Cuando se habla de capitalismo y socialismo muchas veces suele asumirse que se trata de caminos alternativos —con sus pros y sus contras; con énfasis radicalmente distintos— para llegar al desarrollo.

El profesor Hans-Hermann Hoppe destruye esa noción candorosa —e históricamente desinformada— desde su raíz. Hoppe es un aprovechado discípulo de Murray Rothbard, el gigante austrolibertario alumno de Ludgwig von Mises, y a la vez de Jürgen Habermas, el demócrata de izquierda de sobradas credenciales en su corriente; y es (Hoppe) un filósofo, sociólogo y economista original por derecho propio. La raíz que ataca en este libro es doble: la paz y la cooperación civilizada como ejes para evaluar cualquier sistema social. Partiendo de principios praxeológicos —como aventajado seguidor de Mises que es— deduce la ética de la esencia de propia la interacción humana, de un acto tan elemental como actuar y comunicarse con otros.

Así, define para nosotros las nociones de propiedad (y autopropiedad) justas vs. agresión, para demostrarnos cómo es que hay sistemas sociales más connaturales a la naturaleza (de la acción y comunicación) humana o definitivamente reñidos con ella. Y así, pasa a definir qué es capitalismo y qué es socialismo sin justificar los medios por los fines y con un rigor muy, muy lejano de la propaganda socialista de los últimos cien años al respecto.

Hans-Hermann Hoppe

Una teoría del socialismo y el capitalismo

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Titivillus 30.01.2021

Título original: A Theory of Socialism and Capitalism

Hans-Hermann Hoppe, 1989

Traducción: Juan Fernando Carpio

Diseño: Pablo Jiménez Recio

Editor digital: Titivillus

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Prólogo

Cuando se habla de capitalismo y socialismo muchas veces suele asumirse que se trata de caminos alternativos —con sus pros y sus contras; con énfasis radicalmente distintos— para llegar al desarrollo. El profesor Hans—Hermann Hoppe destruye esa noción candorosa —e históricamente desinformada— desde su raíz. Hoppe es un aprovechado discípulo de Murray Rothbard, el gigante austrolibertario alumno de Ludgwig von Mises, y a la vez de Jürgen Habermas, el demócrata de izquierda de sobradas credenciales en su corriente; y es (Hoppe) un filósofo, sociólogo y economista original por derecho propio. La raíz que ataca en este libro es doble: la paz y la cooperación civilizada como ejes para evaluar cualquier sistema social. Partiendo de principios praxeológicos —como aventajado seguidor de Mises que es— deduce la ética de la esencia de propia la interacción humana, de un acto tan elemental como actuar y comunicarse con otros. Así define para nosotros las nociones de propiedad (y autopropiedad, para empezar) justa vs agresión para demostrarnos cómo es que hay sistemas sociales más connaturales a la naturaleza (de la acción y comunicación) humana o definitivamente reñidos con ella. Y así, pasa a definir qué es capitalismo y qué es socialismo sin justificar los medios por los fines y con un rigor muy, muy lejano de la propaganda socialista de los últimos cien años al respecto.

Por medio de una descollante aplicación de la teoría de la preferencia temporal de Eugen von Böhm—Bawerk —maestro de Mises— el profesor Hoppe nos enseña que podemos distinguir —al menos— cuatro tipos de socialismo:

Socialismo de estilo soviético

Socialismo socialdemócrata

Socialismo conservador (o feudal)

Socialismo tecnocrático (o «neoliberal»)

En su análisis, nos explica cómo afecta cada variante de socialismo a la prosperidad relativa de un país pero sobre todo y como causa previa, al carácter ético de una sociedad frente a asuntos como el cuidado de las cosas, el cuidado y cultivo de uno mismo (decisiones personales de inversión vs. consumo), la tendencia a construir y emprender vs. la de parasitar de otros y dejar las cosas destruirse lentamente. En otras palabras, Hoppe nos da una lección bastante completa —aunque abre a la vez un campo de estudio para continuadores de su obra para pulirla y corregirla— en sociología del tiempo y la civilización. Mediante el análisis comparado entre distintos sistemas sociales —los cuatro socialismos y el capitalismo auténtico— el autor nos explica por qué necesariamente y en base a principios inexorables de la acción humana, los sistemas totalitarios siempre vieron altísimas tasas de suicidio, abuso de sustancias y desidia cultural. Y cómo mientras más socialista una sociedad, mayor grado de erosión social habrá, muy al margen de la solidaridad por razones de estricta supervivencia que coexista con ello. No sólo logra eso Hoppe de forma contundente y elegantemente sino que además nos explica qué grupos de presión se hallan detrás de cada medida socialista —la mayoría de países en la actualidad combina medidas de los cuatro socialismos, fruto de iniciativas y presiones en muy distintos momentos ideológicos. Una vez expuesto quiénes están detrás de una medida intervencionista (un impuesto en particular, un control de precios, una medida arancelaria, un área X totalmente estatizada o concesionada) Hoppe nos explica quién sale perjudicado. Para ello utiliza el método teórico de Mises y el histórico de Rothbard explicando cómo racionalizan los planificadores sociales o sus favorecidos rentistas cada medida, pero además responde con límpida suspicacia a la pregunta clave: Cui bono? (¿quién se beneficia?). Sólo así podemos entender los efectos de las medidas y a quién benefician a costa de quién en las sociedades humanas. Desde luego el efecto neto es la pobreza relativa.

Una vez planteado el panorama comparativo, Hoppe nos explica por qué el capitalismo es el único sistema social moramente defendible y en contraste por qué el socialismo es simple y llanamente indefendible. Pero si la ética no da para justificar el socialismo, ¿por qué existe desde su propia raíz, el Estado? ¿Por qué hemos permitido aparecer y prosperar a ese monopolista arbitrario de las decisiones judiciales? ¿Por qué permitimos que exista tal agencia que nos fuerza a una relación contractual unilateral —en atribuciones y precio a pagar por sus «servicios»— con ella?

Hoppe nos explica de forma potentísma que hay un trabajo muy elaborado de propaganda que busca la complicidad pasiva de la sociedad a cuentas de que no hay alternativa.

Es por eso que a continuación, Hoppe nos expone la superioridad de la rivalidad empresarial en responsabilidad, alternativas y costo frente a cualquier monopolio. Sí, incluso el de servicios de gobierno (seguridad, justicia) que conocemos como «Estado». Hoppe demuele la idea de que sea necesario que estén en manos monopólicas y como acto final —a capítulo seguido— el autor destruye la noción pigouviana-samuelsoniana de bienes públicos y la reemplaza por una mucho más realista —y sin forzar a beneficiarios y no beneficiarios— que debería conocerse de ahora en adelante como coaseana-hoppeana. De este modo Hoppe no sólo ha planteado las bases del análisis ético-económico para individuos y grupos en la sociología del tiempo y la civilización sino que las aplicado para analizar brillantemente sistemas político-económicos comparados. Finalmente no se queda ahí sino que cierra planteándonos un orden humano plenamente ético de carácter capitalista mientras echa por la borda las objeciones más usuales y —como el lector podrá verificar por sí mismo— bastante más prejuiciosas que rigurosamente fundamentadas.

Dicho esto, invito al lector a sumergirse en esta obra de Hoppe, tan pionera como síntesis de hallazgos de algunas de las mejores mentes del siglo XX. Si un libro puede desnudar las falacias y propagandas sobre el socialismo y el capitalismo vertidas sobre nosotros durante los últimos cien años, es justamente La Teoría del Socialismo y el Capitalismo de Hans-Hermann Hoppe, estimado lector. Es quizás, dado cierto interés del lector por la ética, la paz y la civilización, el mejor antídoto contra Marx y las falacias de su corriente impregnadas hace mucho en intelectuales de todas las tendencias. Este libro vale la pena pero sacudirá sin duda más de un prejuicio largamente repetido. Queda usted claramente advertido.

Juan Fernando Carpio

Profesor USFQ - Ecuador

www.jfcarpio.com

Capítulo 1

Introducción

El siguiente estudio de la economía, la política y la moralidad del socialismo y del capitalismo es un tratado sistemático de teoría política. De alcance interdisciplinario, discutirá los problemas centrales de la economía política y la filosofía política: cómo organizar a la sociedad para promover la producción de riqueza y erradicar la pobreza, y cómo ordenarla de tal forma que resulte un orden social justo.

Pero al hacer esto discutiré y aclararé constantemente problemas sociales y políticos en el sentido más específico y común de estos términos. De hecho, uno de los principales objetivos de este tratado es desarrollar y explicar las herramientas conceptuales y argumentativas, económicas y morales, necesarias para analizar y evaluar cualquier tipo empírico de orden social o político, para entender o juzgar cualquier proceso de cambio social y para explicar o interpretar las similaridades tanto como las diferencias en la estructura social de dos o más sociedades diferentes.

Al concluir el tratado deberá quedar claro que solamente por medio de una teoría —económica o moral— que no esté en sí derivada de la experiencia si no que parta de un postulado lógicamente incontestable (siendo esto muy distinto que decir «un axioma arbitrariamente postulado») y procediendo de una forma puramente deductiva (probablemente recurriendo a alguna suposición de carácter empírico introducida explícitamente y que sea empíricamente comprobable) para obtener resultados que son en sí mismos lógicamente inexpugnables (y por tanto no requieren de ninguna clase de comprobación), será posible organizar o interpretar hechos u opiniones de la realidad social que de otra forma parecen caóticos, demasiado complejos e inconexos, para formar un sistema conceptual —económico o moral— coherente. Se espera poder demostrar que sin el uso de tal teoría, la economía política y la filosofía pueden ser consideradas nada más que dar pasos en la oscuridad, produciendo en el —mejor de los casos— opiniones arbitrarias acerca de lo que pudo haber causado esto o aquello, o qué es mejor que tal otra cosa: en suma, opiniones cuyo opuesto puede ser generalmente defendido tan fácilmente como las opiniones originales (¡lo cual equivale a decir que no pueden ser defendidas en el estricto sentido del término!).

Específicamente, se desarrollará una teoría de la propiedad y de los derechos de propiedad. Se demostrará que el socialismo —bajo ningún concepto una creación del marxismo del siglo diecinueve si no algo mucho más antiguo— debe ser comprendido como una agresión o interferencia institucionalizada contra la propiedad privada y los derechos sobre ella. El capitalismo, por otro lado, es un sistema social basado en el reconocimiento explícito de la propiedad privada y de los intercambios contractuales y pacíficos entre propietarios. Como se puede entender de este última frase, a lo largo de este tratado se volverá clara la concepción de que pueden existir distintos tipos y grados de socialismo y capitalismo, es decir, grados diversos de respeto o indiferencia hacia los derechos de propiedad. Las sociedades no son simplemente capitalistas o socialistas. Ciertamente todas las sociedades actualmente existentes son socialistas en cierta medida. (Incluso los Estados Unidos de Norteamérica, una sociedad que es relativamente más capitalista que la mayoría de países es, como se verá, asombrosamente socialista y se ha vuelto aún más durante el tiempo).

Un objetivo es entonces demostrar que el grado general de socialismo, es decir, el grado general de interferencia con los derechos de propiedad que existe en un país determinado, explica su nivel de prosperidad. Mientras más socialista es un país, más obstruido estará el proceso de creación de nueva riqueza y el mantenimiento de la existente, y el país será pobre o estará volviéndose más pobre. El hecho de que los EE.UU. sea, por mucho, más rico que Europa Occidental, y que Alemania Occidental sea más rica que Alemania Oriental puede ser explicado por su grado menor de socialismo, tanto como el hecho de que Suiza es más prospera que Austria, o que Inglaterra —el país más rico del mundo en el siglo diecinueve— haya retrocedido a la estructura económica de lo que puede ser llamado propiamente un país en desarrollo.

Pero la inquietud no es solamente el efecto sobre el nivel de riqueza, ni el ángulo económico del problema solamente. Para empezar, al analizar las distintas clases de socialismo para las cuales existen ejemplos reales, históricos (ejemplos que, ciertamente, muchas veces no son llamados socialismo, pero se les ha dado un nombre más atractivo), es importante explicar por qué y de qué forma, cualquier intervención, donde sea, grande o pequeña, aquí o allá, un efecto distorsionante sobre la estructura social que un observador superficial, sin entrenamiento teórico, cegado por las inmediatas «consecuencias positivas» de una intervención particular, puede no percibir. Sin embargo este efecto existe y en cierto plazo causará problemas en un lugar diferente del tejido social, de mayor número o severidad que los originalmente resueltos por la acción interventora inicial. En este sentido, por ejemplo, los resultados altamente visibles de políticas socialistas como «alimentos baratos», «arriendos bajos», «gratis» esto o «gratis» lo otro, no son cosas positivas flotando en el aire, desconectadas de todo lo demás, si no que por el contrario son fenómenos que deben ser pagados de alguna manera: menos comida o de menor calidad, escasez de vivienda, deterioro y tugurios, racionamiento y corrupción, y sobre todo, niveles de vida más bajos, reducción en la formación de capital y/o mayor destrucción del existente. Y un menos evidente pero siempre «positivamente» mencionado hecho —un mayor sentido de solidaridad entre la gente, mayor valor atribuido a la familia, los parientes o amigos, que puede hallarse entre —por ejemplo— los alemanes del Este comparados con los mucho más «individualistas» y egoístas vecinos de Alemania occidental— deja de ser, nuevamente, un hecho simple, aislado y oscuro. Tales sentimientos son el resultado de un sistema social de constantes escaseses y de oportunidades continuamente reprimidas de mejorar la propia situación por medios propios. En Alemania Oriental, para lograr las tareas rutinarias más simples, tales como reparar la propia casa, que en otros países no requieren de más que una llamada telefónica, uno debe depender ampliamente de relaciones «personales» (en oposición a relaciones impersonales de trabajo); y donde la vida personal «pública» se encuentra bajo constante observación por parte de la «sociedad», uno necesita volverse sujeto de total privacidad. Se analizan en cierto detalle los efectos particularmente distorsionantes que resultan de: (1) una política marxista tradicional de nacionalizar o socializar los medios de producción, específicamente por la expropiación de estos medios a sus propietarios privados; (2) por una política revisionista, socialdemócrata, de igualdad redistributiva del ingreso; (3) por una política conservadora de tratar de preservar el statu quo a través de regulaciones económicas y del comportamiento así como por medio de controles de precios; y por (4) un sistema tecnocrático de ingeniería social e intervencionismo pragmático.

Estos tipos de políticas, que serán analizadas secuencialmente, no son completamente homogéneas y mutuamente excluyentes. Cada una puede llevarse a cabo a distinto grado, existen formas distintas de hacer las cosas bajo cada una de ellas y tales esquemas de políticas pueden ser combinados hasta cierto grado. De hecho en cualquier sociedad actual existe una mezcla de todas ellas como resultado de diversas fuerzas políticas que han ejercido su influencia en distintos momentos y con distinta fuerza. La razón para analizarlos separadamente (aparte de la obvia de que no todos los problemas pueden ser discutidos a la vez) es que constituyen grupos de políticas asociados con grupos sociales, movimientos y partidos claramente distinguibles, y que cada grupo de políticas afectan la prosperidad general de una forma parcialmente distinta.

Y el socialismo no será bajo ningún concepto analizado solamente desde un punto de vista económico. Desde luego el socialismo, especialmente el marxista o de tipo «científico», siempre ha pretendido ser un sistema económicamente superior de organizar una sociedad (aparte de sus otras supuestas cualidades) comparado con la así llamada «anarquía de la producción» del capitalismo. Pero el concepto socialista no colapsa porque se demuestre que de hecho lo contrario es cierto y que ese sistema lleva a la pobreza y no a la prosperidad. Ciertamente, el socialismo pierde mucho de su atractivo para la mayoría de la gente una vez que se comprende esto. Sin embargo el argumento no termina allí siempre y cuando pueda alegarse —sea cual fuere su desempeño económico— que representa una moralidad más elevada, que es más justo, que tiene una base ética superior.

Cabría esperarse sin embargo, que mediante un análisis más detallado de la teoría de la propiedad implícita en las distintas versiones del socialismo, este tratado aclare que nada puede estar más lejos de la verdad. Se demostrará que la teoría de la propiedad implícita en el socialismo no es capaz de resistir siquiera el primer examen decisivo (la condición necesaria si bien no suficiente) exigida a las normas de conducta humana que aspiran a ser moralmente justificadas o justificables. Este examen, tal como está formulado en la así llamada regla de oro o, similarmente de acuerdo al imperativo categórico de Kant, requiere que para ser justa una norma debe ser general y aplicable a toda persona de la misma manera. La norma no puede especificar distintos derechos u obligaciones para distintas categorías de personas (una para los pelirrojos y otra para los demás, una para las mujeres y otra para los hombres), ya que una norma tan «particularista», naturalmente, no podría jamás, ni siquiera en principio, ser aceptada como una norma justa por todos. Las normas o reglas particularistas, por otro lado, del tipo «Yo te puedo pegar, pero tu no debes hacerlo» son, como se volverá claro en el curso de este tratado, la base de todas las formas de socialismo practicadas. No sólo económicamente si no en el campo de la moral también, el socialismo resulta ser un sistema de organización social pésimamente concebido. Nuevamente, y a pesar de su mala reputación pública, es el capitalismo, un sistema social basado sencillamente en el reconocimiento de la propiedad privada y las relaciones contractuales entre propietarios, quien resulta triunfador. Se demostrará que la teoría de la propiedad implícita en el capitalismo no solamente pasa el primer examen de «universalidad» si no que viene a ser la precondición lógica (die Bedingung der Moeglichkeit) de cualquier tipo de justificación argumentativa: cualquiera que argumente en favor de cualquier cosa, y en particular de la justicia de ciertas normas debe, implícitamente al menos, presuponer la validez de las normas de propiedad implícitas en el capitalismo. Negar su validez como normas universalmente aceptables es por tanto auto-contradictorio.

La reconstrucción del concepto moral basado en la propiedad privada y su justificación ética lleva por lo tanto a un re-examen del socialismo —y por ende— de la institución del Estado, al depender como depende de la tributación y la membresía forzosa (ciudadanía), como la manifestación de las ideas socialistas acerca de la propiedad. Al no existir razones económicas o morales que fundamenten su existencia, el Socialismo y el Estado son entonces reducidos a —y serán explicados como— fenómenos de sustentabilidad únicamente socio-sicológica.

Guiada por tales consideraciones, la discusión finalmente regresa a la Economía. Los capítulos finales enfrentan la tarea constructiva de explicar el funcionamiento de un orden social puramente capitalista como la alternativa moral y económicamente necesaria frente al socialismo. Más específicamente, estarán dedicados al análisis de cómo un sistema social basado en la ética de la propiedad privada puede resolver el problema de monopolio y de la producción de los así llamados «bienes públicos», y en particular de la producción de seguridad, i.e., de la policía y los servicios judiciales. Se argumentará, al contrario de mucho de lo que se ha plasmado en la literatura económica con respecto al monopolio y los bienes públicos, que ninguno de ambos existe como problema, y de existir, no serían en ningún sentido suficientes para probar una deficiencia económica en un sistema puro de mercado. Por el contrario, un orden capitalista siempre, sin excepción y necesariamente, atiende de la forma más eficiente las necesidades más urgentes de los consumidores voluntarios, incluyendo las áreas de servicios policiales y judiciales. Concluida esta tarea constructiva, el argumento estará cabalmente integrado y la demolición de la credibilidad intelectual en el socialismo, moral y económicamente, deberá ser completa.

Capítulo 2

Propiedad, Contrato, Agresión, Capitalismo, Socialismo

Antes de avanzar en el más emocionante campo de analizar diversos modelos de políticas desde la perspectiva de la teoría económica y la filosofía política, es esencial introducir y explicar los conceptos fundamentales utilizados a través del siguiente estudio. De hecho, los conceptos explicados en este capítulo —los conceptos de propiedad, contrato, agresión, capitalismo y socialismo— son tan básicos y tan fundamentales, que uno nunca puede evitar hacer uso de ellos, aunque sea de forma implícita. Desafortunadamente, el mismo hecho de que al analizar cualquier tipo de acción humana y/o cualquier tipo de relación interpersonal uno deba hacer uso de estos conceptos no implica que todos tengan una comprensión precisa de ellos. Parecería que lo contrario es cierto.

Debido a que el concepto de propiedad —por ejemplo— es tan elemental que todos parecen tener una comprensión inmediata de él, la mayoría de gente nunca lo analiza cuidadosamente y puede como consecuencia generar en el mejor de los casos una vaga definición. Pero arrancar de definiciones imprecisas o asumidas para edificar un conjunto de ideas a partir de ellas sólo puede conducir al desastre intelectual. Esto ocurre porque las imprecisiones originales y los vacíos impregnarán y distorsionarán todo lo que derive de ellos. Para evitar esto el concepto de propiedad debe ser aclarado.

Junto al concepto de acción, la propiedad es la categoría más fundamental de las ciencias sociales. En realidad, todos los demás conceptos introducidos en este capítulo —agresión, contrato, capitalismo y socialismo— pueden definirse en términos de propiedad: agresión como la agresión contra la propiedad, contrato como una relación no-agresiva entre propietarios, socialismo como una política institucionalizada de agresión contra la propiedad, y capitalismo como una política institucionalizada de reconocimiento de la propiedad y el contractualismo.

Empecemos entonces con una aclaración sobre la precondición necesaria para que aparezca el concepto de propiedad. Para que surja el concepto de propiedad, debe existir un escasez de bienes. Si no existiera la escasez, y si todos los bienes se consideraran «bienes gratuitos» cuyo uso por una persona para cualquier propósito de ninguna manera excluiría (interferiría o restringiría) su uso por otra persona o para cualquier otro propósito, entonces no existiría necesidad de propiedad. Si es que, digamos, debido a una paradisíaca superabundancia de bananos, mi consumo actual de bananos de ninguna manera reduce mi provisión futura (y posible consumo) de bananos, ni la provisión presente o futura de bananos para otra persona, entonces la asignación de derechos de propiedad, en este caso con respecto a los bananos, sería superflua. Para desarrollar el concepto de propiedad, es necesario que los bienes sean escasos, y que pueda presentarse un conflicto sobre su uso. Es la función de los derechos de propiedad el evitar tales enfrentamientos sobre el uso de recursos escasos al asignar derechos de posesión exclusiva. La propiedad es entonces un concepto normativo: un concepto diseñado para permitir interacciones libres de conflicto al estipular reglas (normas) de conducta mutuamente obligatorias con respecto a recursos escasos. No requiere de mucho esfuerzo notar que existe en la realidad una escasez de bienes, de toda clase de bienes, en todas partes, y la necesidad de derechos de propiedad es por tanto evidente. De hecho, aún si asumiéramos que vivimos en el Jardín del Edén, donde existe superabundancia de todo lo necesario no sólo para sustentar la propia vida si no también para gozar de cualquier confort posible al estirar nuestra mano, el concepto de propiedad tendría que aparecer necesariamente. Ya que aún en estas circunstancias «ideales», el cuerpo físico de cada persona sería de todas formas un recurso escaso y en consecuencia existiría la necesidad de establecer reglas de propiedad, i.e., reglas al respecto de los cuerpos de las personas. Uno no está habituado a pensar en el propio cuerpo en términos de un bien escaso, pero al imaginar la situación más idealizada posible, el Jardín del Edén, se vuelve posible comprender que el propio cuerpo es de hecho el prototipo de un bien escaso para el cual los derechos de propiedad, i.e., los derechos de posesión exclusiva, deben ser establecidos para poder evitar conflictos.

En realidad, siempre que una persona actúa, i.e., cada vez que una persona trata de transformar un estado de las cosas que subjetivamente evalúa como menos satisfactorio en otro que le parece mejor, esta acción necesariamente implica una decisión con respecto al uso de su cuerpo. Y elegir, preferir una cosa o estado por encima de otra, evidentemente implica que no todo, no todos los placeres o satisfacciones posibles pueden ser obtenidos al mismo tiempo si no que algo considerado de menos valor debe ser sacrificado para obtener algo considerado de mayor valor. Por lo tanto, elegir siempre implica incurrir en costos: dejar de disfrutar placeres posibles debido a que los medios necesarios para obtenerlos son escasos y están dedicados a un uso alternativo que promete resultados más valiosos que las oportunidades sacrificadas. Incluso en el Jardín del Edén yo no podría simultáneamente comer una manzana, fumar un cigarrillo, tomar un trago, subirme a un árbol, leer un libro, construir una casa, jugar con mi gato, conducir un automóvil, etc. Tendría que tomar decisiones y ejecutar acciones de forma secuencial. Y esto es así porque sólo existe un cuerpo con el cual puedo hacer estas cosas y disfrutar de la satisfacción derivada de hacerlas. No tengo una superabundancia de cuerpos que me permitan disfrutar de todas las satisfacciones simultáneamente, en un único momento dichoso. Y estaría limitado por la escasez en otro aspecto también: ya que el recurso escaso «mi cuerpo» no es indestructible ni está equipado con energía y salud eternas, si no que por ser un organismo con un límite de vida, el tiempo es escaso también. El tiempo utilizado para perseguir el objetivo «A» reduce el tiempo restante para perseguir otros objetivos. Y mientras más tiempo tome llegar a un resultado deseado, mayores serán los costos de espera, y mayor debe ser la satisfacción esperada para entonces poder justificar estos costos.

Entonces, dada la escasez de cuerpo y tiempo, incluso en el Jardín del Edén las regulaciones de propiedad deberán establecerse. Sin ellas, y asumiendo que existe más de una persona, que sus esferas de acción coinciden, y que no existe una sincronización de intereses ni armonía preestablecida, los conflictos sobre el uso del propio cuerpo son inevitables. Yo podría por ejemplo, querer usar mi cuerpo para disfrutar bebiendo una taza de té, mientras que otra persona podría querer iniciar un amorío con él, impidiéndome por tanto tomar mi té y reduciendo el tiempo restante para la búsqueda de mis propios objetivos mediante el uso de este cuerpo. Para poder evitar tales conflictos, deben formularse normas de posesión exclusiva. En efecto, siempre que exista acción humana, existirá necesidad de establecer normas de propiedad.

Para mantener la simplicidad de los conceptos y continuar libres de detalles que distraigan, continuemos asumiendo para otra porción del análisis, que habitamos de hecho en un Jardín del Edén, donde solamente el propio cuerpo, el espacio que ocupa, y el tiempo son recursos escasos. ¿Qué puede decirnos el prototipo de un bien escaso —el cuerpo de una persona— acerca de la propiedad y sus derivaciones conceptuales?

Aún en un mundo con sólo una clase de recurso escaso, toda variedad de normas para regular la posesión exclusiva son concebibles en principio (por ejemplo, una regla tal como «Los lunes yo determino que usos tendrán nuestros cuerpos, los martes tú determinarás su uso», etc), pero indudablemente no todas ellas tendrán la misma oportunidad de ser propuestas y aceptadas. Entonces resulta lo mejor iniciar nuestro análisis mediante la regla de propiedad, que seguramente será aceptada por los habitantes del Edén como una «posición natural» con respecto a la asignación de derechos de posesión exclusiva sobre los cuerpos. Cabe aclarar que en esta etapa de la discusión no nos hemos preocupado aún de la ética, de la justificación moral de las normas. Entonces si bien posteriormente argumentaré que la posición natural es la única moralmente justificable, y que estoy convencido de que es natural debido a que es moralmente justificable, hasta el momento, natural no implica ninguna connotación moral. Es simplemente una categoría socio-sicológica utilizada para indicar que esta posición hallaría el mayor eco en la opinión pública. En efecto, su naturalidad se ve expresada en el propio hecho de que al hablar acerca del cuerpo es también casi imposible evitar usar expresiones posesivas (que indiquen posesividad). Un cuerpo es mencionado normalmente como el cuerpo de una persona: mi cuerpo, tuyo, suyo, etc. (e incidentalmente lo mismo hace uno cuando habla de ¡acciones!); y uno no tiene el menor problema al distinguir lo que es mío, tuyo, etc; claramente al hacerlo uno está asignando títulos de propiedad e identificando a los usuarios apropiados de los recursos escasos.

¿Cuál es entonces la posición natural con respecto a la propiedad, implícita en nuestra forma natural de hablar acerca del cuerpo? Es ésta: cada persona tiene el derecho de propiedad exclusiva sobre su cuerpo dentro de los límites de su superficie. Cualquier persona puede usar su cuerpo para los usos que considere mejor para sus intereses de corto o largo plazo, bienestar o satisfacción, siempre y cuando no interfiera con los derechos de otra persona de controlar el uso de su respectivo cuerpo. Esta «propiedad» del propio cuerpo implica el derecho personal de invitar (o aceptar) el que otra persona haga algo en (o con) el cuerpo de uno: mi derecho de hacer con mi cuerpo lo que yo desee, incluye el derecho de solicitar o permitir a otra persona usar mi cuerpo, amarlo, examinarlo, inyectar medicinas o drogas en él, cambiar su apariencia física o incluso golpearlo o matarlo, si eso es lo que deseo y he acordado. Las relaciones interpersonales de esta naturaleza son y serán llamados intercambios contractuales. Están caracterizados por el hecho de que se llega a un acuerdo sobre el uso de recursos escasos, el cual está basado en respeto mutuo y en el reconocimiento del control exclusivo sobre el propio cuerpo de todas y cada una de las partes. Por definición, tales intercambios contractuales, si bien no necesariamente ventajosos para todas y cada una de las partes en retrospectiva (podría no gustarme mi apariencia posteriormente, incluso si el cirujano hizo exactamente lo que le pedí que hiciera con mi rostro) , son siempre y necesariamente, mutuamente ventajosas para cada participante ex ante, de otro modo el intercambio simplemente no se llevaría a cabo.

Si es que por otro lado, una acción se ejecuta e invade o cambia la integridad física del cuerpo de otra persona y utiliza ese cuerpo para un uso que no es del gusto y deseo de la otra persona, esta acción, de acuerdo con la posición natural respecto a la propiedad, se llama agresión. Será una agresión si una persona trata de satisfacer sus deseos sexuales o sádicos al violar o golpear el cuerpo de otra persona sin su consentimiento explícito. Y será una agresión igualmente, si una persona fuera impedida físicamente de realizar ciertas acciones con su cuerpo que no sean del agrado de otra persona, tales como usar calcetines rosa o cabello ensortijado, o emborracharse a diario, o dormir y luego filosofar en vez de hacerlo al revés, pero al hacerlo no cambie por virtud de esa acción en sí misma la integridad física del cuerpo de otra persona. Por definición, entonces, un acto agresivo siempre y necesariamente implica que una persona, al realizarlo, incrementa su satisfacción a costa de una reducción en la satisfacción de otra persona.

¿Cuál es la lógica subyacente en esta posición natural sobre la propiedad? En la base de la teoría natural de la propiedad yace la idea de fundamentar la asignación de posesión exclusiva en la existencia de un vínculo objetivo —verificable intersubjetivamente— entre el propietario y la propiedad poseída y mutatis mutandis, calificar de agresivas todas las exigencias de propiedad que pueden invocar para su respaldo solamente evidencia subjetiva. Mientras que puedo argumentar a favor del reclamo de propiedad sobre mi cuerpo el hecho objetivo de que yo fui su primer ocupante —primer usuario— ninguna otra persona que reclame el derecho a controlar mi cuerpo puede argumentar nada parecido. Nadie puede llamar a mi cuerpo un producto de su voluntad, tal como yo puedo hacerlo; la pretensión sobre el derecho de determinar el uso del recurso escaso «mi cuerpo» sería una demanda de no-usuarios, de no-productores y estaría basado exclusivamente en la opinión subjetiva, i.e., en una declaración meramente verbal sobre que las cosas debieran ser de esta u otra manera. Por supuesto, tales declaraciones verbales podrían (y con mucha seguridad lo harán) señalar ciertos hechos también («¡Soy más grande, soy más inteligente, soy más pobre o soy muy especial, etc!») y podrían por tanto tratar de parecer legítimas.

Pero hechos como éstos no pueden (y no deben) establecer un vínculo objetivo entre un recurso escaso determinado y una persona o personas. La propiedad de todo por parte de todos puede ser igualmente establecida o descartada sobre tales bases. Son tales reclamos de propiedad, sacados del aire, con vínculos puramente verbales entre los propietarios y las propiedades los que de acuerdo a la teoría natural de la propiedad se califican como agresivos. Comparado con esto, mi reclamo de propiedad sobre mi cuerpo puede apelar a un vínculo natural; y es así porque mi cuerpo ha sido producido, y todo lo producido (a diferencia de las cosas «dadas»), lógicamente tiene una conexión determinada con ciertos productores individuales identificables; ha sido producido por mí. Para evitar cualquier malentendido, «producir» no significa «crear de la nada» (después de todo, mi cuerpo es también una cosa dada); significa cambiar una cosa naturalmente dada de acuerdo a un plan, transformar la naturaleza. No significa «transformar todas y cada una de sus partes» (después de todo, ¡mi cuerpo tiene muchísimas partes con respecto a las cuales nunca hice nada!) ; significa en cambio transformar una cosa dentro de límites (incluyentes / excluyentes), o, para más precisión, crear líneas de demarcación para las cosas. Y finalmente, «producir» tampoco equivale a decir que el proceso de producción debe continuar indefinidamente (después de todo, a veces estoy dormido y mi cuerpo no es producto de mis acciones en esos momentos), simplemente significa que fue producido en el pasado y puede ser reconocido como tal. Tales reclamos de propiedad entonces, que pueden ser derivados de esfuerzos productivos y demarcatorios pasados y que pueden ser vinculados a individuos específicos como productores, son los que se califican como «naturales» o «no agresivos».

Los conceptos de capitalismo y socialismo deberían estar casi esclarecidos en este punto. Pero antes de abandonar el Jardín del Edén de una vez por todas, debe darse un vistazo a las consecuencias de la introducción de elementos de propiedad fundamentada sobre bases agresivas, ya que esto ayudará a dilucidar, pura y llanamente, el problema económico y social de toda clase de socialismo real, i.e., de socialismo en un mundo de escasez general, cuyo análisis detallado será sujeto de estudio en los siguientes capítulos.

Aún en la tierra de la abundancia, la gente evidentemente elegiría distintos estilos de vida, se fijaría distintas metas, tendría distintos estándares sobre el tipo de personalidad que quieren desarrollar y qué logros desean alcanzar. Es verdad, uno no necesitaría trabajar para vivir ya que existiría una superabundancia de todo. Pero, dicho drásticamente, uno aún podría elegir entre convertirse en un borracho o en un filósofo, lo que equivale a decir de forma más técnica que uno puede elegir utilizar su cuerpo en usos que pueden ser más o menos inmediatos en su recompensa, desde el punto de vista de la persona actuante, o puede utilizarlo para usos que rindan fruto en un futuro más o menos distante. Decisiones del tipo mencionado en primera instancia pueden ser llamadas «decisiones de consumo». Decisiones, por otra parte, de disponer del propio cuerpo para un uso que rinde frutos luego, i.e., decisiones inducidas por una recompensa o satisfacción anticipada en un futuro más o menos distante que demandan que el actor enfrente tiempos de espera (¡el tiempo es escaso!), pueden ser llamadas «decisiones de inversión»—decisiones de invertir en «capital humano»: en el capital encarnado en el propio cuerpo físico.

Ahora, asumamos la introducción de propiedad establecida sobre bases agresivas. Mientras que antes cada persona era dueña exclusiva de su cuerpo y podía decidir por sí misma si convertirse en borracho o un filósofo, se establece ahora un sistema en el cual el derecho de una persona a decidir qué hacer con su cuerpo es restringido o completamente eliminado, y en cambio este derecho es parcial o totalmente transferido a otra persona quien no está naturalmente vinculada con el cuerpo en cuestión, como sí lo está su productor. ¿Cuál sería la consecuencia de esto? La abolición de la propiedad privada sobre el propio cuerpo tiene grandes alcances: los no-productores tienen el derecho de determinar todos los usos de «mi» cuerpo todo el tiempo, o su derecho de hacerlo puede estar limitado con respecto a tiempo o ámbitos, y estas restricciones pueden ser flexibles (dado que los no-productores tienen el derecho de cambiar la definición de las restricciones de acuerdo a su propio gusto) o fijadas de una vez por todas, ¡y de acuerdo a esto los efectos son desde luego más o menos drásticos! Pero cualquiera que sea el grado, la socialización de la propiedad siempre y necesariamente, produce dos tipos de efectos. El primer efecto, «económico» en el sentido más estrecho del término, es una reducción de la cantidad de inversión en capital humano tal como se lo definió más arriba. El dueño natural de un cuerpo no puede evitar tomar decisiones sobre su cuerpo —siempre y cuando no cometa suicidio y decida permanecer vivo— sin importar que tan limitados estén sus derechos de propiedad. Pero ya que no puede decidir por su cuenta, sin perturbaciones, qué usos darle a su cuerpo, el valor atribuido a su cuerpo por él será menor; la satisfacción de deseos, la gratificación síquica, es decir, lo que puede obtener de su cuerpo al darle ciertos usos se reduce ya que el rango de opciones disponibles le ha sido limitado. Pero entonces, con cada acción necesariamente implicando costos (como se explicó arriba), y con una inclinación innata a incurrir en costos a cambio de una recompensa o utilidad, el propietario natural se encuentra en una situación en la cual los costos de actuar deben ser reducidos para poder alinearlos nuevamente con su reducida expectativa de utilidad o recompensa. En el Jardín del Edén sólo existe una forma de hacer esto: acortar el tiempo de espera —reducir la inutilidad de la espera— y elegir un curso de acción que prometa resultados más inmediatos. Por ende, la introducción de propiedad agresivamente establecida genera una tendencia a disminuir las decisiones de inversión y favorece las decisiones de consumo. Expresado de forma drástica, conlleva una tendencia a convertir filósofos en borrachos. Esta tendencia es permanente y más pronunciada cuando la amenaza de intervención de los derechos del propietario natural es permanente y es menor en el grado en que la amenaza está restringida a ciertos períodos o ámbitos. De cualquier modo la tasa de inversión en capital humano es menor de lo que sería al permanecer ilesos y absolutos los derechos de control exclusivo por parte de los propietarios naturales.

El segundo efecto puede ser llamado de naturaleza social. La introducción de elementos de propiedad agresivamente fundamentada implica un cambio en la estructura social, un cambio en la composición de la sociedad con respecto su carácter o personalidad. Abandonar la teoría natural de la propiedad evidentemente implica una redistribución del ingreso. La utilidad síquica de las personas en su capacidad como usuarios naturales de su propio cuerpo, como personas que se expresan en este cuerpo y derivan satisfacción a través de hacerlo, se reduce a expensas de un incremento en la utilidad síquica de personas en su calidad de invasoras del cuerpo de otras personas. Se ha vuelto relativamente más difícil y costoso derivar satisfacción del uso del propio cuerpo sin invadir el de otra persona, y relativamente menos difícil y costoso obtener satisfacción al usar los cuerpos de otros para nuestros propósitos. Este hecho en sí mismo no implica cambio social, pero apenas hacemos una suposición empírica, ocurre así: Asumiendo que el deseo de obtener satisfacción a costa de una pérdida de satisfacción disponible para otros —al materializar el deseo de usar el cuerpo de otra persona— que puede no estar imbuido en todos y en el mismo grado, pero que existe en alguna gente algunas veces y en algún grado y de tal forma puede ser suprimido o aumentado y favorecido por un arreglo institucional determinado, las consecuencias con inminentes. Y ciertamente, esta suposición es verdadera. Entonces, la redistribución de oportunidades de adquirir ingresos debe tener como resultado que más gente utilice la agresión para obtener satisfacción personal y / o más gente se vuelva más agresiva, i.e., pase paulatinamente de roles no-agresivos a roles agresivos, transformándose lentamente su personalidad como consecuencia de esto; y este cambio en la estructura de carácter, de la composición moral de la sociedad, a su vez lleva a una nueva reducción en el nivel de inversión en capital humano.

En suma, con estos dos efectos hemos precisado las razones más fundamentales por las cuales el socialismo es un sistema de arreglos de propiedad económicamente inferior. De hecho, ambos efectos emergerán una y otra vez en el curso del siguiente análisis de los modelos de políticas socialistas. Todo lo que resta ahora es explicar la teoría natural de la propiedad con respecto a la natural escasez en la vida real, pues éste es el punto de partida para analizar todas las formas de socialismo en la práctica.

A pesar de algunas diferencias evidentes entre el cuerpo y otros recursos escasos, todas las distinciones conceptuales pueden ser hechas y aplicadas nuevamente sin dificultad: A diferencia del cuerpo, que jamás se halla «sin propietario», todos los demás recursos escasos pueden carecer de propietario en la práctica. Éste es el caso siempre que permanezcan en su estado natural, sin ser utilizados por alguien. Sólo se convierten en la propiedad de alguien apenas se les otorga el status de bienes escasos, es decir, tan pronto como son demarcados de forma objetiva o son puestos bajo cierto uso por alguna persona. Este acto de adquirir recursos previamente desocupados se llama «apropiación original». Una vez que los recursos sin propietario son apropiados, se vuelve una agresión el transformar las características físicas o restringir el rango de usos a los que puede destinarlos el propietario, siempre que su uso particular no afecte las características físicas de la propiedad de otro —tal como en el caso de los cuerpos. Solamente durante el transcurso de una relación contractual, i.e., cuando el propietario natural de un bien escaso lo consienta explícitamente, es posible para otra persona utilizar y modificar cosas previamente adquiridas. Y solamente si el dueño original o previo deliberadamente transfiere su título de propiedad a alguien más —ya sea por medio de intercambio o como regalo— puede esta otra persona convertirse en dueña de estas cosas. A diferencia de los cuerpos, que por la misma razón que no pueden carecer de propietario ni pueden ser abandonados por su propietario natural completamente si no solamente ser «ofrecido» mientras el acuerdo dure, todo el resto de recursos pueden ser naturalmente «enajenados» y se puede renunciar a un título de propiedad sobre ellos para siempre.

Un sistema social basado en esta posición natural con respecto a la asignación de derechos de propiedad es, y de ahora en adelante será llamado Capitalismo Puro. Y ya que sus conceptos también pueden ser identificados como los conceptos dominantes del derecho privado, i.e., de las normas que regulan las relaciones entre personas privadas, también puede ser llamado un sistema de derecho privado puro. Este sistema está basado en la idea de que para ser no-agresivos, los reclamos de propiedad deben estar respaldados por el hecho objetivo de un acto de apropiación original, de propiedad previa o por una relación contractual mutuamente beneficiosa. Esta relación puede ser una cooperación deliberada entre propietarios o la transferencia deliberada de títulos de propiedad de un dueño a otro. Si este sistema es alterado y en su lugar se instituye una política que asigne derechos de control exclusivo sobre medios escasos —sin importar que tan parcialmente— a personas o grupos de personas que no pueden señalar un acto de utilización previa de los objetos en cuestión, ni una relación contractual con un usuario / propietario previo, entonces deberá llamársele Socialismo (parcial).

Será la tarea de los próximos cuatro capítulos el explicar cómo distintas formas de desviación de un sistema capitalista puro, distintas maneras de redistribuir títulos de propiedad desde los propietarios naturales de las cosas (es decir de gente que ha destinado ciertos recursos a cierto uso específico y están naturalmente vinculados a ellos) hacia gente que no ha hecho nada aún con esos recursos pero simplemente ha hecho un reclamo verbal, declaratorio, al respecto de ellos, disminuye la inversión e incrementa el consumo y adicionalmente causa un cambio en la composición de la población al favorecer a la gente no-productiva por encima de la gente productiva.

Capítulo 3

Socialismo de Estilo Ruso

Hemos definido el socialismo como una política institucionalizada de redistribución de títulos de propiedad. Para mayor precisión, es la transferencia de títulos de propiedad desde personas que realmente ha dado uso a medios escasos o que los ha adquirido contractualmente de personas que lo habían hecho previamente, hacia personas que ni han hecho nada con las cosas en cuestión ni las han adquirido contractualmente. Para el caso de un mundo irreal —El Jardín del Edén— he señalado las consecuencias socioeconómicas de un sistema tal de asignación de títulos de propiedad: una reducción de la inversión en capital humano y elevados incentivos para la evolución de tipos de personalidad improductivos. Ahora quiero ampliar y especificar este análisis del socialismo y de su impacto socioeconómico a través de una observación de las versiones típicas de socialismo. En este capítulo me concentraré en el análisis de lo que la mayoría de la gente considera el «socialismo por excelencia» (si bien no es el único tipo de socialismo que existe), siendo éste probablemente el punto de arranque más apropiado para cualquier discusión sobre el socialismo. Este «socialismo por excelencia» es un sistema social en el cual los medios de producción, es decir, los recursos escasos utilizados para producir bienes de consumo, están «nacionalizados» o «socializados».

En efecto, cuando Karl Marx —y como él la mayoría de nuestros intelectuales contemporáneos de la izquierda— estaba exclusivamente ocupado en el análisis de los defectos económicos y sociales del Capitalismo, y en todos sus escritos plasmaba sólo unos pocos y vagos comentarios sobre el problema constructivo de la organización del proceso de producción bajo el socialismo, la alternativa supuestamente superior al Capitalismo, no puede haber duda de que esto era lo que él consideraba el fundamento de una política socialista y la clave para un futuro mejor y más próspero. En consecuencia, la socialización de los medios de producción ha sido promovida por todos los socialistas de persuasión marxista desde entonces. No es solamente lo que los partidos comunistas de Occidente tienen oficialmente reservado para nosotros a pesar de que cada vez sean más reacios a admitirlo en su búsqueda del poder. En todos los partidos socialistas y socialdemócratas de Occidente existe una minoría mas o menos numerosa, elocuente y declarada, que promueve un esquema de ese tipo y que propone la socialización, si bien no de todos los medios de producción, al menos de las grandes industrias y grandes negocios. Mas aún, sectores industriales nacionalizados pequeños o grandes se han vuelto parte de la realidad social incluso en los llamados países «más capitalistas»; y por supuesto intentó una socialización casi completa de los medios de producción en la Unión Soviética y posteriormente en todos los países de Europa del Este bajo el dominio soviético, así como en una serie de países en todo el mundo. El siguiente análisis nos deberá permitir entonces entender los problemas económicos y sociales de las sociedades, siempre que se caractericen por la posesión de medios de producción nacionalizados. Y en particular debería ayudarnos a comprender los problemas centrales que plagan a Rusia y sus satélites, dado que estos países han llevado a cabo una política de socialización al punto de que puede decirse con justicia que es su característica estructural principal. Es por ello que llamamos el tipo de socialismo en cuestión de estilo «Ruso».

Con respecto a las fuerzas motivadoras de los esquemas de socialización, debemos decir que son declaradamente igualitarias. Al permitir propiedad privada de los medios de producción, se permiten las diferencias. Si yo soy propietario del recurso A, entonces usted no es su dueño y por lo tanto nuestra relación con respecto a este recurso es diferente. Al abolir la propiedad privada la posición de todos frente a los medios de producción se iguala de golpe, o así parecería. Todos se convierten en copropietarios de todo, reflejando una igualdad en tanto seres humanos. Y la justificación económica de tal esquema es que resulta supuestamente más eficiente. Para un observador no entrenado ni familiarizado con la acción coordinadora de los precios, el capitalismo basado en la propiedad privada de los medios de producción simplemente parece caótico. Da la impresión de ser un sistema lleno de desperdicio caracterizado por esfuerzos duplicados, competencia ruin, y la ausencia de acción concertada y coordinada. Como los marxistas le llaman con desprecio, es una «anarquía de la producción». Sólo cuando la propiedad privada se sustituye por la propiedad colectiva parece posible eliminar este desperdicio al implementar un plan de producción único, completo y coordinado.

Más importante sin embargo que la exaltación y las promesas, es el resultado real de la socialización de los medios de producción. Las normas de propiedad que se adoptan bajo una política de socialización y que constituyen los principios legales básicos de países como Rusia están caracterizados por dos elementos complementarios. Primero, nadie posee los medios de producción socializados; son propiedad «social», lo que equivale a que: a ninguna persona o grupo de personas, o a su conjunto se le permite adquirirlos o venderlos y disponer de los frutos de su venta de forma privada. Su manejo está en manos de gente que no cumple el papel de un dueño si no de un administrador de las cosas. Y en segundo lugar, a ninguna persona o grupo de personas ni a su conjunto se le permite iniciar nuevas inversiones privadas ni crear nuevos medios de producción. No pueden invertir transformando lo recursos sin uso productivo existentes en recursos productivos por medio de ahorro, de agrupar recursos con otra gente, ni por medio de una combinación de estos métodos. La inversión sólo puede ser efectuada por los administradores de las cosas, nunca para beneficio privado, y siempre a nombre de la comunidad de administradores con quienes las posibles utilidades de las inversiones deben ser compartidas.

¿Qué significa tener una economía de administradores de ese estilo? ¿Qué implica en particular pasar de una economía basada en la teoría natural de la propiedad a una socializada? Para ello, deben hacerse dos precisiones que en sí arrojarán luz sobre las premisas socialistas de igualdad y eficiencia arriba mencionadas. Declarar a todos copropietarios de todo resuelve el problema de las diferencias solamente de palabra. No resuelve el verdadero problema subyacente: las diferencias de poder. En una economía basada en la propiedad privada, el propietario determina lo que debe hacerse con lo medios de producción. En una economía socializada esto ya no puede ocurrir: no existe tal propietario. Sin embargo, el problema de determinar lo que debe hacerse con éstos aún existe y debe ser resuelto de alguna forma, asumiendo que no existe ninguna armonía sincronizada y preestablecida de intereses entre toda la gente (en cuyo caso no existirían problemas humanos de ninguna especie), si no que puede existir algún grado de desacuerdo. Sólo puede prevalecer una visión de lo que debe ser hecho y las demás deben ser excluidas mutatis mutandis. Pero nuevamente tienen que existir desigualdades entre la gente: la opinión de alguien o algún grupo debe imponerse a la de los otros. La diferencia entre una economía basada en la propiedad privada y una economía socializada es solamente cómo se determina quién —y la opinión de quién— prevalece en caso de desacuerdo. En el capitalismo debe haber alguien que controla y otros que no lo hacen, y por lo tanto las diferencias entre la gente son reales, pero el problema de saber quién decide se resuelve mediante apropiación original y contrato. También en el socialismo deben existir necesariamente diferencias entre controladores y no controladores; sólo que en el caso del socialismo, la posición de aquéllos cuya opinión se impone no está determinada por la utilización previa ni por contrato, si no por medios políticos. Esta diferencia es fundamental y nuestra discusión volverá a tratar sobre ella en este capítulo y en los posteriores, pero baste decir que —al contrario de las promesas igualitarias del socialismo— no se trata de una diferencia entre un sistema no igualitario y uno igualitario con respecto al poder de decidir.

La segunda observación está íntimamente ligada a la primera y tiene que ver con la capacidad de coordinación supuestamente superior del socialismo. Nuevamente una inspección más cercana revela que la diferencia es puramente imaginaria, creada solamente por la semántica: al decir que una economía de propietarios privados se suplanta por una economía nacionalizada[p.23] uno tiene la impresión de que en vez de una multitud de entidades que toman decisiones, súbitamente existe una única entidad de este tipo.

Existen tantos individuos con igual o mayor número de intereses distintos como antes. Tal como hace el capitalismo, el socialismo debe encontrar una solución al problema de determinar cómo coordinar los usos de distintos medios de producción dado el hecho de que existen distintos conceptos de cómo debe llevarse a cabo esto último. La diferencia entre el capitalismo y el socialismo es nuevamente es la de cómo se logra la coordinación, y no entre el caos y la coordinación, como la semántica socialista insinúa. En lugar de permitir sencillamente que los individuos hagan lo que deseen, el capitalismo coordina las acciones al encauzar a la gente para que respete la utilización y propiedad previas. El socialismo, por otro lado, en vez de permitir a la gente hacer lo que guste, coordina los planes individuales al imponer sobre una persona o grupo de personas el plan de otra persona o grupo sin que importen la propiedad previa ni los acuerdos de intercambio mutuos. Pero no se trata, como el socialismo marxista quisiera que creyéramos, de una diferencia entre la planificación social y la falta de ella; por el contrario, tan pronto como los mecanismos de coordinación del socialismo y el capitalismo son traídos a la luz y examinados, el argumento del socialismo sobre poseer mayor eficiencia empieza a perder mucha de su credibilidad, y la tesis opuesta resulta más convincente.

Que tan bien fundamentada está la tesis en cuestión y exactamente por qué es el mecanismo de coordinación del capitalismo y no el del socialismo el que muestra ser económicamente superior estará claro si uno deja de fijarse en las diferencias aparentes y se concentra en las reales, y se observa la redistribución de títulos de propiedad, y por tanto del ingreso, que está implícita en el abandono del capitalismo en favor de una economía de administradores encargados, tal como se la describe arriba. Desde la perspectiva de la teoría natural de la propiedad —fundamento del capitalismo— la adopción de los principios básicos de una economía de administradores encargados implica que los títulos de propiedad se redistribuyen desde los productores y usuarios de los medios de producción, y desde quienes han adquirido estos medios por consentimiento mutuo de usuarios previos, hacia una comunidad de administradores encargados en la cual en el mejor de los casos, cada persona permanece como el encargado de las cosas que previamente poseyó. Pero incluso en este caso cada usuario previo y cada contratista sería perjudicado, pues ya no podría vender los medios de producción y conservar la utilidad obtenida privadamente, ni podría apropiarse personalmente de la ganancia generada al utilizarlos como son utilizados, y por ende los medios de producción perderían valor para él. Mutatis mutandis, cada no-usuario y no-contratista de estos medios de producción se verá favorecido al ser elevado a la categoría de encargado de ellos, con al menos un poder parcial sobre recursos que previamente ni utilizaba ni había acordado contractualmente usar, y su ingreso se verá elevado.

Adicional a este esquema redistributivo existe otro, implícito en la prohibición de crear nuevo capital privado o en el nivel de trabas (que depende del tamaño de la porción socializada de la economía) bajo el cual este proceso debe llevarse a cabo: una redistribución desde la gente que ha pospuesto un posible consumo y ha ahorrado en cambio sus fondos para emplearlos de forma productiva, i.e., con el propósito de producir bienes de consumo futuros, y quienes ahora ya no lo pueden hacer o tienen menos opciones disponibles, hacia no-ahorristas, quienes durante la adopción del esquema redistributivo, obtienen voz y voto, aunque sea parcialmente, sobre los fondos de quienes los ahorraron.

Las consecuencias socioeconómicas de una política de socialización están esencialmente implicados en estos conceptos. Pero antes de darles un repaso detallado, vale la pena examinar y aclarar las características esenciales del mundo real en el cual este esquema de socialización tendría lugar. Debemos recordar que estamos tratando con un mundo cambiante; que el hombre además puede aprender sobre el mundo y que no por ello necesariamente sabe ahora lo que sabrá en un momento posterior; que existe escasez de una multitud de bienes y que al mismo tiempo, el ser humano se ve presionado por una multitud de necesidades, no todas las cuales pueden ser satisfechas al mismo tiempo y/o sin sacrificar la satisfacción de otras; por esto, el ser humano debe elegir y ordenar sus necesidades según una escala de preferencias de acuerdo al grado de urgencia que tengan para él; también, más específicamente, ni el proceso de apropiación original de recursos percibidos como escasos, ni el proceso de producción y mantenimiento de medios de producción, ni su contratación, está ausente de costos; que todas estas actividades cuestan en el mejor de los casos tiempo, que podría ser utilizado de otra forma, e.g., para actividades de placer; y adicionalmente no debemos olvidar que estamos en un mundo caracterizado por la división del trabajo, lo que significa que no hablamos de un mundo de productores autosuficientes, si no de uno en que la producción se lleva a cabo para un mercado de consumidores independientes.

Con esto en mente, entonces, ¿cuáles son los efectos de socializar los medios de producción? Para empezar, ¿cuáles son las consecuencias «económicas», en el sentido coloquial del término?

Existen tres efectos íntimamente relacionados. Primero —y éste es el efecto general e inmediato de todas las clases de socialismo— se produce una caída relativa en la tasa de inversión, la tasa de formación de capital. Debido a que la «socialización» favorece al no usuario, el no productor, y el no contratista, habrá menos gente desempeñando estos papeles. Habrá menos apropiación original de recursos naturales de reconocida escasez, habrá menos producción nueva y mantenimiento de viejos factores de producción, y habrá menos contratos. Esto porque todas estas actividades implican costos y los costos de ejecutarlas se habrán elevado, y existiendo cursos alternativos de acción, como el consumo de actividades recreacionales, que a su vez se han vuelto relativamente menos costosas, y por tanto más disponibles para los individuos actuantes. En la misma medida, dado que los campos de inversión de todos[p.26] se han atrofiado porque ya no es posible convertir el ahorro privado en inversión privada, o porque esos campos han sido limitados en la medida en que la economía ha sido socializada, habrá por tanto menos ahorro y más consumo, menos trabajo y más recreación. Después de todo, uno ya no puede convertirse en capitalista o la posibilidad de convertirse en uno ha sido restringida, así es que ¡existe por lo bajo una razón menos para ahorrar! No es necesario decirlo, pero el resultado de esto será una oferta reducida de bienes transables y una reducción del nivel de vida en términos de tales bienes. Y ya que estos estándares de vida inferiores les son impuestos a la gente y no son la elección natural de consumidores que cambian su valoración relativa entre recreación y bienes transables como resultado de su trabajo, i.e., ya que son padecidos como un empobrecitimiento no deseado, empezará a evolucionar una tendencia a compensar tales perdidas convirtiéndose en informales, evadiendo y creando mercados negros.

En segundo lugar, una política de socialización de los medios de producción resultará en el desperdicio, i.e., usos que satisfacen necesidades de importancia secundaria en el mejor caso y en el peor de los casos, no satisfarán necesidades si no que simplemente serán una carga.8 ¡La razón para ello es la existencia e inevitabilidad del cambio! Una vez que se admite que puede haber cambios en la demanda de los consumidores, cambios de conocimiento tecnológico, y cambios en el entorno natural en el cual los procesos de producción se desarrollan —y todo esto ocurre constantemente y sin cesar— entonces debe también admitirse que existe una necesidad constante e infinita de reorganizar toda la estructura social de producción. Siempre existe la necesidad de retirar inversiones viejas de alguna línea de producción, y junto con nuevas inversiones, encaminarlas en otras líneas, por tanto provocando que ciertos establecimientos, ciertas ramas e incluso ciertos sectores de la economía se contraigan y otros se expandan. Supongamos ahora que —y esto es lo que ocurre en un modelo socializado— es completamente ilegal o extremadamente difícil vender los medios de producción de propiedad colectiva a manos privadas. Este proceso de reorganización de la estructura productiva entonces estaría —dado que no se detenga completamente— al menos ¡severamente limitado! La razón es una muy sencilla, pero de la mayor importancia. Ya que los medios de producción no pueden ser vendidos, o que venderlos es muy difícil para el encargado o el comprador privado o ambos, no existen precios de mercado para esos medios de producción, o la formación de tales precios está impedida y por tanto se ha vuelto más costosa. Pero entonces el encargado/productor de estos medios de producción socializados ya no puede establecer los costos monetarios involucrados en usar esos recursos ni al hacer cambios en la estructura de producción. Ni tampoco puede comprara esos costos con su ingreso esperado por ventas. Al no permitírsele aceptar ninguna oferta por parte de otros individuos privados que podrían hallar un uso alternativo para cierto medio de producción, o al estar seriamente limitados en cuanto a recibir tales ofertas, el encargado simplemente no sabe de lo que se pierde, cuáles son las oportunidades perdidas, y ni siquiera puede evaluar correctamente los costos monetarios de retener esos recursos. No puede descubrir si su forma de usarlos actualmente o un cambio en su uso vale la pena en términos de retorno monetario, o si los costos involucrados son en realidad mayores que los retornos y por tanto se provocará una caída del valor de los bienes de consumo producidos. Ni tampoco puede saber si su forma de producir para la demanda de los consumidores es en efecto la más eficiente forma (comparada con formas alternativas) de satisfacer las necesidades más urgentes del consumidor, o si es que se están satisfaciendo necesidades menos urgentes a costa de otras más urgentes, provocando al menos una caída relativa en el valor de los bienes producidos. Sin la capacidad de recurrir libremente a los métodos de cálculo económico, no existe sencillamente forma de saberlo. Desde luego que uno puede intentar y tratar de hacer el mejor esfuerzo. Eso puede ser funcionar algunas veces, aunque no haya forma de asegurarse de que así sea. Pero, en cualquier caso, mientrás más grande el mercado que uno debe atender, y mientras más disperso se encuentre el conocimiento sobre distintos grupos de consumidores, sus circunstancias de tiempo y de ubicación geográfica y las posibilidades tecnológicas, será más probable que uno se equivoque. Una mala asignación de los medios de producción, con despilfarros y desabastecimiento como las dos caras de la misma moneda, tiene que ocurrir. Al obstaculizar, y por supuesto aún mas al prohibir que empresarios privados pujen por comprar los medios de producción en manos de encargados, un sistema de producción socializada impide que se aprovechen al máximo percibido las oportunidades de mejora. Nuevamente, es innecesario señalar que, esto también, contribuye al empobrecimiento.9

En tercer lugar, socializar los medios de producción causa empobrecimiento relativo, i.e., una caída en el estándar de vida general, al generar una sobreutilización de los factores de producción dados. La razón de esto yace, nuevamente, en la posición peculiar del administrador encargado comparada con la de un propietario privado. Un propietario privado con el derecho a vender los factores de producción y retener su producto monetario deberá, en virtud de esto, evitar cualquier incremento en la producción que ocurra a expensas del valor del capital empleado. Su objetivo es maximizar el valor de los bienes producidos y también el de los recursos usados para producirlos, pues es dueño de ambos. En consecuencia dejará de producir cuando el valor de la producción marginal sea menor que la depreciación del capital usado para producirla. Por lo tanto, podría por ejemplo, reducir los costos de depreciación implicados en producir, y en vez de eso ser más conservador si es que anticipa alzas futuras de precios para sus productos, y vice versa. La situación del encargado, i.e., la estructura de incentivos que enfrenta, es bastante distinta en este aspecto. Ya que no puede vender los medios de producción, su incentivo para no producir, y por tanto utilizar el capital, a expensas de una reducción excesiva del valor del capital, así no desaparezca completamente, se reducirá en términos relativos. Ciertamente, dado que el encargado en una economía socializada no puede retener los frutos de la venta de los productos, si no que debe entregarlos a la comunidad de administradores encargados para dispongan de ellos a su discreción, su motivación para producir y vender productos en general decaerá también. Es precisamente este hecho lo que explica la inferir tasa de formación de capital. Pero siempre y cuando el encargado trabaje y produzca en alguna medida, su interés en obtener un ingreso evidentemente existirá, si ya no para propósitos de formación privada de tapial, si no sólo para consumo privado y/o la creación de riqueza privada sin uso productivo. Entonces la imposibilidad del encargado de vender los medios de producción implica que la motivación para aumentar su ingreso privado a costa del valor del capital se incrementa. Consecuentemente, en la medida en que perciba su ingreso como dependiente de la cantidad de bienes producidos (¡el salario que la comunidad de administradores le paga puede depender de ello!), aumenta su motivación para aumentar la producción a expensas del capital. Además, ya que el encargado actual, en tanto que no puede ser idéntico a la comunidad de administradores, no puede estar completa y permanentemente supervisado y por ende puede obtener ingresos al usar los medios de producción para fines privados (i,e, la producción de bienes para el mercado negro o el propio consumo) se verá impulsado a elevar la producción a expensar del valor capital al grado en que perciba su ingreso como dependiente de tal producción privada. En cualquier caso, el consumo de capital y la sobreutilización del capital existente ocurrián, y nuevamente ese consumo de capital implicará empobrecimiento relativo, ya que la producción de futuros bienes transables será menor.

Si bien se halla implícito en este triple análisis de las consecuencias económicas de socializar los medios de producción —inversión reducida, mala asignación y sobreutilización— para una comprensión completa de las sociedades al estilo Ruso es interesante y ciertamente importante especificar que el anterior análisis también se aplica al factor trabajo. También con respecto al trabajo, la socialización representa reducción de la inversión, mala asignación y sobreutilización. Primeramente, ya que los dueños de la mano de obra ya no pueden autoemplearse, o su oportunidad de hacerlo está restringida, habrá menos inversión en capital humano en general. Segundo, ya que los trabajadores no pueden vender sus servicios al mejor postor (ya que en la medida en que la economía esté socializada, distintos demandantes con control independiente sobre factores de producción complementarios incluyendo el dinero para pagar por su trabajo, y que toman riesgos y buscan oportunidades independientemente, por su propia cuenta, no tienen permiso para existir!) el costo monetario de utilizar cierta mano de obra o de combinarla con factores complementarios ya no se puede determinar, aparecerán todo tipo de mal asignaciones del trabajo. Y tercero, ya que los trabajadores en una economía socializada en el mejor de los casos son sólo parcialmente dueños de los frutos de su trabajo mientras que la diferencia es propiedad de la comunidad de administradores, habrá un incentivo superior para que estos administradores suplementen su ingreso privado a expensas de las pérdidas del valor del capital encarnado en los trabajadores, de tal forma que resultará una sobreutilización de la mano de obra.

Y por último pero tan importante como lo anterior, una política de socialización de los medios de producción afecta el carácter estructural de una sociedad, de una forma que difícilmente puede ser sobreestimada. Como ha sido señalado repetidamente, adoptar el socialismo de estilo Ruso en vez del capitalismo basado en la teoría natural de la propiedad implica otorgarle una ventaja a los no usuarios, no productores y no contratistas con respeto a los títulos de propiedad de los medios de producción y del ingreso que puede ser derivado de su uso. Si la gente tiene interés en estabilizar, y si es posible, de aumentar su ingreso y pueden pasar fácilmente del papel de usuario/producto o contratista al de no usuario, no productor o no contratista —presunción cuya validez, estemos claros, puede ser difícilmente negada— entonces, en respuesta al cambio en la estructura de incentivos por efecto de la socialización, la gente paulatinamente emprenderá actividades no productivas y no contractuales, y, a medida que pase el tiempo, sus personalidades se verán trastocadas. La inicial habilidad para percibir y anticipar situaciones de escasez, para aprovechar oportunidades productivas, de estar alerta a las posibilidades tecnológicas, de anticipar cambios en la demanda, de desarrollar estrategias de mercado y de responder a las necesidades de otros, se verá disminuida o completamente extinguida. La gente se convertirá en personas distintas, con distintas habilidades, y que si es que la política cambia repentinamente y el capitalismo se reintroduce, no podrán volver a su forma de ser anterior de forma automática y recuperar su anterior espíritu productivo, así lo desearan. Sencillamente habrían olvidado cómo hacerlo y tendrían que aprender nuevamente, lentamente y con costos síquicos muy altos, tan altos como fueron los costos de suprimir sus habilidades productivas en primer lugar. Pero esto es solamente la mitad de la película con respecto a las consecuencias sociales de la socialización. Puede ser completada recordando los hallazgos mencionados sobre las diferencias aparentes entre el capitalismo y el socialismo. Esto mostrará el otro lado del cambio de personalidad social provocado por la socialización, complementando la pérdida de capacidad productiva mencionada. Debe recordarse el hecho de que el socialismo también tiene que resolver el problema de asignar quién controla y coordina los variados medios de producción. Al contrario de la solución capitalista a ese problema, empero, el socialismo la asignación de las diversas posiciones a distinta gente en la estructura de producción es un asunto político, i.e., un tema manejado independientemende de consideraciones sobre uso/propiedad previos y la existencia de intercambio contractual de mutuo acuerdo, si no por imposición de la voluntad de una persona sobre la de otra —en desacuerdo—. Evidentemente, la posición de una persona en la estructura de producción tiene un efecto inmediato sobre su ingreso, ya sea en términos de bienes transables, beneficio síquico, status y por el estilo. En consonancia con esto, mientras la gente desee mejorar su ingreso y quiera ascender a posiciones más elevadas en la jerarquía de administradores, tendrán que hacer uso cada vez más de sus habilidades políticas. Se vuelve irrelevante, o es de reducida importancia, ser un productor o contratista más eficiente para ascender en la jerarquía de receptores de ingreso. En cambio, se vuelve progresivamente más importante contar con las habilidades propias de un político, i.e. un persona que a través de la persuasión, demagogia e intriga, a través de promesas, sobornos y amenazas, logra acumular apoyo del público para su propia agenda. Dependiendo de la intensidad del deseo de ingresos superiores, la gente tendrá que pasar menos tiempo desarrollando sus aptitudes productivas y más tiempo cultivando sus talentos políticos. Y dado que cada persona tiene distintos grados de talentos productivos o políticos, será distinta la gente que avance en la pirámide social, de tal forma que uno encontrará cada vez más políticos diseminados a través de la jerarquía de administradores. A lo largo de toda la pirámide jerárquica encontraremos gente incompetente para realizar el trabajo que supuestamente deben hacer. No existe medro alguno en la carrera de un administrador encargado el que sea tonto, indolente, ineficiente o descuidado, siempre que posea habilidades políticas superiores, y por ender gente de este tipo será la que maneje los medios de producción en todo el territorio.

Una mirada a Rusia y otros países de Europa Oriental, en los que una política de socialización de los medios de producción haya sido ejecutada a niveles considerables, puede ilustrar la veracidad de las conclusiones anteriores. Incluso un vistazo superficial a estos países bastará para verificar la validez de la primera y principal conclusión. El estándar de vida de los países del bloque oriental, aunque ciertamente diferente entre país y país (diferencia que se explica por el grado de rigurosidad con el cual el esquema de socialización fue y es actualmente llevado en la práctica), es claramente inferior que en los así llamados países capitalistas del Occidente. (Esto es verdadero aún cuando el grado en el que los países occidentales están socializados, aunque difiere de país en país, es considerable y normalmente está subestimado como quedará claro en posteriores capítulos). Y aunque la teoría no puede ni es capaz de hacer una predicción exacta sobre que tan drástico será el empobrecimiento —excepto que será notable— vale la pena mencionar que cuando se efectúo una socialización casi total en la Rusia post Primera Guerra Mundial, esta experiencia costó literalmente millones de vidas y requirió de un marcado cambio de política, la Nueva Política Económica (NPE), apenas unos años después, en 1921, reintroduciendo elemenos de propiedad privada, para moderar esos desastrosos efectos hasta niveles que resulten tolerables.12 En efecto, los repetidos cambios de política efectuados en Rusia hicieron que ese país viviera experiencias similares en otras ocasiones. De forma similar aunque menos drástica, los resultados de políticas socializantes fueron experimentados en todos los países de Europa del Este luego de la Segunda Guerra Mundial. En ellos también, la privatización moderada de la pequeña agricultura, los talleres y negocios pequeños tuvo que ser permitida repetidamente para prevenir catástrofes económicas totales.13 Sin embargo, y apesar de tales reformas, que incidentalmente prueban que —al contrario de la propaganda socialista— es la propiedad privada y no la social lo que mejora el desempeño económico, y que aunque la evasión, las actividades productivas ilegales, el trueque y el comercio en el mercado negro son un fenómeno ubicuo en todos esos países, tal como la teoría nos haría esperar, y que esta economía subterránea absorbe parte de las pérdidas y ayuda a mejorar las cosas, el estándar de vida en los países de Europa Oriental es lamentablemente bajo. Todo tipo de bienes básicos de consumo son inexistentes, sufren de desabastecimiento o de bajísima calidad.

El caso de las Alemanias Occidental y Oriental es particularmente aleccionador. Allí, la historia nos provee de un ejemplo que es tan próximo a un experimento social como uno podría esperar tener. Una población bastante homogénea, con básicamente la misma historia, cultura, carácter estructural, ética de trabajo, dividida luego de la derrota de Hitler/Alemania en la Segunda Guerra Mundial. En Alemania Occidental, más por fortuna que por presión de la opinion pública, se adoptó una economía marcadamente basada en el libre mercado, el sistema previo de control de precios total se abolió de un plumazo, y se introdujo una la libertad casi total de movimiento, comercio y profesión.15 En Alemania del Este, por otro lado, el dominio soviético, la socialización de los medios de producción, i.e., se implementó la expropiación a los propietarios privados anteriores. Dos marcos institucionales distintos, dos distintas estructuras de inventidos se aplicaron de esta forma a la misma población. La diferencia de resultados es impresionante.16 Mientras que ambos países son relativamente exitosos en sus respectivos bloques —Alemania Occidental tiene el estándar de vida más alto de entre los principales países de Europa Occidental, y Alemania Oriental se precia de ser el país que mejor está en el bloque oriental— el estándar de vida del territorio occidental es tan superior, y se ha vuelto gradualmente más en el tiempo, que a pesar de la transferencia de considerables cantidades de dinero desde el territorio occidental hacia el oriental por parte de los gobiernos como también de parte de ciudadanos privados y a pesar de las políticas cada vez más socialistas de Alemania Occidental, el visitante que pasa de Oeste a Este se ve desconcertado al ingresar a un mundo empobrecido y casi completamente distinto. De hecho, mientras que todos los países de Europa Oriental están plagados por el problema de gente que desea emigrar hacia el más próspero Occidente capitalista lleno de superiores oportunidades, y mientras que todos han establecido gradualmente controles fronterizos más rigurosos, convirtiendo en la práctica a esos países en una especie de gigantescos campos de prisioneros en pos de prevenir esa emigración, el caso de Alemania es particularmente impactante. Sin diferencias de lenguaje —la barrera tradicional más severa para los emigrantes— la diferencia de estándares de vida entre las dos Alemanias probó ser tan grande y la emigración del Este al Oeste tomó proporciones tales, que en 1961 el regimen socialista de Alemania Oriental dió un paso desesperado al cerrar sus fronteras con Alemania Occidental completamente. Para mantener a su población adentro, tuvo que construir un sistema tal como el mundo jamás había presenciado: muros, alambre de púas, cercas electrificadas, campos minados, dispositivos de tiro automáticos, torres de vigilancia, etc, de casi 900 millas, con el único propósito de prevenir que su gente corra para huir de las consecuencias del socialismo de estilo Ruso.

Además de ejemplificar el punto principal, el caso de las dos Alemanias, dado su carácter casi experimental, demuestra ser particularmente útil para ilustrar la precisión del resto de conclusiones obtenidas teóricamente. Si uno se fija en posiciones sociales comparables, casi en ninguna parte de Alemania Occidental uno va a encontrar gente haciendo tan poco trabajo, de forma tan lenta o tan negligentemente (¡y eso que el horario de trabajo, mayor en el Este, están por supuesto reguladas!) como en sus contrapartes orientales. No, y debe quedar claro, debido a supuestas diferencias en mentalidad o ética de trabajo, siendo éstas históricamente las mismas, si no porque el incentivo para trabajar se reduce considerablemente por un esquema de políticas que efectivamente cierra todos o casi todos los espacios a la inversión privada. El trabajo productivo en Alemania Oriental se encontrará con más facilidad en la economía informal (subterránea). Y en respuesta a esos desestímulos para trabajar, en particular para trabajar en la economía «oficial» y controlada, existe también una tendencia entre los germano-orientales a retirarse de la vida pública y a priorizar la privacidad, la familia, los parientes y los amigos y conexiones personales, sobrepasando lo que normalmente se suele ver en el Oeste.

Existen también amplias evidencias de mal asingnación, como la teoría nos lleva a esperar. Mientras que el el fenómeno de factores de producción sin uso (o sin uso continuo) pero están inactivos sencillamente porque faltan factores complementarios, puede ser observado en el Oeste, en el Este (de ninguna manera en el caso Alemán debido a talentos organizacionales) se observa como una caracteristica permanente de la vida. Y si bien es difícil en el Oeste, y requiere de talento empresarial señalar cambios en el uso de ciertos medios de producción para lograr un incremento en la producción de los bienes de consumo, es relativamente fácil en los países del bloque oriental. Casi toda la gente que trabaja en Alemania Oriental conoce muchas formas de usar los medios de producción para necesidades más urgentes que las que se estan atendiendo actualmente, pues de la forma actual se están desperdiciando y provocan desabastecimiento de otros bienes aún más demandados. Pero ya que no pueden venderlos y deben más bien pasar por procedimientos políticos tediosos para generar cualquier cambio, no pueden hacer mucho al respecto ni suele hacerse mucho en realidad.

La experiencia también corrobora lo que se ha dicho sobre el otro lado de la moneda: la sobreutilización de los medios de producción de propiedad colectiva. En Alemania Occidental tales bienes públicos también existen y como se esperaría, se encuentran en relativo mal estado. Pero en Alemania Oriental, y similarmente o peor en otros países bajo dominio soviético, donde todos los medios de producción son propiedad socializada, abundan los factores de producción, maquinaria y edificio con mantenimiento insuficiente, con deterioro, sin reparación, oxidándose o sencillamente vandalizados. Además, la crisis ecológica es más dramática en el Este, a pesar del estado relativamente subdesarrollado de la economía, que en el Oeste —y todo esto no es así, como el caso de Alemania prueba con claridad suficiente, porque existan diferencias en la inclinación «natural» de la gente a cuidar y ser cuidadosa.

Finalmente, respecto a los cambios en la estructura social y de personalidad predichos teóricamente, las quejas sobre los superiores son, por supuesto, un fenómeno común en todas partes. Pero en los países de socialismo al estilo Ruso, donde la asignación de cargos en la jerarquía de administradores es y debe ser un asunto enteramente político, tales quejas sobre jefes llanamente incompetentes, descalificados o ridículos, son —si no denunciados con más fuerza—, más frecuentes, más severas y más fundamentadas, y la gente decente se ve empujada hacia la desesperación o el cinismo como consecuencia de ésto. Y ya que una cantidad pequeña de gente de Alemania del Este aún viaja al Oeste a una edad en la que aún forman parte de la fuerza laboral, algunos como refugiados pero con más frecuencia porque algun tipo de rescate fue pagado por ellos, existe suficiente material para ilustrar la conclusión de que en el largo plazo una economía socializada reducirá las aptitudes productivas de la gente. Entre quienes llegan al Oeste existe un número significativo de quienes vivían vidas razonablemente productivas en el Este pero que, sin haber barreras linguisticas o culturales, demuestran ser incapaces o tienen muchísimas dificultades, para adaptarse a la sociedad del Oeste, con su superior demanda de talentos y espíritus productivos.

Capítulo 4

Socialismo de estilo Socialdemócrata

En el último capítulo analicé la versión ortodoxa del socialismo marxista —el socialismo de estilo Ruso, como fue denominado. y expliqué sus efectos sobre el proceso de producción y sobre la estructura moral de la sociedad. Proseguí a señalar que las consecuencias teóricamente esperables del empobrecimiento relativo demostraron ser tan poderosas que de hecho una política de socialización de los medios de producción nunca puede efectuarse hasta sus últimas consecuencias lógicas: socializar todos los medios de producción, sin con ellos provocar un desastre económico inmediato. En efecto, todos los experimentos de socialismo marxista han tenido que reintroducir elementos de propiedad privada sobre los medios de producción para superar o prevenir la bancarrota total. Incluso el más moderado socialismo «de Mercado», no puede impedir el empobrecimiento relativo de la población, a menos que se abandone la idea de la producción socializada, de una vez por todas.

Más que un argumento teórico, ha sido la decepcionante experiencia del socialismo de estilo ruso, lo que ha traído una declinación constante en la popularidad del marxismo socialista ortodoxo y ha impulsado la aparición y desarrollo del socialismo socialdemócrata moderno, que será el tema de este capítulo. Ambos tipos de socialismo, debe estar claro, provienen de las mismas fuentes ideológicas. Ambos tienen motivación igualitaria, al menos en teoría, 2 y ambos tienen esencialmente el mismo fin: la abolición del capitalismo como sistema social basado en la propiedad privada y el establecimiento de una sociedad nueva, caracterizada por la solidaridad fraternal y la erradicación de la escasez; una sociedad en la que cada cual gana «de acuerdo con su necesidad». Desde los inicios del movimiento socialista a mediados del siglo diecinueve, sin embargo, existen ideas encontradas sobre los métodos más aptos para alcanzar estos fines. Mientas que generalmente existe acuerdo sobre la necesidad de socializar los medios de producción, existen siempre opiniones divergentes sobre cómo proceder al respecto. Por un lado, siempre hubo quienes propusieron el curso de acción revolucionario. Promulgaban el derrocamiento violento de los gobiernos existentes, la expropiación instantánea a todos los capitalistas, y la temporal (i.e. hasta que la escasez sea, erradicada de una vez, como se prometió) dictadura del proletariado, i.e., de aquellos que no eran capitalista pero que tenían que vender sus servicios laborales, hasta estabilizar el nuevo orden. Por otro lado se encuentran los reformistas, quienes recomendaban un enfoque gradual. Ellos consideraban que al aumentar la participación política, y finalmente mediante un sistema de sufragio universal, la victoria del socialismo podría ser obtenida mediante acción democrática y parlamentaria. Esto sería así porque el capitalismo, de acuerdo a la doctrina socialista común, traería una tendencia hacia la proletarización de la sociedad, i.e., una tendencia de que menos gente se autoemplee, y de que más gente se vuelva empleada. Y de acuerdo a creencias típicas socialitas, esta tendencia a su vez produciría una conciencia de clase uniforme en el proletariado que a su vez traería una votación masiva por el partido socialista. Y, así pensaban,ya que esta estrategia era más acorde con la opinión pública (más atractiva para los normalmente pacíficos trabajadores y al mismo tiempo menos amenazadora para los capitalistas), al adoptarla, estaría aún más asegurada la victoria final del socialismo.

Ambas fuerzas coexistieron al interior del movimiento socialista, aunque su relación era tensa en ocasiones, hasta la Revolución de Octubre (bolchevique), en Rusia en 1917. En la práctica, el movimiento socialista generalmente eligió el camino reformista, mientrás que en el campo del debate ideológico dominaban los revolucionarios.3 Los acontecimientos rusos cambiaron esto. Con Lenin a la cabeza, los socialistas revolucionarios ejecutaron por primera vez su programa y el movimiento socialista en general tuvo que enfrentar vis à vis la realidad del experimento ruso. Como consecuencia, el movimiento socialista se dividió en dos ramas con dospartidos respectivos: un partido comunista más o menos a favor de los acontecimientos rusos, y un partido socialista o socialdemócrata con reservas al respecto, o en contra de éstos. En todo caso, el cisma no se produjo con respecto al tema de la socialización; ambos bandos estaban a favor de ella. Fue un conflicto abierto sobre el tema del cambio revolucionario vs. el cambio democrático parlamentario. Enfrentados a la experiencia real de la revolución rusa —la violencia, la carnicería, la expropiación sin medida, el hecho de que miles de nuevos líderes, muy a menudo de reputación cuestionable o de carácter oscuro e inferior, llegaran a la cúpula política— los socialdemócratas, en su intento de obtener el apoyo popular, sintieron que debían abandonar su imagen revolucionaria y convertirse no sólo en la práctica si no también en la teoría, en un partido reformista y democrático. E incluso algunos partidos comunistas de Occidente, dedicados como lo estaban a una teoría del cambio revolucionario, pero necesitados de apoyo ciudadano, sintieron que necesitaban hallarle faltas al menos a la forma bolchevique de implementar la revolución. Ellos también encontraron cada vez más necesario jugar el juego reformista y democrático, aunque sea solamente en la práctica.

Sin embargo, éste fue solamente el primer paso en la transformación del movimiento socialista afectado por la experiencia de la revolución rusa. El siguiente paso, como se dijo, le fue impuesto por la sombría experiencia del desempeño de la economía soviética. Independientemente de sus perspectivas diferentes sobre lo deseable de un cambio revolucionario e igualmente poco familiarizados o incapaces para comprender razonamientos económicos abstractos, los socialistas y los comunistas sostuvieron similares e ilusorias esperanzas sobre los logros económicos de una política de socialización. Pero esa etapa no podía durar para siempre, y los hechos debieron ser encarados, así como los resultados evaluados luego de cierto tiempo. Para cualquier observador neutral y honesto, y posteriormente para cualquier visitante o viajero alerta, se volvió evidente que el socialisto de estilo ruso no significaba más si no menos riqueza, y que se trataba de un sistema que por sobre todo, al admitir pequeños espacios de formación privada de capital, había admitido ya su inferioridad económica, aunque sea de forma implícita. Al volverse esta experiencia cada vez más conocida, y en particular luego de que posteriormente a la Segunda Guerra Mundial el experimento soviético fuese repetido en los países de Europa del Este, generando los mismos sombríos resultados y por ende desacreditando la tesis de que el desastre soviético se debía solamente a una cierta mentalidad asiática de su gente, en su búsqueda de apoyo ciudadano los partidos socialistas, i.e., socialdemócratas y comunistas, de Occidente se vieron forzados a modificar aún más sus programas. Los comunistas también notaban ahora varios errores en la implementación rusa del programa socializador, y paulatinamente consideraban más la idea de la planificación y toma de decisiones más descentralizadas y de la socialización parcial, i.e., socializar sólo las firmas e industrias grandes, aunque nunca abandonaron totalmente la idea de la producción socializada.4 Los partidos socialistas o socialdemócratas, por otro lado, menos identificados desde el inicio con el modelo ruso de socialismo y a través de su política decididamente reformista-democrática ya dispuesta a hacer concesiones como la socialización parcial, tuvieron que tomar pasos áun más avanzados. Estos partidos, en respuesta a las experiencias rusa y europea del este, abandonaron paulatinamente la idea de la producción socializada y en su lugar pusieron más y más énfasis en la idea del gravar el ingreso y ecualizarlo, y por otro lado, la igualdad de oportunidades, como los verdaderos fundamentos del socialismo.

Mientras que este cambio del socialismo ruso al socialdemócrata tomó lugar, y sigue en proceso en todas las sociedades occidentales, no era igualmente fuerte en todas partes. Grosso modo y enfocándonos exclusivamente en Europa, el desplazamiento del viejo socialismo por el nuevo ha sido más pronunciado mientrás más inmediata y directa ha sido la experiencia con el socialismo de estilo ruso de la población donde los partidos socialistas y/o comunistas necesitan encontrar partidarios y votantes. De todos los países grandes, en Alemania Occidental, donde el contacto con esta clase de socialismo ha sido más directa, donde millones de personas aún tienen grandes oportunidades de ver con sus propios ojos lo se le hizo a la gente de Alemania Oriental, este desplazamiento ha sido el más completo. Allí, en 1959, los socialdemócratas adoptaron (mejor dicho, fueron obligados por la opinión pública a hacerlo) un nuevo programa partidario en el cual todo rastro evidente de pasado marxista desapareció, que mencionaba explícitamente la importancia de la propiedad privada y los mercados, que hablaba de la socialización sólo como una mera posibilidad, y que en cambio enfatizaba la importancia de medidas redistributivas. Allí los promotores de una política de socialización de los medios de producción al interior del partido socialdemócrata han sido superados en número desde entonces; y allí mismo los partidos comunistas, aún cuando sólo favorezcan una socialización parcial y pacífica, han sido perdido cualquier importancia. En los países más alejados de la cortina de hierro, como Francia, Italia, España y también Gran Bretaña, esta transformación ha sido menos dramática. Sin embargo, es posible decir que hoy en día sólo el socialismo socialdemócrata, caracterizado por los socialdemócratas alemanes, puede considerarse popular en Occidente. En efecto,parcialmente debido a la influencia de la Internacional Socialista —la asociación de partidos socialistas y socialdemócratas— el socialismo socialdemócrata puede resultar siendo una de las ideologías más difundidas de nuestro tiempo, influyendo cada vez más en los programas políticos y políticas gubernamentales no sólo de partidos explícitamente socialistas, y hasta cierto grado a aquellos de los comunistas occidentales, si no también de grupos y partidos quienes ni en sus sueños más extravagantes se llamarían a sí mismos socialistas, como los demócratas «liberales» de la costa este de los Estados Unidos. Y en el campo de la política internacional las ideas del socialismo socialdemócrata, en particular el enfoque redistribucionista con respecto al —así llamado— conflicto Norte-Sur, se ha convertido en algo así como la posición oficial entre la gente «bien informada» y «bien intencionada»; un consenso que se extiende hasta más allá de quienes se consideran a sí mismos socialistas.

¿Cuáles son las características centrales del socialismo de estilo socialdemócrata. Básicamente existen dos. Primero, en positiva contradistinción con el socialismo marxista tradicional, el socialismo socialdemócrata no prohibe la propiedad privada de los medios de producción e incluso acepta la idea de que todos los medios de producción sean de propiedad privada —con la mera excepción de la educación, el tráfico y las comunicaciones, la banca central y la policía y las cortes. En principio, cualquier persona tiene el derecho de apropiar y poseer medios de producción, venderlos, comprarlos o crearlos, regalarlos o alquilarlos a otros mediante arreglo contractual. Pero en segundo lugar, a ningún propietario de medios de producción le pertenece totalmente el ingreso que pueda obtenerse del uso de su medio de producción y ningún propietario puede decidir cuánto de su ingreso total puede dedicar a consumir y cuánto a invertir. Por el contrario, parte del ingreso obtenido en la producción pertenece por derecho a la sociedad, debe ser entregado a ella, y entonces, de acuerdo a conceptos igualitarios o de justicia redistributiva, es entregado a sus miembros individuales. Tanto así que a pesar de que las proporciones de ese ingreso puedan estar fijadas en cierto momento, la porción que pertenece por derecho al productor es por principio flexible y la determinación de su tamaño —así como el de la porción de éste para la sociedad— no está en manos del productor si no que le pertenece por derecho a la sociedad.

Analizada desde del punto de vista de la teoría natural de la propiedad —la teoría subyacente al capitalismo— la adopción de estas reglas implica que los derechos del propietario natural han sido agresivamente violados. De acuerdo a esta teoría de la propiedad —recordemos— el usuario/propietario de los medios de producción puede hacer lo que desee con ellos; y cualquiera sea el resultado de su uso, es su ingreso privado, que nuevamente puede utilizar como le plazca, siempre y cuando no altere la integridad física de la propiedad de otra persona y opere a través de intercambios voluntarios exclusivamente. Desde la perspectiva de la teoría natural de la propiedad, no existen dos procesos separados, la producción del ingreso, y luego de que se produce, su distribución. Sólo existe un proceso: al producir el ingreso este de distribuye automáticamente; el productor es su dueño. En comparación, el socialismo de estilo socialdemócrata promueve la expropiación parcial del propietario natural al redistribuir parte del ingreso productivo hacia gente que, cualesquiera fueren sus méritos en otros ámbitos, no produjeron el ingreso en cuestión y definitivamente no tienen derechos contractuales sobre él, y quienes además, tienen la posibilidad de dictaminar unilateralmente, i.e., sin tener que contar con el consentimiento del propietario afectado, qué tan lejos puede llegar esta expropiación parcial.

Debe quedar claro a partir de esta descripción que —a pesar de la impresión que espera generar el socialismo socialdemócrata— la diferencia entre ambos tipos de socialismo no es de naturaleza categórica. Por el contrario, es sólo una cuestión de grado. Ciertamente, la primera regla mencionada parece indicar una diferencia fundamental en que permite la propiedad privada. Pero la segunda regla permite en principio la expropiación del ingreso total de un productor y reduce su derecho de propiedad a ser puramente nominal. Desde luego que el socialismo de estilo democrático no necesita llegar tan lejos como para reducir la propiedad privada una existencia meramente nominal. Y debe admitirse que aún cuando la porción de ingreso que el productor tiene que entregar de forma forzada a la sociedad puede ser ciertamente moderada, en la práctica esto puede provocar una tremenda diferencia respecto al desempeño económico. De todas formas, debe comprenderse que desde el punto de vista de la gente no-productiva, el grado de expropiación a los productores privados es un tema de eficacia, lo que basta para reducir la diferencia entre ambos tipos de socialismo, soviético y socialdemócrata, de forma concluyente, a una simple diferencia de grado. Debe ser ya evidente lo que este hecho implica para un productor. Significa que sin importar que tan bajo grado de expropiación sea, sus esfuerzos productivos deben llevarse a cabo bajo la amenaza permanente de que en el futuro la parte de su ingreso expropiada forzosamente puede ser elevada unilateralmente. No es necesario decir mucho para entender cómo esto aumenta el riesgo —o costo de producir— y reduce la tasa de inversión.

Con esto dicho, se ha tomado ya un primer paso para el siguiente análisis. ¿Cuáles son las consecuencias económicas —en el sentido coloquial del término— de adoptar un sistema de socialismo socialdemócrata? Luego de lo dicho, no debería ser una total sorpresa el escuchar —respecto a la dirección general de los efectos— que éstos son similare. a los del socialismo marxista tradicional. Aún así, en la medida en que el socialismo socialdemócrata acometa solamente la expropiación parcial y la redistribución de los ingresos de los productores, pueden evitarse algunos de los efectos empobrecedores que resultarían de una política de total socialización de los medios de producción. Ya que estos recursos pueden todavía ser comprados y vendidos, el problemas más usual de una economía de administradores encargados —que no existen precios para los medios de producción y por ende ni el cálculo monetario ni la contabilidad son posibles, con mal asignaciones y desperdicio de recursos en usos que en el mejor de los casos son de importancia secundaria— se evita. Adicionalmente, el problema de la sobreutilización al menos se reduce. Además, dado que la inversión privada y la formación de capital aún es posible en la medida en que una porción del ingreso productivo aún se le permite utilizar al productor para su uso discrecional, bajo el socialismo de estilo socialdemócrata existe un incentivo relativamente mayor para trabajar, para ahorrar y para invertir.

Sin embargo, de ninguna manera se pueden evitar todos los efectos empobrecedores. El socialismo de estilo socialdemócrata, independientemente de que tan bien se vea en comparación con el socialismo de estilo soviético, necesariamente lleva a una reducción en la inversión y por ende de la riqueza futura con respecto al capitalismo.9 Al quitarle parte del ingreso productivo a los propietarios-productores, sin importar que tan pequeña sea esa parte, y entregársela a gente que no produjo el ingreso en cuestión, los costos de producción (que jamás son cero, ya que producir, apropiar, contratar, siempre implican al menos el uso del tiempo, que podría ser utilizado para otro fin, para el ocio, el consumo o el trabajo subterráneo, por ejemplo) se elevan, y mutatis mutandis, los costos de no producir o de producir de forma subterránea caen relativamente. Como consecuencia habrá relativamente menos producción e inversión, aunque por razones que discutiremos en breve, el nivel absoluto de producción y riqueza aún pueda incrementarse. Habrá relativamente más ocio, más consumo y más informalidad, y a fin de cuentas, un empobrecimiento relativo. Y esta tendencia será más pronunciada mientras mayor sea el ingreso productivo que sea redistribuido, y mientras más inminente sea la posibilidad de que la sociedad incremente su proporción en el futuro, de forma unilateral y no-contractual.

Por mucho tiempo la idea más popular para implementar la política general del socialismo socialdemócrata fue redistribuir el ingreso monetario por medio del impuesto a los ingresos o un impuesto a las ventas general aplicado a los productores. Una mirada a esta técnica en particular deberá clarificar nuestro punto y evitar algunos malentendidos frecuentemente sostenidos acerca del efecto general de empobrecimiento relativo. ¿Cuál es el efecto económico de introducir impuestos a los ingresos o a las ventas donde no existía ninguno antes, o de elevar un nivel impositivo a nuevas alturas? 10 Para responder a esto, voy a ignorar por el momento la complicación que presentan las diversas formas de redistribuir el dinero de los impuestos a diferentes individuos o grupos de individuos —éstas serán discutidas más adelante en este capítulo. Aquí solo tomaremos en cuenta el hecho general, verdadero por definición para todos los sistemas redistributivos, de que cualquier redistribución de dinero obtenido mediante impuestos es una transferencia de los productores de ingreso monetario y receptores contractuales de dinero hacia otra gente en calidad de no productores y receptores no contractuales de ingresos monetarios. Crear o elevar impuestos significa entonces el ingreso monetario que se obtiene de la producción se reduce para el productor y se incrementa para gente en el papel de no productores y no contratistas. Esto cambia los costos relativos de producción con fines monetarios versus la no producción o la producción sin fines monetarios. En consecuencia, al ser percibido este cambio por la gente, ésta paulatinamente recurrirá más al consumo del ocio y/o la producción con fines de trueque, simultáneamente reduciendo sus esfuerzos productivos llevados a cabo utilizando dinero. En cualquier caso, la cantidad de bienes para ser comprados mediante dinero caerá, lo que es igual a decir que el poder adquisitivo del dinero decrece, y por ende el estándar general de vida será menor.

Contra este razonamiento a veces se argumenta que frecuentemente se ha observado empíricamente que una elevación del nivel de tributación ha estado acompañado por una elevación (y no una caída) del producto interno bruto (PIB), y que el razonamiento anterior, por posible que sea, debe ser considerado inválido empíricamente. Este supuesto contra argumento demuestra una mal comprensión muy simple: una confusión entre reducción absoluta y relativa. En el análisis anterior se llega a la conclusión de que el efecto de tener impuestos más altos es una reducción relativa en la producción orientada a retornos monetarios; esto es, una reducción con respecto al nivel de producción que se hubiera logrado si el nivel de tributación no se hubiera alterado. No dice o implica nada sobre el nivel absoluto de producción logrado. De hecho, el crecimiento absoluto del PIB no solo es compatible con nuestro análisis si no que puede ser visto como un fenómeno perfectamente normal en la medida en que los avances en productividad sean posibles y tenga lugar en la práctica. Si se ha vuelto posible —mediante mejoras en la tecnología de producción— producir una provisión mayor con recursos similares (en términos de costos), o una cantidad idéntica con menores recursos, entonces la posibilidad de coincidencia entre el aumento en tributación y aumento de producción no debe ser sorprendente. Pero, para estar claros, esto no afecta en nada la validez de lo dicho acerca del empobrecimiento relativo que resulta de los impuestos.

Otra objeción que disfruta de cierta popularidad es aquella de que elevar los impuestos conduce a una reducción en el ingreso monetario, y que esta reducción eleva la utilidad marginal del dinero comparada con otras formas de ingreso (como el ocio) y entonces, en vez de disminuirla, en realidad ayuda a incrementar la tendencia a trabajar buscando retornos monetarios. Esta observación, debe quedar claro, es totalmente cierta. Pero es un error pensar que de alguna manera puede invalidar la tesis del empobrecimiento relativo. En primer lugar, para tener la imagen completa debe notarse que a través de la tributación no sólo el ingreso de alguna gente (los productores) se reduce, si no que simultáneamente el ingreso monetario de otra gente (los no productores) se incrementa, y para esta otra gente la utilidad marginal del dinero se reduce y por lo tanto su inclinación a trabajar por un retorno monetario se reduce. Pero esto no es de ninguna manera todo lo que necesita saberse, pues podemos quedarnos con la impresión de que la tributación no afecta en nada la cantidad de bienes intercambiables —ya que reduce la utilidad marginal del ingreso monetario para unos y la incrementa para otros, con ambos efectos cancelándose mutuamente. Pero esta impresión seria un error. En realidad, esto seria una negación de lo expuesto: que una elevación de impuestos, i.e., una contribución monetaria impuesta y no buscada, sobre los productores de ingreso, ha tenido lugar realmente y ha sido percibida como tal —y por lo tanto implicaría una contradicción lógica. Intuitivamente, la falla en la creencia de que la tributación es «neutra» con respecto al volumen de producción se vuelve evidente tan pronto como el argumento se lleva a su extremo lógico. Significaría que la expropiación total del ingreso monetario de los productores y su transferencia hacia un grupo de no productores no cambiaría nada, ya que la ociosidad aumentada de los no productores provocada por esta redistribución seria plenamente compensada por una adicción al trabajo incrementada en el caso de los productores (lo cual es ciertamente un absurdo). Lo que se ignora en este tipo de razonamiento es que la introducción de impuestos o la elevación de cualquier nivel preexistente no sólo implica favorecer a los no productores a expensas de los productores, si no que simultáneamente cambia, tanto para los productores y no productores de ingreso monetario, el costo implícito en distintos métodos de lograr un ingreso monetario creciente. Ahora es relativamente menos costoso obtener ingreso monetario adicional a través de medios no productivos, i.e., no produciendo en realidad más bienes si no participando en el proceso de adquisición no contractual de los bienes ya producidos. Incluso si los productores están de hecho más enfocados a generar dinero adicional para compensar un impuesto más elevado, no lo harán a través de intensificar sus esfuerzos productivos si no cada vez más mediante métodos parasitarios. Esto explica por qué la tributación no es ni jamás puede ser, neutra. Con tributación (o su elevación) un sistema legal de incentivos estructurales se institucionaliza: uno que cambia los costos relativos de producción para retornos monetarios versus la improductividad, incluyendo improductividad con fines de ocio e improductividad con fines monetarios, y también versus la producción con retornos no monetarios (trueque). Y si tal estructura de incentivos se aplica a toda una población, entonces, necesariamente una disminución de bienes producidos para obtener retornos monetarios será el resultado.

Mientras que los impuestos a los ingresos y a las ventas son las técnicas más comunes, en ellos no termina el repertorio de métodos redistributivos del socialismo socialdemócrata. No importa de qué manera se redistribuya el dinero de los impuestos entre los individuos que componen una sociedad específica, no importa por ejemplo hasta que nivel el ingreso monetario se iguale, ya que los individuos pueden y de hecho viven distintos estilos de vida y por lo tanto asignan distintas proporciones de su ingreso monetario asignado a ellos para consumo o para la formación de riqueza de uso no productivo, más tarde o más temprano emergerán diferencias nuevamente entre la gente, si no con respecto a su ingreso monetario, sí con respecto a su nivel de riqueza privada. Y no debe sorprendernos que estas diferencias sean correspondientemente más pronunciadas si es que existe una ley de herencias puramente contractual. Por lo tanto, el socialismo socialdemócrata, motivado por su celo igualitario incluye la riqueza privada en sus esquemas políticos y le pone un impuesto también, y en particular crea un impuesto a la herencia para satisfacer la queja popular con respecto a «riqueza no ganada» que reciben los herederos.

Económicamente, estas medidas inmediatamente reducen la cantidad de formación de riqueza privada. Mientras que el disfrute de la riqueza privada se vuelva más costoso mediante el impuesto, menos riqueza nueva será creada, el consumo aumentará —incluyendo el de riqueza que no tenía fines de producción— y el estándar general de vida, que por supuesto depende de los conforts derivados de la riqueza privada, decaerá.

Se arriba a conclusiones similares acerca de los efectos empobrecedores cuando el tercer gran campo de las políticas impositivas —el de los «activos naturales»— se analiza. Por razones que se discutirá más adelante, este campo junto al de los tradicionales de tributación del ingreso monetario y la riqueza privada, ha ganado más importancia con el tiempo bajo la idea de ecualización de las oportunidades. No tomó demasiado descubrir que la posición en la vida que ocupa una persona no depende exclusivamente del ingreso monetario o la riqueza basada en bienes no productivos. Existen otras cosas que son importantes en la vida y que generan beneficio, aunque no sea en la forma de dinero u otros bienes transables: una buena familia, una educación, salud, una buena apariencia, etc. Llamaré estos bienes no transables de los cuales pueden derivarse un beneficio (psíquico), «activos naturales». Al socialismo redistributivo, guiado por ideales igualitarios, le irritan las diferencias existentes en la posesión de tales activos, y trata, si no de erradicar, al menos de moderarlos. Pero estos activos, siendo no-transables, no pueden ser fácilmente expropiados y luego redistribuidos sus beneficios. Tampoco es muy práctico, por decir lo menos, alcanzar este objetivo mediante la reducción directa del ingreso no monetario derivado de activos naturales desde la gente de alto ingresos (psíquicos) hacia la de bajos ingresos mediante, por ejemplo, arruinar la salud de los sanos y al hacerlo, volverlos iguales a los enfermos, o golpeando los rostros de la gente atractiva para hacerlos verse como sus menos afortunados semejantes.12 Por lo tanto, el método común que el socialismo socialdemócrata propone para crear «igualdad de oportunidades» es gravar con impuestos los activos naturales. A la gente de la que se piensa que recibe un beneficio no-monetario de uno de estos activos, como la salud, se le somete a un impuesto adicional, para ser pagado monetariamente. Este impuesto se redistribuye luego a aquella gente cuyo ingreso respectivo es relativamente bajo, para ayudar a compensarles por el hecho. Un impuesto se crea, por ejemplo, sobre los sanos para ayudar a los enfermos a pagar sus cuentas médicas, o a los atractivos para ayudar a pagar a los poco atractivos por una cirugía plástica o para comprarse un trago de forma que puedan olvidar su situación. Las consecuencias económicas de tales esquemas redistributivos deberían estar claras. En la medida en que el ingreso psíquico, representado por el hecho de tener salud por ejemplo, requiera un esfuerzo productivo que implique costos y tiempo, y debido a que la gente puede en principio pasar de roles productivos a roles no-productivos, o canalizar sus esfuerzos productivos hacia diferentes líneas de producción de bienes transables o no transables menos gravadas o no gravadas con impuestos, lo harán debido a los mayores costos involucrados en la producción de salud personal. La producción general de la riqueza en cuestión decaerá, es decir, el estándar general de salud se reducirá. E incluso con activos realmente naturales, como la inteligencia, acerca de los cuales la gente admisiblemente no puede hacer nada o puede hacer muy poco, las consecuencias del mismo tipo se harán realidad, sólo que una generación después. Al percatarse de que es relativamente más costoso ser inteligente y menos ser poco inteligente, y deseando tantos beneficios (de todo tipo) como sea posible para los hijos de uno, el incentivo para que la gente inteligente tenga descendencia ha sido disminuido y ha sido aumentado a su vez para los menos inteligentes. Y además, en cualquier caso de tributación sobre los activos naturales, cierto para el caso de la salud y el caso de la inteligencia, ya que el ingreso monetario se ve gravado con impuestos, una tendencia similar a aquella resultante del impuesto a los ingresos será el resultado, i.e., una tendencia a reducir los propios esfuerzos encaminados hacia el ingreso monetario y en cambio paulatinamente encaminarse hacia actividades productivas sin fines monetarios (trueque) o a distintos tipos de actividades improductivas. Y, por supuesto, esto nuevamente reduce el estándar general de vida.

Pero esto no es todo lo que debe ser dicho sobre las consecuencias del socialismo de estilo socialdemócrata, ya que éste tiene remotos pero no menos importantes efectos sobre la estructura social-moral de una sociedad, los cuales se vuelven visibles cuando uno considera los efectos de largo plazo de la introducción de políticas redistributivas. Ya no debe ser una sorpresa que en este particular también, la diferencia entre el socialismo de estilo soviético y el socialismo socialdemócrata, aunque tenga detalles altamente interesantes, no es de naturaleza fundamental.

Como debe recordarse, el efecto del primero en la formación de tipos de personalidad era doble, reduciendo el incentivo para desarrollar habilidades productivas y favoreciendo al mismo tiempo el desarrollo de talentos políticos. Ésta es precisamente la consecuencia general del socialismo socialdemócrata. Dado que el socialismo socialdemócrata favorece roles no-productivos tanto como los productivos que escapan el escrutinio público y por tanto no pueden ser alcanzados por los impuestos, el carácter de la población cambiará en concordancia con ello. Este proceso puede ser lento, pero mientras esa estructura de incentivos peculiar establecida por las políticas redistributivas perdure, estará en operación constante. Tendrá lugar menos inversión en el desarrollo y mejora de las habilidades productivas personales, y como consecuencia, la gente se volverá progresivamente menos capaz de generarse ingresos por su cuenta, al producir o contratar. Y a medida que el grado de tributación aumente y el círculo de ingresos gravados aumente, la gente gradualmente desarrollará personalidades tan inconspicuas, tan uniformes y tan mediocres como es posible —al menos en lo que concierne a la apariencia pública. Al mismo tiempo, al tiempo que el ingreso de una persona se vuelve dependiente de la Política, i.e., en la decisión social de cómo redistribuir el dinero de los impuestos (el que se obtiene, debe estar claro, no por contrato si no al imponer la voluntad de una persona sobre la de otra), mientras más dependiente sea, más gente deberá politizarse, i.e., más tiempo y energía tendrá que invertir en el desarrollo de talentos especiales para lograr beneficios personales a costa (i.e. de forma no acordada) de otros o para impedir que tal explotación ocurra.

La diferencia entre los dos tipos de socialismo radica (solamente) en lo siguiente: bajo el socialismo de estilo soviético el control social sobre los medios de producción, y por tanto del ingreso producido mediante ellos, es completo, y hasta ese punto no parece haber más campo para el debate político sobre el grado apropiado de politización de la sociedad. El tema finaliza —tanto como concluye al otro lado del espectro, bajo el capitalismo puro, donde no existe espacio alguno para la política y todas las relaciones son exclusivamente contractuales. Bajo el socialismo socialdemócrata, por otro lado, el control social sobre el ingreso producido de forma privada es solamente parcial, y un control incrementado o total existe solamente como un concepto social no ejercido aún, siendo una amenaza latente que pende sobre las cabezas de los productores privados. Pero vivir bajo la amenaza de ser gravado totalmente con impuestos en vez de hallarse ya en ese estado, explica una interesante característica del socialismo socialdemócrata con respecto al desarrollo general y progresivo de personalidades políticas. Explica por qué bajo un sistema de socialismo socialdemócrata el tipo de politización es diferente del que ocurre en el socialismo de estilo soviético. Bajo este último, se consume tiempo y esfuerzos improductivamente, discutiendo cómo distribuir el ingreso socialmente apropiado; bajo el primero, claro está, esto también ocurre, pero se consume tiempo y esfuerzos en querellas políticas respecto al tema de cuan grande o pequeña debe ser la proporción de ingreso socialmente administrado. En un sistema de medios de producción socializados donde este tema se resuelve de una vez por todas, existe más alejamiento relativo de la vida pública, así como resignación y cinismo que pueden observarse. En el socialismo socialdemócrata por otro lado, donde la pregunta aún está abierta, y donde los productores y no-productores aún pueden esperanzarse en mejorar su posición mediante una tributación disminuida o aumentada (respectivamente), tiene menos de esa retirada hacia la privacidad y en cambio más frecuente ha sido que la gente se involucre activamente en la agitación política ya sea a favor o en contra del aumento del control social del ingreso.13

Explicada la similaridad general tanto como esta diferencia específica entre ambos tipos de socialismo, queda la tarea de presentar un análisis corto de algunas fuerzas modificadoras que influyen en el desarrollo general de personalidades improductivas de tipo político. Éstos se ven afectados por distintos enfoques sobre el patrón de redistribución deseado. Los socialismos de estilo soviético y socialdemócrata se enfrentan ambos a la cuestión de cómo distribuir el ingreso que se encuentra bajo control social. Para el socialismo de estilo soviético el tema es qué salarios pagar a los individuos que han sido asignados a distintas posiciones en la economía de administradores encargados. Para el socialismo redistributivo el tema es cuánto dinero de impuestos asignar a quién. Mientras que en principio existen formas innumerables de hacerlo, la filosofía igualitaria de ambas variantes de socialismo efectivamente reduce las opciones disponibles a tres tipos.14 El primero es el método de equiparar en mayor o menor medida el ingreso monetario de todos (y posiblemente también la riqueza privada de fines no-productivos). Profesores, doctores, trabajadores de la construcción y mineros, administradores de fábricas y personal de limpieza ganan todos prácticamente el mismo salario, o la diferencia entre ellos se reduce sustancialmente.15 No se requiere de mucha explicación para percatarse de que este enfoque reduce el incentivo para trabajar de forma dramática, ya que no tiene importancia —en términos de salario— si uno trabaja diligentemente u holgazanea la mayoría del tiempo. Por tanto, dada la disutilidad del trabajo como un hecho de la existencia humana, la gente progresivamente pasará más tiempo de forma ociosa, con el ingreso promedio que todos parecen tener garantizado cayendo en forma constante. Por ende, este enfoque fortalece la respectiva tendencia hacia el desinterés, la desilusión, el cinismo y mutatis mutandis, contribuye a una reducción correspondiente en la atmósfera general de politización. El segundo enfoque tiene la meta más moderada de lograr un ingreso mínimo que, aunque normalmente ligado al ingreso igualado, es más bajo que éste.16 Esto también reduce el incentivo para trabajar, ya que en la medida en que sean productores marginales de ingreso con ingresos derivados de la producción apenas por encima del mínimo, la gente se inclinará a reducir o incluso detener totalmente su trabajo, disfrutar del ocio en vez, y contentarse con el ingreso mínimo. De este modo más gente que lo normal caerá por debajo de la línea de ingreso mínimo, o más gente conservará o adquirirá las características necesarias para recibir ese salario mínimo que en situaciones normales, y como consecuencia nuevamente el ingreso promedio con respecto al cual ese salario mínimo está ligado caerá por debajo del nivel al que de otra forma hubiera llegado. Pero, desde luego, el incentivo para trabajar se reduce en un grado menor en el segundo enfoque versus el primero. Por otro lado, el segundo enfoque conducirá a un nivel más alto de politización activa (y menos de desinterés resignado), porque a diferencia de un ingreso promedio que puede ser establecido objetivamente, el nivel en el cual se fije el salario mínimo es un asunto completamente subjetivo y arbitrario, y es por eso que se vuelve un asunto político para el debate permanente.

Sin lugar a dudas, el más alto grado de politización activa se alcanza cuando el tercer enfoque distributivo se elige. Su objetivo, ganando más y más prominencia para la socialdemocracia, es alcanzar la igualdad de oportunidades.17 La idea es crear, mediante medidas redistributivas, una situación en la cual la oportunidad general de alcanzar una posición (de ingresos) en la vida es igual —muy en el espíritu de una lotería, en la cual cada ticket tiene la misma posibilidad de ganar o perder— y, adicionalmente, con el fin de tener un mecanismo correctivo para situaciones de «mala suerte inmerecida» (sea lo que sea eso) que podría emerger en el curso de un juego de azar. Tomada literalmente, claro, esta idea es absurda: no existe forma de igualar las oportunidades de alguien que vive en los Alpes y alguien que reside en la costa. Adicionalmente, parece bastante claro que la idea del mecanismo correctivo es simplemente incompatible con el concepto de la lotería. Y sin embargo es este grado de vaguedad y confusión lo que contribuye al atractivo popular del concepto. Lo que constituye una oportunidad, lo que vuelve una oportunidad diferente o igual, mejor o peor, qué tanta compensación y de qué tipo se necesita para igualar las oportunidades que evidentemente no pueden ser igualadas en términos materiales (como en el ejemplo Alpes-costa), lo que es mala suerte inmerecida y qué puede ser su compensación, son todos asuntos completamente subjetivos. Dependen de evaluaciones subjetivas, cambiantes como son, y existe entonces —si uno en realidad aplica el concepto de igualdad de oportunidades— una reserva ilimitada de toda clase de peticiones distributivas, por todo tipo de razones y para toda clase de personas. Esto es así, particularmente, porque ecualizar las oportunidades es compatible con demandas de que haya diferencias en ingreso monetario o riqueza privada. A y B pueden tener el mismo ingreso y ser igualmente ricos, pero A puede ser negro, o mujer o tener mala vista, o ser un residente de Texas, o puede tener diez hijos, o carecer de esposo, ser mayor de 65, mientras que B puede no ser nada de esto si no algo distinto, y por tanto A puede aducir que sus oportunidades de lograr lo que desea en la vida son diferentes, o peores, de las de B, y que debe ser compensado por esto, volviendo sus ingresos monetarios —que eran iguales antes— diferentes. Y B, por supuesto, puede argumentar de la misma forma simplemente al revertir la valoración de oportunidades implicada. Como consecuencia, un grado de politización inusitado será el resultado. Todo parece juego abierto ahora, y tanto productores como no-productores, los primeros con propósitos defensivos y los segundos con fines agresivos, serán empujados hacia utilizar más y más tiempo en el papel de generar, destruir y refutar las demandas redistributivas. Y debe estar claro que esta actividad, al igual que las actividades de ocio, no sólo es improductiva si no que se encuentra en claro contraste con el disfrute de actividades de ocio, e implica el uso de tiempo con el propósito de perturbar el disfrute sereno de la riqueza producida, al igual que la producción de nueva.

Pero no sólo se estimula el incremento de la politización (largamente por encima del nivel implicado en el socialismo generalmente) al promover la idea de igualar las oportunidades. Existe una vez más, y ésta es una de las características más interesantes del nuevo socialismo socialdemócrata comparado con su forma marxista tradicional, un nuevo y diferente carácter del tipo de politización implicado en éste. Bajo cualquier política de redistribución, deberá existir gente que se dedique a promoverla y darle apoyo. Y normalmente, aunque no exclusivamente, lo hará la gente que se beneficie más de ella. Por lo tanto, bajo un sistema de ecualización de ingreso y riqueza y también bajo una política de ingreso mínimo, son principalmente los «no-propietarios» quienes promueven esa politización de la vida social. Dado el hecho de que en promedio éstos suelen ser los que tienen capacidades intelectuales —en particular verbales— menores, se generan actividades políticas que parecen carecer de gran sofisticación intelectual, por decir lo menos. Puesto de forma más drástica, la política tiende a parecer vacía, tonta y desagradable, incluso para un número considerable de los «no-propietarios». Por otro lado, al adoptarse la idea de «igualdad de oportunidades», las diferencias en ingreso monetario y riqueza privada no sólo existirán si no que se volverán más pronunciadas, dado que se toleran las discrepancias en la estructura de oportunidades para compensar las diferencias anteriores. Ahora, en este tipo de política, los propietarios pueden participar también. En efecto al ser los propietarios quienes poseen habilidades verbales superiores, y siendo la tarea de definir oportunidades mejor o peor esencialmente una basada en el poder de la retórica persuasiva, éste es exactamente el juego que les viene bien. Por lo tanto de entre ellos saldrán las fuerzas dominantes en el proceso de politización. Gradualmente será más la gente de sus filas que llegará a la cima de la organización partidaria socialista, y correspondientemente la apariencia y retórica de la política socialista tomará una forma distinta, volviéndose más y más intelectualizada, cambiando su atractivo y generándose una nueva clase de seguidores.

Con esto he llegado al punto en el análisis del socialismo socialdemócrata donde sólo unos pocos comentarios y observaciones se necesitan para ilustrar la validez de las consideraciones teóricas descritas. A pesar de que no afecte en absoluto la validez de las conclusiones anteriores, al depender exclusivamente como dependen de la veracidad de las premisas y la validez de las deducciones, desafortunadamente no existe ningún caso ideal, cuasi-experimental, para ilustrar la mecánica del socialismo socialdemócrata en contraste con el capitalismo, como fue el caso de Alemania del Este y Alemania del Oeste respecto al socialismo de estilo soviético. Ilustrar el tema implicaría una comparación de sociedades manifiestamente distintas donde ceteris claramente no es paribus, y donde no se podría relacionar limpiamente ciertas causas con ciertos efectos. Muchas veces, los experimentos de socialismo socialdemócrata simplemente no han durado lo suficiente, o han sido interrumpidos repetidamente por políticas que no podrían ser definitivamente clasificadas como socialdemócratas. O bien desde el principio han estado tan mezcladas con diferentes —e incluso incongruentes— políticas como resultado del compromiso político, que en realidad las diferentes causas y efectos están tan entremezclados y ninguna evidencia ilustradora puede lograrse para alguna de las tesis con cierto grado de especificidad. La tarea de desenredar las causas y efectos se vuelve una tarea teórica nuevamente, careciendo de la persuasión peculiar que posee una evidencia experimentalmente generada.

A pesar de ello existen evidencias, aunque de una calidad menos que perfecta. Primero, a nivel de las observaciones altamente globales, la tesis general del empobrecimiento relativo ocasionado por el socialismo redistributivo se ve ilustrada por el hecho de que el estándar de vida es correspondientemente superior, y se ha vuelto aún más con el tiempo, en los Estados Unidos de América que en Europa Occidental, o más específicamente, que en los países de la Comunidad Europea (C.E.) Ambas regiones son comparables con respecto al tamaño de la población, la diversidad cultural y étnica, la tradición y herencia, y también con respecto a los recursos naturales, pero los Estados Unidos son comparativamente más capitalistas y Europa más socialista. Cualquier observador neutral difícilmente dejará de notar este punto, ilustrado también por medidas como el gasto estatal respecto al PIB, que es aproximadamente 35 por ciento en los Estados Unidos comparado con 50 por cierto o más en Europa Occidental. También entra en la imagen el hecho de que los países europeos (en particular Gran Bretaña) exhibieron tasas más impresionantes de crecimiento económico en el siglo diecinueve, que ha sido descrito persistentemente por los historiadores como el período del liberalismo clásico, que en el siglo veinte, el cual en contraste ha sido denominado el siglo del socialismo y el estatismo. De la misma forma la validez de la teoría está ilustrada por el hecho de que Europa Occidental ha sido sobrepasada cada vez más en tasas de crecimiento económico por algunos países del Asia Pacífico, tales como Japón, Hong Kong, Singapur y Malasia; y que estos últimos, al adoptar un curso relativamente más capitalista, han logrado un nivel de vida más elevado que los países de inclinación socialista que arrancaron al mismo tiempo con la misma base de desarrollo económico, como la India.

Arribando a observaciones más específicas, están las experiencias recientes de Portugal, donde en 1974 el régimen autocrático de Salazar basado en socialismo conservador (sobre este tipo de socialismo ver el siguiente capítulo), que había mantenido a Portugal como uno de los países más pobres de Europa, fue suplantado en una revuelta por el socialismo redistributivo (con elementos de nacionalización) y donde desde entonces el estándar de vida ha caído aún más, convirtiendo literalmente al país en una región del tercer mundo. También está el experimento socialista de la Francia de Miterrand, que produjo un deterioro inmediato de la situación económica, tan evidente —siendo lo más conspicuo una elevación drástica en el desempleo y devaluaciones monetarias repetidas— que luego de menos de dos años, la reducción del apoyo al gobierno forzó una reversión de las políticas, que fue casi cómica al representar prácticamente una negación completa de lo que solo hace semanas se había presentado como sus convicciones más adoradas.

El caso más instructivo, sin embargo, puede ser provisto por Alemania nuevamente, y en esta ocasión, Alemania Occidental.18 De 1949 a 1966 existió un gobierno liberal-conservador que mostró un admirable compromiso con los principios de una economía de mercado, aunque desde el inicio existió un grado considerable de elementos de socialismo conservador involucrados y estos elementos ganaron mayor importancia con el tiempo. En todo caso, de todas las naciones europeas grandes, durante este período Alemania Occidental fue en términos relativos, definitivamente el país más capitalista, y el resultado de eso fue que se convirtió en la sociedad más próspera de Europa, con tasas de crecimiento que superaban ampliamente a todos sus vecinos. Hasta 1961, millones de refugiados alemanes y posteriormente millones de trabajadores extranjeros de los países del sur de Europa fueron integrados a esta creciente economía, donde el desempleo y la inflación eran prácticamente desconocidos. Luego, después de un breve periodo transicional, de 1969 a 1982 (un lapso de tiempo casi igual) un gobierno socialista-liberal liderado por la socialdemocracia tomó las riendas. Elevó los impuestos y las contribuciones a la seguridad social considerablemente, incrementó el número de funcionarios públicos, vertió fondos fiscales adicionales en programas sociales existentes y creó otros nuevos, y aumentó significativamente el gasto en toda clase de así llamados bienes «públicos», «de esta forma supuestamente igualando las oportunidades y mejorando la ‘calidad de vida general’». Al recurrir a una política keynesiana de gasto deficitario e inflación no anunciada, los efectos de elevar las provisiones mínimas socialmente garantizadas a los no productores, a expensas de los productores altamente gravados con impuestos, pudieron ser retrasados por unos pocos años (el lema de la política económica del canciller Helmut Schmidt era «preferible 5% que 5% de desempleo»). Solo iban a volverse más drásticos más adelante, empero, debido a que la inflación no anticipada y la expansión del crédito habían creado y prolongado la sobreinversión (mala inversión realmente) típica de un boom. Como resultado, no sólo que hubo más de 5% de inflación, si no que el desempleo se elevó constantemente y llegó al 10%; el crecimiento del PIB se volvió más y más lento hasta que cayó en términos absolutos durante los últimos años del período. En vez de ser una economía creciente, el número absoluto de gente empleada decreció; más y más presión se generó sobre los trabajadores extranjeros salgan del país y las barreras migratorias fueron simultáneamente elevadas a niveles jamás existentes. Todo esto sucedió mientras la importancia de la economía informal (subterránea) crecía constantemente.

Pero éstos fueron solamente los más evidentes efectos de lo que se define estrechamente como económico. Hubieron otros efectos de distinto tipo, los cuales fueron en realidad de importancia más duradera. Con el nuevo gobierno socialista-liberal la idea de igualar las oportunidades se llevó al frente de la ideología. Y como fue predicho teóricamente, fue en particular la propagación oficial de la idea mehr Demokratie wagen («arriésgate a tener más democracia») —inicialmente uno de los slogans más populares de la nueva etapa (la de Willy Brandt)— lo que llevó a un grado de politización jamás antes conocido. Todo tipo de demandas fueron elevadas en nombre de la igualdad de oportunidades; y difícilmente quedaba alguna esfera de la vida, desde la infancia hasta la vejez, desde las condiciones laborales a las de la recreación, que no fuera escrutada intensamente en busca de posibles diferencias que existieran para distintas personas con respecto a las oportunidades definidas más relevantes. Nada sorprendente fue que tales oportunidades y diferencias fueron halladas constantemente,19 y en concordancia, el reino de la política parecía expandirse casi todos los días. «No existe asunto que no sea político» podía escucharse con más y más frecuencia. Para mantenerse a la altura de esta tendencia los partidos en el poder tenían que cambiar también. En particular los Social Demócratas, tradicionalmente un partido de los trabajadores, debía desarrollar una nueva imagen. Con la idea de la igualación de oportunidades ganando terreno, cada vez más se convirtió —como podía predecirse— en el partido de la intelligentsia (verbal), de los cientistas sociales y de los profesores. Y este «nuevo» partido, casi como para probar el punto de que el proceso de politización estará sustentado principalmente por aquellos que pueden beneficiarse de sus esquemas redistributivos y que el trabajo de definir las oportunidades es esencialmente arbitrario así como un tema de poder retórico, volvió una de sus preocupaciones principales el canalizar las más diversas energías políticas desatadas hacia el campo de la igualación, sobre todo, de las oportunidades educativas. En particular, «igualaron» las oportunidades de una educación colegial y universitaria, al ofrecer los servicios respectivos no sólo de forma gratuita si no literalmente pagando a grandes grupos de estudiantes para que los aprovechen. Esto no sólo elevó la demanda de educadores, profesores y cientistas sociales, cuya paga naturalmente tenía que provenir de impuestos. También equivalía, lo cual es irónico para un partido socialista que argumentaba que igualar las oportunidades educativas implicaría una transferencia de los ricos a los pobres, en la práctica a un subsidio pagado a los más inteligentes a costa de una reducción del ingreso de los menos brillantes, y en la medida en que hubieran grandes números de gente inteligente entre las clases medias y altas que entre las clases bajas, un subsidio a los propietarios pagado por los no-propietarios.20 Como resultado de este proceso de politización impulsado por un número cada vez mayor de educadores pagados mediante impuestos que ejercen su influencia sobre más y más alumnos, se generará (como sería predecible) un cambio en la mentalidad de la gente. Se empezó a considerar paulatinamente normal el satisfacer toda clase de exigencias a través de medios políticos, y reclamar toda clase de supuestos derechos contra otra gente supuestamente más acomodada y su propiedad; y para una generación entera de personas criadas durante este período, se volvió cada vez menos natural pensar en mejorar la propia situación mediante esfuerzos productivos o por contrato. Por tanto, cuando la crisis económica generada necesariamente por la política redistributiva llegó, la gente estaba menos capacitada que nunca para sobreponerse a ella, porque al pasar el tiempo la misma política había debilitado precisamente esas habilidades y talentos que eran ahora urgentemente requeridos. Altamente revelador es que cuando el gobierno socialista-liberal fue sacado del poder en 1982, principalmente debido a su desempeño económico obviamente miserable, aún prevalecía la opinión de que la crisis debía resolverse no mediante eliminar las causas, i.e., los inflados mínimos para no-productores y no-contratistas, si no al contrario, por medio de otra medida redistributiva: mediante igualar forzadamente el tiempo de trabajo disponible para la gente empleada y la desempleada. Y en concordancia con este espíritu el nuevo gobierno conservador-liberal no hizo en la práctica si no volver más lenta la tasa de crecimiento de los impuestos.[p.65]

Capítulo 5

El Conservadurismo

En los dos capítulos anteriores las formas de socialismo más conocidas e identificadas como tales, y que derivaron básicamente de las mismas fuentes ideológicas, fueron discutidas: el socialismo de tipo ruso, más claramente representados en su momento por los países del bloque comunista de Europa Oriental; y el socialismo de tipo socialdemócrata, con sus representantes más típicos siendo los partidos socialistas y socialdemócratas en Europa Occidental y en menor grado por los «liberals» en los Estados Unidos. Las reglas de propiedad subyacentes a sus políticas fueron analizadas y fue planteada la idea de que uno puede aplicar los principios de propiedad del socialismo de tipo ruso o de tipo socialdemócrata en distintos grados: uno puede socializar todos los medios de producción o sólo un puñado, uno puede confiscar via tributos y redistribuir todo el ingreso y casi todos los tipos de ingreso, o uno puede hacerlo en una proporción menor de sólo algunas formas de ingresos. Pero, como fue demostrado por medios teóricos y también de forma menos rigurosa a través de evidencia empírica ilustradora, en la medida en que uno se aproxime a estos principios y no abandone de una vez por todas la noción de derechos de propiedad para los no-productores (no-usuarios) y no-contratistas, el resultado será el empobrecimiento relativo.

Este capítulo mostrará que lo mismo es cierto con respecto al conservadurismo pues éste, también, es una forma de socialismo. El conservadurismo también genera pobreza, y mucho más mientras más resueltamente se aplique. Pero antes de adentrarnos en un análisis económico sistemático y detallado de las formas peculiares en que el conservadurismo causa este efecto, sería apropiado darle un breve vistazo a la historia, de forma en que podamos entender mejor por qué el conservadurismo es en efecto socialismo, y cómo se relaciona con las dos formas igualitaristas de socialismo discutidas previamente.

Grosso modo, antes del siglo dieciocho en Europa y alrededor del mundo, existía un sistema social de «feudalismo» o «absolutismo» que en realidad era feudalismo a mayor escala. En términos abstractos, el orden social feudalista estaba caracterizado por un señor regional que reclamaba la propiedad sobre algún territorio, incluyendo todos sus recursos y bienes, y con bastante frecuencia de todas las personas ubicadas en éste, sin existir apropiación original de ellos a través del uso o trabajo, y sin tener un contrato con ellas, respectivamente.

Por el contrario, el territorio, o mejor dicho, las partes de él y los bienes ubicados sobre él, habían sido ya activamente ocupados, usados y producidos por otras personas antes (los «propietarios naturales»). Por ende, los alegatos de propiedad de los señores feudales se derivaban de la nada. Por tanto la práctica, basada en estos derechos de propiedad, de arrendar tierra y otros factores de producción a los propietarios naturals a cambio de bienes y servicios unilateralmente fijados por el amo feudal, tenía que ser ejecutada contra la voluntad de estos propietarios naturales por medio de violencia armada y fuerza bruta, con la ayuda de una casta de militares nobles que eran recompensados por el amo permitiéndoseles participar y compartir esos métodos de explotación y sus frutos. Para el hombre común sometido a este orden de las cosas, la vida significaba tiranía, explotación, estancamiento económico, pobreza, hambruna y desesperanza. Como podría esperarse, hubo resistencia a este sistema. Sin embargo, y curiosamente (desde una perspectiva contemporánea), no era la población campesina la que sufría el orden existente, sino los mercaderes y comercian quienes se volvieron los opositores activos del sistema feudal. El comprar a un precio más bajo en un lugar, viajar y vender a un precio más alto en un lugar distinto, como hacían, volvía relativamente débil su subordinación a cualquier señor feudal.

Eran esencialmente una clase de hombres «internacionales», cruzando las fronteras de los distintos territorios feudales constantemente. Como tales, para hacer negocios requerían un sistema legal estable, internacionalmente válido: un sistema de reglas, válido independientemente de momento y lugar, que definiera propiedad y contrato, que facilitara la evolución de las instituciones de crédito, banca y seguros, esencial en cualquier negocio comercial de gran escala. Naturalmente, esto causó fricción entre los señores feudales, siendo estos últimos representantes de sistemas legales regionales variados y arbitrarios. Los mercaderes se volvieron los disidentes del orden feudal, permanentemente amenazados y molEstados por la casta de la nobleza militar que intentaba ponerlos bajo su control.

Para huir de esta amenaza, los mercaderes se vieron forzados a organizarse y establecer puestos comerciales fortificados en los mismísimos confines de los centros de poder feudal. Como lugares de extraterritorialidad parcial y al menos parcial libertad, atrajeron rápidamente grupos crecientes de campesinos que huían de la explotación feudal y la miseria económica, y se volvieron pequeños pueblos, motivando el desarrollo de actividades y emprendimientos que no podrían haber emergido dentro de los confines de la explotación y la inestabilidad legal característicos del orden feudal mismo.

Este proceso fue más pronunciado donde los poderes feudales eran relativamente débiles y donde el poder estaba dispersado entre un gran número de señores feudales a veces muy pequeños y rivales. Fue en las ciudades del norte de Italia, las ciudades de la Liga Hanseática y en las de Flandes que el espíritu del capitalismo floreció por primera vez, y el comercio y la producción alcanzaron sus niveles más altos.

Pero esta emancipación parcial de las restricciones y el estancamiento del feudalismo fue solo temporal, y fue proseguido por la reacción y el declive. Esto se debió en parte a las debilidades internas en el movimiento de la nueva clase comerciante misma.

La forma de pensar feudal estaba demasiado arraigada en las mentes de los hombres, en términos de rangos asignados a la gente, de subordinación y de poder, y de que el orden debía ser impuesto mediante coerción. Por tanto, en los centros de comercio de reciente aparición, un nuevo conjunto de regulaciones y restricciones —esta vez de origen «burgués»— se estableció, se formaron gremios que limitaban la libre competencia y una oligarquía mercante emergió. Más importante aún fue otro hecho, sin embargo, para este proceso reaccionario. En su camino a liberarse a sí mismos de las intervenciones explotadoras de los señores feudales, los mercaderes tuvieron que buscar aliados naturales. De forma muy comprensible, encontraron aliados así entre aquellos de quienes en la casta feudal, si bien eran comparativamente más poderosos que otros nobles, tenían sus centros de poder a una distancia relativamente mayor de las poblaciones comerciales que buscaban apoyo. Al alinearse a sí mismos con la clase mercantil, buscaban extender su poder más allá de su alcance actual a expensas de otros señores feudales más pequeños. Para lograr este objetivo primero otorgaron ciertas exenciones de las obligaciones «normales» que había para los sujetos del dominio feudal, a los centros urbanos emergentes, y así asegurando su existencia como lugares de libertad parcial, y obtenían protección de los poderes feudales circundantes.

Pero tan pronto como la alianza hubo tenido éxito en su intento conjunto de debilitar a los amos locales y el aliado «extranjero» de los pueblos mercantes se hubo establecido como el verdadero poder fuera de su territorio tradicional, éste avanzaba y se establecía a sí mismo como un superpoder feudal, es decir, en una monarquía, con un rey que imponía sus reglas abusivas sobre aquéllos en el sistema feudal ya existente. El absolutismo había nacido; y éste no era nada sino feudalismo a gran escala, con el declive económico otra vez puesto en marcha, los pueblos desintegrados y el estancamiento y la miseria de vuelta. No fue sino hasta las postrimerías del siglo XVII e inicios del XVIII, en que el feudalismo recibió un ataque portentoso. Para entonces el ataque fue más potente, pues no era simplemente el intento de hombres pragmáticos —los mercaderes— de asegurarse esferas de libertad relativa para poder conducir sus asuntos. Era cada vez más una batalla ideológica luchada contra el feudalismo. La reflexión intelectual sobre las causas del auge y caída del comercio y la industria que se habían experimentado, y un estudio más intensivo de la ley romana y en particular de la ley natural, que habían ambas sido redescubiertas en el transcurso de la lucha de los mercaderes para desarrollar una ley mercante internacional y justificarla contra los alegatos rivales de la ley feudal, había llevado a una comprensión más sólida del concepto de libertad, y de la libertad como un prerrequisito para la prosperidad económica. A medida que estas ideas, culminando en trabajos como los Dos tratados sobre el Gobierno de John Locke en 1688 y La Riqueza de las Naciones de Adam Smith en 1776, permeaban y ocupaban las mentes de un círculo cada vez mayor de gente, el viejo orden perdió su legitimidad. La vieja forma de pensar en términos de lazos feudales gradualmente cedió el paso a la idea de una sociedad contractual. Finalmente, como expresiones externas de este distinto Estado de las cosas en la opinión pública, se produjeron La Gloriosa en 1688 en Inglaterra, la Revolución Americana de 1776 y la Revolución Francesa de 1789; ya nada fue igual luego de que estas revoluciones ocurrieron. Aquéllas probaron, de una vez y para la posteridad, que el viejo orden no era invencible, y encendieron una luz de esperanza para avanzar aún más en el camino hacia la libertad y la prosperidad.

El Liberalismo, como se llamó el movimiento ideológico que generó estos acontecimientos monumentales, emergió de estas revoluciones más fuerte que nunca y se volvió por algo más de medio siglo, la fuerza ideológica dominante en Europa Occidental.

Fue el partido de la libertad y de la propiedad privada adquirida a través de apropiación original y contrato, asignando al Estado meramente el rol de proteger y hacer cumplir estas normas naturales. Con los residuos del sistema feudal aún funcionando por todas partes, aunque sacudido en sus fundamentos ideológicos, fue el partido que representaba una sociedad liberalizada, desregulada y contractualizada, interna y externamente, es decir, tanto en asuntos domésticos como en asuntos y relaciones exteriores. Y mientras que bajo la presión de las ideas liberales las sociedades europeas se volvieron progresivamente libres de restricciones feudales, también se volvió el partido de la Revolucion Industrial, que fue causada y estimulada por este mismo proceso de liberalización. El desarrollo económico fue echado a andar a un ritmo jamás antes experimentado por la humanidad. La industria y el comercio florecieron, y la formación y acumulación de capital alcanzaron nuevas alturas. Si bien el estándar de vida no se elevó inmediatamente para todos, se volvió posible sostener a una población importante —es decir, gente que sólo unos años antes, bajo el feudalismo, hubiese muerto por hambre debido a la falta de riqueza económica, y que ahora podían sobrevivir. Adicionalmente, con el crecimiento poblacional tomando lugar por debajo de la tasa de crecimiento del capital, ahora todos podían esperar de forma realista una pronta mejora en sus estándares de vida. Es frente a este trasfondo de la Historia (algo abreviado, desde luego, tal como ha sido presentado) que el fenómeno del conservadurismo como forma de socialismo y su relación con las dos versiones de socialismo originadas en el marxismo puede ser visto y apreciado. Todas las formas de socialismo son respuestas ideológicas al desafío presentado por el avance del liberalismo; pero su posición enfrentada al liberalismo y al feudalismo —el viejo orden que el liberalismo ha ayudado a destruir— difiere considerablemente. El avance del liberalismo había estimulado el cambio social a un ritmo, a un grado y en variaciones desconocidas hasta entonces. La liberalización de la sociedad significaba que cada vez más sólo podrían mantener cierta posición social antes adquirida, aquellos quienes produjeran más eficientemente para las necesidades más urgentes de consumidores voluntarios, con costos tan bajos como fuese posible, y basándose exclusivamente en relaciones contractuales con respecto a la obtención de factores de producción, y en particular, del recurso humano. Los imperios productivos construidos solamente por la fuerza temblaban bajo tal presión. Y dado que la demanda de los consumidores a la cual la estructura productiva debía adaptarse (y ya no viceversa) cambiaba constantemente, y el surgimiento de 92 nuevos emprendimientos se volvía progresivamente menos regulado (en la medida en que era el resultado de apropiación original y/o contrato), nadie contaba ya con una posición relativa segura en la jerarquía de ingreso y riqueza. En lugar de eso, la movilidad social ascendente o descendente aumentó significativamente, ya que ni los dueños de factores productivos ni los dueños de servicios laborales eran ya inmunes a los cambios respectivos en la demanda. Ya no existían precios ni ingresos estables garantizados para ellos. El viejo marxismo y el nuevo socialismo socialdemócrata fueron la respuesta igualitarista a este desafío del cambio, la incertidumbre y la movilidad social. Como el liberalismo, apreciaban la destrucción del feudalismo y el avance del capitalismo. Se dieron cuenta de que fue el capitalismo el que liberó a la gente de los abusivos lazos feudales y producía enormes mejoras en la economía; y entendieron que el capitalismo, y el desarrollo de las fuerzas productivas traído por él, era un paso evolutivo necesario y positivo en la vía hacia el socialismo. El socialismo, como lo conciben esas dos corrientes, comparte las mismas metas que el liberalismo: libertad y prosperidad. Pero supuestamente el socialismo da un paso adelante sobre los logros del liberalismo al suplantar al capitalismo —la anarquía de la producción de competidores privados que causa el cambio, la movilidad, incertidumbre y desazón en el tejido social ya mencionados— en su más alto grado de desarrollo por una economía racionalmente planeada y coordinada que previene las inseguridades derivadas de que el cambio se sienta a nivel individual. Desafortunadamente, desde luego, como los dos capítulos anteriores han demostrado suficientemente, es una idea bastante confundida. Es precisamente al hacer que los individuos se vuelvan insensibles al cambio por medio de medidas redistributivas que el incentivo de adaptarse rápidamente a cualquier cambio futuro desaparece, y por tanto el valor, en términos de la valoración que los consumidores dan a la producción generada, caerá. Y es precisamente debido a que un plan general suplanta a lo que parecen ser múltiples planes descoordinados entre sí, que la libertad individual es reducida y, mutatis mutandis, el dominio de un hombre sobre otro se ve incrementado. El Conservadurismo, por otro lado, es la respuesta antiigualitaria, reaccionaria, a los cambios dinámicos puestos en marcha por una sociedad liberalizada: es anti-liberal y, en vez de reconocer los logros del liberalismo, tiende a idealizar y glorificar el viejo sistema feudal como algo ordenado y estable. Siendo un fenómeno postrevolucionario 93 como es, no aboga necesariamente ni de manera frontal por un retorno al statu quo prerrevolucionario y acepta ciertos cambios, aunque sea entre lamentos, como irreversibles. Pero le molesta poco cuando presencia que viejos poderes feudales que habían perdido todo o una parte de sus tierras a manos de propietarios naturales en el transcurso de la liberalización recuperen su antigua posición, y definitivamente y abiertamente propaga la conservación del statu quo, es decir, la distribución altamente desigual de la propiedad, la riqueza y el ingreso. Su idea es detener o frenar los cambios permanentes y los procesos de movilidad social traídos por el liberalismo y el capitalismo de forma tan completa como sea posible, y en su lugar, recrear un sistema social ordenado y estable en el que cada cual permanezca con seguridad la posición que el pasado le había otorgado. Para lograrlo, el conservadurismo debe, y de hecho lo hace, promulgar la legitimidad de medios no contractuales en la adquisición y retención de propiedad e ingreso derivado de ella, ya que precisamente fue el uso exclusive de relaciones contractuales lo que causó la permanencia del cambio en la distribución relativa del ingreso y la riqueza. Así como el feudalismo admitía la adquisición y defensa de la propiedad y la riqueza por la fuerza, asimismo el conservadurismo es indiferente al que la gente haya adquirido o no su posición de ingresos y riqueza mediante apropiación original y contrato. En efecto, el conservadurismo considera apropiado y legítimo que una clase de propietarios ya establecida, tenga el derecho de detener cualquier cambio social que considere una amenaza a su posición relativa en la jerarquía del ingreso y la riqueza, aún si los distintos propietarios-usuarios de los factores de producción no aceptan tal arreglo. El Conservadurismo, entonces, debe ser considerado como el heredero ideológico del feudalismo. Y como el feudalismo debe ser descrito como socialismo aristocrático (lo cual debe quedar suficientemente claro en su caracterización en las líneas anteriores), el conservadurismo debe ser considerado como el socialismo del establishment burgués. El Liberalismo, al cual tanto las versiones igualitarias y conservadoras del socialismo, son respuestas ideológicas, alcanzó el máximo de su influencia alrededor de mediados del siglo XIX. Probablemente sus últimos logros de entonces gloriosos fueron la abolición de las Leyes del Maiz en Inglaterra (1846), lograda por Richard Coben, John Bright y la liga anti-ley del maíz, y las revoluciones continentales de 1848. Entonces, debido a debilidades internas e inconsistencias en la ideología del liberalismo, las diversiones y división que las aventuras imperialistas de variados Estados-nación habían generado, 94 y finalmente pero no menos importante, debido al atractivo que las distintas versiones de socialismo con sus variadas promesas de seguridad y estabilidad tenían y tienen aún frente un fuerte disgusto que el cambio y movilidad social dinámicos puede generar en el público, el liberalismo empezó a declinar. El socialismo le suplantó cada vez más como fuerza ideológica dominante, revirtiendo de esa forma el proceso de liberalización y nuevamente imponiendo más y más elementos no-contractuales (involuntarios) en la sociedad. En diferentes momentos y lugares, diversos tipos de socialismo han encontrado asidero en la opinión pública en distintos grados, asi es que hoy en día se puede hallar huellas de todos ellos por todas partes y de la suma de sus respectivos efectos empobrecedores en el proceso de producción, el mantenimiento de riqueza y la formación del carácter social. Pero es la influencia del socialismo conservador, en particular, el que debe ser señalado, especialmente debido a que es frecuentemente soslayado o subestimado. Si hoy en día las sociedades de Europa Occidental pueden ser descritas como socialistas, esto se debe en mucho mayor medida al socialismo de cuño conservador que al de ideas igualitarias. Es la forma peculiar en que el conservadurismo ejerce su influencia, sin embargo, lo que explica por qué esto frecuentemente no se percibe. El conservadurismo no sólo configura la estructura social por medio de políticas públicas; especialmente en sociedades como las europeas donde el pasado feudal nunca fue totalmente derrumbado y un gran número de remanentes feudales sobrevivieron incluso al auge del liberalismo. Una ideología como el conservadurismo también ejerce su influencia, muy discretamente, simplemente al mantener el statu quo y permitir que las cosas continúen siendo hechas de acuerdo a las viejas tradiciones. ¿Cuáles son entonces los elementos específicamente conservadores de las sociedades actuales y cómo es que producen empobrecimiento relativo? Con esta pregunta, retornamos al análisis sistemático del conservadurismo y sus efectos económicos y socioeconómicos. Una caracterización abstracta de las normas sobre la propiedad que subyacen al conservadurismo y una descripción de estas normas desde la perspectiva de la teoría natural de la propiedad serán nuevamente el punto de arranque. Existen dos de esas normas. Primero, el socialismo conservador, al igual que el socialismo socialdemócrata, no prohíbe la propiedad privada. Por el contrario: todo —todos los factores de producción y toda la riqueza que no se utiliza para la producción— puede en principio 95 ser poseído privadamente, vendido, comprado, arrendado, con la excepción de nuevo solamente de tales áreas como la educación, el tráfico y las comunicaciones, la banca central y la producción de seguridad. Pero en segundo lugar, ningún propietario es dueño del total de su propiedad ni del total del ingreso que pueda derivarse de su uso. Más bien, parte de ello pertenece a la sociedad y la sociedad tiene el derecho de asignar el ingreso y la riqueza actuales y futuros a sus miembros individuales de tal manera que se preserve la distribución relativa antigua del ingreso y la riqueza. Y también es el derecho de la sociedad el determinar que tan grande o pequeña debe ser la porción de ingreso y riqueza que será administrada y qué se necesita exactamente para preservar una distribución de ingreso y riqueza específica. Desde la perspectiva de la teoría natural de la propiedad, el sistema de propiedad del conservadurismo nuevamente implica una agresión contra los derechos de los propietarios naturales. Los propietarios naturales de las cosas pueden hacer lo que deseen con ellas, en tanto no cambien sin autorización la integridad de la propiedad de otros. Esto implica, en particular, su derecho a modificar su propiedad o destinarla a distintos usos para adelantarse a cambios anticipados en la demanda y así preservar o posiblemente mejorar su valor; y también les da el derecho a beneficiarse privadamente de los incrementos de valor en su propiedad que se generen de cambios no anticipados en la demanda, es decir de cambios que fueron simple buena fortuna, pero que no previeron ni efectuaron. Pero al mismo tiempo, ya que de acuerdo a los principios de la teoría natural de la propiedad cada propietario está protegido sólo de la invasión y la adquisición no contractual y transferencia de títulos de propiedad, también implica que todos corren el riesgo permanente y constante de que a través de cambios en la demanda o acciones de otros propietarios sobre su propiedad, el valor de sus propiedades caigan bajo su nivel dado. De acuerdo a esta teoría, sin embargo, nadie es dueño del valor que otros atribuyan a su propiedad y nadie por tanto, en ningún momento dado, tiene el derecho legal de preservar y restaurar el valor de su propiedad. En claro contraste, el conservadurismo apunta precisamente a tal preservación o restauración de valoraciones y su distribución relativa. Pero esto sólo es posible, desde luego, si una redistribución en la asignación de títulos de propiedad tiene lugar. Ya que el valor de la propiedad de nadie depende exclusivamente de las acciones individuales sobre su propiedad, si no también y de forma inevitable, de las acciones de otras personas realizadas con medios limitados bajo su propio control (y más allá de cualquier control de otros), para preservar los 96 valores de las propiedades alguien —una persona o un grupo de ellas— debería poder poseer legítimamente todos los medios escasos (mucho más allá de los que en realidad son controlados o usados por esta persona o grupo de ellas). Es más, este grupo debe literalmente poseer todos los cuerpos de las personas, ya que el uso que una persona hace de su cuerpo también puede influir (aumentar o disminuir) los valores existentes de la propiedad. Así, para poder lograrse la meta conservadora, una redistribución de títulos de propiedad debe darse desde los usuarios-propietarios de recursos escasos hacia gente que, cualesquiera fuesen sus méritos pasados como productores, no hagan uso actual o hayan contratado aquellas cosas cuya utilización llevara a al cambio en la distribución dada de valoraciones. Comprendido esto, la primera conclusión con respecto al efecto económico general del conservadurismo emerge con claridad: con los propietarios naturales de las cosas siendo total o parcialmente expropiados en beneficio de los no-usuarios, no-productores y no-contratistas, el conservadurismo elimina o reduce el incentivo de los primeros para hacer algo con respecto al valor de la propiedad existente y adaptarse a los cambios en la demanda. Los incentivos para estar alertas y anticipar cambios en la demanda, para adaptar rápidamente la propiedad existente y usarla de forma consistente con tales nuevas circunstancias, para aumentar sus esfuerzos productivos, y para ahorrar e invertir se ven reducidos, en vista de que los posibles beneficios de tal comportamiento ya no pueden ser cosechados privadamente si no que serán socializados. Mutatis mutandis, el incentivo de no hacer nada para evitar la pérdida de valor de la propiedad de uno por debajo del nivel actual se verá incrementado, ya que las posibles pérdidas resultantes de tal comportamiento ya no tendrán que ser cosechadas privadamente si no que serán también socializadas. De este modo, ya que todas esas actividades —evitar riesgos, ser perceptivos, adaptarse, ser tesoneros y ahorrar— son costosas y requieren el uso de tiempo y posiblemente otros recursos escasos que podían ser usados alternativamente de otros tipos —para el ocio y el consumo, por ejemplo— habrá menos actividades del primer tipo y más del segundo, y como consecuencia el estándar general de vida caerá. Por tanto, uno tendrá que concluir que la meta conservadora de preservar las valoraciones existentes y la distribución de cosas valiosas entre los diferentes individuos sólo puede ser logrado a costa de una caída general en el valor de los bienes recién producidos y de los bienes antiguos mantenidos, es decir, una menor riqueza social. Se ha vuelto evidente ya que desde el punto de vista del análisis económico, existe una similitud asombrosa entre el 97 socialismo conservador y el socialismo socialdemócrata. Ambas formas de socialismo implican una redistribución de títulos de propiedad quitándoselos a los productores/contratistas para dárselos a los no-productores/no-contratistas, y de ese modo ambas separan el proceso de producción y contrato del proceso de adquisición real de ingreso y riqueza. Al hacer esto, ambos socialismos vuelven la adquisición de ingreso y riqueza un asunto político —un asunto, entonces, en el transcurso del cual una persona o grupo impone su voluntad sobre el uso de los medios escasos sobre la voluntad de otros, renuentes a ello; ambas versiones de socialismo, aunque en principio declaren la propiedad común de todo el ingreso y la riqueza producidos para beneficiar a su nicho de no-productores favorecido, permiten que sus programas sean implementados de forma gradual y llevados a cabo en distintos grados; y ambos, como consecuencia de todo esto, tienen que —en la medida en que sus políticas respectivas sean en efecto puestas en práctica— llevar a un empobrecimiento relativo. La diferencia entre el conservadurismo y lo que ha sido llamado socialdemocracia radica exclusivamente en el hecho de que apelan a distinta gente o distintos sentimientos en la misma mente en tanto y en cuanto prefiera una forma distinta en que el ingreso y la riqueza quitada forzosamente a los productores son luego redistribuidos a los no-productores. El socialismo redistributivo asigna ingresos y riqueza a los no-productores independientemente de sus logros pasados como propietarios de riqueza o generadores de ingreso, o incluso trata de erradicar tales diferencias. El conservadurismo, por otro lado, asigna el ingreso a los no-productores de acuerdo con un pasado desigual de ingreso y riqueza y apunta a estabilizar la distribución del ingreso existente y las diferencias existentes. La diferencia entonces es meramente una de sicología social: al favorecer distintos patrones de distribución, otorgan privilegios a diferentes grupos de no-productores. El socialismo redistributivo particularmente favorece a los menos ricos entre los no-productores, y expolia principalmente a los más ricos de entre los productores; y por tanto, tiende a encontrar a sus seguidores entre los primeros y a sus enemigos entre los últimos. El conservadurismo otorga privilegios especiales a los más ricos dentro del grupo de no-productores y particularmente daña los intereses de los menos ricos de entre la gente productiva; de tal modo que tiende a encontrar seguidores principalmente entre los primeros y causa desesperanza, desazón y resentimiento entre estos últimos. 98 Pero aunque es cierto que ambos sistemas de socialismo son muy parecidos desde un punto de vista económico, la diferencia entre ellos con respecto a su fundamento socio-sicológico no deja de tener un impacto en su economía. Que quede claro que este impacto no afecta el empobrecimiento general resultante de la expropiación de productores (como se explicó arriba), que ambos tienen en común. En lugar de eso, influye sobre las decisiones que el socialismo socialdemócrata por un lado y el conservadurismo por el otro toman acerca de los instrumentos o técnicas específicos a su disposición para alcanzar sus objetivos distributivos. La técnica preferida por los socialdemócratas son los impuestos, como se describió y analizó en el capítulo anterior. El conservadurismo puede utilizar este instrumento también, desde luego; y en efecto tiene que hacer uso de él en algún grado, aunque fuera sólo para financiar la imposición de sus políticas. Pero la tributación no es su técnica preferida, y la explicación de esto se encuentra en la socio-sicología del conservadurismo. Dedicado a la preservación de un statu quo de posiciones de ingreso, riqueza y status social, los impuestos son un instrumento demasiado «progresista» para alcanzar objetivos conservadores. El recurrir a los impuestos significa que uno permitió que ocurran cambios en la distribución de la riqueza y el ingreso y sólo luego, cuando ya tuvieron lugar, uno rectifica las cosas y restaura el viejo orden de las cosas. Sin embargo, el proceder de esta forma no solo genera resentimientos, particularmente entre aquéllos cuyos esfuerzos les llevaron a mejorar su posición relativa primero y luego son nivelados nuevamente. Pero también, al permitir que el progreso ocurra y luego tratar de deshacerlo, el conservadurismo debilita su propia justificación, es decir, su razonamiento de que cierta distribución del ingreso y la riqueza es legítima porque es la que siempre ha existido. Por tanto, el conservadurismo prefiere que los cambios no ocurran para empezar, y prefiere usar políticas que prometan precisamente esto, o en su defecto, que prometan volver tales cambios menos evidentes. Existen tres tipos de políticas de ese tipo: los controles de precios, las regulaciones y los controles de comportamiento social, todas las cuales —quede claro— son medidas socialistas tanto como lo son los impuestos, pero todas ellas curiosamente relegadas en los esfuerzos por medir el grado total de socialismo en distintas sociedades, de la misma forma en que la importancia de los impuestos en este sentido ha sido sobreestimada. Discutiré ahora esos esquemas específicos de políticas conservadoras. Cualquier cambio en los precios (relatives) evidentemente causa cambios en la posición relativa de la gente proveyendo los bienes o servicios respectivos. Por tanto, para fijar su posición parecería que todo lo que se necesita hacer es fijar precios —ésta es la justificación conservadora para introducir controles de precios. Para verificar la validez de esta conclusión, los efectos económicos de la fijación de precios necesitan ser examinados. Para empezar, se asume que un control de precios selectivo sobre un producto o grupo de productos ha sido puesto en vigor y que el precio fijado ha sido decretado como el precio por encima o por debajo del cual el producto podría no venderse. Ahora bien, en la medida en que el precio fijado es idéntico al del mercado, el control de precios simplemente será inefectivo. Los efectos peculiares de la fijación de precios sólo pueden darse toda vez que no sean idénticos. Y dado que la fijación de precios no elimina las causas que generaron los cambios de precios, pero simplemente decreta que ninguna atención debe prestárseles, ello ocurre tan pronto como aparece cualquier cambio en la demanda, por la razón que sea, para el producto en cuestión. Si la demanda aumenta (y los precios, sin intervención, aumentarían también) entonces el precio fijado se convierte en la práctica en un precio máximo efectivo, es decir, un precio por encima del cual se vuelve ilegal vender. Si la demanda decrece (y los precios, sin intervención, caerían también) entonces el precio fijo se vuelve un precio mínimo efectivo, es decir, un precio por debajo del cual se vuelve ilegal vender. La consecuencia de imponer un precio máximo es una demanda excesiva para los bienes provistos. No todo el mundo que desea comprar al precio fijado es capaz de hacerlo. Y esta carestía durará por tanto tiempo como a los precios no se les permita aumentar respondiendo a la mayor demanda, y por tanto, no existe posibilidad para los productores (que podría asumirse que estaban produciendo hasta el punto en que el costo marginal, es decir, el costo de producir la última unidad del producto en cuestión, sea igual a la ganancia marginal) para dirigir recursos adicionales hacia la línea de producción específica, es decir, aumentando la oferta sin incurrir en pérdidas. Colas, racionamientos, favoritismo, pagos por debajo de la mesa y mercados negros, se volverán aspectos permanentes de la vida. Y las carestías y otros efectos secundarios que acarreen se incrementarán más, ya que ese exceso de demanda para los bienes con precios fijos se regará hacia otros bienes no-controlados (en particular, desde luego, a los sustitutos), aumentarán sus precios y crearán un incentivo adicional para mover recursos desde las líneas de producción controladas hacia las líneas de producción no controladas. 100 Imponer un precio mínimo, es decir, un precio por encima del precio potencial de mercado y por debajo del cual las ventas se vuelven ilegales, mutatis mutandis produce un exceso de oferta por sobre la demanda. Existirá un exceso de bienes producidos que simplemente no encontrarán compradores. Y nuevamente: este exceso continuará por tanto tiempo como los precios no sean permitidos de bajar habiendo bajado la demanda del bien en cuestión. Lagos de leche y vino, montañas de mantequilla y granos, para citar algunos ejemplos, se desarrollarán y crecerán; y a medida que los contenedores se llenan será necesario destruir repetidamente la producción excesiva (o, como alternativa, habrá de pagarse a los productores para ya no producir tal exceso). La producción superavitaria se volverá aun más agravada porque el precio artificialmente alto atrae una inversión de recursos mayor en esa área en particular, que entonces se volverán faltantes en otras líneas de producción donde hay en realidad una mayor necesidad de ellos (en términos de demanda de los consumidores), y donde como consecuencia, los precios de los productos se elevarán. Los precios máximos o mínimos generan empobrecimiento. En cualquier caso llevarán a una situación en que existe demasiados recursos (en términos de demanda de los consumidores) en áreas productivas de menor importancia y no los suficientes en áreas de mayor importancia. Los factores de producción ya no pueden ser asignados de forma en que las necesidades más apremiantes sean satisfechas primero, las siguientes en urgencia en segundo lugar, etc, o dicho con más precisión, de forma que la producción de cualquier bien determinado no se extienda por encima (o por debajo) del nivel en el cual la utilidad de la producción marginal caiga debajo (o se mantenga encima) de la utilidad marginal de cualquier otro producto. Más bien, la imposición de controles de precio significa que necesidades menos urgentes son satisfechas a costa de una satisfacción reducida de necesidades más urgentes. Y esto no significa si no el que el estándar de vida se verá reducido. Que la gente desperdiciará su tiempo buscando bienes porque existe una oferta escasa, o que se desecharán bienes porque se mantienen artificialmente en superávit, son sólo dos de los síntomas más conspicuos de esta riqueza social disminuida. Pero eso no es todo. El análisis anterior también revela que el conservadurismo no podría ni siquiera alcanzar su objetivo de estabilidad distributiva por medio de un control de precios parcial. Con precios sólo parcialmente controlados, las perturbaciones en las posiciones de ingreso y riqueza tendrían que darse de todos modos, 101 ya que los productores en las áreas no controladas, o en líneas de producción con precios mínimos son favorecidos a expensas de aquéllos en líneas controladas o en líneas de producción con precios máximos. Por lo tanto seguirá existiendo un incentivo para que los productores individuales cambien de una línea de producción a otra, más rentable con la consecuencia de que las diferencias en la capacidad de alerta empresarial y la habilidad para prever y adaptarse a esos cambios tan rentables aumentarán y resultarán en perturbaciones del orden establecido. El conservadurismo entonces, si en realidad es intransigente en su compromiso con la preservación del statu quo, se ve obligado a expandir constantemente el círculo de bienes sujetos a controles de precios y no podrá detenerse si no hasta un control o congelamiento de precios total. Sólo si los precios de todos los bienes y servicios, tanto de capital como de consumo, se congelan a cierto nivel, y el proceso de producción es así separado completamente de la demanda —en vez de desconectar la producción y la demanda sólo en ciertos puntos o sectores como ocurre bajo controles de precios parciales— parecería posible preservar un orden distributivo en su totalidad. Nada sorprendente, sin embargo, es que deba pagarse un precio mucho más alto por ese conservadurismo total que el que se pagará sólo con controles de precio parciales. Con controles de precio totales, la propiedad privada de los medios de producción es de hecho abolida. Aún puede haber propietarios privados nominalmente, pero el derecho a determinar el uso de su propiedad y de entablar en cualquier intercambio contractual que consideren beneficioso se pierde por completo. Las consecuencias de esta expropiación silenciosa a los productores son una reducción del ahorro y la inversión y, mutatis mutandis, un incremento en el consumo. Debido a que uno ya no puede obtener los frutos del propio trabajo que el mercado esté dispuesto a darnos, se pierde un motivo para trabajar. Y adicionalmente, ya que los precios están fijados —independientemente del valor que los consumidores otorguen a los productos en cuestión— habrá también una razón menos para preocuparse de la calidad del tipo de trabajo o producción en que uno aún se esté desempeñando, y por tanto la calidad de todos y cada uno de los productos caerá. Pero aún más importante que esto es el empobrecimiento que resulta del caos en la asignación de recursos creado por los controles globales de precio. Mientras todos los precios de los productos, incluyendo los de los costos de producción y en particular de los 102 salarios, estén congelados, la demanda de distintos productos aún cambia constantemente. Sin controles de precios, los precios seguirían la dirección de estos cambios y de ese modo crean un incentivo para retirarse de áreas productivas menos valoradas hacia áreas de producción más valoradas. Bajo controles de precios globales, este mecanismos es destruido completamente. Si la demanda de un producto aumenta, se generará desabastecimiento debido a que los precios no pueden elevarse, y consecuentemente, porque la rentabilidad de producir ese bien en particular no se ha alterado, no se atraerá hacía él factores productivos adicionales. Como consecuencia, una demanda excesiva, dejada sin atender, se regará hacia otros productos, elevando la demanda de ellos por encima del nivel que hubiera existido de otro modo. Pero aquí nuevamente, a los precios no se les permite elevarse respondiendo a una demanda mayor, y nuevamente se generará un déficit. Y así el proceso de trasladar la demanda de los productos requeridos con mayor urgencia a los productos de importancia secundaria, y de ahí a productos de aún menor relevancia, ya que nuevamente el deseo de todos de obtenerlo al precio controlado puede ser satisfecho, debe continuar y continuar. Finalmente, ya que no hay alternativas disponibles y el papel moneda que la gente aún tiene para gastar tiene un valor intrínseco menor que incluso el producto menos valorado disponible para la venta, la demanda excesiva se regará hacia productos cuya demanda había declinado originalmente. Por lo tanto, incluso en las áreas productivas donde un exceso había aparecido como consecuencia de una demanda disminuida pero donde a los precios no se les había permitido bajar correspondientemente, las ventas se repondrán como consecuencia de una demanda insatisfecha en todo el resto de la economía; a pesar de precios artificialmente fijados altos la producción excesiva se volverá vendible; y, con la rentabilidad así restablecida, una fuga de capital se prevendrá aún entonces. La imposición de controles de precio globales significa que el sistema de producción se ha vuelto completamente independiente de las preferencias de los consumidores para cuya satisfacción la producción es emprendida en realidad. Los productores pueden producir cualquier cosa y los consumidores no tendrán otra alternativa que comprarla, cualquiera que sea. Consecuentemente, cualquier cambio en la estructura productiva que se haga o se ordene hacer sin la ayuda de precios de libre movilidad no es sino dar palos de ciego, remplazando un conjunto arbitrario de bienes en oferta, por otro. A nivel de la experiencia del público consumidor esto significa, como ha sido descrito por G. Reisman «…inundar a la gente con camisas, mientras se les obliga a ir descalzos, o inundarles con zapatos obligándoles a ir descamisados; darles enormes cantidades de papel, pero no plumas o tinta, o viceversa;…en efecto, darles cualquier combinación absurda de bienes». Pero claro, «…meramente dar a los consumidores unas combinaciones de bienes es en sí mismo equivalente a un declive gigantesco en la producción, ya que representa precisamente eso para la calidad de vida humana». El estándar de vida no depende simplemente de un total físico de producción; depende muchísimo más de una distribución o proporcionalidad de los diversos factores de producción específicos para producir una composición bien balanceada de bienes de consumo variados. Los controles de precio globales, como ´ultima ratio´del conservadurismo, impide que se produzca dicha composición bien balanceada. El orden y la estabilidad sólo se generan en apariencia; en realidad son medios que crean caos de asignación y arbitrariedades, y de ese modo reducen el estándar general de vida. Adicionalmente y esto lleva a la discussion del segundo instrumento específico de política conservadora, es decir las regulaciones, aún si los precios son controlados masivamente esto sólo puede salvaguardar un orden existente de distribución de ingresos y riquezas si se asume de forma irrealista que los productos tanto como los productores son «estacionarios». Los cambios en el orden existente no pueden ser ignorados, sin embargo, si existen productos nuevos y diferentes, nuevas tecnologías productivas o emergen productores adicionales. Todo esto llevaría a una disrupción del orden existente, a medida que los viejos productos, tecnologías y productores, sujetos como están a los controles de precios, tendrían entonces que competir con productos y servicios nuevos además de diferentes (los cuales, ya que son nuevos, no están aún bajo controles de precios) y entonces probablemente pierdan parte de sus renta frente a los nuevos participantes en el transcurso del proceso competitivo. Para compensar tales disrupciones el conservadurismo podría nuevamente utilizar como mecanismo los impuestos y de hecho hasta cierto punto lo hace. Pero permitir que las innovaciones ocurran primero sin impedimento y luego gravar las ganancias de los innovadores y restaurar el viejo orden, es, como se explicó, un instrumento de política demasiado progresista para el conservadurismo. El conservadurismo prefiere las regulaciones como medio para prevenir o atenuar el efecto de las innovaciones, y los cambios sociales que ellas producen. 104 La forma más drástica de regular el sistema productivo sería simplemente prohibir cualquier innovación. Una política de ese tipo, debe señalarse, tiene adherentes entre aquellos que critican el «consumismo» de otros, es decir, el hecho de que hoy en día existen ya «demasiados» bienes y servicios en el Mercado, y que desean congelar o reducir la diversidad presente; y también, por razones ligeramente distintas, encuentra adherentes entre aquellos que quieren congelar la tecnología productiva actual por miedo a que las innovaciones, como las máquinas que ahorran trabajo humano, pudieran «destruir» empleos existentes. Sin embargo, una prohibición frontal de todo cambio innovador casi nunca se ha dado — por ejemplo y como reciente excepción, el régimen de Pol Pot— debido a la falta de apoyo en la opinión pública que jamás pudo ser persuadida de que dicha política no sería extremadamente costosa en términos de bienestar perdido. Bastante popular, sin embargo, ha sido un mecanismo algo moderado: si bien ningún cambio se prohibe en principio, toda innovación debe ser aprobada oficialmente (aprobada, en otras palabras, por gente distinta que el propio innovador) antes de poder ser implementada. De este modo, el conservadurismo argumenta, se garantiza que las innovaciones sean socialmente aceptables, que el progreso sea gradual, que puedan ser introducidas simultáneamente por todos los productores y que todos puedan obtener sus ventajas. La gremialización (cartelización) gubernamentalmente obligada es el medio más popular para alcanzar este efecto. Al requerir que todos los productores o que todos los productores de una industria, se vuelvan miembros de una organización supervisora —el cartel— se vuelve posible evitar el —demasiado visible— exceso de producción generado por los controles de precios mínimos, a través de la imposición de cuotas de producción. Más aún, las disrupciones causadas por cualquier acción innovadora pueden ser centralmente monitoreadas y moderadas. Pero mientras que este método ha ido ganando terreno constantemente en Europa y en un grado algo menor en los Estados Unidos, y si bien ciertos sectores de la economía están de hecho ya sujetos a controles similares, el instrumento social-conservador más popular y más frecuentemente utilizado es aquel de establecer estándares predefinidos para categorías predefinidas de productos o productores a los cuales todas las innovaciones deben someterse. Estas regulaciones establecen el tipo de características que una persona debe poseer (otras aparte de las «normales» de ser el propietario legítimo de los bienes y no dañar la integridad física de la propiedad de otros a través de las propias 105 acciones) para poder establecerse como productor de algún tipo; o estipularán la clase de pruebas (con respecto por ejemplo a materiales, apariencia o medidas) que un producto de un tipo determinado debe pasar antes de ser aprobado en el Mercado; o prescribirán revisiones definitivas que un avance tecnológico debe superar antes de ser aprobado como un método de producción nuevo. Con tales medidas reguladoras, las innovaciones no pueden ser ni completamente evitadas ni se puede evitar que algunos cambios puedan ser sorprendentes. Pero en la medida en que los estándares predefinidos a los cuales los cambios deben someterse necesariamente serán «conservadores», es decir, formulados en términos de productos, productores y tecnologías existentes, sirven al propósito del conservadurismo en el sentido de que volverán más lento el ritmo de las innovaciones y sus cambios y sorpresas resultantes. En cualquier caso, toda esta clase de regulaciones, principalmente los primeros y menos directamente los últimos en mencionarse, llevarán a una reducción del estándar general de la calidad de vida. Una innovación, es claro, sólo puede ser exitosa y permitir al innovador romper el orden existente de distribución de ingresos y riqueza, si es más altamente valorada que productos antiguos alternativos. La imposición de regulaciones, sin embargo, implica una redistribución de títulos de propiedad desde los innovadores y hacia los productores, productos y tecnologías establecidos. Por tanto, al socializar total o parcialmente las posibles ganancias de ingresos y riqueza provenientes de cambios innovadores en el proceso de producción y mutatis mutandis al total o parcialmente socializar las posibles pérdidas provenientes de no innovar, el proceso de innovación se volverá más lento, habrá menos innovadores e innovaciones, y en su lugar emergerá una marcada tendencia a mantener las cosas tal y como están. Eso implica nada más y nada menos que el proceso de aumento de satisfacción del consumidor al producir bienes y servicios más altamente valorados en formas más eficientes y menos costosas, se detiene, o al menos es entorpecido. Por tanto, incluso si es de una forma distinta que los controles de precios, las regulaciones también harán que la estructura de producción se descoordine con la demanda. Y mientras que eso puede ayudar a salvaguardar una estructura de distribución de la riqueza existente, nuevamente debe ser pagado por un declive en la riqueza general que se incorpora a esa misma estructura de producción. 106 Finalmente, el tercer instrumento específicamente conservador de política es el control de comportamientos. Los controles de precio y las regulaciones congelan el lado de la oferta de un sistema económico y de esa forma lo divorcian de la demanda. Pero esto no impide que aparezcan cambios en la demanda; sólo hace que la oferta no pueda responder a ellos. Y así, puede ocurrir que no sólo emerjan discrepancias sino que se vuelvan dramáticamente evidentes como tales. Los controles de comportamiento son políticas designadas para controlar el lado de la demanda. Apuntan a evitar o retardar los cambios en la demanda para volver la falta de capacidad de respuesta del lado de la oferta menos visible, completando de ese modo la tarea del conservadurismo: la preservación del orden existente frente a cambios de cualquier tipo. Los controles de precio y las regulaciones por un lado, y los controles del comportamiento por el otro, son entonces los dos aspectos complementarios de una política conservadora. Puede argumentarse con gran acierto que es ese lado de los controles de comportamiento la característica más distintiva de una política conservadora. Si bien las distintas formas de socialismo favorecen distintas categorías de personas no productivas y no innovadoras a expensas de diversas categorías de productores e innovadores potenciales, tanto como cualquier otra variante de socialismo, el conservadurismo tiende a fomentar la existencia de gente menos productiva y menos innovadora, forzándoles a aumentar el consumo o a canalizar sus energías productivas e innovadoras hacia los mercados negros. Pero de todas las formas de socialismo, solamente el conservadurismo interfiere directamente con el consumo y los intercambios no-comerciales. (El resto de formas de socialismo, desde luego, tienen su efecto en el consumo también, en la medida en que llevan a una reducción en el estándar de vida; pero a diferencia del conservadurismo, dejan al consumidor a su suerte con lo que sea que quede disponible para su consumo). El conservadurismo no sólo daña el desarrollo de nuestros talentos productivos ; bajo el concepto de «paternalismo» también busca congelar el comportamiento de la gente en su rol de consumidores individuales o como partes de una relación de intercambio no-comercial, y de ese modo también entorpece o suprime el propio talento para desarrollar un estilo de vida que satisfaga mejor las necesidades recreativas propias. Cualquier cambio en el patrón de comportamiento del consumidor tiene sus efectos económicos. (Si dejo más larga mi cabellera esto afecta a las peluquerías y la industria de las tijeras; si alguna gente se divorcia esto afecta a los abogados y el mercado de vivienda; si empiezo a fumar cannabis esto tiene consecuencias no sólo para el uso de tierra agrícola sino también para la industria de helados, etc; y sobre todo, tal comportamiento desequilibra el sistema de valores de quienquiera se sienta afectado por él). Cualquier cambio puede parecer entonces ser un elemento irruptor vis a vis la estructura conservadora de producción. Por ende, el conservadurismo, en principio, tendría que considerar todas las acciones, el total de los estilos de vida, de la gente en sus roles como consumidores individuales o interrelacionados no-comercialmente como objeto de los controles de comportamiento. El conservadurismo integral equivaldría al establecimiento de un sistema social en que todo excepto la forma tradicional de comportarse (que es explícitamente permitida) esté prohibido. En la práctica, el conservadurismo jamás iría tan lejos, ya que existen costos asociados a los controles y porque tendría que lidiar con una creciente resistencia en la opinión pública. El conservadurismo «normal», entonces, se caracteriza por leyes específicas y prohibiciones menores en alcance pero en grandes cantidades que vuelven ilegal y castigan muchas formas de comportamiento no-agresivo de consumidores individuales o de gente participando de tratos no-comerciales pacíficos— es decir, acciones que en efecto realizadas ni cambiarían la integridad física de la propiedad de nadie ni violarían el derecho de nadie de negarse a relacionarse de forma no-beneficiosa— simplemente porque resultan molestos para el orden «paternal» de valores sociales. Nuevamente, el efecto de una política para el control de comportamientos, es en todo caso, el empobrecimiento relativo. A través de la imposición de tales controles no sólo un grupo de gente es afectado por el hecho de que ya no pueden participar de ciertos comportamientos pacíficos sino que otro grupo se beneficia de tales controles en la medida en que ya no tienen que tolerar tales formas de comportamiento que les disgustan. Más específicamente, los perdedores en esta redistribución de derechos de propiedad son los usuarios-productores de las cosas cuyo consumo está ahora impedido, y ganan relativamente los no-usuarios y no-productores de los bienes de consumo en cuestión. De este modo, una nueva y diferente estructura con respecto a la producción o no-producción es establecida y aplicada a una población. La producción de bienes de consumo ha sido vuelta más costosa ya que su valor ha caído como consecuencia de la imposición de controles con respecto a su uso, y mutatis mutandis, la adquisición de satisfacción del consumidor 108 mediante medios no-productivos y no-contractuales ha sido hecha relativamente menos costosa. Como consecuencia, habrá menos producción, menos ahorro e inversión y una mayor tendencia más bien a obtener satisfacción a expensas de otros mediante métodos políticos (agresivos). Y, en particular, en la medida en que las restricciones impuestas por controles de comportamiento impliquen los usos que una persona puede hacer de su propio cuerpo, la consecuencia será un menor valor atribuido a él y consecuentemente, una reducción de la inversión en capital humano. Con esto hemos llegado al final de nuestro análisis teórico del conservadurismo como forma particular de socialismo. Nuevamente, para completar la discusión se hará algunos comentarios que ayuden a ilustrar la validez de las conclusiones anteriormente mencionadas. Al igual que en la discusión del socialismo socialdemócrata, estas observaciones ilustradoras deben ser leídas con precauciones: en primer lugar, la validez de las conclusiones obtenidas en este capítulo pueden y deben ser establecidas independientemente de la experiencia. Y segundo, en tanto a la experiencia y la evidencia empírica conciernen, desafortunadamente no existen ejemplos de sociedades que puedan ser estudiadas con respecto a los efectos del conservadurismo en la misma medida en que se puede con las otras variantes de socialismo y capitalismo. No existe un caso cuasi-experimental de estudio de un país que por sí solo pueda proveerle a uno lo que se considera evidencia «notoria». La realidad es más bien una en que todo tipo de políticas —conservadoras, socialdemócratas, Marxista-socialistas y también capitalista-liberales— están tan mezcladas y combinadas, que sus efectos no pueden ser conectados «limpiamente» con causas definidas, pero que deben ser desenrolladas y atribuidas nuevamente por medios primeramente teóricos. Dicho esto, sin embargo, algo puede decirse con total precisión sobre el rendimiento del conservadurismo en la historia. Una vez más la diferencia entre los estándares de vida entre los Estados Unidos y los países de Europa Occidental (tomados en su conjunto) permite una observación que encaja con el cuadro teórico. Ciertamente, como se mencionó en el capítulo anterior, Europa tiene más socialismo redistributivo —como índica grosso modo el nivel de impuestos— que los Estados Unidos, y es más pobre debido a esto. Pero más notable aún es la diferencia que existe entre los dos con respecto al grado de conservadurismo. Europa tiene un pasado feudal que es palpable hasta nuestros días, en particular en forma de numerosas regulaciones que restringen el comercio y la entrada a distintas industrias, y prohibiciones de acciones pacíficas (no- 109 agresivas), mientras que los Estados Unidos son notablemente libres de un pasado así. Atado a esto está el hecho de que por largos períodos durante el siglo XIX y XX, Europa ha sido moldeada por políticas de partidos más o menos explícitamente conservadores más que por cualquier otra ideología política, mientras que por otro lado un partido genuinamente conservador nunca ha existido en los Estados Unidos. En realidad, incluso los partidos socialistas de Europa Occidental fueron impregnados en gran medida por el conservadurismo, en particular bajo la influencia de los sindicatos de obreros, e impusieron numerosos elementos social-conservadores (regulaciones y controles de precios) en las sociedades europeas durante sus períodos de influencia (cuando más bien por el contrario lucharon por abolir algunos de los controles de comportamiento conservadores). En todo caso, dado que Europa es más socialista que los Estados Unidos y sus estándares de vida son relativamente menores, esto se debe menos a la influencia del socialismo socialdemócrata en Europa y más a la influencia del social-conservadurismo, lo cual se evidencia más que en una diferencia de niveles de impuestos, sino en el significativamente más alto número de controles de precios, regulaciones y controles del comportamiento en Europa. Me apresuraré a añadir que los Estados Unidos no es más rico de lo que es actualmente ni muestra su vigor económico del siglo XIX, no sólo porque adoptó más y más políticas socialistas redistributivas a lo largo del tiempo, sino mucho más porque ese país también, fue gradualmente volviéndose presa de una ideología conservadora de querer proteger un statu quo en la distribución de ingresos y riqueza frente a la competencia, y en particular la posición de propietarios entre los productores existentes por medio de regulaciones y controles de precios. En un nivel incluso más global, otra observación calza con el cuadro teóricamente del conservadurismo como causante de empobrecimiento. Ya que afuera del así llamado mundo occidental, los únicos países que igualan el miserable desempeño de los regímenes de socialismo marxista son precisamente aquellas sociedades en Latinoamérica y Asia que jamás han tenido un rompimiento serio con su pasado feudal. En estas sociedades, vastas áreas de la economía están incluso ahora completamente exentas de la esfera y de la presión de la libertad y la competencia y están más bien encerradas en su posición tradicional por medios reguladores y ejercidos como es de esperar, por medio de la fuerza. 110 A nivel de observaciones más específicas los datos también indican claramente lo que la teoría le llevaría a uno a esperar. Volviendo a Europa Occidental, de que de los países europeos más grandes, Italia y Francia son los más conservadores, especialmente si se comparan con las naciones del norte, las cuales en cuanto a socialismo se refiere, se han tornado mucho más hacia su versión redistributiva. Mientras que el nivel de impuestos en Italia y Francia (gasto estatal como porción de su PIB) no es más alto que en el resto de Europa, estos dos países claramente exhiben más elementos social-conservadores que en cualquier otra parte. Tanto Italia como Francia están plagadas literalmente de miles de controles de precios y regulaciones, volviendo altamente dudoso que algún sector de sus economías pueda ser llamado «libre» con alguna justificación. Como consecuencia (y tal como puede predecirse), el estándar de vida en ambos países es significativamente menor que aquél del norte europeo, como cualquiera que viaje más allá de lugares netamente turísticos no podría dejar de notar. En ambos países, desde luego, uno de los objetivos del conservadurismo parece haber sido alcanzado: las diferencias entre los propietarios y los no propietarios han sido muy bien preservadas —uno difícilmente encontrará diferencias de ingresos y riqueza tan extremas en Alemania o los Estados Unidos como en Italia o Francia— pero al precio de una caída de la riqueza socialmente disponible. En efecto, esta caída es tan significativa que el estándar de vida para la clase baja y media-baja de ambos países es en el mejor de los casos apenas mejor que aquél en los países más liberalizados del Bloque Oriental. Y las provincias sureñas de Italia, en particular, donde aún más regulaciones han sido amontonadas encima de aquéllas en rigor en todo el resto del país, apenas han abandonado el grupo de las naciones del tercer mundo. Finalmente, como un último ejemplo que ilustra el empobrecimiento causado por las políticas conservadoras, la experiencia con el nacional-socialismo en Alemania y en menor grado con el fascismo en Italia debe ser mencionada. A menudo no se entiende que ambos fueron movimientos socialista-conservadores. Es en tal forma, es decir, como movimientos dirigidos contra el cambio y las disrupciones sociales causadas por las fuerzas dinámicas de una economía libre, que aquéllos —y no los movimientos de socialismo marxista— pudieron encontrar apoyo entre los propietarios establecidos, los tenderos, los agricultores y empresarios. Pero derivar de esto la conclusión de que debe haber sido un movimiento pro-capitalista o incluso la etapa más avanzada en el desarrollo del capitalismo antes de su destrucción 111 final, como hacen los marxistas normalmente, es completamente equivocado. En realidad, el enemigo más fervorosamente aborrecido por el fascismo y el nacional-socialismo no era el socialismo como tal, sino el liberalismo. Desde luego, ambos detestaban el socialismo de los marxistas y bolcheviques, porque al menos ideológicamente eran internacionalistas y pacifistas (al confiar en las fuerzas de la historia que llevarían a la destrucción del capitalismo desde adentro), mientras que el fascismo y el nazismo eran movimientos nacionalistas dedicados a la guerra y la conquista; y probablemente más importante con respecto a su apoyo público, debido a que el marxismo implicaba que los propietarios iban a ser expropiados por los no-propietarios y por ende el orden social sería trastornado totalmente, mientras que el fascismo y el nazismo prometían preservar el orden establecido. Pero, y esto es decisivo para clasificarles como movimientos socialistas (y no como capitalistas), buscar ese objetivo implica —como se ha explicado en detalle anteriormente— una negación del derecho del usuario-propietario de las cosas de hacer con ellas lo que le parezca mejor (dado que uno no dañe físicamente la propiedad de otro o participe de intercambios no-voluntarios, es decir, forzados) tan concreta como la que resulta de una expropiación de los propietarios naturales por la «sociedad» (es decir, por gente que ni produjo ni adquirió contractualmente las cosas en cuestión) como en la política marxista. Y en efecto, para alcanzar este objetivo tanto el fascismo como el nazismo hicieron exactamente lo que su clasificación como socialista-conservadores le llevaría a uno a esperar: establecieron economías altamente controladas y reguladas en que la propiedad privada existía todavía nominalmente, pero en la práctica había perdido su significado, ya que el derecho de determinar el uso de las cosas había sido casi completamente transferido a instituciones políticas. Los nazis, en particular, impusieron un sistema de controles de precios casi completo (incluyendo controles de salarios), concibieron la institución de planes cuatrienales (casi como en Rusia, donde los planes se extendían por un período de cinco años) y establecieron organismos de planificación y supervisión económicas que debían aprobar cualquier cambio significativo en la estructura productiva. Un «propietario» ya no podía decidir qué producir o cómo producirlo, de quién comprar o a quién vender, qué precios pagar o cobrar, o cómo implementar cualquier cambio. Todo esto, desde luego, creaba una atmósfera de seguridad. A todos se les asignaba una posición fija, y tanto asalariados como dueños de capital recibían un ingreso estable o creciente, en términos nominales. Adicionalmente, programas gigantescos de trabajos forzados, la introducción del servicio militar obligatorio y finalmente la implementación de una economía de guerra fortalecieron la ilusión de una expansión económica y prosperidad. Pero como podría esperarse de un sistema económico que destruye el incentivo del productor para ajustar sus planes a la demanda y evitar descoordinarse con ella, y que en la práctica separa la demanda de la producción, esta sensación de prosperidad probó no ser nada más que una ilusión. En realidad, en términos de los bienes que la gente podía comprar con su dinero, el estándar de vida cayó, no sólo en términos relativos sino también absolutos. Y en todo caso, incluso dejando de tomar en cuenta toda la destrucción causada por la guerra, Alemania y en un grado menor Italia, se vieron severamente empobrecidas luego de la derrota de los nazis y los fascistas.

Capítulo 6

El Socialismo de ingeniería social y los fundamentos del análisis económico

A la luz de los argumentos teóricos presentados en los capítulos precedentes se observa que no hay justificación económica para el socialismo. El socialismo prometía traer más prosperidad económica a las personas que el capitalismo, y gran parte de su popularidad está basada en esa promesa. Los argumentos presentados, sin embargo, han probado que lo opuesto es verdad. Se ha demostrado que el socialismo de tipo ruso, caracterizado por medios de producción nacionalizados o socializados, necesariamente implica desperdicio económico dado que no existen precios para los factores de producción (porque a los medios de producción no se les permitía ser comprados o vendidos), y por lo tanto no podía hacerse contabilidad de costos (que es la forma de dirigir los recursos escasos con usos alternativos a las líneas de producción con mayor valor productivo.) Y en cuanto al socialismo social-demócrata y al conservador, se ha demostrado que, en cualquier caso, ambos implican un aumento en los costos de producción y, mutatis mutandis, una disminución en los costos de su alternativa, es decir, la no-producción o producción en el mercado negro, y eso conduciría a una reducción relativa en la producción de la riqueza, ya que ambas versiones del socialismo establecen una estructura de incentivos que (en comparación a un sistema capitalista) favorece relativamente a no-productores y no-contratistas respecto a los productores y contratistas de bienes, productos y servicios.

La experiencia, también apoya esta idea. En general, los niveles de vida en los países de Europa del Este son significativamente más bajos que en Europa occidental, donde el grado en que la socialización de los medios de producción que ha tenido lugar, aunque ciertamente notable, es relativamente mucho menor. Además, siempre que se amplía el grado de redistribución de la riqueza y la proporción de lo producido que se redistribuye es mayor, como, por ejemplo, en Alemania del Este durante la década de 1970 bajo el gobierno de coaliciones liberales social-demócratas, hay un retraso en la producción social de la riqueza o incluso una reducción absoluta en la general nivel de vida. Y cuando una sociedad quiere preservar el statu quo, es decir, un determinado ingreso y la distribución de riqueza, por medio de controles de precios, regulaciones, y controles de comportamiento —como, por ejemplo, en la Alemania de Hitler o la actual Italia y Francia— el nivel de vida constantemente se queda cada vez más atrás con respecto al de sociedades más liberales (capitalistas).

Sin embargo, el socialismo está muy vivo y bien, incluso en Occidente, donde el socialismo social-demócrata y el conservadurismo se han mantenido como ideologías poderosas. ¿Cómo pudo suceder esto? Un factor importante es que sus seguidores abandonaron la idea original de la superioridad económica del socialismo y en su lugar, recurrieron a un argumento completamente diferente: que el socialismo no puede ser económicamente superior, pero es moralmente preferible. Esa afirmación será considerada en el capítulo 7. Pero ése no es el final de la historia. El socialismo incluso ha recuperado fuerza en el campo de la economía. Esto fue posible porque el socialismo combinó sus fuerzas con la ideología del empirismo, que tradicionalmente ha sido fuerte en el mundo anglosajón y que, en particular, a través de la influencia del llamado Círculo de Viena de los filósofos positivistas, se convirtió en la filosofía-epistemología-metodología dominante del siglo XX, no sólo en el ámbito de las ciencias naturales, sino también en las ciencias sociales y economía. Esto se aplica no sólo a los filósofos y metodólogos de estas ciencias (que, dicho sea de paso, ya se han liberado del hechizo del empirismo y el positivismo), pero probablemente aún más a los practicantes y seguidores (que aún están en gran medida bajo su influencia). Combinando su fuerza con el empirismo o positivismo, que incluye para nuestro propósito el tal llamado racionalismo crítico de K. R. Popper y sus seguidores, el socialismo se convirtió en lo que desde entonces se conocería como el «socialismo de ingeniería social.» Es una forma de socialismo muy diferente en su estilo de razonamiento al del marxismo tradicional, que era mucho más racionalista y deductivo —uno que Marx adoptó del economista clásico D. Ricardo, la fuente más importante para los escritos económicos del propio Marx. Pero parece precisamente debido a esta diferencia en el estilo que el socialismo de ingeniería social ha sido capaz de ganar más y más apoyo de los socialistas social-demócratas y conservadores. En Alemania Occidental, por ejemplo, la ideología de la «ingeniería social gradual», como K.R. Popper llamó a su filosofía social, se ha convertido ahora en la base común de los «moderados» en todos los partidos políticos, y sólo doctrinarios, según parece, de uno y otro lado no se suscriben a él. El ex-canciller del partido Social-Demócrata Alemán Helmut Schmidt incluso endorsó públicamente el popperianismo como su filosofía personal. Sin embargo, es en los Estados Unidos que esta filosofía está, probablemente, más profundamente arraigada, ya que está hecha casi a medida de la manera americana de pensar en términos de problemas prácticos y métodos y soluciones pragmáticas.

¿Cómo podría el empirismo-positivismo ayudar a salvar el socialismo? A un nivel muy abstracto la respuesta debe ser clara. El empirismo-positivismo debe ser capaz de dar razones de porqué todos los argumentos dados hasta ahora han fallado; debe tratar de probar que no se pueden sacar las conclusiones como las que yo he sacado y aún así hacerse llamar racional y operar de acuerdo a las reglas de investigación científica. ¿Pero cómo, en detalle, puede lograr esto? En esto, la filosofía del empirismo y positivismo ofrece dos argumentos aparentemente buenos. El primero y, de hecho el más importante de sus principios es: el conocimiento sobre la realidad, que es llamado conocimiento empírico, debe ser verificable o por lo menos falsable por la experiencia; y la experiencia siempre es de tal tipo que podría, en principio, haber sido diferente de lo que realmente fue, de tal forma que nadie puede saber de antemano —es decir, antes de realmente haber tenido algún experimento en particular— si el resultado será de una manera u otra. Si, mutatis mutandis, el conocimiento no es verificable o falsable por la experiencia, entonces no es conocimiento sobre algo real —es decir, conocimiento empírico— sino simplemente conocimiento sobre palabras, sobre el uso de términos, sobre los signos y sus reglas de transformación —o conocimiento analítico. Y es muy dudoso que el conocimiento analítico sea incluso clasificado como «conocimiento.»

Si uno asume esta posición, como asumiré por el momento, no es difícil ver cómo los argumentos que presenté anteriormente pueden ser rechazados —los argumentos sobre la imposibilidad del cálculo económico y sobre cómo el aumento de costos de las medidas social-demócratas o conservadoras necesariamente conducen a una disminución en la producción de bienes y servicios, y por lo tanto a la reducción de los niveles de vida, que evidentemente pretendían ser válidos a priori, esto es, no falsables por ningún tipo de experimento, sino por el contrario entendidos como verdaderos antes de cualquier experiencia posterior. Ahora, si eso fuese cierto, entonces de acuerdo al canon primero y central del empirismo-positivismo, este argumento no podría contener ninguna información acerca de la realidad, sino que tendría que ser considerado como simples balbuceos verbales —un ejercicio de transformaciones tautológicas de palabras como «costo», «producción», «cantidad producida», «consumo»— que no dicen nada acerca de la realidad. Por tanto, el empirismo concluye, en lo concerniente a la realidad —es decir, a las consecuencias reales del socialismo real— los argumentos presentados hasta el momento no tienen fuerza alguna. En vez de eso, para decir algo convincente sobre el socialismo, sólo la experiencia puede ser considerada decisiva.

Si eso fuera cierto (como todavía seguiré asumiendo), se podrían desechar de un solo golpe todos los argumentos económicos contra el socialismo que he presentado como de naturaleza categórica. Simplemente no podría haber nada categórico acerca de la realidad. Pero incluso entonces, ¿no tendría el empirismo-positivismo aún que encarar las experiencias reales del socialismo real, y no tendría que ser tal resultado decisivo? En los capítulos anteriores se puso mucho más énfasis en las razones lógicas, de principios, y categóricas (todos utilizados aquí como sinónimos) contra las afirmaciones socialistas de ofrecer un mejor camino hacia la prosperidad económica que el capitalismo; y la experiencia fue citada sólo de forma vaga con el fin de ilustrar una tesis cuya validez podía haberse conocido, en última instancia, independiente de la experiencia ilustrativa. A pesar de eso, ¿no sería la experiencia citada, de forma no sistemática, incluso suficiente para establecer el caso contra el socialismo?

La respuesta a estas preguntas es un decisivo «no». El segundo principio del empirismo-positivismo explica por qué. El segundo principio formula la extensión o más bien la aplicación del primero al problema de la causalidad, y de la explicación causal o predicción. Explicar causalmente o predecir un fenómeno real es formular una proposición de tipo «si A, entonces B» o, si las variables permiten medición cuantitativa, «si un aumento (o disminución) de A, entonces un aumento (o disminución) de B.» Siendo una proposición que se refiere a la realidad (con A y B siendo fenómenos reales), su validez no puede nunca establecerse con certeza, esto es, examinando la proposición sola o cualquier otra proposición desde la cual la que estamos analizando pudo ser a su vez lógicamente deducida, sino que siempre será y seguirá siendo hipotética, dependiendo de los resultados de las experiencias futuras que no pueden ser conocidas de antemano. Si un experimento confirma una explicación causal hipotética, esto es, si uno observa una instancia donde B siguió a A, como se predijo, esto no probaría que la hipótesis es cierta, dado que A y B son términos generales y abstractos («universales», como opuestos a «nombres propios») que se refieren a eventos o procesos para los cuales hay (o, al menos en principio, podría haber) un número indeterminado de casos, y por lo tanto experimentos posteriores podrían aún posiblemente falsarla. Y si un experimento falsa una hipótesis, esto es, si se observa una instancia en que A no fue seguida por B, esto no sería decisivo tampoco, ya que aún podría ser posible que los fenómenos hipotéticamente relacionados estén de hecho ligados causalmente y que alguna otra circunstancia («variable») olvidada o no controlada simplemente haya impedido que la relación hipótetizada fuese realmente observada. Una falsación sólo probaría que la hipótesis particular bajo investigación no era completamente correcta en su forma actual, sino que más bien necesita un poco de refinamiento, esto es, alguna especificación de variables adicionales a las que uno debe prestar atención y controlar con el fin de poder observar la relación hipotetizada entre A y B. Pero aclaremos, una falsación nunca demostraría de una vez por todas que la relación entre unos fenómenos dados no existe.

Si uno acepta que la posición empirista-positivista de la explicación causal es correcta, es fácil ver cómo el socialismo puede ser rescatado de las críticas empíricamente justificadas. Por supuesto, un socialista-empirista no negaría los hechos. No negaría que, efectivamente, hay un estándar de vida más bajo en Europa del Este que en Europa Occidental, y que se han encontrado correlaciones entre el aumento de impuestos, o una política conservadora de regulaciones y controles, y el retraso o la reducción en la producción de riqueza económica. Pero dentro de los límites de su metodología él bien podría negar que sobre la base de esas experiencias se pueda sostener un caso contra el socialismo y su pretensión de ofrecer un camino más prometedor hacia la prosperidad. Él podría, por así decirlo, restar importancia a las (aparentemente) experiencias de falsación, y cualquier otra experiencia que pudiera ser citada, como meramente accidentales; como experiencias que fueron observadas debido a algunas circunstancias desafortunadamente olvidadas y no controladas, que podrían desaparecer y, de hecho mostrarían lo contrario, revelando la verdadera relación entre el socialismo y un aumento en la producción de la riqueza social, tan pronto como esas circunstancias sean controladas. Incluso las notables diferencias en el nivel de vida entre Alemania del Este y Alemania Occidental —ejemplo que enfatizo bastante porque es lo que más se asemeja a un experimento social controlado— podría así ser explicado de otra forma: argumentando, por ejemplo, que el nivel de vida más alto en el oeste no se debe a su modo de producción más capitalista, sino por el hecho de que el Plan Marshall canalizó ayuda a Alemania Occidental mientras que Alemania del Este tuvo que pagar reparaciones a la Unión Soviética; o por el hecho de que desde el principio, Alemania del Este abarcaba las provincias rurales menos desarrolladas y agrícolas de Alemania, por lo que nunca tuvieron el mismo punto de partida; o que en las provincias del este la servidumbre fue abandonada mucho después que en las de occidente por lo que la mentalidad de la gente era de hecho diferente en Alemania del Este y Occidente, etc.

De hecho, cualquier tipo de evidencia empírica que uno presente contra el socialismo, tan pronto como se adopta la filosofía empirista-positivista, esto es, tan pronto como la idea de formular un caso basado en un principio a favor o en contra del socialismo es abandonada como vana y mal concebida, y en lugar de eso se admite solamente que uno puede errar en lo referente a los detalles del plan de política socialista, pero que siendo lo suficientemente flexible para enmendar ciertos puntos en la política siempre que el resultado no sea satisfactorio, el socialismo se hace inmune a cualquier crítica decisiva, porque cualquier falla siempre puede ser atribuida a alguna variable aún no controlada. Debe notarse que ni siquiera el experimento mejor realizado y controlado, podría cambiar esta situación en lo mínimo. Nunca sería posible controlar todas las variables que podrían concebiblemente tener alguna influencia sobre la variable a ser explicada —por la razón práctica de que eso podría implicar controlar, literalmente, todo el universo, y por la razón teórica de que nadie en un momento dado del tiempo podría conocer cuáles son todas las variables que constituyen el universo. Ésa es una pregunta cuya respuesta tiene que estar permanente abierta a nuevos descubrimientos y experiencias. Por lo tanto, la estrategia de inmunización descrita anteriormente funcionaría sin excepción y sin fallar. Y puesto que, como sabemos por los escritos de los propios empiristas, y, en particular los de D. Hume, no existe una «banda» que uno pueda observar conectando visiblemente ciertas variables como las causas y efectos, debe notarse que no hay ninguna manera de excluir cualquier variable como posible influencia sin antes probarla y controlarla. Ni siquiera las variables más absurdas y ridículas, como, por ejemplo, las diferencias en el clima, o una mosca volando en un caso pero no en el otro, se pueden descartar de antemano; todo lo que se puede hacer es apuntar a la experiencia nuevamente. («Moscas volando o no volando nunca hicieron diferencia alguna en el resultado del experimento.») Pero de acuerdo a la doctrina empirista, esta experiencia, refiriéndose, como hace, sólo a instancias anteriores, una vez más no ayudaría a decidir el asunto definitivamente, y hacer referencia a ella sólo equivaldría a asumir la respuesta.

No importa los cargos que sean presentados contra el socialismo, pues, siempre que estén basados en evidencia empírica el empirista-socialista podría argumentar que no hay manera de saber de antemano cuáles son los resultados de cierta política sin antes ejecutarla y dejar que el experimento hable por sí mismo. Y cualquiera sean los resultados observables, la idea socialista original —el «núcleo fuerte» del «programa de investigación» de uno, como el filósofo neo-popperiano Lakatos dice— siempre puede ser fácilmente rescatada señalando algunas variables omitidas, más o menos posibles, cuyo no-control es hipotetizado como responsable del resultado negativo, con la nueva hipótesis revisada necesitando ser probada indefinidamente ad infinitum. La experiencia sólo nos dice que una política socialista particular no alcanzó la meta de producir más riqueza; pero nunca nos puede decir si una política ligeramente diferente producirá resultados diferentes, o si es posible alcanzar el objetivo de mejorar la producción de la riqueza a través de una política socialista en absoluto.

He llegado ahora al punto de mi argumento en que deberé retar la validez de estos dos dogmas centrales del empirismo-positivismo. ¿Cuál es su error, y por qué ni siquiera el empirismo puede salvar al socialismo? La respuesta se dará en tres etapas. En primer lugar, voy a demostrar que en un análisis más detallado la posición empirista se auto-destruye, dado que ella tiene, por menos implícitamente, que asumir y presuponer la existencia de conocimiento no-empírico como conocimiento sobre la realidad. Siendo esto principalmente una tarea destructiva, tendré luego que abordar la cuestión de cómo es posible tener o concebir conocimiento sobre la realidad que no está sujeto a confirmación o falsación de por experiencia. Y en tercer lugar, mostraré que tal conocimiento no sólo es concebible y debe presuponerse, sino que es la instancia irrefutable que sirve de base epistemológica firme sobre la que el caso económico contra el socialismo puede ser, y de hecho ha sido todo este tiempo, construido.

A pesar de la aparente posibilidad de las ideas centrales del empirismo, debe notarse desde el principio que incluso a nivel de intuición las cosas no parecen ser exactamente como el empirismo quiere que sean. Ciertamente, no es evidente que la lógica, las matemáticas, la geometría, y también algunas afirmaciones de economía pura, como la ley de oferta y demanda o la teoría cuantitativa del dinero, porque no permiten falsación por experiencia, o mejor dicho porque su validez es independiente de la experiencia, no nos den información sobre la realidad sino que sean simples juegos verbales. Lo contrario parece mucho más posible: que las proposiciones desarrolladas por estas disciplinas —por ejemplo, una afirmación de geometría como «Si una línea recta S y un círculo C tiene más de un punto en común, entonces S tiene exactamente dos puntos en común con C,» o una afirmación más cercana relacionada al campo de la acción que es lo que me tiene más interesado aquí: «Uno no puede tener guardado un pastel y al mismo tiempo comérselo»— de hecho informan acerca de la realidad e informan acerca de lo que no puede ser diferente en la realidad bajo pena de contradicción. Si yo tenía un pastel y me lo comí, se puede concluir que yo no lo tengo más —y eso es claramente una conclusión que nos informa sobre la realidad sin ser falsable por la experiencia.

Pero mucho más importante que la intuición, por supuesto, es el análisis reflexivo, y éste probará que la posición empirista simplemente se auto-destruye. Si fuese cierto que el conocimiento empírico debe ser falsable por la experiencia y que el conocimiento analítico, que no es muy falsable, por tanto no puede contener ningún conocimiento empírico, entonces, ¿qué tipo de afirmación es esa afirmación fundamental del empirismo mismo? Tiene que ser analítica o empírica. Si es analítica, entonces, de acuerdo a su propia doctrina esa proposición no es más que unos garabatos sobre papel, palabras al aire, completamente vacía de contenido significativo. Es sólo porque a los términos utilizados en tal afirmación, como «conocimiento», «experiencia», «falsable», etc., se les había dado ya una interpretación significativa, que esto se puede entender. Pero la completa falta de significado de las afirmaciones analíticas sigue concluyentemente de la ideología empirista-positivista. Por supuesto, y ésta es la primera trampa autodestructiva, si eso fuese cierto, el empirismo ni siquiera podría decir y significar lo que parece decir y significar, no sería más que un susurro de hojas en el viento. Para tener algún significado, una interpretación debe ser dada a los términos utilizados, y una interpretación de términos, sin duda, siempre es (siempre y cuando una expresión no pueda ser explicada en términos de otra) en un asunto práctico; un hecho en el que el uso de un término es practicado y aprendido con instancias reales del concepto designado por el término, y por el cual un término está entonces atado a la realidad. Sin embargo, no cualquier interpretación arbitraria logra ese resultado: «falsable», por ejemplo, no significa «rojo» o «verde.» Para decir lo que el empirismo-positivismo evidentemente quiere decir en la formulación de sus principios básicos, a los términos se les debe haber dado el significado que realmente tienen para el empirista así como para aquéllos a quienes quiere convencer de que su metodología es correcta. Pero si la afirmación de hecho significa lo que pensamos que significaba todo ese tiempo, entonces es evidente que contiene información acerca de la realidad. De hecho nos informa sobre la estructura fundamental de la realidad: que no hay nada en ella que pueda considerarse verdadero antes de experiencias futuras de confirmación o falsación. Y si esa proposición se considera analítica, esto es, una afirmación que no permite falsación, pero cuya verdad puede ser establecida a través de un análisis del significado de los términos utilizados, como se ha asumido por el momento, entonces uno se encuentra frente a una flagrante contradicción y el empirismo, una vez más se destruye a sí mismo.

Por lo tanto, parece que el empirismo-positivismo tendría que elegir la otra opción disponible y declarar que su credo es un enunciado empírico. Pero entonces, claramente, la posición empirista pierde toda relevancia: después de todo, la proposición fundamental del empirismo, de que sirve de base de la que se derivan todas las reglas de la correcta investigación científica, podría estar equivocada, y nunca nadie podría estar seguro de si es o no así. De igual forma uno bien podría afirmar lo opuesto y dentro de los límites del empirismo no habría manera de decidir qué posición es correcta o incorrecta. De hecho, si su principio central fuese declarado una proposición empírica, el empirismo dejaría de ser una metodo-logía —una lógica de la ciencia— por completo, y no sería más que una convención verbal completamente arbitraria que llama con ciertos nombres (arbitrarios) a ciertas formas (arbitrarias) de lidiar con ciertas afirmaciones. Sería una posición vacía de justificación de porqué debería, en lugar de cualquier otra, ser adoptada.

Sin embargo, esto no es todo lo que puede decirse contra el empirismo, incluso si la segunda alternativa disponible es elegida. En una inspección más detallada, esa ruta de escape lleva a otra trampa auto-destructiva. Incluso si esta ruta fuese elegida, se puede demostrar que la posición empirista-positivista tiene que tácitamente presuponer la existencia de conocimiento no empírico como conocimiento «real». Para entender esto, supongamos que se ha encontrado que una explicación causal que relaciona dos o más eventos se ajusta a una instancia particular de experiencias sobre tales eventos, y es luego aplicada a una segunda instancia, presumiblemente para someterla a algunas pruebas empíricas adicionales. Ahora, uno debe preguntarse ¿qué es lo que debe presuponerse con el fin de relacionar la segunda instancia de la experiencia con la primera, ya sea para confirmarla o falsearla? En un comienzo puede parecer casi autoevidente que si en la segunda instancia de la experiencia se repitieron las observaciones de la primera, esto sería una confirmación, y si no, una falsación —y claramente, la metodología empirista asume que esto también es evidente y que no requiere mayor explicación. Pero esto no es verdad. La experiencia, cabe señalar, sólo revela que dos o más observaciones con respecto a la secuencia temporal de dos o más tipos de eventos pueden ser «neutralmente» clasificadas como «repetición» o «no-repetición». Una repetición neutra sólo se convierte en un confirmación «positiva» y una no-repetición en una falsación «negativa» si, independiente de lo que pueda ser descubierto por la experiencia, se asume que hay causas constantes que operan de forma invariable en el tiempo. Si, al contrario, se asume que las causas en el transcurso del tiempo podrían operar a veces de una manera y a veces de otra manera, entonces esas ocurrencias repetitivas o no-repetitivas simplemente son y siguen siendo experiencias neutralmente registradas, completamente independientes entre sí, y no están de ninguna manera lógicamente relacionadas confirmándose o falseándose entre sí. Hay una experiencia y luego otra, son iguales o son diferentes, pero eso es todo lo que hay, nada más se desprende de eso.

Así, el prerrequisito para ser capaz de decir «falsear» o «confirmar» es el principio de constancia: la convicción de que los fenómenos observables son en principio determinados por causas que son constantes e invariables en el tiempo en la forma en que operan, y que en principio, la contingencia no desempeña ningún papel en la forma en que operan las causas. Sólo si se asume como válido el principio de constancia se desprende que algo está mal con la hipótesis original si se falla en reproducir un resultado; y sólo entonces puede una reproducción exitosa interpretarse como una confirmación. Porque sólo si dos (o más) acontecimientos son de hecho causa y efecto, y las causas operan de manera invariable en el tiempo tiene que concluirse que la relación funcional que se observa entre las variables relacionadas causalmente tiene que ser la misma en todos los casos, y que si ése no es el caso, algo tiene que estar fallando en la especificación particular de las causas.

Obviamente, ese principio de constancia no está en sí mismo basado o derivado de la experiencia. No sólo no hay vínculo observable conectando eventos. Incluso si dicho vínculo existiese, la experiencia no podría revelar si es o no invariable en el tiempo. El principio no puede ser refutado por la experiencia tampoco, dado que cualquier acontecimiento que pueda parecer refutarlo (tal como un fracaso para duplicar alguna experiencia) puede ser interpretado desde el comienzo como si la experiencia hubiese demostrado aquí simplemente que un tipo particular de evento no fue la causa de otro (de lo contrario la experiencia hubiese sido repetida exitosamente). Sin embargo, en la medida en que la experiencia no puede excluir la posibilidad de que se pudiera encontrar otra serie de eventos que resulten ser invariantes en el tiempo en su forma de operar, la validez del principio de constancia no puede ser rechazada.

A pesar de esto, aunque no sea derivado ni rechazado por la experiencia, el principio de constancia es nada menos que la presuposición lógica necesaria para que hayan experiencias que puedan ser consideradas como confirmaciones o falsaciones de otras (en contraste con experiencias aisladas, lógicamente no conectadas). Y por tanto, dado que el empirismo-positivismo asume la existencia de tales experiencias lógicamente relacionadas, debe concluirse que también asume implícitamente la existencia de conocimiento no empírico acerca de la realidad. Tiene que asumir que de hecho existen causas que operan de forma invariable en el tiempo, y tiene que asumir que éste es el caso aunque la experiencia nunca lo pueda probar o rechazar. Entonces, una vez más, el empirismo resulta ser una filosofía incoherente y contradictoria.

A estas alturas debe ser suficientemente claro que conocimiento apriorístico tiene que existir, o por lo menos, que el empirismo-positivismo —la filosofía que es más escéptica acerca de esa posibilidad— tiene de hecho que presuponer su existencia. Es cierto, sin embargo, que la idea de conocimiento como conocimiento sobre cosas reales cuya validez puede comprobarse independiente de la experiencia es un asunto difícil de entender —de lo contrario el éxito abrumador de la filosofía empiricista-positivista en la comunidad científica y en la opinión del «público educado» no podría ser explicado. Por lo tanto, antes de proceder a la tarea más concreta de dilucidar los fundamentos específicos apriorísticos sobre los cuales descansa el caso económico contra el socialismo, sería oportuno hacer algunos comentarios generales que deben ayudar a que sea más posible el hecho de que exista algo así como conocimiento apriorístico.

Parece ser de gran importancia primero librarse de la idea de que conocimiento apriorístico tiene algo que ver con «ideas innatas» o con conocimiento «intuitivo» que no tiene que ser descubierto o aprendido de alguna manera. Innatas o no, intuitivas o no: ésos son asuntos que conciernen a la psicología del conocimiento. En comparación, la epistemología se refiere exclusivamente a la cuestión de la validez del conocimiento y de cómo determinar la validez —y, aclaremos, el problema del conocimiento apriorístico es exclusivamente un asunto epistemológico. El conocimiento apriorístico puede ser, y de hecho es a menudo, muy similar al conocimiento empírico desde un punto de vista psicológico, ya que ambos tipos de conocimiento tienen que ser adquiridos, descubiertos, aprendidos. El proceso de descubrimiento de conocimiento apriorístico puede, y de hecho, muy a menudo parece ser aún más difícil y laborioso que el de adquisición de conocimientos empírico, que frecuentemente simplemente se impregna a sí mismo sobre nosotros sin que hubiésemos hecho mucho al respecto; y también, bien podría ser el caso de que la adquisición de conocimiento apriorístico requiera que uno haya tenido previamente algún tipo de experiencia. Pero todo esto, debemos repetir, no afecta a la cuestión de la validación del conocimientos, y es precisa y exclusivamente en este respecto que el conocimiento apriorístico y el empírico difieren categóricamente.

En el lado positivo, la noción más importante para comprender la posibilidad de conocimiento a priori, a mi juicio, es que hay no sólo cosas dadas en la naturaleza que uno tiene que aprender a través de experiencia, sino que también hay cosas artificiales, hechas por el hombre que pueden requerir la existencia o uso de materiales naturales, pero que en la medida en que son construcciones pueden sin embargo no sólo ser completamente comprendidas en términos de su estructura e implicancias, sino que también pueden ser analizadas sobre la cuestión de si su método de construcción puede o no concebiblemente ser alterado.

Hay tres campos principales de construcciones: lenguaje y pensamiento, acciones, y objetos fabricados, todos ellos hechos por el hombre. No vamos a tratar aquí con los objetos fabricados, sólo se mencionan de pasada el caso de la geometría euclidiana, por ejemplo, que puede concebirse como normas ideales que no podemos evitar usar en la construcción instrumentos de medición que hacen posible las mediciones empíricas del espacio. (Luego, hasta el momento, no se puede decir que la geometría euclidiana ha sido falseada por la teoría de la relatividad; sino que esta teoría presupone su validez al hacer uso de sus instrumentos de medición). El campo de acción, nuestra área de interés principal, será analizada cuando discutamos los fundamentos apriorísticos de la economía. Entonces, la primera explicación de conocimiento apriorístico como conocimiento de las reglas de construcción que no pueden concebiblemente ser alteradas, se dará utilizando el ejemplo del lenguaje y el pensamiento. Éste es el punto de partida elegido, porque es lenguaje y pensamiento lo que se usa al hacer lo que se está haciendo aquí: comunicar, discutir y argumentar.

Como los empiristas lo ven, el lenguaje es un sistema convencionalmente aceptado de signos y combinaciones de signos, a quienes, de nuevo por convención, se les asigna un significado, en última instancia por medio de definiciones ostensivas. De acuerdo a esta visión, puede parecer que aunque el lenguaje es un producto artificial, hecho por el hombre, nada puede ser conocido sobre él a priori. Y, en efecto, hay muchos diferentes idiomas, cada uno con signos diferentes, y el significado de los términos utilizados pueden ser asignado y cambiado arbitrariamente, de manera que todo lo que hay que saber sobre el lenguaje tiene, o al menos eso parece, que ser aprendido de la experiencia. Pero esta visión es incorrecta, o en el mejor es sólo la mitad de la verdad. Es cierto que todo idioma es un sistema convencional de signos, pero ¿qué es una convención? Evidentemente, no se puede sugerir que «convención» a su vez sea definida convencionalmente, ya que eso sería simplemente presuponer la misma respuesta. Todo puede ser llamado una convención (y, por ende, un lenguaje), pero no todo lo que puede ser llamado así es de hecho un acuerdo de convención. Decir y hacerse entender al decir «convención se utiliza de tal y tal manera» presupone que uno ya sabe lo que es una convención, pues esta declaración ya habría tenido que hacer uso del lenguaje como un medio de comunicación. Por lo tanto, uno se ve obligado a concluir que el lenguaje es un sistema convencional de signos, y como tal, conocimiento sobre él sólo puede ser conocimiento empírico. Pero para que exista tal sistema tiene que asumirse que todo hablante de una lengua ya sabe lo que es una convención, y tiene que saber esto no simplemente en la forma en que sabe que «perro» significa perro, sino que tiene que saber el significado real y verdadero de convención. Como tal, su conocimiento de lo que es un idioma tiene que ser considerado a priori. Esta idea se puede repetir para niveles más particulares. Hay todo tipo de declaraciones específicas que pueden hacerse en un idioma, sin duda la experiencia juega un papel aquí. Sin embargo, saber lo que significa hacer una proposición no puede definitivamente ser aprendido de la experiencia, sino que debe ser presupuesto de cualquier hablante de una idioma. Lo que es una proposición no puede ser explicado a un hablante simplemente con otra declaración, a menos que él ya sepa cómo interpretar eso como una proposición. Y lo mismo es cierto de las definiciones: no es suficiente definir «Definición» ostensivamente señalando con el dedo a alguien que está señalando con el dedo una definición, porque así como en el caso en el que la palabra «perro» se define señalando a un perro, una comprensión del significado de definiciones ostensivas tiene ya que ser presupuesta cuando se entiende que señalar a un perro, acompañado por el sonido [perro] quiere decir que «perro» significa perro, de la misma forma en el caso de «definición». Definir definición ostensivamente carecería totalmente de sentido, a menos que uno supiera de antemano que el sonido particular que se hizo tenía que significar algo cuya identificación debía estar asistida señalando con el dedo, y como entonces identificar objetos particulares como instancias de propiedades generales y abstractas. En resumen, para definir cualquier término por convención, tiene que asumirse que el que está hablando tiene conocimiento a priori del significado real —la definición real— de «definición».

Entonces, el conocimiento sobre lenguaje, que tiene que ser considerado a priori en el sentido de que debe presuponerse de cualquiera que habla un idioma, es el conocimiento de cómo hacer convenciones reales, de cómo hacer una proposición haciendo una declaración (esto es, cómo dar significado a algo diciendo algo) y de cómo hacer una definición real e identificar instancias particulares de propiedades generales. Cualquier negación de esto sería una auto-refutación, ya que tendría que hacerse uso de lenguaje, uso de proposiciones y definiciones. Y como toda experiencia es una experiencia conceptual, esto es, experiencia en términos de un lenguaje —y decir que eso no es así sería sólo probar el punto, dado que tendría que decirse en un idioma, también— al saber que esto es cierto de un lenguaje a priori, uno también conocería una verdad a priori acerca de la realidad: que está hecha de objetos particulares que tienen propiedades abstractas, esto es, propiedades de las que es posible encontrar otros casos; que cualquiera de esos objetos tiene o no alguna propiedad definida, y así hay hechos que pueden decirse ser el caso, verdaderos o equivocados; y también que no se puede conocer a priori cuáles son todos los hechos, excepto que ellos también tienen que ser hechos, esto es, instancias de propiedades abstractas particulares. Y una vez más, uno no sabe todo esto por experiencia, ya que la experiencia es sólo lo que pueden aparecer en las formas anteriormente descritas.

Con esto en mente podemos ir al campo de la acción para probar el punto específico de que también se tiene conocimiento cierto, apriorístico de las acciones y las consecuencias de las acciones porque las acciones, también, son construcciones hechas por los hombres que se pueden ser completamente entendidas respecto a sus reglas de construcción; y que no puede considerarse que el empirismo-positivismo —bajo pena de contradicción— debilita o que incluso constituye un reto serio a los argumentos económicos en contra del socialismo, dado que este caso en última instancia descansa en tales fundamentos, mientras que la filosofía empirista entra en contradicción con él.

En el primer paso argumentativo demostraré que la metodología empirista, contrario a su propia afirmación, no puede aplicarse a las acciones y por tanto revela una primera, aunque más bien negativa, instancia de conocimiento apriorístico acerca de las acciones. El empirismo afirma que las acciones, al igual que cualquier otro fenómeno, pueden y deben ser explicas por medio de hipótesis causales que pueden ser confirmadas o refutadas por la experiencia. Ahora bien, si esto fuera el caso, el empirismo se vería obligado a asumir (contrario a su propia doctrina de que no hay conocimiento a priori como conocimiento de la realidad) que existen causas que operan de forma invariable en el tiempo respecto a acciones. Uno no sabe de antemano qué evento particular puede ser la causa de una acción en particular —la experiencia tendría que revelar esto. Pero a fin de proceder de la manera que el empirismo quiere que procedamos —relacionando experiencias diferentes respecto a secuencias de eventos, ya sea confirmando o falseando unas a otras; y si obtenemos una falsación, entonces, respondiendo con una reformulación de la hipótesis causal original — una constancia en el tiempo en la operación de las causas tiene que presuponerse. Sin embargo, si esto fuera cierto, y acciones de hecho pudiesen considerarse como gobernadas por causas que operan de forma invariable en el tiempo, ¿qué se puede decir que los que hacen las explicaciones, esto es, las personas que llevan a cabo el proceso mismo de creación de hipótesis, de verificación y falsación; —todos nosotros, que actuamos de la manera que los empiristas dicen que actuemos? Evidentemente, para hacer todo esto — asimilando experiencias de confirmación o falsación, reemplazando hipótesis viejas por otras nuevas— uno tiene supuestamente que ser capaz de aprender. Sin embargo, si uno es capaz de aprender de la experiencia, y el empirista está obligado a admitir esto, entonces uno no puede saber en un momento dado del tiempo lo que lo sabrá en un momento posterior y cómo uno actuará sobre la base de ese conocimiento. En vez de eso, uno sólo puede reconstruir las causas de sus acciones después del evento, ya que uno sólo puede explicar su conocimiento después que ya lo posee. Así, la metodología empírica aplicada al campo del conocimiento y la acción, que contiene el conocimiento como ingrediente necesario, es simplemente contradictoria —un absurdo lógico. El principio de constancia puede ser correctamente asumido en la esfera de los objetos naturales y, como tal, la metodología de empirismo puede ser aplicable allí, pero con respecto a las acciones, cualquier intento de explicación empírica causal es lógicamente imposible, y esto, que definitivamente es conocimiento sobre algo real, puede ser conocido con certeza. Nada puede ser conocido a priori acerca de una acción particular; pero conocimiento a priori existe respecto a las acciones en la medida en que son acciones. Se puede conocer a priori que ninguna acción puede ser concebida como predecible sobre la base de causas que operan de forma constante.

La segunda idea respecto a la acción es del mismo tipo. Voy a demostrar que, si bien las acciones en sí no pueden ser concebidas como causadas, cualquier cosa que es una acción que debe presuponer la existencia de causalidad en el mundo físico en el que se realizan las acciones. La causalidad —que la filosofía empirista-positivista de alguna manera tiene que asumir que existe para hacer sus propios procedimientos metodológicos lógicamente posibles, a pesar de que esa suposición definitivamente no puede decirse es derivada de la experiencia y justificada en términos de ella— es una categoría de acción, esto es, es producida o construida por nosotros siguiendo una regla de procedimiento; y esa regla, como resulta, prueba ser necesaria para actuar en absoluto. En otras palabras, esa regla es tal que no puede ser concebiblemente falseada, ya que incluso el intento de falsearla la tiene que presuponer.

Después de lo que se ha dicho acerca de la causalidad, debe ser de hecho fácil ver que se trata de una característica producida, en vez de dada, de la realidad. Uno no experimenta y aprende que hay causas que siempre operan de la misma forma y sobre las cuales se pueden hacer predicciones sobre el futuro. En vez de eso, uno establece que los fenómenos tienen causas siguiendo un tipo particular de procedimiento de investigación, negando en principio alguna excepción, esto es, instancias de inconstancia, y estando preparado para lidiar con ellas mediante la producción de una nueva hipótesis causal cada vez que alguna de tales aparentes inconstancias se produzca. Pero, ¿qué hace a esa forma de proceder necesaria? ¿Por qué tiene uno que actuar de esa manera? Porque comportarse de esa manera es lo que realizar acciones intencionales es; y siempre que uno actúe intencionalmente, presuponer causas que operan de forma constante es precisamente lo que uno hace. Los actos intencionales se caracterizan por el hecho de que el actor interfiere en su medio ambiente y cambia ciertas cosas, o les impide cambiar, y así desvía el curso «natural» de eventos para lograr un resultado o situación preferida; o si una interferencia activa prueba ser imposible, él se prepara para un resultado sobre el que él no puede hacer nada al respecto, excepto anticiparse al tiempo, buscando eventos temporalmente anteriores que indicen el resultado posterior. En cualquier caso, para producir un resultado que de otra manera no habría ocurrido, o que sea capaz de adaptarse a un resultado inevitable que de otra manera hubiese llegado como una sorpresa total, el actor debe presuponer causas que operan de forman constante. Él no interferiría si no asumiera que eso ayudaría a lograr el resultado deseado; y no se prepararía y adaptaría a nada a menos que pensara que los eventos sobre cuya base comenzó sus preparativos fuesen de hecho fuerzas causales que operan de forma constante que producirían el resultado en cuestión, y que los preparativos llevados a cabo de hecho condujeran a la meta deseada. Por supuesto, un actor podría equivocarse respecto a sus supuestos particulares de relaciones de causa y efecto, y un resultado deseado podría no ocurrir a pesar de la interferencia, o un evento anticipado para el cual se hicieron preparativos podría no ocurrir. Pero sin importar lo que pase en este respecto, sea que los resultados se ajusten o no a las expectativas, sea que las acciones respecto a un resultado o evento dado se realicen en el futuro, cualquier acción, cambiada o no cambiada, presupone que hay causas que operan de forma constante, incluso si ninguna causa particular de un evento particular puede ser pre-conocida por algún actor en algún momento. De hecho, refutar que un fenómeno natural se rige por causas que operan de forma invariable en el tiempo requeriría que uno demostrase que tal fenómeno dado no puede ser anticipado o producido sobre la base de variables antecedentes. Pero claramente, tratar de probar eso de nuevo presupone necesariamente que la ocurrencia o no ocurrencia del fenómeno bajo escrutinio podría ser afectada tomando acciones adecuadas y que el fenómeno tiene que presuntamente estar integrado en una red de causas que operan de forma constante. Por lo tanto, uno se ve obligado a concluir que la validez del principio de constancia no puede ser falseado por ninguna acción dado que cualquier acción tendría que presuponerla. (Sólo hay una forma en que se podría decir que «la experiencia» podría «falsear» el principio de constancia: si el mundo físico fuese de hecho tan caótico que uno ya no pudiese actuar en absoluto, luego, por supuesto, no tendría mucho sentido hablar ni una sola palabra sobre un mundo con causas que operan de forma constante. Pero entonces los seres humanos, cuya característica esencial es la de actuar intencionalmente, también dejarían de ser los que experimentan esa inconstancia. Mientras uno sobreviva como un ser humano —y es esto lo que el argumento de hecho dice— el principio de constancia tiene que ser asumido como válido a priori, dado que cualquier acción tiene que presuponerlo y ninguna experiencia que alguien pudiese tener podría refutarlo.)

Implicado en la categoría de causalidad está la del tiempo. Cada vez que uno produce o se prepara para un determinado resultado y al hacerlo clasifica eventos como las causas y efectos, también distingue entre eventos anteriores y posteriores. Y ciertamente, esta clasificación no está simplemente derivada de la experiencia, esto es, la mera observancia de cosas y eventos. La secuencia de experiencias como aparece en el orden temporal de las observaciones de uno es algo muy diferente de la secuencia real de eventos en tiempo real. De hecho, uno puede observar las cosas en un orden que es exactamente lo opuesto del orden temporal real en que ellos están unos frente a otros. Que uno sepa cómo interpretar observaciones de una manera que podría desviarse del orden temporal, correcto, en el que estuvieron y pueda incluso localizar eventos en tiempo objetivo requiere que el observador sea un actor y que sepa lo que significa producir o prepararse para algún resultado. Sólo porque uno es un actor, y las experiencias son las de una persona que actúa, los eventos pueden ser interpretados como ocurriendo antes y después. Y, uno no puede saber por la experiencia que las experiencias tienen ser interpretadas con referencia a las acciones, dado que la realización de cualquier acción presupone ya la posesión de experiencias interpretadas de esa manera. Ninguna persona que no sabe lo que significa actuar podría jamás experimentar eventos colocados en tiempo real, y por lo tanto el significado de tiempo tiene que ser asumido como conocido a priori por todo actor por el hecho de que es un actor.

Además, las acciones no sólo presuponen causalidad y orden temporal objetivo, también requieren valores. Los valores tampoco los conocemos mediante la experiencia; en vez de eso, lo opuesto es verdadero. Uno sólo experimenta cosas porque son cosas sobre las que puede ser colocado un valor positivo o negativo en el curso de acción. Sólo por un actor, es decir, las cosas pueden ser experimentadas como cargadas de valores y, incluso más generalmente, sólo porque uno es un actor tiene uno experiencias conscientes en absoluto, dado que ellas informan acerca de cosas que podrían ser valiosas conocer para una persona que actúa. Más precisamente: con cada acción de un actor una meta. Él quiere producir un resultado determinado o estar preparados para un resultado que él no puede evitar que ocurra. Sea cual sea la meta de su acción (que, por supuesto, uno puede sólo conocer de la experiencia), el hecho de que es perseguida por un actor revela que él le asigna valor. De hecho, revela que desde el mismo punto de partida de su acción él le asigna un valor relativamente más alto que a cualquier otra meta de acción que se le ocurrió, de lo contrario él habría actuado de otra manera. También, dado que para alcanzar su meta más valorada un actor tiene que interferir en un punto anterior en el tiempo o tiene que estar buscando un evento anterior a fin de iniciar preparativos para una ocurrencia posterior, toda acción también tiene que emplear medios (al menos los del propio cuerpo y tiempo absorbido, por la interferencia o los preparativos, del actor) para producir el fin deseado. Y como se asume que esos medios son causalmente necesarios para alcanzar la meta valorada, de lo contrario el actor no los emplearía, valor también tiene que asignarse a ellos. No sólo las metas, entonces, tienen valor para el actor, sino que los medios, también —un valor que es derivado del fin deseado, ya que uno no podría alcanzar el fin sin emplear algunos medios. Además, dado que las acciones sólo pueden llevarse a cabo de forma secuencial por un actor, cada acción implica la realización de una elección. Implica tomar el curso de acción que en el momento de actuar prometía el resultado más altamente valorado para el actor y por tanto, él le da preferencia; al mismo tiempo implicar excluir otras posibles acciones con los resultados esperados de valor menor. Como consecuencia de tener que elegir cada vez que uno actúa —de no ser capaz de alcanzar todas las metas valoradas simultáneamente— la realización de toda y cada acción implica incurrir en costos. El costo de una acción es el precio que hay que pagar por tener que preferir un curso de acción sobre otro, y equivale a el valor asignado a la meta más valorada que no puede alcanzada o cuyo logro tiene ahora que ser postergado, porque los medios necesarios para producirlo están siendo utilizados en la producción de otro fin, incluso más valorado. Y si bien esto implica que en el punto de partida cada acción debe ser considerada como más valiosa que su costo, y capaz de asegurar un beneficio para el actor, esto es, un resultado cuyo valor ocupa un rango más alto que los costos, cada acción también se ve amenazada por la posibilidad de una pérdida. Tal pérdida ocurre si en retrospectiva, el actor se da cuenta que —contrario a su propia expectativa previa —el resultado, de hecho, tuvo un valor más bajo que el de la alternativa a la que renunció. Y así como toda acción necesariamente busca un beneficio, la posibilidad de una pérdida, también acompaña necesariamente toda acción. Porque el actor puede estar equivocado en su conocimiento causal-tecnológico, y el resultado buscado puede no ser producido con éxito o los eventos para los que fueron producidos pueden no ocurrir; o puede equivocarse porque cada acción requiere un tiempo para ser completada y el valor asignado a diferentes metas puede cambiar en el ínterin, haciendo menos valiosas cosas que antes parecían ser de gran valor.

Todas estas categorías —valores, fines, medios, elección, preferencias, costos, ganancias y pérdidas— están implicadas en el concepto de acción. Ninguna de ellas es derivada de la experiencia. En vez de eso, que uno sea capaz de interpretar experiencias en las categorías anteriores requiere que uno sepa ya lo que significa actuar. Nadie que no es un actor podría entenderlas dado que no están «dadas», listas para ser experimentadas, sino que la experiencia está enfrascada en esos términos al ser construida por un actor de acuerdo a las normas necesarias para actuar. Y ciertamente, como las acciones son cosas reales y uno no puede no actuar —ya que incluso el intento de hacerlo sería en si mismo una acción que busca una meta, que requiere medios, que excluye otros cursos de acción, que incurre en costos, sometiendo al actor a la posibilidad de no alcanzar la meta deseada y de así sufrir una pérdida— el conocimiento de lo que significa actuar debe ser considerado conocimiento a priori sobre la realidad. La posesión misma de ese conocimiento no puede ser deshecha o refutada, dado que eso presupondría ya su existencia misma. De hecho, una situación en la que estas categorías de acción cesaran de tener existencia real, no podría nunca ser observada, ya que hacer una conservación es sí misma es un acción.

El análisis económico, y el análisis económico del socialismo, en particular, tiene como su fundamento este conocimiento a priori del significado de la acción así como sus componentes lógicos. Esencialmente, el análisis económico consiste de: (1) la comprensión de las categorías de acción y la comprensión del significado de un cambio en los valores, los costos, el conocimiento tecnológico, etc.; (2) la descripción de una situación en la que estas categorías asumen un significado concreto, donde personas específicas son identificadas como actores con determinados objetos especificados como sus medios para la acción, con metas definidas identificadas como los valores y determinadas cosas especificadas como costos; y (3) una deducción de las consecuencias que resultan de la realización de una acción específica en esta situación, o de las consecuencias que resultan para un actor, si esta situación es cambiada en una forma específica. Y esa deducción debe producir conclusiones válidas a priori, siempre que no exista error en el proceso mismo de deducción, y que la situación y el cambios introducido en ella puedan ser identificados como reales, porque entonces su validez en última instancia reposaría sobre la validez indiscutible de la categoría de acción.

Es sobre este camino metodológico que la discusión anterior sobre el socialismo la conclusión fue derivada, por ejemplo, que si el trabajo empleado por un actor no era en si mismo su meta de acción, sino que sólo sus medios para alcanzar la meta de producir ingresos y si luego ese ingreso es reducido contra su consentimiento —a través de impuestos— entonces para él el costo de gastar trabajo ha sido incrementado, ya que el valor de otras metas alternativas que pueden perseguirse por medio de su cuerpo y su tiempo se ha incrementado en términos relativos, y por lo tanto un reducido incentivo para trabajar tiene que resultar. Sobre este camino, también, la conclusión —como conclusión a priori— fue alcanzada que, por ejemplo, si los usuarios reales de los medios de producción no tienen el derecho de vender a los que ofrecen pagar más, entonces nadie puede establecer los costos monetarios envueltos en producir lo que es realmente producido con ellos (es decir, el valor monetario de las oportunidades a las que se renunció por no usarlos de manera diferente), y ya nadie puede asegurar que esos medios de hecho fueron empleados en la producción de aquellos bienes considerados como los más valorados por los actores al inicio de sus actividades productivas. Por lo tanto, una producción menor en términos de poder adquisitivo tiene que obtenerse.

Después de esta digresión bastante larga en el campo de la epistemología, regresemos ahora a la discusión del socialismo de ingeniería social. Esta digresión fue necesaria con el fin de refutar la afirmación del empirismo-positivismo, que si fuese cierta hubiese salvado al socialismo, que nada categórico puede decirse contra un plan de políticas, ya que sólo la experiencia puede revelar las verdaderas consecuencias de determinadas políticas. Contra esto he señaló que el empirismo claramente parece contradecir la intuición. De acuerdo a la intuición, la lógica es una fuente más fundamentales que la experiencia y también es conocimiento acerca de cosas reales. Además, el empirismo-positivismo resulta ser auto-contradictorio, ya que él mismo tiene que presuponer la existencia de conocimiento a priori como conocimiento real. En efecto, existe un stock de conocimiento a priori verdadero que debe ser presupuesto de toda persona que experimenta y actúa, porque ella sabe lo que significa actuar, y que no puede ser posiblemente ser refutado por la experiencia, ya que el intento mismo de hacerlo presupone la validez de lo que había sido disputado.

La discusión nos ha llevado a una conclusión que se puede resumir de la siguiente manera: «La experiencia no vencer la lógica, sino que lo opuesto es cierto.» La lógica mejora y corrige la experiencia y nos dice qué tipo experiencias es posible que podamos tener y cuáles, en vez de eso, se deben a una mente confusa, y así se podría mejor llamar «sueños» o «fantasías» en vez de experiencias sobre la «realidad.» Con esta confianza restaurada sobre la solidez de los fundamentos sobre la cual el argumento económico en contra del socialismo ha sido construido, una crítica directa contra el socialismo de ingeniería social es ahora posible; una crítica que es, nuevamente, lógica, sobre la base de conocimiento a priori, y que demuestra que los objetivos perseguidos por el socialismo de ingeniería social nunca puede ser alcanzados por los medios propuestos, ya que eso entraría en contradicción con tal del conocimiento. La crítica siguiente puede ahora ser breve, ya que la ideología de ingeniería social, aparte de su metodología empirista-positivista que ha sido demostrado defectuosa, no es realmente diferente de las otras versiones de socialismo. Por lo tanto, el análisis dado en los capítulos anteriores respecto al socialismo marxista social-demócrata y al socialismo conservador se aplica también aquí.

Esto se hace claro una vez que las reglas de propiedad del socialismo de ingeniería social se expresan. En primer lugar, la usuarios-dueños de los recursos escasos pueden hacer lo que quieran con ellos. Pero en segundo lugar, siempre que el resultado de este proceso no es del agrado de la comunidad de ingenieros sociales (esto es, personas que no son usuarios-dueños de las cosas en cuestión y que no tiene un título contractualmente adquirido sobre ellas), tiene el derecho de interferir con las prácticas de los usuarios-propietarios reales y determinar los usos de dichos medios, restringiendo así sus derechos de propiedad. Además, la comunidad de ingenieros sociales tiene el derecho de determinar unilateralmente cuál es, o no, el resultado preferido, y puede así restringir los derechos de propiedad de los dueños naturales cuando sea, donde sea, y en la medida que considere necesaria para producir un resultado preferido.

En cuanto a esas reglas de propiedad, uno se da cuenta de inmediato que si bien el socialismo de ingeniería social permite una implementación gradual de sus objetivos con sólo un grado moderado de intervención en los derechos de propiedad de dueños naturales, dado que el grado en que sus derechos pueden ser reducidos será determinado por la sociedad (los ingenieros sociales), la propiedad privada es en principio abolida y las empresas productivas de la gente se llevan a cabo bajo la amenaza de una expropiación cada vez más creciente o incluso total de los dueños privados. En ese sentido no hay diferencia alguna entre el socialismo social-demócrata, el socialismo conservador y la versión de ingeniería social del socialismo. La diferencia se reduce nuevamente a una de psicología social. Mientras el socialismo marxista redistributivo y el socialismo conservador quieren lograr una meta general determinada de antemano —una meta de égalité o la preservación de un orden determinado— el socialismo de ingeniería social no tiene tal tipo de diseño. Su idea es una de intervención puntuada, sin principios; una ingeniería flexible, fragmentaria. La ingeniería socialista es así aparentemente mucho más abierta a la crítica, a las reacciones cambiantes, a las nuevas ideas —y esta actitud sin duda atrae a una gran cantidad de personas que no estarían dispuestas a suscribirse a ninguna de las otras formas de socialismo. Por otro lado, sin embargo, y esto debe tenerse en cuenta también, no hay casi nada, incluyendo incluso lo más lo ridículo, que a los ingenieros sociales no les gustaría probar en sus semejantes, a quienes ellos ven como paquetes de variables a ser técnicamente manipulados como peones en un tablero de ajedrez mediante el establecimiento de los estímulos correctos.

En cualquier caso, dado que el socialismo de ingeniería social no difiere en principio de las otras versiones de socialismo, en que implica una redistribución de títulos de propiedad de los usuarios y los contratistas de recursos escasos hacia los no-usuarios y no-contratistas, él también eleva el costo de producción y así conduce a una reducción en la producción de la riqueza; y esto es necesariamente así y nadie necesita probarlo primero para llegar a esta conclusión. Esta conclusión general es cierta sin importar el curso específico que la ingeniería social pudiese tomar. Digamos que la comunidad de ingenieros sociales no aprueba que algunas personas tengan un ingreso bajo y deciden así fijar salarios mínimos por encima del actual nivel de mercado. La lógica dice a uno que eso implica una restricción a los derechos de propiedad de los empleadores, así como a los empleados que ya no están permitidos de aceptar ciertos tipos de negociaciones mutuamente beneficiosas. La consecuencia es y tiene ser el desempleo. En lugar ser pagados a un salario de mercado más bajo, a algunas personas ya no se les paga en absoluto, ya que algunos empleadores no pueden pagar los costos adicionales o contratar tantas personas como estarían dispuestas a contratar a un menor costo. Los empleadores se verán afectados, dado que ellos pueden sólo emplear menos gente y la producción por lo tanto, será menor, en términos relativos; y los empleados se verán afectados, ya que en lugar de tener algún ingreso, aunque bajo, ahora no tienen ningún ingreso. No se puede afirmar a priori cuáles empleados y los empleadores sufrirán más con esto, excepto que serán los empleados cuyo trabajo específico tiene un valor relativamente bajo en el mercado, y esos empleadores que específicamente contrataban ese tipo de trabajo. Sin embargo, sabiendo por experiencia, por ejemplo, que los servicios de mano de obra poco calificada son particularmente frecuentes entre jóvenes, negros, mujeres, personas mayores que quieren reingresar a la fuerza de trabajo después de un largo período trabajo en la casa, etc., puede predecirse con certeza que esos serán los grupos más afectados por el desempleo. Y ciertamente, el hecho mismo de que el problema que la intervención se suponía originalmente curaría (los ingresos bajos de algunas personas) es ahora incluso peor que antes podía haber sido conocido a priori, independientemente de cualquier experiencia! Pensar que, engañados por la metodología empirista defectuosa, todo esto primero tiene que ser probado, dado que de otro modo no podría haber sido conocido es no sólo charlatanería científica; igual que todo acto basado en fundamentos intelectuales mal concebidos, es extremadamente costoso también.

Para ver aún otro ejemplo, a la comunidad de ingenieros sociales no le gusta el hecho que las rentas de las casas o departamentos sean tan altos como son, y que por lo tanto algunas personas no puedan ser capaces de vivir tan cómodamente como ellos piensan que deberían. En consecuencia, se aprueban leyes de control de alquiler, estableciendo rentas máximas para ciertos departamentos. Ésta es la situación, por ejemplo, en Nueva York, o en una escala mucho mayor, en toda Italia. Una vez más, sin tener que esperar a que las consecuencias se vuelvan reales uno sabe lo que serán. La construcción de nuevas viviendas se reducirá, ya que la rentabilidad de la inversión es ahora más baja. Y con respecto a los apartamentos ya existentes, una escasez aparecerá de inmediato, dado que la demanda de los mismos, al precio es más bajo, aumentará. Algunos de los apartamentos más viejos ni siquiera se alquilarán más, si la renta fija es tan baja que el alquiler ni siquiera cubre el costo del deterioro que se produce con sólo vivir y usar el departamento. Luego habría una gran escasez de viviendas junto a miles de apartamentos vacíos (y Nueva York e Italia nos proporcionan ejemplos perfectos de ello). Y no habría forma de salir de eso, dado que todavía no saldría a cuenta construir nuevas viviendas. Además, la escasez creciente resultaría muy costosa en inflexibilidades, dado que las personas que lograron entrar en uno de los apartamentos de bajo precio estarán cada vez menos dispuestos a mudarse, a pesar del hecho de que, por ejemplo, el tamaño de la familia normalmente cambia durante el ciclo de vida y así necesidades muy diferentes en materia de vivienda surgen, y a pesar del hecho de que diferentes oportunidades de trabajo podrían aparecer en diferentes lugares. Y así un enorme desperdicio de espacio de alquiler ocurre, porque las personas mayores, por ejemplo, que ocupaban grandes departamentos que eran del tamaño adecuado cuando los niños aún vivían en casa, pero son demasiado grande ahora, no se mudarán a departamentos pequeños, dado que no hay ninguno disponible; y las familias jóvenes que necesitan departamentos grandes ya no los encuentran tampoco, precisamente porque esos lugares no serán desocupados. Desperdicios también se producen porque la gente no se mudará a los lugares donde hay mayor una demanda por sus servicios de mano de obra específica, o ellos pasarán mucho tiempo viajando lugares más alejados, simplemente porque no puede encontrar un lugar para vivir donde hay trabajo para ellos, o sólo encuentran departamentos a un precio mucho más alto que la renta fija actual. Claramente, el problema que los ingenieros sociales quería resolver por medio de la introducción de leyes de control de alquileres es mucho peor que antes y el nivel general de vida, en términos relativos, ha declinado. Una vez más, todo esto podría haber sido un conocido a priori. Para el ingeniero social, sin embargo, mal-guiado por la metodología empirista-positivista, que le dice que no hay forma de saber los resultados a menos que las cosas sean realmente probadas, esta experiencia probablemente sólo se establecerá el escenario para la próxima intervención. Tal vez los resultados no fueron exactamente como se esperaba debido a que uno se había olvidado de controlar algunas otras variables importantes, y uno debe ahora averiguarlo. Pero como este capítulo ha demostrado, hay una manera de saber de antemano que ni el primer acto ni otro acto posterior de intervención logrará alguna vez su meta, dado que todos ellos implican una interferencia en los derechos de los dueños naturales de las cosas por no-usuarios y no-contratistas.

Para entender esto, sólo es necesario para volver al sólido razonamiento económico; para darse cuenta de la singular naturaleza epistemológica de la economía como ciencia apriorística de la acción humana que descansa sobre fundamentos cuya negación tiene que presuponer su validez; y para reconocer, a su vez, que una ciencia de la acción basada en una metodología empirista-positivista es tan infundada como la afirmación de que «uno puede tener un pastel y comérselo al mismo tiempo.»

Capítulo 7

La justificación ética del capitalismo y por qué el socialismo es moralmente indefendible

Los últimos cuatro capítulos han ofrecido razones sistemáticas y evidencias empíricas para la tesis de que el socialismo como sistema social, que no se basa concienzudamente en la «teoría natural de la propiedad» (la regla de que lo posee el primero que lo use) que caracteriza al capitalismo, debe ser necesariamente, y de hecho lo es, un sistema inferior respecto de la producción de riqueza y el nivel medio de vida. Esto puede satisfacer a la persona que crea que la riqueza económica y los niveles de vida son los criterios más importantes para juzgar una sociedad (y no cabe ninguna duda de que, para muchos, el nivel de vida de uno es un asunto de la máxima importancia) y a causa de esto es ciertamente necesario tener en mente todo el razonamiento económico previo. Aún así hay gente que no da mucha importancia a la riqueza económica y clasifica otros valores aún más altos - por suerte, diría yo, para el socialismo, porque así puede olvidar tranquilamente su afirmación original de ser capaz de traer más prosperidad a la humanidad y recurrir en su lugar a la completamente diferente pero aún más inspiradora afirmación de que aunque el socialismo podría no ser la clave de la prosperidad, significaría justicia, equidad y moralidad (todos los términos usados aquí de forma sinónima). Y puede argumentar que un equilibrio entre eficiencia y justicia, un intercambio de «menos riqueza» por «más justicia» está justificado, ya que la justicia y la equidad son esencialmente más valiosas que la riqueza económica.

La afirmación se examinará con algún detalle en este capítulo. Al hacerlo se analizarán dos afirmaciones distintas, pero relacionadas: (1) la afirmación hecha en particular por socialistas marxistas y el campo socialdemócrata y en menor grado también por los conservadores, de que puede hacerse un alegato de principios a favor del socialismo a causa del valor moral de sus principios y, mutatis mutandis, que el capitalismo no puede defenderse moralmente y (2) la afirmación del socialismo empirista de que las declaraciones normativa (declaraciones «debería» o «tendría») - como ni se refieren solamente a los hechos, ni simplemente suponen un definición verbal y por tanto no son declaraciones ni empíricas ni analíticas - no son realmente declaraciones en absoluto, al menos no declaraciones que uno pueda llamar «cognitivas» en su sentido más amplio, sino más bien «expresiones verbales» utilizadas para expresar o hacer patentes sensaciones (como «guau» o «grrrr»).

Nos ocuparemos primero de la segunda afirmación, empirista o, como se califica a su postura aplicada al campo de la moral, «emotivista», porque en cierta manera es de mayor alcance. La posición emotivista deriva de la aceptación de la afirmación central empírico-positivista de que la distinción dicotómica entre declaraciones empíricas y analíticas es de una naturaleza completamente incluyente.; esto es, que cualquier declaración debe ser empírica o analítica y nunca puede ser ambas cosas. Esta posición, como se verá, resulta autodestruirse bajo una inspección más cercana, igual que el empirismo en general resulta ser autodestructivo. Si el emotivismo es una posición válida, entonces su proposición básica respecto de las declaraciones normativas debe ser ella misma analítica o empírica. Si se considera analítica, entonces es mera verborrea, al no decir nada acerca de algo real, sino solo definiendo un sonido por otro, y por tanto el emotivismo sería una doctrina inválida. Si, por el contrario, es empírica, entonces la doctrina no podría llevar ningún peso, ya que su proposición central bien podría ser falsa. En cualquier caso, cierta o falsa, solo sería una proposición que indicara un hecho histórico, es decir, cómo ciertas expresiones se han usado en el pasado, lo que en sí no ofrecería ninguna razón por la que tuviera que ser también el caso en el futuro y por tanto por qué debería uno esperar o no declaraciones normativas que sean más que expresiones de emociones en el sentido de que signifiquen que sean justificables. Y la doctrina emotivista también perdería todo su peso si adoptara la tercera alternativa y declarara que su propio principio es también una declaración «guau». Pues si éste fuera el caso, no contendría ninguna razón por la que uno debería relacionar e interpretar ciertas declaraciones de cierta manera y así si los propios instintos o sensaciones no resultan coincidir con el «guau» de algún otro, no habría nada que pudiera impedir seguir sus propias sensaciones en su lugar. Como solo una declaración normativa, no sería más que el ladrido de un perro, así que la posición emotivista no es por tanto más que un ladrido comentando un ladrido.

Por otro lado, si se considera la propia declaración central del empirismo-emotivismo, es decir, que las declaraciones normativas no tienen ningún significado cognitivo, sino que son simplemente expresiones de sentimientos, como una declaración con sentido que comunica que uno debería concebir de de todas las declaraciones que no sean analíticas o empíricas como meros símbolos expresivos, entonces la posición emotivista se convierte en directamente contradictoria.. Esta posición debe por tanto asumir, al emnos implícitamente, que ciertas ideas, a saber, las relativas a las declaraciones normativas, no pueden simplemente ser entendidas y tener sentido, sino que asimismo pueden justificarse como declaraciones con significados concretos. Por tanto, uno debe concluir que el emotivismo flaquea, porque si fuera verdadero, no podría siquiera decir y significar lo que dice —simplemente no existiría como posición que pudiera discutirse y evaluarse en relación con su validez. Pero si es una posición con sentido que pueda discutirse, entonces este hecho demuestra que no es cierta su premisa básica. Además, el hecho de que sea realmente una posición con sentido, debería advertirse, no puede siquiera discutirse, pues uno no puede comunicar y discutir lo que no puede comunicar y discutir. Más bien, debe presuponerse de cualquier posición intelectual, que tenga sentido y pueda discutirse en relación con su valor cognitivo, simplemente porque se presenta en un leguaje y se comunica. Argumentar lo contrario ya admitiría implícitamente su validez. Por tanto uno se ve forzado aceptar una aproximación racionalista hacia la ética, por la misma razón que uno se ve forzado a adoptar una epistemología racionalista en lugar de una empirista. A pesar de haber rechazado el emotivismo sigo lejos, o eso parece, de mi objetivo, que comparto con marxistas y socialistas conservadores, de demostrar que pueda hacerse una defensa de principios a favor o en contra del socialismo. A lo que he llegado hasta ahora es a la conclusión de que la cuestión de si las declaraciones normativas son cognitivas es en sí mismo un problema cognitivo. Sin embargo sigue pareciendo que falta mucho desde aquí hasta la prueba de que las propuestas normativas reales puedan demostrarse como válidas o inválidas.

Afortunadamente esta impresión es errónea y ya hay mucho más ganado hasta ahora de lo que podría sospecharse. El argumento anterior nos demuestra que cualquier declaración de verdad —la declaración conectada con cualquier proposición que sea verdadera, objetiva o válida (todos los términos se usan aquí como sinónimos)— es y debe ser presentada y resuelta en el curso de una argumentación. Y como no puede disputarse que así se hace (uno no puede comunicar y discutir lo que no puede comunicar y discutir) y debe asumirse que todos conocen lo que significa declarar que algo es verdad (uno no puede denegar esta afirmación sin declarar que su negación sea verdadera), a esto se le ha llamado apropiadamente «el a priori de la comunicación y la discusión».

Ahora bien, argumentar nunca consiste en solo proposiciones de libre flotación que afirman ser verdad. Más bien, la argumentación es siempre también una actividad. Pero dado que las afirmación de verdad se presentan y deciden mediante argumentación y que la argumentación, aparte de lo que se ha dicho a su momento, es un asunto práctico, de ello se sigue que deben existir normas intersubjetivamente con sentido —precisamente aquéllas que hacen de alguna acción un argumento— que tienen un estatus cognitivo especial en el sentido de que son precondiciones prácticas de objetividad y verdad.

Por tanto, uno llega a la conclusión de que las normas deben realmente asumirse que son justificables como válidas. Es simplemente imposible argumentar otra cosa, porque la capacidad de argumentarlas presupone de hecho la validez de esas normas que subyacen cualquier posible discusión. Luego la respuesta a la pregunta de si los fines pueden o no estar justificados ha de deducirse del concepto de argumentación. Y con esto se da también una precisa descripción del papel peculiar de la razón en determinar los contenidos de la ética. Frente al papel de la razón en establecer las leyes empíricas de la naturaleza, la razón puede afirmar dar resultados en determinar leyes morales que puede demostrarse que son válidas a priori. Solo hace explícito lo que ya está implícito en el concepto de la propia argumentación y al analizar cualquier propuesta real de norma, su tarea se confina simplemente a analizar si es lógicamente coherente o no con la misma ética que el defensor debe presuponer como válida en la medida en que es capaz de hacer esa propuesta en absoluto.

¿Pero cuál es la ética implícita en la argumentación cuya validez no puede disputarse ya que disputarla tiene implícitamente que presuponerla? Se observado muy habitualmente que la argumentación implica que una argumentación implica que una proposición afirma una aceptabilidad universal o, si fuera una propuesta de norma, que es «universalizable». Aplicada a las propuestas de norma, ésta es la idea, tal y como se formula en la Regla de Oro de la ética o en el imperativo categórico kantiano, de que solo pueden justificarse aquellas normas que puedan formularse como principios generales que sean válidos para todos sin excepción. De hecho, como la argumentación implica que todos los que puedan entender un argumento deben en principio ser capaces de ser convencidos por éste simplemente a causa de su fuerza argumentativa, el principio de universalización de la ética puede ahora entenderse y explicarse como basado en la más amplia «comunicación y argumentación a priori». Aún así el principio de universalización solo ofrece un criterio puramente formal para la moralidad. Es verdad que comparado con este criterio todas las propuestas de normas válidas que pudieran especificar reglas diferentes para diferentes clases de personas podrían mostrar no tener ninguna legitimidad para afirmar ser universalmente aceptables como normas justas, salvo que la distinción entre las distintas clases de personas fueran tales que no implicaran discriminación, sino que pudieran en su lugar aceptarse como basadas en la naturaleza de las cosas de nuevo por todos. Pero aunque algunas normas podrían no pasar la prueba de universalización, si se presta suficiente atención a su formulación, las normas más ridículas, y lo que es por supuesto más relevante, incluso las normas abiertamente incompatibles podrían fácil e igualmente pasar el criterio. Por ejemplo, «todos deben emborracharse los domingos o ser multados» o «cualquiera que beba alcohol será castigado» son ambas reglas que no permiten discriminar entre grupos de personas y por tanto ambas podrían afirmar satisfacer la condición de universalización.

Entonces queda claro que el principio de universalización no puede ofrecer por sí solo ningún grupo positivo de normas que pueda demostrar estar justificado. Sin embargo hay otras normas positivas implicadas en la argumentación aparte del principio de universalización. Con el fin de reconocerlas, solo hace falta ver con atención tres hechos interrelacionados. Primero, que la argumentación no es solo una asunto cognitivo, sino también práctico. Segundo, que la argumentación como forma de acción, implica el uso del recurso escaso del propio cuerpo. Y tercero, que la argumentación es una forma de interactuar libre de conflictos. No en el sentido de que haya siempre acuerdo sobre las cosas dichas, sino en el sentido de que mientras la argumentación está en marcha siempre es posible estar de acuerdo al menos en el hecho de que hay desacuerdo acerca de la validez de lo que se ha dicho. Y esto no es más que decir que un reconocimiento del control exclusivo de cada persona sobre su propio cuerpo debe presuponerse siempre que haya discusión (advirtamos de nuevo que es imposible negar esto y afirmar que esta negación es cierta sin tener de admitir implícitamente su verdad).

Por tanto, tenemos que concluir que la norma implícita en la argumentación es que todos tienen el derecho de un control exclusivo sobre su propio cuerpo como su instrumento de acción y cognición. Solo si hay al menos un reconocimiento implícito del derecho de propiedad de cada individuo a su propio cuerpo puede desarrollarse la argumentación. Solo si se reconoce este derecho es posible que alguien pueda estar de acuerdo con lo que se ha dicho en una argumentación y por tanto puede validarse lo que se ha dicho o es posible decir «no» y estar de acuerdo solo con el hecho de que hay desacuerdo. En realidad quien quiera justificar cualquier norma tendría que haber presupuesto ya el derecho de propiedad a su cuerpo como norma válida simplemente para decir: «Esto es lo que afirmo que es cierto y objetivo». Cualquier persona que tratara de disputar el derecho de propiedad a su propio cuerpo se vería atrapada en una contradicción, ya que argumentar de esta forma y afirmar que su argumento es verdad, ya aceptaría implícitamente precisamente que esta norma es válida.

Así que pude decirse que siempre que una persona afirma que alguna declaración puede justificarse, asume al menos implícitamente que la siguiente norma está justificada: «Nadie tiene derecho a agredir sin autorización el cuerpo de cualquier otra persona y por tanto delimitar o restringir el control de uno sobre su propio cuerpo». Esta regla está implícita en el concepto de de justificación como justificación argumentativa. Justificación significa justificar sin tener que recurrir a la coerción. De hecho, si formulamos lo contrario a esta regla, es decir «todos tienen derecho a agredir sin autorización a otras personas» (por cierto ¡una regla que pasaría la prueba formal del principio de universalización!), entonces es fácil ver que esta regla no se defiende en la argumentación y nunca podría hacerlo. Hacerlo supondría de hecho presuponer la validez precisamente de su contrario, es decir, el antes mencionado principio de la no agresión.

Con esta justificación de una norma de propiedad respecto del cuerpo de una persona puede parecer que no hemos avanzado mucho, ya que los conflictos sobre cuerpos, para los cuales una posible elusión del principio de no agresión formula una solución justificable universalmente, suponen solo una pequeña porción de todos los posibles conflictos. Sin embargo, esta impresión no es correcta. Es verdad que la gente no vive solo del aire y el amor. Necesitan también un número grande o pequeño de otras cosas, simplemente para sobrevivir - y por supuesto solo quien sobrevive puede sostener una discusión, no digamos tener una vida confortable. Con respecto a todas estas cosas también hacen falta normas, ya que podría haber conflictos en las evaluaciones respecto de su uso. Pero en realidad cualquier otra norma debe ser compatible lógicamente con el principio de no agresión con el fin de justificarse y, mutatis mutandis, todos norma que pudiera demostrarse incompatible con este principio tiene que considerarse inválida. Además, como las cosas con respecto a las que las normas han de formularse son bienes escasos —igual que el cuerpo de una persona es un bien escaso— y como solo es necesario formular normas porque los bienes son escasos y no porque sean tipos particulares de bienes escasos, las especificaciones del principio de no agresión, concebidas como una norma especial de propiedad referida a un tipo concreto de bien, deben de hecho contener ya las de una teoría general de la propiedad.

Consideraré inicialmente esta teoría general de la propiedad como una serie de reglas aplicables a todos los bienes con el principio facilitar el evitar todos los posibles conflictos por medio de principios uniformes y luego demostraré cómo esta teoría general está implícita en el principio de no agresión. Como de acuerdo con el principio de no agresión una persona puede hacer con su cuerpo lo que quiera siempre que no agreda de esa manera el cuerpo de otra persona, esa persona podría asimismo hacer uso de otros medios escasos, igual que hace uso de su propio cuerpo, siempre que estas otras cosas no sean ya propiedad de algún otro, sino que estén en un estado natural, sin propietario. Tan pronto como los recursos escasos tengan visiblemente propietario —tan pronto como alguien «mezcle su trabajo», como expresó John Locke, con ellos y hayas rastros objetivos de ello— entonces la propiedad, es decir, el derecho al control exclusivo solo puede adquirirse por una transferencia contractual de títulos de propiedad de un propietario previo a uno posterior y cualquier intento de delimitar unilateralmente este control exclusivo de los propietarios previos o de cualquier transformación no solicitada de las características físicas de los medios escasos en cuestión es, en estricta analogía con las agresiones contra los cuerpos de otras personas, una acción injustificable.

La compatibilidad de este principio con el de no agresión puede demostrarse por medio de un argumento a contrario. Primero debería advertirse que si nadie tiene el derecho a adquirir y controlar cualquier cosa excepto su propio cuerpo (una regla que pasaría la prueba formal de universalización), entonces dejaríamos de existir y el problema de la justificación de las declaraciones normativas (o, en ese sentido, cualquier problema del que nos ocupamos en este tratado) simplemente no existiría. La existencia de este problema es solo posible porque estamos vivos y nuestra existencia se debe al hecho de realmente no podemos aceptar una norma que prohíba la propiedad de otros bienes escasos junto y además de la de nuestro cuerpo físico. Por tanto el derecho a adquirir dichos bienes debe suponerse que existe. Ahora bien, si es así, y si uno no tiene el derecho a adquirir esos derechos de control exclusivo sobre cosas no usadas dadas por la naturaleza mediante su propio trabajo, es decir, haciendo algo con cosas con las que nadie más haya hecho nada antes, y si otra gente tuviera el derecho a ignorar nuestra declaración de propiedad con respecto a cosas en las que no haya trabajado o utilizado antes de alguna forma particular, esto solo sería posible si uno pudiera adquirir títulos de propiedad, no a través del trabajo, es decir, estableciendo algún enlace objetivo controlable intersubjetivamente entre una persona concreta y un recurso escaso concreto, sino simplemente por una declaración verbal: por decreto. Sin embargo, adquirir títulos de propiedad a través de una declaración es incompatible con el antes justificado principio de la no agresión respecto de los cuerpos. En primer lugar si alguien puede realmente apropiarse de propiedad por decreto, esto implicaría que también sería posible que uno sencillamente declarara que el cuerpo de otra persona sea suyo. Aún así esto está claro que entraría en conflicto con la regla de la no agresión que hace una distinción radical entre el cuerpo de uno y el de otra persona. Y esta distinción solo puede hacerse de una forma tan clara y no ambigua porque para los cuerpos, como para cualquier otra cosa, la separación entre «mío» y «tuyo» no se basa en declaraciones verbales sino en la acción. (por cierto, una decisión entre derechos declarados rivales no podría producirse salvo que hubiera algún criterio objetivo distinto de la declaración). La separación se basa en la observación de que algún recurso escaso concreto se había realizado de hecho —para que todos lo vean y verifiquen, ya que deben existir indicadores objetivos de esto— en una expresión de materialización de la propia voluntad o, como puede pasar, de la voluntad de algún otro. Además, y lo que es más importante. Decir que la propiedad no se adquiere mediante la acción sino a través de una declaración implica una abierta contradicción práctica, porque nadie podría decir y declarar eso salvo a pesar de lo que realmente se haya considerado que su derecho de control exclusivo sobre su cuerpo como su propio instrumento para decir algo se haya presupuesto ya de hecho.

Ahora se ha demostrado que el derecho de apropiación original a través de acciones es compatible con y está implícito en el principio de no agresión como presuposición lógicamente necesaria de la argumentación. Por supuesto, indirectamente también se ha demostrado que no puede justificarse cualquier regla que especifique derechos diferentes, como una teoría socialista de la propiedad. Sin embargo, antes de entrar en un análisis más detallado de por qué cualquier ética socialista es indefendible —una explicación que debería dar alguna luz adicional sobre la importancia de la teoría «natural» capitalista de la propiedad, parecen apropiadas unas pocas notas acerca de lo que está implícito o no en clasificar estas últimas normas.

Al realizar esta afirmación, uno no necesita afirmar haber deducido un «tendría» de un «es». En realidad, uno bien puede suscribir la casi generalizada opinión de que la distancia entre el «tendría» y el «es» es insalvable lógicamente. En su lugar, clasificar las reglas de la teoría natural de la propiedad de esta manera es un asunto puramente cognitivo. No se sigue más de la clasificación del principio subyacente al capitalismo de «justo» el que uno tendría que actuar de acuerdo con él que lo que se sigue del concepto de validez o verdad que uno siempre debería tratar de alcanzar. Decir que este principio es asimismo justo no excluye la posibilidad de que la gente proponga o incluso aplique reglas que sean incompatibles con él. En realidad, con respecto a las normas la situación es muy similar a la de otras disciplinas de investigación científica. Por ejemplo, el hecho de que ciertas declaraciones empíricas estén justificadas o sean justificables y otras no, no implica que todos defiendan solo declaraciones objetivas y válidas. Por el contrario, la gente puede equivocarse, incluso intencionadamente. Pero la distinción entre objetivo y subjetivo, entre verdadero y falso, no pierde nada de su significado a causa de esto. Por el contrario, la gente equivocada tendría que clasificarse como desinformada o intencionadamente mentirosa. El caso es similar con respecto a las normas. Por supuesto hay mucha gente que no propaga o aplica normas que puedan clasificarse como válidas de acuerdo con el sentido de justificación que he indicado antes. Pero la distinción entre normas justificables e injustificables no se disuelve por esto, igual que las declaraciones objetivas y subjetivas no se tambalean a causa de la existencia de personas desinformadas o mentirosas. Por el contrario, y de acuerdo con ello, aquella gente que propagaría y aplicaría dichas normas diferentes e inválidas tendría que clasificarse asimismo como desinformada o deshonesta, en la medida en que uno les había explicado y había dejado realmente claro que sus propuestas o aplicaciones alternativas de normas no podían ser justificables en la argumentación y nunca lo serían. Y habría aún más justificación para hacerlo en el caso moral que en el empírico, ya que la validez del principio de no agresión y la del principio de apropiación original a través de la acción como su corolario lógicamente necesario debe considerarse que es incluso más básico que cualquier tipo de declaraciones válidas o verdaderas. Porque los es válido o verdadero tiene que se definido como tal sobre lo que todos los que actúen de acuerdo con este principio puedan posiblemente estar de acuerdo. En realidad, como acaba de demostrarse, al menos la aceptación implícita de estas reglas es el prerrequisito necesario para ser capaces de vivir y de argumentar en absoluto.

¿Entonces por qué precisamente la teorías socialistas de la propiedad de cualquier tipo fracasan para justificarse como válidos? ¡Primero, debería advertirse que todas las versiones realmente practicadas del socialismo y la mayoría de sus modelos propuestos teóricamente ni siquiera pasarían la primera prueba de universalización formal y fracasarían solo por este hecho! Todas estas versiones contienen normas dentro de cuyo marco de reglas legales tienen la forma «alguna gente hace y alguna gente no hace». Sin embargo, dichas reglas, que especifican distintos derechos u obligaciones para distintas clases de personas, no tienen la posibilidad de ser aceptadas como justas por cada participante potencial en una argumentación por razones sencillamente formales. Salvo que la distinción realizada entre distintas clases de personas resulte ser tal que sea aceptable por ambos bando como basada en la naturaleza de las cosas, dichas reglas no serían aceptables porque implicarían que a un grupo se le otorgan privilegios legales a costa de discriminaciones complementarias contra otro grupo. Alguna gente, ya sean a quienes se les permita hacer algo o aquéllas a las que no, por tanto no podrían acordar que estas sean reglas justas. Como la mayoría de los tipos de socialismo, practicado o predicados, tienen que confiar en la aplicación de reglas como «alguna gente tiene la obligación de pagar impuestos y otras el derecho a consumirlos» o «alguna gente sabe lo que es bueno para ti y está autorizada a ayudarte a obtener esos supuesto beneficios aunque no los quieras, pero no estás autorizado a conocer lo que es bueno para ellos y ayudarles a tu vez» o « alguna gente tiene el derecho a determinar quién tiene demasiado de algo y quién demasiado poco y otros tienen la obligación de obedecer» o aún más sencillamente: «la industria informática debe pagar para subvencionar a los granjeros», «los empleados a los desempleados», «los que no tienen hijos a los que los tienen», etc. o viceversa, todas pueden descartarse fácilmente como contendientes serios a la afirmación de ser parte de una teoría válida de normas como normas de propiedad, porque todas indican por su propia formulación que no son universalizables.

¿Pero qué hay de incorrecto en las teorías de la propiedad socialista si se tiene esto en cuenta realmente hay una teoría formulada que contiene exclusivamente normas universalizables del tipo «nadie está autorizado a» o «todos pueden»? Incluso así —y esto, de forma más ambiciosa, es lo que se ha demostrado indirectamente antes y ha de ser argumentado directamente— el socialismo nunca podría esperar probar su validez, ya no por razones formales, sino a acusa de sus especificaciones materiales. De hecho, aunque esas formas de socialismo que pueden refutarse fácilmente respecto de su afirmación de validez moral sobre bases formales sencillas puedan al menos practicarse, la aplicación de esas versiones más sofisticadas que pasarían la prueba de universalización resultarían ser fatales, por razones materiales: incluso si lo intentáramos, simplemente nunca podrían ponerse en práctica.

Hay dos especificaciones relacionadas en las normas de la teoría natural de la propiedad con las que al menos una de las cuales una teoría socialista de la propiedad entra en conflicto. La primera especificación es que, de acuerdo con la ética capitalista, la agresión se define como una invasión de la integridad física de la propiedad de otra persona. Por el contrario el socialismo definiría a la agresión como una invasión del valor o la integridad psíquica de la propiedad de otra persona. El socialismo conservador, deberíamos recordar, de dirigía a preservar una distribución concreta de la riqueza y los valores e intentaba mantener bajo control aquellas fuerzas que pudieran cambiar el statu quo por medio de controles de precios, regulaciones controles del comportamiento. Está claro que para hacerlo debe asumirse que sean justificables los derechos de propiedad al valor de las cosas y una invasión de valores, mutatis mutandis, debe clasificarse como una agresión injustificada. Aún así no solo el conservadurismo utiliza esta idea de la propiedad y la agresión. También lo hace el socialismo socialdemócrata. Los derechos de propiedad a los valores deben suponerse legítimos cuando el socialismo socialdemócrata me permite, por ejemplo, demandar una indemnización a gente cuyas posibilidades u oportunidades afectan negativamente a las mías. Y lo mismo es cierto cuando se permite la indemnización por cometer «violencia estructural» —un término especialmente querido en la literatura científica política izquierdista — o psicológica. Con el fin de poder pedir dicha indemnización, lo que se hizo —afectando a mis oportunidades, mi integridad psíquica, mi sentimiento de lo que me corresponde— tendría que clasificarse como un acto agresivo.

¿Por qué es injustificable esta idea de proteger el valor de la propiedad? Primero, aunque toda persona, al menos en principio, puede tener un control completo sobre si sus acciones hacen que cambien o no las características físicas de algo y por tanto también puede tener un control completo sobre si esas acciones son justificables o no, el control sobre si las acciones de uno afectan o no al valor de la propiedad de algún otro no residen en la persona que actúa, sino más viene en otra gente y sus evaluaciones subjetivas. Así que nadie podría determinar ex ante si sus acciones serían clasificadas como justificables o injustificables. Uno primero tendría que interrogar a toda la población para asegurarse de que las acciones planeadas no cambiarán las evaluaciones de otra persona respecto de su propiedad. E incluso así nadie podría actuar hasta que se llegara a un acuerdo universal sobre quién se supone que hace qué con qué y en qué momento en el tiempo. Está claro, por todos los problemas prácticos que implica, que estaríamos muertos mucho antes de que esto se consiguiera. Pero es aún más decisivo que la posición socialista respecto de la propiedad y la agresión no podría siquiera argumentarse efectivamente, porque argumentar a favor de cualquier norma, socialista o no, implica que hay un conflicto sobre el uso de mismo recurso escaso, pues si no simplemente no habría necesidad de discusión. Sin embargo para argumentar que hay una salida a estos conflictos, debe presuponerse que debe permitirse que las acciones se realicen antes de cualquier acuerdo o desacuerdo real, pero si no es así, no podría ni siquiera discutirse. Aún así, si alguien puede hacer esto —y el socialismo también debe asumir que puede, ya que existe como posición intelectual argumentada— entonces esto solo es posible por la existencia de límites objetivos a la propiedad, es decir, límites que toda persona puede reconocer como tales por sí misma, sin tener que estar de acuerdo antes con nadie más con respecto al sistema propio de valores y evaluaciones. Luego también el socialismo, a pesar de lo que dice, debe en realidad presuponer la existencia límites de propiedad objetivos, en lugar de límites determinados por evaluaciones subjetivas, aunque solo sea para tener algún socialista superviviente que pueda hacer sus propuestas morales.

La idea socialista de proteger el valor en lugar de la integridad física también falla por una segunda razón relacionada. Evidentemente, el valor para una persona, por ejemplo en el mercado del trabajo o el matrimonio, puede verse afectada, y de hecho lo es, por la integridad y el grado de integridad física. Así que si alguien quiere que se protejan los valores de propiedad, tendría que permitir la agresión física contra la gente. Sin embargo es por el mismo hecho de que los límites de una persona —es decir, los límites de la propiedad de una persona en su cuerpo como su dominio de control exclusivo con el que otra persona no está autorizada a interferir salvo que desee convertirse en agresor— son límites físicos (intersubjetivamente determinable y no solo límites marcado subjetivamente) por lo que todos pueden estar de acuerdo en algo independientemente (¡y por supuesto acuerdo significa acuerdo de unidades independientes de toma de decisiones!). Por tanto solo porque los límites protegidos de la propiedad son objetivos, es decir, fijos y reconocibles como fijados antes de cualquier acuerdo convencional, puede haber argumentación en absoluto y posiblemente acuerdo entre unidades independientes de toma de decisiones. Simplemente no podría haber nadie discutiendo nada salvo que se reconozca antes su existencia como una unidad física independiente. Nadie podría argumentar a favor de de un sistema de propiedad que defina límites a la propiedad en términos subjetivos y evaluativos —como hace el socialismo— porque simplemente ser capaces de decirlo presupone que, al contrario de lo que dice la teoría, uno debe ser en realidad una unidad físicamente independiente al decirlo.

La situación no es menos grave para el socialismo cuando nos ocupamos de la segunda especificación esencial de las reglas de la teoría natural de la propiedad. Las normas básicas del capitalismo se caracterizaban no solo por el hecho de que la propiedad y la agresión se definieran en términos físicos: no era menos importante que además de que además la propiedad se definiera como privada y que se especificara el significado de la apropiación original, que implica evidentemente hacer una distinción entre antes y después. Es con esta especificación adicional con la que también entra en conflicto el socialismo. En lugar de reconocer la importancia vital de la distinción antes-después para decidir entre declaraciones de propiedad en conflicto, el socialismo propone normas que establecen en la práctica que la prioridad es irrelevante a la hora de tomar una decisión así y que los que lleguen más tarde tienen tanto derecho a la propiedad como los que lleguen primero. Está claro que esta idea está implícita, por ejemplo, cuando el socialismo socialdemócrata hace que los propietarios naturales de riqueza o sus herederos pagan un impuesto para que los desafortunados que llegan más tarde puedan ser capaces de participar en su consumo. Y esta idea también está implícita, por ejemplo, cuando se fuerza al propietario de un recurso natural a reducir (o aumentar) su explotación presente en interés de la posteridad. En ambos casos solo tiene sentido hacerlo cuando se supone que la persona que acumula primero riqueza o utiliza primero el recurso natural, comete así una agresión contra algunos de los que llegaron después. Si no han hecho nada reprobable, entonces estos últimos no podrían tener esta reclamación contra ellos.

¿Qué hay de malo en esta idea de desdeñar la distinción antes-después como moralmente irrelevante? Primero si lo que llegan más tarde, es decir, quienes de hecho no hicieron nada con algunos bienes escasos, tuvieran realmente tanto derecho como lo que llegaron los primeros, es decir los que sí hicieron algo con los bienes escasos, entonces literalmente nadie estaría autorizado a hacer nada con nada, ya que necesitaría el consentimiento de todos los que llegaron después antes de hacer lo que uno quiera hacer. De hecho, como la posteridad incluiría a los hijos de los hijos —esto es, gente que llegara tan tarde que uno nuca podría preguntarles— defender un sistema legal que no haga uso de la distinción antes-después como parte de su teoría subyacente de la propiedad es sencillamente absurdo ya que implica defender la muerte pero debe presuponer la vida para defender algo. Ni nosotros, ni nuestros antepasados, ni nuestra progenie podríamos sobrevivir, sobrevivimos o sobreviviremos y diremos o argumentaremos nada si vamos a seguir esta regla. Con el fin de que cualquier persona —pasada, presente o futura— argumente algo debe ser posible sobrevivir ahora. Nadie puede esperar y suspender la actividad hasta que todos los de una determinada clase de gente que llega más tarde acabe de aparecer y acuerde lo que uno quiere hacer. Más bien en la medida en que una persona se encuentra sola, debe ser capaz de actuar, de usar, producir, consumir bienes directamente, antes de que haya acuerdos con gente que sencillamente no está aún alrededor (y tal vez nunca lo esté). Y en la medida en que un persona se encuentre en compañía de otros y haya conflicto sobre cómo utilizar un recurso escaso concreto, debe ser capaz de resolver el problema en un punto definido del tiempo con un número definido de gente en lugar de tener que esperar durante periodos de tiempo no especificados a un número no especificado de personas. Luego, simplemente para sobrevivir, lo que es un prerrequisito para argumentar a favor o en contra de algo, los derechos de propiedad no pueden concebirse como intemporales y no específicos respecto del número de gente afectada. Por el contrario, deben pensarse necesariamente como originados a través de la acción en puntos definidos en el tiempo un individuos definidos que actúan.

Además, abandonar la idea de la distinción antes-después, que el socialismo encuentra tan atractiva, sería asimismo incompatible con el principio de no agresión como fundamento práctico de la argumentación. Argumentar y posiblemente acordar con alguien (aunque solo sea el hecho de que hay desacuerdo) significa reconocer el derecho anterior de cada uno sobre el control exclusivo de su propio cuerpo. De otra forma sería imposible que nadie dijera primero nada en punto concreto del tiempo y para alguien que sea capaz de después de replicar o viceversa, ya que ni el primero ni el segundo orador serían ya unidades físicas independientes de toma de decisiones, en ningún momento. Luego eliminar la distinción antes-después, como intenta hacer el socialismo equivale a eliminar la posibilidad de discutir y llegar a acuerdos. Sin embargo, como uno no puede discutir que no haya posibilidad de discusión sin que el control anterior de cada persona sobre su propio cuerpo sea reconocido y aceptado como justo, una ética de quien llega más tarde que no desee hacer esta distinción nunca podrá ser acordada por nadie. Simplemente decirlo podría implicar una contradicción, ya que ser capaz de decirlo presupone la existencia de uno como unidad independiente de toma de decisiones en un punto definido en el tiempo.

Por tanto uno se ve obligado a concluir que la ética socialista es un fracaso total. En todas sus versiones prácticas, no es mejor que una regla del tipo «Puedo pegarte, pero tú no puedes pegarme», que incluso suspendería la prueba de universalización. Y si adoptara reglas universalizables, que básicamente equivaldrían a decir «todos pueden pegara a todos los demás», no podría decirse concebiblemente que esas reglas sean universalmente aceptables en razón de su misma especificación material. Simplemente decir y argumentar eso debe presuponer el derecho de propiedad de una persona sobre su propio cuerpo. Así que una vez que la ética del capitalismo de que el primero que llega es el primer propietario puede defenderse efectivamente ya que está implícita en la argumentación. Y ninguna otra ética podría estar tan justificada, ya que justificar algo en el curso de una discusión implica presuponer la validez precisamente de esta ética de la teoría natural.

Capítulo 8

Los fundamentos socio-psicológicos del socialismo o la teoría del estado

En los capítulos anteriores se ha demostrado que el socialismo como sistema social que implica una redistribución de títulos de propiedad de usuarios-propietarios y contratantes a no usuarios-propietarios y no-contratantes implica necesariamente una reducción en la producción de la riqueza, ya que el uso y contratación de los recursos son actividades costosas cuya realización se hace aún más costosa en comparación con las alternativas disponibles a los actores. En segundo lugar, dicho sistema no puede ser defendido como un orden social justo desde el punto de vista moral, porque para argumentarlo, de hecho, para argumentar en absoluto, a favor o en contra de cualquier cosa, ya sea una posición moral, no moral, empírica o lógico-analítica, presupone necesariamente la validez de la regla «primer usuario - primer propietario» de la teoría de la propiedad natural y el capitalismo, de lo contrario nadie podría sobrevivir y luego decir, o tal vez estar de acuerdo con, nada como una unidad física independiente.

Si el socialismo no se puede justificar ni moral ni económicamente, entonces éste se reduce a un asunto de importancia meramente socio-psicológica. ¿Cuáles, entonces, son las bases socio-psicológicas sobre las que descansa el socialismo? O, ya que el socialismo ha sido definido como una política institucionalizada de la redistribución de títulos de propiedad de usuarios-propietarios y contratantes, ¿cómo es posible una institución que implementa más o menos una expropiación total de los propietarios naturales?

Si existe una institución a la que se permite apropiarse de los títulos de propiedad de otra manera que a través de la apropiación original o por contrato, se presume que debe dañar a algunas personas que se consideran los dueños naturales de estas cosas. Al asegurar y posiblemente aumentar sus ingresos monetarios y / o no monetarios, reduce los de otras personas, lo que es categóricamente diferente de la situación que se da cuando existe una relación contractual entre las personas en las que no se gana a expensas de nadie sino todo el mundo se beneficia, de lo contrario simplemente no habría ningún cambio. En este caso uno puede esperar resistencia a la ejecución de dicha política. Esta inclinación a la resistencia puede, por supuesto, ser más o menos intensiva, y puede cambiar con el tiempo y convertirse en más o menos pronunciada y representar una amenaza mayor o menor a la institución ejecutora de la política de redistribución. Pero siempre que exista, la institución debe tenerla en cuenta. En particular, hay que contar con ella si se supone que la gente que representa esta institución son personas comunes y corrientes que, como todos los demás, tienen interés no sólo en la estabilización de sus ingresos actuales, que son capaces de garantizar por sí mismos en su papel de representantes de esta institución, sino también en el aumento de estos ingresos tanto como sea posible. ¿Cómo, y éste es precisamente el problema, pueden estabilizar y, posiblemente, aumentar sus ingresos de los intercambios no contractuales, a pesar de que esto necesariamente crea víctimas —y con el tiempo, aumenta el número de víctimas, o víctimas cada vez más dañadas?

La respuesta se puede dividir en tres partes que se tratarán a su vez: (1) a través de la violencia agresiva; (2) a través de la corrupción de la opinión pública, dejando que todos o una parte de ellos compartan en el disfrute de los ingresos coercitivamente extraídos de los propietarios naturales de las cosas, y (3) a través de la corrupción de la opinión pública, dejando que todos o una parte de ellos participen en la política específica de expropiación a ser promulgada.

Para asegurar su propia existencia, una institución que aplica una teoría socialista de la propiedad debe basarse en la amenaza continua de violencia. Cualquier tal institución amenaza a la gente que no esté dispuesta a aceptar la apropiación no contractual de sus bienes naturales, con el asalto físico, el encarcelamiento, la esclavitud, o incluso la muerte, y ésta debe llevar a cabo tales amenazas, si es necesario, a fin de mantenerse «digno de confianza» como el tipo de institución que es. Dado que uno está tratando con una institución —es decir, una organización, que realiza estas acciones de manera regular— casi se explica por sí mismo que se niegue a llamar a su propia práctica «agresión», y en su lugar adopta un nombre diferente para ella, con connotaciones neutrales o incluso positivas. De hecho, sus representantes pueden no estar siquiera conscientes de que son agresores cuando actúan en nombre de esta organización. Sin embargo, no son los nombres o términos los que importan aquí o en otro lugar, sino lo que realmente significan. En cuanto al contenido de sus acciones, la violencia es la piedra angular de la existencia del socialismo como una institución. Y para no dejar lugar a malentendidos aquí, la violencia sobre la que descansa el socialismo no es el tipo de violencia que el propietario natural de las cosas usaría o amenazaría con usar contra los intrusos de su propiedad. No es la amenaza defensiva frente a un asesino potencial de, digamos, someterlo a la pena capital, en caso de que el asesinato realmente se diera. Más bien, es la violencia agresiva dirigida a víctimas inocentes. Una entidad ejecutora del socialismo, literalmente, se basa en la amenaza planteada por un asesino potencial contra gente inocente (es decir, personas que no han hecho ningún daño físico alguno a nadie) de matarlos si no cumplen con sus demandas, o incluso matarlos sólo por la «diversión» de matar.

No es en absoluto difícil de reconocer la verdad de esto. Con el fin de hacerlo, sólo es necesario asumir un boicot de cualquier relación de intercambio con los representantes del socialismo, porque este tipo de intercambio, por cualquier razón, ya no parece rentable. Debe quedar claro que en un sistema social basado en la teoría de la propiedad natural – en el capitalismo– cualquiera tendría derecho a boicotear en cualquier momento, siempre y cuando fuera la persona que se apropió de las cosas afectadas usándolas antes que nadie, o por su adquisición por contrato con un dueño anterior. Por mucho que una persona o institución pudiera verse afectada por un boicot, que tendría que soportar y sufrir en silencio, o bien tratar de persuadir al boicoteador a renunciar a su posición, haciendo una oferta más lucrativa para él. Pero no es así con una institución que pone las ideas socialistas en materia de propiedad en vigor. Intente, por ejemplo, dejar de pagar impuestos o hacer que sus pagos futuros de impuestos dependa de ciertos cambios o mejoras en los servicios que ofrece la institución a cambio de los impuestos – le impondrían multas, lo asaltarían, lo encarcelarían, o tal vez le harían cosas peores. O, para usar otro ejemplo, trate de ignorar los reglamentos de esta institución o los controles impuestos sobre su propiedad. Es decir, intente señalar que no dio su consentimiento a estas limitaciones sobre el uso de su propiedad y que no invadiría la integridad física de la propiedad de ninguna otra persona haciendo caso omiso de tales imposiciones, y por lo tanto, que tiene el derecho de separarse de su jurisdicción, de «cancelar su membresía», por así decirlo, y de ahí en adelante tratar con él en igualdad, de una institución privilegiada a otra. Una vez más, sin que usted haya agredido a nadie a través de su secesión, esta institución vendría a invadirlo a usted y a su propiedad, y no dudaría en poner fin a su independencia. De hecho, si no lo hiciese así, dejaría de ser lo que es. Abdicaría y se convertiría en un dueño regular de propiedad privada o una asociación contractual de tales dueños. Sólo porque no abdica hay socialismo en absoluto. De hecho —y por eso el título de este capítulo sugirió que la cuestión relativa a los fundamentos socio-psicológicos del socialismo es idéntica a la de las bases de un estado— si no hubiera ninguna institución que aplique las ideas socialistas de la propiedad, no habría espacio para un estado, ya que un estado no es más que una institución construida sobre los impuestos y la interferencia no solicitada, no contractual con el uso que las personas privadas pueden hacer de sus bienes naturales. No puede haber socialismo sin Estado y siempre que hay un estado hay socialismo. El Estado, entonces, es la institución que pone en acción el socialismo; y como el socialismo se basa en la violencia agresiva dirigida contra víctimas inocentes, la violencia agresiva es la naturaleza de cualquier estado.

Pero el socialismo, o el estado como la encarnación de las ideas socialistas, no descansa exclusivamente sobre la agresión. Los representantes del Estado no se involucran exclusivamente en actos de agresión a fin de estabilizar sus ingresos, ¡aunque sin ellos no habría ningún estado! Mientras la relación entre el Estado y los dueños de la propiedad privada sea exclusivamente parasitaria, y las actividades de los representantes del Estado consistan enteramente en interferencias no solicitadas con los derechos de propiedad de otras personas, diseñadas para aumentar los ingresos de los primeros a expensas de la correspondiente reducción en los ingresos de los últimos, y estos agentes del socialismo no hagan nada más con sus ingresos que consumirlos para sus fines privados, las posibilidades de crecimiento del Estado y la propagación del socialismo son por lo menos muy limitadas y estrechas. Ciertamente, un hombre o un grupo de hombres que poseyeran suficientes energías agresivas pueden inspirar el miedo suficiente en uno, y posiblemente incluso en algunos otros, o en otro grupo más numeroso de hombres que, por cualquier motivo, carecen de tales características, y pueden establecer una relación estable de explotación. Pero es imposible explicar el hecho, típico de todos los estados y todos y cada uno de los sistemas socialistas, que el grupo de hombres que representan al estado puedan mantener a grupos de personas diez, cien o incluso mil veces más numerosos que ellos mismos en sujeción, y extraer de ellos las cantidades increíblemente grandes de ingresos que de hecho extraen, sólo infundiéndoles miedo.

Se podría pensar que un aumento en el grado de explotación podría explicar el tamaño de los ingresos. Pero a partir del razonamiento económico de los capítulos anteriores, sabemos que un mayor grado de explotación de los propietarios naturales necesariamente reduce su incentivo para trabajar y producir, y así hay un estrecho límite al grado en que una persona (o grupo de personas) puede llevar una vida cómoda de los ingresos coercitivamente extraídos de otra persona (o un grupo más o menos del mismo tamaño de personas) que tendrían que solventar este estilo de vida a través de su trabajo. Por lo tanto, para que los agentes del socialismo puedan llevar una vida cómoda y prosperar mientras lo hacen, es esencial que el número de sujetos explotados sea considerablemente más grande y crezca más que proporcionalmente en comparación con el número de los representantes del Estado mismo. Con esto, sin embargo, volvemos a la cuestión de cómo la minoría puede subyugar a la mayoría.

Tampoco habría manera convincente, en torno a esta tarea explicativa, de argumentar que el Estado podría resolver este problema simplemente mejorando su armamento, al amenazar con bombas atómicas en lugar de hacerlo con armas y fusiles, por así decirlo, aumentando así el número de sus súbditos. Ya que siendo realista hay que asumir que el conocimiento tecnológico de tal armamento mejorado apenas puede mantenerse en secreto, especialmente si de hecho ha sido aplicado, entonces, con los instrumentos mejorados del estado para infundir miedo, mutatis mutandis, las formas de defensa y resistencia de las víctimas mejoran también, y por lo tanto, difícilmente estos avances pueden ser tenidos en cuenta como explicación de lo que debe ser explicado. Uno debe concluir, entonces, que el problema de explicar cómo la minoría puede subyugar a la mayoría es de hecho real; y que el socialismo, y el estado como encarnación del socialismo deben basarse, además de la agresión, en algún tipo de apoyo activo entre el público.

David Hume es uno de los expositores clásicos de esta idea. En su ensayo De los primeros principios de gobierno, sostiene que:

Nada parece más sorprendente para aquellos que consideran los asuntos humanos con mirada filosófica, que la facilidad con la que la mayoría es gobernada por la minoría, y la sumisión implícita con la que los hombres renuncian a sus propios sentimientos y pasiones por las de sus gobernantes. Cuando nos preguntamos por qué medios se lleva a cabo esta maravilla encontraremos, que mientras que la Fuerza está siempre del lado de los gobernados, los gobernantes no tienen nada que los sostenga sino la opinión. Es, por tanto, sólo en la opinión que el gobierno se basa, y esta máxima se extiende a los gobiernos más despóticos y militares, así como a los más libres y más populares. El sultán de Egipto, o el emperador de Roma, podrían conducir a sus súbditos inofensivos, como bestias, en contra de sus sentimientos e inclinaciones. Pero él debe, al menos, haber llevado a sus mamelucos o bandas pretorianas, como hombres, por su opinión.

¿Cómo se da en verdad este apoyo? Un componente importante en el proceso de su generación es la ideología. El Estado gasta mucho tiempo y esfuerzo para persuadir al público de que no es realmente lo que es y que las consecuencias de sus acciones son positivas y no negativas. Esas ideologías, extendidas para estabilizar la existencia de un Estado y aumentar sus ingresos, afirman que el socialismo ofrece un sistema económico superior o un orden social más justo que el capitalismo, o que no hay tal cosa como la justicia anterior a la intromisión del estado para declarar que ciertas normas son justas. Y tales ideologías, también, menos atractivas ahora, pero alguna vez muy poderosas, son aquéllas, por ejemplo, de que el estado está bendecido por la religión, o de que los gobernantes no son personas comunes, sino súper humanos con cualidades divinas, que deben ser obedecidos por su superioridad natural. He hecho todo lo posible en los capítulos anteriores para demostrar que estas ideas son falsas e injustificadas, y volveré a la tarea de analizar y desenmascarar otra ideología de moda en el último capítulo de este tratado. Pero a pesar de la falsedad de estas ideologías, hay que reconocer que sin duda tienen algún efecto en las personas, y que contribuyen –algunas más que otras– a su sumisión a una política de invasión agresiva de los derechos de propiedad de los propietarios naturales.

Sin embargo, hay otro componente más importante que contribuye al apoyo del público y no es la propaganda verbal, sino más bien acciones con un impacto claro y tangible. En lugar de ser un mero consumidor parasitario de bienes que otras personas han producido, el Estado, con el fin de estabilizarse y aumentar sus ingresos tanto como sea posible, añade algunos ingredientes positivos a su política, diseñada para ser de utilidad para algunas personas fuera del círculo de su propio personal. O se involucra como agente de transferencia de ingresos, es decir, como una organización que reparte los ingresos monetarios o no monetarios que ya ha sustraído de A, sin su consentimiento, a B –naturalmente después de restar los cargos por manejo por el nunca gratuito acto de tal transferencia– o se dedica a la producción de bienes o servicios, utilizando los medios expropiados antes de los dueños naturales, y así aporta algo de valor a los usuarios/compradores/consumidores de estos productos. De cualquier manera, el Estado genera apoyo a su función. Los beneficiarios de los ingresos transferidos, así como los usuarios/consumidores de bienes y servicios producidos por el Estado se vuelven dependientes, en diferentes grados, de la continuación de una política de estado dada para sus ingresos actuales, y se reduce en consecuencia su inclinación para resistir el socialismo encarnado en el poder del estado.

Pero esto es sólo una cara de la moneda. Los logros positivos del Estado no se llevan a cabo simplemente para hacer algo agradable para algunas personas, como, por ejemplo, cuando una persona da a otra un regalo. Tampoco se hacen simplemente para que la institución obtener un ingreso lo más alto posible del intercambio como cuando una institución común, con fines de lucro, se dedica al comercio. Más bien, se llevan a cabo con el fin de asegurar la existencia y contribuir al crecimiento de una institución que se construye sobre la violencia agresiva. Como tales, las contribuciones positivas que emanan del Estado deben servir a un propósito estratégico. Deben ser diseñadas para romper la resistencia o añadir soporte para la existencia continuada de un agresor como agresor. Por supuesto, el Estado puede equivocarse en esta tarea, al igual que cualquier empresa ordinaria, debido a que sus decisiones sobre las medidas que mejor se adapten a sus objetivos estratégicos tienen que ser hechas en anticipación a determinados resultados esperados. Y si se equivoca con respecto a las respuestas que sigan a sus decisiones políticas, sus ingresos pueden caer en vez de aumentar, poniendo en peligro su propia existencia, así como una institución con fines de lucro puede tener pérdidas o incluso ir a la quiebra si el público no está dispuesto a comprar deliberadamente lo que se esperaba que comprase. Pero sólo si se entiende la finalidad peculiar estratégica de las transferencias y la producción estatales, en comparación con las transferencias o la producción privada, se hace posible explicar los patrones estructurales típicos y recurrentes de las acciones de un Estado, y explicar por qué los Estados general y uniformemente prefieren tomar ciertas líneas de acción en lugar de otras.

En cuanto al primer problema: no tiene sentido para un estado explotar a todas las personas en la misma medida, ya que esto pondría a todos en su contra, fortalecería la solidaridad entre las víctimas, y en todo caso, no sería una política que tuviera muchos nuevos amigos. Tampoco tiene sentido que un Estado conceda sus favores por igual e indiscriminadamente a todo el mundo. Porque si así fuera, las víctimas seguirían siendo víctimas, aunque quizá en menor grado. Sin embargo, quedaría menos dinero para distribuir a las personas que verdaderamente se aprovecharían de la acción del Estado, y cuyo aumentado apoyo podría ayudar a compensar la falta de apoyo de las personas victimizadas. Por el contrario, la política del Estado debe ser y de hecho es guiada por el lema «divide et impera»: tratar a las personas de manera diferente, ponerlas una contra otra, explotar a un grupo posiblemente más pequeño y favorecer a otro grupo posiblemente más grande a expensas del primero, y así contrarrestar el creciente resentimiento o la resistencia de algunos por un mayor apoyo de los demás. La política, como la política de un Estado, no es «el arte de hacer lo posible», como los estadistas prefieren describir su negocio. Es el arte, sobre la base de un equilibrio del terror, de ayudar a estabilizar los ingresos del Estado en un nivel tan alto como sea posible por medio de la discriminación popular y un régimen discriminatorio popular de distribución de favores. Sin duda, una institución con fines de lucro también puede involucrarse en políticas comerciales discriminatorias, pero hacerlo y seguir con una política de empleo discriminatorio, o no vender indiscriminadamente a cualquiera que esté dispuesto a pagar el precio fijado para un determinado servicio o producto es costoso, y así existe un incentivo económico que evita tal acción. Para el Estado, por el contrario, hay todos los incentivos del mundo para involucrarse en tales prácticas discriminatorias.

En cuanto a los tipos de servicios preferentemente ofrecidos por el Estado: es evidente que el Estado no puede producir de todo, o al menos no todo en la misma medida, porque si intentase hacerlo sus ingresos en realidad caerían —ya que el estado sólo puede apropiarse de lo que han producido anteriormente los propietarios naturales, y el incentivo para producir algo en el futuro desaparecería casi por completo en un sistema de socialización completa. Es de suma importancia para tratar de poner en práctica el socialismo, entonces, que el Estado se involucre y se concentre en la producción y suministro de tales bienes y servicios (y, mutatis mutandis, elimine a sus competidores privados en estas líneas de actividad productiva, para monopolizar su provisión), que son estratégicamente importantes para prevenir o reprimir cualquier real rebelión o revolución.

Por lo tanto, todos los estados —algunos más ampliamente que otros, pero todos los estados en un grado considerable— han sentido la necesidad de hacerse cargo, en primer lugar, del sistema de educación. Ya sea opera directamente a las instituciones educativas, o indirectamente controla dichas instituciones, haciendo su operación privada dependiente de la concesión de una licencia del estado, asegurando así que se desarrollan en un marco predefinido de directrices establecidas por el estado. Junto con un período constantemente extendido de escolaridad obligatoria, esto le da al Estado una ventaja tremenda en la competencia entre las diferentes ideologías en las mentes de la gente. La competencia ideológica que pueda suponer una amenaza seria para el gobierno del Estado por lo tanto puede ser eliminada o su impacto reducido considerablemente, especialmente si el Estado, como la encarnación del socialismo, logra monopolizar el mercado de trabajo de intelectuales haciendo que una licencia del estado sea requisito previo para cualquier tipo de actividad docente sistemática.

El control directo o indirecto del tráfico y la comunicación es de similar importancia estratégica para el Estado. De hecho, todos los Estados han hecho grandes esfuerzos para controlar los ríos, las costas y rutas marítimas, las calles y los ferrocarriles, y sobre todo, el correo, radio, televisión y sistemas de telecomunicaciones. Todo posible disidente es decididamente restringido en sus posibilidades de moverse y coordinar las acciones de las personas si estas cosas están en manos o bajo la supervisión del Estado. El hecho, bien conocido de la historia militar, de que los sistemas de tráfico y comunicación son los primeros puestos de mando en ser ocupados por cualquier Estado que ataque a otro claramente subraya su importancia estratégica central en la imposición del gobierno estatal en una sociedad.

Una tercera preocupación central de importancia estratégica para cualquier Estado es el control y la posible monopolización del dinero. Si el Estado tiene éxito en esta tarea y, como es el caso ahora en todo el mundo, suplanta un sistema de banca libre y una moneda respaldada en metales —más comúnmente el patrón oro— por un sistema monetario caracterizado por un banco central operado por el Estado y papel-moneda respaldado por nada más que papel y tinta, realmente una gran victoria ha sido alcanzada. En su lucha permanente por mayores ingresos, el Estado ya no depende de los medios igualmente impopulares del aumento de los impuestos o depreciación de la moneda (descantillamiento), que en todo momento han sido desenmascarados rápidamente como fraudulentos. Por el contrario, ahora pueden aumentar sus propios ingresos y disminuir su propia deuda casi a voluntad mediante la impresión de más dinero, siempre y cuando el dinero adicional se ponga en circulación antes de que las consecuencias inflacionarias de esta práctica hayan entrado en vigor o hayan sido anticipadas por el mercado.

En cuarto y último lugar, está el área de la producción de seguridad, de la policía, la defensa, y las cortes judiciales.

De todos los bienes o servicios provistos o controlados por el Estado, ésta es sin duda el área de mayor importancia estratégica. De hecho, es de tal importancia que cualquier Estado obtenga el control de estas cosas, para proscribir a los competidores, y monopolizar estas actividades, que «Estado» y «productor de la ley y el orden» a menudo han sido considerados sinónimos. Erróneamente, por supuesto, ya que el Estado debe ser correctamente descripto como una institución de agresión organizada que sólo intenta aparecer como un productor ordinario a fin de seguir agrediendo a inocentes propietarios naturales. Pero el hecho de que esta confusión existe y es ampliamente compartida puede ser explicado con referencia a la observación de que todos los Estados deben monopolizar la producción de seguridad debido a su importancia estratégica central, y por lo tanto, estos dos términos, siendo diferentes en su significado comprensivo, de hecho tienen el mismo significado extensivo.

No es difícil ver por qué para estabilizar su existencia, un Estado no puede, bajo ninguna circunstancia, dejar la producción de seguridad en manos de un mercado de propietarios privados. Ya que el Estado se basa en la coerción, en última instancia, necesita fuerzas armadas.

Lamentablemente (para cualquier estado), otros estados armados existen, lo que implica que existe un control sobre el deseo de un Estado de extender su reinado sobre los demás y así aumentar sus ingresos obtenidos a través de la explotación. Es lamentable para cualquier Estado, también, que este sistema de competencia de los Estados también implique que cada Estado está algo limitado en cuanto al grado en que puede explotar sus propios súbditos, ya que su apoyo podría disminuir si su propio gobierno se percibe como más opresivo que el de los Estados en competencia. Ya que entonces la probabilidad de que los sujetos de un Estado colaboren con un competidor en su deseo de «tomar el mando», o la de que voten con sus pies (dejando a su propio país para ir a otro) podría aumentar. Es aún más importante, entonces, que cada Estado evite tan desagradable competencia de otras organizaciones armadas potencialmente peligrosas, por lo menos en el mismo territorio que controla. La mera existencia de una agencia de protección privada, armada como debería estar para proteger a las personas de la agresión y que empleara a personas capacitadas en el uso de dichas armas, constituiría una amenaza potencial a la política en curso de un Estado de invadir los derechos de propiedad las personas privadas. Por lo tanto, dichas organizaciones, que sin duda surgirían en el mercado ya que el deseo de ser protegidos contra los agresores es genuino, son ansiosamente proscriptas, y el Estado se arroga este trabajo a sí mismo y su control monopólico. De hecho, los Estados de todas partes están muy decididos a prohibir, o al menos controlar, incluso la mera posesión de armas por ciudadanos privados —y la mayoría de los Estados han tenido éxito en esta tarea— ya que un hombre armado es claramente una mayor amenaza a cualquier agresor que un hombre desarmado. Implica mucho menos riesgo para el Estado mantener las cosas pacíficas, mientras que su propia agresión continúa, si los rifles con los que el recaudador de impuestos podría ser herido están fuera del alcance de todos, ¡excepto del propio recaudador de impuestos!

Con respecto al sistema judicial las cosas son muy similares. Si el Estado no monopolizara la prestación de los servicios judiciales, sería inevitable que, tarde o temprano (y más probablemente temprano), el Estado vendría a ser considerado como la institución injusta que en realidad es. Sin embargo, ninguna organización injusta tiene interés en ser reconocida como tal. Por un lado, si el Estado no velara por que sólo los jueces nombrados y empleados por el Estado administraran la ley, es evidente que el derecho público (las normas que regulan la relación entre el Estado y las personas privadas o las asociaciones de estas personas) no tendría ninguna posibilidad de ser aceptado por el público, sino que sería reconocido de inmediato como un sistema de agresión legalizada, existente en violación del sentido de justicia de casi todo el mundo. Y en segundo lugar, si el Estado no monopolizara también la administración de derecho privado (las normas que regulan las relaciones entre particulares), sino dejara esta tarea a la competencia entre tribunales y jueces, dependiente del deliberado apoyo financiero del público, es dudoso que las normas que impliquen una distribución asimétrica de los derechos u obligaciones entre las diferentes personas o clases de personas tuvieran la más mínima oportunidad de llegar a ser generalmente aceptadas como leyes vigentes. Los tribunales y jueces que establecieran tales normas irían a la quiebra inmediatamente, debido a la falta de asistencia financiera continua.Sin embargo, ya que el Estado depende de una política de divide et impera para mantener su poder, debe detener el surgimiento de un sistema de competencia de tribunales de derecho privado, a toda costa.

Sin duda, todos estos servicios prestados por el Estado —la educación, el tráfico y la comunicación, el dinero y la banca, y lo más importante, la seguridad y la administración de justicia— son de vital importancia para cualquier sociedad. Todos ellos, sin duda tendrían que ser siempre, y de hecho serían producidos por el mercado si el Estado no las acaparara. Pero esto no significa que el Estado es simplemente un sustituto para el mercado. El Estado participa en estas actividades por una razón completamente diferente a cualquier negocio privado —no sólo porque hay una demanda para ellos, sino porque estas áreas de actividades son de importancia estratégica esencial para garantizar la continuidad del Estado como una institución privilegiada construida sobre la violencia agresiva. Y esta intención estratégica diferente es responsable de un tipo peculiar de producto. Dado que los educadores, los empleados de los sistemas de tráfico y las comunicaciones, de los bancos centrales, la policía y los jueces, son pagados por los impuestos, el tipo de productos o servicios prestado por un Estado, aunque ciertamente de algún valor positivo para algunas personas, no puede ser de tal calidad que todo el mundo deliberadamente decidiera gastar su propio dinero en ellos. Más bien, todos estos servicios comparten la característica de que contribuyen a dejar que el Estado aumente sus propios ingresos coercitivamente extraídos a través de beneficiar a algunos mientras perjudica a otros.

Pero hay aún más sobre los fundamentos socio-psicológicos del Estado como una institución de agresión continua contra propietarios naturales, que la popular redistribución de productos y servicios de importancia estratégica. Igualmente importante para la estabilidad y el crecimiento del Estado es la estructura de toma de decisiones que adopta para sí misma: su constitución. Una empresa común con fines de lucro intentaría adoptar una estructura de toma de decisiones que mejor se adapte a su objetivo de maximizar los ingresos a través de la percepción e implementación de oportunidades empresariales, es decir, las diferencias en los costos de producción y la demanda anticipada del producto. El Estado, en comparación, se enfrenta a la tarea completamente diferente de la adopción de una estructura de toma de decisiones que le permite aumentar al máximo sus ingresos obtenidos coercitivamente —dado su poder para amenazar y sobornar a las personas para obtener su apoyo mediante la concesión de favores especiales.

Considero que la mejor estructura de toma de decisiones para hacerlo es una constitución democrática, es decir, la adopción del gobierno de la mayoría. Con el fin de darse cuenta de la validez de esta tesis, sólo tiene que hacerse la siguiente hipótesis. No sólo las personas que realmente representan al Estado tienen el deseo (que, dicho sea de paso, siempre se permiten satisfacer) de aumentar sus ingresos a expensas de una reducción de los ingresos correspondientes de los propietarios, productores y contratantes naturales; esta lujuria por el poder y el deseo de gobernar a otros también existe entre el pueblo gobernado. No todos tienen ese deseo en la misma medida; de hecho algunas personas podrían no tenerlo. Pero la mayoría de la gente normalmente lo tiene en varias ocasiones. Si esto es así (y la experiencia nos informa que éste es el caso), entonces el Estado debe contar con la resistencia de dos fuentes analíticamente distintas. Por un lado hay una resistencia de las víctimas que cualquier política que Estado crea. El Estado puede tratar de combatir esto haciendo amigos que lo apoyan, y de hecho tendrá éxito en esto en la medida en que la gente pueda ser corrompida a través de sobornos. Por otro lado, si las ansias de poder que existen entre las víctimas y/o las personas favorecidas por una política de Estado dada, entonces también debe haber resistencia o por lo menos descontento originados por el hecho de que una política determinada de expropiación y distribución discriminatoria excluye automáticamente cualquier otra política y a sus partidarios en la población gobernada por el Estado, y por lo tanto debe frustrar su plan particular de cómo se debe utilizar el poder. Por definición, ningún cambio en la política de redistribución-expropiación del Estado puede eliminar este tipo de descontento, ya que cualquier cambio necesariamente excluiría una política diferente. Por lo tanto, si el Estado quiere hacer algo para reducir la resistencia (derivada de la frustración de un deseo de poder) que cualquier política particular implica, sólo puede hacerlo mediante la adopción de una estructura de toma de decisiones que reduce al mínimo la decepción de los potenciales detentadores del poder: mediante la apertura de un régimen popular de participación en la toma de decisiones, para que todos los que desean que su política en particular sea aplicada puedan aspirar a tener una oportunidad en el futuro.

Ésta, precisamente, es la función de una democracia. Ya que se basa en el respeto por la mayoría, es por definición una constitución popular para la toma de decisiones. Y como de hecho abre la posibilidad de que todo el mundo presione para que se ejecute su propio plan específico de poder a intervalos regulares, reduce al máximo el deseo de poder frustrado actual a través de la perspectiva de un futuro mejor. Contrariamente al mito popular, la adopción de una constitución democrática no tiene nada que ver con la libertad o la justicia.

Ciertamente, en la medida que el Estado se restringe en su uso de la violencia agresiva cuando se involucra en la provisión de algunos bienes y servicios valorados positivamente, entonces acepta restricciones adicionales cuando los gobernantes se someten al control de la mayoría de los que están siendo gobernados. A pesar del hecho, sin embargo, de que esta restricción cumple la función positiva de satisfacer ciertos deseos de ciertas personas al reducir la intensidad de las frustradas ansias de poder, de ninguna manera implica el renunciamiento del estado a su posición privilegiada como una institución de la agresión legalizada. Por el contrario, la democratización del Estado es una medida de organización realizada con el propósito estratégico de racionalizar la ejecución del poder, aumentando así la cantidad de ingresos a ser agresivamente apropiados de los propietarios naturales. Se cambia la forma de poder, pero el gobierno de la mayoría es agresión, también. En un sistema basado en la teoría natural de la propiedad -en el capitalismo- el gobierno de la mayoría no tiene y no puede jugar ningún papel (aparte del hecho, por supuesto, que si es aceptado, cualquier persona puede unirse a una asociación que adopta el gobierno de la mayoría, como un club deportivo o una asociación de amantes de los animales, cuya jurisdicción es deliberadamente aceptada por los miembros como vinculante por la duración de la membresía).En tal sistema, sólo son válidas las normas de la apropiación original de bienes a través del uso o de la adquisición contractual de propietarios anteriores. La apropiación por decreto o sin previo consentimiento del usuario-propietario, sin importar que haya sido llevado a cabo por un autócrata, una minoría, en contra de la mayoría, o por una mayoría contra una minoría, sin excepción, es un acto de violencia agresiva. Lo que distingue a una democracia de una autocracia, monarquía u oligarquía no es que el primero signifique libertad, mientras que los otros significan agresión. La diferencia entre ellos reside únicamente en las técnicas utilizadas para administrar, transformar, y canalizar la resistencia popular alimentada por las frustradas ansias por el poder. El autócrata no permite a la población influir en la política en ninguna manera regular o formalizada, aunque él también debe prestar atención a la opinión pública a fin de estabilizar su existencia. Así, una autocracia se caracteriza por la falta de una válvula de escape institucionalizada para los potenciales detentadores de poder. Una democracia, por el contrario, posee precisamente tal institución. Permite a las mayorías, conformadas de acuerdo a ciertas reglas formalizadas, influir regularmente en los cambios de políticas públicas. Por consiguiente, si las decepcionadas ansias por el poder se hacen más tolerables cuando hay una válvula de escape para ella, entonces debe haber una menor resistencia a un régimen democrático que al poder autocrático. Esta importante diferencia socio-psicológica entre los regímenes autocráticos y democráticos ha sido descrita magistralmente por B. de Jouvenel:

Desde el siglo doce al dieciocho la autoridad gubernamental creció continuamente. El proceso fue entendido por todos los que lo vieron suceder; les llevó a protestar incesantemente y reaccionar violentamente.- En tiempos posteriores, su crecimiento ha continuado a un ritmo acelerado, y su ampliación ha traído consigo una ampliación correspondiente de la guerra. Y ahora ya no entendemos el proceso, ya no protestamos, ya no reaccionamos. Esta aquiescencia nuestra es una cosa nueva, por lo cual el Poder tiene que agradecer a la cortina de humo en la que se ha envuelto. Antiguamente se podía ver, manifiesta en la persona del rey, que no renunciaba a ser el amo que era, y en quien las pasiones humanas eran perceptibles. Ahora, enmascarado en anonimidad, dice no tener existencia propia, y ser nada más que el instrumento impersonal y sin pasión de la voluntad general.-Pero eso es claramente una ficción-. Hoy como siempre el Poder está en manos de un grupo de hombres que controlan la casa del poder….Todo lo que ha cambiado es que ahora se ha hecho fácil para que los gobernados cambien el personal de quienes detentan el Poder. Visto desde un ángulo, esto debilita al Poder, porque las voluntades que controlan la vida de una sociedad pueden, según a la sociedad le plazca, ser sustituidas por otras voluntades, en las que sienta más confianza.- Pero al abrir la perspectiva del Poder a todos los talentos ambiciosos, esta disposición hace que la extensión del Poder sea mucho más fácil. Bajo el «antiguo régimen», los espíritus de la sociedad en movimiento, que, lo sabían, no tenían ninguna posibilidad de una participación en el Poder, se apresuraban a denunciar su menor avance. Ahora, en cambio, cuando todo el mundo es potencialmente un ministro, nadie se ocupa de reducir un cargo al que aspira un día para sí mismo, o de poner arena en una máquina que él pretende para el propio uso cuando llegue su turno. Por lo tanto, es que existe en los círculos políticos de una sociedad moderna una gran complicidad en la extensión del Poder.

Dadas una población idéntica y una idéntica política de Estado de la disposición discriminatoria de bienes y servicios, un Estado democrático tiene más posibilidades de incrementar sus propios ingresos apropiados agresivamente. Y, mutatis mutandis, una autocracia debe conformarse con un ingreso relativo más bajo. En términos de los clásicos del pensamiento político, debe gobernar más sabiamente, es decir, gobernar menos. Ya que no permite ninguna otra voluntad que la del autócrata, y tal vez sus asesores inmediatos, para obtener o influir en las políticas públicas de forma regular, su ejercicio del poder parece menos tolerable para los gobernados. Por lo tanto, su estabilidad sólo puede asegurarse si es reducido relativamente el grado general de explotación promulgado por el estado.

La situación en los últimos dos siglos ilustra claramente la validez de esta tesis. Durante este tiempo hemos experimentado una sustitución casi universal de regímenes relativamente autocrático-monárquicos por sistemas relativamente democráticos.(Incluso la Rusia soviética es notablemente más democrática que lo que la Rusia zarista alguna vez lo fue). De la mano de este cambio ha ocurrido un proceso que nunca se ha experimentado antes en cuanto a su velocidad y alcance: un permanente y aparentemente incontrolable crecimiento del Estado. En la competencia de los diferentes estados por poblaciones explotables, y en los intentos de estos estados de enfrentarse a la resistencia interna, el Estado democrático ha tendido a ganar directamente sobre el autocrático como la variante de poder superior. Ceteris paribus, es el Estado democrático -y el socialismo democrático incorporado en él- que controla el ingreso más alto y así demuestra ser superior en las guerras con otros estados. Y ceteris paribus, es este estado, también, el que tiene más éxito en la gestión de la resistencia interna: es, e históricamente se ha mostrado en repetidas ocasiones, más fácil salvar el poder de un estado mediante la democratización que hacer lo contrario y autocratizar su estructura de toma de decisiones.

Aquí, entonces, tenemos los fundamentos socio-psicológicos del Estado como la institución misma que promulga el socialismo. Todo Estado se basa en el monopolio o el control monopólico de bienes y servicios estratégicamente importantes, los cuales provee discriminadamente a grupos favorecidos, rompiendo así la resistencia en una política de agresión contra los propietarios naturales. Es más, se apoya en una política de reducción de las frustradas ansias por el poder mediante la creación de válvulas de escape para la participación pública en los futuros cambios en una política de exploración. Naturalmente, cada descripción histórica de un estado y su política socialista específica y cambios en las políticas públicas, tendrá que dar una explicación más detallada de lo que hizo posible que el socialismo se establezca y crezca. Pero si alguna de tales descripciones es supuestamente completa y no es pasible de caer presa de engaño ideológico, entonces todas las medidas adoptadas por el Estado deben ser descriptas como insertas en este mismo marco institucional de la violencia, y la democratización.

Lo que sea que cualquier estado hace en términos de contribuciones evaluadas positivamente a la sociedad, y cuán grande o pequeño sea el alcance de dichas contribuciones; ya sea que el Estado proporcione ayuda para las madres trabajadoras con hijos a su cargo o les dé atención médica, construya carreteras o aeropuertos; ya sea que conceda favores a los agricultores o estudiantes, se dedique a la producción de servicios educativos, de la infraestructura de la sociedad, el dinero, el acero o la paz; o incluso si hace todas estas cosas y más, sería completamente falaz enumerar todo esto y dejarlo así. Lo que hay que decir además es que el Estado no puede hacer nada sin la previa expropiación no contractual a los propietarios naturales. Sus contribuciones al bienestar no son nunca un regalo común, incluso si se distribuyen de forma gratuita, porque se entrega algo que el Estado no posee legítimamente en primer lugar. Si vende sus servicios al costo, o incluso con una ganancia, los medios de producción empleados en proveerlos todavía deben haber sido apropiados por la fuerza. Y si los vende a un precio subsidiado, la agresión debe continuar a fin de mantener el nivel actual de producción.

La situación es similar con respecto a la estructura de toma de decisiones de un Estado. Ya sea que un Estado se organice autocráticamente o democráticamente, tenga una estructura de toma de decisiones centralizada o descentralizada, una estructura de representación de una o varias etapas, que se organice como un sistema de partidos o como un estado corporativo, sería ilusorio describirlo en estos términos y dejarlo así. Para ser exhaustivo, lo que hay que añadir es que en primer lugar, la constitución de un Estado es un dispositivo organizativo para promover su existencia como una institución de la agresión. Y en la medida que su estabilidad repose sobre derechos garantizados constitucionalmente a participar en la inauguración de los cambios de políticas públicas, hay que subrayar que el estado se basa en un atractivo institucional a las energías motivadoras que las personas en su vida privada considerarían criminales y que consecuentemente harían todo lo posible para suprimir. Una empresa ordinaria tiene una estructura de toma de decisiones que debe adaptarse al propósito de permitirle asegurar una ganancia tan alta como sea posible de las ventas a clientes que deliberadamente la apoyan. La constitución de un estado no tiene nada en común con esto, y sólo los superficiales «estudios en la organización» sociológicos llevarían a cabo investigaciones sobre las similitudes o diferencias estructurales entre ambas.

Sólo si esto se entiende a fondo puede comprenderse plenamente la naturaleza del Estado y el socialismo. Y sólo entonces puede haber una comprensión completa de la otra parte del mismo problema: lo que se necesita para superar el socialismo. El estado no puede ser combatido sólo boicoteándolo, como un negocio privado podría hacerlo, debido a que un agresor no respeta el juicio negativo revelado por el boicot. Pero tampoco puede ser combatido simplemente respondiendo su agresión con violencia defensiva, porque la agresión del estado goza del apoyo de la opinión pública. Por lo tanto, todo depende de un cambio en la opinión pública. Más específicamente, todo depende de dos supuestos y el cambio que se puede lograr en cuanto a su condición de realistas o no realistas. Una tal suposición estuvo implícita cuando se afirmó anteriormente que el Estado puede generar apoyo para su función al proveer determinados bienes y servicios a grupos favorecidos. Allí, evidentemente, la suposición implicada fue que la gente puede ser corrompida para apoyar a un agresor si reciben una parte, por pequeña que sea, de los beneficios. Y, dado que los estados existen en todas partes, esta suposición, felizmente para el estado, hay que decir que es realista en todas partes, hoy en día. No obstante, no hay tal cosa como una ley natural que dice que esto debe ser así para siempre. Para que el Estado falle en alcanzar su objetivo, ni más ni menos que un cambio en la opinión pública en general debe llevarse a cabo: el apoyo a la acción del Estado debe llegar a ser considerado y calificado como inmoral porque es apoyo dado a una organización de crimen institucionalizado. El socialismo estaría en su fin si sólo la gente no se dejara corromper por los sobornos del estado, pero que, digamos, si se les ofreciera, tomen su parte de la riqueza a fin de reducir el poder de soborno del Estado, sin dejar de considerar y tratarlo como un agresor que debe ser resistido, ignorado, y ridiculizado, en cualquier momento y en cualquier lugar.

El segundo supuesto era que las personas realmente desean el poder y por lo tanto pueden ser corrompidas hacia la acción de apoyo estatal si se les da la oportunidad de satisfacer este deseo. Observando los hechos, difícilmente puede haber ninguna duda de que hoy este supuesto, también, es realista. Pero una vez más, no es realista debido a las leyes naturales, ya que por lo menos en principio, puede deliberadamente hacerse no realista. A fin de provocar el fin del estatismo y el socialismo, ni más ni menos se debe lograr un cambio en la opinión pública que llevaría a las personas lejos de usar las válvulas institucionales para la participación en las políticas públicas para la satisfacción del deseo de poder, sino por el contrario hacerlos suprimir cualquier tal deseo y convertir esta misma arma organizacional del Estado en contra de éste y abogar sin concesiones por que se ponga fin a la tributación y la regulación de los propietarios naturales en todo lugar y momento que exista la posibilidad de influir en las políticas públicas.

Capítulo 9

Producción capitalista y el problema del monopolio

Los capítulos anteriores han demostrado que no puede darse una justificación ni económica ni moral para el socialismo. El socialismo es económicamente y moralmente inferior al capitalismo. El último capítulo examinaba por qué el socialismo es no obstante un sistema social viable, y analizaba las características socio psicológicas del Estado —la institución que encarna el socialismo. Su existencia, estabilidad y crecimiento se basan en la agresión y en el apoyo público de esta agresión que el Estado logra efectuar. Esto lo hace, en primer lugar, a través de una política de discriminación popular; una política, es decir, de sobornar a algunas personas a tolerar y apoyar la continua explotación de los demás mediante la concesión de favores; y en segundo lugar, a través de una política de participación popular en la elaboración de políticas, es decir, corrompiendo al público y persuadiéndolo a jugar el juego de la agresión, al dar a prospectivos detentadores de poder la oportunidad consoladora de promulgar sus particulares esquemas de explotación en uno de los subsiguientes cambios de políticas.

Ahora vamos a volver a la economía, y analizaremos el funcionamiento de un sistema capitalista de producción —una economía de mercad— como la alternativa al socialismo, de esta manera completando mi argumento en contra del socialismo. Mientras que el último capítulo será dedicado a la cuestión de cómo el capitalismo resuelve el problema de la producción de los llamados «bienes públicos», este capítulo explicará lo que podría denominarse el funcionamiento normal de la producción capitalista y contrastarlo con el funcionamiento normal de un sistema de producción estatal o social. Luego volveremos a lo que generalmente se cree que es un problema especial que supuestamente muestra una deficiencia económica peculiar en un sistema de producción capitalista puro: el denominado problema de producción monopolista.

Ignorando por el momento los problemas especiales de la producción monopolista y de bienes públicos, vamos a demostrar por qué el capitalismo es económicamente superior en comparación con sus alternativas, por tres razones estructurales. En primer lugar, sólo el capitalismo puede racionalmente, es decir, en términos de evaluaciones del consumidor, asignar medios de producción; en segundo lugar, sólo el capitalismo puede garantizar que, dadas la calidad de las personas y la asignación de recursos, la calidad de los productos elaborados alcance su nivel óptimo, a juzgar nuevamente en términos de evaluaciones del consumidor; y en tercer lugar, suponiendo una asignación determinada de los factores de producción y la calidad de la producción, y juzgado de nuevo en términos de evaluaciones del consumidor, sólo un sistema de mercado puede garantizar que el valor de los factores de producción sea conservado eficientemente en el tiempo.

Mientras se produzca para un mercado, es decir, para el intercambio con otras personas o empresas, y esté sujeto a la regla de no agresión contra la propiedad de los dueños naturales, todos los negocios ordinarios usarán sus recursos para la producción de ciertos bienes y ciertas cantidades de estos bienes que, en anticipación, prometen un retorno de las ventas que supere lo mayor posible los costos involucrados en el uso de estos recursos. Si esto no fuera así, un negocio utilizaría sus recursos para la producción de diferentes cantidades de dichos bienes o de bienes totalmente diferentes. Y cada una de esas empresas debe decidir repetidamente si una asignación dada o el uso de sus medios de producción deben mantenerse y reproducirse, o si, debido a un cambio en la demanda o la anticipación de dicho cambio, se procede a una reasignación a distintos usos. La pregunta de si los recursos se han utilizado o no en la manera más valor-productiva (la más rentable) o si una asignación dada era la más económica, puede, por supuesto, sólo ser decidida en un futuro más o menos lejano bajo cualquier sistema económico o social imaginable, porque invariablemente se necesita de tiempo para producir un producto y llevarlo al mercado. Sin embargo, y esto es decisivo, para cada negocio hay un criterio objetivo para decidir la medida en que sus decisiones de asignación anteriores fueron correctas o incorrectas. La contabilidad nos informa —y, en principio, cualquier persona que quisiera hacerlo puede comprobar y verificar esta información— si, o no, y en qué medida, una asignación dada de factores de producción fue económicamente racional, no sólo para el negocio en su totalidad, sino para cada una de sus subunidades, en la medida que los precios de mercado existan para los factores de producción utilizados en ella. Dado que el criterio de pérdida de lucro es un criterio ex post, y necesariamente debe ser así en cualquier sistema de producción debido al factor tiempo involucrado en la producción, no puede ser de ninguna ayuda a la hora de decidir sobre futuras asignaciones ex ante. Sin embargo, desde el punto de vista de los consumidores, es posible concebir el proceso de asignación y reasignación de recursos como racional, porque toda decisión de asignación es constantemente sometida a prueba bajo el criterio de la pérdida de lucro. Toda empresa que falle en cumplir este criterio está destinada a corto o largo plazo a encoger o a ser expulsada del mercado por completo, y sólo aquellas empresas que consigan cumplir con el criterio de pérdida de lucro pueden permanecer en funcionamiento o posiblemente crecer y prosperar. Sin duda, la institucionalización de este criterio no asegura (y ningún otro criterio nunca podría) que todas las decisiones de negocios individuales siempre resultarán ser racionales en términos de evaluaciones del consumidor. Sin embargo, al eliminar los malos pronosticadores y fortaleciendo la posición de aquéllos consistentemente exitosos, sí asegura que los cambios estructurales de todo el sistema de producción que tienen lugar en el tiempo, puedan ser descritos como movimientos constantes hacia un uso más racional de los recursos y como un proceso sin fin de dirigir y redirigir los factores de producción de las líneas de producción menos valor-productivas a aquellas líneas que son más valoradas por el consumidor.

La situación es totalmente diferente y la arbitrariedad desde el punto de vista del consumidor (para quien, cabe recordar, la producción se lleva a cabo) sustituye a la racionalidad en cuanto el Estado entra en escena. Debido a que es diferente de las empresas ordinarias en que se le permite obtener ingresos por medios no contractuales, el estado no está obligado a evitar pérdidas si quiere permanecer en el negocio como lo están todos los demás productores. Por el contrario, ya que está autorizado a imponer impuestos y/o reglamentos a las personas, el Estado está en condiciones de determinar unilateralmente si subsidiar o no, en qué medida, y por cuánto tiempo, sus propias operaciones de producción. También puede elegir unilateralmente a qué competidor potencial se le permite competir con el Estado o posiblemente vencerlo. Básicamente, esto significa que el Estado se independiza de las consideraciones de costo-beneficio. Pero si ya no se ve obligado a someter a prueba continuamente cualquier de sus diversos usos de los recursos bajo este criterio, es decir, si ya no necesita ajustar exitosamente sus asignaciones de recursos a los cambios en la demanda de los consumidores para sobrevivir como productor, entonces la secuencia de las decisiones de asignación en su conjunto debe considerarse como un proceso de toma de decisiones irracional y arbitrario. Un mecanismo de selección que saca de operación a aquellas «mutaciones» que constantemente ignoran o muestran una inadaptación a la demanda de los consumidores, simplemente ya no existe. Decir que el proceso de asignación de recursos se convierte en arbitrario en ausencia de un funcionamiento eficaz del criterio de pérdida de lucro no significa que las decisiones que de alguna manera tienen que ser tomadas no están sujetas a ningún tipo de restricción y por lo tanto, son puros caprichos. No lo son, y cualquier tal decisión se enfrenta a ciertas restricciones impuestas al tomador de decisiones. Si, por ejemplo, la asignación de los factores de producción se decide democráticamente, entonces, evidentemente debe apelar a la mayoría. Pero si una decisión es limitada en esta vía o si se hace autocráticamente, respetando el estado de la opinión pública como lo ve el autócrata, entonces todavía es arbitraria desde el punto de vista de

consumidores voluntarios que compran o no. Por lo tanto, la asignación de recursos, cual fuera que sea y como sea que cambie con en el tiempo, representa un despilfarro de medios escasos. Liberado de la necesidad de obtener lucro para sobrevivir como una institución que sirve a consumidores, el estado necesariamente sustituye a la racionalidad con la asignación caótica. Rothbard resume bastante bien el problema de la siguiente manera:

¿Cómo puede él (es decir, el gobierno, el estado) saber si construir la carretera A o la carretera B, si invertir en una carretera o en una escuela —de hecho, cuánto gastar para todas sus actividades? No hay forma racional de que pueda asignar fondos o siquiera decidir cuántos obtener. Cuando hay una escasez de profesores o aulas o policías o calles, el gobierno y sus seguidores tienen una sola respuesta: más dinero. ¿Por qué esta respuesta no se ofrece nunca en el libre mercado? La razón es que el dinero debe ser retirado de algunos otros usos en consumo o en inversión…. y este retiro debe estar justificado. Esta justificación es proporcionada por la prueba de pérdidas y ganancias: la indicación de que las necesidades más urgentes de los consumidores están siendo satisfechas. Si una empresa o producto está generando grandes ganancias para sus propietarios y se espera que estas ganancias continúen, más dinero vendrá; si no, y se incurre en pérdidas, el dinero saldrá de la industria. Las pruebas de pérdidas y ganancias sirven como la guía fundamental para orientar el flujo de servicios productivos. Ninguna tal guía existe para el gobierno, que no tiene forma racional de decidir cuánto dinero gastar, ya sea en total, o en cada línea específica. Cuanto más dinero gasta, más servicio puede suministrar —¿pero dónde debe parar?

Además de la mala distribución de los factores de producción que resulta de la decisión de otorgar al Estado el derecho especial de apropiarse de los ingresos de una manera no contractual, la producción del Estado implica una reducción en la calidad de la producción de lo que sea que decide producir. Una vez más, una empresa ordinaria con fines de lucro sólo puede mantener un determinado tamaño o posiblemente crecer si puede vender sus productos a un precio y en una cantidad tal que le permita recuperar al menos los costos de producción, y con suerte más altos. Como la demanda de los productos o servicios producidos depende ya sea de su calidad relativa o de sus precios —éste siendo uno de muchos criterios de calidad— percibidos por los compradores potenciales, los productores deben estar constantemente preocupados por la «calidad percibida del producto» o «bajo precio del producto». Una empresa depende exclusivamente de las compras de consumidores voluntarios para su continuada existencia, así que no hay estándar de calidad arbitrariamente definido para una empresa capitalista (incluyendo los llamados estándares científicos o tecnológicos de calidad), creado por un presunto experto o comité de expertos. Para ella sólo hay la calidad percibida y juzgada por los consumidores. Una vez más, este criterio no garantiza que no haya en el mercado productos o servicios de baja calidad o sobrevaluados porque la producción toma tiempo y la prueba de ventas viene sólo después de que los productos hayan aparecido en el mercado. Y esto tendría que ser así bajo cualquier sistema de producción de bienes. No obstante, el hecho de que toda empresa capitalista debe someterse a esta prueba de ventas y pasarla para evitar ser eliminada del mercado garantiza una posición soberana a los consumidores y sus evaluaciones. Sólo si la calidad del producto es constantemente mejorada y adaptada a los gustos de los consumidores puede un negocio seguir en funcionamiento y prosperar.

La historia es muy diferente en cuanto la producción de bienes es llevada a cabo por el Estado. Una vez que los ingresos futuros se independizan de las ventas que cubren los costes —como es el caso típico en que el estado produce un bien— ya no hay una razón para que un productor esté preocupado por la calidad del producto de la misma manera que una institución dependiente de las ventas tendría que estarlo. Si el ingreso futuro del productor puede asegurarse, independiente de si, de acuerdo con las evaluaciones del consumidor, los productos o servicios producidos valen lo que cuestan, ¿por qué realizar esfuerzos especiales para mejorar nada? Más precisamente, incluso si se supone a los empleados del Estado como una empresa productiva con el derecho de imponer impuestos y regular de manera unilateral la competitividad de sus rivales potenciales, están, en promedio, tan interesados o desinteresados en el trabajo como los que trabajan en una empresa dependiente del lucro, y si además se asume que ambos grupos de empleados y trabajadores están en la media igualmente interesados o desinteresados en un aumento o disminución de sus ingresos, entonces la calidad de los productos, medida en términos de demanda de los consumidores y manifiesta en las compras reales, debe ser menor en una empresa estatal que en una privada, porque los ingresos de los trabajadores del Estado serían mucho menos dependientes de la calidad del producto. En consecuencia, ellos tenderían a dedicar relativamente menos esfuerzo a la producción de productos de calidad y más de su tiempo y esfuerzo irían a hacer lo que ellos, pero no necesariamente lo que a los consumidores, les guste. Sólo si las personas que trabajan para el estado fuesen superhumanos o ángeles, mientras todos los demás fueran simplemente unos ordinarios, inferiores seres humanos, podría ser el resultado diferente. Sin embargo, el mismo resultado, es decir, la inferioridad de la calidad de los productos de cualquier bien producido por el estado, de nuevo se produciría si la raza humana en el agregado de alguna manera mejorara: si estuvieran trabajando en una empresa del Estado, hasta los ángeles producirían resultados de calidad inferior que sus ángeles-colegas del sector privado, si el trabajo implicara la más mínima desutilidad para ellos.

Por último, además de los hechos de que sólo un sistema de mercado puede garantizar una asignación racional de recursos escasos, y que sólo la empresa capitalista puede garantizar una producción de productos que pueden decirse ser de una calidad óptima, hay una tercera razón estructural para la superioridad económica, de hecho insuperable, de un sistema de producción capitalista. Sólo a través de la operación de las fuerzas del mercado es posible utilizar los recursos de manera eficiente en el tiempo en cualquier asignación dada, es decir, para evitar la sobreutilización así como la subutilización. Este problema ya ha sido abordado en relación al socialismo de estilo ruso en el Capítulo 3. ¿Cuáles son las limitaciones institucionales sobre una empresa ordinaria con fines de lucro en sus decisiones sobre el grado de explotación o conservación de sus recursos en la línea de producción particular en la que resulta están siendo usados? Evidentemente, el propietario de tal empresa sería propietario de los factores de producción o recursos, así como de los productos elaborados con ellos. Por lo tanto, sus ingresos (palabra utilizada aquí en un sentido amplio del término) se componen de dos partes: el ingreso recibido de las ventas de los productos producidos luego de que se hayan restado los distintos costos operativos; y el valor que se manifiesta en los factores de producción que se podría traducir en ingresos corrientes caso el propietario decida venderlos. La institucionalización de un sistema capitalista —un orden social basado en la propiedad privada— así implica establecer una estructura de incentivos bajo la cual las personas tratarían de maximizar sus ingresos en estas dos dimensiones. ¿Qué significa esto exactamente? Cada acto de producción, evidentemente, afecta ambas dimensiones de ingresos mencionadas. Por un lado, la producción se lleva a cabo para alcanzar un retorno de ingresos sobre las ventas. Por el otro lado, siempre y cuando los factores de producción sean agotables, es decir, escasos y no bienes gratuitos, cada acto de producción implica un deterioro del valor de los factores de producción. Suponiendo que la propiedad privada existe, esto produce una situación en la que todas las empresas constantemente tratan de no dejar que los costos marginales de producción (es decir, la caída del valor de los recursos que resulta de su uso) sea mayor que los ingresos marginales de los productos, y donde con la ayuda de la contabilidad, existe un instrumento para comprobar el éxito o el fracaso de estos intentos. Si un productor no tuviera éxito en esta tarea y la caída del valor de capital fuera mayor que el aumento de los retornos de ingresos por ventas, el ingreso total (en el sentido más amplio del término) del propietario se reduciría. De esta manera, la propiedad privada es un dispositivo institucional para salvaguardar un stock de capital existente de ser sobreexplotado o si lo es, para castigar a un propietario por dejar que esto suceda a través de pérdidas en los ingresos. Esto ayuda a que sea posible que los valores producidos sean más altos que los valores destruidos durante la producción. En particular, la propiedad privada es una institución en la que se establece un incentivo para ajustar eficientemente el grado de conservación o consumo de un stock de capital dado en una determinada línea de producción para los cambios de precios anticipados. Si, por ejemplo, se espera que el precio futuro del petróleo aumente por encima de su nivel actual, entonces el valor del capital ligado a la producción de petróleo aumentaría inmediatamente, como aumentaría el costo marginal involucrado en la producción del producto marginal. Por lo tanto, la empresa de inmediato sería impulsada a reducir la producción y aumentar la conservación en consecuencia, debido a que el ingreso marginal del producto en el mercado actual estaba todavía sin cambiar en el nivel más bajo. Por otra parte, si en el futuro se espera que los precios del petróleo caigan por debajo de su nivel actual, esto resultaría en una caída inmediata en los valores del capital respectivo y en los costos marginales, y por lo tanto la empresa de inmediato comenzaría a utilizar su stock de capital con mayor intensidad ya que los precios en el mercado actual seguirían siendo relativamente más altos. Sin duda, ambas reacciones son exactamente lo que es deseable desde el punto de vista de los consumidores.

Si la forma en que funciona un sistema de producción capitalista se compara con la situación que se institucionaliza cuando el Estado se ocupa de los medios de producción, surgen llamativas diferencias. Esto es particularmente cierto cuando el Estado es una democracia parlamentaria moderna. En este caso, los directivos de una empresa pueden tener el derecho de recibir los beneficios de las ventas (después de substraer los costos de operación), pero, y esto es decisivo, no tienen el derecho de apropiarse de forma privada los ingresos derivados de una posible venta de los factores de producción. Bajo esta constelación, el incentivo para utilizar un stock dado de capital económico con el tiempo se reduce drásticamente. ¿Por qué? Porque si uno tiene el derecho a apropiarse de forma privada de la renta de las ventas de productos pero no tiene derecho a apropiarse de las ganancias o pérdidas en el valor de capital que se deriva de un determinado grado de uso de este capital, entonces hay una estructura institucionalizada de incentivos no para la maximización de los ingresos totales, es decir, la riqueza social total en términos de evaluaciones del consumidor, sino más bien para la maximización de la rentabilidad de las ventas a costa de las pérdidas en el valor del capital. ¿Por qué, por ejemplo, un funcionario del gobierno reduciría el grado de explotación de un stock dado de capital y recurriría a una política de conservación cuando se espera que los precios de los bienes producidos aumenten en el futuro? Evidentemente, la ventaja de una tal política conservacionista (el mayor valor de capital resultante de ello) no podría ser cosechada de manera privada. Por otra parte, al recurrir a tal política, la renta de las ventas de uno se reduciría, mientras que no se reducirían si uno no aplicara la conservación. En resumen, conservar significaría tener ninguna de las ventajas y todas las desventajas. Por lo tanto, si los administradores del estado no son superhumanos, sino gente común preocupada por sus propias ventajas, uno debe concluir que se trata de una consecuencia absolutamente necesaria de cualquier producción estatal que un stock dado de capital será sobre explotado y el nivel de vida de los consumidores será menoscabado, en comparación con la situación bajo el capitalismo.

Ahora, es bastante seguro que alguien argumentará que si bien no cabe duda de lo que se ha dicho hasta ahora, las cosas de hecho serían diferentes y la deficiencia de un sistema de mercado puro saldría a la luz tan pronto como se prestara atención al caso especial de la producción monopolista. Y por necesidad, la producción monopolista tendría que surgir bajo el capitalismo, al menos a largo plazo. No sólo los críticos marxistas sino también economistas teóricos ortodoxos hacen este supuesto contra argumento. A su vez, en respuesta a este desafío se expondrán cuatro puntos. En primer lugar, la evidencia histórica disponible muestra que, contrariamente a las tesis de estos críticos, no hay una tendencia hacia el monopolio creciente bajo un sistema irrestricto de mercado. Además, hay razones teóricas que nos llevarían a dudar que tal tendencia pudiera prevalecer en un mercado libre. En tercer lugar, incluso si tal proceso de monopolización surgiera, por cualquier razón, sería inofensivo desde el punto de vista de los consumidores, siempre que la libre entrada en el mercado esté efectivamente garantizada. Y en cuarto lugar, el concepto de precios de monopolio a diferencia y en contraste con los precios competitivos es ilusorio en una economía capitalista.

En cuanto a la evidencia histórica, si la tesis de los críticos del capitalismo fuera cierta, entonces habría que esperarse una pronunciada tendencia hacia la monopolización bajo un capitalismo laissez-faire relativamente más libre, sin trabas, no regulado, que bajo un sistema relativamente más fuertemente regulado de capitalismo «social» o de «bienestar». Sin embargo, la historia proporciona evidencia de precisamente el resultado opuesto. Existe un acuerdo general respecto a la evaluación del período histórico desde 1867 hasta la Primera Guerra Mundial como un período relativamente más capitalista de la historia de los Estados Unidos, y del período subsiguiente como uno de comparativamente mayores y crecientes regulaciones y legislación para el bienestar. Sin embargo, si uno examina la cuestión uno encuentra que no sólo había un menor desarrollo hacia la monopolización y concentración de los negocios en el primer periodo que en el segundo, sino también que se podía observar durante el primer período una tendencia constante hacia una competencia más severa con la continua caída de los precios de casi todos los bienes. Y esta tendencia sólo se detuvo y revirtió cuando en el transcurso del tiempo el sistema de mercado fue siendo más y más obstruido y destruido por la intervención del Estado. El incremento de la monopolización solamente se estableció cuando destacados hombres de negocios tuvieron mayores éxitos en persuadir al gobierno de interferir con este sistema feroz de competencia y aprobar leyes regulatorias, imponiendo un sistema «ordenado» de competencia para proteger a grandes empresas existentes de la llamada sanguinaria competencia que continuamente surgía a su alrededor. G. Kolko, un hombre de izquierda y así ciertamente un testigo digno de confianza, al menos para los críticos de la izquierda, resume sus investigaciones sobre esta cuestión de la siguiente manera:

Hubo durante este [primer] período una tendencia dominante hacia la creciente competencia. La competencia era inaceptable para muchos empresarios y líderes financieros claves, y el movimiento de fusión fue en gran medida un reflejo de efectos voluntarios, infructuosos, de negocios para poner bajo control tendencias irresistibles… Mientras nuevos competidores surgían, y como el poder económico se hizo difuso en una nación en expansión, se hizo evidente para muchos empresarios importantes que sólo el gobierno nacional podría [controlar y estabilizar] la economía… Irónicamente, contrariamente al consenso de los historiadores, no fue la existencia del monopolio lo que llevó al gobierno a intervenir en la economía, sino la falta de él.

Además, estos resultados, que están en clara contradicción con gran parte de la sabiduría popular en la materia, están respaldados por consideraciones teóricas. Monopolización significa que algún factor de producción específico es retirado de la esfera del mercado. No hay comercio de ese factor, sino sólo hay el propietario de ese factor que actúa restringiendo el comercio. Ahora bien, si esto es así, entonces no existe precio de mercado para este factor de producción monopolizado. Pero si no existe precio de mercado para él, entonces el dueño del factor ya no puede evaluar los costos monetarios involucrados en retenerlo del mercado y usarlo como lo hace. En otras palabras, ya no puede calcular sus ganancias y asegurarse de que, aún si sólo ex post facto, él está ganando el máximo lucro posible de sus inversiones. Por lo tanto, siempre que el empresario esté realmente interesado en sacar el mayor beneficio posible (algo que, por cierto, siempre es asumido por sus críticos), tendría que ofrecer los factores de producción monopolizados al mercado continuamente para asegurarse de que realmente los estaba utilizando de la forma más rentable y que no había otra forma más lucrativa de utilizarlos, a fin de hacer más rentable para él vender el factor que conservarlo. Por lo tanto, al parecer, uno podría llegar al resultado paradójico de que a fin de maximizar sus beneficios, el monopolista debe tener un interés permanente en dejar su posición como el propietario de un factor de producción retirado del mercado y, en cambio, desear su inclusión en la esfera del mercado.

Además, en cada acto adicional de monopolización, el problema para el dueño de factores de producción monopolizados —es decir, que debido a la imposibilidad del cálculo económico ya no puede asegurarse de que esos factores son realmente utilizados en la forma más rentable— se hace cada vez más agudo. Esto es así, en particular, porque, siendo realistas, uno debe asumir que el monopolista no sólo no es omnisciente, sino que su conocimiento sobre futuros bienes y servicios en competencia por parte de los consumidores en mercados futuros se vuelve más y más limitado a medida que el proceso de monopolización avanza. A medida que factores de producción son retirados del mercado, y a medida que el círculo de consumidores atendidos por los bienes producidos con estos factores se amplía, será menos probable que el monopolista, incapaz de hacer uso del cálculo económico, pueda manejar todas las informaciones relevantes necesarias para detectar los usos más rentables de sus factores de producción. En cambio, se hace más probable en el curso de un tal proceso de monopolización, que otras personas o grupos de personas, habida cuenta de sus deseos de obtener beneficios mediante la producción, percibirán formas más lucrativas de emplear los factores monopolizados. No necesariamente porque son mejores emprendedores, sino simplemente porque ocupan diferentes posiciones en el espacio y el tiempo y por lo tanto son cada vez más conscientes de las oportunidades empresariales que se hacen más y más difíciles y costosas para el monopolista de detectar con cada nuevo paso hacia la monopolización. Por lo tanto, la probabilidad de que el monopolista será convencido de vender sus factores monopolizados a otros productores. (Nota bene: a los efectos de aumentar sus ganancias, se incrementa con cada paso adicional hacia la monopolización.

Ahora, supongamos que lo que la evidencia histórica, así como la teoría, prueba ser poco probable, ocurra de todos modos, por cualquier razón. Y vamos a asumir inmediatamente el caso más extremo imaginable: hay una sola empresa, un supermonopolista por así decir, que proporciona todos los productos y servicios disponibles en el mercado, y que es el único empleador de todos. ¿Qué implica este estado de cosas con respecto a la satisfacción del consumidor, siempre que, naturalmente, como se supone, que el supermonopolista haya adquirido su posición y la mantiene sin el uso de la agresión? Por un lado, evidentemente significa que nadie tiene reclamos válidos contra el propietario de esta empresa; su empresa es, en efecto plena y legítimamente suya. Y por otro lado significa que no hay violación del derecho de nadie a boicotear cualquier posible intercambio. Nadie está obligado a trabajar para el monopolista o comprar cualquier cosa de él, y cada uno puede hacer lo que quiera con sus ganancias de los servicios laborales. Cada uno puede consumir o guardarlos, usarlos para propósitos productivos o improductivos, o asociarse con otros y combinar sus recursos para cualquier tipo de empresa conjunta. Pero si esto fuera así, entonces la existencia de un monopolio sólo permitiría a uno decir lo siguiente: el monopolista claramente no podría ver ninguna posibilidad de mejorar sus ingresos mediante la venta total o parcial de sus medios de producción, de lo contrario lo haría. Y nadie más podría ver alguna posibilidad de mejorar sus ingresos ofreciendo comprar factores del monopolista, o convirtiéndose en un productor capitalista a través del ahorro original, a través de la transformación de riqueza privada no productiva en capital productivo, o mediante la combinación de fondos con otras personas; de lo contrario se haría. Pero entonces, si nadie viese ninguna posibilidad de mejorar sus ingresos sin recurrir a la agresión, sería evidentemente absurdo ver algo malo en tal supermonopolio. En caso de que de hecho llegara a existir en el marco de una economía de mercado, sólo demostraría que este mismo supermonopolista estaba de hecho proporcionando a los consumidores los bienes y servicios más urgentemente deseados de la forma más eficiente.

Sin embargo, queda la pregunta de los precios de monopolio. ¿Un precio de monopolio acaso no implica un suministro subóptimo de bienes a consumidores, y no hay entonces allí una importante excepción al funcionamiento económico superior del capitalismo? En cierto modo esta pregunta ya ha sido contestada por la explicación anterior, que incluso un supermonopolista que se establece en el mercado no puede considerarse perjudicial para los consumidores. Pero en cualquier caso, la teoría de que los precios de monopolio son (supuestamente) categóricamente diferentes de los precios competitivos se ha presentado en un lenguaje técnico diferente, y por lo tanto merece un tratamiento especial. El resultado de este análisis, que es difícilmente sorprendente ahora, sólo refuerza lo que ya se ha descubierto: el monopolio no constituye un problema especial que obliga a nadie a hacer modificaciones eliminatorias a la regla general de que una economía de mercado es necesariamente más eficiente que cualquier sistema estatista o socialista. ¿Cuál es la definición de «precio de monopolio» y, en contraste a ello, de «precio competitivo», de acuerdo a la ortodoxia económica (que en el asunto investigado incluye la llamada escuela austriaca, en su forma representada por L. v. Mises)? La definición siguiente es típica:

El monopolio es un requisito previo para la aparición de precios de monopolio, pero no es el único prerequisito. Hay una condición más necesaria, a saber una cierta forma de la curva de demanda. La mera existencia del monopolio no significa nada en este sentido. El editor de un libro con derechos de autor es un monopolio. Pero puede no ser capaz de vender un solo ejemplar, sin importar qué tan bajo sea el precio que pida. No todo precio al que un monopolista vende una mercancía monopolizada es un precio de monopolio. Los precios de monopolio son sólo precios a los cuales es más ventajoso para el monopolista restringir la cantidad total a ser vendida, que ampliar sus ventas hasta el límite que un mercado competitivo permitiría.

Cuan plausible esta distinción pueda parecer, se argumentará que ni el propio productor ni ningún observador externo neutral nunca podría decidir si los precios realmente obtenidos en el mercado eran precios de monopolio o de competencia, basado en el criterio «oferta restringida versus no restringida» como fue ofrecido en la definición anterior. Para entender esto, supongamos que exista un productor monopolista, en el sentido de «un único productor de un bien dado». La cuestión de si o no un bien determinado es diferente u homogéneo a los bienes producidos por otras empresas no es algo que se puede decidir sobre la base de un análisis comparativo de estos bienes en términos físicos o químicos, ex ante, sino que siempre tendrá que ser decidido ex post facto, en los mercados futuros, por el igual o diferente trato y evaluaciones que estos productos reciben del público comprador. Así, cada productor, no importa cuál sea su producto, puede ser considerado un monopolista potencial en este sentido del término, en el momento de toma de decisiones. ¿Cuál, entonces, es la decisión con la que él y todos los productores se enfrentan? Él debe decidir qué cantidad del bien en cuestión debe producir a fin de maximizar sus ingresos monetarios (con otras consideraciones de ingresos no monetarios asumidas como dadas). Para poder hacer esto, debe decidir qué forma tendrá la curva de demanda del producto en cuestión cuando los productos lleguen al mercado, y debe tener en cuenta los diversos costes de producción para producir diversas cantidades del bien a ser producido. Hecho esto, él establecerá la cantidad a ser producida en ese punto donde los beneficios de las ventas, es decir, la cantidad de bienes vendidos por el precio, menos los costos de producción involucrados en la producción de esa cantidad, llegarán a un máximo. Supongamos que esto ocurre y el monopolista también está correcto en su evaluación de la futura curva de la demanda en que el precio que busca para sus productos de hecho equilibra el mercado. Ahora la pregunta es, ¿es este precio de mercado un precio de monopolio o un precio competitivo? Como se dio cuenta M. Rothbard en su revolucionario, pero muy ignorado análisis del problema del monopolio, no hay forma de saberlo.

¿Fue «restringida» la cantidad del bien producido con el fin de aprovechar la demanda inelástica y fue luego cosechado un precio de monopolio, o fue el precio alcanzado uno competitivo establecido con el fin de vender una cantidad de bienes que se amplió «al límite que un mercado competitivo permitiría»? No hay manera de decidir el asunto. Evidentemente, todos los productores siempre intentarán establecer la cantidad producida en un nivel por encima del cual la demanda se convertiría en elástica y por lo tanto daría una menor rentabilidad total para el productor debido al pago de precios reducidos. El productor por lo tanto pone en acción prácticas restrictivas. Al mismo tiempo, en base a su estimación de la forma de las futuras curvas de demanda, cada productor siempre tratará de expandir su producción de cualquier mercancía hasta el punto en el cual el costo marginal de producción(es decir, el costo de oportunidad de no producir una unidad de un bien alternativo con la ayuda de los factores de producción escasos ahora comprometidos en el proceso de producir otra unidad de X) es igual al precio por unidad de X que uno espera poder cobrar en el respectivo nivel de la oferta. Tanto restricción como expansión son parte de la maximización del lucro y la formación de precios de mercado, y ninguno de estos dos aspectos se puede separar de los demás para hacer una distinción válida entre la acción monopolística y la competitiva.

Ahora, supongamos que en el siguiente punto de la toma de decisiones el monopolista decide reducir la producción del bien producido de un nivel previamente mayor a un nuevo nivel inferior, y asumir que de hecho logra asegurar la obtención de mayores rentas ahora que en el punto temporal anterior. ¿No sería esto una clara instancia de un precio de monopolio? Una vez más, la respuesta debe ser negativa. Y esta vez la razón sería la indistinción de esta «restricción» reasignativa, de una reasignación "normal” que tiene en cuenta los cambios en la demanda. Cada caso que pueda interpretarse de una manera también puede interpretarse de la otra, y ningún medio existe para decidir el asunto, ya que una vez más son esencialmente dos aspectos de una y misma cosa: de la acción, de la elección. El mismo resultado, es decir, una restricción en la oferta no sólo con precios más altos, pero con precios lo suficientemente altos como para aumentar los ingresos totales por ventas, se alcanzaría si el monopolista que, por ejemplo, produce un tipo único de manzanas se enfrenta a un aumento en la demanda de sus manzanas (un desplazamiento hacia arriba en la curva de la demanda) y, simultáneamente, un incremento aún mayor de la demanda (un desplazamiento incluso más drástico hacia arriba de la curva de la demanda) por naranjas. En esta situación cosecharía mayores rendimientos de una reducción de la producción de manzanas, también, porque el precio de mercado anterior de sus manzanas se habría convertido en un precio subcompetitivo en ese ínterin. Y si realmente quisiera maximizar sus ganancias, en lugar de simplemente ampliar la producción de manzanas de acuerdo con el aumento de la demanda, ahora tendría que usar algunos de los factores utilizados previamente para la producción de manzanas para la producción de naranjas, porque en el ínterin habrían ocurrido cambios en el sistema de precios relativos. Sin embargo, ¿qué sucede si el monopolista que restringe la producción de manzanas no se involucra en la producción de naranjas con los factores disponibles ahora, y en cambio no hace nada con ellos? Una vez más, todo lo que esto indicaría es que además del aumento de la demanda por manzanas, mientras tanto habría tenido lugar un aumento aún mayor de la demanda por aún otro bien —el ocio (más precisamente, la demanda por ocio del monopolista que es también un consumidor). La explicación para la oferta restringida de manzanas por lo tanto se encuentra en los cambios de precios relativos de ocio (en vez de naranjas) en comparación con otros bienes.

Ni desde el punto de vista del monopolista ni desde el de ningún observador externo podría distinguirse conceptualmente las medidas restrictivas de las reasignaciones normales que simplemente siguen los cambios anticipados de la demanda. Cada vez que el monopolista se dedica a actividades restrictivas que son seguidas por precios más altos, por definición debe utilizar los factores liberados para otro propósito de mayor valor, lo que indica que él se ajusta a los cambios en la demanda relativa. Como M. Rothbard resume,

No podemos usar a la «restricción de la producción» como la prueba de precio de monopolio versus precio competitivo. Un movimiento de un precio subcompetitivo a un precio competitivo implica también una restricción de la producción de este bien, junto, por supuesto, con una expansión de la producción en otras líneas por los factores liberados. No hay manera alguna de distinguir tal restricción y la expansión corolaria, de la supuesta situación de «precio de monopolio». Si la restricción es acompañada por un aumento de ocio para el dueño del factor trabajo en lugar de un aumento de la producción de algún otro bien en el mercado, sigue siendo la expansión de la producción de un bien de consumo —el ocio. Todavía no hay una manera de determinar si la «restricción» dio lugar a un precio de «monopolio» o uno «competitivo» o en qué medida el motivo de aumento de ocio estuvo involucrado. Para definir un precio de monopolio como el precio obtenido por vender una cantidad menor de un producto a un precio más alto por lo tanto carece de sentido, ya que la misma definición se aplica al precio «competitivo» en comparación con un precio subcompetitivo.

El análisis de la cuestión del monopolio, por tanto, no proporciona ninguna razón para modificar la descripción dada anteriormente de la forma en que una economía pura de mercado funciona normalmente y su superioridad sobre cualquier tipo de producción, socialista o estatista. No sólo es altamente improbable que ocurra un proceso de monopolización, tanto empírica como teóricamente, pero incluso si ocurriera, desde el punto de vista de los consumidores sería inofensivo. En el marco de un sistema de mercado un precio monopolista restrictivo no podría ser distinguido de un aumento normal de los precios derivado de la mayor demanda y cambios en los precios relativos. Y como toda acción restrictiva es simultáneamente expansiva, decir que la restricción de la producción en una línea de producción junto con un aumento del ingreso total, implica una mala asignación de los factores de producción y una explotación de los consumidores, es simplemente una tontería. El malentendido en este razonamiento se ha revelado con precisión en el siguiente pasaje de una de las obras posteriores de L. v. Mises en la que implícitamente refuta su propia posición ortodoxa citada anteriormente sobre el problema de los precios de monopolio. Él dice:

Un empresario a cuya disposición están 100 unidades de capital emplea, por ejemplo, 50 unidades para la producción de P y 50 unidades para la producción de Q. Si ambas líneas de producción son rentables, es extraño reprocharle por no haber empleado más, por ejemplo, 75 unidades, para la producción de P. Él podría aumentar la producción de P sólo mediante la reducción correspondiente de la producción de Q. Pero con respecto a Q la misma falla se podría encontrar con los reprochadores. Si uno reprocha al emprendedor por no haber producido más P, uno debe reprocharle también por no haber producido más Q. Esto significa: uno reprocha al emprendedor por el hecho de que hay escasez de factores de producción y que la Tierra no es el país de Jauja.

El problema del monopolio como un problema especial de los mercados que requiere la acción del Estado para ser resuelto, no existe. De hecho, sólo cuando el Estado entra en escena emerge un problema real y no ilusorio de monopolio y de precios de monopolio. El Estado es la única empresa cuyos precios y prácticas de negocio pueden ser distinguidos conceptualmente de todos los demás precios y prácticas, y cuyos precios y prácticas pueden llamarse «demasiado altos» o «explotadores» de una forma completamente objetiva, no arbitraria. Éstos son precios y prácticas que los consumidores no están dispuestos a pagar y aceptar voluntariamente, sino que en cambio se les impone a través de amenazas de violencia. Y sólo de una tan privilegiada institución como el estado es también normal esperar y encontrar un proceso permanente de creciente monopolización y concentración. En comparación con todas las demás empresas, que están sujetas al control de la voluntad de compra o no compra de los consumidores, la empresa «estado» es una organización que puede gravar impuestos a la gente y no necesita esperar hasta que acepten el impuesto, y puede imponer regulaciones sobre el uso que las personas hacen de su propiedad sin obtener su consentimiento para hacerlo. Esto evidentemente da al estado, en comparación con las demás instituciones, una ventaja tremenda en la competencia por recursos escasos. Si solamente uno asume que los representantes del estado están igualmente impulsados por el afán de lucro como cualquier otra persona, se deduce de esta posición privilegiada que la organización «estado» debe tener una tendencia relativamente más pronunciada hacia el crecimiento que cualquier otra organización. Y, en efecto, si bien no había evidencia en favor de la tesis de que un sistema de mercado provocaría una tendencia hacia el crecimiento monopólico, la tesis de que un sistema estatista sí lo haría es ampliamente respaldada por la experiencia histórica.

Capítulo 10

La producción capitalista y el problema de los bienes públicos

Hemos tratado de destruir el socialismo en la economía así como en el frente moral. Que éste sea reducido a un fenómeno de importancia exclusivamente socio-psicológico, es decir, un fenómeno de cuya existencia no haya buenas razones morales ni económicas que puedan ser encontradas, que sus raíces fueran explicadas en términos de agresión y de la influencia corruptora de una política de «divide e impera» ejerce en la opinión pública. El último capítulo retorna a la economía a fin de dar los últimos golpes hacia el socialismo mediante la participación en la tarea constructiva de explicar el funcionamiento de un orden social capitalista como del socialismo económico rival superior, listo para su adopción en cualquier momento.

En términos de evaluación del consumidor, el capitalismo ha demostrado ser superior a la producción de los bienes producidos, y la preservación de los valores encarnados en el capital con el tiempo. El llamado problema del monopolio presuntamente asociado con un sistema de mercado puro, ha demostrado que no constituye ningún problema especial en absoluto. Más bien, todo lo dicho sobre el funcionamiento general más eficiente del capitalismo también es cierto con respecto a los productores monopólicos, siempre y cuando son de hecho sujetos al control de las adquisiciones voluntarias o abstenciones voluntarias de compras de los consumidores.

En este último capítulo se analizarán unos aún casos especiales más frecuentemente citados, que supuestamente exigen una calificación para modificaciones con respecto a la tesis de la superioridad económica del capitalismo: el caso de la producción de los llamados bienes públicos. Considerada, en particular, será la producción de seguridad.

Si lo que se ha dicho en el capítulo anterior con respecto al funcionamiento de una economía de mercado es verdad, y si los monopolios son completamente inocuos para los consumidores, siempre y cuando los consumidores tengan el derecho a boicotear y a entrar libremente en la competencia del mercado ellos mismos, entonces hay que llegar a la conclusión de que, para el desarrollo económico así como por razones morales, la producción de todos los bienes y servicios debe dejarse en manos privadas. Y, en particular, se deduce que incluso la producción de la ley y el orden, la justicia y la paz, aquellas cosas que uno ha llegado a pensar como los candidatos más probables para ser bienes proporcionados por el Estado por las razones explicadas en el capítulo 8, deben ser proveídos por los privados, por un mercado competitivo. Esta de hecho es la conclusión que el Sr. G. de Molinari, un renombrado economista belga, formulara ya en 1849- en un momento que el liberalismo clásico seguía siendo la fuerza ideológica dominante, y «economista» y «socialista» eran en general (y con razón) considerados términos antónimos.

Si hay una verdad bien establecida en la economía política, es ésta: que en todos los casos, para todos los productos que sirven para proveer necesidades tangibles o intangibles de los consumidores, es en el mejor interés de los derechos del consumidor que el trabajo y el comercio sean libres, porque la libertad de trabajo y el comercio tienen como necesario y permanente resultado, la máxima reducción de los precios. Y esto: que los intereses de los consumidores de cualquier producto que sea siempre deben prevalecer sobre los intereses del productor. Ahora, en la consecución de estos principios, se llega a esta rigurosa conclusión: Que la producción de la seguridad debe, en interés de los consumidores de este producto intangible, quedar sujetos a la ley de la libre competencia. De donde se deduce: que ningún gobierno debería tener el derecho a evitar que otro gobierno entre en competencia con él, o requerir que los consumidores de seguridad vayan exclusivamente por este producto. Y comenta sobre este argumento diciendo: «Esto es lógico y verdadero, o bien los principios en los que la ciencia económica se basa no son válidos».

Al parecer, hay sólo una manera de salir de esta desagradable (para todos los socialistas, lo es) conclusión: para argumentar que algunos bienes por alguna razón en especial están por encima de la racionalidad económica no se aplica. Esto es lo que los teóricos de los llamados bienes públicos están decididos a probar. Sin embargo, vamos a demostrar que en realidad no existen bienes o razones especiales, y que la producción de seguridad, en particular, no plantea ningún problema diferente a la de la producción de cualquier otro bien o servicio, sean casas, el queso, o seguros. A pesar de sus muchos seguidores, toda la teoría de los bienes públicos, es un razonamiento erróneo, ostentoso, montado en contradicciones internas, incongruencias, apelando a interpretaciones basadas en prejuicios y creencias populares asumidas, pero sin merito científico alguno. ¿Cuál es, entonces, la «ruta de escape» que los economistas socialistas han encontrado con el fin de evitar la conclusión a la que Molinari llegó? Desde los tiempos de Molinari se ha hecho cada vez más común responder a la pregunta de si hay productos a los que diferentes tipo de análisis económicos se aplican de manera afirmativa. De hecho, hoy en día es casi imposible encontrar un solo libro de texto económico que no remarque la vital importancia de la distinción entre los bienes privados, por los cuales la verdad de la superioridad económica del orden capitalista de la producción es generalmente admitida, y los bienes públicos, son generalmente negados. Ciertos bienes y servicios, y entre ellos, la seguridad, se ha dicho que tienen una característica especial de la cual su usufructo no puede ser restringido solo a aquellas personas que pueden financiar su producción. Por el contrario las personas que no han participado en su financiación pueden obtener beneficios de ellos también. Estos bienes se denominan bienes o servicios públicos (a diferencia de los bienes o servicios privados que benefician exclusivamente a las personas que pagaron por ellos). Y es debido a esta característica especial de los bienes públicos, que se argumenta que los mercados no lo pueden producir, o al menos en cantidad o calidad suficiente, y por lo tanto, se requiere la acción compensatoria del Estado. Los ejemplos dados por diferentes autores de los presuntos bienes públicos son variados. Los autores a menudo clasifican los mismos bienes o servicios de manera diferente dejando casi sin clasificación un bien particular indiscutido.

Esto prefigura claramente el carácter ilusorio de la distinción general. Sin embargo, algunos ejemplos que gozan de carácter muy popular como bienes públicos son los bomberos que impiden que la casa del vecino se incendie, lo que le permite sacar provecho de mi cuerpo de bomberos, a pesar de que no aportan nada a su financiación, o la policía que por caminar alrededor de mi propiedad ahuyenta a los potenciales ladrones de la propiedad de mi vecino, aún si él si incluso no ayuda a financiar a las patrullas, o el faro, un ejemplo particularmente querido por los economistas, que ayuda a los barcos a encontrar su camino, a pesar de que no contribuyeron un centavo en su construcción o mantenimiento.

Antes de continuar con la presentación y el examen crítico de la teoría de los bienes públicos, vamos a investigar que la utilidad de la distinción entre bienes privados y públicos es ayudar a decidir que debe producirse por los privados y que por el estado o sin el estado.

Incluso el análisis más superficial no puede dejar de señalar que usando este presunto criterio, en vez de presentar una solución razonable, presentan una que profundiza aún más los problemas.

Mientras que a menos a primera vista parece que algunos de los bienes proporcionados por el Estado podrían calificar como bienes públicos, no es evidente como muchos de los bienes y servicios que son actualmente producidos por los estados podrían estar bajo el título de bienes públicos.

Ferrocarriles, correos, teléfono, calles, parecen ser los bienes cuyo uso puede estar restringido a las personas que realmente las financian, y por lo tanto parece que fueran bienes privados. Y lo mismo parece ser el caso con respecto a muchos aspectos del bien «multidimensional» de la seguridad: por lo cual cada seguro sacado fuera de ello tendría que ser calificado como un bien privado. Al igual que muchos de los bienes proporcionados por el Estado parecen ser bienes privados, muchos bienes de producción privada parecen encajar en la categoría de un bien público.

Es evidente que mis vecinos se beneficiarían de mi bien cuidado jardín de rosas, que podrían disfrutar la vista sin haberme ayudado a cuidar el jardín. Lo mismo pasa con las mejoras que yo pueda hacer en mi propiedad, que aumentarían el valor de la propiedad vecina también. Incluso aquellas personas que no arrojen dinero en el sombrero del músico callejero podrían beneficiarse también de su actuación. La gente que viaja conmigo en el bus que no me ayudaron a comprar los beneficios que trae mi desodorante. Y todo aquel que entra en contacto conmigo se beneficiaría de mis esfuerzos, llevados a cabo sin su ayuda financiera, para convertirme en una persona más amable. Ahora, son estos bienes, rosas de jardín, mejoramientos de la propiedad, música callejera, desodorantes, mejoramientos personales-ya que claramente parecen poseer las características de los bienes públicos. Como estos últimos ejemplos de la producción privada de bienes públicos indican, hay algo terriblemente mal con los teóricos de los bienes públicos, que estos bienes no pueden ser producidos de manera privada pero en su lugar requieren intervención estatal. Claramente ellos pueden ser producidos por los mercados. Además, la evidencia histórica nos muestra de que todos los llamados bienes públicos ahora establecidos en algún momento del pasado han sido provistos por empresarios privados o aun hoy en algún que otro país. Por ejemplo, el correo fue alguna vez privado en casi todos lados, las calles fueron financiadas privadamente y aun todavía algunas veces; incluso los queridos faros fueron originalmente el resultado de la empresa privada, fuerzas de policía privada, detectives, existieron árbitros, y ayuda para los enfermos, los pobres, los ancianos, huérfanos, y viudas han sido el campo tradicional para las organizaciones privadas de caridad. Decir, entonces, que tales cosas no pueden ser producidas por un mercado puro es falsificado por la experiencia en un ciento por ciento.

Aparte de esto, otras dificultades surgen cuando la distinción bienes públicos-privados es usada para decidir que dejar al mercado y que no. Lo que por ejemplo, si la producción de los llamados bienes públicos no tuviera positivas pero negativas consecuencias para otra gente, ¿o si las consecuencias fuera positivas y negativas para otros? Y si el vecino cuya casa fue salvada del incendio por mis bomberos hubiera deseado (quizás porque estaba sobreasegurado) que se quemara, o mis vecinos odian las rosas, ¿o mis queridos viajantes encontraran la fragancia de mi desodorante desagradable? En suma, los cambios en la tecnología puede cambiar el carácter de un determinado bien. Por ejemplo, con el desarrollo de la TV por Cable, un bien que formalmente (parecería ser) publico se ha convertido en privado. Y los cambios en las leyes de propiedad —en la apropiación de propiedad— pueden tener el mismo efecto en cambiar el carácter publico-privado de un bien. Los faros de luz por ejemplo, son un bien publico solo en la medida que como el mar es públicamente (no privadamente) administrado. Pero si fuera permitido adquirir pedazos del océano como propiedad privada, como lo seria si fuera en orden social capitalista puro, entonces como el faro solo brilla sobre un territorio limitado, podría volverse claramente posible excluir a los que no pagan por el placer de usar estos servicios.

Dejando este nivel básico de discusión y mirando hacia la distinción entre bienes públicos y privados más rigurosamente, resulta ser a una distinción completamente ilusoria. Una clara dicotomía entre bienes públicos y privados no existe, y es por esto que puede haber tantos desacuerdos en como clasificar determinados bienes. Todos los bienes son mas o menos públicos o privados y pueden –constantemente lo hacen— cambiar con respecto al grado de carácter publico/privado con gente cambiando sus valores y valuaciones, y con cambios en la composición de la población. Nunca caen, de una vez y por todas, entran en una u otra categoría. Con el fin de reconocerlo, habría solo que recordar que es lo hace que algo sea un bien. Para que algo sea un bien se debe tener en cuenta y tratar como un bien escaso por alguien. Algo no es un bien como tal, es decir, pero los bienes son solo bienes solamente en los ojos del espectador. Nada es un bien sin al menos una persona que subjetivamente lo evalúe como tal. Pero entonces, ya que los bienes nunca son bienes como tales —ya que no hay exámenes psico-químicos que puedan identificar algo como un bien económico—, nunca puede haber algo como bienes públicos o privados. Su carácter público o privado depende en como poca o mucha gente los considere bienes, con el grado que ellos son privados o públicos cambiando como estas evaluaciones cambien, con el grado en que sean privados o públicos cambiando a medida que estas cambian las evaluaciones, y que van del uno al infinito. Aun cosas que parecen privadas como el interior de mi departamento o el color de mi ropa interior por consiguiente pueden convertirse en bienes públicos hasta que a alguien más se empiece a preocupar por ellos. Y bienes al parecer públicos, como el exterior de mi casa o el color de mis pantalones, pueden volverse extremadamente bienes privados ni bien a otra gente le deje de interesarse en ellos. Además, cada bien puede cambiar sus características una vez y otra vez; incluso puede pasar de ser un bien público o privado a un mal público o privado y viceversa, dependiendo únicamente en los cambios en este cuidado o descuido.

Sin embargo, si esto es así, ninguna decisión puede estar basada en la clasificación de bienes como privados o públicos. De hecho, hacerlo no solo se volverá necesario preguntar virtualmente a cada persona individual con respecto a cada bien individual le importara o no acerca de eso, positiva o negativamente y quizás en que medida, con el fin de determinar quien se puede beneficiar de esto y quienes deberían participar de su financiación. ( ¿Y cómo podría uno saber si estuvieran diciendo la verdad?!) También se volvería necesario monitorizar todos los cambios en dichas evaluaciones continuamente, con el resultado de que ninguna decisión finita pudiera hacerse en relación con la producción de cualquier cosa, y como consecuencia de una teoría sin sentido en la cual ya estaríamos todos muertos.

Pero incluso si uno ignorara todas estas dificultades, y estuviéramos dispuestos a admitir por el bien del argumento que la distinción público-privada tuviera sostén, aun entonces el argumento no podría probar lo que debería probar. Tampoco provee razones concluyentes de porque los bienes públicos —asumiendo que ellos existieran como una categoría separada de bienes— debieran ser producidos del todo, ni porque el Estado en lugar de las empresas privadas debieran producirlos. Esto es lo que la teoría de los bienes públicos esencialmente dice, habiendo introducido la distinción conceptual antes mencionada: Los efectos positivos de los bienes públicos para la gente que no contribuye en nada a su producción o financiación prueba que estos bienes son deseables. Pero evidentemente, no serian producidos, a al menos no en la cantidad y calidad suficiente, en un libre, mercado competitivo, desde que no todos aquellos que se benefician de su producción contribuirían financieramente a hacer la producción posible. Por lo que para producir estos bienes (que son evidentemente deseables, pero que no podrían ser producidas de otra manera), el estado debe saltar y asistir en su producción. Esta clase de pensamiento, que puede ser encontrar en cada texto de economía (Ganadores del Nobel no están excluidos) es completamente falaz, y falaz por dos razones.

Por una cosa, para llegar a la conclusión de que el estado tiene que proveer los bienes públicos que de otra manera no serian producidos, uno debe introducir una norma en una cadena de razonamiento. De otra manera, de la afirmación de porque de algunas características especiales de los que determinados bienes no serian producidos, uno nunca puede llegar a la conclusión de que estos bienes deben ser producidos. Pero con una norma que requiere justificar esta conclusión, los teóricos de los bienes públicos claramente han dejado los límites de la economía como una ciencia positivista, libre de valores. Sino que han transgredido el campo de la moral y la ética, y por lo tanto uno espera que se ofrezca una teoría de la ética como una disciplina cognitiva para hacer legítimamente lo que están haciendo y justificadamente deducir que la conclusión de que realmente se derivan. Pero difícilmente se puede enfatizar lo suficiente que en ninguna parte de la literatura de la teoría de bienes públicos no se puede encontrar que ni remotamente se asemeja a una teoría cognitiva de la ética. Por lo tanto, hay que señalar, en primer lugar, que los teóricos de los bienes públicos están haciendo un mal uso que podrían como economistas positivos, por los pronunciamientos sobre asuntos en los que, como sus propios escritos indican, no tienen ninguna autoridad. Tal vez, sin embargo, ¿se han tropezado con algo correcto por accidente, sin apoyarlo con una teoría moral elaborada? Se hace evidente que nada podría estar más lejos de la verdad tan pronto como se formula explícitamente en la norma que se necesitaría para llegar a la conclusión antes mencionada sobre el Estado asistiendo en la provisión de bienes públicos. La norma necesaria para llegar a la conclusión anterior es la siguiente: siempre que de alguna manera se pueda demostrar que la producción de un determinado bien o servicio tiene un efecto positivo en alguien, pero no se produce en absoluto, o no se produce una determinada cantidad o calidad, a menos que otros participaran en su financiación, el uso de la violencia agresiva en contra de estas personas está autorizado, ya sea directamente o indirectamente con la ayuda del Estado, y estas personas pueden verse obligadas en la carga financiera necesaria. No se necesitan muchos comentarios para mostrar que resultaría de la aplicación de esta regla, ya que equivale a decir que todo el mundo puede agredir a los demás cuando le venga en gana. Por otra parte, debe ser lo suficientemente claro de la discusión del problema de la justificación de los enunciados normativos (capítulos 7) que esta norma no puede justificarse como una norma justa. Para argumentar de esa manera y para llegar a un acuerdo para este argumento debe suponer, al contrario de lo que dice la norma, la integridad que todo el mundo como físicamente independiente de la unidad de toma de decisiones está asegurada.

Pero la teoría de bienes públicos se viene abajo no solo por razonamiento moral incorrecto que está implícito en él. Incluso el razonamiento utilitarista económico contenido en el argumento anterior está evidentemente equivocado.

Como dice la teoría de los bienes públicos, bien podría ser que sería mejor contar con los bienes públicos que no tenerlos, aunque no hay que olvidar que no existe una razón a priori para que esto deba ser así por necesidad (que sería entonces finalizar con el razonamiento de los teóricos de los bienes públicos allí mismo). Para que sea lo más claro posible, y por cierto sabemos que es un hecho, que los anarquistas quien en gran medida aborrecen el estado prefieren no tener los llamados bienes públicos del todo que tenerlos provistos por el Estado. En cualquier caso, incluso si se concede el argumento por un momento, para saltar de la afirmación de que los bienes públicos son deseables para la afirmación de que, por consiguiente que deba ser proporcionada por el Estado es cualquier cosa menos concluyente, ya que ésta no es la opción con que uno se enfrenta.

Puesto que el dinero u otros recursos deberán ser retirados como posible alternativa para financiar los bienes públicos, supuestamente deseables, la única y relevante pregunta es si estos usos alternativos para los cuales este dinero debería ser usado (que es, los bienes privados que podrían ser adquiridos pero ahora no pueden ser comprados porque el dinero esta siendo gastado en bienes públicos en su lugar) son mas valiosos —mas urgente— que los bienes públicos. Y la respuesta a esta pregunta es perfectamente clara. En términos de las evaluaciones del consumidor, sin embargo aunque éste en un nivel muy alto, el valor de los bienes públicos es relativamente menor que la de los competidores privados, ya que si uno le hubiera dejado la elección a los consumidores (y no hubiera forzado una alternativa sobre ellos), evidentemente hubieran preferido gastar su dinero de manera diferente (de otra manera no hubiera sido necesario forzarlos). Esto prueba mas allá de alguna duda que los recursos usados para la provisión de bienes públicos son desperdiciados, ya que proveen a los consumidores con bienes o servicios que incluso en su mejor momento son solo de importancia secundaria. En resumen, incluso si se asume que los bienes públicos pueden ser distinguidos claramente de los bienes privados existentes, e incluso si fuera garantizado que un determinado bien publico podría ser útil, los bienes públicos siempre compiten con los bienes privados. Y solo hay un método para descubrir si son más urgentemente deseados y en que medida, su producción podría tomar lugar a expensas de la no producción o producción reducida de bienes privados más urgentes: teniendo todo provisto por la libre competencia de empresas privadas. Por lo tanto, contrariamente a la conclusión adoptada por los teóricos de los bienes públicos, la lógica fuerza a aceptar que solamente el resultado de un sistema de libre mercado puede salvaguardar la racionalidad, desde el punto de vista de los consumidores, de la decisión de producir un bien publico. Y solo bajo un orden capitalista podría ser asegurada la decisión sobre cuanto se debería producir de un bien público (siempre debe ser producido en absoluto) es racional en absoluto. No menos que una revolución semántica de verdaderas dimensiones Orwellianas podría requerirse para quedar con otro resultado. Sólo si uno fuera capaz de interpretar el «no» de alguien como si quisiera decir «sí»; el «no comprador de algo» como si significara que realmente «hubiera preferido eso a que la persona no compradora lo hiciera por la fuerza»; diciendo «libertad de “no contratar» cuando realmente quiera decir «hacer un contrato» y así sucesivamente, ¿podría el punto de los teóricos de los bienes públicos ser probado? Pero entonces, como podemos estar seguros que realmente significan lo que parecen significar cuando dicen lo que dicen, y no que mas bien significa todo lo contrario, o no quieren decir nada con un contenido definido del todo, o sino que simplemente están balbuceando. Rothbard pues está completamente en lo correcto cuando comenta acerca de los esfuerzos de los ideólogos de los bienes públicos que quieren probar la existencia de las llamadas «fallas» del mercado debido a la no producción o la deficiente producción cuantitativa o cualitativa de los bienes públicos. Él escribe, «tal visión ignora completamente que la ciencia económica afirma que la acción del libre mercado siempre es óptima. Es óptima, no desde el punto de vista de la visión ética de un economista, sino desde el punto de vista de las acciones libres y voluntarias de todos los participantes y del de satisfacer las libres expresiones de las necesidades libremente expresadas por los consumidores. La interferencia del gobierno, además, necesariamente y siempre, se alejará de ese óptimo».

Por cierto, los argumentos que supuestamente prueban las fallas del mercado son nada menos que algo absurdo. Despojados de su disfraz de jerga técnica todo lo que prueban es esto: el mercado no es perfecto, como se caracteriza el principio de no agresión impuesto en condiciones marcadas por la escasez, por lo que determinados bienes y servicios que solo pueden ser producidos y provistos si la agresión es permitida no podrían ser producidos. Verdad incontrastable. No hay teórico del mercado que se atrevería a negar esto.

Sin embargo, y esto es decisivo, esta «imperfección» del mercado puede ser defendida, tanto moral como económicamente, mientras que las supuestas «perfecciones» de los mercados por los teóricos de los bienes públicos no. Es cierto, también, la terminación de la práctica actual de provisión de bienes públicos que implicaría algún cambio en la estructura social existente y la distribución de la riqueza. Y como reorganización implicaría sin dudas dificultades para algunas personas. De hecho, es precisamente por eso que hay una resistencia generalizada del público de la privatización de las funciones del Estado, a pesar de que en el largo plazo la riqueza general social se verá mejorada por esta misma política. Sin duda, sin embargo, este hecho no puede ser tomado como un argumento válido que demuestra la incapacidad de los mercados. Si a un hombre le fuera permitido golpear a otra gente en la cabeza y de repente no se le permitiera continuar con esta práctica, seguramente se sentiría herido. Pero uno difícilmente pueda aceptar eso como una excusa válida para defender las viejas reglas. Él se ve perjudicado, pero perjudicar sus medios significa substituir un orden social en cual cada consumidor tiene un mismo derecho para determinar que y cuanto de algo es producido, para un sistema en que algunos consumidores tienen el derecho de determinar en lo que respecta a otros consumidores que no les es permitido comprar voluntariamente lo que quieren con los medios justamente adquiridos por ellos y a su disposición. Y ciertamente, dicha substitución sería preferible desde el punto de vista de todos los consumidores como consumidores voluntarios.

Por la fuerza del razonamiento lógico, entonces, uno debe aceptar la conclusión citada más abajo por Molinari, que por el bien de los consumidores, todos los bienes y servicios deben ser provistos por los mercados. No es solamente falso que las categorías tan claramente distinguibles de bienes existen, que harían modificaciones especiales a la tesis general a la necesaria superioridad económica del capitalismo; incluso si existiera, ninguna razón especial podría ser encontrada, porque estos supuestos especiales bienes públicos no solo también serán producidos por empresas privadas, ya que invariablemente están en competencia con los bienes privados. De hecho, a pesar de toda la propaganda del lado de los teóricos de los bienes públicos, la gran eficiencia de los mercados en comparación con el estado ha sido realizada con respecto a más y más presuntamente bienes públicos. Confrontando diariamente con la, difícilmente alguien que estudie estos asuntos pueda negar que los mercados hoy en día puedan producir servicios postales, vías de tren, electricidad, teléfono, educación, dinero, calles y así sucesivamente más eficazmente, más del gusto de los consumidores, que el Estado. Sin embargo, la gente en general rehúye de aceptarlo en un sector particular lo que la lógica impone sobre ellos: en el campo de la producción de seguridad. Por lo tanto, en el resto del capítulo se explicará el funcionamiento superior de una economía capitalista en esta área particular, una moralidad superior cuya lógica del caso ya se ha hecho, pero que se vuelve más persuasiva una vez que algún material empírico se añade al análisis y es estudiado como un problema en sí mismo.

¿Cómo podría un sistema no monopolístico, de productores de seguridad que compiten, funcionar? Debe quedar claro desde el principio que al responder a esta pregunta se está dejando el campo de análisis puramente lógico y por lo tanto las respuestas deben carecer de la certeza, el carácter apocalíptico de los pronunciamientos sobre la validez de la teoría de los bienes públicos. El problema que enfrentan es precisamente análogo a la de preguntar cómo el mercado resolvería el problema de la producción de hamburguesas, especialmente si hasta este punto las hamburguesas habían sido producidas exclusivamente por el Estado, y por lo tanto no se podría recurrir a la experiencia pasada.

Solo respuestas tentativas podrían formularse. Nadie podría conocer la estructura exacta de la industria de la hamburguesa , cuántas empresas en competencia habrían llegado a existir, que importancia esta industria podría haber tenido comparada con otras, como se verían las hamburguesas, cuantos tipos de diferentes hamburguesas podrían aparecer en el mercado y quizás desaparecer otra vez por la falta de demanda, etc, etc. Nadie puede saber todas las circunstancias y los cambios que pueden influenciar la misma estructura de la industria de la hamburguesa y que podría haber tomado con el tiempo – cambios en la demandas de varios grupos de consumidores, cambios en la tecnología, cambios en los precios de varios bienes que afectan la industria directamente o indirectamente, etc, etc. Debe subrayarse que todo esto no es diferente cuando se trata de la producción privada de seguridad. Pero esto no implica que no haya nada definitivo para decirse al respecto. Suponiendo que ciertas condiciones generales de la demanda de servicios de seguridad que se sabe son más o menos realistas con mirar al mundo tal como es actualmente, lo que puede y será dicho es como los diferentes órdenes sociales como son en la actualidad, caracterizado por diferentes limitaciones estructurales bajo las que tienen que operar, responderán de diferentes maneras.

Primero vamos a analizar los aspectos específicos de la producción monopólica, la producción de seguridad estatal, ya que por lo menos en este caso se puede recurrir a una amplia evidencia sobre la validez de las conclusiones alcanzadas, para luego pasar a comparar con lo que podría esperarse si dicho sistema fuera reemplazado por uno no monopolístico.

Incluso si se considerase que la seguridad es un bien público, en la relocalización de recursos escasos debe competir con otros bienes. Lo que es gastado en seguridad ya no puede ser gastado en otros bienes que también pueden aumentar la satisfacción del consumidor. Por otra parte, la seguridad no es un bien únicamente, homogéneo, sino que consiste de numerosos componentes y hechos. No es solo prevención, detección o ejecución de las leyes, también existe la seguridad de los ladrones, violadores, contaminadores, los desastres naturales y así sucesivamente. Además, la seguridad no es producida en un ‘Terrón’, pero pueden ser suministrados en unidades marginales. Además, diferentes personas le dan importancia diferente a la seguridad como un todo, en función de sus características personales, sus experiencias pasadas con diversos factores de la inseguridad, y el tiempo y lugar en el que les ha tocado vivir. Ahora, y aquí volvemos al problema económico fundamental de la asignación de recursos escasos a usos competitivos, como puede el Estado —una organización que no es financiada exclusivamente por contribuciones voluntarias y las ventas de sus productos, sino más bien parcialmente o incluso totalmente de impuestos— decidir cuanta seguridad producir, cuanto de cada uno de los innumerables aspectos, ¿a quién dar y cuanto? La respuesta es que no tiene forma racional de decidir esta cuestión. Desde el punto de vista de los consumidores su respuesta a la demanda de su seguridad, debe ser considerada arbitraria. ¿Por qué necesitamos un policía, un juez, o 100.000? de cada uno? ¿Debería pagárseles $100 al mes, o $10.000? ¿Deberían los policías, no obstante cuantos tuviéramos, pasar su tiempo patrullando las calles, persiguiendo ladrones, o recuperando botines robados, o espiando a participantes de crímenes sin víctimas como de prostitución, uso de drogas, o contrabando? Y los jueces deberían dedicar más tiempo y energía escuchando casos de divorcio, violaciones de tráfico, casos de robos en tiendas, o casos de anti-monopolio.

Evidentemente, todas estas preguntas deben ser respondidas de alguna manera, porque mientras haya escasez y no vivimos en el Jardín del Edén, el tiempo y el dinero que es gastado en una cosa no puede ser gastado en otro. El Estado debe responder estas preguntas, también, pero sea cual sea, lo es ¨sin ser sujeto¨ al criterio de ganancias y pérdidas. Por lo tanto, su acción es arbitraria, y de este modo implica necesariamente un sinnúmero de malas asignaciones derrochadoras desde el punto de vista del consumidor. Independientemente, en gran medida de las necesidades del consumidor, los productores de seguridad empleados por el Estado, como todos saben, hacen lo que ellos les gusta. Pierden el tiempo en vez de hacer algo, y si no trabajan, prefieren hacer lo que es más fácil o trabajos en los que ejercen el poder en lugar de servir a los consumidores. Los oficiales de policía se la pasan dando vueltas en autos, molestando por violaciones menores de tráfico, y gastando enorme cantidades de dinero investigando crímenes sin víctimas, que un montón de gente(es decir, los no participantes) no les gusta, pero que pocos estarían dispuestos a gastar dinero para luchar en su contra, ya que no son afectados inmediatamente por ellos. Sin embargo con respecto a una cosa que los consumidores quieren con más urgencia —la prevención de los peores crímenes (crímenes con víctimas), la detección y efectivo castigo de los criminales más peligrosos, la recuperación de lo robado, y el aseguramiento de compensación a las víctimas de crímenes de los agresores— son notoriamente ineficientes, a pesar de las asignaciones presupuestarias cada vez mayores.

Además, y aquí vuelvo a la baja calidad de rendimiento (con asignaciones dadas) cualesquiera policía empleado por el Estado o jueces sea hoy en día, desde que su ingreso es más o menos independiente de las evaluaciones de los consumidores por sus respectivos servicios, tienden a hacerlo mal. Es así como uno observa la arbitrariedad y brutalidad policial y lentitud en el proceso judicial. Además, es notable que ni la policía ni el sistema judicial ofrezcan a los consumidores algo ni remotamente parecido a un contrato de servicio en el que se establezcan términos inequívocos de cuál es el procedimiento que el consumidor puede llegar a poner en marcha en una situación específica.

Más bien, ambas operan en un vacío contractual que con el tiempo les permite cambiar sus reglas de procedimiento arbitrario, y explica el hecho verdaderamente ridículo que la solución de los conflictos entre los policías y los jueces por un lado y los ciudadanos privados por el otro no son asignados a una tercera parte independiente, pero a otra policía o juez que comparten empleadores con una parte —el gobierno— en la disputa.

Tercero, cualquiera que haya visto cómo el Estado administra las estaciones de policía y las cortes, sin mencionar las prisiones, sabe realmente cómo es que estos factores de producción que son proporcionados para brindarnos seguridad son sobreutilizados, mal mantenidos y sucios. No hay razón para que satisfagan a los consumidores que prestan sus ingresos. Y, si hay algún caso excepcional, esto no deja de ser así, porque solo ha sido posible a costos comparativamente muy superiores a los de cualquier empresa privada similar.

Sin duda, todos los problemas inherentes a un sistema monopólico de producción de seguridad, pueden ser resueltos relativamente rápido una vez dada la demanda por servicios de seguridad que se encuentran en un mercado competitivo con una estructura de incentivos completamente diferente para los productores. Esto no quiere decir que una solución ¨perfecta¨ pueda ser encontrada. Va a haber aún robos y asesinatos; y no todos los robos van a ser recuperados o todos los ladrones apresados. Pero en términos de las evaluaciones del consumidor la situación puede mejorar en la medida que la naturaleza del hombre lo permita. Primero, mientras haya un sistema competitivo, es decir, mientras los productores de seguridad dependan de compras voluntarias, muchas de las cuales probablemente toman la forma de contratos de servicio y seguridad acordados por adelantado de cualquier actual «ocurrencia» de inseguridad o agresión, ningún productor puede aumentar sus ingresos sin mejorar los servicios o calidad del producto como es percibido por los consumidores. Además, todos los productores de seguridad en su conjunto no podrían reforzar la importancia de su industria en particular, a menos que, por alguna razón, los consumidores de hecho empiecen a evaluar la seguridad de manera más importantemente que otros bienes, lo que garantiza que la producción de seguridad nunca y en ninguna parte se llevaría a cabo a expensas de la producción de no-o reducida, digamos, el queso, como un bien privado en competencia.

Además, los productores de seguridad tendrían que diversificar sus ofertas en gran medida debido a una demanda muy diversificada de productos de seguridad entre los millones de consumidores existentes. Directamente dependientes del apoyo de los consumidores voluntarios, se verían perjudicados económicamente si no responden apropiadamente a los consumidores en sus diversas necesidades o deseos. Por lo tanto, cada consumidor tendría una influencia directa, aunque pequeña, en la producción de bienes que aparecen o desaparecen del mercado. En vez de ofrecer un «paquete uniforme» de seguridad, como es característico en la política de producción estatal, una multitud de paquetes de servicios aparecerían en el mercado. Ellos se adaptan a las necesidades de seguridad de personas diferentes, teniendo en cuenta las diferentes ocupaciones, diferentes conductas de riesgo, diferentes cosas por las cuales ser protegido y asegurado, y distintas ubicaciones geográficas y de tiempo. Pero más allá de todo. Además de la diversificación, el contenido y la calidad también mejoraran. No solo el tratamiento de los consumidores por parte de los empleados mejorará, la actitud de «me podría importar menos», la arbitrariedad e incluso la brutalidad, la negligencia y la tardanza de la policía y el sistema judicial finalmente desaparecería. Ya que entonces sería dependiente del apoyo voluntario de los consumidores, cualquier maltrato, mala educación, o ineptitud podría costarles sus empleos. Además, de la particularidad anteriormente mencionada, la solución de controversias entre un cliente y su proveedor de servicio es siempre confiado a juicio de éste, es casi seguro que desaparezcan de los libros, y el arbitraje de conflictos entre partes independientes se convertiría en el acuerdo estándar ofrecido por los productores de seguridad. Más importante aún, con el fin de atraer y retener a los clientes, los productores de dichos servicios tendrían que ofrecer contratos que permitan al consumidor saber que está comprando y le permitirá elevar una queja que sea válida de intersubjetividad comprobable si la performance real del productor de seguridad no cumple con sus obligaciones. Y más concretamente, en la medida que no se individualizan los contratos de servicios donde el pago es hecho por los clientes para cubrir exclusivamente sus propios riesgos, sino más bien contratos de seguridad adecuados que implica la agrupación de riesgos propios con los de otras personas, al contrario de la presente práctica estatista, estos contratos de seguro ya no contendrían cualquier deliberado esquema redistributivo que favorezca a un grupo de personas a expensas de otro. De lo contrario, si alguien tuvo la sensación de que el contrato ofrecido implica su pago para las necesidades peculiares y riesgos de otras personas —factores de posible inseguridad, es decir, que no percibió como aplicable a su propio caso— él podría simplemente rechazar su firma o discontinuar sus pagos. Sin embargo, cuando todo esto se dice, una pregunta inevitablemente surgirá, ¿Un sistema competitivo de producción de seguridad no resultará en un conflicto social permanente, en el caos y la anarquía? Hay varios puntos para remarcar a estas presuntas críticas. Primero, hay que señalar que tal impresión de ninguna manera está de acuerdo con la evidencia histórica y empírica. Los sistemas de tribunales en competencia han existido en varios lugares, como en la antigua Irlanda, o en la época de la liga Hanseática, antes de la llegada del Estado Nación moderno, que por lo que sabemos funcionó bastante bien.

A juzgar por la tasa de criminalidad entonces existente (crimen per cápita), la policía privada en el Salvaje Oeste (que por cierto no era tan salvaje como insinúan algunas películas) era relativamente más exitoso que la hoy apoyada policía estatal. Y volviendo a la experiencia contemporánea y a los ejemplos, millones y millones de contactos internacionales existen aún ahora —contactos de intercambio y viajes— y ciertamente parece ser una exageración decir que, por ejemplo, hay más fraude, más delincuencia, más incumplimiento de contratos allí que en las relaciones domésticas. Y esto es así, debe tenerse en cuenta, sin que exista un gran productor monopólico de seguridad y legislador.

Por último no hay olvidar que, incluso en un gran número de países, existen varios productores privados de seguridad junto al Estado: los investigadores privados, detectives de seguros, y árbitros privados. En cuanto a su trabajo, la impresión parece confirmar la tesis de que es más, no menos, el éxito en la resolución de los conflictos sociales que sus contrapartes públicas.

Sin embargo, esta evidencia histórica, está muy sujeta a controversia, en particular con respecto a si alguna información de carácter general se puede derivar de ella. Sin embargo, hay razones sistemáticas, también, porque el temor expresado en la crítica anterior no tiene fundamento. Por paradójico que pueda parecer en un primer momento, esto es porque se debe establecer un sistema competitivo de productores de seguridad que implica erigir una estructura de incentivos institucionalizada para producir un orden de derecho y orden público que encarna el más alto grado posible de consenso sobre la cuestión de la resolución de conflictos y por lo tanto, tienden a generar menos en vez de más disturbios y conflictos que, bajo la protección monopólica! A fin de comprender esto, es necesario echar un vistazo más de cerca a la única situación típica que preocupa al escéptico y le permite creer en la virtud superior de un orden organizado monopolístico de la producción de seguridad. Ésta es la situación cuando surge un conflicto entre A y B, ambos están asegurados por diferentes empresas y las empresas no pueden llegar a un acuerdo inmediato sobre la validez de los reclamos conflictivos presentados por sus respectivos clientes. ( No existiría problema si un arreglo fuera alcanzado, o si ambos clientes estuvieran asegurados por una y la misma empresa, por lo menos, el problema no sería diferente de alguna manera de los que surgen bajo un monopolio estatal!). ¿No resultaría tal situación siempre en una confrontación armada? Esto es altamente improbable. Primero, cualquier lucha violenta entre empresas sería costosa y arriesgada, sobre todo si estas empresas hubieran alcanzado un tamaño respetable que sería importante para ellos tener el fin de aparecer como garantes eficaces de seguridad a sus clientes potenciales en primer lugar. Más importante aún, en un sistema competitivo con cada empresa dependiente de la continuación de los pagos voluntarios de los consumidores, cualquier batalla tendría que ser deliberadamente con el apoyo de cada una de las dos empresas. Por lo tanto, cualquier productor competitivo de seguridad sería muy cauteloso acerca de su dedicación a la participación en medidas violentas para resolver conflictos. En cambio, en la medida que sea una resolución pacífica de conflictos que los consumidores quieren, cada uno y todos los productores de seguridad que hacen todo lo posible por proporcionar los medios a sus clientes, y establecer con antelación, para que todos sepan en que proceso de arbitraje estarían dispuesto a someterse el mismo y sus clientes en caso de desacuerdo sobre la evaluación de reclamos contradictorios. Y como tal régimen solo podría aparecer a los clientes de distintas empresas que realmente funcionan si no hubiera acuerdo entre ellas con respecto a las medidas arbitrales, un sistema de derecho que rige las relaciones entre las empresas que serían universalmente aceptables para los clientes de los productores de seguridad, donde naturalmente evolucionarían. Por otra parte, la presión económica para generar las reglas que representan un consenso sobre como los conflictos que deben ser resueltos es aún de mayor alcance.

Bajo un sistema competitivo los árbitros independientes que serán confiados con la tarea de encontrar soluciones pacíficas para los conflictos serán dependientes en el continuo apoyo de las dos compañías en desacuerdo en la medida en que podría o debería seleccionar jueces diferentes si uno de ellos no estaban lo suficientemente satisfechos con el resultado de su arbitraje. Así, estos jueces estarían bajo presión para encontrar soluciones a los problemas que les son entregados, esta vez no con respecto a los aspectos de procedimiento de la ley, sino un caso concreto como una solución justa y equitativa. De lo contrario uno o todos los consumidores podrían perder parte de sus clientes, lo que induciría a las empresas a recurrir a un árbitro diferente la próxima vez que necesiten uno. Pero no sería posible bajo un sistema competitivo para una empresa productora de seguridad se convierta en una empresa fuera de la ley, es decir, que con el apoyo de sus propios clientes, empiece a agredir a otros. Ciertamente no hay forma de negar que esto puede ser posible, aunque de nuevo hay que subrayar que aquí se está en el campo de la ciencia social empírica y nadie podría saber cierta cosa con certeza. Y sin embargo, la insinuación tácita de la posibilidad de que una empresa de seguridad se pudiera convertir en una empresa fuera de la ley indica una deficiencia severa en la filosofía y la economía de orden social puro capitalista es falaz. En primer lugar, hay que recordar que cualquier sistema social, un orden estatista-socialista no menos que una economía de mercado pura, depende para su continua existencia de la opinión pública, y que un determinado estado de la opinión pública en todos los momentos delimita que puede o no ocurrir, o lo que es más o menos probable que pueda ocurrir en una sociedad determinada. El estado actual de la opinión pública de Alemania Occidental, por ejemplo, hace muy poco probable e imposible que un sistema socialista-estatista del tipo ruso de hoy en día pueda ser impuesto a los ciudadanos de Alemania Occidental. La falta de apoyo público a dicho sistema podría condenarlo al fracaso y hacerlo colapsar. Y sería aun mas improbable que cualquier intento de imponer un orden de tipo ruso pudiera llegar a tener éxito entre los estadounidenses dada la opinión pública americana. Por lo tanto, con el fin de ver el problema de las empresas fuera de la ley correctamente, la pregunta anterior debe ser formulada de la siguiente manera: ¿Cómo es la probabilidad de que cualquier tipo de resurgimiento de empresas agresoras, y por otro tipo de sociedades, habría una probabilidad mucho menor de que esto ocurra? Formulada de esta manera, es evidente que la respuesta debería ser distinta para las diferentes sociedades. Para algunas, que se caracterizan por las ideas socialistas profundamente arraigadas en la población, habría una mayor probabilidad de resurgimiento de compañías agresoras, y para otras sociedades habría una mucha menor chance de que esto ocurriera. Pero entonces, la perspectiva de un sistema de producción privada de seguridad en un caso concreto es mejor o peor que la continuación de un sistema estatista? Veamos por ejemplo, en la actualidad los Estados Unidos. Supongamos que por un acto legislativo del Estado se ha abolido su derecho a proveer seguridad con fondos fiscales, y un sistema competitivo de seguridad fuera introducido. Dado el estado de la opinión pública, ¿Qué tan probable sería entonces que los productores fuera de la ley surjan, y que si lo hicieran? Evidentemente las respuestas dependerán de las reacciones del público a esta cambiante situación. Por lo tanto, la primera respuesta que cuestione la idea de un mercado privado de seguridad tendría que ser: ¿qué tal tú? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Tu temor a las empresas fuera de la ley haría que luego saldrías y participarías en el comercio con un productor de seguridad que haya ido contra otra gente y sus bienes, y lo seguirías apoyando si así fuera? Pero más importante que esto es el desafío sistemático implícito en este contraataque personal. Evidentemente, el cambio descripto en la situación implicaría un cambio en la estructura de costos y beneficios que debería enfrentar una vez que tenga que enfrentar las decisiones que él ha tomado. Antes de la introducción de un sistema competitivo de seguridad había sido legal participar y financiar (estatal) la agresión. Ahora tal actividad sería una actividad ilegal. Por lo tanto, dada la propia conciencia, que hace que las decisiones de cada uno parezcan ser más o menos costosas, es decir, más o menos con armonía con los propios principios de un correcto comportamiento, apoyar a una empresa de participar en la explotación de personas poca dispuesta a ayudar deliberadamente sus acciones será más costoso ahora que antes. Dado este hecho, se debe suponer que el número de gente —entre ellos aquellos incluso que a los de otro modo habrían prestado fácilmente su apoyo al Estado— que ahora gastarían su dinero para apoyar una empresa comprometida con negocios honestos aumentaría, y aumentaría en todas partes que este experimento social haya sido intentado. En contraste, el número de personas que aún comprometidas con una política de la explotación, de ganar a costa de los demás, caería. En el ejemplo dado —los Estados Unidos, donde la teoría natural de la propiedad está muy extendida y aceptada como una ética privada, la filosofía libertaria siendo esencialmente la ideología sobre la que se fundó el país y que dejó que se desarrollara a la altura que alcanzó— el efecto mencionado anteriormente sería naturalmente y particularmente pronunciada. En consecuencia, las empresas de seguridad comprometidas con la filosofía de la protección y aplicación de la ley libertaria atraería el mayor grueso de la ayuda pública y asistencia financiera. Y si bien puede ser cierto que algunas personas, y entre ellos aquellos que se habían beneficiado del viejo orden, podrían continuar su apoyo a una política de agresión, es muy poco probable que sean suficientes en número y fuerza financiera para tener éxito en hacerlo. Por el contrario, el resultado probable sería que las empresas honestas desarrollaran la fuerza necesaria —solas o en esfuerzo conjunto, y apoyadas en su esfuerzo por parte de sus propios clientes voluntarios— para verificar cualquier aparición de tales productores fuera de la ley y destruirlos donde y cuando ellos hayan llegado a existir. Y si a pesar de todo, los productores honestos de seguridad deben perder su lucha para mantener un mercado libre en la producción de seguridad y un monopolio fuera de la ley resurge, uno tendría simplemente un Estado de nuevo.

En cualquier caso, la aplicación de un sistema capital social puro con productores de seguridad, un sistema que permita la libertad de elección, necesariamente sería mejor que lo que se tiene ahora. Incluso si tal orden debe entonces colapsar porque demasiada gente sigue comprometida todavía a una política de explotación hacia otros, la humanidad ha experimentado al menos un interludio glorioso. Y si este fin de sobrevivir, lo que parece ser el resultado más probable, sería el comienzo de un sistema de justicia y prosperidad económica nunca antes visto.

HANS-HERMANN HOPPE (Peine, Alemania, 1949) es un economista de la escuela austriaca y filósofo anarcocapitalista paleolibertario.

Estudió en la Universidad del Sarre en Saarbrücken y en la Universidad Goethe en Fráncfort, donde obtuvo su doctorado en Filosofía en 1974.

Tras impartir Filosofía, Sociología, Historia y Economía en diversas universidades de Alemania e Italia, se trasladó a los Estados Unidos en 1986 para estudiar con el economista Murray Rothbard, de quien se convirtió en un colaborador cercano hasta su muerte en enero de 1995.

En la actualidad, Hoppe es profesor emérito de Economía en la Universidad de Nevada en Las Vegas, miembro distinguido del Mises Institute, miembro vitalicio de la Real Sociedad de Horticultura y fundador y presidente de la Property and Freedom Society.

Sus aportaciones abarcan desde la filosofía de la ciencia aplicada a la economía (donde sostiene la necesidad de las categorías apriorísticas para la construcción de cualquier teoría científica, lo que le lleva a afirmar la superioridad de la metodología económica racionalista de la escuela austriaca), a la ética (donde fundamenta apodícticamente la ética de no-agresión desde la teoría de la ética de la argumentación), pasando por la economía aplicada (refutando el concepto de bienes públicos) y la estrategia política y la apología del derecho privado como el único ético y económicamente eficaz.

Hoppe se identifica como un libertario culturalmente conservador. Sus teorías no han estado exentas de polémica tanto en la economía austriaca como en la teoría libertaria (siendo en ambas uno de sus principales referentes contemporáneos), generando debate incluso más allá de estos círculos.