en viajar al extranjero. El que quería cruzar una frontera había de presentar cartas de invitación legalizadas, rellenar solicitudes de visado por triplicado, pedir permisos de estancia, superar un complicado régimen de divisas amén de una docena de otros obstáculos. Para recibir un libro del extranjero uno tenía que someterse al enrevesado trámite de la central de aduanas. Pagar una factura emitida en España o cobrar un giro procedente de Francia venía a ser nada menos que un acto de soberanía que no podía realizarse sin una nutrida colección de sellos oficiales. Hoy día, de todo ello no queda más que un vago recuerdo. Quienes poseen el pasaporte de un Estado miembro de la Unión Europea pueden, en su mayoría, vivir donde desean sin hacer cola en la oficina de extranjería para conseguir su permiso de trabajo o residencia. Incluso se ha hecho posible, salvo rara excepción, conectar un aparato eléctrico sin llevar en la maleta un arsenal de adaptadores. También ha bajado notablemente -muy a pesar de las agencias de cambio- un gran número de gastos de transacción monetaria.

En suma, el proceso de la unificación europea ha hecho cambiar para mejor nuestra vida cotidiana. En lo económico fue durante mucho tiempo tan exitoso que hasta el día de hoy toda clase de aspirantes posibles e imposibles llaman a sus puertas pidiendo la admisión.

Además hay que agradecer a nuestros custodios bruselenses que, en no pocas ocasiones, hayan arremetido con coraje contra carteles, oligopolios, malabarismos proteccionistas o subvenciones prohibidas. ¡Las tarifas telefónicas! ¡La letra pequeña de los contratos destinada a engañar a consumidores incautos! ¡La defensa de los no fumadores! ¡El timo al sacar dinero del cajero automático! La Unión vela por crear transparencia en estos ámbitos.

Tarea ardua que no se da por hecha. Pues una y otra vez los gobiernos nacionales se han dejado doblegar complacidamente por los gigantes mundiales de los sectores farmacéutico, energético, financiero, alimentario o de la comunicación. Se trata aquí de contrincantes que disponen de enormes recursos económicos; luchan sin contemplaciones por sus beneficios de monopolistas, amenazan con suprimir puestos de trabajo y han alcanzado el virtuosismo en el arte de evadir impuestos. No existe ningún país que por sí solo sea capaz de hacerles frente, resistir sus tentativas de chantaje o incluso imponerles algún castigo.

Hay otros problemas de solución exclusivamente comunitaria donde la Unión Europea ha hecho méritos. Lleva años intentando, sin éxito contundente, poner fin a ese ridículo parcheo que hace del control del espacio aéreo europeo un peligroso juego de paciencia. Pero, ante cualquier propuesta de concentración, los treinta y seis servicios diferentes que lo supervisan -cada uno con métodos y técnicas distintos- son defendidos por las instancias militares y civiles de los países miembros con una pertinacia propia de las ratas. Esta forma de control aéreo no sólo cuesta más de tres mil millones de euros anuales, sino que engulle inmensas cantidades de carburante y provoca un sinfín de retrasos y retenciones.

Fatales son también las consecuencias de la eterna disputa por las cuotas pesqueras y el siempre dilatado almacenamiento final de los residuos radiactivos, problemas que ninguno de los Estados miembros, según parece, puede o quiere resolver por sí solo. Y no terminan ahí las ventajas que ofrece la Unión. En los rincones más apartados de Europa puede uno encontrarse con carteles que proclaman que la construcción de tal autopista, puente, edificio o centro de investigación ha sido promovida por la UE. Pero es sobre todo el sector agrícola el que goza de ingentes subvenciones, siendo en particular las grandes explotaciones las destinatarias de fondos procedentes de la mayor partida del presupuesto comunitario: la política agraria dispone de 59.000 millones de euros. El segundo lugar lo ocupa el fomento regional, cuyos 455 programas cuentan con un total de 49.000 millones (el Tribunal de Cuentas ha introducido una gota de amargura en este dulce maná al dictaminar que, últimamente, un 36 % de esos proyectos han sido subsidiados sin que cumplieran los requisitos).

No obstante, se trata, en su conjunto, de beneficios nada desdeñables. ¿Deberíamos, pues, felicitar a los guardianes de Bruselas por los bellos resultados que en muchos terrenos han logrado a despecho de «intereses nacionales» celosamente tutelados? No es del todo necesario, pues las propias autoridades europeas se están haciendo cargo de ello.

2. JERGAS Y JERIGONZAS

Sabido es que ningún gobierno puede prescindir de la propaganda, aunque el término no resulte agradable al oído; hoy se prefiere hablar de «comunicación optimizada». También la Unión Europea se prodiga en ello. Ya hace años invirtió importantes sumas de dinero en películas publicitarias y portales de internet. Cada año subvenciona a la emisora Euronews con cinco millones de euros y con otros seis millones a la poco conocida red de radiodifusión Euranet. El mismo Parlamento Europeo se concede el lujo de mantener un canal de televisión propio llamado Europarltv, por el cual está dispuesto a desembolsar diez millones pese a la muy reducida audiencia con que cuenta. Mucho de lo que allí se ve y se oye recuerda las prácticas de una prensa palaciega. La autocrítica no es el fuerte de nuestros guardianes.

En su informe sobre los presupuestos la Comisión oculta habitualmente las aportaciones nacionales a las arcas de la Unión arguyendo que «los antieuropeístas podrían hacer mal uso de las cifras». El que quiere saber más al respecto es considerado un enemigo. La Federación de la Función Pública Europea, organización que defiende los intereses del funcionariado y que de acuerdo con los usos de Bruselas ha tenido a bien engalanarse con el acrónimo FFPE, aún va más lejos en ese secretismo. Hace poco exigió en una carta abierta que la Comisión creara «una célula especial dotada de los recursos necesarios para reaccionar a los ignominiosos ataques que convierten al personal de la UE en chivo expiatorio». La culpa de esas embestidas difamatorias sería, según dicha federación, de unos «medios de comunicación dirigidos por lobbys antieuropeos».

Todo ese teatro de relaciones públicas se debe no sólo a la vanidad ofendida del funcionariado, sino que sirve también para compensar un defecto endémico del proyecto de integración, y que no es otro que el hecho doloroso pero innegable de que a día de hoy aún no existe una opinión pública europea merecedora de tal nombre. En efecto, en lo que a los medios de comunicación se refiere, cada país hace honor al refrán de «antes es mi sayo que el de mi tocayo». Es también por eso por lo que debemos tomar con cautela las informaciones que nos llegan desde Bruselas: cuanto más precaria la legalidad, tanto más gruesos los ungüentos publicitarios.

Metidas en esta incómoda situación, las autoridades sienten una creciente tentación de tomar en sus propias manos la tarea de formar esa opinión pública. Para ello, y al contrario de unas elecciones o incluso votaciones, siempre engorrosas para los que tienen el poder, resultan muy útiles las encuestas, por lo menos mientras arrojen resultados que gusten a quienes las han encargado.

«La solución es más Europa», pregona la oficina de la vicepresidenta, especialmente partidaria de la comunicación. Invoca las conclusiones de un sondeo llamado Eurobarómetro que, por encargo suyo, se realiza dos veces al año y que ha sido muy favorable para la Comisión. «El 92 % aprueba la tesis de que los mercados laborales deben modernizarse y que el apoyo a los pobres y los socialmente marginados tiene prioridad. El 90 % desea una economía que gaste menos materias primas y cause una menor cantidad de gases de invernadero.» Un resultado de ensueño, que seguramente podría incrementarse preguntando a la gente si está a favor de la guerra o la paz, de la enfermedad o la buena salud, del dumping salarial o los sólidos convenios colectivos.

El panorama se presenta menos triunfalista si hemos de creer a otros datos demoscópicos, según los cuales ya tan sólo un 49 % de los europeos ven la pertenencia de su país como algo positivo y solamente un 42 % tiene confianza en las instituciones de la UE.

Esto se debe, entre otras razones, a la retórica que predomina en ella. El mismo Tratado de Lisboa, un sucedáneo constitucional que sirve de base jurídica de la Unión, se caracteriza por un lenguaje que plantea dificultades francamente insalvables hasta al mejor intencionado de los ciudadanos europeos. Se asemeja a una alambrada infranqueable. Un pasaje como el que sigue sólo puede tener efecto disuasorio:

«Las palabras “la Comunidad” o “la Comunidad Europea” se sustituyen por “la Unión”, las palabras “de las Comunidades Europeas” o “de la CEE” se sustituyen por “de la Unión Europea” y los adjetivos “comunitario”, “comunitaria”, “comunitarios” y “comunitarias” se sustituyen por “de la Unión”, con exclusión del artículo 299, apartado 6, letra c), que pasa a ser el artículo 311 bis, apartado 5, letra c). En lo que se refiere al artículo 136, párrafo primero, la modificación que precede sólo se aplica a la mención “La Comunidad”.»

El que incluso a juristas constitucionales les resulte difícil entender esa prosa no puede ser una casualidad. Por desgracia, es de suponer que era justamente esto lo que pretendían sus autores. Cuando en 2008 Irlanda había de votar el Tratado, el irlandés Charlie McCreevy, representante de su país en la Comisión, dijo que de sus 4,2 millones de habitantes apenas 250 habían leído la obra y que de éstos ni siquiera 25 la habían comprendido. Se sabe cómo terminó el referéndum.

Una comparación con el texto de la Constitución estadounidense muestra que el documento europeo no sólo hace escarnio del lenguaje. Ya su extensión es harto elocuente: abarca más de 200 páginas y sólo fue superado por el fallido tratado constitucional de 2004, un tocho de 419 páginas. «En cambio nuestra Europa», dice un poema de Gottfried Benn. «Muchos dislates, mucha charlatanería: La verdad, obra de su vida, 500 páginas…, ¡es imposible que sea tan larga la verdad!»

Otros usos lingüísticos sorprenden por su sordera histórica. La ejecutiva de la Unión, que además es la que en casi todos los ámbitos tiene el derecho exclusivo de iniciativa legal y vigila como «tutora de los tratados» el cumplimiento del derecho europeo por parte de los Estados miembros, no está integrada por ministros sino por comisarios. Cabe dudar de si quienes acuñaron este término repararon en las asociaciones que evoca en Europa. Aparte de que en algunos países se entiende por comisario un policía dedicado a la investigación criminal, se trata del nombre de un cargo oficial políticamente muy comprometido: en la Unión Soviética existieron entre 1917 y 1946 los llamados «comisarios del pueblo»; en el Ejército Rojo unos «comisarios políticos» se encargaban de la observancia de la línea del partido; a los «comisarios del Reich» se les conferían importantes atribuciones en la Alemania de 1871 a 1945, y después del ataque a la Unión Soviética fueron los comisarios del Reich responsables de Ostland [País del Este] y Ucrania quienes llevaron la batuta en aquellos territorios. El que los fundadores de la Unión no tuvieran presentes esas reminiscencias tan cercanas como siniestras no contradice, claro está, sus buenos propósitos; sólo es una prueba de su amnesia histórica.

Resonancias extrañas tienen también ciertas comunicaciones de la institución que, como el texto siguiente, se caracterizan por su tenor autoritario: «En particular, las medidas de ejecución encaminadas a asegurar la observancia en el periodo inmediatamente posterior a la entrada en vigor de la ley son fundamentales para la eficacia de ésta, y para una vigilancia y una observancia satisfactorias en el futuro. (…) Cuando se inicia el periodo de ejecución activa, muchas jurisdicciones recomiendan que se recurra a enjuiciamientos severos a fin de reforzar el efecto disuasorio.» Tales conminaciones no proceden, como podría sospecharse, del Decreto Especial de Ley Marcial del Reich Alemán de 1938 ni de la panoplia de la difunta República Democrática Alemana (RDA), sino de una inocua recomendación del Consejo de la Unión Europea contenida en el dossier interinstitucional n.º 2009/0088 y que en un total de 24 páginas simplemente muestra su preocupación por conseguir entornos libres de humo. La Comisión explica que se ve obligada a recurrir a medidas draconianas dado que las «políticas voluntarias a nivel nacional han demostrado ser ineficaces para reducir la exposición al humo de tabaco».

Porque resulta que sus esfuerzos se encaminan a «mejorar la salud pública, prevenir las enfermedades humanas y eliminar las fuentes de peligro para la salud física y psíquica». Sólo un ser poseído por el impulso de muerte podría objetar algo al respecto. Hay en Bruselas un comisario específico ocupado de estos y otros asuntos. El hecho de que su apellido sea Dalli[1] podrá espolonearle, pero no tiene nada que ver con su función. Y su deseo de que el tabaco se venda ya exclusivamente en envoltorios discretos o sin exponerlo al público -como antaño se hacía con los condones o los libros pornográficos- a fin de proteger a los moralmente amenazados europeos de sí mismos recuerda los tiempos del absolutismo, las neurosis compulsivas de la Iglesia católica y la «mercancía doblaespinazo» de la extinta RDA, pero apenas si puede sorprender. Lo que sí asombra es que el mencionado comisario hable de 650.000 europeos a los que el tabaquismo, según él cree, está matando cada año. Parece un milagro estadístico, pues años atrás la cifra se situaba en los mismos niveles cuando desde entonces el consumo de la planta en cuestión ha bajado drásticamente. (Un milagro similar es el que la Comisión ha conseguido con su campaña contra las partículas contaminantes finas al sostener que cada año 310.000 ciudadanos son víctimas de ese insidioso enemigo.) Prohibir de forma general las armas de fuego y las motocicletas, que, como es sabido, también incrementan la mortalidad, es algo que la Comisión no se ha planteado. En este punto prefiere seguir el ejemplo de los Estados Unidos de América, donde está prohibido fumar un cigarro pero en cada esquina se puede adquirir una metralleta.

3. LAS MANÍAS DE LA COMISIÓN Y LAS DE SUS CRÍTICOS

Quienes nos representan en Bruselas son impopulares. Desde el Consejo de Ministros hasta la Comisión, desde el Tribunal de Justicia hasta el último funcionario de la categoría salarial AST 1, su reputación deja mucho que desear. ¿De dónde vendrá tanta ingratitud, tanto rechazo? ¿Por qué la mayoría de los habitantes del continente hace todo lo posible por amargarles la vida a sus fiduciarios? El número de esos aguafiestas podría ascender a varios cientos de millones. Perplejos, los de Bruselas se llevan las manos a la cabeza sin encontrar respuesta.

Los reparos de quienes les perturban la paz se distinguen por centrarse en aspectos secundarios. Apuntan más a los síntomas que a las causas de su malestar. Atizado por los medios, se ha producido un revuelo en torno al dispendio supuestamente desmesurado que originan los funcionarios de la Unión, cuyas regalías y prerrogativas son objeto de un minucioso desglose. Los directores generales del grupo salarial más alto ganan casi el doble que los funcionarios equiparables en Alemania. El 10 % de sus emolumentos están libres de impuestos, lo mismo que sus eventuales dietas de viaje y complementos en concepto de hogar, hijos y educación. El que no trabaja en su país de origen recibe una prima por residencia del 16 %. También las normas de pensión son notables. A los 63 años, a más tardar, el funcionario ordinario deja de prestar servicio, pero ya a los 55 puede acogerse a la jubilación anticipada. Uno que conoce a la Comisión por dentro dijo que los así privilegiados vivían tan bien que habría que «obligarlos a mano armada a abandonar Bruselas».

Son palabras fuertes, tal vez demasiado fuertes. Y las escuchan sobre todo aquellos que miran a «los de arriba» con un rencor que no data de ayer, sino que se basa en una experiencia secular y es en todo momento fácilmente instrumentalizable. La crítica que conlleva no afecta sólo a las instituciones transfronterizas. De hecho, las mismas voces de envidiosa protesta se levantan en el país que sea cuando están por aumentarse las dietas de los parlamentarios o los emolumentos de los funcionarios ministeriales. Mientras no le haya tocado el turno, ningún demagogo dedicará un solo pensamiento al hecho de que los empleados de toda administración, desde el oficial hasta el jefe de gobierno, cobran decenas de veces menos que cualquier ejecutivo de gran empresa o banquero inversionista, sin hablar de los por doquier queridos cantantes de éxitos, profesionales del fútbol o moderadores de televisión, a quienes no se les toma a mal que ganen millones.

¿Cuánto cuestan, en realidad, nuestros empleados de Bruselas, Estrasburgo o Luxemburgo? Es difícil de precisar. Para empezar, su número exacto no consta. En los artículos de prensa las cifras oscilan entre 15.000 y 40.000, lo que seguramente se debe a que los periodistas suelen meter en el mismo saco a funcionarios y otros empleados. Quizá deberíamos atenernos a la memoria anual del Tribunal de Cuentas Europeo. Según sus datos, los gastos administrativos de la UE se sitúan en el 6 % del presupuesto global, cifra que equivaldría a 8.200 millones de euros. Por otra parte, hay personas conocedoras no sólo de Bruselas sino también de Austria que sostienen que la administración de la ciudad de Viena es tan cara como la de la Unión Europea. Llegaría por tanto a los 11.300 millones, o sea a un 10 % del gasto total (2009). Una cantidad de fábula, a menos que no consideremos que una gran ciudad tiene que asumir bastantes partidas que la UE deja al cuidado de otros, como la recogida de basura, los servicios sociales y otros muchos que viven a la sopa boba del consistorio. Al parecer, es debido a las trampas de las estadísticas o, peor todavía, a la naturaleza de la cuestión el que todos los cálculos de costes administrativos sean un enigma para el contribuyente. Esto, sin embargo, no sólo vale para la ciudad de Viena, sino también para los organismos de la Unión Europea.

Visto así, en vez de hacer reproches a los funcionarios de Bruselas uno casi quisiera salir en su defensa. Ciertamente, no es divertido pasar una semana laboral de sesenta horas en un clima de impopularidad, conflictos internos, bloqueos e intrigas, sin hablar de la pérdida de sentido de la realidad, por deformación profesional, que inevitablemente amenaza a cualquier clase política y ni que decir tiene que crece con la distancia geográfica con respecto al resto de los habitantes de nuestro continente. Es mezquino y fuera de lugar exigir que una existencia tan digna de misericordia encima esté mal pagada.

Mucho más pesa otro reproche que a menudo se dirige contra «Bruselas». Y es la proclividad de la Comisión a inmiscuirse en el día a día de los europeos. Su manía reguladora, que vuelve locos a tantos ciudadanos, resulta por otra parte fácil de explicar. Según observó en una ocasión Robert Conquest, toda organización burocrática se comporta como si fuera gobernada por los servicios secretos de sus adversarios. Esa forma de autosabotaje es lamentable pero no fortuita; en efecto, toda ampliación de sus competencias le promete a la institución más poder, dinero y puestos de trabajo. Nadie ha avanzado una explicación mejor para muchas de las decisiones tomadas por nuestros procuradores europeos.

Ya hoy, y desde el Tratado de Lisboa, la Unión hace uso de las siguientes competencias: todo lo que concierne al mercado común; ámbitos decisivos de las políticas económica, sanitaria, industrial, regional, educativa, de las pensiones y de la juventud; el medio ambiente, el clima, la energía, la investigación, la tecnología, la protección al consumidor, la inmigración y el derecho de asilo, el derecho procesal civil, el derecho penal, la seguridad interior…, no hay campo que no se labre y no se salva ni el apuntador. Por si algo faltara, se ingenió también una ominosa «cláusula de flexibilización» mediante la cual la Unión, en caso de necesidad, puede autorizarse a sí misma a ampliar sus competencias.

Los ejemplos, incontables, hablan por sí solos. Tal es el caso de los niveles límite para «vibraciones de la mano, el brazo y el cuerpo en general» de personas que trabajan con un martillo neumático. También las normas que regulan las prótesis dentales son materia sobre la cual dictamina la Comisión. Ésta estipula asimismo que el hecho de que un queso haya madurado en salmuera debe ser indicado en el envase. El reglamento sobre los pepinos (1677/88) que establece que la categoría «extra» de dicha hortaliza sólo puede comercializarse si su curvatura no supera los diez milímetros sobre una longitud de diez centímetros, fue muy comentado. Las asociaciones de productores de algunos países marcadamente agrícolas no sólo estuvieron a favor de esos criterios, sino que los defendieron con vehemencia. Sólo al cabo de veinte años la Comisión accedió a suprimirlos, junto con 25 de otras 36 reglas que había inventado para las judías, la coliflor y el melón. Tendrán que ser personas más expertas las que averigüen si esto ocurrió también con el reglamento n.º 2396/2001, donde se establece que en «los puerros de la categoría I (…) al menos un tercio de su longitud total o la mitad de su parte envuelta deberá presentar una coloración entre blanca y blanca verdosa. En el caso de los puerros tempranos, esa coloración podrá limitarse a sólo un cuarto de la longitud total del puerro o un tercio de su parte envuelta».

No es la única regla que puede caer. También corren peligro otras normas dignas de ser enmarcadas, como el reglamento sobre los plátanos y el que determina la comercialización de las manzanas. En lo que atañe a los requisitos de dimensión mínima de los condones, cuya «longitud no debería divergir menos de cien milímetros y su anchura no más de dos milímetros de la anchura nominal», la Comisión, seguramente después de una larga disputa, se mostró comprensiva: la longitud de 16 centímetros no es obligatoria; sólo se recomienda. Incluso la lucha contra el queso de leche cruda y la sidra de Frankfurt, alimentos que hicieron fruncir las cejas a la alta instancia, hay que darla por perdida definitivamente, ya que los díscolos franceses y los ciudadanos de Hesse protagonizaron en ambos casos ruidosas protestas. Sin embargo, no se aprecian síntomas de que a la alta instancia le hayan surgido dudas sobre su competencia universal. Está lejos de ella sacar conclusiones ulteriores de las pequeñas derrotas que ha sufrido. La producción de normas no decae.

Una bella ilustración de ese celo es el «Reglamento (CE) n.º 244/2009 de la Comisión (…) en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para lámparas de uso doméstico no direccionales», que en sus catorce páginas impresas con interlineado estrecho dispone cómo los europeos han de iluminar sus salas particulares. Resulta difícil juzgar si lo que aquí predomina es la escrupulosidad, la estupidez, la arbitrariedad, las ganas de poner trabas o tal vez la voluptuosidad, de inspiración sádica, de emitir órdenes y prohibiciones. Nadie lo sabe exactamente, ni siquiera los mismos responsables.

«Reloj no marques las horas porque voy a enloquecer…»

A los de Bruselas eso les trae sin cuidado. La directiva n.º 2000/84 del Parlamento Europeo y el Consejo obliga a cientos de millones de europeos a manipular dos veces al año todos sus relojes, sean de pulsera, bolsillo o pared, lo que durante varias semanas hace enloquecer su biorritmo. Numerosos estudios han demostrado que el efecto de ahorro energético que pretendía conseguirse de esa manera es nulo.

A partir de 2013, estos mismos habitantes del continente forzados a dar vueltas a sus relojes y lámparas de mesilla para acatar las instrucciones de la lejana Bruselas, deberán indicar un número de cuenta de entre treinta y tres y cuarenta y dos dígitos cada vez que quieran recibir una transferencia no ya del extranjero sino de ámbito nacional. Así lo exigen el llamado BIC, de once dígitos, y el denominado IBAN, de entre veintidós y treinta y cuatro cifras y letras. En Italia, por ejemplo, este último presenta 27 dígitos y en Malta 31, de modo que los 414.000 malteses dispondrán de 3.100.000.000.000.000.000.000.000.000.000 de números de cuenta distintos, que a su vez se verán afinadas y precisadas por otros 10.000.000.000 de números de BIC. Esta gesta pionera de la alta instancia, que ya ha suscitado diversas protestas, lleva el número de reglamento 924/2009.

Lo que en cambio no está claro es en qué aeropuertos las tijeras de uñas, las hebillas de cinturón, los frascos de perfume, los zapatos y los sacacorchos de los pasajeros deberán ser categorizados como potenciales armas asesinas. Faltan en este apartado, como cualquier viajero sabe, unas normas europeas exactas. Con toda seguridad las correspondientes disposiciones de aplicación no se harán esperar demasiado.

De su intromisión sin tregua en la vida cotidiana de los europeos sólo queda a salvo un campo: el de la cultura. La Unión nunca le ha prestado excesiva importancia. La cultura molesta por el mero hecho de ser difícilmente homogeneizable. Es coherente, pues, que la Comisión haya encomendado la cartera al menos avisado de sus miembros. Basta con echar un vistazo al presupuesto que destina a ese apartado para entender a qué se debe esto: asciende a 54 millones de euros y se sitúa así en un ínfimo tanto por mil; para ser exactos, es de 11 céntimos anuales por cada ciudadano de la Unión. Sirva de comparación el municipio de Múnich, cuyo gasto cultural se eleva a 161 millones de euros. Al parecer, hay personas que lamentan tal avaricia de filisteo. Son miopes. Cuanto menos se interesen por la cultura las instancias bruselenses, mejor. A todos los que se preocupan por este aspecto de la existencia humana esa indiferencia les ahorra el tutelaje arrogante con que han de lidiar quienes se dedican a otras actividades. Lo único que nos faltaba serían directivas sobre cómo se ha de pintar, bailar o escribir en Europa.

En todas las demás áreas, sin embargo, el método de las autoridades sigue un esquema consagrado. Alguna sección manifiesta sugerencias y propuestas que implican una ampliación de sus competencias. Tales ideas se van consolidando en un complejo proceso que atraviesa una serie de instancias hasta desembocar en la aprobación de una novísima directiva o reglamento. Se procura que el trámite cause el mínimo revuelo. Sólo cuando en la opinión pública las perturbaciones proliferan, el aparato burocrático inicia un repliegue táctico. Pueden pasar muchos años hasta que una disposición absurda vaya a parar a la papelera.

Cuanto más abstrusos resultan los ejemplos, tanto mayor es la popularidad de que gozan en los medios de comunicación. Y quien mire más de cerca se dará cuenta de que algunas de esas normas superfluas que desacreditan la acción del aparato de Bruselas se remontan a la presión alevosa y oculta de intereses particulares de carácter nacional. Parece que fue un gobierno bávaro el que promovió la normalización de los asientos de tractor en el continente. No es un caso singular. El reglamento sobre las bombillas no fue implantado por razones medioambientales, sino por iniciativa de la industria de productos lumínicos. Es decir, la manía reguladora no sólo prospera en la Comisión Europea, sino también en las numerosas mansiones y plantas de despachos de los lobbistas. Se calcula que suman unos 15.000, y muchos observadores consideran que su influencia supera con creces la de un diputado.

Pongamos, pues, punto final al recuento de estas fastidiosas aunque no mortíferas trabas y desafueros que empañan la imagen de la Unión Europea. No son más que síntomas de sus defectos congénitos, mucho más profundos. Pero antes de hablar de éstos vamos a adentrarnos en las interioridades de la institución.

4. CONOCIENDO LAS PLANTAS DE DIRECCIÓN

Una y otra vez se lamenta que los ciudadanos de la Unión no desarrollen más que un discreto interés por las instituciones que ésta ofrece, y que ni siquiera se sepan los nombres del personal directivo que en Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo se ocupa de sus asuntos. En efecto, parece que nadie conoce a los numerosos presidentes, vicepresidentes, comisarios y jefes de comisiones. ¡Aquí hace falta un poco de ilustración!

En primer lugar hay que mencionar al presidente del Consejo Europeo. Sería fatal que el público lo confundiera con el presidente del Consejo de la Unión Europea. Pues es aquel consejo y no éste el que se compone de los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros. Mientras que su presidente es elegido por dos años y medio, el del Consejo de la Unión Europea sólo tiene un mandato de seis meses. ¡Pero ojo! En ningún caso puede asistir a todas las sesiones de ese organismo, pues el Consejo se reúne con bastante frecuencia y bajo diez denominaciones diferentes, entre las que destacan las siguientes:

CAA, ECOFIN, JAI, DGC, ENVI, EXC, TTE y PAC; en consideración al público alemán se utilizan también las siglas JI, BeSoGeKo, WBF o BJKS, si bien se da preferencia a las francesas JAI, EPSCO, EJC y PAC. Su coordinación corresponde al GAC, asimismo llamado CAG o Consejo de Asuntos Generales, integrado por los ministros de Exteriores o para Europa de los Estados miembros, quienes se reúnen también en el FAC o CAE. A éste concurre otro miembro, a saber, el Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común, quien lo preside pero, lamentablemente, no goza de derecho de voto.

La Comisión Europea, compuesta por veintisiete comisarios (uno por cada país miembro), también cuenta, claro está, con un presidente, entre cuyas múltiples obligaciones figura la de nombrar a sus siete vicepresidentes, uno de los cuales preside a la vez el CAE. Al presidente de la Comisión le asiste una secretaría general propia. De ésta dependen numerosas direcciones generales, y el lector comprenderá que aquí sólo podemos ofrecer una sucinta muestra integrada, por ejemplo, por la EAC, la RTD, la ENTR, la TAXUD, la MOVE, la ECFIN, la ECHO, la ENER, la ELARG, la BUDG, la SANCO, la JUST, la DGT, la HOME, la INFSO, la CLIMA, la AGRI y la SCIC. Se entiende que cada una de ellas esté subdividida en direcciones y secciones; en caso contrario, su director general sería un director a palo seco.

En el mismo rango que las direcciones generales se sitúan una serie de oficinas y servicios, además del gran número de agencias comunitarias y ejecutivas con sedes dispersas por todo el continente, desde Alicante hasta Vilna y desde Heraklion hasta Helsinki. Su cifra exacta es difícil de determinar, entre otras cosas porque aumenta cada año. Mientras que en 1975 sólo había dos, en la actualidad son por lo menos 36 y hay otras que se encuentran en fase de creación. Las instituciones de este tipo brotan de forma natural, por así decir, como el repollo. No por nada una variedad de éste es la col de Bruselas, una planta que responde al principio de autosimilaridad y genera cogollos siempre nuevos.

Cada agencia tiene su propia personalidad jurídica y está dotada de las correspondientes comisiones y servicios auxiliares. En su cúspide se halla un consejo administrativo, donde al menos 16 integrantes hacen de las suyas. Pero las menos de ellas se conforman con esa composición mínima. La que se lleva la palma es la OSHA, un organismo que se encarga de la seguridad y salud en el trabajo y que pese a no tener más que 64 empleados cuenta con 84 consejeros.

Sólo un crítico malintencionado, falto de benevolencia para con la Comisión, podría ser lo suficientemente obstinado como para bucear hasta el fondo del registro de las llamadas corporaciones. Al lector superficial le recomendamos conformarse con la selección representativa que sigue y que se limita a las primeras letras del abecedario.

La lista contiene la ACER, el CEDEFOP, el CDT, la CEPOL, la ACCP, la OCVV, la EACEA, la AESC, la AESA, la AECI, el ECDC, la ECHA, la AED, la AEMA, la ERC, la EFSA, el IEIG, el IET, el EMCDDA, la EMEA, la AESM y la ENISA. Baste de momento.

Una institución totalmente nueva es la del Servicio Europeo de Acción Exterior, al que corresponden las siglas SEAE o EEAS según la lengua oficial que se elija. Al parecer, está formado por funcionarios de la Comisión y de la secretaría del Consejo, así como por diplomáticos. El organismo depende del Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad, quien a su vez preside el Consejo de Asuntos Exteriores y no sólo es miembro de la Comisión sino incluso uno de sus vicepresidentes. Entre su equipo directivo hay un secretario general ejecutivo con dos adjuntos y un jefe de administración.

Este servicio tiene puestos tentadores que ofrecer. De hecho, las delegaciones de la UE en el extranjero disfrutan un poco del glamour de las embajadas de verdad. Sus jefes pueden llevar matrícula diplomática en sus coches, además de gozar del pasaporte rojo, las ventajas fiscales y la inmunidad que corresponden a un diplomático profesional. Está previsto que, en el futuro, los delegados actúen en más de 130 países. Pero hasta entonces aún queda mucho camino por recorrer. Por lo pronto, bastante trabajo tienen los 3.645 integrantes del órgano con levantar su propio edificio. Así, al menos a largo plazo la Unión tiene la garantía de verse representada de forma apropiada en el mundo exterior.

¿Y quién representa a los ciudadanos europeos en la Unión? Lo hace el Parlamento, que existe -se dice pronto- desde hace ya casi sesenta años. Para su trabajo necesita, cómo no, un presidente. Es cierto que las tareas de éste tienen, sobre todo, carácter representativo y protocolario, pero para poder satisfacerlas adecuadamente le asiste un voluminoso aparato. Dispone de un generoso comedor propio ubicado en el ático del edificio parlamentario bruselense. (El mural que adorna la sala muestra, por cierto, El rapto de Europa.) Para aligerar su carga de trabajo, el dignatario cuenta, además, con 14 vicepresidentes, de modo que nunca falta uno para dirigir una reunión.

Los diputados pertenecen a distintos partidos. De momento hay siete grupos parlamentarios oficialmente reconocidos. Cada uno tiene su propio comité directivo. Sus debates internos se producen en el seno de reuniones que son un auténtico hervidero de presidentes adjuntos.

Casi nos olvidábamos de Luxemburgo, una hermosa ciudad, paradero de otros presidentes e instituciones. La más importante de ellas es el Tribunal de Justicia (TJUE) o, en términos oficiales, Tribunal a secas, y que no debe confundirse bajo ningún concepto con el Tribunal General (TG). Si bien es cierto que ambos constan de 27 jueces (uno por país) y que están dotados cada uno de ocho cámaras integradas a su vez por entre tres y cinco jueces cada una, sólo el TJUE puede preciarse de contar con los servicios de ocho abogados generales, mientras que el TG tiene que arreglárselas sin esos empleados públicos, de manera que de vez en cuando ha de intervenir uno de los jueces nombrados. Cosa distinta es el TFP. Se trata del Tribunal de la Función Pública, compuesto tan sólo por siete jueces que cumplen su cargo durante seis años.

Se entiende que ninguna de las instancias citadas puede prescindir de un presidente, elegido en cada caso por un periodo de tres años. Además, los tribunales disponen de tres jefes de administración, que tienen el derecho de llamarse cancilleres aunque a efectos protocolarios figuren por debajo de los jueces. En el caso del TFP se trata de una cancillera.

Sólo a un lego en la materia se le podría ocurrir incluir en este apartado el TDH o TEDH. Éste es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, que nada tiene que ver con la Unión Europea aunque usa la misma bandera y el mismo himno. Es harina de otro costal por el mero hecho de encontrarse bajo la égida del Consejo de Europa estrasburgués, en el cual están representados no 27 países sino 47, entre ellos Moldavia, Azerbaiyán y San Marino. Lo singular del Consejo de Europa es que posee un secretario general pero ni un solo presidente. Quienes mandan allí son, en definitiva, el Comité de Ministros y la Asamblea Parlamentaria, a la que compete también la elección de los jueces.

Se trata, a ojo de buen cubero, de 47 magistrados, que ejercen cada uno durante nueve años y actúan sea de forma individual, sea en comités de tres jueces, cámaras de siete o una Gran Cámara conformada por 17 magistrados. A diferencia del Consejo de Europa, al TEDH no le faltan presidentes. Además del titular, el alto tribunal puede hacer gala de dos presidentes adjuntos y otros tres presidentes de sección asistidos por un canciller y un vicecanciller.

Menos claro es el caso de la CEEA, también llamada EURATOM, al tratarse de un organismo que, por un lado, es absolutamente autónomo, o sea, opera sin nexo con la UE, pero, por otro, comparte con ésta todos sus órganos, constituyendo así un milagro que planteará un enigma a cualquier anatomista. Resulta difícil precisar dónde se encuentra exactamente el sillón de su presidente.

Sabido es, en cambio, quiénes presiden el TC, que examina, en Luxemburgo, los libros de la Unión, el CESE y el CDR, comités asesores de la Comisión. No carecen de presidentes/as ni adjuntos/as de los/las mismos/as, al contrario de lo que sucede con las oficinas que se encargan de las reclamaciones y la protección de datos de los ciudadanos, que lamentablemente tienen que apañárselas sin tales dignatarios.

¿Y qué pasa con Frankfurt am Main? Allí también pueden presumir de albergar un órgano de la Unión: el Banco Central Europeo, que a diferencia de la mayoría de los demás organismos goza de una independencia formal que muchos le envidian; en virtud del artículo 130 del Tratado de Lisboa no está sujeto a ningún mandato imperativo de la política. Esto lo puede invocar tanto su directorio, compuesto por un presidente, un adjunto y otros cuatro miembros, como su consejo, al que pertenecen todos los 17 presidentes de los bancos centrales de la zona euro; el BCE incluso pide el parecer del Consejo Ampliado, integrado por 27 presidentes. Ni que decir tiene que estos órganos se reúnen, como corresponde, a puerta cerrada. Sin embargo, últimamente y desde que el BCE viene comprando bonos soberanos de algunos maltrechos países miembros, de sus deliberaciones han trascendido voces audiblemente rezongonas. Al parecer, las presiones políticas también se hacen sentir allí donde no debería haberlas.

Tal vez la sinopsis que estamos ofreciendo sea agotadora, pero no sabemos si es también exhaustiva. Un último instituto que podría citarse es el BIE, un banco de inversión con sede en Luxemburgo. A título oficial es otro órgano autónomo de la UE del que se afirma que no está vinculado a ningún mandato imperativo de la Comisión. Eso está muy bien, aunque hay que señalar que su consejo de gobernadores lo componen los ministros de Hacienda y en su consejo de administración no falta un representante de la Comisión. Por otra parte, cuenta con un directorio, una secretaría general, una dirección general, seis direcciones no generales y -casi se nos olvidaba- un presidente.

5. ESPÍRITU DE CUERPO

Como todos sabemos, la vida real no tiene lugar en las plantas de dirección. Más importantes que los innumerables presidentes son, a fin de cuentas, las damas y los caballeros de segunda fila, los cuadros, los sherpas, cuyos nombres nunca aparecen en las noticias. El que quiera conocerlos hace bien en dejar el recinto turístico del casco antiguo de Bruselas y montarse en el metro. Michael Stabenow, conocedor de la zona que alberga los cuarteles generales de la Unión, describe la ruta de acceso mejor que cualquier guía turística:

«Parece que el día de noviembre va a cumplir lo que el cubo de plástico azul promete. Saliendo esa mañana de las catacumbas de la estación bruselense de Schuman, uno al menos está prevenido. Del techo no paran de caer gotas de agua en el recipiente dispuesto a la salida. Tras un viraje para evitar el balde ya bien lleno hay que subir, bajo una lluvia torrencial, muchas escaleras. La escalera mecánica no se mueve desde hace varias semanas y sirve ahora de receptáculo de papel, latas y colillas. ¡Bienvenido al corazón del barrio de la UE de Bruselas!

»Si todavía hubiese hecho falta una prueba de que Europa es un solar en obras permanente, aquí la tenemos. Cuando nos damos la vuelta vemos, al otro lado de la siempre congestionada rue de la Loi y detrás de una grúa, el edificio Berlaymont, el cuartel general de la Comisión Europea, antaño contaminado de amianto. Su reforma había de llevarse a cabo en un plazo de cinco años, de 1991 a 1996, pero luego pasaron ocho más. En sus 13 plantas, este palacio de cristal aloja hoy en día a los 27 comisarios, sus equipos de colaboradores y algunos servicios.» Su superficie útil nominal es de 241.515 metros cuadrados, incluyendo las cuatro plantas subterráneas destinadas a infraestructura técnica y aparcamiento para los funcionarios.

El nombre del edificio no se explica por sí solo ni a sus moradores ni a los visitantes. En el siglo XVI el conde Charles de Berlaymont intentó mediar entre la corona española y los mendigos del mar y, tras la victoria del partido patriótico, pasó por ello una temporada en la cárcel. Pero el nombre del edificio nada tiene que ver con la lucha de liberación contra el régimen del duque de Alba, pues el terreno junto a la rue de la Loi que hoy alberga a la Comisión era hasta 1960 propiedad de las Damas de Berlaymont, una comunidad monástica que allí, a las puertas de la ciudad, regentaba una pensión de señoritas. Acosadas primero por la especulación inmobiliaria y después por el Estado belga, las religiosas no tuvieron más remedio que huir a Waterloo. De su otrora idílico huerto conventual se ha apoderado, como si de un cuerpo extraño en medio de la capital belga se tratase, el cuartel general de la Unión. Hacia el mundo exterior el edificio se presenta más bien inhóspito. No hay manera de acceder a ese recinto de clausura sin identificarse con una tarjeta de plástico en la solapa y pasar por unas esclusas de seguridad propias de un aeropuerto.

Lo mismo ocurre en la sede del Consejo Europeo, llamado Consilium o edificio Justus Lipsius. Tampoco en este caso se sabe de dónde le viene el nombre. Bien es cierto que en el vestíbulo hay una estatua, pero entre los adláteres de ministros y las cohortes de otras mentes serviciales serán muy pocos los que hayan hojeado las obras de este filólogo humanista, aunque sólo fuese porque están escritos en el latín del mundo erudito.

Desde el punto de vista arquitectónico, ambos edificios sorprenden por la modestia de sus pretensiones. El Consilium, que no se acabó hasta 1995, tiene ya un aspecto bastante deteriorado, al igual que el arte que lo adorna. Quien espere elegancias y suntuosidades debe prepararse para una decepción. Incluso los escritorios de los más altos cargos resultan más bien anodinos, ¡ni punto de comparación con el Palacio del Elíseo! Hasta el despacho del alcalde de Bruselas con su decoración de oro renacentista hace sombra a cuanto puede ofrecer la Unión Europea.

Mucho más interesante que la pobre fachada de estos cuarteles generales es, naturalmente, la vida que se desarrolla en su interior. El escritor austríaco Robert Menasse se sometió al esfuerzo de estudiarla. Durante meses anduvo fisgoneando por los pasillos de la burocracia, las salas de reuniones y los despachos, con la finalidad de observar el diario acontecer. Según parece, tiene previsto escribir una novela protagonizada por un funcionario de la Unión. Es un proyecto heroico por el cual sólo podemos felicitarle, pues representa un adiós a los ejercicios digitales de carácter narcisista que ocupan a tantos narradores contemporáneos. No pocos se quedarán sorprendidos por el resultado provisional de sus investigaciones porque ha «conocido en el aparato funcionarial de la Comisión a personas óptimamente preparadas y de pensamiento europeísta, que atienden con extraña eficacia una máquina productora de racionalidad sumamente compleja».

Es grato oírlo. Y, efectivamente, en ese biotopo uno se encuentra a muchas personas muy instruidas y comprometidas. Como es habitual, rara vez se las halla entre los cargos más altos; éstos a menudo son políticos enviados a Bruselas por su respectivo país de origen después de haber resultado molestos, por la razón que sea, a los partidos en los que militan; se dice entonces que han «caído un escalón arriba». Por lo demás se entiende que las posiciones punteras no pueden repartirse en función de la aptitud. Tienen que ser negociadas según criterios de proporcionalidad para que ninguno de los 27 países miembros salga perdiendo. La cualificación es lo de menos. De ahí que nunca faltarán comisarios crónicamente desbordados.

Distinto es el caso de los funcionarios de segunda fila. Mediante una compleja convocatoria de concurso se selecciona a los más competentes de entre cientos de aspirantes, garantizándose que no se cuele prácticamente ninguno que carezca de experiencia profesional y conocimiento de la materia. Es lamentable que la mayoría de los etnólogos se sientan más atraídos por Papúa Nueva Guinea que por Bruselas; en efecto, allí se abriría a la investigación un campo especialmente peculiar. Ya a primera vista se nota que quien ha logrado entrar en estas esferas se comprende a sí mismo como parte de una élite supranacional. Estos funcionarios defienden la razón de Estado de un Estado que no existe. Muy por encima de la perspectiva de campanario de sus países miembros, se sienten llamados a defender un interés común de rango superior. En su mundo circunscrito no falta la aplicación. Muchos incluso muestran cierto entusiasmo. La semana de sesenta horas constituye, al menos en los ámbitos centrales, más la regla que la excepción. (Lo que no necesariamente es el caso del gran número de agencias ejecutivas y servicios secundarios de la Unión que, obedeciendo a la ley de la proporcionalidad, remolonean dispersos por la geografía europea. En la periferia, lejos de toda vigilancia, la eficacia, como es natural, disminuye. Algunos de esos establecimientos merecen sin más ser calificados de instituciones creadas para dar empleo.)

Lo que mueve a los mejores cuadros de la UE no es su vanidad. Ningún jefe de gabinete depende, como un ministro, de que la televisión muestre su cara. Más allá de las cristaleras de Berlaymont apenas nadie lo conoce. Lo que le sirve de acicate es su conciencia de cumplir una misión. Ésta tiene que ser lo suficientemente fuerte como para afrontar las ocasionales arremetidas de la duda, de las cuales ningún ser inteligente se libra. El hecho es que no estamos ante burócratas indigentes de ideas. Estas personas a veces le recuerdan a uno cómo se ven a sí mismos los licenciados de instituciones francesas tales como la ENA, la École Polytechnique o la de Sciences Po. A diferencia de los discípulos de estos centros, el espíritu de cuerpo de los funcionarios de la Unión incluye no sólo el dominio ágil de las reglas no escritas y de la jerga propia de la institución, sino también una nueva variedad del internacionalismo. Tener vínculos demasiado estrechos con el país de origen se considera poco decoroso. Se es políglota y se cuida de que quienes pertenecen al equipo de trabajo de uno procedan de un máximo de países miembros distintos.

No sólo los contactos con la ciudad donde viven se limitan a lo más necesario. También velan por guardar distancia formal y geográfica con la realidad europea. Ese desligamiento no es un defecto; incluso está bien visto. Pues sólo así pueden demostrar de forma convincente que su manera de actuar es imparcial.

Son obvias las inevitables consecuencias de tal conducta. El aislamiento y la autorreferencia crecen con la distancia. Eso significa también que les cuesta cada vez más transmitir sus decisiones a quienes están fuera de su órbita. No es injusto suponer que la humildad no es uno de los fuertes de estos laboriosos autores por convicción.

6. ANTECEDENTES MEDIO OLVIDADOS

¿Cómo hemos llegado a donde estamos? Para contestar esta pregunta podemos ahorrarnos la prehistoria. No hace falta detenerse en Carlomagno, si bien la Unión gusta de engalanarse con su nombre y ha bautizado así un edificio de cristal de dieciséis plantas junto a la rue de la Loi, donde habitan ahora varios directores generales. Aún menos tenemos que volver sobre Napoleón Bonaparte o Adolf Hitler, quienes, aunque de modo radicalmente distinto, fracasaron los dos en imponer a este continente una camisa de fuerza.

También sería pedir demasiado mencionar al gran número de personas que en el siglo pasado daban vueltas a algo que llamaban la «idea europea». Uno de sus portavoces fue el conde Coudenhove-Kalergi, que ya en 1923 apareció en escena con un manifiesto titulado Pan-Europa. Dicha idea produjo un sinfín de movimientos, uniones, comités de acción y sectas de inspiración idealista, y cada uno de ellos la interpretó a su manera, razón por la cual dichos grupos pronto acabaron enredándose en toda clase de rivalidades y discordias. Entre los adeptos de la realpolitik no tuvo mucho eco.

Fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando la cosa empezó en serio. Con el inicio de la Guerra Fría la causa europea comenzó a tomar velocidad. El pistoletazo de salida lo dio Winston Churchill en 1946 con su famoso discurso de Fulton, en el cual no sólo acuñó la expresión «Telón de Acero», sino que reivindicó también una Europa nueva y unida de la que no cabía excluir a ninguna nación. Esto último, claro está, aludía en primer lugar a los alemanes y resultaba tanto más sorprendente cuanto que para Churchill no había pueblo más antipático que los alemanes (con la salvedad de los indios). Transcurrido apenas medio año desde el final de la guerra, a las naciones vecinas les fue bastante difícil aceptar la pretensión de no excluir con carácter duradero al país situado en el centro del continente. Pocas semanas después y en Zúrich, Churchill puntualizó: «Debemos levantar una especie de Estados Unidos de Europa (…) El primer paso práctico en ese camino será la creación de un Consejo Europeo. Francia y Alemania deberán asumir el liderazgo en esta apremiante tarea (…) Les digo: “Let Europe arise!”» Naturalmente, su iniciativa respondía menos al bien de Alemania que a la ocupación soviética. Por una parte, Churchill entendía que la alianza bélica con los rusos era insalvable; por otra, quería evitar un segundo Versalles. De ahí que se opusiera a las tradicionales recetas francesas, que no eran otra cosa que reclamaciones territoriales en el Rin y el Ruhr. Los americanos y los británicos, que veían llegar la Guerra Fría, no podían acceder a tales deseos. En cambio, a quienes guardaban buena memoria de los ocupantes alemanes les desagradaba la idea de tener que reconciliarse con ellos.

No obstante, ya poco tiempo después Churchill aventuró el paso siguiente. Encargó a su yerno Duncan Sandys la organización de un acto memorable, hoy totalmente olvidado, en la capital de los Países Bajos: el congreso de La Haya para la unificación de Europa de mayo de 1948. Él mismo asumió la presidencia del encuentro y pronunció el discurso de inauguración. Prácticamente nunca, ni antes ni después, tuvo lugar un concilio tan extraño, con más de 750 participantes procedentes de veinte países. El acto no contó con el apoyo de un solo gobierno, y a día de hoy no ha quedado claro quién lo financió. Algunos teóricos de la conspiración sospechan que estuvieron implicados los servicios americanos.

Fue una variopinta mezcla de soñadores y duros estrategas la que se reunió en la sala de ceremonias del Parlamento neerlandés. Aparte de destacados políticos como Daladier o Mitterrand, Eden o Macmillan, salieron a la palestra no sólo pensadores como Bertrand Russell, Denis de Rougemont y Raymond Aron, sino también poetas y escritores como T. S. Eliot, Ungaretti, Madariaga y Silone. Ni siquiera faltaron los teólogos: hubo algunos obispos anglicanos y estuvo también Martin Niemöller. Una constelación de esas características sería absolutamente impensable hoy en día.

Los participantes alemanes, además de disfrutar del radiante clima de mayo, se alegraban de poder sentarse, por primera vez desde la guerra, como iguales en una mesa de negociaciones. Naturalmente, no podía faltar Coudenhove-Kalergi con sus seguidores. Toda clase de «uniones», «movimientos» y «comités» con nombres rimbombantes y escaso respaldo estuvieron peleando unos con otros por sus ideas. Se enzarzaron, sobre todo, los grupos de los federalistas y los unionistas. Poco se habló de cuestiones económicas. Pero en una cosa sí lograron ponerse de acuerdo: la fundación del Consejo de Europa, que se produciría un año después. Mientras los idealistas acariciaban sus visiones, los pragmáticos llegaron a un entendimiento sobre los siguientes pasos a dar en su política guiada por los intereses de cada uno.

Tres caballeros discretos, que probablemente no se habían cruzado nunca, estuvieron sentados en las filas posteriores de la sala: un primer alcalde de Colonia retirado llamado Konrad Adenauer; Melvin Lasky, un publicista norteamericano que vivía en Berlín y al que se relacionaba con la CIA; y un francés de nombre Jean Monnet, que no podía faltar en esta historia, pues fue él quien dio el paso siguiente y determinante hacia la integración europea.

Este hombre merece una digresión. No respondía en absoluto a la imagen que solemos hacernos de un político. En fotografías viejas aparece como un hombre siempre alegre, más bien bajito, con barriga discreta y bigote impecablemente recortado, un personaje más propio de un Club Rotario que de una asamblea política. Monnet nunca hizo campaña electoral para aspirar a un cargo. El olor de multitud no era lo suyo, tampoco el relampagueo de las cámaras. Siempre prefirió trabajar a cubierto de la opinión pública, entre bastidores, por así decir. Vista la influencia que ejerció en los campos más diversos, ésta es una actitud bastante singular. Según parece, la vanidad y el afán de gloria, fuerzas motrices esenciales de la clase política, no formaban parte de sus pasiones.

¿Era Jean Monnet un aventurero? Es lo que podría pensarse al contemplar todo lo que hizo este hombre. Fue empresario, financiero, comisario de Estado y organizador de un cartel armamentístico que desempeñó un papel fundamental en la victoria de los aliados sobre el Reich Alemán. Ya mucho antes, en 1914, había «comprobado que donde reina la organización, allí también está el poder». En la guerra se trataba de «llevar la economía de mercado a una forma de organización más racional».

Poco a poco fue extendiendo los hilos de su red global de relaciones hasta Londres y San Francisco, Varsovia y Shanghái, Ginebra y Moscú, El Cairo, Estocolmo, Washington y Argel. Nunca dependió de los salarios y las pensiones que conlleva el servicio público; tenía dinero suficiente, aunque los negocios financieros internacionales a los que debía su independencia siempre le aburrieron, según confesó.

Ya en 1945 -la guerra aún no había terminado- Monnet imaginó «un sistema en el que las reservas de carbón y acero del Ruhr serán sometidas a una autoridad europea y administradas para beneficio de las naciones participantes, incluida la Alemania desmilitarizada». La condición previa para ello era «una Europa unida no sólo en cooperación, sino por una transferencia de soberanía, aprobada por las naciones europeas, a una especie de unión central», un proyecto que en aquel entonces parecía todavía absolutamente irreal.

Un año después, De Gaulle creó el Commissariat général du Plan y encomendó su dirección a Monnet. Éste consideró dicha misión une fonction indéfinissable. No dudó en usarla como palanca para promover sus planes de largo alcance. (Dicho sea de paso que la denominación francesa de «comisario», tan cara a la Unión hasta el día de hoy, se debe precisamente a su nombramiento.)

Todos los testigos hablan de su encanto y su clarividencia, su agilidad y su paciencia, pero también de la pertinacia, velada por el buen humor, con que perseguía sus fines. Siempre actuó como influyente tramoyista y apuntador de los poderosos de su tiempo. Nunca se afilió a partido político alguno. Muy al contrario de sus herederos en el seno de la Unión Europea, careció de ganas de construir pirámides de puestos laborales. «Si dispongo de un aparato administrativo, he limitado deliberadamente sus dimensiones», decía. Prefirió trabajar a la sombra y en petit comité.

El 9 de mayo de 1950, exactamente cinco años después de la rendición incondicional de Alemania, el ministro de Exteriores francés Robert Schuman se presentó en el quai d’Orsay ante la prensa con un plan sensacional que hoy injustificadamente lleva su nombre, pues era de Jean Monnet. «Cuando les faltan ideas, los hombres del poder aceptan las de otros, siempre que se les conceda la paternidad», dijo éste con la sequedad que le caracterizaba. «Como son ellos los que cargan con el riesgo, necesitan los laureles. En mi trabajo hay que olvidarse de las coronas de laurel.»

El ministro, haciendo caso a su apuntador, no mencionó en absoluto la «idea europea» y los incontables comités y movimientos que la propagaron. En cambio, propuso la creación de una Alta Autoridad europea destinada a administrar los mercados del carbón y del acero. El primero en ser elegido presidente de aquella Comunidad Europea del Carbón y del Acero fue Monnet, quien desdeñaba los planes de anexión que abrigaban algunos compatriotas suyos. Pensaba en clave francesa pero no era nacionalista. Era un pragmático. Lo mismo que Churchill y De Gaulle, prefirió involucrar al potencial industrial alemán siguiendo el lema de «si no puedes con tu enemigo, únete a él». Aceptó ocupar la cúspide de la Comunidad porque no tenía más remedio, ya que ese primer embrión de la Unión Europea había sido su criatura. Cuando se despidió de aquel cargo dijo: «Lo que en materia de carbón y acero de los seis países de nuestra comunidad va por muy buen camino hay que perseguirlo hasta alcanzar la meta definitiva: los Estados Unidos de Europa.»

Así y todo, la mayoría de los 270 millones de ciudadanos de la Unión nacidos después de 1965 probablemente nunca han oído hablar de este hombre. El desvanecimiento de su nombre quizá tenga que ver con lo que se ha llamado el «método Monnet». La expresión se refiere a su muy peculiar manera de entender la política. Prefería, según se dice, «las decisiones de élite tomadas por consenso», en las que poco tenían que decir los Parlamentos y los ciudadanos. Rechazaba los referéndums y las consultas del pueblo. No sólo por esta razón sus propuestas nunca fueron populares. La integración europea que él imaginaba tenía rasgos tecnocráticos e intervencionistas.

La cortés ficción de la soberanía popular no le importaba. En cambio, y al contrario de los ilusos que soñaban con ella, sabía en todo momento exactamente lo que quería. Apostaba deliberadamente por un proyecto a largo plazo que, paso a paso y siguiendo su lógica interna, había de conducir a una Unión cada vez más poderosa. «Para ello no necesito grandes recursos. Me bastaría con una oficina, un teléfono y una secretaria.»

La Comunidad Europea del Carbón y del Acero no fue para él más que un primer rudimento a fin de asegurarle una base económica a ese proyecto. Pero implicaba mucho más, a saber, ir socavando paulatinamente el núcleo de soberanía política de los Estados-nación en beneficio de instancias transnacionales. Monnet, eso sí, era demasiado inteligente como para poner ese objetivo en el orden del día en los años cincuenta del siglo pasado. Sólo mucho después se fueron despejando las verdaderas implicaciones de su plan. Pocos se imaginaban entonces el éxito contundente que le estaba destinado.

Todo lo demás siguió las premisas por él formuladas. Ya en 1948 se creó la OECE, que en alemán inicialmente se llamaba también Consejo Económico Europeo. Su misión consistía en distribuir los recursos del plan Marshall, liberalizar el comercio intraeuropeo y preparar una unión monetaria. Ni que decir tiene que Jean Monnet estuvo sentado a la mesa decisoria.

El trasvase de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero a compartimentos cada vez más grandes se efectuó en varios pasos. El camino, como es habitual, estaba empedrado de siglas que pocos europeos podían descifrar: partiendo de la CEE, la CEEA y la AELC, pasó a convertirse en la EEE y la UME, para acabar siendo la actual UE.

7. ¡ES LA ECONOMÍA, ESTÚPIDO!

Este eslogan, que en su campaña de 1992 ayudó a Bill Clinton a conseguir la presidencia, podría estar inscrito con toda razón en aquella fachada del edificio de la rue de la Loi donde reside el presidente del Consejo. Porque a pesar de todas sus metamorfosis la Unión, en su esencia, no ha dejado de ser lo que hasta 1993 predicaba su nombre: una comunidad económica. Para sus defensores, y a diferencia de lo que creía Napoleón, el destino no es la política sino la economía. Ésta se presenta como una fuerza mayor a la que nada puede cerrar el paso, y menos las tradiciones, mentalidades y constituciones seculares de los países europeos. Tales realidades son consideradas meros obstáculos a superar, precisamente porque las múltiples y diversas culturas de este continente se oponen con tenacidad a su homogeneización.

Desde los días de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, el proyecto de integración económica ha sido propulsado sin respetar las diversidades económicas, territoriales, étnicas y religiosas de los Estados miembros. He aquí una sordera histórica sobre la que no puede engañar ningún Premio Carlomagno ni sermón dominical alguno.

Para describir las contradicciones que comporta esta manera de actuar se puede prescindir de cualquier recurso a la retórica de la crítica cultural. Bastan los instrumentos de la teoría sistémica. Ésta dice que una reducción de complejidad como la que pretende lograrse con la comunidad económica genera inevitablemente nuevas complejidades cuyo coste podría resultar siendo tan alto como para desarbolar el propio sistema. Son términos estremecedores pero bastante claros.

En efecto, hay una ironía maligna en el hecho de que sea precisamente en el campo de acción por excelencia de la Unión donde han aparecido las fisuras más peligrosas: el de la economía. Mientras que sus Estados fundadores aún disponían de una fuerza económica parangonable, poco a poco fueron incorporándose a la comunidad socios inseguros que, como era evidente, no estaban a la altura de la competencia desencadenada por el mercado común. Por lo pronto, esto hizo que los países de moneda débil tratasen de salvarse mediante devaluaciones continuas. Pero esa salida sólo quedaba abierta mientras no existiera una moneda común.

Para disimular las inevitables tensiones que se derivaban de ese error de construcción, la Unión no tuvo reparos en violar sus propios tratados. Si hubiese hecho las cosas conforme a ley, nunca debería haber acogido a países como Grecia, Bulgaria o Rumanía. Entre éstos, el Gobierno de Atenas se llevó la palma presentando datos estadísticos falsificados sin escrúpulos, datos que Eurostat -fundado ya bajo Jean Monnet en Luxemburgo en tiempos de la CECA- se tragó durante muchos años.

Sin embargo, esta experiencia no ha bastado para disuadir a muchos de los políticos que iban pregonando el «espíritu de Europa» de seguir abogando por la entrada de cada vez más candidatos. No parece molestarles que la Unión intente ampliar su zona de combate hasta las fronteras de Irak e Irán.

Cuando se decidió implantar una moneda común, tales esfuerzos alcanzaron una nueva dimensión. La decisión, como es habitual, fue preparada entre bastidores. Ya en 1979 la entonces CEE había creado una moneda artificial llamada ECU, concebida como mera magnitud de cálculo y definida por una cesta de monedas. Al parecer, no es casualidad que el nombre recordara una moneda de oro francesa usada en el país galo desde la Edad Media hasta el Renacimiento. La población no vio la unidad monetaria sino en las contadas ocasiones en que se emitió en forma de moneda especial. También después de transformarse en el euro en 1999, éste al principio no pasó de ser una magnitud abstracta utilizada como mera moneda escritural. No fue hasta el 1 de enero de 2002 cuando entró en los bolsillos de los habitantes de la recién creada eurozona. Sólo en casos excepcionales se realizaron consultas populares sobre esas decisiones; así por ejemplo, cuando daneses y suecos pudieron manifestar su opinión en sendos referéndums, que terminaron ambos en rechazo. Sin hablar de otras democracias con solera, como Gran Bretaña, Suiza o Noruega, donde nunca se vislumbró una mayoría para la adhesión.

El llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en vigor desde 1997, establecía que la deuda pública de los países miembros no debería superar el 60 % del PIB, y su nuevo endeudamiento, el 3 %. Nadie se ha preocupado nunca por estas reglas. En 1999, Italia y Bélgica fueron admitidas en la eurozona pese a que su deuda pública se situaba, el año referencial fijado (1997), en más del 120 % del PIB. Más tarde fue Grecia la que logró adherirse sobre la base de cifras falsificadas que nadie sometió a examen. Pero no sólo los países más débiles, sino también los pesos pesados como Francia y Alemania reinterpretaron o simplemente ignoraron el pacto a conveniencia. Para 2010, la Comisión ya pronostica que sólo uno de los dieciséis países de la eurozona cumplirá los criterios del llamado Pacto de Estabilidad, a saber, Luxemburgo. Doce socios presentan una deuda pública superior al 60 %, con puntas de hasta el 140 %. Los acuerdos de 1997 se han convertido en objeto de risa.

Consecuencias más graves para la eurozona tendría otra de las reglas ancladas en el tratado sobre el funcionamiento de la Unión. En su artículo 125 dice: «Los Estados miembros no asumirán ni responderán de los compromisos (…) de otro Estado miembro.» Tampoco lo hará la Unión en su conjunto.

Naturalmente, tampoco aquí falta una cláusula de flexibilidad, contenida en el artículo 122, que abre una puerta de emergencia. Según éste, el Consejo, a propuesta de la Comisión, puede conceder ayudas financieras «en caso de dificultades (…) ocasionadas por catástrofes naturales o acontecimientos excepcionales». El Consejo ha utilizado este recurso para darle la vuelta al Tratado.

Desde entonces no han dejado de llover nuevas siglas. En 2010, el Consejo aprobó el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, y bajo el techo de ECOFIN nació no sólo el EFSM, sino también el FEEF. Es uno de esos apreciados acrónimos que no le dicen nada a nadie. Se refiere a lo que en alemán se llama fazilität, palabra de origen latino que significa «agilidad, soltura, complacencia». Como todo eso tiene connotaciones no deseadas, se acordó llamarlo «paraguas de salvamento». (Metáfora que, por cierto, se remonta a Monsieur Monnet, del que ya hemos hablado; con la diferencia de que él, suspicaz ante todo patetismo, se expresó en términos menos dramáticos cuando, en 1922, se debatía acerca de la inminente bancarrota de Austria. Entonces él prefirió hablar de un paraguas a secas.)

Además de una actitud favorable a las «facilidades» por parte de los Estados miembros, forman parte del paraguas de salvamento garantías de la Unión Europea y recursos del Fondo Monetario Internacional.

El precio de este objeto de uso corriente destinado a proteger a la Unión de infortunios que ella misma ha originado sólo puede expresarse con cifras de doce dígitos. Actualmente parece ascender a 750.000.000.000 de euros, pero si esta cantidad no bastara podría ser incrementada en cualquier momento. De manera que la eurozona se ha convertido solapadamente en una unión de transferencias, donde cada socio ha de responder sin límite por todos los demás.

Dado que esto no sólo contradice el espíritu y la letra de Maastricht, sino que también va contra aquellos que deben pagar, se han inventado dos «facilidades» más. Por un lado, se obligó al Banco Central Europeo a comprar bonos de Estado de los países sobreendeudados cuyo valor es muy inferior a su precio. Con ese arriesgado papel basura se infla el balance del banco emisor. Cuando llegue la hora de la verdad, los países miembros tendrán que reponer capital en el BCE.

La segunda propuesta va aún más lejos. Invocando la «solidaridad» -eslogan que ha visto días mejores-, el presidente del eurogrupo quiere lanzar un empréstito llamado eurobono, con el cual pretende cubrir el 60 % de las necesidades financieras de los miembros más pobres. Al igual que ha ocurrido ya tantas veces, también en este caso la solidaridad se entiende como vía de sentido único. Nadie quiere que se le recuerde que el término se deriva de solidus, voz que venía a significar «duradero, solvente, bien fundado». (Por cierto, así se llamaba una valiosa moneda de oro romana introducida por el emperador Constantino en el siglo IV; en Francia, el nombre se degradó convirtiéndose en sou.)

Si Jean Monnet todavía estuviera entre los vivos, seguramente volvería la mirada, no exenta de nostalgia, a los tiempos de la Comunidad del Carbón y del Acero. En aquel entonces a nadie se le ocurría distinguir entre una economía «real» y otra irreal (a saber, la financiera). La comunidad tenía como eje el carbón y el acero, productos de cuyo valor de uso nadie dudaba. Los fundadores de la primera unión europea se concentraban en los problemas de la industria pesada. Aún no podían sospechar que fuera a existir un fantasma que a día de hoy no sólo flagela a Europa sino al planeta entero: el mercado del capital, que opera a escala global y amenaza con poner fin a las visiones de futuro de aquellos hombres. Dicho mercado hostiga a los desvalidos políticos de la Unión como si se tratara de una bandada de pollos presa del pánico y los aboca a una situación que tampoco ha mejorado con la instauración de otras siglas, como el CSBE en Londres, una especie de supervisión bancaria que a principios de 2011 fue sustituida por la ABE, sin hablar de la AEVM de París, la JERS de Frankfurt y la AESPJ, igualmente con sede en esta ciudad.

Es sabido que los servicios financieros se ganan el dinero con «productos» mucho más tóxicos que las emisiones que hasta hace pocas décadas salían de las chimeneas del Ruhr, el Sarre o Valonia. Controlarlos resulta esencialmente más difícil que determinar el diseño ideal de pepinos, asientos de tractor o inodoros.

El aprendiz de brujo ya no logra dominar a los espíritus que un día conjuró. Los instrumentos tradicionalmente usuales en casos de insolvencia -moratoria, renegociación, condonación-, aplicados incluso cuando amenazaba con quebrar un Estado, como ocurría en las crisis de deuda tras la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera pueden estudiarse seriamente porque podrían «inquietar» a los mercados y perjudicar a los acreedores alemanes, británicos, franceses o belgas. Por consiguiente, quienes son considerados «relevantes para el sistema» no tienen por qué preocuparse.

Si hemos de creer a los políticos, la culpa de tanta calamidad radica única y exclusivamente en la especulación. Hablamos de ese fenómeno ingrato como si se tratara de un espectro difícil de dilucidar y aún más de ahuyentar. Y eso que forma parte de los fundamentos del capitalismo. Los especuladores tantean los puntos débiles del mercado; reaccionan ante el incremento de la deuda pública ocasionado por la política; ponderan los desequilibrios económicos derivados de la construcción viciada de la unión económica y monetaria, y analizan las fuerzas centrífugas que esto genera. Son conscientes de que su modo de actuar amenaza al sistema del euro. Pero el que sabe aprovecharse de ese dilema -como es el caso de los notables de la industria financiera- puede contar con beneficios elevados y sin riesgo.

Puesto en el atolladero, el Consejo Europeo echa mano de una solución que es apreciada también por los gobiernos nacionales: «No hay alternativa a nuestras decisiones.» Los mercados de capitales no se lo hacen repetir. Se burlan de la política parodiando ese eslogan con el acrónimo de TINA, que quiere decir: There is no alternative.

No por nada la palabra alternativlos [«sin alternativa»] fue elegida en Alemania como «palabro del año 2010». Es un concepto que ofende a la razón humana, pues equivale a una prohibición de pensar. No se trata de argumento alguno, sino de una declaración de capitulación. Cuando los generales deponen las armas, no son ellos sino sus tropas quienes pagan los astronómicos tributos que, como suele suceder en esos casos, les exigen los vencedores. Para volver a citar a Benn: «Luego, un reajuste gubernamental, y se van a sus fincas.» Los que pagan son siempre aquellos que menos culpa tienen del desastre. El método es secundario: aumento de los impuestos, recorte de las pensiones, inflación, devaluación. La receta no es nueva: socialización de las pérdidas, privatización de las ganancias. El hecho de que a la expropiación política le siga la económica no carece de lógica.

8. LA ENTRADA EN UNA ERA POSDEMOCRÁTICA

En un ensayo digno de atención, Robert Menasse, el escritor del que ya hemos hablado, intenta una vindicación de las instituciones bruselenses. Se tomó varios meses para penetrar en sus entrañas, y llegó a la conclusión de que los gabinetes de comisarios, las direcciones generales, los grupos de trabajo y los comités constituyen «un aparato funcionarial ilustrado que con buena razón debe ser calificado de burocracia josefinista,[2] la cual no ceja en su empeño de elaborar (…) reglamentos y directivas».

Otros observadores prefieren comparaciones de índole distinta. En vez de recurrir a la época del absolutismo ilustrado, hablan de tradiciones jacobinas o, con menos tapujos aún, de una nomenclatura de corte soviético.

Bien es cierto que tampoco Menasse se muerde la lengua al hablar del precio político de la construcción bruselense. Un ataque a los mecanismos de la Unión no podría formularse en términos más radicales que los que él usa en su defensa. Constata «que la crisis actual y su gestión toca el último tabú de las democracias ilustradas, según se definen éstas a sí mismas. Ese tabú es la propia democracia (…) ¿Es posible que la democracia, tal y como aprendimos a conocerla ardua e insuficientemente después de 1945 y tal y como estamos acostumbrados a ella, no pueda funcionar a nivel supranacional? ¿Que, por el contrario, en lugar de proporcionarnos la solución que esperamos con impotencia creciente, constituya ella misma el problema? (…) Es un hecho que todos los que se han asociado en la UE son países democráticos; pero no lo es menos que al hacerlo han perdido, o incluso entregado deliberadamente, algunos estándares democráticos que se habían alcanzado en los Estados nacionales (…) El Tratado de Lisboa ha aportado mejoras con respecto al de Maastricht, pero los retrocesos y déficits político-democráticos no sólo no se han eliminado por completo, sino que algunos de ellos están francamente esculpidos en piedra.

»Un ejemplo: De democracia desplegada sólo puede hablarse cuando existe división de poderes (…) En la UE, la división de poderes está suspendida. Aunque el Parlamento es elegido, no tiene ningún poder de iniciativa legal (o, después de Lisboa, sólo uno indirecto): lo tiene la Comisión (…) Pero la Comisión es una institución en la que la legitimación democrática queda anulada: trabaja en ella un aparato no elegido e indestituible plebiscitariamente que ha suspendido la división de poderes (…) Desde el punto de vista político-democrático, esa tríada formada por el Parlamento, el Consejo y la Comisión produce un agujero negro en el que desaparece lo que entendemos por democracia».

Hasta aquí el análisis de Robert Menasse, al que poco hay que añadir. Las conclusiones que saca superan con creces las objeciones que emergen de la palabrería general sobre la crisis. «Éste es el punto», dice, «en el que quizá se debiera estar dispuesto a admitir que, a día de hoy, supone un progreso, un paso liberador, si sobre las condiciones marco de nuestra vida ya no se decide básicamente por medio de unas elecciones generales (…) Y sólo estando allí, al observar de cerca la construcción y los métodos de trabajo de la UE, me vino la idea de que la democracia clásica, un modelo desarrollado en el siglo XIX para la organización razonable de Estados nacionales, no puede ser trasladada sin más a una unión supranacional; incluso la entorpece.»

Esto es poner nombre al meollo del problema de la Unión. Su calificativo oficial es eufemístico: el «déficit democrático», considerado una enfermedad carencial tan crónica como al parecer difícil de tratar, y cuya existencia se lamenta a la vez que se desdramatiza, cuando en absoluto se puede hablar de un misterio médico; estamos más bien ante una decisión de principio totalmente deliberada. Como si las luchas constitucionales de los siglos XIX y XX nunca hubieran existido, el Consejo de Ministros y la Comisión acordaron, ya en el momento fundacional de la Comunidad Europea, que la población no tendría voz ni voto en sus decisiones. El que esa recaída en situaciones preconstitucionales pueda curarse por medio de correcciones cosméticas ya no lo cree nadie. Por tanto, aquel déficit no es más que una noble expresión para referirse a la incapacitación política de los ciudadanos.

Así, los actores políticos se encuentran en una situación extremadamente cómoda. A diferencia del clásico Estado de derecho, en el régimen de la Unión Europea no existe una verdadera división de poderes; como Menasse constata con acierto, la Comisión tiene prácticamente el monopolio de la iniciativa legal. Negocia y diseña sus directivas a puerta cerrada. El que los lobbistas que actúan en Bruselas tengan sobre las decisiones más influencia que los propios diputados es algo que se puede suponer pero no probar.

El Parlamento Europeo no puede decidir el presupuesto sino en concordancia con el Consejo. Un solo representante de éste tiene capacidad para bloquear las resoluciones presupuestarias de aquél. Así, la clásica regla de «No taxation without representation» queda sin vigor. La cámara fue elegida de forma directa por primera vez en 1979. Desde entonces la participación electoral ha bajado continuamente, situándose en los últimos comicios en el 43 %. Cada cierto tiempo se plantea la enigmática pregunta de por qué esto es así. ¿Se deberá a las reglas de procedimiento? ¿Al principio de proporcionalidad degresiva? ¿A la distribución de escaños según el método de Sainte-Lagüe, el de D’Hondt o el de Hare-Niemeyer con cociente Hare o sin él? ¿Al método de cociente con cociente Droop o simplemente al sistema electoral preferencial?

Resulta difícil creerlo. Más verosímil parece la hipótesis de que prácticamente nadie conoce las diversas agrupaciones partidarias que se sientan en ese Parlamento. Se ocultan, muy al estilo de Bruselas, detrás de siglas tales como CRE, MPCE, EDP, ALE, PVE, PIE, PELDR, UED, PPE o PSE, indescifrables para más de un votante.

No da la impresión de que el cansancio electoral de los ciudadanos de la Unión preocupe a los responsables. Éstos asisten impasibles a la merma de su base de legitimación. No es rebuscado suponer que esto incluso les viene bien; en efecto, para cualquier ejecutivo consciente de su poder, la pasividad de los ciudadanos es un estado paradisíaco. Tampoco los gobiernos nacionales partícipes se quejan mucho. En casa se encogen de hombros afirmando que, por desgracia, no lograron imponer su criterio contra las decisiones de Bruselas. Por su parte, la Comisión puede invocar que sólo sigue las intenciones de los Estados miembros. De este modo, al final ya nadie puede ser responsabilizado por los resultados.

Lo que genera este método ha cuajado en el llamado acervo comunitario, una monstruosa recopilación de normas que ningún ser humano ha leído jamás. En 2004 ya abarcaba 85.000 páginas; a día de hoy superará con creces las 150.000. En 2005, el Diario Oficial de la Unión Europea pesaba ya más de una tonelada, tanto como un joven rinoceronte. La versión francesa alcanzó hace poco 62 millones de palabras. Este acervo es jurídicamente vinculante para todos los Estados miembros. Se calcula que más del 80 % de las leyes son dictadas no por el Parlamento sino por las autoridades de Bruselas. Nadie lo sabe con exactitud. En rigor, no se trata de leyes -como ocurre en el clásico Estado de derecho-, sino de directivas y disposiciones, lo que responde perfectamente al tenor autoritario que prefieren las autoridades bruselenses.

(Quien no quiera conformarse con estas indicaciones y desee obtener información más detallada acerca del aspecto jurídico de la Unión Europea debería acudir a EUR-Lex, un banco de datos donde pueden consultarse sin coste ni compromiso todas las normas legales de la UE. Se trata de una colección de 1.400.000 documentos. Si hemos de hablar del gasto desmedido de ese sistema de regulación, es preciso decir que los sueldos y las pensiones que tanto soliviantan a los medios de comunicación son los que menos peso tienen. En lo que a esto se refiere, hace ya tiempo que el por entonces comisario Verheugen levantó la liebre al confesar que las normas de la UE se saldan anualmente con 600.000 millones de euros para la economía europea, una cifra equivalente al Producto Interior Bruto de los Países Bajos.)

Así y todo, los fundadores de la Unión se dejaron llevar, tiempo atrás, por la tentación de consagrar en sus tratados un principio tan sensato que lo entienden hasta los niños: «La Unión perseguirá sus objetivos (…) respetando el principio de subsidiariedad», dice allí. El término designa una regla fundamental, cuya sencillez es difícil de superar: lo que puede decidir un municipio debe ser asunto de éste; lo que una región puede solucionar por su cuenta es competencia suya; y lo que puede regular el Estado nacional tiene que ser tarea del mismo: «La UE sólo debe actuar si un problema no puede resolverse adecuadamente a nivel nacional, sino únicamente a nivel europeo», dice Roman Herzog, especialista en derecho público y antiguo presidente federal. «En realidad esto debería ser evidente», pero «en la conciencia de los políticos, funcionarios y representantes asociativos de Bruselas prácticamente no tiene ninguna importancia».

Como tantas veces sucede en la política, este principio apenas si tiene opción de realizarse, precisamente porque es tan sensato. La intención, de todas formas, nunca iba en serio. El término, un extranjerismo en alemán, permanece intacto por mucho que se repita constantemente cual mantra. Pero figurando como figura en los tratados, sería posible que algún ciudadano de la Unión se preguntara qué ocurre con el tercer elemento de la tradicional división de poderes, el judicial, cuya misión consiste en velar por el cumplimiento de los tratados.

También en este punto Roman Herzog ofrece poco consuelo. «La armadura de la jurisprudencia europea cruje desaforadamente. Ello se debe al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que con argumentos cada vez más asombrosos sustrae a los Estados nacionales competencias intrínsecas e interviene en sus ordenamientos jurídicos. Ha perdido ya gran parte de la confianza que se le había dispensado.» Según Herzog, el tribunal supremo de la Unión tiene, al igual que el Parlamento, un interés propio en la expansión continua de sus competencias. El que esta práctica deteriore brutalmente las Constituciones de los Estados miembros trae sin cuidado al TJUE. Al parecer, cree poder dejar sin vigor el núcleo inmutable de la Ley Fundamental alemana. Hace poco el Tribunal Constitucional alemán puso coto a esos intentos. Desde entonces, la nomenclatura europea tiene a Karlsruhe[3] por un fastidioso picapleitos.

No sólo de puertas adentro se hace patente que las instituciones europeas padecen una megalomanía que no conoce límites. Su afán expansionista es notorio. Países que incumplían clamorosamente los criterios de adhesión fueron incorporados sin más y contrariamente a las reglas. Nuestros pequeños geopolíticos siguen aferrados a la idea de ampliar cada vez más su Europa. ¿Por qué no avanzar hasta el Cáucaso y el Magreb? ¡Qué bonito sería ser una potencia mundial! El que los europeos no sientan entusiasmo por esos planes no puede ser tenido en cuenta.

En Bruselas se explican esa resistencia considerando que la suya es una población ignorante pero rebelde que no sabe lo que mejor sirve a sus intereses. Por eso se hace bien en no preguntarle. La mera idea de un referéndum enseguida causa pánico entre la eurocracia. Las huellas de un total de nueve consultas populares espantan a todos los responsables. Una y otra vez, los noruegos, los daneses, los suecos, los holandeses, los irlandeses y los franceses han dicho no. Si de los ejecutivos de la Unión depende, algo así no debe repetirse nunca más. Otro elemento que les resulta perturbador es el hecho de que a los británicos y suizos, inventores de la democracia europea, al parecer no les sea fácil decir adiós a esa forma de régimen.

Por eso los portavoces en Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo han ingeniado una estrategia destinada a inmunizarlos contra toda crítica. A quien se niegue a sus planes se le denuncia como antieuropeo. Ese secuestro de los conceptos recuerda lejanamente la retórica del senador Joseph McCarthy y del Politburó del PCUS, consistente en difamar sistemáticamente lo que no les convenía. Aquél hablaba de «un-American activities», éste de «maniobras antisoviéticas». Cualquier político alemán que quisiera dar mate a su adversario calificándolo de «antigermano» se volvería inaceptable. En cambio, un primer ministro luxemburgués al parecer puede permitirse reprochar a la cancillera de un país vecino su «manera antieuropea» si las decisiones de ésta le desagradan; y no hace mucho, José Manuel Barroso, el presidente de la Comisión, llegó a afirmar que aquellos Estados miembros que se oponían a sus planes no actuaban «de acuerdo con el espíritu europeo». (Quiso forzar un nuevo impuesto e intervenir, mediante un subterfugio, en las legislaciones presupuestarias de los Parlamentos nacionales cuando se negociara el presupuesto europeo.) Cuesta creer que el espíritu que invocaba haya descendido precisamente sobre la cabeza de un lugarteniente no electo. Es una idea bastante abstrusa la de que el personal de la Unión decida quién es un buen europeo y quién no.

Eso sí, la Unión Europea puede vanagloriarse de practicar un régimen sin precedentes históricos. Su originalidad consiste en que actúa sin violencia. Camina de puntillas. Se presenta como un ente inmisericordemente filantrópico. Sólo quiere lo mejor para nosotros. Cual tutor bondadoso, se preocupa por nuestra salud, nuestros modales y nuestra moral. En ningún caso cuenta con la posibilidad de que nosotros mismos sepamos lo que es bueno para nosotros; a sus ojos, somos demasiado impotentes e incapaces para ello. Por eso necesitamos ser atendidos y reeducados a fondo.

Fumamos; comemos demasiada grasa y azúcares; colgamos crucifijos en las aulas; acaparamos bombillas ilegales; ponemos a secar la ropa al aire libre, cuando éste no es su lugar. ¡Adónde iríamos a parar si pudiéramos decidir nosotros mismos a quién queremos alquilar nuestra vivienda! ¿Es admisible que haya desviacionistas que paguen sus jubilaciones de empresa como les da la gana y que en Madrid o Helsinki quieran implantar un límite de velocidad que diverge de la euronorma? ¿Acaso no es necesario que en todas partes, sin consideración alguna del clima y de la experiencia, se utilicen exactamente los mismos materiales de construcción? ¿Puede quedar al arbitrio de cada país lo que ocurre en sus escuelas y universidades? ¿Quién sino la Comisión ha de disponer cuál debe ser la forma de las prótesis dentales o de los inodoros europeos? ¿No cabría esperar una confusión irremediable si esas cuestiones se decidiesen en Londres o Estocolmo y no en Bruselas? ¿Adónde iríamos a parar si al final alguna administración municipal meditase sobre las premisas que rigen la circulación del metro y de los autobuses en su municipio? Tales antojos son absolutamente intolerables. La Unión Europea lo sabe todo mejor que nosotros.

Protagoniza así la por ahora más audaz, si bien no única, tentativa de dejar atrás un invento tan originalmente europeo como lo es la democracia; en efecto, no está sola en su propensión al tutelaje y el control. Sería desleal silenciar hasta qué punto otras sociedades han avanzado por este camino.

En Gran Bretaña, la vigilancia telemática de los ciudadanos ha alcanzado una perfección con la que el KGB y la Stasi del siglo pasado sólo podían soñar. Los evangelistas de la ciberesfera nada tienen que objetar al espionaje de los ciudadanos por parte de los consorcios de la comunicación; preconizan sin ambages la abolición de la privacidad. No les faltarán los aplausos de todos los policías y servicios de seguridad del mundo. También the land of the free ha destacado ya por alguna hazaña pionera posdemocrática. El llamado executive privilege permite al presidente de los Estados Unidos provocar guerras, establecer campos de concentración como Guantánamo, legitimar métodos de tortura u ordenar secuestros y asesinatos puntuales, puesto que, en aras de la seguridad nacional, no ha de temer investigaciones parlamentarias o judiciales. Otros miran con envidia el éxito económico de China, que presuntamente se debe a que sus miles de millones de súbditos inhabilitados no tienen más remedio que acatar las sabias decisiones del partido gobernante.

La ilustrada UE está muy lejos de tales modelos. Muy al contrario, gobierna no por órdenes sino por procedimientos. Afortunadamente, no dispone ni de ejército ni de policía propios; por lo que sabemos, ni siquiera mantiene un servicio secreto que llegue a la suela de los zapatos de la CIA, el BND alemán o el FSB ruso. Ya por este motivo es inadmisible compararla con regímenes autoritarios como los que se estilan en el mundo árabe, en Cuba, en Myanmar u otras partes del planeta. La Unión no concibe su misión como un ejercicio de opresión a sus ciudadanos, sino un acto de homogeneización absolutamente silenciosa de las condiciones de vida en el continente. No construye una nueva cárcel para los pueblos sino un correccional al que incumbe la supervisión, bondadosa pero severa, de los encomendados a su protección. En el mejor de los casos, la vida de sus pupilos será regulada y normalizada de manera central por un pormenorizado reglamento interior que abarque desde la fijación del subsidio de vivienda hasta la definición del menú sano. Ahora bien, reeducar a quinientos millones de personas es una tarea hercúlea en la que ya se herniaron regímenes de muy distinta índole. Cabe dudar de si nuestros tutores dan la talla.

Con la forma de gobierno blando que ejerce, la Unión efectivamente ha pisado terreno nuevo. Es, en el doble sentido de la palabra, una quimera: proyecto utópico a la vez que ente mestizo, deseoso de imponer con autoridad incondicional y presión educativa las filantrópicas intenciones que persigue con astucia y paciencia.

En un texto clásico de la teoría política aparecido hace más de 350 años, Étienne de La Boétie, amigo de Montaigne, se preguntaba cómo era posible que los seres humanos se resignaran a su propia incapacitación. «Son, pues, los propios pueblos los que se dejan, o mejor dicho, se hacen encadenar, ya que con sólo dejar de servir romperían sus cadenas. Es el pueblo el que (…) rechaza la libertad y elige el yugo; el que consiente su mal, o, peor aún, lo persigue. Si le costara algo recobrar la libertad, no tendría por qué darse prisa alguna, aunque recuperar los derechos naturales y, de bestia, volver a ser hombre deberían ser las cosas que más tendría que desear.»

No tenía en mente, eso sí, la tutela sin violencia de una burocracia ilustrada, sino la dominación indisimulada de los dictadores: «… cuanto más se les alimenta y más se les ceba, se consolidan entonces aún más y se hacen siempre más fuertes (…). Pero si no les diéramos nada, si no les obedeciéramos, aun sin luchar contra ellos ni atacarles, se quedarían desnudos y vencidos.»

El patetismo de este genial dieciochoañero renacentista se nos ha vuelto tan extraño como el contexto al que hacía referencia. A fin de cuentas, en el caso de nuestros tutores no se trata de gente malvada sino de filántropos. Pero La Boétie fue el primero en discernir que la primera causa de la «servidumbre voluntaria» es la costumbre, algo que bajo las condiciones de la política posdemocrática tal vez tenga aún más validez que en el pasado, ya que ésta nos somete a la insoportable levedad de una vigilancia que penetra todos los resquicios de nuestra existencia.

Todo lo que hay que decir al respecto ya lo dijo, en 1975, una filósofa del siglo XX, la sagaz Hannah Arendt. Hablaba, en Copenhague, de la «presión de un cambio vislumbrable de todas las formas de gobierno, las cuales se van convirtiendo en burocracias, es decir, en la dominación no de leyes ni de personas sino de anónimas oficinas u ordenadores, cuya supremacía absolutamente despersonalizada puede suponer, para la libertad y aquel mínimo de civilidad sin el cual no cabe imaginarse la vida comunitaria, una amenaza mayor que la arbitrariedad más indignante de las tiranías del pasado».

Por ahora, poco apunta a que los europeos tiendan a oponerse a su expropiación política. No faltan manifestaciones de descontento, de sabotaje abierto o encubierto, pero en resumidas cuentas el famoso déficit democrático no conduce a la sublevación sino más bien a la indiferencia y al cinismo, al desprecio por la clase política o la depresión colectiva.

Malas perspectivas, pues, pero, como dice el ingeniero en El hundimiento del Titanic:

Agua salada en una cancha de tenis
puede ser una terrible molestia;
sin embargo, mojarse los pies

no significa que se aproxime el fin del mundo.
Como suicidas en busca de coartada, la gente
está ávida de que llegue el final,

y así pierden el control y los nervios.

Europa ya ha superado tentativas bien distintas de uniformar el continente. Todas tenían en común la soberbia y ninguna tuvo éxito duradero. Tampoco a la versión no violenta de tal proyecto se le puede extender un diagnóstico favorable. A todos los imperios de la historia les esperaba una vida media limitada, siendo la sobreexpansión y las contradicciones internas las causas de su fracaso.

9. CONVERSACIÓN ENTRE A, MONSIEUR DE *** DE LA COMISIÓN, Y B, EL AUTOR, SOSTENIDA EN LA FATTORIA DEL CHIANTI, SITA EN LA BRUSELENSE RUE ARCHIMÈDE

A: Según he oído decir, usted no está bien dispuesto hacia nuestro trabajo.

B: Le agradezco que se haya tomado el tiempo de hablar conmigo. Sé que es un hombre muy ocupado.

A: Tanto más me alegro por la distracción que me promete nuestro encuentro. Debería probar el osobuco que sirven aquí. Es exquisito. Por cierto, me han dicho que usted compara la Unión con una quimera. Me complacería saber cómo ha llegado a tal ocurrencia. Si no me equivoco, para los griegos era un monstruo que vomitaba fuego al que vertieron plomo líquido en las fauces para castigarlo por las devastaciones que causaba. Así por lo menos se cuenta en la Ilíada. He de confesar que su comparación me parece harto desmedida.

B: Razona usted como un filólogo clásico. No me esperaba eso en los pasillos de Berlaymont.

A: Cuando yo era joven, estas cosas aún se aprendían en el colegio.

B: Al denominarla quimera mi intención es más bien señalar que se trata de un ser mestizo: cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente. También los genetistas y los médicos están familiarizados con este concepto. Pero no es a eso a lo que voy. He preferido consultar a sus clásicos franceses porque me imaginaba que mi comparación no iba a convencerle. Corneille habla de brillantes chimères;Rousseau, de tendres chimères. Se refieren a toda clase de configuraciones fantasiosas de cierta belleza. Tampoco en alemán la palabra significa necesariamente un monstruo, sino que puede designar también un sueño o una visión; eso sí, lo admito, también denota algo irrealizable o aventurero, un espejismo o una fantasmagoría. Así pues, vamos acercándonos al quid de la cuestión. En cuanto a los rasgos vulcánicos de la chimaira, nunca he omitido subrayar el proceder no violento de la UE. Si alguna vez actuó con fogosidad, debe de haber sido hace mucho tiempo. Los cráteres que aún quedan por estos lares están fríos y húmedos. No son más que zanjas destinadas a la construcción de nuevos edificios de oficinas.

A: Un indicio de que aún nos encontramos en la fase inicial. La Unión es muy joven todavía. Históricamente hablando, sesenta años no representan más que un intermezzo. Y de lo que usted se queja, a menudo con toda razón, son los errores y extravíos de su adolescencia o incluso de su pubertad.

B: O síntomas de arteriosclerosis.

A: No nos hace usted justicia. Siempre habla de Bruselas. ¿Es posible que padezca cierto sentimiento antiinstitucional?

B: Es posible, sí. Pero debo reconocer que tengo poco interés en encontrar una terapia para librarme de él.

A: ¿Por qué entonces machaca precisamente a la Unión Europea? ¿Por qué evita hablar de Roma, Budapest o Dublín? ¡Esos gobiernos nacionales no son ni una pizca mejores! Sus burocracias no tienen nada que envidiarle. Ni aquí ni allí carecen de estrechez de miras y retóricas hueras e incomprensibles. Y no voy a referirme a las intrigas y la corrupción que me encuentro a diario. Los lobbistas, si me permite la franqueza, pululan como las moscardas en todas partes, también en su país. Fíjese solamente en su sistema fiscal, sus reformas sanitarias y educativas huérfanas del más elemental sentido común. Todo lo que nos reprocha lo volverá a encontrar al mirar a los veintisiete espejos nacionales que ofrece este continente.

B: Con la pequeña diferencia de que a quienes nos gobiernan los hemos elegido nosotros mismos y mientras mantengamos nuestras Constituciones podremos deshacernos de ellos. Lo cual no es el caso aquí donde trabaja usted.

A: Comprendo adónde quiere ir a parar: nuestro eterno déficit. Sí, es una lástima lo de la democracia. Pero el austríaco que usted gusta de citar…

B: Se llama Menasse.

A: … tiene el valor de decir lo que ocurre. Usted, en cambio, se cuida de reconocerlo. Antes bien se atrinchera detrás de toda suerte de autoridades intelectuales, desde La Boétie hasta Hannah Arendt. Y eso que fue Jean Monnet, uno de nuestros fundadores del que traza usted un semblante tan simpático, quien ya muy pronto vio venir el marchitar de la democracia clásica…

B: Es más, lo promovió…

A: Expresó lo que todos intuían, si bien lo hizo, prudente como era, en un círculo reducido, granjeándose con ello pocos amigos.

B: Conmigo no cuente si se trata de hacer prosperar su quimera. Tengo suficiente edad para haber vivido la dictadura. Y estoy lejos de ser el único. Cuando está en liza la democracia, siempre me viene a la mente un viejo proverbio que dice: «El que no se defiende vive equivocadamente.»

A: Bella máxima. Pero admitirá usted que los alborotos son de escasa intensidad. A mi despacho llega cierto refunfuño, pero la Unión no se derrumbará por eso.

B: «Esperemos que la situación no se ponga tan grave como ya está», dice Karl Valentin, un sabio muniqués del «Panoptikum». La armadura de la Unión cruje.

A: Sería yo el último en querer negarlo. ¿Pero es esto un motivo para augurar el hundimiento de Occidente? Más vale dejar eso a los periodistas y los especuladores. Lo hacen con gusto. Para incrementar la tirada o las cotizaciones, según.

B: De acuerdo. El apocalipsis siempre ha defraudado a sus profetas.

A: ¿Y qué se deduce de todo lo que usted sostiene con razón o sin ella?

B: Usted no necesita mis propuestas en absoluto. Dispone de una cohorte de expertos y asesores. Yo no soy ni lo uno ni lo otro.

A: ¿Por qué cree que me ilusionaba la perspectiva de conocerle? Estoy acostumbrado a explotar a mis visitantes recabando sus consejos. Por tanto, haga el favor de soltar sus reflexiones. ¿Qué propone?

B: Me está acorralando. Pues bien, voy a contestar a su pregunta con algunas contrapreguntas. Primero: ¿por qué los valedores de la Unión sólo conocen una vía? La del más de lo mismo. La de cerrar los ojos y seguir adelante. ¿El crecimiento perpetuo constituye una ley natural? ¿Todo lo que ha sucedido es irreversible?

A: ¿O sea?

B: Clausewitz, el mayor de los estrategas, pondera la retirada como la más difícil de todas las operaciones. Quien se empecina en un callejón sin salida y es incapaz de dar marcha atrás, ¿no provoca su propia derrota?

A: ¿Está pensando en una cura de caballo?

B: Digamos más bien en una dieta. Sus comisarios de Sanidad reprochan a los europeos que se pongan cada vez más gordos. Dicen que hay que arremeter terminantemente contra ello. ¿Y si la Unión se pautara a sí misma tal receta? También las instituciones tienden a la acumulación de grasa. Su volumen corporal aumenta si no se pone remedio. Un tratamiento adelgazante me parecería lo oportuno. Como usted sabe, supone una tarea heroica. A nadie le resulta fácil quitarse de encima los kilos que le sobran. ¡El aparato! ¡La función pública! ¡Los puestos de trabajo fijos! La expansión como fin en sí mismo es un peligro para su propio proyecto.

A: ¿Adónde quiere ir a parar? ¿Pretende que la Unión se vaya liquidando a sí misma?

B: ¿No se da cuenta de con qué modestia hago frente a la quimera, de lo poco que espero de las soluciones radicales? Me siento francamente tímido cuando vuelvo a las tesis que fueron avanzadas ya por otros décadas atrás: «la Europa de las distintas velocidades», «la geometría variable», «la integración escalonada», «la Europa a la carta».

A: Pero usted sabe tan bien como yo que no nos hemos quedado en las palabras. Piense en el Acuerdo de Schengen y en la Unión Monetaria. Son convenios que se remontan a esos modelos.

B: Los representantes de la línea dura sólo los aceptaron a regañadientes. Se imaginan que para salir de un callejón sin salida hay que darse de cabeza contra la pared. Así uno sólo se hace sangre.

A: Me parece que es usted demasiado alarmista.

B: Si escucha lo que se dice por ahí en Europa, notará que es hora de hacer algo contra la esclerosis inminente.

A: Respeto su pesimismo pero…

B: ¡Qué dice! Al contrario. En el fondo simplemente me atengo a la Europa real, de la que la Unión se aleja cada vez más y que no me da motivos para verlo todo negro.

A: ¿La Europa real? ¿A qué se refiere? De verdad, no sé qué quiere decir con eso.

B: ¿No hemos tenido que acostumbrarnos, aunque de mal grado, a otra distinción: la de la economía real y su contrario quimérico, la economía de los mercados financieros? Algo similar ocurre en la política europea. De un lado, el mundo cotidiano de los ciudadanos de la Unión; de otro, bastante aislado de éstos, el biotopo de las instituciones. ¿Tan difícil es distinguirlos?

A: ¿Podría concretar un poco?

B: Con mucho gusto. Lo que voy a sacar de mi bolsillo es un librito negro. Un calendario, una agenda, un registro de direcciones. Este objeto anodino, que se encuentra en cualquier hogar, permite calibrar el verdadero nivel de la integración europea. Muchos ya no necesitan una libreta así. La sustituyen los teléfonos, que se han convertido en artilugios universales. El uno sabe cómo localizar al estucador polaco cuando aparecen grietas en el salón de su casa; el otro esconde el número de su amante secreta, una tal Alice Zimermans que vive en Ámsterdam, bajo la inofensiva letra A; el tercero conoce al portero de un pequeño hotel en Odense. Esas agendas están repletas de maridos divorciados, casas de verano, socios comerciales, nietos, números de cuenta, profesores y alumnos, páginas web, coleccionistas de monedas, viticultores, mujeres de la limpieza, mecánicos de coches, dentistas y trabajadores clandestinos…

A: ¡Pare! Entiendo lo que quiere decir. Pero olvida que sin la Unión Europea no habríamos llegado tan lejos.

B: Ha acelerado y agilizado este proceso. Es cierto. Pero en cuanto a la integración de Europa, hace tiempo que nos independizamos de las autoridades. Hoy las redes civiles nos unen con mucha más fuerza que todos los acuerdos que negocian aquí en Bruselas. Millones de hilos crean interdependencias que se sustraen al control de ustedes y que ustedes no pueden anudar ni romper.

A: Nadie lo pretende.

B: Las instituciones que quieren cortar a Europa por el mismo patrón y colonizar nuestro mundo cotidiano nos obstaculizan más de lo que nos sirven. Rabian por normalizarnos. La unidad es buena, pero la diversidad es mejor. Por favor, déjenos en paz con sus superfluas directivas.

A: Se refiere a su persona.

B: No lo creo. Si me permite, citaré a otro de mis avales…

A: ¡Adelante!

B: Odo Marquard, un filósofo alemán insólitamente sensato, dijo que ya eran varios los que habían cambiado el mundo, pero de lo que se trataba era de ahorrarle esas transformaciones.

A: No es precisamente un punto de vista ortodoxamente marxista.

B: Si usted lo dice. Ha demostrado usted mucha paciencia con mis andanadas.

A: La paciencia forma parte de mi oficio.

B: Tal vez podamos estar de acuerdo al menos en una verdad indiscutible.

A: A ver.

B: Si bien Bruselas está en Europa, Europa no está en Bruselas.

A: ¿A quién se lo dice? La semana que viene por fin volveré a casa, al villorrio donde me crié. Allí me encuentro la Europa real que usted invoca. Allí todos son cabezotas.

B: ¿Y usted?

A: Soy tres cuartos de lo mismo. ¿Qué le ha parecido el osobuco?

B: Gracias, Monsieur. Estaba excelente.

ALGUNAS FUENTES

Hannah Arendt, «Die Sonning-Preis-Rede. Kopenhagen 1975», Text + Kritik, cuad. 166/167, pp. 3-4.

Gottfried Benn, «Außenminister», en Destillationen. Neue Gedichte, Wiesbaden, Limes, 1953.

—, «Der Brodway singt und tanzt», en Aprèslude, Wiesbaden, Limes, 1955.

Étienne de la Boétie, Discours de la servitude volontaire. 1577. Von der freiwilligen Knechtschaft. Con la colaboración de Neithard Bulst. Edición y traducción de Horst Günther, Frankfurt am Main, Europäische Verlagsanstalt, 1980. [Hay trad. esp.: El discurso de la servidumbre, Barcelona, Tusquets, 1980.]

Thierry Demey, Bruxelles, capitale de l’Europe, Bruselas, Badeaux, 2007.

Hans Magnus Enzensberger, Der Untergang der Titanic. Eine Komödie, Frankfurt am Main, Surhkamp, 1978. [Hay trad. esp.: El hundimiento del Titanic, Barcelona, Anagrama, 1986. Traducción de Heberto Padilla con la colaboración de Hans Magnus Enzensberger y Michael Faber-Kaiser.]

«Europäische Kommission»: de.wikipedia.org.

«Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte»: de.wikipedia.org.

European Navigator: www.ena.lu.

Roman Herzog, «Stoppt den Europäischen Gerichtshof», Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8 de septiembre de 2008.

—, «Die EU schadet der Europa-Idee», Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15 de enero de 2010.

Robert Menasse, «Populismus zerstört Europa», Die Zeit, 20 de mayo de 2010.

Jean Monnet, Mémoires, París, Fayard, 1976. [Hay trad. esp.: Memorias, Madrid, Siglo XXI, 1985. Traduccion de José M. Martínez García.]

Michael Stabenow, «Das Heer der Lobbyisten», Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4 de diciembre de 2010.

Roland Vaubel, The European Institutions as an Interest Group, Londres, Institute of Economic Affairs, 2009.

Este ensayo fue concluido en enero de 2011. Debo las gracias a la Fundación Sonning, de Copenhague, y al Prix de Littérature Européenne, en Cognac, que no sólo me han financiado, sino que me han alentado a emprender este trabajo.

H. M. E

NOTAS

[1] Voz popular del alemán que significa «rápido», «deprisa». (N. del T.)

[2] Alusión a la política del emperador José II de Austria (1741-1790), considerado por los historiadores un soberano absolutista ilustrado. (N. del T.)

[3] Sede del Tribunal Constitucional alemán. (N. del T.)